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Timestamp: 2017-12-16 03:34:51
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IV. Temas selectos de jurisprudencia | Gonzalez Cancino
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IV. Temas selectos de jurisprudencia	GC	2017-06-04T14:44:01+00:00
Capítulo IV. Temas selectos de jurisprudencia
En este capítulo se abordaran diversos temas relacionados con la jurisprudencia, principalmente cuestiones de irregularidad material.
4.1 Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo.
El objetivo de este apartado es analizar la constitucionalidad de un criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época que afirma que los órganos jurisdiccionales que conocen de los juicios de amparo no violan derechos humanos. La jurisprudencia aquí mencionada es la siguiente:
En primer lugar, habría que decir que este criterio de jurisprudencia no se ajusta a la nueva redacción del texto constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos del pasado mes de junio de dos mil once, toda vez que el artículo 1° constitucional claramente establece la obligación de toda autoridad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Artículo 1°… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Las implicaciones del tercer párrafo del artículo 1° constitucional son relevantes, ya que el tribunal que conozca del recurso de revisión está obligado a tutelar los derechos humanos con independencia de qué autoridad cometió la violación.
En segundo lugar, la jurisprudencia incurre en una incongruencia interna, ya que por una parte refiere que el objetivo del recurso de revisión es “asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial” y por otra parte niega la posibilidad de analizar las violaciones de derechos humanos cometidas por el juez de amparo, siendo que resulta imposible pensar en un “óptimo ejercicio de la función judicial” cuando existen violaciones de derechos humanos.
Para apreciar mejor lo anterior, considérese el siguiente ejemplo de la vida real: una persona promueve una demanda de amparo indirecto y antes de que se dicte el auto admisorio de la demanda de amparo el Juzgado de Distrito, con la intención de que la demanda sea desechada, altera la firma del quejoso y lo previene para que ratifique su firma dentro de un plazo de tres días bajo el apercibimiento de que la omisión tendrá como consecuencia que el amparo se tenga por no interpuesto. ¿Puede acaso considerarse como un “óptimo ejercicio de la función judicial” la conducta desplegada por ese Juzgado de Distrito? ¿Puede el tribunal que conozca de la revisión pasar por alto la irregularidad cometida sin incumplir las obligaciones que le impone el artículo 1° constitucional?
En tercer lugar, la jurisprudencia indebidamente establece lo que prácticamente constituye una excluyente de responsabilidad en favor de los Jueces de Distrito, quienes impunemente pueden, desde un punto de vista fáctico, violar la Constitución sin mayor consecuencia.
Al respecto conviene citar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de la Masacre de las Dos Erres, criterio que por cierto, resulta obligatorio para el Estado Mexicano en términos de los artículos 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 133 de la Constitución:
129. Ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que:
El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y
[eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que […]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos .
[…] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[…] 134 . En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.
Si bien es cierto que el criterio jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere a violaciones graves de derechos humanos, el criterio también resulta aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio de universalidad del artículo 1° Constitucional: “Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.”
En cuarto lugar, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresamente señala que toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que lo ampare en contra de las violaciones a los derechos humanos, aún las cometidas por los funcionarios públicos (léase Jueces de Amparo) en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, es claro que el principio de eficacia justifica que en el recurso de revisión analice las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo, pues de lo contrario todo el juicio de amparo resulta ineficaz para proteger al quejoso.
Por último, es falso que el análisis de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los Jueces de Distrito desnaturalice el juicio de amparo, ya que el juicio de amparo fue creado para proteger a los particulares de las violaciones a los derechos humanos y el hecho de analizar los agravios que plantean las transgresiones cometidas por el Juez de Distrito es acorde a dicha finalidad.
En conclusión, la jurisprudencia es contraria a la actual redacción de la Constitución, en especial respecto de las disposiciones objeto de la reforma publicada el diez de junio de dos mil once y por lo tanto se encuentra derogada en términos del artículo 9° transitorio de la reforma mencionada: “TRANSITORIOS. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación… Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.”
4.2 El control de convencionalidad de la jurisprudencia que viola derechos humanos.
Mucha de la jurisprudencia actualmente vigente en el sistema jurídico mexicano fue originada a partir de conflictos de legalidad y los tribunales, al momento de crearla, no se cuestionaron la constitucionalidad de los criterios establecidos.
Para ejemplificar lo anterior, se procede a analizar la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Mayo de 2004, página 365. No. de registro 181491.
La jurisprudencia citada es anticonstitucional, entre otras cosas, porque contraviene el sistema de distribución de competencias que rigen en el Estado Mexicano en términos de la Constitución.
En primer lugar, hay que tener presente la regla general establecida por el artículo 124 de la Constitución que claramente señala que la Federación únicamente tendrá las facultades que expresamente le hayan sido concedidas y el resto de las facultades se encuentran reservadas a las Entidades Locales: “Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
Ahora bien, por lo que hace al Distrito Federal rige la regla inversa que se encuentra plasmada en el artículo 122, A, numeral I: “Artículo 122… La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: A. Corresponde al Congreso de la Unión: I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;”
Teniendo en cuenta estas dos reglas generales, se procederá a determinar qué nivel de gobierno tiene la competencia para conocer, regular y sancionar las materias involucradas, a saber, la materia de propiedad industrial y la materia civil.
Por lo que hace a la materia de propiedad industrial, el artículo 73 fracción XXV de la Constitución expresamente otorga a la Federación dicha materia:
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales… Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
En relación a la materia civil, ésta se puede dividir en materia civil federal y local, comprendiendo la primera, relaciones jurídicas en las que está involucrada la federación, por mencionar un ejemplo, y la segunda las relaciones jurídicas de particulares en los que no existen puntos de contacto con la federación.
Así las cosas, la Federación no puede restringir, limitar o condicionar a ninguna autoridad local en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Federal les otorga en materia civil, pues ello implicaría una transgresión a la regla del artículo 124, una restricción a la soberanía estatal contraria a los artículos 40[i] y 41[ii], una invasión de esferas prohibida en términos del artículo 103 fracción II[iii] y una violación al derecho humano del artículo 16 Constitucional que obliga a toda autoridad a actuar única y exclusivamente dentro de su esfera competencial.
Ahora bien, por lo que hace al Distrito Federal el artículo 122 C. Base Primera fracción V, inciso h) expresamente establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la autoridad Competente para regular la materia civil.
De lo expuesto hasta este punto, es válido concluir lo siguiente:
1. La materia de propiedad industrial es de competencia exclusiva de la Federación y, en consecuencia, las Entidades Locales no pueden regularla.
2. La materia civil se divide en federal y local, según existan o no puntos de contacto o elementos federales en las relaciones jurídicas a regular.
3. La materia civil sin elementos federales es de competencia local y en el caso del Distrito Federal incluso por disposición expresa.
En ese orden de ideas, es claro que la jurisprudencia analizada es anticonstitucional, ya que subordina la acción civil (no federal) de daños y perjuicios, de competencia exclusivamente local, a la declaración de infracción emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ello implica una invasión a la autonomía estatal o soberanía, ya que impide que las legislaturas locales regulen en plenitud el tema de la responsabilidad civil.
Otro aspecto que vale la pena resaltar, es el hecho de que la jurisprudencia y la Ley de Propiedad Industrial reconocen facultades jurisdiccionales al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en clara contravención al principio de división de poderes establecido por los artículos 49, 94 y 116 de la Constitución.
En resumen, la tesis de jurisprudencia tiene varios vicios de anticonstitucionalidad y a pesar de ello la Primara Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la estableció como criterio obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales señalados en la Ley de Amparo.
¿Qué pueden hacer los particulares ante una jurisprudencia contraria a la Constitución?
En primer lugar, puede solicitarse su desaplicación en ejercicio de las facultades de control de convencionalidad derivadas de las siguientes disposiciones:
Sentencia dictada en el Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos:
Observación General 31 emitida por el Comité de Derechos Humanos obligatoria para el Estado Mexicano en términos del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 133 de la Constitución.
En segundo lugar y suponiendo que la jurisprudencia a combatir sea aplicada por primera ocasión dentro de un juicio de amparo directo, existe la posibilidad de plantear la anticonstitucionalidad en el recurso de revisión de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, toda vez que se trata de resolver sobre la constitucionalidad de una norma general.
Es importante señalar que las jurisprudencias con defectos de anticonstitucionalidad ocasionan violaciones sistemáticas de derechos humanos, ya que todos los órganos jurisdiccionales señalados en la Ley de Amparo están obligados a aplicar los criterios de jurisprudencia. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada en términos de los artículos 1 Constitucional, 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a admitir a trámite el recurso de revisión y no puede alegar que el análisis es intrascendente o de poca importancia pues se reitera, una jurisprudencia de esa naturaleza ocasiona múltiples transgresiones a los derechos humanos.
4.3 La responsabilidad de los tribunales que crean jurisprudencia contraria a derechos humanos.
¿Qué sanciones pueden fincarse a los creadores de una jurisprudencia contraria a la Constitución?
Existe una infinidad de criterios de jurisprudencia que violan derechos humanos. Lo ideal sería que los jueces fueran quienes defendieran a los particulares de los abusos de poder, pero eso está lejos de ser una realidad.
Para analizar este problema se empleará un criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
En términos del artículo 133 de la Constitución, los órganos jurisdiccionales locales tienen facultades de control de constitucionalidad.
Del artículo citado se desprende claramente que los jueces locales pueden desaplicar las normas que resulten contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo lo contrario tal y como se aprecia en el siguiente criterio de jurisprudencia:
La gravedad de este criterio de jurisprudencia radica en que obliga a los jueces locales a acatar las leyes a pesar de que sean anticonstitucionales, lo cual en muchas ocasiones implica que los actos de autoridad queden consumados de manera irreparable o que el ejercicio pleno de los derechos humanos no esté debidamente garantizado como lo ordena el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional celebrado por México.
Afortunadamente, el artículo 110 de la Constitución establece la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados de circuito.
A su vez, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan en qué casos procede un juicio político.
V.- La usurpación de atribuciones
En relación a la jurisprudencia analizada, es decir la jurisprudencia identificada con el rubro: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”, el juicio político es procedente en términos de las fracciones III y V del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que dicha jurisprudencia tiene por efecto concentrar indebidamente las facultades de control constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo nugatoria la facultad de los tribunales locales de desaplicar disposiciones anticonstitucionales. Por otra parte priva a los particulares de una garantía en materia de derechos humanos, a saber, el control difuso de la constitucionalidad.
Es importante señalar que cualquier ciudadano puede realizar la denuncia en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los magistrados de circuito, según sea el caso.
ARTÍCULO 9o.-Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales…
En caso de que la denuncia resulte fundada, los ministros y magistrados que votaron a favor de la jurisprudencia que viola derechos humanos serán destituidos de sus cargos e incluso pueden ser inhabilitados según el artículo 8 del mismo ordenamiento legal:
ARTÍCULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.
Sería deseable que tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los magistrados de circuito evitaran crear jurisprudencia contraria los derechos humanos y así cumplir con las obligaciones del artículo 1° Constitucional, pero sería aún más deseable que los ciudadanos mexicanos desenpeñaramos un rol más activo y promoviéramos quejas, juicios de responsabilidad, juicios políticos, denuncias penales, etc., en contra de los jueces que no hacen bien su trabajo.
4.4 La obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado Mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distingue entre aquella originada en los casos en que el Estado Mexicano ha sido parte en el proceso jurisdiccional y aquella en la que no tiene dicha calidad, declarando que solamente la primera es obligatoria, por tratarse precisamente de una determinación con valor de cosa juzgada, mientras que los criterios interpretativos originados en los casos en que México no es parte, solamente son “orientadores”.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Varios 912/2013. 14 de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 550. No de registro. 160584.
En relación al criterio antes citado, conviene precisar que ni siquiera reúne los requisitos para constituir una tesis aislada en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, pues el criterio no fue producto de juicio de amparo alguno.
Por otra parte, la lectura de la “tesis” (por llamarla de alguna forma) demuestra que en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios interpretativos de Corte Interamericana de Derechos Humanos son meras invitaciones y no criterios obligatorios.
Es de extrañarse que la sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quién en otra “tesis” reconoció la obligatoriedad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano sin percatarse de las consecuencias relativas al tema de la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Diciembre de 2011, I, página 556. No. de Registro. 160482.
En la “tesis” transcrita se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las sentencias, en su totalidad, (y no solamente los resolutivos) dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado Mexicano y es el caso que en la Sentencia del Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 339 se estableció la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
339… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana
Es importante mencionar que en la transcripción realizada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no realizó distinción alguna respecto de la jurisprudencia originada en los casos en que México es parte y aquellos en los que no tiene dicha calidad. Por lo tanto, es necesario concluir que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano y no le es válido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer distinción alguna al respecto.
Por último y con independencia de lo dicho en la Sentencia de Caso Radilla Pacheco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa por alto que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también constituye el fundamento de la obligatoriedad de la jurisprudencia creada por los organismos internacionales.
Con base en lo expuesto, se concluye que toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos es obligatoria para los jueces mexicanos con independencia de que el Estado Mexicano haya tenido o no la calidad de parte en el procedimiento jurisdiccional que dio origen a la jurisprudencia de que se trate.
4.5 La jurisprudencia mexicana: el colapso de la división de poderes.
Si se analiza la trayectoria de una norma jurídica, es decir el proceso que inicia con su creación y termina con su aplicación definitiva e irrecurrible, es el poder judicial el poder más cercano a la unión entre el deber ser y la realidad social, pues sus determinaciones constituyen la última palabra en una controversia.
En ese sentido y en términos generales, la creación de normas inicia con el poder legislativo; el poder ejecutivo y la administración pública realizan algunos actos concretos de aplicación que después podrán ser revisados; y por último el poder judicial fija en forma definitiva el derecho aplicable a las relaciones jurídicas sometidas a su jurisdicción.
En teoría, las facultades del poder judicial se encuentran acotadas por las leyes que son emitidas por un poder distinto del poder legislativo elegido democráticamente, ello con la finalidad de evitar abusos de poder. El hecho de que los alcances de las facultades del poder judicial se encuentren acotadas por normas generales expedidas por el poder legislativo tiene sus justificaciones, entre ellas, aportar certeza jurídica a los particulares, quienes al observar las leyes pueden distinguir lo lícito de lo ilícito y con ello ajustar su conducta.
¿Qué pasa cuando al poder judicial se le otorga la facultad de crear normas generales que afectan a los particulares? Basta con observar las prácticas judiciales actuales para darse una idea de las consecuencias.
En primer lugar, la certeza jurídica se vuelve algo inalcanzable. Si hoy en día ya existe una gran cantidad de leyes, tratados internacionales, derecho indígena, etc., a todo eso hay que agregarle la infinidad de jurisprudencias, tesis aisladas, opiniones de la Suprema Corte (sin sustento constitucional como lo son los criterios de los expedientes varios), etc.
Y aun hablando de criterios judiciales (jurisprudencia y tesis aisladas), en el sistema jurídico mexicano existen una infinidad de criterios que no tienen sustento legal o constitucional por ser producto de interpretaciones creativas, es decir por ser invenciones del poder judicial.
Por si fuera poco, la práctica judicial actual (hablando en términos generales) demuestra una excesiva extrapolación de los criterios judiciales, ampliando los alcances de la jurisprudencia a supuestos totalmente ajenos a los casos concretos, mediante aplicaciones supuestamente analógicas.
El resultado final: los particulares no tienen ni idea de cuál es el derecho aplicable a sus relaciones jurídicas. Es imposible que ellos puedan vislumbrar cual será la jurisprudencia o tesis aislada de “moda” al momento en que sometan sus conflictos a la competencia jurisdiccional de los tribunales.
La realidad es que los tribunales ya no fundan sus sentencias en la ley. Hoy en día fundan sus determinaciones en tesis aisladas, en opiniones de la Suprema Corte, en jurisprudencias y lo peor del asunto es que muchas veces esos criterios judiciales dicen interpretar la ley pero en realidad usan la ley o la constitución como un pretexto para darle una apariencia jurídica a sus decisiones normativas.
Por lo que hace a la razonabilidad de las decisiones judiciales, los jueces hoy en día ya no argumentan (se reitera que existen excepciones, pero son eso, excepciones), solo citan jurisprudencia y tesis aisladas. Poco importa que las tesis resulten aplicables al caso concreto, pues existe una “jurisprudencia” que autoriza la aplicación analógica de los criterios judiciales.
En ese contexto, basta que una tesis diga algo parecido a lo que el juez quiere resolver para que de inmediato esa tesis sea la aplicable al caso concreto, no es relevante que sea jurisprudencia o tesis aislada, el resultado es el mismo: los tribunales han encontrado un escudo que los exime de responsabilidad frente a las partes. Quien resolvió el caso concreto no fue el juez de conocimiento, sino aquel tribunal alejado de las partes, que algún día en el pasado tuvo a bien establecer ese criterio judicial.
La realidad es que cualquiera que sea el sentido de la sentencia, el juez está seguro de que siempre encontrará una jurisprudencia o una tesis aislada que “justifique” su decisión. La jurisprudencia se ha convertido en el sombrero del mago para los jueces; pero lamentablemente, para las partes se ha convertido en la caja de Pandora.
Otro de los valores que en teoría busca realizar la jurisprudencia es la igualdad, pero con la cantidad infinita de criterios judiciales que existen, la igualdad ante los tribunales es un espejismo.
A estas alturas conviene recordar que las transgresiones a la constitución realizadas por el poder ejecutivo y la administración pública bien pueden ser prevenidas por el poder legislativo y corregidas por el poder judicial; así como las transgresiones del poder legislativo pueden ser contrarrestadas por los particulares al acudir al poder judicial. Pero, ¿hay forma de contrarrestar las transgresiones del poder judicial? ¿Hay forma de defender a los particulares de los abusos en el uso de la jurisprudencia?
Tal parece que la respuesta es negativa, ello en virtud de que es precisamente el poder judicial el más cercano a la aplicación definitiva e inatacable del derecho.
Sean todos bienvenidos a la tiranía de los jueces.
[i] Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.[ii] Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.[iii] Artículo 103.Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: … II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y