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Timestamp: 2019-02-20 23:36:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 256', 'artículo 13', 'artículo 256', 'artículo 256', 'artículo 27', 'artículo 410', 'artículo 256', 'artículo 410']

I. LA PROBLEMÁTICA A ANALIZAR.
II. EL RANGO NORMATIVO DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS.
III. LA NORMA SUPREMA QUE RIGE AL ESTADO BOLIVIANO.
Boris Wilson Arias López 1
SUMARIO: I. La problemática a analizar. II. El rango normativo de los tratados de derechos humanos. III. La norma suprema que rige al estado boliviano. IV. A modo de conclusión. V. Bibliografía.
Si se parte de la idea de que los tratados internacionales de derechos humanos y las Constituciones nacionales cuentan con una misma finalidad como es la de proteger al ser humano, entonces se tiene que la norma a utilizar para la resolución de una determinada problemática dependerá de la norma que sea la más favorable al ser humano, sea que se encuentre contenida en los tratados internacionales de derechos humanos o en el derecho interno, de ahí que el presente trabajo entiende que el parámetro para realizar el control de convencionalidad y la norma parámetro para realizar el control de constitucionalidad convergen hacia el ser humano.
PALABRAS CLAVE: Bolivia / Bloque de constitucionalidad / favorabilidad.
En la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, estableció:
"…la obligación que tienen los jueces de cada uno de los Estados Partes, de efectuar no sólo control de legalidad y de constitucionalidad en los
1 Abogado, Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar (2008), docente universitario pregrado y postgrado. Postulante al Doctorado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad Mayor de San Andrés. Letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. asuntos de su competencia, sino de integrar en el sistema de sus decisiones corrientes, las normas contenidas en la Convención Americana."
El denominado control de convencionalidad propugnado por la Corte IDH, busca preservar la superioridad jerárquica del corpus iuris de los derechos humanos que se encuentra conformado básicamente por: 1) Los tratados; 2) Las declaraciones2; y, 3) Las sentencias3.
Ahora bien, debe considerarse que la descentralización del control de convencionalidad para algunos viene a reforzar una internacionalización de los derechos humanos, convirtiendo consecuentemente a las autoridades judiciales internas en "jueces interamericanos"4, en cambio para otros, los derechos humanos más bien fueron nacionalizados, debate cuya importancia radica en que:
El lugar que ocupen los tratados en el entramado jurídico hará que su análisis y contraste esté antes o después de cualquier otra ley; antes, después o igual que las normas constitucionales…5.
Entonces: ¿vivimos hoy día una "convencionalización de la Constitución" o son las constituciones las que otorgan fuerza normativa a los tratados internacionales de derechos humanos?
En general, el debate teórico sobre el rango normativo de los tratados internacionales sobre derechos humanos con respecto a las constituciones nacionales, a decir de Carlos Nino, hasta hoy en general ha sido circular, ello debido a que:
"…los argumentos dados por ambas partes son absolutamente circulares; quienes sostienen la prevalencia de la Constitución nacional sobre los tratados, apoyándose en el art. 27, están presuponiendo ya esa prevalencia al dar validez a la norma constitucional sobre la contenida en la Convención de Viena; y quienes apoyan la prevalencia de los tratados internacionales sobre la Constitución nacional, basándose en los arts. 27 y
2 Si bien las declaraciones no se conceptúan como tratados propiamente tales se les reconoce valor de costumbre jurídica internacional. 3 Al respecto la OC-16 de 1 de octubre de 1999 de la Corte IDH estableció al respecto: El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)""."
4 Cfr. Voto Razonado del juez AD HOC Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010.
5 CASTILLA JUÁREZ, Karlos A. El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco. Visitado el 20 en enero de 2014. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27767.pdf 46 de la Convención de Viena, están asumiendo previamente la prevalencia de los tratados sobre la Constitución al considerar relevantes tales artículos de esa Convención para resolver la cuestión. Las normas que se refieren a su propia validez y prevalencia sobre otras normas son absolutamente vacuas por ser autorreferenciales"6.
En todo caso, no puede desvirtuarse que las autoridades internas de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puedan encontrarse enfrentadas a un conflicto de lealtades entre sus Constituciones y un o unos tratados internacionales, en este marco, el presente trabajo desvirtúa la preferencia del derecho interno sobre el derecho internacional o viceversa, y más bien a partir del contexto boliviano se propugna la idea de que la norma suprema emerge de la relación entre los estándares de protección de los derechos fundamentales contenidos en las Constituciones y los estándares de protección de los derechos humanos contenidos en los tratados.
En un principio, las Constituciones en general no preveían el rango normativo de los tratados internacionales de derechos humanos al interior de los Estados nacionales, de ahí que en general se utilizaba la teoría de la equiparación legislativa, vale decir, se entendía que su rango jerárquico normativo era equivalente al de una ley, y de ahí que era posible que una ley interna promulgada posteriormente dejara sin efecto un tratado internacional de derechos humanos (lex posterior derogat priori).
Posteriormente, se produjo la llamada subconstitucionalización de primer grado, es decir, que un tratado internacional de derechos humanos estaba por debajo de una Constitución pero por encima de las leyes, de tal forma que éste únicamente podría ser dejado sin efecto por una reforma constitucional.
Un ejemplo jurisprudencial importante en la materia fue la sentencia de fecha 7 de julio de 1992, correspondiente al caso "Ekmekdjian Miguel Ángel c Sofovich Gerardo y otros" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual pese a que no existía referencia normativa en la Constitución argentina, entendió que la fuerza normativa de los tratados era supra-legal.
La referida Corte, entendió que el Congreso argentino podía derogar cualquier ley pero que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se constituía en un "acto complejo federal", ello debido a que la negoción de
6 NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. 1992. p. 26 tratados internacionales era competencia del órgano ejecutivo, debido a que en su aprobación habían participado más de un órgano de poder, de ahí que ni el Congreso argentino podía derogar un tratado internacional sin previa denuncia por parte del órgano ejecutivo, pues otro razonamiento no sólo violentaría la distribución de competencias efectuada por la Constitución, sino que afectaría las relaciones internacionales de dicho Estado.
Otro paradigma se produjo con la llamada constitucionalización de los derechos humanos, teoría que implica que ni la Constitución podía derogar a los tratados internacionales de derechos humanos ni viceversa pro tener los tratados de derechos humanos rango constitucional sea por: 1) La interpretación de los derechos fundamentales conforme a la Constitución; 2) La utilización de cláusulas abiertas, vale decir, entenderlos como derechos no enumerados; y, 3) El reconocimiento expreso del rango constitucional efectuado por la norma suprema.
En este contexto la noción de bloque de constitucionalidad corresponde al Consejo Constitucional francés7 cuya Constitución de 1958, en cuyo preámbulo se hace referencia a diferentes instrumentos normativos internacionales, apareciendo entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los cuales conforma un sólo bloque normativo, de forma tal que la complementan y coadyuvan para su interpretación y por ello no pueden ser declarados inconstitucionales.
Posteriormente, la teoría del bloque de constitucionalidad es adoptada por España (1982), incluyéndose a los estatutos de las comunidades autónomas y algunas leyes orgánicas; así también es adoptada por la Constitución Argentina (1994) haciéndose un listado expreso de tratados de derechos humanos que conglomeran el bloque de constitucionalidad, y Bolivia (2009), entre otros países.
En este contexto, puede entenderse por bloque de constitucionalidad a:
"…una norma de jerarquía constitucional (primera acepción) opera como parámetro de constitucionalidad de las leyes (segunda acepción) y además relevante (tercera acepción) para decidir casos constitucionales. Pero sus significados no son idénticos, pues una norma –como un artículo de una ley estatutaria- puede constituir un parámetro de constitucionalidad, o tener relevancia constitucional, sin que obligatoriamente tenga jerarquía o rango constitucional. Por ello, la utilización de la misma expresión 'bloque
7 El origen de la teoría del bloque de constitucionalidad fue desarrollado por Louis Favoreau al explicar la decisión D-44 de 16/07/1971 del Consejo Constitucional francés. de constitucionalidad' para esos tres fenómenos, que son parcialmente distintos, puede en ocasiones generar ambigüedades8."
En todo caso y de manera independientemente al rango jerárquico normativo de los tratados de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad implica que las Constituciones actúan como normas abiertas que se complementan e interactúan de forma permanente con los tratados de derechos humanos, vale decir, la teoría del bloque de constitucionalidad no sólo expresa una complejidad normativa sino la complementariedad entre las normas que componen un ordenamiento jurídico.
Finalmente, se encuentra la concepción de la supraconstitucionalización, la cual implica el reconocimiento de un rango superior de los tratados internacionales de derechos humanos con relación a las Constituciones nacionales.
La superioridad normativa de los tratados de derechos humanos, considerando que estos se encuentran inclusive por sobre las Constituciones nacionales deviene de la idea de que la dignidad no puede subordinarse a la supremacía constitucional y que la capacidad de un Estado para suscribir tratados se basa en su soberanía e independencia, es por eso que si un Estado suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos, se entiende que lo hace para cumplir sus compromisos de manera seria9.
Este criterio fue sostenido por Sala Constitucional Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica cuando en su sentencia 2313-95 sostuvo:
…como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente valor similar a la Constitución Política, sino en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas priman sobre la Constitución….
Mientras que en el ámbito interamericano el caso más representativo recae en la sentencia del caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile de 5 de febrero de 2001, en este sentido, el art. 9 de
8 UPRIMNY YEPES, Rodrigo. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal. Visitado el 20 en enero de 2014. Disponible en: http://www.ejrlb.net/biblioteca2011/content/pdf/a16/1.pdf 9 El cumplimiento de un tratado internacional por parte de un Estado deviene de los principios de derecho internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y bonna fide (buena fe) asimismo debe recordarse que es un principio de derecho internacional lo contenido en el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que indica que: "(U)na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". la Constitución chilena establecía un sistema de censura que sustentaba normativamente a un "Consejo de Calificación Cinematográfica", ante el cual se solicitó autorización para proyectar en cines chilenos la película la "Última tentación de Cristo" y tras darse autorización para su exhibición dicha determinación se impugnó por un grupo de católicos y la decisión de 17 de junio de 1997 de la Corte Suprema de Justicia de Chile revocó dicha autorización vetando su exhibición, encontrando entonces la Corte IDH que se había vulnerado el derecho a la libre expresión que comprende:
…el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios disponiendo además: "…que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa…".
Asimismo, la Corte IDH ordenó la reforma a la Constitución de Trinidad y Tobago en el caso Caesar10 y a Barbados en el caso Boyce11.
En Bolivia la teoría del bloque de constitucionalidad fue introducida jurisprudencialmente para armonizar la supremacía constitucional y la prevalencia del derecho internacional en materia de derechos humanos a partir del art. 35 de la Constitución abrogada, la cual establecía que:
Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno 12
Entendiéndose por el entonces Tribunal Constitucional que los derechos no enumerados referidos por la Constitución eran los contenidos en tratados internacionales de derechos humanos.
Así en la SC 1662/2003-R de 17 de novi embr e, emergente de una demanda de amparo constitucional planteado por el Defensor de Pueblo alegando que el señor Alfredo Díaz Bustos negaba el pago de la libreta de
10 En la sentencia de 11 de marzo de 2005 dentro del caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago la Corte IDH ordenó: "El Estado debe enmendar, dentro de un plazo razonable, la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, en los términos del párrafo 133 de la presente Sentencia". 11 En la sentencia de 20 de noviembre de 2007 dentro del caso Caso Boyce y otros vs. Barbados al Corte IDH ordenó adoptar: "…aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que la Constitución y la legislación de Barbados cumplan con la Convención Americana y, en especial, eliminar el efecto del artículo 26 de la Constitución de Barbados con respecto a la inimpugnabilidad de las "leyes existentes"…".
12 Reiterado en el art. 13.II de la Constitución del año 2009 en los siguientes términos: "Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados". servicio militar por razones de conciencia, pues al ser testigo de Jehová consideraba que no podía ser obligado ni a realizar el servicio militar ni a cancelar un monto económico para fomentar actos con los que estaba en desacuerdo.
El Tribunal Constitucional ingresó al fondo de la problemática refiriendo que si bien la Constitución no preveía el derecho de objeción de conciencia sí estaba previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendiendo que:
…la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda
Posteriormente denegó la tutela con el argumento de que en el ordenamiento jurídico boliviano la objeción de conciencia al servicio militar no encontraba legalmente instituida y que su implementación tampoco estaba obligada por los tratados internacionales de derechos humanos13.
Por su parte, la Constitución del año 2009, establece que:
El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país14.
Por lo expuesto, se tiene que el bloque de constitucionalidad no sólo implica que los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo rango normativo que la Constitución sino que los derechos humanos son parte de la Constitución de forma que al decir "Constitución" también se hace
13 Habiéndose acudido al sistema interamericano de derechos humanos mediante Informe Nº 97 de 27 de octubre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Solución Amistosa dentro del caso Alfredo Díaz Bustos por el cual Estado boliviano se comprometió a implementar el servicio alternativo al servicio militar obligatorio. 14 El art. 410.II de la Constitución boliviana establece que: "La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano…" que debe interpretarse conforme primera parte del mismo artículo que establece que: "El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país" de forma que los tratados de derechos humanos son parte de la Constitución y al decir "Constitución" también se hace referencia a los tratados internacionales en derechos humanos los cuales se constituyen por lo tanto en: "…norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano…" junto al articulado constitucional. referencia a los tratados internacionales de derechos humanos, de ahí que nuestra Constitución puede dejar de calificarse como codificada y pasa a ser dispersa15, es decir, el derecho constitucional y la Constitución en el contexto boliviano son diferentes pues no todas las normas constitucionales se agotan en el texto de la Constitución.
La Constitución y los tratados de derechos humanos no pueden derogarse o abrogarse entre sí y por ello tampoco los tratados internacionales pueden demandarse de inconstitucionales.
Asimismo, al formar parte de la Constitución se tiene que los tratados internacionales de derechos humanos no pueden denunciarse sino es con reforma constitucional así el art. 411.I de la Constitución establece que:
La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente…
Asimismo, los tratados internacionales de derechos humanos cumplen una función constitucional al constituirse en parámetro de control de constitucionalidad, así puede impugnarse de inconstitucional una ley no porque vaya en contra del texto constitucional sino por contravenir un tratado internacional de derechos humanos16 y se constituyen en parámetros de interpretación sea en el control de constitucionalidad17 o para la interpretación de la propia Constitución18.
Ahora bien, en todo caso es posible que en el ordenamiento jurídico boliviano se produzcan antinomias entre textos, normas o ideologías
15 En este sentido el juramento de cumplimiento de la Constitución a tiempo de que alguna autoridad se posesione en un cargo -v.gr. art. 161.2 de la CPE- no recae únicamente en el cumplimiento de la Constitución sino también sobre los tratados internacionales de derechos humanos. 16 Así la inconstitucionalidad de los arts. 144, 145, 146 y 147 de la LMAD y la frase contenida en la primera parte del parágrafo II del art. 128.II de la LMAD, referida: "La máxima autoridad ejecutiva será suspendida temporalmente de sus funciones si se hubiera dictado Acusación Formal en su contra que disponga su procesamiento penal" fueron declaradas inconstitucionales por "…ser contrarias a los arts. 26.I, 116.I y 117.I de la CPE y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
17 En la SCP 1250/2012 se utilizaron estándares de la Corte IDH y de la Comisión IDH para declarar inconstitucional el delito de desacato, mientras que en la SCP 2299/2012 se utilizaron estándares internacionales para determinar que el posible uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad debe estar planificado previamente a la intervención policial, entre otros.
18 En la SCP 770/2012 para la interpretación del art. 123 de la Constitución se utilizaron estándares internacionales para determinar que la ley penal sustantiva en materia de corrupción más gravosa a un imputado y posterior a un hecho delictivo no admite retroactividad. contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución.
En este contexto para encontrar una posible solución debe partirse de la idea de que en principio no puede existir una contradicción entre ambos tipos de normas, ya que tienen un origen histórico y un propósito común como es la protección del ser humano; asimismo, debe recordarse que se presume que a tiempo de aprobarse un tratado de derechos humanos se efectuó por parte de los órganos del Estado competentes para su aprobación –en este caso el ejecutivo y legislativo- un control previo de constitucionalidad, de forma que se entiende que los derechos humanos no contradicen a la Constitución, aspecto que obliga a rechazar toda interpretación que provoque una antinomia entre las mismas y más bien obliga a buscar la interpretación que las armonice.
Así también, debe recordarse que los derechos contenidos en las Constituciones ya generaban antinomias –v.gr. entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, entre otros- y lo que ahora hacen los tratados internacionales de derechos humanos es expandir y ampliar el listado de derechos generando en efecto mayor conflictividad entre derechos pero siempre con la posibilidad de encontrar una respuesta o forma de resolución a dicha antinomias.
En caso de no encontrarse una interpretación armonizadora debe considerarse la naturaleza progresiva de los derechos humanos que impide concebirlos como derechos estancos sin relación alguna y descontextualizados, así en el sistema interamericano de derechos humanos se tiene que la Corte IDH sostuvo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe interpretarse en el contexto de tratados internacionales de derechos humanos pues:
…este tribunal interpreta que excluir a priori de su competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a derechos humanos, constituiría una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas en el artículo 29.b)19 mientras que la OC 5/85 estableció que: "En consecuencia, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana"
19 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1. El referido entendimiento también es aplicable al derecho nacional cuando sea más favorable al derecho internacional, porque:
…el artículo 29 de la Convención Americana nos dice algo que debemos de asimilar porque ya es derecho nacional, y derecho constitucional. Cuando existan varias normas internacionales o nacionales, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana así lo ha interpretado también, puede dejarse de aplicar la Convención Americana cuando existe otra norma internacional de mayor protección20.
En efecto, los derechos fundamentales contenidos en las Constituciones y los derechos humanos de los tratados internacionales se interrelacionan de forma permanente debido a que recaen en el mismo ser humano, lo que provoca deba efectuarse una comparación entre los estándares internos de protección de un derecho con los estándares internacionales para luego obtener el derecho más favorable que corresponde aplicar sea que este contenido en una Constitución o en un tratado internacional de derechos humanos, es decir:
…la antigua figura de la pirámide" en la que su vértice superior era ocupado en solitario por la Constitución, haya devenido en una especie de "trapecio" en cuyo plano más elevado comparten espacios en constante retroalimentación la Ley Fundamental y los documentos internacionales sobre derechos humanos con idéntica valía"21.
Por ende, los tratados internacionales de derechos humanos se constituyen en un derecho mínimo que pueden y deben desarrollarse ampliamente por los Estados, por ello en general contienen una "cláusula más favorable al individuo" como sucede con la Convención Americana sobre Derechos Humanos22, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos23, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer24, Convención contra la Tortura y Otros Tratos
20 FERRER MAC GREGOR, Eduardo. El control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Visitado el 20 de enero de 2014. Disponible en: http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQ FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F 289006%2F929665%2Ffile%2Fcontrol_convencionalidad.pdf&ei=XONjU97NL8HNsQTtw4LwC g&usg=AFQjCNFv96gq_PpDiK9s0F66HEDm5yeL5w&bvm=bv.65636070,bs.1,d.cWc
21 BAZÁN, Víctor. La interacción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina. Visitado el 3 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.circulodoxa.org/documentos/Baz%C3%A1n,%202007%20(IX).pdf 22 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 29. 23 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 5,2. 24 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Art. 23. o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 25, Convención sobre los derechos del niño26, lo que permite que los derechos humanos contenidos en un tratado internacional de derechos humanos puedan ponderarse con los derechos contenidos en otro tratado internacional o en normas constitucionales o legales de los Estados y de donde puede extraerse que la relación entre una Constitución y un tratado de derechos humanos no se rige por el criterio temporal -última norma- o de jerarquía sino por el de favorabilidad al ser humano.
Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano encuentra una insalvable antinomia entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución, y decide aplicar el tratado internacional deberá considerar que la interpretación del mismo debe hacerse de modo tal que no conduzca "…de manera alguna a debilitar el sistema de protección consagrado en la Convención…"27 y siempre teniendo en cuenta que el objeto y fin de la misma que es "…la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos…"28, remitiéndole por tanto al derecho interno si éste es el más favorable y si decide aplicar la Constitución encontrará que el art. 256.I de la CPE, establece que: "Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta", es decir, que le remitirá al derecho internacional si es más favorable.
Desde Kelsen las normas se jerarquizaron por procedimientos de producción lo que implicaba una visión meramente formalista del derecho, hoy día en cambio los tratados internacionales de derechos humanos provocan que se atienda al contenido normativo lo que implica una visión material a partir de la cual se tiene que una Constitución ya no es suprema por las formalidades en su aprobación -supremacía formal-, sino más bien por los contenidos que regula y proclama -supremacía de contenidos-. Entonces hoy día los problemas normativos ya no son de forma sino de contenidos y el paradigma en el derecho es el de vivir más que la supremacía de la
25 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. art 1, 14 y 16. 26 Convención sobre los derechos del niño. Art. 41. 27 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4. 28 Ibídem. Constitución la de los "derechos" sean éstos fundamentales o de derechos humanos.
Habitualmente, lo que diferencia a la teoría del bloque de constitucionalidad de la teoría del bloque de convencionalidad es en que el corpus iuris que rige a los tribunales internacionales de derechos humanos no incluye a las Constituciones de los Estados miembro pudiendo observarse de mejor manera dicha diferencia cuando una Constitución nacional se contrapone a los tratados internacionales de derechos humanos; sin embargo, dicha diferenciación se desvanece en la medida en la que los tratados internacionales de derechos humanos al igual que las Constituciones nacionales se remiten al derecho más favorable.
La interpretación y rango normativo de los tratados de derechos humanos no lesiona en Bolivia la supremacía constitucional o la soberanía popular, pues es nuestra propia Constitución consolidada a través de voto popular la que se remite al derecho más favorable, por lo que el incumplimiento a un tratado internacional de derechos humanos no sólo genera responsabilidad internacional sino implica desobediencia a la propia Constitución; en este sentido, es claro que la justicia constitucional no se legitima porque tenga como deber el de proteger los derechos sino porque efectivamente los protegen, pese a ello, es previsible que aún deba correr mucha sangre y lágrimas para terminar de convencernos.
BAZÁN, Víctor. La interacción del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina. Visitado el 3 de febrero de 2014. Disponible en: http://www.circulodoxa.org/documentos/Baz%C3%A1n,%202007%20(I X).pdf
CASTILLA JUÁREZ, Karlos A. El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco. Visitado el 20 en enero de 2014. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27767.pdf
FERRER MAC GREGOR, Eduardo. El control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Visitado el 20 de enero de 2014. Disponible en: http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source= web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados .gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F289006%2F929665% 2Ffile%2Fcontrol_convencionalidad.pdf&ei=XONjU97NL8HNsQTtw4 LwCg&usg=AFQjCNFv96gq_PpDiK9s0F66HEDm5yeL5w&bvm=bv.6 5636070,bs.1,d.cWc
NINO, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. 1992. p. 26
UPRIMNY YEPES, Rodrigo. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal. Visitado el 20 en enero de 2014. Disponible en: http://www.ejrlb.net/biblioteca2011/content/pdf/a16/1.pdf
By Nataly Viviana Vargas Gamboa
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
2. LAS RELACIONES ENTRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL
2.1. Procedimientos de incorporación de las fuentes externas al ordenamiento interno.
2.2. Relaciones entre las fuentes externas y las normas internas.
2.2.1. Constitución (supraconstitucionalidad, rango constitucional, Infraconstitucionalidad)
2.2.2. Normas con rango de ley (supralegalidad, rango de ley)
3. MECANISMOS DE CONTROL QUE GARANTICEN EL RESPETO AL SISTEMA DE FUENTES QUE DEFINE LA CONSTITUCIÓN
3.1. Control de constitucionalidad de los Tratados. Procedimientos y competencia jurisdiccional
3.2. ¿Control de convencionalidad de la ley? Procedimientos y competencia jurisdiccional
4. LAS RELACIONES ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES Y LAS CORTES INTERNACIONALES
4.1. La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana por los tribunales nacionales, el legislador nacional y las administraciones públicas
4.2. La incorporación de la jurisprudencia internacional a la jurisprudencia interna: mecanismos y efectiva incorporación.
6.1. Fuentes complementarias
6.2. Jurisprudencia boliviana
6.3. Jurisprudencia Internacional
A través de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) encontramos distintas formas de configuración en cuanto al reconocimiento de las fuentes internacionales y la posición de éstas en el sistema de fuentes interno, lo que ha variado por completo la forma de ver al Derecho Internacional desde el Derecho interno boliviano. La interpretación integral del texto constitucional resulta fundamental para un correcto tratamiento de la normativa internacional en Bolivia.
La necesidad de una mayor protección de los Derechos Humanos (DDHH) a través de los diferentes instrumentos internacionales, en plena interacción con la normativa nacional, ha propiciado la implementación de distintos mecanismos constitucionales de apertura que actúen a favor de la aceptación tanto de cuerpos legales como de jurisprudencia externa. Ante estos cambios el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TC) tiene la obligación de actuar en conformidad con las nuevas soluciones constitucionales para la efectiva protección de los DDHH.
El artículo 13 de la nueva CPE establece que la proclamación constitucional de los derechos que realiza no podrá entenderse como negación de otros derechos que no se encuentren enunciados, destacando que la clasificación de los derechos no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Así también, establece que los Tratados Internacionales que se encuentren ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)1, que reconozcan a los DDHH y que prohíban su limitación en los Estados de Excepción, se encontrarán en prevalencia dentro del orden interno, debiendo de interpretarse los derechos y deberes, que se encuentran proclamados dentro del cuerpo constitucional, en conformidad con los Tratados Internacionales de DDHH ratificados por Bolivia (CPE Art. 13. IV).
En este sentido, podemos afirmar que el artículo 13.IV actúa como una verdadera ventana hacia el Derecho Internacional de los DDHH, puesto que permite adoptar una interpretación que otorgue a la Constitución un carácter abierto. En este punto, bien se puede decir que el Derecho interno boliviano deja su vocación de influir para adquirir la propiedad de poder ser influido en su lucha por la defensa de los DDHH y la búsqueda de niveles de protección adecuados para los ciudadanos. La interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TC) es esencial para la aplicación de las fuentes externas, cuyo objetivo debe orientarse hacia una apertura de la CPE al Derecho Internacional sin descuidar el respeto a la supremacía constitucional.
En concordancia con una interpretación integral de la CPE, debemos considerar que existen más preceptos que condicionan la interpretación de los Tratados Internacionales en materia de DDHH, que son de vital importancia para la actividad hermenéutica del TC. En este sentido es importante destacar que la CPE establece en su artículo 256 que los Tratados Internacionales en materia de DDHH que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los derechos contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta y, que los derechos que se encuentren reconocidos en la Constitución han de ser interpretados conforme a los Tratados Internacionales de DDHH cuando éstos se encuentren en previsión de normas que resulten más favorables.
En este sentido, encontramos un límite a la interpretación de los Tratados Internacionales referentes a DDHH puesto que si bien se encuentran integrando el Bloque de Constitucionalidad que define la CPE (CPE art. 410) y el artículo 13.IV les abre la vía para una interpretación acorde y preferente frente a los Derechos Constitucionales, al mismo tiempo se establece una salvedad a través del artículo 256. Así para que los Tratados Internacionales referentes a los DDHH puedan tener una aplicación preferente deberán establecer normas más favorables que las establecidas por los Derechos Constitucionales. Este criterio deberá ser dirimido por el TC, puesto que la enunciación de los Derechos Constitucionales, con el detalle que se han integrado en la CPE, hace que sea imprescindible una clara fundamentación del TC ante la posibilidad de la aplicación preferente de las fuentes internacionales 2.
El artículo 256 de la CPE nos lleva a observar que si bien se ha buscado una fórmula que permita la apertura de los Derechos Constitucionales hacia el Derecho Internacional, en cuanto a su interpretación y aplicación preferente, en paralelo, se ha pensado en la implementación de un determinado límite que pueda hacer que esta apertura no sea irrestricta y deje en el Estado, a través de su TC, la valoración última de los Tratados Internacionales de DDHH. Ante este supuesto, le corresponde al TC hacer una valoración que pueda llevarnos a una eficiente aplicación de la normativa interna e internacional. Así, en la protección de los DDHH el objetivo debe orientarse a la máxima protección y garantía de los derechos cualquiera sea la fuente de la que provengan.
Las relaciones internacionales, en sus facetas de negociación, suscripción y ratificación de Tratados Internacionales, deben responder a los fines del Estado en función de su soberanía y de los intereses del pueblo boliviano (CPE Art. 255. I). Así, la negociación y ratificación deberán regirse por:
1) la independencia e igualdad entre los Estados, la no intervención en asuntos internos y la solución pacífica de los conflictos; 2) el rechazo y la condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo; 3) la defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación; 4) el respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos; 5) la cooperación y solidaridad entre los Estados y los pueblos; 6) la preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado; 7) la armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva; 8) la seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente; 9) el acceso a toda la población al acceso a todos los medicamentos, principalmente los genéricos; y 10) la protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las exportaciones con valor agregado (CPE Art. 255. II).
El establecimiento de los parámetros para la celebración de Tratados Internacionales arriba mencionado resulta un aspecto novedoso de la CPE, puesto que es la primera vez que observamos en un cuerpo constitucional boliviano un catálogo de tal envergadura. Es así que siguiendo los parámetros proclamados por la CPE en materia de relaciones internacionales, el Presidente del Estado se encarga de dirigir la política exterior y suscribir Tratados Internacionales (CPE Art. 172. 5)3, tareas en las que debe participar de forma conjunta con el Vicepresidente del Estado (CPE art. 174. 5)4. Sin embargo, podemos observar que estas actividades no sólo se encuentran bajo la competencia del Presidente y Vicepresidente del Estado, sino que a través de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el nuevo cuerpo constitucional, se proporcionan distintos cauces para la participación de los demás miembros de la sociedad en la estructuración de la Política Exterior boliviana.
Así, cualquier Tratado Internacional requerirá la aprobación mediante referendo popular cuando sea solicitado por el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, o en su caso, el treinta y cinco por ciento de los representantes de la ALP, siendo tales iniciativas utilizables para solicitar al Órgano Ejecutivo la suscripción de un Tratado Internacional (CPE art. 259.I). El anuncio de la convocatoria al referendo ha de suspender el proceso de ratificación del Tratado Internacional hasta la obtención del resultado de acuerdo a los plazos establecidos por la ley (CPE Art. 259.II). En este sentido, es importante destacar que esta iniciativa puede suponer un obstáculo para el rápido avance de la ratificación de los Tratados Internacionales, obstáculo que se había observado en la Comisión N° 20 de la Asamblea Constituyente en su informe por mayorías, que establecía que para la aplicación de este mecanismo se necesitaban ciertos parámetros que impidan esta circunstancia. Sin embargo, hasta la fecha no observamos el establecimiento de tales parámetros en ningún instrumento legal 5.
El Estado Plurinacional de Bolivia no es ajeno a los Tratados Internacionales de DDHH, muy por el contrario se preocupa de su enunciación y jerarquización dentro del cuerpo constitucional, en el que podemos observar una orientación al logro de la máxima protección de los derechos. En este sentido, observamos que la CPE establece como obligación del Estado garantizar a todas las personas y colectividades, sin Derecho discriminación alguna el ejercicio de los derechos que se establecen en su cuerpo constitucional, las leyes y los Tratados Internacionales de DDHH (CPE Art. 14. III). Así, a través de esta previsión nos encontramos ante una ampliación, en cuanto a garantía, de los derechos, llevándolos más allá de la esfera nacional para extenderlos, en su ámbito de protección, a los DDHH que provengan de fuentes internacionales.
El reconocimiento expreso de la protección de los derechos que se encuentren plasmados en instrumentos internacionales resulta un importante soporte para el resguardo de los DDHH, en este sentido la positivización de este aspecto en la CPE resultaba fundamental para garantizar el pleno reconocimiento de los derechos en todos los niveles posibles de protección 6.
A tiempo de declarar a la CPE como la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico boliviano, con primacía frente a otra disposición normativa, se establece el bloque de constitucionalidad, integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de DDHH y las normas de Derecho Comunitario ratificadas por Bolivia (CPE art. 410). Resulta bastante necesario el posicionamiento de los DDHH dentro del bloque de constitucionalidad, dado que su nivel de protección y aplicación debe corresponderse al nivel superior que el Estado pudiera darles para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos dentro y fuera del territorio boliviano.
La CPE establece que los Tratados Internacionales ratificados entrarán a formar parte del ordenamiento jurídico interno con rango de Ley (CPE art. 257), en este sentido, se establece la jerarquía de las normas jurídicas, situando en primer lugar a la CPE, en segundo lugar los Tratados Internacionales, en tercer lugar las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena y, en cuarto lugar los decretos, reglamentos y demás resoluciones (CPE art. 410).
Encontramos bastante lógica la jerarquización planteada por la CPE, puesto que fundándose en la primacía del Derecho Internacional se estaría posicionando a las normas dentro de la fórmula de supralegalidad e infraconstitucionalidad, misma que resulta connatural en un sistema de derecho positivado, brindando de esta manera una solución unívoca a posibles problemas emergentes por antinomias posibles entre normas de Derecho Internacional y normas de origen interno7. Sin embargo, cabe destacar, como ya se ha comentado, que determinados Tratados Internacionales se encuentran integrando el Bloque de Constitucionalidad, como es el caso de los Tratados Internacionales de DDHH.
El control previo de constitucionalidad debe de realizarse por el TC (CPE art. 202. 9), con el fin de detectar posibles incompatibilidades entre la norma internacional y la CPE, puesto que ningún Tratado Internacional deberá ingresar en el derecho interno en contravención a los preceptos constitucionales. Éste es el mecanismo de filtro más importante que tiene la CPE para la detección de las normas contrarias a la Constitución que pretendan ingresar en el Derecho interno8. Las decisiones y sentencias del TC son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno (CPE art. 203). Por tanto, las decisiones del TC sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales resultan incuestionables y son vinculantes.
Es importante destacar que la CPE establece que se procederá a la realización del control previo de constitucionalidad cuando sobre los Tratados Internacionales se suscite duda fundada sobre su constitucionalidad, en este caso, el Código Procesal Constitucional (CPC) establece que, el Presidente del Estado es el encargado de remitir el Tratado Internacional al TC (CPC art. 107. I). El presidente de la ALP es el encargado de enviar en consulta el Tratado Internacional de forma obligatoria al TC antes de su ratificación, pudiendo expresar también, si la tuviere, duda fundada sobre la constitucionalidad del Proyecto de Tratado Internacional (CPC art. 107. II). Una vez recibida la consulta el TC deberá expresar su opinión fundada dentro de los 15 días de su notificación (CPC art. 108. I) debiendo emitir la Declaración de Constitucionalidad o Inconstitucionalidad en el plazo de los cuarenta y cinco días siguientes (CPC art. 108. II).
Observamos, no obstante ser obligatorio el control de constitucionalidad, la existencia de supuestos en los que se expresa nuevamente esta obligatoriedad. Este aspecto se explica porque en la primera estipulación que se hace en la CPE se establece que el control de constitucionalidad ha de hacerse a través de una duda fundada, siendo éste el mecanismo que inicie el procedimiento de control. Sin embargo, como hemos visto, a través del CPC se salva este vacío ante la estipulación de que deben ser todos los Proyectos de Tratados Internacionales negociados por el Órgano Ejecutivo los que deben someterse obligatoriamente al control de constitucionalidad.
En este sentido, se establece que cuando se trate de un Tratado Internacional que tenga que ser sometido a Referendo, deberá ser objeto de control de constitucionalidad por parte del TC. En caso de ser declarado inconstitucional, no podrá ser sometido a Referendo (CPC art. 110. III). Deben someterse obligatoriamente a este procedimiento los Tratados Internacionales que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural y cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración (CPE art. 257. II) o cualquier Tratado Internacional del que se haya requerido, por los mecanismos de participación ciudadana, la realización de un Referendo (CPE art. 259. I).
En el caso de que el TC declare, a través del control previo de constitucionalidad, que el Tratado Internacional es contrario a la CPE, éste no podrá ser ratificado (CPC 109. I). Es decir, el sentido de conservación de la CPE ante el Derecho Internacional es más fuerte que la opción de su renovación a partir de las necesidades que surjan del Derecho Internacional. Entendiendo que la CPE es inamovible ante el Derecho Internacional, no es una opción la modificación de la CPE para permitir la entrada del Derecho Internacional, al menos no formalmente, no hace permeable su estructura para la aceptación de la normativa internacional. Si existe contradicción, el Tratado Internacional no se ratifica, dando tan sólo la opción de la declaración de reservas en el caso de que el Tratado Internacional sea multilateral (CPC art. 109.II). Ésta es una salida que pone en claro la declaración de soberanía y de primacía del Derecho constitucional boliviano.
A través de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante la Ley 1430 de 11 de febrero, en Bolivia se encuentra integrada la idea de que cada vez es más necesaria la presencia de un órgano supervisor de los compromisos internacionales contraídos en materia de DDHH. Así, la ratificación voluntaria de la cláusula que adjudica competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), posiciona a Bolivia bajo su jurisdicción, entendiendo que se encuentra subordinada a sus mandatos, dado que la Corte IDH goza de facultades para el resguardo de los DDHH que van más allá de las normativas nacionales de sus miembros.
Resulta importante destacar que el TC ha entrado a valorar la posición que ocupan los Tratados Internacionales de DDHH en el Derecho interno. Es de particular relevancia la nueva jurisprudencia que ha venido desarrollándose por el TC a partir de la CPE, dado que los importantes cambios constitucionales determinan las formas de interpretación que han de tener los magistrados del TC en materia de DDHH. Hacer un análisis de la orientación que tiene este proceso de cambio es fundamental para un adecuado entendimiento de los Derechos Constitucionales en la CPE9. Podemos observar que se han dado pasos positivos para la consolidación del nuevo orden jerárquico constitucional de los Tratados Internacionales de DDHH. Así, la posición de los mismos dentro del Bloque de Constitucionalidad ha sido claramente defendida por el TC en la valoración de diferentes recursos presentados, en los que nos encontramos con el reconocimiento de la posición de los Tratados Internacionales de DDHH para su interpretación preferente.
En cuanto a la interpretación realizada de los DDHH en perspectiva multinivel podemos observar que en la Sentencia Constitucional (SC) 0110/2010-R, de 10 de mayo de 2010, se establece que “al ser la Corte Interamericana de DDHH el último y máximo garante en el plano supranacional del respeto a los DDHH, el objeto de su competencia y las decisiones que en ejercicio de ella emana, constituyen piedras angulares para garantizar efectivamente la vigencia del Estado Constitucional”, estableciendo también que dicha normativa supranacional se encuentra subordinando, en cuanto a su contenido, a toda normativa infraconstitucional vigente.
Esta sentencia nos lleva a observar que en pleno reconocimiento de la calidad de miembro del Estado Plurinacional de Bolivia del Sistema Interamericano de DDHH se reconoce la responsabilidad internacional que surge como consecuencia de la aplicación de la Sentencia de 26 de enero de 2000 de la Corte IDH, en virtud del principio pacta sunt servanda reconocido en el artículo 27 de la Convención de Viena. Responsabilidad que implica la garantía del cumplimiento de tal sentencia en el plano nacional, sin que se pueda interponer al derecho interno como un obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas internacionalmente. Por tanto se pone en manifiesto que el derecho interno no puede servir como mecanismo para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el plano internacional referentes a DDHH.
Debe destacarse la magnífica apreciación del Magistrado Antonio Baldiviezo Jinés, a través de su Voto disidente en relación a la SC 0460/2011-R de 18 de abril de 2011. La interpretación del Bloque de Constitucionalidad contenida en el fallo, a partir del artículo 410.II de la NCPE, indica que las normas insertas en el bloque sirven de parámetro para el ejercicio del control normativo de constitucionalidad y el control del respeto a los derechos y garantías de las personas. Dejando claro que los Tratados Internacionales referentes a DDHH entran a formar parte del Bloque de Constitucionalidad, en virtud al criterio preferente de interpretación que postulan tanto el artículo 256 como el 13.IV de la CPE, destacando la necesidad de analizar los Amparos Constitucionales presentados mediante la jurisprudencia de la CorteIDH, puesto que se considera el máximo intérprete de las normas del sistema interamericano de DDHH y a través de ella se encuentra el sentido y alcance de los derechos, vinculando esta interpretación a todos los Países Miembros..
Es así que el Magistrado no sólo se circunscribe a los preceptos constitucionales sino que también manifiesta que otra de las razones para sostener la jerarquía constitucional de las sentencias de la CorteIDH es la doctrina del efecto útil que versa sobre los DDHH. Así las sentencias que se emiten después de la verificación de la vulneración de DDHH generan para el Estado una responsabilidad internacional a partir de la cual asume obligaciones internacionales cuyo cumplimiento es ineludible e inexcusable, poniendo en evidencia que el Estado se encuentra obligado en materia de DDHH al cumplimiento de los fallos de la CorteIDH. Más allá de los preceptos constitucionales contenidos en la NCPE, esta obligación, resulta de los compromisos internacionales a los que es incapaz de renunciar sin afectar el nivel de protección y garantía de los DDHH.
Podemos observar la importancia con la que se expresa una necesaria nueva interpretación de las fuentes del derecho a través del Voto disidente del Magistrado Antonio Baldiviezo Jinés, en relación a la SC 0700/2010-R de 26 de julio de 2010, en el que manifiesta que cuando se trata de la interpretación de los derechos fundamentales no basta con ceñirse al criterio de la voluntad del constituyente ni al tenor literal del texto, debiendo
tomarse en cuenta otras normas establecidas conforme a los Tratados Internacionales, cuya interpretación se encuentra prevista en los artículos 13.IV y 256 de la CPE. En este sentido se considera que el tratamiento de los derechos resulta unitario, dado que la concepción de los DDHH y fundamentales es integral y dinámica, puesto que el catálogo a través de esta fórmula se encontrará siempre abierto mediante la constante evolución conjunta con el Derecho Internacional. En este sentido, manifiesta que el criterio de interpretación aludido tiene como principal consecuencia que no se puede realizar una interpretación arbitraria de los derechos y garantías, debiendo buscar siempre el sentido de éstos en las normas que se contienen en Tratados Internacionales sobre DDHH.
Es importante destacar que la solución de interpretación propuesta por la CPE es proclive a orientar a los DDHH hacia una nueva revalorización. La importancia del planteamiento inserto en el Voto disidente nos lleva a inferir que si bien nos encontramos frente a una especie de resistencia a acudir a las normas internacionales sobre DDHH para la interpretación de los conflictos que surgen en el orden interno, la adecuada valoración de los instrumentos de interpretación nos llevan a hacer un análisis más profundo de los recursos. Debiendo en todo caso manifestar la importancia de la apertura internacional de la interpretación de los derechos para buscar soluciones que tengan por resultado lograr una efectiva protección y garantía de los Derechos.
En cuanto a los derechos sociales es importante destacar que el Estado reconoce la obligatoriedad del cumplimiento de los estándares internacionales que se han aplicado a los mismos, es así que no sólo depende del Estado la decisión en cuanto a su aplicación progresiva sino también de la Comunidad Internacional. Podemos observar en este sentido la SC 1109/2011-R de 16 de agosto de 2011, en la cual el TC declara que no pueden ser desconocidos los logros y el desarrollo alcanzado en materia de DDHH a partir del principio de progresividad, en lo que respecta a la ampliación de su número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales destinados a su protección. Así, en este aspecto, deben de considerarse los progresos que se han alcanzado tanto en el derecho nacional como internacional, debiendo buscar el progreso constante del Derecho Internacional de DDHH que se inserta en el sistema jurídico interno boliviano a través del Bloque de Constitucionalidad.
Si bien en una primera instancia podemos observar que la potenciación del Derecho Internacional de DDHH se hace más fervientemente a través de votos disidentes, es cierto que recientemente observamos una mayor apertura hacia las fuentes internacionales, pudiendo constatar una aceptación tanto de lo expresado por los votos disidentes mencionados como una mayor referencia al derecho internacional en la SC 0142/2012 -R, de 14 de mayo de 2012, en la que observamos la referencia a distintos instrumentos internacionales y jurisprudencia, o en las Sentencias 0275/2012-R, de 4 de junio de 2012 y 0281/2012-R, de 4 de junio de 2012, en las cuales la jurisprudencia de la CorteIDH es fundamental para su resolución.
Ante las nuevas necesidades de protección y garantía de los DDHH se han emplazado distintos cambios en su tratamiento a través de la promulgación de la CPE. Mediante los artículos 13.IV y 256 podemos observar, aunque con alguna limitación, un nuevo tratamiento de las fuentes internacionales de DDHH, que proporcionan una mayor apertura, y por lo tanto se encuentran brindando a los derechos una esfera más amplia de protección. A través del artículo 410 de la CPE los Tratados Internacionales de DDHH entran a formar parte del Bloque de Constitucionalidad, lo que fortalece aún más el efectivo cumplimiento de los derechos enunciados y protegidos por los distintos cuerpos internacionales que se encuentren ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Podemos observar que el carácter obligatorio del control de constitu- cionalidad se salva a partir de lo establecido en el CPC, haciendo que este instrumento sea efectivo para evitar contradicciones con la norma constitucional. Uno de los problemas más importantes radica en la participación ciudadana irrestricta en estos temas, puesto que resulta ser más un obstáculo que un elemento de ventaja, la extrema delicadeza con la que debe plantearse el desarrollo de las relaciones internacionales presenta grandes dificultades a la hora de su apertura a los mecanismos de participación ciudadana.
En este contexto, podemos afirmar que existe una mayor protección y garantía constitucional de los DDHH que se encuentran insertos dentro de la legislación boliviana como en los distintos cuerpos internacionales. Pudiendo evidenciar una tímida pero sólida actuación por parte del TC boliviano a la hora de recurrir a la jurisprudencia internacional para la resolución de sus fallos. Sin embargo, se requiere de una mayor actuación por parte de los instrumentos del Estado para hacer efectivos todos los mecanismos de protección y garantía de los DDHH.
- GUASTINI, R., EstuDerecho Internacionalos de teoría constitucional, Fontamara,
- México, 2003.
- HÄBERLE, P., El Estado constitucional. Instituto de Investigaciones JuríDerecho
Internacionalcas, Serie Doctrina JuríDerecho Internacionalca, nº 47,
- ROSS, A., Teoría de las fuentes del derecho: Una contribución a la teoría
del derecho positivo sobre la base de las investigaciones histórico-dogmáticas. Centro de EstuDerecho Internacionalos Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.
- SC 0110/2010-R
- SC 0700/2010-R
- SC 0460/2011-R
- SC 1109/2011-R
- SC 0142/2012-R
- SC 0275/2012-R
- SC 0281/2012-R
Corte IDH Sentencia de 26 de enero de 2000
1 Nombre oficial de la reunión en congreso de las Cámaras de Senadores y Diputados en Bolivia.
2 La justificación a esta limitación se encuentra en el Informe de la Comisión N° 20 de la Asamblea Constituyente que manifiesta que el objetivo de la norma constitucional es hacer prevalecer a los diferentes Tratados Internacionales en materia de DDHH sobre el Derecho interno, puesto que se considera que los mismos constituyen una conquista a nivel internacional, siempre y cuando Bolivia los haya ratificado, considerando importante que éstos sólo tengan aplicación preferente con respecto a la normativa interna en el caso de que sean más favorables, dado que no se puede pasar por alto que éstos han sido constituidos mediante luchas que han logrado consolidarlos a nivel mundial como derechos y garantías inherentes al ser humano. Todos los Informes de las Comisiones de la Asamblea Constituyente pueden verse en: www.constituyentesoberana.org
3 Si bien se establece que la ratificación de los TI celebrados por el Ejecutivo debe estar sujeta a las formas que se establecen en la CPE y que Derecho dicha ratificación corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (CPE Art. 158. I. 14), no observamos a lo largo del texto la enunciación de un procedimiento detallado que regule este procedimiento, tampoco observamos una regulación del mismo a través de Ley.
4 A través de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Ley LOPE) se establece que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto (RREE) tiene entre sus atribuciones específicas las de formular, coordinar y ejecutar la política exterior del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales y administrar las relaciones diplomáticas con las naciones y con las organizaciones internacionales, la negociación y suscripción de tratados y convenios internacionales en el marco de la Ley de Servicio de Relaciones Exteriores N° 1444 (LOPE Art. 11), cuya actividad era producto de la delegación de la dirección del Presidente de la Política Exterior. Sin embargo, dados los cambios presentados en la CPE deberá buscarse una solución que haga compatible en estas funciones a ambas autoridades o busque que sólo recaiga sobre el Presidente dicha facultad.
5 En la propuesta presentada a través del Informe final de la Comisión N° 20 se establecía que los Tratados Internacionales que implicasen la ejecución de actos ordinarios en las RRII, donaciones a favor del Estado sin comprometer su independencia, que no supongan una contraprestación de fondos públicos, o que perfeccionen obligaciones preexistentes adquiridas por el Estado, podrían ser ratificados de manera directa por el Presidente mediante Decreto Supremo debiendo de publicarse con la integridad del texto del acuerdo, cuya ratificación requeriría del control de constitucionalidad previo debiendo ser informada su negociación al ejecutivo. Este artículo no fue incluido en la redacción formal de la CPE promulgada, sin esta salvedad, cualquier TI podrá ser sometido a un referendo popular para su aprobación, con ellos los que supongan ventajas inmediatas para el Estado. Todos los Informes de las Comisiones de la Asamblea Constituyente pueden verse en: www.constituyentesoberana.org
6 El tratamiento de los DDHH en la CPE se ha justificado y debatido dentro del proceso constituyente boliviano, pudiendo constatar que en el Informe por minorías de la Comisión N°3 de la Asamblea Constituyente se expresa que tanto la realidad del Estado como el fundamento de su origen no pueden ser ajenos a los principios universales que justifiquen la existencia de éste en la doctrina constitucional internacional, por tanto se reconoce la realidad que suponen los TI. Asimismo expresa que, en cuanto a dicho reconocimiento internacional, lo proclamado por la CPE se encuentra establecido en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Así también podemos evidenciar que en cuanto al reconocimiento de los derechos colectivos, también se busca la justificación pertinente en el Derecho Internacional, es de esta manera que a partir del Informe por mayorías de la Comisión N°1 de la AC se expresa que la propuesta presentada con respecto a los articulados que corresponden a la forma del Estado se encuentran basados jurídicamente en los derechos colectivos consagrados en los Tratados Internacionales de DDHH, como el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, una clasificación tan en detalle de los derechos colectivos es más bien una invención propia del Estado boliviano.
7 En este sentido véase: GUASTINI, R., Estudios de teoría constitucional, Fontamara, México, 2003, pp. 35-37; HÄBERLE, P., El Estado constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, nº 47, México, 2001, p.125-126. y ROSS, A., Teoría de las fuentes del derecho: Una contribución a la teoría del derecho positivo sobre la base de las investigaciones histórico-dogmáticas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999 p. 566 y ss.
8 A través de la implementación del Código Procesal Constitucional (CPC) de carácter reciente —cuya entrada en vigor tuvo lugar el 6 de agosto de 2012— podemos observar un apartado correspondiente al control previo de constitucionalidad de los Tratados Internacionales, en el que define que su objeto es la confrontación de los Tratados Internacionales con la CPE antes de su ratificación, para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad total o parcial (CPC art. 106).
9 A través de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público (LNTNE) se dispuso el periodo de transición para la implementación del TC, entre otros órganos, dadas las nuevas características que fueron otorgadas a éstos órganos a través de la NCPE, para garantizar el funcionamiento y la continuidad del servicio de la administración de justicia. La elección mediante sufragio popular de los magistrados del TC tuvo lugar el día 16 de octubre de 2011. Es decir, hasta la fecha de la posesión del TC —el 3 de enero de 2012—, los magistrados nombrados con carácter interino por el Presidente debieron circunscribir sus funciones únicamente a la revisión y liquidación de los recursos constitucionales presentados hasta el 6 de febrero de 2009. Por tanto algunos fallos del TC que analizamos en esta oportunidad corresponden a recursos presentados hasta el 6 de febrero de 2009, es decir, anteriores a la NCPE, pero que han sido resueltos tomando en consideración las nuevas directrices y principios que se han plasmado en la NCPE.
CAPÍTULO PRIMERO - Derechos
CAPÍTULO SEGUNDO - Deberes
Derecho de libertad religiosa y de culto.
Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.
Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar.
Artículo VIII. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.
Artículo X. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.
Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.
Artículo XV. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.
Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.
Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Artículo XIX. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.
Artículo XX. Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.
Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
Artículo XXIX. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.
Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten.
Artículo XXXI. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.
Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.
Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.
Artículo XXXIV. Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.
Artículo XXXV. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias
Artículo XXXVI. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos.
Artículo XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.
Artículo XXXVIII. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.