Source: https://ius360.com/notas/excepcional-y-temporal-decreto-de-gracias-presidenciales-la-solucion-al-problema-historico-de-los-penales/
Timestamp: 2020-08-13 17:01:09
Document Index: 238434001

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 149', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 2']

Excepcional y temporal decreto de gracias presidenciales ¿la solución al problema histórico de los penales? - IUS 360
Excepcional y temporal decreto de gracias presidenciales ¿la solución al problema histórico de los penales?
Una alternativa de cambio para los cautivos olvidados
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA CARCELARIA
Transcurrido más de 40 días de cuarentena ocurrió lo que se temía en nuestro sistema carcelario donde, desde un inicio, a la emergencia penitenciaria que venía padeciendo se sobreexpuso la sanitaria. Por una parte, hay servidores penitenciarios e internos infectados y fallecidos; y, por otra parte, se han originado motines, reyertas y levantamientos en varios recintos carcelarios por parte de los internos con motivo a la falta de preocupación ante la salud y bienestar hacia ellos.
Razón suficiente para que el INPE haya dialogado y exhortado al ejecutivo para que, en trabajo conjunto con otros organismos afines, vean lo más viable legislativamente para combatir el principal problema del sistema penitenciario y poder deshacinar las cárceles, específicamente a los que están en situación de riesgo y vulnerabilidad como son los internos mayores de 60 años y los que padecen de enfermedades como tuberculosis, VIH, diabetes, hipertensión arterial, cáncer o alguna discapacidad física o mental.
En ese contexto, una reforma penitenciaria no serviría a un corto plazo, en tal sentido lo recomendable y pronto es combatir el hacinamiento para evitar que se convierta en un foco más contagioso. De esta manera, la acción sugerida es actuar inmediata y coherentemente analizando la situación de los presos preventivos, aplicando beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional, habilitando la conversión de penas y exhortando a la comisión de gracias presidenciales para que conceda indultos humanitarios, conmutación de penas y reducción de penas o cualquier otro medio legal válido para aplacar este grave problema, pero evaluando la situación independientemente de cada interno, toda vez que no se trata de sacar por sacar al privado de libertad.
Siendo entonces que, nuestro ejecutivo se avizoró a tomar una de las recomendaciones que hace algunas semanas se escuchaba por parte de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Defensoría del Pueblo, de la presidenta del Tribunal Constitucional, de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, del ex ministro del interior, entre otros conocedores del mundo carcelario.
En tal sentido, el pasado 23 de abril del 2020 salió publicado el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS en el Diario El Peruano que establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determinación de su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria por el virulento COVID-19.
Una decisión que, sin duda, resulta plausible ya que era absurdo pensar que el sistema de salud penitenciario conformado por 65 médicos generales y no especialistas iban a abastecer el necesario, requerido y obligado cuidado médico para una población de 95, 547 internos[2] a nivel de los 68 recintos carcelarios del Perú en estos tiempos de emergencia penitenciaria sanitaria.
EXCEPCIONAL Decreto Supremo N° 004-2020-JUS
Este decreto se impulsó tomando en consideración las condiciones de hacinamiento y salud durante la aguda crisis que vienen atravesando los 68 establecimientos penitenciarios del Perú que afectan y convierten a los internos e internas, así como al personal penitenciario (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud) en focos de contagio masivo.
Aunado a esto, es necesario acentuar el tema de los internos, toda vez que son una población de absoluta vulnerabilidad porque no tienen manera de realizar aislamiento social y porque es responsabilidad total del Estado, el deber salvaguardar la vida y salud de los reclusos.
En esa línea, conforme al articulo 7° de la Constitución Política del Perú donde se reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa; y de igual forma acorde al numeral 21 del articulo 118° de la norma suprema del Estado, donde el Presidente de la Republica está facultado para conceder Gracias Presidenciales como el indulto y la conmutación de pena, que materializan el poder excepcional que tiene el Presidente de perdonar en nombre del Estado, determinada condena impuesta por un órgano jurisdiccional; es que se concreta el decreto en mención por la necesidad dada la urgencia del tema sanitario.
Al respecto, este decreto tiene la característica de que puede ser impuesto de oficio por la comisión de Gracias Presidenciales si lo considera necesario para el interno. Al mismo tiempo, nos presenta dos tipos de indultos: el común y el humanitario, ambos válidos solo para la población sentenciada, siempre y cuando, este bajo los siguientes supuestos:
De lo esbozado se desprende que, se verán beneficiados con este decreto ciertos sectores vulnerables que según nuestra población penal registrada presentan las siguientes cifras determinadas:
A) Respecto a aquellos internos(as) que pueden acceder al indulto por razones humanitarias:
Atendiendo al inciso 1 y 2 del artículo 2, se tiene que señalar que entre las enfermedades crónicas que padecen los internos a nivel nacional en los penales figuran la tuberculosis (TBC), VIH/SIDA, cáncer, diabetes, hipertensión arterial y problemas mentales, de los cuales[3]:
2 228 internos presentan tuberculosis[4] (TBC).
Hay 828 casos de PVVS[5] (Persona viviendo con VIH/SIDA) con una mayor concentración en la Oficina Regional Lima con 565 casos (68,2%).
Cerca a 2 000 internos que padecen de diabetes.
516 casos de internos con diagnostico psiquiátrico[6], es decir, trastornos mentales (no inimputables) a nivel nacional donde más del 50% presenta diagnóstico de depresión.
B) Y, referente a aquellos internos(as) que pueden acceder al indulto común y conmutación de pena:
Atendiendo al inciso 1 y 2 del artículo 3, la población de madres con hijos al interior de los establecimientos penitenciarios asciende a 165 internas con hijos donde 86 son niños y 79 son niñas donde la mayor concentración se encuentra entre las edades de 0 a 2 años.
Atendiendo al inciso 4 del artículo 3, los internos con pena efectiva no mayor de 4 años ascienden a 5 893 internos de los cuales 991 tienen una pena menor a 1 año.
Atendiendo al inciso 5 del artículo 3, los internos mayores de 60 años representan el 5% de la población penal nacional que asciende a 4 761 internos; no obstante, es necesario señalar que gran parte de éstos están dentro de los recintos carcelarios por violación sexual a menores de edad, narcotráfico, terrorismo, entre otros delitos graves.
En los supuestos de este artículo, los internos e internas deben cumplir, de manera concurrente, con la situación adicional de tener condición de interno primario[7], no registrar condenas por otros delitos y/o tampoco medida de detención a nivel nacional y no contar con prohibición legal expresa.
Sin embargo, se hace énfasis que para el inciso 4 y 5 del artículo 3 del Decreto no están previstos que proceda esta modalidad de indulto ante los delitos de[8]:
Título I, Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud: artículos 106, 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C y 121.
Título III, Delitos Contra la Familia: artículo 149.
Título IV, Delitos Contra la Libertad: artículos 152, 153A, 153-B, 153-C, 153-D, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153J, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176-A, 176-B, 176C, 177, 179, 183, 183-A y 183-B.
Título V, Delitos Contra el Patrimonio: arts. 189 y 200.
Título XII, Delitos Contra la Seguridad Pública: artículos 279, 289, 290, 291, 296-B, 297 y 303-A.
Título XIV, Delitos contra la Tranquilidad Pública: artículos 316, 316-A, 317, 317-A, 317-B.
Título XIV-A, Delitos contra la Humanidad, artículos 319, 320 y 321.
Título XVI, Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, artículos 346 y 347.
Título XVIII, Delitos contra la Administración Pública, artículos 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 393-A, 394, 395, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401.
Terrorismo (Ley N° 25475, modiﬁcada por la Ley 29936).
Financiamiento al terrorismo (Artículo 4-A Ley N° 25475).
Lavado de activos (Decreto Legislativo 1106, artículos 1-6).
Delitos cometidos por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364).
Sin desmedro de lo señado en ambos apartados, se puede colegir que, observando las cifras estadísticas por cada supuesto, en un corto y mediano plazo se podrá permitir el egreso de una cantidad considerable de internos e internas, más no reducirá de forma considerable el problema histórico de los centros carcelarios.
¿ES POSIBLE SOSTENER QUE SE TRATA DE UN DECRETO COMPLETO PARA COMBATIR EL HACINAMIENTO?
No. Toda vez que se trata de un decreto para un solo tipo de población intramuros de situación jurídica —en este caso— sentenciada y porque deja abierta la interpretación de concesión de uso de indulto humanitario para cualquier clase de interno.
Años anteriores la realidad penitenciaria nos arrojaba que la cantidad de procesados era mayor a la de los sentenciados[9], situación que actualmente es lo contrario, toda vez que la población penal registrada a marzo del 2020 nos señala un total de 95, 547 internos de los cuales 38, 100 son procesados y 57, 447 son sentenciados. No obstante, el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS publicado solo rige para los internos sentenciados, por lo que estaría beneficiando al 60,1% de los internos a nivel nacional, situación que a la actualidad y en este contexto de emergencia se torna bien.
Pero ¿Qué pasaría con la población penal procesada? ¿Qué se puede hacer con ese 39,9% de internos procesados? La finalidad de un decreto en aras de salvaguardar la salud de una población vulnerable y en el marco de la emergencia sanitaria, en este caso, por causa del coronavirus COVID-19 debería favorecer a la población penal en general, esto seria, tanto para sentenciados como procesados.
Es así como, lo recomendable es que se pueda trabajar en una ampliación de este decreto y extenderse en pro de la población penal procesada. Al respecto, el presente autor considera que algunos criterios a tomarse en cuenta para este tipo de población penal privada de su libertad serían:
De un lado, teniéndose en consideración que para el indulto de los sentenciados se están tomando ciertos supuestos estipulados en el artículo 2 y 3 del Decreto Supremo 004-2020-JUS y que solo podrán acceder al indulto si es que hay una condena de por medio; para el caso de los procesados podrían evaluarse procesos especiales, ya que existe y figura una cantidad considerable de internos con esta situación jurídica que cumplen con las suposiciones planteadas, sobre todo con intervalos de tiempos de prisión preventiva no mayores de cuatro años y menores de un año.
De otro lado, exhortar la intervención del Poder Judicial para que al 39.9% que equivale a 38, 100 internos procesados que tienen prisión preventiva puedan permutar o darse el cambio por medidas como la comparecencia restringida[10] o arresto domiciliario, dependiendo del proceso que esté en curso, lo que equivaldría a la restricción del derecho a la libertad.
Asimismo, también evaluar según el proceso del interno procesado, que ha cometido faltas o hechos delictuosos que revisten menor gravedad, para preferir ya sea:
Penas limitativas de derechos como prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres;
Medidas alternativas como suspensión de la ejecución de la pena o el procedimiento especial de conversión de penas.
Por otro lado, en el aludido decreto se puede apreciar que para la concesión de indulto común o conmutación de pena se ha provisto un estrecho listado de delitos por los cuales no procederá esta clase de indulto; mientras que, en el caso del indulto humanitario no se muestra alguna excepción de concesión por un delito en específico.
Como puede entenderse, el caso del indulto humanitario es una facultad que se encuentra contemplada en la Constitución Política del Perú y está regulada por normas infraconstitucionales; además se trata de una gracia que solo se justifica como medio para proteger la dignidad humana de la persona cuando ha perdido razón de ser la permanencia en un centro carcelario por lo que merece una evaluación sensata y responsable por parte de la autoridad competente dependiendo del proceso de cada interno. Sin embargo, el presente autor considera que no se puede dejar tan abierto a la interpretación de cualquiera ese articulo ya que por más que constituya una facultad presidencial dotada de discrecionalidad, esta no supone la inexistencia de límites, siendo así que lo estimable es que se pueda regular y adicionar supuestos de improcedencia al igual que lo dispuesto en el otro tipo de indulto.
Finalmente, recordemos que ante la situación de emergencia penitenciaria sanitaria se necesita ver la viabilidad y posibilidad para reducir en la mayoría de sus ángulos al hacinamiento vigente y esto implica que se tome, en consideración, a las dos categorías jurídicas de los internos intramuros: procesados y sentenciados, ya que ambas clases dependen de las medidas que dé el Estado. Y en paralelo, que nuestro ejecutivo sea completo sin vacíos ni lagunas con las normas que disponga.
En virtud de lo antes esbozado, la implementación tardía —ya que se venía pidiendo hace varias semanas— del Decreto Supremo N° 004-2020-JUS es una medida positiva que ayudará a paliar el hacinamiento de las prisiones que asciende a más de 95 000 internos.
Se trata de un decreto con las siguientes particularidades:
Factible para los internos de situación jurídica de clase sentenciada.
Normativa considerable ante las condiciones de hacinamiento y salud de los recintos carcelarios que damnifican y convierten a los internos e internas, así como al personal penitenciario (agentes de seguridad, administrativos y personal de salud) en focos de contagio masivo.
Posibilidad de ser impuesto de oficio por la comisión de Gracias Presidenciales independientemente si algún familiar o apoderado lo solicite o no.
Presenta dos tipos de indultos: el común y el humanitario.
El indulto humanitario bajo los supuestos de padecimiento de enfermedad crónica en etapa avanzada, así como de otras enfermedades crónicas debidamente señalada y certificada por el Ministerio de Salud.
El indulto común y la conmutación de pena bajo los supuestos de maternidad con niña o niño menor de 3 años al interior de los recintos carcelarios, estado de gestación, mayores de 60 años de edad, condena efectiva o redimida con cumplimiento en los próximos seis meses y con registro de pena efectiva no mayor de cuatro años.
Agregando al último punto, la situación adicional de tener situación de interno primario, no registrar condenas por otros delitos ni tampoco medida de detención a nivel nacional y no contar con prohibición legal expresa.
Por otro lado, se sostiene que, al tratarse de un decreto para un solo tipo de población intramuros —en este caso, para solo los sentenciados— en aras de salvaguardar la salud de una población vulnerable y en el marco de la emergencia sanitaria ocasionado por el coronavirus, éste debería favorecer a la población penal en general, tanto para sentenciados como procesados. Razón por la que se plantea tres medidas a tomarse en cuenta para una ampliación de este decreto para dicha población penal:
Evaluación de procesos especiales para los procesados, ya que existe una cantidad colosal de internos con esta situación jurídica que cumple con algunos supuestos de la concesión de indultos para los sentenciados, específicamente con intervalos tiempos de prisión preventiva no mayores de cuatro años y menores de un año.
Intervención del Poder Judicial para que al 39.9% de internos procesados que tienen prisión preventiva puedan variar por comparecencia restringida, arresto domiciliario u otra medida, dependiendo del proceso que esté en curso.
Evaluación de penas alternativas de derecho y medidas alternativas.
Finalmente, en el caso del indulto humanitario no se muestra alguna excepción de otorgamiento por un delito en especifico dejando abierta a la interpretación de cualquiera ese artículo, por lo que lo meritorio es que se pueda regular e incorporar supuestos de improcedencia al igual que se estipula para el indulto común.
A continuación, a manera complementaria, se describe de forma detallada la relación de los delitos en específico en los cuales no procede el indulto común ni la conmutación de penas según el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS:
[1] Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro adherente en el Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP. Miembro principal del Taller de Estudios Penales de la UNMSM.
[2] Población registrada hasta marzo del 2020.
[3] Informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario del tercer trimestre del 2019 referente al Tratamiento Penitenciario.
[4] Los penales con más internos que padecen de TBC son: E.P. Lurigancho con 489, E.P. Chiclayo con 329, E.P. Miguel Castro Castro con 197, E.P. de Trujillo con 167 y E.P. de Ica con 148.
[5] Los penales con más internos que padecen de VIH/SIDA son: E.P. Lurigancho con 243, E.P. Miguel Castro Castro con 69, E.P. Callao con 53, E.P. de Ica con 42 y E.P. de Arequipa con 28.
[6] De los cuales 405 son varones y 111 son mujeres.
[7] El sistema penitenciario considera al interno primario a quien ingresa por primera vez a un penal y continua en esa condición, aunque haya estado sentenciado por otro proceso penal que no amerite detención ya sea por pena privativa de libertad suspendida, pena de vigilancia electrónica personal, prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, entre otras.
[8] Relación planteada en el inciso 3.3 del artículo 3 de Decreto Supremo N° 004-2020-JUS.
[9] Situación que se apreciaba según cifras estadísticas hasta el pasado 2019, por lo que se colige un mediano avance respecto al número de procesados y sentenciados.
[10] Consiste en que la persona no está encarcelada, pero tiene que asistir todas las veces que sean requeridas por un juzgado a la fiscalía para que rinda sus declaraciones. Es una medida que, a criterio del juez, puede incluir impedimento de salida del país, arresto domiciliario, no frecuentar lugares de dudosa reputación, entre otras exigencias que, dependiendo del proceso que esté en curso, equivalen a la restricción del derecho a la libertad.
Artículo anteriorCOVID-19: La educación a distancia, el impacto sobre las pensiones educativas y mecanismos de protección para los usuarios | Alexandra Ravello Coronado
Artículo siguienteLa extinción del pago de los contratos u obligaciones que no pueden ejecutarse por culpa del coronavirus (covid 19) o el Estado de Emergencia | Rafael Viera Arévalo
Gonzalo Hernán Solís Surco 29 abril, 2020 at 1:06 pm
La medida decretada por el Ejecutivo es muy tardía, no es un tema desconocido el problema de los centros penitenciarios y en esta coyuntura resaltan aún más.
Hay muchas personas que no estan de acuerdo con los INDULTOS o las gracias presidenciales, pero hay que recalcar que a pesar de los delitos que hayan cometido son personas y aún mantienen derechos fundamentales
Existen diversos diversos principios constitucionales, como los de dignidad humana, libertad, igualdad, democracia, Estado de derecho y Estado social; las cuales están circunscriptas dentro del derecho racional y están plasmadas dentro de la Constitución del Perú. La nación está inmersa dentro de un contexto excepcional y en la cual las medidas que se tomen ahora podrán garantizarel bienestar social; sin embargo, el decreto supremo dictado por el Ejecutivo es muy limitado, ya que en su cobertura solo podrán ser procesadas alrededor de unos 3000 peticiones, con la cuál no merma el foco epidemiológico dentro de los penales en todo el país.
Como se menciona son más de 95 000 internos y muchos de ellos forman parte del sector de riesgo. Y otra gran pregunta sería ¿Con qué tiempo lograrán que está medida sea ejecutada ?
Sí antes de la pandemia y hasta ahora, el sistema judicial y penitenciario está burocratizado.Debería también tomarse en cuenta los casos de las prisiones preventivas.
Concluyo, afirmando que estás medidas tomadas por el Gobierno tienen que ser ejecutadas rápida y eficazmente para así poder garantizar el bienestar del todo el Perú
MARIAPIA BUSTAMANTE 29 abril, 2020 at 6:49 pm
Algo tarde la solución planteada, también algo parcial e injusta, pero bueno, la justicia que hablo no es para los reos, sino para los trabajadores que no han cometido crimen alguno y que serán victimas del foco de contagio de esos 950000 internos en 65 cárceles diferentes.
El Decreto Supremo N° 004-2020-JUS solo ampara a los sentenciados que aproximadamente son el 60,1% del total de los penales, lo que queda, el 39,9%, son los procesados, a ellos ningún indulto de razón humanitaria, común ni de conmutación de pena los avala. ¿No sería entonces lo más justo que si le quieren dar indultos a cuanto delincuente hay, a estos “pobres” procesados que aún pueden ser inocentes les puedan dar comparecencia restringida/ arresto domiciliario, mientras durase su juicio? Sin embargo, cuando este háyase terminado, si es inocente, debería gozar la libertad plena; si es culpable, acatar la condena que se le establecerá, dentro o fuera del penal, como lo vean conveniente.
La mayoría de los casos de prisión preventiva en el Perú es porque el juez ve en el imputado la falta de arraigo comoun grado, la precariedad laboral o domiciliaria y por ende temé que este no acate las citaciones.
El Decreto Supremo N° 004-2020-JUS es temporal, tal vez. Por lo escrito anteriormente su parcialidad no ayuda en su totalidad, así que no evitara la aglomeración de personas al 100 % y también se podría decir que todavía no está bien pensado, ya que, si analizamos punto por punto las razones humanitarias, de común y de conmutación de penas para el indulto, veremos que hay algunas que según mi punto de vista y quizás de otras personas que lean esta Nota pensarán y analizarán.
Por ejemplo, en las razones humanitarias, el artículo 2
•	Inciso 1 y 2: 516 personas con diagnostico psiquiátrico (no inimputable), + 50% con depresión.
Las enfermedades psiquiátricas, son enfermedades como cualquier otra y como tal se le debe tratar, pero a su vez son diferentes, pueden ser crónicas como la gastritis y mortales como la tuberculosis, pero no son lo suficiente como para volver a una persona, persona de riesgo y darle el indulto.
Indulto común y conmutación de penas, el artículo 3
•	Inciso 1 y 2: Brindar el indulto a las madres que están en las cárceles con sus hijos.
No sé sabe si es “amor al cerdo o al chicharrón”, en otras palabras, en estos casos todos los escenarios son posibles y nada es para asombrarnos, así que se debe pensar más rápido.
El niño es el motivo del indulto, que la madre lo entregue a la familia, sino hay familia que se revise su historial criminal y cuando va de su pena. NO al indulto, si libertad condicional o el plan de darlo en adopción.
•	Inciso 4: Internos con penas no mayores a los 4 años y los internos con penas menores de 1 año
Aunque la situación sea agobiante y se busque una solución lo más próxima posible, no se puede andar soltando a los reos así de simple, debe haber evaluaciones, juntas y eso lo digo para uno imagínense la cantidad que se desean soltar, hoy te sentencian 6 meses, pasas 1 mes y mañana te liberan porque tu pena era menos de un año, nunca reivindiqué mi camino, espero que haya más.
•	Inciso 5: A los + 60 años.
Si estuvieron tantos años en cárcel con condenas tan largas son por motivos delicados y brindarles el indulto sería complicado, pero no imposibles, sería un arduo trabajo y se necesitaría un equipo completo de varios especialistas empezando por psicólogos y quizás a la DINI, realizarles varios test para asegurar que no son peligro para la comunidad y aún así tenerlos supervisados sin que ellos sepan, varios de ellos han sido violadores, terroristas, narcos y gente que atenta directamente contra la comunidad.
La situación actual es complicada, todos los sabemos, las cárceles se pueden volver foco de infecciosos y el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS si ayudará, por ahora. Pero se deben analizar varias cosas, no por miedo o querer llamarlo precaución, ya sean dos males los azoten al Perú.
Todavía hay tiempo para llegar a algo mejor.
Mayli Hagei Meza 7 mayo, 2020 at 12:50 pm
La alternativa de solución que se ha propuesto frente a la emergencia sanitaria que afecta tanto a los internos como a los servidores penitenciarios, es el decreto temporal de las gracias presidenciales. Debido a esto han surgido diversas opiniones acerca de si se debe brindar ayuda o no a estas personas. Es un hecho que los individuos que se encuentran dentro de los centros penitenciarios siguen siendo sujetos de derecho, por lo cual este punto no entraría en discusión. Por tanto, la verdadera cuestión ahora es acerca de cuán efectivo será el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS. Dado que si bien es una medida efectiva no es del todo satisfactoria puesto que solo rige para los internos sentenciados, dejando de lado al 39,9% —internos procesados— de la población penal sin protección alguna, lo que no permitiría combatir el principal problema de hacinamiento dentro de los centros penitenciarios, convirtiéndolo en un foco de contagio masivo.
El Decreto Supremo N° 004-2020-JUS tiene como finalidad salvaguardar la vida de los reclusos y trabajadores. Para esto la Comisión de Gracias Presidenciales ha dispuesto de los indultos humanitarios y comunes, como de la conmutación de penas.
El indulto por razones humanitarias propuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo se da para los reclusos que tienen una enfermedad crónica avanzada que este certificada por el MINSA, que aumentaría el riesgo de una infección por COVID-19. Mientras que el indulto común planteado en el artículo 3 del Decreto Supremo se da para madres con un hijo(a) menor de 3 años dentro del establecimiento penitenciario, para una persona que se encuentra en estado de gestación o cuando el sujeto es mayor de 60 años. De esta manera se busca beneficiar a los sectores más vulnerables, sin dejar de evaluar la condición que cada interno posee.
Cabe resaltar que estos indultos tienen sus propias restricciones. Por ejemplo, dentro del indulto común se establecen un conjunto de delitos por las cuales el recluso no podría tener una conversión de pena, también es necesario que tenga la condición de interno primario, que la condena remitida o efectiva del recluso se cumpla en los próximos seis meses, que la pena efectiva sea no mayor a cuatro años. Y la última condición, con la cual no estoy de acuerdo, es que el indulto se dé solo para la población sentenciada.
Al ser así, esto generaría una dificultad a la hora de combatir el hacinamiento, puesto que se deja sin alternativa de solución a 38100 reclusos que se encuentran procesados. Visto de esa manera, este decreto debería modificarse para que sea más integral y se pueda obtener más ventajas frente a esta urgencia sanitaria. Se exhortaría a que se realice una ampliación de este decreto y que se pueda tomar en cuenta las siguientes medidas:
-Tomar en cuenta tanto a los internos procesados como a los sentenciados.
-Una evaluación del interno procesado puesto que cumple con la mayoría de supuestos dictados para dar indulto a los internos sentenciados.
-Evaluar el proceso del interno para que pueda permutar en una prestación de servicios a la comunidad.
– La intervención del Poder Judicial frente a los internos procesados para que se produzca una comparecencia restringida según el proceso que esté en curso, etc.
Finalmente, se recomienda que se evalúen penas alternativas para los reclusos y que se pueda legitimar las medidas para las dos categorías jurídicas: procesados y sentenciados. En orden de reducir el hacinamiento actual y la tasa de contagio dentro de los establecimientos penitenciarios, de manera que no afecte ni a los internos ni a los trabajadores penitenciarios.
Madeleine Lizet Arias Espinoza 29 abril, 2020 at 6:56 pm
Con el motivo de salvaguardar la salud pública y las medidas que va implementado el estado con respecto a los centros penitenciarios , no está teniendo en cuenta la magnitud del problema y el gasto que podría devenir de esta situación ; la.poblacion estaría más expuesta a que aumenten los casos por covid-19 (lo que se busca soslayar ) ya que la mayoría de reos que saldrán, bien por el indulto humanitario(el cual no brinda exepciones) o común ,no cuentan con una sustentación económica , por lo cual se verán obligados a trabajar informalmente sin una adecuada protección , lo cual expone de una manera ardua a la población.
Me pregunto hasta donde los reos pueden legitimar para reclamar su derecho , teniendo en cuenta que sus derechos caducan cuando trasgeden otros derechos , pero en este caso los derechos son ingénitos al ser humano . Así mismo se han derivado 13 mil pruebas rápidas a los centros penitenciarios , implementos de protección y a su ves a médicos para cubrir la baja demanda que es un hecho incocuso existente desde siempre en estos centros , pero que quizá podría tener mejor uso en otro ámbito como el de los hospitales de varios distritos de Lima que ya vienen colapsando. Conjuntamente estos indultos no van a coadyuvar a que se amenoren los casos , todo lo contrario no se sabrá cual será el reinsertamiento y si alguno de ellos cumplirá el aislamiento o prisión domiciliaria y esto emanaria mayor trabajo de las fuerzas policiales conjuntamente con las del ministerio de justicia.
Gwyneth Morino Kobayashi 29 abril, 2020 at 8:27 pm
Es un hecho que las personas privadas de su libertad son un sector de la población que se encuentra altamente vulnerable en el marco de emergencia sanitaria a causa del COVID-19 esto debido al hacinamiento de nuestras cárceles las cuales pueden convertirse en un foco infeccioso no solo para los internos sino también para el personal penitenciario lo cual ya se va evidenciando en 645 casos de COVID-19 en reos de los cuales 30 han muerto según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, además de 224 trabajadores del INPE que dieron positivo al COVID-19 lo cual ha originado diversos motines.
Ante esto se publicó el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS en el Diario El Peruano el 23 de abril el cual establece dos tipos de indultos: el común y el humanitario. Si bien considero que es una medida acertada en el sentido que busca aminorar el hacinamiento en los centros penitenciarios, también debería tomarse en cuenta a los procesados ya que estos se encuentran en la misma situación vulnerable que los sentenciados. También podría optarse por el arresto domiciliario o conversión de la pena, para esto también debe establecerse un listado de qué delitos no procederían para obtener este beneficio de Gracias Presidenciales. Además, en el indulto humanitario solo se establece que el reo debe padecer alguna enfermedad crónica pero no una restricción de en qué delitos procedería. Asimismo, debería verificarse que los reos que obtengan este beneficio cuenten con familiares que puedan hacerse cargo de ellos económicamente, de lo contrario también estarían expuestos al virus al tener que buscar un trabajo lo cual es muy probable que sea informal y es escaso en estos momentos.
Finalmente, el Estado debe brindar implementos de protección para el personal penitenciario, realizar pruebas rápidas para descartar posibles casos y mejorar la infraestructura y equipamiento del servicio de salud en los centros penitenciarios.
Creissy Figueroa Angeles 29 abril, 2020 at 9:48 pm
Si bien es cierto el hacinamiento penitenciario sumado a la emergencia sanitaria se pudo haber evitado con una mejor planificación carcelaria que incluya la designación del presupuesto público para la construcción de penales dependiendo de la demanda requerida, asi como también una distribución adecuada y salubre de los alimentos repartidos dentro de estas.
La coyuntura actual ha llevado a las instituciones publicas a tomar medidas desesperadas y necesarias para salvaguardar la vida de los servidores penitenciarios y los internos; ya que, según la carta magna es deber del estado velar por el bienestar general de las personas incluso si estos han trasgredido las normas ya que siguen siendo ciudadanos y gozan de dignidad. Estas medidas ( indulto humanitario e indulto común) deben ser tratados con pinzas para así evitar que los resultados sean perjudiciales para el resto de la población. Es por ello la evaluación meticulosa de cada uno de los internos que se encuentren en la lista de los que tendrían acceso al indulto es fundamental, además de tener en cuenta el delito, la gravedad y reincidencia de este y si el preso ha tenido buena conducta dentro del penal ya que esto es un indicio de una posible reinserción positiva a la sociedad.
En el caso del indulto humanitario es aplicable sin restricción a aquellas personas cuya enfermedad es crónica y se encuentran en la etapa avanzada; debido a esto muchos podrán salir de los centros penitenciarios pero lo paradójico es que la mayoría ha sido sentenciado por el delito de abuso sexual contra menores de edad y es posible -no en todos los casos- que reincidan. Debido a esto es imprescindible tomar medidas adicionales y optar por otorgar la libertad parcial ( compadesencia restringida , arresto domiciliario) para algunos- dependiendo el caso- y para aquellos que en definitiva no se les conceda la libertad ya sea por la gravedad del delito o por demostrarse que son un peligro para la sociedad se deben de propiciar las condiciones básicas de salubridad así como los requerimientos que esta fomente.
Cabe resaltar que no se trata de liberar por liberar sino que solo aquellos que están listos para de integrase a la sociedad y que esta le de la oportunidad de reinvidicarse.
Una de las limitaciones que tiene el Decreto Supremo 004-2020- JUS en el artículo 2 y 3 es que tanto el indulto humanitario como el común solo son aplicables a los internos sentenciados más no a los procesados los cuales con casi el 40%población carcelaria y también son altamente vulnerables. Es por ello que se plantea que la conmutación de la pena sea aplicable tanto a la población procesada como a la sentenciada. Claro está que bajo una meticulosa y eficaz evaluación.
Brandon Barrera 29 abril, 2020 at 9:59 pm
El Covid-19, enfermedad infecciosa de alcance mundial, no solo es célebre por su rápida propagación o viralidad, sino también por la capacidad que tiene de suspender el desarrollo normal y habitual de cualquier sociedad. Este mal es capaz de detener el avance de economías, anular actividades sociales, modificar radicalmente la naturaleza de las comunicaciones, entre otras muchas cosas, pero sobre todo, y quizá lo más lamentable, logra poner en evidencia falencias que durante mucho tiempo parecieron insospechadas para el ciudadano de a pie. Esto último sucede en el Perú, el mal estado del sistema de salud peruano ha sido puesto al descubierto y a esto ,entre muchos otros problemas, ha salido a relucir un escollo histórico que yacía camuflado desde hace ya décadas: el hacinamiento en las cárceles.
Que el INPE, rector del Sistema Penitenciario peruano, haya solicitado al ejecutivo tomar acciones que velen por la población penitenciaria vulnerable de las cárceles y que ante esto el Estado haya emitido un Decreto Supremo que promueve la disminución de la población carcelaria vulnerable resulta pertinente, pero al mismo tiempo insuficiente. Hay en el Perú 95.000 internos distribuidos desproporcionadamente entre 68 penales, esto hace que los presos no puedan llevar a cabo el aislamiento social, además muchas cárceles no cuentan con las condiciones de salubridad ni el equipamiento necesario para hacerle frente a una enfermedad del calibre viral del COVID-19. Todos los factores anteriormente mencionados hacen de las cárceles peruanas lugares propicios para la propagación de dicho virus.
El Decreto Supremo N.º 004-2020-JUS, protegiendo derechos fundamentales como el derecho de la protección a la persona y la promoción de la promoción y defensa de la salud pública, amparándose en la facultad que tiene el Presidente de conceder gracias presidenciales, establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de las mismas. En dicho decreto se nos presenta lo siguiente: primero; el indulto por razones humanitarias, que toma en consideración a internos con enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID-19 y posibles complicaciones, segundo, indulto común y conmutación de penas que contempla una serie de supuestos entre los que se hallan el ser madre gestante, que sea madre y permanezca con su hijo, una pena efectiva no mayor de cuatro años entre otros supuestos. Llama poderosamente la atención el hecho de que el indulto común no se proceda para presos condenados por delitos específicos, no siendo ese el caso para el indulto humanitario, ya que este solo toma en consideración condiciones de salud más no el delito cometido, y en este aspecto suscribo la opinión de Anthony Romero, al afirmar que deberían aplicarse más restricciones, ya que la premisa es despoblar las cárceles, más reintegrar sujetos peligrosos a la sociedad. Otro elemento que salta a la vista es que tanto en el indulto humanitario como en el común y conmutación de pena, se requiera de entrevistas a los presidiarios y alguno de sus familiares, no precisando si estas se desarrollarán de manera presencial o virtual. Si se diese la obligación de la entrevista en modalidad presencial, esto representaría un riesgo tanto para el familiar como para el interno y los trabajadores del penal, siendo dicha medida contraproducente . En cuanto al artículo cuarto y quinto que especifican el procedimiento del indulto y conmutación de penas, la tramitación necesaria resulta demasiado engorrosa, siendo la salida rápida y efectiva de presos un factor que hay que agilizar. Por último, considerando que los individuos sentenciados representan el 60 % de la población penal total, esta medida es parcializada, ya que no toma en cuenta a la población penal procesada, siendo esta el 40 % resultaría provechoso para los fines de salud penitenciaria que existan modalidades específicas de liberación para dichos procesados. El arresto domiciliario y comparecencia restringida son alternativas viables para tales casos, siempre y cuando no haya delito grave (lesa humanidad, sicariato, corrupción etc) de por medio. En un contexto de ausencia de escasez de efectivos policiales para poder asegurar el efectivo cumplimiento de arrestos domiciliarios, la comparecencia restringida se asoma como la alternativa más consecuente para situación actual ya que que en la mayoría de veces solo se es necesario asistir las veces requeridas a la Fiscalía para rendir declaraciones. Considero que para los procesados por delitos no tipificados como graves ( Esto en relación al grado de afectación al bien jurídico tutelado), llamémosle menos graves, deberían llevar arresto domiciliario, siendo esta una medida más restrictiva que la comparecencia restringida. Para finalizar, creo importante velar por la población intramuro de las cárceles, pues no son solo presos sino, miembros de seguridad, personal de limpieza, de alimentos, y lo que es más importante son seres humanos, abandonarlos sería, como menciona el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, una nueva forma de crimen de lesa humanidad.
MARIAPIA BUSTAMANTE ALEGRE 2 mayo, 2020 at 10:08 pm
Elianne Lucero Taype Perez 7 mayo, 2020 at 10:23 am
No es novedad saber que esta crisis sanitaria traería a flote los problemas que presentaba el sistema carcelario, así mismo, como consecuencia; los motines, reyertas y levantamientos en diversos recintos carcelarios; que exigían lo que ya era evidente, que el Estado se preocupara por ellos y emprendiera una serie de medidas para mantenerlos a salvo de esta pandemia; reos como del penal Castro Castro se quejaban de que tenían que vivir con los muertos por coronavirus.
Es así que el pasado 23 de abril del 2020 se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS el cual establece supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales las evalué y proponga el otorgamiento de indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas de los internos, así como desarrollar su procedimiento.
La norma, antes mencionada, es un tanto adecuada para la situación actual que estamos atravesando; sin embargo, aún carece de ciertos aspectos, como lo son en el artículo 2 del Decreto Supremo, pues no se establece limitaciones para conceder indultos por razones humanitarias permitiendo así que una amplia lista de personas, que cometieron crímenes atroces, puedan obtener su libertad. Así mismo, se debería tener un sumo cuidado al otorgar un indulto humanitario, ya que algunos criminales podrían engañar a la comisión y sacar falsos diagnósticos de enfermedades a fin de obtener su libertad.
Es necesario, también, que la norma se pueda extender a fin de que pueda aplicar para los internos procesados que representan el 39.9% del total de internos, por lo que lograr que la norma se extienda sería una buena solución para lograr eliminar el hacinamiento penitenciario. Además, respaldo la idea de que se puedan aplicar penas alternativas como las de brindar servicios comunitarios; que sería una buena opción para los internos que cometieron delitos de menor gravedad.
El presidente hoy, 29 de abril del 2020, mencionó que: el Gobierno no permitirá que los criminales, feminicidas, violadores y corruptos salgan de las prisiones como una medida para reducir el hacinamiento en los penales ante el coronavirus. Por lo que espero que complete los vacíos que presenta el artículo 2 del Decreto Supremo, que por lo visto podría permitir la salida de reos que cometieron crímenes que justamente el Gobierno no promueve. Así mismo que evalué la idea de ampliar la norma para los internos procesados.
Cielo Brito Esquerre 7 mayo, 2020 at 11:08 am
Ante la crisis sanitaria que estamos atravesando se ha evidenciado la precariedad de nuestro sistema penitenciario. Era evidente que las cárceles de nuestro país era un foco de riesgo, no solo para los reos allí si no también por los trabajadores de la INPE que desempeñaban su labor. Sin embargo, no hubo mayor interés por parte de nuestras autoridades para controlar esta situación y no fue hasta que empezaron distintos motines en los penales que se pudo visualizar el gran problema el cual se estaban enfrentando.
Se ha propuesto el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS, que busca controlar esta situación en el menor plazo de tiempo posible tratando de otorgar las gracias presidenciales a internos con ciertas características para así reducir el número de personas y poder mantener, en su mayor medida, controlada la enfermedad. Pero, también se puede ver que es una vía rápida a una situación crítica que pudo haberse prevenido con un control riguroso no solo de los trabajadores y visitantes, sino también de los reos y de las condiciones del medio donde habían sido confinados.
El Estado evidentemente tiene un gran trabajo aún por realizar y trabajar en conjunto para poder mejorar no solo dentro de su sistema judicial, donde nos explica el texto que tiene una mayoría de internos sentenciados, también con el sector salud y con la misma población.
Michell Blas Diaz 7 mayo, 2020 at 11:13 am
Si bien es cierto que, el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS plantea una ayuda a los presos por sentencia judicial, se está dejando de lado a los que aún están en proceso. como todos nosotros, son personas que tienen derecho a su salud. Establecido en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú se me menciona: Toda persona tiene derecho a su salud , la del medio familiar y de la comunidad(…). Por ende se debería tomar en cuenta a las personas que están en proceso porque dentro de ese grupo se encuentra personas enfermas con enfermedades agudas o crónicas, envíanos y madres en gestación. Se debería como menciona en el artículo jurídico, una solución y que previamente este analizada por legisladores , se pudo mejorar y no ser algo momentáneo de última hora metafóricamente hablando. En las Gracias Presidenciales, si bien es cierto busca ayudar, hay vacíos dentro de las condiciones para que regresen los presos, una de ello es el indulto común, siendo específico, donde se menciona que puede salir los que tienen pena efectiva no mayor a 4 años. Pero, no especifica el límite de edad , dejando a entender que cualquier persona que haya cumplido asi sea el más mínimo crimen como el robo salga. Debería haber de un filtro en ese caso y que sólo sea los adultos mayores, personas enfermas o madres. Es una estapa del COVID-19 donde todo nosotros enfrentamos , se busca salvar lo primordial, la vida, ya sea dentro o fuera de los penales, y asi como hay personas que no deben salir porque la ley es y debe ser justa para todos , también existe un grupo grande que sólo por este caso y bajo ciertas condiciones rigurosas saldrán.
Bianca Zúñiga Siguas 7 mayo, 2020 at 12:10 pm
Es importante recalcar, como punto de partida que los internos tienen restringido únicamente el derecho fundamental a la libertad, de suerte que sus demás derechos fundamentales le siguen asistiendo (el derecho a a la salud es uno de ellos) y es responsabilidad del Estado velar por el respeto de ellos y su aseguramiento.
De manera que ante el hacinamiento carcelario (existente desde hace mas de una década) se tomo la decisión de indultar a ciertos internos, bajo ciertos parámetros y requisitos (relacionados principalmente con condiciones de vulnerabilidad y condiciones humanitarias).
Si bien no podemos afirmar categóricamente que esa decisión va a acabar con el deshacinamiento, hay dos puntos que deben salir a relucir:
El primero que deben tenerse en cuenta determinados criterios para decidir que internos con sentencia firme pueden ser indultados de acuerdo a su capacidad de resocializacion y el delito que han cometido.
El segundo es que, como bien señala el autor, debe incluirse también a los internos con un proceso vigente mas aun si la prisión preventiva se impuso a la luz de requisitos como el de peligro de fuga (puesto que se ve considerablemente reducido por el cierre de fronteras entre los países) o el de obstaculizacion procesal, que tampoco se podría materializar por el confinamiento. Ello implicaría entonces revocar dichas prisiones preventivas. Se podrían tomar en cuenta también aspectos de vulnerabilidad por edad y/o enfermedades para (sino revocar) variar la prisión preventiva a otras modalidades como la comparecencia restringida o el arresto domiciliario siempre siguiendo una linea de argumentación fundada y pertinente para aplicarla.
En conclusión, considero que debe visibilizarse también la situación de los presos preventivos cuya cantidad (si bien no está en la misma proporción de antes) no es irrisoria respecto del total de internos, ya que un análisis de la misma contribuiria al deshacinamiento de las cárceles, por el bien y salud de los internos y el de los trabajadores del INPE.
Martin Huaman Vásquez 7 mayo, 2020 at 1:01 pm
En la últimas semanas, frente al grave problema del COVID-19 dentro de los sistemas penitenciarios, se rumoraba acerca de un posible y necesario decreto de gracia presidencial, para algunos reclusos en más de los 60 penales que alberga nuestro país. Habiéndose confirmado por el diario El Peruano el 23 de abril del presente año mediante Decreto Supremo N° 004-2020-JUS.
Dicha iniciativa, apoyada por Fernando Castañeda (Actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos), en una entrevista de un canal del medio, manifestó: «Buscaremos liberar 3000 internos vulnerables.» En base a lo expresado, se puede agregar que como bien lo mencionó el ministro, la Secretaria Técnica de Comisión de Gracias Presidenciales actuará de oficio, es decir, estos trámites serán realizados sin la necesidad de que algún familiar o allegado al recluso tenga que involucrarse en el asunto.
¿Será suficiente con sólo otorgar gracias presidenciales al sistema penitenciario?
Existe un viejo refrán que dice: Roma no se hizo en un día. Por lo que, mucho menos, una medida de deshacinamiento, como la gracia presidencial se va a encargar de resolver todos los problemas. Pero sí, hay que destacar la importante iniciativa que nuestras autoridades vienen realizando para combatir la presente coyuntura especial de la salud pública.
A continuación, presentaré algunos complementos que se le pueden añadir al Decreto Supremo N° 004-2020-JUS para obtener mayores resultados del mismo:
Se debe priorizar una flexibilización de estos trámites para la obtención de gracias presidenciales, no esperar meses como era habitual hasta antes de la crisis.
Otra punto interesante, es básicamente que no sólo dar gracias presidenciales, sino asegurarse de que el recluso tenga al menos algún lugar donde vivir o alojarse, ya que si no es así, sólo conllevará a empeorar su situación.
Elaborar un plan de contingencia, en la cual se permita evidenciar, la realidad tanto de los internos, como las posibilidades de acción que pueda llegar a tener el INPE y el MINJUSDH, de manera que se den hechos concretos y que sirvan de apoyo para el personal técnico dentro de las instalaciones.
Como último punto y no menos importante, tomar ciertas medidas especiales, como la realización de protocolos de respuesta inmediata ante posibles motines, a fin de evitar aglomeración de personas y una evidente amenaza de contagio masivo.
Se debe tener en cuenta que las presentes medidas sólo son para los que se hallan sentenciados. Sin embargo, está claro que el problema no queda allí, debido a que se genera otro. ¿Y que hacemos con los procesados? ¿En qué saco los metemos? ¿Cómo hacer que la gracia presidencial también llegue a ellos?
Una posible solución , sería que aquellos que se encuentren en prisión preventiva se les permita que realicen revocatorias de medidas, habeas corpus o en el mejor de los casos el cese de la prisión preventiva. Esta idea sólo sería aplicable para aquellos en la que los delitos, supuestamente realizados, sean menores y no mayores a cuatro años, similares a las rectriciones dadas para la obtención de la gracia presidencial.
En resumen, hay mucho de qué hablar u opinar respecto a la medida dada por las autoridades, pero de alguna u otra forma lo que importa, es lo que se lleva a cabo, como mecanismo de solución, ante semejante problema que hoy padecemos, no solo nuestras familias, sino también dentro de un sistema penitenciario que a diestra y siniestra intenta salir a flote. La gracia presidencial sólo representa un pequeño paso, en este largo viaje que nos espera durante el transcurso del presente año, pero de a poco se llega lejos y es mejor que nada.
Mayra Alejandra Huaccha Galarza 7 mayo, 2020 at 2:28 pm
Es de suma importancia y en efecto uno de los puntos que quiero resaltar de esta publicación la información con respecto a las restricciones que condicionan la libertad del individuo, con esto me refiero a lo resaltado por el autor quien hace gran énfasis en ello, considero indispensable que se muestre en específico y se deje en claro las disposiciones debido a que por medio de redes se puede visualizar que la mayoría de las personas no parecen estar enteradas bajo qué parámetros los presos puedan ser dispuestos en libertad. Hace algunas horas el Presidente de la República Martin Vizcarra manifestó su posición con respecto a las personas que se encuentren en prisión por los delitos adjuntos a determinados artículos, dejando en claro que ninguno de ellos abandonará las instalaciones de los centros penitenciarios. Por otro lado, no hay ninguna duda al coincidir que se presentan lagunas, aquellas instalan cierta incertidumbre en presos que han sido procesados más no sentenciados, dejándolos sin respuesta se podría decir. Para terminar tan solo es necesario recordar que el Gobierno accedió a empezar con los planes de gracias presidenciales, fue en gran parte por las precarias medidas que se tomaron para resguardar la integridad de los presos y el personal laboral de los diferentes centros penitenciarios.
Alexandra 7 mayo, 2020 at 2:44 pm
La situación de pandemia visibiliza la crisis que enfrenta el Sistema penitenciario desde hace décadas como lo son los problemas de hacinamiento y sobrepoblación, así mismo esto arrastra la precaria infraestructura y salubridad. La solución momentánea y particular que se le da a este problema histórico y general es el indulto (común y por razón humanitaria).
Sin embargo, ¿Qué nos asegura que los reos liberados no sean reincidentes y generen contrariamente mayores complicaciones que las que se quiere evitar? Se han visto múltiples casos en países como Turquía, Francia, Argentina entre otros, donde los reos liberados para evitar la propagación del Covid-19 han sido no solo reincidentes, sino que han cometido delitos de mayor gravedad a los que habían sido sentenciados como son los casos de violación y homicidio. Esto genera una negativa de muchos ciudadanos hacia el indulto, por ello consideró imprescindible la no modificación del Artículo 50 del Código de Ejecución Penal como lo venían exigiendo los reos en los motines y se cumpla con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS. Por otro lado, la solución que se está tomando para evitar esta crisis como ya lo mencioné es particular, puesto que beneficia a la población sentenciada y no a la procesada, no obstante bajo la coyuntura que estamos viviendo las respuestas quizá no serán las mejores, puesto que los problemas del Sistema penitenciario no son de hoy, sino estos vienen siendo arrastrados desde hace décadas. La posible solución a este vacío con la población procesada son los arrestos domiciliarios, el cual conllevan a la necesidad de un nuevo contingente de efectivos policiales, el cual el día de hoy viene siendo necesitado y de suma importancia en las calles; por ello una nueva “solución” genera contrariamente mayores problemas a los que ya venimos enfrentando
Sheryl Ñaupa Sánchez 7 mayo, 2020 at 6:45 pm
Estos días hemos podido ver reyertas, motines en las cárceles alrededor del Perú, donde los internos reclamaban por su derecho a la salud y a la vida, ya que, aunque ellos hayan cometido delitos y estén cumpliendo una pena por ello, esto no significa que no tengan derechos.
Bajo el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS que fue publicado el 23 de abril del 2020 por el diario El Peruano se da a conocer la posibilidad de otorgar indultos humanitarios, indultos comunes y conmutación de penas.
Acerca del Indulto por razones humanitarias: Es el perdón a la pena que se otorga a los internos que padezcan enfermedades crónicas tales como VIH/SIDA, TBC, cáncer, diabetes, hipertensión, etc. Ya que estas los convierten en población vulnerable a contagiarse del COVID-19. Si bien es cierto que este indulto busca salvaguardar el derecho a la vida de los que puedan ser beneficiados con este, no se está tomando en cuenta los delitos que ellos han cometido, como sucede con el indulto común y conmutación de la pena.
Si no se toma en cuenta los delitos cometidos, existe la posibilidad de que sean beneficiados aquellos que han sido sentenciados por delitos contra el cuerpo y la salud, delitos contra la libertad, delitos contra la humanidad o aquellos que impliquen transgresión a los derechos humanos.
Por otro lado, existe un número considerable de internos que no han sido sentenciados hasta la fecha (39,9% de la población penitenciaria), si bien es cierto que siguen un proceso judicial en el cual aún no se ha demostrado su culpabilidad, por lo cual son considerados inocentes por la ley. Esta población debería seguir su proceso en sus domicilios, en los cuales se deba garantizar que estos sigan cumpliendo su proceso en un futuro, sin temor a que evadan la justicia, ya sea por fuga u otras artimañas.
Si bien es cierto que con estas medidas que se tomen al respecto las cárceles no se despoblarán, pero el hacinamiento de estas se reducirá en gran número. Solo se espera que las autoridades tomen cartas sobre el asunto.
Richar Ramos Gutierrez 7 mayo, 2020 at 6:45 pm
Debido a este confinamiento el miedo crece a medida que los días transcurren. Incluso este impulso innato de miedo a morir ha llegado hasta los institutos penitenciarios. Los reportes de motines en distintos puntos del país, no son coincidencia, la población encarcelada pide a gritos un trato justo para poder controlar el virus. Si bien es cierto se ha logrado elaborar un decreto legislativo que permite conceder cierto “beneficios” penitenciarios. Es necesaria también una mejor revisión de dicho decreto. Es capital que se tome en consideración a las personas procesadas, tal como el artículo lo menciona, debemos incluir a la población penal en general; si el objetivo es terminar con el hacinamiento en las cárceles. Cabe recordar que muchos de los individuos procesados tienen penas menores. Es algo discutible también, por qué para los indultos comunes hay ciertas restricciones para aquellos que han cometido ciertos delitos en específico. En contraposición se encuentran los indultos humanitarios que no poseen ningún tipo de restricciones. Entonces, ¿Qué pasaría si una persona posee alguna enfermedad crónica o una enfermedad que pueda intensificarse a causa del covid-19 y hay infringido algunos de los delitos que están expuesto como restricciones para el inciso 4 y 5 del artículo 3 del decreto? ¿Acaso este individuo gozará de dicho indulto a cargo de la comisión de gracias presidenciales? O simplemente no podrá acceder a su liberación. No me mal entiendan, me parece grandioso que hayan tomado en cuenta la población vulnerable no tan solo de aquellas personas que gozan de libertad. Sin embargo es necesario algunas modificaciones para no caer en lagunas argumentales, y que esto pueda ser aprovechado para otros fines y poniendo aún más en peligro a la ciudadanía. Esperemos que aquellos individuos que puedan salir de los recintos penitenciarios puedan acatar la cuarentena, ya que nuevamente se van a verse encerrados y sin posibilidades de generar ingresos para sus familiares.
Martin Miranda Zegarra 7 mayo, 2020 at 7:53 pm
Es de conocimiento general las pésimas condiciones en las que se encuentras los centros penitenciarios de nuestro país, esto debido a que en diversas ocasiones los internos han realizado protestas o motines reclamando la mala situación en la que se encuentran. Esto sale a relucir más en este tiempo de pandemia, ya que hace poco volvió a ocurrir un acontecimiento en estos establecimientos en los cuales los internos reclamaban por miedo al contagio del COVID 19 y por el hecho de que los medicos internos no cuentan con los medios necesarios para combatir esté virus.
El Decretro Supremo dado por el Poder Legislativo es una solución que no abarca todo lo necesario para el bienestar de los internos, debido a que solo se concentra en un sector de estos (internos sentenciados) dejando de lado a otro sector (internos procesados) el cual merece tener la misma oportunidad. Otro punto de controversia que presenta este Decreto es que muchos pobladores no están de acuerdo con la idea de que internos que aún no terminan su condena sean dejados en libertad, debido a que estos están cumpliendo con una condena y no la van a terminar en su totalidad.
Si bien este Decreto Supremo busca lo mejor para evitar el contagio masivo y acelerado del virus COVID 19, no abastece totalmente a las necesidades de los centros penitenciarios, no se trata solo de dejar en libertad a un sector, ya que la gran mayoria de los internos aún seguirían cumpliendo condena y a largo plazo se verían afectados, sino de implementar medidas con las cuales combatir este virus y mejor la calidad sanitaria de estos. Tomemos muy en cuenta que este virus no estará entre nosotros solo por un tiempo, que tarde o temprano nos afectará a todos y lo que se busca es combatirlo de la mejor manera, si se quiere evitar el contagio masivo entonces debemos tener los mejores recursos, y eso es lo que se necesita en los centros penitenciaros.
Jorge Larico Palma 7 mayo, 2020 at 8:26 pm
La emisión del Decreto Supremo N° 004-2020-JUS es una medida que si bien, a largo plazo no soluciona el problema de hacinamiento de los centros penitenciarios, en el actual contexto de pandemia puede evitar el incremento de contagios y fallecidos por el covid-19 en tales recintos.
Ahora es preciso considerar el doble filo de esta solución. Por ejemplo, si de acuerdo al artículo 2 del D.S. se le da indulto humanitario a los internos que padecen enfermedades que los hace vulnerables a contraer el COVID-19, es posible que 2228 internos con TBC puedan acceder a este beneficio. Dada las condiciones socioeconómicas de esta población y en las actuales restricciones de movilidad social, sus posibilidades de contagio del coronavirus seguiría siendo alto. La diferencia es que ahora la potestad de cuidar la integridad física del preso ya no recaería en manos del Estado sino en los escasos recursos de los parientes de los nuevos expresidiarios. Lo mismo podría apliacarse a los setenciados mayors de 60 años que pueden acogerse a los beneficios del art 3 del D.S.
Otro punto es el de la extensión de tales beneficios a los procesados. Es más fácil dar beneficios a los setenciados ya que llevan un tiempo determinado cumpliendo una pena fija. Pero la situación de los procesados es incierta. En caso se quiera optar por arresto domiciliario sería improbable aplicarlo en una gran escala debido a los escazos recursos logísticos y de personal policial que ya se prensentaban antes del Estado de emergencia
Lucas Echegaray 8 mayo, 2020 at 2:14 pm
El Estado tiene dentro de sus preceptos velar por la protección y cumplimiento de los derechos individuales de los ciudadanos, así estos estén inmersos en alguna pena otorgada por el sistema jurídico nacional. Por ello, en vista de salvaguardar la salud de miles de reclusos y personal del INPE, el gobierno publicó el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS, donde brinda una pronta solución bajo las gracias presidenciales. Si bien hay algunos puntos que deberían ser tratados a fondo y examinados con cautela como la inclusión de la totalidad de población penal (procesados y sentenciados), considero que es una propuesta óptima para combatir la crisis actual. Se debe considerar que el número de indultos, de ser concedidos, no será en cantidad tal que erradique por completo el problema del hacinamiento en los centros penitenciarios; esta medida solo servirá para moderar la situación actual. Por ello, se debería ir pensando en otras medidas a futuro para no volver al mismo problema; asimismo, la entrega de indultos debe ser fiscalizada minuciosamente para evitar casos de corrupción o ayuda política indebida, que lamentablemente son muy comunes en nuestra sociedad. Todo lo acontecido queda como llamada de atención ante la ineficiencia de nuestro sistema penitenciario, el cual luego de lo acontecido debería resurgir como uno mejor y más estructurado donde realmente sea prioridad los derechos individuales de cada interno en la medida que su pena lo permite.
Esbet Mendez Michuy 10 mayo, 2020 at 10:33 pm
Si el Decreto Supremo N°004-2020-JUS, ha planteado medidas para poblaciones vulnerables con sentencia, ¿por qué no tomar en cuenta a las mismas poblaciones dentro del grupo de quienes siguen procesados?
Ellos forman un conjunto nada desdeñable, por lo que aplicar comparecencias y arrestos domiciliarios contribuiría a disminuir la población carcelaria. Ojalá pronto propongan medidas enfocadas en los que continúan con proceso, tomando en cuenta los casos que son factibles de otorgar medidas alternativas.
Considero también que dichas gracias presidenciales, pueden ayudar a limitar el alcance del problema de hacinamiento, pero no terminará con la constante situación que encontramos en los penales.
Para ello, tendrían que solucionarse dificultades que no han aparecido durante la pandemia, sino que ya existían muchísimo antes, como la prisión preventiva.
Según el doctor Gonzalo del Río, la problemática de la prisión preventiva deriva de la extensa duración de las investigaciones preparatorias.
Así que por otro lado, plantear reformas a la investigación preparatoria sería positivo para desburocratizarla y de esta manera, contribuir a reducir la aglomeración dentro de los penales. Esto último va más allá del actual contexto en el que nos manejamos, es un problema constante.
Marian Montoya Saccsara 11 mayo, 2020 at 9:22 am
Actualmente, nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria global. En el Perú, la expansión del COVID-19, ha puesto en evidencia las falencias que tienen nuestras instituciones penitenciarias en cuanto a infraestructura y de salubridad.
En este sentido la situación de los internos, una población de alta vulnerabilidad debido al hacinamiento y la precariedad en distintas esferas, especialmente la de salud, se vio reflejada en los motines en distintos centros penitenciarios donde invocaban salud y vida. Frente a esta situación el poder ejecutivo se avizoró a tomar una de las recomendaciones que hace algunas semanas se escuchaba por parte de conocedores del mundo carcelario. Por tanto, el 23 de abril del 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS en el Diario El Peruano, tomando en consideración las condiciones de hacinamiento y salud durante la aguda crisis que vienen atravesando los 68 establecimientos penitenciarios que convierten a los internos y al personal penitenciario en focos de contagio masivo, así mismo esta establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determinación de su procedimiento que nos servirá a un corto plazo y contrario seria pensar en una reforma penitenciaria que tomaría mucho tiempo. Todo esto será para casos específicos como son los internos mayores de 60 años y los que padecen de enfermedades como tuberculosis, hipertensión arterial, diabetes, VIH, cáncer o alguna discapacidad física o mental.Además el decreto tiene la particulidad de ser impuesto de oficio por la comisión de Gracias Presidenciales independientemente si algún familiar o apoderado lo solicite o no.
En estas últimas semanas se proliferó diversas opiniones de diferentes sectores de la población dando a entender que la población carcelaria no se lo merece por el mero hecho de haber cometido un delito, mas se olvidan que nuestra carta magna menciona que TODA PERSONA tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, no es por esto que se liberará por liberar, obviamente se realizará un estudio acerca de los casos. En lo que respecta a las gracias presidenciales existen dos tipos de indultos: el común y el humanitario, ambos válidos solo para la población sentenciada.
Todo lo contenido por el decreto en si es un avance, aunque tardío, para el deshacinamiento de las cárceles, pero también es importante tener en cuenta que falta esclarecer algunos vacíos que lo hace ser incompleto, uno de esos es la falta de la excepción de otorgamiento por un delito en específico dejando abierta a la interpretación.
En fin, es necesario que las entidades correspondientes tomen cartas en el asunto para el avance integral de esta población que muchas veces es olvidada.