Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43562110
Timestamp: 2020-08-06 16:02:36
Document Index: 242080413

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 72', 'Artículo 147', 'Artículo 147', 'artículo 1', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 147', 'artículo 3', 'artículo 72', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 248', 'artículo 147', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 147', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 72', 'artículo 10']

Sentencia de Constitucionalidad nº 592/98 de Corte Constitucional, 21 de Octubre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43562110
2. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA JUDICIAL
Sentencia citada en: 51 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa
El L., en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros. La consecuencia obvia y lógica de lo anterior, es que el tratamiento penitenciario de los condenados por delitos de mayor entidad y gravedad, sea más severo que el dado a las conductas de menor gravedad.
La Corte estima que es plenamente válido, desde el punto de vista constitucional, que el L., en consideración a razones de política criminal que consultan la realidad material de la gravísima coyuntura que afronta tanto el país como su sistema carcelario, someta a regímenes diferenciados la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el permiso de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados cuyo único denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir un tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades que ontológica y materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser valoradas ni tratadas por el L. de la misma forma; so pena, ahí sí, de transgredir en forma flagrante la Constitución.
No encuentra la Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en concordancia con el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas pues, repárese en que la función resocializadora de la pena no sufre menoscabo por el hecho de que el L. someta la concesión de la libertad condicional a regímenes diferenciados, con fundamento en el interés social y la gravedad de las conductas delictuales que afectan bienes jurídicos que por su trascendental valor social, merecen distinguirse para darles una protección y un tratamiento jurídico que guarde proporcionalidad con su importancia, y que se diferencie del dado a otros bienes jurídicos que no tienen la misma entidad. No se olvide, por demás, que aún cuando la pena, en su fase de ejecución, tenga principalmente un propósito resocializador, ello no significa que no cumpla también con la función de prevención por la vía de la disuasión general, que es tan importante como la de resocialización.
La Corte no encuentra razones que permitan válidamente sostener que el régimen benévolo de concesión de la libertad condicional previsto en el nuevo artículo 72ª del Código Penal, que corresponde al impugnado artículo 1º. de la Ley 415, comporte el desconocimiento del principio del non bis in idem. El régimen diferencial de concesión de la libertad condicional, no se traduce en un aumento de la pena impuesta a los condenados internos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Tampoco agrava el quantum de sus condenas, ni modifica las condiciones a las que, para la aplicación de este beneficio, se encontraban sometidos con anterioridad a la expedición de la Ley 415. Tanto en la actual regulación, como en la anterior, el otorgamiento de un beneficio posterior a la condena, continúa estando supeditado, tanto al cumplimiento de los requisitos que fija el legislador y cuya concurrencia en el caso concreto valora el J., como a la observancia de las obligaciones que éste le imponga, en consonancia con lo preceptuado en la misma regulación del subrogado penal. Por ello, tampoco comparte la Corporación la aseveración según la cual el beneficio de la libertad condicional se aplica, prácticamente, de manera automática respecto de los procesados por los delitos no excluidos del mismo. N. que su concesión exige que el J. de ejecución de penas y medidas de seguridad, haga una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que esta ha sido buena.
Las funciones que se asignan al D. del respectivo centro penitenciario o carcelario y al Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración judicial, ni comportan ejercicio de competencias jurisdiccionales reservadas constitucionalmente al fuero privativo de los jueces. Dichas autoridades definen aspectos puntuales relacionados con "las condiciones de prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades" que, por ser de naturaleza eminentemente operativa, bien puede el L. deferir en autoridades administrativas.
Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad normativa de la ley 415 de 1997 y contra sus artículos 1º, (parcial), 2o,(parcial) y 3º. (parcial), respectivamente, "por la cual se consagran normas de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
Actores: J.E.L., A.B.T., P.P.C., J.E.P.L. y otros internos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, condenados por la justicia regional
El ciudadano J.E.P. LARGO y otros internos recluidos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, condenados por la Justicia Regional (expediente D-1977), solicitan a la Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 415 de 1997 "por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
Por otra parte, los ciudadanos J.E.L. (expediente D-1959), A.B.T. (expediente D-1961), P.P.C. (expediente D-1963), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 piden a la Corte declarar inexequibles algunos apartes de los artículos 1º (parcial), 2º (parcial) y 3º (parcial) de la antecitada Ley 415 de 1997.
Cumplido lo anterior, se fijó en lista el negocio y, simultáneamente, se corrió traslado al despacho del señor P. General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su competencia. Además, se comunicó la iniciación del proceso al señor P. de la República, a los señores P.s del Senado y de la Cámara de R.s, al señor F. General de la Nación, al señor Defensor del Pueblo, a la entonces señora Ministra de Justicia y del Derecho, así como al D. del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, al R. legal del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y al R. Legal de la Comisión Andina de Juristas.
"LEY 415 DE 1997
"Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
"Art. 1º El Código Penal tendrá un nuevo artículo 72ª del siguiente tenor:
P..- Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a los antecedentes penales o circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la pena o negar la condena de ejecución condicional.
Para el efecto, el D. del respectivo centro penitenciario o carcelario podrá acordar o fijar con el Alcalde Municipal las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades.
Artículo 147ª.- Permiso de salida.- El D. Regional del INPEC podrá conceder permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos y sin que excedan de sesenta (60) días al año, al condenado que le sea negado el beneficio de la libertad condicional, siempre que estén dados los siguientes requisitos:
Artículo 147B.- Con el fin de afianzar la unidad familiar y procurar la readaptación social, el D. Regional del INPEC podrá conceder permisos de salida por los fines de semana, incluyendo Lunes festivos, al condenado que le fuere negado el beneficio de la libertad condicional y haya cumplido las cuatro quintas (4/5) partes de la condena, siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.
El demandante J.E.P.L., coadyuvado por otros internos recluidos en la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, que fueron condenados a penas de prisión por la Justicia Regional, demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997, por estimarla violatoria del principio de igualdad ante la Ley Penal.
Los demandantes J.E.L., A.B.T. y P.P.C. acusan el inciso primero del artículo 1º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona el Código Penal con un nuevo artículo, el 72ª, por estimarlo violatorio de los artículos 1., 5, 13, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución Política.
El demandante J.E.L. acusa además el parágrafo del mencionado artículo 72A, en la expresión "salvo que exista orden de captura vigente en su contra"; Igualmente, del artículo 2º. de la Ley 415 de 1997, que adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario- con un nuevo artículo, el 99A impugna el aparte "que no excedan de cuatro (4) años" del inciso primero, y su inciso segundo, por encontrarlos violatorios de los artículos 1º,13, 28 y 29 de la Constitución Política.
Por último, del numeral 3º del artículo nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º. de la Ley 415 de 1997 adiciona la Ley 65 de 1993 -Código Penitenciario y Carcelario-, tacha las expresiones "judicial" y la frase "únicamente para efectos de este beneficio", por estimarlas violatorias de los artículos 13 y 22 Constitucionales.
En su opinión, los condenados excluidos del subrogado penal consagrado en el artículo 72A del Código Penal, resultarían recibiendo un trato discriminatorio por la sola circunstancia de revestir mayor gravedad los delitos que cometieron. La Constitución Política, afirman, impide al L. dar un tratamiento jurídico penal distinto a los condenados en función de la mayor o menor gravedad de los delitos cometidos.
El mismo razonamiento conduce a los demandantes a sostener que en virtud de lo previsto en el precepto tachado, la independencia y autonomía judicial que los artículos 228 y 230 del Estatuto Supremo consagran, sufren menoscabo, pues se mengua al J. de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la posibilidad de valorar, en cada caso concreto, los antecedentes, tanto del hecho punible cometido, como de la personalidad y buena conducta del reo, lo cual, a su juicio, recorta apreciablemente su potestad discrecional de valoración judicial.
Con base en el artículo 93 de la Carta, arguyen que el acusado artículo 1º. de la Ley 415 contraría el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, a cuyo tenor " el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados", dando a entender que negar a algunos condenados el beneficio de la libertad condicional con fundamento en el delito cometido, riñe con la finalidad resocializadora que debe tener la pena para todo infractor de la ley penal.
Por último, consideran que siendo Colombia un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, el legislador no puede so pretexto de "descongestionar" las cárceles del país, desvertebrar una política criminal que en forma, por demás, incipiente, se ha querido estructurar desde los códigos básicos del ordenamiento penal.
Para los demandantes la expresión "salvo que exista orden de captura vigente en su contra" contenida en el parágrafo del artículo 1º. de Ley 415, viola los artículos 29 y 248 de la Carta pues, para efectos de estudiar la viabilidad de acceder al goce de un subrogado penal, no le es dable al legislador asimilar una simple orden de captura a un "antecedente" en los términos del artículo 248 de la Carta Política.
El parágrafo citado, sostienen, invierte la carga de la prueba en desmedro del imputado o sindicado, quien es el que termina teniendo que demostrar que es inocente, cuando es al "aparato jurisdiccional" del Estado al que le compete desvirtuar tal presunción de inocencia, bajo las reglas del debido proceso, comprobándole fehacientemente su culpabilidad.
En criterio de los demandantes, no es el funcionario judicial el competente para llevar registros de antecedentes y ordenes de captura expedidas ya que ello es función y competencia del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, de la DIJIN organismo adscrito a la Policía Nacional y del CISDAD organismo vinculado a la F.ía General de la Nación, según el Decreto 2398 de 1986, lo que torna ilógico que el numeral 3º del nuevo artículo 147ª, con el cual el artículo 3º de la acusada ley 425 de 1997 adiciona la ley 65 de 1993, hable de funcionario "judicial" en clara vulneración de los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, sumado al hecho de que se presuma legislativamente que un condenado carece de antecedentes u órdenes de captura "únicamente para efectos del beneficio establecido en la norma parcialmente acusada, lo cual, estiman, carece de razonabilidad legislativa pues se legisló sólo para un grupo de ciudadanos en detrimento del derecho a la igualdad.
En cuanto al "permiso de salida" ésta posibilidad riñe igualmente con el principio de la igualdad pues será para beneficio, únicamente, de unos cuantos, los cuales serán escogidos por los funcionarios administrativos que tramiten prontamente los antecedentes penales de cada condenado que escojan a su arbitrio, excluyendo a los que en cambio no se les respondió en tiempo la solicitud de antecedentes.
F. General de la Nación.
El Señor F. General de la Nación, A.G.M., interviene en el proceso para defender la constitucionalidad de la Ley acusada.
Para desvirtuar la supuesta violación del derecho a la igualdad, principal cargo formulado por los demandantes, señala que la inconstitucionalidad que se endilga a la ley demandada es la consecuencia de una valoración incorrecta de los alcances del artículo 13 "toda vez que le otorgan un contenido material que predica la aplicación irrestricta de las normas a todos los ciudadanos" la cual "no tiene en cuenta "las condiciones o eventos especiales que tornarían la Ley injusta" y a cuya luz, el L. debe establecer diferenciaciones para que se concrete el contenido material del principio.
La propia Carta Política, sostiene, "obliga al L. a adoptar las medidas para hacerla efectiva, de donde se desprende que quien hace las Leyes tiene la facultad de establecer distinciones."
En su criterio "la condición de que todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley", es un elemento meramente formal que no le impide al legislador establecer diferenciaciones para que de ésta forma se concrete el contenido material del principio". En este sentido señala, la Carta Política obliga al legislador a adoptar medidas que hagan efectivos y aplicables los principios y derechos fundamentales consagrados en la misma, y por tal motivo también tiene la facultad de hacer distinciones.
Contrariamente a los argumentos que esgrimen los demandantes, el Señor F. estima que el derecho a la igualdad no puede tener como cortapisa la concepción de que el derecho a la igualdad es absoluto, pues tal concepción invitaría, tanto al legislador como al juez, a convertir sus acciones en arbitrarias. Respecto de lo anterior, anota que la jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de Alemania, ha estimado que el derecho a la igualdad en el marco de la justicia se debe entender como prohibición de la arbitrariedad, y que la igualdad sustancial equivale a aplicar desigualmente la arbitrariedad; contrario sensu una desigualdad sustancial equivale a aplicar por igual la arbitrariedad. Estos elementos, observa, definen un margen de acción que no implica la desaparición de la discrecionalidad por parte del legislador.
Frente a los demás argumentos, esto es, a los que indican que la norma establece discriminaciones injustificadas, toda vez que la aplicación del subrogado penal, permite sólo para los condenados por algunas conductas punibles, el F. General de la Nación estima que el alcance de la discriminación como acto violatorio del derecho a la igualdad se da en los eventos en que la Ley o la decisión del juzgador causa perjuicios a un individuo o grupo de individuos teniendo en cuenta criterios que en realidad esconden prejuicios sociales o culturales, tales como el sexo, raza, estirpe o condición. No para casos como los específicamente estudiados en la demanda.
Concluye, el Señor F. su análisis estudiando el cargo de la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, frente al cual considera que la garantía institucional de la cual están investidos los jueces y que toca con la aplicación del derecho sin la intromisión indebida de otras ramas del poder público o de otros entes que ostenten las mismas funciones y competencias, no restringe la independencia judicial. Por el contrario, afirma, los jueces se apoyan en los directores de los establecimientos carcelarios y en los alcaldes municipales, funcionarios que determinan las condiciones en que se presta el trabajo comunitario, cuestión que no significa que dichos funcionarios cumplan con funciones jurisdiccionales. Ellos no tienen ninguna facultad para decidir sobre la libertad condicional, ni para determinar las condiciones de cumplimiento de la pena. Sí se limitan a acordar y fijar las condiciones de prestación del servicio de trabajo comunitario, actuación que no imprime un contenido que lleve a inferir el cumplimiento de una función judicial.
Para concluir, el Señor F. General de la Nación considera que de declararse inexequibles las normas acusadas, se llegaría al absurdo de que el otorgamiento de la libertad condicional concedida dentro de un proceso penal sería presupuesto para intentar cualquier medida restrictiva de la libertad que se tome dentro de cualquier otro proceso penal adelantado contra la misma persona, so pretexto de la violación del principio de la presunción de inocencia; aclara que el condenado que resulta investigado en una causa distinta, mantiene intacto éste principio y derecho, además de la carga de la prueba respecto del nuevo proceso, pudiendo así ejecutar todas las actuaciones que le brinda el debido proceso sin menoscabo de las otras garantías constitucionales aplicables.
En ese orden de ideas, sostiene que mal podría pretenderse invocar de plano una igualdad matemática frente a situaciones que por su naturaleza, circunstancias y grado de lesividad de un bien jurídico o afectación al conglomerado social son completamente diversos en sus efectos, alcances y consecuencias. Para ello trae a colación las sentencia C-472 de 1997, M.P.D.J.G.H.G. en la cual se establece lo siguiente:
(...) De ésta forma, el Congreso de la República, titular de la función legislativa, mientras no contraríe preceptos fundamentales, puede señalar libremente los comportamientos que estime deban tener el carácter de delictivos y atribuir a ellos las penas correspondientes, aumentarlas o disminuirlas, plasmar causales de atenuación y agravación punitivas, crear nuevos tipos penales , e inclusive suprimir delitos o establecer que en el futuro tengan el carácter de contravenciones. (...).
Al respecto, observa que dicho subrogado no constituye en sí mismo un derecho adquirido sino una expectativa a acceder a un beneficio posterior a la condena, en tanto que para su otorgamiento se requiere el cumplimiento de unos requisitos fijados por el legislador y valorados por el J., así como la observancia de las obligaciones que éste le imponga de acuerdo con la misma ley.
El Doctor F.B.C., en calidad de D. General del INPEC, defiende la constitucionalidad de las normas demandadas argumentando que éstas no desmejoran la condición de los excluidos en el nuevo artículo 72ª del Código Penal. El hecho de que el legislador conceda "mejoras" a determinados delitos y a otros los agrave, obedece a criterios de política criminal objetivos y tendientes a descongestionar los centros carcelarios del país y a establecer beneficios para los condenados.
Igualmente estima que los Alcaldes no usurpan las funciones del J. de Ejecución de Penas, como equivocadamente creen algunos de los demandantes, pues la norma habla de coordinar y vigilar el trabajo comunitario, funciones eminentemente administrativas y no judiciales como las entienden los demandados.
El señor P. General de la Nación se declaró impedido para conceptuar sobre el caso de la referencia, pues había participado en los debates previos a la promulgación de la Ley, impedimento que fue considerado como procedente y pertinente por la Sala Plena de ésta Corporación.
Enseguida el V. General de la Nación rindió el concepto de su competencia en el que solicitó a la Corte declarar CONSTITUCIONAL la ley acusada, luego de considerar que establece parámetros acordes con lo establecido en el artículo 13 superior y que, por lo mismo, ha de entenderse que procura descongestionar los centros carcelarios del país, además de imponer al condenado, a través de la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, una serie de obligaciones que, de no cumplirse, comportan la revocatoria del subrogado y la inmediata ejecución de la sentencia impuesta inicialmente.
En cuanto al beneficio de la libertad condicional, considera que no es cierta la afirmación de los demandantes en el sentido de que éste se conceda para unos condenados, en tanto se deniega para otros; pues lo que sucede es que el legislador, en atención a la entidad particular de los delitos, el bien jurídico lesionado y el grado de culpabilidad, ha previsto un régimen de libertad condicional diferencial, que apunta a tratar de manera diversa lo disímil, para que como fruto del proceso de resocialización, la reinserción en la comunidad le permita que su vida en libertad sea "socialmente responsable".
Acerca del argumento en contra de la normatividad demandada, que hace consistir en la presunta vulneración de la autonomía de los jueces, dada la aplicación "semi-automática" del beneficio de la libertad condicional, el V. señala que de hecho, su concesión exige del funcionario una valoración de la conducta observada por el condenado durante el término de reclusión. Para lo anterior, se elimina el estudio de los antecedentes o de cualquiera otra circunstancia que haya incidido en la imposición de la condena, o en la negación de la condena de ejecución condicional, sin afectar la autonomía del juez, quien en el momento de decretar la pena o alguno de sus subrogados, ya ha examinado a conciencia todos los elementos y circunstancias que rodearon la comisión del hecho ilícito.
Por lo anterior concluye que se debe declarar constitucional la ley 415 de 1997 "Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país".
La acusación contra la Ley 415 por supuesta transgresión a la igualdad ante la Ley y a la función resocializadora de la pena
En sentencia C-536 de octubre 1º. de 1998, esta Corporación Ponente, H. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. se ocupó de dilucidar el punto relativo a la interpretación de las normas constitucionales referentes al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, cuando el actor es un recluso condenado y suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos.
".... nosotros los Internos de la Cárcel de Distrito Judicial de Armenia; condenados por la Justicia Regional de nuestro país, recurrimos a su Honorable Corte, con el fin de demandar la Ley 415..."
Y en la parte final del escrito, consta que el interno J.E.P. LARGO fue condenado por la Justicia Regional de Cali, M.M.F. por la Regional de Cali, y que en a título de ANEXO de la demanda siguen "... las firmas de los condenados por la Justicia Regional" que se encuentran recluidos en el mencionado Centro Carcelario.
1.2. El derecho de igualdad ante la Ley penal, la función resocializadora de la pena y los límites constitucionales a la facultad del L. de normar la política criminal: La Ley 415 de 1997 y los regímenes diferenciados de concesión de los beneficios de la libertad condicional (artículo 1º.), de redención de la pena por trabajo comunitario (artículo 2º.) y los permisos de salida (artículos 3º. y 4º.)
Así, en sentencia C-093 de 1993 Se examinó la constitucionalidad del Decreto 2271 de 1991 (parcialmente) "por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio", con ponencia conjunta de los H. Magistrados A.M.C. y F.M.D., la Corte Constitucional encontró ajustada a la Carta Magna las disposiciones que establecen procedimientos especiales para el juzgamiento de delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales, con los cuales se busca:
"... garantizar la eficacia de la Administración de Justicia en el ámbito penal, y ... rodear al personal de sus servidores de especiales garantías ante la escalada de la delincuencia organizada del narcotráfico y del terrorismo.""
cuáles de dichas causales proceden para todos los delitos y cuáles no y también para establecer un régimen especial ante determinadas modalidades delictivas que exigen un tratamiento más riguroso.
...3.1 ... hay que examinar cada una de las vicisitudes que se presentan en una cárcel -que son variadas e indeterminadas-, para proceder justamente. No se puede dar el mismo trato, de manera exacta e idéntica, a personas con antecedentes, conducta y situaciones jurídicas distintas. Ya esta Corporación ha señalado cómo la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Además, la norma funda la distinción -que no es lo mismo que discriminación- en motivos razonables para lograr objetivos legítimos, tales como la seguridad, la resocialización y cumplimiento de la sentencia, que tienen notas directas de interés general y, por ende, son prevalentes. Luego no se trata de una discrecionalidad radical, sino tan sólo de un margen razonable de acción, precisamente para que se cumplan la ley y la sentencia.
...el legislador está otorgando un tratamiento igual, al negar la procedencia de la condena de ejecución condicional, a los condenados por los delitos de que trata la ley 40 de 1993 -homicidio, secuestro, extorsión, etc.-, y a los condenados por las contravenciones de que trata la ley 228 de 1995 -hurto agravado, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales, violación de habitación ajena, hurto de uso etc.; e incluso, trata con mayor severidad a quienes cometan tales contravenciones que a los procesados por los hechos punibles cuyo conocimiento compete a los jueces regionales -terrorismo, narcotráfico, etc.- lo cual resulta desproporcionado e irrazonable.
"... Aunque el nuevo subrogado..., denominado "suspensión de la ejecución de la sentencia", no favorece a quienes sean sancionados con pena de prisión, no por ello la norma contempla un tratamiento discriminatorio en contra de estos, pues se trata, precisamente, de un beneficio creado en favor de quienes son condenados a sanciones menores -arresto-, y no para ser aplicado a todos los procesados, lo cual resulta proporcionado y razonable, en la medida en que se otorga un trato más favorable a quienes incurren en hechos punibles de menor gravedad.
2.2. La función resocializadora de la pena
Por eso ha reconocido la Corte que "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en sociedad"C-565 de 1993, M.P.H.H.V..
Lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5, y 8 del artículo 30 Ley 40/93:
Para preparar facilitar o consumar otro hecho punible; para ocultarlo, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los partícipes.
Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas o en persona que ostente alguna de las actividades o cargos descritos en este numeral.
de la Ley 40 de 1993.
Delitos dolosos previstos en la Ley 30 Ley 30/86:
Cultivo, conservación o financiación de plantaciones.
Estímulo al uso ilícito.
Suministro o formulación ilegal.
Suministro a menor.
Incitación al consumo de drogas.
Suministro de fármacos a deportistas.
Delitos previstos en el Decreto 2266 Decreto 2266/91:
Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones.
Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
Omisión de informe sobre actividades terroristas.
Instigación o constreñimiento para ingreso a grupos terroristas.
Instigación al terrorismo.
Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
Corrupción de alimentos y medicinas con fines terroristas.
Suplantación de autoridad.
Incitación a la comisión de delitos militares.
Secuestro subrogado por la ley 40 de 1993.
Amenazas personales y familiares.
Apoderamiento y desvío de aeronaves.
Homicidio, modificado por la ley 40 de 1993.
Lesiones personales con fines terroristas.
Deformidad con fines terroristas.
de 1991, exceptuando los de porte ilegal de armas de defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares.
Delitos previstos en la Ley 190 LEY 190/95:
de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada.
Delitos previstos en la Ley 360 Ley 360/97:
Acceso carnal abusivo con menor.
Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir.
Constreñimiento a la prostitución.
de 1997 y en la Ley 365 Ley 365/97:
Extinción del dominio.
Los delitos conexos Concordancias:
Ley 294/96 "Violencia intrafamiliar"
La libertad condicional, tal y como está establecida en artículo 72 del Código Penal, no procederá en los eventos en que haya de por medio una orden de protección. con todos los anteriores, seguirán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal.
En criterio de la Corte, la diferenciación de trato que ha efectuado el L., atiende criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la vulneración o afectación de los bienes jurídicos tutelados, tiene en elementos de importancia estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico, cuya restauración, dicho sea de paso, se hace indispensable para el restablecimiento y normalización del tejido social y de la organización estatal.
Así, pues, antes que violar la Constitución Política, el L. le ha dado plena observancia, al someter a un régimen más exigente y restrictivo la concesión del beneficio de la libertad condicional a conductas que han causado grave fractura a valores cuya transgresión, constituye grave amenaza para la paz y la convivencia social; aún para la integridad y viabilidad misma del Estado y de Colombia como Nación civilizada, pues, ciertamente, comprometen la intangibilidad de las funciones públicas y de los más altos fines del Estado, precisamente, por cuanto afectan piedras angulares para la cohesión y seguridad tanto del interés general como el orden público, económico y social.
A la luz del análisis precedente, la Corte estima que es plenamente válido, desde el punto de vista constitucional, que el L., en consideración a razones de política criminal que consultan la realidad material de la gravísima coyuntura que afronta tanto el país como su sistema carcelario, someta a regímenes diferenciados la concesión de los beneficios de la libertad condicional, el permiso de salida y el trabajo comunitario, respecto de condenados cuyo único denominador común es el de encontrarse privados de la libertad, y que ameritan recibir un tratamiento diferencial, por corresponder su conducta a realidades que ontológica y materialmente son diferentes, por lo cual, jurídicamente, no pueden ser valoradas ni tratadas por el L. de la misma forma; so pena, ahí sí, de transgredir en forma flagrante la Constitución.
De otra parte, tampoco encuentra la Corte que se contraríe el artículo 93 de la Carta, en concordancia con el artículo 10., numeral 3º. del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas pues, repárese en que la función resocializadora de la pena no sufre menoscabo por el hecho de que el L. someta la concesión de la libertad condicional a regímenes diferenciados, con fundamento en el interés social y la gravedad de las conductas delictuales que afectan bienes jurídicos que por su trascendental valor social, merecen distinguirse para darles una protección y un tratamiento jurídico que guarde proporcionalidad con su importancia, y que se diferencie del dado a otros bienes jurídicos que no tienen la misma entidad.
Por demás, constitucionalmente nada se opone a que el L., en consideración a realidades que sobrevienen a la definición legislativa de la conducta y de su penalización, enfatice esta finalidad, haciendo más benévola la concesión de los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de menor impacto social, pues, los subrogados penales son también elementos integrantes de la política criminal de los que el Congreso puede asistirse para, contrario sensu, mediante esa diferenciación, incriminar en forma más severa los delitos que estén causando mayor trastorno a la convivencia social y mayor traumatismo al orden público o al orden social y económico o, bien a la seguridad del estado y de sus instituciones democráticas, al someter al régimen restrictivo ya existente, la concesión de los beneficios penitenciarios para los internos condenados por estos últimos.
Ahora bien, como quiera que el señor Defensor del Pueblo insinúa un eventual quebranto al principio de favorabilidad cuando, según su aserto "... la Ley... diferencia para desfavorecer..." , la Corte estima pertinente insistir en que el impugnado artículo 1º. de la Ley 415, nó desmejora la condición de los condenados por los delitos excluidos del régimen que en el se contempla.
Tanto en la actual regulación, como en la anterior, el otorgamiento de un beneficio posterior a la condena, continúa estando supeditado, tanto al cumplimiento de los requisitos que fija el legislador y cuya concurrencia en el caso concreto valora el J., como a la observancia de las obligaciones que éste le imponga, en consonancia con lo preceptuado en la misma regulación del subrogado penal.
Por ello, tampoco comparte la Corporación la aseveración según la cual el beneficio de la libertad condicional se aplica, prácticamente, de manera automática respecto de los procesados por los delitos no excluidos del mismo. N. que su concesión exige que el J. de ejecución de penas y medidas de seguridad, haga una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que esta ha sido buena.
Es, pues, indubitable, que la concesión del beneficio respecto de estos internos, también está supeditada a la valoración que, de su conducta en el establecimiento carcelario, haga el J. de ejecución de penas y medidas de seguridad. En esas condiciones, se desecha también por infundado, el cargo de violación a los artículos 228 y 230 Constitucionales, que consagran la independencia y autonomía judicial.
Por otro aspecto, tampoco encuentra la Corte que los artículos 228 y 230 Constitucionales resulten conculcados por lo preceptuado en el artículo 2º. de la Ley 415, que adiciona el régimen de redención de la pena --por estudio, realización de actividades literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos--, de que trata el artículo 99 del Régimen Penitenciario y Carcelario previsto en la Ley 65 de 1993, con la redención por "trabajo comunitario" que el nuevo artículo 99A regula, en los siguientes términos:
N. que las funciones que se asignan al D. del respectivo centro penitenciario o carcelario y al Alcalde Municipal, en nada sustituyen las de valoración judicial, ni comportan ejercicio de competencias jurisdiccionales reservadas constitucionalmente al fuero privativo de los jueces.
Dichas autoridades definen aspectos puntuales relacionados con "las condiciones de prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales actividades" que, por ser de naturaleza eminentemente operativa, bien puede el L. deferir en autoridades administrativas.
Se reitera: ni la decisión acerca de la concesión de la libertad condicional, ni la determinación de las condiciones de cumplimiento de la pena resultan radicadas en cabeza del D. del establecimiento carcelario o del Alcalde, como lo pretenden los accionantes.
La pretendida transgresión a la presunción de inocencia por exigirse "no tener orden de captura vigente" para la concesión tanto del beneficio de la libertad condicional (parágrafo del artículo 1º.), como del permiso de salida, a concederse al condenado que le sea negado el beneficio de la libertad condicional (numeral 3º. del artículo 147ª, con el que el acusado artículo 3º. de la Ley 415 adiciona el Régimen Penitenciario y Carcelario consagrado en la Ley 65 de 1993).
La Corte comparte la apreciación de los señores F. y V. General de la Nación, en el sentido de que es perfectamente razonable este requisito, pues el argumento que sostienen los demandantes para predicar la imputación de inconstitucionalidad, equivaldría a aseverar que, como consecuencia de la presunción de inocencia, de otorgarse la libertad condicional dentro de un proceso penal, de consiguiente, se inhibiría la potestad punitiva del Estado y, por ende, le estaría vedado hacer efectiva otra medida restrictiva de la libertad, que se hubiere proferido por virtud de decisión pronunciada en cualquier otro proceso penal, que se adelantare contra la misma persona.
Primero.- Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por J.E.P. LARGO y otros internos de la Cárcel del Distrito Judicial de Armenia, en su condición de condenados por la Justicia Regional.
Segunda.- Decláranse EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1º., 2º. y 3º., así como el artículo 4º. de la Ley 415 de 1997 "Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país."
C., comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
La Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por todas el derecho penal, por lo cual el L., obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio L. lo considere políticamente necesario y conveniente.
Con mi acostumbrado respeto, me veo obligado a apartarme de la presente decisión, en virtud de la cual la Corporación declaró la exequibilidad de aquellos apartes del artículo 1º de la Ley 415 de 1997 que excluyen ciertos delitos del nuevo régimen de libertad condicional. Según la sentencia, esa excepción no viola el principio de igualdad ni la función resocializadora de la pena por cuanto "atiende criterios de razonabilidad determinados por la mayor repercusión que la vulneración o afectación de los bienes tutelados tiene en elementos de importancia estratégica para la viabilidad y sostenibilidad del orden público social y económico." No puedo compartir la decisión ni la argumentación de la Corte por las razones que a continuación expongo.
Ahora bien, el artículo 1º de la Ley 415 de 1997 no deroga totalmente el régimen anterior por cuanto excluye a las personas condenadas por ciertos delitos de este nuevo régimen más benigno en materia de libertad condicional. Esto significa que la expedición de la Ley 415 de 1997 implica que en la actualidad rigen dos regulaciones legales para la concesión de la libertad provisional. Así, los condenados por la mayor parte de los delitos pueden obtener ese beneficio en los términos establecidos por la nueva regulación prevista por el artículo 1º de la Ley 415 de 1997. En cambio, se entiende que aquellas personas que fueron sancionadas por los delitos que expresamente fueron excluidos por la norma acusada del nuevo régimen se rigen por los mandatos del artículo 72 del Código Penal. En tales circunstancias, el problema jurídico planteado era si la norma acusada, al introducir una normatividad más favorable para la concesión de la libertad condicional, podía o no excluir de ese régimen a determinados presos, únicamente por cuanto fueron condenados por ciertos hechos punibles. Según la sentencia, esa exclusión es posible, pues el L. puede establecer esas diferenciaciones, siempre y cuando éstas tengan un sustento objetivo y razonable. Según mi criterio, si bien el L. tiene una importante libertad en materia de política criminal, no puede introducir esas distinciones para la concesión de beneficios penitenciarios, ya que la redención de la pena debe tomar en cuenta exclusivamente la conducta del condenado en su lugar de reclusión.
2- Así, en diversas oportunidades, la Corte ha reconocido que el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la política criminal pues la Constitución no ha definido de una vez por todas el derecho penal, por lo cual el L., obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta, tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más o menos drásticas, según el propio L. lo considere políticamente necesario y conveniente Ver, entre otras, la sentencia C-038 de 1995. MP A.M.C.. Fundamento Jurídico No 4. .
Por ende, en principio es admisible que la ley confiera diferentes consecuencias jurídicas a los distintos delitos, según la valoración que el Congreso haga de la importancia del bien jurídico afectado y del grado de culpabilidad de los sujetos activos del ilícito. Sin embargo, esa libertad legislativa tiene límites, y en especial no puede desconocer el mandato de la igualdad ante la ley penal (CP art. 13), que representa uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se han estructurado los regímenes constitucionales, pues inicialmente la igualdad fue entendida en gran medida como la aplicación de las mismas normas punitivas y procesales para todos los ciudadanos, con el fin de combatir los privilegios de que gozaban ciertos estamentos en el Antiguo Régimen. Por ello esta Corporación ha sido muy exigente cuando ha tenido que analizar la constitucionalidad de las normas legales que exceptúan a determinadas personas de la aplicación estricta de la ley penal común, lo cual la ha llevado a excluir del ordenamiento varias de tales disposiciones, pues la Corte ha considerado que se configuran privilegios inadmisibles, siempre y cuando no exista una justificación clara de la excepción legalVer, entre otras, las sentencias C-025/93 y C-386/96..
En ese orden ideas, la pregunta que se planteaba era si esa libertad del L. le permite consagrar un régimen diferenciado para la concesión de la libertad condicional de un condenado, según el tipo de delitos que éstos cometieron.
"En la actualidad se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de manera absoluta las penas y el sistema penal están en crisis. Así, ni la teoría kantiana de la retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención frente a conductas consideradas socialmente dañosas permiten explicar, comprender y justificar plenamente la función que puede cumplir el sistema penal en una sociedad democrática fundada en los derechos humanos. Por ello la doctrina penal más avanzada considera que tal función sólo puede encontrar explicación en principios diferentes, que actúan en momentos diversos del ejercicio de la acción punitiva por el Estado. Así, en el primer momento, se considera que el L. define los delitos orientado esencialmente por consideraciones de prevención general, y secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevención general) pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente retributivo en esta fase). De otro lado, en la fase de imposición judicial de la pena a un determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad entre la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se considera como propio del Estado social de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada por finalidades de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad puesto que, como se verá más adelante, es necesario armonizar estos valores.
Como es natural, no siempre es fácil hacer compatibles estos distintos principios de fundamentación del sistema penal, pues en ocasiones los fines de prevención general aconsejan penas muy severas, mientras que las políticas de resocialización sugieren penas bajas. Así, dice al respecto H.H., que "las penas que estimamos necesarias como amenaza para maximizar la obediencia al Derecho, pueden convertir al transgresor a quien se imponen, en un enemigo inflexible de la sociedad; mientras que el recurso a medidas rehabilitadoras puede disiminuir la eficacia y ejemplaridad del castigo en los demás"H.L.H.. Op-cit, p 180. . Sin embargo, a pesar de esas inevitables tensiones y discusiones, lo cierto es que durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente, ya que ésto es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana (CP art. 1º), puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario. Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (subrayas no originales)" Sentencia C-261 de 1996. MP A.M.C.. Fundamento Jurídico No 7..