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Timestamp: 2019-09-23 00:50:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 1081', 'artículo 1039', 'artículo 333', 'artículo 335', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 83', 'artículo 1075']

Jurisprudencia - El Seguro de Vida Grupo Deudores - Insolvencia.co
Jurisprudencia – El Seguro de Vida Grupo Deudores
1. Mediante apoderado judicial, Enrique Pérez Astudillo interpuso acción de tutela contra el Banco Corpbanca S.A. y Mapfre Seguros de Vida S.A. por el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales de petición, dignidad humana, no discriminación y mínimo vital, tras la negativa de las accionadas en pagar la póliza de seguro grupo deudor, que cubría el riesgo de invalidez permanente superior a 50% y la muerte del asegurado. En consecuencia, el accionante solicitó que se efectuara el trámite necesario para el pago de la póliza, que garantiza el crédito adquirido con el Banco Corpbanca S.A.
2. El 16 de marzo de 2012, el señor Enrique Pérez Astudillo solicitó un crédito por libranza en el Banco Corpbanca y como exigencia para el otorgamiento de éste, se vinculó como asegurado en un contrato grupo deudores preexistente, que había sido celebrado entre Mapfre y esta entidad financiera. Según se afirmó por el actor, este seguro cubriría el riesgo de la muerte del deudor o la incapacidad permanente que fuera equivalente o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral.
3. El 20 de noviembre de 2013, se efectuó una Junta Médico Laboral Militar en la ciudad de Bogotá, con el fin de realizarle una serie de exámenes a Enrique Pérez Astudillo para determinar su capacidad sicofísica. En el Acta de la Junta Médica Laboral No. 65120, la cual fue registrada en la Dirección Nacional del Ejército, se estableció que el actor sufre de esquizofrenia, presenta trauma lumbar y de rodilla como consecuencia de haber sido víctima de un campo minado, escoliosis lumbar y cefalea postraumática crónica. Por ende, se concluyó que el actor contaba con una disminución de la capacidad laboral del 76,91%.
4. El 17 de febrero de 2014, mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL de 71,96% y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008).
5. El 28 de febrero de 2014, Enrique Pérez Astudillo –en calidad de deudor del crédito adquirido con el Banco Corpbanca- solicitó, mediante petición radicada en Helm Corredor de Seguros, que (i) se hiciera efectivo el seguro por haberse concretado el riesgo de invalidez, como así lo acreditaba el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila y (ii) le devolvieran las cuotas que, con posterioridad a dicha reclamación, fueran descontadas por nómina.
6. El 6 de mayo de 2014, Mapfre Colombia Seguros de Vida en respuesta a la anterior solicitud, después de revisar nuevamente la documentación referida a esta reclamación, afirmó que no podía acceder de forma favorable a su petición. Esta decisión se sustentó en que el Banco Santander S.A. omitió reportar como asegurado al señor Enrique Pérez Astudillo dentro del listado del grupo asegurable, como así lo exigía la póliza: “[e]s claro que el tomador desentendió una de sus obligaciones a cargo, la cual era reportar dentro del listado del grupo asegurable al señor Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos esta compañía no está llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la referencia”.
7. El 13 de junio de 2014, mediante resolución No. 2927, proferida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, se resolvió reconocer y pagar con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional la pensión mensual de invalidez en favor del ex soldado profesional, por la suma de setecientos setenta y un mil ciento sesenta y un pesos (771.161).
8. El 1° de febrero de 2016, su apoderado interpuso acción de tutela con el fin de que fueran protegidos los derechos fundamentales de Enrique Pérez Astudillo. En particular, se solicitó el amparo del derecho de petición, a la dignidad humana, a la no discriminación y al mínimo vital, por considerar que las accionadas desconocieron que:
Agregó el actor que convive en unión marital de hecho con Julieth Ortiz Hernández y de este vínculo nacieron dos hijos que en la actualidad son menores de edad. Todo su núcleo familiar, según se afirma en la acción constitucional interpuesta, depende económicamente de él.
9. Mediante auto del nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva puso en conocimiento de Mapfre Seguros de Vida S.A. y del Banco Corpbanca Colombia S.A. –antes Banco Santander Colombia S.A.- la acción de tutela instaurada en su contra.
10. El representante legal de esta compañía de seguros se opuso a las pretensiones de la acción de tutela interpuesta en su contra. Como sustento en la contestación se indicó que, mediante comunicación del 7 de mayo de 2015, se le dio respuesta a la petición presentada y por tanto se ha configurado un hecho superado. No obstante, se precisó que esta petición fue radicada en Crezcamos en el año de 2014, por lo que quien debió haber resuelto esta solicitud fue Helm Corredores de Seguros. Además, informó la accionada que es Helm Corredores “(…) con quien se tiene suscrita la Póliza de Vida de Grupos deudor (y) quien ostenta la calidad de tomador del contra de seguro”.
“Es claro que el tomador desentendió una de sus obligaciones a cargo, la cual era reportar dentro del listado del grupo asegurable al señor Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos esta compañía no está llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la referencia”.
Asimismo, advirtió la accionada que el último pago que se reportó en este crédito fue el ocho (8) de junio de dos mil catorce (2014) y en razón de ello “(…) el Banco procedió con la venta de cartera en el mes de diciembre de 2015 a Sistemcobro, siendo este el actual acreedor del accionante”.
“En efecto, si su pensión es su única fuente de ingresos, no se entiende como al verse disminuida por los descuentos para el pago del crédito, casi dos años después venga a interponer el amparo constitucional que nos ocupa, invocándola afectación al mínimo vital, pues si como antes se enunció, éste se caracteriza por una inminencia y una gravedad de tal envergadura que crean la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables para la protección del derecho amenazado (…)”.
Además, la solicitud radicada fue resuelta por Mapfre Seguros y comunicada por Helm Corrredores de Seguros, en donde se explicó con claridad que no se podía hace efectiva la póliza dado que “(…) el tomador, el antiguo Banco Santander, no reportó al señor Enrique Pérez Astudillo como asegurado dentro del grupo de personas asegurables, respuesta que en consideración de este despacho satisface de fondo la petición, si además se tiene en cuenta que no aparece prueba del contrato de seguro o la póliza respectiva, de manera que en este punto se presenta en realidad un hecho superado que igualmente hace improcedente el amparo invocado”.
15. Mediante auto del doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Magistrado Sustanciador, se ofició a Enrique Pérez Astudillo para que ratificara los hechos y las pretensiones contenidas en la acción de tutela de la referencia y suministrara cierta información adicional a la ya recaudada en el expediente.
Enrique Pérez Astudillo.
18. En relación con la información solicitada por esta Corporación, Enrique Pérez Astudillo ratificó los hechos y las pretensiones de la acción constitucional y el poder otorgado a su nombre. Del mismo modo, aclaró que estuvo en servicio activo en el Ejército Nacional durante más de nueve años, al haber prestado el servicio militar obligatorio y por haber sido soldado profesional.
Manifestó que no ha podido acudir al proceso ordinario para resolver su controversia, pues no ha contado con los recursos económicos para el pago de un abogado y en virtud de que sus especiales circunstancias de salud se lo impiden. En consecuencia, la tardanza en interponer la acción de tutela se fundó en que no tenía conocimiento de que podía acudir de forma directa a esta acción constitucional y además existió la confianza de que la entidad financiera iba a dar cumplimiento al contrato de seguro. Sin embargo, nunca se atendieron de fondo las diferentes peticiones y las respuestas otorgadas siempre fueron evasivas.
Aportó una solicitud radicada en el Banco Corpbanca el día ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), en la que solicitó hacer efectiva la póliza correspondiente, la cual se suma a la radicada el veinticinco (25) de marzo del mismo año. Esta última petición fue remitida por Helm Corredores de seguros a Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., quien negó el derecho al afirmar que el actor no fue reportado en la lista que incluía el grupo asegurable.
Pese a lo expuesto, no se entregó la póliza correspondiente, aun cuando se le solicitó de forma explícita en el auto de pruebas.
24. Dado que sólo hasta el momento en que se recibieron las pruebas solicitadas, el Banco Corpbanca y Helm Corredores aclararon que el contrato de seguro que cubría el riesgo de invalidez y muerte del actor no se había suscrito con Mapfre sino con Allianz Compañía de Seguros S.A., fue necesario vincular a esta última compañía mediante auto del dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
28. Legitimación por activa: Enrique Pérez Astudillo interpone acción de tutela mediante apoderado, acorde con el artículo 86 de la Carta Política, que establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá acudir a la acción de tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Es preciso advertir que en un principio el poder había sido otorgado por Julieth Ortiz Hernández, en calidad de compañera permanente del actor. No obstante, por requerimiento del auto de pruebas, el accionante de manera explícita confirmó los hechos, las pretensiones de la acción de tutela y el mandato otorgado en su nombre.
“(…) esta Corporación considera que, respecto de los numerales 1o. y 2o. del artículo 42 del decreto 2591, la acción de tutela debe proceder contra cualquier particular que preste un servicio público. Lo anterior porque, como se ha establecido, el servicio público de interés general prestado por un particular hace que éste asuma una posición de primacía material, con relevancia jurídica, que hace que ese particular, al trascender el plano de la justicia conmutativa que enmarca una relación de igualdad entre todos los seres de un mismo género, pueda, por medio de sus actos, cometer «abusos de poder» que atenten contra algún derecho fundamental de una o varias personas. Por ello ese «particular» debe ser sujeto de las acciones pertinentes, dentro de las cuales se encuentra la acción de tutela, que determinan la responsabilidad de quienes, se repite, han vulnerado o amenazado un derecho constitucional fundamental de cualquier persona”.
a) Una de las aproximaciones sobre el tema quedó estructurada en la sentencia T-520 de 2003 en donde se analizó si la actividad que realizan los bancos constituye un servicio público, dado que en esa oportunidad los jueces de instancia cuestionaron la naturaleza jurídica de esta actividad. La Corte, después de analizar la evolución del concepto de servicio público, advirtió que la actividad bancaria sí encaja dentro de esta noción y por tanto la acción de tutela era procedente, de conformidad con el inciso 5° del artículo 86.
Finalmente, se advirtió que, pese a que esta argumentación no era suficiente para concluir que la actividad financiera es un servicio público, esta categoría había sido otorgada legislativamente, en particular por el artículo 1° del Decreto 1593 de 1959 -no obstante que este artículo ya había sido derogado por el artículo 3° de la Ley 48 de 1968- y jurisprudencialmente a través de las sentencias T-443 de 1992 y SU-157 de 1999.
b) La sentencia T-587 de 2003 asumió que la acción de tutela procede contra las entidades bancarias en virtud del servicio público que prestan, pero para ello además se requiere que se demuestre una posición de indefensión o subordinación. Sobre el particular la Corte señaló “(…) en el caso de las actividades bancarias, la procedencia de la tutela se justifica en la medida en que (i) la entidad presta un servicio público, (ii) en el servicio prestado se presenta una disparidad de la posición contractual de las partes, o el banco tiene una posición dominante negocial, y (iii) se afecta con la actividad un derecho fundamental”.
c) Por último, en la sentencia T-468 de 2003 se estudió la solicitud de amparo de una cooperativa dedicada a la distribución de medicamentos, a quien una serie de bancos le terminaron los contratos de depósito en cuentas de ahorro y corriente por hacer parte de “la lista Clinton”. En esta ocasión, se concluyó que si bien ciertas funciones que prestan los bancos son servicios públicos, no toda actividad puede considerarse como tal, sino sólo aquéllas que impliquen una relación de usuario-servidor que traspase la simple relación contractual o legal. Es decir que la vulneración del derecho fundamental se produzca con ocasión de la prestación de dicho servicio.
En consecuencia, debe analizarse en cada caso si la acción de tutela que se dirige en contra de una entidad bancaria es procedente con sustento en que (i) el acto o la omisión cuestionada es expresión de una manifestación que implique un servicio público -numerales 1º y 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991- o por el contario, (ii) lo es en virtud de una relación de indefensión o subordinación con la parte accionante – numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991-.
Como ha sido establecido por esta Corporación, el concepto de servicio público está estrechamente vinculado con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los asociados. De modo que tal tipo de servicios se erigen en “(…) como instrumentos que le permiten al Estado alcanzar el ideal de justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva, bien sea que los preste directa o indirectamente, o que autorice a los particulares para hacerlo, en todo caso siempre serán su responsabilidad, la cual deberá cumplir de acuerdo con las disposiciones de la ley que rija su prestación, tal como lo dispone el artículo 365 de la Constitución (…)”.
En razón a la importancia y las consecuencias que tiene tal calificación, no cualquier servicio debe ser considerado como público. Sin embargo, tampoco es posible ignorar la naturaleza jurídica de aquéllos que son inherentes a la finalidad del Estado y que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución, exigen un control y una vigilancia especial a cargo de la organización estatal. De allí que deba decirse que la noción de servicios públicos no es estática dado que, como se expuso en la sentencia T-520 de 2003, se encuentra atada a las transformaciones sociales que implican que el Estado intervenga en mayor o menor medida en cierta actividad para darle cumplimiento a los fines sociales:
“Este concepto permite que el Estado regule tales actividades, otorgándoles a las personas que las ejercen una serie de derechos, facultades y prerrogativas, y permite que a la vez ejerza sobre ellos la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales. En esa medida, el aumento de la complejidad social y la creciente interdependencia entre actividades económicas y finalidades estatales, hacen que cada vez sean más las actividades privadas que interesan al Estado, y a las cuales éste les da un carácter institucional, clasificándolos jurídicamente como servicios públicos”.
Contrario a esto, si la relación entre los sujetos –fijada por la finalidad del servicio que es prestado por el particular- es simplemente contractual, se deberá determinar en cada caso si existe una posición de subordinación o indefensión, que del mismo modo hará procedente la acción de tutela, pero no ya por la prestación del servicio público que realiza el particular, sino porque el solicitante se encuentra en una relación de subordinación o indefensión respecto de la actuación u omisión cuestionada.
El hecho de no hacer parte del contrato de seguro y de someterse a las condiciones pactadas entre el Banco Corpbanca y la aseguradora evidencian una asimetría de la relación que hace procedente la acción constitucional, pues es el asegurado quien en este tipo de contratos se ha encargado de pagar la prima y quien es el titular del interés asegurable, pero quien a su vez se puede ver enfrentado al impago de la póliza, no obstante que -a su juicio- se concretó el siniestro.
En ese sentido, es posible advertir que el actor hubiera podido acudir al proceso ordinario civil, con el fin de solicitarle a la compañía de seguros correspondiente el pago de la póliza en favor del Banco Corpbanca. Sin embargo, en virtud de las condiciones especiales de vulnerabilidad del actor y de su grupo familiar se debe determinar que este proceso no es eficaz.
32.2. La Corte Constitucional ha determinado que en razón del delicado estado de salud y del contexto adverso en el que se puede encontrar una persona, es posible considerar a los mecanismos judiciales ordinarios como ineficaces “(…) en consideración a que las acciones ordinarias o ejecutivas civiles requieren del cumplimiento de unos términos mucho más extensos y de la evacuación de una etapas procesales que podrían tardar un tiempo en el cual se generen perjuicios a las condiciones dignas de vida de los accionantes”. En la sentencia T-240 de 2016, en la que se estudió una acción de tutela que buscó cuestionar la falta de pago de una póliza, se declaró que el amparo era procedente para conocer los casos de dos sujetos que tenían una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y en relación con los cuales se indicó que el juez constitucional debe ser más flexible, con el fin de ajustar el pronunciamiento a los postulados de igualdad material que exigen un tratamiento especial a las personas en condición de debilidad manifiesta.
Además, de conformidad con esta providencia, debe tenerse en cuenta que tal clase de asuntos pese a que la pretensión puede ser económica, va dirigida no sólo a resolver cuestiones estrictamente negociales, sino a proteger una presunta vulneración de un derecho fundamental. De modo que, en esta clase de controversias también se hace relevante el análisis de la presunta vulneración y (…) la relación inescindible que tiene la misma con los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de los núcleos familiares aquí representados. La afectación física que sufren los accionantes hace posible que la valoración del juez constitucional sea más comprensiva en estos eventos, pues no se trata de resolver cuestiones estrictamente negóciales, sino de atender al llamado de protección ante una posible vulneración de derechos fundamentales”.
“En cuanto al requisito de subsidiariedad, esta Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que surjan con las compañías aseguradoras deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado el carácter contractual y económico de la controversia, cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital de una persona, puede ser viable la acción de tutela para amparar tales derechos fundamentales, sobre todo si la persona está en una condición de salud que pone en peligro su vida y sus posibilidades de sobrevivir a un proceso ordinario son pocas, haciendo necesaria la intervención del juez constitucional”.
El cambio de situación del accionante a partir del momento en que adquirió la deuda es evidente, pasó de recibir una asignación mensual determinada a una pensión de invalidez de setecientos setenta y un mil ciento sesenta y un pesos ($771.161), a partir de la cual perciben su sustento su compañera permanente y sus dos hijas menores de edad. Del mismo modo, con el trascurrir del tiempo el riesgo de un cobro por las vías jurídicas y de un embargo se incrementa y exige de esta Corte el estudio, con carácter definitivo, de la presente acción de tutela.
Las dificultades de cualquier grupo familiar para enfrentar este tipo de situaciones y del estigma social que se genera en torno a estas afecciones de salud, conducen a la Corte a llamar la atención sobre este tema. Los problemas de salud mental, con frecuencia, terminan por generar un aislamiento social derivado de la concepción errada de que este tipo de afecciones son esporádicas y de la idea generalizada de que esta circunstancia no llegará nunca a ser parte de la vida personal. Esta cuestión se opone la realidad de que la ansiedad, el estrés y la depresión son comunes. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud advirtió, en un informe de salud mental del año 2004:
“(…) los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su totalidad, y no sólo a un segmento limitado o aislado de la misma y por lo tanto constituyen un desafío importante para el desarrollo general. No hay grupo humano inmune, empero el riesgo es más alto en (las personas) pobres, los sin techo, el desempleado, en las personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la violencia, los migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas y el anciano abandonado. En todos los individuos, la salud mental, la física y la social están íntimamente imbricadas. Con el creciente conocimiento sobre esta interdependencia, surge de manera más evidente que la salud mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones. Desafortunadamente, en la mayor parte del mundo, no se le acuerda a la salud mental y a los trastornos mentales la misma importancia que a la física; en rigor, han sido más bien objeto de ignorancia o desatención”.
No se puede ignorar que Enrique Pérez Astudillo, su compañera permanente y su hijo menor de edad pueden afrontar una problemática vital mayor, no sólo por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral tan alto, sino por factores como los siguientes: (i) la carga económica de los trastornos mentales que supone un peso emocional y financiero importante para la familia y el afectado; (ii) la falta de atención adecuada, los altos costos de los tratamientos y (iii) las barreras que impiden que las personas accedan a una atención apropiada.
Sin embargo, no es posible olvidar que la Corte Constitucional ha definido un conjunto de supuestos que justifican adelantar un examen flexible de este requisito de procedencia. Uno de ellos se presenta cuando “(…) a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata”.
34.5. A partir de lo expuesto encuentra la Corte, sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se presentarán, que en esta oportunidad no procede efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la obligación de Allianz Compañía de Seguros S.A. de efectuar el pago. En efecto, de las pruebas que obran en el expediente se puede concluir que ya han corrido los términos de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, como así se indica en el inciso 2º del artículo 1081 del Código de Comercio al establecer: [l]a prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”. Lo anterior, dado que fue el 17 de febrero de 2014 la fecha en el que la Junta Regional de Calificación del Huila le otorgó al accionante una pérdida de capacidad laboral del 71,96%. En consecuencia, los dos años -que hubieran dado sustento a la reclamación- vencieron el 17 de febrero de 2016, sin que el actor o el Banco Corpbanca hubieran acudido a las acciones que a su disposición tenían en contra de la aseguradora.
35. Las principales características de este tipo de contrato han sido desarrolladas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En particular en la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil once (2011) dicha Corporación se ocupó del asunto y apoyándose en diversas fuentes, se refirió a los principales aspectos de este contrato, que en decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional han sido reiterados.
35.2. Cuando se constituye dicha garantía, el deudor-asegurado normalmente se adhiere a las condiciones propuestas por el acreedor, quien en todo caso debe garantizar que el deudor adquiera la debida información acerca de las condiciones acordadas con la aseguradora. La Superintendencia Financiera, en la Circular Externa 029 de 2014, señaló que “(…) cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros, que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de esta Superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada”.
35.5. El interés asegurable en este tipo de contratos se ubica de forma principal y directa en cabeza del deudor, así al acreedor también le asista un eventual interés en el seguro de vida grupo deudores. En ese sentido, advirtió la Corte Suprema que existe una concurrencia de intereses, no excluyentes, entre los cuales predomina el del deudor asegurado. Esto explica porque se considera una práctica restrictiva de la competencia que los funcionarios de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de asegurabilidad, sin permitir que el consumidor financiero lo haga o lo conozca.
35.7. El tomador del seguro es el acreedor, quien obra por cuenta de un tercero determinado. El acreedor obra por cuenta ajena pues traslada a la aseguradora un riesgo que -en principio- no es propio, sino que está en cabeza del deudor. De conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, el acreedor está a cargo de las primas causadas.
38. La Carta Política de 1991 establece en el artículo 333 –entre otras cosas- que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y que la empresa, como base de desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Conforme a ello, se le asigna a la ley la función de delimitar el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés social. A su vez, el artículo 335 de la Constitución indica que las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras“(…) son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
En el fondo el error del actor se originó en estimar que la innegable relevancia genérica de la Constitución y su capacidad de irradiación dentro del ordenamiento jurídico, era suficiente para elevar incluso hasta el nivel constitucional la resolución directa de una situación para la cual la norma pertinente era una de menor jerarquía (el contrato). No tuvo presente que la relevancia genérica aludida, aunada a la falta de un pronunciamiento de la justicia ordinaria, no autoriza para atraer a la órbita constitucional – cuyas peculiares técnicas de positivación no son las predicables del resto del ordenamiento – los supuestos de hecho que ésta no ha contemplado expresa ni implícitamente ni en los que no están en juego los valores y principios constitucionales. Adicionalmente, los aludidos supuestos tampoco son susceptibles de incorporarse razonablemente a las cláusulas abiertas de la Constitución. No hay duda que su incumbencia directa se liga a otras normas específicas del ordenamiento.
Es importante advertir que no es suficiente para «desconstitucionalizar» – expresión que denota la ausencia de aplicación directa de la Constitución como quiera que la «genérica» se postula con carácter necesario habida consideración de la obligada interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución – un asunto encontrar en el ordenamiento una norma de rango no constitucional que de manera directa lo regule y que, por lo tanto, sea la más próxima a la materia controvertida. Deberá primeramente descartarse, como se ha hecho en este caso, la pertinencia directa de la Constitución. Desde luego si la autoridad pública aplica la norma inferior, prescindiendo de interpretarla de conformidad con la Constitución, sus normas, valores y principios, de modo que por ese motivo su decisión los contradiga, puede eventualmente presentarse, por este concepto, una violación directa de la Carta.”
La relevancia directa o específica de la Constitución que se traduce en la mayor pertinencia de sus normas para resolver una determinada cuestión gobernada –prima facie- por la libre iniciativa privada y las normas que legalmente disciplinan sus manifestaciones, se incrementará cuando el vínculo contractual tenga su punto de partida en una relación significativamente desigual. Por el contrario, dicha relevancia se modificará -tornándose genérica-, cuando el vínculo se configure y se ejecute en un contexto de simetría, paridad o igualdad que justifica la realización en la mayor medida posible de la libre iniciativa privada y, en esa dirección, de las normas legales que configuran su ejercicio.
40.4. Conforme a lo señalado, la relevancia constitucional de la actuación de una entidad aseguradora o bancaria, se incrementará –haciendo posible la aplicación directa de las normas con contenidos iusfundamentales y justificando la intervención del juez de tutela- cuando la relación sea de consumo y las prestaciones alrededor de las cuales gire la disputa se encuentren comprendidas por las normas que reconocen o concretan los derechos fundamentales. En buena medida, aunque ello no puede ser generalizado, es ello lo que ocurre con algunas de las actividades que la Constitución califica como de interés público y que, en razón de su naturaleza, habilitan profundas intervenciones de las autoridades públicas.
La definición de la responsabilidad por parte del juez constitucional en estos casos demanda, además de las pautas señaladas anteriormente, (a) identificar la actuación activa o pasiva de la aseguradora o de la entidad financiera, prima facie, contraria a la Constitución, (ii) determinar el deber incumplido y su vinculación con las normas constitucionales y (iii) definir el grado de incidencia de la actuación en la afectación de los derechos fundamentales del actor. Frente a este último aspecto es particularmente diciente la jurisprudencia constitucional, que ha exigido, como causa y justificación necesaria para la intervención del juez de tutela en asuntos contractuales, la evidente trasgresión de un derecho fundamental.
40.5. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que las actividades aseguradora y financiera deben desarrollarse de acuerdo con los límites derivados del respeto al bien común, la dignidad humana y la solidaridad social, conforme lo prevé el artículo 1° de la Constitución que irradia cualquier actuación en el Estado Social de Derecho. En esa dirección ha señalado que existen “(…) entonces unos límites a las actividades financiera y aseguradora que por mandado constitucional fueron declaradas de interés público. En esa medida, gozan de libertad contractual y autonomía privada, pero, deben desarrollarse en observancia de los valores y principios consagradas en la Constitución”.
Así, pues “(…) en un Estado Social y Democrático de Derecho, los derechos fundamentales tienen tal magnitud, que sus efectos no se agotan frente a actuaciones que provengan exclusivamente de autoridades públicas. Así, las dinámicas sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas, entre otras, llevan a particulares a lesionar o agredir derechos fundamentales que no pueden quedar desprotegidos (…)”.
41. Las entidades financieras y aseguradoras también deben someter sus actuaciones a los preceptos legales. A partir de la calificación de estas actividades como de interés público (art. 335), la Constitución le reconoce al Estado la posibilidad de ejercer -en relación con los particulares que las desarrollan- las funciones de (i) regulación, (ii) autorización, (iii) intervención, así como la de (iv) inspección, vigilancia y control.
41.1. Sobre la función de regulación, la sentencia C-909 de 2012, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad que se dirigía a cuestionar algunas disposiciones de la Ley 1328 de 2009 -en especial la definición amplia de consumidor financiero y la facultad de delegar en la Superintendencia Financiera la posibilidad de definir cuáles son las cláusulas y prácticas abusivas- indicó:
“(…) la libertad económica prevista en la Constitución, conforme a los modelos político y de mercado instituidos, se encuentra ampliamente protegida, pero a su vez requiere de delimitaciones legislativas, las cuales se insertan entre el reconocimiento de las garantías necesarias para el intercambio económico y la supremacía del bien común, en función de intereses generales que el constituyente ha identificado. De esta forma, mediante la intervención estatal, se garantiza la igualdad de oportunidades, corrigiendo las imperfecciones de dicho mercado, con el fin de permitir el acceso a los bienes y servicios de todas las personas, particularmente, de aquellas que cuentan con menores ingresos o se hallan en condiciones de debilidad manifiesta”.
41.2. En consideración a la relevancia que tiene regular este tipo de actividades es que, sobre el particular, se ha reconocido una amplia potestad del legislador y del ejecutivo. Esta Corporación, al referirse al sistema financiero –siendo también aplicables los mismos argumentos para la actividad aseguradora- agregó que su regulación es “(…) compartida entre el Congreso y el Presidente de la República, con fundamento en leyes marco depositarias de pautas generales y en procesos de ejecución y supervisión administrativas, para la inspección, vigilancia y control de las personas que realicen tal actividad u otra relacionada, enfocadas al manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al público”. Lo anterior, explica por qué se expidió la Ley 35 de 1993, por medio de la cual se dictaron normas generales y se señalaron los objetivos y los criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para reglar las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.
41.3. En este contexto se adoptó el Decreto Ley 663 de 1993 que reguló (i) la organización del sistema financiero y asegurador y, de forma detallada, definió las características, las condiciones mínimas, el patrimonio y el tipo de sociedad que puede desempeñar cada una de estas actividades. Por su parte, la Ley 1328 de 2009, tuvo por objeto (ii) establecer los principios y las reglas que rigen la protección del consumidor financiero, en la que se incluyó un listado de cláusulas y prácticas abusivas, las cuales se deben complementar -en virtud del literal d) del artículo 12- con las demás que establezca, de manera previa y general, la Superintendencia Financiera de Colombia.
42. En consideración a la naturaleza jurídica de las actividades financiera y aseguradora, así como en atención al tipo de relaciones que se establecen con los clientes-consumidores, el deber contractual de actuar de buena fe adquiere una importancia significativa. Sobre el alcance de dicho deber, la Corte Constitucional ha sostenido que “[e]l artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en las actuaciones de los particulares” siendo objeto de “desarrollo legislativo concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 de Código Civil (…) y 871 del Código de Comercio (…)”. Para la Corte, por virtud de la buena fe contractual “las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de aceptar la realización de una determinada prestación, se procederá con honestidad, lealtad y moralidad”.
Tales deberes, según lo ha puntualizado la doctrina especializada, tienen como finalidad la realización del interés común perseguido por las partes. Por tal motivo le son impuestos tanto al deudor como al acreedor, no sólo en la ejecución del contrato, sino también en la etapa precontractual y poscontractual. Si bien estas exigencias tienden a hacer más complejas las relaciones jurídicas entre las partes, reformulan el presupuesto de la igualdad formal, con el fin de reconocer la actuación de profesionales, productores o distribuidores de bienes y servicios que tienen la capacidad de imponer a su contraparte las condiciones contractuales.
Sobre este deber se ha indicado que cuenta con dos facetas. La primera exige del profesional el suministro de información en favor de la otra persona que o bien desconoce la materia objeto de contratación, o no tiene el conocimiento suficiente. La segunda, su manifestación negativa, implica “(…) el deber jurídico de abstenerse de engañar o de inducir en error al otro contratante. Se considera que quien tiene la información debe tomar la iniciativa para efectos de suministrarla a la otra parte de la relación e, incluso, debe indagar sus necesidades y su estado de conocimiento sobre el tema materia del respectivo contrato”. En razón de su naturaleza, es necesario resaltar que el deber de informar y el derecho a recibir información en el marco de la actividad financiera no se encuentra a disposición de las partes, en tanto constituye una garantía con un inequívoco fundamento constitucional.
46. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, constituye una forma de equilibrar la relación desigual y permite al consumidor el ejercicio pleno de sus derechos. Así fue puesto de presente en la sentencia T-277 de 2016:
47. En síntesis, la actividad financiera y aseguradora, pese a estar cobijadas por la garantía de la libre iniciativa privada, debe respetar la Constitución. Son intolerables las conductas que vayan en detrimento del marco jurídico previamente referido, pues si bien la libertad contractual “(…) permite a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad social y la prevalencia del interés general”. La infracción de cualquier límite constitucional, legal o de alguno que se pueda derivar de la buena fe en la ejecución del contrato de seguro, puede ser objeto de control jurisdiccional con el fin de que el Estado de Derecho, el interés público y los derechos fundamentales se realicen, de manera efectiva, en todos los ámbitos de actuación humana.
Lo anterior, de conformidad con los hechos probados, según los cuales el accionante se vinculó a un contrato de seguro grupo deudor –como así lo confirmó Allianz Compañía de Seguros en su intervención- con vigencia desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), el que cubría el riesgo de invalidez física superior al 50% de pérdida de capacidad laboral o su muerte. Además, se pudo constatar que el 17 de febrero de 2014 a Enrique Pérez Astudillo, mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL de 71,96% y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008). A partir de lo anterior, el actor reclamó el pago del siniestro tanto al Banco Corpbanca y a Helm Corredores de Seguros, quienes se limitaron a remitir esta reclamación a Mapfre que siempre adujo no tener vínculo alguno con el accionante. Sin embargo, sólo hasta que esta Corporación, en Sede de Revisión, solicitó que se aclarara la situación Helm Corredores y el Banco Corpbanca aclararon que el accionante figuraba como asegurado en un contrato suscrito con Allianz Compañía de Seguros. Es decir, que el accionante estuvo más de dos (2) años reclamando el pago del siniestro a la aseguradora equivocada.
Para la Corte esta conducta desconoció los límites constitucionales, legales y los derivados de la buena fe en el contrato de seguro, que rigen la actuación de las entidades que desarrollan actividades financieras. La ausencia de una indicación precisa acerca de la aseguradora a quien podría reclamarse el pago del saldo insoluto, en caso de demostrarse la ocurrencia del siniestro, le impidió al demandante no sólo formular adecuadamente la reclamación en los términos del inciso primero del artículo 1075 del Código de Comercio, sino también iniciar las acciones judiciales en contra de las sociedades aseguradoras. En particular, se desconoció el deber de información, el cual se encuentra consagrado en distintas disposiciones de la Ley 1328 de 2008, que exigen el suministro de información cierta, oportuna, suficiente y clara. El incontestable desconocimiento de este deber se dio a pesar de que el suministro de información en favor del consumidor financiero es una obligación especial de las entidades vigiladas y un elemento constitutivo del sistema.
49.2. La Corte constata que el Banco Corpbanca siendo tomador del seguro no ha tomado acciones ciertas contra la aseguradora. Contrario a esto, se ha esforzado por cuestionar la reclamación del accionante, pese a que éste no es su papel y a que tal circunstancia termina por agravar la situación del actor y de profundizar la desigualdad que caracteriza el acceso a este tipo de información. No estaba al alcance de Enrique Pérez Astudillo conocer cuál era la aseguradora a la que debía reclamar, si se tiene en cuenta que nunca se le entregó la copia de la póliza y los términos a los que se sujetó este contrato, aun cuando fueron explícitamente solicitados. Este proceder ignoró de manera absoluta que el interés principal asegurado por este contrato es el del deudor y, en consecuencia, la debida información acerca de las condiciones pactadas con la aseguradora revestía una significativa trascendencia.
49.4. A raíz de lo anterior, el incumplimiento del deber de información adquiere, en el contexto del actor, una significativa importancia constitucional. En primer lugar, (i) la omisión de la entidad financiera privó al accionante –quien sufre de serios padecimientos de salud, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 71,96% y de quien dependen dos menores de edad- de la posibilidad de reclamar efectivamente el pago de la póliza y en su defecto de demandar judicialmente la reclamación. En segundo lugar (ii) la infracción del deber de información en este caso tiene adquiere una trascendencia iusfundamental al adscribirse a los artículos 20 y 78 de la Constitución. En tercer lugar (iii) la actuación cuestionada en esta oportunidad impacta los derechos al debido proceso y al mínimo vital del actor, por cuanto el monto adeudado se acrecienta sin que exista una alternativa viable para evitar las consecuencias dañinas de la negligencia del Banco Corpbanca.
La omisión de reportar la reclamación a la aseguradora adecuada y mantener en el error al accionante –no obstante que era esta entidad financiera la que tenía el acceso a la información y estaba en el deber de suministrarla-, le quitó la oportunidad al señor Enrique Pérez Astudillo de reclamar el siniestro a Allianz Compañía de Seguros y/o de demandar judicialmente su reconocimiento, antes de que hubieren corrido los términos de la prescripción ordinaria. La actuación del Banco Corpbanca, al no haber suministrado la información suficiente pese a las dos solicitudes radicadas por el actor y a los múltiples reclamos realizados –según lo afirmó el Enrique Pérez Astudillo y no fue controvertido-, determinó que el demandante hubiera perdido la oportunidad de realizar la reclamación dentro de los términos estipulados para ello.
De modo que al no habérsele preguntado al actor si sufría de una enfermedad previa -para que fuera excluida de la póliza del seguro grupo deudor- no existió ninguna inexactitud en la información suministrada por el accionante y mucho menos la existencia de mala fe por parte de quien, en su oportunidad, no pudo declarar un riesgo. Hipotéticamente hablando, si se le hubiere reclamado el pago del siniestro a la aseguradora, no es posible que ella indicara que existía una reticencia en el caso estudiado, cuando la situación de salud de Enrique Pérez Astudillo no hizo parte de los términos del contrato de adhesión. Se opone al principio de buena fe limitar los riesgos que se amparan en un contrato de seguro, cuando no se han fijado previamente sus exclusiones.