Source: http://andragogos.blogspot.com/2010/08/texto-didactico-lic-sergio-vega.html
Timestamp: 2019-04-23 10:09:03
Document Index: 320997526

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo182', 'artículo 184', 'artículo 701', 'artículo 705', 'artículo 245', 'artículo 208', 'artículo 8', 'in dubio', 'artículo 385', 'Artículo 5', 'Artículo 186', 'Artículo 385', 'Artículo 196', 'Artículo 11', 'Artículo 324', 'Artículo 182']

"LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO”
Tutor: Dr. Carlos Interiano
Guatemala, julio del 2010
RESUMEN 03
PALABRAS CLAVE 04
INTRODUCCION 05
1. NOCIONES GENERALES DE LA PRUEBA 06
1.a Definición 06
1.b Acepciones de Prueba 08
1.c Naturaleza y finalidad de la prueba 11
1.d Objeto de la prueba 12
1.e Libertad Probatoria 15
2. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO 16
3. LAS PRUEBAS Y SU CLASIFICACIÓN 18
3.a Inspección y registro 18
3.b Documentos 18
3.c Testimonios 20
3.d Peritación 21
3.e Peritaciones especiales 25
3.f Reconocimientos 27
3.g Informes 27
3.h Careos 28
4. GARANTÍAS PROCESALES EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA 29
4.a Derecho general a la justicia 30
4.b Derecho general a la legalidad 30
4.c Derecho al juez regular 30
4.d Derecho de defensa 31
4. e Derecho a una sentencia justa 31
4. f Principio de la doble instancia 32
4. g Eficacia formal de la sentencia 33
4. h Derecho a la eficacia material de la sentencia 33
5. PROCEDIMIENTO PROBATORIO 34
5. a Principio de la carga de la prueba 34
5. b Principio de calidad de la prueba 35
5. c Valoración de la prueba 36
5. c.1 Sana crítica razonada 37
5. d Prohibiciones en la valoración de la prueba 40
La prueba en el proceso penal es el medio más confiable para descubrir la verdad real y a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales.
El presente texto didáctico que a continuación se desarrolla en cinco capítulos, contiene, en el primer capítulo el estudio doctrinario y legal de la prueba en el proceso penal guatemalteco, iniciando con la definición de la misma, las distintas acepciones que existen de prueba, la naturaleza, finalidad, objeto y libertad probatoria.
El segundo capítulo desarrolla el tema la prueba en el proceso penal guatemalteco y al respecto se expone, cómo nuestro ordenamiento procesal penal, contenido en el Decreto 51-92 del Congreso de la República hace referencia a la prueba, así también lo que al respecto exponen los tratadistas y estudiosos del derecho, guatemaltecos y extranjeros. El tercer capítulo detalla cada una de las pruebas y su clasificación, haciendo honda referencia en cuanto a los elementos probatorios, su descripción, así como el momento procesal oportuno para ser propuestos y diligenciados dentro de un proceso penal, por ejemplo la inspección y registro, documentos, correspondencia, testimonios, peritaciones, informes, careos, etc.
Al respecto el cuarto capítulo hace referencia a las garantías procesales en la actividad probatoria, es decir describe cada uno de los derechos que se exige dentro de un proceso penal, para el efecto de que la prueba se constituya en prueba legal y pueda de esta manera contribuir a dilucidar un hecho ilícito, las circunstancias en que este pudo ser cometido, el establecimiento de la participación de las personas sindicadas, con el objeto de emitir una sentencia justa.
Por último el quinto capítulo desarrolla el procedimiento probatorio, haciendo referencia al procedimiento que el Código Procesal Penal Guatemalteco, acepta como válido para que un elemento probatorio pueda ser incorporado al proceso y se constituya en prueba legal, para el efecto también se aborda lo relativo a los principios propios de la actividad probatoria, como lo son el principio de carga de la prueba, principio de calidad de la prueba, la valoración de la prueba y las prohibiciones a la misma.
Constituye pues un profundo análisis de la actividad probatoria dentro del proceso penal guatemalteco, mismo que será de utilidad para que el estudiante del octavo semestre de la carrera de Abogado y Notario, se nutra de los conocimientos necesarios para que en el futuro se pueda desenvolver con éxito como profesional del derecho, dentro de la rama del derecho penal guatemalteco.
La prueba es la certeza sobre una afirmación de la cual se dudaba, después de que esta ha sido confrontada con otras y confirmar su exactitud o eficacia; si de la confrontación de la afirmación o cosa de la que se duda con otras cosas o afirmaciones encontramos que se produce desacuerdo, es indicio de error o ineficacia y diremos que aquella se invalida.
Por ejemplo, la afirmación “todo lo que sube tiene que bajar”, se somete a la prueba, la cual consistirá en repetir un determinado número de veces el lanzamiento de un objeto al aire. Si todas las veces ensayadas el objeto lanzado cae, la afirmación queda confirmada, pero con una vez que esto no suceda la afirmación se invalida
En sentido judicial, probar es la confrontación de la versión que cada una de las partes tiene de los hechos, acompañada de medios de prueba para respaldarlos.
La divergencia entre uno que afirma y otro que niega exige una investigación que determine con la mayor exactitud posible la existencia de los hechos objeto de la controversia o bien la inexactitud o inexistencia de los mismos. El resultado de la investigación constituye la prueba.
El presente texto didáctico, pretende proporcionar al estudiante las nociones generales de la prueba en el proceso penal e Identificar las distintas instituciones generales de la prueba, por lo tanto su contenido temático, desarrolla en forma profunda la institución de la prueba, que como de todos es sabido, constituye el elemento fundamental en todo proceso.
LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO
1. NOCIONES GENERALES DE LA PRUEBA
La prueba es aplicable al juicio penal, civil, laboral, etc., así también se aplica a otros campos de la actividad humana y en ese orden de ideas, la prueba tiene un sentido ordinario y un sentido judicial. En sentido amplio, prueba significa ensayo, experimentación, revisión, confrontación con el objeto de establecer si un hecho o una idea se traduce o no en los resultados previstos.
Es confrontar la teoría con la realidad práctica.
Los hechos se reconstruyen ante el juez o el tribunal incorporando la prueba, el juez o el tribunal controla la prueba y por medio de una operación mental la valora, las confronta entre sí, reconstruye el hecho y en la sentencia establece:
- La existencia o no del hecho estimado como delictivo.
- La responsabilidad penal del acusado.
- La calificación legal del delito.
- La pena a imponer.
- Las demás cuestiones que de acuerdo con la ley se deban resolver, a efecto restablecer el orden jurídico quebrantado, mediante un fallo condenatorio o absolutorio para el imputado (Articulo 386 Código Procesal Penal).
1.a DEFINICIÓN:
En sentido amplio, cabe decir que prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente. Esta noción llevada al proceso penal, permitiría conceptuar la prueba como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el aquel son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantitiva.
La prueba penal no ha evolucionado siempre acompañando los adelantos de la civilización, sino más bien, superados ciertos estadios de primitivismo, ha seguido los vaivenes de los sistemas políticos vigentes en los distintos momentos de la historia.
Sin embargo a muy grandes rasgos, es posible establecer dos momentos netamente definidos, el primero se ponía a cargo de la divinidad el señalamiento del culpable y los tribunales se limitaban a practicar los actos necesarios para que aquella se manifestara. En el segundo, se impuso a los jueces el deber de formarse por sí mismos el convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad intelectual; aquí apareció la prueba.
En este último contexto la prueba penal de nuestros días puede caracterizarse por la utilización de novedades técnicas y científicas, especialmente captadas por la prueba pericial para el descubrimiento y la valoración de datos probatorios, y la consolidación de reglas de la sana crítica racional en la apreciación de resultados. Todo ello dentro de un marco de respeto por la persona del imputado y de reconocimiento de los derechos de todas las partes privadas.
“Prueba es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso penal son investigados y respecto de los cuales pretende actuar la ley sustantiva”[1].
Según la terminología del Código Procesal Penal Guatemalteco, prueba sólo será lo actuado en el juicio oral, mientras que todo el material reunido durante la investigación es denominado elementos de convicción. Sin embargo la normativa de valoración y legalidad de la prueba rige también para los elementos de convicción, por ejemplo un juez no podrá basarse en un elemento de convicción ilegalmente obtenido para fundamentar una orden de aprehensión. Al respecto los artículos 181 y 183 del Código Procesal Penal, hacen referencia a las características que debe llenar la prueba para ser admisible.
Visto desde una óptica técnicamente más estricta, el fenómeno de la prueba presenta cuatro aspectos que pueden ser analizados por separado, aun cuando en el léxico jurídico ordinario no siempre se distinga con precisión: a) el elemento de prueba, b) el órgano de prueba, c) el medio de prueba y d) y el objeto de la prueba.
1. b ACEPCIONES DE PRUEBA
ELEMENTO DE PRUEBA: o prueba propiamente dicha, es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Del concepto así expuesto se desprenden los siguientes elementos:
a. Objetividad: El dato debe provenir del mundo externo al proceso y no ser mero fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditación objetiva. Y su trayectoria (desde fuera hacia dentro del proceso) debe cumplirse de modo tal que pueda ser controlada las partes.
b. Legalidad: La legalidad del elemento de prueba será presupuesto indispensable para su utilización en abono de un convencimiento judicial válido. Su posible legalidad podrá originarse en dos motivos: por su irregular obtención o por su irregular incorporación al proceso.
b.1 Obtención ilegal. Aunque no haya reglamentación expresa, la tutela de las garantías individuales, constitucionalmente reconocidas exigirá que cualquier dato probatorio que se obtenga en violación de ellas sea considerado ilegal por ende, carezca de valor para fundar la convicción del juez.
En ese sentido se ha resuelto por ejemplo, que la prueba recogida infringiendo la garantía de la inviolabilidad del domicilio carece de actitud probatoria y que corresponde dejar sin efecto la resolución dictada en contra del imputado si en ella se meritan pruebas recogidas de un allanamiento y secuestro insalvablemente nulo.
Este importante aspecto no ha sido siempre bien advertido pues frente a la importancia de la prueba ilegalmente obtenida, a veces se ha olvidado que la justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario a la ley sin incurrir en una contradicción fundamental.
En principio la tacha de ilegalidad deberá alcanzar no sólo a las pruebas que constituyan en sí mismas la violación de la garantía constitucional, la confesión obligada por ejemplo, sino también a las que sean su consecuencia inmediata.
b.2 Del Orden jurídico vigente surge la prohibición de utilizar ciertos métodos para la obtención de pruebas. Así cabe considerar proscritas todas aquellas formas de coacción directa, física o psíquica sobre las personas, que puedan ser utilizadas para forzarlas a proporcionar datos probatorios
b.3 La protección de algunos intereses considerados más importantes que el descubrimiento de la verdad, que determina en ciertos casos la prevalecencia de aquellos sobre ésta, puede derivar en obstáculos probatorios. Tal sucede por ejemplo, cuando en aras de la cohesión familiar se prohíbe a los ascendientes o descendientes del imputado declarar como testigos en su contra.
b.4 Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser constreñido a producir pruebas en contra de su voluntad, pues aquellas le reconocen la condición de sujeto incoercible del proceso penal. Tampoco se podrá utilizar como indicio de culpabilidad el hecho de que el imputado se abstenga de declarar o que al hacerlo mienta o el modo en que ejerza su defensa o su negativa a intervenir en un careo.
ORGANO DE PRUEBA: Órgano de prueba es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su función es la de intermediario entre la prueba y el juez[2] . Por ejemplo en una declaración testimonial, el órgano de prueba es el testigo. La persona pudo haber adquirido el conocimiento de esa información de forma accidental (testigos) o bien porque se lo requirió el Ministerio Público, el juez o el tribunal que conociera sobre el mismo y diera su opinión experta sobre determinados puntos de hecho (peritos).
Medio de Prueba: En términos generales, es todo aquello que sirve para establecer la verdad de un hecho importante para el juicio: es un vehículo de conocimiento que debe manifestarse ante el juez o tribunal y los sujetos procesales. Medio de prueba es el procedimiento establecido en la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso.[3]
Su regulación legal tiende a posibilitar que el dato probatorio existente fuera del proceso penetre en él para ser conocido por el tribunal y las partes, con respecto del derecho de defensa de éstas. Con este ambivalente propósito, la ley establece separadamente los distintos medios de prueba que acepta, reglamentándolos en particular a la vez que incluye normas de tipo general con sentido garantizador restrictivo de los derechos de los sujetos procesales privados. Medio de prueba es el procedimiento que la ley contempla para que el juez y los sujetos procesales perciban, aprehendan directamente el objeto de prueba. Es la operación en virtud de la cual se verificará el contacto directo o indirecto, entre el juez y el objeto de la prueba
ACCION DE PROBAR: Está referida esencialmente a la carga de la prueba, quien acusa tiene la obligación de acreditar los extremos de la acusación en la cual basa su acción, ya que si esto no ocurre, lógicamente perderá el juicio y el acusado será absuelto.
RESULTADO: finalmente prueba como resultado de la actividad probatoria, equivale a decir que, en la sentencia el tribunal dirá que hay prueba o no la hay, lo cual depende de que los elementos de juicio ofrecidos por los sujetos obligados a probar la acusación resulten suficientes o insuficientes para ello; decir prueba en este sentido ha de entenderse como el estado mental o psicológico de certeza positiva o negativa o bien de duda, producido en el juez o tribunal, por los elementos de juicio llevados a cabo en el debate y referidos a la existencia de los hechos objeto del mismo.
1.c NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA PRUEBA
Toda decisión que resuelve un conflicto penal presupone la previa determinación de la existencia o inexistencia de un hecho relevante para el Derecho Penal y sobre el hecho cuya existencia se ha determinado recae la aplicación de la ley con la finalidad de restablecer el equilibrio jurídico perturbado, para ello, el tribunal absuelve o condena.
Para ejercer la acción penal y llegar a una sentencia, es necesaria e indispensable la investigación ya que permite: identificar, recolectar evidencias y medios que posibilitan al titular de la acción penal sustentar el señalamiento del imputado en la comisión del hecho delictivo de que se trate, lo que posibilitara más tarde llevar a juicio al acusado.
El resultado de la investigación es lo que en su momento se ofrecerá e incorporará como medio de prueba al debate. Del análisis y valoración de esos medios de prueba el tribunal tendrá por probada o no la acusación y dictara su fallo.
La ley procesal obliga al titular de la acción penal a probar su imputación o acusación y en consecuencia a generar la certeza en el ánimo de los juzgadores acerca de la culpabilidd del o los acusados; en tanto que a la defensa le basta con provocar una duda razonable en los mismos jueces para que estos absuelvan a sus patrocinados. Claro que esto no autoriza una actitud pasiva y acomodaticia, obviamente la defensa tiene la obligación de probar aquellas circunstancias que justifique o califiquen, disminuyan o autoricen la conducta de su representado.
Cada parte sostendrá una hipótesis: la acusación, representada por el Ministerio Público y/o querellante adhesivo, sustentará la hipótesis de la acusación y la defensa la suya propia. Cada parte deberá probar la exactitud de su posición así como la inexactitud de la del contrario. El tribunal optará por una tercera hipótesis que constituye la hipótesis judicial, conformada por los hechos que estime probados o no y sobre la base de ellos decidirá.
La finalidad de la prueba así como la del proceso penal es el descubrimiento de la verdad en la medida que sea posible y con respeto irrestricto al debido proceso.
1.d OBJETO DE LA PRUEBA
El objeto de la prueba es todo aquello que puede ser probado y recae sobre hechos físicos, psíquicos, humanos, naturales (un daño, la intención, cualquier acción o una tempestad respectivamente).
Son objeto de prueba la experiencia común (usos y costumbres) locales, regionales y universales, y el derecho extranjero siempre y cuando todos estos aspectos sean objeto de la controversia.
Pero no son objeto de prueba los hechos notorios y evidentes ni el derecho vigente y positivo o aquellos hechos sobre los cuales las leyes prohíben en forma expresa que sean objeto de prueba, por ejemplo: la prueba sobre la veracidad de las injurias.
En el proceso penal la prueba ha de versar sobre la existencia del hecho delictivo objeto de la acusación, así como las circunstancias calificantes, agravantes, atenuantes o justificantes que tengan relevancia en la punibilidad o tiendan a probar la extensión del daño causado. Dentro del proceso penal, el objeto de la prueba necesariamente tiene que versar sobre la individualización de los autores o partícipes en la comisión del delito, así como las circunstancias personales que aseguren dicha individualización y sirvan para los efectos de fijación e la pena.
Al respecto el artículo la ley penal adjetiva establece “El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma”[4]
La búsqueda de la verdad de los hechos y la verdad judicial implica necesariamente confrontación y verificación de las afirmaciones de las partes, con los elementos de convicción que se aporte al tribunal durante el juicio, elementos estos que acreditarán o invalidarán las respectivas afirmaciones.
De ahí que la prueba es un método de determinación de los hechos y que su objeto es la verdad, entendida como certeza.
Como consecuencia la tarea del fiscal es dirigir la investigación y así obtener los elementos necesarios y suficientes para justificar la investigación de una persona de la cual se sospecha que ha cometido un ilícito penal y obtener su procesamiento; que justifiquen la solicitud de la acusación y apertura a juicio, porque existe la posibilidad de que en el juicio se pueda producir en el ánimo de los jueces la certeza necesaria para obtener un fallo de condena, porque resultó establecido el hecho pasado, cómo sucedió, quién lo cometió y en qué circunstancias.
La tarea del defensor consiste en conocer a la perfección el caso que el fiscal ha logrado construir, tener la habilidad para que su defendido le proporcione información necesaria y poder obtener los elementos que le permitan contradecir, desvirtuar, desacreditar o crear duda sobre la hipótesis acusatoria.
La tarea del juez o tribunal consiste en determinar si el hecho bajo conocimiento fue probado o no con los elementos de convicción que le sean aportados durante el juicio y luego en contra la ley aplicable al mismo.
Al respecto la licenciada Yolanda Pérez Ruiz expone “si el objeto del proceso y la prueba es la verdad, una sentencia justa debe ser fiel expresión de esa verdad”[5]
El tribunal tiene la facultad de aceptar como cierta o no la acusación, dependiendo de si esta concuerda con la prueba incorporada al debate y ha resistido la contraprueba que también se haya incorporado.
Sabemos que existe una imposibilidad material y lógica de llegar a la verdad y que humanamente sólo es posible arribar a la certeza, que es el grado máximo de la creencia de que algo es cierto y por supuesto, ninguna prueba puede darnos la seguridad de que una acusación ha sido suficientemente probada y considerar que una inducción judicial de condena tiene justificación absoluta.
Por lo anterior se justifica que nuestra legislación prevea como garantías procesales insoslayables la necesidad de la prueba, el derecho a contradecir esa prueba y la obligación judicial de fundamentar, razonar, de decir el porqué de su convicción.
El juicio penal predominantemente contradictorio que nos es propio, se configura como una competencia inter parte en la cual el juez o el tribunal tienen la tarea de dirimirla
Por ello el proceso penal en general y el juicio en particular no son una cuestión puramente intelectual, sino los presupuestos sobre los cuales se decide acerca de las libertades de un ciudadano.
Es imperativo entonces, que la hipótesis acusatoria se formule de tal manera que implique la verdad de varios datos probatorios, la explicación de todos los datos disponibles y que se vea confirmada por una combinación de pruebas coherentes entres sí caso contrario no podrán darse las condiciones necesarias y suficientes para inducir a una decisión de culpabilidad.
La garantía de contradictorio, o sea la imposibilidad de contradecir o desvirtuar o desacreditar la prueba estriba en que hay imposibilidad de verificación de una hipótesis acusatoria y la prueba a producir, ha de ser como mínimo necesaria para convencer al tribunal de la culpabilidad. Basta una sola contraprueba o refutación para justificar la absolución.
Las garantías anteriormente mencionadas se ven perfeccionadas con la garantía de la fundamentacion del fallo, por medio de la cual se asegura la imparcialidad del tribunal acerca de la elección, por parte de éste, de una de las hipótesis sostenidas por las partes. El tribunal aceptará la hipótesis de la acusación como verdadera si está confirmada por varias pruebas y no ha sido desmentida en alguna medida y ha generado duda en su ánimo, en este último caso la duda se resuelve aplicando el principio in dubio pro reo.
1.e LIBERTAD PROBATORIA
“El principio de libertad probatoria ha sido caracterizado diciendo que en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier medio de prueba”[6].
Su vigencia se justifica plenamente en cuanto se lo relaciona con la necesidad de alcanzar la verdad real extendiéndose tanto al objeto como a los medios de prueba. Sin embargo el principio no es absoluto, puesto que hay distintos tipos de limitaciones.
En relación con el objeto de la prueba, en virtud de la máxima en cuestión, es posible hacer prueba sobre cualquier hecho o circunstancia interesante para la investigación. Tal interés debe derivar de la relación entre lo que se quiere probar y los hechos de la causa (pertinencia).
En materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento, contenido en el objeto del procedimiento y, por tanto, importante para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba. Existe pues, libertad de prueba tanto en el objeto (recogido en el Código en su artículo182) como en el medio (Arts.182 y 185 del CPP).Sin embargo, este principio de libertad de prueba no es absoluto, rigiendo las siguientes limitaciones:
1º En cuanto al objeto se debe distinguir) Limitación genérica: Existen unos pocos hechos, que por expresa limitación legal, no pueden ser objeto de prueba: Por ejemplo, no puede ser objeto de prueba la veracidad de la injuria (Art. 162 del CP con la excepción del Art. 414 CP). Tampoco podría ser objeto de prueba el contenido de una conversación, sometida a reserva, entre un abogado y su cliente, sin la autorización de este último. (Art. 104 y 212 del CPP).
b) Limitación específica: En cada caso concreto no podrán ser objeto de prueba hechos o circunstancias que no estén relacionados con la hipótesis que originó el proceso, de modo directo o indirecto (prueba impertinente).2º En cuanto a los medios: a) No serán admitidos medios de prueba que vulneren garantías procesales o constitucionales, como un allanamiento ilegal o una confesión obtenida mediante tortura o malos tratosb) El estado civil de las personas sólo podrá probarse a través de los medios de prueba señalados en los códigos civil y procesal civil y mercantil. El artículo 184 señala que no será necesario probar hechos que se postulen como notorios (por ejemplo, si en 1994 era Presidente de la República Ramiro de León Carpio). Para ello, es necesario el acuerdo del tribunal y las partes, aunque el Tribunal de oficio puede provocar el acuerdo.
2. EL PROCESO PENAL GUATEMALTECO
Dentro del proceso penal guatemalteco, al tenor del decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, dentro del título III, Capítulo V, que comprende los artículo s del 181, al 253, establece en forma clara todo lo referente a la prueba dentro del proceso penal guatemalteco, es decir la objetividad de la misma, la libertad probatoria, en cuanto a la prueba inadmisible, los hechos notorios, otros medios de prueba y la valoración de la misma. Detalla asimismo cada uno de los elementos probatorios que nuestra legislación penal adjetiva admite y la forma legal que cada uno de ellos debe ser obtenido para su plena validez y su incorporación dentro del proceso penal, esto con sujeción a las garantías y derechos constitucionales y procesales de cada una de las partes que intervienen dentro del proceso penal guatemalteco, misma que en los demás capítulos se harán referencia a cada uno de ellos. Expone también lo relativo a la valoración de la prueba en los artículos 186 y 385, la cual debe hacerse con sujeción a las reglas de la sana crítica razonada. “Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este Código”[7]. Este extremo a manera de ratificación lo expone posteriormente al decir “para la deliberación y votación, el tribunal apreciará las pruebas, según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos..”[8]
Existen distintos sistemas para valorar la prueba, vamos a señalar los más importantes:
1º Sistema de prueba legal o prueba tasada: En este sistema, la ley procesal explica bajo qué condiciones el juez debe condenar y bajo cuáles debe absolver, independientemente de su criterio propio.
El código procesal penal anterior se basaba en este sistema. Por ejemplo, el artículo 701 estipulaba que la confesión lisa y llana, con las formalidades de la ley, hacía plena prueba o el artículo 705 que establecía que no hacía prueba en adulterio la confesión de uno solo de los encausados. De fondo este sistema se basa en la desconfianza hacia los jueces y pretende limitar su criterio interpretativo.
2º La íntima convicción: En el sistema de íntima convicción, la persona toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales de valoración probatoria, sino que en base a la prueba presentada debe decidir cuál es la hipótesis que estima como cierta. A diferencia del sistema de sana crítica razonada, no se exige la motivación de la decisión. Este sistema es propio de los procesos con jurados.
3º La sana crítica razonada: El juez debe convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero en base a un análisis racional y lógico. Por ello es obligatorio que el juez motive todas sus decisiones, demostrando el nexo entre sus conclusiones y los elementos de prueba en los que se basa. La motivación requiere que el juez describa el elemento probatorio y realice su valoración crítica. La motivación es requisito esencial de la sana crítica, ya que de lo contrario la resolución del juez sería incontrolable y podría ser arbitraria. Si bien la valoración de la prueba es tarea eminentemente judicial, el fiscal deberá recurrir a la sana crítica para elaborar su hipótesis y fundamentar sus pedidos.
3. LAS PRUEBAS Y SU CLASIFICACIÓN
3.a INSPECCIÓN Y REGISTRO
1. A juicio del funcionario que practique la inspección o a petición de parte, se levantarán los planos y se tomarán las fotografías que fueren convenientes, y
2. De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que en ella hubiesen intervenido.
En caso de lesiones, al sanar el lesionado, los jueces o tribunales darán fe de las consecuencias apreciables que aquéllas hubieren dejado, practicando la inspección respectiva, de la que se levantará acta sucinta.
Los documentos que presenten las partes o se relacionen con la materia del proceso, se agregarán al expediente, asentando razón en autos; pero si fuere difícil o imposible obtener otro ejemplar de los mismos o se temiere que sean sustraídos se mantendrán en lugar seguro, agregando a los autos copia autorizada.
Cuando alguna de las partes pidiere copia o testimonio de algún documento que obre en los archivos públicos, las otras tendrán derecho a pedir, dentro de tres días, que se adicione con lo que crean conducente del mismo documento o del mismo asunto, y el Juez o la Sala resolverán de plano, si es procedente la adición solicitada.
La compulsa de documentos existentes fuera de la jurisdicción del Tribunal en que se sigue el proceso, se hará a virtud de oficio o exhorto que se dirigirá al Juez del lugar en que aquéllos se encuentren.
Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, que presente el otro, se reconocerán por aquél, y para ello se le mostrarán originales y se le dejará ver todo el documento.
Cuando el Ministerio Público creyere que pueden encontrarse pruebas del delito en la correspondencia que se dirija al acusado, se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. El Ministerio Público pedirá al Juez y éste ordenará que se recoja dicha correspondencia;
2. La correspondencia recogida será abierta por el Juez en presencia de su Secretario, del Agente del Ministerio Público y del acusado, si estuviere en lugar;
3. El Juez leerá para sí esa correspondencia y si no tuviere relación con el hecho que se averigüe, la devolverá al acusado o a alguna persona de su familia, si aquél estuviere ausente;
4. Si tuviere alguna relación con el hecho material de la averiguación, el Juez comunicará su contenido al acusado y mandará agregar el documento a la averiguación;
5. el Juez ordenará a petición de parte, si lo estimare conveniente, que cualquiera oficina telegráfica facilite copia de los telegramas por ella transmitidos o recibidos, siempre que esto pueda contribuir al esclarecimiento de un delito, y
6. El auto que se dicte en los casos a que se refieren las fracciones I y V anteriores, determinará con precisión la correspondencia epistolar o telegráfica que haya de ser examinada.
Cuando a solicitud de parte interesada, el Juez mande sacar testimonio de documentos privados existentes en los libros, cuadernos o archivos de comerciantes, industriales o de cualquier otro particular, se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. El que pida la compulsa deberá fijar con precisión la constancia que solicita;
2. EL Juez, en audiencia verbal y en vista de lo que aleguen el tenedor y las partes, resolverá de plano si debe hacer o no la exhibición.
Los documentos públicos y privados podrán presentarse en cualquier estado del proceso, hasta antes de que éste se declare visto, y no se admitirán después sino con protesta formal que haga el que los presente, de no haber tenido conocimiento de ellos anteriormente.
Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse y se decretará el cotejo de letras o firmas que practicarán los peritos con asistencia del funcionario que lo decretó.
El cotejo se hará con documentos indubitables o que las partes reconozcan como tales; con documentos reconocidos judicialmente y con el documento impugnado, en la parte que no hubiere sido tachada de falsa por aquél a quien perjudique la falsedad.
3.c TESTIMONIAL
Si por las revelaciones hechas en las primeras diligencias o en la querella, o de cualquier otro modo, resultare necesario el examen de alguna persona para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, de sus circunstancias o de quien pueda ser el delincuente, el Juez, a solicitud de las partes, procederá a dicho examen.
“La prueba testimonial, se desarrolla en la audiencia del juicio oral, por medio de la palabra hablada de parte de la persona que se presentó, admitió y constituyo como testigo. La prueba testimonial, regularmente es la más abundante dentro del debate y por ello ostenta la más ardua tarea de intervención de las partes en el proceso”[9].
Los testigos ausentes serán examinados por conducto del Juez del lugar de su residencia, sin que esto estorbe la marcha de la investigación, ni la facultad del Juez para declararla agotada, cuando las partes estimen reunidos los elementos necesarios para el efecto.
Si las personas a que se refiere el artículo anterior, tuvieren voluntad de declarar espontáneamente, se recibirá su declaración.
No serán compelidos a declarar, las personas que están obligadas a guardar un secreto profesional acerca de los hechos que bajo él conozcan, sin previo y espontáneo consentimiento de las personas respecto de quienes tengan dicha obligación.
En el caso del artículo anterior, si no pudiere obtenerse otra prueba de los hechos objeto del proceso, el Juez o la Sala, oyendo a las partes y al mismo testigo, resolverá que es necesaria su declaración y, dictada esta resolución, podrá el testigo ser compelido a declarar.
Son aplicables a la diligencia de examen de los testigos, las siguientes disposiciones:
- Los testigos deberán ser examinados separadamente, tomando todas las medidas necesarias para que no se comuniquen entre sí;
-Sólo las partes podrán asistir a la diligencia, a menos de que el testigo sea ciego, sordo, mudo o ignore el idioma castellano;
-Si el testigo fuere ciego, el funcionario que practique la diligencia designará a otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de que éste la haya ratificado.
-Las respuestas del testigo sobre las circunstancias a que se refiere la fracción anterior, se harán constar en el acta;
EL Ministerio Público y la defensa tendrán derecho a interrogar al testigo, pero el Juez o la Sala podrán disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto, cuando así lo estimen necesario, tendrán facultad de; desechar las preguntas que, a su juicio, sean capciosas o inconducentes y podrán, además, interrogar al testigo sobre los puntos que estimen convenientes;
Los testigos darán razón de su dicho, haciéndose constar en la diligencia;
Si la declaración es relativa a un hecho susceptible de dejar vestigios permanentes en algún lugar, el testigo podrá ser conducido a el para que haga las explicaciones convenientes.
Cuando el testigo fuere obligado a ocurrir desde un lugar distante más de veinte kilómetros del en que se practique la averiguación, tendrá derecho a indemnización que prudentemente fijará el Juez y que pagará el erario, si la citación hubiese sido decretada a solicitud del Ministerio Público; pero si la declaración fue decretada a petición de parte, esa indemnización será pagada al testigo por la persona que solicitó la declaración.
En el supuesto último del anterior artículo, el oferente de la prueba testimonial depositará el importe de la indemnización, antes de que se proceda a citar al testigo.
Si el testigo se hallare en la misma población, pero con impedimento físico para presentarse en el juzgado, sea por causa de enfermedad, ancianidad o cualquiera otra suficiente a juicio del Juez, el personal del Juzgado se trasladará al domicilio del testigo para tomarle su declaración.
Cuando el testigo se niegue sin causa justa a comparecer o se resista a declarar, será apremiado por los medios legales.
Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca de un hecho delictuoso, de sus circunstancias o de la persona del acusado o del ofendido, se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. El Juez a pedimento del Ministerio Público o de alguna de las otras partes, podrá, si lo estima necesario, decretar el arraigo del testigo por el tiempo que fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración;
2. Si resultare que la persona arraigada lo ha sido innecesariamente, tendrá derecho a exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios que con la detención se le hubieren causado, y
3. No procederá lo dispuesto en la fracción anterior, cuando el arraigo se hubiese decretado a instancia del Ministerio Público.
3.d PERITACIÓN
“La pericia es el medio probatorio con el que se intenta obtener un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que resulta útil para la valoración de un elemento de prueba”[10].
Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos.
Los peritos que dictaminen serán dos o más; pero bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido, cuando haya peligro en el retardo o cuando el caso sea de poca importancia.
El Ministerio Público, el procesado o su defensor y la parte ofendida, tendrán derecho a nombrar peritos y a los nombrados se les hará saber su designación y se les ministrarán los datos que necesiten para que emitan su opinión.
La opinión de los peritos nombrados por las partes a que se refiere el artículo anterior, incluyendo la del perito nombrado por el Ministerio Público, podrá no atenderse en las diligencias que se practiquen o en las providencias que se dicten durante la instrucción, pudiendo el Juez normar sus procedimientos por la opinión del perito o peritos nombrados por él.
Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto sobre el cual deba dictaminarse, si esa profesión o arte estuvieren legalmente reglamentados.
Cuando la profesión o arte a que se refiere el articulo anterior, no estuvieren legal-mente reglamentados, o no hubiere titulados en el lugar en que se sigue la instrucción, se nombrarán peritos prácticos, sin perjuicio de que, si el caso lo requiere, se libre oficio o exhorto al Juez o Tribunal del lugar en que haya peritos titulados para que, en vista del dictamen de aquéllos, emitan su opinión.
Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos, reunirán, además, las mismas condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de impedimento, prefiriéndose a los que hablen el idioma castellano.
Son aplicables a la prueba pericial, las siguientes disposiciones:
1. La prueba pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya decretado;
2. El funcionario judicial que decretó la prueba, hará a los peritos las preguntas que crea oportunas, les dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos que tuviere, haciéndose constar estos hechos en el acta de la diligencia;
3. Dicho funcionario podrá asistir, si lo juzga conveniente, al reconocimiento que los peritos hagan de las personas o de los objetos;
4. El mismo funcionario fijará a los peritos el tiempo en que deberán cumplir su cometido;
5. Si transcurrido el tiempo fijado a los peritos, para cumplir su cometido, no rinden su dictamen o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurrieren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio;
6. Si a pesar del primer apremio el perito o los peritos no cumplieren con las obligaciones señaladas en la fracción anterior, se hará su consignación como reos de delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad;
7. Cuando las opiniones de los peritos nombrados discreparen, el funcionario que practique las diligencias los citará a una junta en la que se discutirán los puntos de diferencia haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión;
8. Si en la junta a que se refiere la fracción anterior, los peritos no se pusieren de acuerdo, el Juez nombrará un perito tercero en discordia;
9. Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consumen al ser analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis; sino cuando más sobre la mitad de las substancias, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas, y lo cual se hará constar en el acta de la diligencia;
10. Los honorarios de los peritos que nombre el Juez o el Ministerio Público, se pagarán por el erario del Estado;
11. Los honorarios de los peritos que nombren las partes, se pagarán por la persona que haya hecho el nombramiento;
12. Cuando los peritos, que tengan ese carácter por nombramiento del Ejecutivo del Estado, se separen por cualquier motivo de su empleo, después de haber sido designados para emitir su opinión sobre algún punto y siempre que ya hubieren aceptado el nombramiento, tendrán la obligación de participar aquella circunstancia al Juez, para que éste designe nuevo perito;
13. En el supuesto previsto en la fracción anterior, si la separación o cese del empleo se hubiere verificado después de transcurrido el término que se le señaló para emitir su dictamen, estará obligado a rendir éste sin remuneración;
14. Los peritos, con excepción de los médicos legistas, deberán ratificar ante el Juez o Tribunal sus dictámenes y certificados;
15. Los peritos, inclusive los médicos legistas, deberán ampliar sus dictámenes y certificados, cuando el funcionario que conoce de la averiguación lo crea conveniente, o cuando lo soliciten las partes;
16. Los peritos pueden excusarse por enfermedad u otros motivos, que les impida llenar su cometido con la debida imparcialidad, y
17. La excusa de los peritos será calificada por el Juez.
3.e PERITACIONES ESPECIALES
La autopsia: para determinar la muerte violenta o sospechosa de criminalidad, es necesaria la práctica de la autopsia, aun cuando de la simple inspección, exterior del cadáver pueda resultar evidente. Al ordenarse esta diligencia, podrá requerirse en la misma que se determinen otras cuestiones accesorias, como la oportunidad y circunstancias del deceso, etc.
El tono imperativo utilizado en el Código hace que como regla general, esta pericia se obligatoria, pudiendo ser ordenada tanto por el Ministerio Público, como por el juez. Sin embargo, de forma excepcional, el juez podrá ordenar la inhumación sin autopsia cuando aparezca de forma manifiesta e inequívoca la causa de la muerte.
La autopsia puede practicarse en los hospitales y centros de salud del Estado, así como en los cementerios públicos o particulares. En casos urgentes especiales, el juez de oficio o a pedido del Ministerio Público, puede ordenar que se practique en otro lugar adecuado. Asimismo el fiscal y las partes pueden solicitar que la autopsia se haga en junta de médicos con la firma de todos ellos.
Peritaciones en Delitos Sexuales: Para el examen médico en caso de delitos sexuales, deberá contarse con el consentimiento de la víctima. En caso de ser menor de edad el consentimiento lo otorgarán sus padres o tutores, guardador, custodio. A falta de los anteriores lo otorgará la Procuraduría General de la Nación.
En estos casos es de suma importancia la recolección inmediata de las evidencias. Por ejemplo, será necesario enviar al instante para su análisis los pantalones, calzones u otras prendas del imputado y de la víctima con el objeto de establecer la existencia de restos de esperma, flujo vaginal o manchas hemáticas. Asimismo se someterá a peritación a la persona de la víctima con el objeto de analizar, por ejemplo, lesiones, excoriaciones en los muslos, ano u órganos genitales, así como las uñas, con el objeto de localizar residuos de piel del agresor u otros rastros.
Cotejo de Documentos: El cotejo de documentos de acuerdo a lo dispuesto por el código debe realizarse por peritos, el cual no sólo abarca la posible atribución a una persona de manuscritos o firmas, sino también la clase y calidad de tinta utilizada, su antigüedad o la del papel.
Traductores o intérpretes: Si fuese necesaria la traducción o interpretación de un documento, el Ministerio Público sleccionará el número de peritos intérpretes y se practicar la traducción. Las partes podrán acudir con consultores técnicos y hacer las aclaraciones que estimen pertinentes.
Peritaje Cultural: El peritaje cultural es un puente que se tiende entre la forma de ver y entender la realidad del tribunal y la del indígena procesado.
3.f RECONOCIMIENTOS
El reconocimiento es un acto mediante el cual se comprueba en el proceso la identidad de una persona o una cosa. El Código Procesal Penal exige una serie de formalidades para que el reconocimiento tenga valor como prueba.
a) El reconocimiento de personas: es una diligencia a través de la cual se busca determinar si el testigo puede identificar al imputado como la persona que es citada en su declaración previa. En el proceso penal es fundamental que se establezca de manera indubitable la identidad de las personas. Lo importante no es solo conocer sino que esta quede perfectamente individualizada y no exista posibilidad de confusión con otras personas. La diligencia de reconocimiento puede servir para reforzar y concretar el valor probatorio de un testimonio.
b) El reconocimiento de documentos y cosas: Los documentos cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento, podrán ser exhibidos al imputado, testigo y peritos, invitándoles a reconocerlos y a informar sobre ellos, lo que fuere pertinente. Sin embargo si el tribunal estimase que para la averiguación de la verdad fuere conveniente, podrá realizarse la diligencia aplicando análogamente el procedimiento del reconocimiento de personas
c) El reconocimiento de cadáveres: En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, será necesario la identificación del cadáver. Cualquier conocido del occiso podrá identificarlo. “En el caso de que se ignore su identidad, el cadáver, podrá ser expuesto al publico, si el estado del mismo lo permite, con el fin de que cualquier persona pueda colaborar en la identificación”[11]
3.g INFORMES
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 245 del Código Procesal Penal, el informe será la comunicación que se realiza al tribunal o Ministerio Público, sobre datos que consten en algún registro llevado conforme a la ley, sin embargo de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 185, se aplicará la normativa del informe a cualquier información relevante para el proceso comunicada, por escrito o a través de otro medio de registro, por persona natural o jurídica a solicitud del Juez o Ministerio Público.
La diferencia principal entre un documento y un informe es que el primero es preexistente al proceso, mientras que el segundo surge a requerimiento del juez, tribunal o de alguna de las partes. El envío de un informe no exime al emisor de acudir personalmente al debate a ratificarlo, salvo los supuestos del artículo 208 del Código Procesal Penal.
3.h CAREOS
“El careo es una confrontación inmediata entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso”[12].
La diligencia de careos, se rige por las siguientes disposiciones:
1. Los careos entre el acusado y los que deponen en su contra, se practicarán durante la averiguación previa, de que conoce la Autoridad Judicial;
2. Si durante la averiguación previa no puede lograrse la comparecencia de las personas que deban ser careadas, se practicarán los careos durante la instrucción;
3. Se careará un solo testigo con otro;
4. En una diligencia no se hará constar más de un careo;
5. Los careos entre personas distintas de las mencionadas en la fracción I anterior, se practicarán durante la instrucción y podrán repetirse cuando el Juez lo estime oportuno, o a petición de las partes cuando surjan nuevos puntos de contradicción;
6. Sólo concurrirán a la diligencia de careos, las personas que deban ser careadas, las partes y los intérpretes si fueren necesarios;
7. Los careos se practicarán dando lectura en lo conducente a las declaraciones que se reputen desacordes o contradictorias y llamando la atención de los careados sobre los desacuerdos o contradicciones, a fin de que discutan entre sí y hagan las aclaraciones que estimen convenientes, para que pueda obtenerse la verdad;
8. Si los que deban ser careados estuvieren fuera de la jurisdicción del Tribunal, se librará el oficio o el exhorto correspondiente.
Si embargo el resultado del careo corresponde ser evaluado con relatividad. Debe prestarse atención a las razones que puedan hacer que uno de los declarantes se sume a la declaración del otro o se empecine en mantener la propia y principalmente “evitar simplificaciones peligrosas sobre los motivos de la palidez, tranquilidad o cólera de aquellos, para buscar su intima y a menudo tormentosa elaboración psicológica”[13]
4. GARANTÍAS PROCESALES EN LA ACTIVIDAD PROBATORIA
El modelo procesal guatemalteco, en la letra, es esencialmente garantista.
Es indispensable complementar esta afirmación con otra: el hecho que el Código Procesal Penal, sea esencialmente garantista (en la letra), no define la naturaleza de nuestro sistema procedimental penal. Únicamente podremos estar seguros de que la primera afirmación es cierta, en la medida que se constate la efectiva protección que brinda ese sistema a la libertad y las garantías procesales
También es necesario puntualizar que el guatemalteco común, algunas mujeres y hombres de derecho y por supuesto quienes manejan la cosa pública, contraponen como irreconciliables las garantías individuales del imputado con la búsqueda de la verdad y el ejercicio del ius puniendo del Estado.
Como consecuencia pretenden que, en aras de la seguridad, se distorsionen las reglas que rigen la observancia de esos derechos y en el tema que nos ocupa las reglas de producción y valoración de la prueba.
4.a DERECHO GENERAL A LA JUSTICIA:
El estado tiene el deber de garantizar a los ciudadanos un conjunto de mecanismos idóneos, que restablezcan el derecho violado, declaren el derecho controvertido, interpretándolo y aplicándolo a los casos concretos; para cumplir con estas funciones se hace necesaria la existencia de órganos judiciales independientes y garantizar que todas las personas pueden acceder a la obtención de la justicia en la solución de sus conflictos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna.
Lo anterior implica “que si el estado tiene el monopolio de la fuerza, también tiene la obligación de dar a la ciudadanía un sistema de administración de justicia responsa a la manifestación mas consumada del derecho de petición: que resuelvan los conflictos interpartes con justicia”[14]
4.b DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD:
En términos generales, el principio de legalidad se refiere a que todos los ciudadanos y todas las autoridades están sujetas a la ley: nadie es superior a la ley, todos están sujetos a ella.
En materia procesal penal, la ley debe ser observada y cumplida en todas y cada una de sus actividades por el juez y las partes o sujetos procesales.
El derecho a la legalidad se manifiesta especialmente en la normativa que establece que no hay pena ni proceso sin ley, toda vez que el objeto del proceso penal no es castigar al supuesto delincuente, son garantizarle un proceso justo.
Si se viola el derecho a la legalidad, se está violando el debido proceso.
4.c DERECHO AL JUEZ REGULAR:
Este derecho garantiza que nadie podrá ser juzgado por tribunales o jueces especiales, sino únicamente por los funcionarios judiciales competentes para ello. Dicha competencia se encuentra preestablecida en la ley procesal penal (materia, cuantía, territorio). No se viola la garantía al juez regular o natural cuando el acusado es juzgado por un tribunal, que, por razones de política administrativa, es creado con posterioridad al acaecimiento del supuesto hecho delitictivo; puesto que no ha sido creado ad hoc para juzgar un caso determinado. Su puesta en funcionamiento obedece más bien a la necesidad que la realidad plantea.
4.d DERECHO DE DEFENSA
El derecho de defensa en toda su extensión comprende, no solo el derecho que tiene todo imputado a una defensa material y profesional o técnica, sino también el derecho de audiencia, los principios de imputación e intimación y el derecho a que todo a resolución sea motivada o fundamentada.
Este derecho se configura mediante los siguientes principios.
d.1) Principio de intimación
d.2) Principio de Imputación
d.3) Derecho de Audiencia.
d.4) Derecho de Defensa propiamente dicho.
d.5) Principio de Inocencia
d.6) Principio de Indubio pro reo
d.7) Derecho a la regularidad del procedimiento
4.e DERECHO A UNA SENTENCIA JUSTA
En virtud del derecho a un debido proceso, es imperativo que este finalice con la decisión denominada sentencia, con la cual se resuelve el conflicto penal planteado, a efecto que sea efectivo el principio de una pronta y cumplida justicia.
Para el efecto se habla de el Principio Pro Sentencia: “según éste todas las normas procesales existen y deben interpretarse para facilitar la administración de justicia y no como obstáculos para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza restrictivamente y solo a texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello, que conduzca a la decisión de las cuestiones de fondo en sentencia; además, las infracciones procesales solo deben dar lugar a nulidades relativas y por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan indefensión.
Este derecho también implica el Derecho a la congruencia de la sentencia: este derecho implica la necesaria correlación entre acusación, prueba y sentencia, porque el objeto de esta última solo pueden ser los hechos descritos en la acusación, sobre los cuales se discute y se recibe la prueba en el debate.
Desde otro punto de vista, el derecho a la congruencia de la sentencia comprende, también la motivación circunstanciada de la sentencia, la cual ha de establecer y por supuesto, justificar los medios de prueba en los cuales se basa, así como también de los que desecha.
Para el efecto el código procesal penal indica “Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentacion expresará los motivos de hecho y derecho en que se basare la decisión así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba.”[15]
4.f. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA
Nuestra constitución establece que en el conocimiento de los procesos no podrán darse más de dos instancias, disposición que está en consonancia con el artículo 8, párrafo 2º. Literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
Mediante el recurso ante un tribunal superior se busca que el fallo que el agraviado considera le causa un perjuicio irreparable, sea revisado y se determine si el juez o tribunal que dictó la sentencia objeto del recurso, aplicó la ley correctamente o actuó en forma arbitraria o cometió error en la aplicación de la ley.
En nuestra legislación procesal penal se satisface este derecho con el recurso de apelación en los casos de aplicación, por los jueces de primera instancia del procedimiento abreviado y los juicios de faltas y con el recurso de apelación especial, pero siempre y cuando este último se interprete o aplique sin excesivos formalismos.
4.g EFICACIA FORMAL DE LA SENTENCIA
La eficacia formal de la sentencia implica el principio de cosa juzgada o inimpugnabilidad de la sentencia cuando esta se encuentre firme. Esto significa que una causa penal ya fenecida no puede ser reabierta ni siquiera con el recurso de revisión, si este lleva como propósito agravar la situación del condenado, por esto la ley prevé este recurso únicamente cuando al otorgarse se hace para favorecer al reo.
4. h DERECHO A LA EFICACIA MATERIAL DE LA SENTENCIA
La facultad exclusiva de los tribunales de justicia de juzgar y ejecutar lo juzgado, complementada por la independencia de estos, así como el derecho a la pronta y cumplida justicia penal, constituyen garantías judiciales a efecto que circunstancias de orden social, económico y político hagan imposible u obstaculicen el inmediato cumplimiento de los fallos judiciales.
Cabe preguntarse si el derecho a la eficacia material de la sentencia no se ve afectado por un sistema penitenciario totalmente deficiente, el cual no solo propicia que los derechos del reo se vean quebrantados, sino que también facilita a los condenados el goce de prerrogativas contrarias a la ley y que posibilitan las evasiones.
En todos esos casos se deja sin eficacia las sentencias y consecuentemente se quebranta el derecho analizado.
En un proceso penal como el guatemalteco, caracterizado por ser preponderadamente acusatorio, oral y público, se hace necesario establecer la diferencia entre la investigación y la actividad probatoria
Investigación y actividad probatoria son cuestiones que tienen objetivos distintos y además se desarrollan en etapas diferentes del proceso, aunque tal diferenciación no implica que exista divorcio entre ellas, toda vez que la segunda se apoya en la primera.
La investigación tiene por objeto establecer la existencia del hecho catalogado como delictivo, cómo ocurrió, quién pudo haberlo ejecutado y/o participado en él, cuándo y por qué. Del resultado es posible saber si hay mérito para iniciar la acción penal por parte del Ministerio Público o no, ya sea porque el hecho no constituye delito o bien porque el autor es inimputable o actuó bajo una causa de justificación.
En otras palabras la actividad investigativa implica, practicar pesquisas, diligencias y peritajes que lleven al órgano encargado a identificar, recoger y practicar medios de investigación que permitan establecer la materialidad del delito, la identificación del imputado y la probabilidad de la participación de éste en el hecho investigado, ya sea doloso o culposo.
5.a PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA:
El preso de la prueba y la obligación de presentar por lo menos, los elementos necesarios para ejercer la acción penal recae sobre la parte que es titular de dicha acción.
Si quien tiene la carga de la prueba -el ente acusador-, no presenta esos elementos ni demuestra, más allá de toda duda razonable, que el sindicado cometido el hecho o participo en él, no podrá alcanzar su pretensión: una sentencia condenatoria para el acusado y que a éste se le impongan una pena.
La carga de la prueba tiene su fundamento esencialmente en los principios constitucionales de presunción de inocencia e in dubio pro reo.
5.b PRINCIPIO DE CALIDAD DE LA PRUEBA:
Si los hechos pueden ser probados por cualquier medio, siempre que sea legal, extremo característico del sistema acusatorio, resulta ser una consecuencia necesaria de credibilidad de los medios de prueba esté en la calidad de cada uno de ellos y no en su efecto sumativo o acumulativo (lo cual significa que es mejor un testigo confiable e idóneo, que diez testigos inidóneos y no fiables).
Llegado el momento de analizar y sopesar la prueba referida a un caso concreto, esta debe ser examinada al mismo tiempo, porque se produjese el examen separadamente, primero testigos, luego peritos, posteriormente documentos y otro tipo de prueba, este seria incompleto al no tomar en consideración las relaciones que cada uno de los medios de prueba guarda con los demás ya que las mas de las veces de esas relaciones se derivan las conclusiones que lleva a una certeza positiva o negativa.
Lo que importa en la valoración de la prueba es el resultado global: tan importante son los elementos o medios de prueba como las relaciones que guardan entre ellos. La certeza positiva o negativa que puede alcanzar el tribunal no depende de un medio de prueba o de medios de prueba aislados, sino de cómo esos medios de prueba se relacionan unos con otros y se fortalecen entre si, por ejemplo la afirmación de un testigo se ve confirmada por el resultado de un peritaje, el dicho de otros testigos y documentos
Cada medio de prueba ofrece ventajas y desventajas inferioridad o superioridad sobre otros medios de prueba, pero ello depende de cada caso concreto.
La finalidad del proceso penal en el caso concreto es el establecimiento de la verdad; para lograr esa meta, las pruebas deben ayudarse entre sí y no contrariarse, por ello las pruebas deben ser confrontadas y comparadas en cada caso. El método a seguir en esta tarea es, atenerse siempre a las mejores pruebas, es decir a las pertinentes y más concluyentes. Par ello es necesario jerarquizarlas: el orden deberá ser ir de las de mayor pertinencia, idoneidad y fuerza, a las de menor grado.
Cuando las pruebas producidas concuerdan en un mismo sentido, se extrae, la conclusión. Como sabemos, dicha conclusión puede ser positiva o de culpabilidad o bien negativa o de absolución; si hay inseguridad, se produce el mismo efecto que la negativa, es decir de absolución.
La prueba obtenida tiene que ser tan completa que haga posible reconstruir el hecho satisfactoriamente; aunque lo normal es que existan vacíos que tendrán que llenarse hipotéticamente con datos que también se hayan establecido como consecuencia de la prueba producida en el debate.
Averiguar la verdad de un caso concreto es el reto que tienen que enfrentar el fiscal, quien ha de probar que el hecho es un delito y que la persona imputada lo cometió (hipótesis acusatoria); el defensor, por su parte, tendrá que desvirtuar o desacreditar dicha postura y establecer que el hecho no es ilícito, que el imputado tiene causas de justificación o bien que el no cometió el hecho (hipótesis de defensa), y el tribunal determinará con la hipótesis judicial cual es la solución del problema y dictará su fallo.
5.c VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
Los medios que se utilizan en la pesquisa son, entre otros, entrevista, búsqueda de antecedentes de los sospechosos, investigación de las víctimas, vigilancias, seguimientos, revisión de otras investigaciones de casos parecidos o que se han utilizado el mismo modo de operar, entrevistando informantes, etc.
El código procesal penal establece “cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formulará la acusación”[16]
Pero las pruebas no se incorporan al proceso en forma desordenada y sin control legal y de ahí establece la forma como se desenvuelve la actividad probatoria y como se introducen al proceso los objetos y órganos de prueba. La ley que regula el procedimiento probatorio, se hace cargo también de prescribir las fases de la prueba desde su forma. No implica esto que deba anticipar cuándo es confiable sino tan sólo cuándo es conducente.
La regulación de la prueba a que hacemos referencia, debe quedar claro no se vincula a lo que conocemos como prueba legal en donde la ley interviene estimando y apreciando las pruebas, prefijando las reglas para formar el convencimiento del juez con menosprecio de la lógica común y revistiendo de importancia la lógica oficial. Este sistema de la prueba legal correspondió al sistema inquisitivo que poseía las características de ser escrito, secreto, prolongado, lento, propio de regimenes de esclavitud política, conculcadores de la libertad del pensamiento y de razonamiento que atrofiaba mentalmente a los ciudadanos y con ello hacia propicia la propagación de supersticiones de las cuales no estaban exentos los jueces que quedaban castrados mentalmente, sin creencia científica y principios ideológicos políticos.
Fue característica de este proceso la elaboración de tarifas que imponían a las partes los objetos y órganos de prueba aceptables y como consecuencia la credibilidad se originaba en la ley. El método moderno de libertad de prueba por el contrario tiende a “preconstituir con el procedimiento probatorio una garantía para las partes frente al juez y también entre si y en crear a un mismo tiempo requisitos externos que le den seriedad y confianza a los medios de prueba”[17]
Esto no quiere decir que el régimen probatorio se nos presente en forma independiente del proceso. Por el contrario, significa la existencia de una estructura que atiende a la eficacia en la obtención y ejecución de la prueba y su producción simple. Es decir, despojado de los obsoletos criterios establecidos para la ejecución de la prueba legal procedente en las distintas fases del proceso.
5.c.1 SANA CRÍTICA RAZONADA:
El método de valoración de la prueba que nuestro Código Procesal Penal en su artículo 385 denomina en forma por demás acertada “sana crítica razonada”, se conoce también como sana crítica racional, sana crítica o sistema de la libre convicción. Queda en consecuencia relegado el sistema de prueba legal y tasada para dar paso a un método científico de valoración que concede al juez la libertad de la prueba conforme al código procesal penal guatemalteco que establece “se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas” [18]
El término sana crítica tiene su origen en una disposición administrativa española. El reglamento de lo contencioso disponía que la prueba de testigos fuera apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica razonada. Posteriormente la regula la ley de enjuiciamiento de 1885 y lo toma el procedimiento argentino de Domínguez. En Guatemala lo tomó el Decreto 63-70 (reformas al Código de Procedimientos penales) y se introdujo en el Código Procesal Penal. “ya no se trata de un convencimiento íntimo o motivado, sino que de un convencimiento lógico y motivado, racional y controlable, que se halla en elementos probatorios objetivos de vida inocultable que se reflejan en la conciencia del juzgador, para dar origen al estado psíquico (duda, probabilidad, certeza) en el que se encuentra al dictar el proveído”[19]
Entre la verdad y certeza no siempre hay coincidencia ya que en ocasiones estamos ciertos de lo que es falso y en otras dudamos de lo que objetivamente es verdadero. La firme creencia de poseer la verdad nos conducirá al estado de certeza, la que puede ser positiva o negativa pero para arribar a ese estado de certeza se producen estos intelectuales intermedios, conocidos como duda, probabilidad e improbabilidad.
DUDA: La duda opera como movimiento oscilatorio en el que como consecuencia de la consistencia o inconsistencia de los elementos de convencimiento desplazan el intelecto, hacia el si y el o sin afianzarse en su extremo y sin provocar la certeza en el ánimo del juzgador.
PROBABILIDAD: Cuando coexisten los elementos positivos y negativos en forma constante pero los positivos superan en fuerza a los negativos se da la probabilidad.
IMPROBABILIDAD: Se presenta cuando los elementos negativos son superiores en fuerza a los elementos positivos.
A estos distintos momentos se arriba, empleando un método para la evaluación de los medios de convencimiento, el que estará determinado por el sistema procesal vigente en el espacio y tiempo determinado.
LÓGICA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA:
La lógica estudia nuestro pensamiento expresado en conceptos, juicios y raciocinios solamente desde el punto de vista de su estructura, es decir desde su estructura lógica.
Ya en el proceso penal, la sentencia es una operación lógica desde el momento en que se evalúa la prueba, se realiza la inferencia y se llega a conclusiones. En lo tocante a la aplicación del derecho, las inferencias han de ser conclusivas y la misión de la lógica estará dirigida al análisis lógico de la inferencia.
Principio de Identificad: Su fórmula expresa es A es A, lo que significa que el ser de una persona o cosa es la misma que se supone es. Cuando en un juicio el concepto sujeto es idéntico al concepto predicado, el juicio es necesariamente verdadero.
Ley de Contradicción: Por este principio no pueden ser válidos dos juicios en los que uno expresa que alguien o algo es y el otro que no es. El juicio se expresa A es B y A no es B. La contradicción denota claramente la falta de coherencia en el razonamiento como cuando el juez en un fallo dice “El testigo dijo que X, Y, Z participaron en los hechos, esta declaración es insuficiente para constituir plena prueba, en todo caso únicamente se le admite como semiplena prueba, circunstancia por la cual se le desestima, circunstancia por la cual se le desestima, además no se le puede dar valor probatorio en virtud de que fue la parte ofendida al decir que le pegaron dos pedradas en la cabeza. Tampoco podría razonarse diciendo: el radio que se tuvo a la vista en el reconocimiento judicial no es el hurtado pues no coinciden el número de la serie y la marca con los consignados en la factura de compraventa acompañada por el ofendido, pero por la declaración de los testigos se le condena por hurto.
Ley de Tercero Excluido: Se expresa diciendo que cuando dos juicios se niegan, uno es necesariamente verdadero. Si se afirma A es B, y después se dice A no es B, tal razonamiento indica que uno de los dos e falso y el otro verdadero, ejemplo: cuando en el fallo se valora la prueba afirmándose un extremo y luego se niega, existe infracción de las reglas de la lógica, específicamente las leyes de contradicción. Es contradictorio decir por ejemplo: el testigo es idóneo y acto seguido que no es idóneo. A la luz de este principio, cobra relevancia el principio de contradicción.
Ley de la razón suficiente. El proceso penal no admite que un hecho pueda tenerse por cierto cual axioma, porque toda conclusión debe ser fundamentada. Cuando falta o es contradictoria la motivación del fallo, existe vicio en la sentencia que permite combatirla por la vía impugnativa. La apelación especial para valorar la prueba conforme al principio de la razón suficiente, cada elemento aportado por un testigo, documento u otro medio deben estar probados los restantes elementos en elenco. Es decir, cada elemento debe estar acreditado por otros; eslabonados. Cada elemento de prueba es prueba de otro y aquellos de éste. Quiere decir que un medio de prueba valorado en forma aislada no acredita nada aunque goce de la confianza del juzgador.
5.d PROHIBICIONES EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
La licenciada Yolanda Pérez Ruiz indica “si se alcanza la solución correcta del conflicto, mediante prueba obtenida quebrantando o vulnerando los derechos fundamentales, esa solución y la verdad en que se sustenta es sospechosa y no puede ser tomada en consideración como fundamento de un fallo”[20]
Son varias las fórmulas que han sido históricamente utilizadas para designar la inadmisibilidad procesal de aquellos elementos de prueba obtenidos mediante la inobservancia o vulneración de las normas procesales –procesales o constitucionales- que regulan su objeto o su mecanismo de recolección. Ello, sin duda, ha contribuido a crear cierta confusión en torno a que es lo prohibido y a cuáles son los alcances de la prohibición.
El proceso penal guatemalteco es democrático –garantista- porque establece como sus fines:
a. la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido
b. el establecimiento de la posible participación del sindicado
c. como consecuencia de ello, el pronunciamiento de la sentencia respectiva.
d. la ejecución de la misma.
La averiguación de la verdad es una expresión de la verdad es una expresión de defensa social, cuyo orden y seguridad han sido vulnerados con una conducta ilícita; pero también es expresión del respeto a los derechos individuales fundamentales que podrían correr riesgo de no ser observados durante la sustanciación del proceso penal con el que se pretende llegar a ella.
El mismo ordenamiento procesal penal regula el procedimiento para obtener y aportar el material probatorio, con un doble objetivo:
a. la persecución y castigo del responsable penalmente y
b. como garantía de la observancia del debido proceso.
De ello se desprende que la regulación legal que nos ocupa tiene como meta no solo la observancia de la legalidad en la actividad probatoria, sino que, además dicha regulación está establecida como una defensa de la Constitución y de la inviolabilidad de los derechos fundamentales que ella reconoce.
No esta demás recalcar que la prueba que se adquiere vulnerando los derechos fundamentales viola, en primer lugares derecho aun proceso con todas las garantías (art. 12 CPRG) y el derecho a la igualdad (art. 21 CPP), en segundo lugar y concretamente, el derecho fundamental transgredido, al obtener la prueba concreta.
Prueba es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso penal son investigados y respecto de los cuales pretende actuar la ley sustantiva.
Prueba sólo será lo actuado en el juicio oral, mientras que todo el material reunido durante la investigación es denominado elementos de convicción.
Los elementos de prueba incorporados en el proceso penal se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en el Código Procesal Penal.
Averiguar la verdad de un caso concreto es el reto que tienen que enfrentar el fiscal, quien ha de probar que el hecho es un delito y que la persona imputada lo cometió (hipótesis acusatoria); el defensor, tendrá que desvirtuar o desacreditar dicha postura y establecer que el hecho no es ilícito, que el imputado tiene causas de justificación o bien que el no cometió el hecho (hipótesis de defensa), y el tribunal determinará con la hipótesis judicial cual es la solución del problema y dictará su fallo.
Al concluir con la lectura del texto didáctico, proceda a resolver la siguiente evaluación.
PRIMERA SERIE (valor 5 puntos cada ítem, total 50 puntos):
Defina en forma clara cada uno de los conceptos que a continuación se indican.
1) Prueba: ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
2) Sana Crítica Razonada ________________________________________
3) Elemento de Prueba: __________________________________________
4) Objeto de Prueba:_____________________________________________
5) Careo:______________________________________________________
6) Probabilidad __________________________________________________
7) Certeza:_____________________________________________________
8) Derecho de Defensa:___________________________________________
9) Prueba Legal _________________________________________________
10) Procedimiento Probatorio _______________________________________
SEGUNDA SERIE (valor 10 puntos, cada ítem, total 50 puntos):
A continuación se le presenta una serie de frases, relacionadas al documento La prueba en el Proceso Penal Guatemalteco, marque con una X, la letra V, si lo que se indica es Verdadero, o la F, si es falso.
1) Medio de prueba es el procedimiento establecido en la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el Proceso.
V __ F __
2) El Principio de legalidad establece que la ley debe ser observada y cumplida en todas y cada una de sus actividades únicamente por el juez. V__ F __
3) Dentro del proceso penal, el objeto de la prueba necesariamente tiene que versar sobre la individualización de los autores o participes en la comisión del delito, así como las circunstancias personales que aseguren dicha individualización y sirvan para los efectos de fijación e la pena.
4) La finalidad del proceso penal en el caso concreto es el establecimiento de la verdad.
5) La duda se presenta cuando los elementos negativos son superiores en fuerza a los elementos positivos.
Cafferata Nores, José (1994). La Prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Editorial Depalma.
Campos Calderón, J. Federico (2002). Cadena de custodia de la prueba. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.
Fundación Myrna Mack (2001). Compilación Valoración de la prueba. Guatemala: Fundación Myrna Mack.
Florián, Eugenio (1982) De las pruebas penales. Tratado de Derecho procesal Penal de Jorge Guerrero. Bogota: Editorial Temis.
Instancia coordinadora de la modernización del Sector Justicia (2006). Preparación y desarrollo del debate. Guatemala: Coordinadora del Sector Justicia.
Ministerio Publico Republica de Guatemala (1996). Manual del Fiscal, Guatemala: Editorial Ministerio Publico.
Claria Olmedo, Jorge (1989). Tratado de derecho procesal penal. Buenos Aires: Depalma.
Pérez Ruiz, Yolanda (2001). Para leer valoración de la prueba. Guatemala: Fundación Myrna Mack.
Vélez Mariconde, Alfredo (1969). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Lerner.
[1] Ministerio Público, Republica de Guatemala, Manual del Fiscal, Pág. 120.
[2] Florián, Eugenio. De las pruebas penales; Tratado de Derecho procesal Penal de Jorge Guerrero. Pág.210
[3] Claría Olmedo, Jorge. Tratado de derecho procesal penal. Pág. 31
[4] Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 17-92 Código Procesal Penal. Artículo 5.
[5] Pérez Ruiz, Yolanda, Valoración de la Prueba. Pág. 34
[6] Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal Tomo II Pág. 198.
[7] Congreso de la Republica de Guatemala, Código Procesal Penal Decreto 51-92, Artículo 186.
[8] Congreso de la Republica de Guatemala, Código Procesal Penal Decreto 51-92, Artículo 385
[9] Instancia coordinadora de la modernización del Sector Justicia, Preparación y desarrollo del debate. Pág. 48.
[10] Instancia coordinadora de la modernización del Sector Justicia, Preparación y desarrollo del debate. Pág. 47,
[11] Congreso de la Republica. Código Procesal Penal, Artículo 196.
[12] Cafferata Nores, José, La Prueba en el proceso penal, Depalma. Pág. 143
[13] Cafferata Nores, José, La Prueba en el proceso penal. Pág. 148
[14] Pérez Ruiz, Yolanda. Para leer valoración de la prueba. Pág. 74.
[15] Congreso de la Republica de Guatemala, Código Procesal Penal Guatemalteco Decreto 51-92. Artículo 11 bis.
[16] Congreso de la Republica de Guatemala, Código Procesal Penal, Decreto 51-92, Artículo 324.
[17] Florián, Eugenio. De las Pruebas Penales. De la prueba en general. Pagina 260.
[18] Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto 51-92, Código Procesal Penal Guatemalteco. Artículo 182.
[19] Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal. Pág. 327
[20] Pérez Ruiz, Yolanda, Valoración de la prueba. Pág. 130.
Publicado por Andragogía y Habilidades Docentes en 22:21