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Timestamp: 2019-12-11 01:54:30
Document Index: 257619213

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 134', 'artículo 56', 'artículo 18', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 56', 'artículo 134', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 70', 'artículo 8', 'artículo 70', 'artículo 8', 'artículo 70', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 78']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 637, de 11/12/1995
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 637 P R E S U P U E S T O S PRESIDENTE: DON ANGEL GARCIA RONDA, VICEPRESIDENTE PRIMERO Sesión núm. 40 celebrada el lunes, 11 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA: Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), para informar sobre los mecanismos previstos en dicho Departamento para garantizar que la ejecución de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 durante el año 1996 se efectúe en el marco de la necesaria disciplina presupuestaria que permita la consecución del objetivo de reducción del déficit público de las Administraciones Públicas fijado para dicho año 1996. A solicitud del Grupo Popular.
(Número de expediente 213/000719) (Página 19272) Comparecencia del señor Interventor General del Estado (Mañez Vindel), para informar sobre los mecanismos previstos para garantizar que la ejecución de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, durante el año 1996, se efectúe en el marco de la necesaria disciplina presupuestaria que permita la consecución del objetivo de reducción del déficit público de las Administraciones Públicas fijado para dicho año 1996. A solicitud del Grupo Popular. (Número de expediente 212/001769) (Página 19280) Ratificar la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley por la que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar
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determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía (procedente del Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto). (BOCG, Serie A, número 129-1, de 23-9-95. Número de expediente 121/000114) (Página 19284) Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, el proyecto de ley por la que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía (procedente del Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto). (BOCG, Serie A, número 129-1, de 23-9-95. Número de expediente 121/000114) (Página 19284)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SOLBES MIRA) PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS PREVISTOS EN DICHO DEPARTAMENTO PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCION DE LA PRORROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 DURANTE EL AÑO 1996 SE EFECTUE EN EL MARCO DE LA NECESARIA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA QUE PERMITA LA CONSECUCION DEL OBJETIVO DE REDUCCION DEL DEFICIT PUBLICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FIJADO PARA DICHO AÑO 1996. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 213/000719.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Buenas tardes, señorías y señor Ministro. Damos comienzo a la sesión de esta tarde de la Comisión de Presupuestos con la comparecencia del excelentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda para que informe sobre los mecanismos previstos en su Departamento para garantizar que la ejecución de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 durante el año 1996 se efectúe en el marco de la necesaria disciplina presupuestaria que permita la consecución del objetivo de reducción del déficit público de las administraciones públicas fijado para dicho año 1996.
Tiene la palabra el señor Aguirre en nombre del grupo que ha solicitado la comparecencia, el Grupo Parlamentario Popular.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por haber accedido a esta solicitud del Grupo Popular.
Iniciamos este primer turno manifestando claramente que nos hubiera gustado que la iniciativa hubiese partido del Gobierno. Valoramos negativamente su pasividad y quisiéramos entender que se trata de una pasividad que no es calculada, sino que es fruto de la falta de reacción o de iniciativa en la que han quedado ustedes sumidos al ver que los grupos de esta Cámara, en su mayoría, le han retirado el apoyo y la confianza para elaborar los presupuestos de 1996.
Antecedentes sobre la tramitación de prórrogas presupuestarias en esta Cámara haberlos «haylos», pero reconocerá con nosotros que en la historia de nuestra joven democracia es la primera ocasión en que la prórroga de presupuestos lleva aparejadas dos características. La primera es que la prórroga, en esta ocasión, tiene su origen en el rechazo del Parlamento a los presupuestos del Gobierno socialista, y la segunda característica es que esta prórroga de presupuestos no nace como consecuencia de una convocatoria de elecciones generales.
Estas dos características derivan, a nuestro entender, de que el mismo Gobierno que ha sido o fue desautorizado parlamentariamente para elaborar los presupuestos de 1996, va a ejecutar la prórroga de los presupuestos de 1995, y previsiblemente con el Parlamento disuelto y en un marco político sobre el que pesan dos factores determinantes, que, a nuestra consideración, le dan relevancia y le dan singularidad sin precedentes en la institución presupuestaria española. Y le dan esa relevancia y esa singularidad en primer lugar por el cumplimiento irrenunciable del objetivo de déficit exigido por la tercera fase de la Unión Europea y, en segundo lugar, por las características del régimen constitucional de la prórroga.
La inestabilidad política de un gobierno sin presupuestos, sin el instrumento básico, sin la ley en la que se justifica y fundamenta su política económica, a entender del Grupo Popular no puede derivar en poner en riesgo nuestra senda de sincronización con los indicadores de Maastricht, y coincidirá con nosotros, señor Ministro, en que el déficit se manifiesta como el indicador más resistente a la corrección exigida.
Este Parlamento, por tanto, viene obligado, sin distinción de grupo, a fortalecer su función para impedir que la prórroga del presupuesto obstaculice la reducción de nuestro déficit excesivo y, en segundo lugar, y no menos importante, las interrogantes que plantea el régimen constitucional de la prórroga.
Señor Presidente, dejando a un lado las posibles imperfecciones que el marco legal de la prórroga contiene, el artículo 134.4 de la Constitución considera la prórroga como
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un hecho automático de los presupuestos del ejercicio anterior sin necesidad de norma que lo regule. Este mismo artículo, y el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, añaden al carácter automático de la prórroga un carácter ilimitado en el tiempo, un marco legal que define a la prórroga como automática --es decir, sin necesidad de acto alguno del Gobierno o del Congreso--, un marco legal que define a la prórroga como ilimitada, que no opera por dozavas partes excepto para aquellos gastos que requieren carácter mensual --sueldos, pensiones--, lo que representa en sí mismo que no existe mecanismo que garantice una ejecución ordenada de la prórroga presupuestaria. Repito, no existe mecanismo que garantice una ejecución ordenada de la prórroga presupuestaria.
Señorías, los créditos presupuestarios prorrogados no están sujetos en su gestión a limitación o fraccionamiento alguno, lo que nada impediría que un órgano administrativo disponga, al comienzo del ejercicio, del crédito correspondiente a todo el período, y digo que nada impediría.
Otros ordenamientos jurídicos, señor Ministro, establecen taxativamente la prórroga por doceavas partes, lo que representa en sí mismo una garantía o un control directo de la ejecución de dicha prórroga. Nuestro marco legal no tiene ese mecanismo.
Por estas razones, y por la añadida circunstancia de cumplir los objetivos de déficit, hoy, yo creo que más que nunca, se hace irrenunciable la necesidad de situar la ejecución de la prórroga en el marcho de disciplina y rigurosidad que demanda el cumplimiento, por un lado, del mandato constitucional por el que se encomienda a las Cortes Generales la aprobación y el control de la ejecución del presupuesto, y, por otro --insisto, señor Ministro--, por el cumplimiento irrenunciable de los objetivos de déficit.
Por todo ello hemos solicitado su comparecencia en el Parlamento y en este sentido mi Grupo Parlamentario desearía conocer las respuestas a siete preguntas muy concretas.
Señor Ministro, ¿cuál es la interpretación que el Ministro de Economía y Hacienda está considerando para la aplicación de la prórroga presupuestaria de 1995? Segunda pregunta, ¿qué alcance tiene para el Ministerio de Economía y Hacienda lo establecido en el artículo 56.2 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria por el que se define que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan? Tercera cuestión. ¿Cuál es, a su entender, la consecuencia de esta prórroga en el capítulo de inversiones reales? Cuarta cuestión. ¿Qué mecanismos establecerá su Ministerio para garantizar una ejecución rigurosa que se aproxime al planteamiento de doceavas partes? Quinta cuestión. ¿Existirá publicidad y transparencia para la mensualización de los gastos por secciones presupuestarias? Sexta cuestión. ¿Cuáles serán los preceptos de autodisciplina que impidan las posibles desviaciones? Séptima cuestión. ¿Qué informes tiene previsto enviar a la Comisión de Presupuestos o, en su caso, a la Diputación Permanente, dado el calendario electoral previsto? Para terminar, señor Ministro, el pasado 28 de noviembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a la revisión e incremento, en función del IPC, de pensiones y salarios de funcionarios en cumplimiento de los Pactos de Toledo y de los acuerdos del 15 de septiembre de 1994 entre sindicatos y Administración y, en relación con esta iniciativa del Grupo Popular, que, insisto, fue aprobada por unanimidad de esta Cámara, quisiéramos conocer de qué forma va a aplicar el contenido del mandato del Pleno, consecuencia de esa iniciativa del Grupo Popular.
Señor Presidente, en el marco de las consideraciones expuestas y con el objetivo de obtener respuesta a las ocho preguntas formuladas al Ministro, termina la fijación de los términos en los que el Grupo Popular desearía que se desarrollara esta comparecencia solicitada por mi Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en esta primera parte? (Pausa.) Dado que nadie quiere intervenir, tiene la palabra el señor Ministro para contestar a las preguntas formuladas por el señor Aguirre.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Aguirre, en las posiciones de su Grupo, como tantas otras veces, hay varias contradicciones.
La primera es: hemos devuelto el presupuesto, por tanto, como habrá problemas, ¿cómo los van a resolver? Esta primera contradicción se hubiera resuelto con el debate presupuestario normal y no tendríamos esas dificultades que su Grupo plantea. Por ello, no intenten ahora apuntarse la solución de una serie de problemas que SS. SS. han creado; la solución la planteará el Gobierno, de acuerdo con lo que ahora voy a comentar.
En segundo lugar, me parece algo espectacular que se me diga que hay que valorar negativamente la pasividad del Gobierno cuando el Gobierno está haciendo lo que la Cámara le ha dicho: que no había presupuesto y, por tanto, que prorrogara el anterior al próximo año. Lo que sucede es que el Gobierno es un poco más sensato que algunos grupos de la Cámara y le parece que, con independencia de que se haya producido un rechazo del presupuesto, no es razonable no resolver los problemas que tiene este país. El Gobierno, aunque tiene absoluta y total libertad para poder gastar durante los primeros meses del año todos los fondos disponibles del presupuesto prorrogado, no lo va a hacer; no lo va a hacer porque tampoco lo ha hecho en el pasado y porque el objetivo de convergencia de Maastricht --siempre lo tuvimos claro-- ha sido, es y seguirá siendo algo absolutamente fundamental e irrenunciable.
A partir de ahí, ¿en qué situación nos encontramos? Contestaré a eso a lo largo de mi intervención, al tiempo que, de forma directa o indirecta, daré respuesta a sus preguntas.
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Cuando SS. SS. optan por la devolución del presupuesto, es evidente que optan por lo que dice el artículo 134.4 de la Constitución; es decir, que si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán prorrogados automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Esa es la opción que ha tomado la Cámara.
Tras esto, es evidente que el Gobierno puede aceptar pasivamente lo que ustedes han decidido o considerar que esto es un disparate y que conviene hacer algunas cosas. En relación con el presupuesto --y al hablar del presupuesto estamos hablando tanto de las normas como de los estados numéricos--, es cierto --S. S. ha hecho referencia a ello-- que el artículo 56.2 de la Ley General Presupuestaria dice claramente que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan. Por tanto, el presupuesto prorrogado del año 1995 no es el total del presupuesto, sino que es sólo parcialmente.
Además, hay otras cosas que hay que tomar en consideración en una prórroga, como es, por ejemplo, que los créditos prorrogados no incluyen las modificaciones presupuestarias del año anterior, sino que estamos hablando de los presupuestos iniciales.
¿Qué sucedería si aplicásemos lo que la Cámara ha decidido? Congelaríamos las retribuciones; congelaríamos las pensiones; incrementaríamos la presión fiscal directa sobre las personas físicas al no deflactarse la tarifa del IRPF; se produciría una disminución de recaudación en términos reales, por ejemplo, en impuestos especiales y en tasas; como consecuencia de la no aplicación del incremento de la inflación; se modificarían las cotizaciones sociales y, como consecuencia de la caída, pondríamos en riesgo la Seguridad Social, y podríamos seguir con un largo etcétera de problemas que han creado SS. SS. con la devolución del presupuesto.
Como decía, a partir de ahí el Gobierno no es pasivo y considera que hay algunos problemas que es necesario resolver. ¿Cómo podemos resolverlos? Evidentemente, respetando la legislación vigente, y respetar la legislación vigente quiere decir presentar una nueva norma al Parlamento para que éste, si lo considera conveniente, tome la decisión de modificar algunos de los errores consecuencia de esta devolución parlamentaria.
Podríamos haber recurrido a una ley, y ésa fue la fórmula defendida por algún grupo parlamentario, pero no nos parecía conveniente, y no nos parecía conveniente porque significaría algo así como que no se ha aceptado el resultado del debate presupuestario e intentásemos colocar en la Cámara, de rondón, un nuevo presupuesto. No era ésa nuestra intención y, además, estaban los problemas adicionales de que una ley, por la dificultad de su tramitación, muy difícilmente hubiera resuelto las dificultades que había que resolver para que 1996 no tenga los problemas que S. S. ha planteado.
Estoy de acuerdo en que el problema del déficit es absolutamente básico y fundamental; nosotros lo consideramos como un elemento de referencia esencial para el futuro y, por tanto, el Gobierno ha optado por otra fórmula, la fórmula de un decreto-ley. ¿Cuándo se presentará ese decreto-ley en el Congreso y cuándo se aprobará por el Gobierno? Evidentemente, en el primer momento en que sea necesario. Hasta el 1 de enero seguimos con el presupuesto actual y, si no hiciésemos nada antes del 1 de enero de 1996, el presupuesto se prorrogaría automáticamente, con todos los problemas a los que he hecho referencia anteriormente.
¿Qué se debe incluir en ese decreto-ley para no generar los problemas a los que S. S. ha hecho referencia? Pues algunas cosas que me parecen importantes; por ejemplo, en materia de retribución del sector público y de las pensiones públicas, conceder un incremento de las mismas de acuerdo con la inflación prevista y, en el caso de pensiones, plantear la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la diferencia entre la inflación prevista y la inflación real durante el año 1995. Pero había que hacer algo más, y es que, para que no queden congeladas las retribuciones de los empleados del sector público, autonómico y local, tendremos que recoger que el artículo 18 de la Ley de Presupuestos de 1995 queda también prorrogado, declarando básica esta norma para que no tengan que pagar justos por pecadores y no se vean afectados terceros que no están implicados en este tema.
En segundo lugar, el Gobierno considera que es razonable deflactar las tarifas y actualizar las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también parece razonable hacer lo mismo con el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones. Sin embargo, nosotros no sólo somos favorables a plantear los temas, digamos, positivos para la opinión pública, sino que creemos que también hay que mantener los equilibrios financieros, y en ese sentido parece absolutamente fundamental actualizar las bases de cotización a la Seguridad Social de acuerdo con la inflación.
Un cuarto tema que, en nuestra opinión, debe quedar resuelto en el decreto-ley que se pueda presentar a estas cámaras es el de establecer las cautelas necesarias que permitan aplicar el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 3 de octubre de 1995, sobre financiación de entes territoriales, y asegurar también, tal como estaba previsto en el proyecto de ley de presupuestos, el nivel mínimo en la prestación de servicios transferidos.
Hay otros temas que no parecerían tan evidentes para algunos pero que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales y deberían también recogerse. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los cambios derivados de la nueva estructuración de la Administración pública y de las participaciones industriales del Estado. Hay un Decreto-ley del mes de junio del año 1995 que cambia la naturaleza del INI; ello implica que determinadas normas relativas a la financiación de los entes creados por dicho Decreto-ley tendrán que adaptarse a la nueva situación. En otro caso, lo que haríamos es poner en peligro todas las empresas públicas en bastantes facetas, y estoy pensando en avales y garantías.
Existen algunos otros elementos que son discutibles, pero que, en mi opinión, también deberían ir en el decreto-ley,
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como son, por ejemplo, las trasposiciones de directivas comunitarias que afectan al régimen jurídico del IVA y a los fondos de garantía de depósitos. Tenemos la obligación de ponerlas en marcha el 1 de enero de 1996, y se introducen en las leyes presupuestarias precisamente para tener la garantía de que esos plazos se cumplan. Evidentemente, si no se han podido cumplir alrededor de la norma parece bastante razonable que se introduzcan en la legislación que actualmente se prepara.
Su señoría me ha hecho una pregunta que a mí me parece que es la clave de todo este proceso, ¿cómo vamos a cumplir el déficit de convergencia? Yo le diría, como ya lo he comentado anteriormente, que el respeto del déficit previsto en el programa de convergencia es un dato fundamental para este Gobierno. De hecho, estamos prestando especial atención a este punto fundamental, y en ese sentido lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo importante, no sólo de definición sino también de control del déficit público. A 30 de noviembre ya tenemos datos provisionales, que explicaré posteriormente en algún otro momento, pero nos permiten decir que el déficit en el período transcurrido entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre ha caído un 14,5 por ciento respecto a la misma fecha del año 1994. Sin embargo, es cierto que no esperamos que ésta sea la cifra a finales de diciembre, sería demasiado bonita para ser verdad, pero sí creemos que en diciembre tendremos algunos pagos adicionales que el pasado año se realizaron en el mes de noviembre. En todo caso, tenemos la absoluta garantía de que la cifra prevista de déficit en el presupuesto de este año se va a cumplir.
¿Qué debemos hacer para cumplir el déficit el próximo año? En el proyecto de presupuestos que presentamos a esta Cámara partíamos de unos ingresos de 15 billones 322.000 millones de pesetas, y de unos gastos de 17 billones 892.000 millones de pesetas. Ello nos daba un déficit de 2 billones 569.000 millones, el 3,4 por ciento, que para mí sigue siendo el objetivo de déficit del próximo año exactamente en las mismas condiciones.
¿Qué va a suceder en el año 1996? La situación no es exactamente igual.
En primer lugar, hay que decir que del presupuesto del año 1995, cuando lo prorrogamos para 1996, hay que deducir las obligaciones derivadas del artículo 56.2 por tanto, ya no estamos hablando de un presupuesto de 17 billones 326.000 millones del año 1995, sino de un presupuesto de 17 billones 303.000 millones para el próximo año. Hay gastos que en todo caso tendremos que realizar, con presupuesto prorrogado o sin presupuesto prorrogado. El más significativo sin duda alguna es el de la deuda pública, pero también, en la medida que hemos aceptado ciertos compromisos que vamos a introducir en el decreto-ley, tendremos gastos derivados de las actualizaciones de retribución de personal o de clases pasivas; las aportaciones a la Unión Europea; las aportaciones a entes territoriales, derivadas de los mecanismos legales que actualmente se están aplicando; una mayor financiación de sanidad con cargo al presupuesto de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Toledo, y otros incrementos de una u otra naturaleza. Todas estas partidas tienen unas cifras variables pero que se sitúan entre un billón 395.000 millones de pesetas y un billón 430.000 millones de pesetas.
Dependiendo de cuál sea la hipótesis de partida y en la medida en que tenemos una posibilidad de mayor o menor recaudación, que no será exactamente la misma que la del presupuesto de 1996 en función de que se apliquen unos criterios de crecimiento u otros al final nos vamos a encontrar con que el gasto posible para el año 1996, sin ningún tipo de medida restrictiva, se situaría entre 18 billones 700.000 millones de pesetas o 18 billones 733.000 millones de pesetas.
Los ingresos se situarán algo por debajo de lo inicialmente previsto en el proyecto de ley de presupuestos, un poco menos de los 15 billones 300.000 millones de pesetas, y el déficit en que nos situaríamos si no tomásemos ninguna decisión, adoptando ese tipo de medidas a las que he hecho referencia anteriormente, se situaría entre unos 840.000 y unos 900.000 millones de pesetas. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Gobierno va a hacer lo que ha hecho en el año 1995. Tomará esa decisión que a principios de enero se tomó, que su Grupo Parlamentario la interpretó como una incorrección en cuanto a la presupuestación del año 1995, y que no era ni más ni menos que una preparación o, mejor dicho, una decisión de tipo precautorio que nos permitiese ir encajando en el presupuesto aquellos desfases que ya en aquel momento se preveían como posible; tomaremos exactamente la misma decisión, es decir, en un momento determinado, antes de que finalice el año posiblemente, el Gobierno adoptará una decisión de ajuste declarando no disponibles de los créditos del presupuesto prorrogado del Estado entre 830.000 y 900.000 millones de pesetas. Con ello conseguiremos el objetivo del 3,4 previsto.
Su señoría puede estar tranquilo. Este Gobierno, que no tiene ninguna obligación de mensualizar los gastos, ni siquiera las doceavas partes juegan en el caso de funcionarios, podríamos gastar por encima de esas doceavas partes; este Gobierno, repito, va a actuar con la misma coherencia que lo ha hecho en el año 1995. Estableceremos unas cuantías máximas de disponibilidad de acuerdo con el presupuesto prorrogado, y eso significará que no podremos ejecutar el presupuesto al cien por cien y, a partir de ahí, haremos una mensualización de los gastos que no necesariamente será de doceavas partes porque será coherente con el perfil de gastos de cada uno de los conceptos presupuestarios.
Exactamente de la misma forma que lo hemos hecho este año, con una diferencia, que para el año 1996 el sistema está en práctica, está rodado, funciona bastante bien, conocemos exactamente cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes y podemos, en mi opinión, garantizar sin ninguna duda que no se van a producir desviaciones de ningún tipo.
Volviendo a sus siete preguntas, que voy a responder de forma muy rápida, la prórroga presupuestaria de 1995 quiere decir que si aceptamos lo que el Parlamento ha dicho sancionaremos a pensionistas, sancionaremos a funcionarios, sancionaremos a empresas públicas, sancionaremos a comunidades autónomas, sancionaremos al sistema sanitario, y como todo eso nos parece un disparate creemos
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que es imprescindible presentar por iniciativa del Gobierno ante este Congreso un decreto-ley en el cual se corrijan esos desfases.
Segundo, es evidente que tenemos que deducir del presupuesto prorrogado del año 1995 las cuantías que responden a gastos anuales y no repetibles de acuerdo con el artículo 56.2 Tercero, en cuanto a las inversiones reales es evidente que se verán afectadas por los créditos de no disponibilidad. ¿Cómo se verán afectadas? Ya se lo puedo avanzar. El criterio con el que se ha elaborado la declaración de no disponibilidad es muy simple: en ningún caso partida alguna tendrá más fondos disponibles para el año 1996 de los que tenía en el proyecto de presupuestos de dicho año 1996. Por tanto, el criterio no será lineal, sino que todo el esfuerzo realizado a lo largo del año 1995 no será perdido y la nueva fotografía del gasto presupuestario que tendremos en 1996 responderá al trabajo y al análisis realizado durante ese período.
Cuarto, habrá ejecución rigurosa; igual de rigurosa que la del año 1995.
No se preocupe S. S. que no habrá ningún problema.
Transparencia en cuanto a las medidas. Evidentemente se dará a conocer por parte del Consejo de Ministros tan pronto como el acuerdo se adopte de forma precisa. Hasta ahora hay un acuerdo político por parte del Consejo de Ministros, pero en su momento se dará a conocer el montante total de no disponibilidad por cada uno de los ministerios; será perfectamente conocido. Además, dispone usted de los proyectos de presupuestos para el año 1996, por lo cual, si le interesa saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, prácticamente lo tiene ahí incluido, con pequeñas correcciones.
¿Qué preceptos de autodisciplina va a aplicar el Gobierno? Exactamente los mismos del presupuesto prorrogado del año 1995, es decir, el artículo 11. De acuerdo con ese artículo 11 y con las decisiones que el Gobierno adopte de forma autónoma, en primer lugar, no vamos a superar los gastos por encima de lo inicialmente previsto, en la medida en que el modelo de control de gasto máximo mensual nos permite no tener derrape alguno por este concepto, y, segundo, si hay que adoptar gastos adicionales, vía créditos extraordinarios, ampliaciones, o hay problemas adicionales de ingresos como consecuencia de la caída de los mismos, evidentemente se tendrían que adoptar decisiones adicionales de no disponibilidad de otros gastos inicialmente no previstos.
Por último, es evidente que la información al Parlamento será exactamente la misma que este año, es decir, la remisión mensual de la ejecución presupuestaria con todos los datos y con todos los detalles incluidos en la misma.
Respecto al problema de las pensiones y de los funcionarios es algo que hemos defendido desde el primer momento, que responde a compromisos de este Gobierno y que intentaremos respetar por todos los medios.
El señor VICEPRESIDENTE: Para complementar sus preguntas, tiene la palabra, de nuevo, el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Ministro, por la exposición que acaba de realizar. Yo también voy a contestar en el mismo orden que ha dado a su intervención.
No sé si hay que decirlo más alto o con voz más tenue, pero reconozca conmigo que el argumento político que usted exhibe y desarrolla en la introducción de su intervención no se sostiene de pie, y le voy a decir por qué. Usted es consciente de que el Partido Socialista ha perdido las elecciones europeas, ¿y en aquella ocasión dijo usted que la culpa de perderlas la tenía el electorado español? Usted es consciente de que el Partido Socialista ha perdido las elecciones autonómicas, ¿y en aquella ocasión llegó a decir que la culpa de perderlas la tuvo el electorado español? Usted es consciente de que el Partido Socialista ha perdido las elecciones municipales ¿y acaso se atrevería a decir que la culpa de que el Partido Socialista pierda las elecciones la tiene el electorado español? No. Eso sería tanto --que es lo que usted pretende decirnos-- como decir que porque usted ha perdido una votación de presupuestos la culpa la tienen los representantes del pueblo español que han votado en contra. No, señor Ministro. Lo que pasa es que usted y su Gobierno no tienen la confianza de la voluntad popular, representada por los diputados que votaron en contra de su presupuesto.
Por tanto, no diga que el hecho de que su Gobierno haya perdido una votación tan fundamental o medular en la política, como la que representa perder la confianza de esta Cámara para elaborar los presupuestos, supone que la culpa la tienen los diputados que votaron en contra. La culpa la tienen exclusivamente ustedes, que no gozan de la confianza de esta Cámara para elaborar los presupuestos. Si alguien está sancionando o poniendo en peligro las consecuencias de que un Gobierno haya perdido la confianza de la Cámara, es el Gobierno que ha perdido esa confianza de la Cámara.
Usted podrá argumentar tres, cuatro, cinco o siete veces, más bajo o más alto (lo lleva ya repitiendo en algunas intervenciones en este Parlamento), pero es un argumento, insisto, que no se sostiene de pie, y desde este Grupo Parlamentario y por boca de este portavoz, que respetan seriamente su condición de Ministro, le señalaré que nos parece que hace usted un flaco favor al respeto de que goza esta Cámara. No voy a seguir desarrollando las razones porque están explicadas suficientemente, pero si no las entiende, allá usted. Si sigue insistiendo en ese argumento, usted sabrá por qué lo hace. Desde luego, es un argumento que nunca consigue calar.
Dejando a un lado esa argumentación política, porque creo que no merece la pena insistir en ella, nos satisface --y ése era el motivo de la comparecencia-- haber recogido en un acta de sesión de esta Comisión de Presupuestos la declaración del Gobierno y el firme compromiso que representan sus palabras en el terreno presupuestario, así como en el político, de que el régimen constitucional de la ejecución de una prórroga no tiene limitación ni tiene mensualización y que, por tanto, cabría la posibilidad de ser utilizado todo el presupuesto del ejercicio en unos meses. Anotamos con satisfacción --y así se lo queremos
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decir-- y lo anotamos como un compromiso adquirido por usted en esta Cámara, ante la soberanía que representa, que reitera su firme decisión de no utilizar la falta de limitación y la falta de mensualización que tiene la ejecución de la prórroga y sí, por el contrario, establecer mecanismos que limiten la máxima disponibilidad durante los meses que corresponda ejecutar al Gobierno actual esta prórroga.
No vamos a entrar, porque no corresponde en este trámite, señor Ministro, en la parte de su intervención en que nos ha desgranado el contenido de la iniciativa que va a tomar el Gobierno respecto del decreto que nos anuncia. Y no vamos a entrar porque debemos reconocer que si leemos algunos medios de comunicación, si escuchamos algunas declaraciones --hoy mismo la suya--, cada día ese decreto tiene un apartado más. Por tanto, vamos a esperar al final, a saber exactamente cuáles son las propuestas que va a contener y, en su momento, responderemos al contenido exacto del decreto firmado por el Gobierno. Además, creemos que el trámite de contestar al contenido del decreto será el de convalidación.
Ahora bien, déjeme decirle dos cosas respecto al decreto que nos ha anunciado. Ha llegado a decir --y he tomado nota de sus palabras-- que no quieren promulgar una ley, porque eso sería tanto --y ésas, repito, son sus palabras-- como ocultar a esta Cámara, o intentar colar en ella, un nuevo presupuesto. Déjeme insistirle en que discrepo de esta afirmación.
Consideramos que han tenido tiempo suficiente para promulgar un proyecto de ley que no fuera en ningún caso una repetición del Presupuesto devuelto sino que fuera, como nos anuncian que van a realizar, un proyecto de ley que contuviera los aspectos que nos ha anunciado en relación con el decreto.
Tengo que insistirle en que esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la revisión de salarios de funcionarios y de pensiones, que contiene una afirmación que no sé cómo la interpreta usted. En esa proposición no de ley, el Parlamento insta al Gobierno a promulgar una iniciativa «del máximo nivel legislativo». Esa es la frase que aprobó por unanimidad esta Cámara. No sé qué entiende usted por «máximo nivel legislativo».
Por último, señor Ministro, reiterando que será el momento de la convalidación del Decreto que nos anuncia, ha hablado usted de la pasividad. Yo no sé si ha estado atento a mi primera intervención, pero cuando he mencionado el término pasividad, me he referido a la pasividad en tomar usted la iniciativa de venir a esta Cámara para adquirir el compromiso del cumplimiento de los objetivos de déficit y de una ejecución leal y ordenada de la prórroga. Por lo tanto, no intente, desde una verbalización más o menos hábil --yo creo que poco hábil, pero en cualquier caso interesada--, adjudicar esta o aquella otra pasividad. La pasividad se demuestra por el único hecho de que usted está hoy en esta Cámara a solicitud del Grupo Popular y no a iniciativa del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva i Sánchez.
El señor SILVA I SANCHEZ: Brevemente, señor Presidente, en primer lugar, para agradecer al señor Ministro su comparecencia en esta Comisión y para indicar que cuando el Grupo Parlamentario Catalán votó la enmienda a la totalidad de los Presupuestos, lo hizo con toda responsabilidad y atribuyendo los efectos que se suelen atribuir a esta votación en la práctica constitucional contemporánea, pero sobre todo para decirle hoy aquí que, de la misma manera en que se produjo aquella votación, el Grupo Parlamentario Catalán está total y absolutamente abierto a mantener con el Gobierno las conversaciones precisas para garantizar la eficacia de un principio tan fundamental como el de continuidad presupuestaria. Entiende que de aquí a la aprobación del Decreto-ley de prórroga de los Presupuestos por el Consejo de Ministros, dispondremos del tiempo y de las posibilidades oportunas como para intentar buscar y encontrar ese punto de acuerdo y para ejercer, a través de esas conversaciones, la misma responsabilidad que se manifestó en su día respecto a la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia en esta Comisión.
Esta comparecencia me sugiere una pregunta; pregunta que se deben estar haciendo todos los observadores que siguen el debate económico de esta Cámara. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando los complejos del Partido Popular en relación a la posición que adoptó en el último debate de los Presupuestos? Si sigue con atención, y obviamente la sigue, la cronología de los acontecimientos, no hay día o semana que el Partido Popular no tenga que hacer algún gesto, normalmente espasmódico, para llamar la atención sobre lo que, sin duda alguna, han llegado a la conclusión de que fue uno de los errores políticos de esta legislatura, como es el de intentar entorpecer el ritmo de recuperación económica que este país está siguiendo. Después de este acto heroico que hizo el Grupo Popular, con el acompañamiento de algún otro Grupo, por cierto, de intentar generar una sensación de incertidumbre y de inseguridad en los mercados o en el mundo económico en general, al verse reflejados con un fortalecimiento de nuestra peseta, un incremento de las inversiones extranjeras en España, una mejor y mayor colocación de nuestra deuda, una subida de nuestra Bolsa, una continuidad en la recuperación de nuestros desequilibrios, una intensificación en el ritmo de la generación de empleo, entiendo la posición patética del Partido Popular; patetismo que, por cierto --a efectos del «Diario de Sesiones»--, tuvo su exponente en lo que el señor Aguirre patrimonializaba, infantilmente diría yo, en relación a la decisión que adoptó el Pleno del Congreso de los Diputados hace tan sólo quince días, cuando presentaron otra iniciativa para ver si había una reacción, bien del Gobierno bien
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del Grupo Parlamentario, y se dijera que el Gobierno, está haciendo cosas porque las está proponiendo el Partido Popular.
Usted recordará, señor Ministro, que el Grupo Popular elaboró una proposición no de ley de imposible cumplimiento, cuya escrupulosa ejecución hubiera llevado a castigar a los funcionarios públicos y a los pensionistas. Caso de haber aceptado la propuesta que patrimonializa tan heroicamente el Partido Popular, no habrían podido ser actualizados los salarios públicos ni las pensiones. Visto lo que el Grupo Socialista llamó el inmenso ridículo parlamentario que hizo en aquel debate, el Grupo Popular, a petición del Grupo Socialista --le cuento la crónica del asunto porque es muy ilustrativa, sobre todo a efectos de los medios de comunicación que pudieran no haber estado en aquel debate y del «Diario de Sesiones»--, retiró aquella «feliz» iniciativa y se sumó a una enmienda de sustitución propuesta por Izquierda Unida, que venía a recoger textualmente el compromiso que el Gobierno, por su propia iniciativa, señor Ministro, había adoptado hace unos días.
Es decir, no hay ocasión en la que, como los niños pequeños para llamar la atención de los mayores, no hagan algún movimiento, que normalmente acaba siendo paranoico, para, repito, expiar una posición que yo juzgo lamentable, pero que también la juzgan así casi todos los analistas económicos, nacionales e internacionales, de lo que fue un claro intento de paralizar la recuperación económica. Como no ha sido el caso, sino más bien todo lo contrario, hoy, una vez más, nos presentamos en esta Cámara para ver cómo mañana --tome usted nota--, en la rueda de prensa del Partido Popular se dirá: «A petición del Partido Popular, el Gobierno tomará en la fecha correspondiente...» Todas y cada una de las medidas que usted ha anunciado que se van a producir. Esto no es más que trasladar miméticamente el debate que se produjo en el Pleno hace quince días, cuando lo que venían a pedir al Congreso de los Diputados era lo que el propio Gobierno se comprometió a hacer cuarenta y ocho horas después de que fuera rechazado el proyecto de Presupuestos para 1996.
Por lo tanto, señor Ministro, supongo que usted habrá decepcionado a todos aquellos que hoy pensaban que iba a crear alarmismo, inseguridad, que no iba a dar cumplida respuesta a las preguntas. Usted ha estado a la altura no de lo que el Partido Popular espera, sino de lo que este país espera y necesita, generando tranquilidad y sabiendo corregir los desaguisados que desde la oposición, algunos consciente y premeditadamente, otras tan sólo premeditadamente y otras tan sólo inconscientemente, han querido hacer en los últimos días, fundamentalmente a raíz del debate de Presupuestos. Ya sabemos todos los miembros de esta Cámara que la intención no era rechazar los Presupuestos, la intención era simplemente intentar anticipar las elecciones generales. Como las elecciones generales ya estaban anticipadas porque el Presidente del Gobierno hizo uso de su competencia constitucional, en el escenario que se ha generado quedan muy mal dibujados todos los actores que, yo creo, cometieron un acto insensato e irresponsable.
Repito. Por muchas iniciativas que se traigan a esta Cámara para expiar culpas anteriores, yo creo que aquellos complejos no se van a subsanar y que, en cualquier caso, si se están subsanando es precisamente por las iniciativas que, con una serenidad que yo creo que es digna de resaltar, el Gobierno está ejecutando y haciendo día a día. Por lo cual, señor Ministro, permítanos al Grupo Socialista que le traslademos también la felicitación por el talante con el que el Gobierno y usted mismo están haciendo frente a esta situación. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, señor Aguirre.
Tiene la palabra el señor Ministro, para contestar a las intervenciones de sus señorías.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Aguirre, usted hace referencia a que el argumento político al que yo he hecho alusión no se tiene en pie, y hace un planteamiento que no es correcto: intenta usted trasladarme a mí una línea argumental que yo no he utilizado. Poco menos que dice: «Si los representantes del pueblo votan que no, usted tiene que aceptarlo.» Evidentemente que lo acepto. Lo acepto perfectamente. Lo que sucede es que lo que votan los representantes del pueblo es la prórroga de los Presupuestos del año 1995. Y no me parece una línea argumental correcta decir: «No, es que usted tendría que haber disuelto y convocar.» Esa es la consecuencia de su línea argumental, aunque es evidente que para eso no está hecha la devolución del Presupuesto. Para eso existe una cosa en nuestra Constitución, que se llama la moción de censura y que ustedes pueden utilizar cuando lo estimen oportuno. Por tanto, ningún problema. Creo que nuestra línea argumental, en términos políticos, sigue siendo correcta y sigue siendo hoy la misma que utilizamos el día del debate sobre los Presupuestos. El Gobierno no ha perdido la confianza. El Gobierno ha perdido una votación muy importante, que fue la votación presupuestaria.
Eso es cierto y nada más que decir. La pérdida de la votación presupuestaria quiere decir que los grupos que estuvieron a favor de la misma estaban optando por la prórroga del Presupuesto del año 1995.
Le agradezco su satisfacción respecto a lo que he comentado, y vuelvo a esa afirmación que a S. S. le preocupa sobre la interpretación de la pasividad del Gobierno. Tal vez yo haya interpretado mal el concepto de pasividad en cuanto a venir a esta Cámara a explicar o en cuanto a la iniciativa, me da igual; en ambos casos me sorprende. Si S. S. lee los periódicos --y supongo que es lector habitual de los mismos--, será consciente de que el viernes siguiente a perder la votación de Presupuestos en esta Cámara, el Gobierno ya adoptó una serie de decisiones, que son exactamente las mismas que le acabo de comentar, sólo que en aquel momento no lo teníamos cuantificado, no lo teníamos precisado, y que abarca desde las pensiones, los funcionarios, etcétera, hasta el resto de decisiones que aquí se están planteando, que ponían de manifiesto la voluntad política.
Su señoría se plantea la duda de por qué no la ley. Podríamos utilizar muchos argumentos: de oportunidad o no
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de la ley, de tiempo o no tiempo. Pero voy a dar sólo uno: la iniciativa corresponde al Gobierno y el Gobierno ha considerado que la mejor opción era el decreto-ley. A S. S. le gustará o no le gustará, pero ésa es una responsabilidad del Gobierno, que la ejerce como estima oportuno. Y S. S.
sabe que el máximo nivel legislativo lo cumple tanto la ley como el decreto-ley. Esa es nuestra situación, ésa es nuestra posición. En su momento, antes de que termine el año --tendrá que entrar en vigor el día 1 de enero--, el Gobierno aprobará el decreto-ley correspondiente y se remitirá a la Cámara, por si en ese momento se considera oportuna su convalidación.
Le diría al señor Silva que esperaría que en ese momento se considerase oportuno la convalidación, lo cual no deja de sorprenderme, porque es cierto que los argumentos que eran buenos para echar atrás el presupuesto del año 1996, parece que ahora juegan en situación contraria respecto al problema de la prórroga presupuestaria. Pero, en fin, ésas son las circunstancias, ésa es la situación, sobre esa base vamos a seguir trabajando en los próximos meses y posiblemente tengamos la oportunidad de hablar con los grupos parlamentarios interesados respecto al contenido del decreto-ley presupuestario con más detalle del que lo estamos haciendo hoy en esta Cámara. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Voy a dar la palabra al señor Aguirre, aunque estimo que el debate como tal y para lo que trataba la petición de comparecencia está prácticamente terminado. Pero en cuanto que ha habido lo que pudiéramos llamar un complemento de debate, tiene la palabra el señor Aguirre, por cinco minutos.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a utilizar bastante menos de los minutos que usted me otorga, porque voy a emplear este turno para resolver la cascada de... vamos a dejarlo en adjetivos, por no decir que intenciones de insultar. Pero, por lo menos, señalaré que no insulta quien quiere y esa retahíla de términos utilizados, como espasmódico, error político, entorpecimiento de la recuperación, posición patética, actitud y movimiento paranoico, paralizar la recuperación, de los que he podido tomar nota durante la intervención de algún portavoz, tengo que decir sencillamente que pareciera, o ya es un hecho, que algún grupo de esta Cámara no ha conseguido hacer la digestión de una derrota parlamentaria, no consigue aceptar que este Parlamento les ha retirado la confianza, desde la soberanía popular, para elaborar los Presupuestos y que el único recurso que tienen para hacer frente a su situación perdedora en este Parlamento es utilizar esta retahíla de términos, que desde luego le garantizo que no hieren, sino que ponen de manifiesto que no hay argumentos y que lo único que hay es el recurso a una terminología hostil. Por tanto, con ello respondo a esa intervención, que no agradezco, desde luego, que no esperaba, desde luego, pero cada uno es muy libre de manifestarse en los términos que tenga por conveniente.
Señor Ministro, sepa usted que el debate político y el debate presupuestario se hacen en la Cámara y, por lo tanto, no se hacen leyendo periódicos. Por supuesto que se leen periódicos, pero lo que hay que hacer es venir aquí a confirmar que su Gobierno está en disposición de ejecutar la prórroga presupuestaria con lealtad, de forma ordenada y no haciendo uso desleal de esa falta de limitación que el marco constitucional de la prórroga otorga a la ejecución presupuestaria.
Nosotros hemos pretendido que viniera usted a la Cámara, a la soberanía popular, a hacer esa afirmación; afirmación que recogemos y registramos para comprobar que en esa ejecución, pasado el tiempo y cerrada la misma, se ha cumplido el compromiso político que usted hoy aquí acaba de adquirir. (El señor Hernández Moltó pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Hernández Moltó tiene también la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, tomo la palabra para continuar con ese debate complementario que usted señalaba, sobre todo en la medida en que he podido entender que alguien, con casto oído parlamentario, se sentía especialmente conmovido por la intervención de este Grupo, que le garantizo, señor Presidente, que no ha tenido en ningún momento el ánimo de ofender ni de insultar, sino de definir una situación. Otra cosa es que haya definiciones del estado de la cuestión que al oírlas levanten esas suspicacias, esas sensibilidades, que ya me gustaría a mí que se produjeran en otros momentos del debate parlamentario y no al escuchar lo que entiendo que no es más que una definición del estado de la cuestión. Porque es que yo sigo igual que cuando empezó el debate de la cuestión. Lo que he querido decir es que hasta cuándo vendremos con estos aspavientos de decir: «¡Que nosotros también estamos interesados por el presupuesto!» Señor Ministro, el resultado de este debate es que usted ha anunciado algo que ya venía anunciando, pero, eso sí, alguien mañana va a poder decir que ha vuelto a pronunciarse porque se lo han pedido. Pero los antecedentes que tenemos en este campo no son del todo muy satisfactorios, porque vuelvo a reiterar una de las cuestiones claves que estuvo en el debate de hace quince días y que está aquí hoy, y sobre la que el señor Ministro preguntaba al Grupo Popular. Decía: «¿Siguen ustedes empeñados con el proyecto de ley? Si no es bueno.» Mire usted, señor Ministro, si ni siquiera el Partido Popular quiere el proyecto de ley, tan no lo quiere que retiró su iniciativa a petición del Grupo Socialista para sumarse a la de Izquierda Unida. ¿Saben ustedes por qué? Para no quedarse en la más absoluta de las soledades parlamentarias. Para poder seguir en el discurso de que están acompañados.
El Grupo Popular, por no perder, se suma hasta al adversario y en esta ocasión, evidentemente, ha hecho esta cabriola parlamentaria, y yo le felicito por el reflejo parlamentario que ha tenido, pero que todo el mundo sepa por qué se ha producido. Incluso diré una cosa: no sería sincero el portavoz del Grupo Parlamentario Popular si no reconociera que en el término «máximo nivel legislativo» estaba sobreentendido, a petición y explicación del portavoz de Izquierda Unida, el decreto-ley.
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Con esta aclaración damos por concluida nuestra toma de posición en este debate.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro, por fin, para contestar o aclarar lo que le parezca oportuno.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solves Mira): Muy rápidamente.
Nosotros no acostumbramos a hacer los debates políticos en el periódico.
Para nosotros el periódico suele ser un medio y no un fin. Creo que esto es importante. Lo que sucede es que el periódico como medio lo que hace de vez en cuando es también comentar hechos claros y objetivos, y la importancia política del tema no es que esté reflejado en el periódico, sino que es una decisión del Consejo de Ministros.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Con sus palabras damos por terminada esta comparecencia. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (MAÑEZ VINDEL), PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS PREVISTOS PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCION DE LA PRORROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995, DURANTE EL AÑO 1996, SE EFECTUE EN EL MARCO DE LA NECESARIA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA QUE PERMITA LA CONSECUCION DEL OBJETIVO DE REDUCCION DEL DEFICIT PUBLICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FIJADO PARA DICHO AÑO 1996. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 212/001769.)
El señor VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión para dar paso a la comparecencia del señor Interventor General del Estado, a petición del Grupo Parlamentario Popular, y para responder en los mismos términos en que ha contestado en la comparecencia anterior el señor Ministro de Economía y Hacienda.
Por el Grupo que ha pedido la comparecencia, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Interventor General.
Es conocido que el marco constitucional de la prórroga establece que la misma es un hecho automático, y de la misma manera el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria añade a ese carácter automático el de ilimitado en el tiempo. Una prórroga que es automática, que no necesita de ningún acto de Gobierno o del Congreso, por tanto, un marco legal que define a la prórroga como automática y como ilimitada, que no opera por doceavas partes y que no existe mecanismo que garantice una ejecución ordenada de la prórroga presupuestaria.
La prórroga y su ejecución no están sujetos en su gestión a limitación o a fraccionamiento alguno, lo cual lleva, señor Interventor General, a poder pensar que nada impide que un órgano administrativo disponga al comienzo del ejercicio del crédito correspondiente a todo el período.
Como sabe S. S., en otros ordenamientos jurídicos existen marcos legales que establecen que esta prórroga ha de realizarse por doceavas partes lo que, a nuestro entender, representa en sí mismo una garantía y un control directo de la ejecución de dicha prórroga.
Nuestro marco legal no tiene ese mecanismo y, por tanto, tratándose, como se trata, de cumplir el mandato constitucional por el que se encomienda a las Cortes Generales la aprobación y el control de la ejecución de los Presupuestos, y máxime en el momento actual, donde el cumplimiento irrenunciable de los objetivos de déficit se hace más necesario que nunca debido a nuestros compromisos y nuestros objetivos de incorporación a la tercera fase de la Unión Europea, mi Grupo ha solicitado esta comparecencia con el objeto de intentar conocer, por parte de las máximas autoridades en materia de gestión y de ejecución y control presupuestario, algunos aspectos que consideramos absolutamente necesarios.
En su caso, y una vez superada la comparecencia del señor Ministro, nos gustaría conocer qué mecanismos va a utilizar la Intervención General para garantizar una ejecución rigurosa de esta prórroga que como mínimo se aproxime a planteamientos de mensualización de la ejecución.
En segundo lugar, aparte de qué mecanismos, cuáles deberían ser, a su entender, los preceptos de autodisciplina que impidieran las posibles desviaciones que debería de contener la referida prórroga.
Y, por supuesto, si considera usted oportuno como Interventor comparecer ante el Congreso de los Diputados en esta Comisión o, en su caso, en la Diputación Permanente, a petición propia. Y digo en la Diputación Permanente porque es previsible que cuando se produzca la ejecución de esta prórroga el Parlamento se encuentre disuelto, si nos atenemos al calendario político que está anunciado.
En estos términos nos gustaría, señor interventor General, que pudiera dar contestación a las preguntas que ha formulado este Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Interventor General del Estado, para dar contestación a las preguntas del señor Aguirre.
El señor INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (Mañez Vindel): Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a esta comparecencia.
Efectivamente, como dice S. S., la prórroga es automática e ilimitada. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el artículo 134.4 de nuestra Constitución como en el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria, se establece una prórroga automática. La única limitación que existe en la Ley General Presupuestaria es la indicación de que se prorrogará hasta la publicación de las nuevos Presupuestos en el «Boletín Oficial del Estado».
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Cuando solicitaron la comparecencia nosotros revisamos la legislación existente e incluso la comparada, y efectivamente hay muy pocos países en los que exista esta limitación que decimos de las doceavas partes, excepto en el Derecho francés donde sí existe.
La Intervención General lo que debe hacer es aplicar la normativa vigente en la materia. Es decir, que no puede establecer mecanismos adicionales de control sobre los que existen dentro de la Ley o dentro de los acuerdos del Consejo de Ministros o los decretos respectivos. En consecuencia, la Intervención General no podría dictar normas adicionales que no estuviesen ya previamente autorizadas por la autoridad competente.
Sin embargo, debo decir que el Gobierno ya ha iniciado --y supongo que el Ministro de Hacienda ya lo habrá explicado-- los mecanismos para establecer precisamente que haya una disciplina presupuestaria desde el primer momento. Su Señoría conoce que en el Presupuesto del año 1995, para el que lógicamente no ha existido prórroga presupuestaria, ya desde el primer momento se estableció un mecanismo por el propio Gobierno en la ejecución presupuestaria, una autodisciplina, como hemos dicho antes, de tal manera que se hizo lo que se denomina una mensualización de las obligaciones reconocidas, que opera desde el primer momento, desde el 1 de enero, y por la que no se podría sobrepasar de ningún modo aquellos créditos que han sido autorizados previamente.
Cuando hablo de que no deben ser rebasados me estoy refiriendo lógicamente no sólo al nivel de compromiso, porque desde el punto de vista informático no sería posible excederse de los créditos autorizados (es decir, que cualquier autorización de gasto que se intentara comprometer sería rechazada automáticamente), sino que va más allá, porque, como también conocen, el artículo 11 de la propia Ley General Presupuestaria, reconocido en la Ley de Presupuestos de 1995, establece que las obligaciones reconocidas no podrán exceder de los créditos iniciales. Para hacer que este compromiso sea firme y no llegar a tener facturas adicionales que no se pudieran pagar, el propio Gobierno ya estableció un mecanismo autorregulador por el que los créditos y las obligaciones reconocidas estuvieran mensualizadas.
En el acuerdo del Consejo de Ministros, al que me refería antes, de 27 de octubre --por consiguiente ya podemos hablar de disposiciones que están aprobadas por el propio Gobierno--, se establece el mecanismo de tal manera que, por una parte, se solicita del Ministerio de Economía y Hacienda que remita un proyecto de real decreto-ley sobre medidas tributarias, presupuestarias y financieras, para que la entrada en vigor tuviera lugar el 1 de enero de 1996. Supongo que el Ministro ya ha hablado de él. Por otra parte, desde el punto de vista de los acuerdos de autolimitación, se habla de un acuerdo sobre el control del déficit para la entrada en vigor el 1 de enero de 1996, a fin de que en las administraciones públicas --las centrales lógicamente, puesto que son competencias del Gobierno-- se haga una mensualización, igual que ocurrió en el año 1995, para que se llegue al ajuste y al contenido del Plan de Convergencia. En este sentido se establece en un mínimo de 800.000 millones de pesetas, se establece una periodificación mensualizada para el año 1996, y se establece que se hará lo mismo para las otras administraciones centrales, cuales son Seguridad Social y organismos autónomos, tanto administrativos como comerciales. En definitiva, el establecimiento de esa autodisciplina está ya recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 1995, que será complementado por el decreto-ley que debe ser aprobado, y dos acuerdos del Consejo de Ministros que establece ya de una manera práctica la mensualización de las obligaciones reconocidas.
Esto es lo que en principio hay de proyecto. Lo que hará la Intervención General, en consecuencia, será que se ejecuten las normas tal cual se han aprobado. En esto consiste --creo-- la autodisciplina de la Intervención General. No puede ser de otra manera.
En cuanto al último punto, es decir, si podía comparecer a petición propia, estoy enteramente a disposición de SS. SS. para comparecer cuantas veces sean necesarias y explicar lo que se me pida, como por supuesto debe ser.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre para complementar, si así lo considera necesario, algunos de los extremos ya contestados por el señor Interventor.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Quiero agradecer las explicaciones del señor Interventor General y tomar buena nota de su declaración ante este Parlamento para la vigilancia que se hará sobre la mensualización de la ejecución de la prórroga del presupuesto. No era otro el objeto de esta comparecencia, habida cuenta del hecho, que reconoce el propio Interventor General, del carácter ilimitado y no mensualizado de la prórroga que posibilitaba que unidad administrativa alguna pudiera tener la tentación de hacer una gestión no ordenada de esa prórroga. Por tanto, con motivo de haber adquirido el compromiso de su declaración ante está Cámara, mi grupo toma buena nota y estará vigilante de la ejecución a través de los mecanismos de control de esta Comisión o, en su caso, de la Diputación Permanente.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere plantear su posición respecto a este asunto? Tiene la palabra el señor Gimeno por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GIMENO MARIN: Agradezco la comparecencia del Interventor General.
Cuando leí la citación a esta Comisión que en el orden del día figuraba la comparecencia del Interventor General solicitada por el Grupo Popular, di por supuesto que se basaba, en lo fundamental, en la credibilidad que para el Grupo Popular supone la intervención y, como consecuencia, quien está al frente de la misma en la Administración del Estado, puesto que es el órgano encargado de fiscalizar y de controlar --y no sólo de control interno previo sino también de control financiero-- lo que es el gasto por parte del Estado. Lo digo porque viene al caso con el tema de estas
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comparecencias que hemos tenido hoy -- tanto la del Ministro como la del Interventor General--, es decir, la preocupación que manifiesta el Grupo Popular, nuestro grupo y también el Gobierno, sobre la voluntad política y la voluntad económica de controlar el déficit público. A pesar de la buena voluntad que hoy manifiesta el portavoz del Grupo Popular, me da la sensación de que dicho Grupo contribuye muy poco a garantizar la tranquilidad necesaria para que los sectores económicos confíen en que la situación económica no sólo va mejorando sino que, dentro de los problemas que presenta, hay una voluntad política clara y decidida de controlar el déficit y de disminuirlo. Y lo digo porque en muchas ocasiones (creo que es importante que hoy, puesto que está el Interventor General, intentaremos también clarificar alguna cuestión) se dice por el Grupo Popular --hoy no lo ha dicho-- que se oculta el déficit y que se oculta el gasto que está efectuando la Administración del Estado. Se dicen cosas sorprendentes. Y digo que se dicen cosas sorprendentes porque hemos tenido ocasión esta misma semana de ver reflejadas algunas afirmaciones que si fueran ciertas, señor Presidente, señor Interventor, no sé de qué estaríamos hablando. Como creo que es importante que partamos de una base clara de lo que es la situación del déficit público en estos momentos, quizá sea una buena ocasión aprovechar su comparecencia para dejar bien claro ante la opinión pública, y por supuesto ante el Grupo Popular, que aquí no sólo no se oculta nada sino que a veces las afirmaciones que se hacen no tienen nada que ver con la realidad. Y hay que entender que a veces es verdad que las cuestiones técnicas pueden ofrecer alguna dificultad en su explicación y desde ese punto de vista puede haber algún tipo de condescendencia, pero como creo que los portavoces del Grupo Popular que se dedican a estas materias conocen técnicamente la cuestión, cualquier afirmación que se haga en línea de generar algún tipo de duda no le parece a mi grupo políticamente correcto, sino que genera una posible imagen negativa de realidades que no se corresponden con lo que de verdad está ocurriendo.
Aprovechando su comparecencia, señor Interventor General, ¿qué le quiero preguntar? Se ha oído decir --y a veces se jalea por algún portavoz de algún grupo, concretamente del Grupo Popular-- que el Estado ha gastado en el ejercicio de 1992 más de cuatro billones de lo previsto. Eso es imposible, porque si se leen, por ejemplo, los datos del Banco de España que dicen cuál es el déficit o las necesidades de financiación del Estado y del conjunto de las Administraciones Públicas, en 1992, y hablan de 2,4 billones, parece sorprendente que si el déficit es ése se diga que se ha gastado más de cuatro billones, y no me voy a referir a indicadores en relación con el PIB, que sería lo mismo. ¿Por qué? Porque se confunden determinados conceptos que sin duda S. S. podrá clarificarnos para saber que la situación de la que partimos es la de que partimos; conceptos como no clarificar lo que son modificaciones crediticias, que no tienen nada que ver con el gasto, o lo que es la gestión presupuestaria, que no tiene nada que ver con el déficit económico de la contabilidad nacional o las necesidades de financiación. Aprovechando su comparecencia en esta Comisión le pido al señor Interventor General que intente clarificar algunas de estas cuestiones para dejar bien claro ante la opinión pública que la realidad es la que es, y no la que algunos pretenden decir que es para generar alarma social.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo el señor Interventor para contestar a las intervenciones de sus señorías.
El señor INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (Mañez Vindel): Antes de contestar a S. S. quisiera indicar una cuestión previa.
Como se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, los créditos que están reflejados en los presupuestos son límites de autorizaciones que no es necesario gastar en su totalidad, y por otra parte, que tampoco se pueden gastar en su totalidad ni en parte de una manera arbitraria. Por consiguiente, cuando se dice que algún gestor puede aprovechar y gastarse en unos pocos meses la totalidad o la práctica totalidad de los créditos, eso no es posible ya que, en realidad, lo que se refleja en el presupuesto son unas cifras, pero la cantidad de gasto que de alguna manera se va a restar de esas cifras, que son límites de autorizaciones de créditos, está autorizada a su vez por las disposiciones vigentes en la materia. Las distintas retribuciones se pueden gastar solamente desde el momento en que hay una ley que ampare el número de funcionarios durante ese ejercicio que puede gastarse tal cantidad. De tal manera que aun no haciendo una mensualización del gasto, naturalmente que ningún gestor podría gastar más de lo que las leyes le amparan. Tampoco podría aprovechar y gastarse todo; solamente en los créditos de inversiones (en algunos más como los de transferencias) ya que hace falta hacer previamente los expedientes de obras, etcétera. Por consiguiente, eso no sería posible. Insisto en que la mayoría de los créditos son simplemente las cantidades que mediante el amparo de las normas correspondientes --retribuciones, etcétera-- pueden ir restándose.
En este sentido quiero decir que tenemos que tener una idea clara, que aun no mensualizando, no tiene por qué haber una aceleración del gasto más que proporcional.
Dicho esto, paso a contestar al señor Gimeno. Indudablemente existe una gran confusión en las terminologías que se utilizan, y tenemos que hacer todos un esfuerzo en clarificar no solamente los términos sino las posiciones en cuanto que algunas veces hablamos sobre cuestiones que aparentemente son equivalentes y, sin embargo, existe una gran diferencia entre las cosas que se dicen y las que se dice que se han dicho, que es muy distinto. El déficit público es un término muy acuñado en el que se está hablando de la necesidad de financiación, que es también un término que está acuñado en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y al que todos los países europeos deben adaptarse. Este Sistema Europeo de Cuentas nos permite hacer la contabilidad nacional. De ahí la deducción de la llamada necesidad de financiación, entre comillas, de déficit público. Estos datos son enviados a Bruselas con carácter periódico para hacer el seguimiento del Programa de Convergencia.
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Esta es la necesidad de financiación: ingresos no financieros menos obligaciones reconocidas no financieras.
Yo desconozco lo que ha dicho la Presidenta del Tribunal de Cuentas porque no he visto el acta, pero sí he leído algo en los periódicos y me parece que ya había una pequeña confusión cuando se hablaba de los 4,2 billones de pesetas --yo me he permitido traer unos datos al respecto-- de las modificaciones presupuestarias. Esto no tiene nada que ver con un incremento mayor del déficit público, en absoluto. Y voy a explicar las razones.
Primera cuestión. De los 4,2 billones de pesetas, había tres billones 495.000 millones de pesetas del Estado; de organismos autónomos administrativos, 601.000 millones de pesetas, y de organismos autónomos comerciales, 168.000 millones de pesetas. De las modificaciones presupuestarias más del 50 por ciento eran gastos financieros, que no entran en el déficit. Concretamente había un billón 976.000 millones de pesetas de amortización de deuda pública. Eran unos pagarés del Tesoro que en aquel momento se decidió amortizar por una serie de motivos, yo creo que fundamentalmente fiscales. Naturalmente esas operaciones financieras no intervienen en el déficit público. Por consiguiente, de ninguna manera podemos decir que esas modificaciones presupuestarias han supuesto un incremento del déficit público previsto.
Segundo, había otras partidas --por ejemplo, 280.000 millones de pesetas en préstamos a la Seguridad Social-- que también son operaciones financieras; era el capítulo VIII. Por consiguiente tampoco entran. Sí existían --hay que decirlo-- créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un valor de 509.000 millones de pesetas y ampliaciones de crédito. En la propia ley de presupuestos de cada ejercicio se indica claramente cuáles son aquellos créditos que pueden ser ampliables hasta el límite de las obligaciones que se contraigan. Hay cantidades importantes, entre ellas, como he dicho, dos billones 43.000 millones de pesetas, que son para deuda pública, y un billón 976.000 millones de pesetas, que son gastos financieros. Por consiguiente, no están dentro del déficit público. Esto es muy importante.
Yo comparecí relativamente hace poco ante esta Comisión y me preguntaron precisamente sobre esas diferencias que existían entre los criterios del Tribunal de Cuentas y los de la Intervención General. Debo decir que tampoco tiene nada que ver eso con el déficit público o al menos de una manera absolutamente definida, porque lo que decía el Tribunal de Cuentas es que en algunos casos existían gastos que se habían ejecutado y no se habían recogido en el presupuesto y, sin embargo, en términos de contabilidad nacional ya se habían recogido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La contabilidad nacional y la contabilidad presupuestaria no van en idéntico camino. En algunos casos son absolutamente divergentes porque no están pidiendo las mismas cosas.
También se ha explicado, sobre todo a la prensa, la diferencia que existe --cuando habla el Tribunal de Cuentas-- entre gastos que debieron ejecutarse en este ejercicio y que se dejan para otro ejercicio posterior. Sin embargo, no se tiene en cuenta que también existían gastos de otros ejercicios que fueron imputados al ejercicio corriente. Por consiguiente, desde el punto de vista de contabilidad nacional, teóricamente deberíamos utilizar el criterio de devengo puro e imputar a cada ejercicio lo que realmente se habría gastado. Por tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, aunque es un tema muy complejo, por clarificar todos estos datos para no confundir a la opinión pública. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE: El señor Aguirre tiene la palabra por tres minutos.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Brevísimamente, señor Presidente, por entender que se ha incorporado al debate una materia que no es objeto de la comparecencia.
Quiero expresar en este sentido que los problemas que se plantean en relación con el estado de la Cuenta General del Estado derivan fundamentalmente de una discusión no cerrada, que permanece abierta entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas. En sucesivas ocasiones hemos manifestado en el pleno o en comisiones de este Parlamento que sería prudente y muy recomendable ese debate relativo a la diferencia de criterios. Ha habido afirmaciones muy rotundas del Tribunal de Cuentas en las que se ha llegado a decir, si no recuerdo mal, que la Cuenta General del Estado no es representativa del estado financiero, económico y patrimonial. Cuando hay afirmaciones de esa gravedad por parte del máximo órgano fiscalizador, lo más prudente es procurar que no vuelvan a producirse y, por tanto, no dar motivo desde el Gobierno para que el máximo órgano fiscalizador pueda hacer una afirmación tan contundente y de tantísima trascendencia para un gobierno.
Yo quisiera que se tomara buena nota de que el debate sería uno u otro dependiendo de que esa discrepancia y esas afirmaciones tan rotundas, que no están hechas por ningún grupo de esta Cámara sino por el Tribunal de Cuentas, no se repitieran y hubiera, como mínimo, un grado de coincidencia entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, entendemos que no entra dentro de este trámite extendernos en este debate y consideramos que el debate de esta comparecencia debería ajustarse a los términos en los que se ha solicitado la misma, y no otro tipo de debates que no están ni en el orden del día contemplados.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gimeno, tiene la palabra por un período breve de tiempo.
El señor GIMENO MARIN: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Dos cuestiones fundamentales. En opinión de mi grupo, sí tiene que ver, por una razón muy simple, porque si algunas afirmaciones que se hacen fueran ciertas, no sé para qué íbamos a estar debatiendo sobre cómo se controla para cumplir unos objetivos de déficit para el ejercicio que viene, porque si estuviéramos hablando o partiéramos del hecho de que se han gastado cuatro billones más en un ejercicio, que no han sido reflejados, huelga hablar de cómo controlamos el déficit, porque sería una barbaridad.
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Desde ese punto de vista, creo que era muy importante dejar clara esta cuestión.
La otra cuestión es que a veces se utiliza el nombre del Tribunal de Cuentas de una forma totalmente inadecuada. En algún tipo de cuestiones pueden existir discrepancias con el Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno y por parte de los miembros de la Cámara, pero en esta ocasión --como en otras-- el Tribunal de Cuentas no dice lo que se dice que ha podido decir, según manifiesta el portavoz del Grupo Popular. No dice eso. Es cierto que el Tribunal de Cuentas habló de modificaciones sobre créditos iniciales de cuatro billones. Nadie dice lo contrario porque es verdad. Pero el Tribunal de Cuentas también dice lo siguiente, y leo textualmente la transcripción del «Diario de Sesiones»: No obstante --hablando de lo que dice el Gobierno de un superávit presupuestario de 850.000 millones, y leo esto por ser del último debate que hemos tenido, aunque repite con bastante frecuencia--, se han aplicado al presupuesto de gastos determinadas obligaciones, originadas en el año 1992, que ascienden a más de 755.000 millones y, por el contrario, se han imputado obligaciones de ejercicios anteriores por importe de más de 626.000 millones, de forma que los gastos presupuestarios de 1992 se encuentran incorrectamente reducidos en la diferencia de 128.900 millones de pesetas. ¡Menuda diferencia! Y es ahí donde están las discrepancias, en los 128.000 millones de pesetas, no en lo que es el concepto de modificaciones presupuestarias, que el Interventor General nos ha clarificado, para no confundirlo con el concepto de déficit económico o déficit público, que es el que se utiliza para compararnos económicamente y para conocer la situación real, que no es otra cosa que las necesidades de financiación. Vamos a ver si conseguimos introducir la claridad, pero el Grupo Popular también debería hacer un esfuerzo por introducir esa claridad.
El señor VICEPRESIDENTE: Si el señor Interventor General del Estado quiere intervenir para cerrar este subdebate, tiene la palabra.
El señor INTERVENTOR GENERAL DEL ESTADO (Máñez Vindel): Quiero decir que el Tribunal de Cuentas merece todo el respeto a la Intervención General.
Nosotros no estamos intentando hacer un debate de tipo político, no entramos en eso, pero sí quiero decir que algunas veces es muy difícil que no existan discrepancias técnicamente, por ejemplo, cuando se habla de términos de caja o términos de devengo. Supongo que la mayoría de SS.
SS., que son técnicos en la materia, están muy acostumbrados a debatir en contabilidad en términos de caja o en términos de devengo. En algunos casos, como por ejemplo en contabilidad nacional, se considera que es mejor términos de caja, pero en otros casos es al contrario. Con esto quiero decir que este debate no está cerrado ni lo va a estar nunca. Sin embargo, también tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo enorme por acercarnos a los criterios del Tribunal. Lo que el Tribunal dice es: actúen lo más posible en términos de gastos, ajustándose al criterio del devengo. Por ello, como saben SS. SS., se ha aprobado el Plan General de Contabilidad Pública, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 1995, de tal manera que en estos momentos el número de discrepancias con el Tribunal de Cuentas será muy pequeño, porque la mayoría de los gastos ya están contabilizados en los términos del devengo que pedía el Tribunal de Cuentas.
Quizás este tipo de cosas nos ayude a comprender que no se trata de que exista ocultación o cosas de éstas, sino que se trata de criterios distintos y, a medida que se perfeccionan la tecnología y la posibilidad de contabilizar, nos permiten acercarnos a criterios más puristas, como es el criterio del devengo. Sinceramente, creo que en las cuentas del año 1995 habrá muchísimas menos discrepancias --sin duda alguna quedará; eso es lógico--, puesto que la mayoría estarán corregidas, y en las cuentas de 1994, adelantándonos a ese criterio del devengo, también se han aplicado ya cuestiones que el Tribunal de Cuentas ponía en entredicho en años anteriores. Es decir, que, como digo, ha habido un proceso de perfeccionamiento de la contabilidad para ajustarse a los términos que indicaba el Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Interventor. Con esto damos término a su comparecencia.
Vamos a dar diez minutos de receso.
--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 55 HECTOMETROS CUBICOS A LA
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CUENCA DEL SEGURA Y SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CREDITOS POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE PESETAS AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/1991, DE 4 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE: En el siguiente punto del orden del día tenemos que ratificar la ponencia encargada de informar el proyecto de ley por la que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía.
¿Se ratifica la ponencia? (Pausa.) Queda ratificada por unanimidad.
--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 55 HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA DEL SEGURA Y SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CREDITOS POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE PESETAS AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/1995, DE 4 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir y dictaminar, en su caso, el proyecto de ley anteriormente citado.
¿Grupos que han presentado enmiendas a este proyectos y que desean defenderlas? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Cruz.
El señor CRUZ ORIVE: Señorías, intervengo brevemente para defender las seis enmiendas que nuestro Grupo ha presentado a diferentes artículos de este proyecto ley.
Al artículo 1 hemos presentado una enmienda que pretende la adición de un nuevo número 3, que dice expresamente: «Se instalará una estación pública de aforo en el sistema de Entrepeñas-Buendía, para control del volumen desembalsado en cada trasvase.» Parece ser que no hay un control público sobre las mediciones o la determinación del aforo, por lo que pedimos esa estación pública de medición, dado que partimos de los datos que nos suministran las compañías eléctricas. En cualquier caso, si algún miembro de otro Grupo clarifica el tema, aunque por cortesía con el compañero que lleva este tema me abstenga en este momento, nuestra votación en el Pleno no va a depender de esta enmienda, que tampoco es de gran enjundia.
Al artículo 2 hemos presentado tres enmiendas. Las enmiendas números 2 y 3 al artículo 2 plantean que se relacionen las obras que se van a realizar con esos créditos extraordinarios que figuran en el artículo 2.
El señor Ministro dio en el Pleno una relación de obras que ya tenía previsto realizar, y nos gustaría que en un documento o un anexo quedaran relacionadas para precisar bien el gasto. De otro modo, quedaría de una forma muy laxa el poder ejecutar esos 14.500 millones, por un lado, y 500 millones por otro. Creo que sería una irresponsabilidad que desde esta Cámara lo dejáramos abierto sin precisar las obras que hay que ejecutar, cuando, además, técnicamente el trabajo está realizado y se tiene diseñado el proyecto.
La enmienda número 4 a este artículo 2 es, desde nuestro punto de vista, de sentido común, en la medida en que lo único que pedimos es que en los trabajos de investigación para hallar aguas subterráneas se utilicen los recursos que ya tenemos. Hay un Instituto Tecnológico Geominero, por lo que pedimos que no se establezcan subcontrataciones fuera de la casa y que se utilice este Instituto Tecnológico, que está capacitado técnicamente y que debería desarrollar estas obras de investigación de aguas subterráneas.
Respecto a la enmienda número 5 al artículo 5, en coherencia con nuestra filosofía del control de gasto, planteamos la supresión del artículo 5, por cuanto dicho artículo dice «sin que a estos efectos sean de aplicación las limitaciones para autorizar transferencias de créditos contenidos en el artículo 70 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y artículo 8 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995...». Nosotros estamos de acuerdo con lo que expresan literalmente tanto el artículo 70 como el artículo 8. Este último incluso habla de que hay que indicar expresamente hasta los subconceptos del gasto, etcétera. En cuanto al artículo 70, SS.
SS. lo conocerán y también estamos de acuerdo con su contenido. Por lo tanto, pedimos la supresión de ese artículo número 5 del proyecto de ley.
La enmienda número 6 propone crear una disposición adicional nueva del siguiente tenor: «El Gobierno remitirá a las Cortes Generales en el plazo de tiempo más breve posible un proyecto de ley sobre medidas generales de actuación contra la sequía.» Es decir, que cuando haya sequía no tengamos que acudir a decretos-leyes, a créditos o consignaciones extraordinarias, sino que se remita un proyecto de ley que recoja estas situaciones para no tener que improvisar periódicamente.
Creo que reglamentariamente procederá que, en la misma intervención, por ganar tiempo, fije nuestra posición respecto a las enmiendas que ha planteado el Grupo Popular. En ese sentido, votaríamos a favor de la enmienda del Grupo Popular al artículo número 1 si suprimiera la expresión «por una sola vez». Es decir, estamos de acuerdo en que diga: «se autoriza con carácter extraordinario el trasvase de 50 hectómetros cúbicos...», suprimiendo «por una sola vez». Creemos que, en política, no debe constar la expresión «por una sola vez». Nosotros apoyaríamos la enmienda número 7, del Grupo Popular con esa ligera modificación.
Quería dar una explicación de nuestra posición respecto a la enmienda número 8, del Grupo Popular, al artículo número 2. Estaríamos de acuerdo en que fundamentalmente, no taxativamente, las asignaciones extraordinarias fueran a las regiones de origen, a las regiones que ceden el agua, pero no haríamos una declaración de principios ni estableceríamos un principio fundamental al 100 por cien, puesto que probablemente se pudieran establecer dobles discriminaciones. Aunque en el caso de Castilla-La Mancha sería positivo, en otros casos podría ser discriminatorio o insolidario. Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con que estas asignaciones extraordinarias pudieran ir a las regiones de origen del trasvase, con los anexos que ha presentado el Grupo Popular no estamos de acuerdo, puesto que algunas de las obras a realizar corresponden a presupuestos ordinarios de ayuntamientos, corporaciones locales, etcétera, que no deben ir en estas consignaciones extraordinarias que se solicitan en el proyecto de ley, tanto en el anexo 1 como en el 2. Nosotros nos remitimos a nuestras enmiendas y emplazamos al Gobierno para que especifique en sus anexos o documentos las obras que tiene previsto ejecutar.
También vamos a votar favorablemente la enmienda número 10, del Grupo Popular. Propone un artículo 6 nuevo que dice: «Declaración de interés general de las
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obras a realizar y evaluación de su impacto ambiental.» Creemos que es procedente la inclusión de este artículo.
La enmienda número 11, del Grupo Popular, propone incluir una disposición derogatoria única. Efectivamente, si apoyamos este proyecto de ley, queda derogado el Decreto-ley. Creo que es una enmienda técnica y, por supuesto, estamos de acuerdo con ella.
Vamos a votar en contra la enmienda número 9, que trata de incorporar los anexos, como ya he dicho anteriormente, en coherencia con lo manifestado.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, al igual que ha hecho el anterior interviniente señor Cruz, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, creo procedente intervenir no solamente en defensa de las enmiendas del Grupo Popular, sino para pedir alguna aclaración de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, únicas presentadas además de las nuestras, y en todo caso, para facilitar las aclaraciones que ha solicitado el señor Cruz.
En primer lugar, nuestra posición respecto a la enmienda número 1, del Grupo de Izquierda Unida, sobre la instalación de un aforo en el sistema Entrepeñas y Buendía, nos parece --y lo digo con cordialidad y conocimiento de causa-- que es absolutamente innecesario, señor Cruz, puesto que aguas abajo, precisamente en el sistema Bolarque-La Bujeda, en la sierra de Altomira, el acueducto Tajo-Segura sí tiene una estación de aforo. Por tanto, en estos momentos, la Administración, con las instalaciones existentes actualmente, tiene un conocimiento exacto. Por tanto, le rogaría que retirara esa enmienda, puesto que supondría poner una estación de aforo aguas arriba en un sistema más complejo que donde está ubicado desde hace años correctamente. ¿Dónde se va a poner, en Buendía o en Entrepeñas? Porque Bolarque o La Bujeda, en la sierra de Altomira, repito, es donde confluyen todas las aguas de la cuenca del Guadiela y de la del Tajo. Por tanto, el sitio donde hay que hacer ese aforo es justo en el punto de trasvase. Si hay alguna razón técnica o de tipo hidráulico que a este Diputado y a mi Grupo se nos escapa, me gustaría que nos lo aclarara, pero tal como está planteada la enmienda, entendemos que no es necesario. En ese sentido, nuestro voto no podría ser afirmativo.
Ni afirmativo ni negativo ni de abstención sería para las enmiendas números 2 y 3 porque en ellas se dice que se deberán remitir una serie de obras a los anexos números 1 y 2 que no aparecen en el texto. Por tanto, me gustaría que el propio ponente del Grupo de Izquierda Unida diera luz a este Diputado, el letrado que nos asiste en la Comisión o quien sepa decirme dónde están esos anexos 1 y 2, porque no sé qué hay que votar aquí puesto que estos anexos no figuran en ninguna enmienda.
Daremos nuestro voto afirmativo, señor Cruz, a su enmienda número 4, donde se apela al concurso, ayuda, investigación y trabajos de siempre bien ponderado Instituto Tecnológico Geominero cuando las actuaciones que se dirijan a la captación de recursos hídricos complementarios o de aguas subterráneas sean, en general, mediante el estudio de los acuíferos y aguas subálveas. Entendemos que el Instituto Tecnológico Geominero tiene mucho que decir en todo ello, por lo que la enmienda número 4, en la que su Grupo nos remite a los estudios del Instituto Tecnológico Geominero, a nuestro Grupo le parece oportuna, positiva y aceptable. No ocurre lo mismo con la enmienda número 5, puesto que, según está redactado el artículo 5, no sólo los créditos que genera esta ley no se pueden hacer ampliables, sino que además nos parece que el suprimirlo dejaría casi sin sentido este proyecto de ley.
Vamos a votar nuevamente a favor la enmienda número 6. Y digo nuevamente porque actuaciones del Gobierno para paliar la sequía han sido solicitadas por los distintos grupos de la Cámara en repetidas ocasiones.
Una vez más, sin esperanza alguna de que aquí venga ningún plan serio y coherente, que responda a las necesidades que genera una catástrofe como la sequía de este año, se lo vamos a pedir. Tengo en mis manos la copia del proyecto de ley de 24 de noviembre de 1995 que nos remite el Congreso de los Diputados, éste referido a la agricultura, y realmente ni satisface a mi Grupo ni a casi nadie de la Cámara, porque no responde, repito, a las necesidades. Si hay que pedirlo una vez más, nos sumamos a esa petición, pero con bastante poca esperanza.
Respecto a las dudas que tenía S. S. en relación con nuestras enmiendas, le diré al señor Cruz, y a todos los compañeros de la Comisión, que el Grupo Popular no puede suprimir ni una sola de las palabras de su enmienda número 7 para que no se caiga en la tentación, o en la malevolencia, de volver a aplicar lo que fue en día un Real Decreto-ley y se transformó en proyecto de ley, es decir, que se aplique exclusivamente en aquello para lo que se dictó. Cuando votamos, los 55 hectómetros cúbicos ya se habían trasvasado desde la cuenca del Tajo a la del Segura y estaba claro --así al menos lo dijo el Gobierno cuando decidió hacer tal trasvase-- que se hacía sólo por una vez y de manera extraordinaria.
Pues bien, nosotros proponemos que lo que se dijo conste en el articulado de este proyecto de ley. Por tanto, señor Cruz, aunque no gocemos del voto favorable de su Grupo, tenemos que mantener todas y cada una de las palabras que se contienen en el artículo 1 de esta ley.
El resto de nuestras enmiendas tiene realmente carácter técnico y casi no merecen el más mínimo comentario, pero sí voy a hacer una breve explicación, que no su defensa, de la enmienda número 8, porque creo que hay cosas que se defienden por sí solas. Mi Grupo no sólo entiende que los fondos que se asignan en este proyecto de ley deban ir a la región cedente, sino que deben ir de manera excluyente y total, porque lo contrario sí que sería discriminación e insolidaridad. Repito que cuando se trae a esta Cámara la ratificación de un real decreto-ley para realizar un trasvase que ya se ha efectuado anteriormente, realmente lo que votemos da igual porque el agua ya no va a volver. El agua se trasvasó y el agua fue a donde fue, en unos momentos en los que la región que cedía estaba bajo mínimos y sin agua, aunque es verdad que las necesidades eran todavía mayores
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en la cuenca del Segura adonde se trasvasó. Es decir, que estamos ante la paradoja de que una región muy seca ceda agua a otra que es todavía mucho más seca. Por decirlo de alguna manera, estamos repartiendo miseria entre regiones que no tienen agua, ni la que da ni la que la recibe, porque ni Murcia ni Castilla-La Mancha tienen agua. Desde luego, en los meses de agosto y septiembre, cuando la sequía estaba en todo su apogeo, los problemas que se crearon en una y otra cuenca fueron importantes, pero el Gobierno tira por el camino de en medio, hace el trasvase --por cierto, en contra de la opinión del Gobierno regional de Castilla-La Mancha-- y unos meses después se nos trae este trasvase, más las medidas complementarias, para que lo ratifiquemos en esta Cámara. Pues bien, mi Grupo entiende que en esa ratificación debe incluirse, de manera solidaria y para evitar la discriminación, un anejo --y así lo incluimos-- para que los fondos con los que va dotado este proyecto de ley, 15.000 millones de pesetas, se apliquen a la región donante, a Castilla-La Mancha. Y quiero citar expresamente provincias deprimidas como Cuenca y Guadalajara, de cuyo territorio geográfico sale el agua que llega hasta Murcia.
En cuanto a que la naturaleza de las inversiones no les parezca la más oportuna al señor Cruz y al resto de los grupos que no han enmendado este proyecto de ley, les invito a recorrer pueblo a pueblo, provincia a provincia, comarca a comarca, para que comprueben dónde pretendemos aplicar lo que solicitamos en este anejo único, porque creo que sacarán la misma conclusión que hemos sacado en el Partido Popular: que este dinero, y mucho más, hace falta para empezar a reparar las injusticias que se están provocando con los trasvases con ciertas provincias y con una región.
En consecuencia, mantenemos todos los puntos y todas las comas de nuestras enmiendas y, desde luego, del anejo único que se cita en la enmienda número 9, en el que se detalla, repito, pueblo a pueblo, provincia a provincia, dentro de la región, en qué entendemos que deben distribuirse estos 15.000 millones de pesetas que acompañan, como financiación complementaria, al proyecto de ley que estamos debatiendo en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jerez, en nombre del Grupo Socialista.
El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, creo que, aunque el debate del agua es importante, no menos importantes son los fenómenos que ocurren en la calle en un momento en que estamos viviendo situaciones angustiosas. Por lo tanto, como creo que esta Cámara debe captar el sentir que en estos momentos tienen los ciudadanos que han visto de una manera tan cruda las imágenes que han salido en televisión, quiero en nombre de mi Grupo, y entiendo que será en nombre de todos los miembros de esta Comisión, declarar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familiares, y condenar de una manera rotunda y tajante a la banda de asesinos culpables de la situación que hemos podido presenciar esta tarde. Porque, independientemente de quiénes eran y qué es lo que hacen o puedan hacer, en estos momentos lo que sí está claro es que son asesinos, asesinos comunes, indignos de estar situados en un país civilizado y en los albores del siglo XXI, como es nuestra España democrática. Por eso pediría la unión de todos los grupos en este mensaje.
A continuación, como mi Grupo no ha presentado enmienda alguna, quiere dar su opinión sobre cada una de las enmiendas presentadas por los dos grupos enmendantes, tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Popular.
En cuanto a la primera de Izquierda Unida --me ha alegrado que el representante del Partido Popular ahora diga sí--, que propone instalar un nuevo aforador, hay que entender que el conjunto Entrepeñas-Buendía-Bolarque y la subida a Bujeda es un conjunto cerrado y, a efectos de trasvase, por la necesidad que tiene incluso de pagar y de tarifar, están absolutamente controladas y aforadas todas las salidas que van por ese sistema. No sé si se refiere o quiere referirse, sin expresarlo así, a otro tipo de medidas de caudales porque en estos momentos yo creo que es uno de los conjuntos mejor conocidos en cuanto a las entradas y salidas de agua. Por lo tanto, mi Grupo, que no lo cree necesario, se va a oponer.
En segundo lugar, esperaban que se incluyera un anexo que podría presentar la coalición de Izquierda Unida, pero no lo hacen. Entiendo que el sentido debe ser incluir algún tipo de documento --así lo ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida-- y mi Grupo, al final, intentará hacer un planteamiento que pueda dar satisfacción en esta dirección para ver si podemos llegar a una fórmula de entendimiento que nos permita captar lo que entiendo que es la idea del portavoz de Izquierda Unida.
Nos parece aceptable la enmienda de adición, aunque evidentemente la práctica del Ministerio de Obras Públicas sigue siendo consultar y contar con el Instituto Geotécnico y Minero. Es una práctica usual, pero puesto que es una enmienda que intenta ir en esta dirección, no nos parece rechazable.
La siguiente enmienda de supresión no nos parece aceptable desde ningún punto de vista. Me parece que es un elemento básico a la hora de poder disponer de los quince mil millones de pesetas y, por tanto, no es aceptable su supresión.
En cuanto a la adición que pretende la siguiente enmienda, tengo que decir que hay un documento que en estos momentos está en proceso de elaboración que es el plan hidrológico. El auténtico documento definitivo para los problemas de la sequía se llama plan hidrológico nacional. Todo lo demás tendrá que hacerse a través de decretos excepcionales y urgentes en función de situaciones concretas. Pero si queremos tener un documento que comprenda todas las posibles situaciones de sequía, ese documento es el que se está elaborando y es el plan hidrológico nacional. Por tanto, estaríamos de acuerdo en decir que hay que instar a todos los grupos y a todos los agentes sociales en que se pongan de acuerdo para que pueda salir el plan hidrológico nacional. En esa línea estamos y, por tanto, no apoyaremos esta enmienda puesto que tiene otro tipo de trámite y otra documentación distinta.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, si aceptáramos la primera tendríamos incluso que cambiar el título
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del decreto al transformarse en ley, que no lo propone la propia enmienda, puesto que este artículo es reflejo del título del propio Real Decreto y, por tanto, nos parece un contrasentido. Es una situación excepcional, así se dice, y podrá ser por una sola vez o por más, porque comprende un año hidrológico, prácticamente de septiembre a septiembre, y nadie puede decir que dentro de unos años no pueda ocurrir una sequía mucho más excepcional. Por tanto, se está hablando en los términos en que lo hace el propio Real Decreto y no en otros y, de aceptar esta enmienda, tendríamos que modificar su propio sentido.
No entendemos por qué la siguiente enmienda varía la disposición de los créditos, salvo si es por su unión con el anexo; es decir, que en función de las obras que presenta el anexo cambia el sentido. Aquí es donde, pidiendo previamente disculpas, voy a intentar ser todo lo más conciso que pueda, aunque a veces suene duro.
Creo que el anexo número 2 es una prueba evidente de demagogia partidaria, y lo tengo que calificar así sin dar en ningún momento marcha atrás, por una razón clara. Primero, no se pueden tratar en cuantías de manera igual provincias con distintos problemas hídricos. No tienen los mismos problemas hídricos Guadalajara y Cuenca que Ciudad Real cuando vamos a tener otro decreto que reconoce unas necesidades hídricas de 50 hectómetros cúbicos que van preferentemente a la cabecera del Guadiana.
También me parece que esa demagogia que nos mete el Partido Popular tiene además el acompañamiento de un tratamiento poco estudiado que no dice nada, de aprobarse, de la dignidad de la Cámara. ¿Por qué digo eso? Si miramos cada una de las obras que se plantean, no debemos olvidar que el decreto habla de 14.500 millones de pesetas destinados a la realización de obras hidráulicas de carácter excepcional y otros 500 millones de pesetas a saneamiento y depuración con el mismo carácter excepcional, es decir, obras hidráulicas de carácter excepcional. Se compadece muy mal con la realización de 2.300 millones de pesetas para caminos y carreteras para comunicar zonas que en este momento estén mal comunicadas. Creo que haríamos un flaco servicio a la seriedad de la propia Cámara si introducimos en obras hidráulicas o hídricas de carácter excepcional situaciones como el arreglo de caminos en 2.300 millones de pesetas, que corresponden a obras que ni son hidráulicas ni tienen el carácter excepcional, puesto que yo entiendo que además esas obras de reposición de cauces que suponen la inundación del trasvase, con los pantanos secos es cuando menos problema de inundación tienen. Por tanto, la excepcionalidad de sequía favorece la comunicación. Creo que sería interesante que el tema de caminos lo metiéramos en el capítulo de carreteras y fuéramos hablando de cada cosa en su sitio, porque si no entiendo yo que cualquiera que analice el Decreto lo va a calificar de tremendo. Además no son obras hidráulicas de carácter excepcional el reparar llaves de paso en un abastecimiento. Ni lo es tampoco suprimir algunas roturas de tuberías, que son competencias de los municipios a través de los planes provinciales con diputaciones o con las autonomías.
Por tanto, entiendo que el Partido Popular hace un flaco servicio a un fin que podríamos hacer nuestro, que es cubrir las necesidades de Castilla-La Mancha, porque creemos que, evidentemente, tiene muchas necesidades de agua; que el futuro de Castilla-La Mancha se condiciona con el agua y que ha demostrado, en el transcurso de los tiempos, ser una autonomía solidaria con los problemas del agua.
Así pues, entenderíamos que Castilla-La Mancha tuviera un tratamiento especial, como lo tiene ya en los planteamientos del plan hidrológico nacional, pero, en función de esas necesidades, no podemos hacer una auténtica chapuza alegando o intentando vender en cada uno de los pueblos, aprovechando esas necesidades, que les vamos a dar tantos y cuantos millones y que ha sido el Partido Socialista el que dice que no es así; no. Es que esta Cámara no puede admitir que con carácter excepcional de sequía se meta dinero para la construcción de carreteras, porque sería un timo en muchos casos a las muchas necesidades de todos los territorios, incluido el de Castilla-La Mancha.
Por tanto, me parece aceptable que Izquierda Unida incluya algo que nos parece interesante, y es instar al Gobierno --y me dirijo al portavoz de Izquierda Unida-- para que realice un documento en el que se hagan constar las obras a realizar y que en las mismas sean preferentemente tratadas las necesidades que pueda tener Castilla-La Mancha, porque entiendo que tiene muchas necesidades en las cabeceras de los ríos, en cualquiera de ellas, y me parece interesante que este Decreto dé satisfacción a una necesidad que, evidentemente, es excepcional y urgente, como es la de los abastecimientos a muchas de las poblaciones de nuestra autonomía. Y no es que tengan problemas con las llaves de paso porque se les sale el agua, es que no tienen agua. Por tanto, ésa es la seriedad que debemos dar a los documentos que salgan de esta Cámara.
En consecuencia, instaríamos al Gobierno en esa dirección y, si a Izquierda Unida le parece que su enmienda vaya en este sentido, facilitaríamos a la Mesa el texto para que pueda quedar constancia del texto definitivo que proponemos junto con el Grupo de Izquierda Unida, y al que agradeceríamos que se adhirieran los demás Grupos, aunque es algo que no depende de nuestra voluntad.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero, quizás para explicar algo que no haya sido entendido antes.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, creo que todos los que estamos aquí hemos entendido perfectamente lo que el señor Jerez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos ha querido decir y nos ha dicho y, desde luego, no se pueden decir más insensateces en menos tiempo.
Señor Jerez, de demagogia partidaria, nada, y cuando quiera S. S. y las señorías que forman parte de esta Comisión, preguntamos--o echamos mano de las hemerotecas-- al señor Bono, Presidente del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, qué decía este verano sobre el trasvase.
Dejemos la palabra demagogia, que ni se ha hecho ni se va a hacer por mi parte y, por supuesto, por nadie de mi
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Grupo. Dejemos aparte palabras tan malsonantes como la de timo y la de atentado a la dignidad de la Cámara. Creo, señor Jerez, que no ha estado usted fino. Desde luego, no voy a entrar a debatir lo que he calificado como una auténtica insensatez.
Señor Presidente, creo que ha quedado bien claro que lo que no solamente no comparte el Grupo Socialista sino que parece que le molesta es que un Grupo como el Popular se haya ido provincia a provincia, pueblo a pueblo a preguntar a los alcaldes de un signo y de otro, presidentes de diputación --aquí ya sólo son de un signo-- y a los responsables de los distintos colectivos que tienen algo que ver con el tema hidráulico, cuáles son sus necesidades perentorias a la vista de unos suplementos de crédito, concretamente 15.000 millones, que proponía el proyecto de ley, sobre la premisa, y así lo adoptó mi Grupo, de que estos 15.000 millones debían invertirse en Castilla-La Mancha. ¿Que algunas inversiones no le gustan, señor Jerez? Le iba a decir que ése es su problema, pero se lo diré de manera un poco más barroca: ni 15.000 millones ni mucho más sabe S. S. que son suficientes para paliar la difícil situación no solamente en infraestructuras hidráulicas, sino en otras, que padece la región a la región a la que usted y yo pertenecemos.
No se trata, por tanto, de arreglar todos los problemas de todas las instituciones, ni mucho menos. Se trata, por un lado, de corregir lo que históricamente se ha estado haciendo mal con Castilla-La Mancha, sobre todo en los años de Gobierno socialista, a nivel de Gobierno central, con el incumplimiento sistemático, y de año en año, de la ley del Trasvase Tajo-Segura.
Sus Señorías saben que las compensaciones que debía haber habido no se han producido, y que de las obras del capítulo de obras hidráulicas cuando se hacen unas instalaciones, como es el sistema Entrepeñas-Buendía, Bolarque-La Bujeda, ATS, etcétera (cuando digo ATS aclaro, Acueducto Tajo-Segura), quedaron muchos kilómetros sin hacer, incluidos esos que llama despectivamente caminos, que son efectivamente caminos, pero yo le agregaría tercermundistas, que así funcionan por el paso de los vehículos, pero que la Administración, que está obligada a hacerlo, no lo ha hecho.
Entiende mi Grupo que éste es un buen momento de completar aquellas obras que, dentro del capítulo hidráulico, dentro de un sistema de pantanos, de depósitos y de embalses para trasvasar a otra región, se hicieron sobre el papel pero no sobre la realidad, y éste es el momento, insisto, de completar esas obras, que ya debían estar hechas y que en los últimos años de manera sistemática se han incumplido mediante la no aplicación de la Ley del Trasvase Tajo-Segura.
Por tanto, de las obras que se piden no se retira ni una, y con ellas, desde luego, no se completa todo lo que se dice en el anexo. Hace falta, por supuesto, la aportación de municipios, hace falta la aportación de diputaciones y hace falta la aportación de los fondos de la Comunidad Autónoma, de los fondos regionales.
Respecto a la enmienda número 7, le diré, señor Jerez, que no se trata aquí de ponerle más sellos a lo que ya los tiene, sino de decir claramente que mediante este Real Decreto, que luego se ha transformado en proyecto de ley, se aplica sólo a este trasvase que se hizo meses ha, se aplica sólo a esos 55 hectómetros cúbicos y a estas asignaciones presupuestarias que en su día se decidieron por parte del Gobierno, que fue, repito, quien decidió ese trasvase.
Desde luego, futuros trasvases extraordinarios requerirán la adopción de medidas extraordinarias. Mientras tanto (y estos días está bajando el agua por el acueducto Tajo-Segura y nadie está poniendo el grito en el cielo, porque se está cumpliendo la Ley), se efectuarán los trasvases desde la Cuenca del Tajo a la del Guadiana mediante la Ley que lleva funcionando ya tantos años y que sistemáticamente también, repito, está siendo incumplida por parte del Gobierno socialista.
Yo le ruego, señor Jerez, que S. S. y su Grupo se sosieguen, se serenen, se tranquilicen, y le digo con auténtica claridad, y si me permite hasta con descaro, que apruebe con puntos y comas este anejo que incorpora el Grupo Popular para las inversiones a efectuar en una región que conoce tan bien como yo, y sobre todo en unas comarcas --las afectadas por el sistema Buendía-Entrepeñas, Bolarque-La Bujeda-- que ya no pueden dar más, ya no pueden ser más solidarias; que por una vez y de manera excepcional esperan que la solidaridad, como dije al principio de mi intervención, funcione aguas arriba y que estos 15.000 millones de alguna manera valgan para paliar la situación difícil por la que en materia hidráulica, incluidas las comunicaciones que no se hicieron en su momento y que no se han hecho posteriormente, puedan ser reparadas para que aquella gente que da agua viva un poco mejor.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Cruz, y supongo que no solamente para el debate, sino para aclarar algunas cosas que no han quedado bien explicitadas.
El señor CRUZ ORIVE: En este fuego cruzado no estoy afectado, aunque evidentemente rogaría que tratáramos con más rigor los temas, entre otras cosas porque íbamos a ser más breves.
He quedado satisfecho respecto a una de las enmiendas con las explicaciones que me han dado tanto el señor Madero como el señor Jerez sobre la estación de aforo y, por tanto, retiraría la enmienda número 1, que pedía un nuevo apartado 3 al artículo 1.
Respecto a las enmiendas números 2 y 3, he considerado las explicaciones del señor Jerez como una transaccional «in voce», que recojo en su última definición. Me ha parecido muy apropiada, y como creemos recogido el espíritu de lo que planteaban nuestras enmiendas, las retiramos y nos sujetaríamos al texto que concrete esa manifestación verbal del señor Jerez.
Creo entender que la enmienda número 4 ha sido asumida por ambos grupos, que es la que hace referencia al Instituto Tecnológico Geominero, y mantendría para su votación las enmiendas números 5 y 6.
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El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jerez para puntualizar.
El señor JEREZ COLINO: Señorías, yo creo que es bueno, cuando se adjetiva, que se puntualice, y voy a intentar decir por qué dije esos adjetivos y a qué se correspondían.
Es difícil de entender, desde la casualidad o desde la lógica, que, consultados todos los ayuntamientos de la autonomía, salga a 3.000 millones de pesetas por provincia; consultando necesidades distintas de personas también distintas, es muy casual que 15.000 millones se dividan entre cinco provincias y toquen a 3.000, para evitar agravios comparativos.
Es difícil también de entender que situaciones con distintos problemas hídricos, que son de los que se trata, tengan un tratamiento homogéneo en cuantías. También es difícil de entender.
Y es difícil de entender, aun reconociendo las muchas necesidades que tiene Castilla-La Mancha en materia de caminos, de recursos hídricos, industriales, de distribución de población, agrícolas, de muchos tipos, podamos meter, como tareas hídricas de urgencia y excepcionales, conceptos tales como: mejora de reposición de servidumbres de paso inundados por embalse Buendía, 1.300 millones; recuperación del medio natural mediante el mantenimiento y ampliación de masas forestales, 250 millones de pesetas; distintos caminos, con 43 kilómetros de longitud, 1.000 millones de pesetas. De verdad, señoría, si usted considera que éstos son los conceptos que hay que meter para ajustarse a un decreto de medidas excepcionales de sequía, de algo tan grave como es la situación de sequía de nuestros pueblos, yo no renuncio a que sea necesario, pero me parece difícil.
Respecto a la demagogia, que ha aludido usted, del Presidente Bono, le recordaría que está en estos momentos en proceso de firma con el Gobierno de la nación un tratamiento para solucionar todos los problemas de Castilla-La Mancha en este sentido. Por tanto, estamos en la vía de esa solución, pero conociendo que se está en ese camino se introducen situaciones que son algo así como las cuentas del gran capitán: suministros de aguas procedentes del río Tajo a diversos municipios ribereños del embalse de Entrepeñas, 2.000 millones de pesetas.
Por todo eso es por lo que, reconociendo y compartiendo ese fondo de necesidades de Castilla-La Mancha, pero en el sentido de darle la dimensión y las obras que tienen que tener la aplicación necesaria y correspondiente, es por lo que he hecho esa transacción que ha aceptado el Portavoz de Izquierda Unida, para ajustar inversiones a necesidades, para poder dar satisfacción a una situación excepcional y urgente que sigue manteniéndose a pesar de estas lluvias en Castilla-La Mancha. Por eso también le he dicho que reconozco y repito las muchas necesidades que tiene Castilla-La Mancha, pero no se pueden resolver todas abriendo un decreto de la sequía a múltiples necesidades, porque no tienen el sitio adecuado, y porque tienen que tener tratamiento constante a través de las muchas situaciones que se le pueden plantear a Castilla-La Mancha.
Digo poco más, porque este fuego cruzado que decía el Portavoz de Izquierda Unida en situaciones muy de la región, no parece que puede prolongarse más, ya que Castilla-La Mancha tiene un gran concepto de lo que es la totalidad del Estado, y este debate entre dos personas podía parecer que no lo tiene, y lo tiene, y espero solucionar los problemas de Castilla-La Mancha en el conjunto de los problemas del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Jerez, le solicito el texto de la transaccional que sustituye a las enmiendas retiradas por el Grupo de Izquierda Unida. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.) Señor Madero, tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, ¿me permite una brevísima intervención?
El señor VICEPRESIDENTE: Si es solamente para aclaración --y esta vez sí--, le doy un minuto.
El señor MADERO JARABO: Muchas gracias por ese minuto, que quizá no consuma. Efectivamente es para aclaración.
Quiero decirle al señor Jerez que sabe igual que yo, y el Grupo Socialista sabe también igual que el Grupo Popular, que con 15.000 millones no se arreglan las carencias que tiene la región, que en este caso es la cedente del agua. Por tanto, que se haga una distribución casi paritaria del dinero quiere decir que se mide por un rasero bajo.
Indudablemente, hace falta que coadyuven en la financiación de muchas obras --lo he dicho en mi primera intervención-- los fondos de los entes locales de las provincias y de la región. Las cuantías son mucho mayores.
Desde luego, me ratifico y se ratifica mi Grupo en el concepto amplio de necesidades hidráulicas en un sistema de embalses que interrumpe comunicaciones, que levanta caminos, que anega manantiales, que, además, exige la repoblación forestal que no se ha hecho, etcétera. Si se hubiera cumplido en toda su letra el trasvase Tajo-Segura, repito, muchas de estas inversiones estarían ya hechas. En cuanto a las carencias que hay, en estos momentos malamente se pueden paliar con esta cantidad si no es coadyuvando con otros fondos.
Diré, además, no al señor Jerez para que no parezca un fuego cruzado entre dos personas, como él dice, sino a la Comisión, que no es de recibo --y creo que mejor sería que no constara en el «Diario de Sesiones»-- decir que mejoran las comunicaciones cuanto más baja el nivel del agua en los embalses, en los pantanos. Si además de estar rotas las comunicaciones no tenemos agua, el desastre es mayor.
Finalmente, quiero decir al portavoz del Grupo Socialista, al Portavoz de Izquierda Unida y a cualquier otro portavoz que pueda intervenir en la Comisión, que me gustaría que ante la propuesta clara y prístina que hace el Grupo Popular de a dónde desea que vayan las inversiones propuestas por el Gobierno en el proyecto de ley, que digan los demás a dónde quieren que vayan. Nosotros hacemos
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una conceptuación muy clara de la asignación de esos fondos. No he oído «sensu contrario» dónde, a otros sitios, a otras obras podrían ir. ¿Qué se pretende? ¿Que quede inconcreto y que vayan a donde quiera el Gobierno? Nosotros no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco al señor Borrell.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madero, por esas aclaraciones legislativas, geográficas y económicas. (El señor Jerez Colino pide la palabra.) El señor Jerez tiene también un brevísimo turno para, de nuevo, aclaraciones geográficas, hidráulicas, etcétera.
El señor JEREZ COLINO: En principio, pido disculpas. La verdad es que pensaba que esto se había terminado.
Unicamente quiero decir que a una improvisación que ha dado estos resultados que ha apuntado, no puede pedir el señor Madero ni su Grupo una improvisación por parte del Grupo Socialista. No queremos improvisar, no queremos decir que como hay muchas necesidades se dan 3.000 millones de pesetas a cada uno para que lo distribuyan como quieran, porque cuando se hace un tratamiento serio de Estado se hace en función de necesidades y de urgencias, y si en una provincia tienen que caer 8.000 millones porque se necesitan, caerán 8.000, y si en otra son 100, serán 100 millones.
Pero decía que era demagógico porque es inexplicable que consultados todos sean 3.000 millones justos cada uno, que con una diferencia de cinco o diez millones arriba o abajo se compensan unos con otros. Tampoco me parece serio que si se pierde la mayor se alegue que no los caminos que cruzan. Entiendo que un camino que va por cola de embalse, si el embalse está vacío se puede comunicar cuando el cieno esté seco, pero eso sería la menor. No se me pierda usted en la menor, que la mayor es otra.
También entiendo que con 15.000 millones de pesetas no se solventan los problemas de Castilla-La Mancha. ¡Faltaría más! En caso contrario no estaríamos en esta situación. Es decir, creo que no podemos entrar en las obviedades ni en las pequeñeces. Hay que atender a las necesidades de Castilla-La Mancha en función de las urgencias, como establece el decreto, y de forma ordenada.
Nada más, antes de que me pida tiempo el representante del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Jerez, le ruego que pase a la Mesa el texto de la transacción. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.) Lo siento, pero está terminado el debate.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, no es para entrar en debate. Es para una cuestión de orden.
El señor VICEPRESIDENTE: Si es para una cuestión de orden, de acuerdo.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: La intervención del señor Jerez ha tenido dos partes bien diferenciadas. Una primera, que hacía referencia al atentado brutal que ha padecido hoy Madrid, en la que mi Grupo Parlamentario quiere expresar la adhesión a su declaración, sumándose formalmente para que conste en acta nuestro rechazo a la violencia y a los asesinos de ETA por la operación terrorista que ha llevado a cabo hoy.
El señor VICEPRESIDENTE: A este respecto, para no dejarlo para el final como había pensado, en este mismo momento, y antes de entrar en las votaciones, quiero hacerme eco de las palabras del señor Jerez en cuanto a este atentado. Todas SS. SS. y cuantos estamos en esta Comisión, incluso quienes no pertenecen a ella y son de los servicios de la Cámara, creo que estamos de acuerdo en calificar este atentado de una manera en la que no me voy a extender.
Por parte de este Presidente, permitan que les diga que como demócrata español y vasco siento repugnancia, como tantas veces, y siento también vergüenza, probablemente en sustitución de quienes no la tienen cometiendo estos asesinatos y otros actos de violencia, de quienes les justifican y de quienes les amparan directa o indirectamente. Perdonen este desahogo. Como vasco que ha tenido muchos sufrimientos agudos durante muchos días y crónicos durante muchos años, por desgracia, he tenido que reaccionar así a lo que me parece una burla a la democracia, por no seguir adelante con otras calificaciones. (El señor Cruz Orive pide la palabra.) Señor Cruz, tiene la palabra.
El señor CRUZ ORIVE: Es para una cuestión técnica.
Aparte de adherirme a las manifestaciones que han hecho SS. SS. en contra de este vil atentado, que desconocía puesto que he estado trabajando en la Cámara mañana y tarde y no he visto ningún medio de comunicación, quería manifestar que mantengo las enmiendas números 2 y 3, puesto que, aclarado técnicamente, la propuesta no era transaccional, sino que quedaba fuera del propio proyecto de ley y es sólo para instar al Gobierno. Pienso que hay tiempo hasta el Pleno para clarificar esta situación y que se resuelva definitivamente. No obstante, dando una opción para cambiar el voto o a poder hacer colectivamente alguna otra consideración, mantengo dichas enmiendas 2 y 3. Con ello podemos dar tiempo a que el Ministerio o el propio Grupo del Gobierno se comprometa a realizar esas obras concretas. Creo que algo de esto debía haber cuando se discutió y el señor Borrell ante el Pleno indicó de viva voz una serie de obras que había que acometer. (El señor Jerez Colino pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a terminar el debate.
El señor JEREZ COLINO: Es para una cuestión de orden. Se trata de si se puede votar esta petición al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: Se pueden votar las dos enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
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en cuanto que cabe en este trámite la presentación de enmiendas, incluso, como S. S. sabe, enmiendas «in voce».
El señor JEREZ COLINO: Como se trata de un documento que podría estar de acuerdo, porque no entra dentro del texto del proyecto, como ha expresado el portavoz de Izquierda Unida, y podría desenvolverse en otro contexto, quizá sería mejor retirarlo y presentarlo en su momento.
El señor VICEPRESIDENTE: Si el Grupo Parlamentario Socialista quiere puede retirarlo en este momento, antes de pasar a las votaciones.
El señor JEREZ COLINO: Lo retiramos para plantearla en el Pleno con un texto más madurado, en el que podamos ponemos de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE: Lo que quería decir es que ambas posiciones son votables; nada más. Pero si S. S. quiere, repito, la puede retirar en este momento y se someterán a votación solamente las dos enmiendas del Grupo Izquierda Unida.
El señor JEREZ COLINO: La retiramos y así la maduraremos más con Izquierda Unida para que tenga un texto más elaborado que el que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas presentadas a cada artículo una por una, porque, dado que no son un número excesivo, seguramente va a ser más claro y hasta más rápido, y a continuación votaremos cada uno de los artículos.
Al artículo 1 se ha presentado una sola enmienda, la número 7, del Grupo Popular, ya que la enmienda número 1, del Grupo Izquierda Unida, ha sido retirada.
Pasamos a la votación, por tanto, de la enmienda número 7, del Grupo Popular, al artículo 1 del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 12; abstenciones, una.
Votamos a continuación el artículo 1 en los propios términos que dice el proyecto de ley, en cuanto que no ha sido incorporada la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; abstenciones, cinco.
Al artículo 2 se han presentado cuatro enmiendas: la número 8, del Grupo Popular, y las números 2, 3 y 4, del Grupo de Izquierda Unida.
Votamos la enmienda número 8, del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Jerez Colino pide la palabra.) Señor Jerez, tiene la palabra.
El señor JEREZ COLINO: De las enmiendas al artículo 2 que presenta Izquierda Unida, querríamos que se votara independientemente la número 4.
El señor VICEPRESIDENTE: Las votaremos una por una. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.) Señor Madero, ¿alguna cuestión?
El señor MADERO JARABO: Iba a decir exactamente lo mismo, y en vez de votar una por una, le sugiero que se voten conjuntamente las enmiendas número 2 y 3, y la número 4 por separado, como apuntaba el portavoz del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE: No cuesta nada. Cuesta medio minuto y vamos a votar una por una.
Pasamos a votar la enmienda número 2, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 11; abstenciones, seis.
Pasamos a votar la enmienda número 3, de Izquierda Unida.
Pasamos a votar la enmienda número 4, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18.
Pasamos a la votación del artículo 2, según el proyecto de ley, con la incorporación de la enmienda número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; abstenciones, siete.
Pasamos a la votación del artículo 3, que no tiene enmiendas.
Pasamos a votar el artículo 4, que tampoco tiene enmiendas.
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Pasamos a votar la enmienda número 5, de Izquierda Unida, al artículo 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 16; abstenciones, una.
Pasamos a la votación del artículo 5, tal como está en el proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en contra, uno.
Pasamos a la votación de la enmienda número 10, del Grupo Popular, que pretende crear un artículo nuevo.
Pasamos a la votación de la enmienda número 6, de Izquierda Unida, que trata de crear una disposición adicional nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 12; abstenciones, seis.
Pasamos a la votación de la enmienda número 11, del Grupo Popular, que trata de crear una disposición derogatoria única nueva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 11.
Se pasa directamente a la votación de la disposición final única, ya que no tiene enmiendas.
Pasamos a votar la enmienda número 9, del Grupo Popular, que trata de crear un anexo único nuevo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 11; abstenciones, una.
Vamos a votar ahora la exposición de motivos, según el texto del proyecto de ley, que no tiene enmiendas.
Por tanto, queda aprobado el proyecto de ley por esta Comisión, con las enmiendas que han sido incorporadas y damos por terminado este trámite.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión a pesar nuestro, debido a que, en el momento de terminar, hemos detectado que no había habido quórum suficiente.
Consultado el Reglamento de la Cámara, el artículo 78.2 dice: Si llegado el momento de la votación o celebrada ésta resultase que no existe quórum a que se refiere el apartado anterior, se pospondrá la votación por el plazo máximo de dos horas. Si transcurrido este plazo tampoco pudiera celebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión.
Hemos intentado que, en este plazo de dos horas, se reuniese el número suficiente de comisionados para que pudiese tener lugar la votación con el quórum necesario. Dado que no es posible, lo que vamos a hacer es convocar de nuevo la Comisión para el jueves al término de la sesión plenaria, sea cuando sea ese término, bien a mediodía o bien por la tarde, es decir, sin hora precisa, pero sabiendo que tiene que ser al final de la sesión plenaria.
Si no hay otra cuestión, se levanta la sesión.