Source: http://comunicacionycriminalistica.blogspot.com/
Timestamp: 2020-08-11 06:06:11
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COMUNICACIÓN Y CRIMINALÍSTICA
Un espacio para la reflexión y consulta de los alumnos de Peritos y Cientistas Criminalísticos de la UTEM, en torno a la importancia del proceso comunicativo en la labor pericial.
Hay mucho en juego!!!
Atendiendo al principio de Igualdad ante la Ley que consigna la Reforma Procesal Penal se ha creado la figura de los Peritos Judiciales, capaces de equilibrar la balanza a la hora de defender y presentar peritajes en defensa de los imputados. Recordemos que tanto Carabineros de Chile como laPolicía de Investigaciones trabajan para la Fiscalía, representante de las víctimas. En la actualidad, la gran crítica que se le hace al sistema judicial es la sobrevaloración de las garantía de los acusados, pero ante esto es necesario que reflexionemos todos en cuanto a ¿Serían suficientes beneficios y garantía si nosotros estuviesemos en el lugar de los imputados?.
TEXTO APORTE FACULTAD DE CRIMINALÍSTICA UTEM
Criminalística y Sociedad
La Criminalística, la que hemos definido como la ciencia penal que se preocupa, a través del estudio de los indicios, de la verificación del delito y la determinación del delincuente, algún optimista, la llamó “La ciencia de la verdad” olvidando lo elusivo de este concepto: “LA VERDAD”
Su indagación, ha sido una de las búsquedas prioritarias del ser humano desde que empezó a caminar por el mundo y aún no encuentra “LA VERDAD” filosófica, ni “LA VERDAD” religiosa, ni “LA VERDAD” de ninguno de los misterios de la vida. La ciencia, la humana actividad que goza de la mayor credibilidad en el mundo actual, avanza sobre verdades provisorias que, en forma de hipótesis y teorías, van marcando el desarrollo del conocimiento.
El universo de Aristóteles fue diferente al de Galileo, y el suyo con el de Newton, el cual a su vez, fue muy distinto al de Einstein.
Así, la única verdad a la que podemos aspirar es a “LA VERDAD” de los hechos, la cual siempre será discutible. Es aquí, en este reducido punto, en el que la Criminalística hace un importante y permanente aporte en la búsqueda de esa inasible verdad.
Y no es poca cosa, porque en el gran universo del conocimiento y de las preocupaciones del ser, este pequeño espacio posee una importancia trascendental, porque por allí pasa la Justicia, virtud cardinal y piedra angular de nuestro desarrollo cultural.
Asistimos en estos tiempos, a un proceso de liberación de la justicia, especialmente la penal, que desde hace más de un siglo vivió atrapada, cosida con hilo y aguja, entre tinta y papeles burocráticos.
La reforma y sus consecuentes cambios, ha producido múltiples efectos dentro de los cuales no es menor, el hecho de que la Criminalística haya irrumpido en la Cátedra Universitaria con todo lo que aquello significa, debido a un proyecto acogido por esta Casa de Estudios, como un gran desafío.
La reforma procesal, que no es un hecho local, ya que se está desarrollando en todo el continente, yendo nosotros a la zaga de catorce países entre los que se cuenta Argentina, Venezuela y México, tiene consecuencias muy interesantes para nuestro quehacer, por cuanto sus instituciones jurídico-penales propias del sistema oral, son bastante similares en todas estas hermanas naciones (sistemas de prueba abiertos, cadena de custodia, participación de peritos o expertos en el trabajo del sitio del suceso, y muchos otros), lo que ha permitido universalizar la aplicación de los principios de nuestra ciencia.
El conocimiento científico, aplicado a la investigación de causas criminales, es un trabajo profesional de larga data en nuestro país.
La Criminalística, en Chile, no es una recién llegada.
El primer centro criminalístico del país, el Laboratorio de Policía Técnica, fue creado hace ya cerca de setenta años por un destacado científico, Dr. Luis Sandoval Smart, autor de un Manual de Criminalística editado por la Editorial Jurídica de Chile, que aún cuando se publicó en el año 1948, sigue apareciendo en la bibliografía de muchos textos modernos.
A partir de esos primeros pasos, en una historia continua y cada vez más profesionalizada llegamos a la situación actual en que Lacrim, Labocar e, incluso el SML en lo relativo a Medicina Legal, han alcanzado un alto rango de eficiencia y merecido respeto nacional e internacional.
El incremento de la demanda de profesionales de la Criminalística que trae aparejada la reforma, a la luz de la experiencia de los países que nos aventajan en este proceso innovador, hace evidente lo insuficiente de la dotación actual y, a pesar de la persistente miopía de algunos sectores, más bulliciosos que numerosos, se requiere, la urgente presencia de la Universidad para la formación de profesionales destinados a satisfacer esta necesidad de los organismos oficiales y de los laboratorios privados emergentes.
Pero es también objetivo de la Universidad, observar a la Criminalística desde la perspectiva epistemológica, abriendo la discusión y poniendo al alcance de la academia, los instrumentos y medios de investigación que mediante un desarrollo progresivo de esta ciencia penal le permitan un alto grado de interacción con la comunidad, en una de sus necesidades más básicas, la justicia.
La gran inversión que se ha hecho en Laboratorios apuntan en esa dirección y esperamos que en los próximos años, nuestros académicos y estudiantes hagan importantes aportes a la comunidad jurídica, manteniendo y aún, de ser posible, incrementando, la interactividad con los laboratorios oficiales de los cuales somos complementarios.
Otra de las preocupaciones de la Universidad es propender a la inclusión de la Criminalística en la formación curricular de profesionales vinculados al proceso jurisdiccional, el cual no ha sido lo suficientemente enfatizado en las escuelas de derecho ni en la capacitación de los actores del nuevo sistema penal. Estimamos que frente a la gran apertura que han alcanzado en el nuevo código los medios de prueba, el aporte de la Criminalística, hoy por hoy, es un recurso que se viene subutilizando, con el consecuente menoscabo a la justicia.
En el corto período en que nuestra Universidad ha asumido el liderazgo de la preocupación Criminalística, se han venido enfatizando los aspectos relativos a la formación de pre grados, constitución de un cuerpo académico, lo que ha incluido cursos de capacitación para profesores en el extranjero, infraestructura de desarrollo académico, el que incluye un conjunto de laboratorios con equipamiento de primer nivel, tanto para objetivos de enseñanza-aprendizaje como de investigación científica.
Los pasos que siguen, ya son parte de nuestra propia responsabilidad como académicos, y deben estar destinados al desarrollo de las perspectivas epistemológicas y a la discusión de los diferentes aspectos que engloba tanto nuestra Ciencia, como las otras ciencias penales colindantes. Tampoco debe olvidarse la extensión de nuestros conocimientos a los actores del proceso penal.
Este es un gran nicho que, más allá de oposiciones baladíes, requiere del compromiso de toda nuestra comunidad académica.
Autor:Ernesto Artigas VillarroelAbogado y Perito en Ciencias Criminalísticas.Profesor UTEM cátedras de Criminalística y Documentología Forense.Autor del Libro. Criminalística General para Fiscales y Defensores.
Publicado por D.R.F. en 9:02 No hay comentarios:
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APORTES DE LA FACULTAD CRIMINALÍSTICA UTEM
Criminalística y Reforma Procesal:
Desafíos, Tareas y Problemas.
La instauración en Chile de un nuevo sistema de justicia, caracterizado en sus aspectos centrales por el cambio de un modelo inquisitivo a uno acusativo, trae consigo una serie de desafíos tanto para sociedad toda, como para el conjunto de instituciones que de ella participan.
Uno de esos desafíos dice relación con la irrupción de la criminalística dentro de la oferta de carreras de educación superior, como respuesta a la creación de la Defensoría Penal Pública que requiere para su funcionamiento no sólo al abogado defensor, sino también, los servicios profesionales de investigadores y péritos privados.
De esta manera estamos en presencia de lo que en sociología suele denominarse como profesionalización inducida, “… que ocurre cuando el proceso de desarrollo económico de un país, o el avance intrínseco de los conocimientos, de la tecnología y de la sociedad, requieren aumentar o hacer extensivos los niveles de preparación de las ocupaciones encargadas de producir determinados bienes y servicios. Es decir, son las exigencias concretas de la sociedad o del sistema productivo las que inducen un grado creciente de profesionalización, como respuesta a necesidades técnicas y sociales objetivas.”
En el caso específico de la criminalística, los requerimientos emanados del proceso de reforma procesal penal determinan o inducen que dicha actividad no sólo se circunscriba a lo policial, sino que amplié su radio de formación con miras a atender una demanda emergente, siendo las instituciones de educación superior las llamadas a concretar dicha realidad.
Es en torno a este proceso de “irrupción” de la criminalística dentro de la formación universitaria, desde donde queremos centralizar nuestra atención y por lo tanto la discusión en este documento, toda vez, que desde nuestra perspectiva las condiciones que en la actualidad presenta la criminalística como disciplina profesional, se constituyen en antecedentes que no sólo condicionan, sino que además obstaculizan el proceso de profesionalización que las instancias de educación superior deben llevar acabo.
Antes de pasar a revisar los aspectos que a nuestro juicio se constituyen en condicionantes para el proceso profesionalizador de la criminalística, creemos conveniente exponer algunos aspectos teóricos que desde la perspectiva sociológica definen lo que se entiende por profesión.
Desde una perspectiva general se suele señalar que la palabra profesión proviene del latín professio-onis, acción y efecto de profesar, aludiendo a la idea de dedicación y desinterés, ya que profesar implica no sólo ejercer un saber sino que también proclamar públicamente y comprometerse con una creencia. Es por eso que el sacerdocio, la medicina, y el derecho fueron oficios considerados tradicionalmente profesiones en la mayoría de las sociedades occidentales.
Pero más allá de esta aproximación, que por lo demás es bastante general de lo que se entiende por profesión, lo que nos interesa exponer aquí dice relación con las características con que la sociología- como disciplina que más ha estudiado la problemática- nos puede aportar.
Para la sociología toda profesión se configura a partir de tres principios ejes a señalar: autonomía, monopolio y autoridad, cuyas características van a ser determinantes en el grado o nivel de profesionalización que presente una determinada área del conocimiento. Dichas características son el resultado de largo proceso en el que participan fundamentalmente la universidad, como instancia formadora y donde se realiza la actividad académica o investigación teórica de la profesión, y la corporación profesional o escuela profesional, que reúne y representa los intereses de quienes ejercen una determinada profesión. De esta manera los principios distintivos o pre-rogativas de las profesiones son el resultado de una combinación de actores e intereses.
El principio de autonomía es entendido como la facultad de una profesión para desarrollarse sin estar enteramente controlada por otras entidades o instituciones sociales. Lo que se expresa en: Libertad para definir el modelo de la profesión (rol). Libertad para delimitar la esfera de competencia de la profesión; vale decir, el campo dentro del cual los miembros de la profesión se consideran técnicamente capacitados para actuar. Al hacerlo ellos asumen en forma irrenunciable la responsabilidad personal por sus actuaciones. Libertad para establecer sus propios criterios y normas de eficiencias técnica. La profesión también se reserva el derecho de que sean sus propios miembros quienes evalúen los trabajos realizados por sus colegas.
El principio de monopolio es otro de los aspectos que definen a una profesión, y en relación a este existen lo menos tres grandes áreas en donde las profesiones exhiben características de naturaleza claramente monopólica. La primera de ellas dice relación con el monopolio de la oferta de determinados servicios, la segunda, referida al monopolio de la denominación (o marca) registrada, el uso de apelativos profesionales, etc. Y por último, la tercera de ellas dice relación con la exigencia de ejercer la profesión con un certificado que lo acredite. Sin poseer un título correspondiente, por muy amplio que sean sus conocimientos y la experiencia, es prácticamente difícil desempeñarse profesionalmente.
El principio de autoridad, por último, esta referido al derecho que tienen las profesiones de participar, casi siempre en forma decisiva, en la definición del modelo de las ocupaciones complementarias, ejerciendo un control estricto para que no se produzcan desviaciones de importancia.
Ahora bien, planteado ya el constructo teórico por donde hilvanaremos la discusión en este documento, nos resta por hacer referencia a las características que presenta la criminalística en nuestro país con el objeto de aterrizar los supuestos arriba descritos, y de esta manera ir reconociendo los desafíos, tareas y problemas que implica la profesionalización de esta área.
Desde una perspectiva general, la criminalística ha manifestado una fuerte ligazón histórica con la profesión policial. Las razones que han determinado este vínculo son prácticamente obvias, sin embargo, ellas se han expresado en un alto costo para todas aquellas sociedades en donde la criminalística ha buscado profesionalizarse.
En el caso de Chile los vínculos entre criminalística y policía estuvieron por largo tiempo amparados por la Ley, la que establecía en sus aspectos centrales que la función de investigar delitos era exclusiva responsabilidad de las respectivas policías (Carabineros y la Policía de Investigaciones), lo que permite afirmar que en nuestro caso, la evolución que experimento la ciencia criminalística se encuentra estrechamente vinculada a la historia y desarrollo de ambas policías.
Esta ligazón histórica se ha expresado, a nuestro juicio, en un conjunto de características que han condicionado el desarrollo de la criminalística como profesión, y que como ya lo señaláramos, se constituyen en verdaderos escollos a superar por las instancias de educación superior que han de participar en definición de esta profesión.
A modo de ilustrar los efectos más notorios que han de superarse de esta ligazón entre criminalística y policía en Chile, podemos partir señalando que el carácter hermético que hasta nuestros días presentan las instituciones policiales, ha sido determinante en el desconocimiento público que se tiene en torno a la criminalística. Dicho desconocimiento también se expresa en una errada concepción que muchas veces la sociedad civil tiene respecto a ella. Este fenómeno social que en nuestros días ha tratado de ser superado a través de una serie de programas de televisión, así como también de reportajes de prensa, se constituye en un obstáculo no menor para las instancias de educación superior que han de definir el perfil profesional de los futuros investigadores y péritos privados, toda vez que existe una tendencia generalizada en la sociedad, y por lo tanto, de los potenciales alumnos, a asociar la actividad criminalística con una actividad policial, lo que además de no ser posible puede conducir a la generación de falsas expectativas y constituirse en un verdadero obstáculo que dificulte la definición misma del perfil y rol de estos futuros profesionales.
Sin embargo, a nuestro juicio, la consecuencia más difícil de superar de estos estrechos vínculos entre policía y criminalística, se encuentran asociados al rol eminentemente técnico al que se encuentra relegada la criminalística al interior de las propias instituciones policiales. En efecto, el carácter multi-funcional que desempeñan ambas policías ha impedido que la criminalística supere la valla de especialización y se constituya en una disciplina profesional con sustento propio.
Si realizamos un sucinto recorrido por la misión con las respectivas policías en Chile realizan su ejercicio profesional, creemos posible dar cuenta de este carácter técnico y “especializante” al que aludíamos en el párrafo anterior.
La Ley Orgánica Constitucional que rige a Carabineros, por ejemplo, en su artículo nº 1 define a esta institución como “…una institución policial, técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomienda la Constitución y la Ley…”
Esta definición de la función que desempeña Carabineros, que podríamos sintetizar bajo los conceptos de orden y seguridad pública a partir de una estrategia preventiva por sobre cualquier otra consideración, deja abierta la posibilidad a múltiples tareas que directa o indirectamente se vinculan a dichos términos. En este sentido caben tareas tales como: educación de tránsito, control de drogadicción, problemas de disgregación familiar- a través de la policía de menores-, protección de recursos del medioambiente- a través de la policía forestal-, dificultades de integración nacional- a través de su presencia en lugares geográficamente apartados de los nodos de desarrollo-, protección de la sociedad de la subversión-, a través de sus servicios especializados-, cooperación con la justicia en investigaciones judiciales (cumplimiento de mandatos de citación, arresto y notificación), seguridad de autoridades y personas acreditadas ante el gobierno, guardia de palacio del gobierno y congreso nacional, entre otras.
Como se desprende de ellas, las actividades desarrolladas por Carabineros van más allá de lo estrictamente criminalístico, lo que explica el carácter especialidad que goza esta área al interior de dicha institución. Respecto a las actividades criminalísticas que desarrolla Carabineros y al sentido especializante y técnico con el que se le concibe, la ya citada Ley Orgánica Constitucional de esta institución señala en su artículo nº 3 “…que la institución podrá establecer los Servicios Policiales que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas…” En los incisos 3 y 4 del citado artículo se añade que “la investigación de delitos que las autoridades competentes encomienden a Carabineros podrán ser desarrollados en sus laboratorios y organismos especializados.”
De esta manera, creemos factible reconocer en Carabineros la tendencia a considerar- por las innumerables tareas que realiza- a la criminalística como una especialidad, lo que trae consigo un perfilamiento eminentemente técnico y no profesional de la misma, toda vez que ésta se constituye en una especialidad dentro e la profesión policial que concibe Carabineros, y no en una actividad profesional en sí misma.
En relación a la Policía de Investigaciones, la Ley Orgánica que la rige establece que es “…una institución de servicio público, cuyos esfuerzos de gestión se orientan a la investigación científico-técnica de los delitos, con lo cual contribuye a satisfacer las necesidades de seguridad individual y social de las personas…”
Esta definición de la función que desempeña la Policía de Investigaciones, si bien es cierto que a diferencia de Carabineros, enfatiza en la investigación científica y técnica del delito- es decir, en lo que comúnmente se entiende por criminalística- no deja de ser menos cierto que también se presta para dicho organismo realice múltiples tareas.
En efecto, la Policía de Investigaciones contempla entre sus funciones tareas tales como: prevenir la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado, contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, cumplir resoluciones judiciales de carácter civil en aquellos casos en que la ley expresamente lo establece, controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional, dar cumplimiento a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales y administrativas en actos que intervengan como tribunales especiales, prestar colaboración a los tribunales jurisdiccionales en lo criminal, prestar a las autoridades administrativas el auxilio que soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país, entre otras.
Como se desprende del párrafo anterior, y a pesar de que la Policía de Investigaciones se auto-concibe como una institución orientada al quehacer criminalístico, su quehacer profesional también termina siendo trastocado por la múltiple función. En este caso, sin embargo, la multiplicidad de funciones no se expresa en una tendencia a especialización de la criminalística en tanto área del conocimiento, no es posible sostener que en el caso de la Policía de Investigaciones que la criminalística se constituya en una suerte de “valor agregado” de la función que desempeña un agente policial, sino más bien ella es el cuerpo teórico medular de dicho profesional policial. En lo que sí afecta la pluralidad de funciones que ejerce la Policía de Investigaciones a la criminalística, es en el hecho de que ella misma tiende a generar en los agentes policiales especializaciones a partir del área o problemática que atienden, registrándose de esta forma una división entre personal dedicado exclusivamente a la investigación criminal y agentes dedicados a otras funciones, lo que en cierta medida también termina por constituirse en un obstáculo para la profesionalización de la criminalística.
De esta manera, el carácter secundario y a ratos desdibujado que presenta la criminalística en Chile, podría explicarse a partir del hecho de que ésta, en tanto área del conocimiento, surge y se desarrolla al alero de otra profesión, como lo es la policía, cuyas funciones, como ya lo viéramos, van mucho más allá del propio quehacer criminalístico, lo que ha sido determinante en el escaso desarrollo profesional que presenta esta área. Es decir, los principios de autoridad, autonomía y monopolio de caracterizan a un quehacer profesional propiamente tal, no se han desarrollado aún en el área criminalística. ¿Podríamos acaso afirmar que los códigos de ética y el rol que hoy desempeñan las policías en Chile se constituyen en los referentes a seguir por la criminalística en tanto profesión?, ¿no corresponden estas definiciones a otra profesión como lo es la policía?, ¿cómo definir lo estrictamente policial y lo criminalístico, toda vez que la sociedad nos exigirá los servicios de un criminalísta y no de un policía?
b) Desafío:
Las ideas hasta aquí expuestas han pretendido dejar en evidencia un problema que deberán asumir las instancias de educación superior que han abierto sus aulas a la criminalística. Desde este punto de vista le corresponderá a la academia criminalística la definición primigenia de lo que en concreto será este futuro profesional, la que sin lugar a dudas, luego de un tiempo, y cuando ya esté conformado un colegio profesional de esta área se irá acotando y por lo tanto enriqueciendo.
De esta manera sostenemos que existe un fuerte vínculo entre universidad y profesión, toda vez que a las primeras no sólo les corresponde formar a los futuros profesionales, sino también, porque es en ellas donde, “…como parte indispensable del trabajo académico, se definen los “modelos” profesionales: sus esferas de acción, sus doctrinas, el cuerpo de conocimientos sistemáticos en que se basa su práctica, sus postulados éticos, sus relaciones con los individuos y con los organismos e instituciones de la sociedad global, entre otros aspectos. “
A partir de las tareas que desempeñan las universidades o instancias de formación superior en la definición y proyección de las profesiones, creemos estar en lo cierto al afirmar que dichas instituciones contribuyen fuertemente a determinan el principio de autonomía que caracteriza a toda profesión moderna. En efecto, las universidades como instituciones de formación, poseen cierta autonomía o libertad para determinar tanto el modelo profesional, sus competencias y sus normas de eficiencia técnica.
Respecto a esta atribución y a las características que presenta el quehacer criminalístico en la actualidad, creemos que la universidad posee las suficientes herramientas para contribuir a fortalecer las deficiencias que presenta ésta en cuanto a profesión en nuestro país. Nos referimos específicamente a la tendencia a ser considerada más bien como un conjunto de técnicas más que como una ciencia, con escasa producción de investigación científica a nivel nacional, así como también, creemos que la autonomía propia de la universidad permitirá desligar de la exclusividad policial el quehacer criminalístico, lo que deberá expresarse necesariamente en la definición de un perfil propio, cercano a lo policial, pero sin lugar a dudas diferente.
Por otro lado, que a partir de los requerimientos y características que presentan la actual legislatura que posibilita la apertura de la enseñanza de la criminalística a la sociedad civil, será posible también definir con claridad las esferas de acción y competencias de este futuro profesional, así como también sus postulados éticos y doctrinarios, que hoy por hoy resultan tan necesarios fortalecer y afianzar en una sociedad cada vez más abierta al mercado y a su lógica de maximización de los beneficios.
Por otro lado, dentro de este gran desafío, como lo es la profesionalización del quehacer criminalístico, la academia también debe contribuir al fortalecimiento del cuerpo de conocimientos sistemáticos en el que se basa su práctica, es decir, investigar; producir y actualizar los conocimientos teóricos, problematizar en torno a ellos, descubrir nuevos horizontes de acción profesional, etc. Dentro de este mismo desafío, la extensión, como actividad propia de la academia también resultan claves para este conjunto de acciones conducentes a la profesionalización de la criminalística. Jornadas, seminarios, exposiciones a la comunidad, todas acciones que junto con dar a conocer esta profesión, se constituyen en espacios propicios para la discusión, perfeccionamiento de lo ya realizado, y sin lugar a dudas también, detección de problemas emergentes que podrían constituirse en novedosas propuestas de investigación.
Como se desprende de lo antes mencionado, el desafío de la profesionalización de la criminalística es un trabajo de largo aliento, pero no por ello urgente de acelerar, toda vez que estamos cercanos a ver las primeras generaciones de investigadores y péritos criminalísticos.
C) Tareas y Problemas:
Todo desafío se expresa en una serie de pasos o tareas a asumir, así como también, en un conjunto de problemas a superar. En el presente apartado, más que realizar una exposición detallada de las acciones concretas a realizar en vista del desafío propuesto, nos esforzaremos por esbozar aquel conjunto de acciones. Esta determinación, más que vincularse a una comodidad intelectual, se debe a que este informe o documento no pretende ser concluyente, sólo aspira a abrir un dialogo, un debate, al interior de la academia criminalística.
La primera tarea que la academia criminalística ha de asumir para la definición de un perfil y rol de este futuro profesional, es la de generar un espacio de reflexión interna en donde las diferentes áreas que convergen en la formación de este futuro profesional se abran a un dialogo sincero en torno a esta problemática, en el que examine críticamente el “estado del arte” en el que se encuentra la criminalística y desde ahí se definir líneas de acción a futuro que la conduzcan a la decantación de este perfil y rol profesional.
Una segunda tarea dice relación con establecer vínculos y/o canales de retroalimentación permanente con las academias policiales que imparten desde hace años criminalística. Dicha alianza se hace necesaria para potenciar el cuerpo de conocimientos teóricos que caracterizan a esta disciplina, para aunar criterios de investigación teórica y de esta manera contribuir al fortalecimiento de esta área del conocimiento. En efecto, la dependencia teórica de la criminalística chilena hacia el extranjero se constituye en un importante escollo a superar, la que podría comenzar a batirse a partir de la puesta en valor de lo que en nuestro país se hace. Dentro de esto último, existen innumerables casos ocurridos en Chile a los que la criminalística puede “echar mano” para no repetir los errores cometidos, así como también, dar cuenta de los aciertos alcanzados.
Por último, como tercera tarea, y dentro de esta alianza entre universidad y academia policial, consideramos necesario que se someta a consideración la discusión de un código de ética común para todo aquel profesional (policía o investigador o périto privado) que ha desempeñarse en labores propias de esta disciplina. Esto no significa en ninguno de los casos que la academia de criminalística haga suyo un perfil que no corresponde a esta profesión como lo es el perfil policial, sino más bien discutir y acordar con aquella otra instancia que también realiza por orden del Estado las mismas funciones, los criterios que normaran el comportamiento de todo profesional que se dedique a tareas criminalísticas.
La superación del desafío de profesionalizar la criminalística, así como también, el desarrollo de estas y otras tareas, traen sin lugar a dudas obstáculos o problemas por superar.
En este último sentido, creemos que uno de los grandes obstáculos que la criminalística ha de superar, dice relación con la superación de la concepción taxonómica que predomina en las instituciones de educación superior chilenas. En efecto, el carácter multi-disciplinario que requiere el trabajo de un investigador criminalístico, requiere que el trabajo de la academia se aproxime a más a una postura constructivista, abierta al dialogo, y a la integración de conocimientos, más que a la producción teórica especializada. La relevancia de contar con una academia criminalística de carácter constructivista cobra mayor validez cuando nos recordamos que el desafío primario de ésta consiste en configurar el perfil y el rol profesional de los futuros investigadores y péritos. Sólo una postura constructivista al interior de la academia harán posible la consecución de este desafío.
En segundo lugar, otro escollo no menos importante para alcanzar la profesionalización de la criminalística dice relación con la superación de “reticencias” y desconfianzas con que “lo policial” observa este proceso que llevan acabo las instancias de educación superior. Si bien es cierto que dicho proceso se ha venido realizando en gran medida por el aporte personal de algunos policías, no deja de ser menos cierto que la opinión y la postura generalizada al interior de dichas instituciones apunta en un sentido inverso.
En este proceso donde las apuestas son diametralmente opuestas, el establecimiento de vínculos al que hacíamos mención cuando nos referíamos a las tareas a realizar por parte de la academia de criminalística universitaria, cobra mayor validez y urgencia, toda vez que no podemos dejar de ver que detrás de la postura que muestran las instituciones policiales existe un claro componente monopolizador y de autoridad. En efecto, como ya lo señaláramos en la primera parte de este documento, una de las características que distingue a las profesiones modernas dice relación con el monopolio que éstas ejercen sobre la marca, servicios y uso de apelativos. En este sentido, la marca de investigadores criminalísticos, de servicios asociados a esta disciplina, así como también sus conocimientos y terminología técnica ha estado históricamente asociada a estas instituciones; de esta manera sostenemos que junto al “celo profesional” en el que se puedan fundar dichas posturas, creemos que detrás de ellas coexiste un claro fin de autoridad, en el entendido de que ante cualquier traspié que presenten los futuros investigadores y péritos privados, ellas se sientan con el derecho de participar decisivamente en la definición del modelo que han de seguir éstos, constituyendo de esta manera a esta nueva profesión en una ocupación complementaria, ejerciendo sobre ellas un control estricto para que no se produzcan desviaciones de importancia.
De esta manera damos por concluido esta visión panorámica de las implicancias que convergen en este proceso profesionalizar, dejando los puntos de vista aquí expresados abiertos a la discusión y el dialogo entre los actores en él involucrados.
Magíster Ciencia Política U.CH.
Magíster © en Filosofía (m) Ética y Política U.CH.
Publicado por D.R.F. en 8:59 No hay comentarios:
Estudiantes de Criminalística realizaron clase práctica en laboratorio del Ejército
Estudiantes de la Escuela de Criminalística Forense de nuestra Universidad visitaron el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile (IDIC), el pasado 18 de abril.
El grupo, compuesto por 12 estudiantes de Laboratorio de Balística junto al profesor Carlos Carreño, Ingeniero en Armamento, fueron recibidos por el Teniente Coronel Sergio Espinoza Valenzuela, Jefe del Departamento y Municiones del IDIC, quien dio la bienvenida a los estudiantes y agradeció su presencia en este instituto, por el que pasan todos los peritajes del Ejército, desde Arica a Punta Arenas.
A través de la comunicación construimos realidades. Las palabras nos ayudan a manifestar oralmente lo que queremos expresar, informar o consegir (persuadir). He aquí la vital importancia de comunicarnos bien, si no utilizamos el léxico indicado para cada situación o contexto comunicativo se interpretará erróneamente el sentido de nuestro mensaje por parte del receptor y esta situación nos llevará a un mal entendido, por tanto a una mala construcción de la realidad o idea que queremos expresar. De igual forma si no manejamos un variado vocabulario no podremos utilizar ni enriquecer nuestra oralidad, y por lo tanto nuestra realidad particular para aprehender distintas experiencias y sus matices.
Los invito a leer!!! Leer es un placer para el alma!!!!
Bajo Lupa!
CASOS CRIMINALES RESUELTOS POR PERIODISTAS
Uno de los roles sociales que debe realizar el periodista a través de su labor de reportero e investigador es la fiscalización de situaciones irregulares que se configuran en delito, al transgredir el bien común que persiguen las leyes. Estas infracciones a la ley tienen un mayor impacto en la comunidad por la gravedad del hecho en sí, pero también por la notoriedad de quien lo comete. Por ejemplo, el caso de Paul Schaeffer y el caso Lavanderos, respectivamente.
Por medio de una labor rigurosa que se extendió por meses, el equipo de Contacto de Canal 13, en ambas situaciones pudo lograr un óptimo resultado: en el primer caso dar con el domicilio en la ilegalidad de Shaeffer, y finalmente su captura por parte de los cuerpos policiales; y en el segundo, demostrar a través de entrevistas a víctimas y testigos la calidad de los delitos que cometía Lavanderos.
Estas investigaciones realizadas por los periodistas tiene gran impacto en la sociedad, no sólo por la notoriedad de los casos (tipo de delito y poder que detenta el sujeto de investigación), sino por la difusión masiva que se logra a través de los medios de comunicación. Lo que lleva, finalmente a que éstos se constituyan en verdaderos justicieros detentores del cuarto poder anunciado por McLuhan.
Debemos aclarar que la función del periodista no es enjuiciar, ya que esa labor está suscrita en los Tribunales de Justicia del país, sino "mostrar" a la opinión pública diferentes realidades para que ésta saque sus propias conclusiones y le exija a las estructuras y representantes del poder que tomen cartas en el asunto.
La pregunta que debemos hacernos como simples ciudadanos es ¿Queremos vivir en una comunidad así?. Si la respuesta es no, exijamos a nuestras autoridades respuestas, y ayudemos a aquellos que imparten justicia a realizarla. Los peritos, como sujetos procesales deben cumplir con su trabajo, pero siempre amparados en la VERDAD y TRANSPARENCIA del proceso judicial. Porque cuando no se aplica la justicia de buena forma pierde la sociedad, perdemos Todos.
D.Rivera. Foncea
Abril 24, 25 y 26 de Abril de 2008
CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS FORENSES EN SANTIAGO DE CHILE.
www.forenses2008.com.ar
APORTES DE LA FACULTAD DE CRIMINALÍSTICA UTEM (2)
Despejar Dudas!
Servicios de Peritajes Especializados
http://www.chileforense.com
http://www.juridicosconsultores.cl/
http://informaticaforense.com
http://www.peritajes.org
http://www.lasemanajuridica.cl
http://www.bibilojuridica.org/
Ir a la esencia de las cosas!
PERITOS JUDICIALES (DEFENSORÍA)
http://www.defensoria.cl/
http://www.ministeriodejusticia.cl/
http://www.hpchile.cl
PERITOS POLICIALES (FISCALIA)
http://www.policia.org
Jhony cien pesos
JUEGOS DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS
http://www.tudiscovery.com/huellalatente/
VIDEOS SITIO http://www.youtube.com
Reconstrucción Virtual Criminalística Balística
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Feminicidio en Chile: muerta por el sólo hecho de ser mujer
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OFICIOS EMANADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
OF. Nº 310 / ANT.: No hay. MAT.:
Instructivo general Nº 71 que se refiere a la presentación de los informes periciales de la policía y la declaración de los peritos en el juicio oral[1].
SANTIAGO, Julio 17 de 2001
DE : FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO A : FISCALES REGIONALES Y ADJUNTOS DEL PAIS Esta Fiscalía Nacional ha tomado conocimiento acerca de ciertas dificultades que ha provocado la aplicación estricta del artículo 334 del Código Procesal Penal, invocado por la defensa en la audiencia de preparación del juicio oral, ya que por medio de éste, jueces de garantía han excluido pruebas que luego han sido requeridas en la audiencia del juicio oral. Así ha ocurrido con informes periciales realizados por policías que han sido acompañados como “informe policial” y no como pericias y, por lo mismo, han sido excluidos. Esta Fiscalía Nacional ha considerado necesario prever el actuar de los abogados defensores y evitar la exclusión de pruebas por esta causa, para lo cual hemos estimado conveniente alertar sobre la aplicación de la norma indicada y presentar en este documento algunas observaciones y recomendaciones de utilidad. Prohibición de lectura de registros y documentos de la investigación. El artículo 334 del Código Procesal Penal dispone que “salvo en los casos previstos en los artículos 331 y 332, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público.”. Consta en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que esta norma se explica por el hecho de que la investigación, en el nuevo sistema, es desformalizada, y tiene por propósito formar la convicción del investigador, no la del tribunal sentenciador. En consecuencia, todo lo que se haga en ella es fundamento de la acusación, no de la sentencia, ya que lo que se pretende es que el tribunal resuelva con la prueba que se rinda ante él. Es posible advertir que subyacen en este argumento dos principios básicos del nuevo sistema de justicia penal, a saber, el principio de oralidad y el de inmediación. Relacionado con lo anterior, el artículo 329 del Código señala que “durante la audiencia los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración no podrá ser sustituida por la lectura de registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 331 y 332.”. El artículo 331 establece los casos en que excepcionalmente se puede dar lectura a declaraciones anteriores por imposibilidad de concurrencia del testigo o perito a la audiencia por las razones que se indican, y el artículo 332, por su parte, contempla la posibilidad de leer parte de las declaraciones anteriores prestadas ante el juez de garantía o el fiscal o parte del informe pericial, en su caso, sólo después que el testigo, acusado o perito ha declarado en la audiencia y siempre que fuere necesario ayudar su memoria, a fin de demostrar o superar contradicciones o solicitar las aclaraciones que sean pertinentes. Del análisis sistemático de las normas antes expuestas y demás que puedan ser pertinentes resulta claro arribar a las siguientes conclusiones: Con el objeto de dar aplicación a los principios de inmediación y oralidad, se dispone en el Código Procesal Penal la obligación de producir la prueba en la audiencia. Para ese efecto, se prohíbe dar lectura a los registros de la investigación o documentos en que consten diligencias realizadas, por estimar que estas han servido de base para la acusación, pero que a la hora de la audiencia, el o los jueces en su caso, deben formar su convicción a partir de lo que en ella ocurre. Por lo tanto, no son medios de prueba los registros de la investigación, así como tampoco la constancia de la diligencias que durante ella se hayan realizado, como por ejemplo, declaraciones prestadas ante la fiscalía o el informe policial en que se da cuenta de una orden de investigar. Ahora bien, estos documentos deben ser acompañados o puestos a disposición de la defensa para proteger la igualdad en el derecho a defensa , pero no como medios de prueba. De esta manera, lo que se persigue es que todos los intervinientes en el proceso se encuentren en pie de igualdad y puedan, por ejemplo, refrescar la memoria de los declarantes en la forma que señala el artículo 332 del Código Procesal Penal. Respecto de la prueba pericial, sin perjuicio de la comparecencia del perito a la audiencia, el informe pericial debe ser escrito y contener la descripción de la persona o cosa que fuere objeto del mismo, del estado y modo en que se encontrare, una relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y las conclusiones que, a la luz de esos antecedentes formularen los peritos, de acuerdo a los principios y conocimientos de su ciencia o reglas de su arte u oficio. El informe de estas características debe ser designado como informe pericial y acompañado como medio de prueba u ofrecido en esa calidad. Como es sabido, el ministerio público puede presentar como perito a los miembros de organismos que prestaren auxilio a su función investigadora, ya sea que pertenezcan a la policía, al propio ministerio público o a tros organismos estatales especializados. El informe que estos peritos elaboren debe ser acompañado como informe pericial y denominarse como tal, a fin de distinguirlo de otros informes que puedan haberse realizado en la investigación y que sólo forman parte de sus registros, evitando de ese modo ser excluidos como prueba de acuerdo a lo previsto en el artículo 334 ya mencionado. Por lo tanto, se recomienda a los fiscales solicitar, en especial a la policía, que los informes que realicen sobre materias que requieren de conocimientos especializados, sean designados “informes periciales” y no “informes policiales” y, que al momento de ser acompañados, se incorporen como medios de prueba, a diferencia de los demás informes que se acompañan sólo para ponerlos a disposición de los demás intervinientes, además de citar a quienes hayan intervenido en la realización de la pericia, en su calidad de perito, y a otros colaboradores en la investigación, como testigos.
Agradeceré a Uds. distribuir este instructivo a los fiscales adjuntos, para los fines que haya lugar.
FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO GPR/XAS [1] El instructivo N º 71 corresponde al primitivo Nº 72, por corrección de la enumeración.
OFICIO Nº 060 / ANT.: No hay MAT.: La prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal.
OF. Nº 060 / ANT.: No hay MAT.:
LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL.
SANTIAGO, enero 31 de 2002
DE : FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
A : FISCALES REGIONALES Y ADJUNTOS DEL PAIS
Una de las materias que no ha sido abordada sistemáticamente hasta ahora en los instructivos generales o en los oficios o circulares de esta Fiscalía Nacional, dice relación con la prueba pericial en el nuevo proceso penal.El tema adquiere una creciente preocupación e importancia a medida que el nuevo sistema se va implantando en todo el país, en especial en las grandes regiones en que existe una tradición de recurrir a peritos particulares ante la insuficiencia de los servicios periciales del Estado.El nuevo Código Procesal Penal permite a los fiscales utilizar las pericias de los servicios públicos, sin costo para el Ministerio Público, pero también les permite la designación de peritos particulares previo pacto de honorarios.Hasta ahora, los peritajes decretados por los fiscales han sido casi en un 100% proveniente de los servicios públicos, en especial del Servicio Médico Legal, servicios de salud y tanto de Carabineros como Investigaciones de Chile. Sin embargo, algunas de estas entidades han manifestado tener problemas de recursos y estructura para atender los requerimientos de la reforma procesal penal. En cuanto a los peritajes de peritos particulares, el Ministerio Público no tiene un ítem asignado para estos gastos y se está estudiando el tema desde el punto de vista presupuestario para si ello lo amerita, incluir una partida al respecto en el proyecto de presupuesto del año 2003.De otra parte, hemos tomado conocimiento de que los Defensores Penales Públicos están utilizando las pericias de los servicios públicos mediante peticiones a los fiscales y además están utilizando los servicios particulares de peritos privados, para lo cual acuden a una norma especial de su ley orgánica y a recursos propios.Por lo anterior, junto con enviar a las Fiscalías Regionales un estudio de la asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional sobre la prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal, se requiere urgentemente de una información acerca del número de peritajes que se han encargado, naturaleza del peritaje, servicios públicos que los practican, si hay pericias particulares y como se han pagado y todas las dificultades que tiene el tema en materia de estructura y recursos.A continuación, se transcribe el trabajo preparado por la asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional sobre la prueba pericial en el nuevo sistema procesal penal, cuyo análisis y conclusiones son compartidas por este Fiscal Nacional, que es del tenor siguiente: LA PRUEBA PERICIAL EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENALI. - Palabras Preliminares El presente trabajo tiene por objeto analizar el estatuto jurídico de los peritos en el nuevo proceso penal, con el fin de poder determinar cuáles son las características más relevantes de estos terceros intervinientes en el proceso. Para ello, nos referiremos a quiénes son los peritos y cuándo procede su informe, cómo son nombrados, quiénes pueden ser peritos, los tipos o clases de peritos que pueden existir -esto tiene particular importancia puesto que la circunstancia de tratarse de un perito público o de uno privado acarreará diferentes consecuencias en varios ámbitos-, las características del informe que deben evacuar, sus remuneraciones, la forma en que son presentados sus informes como medio de prueba y la manera en que declaran en el juicio oral. Al analizar todos estos aspectos relativos a la prueba pericial pretendemos, a lo menos sucintamente, entregar un panorama general del estatuto jurídico que rige a los peritos, de manera de poder aclarar meridianamente ciertos temas que han provocado alguna inquietud al interior del Ministerio Público, como lo son entre otros, el tipo de peritos al cual puede acudir el Ministerio Público para el cumplimiento de su labor, la remuneración que lleva aparejado el informe pericial y la responsabilidad eventual por algún daño que sufra el perito. II.- Marco Jurídico El estatuto rector de la prueba pericial se encuentra tratado en el Libro II Título III Párrafo 6° del Código Procesal Penal (arts. 314 a 322) sin embargo tales disposiciones se deben complementar con las normas establecidas en el Párrafo 9° del Título III del Libro II relativas al “Desarrollo del Juicio Oral”. En consecuencia la prueba pericial está afecta a un tratamiento atinente a una etapa previa al juicio oral, fundamentalmente en la denominada “Audiencia de Preparación del Juicio Oral” y durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral. III.- Concepto Podemos definir a los peritos como terceros ajenos al litigio que disponen de conocimientos especializados sobre una determinada ciencia, arte u oficio y que son llamados a prestar su testimonio experto en la interpretación de una determinada información.Siguiendo en esta materia a Mittermaier[1], diremos que el informe pericial puede ser requerido en los siguientes casos: “1º Cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya averiguación, para que sea bien hecha, exige necesariamente conocimientos técnicos, por ejemplo cuando el examen debe caer sobre las señales de virginidad o sobre la existencia de veneno en el cuerpo. 2º Cuando haya de decidirse acerca de la naturaleza o las cualidades de ciertos hechos. Por ejemplo: ¿qué dirección ha seguido la herida?. 3º Cuando la base de la sentencia debe principalmente apoyarse en la admisión de un hecho como posible o probable (¿puede un hombre ser herido de un balazo a una distancia determinada?): tal será el caso de un testigo que afirmara ciertos hechos, relaciones de hecho (¿ha podido el testigo ver lo que ha pasado a la distancia en que se hallaba?), y en el que el acusado alegara la existencia de algunas circunstancias accesorias del crimen (si sostiene el acusado haberse servido de tal o cual sustancia para practicar el envenenamiento). 4º Cuando de los hechos demostrados se trata de deducir sus consecuencias, las conclusiones que sólo puede suministrar el profesor. Por ejemplo ¿ha sido mortal la herida?, ¿el veneno ha causado la muerte?”. IV.- Procedencia del Informe PericialEsta materia se encuentra regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal, el cual señala en su inciso 2º lo siguiente: “ Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio”.Los casos de pericias determinadas por la ley podrían decir relación con ciertos delitos que normalmente son acreditados por medio de peritajes, como por ejemplo el caso de los delitos sexuales, en conformidad a lo que señala el artículo 198 del Código Procesal Penal. En relación a los otros casos en los que proceden pericias, ello sucederá cada vez que las partes estimen necesario contar con un conocimiento experto acerca de una determinada materia. V.- Designación de los PeritosEl Código de Procedimiento Penal contemplaba todo un sistema de designación de los peritos, distinguiendo entre peritos judiciales y los nombrados por las partes[2]. En el nuevo sistema procesal penal en cambio, los peritos ya no son designados y tampoco existe la distinción señalada, sino que se va más bien a un sistema informal de peritos o testigos expertos.En efecto, los peritos del nuevo sistema procesal sólo son los presentados por las partes, desapareciendo completamente la figura del perito imparcial designado por el juez[3]. De esta manera, las partes tienen libertad para escoger como perito a las personas que estimen convenientes, sin que exista todo un procedimiento formal de nombramiento del perito. VI.- ¿Quiénes pueden ser peritos?En principio cualquier persona que posea un conocimiento especializado de una ciencia arte u oficio podría ser perito. Sin embargo, conforme lo dispone el artículo 317 del Código Procesal Penal “No podrán desempeñar las funciones de peritos las personas a quienes la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial”.La prohibición señalada en el párrafo anterior se funda en que el legislador privilegia el resguardo de los lazos y cohesión familiar así como la ética profesional, al éxito de la persecución penal[4].De manera que la regla general es que, salvo la excepción señalada, cualquier persona pueda desempeñarse como perito. Sin embargo, una cosa es la capacidad para ser perito y otra distinta es que el informe que emita sea admitido como medio de prueba en el juicio oral, así por ejemplo, como se explicará más adelante, el tribunal podría rechazar el informe de un perito que no otorga suficiente garantía de seriedad y profesionalismo.Los peritos tampoco podrán ser inhabilitados, como consecuencia de la libertad en la valoración de la prueba. Por lo tanto, van a poder declarar y el mérito de su declaración es lo que el juez va a ponderar. No obstante ello y según lo dispone expresamente el artículo 318 del Código Procesal Penal, las partes en la audiencia del juicio oral podrán dirigirle al perito preguntas destinadas a determinar su idoneidad e imparcialidad, así como el rigor técnico o científico de sus declaraciones, ello probablemente con el objeto de acreditar o cuestionar la seriedad de su declaración. VII.- Tipos de Peritos De acuerdo a las distintas especialidades que poseen los peritos, éstos pueden clasificarse en peritos balísticos, mecánicos, químicos, documentales, etc. Sin embargo, una clasificación más amplia nos permite distinguir entre peritos públicos y privados, a cada uno de los cuales nos referiremos separadamente a continuación: 1.- Peritos PúblicosTienen esta categoría todos aquellos especialistas que dentro de su competencia son llamados a realizar un informe pericial y que pertenecen a algún organismo estatal.Entendemos por organismo estatal aquel que realiza una función pública y que es creado por ley. De manera que podemos encontrar un gran número de instituciones que revisten este carácter.Los peritos públicos están llamados a realizar pericias y tienen la obligación legal de hacerlo. En algunos casos, tal obligación está expresamente consagrada en la ley (así, v.gr. en la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal). Por otro lado, una vez que confeccionan su informe, tienen la obligación de concurrir al juicio oral a prestar declaración acerca del mismo, bajo igual apercibimiento legal que los testigos.Entre los organismos estatales que prestan servicios periciales y a los cuales puede acudir el Ministerio Público, podemos mencionar a los siguientes: 1.- Carabineros de Chile: a) LABOCAR (Laboratorio de Criminalística de Carabineros): encargado de realizar todo tipo de pericias, fundamentalmente peritajes químicos, de balísticas, propiedad intelectual, mecanográficas, dactiloscópicos, etc.b) SIAT (Servicio de Investigaciones de Accidentes del Tránsito): entre otras cosas realizan exámenes de planimetría, fotográficos y otros, para los efectos de determinar posibles causas deaccidentes de tránsito.c) SEBV (Sección Encargo Búsqueda de Vehículos): realizan todo tipo de pericias relacionadas con la búsqueda de vehículos.d) GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales): desarrollan entre otras funciones peritajes de explosivos, de armamentos, etc. 2.- Policía de Investigaciones de Chile: a) Los LACRIM (Laboratorio de Criminalística): existen 7 de estos laboratorios en todo el país, todas las regiones en las cuales se ha implementado la reforma procesal penal cuentan con uno de estos laboratorios, con excepción de la 2ª Región. Los LACRIM poseen diferentes secciones, entre las cuales cabe destacar las siguientes: química (encargada de todo lo relacionado con el examen de fluidos como sangre, semen, y otro tipo de análisis químicos), balística, dibujo y planimetría, documentales, mecánica, contabilidad, fotografía, dactiloscopia y audio y video. b) CAVAS (Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales): realizan pericias relacionadas con los delitos sexuales. Existen tan sólo dos centros en todo Chile, uno en Santiago y el otro en la V Región. c) Instituto de Criminología: cuenta con una serie de profesionales que podrían practicar pericias, tales como psicólogos, psiquiatras, etc.d) Cibercrimen: unidad especializada en delitos informáticos, realiza todo tipo de pericias relacionadas con estos delitos. 3.- Servicio Médico Legal: Este servicio es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y entre otras labores realiza toda clase de peritajes de carácter médico, constituyendo el principal organismo gestor de este tipo de pericias para la investigación criminal.El Servicio tiene 12 cabeceras regionales en las capitales de cada región y 18 otras sedes en el resto del país. En las regiones donde está implementada la reforma procesal penal, las ciudades que cuentan con este Servicio son: Antofagasta, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Illapel, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Temuco y Angol.El Servicio Médico Legal tiene cuatro secciones, denominadas Sección Clínica, de Tanatología, de Laboratorios y Administrativa, a cada una de las cuales corresponden distintas funciones, según se señala en la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal[5]. En efecto, corresponden a la sección clínica de este servicio la realización de exámenes tales como los de lesiones, psiquiatría, enfermedades comunes, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, sexología, evaluación de incapacidades, paternidad, abortos, violaciones y otros[6]. Por otra parte, corresponde a la sección tanatología realizar las pericias en cadáveres y restos humanos[7] y a la sección de laboratorios le compete practicar exámenes de alcoholemia, toxicología, etc[8].Los principales peritajes que realiza el Servicio Médico Legal son:· Peritaje de ADN· Tanatológicos· Psiquiátricos (estudio psicológico, estudio psiquiátrico e informe social complementario)· Clínicos (estudio de lesiones, maltrato infantil, estudios sexológicos) y· de laboratorio (alcoholemia, exámenes de apoyo a peritaje de agresiones sexuales, exámenes toxicológicos, peritajes de identificación)En relación a la obligación del Servicio Médico Legal de emitir informes periciales para ayudar a la investigación criminal, cabe señalar que ella emana de la propia ley que regula este Servicio, la cual en su artículo 3º letra a), señala expresamente que “le corresponderá, especialmente,.. emitir informe médico-legales a petición de los Tribunales de Justicia”. En relación a la alusión a los Tribunales de Justicia que hace la norma, también debe entenderse hecha a los Fiscales del Ministerio Público en aquellos lugares donde está vigente la Reforma Procesal Penal, toda vez que en el nuevo sistema procesal son ellos los que dirigen la investigación criminal. 4.- Hospitales Públicos, Servicios de Asistencia Pública y demás establecimientos donde habitual o transitoriamente lleguen casos médico-legales (por ejemplo los servicios de atención primaria de urgencia (SAPU) o consultorios de atención primaria): todos estos servicios también podrían realizar pericias médico-legales, ello puede deducirse de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal.El carácter de auxiliares del Ministerio Público de todos estos servicios, podría eventualmente redundar en que las pericias que practiquen no pudieran ser presentadas en el juicio oral, sin embargo esta situación es salvada expresamente por el artículo 321 del Código Procesal Penal, el cual señala literalmente que “el Ministerio Público podrá presentar como peritos a los miembros de los organismos técnicos que le prestaren auxilio en su función investigadora, ya sea que pertenecieren a la policía, al propio ministerio público o a otros organismos estatales especializados en tales funciones”. 2.- Peritos Privados: Son peritos privados todos los que no son públicos, es decir todas aquellas personas que poseen conocimientos especializados en alguna ciencia, arte u oficio y que prestan sus servicios en forma particular y no como integrantes de algún organismo estatal llamado a realizar pericias a los cuales nos hemos referido en el apartado precedente. VIII.- Contenido del InformeEsta materia se encuentra regulada por el artículo 315 del Código Procesal Penal, el cual señala que el informe deberá ser escrito y contendrá: a) la descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado y modo en que se hallare; b) la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y c) las conclusiones que, en vista de tales datos formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio.Por otra parte, debe señalarse que para practicar sus informes los peritos deben poder acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiriere su pericia. Con este fin, el artículo 320 del Código Procesal Penal consagra expresamente la facultad de los intervinientes en el proceso penal para solicitar durante la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del juicio oral, al juez de garantía que dicte las instrucciones necesarias al efecto. IX.- Remuneración del PeritoEl Ministerio Público requiere para el cumplimiento de su labor investigadora de los delitos de una gran cantidad de pericias, si todas ellas fuesen remuneradas significaría en la práctica que un porcentaje muy importante del presupuesto institucional debería destinarse para estos fines, restando recursos a otros requerimientos. En consideración a ello, lo más lógico es que las pericias necesarias para la investigación de los delitos sean realizadas por la red pública, lo que no genera ningún gasto para el Ministerio Público puesto que los peritos de los organismos estatales auxiliares son remunerados por los propios servicios a los cuales pertenecen.La regla general en materia de remuneración de peritos privados es la contenida en el artículo 316 inciso 2º de Código Procesal Penal, que reza de la siguiente manera: “Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presentare”. Sin embargo, la misma disposición legal contempla una excepción en su inciso siguiente y último, al señalar que “excepcionalmente, el tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago de la remuneración del perito, cuando considerare que ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa...”.La obligación de pago de remuneración sólo existe respecto de peritos privados, de manera que la norma del artículo 316 precedentemente transcrita nunca se aplicará a los peritos públicos.Cómo vemos, para estudiar la remuneración de los peritos debemos hacer una distinción y ver si nos encontramos frente a peritos públicos o privados. A este respecto sin embargo, debemos efectuar más detenidamente algunas consideraciones en relación a ambas clases de peritos. a) Perito Público: como ya se adelantó, este tipo de peritos son remunerados por el servicio público al cual pertenecen, puesto que en definitiva, lo que hacen al practicar las pericias para el Ministerio Público es ejecutar funciones propias de su cargo.Respecto a la facultad del Ministerio Público de presentar como peritos a los miembros de los organismos estatales especializados en la función investigadora, ésta aparece expresamente consagrada en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Estos peritos tendrían la obligación de confeccionar los informes periciales que les soliciten los fiscales del Ministerio Público y además estarían obligados a concurrir al juicio para prestar declaración acerca de los mismos. A este respecto, debe entenderse que cuando estos profesionales concurren al juicio a declarar lo hacen en comisión de servicio o cometido funcionario de la respectiva entidad pública a la cual pertenecen.Las aseveraciones realizadas pueden no ser pacíficas y despertar una serie de reacciones adversas por parte de los profesionales encargados de practicar las pericias, no tanto por la obligación de realizarlas, sino más bien por el tiempo que pueden verse forzados a perder con ocasión de aquella, al tener que concurrir al juicio a declarar.Creemos que esta problemática puede ser solucionada, a lo menos en forma parcial, adoptando una serie de medidas como las que se indican ejemplarmente a continuación:i.- generar mayor conciencia al interior de los organismos estatales de la necesidad de fortalecer una colaboración con el Ministerio Público en la realización de su labor, con el objeto de propender al éxito de la reforma procesal penal.ii.- en los casos de peritos públicos citados a declarar a juicio y con el objeto de no quitarles demasiado tiempo en esta tarea -atendido que puede tratarse por ejemplo de médicos cuyos servicios son requeridos permanentemente-, sería aconsejable determinar lo más exactamente posible el horario en que prestarán declaración, para no ocuparlos más tiempo que el estrictamente necesario. Un sistema como éste, probablemente sería muy bien recibido por parte de quienes practican las pericias e indudablemente mejoraría su disposición para concurrir al juicio.iii.- tal vez, aunque esto puede resultar más discutible, podría establecerse un sistema en aquellos casos en que la obligación de concurrir al juicio signifique para el perito un gravamen demasiado oneroso, como lo sería por ejemplo el empleo de muchas horas extraordinarias de trabajo, de compensar el tiempo extra por medio de un honorario, el que deberá ser pagado por el respectivo servicio público.Por último cabe señalar respecto de los peritos públicos, que tratándose de algunas pericias efectuadas por el Servicio Médico Legal tienen un valor determinado fijado mediante el Decreto Supremo Nº 531 del Ministerio de Justicia[9]. En efecto, esta normativa fija los valores de los exámenes de laboratorio y embalsamiento realizados por el Servicio Médico Legal cuando son requeridos por particulares (personas naturales o jurídicas), constituyendo un caso excepcional en que el valor de la pericia es determinado por una especie de arancel, puesto que la regla general, en aquellos lugares donde aún no ha entrado en vigencia el Código Procesal Penal, es que el valor de las pericias sea regulado por el juez del crimen a través de un procedimiento especial. Sin embargo, los valores indicados en el Decreto antes señalado pueden servirle al Ministerio Público como una base de referencia a la cual acudir cuando se trate de fijar el valor de pericias de la misma naturaleza encargadas a peritos particulares. b) Peritos Privados: respecto de éstos sin duda alguna que existe la obligación del Ministerio Público de remunerar sus servicios al precio de mercado. Ello se entiende, sin perjuicio de lo señalado a propósito del Decreto del Ministerio de Justicia al cual se ha hecho mención precedentemente, que permitiría establecer un parámetro de referencia para fijar los valores de las pericias que en éste se indican.En cuanto a la posibilidad de regular los honorarios de este tipo de peritos, la regla general es que sus honorarios no son regulados por el juez y por lo tanto, como ya se dijo, ellos corresponderán a los del mercado[10].La regla señalada sin embargo, contempla una excepción en el artículo 316 inciso final última parte del Código Procesal Penal, referida al caso en que el tribunal releva del pago de la remuneración de la pericia tratándose del imputado, cuando la no realización de ella pudiere significar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa, en cuyo caso regulará prudencialmente la remuneración del perito, teniendo presente los honorarios habituales en la plaza.¿Con cargo a qué fondos se financian estas pericias particulares?En el presupuesto del Ministerio Público no existe una asignación ni un item especial destinado a financiar este tipo de prestaciones, por lo tanto lo que se ha estado haciendo hasta ahora es imputarlo a la asignación “otros servicios generales” (subtítulo 22- item 17- asignación 017). En otras oportunidades la imputación ha sido hecha al item de contratación de estudios (subtítulo 22- item 18), sin embargo técnicamente ello no parece muy apropiado, puesto que estos fondos están pensados para remunerar a personas jurídicas y no naturales y por otra parte el destino de estos recursos no es propiamente el pago de peritajes.Existe la posibilidad de crear un item o una asignación presupuestaria especial para el pago de pericias, sin embargo una solución de esta naturaleza tampoco parece ser muy conveniente, puesto que se podría generar la costumbre de encargar peritajes particulares, en circunstancias que lo correcto es ocupar la red pública, lo que no genera gastos para el Ministerio Público. En este sentido, parece urgente que la red asuma su labor otorgando los peritajes requeridos por el Ministerio Público, para lo cual debe tomarse conciencia de la necesidad de dotarla de más recursos a fin de que pueda cumplir con su función.Por último, debe señalarse en relación a este tema remuneratorio que existe la posibilidad de que los peritos sean interrogados en el juicio acerca de su remuneración y de la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado. Esta regla se encuentra contenida en el artículo 318 del Código Procesal Penal, y tiene por objeto demostrar la imparcialidad del perito.X.- La prueba pericial previa al juicio oralEl presente acápite desglosa el tema en dos estadios: 1°) Oportunidad Procesal para ofrecer la prueba de peritos; 2°) Admisibilidad de la prueba pericial.1° Oportunidad ProcesalDe acuerdo a los artículos 180, 183, 314 y 320 se desprende que los intervinientes están autorizados para utilizar informes periciales desde el inicio del procedimiento, sean esto particulares o públicos, con la finalidad de ser empleados durante el juicio oral, en apoyo de sus alegaciones. Sin embargo la oportunidad procesal a la cual los intervinientes deben sujetarse para ofrecer este medio de prueba, sufre los siguientes matices:1° La letra f) del artículo 259 del Código Procesal Penal señala que “La acusación deberá contener en forma clara y precisa: f) El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensará valerse en el juicio” por lo tanto el fiscal en su escrito de acusación deberá acompañar los informes periciales escritos y, además, citar al profesional en calidad de perito.2° “El querellante a su turno, los ofrecerá en su escrito de adhesión a la acusación del fiscal, acusación particular o acusación conforme al artículo 258 (forzamiento de la acusación) cuando diga relación con la imputación penal y en su demanda civil cuando se vincule con ésta, en el plazo contemplado por el artículo 261 por regla general[11] y 258[12] excepcionalmente”[13].3° El imputado goza de las siguientes oportunidades para ofrecer la prueba pericial: a) En el escrito de defensa que presente dentro del término establecido en el artículo 263[14]; b) Oralmente al inicio o durante la audiencia de preparación de juicio oral según se desprende de los artículos 263 y 268; c) Dentro del término otorgado por el juez de garantía, durante la audiencia de preparación, cuando comprobare que el imputado no hubiere ofrecido oportunamente prueba por causas que no le fueren imputables (art. 278).En estas oportunidades, además deberá solicitar que los peritos sean citados a comparecer y declarar sobre su informe en la audiencia de juicio oral debiendo individualizarlos y acompañar los títulos o calidades que comprueben su idoneidad profesional.No obstante lo anterior el artículo 336 excepcionalmente permite a las partes, durante el juicio oral, rendir prueba que no ha sido ofrecida en su oportunidad procesal correspondiente, previa petición de la parte que lo requiera y autorización del Tribunal Oral que puede ser dada en dos casos:a) Cuando el interviniente que sostuviere la petición justificare no haber tenido conocimiento de la existencia de la prueba sino hasta ese momento.b) Si con ocasión de la prueba ya rendida surgieren controversias acerca de su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubiesen sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.2°) Admisibilidad de la Prueba PericialLa cuestión relativa a la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por los intervinientes, en las oportunidades procesales pertinentes, está tratada en el inciso 1° del artículo 316 del Código Procesal Penal que reza de la siguiente manera “El Tribunal admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo el Tribunal podrá limitar el número de informes o peritos, cuando unos u otros resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio”.Lo primero que debe aclarase es que no obstante encontrarse ubicada la norma dentro de aquellas relativas al juicio oral, debe concluirse interpretando armónicamente las normas del Código Procesal Penal que su aplicación corresponde al Juez de Garantía y no al Tribunal Oral en lo Penal atendida las siguientes consideraciones:1° El debate sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas por los intervinientes tiene lugar en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral así lo afirman los artículos 272 “Durante la audiencia de preparación de juicio oral cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para los fines previstos en los incisos segundo y tercero del artículo 276” y éste último señala que el juez de garantía debe examinar las pruebas ofrecidas para, luego de escuchar a los intervinientes, ordenar fundadamente su: a) exclusión sea porque fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos o notorios, se tratare de prueba declarada nula u obtenida con inobservancia de las garantías fundamentales; b) reducción cuando produjere efectos puramente dilatorios.2° El artículo 281 señala que una vez recepcionado por el Tribunal Oral el Auto de Apertura del Juicio de Oral procederá por intermedio del juez presidente de la sala respectiva, entre otros a fijar la fecha que se realizará la audiencia del juicio oral y citar a todos quiénes deban concurrir a la audiencia no correspondiéndole, por tanto, ningún pronunciamiento relativo a la prueba incluida en el mencionado auto.3° En consecuencia al Tribunal Oral, no le corresponderá realizar el examen de admisibilidad del informe de peritos correspondiéndole al Tribunal de Garantía salvo el caso excepcional del artículo 336.Por lo tanto el Juez de Garantía además de sujetarse a los artículos 266 a 280 (relativos a la audiencia de preparación de juicio oral) debe dar cumplimiento a las obligaciones adicionales impuestas por los artículos 314, 315 y 316. En consecuencia, el Juez de Garantía al pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida deberá actuar de la siguiente forma: a) Deberá verificar la aptitud del perito, de acuerdo al inciso primero del artículo 316, en términos que sus capacidades e informes suministren garantías de seriedad y profesionalismo, calidades que se corroborarán mediante los comprobantes que acreditaren su idoneidad profesional, los cuales de acuerdo al mandato del inciso primero del artículo 314 deben ser acompañados por el interviniente en la oportunidad[15] en que hubiese ofrecido el informe pericial. Estrechamente ligado a este punto se encuentra el artículo 315 que señala los elementos fundamentales que debe reunir el informe pericial, de modo que, si no concurren o lo hacen en forma poco consistente podrá dar pie a que el magistrado cuestione el profesionalismo o idoneidad del perito. b) El Juez de Garantía tiene la facultad de limitar el número de informes o de peritos que se hayan ofrecido, cuando unos u otros resulten excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio. Esta facultad del juez de garantía encuentra paralelo en el inciso 2° del artículo 276 pues permite al juez de garantía reducir la prueba documental o testimonial que produzca efectos puramente dilatorios en el juicio oral u ordenar que el interviniente reduzca el número de testigos o documentos cuando mediante ellos se deseare probar unos mismos hechos o circunstancias que no guardan relación con lo sustancial de la cuestión sometida a conocimiento del Tribunal Oral.XI. Los peritos en la audiencia de juicio orala) Orden de recepción de pruebas en el juicio oralEl artículo 328 relativo al orden de la recepción de las pruebas en la audiencia del juicio oral asienta como regla: la libertad de los intervinientes para presentar sus probanzas en el orden que lo estimen conveniente lo que, normalmente, irá en relación con la estrategia o “teoría del caso” que cada interviniente decida emplear en el juicio oral. No obstante lo anterior, la norma aludida establece un orden de prelación respecto de qué interviniente comienza, en primer lugar, a rendir prueba en la audiencia de juicio oral “correspondiendo recibir primero la prueba ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación y de la demanda civil y luego la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las acciones que hubieren sido deducidas en su contra”. Por lo tanto la prueba pericial que se vaya a rendir en juicio oral se sujetará al orden que haya decidido el interviniente.b) Producción de la Prueba Pericial durante la Audiencia de Juicio OralLa declaración de los peritos durante el juicio oral se sujeta a las normas establecidas en el artículo 329 y, supletoriamente se aplicarán las reglas establecidas para los testigos. Los incisos 1° y 3° del artículo citado reconocen la circunstancia de que los peritos son “personas que cuentan con información relevante acerca del caso que se está juzgando y que deben venir a dar cuenta de ella en forma oral y sujeta a la contradictoriedad del juicio”[16] y, por ésta razón, asienta las siguientes reglas:Regla Primera: La declaración e interrogatorio es personal e imposible de sustituir por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren de los peritos (art.329 inciso primero). No obstante lo anterior los artículos 331 y 332, aplicados por mandato del artículo 329 inciso primero, excepcionan la regla anterior aunque de manera diversa:Excepción Primera: El artículo 331 relativiza la regla, asentada en el artículo 340 inciso 2°, en orden a que sólo la prueba rendida en la audiencia de juicio oral será la válida para la formación de la convicción a la cual arribe el Tribunal Oral en la sentencia definitiva. En efecto la norma otorga validez a las actas o registros que contengan declaraciones de testigos, peritos o imputados, las cuáles podrán leerse previa petición de alguno de los intervinientes y autorización del juez presidente prescindiéndose, de esta forma, de la presencia y deposición personal de los testigos, peritos o imputado, en los siguientes casos: i) Los registros que contengan las declaraciones de testigos o peritos que por razones de fuerza mayor no pudiesen prestar su declaración en la audiencia de rigor bajo la condición que la declaración haya sido prestada en la modalidad de prueba anticipada ante el juez de garantía conforme a los artículos 191 y 280[17].ii) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, con aquiescencia del tribunal. Una parte de la doctrina estima que la expresión “acordaren en incorporar” y “con aquiescencia del tribunal” demuestra que se trataría de una convención probatoria puesto que el artículo 275 señala que “durante la audiencia de preparación el fiscal, el querellante si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral”, es decir, en las convenciones probatorias se requiere además del acuerdo de los intervinientes señalados la autorización del Tribunal de Garantía. La parte final “no podrán ser discutidos en el juicio oral” reafirma la conclusión puesto que si se requiriere la autorización del Tribunal Oral, eventualmente, se abriría debate en caso de negativa transformando en letra muerta la disposición. Sin embargo creemos que la norma no está haciendo alusión a las convenciones probatorias puesto que ellas tienen como objetivo dar por acreditados ciertos hechos controvertidos y, por ende, no serán materia de discusión durante la audiencia de juicio oral, luego siendo el objeto de aquellas hechos controvertidos es dable colegir que no podrán recaer sobre medios de prueba. iii) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al acusado. En este punto corresponderá al interviniente que haya ofrecido la probanza acreditar el supuesto de hecho atribuible al acusado que obsta a la comparecencia del perito.Excepción Segunda: Por su parte el artículo 332 no constituye una excepción plena a la regla en cuestión puesto que esta norma permite, en efecto, la lectura de parte del informe elaborado por el perito, sin embargo, sólo se podrá hacer previa declaración del perito en el juicio oral según se desprende del inciso final del texto legal en cuestión “Con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere elaborado..”. Y la referida lectura de los registros sólo se podrá efectuar cuando el juez presidente lo estimase necesario para “refrescar” la memoria del perito, o para demostrar contradicciones o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes (inciso 2° del artículo 329).Regla Segunda: Los peritos previo a ser interrogados por los intervinientes deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe. Luego el juez presidente prestará su autorización para que comiencen los interrogatorios respectivos debiendo comenzar en “primer lugar la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por las restantes. Si en el juicio intervinieren como acusador el ministerio público y el querellante particular, o el mismo se realizare contra dos o más acusados, se concederá sucesivamente la palabra a todos los acusadores o a todos los acusados, según corresponda” (art. 329 inciso 3°). “En otros términos, si el deponente fue ofrecido por el fiscal éste interrogará primero, a su turno continuará el querellante particular y finalmente el defensor letrado del acusado. En conclusión inicia el interrogatorio el interviniente que ofreció la probanza pericial para continuar las partes que tengan similares intereses para después finalizar la parte del bloque contrario de intereses opuestos”[18].Durante la declaración del perito los miembros del tribunal podrán formularle peguntas con el fin de aclarar sus dichos. Por último se contempla la posibilidad que el Tribunal pueda autorizar un nuevo interrogatorio a peritos que ya hubieren declarado en audiencia, esta petición deberá ser resuelta fundadamente por el Tribunal pues implica una instancia probatoria nueva para el interviniente que la requiera.En su oportunidad señalamos que el legislador previene que los peritos en su declaración e interrogación se sujetarán supletoriamente a las reglas establecidas para los testigos, por lo tanto los peritos estarán obligados a: i) Prestar juramento o promesa de decir la verdad.ii) Concurrir al llamamiento judicial, previa citación del tribunal bajo el apercibimiento previsto en el artículo 33 y del pago de las costas ocasionadas por su inasistencia. Esta obligación es interesante analizarla desde el siguiente punto de vista ¿desde cuando surge la posibilidad de citar a un perito a juicio oral? Sostenemos que la facultad de citar a un profesional en calidad de perito surge desde el instante que el perito elabora el informe para el interviniente que pretende valerse de la respectiva probanza, lo anterior se basa en las siguientes razones: a) El inciso primero del artículo 314 señala que los intervinientes podrán presentar, en la oportunidad procesal correspondiente, informes periciales al juez de garantía a fin que sea citado a declarar al juicio oral. Luego el inciso primero del artículo 316, siguiendo el razonamiento anterior, expresa que “El tribunal admitirá los informes y citará a los peritos...”. Por lo tanto ambos artículos razonan sobre la base de la confección previa, normalmente durante la etapa de investigación, de informes por parte de profesionales de un arte, ciencia u oficio específico. b) De modo que si no consta la existencia de informes relacionados con un profesional o no ellos han sido acompañados, éste no podrá ser citado, en calidad de perito, a declarar en juicio oral.iii) Deber de prestar declaración ante el tribunal pudiendo negarse en la medida que exista y acredite causa justificada. El Senado estimó conveniente agregar la posibilidad de que el perito que se negare a prestar declaración fuese sancionado como autor del delito de desacato contemplado en el inciso 2° del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.iv) Principio de no autoincriminación contemplado en el artículo 305 del Código Procesal Penal.XII.- Responsabilidad por accidentes que sufra el perito producto del cumplimiento de comparecencia y declaraciónEl Código Procesal Penal no contiene normas relativas a la siguiente cuestión ¿quién debe soportar los costos producto de accidentes que sufra el perito en el cumplimiento de su deber de comparecencia y declaración en juicio oral?. Un primer paso a dar consiste en determinar si el hecho es posible de ser considerado como accidente del trabajo. La ley 16.744 en su artículo 5° entiende por accidente del trabajo “Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo”, de modo que las lesiones acaecidas durante el cumplimiento de los deberes mencionados quedarán cubiertas dentro del amplio concepto de accidente del trabajo.El artículo 1° de la ley 16.744 declara obligatorio el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, a su vez, el artículo 2° establece la obligatoriedad del seguro para los trabajadores dependientes tanto del sector privado como público y para los trabajadores independientes. No obstante la amplitud del artículo 2° deben efectuarse los siguientes matices: i) Trabajadores Dependientes. Los peritos dependientes de instituciones públicas o privadas quedarán cubiertos por las prestaciones del Seguro Social Obligatorio. ii) Trabajadores Independientes. La parte final del artículo 2° expresa que “No obstante, el Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas indicadas en la letra d) (trabajadores independientes)”. De acuerdo con lo anterior se han dictado distintos Decretos Leyes regulando la situación de diferentes actividades independientes tales como: choferes de taxis o colectivos, pirquineros, trabajadores de la hípica, etc sin embargo la actividad de los profesionales independientes no está reglamentada determinándose que las lesiones o incapacidades que sufran en el desempeño de sus labores sean absorbidas por su régimen previsional de salud al cual esté afiliado, de modo que los peritos independientes no están obligados a efectuar las cotizaciones derivadas del seguro obligatorio establecido por la ley 16.744 pero, a la vez, los accidentes del trabajo que sufra serán soportados por FONASA o la Isapre a la que se encuentre afiliado.En consecuencia tanto los peritos dependientes como independientes quedarán cubiertos respecto de los accidentes que sufran en el desempeño de sus actividades por el régimen previsional respectivo excluyéndose al Ministerio Público de cualquiera responsabilidad derivada de estos hechos. XIII.- Deber de protección del Ministerio Público para con los peritosPor último debe tenerse presente que el artículo 322 del Código Procesal Penal recoge el deber del Ministerio Público para con los peritos de brindar la protección prevista para los testigos[19]. No obstante que se utiliza la voz “podrá” estimo que el deber del Ministerio Público se activa de modo autónomo e independiente al requerimiento del perito puesto que sostener lo contrario vulneraría la garantía constitucional consagrada en el N° 2° inciso 2° del artículo 19[20] de la Constitución Política del Estado ya que no existe fundamento racional que permita sostener que los testigos deban ser dignos de mayor protección que los peritos atendiendo que ambos responden a la misma naturaleza jurídica de ser terceros ajenos e imparciales que deponen sobre un hecho con la particularidad que el perito emite una opinión sobre un hecho aplicando las máximas del arte, ciencia u oficio que profesa.SRV/MEST/CDG*************************Por consiguiente, agradeceré a los Fiscales Regionales y a sus asesores jurídicos estudiar la materia de este informe, distribuirlo a los fiscales y abogados asistentes y enviar la información solicitada y los comentarios que se estimaran pertinentes.Saluda atentamente a UDS.,GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARDFISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICOGPR/crz[1] Carlos J.A. Mittermaier, citado por Eugenio Neira Alarcón en Manual de Procedimiento Penal Chileno, Santiago, Fallos del mes 1992.[2] Artículo 224 y sgtes. del Código de Procedimiento Penal.[3] El único caso en el cual el perito podría ser solicitado por el juez de garantía, es en el caso de requerir un informe psiquiátrico cuando en el procedimiento aparecen antecedentes suficientes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 458 del Código Procesal Penal.[4] En conformidad a lo dispuesto por el artículo 302 inciso 1º del Código Procesal Penal “no estarán obligados a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado”. Por su parte, el artículo 303 inciso 1º del mismo texto legal señala que “tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto”.[5] El texto de la ley Orgánica del Servicio Médico Legal fue fijado por el decreto con Fuerza de Ley Nº196 de 28 de Marzo de 1960.[6] Art. 9 Ley Orgánica del Servicio Médico legal[7] Art. 10 Ley Orgánica del Servicio Médico legal[8] Las unidades de la sección laboratorios son la de Alcoholemia, Toxicología, Bioquímica y Criminalística, Instrumental y Biología Molecular.[9] Decreto Nº531 del Ministerio de Justicia de 22 de mayo de 1989 que deroga el decreto 190 de 30 de enero de 1980.Decreto:“1.- Los exámenes de laboratorio practicados por el Servicio Médico Legal, requeridos por personas naturales o jurídicas, tendrán los siguientes valores, afectos al impuesto al valor Agregado (IVA) que será cobrado en cada prestación: a) Análisis químico toxicológico completo, incluyendo órganos: 3,52 U.T.M. b) Análisis químico toxicológico en fluidos biológicos, tales como orina, sangre, contenido gástrico, etc: 0.73 U.T.M.c) Análisis de alcohol en fluidos biológicos: 0.13 U.T.M. d) Análisis toxicológico en substancias diversas, tales como vegetales, polvos, medicamentos y otros: 1.88 U.T.M. e) Exámenes bioquímicos de baja complejidad, tales como grupo sanguíneo, esperma en fluidos biológicos, residuos de pólvora en tejidos, test de embarazo y otros: 0.08 U.T.M.f) Exámenes bioquímicos de mediana complejidad, tales como manchas de fluidos biológicos, monóxido de carbono en la sangre, microscópico en pelos y otros: 0.90 U..T. M.2.19 U.T.M.g) Exámenes bioquímicos de alta complejidad, tales como exclusión de paternidad, y otros: 2.19 U.T.M.2.- Los procesos de embalsamiento de fallecidos practicados por el Servicio Médico Legal, a requerimiento de personas naturales o jurídicas tendrán los siguientes valores, no afectos al Impuesto al Valor Agregado: a) Tratamiento conservador parcial: 4.19 U.T.M. b) Tratamiento conservador total: 6.98 U.T.M. 3.- Los valores que fija el presente decreto regirán a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, serán de cargo de las personas naturales o jurídicas requirentes y se recaudarán por la Oficina de Presupuestos del Servicio Médico legal.4.- Los fondos que se perciban por este concepto constituirán ingresos propios del Servicio Médico Legal, quien los destinará a los fines propios de su función.5.- Derógase el decreto supremo 190, de 30 de enero de 1980, del Ministerio de Justicia”.[10] El Código de Procedimiento Penal, en cambio si contemplaba la posibilidad de regular los honorarios de los peritos en su artículo 245.[11] Artículo 261: “ Actuación del querellante. Hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, el querellante, por escrito, podrá:a) Adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente...yb) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su correcciónc) Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los términos previstos en el artículo 259d) Deducir demanda civil, cuando procediere.”[12] Artículo 258.- Forzamiento de la acusación. Si el querellante particular se opusiere a la solicitud de sobreseimiento formulada por el fiscal, el juez dispondrá que los antecedentes sean remitidos al fiscal regional, a objeto que éste revise la decisión del fiscal a cargo de la causa.Si el fiscal regional, dentro de los tres días siguientes, decidiere que el ministerio público formulará acusación, dispondrá simultáneamente si el caso habrá de continuar a cargo del fiscal que hasta el momento lo hubiere conducido, o si designará uno distinto. En dicho evento, la acusación del ministerio público deberá ser formulada dentro de los diez días siguientes, de conformidad a las reglas generales.Por el contrario, si el fiscal regional, dentro del plazo de tres días de recibidos los antecedentes, ratificare la decisión del fiscal a cargo del caso, el juez podrá disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien la habrá de sostener en lo sucesivo en los mismos términos que este Código lo establece para el ministerio público, o bien procederá a decretar el sobreseimiento correspondiente.En caso de que el fiscal hubiere comunicado la decisión a que se refiere la letra c) del artículo 248, el querellante podrá solicitar al juez que lo faculte para ejercer los derechos a que se refiere el inciso anterior.La resolución que negare lugar a una de las solicitudes que el querellante formulare de conformidad a este artículo será inapelable, sin perjuicio de los recursos que procedieren en contra de aquélla que pusiere término al procedimiento.[13] Cristian Aguilar Araneda, Código Procesal Penal Comentado y Concordado, página 672.[14] Artículo 263. Facultades del acusado. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá:a) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, yc) Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos en el artículo 259.[15] En el punto X número primero se enumeran las distintas oportunidades procesal que posee cada interviniente para ofrecer la prueba pericial.[16] Andrés Baytelman, El Nuevo Proceso Penal, página 264[17] El Senado aceptó la inclusión, de la prueba de peritos (en la modalidad de prueba anticipada), pero estimó que sólo se justificaría anticiparla cuando existe grave riesgo de que el objeto de peritaje pueda desaparecer o sufrir deterioros o que el perito sea muy excepcional en cuanto a su especialidad, por cuanto, en principio, el perito al no ser testigo presencial puede ser reemplazado por otro en el caso de que no pueda comparecer.Puesto que la diligencia de la prueba pericial puede ser pedida y realizada en cualquier momento, porque la ordenan las partes, lo que se anticipa aquí es la declaración sobre las conclusiones de la pericia. Estuvo de acuerdo en restringir esta posibilidad a los casos en que el perito se encontrare en la imposibilidad de concurrir al juicio oral, haciéndole aplicable en lo demás las normas de los testigos (Código Procesal Anotado y Concordado, Emilio Pfeffer Urquiaga, página 280 –281).[18] Cristian Aguilar Araneda, Código Procesal Penal Comentado y Concordado, página 698.[19] Artículo 308 inciso 2° “De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o después de prestadas sus declaraciones, la debida protección”.[20] La Constitución asegura a todas las personas:...“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
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