Source: http://ceniga.go.cr/sis/
Timestamp: 2020-07-12 13:31:11
Document Index: 379631878

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 77', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 50', 'artículo 48', 'Artículo 3']

Sistema de Información de Salvaguardas REDD+ (SIS) Costa Rica
Ver Salvaguardas
Enfoque Nacional de Salvaguardas
En el marco de las decisiones de la COP 16 de la CMNUCC se solicita a las partes que son países en desarrollo que se propongan adoptar las medidas mencionadas en su párrafo 70, es decir:
b) Un nivel nacional de referencia de las emisiones forestales y/o un nivel nacional de referencia forestal
d) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardias.(Véase hoja informativa para obtener mayor información).
En Costa Rica, se ha desarrollado la versión 1.0 del SIS REDD+ en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). Aquí encontrará información detallada sobre cómo Costa Rica se propone abordar y respetar las salvaguardas sociales y ambientales para REDD+ en el marco de la implementación de la ENREDD+ tal como se detalla su Plan de Implementación, Programa de PSA de Costa Rica que inició en 1997 y en el cual se participa de forma voluntaria entre otras medidas complementarias.
Costa Rica definió su enfoque Nacional de Salvaguardas centrado en tres elementos clave: el Marco Legal e Institucional Nacional, las Salvaguardas de REDD+ de Cancún, las Políticas Operacionales del Banco Mundial entre otros estándares sociales y ambientales que apliquen. Para el caso de las Políticas Operacionales del Banco Mundial, se cuenta con una estrategia específica que se encuentra contenida en el “Marco de Gestión Ambiental y Social” que se puede consultar públicamente y por lo tanto no entraremos en detalle sobre este tema en el presente Informe.
El marco legal e institucional nacional se define como las normas establecidas por ley y cuya aplicación le permite al país el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún y las Políticas Operacionales, ya sea a través de normas específicas o de instrumentos de política pública (en particular los contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025) que dan contenido a las disposiciones legales vigentes. Las Salvaguardas de Cancún, de manera semejante a las Políticas Operacionales, son principios generales para asegurar que la implementación de REDD+ durante todas sus fases se potencien los beneficios y se mitiguen los riesgos sociales y ambientales.
En la figura 1 a continuación se ilustra el enfoque que hemos seguido sobre el tema que vincula los diferentes marcos para atención en Salvaguardas con instrumentos de seguimiento y reporte como son el Sistema de Información de salvaguardas y el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) así como con los análisis de gestión de riesgos asociados a la implementación como son la evaluación estratégica ambiental y social (SESA por sus siglas en ingles) y el correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Con la información que resulte de dichos análisis y mecanismos de seguimiento, se generarán los reportes y/o resúmenes de información de salvaguardas para responder en la materia.
Figura 1. Enfoque Nacional de Salvaguardas en Costa Rica
¿Cómo Costa Rica propone abordar y respetar las salvaguardas?
Abordaje de Salvaguardas
La CMNUCC establece que los países deben “proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardas”. Para tales efectos, en Costa Rica el concepto de “abordar” lo entenderemos como el marco legal e institucional y de gobernanza de interpretación específico para el país de cada una de las salvaguardas, es decir, lo que a nivel nacional vamos a entender como contenido para cada una de ellas.
Respeto de Salvaguardas
En lo que respecta a “respetar” las salvaguardas sociales y ambientales se hace referencia a la aplicación nacional del marco legal e institucional, así como las estructuras de gobernanza para cada una de las salvaguardas. El respeto de las salvaguardas implica que cada una de ellas está siendo cumplida e implementadas en campo, se cuenta con información y evidencias de su cumplimiento y generen resultados conforme se muestran en los informes oficiales que presenta el país.
Ahora bien, dado que aún no está en vigencia el Sistema de Información sobre Salvaguardas en tanto el país no ha llegado aún a la fase de plena implementación, para las fases previas de implementación de REDD+ se ha determinado fundamentar el análisis de las salvaguardas desde la perspectiva de la existencia de disposiciones normativas y/o de política que están en aplicación y funcionamiento y que por tanto se cuenta con información de su cumplimiento. Lo anterior debido a que no se puede contar aún con información primaria de campo específica para cada salvaguarda, pues la Estrategia Nacional no está en plena implementación.
Para más información de como se han respetados las Salvaguardas de Costa Rica, haga click aquí
SIS REDD+ en Costa Rica
El Sistema de Información sobre Salvaguardas de REDD (SIS-REDD), es un requisito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para reportar sobre cómo el país aborda y respeta de las salvaguardas, durante todas las fases de ejecución de actividades y medidas en Costa Rica.
Objetivos del SIS REDD+
Como resultado del proceso de diseño del SIS en Costa Rica, en donde se realizaron más de 14 talleres con diferentes temáticas y objetivos y en donde se contó con una participación total de aproximadamente 400 personas, Se proponen los siguientes objetivos para el Sistema:
Recopilar y presentar información relevante, que muestre el abordaje y respeto de las salvaguardas adoptadas por la COP 16 de la CMNUCC, durante la implementación de las medidas REDD+ (legislativas, administrativas) y apoye información relevante para el reporte y seguimiento de otras salvaguardas dentro de proyectos de la Estrategia REDD+.
Disponer de un grupo de indicadores que permitan tomar decisiones en forma oportuna sobre riesgos que deben ser atendidos y los beneficios positivos generados.
Contribuir con la elaboración de los informes país relacionados con el estado del medio ambiente y los resúmenes de información de salvaguardas ante la CMNUCC.
Contar con información accesible a diferentes grupos de interesados y relevantes para REDD,+ así como para organismos que constituyen fuentes de financiamiento y de cooperación.
El presente módulo corresponde a la versión 1.0 del SIS en Costa Rica el cual presenta información sobre el abordaje y respeto de salvaguardas a la fecha en el país.
Adicionalmente se ha desarrollado una versión más avanzada del diseño del SIS REDD+ el cual se propone desarrollar durante el 2020 de manera que permita hacer seguimiento a cómo se abordan y respetan las salvaguardas en la medida que se implementan las medidas y acciones propuestas en la ENREDD+ de Costa Rica.
Interpretación de las Salvaguardas en el Contexto Nacional
Aunque no existe una definición única del concepto de salvaguardas, en particular su aplicabilidad en el contexto de REDD+, se puede decir que además de una intención clara de evitar impactos sociales y ambientales negativos derivados de la implementación de acciones de las estrategias REDD+, en este caso, se persigue también desarrollar herramientas para evidenciar y potenciar beneficios sociales y ambientales y garantizar consistencia con los marcos legales y políticos nacionales e internacionales, incluyendo la gobernanza y la plena participación de las Partes Interesadas Relevantes en REDD+.
Además de identificar expresamente un listado de salvaguardas en el Anexo I de la decisión de Cancún antes mencionada, en particular en su artículo segundo, no se ha elaborado en el contexto de la CMNUCC mayor orientación metodológica o técnica al respecto, sin embargo, cabe resaltar algunos elementos que, si bien no son de aplicación específica para las salvaguardas, proveen elementos fundamentales a la hora de determinar el marco político conceptual de las mismas, tal y como lo haremos en el presente Informe.
Durante el año 2016, se organizaron al menos dos talleres con representantes de las Partes Interesadas Relevantes, particularmente entidades de Gobierno que tienen responsabilidades directas en el marco de implementación de la Estrategia, con el objeto de avanzar en una interpretación del alcance de las salvaguardas que sirviera de punto de partida para focalizar los esfuerzos posteriores en la identificación de indicadores más precisos para atender las necesidades del Sistema de Información.
A continuación, se presenta la interpretación nacional de las salvaguardas sociales y ambientales para Costa Rica seguida de información relevante sobre cómo se ha abordado cada salvaguarda en el país.
Se incluye también para cada salvaguarda un resumen que describe cómo se ha aplicado el marco legal y de política específico de Costa Rica en toda la fase de preparación y esfuerzos tempranos relacionados con la Estrategia Nacional REDD+, constituyéndose en evidencias de cómo en Costa Rica se ha dado el respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el periodo 1997-2017 así como las politicas, acciones y medidas de la ENREDD+ que se encuentran vinculadas a cada una de las salvaguardas. En esta sección, además de las referencias al marco normativo y político vigente en materia de gestión de los recursos forestales y ecosistemas asociados, que son de por sí ambiciosos y atinentes a todas las salvaguardas REDD+, se hace una referencia a las Políticas, Acciones y Medidas (PAMs)[1] que se han incluido en el Plan de Implementación de la Estrategia en su versión más reciente, de manera que se pueda tener una confianza en la suficiencia de las disposiciones para atender los requerimientos de las salvaguardas.
Se toma como punto de partida el marco de indicadores genéricos que ha sido trabajado hasta ahora descrito en la sección anterior y detallado en el anexo 1, y que será la base para la implementación de un Sistema de Información sobre Salvaguardas REDD+ mucho más amplio y ambicioso, que además de las disposiciones jurídicas y políticas, incluirá información de campo y procesos inclusivos de participación de las Partes Interesadas Relevantes, con el fin de garantizar la transparencia y credibilidad requeridas.
[1] Las Políticas se identifican con un número individual, las Acciones con dos números y las Medidas con tres números, correspondientes a los tres niveles de desagregación que se utiliza en el Plan de Implementación.
Documentos relevantes del Sistema de Información de Salvaguardas de Costa Rica
– Sistema de Evaluación Ambiental y Social (SESA) de la Estrategia Nacional REDD+ (español)
– Marco de Gestión Ambiental y Social de la Estrategia Nacional REDD+ (español)
– Plan de Pueblos Indígenas de la Estrategia Nacional REDD + (inglés).
– Plan de Acción de Género de la Estrategia Nacional REDD+ (español – inglés)
Salvaguardas en Costa Rica
– Primer resumen de Información de Salvaguardas de Costa Rica (español)
– Diseño del Sistema de Información de Salvaguardas (español)
– Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018 (español)
– NDC Costa Rica (español – inglés)
– Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción (español)
– Plan de implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (español)
– Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades MIRI (español)
– Acuerdo de participación indígena para la consulta de la Estrategia Nacional REDD (español)
– Resultados del proceso de consulta: Sistematización de Cumplimiento del Consentimiento Libre Previo Informado (español – inglés)
– Plan de Consulta y Participación de pueblos indígenas (español)
– Talleres de consulta a pueblos indígenas
– Memoria Taller Nacional SESA (español)
– Participación de grupos campesinos de la sociedad civil:
– Informe de avance del proceso
– Taller regional Zona Sur
– Taller regional Zona Caribe
– Taller de Replicabilidad Aguas Zarcas
– Taller de Replicabilidad Osa
Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades de la Estrategia Nacional REDD+ (MIRI)
El Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades denominado mecanismo de quejas o de resolución de reclamaciones, tiene como objetivo facilitar un canal de comunicación entre el Gobierno, a través de la Contraloría de Servicios como entidad neutral y funcionalmente independiente de las entidades en las que se encuentran ubicadas, y las Partes Interesadas Relevantes (PIRS), que permita a los actores sociales aclarar sus consultas de información, expresar sus inconformidades y generar aportes que retroalimenten ante la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ , a través de una amplia gama de medios que se ponen a disposición, de manera que se atiendan particularidades de los diferentes grupos y se garantice la mayor inclusión posible.
El Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) para REDD+ ha sido diseñado de acuerdo con el marco jurídico e institucional vigente. La Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios N° 9158, tiene como objetivo regular la creación, la organización y el funcionamiento del sistema de contralorías, como un mecanismo para garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios. El sistema está integrado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) como ente rector, la Secretaría Técnica, las Contralorías de Servicios inscritas y las personas usuarias de los servicios. Además, dicha Ley exige la creación de una Contraloría de Servicios en cada institución pública.
De acuerdo con el decreto ejecutivo N°40464-MINAE se crea la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Nacional REDD+ con la participación del SINAC y FONAFIFO. No obstante, la Contraloría de Servicios de FONAFIFO, ha generado considerable experiencias y capacidades en su habilidad para velar por la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios y el uso racional de los recursos públicos. Para el caso de las acciones REDD+ que no están bajo la competencia de FONAFIFO, se establecerán los arreglos operativos entre las instituciones para el traslado de la consulta e inconformidad, a sus Contralorías de Servicios que corresponda, ya que la Ley que Regula dicho Sistema Nacional aplica igual para todas las Contralorías.
Para efectos del MIRI, estará legitimado para realizar trámites a través del MIRI, todo actor social, trátese de persona físicas, jurídicas, estatales o privados, individuales o comunitarios, nacionales o extranjeros, que constituya una Parte Interesada Relevante de la Estrategia REDD+, conforme con la definición de Partes Interesadas relevantes aplicable, que requiera información, presente sugerencias o reclamaciones por inconformidad relacionada con la Estrategia REDD+ y su Plan de Implementación.
Entre los principios fundamentales podemos mencionar: equidad, espeto a los derechos, legitimidad transparencia, derecho a la respuesta, entre otros, garantizando acceso a la información, procesos confiables, trasparentes e imparciales, así como respetuoso de los derechos de propiedad y acceso de los actores sociales, debiendo ser culturalmente apropiados según corresponda.
La “Guía de Operación y Funcionamiento del MIRI” tiene por objetivo establecer los alcances operacionales, mecanismos y procedimientos para la implementación final del MIRI a través de los sistemas de acceso actuales y aquellas a ser desarrolladas según avance el proceso de REDD+. Asimismo, permite identificar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes actores involucrados, de manera tal que se garantice su consistencia con el marco regulatorio aplicable a las Contralorías de Servicios y a la vez brinde condiciones de transparencia y eficiencia en la atención de los asuntos que son sometidos al sistema, conforme con los principios que han sido definidos.
Medios de recepción del Mecanismo
Cualquier PIR legitimada podrá contactarnos por los siguientes medios disponibles para interponer su inconformidad o consulta:
Teléfono: 2545-3512.
Página Web: www.fonafifo.go.cr
Buzón de sugerencias: Ubicado en las Oficinas Regionales de FONAFIFO.
Oficinas centrales: San Vicente de Moravia, del Mall Lincoln plaza 200 metros oeste, 100 metros sur y 200 oeste, contigua a la Sinfónica Nacional.
El esquema siguiente muestra el proceso desde que las PIRs presenta su gestión ante la contraloría hasta que este se cierra definitivamente.
Figura 6: Esquema general del proceso de trámites de solicitudes de información, retroalimentación e inconformidades.
Salvaguarda a) Complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia.
Esta salvaguarda pretende garantizar sinergias entre las políticas, medidas y acciones incluidas en la Estrategia Nacional REDD+ y los instrumentos internacionales relevantes, así como con los procesos nacionales de planificación de la política forestal. En este sentido, resulta indispensable interpretar el alcance de cada uno de los conceptos contenidos en la salvaguarda, que en el caso de Costa Rica se entienden de la siguiente manera:
Complementariedad: “medidas que aporten nuevos recursos o acciones a objetivos coincidentes”.
Compatibilidad: “medidas o acciones que se corresponden con objetivos definidos”.
Abordaje de la salvaguarda
Programas Forestales Nacionales: Para nuestro efecto, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) (2001-2010 y 2011-2020), oficializado mediante Decreto Nº 36945-MINAET. Este Plan aplica a los ecosistemas y tierras forestales ubicadas dentro y fuera del Patrimonio Natural del Estado (PNE), y según el artículo 1 el Plan y sus planes futuros constituye el instrumento oficial de planificación para uso, manejo y protección de los recursos forestales del país. De manera complementaria se puede considerar la Política sobre Áreas Protegidas y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, dado que ambas abordan el tema forestal en particular.
El PNDF vigente, contiene declaraciones para una política superior, doce específicas y siete ejes estratégicos. La política superior establece que, “(…) la cobertura forestal del país se mantiene y aumenta sosteniblemente mediante la valorización de bosques y demás ecosistemas y terrenos forestales, de manera que garantiza la seguridad jurídica, el régimen de tenencia de la tierra y el derecho de los propietarios y poseedores al uso de la propiedad privada para asegurar bienes y servicios imprescindibles para la calidad de vida de los habitantes.”
Otro de los instrumentos de planificación importante de considerar para nuestro efecto es el Plan Nacional de Desarrollo, ya que este es elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y consta de tres pilares que son: impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad; combate a la pobreza y reducción de la desigualdad, y un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción.
Adicionalmente, el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de la Tierra en Costa Rica, oficializado mediante Decreto Ejecutivo 35216-MINAET-MAG en el año 2009, indica que tanto la Comisión Técnica Nacional de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (CADETI), como las instancias operativas y descentralizadas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Sector Agropecuario y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, deben considerar y acatar este Programa (artículo 2).
Con referencia al tema de emisiones de gases con efecto invernadero por causa de pérdida de cobertura forestal, la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego 2012-2021 y su Plan de Acción Nacional, oficializados por el Decreto Ejecutivo Nº 37480-MINAE, procura “Establecer mecanismos que refuercen la sostenibilidad financiera de las acciones de manejo integral del fuego, coadyuvando esta actividad con el incremento de alianzas estratégicas que permitan tener acceso a la asistencia técnica requerida, la cooperación financiera y otros tipos de refuerzos de parte de organismos nacionales e internacionales” (objetivo específico 8). Por su parte, la línea estratégica 4.7.3. se refiere al manejo del fuego en áreas silvestres protegidas estatales, territorios indígenas, áreas silvestres privadas, propiedades de organizaciones no gubernamentales y de gobiernos locales (CONIFOR, 2014).
Suma a nuestro contexto de actividades REDD, la Estrategia Nacional de Cambio Climático del año 2007; el Acuerdo MINAET Nº 70-2011 del 20 de setiembre de 2011 que reconoce la norma nacional INTE 12-01-06:2011: Sistema de Gestión para Demostrar la C-neutralidad: Requisitos; el Acuerdo 36-2012 MINAET del 21 de mayo de 2012 que oficializa el Programa País de Carbono Neutralidad, y el Decreto N° 37926-MINAE Reglamento de regulación y operación del mercado doméstico de carbono.
Objetivos de las Convenciones y Acuerdos Internacionales: Los Objetivos Estratégicos o de largo plazo de las siguientes Convenciones Internacionales:
Convención sobre Diversidad Biológica -CDB- (1992)
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2000).
Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (1993)
Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972)
Convención de las Naciones Unidas para la Desertificación y la Sequía -CLCDS- (1994)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC (1992).
Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio No. 169 de la OIT) (1989).
Convenio Internacional de Maderas Tropicales -CIMT-(2015).
En resumen, el país respetará esta salvaguarda demostrando que las Políticas, Acciones y Medidas (PAMs) que se incluyen en el Plan de Implementación de la Estrategia, se corresponden o adicionan recursos y/o acciones que permiten avanzar en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo Forestal y las Convenciones Internacionales mencionadas.
Respeto de la salvaguarda
Salvaguarda: a) Las acciones complementan o son consistentes con los objetivos de los programas nacionales forestales y con las Convenciones y Acuerdos internacionales relevantes
a.1 Complementariedades y consistencia de la estrategia y actividades REDD+ con los objetivos forestales nacionales.
Políticas, acciones y medidas de la ENREDD+ vinculadas a la Salvaguarda.
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) 2011-2020:
El Eje Estratégico #1. Ordenamiento de tierras forestales, en su objetivo 1.2 establece que se debe “Disponer de información detallada y actualizada del estado de los ecosistemas y tierras forestales para la toma de decisiones”. Como parte de las acciones realizadas por la Estrategia REDD+, se logra el financiamiento por parte del Programa REDD/CCAD/GIZ para que Costa Rica realice el primer Inventario Nacional Forestal en el año 2013.
El SINAC prepara para el 2020 la primera remedición de un 20% de las parcelas establecidas en el primer inventario.
Eje Estratégico #7 “Cambio Climático: mitigación y Adaptación” define el Objetivo Estratégico 7.1 “Promover el manejo forestal sostenible como pieza clave para la estrategia de adaptación, así como para la mitigación asociada con la carbono-neutralidad.
Estrategia No. 49. identificada para el logro de los objetivos del PNDF, establece “Reducir las emisiones generadas por la deforestación y degradación de los bosques amparado en REDD+.
Política 1. Promoción de sistemas productivos bajos en emisiones de carbono.
Política 2. Fortalecer los programas de prevención y control de cambio de uso de la tierra e incendios
Política 3. Incentivos para la conservación y manejo forestal sostenible
Política 4. Restauración de paisajes y ecosistemas forestales
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que son contradictorias con las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020
a.2 Complementariedades y consistencia de la estrategia y actividades REDD+ con las Convenciones y Acuerdos internacionales relevantes
a.2.a Convención sobre Diversidad Biológica (CBD)
Políticas, acciones y medidas de la ENREDD+ vinculadas a la Salvaguarda
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB)
Objetivos de la CDB:
Art. 1. Conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
Política 2. Fortalecer los programas de prevención y control de cambio de uso de la tierra e incendios.
2.1 Fortalecimiento del Programa de Control de Incendios Forestales
2.2 Fortalecer programa de control de cambio de uso del SINAC
2.3 Fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas
Política 3. Incentivos para la conservación y el manejo forestal sostenible.
3.1 Ampliar la cobertura y flexibilidad del PSA en conservación, regeneración y Manejo
3.2 Promover el manejo forestal sostenible
3.3 Promoción de cadenas de custodia de productos forestales libres de deforestación
Política 4. Restauración de paisajes y ecosistemas forestales.
4.1 Restauración y reforestación en tierras degradadas
4.2 Conservación y restauración de ecosistemas forestales en áreas urbanas
Política 5. Participación de los Pueblos Indígenas
5.1 Establecer un Pago por Servicios Ambientales específico para Territorios Indígenas
5.3.1 Desarrollo de un proceso participativo para la validación de la Estrategia y Política Nacional de Biodiversidad
5.3.2 Diseño de un capítulo Indígena en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que son contradictorias a los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB)
a.2.b Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CLCDS)
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan los objetivos de la CLCDS
Art. 1 Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía (…) mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles.
Art. 2.- (…) aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.
El Programa de Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica, creado por la Ley Forestal 7575, de abril de 1996, establece dentro de sus criterios para la incorporación de fincas, las modalidades de mantenimiento y recuperación de la cobertura forestal con actividades que promueven la regeneración de áreas en cuencas degradadas, así como la protección del recurso hídrico.
Política 2. Fortalecer programas de prevención y control de cambio de uso de la tierra e incendios
2.1.3 Fortalecimiento del Programa de Control de Incendios Forestales
2.2.1 Fortalecimiento del Programa del Control de la Tala Ilegal
4.1.1 Restauración en cuencas degradadas SINAC
4.1.2 Reforestación comercial en tierras con potencial de degradación
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que son contradictorias a los objetivos de la CLCDS
a.2.c) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan los objetivos de la CMNUCC
Art. 2 Lograr (…) la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
El desarrollo de instrumentos como el PNDF que cuenta con un eje temático de Cambio climático y la constitución de la Estrategia Nacional REDD+, conformada por las áreas del programa del Pago de Servicios Ambientales y las áreas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas reflejan el interés del país en promover los compromisos asumidos internacionalmente.
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que son contradictorias los objetivos de la CMNUCC
a.2.d) Convenio OIT No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan los objetivos del Convenio 169
Costa Rica ha realizado un proceso nacional para cumplir con el Convenio 169 y el consentimiento, libre, previo e informado, desde el año 2008, cuando tuvo su primer acercamiento por medio del FONAFIFO con líderes de diferentes territorios indígenas.
Política 5 Objetivo: Lograr una participación activa por parte de los pueblos indígenas a través del seguimiento a los 5 temas especiales planteados por estos pueblos que coadyuven en el evitar la degradación y la deforestación de los bosques, así como con la recuperación de la cobertura boscosa en los territorios indígenas.
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que son contradictorias a los objetivos del Convenio 169
a.2.e Convención Internacional de Maderas Tropicales (CIMT)
Políticas, acciones y medidas del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional REDD+ que complementan los objetivos delCIMT
Artículo 1. promover la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques ordenados de forma sostenible y aprovechados legalmente y promover la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales.
Costa Rica cuenta con legislación marco para el desarrollo del Manejo Forestal Sostenible. Existen principios, criterios e indicadores vigentes desde el año 2000 para bosques primarios que han sido ajustados y mejorados. Así como principios, criterios e indicadores para Bosques secundarios y plantaciones forestales.
1.3.2 Promover sistemas de certificación a costos accesibles a los productores.
Política 2. Fortalecer programas de prevención y control de cambio de uso de la tierra e incendios.
3.2.2 Revisión y actualización de criterios e indicadores del MFS acorde con los tipos de bosque del país
3.3 Promoción de cadenas de custodia de productos forestales libres de deforestación SINAC
3.3.1 Promoción en toda la cadena de valor de la madera y los productos forestales
3.3.2 Sistema de reconocimiento de la madera proveniente de producción, aprovechamiento y comercialización sostenible.
3.3.3 Mejora de las capacidades de los entes fiscalizadores (AFE y el CIAgro) del proceso de trámite, ejecución y seguimiento de las autorizaciones de aprovechamiento maderable.
Políticas y Acciones del Plan de Implementación que son contradictorias con los objetivos del CIMT
Salvaguarda b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales;
Interpretación Nacional:
Esta salvaguarda pretende mostrar como el país, cuenta con estructuras transparentes y eficaces para atender: a) el derecho de acceso a la información objetiva, oportuna, contextualizada y culturalmente adecuada a los Partes Interesadas Relevantes (PIRs, b) la rendición de cuentas y prevención de la corrupción en las estructuras de gobernanza, que garanticen el acceso y la distribución de información a todas las PIRs, y c) la información que promueva la sensibilización al público sobre el derecho de acceso, y la capacidad del público para ejercer ese derecho, conforme se implemente el Plan de Acción de la Estrategia y por tanto sus PAMs. En este caso, debemos definir con claridad los conceptos centrales de la salvaguarda, conforme se describe a continuación:
“Estructuras de gobernanza forestal”: El Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN, 2014), define como gobernanza “(…) el proceso de gobierno para la formulación e implementación de metas colectivas, que incorpora activamente y con poder simétrico, a los actores gubernamentales y de la sociedad…”. En el caso específico de REDD+, involucraría a las instituciones competentes en materia forestal, más aquellos actores sociales directamente relacionados, a los que hemos denominado Partes Interesadas Relevantes (PIRs).
Para efectos de las salvaguardas de Cancún y las Políticas Operacionales del Banco Mundial, entenderemos como actores gubernamentales centrales a la Administración Forestal del Estado, a su vez constituida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), que actúan bajo la dirección política del Ministerio de Ambiente y Energía. El SINAC es responsable de la elaboración, implementación y monitoreo de la política forestal del país, incluyendo velar por la aplicación de la legislación forestal vigente, tanto en terrenos públicos como privados; mientras que FONAFIFO tiene la responsabilidad de administrar el Programa de Pagos por Servicios Ambientales, uno de los principales instrumentos de política y financiamiento para promover la conservación y recuperación de los recursos forestales.
“Transparencia de las estructuras de gobernanza forestal”: Entendemos por transparencia la existencia de mecanismos formales de participación y de información en la planificación y evaluación de los procesos de política forestal, que fomentan la participación de las entidades relevantes de Gobierno y las Partes Interesadas Relevantes.
La Ley Forestal vigente establece la Oficina Nacional Forestal como ente representativo de los diversos sectores interesados del sector forestal (pequeños y medianos productores, industrializadores, comercializadores, artesanos) en los procesos de planificación de la política forestal; en el fomento de la participación, capacitación y divulgación de información entre sus representados; promover inversiones y mejoras tecnológicas; fomentar la participación de pequeños y medianos productores, etc. Para efectos de las salvaguardas, transparencia se refiere a la existencia de la Oficina Nacional Forestal y su participación en los procesos de planificación y monitoreo de la política forestal.
El proceso por excelencia donde se plasma la participación de los sectores a través de la Oficina Nacional Forestal (ONF) es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, cuya segunda versión es la vigente en la actualidad (2011-2020). La ONF además recibe recursos públicos que son fiscalizados por la Contraloría General de la República y debe presentar informes anuales de su utilización anualmente. De manera complementaria, podrán considerarse otras estructuras y mecanismos de participación formalmente establecidos, tales como los Consejos de Áreas de Conservación o el Comité REDD+.
La Administración Forestal del Estado (e individualmente SINAC y FONAFIFO) debe presentar asimismo informes anuales de cumplimiento de sus Planes Operativos Institucionales, como parte de sus responsabilidades ante el Sistema Nacional de Información del Ministerio de Planificación Nacional.
“Eficacia de las estructuras de gobernanza forestal”: Por eficacia asumimos la capacidad política, técnica, humana y financiera para el logro de los objetivos de largo y corto plazo en cada una de las estructuras de gobernanza definidas y evitar impunidad para la protección y conservación de los bosques (aplicación de la legislación forestal vigente). En este sentido, existen tres elementos o instrumentos que deben ser considerados a la hora de definir más en concreto el alcance del concepto; estos son: a) Los Informes Anuales de SINAC y FONAFIFO sobre la implementación de sus Planes Operativos Institucionales y el logro de las metas definidas; la valoración realizada por la Contraloría General de la República sobre la eficiencia de las instituciones públicas y c) las valoraciones de la Comisión Interinstitucional de seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
Sobre este último aspecto, debe recordarse que el Decreto 33826-MINAE de 2007 crea la Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal, como una instancia adscrita al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a la cual le corresponde recomendar, formular, gestionar y dar seguimiento a las acciones definidas en el Plan y sus planes futuros. Esta Comisión trabaja bajo la supervisión y respaldo de diversas instancias, tales como el SINAC, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la Oficina Nacional Forestal (ONF), y está integrada además por un representante de cada uno de los siguientes órganos: Colegio de Ingenieros Agrónomos; Junta Nacional Forestal Campesina; Cámara Costarricense Forestal; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, y de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Puede establecer las comisiones o grupos consultivos que considere necesario, para someter a análisis temas o problemas específicos relacionados a las acciones definidas por el Plan. Se reúne regularmente y emite recomendaciones conforme lo estime conveniente. Se deben realizar los respectivos informes de avances de las acciones realizadas por las instituciones para poner en operación todas las actividades plasmadas en este plan.
Otro mecanismo de gobernanza es la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR) creada en el año 1997 por el Decreto Ejecutivo 26399-MINAE. Esta Comisión es una instancia adscrita y coordinada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a la que corresponde la formulación, gestión, apoyo, evaluación y seguimiento de las acciones interinstitucionales relacionadas con el Manejo del Fuego en el país, cuya Estrategia ha sido oficializada en 2014.
Una figura también importante es la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), un órgano desconcentrado del MINAE. Esta es una Comisión integrada por el Ministro del Ambiente y Energía o su representante, quien es su presidente y responsable de su buen funcionamiento; el Ministro de Agricultura o su representante; el Ministro de Salud o su representante; el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación; un representante del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura; un representante del Ministerio de Comercio Exterior; un representante de la Asociación Mesa Nacional Campesina; un representante de la Asociación Mesa Nacional Indígena; un representante del Consejo Nacional de Rectores; un representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, y un representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la empresa privada.
En materia de degradación de tierras la Ley 7779 indica que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con base en los usos primordiales de las tierras, elaborarán el Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos para las tierras de uso agroecológico. Dicho Plan contendrá los lineamientos generales que serán de carácter vinculante y de acatamiento obligatorio en cuanto realicen o ejecuten programas o proyectos que incidan en el uso de tales tierras.
Para lo anterior, el MINAE publicó en 1998 el Decreto Ejecutivo 27258-MINAE por medio del cual crea la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras (CADETI), y en 2009 con el Decreto 35216-MINAET-MAG que modifica el anterior, es oficializado el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Degradación de la Tierra en Costa Rica. La Comisión es un órgano participativo de consulta y de elaboración de instrumentos técnicos, científicos, de ejecución, fiscalización y asesoría, que propicien el más adecuado cumplimiento de los principios de la “Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países Afectados por Sequía Grave o Desertificación en particular en África”.
Es posible lograr el seguimiento de esta salvaguarda a partir de los informes trimestrales de cumplimiento de sus metas operativas al Ministerio de Planificación y el informe semestral de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Otro aspecto importante a considerar dentro de esta salvaguarda, es la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios Nº 9158 del año 2013, cuyo objetivo es el de regular la creación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, como un mecanismo que garantice los derechos de las personas usuarias de los servicios que brindan organizaciones o instituciones públicas. Las instituciones deben migrar a contar con estos mecanismos y tener un registro de los tipos de asuntos o reclamos que son interpuestos.
Otro aspecto que considera esta salvaguarda en la Ley 8422 de Control de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito reitera en su artículo 7 el libre acceso a la información relacionada con el ingreso, los presupuestos, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Constitucional 7135 en su artículo 32, establece al derecho de petición de los administrados frente a la Administración y la posibilidad de interponer el recurso de amparo si no se tiene respuesta en el plazo de diez días.
La Ley 7554 en su artículos 6 establece la obligación del Estado y de los gobiernos locales de fomentar “(…) la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”, y sanciona con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada en un recurso de amparo y no la cumpla o haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado (artículo 71).
Aunado a esto se encuentra el Mecanismos de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) desarrollado con el objetivo de facilitar a los actores sociales, un mecanismo eficiente, universalmente accesible, sustentado en el marco legal e institucional vigente y culturalmente apropiado, a través del cual estos actores pueden realizar diferentes solicitudes de información, presentar propuestas y recomendaciones, así como plantear sus quejas o inconformidades ante los entes vinculados a la fase de implementación de la Estrategia para garantizar su efectiva participación en el proceso REDD+ y en la solución de situaciones derivadas de la posible afectación de sus derechos por la implementación de PAMs y su respetivo Plan de Implementación.
Salvaguarda: (b) Estructuras nacionales transparentes y efectivas de gobernabilidad forestal teniendo en cuenta la legislación nacional y la soberanía.
b.1 Transparencia de las estructuras nacionales de gobernabilidad forestal
Estructuras de gobernanza forestal existentes y operativas
La Ley Forestal y su reglamentación establecen la Administración Forestal del Estado, constituida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como entes responsables de la política forestal del país, bajo la dirección política del Ministro de Ambiente y Energía[1]. La Ley de Biodiversidad establece acciones concretas para fortalecer conservación y manejo sostenible de la biodiversidad forestal[2].
La participación de la sociedad civil se produce a través de la Oficina Nacional Forestal, entidad que aglutina representantes de diversos subsectores (pequeños productores forestales, industriales de maderas, entre otros) del área forestal que son autoseleccionados por sus organizaciones de base.
Ley Biodiversidad No. 7788 y Ley Forestal 7575
De manera complementaria funcionan los Consejos de Áreas de Conservación – nivel nacional, regional y local- del SINAC, creado en la Ley de Biodiversidad del año 1998 y la Junta Directiva de FONAFIFO (ley Forestal 7575), en las cuales se cuenta con participación del sector privado en los procesos de toma de decisiones.
En el caso específico de la Estrategia REDD+ para el proceso de desarrollo, el país promovió dos decretos ejecutivos, uno en el año 2012, Decreto Nº 37352, con el objetivo de oficializar el inicio del proceso de preparación y desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, así como su gobernanza, mismo que crea la Secretaría REDD como ente ejecutor conformado por FOANFIFO, el comité ejecutivo de REDD conformado por representantes de las partes interesadas relevantes y el comité de seguimiento, conformado por representantes de gobierno, universidades, ong, etc. El segundo decreto el Nº 40464-MINAE, para promover acciones de implementación que coadyuven a evitar la deforestación y degradación de los bosques, favoreciendo su conservación y manejo sostenible, y aumento de las reservas de carbono.
Este decreto permitió contar durante todo el proceso con un Consejo (originalmente denominado “Directivo” y actualmente “Consultivo”) con representación de las Partes Interesadas Relevantes en los procesos REDD+.
Asimismo, se cuenta con una Secretaría Ejecutiva REDD+ responsable del seguimiento de la implementación de la Estrategia conformada por SINAC-FONAFIFO y que coordina con el Comité Consultivo los planes y acciones.
Política 6. Condiciones habilitantes
6.1.1 Fortalecimiento de los mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+
6.1.3 Preparación de la estrategia REDD+
6.1.4 Desarrollo de los sistemas de seguimiento forestal y uso del suelo, y de información sobre las salvaguardas
Instrumentos de planificación y rendición de cuentas existentes y disponibles al público
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la herramienta estratégica de planificación oficial del país. Es alimentado por Planes Sectoriales. Para el sector de política forestal, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) está oficialmente definido como el instrumento de planificación superior en esta materia, y está complementado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad y otros instrumentos complementarios que abordan temas específicos, tales como la Política de Áreas Protegidas, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación.
Adicionalmente se preparan Planes Operativos Institucionales (POI) anuales que operacionalizan los objetivos del PNDF y son la base para la preparación de presupuestos. Cada entidad responsable (SINAC y FONAFIFO) deben asimismo preparar informes trimestrales de progreso e informes anuales que deben ser remitidos al Ministerio de Planificación, para evaluar el desempeño anual. Todos estos instrumentos son de naturaleza pública y pueden ser consultados por cualquier interesado[3]. Tanto SINAC como FONAFIFO deben realizar esta labor de rendición de cuentas de manera ordinaria.
Todos estos procesos están sujetos a la rendición de cuentas conforme con la Ley de Planificación Nacional, Ley de Presupuesto de la República y sujetos al control de gestión y fiscalización del uso de fondo públicos.
2.3.3 Acercamiento e integración a actores privados en áreas silvestres, reservas biológicas y parques
nacionales para su incorporación a REDD+.
Mecanismos legales e institucionales para atención de denuncias por corrupción o violación de derechos por parte de la Administración Pública
La Ley 8422 de Control de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito reitera en su artículo 7 el libre acceso a la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos.
La Ley 9158 del año 2013, son creadas las Contralorías de Servicios como órganos adscritos al jerarca unipersonal o colegiado de las organizaciones del sector público. Es un órgano asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda una organización. Estas Contralorías existen tanto en el SINAC como en FONAFIFO y son el modelo originario para el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI) diseñado específicamente para REDD+.
La Contraloría General de la República mediante su página www.cgr.go.cr dispone de un sistema de consultas y denuncias electrónicas mediante el cual la ciudadanía puede contribuir a combatir la corrupción y el indebido manejo de los recursos públicos.
La Defensoría de los Habitantes por su parte está facultada para investigar violaciones de los derechos de los ciudadanos por instituciones públicas, sea de oficio o por solicitud[4].
Para el caso específico de la Estrategia Nacional REDD+, se ha diseñado el Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades (MIRI), el cual abre espacios adicionales a través de los cuales los habitantes del país o interesados pueden interponer sus denuncias, recabar información adicional o emitir recomendaciones, acciones que están sujetas a su resolución de conformidad con plazos y procedimientos legalmente establecidos y que utilizan la plataforma conceptual de las Contralorías de Servicios del Sector Público.
El MIRI dentro de la Estrategia, también llevó un procesos participativo con los territorios indígenas, quienes identificaron los pasos que operan a nivel de territorio para presentar sus inquietudes e incorfimidades, y que utiliza la figura del mediador cultural (quien habla la lengua), para poder trasnmitir de manera efectiva el mensaje.
[1] Según el artículo 5 de la Ley Forestal 7575, el Ministerio del Ambiente y Energía rige el sector forestal y realiza las funciones de la Administración Forestal (AFE). El Ministro de MINAE es rector del Sector Ambiente de conformidad con la Ley 7152, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente 7554, es miembro del Consejo Nacional Ambiental el cual puede presidir en representación del Presidente de la República ((artículo 77). En el actual Gobierno mediante Decreto 38536-MP-PLAN publicado en agosto de 2014, que regula la organización del Poder Ejecutivo, se delega en el Ministro la rectoría del sector denominado, Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial.
[2] La Ley de Biodiversidad 7788 en su artículo 22 establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el MINAE, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. La antigua Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado (AFE), y el Servicio de Parques Nacionales, ejercen sus funciones y competencias como una sola instancia mediante la estructura administrativa del SINAC.
[3] En Costa Rica la Constitución Política mediante su artículo 30, “(…) garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución” (artículo 27), así como “(…) el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público” (artículo 30).
[4] La Defensoría de los Habitantes ha creado la Red Interinstitucional de Transparencia para facilitar a las y los habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos públicos, mediante su publicación en Internet. La Red fue creada por la Defensoría en noviembre del 2004, para garantizar el derecho constitucional de acceso a la información, en relación con la correcta administración de los recursos públicos y para prevenir actos de corrupción mediante la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana. Por este medio, las instituciones ponen a la disposición información estatal de interés público como: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc. Los principios fundamentales que sustentan a la red son: justicia, equidad, legalidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia (http://www.dhr.go.cr/transparencia/index.html).
Salvaguarda c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales
Tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Esta salvaguarda se enfoca en la importancia de reconocer y respetar los conocimientos ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales durante la implementación de las políticas, actividades y medidas REDD+, teniendo presente tanto las obligaciones derivadas del marco internacional relevante como las normas nacionales aplicables. Todas estas obligaciones deben ser implementadas de conformidad con el derecho relativo a los pueblos indígenas y a las comunidades locales.
En este caso, nuestra interpretación inicial se enfoca en la existencia de normas nacionales o internacionales vigentes y los instrumentos legales o administrativo apropiados para su reclamación por parte de cualquier interesado de los pueblos indígenas o comunidades locales, en tanto los mismos puedan ser afectados por las acciones derivadas de la implementación de la Estrategia Nacional REDD+; así como en las previsiones concretas que se han definido para asegurar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en los procesos de diseño de la estrategia nacional REDD+.
Como se mencionó previamente, sobre este particular existen disposiciones específicas relacionadas con las Políticas Operacionales del Banco Mundial, alrededor de las cuales se ha diseñado un mecanismo de respuesta apropiado (Marco de Planificación de Pueblos Indígenas.
Abordaje de la salvaguarda:
En el año 2017, el Gobierno trabajó conjuntamente con los líderes de los 24 Territorios Indígenas, con el objetivo de desarrollar el Mecanismo General de Consulta a los Pueblos Indígenas, y del cual REDD+ ha formado parte del proceso de construcción del mismo, debido a que los territorios ya venían trabajando un mecanismo con las comunidades para las fases de información y pre-consulta, que sirvió de base para el proceso nacional con ellos. Prueba de esto es el Transitorio IV, que se encuentra en el decreto próximo a publicarse en el cual se establece que “Los procesos de consulta que se encuentren en marcha no se verán afectados por la entrada en vigencia del presente decreto, sin detrimento de la aplicación y revisión de dicha consulta, a la luz de lo establecido en el presente decreto”.
Será oportuno fortalecer y precisar más algunos conceptos a fin de adecuarlos a la realidad nacional y generar indicadores específicos, con los cuales el país pueda responder en aspectos tales como: “Reconocer y respetar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas; “Respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales”; “Obligaciones internacionales pertinentes”; “Circunstancias nacionales” y “Legislación nacional”.
El cumplimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y del Consentimiento Libre, Previo e Informado en las fases de información y pre-consulta: El principal acierto del proceso de información y pre-consulta con pueblos indígenas impulsado por FONAFIFO fue el haber permitido a los Territorios crear sus propias estructuras organizativas, así como planificar y dirigir sus propios procesos de participación.
La implementación del Programa de Mediadores Culturales como herramienta metodológica fundamental del proceso de información y pre-consulta, permitió la comprensión y asimilación por parte de los pueblos indígenas de la información compleja y altamente técnica relativa al cambio climático y a la Estrategia Nacional REDD+.
En este sentido, otro acierto importante del proceso de información y pre-consulta fue el haber reconocido las distintas problemáticas y necesidades, así como las diferencias culturales existentes entre los ocho pueblos indígenas de Costa Rica, el haber adaptado los contenidos transmitidos a la cosmovisión de cada pueblo, y el haber favorecido la discusión de las temáticas a nivel territorial y regional entre Territorios con características, problemáticas y necesidades comunes.
El fortalecimiento de las estructuras organizativas y de gobernanza de los pueblos indígenas: Para la implementación del Plan Nacional y de los Planes Regionales de Consulta, FONAFIFO delegó a los Bloques Territoriales (BTRs), a ACOMUITA y a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) importantes responsabilidades tanto programáticas como administrativas, financieras y de implementación. Esta transferencia de responsabilidades se desarrolló a la par de un proceso constante de apoyo, capacitación y acompañamiento técnico por parte de la Secretaria Técnica de REDD+.
El fortalecimiento de FONAFIFO y de su relación con los pueblos indígenas: Un resultado indirecto de este proceso es que, en el proceso de implementación del Programa de Pago de Servicios Ambientales, se han tomado en consideración recomendaciones para la mejora de los contratos y procedimientos que respeten la cosmovisión de estos territorios en el uso y manejo de sus recursos culturales, sociales y económicos.
Salvaguarda c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Existencia de marco normativo y mecanismos funcionales para respetar derechos y conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales
La Ley de Diversidad Biológica No. 7788 incluye entre sus principios el respeto a la diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad, conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales.
Por su parte, la Ley Indígena 6172 de 1977 declara en su artículo 1 las reservas indígenas, y las reconoce como propiedad de las comunidades debiendo inscribirse en el Registro Público y reafirma que las mismas son inalienables e imprescriptibles, intransferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Esta Ley dispone en sus artículos 2, 6 y 7, que solamente los indígenas podrán construir casas, talar, árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de sus reservas, y que se deberá mantener la vocación forestal de los terrenos comprendidos en esas reservas, a efecto de no alterar el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas, y de conservar la vida silvestre de esas regiones.
Es también relevante destacar que el “Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistema Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales” que tiene plena vigencia en Costa Rica, determina al respecto que: «Artículo 5.- Los Estados de la Región deberán (…): b) Reconocer y apoyar debidamente la diversidad cultural, respetando los derechos, obligaciones y necesidades de las poblaciones indígenas, de sus comunidades y otros habitantes de las zonas boscosas”.
El conjunto de convenios y normativas internacionales ratificadas por el país es robusto. En el área ambiental es suficientemente instrumentalizada a través de la legislación nacional; sin embargo, en el área social, la carencia de reglamentación de las leyes de ratificación de algunos de estos instrumentos como la “Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas” y del “Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, ha generado un vacío procedimental y por tanto en la práctica no se ha logrado institucionalizar e implementar en toda su amplitud.
Para atender esta limitación, el Gobierno de la República a través del Ministerio de la Presidencia en la administración 2014-2018 firmó la Directriz Ejecutiva N˚ 0142 “Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas”, con el objetivo de definir un mecanismo de consulta de las decisiones que puedan afectar los derechos de los Pueblos Indígenas bajo el principio de Consentimiento Previo, Libre e Informado. De esta manera se espera atender los compromisos asumidos por el país tanto bajo el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque no hay un plazo definido para la aprobación del Mecanismo de Consulta, se espera que sea durante la presente administración de gobierno.
Cabe mencionar que durante el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+, los territorios indígenas solicitaron al Ministro la creación de una comisión interna del MINAE que atiende temas específicos de los pueblos indígenas. Dicha comisión es creada por Resolución administrativa.
En tanto no entre en vigencia el mencionado Mecanismo de Consulta, existe en el decreto un artículo transitorio que le permite a los procesos realizados antes de la fecha de publicación, continuar las acciones que se venían realizando y por tanto la Estrategia REDD+ se encarma en esta línea. Sin embargo, se coordina con el Minsiterio de Justicia y Paz, y la Unidad técnica interna de implementación del Mecanismo para alinear los procesos de la estrategia con la llinea de trabajo de ésta unidad.
Se propone además, la creación de una planificación en el ámbito forestal que sea específica para Pueblos Indígenas del país, donde se incorporen todos los aspectos relativos al ejercicio de sus derechos, considerando los diversos aspectos relacionados tanto con la normativa internacional como con la nacional; para lo cual, previniendo este riesgo, se ha integrado en la Estrategia Nacional REDD+ CR en la Política N° 5: específicamente en la actividad: 5.3 Elaborar un componente o capítulo de Pueblos Indígenas para el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Esto está debidamente considerado en el proceso de consulta con los Pueblos Indígenas.
2.3.3 Acercamiento e integración a actores privados en áreas silvestres, reservas biológicas y parques nacionales para su incorporación a REDD+.
3.2.3 Promover el uso de madera caída en bosque en beneficio de organizaciones y pequeños productores y campesinos.
3.2.6 Fortalecer los CAC y otras organizaciones regionales y locales, públicas y privadas, y apoyo de productores y propietarios.
5.2 Desarrollar y ejecutar una estrategia de saneamiento de los territorios indígenas
5.3 Aplicar concepto de bosque y cosmovisión en bosques de territorios indígenas
5.4 Áreas Protegidas y territorios indígenas.
5.5 Monitoreo y evaluación participativa.
Salvaguarda d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas REDD+
Esta salvaguarda está orientada a garantizar la plena participación de lo que hemos definido en Costa Rica como “Partes Interesadas Relevantes”, con énfasis en los pueblos indígenas y las comunidades locales, conforme sea aplicable en todas las tres fases de REDD+. Debido a que el concepto de “comunidades locales” no tiene una definición generalmente aceptada en el país, en este caso nos referiremos a los grupos locales o regionales interesados en el recurso forestal o que dependen de los bosques para sus medios de vida, que se organizan a través de organizaciones locales. Asimismo, se acentuará el enfoque en los pueblos indígenas, que es realmente el espíritu de la salvaguarda.
Costa Rica cuenta con ocho Pueblos Indígenas: Cabécares, Bribris, Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus y Chorotegas, quienes se encuentran distribuidos en 24 territorios según lo definido en la Ley 6172 y su decreto.
Por “Participación plena”: se entiende la participación de los pueblos indígenas a través de un plan de consulta que ha sido debidamente consensuado con esas poblaciones. En el caso de los grupos locales o regionales dicha participación de da a través del mecanismo de participación y representación en el marco de la Oficina Nacional Forestal, como se ha explicado anteriormente, y de manera complementaria a través del Comité Consultivo REDD+.
Por “Participación efectiva” entendemos que los pueblos indígenas y los grupos locales o regionales tendrán capacidad para tomar decisiones autónomas con respecto a los temas que están siendo objeto de consulta y que pueden tener una afectación directa en sus derechos, considerando el marco legal nacional e internacional vigente.
“Interesados”: Costa Rica definió el concepto de “Partes Interesadas Relevantes” para iniciar el proceso de evaluación estratégica ambiental y social o SESA. Esta misma definición se mantiene para la determinación de los “interesados” en lo que respecta a las salvaguardas.
Como antecedente jurídico relevante, debe mencionarse que la participación ciudadana en Costa Rica está contemplada en la Constitución Política como un principio rector en su artículo 50 que establece el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, artículo que ha servido de fundamento para el desarrollo jurisprudencial del componente de participación pública ambiental. La Constitución le otorga al ciudadano ante la Administración Pública la posibilidad de realizar peticiones individuales o colectivas, de pronta solución a los conflictos y garantiza el derecho a la información y resolución de asuntos de interés público ambiental.
En el marco de preparación para REDD desde 2008 ha sido elaborado un plan de diálogo temprano sobre REDD+. En este plan se estableció un proceso de involucramiento y desarrollo de capacidades sociales y organizacionales de los actores. Además, se realizó la contratación de los facilitadores (indígenas y campesinos), los cuales apoyan el proceso de información. Como producto de las actividades realizadas se desarrolló un plan de participación y consulta. Este plan establece los lineamientos generales sobre el proceso de consulta, para guiar y estandarizar la participación protagónica de los diversos actores involucrados en la elaboración de la Estrategia.
Para el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, el país promovió dos decretos ejecutivos, uno en el año 2012, Decreto Nº 37352, con el objetivo de oficializar el inicio del proceso de preparación y desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, así como su gobernanza. El segundo decreto el Nº 40464-MINAE, para promover acciones de implementación que coadyuven a evitar la deforestación y degradación de los bosques, favoreciendo su conservación y manejo sostenible, y aumento de las reservas de carbono.
Costa Rica realizó todo un largo trabajo con los 24 Territorios Indígenas en diversos momentos durante el todo el proceso de construcción de la Estrategia REDD+, el cual fue dividió en tres fases 1) proceso de información, 2) proceso de pre-consulta y 3) proceso de consulta (actualmente en ejecución).
En las acciones realizadas durante las dos primeras fases, se ejecutaron una serie de reuniones con los líderes, mujeres y “mayores”, para entender más el concepto de cosmovisión que ellos tiene sobre sus territorios.
Los talleres territoriales de información y pre-consulta desarrollados en el marco de REDD+ constituyeron espacios comunitarios de discusión sobre cambio climático, sobre los cinco temas especiales identificados en el marco de la Estrategia REDD+, y también sobre otros temas de interés para cada Territorio (infraestructura, salud, educación, etc.). Estas discusiones llevaron a la elaboración de Planes Territoriales que definen la visión de desarrollo de cada Territorio y que constituirán el marco de referencia para las futuras negociaciones y conversaciones entre los Territorios y el Gobierno.
El fortalecimiento de las mujeres indígenas: Especialmente en el caso del BTR Atlántico, donde ACOMUITA desarrolló los procesos de información y pre-consulta de forma directa con las mujeres Bribrí y Cabécar, se crearon en las comunidades espacios para que las mujeres pudieran expresar libremente sus opiniones y aclarar sus dudas. Las mujeres que participaron en el proceso no solamente fortalecieron sus conocimientos relacionados con los temas REDD+, sino que también tomaron conciencia de su derecho a expresar sus opiniones y a ser escuchadas, y por ende fortalecieron su autoestima y algunas de ellas su posición de liderazgo en la comunidad.
Cabe resaltar que el país cuenta con una política directamente relacionada a la participación de los pueblos indígenas en la Estrategia Nacional REDD+, promovida expresamente por los líderes y representantes de los 24 territorios indígenas, en la cual se definen 5 temas principales de trabajo en la Estrategia, sus medidas y actividades y cuáles serán los mecanismos para llegar al cumplimiento de las salvaguardas. Esta política contó con la participación de no sólo representantes y líderes de los territorios, sino que además grupos de mujeres indígenas externaron sus ideas para visibilizarse en el marco de participación y toma de decisiones entorno a REDD+.
Un elemento fundamental en dicho proceso es la incorporación de los mediadores
culturales. La función de estos mediadores es facilitar la comprensión de los conceptos técnicos a las personas indígenas, así como garantizar que lo expresado por los indígenas sea recogido en la documentación de la consulta y la estrategia nacional de REDD+, con el mismo espíritu que fue expresado por los indígenas. Dada su importancia en el proceso participativo se proponen que en cada territorio debe garantizarse que exista al menos una persona con estas características para que apoyen y conduzcan la consulta en su territorio respectivo.
En el transcurso del año 2012, la Red Indígena Bribrí Cabécar (RIBCA), con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de REDD+, mantuvo un proceso de diálogo y búsqueda de consenso con los demás Territorios. Se realizaron cuatro talleres de trabajo para discutir la propuesta, la cual fue nuevamente revisada por los líderes territoriales en el mes de setiembre. En la Reunión Indígena Nacional del 18 de diciembre de 2012, la versión definitiva del Plan fue aprobada por 18 Territorios Indígenas y por la organización no-territorial Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), los cuales firmaron un Acuerdo Nacional Indígena para la consulta y eligieron a sus representantes ante el Comité́ Ejecutivo de REDD+.
A partir del mes de abril del año 2014 y hasta los primeros meses del año 2015, los especialistas sociales de la Secretaría de REDD+, los líderes de las ADIs y los Mediadores Culturales empezaron a desarrollar talleres multisectoriales, talleres informativos y talleres de pre-consulta en los diferentes Territorios. El principal resultado de esta serie de talleres fue un primer avance en la propuesta de abordaje, a nivel de cada Territorio Indígena, respecto a los cinco temas especiales definidos en el Taller SESA de mayo del 2011.
Otro de los aspectos importante del proceso fue que como parte de las solicitudes externadas por los territorios indígenas durante la fase de información y pre consulta, durante los diferentes espacios de discusión, se creó con base en un compromiso del Ministro, la comisión de asuntos indígenas del MINAE, vía directriz ministerial DM-217-2017. Esta Comisión atiende los temas que conciernen a los territorios indígenas en temas intra-institucionales.
Otro de los aspectos a considerar es que, en el año 2015, se creó una comisión de asuntos indígenas del INDER y esta comisión plantea la necesidad de elaborar un “Plan para la Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN-RTI)”. Se analiza la propuesta con el Ministerio de la Presidencia y con el Ministerio de Justicia y se recibe apoyo de ambos ministerios para solicitar la aprobación.
Este PLAN-RTI pretende regularizar los territorios indígenas de Costa Rica en un plazo de seis años, distribuidos en tres etapas: Primera etapa: tiempo estimado de recuperación de 8 territorios: Salitre, Cabagra, Guatuso, China Kichá, Kekoldi (Cocles), Zapatón, Altos de San Antonio, Guaymí de Osa y Térraba (2 años). Se toma en cuenta su complejidad y área de cobertura, por ejemplo, solo Salitre y Térraba son 21 mil hectáreas. Segunda etapa: Tiempo estimado de recuperación de 6 territorios: Quitirrisí, Ujarrás, Boruca, Curré, Guaymí́ de Conte Burica, Coto Brus (1 a 2 años). Tercera etapa: Tiempo estimado de recuperación de 8 territorios: Talamanca (Cabécar y Bribrí), Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Nairi-Awari Sector Barbilla y Sector Awari, Telire, Tayní, Abrojo Montezuma (2 años).
Existe a nivel nacional el Programa de PSA, el cual, desde hace más de 10 años, se promueve la participación de la mujer en el Programa. Esto se muestra en la siguiente figura:
Cuadro 2. Cantidad de mujeres con contratos del Programa de Pago por Servicios Ambientales. Fecha de corte: 23 de febrero de 2018.
Salvaguarda d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión.
Existencia de mecanismos legales y funcionales de participación de los pueblos indígenas y otras Partes Interesadas Relevantes (PIR)[1] en la Estrategia REDD+ y su Plan de Implementación
Además de las disposiciones generales derivadas de la normativa ordinaria vigente en el país en materia de participación plena y efectiva de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, acceso a la información y la justicia, que parten del sustento constitucional contenido en los artículos 46 y 50, en la normativa ambiental costarricense también es posible identificar una multiplicidad de espacios de participación ciudadana que abren una amplia opción de mecanismos de participación a las PIRs en diferentes escalas y materias, siendo los más relevantes:
** Consejos Regionales Ambientales establecidos por la Ley Orgánica del Ambiente (CRA) para la participación en gestión de la política ambiental en general;
** Consejos Regionales de Áreas de Conservación (CORAC); Consejos Locales de Áreas de Conservación (COLAC) y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) creados mediante la Ley de Biodiversidad No. 7788 y que significan diferentes instancias tanto locales como regionales y nacionales de participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales del país para cuyos efectos el territorio nacional se divide en “Áreas de Conservación”;
Los Consejos por Áreas de Conservación de “Manejo, Conservación y Recuperación de suelos” establecidos mediante la Ley de Conservación y uso sostenible del suelo”; las Comisiones de Ambiente establecidas en una gran cantidad de Municipalidades o gobiernos locales; la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) establecida por la Ley de Biodiversidad No. 7788 con participación de la sociedad civil para la gestión de los recursos nacionales de biodiversidad; los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) que son entes de control ciudadano formados voluntariamente y en los cuales ya se incluye la participación de personas indígenas; los Consejos Locales de Corredores Biológicos; y finalmente la Oficina Nacional Forestal (ONF) y la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Estas dos últimas instancias son mecanismos formales establecidos por la Ley Forestal N0. 7575 vigente, y que contemplan la participación de representantes de los diversos sectores interesados en materia de política forestal (productores, industriales, comerciantes, academia, etc.).
La Oficina Nacional Forestal participa activamente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, que es la herramienta que contiene la política forestal del país y se revisa cada diez años. Ahora bien, de manera específica para la Estrategia Nacional REDD+ existe un Consejo Consultivo en el que participan representantes de los grupos que han sido identificados como “Partes Interesadas Relevantes” desde que se inició el proceso de evaluación social y ambiental (SESA) y con quienes se mantiene un proceso constante de información y comunicación. En este Consejo se estableció la participación específica de los pueblos indígenas, quienes durante el SESA dijeron no sentirse representados en los mecanismos formales existentes que han sido descritos previamente, con lo cual se abordó apropiadamente dicha preocupación.
Es por ello que, en el proceso de construcción de la ENREDD+, el tema de participación ha sido constante, en el sentido que desde el taller de Evaluación Ambiental y Social (SESA) en el año 2010, los 24 territorios indígenas identificaron cuál sería su participación en el proceso de la Estrategia identificando 5 temas especiales.
Se implementó una metodología para el proceso de consulta, dividiéndola en 3 fases: información, pre-consulta y consulta. Así mismo, se organizaron en bloques y llevó adelante el proceso. Todos los temas establecidos en la política 5, relativa a los pueblos indígenas han sido defindios y propuestos por los mismos territorios indígenas, bajo procesos de participación dentro de las comunidades en los territorios.
3.2.3 Promover el uso de madera caída en bosque en beneficio de organizaciones y pequeños productores
3.2.6 Fortalecer los CAC y otras organizaciones regionales y locales, públicas y privadas, y apoyo de
productores y propietarios.
5.4 Áreas Protegidas y territorios indígenas. 5.5 Monitoreo y evaluación participativa.
6.1.1 Fortalecimiento de los mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+.
6.1.2 Realización de consulta, participación y difusión social en preparación para REDD+
Desarrollo de los sistemas de seguimiento forestal y uso del suelo, y de información sobre las
[1] En Costa Rica no existe una definición comúnmente aceptada de “comunidades locales” dadas las circunstancias nacionales del país. No obstante, para efectos de la Estrategia REDD, se ha considerado en su lugar la participación de organizaciones locales y regionales vinculadas con la política forestal en los procesos de planeación, información y consulta, conforme con la definición de Partes Interesadas relevantes vigente que se mencionó previamente.
Salvaguarda e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica
Velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales;
Esta salvaguarda está orientada a evitar que las PAMs propuestas en la Estrategia REDD+ y su Plan de Implementación conduzcan a la conversión de bosques en áreas de otros usos de la tierra diferentes al original (pastos, cultivos, etc) u otras actividades no compatibles con la conservación de los bosques y la biodiversidad, así como la generación de otros servicios ecosistémicos y beneficios sociales ambientales.
Al respecto debe resaltarse que desde la promulgación de la ley forestal vigente (1996) en el país se aplica la prohibición del cambio de uso de las tierras que son bosque[1], por lo cual la conversión de bosques en tierras de otro uso es legalmente imposible. Asimismo, mediante el sistema de incentivos se generan varios mecanismos para favorecer conservación, restauración y reforestación, entre los cuales se encuentran el Programa de Pago de Servicios Ambientales, el cual es un programa que reconoce los servicios ambientales que prestan los bosques y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente[2]. Este programa se financia mediante el impuesto único a los combustibles y con iniciativas público – privadas, cánones, empréstitos internacionales y donaciones.
Otro de los mecanismos es la exención establecida por ésta misma ley del pago de impuestos municipales, a los dueños de terrenos que desarrollan actividades forestales, entre otros. El canon de aprovechamiento del agua es un instrumento económico que se utiliza para que persona física o jurídica, pública o privada incluyendo las instituciones de gobierno que aprovechen el agua mediante la figura de concesión, deben de sufragar los montos por concepto de canon. Este se cobra sobra 8 tipos de usos: consumo humano, industrial, turístico, agropecuario, comercial, acuicultura, agroindustrial y fuerza hidráulica.
Un mecanismo más reciente es el Programa de Conservación de la Biodiversidad – (PCB), que se encuentra dentro de Fondo de Biodiversidad Sostenible. Los recursos para implementar este programa fueron gracias a una donación del Global Environment Facility, el Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Conservación Internacional (CI) y Conservación Osa. Estos recursos fueron capitalizados para lograr el inicio del programa.
Este programa cuenta con dos componentes: uno de incentivos y otro de acompañamiento. El de incentivos define áreas prioritarias y un incentivo financiero por hectárea. Cuenta con una serie de procedimientos y criterios para valorizar las áreas que pueden ser sujetas en el programa, tales como: criterio 1: Zonas de Biodiversidad– Bosque, Corredores Biológicos, Cercanía, Ecosistemas de Agua Dulce, Vacíos de Conservación. • Criterio 2: Zonas de Presencia de Especies – Especies de Árboles, Mamíferos y Aves. • Criterio 3: Zonas Prioridad de Inversión – Mapa de Taxones de Importancia para el PCB. • Criterio 4: Criterios Socio-Económicos – Física o Jurídica, Lugar habitación, Grupo minoritario, Nivel de Escolaridad – Ingreso promedio por vivienda, Puntuación PYME, Actividades Productivas
Figura 2. Detalle del impacto para el período 2015-2017, del programa de conservación de la Biodiversidad del Fondo de Biodiversidad Sostenible.
Como se puede observar en la figura 2, el Programa de Conservación de Bosques, cuenta con una meta de colocación de 10.000 hectáreas al año 2020. Se puede observar que el 76.81 % de las áreas se encuentran en bosques maduros, 71% de las fincas aportan a la protección del recurso hídrico y se contribuye en la atención de vacíos de conservación identificados en el país, con un 16% de las fincas situadas en los lugares en los cuales el SINAC ha definido como espacios privados por proteger debido a la presencia de especies o ecosistemas importes.
Es posible incorporar también en la fase de implementación indicadores de seguimiento como los desarrollados bajo el estudio y mapeo de beneficios ambientales y sociales para REDD+, en los cuales existe una propuesta de priorización como insumo potencial de verificadores hacia el respeto de esta salvaguarda.
Por último, se ha realizado también otras acciones tendientes a evaluar los beneficios múltiples que pudieran ser generados o fortalecidos con la implementación de las actividades de la Estrategia Nacional REDD+. Esta evaluación se realizó por medio de un estudio que presenta un análisis espacial sobre beneficios y riesgos potenciales de la implementación de REDD+ que pueden ser un elemento clave para tomar decisiones sobre áreas prioritarias (Carrión et all, 2017. Mapeo de los beneficios sociales y ambientales de REDD+ en Costa Rica).
Salvaguarda e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y ambientales
Existencia de normas jurídicas y marcos de políticas atinentes a la conservación de bosques naturales y diversidad biológica y a evitar la conversión de bosques naturales
Costa Rica dispone de una serie de instrumentos que abordan el tema de protección de bosques naturales y diversidad biológica. La Ley Orgánica del Ambiente 7554 responde a los Artículos 50 y 140 de la Constitución Política de Costa Rica. El artículo 48 de esta ley establece la obligación del Estado de conservar, proteger y administrar los recursos forestales y regula lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso sostenible.
La Ley Forestal vigente prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado (Art. 1) y por otra parte el Art. 19 establece una prohibición total al cambio de uso de suelo forestal: “En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales”.
El Artículo 3, inciso k) de la misma ley define los Servicios ambientales reconocidos en el país: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. Estos servicios ambientales y su compensación a los dueños de los bosques en los cuales se generan son un incentivo que ha demostrado su efectividad en la conservación y recuperación de la cobertura forestal del país, que pasó de un estimado de 25% en los años 70´s a 52.6% del total del territorio nacional en el año 2013. Este marco normativo se refleja en particular en las acciones de política que se implementan.
Como se desprende de lo anterior, Costa Rica ha sido un país pionero en la prohibición del cambio de uso del suelo forestal y en la generación de mecanismos que promueven la conservación de la biodiversidad y otros servicios ambientales clave para el desarrollo sostenible del país.
2.2.2 Reactivación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA), los inspectores ambientales ad-honorem, y otros.
2.3.1 Administración y manejo de las ASP
2.3.2 Compra de tierras en Áreas Silvestres Protegidas.
3.1 Ampliar la cobertura y flexibilidad del PSA en conservación, regeneración y Manejo FONAFIFO
3.1.1 Ampliación y mejora PPSA manejo
3.1.2 Ampliación y mejora PPSA conservación
[1]Ley Forestal 7575, 16 de abril de 1996. “Bosque: Ecosistema nativo u autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP)”.
[2] Son 4 los servicios ambientales, a saber: “mitigación de gases con efecto invernadero; protección de agua para consumo humano, rural e hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas y formas de vida; belleza escénica para fines turísticos y científicos”.
Salvaguarda f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.
Esta salvaguarda se interpreta como la generación de políticas, acciones y medidas orientadas a evitar que las áreas boscosas se mantengan y no se produzca reducciones de cobertura forestal que finalmente repercuten en la disminución de los inventarios de carbono, por lo que está estrechamente vinculada con la anterior.
Durante el proceso de preparación para REDD+, ha sido utilizado el SESA como herramienta para analizar los potenciales riesgos y beneficios, tanto el sector campesino como los territorios indígenas han planeado e implementado su SESA. Como resultado de esta actividad han sido identificados riesgos y elaborado el respectivo plan de gestión.
Sin embargo, también en el marco del proceso de construcción del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, se está diseñando con la presencia de más de 15 instituciones públicas y expertos, la plataforma que promoverá el seguimiento de todas las medidas y actividades establecidas bajo la Estrategia REDD+ y su Nivel de Referencia, de manera tal, que se busque una respuesta oportuna ante cualquier riesgo en la disminución de los inventarios de carbono. Esto se realiza bajo el Sistema de Monitoreo de la Cobertura, Usos de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).
Dentro de este proceso ya se han ido identificando para el Sistema de Monitoreo de Bosques (SMB) las instituciones responsables y sus roles principales:
CENIGA: entidad que coordinará el SIMOCUTE
IMN: punto focal y de reporte a UNFCCC
INEC: Ejecutor del censo agropecuario de 2014
SINAC: Inventario forestal y factores de emisión; operación de las estrategias de
Control de tala ilegal e incendios forestales
FONAFIFO: operación del PSA y reporte a FPCF
MAG: operación de los NAMAs
Comité Sensores Remotos y Otras Tecnologías (IMN-SINAC-FONAFIFO): supervisión del desarrollo del protocolo para generar mapas de cambio de uso del suelo y ejecución del protocolo en2015, 2017 y 2020
CNSF: verificación técnica de la academia
Salvaguarda f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión
Existencia de normas jurídicas y acciones específicas en la Estrategia REDD para evitar reversiones de uso del suelo y las consecuentes emisiones.
Ya se mencionó anteriormente que la Ley Forestal 7575 prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado, las cuales se encuentran bajo la administración del SINAC. Sin embargo, debe mencionarse que aún se presentan situaciones de incumplimiento.
Desde esta perspectiva, la legislación por sí misma no asegura la permanencia de la cobertura forestal, por lo que el control y el monitoreo es un tema obligado, así como los procesos de información y educación ambiental, más el compromiso del sector privado con una producción amigable con el ambiente.
Para lo anterior, el Plan de Implementación de la Estrategia REDD+ contempla una serie de medidas específicas para fortalecer el control de tala ilegal y la ocurrencia de incendios forestales. Adicionalmente se establece todo un programa de trabajo conjunto entre el sector forestal y el agropecuario con miras a fortalecer el componente forestal en los sistemas agroforestales.
Así mismo, el país ha fortalecido los mecanismos de coordinación para el seguimiento y monitoreo de la cobertura y ha mejoras las metodologías de estimación de datos de actividad, lográndose mayor robustés en la información para la toma de decisiones.
2.2.2 Reactivación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA), los inspectores
ambientales ad-honorem, y otros.
Salvaguarda g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.
Esta salvaguarda pretende evitar que las actividades que generan emisiones en una zona geográfica determinada en la cual se aplican medidas de conservación de cobertura forestal se trasladen geográficamente a otras partes del país y generen emisiones equivalentes.
Mismo caso que la salvaguarda anterior, se está diseñando toda la plataforma para el seguimiento de las actividades y medidas del Plan de Acción de la Estrategia REDD+, de forma tal que se pueden generar las herramientas e insumos necesarios para su respuesta en tiempo.
Salvaguarda g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones
Existencia de medidas y acciones específicas de política para evitar desplazamientos de emisiones forestales en la Estrategia Nacional REDD+
Las prohibiciones de cambio de uso del suelo forestal anteriormente mencionadas, tanto en áreas protegidas como en terrenos de propiedad privada inhiben las posibilidades de desplazar emisiones hacia otras zonas del país en tanto pueden significar cambio de uso del suelo, lo cual sería una práctica ilegal que se aborda mediante el fortalecimiento de las acciones de control de la tala ilegal. En los casos en que no ocurre cambio de uso por interferencia humana, como en el caso de los incendios forestales, se incluyen asimismo medidas en la Estrategia para el combate de los incendios forestales, que en muchos casos pueden generar degradación, aunque no necesariamente cambio de uso del suelo.
2.2.1 Fortalecimiento delPrograma del Control de la Tala Ilegal