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Timestamp: 2019-06-17 04:14:05
Document Index: 332997503

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 41', 'artículo 27', 'artículo 210', 'artículo 110', 'artículo 36']

Resolución de Inhabilitación de cargo público de Wilmer José Azuaje Cordero
Categoría: Administrativo
Publicado: 01 Noviembre 2010
Visto: 4219
N° 01-00-000340
Caracas 27 OCT. 2010
200° y 151°
CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
En ejercicio de las atribuciones legales previstas en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 26, 27; 29; 32; 39 y numerales 1 y 2 del artículo 41 de la Ley Contra la Corrupción.
Que el artículo 27 de la Ley Contra la Corrupción, prevé la obligación de personas de informar y suministrar los elementos necesarios, que permitan a la Contraloría General de la República comprobar el contenido de sus declaraciones juradas de patrimonio.
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El Allanamiento en el Proceso Penal
Visto: 6449
Dice el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal que cuando el registro se deba practicar en una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita de un Juez.
Los órganos de policía y de investigaciones penales, tales como, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CNPB) y las distintas Policías Municipales, entre otros organismos que el artículo 110 del Código Orgánico Procesal Penal les atribuya tal carácter, en casos de necesidad y urgencia
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LA SUPRACONSTITUCIONALIDAD NO EXISTE
Visto: 1548
Recientemente en el Pódium Jurídico Administrativo leí una entrada titulada “INTERPOL Y EL NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL” En términos generales es otro de esos planteamientos que pretenden mostrar como verdad La Supraconstitucionalidad,o la existencia de normas supranacionales; posibilidad jurídica negada en La Constitución del 99 y en decisiones vinculantes de La Sala Constitucional.
Planteo la situación en el Pódium Jurídico Constitucional, dado que El Derecho del Estado, (concebido el Estado, bien sea en su acepción tradicional, que conduce al concepto de soberanía, o del concepto de Poder Público, que conduce a su sumisión a la Constitución, antes a la ley (Estado de Derecho); ya no es materia de orden administrativo, sino constitucional, debe entenderse que lo administrativo, hoy solo regula, la relación entre los administrados y el Poder Público.
Si bien es cierto la existencia de “Administraciones sin Estado” es decir, no son parte del poder público de un Estado; no es menos cierto, que la mayoría de ellas como la INTERPOL, se constituyeron y sus miembros son Estados; aparte de que su actividad es decidida por representantes de Estados, de la revisión del acta de constitución, de ninguno de sus artículos puede inferirse la supraconstitucional aludida, por el contrario, basta leer los artículos 2, 26,31 y 33, de los cuales literalmente se desprende:
1. Su objetivo es de asistencia mutua entre autoridades policiales
2. Establecer instituciones para la prevención y represión de delitos comunes
3. Que el deber de los Estados miembros es de cooperación, con la limitante QUE DICHA COOPERACIÓN SEA COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN LOCAL.
En cuanto a los archivos, el análisis del artículo 36, a mi modo ver, un recurso de habeas data, como el planteado y ante la misma INTERPOL, es decidido por los miembros de manera autónoma (reglas propias de esa administración, que no un Derecho Administrativo global.); por ello pienso que tal acción debería ser intentada en el país, no obstante que la solicitud ante ITERPOL, pudiera ser entendido como el agotamiento de la vía administrativa.
A mi modo der citar como ejemplo de normas supranacionales, por decir lo menos, no es propio; es necesario recordar que los países responsables del más alto porcentaje de la contaminación global, no obstante que participan en las discusiones, los acuerdos tomados, para ellos no son vinculantes.
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