Source: http://www.slideshare.net/bertyeztrada/constitucion-10473288
Timestamp: 2016-10-20 19:41:32
Document Index: 182952246

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 123', 'Artículo 4', 'artículo 73', 'Artículo 5', 'artículo 123', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 109', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 130', 'Artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 110', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31']

BeRty EztRada, Secretaria
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de 1917 Fe de erratas 6 de febrero de 1917Actualizada con las reformas a los artículos 4° y 27 publicadas en el DOF el 13 de octubre de 2011El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, conesta fecha se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del PoderEjecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud deldecreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, deconformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes sehicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan deGuadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857 TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO I De los Derechos Humanos y sus GarantíasArtículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechoshumanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el EstadoMexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrárestringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constituciónestablece.Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con estaConstitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a laspersonas la protección más amplia.Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios deuniversalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberáprevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términosque establezca la ley.Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero queentren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, lasdiscapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, laspreferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tengapor objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 2.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenasque son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país aliniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturalesy políticas, o parte de ellas.La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénesse aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdocon sus usos y costumbres.El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucionalde autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidadesindígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberántomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores deeste artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenasa la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales,los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La leyestablecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades orepresentantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando laparticipación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco querespete el pacto federal y la soberanía de los Estados.IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan sucultura e identidad.V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términosestablecidos en esta Constitución.VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierraestablecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridospor terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursosnaturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que correspondena las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidadespodrán asociarse en términos de ley.VII. Elegir, en los Municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos enlos Municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política deconformidad con sus tradiciones y normas internas.VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos losjuicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar encuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución.Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores quetengan conocimiento de su lengua y cultura.Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libredeterminación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblosindígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidadesindígenas como entidades de interés público. 3.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de losindígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones ydeterminarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenasy el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas yoperadas conjuntamente con ellos.Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichasautoridades, tienen la obligación de:I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer laseconomías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante accionescoordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Lasautoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que lascomunidades administrarán directamente para fines específicos.II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe eintercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y laeducación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantesindígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regionalque reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y enconsulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversasculturas existentes en la nación.III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura delsistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutriciónde los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia yrecreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para laconstrucción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios socialesbásicos.V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a losproyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer sueducación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante laconstrucción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condicionespara que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios decomunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenasmediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicaciónde estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, laincorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como paraasegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto enel territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechoslaborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar conprogramas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por elrespeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de losestatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara deDiputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y losayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidasespecíficas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos queaprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en elejercicio y vigilancia de las mismas.Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades ypueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos taly como lo establezca la ley. 4.
Artículo 3°.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, Estados,Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educaciónpreescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades delser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y laconciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, semantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico,luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.Además:a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica yun régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramientoeconómico, social y cultural del pueblo;b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión denuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestraindependencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad yacrecentamiento de nuestra cultura, yc) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin derobustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de lafamilia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga ensustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando losprivilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el EjecutivoFederal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria,secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará laopinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de losdiversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primerpárrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo laeducación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará lainvestigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términosque establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a losestudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria,secundaria y normal, los particulares deberán:a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafoy la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, yb) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términosque establezca la ley;VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgueautonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus finesde educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetandola libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán susplanes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personalacadémico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académicocomo del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en 5.
los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a lascaracterísticas propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, lalibertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; yVIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República,expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre laFederación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes aese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o nohagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y eldesarrollo de la familia.Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número yel espaciamiento de sus hijos.Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado logarantizará.Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidadespara el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y lasentidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVIdel artículo 73 de esta Constitución.Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá losinstrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interéssuperior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienenderecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sanoesparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento deestos derechos y principios.El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de losderechos de la niñez.Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que prestael Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá losmedios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas susmanifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá losmecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado supromoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.Artículo 5°.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercioo trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse pordeterminación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadiepuede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 6.
La Ley determinará en cada Estado, cuales son las profesiones que necesitan título para suejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han deexpedirlo.Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su plenoconsentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará alo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcanlas leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargosconcejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censalestendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicenprofesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los serviciosprofesionales e índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con lasexcepciones que ésta señale.El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga porobjeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquiercausa.Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en querenuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sinpoder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a larenuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste ala correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre supersona.Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial oadministrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algúndelito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestospor la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el DistritoFederal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios ybases:I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interéspúblico en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecerel principio de máxima publicidad.II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en lostérminos y con las excepciones que fijen las leyes.III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá accesogratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisiónexpeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados eimparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativosactualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completay actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública lainformación relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública serásancionada en los términos que dispongan las leyes.Artículo 7°.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia.Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores oimpresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vidaprivada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta comoinstrumento del delito.Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto delas denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios ydemás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos quese demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia políticasólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cualtiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.Artículo 9°.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquierobjeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte enlos asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objetohacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profiereninjurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla aresolver en el sentido que se desee.Artículo 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas ensu domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la LeyFederal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y GuardiaNacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podráautorizar a los habitantes la portación de armas.Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por suterritorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto uotros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de laautoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridadadministrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración,inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en elpaís.En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitarasilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias yexcepciones.Artículo 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, niprerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otropaís.Artículo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ningunapersona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que seancompensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los 8.
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningúnmotivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando enun delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridadcivil que corresponda.Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediantejuicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidadesesenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoríade razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que setrata.En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a lainterpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni parala de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron eldelito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren losderechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los queel Estado Mexicano sea parte.Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causalegal del procedimiento.Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación ycancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, lacual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, porrazones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o paraproteger los derechos de terceros.No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia oquerella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad yobren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que elindiciado lo cometió o participó en su comisión.La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado adisposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención alo anterior será sancionada por la ley penal.Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito oinmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridadmás cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registroinmediato de la detención.Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgofundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no sepueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el MinisterioPúblico podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indiciosque motiven su proceder.En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberáinmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 9.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuenciaorganizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo quela ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito dela investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado deque el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre ycuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso,la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, paracometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas,plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; esteplazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todoabuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del MinisterioPúblico, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan deaprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia,levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por elocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique ladiligencia.Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto queatente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de formavoluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance deéstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Enningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezcala ley.Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley odel titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar laintervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar ymotivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetosde la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizacionescuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, nien el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y porcualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas deinvestigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de losindiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas lascomunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Losresultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de quese han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papelesindispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose enestos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y suviolación será penada por la ley. 10.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntaddel dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigiralojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcialcorrespondiente.Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia parareclamar su derecho.Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditospara impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manerapronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas lascostas judiciales.El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyesdeterminarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos dereparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estosprocedimientos y mecanismos.Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penalregularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que serequerirá supervisión judicial.Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audienciapública previa citación de las partes.Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice laindependencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio dedefensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicioprofesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán serinferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisiónpreventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas yestarán completamente separados.El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, deltrabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograrla reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando losbeneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados delos destinados a los hombres para tal efecto.La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que lossentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientospenitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivascompetencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realizaciónde una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos ymenos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales quereconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por sucondición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce 11.
años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos arehabilitación y asistencia social.La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales yautoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Sepodrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso,atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempreque resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará lagarantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen laremisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conductarealizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el plenodesarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema ypor el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayoresde catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en paísesextranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base enlos sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidadextranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de suorigen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para eseefecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penasen los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a lacomunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuenciaorganizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada sedestinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicacionesde los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a sudefensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estosestablecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales deseguridad, en términos de la ley.Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y doshoras, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto devinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo ycircunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho quela ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó ensu comisión.El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidascautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, eldesarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, asícomo cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por lacomisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos dedelincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitoscometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determinela ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuosvinculados a proceso. 12.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición delindiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio serásancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentreinternado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto devinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazoconstitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo deconcluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes,pondrá al indiciado en libertad.Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto devinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delitodistinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de quedespués pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada elinculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en elextranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivolegal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes yreprimidos por las autoridades.Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,contradicción, concentración, continuidad e inmediación.A. De los principios generales:I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente,procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna personael desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sidodesahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos paraadmitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentaciónde los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria yoral;V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora,conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener laacusación o la defensa, respectivamente;VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partessin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo lasexcepciones que establece esta Constitución;VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, sepodrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine laley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de lasconsecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes paracorroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficiosque se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, yX. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminaresal juicio.B. De los derechos de toda persona imputada: 13.
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentenciaemitida por el juez de la causa;II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber losmotivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. Laconfesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante elMinisterio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándosede delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva elnombre y datos del acusador.La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayudaeficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele eltiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de laspersonas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse enlos casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridadpública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación dedatos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas parajustificarlo.En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tenervalor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos ovíctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportarpruebas en contra;VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero seencuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes desu primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debidapara preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva lasactuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la leycuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que seanoportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda dedos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayorplazo para su defensa;VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente inclusodesde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después dehaber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendráderecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación dehacerlo cuantas veces se le requiera, yIX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios dedefensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algúnotro motivo análogo.La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delitoque motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación sedeba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se hapronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue elproceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.C. De los derechos de la víctima o del ofendido:I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitucióny, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de pruebacon los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las 14.
diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos queprevea la ley.Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberáfundar y motivar su negativa;III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estaráobligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo puedasolicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si haemitido una sentencia condenatoria.La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando seanmenores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro odelincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección,salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en generaltodas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimientode esta obligación;VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución desus derechos, yVII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de losdelitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal osuspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, lascuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La leydeterminará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridadjudicial.La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridadjudicial.Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de losreglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta portreinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa quese le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá enningún caso de treinta y seis horas.Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, nopodrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de losreglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal,en los supuestos y condiciones que fije la ley.El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicciónde la Corte Penal Internacional.La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y losMunicipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución parahacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 15.
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. ElMinisterio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarseentre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional deSeguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento ycertificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollode estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y losmunicipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones deseguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si noha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesosde evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridadpública.e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a lasentidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, losazotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes ycualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delitoque sancione y al bien jurídico afectado.No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada parael pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago deresponsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación eldecomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en lostérminos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causenabandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio sedeclare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimientoque se regirá por las siguientes reglas:I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo devehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado lasentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes paradeterminar que el hecho ilícito sucedió.b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados odestinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan losextremos del inciso anterior.c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvoconocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos paradeterminar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusadopor estos delitos se comporte como dueño.III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos parademostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estabaimpedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 16.
Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgadodos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Quedaprohibida la práctica de absolver de la instancia.Artículo 24.- Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y parapracticar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan undelito o falta penados por la ley.El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los queextraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éstesea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático yque, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución delingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, gruposy clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará alcabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco delibertades que otorga esta Constitución.Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, elsector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica quecontribuyan al desarrollo de la Nación.El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan enel Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal lapropiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, paraimpulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de lossectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interéspúblico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y elmedio ambiente.La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividadeconómica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas,comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, engeneral, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo debienes y servicios socialmente necesarios.La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá lascondiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económiconacional, en los términos que establece esta Constitución.Artículo 26.-A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprimasolidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia yla democratización política, social y cultural de la Nación. 17.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de laplaneación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectoressociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y losprogramas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamentelos programas de la Administración Pública Federal.La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consultapopular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo,determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el EjecutivoFederal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca yconcierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención queseñale la ley.B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datosserán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datoscontenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo conautonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultadesnecesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se generey proveer a su observancia.El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cualesfungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de laRepública con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la ComisiónPermanente del Congreso de la Unión.La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional deInformación Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a lainformación, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir losmiembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrántener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en institucionesdocentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el TítuloCuarto de esta Constitución.Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorionacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitirel dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidadesque dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de loselementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativade la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y elmejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, sedictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadasprovisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obraspúblicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de loscentros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento delos latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 18.
colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para elfomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicasen el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que lapropiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataformacontinental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que envetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de loscomponentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales ymetaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y lassalinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de ladescomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; losyacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; loscombustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos ogaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije elDerecho Internacional.Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fijeel Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que secomuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores deformación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y susafluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguaspermanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas oesteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentesdirectos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirvade límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidadfederativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteroscuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entrela República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidadesfederativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas,zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, ylas que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interioresen la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas medianteobras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o seafecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilizacióny aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parteintegrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren susdepósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas seconsiderará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable eimprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, porlos particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarsesino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas ycondiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos deexplotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecucióny comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia,independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugara la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionalesy suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos ycondiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos,líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, nisubsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esosproductos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Correspondeexclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 19.
que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaránconcesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que serequieran para dichos fines.Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para lageneración de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de laenergía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente aéste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. Lazona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la líneade base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzcasuperposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de lasrespectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estosEstados.La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por lassiguientes prescripciones:I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienenderecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesionesde explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros,siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionalesrespecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo quese refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de laNación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una faja de cien kilómetros alo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjerosadquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, ajuicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para queadquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privadade bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones,II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su leyreglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienesque sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la leyreglamentaria;III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de losnecesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de losasociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que losindispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo quedetermine la ley reglamentaria;IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos peroúnicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas aactividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente aveinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentariaregulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto deque las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de lapequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenosrústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones parala participación extranjera en dichas sociedades.La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lodispuesto por esta fracción;V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrántener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 20.
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que losenteramente necesarios para su objeto directo.VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendránplena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los serviciospúblicos.Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán loscasos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichasleyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará comoindemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figureen las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por elpropietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribucionescon esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por lasmejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será loúnico que deberá quedar sujeto a juicio pericial y resolución judicial. Esto mismo se observarácuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones delpresente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimientoy por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, lasautoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate oventa de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso puedarevocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y seprotege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividadesproductivas.La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos ycomunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento detierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias paraelevar el nivel de vida de sus pobladores.La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones quemás les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de losderechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismoestablecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí,con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitirsus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará losrequisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario eldominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho depreferencia que prevea la ley.Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que laequivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor deun solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con laorganización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electodemocráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y elresponsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de laley reglamentaria;VIII. Se declaran nulas:a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías,congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, ocualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 ydemás leyes y disposiciones relativas;b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por lasSecretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero dediciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los 21.
ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos,rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población.c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicadosdurante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otrasautoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupadoilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquieraotra clase, pertenecientes a núcleos de población.Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas enlos repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propioa título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos dealgún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así losoliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de losterrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén enposesión de las tres cuartas partes de los terrenos.X. (Se deroga)XI. (Se deroga)XII. (Se deroga)XIII. (Se deroga)XIV. (Se deroga)XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas deriego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, porcuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenosáridos.Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo deciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; yde trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule,palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficienecesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganadomenor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños oposeedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirásiendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, serebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije laley.Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas sedestinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, loslímites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a lacalidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;XVI. (Se deroga)XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones,expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de lasextensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un añocontado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se haenajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, serespetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que debenconstituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamenninguno;XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernosanteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, 22.
aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivode la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público;XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honestaimpartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de latierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales,cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleosde población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades.Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirátribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por elEjecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por laComisión Permanente.La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, yXX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito degenerar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación eincorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para elóptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación yasistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar laproducción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interéspúblico.El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entresus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que laley establezca.Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticasmonopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijanlas leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, todaconcentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y quetengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de losproductores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manerahagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores apagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida afavor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de algunaclase social.Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productosque se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como paraimponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, afin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto,así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización parael mejor cuidado de sus intereses.No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en lassiguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demáshidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear;electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de laUnión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollonacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas surectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisosmantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con lasleyes de la materia. 23.
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreasestratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes,participe por sí o con los sectores social y privado.El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en suadministración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de lamoneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde alEstado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través delbanco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El bancocentral, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a lasautoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los serviciosfinancieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicharegulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuyadesignación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara deSenadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodoscuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán serremovidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepciónde aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociacionesdocentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción delbanco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 deesta Constitución.No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propiosintereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa desus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros losproductos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que seproduzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones esténbajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efectose obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o apropuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, lasautorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a losautores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos,se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestaciónde servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de laFederación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades ycondiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de losbienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólopodrá llevarse a cabo mediante ley.Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de caráctertemporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación yevaluará los resultados de ésta.Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otroque ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los EstadosUnidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la ProcuraduríaGeneral de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la ComisiónPermanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en 24.
lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacerfrente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio deprevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá lasautorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si severificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos ala no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridadpersonal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; losderechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosaalguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibiciónde la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni lasgarantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada ymotivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que sehace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación,publicidad y no discriminación.Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, biensea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales yadministrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. ElEjecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque larestricción o suspensión.Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados deoficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarsecon la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. CAPÍTULO II De los mexicanosArtículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.A. Son mexicanos por nacimiento:I. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, depadre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padremexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, yIV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra omercantes.B. Son mexicanos por naturalización:I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos,que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demásrequisitos que al efecto señale la ley.Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener laeducación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca laley. Recommended
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