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Timestamp: 2017-08-23 11:56:51
Document Index: 62900721

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'Artículo 1', 'artículo 28', 'Artículo 2', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 51', 'artículo 56', 'artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 214', 'artículo 215', 'artículo 220', 'Artículo 220', 'artículo 274', 'Artículo 274', 'artículo 458', 'artículo 274', 'Artículo 274', 'artículo 418', 'Artículo 418', 'artículo 419', 'Artículo 419', 'artículo 419', 'Artículo 419', 'artículo 419', 'Artículo 419', 'artículo 420', 'Artículo 420', 'artículo 422', 'Artículo 422', 'artículo 432', 'Artículo 432', 'artículo 433', 'Artículo 433', 'artículo 439', 'Artículo 439', 'artículo 442', 'Artículo 442', 'artículo 442', 'Artículo 442', 'artículo 442', 'Artículo 442', 'artículo 444', 'Artículo 444', 'artículo 445', 'Artículo 445', 'artículo 445', 'Artículo 445', 'artículo 446', 'Artículo 446', 'artículo 447', 'Artículo 447', 'artículo 448', 'Artículo 448', 'artículo 448', 'Artículo 448', 'artículo 38', 'artículo 448', 'Artículo 448', 'artículo 449', 'artículo 449', 'Artículo 449', 'artículo 450', 'Artículo 450', 'artículo 450', 'Artículo 450', 'artículo 451', 'Artículo 451', 'artículo 452', 'Artículo 452', 'artículo 458', 'Artículo 458', 'artículo 467', 'Artículo 467', 'artículo 468', 'Artículo 468', 'artículo 469', 'Artículo 469', 'artículo 2', 'artículo 2']

Aprueban Ley contra la Corrupción Decreto 31-2012 del Congreso de la República
A continuación la transcripción del contenido del DECRETO No. 31-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN o LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común; asimismo, constituye deber esencial del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Que las diversas formas de corrupción manifestadas en el accionar de los funcionarios y empleados públicos constituyen uno de los elementos fundamentales que impiden la materialización de estos principios constitucionales.
Que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y legitimidad del mismo.
Que para contribuir a la realización de los fines del estado de Guatemala, se hace necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción al contexto de falta de efectividad del Estado para perseguir dichos delitos.
Con base a las atribuciones que le asigna la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Con las siguientes reformas al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República; a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República; y a la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República.
Artículo 1. Se adiciona un párrafo final al artículo 28 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, con el texto siguiente: “Los funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una cuarta parte.”
Artículo 2. Se reforma al artículo 38 del Código Penal. Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieren intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiere realizado éste y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este Código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas; además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables.
b) Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor.
En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde diez mil Dólares (US$10,000.00) hasta seiscientos veinticinco mil Dólares de los Estados Unidos de (US$625,000.00), o su equivalente en moneda nacional.
Se adiciona el numeral 7 al artículo 51 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“7. A los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia.”
Se reforma el numeral 1º. del artículo 56 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“1º. La suspensión de los derechos políticos.”
Se reforma el artículo 57 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 57. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá según el caso: 1º. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede.
2º. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación.
En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado.”
Se adiciona un párrafo final al artículo 58 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a cuatro años.”
Se adiciona el numeral 6º. al artículo 107 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, con el siguiente texto:
“6º. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena.”
Se adiciona el numeral 7º. al artículo 108 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“7º. Para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna.”
Se suprime el segundo párrafo del artículo 214 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas.
Se suprime el segundo párrafo del artículo 215 del código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas.
Se reforma el artículo 220 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 220. Agravación específica. Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los tres artículos que preceden, serán de prisión de seis meses a tres años, en los siguientes casos:
1º. Si el autor se aprovechare de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva.
2º. Si se tratare de asuntos oficiales.
3º. Si la información obtenida, el autor la hiciere pública, por cualquier medio.
4º. Si el autor fuere funcionario o empleado público.”
Se reforma el artículo 274 “A” del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 274 “A”. Destrucción de registros informáticos. Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de dos mil a diez mil Quetzales, quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos.
Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviere destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado conforme al artículo 458 Bis del presente Código.”
Se reforma el artículo 274 “F” del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 274 “F”. Uso de información. Se impondrá prisión de seis meses a dos años, y multa de dos mil a diez mil Quetzales al que, sin autorización, utilice u obtenga ara sí o para otro, datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos.”
Se reforma el artículo 418 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 418. Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios.”
Se reforma el artículo 419 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 419. Incumplimiento de deberes. Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial.”
Se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 419 Bis. Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviere obligado legalmente a presentar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos sesenta días luego de la toma de posesión, o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia, será sancionado con multa, la cual corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaratoria.”
Se adiciona el artículo 419 Ter al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 419 Ter. Falsedad en declaración jurada patrimonial. Comete delito de falsedad en declaración jurada patrimonial, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años, multa de veinticinco mil a doscientos mil Quetzales e inhabilitación especial.”
Se reforma el artículo 420 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 420. Desobediencia. Comete delito de desobediencia, el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinte mil Quetzales e inhabilitación especial.”
Se reforma el artículo 422 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“Artículo 422. Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos, el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cinco mil a veinte mil Quetzales e inhabilitación especial”.
Se reforma el artículo 432 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:
“Artículo 432. Nombramientos ilegales. Comete delito de nombramientos ilegales, el funcionario o empleado público que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo público a persona en quien no concurran los requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de diez mil a veinticinco mil Quetzales.
Igual sanción se impondrá para quien nombrare a persona que reúna los requisitos legales para el cargo, pero intencionalmente omita o altere los procedimiento legales o reglamentariamente establecidos. Si la persona nombrada es pariente dentro de los grados de ley del autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se impondrá inhabilitación especial.”
Se reforma el artículo 433 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 433. Usurpación de atribuciones. Comete delito de usurpación de atribuciones, el funcionario o empleado público que, a sabiendas, se arrogare facultades que no correspondieren a su cargo o atribuciones que no le competan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de diez mil a veinticinco mil Quetzales”.
Se reforma el artículo 439 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 439. Cohecho pasivo. Comete delito de cohecho pasivo, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a títulos de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte. Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo, serán protegidas por las autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente.”
Se reforma el artículo 442 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 442. Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable del delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.”
Se reforma el artículo 442 Bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 442 Bis. Cohecho activo transnacional. Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mimo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales.”
Se reforma el artículo 442 Ter del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 442 Ter. Cohecho pasivo transnacional. Comete delito de cohecho pasivo transnacional, el funcionario o empleado público de otro Estado u organización internacional que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales.”
Se reforma el artículo 444 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 444. Exención especial de responsabilidad. En los casos de delios de cohecho que vulneren el régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios de la comisión de delito.”
Se reforma el artículo 445 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 445. Peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.”
Se reforma el artículo 445 Bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 445 Bis. Peculado por uso. Comete delito de peculado por uso, el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias, y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.”
Se reforma el artículo 446 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 446. Peculado culposo. Comete delito de peculado culposo, el funcionario o empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 Bis de la presente Ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aún cuando no pertenezcan al Estado. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte.”
Se reforma el artículo 447 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 447. Malversación. Comete delito de malversación, el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren, una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieren destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de veinte mil a cincuenta mil Quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en dos terceras partes.”
Se adiciona el artículo 448 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 448 Bis. Enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones pública, y hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial”.
Se adiciona el artículo 448 Ter al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 448 Ter. Enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, quien sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta cinco años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos, o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos ilícitos. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales. En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal”.
Se adiciona el artículo 448 Quáter al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 448 Quáter. Testaferrato. Comete delito de testaferrato, la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el Título XIII de este Código; el responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales”.
Se suprime el segundo párrafo del artículo 449 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas.
Se adiciona el artículo 449 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 449 Bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial. La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena”.
Se reforma el artículo 450 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública, el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas o quien con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes”.
Se adiciona el artículo 450 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 450 Bis. Cobro ilegal de comisiones. Comete delito de cobro ilegal de comisiones, el funcionario o empleado público que solicite, gestione o reciba de manera directa, comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio, para que se realice o adjudique por sí o por tercera persona contrato de cualquier índole u obra pública. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial”.
Se reforma el artículo 451 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 451. Exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales, el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales e inhabilitación especial. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte”.
Se reforma el artículo 452 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 452. Cobro indebido. Comete el delito de cobro indebido, el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobrare. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales e inhabilitación especial”.
Se adiciona el artículo 458 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 458 Bis. Obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal: Quien influya en otra persona, para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Quien para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba, rehusare proporcionar al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal, documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello. Quien, con igual fin, destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas, será sancionada con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.
Se reforma el artículo 467 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 467. Representación ilegal. Comete delito de representación ilegal, el funcionario o empleado del Ministerio Público, de la Dirección General de Investigación Criminal o del Organismo Judicial, que durante su permanencia en el cargo o con posterioridad a él, represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en el cual haya intervenido o participado por razón del cargo; será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial”.
Se reforma el artículo 468 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 468. Retardo de justicia. Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial. Igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal que, a sabiendas, retardare la investigación penal o el ejercicio de la acción penal”.
Se reforma el artículo 469 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo 469. Denegación de justicia. Comete delito de denegación de justicia, el funcionario o empleado público del Organismo Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Investigación Criminal que maliciosamente: a) Desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular al o los responsables del delito. b) Dejare de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. c) Ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. El responsable de este delito será castigado con prisión de tres a ocho años e inhabilitación especial; con las mismas penas será sancionado el juez que se negare a juzgar, bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley”.
Se reforma el artículo I, Disposiciones Generales del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: “Artículo I. Disposiciones Generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende:
1º. Por muebles, los bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados, y los semovientes, en todo caso.
2º. Por funcionario público: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre.
3º. Por arma, todo objeto o instrumento, destinado a ofender o defenderse, las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para dañar, cuando se lleve en forma de infundir temor.
4º. Por violencia, la física y psicológica o moral. La primera, es manifestación de fuerza sobre personas o cosas; la segunda, es intimidación a personas. Se entenderá que existe esta última, cuando concurriere hipnosis, narcosis o privación de razón o de sentido, ya sea que el sujeto activo provoque la situación o la aproveche.
5º. Por injusto, lo ilegal.”
Se reforma el artículo 2, literal a.5) y se adiciona la literal a.8), del Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio, las cuales quedan así: “a.5) Peculado, peculado por sustracción, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, uso de información, abuso de autoridad, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, asesinato cuando se realice por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, plagio o secuestro, estafa propia cuando el agraviado sea el Estado, estafa mediante información contable cuando el agraviado sea el Estado, trata de personas, extorsión, terrorismo, intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada, contenidos en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la república, Código Penal y sus reformas.
a.8) Revelación de información confidencial o reservada, contenido en el Decreto Número 57-2008, Ley de Acceso a Información Pública.”
Se reforma el artículo 2 literal e.1) y se adiciona la literal e.6), del Decreto Número 21-2006 del Congreso, Ley Contra la Delincuencia Organizada, las cuales quedan así:
“e.1) Peculado, peculado por sustracción, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, colusión, prevaricato, cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, destrucción de registros informáticos, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de justicia, denegación de justicia, contenidos en el Decreto Número 17-73 del Congreso, Código Penal y sus reformas.
e.6) Revelación de información confidencial o reservada, contenido en el Decreto Número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública.”
Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.
Hacktivismo en Guatemala
Libro CIBERCRIMEN
Armas cibernéticas - flame / stuxnet -
Medidas precautorias e Inhibición de Bienes
Aprueban Ley Antievasión
(502)2335-3535
(502) 2338-0441
Géminis 10, Torre Norte,
6to Nivel, Oficina 601.
Confianza, Certeza,