Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-18-julio-2018-736172281
Timestamp: 2020-06-07 06:44:28
Document Index: 388632182

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 421', 'artículo 412', 'artículo 382', 'artículo 14', 'artículo 979', 'artículo 321', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 36', 'artículo 13']

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Alcañiz, por la que suspende la inscripción de una escritura de manifestación de herencia. - Doctrina Administrativa - VLEX 736172281
INSCRIPCION DE ESCRITURA REDACTADA EN LENGUA NO COOFICIAL EN ESPAÑA: un documento redactado en lengua, dialectos o modalidades lingüísticas no cooficiales en el territorio al que corresponda al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad en que dicho título haya de inscribirse exige, como para los documentos extranjero, su traducción completa.
Registro de la Propiedad de Alcañiz.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos
1. Que se tenga por presentado en forma y dentro de plazo este recurso y previos los trámites que corresponda, se resuelva revocando la nota de la registradora de la propiedad y disponga la inscripción de la escritura de referencia.
Es objeto del presente recurso determinar si es inscribible en el Registro de la Propiedad una escritura pública de aceptación y manifestación de herencia autorizada por un notario de Barcelona, al que se incorpora testimonio del testamento del causante otorgado asimismo ante notario de Barcelona, habiendo sido redactados íntegramente ambos documentos en lengua catalana, y en cuyo inventario de bienes figuran dos fincas sitas en sendos términos municipales pertenecientes al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de Alcañiz (Teruel), ante el que se presentan dichos títulos a fin de obtener su inscripción a favor de la heredera.
Con posterioridad a la interposición del recurso y a la emisión del preceptivo informe de la registradora, el notario recurrente presentó ante el Registro de la Propiedad de Alcañiz otra copia en castellano de su original en catalán de la misma escritura, junto con un escrito de fecha 14 de mayo de 2018 a los solos efectos de la inscripción de una de las dos fincas, añadiendo que mantiene el recurso en relación con la otra finca y aunque sólo fuere a efectos doctrinales.
Entrando a analizar el fondo del asunto, procede en primer lugar delimitar el marco normativo con arreglo al cual ha de resolverse el presente recurso. A tal efecto deben tomarse en consideración las siguientes normas y consideraciones:
El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, al igual que la norma recién transcrita, vincula la protección, fomento y derecho de uso de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón a determinados territorios o zonas, que, conforme al Estatuto, deberá definir una ley de las Cortes de Aragón. Esta Ley es la citada Ley 3/2013, cuyo artículo 5 declara que, «además del castellano, lengua utilizada en toda la Comunidad Autónoma, a los efectos de esta Ley existen en Aragón: a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas». No precisa la ley la delimitación concreta de las respectivas áreas geográficas (pirenaica y prepirenaica, y oriental), pero sí habilita en su artículo 6 al Gobierno de Aragón para que, oídos los Ayuntamientos afectados, declare las zonas y municipios a que se refiere el artículo 5. Esta delimitación, hasta el momento presente, no parece haberse acometido.
En cuanto a la regulación específica sobre el uso de las lenguas aragonesas en los instrumentos notariales, dispone el artículo 21 de la reiterada Ley 3/2013, de 9 de mayo, de que «los instrumentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas propias de Aragón en los supuestos y con las condiciones previstas en la legislación civil aplicable».
De ello se colige fácilmente que el derecho al uso de las citadas lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas no se garantiza mediante la imposición de una obligación del conocimiento de las mismas al notario autorizante (a diferencia del supuesto de la lengua oficial), sino que se suple su desconocimiento, como se ha dicho, mediante el recurso a la elección por parte del testador de un intérprete que, no requiriéndose necesariamente su condición de oficial, ha de ser aceptado por el autorizante, y que asume la responsabilidad de la traducción, proyectada directamente en la redacción del original del testamento, para garantizar lo cual se impone la exigencia formal de su firma del mismo documento, junto con la del propio autorizante.
A todo lo anterior deben añadirse otros argumentos coadyuvantes de la conclusión anterior. Así, en primer lugar, el reconocimiento de los derechos de uso de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón requiere ostentar la condición de aragonés. Así resulta del artículo 1 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, uno de cuyos objetivos «es (…) garantizar a los aragoneses el uso de las lenguas y sus modalidades lingüísticas propias como un legado cultural histórico que debe ser conservado». Y más en concreto, la norma va dirigida a los aragoneses hablantes de las zonas de uso predominante de dichas lenguas y modalidades lingüísticas (vid. artículo 7.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón). En el caso objeto del presente expediente esta cualidad no concurre en el testador, el cual, según resulta de la propia escritura de herencia, nació en Barcelona, ciudad en la que falleció y en la que tenía su residencia, y era catalán por razón de su nacimiento, rigiéndose su sucesión por el Derecho Civil de Cataluña, como tampoco en la heredera, nacida y con residencia en la misma ciudad de Barcelona.
Por otro lado, el régimen lingüístico previsto por el artículo 421 del Código de Derecho Foral de Aragón se aplica específicamente a los testamentos. El recurrente reconoce en su escrito impugnativo que realiza una interpretación extensiva cuando aplica la misma norma a la escritura de aceptación y manifestación de herencia «por ser documento complementario del testamento». Sin embargo, es lo cierto que dentro del régimen lingüístico para los instrumentos notariales previsto en el Código de Derecho Foral Aragonés, a diferencia de lo que sucede en la legislación catalana, sólo se contempla la posibilidad de la redacción en alguna lengua o modalidad lingüística aragonesa (que, recuérdese, no tienen reconocido en el Estatuto de Autonomía de Aragón carácter de lenguas cooficiales) respecto de los testamentos (vid. artículo 412) y los pactos sucesorios (artículo 382) –además de las capitulaciones matrimoniales conectadas también con el régimen sucesorio ex artículos 381 y 382–.
La importancia que en este contexto tiene la aportación de una traducción del título sucesorio, junto con éste, en el Registro a efectos de su inscripción, ha sido destacada recientemente por este Centro Directivo en su Resolución de 11 de enero de 2017 en el que se planteaba si resulta suficiente una traducción parcial del título sucesorio a los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad. La respuesta no puede ser otra que la negativa de acuerdo a la doctrina que respecto de la integridad del título sucesorio tiene establecida esta Dirección General. De acuerdo con la misma (vid. Resolución de 4 de junio de 2012): «hay que partir de lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria cuando establece, con carácter imperativo, que «el título de la sucesión, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, la declaración judicial de herederos abintestato o el acta de notoriedad a que se refiere el artículo 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil» [redacción anterior a la Ley 29/2015, de 30 de julio]. En consecuencia, siendo como es uno de los títulos de la sucesión, a efectos del Registro, el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, la copia de ésta, como las del testamento, el contrato sucesorio, o la declaración judicial de herederos, han de presentarse en el Registro íntegras ya que, aparte de no resultar excepción en ningún sitio, la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada por la parte. La prueba documental, en efecto, es indivisible y, como resulta del Código Civil (artículos 1228 y 1229), no puede utilizarse parcialmente sin pasar por lo que resulta del entero documento: principio por lo demás sancionado expresamente por el artículo 321 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando priva al «testimonio o certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena». Una idea que resulta también del artículo 33 del Reglamento Hipotecario cuando dice que será título a efectos de inscripción el documento en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse, «en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción» y que «haga fe, por sí solo o con otros complementarios o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite». Un contenido que el registrador, antes de inscribir, habrá de seleccionar del documento, bajo su responsabilidad, previa valoración de su legalidad; cosa que mal podría hacer si se le sustrajese, en todo o en parte, el contenido del documento y por tanto del acto o negocio que se le pide que inscriba; contenido que, ni siquiera el mismo puede amputar parcialmente sino con las garantías prevenidas en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. (…) La eficacia del asiento se extiende a personas que no han sido parte material ni formal en el documento y que es misión del registrador cuidar que les perjudique sólo en la medida que según ley proceda; cosa, de nuevo, que mal podría hacer si se le hurta en todo o en parte el contenido del documento, y por tanto del acto o negocio que fundamenta el derecho cuya inscripción solicita la parte interesada (precisamente con el propósito de que pueda perjudicar a esos terceros que es misión del registrador proteger). Por último, mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción produce».
Invoca igualmente el recurrente a favor de su tesis impugnativa la doctrina de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 50/1999, de 6 de abril, en que se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (equivalente al artículo 13.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), en la que se afirma que «no cabe, en efecto, desconocer que en algunos supuestos singulares la oficialidad de la lengua propia de una Comunidad Autónoma no se detiene en los límites de su territorio. Lleva, por ello, razón la Comunidad Autónoma recurrente al afirmar que, en el anteriormente referido supuesto, someter a una traducción al castellano los documentos que, surgidos en una de ellas, deban surtir efectos en la otra (art. 36.2, y lo mismo cabe decir respecto de lo dispuesto en el art. 36.3), supondría un atentado a la oficialidad de la lengua en cuestión, común a ambas Comunidades Autónomas. Obligar a traducir al castellano todos los documentos, expedientes o parte de los mismos que vayan a producir efectos fuera de la Comunidad Autónoma, incluso en el caso de que en el territorio donde vayan a desplegar sus efectos tenga también carácter oficial la lengua en que dichos documentos hayan sido redactados, supone desconocer el carácter oficial de dicha lengua, ya que, como ha señalado la STC 32/1986, el carácter oficial de una lengua conlleva que los poderes públicos la reconozcan como medio normal de comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos. Por esta razón, en el ámbito territorial donde una lengua tiene carácter oficial, los actos jurídicos realizados en dicha lengua, aunque tengan su origen en un procedimiento administrativo instruido en otra Comunidad Autónoma en la que dicha lengua tenga también carácter cooficial, han de surtir, por sí mismos, plenos efectos sin necesidad de ser traducidos. Exigir en estos casos la traducción de los documentos supone desconocer la existencia de una lengua que en esa Comunidad Autónoma tiene igualmente carácter oficial, lo que constituye una vulneración del art. 3.2 C.E. y de los correlativos preceptos estatutarios en el que se reconoce el carácter oficial de otras lenguas distintas al castellano».
Finalmente, en relación con el argumento basado en la Resolución del director general de Planificación y formación profesional y del director de Política Lingüística de Aragón de 26 de abril de 2017, hay que señalar que lejos de apoyar la tesis del recurrente la desvirtúa, pues precisamente pone en evidencia el hecho de no haberse llevado a cabo la determinación de las zonas de utilización histórica predominante a que se refieren los artículos 7.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y 6 de la Ley de 3/2013, de 9 de mayo, por lo que, en atención al mandato del fomento de la enseñanza de las lenguas propias de Aragón, autoriza a determinados centros de educación «de forma transitoria», hasta la determinación de las citadas zonas en los términos previstos legalmente, a impartir enseñanzas de las citadas lenguas. Esta Resolución no resulta, pues, aplicable a un ámbito totalmente distinto, el del uso de las lenguas propias de Aragón en la redacción de los instrumentos públicos, ni la relación de municipios que incluye como anexo (que complementa la citada Resolución con el único propósito que expresa de autorizar transitoriamente la enseñanza de dichas lenguas a determinados centros educativos) puede producir otros efectos que los encerrados en los límites de dicha autorización, sin que ni por razón del rango de dicha disposición administrativa, ni por razón del ámbito de las competencias del órgano que la dicta, ni por razón de su finalidad, pueda alcanzar a modificar el régimen jurídico legalmente establecido en cuanto al idioma de redacción de los instrumentos púbicos inscribibles en los Registros de la Propiedad.