Source: http://hijosmardelplata.blogspot.com/2008/09/de-vuelta-tribunales-cerrar-comparta.html
Timestamp: 2017-08-16 19:18:42
Document Index: 297193991

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 75']

De vuelta a Tribunales
El represor Luciano Benjamín Menéndez se presentó ayer ante el juez federal subrogante de Tucumán Daniel Bejas para declarar en tres causas que lo tienen como imputado: el asesinato de los dirigentes docentes tucumanos Francisco y Arturo Arancibia (ambos eran hermanos) y las desapariciones de Liliana Aguirre y José Oliva. Menéndez desconoció la autoridad judicial federal y luego se abstuvo de declarar. Además de estar condenado dos veces con cadena perpetua, Menéndez ahora tendrá que desalojar su celda en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga por orden de la ministra de Defensa Nilda Garré, que resolvió que las unidades militares no sean cárceles de represores. Esa resolución aún no fue ejecutada por la Justicia tucumana. Luego de la lectura de los fundamentos de la condena por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse, Menéndez deberá volver a Córdoba. Se prevé que en este viaje sea escoltado por el Servicio Penitenciario Federal.
EL PAIS › PIDEN INVESTIGAR A UN JUEZ DE LA CORTE TUCUMANA
Goane tuvo una activa participación durante la dictadura militar mientras el general Antonio Merlo era interventor. El cargo que mayor sospecha genera es el de titular del Registro Civil, función que ocupó desde abril de 1976. “Una persona con ese pasado no puede ocupar un cargo de tanta envergadura”, se quejó el titular de la comisión de Derechos Humanos de la legislatura, Héctor Romano.
La nota también fue enviada con copia al secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. En la misiva se detalló una lista con otros funcionarios para ser investigados. El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, quien se hiciera famoso por una foto en la que aparecía sentado en
el despacho de Bussi con un arma en el escritorio durante su gestión militar; el presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad, Carlos Villaluenga, y el defensor oficial Jorge Monteros, ligado al Ejército. Parajón pidió que “se arbitren todos los mecanismos institucionales” para conocer el paso por la administración pública durante los años de plomo, principalmente de Goane.
“Ya pedimos informes a todos los estamentos del Estado provincial para que nos envíen las diversas áreas en donde se desempeñó Goane”, aseveró Romano. Ante la consulta sobre la posibilidad de juicio político y posterior destitución, el legislador respondió: “Hay muchos indicios, pero se deberá actuar a paso firme”.
Goane fue designado por Merlo, que también nombró a Francisco Sassi Colombres, quien fue propuesto por el gobernador José Alperovich como juez de la Corte Suprema en marzo de este año. En esa oportunidad una llamada desde la Casa Rosada hizo que la renuncia se concretara antes d
e la asunción. “Kirchner habló con el gobernador Alperovich y Sassi batió su propio record. En apenas unas horas descubrió que su estado de salud no le permitiría asumir. Era el segundo funcionario de la dictadura que llegaba a la Suprema Corte. El otro es René Mario Goane, designado por el mismo interventor militar que nombró a Sassi Colombres”, escribió en este diario Horacio Verbitsky el 16 de marzo pasado.
EL PAIS › CLAUDIO TAMBURRINI CONTO SU FUGA DE LA MANSION SERE ANTE EL TRIBUNAL ORAL Nº 5
“La Fuerza Aérea decidió borrar huellas”
El ex arquero y actual filósofo dio su testimonio en el juicio en el que se juzga a dos ex jefes de la Brigada Aérea de Morón y a un jefe militar de Mar del Plata. “Estoy seguro de que estuve en Seré po
rque volví muchas veces”, aseguró.
de dar testimonio por primera vez en el Juicio a las Juntas, a seis de publicar su historia en formato de libro y a apenas dos de la filmación de Crónica de una fuga, Claudio Tamburrini volvió a relatar ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 pormenores de su cautiverio en Mansión Seré y de la fuga que protagonizó junto a otros tres secuestrados el 24 de marzo de 1978. Fue durante una nueva audiencia del juicio a los ex jefes de la Brigada Aérea de Morón de la que dependía el centro clandestino, brigadieres retirados Hipólito Mariani y César Comes, quienes permanecen excarcelados y fueron autorizados a no presenciar las audiencias.
Tamburrini fue secuestrado en su casa de Ciudadela el 23 de noviembre de 1977. Por entonces era arquero de Primera División del club Almagro. Fue justamente mientras conversaba sobre fútbol cuando un guardia le reveló que el centro clandestino estaba bajo la órbita la Fuerza Aérea Argentina. Ayer recreó durante dos horas la historia que luego guionó junto al director Adrián Caetano para la película que cuenta la historia de su cautiverio y la huida que protagonizó junto a otros tres prisioneros.
Doctor en filosofía e investigador de la Universidad de Gotemburgo, radicado en Suecia desde poco después de su liberación, Tamburrini relató los variados tormentos que se aplicaban en Mansión Seré y recordó como jefe de la patota de interrogadores a un suboficial aeronáutico de apellido Scali, quien fue identificado por un prisionero que había sido su amigo de la infancia. “Creo que ese conocimiento le jugó en contra a Jorge Infantino, que también fue mi compañero en el colegio nacional Tomás Espora de Liniers, porque fue trasladado y permanece desaparecido”, dijo.
“El trato se puso muy duro a partir de febrero, cuando yo llevaba casi tres meses detenido, porque se escaparon dos presos que eran del barrio Carlos Cardel”, relató. Convencido de que iban a ser asesinados, fue su compañero de cautiverio Guillermo Fernández quien lo instó a idear un plan de fuga. “Había pasado la Navidad, no nos liberaban y yo también llegué a la conclusión de que no me iban a liberar de inmediato o bien nos iban a matar, de modo que le dije que sí”, añadió. Con lujo de detalles relató el enfrentamiento con los otros prisioneros en torno del tema de la fuga y finalmente el escape, en la madrugada del 24 de marzo de 1978, cuando junto a Fernández, Carlos García y Daniel Russomano huyeron desnudos por una ventana del centro clandestino de Morón.
“Estoy seguro de que estuve en la Mansión Seré porque de allí yo me fui caminando y porque luego volví muchas veces”, aclaró. Pocos meses después de la fuga “me invitaron a comer un asado en Parque Leloir y fui con el dueño de casa a comprar carbón. Ibamos en su auto y me mostró la Mansión Seré, contándome lo que se decía del lugar entre los vecinos. Yo la reconocí de inmediato, pero no abrí la boca”, dijo.
Poco antes de salir del país, a fines del ’79, decidió volver. “Lo hice en coche y entré al predio, pero la casa ya había sido quemada, porque luego de nuestra fuga la Fuerza Aérea decidió borrar las huellas”, explicó. “Yo permanecí 120 días en la Mansión Seré y luego estuve un año y dos meses en la clandestinidad, ayudado por compañeros, hasta que salí por la frontera a Brasil”, precisó. Tamburrini volvió al lugar en 1984, tras la vuelta de la democracia, como testigo de un reconocimiento ocular ordenado por la Cámara Federal de Capital Federal en el marco del juicio a los miembros de las juntas militares, donde testimonió por primera vez.
Este texto fue presentando hace un año atras y una de las acciones de las jornadas por La Memoria, La Verdad y La Justicia, es reiterar el reclamo ante la Justicia Federal y finalmente un escrito del entrañable Rodolfo Waslh sobre el Che Guevara y Jorge Masetti.
SOLICITAN INVESTIGACION SOBRE EL DESTINO DE JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN. RECUSA CON CAUSA.
DAVID ARNALDO LEIVA, DNI 12417.873, argentino, con domicilio en calle Egües 320 de la ciudad de Orán, y GUIDO SALOMON VILLENA, DNI nº 20.398.595, argentino, domiciliado en calle Lavalle nº 147 de Orán, y Matilde Elena Ruiz, DNI 22424697, con domicilio en calle Lavalle 789 de Oran, HUGO RAMON TAPIA, DNI nº 22.386.808, argentino, mayor de edad, con domicilio real en Gral. Arenales esq. Sebastian Cuenca, Barrio 402 Viviendas de Orán, en su carácter de Mesa Directiva de la Asociación "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA", con domicilio real en la calle Arenales y Gral. Paz, Edificio Impulso, P.B. de la ciudad de Oran, y constituyendo procesal en calle Egües 320 de la ciudad de Orán, LUIS ANTONIO SORIA, DNI: 6.697.509, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, Buenos Aires, actuando con el patrocinio letrado del Dr. David Arnaldo Leiva, T° I F° 130, en la causa nº P-1127/06, nos presentamos a V.S. y respetuosamente decimos:
Que venimos a solicitar que este tribunal investigue lo ocurrido con los militantes del E.G.P JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, determinando las circunstancias de tiempo modo y lugar de la desaparición de los mismos y el lugar donde fueron enterrados a fin de garantizar el derecho a la verdad histórica y el duelo, todo conforme a los hechos y al derecho que pasamos a exponer.-
2.1. La legitimación de la Asociación "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA".-
En el expediente n° 3-406/00 caratulado "PARADA DE RUSSO, REINA ISABEL; ORTIZ ALBINA Y OTROS – INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE SALTA-HABEAS DATA", que se tramita por ante el Juzgado Federal de 1° Instancia n° 2 de Salta fue iniciado Isabel Parada de Russo y David Arnaldo Leiva, entre otros, integrantes de la Mesa directiva.
Que la Asociación mencionada es un organismo no gubernamental de derechos humanos con ámbito de actuación en nuestra provincia y tiene como uno de sus objetivos, conforme se desprende del estatuto que acompañamos, ejercitar a través de la Justicia el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales.-
La cuestión acerca de la legitimación de los organismos de derechos humanos ha sido resuelta por la justicia federal, con fecha 9 de Mayo de 2001, en el juicio de la Verdad, expresando el Dr. Miguel Ángel Medina: "... Además, otras razones abonan aún más la posibilidad que dicha acción puede ser intentada en el presente por organismos u asociaciones intermedias, pues en este supuesto en particular, puede afirmarse contundentemente, que poseen legitimación conjuntamente con los familiares de los afectados...."
"...Dentro de éste amplio esquema de garantías constitucionales, el mismo art. 43 citado, en su último párrafo, admite en forma expresa la posibilidad de interponer habeas hábeas, por el afectado o por cualquiera a su favor, cuando el derecho lesionado fuera la libertad física, en el caso de desaparición forzada de personas, como uno de los cinco tipos de hábeas hábeas.-Al decir de Miguel Ángel Ekmekdjian en su Tratado de Derecho Constitucional, (Tomo IV, pág. 100, Ed. Depalma, Bs. As. 1997): "los constituyentes han querido incluirlo expresamente en el texto constitucional, como una forma de poner acento en el respeto a los derechos individuales, una declaración política contra los métodos aberrantes utilizados por el último gobierno de facto, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que los admitió para averiguar el paradero de personas denunciadas como desaparecidas por sus parientes o amigos... V.-Como corolario de lo apuntado, puede decirse que para esta particular causa, existen garantías constitucionales que habilitan a las asociaciones adherentes a intervenir, sin que ello importe un mayor desgaste jurisdiccional... De conformidad con los fundamentos expuestos, RESUELVO: I.-DESESTIMAR el pedido efectuado por.... y en su mérito, considerar a las asociaciones presentadas en autos a fs 32/48, con legitimación activa para intervenir en este proceso."
Que el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, habilita al "ENCUENTRO POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SALTA" para peticionar a la Justicia sobre el destino de los militantes del E.G.P. ya que por las circunstancias particulares del caso, conforme se desarrollará mas adelante, se discute cuestiones atinentes a la afectación de los derechos humanos y la dignidad humana.-
Que la no aparición de los restos mortales de los militantes del E.G.P. JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, luego de procedimientos realizados por el Escuadrón 20 Oran de la Gendarmería Nacional para detener y desarticular al grupo que pertenecian, lleva aparejado la afectación a intereses ciertamente "difusos", en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido, precisamente por la indeterminación misma que conlleva el concepto 'grupo' o 'comunidad'. Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como nuestra Asociación, que tiene una innegable representatividad respecto de los derechos humanos en su ámbito de actuación; en consecuencia, resulta evidente que estamos perfectamente habilitados para asumir el rol de actores sin cuestionamientos visibles por el momento en la defensa de intereses colectivos.
2.2. La actuación del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta en representación de la comunidad afectada por el delito.
Nuestra Asociación, integrada por familiares de detenidos desaparecidos en Oran, se ha dedicado orgánicamente desde que nació, a la asistencia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales cometidas por el Estado bajo la guía de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la lucha contrasubversiva o antiinsurgente en las épocas del Terrorismo de Estado, entre otros, orientando y poniendo a disposición de las mismas o sus familiares profesionales para el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que tiendan a la reparación de la justicia lesionada, como así también se dedica a Promover conferencias, mesas redondas, debates y publicaciones en defensa de los Derechos Humanos Fundamentales, y especialmente de las libertades públicas, y de las demás garantías que consagra la Constitución Nacional.-
Somos una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos en la Provincia de Salta.
Con este fin, hemos desarrollado una cuantiosa labor, desde la asistencia a las víctimas y familiares del Terrorismo de Estado hasta la asistencia de las víctimas actuales de la exclusión social y económica, participando a través de nuestros abogados en el impulso de causas legales contra el abuso estatal y en la defensa técnica de los luchadores sociales, pues un objetivo de nuestra Asociación es la utilización de los tribunales locales para un pleno ejercicio de los derechos.
Desde nuestra creación hemos priorizado como una temática principal las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar genocida y hemos formulado denuncias a través de nuestros integrantes y mesa directiva, proporcionando todos los datos y testimonios pertenecientes a los archivos de nuestra Asociación.-
Es pública y notoria – a través de actos, encuentros nacionales y provinciales y publicaciones- nuestra participación en la búsqueda del esclarecimiento sobre el destino de los ciudadanos que sufrieron la detención forzosa seguida de desaparición, no solo por nuestra actividad en el expediente n° 3-406/00 caratulado "PARADA DE RUSSO, REINA ISABEL; ORTIZ ALBINA Y OTROS – INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE SALTA-HABEAS DATA", sino también en el anhelo del juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio salteño.-
Que nuestra asociación fue admitida como querellante en la causa "AUTORES DESCONOCIDOS- OSORES RAUL BENJAMIN- PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD", Expediente n° 35/05 y en la causa nº 748/04 "AUTORES DESCONOCIDOS – DENUNCIA DESAPARICION DE PERSONAS, DAMNIFICADO: SANTOS ABRAHAM GARNICA", ambas de tramite por ante el Juzgado Federal nº 2 de Salta, conforme se desprende de copia de la resolución que acompañamos.
En consecuencia, en una situación como la presente, la no aparición o desaparición de los militantes del E.G.P. JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN, mientras eran perseguidos en las yungas oranenses por fuerzas de seguridad imbuidas de la doctrina contrainsurgente tal como surge de las publicaciones "El Centinela", revista de la Gendarmería Nacional, inscribe la investigación que se pide en hechos que se pueden tipificar como violaciones a los derechos humanos, los que sin lugar a dudas están claramente relacionados con nuestro finalidad social y que son de indudable interés para la comunidad.-
Pero además, confirma esta posición el hecho de que en el presente caso, las víctimas Masetti y Altamira Guzmán no se encuentran dado que están desaparecidas. Y el hecho de no hallarse las víctimas otorga a la cuestión una dimensión colectiva: ante su ausencia, alguien debe velar por el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia de estas víctimas. Se trata entonces de la afectación a intereses "difusos", en el sentido de que queda en cabeza de un sujeto indefinido. "Y ese interés difuso en la reparación de una expectativa defraudada particularmente se centra en este caso en las distintas organizaciones de derechos humanos como el CELS" (cf. Resolución del Juzgado N° 4 Federal de la Capital Federal, con fecha 6/10/2000, aceptando la legitimación del CELS para constituirse en parte querellante de la causa).
Por los fundamentos antes mencionados, y teniendo en cuenta que somos una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos, nos presentamos ante este Juzgado con el objeto de ser tenidos como parte actora en este expediente.
3.-ANTECEDENTES Y HECHOS:
Lucho Soria[1] en un trabajo periodístico, expresa "En mayo de 1963, una treintena de jóvenes partió de Buenos Aires rumbo al norte argentino para lanzar allí la guerrilla rural. Los encabezaba Jorge Massetti, el "Comandante Segundo", fundador de la agencia cubana de noticias Prensa Latina y ex combatiente en Argelia, quien había conocido a Fidel Castro y al Che Guevara en Sierra Maestra, cuando los entrevistó para Radio El Mundo, de Buenos Aires, y quedó convencido de la justicia de la causa revolucionaria del Che.
Según sus principales protagonistas, la incipiente organización y la soledad política que rodeó este primer intento de insurrección armada facilitaron el éxito de la "Operación Santa Rosa" que dirigieron el jefe de la Gendarmería, general Julio Alzogaray, y el mayor Héctor Báez, jefe de la Agrupación Salta de esa fuerza. En uno de los pocos combates librados por el EGP, mataron a Hermes Peña y a otros cuatro guerrilleros, detuvieron a 14 de ellos, entre otros a Héctor Jouvé, Federico Méndez y Henry Lerner, quienes fueron torturados cruelmente antes de someterlos a procesos judiciales que violaron todas las normas legales vigentes….
……Jouvé y Méndez fueron condenados a cadena perpetua, el resto de los detenidos cumplieron condenas menores y nunca se pudo dar con los restos de Massetti. Varios años después, el Terror de Estado implantado en la Argentina en 1976 se ensañaría no solo con quienes combatieron en el monte sino también con sus familiares. En abril de ese año, los militares tomaron la casa de los Lerner en Cosquín, Córdoba, y se llevaron a su padre, Jacobo, quien desde entonces permanece desaparecido. Pocas horas después, Henry también fue detenido hasta que, años después, pudo irse del país con su familia.
Semejante ensañamiento con quienes fundaron el EGP parece obedecer menos a su eficacia militar y política que al carácter simbólico de uno de los primeros intentos guerrilleros de la Argentina. Es que, en la memoria de miles de jóvenes que apenas sabían de lo sucedido en Salta, el EGP se ligaba estrechamente a la gesta del Che…."
Los hechos relatados fueron objeto de un juicio penal en la causa Nº 56.903/64 caratulada: "Asociación Ilícita, Intimidación Pública, Delitos contra la Seguridad de la Nación, Atentado y Resistencia a la Autoridad con muerte misma y Homicidio", Sumario Nº 10/64 (Gendarmería Nacional, Oran, Salta).
La causa penal concluyó con la condena de los militantes del E.G.P. mencionados.
De conformidad al art. 178 CPP vigente a la fecha de los hechos investigados, la jurisdicción del Juzgado Federal nº 1 de Salta, en la causa mencionada, ha concluido ante la sentencia dictada.-
Un pedido realizado en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Abel Cornejo, sustanciado en la causa penal mencionada y concluida, determinó que el militante cubano Hermes Peña fuera encontrado en Junio del 2005, después de 36 excavaciones en el cementerio de Oran, ante información suministrada por el Escuadrón 20 Orán de la Gendarmería Nacional, sin embargo aún no se logro determinar el lugar donde yacen los restos de Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, a pesar que se cavaron 6 tumbas en distintas fincas de la zona rural del departamento Orán entre los limites de Salta y Jujuy, sobre el rio Piedras.
El Estado Argentino no ha dado respuesta sobre el destino final de los militantes del E.G.P. Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, por lo que solicitamos a V.E. que, se procure obtener información detallada sobre la suerte de los mismos y se determine la circunstancias de tiempo modo y lugar de la muerte de los mismos, ya que existen sospechas fundadas que los mismos fueron detenidos por fuerzas de seguridad y que permanecen hasta la fecha en condición de detenidos-desaparecidos.-
4. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR E INFORMAR.
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas."[2]
La investigación de los hechos en la causa Nº 56.903/64 y la condena de los militantes del E.G.P. estuvo precedida no solo de las torturas infligidas a los detenidos para que declaren en contra de si mismo[3], sino por los valores y la apreciación de la realidad histórico política de esos sectores de "las clases dominantes" que señalaba Rodolfo Walsh conforme lo expuesto "gratuitamente" por el Juez que dicto sentencia en el expediente mencionado.
"La actuación de Gendarmería Nacional en este asunto, fue de capital importancia, si se tiene en cuenta el origen de ese movimiento, que estaba basado sobre ideas comunistas, que repugnan a nuestra democracia….
Si la autoridad policial no hubiera actuado, la actividad de los acusados hubiera crecido y constituido un gran peligro para las instituciones de la argentina y por lo tanto para la democracia, pues a instrucciones que tenían de "formar un cuerpo guerrillero" para la guerra de guerrilla. Algo parecido a lo que ocurrió en Cuba, en cuanto como comenzó su actividad Fidel Castro para llegar a tomar el gobierno de ese país. Todos sabemos lo que allí sucedió, luego de tomar el poder Fidel Castro, anulo todos los derechos individuales, disponiendo de bienes y vidas de sus habitantes e implantó el comunismo en toda Cuba.
Por esta razón el movimiento del E.G.P. constituía para el país un gran peligro en potencia, que era necesario terminar, con el fin de asegurar a la Nación, la Paz y la tranquilidad dentro del régimen democrático, no permitiendo que ideas extremistas se difundan y crezcan con falsas promesas engañando y defraudando a personas que en su ingenuidad puedan cooperar, favoreciendo un movimiento extremista.
Esto es lo que sucedió en el presente caso, es casi increíble que argentinos con instrucción universitaria hayan atentado contra su patria, pretendiendo imponer un régimen de oprobio, olvidando que este país desde su nacimiento ha sido democrático y debe seguir siéndolo".[4]
Demás esta decir que la democracia valorada por el Juez al sentenciar era la que surgía de la proscripción de las mayorías políticas argentinas y la patria reivindicada era la de los que concentraban la riqueza y postraban al país al polo hegemónico liderado por EEUU, en la era del mundo "bipolar" que sirvió de sustento a la doctrina de la seguridad nacional.
A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde su relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Jorge José Ricardo Masetti y Oscar Atilio Altamira Guzmán, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro.-
Esta otra historia, es la que nos pertenece como integrantes del pueblo y la que el estado tiene el deber de velar, a través de la investigación que proponemos en esta demanda.
Entonces la guerra estalla, anacrónica, en el presente, y el pasado vuelve a la carga y arremete contra la verdad hipócrita de los vencedores. Y se instala, imperturbable, en el ojo del huracán. Y resiste.
Los vencedores cuentan con el derecho a recordar, con los medios para difundir sus hazañas, con el silencio como aliado para exterminar las voces opositoras, con la mentira como recurso práctico para ocultar miserias. Los vencidos se apropian de la memoria como náufragos sedientos de rebeldía, y juegan con ella a recuperar viejas lecciones, resisten al olvido, combaten la mentira, reconstruyen la historia. Su historia.
Seamos partícipes, por un momento, de esta batalla. Tomemos posición, rechacemos la hipócrita neutralidad del recuerdo y volvamos la vista atrás. Allí hay una historia que vuelve, la de un cubano que murió lejos de su patria, en el monte salteño, la de un hombre cuya historia permanece hoy desvanecida por la mentira y el olvido de los vencedores. La suerte de una causa que hoy vuelve, también, para intentar explicarnos las razones del sacrificio, las motivaciones de un proyecto, la heroicidad de los actos. Volvamos, pues, al campo de batalla del pasado para reconstruir nuestra propia historia. Viajemos con Hermes Peña Torres por los laberintos de la memoria.
El estado de derecho impone la obligación básica de investigar e informar sobre lo ocurrido en este periodo oscuro de la argentina. Los valores del sistema democrático requieren la efectiva y plena vigencia de los derechos humanos, y la investigación a todas las violaciones a estos derechos es una exigencia de la sociedad en general y en particular de las víctimas y sus familiares.
En el caso particular del fenómeno de la Desaparición Forzada de Personas, la investigación de las violaciones no es suficiente si no se informa a las familias de los desaparecidos toda la verdad. Si la desaparición forzada de personas es una herramienta que la doctrina de la guerra contrainsurgente y de la seguridad nacional aplicada por las fuerzas de seguridad usó para desconectar y confundir a las familias y para engañar a la sociedad y al mundo, entonces la información detallada de todo lo ocurrido y la transparencia total resulta indispensable. Para ello el Estado debe poner a disposición de los interesados directos y de la sociedad en general toda la información que posee como así también los medios idóneos para llegar a la verdad. No se trata de un gobierno o de otro, sino del Estado como tal que no puede desentenderse de su pasado.
En el caso de desapariciones forzadas, el articulo 1.1 de la Convención le atribuye al Estado una obligación especifica de haber, es decir, una obligación de investigar y de informar. En todo caso, esta obligación de hacer no se satisface con el mero hecho de facilitar el acceso de los familiares documentación que se encuentre bajo control oficial. Ello sería, obviamente, un principio de cumplimiento que, en el caso argentino, aún hoy no se ha materializado en forma plena. El Estado está obligado a desarrollar una tarea de investigación y corroboración de los hechos, estén o no consignados en documentos oficiales, con el fin de esclarecer los hechos, establecer la verdad de lo ocurrido e informar a los familiares y a la opinión pública en general. Se trata, de una obligación afirmativa y activa enderezada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que no están hoy debidamente documentados.
A pesar de que las desapariciones ocurrieron con anterioridad a la ratificación de la Convención por parte de la Argentina, estas obligaciones son exigibles al Estado, ya que en el caso de las desapariciones forzadas nos encontramos frente a una violación de ejecución continuada. ([5]) En este sentido la Corte Interamericana ha dicho que: El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. ([6])
La obligación de investigar e informar se funda en el derecho de los familiares de las víctimas, y de la sociedad toda a conocer la verdad sobre estos graves hechos que aún se encuentran presentes en la memoria nacional y de la comunidad internacional.
5. El Derecho a la Verdad.
Es en este especial contexto que adquiere relevancia el "derecho a la verdad". En los últimos años ha comenzado ha forjarse este nuevo concepto que hace referencia al inalienable derecho de las personas y sociedades a tener un conocimiento pleno de todo lo ocurrido. Este derecho, que no es más que la reconceptualización de antiquísimos deberes del Estado y derechos de los individuos y que en nuestro ordenamiento jurídico interno puede ser fácilmente deducido como uno de los derechos "que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno" reconocidos en el art. 33 de nuestra Constitución Nacional, se levanta ahora con toda la fuerza exigiendo que el Estado no pueda desentenderse de su obligación de investigar. El derecho al a verdad, entonces, es el derecho a obtener respuestas del Estado.
En este sentido, el derecho a la verdad es la facultad de todo individuo a exigirle al Estado que lo informe acerca de todo aquello que el corresponda saber. Sin circunscribirse solo a este caso, en los supuestos de desaparición forzada de personas tal derecho significa que el Estado debe informar a las familiares de las víctimas acerca del paradero de sus seres queridos. Es el derecho a obtener una respuesta final que detalle las circunstancias de la desaparición, detención y muerte de las victimas. El derecho a al verdad incluye el derecho a saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos. El derecho a la verdad es por ello un elemento del derecho a la Justicia.
Este derecho, sin embargo, no pertenece sólo a los familiares directos de los desaparecidos o a las personas que por alguna razón particular tienen aptitud para legal para obtener respuestas del Estado. También la comunidad en general tiene el derecho a saber lo ocurrido, a conocer toda la verdad sobre su pasado. En esta perpectiva no individual del derecho a la verdad se asienta el derecho de la comunidad a conocer su pasado, entre otras razones como una forma de resguardarse para el futuro. Es el derecho de la sociedad a conocer las falencias de sus instituciones como única forma de consolidar la democracia.
6. El Derecho al Duelo.
Unos de los elementos del llamado "derecho a la dignidad" reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos son el respeto al muerto o el "derecho al duelo". Este derecho que ha sido motivo de numerosos estudios de las ciencias sociales constituye un patrimonio cultural que el Estado no solo tiene la obligación de respetar sino de garantizar. Es público y notorio –en este sentido- que tanto familias religiosas como ateos, en la sociedad argentina y universal, realizan rituales con motivo de la muerte de sus seres queridos y el entierro de los cuerpos, demostrando con estos actos simbólicos su preocupación por la "trascendencia" del espíritu humano, diferenciándonos entre otras cosas, por estas manifestaciones simbólicas del resto del reino animal. Quienes nos niegan el derecho de enterrar a nuestros muertos no están haciendo otra cosa que negar nuestra condición humana. El culto a la muerte existió y existe con diversas manifestaciones. La sepultura y el lugar de enterramiento como hoy lo conocemos (en cementerios) es patrimonio de la cultura del hombre civilizado.
Nuestro reclamo actual por el respeto del derecho a la dignidad, por el respeto a los muertos y al derecho al duelo, no es más que la repetición de los reclamos que desde hace ya varias décadas venimos realizando.
El respeto al cadáver y al cuerpo humano fue receptada en numerosas normas administrativas-hospitalarias y legislativas, como por ejemplo la ley n° 21.541 de transplantes de órganos, modificada por ley 23.464.
Una de las principales consecuencias del crimen de desaparición forzada es la incertidumbre en que sume a los familiares de las víctimas sobre el destino y paradero de sus seres queridos, además de la imposibilidad de dar sepultura digna a sus restos. En tanto el Estado no investigue e informe sobre las circunstancias de la desaparición y el lugar donde se encuentran los restos, falta a su deber elemental de hacer cesar la violación. En otras palabras, los familiares de las víctimas tienen el derecho a recibir información sobre el destino de sus seres queridos. Por ello, el Estado debe terminar con la incertidumbre mediante un esfuerzo investigativo verdadero y eficaz para aportar la información que corresponda.
La incertidumbre hace de cada familiar también una víctima directa de la violación. El Comité de Derechos Humanos del Pacto de Naciones Unidas se basó en este principio en el Caso Quinteros v. Uruguay, para concluir que la madre de un desaparecido tenía derecho a compensación como víctima del sufrimiento causado a raíz de la falta de información. ([7])
El Comité comprende la angustia y el estrés causados a la madre por la desaparición de su hija y la continua incertidumbre respecto a su destino y su paradero. La peticionaria tiene el derecho a saber qué le ha ocurrido a su hija. En este sentido, ella también es una víctima de las violaciones al Pacto sufridas por su hija.
Sobre la base de esta decisión, se ha reconocido que el sufrimiento de los familiares constituye per se una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante.
La Corte Interamericana también admite la presunción de que los padres sufren "moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de un hijo" ([8]) y por lo tanto tienen derecho a obtener una indemnización por daño moral.
Sin embargo, el deber de reparar integralmente el daño causado no se satisface únicamente con el ofrecimiento de una suma de dinero como monto indemnizatorio. Muy por el contrario, el derecho a la indemnización es antes que nada el derecho a una reparación integral. La primera forma de satisfacerlo es la restitutio ad integrum. Para el desaparecido mismo la restitutio es imposible si su destino ha sido la ejecución extrajudicial y el ocultamiento del cadáver. Pero para el resto de las víctimas, es decir los familiares, el primer paso de una restitutio sí es posible: consiste simplemente en poner fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que se encuentran.
El conocimiento pleno de las circunstancias de cada caso también es parte de una forma de reparación "moral" a la que las familias de los desaparecidos son acreedoras. Universalmente se reconoce que la investigación de la verdad y su amplia difusión pública están incluidas entre los "recursos efectivos" que los Estados deben asegurar en caso de violaciones graves y sistemáticas. Estos recursos de contenido puramente moral son, muchas veces, más importantes para los familiares de las víctimas que las indemnizaciones pecuniarias.
Únicamente una exhaustiva investigación judicial y la plena revelación de la verdad, puede en parte reparar el estigma y la culpa que la sociedad les asigna a los desaparecidos al imputarles, injusta y maliciosamente, participación en actividades sospechosas para haber merecido tan terrible suerte. Sólo el conocimiento detallado de las circunstancias de cada caso puede contribuir a reparar el daño causado y dar una satisfacción a los familiares de las víctimas.
El derecho a la Verdad y el derecho al Duelo son parte de los derechos humanos a los que el Estado tiene la obligación de garantizar, para lo que recurrimos a V.E. a fin de que comience una investigación jamás realizada en Salta e informe a los familiares de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN y a la sociedad acerca del destino de estos militantes del E.G.P. ocurridos en un periodo de la historia en la que las mayorías estaban proscriptas por el brazo armado de las oligarquías.
7. MEDIDAS DE PRUEBAS SOLICITADAS.
7.1. Causa Nº 56.903/64 caratulada: "Asociación Ilícita, Intimidación Pública, Delitos contra la Seguridad de la Nación, Atentado y Resistencia a la Autoridad con muerte misma y Homicidio", Sumario Nº 10/64 (Gendarmería Nacional, Oran, Salta), en poder del Juzgado Federal de Salta nº 1. Solicito se requiera la misma ad effectun videndi et probandi.
7.2. Requiera los archivos en poder del Escuadrón 20 Oran de Gendarmería Nacional e información de todo lo actuado por la misma vinculado al E.G.P. y al Operativo Santa Rosa.
Requerirá el suministro del nombre y domicilio del personal de Gendarmeria Nacional que ha actuado en dicho operativo y del personal de inteligencia afectado al mismo.
7.3. Disponga las testimoniales del personal de Gendarmería Nacional que ha participado en el conocido operativo "Santa Rosa" y de los sobrevivientes del E.G.P.
7.4. Disponga las testimoniales de los militantes del E.G.P. que oportunamente se individualizará.
7.5. Solicitará vía exhorto diplomático para que la república de Cuba remita todos los antecedentes que obren en su poder del E.G.P. y de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN.-
8.-RECUSA CON CAUSA: Que recusa con causa al Señor Juez Federal Raúl Juan Reynoso por haberlo denunciado penalmente y atento a que este se inhibe por violencia moral, tal como surge del expediente nº P 1.127/06 y P 1058/06 y P 452/07.
9.- Petitorio: Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:
9.1. Declare en forma expresa la inalienabilidad del derecho a la verdad y la obligación del respeto al cuerpo y del derecho al duelo dentro del ordenamiento jurídico argentino, así corno también la obligación del Estado argentino de investigar los hechos denunciados hasta su total esclarecimiento.-
9.2. Tutele los derechos y para ello arbitre las medidas necesarias para determinar el modo, tiempo y lugar de la detención y muerte y el lugar de la inhumación de JORGE JOSE RICARDO MASETTI Y OSCAR ATILIO ALTAMIRA GUZMAN.-
9.3.-Elabore finalmente un informe en relación a cada uno de ellos.
[1] Trabajo extraído de la Revista Los ´70, N°7 "El guevarismo en la Argentina".
[2] Rodolfo Walsh, citado por Hugo Montero en "La Historia del Guerrillero Cubano del EGP" www.revistasudestada.com.ar
[3] Carlos Humberto Bandoni a fs 1380/1385 expresa que entre las torturas infligidas "Lo pusieron frente a dos cadáveres que decían que era de Hermes y de Jorge, abiertos por la mitad y al llegar allí lo agarraron por los pelos y le pusieron la cabeza donde estaba abierto el cuerpo, diciéndole "creo que no te vas a negar a reconocerlo".
Que los imputados Jorge Wenceslao Paul, Jorge Raúl Bellomo, Juan Héctor Jouve, Lazaron Enry Lerner, Antonio Dib, entre otros.
[4] Considerandos VI de fs 1936 y vuelta de la sentencia firmada por el Juez Federal de Salta Dr. Tristan G. Martinez.
[5] En su definición de "desaparición forzada", la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –-aprobada en la Séptima Sesión Plenaria de la Asamblea General de la OEA, 9 de julio de 1984-- (OEA/Ser. PAG/Doc. 3114/94 Rev. 1) aclara en sus artículos 2 y 3 que esta conducta consiste en la privación de la libertad cometida por agentes del Estado o quienes actúen con su aquiescencia "..seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes" y que "dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima" (el énfasis es nuestro).-
[6] Caso Velásquez Rodríguez, ibidem, Párr. 181.-
[7] Caso No. 107/1981.
[8] Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (art. 63. 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C. No. 15, párr.
El presente texto fue extraído de una recopilación de artículos sobre el Che Guevara publicado por la Casa de las Américas en 1986.
De aquel humor se hacia la primera víctima. Que yo recuerde, ningún jefe de ejército, ningún general, ningún héroe se ha descrito a sí mismo huyendo en dos oportunidades. Del combate de Bueycito, donde se le trabo la ametralladora frente a un soldado enemigo que lo tiroteaba desde cerca, dice: "mi participación en aquel combate fue escasa y nada heroica, pues los pocos tiros los enfrenté con la parte posterior del cuerpo". Y refiriéndose a la sorpresa de Altos de Espinosa: "no hice nada más que una retirada estratégica a toda velocidad en aquel encuentro". Exageraba él estas cosas, cuando todos sabían que acaba de recordar Fidel, que lo difícil era sacarlo del lugar donde hubiera más peligro. Dominaba su vanidad como el asma.
Que ahora está desparramado en cien ciudades
entregado al camino de quienes no lo conocieron
El encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia colocó el 24 de marzo a horas 9 en la interseccion de la ruta nacional 50 y la calle Zenta, a la entreda del camino a Gendarmeria, un cartel que señala que el Escuadron 20 Oran fue un centro clandestino de detencion y torturas en 1964 y 1976.
Hoy jueves a la tarde nuevo acto como parte de las actividades.
Orán: Nora Cortiñas participará de un encuentro de derechos humanos
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, Nora Cortiñas, llegará el jueves próximo a San Ramón de la Nueva Orán para participar de las actividades previstas en el marco del 2º Encuentro de Derechos Humanos, que organiza la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El Encuentro será el final de actividades que se iniciarán el martes próximo, de comienzo formal de la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
El miércoles, a las 10, en el Portal de la Memoria, la plaza Santa Marta (Avenida Pizarro esquina Emilia Bustamante), se realizará un acto por el día municipal de la memoria.
El jueves, a las 16, se colocará nuevamente un cartel que identifica como Centro Clandestino de Detención al Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en Orán, lugar por el que pasaron algunos detenidos políticos que hoy están desaparecidos, entre ellos Raúl Benjamín Osores.
A las 18 se colocarán baldosas artísticas con los nombres de los desaparecidos de Orán en el Portal de la Memoria. Según informó el abogado David Leiva, organizador de este Encuentro, entre otros, se pondrán baldosas recordatorias de Luis "Lucho" Vuistaz, Leandro Alagastino y Aldo Melitón Bustos.
La actividad del viernes comenzará a las 9, con una ponencia sobre "Contaminación ambiental por explotación minera en Cafayate", a cargo de Tito Ripodas y los vecinos autoconvocados de esa localidad.
A las 10 habrá una ponencia sobre las causas por terrorismo de Estado en Salta, a cargo del fiscal federal Nº 2 de la ciudad de Salta, Eduardo Villalba; la abogada Tania Kiriaca, representante de familiares querellantes en estas causas; el delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, y Nora Leonard y Cristina Cobos, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet.
A las 11 los abogados Alicia Peralta y Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, hablarán sobre el Juicio de la Verdad de La Plata, el juicio contra el sacerdote Christian Von Wernich, y sobre la complicidad civil en el genocidio en la Argentina.
Integrantes de la Comision de Derechos Humanos de Corrientes, el abogado Diego Jesús Vigay, y Ramón Artieda y Marisa Sanaudia, hablarán, a partir de las 16, del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 9 de Corrientes, en el que fue condenado, junto a otros militares, el comandante retirado del Gendarmería Nacional Raúl Reynoso, oriundo de Orán.
A las 17, Norma Ríos, de la ADH de Rosario, y Leonardo Juárez, del Partido Comunista salteño, expondrán sobre la ley antiterrorista, políticas de pacificación y la cuarta flota estadounidense. La última disertación serán la de Lucho Soria de la Comisión de DH de Campo de Mayo y la de Nora Cortinas, de Madres de Playa de Mayo Linea Fundadora, a partir de las 18 horas. Hablarán de los organismos de derechos humanos, el Estado y la situación nacional.
El Encuentro concluirá con un recital por la memoria organizado por los Artistas Autoconvocados de Orán, en la plazoleta del "Che" ( Esquiú y Alvarado). Actuarán los grupos Pibes Autoconvocados, Tetris, La Tregua, Ricky Zarra y Julio Palacios.
REPRESORES EN LA MIRA
El hijo de Massera podría ir a juicio oral
La Justicia dijo que haberse quedado con bienes de desaparecidos es un delito imprescriptible. "Es un tema zanjado", dice la resolución.
La Justicia desestimó los argumentos del defensor oficial, quien pretendía que se declarase extinguida la acción penal por entender que los hechos protagonizados por Massera (h) y otros ex jefes navales eran "delitos comunes". (Télam)
La Justicia confirmó que la acción penal contra Eduardo Enrique Massera, hijo del dictador Emilio Eduardo Massera, por apoderarse de bienes de detenidos desaparecidos debe ser considerada como delito de lesa humanidad, y por lo tanto, es imprescriptible.
Massera (h) sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Federal confirmase una resolución por la cual no se hizo lugar a su planteo para que se cerrase una causa en la que está procesado, indicaron fuentes tribunalicias.
Se trata del expediente en el que el juez federal Sergio Torres procesó a Massera (h), junto a otros jefes navales, por el desapoderamiento de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura militar. Según la investigación, el hijo mayor de Massera se apropió de los bienes de un grupo de empresarios secuestrados y asesinados por orden de su padre.
En diciembre de 2005, la Cámara Federal ordenó su liberación al considerar que no había pruebas en su contra por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad de un grupo de empresarios en 1977. Pero con este revés, podría afrontar al tribunal en un juicio oral y público.
En una resolución de cuatro carillas, a la que tuvo acceso la agencia oficial Télam, la Sala II del Tribunal ratificó que los hechos por los cuales fue procesado el hijo del ex dictador y ex jefe de la Armada durante la dictadura revisten el carácter de delitos de "lesa humanidad" y, por ende, son imprescriptibles.
De esa manera, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun desestimaron los argumentos del defensor oficial, Juan Martín Mendilaharzu, quien pretendía que se declarase extinguida la acción penal por entender que los hechos protagonizados por Massera (h) y otros ex jefes navales eran "delitos comunes cuya prescripción ha operado holgadamente".
"La cuestión correspondiente a las características de los delitos que se le imputan y la imprescriptibilidad que ello acarrea es un tema que se encuentra totalmente zanjado", enfatizaron los camaristas citando fallos uniformes de la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre los casos de desapoderamiento de bienes que se le reprocha a Massera (h) están los del desaparecido empresario Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado y trasladado a la ESMA donde fue obligado a otorgar "poderes" a sociedades integradas por los represores que se quedaron con sus cuantiosos bienes.
Finalmente Farah y Irurzun hicieron referencia a la "causa Arancibia Clavel", en la que la Corte Suprema afirmó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad "reconocen la validez de esa norma ... de origen consuetudinario en el derecho internacional público".
El país|Miércoles, 3 de Septiembre de 2008
Relatos de Pilar Calveiro y Soraida Martín en el juicio por la Mansión Seré
La saña de los torturadores
Dos ex detenidas contaron que la tortura de la Fuerza Aérea "incluía manoseos y vejaciones". También que en el Hospital Aeronáutico se atendía a personas que habían sido torturadas. El fiscal Félix Crous pidió que se televisen los alegatos y la sentencia.
Pilar Calveiro estuvo en Mansión Seré, la comisaría de Castelar y la ESMA.
Médicos y enfermeros del Hospital Aeronáutico atendieron en 1977 a mujeres vendadas, con signos de torturas, trasladadas desde Mansión Seré. Así surge del testimonio de Pilar Calveiro viuda de Campiglia, sobreviviente del centro clandestino de la Fuerza Aérea, que declaró ayer en el juicio a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani. Soraida Martín, secuestrada a los 16 años, cuando militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), relató la saña de los torturadores de Seré y de la Comisaría 3º de Castelar, por donde pasaron decenas de militantes de la Zona Oeste. Hoy declarará Claudio Tamburrini, protagonista del célebre escape que dio lugar al film Crónica de una fuga.
Calveiro fue secuestrada en mayo de 1977. Forcejeó y logró tirarse del auto, pero la agarraron y la encerraron en el baúl. Estuvo un mes en Mansión Seré, dos veces en Castelar y dos meses "prestada" en la ESMA. Recién en septiembre, cuando llegó a una casa del Servicio de Inteligencia Naval, dejó de estar en manos de la Fuerza Aérea.
Dos días después de llegar a Seré saltó al vacío desde una ventana. "Me fracturé un brazo, la nariz, el talón y varias costillas", resumió. La llevaron al Hospital Aeronáutico "vendada, esposada, sucia, con fracturas y señas de torturas. Me atendieron en Traumatología. Me sacaron radiografías y me enyesaron el tórax, un brazo y una pierna. Después me esposaron a una camilla", contó. La segunda visita fue con Graciela Tauro, embarazada que dio a luz en la ESMA, desaparecida. El médico le sacó el yeso y auscultó a Tauro. "Les voy a dar un refrigerio para que tengan un buen recuerdo", les dijo. "Nos dio galletitas y leche, que no tomaba desde que me habían secuestrado", recordó ayer Calveiro.
Investigadora de la Universidad Nacional de México, donde se exilió, Calveiro recordó que la tortura de la Fuerza Aérea "incluía manoseos y toda una parte dedicada a vejaciones". Los pilotos "se manejaban con torpeza". Eso no alivianaba el cautiverio. "Había mucha crueldad, ensañamiento y preguntas absurdas: cuál era la dirección de Firmenich o en cuántas orgías había estado. Había falta de inteligencia en todo sentido y una combinación invariable de tortura física y sexual."
"La patota se identificaba como de Fuerza Aérea, hablaban con desprecio del Ejército y la Armada", aclaró. También robaban. Desvalijaron su casa. Ya secuestrada, "dormí en la cama de mi hijo y vi que usaban la campera de mi marido", contó. Destacó que "tenían un odio particular con judíos y comunistas. Mientras torturaban, gritaban y hablaban de Dios, era un ritual muy loco. Se presentaban como 'defensores de la moral'". En Castelar "la patota se identificaba como de Fuerza Aérea pero de la Base de Morón".
–La testigo dijo que se interrogaba sobre militancia. ¿Qué quiere decir? –preguntó José Ignacio Garona, abogado de los brigadieres que ya escuchó a Calveiro durante el Juicio a las Juntas.
–Participación política en algún grupo: gremial, armado, político.
–¿Militó en la organización armada Montoneros? –preguntó el ex defensor del brigadier Orlando Agosti. Ni los querellantes, ni el fiscal, ni los jueces objetaron la pregunta.
–Sí –respondió serena Calveiro.
Soraida Martín juró "por los 30.000 compañeros desaparecidos". El 16 de diciembre de 1976 la Fuerza Aérea allanó su casa y secuestró a su hermana de 14 años. Ese día "arrasaron Cardales, Villa Udaondo, Villa Irupé y Villa Angela", detalló. Todos fueron a parar a la 3ª de Castelar. Martín fue secuestrada en Mendoza el 29 de enero. La trasladaron desde la Base Aérea del Plumerillo. "Cuando llegábamos pidieron pista a Base Palomar", recordó. La torturaron en Castelar y luego en Seré, donde perdió todos los dientes por la tortura en las encías. Recordó "los cubiertos de alpaca con las alitas" de la Fuerza Aérea. El 28 de diciembre la liberaron. El 29 fueron a avisarle que la vigilaban. Un mes después apareció su hermana. Al salir se contactó "con las familias de los compañeros secuestrados, una tarea militante", aclaró. También estuvo secuestrado su padre. "Perdió una pierna en la tortura. Estuvo en la Brigada de San Justo y en el GIVA de Merlo. Hacía diez años que no vivía con nosotros, no tenía idea de nada."
Durante la audiencia de ayer, el fiscal federal Félix Crous solicitó al Tribunal Oral Federal 5 que autorice la televisación de alegatos, réplicas, dúplicas y sentencia, como ocurre en todos los tribunales del país. Crous destacó que el rechazo a la solicitud anterior se basó en un fallo de la Corte de Estados Unidos de 1966, que hay jurisprudencia más moderna que sostiene lo contrario y que en Estados Unidos existe un canal que televisa juicios en vivo. "En la sociedad de masas el sentido de la publicidad no se agota en la posibilidad de quienes pueden asistir a la sala", advirtió. Guillermo Gordo, presidente del tribunal, se limitó a tomar nota.
La voz de Alfredo
Un sobreviviente del centro clandestino La Escuelita aseguró que en ese lugar estuvo prisionero el joven Oscar Alfredo Ragni, detenido desaparecido en 1976. "Lo reconocí por su voz porque era nasal, por algo le decíamos el Narigón", contó David Lugones al revelar que en diciembre de 1976 escuchó a su amigo en ese centro ilegal, que funcionó en el batallón militar de Neuquén, mientras estaba atado de pies y manos a una cama. Lugones fue secuestrado en La Plata, estuvo en la Unidad 9 y en Buenos Aires fue entregado al mayor Alberto Farías Barrera, uno de los imputados en la causa, quien lo trasladó en avión hacia Neuquén.
Entre el 10 y el 15 de octubre comienza el juicio
San Luis (Pelr) 02-09-08. El presidente del tribunal oral federal de San Luis, Raúl Alberto Rodríguez, en breve diálogo con Periodistas en la red, informó que ya está todo listo para el comienzo del juicio a militares y policías, acusados en la participación del homicidio de Graciela Fichetti, y de las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, donde el principal imputado es Carlos Esteban Pla, quien fuera subjefe de la Policía de la Provincia de San Luis, durante la última dictadura militar. El mismo se iniciará entre el 10 y el 15 de octubre próximo.
Rodríguez no se mostró muy conforme por el lugar donde se realizará la audiencia, puesto que es demasiado chico para un debate de la envergadura que tendrá el juicio a los militares, pero "es lo que hay" dijo con cierta resignación.
El tribunal será presidido por el propio Rodríguez, y se conformará con otros tres jueces de Mendoza, y debido a las tareas que les son propias a cada uno de ellos, es que han tenido que coordinar como fecha de inicio de este debate, entre el 10 y el 15 de octubre próximo.
El presidente del tribunal oral federal, informó que ha pedido una serie de elementos de video y audio, para que el juicio pueda ser seguido por la prensa, desde un lugar más amplio que la sala actual, pero todavía no ha recibido respuesta concreta, por lo cual si no llegan estos elementos, "tendremos que acomodarnos como podamos", finalizó.
Cabe recordar que a la sala actual de debates orales, se le hicieron una serie de modificaciones, entre las que se cuenta la colocación de vidrios que separan el sitio de declaración de acusados y testigos, del público, y en el lugar que separa a los abogados defensores y acusados, también del público, como así también el lugar por donde ingresan, defensores, acusados y custodios.
EN EL DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO LAS PALABRAS DE ANA PECORARO H.I.J.A :
“… No los abandone, sino que definí el contenido de mi vida y acepte sus consecuencias. Solo quise darle a mi vida el contenido que entendí era el más importante: realizarme individualmente a condición de que millones se realicen, por eso elegí ser REVOLUCIONARIO, al entender que nuestra personalidad, nuestra individualidad y nuestra libertad consiste precisamente en su realización plena, en la unión conciente con millones de seres que solidariamente intentan realizar el mismo proyecto de vida basado en la igualdad entre los hombres y no la desigualdad y los privilegios de unos pocos-
Mucho antes de tenerlos ya pensaba que los valores mas dignos, las pruebas de mayor significación humana y el mejor proyecto de vida era aquel que se basa en la solidaridad entre los hombres para construir un mundo al servicio de el y no un mundo organizado por unos hombres en provecho de sí mismos, y que hunde en la desolación material y espiritual a la mayoría de los hombres a los cuales domina.”
Hoy en el día Internacional del Detenido-desaparecido quería reivindicar a mi Padre y a los 30.001 compañeros, como luchadores, como hombres y mujeres coherentes entre sus pensamientos y sus actos, militantes comprometidos con su realidad y la de su Patria.
Por eso elegí comenzar con unas palabras que nuestro Padre nos dejo antes de desaparecer.
Tanto el golpe del 76 como las dictaduras latinoamericanas pretendieron silenciarlos, pero no pudieron.
Acá estamos y seguiremos estando.
Somos su Voz, su sangre, somos sus Madres, sus Hijos, Esposos y esposas, sus Nietos y Compañeros. Somos y estamos todo aquel que comparta y sus ideales de Justicia, igualdad y libertad!!.
Estamos acá porque no los olvidamos.
Porque están más presentes que nunca.
Estamos acá porque queremos una justicia que condene a cárcel común perpetua y efectiva a los ideólogos y ejecutores de los delitos de lesa humanidad.
Estamos acá porque pedimos la aparición con vida de Jorge Julio López.
Y porque no reconciliamos
30.001 COMPAÑEROS PRESENTES!!!
polémica por un proyecto de scioli para militares que combatieron en malvinas
Una pensión que desató una guerra
El gobernador los quiere beneficiar con 1.950 pesos mensuales a oficiales y suboficiales. Ex soldados y legisladores K dicen que ya cobran una pensión nacional y que, además, premia a represores.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, impulsa un proyecto de ley que habilita a los oficiales y suboficiales que pelearon en la guerra de Malvinas a cobrar una pensión honorífica equivalente a 1.950 pesos por mes, con aguinaldo, de por vida. La medida ya generó el repudio de legisladores oficialistas y ex combatientes, quienes advirtieron que pasará lo mismo que ocurrió con el decreto que impulsó en su momento Néstor Kirchner: se terminará premiando a represores y a militares cuestionados por sus acciones en las islas.
El gobernador hizo el anuncio en una ceremonia en la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" de Campo de Mayo. El paquete le va a costar a la provincia unos 25 millones de pesos anuales. "No estoy de acuerdo. Primero por una cuestión ética: con esta ley van a premiar a una serie de personas a las que estamos juzgando por delitos de lesa humanidad. Y en términos generales no estamos de acuerdo porque los militares han elegido esta carrera y ya cobran una pensión", le anticipó a este diario el senador provincial, y miembro de la mesa K platense, Guido Carlotto.
La diputada bonaerense del Frente para la Victoria, Sandra Cruz, por su parte, calificó de "absurdo" y "aberrante" el proyecto del gobernador.
Alejandro Arlía, subsecretario de Asuntos Municipales, negó ayer que existiera incoherencia de parte del gobierno provincial en su política de derechos humanos.
"Además es una condición indispensable para acceder al beneficio no haber sido condenado por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o sancionado por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas", explicó Arlía.
Pero el argumento no convence a los opositores al proyecto. Ellos denuncian que la mayoría de los represores no tiene todavía una condena y podrá cobrar su pensión de honor.
Los primeros en salir al cruce del proyecto en la ciudad de La Plata fueron los miembros del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM). "Los ex soldados conscriptos fuimos testigos de las aberraciones cometidas por oficiales y suboficiales de las FF.AA., a través de los testimonios de los que sufrieron en carne propia la tortura física y psicológica, los estaqueamientos y la traición. Fuimos testigos de la impericia, la irresponsabilidad y la cobardía por parte de quienes nos conducían", afirmó Ernesto Alonso, quien encabeza ese centro. En los tribunales correntinos se investigan por estos días el homicidio de un soldado de esa provincia, cuatro muertes de soldados por hambre y torturas aplicadas a otros ocho conscriptos. Hay más de cincuenta militares imputados.
Scioli prometió la pensión apenas asumió, cuando vio que los ex oficiales y suboficiales acampaban en la plaza frente a la gobernación desde hacía diez meses.
Los represores beneficiados
El decreto 886, firmado por Néstor Kirchner en 2005, amplificó el beneficio de la pensión para soldados que estuvieron en Malvinas a todos los militares en cualquier situación de retiro. Los organismos de derechos humanos denunciaron que cobraban Jorge "Tigre" Acosta y Antonio Pernías. Y fueron dados de baja. Hoy cobran muchos otros, menos conocidos, como Julio César Binotti, represor de la ESMA, o el ex gobernador militar en Malvinas Mario Benjamín Menéndez.
"Esta gente reivindica la tortura como método e insiste en que acá hubo una guerra donde se derrotó a la subversión marxista", sostuvo el abogado David Leiva, de Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Leiva denunció que el grupo de "los rodillas negras", ex soldados que reivindican el Operativo Independencia, desfiló el domingo en la ciudad salteña de Orán, al festejarse el 214 aniversario de la población, y tres días después de que el jefe de ese operativo, Antonio Bussi, fuera condenado por la Justicia. El secretario de Gobierno de Salta, Cristóbal Cornejo, aseguró que "los rodillas negras no tenían autorización para desfilar", pero que se colaron detrás de los veteranos de Malvinas.
Fuente: Pagina 12, martes 2 de septiembre 2008.
www.clarin.com.ar 1 de septiembre de 2008
Piden que los juicios se vean en televisión
Está pendiente de tratamiento en comisión una propuesta del diputado socialista Fabián Peralta. Reclama que los juicios por crímenes de lesa humanidad sean difundidos por televisión sin restricciones. Es lo que pide la comisión de Derechos Humanos y que todavía no trató la Comisión de Comunicaciones que preside el justicialista Manuel Baladrón.
Este es el proyecto que hace referencia la nota de Clarin.
2923-D-2008
060 (05/06/2008)
DIFUSION DE JUICIOS CONTRA LOS RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS DE LA NACION.
PERALTA, FABIAN FRANCISCO - ALCUAZ, HORACIO ALBERTO - CARCA, ELISA BEATRIZ - MORAN, JUAN CARLOS - BARRIOS, MIGUEL ANGEL - DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA - BENAS, VERONICA CLAUDIA.
COMUNICACIONES E INFORMATICA; DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS.
Difusión de juicios contra los responsables del terrorismo de Estado en Argentina
Artículo 1.- Difundir a través del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Nación las audiencias que se lleven a cabo en el marco de los procesos penales en los que se juzguen a personas vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos a fin de poner en conocimiento de la opinión pública los hechos acaecidos durante la vigencia del último régimen de facto que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 en el marco del terrorismo de Estado.
Artículo 2.- Deberán difundirse por televisión abierta, a través del canal estatal LS 82, Canal 7; por circuito cerrado de televisión, a través del canal del Ministerio de Educación de la Nación y por radio a través de Radio Nacional, dos emisiones diarias en horario central, de una duración no inferior a treinta (30) minutos que contengan un resumen de los aspectos más salientes de los juicios seguidos contra los responsables de delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.
La edición de las emisiones televisivas y radiales estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, debiendo la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación arbitrar los recursos técnicos necesarios para dar cumplimiento a lo prescripto en el párrafo precedente . Deberá ser parte del contenido de las emisiones la información relacionada a la fecha, horario y sede del Juzgado en que se desarrollen las audiencias orales y públicas de cada proceso en trámite.
Artículo 3.- Deberán difundirse en directo los desarrollos íntegros de los juicios aludidos en el articulo anterior por intermedio de la página de Internet del canal del Ministerio de Educación
Artículo 4.- La Secretaría de Medios de Comunicación la Nación deberá arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la grabación y posterior archivo del desarrollo íntegro de la totalidad de los juicios orales y públicos aludidos en el articulo 3ro, material de archivo que quedará a disposición de quienes lo soliciten.
Artículo 5.- Reproducción del material archivado. En los casos en que se requieran copias y/o reproducción del material archivado, las mismas serán entregadas sin restricciones a exclusivo costo del peticionante. Cuando sea un organismo público, institución educativa, biblioteca, organismo de derechos humanos, etc., el requirente, las copias y/o reproducciones serán otorgadas en forma totalmente gratuita.
Articulo 6.- La Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación deberá implementar una campaña publicitaria a fin de poner en conocimiento de la población los contenidos y la implementación de lo dispuesto por la presente ley.
Artículo 7.- Los jueces federales con competencia para intervenir en los juicios aludidos en el artículo tercero, deberán autorizar la televisación de los mismos a fin de que el Poder Ejecutivo pueda dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo.
Artículo 8º: El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas conducentes a fin de que se garantice el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, dictando las normas que correspondan a tal efecto.
Articulo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
Una vez finalizada la última dictadura militar, recuperada la democracia, comienza un largo camino en la búsqueda de la verdad y la justicia. Los sobrevivientes del accionar genocida del Estado terrorista han sido desde entonces los protagonistas de esta búsqueda que dura hasta nuestros días.
Al señalar cómo se consagra la impunidad en la Argentina es importante destacar que hubo una diferencia fundamental, indudable a estas alturas, con el resto de los países de Latinoamérica, cual fue el Juicio a las Juntas. Si bien podemos hacerle muchas críticas (la fundamental es que se limitó precisamente a enjuiciar a las Juntas), no podemos negar la importancia que tuvo: distinguió a la Argentina del resto de los países. Pero ante una lectura más profunda de lo que ocurrió, podemos ver que la trama de la impunidad ya estaba acordada y legislada inclusive antes del Juicio.
El primer decreto que dicta el gobierno de Raúl Alfonsín en esta materia es el 185/83, donde se ordena al Comando Supremo de las Fuerzas Armadas que sean ellos mismos los que investiguen y sancionen a sus pares por las violaciones a los derechos humanos que ocurridas durante la Dictadura. Además les ponía un límite en el cual ya puede intuirse claramente el germen de lo que después fue la Ley de Obediencia Debida, porque les ordena "enjuiciar a los mandos de las Fuerzas Armadas con capacidad decisoria".
Como era de preverse, nunca se llegaba a ninguna condena. Ante la presión de las organizaciones sociales y de los organismos de Derechos Humanos en particular, Alfonsín se ve obligado a dictar un nuevo decreto donde le pone un límite de tiempo estipulado en seis meses para terminar con esa investigación so pena de continuar con la tramitación de aquellos por ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal en pleno, aunque siempre utilizando el código militar.
Previa reforma del Código de Justicia Militar, comienza a instrumentarse, ahora sí, la Causa 13/1984, cuya sentencia determina que lo ocurrido durante la última dictadura militar obedeció a un plan sistemático de exterminio. En el considerando 30 de la sentencia, se ordena comenzar a investigar a los mandos medios e inferiores por el resto de las violaciones a los Derechos Humanos que habían quedado muy claras en los testimonios recibidos durante el juicio.
Esto obliga al Poder Ejecutivo a reaccionar con un nuevo decreto. Alfonsín fija instrucciones a los fiscales donde nuevamente reitera el límite, tanto en el tiempo como en las personas a quienes debía investigarse, en unas tristemente célebres "instrucciones a los fiscales", que se conocen con ese sólo nombre porque marcaron un momento importante en el camino de la impunidad. Ese límite se cumple y termina plasmándose en lo que luego fueron las Leyes de Impunidad, que a partir de 1985 se consagran ya no desde un decreto del Poder Ejecutivo, sino con leyes del Congreso Nacional convalidadas por la mayoría de los legisladores. Un límite en el tiempo: el Punto Final, y un límite en las jerarquías de los mandos: la Obediencia Debida.
Sólo restaban los indultos a los jerarcas genocidas para completar este marco de impunidad, poniendo a la Argentina a tono con todo el resto de los países de Latinoamérica. En los años 1989 y 1990, con la promulgación de los decretos de indulto, nos encontramos ya sin ninguna posibilidad, al menos en el derecho interno, de enjuiciar a ninguno de los terroristas de Estado.
Allí comienza todo un camino para desandar la impunidad consagrada, mediante una creación brillante de los abogados argentinos, los Juicios de la Verdad, que permitieron mantener abiertas causas donde se investigaban los delitos de lesa humanidad, aunque sin contenido punitivo. También se intenta la vía judicial internacional. Se presentan los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos logrando el dictado en 1992 de la Resolución 28, que ordena al estado Argentino la reparación a las víctimas, la investigación y sanción de lo ocurrido, y la adecuación de la legislación interna al Pacto de San José de Costa Rica.
En ese marco llegamos al año 2003 donde la anulación de las Leyes de Impunidad por parte del Congreso sumado a una reforma de la Constitución Nacional que determina que los pactos internacionales comparten el derecho interno y ya no se puede discutir más que las recomendaciones de los organismos internacionales son ley para el derecho interno, se reabren los juicios en todo el país.
Frente a esta situación el Gobierno nacional, a través de los distintos medios de comunicación estatal, debe asumir el compromiso de transmitir estos juicios como elemento educador. Creemos que se debe facilitar la mayor difusión posible a fin de que la mayoría tenga conocimiento de los hechos acaecidos durante el último régimen de facto y al mismo tiempo conozca cómo se administra justicia. Para lograrlo se deberá dar a conocer, no sólo el resultado final del juicio -a través de la lectura de la sentencia-, sino que además se deberá permitir a los ciudadanos vivenciar las declaraciones de los testigos y de los propios imputados.
Es inaceptable que a más de tres décadas del fatídico golpe de estado de 1976, una gran parte de nuestra sociedad desconozca lo sucedido en el período antes referido. En este sentido, según una encuesta publicada por el diario Clarín, es notable el desconocimiento de la población acerca de qué fue lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 en nuestro país. Ante la pregunta: "¿Usted sabe qué se conmemora el 24 de marzo?", el 49,7 por ciento de los encuestados contestó que lo desconocía, y el porcentaje se incrementa aún más cuando los consultados son los jóvenes de entre 18 y 25 años: un abrumador 64.9 por ciento de ellos dijo desconocer qué ocurrió ese fatídico día (Fuente: Diario Clarín, 22/03/08).
Lo hasta aquí planteado guarda estricta relación con dos cuestiones fundamentales, por un lado, con el derecho a recibir información, y por el otro con la publicidad de los actos emanados de los poderes del Estado, que es uno de los presupuestos indispensables del sistema republicano de gobierno.
Con respecto al primero de los temas planteados, es importante destacar que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, y este derecho incluye sin lugar a dudas, a los de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras y por cualquier medio de expresión. En igual forma se expresa el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El libre acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22 CN) desde la reforma de 1994. Su inclusión expresa apunta entre otras cosas a ayudar a la participación de los ciudadanos, mejorando de esta manera el funcionamiento de la democracia. El efectivo ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos monitorear y controlar la gestión pública, formarse de opinión sobre diversos temas y poder participar, debatiendo con fundamentos; fomentar la transparencia en la gestión del Estado, mejorando la calidad de sus instituciones, etc.
Con relación al segundo tema aludido, debemos decir que los jueces son responsables de uno de los puntales de nuestro sistema de gobierno, el Poder Judicial. En ese sentido, cabe señalar que además de la obligación de administrar justicia, recae en cabeza de los magistrados, la obligación de publicitar los actos de gobierno o judiciales cuando del otro lado hay ciudadanos exigiendo la satisfacción de su derecho a la información.
Por el contrario, genera sospechas la limitación de la difusión o el desarrollo de un juicio "puertas adentro" de los tribunales. Un sistema de juicio oral y público con una prensa con acceso restringido es, desde ya, una desnaturalización del principio del juicio oral y público.
El principio de publicidad del juicio penal se erige en la actualidad como una característica elemental de un proceso judicial democrático. Por intermedio de ella se da la posibilidad a los ciudadanos de controlar en forma directa el modo en que se imparte justicia y evaluar la probidad de los distintos actores involucrados en el proceso penal, tales como: jueces, fiscales, peritos, defensores.
Por otra parte es necesario remarcar que en este tipo de procesos se ventilan asuntos que exceden el mero interés de las partes, desde que la infracción afecta al orden público, para convertirse en cuestiones de interés social.
El Tribunal Constitucional español ha dicho que "la publicidad del proceso ocupa una posición institucional en el Estado de Derecho que la convierte en una de las condiciones de la legitimidad constitucional de la administración de justicia" desempeñando un doble papel, "por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control del público, y, por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho" (1)
Ahora bien, consideramos que la transmisión televisiva y radial es el único medio de hacer efectiva la publicidad de los juicios penales, y asume especial importancia en aquellos casos a los que refiere la presente Ley. Todos estos argumentos esgrimidos adquieren, cuando se trata de cuestiones tan sensibles para todos los argentinos, un peso insoslayable.
El Canal Siete (7) desde hace tiempo viene trabajando para poner al aire programas de contenido social y cultural, y consideramos que es, al igual que Radio Nacional, una herramienta apropiada para mostrar este tramo de nuestra historia y generar conciencia en la ciudadanía.
Asimismo, Encuentro, que es el canal de televisión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la Nación (2) , constituye un instrumento importante a fin de dar cumplimiento al objetivo de la presente Ley. Este canal cuenta con un portal de Internet que va a permitir la transmisión en forma directa del desarrollo íntegro de los procesos en cuestión.
La Administración Nacional debe asumir un rol protagónico en este proceso de reconstrucción histórica que nos permitirá conocer que pasó con los 30.000 desaparecidos. Esta es una deuda que tenemos como sociedad y que debemos saldar de una vez a fin de evitar que el 24 de marzo siga figurando en los libros historia como un feriado más.
Por todos estos motivos, establecer la difusión de los juicios seguidos contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la ultima dictadura militar, implica un gesto político claro a favor de la democracia y sus instituciones, una profundización del propio sistema democrático y, finalmente, un significativo avance en pos de concientizar a todos los argentinos acerca de lo acontecido durante esa etapa funesta de nuestro país.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito la aprobación de la presente Ley.
(1) STC nro. 96/1987, de 10 de junio, en su fundamento jurídico 2do.-
(2) Creado en mayo de 2005 por el Decreto Nacional 533/05, y reconocido por la Ley de Educación Nacional N ° 26.206, sancionada en diciembre de 2006-
SIENTO LA NECESIDAD DE COMUNICARME CON TODOS UDS. POR UNA SITUACION POR LA QUE ESTAMOS PASANDO DESDE HACE UNOS DIAS, CON GRAN ALEGRIA RECIBIMOS EL PROYECTO DE REMODELACION DE NUESTRO PARQUE MARTIN MIGUEL DE GUEMES (TERMAS DE RIO HONDO, SANTIAGO DEL ESTERO), UNA OBRA DE GRAN ENVERGADURA Y DE UNA INVERSION APROXIMADA DE 9.300.000 DE PESOS O 3.000.000 DE DOLARES AL MOMENTO DE LA LICITACION EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y EL ESPECTRO POLITICO PREDOMINANTE ME NEGO TODA INFORMACION ASI TAMBIEN A ALGUNOS EDILES REPRESENTANTES DE LAS BANCADAS DE MINORIA, HACE TRES AÑOS SE VIENE CONMEMORANDO EN UN ESPACIO DE ESTE PARQUE DONDE A INICIATIVA DE LA ASOCIACION CIVIL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS JOSE Y DANIEL LOTO SE DIO EL PUNTAPIE INICIAL DE LOS ACTOS LOS DIA 24 DE MARZO 2005, DIA DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. EL AÑO PASADO SE PRESENTO UN PROYECTO DE ORDENANZA EL QUE FUE VOTADO POR UNANIMIDAD DE TODO EL CUERPO DELIBERATIVO DE LLAMAR A UN SECTOR DE ESTE PULMON VERDE, PARQUE DE LA MEMORIA, ES UN SECTOR EN DONDE SE LEVANTA UN MONUMENTO AL QUE DENOMINAMOS "AUSENTES", (ESTA OBRA FUE HECHA HACE ALGUNOS AÑOS PASADOS POR UN PROFESOR DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE) QUEDO, PERO SIN NOMBRE Y A LA ESPERA DE Q ALGUIEN FUERA RENDIRLE HOMENAJE Y NOSOTROS LOS TOMAMOS COMO NUESTRO PARA ELEVAR NUESTRAS ORACIONES A NUESTROS VALIENTES FAMILIARES MASACRADOS, HERMANOS, TIOS, AMIGOS Y VECINOS, SE LO TOMO, COMO LUGAR DE ENCUENTROS EN ESA FECHA TRISTE PERO SI DISTINTA A LA DESAPARICION FORZADA DE NUESTROS HERMANOS, COSA QUE SI SON MARCADAS A FUEGO Y PARA TODA LA VIDA 8-DE FEBRERO 1975 DIA PREVIO AL OPERATIVO INDEPENDENCIA DONDE SE SECUESTRO A JOSE TEODORO LOTO ZURITA, Y DANIEL ROBERTO LOTO ZURITA SECUESTRADO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1976 EN LA CAPITAL DE SALTA, ASI TAMBIEN DE OTRO COMPAÑERO Y AMIGO DE TODA LA VIDA DE MARIO ANGEL ORDOÑEZ SECUESTRADO DESDE LA PLANTA TEXTIL DE GRAFA AÑO 1977 Y LUEGO FRANCISCO ISMAEL SERRANO SECUESTRADO EN EL INGENIO SANTA LUCIA TUCUMAN, EN SAN PABLO , ESTE ESPACIO Y ESE MONUMENTO REALMENTE NOS HA HERMANADO CON ESTAS FAMILIAS EN LAS QUE A PESAR DE LAS DISTANCIAS HEMOS REFRESCADO NUESTRO DOLOR Y CONSUELOS EN ESTOS TIEMPOS Y CREI NECESARIO TENER ESTE ESPACIO NO SOLO PARA RENDIR UN HOMENAJE A LOS 30.000 DETENIDOS DESAPARECIDOS SINO PARA QUE EN LAS TERMAS DE RIO HONDO TAMBIEN CONOCIERA QUE TAMBIEN NOS OCURRIO, ESTA FECHA DE HOMENAJE Y UN LUGAR DONDE REHACER NUESTRA HISTORIA Y NUESTRO FUTURO EN DONDE LAS IDEAS NO MUERAN, DONDE LA LIBERTAD SE IMPONGA EN LA NATURALEZA BENDECIDA POR EL DIOS VIVO.
AQUI NOS ENCONTRAMOS EN ESTOS DIAS CON LA TRISTE REALIDAD DE QUE ESTE ESPACIO A SIDO DESVASTADO, EL MONUMENTO EL QUE RECUERDA A LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS FUE HECHO AÑICOS Y NI SIQUIERA ESTA ORGANIZACION FUE INVITADA A RETIRALA MIENTRAS NUESTRO PARQUE FUERA REMODELADO Y LUEGO VOLVER A REINSTALARLO, SORPRESA Y ATROPELLO A LOS DERECHOS HUMANOS DISCRIMINACION DE PARTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A LO QUE ES TAN CARO DE RECUPERAR, LA MEMORIA NO SOLO A FECHAS DOLOROSA SI NO QUE MANCILLAN Y PROFANAN LOS NOMBRES DE LOS CAIDOS Y LUCHADORES POR COBARDES HOY INSTITUIDOS EN EGOLATRAS, DESTROZARON EL PARQUE DE LA MEMORIA EL MONUMENTO DE NUESTROS QUERIDOS Y RECORDADOS HERMANOS ESTABAN EN ESE LUGAR POR QUE NOSOTROS SABIAMOS QUE NO HABIA TUMBAS, NO HABIA MAR, HABIA UN LUGAR PARA LOS DERECHOS HUMANOS, POLITICA DE ESTADO NACIONAL. LA QUE POR DESCONSIDERACION Y TRAICION FUE DESTRUIDO. SOLICITO COMPAÑEROS QUE LEVANTEN SUS VOCES DE PROTESTAS ANTE ESTOS ATROPELLOS PARA NO QUEDAR SIMPLEMENTE COMO ESPECTADORES ANTE ESTOS HECHOS QUE SOLO TIENEN COMO OBJETO HACER OLVIDAR A LAS GENERACIONES FUTURAS DE LOS ASESINATOS, VIOLACIONES, Y TODO TIPO DE ATROPELLOS PERPETRADOS POR ARGENTINOS QUE HICIERON ABUSO DE PODER ESCUDADOS EN LAS SOMBRAS DE SU PROPIA COBARDIA.
NO AL OLVIDO, NO A LA PRESCRIPCION, NO A LA IMPUNIDAD.
El país|Martes, 2 de Septiembre de 2008
La Armada mantiene el campo de deportes. Denuncias por restos humanos
Sobrevivientes de la ESMA le pidieron a la Justicia que dispusiera medidas para "preservar y dar con nuevas pruebas que permitan identificar los restos humanos" que pudieran aún ser encontrados en el campo de deportes del ex centro clandestino.
La Armada mantiene el campo de deportes a pesar del funcionamiento del Espacio para la Memoria.
Aunque el predio de la ex Escuela de Mecánica (ESMA) fue recuperado y convertido en el Espacio para la Memoria, el campo de deportes quedó en manos de la Armada. Allí se habrían quemado cuerpos de detenidos durante la dictadura, según confesaron varios represores y declararon algunos sobrevivientes de ese centro clandestino. Por ese motivo, la hija de uno de ellos solicitó a la Justicia que dispusiera medidas para "preservar y dar con nuevas pruebas que permitan identificar los restos humanos" que pudieran aún ser encontrados. Además, denunció que no se está cumpliendo la medida de no innovar dictada por el juez federal Sergio Torres en la causa ESMA, porque en esos terrenos fueron construidas "dos nuevas canchas de rugby". Laura Villaflor sospecha que su padre pudo haber sido víctima de lo que los marinos denominaban "el asadito", al referirse a la incineración de cuerpos que no podían, por diversas circunstancias, hacer desaparecer en los "vuelos de la muerte".
Cuando en septiembre de 2007 la ESMA quedó vacía de marinos y sus pertenencias, los gobiernos nacional y porteño crearon un ente interjurisdiccional denominado "Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos". Todo el predio fue restituido a la ciudad de Buenos Aires, a excepción del campo de deportes, situado entre la Avenida Lugones y el Río de la Plata, que sigue en manos de la Armada.
No hay un puente, es un camino que sale de la parte de atrás del ex Casino de Oficiales, pasa por el costado de la Escuela Raggio, sigue por debajo de la General Paz y lleva directo al campo. En una recorrida realizada el sábado, los sobrevivientes y este diario comprobaron que en el Campo de Deportes cabo primero Ernesto del Monte se juegan los partidos de La Corpo, torneo de fútbol interempresarial, donde sus miembros se "distienden" y reemplazan "las responsabilidades de la vida cotidiana por un pantalón corto, pasto verde y una pelota", según dicen en su sitio web. También practica ese deporte el equipo masculino de la Universidad Católica Argentina, y el Colegio Manuel Belgrano disputa su torneo de papi fútbol. Las flamantes canchas de rugby son utilizadas por la Universidad del Salvador y por Fiuba Rugby. Para que el disfrute sea completo hay un resto-bar y un estacionamiento, pero en el ingreso hay que anunciarse con el guardia de la garita. Los marinos construyeron una pequeña costanera que bordea el río, y desde allí también puede verse una lengua de tierra ganada al agua y unos matorrales con desperdicios que serían de la ESMA.
Con esta información, Villaflor se dirigió al juzgado de Torres para decirle que "no se está cumpliendo la medida cautelar" emitida oportunamente. "Se están poniendo en juego valiosas pruebas con relación al asesinato de mi padre y de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en todo el perímetro de la ESMA y sus adyacencias", expresó. Raimundo Villaflor habría muerto en la ESMA por los golpes recibidos luego de una sesión de tortura. En el escrito que presentó, con los abogados Myriam Bregman y Luis Bonomi, pidió que sea citado a prestar declaración el cabo segundo Jorge Carlos Torres, quien había declarado ante la Conadep sobre la quema de cadáveres y sobre el hallazgo de una bolsa con un feto en el Campo de Deportes de la ESMA. Torres mencionó a otros dos marinos de apellidos Rolando y Amarillo.
Otro testimonio citado es el del ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, quien en su libro Por siempre nunca más denominó a la cremación de cuerpos como "asado". Esto fue recogido por la Audiencia Nacional de España, que en 1997 determinó que "en el tiempo en que Scilingo estuvo destinado en la ESMA se produjeron siete u ocho cremaciones de cuerpos ("asados") (...) Que esa cuestión era comentada en el salón de oficiales y durante una comida a la que Scilingo asistió se comentó la duda de si alguno de los incinerados pudiera estar vivo por el movimiento del cuerpo, a lo que uno de los médicos explicó que eso era debido al calor, que hacía contraer los cuerpos dando la sensación de movimientos espasmódicos". Más allá del método de hacer desaparecer los cuerpos arrojándolos anestesiados, y aún con vida, en los "vuelos de la muerte", los marinos habrían acudido a la quema de los cadáveres de detenidos asesinados durante el secuestro o la tortura. "Cada vez que iba a realizar uno ('asado') acudían al taller de automotores para solicitar cubiertas viejas, aceite de quemar, gasoil, o bien un camión para el transporte de leña", detalló ese tribunal.
También fueron pedidos los testimonios de Enrique Fukman, Héctor Coquet y de Elisa Tokar. Esta sobreviviente aseguró que Ana María Ponce y Ricardo Moyano habrían muerto en la tortura y que un "verde" le dijo: "Ahora están en el campo de deportes". Y solicitaron que sean interrogados los imputados Carlos Capdevila y Juan Antonio Azic, mencionados en la declaración del represor Víctor "Lindoro" Olivera, quien se quebró y confesó que hacían desaparecer cuerpos incinerándolos en el "asadito".
Esto se suma al reciente hallazgo de marcas de sobrevivientes en algunos sectores del ex Casino de Oficiales, que motivó una medida cautelar de la Justicia para preservar la tarea de los conservadores del Instituto Espacio para la Memoria. Pero la sospecha de la existencia de restos humanos en el Campo de Deportes de la ex ESMA abona la exigencia de estos querellantes, que pidieron al juez Torres el "desalojo inmediato" del predio que los marinos siguen administrando.
El país|Lunes, 1 de Septiembre de 2008
La levedad del ser general
El ex general Luciano Benjamín Menéndez trató de "justificar" los crímenes de lesa humanidad cometidos por él y sus subordinados en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército sosteniendo que las fuerzas "legales" se enfrentaron –en aquellos años de 1974 a 1985– a una "agresión marxista contra el pueblo, perpetrada a través de la guerra revolucionaria". Sostuvo en su "alegato" el "Carnicero de la Córdoba argentina" –como tituló el diario español El País– que dicha guerra contaba con el apoyo de la "Unión Soviética y de su satélite Cuba".
En la misma dirección, en las actuaciones judiciales que tramitan en el Juzgado Federal de San Martín, dirigidas a localizar los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga, y a averiguar qué pasó con sus acompañantes "secuestrados-desaparecidos", Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana Lanzillotto de Menna, esta última embarazada de seis meses, el ex general Santiago Omar Riveros –responsable de los campos de exterminio existentes en la Unidad Militar de Campo de Mayo y por los que pasaron y fueron "trasladados" (asesinados), más de cinco mil compatriotas– sostuvo que el 19 de julio de 1976 fue la más importante batalla librada por las "fuerzas legales" al abatir al "comandante en jefe del ejército enemigo", Mario Roberto Santucho, secretario general del PRT-ERP.
Es evidente que esta concepción ideológica, que presidió el mayor genocidio perpetrado en la Argentina del siglo XX, hacía que sus ejecutores pensaran que "estaban haciendo historia", por lo que todo se encuentra consignado en archivos, que –sin lugar a dudas– la actual cúpula militar debe saber en qué lugar se encuentran.
Todo se escribe, como señaló el "carnicero de Botnia", el serbio-bosnio Radovan Karadzic, que está siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional por la "masacre de Sbrenica" en la que fueron asesinados más de 8 mil musulmanes, hombres, mujeres y niños desarmados. En su defensa, expuesta en un sitio web, el represor manifiesta haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que se le asegurara inmunidad e impunidad, y dice tener todo documentado.
El pasado 6 de noviembre de 2007, el ex presidente Néstor Kirchner dictó una disposición por la cual se ordenaba a los comandantes de las tres armas que dispongan todas "las medidas conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de los señores Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga, suministrando toda la información y colaboración que les fuera requerida judicialmente".
En relación con esta decisión, en el amparo que se sustancia en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli, solicitamos que se los cite a declarar a los generales Roberto Bendini, Osvaldo Montero, Gonzalo Palacios y Pablo Rolando, en una primera etapa. Los dos primeros declararon por escrito y manifestaron desconocer que hubiera habido "campos de detención o exterminio" en la Unidad Militar de Campo de Mayo, y señalaron que se habían "enterado" del episodio de Villa Martelli "por los diarios". Por supuesto que negaron cualquier relación con la dictadura militar, por lo que sus respuestas resultan poco creíbles. Montero fue, hasta pocos días antes de que asumiera la actual titular del Ejecutivo, director nacional de Inteligencia y es hombre de confianza del jefe del Estado Mayor; su ascenso fue cuestionado, en su oportunidad, por organizaciones de derechos humanos. Testigos de identidad reservada lo vinculan con una reunión en la que participara el también general Palacios, realizada en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en la que se habló de "remover" los restos de Santucho y de otros cadáveres inhumados en la Unidad Militar de Campo de Mayo. Por supuesto que negó la veracidad de esta denuncia.
Por su parte, el mencionado Palacios, como repitiendo una consigna, negó todo: sólo admitió haber sido ayudante de campo del comandante del Regimiento de Infantería de Monte Nº 28, con asiento en Tartagal, Salta, en 1976. En esa unidad, que fuera entrenada por los rangers estadounidenses, funcionaba un campo de detenidos-desaparecidos, por el que pasaron más de 300 compatriotas. De esto nada sabía el "nacionalista" general Gonzalo Palacios.
Mostrando el nivel de "cooperación" prestado por el Estado Mayor del Ejército, al requerírsele judicialmente el domicilio del general Rolando, remitieron el country en el que habita, sin precisar la unidad; por lo que fue imposible notificarlo.
El pasado 21 de julio se publicó en el Boletín Oficial la orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, a los jefes de las tres armas, para que transmitieran en sus mensajes públicos la solicitud de que se intenten ubicar los restos de Santucho y Urteaga. En ella se consigna que "toda persona que pueda tener alguna información puede contar, para facilitar la misma, con los mecanismos que le brinda el ministerio, correo electrónico, entre otros".
Tomando nota de esta decisión ministerial, sin duda relevante, antes de comenzar la feria judicial, le solicitamos al doctor Marinelli que cite a prestar declaración a un testigo de "identidad reservada", que puede precisar posibles lugares en los que se hubieran realizado inhumaciones, entre ellas, la de los restos de "Robi" y Benito, en la Unidad Militar de Campo de Mayo. Asimismo solicitamos que se realice allí una inspección ocular y requerimos la participación de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Ejército. Por otra parte ampliamos el interrogatorio al general Bendini, para que manifieste qué diligencias ha realizado para dar cumplimiento con la orden del Ministerio de Defensa.
Por último, solicitamos que se dispongan los fondos necesarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para publicar avisos en varios matutinos nacionales, para requerir que toda persona que posea información sobre lo ocurrido en Villa Martelli el 19 de julio de 1976 la brinde bajo identidad reservada.
Estamos absolutamente seguros de que la cúpula militar debe quebrar el juramento mafioso, la omertà, y brindar toda la información que posea sobre los años oscuros del terrorismo de Estado, para que logremos saber la verdad y hacer justicia.
* Abogado de las familias de Santucho y Urteaga.
Al iniciar la fase de preparación y organización de la lucha armada, Tania era ya un engranaje indispensable en el desarrollo del trabajo urbano de la guerrilla, aunque 'la idea general de su utilización por el Che -recuerda Harry Villegas (Pombo)- no era de que participara directamente en la ejecución de acciones, sino que, dadas las posibilidades de conexiones en las altas esferas gubernamentales y dentro de los medios donde se podía obtener algún tipo de información estratégica y de importancia táctica, dedicarla abiertamente a este tipo de tarea y mantenerla como reserva, desde el punto de vista operativo, que en un momento determinado fuera necesario utilizar a una persona que no fuese sospechosa, contándose con alguien confiable para poder realizar el ocultamiento de algunos compañeros e incluso la recepción de algún mensajero que viniese con algo extremadamente importante'.
En esta ocasión, el Che habló primero con Tania y después con Monje. A Tania le dio la instrucción de viajar a Argentina para entrevistarse con Mauricio y Jozami, y citarlos al campamento. A Monje, que pretendía detentar el mando supremo de la lucha armada, le dijo: la dirección de la guerrilla la tengo yo y en esto no admito ambigüedades, porque 'tengo una experiencia militar que tú no tienes'. A lo que Monje contestó: mientras la guerrilla se desarrolle en Bolivia, 'el mando absoluto lo debo tener yo (...) Ahora si la lucha se efectuara en Argentina estoy dispuesto a ir contigo aunque no más fuera para cargarte la mochila'.
Su adaptación al medio geográfico fue asombrosamente rápida, a pesar del terreno abrupto. 'Había momentos en que hubo que colgarse por sogas -dice Pombo-, en que hubo que gatear, prácticamente, arañando sobre las rocas, y podemos decir con toda sinceridad que Tania lo hizo en muchísimos casos con más efectividad que algunos compañeros, que, siendo hombres, tampoco estaban adaptados a este tipo de condiciones de vida'.
No obstante, meses después, debido a su delicado estado de salud, el Che la dejó en el grupo de la retaguardia, donde habían algunos elementos considerados 'resacas', y donde el valor estoico de Tania sirvió de ejemplo a varios de sus compañeros, junto a quienes, cuatro meses más tarde, caería acribillada en la emboscada del Vado del Yeso.
A fines de agosto de 1967, la tropa guerrillera, comandada por Vilo Acuña Núñez (Joaquín), salió al Río Grande y, orillándolo, llegó al cabo de una jornada a la casa de Honorato Rojas, de quien, meses antes, dijo el Che: 'El campesino está dentro del tipo; incapaz de ayudarnos, pero incapaz de prever los peligros que acarrea y por ello potencialmente peligroso'.
Esa misma noche, una compañía de soldados, dirigida por el capitán Mario Vargas, marchó en dirección al Masicuri Bajo. Al otro día, el jefe del destacamento discutió los últimos detalles del plan con Rojas. 'Usted haga lo que los guerrilleros le han pedido ?le dijo?. Pero hágalos cruzar el Vado exactamente donde yo le diga y no más tarde de las tres'.
El 31 de agosto, a la hora convenida, los guerrilleros se encontraron con el campesino, quien les guió un trecho y les indicó el Vado. De súbito, la columna guerrillera hizo un alto y el teniente Israel Reyes (Braulio), como presintiendo el holocausto anunciado, dijo: 'Hay muchas pisadas por este lugar'. El campesino, dubitativo, contesto: 'Son mis hijos vigilando a los chanchos'.
Braulio fue el primero en sentir el roce tibio del agua. Volteó la cabeza y, machete en mano, ordenó cruzar el río. Tania avanzaba en la retaguardia, antecedida por un guerrillero boliviano a quien el Che lo llamó 'resaca'. Cuando se hubieron sumergido en el agua ?excepto José Castillo?, con la mochilla pesada y sosteniendo el arma sobre la cabeza, el capitán Mario Vargas impartió la orden de abrir fuego. Los tiros vibraron como alambres tensos y, en medio de un torbellino de agua y cuerpos, los combatientes fueron cayendo en ademanes de fuga. Quienes no murieron en la primera descarga, se dejaron arrastrar por la corriente o se zambulleron. Braulio, haciendo ágiles contorsiones, disparó contra un soldado que estaba en el flanco, mientras los otros fallecían dando tiros en el aire. Tania intentó manipular su fusil con destreza, pero una bala le atravesó el pulmón y la tendió sobre el remanso.
'Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información".
23:40 | El director de Derechos Humanos, Alfredo Guevara, y el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, analizarán junto al Polo Social si presentarán la renuncia.
>Mendoza | 31.08.2008
"(Celso) Jaque ha comprado el discurso de la derecha". Con esa afirmación, el director de Derechos Humanos de la Provincia, Alfredo Guevara (h), definió el perfil del Pacto Social por la Seguridad anunciado por el gobernador, al que no fueron invitados los organismos de derechos humanos.
"Ese discurso quiere remarcar que las garantías de todo ciudadano que la Constitución nacional ordena respetar, las leyes y los derechos humanos son un obstáculo para resolver la inseguridad", precisó Guevara.
Con un pie fuera del Gobierno, él y el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, evaluarán en las próximas horas junto al Polo Social -partido del que son parte- si continuarán acompañando a Jaque o finalmente presentarán la renuncia, que ayer se rumoreó como cierta pero no se concretó.
El anuncio del Pacto Social indignó a los funcionarios, porque el gobernador pidió leyes más restrictivas para combatir el delito -algo que Guevara y Lavado interpretaron como "un giro hacia la mano dura"- e invitó al anuncio al ex subsecretario de Seguridad comisario (R) Carlos Rico y al ex ministro Juan Carlos Aguinaga.
Aun así, Guevara dijo que quiere seguir en el Gobierno, pero fue muy duro en los términos: "No nos queremos ir, queremos dar pelea y queremos ayudar a Jaque a pesar de Jaque".
Pero, más allá de que preparan serios planteos ante el Ejecutivo, admitió que en la administración del malargüino casi no tienen eco.
Mucho más que eso, reprochó: "Jaque no es un experto en seguridad; es un contador, fue intendente de Malargüe, tiene un equipo que lo asesora y que prescindió totalmente de nosotros, que tenemos relación con el tema."
Reclamó que el gobernador está cayendo en ideologismos al tratar así el tema de la seguridad, resaltando que hace falta políticas activas y soluciones: "A la gente le hablan del sistema Tetra y está harta de eso, no le importa. La gente quiere llamar al 911 y que la policía venga, y eso no pasa".
Destacó que "el reclamo de la ciudadanía para que se resuelva la inseguridad es legítimo", pero afirmó: "Las soluciones no pueden ir por afuera del estado de derecho".
El director de Derechos Humanos anticipó además que la iniciativa de endurecer las prisiones preventivas a través de reformas en la Legislatura y flexibilizar los allanamientos no va a prosperar.
"Podrán encontrar consenso aquí, pero van a tener oposición en la Nación porque la política de derechos humanos de la Presidencia va en sentido contrario", recalcó.
En el mismo sentido, adelantó que esas reformas tampoco tendrán eco en la Justicia, donde van a ser declaradas inconstitucionales en cuanto alguien quiera aplicarlas.
Al respecto, reflexionó: "Así le va a ir muy mal al Gobierno, porque va a estar sembrando una expectativa que luego, cuando se encuentre con las trabas legales, no va a prosperar, generando un nuevo grado de frustración en la gente".
Renunciaron los funcionarios de derechos humanos
Son el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado; el director de Derechos Humanos, Alfredo Guevara y la presidenta del Instituto de la Mujer, Mariana Hellin. Dicen que el gobernador tuvo una visión "belicista" en su discurso contra la inseguridad.
El viernes anunció medidas contra la inseguridad. Hoy, primera jornada de los anunciados encuentros para el Acuerdo Social por la Seguridad, Celso Jaque empezó con su pie izquierdo.
O sin su pie izquierdo, ya que el ala más "progresista" de su Gobierno anunció esta mañana que se va para distanciarse de un gobernador que entre otras cosas cuestionó la inimputabilidad de los menores.
El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Diego Lavado; el director de Derechos Humanos, Alfredo Guevara y la presidenta del Instituto de la Mujer, Mariana Hellin anunciaron poco después de las 10 de esta mañana que se retiran.
En una conferencia de prensa aseguraron que se van porque no pueden "compartir la doctrina que intenta justificar algunas de las acciones que se intenta justificar".
"Nosotros tenemos una trayectoria y no se nos consultó. El discurso del viernes fue una invitación a que nos fuéramos", aseguró esta mañana Lavado.
La crisis ya estaba anunciada. La dirigencia y los funcionarios del gobierno provenientes del Polo Social habían criticado el discurso de Jaque y le habían pedido la ampliación del Acuerdo Social, mediante la incorporación de ONG's, organismos de derechos humanos y el Colegio de Abogados.
En el Polo Social consideran que "es muy peligroso hablar de enemigo" en el sistema penal, porque "atenta contra el legítimo derecho a defensa que tiene cualquier persona por ley y por la Constitución".
Para Pablo Salinas, dirigente del Polo Social, "si empezamos a encarcelar a los que cometan delitos leves con condenas cortas, el poco tiempo que estarán en la cárcel será un verdadero "post grado" para delitos mayores, al tiempo que saturarán las cárceles".
Consideró que "hubo un cambio de discurso (de Jaque) hacia la mano dura. Nosotros pensamos que este tipo de medidas no resuelven la inseguridad y que esto va a hacer agua dentro de tres meses".
Durante su último discurso, Celso Jaque se proclamó "un ferviente defensor de los derechos humanos"; consideró que "el primer derecho humano es el derecho a la vida". Asimismo dijo que "los ministerios y subsecretarías tendrán objetivos que cumplir en forma concreta" y que "quien no haga lo que debe hacer, se tendrá que ir".
Publicado por hijos_mardelplata@hotmail.com en 9:51