Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-21752-de-marzo-29-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f262f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 21:12:40
Document Index: 301049036

Matched Legal Cases: ['artículo 466', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 140', 'artículo 5', 'artículo 130', 'artículo 61']

﻿ SENTENCIA 21752 DE MARZO 29 DE 2004
SENTENCIA 21752 DE 29 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO. LAS APRECIACIONES DEL JUEZ DE CASACIÓN NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA. EN CASACIÓN, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SE TOMA COMO UNA PRUEBA DEL PROCESO, ES POR ELLO, QUE LAS APRECIACIONES QUE HAGA EL JUEZ DE CASACIÓN SOBRE ELLA O UNA DE SUS PARTES, NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA NI TIENEN CARÁCTER VINCULANTE PARA LOS JUZGADORES DE INSTANCIA, MANIFESTÓ LA CORPORACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISPRUDENCIA, CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 21752 de marzo 29 de 2004
Rad. 21752
Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil cuatro.
El proceso fue promovido con el fin de que se declarara vigente el contrato de trabajo iniciado el 6 de marzo de 1976 entre la empresa demandada, antes denominada Flota Mercante Gran Colombiana S.A. y el señor Guillermo Castaño Henao, para que como consecuencia de esta declaración se condene a la accionada a pagarle lo siguiente: 1. salarios, viáticos, auxilio de marcha, prima de antigüedad, vacaciones convencionales, prima vacacional, alojamiento y alimentación, prima convencional y demás prestaciones establecidas en las convenciones colectivas de trabajo vigentes, causados desde el 24 de septiembre de 1997 hasta la fecha del pago total de la obligación, junto con la diferencia salarial adeudada, los intereses a la cesantía, la prima legal de servicios correspondiente al segundo semestre de 1997, las vacaciones causadas desde el 13 de junio de 1996, los aportes a la seguridad social, contractuales y convencionales con destino al fondo mutuo de inversiones, el auxilio educativo de los hijos del demandante Juan Felipe, José Luis y Juan Guillermo, correspondientes al año lectivo 1997-1998, así como la indexación de las acreencias reclamadas.
Indican los hechos relacionados en sustento de las pretensiones aludidas que la flota contrató laboralmente al actor el 6 de marzo de 1976, no obstante que este se vinculó inicialmente mediante contrato ocasional de trabajo el 3 de febrero de 1976 y que en la actualidad tiene asignado el cargo de jefe ingeniero abordo de los buques.
Refieren además que la demandada dejó de pagar el salario al señor Castaño desde del 24 de septiembre de 1997, cuando decidió unilateral e ilegalmente suspender el contrato de trabajo y que entre el 5 de julio y el 23 de septiembre de 1997 únicamente le canceló su remuneración básica, adeudándole los demás conceptos que integran su salario mensual. Así mismo señalan que la empleadora adeuda al actor los intereses a la cesantía causados a 31 de diciembre de 1997, la prima legal de servicios correspondiente al segundo semestre de ese año, las prestaciones convencionales y contractuales correspondientes al 5% del salario en Foregran, las vacaciones causadas en el año de 1996, el auxilio educativo para sus menores hijos correspondiente al año lectivo de 1997.
Aducen igualmente que de manera caprichosa e ilegal y sin que mediara el consentimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tal como lo ordena el artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, la empresa le envió al actor el 24 de septiembre de 1997 una comunicación en la que le informaba su determinación de suspender el contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, por tener ocurrencia una fuerza mayor que impide su ejecución.
Posteriormente se remiten al contenido de los artículos 67 de la Ley 50 de 1990 y 140 del Código Sustantivo del Trabajo, destacando que el demandante se encuentra afiliado al sindicato “Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombiana, “Asomec”, y se encuentra a paz y salvo con las cuotas sindicales y por consiguiente goza de todos los beneficios convencionales.
Se observa al examinar el cargo que la censura pasó por alto citar norma alguna del orden nacional referente a los derechos laborales controvertidos, de manera que no integró la debida proposición jurídica. Impropiedad que imperiosamente conduce, independientemente de cualquier otra, a la desestimación del cargo por cuanto los preceptos que orientan el recurso de casación laboral exigen el señalamiento de las disposiciones de la índole anotada que se estimen infringidos. Deficiencia que no se subsana por lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, porque dicha disposición exige al menos la indicación de una norma sustancial referente al derecho discutido.
A más de lo anterior, según la sentencia recurrida, la suspensión del contrato de trabajo no se sujetó a la ley, lo que significa que la relación laboral se encuentra vigente pues es claro que esta en ningún momento terminó, luego, con independencia que la empleadora no pueda reinstalar al trabajador en el puesto que desempañaba cuando fue relevado de sus funciones, por encontrarse en estado de liquidación, el contrato de trabajo debe producir todos sus efectos por cuanto no puede beneficiarse aquella de un acto arbitrario suyo, de manera que se siguen causando los salarios y prestaciones del demandante.
En torno a una situación semejante a la anteriormente reseñada la Sala tuvo oportunidad de referirse en sentencia de 8 de abril de 2003, radicada con el número 19592, en la que indicó lo siguiente:
“Lo equivocado del planteamiento del recurrente se evidencia si se tiene en cuenta que para que pueda intentarse la acción de reintegro es menester que el contrato haya terminado definitivamente, lo que ocurre a causa usualmente de un acto de iniciativa patronal el cual sigue surtiendo todos sus efectos hasta tanto un fallo judicial lo anule; en ese preciso momento el juez puede ordenar restablecer el nexo jurídico aun contra la voluntad de la parte renuente en su continuación o bien puede dejar sin efecto el despido pero abstenerse de imponer la continuación del vínculo por considerar que existen incompatibilidades para ello o porque la medida es física y jurídicamente imposible. Cuando se suspende el contrato de trabajo, en cambio, no se produce Su terminación, este sigue vigente y si se encuentra que dicha interrupción es ilegal e injusta la consecuencia que se produce no es otra que la establecida en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra que durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador.
Ahora, como no se discute en estos cargos que en el presente caso el contrato de trabajo fue suspendido ilegalmente, es dable entender que continúa vigente y seguirá así hasta tanto no sea terminado eficazmente o el empleador disponga que el trabajador reanude la prestación de sus servicios. Mientras esto no ocurra, surte efectos la consecuencia prevista en la norma antes citada, sin que ello signifique aplicación indebida de la misma, ni mucho menos su interpretación errónea”.
El cargo, conforme a lo expuesto inicialmente, se desestima.
Acusa por la vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 461, 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 461, 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil, 60, 61 y 145 del Código Penal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Quebrantamiento legal que anota la censura se originó en la apreciación equivocada del contrato de trabajo (fl. 39), la convención colectiva de trabajo (fls. 456 y ss.) y la comunicación del 4 de julio de 1997 (fl. 32), que dio lugar al siguiente yerro fáctico, señalado a la decisión recurrida:
“Dar por demostrado, sin estarlo, que de acuerdo con el contrato de trabajo, la convención colectiva y la comunicación del 4 de julio de 1997, se cumplieron los presupuestos para que se causen viáticos a favor del trabajador Castaño Henao a partir del 24 de septiembre de 1997 y hasta la fecha de pago total de la obligación”.
El desarrollo del cargo inicia con una cita de la definición de viático que trae el diccionario jurídico Abeledo-Perrot, de José Abelardo Garrone y posteriormente se remite a la cláusula quinta del contrato de trabajo, la cláusula IV de la convención colectiva y el artículo 5º del laudo arbitral, para afirmar que los presupuestos para la aplicación de viáticos en el caso que el trabajador deba cumplir en tierra comisiones específicas, propias de su cargo, ordenadas previamente por la empresa y en relación con la convención o el laudo, son los siguientes:
“1. Cuando tenga que permanecer en tierra por cuenta de la empresa, ya sea porque después de terminado su período de vacaciones se puso a órdenes de la misma y espera su reembarco.
2. Cuando permanezca en tierra por disposición de la empresa porque haya sido ordenado su traslado a otra ciudad o unidad.
3. Se encuentra disponible por orden de la empresa, en comisión o traslado a traer nuevas unidades”.
Señalado lo anterior aduce que conforme a las pruebas enunciadas y en armonía con la comunicación que la empleadora dirigió al señor Castaño Henao, informándole que cesó su actividad como tripulante y queda a disposición en su domicilio habitual de Cali, donde será, enterado de cualquier determinación que adopte la empresa en relación con el contrato de trabajo, no cabe interpretación distinta a aquella según la cual al permanecer el trabajador en su domicilio habitual o residencia no se causan viáticos, por cuanto no cumple ninguna comisión, ni se le informó su reembarco o traslado, de modo que mal puede entenderse que un trabajador devengue viáticos en forma permanente por estar en su casa de habitación, sin desarrollar ni cumplir ninguna función o comisión por parte de la empresa.
Más adelante sostiene que el juzgador de segundo grado desconoció los principios esenciales y naturales que justifican el concepto legal de viático, tal y como lo contempla el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de que tales emolumentos están destinados para sufragar gastos de alojamiento y manutención de manera que no pueden causarse cuando el trabajador está en su casa de habitación. Luego, estima que no puede concluirse de manera lógica que tengan lugar los viáticos, en la forma establecida en el contrato y convención colectiva, porque la empresa señale que debe permanecer en su domicilio habitual para la determinación que se adopte respecto de su contrato de trabajo, máxime cuando se le anuncia que ha cesado su actividad como tripulante. En sustento de su posición el ataque cita apartes de la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, radicada con el número 16245.
Esgrime en contra de la prosperidad del cargo que el recurrente se equivocó al atacar la decisión recurrida fundado en la interpretación errónea de las pruebas, toda vez que en ninguna parte de su escrito se menciona en qué consistió su equivocación y aduce que en todo caso no se presenta un error manifiesto de hecho.
En torno a los viáticos extralegales sobre las cuales versa la controversia en este caso se observa que el tribunal concluyó, después de referirse a la cláusula 5ª del contrato de trabajo del actor, a la 4ª de la convención colectiva de trabajo y a la comunicación que la empresa demandada dirigió al actor visible a folio 32, que si por orden de la empleadora el demandante debía permanecer en Cali a disposición de aquella, es apenas obvio que se generen los viáticos, tal como lo disponen el contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo.
“Quinta. Viáticos por comisión. Cuando el TRABAJADOR deba cumplir en tierra comisiones específicas, propias de su cargo, ordenadas previamente en cada caso por LA EMPRESA, o se encuentre en las situaciones previstas al respecto en convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales vigentes, devengará por concepto de viáticos la suma diaria que señalen tales normas o los reglamentos de la EMPRESA.
“Cláusula cuarta. Viáticos. Cuando un oficial afiliado a ASOMEC tenga que permanecer en tierra por cuenta de la EMPRESA, ya sea porque después de terminado su período de vacaciones se puso a órdenes de la misma y espera su reembarco, o porque haya sido ordenado su traslado a otra unidad, o porque se encuentra disponible por orden de la empresa en comisión o traslado a traer nuevas unidades, LA EMPRESA reconocerá además del sueldo, la sobreremuneración para quienes la devenguen y la prima de antigüedad; los pasajes de ida y regreso a que tenga derecho en caso que deba movilizarse y los siguientes viáticos ...”.
En tanto que en la comunicación del 4 de julio de 1997 que aparece a folio 32, la empresa informa al señor Guillermo Castaño Henao que “En razón a que ha cesado su actividad como tripulante, la empresa ha determinado que a partir de la fecha queda usted a disposición en su domicilio habitual, en la ciudad de Cali, en la cual se le comunicará cualquier determinación que adopte la empresa en relación con su contrato de trabajo”.
En razón a que la controversia gira alrededor del entendimiento que debe dársele a las normas extralegales es oportuno señalar que esta Sala de manera constante ha señalado que para admitirse la ocurrencia de un error de hecho derivado del alcance otorgado a un texto extralegal cualquiera que él sea es menester que el yerro sea protuberante y ostensible, esto es, que salte de bulto la disparidad entre el contenido literal o el espíritu del enunciado normativo y la interpretación realizada por el juzgador, situación que se descarta cuando el precepto respectivo admite varias interpretaciones todas igualmente admisibles y el ad quem opta por una de ellas, porque en esta hipótesis el operador judicial no hace cosa distinta que acogerse a la facultad que le otorga el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo sobre libre formación del convencimiento, y en esas circunstancias no es dable calificar su actitud como error ostensible de hecho.
Aclarado lo anterior se tiene que el recurrente sostiene, en síntesis, respecto del alcance que debe darse a los preceptos extralegales en armonía con la comunicación que la sociedad demandada envió al actor, que no hay lugar a interpretación distinta a que por permanecer el trabajador en su domicilio habitual o residencia (Cali) no se causan viáticos, por cuanto ni cumple comisión alguna, ni fue enterado de su reembarco o traslado alguno, de modo que mal puede pretenderse, por ser contrario a la lógica y a la naturaleza de los viáticos, que un trabajador devengue este reconocimiento en forma permanente por estar en su casa de habitación, sin desarrollar ni cumplir ninguna función o comisión por parte de la empresa.
Pues bien, el entendimiento asignado por el tribunal a las cláusulas del contrato de trabajo y la convención colectiva, citadas no resulta absurdo, todas vez que su lectura sistemática permite extraer entre otros entendimientos que los viáticos a que allí se alude se causen por la circunstancia de permanecer el tripulante en tierra por orden de la empresa y a su disposición, sin que tal postura sea desvirtuada por el hecho de que la cláusula admita otros entendimientos igualmente atendibles.
Es oportuno reiterar una vez más que la convención colectiva de trabajo a pesar de su innegable naturaleza normativa no pasa de ser en casación más que una prueba del proceso y por lo mismo las elucubraciones que sobre una de sus partes o segmentos haga el juez de casación en ningún caso constituyen jurisprudencia ni tienen ningún carácter vinculante para los juzgadores de instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 28 de marzo de 2003, en el proceso ordinario laboral seguido por Guillermo Castaño Henao contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación.