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Timestamp: 2019-03-25 02:05:29
Document Index: 346905481

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 25']

JUSTICIA DE MENORES ACTUAL: ¿VACÍO LEGAL Ó EXCESO DE PUNITIVISMO?﻿ – infoLibre
JUSTICIA DE MENORES ACTUAL: ¿VACÍO LEGAL Ó EXCESO DE PUNITIVISMO?﻿
escribe Cintia Monaco,Directora de la CADH. Politóloga y abogada.
En estos días, el gobierno volvió a la carga con el tema de bajar la edad de imputabilidad y de reformar el régimen penal juvenil; mezclando las dos cosas, difundiendo cifras sin base estadística seria, y proponiendo como solución algo que apenas es “un espejito de colores”.
Podríamos empezar preguntándonos sobre el plexo normativo que nos regula en relación a les menores, el delito y la justicia.
Por un lado, la norma actual que regula el qué hacer de la justicia frente a una persona menor de edad y el delito es vieja y disonante con el marco constitucional y convencional asumido por nuestro país. Por otro, la iniciativa del gobierno que pretende bajar la edad de punibilidad, es un refrito del intento de volver al texto primigenio del decreto ley 22.278 dictado por Videla, que consagraba los 14 años como edad que hacía posible la imputación de un delito. Recién el año 1983, mediante la ley 22.803 promulgada por R. Bignone, se vuelve a los 16 para evitar el castigo de quienes, en esta etapa prematura, “no han convivido lo suficiente como para afrontar con responsabilidad los resultados negativos que pudieren causar sus conductas” (Mensaje textual de elevación del proyecto del Presidente de la Nación, citado en González del Solar, 1995). Es duro decirlo, pero hasta los militares en ejercicio del poder de facto advertían que esa inmadurez en la conducta de les menores de 14 años no debía traerles las consecuencias penales que se le aplican a los adultos.
De esta forma puede afirmarse que en la Argentina existen dos regímenes penales para les menores de 18 años: a) la discrecionalidad absoluta sin debido proceso y con la mera imputación policial para les menores de 16 años que se encuentren en peligro material o moral (art. 1ro del decreto 22.278). En este caso puede perfectamente, como de hecho ocurre, decidirse la privación de libertad de dichos menores hasta los 18 años, aun cuando son formalmente inimputables y, por ende, no punibles; y b) la plena imputabilidad penal para la franja de 16 a 18 años.
¿Qué es la imputabilidad? O la inimputabilidad?
La imputabilidad penal significa que una persona sea pasible de ser sancionada como sujeto activo de los delitos previstos en el Código Penal. La inimputabilidad, a contrario sensu, es lo contrario, es decir, que una persona no puede ser sancionada como sujeto activo de los delitos previstos.
El Código Penal de la República Argentina, en el Título V, artículos 34, 35, expresa quienes no son punibles: los que no pueden comprender la criminalidad de sus acciones (lo que no impide a que se los interne en un establecimiento adecuado, si resultara necesario); el que actuare en legítima defensa o en función de su cargo, por obediencia debida, etcétera. Por su parte, es la mencionada ley 22.278 que plantea que frente a ciertos delitos los 16 años ya hacen imputable a la persona, y en su artículo 2 dice: “Es punible el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18) años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1º.” A su vez, dicho artículo 1 dice que: “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.”. Es decir, son punible desde los 16 años las personas para todos los delitos, salvo delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación
Pero entonces, ¿qué pasa si una persona menor de 16 años es acusada de cometer un delito?
Dicha norma 22.278, en los párrafos siguientes del artículo 1, dice que: “Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.
Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.”
Es decir, ese artículo autoriza a un juez a que haga lo que le parezca con ese menor, sin ningún tipo de proceso o juicio de por medio donde el menor pueda participar de la discusión en relación al delito que se le imputa, ni contar su versión de los hechos, ni defenderse, ni ofrecer pruebas. Nada. Es un procedimiento mediante el cual les menores pueden ser institucionalizados incluso sin proceso previo y sin posibilidad de ejercer defensa alguna.
el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presos por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niños llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los trabajadores con los derechos, el trabajo sociodeucativo y la inclusión, los institutos están sobrepasados en su capacidad, lxs chicxs están mal comidxs, sin atención adecuada de su salud física y psíquica, torturadxs, deprimidxs, psiquiatrizadxs, con escasas horas de escolarización y suicidadxs antes de que su infancia se termine.
Todo el arco político está de acuerdo con que esto es lo que debe ser modificado con suma urgencia, (sin necesidad de modificar la edad de imputabilidad), ya que así se vulneran los estándares de la legislación internacional y no satisface a nadie, pisoteando derechos y garantías básicos de les menores en cuestión.
¿Y qué pasa si una persona mayor de 16 años (y menor de 18 años) es acusado de cometer un delito?
Actualmente, como a partir de los 16 años sí es imputable (SALVO respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación; ya que estos son delitos muy leves), esa persona sí tiene un proceso penal, donde se tiene que demostrar el hecho delictivo de que se lo acusa, las pruebas en su contra, también debe demostrarse que el menor participó de aquel de alguna forma. En este proceso, sí tiene defensor y hasta puede presentar pruebas en su defensa. O sea, se lo trata como una persona con derechos y garantías. Mientras que, siendo menor a 16 años, como ya dijimos, se lo trata como cosa, como objeto de tutela, como asunto sujeto a la discrecionalidad del juez que le toque de turno.
Todos los códigos procesales de las provincias y el nacional tienen una sección que regula la competencia de los juzgados en el caso que el acusado sea un menor, mayor de 16 años.[1]
Sin embargo, a pesar de que desde los 16 años les menores en teoría tienen un “debido proceso”, el mismo no respeta todas las garantías constitucionales dadas a un adulto. Es que la misma ley 22.278, en la segunda parte del mencionado artículo 2 dice: “En esos casos (a los mayores de 16 años refiere) la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4º.
Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.”
De esa manera, el menor, nuevamente vuelve a ser objeto de la discrecionalidad del juez; así haya salido absuelto de la causa en su contra, ya que aquel podría disponer definitivamente de él si le parece.
Ese es el régimen penal juvenil que hay que modificar con urgencia.
Al final del artículo 3, esa norma aclara: “La disposición definitiva podrá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y concluirá de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría de edad.”
¿Qué pasa si una persona mayor de 16 años (pero menor de 18) es encontrado autor responsable de un delito en un juicio, cumple una pena?
En relación a esto la ley 22278, en el artículo 4, dice: “La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo estará supeditada a los siguientes requisitos:
1º – Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales.
2º – Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad.
3º – Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.”
Es decir, que una vez cumplido los 18 años, aquel que cometió el delito siendo un menor de esa edad pero mayor a 16 años, cumplirá una pena, la cual también podría ser reducida (hasta como si se tratara de un tentativa) si el juez toma en consideración lo señalado en el segundo párrafo señalado.
Dicho artículo 4, en el último párrafo concluye: “Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso segundo.” Es decir, también es una opción del juez que a pesar de que aquel que cometió el delito siendo menor de 18 pero mayor a 16 años, y fuera por ello considerado autor del delito imputado, sea igualmente absuelto, si el juez toma consideración lo señalado en el segundo párrafo antes señalado.
Por otro lado, mientras el artículo 10 dice: “La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los dieciocho (18) años y la mayoría de edad, se hará efectiva, durante ese lapso, en los establecimientos mencionados en el artículo 6º.” Dicho artículo 6 plantea que: “las penas privativas de libertad que los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena en establecimientos para adultos.”
Es que con la sanción de la ley Nº 26.579 promulgada en diciembre de 2009, se modificaron varios artículos del Código Civil, quedando desde ese momento establecido que la mayoría de edad se alcanza al cumplir los 18 años, y ya no es más hasta los 21. Y con la entrada en vigencia del nuevo código civil y comercial se ratifica esta idea, en su artículo 25 que dice: “Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años”. Por lo que esto ha hecho que los mencionados artículos 6 y 10 pierdan sentido, ya que la mayoría de edad es a los 18 años.
Si bien la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ha constituido un avance en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la situación de la infancia y la adolescencia de nuestro país, cabe destacar que en los hechos siguen existiendo contradicciones entre discursos y prácticas. Partiendo de la premisa de que los niños, niñas y adolescentes son “sujetos de derecho”, debemos considerar que, para ser tales, deben configurar su personalidad desde los vínculos, y esto no siempre está garantizado.
En los casos de niñas, niños y adolescentes en conflicto de con la ley penal, se hace hincapié en el hecho de que no sólo debemos pensar en el resarcimiento del daño causado a la sociedad sino también en el daño que la sociedad ha causado en ese sujeto por el fracaso de las estrategias que operaron para su integración social.
El psicoanalista Guillermo Greco, al referirse a la inseguridad, imputabilidad y la pena, reflexiona: “Lo fundamental no es si se priva de su libertad a alguien por un año, tres, cinco o doce. Lo que importa es qué se hace con él durante ese tiempo. Un año en la cárcel o un instituto (¿hay diferencias?) es tiempo suficiente para transformar a un menor, delincuente ocasional, en un consuetudinario criminal o en alguien que crea que hay una vida digna de ser vivida.
¿Cuál debe ser la pena? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Todos los culpables que cumplieron su pena están en condiciones de reintegrarse pacíficamente al lazo social?”.
Ahora sí, explicado cómo la ley actual dice que debe funcionar la justicia ante les menores, tomo posición: NO DEBE BAJARSE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD PENAL, SI DEBE MODIFICARSE EL REGIMEN PENAL JUVENIL.
Es que a lo dicho podemos sumarle algunas razones más: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha garantía de derechos. Bajar la edad de imputabilidad contraría este compromiso asumido.
Por otro lado, a los que dicen que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal, es importante marcarles que eso es una gran falacia. El derecho penal es de ultima ratio, actuando cuando las demás ramas del derecho fracasaron. En la mayoría de estos casos con menores involucrados, las demás ramas en realidad ni siquiera comenzaron a intervenir, asique no puede decirse que “fracasaron”. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.
Además, la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima: De las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. La incidencia de delitos graves es ínfima aún entre les adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa.
Por otro lado, les pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales, casi siempre que están inmersos en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado.
Por todo esto es que quiero sumar algunos elementos concretos más a fundamentar por qué la propuesta hacia la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullriche sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.
[1] CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN:
Art. 29. – El juez de menores conocerá:
Art. 28. – El tribunal de menores juzgará en única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiesen alcanzado la mayoría de edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años.