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Timestamp: 2019-12-14 13:30:35
Document Index: 219225650

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 13']

El Peruano - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 - DECRETO SUPREMO - N° 007-2019-MINAGRI - PODER EJECUTIVO - AGRICULTURA
N° 007-2019-MINAGRI
Que, la Vigésima Tercera Política de Estado, denominada Política de desarrollo agrario y rural, busca impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector;
Que, mediante Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, se establece las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, a partir de su reconocimiento, así como la importancia de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales, en la dinamización en las economías locales, y en la contribución al empleo rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de las políticas de Estado;
Que, por Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAGRI se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021, cuyo objetivo es orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del logro de resultados favorables para los agricultores y agricultoras familiares, sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural;
Que, con el Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, de aplicación a todas las entidades del sector público nacional, regional y local que ejercen competencias, atribuciones y funciones relacionadas con la agricultura familiar;
Que, el mencionado Decreto Supremo, además, crea la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, presidida por el Ministerio de Agricultura y Riego, encargada del seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley Nº 30355 y su Reglamento, estableciendo como una de sus funciones emitir un informe técnico que contenga el Plan Nacional de Agricultura Familiar correspondiente a la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar vigente, que incluye las responsabilidades, los plazos y la previsión del financiamiento correspondiente para su implementación;
Que, en este sentido, el Ministerio de Agricultura y Riego propone la aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021, cuyo objetivo general es mejorar los ingresos de los productores y productoras de la agricultura familiar de manera sostenible;
De conformidad con la facultad conferida por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y, el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Artículo 1.- Aprobación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021
Apruébese el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 (PLANAF 2019-2021) que, como Anexo, forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Implementación del Plan Nacional
La implementación del presente PLANAF 2019-2021 se encuentra a cargo de las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, creada por el Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI, conforme a sus respectivas competencias y funciones.
Artículo 3.- Seguimiento y Monitoreo del Plan Nacional
La referida Comisión Multisectorial en el marco de sus funciones y atribuciones referido a fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, encarga a la Secretaría Técnica de la acotada Comisión Multisectorial, el seguimiento y el monitoreo al PLANAF 2019-2021; para estos efectos, elabora y entrega anualmente un Informe sobre los avances del referido Plan a la citada Comisión Multisectorial.
Artículo 4.- Programación de actividades contenidas en el Plan Nacional
Las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar toman como base los compromisos contenidos en el PLANAF 2019-2021, para el establecimiento de sus actividades de manera anual.
Las acciones que se realicen en el marco del PLANAF 2019-2021, se financian con cargo a la disponibilidad presupuestal de las instituciones de los pliegos involucrados, de acuerdo a sus respectivas competencias y conforme a las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El presente Decreto Supremo es publicado en el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), y en los portales institucionales de las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 7.- Acceso a la plataforma informática de seguimiento a los avances del PLANAF 2019-2021
La plataforma informática de seguimiento a los avances del PLANAF 2019-2021, utiliza la Plataforma Nacional de Autenticación de la Identidad Digital - ID PERÚ para autenticar la identidad digital de los funcionarios responsables de registrar los avances en el PLANAF 2019-2021.
Artículo 8- Vigencia
El PLANAF 2019-2021, quedará derogado una vez aprobado el Plan Estratégico Multisectorial - PEM, el cual implementará la Política Nacional de Agricultura Familiar (Estrategia Nacional de Agricultura Familiar) en el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.
Artículo 9- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de la Producción, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Cultura, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Salud, la Ministra de Educación, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
1.2. Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
1.3. Base Legal y Marco Internacional
2. LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PERÚ
2.1. ¿Qué es la agricultura familiar?
2.2. Tipología de la Agricultura Familiar
“Agricultura familiar de subsistencia - AFS
Agricultura familiar intermedia - AFI
Agricultura familiar consolidada - AFC
2.3. La agricultura familiar en números
2.4. La agricultura familiar en el territorio
2.5. Características de las Unidades Agropecuarias de la AF
2.6. Características de los agricultores y agricultoras familiares
2.7. Situación de las mujeres productoras agropecuarias
2.8. Participación de niños, niñas y adolescentes en la agricultura
2.9. Comunidades campesinas y comunidades nativas
3. ESTRATEGIA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 2015-2021
3.1. Enfoques
4. PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PLANAF) 2019 - 2021
4.2. Alineamiento estratégico
4.3. Problema
4.4. Enfoques
4.5. Lineamientos y acciones estratégicas
4.6. Objetivo general del PLANAF:
4.7. Objetivos específicos, indicadores y metas
4.8. Lineamientos e indicadores del PLANAF 2019 - 2021
4.9. Acciones Estratégicas y Líneas de acción del PLANAF 2019 - 2021
5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAF - 2019 - 2021
5.1. Modelo de organización y gestión.
5.2. Mecanismos de participación de los Pueblos Indígenas u originarios.
5.3. Seguimiento y evaluación
5.3.1. Seguimiento:
5.3.2. Evaluación:
• Agricultura familiar (AF)
• Agricultura familiar de subsistencia (AFS)
• Agricultura familiar intermedia con Menor potencial (AFI_MeP)
• Agricultura familiar consolidada (AFC)
• Agricultura familiar de subsistencia No consolidada (AFS_NoC)
• Agricultura familiar de subsistencia consolidada (AFS_C)
• Agricultura familiar intermedia con Mayor potencial (AFI_MaP)
• IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO 2012)
• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
• Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (CMPD_AF)
• Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR)
• Comités Locales de Administración de Salud (CLAS)
• Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR - MINAGRI)
• Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA-MINAGRI)
• Dirección de Políticas y Normatividad Agraria (DIPNA-MINAGRI)
• Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF)
• Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)
• Hojas de Información Complementaria (HIC)
• Instituto Vial Provincial (IVP)
• Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE)
• Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS)
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
• Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)
• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
• Organismo Vivo Modificado (OVM)
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF)
• Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL)
• Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS)
• Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)
• Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
• Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES
• Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS (PN PAIS)
• Programa no escolarizado de educación inicial (PRONOEI)
• Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT)
• Proyecto 2268198 Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú - 3ª. Etapa (PTRT3)
• Seguro Agrícola Catastróﬁco (SAC)
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
• Seguro Integral de Salud (SIS)
• Unidad agropecuaria familiar (UA)
La agricultura familiar, provee el 70% de los alimentos en el mundo y es la base para la producción sostenible de los mismos, está orientada a lograr la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza. Incluye a las comunidades campesinas, nativas y a los pueblos indígenas u originarios; es una forma de vida que involucra el trabajo colectivo donde predomina la mano de obra de los miembros de la familia (jefe o jefa de familia, cónyuge, hijos e hijas) en las actividades agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola dentro de las unidades productivas que administran o de las que son poseedoras. En esta actividad están vinculadas “funciones económicas, ambientales, sociales y culturales” (FAO 2014)1.
Este modelo de agricultura y producción, contribuye sustancialmente a la seguridad alimentaria y nutricional, preserva las prácticas culturales que le permiten producir la tierra, gestionar el territorio; adaptarlo para procurar la sostenibilidad ambiental o adaptarse a los cambios que suceden en el medio ambiente.
Las poblaciones comienzan a tomar conciencia acerca de la importancia de consumir alimentos libres de contaminantes que puedan afectar su salud, preocupándose por la composición de los alimentos que consumen y su origen, lo que ha generado un creciente interés por la inocuidad de los alimentos, con el propósito de proteger la vida y la salud de los consumidores.
Así mismo, la ausencia de políticas, planes y programas articulados (o su implementación) con un enfoque territorial, intersectorial y descentralizado; de leyes favorables al desarrollo del sector o el fortalecimiento de las instituciones; condicionan el desarrollo del espacio rural, haciendo invisibles a los ciudadanos que trabajan en el campo; afectando la sostenibilidad de la producción, la inserción en la cadena productiva y el acceso a los mercados. Este hecho se manifiesta en un conjunto de externalidades negativas; entre ellas, el bajo nivel de productividad, la migración, la pobreza, el incumplimiento de los derechos de las mujeres y hombres de la agricultura familiar; por citar algunos ejemplos.
El Estado Peruano comprendiendo que la agricultura familiar desempeña un papel fundamental para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y con la intención de seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria del país, en conjunto con actores protagónicos en el esfuerzo por lograr un futuro sin hambre; ha propiciado la elaboración del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021, basado en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021, que fue aprobada por Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAGRI.
Por otro lado, es importante señalar que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), con función de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (en adelante la Comisión Multisectorial) tuvo el encargo de conducir el proceso de formulación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 (PLANAF) en coordinación con los sectores conformantes de la misma, así como las diversas dependencias del MINAGRI, y la participación de la sociedad civil.
El Plan Nacional de Agricultura Nacional 2019 - 2021 es un documento de gestión de corto plazo el cual se presenta y pone al servicio de las entidades del nivel nacional, regional y local, para su implementación; así como al conjunto de actores agrarios, colectivos sociales y empresas privadas comprometidas con el tema, con la finalidad de contribuir con la vigilancia y participación para hacer efectiva la labor emprendida.
Mediante Decreto Supremo 015-2016-MINAGRI se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y se creó la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
En el artículo 4 del citado Decreto Supremo se establecen las funciones y atribuciones de la Comisión Multisectorial, entre las que se encuentra emitir un informe técnico que contenga el Plan Nacional de Agricultura Familiar (en adelante PLANAF), correspondiente a la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) vigente, el mismo que incluye las responsabilidades, los plazos y la previsión del financiamiento correspondiente para su implementación.
En este contexto se formula el PLANAF 2019 - 2021, el cual tiene como marco lo establecido por la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) 2015 - 2021.
Asimismo, es importante señalar que, para la elaboración del PLANAF se contó con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y la Dirección General de Políticas Agrarias del MINAGRI.
a) Marco internacional
• Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (2015–Agenda 2030).
• Resolución A/RES/72/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019–2028)”.
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.
• Declaración de Roma sobre la Nutrición (2014).
• Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (1996).
• Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición (1974).
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
• Resolución Nº AC.373L.30. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, 2018.
• Declaración de Santo Domingo, “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”, 2018.
• Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador.
• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará.
• Resolución 17/4 de la Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que acoge los “Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos”.
• Convenio de Diversidad Biológica.
• Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los beneficios.
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• Convenio de Rotterdam, sobre productos químicos y plaguicidas peligrosos.
• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desestatificación y la Sequía.
b) Marco Normativo Nacional
• Políticas de Estado del Acuerdo Nacional2.
• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias.
• Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, y sus modificatorias.
• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias.
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y sus modificatorias.
• Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Ley N° 29196, Ley de Promoción de la producción orgánica o ecológica, y sus modificatorias.
• Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.
• Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
• Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.
• Ley 30987, Ley que fortalece la planificación de la producción agraria.
• Ley 30989, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua.
• Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley Nº 30048.
• Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
• Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, modificado por Decreto Supremo N° 006-2016-MINAGRI.
• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
• Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, que aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.
• Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Agraria.
• Decreto Supremo N° 015-2016-MINAGRI que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
• Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Decreto que aprueba la Política General de Gobierno al 2021.
• Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género.
• Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021
• Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, Aprueba la Política Nacional contra la Trata de Personas y sus formas de explotación.
• Decreto Supremo N° 003-2015-MC, aprueba la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural.
• Decreto Supremo N° 015-2019-MTPE, que aprueba el III Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso 2019-2022.
• Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0034-2008-AG.
2.1. ¿Qué es la agricultura familiar?3
La Agricultura Familiar está definida como: “el modo de vida y de producción gestionado por una familia, y cuyos miembros son la principal fuerza laboral4. Incluye actividades tales como la producción agrícola y pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la pesca artesanal, la acuicultura y la apicultura, entre otras. A través de esta importante actividad se transmite nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones en las artes, instituciones, economía y biodiversidad”.
Se caracteriza por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y por su heterogeneidad. Asimismo, es multiactiva; es decir, incluye actividades intra y extra prediales generadoras de ingreso en zonas rurales o urbanas. A través de ella pervive y se transmite nuestra cultura milenaria, así como sus múltiples manifestaciones en las artes, las instituciones, la economía y la biodiversidad.
La Agricultura Familiar se realiza en interrelación dinámica con el entorno social, económico, cultural y ambiental, es inseparable de la unidad productiva familiar, dado que cuenta con los mismos recursos, y las decisiones sobre el uso de los recursos influyen tanto en la familia como en la unidad productiva.
De otro lado, la Agricultura Familiar también involucra una dimensión comunitaria, la misma que es característica de las comunidades campesinas y nativas. La dimensión comunitaria está vinculada al “efecto comunidad”5 la cual es relevante para: a) El manejo de recursos naturales; b) La organización del proceso del trabajo; y, c) El uso compartido de conocimientos técnicos y ecológicos.
Vale destacar que las comunidades campesinas y nativas albergan una proporción importante de agricultores y agricultoras familiares, así como controlan una importante superficie agropecuaria y en el contexto actual, lejos de desaparecer, han reconfigurado sus dinámicas productivas e institucionales ante condiciones cambiantes de desarrollo y acceso al mercado.
2.2. Tipología de la Agricultura Familiar6
Siguiendo las pautas de los estudios de la FAO, la tipología de Agricultura Familiar a nivel conceptual que considera la ENAF distingue tres categorías:
Es aquella con mayor orientación al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado fuera o al interior de la agricultura.
Es la que presenta una mayor dependencia de la producción propia (venta y autoconsumo), accede a tierras de mejores recursos que el grupo anterior, satisface con ello requerimientos de la reproducción familiar, pero tiene dificultades para generar excedentes que le permitan la reproducción y desarrollo de la unidad productiva.
Se distingue porque tiene sustento suficiente en la producción propia, explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva.”
• Definición a nivel operativo de la tipología de la Agricultura Familiar
Cabe precisar, que, para el caso peruano, la definición a nivel operativo de la tipología de la AF está en función de dos variables de control:
(1) el tamaño de la Unidad agropecuaria familiar (UA)7 en hectáreas estandarizadas (Caballero, José María; Alvarez, Elena;, 1980)
(2) el nivel tecnológico de la Unidad agropecuaria familiar (UA).
Para esta segunda variable, se evalúa la ausencia o presencia de riego (¿tiene al menos una parcela bajo riego?) y el uso de semillas certificadas.
Integrando ambas variables obtenemos la siguiente tipología para la Agricultura Familiar en el Perú (Eguren López, 2014).
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 - Tipología de la AF
Elaboración: DGPA/DIPNA
2.3. La agricultura familiar en números8
En el Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario del año 2012, la agricultura familiar representa el 97% del total de las más de 2,2 millones de unidades agropecuarias; y, en algunas regiones del país, esta tasa asciende a casi el 100%. Asimismo, en la agricultura familiar laboran más de 3 millones (83%) de los 3,8 millones de trabajadores agrícolas. Incluso, en seis regiones del país representan más del 50% del total de la población, y en otros siete superan el 30%. Por ello, la Agricultura Familiar es de vital importancia para el desarrollo nacional.
Por otro lado, es importante precisar que el resultado de la aplicación de la tipología de la Agricultura Familiar a todas las UA del país, nos muestra que la mayoría pertenecen a la Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS) involucrando a 1 893 307 unidades familiares, las cuales representan el 88% del total de UA en el Perú. En segundo lugar, muy de lejos, la Agricultura Familiar Intermedia (AFI) comprende a 217 961 unidades familiares lo que representa el 10% de las UA del país. En tercer lugar, mucho más rezagado, aparece la Agricultura Familiar Consolidada (AFC) incluyendo a 45 565 unidades familiares que representan solo el 2% de las UA en el país.
FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos para una estrategia - Fernando Eguren, Miguel Pintado 2014. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA
El Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante el IV Censo Nacional Agropecuario en el Perú - 2012 (IV CENAGRO-2012) determinó que en el Perú se cuentan con 3 803 864 predios rurales; hasta junio del año 2019 se titularon 1 714 283 (4 885 707 hectáreas formalizadas).
A junio del 2019, existen 6262 Comunidades Campesinas reconocidas, de las cuales se han titulado 5152 (23 951 441,2 hectáreas formalizadas); así como 2225 Comunidades Nativas reconocidas, de los cuales se han Titulado, 1488 (13 803 988,4 hectáreas formalizadas)9.
Las unidades agropecuarias familiares se distribuyen de manera diferenciada entre las diferentes regiones y tipos de agricultura familiar (gráfico N° 2).
En el segmento de AF más crítico, la mayor parte de las UA se localizan en la selva y en la sierra. Al interior de la AFS no crítica, en cambio, la mayoría de las UA se concentran en la sierra y en la costa.
En el caso de la AFI sin potencial tecnológico, el grueso de las UA se localiza en la selva y la sierra; mientras que, en la AFI con potencial tecnológico, la mayor proporción de UA se sitúa en la costa y la sierra. Por su parte, el segmento de AFC concentra a un mayor número de UA en la región costera.
FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos para una estrategia - Fernando Eguren, Miguel Pintado; 2014. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA
En resumen, es evidente que las regiones de la sierra y la selva son los territorios con mayor densidad de UA con escasos recursos y de niveles tecnológicos más bajos (AFS Crítica y AFI de menor potencial); mientras que la región costera, es el territorio con mayor densidad de UA con mayor potencial tanto en recursos como en tecnología (AFI con mayor potencial y AFC).
La altitud también juega un papel importante en la distribución de las unidades agropecuarias familiares para cada tipo de agricultura (Tabla N° 3). Las unidades familiares críticas se concentran en las regiones quechua, suni y yunga fluvial; las de subsistencia no crítica, en las regiones quechua, suni y costa; las unidades familiares intermedias sin potencial, en las regiones omagua o selva baja y yunga fluvial; las unidades familiares con potencial y las unidades familiares consolidadas, en la región costa. Bajo esta clasificación regional, la costa aparece nuevamente como el espacio donde se sitúa la agricultura con mayores posibilidades de desarrollo.
Distribución de las UA según tipología de
la AF y piso altitudinal, 2012
FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos para una estrategia – Fernando Eguren, Miguel Pintado; 2014. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA.
Dentro de cada departamento podemos observar cómo se distribuyen las unidades agropecuarias familiares según la tipología general de la Agricultura Familiar que estamos empleando: Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS), Intermedia (AFI) y Consolidada (AFC). La presencia de la AFS es la más generalizada en el Perú. En 18 de las 24 regiones del país la AFS comprende a más del 70% de las unidades agropecuarias familiares. Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica son las cuatro regiones en las que el peso de la AFS supera el 95% del total de UA familiares. En Ancash, Cusco y Puno la participación de la AFS fluctúa entre el 90% y 94% de las UA familiares. Entre el 80% y 89% de la participación de la AFS se encuentran las regiones de Amazonas, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua y Pasco. Las nueve regiones restantes presentan una participación de la AFS por debajo del 80% del total de UA de cada región analizada.
Al igual que en el análisis de las variables que caracterizan a los productores, aquí también encontramos diferencias entre los tipos de AF. Existe una gran brecha entre el porcentaje de UA que usan semillas certificadas en la AFC 57% y la AFS no crítica 20%.
Brechas similares se mantienen al interior de la AFS y la AFI: en el uso de abonos orgánicos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y tractores, la tasa de participación de las UA en dichas tecnologías es mayor en la AFS no crítica que en la crítica, y mayor en la AFI de mayor potencial que en la de menor potencial.
En el caso de la energía animal, su uso es más frecuente en la AFS no crítica y menos frecuente en la AFI de menor potencial. Tanto la AFS crítica como la AFI de menor potencial presentan una limitada conectividad, puesto que en la mayoría de unidades familiares puede tomar más de una hora (en algunos casos, más de 24 horas) para llegar a la capital distrital.
Por último, el destino de la mayor parte de las tierras para la venta de su producción se encuentra más arraigado en las unidades familiares de la AFC; mientras que en la AFS crítica, la mayoría de UA destina la mayor parte de sus tierras para el autoconsumo.
El mayor porcentaje de UA que reportan algún tipo de contaminación en el agua para riego (desagües industriales o domésticos, relaves mineros u otras sustancias) se localizan en la AFC, mientras que el menor, en la AFS no crítica. La proporción de UA que poseen al menos una de sus parcelas con título de propiedad sigue el ordenamiento de los tipos en el que la AFS crítica tiene la menor participación y la AFC, mayor participación.
Casi no hay diferencia entre el número de miembros por UA agropecuaria entre los cinco tipos de AF. En cuanto al riego, también apreciamos similares tasas de acceso en la AFS, AFI y la AFC10. El uso de energía eléctrica aparece como la de menor participación de las UA en comparación con las demás variables que caracterizan a la UA. Aun así, aunque en un porcentaje muy pequeño, en la AFC se registra un mayor uso de energía eléctrica.
Caracterización de la UA según tipología de agricultura familiar: Nivel nacional, 2012
A nivel nacional, los resultados revelan diferencias notables – entre los 5 tipos de Agricultura Familiar– en 4 de las 12 variables estudiadas; diferencias moderadas en 6 variables, y diferencias sutiles en 2 variables (Tabla N° 4). En las notables, la tasa de participación de asistencia técnica tiene una secuencia creciente siendo la AFS crítica la de menor participación y la AFC, la de mayor participación de productores.
El acceso al crédito es secuencial en cada tipo de agricultura mostrando la mayor tasa de acceso en la AFC y la menor en la AFS crítica. El vínculo entre el productor y algún tipo de asociación, comité o cooperativa es más recurrente en la AFI de mayor potencial y menos usual en la AFS crítica. Dentro de las personas que pertenecen a algún tipo de asociación, existen algunas que pertenecen a cooperativas, lo cual tiene una naturaleza más económica. Así la tasa de participación a cooperativas (participación en cooperativas/pertenece a alguna asociación) es mayor en la AFC y la AFI de menor potencial, y menor en la AFS no crítica.
Caracterización del productor según tipología de Agricultura Familiar: Nivel Nacional, 2012
La predominancia de productores hombres es mayor en la AFI y AFC, y menor en la AFS. La mayor presencia de productores jóvenes menores de 30 años se encuentra en la AFS crítica; mientras que la mayor presencia de productores mayores de 65 años, en la AFC. Mayor proporción de productores con estudios secundarios o superiores (mínimo 1° de secundaria) es encontrada en la AFC, mientras que una menor proporción, en la AFS crítica. La mayor densidad de productores cuya lengua es de origen nativo se encuentra en la AFS (en la crítica, principalmente), mientras que una menor densidad (o mayor de productores que hablan español), en la AFC y en la AFI de mayor potencial.
La mayor proporción de productores que sostienen que la actividad agropecuaria les genera suficientes ingresos para sus gastos se encuentra en la AFC, mientras que la menor proporción en la AFS. En los cinco tipos de AF, la mayoría de productores (entre el 57% y 75%) no tienen hijos menores de 14 años. Asimismo, la tasa de dependencia es moderada, ya que la mayoría de productores tienen entre 1 y 3 hijos menores de 14 años. En este rango, la AFS y AFI críticas son las que presentan una mayor tasa de dependencia.
Alrededor del 40% de los productores de todos los tipos de AF, durante el año, dejan de trabajar en su unidad agropecuaria para conseguir otros ingresos. En la AFS no crítica se observa una participación ligeramente mayor de los productores en otras actividades que en los otros tipos de Agricultura Familiar. Asimismo, la actividad de mayor recurrencia para la búsqueda de otros ingresos tanto en la AFS, AFI y AFC es la agropecuaria. Es decir, que los productores, además de trabajar dentro de su UA, también realizan las mismas actividades (ya sea como peón, jornalero, etc.) fuera de su UA.
Es importante señalar que no se cuenta con información estadística que evidencie las brechas entre mujeres y hombres de la agricultura familiar, no obstante, se presenta a continuación información cuantitativa del IV CENAGRO referido a la productora y productor agrario lo que nos permite inferir acerca de la situación de la mujer agricultora familiar.
En relación a la conducción de superficie agropecuaria, señala que las mujeres conducen el 22,6% del total de superficie agropecuaria de las cuales el 8,8% es agrícola y el 13,8% no agrícola. En cambio, los hombres dirigen el 77,4% de la superficie donde el 33,1% es superficie agrícola y 44,3% no agrícola.
Asimismo, el censo agropecuario de 2012 registró un total de 5 909 582 hectáreas de superficie agrícola, que incluye tierras sembradas de barbecho, de descanso y tierras agrícolas no trabajadas. De este total, las mujeres sólo tienen el 21% de la superficie agrícola del país; en cambio los hombres poseen el 79%.
Las mujeres conducen en promedio 1,8 hectáreas de superficie agrícola y los hombres 3,0 hectáreas, existiendo una brecha de 1,2 hectáreas a favor de los hombres.
Por región, destacan dos departamentos ubicados en la selva del país donde mujeres y hombres presentan los promedios más altos. Así, en Madre de Dios, las mujeres conducen en promedio 9,2 hectáreas de superficie agrícola, los hombres 10,6 y en Ucayali dirigen 6,7 y 7,3 hectáreas, respectivamente.
Fuente: IV CENAGRO. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA
Los departamentos donde la mujer tiene apenas una hectárea de superficie agrícola son Cajamarca (1,0 ha.), Huancavelica (1,1 ha.) y Ayacucho (1,2 ha.); en el caso de los hombres, los departamentos donde tienen menos de dos hectáreas de superficie agrícola son Cajamarca y Puno con 1,7 hectáreas, cada uno, y Huancavelica con 1,8 hectáreas.
Los resultados censales señalan que poco más de las tres cuartas partes de las parcelas que poseen las mujeres son de su propiedad (76,5%), en calidad de parcelas de la comunidad se encuentran el 11,6% (tierras asignadas por la comunidad campesina o nativa para su usufructo). Bajo la modalidad de parcelas en calidad de arrendatarias están el 5,0%; y el 3,5% son posesionarias (ocupación de la tierra).
En el caso de los hombres, la proporción de parcelas que dirigen como propietarios es menor que en las mujeres 7,1%, en cambio, los hombres que conducen parcelas de la comunidad son 15,8%, arrendatarios 5,5%, y posesionarios 4,5%.
En relación al crédito, es importante señalar, que de acuerdo con los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario de 2012, más hombres que mujeres gestionaron un crédito: 10,4% y 6,4%, respectivamente, existiendo una brecha de cuatro puntos porcentuales.
Del total de gestiones realizadas para obtener un crédito, accedieron 89,5% mujeres y 90,6% hombres. De los que no recibieron, la razón principal, tanto en mujeres como en hombres, fue la falta de garantía (76,2% mujeres y 73,5% hombres) y por no tener título de propiedad (14,0% mujeres y 15,1% hombres).
En referencia al destino de la producción, mencionar que la mayor parte de la superficie agrícola cultivada por mujeres y hombres está destinada al mercado para la venta: 58,1% de superficie en el caso de las mujeres y 61,2% en los hombres. En segundo lugar, está la superficie cultivada para el autoconsumo, es decir, cuando la mayor parte de la producción se dedica al consumo de los miembros del hogar, las mujeres destinaron el 22,1% y los hombres el 16,4% de la superficie cultivada. Como alimento para sus animales dedicaron cerca de la quinta parte de la superficie, tanto mujeres como hombres.
Sobre la capacitación mencionar que del total de mujeres que se dedican a las labores agropecuarias, solo el 5,7% recibieron capacitación y de total de hombres, recibieron capacitación el 9,5% lo que demuestra una brecha de género de cuatro puntos porcentuales.
Una característica importante de las productoras y productores agrarios es el bajo nivel de educación, la mayor parte de las personas ocupadas en el sector agropecuario tienen bajo nivel educativo. Así, el 28,1% de las mujeres y el 9,3% de los hombres no tienen nivel alguno de educación. El 45,9% de las mujeres y el 54,5% de los hombres, tienen educación primaria.
Entre los que tienen educación secundaria, las mujeres se encuentran en mayores desventajas que sus pares los hombres, pues 2 de cada 10 mujeres tienen secundaria frente a tres de cada diez hombres (19.5% y 28.7%, respectivamente), con una brecha de 9,2 puntos porcentuales.
El 26,6% de las mujeres en actividades agropecuarias no sabe leer ni escribir, a diferencia de los hombres 8,9% no sabe leer y escribir, es decir, la proporción de analfabetas mujeres es tres veces más que la de los hombres.
2.8. Participación de niños, niñas y adolescentes en la agricultura11
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil (ETI) realizada en el año 2015, seis de cada diez niños, niñas y adolescentes que trabajan en el Perú, lo realizan en el sector de la agricultura (actividades agrícolas y/o pecuarias).
Con mayor detalle, la ETI (2015) señala que, en las zonas rurales, del total de niños, niñas y adolescentes que trabaja, casi el 90% lo realiza en el sector de la agricultura; en las zonas urbanas, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el sector de la agricultura corresponden al 24%.
Con relación a las regiones naturales, en la Sierra, este porcentaje es del 74%, mientras que en la Región Selva este porcentaje llega a 60%, y en la región Costa, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la agricultura es del 20%.
“El trabajo en la agricultura expone a los menores trabajar por muchas horas y a cambios climáticos, trabajos pesados, manipulan herramientas filosas y operan maquinaria sin protección. Las largas jornadas les impiden ir a la escuela o afectan su rendimiento”.
En cuanto a los grupos etarios, según el INEI (2015), el 72% de niños y niñas entre 5 y 9 años que trabajan a nivel nacional, lo realizan en actividades agrícolas, mientras que los niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 13 años que trabajan en la agricultura, corresponden al 61%. Por su parte, el 52% de los adolescentes entre los 14 y 17 años que trabajan, lo realizan en el sector de la agricultura.
Como se puede apreciar en las descripciones previas, en todos los grupos etarios analizados en la ETI 2015, existe una mayor preponderancia en los trabajos relativos a la agricultura.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan no reciben un pago por el trabajo realizado, ya que este es considerado como actividades de apoyo en la economía familiar: “según la ETI 2015, el 73,2% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan son trabajadores familiares no remunerados”.
Es relevante tomar en cuenta estos datos al analizar las características o condiciones de la agricultura familiar en el Perú, para que el Plan Nacional de Agricultura Familiar incorpore estrategias para el desarrollo de mecanismos, procesos o tecnologías para la producción en la agricultura, que consideren la promoción y garantías de consecución de cadenas productivas que no concentren trabajo infantil.
La ENAF propone, principalmente, orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del logro de resultados favorables para los agricultores y agricultoras familiares, en el marco de una apuesta por la inclusión social y económica de la población rural, reconociendo la enorme contribución de los pueblos indígenas u originarios, las comunidades locales y los agricultores para la conservación y el desarrollo de la diversidad biológica y los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el país12.
Por otro lado, es importante precisar que se entiende por pueblos indígenas u originarios al pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7º de la Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos
A continuación, se presenta información cuantitativa del IV CENAGRO referido a las comunidades campesinas y nativas.
• Comunidades campesinas
Los resultados del IV CENAGRO muestran lo siguiente: la existencia de comunidades campesinas y una superficie territorial de 19 888 190 hectáreas. Aquí se incluye la superficie total titulada y/o adjudicada de las comunidades, así como las tierras cedidas en uso, cedidas a concesiones mineras y tierras de protección13.
Las comunidades campesinas se caracterizan, entre otras cosas, por el trabajo comunal. Importante señalar que, en promedio, casi 9 de cada 10 representantes (88%) declaran que en su comunidad se realiza trabajo comunal.
En relación a las formas de ayuda mutua, señalar que más de la mitad de las comunidades campesinas dicen practicar el ayni y/o la minka, mientras que solo 1% practica la mita. Es interesante resaltar las diferencias geográficas de los resultados. El ayni es practicado mayoritariamente en las comunidades campesinas de la sierra sur del país, mientras que la minka es una respuesta más común en la costa y la sierra norte.
Sobre las tierras comunales en total, el 70% de las comunidades campesinas entrevistadas cuentan con tierras comunales. Esta característica es significativamente más común entre las comunidades quechua hablantes que en las comunidades aimara hablantes. En el caso de las primeras, 7 de cada 10 comunidades (72%) declaran tener tierras de uso comunal, mientras que en las segundas ocurre en algo más de 4 de cada 10 (44%).
Respecto al número y superficie territorial de las comunidades campesinas de acuerdo a los resultados de la información complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario, de 1 285 215,60 km2 que tiene el país, 198 881,9 km2 (15,5%) es la superficie territorial de las comunidades campesinas, que equivale a 19 888 190 hectáreas. Esta superficie está distribuida en 6115 comunidades campesinas y en 21 regiones.
Del total de comunidades censadas, el 66,3% cuentan con el 9,6% de tierras cultivadas bajo riego controladas por las comunidades, el 30% son tierras de secano y el 46,7% son tierras dedicadas a pastos naturales y utilizadas en la crianza de animales, según manifestación de los presidentes y autoridades comunales.
La edad y género del productor influyen en las posibilidades de innovación y gestión dentro de las comunidades campesinas. En el país, 4811 comunidades campesinas, es decir, el 96,3%, son conducidas por presidentes hombres; de ellos, 2297 están en el grupo de 45 a 64 años y 1893 en el grupo de 30 a 44 años. En cambio, las presidentes del género femenino son 183 y representan tan sólo el 3,7%, de las cuales 96 están en el grupo de edad de 45 a 64 años y 70 en el de 30 a 44 años.
Otro tema importante es el referido al registro de las juntas directivas ante Registros Públicos lo cual permite a las autoridades realizar gestiones ante las diversas entidades públicas o privadas. De igual forma es requisito legal registrar a la comunidad como personería jurídica.
De las comunidades censadas, el 88% declaran estar inscritas en Registros Públicos, 80,8% manifiestan que sus juntas directivas se encuentran debidamente inscritas en los Registros Públicos, y el 69,6% afirman contar con estatutos debidamente actualizados.
En relación a las actividades económicas de las comunidades, se puede señalar que tienen varias posibilidades para realizar actividades económicas: conformando empresas comunales, empresas multicomunales o asociándose con otras empresas, privadas, públicas o mixtas. Las asociaciones son muy importantes, debido a que les permite un mejor desarrollo y diversificar las actividades productivas, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Es importante señalar que, con respecto del total de comunidades censadas, el 53,9% (2692) señaló que realizan alguna actividad productiva o empresarial y el 46,1% (2302) declara que no realiza actividad alguna, ni productiva ni empresarial.
El 75% de estas son actividades asociadas a la actividad agrícola, un 57,2% a labores pecuarias, el 23% a explotación forestal, 16,6% a la comercialización, 11,8% a brindar servicios de maquinaria agrícola, un 11,5% a la artesanía y el 6,9% al turismo.
Otras actividades relevantes son la explotación minera con 4,9% y la actividad agroindustrial con el 3,2%.
Respecto a las formas de adquisición de las tierras de la comunidad, es importante mencionar que, de 17 769 510 hectáreas de superficie territorial censada, el 63,2% (11 227 585,01 hectáreas) son de posesión ancestral de las comunidades; el 21,3% (3 788 416,25 hectáreas) fueron adquiridas por adjudicación, un 11,2% (1 990 053,97 hectáreas) por poseer títulos y derechos coloniales sobre tierras comunales y un 4,3% (763 459,74 hectáreas) a través de la compra de tierras.
El IV censo agropecuario señala respecto al deslinde de las tierras de las comunidades campesinas que, del total de comunidades, 4462 (89,3%) han realizado el deslinde de sus tierras. Un 72,7% (3629) cuentan con el expediente completo, 72,5% (3621) han acordado y firmado actas de colindancia, el 67,7% (3383) han solicitado oficialmente el levantamiento de los planos de la comunidad, 53,4% cuentan con planos o mapa de conjunto aprobado por resolución. Además, un 51% señaló que sus planos o mapas de conjunto están incompletos y el 40,1% indicó que cuenta con su publicación en el diario El peruano.
En relación a la superficie territorial de las comunidades censadas, el 92,9% (16 508 653 hectáreas) manifestó haber realizado gestiones para deslindar o titular las tierras de la comunidad. El 74,3% (13 207 545,20 hectáreas) de las tierras comunales cuentan con el expediente completo; el 72,9% (12 946 038,07 hectáreas) cuentan con acuerdos y firmas de actas de colindancia; el 72,6% (12 892 672,60 hectáreas) cuentan con la solicitud oficial para el levantamiento de los planos de la comunidad; un 57,4% (10 195 831,21 hectáreas) de sus dominios comunales cuentan con planos o mapa de conjunto aprobado por resolución.
Otro tema de gran importancia es el referido a la titulación, sobre ello se sabe que, del total de comunidades censadas, el 76,9% manifestaron contar con títulos de propiedad; el 54,6% fueron otorgados por el Ministerio de Agricultura; un 16,2% por el ex Proyecto Especial de Titulación de Tierras - PETT; 8,8% por COFOPRI y un 2,8% por los Gobiernos Regionales.
Sobre las obras de irrigación en comunidades campesinas, cabe señalar que, en los últimos 5 años, en el 28% de comunidades se realizaron obras de irrigación, que permitieron irrigar 96 440 hectáreas. En el 16,6% de las comunidades se ha realizado una obra de irrigación, que permitió irrigar aproximadamente 48 450 hectáreas, también existe un 1,4% de comunidades donde en los últimos 5 años se han realizado de 5 a más obras de irrigación, que habilitaron 9000 hectáreas con riego. En el 72% de las comunidades no se realizó ninguna obra de irrigación.
Los conflictos por tierras constituyen una realidad que afecta a muchas comunidades campesinas del país. La falta de formalización de la propiedad comunal es una situación que, además de limitar la capacidad de las comunidades para ejercer sus derechos plenamente y la posibilidad de acceder a créditos agrarios, genera conflictos al interior de la misma comunidad, entre comunidades y con empresas o individuos particulares.
Del total de comunidades censadas el 34,4% señalan que tiene conflictos por tierras; el 65,6% manifiestan no tener este tipo de conflictos.
La administración del agua es otro de los conflictos que se presentan, del total de comunidades censadas, un 22,7% señalan tener este conflicto y el 77,3% manifestaron no tenerlo.
Del total de comunidades censadas, el 53,1% manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver y un 46,8% señaló no tener ningún problema pendiente.
El 53,1% de las comunidades campesinas manifiestan tener problemas sin resolver, entre los principales están los relacionados con el manejo/distribución del agua. La importancia de este recurso natural para la agricultura es evidente, ya que esta actividad se desarrolla en ámbitos donde la geografía es agreste y variada y los recursos hídricos son particularmente muy escasos. Por ello, el 22,1% de las comunidades manifiestan tener problemas con la calidad del agua; un 20,3% con los turnos o distribución del agua y un 10,7% por pagos o derechos de agua.
Otro de los problemas recurrentes de las comunidades es el relacionado con la minería y extracción de recursos naturales. En ese sentido, el 14,7% de comunidades señalaron tener problemas con las empresas mineras y 1,4% con la explotación y exploración de hidrocarburos.
Igualmente, el 13,5% de comunidades tienen problemas con la tala ilegal, que ocasiona un serio daño al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. La tala ilegal tiene un impacto adverso en la fijación de gas carbónico (CO2). Las áreas deforestadas tienden a erosionar el suelo y frecuentemente se degradan hasta convertirse en tierras no productivas.
Las organizaciones en donde participan las comunidades son múltiples: el 92,5% manifestó que los comuneros participan en diferente tipo de organizaciones y tan solo un 7,5% señalaron que no lo hacen.
Las asociaciones de padres de familia aparecen como la forma de organización predominante en las comunidades campesinas censadas, con el 83,9%. Le siguen en importancia las juntas o comisiones de usuarios de riego con el 51,4%.
Del total de comunidades censadas, 90,7% cuentan con establecimientos educativos; 83,7% con centros de instrucción educativa primaria; 59,8% con centros de educación inicial; el 48,7% con programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI); 37,2% con centros de educación secundaria, y tan solo el 2,1% cuentan con institutos agropecuarios.
El alumbrado está relacionado con los niveles de bienestar de las comunidades. Un total de 81,5% comunidades reportaron contar con servicios de alumbrado eléctrico; 67,7% con servicio de alumbrado eléctrico público y el 13,8% con alumbrado eléctrico privado. Sin embargo, unas 866 comunidades (17,7%) carecen de este servicio en cualquiera de sus modalidades.
La referencia político-administrativa para un productor agropecuario es la capital distrital. Muchas veces este es el lugar donde también se resuelven los problemas de abastecimiento, comercialización y financieros. De allí que resulte relevante conocer el grado de facilidad con el que accede desde su vivienda a la capital de su distrito.
En tal sentido, del total de comunidades censadas, el 61,4% declaran que el tipo de vía de comunicación para llegar a la capital distrital son los caminos de herradura; un 55,1% de comunidades emplean trochas carrozables para desplazarse a la capital distrital y el 50,5% lo realiza a través de carreteras.
• Comunidades nativas
Las Comunidades Nativas tienen su origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto; características culturales y sociales; y tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso (Decreto Ley N° 22175).
Los resultados de la aplicación de las Hojas de Información Complementaria (HIC) muestran la existencia de 1388 comunidades nativas y una superficie territorial de 8 046 415,5 hectáreas14. Aquí se incluye la superficie total titulada y/o adjudicada de las comunidades, así como las tierras cedidas en uso, cedidas a concesiones mineras y tierras de protección.
El trabajo comunal está ampliamente difundido entre las comunidades nativas. Los resultados muestran que 4 de cada 5 comunidades practican al menos una forma de trabajo comunal. La pesca es la más común, siendo practicada por el 67% de las comunidades entrevistadas. Le sigue la caza, que es practicada comunalmente por el 50%, y la recolección, por el 42% de las comunidades nativas entrevistadas
Los resultados muestran que Loreto, con 466 comunidades (41,9%), es la región con mayor número de comunidades nativas, ocupando el 34,8% de la superficie territorial con 2 258 400 hectáreas. Sigue Amazonas con 241 comunidades (21,7%) y 1 016 900 hectáreas (13,4%); Ucayali con 129 comunidades (11,6%) y una superficie de 1 265 900 hectáreas (19,5%); Junín con 151 comunidades (13,6%) y una superficie de 657 900 hectáreas (10,2%); y luego sigue en importancia Madre de Dios con 26 comunidades (2,3%) y 380 500 hectáreas (5,9%) de superficie territorial. Estas cinco regiones concentran el 91% (1013) de las comunidades nativas, con una superficie territorial de 5 579 500 hectáreas, es decir, el 86,1% del ámbito territorial de las comunidades censadas.
Respecto a la pertenencia a un pueblo indígena, el 76,2% de los presidentes de las comunidades nativas declararon pertenecer a un pueblo indígena y el 23,8% de los entrevistados manifestaron no pertenecer a ningún pueblo indígena.
En relación a los estatutos, de las comunidades censadas, 54,3% refieren contar con sus estatutos debidamente actualizados; 53,3% declaran estar inscritas en Registros Públicos y 45,3% expresaron que sus juntas directivas se encuentran debidamente inscritas en los Registros Públicos.
Otro aspecto de importancia es el referido a las actividades productivas en las comunidades nativas. Del total de comunidades censadas, el 49% señaló que realizan algún tipo de actividad productiva o empresarial; el 50,9% no realizan actividad alguna tanto productiva como empresarial y tan solo una comunidad no brindó esta información.
En cuanto al tipo de actividad productiva o empresarial, el 43,5% están asociadas a la actividad agrícola; un 20,3% a labores o actividades pecuarias; el 16,4% se dedica a labores de artesanía; el 9,2% a la explotación forestal y el 7,7% a la comercialización.
Otras actividades importantes de ocupación son el turismo, con el 4,9%; el transporte, con 3,9% y un 3,6% se dedica a brindar todo tipo de servicios.
De las comunidades censadas a nivel nacional, 545 realizan algún tipo de actividad productiva o empresarial; de estas, 37,1% señalan tener algún tipo de modalidad empresarial; 16,9% se conducen mediante cooperativas comunales; 5% mediante empresas comunales y 15,4% bajo otras formas productivas o empresariales.
Respecto al deslinde y titulación en las comunidades nativas se encuentran en diversas situaciones: 1040 han realizado algún tipo de deslinde de sus tierras y 73 no han realizado ningún trámite de deslinde y titulación.
Del total censado, un 88,8% están reconocidas; un 78,4% cuentan con título de propiedad; 72,1% con linderos/con límites del ámbito de la comunidad y el 67,1% tiene sus títulos inscritos en los Registros Públicos. Del total de comunidades, un 34,1% han solicitado ampliación del territorio de la comunidad; el 24,5% han formalizado la ampliación de su territorio y un 16,4% han inscrito la ampliación territorial en los Registros Públicos.
En relación a la superficie territorial de las comunidades censadas, el 93,6% (6 064 000 hectáreas) manifestaron que la comunidad está reconocida. El 85,8% (5 558 000 hectáreas) de las tierras comunales cuentan con título de propiedad; el 77,6% (5 028 000 hectáreas) han definido el ámbito de su comunidad, y el 76,3% (4 947 000 hectáreas) han manifestado que el título de propiedad de la comunidad se encuentra registrado en los Registros Públicos.
Asimismo, un 42,1% (2 729 000 hectáreas) han solicitado ampliación territorial; un 27,9% (1 811 000 hectáreas) han formalizado la ampliación territorial y un 21,0% (1 360 000 hectáreas) de comunidades nativas han registrado la ampliación territorial en los Registros Públicos.
Respecto a los conflictos por tierras, el 27% señala que tiene conflictos y el 73% manifiesta no tenerlos.
Los conflictos que se presentan por tierras, con mayor frecuencia en las comunidades nativas, son en un 13,5% con otras comunidades; el 7,1% con empresas dedicadas a la actividad petrolera; un 7,0% con colonos y un 4,6% con empresas mineras. También se presentan conflictos con comuneros de la misma comunidad en un 4,1% y un 4,0% con el Estado.
Del total de comunidades censadas, el 37,4% manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver y un 42,8% señala no tener problemas pendientes. Cabe señalar que un 19,8% no especificó tal situación.
Entre los principales problemas se encuentran los relacionados con la quema para la conversión de montes para usos agropecuarios en el 28,2% de las comunidades. Otro gran problema es la tala ilegal, que se presentó en un 23,0% de las comunidades, lo que ocasiona un serio daño al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de gas carbónico (CO2). Las áreas deforestadas tienden a erosionar el suelo y frecuentemente se degradan hasta convertirse en tierras no productivas.
Asimismo, el 8,4% de las comunidades manifiesta tener problemas con las empresas explotadoras de hidrocarburos; un 7% con la minería - tanto formal como informal - ; igualmente, el 2,7% de comunidades tiene problemas con el establecimiento del cultivo de coca por parte de agricultores ajenos a la comunidad.
Desde el punto de vista organizativo y de gestión, el 45,6% de comunidades cuentan con autoridades tradicionales en ejercicio; en el 94,2%, las juntas directivas cumplen con los cargos comunales, a lo cual se adiciona que el 71,3% de comunidades cuentan con un local comunal.
La participación de los comuneros en trabajos comunales es una costumbre ancestral, y es realizada a través de diversas actividades. El censo reportó que, del total de comunidades, el 81,9% participa en algún tipo de actividad comunal y tan solo el 17,8% no participa en actividades comunales.
La principal actividad comunal que realizan es a través de la pesca, actividad que realiza un 66,8% de comunidades; el 49,8% se dedica a la caza; el 41,7% a la recolección, y un 7% participa en actividades de turismo.
Las organizaciones en las cuales participan las comunidades nativas son múltiples: el 88,3% de las comunidades censadas han manifestado que participan en diferentes tipos de organizaciones y tan solo un 11,1% señalaron que no tienen ninguna participación en alguna organización, lo que es un limitante para mejorar los niveles de vida de la población.
Las asociaciones de padres de familia aparecen como la forma de organización predominante en las comunidades nativas censadas, con el 86%; les sigue en importancia las brigadas de ronderos, con el 24,3%.
Adicionalmente, es importante la organización de las comunidades a través de Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) con un 18,5% de comunidades, que permiten administrar los puestos y centros de salud. Igualmente participan en Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que son organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito rural. Los servicios de saneamiento se refieren a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas; este tipo de organizaciones existe en un 9,3% de las comunidades censadas.
Por otro lado, el 60,4% de comunidades están afiliadas a organizaciones locales, el 21,2% a organizaciones regionales y el 17,7% a entidades de nivel nacional.
De un total de 1113 comunidades nativas, el 91,9% cuentan con algún tipo de establecimiento educativo y sólo 88 comunidades no cuentan con ninguno.
Respecto a infraestructura educativa, señalar que el 91,9% de comunidades cuentan con centros de instrucción educativa primaria; el 41,7% cuentan con centros de educación inicial; el 21,9% con colegios de educación secundaria; el 21,7% con programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI) y tan sólo el 1,4% cuentan con centros de mando medio como son los institutos agropecuarios.
Sobre infraestructura en salud, mencionar que, del total de comunidades censadas, el 48,2% cuenta con algún tipo de establecimientos de salud, pero el 51,2% carece de cualquiera de estos servicios vitales.
El alumbrado está relacionado con los niveles de bienestar de las comunidades. Sólo el 23,6% de las comunidades censadas cuentan con alumbrado eléctrico; el 19,2% cuentan con servicio de alumbrado eléctrico público y apenas el 3,5% de las comunidades cuentan con alumbrado eléctrico privado. Cabe resaltar que el 60,2% de comunidades carecen de este fundamental servicio.
Respecto a las vías de comunicación, señalar que, de las 1113 comunidades nativas, el 60,2% declara que el tipo de vía de comunicación para llegar a la capital distrital es a través de los ríos; el 16,9% lo hace mediante caminos de herradura; el 16,7% emplea carreteras para desplazarse a la capital distrital y el 8,9% emplea trochas carrozables.
Los medios de transporte son muy importantes en las comunidades nativas por la dispersión geográfica en la que se encuentran. De las 1113 comunidades nativas, el 76,7% utilizan como medio de transporte la lancha o bote; el 17,9% utilizan automóviles, camionetas o camiones; el 10,8% utilizan motocicletas. Pero hay capitales distritales muy distantes, por ello el 0,8% de las comunidades utilizan como medio el hidroavión y avión, y un 25,6% se movilizan a pie desde la capital distrital al centro poblado sede de la comunidad.
La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar se aprobó mediante Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI bajo los siguientes enfoques:
La ENAF se implementa a través de los siguientes enfoques:
Implica integrar la dimensión económico-productiva, sociocultural, ambiental y político-institucional y proveer una mirada integral del territorio, para promover la articulación de los espacios rurales con los urbanos, a través de propuestas de desarrollo de los gobiernos regionales y municipales. Este enfoque permite que las políticas a favor de la agricultura familiar tengan mejores resultados, ya que parten de territorios dinámicos y de la apuesta por la articulación al mercado en condiciones favorables.
En este contexto, la apuesta por el ejercicio de la ciudadanía es clave, en tanto permita el reconocimiento y respeto de los deberes y derechos de las personas y supere las formas de inequidad y exclusión fortaleciendo la autoestima y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con énfasis en el empoderamiento de los jóvenes.
Alude al proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases del desarrollo para las futuras generaciones (armonía entre dimensiones económica, ambiental y social).
De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
En ese marco, surge además la gestión de riesgos, ya que el Perú es altamente vulnerable a los riesgos ocasionados por fenómenos naturales o efectos del cambio climático, como lo son inundaciones, heladas, huaycos, sequías, friajes, entre otros. Cualquier evento catastrófico afecta la producción de alimentos y empobrece a las familias por la pérdida de sus bienes. Considerando la producción de alimentos como resultado de la agricultura familiar es necesario un régimen técnico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos con un enfoque preventivo e integral en la producción primaria.
Bajo el criterio del desarrollo sostenible, la gestión de riesgos está orientada a la implementación de acciones de prevención y mitigación para reducir la repercusión de los potenciales impactos.
• Desarrollo humano: interculturalidad, equidad de género y generacional
Este enfoque enfatiza que la finalidad del desarrollo humano es generar condiciones y oportunidades para enriquecer la vida humana y no sólo incrementar la tasa de crecimiento económico ya que, según el enfoque, la riqueza de la economía es, en última instancia, sólo una dimensión de la vida de las personas y no su fin último.
En consecuencia, la ENAF propone un modelo centrado en las personas y su potencial. En este contexto, se apuesta estratégicamente por la interculturalidad, que es el marco de reconocimiento, respeto y valoración de la presencia e interacción de las diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo, reconociéndose los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de la diversidad biológica y recursos fitogenéticos en particular, así como las prácticas tradicionales.
Ello supone una actitud abierta al diálogo, basada en la tolerancia y el respeto a las diferencias culturales que se manifiesta en el plano individual y social y permite construir relaciones armoniosas entre los seres humanos de diversas identidades culturales o etnias. La interculturalidad supone reconocer las diferencias, pero también la necesidad de espacios de encuentro, con el fin de consensuar y articular esfuerzos comunes a pesar de las diferencias culturales.
Actuar con un enfoque de interculturalidad implica reconocer nuestros conocimientos y las distintas visiones del mundo, potenciar nuestros recursos y valores y mantener una actitud abierta al cambio.
Esto implica una alianza concertada entre los diferentes actores locales para confluir en un proceso que propicie el consenso, la convivencia armónica y el desarrollo sostenido, como parte de un proceso de cambio permanente y desarrollo de la identidad.
Por otro lado, la equidad de género permite valorar e incorporar las necesidades y capacidades diferenciadas de hombres y mujeres. Esto es particularmente relevante en el sector agrícola, en el que las desigualdades de género en el acceso, asignación y gestión de recursos persisten y afectan las oportunidades reales de desarrollo sostenible e inclusivo del sector.
Por último, el enfoque generacional apunta al análisis de las relaciones intra e intergeneracionales en contextos históricos y socioeconómicos específicos. El enfoque incorpora los ciclos de vida, roles e imaginarios de los distintos segmentos poblacionales y, entre otros, favorece la visibilidad y empoderamiento de los jóvenes quienes, en el marco de la ENAF, son un grupo que requiere particular atención.
El PLANAF es un plan de corto plazo que se formuló atendiendo al mandato del Artículo 4 inciso c) del Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI que establece entre las funciones y atribuciones de la Comisión Multisectorial la emisión “de un Informe Técnico que contenga el Plan Nacional de Agricultura Familiar correspondiente a la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar vigente, el mismo que debe incluir las responsabilidades, los plazos y previsión del financiamiento correspondiente para su implementación”
En ese marco, el PLANAF 2019 - 2021 se ha elaborado teniendo como base los tres objetivos específicos, los nueve lineamientos y las respectivas acciones estratégicas establecidas en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015–2021.
Asimismo, se precisa que para cada acción estratégica de la ENAF se identificaron líneas de acción, responsables y socios estratégicos, se establecieron plazos, y la previsión del financiamiento para el periodo 2019–2021.
Con respecto al financiamiento del PLANAF, es preciso señalar que los sectores miembros de la Comisión Multisectorial, han incluido en este documento las acciones al 2021 consideradas en los presupuestos sectoriales.
El proceso de elaboración del PLANAF se realizó en cinco fases:
Fase 1: Identificación de intervenciones vinculadas a la Agricultura Familiar
En esta fase se identificaron las intervenciones que tienen impacto sobre la agricultura familiar y que son ejecutadas por los sectores e instituciones que conforman la Comisión Multisectorial.
Para realizar esta identificación se realizaron dos acciones complementarias:
• Revisión externa de las políticas e intervenciones de los sectores involucrados. - Durante esta fase se analizaron las competencias de las dependencias y organismos adscritos de los sectores, los presupuestos sectoriales y las principales políticas a su cargo.
• Consulta directa con los representantes técnicos designados por los sectores. - En esta fase se identificaron y priorizaron las intervenciones que realiza cada sector, estableciendo su relación directa o indirecta con la agricultura familiar.
Fase 2: Consolidación de la Información
La información obtenida en la Fase 1 fue organizada en función a los lineamientos contenidos en la ENAF, así como de sus correspondientes acciones estratégicas.
Fase 3: Validación de la Información
En esta fase, se remitieron solicitudes para que las entidades o instituciones miembros de la Comisión Multisectorial validen la información. Asimismo, se realizaron talleres participativos a los cuales asistieron representantes de las instituciones que conforman la Comisión Multisectorial.
Fase 4: Desarrollo de las Líneas de Acción
La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial formuló una propuesta preliminar para actualizar el PLANAF desarrollando los contenidos que correspondían a los indicadores, la línea de base y la meta al 2021, para cada una de las líneas de acción del plan; plasmadas en la matriz que fue validada por las entidades responsables.
Fase 5: Aprobación del PLANAF
La propuesta inicial del PLANAF (2018-2021) fue aprobada en la VII sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial del 29 de enero de 2018.
En esa ocasión el PLANAF fue aprobado por mayoría, con la observación del Ministerio de Cultura, que sugirió que el referido Plan sea reevaluado en el extremo de posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios (Oficio N°000011-2018/DGPI/VMI/MC, 5 de enero de 2018).
Posteriormente, en el transcurso del año 2018 e inicios del 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial realizó coordinaciones con el Ministerio de Cultura, a efectos de levantar la observación formulada.
El 25 de abril de 2019, se realizó la VIII sesión de la Comisión Multisectorial, con el objetivo de realizar la revisión de metas del Plan Nacional de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar del 2019 al 2021, ya que se considerando necesaria la definición de indicadores y metas anuales, y las correspondientes asignaciones presupuestales previas a la emisión del Decreto Supremo de aprobación.
El 24 de mayo de 2019, se realizó la IX sesión de la Comisión Multisectorial, con el objetivo de aprobar la actualización del PLANAF, así como la presentación del Decreto Supremo que lo aprueba, acordando recibir aportes hasta el 29 de mayo.
El 31 de mayo del 2019, se realizó la X sesión de la Comisión Multisectorial, con el objetivo de aprobar la actualización del PLANAF.
Con fecha 28 de agosto, se realizó la XI Sesión, en la que se aprobó el Informe Técnico que contiene la propuesta del Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) 2019-2021.
El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021- PLANAF está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, principalmente a los ODS 1: Fin de la Pobreza; ODS 2: Hambre Cero; ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 5: Igualdad de Género; ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS 10: Reducción de las Desigualdades; y el ODS 13: Acción por el Clima.
El PLANAF es concordante con el “Plan de Acción Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar”, el cual tiene por meta “acelerar las medidas tomadas de manera colectiva, coherente e integral para apoyar a los agricultores y agricultoras familiares, que son agentes clave del desarrollo sostenible”. A continuación, se precisa esta vinculación:
Se vincula a la Política General de Gobierno al 2021, aprobada mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, específicamente con los siguientes ejes: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; Desarrollo social y bienestar de la población y Descentralización efectiva para el desarrollo.
El PLANAF se articula a la Política Nacional Agraria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, a través de los 12 ejes de políticas: Manejo sostenible de agua y suelos; Desarrollo forestal y de fauna silvestre; Seguridad Jurídica sobre la tierra; Infraestructura y tecnificación del riego; Financiamiento y seguro agrario; Innovación y tecnificación agraria; Gestión de riesgo de desastres en el sector agrario; Desarrollo de capacidades; Reconversión productiva y diversificación; Acceso a mercados; Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria y Desarrollo institucional.
De igual forma, el PLANAF es concordante con la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, la cual establece nueve objetivos prioritarios: Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad; Fortalecer el capital humano; Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas; Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo; Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno; Generar las condiciones para desarrollar un ambiente; Fortalecer la institucionalidad del país de negocios productivo; Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios; y Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas.
El PLANAF está vinculado con la Política Nacional de Género en la medida que parte de los objetivos estratégicos de la Política se incluye como objetivo prioritario garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres (OP4), estableciéndose lineamientos y actividades específicas relacionadas a incrementar el acceso y control de los recursos naturales, productivos y patrimoniales de las mujeres.
El PLANAF está alienado al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado mediante D.S. 237-2019-EF, el cual establece nueve objetivos prioritarios de los cuales se destacan los siguientes: dotar al país de infraestructura económica y social de calidad; fortalecer el capital humano; generar el desarrollo de las capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas.
Es preciso señalar además, que el PLANAF contribuye con el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, aprobado mediante Decreto Supremo N°068-2018-PCM, cuyo objetivo general es “prevenir y reducir la prevalencia de anemia en niñas y niños – con énfasis en menores de 36 meses de edad -, gestantes y adolescentes a nivel nacional, a través de la articulación intersectorial e intergubernamental de intervenciones efectivas implementadas por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el territorio”, a través de la implementación de los nueve lineamientos de la ENAF.
Las escasas oportunidades para los productores y productoras de la agricultura familiar, se traducen en bajos ingresos familiares y en consecuencia el abandono del ámbito rural o cambio de estas actividades, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria familiar, local, regional y nacional, las actividades de conservación de recursos naturales y pérdida de conocimientos y prácticas ancestrales.
De acuerdo al Censo Poblacional 2017 (INEI), el 57% de la población que reside en el área rural tiene como actividad principal a la agricultura y ganadería, entre otras actividades de aprovechamiento forestal y pesquero, es decir, aquellas actividades propias de la agricultura familiar. En cuanto a la pobreza, si bien se ha reducido desde los años 2007 al 2018, actualmente la pobreza rural asciende al 42% y la pobreza extrema rural al 10% (ENAHO, 2018). Situación que se corrobora con los resultados del censo nacional de población y vivienda (INEI, 2017), donde en educación, sólo el 29.3% de la población ha culminado su educación secundaria, en servicios de saneamiento, sólo el 4% de la población rural tiene instalados servicios de saneamiento en su vivienda, sumando a esto los bajos niveles de conectividad (vías) y el déficit en otros servicios, que señala de una necesaria intervención multisectorial que permita el desarrollo sostenible.
De acuerdo con los resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), en las áreas rurales 2 260 973 productores se dedican a la actividad agraria, ya sea como persona natural (empresarios informales) o como persona jurídica (empresarios formales). De este total, el 15,8% están ubicados en la costa; el 63,9% en la sierra y el 20,3% en la selva. Asimismo, los productores que trabajan bajo la condición de persona natural representan el 99,4% (2 246 702).
En ese contexto, si bien en las últimas décadas el sector agrario ha ido perdiendo peso en su participación en el PBI nacional19, la agricultura mantiene una enorme importancia en el empleo directo y la generación de ingresos de más de un tercio de la población. Es más, dado que un gran número de personas pobres están empleadas en los sectores agricultura y servicios, estos sectores generaron los mayores ingresos para los pobres, en el periodo de 1990 al 2015, siendo el aporte de la agricultura muy significativo para la reducción de la pobreza extrema (BM, 2017)20. No obstante que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2017), el ingreso per cápita mensual del productor agrario es el más bajo de toda la economía, alcanzando, en promedio 2014-2017 a S/ 641.00 Soles; es decir, 50% inferior al ingreso promedio nacional.
Por lo expuesto, el Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2019-2021, identifica como problema público los “bajos ingresos del productor agrario” e identifica como causas directas:
• El limitado acceso a factores de producción (titulación, financiamiento, infraestructura de riego, entre otros).
• Limitada asociatividad (escaso número de productores organizados, informalidad).
• Dificultades para articular al mercado (vías de comunicación, infraestructura vial)
• Limitado cuidado de recursos naturales.
• Escaso acceso a la innovación tecnológica.
• Significativos niveles de exclusión social.
El Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, establece en su artículo 5, que las entidades del sector público nacional, regional y local que ejercen atribuciones y funciones relacionadas con la agricultura familiar y los particulares que realicen actividades vinculadas a la agricultura familiar, se rigen por los enfoques contenidos en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 – 2021 los cuales son: Desarrollo Territorial; Desarrollo Sostenible; Desarrollo humano: interculturalidad, equidad de género y generacional. Asimismo, se agregan los siguientes enfoques:
Enfoque de Derechos Humanos21
El Enfoque basado en Derechos Humanos es un marco conceptual, que comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, principios éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.
Herramienta de análisis que permita identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Al observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia de género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación sexual e identidad de género, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad22.
Enfoque Interseccionalidad
El enfoque de la interseccionalidad contribuye a comprender cómo los diferentes sistemas de opresión y privilegios (basados en la raza-etnia, la edad, la orientación sexual y la identidad de género, el nivel socioeconómico, los territorios, entre otros) se entrecruzan y refuerzan mutuamente23.
En este contexto, el enfoque interseccionalidad se centrará en el entrecruzamiento de las diferencias de género, cultura y generación.
Enfoque diferencial24
El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación, aunque todas las personas son iguales ante la ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual, por ello para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respecto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones del Estado para este fin deben atender la diferencia.
Es un enfoque transversal establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados partes a “tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”; y reconocido en el artículo 4 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece que “los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas, de manera transversal.” La perspectiva de discapacidad como enfoque transversal, es una herramienta que debe permitir evaluar las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, pero sobre todo identificando las barreras del entorno y actitudinales que limitan el ejercicio de sus derechos; de tal manera que, abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las afecta, se adopten medidas desde las políticas y gestión públicas que permitan respetar y garantizar sus derechos humanos y construir una sociedad inclusiva. De allí que esta perspectiva debe estar presente en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas y en todas las esferas y niveles de cualquier acción planificada.
La interculturalidad supone el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos.
El Enfoque Intercultural implica que el Estado valore e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana.
En ese sentido, la ENAF valora los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de la diversidad biológica y los recursos fitogenéticos, así como las prácticas tradicionales de agricultura familiar, que contribuyen con el desarrollo de las comunidades campesinas, comunidades nativas y los pueblos indígenas originarios, de manera sostenible y respetando su identidad.
En este contexto, se apuesta estratégicamente por el reconocimiento, respeto y valoración de los conocimientos tradicionales de las diversas culturas. Con ello, se busca promover espacios de encuentro para un diálogo abierto que construya relaciones armoniosas entre poblaciones culturales diversas.
Finalmente, si bien el enfoque de desarrollo sostenible es desarrollado en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, es importante que el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2018 – 2021 toma la siguiente definición:
Conforme a la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustenta en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.
Alude al proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto un aumento acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana, sin deteriorar el ambiente ni comprometer las bases del desarrollo para las futuras generaciones.
Bajo el criterio del desarrollo sostenible, la gestión de riesgos está orientada a la implementación de acciones de prevención y mitigación para reducir la repercusión de los potenciales impactos en el ambiente.”
La ENAF establece nueve lineamientos y cada lineamiento identifica acciones estratégicas, que han sido consideradas en el PLANAF 2019 - 2021:
A continuación, las acciones estratégicas con sus respectivas líneas de acción:
1: Acceso a factores de producción
1. Priorización de agricultores y agricultoras familiares para el saneamiento y la titulación de predios agrícolas, así como para su participación en intervenciones que mejoren el acceso al agua de uso agrícola y al riego tecnificado.
o Ejecución del Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
o Ejecución del Proyecto 2268198: Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa - ptrt3.
o Aprobación de normas y medidas necesarias para el Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, en lo que corresponde a las competencias de los gobiernos regionales.
o Ejecución de 8 proyectos de Mejoramiento del servicio de catastro, titulación y registro de predios rurales en 8 Regiones.
o Verificación del cumplimiento de normas y lineamientos aprobados por el sector en materia de Saneamiento Físico-Legal y Titulación de Predios Rurales, tierras eriazas, Comunidades Campesinas y Nativas y catastro rural.
Como parte de las funciones que realiza la DIGESPACR – MINAGRI, se han elaborado normas con enfoque de simplificación y gratuidad, las cuales agilizan los procesos de titulación y permiten la seguridad jurídica de la propiedad agraria, ello a favor de los pequeños y medianos productores agrarios del país; desde el año 2017, se elaboraron 10 normas para predios rurales y 03 para comunidades campesinas y nativas y 05 proyectos normativos en proceso de aprobación34. Se ha modernizado la Plataforma Catastral permitiendo con ello mejorar los procedimientos del catastro rural en nuestro país, así como contar con información de calidad35.
3. Aprobación de una norma para el trabajo coordinado con gobiernos regionales y locales en materia de titulación.
4. Puesta en marcha de medidas de acción afirmativa que permitan reducir las brechas en el acceso a factores de producción entre agricultores y agricultoras familiares.
o Implementación de sistema de información y asesoría sobre los fondos existentes relacionados a la promoción y desarrollo de la agricultura familiar (PROCOMPITE, FED, AGROIDEAS).
o Determinación de cuotas de género, cuando sea aplicable, para la asignación de fondos.
7. Elaboración de mecanismos normativos y operativos para una mejor gestión del agua, en base a la formalización de derechos y responsabilidades de las organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares.
o Formalización de derechos de uso de agua en función a la disponibilidad hídrica; así como la distribución, medición, supervisión y control de uso del agua para una mejor gestión, por las entidades competentes.
2: Acompañamiento integral para la innovación con base en los recursos locales
1. Implementación de un proceso de fortalecimiento y ampliación de capacidades de los agricultores y agricultoras familiares, orientado a resultados de innovación (sanidad e inocuidad de sus cultivos y crianzas, buenas prácticas agrarias y pesqueras artesanales, procesos de certificación orgánica y mecanismos de financiamiento), en coordinación con gobiernos regionales y organizaciones de productores a partir de metodologías de transferencia de tecnología, como las escuelas de campo, entre otros y de la promoción de los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR).
o Implementación de los componentes de capacitación y asistencia técnica en el marco de las actividades programadas en el POI 2019.
o Elaboración de instrumentos de gestión del territorio colectivo con comunidades nativas que recogen perspectivas de desarrollo comunal sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
o Implementación del CLAR - Comités Locales de Asociación de Recursos asociados en los gobiernos locales.
o Capacitación y Fortalecimiento de capacidades productivas de los agentes de la pesca artesanal.
o Implementación de los componentes de capacitación y asistencia técnica a los acuicultores de recursos limitados del Programa Presupuestal 0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura:
o Capacitación y asistencia técnica a acuicultores.
o Capacitación y asistencia técnica / Programa de fortalecimiento de capacidades en acuicultura en las regiones (IMARPE).
o Capacitación y asistencia técnica / Programa de fortalecimiento de capacidades en acuicultura en las regiones (FONDEPES).
o Elaboración, aprobación e implementación de medidas y acciones que faciliten la formalización de los agricultores familiares, pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados.
o Fortalecimiento de las capacidades de los pescadores y acuicultores referente al cumplimiento de la normativa pesquera y acuícola, sobre supervisión, fiscalización y sanción.
2. Elaboración de una ruta crítica que permita la masificación del uso de semillas,36 implementos e insumos de alta calidad, así como el acceso a tecnologías de punta (agricultura de precisión y tecnificación del riego) y el desarrollo de la pequeña agroindustria rural, en concordancia con las estrategias de vida de los agricultores y agricultoras, así como con sus prácticas ancestrales sostenibles.
o Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados, incluyendo la identificación de los conocimientos tradicionales factibles de ser mejorados y construcción conjunta de conocimientos innovados, a través de modalidades de planificación participativa de los servicios de asistencia y extensión
o Promoción de la producción y uso de semillas de calidad.
o Capacitación a los productores en la revaloración de sus conocimientos ancestrales locales e innovaciones mediante un encuentro horizontal entre lo local y lo externo.
o Incremento de conocimientos y capacidades en el manejo de sistemas de producción, basando como modelo lo que se desarrolla en el cultivo de papa (Semilla, MIP de principales plagas, enfermedades).
o Difusión de conceptos tecnológicos e instrumentos de innovación agricultura de precisión (información remota, drones, etc.).
o Actualización e implementación del Plan Nacional Ganadero y el Programa Nacional de Pastos y Forrajes.
o Actualización e implementación del Plan Nacional Ganadero 2017-2027
o Difusión y promoción de la metodología planteada en el documento “Plan de Vida: Guía para la Planificación Colectiva”.
3. Definición de una agenda prioritaria de investigación en procesos de innovación, en torno a la tecnificación del riego, desarrollo forestal y mejoramiento genético.
o Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables.
4. Planificación de medidas de priorización, atención y articulación para la reconversión productiva de agricultores y agricultoras familiares, a través de proyectos y programas.
o Evaluación de opciones de reconversión productiva por región y tipo de agricultor familiar.
o Implementación de programas piloto de reconversión para su validación agronómica y comercial.
3: Fortalecimiento de la asociatividad
1. Identificación y caracterización, con énfasis en los patrones culturales familiares, de las diferentes formas asociativas de los agricultores y agricultoras familiares, incluyendo asociaciones, cooperativas y redes empresariales para la innovación y desarrollo, la producción y la comercialización y la participación en los procesos de zonificación y ordenamiento de alcance local y regional.
o Implementar el Registro de Cooperativas Agrarias.
o Promover la asociatividad en la actividad agropecuaria.
2. Revisión del marco jurídico de la asociatividad, a fin de incentivar la formalización de pequeñas empresas agrarias rurales, pesqueras artesanales y acuícolas de recursos limitados, y saneamiento físico legal de la propiedad agraria de comunidades campesinas y comunidades nativas.
o Elaboración, aprobación e implementación de medidas y acciones que faciliten la formalización de los agricultores familiares, pescadores artesanales y acuicultores.
3. Incremento en la oferta de alternativas pertinentes para el desarrollo de habilidades técnico-productivas, comunicativas y de gestión de los agricultores y agricultoras familiares, en coordinación con gobiernos regionales y locales, para la gestión comunal participativa con el fin de permitir la asociatividad y la generación de iniciativas productivas.
o Evaluación de yachachiqs como facilitadores de Escuelas de Campo y otras competencias productivas.
o Acreditación de yachachiqs como facilitadores de Escuelas de Campo y otras competencias productivas.
o Fortalecimiento de capacidades y habilidades para el fomento de asociatividad de los agricultores familiares (incluyendo pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados).
4: Integración de la Agricultura Familiar a los mercados
1. Reducción de la brecha de acceso a los mercados y compras públicas por parte de los agricultores y agricultoras familiares, a partir de la provisión de asistencia técnica, elaboración y ejecución de planes de negocios, desarrollo de infraestructura de conectividad rural, acceso a servicios financieros (de crédito y ahorro formal), así como al sistema de información de mercados.
o Ejecución del Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.
o Capacitación a los agricultores familiares sobre Manejo Integrado de Plagas, Control de Enfermedades en los animales, Buenas Prácticas de Producción, Higiene, Procesamiento, Almacenamiento, Distribución.
o Incorporación de la promoción de la comercialización de productos basados en agrobiodiversidad en redes y alianzas, para incrementar el acceso a mercados, mejorar los medios de subsistencia.
o Cadenas de valor con productos de la agrobiodiversidad fortalecidas, incorporando a pequeños productores, jóvenes y mujeres, generando empleo y con planes y acuerdos de competitividad con la participación de actores directos e indirectos.
o Identificación y reducción de pérdidas en la cadena de valor de los productos ligados a la agricultura familiar.
o Ejecución del Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado (PDTS-VRAEM).
2. Diseño de mecanismos técnicos y de gestión, tomando en cuenta las experiencias en marcha por parte de las organizaciones locales, para la articulación efectiva de las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares a los diversos mercados y canales de comercialización, incluyendo la venta directa a consumidores finales.
o Implementación de sistemas agroforestales para mejoramiento de cultivos agrarios en quince regiones del País.
o Sistema de vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
o Diseño e implementación de mecanismo de certificación orgánica.
o Sistema de certificación y fiscalización de la producción orgánica.
o Desarrollo y registro de un signo distintivo como diferenciación de la oferta exportable.
o Certificación de estándares internacionales de producción orgánica y/o de sostenibilidad.
3. Validación e implementación de mecanismos de promoción comercial para fomentar el consumo de alimentos provenientes de la Agricultura Familiar, enfatizando la valorización de la biodiversidad de sus productos.
o Implementación de acciones de articulación comercial de agricultores familiares con mercados internos.
o Educación alimentaria y nutricional dirigida a promover el consumo de alimentos naturales y saludables, con enfoque intercultural y regional.
5: Implementación de acciones de articulación comercial de agricultores y agricultoras familiares con mercados internos: Manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático
1. Implementación de un modelo de fortalecimiento de capacidades de los agricultores y agricultoras familiares para la conservación y el manejo de recursos, así como el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad hidrobiológica, los bosques y la biomasa a partir de una gestión integrada y colaborativa de cuencas y microcuencas a nivel nacional (mediano plazo).
o Capacitación y sensibilización a los agricultores familiares sobre el uso adecuado de agua, tierras, bosques, ecosistemas y fauna silvestre.
o Elaboración de instrumentos de planificación aprobados para el aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas.
o Otorgamiento de derechos para el aprovechamiento comercial de los recursos forestales, flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.
o Ejecución de eventos de capacitación y/o promoción para propiciar la articulación comercial de los recursos forestales, flora y fauna silvestre.
o Elaboración de informes de seguimiento a los derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos forestales, flora y fauna silvestre en las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.
o Implementación de subproyectos de conservación y uso sostenible de ecosistemas altoandinos en las cuencas de Cañete y Jequetepeque.
o Implementación de subproyectos de planes financiados de Gestión Territorial formulados por los grupos comunales en las Cuencas de Cañete y Jequetepeque.
o Elaboración de estudios para el análisis de riesgos de OVM con fines de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica: Líneas de base de diversidad de cultivos y crianzas priorizadas, incluyendo estudios socioeconómicos resaltando la labor de las poblaciones que utilizan estos recursos.
o Implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades sobre manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, dirigido a productores agroforestales.
o Servicios de asistencia técnica, capacitación y extensión en aprovechamiento de los recursos.
o Desarrollo de instrumentos y medidas para identificar y prevenir los daños asociados a cambio climático.
o Elaboración y difusión de boletines y alertas ante eventos climáticos que afectan la agricultura, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental y otras plataformas de información.
o Ejecución del Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos agrarios.
2. Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y diseño de un sistema con participación pública y privada de transferencia de riesgos agropecuarios y pesqueros, que considere las características de agricultores y agricultoras familiares.
o Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
o Perfeccionamiento y ampliación de la cobertura del Seguro Agrícola Catastróﬁco (SAC).
o Implementación de un sistema privado de transferencia de riesgos agrarios, priorizando la pequeña y mediana agricultura37.
3. Diseño de una estrategia de diseminación de los cultivos tradicionales y la biodiversidad agraria y pesquera mantenida por los agricultores y agricultoras familiares, con énfasis en la agricultura orgánica y/o ecológica, a fin de incrementar la resiliencia de los sistemas agrarios y pesqueros artesanales frente a la variabilidad y el cambio climático.
o Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor.
o Sensibilizar a los acuicultores de recursos limitados sobre los efectos y medidas a adoptarse frente a la variabilidad y el cambio climático.
6: Inclusión social y seguridad alimentaria
1. Evaluación y escalamiento, sobre la base de la coordinación intersectorial e intergubernamental, de programas de generación y tecnificación de capacidades en actividades productivas rurales agrícolas y no agrícolas e inclusión financiera, con el fin de diversificar e incrementar el ingreso familiar.
o Asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales.
o Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de actividades productivas de hogares rurales.
o Promoción de cadenas productivas agrícolas libres de trabajo infantil.
3. Diseño de mecanismos e instrumentos que incentiven la implementación de tecnologías masivas para la producción diversificada de alimentos (biohuertos, fitotoldos, cultivos acuícolas, nuevas pesquerías, hidroponía, entre otras), con énfasis en el cierre de brechas entre agricultores y agricultoras familiares.
o Caracterización de la agrobiodiversidad en tres comunidades en la cuenca alta del Putumayo.
o Desarrollo de la curva de absorción de nutrientes de tres especies de frutales.
o Vigilancia de plagas de cacao en la Amazonía.
o Caracterización de la composición nutricional de la biodiversidad como alternativas para la mejora de la nutrición y seguridad alimentaria.
7: Mayor inversión para la dotación de bienes públicos con enfoque territorial
1. Diseño de una plataforma intersectorial e intergubernamental para la implementación de paquetes de servicios básicos (electricidad, agua, educación, salud, vivienda rural, telecomunicación y alcantarillado), dirigidos a agricultores y agricultoras familiares.
o Acceso a programas de estudios vinculados a las actividades agropecuarias en instituciones educativas de secundaria con formación técnica, en la Educación Técnico - Productiva, Institutos de Educación Superior Tecnológica y Escuelas de Educación Superior Tecnológica
o Acercamiento de la atención en zonas rurales con Seguro Integral de Salud38.
o Servicios de saneamiento ampliados y mejorados en el ámbito rural.
o Ejecución del Programa Nacional de Vivienda Rural.
* Presupuestal 0111 Apoyo al Habitat Rural.
* Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
o Ejecución del Programa Nacional de Vivienda Rural Presupuestal 0111 Apoyo al hábitat rural.
2. Evaluación y escalamiento del modelo de plataformas de servicios múltiples para la agricultura familiar.
o Disposición de las Plataformas para la prestación y evaluación de servicios de capacitación, asistencia técnica y extensión agropecuaria en el marco del Programa de Plataformas de servicios TAMBOS del PN País y la Plataforma MAC, según corresponda.
3. Implementación de una estrategia de infraestructura vial y conectividad que impulse o fortalezca la dinámica local y articule a los agricultores y agricultoras familiares con los centros de acopio, transformación, comercialización y servicios de apoyo al productor.
o Ejecución de Intervenciones en la Red Vial Vecinal.
o Implementación, en el ámbito rural, del Programa Presupuestal 0047 Acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados.
8: Fortalecimiento institucional
1. Evaluación prospectiva de espacios vigentes y potenciales de articulación intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, así como a través de la articulación entre los distintos sectores, niveles de gobierno con las asociaciones u organizaciones de productores, para la promoción de la Agricultura Familiar bajo condiciones transparentes y equitativas39.
o Implementación de iniciativas agroecológicas de carácter multisectorial e intergubernamental a favor de la agricultura familiar en territorios priorizados.
2. Implementación de mecanismos de acción concertada en coordinación con gobiernos regionales y gobiernos locales, así como con otros actores relevantes a favor del logro de resultados de la ENAF.
o Asistencia técnica y asesoría a los Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la formulación de las estrategias regionales y locales de Agricultura Familiar.
o Asistencia técnica y capacitación en la etapa de formulación del proceso Zonificación Ecológica y Económica a los equipos técnicos de los GOREs y GLs priorizados (Pasco, Ancash, Huánuco, Loreto, Lima, La Libertad, Tumbes, Ica).
o Elaboración de propuestas metodológicas diseñadas para incorporar los principios de conservación de la Agrobiodiversidad y manejo integrado del paisaje en los Plan de Desarrollo Concertado del ámbito del Proyecto.
o Mejoramiento de las capacidades operativas de los Puestos de Control Forestal y de Fauna Silvestre en diversas regiones del País.
o Difusión de la normatividad vigente que establece la política pública sobre agricultura familiar (Ley, Reglamento, Estrategia Nacional y Plan Nacional).
o Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento rural para gobiernos locales y operadores.
3. Coordinación de acciones para el reconocimiento y puesta en valor de la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas40 en la política pública.
o Fomentar la participación indígena, y de comunidades campesinas y nativas, en espacios generados por instituciones públicas (Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas y otros), vinculados al manejo sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y a la agricultura familiar.
o Asistencia técnica a las instituciones públicas en temas de interculturalidad vinculados a conocimientos tradicionales, propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas u originarios y manejo de recursos naturales.
9: Gestión del conocimiento e innovación
2. Masificación de modelos de asistencia técnica y capacitación horizontal (yachachiq, kamayoq, Escuelas de Campo) que promuevan el intercambio de conocimientos y aprendizajes entre los agricultores y agricultoras familiares de diversas zonas y regiones, así como en materia pecuaria con énfasis en el manejo del ganado y pasturas.
o Implementación de los Lineamientos de la Estrategia Nacional de Promoción y Gestión de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021.
o Implementación de enfoques y metodologías que privilegien el rescate, la valoración y la innovación desde los conocimientos ancestrales y locales y su aplicación en los programas y proyectos que involucren a los pueblos indígenas u originarios.
o Presentación de informes anuales de seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar.
o Elaboración de informes técnicos de evaluación y recomendaciones de políticas en materia de agricultura familiar.
o Identificación de experiencias de fortalecimiento de capacidades de jóvenes rurales para su escalonamiento y/o apoyo.
o Sistematizaciones realizadas en el marco de la agricultura familiar y el desarrollo rural.
Finalmente es preciso señalar que cada una de las Líneas de acción que se encuentran vinculados a las Acciones Estratégicas de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y por consiguiente a sus Lineamientos son proyectos, programas o actividades regulares que cada sector, que forma parte de la Comisión Multisectorial de Agricultura Familiar viene ejecutando conforme a sus competencias. Así mismo señalamos que si una medida relacionada al presente plan podría afectar directamente derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios la entidad competente deberá realizar el proceso de consulta previa que corresponde conforme al Convenio 169 de la OIT, la Ley N° 29785 Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Reglamento.
5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAF 2019 - 2021
Es importante precisar que para la implementación del presente Plan se llevarán a cabo talleres, reuniones que permitirán la participación de los pueblos indígenas u originarios en esta parte del plan.
Es importante precisar que el modelo de organización y gestión del PLANAF está basado en una intervención multisectorial, a través de espacios de articulación y coordinación nacional, regional y local, contando para ello con el apoyo de la Dirección General de Articulación Intergubernamental del MINAGRI, los Comités de Gestión Regional Agrario y las instancias correspondientes de la PCM.
Las intervenciones multisectoriales consideran la incorporación, de manera estratégica, del enfoque territorial y de desarrollo sostenible, con el fin de lograr la movilización de las familias de menores recursos hacia el estadio de la agricultura familiar consolidada.
Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA
En este contexto, en el nivel nacional, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial se encarga de realizar, coordinar y gestionar las siguientes acciones, en coordinación con los miembros de la Comisión Multisectorial:
a. Identificar las brechas de atención de la Agricultura Familiar atendidas a través de proyectos de inversión pública, en el marco del PLANAF41.
b. Establecer prioridades de intervención en ámbitos y temas a favor de los agricultores y agricultoras familiares tomando en cuenta los enfoques de la ENAF y la tipología de la Agricultura Familiar, para ello se implementan experiencias pilotos representativas de las tres regiones naturales.
c. Identificar estrategias de intervención que favorezcan el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas, así como de los pueblos indígenas u originarios.
d. Formular estrategias de intervención orientadas a la reducción significativa de brechas de género en aspectos sustantivos de acceso a los factores de producción, desarrollo de capacidades, acceso a servicios financieros y no financieros y para la erradicación de patrones socio culturales que limitan la participación activa de la mujer en la agricultura familiar.
e. Elaborar una propuesta de desarrollo territorial que impulse:
1. El mapeo de los bienes públicos y servicios con que cuentan los sectores en los territorios y considere la situación del acceso a los factores de producción.
2. El mapeo de proyectos propuestos para el aprovechamiento de los factores de producción (tierra, agua, infraestructura etc.) a favor de la agricultura familiar en el territorio.
3. La elaboración de propuestas que permitan el acceso a los factores de producción (tierra, agua, infraestructura, etc.) en favor de la agricultura familiar.
4. La formulación de estrategias, proyectos de inversión y programas que permitan asegurar la sostenibilidad de los procesos de inclusión social y económica de los jóvenes de la agricultura familiar.
a. Definir el rol de los socios estratégicos de la sociedad civil, en la implementación del PLANAF.
b. Elaborar y ejecutar un plan de acción para la implementación del PLANAF.
c. Asegurar que las actividades propuestas en el PLANAF se encuentren incorporadas en los Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales de cada Sector en los niveles nacional, regional y local.
d. Diseñar la plataforma informática de seguimiento a los avances del PLANAF, cuya información es recogida en la implementación de los Planes Operativos institucionales y estratégicos, para lo cual la Secretaría Técnica coordina con las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de cada Sector.
e. Se evaluará el diseño de una plataforma intersectorial e intergubernamental para la implementación de paquetes de servicios básicos, teniendo como base el D.L. 1211, modificado por el D.L 1447, que en su artículo primero (1°) establece: “El presente decreto legislativo establece el marco normativo que promueve la integración de los servicios y procedimientos del Estado, a través de la implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos con la finalidad de mejorar la eficiencia y productividad y la calidad de los servicios a las personas naturales y jurídicas, tomando en consideración sus particularidades socioculturales” y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM).
f. Se coordinará y evaluará con los sectores competentes los modelos de plataformas de servicios múltiples existentes, tales como el PN PAIS y la Plataforma MAC, según corresponda, con el fin que brinde servicios adecuados a las necesidades de la agricultura familiar.
g. Dar seguimiento a la formulación e implementación del PLANAF 2019-2021 a nivel Regional y local, y su incorporación en los Planes de Desarrollo Concertado de los respectivos gobiernos regionales y locales y progresivamente, acorde con las evaluaciones diseñar Planes Regionales de Agricultura Familiar.
h. Fortalecer la implementación de la estrategia orientada a la promoción de talentos rurales a nivel nacional, regional y local42.
i. Identificar con los miembros de la Comisión Multisectorial la aplicación y adopción de tecnologías adecuadas al medio que contribuyan con la mejora de la calidad de vida de los agricultores y agricultoras familiares (viviendas térmicas, información, fitotoldos, riego tecnificado).
Cronograma General de Implementación
De la organización para la implementación del PLANAF
a. En el nivel Nacional
La Comisión Multisectorial para la Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar de naturaleza permanente, es la encargada del cumplimiento del Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2019 - 2021.
Asimismo, es importante precisar que la Comisión Multisectorial es la responsable del seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y su Reglamento, siendo a su vez un espacio para el intercambio de experiencias de los distintos sectores y dependencias públicas en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar.
b. En el nivel Regional
Se cuenta con los Consejos de Coordinación Regional y progresivamente con los Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Agricultura Familiar que en coordinación con los Comités de Gestión Regional Agrario (CGRA) son los encargados de la implementación de los Planes Regionales de Agricultura Familiar.
Los Consejos de Coordinación son un espacio que permite la articulación sectorial, intersectorial e institucional, así como la priorización de proyectos de inversión en determinados territorios a favor de los agricultores y agricultoras familiares, que a nivel sectorial cuenta con la participación de los Comités de Gestión Regional Agrario (CGRA) en dichos espacios a fin de contribuir a una gestión eficiente e integrada.
La identificación de territorios toma en cuenta la integración de las dimensiones económico-productiva, sociocultural, ambiental y político-institucional, lo cual permite intervenir integralmente en el territorio. Asimismo, se promueve la articulación de los espacios rurales con los urbanos, a través de propuestas de desarrollo con gobiernos municipales.
Los Consejos de Coordinación Regionales determinan los parámetros cuantitativos referidos a la categorización de los agricultores y agricultoras familiares aplicables al ámbito regional, teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria forestal es la principal en las áreas rurales, lo que es coordinado con los Comités de Gestión Regional Agrario (CGRA), y así priorizar el segmento que atienden, y las estrategias a implementar.
Esta categorización está referida a identificar los tipos de agricultores y agricultoras familiares ubicados en el territorio considerando sus particularidades: agricultores y agricultoras familiares consolidados, intermedios y de transición.
Para asegurar la implementación, el PLANAF está inmerso en los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertado y reflejarse en el caso del Sector Agricultura en los Planes Operativos Agrarios Articulados y finalmente en los Planes Operativos Institucionales de todos los Sectores participantes.
c. En el nivel Local
Los Consejos de Coordinación Local se encargan de organizar y articular la implementación de los planes de desarrollo concertados que consideran los objetivos específicos de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015–2021.
Los Consejo de Coordinación Local son un espacio que permita la articulación sectorial, intersectorial e institucional del nivel local, en el cual se proponen proyectos de inversión a favor de los agricultores y agricultoras familiares, de acuerdo a los territorios priorizados por los integrantes del Consejo de Coordinación.
Consejos de coordinación regional / local
Se precisa que, para la identificación de territorios, al igual que en el nivel regional, se toma en cuenta la integración de la dimensión económico-productiva, sociocultural, ambiental y político-institucional, lo cual permite intervenir integralmente en el territorio.
Los Consejos de Coordinación Local determinan los parámetros cuantitativos y la categorización de los agricultores y agricultoras familiares, en conformidad con lo señalado para los Consejos de Coordinación Regional.
Como lo han resaltado de manera iterativa los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho a la participación de los pueblos indígenas u originarios constituyen “la piedra angular del Convenio 169”, el cual constituye un mecanismo que asegura que los pueblos indígenas u originarios puedan decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y controlar su propio desarrollo económico, social y cultural.
En ese sentido el Plan Nacional de Agricultura Familiar durante el proceso de ejecución de los proyectos, programas y/o actividades regulares que implementen en las zonas donde se identifique poblaciones indígenas u originarias las instancias competentes deberán asegurarse en hacer partícipe a dicho población a través de talleres, reuniones y demás formas que asegure una mayor participación.
Las fases para la implementación de mecanismos de participación con pueblos indígenas u originarios:
Preparación: Esta fase incluye la realización de actividades previas como el fortalecimiento de capacidades en materias de derechos de pueblos indígenas y originarios y diálogo intercultural a los servidores públicos encargados de su implementación; la determinación de los contenidos a presentar; la determinación de los contenidos a presentar; la determinación de las organizaciones representativas de pueblos indígenas involucrados y la elaboración de la metodología a emplear.
Coordinación: Para la realización de esta fase se requiere que la entidad encargada de desarrollar los mecanismos de participación convoque a reuniones de coordinación a los representantes de los pueblos indígenas involucrados, antes de la realización de la actividad. Estas reuniones deben tener como objeto la definición del lugar, la hora, los participantes, los mecanismos empleados para la convocatoria y otros temas logísticos.
Ejecución del proceso participativo: En esta fase se realiza la convocatoria a los pueblos indígenas involucrados en virtud a lo acordado en las reuniones de coordinación.
Durante la realización del evento se debe asegurar la implementación de mecanismos adecuados que recojan los aportes de los participantes durante el proceso para la absolución de preguntas y/o aclaraciones sobre la medida a través de medios escritos, radiales, telefónicos o presenciales. El referido proceso debe concluir con la incorporación de aportes recogidos durante los eventos realizados, a partir de una evaluación técnica que realice la entidad.
El seguimiento y la evaluación son liderados técnicamente por la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en el marco de sus funciones; contando con la participación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de cada Sector y la Oficina de Planeamiento en coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del MINAGRI43, la cual organiza un sistema de información sobre la agricultura familiar, que cubra aspectos sociodemográficos, económicos, productivos, territoriales de género y juventudes, basado en indicadores.
Asimismo, según el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30355, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI, cada uno de los sectores que conforman la Comisión Multisectorial presenta, dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, ante la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, un informe con las acciones y, cuando corresponda, de los recursos financieros asociados con la promoción y desarrollo de la agricultura familiar previstos en su respectivo Plan Operativo Institucional.
Es importante señalar que el seguimiento y evaluación permite conocer la pertinencia de las acciones implementadas, ejecutar acciones oportunas que posibiliten anticiparse a los problemas, garantizar la sostenibilidad de los proyectos y retroalimentar los procesos de toma de decisiones. En ese marco se implementa un sistema de seguimiento y evaluación.
El seguimiento al PLANAF se realiza a través de una Plataforma Informática, lo que permite tener observaciones permanentes de los avances, retrocesos, dificultades y logros, de carácter simple y de fácil acceso; previamente los indicadores son registrados en el señalado aplicativo.
El acceso a la plataforma informática de seguimiento a los avances del PLANAF, utiliza la Plataforma Nacional de Autenticación de la Identidad Digital (ID PERÚ) para autenticar la identidad digital de los funcionarios responsables de registrar los avances en el PLANAF.
Respecto a los informes de seguimiento del PLANAF correspondientes a los indicadores de resultado, producto y de actividad son construidos anualmente.
La evaluación del PLANAF se realiza de acuerdo a la apreciación sistemática y objetiva del Plan al concluir su vigencia. Asimismo, busca el logro de la eficiencia y la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las acciones planteadas.
El presupuesto para la implementación del presente Plan se encuentra contenido en el Anexo N° 2.
009-2015-MINAGRI, D. (19 de junio de 2015). Repositorio El Peruano. Obtenido de https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-estrategia-nacional-de-agricu-decreto-supremo-n-009-2015-minagri-1253789-2/
015-2016, M. D. (22 de Julio de 2016). Portal MINAGRI. Obtenido de http://minagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2016/16712-decreto-supremo-n-015-2016-minagri
Caballero, José María; Alvarez, Elena;. (Diciembre de 1980). Repositorio de IEP. Obtenido de http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/551/2/caballero_aspectoscuantitativos.pdf
Eguren Lopez, L. F. (Diciembre de 2014). ResearchGate. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/301777177_LA_AGRICULTURA_FAMILIAR_EN_EL_PERU_DIAGNOSTICO_Y_LINEAMIENTOS_PARA_UNA_ESTRATEGIA
FAO, International Year of Family Farming 2014: Master Plan
“Bajos ingresos del productor agrario”
De acuerdo con los resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), el número de productores que se dedican a la actividad agraria asciende a 2 260 973, ya sea como persona natural (empresarios informales) o como persona jurídica (empresarios formales). De este total, el 15,8% están ubicados en la costa; el 63,9% en la sierra y el 20,3% en la selva. Asimismo, los productores que trabajan bajo la condición de persona natural representan el 99,4% (2 246 702).
En ese contexto, si bien en las últimas décadas el sector agrario ha ido perdiendo peso en el PBI nacional44, la agricultura mantiene una enorme importancia en el empleo directo y la generación de ingresos de por lo menos un tercio de la población. Es más, dado que un número desproporcionadamente grande de personas pobres están empleadas en los sectores agricultura y servicios, estos dos generaron los mayores aumentos de ingresos para los pobres, en el periodo de 1990 al 2015, donde el aporte de la agricultura fue especialmente grande para la reducción de la pobreza extrema (BM, 2017)45.
Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2017), el ingreso per cápita mensual del productor agrario es el más bajo de toda la economía, alcanzando, en promedio 2014-2017, los S/ 641 soles; es decir, 50% inferior al ingreso promedio nacional.
Los efectos de esta situación, se reflejan en hechos como la alta incidencia de la pobreza entre la población ocupada en la agricultura46; la inseguridad alimentaria y nutricional; la ampliación de brechas de productividad y competitividad entre categorías de productores y regiones; el afianzamiento de prácticas de producción agraria no sustentables y con elevadas emisiones de gases de efecto invernadero; la dependencia y concentración de la economía en industrias extractivas no renovables, y el aumento de conflictos desencadenados por problemáticas sociales y ambientales.
Bajos ingresos agrarios
Situación definida por la brecha entre el ingreso per cápita mensual del productor agrario y el promedio nacional del ingreso per cápita de otros sectores de la economía.
El productor agrario es la persona natural o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y el uso de los suelos con fines agrarios, asumiendo la responsabilidad técnica y económica del proceso de la producción agraria47. En la medida que tiene recursos, toma decisiones, realiza actividades, genera productos, compra insumos y servicios y vende productos y servicios, el productor agrario, aun el más pequeño y que no lleva cuentas, ni paga impuestos, puede ser considerado un empresario privado, pues, el término empresa, es aplicable a cualquier organización privada, siempre que haya un objetivo de generar ingresos, independientemente de su escala y grado de formalidad48.
Otras variables que describen el perfil de este grupo poblacional son el sexo, la estructura etaria, el idioma y el nivel educativo. En cuanto al sexo, considerando únicamente a productores que trabajan en el agro en condición de persona natural (2 246 702 de personas), de cada 10 personas que laboran en la actividad agraria, siete (7) son hombres y tres (3) son mujeres. En la costa el 28,3% son mujeres; el 35% viven en la Sierra y el 19,6% de las mujeres viven en la Selva, lo que evidencia una brecha de género por menor acceso de las mujeres a las actividades agrícolas en el campo.
Gráfico N° 02: Productores agropecuarios por sexo, según región natural
En lo que concierne a la edad, el mayor porcentaje de productores del sector agropecuario se registra en el grupo etario de 45-54 años de edad con 21,1%, le siguen en orden de mayor porcentaje aquellos productores de 65 y más años de edad con 20,8%, de 35-44 años de edad con 20,7% y de 55-64 años de edad con 16,6%; lo que evidencia que existe un envejecimiento de la población agropecuaria debido a la migración de los jóvenes hacia las zonas urbanas que buscan nuevas oportunidades de desarrollo.
Gráfico N° 03: Productores agropecuarios por grupo de edad
Por el lado del nivel educativo, se estima que 14,4% de los productores agrarios no accedió a ningún tipo de educación regular, el 0,7% culminó nivel inicial, el 30,1% tiene estudios primarios incompletos; el 21,7% tiene primaria completa, 25,9% cursó algún año de estudios secundarios y, solo el 7,2% accedió a algún tipo de instrucción superior.
Estas cifras demuestran que existe una población en situación de vulnerabilidad y desventaja para ejercer sus derechos, más aún si se tiene en cuenta que una buena parte domina como lengua materna otra distinta al castellano. Al respecto el IV CENAGRO muestra que el 31,2%, de los productores agropecuarios aprendieron como lengua materna en la niñez el quechua; 4,7% aymara; 0,6% Asháninka; y 1,6% otra lengua nativa. Cabe mencionar que, estas cifras varían a nivel departamental. Por ejemplo, en relación al aprendizaje del quechua en la niñez destacan: Apurímac con 88,7%, Ayacucho con 86,2%, Cusco con 82,9%, Huancavelica con 76,7%, Áncash con 68,2%, Puno con 47,4%, y Huánuco con 40,2%.
“La productividad agrícola de un país, en su definición más amplia, es la proporción entre la producción agregada agrícola y los insumos empleados en el proceso productivo, lo que se conoce como productividad total de los factores (PTF). La productividad aumenta cuando la tasa de crecimiento de la producción agregada agrícola es mayor a la tasa de crecimiento del total de los factores utilizados en el proceso productivo, lo que contempla cambios en el uso de recursos como la tierra, el agua, el trabajo, el capital, las materias primas y la energía¨ (IICA, 2015, p. 3).
¨La PTF está compuesta de cambio técnico y eficiencia técnica, donde el cambio técnico se refiere al “cambio en la tecnología de producción que puede provenir de métodos mejorados en el uso de los insumos existentes o a través de cambios en la calidad del insumo”, y la eficiencia técnica se refiere a la “relación entre la producción actual sobre el máximo potencial de producción” (Kumbhakar y otros, 2015, citado en BID, 2017, p. 3).
BAJA PRODUCTIVIDAD AGRARIA
Si bien el desempeño de Perú tiene una posición alta dentro de la región, la frontera tecnológica para la agricultura se establece en los países industrializados y, en comparación con estos, el Perú y otros países latinoamericanos siguen atrasados. Asimismo, de acuerdo con el reporte del Banco Mundial49, la brecha de productividad en agricultura se ha ampliado en nuestro país; un análisis por región natural refiere que en la Costa creció en 7%, en la Sierra retrocedió 0,2% y en la Selva es de solo 0,2%. El informe señala que existen varios mundos distintos, que operan en etapas muy diferentes de desarrollo.
Cuadro N° 06. Índice de Crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) por regiones naturales
La agricultura en la Costa está más desarrollada, integrada al mercado global, cuenta con sistemas de irrigación que permitieron ampliar la frontera agrícola ganándole espacio al desierto y una infraestructura que le permite transformar y transportar los productos de calidad reduciendo los costos de producción a lo largo de la cadena de valor; sin embargo, este desarrollo favorece a las empresas que cuentan con grandes extensiones agrícolas y a un sector de pequeños y medianos productores. El escenario es distinto cuando se trata de la Sierra o la Selva; pues la fragmentación de los minifundios ha generado el estancamiento de la producción convirtiéndolos en muchos casos en una agricultura de subsistencia; a este hecho se suman otros factores como la falta de insumos, las capacidades técnicas, sistemas de riego o el uso de infraestructura adecuada para el transporte al mercado. Esto nos muestra que existen factores subyacentes que limitan los niveles de productividad y afectan el desarrollo de productores y su entorno, originando el ciclo de la pobreza y dependencia de los programas sociales.
Presupuesto Proyectado 2019 - 2021
1828314-1