Source: https://issuu.com/personeriadetunja/docs/estatuto-anticorrupcion-proyecto-ley174_2010
Timestamp: 2017-02-24 15:44:45
Document Index: 383921890

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 35', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 11', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 131', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 314', 'artículo 83', 'artículo 247', 'artículo\n250', 'artículo 2508', 'artículo 258', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 298', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 301', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 3258', 'artículo 325', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 399', 'artículo 399', 'ARTÍCULO 24', 'artículo 400', 'artículo 400', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 401', 'artículo\n403', 'artículo 410', 'artículo 411', 'artículo 412', 'artículo 433', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 444', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 444', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 91', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 35', 'artículo\n175', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 188', 'artículo 240', 'artículo\n241', 'artículo 247', 'artículo 291', 'artículo 366', 'artículo 367', 'artículo\n397', 'artículo 404', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 407', 'artículo 412', 'artículo 433', 'artículo 409', 'artículo 410', 'artículo 411', 'artículo 447', 'artículo 447', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 324', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 43', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 53', 'ARTÍCULO 45', 'artículo 55', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 105', 'ARTÍCULO 47', 'artículo 122', 'ARTÍCULO 48', 'artículo 123', 'ARTÍCULO 49', 'artículo 124', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 130', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 135', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 156', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 168', 'artículo 166', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 169', 'ARTÍCULO 56', 'artículo 169', 'ARTÍCULO 57', 'artículo 175', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 58', 'artículo 177', 'artículo 182', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 92', 'artículo 56', 'artículo 78', 'ARTÍCULO 71', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'artículo 150', 'ARTÍCULO 76', 'ARTÍCULO 77', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 53', 'ARTÍCULO 83', 'artículo 32', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 63', 'ARTÍCULO 88', 'artículo 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 89', 'artículo\n30', 'ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 92', 'artículo 2', 'ARTÍCUlO 93', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 99', 'artículo 69', 'Artículo 101', 'artículo 29', 'artículo 101', 'ARTÍCULO 119', 'ARTÍCULO 120', 'ARTÍCULO 121', 'ARTÍCULO 122', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 125', 'ARTÍCULO 126', 'ARTÍCULO 127', 'ARTÍCULO 128', 'artículo 30', 'artículo 106', 'Artículo 1060', 'artículo 411']

estratuto by Personería Municipal de Tunja - issuu
LEY"Nó~1414
12JUl201l
POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCÓN, INVEmGAOÓN y SANCÓN DE ACTOS DE CORRUPOÓN y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GEmÓN PÚBUCA EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:
CAPÍTULO PRIMERO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPOÓN ARTÍCULO:l.. INHABIUDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN
ACTOS DE CORRUPCÓN. El literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de
Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judidalmente por la
comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea privativa de la
libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por
delitos relacionados con la pertenenda, promoción o financiadón de grupos ilegales,
delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno
transnacional, con excepción de delitos culposos.
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a
sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.
ARTiCULO 2. INHABIUDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCEN
CAMPAÑAS POLÍTICAS. El numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993 tendrá un
nuevo literal k), el cual quedará así:
Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidenda de la República, .
a las gobernaCiones ó a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por
ciento (2,5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas
electorales en cada drcunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con
las entidades públicas, induso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para
el cual fue elegido el candidato.
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cuál el candidato fue elegido.
Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segunda
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha
finandado la campaña poUtica.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren é
constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal e
cualquiera de sus sodos hayan financiado directamente o por interpuesta personé
campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaCiones y las alcaldías.
La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos dE
r~ ....'
ARTÍCULO 3. PROHIBIOÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBUCOS
GESTIONEN INTERESES PRIVADOS. El numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de
2002 Quedará así:
Prestar, a título personal o por interpuesta persona, selVlCIOS de asistencia,
representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo,
o permitir Que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación
del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus
servicios, y para la prestaCión de servicios de asistencia, representación o asesoría a
Quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, controlo regulación de la entidad,
corporación u organismos al que se haya estado vinculado.
Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los
cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones
aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el
ejercicio de sus funciones y de los cuales existe sujetos claramente determinados.
ARTÍCULO 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS
CONTRATEN CON EL ESTADO. Adicionase un literal f) al numeral 2 del artículo 8 de
la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Directa o indirectamente las personas Que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en
entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén
vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio
del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual
prestaron sus servicios.
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del
primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado
CAPÍTULO PRIMERO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCÓN ARTÍCULO 5. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión,
suministro de medicamentos y de alimentos ó su cónyuge, compañero o compañera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad
Ylo primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las
entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de
ejecución y hasta ·Ia liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de
interventoría con la misma entidad.
ARTICULO 6. ACCION DE REPETICION. El numeral 2 del articulo 8 de la ley 678 de
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de
la Nación o quien haga sus veces.
ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese un
5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento
de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya
encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que
haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción
En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.
ARTÍCULO 8. DESIGNAOÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO.
Modiñquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la
República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional
al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación
se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este
fundonario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del
respectivo período del alcalde o gobernador.
Parágrafo 10. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor intemo
se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en
asuntos del control interno.
Parágrafo 20. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la
naturaleza de las funciones del mismo. la selección de dicho personal no implicará
necesariamente aumento en la planta de cargos existente.
ARTÍCIJLO 9. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO.
Modiñquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
El jefe de la Unidad de la ofidna de control interno o quien haga sus veces en una
entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre
nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.
Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar al
Director del Departamento Administrativo de la Presidenda de la República, así como a
los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya
encontrado en el ejercidO de sus funciones.
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)
meses en la página web de la entidad, un informe pormenOrizado del estado del control
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los
procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades
pertinentes así lo soliciten.
Parégrafo transitorio. Para ajustar el periodo de que trata el presente artículo, los
responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de didembre
del 2011, permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la
designación del nuevo fundonario, conforme a la fecha prevista en el presente artículo.
ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBUQDAD. Los recursos que destinen las
entidades públicas y las empresas y sociedades con partídpación mayoritaria del Estado
del orden nadonal y territorial, en la divulgadón de los programas y políticas que
realicen, a través de publiddad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar
que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la
finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos. En esta publiCidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en
cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se
logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso
anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de
programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos
políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o
cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión.
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar,
contratar o realizar directamente publiCidad oficial que no esté relacionada en forma
directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la
impresión de ediciones de lujo o con policromías.
Parágrafo 1. las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en
sus presupuestos rubros para publiCidad o difusión de campañas institucionales,
deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como
base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para
publicidad o campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años siguientes el
rubro correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el índice de precios al
Parágrafo 2. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las sociedades de economía
mixta ni a las empresas industriales y comerdales del Estado que compitan con el sector
público O privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo
caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo
beneficio, presupuesto previo y razonabilidad del gasto.
Parágrafo 3. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta
disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la
información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas
en el inciso primero de este artículo.
ARTiCULO :l:l. CONTROL Y VIGILANCIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD
apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema
2. Mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, esas instituciones en
cuanto les sean aplicables adoptarán mecanismos y reglas de conducta que deberán
observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con
a. Identificar adecuadamente a sus afiliados, su actividad económica, vínculo
laboral y salario.
b. Establecer la frecuencia y magnitud con la cual sus usuarios utilizan el sistema
c. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos -cNPMD-, cualqUier sobrecosto en la venta
u ofrecimiento de medicamentos e insumos.
d. Reportar de forma inmediata y suficiente al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA la falsificación de medicamentos e insumos y
el suministro de medicamentos vencidos, sin peIjuicio de las denuncias penales
e. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la
Superintendencia Nacional de Salud cualquier información relevante cuando
puedan presentarse eventos de afiliación fraudulenta o de fraude en los aportes
a la seguridad social para lo de su competencia.
f. Los demás que señale el Gobierno Nacional.
3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implementar los mecanismos de
control a que se refiere el numeral anterior, las entidades vigiladas deberán diseñar
y poner en práctica procedimientos específicos, y designar funcionarios responsables
de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos.
4. A partir de la expedición de la presente Ley, ninguna entidad prestadora del servido
de salud en cualquiera de sus modalidades, incluida las cooperativas podrán hacer
ningún tipo de donaciones a campañas políticas o actividades que no tenga relación
con la prestación del servido.
Parágrafo. El Gobierno reglamentará la materia en un término no superior a tres
ARTÍCULO 12. SISTEMA PREVENTIVO DE PRÁCTICAS RIESGOSAS
FINANOERAS y DE ATENOÓN EN SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Créase el Sistema Preventivo de Prácticas
Riesgosas Finanderas y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud que permita la identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas
Seguridad Social en Salud. 8 no reporte de información a dicho sistema, será
sancionado conforme al artículo 131 de la Ley 1438 de 2011.
CAPÍTULO SEGUNDO MEDIDAS PENALES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBUCA y PRIVADA ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN DE BENEFIOOS EN LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELAOONADOS CON CORRUPCIÓN. El articulo 68
A del Código Penal quedará así:
No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de libertad de suspensión condidonal de la ejecución de la pena o libertad
condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá
lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judidal o administrativo, salvo los
beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando
la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintendonal dentro de los cinco
(5) años anteriores.
Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados
por delitos contra la Administradón Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan
sobre los bienes del Estado, utilización indebida de informadón privilegiada, lavado de
activos y soborno transnacional.
Lo diSpuesto en el presente articulo no se aplicará respecto de la sustitución de la
detención preventiva y de la sustitudón de la ejecución de la pena en los eventos
contemplados en los numerales 2, 3, 4 Y 5 del artículo 314 de la ley 906 de 2004 ni en
aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y
negociaciones y el allanamiento a cargos.
Ci:~ «
ARTÍCULO J4. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPOÓN PENAL. El
inciso sexto del artículo 83 del Código Penal quedará así:
6. Al servidor público que en ejercido de las funciones de su cargo o con ocasión de
ellas realice una conducta punible o partidpe en ella, el término de prescripción se
aumentará en la mitad. lo anterior se aplicará también en relación con los particulares ...
que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren
como agentes retenedores o recaudadores.
ARTÍCULO J5. ESTAFA SOBRE RECURSOS PÚBUCOS y EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El artículo 247 del Código Penal tendrá unos ,""
numerales 50 y 60 del siguiente tenor:
5. La conducta reladonado con bienes pertenecientes a empresas o institudones en que
el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste.
ARTÍCULO J6. CORRUPCIÓN PRIVADA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo
250A, el cual quedará así:
El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos,
administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundadón una
dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en
perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez
(lO) hasta de mil (lOOO) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de
una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, 111
solidte o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.
Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (lO) años. ARTÍCULO J7. ADMINISTRACIÓN DESLEAL La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 2508, el cual quedará así: El administrador de hecho o de derecho, o sodo de cualquier sociedad constituida o en
formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con
abuso de las fundones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes
de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un
perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
ocho (S) años y multa de diez (10) hasta mil (lOOO) salarios mínimos legales mensuales
ARTÍCULO J8. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. El
artículo 258 del Código Penal quedará así:
El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de
administradán de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o
para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con
ocasión de su cargo o fundón y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en
pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (S) a cincuenta (50) salarios
En la misma pena incurrirá el que utilice informadón conocida por razón de su profesión
u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la negociación de
determinada acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores,
ARTÍCULO 19. ESPECULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSmvos
MEDICOS. Adiciónese un inciso al artículo 298 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará
La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta (40) a
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de
medicamento o dispositivo médico.
ARTÍCULO 20. AGIOTAJE CON MEDICAMENTOS Y DISPOSmvos MÉDICOS.
Adiciónese un inciso al artículo 301 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
El concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado
para la explotación de un monopolio rentístico; que incumpla total o parCialmente con la
entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios de
salud y educación, incurrirá en prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de
hasta 1.020.000 uvr.
En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o
empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no
declare total o parCialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo, ante la
ARTÍCULO 22. OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD. La Ley 599
de 2000 tendrá un artículo 3258, el cual quedará así:
El empleado o director de una entidad vigilada por la SUperintendencia de Salud, que
con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, omita el cumplimiento de alguno
o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el
fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa sola conducta, en la pena prevista
para el artículo 325 de la Ley 599 de 2000.
ARTÍCULO 23. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE FRENTE A
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399
A, el cual quedará así:
La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando
se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.
ARTÍCULO 24. PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 400 A, el cual quedará así:
Las penas previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de 2000 se agravarán de una
tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos
destinados a la seguridad social integral.
ARTÍCULO 25. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNrnVA. El artículo 401
del Código Penal quedará así:
Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere
cesar el mal uso, reparare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o
reintegrare lo apropiado, perdido o ~viado, o su valor actualizado con intereses la
pena se disminuirá en la mitad. c¡..u:'_)
Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda ¡nstanda, la pena
disminuirá en una tercera parte.
Cuando el reintegro fuere pardal, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena
hasta en una cuarta parte.
ARTiCULO 26. FRAUDE DE SUBVENCIONES. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo
403A, el cual quedará así:
El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públiCOS
mediante engaño sobre las condidones requeridas para su concesión o callando total o
parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de
doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilidad para el ejercido de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12)
Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de
una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén
ARTiCULO 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de
2000 tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así:
El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o
concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento
contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos
(200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para
contratar con entidades estatales por ocho (8) años.
parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme
obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de Superintendencia de
Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso
de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una
tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con
entidades estatales por cinco (5) años.
ARTiCULO 28. TRÁFIco DE INFLUENCIAS DE PARllCULAR. La Ley 599 de 2000
tendrá un artículo 411 A, el cual quedará así:
El particular que ejerza indebidamente influendas sobre un servidor público en asunto
que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier
beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien
(100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTiCULO 29. ENRIQUECIMIENTO IÚCITO. El artículo 412 del Código Penal
El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su
vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su
desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado,
incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a '"
quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que
supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de noventa y
seis (96) a ciento ochenta (180) meses.
ARTiCULO 30. SOBORNO TRASNACIONAL. El artículo 433 del código penal
El que dé u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de éste o de un
tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra
utilidad a cambio de que éste realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con
una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15)
años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
Parágrafo: para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera
servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o
judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier
persona que ejerza una fundón pública para un país extranjero, sea dentro de un
organismo público o de una empresa de servido público. También se entenderá que
ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública
ARTÍCULO 31.. SOBORNO. Modiñquese el artículo 444 de la ley 599 de 2000, que
El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad
o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de seis (6) a doce
(12) años y multa de cien (100) a mil (1000) salarios.
ARTÍCULO 32. SOBORNO EN LA ACTUACIÓN PENAL. Modiñquese el artículo 444-A
de la ley 599 de 2000, que quedará así:
El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a
persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a
declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión
de seis (6) a doce (12) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2000) salarios
ARTÍCULO 33. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNmVA. Los tipos penales
de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414 Y 433 de la lay 599 de 2000 les será aumentada la pena de una
sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza
como fundonario de alguno de los organismos de control del Estado.
ARTÍCULO 34. MEDIDAS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS. Independientemente
de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas
contempladas en el artículo 91 de la ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas
jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la
administradón pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio
público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o
En los delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio público, las
entidades estatales poSiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero
civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión
De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la ley 222 de 1995, la
Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos (500) a dos mil
(2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando con el consentimiento de su
representante legal o de alguno de sus administradores o con la tolerancia de los
mismos, la sociedad haya participado en la comisión de un delito contra la
Administración pública o contra el patrimonio público.
ARTÍCULO 35. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA INVESTIGAOÓN. El artículo
175 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo, el cual quedará así:
Parágrafo. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del
circuito especializados, por delitos contra la administración pública y por delitos contra
el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales
proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres
(3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.
ARTÍCULO 36. OPERACIONES ENCUBIERTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. La
Ley 906 de 2004 tendrá un articulo 242 A, el cual quedará así:
Los mecanismos contemplados en los articulos 241 y 242 podrán utilizarse cuando se
verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la administración
pública en una entidad pública.
Cuando en investigaciones de corrupción, el agente encubierto, en desarrollo de la
operación, cometa delitos contra la administración pública en coparticipación con la
persona investigada, quedará exonerado de responsabilidad, salvo que exista un
verdadero acuerdo criminal ajeno a la operación encubierta, mientras que el indiciado o
imputado responderá por el delito correspondiente.
ARTÍCULO 37. PRUEBAS ANnCIPADAS. El articulo 284 de la Ley 906 de 2004
tendrá un parágrafo cuarto, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. En las investigaciones que versen sobre delitos de competencia de los
jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la administración pública y
por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado
respecto de los cuales proceda la detención preventiva, será posible practicar como
prueba anticipada el testimonio de quien haya recibido amenazas contra su vida o la de
su familia por razón de los hechos que conoce; así mismo, procederá la práctica de
dicha prueba anticipada cuando contra el testigo curse un trámite de extradición en el
cual se hubiere rendido concepto favorable por la Sala Penal de la Corte Suprema de
La prueba deberá practicarse antes de que quede en firme la decisión del Presidente de
la República de conceder la extradición.
ARTÍCULO 38. AUMENTO DE TÉRMINOS RESPECTO DE LAS CAUSALES DE
LIBERTAD EN INVESTIGAOONES RELAOONADAS CON CORRUPOÓN. El
articulo 317 de la Ley 906 de 2004 tendrá un parágrafo segundo, el cual quedará así:
Parágrafo 1°. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del
circuito especializados, por delitos contra la administradón pública y por delitos contra
proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se
duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de
ARTÍCULO 39. RESTRIcaÓN DE LA DETENOÓN DOMIOUARlA. El parágrafo
del articulo 314 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Parágrafo 1°. No procederá la sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario, por detención domidliaria cuando la imputación se refiera a
los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del drcuito
especializados o quien haga sus veces, Tráfico de migrantes (c. P. artículo 188); Acceso
carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (c. P. articulo 210); Vio/enea intrafamiliar
(c. P. articulo 229); Hurto calificado (C. P. artículo 240); Hurto agravado (c. P. artículo
241, numerales 7, 8, 11, 12 'Y 15); Estafa agravada (C. P. artículo 247); Uso de
documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados Ce. P. artículo 291);
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal, cuando
concurra con el delito de concierto para delinquir Cc. P. artículos 340 y 365), o los
imputados registren sentendas condenatorias vigentes por los mismos delitos;
Fabricación, tráfico y porte de armas y munidones de uso privativo de las fuerzas
armadas (C. P. artículo 366); Fabricadón, importación, tráfico, posesión y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares (e. P. artículo 367); Peculado por apropiadón en
cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales Cc. P. artículo
397); Concusión (C. P. artículo 404); Cohecho propio (C. P. artículo 405); Cohecho
impropio (C.P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P. artículo 407);
Enriquecimiento Ilícito (C.P. artículo 412); Soborno Transnacional Cc.P. artículo 433);
Interés Indebido en la Celebradón de Contratos (C.P. artículo 409); COntrato sin
Cumplimiento de Requisitos Legales (e.P. artículo 410); Tráfico de Influencias (C.P.
artículo 411); Receptación repetida, continua (C.P. artículo 447, ¡ndsos 1° y 3°);
Receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la receptación para
ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto para delinquir,
receptadón sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercanáa o
combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo 447, inciso 2°)".
ARTÍCULO 40. PRINOPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOS DELITOS DE
COHECHO. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004 tendrá un numeral 18, el cual
Cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva
denuncia que da origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el
juicio, y sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e
integral el daño causado.
Los efectos de la aplicadón del prindpio de oportunidad serán revocados si la persona
beneficiada con el mismo incumple con las obligaCiones en la audiencia de juzgamiento.
El prindpio de oportunidad se aplicará al servidor público si denunciare primero el delito
en las condiciones anotadas.
CAPÍTULO TERCERO MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ARTÍCULO 4J. FUNCIONES DISCIPLINARIAS DE LA SALA JURISDICCIONAL
DISCIPUNARlA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Además de lo
previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disdplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura o de los COnsejos Seccionales según el caso, examinará la
conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.
PODER PREFERENTE DE LA SALA JURlDICCIONAL
DISCIPUNARlA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a solidtud de parte u
oficiosamente ejercerá el poder preferente jurisdiccional disciplinario, en relación con los
procesos que son competencia de sus seccionales, respetando el debido proceso y la
doble instanda; igualmente podrá disponer el cambio de radicación de los mismos, en
Para el cumplimiento de estas funciones y las de su competencia creará por medio de su reglamento intemo las salas de decisión pertinentes". ARTÍCULO 43. PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS.
Adiciónese un numeral nuevo al
artículo 48 de la ley 734 de 2002, el cual qUedar~
!..'----~ ~
64. Sin perjuido de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006,
cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el
ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público Que haya
denunciado hechos de corrupción".
ARTÍCULO 44. SUJETOS DISCIPUNABLES. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002,
El presente régimen se aplica a los particulares Que cumplan labores de interventoría o
supervisión en los contratos estatales; también a Quienes ejerzan funciones públicas, de
manera permanente o transitoria, en lo Que tienen Que ver con estas, y a Quienes
administren recursos públiCOS u oficiales.
Se entiende Que ejerce función pública aquel particular Que, por disposición legal, acto
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades
propias de los órganos del Estado, Que permiten el cumplimiento de los cometidos
estatales, así como el Que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo Que se
acreditará, entre otras manifestadones, cada vez Que ordene o señale conductas,
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.
Administran recursos públicos aquellos particulares Que recaudan, custodian, liquidan o
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas Que hacen parte del presupuesto de
las entidades públicas o Que estas últimas han destinado para su utilización con fines
No serán disciplinables aquellOS particulares Que presten servicios públicos, salvo Que en
ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual
resultarán destinatarios de las normas disdplinarias.
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 45. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR POR FALTAS
GRAVÍSIMAS. ModiñQuese el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, el cual
11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14 ,15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, Y 59, parágrafo cuarto, del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función. ARTÍCULO 46. NOTIFICAOONES. El artículo 105 de la Ley 734 de 2002 tendrá un
inciso segundo, el cual Quedará así:
De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el Que ordene el
traslado para alegatos de conclusión.
ARTÍCULO 47. PROCEDENOA DE LA REVOCATORIA DIRECTA. El artículo 122 de
la Ley 734 Quedará así:
Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición
del sandonado, por el Procurador General de la Nación o por Quien los profirió. El
QUejOso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo.
Parágrafo Primero. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen
violadones al Derecho Intemadonal de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de
la actuación PQr parte del Procurador General de la Nación, de oficio o a petición del
quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado.
Parágrafo Segundo. El plazo para proceder a la revocatoria será de tres (3) meses
ARTÍCULO 48. COMPETENOA. El artículo 123 de la Ley 734 de 2002 quedará así:
Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados por el funcionario que
los hubiere proferido o por su superior funcional.
Parágrafo: El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos
sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio, en este último evento cuando
se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho intemacional de
los derechos humanos y del derecho intemacional humanitario, expedidOS por cualquier
funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria, o asumir directamente el
conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el
cual proferirá la decisión correspondiente.
ARTÍCULO 49. CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LAS
DI5aPLINARIAS. El artículo 124 de la Ley 734 de 2002 quedará así:
DEOSIONES
En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los
autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo cuando infrinjan
manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deban
fundarse. Igualmente cuando con ellos se wlneren o amenacen manifiestamente los
ARTÍCULO 50. MEDIOS DE PRUEBA. El inciso primero del artículo 130 de la Ley 734
Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. ARTÍCULO 5~. PRUEBA TRASLADADA. El artículo 135 de la Ley 734 quedará así:
Las pruebas practicadas válidamente en una actuadón judicial o administrativa, dentro
o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación
disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán
apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.
También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que
la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de
acusación en el proceso penal, aún cuando ellos no hayan sido introducidos y
controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de
pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser
sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.
Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura
necesiten información acerca de una investigadón penal en curso o requieran trasladar
a la actuadón disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no
hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. En cada caso,
el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos
materiales de prueba o evidendas físicas puede entregar, sin afectar la investigación
penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.
ARTÍCULO 52. TÉRMINO DE LA INVEmGAOÓN DlSClPUNARlA. Los dos
primeros incisos del artículo 156 de la Ley 734 quedarán así: f.......~
El término de la inve5tigadón disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la
decisión de apertura.
En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no
podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá aumentarse hasta en una
tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más
ARTÍCULO 53. DEOSIÓN DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN. la Ley 734 de 2002
tendrá un artículo 160 A, el cual quedará así:
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el
término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de
sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposidón, declarará cerrada
En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se
verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
ARTÍCULO 54. TÉRMINO PROBATORIO. El inciso primero del artículo 168 de la Ley
734 de 2002 quedará así:
Venddo el término señalado en el artículo 166, el funcionario competente resolverá
sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido
solidtadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinenda y necesidad.
ARTÍCULO 55. TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. El artículo 169 de
la Ley 734 de 2002 quedará así:
Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las señaladas en la etapa
de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento mediante auto de sustandación
notificable ordenará traslado común de diez (10) días para que los sujetos procesales
puedan presentar alegatos de conclusión.
ARTÍCULO 56. TÉRMINO PARA FALLAR. la Ley 734 de 2002 tendrá un artículo 169
El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) d{as hábiles
siguientes al vendmiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión.
ARTÍCULO 57. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL El artículo 175 de la Ley 734 de 2002, quedará así: El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públiCOS en los casos en que
el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con
elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta,
cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en
el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48,
52,54, 55,56,57,58,59 Y 62 de esta ley.
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en
cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar
sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos
sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.
ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO VERBAL. El artículo 177 de la Ley 734 de 2002
calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario
competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar
proceso verbal y citará a audienda al poSible responsable.
En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificación del
fundonario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los
hechos reputadOS irregulares y de las normas que los tipifican, la reladón de las
pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la
responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado.
La audienda debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la
fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o asistido de abogado,
podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán
practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si
no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco (5)
días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.
Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordinario, hadéndolas
compatibles con las formas propias del proceso verbal.
Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea necesario y
procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por inconducentes,
impertinentes o superfluas, debe ser motivada.
El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que estime
indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cual será de
mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. De la misma manera podrá proceder
en aquellos eventos que no estén previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra
esta decisión no cabe ningún recurso.
De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en
ella. Todas las decisiones se notifican en estrados.
El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la práctica de
pruebas, las nulidades y la recusadón, el cual debe interponerse y sustentarse
verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director del proceso, a
continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso.
El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la
recusadón y contra el fallo de primera instancia, debe sustentarse verbalmente en la
misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se
decidirá sobre su otorgamiento.
Procede el recurso de reposidón cuando el procedimiento sea de única instanda, el cual
deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación en estrados,
agotado lo cual se decidirá el mismo.
Las decisiones de segunda instanda se adoptarán conforme al procedimiento escrito.
De proceder la recusación, el ad quem rev~a decisión y devolverá el proceso para
que se tramite por el que sea designado. ~:........~~
En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, el ad quem las
decretará y practicará. También podrá decretar de oficio las que estime necesarias para
resolver el fondo del asunto, debiendo garantizar el derecho de contradicción.
Antes de proferir el fallo, las partes podrán presentar alegatos de conclusión, para lo
cual dispondrán de un término de traslado de dos (2) días, contados a partir del día
siguiente al de la notificación por estado, que es de un día.
El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia. Este se
ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas.
ARTiCULO 60. PROCEDENOA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPUNARIO
ESPECIAL ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NAOÓN. El artículo 182 de la
Ley 734 de 2002 tendrá un inciso segundo, el cual quedará así:
El Procurador General de la Nación también podrá aplicar este procedimiento especial
para los casos en que su competencia para disciplinar sea en única instanda.
CAPÍTULO CUARTO REGULAOÓN DEL LOBBY O CABILDEO ARTÍCULO 61. ACCESO A LA INFORMAOÓN. La autoridad competente podrá
requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a
gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de
algún delito o de una falta disciplinaria.
CAPÍTULO QUINTO ORGANISMOS ESPECIALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ARTiCULO 62. CONFORMAOÓN DE LA COMISIÓN NAOONAL PARA LA '"
MORALIZAOÓN. Créase la Comisión Nadonal para la Moralización, integrada por:
b. El Ministro del Interior y de Justida.
c. El Procurador General de la Nación.
d. El Contralor General de la RepÚblica.
e. El Auditor General de la República.
f. El Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes
g. El Fiscal General de la Nación.
h. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
i. El Presidente del Consejo de Estado.
j. El director del Programa Presidencial de Modemizadón, Eficiencia, Transparencia
k. El Consejero Presidendal para el Buen Gobierno y la Transparencia.
1. El Defensor del Pueblo.
ARTiCULO 63. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. La presidencia de la Comisión
Nacional para la Moralización corresponderá al Presidente de la República.
ARTiCULO 64. FUNOONES. La Comisión Nacional para la Moralización tendrá las
siguientes fundones:
a. Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la ley 190 de
b. Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción
frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indidos
c. Coordinar el intercambio de información en· materia de lucha contra la
d. Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley
respecto de las personas políticamente expuestas.
e. Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para
la administradón pública, y los mecanismos de su divulgación.
f. Establecer las prioridades para afrontar las situadones que atenten o lesionen la
moralidad en la Administración Pública.
g. Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparenda, la eficiencia, la
moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública.
h. Promover la implantación de centros piloto enfocados hada la consolidación de
mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de
efiCiencia, eficada y economía de la gestión pública.
i. Promover el ejercicio consciente y responsable de la partidpación ciudadana y
del control sodal sobre la gestión pública.
j. Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto
tienen que ver con la moralidad administrativa.
k. Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas
sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las
responsabilidades en la función pública.
1. Mantener contacto e intercambio permanentes con entidades oficiales y privadas
del país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción
m. Prestar todo su concurso para la construcdón de un Estado transparente.
ARTÍCULO 65. COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN. cada
departamento instalará una Comisión Regional de Moralización que estará encargada de
aplicar y poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional de Moralización y
coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevendón, investigación
y sanción de la comlpción.
La Comisión Regional estará conformada por los representantes regionales de la
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Contraloría
Departamental, Municipal y Distrital. La asistenda a estas reuniones que se llevarán a
cabo mensualmente es obligatoria e indelegable.
Otras entidades que pueden ser convocadas para ser parte de la Comisión Regional de
Moralización, cuando se considere necesario, son: la Defensoría del Pueblo, las
personerías municipales, los cuerpos especializados de policía técnica, el Gobernador y
el Presidente de la Asamblea Departamental.
Con el fin .de articular las Comisiones Regionales de MoralizaCión con la ciudadanía
organizada, deberá celebrarse entre ellos por lo menos una reunión trimestral para
atender y responder sus peticiones, inquietudes, quejas y denundas.
ARTÍCULO 66. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL CIUDADANA
PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Créase la Comisión Nadonal
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción,la cual estará integrada por:
a. Un representante de los Gremios Económicos.
b. Un representante de los Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la
c. Un representante de las Universidades.
d. Un representante de los Medios de Comunicación.
e. Un representante de las Veedurías Ciudadanas.
f. Un representante del Consejo Nacional de Planeación ___\
g. Un representante de la Organizadones Sindicales.
h. Un representante de CONFERILEC (Confederación Colombiana
de Ubertad
Religiosa, Condencia y Culto).
ARTÍCULO 67. DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS. La deSignación de los
Comisionados Ciudadanos corresponde al Presidente de la República, de temas enviadas
por cada sector. El desempeño del cargo será por periodos fijOs de cuatro (4) años y
ejercerán sus funciones ad honorem.
ARTiCULO 68. FUNCIONES. La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción ejercerá las siguientes fundones:
a. Velar por el cumplimiento de la aplicadón de la presente ley y de la ley 190 de
b. Realizar un informe de seguimiento, evaluación y recomendaciones a las
políticas, planes y programas que se pongan en marcha en materia de lucha
contra la corrupción t el cual deberá presentarse al menos una (1) vez cada año.
c. Impulsar campañas· en las instituciones educativas para la promoción de los
valores éticos y la lucha contra la corrupción.
d. Promover la elaboración de códigos de conducta para el ejercicio ético y
transparente de las actividades del sector privado y para la prevención de
conflictos de intereses en el mismo.
e. Hacer un seguimiento especial a las medidas adoptadas en esta ley para mejorar
la gestión pública tales como la contratadón pública, la política anti trámites, la
democratización de la administración pública, el acceso a la información pública
y la atención al ciudadano.
f. Realizar un seguimiento especial a los casos e investigaciones de corrupción de
g. Realizar un seguimiento a la implementación de las medidas contempladas en
esta ley para regular el cabildeo, con el objeto de velar por la transparenda de
h. Promover la participación activa de los medios de comunicación social en el
desarrollo de programas orientados a la lucha contra la corrupdón y al rescate
i. Denundar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones
irregulares de los servidores públicos de los cuales tengan conocimiento, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución.
hacen relación con la moralidad administrativa.
k. Velar por que la Administración Pública mantenga actualizado el inventario y
propiedad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las diversas
entidades, así como su adecuada utilización.
1. Velar y proponer directrices para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 56
de la Ley 190 de 1995.
ARTICULO 69. SECRETARIA TECNICA. La Secretaria Técnica de la Comision
Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción será designada por los
representantes de que trata el artículo 78 de esta ley. La Secretaria Técnica de la
Comisión Nadonal de Moralización será ejercida por el Programa Presidendal de
Modernización, Eficienda, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este programa
deberá apoyar las secretarías técnicas en lo operativo y lo administrativo.
ARTiCULO 70. REQUISITOS. Son requisitos para ser miembro de la Comisión
Nadonal Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, los siguientes:
1. Ser ciudadano colombiano en ejerdcío.
3. No haber sido san~ionado disciplinariamente por falta grave o gravísima.
4. No ostentar la cal¡datl de servidor público, ni tener vínculo contractual con el-Estado.
ARTÍCULO 71. REUNIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN
Y LA COMISIÓN CIUDADANA. La Comisión Nacional de Moralización y la Comisión
Ciudadana deberán reunirse al menos trimestralmente y entregar a fin de año un
informe de sus actividades y resultados, el cual será público y podrá ser consultado en
la página de Internet de todas las entidades que conforman esta Comisión.
ARTÍCULO 72. FUNCIONES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE
MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN. El Programa Presidencial de Modernización, Efidenda, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, o quien haga sus veces, tendrá las siguientes funciones:
a. Diseñar y coordinar la implementación de la política del Gobierno en la lucha
contra la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de
Desarrollo, según los lineamientos del Presidente de la República
b. Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas
preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y
c. Coordinar la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en los
instrumentos internadonales de lucha contra la corrupción.
d. Fomentar y contribuir en la coordinación interinstitucional de las diferentes
ramas del poder y órganos de control en el nivel nacional y territorial.
e. Diseñar instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la
corrupción y sus indicadores, para diseñar políticas públicas.
f. Definir y promover acciones estratégicas entre el sector públiCO y el sector
privado para la lucha contra la corrupción.
g. Solicitar ante la entidad pública contratante la revocatoria directa del acto
administrativo de adjudicación de cualquier contrato estatal cuando existan
Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la
definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparenda y
ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la
vigenda de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero
de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el '
año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las
metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribudón presupuestal
de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de
gestión del año inmediatamente anterior.
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así
como las modificaciones a este o a su desagregación.
Parágrafo. las empresas industriales y comerdales del Estado y las sociedades de
economía mixta estarán exentas de publicar la informadón relacionada con sus
ARTÍCULO 75. POLÍTICA ANllTRÁMITES. Para la creación de un nuevo trámite
que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, éstas deberán elaborar
un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento
deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un
lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre fa necesidad del mismo. En caso de
que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en fundonamiento.
Parágrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la
publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administradón pública.
Parágrafo 2. las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán
aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales.
ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS.
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependenCia encargada de recibir,
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y
que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
La ofidna de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las
normas legales vigentes y rendirá a la administradón de la entidad un informe semestral
sobre el particular. En la página web prindpal de toda entidad pública deberá existir un
link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal
para que los ciudadanos presenten quejas y denundas de los actos de corrupción
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como 11'
sugerendas que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio
La oficina de quejas, sugerendas y reclamos será la encargada de conocer dichas
quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador
disciplinario interno, con el fin de inidar las investigaciones a que hubiere lugar.
El Programa Presidendal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión
de denundas, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los
estándares exigidos por el Programa Presidendal de Modernización, Efidenda,
ARTÍCULO 77. PUBUCAOÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. Sin perjuicio de lo 11I
ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor
transparencia en la contratación pública, todas las entidades del orden nacional,
departamental, munidpal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web
cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión nadonal¡ departamental¡ municipal o distrital,
Parágrafo. las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus
ARTiCULO 78. DEMOCRAnZAOÓN DE LA ADMINISTRAOÓN PÚBLICA.
Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998¡ que quedará así:
desarrollar su gestión acorde con los principiOS de democracia partídpativa y
democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones
necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad
civil en la formulación¡ ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
a. Convocar a audiencias públicas.
b. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas
encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
c. Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto
fundol1amiento de la administración pública.
d. Incentivar la formadón de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses
para representar a los usuarios y ciudadanos.
e. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.
f. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejerdcio de la función
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de
manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos
mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la
Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas
creada por el CONPES 3654 de 2010.
ARTiCULO 79. PEDAGOGÍA DE LAS COMPETENOAS CIUDADANAS. Los
establecimientos educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto
Educativo Institucional, según lo consideren pertinente, estrategias para el desarrollo de
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la partidpación y la
responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia, lo cual deberá
verse reflejado en actividades destinadas a todos fos miembros de la comunidad
educativa. Específicamente, desde el ámbito de participación se orientará hacia la
construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado de los bienes comunes.
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nadonal y las Secretarías de Educación
promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las competencias
ARTiCULO 80. DIVULGAOÓN DE CAMPAÑAS INSTITUOONALES DE
PREVENOÓN DE LA CORRUPOÓN. Los proveedores de los Servicios de
Radiodifusión Sonora de carácter públiCO o comunitario deberán prestar apoyo gratuito
al Ministerio de Tecnologías de la Informadón y las Comunicaciones en divulgaCión de
proyectos y estrategias de comunicación social¡ que dinamicen los mecanismos de
integración social y comunitaria, así como a la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Programa
Presidendal de Modernización, Efidencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción yl
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otras entidades de la Rama Ejecutiva con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión
a cada entidad, para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y
promover los derechos fundamentales de los Colombianos.
De la misma manera los operadores públiCOS de sistemas de televisión, deberán prestar
apoyo en los mismos términos y con el mismo objetivo, en un tiempo no inferior a 30
minutos efectivos de emisión en cada semana.
SANCONES POR INCUMPUMIENTO DE POLÍTICAS
INSTITUCONALES. El incumplimiento de la implementadón de las políticas
institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los
servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave.
8:1..
CAPÍTULO SÉPTIMO DISPOSICONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCÓN EN LA CONTRATACÓN PÚBLICA ARTÍCULO 82. RESPONSABIUDAD DE LOS INTERVENTORES. Modiñquese el
artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Los consultores y asesores extemos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o
asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría
o asesoría.
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como
por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los. ,.
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
Parágrafo. El Gobiemo Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de esta ley.
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrenda de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conodmientos especializados. Para la supervisión,
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad ".
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante,
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, finandero,
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las
fundones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principel, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.
Parágrafo Primero. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en
cuenta la capaCidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de
contar con interventoría.
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nadonal reglamentará la materia.
ARTICULO 84. FACULTADES y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
Parágrafo 1. El numeral 34, del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 quedará así:
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los
hechos o circunstandas que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
ParágrafO 2. Adidónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstandas que puedan
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa
Parágrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un
posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, pardal o total, de alguna de las
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los
perjuiCios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los poSibles
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el inte,rés general y .I~s. recursos
públicos involucrados, será responsable solidaria~ con este, de los perJUICIOS que se
q.. ~...... ~
Parágrafo 4. Cuando el interventor sea consorcio O unión temporal la solidaridad se
aplicará en los términos preVistos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del
ARTICULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de
interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato
objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones
del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del
Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la
constitución y aprobaCión de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de
la garantía de estabilidad del contrato prindpal; el Gobierno Nacional regulará la
materia. En este evento podrá darse aplicadón al artículo 7 de la ley 1150, en cuanto a
la posibilidad que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos
relativos a la ejecución del respectivo contrato.
ARTICULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enundará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstandas de hecho que motivan la actuación, enunciará las poSibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto
público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción
o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el
recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma
audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma
d. En cualquier momento del desarrollo de la audienda, el jefe de la entidad o su
delegado, podrá suspender la audienda cuando de oficio o a petición de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente
sustentada, ello resulte n~esario para el correcto desarrollo de la actuación
administrativa. En todo. casor al.•a.doptar la decisión, se señalará fecha y hora para
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de
ARTiCULO 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la
Ley 80 de 1993 quedará así:
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto
social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos
que incluyan dentro del objeto el diseño.
Parágrafo 1. Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos
determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los
bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de
Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de
transporte diseñado será el siguiente:
1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma
precisa las coordenadas del proyecto.
2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC o la entidad competente según el caso,
en los dos (2) meses siguientes a la publicaCión de la resolución de que trata el numeral
anterior, procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y
ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los
respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando
dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro.
3. Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6)
meses el IGAC o la entidad competente, con cargo a recursos de la entidad responsable
del proyecto, realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a ésta y al
propietario y demás interesados acreditados.
4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si
las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso
realizar, por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares.
5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio
de adquisición o precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los
procesos de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, teniendo en
cuenta la localización, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de
6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del
Código Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad
7. En firme el avalúo, la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se
hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemni~ciones o
compensaciones a que hubiere lugar. Al recibir ~go el particular, se entiende que
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existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones
8. Efectuado el pago por mutuo acuerdol se procederá a realizar el registro del predio a
nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso
público e interés social, el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitudón
9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensadón l se expedirá
un acto administrativo de expropiadón por parte de la entidad responsable del proyecto
y se realizará el pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contendoso
Administrativo competentel acto con el cual quedará cancelada la obligaCión.
10. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá
al registro del predio a nombre de la entidad responsable del proyecto y quel como bien
de uso pÚblico e interés social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la
Constitución Política. lo anterior, sin perjuido del derecho de las personas objeto de
indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos el
valor de las mismas en cada caso particular.
11. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la
indemnización o compensación, que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada
la notificadón, dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15)
días hábifes siguientes.
12. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no
entreguen el inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto
y las autoridades locales competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes
siguiente al vencimiento del plazo para entrega del inmueble.
13. El presente parágrafo también será aplicable para proyectos de infraestructura de
transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la
Parágrafo 2. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecudón de
proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el
valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo
catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de
enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.
ARTÍCULO 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
DIFERENCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A
CONTRATAR. Modiñquese el numeral 2° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007 en el
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderadón precisa y detallada de los mismos contenida
en los pliegos de condidones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en
dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será
objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado
y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores
designados para ello.
En los procesos de selecdón en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las
,.r­
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones¡ ó
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relación de costoMbeneficio para la entidad.
Parágrafo: Adiciónese un Parágrafo 60 en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 del
"El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las
diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las
particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer
procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de
méritos."
ARTÍCULO 89. EXPEDICIÓN DE ADENDAS. El inciso 2 del numeral 5 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993 quedará así:
Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un
número plural de poSibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso
no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene
previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del
mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios
laborales. "
ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará
inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución
de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades
Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. c)
Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la
inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de
acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente
se hará explíCita en el texto del respectivo certificado.
Parágrafo: La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios
de sociedades de personas a las cuales se haya declarado ésta inhabilidad, así como las
sociedades de personas de las que aquéllos formen parte con posterioridad a dicha
ARTÍCULO 9:1.. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión¡ salud, o los que se
realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exdusivamente a la
ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto d~mente por el contratista.
...!_,
Parágrafo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por
los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal.
ARTÍCULO 92, CONTRATOS INTERADMINISTRATlVOS. Modificase el inciso I~
primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual
c. Contratos interadministratiVos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de
conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las sociedades
de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones
de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pÚblica o contratación
abreviada de acuerdo con lo diSpuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.
ARTÍCUlO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
MAYORITARIA DEL ESTADO. Modiñquese el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, el
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las SOCiedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado ylo público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjUiciO de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. ARTÍCULO!J4. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA.
Adiciónese al artículo 2 de la ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.
la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la
entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las
a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como
b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior
a un día hábil.
c. la entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la I
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones
d. la comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 11
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo ~
Parágrafo 1. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la
posibilidad que tengan las entidade~ de realizar estas adquisiciones en establecimientos
que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia
de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el
Parágrafo 2. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará
exclusivamente con las reglas en él contempladas yen su reglamentación. En particular
no se aplicará lo previsto en la ley 816 de 2003, ni en el artículo 12 de la ley 1150 de
ARTiCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. Modiñquese el
inciso 2 del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el cual
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad
ejecutora no sea el de la ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en
todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato inter
administrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.
ARTiCULO 96. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. los procesos de contratación estatal en
curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas
vigentes al momento de su iniciación.
No se generarán inhabilidades ni incompatibilidades sobrevinientes por la aplicación de
las normas contempladas en la presente ley respecto de los procesos contractuales que
se encuentren en curso antes de su vigencia.
CAPÍTULO OCTAVO MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CONTROL FISCAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SECCIÓN PRIMERA MODIFICACIONES AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL SUBSECCIÓN 1 PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL ARTiCULO 97. PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABIUDAD FISCAL. El
proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal que crea esta
ley cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la
aplicaCión de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los
elementos para proferir auto de apertura e imputación. En todos los demás casos se
continuará aplicando el tramite previsto en la ley 610 de 2000.
El procedimiento verbal se someterá a las normas generales de responsabilidad fiscal
previstas en la ley 610 de 2000 y en especial por las disposiciones de la presente ley.
Parágrafo 1. Régimen de Transición. El proceso verbal que se crea por esta ley se
aplicará en el siguiente orden:
1. El proceso será aplicable al nivel central de la Contraloría General de la República y a
la Auditoría General de la República a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
2. A partir del 1 de enero de 2012 el proceso será aplicable a las Gerencias
Departamentales de la Contraloría General ya las Contralorías Territoriales.
Con el fin de tramitar de manera adecuada el proceso verbal de
responsabilidad fiscal, los órganos de control podrán redistribuir las funciones en las
dependendas o grupos de trabaja existentes, de acuerdo con la organización y
fundonamiento de la entidad.
Parágrafo 3. En las indagacioneS preliminares que se encuentren en trámite a la
entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de control fiscal competentes podrán
adecuar su trámite al procedimiento verbal en el momento de calificar su mérito,
profiriendo auto de apertura e imputación si se dan los presupuestos señalados en este
artículo. En los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido
auto de imputación a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de control
fiscal competentes, de acuerdo con su capacidad operativa, podrán adecuar su trámite
al procedimiento verbal en el momento de la formulación del auto de imputación,
evento en el cual así se indicará en este acto administrativo, se citará para audiencia de
descargos y se tomarán las provisiOnes procesales necesarias para continuar por el
trámite verbal. En los demás casos, tanto las indagaciones preliminares como los
procesos de responsabilidad fiscal se continuarán adelantando hasta su terminadón de
conformidad con la Ley 610 de 2000.
ARTÍCULO 98. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABIUDAD
FISCAL. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:
a. Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al
Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el
funcionario competente, expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad
fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de
la Ley 610 de 2000 y contener además la formuladón individualizada de cargos a los
presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante.
El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la
audienda de descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se
remitirá la dtación para notificar personalmente esta providenda. Luego de surtida la
notificación se citará a audienda de descargos a los presuntos responsables fiscales, a
sus apoderados, o al defensor de ofido si lo tuviere y al garante.
b. El proceso para establecer la responsabilidad fiscal se desarrollará en dos (2)
audiencias públicas, la primera denominada de Descargos y la segunda denominada de
Decisión. En dichas audiendas se podrán utilizar medios tecnológicos de comunicación
como la videoconferencia y otros que permitan la interacción virtual remota entre las
partes y los funcionarios investigadores.
c. la audienda de descargos será preSidida en su orden, por el funcionario del nivel
directivo o ejecutivo competente o en ausenda de éste, por el funcionario deSignado
para la sustanciación y práctica de pruebas. la audiencia de decisión será presidida por
el funcionario competente para decidir.
d. Una vez reconocida la personería jurídica del apoderado del presunto responsable
fiscal, las audiencias se instalarán y serán válidas, aun sin la presencia del presunto ",
responsable fiscal. También se instalarán y serán válidas las audiencias que se realicen
sin la presenda del garante.
la ausencia injustificada del presunto responsable fiscal, su apoderado o del defensor
de oficio o del garante o de quien éste haya designado para que lo represente, a alguna
de las sesiones de la audiencia, cuando existan solicitudes pendientes de decidir,
implicará el desistimiento y archivo de la petición. En caso de inasistenda a la sesión en
la que deba sustentarse un recurso, éste se declarará desierto.
ARTÍCULO 99. AUDIENCIA DE DESCARGOS. La Audienda de Descargos deberá
iniciarse en la fecha y hora determinada en el auto de apertura e imputación del
proceso. la audiencia de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales
puedan intervenir¡ con todas las garantías procesales¡ y que se realicen las siguientes
Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de
Interponer recurso de reposidón.
Declarar¡ aceptar o denegar impedimentos.
En esta audiencia las partes tienen la facultad de controvertir las pruebas incorporadas
al proceso en el auto de apertura e imputación¡ las decretadas en la Audiencia de
Descargos y practicadas dentro o fuera de la misma¡ de acuerdo con lo previsto en el
ARTiCULO JOO. TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DESCARGOS. La audiencia de
descargos se tramitará conforme a las siguientes reglas:
a. El fundonario competente para presidir la audiencia¡ la declarará abierta con la
presencia de los profesionales técnicos de apoyo designados; el presunto responsable
fiscal y su apoderado¡ si lo tuviere¡ o el defensor de oficio y el garante¡ o a quien se
haya designado para su representación.
b. Si el presunto responsable fiscal no acude a la audienda¡
se le designará un
c. Si el garante en su calidad de tercero civilmente responsable¡ o su apoderado previa
citación¡ no acude a la audiencia¡ se allanarán a las decisiones que en la misma se
profieran.
d. Cuando exista causa debidamente justificada¡ se podrán disponer suspensiones o
aplazamientos de audiendas por un término prudencial¡ señalándose ellugar¡ día y hora
para su reanudación o continuación¡ según el caso.
e. Solamente en el curso de la audiencia de descargos¡ los sujetos procesales podrán
aportar y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio serán
practicadas o denegadas en la misma diligencia. Cuando se denieguen pruebas¡ procede
el recurso de reposición¡ el cual se interpondrá¡ sustentará y resolverá en la misma
f. La práctica de pruebas que no se pueda realizar en la misma audiencia será
decretada por un término máximo de un (1) añal señalando término¡ lugar¡ fecha y
hora para su práctica; para tal efecto se ordenará la suspensión de la audiencia.
ARTÍCULO JOJ. TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DECISIÓN. La audiencia de
decisión se tramitará conforme a las siguientes reglas:
El funcionario competente
para presidir la audienda de decisión¡ la declarará
abierta con la presenda del funcionario investigador fiscal¡ los profesionales técnicos de ,
apoyo designados¡ el presunto responsable fiscal o su apoderado¡ si lo tuvi~e¡ o el
defensor de oficio y el garante o a quien se haya ~nado para su representación.
F,:~
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b. se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que expongan sus
alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron objeto de imputación.
c. El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos, pruebas, defensa,
alegatos de conclusión, determinará si existen pruebas que conduzcan a la certeza de la I,j
existencia o no del daño al patrimonio público; de su cuantificación; de la·
individualización y actuación del gestor fiscal a título de dolo o culpa grave; de la
relación de causalidad entre la conducta del presunto responsable fiscal y el dañOI'¡
ocasionado, y determinará también si surge una obligación de pagar una suma liquida 1
de dinero por concepto de resarcimiento.
d. Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará que el debate ha
culminado, y proferirá en la misma audiencia de manera motivada, fallo con o sin
responsabilidad fiscal. Para tal efecto, la audiencia se podrá suspender por un término
máximo de veinte (20) días, al cabo de los cuales la reanudará y se procederá a dictar
el fallo correspondiente, el cual se notificará en estrados. El responsable fiscal, su
defensor, apoderadO de oficio o el tercero declarado civilmente responsable, deberán­
manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición o apelación según fuere .•.
procedente, caso en el cual lo sustentará dentro de los diez (10) días siguientes.
e. La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será indexada a la fecha de la decisión.
La providencia final se entenderá notificada en estrados en la audiencia, con
independencia de si el presunto responsable o su apoderado asisten o no a la misma.
ARTiCULO :1.02. RECURSOS. Contra los actos que se profieran en el proceso verbal de responsabilidad fiscal, proceden los siguientes recursos: El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de negar la acumulación de actuaciones. El recurso de reposición en subsidio el recurso de apelaCión procede contra la decisión que resuelve las solicitudes de nulidad, la que deniegue la práctica de pruebas y contra el auto que decrete medidas cautelares, en este último caso el recurso se otorgará en el efecto devolutivo. Contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en audiencia proceden los recursos de reposición o apelaCión dependiendo de la cuantía determinada en el auto de apertura e imputación. El recurso de reposición procede cuando la cuantía del presunto daño patrimonial
estimado en el auto de apertura e imputación, sea igual o inferior a la menor cuantía
para contratación de la entidad afectada con los hechos y tendrá recurso de apelación
cuando supere la suma señalada.
Estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día siguiente a la sustentación del mismo. ARTiCULO 103. MEDIDAS CAUTELARES. En el auto de apertura e imputación,
deberá ordenarse la investigación de bienes de las personas que aparezcan como
posibles autores de los hechos que se están investigando y deberán expedirse de
inmediato los requerimientos de información a las autoridades correspondientes.
Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el auto
de apertura e imputación, se proferirá auto mediante el cual se decretarán las medidas
cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un
detrimento al patrimonio del Estado. Las medidas cautelares se ejecutarán antes de la
notificación del auto que las decreta.
.. ,'."
El auto que decrete medidas cautelares, se notificará en estrados una vez se encuentren
debidamente registradas y contra él sólo procederá el recurso de reposición, que deberá
ser interpuesto, sustentado y resuelto en forma oral, en la audiencia en la que sea
notificada la decisión.
Las medidas cautelares, estarán limitadas al valor estimado del daño al momento de su
decreto. Cuando la medida cautelar recaiga sobre sumas líquidas de dinero, se podrá
incrementar hasta en un cincuenta por dento (50%) de dicho valor y de un ciento por
ciento (100%) tratándose de otros bienes, límite que se tendrá en cuenta para cada uno
de los presuntos responsables, sin que el fundonario que las ordene tenga que prestar
Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del
proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado
ante la Jurisdicción competente, siempre que exista previa constitución de garantía real,
bancaria o expedida por una compañía de seguros, sufidente para amparar el pago del
valor integral del daño estimado y probadO por quien decretó la medida.
ARTiCULO .1.04. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES. Las decisiones que se
profieran en el curso del proceso verbal de responsabilidad fiscal, se notificarán en
forma personal, por aviso, por estrados O por conducta concluyente, con los siguientes
a. Se notificará personalmente al presunto responsable fiscal o a su apoderado o
defensor de oficio, según el caso, el auto de apertura e imputación y la providenda que
resuelve los recursos de reposidón o de apelación contra el fallo con responsabilidad
La notificación personal se efectuará en la forma prevista en los artículos 67 y 68 de la
Ley 1437 de 2011, y si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso
establecida en el artículo 69 de la misma Ley.
b. Las decisiones que se adopten en audienda, se entenderán notificadas a los su~s
procesales inmediatamente se haga el pronundamiento, se encuentren o no presentes
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la dtación
oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique
por fuerza mayor o caso fortuito dentro de los dos (02) días siguientes a la fecha en que
se profiriÓ la decisión, caso en el cual la notificación se realizará al día siguiente de
haberse aceptado la justificación. En el mismo término se deberá hacer uso de los
recursos, si a ello hubiere lugar.
c. Cuando no se hubiere realizado la notificación o ésta fuera irregular, la exigencia legal
se entiende cumplida, para todos los efectos, cuando el sujeto procesal dándose por
suficientemente enterado, se manifiesta respecto de la decisión, o cuando él mismo
utiliza en tiempo los recursos procedentes.
Dentro del expediente se incluirá un registro con la constanda de las notificaciones
realizadas tanto en audienda como fuera de ella, para lo cual se podrá utilizar los
medios técnicos idóneos.
d. La vinculación del garante, en calidad de tercero civilmente responsable, se realizará
mediante el envío de una comunicación. Cuando sea procedente la desvinculación del
garante se llevará a cabo en la misma forma en que se vincula.
ARTÍCULO .1.05. REMISIÓN A OTRAS FUENTES NORMATIVAS. En los aspectos no
previstos en la presente ley, se aplicarán las disposidones de la Ley 610 de 2000, enl
cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso verbal estabtecido en la presente
MODIFICACIONES A LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE
RESPONSABIUDAD FISCAL
ARTiCULO .106. NOTIFICACIONES. En los procesos de responsabilidad fiscal que se
tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán
notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso
de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de
primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación
personal y por aviso previsto para las actuadones administrativas en la Ley 1437 de
2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por
ARTiCULO .107. PRECLUSMDAD DE LOS PLAZOS EN EL TRÁMITE DE LOS
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Los plazos previstos legalmente para la
práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de investigación en los
procesos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto carecerán de valor las
pruebas practicadas por fuera de los mismos. La práctica de pruebas en el proceso
ordinario de responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años contados a partir del
momento en que se notifique la providenda que las decreta. En el proceso verbal dicho
término no podrá exceder de un año.
ARTiCULO .lOS. PERENTORIEDAD PARA EL DECRETO DE PRUEBAS EN LA
ETAPA DE DESCARGOS. Vencido el término para la presentación de los descargos
después de la notificación del auto de imputadón de responsabilidad fiscal, el servidor
público competente de la contraloría deberá decretar las pruebas a que haya lugar a
más tardar dentro del mes siguiente. Será obtigación de la Auditoría General de la
República induir la constatación del cumplimiento de esta norma como parte de sus
programas de auditorla y derivar las consecuendas por su desatención.
ARTiCULO .109. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS DE LA SOUCITUD DE
NUUDAD. La solidtud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la
decisión final, la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
su presentadón.
Contra el auto que dedda sobre la solidtud de nulidad procederá el recurso de
apelaCión, que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión.
SUBSECCIÓN 3 DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y AL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL ARTiCULO .1.10. INSTANCIAS. El proceso de responsabilidad fiscal será de única
instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de
apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea
igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada
con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada.
ARTiCULO .1.1.1. PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL. En el
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminadón
anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial
que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya
hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad.
ARTiCULO :1.:1.2. CITACIONES Y NOTIFICACIONES. Cuando se deba notificar
personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia se citará
oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban
intervenir en la actuación.
El presunto responsable y su apoderada si lo tuviere, o el defensor de otido, y el
garante en calidad de tercero civilmente responsable, tendrán la obligación procesal de
señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de
comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. Igualmente tendrán el deber de
informar cualqUier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se haga un
cambio de dirección, el fundonario responsable deberá hacer en forma inmediata el
respectivo registro, SO pena de sanción de conformidad con lo establecido en el Código
Único Disciplinario. La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las
comunicaciones que se envíen a la última dirección conocida.
La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere, el lugar, la
fecha y hora en donde se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación a la
ARTiCULO :1.:1.3. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Las únicas
causales de impedimento y recusadón para los servidores públicos intervinientes en el
trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán
las previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo Transitorio. Mientras entra en vigencia la Ley 1437 de 2011, las causales
de impedimento y recusación serán las previstas para los jueces y magistrados en el
Código Contendoso Administrativo.
ARTiCULO :1.:1.4. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE
CONTROL FISCAL. Los organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones
contarán con las siguientes facultades:
a. Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la ocurrencia
de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos
públicos, prodUCida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e
inoportuna y que en términos generales no se aplique al cumplimiento de los cometidos
y de los fines esenciales del Estado.
b. Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores yen general a
las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan
conocido los hechos objeto de investigación.
c. Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan
participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto
de investigación, la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando
unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
d. Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los libros,
comprobantes y documentos de contabilidad.
e. En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la
determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.
el ejercicio de sus funciones, las contralorías también están
facultadas para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y
documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, c~n ~iras ~i
realizar estudios de mercado que sirvan como ~eba para la determinaCión del
1:........ ) .. -
-----------------------------;)
~" ú~ sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que
administren recursos públicos.
Parágrafo 2. La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en
el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo Que a los particulares se refiere, la sanción
se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ARTÍCULO :1.:1.5. FACULTADES ESPECIALES. Los Organismos de Vigilanda y Control
Fiscal crearán un grupo especial de reacción inmediata con las facultades de policía
judiCial previstas en la Ley 610 de 2000, el cual actuará dentro de cualquier proceso
misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado en la conservadón y
cadena de custodia de las pruebas Que recauden en aplicación de las funciones de
policía judicial en armonía con las disposidones del Código de Procedimiento Penal en
cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. Estas potestades deben
observar las garantías constitudonales previstas en el artículo 29 de la Constitudón
ARTÍCULO :1.:1.6. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOlÓGICOS. Las pruebas y
diligencias serán recogidas y conservadas en medios técnicos. Así mismo, la evacuadón
de audiencias, diligendas en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en
lugares diferentes a la sede del fundonario competente para adelantar el proceso, a
través de medios como la audienda o comunicación virtual, siempre Que otro servidor
público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se
dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.
Las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de
correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito,
hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida
en la fecha Que aparezca en el reporte del fax o en Que el correo electrónico sea
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
ARTÍCULO :1.:1.7. INFORME TÉCNICO. Los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para Que rindan informes técnicos Que se
reladonen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades
pÚblicas o particulares, para Que en forma gratuita rindan informes técnicos o
especializados Que se reladonen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán
destinadas a demostrar o ilustrar hechos Que interesen al proceso. El informe se pondrá ,.,
a disposidón de los sujetos procesales para Que ejerzan su derecho de defensa y
contradicdón, por el término Que sea establecido por el funcionario competente, de
acuerdo con la complejidad del mismo.
El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o particulares de
rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101
de la Ley 42 de 1993. En lo Que a los particulares se refiere, la sanción se tasará entre
cinco (5) y veintidnco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ARTÍCULO :1.:1.8. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN lOS PROCESOS
DE RESPONSABIUDAD FISCAL. El grada de cufpabUidad para establecer la
existenda de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.
Se presumirá Que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos
haya sido condenado penalmente o sancionado disdplinariamente por la comisión de un
delito o una falta disdplinaria imputados a ese título.
a) CUando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referenda en
forma incompleta, ambigua o confusa, Que hubieran conduddo a interpretaciones o
decisiones técnicas Que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante.
"!,¡:;
b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones
de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o
cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva
ofertas que superen los precios del mercado.
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos
de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de
revisiones periódicas de obras, bienes o servidos, de manera que no se establezca la
correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.
d) Cuando se haya incumplido la obligaCión de asegurar los bienes de la entidad o la de
hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el
e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás
emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercido de
la fundón pública o las relaciones laborales.
ARTÍCULO 119. SOLIDARIDAD. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones
populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño
patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos
irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo
o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al
hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.
ARTÍCULO 120. PÓLIZAS. Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso
de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable,
prescribirán en los plazos previstos en el artículo go de la Ley 610 de 2000.
SECCIÓN SEGUNDA MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL ARTÍCULO 121. ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las contralorías territoriales realizarán
alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigadón
social para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el
propóSito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y
presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su
ARTÍCULO 122. CONTROL EXCEPCIONAL. Cuando a través de las Comisiones
COnstitucionales Permanentes del Congreso se solidte a la Contraloría General de la
República, ejercer el control excepcional de las investigaciones que se estén
adelantando por el ente de control fiscal del nivel territorial correspondiente, quien así lo
solicitaré deberá:
1. Presentar un informe previo y detallado en el cual sustente las razones que
fundamentan la solidtud.
2. La solicitud debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Comisión
COnstitucional a la cual pertenece.
Parágrafo. Si la solicitud fuere negada esta no podrá volver a presentarse hasta
pasado un año de la misma.
ARTÍCULO J23. ARTICULAOÓN CON El EJERCICIO DEL CONTROL poLÍTICO.
Los informes de auditoría definitivos prodUCidos por las contralorías serán remitidos a
las COrporaciones de elección popular que ejerzan ti.control político sobre las entidades
vigiladas. En las citaciones que dichas entidades hagan a servidores públicos pa~
debates sobre temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor debera
invitarse al respectivo contralor para que exponga los resultados de la auditoría.
ARTÍCULO 124. REGULAOÓN DEL PROCESO AUDITOR. La regulación de la
metodología del proceso auditor por parte de la Contraloría General de la República y de
las demás contralorías, tendrá en cuenta la condición instrumental de las auditorías de lti
regularidad respecto de las auditorías de desempeño, con miras a garantizar un ejercicio
integral de la función auditora.
." ARTÍCULO 125. EFECTO DEL CONTROL DE LEGAUDAD. Cuando en ejercicio del
control de legalidad la Contraloría advierta el quebrantamiento del principio de
legalidad, promoverá en forma inmediata las acciones constitucionales y legales
pertinentes y solicitará de las autoridades administrativas y judiciales competentes las
medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de un daño al patrimonio
público, quienes le darán atención prioritaria a estas solicitudes.
ARTÍCULO 126. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. La Contraloría General de la
República, las Contralorías territoriales y la Auditoría General de la República, a través
del Sistema Nacional de Control Fiscal - Sinacof, levantarán el inventario de los sistemas
de información desarrollados o contratados hasta la fecha de la entrada en vigencia de
la presente Ley por parte de las Contralorías territoriales para el ejercicio de su función
fiscalizadora y propondrá una plataforma tecnológica unificada que procure la
integración de los sistemas existentes y permita la incorporación de nuevos desarrollos
previamente convenidos y concertados por los participantes de dicho sistema.
ARTÍCULO 127. VERIFICACIÓN DE LOS BENEFIOOS DEL CONTROL FISCAL. La Auditoría General de la República constatará la medición efectuada por las contralorías de los beneficios generadOS por el ejercicio de su función, para lo cual tendrá en cuenta que se trate de acciones evidenciadas debidamente comprobadas, Que correspondan al seguimiento de acciones establecidas en planes de mejoramiento o que sean producto de observaciones, hallazgos, pronunciamientos o advertencias efectuados por la Contraloría, que sean cuantificables o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. ARTÍCULO 128. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA. Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, créanse dentro de la estructura de la Contraloria General de la República la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso y la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, las cuales estarán adscritas al despacho del Contralor General y serán dirigidas por un Jefe de Unidad del mismo nivel de los jefes de las oficinas asesoras. En la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, créanse once (11)
cargos de Contralor delegado intersectoriales, quienes desarrollarán sus funciones con
la finalidad de adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos
de impacto nacional Que exijan la intervención inmediata de la entidad por el riesgo
inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la
ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las
pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes.
La Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e
Incautación de Bienes estará conformada por servidores públicos de la planta de
personal de la entidad, asignados en misión a la misma, y tendrá como función principal
la promoción e implementación de tratados, acuerdos o convenios con entidades
internacionales o nacionales para obtenet el intercambio de información, pruebas y
conocimientos por parte de personal· ~pertftl"<? especializad9 que permita detectar
bienes, cuentas, inversiones y otros activos de personas naturales o jurídicas
investigadas o responsabilizadas por la causación de daños al patrimonio público para
solicitar el decreto de medidas cautelares en el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal y de cobro coactivo o en las acciones de repetición.
la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso prestará asistencia técnica a las plenarias, las
comisiones constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y los senadores y
representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativa y de control
político, mediante el suministro de infonnación que no tenga carácter reservado, el
acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración de proyectos e infonnes
especialmente en relación con su impacto y efectos fiscales y presupuestales, así como
la canalización de las denundas o quejas de origen parlamentario.
la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Infonnático prestará apoyo
profesional y técnico para la formulación y ejecución de las políticas y programas de
segUridad de los servidores públicos, de los bienes y de la informadón de la entidad;
llevará el inventario y garantizará el uso adecuado y mantenimiento de los equipos de
segUridad adquiridos o administrados por la Contraloría; promoverá la celebración de
convenios con entidades u organismos nacionales e internadonales para garantizar la
protección de fas personas, la custodia de los bienes y la confidencialidad e integridad
de los datos manejados por la institución.
Para los efectos anteriores, créanse dentro de la planta global de la Contralaría General
de la República dos cargos de director grado 03, cinco (5) cargos de profesional
universitario grado 02 y tres (3) cargos asistenciales grado 04, de libre nombramiento y
Para la vigilancia de los recursos públiCOS de la Nación administrados en forma
desconcentrada en el nivel territorial o transferidos a las entidades territoriales y sobre
los cuales la Contraloría General de la República ejerza control prevalente o
concurrente, organícense en cada departamento gerencias departamentales colegiadas,
confonnadas por un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales.
Con la misma estructura, organícese para el Distrito capital una gerencia distrital
El número de contra lares provinciales a nivel nacional será de 75 y su distribución entre
las gerencias departamentales y la distrital la efectuará el Contralar General de la
República en atención al número de municipios, el monto de los recursos auditados y
nivel de riesgo en las entidades vigiladas.
a) Elaborar el componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los
lineamientos fijados por el Contra lar General de la República y en coordinación con la
Contralorías delegas.
b) Configurar y trasladar los hallazgos fiscales.
c) Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor.
d) Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal
y del decreto de medidas cautelares. e) Las demás que establezca el Contralar General de la República por resolución orgánica. Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este artículo, los servidores públiCOS de la Contraloría General de la República que tengan la calidad o ejerzan la función de contralares delegados, contralares provinciales, directores, supervisores, coordinadores, profesionales o tecnólogos podrán hacer parte de los grupos o equipos de auditoría. asesores,
--------------------------------_.~
Parágrafo 20. Los gastos que demande la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo serán atendidos con los recursos del presupuesto de la respectiva vigencia y
para el año 2011 no implican una erogación adicional. La Contraloría General de la
República efectuará los traslados necesarios.
SECCIÓN TERCERA MEDIDAS ESPECIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL ARTiCULO :1.29. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS CONTRALORÍAS
TERRITORIALES. Cada Contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su
plan estratégico institucional para el períodO del respectivo Contralor, el cual deberá ser
adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión.
b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y ejecución,
del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial.
c) Medición permanente de los resultados e impactos prodUCidOS por el ejercicio de la
fundón de control fiscal.
d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en el
fortalecimiento de los sistemas de control interno yen la formulación y ejecución de
planes de mejoramiento por parte de Jos sujetos vigilados.
e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del
control posterior y el uso responsable de la función de advertencia.
f) Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control
social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de
control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas.
ARTiCULO :1.30. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO AUDITOR EN EL NIVEL
TERRITORIAL. La Contraloría General de la República, con la partiCipación de
representantes de las Contralorías territoriales a través del Sistema Nacional de Control
Fiscal - Sinacof, facilitará a las Contralorías Departamentales, distritales y municipales
una versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejerdcio de la
fundón de control fiscal en el nivel territorial de la metodología para el proceso auditor,
se encargará de su actualización y apoyará a dichas entidades en el proceso de
capacitación en el conocimiento y manejo de esta herramienta. La Auditoría General de
la República verificará el cumplimiento de este mandato legal.
CAPÍTULO NOVENO OFICINAS DE REPRESENTACIÓN. ARTiCULO :1.3:1.. OFICINAS DE REPRESENTACIÓN. Lo diSpuesto en la presente ley
también se aplicará a las oficinas de representaCión o a cualquier persona que gestione
intereses de personas jurídicas que tengan su domidlio fuera del territorio nacional.
ARTiCULO :1.32. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN
DISCIPLINARIA. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
"La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de
la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término
empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para
las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y
para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un
mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a
los tratados internacionales que Colombia ratifique".
ARTiCULO 1.33. El artículo 106 de la Ley 1438 de 2011, quedará así:
''Artículo 1060. PROHIBICIÓN DE PREBENDAS O DÁDIVAS A TRABAJADORES EN EL
SECTOR DE LA SALUD. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de
cualquier tipo de prebendas, dádivas a trabajadores de las entidades del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y trabajadores independientes, sean estas en
dinero o en especie, por parte de las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones
Prestadoras de Salud, empresas farmacéuticas productoras, distribuidoras¡
comercializadoras u otros¡ de medicamentos, insumos¡ dispositivos y equipos, que no
esté vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral
formalmente establecida entre la institución y el trabajador de las entidades del Sistema
Parágrafo 1. Las empresas o instituciones que incumplan con lo establecido en el
presente artículo serán sancionadas con multas que van de 100 a 500 SMMLV, multa
que se duplicará en caso de reincidencia. Estas sanciones serán tenidas en cuenta al
momento de evaluar procesos contractuales con el Estado y estarán a cargo de las
entidades de Inspección, Vigilancia y Control con respecto a los sujetos vigilados por
Social en Salud que reciban este tipo de prebendas y/o dádivas, serán investigados por
las autoridades competentes. Lo anterior, sin perjuicio de las normas disciplinarias
ARTiCULO 1.34. El artículo 411 del Código Penal quedará con parágrafo que dirá:
ParágrafO. Los miembros de corporaciones públicas no incurrirán en este delito
cuando intervengan ante servidor público o entidad estatal en favor de la
CAPÍTULO DÉCIMO VIGENCIA VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y
ue le sean contrarias.
-------------------------------------------------.~
~E'lW!ItfO CEN~,CEb ~.
-GENAOO DE LA REPUBLICA
~beoto
ZULUAGA DIAZ___________
-',......... EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ño. 1474
12JUl 201 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCiÓN, INVESTIGACiÓN Y SANCiÓN DE ACTOS DE CORRUPCiÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CON-rROL DE LA GESTiÓN PÚBLICA REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBL(QUESE y
EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, EL MINISTRO DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLI ~
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MAURklO SANTA MARIA SALAMANCA
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HER~o6'JOSlfGÓMEZ RESTREPO
LA DIRECTORA DE.L DEPARTAMEN!1DllST.1Tll0
DE LA FUNCiÓN PUBLICA,
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Personería Municipal de Tunja
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