Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2008-00059-55633-de-mayo-31-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_d8e284e95bb2408bb18f35488b8857f0&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-05 06:23:02
Document Index: 47148247

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 238', 'artículo 189', 'artículo 6', 'Artículo 308', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3']

﻿ AUTO 2008-00059/55633 DE MAYO 31 DE 2016
AUTO 2008-00059 DE 31 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:OPERANCIA DE LA SUCESIÓN PROCESAL EN RAZÓN DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A ENTIDADES Y DERIVADAS DE LA SUPRESIÓN DEL DAS. LOS PROCESOS Y DEMÁS RECLAMACIONES EN CURSO SERÁN ENTREGADOS A LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA QUE HAYAN ASUMIDO LAS FUNCIONES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA, OBJETO O SUJETO PROCESAL. SI LA FUNCIÓN NO FUE ASUMIDA POR UNA ENTIDAD DE LA RAMA EJECUTIVA EL GOBIERNO NACIONAL DETERMINARÁ LA ENTIDAD DE ESTA RAMA QUE LOS ASUMIRÁ. LAS ENTIDADES QUE ASUMAN LAS FUNCIONES DEBERÁN CONOCER DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS COMETIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DAS QUE HAYAN SIDO INCORPORADOS Y DE LOS DEMÁS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO. LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO O QUE SE DEBAN ADELANTAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA FINALIZACIÓN DE LA SUPRESIÓN Y CUYAS FUNCIONES NO FUERON ASUMIDAS POR NINGUNA ENTIDAD U ORGANISMOS SERÁN ADELANTADOS POR LA ENTIDAD QUE DETERMINE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SERVIDOR PÚBLICO DEL DAS, RAMA EJECUTIVA, DAS, SUCESIÓN PROCESAL
Auto 2008-00059/55633 de mayo 31 de 2016
Rad.: 6300-12-331-000-2008-00059-01(55633)
Actor: Andres Londoño Ramírez, Azucena Ramírez Osorio, Mauricio Londoño Ramírez
Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - DAS
Dr. Jaime Orlando Santofibio Gamboa
Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
En el marco de los procesos judiciales bien puede ocurrir un fenómeno de alteración de las personas que integran las partes y/o terceros en contienda, bien sea por ocurrir en ellos hechos propios de la naturaleza, como es la muerte de las personas naturales, o situaciones que afectan a la existencia o identidad de las personas jurídicas, como sucede con la extinción, fusión o escisión de dichos entes morales, o finalmente ello puede tener ocurrencia por existir allí un negocio jurídico, como cuando se presenta una disposición del derecho litigioso y la contraparte no manifiesta su repudio a que el adquirente o nuevo titular llegue al proceso a reemplazar a quien fungió hasta el momento como titular del derecho en pleito(1). En todas estas circunstancias se torna común la situación ya antedicha, esto es, la alteración y/o cambio de quienes integran una parte (agréguese también a un tercero) dentro del proceso judicial, viniendo estos nuevos sujetos a tomar la actuación en el estado en que se encuentra a la hora de tener ocurrencia la situación generadora de sucesión.
Así, es claro que la sucesión procesal es, ante todo, una figura de raigambre esencialmente procedimental(2), de modo que su operancia no supone, de ninguna manera, alteración de la relación jurídico-sustancial debatida en el proceso judicial. Tal cosa ha sido precisada por la jurisprudencia constitucional, como sigue: “se advierte que esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso.”(3)
El Código Contencioso Administrativo, legislación aplicable al sub judice dada la fecha de presentación de la demanda que dio lugar a esta actuación judicial(4), no dispone de regulación jurídica que gobierne las condiciones bajo las cuales tiene lugar la aplicación la figura de la sucesión procesal, guardando entero silencio al respecto. Por consiguiente, en aplicación de la integración normativa memorada en el artículo 267 de dicha codificación contenciosa, hay lugar a acudir a las disposiciones de rigor del procedimiento civil. Ilustra dicha preceptiva legal: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
2. Recuento de las funciones atribuidas a entidades en razón de la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.
Posterior, al anterior recuento normativo, se recuerda que el sub judice se contrae a abordar lo relativo a la petición de vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como sucesora del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, suprimido.
De tal forma que con la expedición de los citados actos administrativos se dispuso la supresión de toda la actividad del Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, como entidad que fungió y desempeñó su labor en el campo de la seguridad nacional, desde su creación mediante el Decreto 1717 de 1960. Consecuencialmente, con los referidos Decretos se promovió la asignación de funciones a determinadas entidades del orden nacional, con el objetivo de que estas asumirían las mismas de la siguiente manera:
“Decreto-Ley 4057 de 2011. ART. 3°—Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así:
3.3. La función comprendida en el numeral 12 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 y las demás que se desprendan de la misma, se traslada al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
“PAR.—Las entidades receptoras de las funciones sustituirán al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en los comités, juntas y demás instancias en los cuales participa y asiste, a la entrada en vigencia del presente decreto.”(5)
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia Numeral 10 art. 2º del Decreto 640 de 2004.- Ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros y llevar el registro de identificación de extranjeros.(6)
Fiscalía General de la Nación Numeral 11 art. 2º del Decreto 640 de 2004.- Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales.(7)
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional Numeral 12 Art. 2° del Decreto 640 de 2004.- Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República.(8)
Unidad Nacional de Protección Numeral 14 Art. 2° del Decreto 640 de 2004.- Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.(9)
A su turno, el artículo 18 del Decreto 4057 de 2011 prescribió las siguientes reglas en torno a las entidades que asumirían la representación de los procesos judiciales y de cobro coactivo en donde venía haciendo parte el DAS: i) el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS continuaría con la representación de estos procesos hasta tanto culmine el proceso de supresión; sucedido ello ii) se fijó que dicha representación recaería sobre las Entidades del poder ejecutivo a las cuales se les habían encomendado —en el mismo Decreto— la asunción de funciones del DAS y iii) como tercera regla de aplicación y en cuanto a aquellas entidades receptoras de funciones del DAS que no integraran la Rama Ejecutiva del poder público, determinó que correspondería al Gobierno Nacional determinar la entidad “de esta Rama” que los asumirá. La literalidad de dicho precepto legal es como sigue:
“Decreto-Ley 4057 de 2011. “ART. 18.—Atención de procesos judiciales y de cobro coactivo. Los procesos judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral, contractual y de cobro coactivo en los que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio quedarán a su cargo hasta la culminación del proceso de supresión.
"PAR.—Para los efectos de notificaciones judiciales que surjan posterior a la vigencia del presente Decreto, se señala como domicilio único la ciudad de Bogotá D.C.”
Posteriormente advino el Decreto reglamentario 1303 de 2014, signado por el Ministerio de Hacienda, el DAS y el DAFP, el cual refirió, en su artículo 7º, a las entidades que obrarían como destinatarias de los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en los que estuviera involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS. De dicho precepto se extraen las siguientes dos reglas: i) se recalca que entidades tales como Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación deben asumir los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales de dicha Entidad, y por otro tanto, el Decreto refirió que tratándose de procesos y conciliaciones “que no deban ser asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o se incorporaron servidores” ii) serán asumidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El texto del artículo glosado es como sigue:
Decreto 1303 de 2014. “ART. 7°—Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales. Los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales en curso en los que sea parte el DAS y/o el Fondo Rotatorio del DAS que aún no han sido recibidos por las entidades que asumieron las funciones, Migración Colombia, Dirección Nacional de Protección, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación de conformidad con lo señalado en el numeral 3.2., del artículo 3º del Decreto-ley 4057 de 2011, serán entregados a estas entidades por el Director del DAS en proceso de supresión debidamente inventariados y mediante acta, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza, objeto o sujeto procesal.
(…) (Resaltados fuera del original)
Ahora bien, como otro parámetro consecuente al auto de Sala de la Sección Tercera de esta Corporación el 22 de octubre de 2015(10), en la cual se inaplicó, el artículo 7º del Decreto 1303 de 2014 en lo que hace referencia al traslado de procesos judiciales y conciliaciones del DAS a la Fiscalía General de la Nación, reconociendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como sucesor procesal del DAS, hasta que el Presidente de la República reglamentara lo pertinente.
Con fundamento en lo anterior, el pasado 22 de enero de 2016, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República profirió el Decreto Reglamentario 108 en el cual consideró asignar los procesos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que sean atendidos y pagados con cargo al patrimonio autónomo cuya creación fue autorizada por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015 los procesos judiciales entregados a la Fiscalía General de la Nación como sucesor procesal del extinto Departamento Administrativo Seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, en los casos en que la Fiscalía sea excluida como parte procesal por decisión del juez de conocimiento.
Considerando el preliminar suceso y dado que el Decreto 1303 de 2014 trae a cuento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, medida confirmada por el Decreto 108 de 2016, es menester señalar la posición adoptada recientemente en providencia de esta Corporación(11), en la cual no se repuso la decisión de que en efecto sería dicha entidad la encargada de asumir y continuar con la representación de los procesos que llevaba a cabo por competencia el extinto Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.
Además, la facultad que se desprende del numeral 17 del artículo 189 de la Constitución Política le confiere al Presidente de la República y que este ejerció, en señalar a la Agencia como sucesora procesal del DAS, responde a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, reconociendo de esta manera la naturaleza de los negocios que se deben distribuir al interior de la Rama Ejecutiva, sin que medie controversia al asumir las funciones señaladas, y que en efecto dicha Agencia debe cumplir la función asignada por el mandatario judicial.
Respecto de la creación del patrimonio autónomo se indicó que “debe tenerse presente que si bien la Ley 1753 de 2015 autorizó la creación de un patrimonio autónomo, administrado por la Fiduciaria la Previsora S.A. con quien el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribirá contrato de fiducia mercantil, igualmente de ello no se sigue que la disposición está destinada a restringir la facultad constitucional del Presidente de asignar los asuntos acorde con la naturaleza de las entidades, porque este entendimiento, en cuanto inconstitucional, no puede sino descartarse. De conformidad con lo expuesto la providencia recurrida se mantendrá.”
Ahora bien, para el presente caso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicita que se desvincule como sucesor procesal del DAS a esa entidad.
Máxime si se tiene en cuenta que la acción de reparación directa originaria de los hechos en este caso, nació con ocasión de la labor investigativa adelantada por el DAS en ejercicio de su función de policía judicial, y que dicha función sería residual, toda vez que como bien se indicó, la Fiscalía no hace parte de la Rama Ejecutiva, entendiéndose que se trasladaría esa función a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Por todo lo antepuesto, se dispondrá confirmar tener como sucesor procesal a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y, en consecuencia, ordenará que se le notifique este proveído a dicha Entidad, a fin de que tenga conocimiento de lo acá decidido y asuma la representación judicial del DAS, como su sucesor procesal.
1. Tener a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado como sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.
2. Exhortar a la Presidencia de la República para que se impartan instrucciones con el fin de que los asuntos y competencias de la Rama Ejecutiva se manejen de manera interna, con armonía y concordancia, sin perturbar los trámites judiciales. Ofíciese.
(1) “La sucesión procesal no constituye una forma más de intervención de terceros sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o, inclusive, de quienes tienen la calidad de terceros, en otras palabras, puede sustituirse a sujetos de derecho que actúen como partes o como terceros”. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Bogotá, Dupré, 10 edición, 2009, p. 365.
(2) “Esas modificaciones en la estructura de las partes en el proceso, no alteran la relación jurídico procesal en cuanto al contenido de la litiscontestatio, y sus defectos o los resultados de la sentencia, que permanecen inalterables. La sucesión o el incremento en cuanto a los sujetos o personas que constituyen las partes, tiene un sentido formal, pues se considera que el debate sigue siendo entre los mismos demandantes y demandados y respecto a la relación sustancial planteada, a pesar de que otras personas físicas o jurídicas asuman esa condición en su lugar o concurran a coadyuvarlas o a sostener una posición principal paralela a la de una de las partes iniciales y como litisconsortes de estas. El proceso continúa siendo el mismo, y la sentencia debe recaer sobre las relaciones sustanciales que las partes originalmente plantearon; solo como cuestión adicional, una vez resuelta la situación legal de estas, puede decidirse, si es el caso, sobre los efectos de la cesión o sucesión y sobre los derechos del interviniente principal litisconsorcial.” Devis Echandía, Hernando. Nociones generales de derecho procesal civil. Madrid, Aguilar, 1966, p. 372.
(3) Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 2012.
(4) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 308.Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
(5) Decreto 4057 de 11 de octubre de 2011.
(6) El Decreto-Ley 4057 de 2011. Artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.1.- consagró que dicha función la ejercería esta Entidad.
(7) Decreto-Ley 4057 de 2011. Artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.2.- consagró que dicha función la ejercería esta Entidad.
(8) Decreto-Ley 4057 de 2011. Artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.3.- consagró que dicha función la ejercería esta Entidad.
(9) Decreto-Ley 4057 de 2011. Artículo 3º. Traslado de funciones. (…) 3.3.- inciso 5º consagró que dicha función la ejercería esta Entidad.
(10) Auto de Sala de Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23 31-000-2002-01809-01 (42523)
(11) Auto de Ponente - Sección Tercera del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. 26 de mayo de 2016. Radicado 2500-23-26-000-2009-00407-01 (42478)