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Timestamp: 2016-10-24 10:50:49
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⭐«Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI
«Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI
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María Rosario Serrano Peña
1 Monográfico «III Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Nuevas perspectivas» ARTÍCULO «Sólo sé que no sé nada (efectivamente)»: la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI Fecha de presentación: junio de 2007 Fecha de aceptación: julio de 2007 Fecha de publicación: septiembre de 2007 Resumen Este trabajo está concebido como working paper y lleva a cabo un análisis de la aplicación judicial de las reglas de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación. En los cinco años de vigencia de la ley, las resoluciones dictadas son todavía pocas, pero se han planteado ya conflictos de variada tipología. Uno de los puntos más conflictivos en la interpretación de estas normas es el sentido que deba darse al requisito de carecer de conocimiento efectivo para poder gozar de la exclusión de responsabilidad en los casos de alojamiento de datos y en los supuestos de provisión de enlaces. La interpretación de este punto ha sido claramente divergente en las resoluciones judiciales que conocemos. El trabajo presta especial atención a este problema, y analiza también otros, como son el relativo a la admisibilidad de acciones de cesación y el problema más elemental de la inaplicación pura y simple de la ley. Palabras clave LSSI, responsabilidad, ISP, intermediarios, comercio electrónico, exenciones, conocimiento efectivo Tema Responsabilidad de los ISP 22 I just know that I know nothing (actually) : the finding of actual knowledge and other problems within the judicial application of the LISS (Law on Information Society Services). Abstract This work is designed to be a working paper and undertakes an analysis of the legal application of the rules set forth in the Law on Information Society and e-commerce Services as regards the liability of intermediary service providers. In the five years since the law came into force, few decisions have been issued, although various types of conflicts have been considered. One of the most conflictive points when interpreting these rules is the sense that must be given to the requisite of lacking actual knowledge to be able to enjoy exclusion from liability in cases of data storage and link providing. The interpretation of this point has clearly been divergent in the judicial decisions of which we are aware. The work pays special attention to this issue, as well as analysing others, such as that relating to the admissibility of injunctions and the more basic problem of the pure and simple non-application of the law. Keywords LISS, liability, ISP, intermediaries, e-commerce, exemptions, effective knowledge Topic Liability of ISP Introducción Se cumplen ahora cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). 1 La Ley, que poco después de su aprobación ya fue modificada en dos ocasiones, 2 está a punto de ser nuevamente reformada a través del Proyecto de Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, 3 y sobre todo mediante el Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 4 Estas últimas modificaciones de la LSSI afectan directamente a la actividad de los intermediarios técnicos de la red, o por decirlo en el lenguaje de la ley, de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, esto es, de quienes prestan servicios como los de acceso y transmisión de datos (con o sin copia en caché de los mismos), o bien de alojamiento de información, o de provisión de enlaces o de instrumentos de búsqueda de contenidos en la red. Sin embargo, estas reformas salvo en un pequeño punto de importancia menor 5 no modifican el texto de los artículos 13 a 17 de la LSSI, esto es, las reglas que tratan de la res- 1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE n. 166, de 12 julio de 2002). La Ley entró en vigor el 12 de octubre de La primera modificación se obró en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE n. 264, de 4 de noviembre), y la segunda tuvo lugar poco después en virtud de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (BOE n. 304, de 20 de diciembre). Una versión actualizada de la LSSI puede consultarse en 3. Actualmente en el Senado; vid. 4. En fase de tramitación parlamentaria en el Congreso: vid. BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, 11 de mayo 2007, núm Disponible en 5. Me refiero a la reforma prevista del artículo 17.2 LSSI. 33 ponsabilidad de dichos prestadores. Como es sabido, en dichos artículos el legislador delimita una serie de supuestos de hecho garantizando que, si se cumplen las condiciones previstas en los mismos, el prestador del correspondiente servicio de intermediación no podrá ser declarado responsable de los contenidos ilícitos de terceros que dicho prestador haya transmitido, alojado o enlazado. Estas previsiones, destinadas a garantizar un umbral mínimo de exclusión de responsabilidad para los intermediarios, constituyen la incorporación a nuestro derecho interno de lo dispuesto en los artículos 12 a 14 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico (DCE), 6 con la adición de una exclusión de responsabilidad no prevista en la directiva, referida a las actividades de provisión de enlaces y de herramientas de localización de información (art. 17 LSSI). No es mi intención exponer ahora el contenido de estos preceptos, bien conocidos ya en la doctrina. El propósito del presente artículo es llevar a cabo un análisis de la aplicación judicial de las citadas reglas de exclusión de responsabilidad a partir de las decisiones judiciales que se han dictado en esta materia. En efecto, contamos ya con algunas resoluciones judiciales que han abordado, si bien de forma desigual, el problema de la responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros. Sin embargo, los cinco años de vigencia de la ley no han sido suficientes para dar lugar a un cuerpo de doctrina claro y coherente en la aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad de la LSSI; ni tampoco para disponer de un conjunto de decisiones lo bastante numeroso como para indicar con precisión una determinada tendencia en la interpretación de dichas normas. A pesar del escaso número de resoluciones judiciales de que disponemos, la tipología de las situaciones de intermediación contempladas en las mismas es ciertamente variada. Así, han llegado ya a los tribunales conflictos relativos a la actividad de provisión de acceso y transmisión de datos; también reclamaciones por la actividad de suministro de enlaces a contenidos ilícitos; y sobre todo, supuestos de responsabilidad por alojamiento de datos. En esta última categoría contamos no sólo con decisiones que contemplan la actividad básica de los prestadores de hosting, esto es, el alojamiento de sitios web, sino también con resoluciones judiciales que abordan el problema de la responsabilidad de otros tipos de alojamiento, como son el de comentarios de terceros en un blog, el de artículos en un wiki, o el de mensajes en un foro. La particularidad de estas situaciones estriba en que el alojador a quien se reclama la responsabilidad no es el proveedor del hosting del sitio web, sino el titular o administrador del correspondiente blog, wiki o foro, quien, en la medida en que está alojando datos suministrados por terceros, realiza una función subsumible en el supuesto general de alojamiento de datos contemplado en el artículo 16 de la LSSI. Las resoluciones judiciales recaídas distan de ser homogéneas. Una primera línea divisoria puede trazarse entre las decisiones que tienen en cuenta la LSSI y aquellas que simplemente parecen ignorar su existencia. Y entre las primeras, los problemas fundamentales de interpretación de las reglas de exclusión de responsabilidad de la LSSI han consistido, por una parte, en la determinación de si la exclusión de responsabilidad en el caso de mera transmisión y provisión de acceso (art. 14 LSSI) impide el ejercicio de acciones de cesación contra el intermediario y, por otra parte, en el significado que debe darse al requisito de falta de conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos en los supuestos de alojamiento de datos y de provisión de enlaces (arts. 16 y 17 LSSI), punto sobre el que se han adoptado interpretaciones claramente divergentes. 1. El brillo fulgurante de la ausencia Como apuntábamos, no han faltado resoluciones que han ignorado por completo la existencia de una previsión legal específica dirigida a excluir la responsabilidad tanto civil como penal de los intermediarios. En este grupo podemos citar tres sentencias, todas referidas a supuestos de alojamiento de datos: la Sentencia de 30 de junio de 2006 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Arganda del Rey (caso Mafius Blog), que condena al titular de un blog por una falta de injurias y otra de amenazas; la Sentencia de 19 de diciembre de 2006 del Juzgado 6. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico, DCE), DOCE núm. L 178, de 17 de julio de4 de Primera Instancia número 52 de Madrid (caso Frikipedia), que declara responsable al administrador del wiki Frikipedia de una intromisión ilegítima en el honor de los demandantes y le condena a indemnizar a los actores; y por último, la Sentencia de Primera Instancia del caso Sgae contra Asociación de Internautas (sentencia de 15 de junio de 2005, del Juzgado de 1.ª Instancia número 42 de Madrid), que condena a la Asociación de Internautas como responsable de atentado contra el honor de los demandantes por alojar un sitio web de contenido injurioso. Ciertamente, es posible que en estos casos el juez haya estimado que la exclusión de responsabilidad del artículo 16 LSSI no resultaba aplicable, bien por entender que el supuesto de hecho no era subsumible en dicha norma, bien por considerar que no se cumplían los requisitos exigidos en la misma. Pero lo cierto es que en las sentencias no sólo no se justifica la inaplicación de la regla de exclusión, sino que ni siquiera se hace la más mínima mención a su existencia. En los tres casos se hace responsable al demandado de unos contenidos elaborados por terceros. En el caso del blog de Mafius, y por lo que ahora interesa, la sentencia considera que el titular del blog (un alumno de un instituto que mantenía un blog crítico con la institución) es responsable, en concepto de autor, de una falta de amenazas por las expresiones contenidas en un comentario enviado al blog por un tercero no identificado. 7 La sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para considerar que la participación del acusado en los hechos lo fue en concepto de autor. A este propósito, tenemos la Sentencia del TC 200/1998, de 14 de octubre, en cuyo fundamento jurídico 2.º se indica: «Por otra parte, en anteriores Sentencias (SSTC 15/1993 y 336/ 1993) ya nos hemos referido con mayor detalle las consecuencias que tienen lugar al autorizar la publicación de un escrito ajeno cuyo autor se ha identificado previamente (pues) será éste quien asuma la responsabilidad que del mismo pueda derivarse si su contenido resulta lesivo del derecho al honor de una tercera persona. Sin embargo, la situación es muy distinta si el escrito ajeno es publicado sin que el medio conozca la identidad de su autor, pues en tal supuesto dicho escrito no constituye una acción que pueda ser separada de la de su publicación por el medio, conforme a la doctrina expuesta en la STC 159/1986. De suerte que, al autorizar la publicación del escrito pese a no conocer la identidad de su autor ha de entenderse que el medio, por ese hecho, ha asumido su contenido. Lo que entraña una doble consecuencia: En primer lugar, que el ejercicio de las libertades que el art reconoce y garantiza habrá de ser enjuiciado, exclusivamente, en relación con el medio, dado que el redactor del escrito es desconocido. En segundo término, que al medio le corresponderá o no la eventual responsabilidad que pueda derivarse del escrito si su contenido ha sobrepasado el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de información y en su caso de la libertad de expresión lesionando el honor de terceras personas o, por el contrario, la ha respetado (STC 3/1997 [ RTC 1997\3], fundamento jurídico 3.º).» La sentencia del caso que nos ocupa, tras citar esta STC, declara lo siguiente: «La citada doctrina, avalada por otras sentencias (SSTC 41/ 1994, de 15 de febrero, 336/1993 de 15 de noviembre y 3/1997, de 13 de enero, y las SSTS , y ) impone, pues, la necesidad de cerciorarse de la identidad del autor del escrito que se va a publicar, para derivar a éste la responsabilidad, ya que, si el escrito se publica sin que el medio (en este caso el editor) conozca aquella identidad, en tal supuesto dicho escrito, como antes se dijo, no constituye una acción que pueda ser separada de la de su publicación por el medio, ya que, entonces, el medio (autor) asume su contenido y la subsiguiente responsabilidad. Conforme a dicha doctrina la autoría de D. (.) en este caso no ofrece dudas, a la vista de los arts. 27, 28 y 30.2,1.º, del Código penal, sin que puedan servirle de cobertura para la exención de la responsabilidad penal cláusulas de salvaguarda, que en el presente caso no existen, siendo así que el propio editor en el acto manifestó que había programado el blog para que se omita el apartado donde se recoge la dirección de IP, lo que ha puesto de manifiesto en el citado blog reiteradamente como salvaguarda de impunidad.» Al margen del problema de si esta doctrina es de aplicación al caso de un blog, y en particular si lo dispuesto en el artículo 30 CP para los «medios o soportes de difusión mecánicos» es aplicable a un medio como Internet, el problema que queremos destacar aquí es la ausencia de toda consideración al artículo 16 LSSI, en el que podría encontrarse una exclusión de la responsabilidad del blog. Inicialmente, son dos los obstáculos que podrían oponerse a la aplicabilidad de dicho precepto. El primero es el interrogante sobre si la exclusión de responsabilidad prevista en el mismo alcanza a excluir no sólo la responsabilidad civil sino también la penal. La respuesta aquí entiendo que debe ser positiva, a pesar de que en la norma no se declara de modo explícito. Ya en 7. Por dicha falta se le condenó a la pena de veinte días de multa a razón de diez euros diarios. A la misma pena se le condenó por una falta de injurias, ésta en razón de un post escrito por el propio blogger. Este último punto, sin embargo, no resulta relevante para nuestro análisis, puesto que es claro que respecto de contenidos propios no es aplicable la exclusión de responsabilidad. El condenado fue absuelto en apelación de la falta de amenazas. 55 la directiva es claro que la exclusión de responsabilidad cubre también la de carácter penal, y así lo ha destacado la doctrina. 8 Por otra parte, así se indica claramente en el comentario de los artículos que acompaña la propuesta inicial de la DCE, 9 y en el mismo sentido se pronuncia el primer informe sobre la aplicación de la directiva. 10 En la LSSI no hay tampoco una declaración expresa que establezca este alcance, pero parece claro que éste es el objetivo de la norma, que sigue el sentido de la directiva, y así lo ha señalado la doctrina penalista. 11 El segundo obstáculo se refiere al ámbito de aplicación material de los artículos 13 a 17 LSSI, que se limita a determinadas actividades de intermediación que deben reunir los requisitos generales que definen la noción de «servicios de la sociedad de la información», entre los que se halla el de que se trate de un servicio prestado normalmente a título oneroso, esto es, que se trate de una actividad de carácter económico. 12 Parece claro que este elemento de onerosidad no se daba en el caso de autos, puesto que el blog no constituía una fuente de recursos, o al menos no consta. Sin embargo, la concesión de la exclusión de responsabilidad en los casos de actividades económicas y la denegación de la misma a las actividades no lucrativas resulta problemática, ya que la nota del carácter económico no guarda relación alguna con el fundamento de la concesión de la exclusión de responsabilidad, que se halla en el carácter neutro y pasivo del intermediario. Esta dificultad, pues, podría probablemente resolverse acudiendo a la aplicación analógica de la norma para reconocer la exclusión de responsabilidad también a aquellos supuestos en que la actividad no reviste carácter económico. Salvados estos dos primeros obstáculos, sería preciso valorar todavía, si el hecho de alojar un comentario enviado por un lector del blog supone que el titular del blog está llevando a cabo un servicio de intermediación de alojamiento de datos, que es el supuesto previsto en el artículo 16 LSSI. Como ya apuntaba al principio, pienso que, en efecto, al estar alojando unos datos que han sido suministrados por terceros, el titular del blog, como el de cualquier sitio web, lleva a cabo una actividad de alojamiento que encaja en el supuesto del artículo 16 LSSI. Este artículo no debe entenderse referido exclusivamente a la actividad de hosting de sitios web, sino a cualquier supuesto de alojamiento de datos suministrados por terceros. En cuanto a la directiva, este sentido amplio del supuesto de hecho de alojamiento de datos (art. 14 DCE) resulta confirmado en el primer informe sobre la aplicación de la directiva, al señalar que «[e]n particular, la limitación de la responsabilidad por el alojamiento de datos, prevista en el artículo 14, abarca diferentes supuestos de almacenamiento de contenidos ajenos, aparte del alo- 8. Vid., entre otros, Emmanuel CRABIT (2000). «La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée». Revue du Droit de l Union Européenne. N.º 4, pág , esp. pág ; vid. también Mario E. CLEMENTE MEORO (2003). «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información». En: Mario E. CLEMENTE MEORO y Santiago CAVANI- LLAS MÚGICA. Responsabilidad civil y contratos en Internet. Su regulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Granada: Comares. Pág , esp. pág COM (1998) 586 final, Bruselas, En el documento COM, la propuesta de directiva se acompaña de una extensa exposición de motivos así como de un anexo de comentarios individualizados artículo por artículo. En la versión publicada en el Diario Oficial tan sólo se reproduce el texto articulado de la propuesta (n. C 30, de 5 de febrero de 1999, pág. 4.). 10. COM (2003) 702 final, Bruselas, , pág Sobre la aplicabilidad de las reglas de exclusión de la LSSI a la responsabilidad penal, puede verse, entre otros, Óscar MORALES GARCÍA (2001). «Criterios de atribución de responsabilidad penal a los prestadores de servicios e intermediarios de la sociedad de la información». Revista de Derecho y Proceso Penal. N.º 3, pág ; y Javier GUARDIOLA (2004). «Limitaciones a la responsabilidad penal de los prestadores de servicios de la sociedad de la información: eficacia en el ámbito penal de las exenciones previstas en la Ley 34/2002». En: Miguel Ángel DAVARA (coord.). XVIII Encuentros sobre Informática y Derecho Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. Este último señala que «es posible entender que los supuestos de exención de responsabilidad previstos en los arts. 14 a 17 de la LSSI responden, en realidad, a la concurrencia de causas de justificación que se integran en el ámbito penal de la mano de la previsión de la eximente de ejercicio legítimo de un derecho del art º del Código penal. Y, por ende, quien actúa en su ámbito queda exento de responsabilidad penal»; vid. también Manuel GÓMEZ TOMILLO (2006) (2.ª ed.). Responsabilidad Penal y Civil por Delitos Cometidos a través de Internet. Especial consideración del Caso de los Proveedores de Contenidos, Servicios, Acceso y Enlaces. Navarra, Cizur Menor: Aranzadi. 12. Vid. el anexo de definiciones de la LSSI, letras a) y b). Vid, asimismo, el apartado II de la Exposición de Motivos de la LSSI. Vid. también el artículo 2.b) de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, y el artículo 1.2) de la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE. 66 jamiento de sitios web, por ejemplo, tablones de anuncios electrónicos o salas de charla ( chat-rooms ).» 13 Finalmente, habría que analizar si el titular del blog reunió los requisitos específicamente previstos en el artículo 16, esto es, carecer de conocimiento efectivo de la ilicitud de los materiales, y en caso de tener dicho conocimiento, proceder a la retirada del material. No vamos a abordar aquí estos extremos. Simplemente queremos dejar constancia de que probablemente la sentencia debería haber examinado el artículo y haber justificado, en su caso, el motivo de su no aplicación. El segundo ejemplo que citábamos de completa inaplicación de la LSSI es la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, de 19 de diciembre de En este caso, el demandado era el administrador de un wiki denominado Frikipedia, una suerte de recreación satírica de la conocida Wikipedia. En una de las voces (no elaborada por el administrador de la página, sino colaborativamente por los usuarios, como es propio de un wiki), concretamente voz referida a la SGAE, se contenían expresiones injuriosas y atentatorias contra el honor. La sentencia declaró que se trataba de «expresiones insultantes, de parte de grave menosprecio que no son tolerables en la convivencia social», y a pesar de que el demandado ya había retirado dicho contenido una vez que tuvo conocimiento de la acción ejercitada, le condenó a indemnizar a los actores con un importe total de seiscientos euros, justificando la atribución de responsabilidad al administrador de la página con el argumento de que «se declaró acreditado por las actuaciones reiteradas en juicio que [el demandado] tenía facultad para dirigir o no la página, es decir, las opiniones que entraban o no.» (F.J. 2.º). En cuanto a la posibilidad de aplicar la exclusión de responsabilidad prevista en el art. 16 LSSI, cabe plantear el mismo problema que en el caso anterior, esto es, el de si se trataba o no de una actividad económica. En este caso, la presencia de publicidad en la página hace pensar que sí podría calificarse de actividad económica. También debería resolverse en sentido afirmativo, en mi opinión, la pregunta sobre si el alojamiento de unos contenidos que han sido elaborados por terceros los usuarios del wiki resulta subsumible en el supuesto de hecho de servicio de intermediación de alojamiento de datos previsto en el artículo 16 LSSI. Estos problemas, sin embargo, no son tratados en la sentencia, en la que simplemente no aparece ninguna mención a la LSSI. El tercer ejemplo de resolución judicial en que la LSSI brilla por su ausencia es la sentencia de primera instancia del caso de la SGAE contra la Asociación de Internautas (sentencia de 15 de junio de 2005, del Juzgado de 1.ª Instancia número 42 de Madrid). Trataremos este caso más abajo, puesto que la sentencia de apelación, que confirma la de instancia, sí hace referencia a la LSSI, y resulta de interés para analizar el problema de la apreciación del conocimiento efectivo. 2. La discusión sobre la admisibilidad de acciones de cesación contra proveedores de acceso Otro punto relevante para el análisis de la aplicación judicial de la LSSI es el relativo a la admisibilidad de acciones de cesación frente a determinados proveedores de servicios de intermediación. Como es sabido, la DCE, advierte expresamente, para cada una de las exclusiones de responsabilidad, que dicha exclusión «no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados Miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida». 15 Es claro, pues, que tal como están concebidas en la directiva, las exclusiones de responsabilidad no limitan la posibilidad de ejercitar acciones de cesación contra el proveedor si éstas están contempladas en el ordenamiento del Estado Miembro. Esta indicación expresa de que la exclusión de responsabilidad no afecta al ejercicio de acciones de cesación, sin embargo, no aparece en los artículos de la LSSI. El legisla- 13. COM (2003) 702 final, pág. 14, nota 64. En términos parecidos se expresa el comentario de los artículos que acompañan la propuesta de Directiva: COM (1998) 586 final. 14. La sentencia fue recurrida en apelación y no tengo noticia de si se ha dictado ya sentencia. 15. Cfr. art de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, y en términos prácticamente idénticos los arts y 14.3 de la misma directiva. 77 dor español consideró probablemente que no era necesario declararlo de modo expreso. Lo que en ningún caso cabe entender es que esta omisión en la transposición signifique que en la ley española las exclusiones de responsabilidad producen el efecto impedir que puedan ejercitarse acciones de cesación contra los proveedores que reúnan los requisitos establecidos para beneficiarse de la exclusión de responsabilidad. De una parte, porque dicha conclusión sería directamente contraria a la directiva, y de otra parte, porque lo que se establece en los artículos 14 a 17 LSSI es que los intermediarios no podrán ser declarados responsables de los contenidos, cosa que nada tiene que ver con el hecho de que pueda o no dirigirse contra ellos una acción en la que lo que se solicita no es que se declare su responsabilidad, sino que se ordene el cese de la prestación del servicio respecto de un determinado contenido de carácter ilícito. 16 Sorprende, por tanto, la conclusión a la que llegó el Auto de 10 de noviembre de 2004, por el que se denegaron las medidas cautelares de cesación solicitadas contra el proveedor de acceso y transmisión Bitmailer, S. L. 17 El auto llegaba a la conclusión de que la exclusión de responsabilidad establecida en el artículo 14 de la LSSI para los servicios de transmisión y de provisión de acceso comporta «la consecuencia indirecta de que no resulte legalmente posible atribuir a quienes prestan esa clase de servicios, fuera del deber general de colaboración con las autoridades que establece el art. 11 y al que más adelante haremos referencia, un deber propio y genuino de cesación o de retirada de contenidos aún en el supuesto de conocer el carácter ilícito de los mismos», 18 y que en consecuencia no es posible estimar una acción de cesación contra tales prestadores, por más que dicha acción se halle prevista en disposiciones vigentes del ordenamiento, puesto que dichas disposiciones deben integrarse con las reglas de la LSSI, con el resultado de que el prestador que reúne los requisitos para gozar de la exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 14 LSSI deja de tener legitimación pasiva para soportar acciones de cesación, precisamente en virtud de dicho artículo 14 LSSI. El prestador de servicios de acceso en este caso concreto era la compañía Bitmailer, S. L. Dicho operador proporcionaba la conexión a Internet al sitio web weblisten.com. 19 Este sitio web desarrollaba una actividad de venta de música en línea que infringía los derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas. Las compañías discográficas Emi, BMG, Universal y Sony habían obtenido en diversos procedimientos judiciales la declaración de que la actividad de este sitio web constituía, en relación con los fonogramas producidos por dichas compañías, una violación de sus derechos exclusivos de reproducción y de comunicación pública, así como un acto de competencia desleal. Los diversos procedimientos iniciados contra Weblisten S. A. habían ya ordenado a esta compañía el cese de su actividad infractora. Sin embargo, probablemente ante un lento o defectuoso 16. En este sentido se manifiestan también José MASSAGUER (enero-abril 2003). «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)». Revista de Propiedad Intelectual. Núm. 13, pág: 11-48, esp. pág. 36; José Javier GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA (2005). «Deberes y responsabilidades en materia de propiedad intelectual». En: Santiago CAVANILLAS MÚGICA (coord.). Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar, Comares, Granada. Pág , esp. pág Vid. asimismo Juan José MARÍN LÓPEZ (2005). «La comercialización de la música a través de Internet y los derechos del productor de fonogramas: los casos Weblisten y Bitmailer». Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Vol. 8, pág Auto de 10 de noviembre de 2004, del Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (ponente: Pedro María GÓMEZ SÁNCHEZ), publicado en el Diario La Ley, número 6186, miércoles, 9 de febrero de 2005, y disponible en las bases de datos de La Ley y de Aranzadi. En esta última base de datos se indica como fecha del Auto el día 3 de noviembre, mientras que en la base de datos de La Ley, la fecha es del 10 de noviembre. En todo caso se trata del mismo Auto. 18. Razonamiento Jurídico Tercero del Auto. 19. Bitmailer S. L. proporcionaba el servicio de acceso a la red a los servidores en que se alojaba el sitio Bitmailer prestaba dicho servicio a Weblisten indirectamente, a través de la empresa Net Provider S. A., aunque las demandantes sugerían que tras el velo de la personalidad diferenciada existía identidad de substrato personal entre Net Provider S. A. y Weblisten S. A. Para un comentario global a las diversas sentencias recaídas en el caso Weblisten, puede verse Juan José MARÍN LÓPEZ (2005). «La comercialización de la música a través de Internet y los derechos del productor de fonogramas: los casos Weblisten y Bitmailer». RFDUG. Vol. 8, pág ; Fernando CARBAJO CASCÓN ( ). «El caso Weblisten y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos musicales en Internet». ADI. N.º 26, pág8 cumplimiento de esta orden por parte de Weblisten, las compañías discográficas decidieron entablar una nueva acción, concretamente una acción de cesación, dirigida no contra Weblisten sino contra el proveedor que proporcionaba a Weblisten la conexión a Internet, Bitmailer S. L., con el objeto de que el juez ordenara a este último, que suspendiera la conexión a Internet de los equipos de Weblisten. Se solicitaba del juez que adoptara esta orden desde el principio del procedimiento como medida cautelar. Las demandantes argumentaban que el proveedor Bitmailer, S. L., al conectar a Internet los contenidos del sitio debía considerarse cooperador respecto de la infracción de propiedad intelectual y del acto de competencia desleal, por lo que resultaría legitimado pasivamente para la correspondiente acción de cesación, en virtud de los artículos 139 de la Ley de Propiedad Intelectual y 18.2 y 20.1 de la Ley de Competencia Desleal. (Conviene notar que el auto es anterior a la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual derivada de la transposición de las Directivas 2001/29/CE sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información 20 y 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. 21 Como consecuencia de la transposición de estas directivas al derecho español, el texto vigente de la Ley de Propiedad Intelectual recoge expresamente la posibilidad de adoptar medidas de cesación y otras medidas cautelares contra los intermediarios, a pesar de que los actos de éstos no constituyan en sí mismos infracción). 22 El juez señaló que al tratarse de una actividad que se lleva a cabo por medio de Internet, la capacidad de soportar pasivamente cualquiera de las acciones de cesación previstas en los citados preceptos de la LPI y de la LCD, debe ser integrada mediante las disposiciones de la LSSI. El juez destaca que mientras que en los casos de linking, hosting y caching, se establece el requisito de retirar los contenidos al efecto de poder gozar de la exclusión de responsabilidad, no ocurre así en el caso de mera transmisión y provisión de acceso, donde se prevé, siguiendo lo dispuesto en la directiva, que el prestador del servicio goza de la exclusión de responsabilidad mientras no haya «originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos» (art. 14 LSSI). El juez considera que si el artículo 14 LSSI no ha previsto para estos prestadores una «obligación» de cesar en la prestación del servicio, hay que entender que dicho artículo ha venido a proteger al prestador frente al ejercicio de acciones de cesación previstas en el ordenamiento. Como se ha dicho, esta conclusión no se compadece con el texto de la directiva, que, tras establecer la misma exclusión de responsabilidad que luego acogerá la LSSI, se cuida de destacar que la cobertura de responsabilidad no es óbice para mantener la legitimación pasiva ante acciones de cesación y remoción. Pero el problema principal, en mi opinión, es que el auto parte de una concepción errónea de las reglas de exclusión de responsabilidad de la LSSI. Dichas reglas contemplan determinadas actividades de intermediación y establecen que, en la medida en que la actividad desarrollada por el prestador se ciña a lo descrito en el supuesto de hecho, y cumpla con una serie de requisitos dirigidos a asegurar que estamos ante una función de intermediación puramente pasiva y neutra, dicho prestador no podrá ser declarado responsable de los contenidos intermediados en el caso de que éstos resulten ilícitos. Entre los requisitos para disfrutar de la exclusión de responsabilidad se halla (en el caso del hosting y del linking) el de retirar el material ilícito una vez que se ha tenido conocimiento efectivo de su ilicitud. Este último requisito no está dirigido tanto a asegurar el carácter neutro de la actividad de prestador, como a limitar los efectos de la exclusión de responsabilidad. En efecto, dicha exclusión, en el caso del hosting y del linking, exige no tener conocimiento de la ilicitud. De modo que el prestador queda a cubierto de toda posible responsabilidad mientras permanezca en dicha situación de desconocimiento. Una vez que haya obtenido el conocimiento efectivo, su continuación en la 20. La transposición de la directiva se ha llevado a cabo mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE núm. 162 de 8 de julio). 21. La transposición de esta directiva se ha verificado por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (BOE núm. 134, de 6 de junio). 22. Cfr. arts. 138, 139 y 141 de la Ley de Propiedad Intelectual. 99 intermediación de los contenidos ilícitos ya no se considera una función a la que pueda concederse de modo general una exclusión de responsabilidad. Dicho de otro modo: los requisitos que se establecen en los artículos 14 a 17 LSSI no constituyen en sentido propio obligaciones o deberes que el legislador impone a los prestadores. Constituyen tan sólo elementos que permiten considerar la actividad como neutra o pasiva en relación con los contenidos intermediados, lo que posibilita conceder a dicha actividad una exclusión general de responsabilidad. En consecuencia, el hecho de que el prestador no satisfaga los requisitos previstos en dichas normas no constituye un incumplimiento de un deber legal. La única consecuencia de no cumplir con dichos requisitos es la imposibilidad de disfrutar de la exclusión de responsabilidad. El hecho de no poder invocar dicha exclusión tampoco significa que el prestador vaya a ser automáticamente responsable de los contenidos. Esto es así porque los artículos 14 a 17 no son normas de atribución de responsabilidad, sino de exclusión de responsabilidad. Que el prestador no puede valerse de dicha exclusión no significa necesariamente que se le pueda declarar responsable. Para esto último, es preciso que alguna norma del ordenamiento anude a la conducta de dicho prestador la consecuencia del deber legal de responder de los contenidos. Para que surja dicho deber, naturalmente, deberán concurrir todos los requisitos que esa norma de atribución de responsabilidad haya dispuesto para ello. En el caso de la responsabilidad civil, deberá considerarse tanto la negligencia como la existencia del daño, así como la relación de causalidad. En el caso de la responsabilidad penal, deberán concurrir todos los elementos necesarios para el nacimiento de la misma. No es posible interpretar a contrario las reglas de exclusión de responsabilidad. No son preceptos que imputen responsabilidad al prestador que no cumple los requisitos necesarios para la exclusión. Nótese que por ello es más correcto hablar de exclusión que de exención de responsabilidad, ya que este último término presupone que existe un deber legal previo de responder por los contenidos de terceros y que sólo gracias a una norma especial se exime de dicho deber al intermediario. En realidad, lo que la norma hace es garantizar que no se podrá declarar la responsabilidad del prestador, sin prejuzgar si su actividad es generadora de responsabilidad (civil, penal o administrativa) con arreglo a las normas que en nuestro ordenamiento atribuyen estos tipos de responsabilidad. Éste es el sentido de la directiva, que parte de la base de que las normas de atribución de responsabilidad son distintas en los diversos Estados Miembros. 23 El auto que comentamos, considera, por el contrario, que los artículos 14 a 17 LSSI establecen una serie de obligaciones a cargo de los prestadores de servicios intermediarios, y que sancionan el incumplimiento de dichas obligaciones con la atribución de responsabilidad civil por los contenidos intermediados. Así es de ver en el discurso del juez: «Si una norma jurídica define consecuencias adversas en este caso en términos de responsabilidad civil para ciertas clases de personas cuando éstas realizan determinadas conductas (de acción o de omisión), esa norma está estableciendo al propio tiempo, de forma indirecta, específicas obligaciones (de abstención o de acción, respectivamente) cuyo cumplimiento incumbe a dichos sujetos. En otras palabras, si los arts. 14 y ss. de la Ley 34/ 2002 no imponen a los prestadores de servicios de intermediación explícitas obligaciones, pero en cambio les atribuyen responsabilidad civil cuando se abstienen, vrg., de retirar los contenidos que albergan en determinados supuestos, ello implica, en definitiva, que, concurriendo los supuestos legalmente previstos, la ley está imponiendo al prestador una obligación propia y personal de proceder a dicha retirada, obligación que, atendiendo a la cuádruple clasificación del art del Código civil, no puede calificarse sino como de origen legal. En definitiva, lo único que late detrás de esa disquisición es una mera cuestión de técnica legislativa, donde no pueden advertirse diferencias sustanciales entre, por un lado, la hipotética opción del legislador de haber definido primero las obligaciones para pasar después a establecer las consecuencias de su incumplimiento y, por otro, la fórmula más abreviada la que de hecho se ha adoptado por la referida ley de determinar directamente las consecuencias (responsabilidad civil) que se anudan, bajo presupuestos definidos, a la ejecución o inejecución de conductas específicas. Consecuentemente, si de acuerdo con lo que acaba de razonarse podemos colegir que la Ley 34/2002 impone a los prestadores de servicios de intermediación, aunque sea mediante formulaciones de tipo indirecto, una concreta obligación de cesación (retirada de contenidos) en determinadas circunstancias, resulta obvio que dicha ley ha de cumplir una función integradora a la hora de definir los sujetos pasivos a quienes puedan llegar a incumbir las acciones de cesación reguladas de modo general en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de Competencia Desleal cuando los contenidos ilícitos vulneradores de estas leyes se ejecutan, transmiten y difunden a través de la Red.» 23. Cfr. a este respecto el considerando 9 de la Directiva sobre el Comercio Electrónico. 1010 3. La discusión sobre el sentido del requisito de falta de «conocimiento efectivo» La DCE establece en su artículo 14, como requisito para disfrutar de la exclusión de responsabilidad por alojamiento de materiales, que el prestador del servicio no tenga «conocimiento efectivo de que la actividad [sic] a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito». La transposición al ordenamiento español se separa notablemente del texto comunitario al prescindir del requisito de carecer de conocimiento indiciario (conocimiento de hechos o circunstancias que revelen la ilicitud) que la directiva exige para quedar libre de responsabilidad civil. Y se separa también de lo dispuesto en la directiva al ofrecer una noción restrictiva de «conocimiento efectivo», que, interpretada en sentido estricto, desnaturaliza lo previsto por el legislador comunitario, ya que limita el concepto de conocimiento efectivo a un conocimiento formal derivado fundamentalmente de la existencia de una previa resolución que hubiera declarado la ilicitud del material. Esta noción restrictiva es la que se sigue del artículo 16.1.II LSSI, donde se señala que «[s]e entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse». El mismo párrafo se reitera para la exclusión de responsabilidad por provisión de enlaces e instrumentos de búsqueda en el artículo 17.1.II LSSI. Este texto plantea el problema de su interpretación. Si se interpreta en sentido «limitativo», sólo podrá apreciarse la concurrencia de conocimiento efectivo si se da alguno de los supuestos contemplados en dicho párrafo (previa resolución, acuerdos de notificación y retirada, o bien otros medios que en el futuro pueda fijar el legislador); mientras que si se interpreta en un sentido «no limitativo», será posible apreciar la concurrencia de tal conocimiento siempre que el mismo exista realmente y así se pruebe por cualquier medio admitido en derecho, con independencia de que se hayan verificado o no los supuestos de adquisición del conocimiento efectivo previstos en el párrafo que comentamos. La jurisprudencia no ha sido uniforme en la interpretación de este párrafo de los artículos 16 y 17 LSSI. Algunas resoluciones, interpretando en sentido restrictivo este texto, han considerado que, al no haber existido una resolución judicial o administrativa previa que declarara la ilicitud del contenido, el intermediario carece del conocimiento efectivo previsto en la ley, y por tanto, conserva el beneficio de la exclusión de responsabilidad, con independencia del conocimiento real que pudiera tener de dichos contenidos y de su ilicitud. Otras resoluciones, por el contrario, parecen entender que no es necesaria la concurrencia de una previa resolución que declare la ilicitud, y por tanto que se puede adquirir el conocimiento efectivo por otros medios. En ningún caso, sin embargo, se ofrecen argumentos específicamente destinados a sostener una u otra interpretación. Veamos a continuación algunos ejemplos. La primera resolución judicial que aplicó las normas de exclusión de responsabilidad de la LSSICE fue un auto de sobreseimiento provisional adoptado en unas diligencias previas por un delito de revelación de secretos contra el titular del sitio web ajoderse.com. Se trata del Auto de 7 de marzo de 2003 del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona. El sitio web en cuestión consistía fundamentalmente en una relación de unas pocas decenas de enlaces a sitios externos, bajo el rótulo de «Colección de links de Seca Nagra». La temática común a la mayoría de materiales enlazados era información sobre cómo eludir la codificación de señales de televisión de pago, ya mediante la difusión de las claves, ya por otras vías. Era poco menos que obvio que el titular del sitio había llevado a cabo una tarea de selección de sitios web en atención a su temática. Sin embargo, el auto decidió sobreseer las diligencias entendiendo que el titular del sitio web carecía de conocimiento «efectivo», puesto que no se habían dado las circunstancias del artículo 17.1.II, esto es, no constaba que se hubiera dictado previamente una resolución que hubiera declarado la 1111 ilicitud de los materiales enlazados. El auto señala en sus fundamentos jurídicos: «Que puede existir responsabilidad por la colección de hiperenlaces según el texto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que en su art. 17 establece la responsabilidad en que incurre un sitio web cuando sabiendo que un contenido es ilícito, se expone un enlace a una página declarada ilegal. Se precisaría el conocimiento efectivo por parte del proveedor de servicios de que la actividad o la información a la que remite el hiperenlace es ilícita. Pero aun cuando el prestador de servicios conozca la ilicitud de las páginas enlazadas, la Ley 34/2002 define lo que se entiende como conocimiento efectivo en el último párrafo de su art. 17.1: Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.»por tanto, al no haberse aportado a la causa prueba alguna de la que deriven indicios de existir una resolución del tipo al que se refiere el citado último párrafo del art de la Ley 34/2002, ni que el imputado como prestador de servicios conociera tal resolución, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de esta causa, por lo que al amparo del art de la LECr en relación con lo establecido en el art o de dicho texto legal procede decretar el Sobreseimiento Provisional de la misma, sin perjuicio de su reapertura si se aportaran nuevos datos que pudieran constituir indicios de la perpetración del delito.» 24 El auto rechaza, por tanto, la posibilidad de apreciar la existencia de conocimiento efectivo en el titular del sitio web obtenido por medios distintos de los previstos en el artículo 17.1.II, con independencia de la situación de conocimiento real que pueda tener el interesado, interpretando así el precepto en sentido restrictivo. 25 Otro ejemplo, éste de la jurisdicción civil, puede resultar ilustrativo de la interpretación cerrada de la noción de conocimiento efectivo. Se trata de la sentencia de la AP de Madrid (secc. 14.ª), de 20 de diciembre de En el sitio web se publicaron determinados artículos atentatorios contra el honor de la persona que había desempeñado anteriormente el cargo de gran maestro de la Gran Logia de España. Este sitio web se hallaba alojado en el conocido portal iespaña, que presta servicios de alojamiento web. Los datos de identificación del titular del sitio web eran falsos, por lo que se desconocía su verdadera identidad. El agraviado requirió por conducto notarial al proveedor iespaña poniéndole en conocimiento de la ilicitud de los contenidos publicados en el mencionado sitio web, identificando concretamente los artículos y exigiendo su retirada, requiriéndole además para que le indicara la verdadera identidad del titular del sitio web al efecto de poder ejercitar las acciones oportunas. El proveedor iespaña no procedió a la retirada de dichos contenidos y se limitó a advertir al propietario de la página, a través de un comunicado en la propia página web, que había recibido el requerimiento notarial que identificaba contenidos que podían ser atentatorios contra el honor. El ofendido presentó demanda por vulneración del derecho al honor contra iespaña alegando, en lo que aquí interesa, que dicho prestador de servicios era responsable, solidariamente con el desconocido autor de los contenidos, de haber permitido que los artículos permanecieran en el sitio web, aun después de haber recibido el requerimiento notarial y por tanto tener constancia de su ilicitud, y de permitir que se publicaran en el mismo nuevos artículos difamatorios. En su demanda invocaba expresamente el artículo 16 de la LSSI y alegaba negligencia por parte de la demandada. Ésta opuso que carecía de legitimación pasiva, ya que no podía retirar los artículos escritos por terceros por resultar contrario al derecho fundamental a la libertad de expresión; que aun sin estar obligada a ello comunicó la queja al autor de la página; y que mientras no recayera una resolución judicial que determinara que los artículos de opinión publicados eran ilícitos y ordenara su retirada, no se le podía exigir responsabilidad, en aplicación del artículo 16 LSSI. La sentencia de 5 de mayo de 2004, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Alcobendas, determinó que los contenidos publicados efectivamente lesionaban la dignidad del demandante y menoscababan su prestigio personal y profesional. El autor de los mismos, sin embargo, era desconocido. El registro del nombre de dominio lo había gestionado el propio proveedor iespaña ante un registrador de nombres de domino francés el 8 de abril de 2002, a favor del cliente que se había identificado con datos falsos. Dicho registro caducó un año después, y 24. El texto completo del auto puede consultarse en: [fecha consulta. 10/03/2007]. 25. Por otra parte, el auto parece considerar que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 17 LSSI para gozar de la exclusión, genera automáticamente responsabilidad, en virtud de una suerte de interpretación a contrario del precepto que ya hemos tenido ocasión de criticar más arriba. 1212 a la fecha de la sentencia el sitio web ya no se hallaba alojado en el portal iespaña. La sentencia de instancia desestimó la demanda considerando que la demandada quedaba exenta de responsabilidad en virtud del artículo 16 LSSI, ya que no había existido una previa declaración por el órgano competente de la ilicitud del contenido de la página web ordenando su retirada o imposibilitar el acceso a la misma, ni de la existencia de lesión del derecho al honor del actor. La sentencia razonaba además que no existía espacio alguno de impunidad, porque el ofendido podía haber acudido a lo dispuesto en el artículo 8 LSSI. El demandante recurrió en apelación, y la sentencia de 20 de diciembre de 2005, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14) confirmó la absolución de la demandada. De acuerdo con esta sentencia, «A los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, al igual que a los que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, sólo se les podrá hacer responsables en dos supuestos: cuando tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada o que es objeto de enlace o búsqueda, es ilícita o de que puede lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización y cuando, teniendo este conocimiento, no actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos; entendiéndose que el servidor conoce la ilicitud de esa información a la que presta un servicio determinado cuando el órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse, como dice el artículo 16; el legislador español, con el fin de no menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros valores ha optado por la no obligación de fiscalizar los contenidos por parte de los prestadores de servicios, si bien les impone un deber de diligencia, concretado, aparte de lo establecido en el artículo 16, en el artículo 11, que establece una serie de obligaciones en relación con los contenidos, y de colaboración con las autoridades públicas para localizar e imputar responsabilidad a los autores de actividades o contenidos ilícitos que se difundan por la Red o para impedir que éstos se sigan divulgando.»( ) Siendo evidente, y así viene a aceptarlo el actor en su recurso de apelación, que la responsabilidad de la demandada no puede surgir en aplicación del artículo 16 de la Ley 34/02, porque no había tenido conocimiento efectivo, en el sentido dado por el precepto, de que los artículos de opinión lesionaran el derecho al honor del actor y no venía obligada a retirar o imposibilitar el acceso a los artículos, so pena de convertirse en órgano censor vulnerador del contrato celebrado con el cliente y, de resolverse finalmente que no había existido vulneración del derecho al honor, en trasgresora del derecho a la libertad de expresión del referido cliente, e, incluso, había advertido al propietario de la página, a través de un comunicado en la propia página web, que había recibido una carta notarial por la publicación de documentos posiblemente atentatorios contra el honor del actor, ( )». 26 A la vista de estos razonamientos es claro que la sentencia lleva a cabo una interpretación cerrada o limitativa del artículo 16.1.II. Por otra parte, al igual que hiciera la sentencia de instancia, la Audiencia afirma que no hay un espacio de impunidad, porque el actor bien podía haber actuado los procedimientos a que se refiere el artículo 8 de la LSSI cuando tuvo conocimiento de la publicación del primer artículo. Parece, pues, que el tribunal se refiere a que el agraviado tenía la posibilidad de instar al órgano competente, en este caso judicial, para que ordenara la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos por vulnerar principios recogidos en el citado artículo 8. Es interesante, por lo demás, destacar que la sentencia recuerda que el Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 65.2 de la Ley 14/1966 de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta no es incompatible con la libertad de expresión consagrada en el artículo 20.1 de la Constitución, porque la responsabilidad civil solidaria, entre otros, del director del medio periodístico y de la empresa editora se justifica en la culpa in eligendo o in vigilando del editor o del director, dado que ninguno de ellos son ajenos al contenido de la información y opinión que el periódico difunda, pues el director puede vetar cualquier original, y a la empresa editora le corresponde la libre designación del director. 27 Añade sin embargo la sentencia de la Audiencia: «Ello no es equiparable al prestador de servicios y por ello mismo la Ley 34/02 opta por exonerarles de responsabilidad, con las salvedades aquí inaplicables, ya que es imposible controlar el enorme volumen de información que se introduce en los ISP y el prestador de servicios no puede equipararse a un editor porque es un mero distribuidor de la información; la equiparación que procede es editor-creador de la página web (aquí el cliente de la demandada); no la de editor-propietario del ordenador donde se aloja la información o editor-servidor. La proveedora de servicios demandada carecía de capacidad de decisión respecto de los contenidos de la página web creada y es extrema la dificultad para comprobar si los datos proporcionados por los clientes al contratar por contrato electrónico son ciertos o no lo son, de modo que no concurrían los requisitos exigidos por el artículo 1902 del Código Civil cuya aplicación pretende el apelante, ni resultaba aplicable la analogía.» Sentencia de 20 de diciembre de 2005 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14), recurso de apelación n.º 229/2005, ponente: Amparo Camazón Linacero. Fundamentos Jurídicos segundo y tercero. El énfasis es nuestro. 27. Cfr. SSTC 171/1990, FJ 3.º y 172/1990, FJ 7.º. 28. Sentencia de 20 de diciembre de 2005 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14), recurso de apelación n.º 229/2005, ponente: Amparo Camazón Linacero. FJ 4.º. 1313 Junto a estas interpretaciones de carácter cerrado, que entienden el texto de los artículos 16.1.II y 17.1.II como una definición de conocimiento efectivo, y consideran por tanto que éste sólo puede existir si se ha obtenido por las vías contempladas en dicho texto, se han dictado también resoluciones judiciales que admiten la posibilidad de apreciar la concurrencia de conocimiento efectivo sin que se hayan verificado las circunstancias del citado texto legal. En este sentido podemos citar dos casos. El primero es el de la SGAE contra la Asociación de Internautas. Se trata del procedimiento resuelto en Sentencia de 15 de junio de 2005, del Juzgado de 1.ª Instancia número 42 de Madrid, confirmada en apelación por Sentencia de 6 de febrero de 2006 de la Sección 19.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en la actualidad recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y pendiente de resolución. La Sociedad General de Autores y Editores y su presidente D. Eduardo Bautista formularon demanda de juicio ordinario contra la Asociación de Internautas por determinadas expresiones atentatorias contra el derecho al honor de los demandantes contenidas en una página alojada en los servidores de la Asociación. Los contenidos de dicha página web eran obra de la «Plataforma de Coordinación de Movilizaciones contra la SGAE». La página, ubicada en era un mirror de otro sitio web, perteneciente a aquella plataforma y no alojado en los servidores de la asociación. Se daba la circunstancia de que el nombre de dominio «putasgae.org» figuraba registrado a nombre de la asociación; sin embargo, ésta alegó que el verdadero titular era la mencionada plataforma, que había indicado un nombre falso en el registro del dominio, y en cuanto la asociación tuvo conocimiento de ello, conminó a la plataforma a rectificar ese dato. Aunque la asociación alegó su carácter de prestador de servicios de alojamiento, la sentencia de instancia argumentó del siguiente modo: «Lo cierto es que la demandada afirma, y ello sería en cualquier caso innegable que ha servido de mirror de los contenidos elaborados por la plataforma y que ofreció albergue a dicha plataforma para que publicara sus contenidos. Es indiferente pues que la demandada tuviera el dominio de la página a la que pertenece la dirección de Internet o que se limitara a una labor de prestación de servicios. En cualquiera de los casos habría de responder de los contenidos antes dichos pues si presta el servicio a la plataforma es responsable también de los contenidos de esta pues por el simple hecho de ser el prestador del servicio que presta el dominio o subdominio, como bien subrayó el Ministerio Fiscal adquiriría responsabilidad sino por dolo sí por negligencia al permitir utilizar en su dominio manifestaciones injuriosas pues si bien el representante legal de la asociación ha declarado que él no ejerce control sobre los contenidos, lo cierto es que el que presta un servicio ha de controlar lo que se publica en sus páginas pues si presta su dominio para que se publiquen unos contenidos también puede y debe impedir que se publiquen si son ilícitos, al menos civilmente como ocurre en este caso.» 29 La sentencia de instancia no hace referencia alguna a la LSSI, y entre otros pronunciamientos condena a la Asociación de Internautas a cesar en la perturbación en el derecho al honor de los actores, a suprimir las expresiones atentatorias contra el mismo, a indemnizar a cada uno de los actores con euros, y a publicar la sentencia firme que recaiga, además de al pago de las costas. La asociación recurrió en apelación y alegó entre otros argumentos infracción de la LSSI, norma que ya había invocado en la primera instancia. La sentencia de apelación afirma que la LSSI no excluye la aplicación de la otras normas, como la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, y concluye que: «la responsabilidad por las intromisiones en el honor, intimidad y propia imagen, no se ha de derivar sólo al autor de la información, sino también al intermediario, que soluciona los contenidos y los introduce en la red, poniendo a disposición de los usuarios una determinada información, ya sea en una página web, una base de datos o una lista de distribución, con la matización de que procede entender responsable al creador y el editor de la información, y a los proveedores de acceso y servicios sobre la base del efectivo conocimiento y la posibilidad técnica de control de la información». 30 Hecha esta afirmación, la sentencia vuelve a la cuestión de la discusión sobre la titularidad del nombre de dominio putasgae.org. Señala que el hecho de aparecer la asociación como registrante de dicho dominio, «cuando menos le obliga a articular prueba para destruir esa más [sic] presunción de titularidad, prueba que no articula, desde lo precedente y valorando lo que en la contestación a la demanda se indica en cuanto a que la [demandada] mantiene postura encontrada con la demandante en la materia referida a la remuneración compensatoria o canon por copia privada en los soportes digitales, diferencias que mantiene de forma activa, llegamos la plena convicción de la responsabilidad de la demandada en la denominación putasgae y en los contenidos a los que la demanda se refiere como atentatorios al honor de los demandantes» Sentencia de 15 de junio de 2005, del Juzgado de 1.ª Instancia número 42 de Madrid. Fundamento Jurídico 5.º. 30. Sentencia de 6 de febrero de 2006 de la Sección 19.ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Ponente: Nicolás Díaz Méndez). Fundamento Jurídico 7.º. El énfasis es nuestro. 31. Id., Fundamento Jurídico 7.º. 1414 Así, la sentencia parece llegar a la conclusión de que la demandada tenía conocimiento efectivo de los contenidos difamatorios, o incluso que realmente era autora o coautora de los mismos o bien que los hace propios al decidir darles alojamiento en su servidor. En el fundamento jurídico noveno la sentencia vuelve sobre esta idea indicando, «que las expresiones califican por sí ese carácter atentatorio al honor, sin que puedan venir amparadas en la tesis del reportaje neutral, y desde lo antes considerado en relación con la titularidad del dominio también indicado, y de lo expresado en orden a la responsabilidad también referida, pues se rompe la neutralidad cuando son varios medios los que difunden información o manifiestan expresiones con plena autonomía, sin que haya de demandarse a todos, máxime como [sic] en supuestos como el de autos en que se procede a recopilación para hacer propios los contenidos;» 32 En ningún momento la sentencia hace un análisis explicito sobre la concurrencia de los requisitos del artículo 16 LSSI. Simplemente, como hemos visto, indica que es necesario para la responsabilidad del intermediario que exista «efectivo conocimiento y posibilidad técnica de control», lo que parece que da por hecho al entender que la demandada ha hecho propios los contenidos. 33 Un segundo ejemplo que parece aceptar la línea de interpretación no limitativa de la noción de conocimiento efectivo es el Auto de la AP de Cáceres (secc. 2.ª), de 30 de octubre de El caso se refiere a la publicación de manifestaciones injuriosas en un foro de Internet. Se imputa al titular y administrador del foro la posible comisión de una o varias infracciones penales. El auto de la Audiencia no enjuicia el fondo del asunto, sino que resuelve la apelación presentada contra la desestimación de un recurso de reforma que pedía la nulidad del auto de 16 de marzo de 2006, dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Plasencia. La Audiencia confirma la desestimación recurrida y señala que en ese momento procesal se trata simplemente de comprobar si existen indicios racionales de la comisión de dichas infracciones penales. En lo que se refiere a la responsabilidad por las injurias, el tribunal parece admitir que el administrador pueda ser responsable en aplicación del artículo 30 del Código penal, como consecuencia del sistema de responsabilidad «en cascada». Advierte también que dicha responsabilidad podría quedar excluida en virtud del artículo 16 de la LSSI. En el caso concreto, el administrador procedió al borrado de los mensajes injuriosos, lo que a juicio de la Audiencia podría responder a que tenía conocimiento de su ilicitud, si bien también podría constituir el cumplimiento de la condición de retirar el material que se exige para conceder la exclusión de responsabilidad. El fundamento jurídico tercero del auto se expresa en estos términos: «Tercero. Se imputa al recurrente la comisión de un delito contra el honor del que sería autor al amparo de la regla de responsabilidad escalonada en relación con los delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos del artículo 30 del Código penal, al ser el titular y administrador del foro en el que se vertieron las expresiones ofensivas denunciadas.»el artículo 13.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico establece que "los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley", por lo que las reglas del artículo 30 del Código penal resultan en principio de aplicación.»no obstante, esa regla también debe entenderse limitada o matizada por lo expuesto en el artículo 16.1 de la Ley especial, que señala que Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o, b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.»si el imputado conocía o no el contenido de aquellos mensajes es una cuestión que no puede ser objeto de una decisión de fondo en el trámite que ahora nos ocupa, ya que exigiría una verdadera valoración de pruebas propia del juicio. Basta, como decimos, con la existencia de elementos indiciarios para la validez de la resolución impugnada, y el hecho de que los mensajes originales o iniciales fueran borrados incluso antes de la incoación de las diligencias penales puede ser compatible con el hecho de que el imputado conociera su contenido (aunque también con la diligencia a que se refiere el apartado "b" citado). Obviamente estos indicios no bastarán para su condena y habrán de ser corroborados por pruebas susceptibles de destruir la presunción de inocencia que constitucionalmente se le reconoce.» Id., Fundamento Jurídico 9.º. El subrayado es nuestro. 33. La sentencia, como indicábamos, se halla recurrida en casación, por lo que habrá que esperar a conocer la resolución que dicte el Tribunal Supremo, que constituirá una buena ocasión para sentar jurisprudencia acerca de la interpretación que deba darse al requisito del conocimiento efectivo para gozar de la exclusión de responsabilidad. 34. Auto de 30 de octubre de 2006, de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 2.ª, recurso 353/2006, ponente: Valentín Pérez Aparicio. 1515 El auto parece, pues, aceptar una interpretación no limitativa de la noción de conocimiento efectivo, por cuanto indica que cabe la posibilidad de que el imputado hubiera tenido dicho conocimiento a pesar de que no consta que hubiera una previa declaración de la ilicitud dictada por órgano competente. Parece dejar abierto también el tema de si la retirada fue o no diligente. El caso tiene un elemento añadido que lo complica un poco, y es que se imputa también al administrador un delito de desobediencia porque el agente de la Guardia Civil le ordenó que en tanto continuara la investigación no modificara ni alterara ninguno de los mensajes del foro, a pesar de lo cual el administrador imputado eliminó el foro tres días después. Se le imputa además un delito de encubrimiento, puesto que al suprimir el foro, eliminó también toda posibilidad de conocer las direcciones IP desde las que se enviaron los mensajes, haciendo así imposible la identificación de los autores directos, respecto de los cuales las actuaciones penales se sobreseyeron. A la vista de los casos expuestos, resulta clara la discrepancia entre distintas resoluciones judiciales a la hora de interpretar qué debe entenderse por conocimiento efectivo a los efectos de la aplicación de la exclusión de responsabilidad prevista en los artículos 16 y 17 LSSI. 35 No resulta fácil determinar qué opción interpretativa es la más correcta. De hecho, ambas lecturas presentan inconvenientes. Una interpretación abierta o no limitativa plantea la dificultad de la literalidad del texto legal, aunque no se trata de una dificultad insalvable, puesto que cabe interpretar gramaticalmente el texto como una serie de presunciones 35. Hallándose este trabajo en fase de pruebas de edición, se ha dictado una nueva sentencia a la que es obligado hacer referencia brevemente, dejando para una futura ocasión un análisis más detenido. Se trata de la sentencia núm. 184/2007, de 13 de septiembre de 2007, del Juzgado de Primera Instancia núm. 44 de Madrid. El objeto del conflicto en este caso son determinados contenidos del foro titulado «El Rey del Pollo Frito. Ramoncín», del sitio web alasbarricadas.org, que atentan contra el honor del demandante (Ramoncín). El cantante demandó al titular del sitio, solicitando que ciertas expresiones y fotografía presentes en el mismo se declararan intromisiones ilegítimas en su derecho al honor, se ordenara el cese de la perturbación suprimiendo tales contenidos, y se le condenara a la publicación a su costa de la sentencia y al abono de una indemnización de euros. La sentencia estima íntegramente las peticiones de la demanda, incluida la condena en costas. Conviene indicar que el sitio web cumplía sólo parcialmente con las obligaciones de identificación del art. 10 LSSI, puesto que si bien ponía a disposición de los usuarios una dirección de correo electrónico para contactar sobre cualquier cuestión relacionada con el mismo no indicaba la identidad del titular del sitio, ni tampoco su domicilio físico. Dicha identidad, sin embargo, podía averiguarse fácilmente en los datos del registro del nombre de dominio, en la base de datos pública Whois. Allí constaba también su domicilio al tiempo que el registro del nombre, aunque por haber cambiado posteriormente de domicilio, este dato ya no resultaba útil como tampoco los hechos objeto de la demanda. El interés de reseñar estos particulares reside en que la argumentación de la sentencia para declarar la responsabilidad del demandado se basa en una lectura conjunta de los arts. 16 y 10 LSSI, como veremos a continuación. Indiquemos antes que ambas partes consideran aplicable la LSSI, admitiendo pacíficamente que el sitio web tiene el carácter de prestador de servicios de la sociedad de la información (no se discute, por tanto, si su actividad es o no de naturaleza económica). Ambas partes admiten también que se trata de contenidos elaborados por terceros, lo que implica que resulte de aplicación el art. 16 LSSI. La sentencia, como indicábamos, considera que el art. 16 debe ponerse en relación con el art. 10, en el sentido de que las obligaciones de identificación previstas en este artículo deben considerarse como parte de la diligencia exigible para poder disfrutar de la exclusión de responsabilidad prevista en el art. 16. Argumenta la sentencia que si no constan los datos de identificación, no es posible que el ofendido ponga en conocimiento del demandado la presencia de los contenidos injuriosos. (Subyace en este discurso la idea de que la comunicación del ofendido al titular del sitio web sería suficiente para que éste obtuviera el conocimiento efectivo, esto es, una interpretación no limitativa del art II.) La discusión sobre si podría o no beneficiarse plenamente de la exclusión de responsabilidad un prestador de servicios que pusiera obstáculos a la obtención del conocimiento efectivo, impidiendo incluso la efectividad de los medios de obtención de dicho conocimiento previstos en el art II, me parece digna de atención y merecedora de un análisis más profundo del que es posible hacer en esta nota. Sin embargo, no me parece aceptable como criterio de decisión en el caso que nos ocupa, ya que si bien no constaban todos los datos de identificación, sí estaba a disposición del público una dirección de correo electrónico que permitía una comunicación directa con el titular del sitio. En un intento de salvar este escollo, la sentencia argumenta que el demandado tenía que haber probado en el juicio que dicha dirección era un medio de contacto eficaz: «Tampoco consta que la dirección de correo electrónico aportada fuese efectiva para contactar con él, limitándose genéricamente a alegar que es el medio habitual de contacto, pero no aportando prueba al efecto, como le compete una vez verificada la lesión de un derecho fundamental. Así, al invertirse la carga de la prueba bastaría con el que el demandado hubiese justificado mínimamente que se podía acceder a él con facilidad y de modo efectivo y que eran eficaces los medios que ponía a disposición de los usuarios para poder a su vez dar cumplimiento a su deber de diligencia, mediante prueba pericial o testifical objetiva» (Cfr. FJ 5). Esto parece un exceso desde todos los puntos de vista, puesto que la existencia de la dirección de contacto es admitida por el actor, que en ningún momento (por lo menos no en la demanda) objeta que dicha dirección no funcionara correctamente. No procede por tanto, reprochar al demandado no haber probado algo que el demandante no puso en cuestión. Por lo demás, la sentencia se extralimita de nuevo al añadir reproches de supuesta falta de diligencia del demandado que claramente van más allá de la diligencia suficiente para gozar de la exclusión de responsabilidad de acuerdo con el artículo 16, concretamente al indicar que el demandado «tampoco acredita o justifica la imposibilidad de contar con un moderador u otros filtros o que los contenidos se actualicen a diario o semanalmente, o las características de su sistema o aplicación informática de modo que se evite prolongar en el tiempo contenidos ilícitos o difamatorios». 1616 legales de concurrencia de conocimiento efectivo, que no impiden apreciarlo en situaciones distintas. Por otra parte, plantea el inconveniente de que la situación resultante pueda ser excesivamente gravosa para los operadores en términos de riesgo de ser declarados responsables, así como un posible efecto adverso para la libertad de expresión. Por su parte, una interpretación estricta o limitativa ofrece la seria dificultad de resultar contraria a la directiva, puesto que concede la exención a supuestos en que el titular tiene verdadero conocimiento de la ilicitud de los contenidos alojados. Mientras que la directiva dispone que la exclusión es inaplicable en todos los casos en que concurra conocimiento efectivo, la LSSI, interpretada en sentido limitativo, estaría estableciendo que mientras el conocimiento no se haya obtenido por las vías contempladas en el artículo 16.1.II, el hecho de tener conocimiento efectivo no será obstáculo para disfrutar de la exclusión de responsabilidad. Por lo demás, la tesis limitativa plantea el inconveniente de originar una inmunidad casi absoluta y convertir a menudo en ilusoria la posibilidad de obtener la reparación económica del perjuicio sufrido. Desde mi punto de vista, la necesidad de interpretar la ley española de conformidad con la directiva apoya la conclusión de que el artículo 16.1.II debe leerse en un sentido no limitativo, conclusión que por coherencia interna debe extenderse también al artículo 17.1.II. Debe tenerse presente, sin embargo, que el mero conocimiento material de la presencia de determinados contenidos no significa necesariamente «conocimiento efectivo de la ilicitud», cosa que probablemente sólo deba apreciarse en los casos en que la ilicitud resulte obvia. Y por otra parte, es preciso tener en cuenta que el hecho de que el prestador tenga conocimiento efectivo y no pueda beneficiarse de la exclusión de responsabilidad, no implica, como indicábamos más arriba, que se convierta necesariamente en responsable de los contenidos, sino que la atribución de responsabilidad dependerá de lo que establezcan las normas generales y especiales de nuestro ordenamiento que rigen la imputación de responsabilidad. En cualquier caso, si el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene ocasión de pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la recurrente y por el Ministerio Fiscal en el seno del procedimiento que enfrenta a la Sgae con la Asociación de internautas, podremos contar un sólido criterio para unificar la interpretación judicial en este campo en relación con la actividad de hosting, interpretación que probablemente se extenderá también al caso de la provisión de enlaces e instrumentos de búsqueda, a pesar de que la directiva no contempla, de momento, una exclusión de responsabilidad para estos supuestos. Cita recomendada PEGUERA, Miquel (2007). «Sólo sé que no sé nada (efectivamente) : la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI». En: «III Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Nuevas perspectivas» [monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 5. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]. <http://www.uoc.edu/idp/5/dt/esp/peguera.pdf> ISSN Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Así pues, se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor de esta obra y la fuente (IDP. Revista de Internet, Derecho y Política) y el uso concreto no tenga finalidad comercial. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es> 1717 Sobre el autor Doctor en Derecho, profesor de Derecho mercantil y de Derecho y nuevas tecnologías en la UOC. Entre otras publicaciones, es autor de la monografía La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet (Comares, 2007). En la actualidad, es visiting scholar en la Columbia University School of Law. 18 Mostrar más
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