Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4024-de-diciembre-10-de-1990?documento=jurcol&contexto=jurcol_861cb79c9a40485899d471fa561ca37b&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 01:54:37
Document Index: 379960621

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 60', 'artículo 71', 'in fine', 'artículo 2361', 'artículo 1568', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 23', 'artículo 1503', 'artículo 109', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 11', 'artículo 66', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 90', 'artículo 7', 'artículo 8']

﻿ Sentencia 2024 de diciembre 10 de 1990
SENTENCIA 4024 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1990
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. RELACIÓN ENTRE LA FALTA Y EL DESPIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DEMANDA DE NULIDAD DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 2024 de diciembre 10 de 1990
Rad.: 4024
José Mario Garrido Suárez mediante apoderado judicial demandó al Banco Cafetero, para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se le condenara a reintegrarlo al cargo que ocupaba cuando fue despedido injustamente, o a uno de igual o superior categoría, declarando que no ha habido solución de continuidad en la prestación de los servicios; así como los salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales, desde la fecha de su desvinculación hasta cuando se produzca el reintegro. En subsidio solicita el pago de la indemnización por despido injusto; la pensión establecida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961; la indemnización moratoria; “a pagar sobre las sumas que se reconozcan a favor del señor José Mario Garrido Suárez, el reajuste monetario y los costos financieros, desde cuando se hicieron exigibles las obligaciones y hasta cuando se efectúe su cancelación efectiva y total; y, las costas del proceso”.
Los hechos de la demanda los relató así el apoderado del actor:
“1. En la sucursal que el Banco Cafetero tiene en la ciudad de Armenia, fue incorporado el 25 de febrero de 1972 el señor José Mario Garrido Suárez. Su inquebrantable lealtad con la empresa le mereció varios ascensos que lo llevaron a ocupar posición preeminente en el área de sistematización de esa oficina. La conducta del empleado calificada como intachable en toda su travesía laboral fue de reconocimiento permanente por el banco que, cuando el empleado había traspasado el umbral de los doce años de servicios continuos, determinó su despido sobre la base de seudojusta causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo.
2. El día 13 de marzo de 1984 el señor Garrido Suárez fue citado a una diligencia de descargos por cuanto sus reducidos salarios habían sido objeto de embargo y otras solicitudes similares de diferentes despachos judiciales, cursaban en su contra. Explicados y justificados los (cargos) el patrono por carta 000357 de marzo 26 de 1984, tras calificar como graves las faltas que se le atribuyeron, concluyó con una llamada de atención.
Obsérvese que según el reglamento de trabajo la amonestación o lo que equivale a decir igual cosa, la llamada de atención, es una pena establecida para castigar las faltas leves (art. 72). Esta contradicción en la calificación del hecho y el quantum de sanción conviene destacarla para desenmascarar de una vez los designios patronales, como se verá más adelante.
3. Para el 16 de octubre de 1984 el empleador convocó a nueva diligencia de descargos al señor Garrido Suárez por tener su sueldo embargado y haberse (obligado como fiador solidario —sic—) en un pagaré suscrito a favor de la caja social de ahorros. Breves pero contundentes fueron las explicaciones a este nuevo citatorio, el definitivo para el patrono culminar el programa que con respecto al despido de Garrido Suárez, había iniciado en la diligencia de descargos y la calificación de la falta de meses atrás. De mentirosas fueron tildadas las respuestas al primer punto y por lo tanto incursó el señor Garrido en el artículo 60 del reglamento, ordinal 8º (ser verídico en todo) y de confeso, la explicación al segundo punto de los cargos. Estos hechos sumados a lo que sin ningún reato denominó reincidencia, el banco estimó elaborada la justa causa para prescindir de los servicios de su obsecuente servidor mediante la cancelación unilateral del contrato de trabajo, después de doce magníficos años de labores.
4. El señor José Mario Garrido Suárez fue sujeto de sanción en dos oportunidades por un mismo hecho a despecho del principio jurídico universalmente aceptado del non bis in idem. En efecto, en las dos diligencias de descargos descritas antes se le imputó el cargo de estar embargado su sueldo dentro del proceso ejecutivo promovido por Refugio del Socorro Ríos Álvarez y como prueba de esa imputación, en sendas ocasiones el banco exhibió el Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 emanado del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia. Violó el banco tan elemental postulado de derecho y sus propias normas, pues el reglamento de trabajo, artículo 71, ordinal 39, in fine, estipula que por cada falta solo se puede imponer una sanción.
5. El señor José Mario Garrido Suárez fue censurado por mentiroso y sancionado por esa causa. De haber concurrido esa conducta negativa sería imputable al despacho que conocía del proceso ejecutivo incoado por la señora Ríos Álvarez o al porpio (sic) banco toda vez que en el ajado Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983, soporte importantísimo para el patrono edificar la hipotética causa justa, se lee que el ejecutivo cursa contra José Mario Garrido Suárez y otra y el banco puso especial énfasis en que el proceso seadelataba (sic) contra el empleado mencionado y otro, como se expresó en la primera diligencia de descargos, o contra usted (Garrido Suárez, aclaramos) y la señora Emma Suárez, como se dice en la segunda citación a descargos.
6. En su afán de despedir al señor Garrido Suárez hurtándole sus legítimos derechos, el patrono confundió conscientemente la figura del contrato de fianza que describe el artículo 2361 del Código Civil, con la de las obligaciones solidarias que contiene el artículo 1568 ibídem, inciso 2º y por lo tanto el cargo deducido de haber otorgado solidariamente un pagaré con otros empleados del banco en favor de la caja social de ahorros, carece de legalidad, pues lo que sanciona ilegítimamente el artículo 63, ordinal 9º del reglamento de trabajo, es obligarse como fiador en cualquier forma que pueda comprometer su sueldo o salario en el futuro y no como codeudor, carácter que asumió el señor Garrido Suárez en esa operación comercial.
7. Es natural que se inculque y practique en las empresas el sentimiento de ayuda mutua, socorro y colaboración, pues esos son móviles que ligan a las personas y a estas con la organización, dentro de un leve asomo de administración humanista. En el Banco Cafetero se castiga y no de cualquier modo sino con la sanción más grave que es el despido, el altruismo y la solidaridad. El señor Garrido Suárez prestó ayuda a sus compañeros de trabajo Pablo Fernando Ruiz y Ferney Guzmán, colaboró con sus amigos al suscribir como codeudor una (sic) pagaré y por esa contribución lo despidió la empresa.
8. Vale la pena destacar que al señor José Mario Garrido se le otorgó por una corporación creada, dirigida y orientada por el Banco Cafetero, un préstamo para la compra de vivienda. La suma financiada no fue suficiente y los compradores del inmueble (los esposos Garrido) completaron su valor con el giro de una letra de cambio por $ 380.000 a favor de la vendedora del inmueble, título con el cual se adelantó la ejecución que sirvió de base para despedir al señor Garrido. En suma, el banco propició el estado deficitario a su empleado señor Garrido y luego lo juzgó y despidió por unas condiciones socioeconómicas desfavorables que originó en su trabajador y su familia.
9. Los capítulos XVII, artículo 63, ordinal 9º; capítulo XIX, artículo 66 ordinal 9º, del reglamento de trabajo del Banco Cafetero son violatorios de normas superiores. En esas normas se instituyó una capitis diminutio para sus trabajadores que no pueden obligarse civilmente. En el Banco Cafetero se prohíbe a sus colaboradores ser fiadores (no deudores solidarios, distinción de mucha trascendencia jurídica en el caso que nos ocupa como se dejó atrás explicado —numeral 6º—) y se sanciona como falta grave el hecho de que el sueldo les sea eventualmente embargado, en oposición a las posibilidades legales vigentes al respecto:
9.1. La Constitución Nacional, artículo 23, previene que en ningún caso podrá haber sanción por deudas u obligaciones civiles. Se protege allí la libertad individual por hechos que tienen como causa la capacidad obligacional de las personas, en los términos consagrados en el artículo 1503 del Código Civil. Estas normas tienen, además, la virtud de amparar la aptitud contractual y, desde luego, todas las situaciones jurídicas que emanen de esas facultades legítimas, como podría ser eventualmente un proceso ejecutivo que debe encararse por el aspecto pasivo. En oposición a esas normas, el Banco Cafetero prohíbe a sus empleados lo que la Constitución y la ley permiten con carácter general, es decir, erga omnes.
9.2. Afortunadamente el legislador previendo ese tipo de abusos, estableció que el clausulado del reglamento de trabajo que contraríe la ley, es ineficaz dado que vulnera los derechos del trabajador como persona y lo coloca en situación desventajosa no solo frente a la prepotencia del patrono, sino frente a los derechos inalienables consagrados en la ley. Resulta imperativo, pues, aplicar el artículo 109 del Código Sustantivo del Trabajo por concurrir en todo su esplendor el hecho fáctico previsto en esa norma. Como corolario de lo expuesto, carecía el banco de legitimidad jurídica para sancionar y despedir por los hechos que utilizó, al señor José Mario Garrido Suárez.
10. No es concebible, como lo expusiera con realismo conmovedor el señor Garrido Suárez en el agotamiento de la vía gubernativa, que se castigue con tanta insania a un empleado de un poderoso banco porque el salario que devenga no es suficiente para subvenir a sus necesidades primarias. Con mayor razón si los embargos se originaron en una situación financiera nacida del mismo patrono que involucró a su empleado en una solución aparente, artificial de vivienda con los resultados aquí examinados.
11. En la liquidación definitiva de prestaciones del señor Garrido Suárez, no incluyó el banco el valor de las horas extras y el valor de un mes de subsidio familiar. Por ello se hizo por el patrono la consignación de $ 23.998.09 en el Banco Popular. El impago de esas sumas da lugar a las indemnizaciones señaladas por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (salarios caídos), pero no solamente por el tiempo en que dejó de atenderse esa obligación, sino hasta cuando el juzgado despache estas pretensiones, pues el patrono debía cancelar lo retenido injustamente al trabajador despedido y reliquidar las prestaciones siempre y cuando el valor del trabajo suplementario omitido, por evidentísimas razones, constituía factor salarial y afectaba los cálculos para establecer el salario base de la liquidación.
12. Por haber sido despedido injustamente en una edad laboral de más de diez años y menor de quince, el banco debe reconocer la pensión de jubilación prevista en la ley al señor Garrido.
13. El demandante agotó la vía gubernativa con resultados negativos por virtud del silencio administrativo.
14. Tengo poder debidamente otorgado por el señor José Mario Garrido Suárez para iniciar y adelantar este proceso”.
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de apoderado, oponiéndose a las pretensiones del actor; aceptando parcialmente el hecho primero; respecto al segundo y tercero manifestando que se atiene a lo que se pruebe; diciendo que es falso el cuarto; respecto al quinto y al sexto manifestando que no son hechos, sino una apreciación del apoderado; en cuanto a los demás, a excepción del 13, diciendo que “son interesantes planteamientos y tesis jurídicas del señor apoderado del actor, que respeto pero que no comparto”, y proponiendo la excepción de inexistencia de las obligaciones.
Cumplido el trámite de la primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo de fecha 25 de agosto de 1987, resolvió:
“Primero. Condenar al Banco Cafetero legalmente representado por el señor José V. Vargas, o quien haga sus veces a pagar al demandante, José Mario Garrido Suárez, la suma de $ 1.796.588.66 moneda corriente por concepto de indemnización por despido injusto e ilegal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar a la demandada, Banco Cafetero, legalmente representado por el señor José V. Vargas, o quien haga sus veces la suma de $ 23.750.52 (sic), mensuales por concepto de pensión de jubilación vitalicia desde la fecha del despido, si para la fecha del mismo el actor tenía 60 años de edad o desde la fecha en que cumpla 60 años con posterioridad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Absolver a la demandada de los demás cargos incoados en su contra por el demandante.
Cuarto. Condenar en costas al Banco Cafetero, en favor del demandante. Oportunamente, tásense”.
Interpusieron recurso de apelación los apoderados de ambas partes, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 1990, decidió revocar en todas sus partes la de primera instancia, condenó a la parte actora a pagar las costas de primer grado y que no había lugar a ellas en la segunda instancia.
Recurrió en casación el apoderado del demandante. Concedido el recurso por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y de la réplica del opositor.
“Pretendo con los cargos formulados que esa honorable corporación case totalmente la providencia gravada antes identificada, y en su lugar, y en sede de instancia, revoque la de primer grado en cuanto condenó a la demandada al pago de la indemnización por despido y pensión sanción, la absuelva por estos conceptos, y en su lugar la condene a las peticiones principales de la demanda inicial, proveyendo sobre costas como corresponda.
En subsidio de lo anterior, solicito se case totalmente la providencia gravada, y en su lugar, se revoque la absolución de la a quo respecto de la indemnización moratoria, y en su lugar condene al banco demandado por este concepto y confirme las condenas fulminadas en los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia de primera instancia, proveyendo sobre costas de la segunda instancia como corresponda”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral el impugnador presenta un cargo, el que se estudiará a continuación.
Único cargo:
“Violación por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 2º y 11 de la ley de 1945; 1º del Decreto 797 de 1949; 18, 19, 28, 31, 33, 34, 36, 47g, 48-2, 48-8 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral; 252, 253, 254 y 262 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores manifiestos de hecho que condujeron al sentenciador a conclusiones contrarias a la realidad probatoria, con quebranto de los intereses de mi representado y con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia.
VI . Errores de hecho manifiestos:
Es evidente que al absolver al demandado el tribunal incurrió en los errores de hecho que aparecen de modo manifiesto en el proceso y que destaco así:
a) No dar por demostrado, estándolo, que el hecho que motivó la terminación del contrato de trabajo es extemporáneo;
b) No dar por demostrado, estándolo, que en relación con el Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 librado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, el demandante ya había sido sancionado disciplinariamente;
c) Dar por demostrado, sin estarlo, que al demandante le fue embargado el sueldo, por obligaciones propias durante más de tres períodos de pago;
d) Dar por demostrado, sin estarlo, que al demandante le fue embargado su sueldo durante más de cuatro períodos de pago como codeudor de una obligación;
e) Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante incurrió en una justa causa de terminación del contrato de trabajo.
1. Comunicación 247 de febrero 20 de 1984 dirigida por el actor a la demandada (fls. 12 y 13).
2. Acta de descargos de marzo 13 de 1984 (fls. 14 y 15).
3. Comunicación 357 de marzo 26 de 1984 (fl. 16) dirigida por la demandada al actor sobre ‘llamada de atención’.
4. Comunicación 698 de septiembre 21 de 1984 suscrita por el gerente regional de la demandada, dirigida al actor, citándolo a diligencia de descargos (fl. 20).
5. Diligencia de descargos de octubre 16 de 1984 (fl. 24).
6. Certificación suscrita por el Juez Primero Civil del Circuito de Armenia (fl. 172).
7. Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 suscrito por el Juez Primero Civil del Circuito de Armenia (fl. 17).
8. Carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 25 y 26).
9. Reglamento interno de trabajo (fls. 45 a 79).
10. Convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato y el Banco Cafetero el 26 de junio de 1972 (fls. 144 a 160).
B. Interrogatorio del demandante (fls. 121 a 123).
C. Inspección judicial (fls. 124 a 141 y 186 a 191).
Pruebas inapreciadas:
1. Convención colectiva de trabajo suscrita entre el Banco Cafetero y el sindicato de sus trabajadores el 23 de septiembre de 1978 (fls. 145 a 171).
Consta en el expediente (fls. 12 y 13) que en el mes de febrero de 1983 al demandante le fueron formulados cargos disciplinarios por la demandada, entre otros hechos por ‘haber recibido la entidad, para embargo de su sueldo, el Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia para el proceso ejecutivo de Refugio del Socorro Ríos Álvarez contra usted y otro’. Por tal hecho se practicó la ‘diligencia de descargos’ que aparece a folios 14 y 15 del expediente, lo que condujo a la imposición de una sanción disciplinaria al actor consistente en una simple ‘llamada de atención’, tal como aparece acreditado a folio 16.
Posteriormente, siete meses después, la demandada vuelve a citar a descargos al actor el día 21 de septiembre de 1984 (fl. 20), por el mismo hecho relativo al embargo del sueldo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia a que se refería el Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983.
Estos documentos fueron erróneamente apreciados por el fallador por cuanto, en primer lugar, había transcurrido desde la ocurrencia de los hechos imputados hasta la última citación a descargos, aproximadamente un año, por lo que es evidente que respecto de ese hecho, al terminar la demandada el contrato de trabajo de mi mandante, lo hizo con notoria extemporaneidad. En segundo lugar, como consta en el documento de folio 16 del expediente, como el Banco Cafetero ya había sancionado disciplinariamente con llamada de atención al actor en relación con el referido embargo, no podía terminar su contrato de trabajo aduciendo esa causa, so pena de violar el principio del nom bis in idem. Todo lo anterior demuestra adicionalmente una actitud contradictoria de la demandada al considerar primeramente que la conducta del demandante en relación con el embargo ameritaba simplemente una llamada de atención, y posteriormente, por ese mismo hecho intrascendente da por terminado su contrato de trabajo casi un año después.
El tribunal apreció el reglamento interno de trabajo de la demandada (fls. 45 a 71), especialmente en el artículo 66 que regula las faltas graves en que pueden incurrir los trabajadores. Dicho reglamento considera como falta grave en el numeral 6º del artículo 66 ‘ser embargado su sueldo por obligaciones propias durante más de tres períodos de pago; o durante más de cuatro cuando figure como codeudor de la obligación (...)’ (fl. 60).
Según el tribunal, el demandante al presentar sus descargos y al absolver el interrogatorio de parte confesó la existencia de un proceso ejecutivo adelantado en su contra por la señora Refugio del Socorro Ríos; afirma también el fallador que lo anterior está corroborado con la certificación de folio 172 expedida por el Juez Primero Civil del Circuito de Armenia, por la diligencia de descargos de marzo 13 y por la inspección judicial en la que se incorporó el prenombrado Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 librado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia. Salta a la vista que las pruebas anteriormente relacionadas fueron erróneamente apreciadas por el fallador por cuanto de ellas no emerge el embargo del sueldo del demandante `por obligaciones propias’, ni mucho menos que ese embargo se haya prolongado durante ‘más de tres períodos de pago’, como lo exige perentoriamente el reglamento de trabajo, para que tal conducta se erija en una falta grave. En efecto, brilla por su ausencia toda prueba en esos sentidos. Si bien es verdad que en desarrollo de un proceso ejecutivo antiguo el sueldo del demandante fue alguna vez embargado, no consta que haya sido por obligaciones propias, ni obra en el expediente la prueba del embargo del sueldo durante cuatro meses o más. La parte demandada se limitó a probar el embargo de antaño, pero no se preocupó por acreditar que efectivamente dicha medida cautelar había afectado el sueldo del trabajador durante el lapso señalado en el reglamento, lo cual podría haberse hecho, si en verdad el hecho hubiese ocurrido, con las nóminas o con la certificación de la autoridad competente. No se puede tener como prueba de este hecho el Oficio 1049 de noviembre 22 de 1983 (fl. 22), porque este lo único que acredita es que en aquella época se ‘decretó el embargo de la quinta parte del sueldo’. Así mismo, tampoco demuestra la duración del embargo la certificación de folio 172 emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia y apreciada por el tribunal, por cuanto esta lo que acredita es que se adelantó un proceso ejecutivo contra el demandante y la señora Emma Suárez de Garrido, que esta fue desvinculada del mismo, pero no consta en ella que el sueldo del demandado haya estado afectado por un embargo durante el período exigido por el reglamento de trabajo.
El error del tribunal fue considerar que bastaba con el proceso ejecutivo y el embargo antiguo para configurar la falta grave, cuando en verdad la conducta tipificada en el reglamento exige otros supuestos como los de que se trate de obligaciones propias y el embargo por más de tres períodos de pago, lo que, se repite, no se demostró en el proceso.
Con todo lo anterior, es realmente protuberante el dislate fáctico en que incurrió el tribunal, por haber apreciado tan equivocadamente las pruebas anteriormente enlistadas, que de no haberlo hecho, no lo habrían conducido a tan manifiestas errores (sic) de hecho que lo condujeron a aplicar indebidamente las disposiciones citadas en la proposición jurídica. Si el tribunal hubiera apreciado correctamente ese acervo probatorio habría colegido que por no estar demostrados los presupuestos esenciales de la falta grave reglamentaria, el demandante no incurrió en ninguna justa causa de terminación del contrato, por lo que dada su antigüedad en el servicio, la nimiedad de la imputación formulada, la ausencia de incompatibilidades procedía la aplicación del artículo 11 de la covención colectiva de trabajo celebrada el 23 de mayo de 1978 (fls. 104 y 105), inapreciada por el ad quem.
Por lo demás, cabe agregar que aun cuando el tribunal solo dio por establecida la conducta antes mencionada, las demás faltas imputadas al actor en la carta de terminación del contrato tampoco fueron demostradas en el proceso.
Por lo anteriormente expuesto considero que no solo está debidamente probado el yerro fáctico protuberante del sentenciador, sino que además se cometió por la demandada una flagrante injusticia al terminar el contrato de trabajo de un trabajador eficiente y honesto que había prestado sus servicios durante varios años a la entidad bancaria, todo ello pretextando una presunta falta intrascendente y que no logró demostrar en el proceso, por lo que solicito respetuosamente se acceda a lo impetrado en el alcance de la impugnación”.
El opositor replica al respecto:
“1. Contra la sentencia dictada por el honorable Tribunal Superior de Bogotá, en este proceso, el recurrente formula en su demanda de casación un cargo único en el que acusa la aplicación indebida por vía indirecta de los artículos 2º y 11 de la Ley 6ª de 1945; 1º del Decreto 797 de 1949; 18, 19, 28, 31, 33, 34, 36, 47g, 48-8 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral; 252, 253, 254 y 262 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores manifiestos de hecho que condujeron al sentenciador a conclusiones contrarias a la realidad probatoria, con quebranto de los intereses de mi representado y con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia, según lo expone la formulación del mismo.
Tales errores están enunciados en los siguientes términos: A continuación el opositor transcribe del literal a) al e) del folio 8 de la demanda, y sigue diciendo:
A continuación de esos errores relaciona el recurrente las pruebas que, en su concepto, fueron erróneamente apreciadas por el tribunal, al igual que las que considera se dejaron de examinar.
2. Antes de explicar las razones de la réplica al cargo, tendiente a demostrar que el sentenciador no incurrió en las violaciones de la ley que denuncia, es pertinente tener en cuenta lo que ha expuesto esa honorable corporación sobre la obligación que tiene el recurrente de criticar la totalidad de los medios probatorios que sirvan de soporte al fallo que impugna, para que el ataque formulado no resulte ineficaz.
Dijo esa honorable Sección Primera, en sentencia de 29 de enero de 1988 (Exp. 1681, Jorge Enrique Rangel Hinestroza contra Instituto de Beneficencia y Lotería de Boyacá y Lotería de Cundinamarca. Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio): Seguidamente el opositor transcribe apartes de la mencionada sentencia, así como de la de 17 de agosto de 1989, expediente 3260, Wilson Albeiro Esquivel Pacheco contra Frutera Colombiana S. A. Fruco. Magistrado Ponente doctor Hernán Guillermo Aldana Duque; y la de octubre 6 de 1989 en el proceso de Mario Valencia Ramírez contra el Banco Cafetero, Radicación 3358, Ponente doctor Hernán Guillermo Aldana Duque, y sigue manifestando.
Las jurisprudencias transcritas son perfectamente aplicables al presente caso, y así lo puede establecer la honorable Sala al examinar la sentencia recurrida, en la cual encontrará que el juez de segunda instancia, para absolver al banco, no solamente tuvo en cuenta las pruebas que el cargo denuncia como erróneamente apreciadas (la comunicación 247 de febrero 20 de 1984 dirigida por el actor a la demandada, el acta de descargos de marzo 13 de 1984, la comunicación 357 de marzo 26 de 1984 dirigida por la demandada al actor sobre ‘llamada de atención’, la comunicación 698 de septiembre 21 de 1984 citándolo a diligencia de descargos, la diligencia de descargos de octubre 16 de 1984, la certificación suscrita por la Juez Primera del Circuito de Armenia, el folio 1049 de noviembre 22 de 1983 suscrito por el mismo funcionario, la carta de terminación del contrato de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, la convención colectiva suscrita entre el sindicato y el Banco Cafetero el 26 de junio de 1972, el interrogatorio de parte del demandante y la diligencia de inspección judicial), sino también el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada y el contrato de trabajo existente entre las partes.
Lo anterior significa que, al no haberse atacado el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del banco y el contrato de trabajo, la Corte tendría de suponer que esas pruebas por sí mismas serían suficiente sustento de la decisión. Por esta razón el cargo resulta ineficaz.
3. Si se aceptara, en gracia de discusión, que no fuere indispensable atacar en el cargo las pruebas aludidas, llegará la honorable Corte necesariamente a la conclusión de que no incurrió el tribunal en error manifiesto de hecho alguno, al dictar la sentencia recurrida.
Lo anterior porque, según también lo ha explicado esa honorable Sala, para que pueda demostrarse con éxito la circunstancia de haber incurrido el fallador en errores de hecho que puedan ser calificados como evidentes, manifiestos u ostensibles, y que conduzcan al quebranto de la decisión, tales yerros deben ser de tal magnitud que la conclusión de la providencia recurrida resulte contraevidente al cotejarla con lo que la prueba muestre. Sobre el particular dijo esa honorable Sala de Casación Laboral, en sentencia de 26 de agosto de 1988, proceso de Carlos E. Pérez Parra contra Julieta Mejía de Corredor, Radicación 1432, Magistrado Ponente doctor Ramón Zúñiga Valverde. De esta sentencia transcribe el aparte pertinente. Igualmente transcribe apartes de la sentencia de 15 de mayo de 1989, radicación 2970 en la que fue ponente el doctor Jorge Iván Palacio Palacio y continúa:
4. Al examinar los errores de hecho que denuncia el cargo, se establece que ninguno de ellos aparece de modo manifiesto en los autos.
Es así como, en relación con el primero de ellos, en la diligencia de descargos verificada el 16 de octubre de 1984, se demuestra que el señor José Mario Garrido Suárez solicitó al banco plazo hasta fin de ese mes para presentar el desembargo e igualmente manifestó en esa fecha que si el señor Ruiz Castaño no atendía la obligación con la caja social de ahorros, tendría que hacerse cargo de la deuda. Si la terminación del contrato tuvo lugar el 26 de octubre de 1984, según comunicación que obra a folio 25 del expediente, no puede argumentarse seriamente que los hechos que motivaron la terminación del contrato hayan sido extemporáneos.
Hay que anotar que la carta de terminación del contrato relaciona varios embargos y hace referencia al proceso ejecutivo instaurado por la señora Refugio del Socorro Ríos Álvarez únicamente para expresarle al demandante que no es cierto que sea su esposa la deudora de la obligación. Por otra parte, en la diligencia de descargos de 13 de marzo en la que se mencionaba el proceso ejecutivo de la citada señora Ríos Álvarez, el actor manifestó que la deuda contraída con ella había sido cancelada con dos letras por valores de $ 180.000 y $ 200.000. Lo anterior significa que si para el 26 de octubre continuaba vigente el proceso ejecutivo tantas veces mencionado, se trataba de una situación completamente diferente a la solucionada el 13 de marzo del mismo año. De todo lo anterior resulta no ser cierta la afirmación de haber sido despedido el trabajador por el mismo hecho que había originado anteriormente una llamada de atención, circunstancias estas en las que se hace constituir el segundo de los errores manifiestos de hecho.
También está demostrado en el proceso, según se establece en las diligencias de descargos que obran en el mismo, en los oficios remitidos por los distintos juzgados civiles y, especialmente, en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, que a este le fue embargado el sueldo por obligaciones propias durante más de tres períodos de pago y por más de cuatro como codeudor de obligaciones.
Debe anotarse que en el numeral 9º del artículo 66 del reglamento interno de trabajo del Banco Cafetero cualquiera de las dos situaciones se encuentra calificada como falta grave sin que la norma exija la ocurrencia simultánea de ambas para que se configure la violación.
De todo lo anterior resulta que el tribunal no erró al dar por demostrado que el demandante incurrió en una falta, que por estar calificada como grave en el reglamento, constituye justa causa de terminación del contrato de trabajo.
Independientemente de las impropiedades técnicas del cargo y de la inexistencia de los errores manifiestos de hecho relacionados en el mismo, lo cierto es que el sentenciador de segunda instancia no aplicó en forma indebida los artículos 2º y 11 de la Ley 6ª de 1945; 1º del Decreto 797 de 1949; 18, 19, 28, 31, 33, 34, 36, 47-g, 48-2 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral; 252, 253, 254 y 262 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, los artículos 18 y 19 del Decreto 2127 de 1945 no pudieron ser aplicados indebidamente por el sentenciador, puesto que en el proceso no se discutió que entre las partes se hubiesen estipulado condiciones que pudieran desmejorar la situación del trabajador ni tampoco que se hubieran dejado de incorporar en el contrato cláusulas de convenciones colectivas y normas del reglamento interno de trabajo del banco.
Otro tanto se puede decir en relación con los artículos 28, 31, 33, 34 y 36 del mismo Decreto 2127 de 1945, pues tales normas se refieren a las obligaciones especiales del trabajador, al contenido y publicidad del reglamento interno de trabajo, a la nulidad de las cláusulas reglamentarias que desmejoren las condiciones del funcionario y a las modificaciones de los reglamentos aprobados, provisional o definitivamente. Si se analiza la demostración del cargo que plantea el recurrente, en parte alguna de la misma aparece una crítica a la validez de las normas contenidas en el reglamento interno de trabajo del banco, ni a la publicidad del mismo, que dicho sea de paso fue establecida cabalmente por el juez de primera instancia. En cuanto a la violación del artículo 28, parece entenderse (pues ello tampoco está explicado en el cargo) que, en concepto del recurrente a la obligación que tiene el trabajador de dar cumplimiento a las disposiciones del reglamento de trabajo; sin embargo, esto es una simple especulación, ya que en la demanda de casación no se explica en qué forma se habría producido la aplicación indebida del mencionado artículo 28.
El literal g) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, fue aplicado correctamente por el sentenciador de segunda instancia, toda vez que al hacer las correspondientes consideraciones determinó que las causales invocadas por el banco para finalizar en forma unilateral el contrato de trabajo, estaban respaldadas jurídicamente y configuradas desde el punto de vista fáctico por las pruebas aportadas.
El ordinal 2º del artículo 48 del mismo Decreto 2127 no fue aplicado por el tribunal, ya que las circunstancias que tal norma prevé nada tienen que ver con los hechos invocados por el banco para la terminación del contrato. Por tal razón es incorrecto afirmar que la norma fue aplicada indebidamente por el ad quem.
En cuanto al ordinal 8º del artículo 48, debe anotarse que en él se expresa que es justa causa de terminación del contrato de trabajo, por parte del patrono, cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones previstas en los artículos 28 y 29 del mismo decreto, así como cualquier falta grave calificada como tal en los reglamentos internos de trabajo, conclusión a la que llega el sentenciador de segunda instancia sin que pueda establecerse aplicación indebida de la norma en cuestión. Lo mismo podría decirse del artículo 51 puesto que, por haber terminado el contrato en forma legal y justificada, no hay lugar a la indemnización de perjuicios que esa disposición legal contempla.
Y finalmente, los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral; y 252, 253, 254 y 262 del Código de Procedimiento Civil, fueron aplicados de manera correcta por el tribunal, pues analizó todos los elementos de juicio allegados en tiempo y formó su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito.
En conclusión, es acertado el análisis de las pruebas hecho por el sentenciador de segunda instancia, siendo inexacta la afirmación de haber sido ellas mal apreciadas. Entonces, si se acusa la mala apreciación de las pruebas estando establecido que ellas fueron debidamente analizadas y valoradas por el tribunal, el cargo pierde toda su eficacia por no originar el examen acertado de los medios instructorios yerro fáctico alguno.
Por las razones anteriores reitero mi solicitud en el sentido de que esa honorable corporación no case la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 16 de marzo de 1990”.
Si bien es cierto que debe existir una relación de causalidad entre el instante del despido y la fecha en que el trabajador incurrió en la comisión de la falta en que se basó el patrono para tomar tal determinación, no lo es menos que este puede aducir otros motivos considerados como justas causas legales para dar por terminado el contrato de trabajo, así como en el reglamento de trabajo, la convención colectiva, el pacto colectivo o el contrato de trabajo, sin que pueda decirse válidamente que lo distante de algunas de estas faltas, existiendo una principal cercana, tornen esa decisión en arbitraria pues al contrario es acertada esa relación cuando se pretende demostrar la mayor gravedad de esta última en razón a la conducta reiterada del trabajador y su renuncia a corregirla, siendo cosa bien distinta que la determinación de dar fin a la relación de trabajo por parte del patrono se funde únicamente en motivos lejanos en el tiempo o no considerados como graves. Igualmente nada impide al patrono tomar la resolución de terminar la relación laboral amparándose en el mismo motivo por el cual anteriormente sancionó o llamó al orden al trabajador cuando quiera que este persista en la misma actitud constitutiva de justa causa para dar término al contrato de trabajo.
Hecha la anterior precisión encuentra la Sala que no se configura de manera evidente el primero de los yerros atribuidos al ad quem por el recurrente pues del examen del escrito que dirigió el banco al trabajador comunicándole la terminación del contrato de trabajo surge que la demandada fundó su decisión en dos hechos, el primero de ellos consistente en tener el actor un proceso ejecutivo vigente en su contra no obstante haber recibido por el mismo motivo un llamado de atención al estar prohibida y ser considerada esa conducta como falta grave en los artículos 63, numeral 9º y 66, numeral 9º del reglamento de trabajo y, el segundo hecho se refiere a que el banco recibió el Oficio 808 de agosto 3 de 1984 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia que ordena el embargo de la quinta parte del sueldo del demandante y otros empleados. De otro lado, conforme a lo anteriormente expuesto queda también desvirtuada la existencia del segundo error señalado al tribunal dado que este no desconoce el llamado de atención hecho al trabajador por el primer motivo anotado, o sea el relacionado con el embargo inicial de salarios.
Ahora bien, en lo que atañe a los errores de hecho tercero y cuarto atribuidos por el censor a la sentencia de segunda instancia encuentra la Sala que no se evidencian de modo manifiesto, pues respecto del tercero aparece en autos el haber cursado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia un proceso ejecutivo adelantado en contra del trabajador despedido y su esposa por concepto de una obligación contraída en común a favor de Refugio del Socorro Ríos Álvarez, y así lo reconoce el mismo demandante en la diligencia de descargos de 13 de marzo de 1984 (fls. 14 y 15, cuaderno principal), proceso que además se encontraba vigente al momento del despido según se desprende de certificación del juzgado antes mencionado obrante a folio 172 del cuaderno principal. No es visible tampoco que el tribunal haya incurrido en el dislate atribuido por el censor de haber dado por demostrado el embargo del salario del extrabajador durante más de cuatro períodos de pago como codeudor de una obligación, pues de manera un tanto diferente aparece demostrado en la sentencia de segundo grado la obligación de este como codeudor o fiador solidario respecto del pagaré 0045303 a favor de la caja de ahorros por saldo de $ 324.854 (fl. 231, cuaderno principal) que dio mérito al cobro judicial en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, hecho aceptado por el demandante en el acta de descargos de fecha 16 de octubre de 1984 siendo ratificado además por el Oficio 808 del juzgado antes mencionado de fecha 3 de agosto de 1984 que ordena el embargo del salario de José Mario Garrido Suárez y otros trabajadores del banco, oficio que anexó la demandada en el llamamiento a descargos del actor de fecha septiembre 21 de 1984 (fls. 20 a 23 y 131 cuaderno principal).
Por otra parte, en referencia al último error de hecho indicado por el recurrente advierte la Sala que no aparece ostensible, incluso su existencia se controvierte por lo anteriormente expuesto, más aún, cuando la conducta del trabajador a simple vista se subsume en lo previsto por las normas del reglamento de trabajo (fls. 45 a 79, cuaderno principal) citadas y la cláusula 5ª, numeral 6º, de la convención colectiva de 1972 (fls. 144 a 160, cuaderno principal).
Además de lo anterior, la demanda de casación parece planteada de manera equivocada al no contener una conexión precisa entre el alcance de la impugnación y los errores de hecho en ella atribuidos al ad quem ya que, en relación a estos últimos omite señalar la supuesta equivocación del tribunal al no condenar al reintegro del trabajador, sin tener en cuenta el recurrente que se trataba de una de las peticiones de la misma, contraviniendo de esta forma lo dispuesto por el artículo 90, literal B del Código Procesal del Trabajo y el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Por último, encuentra la Sala que en la proposición jurídica no aparece señalado el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 consagratorio del derecho a la denominada pensión sanción reclamado por el recurrente en el alcance de la impugnación cuando pide subsidiariamente se confirme la sentencia del a quo.
En suma, no está llamado a prosperar el cargo por no aparecer demostrado ninguno de los yerros atribuidos a la sentencia de segundo grado, además de estar planteado de manera equivocada el único cargo propuesto y en parte el no encontrarse integrada correctamente la proposición jurídica del mismo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa (1990), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el juicio promovido por José Mario Garrido Suárez contra el Banco Cafetero.
Magistrados: Manuel Enrique Daza Álvarez—Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde.