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Timestamp: 2018-05-28 01:40:46
Document Index: 5138192

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 46', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 73', 'artículo 14', 'artículo 73', 'in fine', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Sesiones 79ª, 80ª, 81ª y 82ª, empalmadas, en martes 13 de enero de 2015
(De 10:21 a 11:59)
--Se abrió la sesión a las 10:21, en presencia de 31 señores Senadores.
Con los que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de las materias que se señalan a continuación:
1.- Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).
2.- Proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín Nº 9.326-07).
3.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica (boletín N° 9.287-06).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín Nº 9.326-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--En virtud del acuerdo de los Comités, queda para la tabla de la sesión especial de día de hoy citada con ese objetivo.
Boletín N° 8859-04
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 59ª en 2 de octubre de 2013.
Sesiones 76ª, en 3 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusión); 77ª, en 4 de diciembre de 2013 (se aprueba en general); 77ª y 78ª, en 6 y 7 de enero de 2015 (queda pendiente la discusión particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 2 del boletín comparado, donde se encuentra la enmienda introducida al inciso segundo del artículo 2º.
En la sesión anterior se produjo buena parte del debate sobre dicha modificación.
En lo concreto, la Comisión de Hacienda enmendó lo propuesto por su par de Educación, sugiriendo remplazar la frase "para recibir aportes del Estado" por las expresiones "para recibir aportes regulares del Estado para su operación y funcionamiento".
La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosigue la discusión particular.
Senadora señora Lily Pérez, ¿usted pidió la palabra?
La señora PÉREZ (doña Lily).- Sí, señora Presidente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- De cinco.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Estamos en la fundamentación de voto ya?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Todavía no se ha puesto en votación la modificación propuesta.
Puede argumentar ahora y, cuando se vote, podrá fundamentar por otros cinco minutos.
La señora PÉREZ (doña Lily).- De acuerdo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, todos los trabajos y estudios que hemos estado analizando desde hace muchos años han demostrado siempre que las primeras etapas de la vida -las edades que aborda este proyecto de ley- son fundamentales en la formación y en la captación del conocimiento de las personas y, por ende, cruciales en el desarrollo del individuo. De hecho, su impacto se verá reflejado no solo en las etapas siguientes de la vida escolar, sino en todos los aspectos de la existencia.
Me alegro que estemos abordando en el Senado este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, y que el Gobierno haya calificado su urgencia de "discusión inmediata".
Se trata de una iniciativa que se originó en un mensaje del Presidente Piñera, y ha seguido su curso legislativo un poco lento, para mi gusto, por la importancia que la materia implica. Sin embargo, ello ha permitido efectuar varias jornadas de reflexión y escuchar en el Congreso a varios expertos y a distintos Senadores y Senadoras, quienes han manifestado sus particulares visiones sobre el asunto.
A mi juicio, este proyecto sí apunta a la calidad de la educación. En efecto, al entregar reglas claras, respaldadas por ley, acerca de algo tan importante como la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia que cuenten con reconocimiento oficial, mediante lo cual se asume la responsabilidad de conducir la formación inicial de niños y niñas tan pequeños, se da la oportunidad de hablar de calidad, y no de cualquier calidad, considerando la importancia de la educación en esa etapa de la vida, como lo mencioné hace un momento.
Si a eso agregamos la iniciativa de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, que también viene del Gobierno anterior y que igualmente fue mantenida por la actual Administración, quiere decir que estamos avanzando, sin duda, en el sentido correcto. Si bien muchos opinamos que el Estado no debe crecer excesivamente, en un tema de tanta envergadura como la educación más temprana no tenemos que escatimar esfuerzos para lograr normativas adecuadas, las que serían letra muerta si no contamos con estructuras correspondientes para su aplicación y control eficiente. Es decir, no requerimos un Estado gigantesco, pero sí uno vigoroso en la fiscalización de las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones que otorgan educación parvularia.
Por otra parte, considero muy importante que, una vez que entre en vigencia esta futura ley, el Ministerio de Educación realice una muy buena difusión de carácter masivo para que los padres, antes de inscribir a sus hijos e hijas en un jardín infantil o en el nivel de transición, estén informados de si el establecimiento elegido cuenta con las autorizaciones respectivas que acrediten su funcionamiento legal. Si los padres no se hallaran informados, a poco andar podrían enterarse de la clausura del establecimiento por no cumplir con el marco legal que aquí estamos abordando.
En otras palabras, es muy relevante no solo la información a la que deben acceder los padres y apoderados, sino también la realización de campañas masivas para crear conciencia, masa crítica, respecto de las disposiciones que regularán el quehacer de los establecimientos educacionales en esa etapa de la formación de los niños y las niñas.
Finalmente, señora Presidenta, me parece que los plazos propuestos en el proyecto para la regularización de los jardines infantiles son un poco largos, ya que permiten -cuando deberían impedirlo- que varias generaciones de niños y niñas permanezcan en establecimientos que no cuentan con las características y los requisitos, tanto de personal como de infraestructura, exigidos en esta futura ley. Me habría gustado que se fijaran plazos más cortos en pro de los cientos de niños que en estos momentos se hallan en jardines que, a lo mejor, no cumplen con las condiciones mínimas para asegurar un buen servicio.
Con todo, la seguridad de nuestros niños debe basarse en que reciban no solo una formación adecuada, sino también el trato apropiado, uno que se encuentre absolutamente exento de problemas que afecten su integridad física, psíquica y emocional.
Gracias a muchos proyectos de ley que hemos sacado adelante, a mi juicio, logramos complementar ambas cosas: una buena conformación de entidades que¿
Redondee la idea.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Gracias, señora Presidenta.
Decía que la iniciativa buscaba asegurar, por una parte, calidad de educación, buenos establecimientos preescolares, información debida a los padres y apoderados y, por otra, entrega de regulación para que los niños y las niñas no corran ningún tipo de riesgo en su integridad física, psicológica y emocional.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Dado que hemos llegado a la hora de término de esta sesión, vamos a proceder a ponerle fin y a abrir la siguiente.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para plantear un punto de Reglamento.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, deseo entender el procedimiento.
¿Vamos a empalmar esta sesión con la que se inicia a las 10:30?
¿Ahí seguiremos discutiendo el mismo asunto?
Lo pregunto a efectos de saber en qué minuto se puede pedir la clausura del debate, para entrar a votar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Después de media hora es posible hacer tal solicitud.
El señor LAGOS.- ¿No se acumula el tiempo con lo debatido en la sesión anterior?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí. En realidad, está prácticamente cumplido ese lapso. Podría pedirse la clausura del debate luego.
Aquí tengo la larga lista de quienes ya intervinieron. Quedan solo dos inscritos: la Senadora señora Von Baer y el Senador señor Harboe.
Después de otorgarles la palabra a ambos, procederemos a votar.
El señor LAGOS.- Perfecto.
¡Tengo muchas ganas de escuchar al Senador¿!
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, considero que esta iniciativa es muy relevante.
Se originó en un mensaje del Presidente Piñera; fue recogida por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y se tramitó en conjunto con el proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, con el objeto de fiscalizar el funcionamiento de la educación preescolar.
Por lo tanto, se trata de una propuesta legislativa que se preocupa de la etapa probablemente más importante de la educación de nuestros niños.
No solo debemos aumentar la cobertura en ese nivel educacional; también nos tenemos que hacer cargo de mejorar la calidad de la educación que se entrega a los niños en los jardines infantiles y en las salas cuna. Es necesario que los menores vayan a esos establecimientos para que las madres puedan trabajar; pero, adicionalmente, es muy importante que la educación que ahí se proporcione sea de calidad.
Este proyecto apunta en ese sentido. ¿Qué busca? Hacerse cargo de un vacío legal. Es esencial que ello se convierta en realidad.
Cabe señalar que los jardines infantiles privados, donde los padres y apoderados pagan el servicio íntegramente, no requieren un reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. Para funcionar, les basta con obtener la patente municipal respectiva, que certifica ciertas exigencias en infraestructura y en el ámbito sanitario. Pero no se les obliga a cumplir requisitos mínimos necesarios para asegurar una educación de calidad. De hecho, muchas veces se ha sostenido que es más fácil abrir un jardín infantil que una botillería.
Ante ello, la iniciativa en análisis dispone un estándar mayor para ese sector educacional, con lo cual les da tranquilidad a las mamás y a los papás que optan por un jardín infantil o una sala cuna. ¿Por qué? Porque los padres y apoderados suponen que el establecimiento donde pusieron a sus niños está cumpliendo con alguna regulación de parte del Estado. ¡Y eso no es así!
Por todo lo anterior, nosotros hemos apoyado este proyecto.
Sin embargo, señora Presidenta, considerando que en un principio había acuerdo y que estábamos avanzando bien, se introdujo una mirada que, desgraciadamente, ha dividido las posiciones: se planteó una indicación de contenido más bien ideológico que centrado en garantizar calidad.
Hasta ahora los establecimientos de educación parvularia que recibían fondos del Estado debían cumplir una serie de condiciones. Con la enmienda al inciso segundo del artículo 2º, se agrega un nuevo requisito, que se cruza con la iniciativa que actualmente están discutiendo las Comisiones Mixtas de Educación y de Hacienda: deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro.
Al respecto, me surge una preocupación práctica: cuando se preguntó en la Comisión de Educación por el impacto que esta medida va a generar en el funcionamiento de los jardines infantiles, no hubo respuesta de parte del Ministerio de Educación. No existe un catastro sobre la materia que permita prever el real efecto que causará dicha modificación.
Igual como lo hemos argumentado muchas veces respecto de la educación escolar, esta enmienda no va a producir un impacto sobre la calidad, pero sí en el funcionamiento práctico de los jardines infantiles en operación.
En verdad, no sabemos cuál será el efecto que tendrá esta medida. Ni el Ministro lo sabe. De hecho, no está presente hoy acá para ahondar con nosotros en esta preocupación.
Dicha modificación se introdujo en virtud de una simple mirada ideológica. La indicación pertinente ni siquiera vino del Ejecutivo.
Hemos votado en contra de las normas propuestas porque estimamos que no mejorarán la calidad de la educación parvularia, que es lo que persigue este proyecto. Incluso, puede impactar negativamente en ese ámbito al provocar el cierre de jardines infantiles de calidad,¿
Le doy un minuto adicional para que redondee su idea.
La señora VON BAER.- ¿ que llegan a lugares donde otros no llegan.
Lo más preocupante es que el Ministerio de Educación no cuenta con un catastro que permita conocer el efecto que la enmienda en análisis causará en la realidad.
Por ello, vamos a votar en contra del inciso segundo del artículo 2º.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hace aproximadamente seis años los medios de comunicación dieron a conocer un hecho dramático que afectó a una familia de la comuna de Santiago. Me refiero al comentado y lamentable caso de la muerte del menor Sebastián Navarrete.
Este niño, hijo de una familia de clase media, fue dejado por sus padres al cuidado de un jardín infantil. Los dueños del establecimiento pusieron tela adhesiva en la boca del menor porque lloraba mucho, con lo que le causaron la muerte.
Óscar y Ninoska, los papás de Sebastián, iniciaron acciones judiciales, demanda en la cual los apoyamos. Lamentablemente, la sanción fue de 541 días de pena remitida. Más encima, los sostenedores involucrados siguen en funcionamiento con un jardín infantil.
Cuando empezamos a estudiar lo relativo a la educación parvularia, nos dimos cuenta de que hay una falta de conocimiento acerca de lo que está ocurriendo. En efecto, cuando un padre o una madre matricula a su hijo o hija en un jardín infantil, supone que, por existir la oferta respectiva, está todo en orden.
Muchos suponíamos que estaban otorgadas las autorizaciones y se cumplían los requisitos legales para garantizar una infraestructura adecuada, a fin de que los niños pudiesen evacuar rápidamente en caso de una eventual emergencia.
Confiábamos en que los establecimientos de educación preescolar que ofrecían sus servicios tenían los permisos pertinentes; habían sido objeto de fiscalización, y contaban con el personal idóneo.
¡Nada de eso ocurría!
La lógica del mercado en ese nivel educativo se había impuesto.
Y peor aún: durante muchos años papás y mamás dejaron a sus hijos, el bien más preciado de nuestra sociedad, en jardines infantiles que no estaban siendo debidamente fiscalizados; que no necesariamente trabajaban con personal capacitado, y que carecían de infraestructura adecuada.
Por eso, cuando se presentó este proyecto de ley, yo felicité al Gobierno de entonces. Me parecía que ello era muy relevante. De hecho, se lo pedimos al entonces Ministro de Educación, quien accedió.
Y contrario a lo que algunos planteaban en su momento, en orden a que solo el mercado debía regular la oferta, yo dije que no podemos dejar al mercado algo tan fundamental como el cuidado, el cariño de nuestros lactantes, en el caso de las salas cuna, y menores, en el de los jardines infantiles.
Por eso, celebro que este proyecto de ley hoy día llegue a su trámite final; que podamos aprobarlo, a los efectos de establecer, más allá del Gobierno de turno, que todo jardín infantil que pretenda ofrecer sus servicios deberá contar con las autorizaciones respectivas. Y le estamos devolviendo el poder al Estado para fiscalizar, sancionar e incluso clausurar los establecimientos que no cumplan tales requisitos.
No es posible que los sostenedores que le quitaron la vida al menor Sebastián Navarrete hoy sigan a cargo de un jardín infantil simplemente porque la legislación tiene un vacío. A partir de la promulgación de la ley en proyecto, eso se va a terminar.
¡Nunca más tendremos que soportar ese tipo de jardines infantiles!
Es decir, la fe pública no podrá ser defraudada, porque contaremos con norma expresa, pero también con facultades fiscalizadoras.
Celebro este proyecto de ley. A mi entender, avanza en la dirección correcta desde el momento en que plantea, también desde el punto de vista de las normas de financiamiento, que aquellos establecimientos que reciban subvención del Estado -es decir, de todos los chilenos- deben cumplir un conjunto de requisitos, entre los cuales se cuenta el de ser personas jurídicas sin fines de lucro, porque...
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto más para que pueda redondear su idea.
El señor HARBOE.- Gracias.
Porque, al final del día, lo que necesitamos es dotar a todos los niños, independiente de su condición social y de la familia donde hayan nacido, de la oportunidad de ser cuidados con cariño, por personal idóneo. Y para eso requerimos que los recursos que el Estado otorga vayan orientados específicamente a la calidad de la formación, a una infraestructura adecuada para evitar que accidentes puedan generar daños o la muerte de algún menor y, obviamente, a la calidad de la preparación del personal que los va a atender.
Por eso, señora Presidenta, celebro el proyecto de ley y lo voy a votar a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como explicamos recién, ahora procederemos a votar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, lo tengo inscrito, pero usted ya intervino.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solo quiero hacer una consulta.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Estamos en la discusión en particular. Pero, según he escuchado, las intervenciones se han referido al proyecto en su conjunto.
Entonces, quiero que se reponga el punto en debate y se señale en qué artículo vamos y qué estamos votando, porque es necesario que la Sala sepa dónde vamos a ubicarnos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Claramente, nos encontramos debatiendo el inciso segundo del artículo 2°.
El señor Secretario explicará la forma en que vamos a votar.
Senador señor Zaldívar, ¿quiere agregar algo más?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Quiero fundamentar el voto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, por supuesto. Se puede inscribir para tal efecto. No hay problema.
La señora VON BAER.- Simplemente pido que el señor Secretario lea lo que vamos a votar, porque hay una pequeña confusión y es necesario que todos estemos seguros sobre el particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es precisamente lo que vamos a hacer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, nos hallamos analizando el inciso segundo del artículo 2°.
La Comisión de Educación propone una enmienda que dice: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para recibir aportes del Estado deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro y contar con reconocimiento oficial a que se refiere el artículo 46 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, en los términos previstos en el artículo décimoquinto transitorio de la ley N° 20.529".
La Comisión de Hacienda, por su parte, introduce la modificación siguiente: "Reemplazar la frase "para recibir aportes del Estado" por las expresiones "para recibir aportes regulares del Estado para su operación y funcionamiento".".
En ambas Comisiones las enmiendas se aprobaron por 3 votos a favor y 2 votos en contra.
Ahora bien, hay dos maneras de proceder en este caso:
Si se desea, se puede votar la proposición de la Comisión de Educación, incluida la modificación que le introdujo la Comisión de Hacienda.
La otra fórmula consiste en considerar primero la enmienda de la Comisión de Educación y después la modificación que le efectuó la Comisión de Hacienda.
Se seguirá la modalidad que Sus Señorías decidan.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le propongo a la Sala votar la propuesta de la Comisión de Educación, incluida la modificación que le introduce Hacienda, en un solo acto. Por supuesto, quienes deseen fundamentar el voto, dispondrán de cinco minutos para ese efecto.
El señor COLOMA.- ¡Un gran gesto...!
El señor LAGOS.- ¡Siempre los valoramos...!
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, Su Señoría sabe perfectamente que podríamos haber fundamentado una enmienda primero y la otra después. Pero, como algunas bancadas de enfrente suelen representarnos una especie de espíritu negativo, quiero dejar claro que, aunque esto obviamente disminuye la posibilidad de intervención, no tenemos ningún inconveniente en acceder a lo propuesto, en el ánimo de mantener el buen espíritu que ha sido puesto en duda por algunos Senadores de la Nueva Mayoría.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias, Senador señor Coloma. Queda constancia del buen espíritu que nos ha animado hoy. ¡Espero que dure todo el día y, ojalá, hasta la noche...!
El señor LAGOS.- ¡Es hasta las doce, cuando viene el binominal...! ¡Ahí se acaba...!
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación, entonces, la proposición de la Comisión de Educación, incorporando la modificación formulada por la Comisión de Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los que votan "Sí", naturalmente están de acuerdo con las modificaciones introducidas por ambas Comisiones; los que votan "No" o se abstienen, difieren de lo propuesto; sin perjuicio de los pareos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García para fundamentar su voto.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, durante la discusión del proyecto he señalado en varias intervenciones que aquí lo que se está haciendo es, en una iniciativa cuyo propósito es establecer normas para la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, incorporar una disposición que no tiene nada que ver con ello -¡nada que ver con ello!-, y, en el fondo, poner requisitos propios de administración financiera para que los jardines infantiles puedan o no recibir aportes regulares del Estado.
Eso, por lo demás, es materia del proyecto de ley sobre reforma educacional que está discutiendo el propio Senado. No tendría por qué haber sido incorporado acá.
Sin embargo, la porfía ha sido tal que nos hemos visto una y otra vez llamados a señalar que esto es inadmisible, que es una iniciativa solo reservada por nuestra institucionalidad a quien ejerce la Presidencia de la República, y que no pueden ser incorporadas normas de administración financiera por indicación parlamentaria.
Por lo tanto, como su origen es inadmisible, inconstitucional, no nos queda otra alternativa que formular reserva de constitucionalidad y votar en contra, para poder hacer las presentaciones y los requerimientos que correspondan, si es el caso, ante el Tribunal Constitucional.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, según la explicación que nos daba en las sesiones anteriores el Ministro de Educación sobre este articulado, el sistema de subvenciones, en el caso de los jardines infantiles, no procede, no está dentro de la regulación.
El presente proyecto de ley quiere, más que nada, someter a una fiscalización muy efectiva, como se ha reconocido por todos, este tipo de instituciones que imparten educación preescolar.
Cuando llegó este tema a la Comisión de Hacienda, la norma señalaba que los establecimientos que reciban aportes del Estado "deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro". Y se nos dijo que la expresión "aportes del Estado" involucraba cualquier tipo de aporte del Estado, no solo la subvención, si acaso la hubiera, lo que dejaría, por ejemplo, a los servicios públicos fuera de la posibilidad de contratar un jardín infantil para darles atención a los hijos de sus funcionarios.
Ahora bien, para evitar eso, de manera que pueda haber ese tipo de convenios entre servicios del Estado y un jardín infantil que tiene fines de lucro, se consideró necesario agregar la palabra "regulares", para que se entienda que la exigencia se aplica a los establecimientos que reciben subvención del Estado.
En caso de que no hubiera una definición de este tipo, esos jardines o guarderías infantiles que hoy día son contratados por los servicios públicos, en virtud de convenios o de disposiciones legales que así lo reglamentan, no podrían operar de esa forma. El convenio solo podría hacerse con jardines infantiles sin fines de lucro.
Por esa razón, en la Comisión de Hacienda aceptamos agregar la palabra "regulares". O sea, tienen que ser instituciones sin fines de lucro aquellas que reciban "aportes regulares". A las que no los reciban, en cambio, no se les exige ser personas jurídicas sin fines de lucro y pueden realizar ese tipo de contratos con las instituciones públicas -u otras- a objeto de prestar ese servicio.
Por eso, la Comisión de Hacienda -lo entendimos así- aceptó esta modificación, de manera de hablar de "aportes regulares" y no solo de "aportes".
Señora Presidenta, yo voy a votar a favor de la enmienda propuesta por la Comisión de Hacienda en relación con la disposición aprobada por la Comisión de Educación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma, ¡con este gran espíritu que lo ha animado el día de hoy...!
El señor COLOMA.- ¡No sé hasta qué hora dura, señora Presidenta¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, ¡por lo menos disfrutemos de estos momentos¿!
El señor COLOMA.- ¡Es matinal el tema¿!
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Que se mantenga todo el año¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Estamos de acuerdo¿!
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, al momento de fundamentar el voto quiero señalar que, si se analiza en detalle el proyecto de ley aprobado en general por el Senado, se advierte que el sentido de este artículo era que los jardines infantiles contaran con una autorización del Ministerio de Educación para funcionar como tales.
Por mi parte, creo que eso era un avance, como han planteado varios parlamentarios. Era mejor, obviamente, tratándose de la educación integral de niños desde el nacimiento hasta la edad de ingreso a la educación básica, que ese proceso contara con una autorización del Ministerio de Educación. Y se establecían algunas exenciones de aquellos establecimientos que estaban reconocidos por el Estado y otro tipo de jardines infantiles.
Hasta ahí íbamos bien. Y no se habría instalado en absoluto la larga discusión, en tres sesiones, que lleva este proyecto, si no hubiera mediado un conjunto de indicaciones que nacieron, no en el Gobierno -quiero dejarlo claro-, sino en la Comisión de Educación, las cuales incorporan un elemento que se asocia a otro y que altera por completo el sentido de la disposición original.
La primera de ellas agrega que los jardines infantiles no deben tener fines de lucro para recibir un aporte del Estado. Aquí aparece un gran concepto ideológico. Yo no veo dónde está el problema de que un jardín infantil lucre. No estamos hablando de un plantel universitario, porque eso está reglamentado, ni tampoco de la educación escolar, en la que este punto se halla en discusión. Pero aquí, fuera de ese debate general, se incorpora la lógica de los jardines infantiles.
Quiero decirle, señora Presidenta, que en la Comisión de Hacienda vimos que la inmensa mayoría de los jardines infantiles son propiedad, en general, de una persona, que suele ser parvularia y que posee un solo establecimiento. Hay muy pocos casos en que el dueño tiene dos o tres, y casi no existen, como puede haber en otras partes, asociaciones importantes en este ámbito.
Y esos jardines infantiles funcionan en todo el país. Obviamente, los hay en el mundo privado, en barrios, si alguien lo estima conveniente, pero centenares de ellos trabajan vinculados a empresas de naturaleza estatal, o que para estos efectos son consideradas estatales: el Servicio de Impuestos Internos, las municipalidades, las intendencias, las gobernaciones, todos los ministerios.
¿Y qué ocurre? Que al instalar la expresión "aportes del Estado" todas las instituciones que de alguna forma los reciben y que, por obligaciones legales, deban tener un jardín infantil, ese jardín infantil no va a poder tener fines de lucro. ¿Cuál es el efecto que se produce? O el Estado se transforma en el gran empresario en esta materia y abre miles de jardines infantiles o estos, desde un punto de vista práctico, simplemente no van a poder funcionar.
Entonces, aquí se están vulnerando, primero, normas de administración financiera. Yo me sumo a la constancia que deja el Senador García, porque esto claramente es inconstitucional. Pero, además, aquí se muestra un problema práctico muy severo.
Se ha dicho que la dificultad se puede solucionar usando la expresión "regulares del Estado". Desde mi perspectiva, eso no resuelve nada -entiendo la intención de los autores-, porque el concepto "regular" no está definido -lo hemos visto- y lo que supone es la periodicidad. Por tanto, si periódicamente una municipalidad, un ministerio, una seremía, una gobernación, una intendencia paga un jardín infantil que resulta tener un propietario individual y que, obviamente, obtiene alguna ganancia, eso no va a poder ser.
Por tales razones, señora Presidenta, estimamos que esta disposición es un grave error y la votaremos en contra.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, este proyecto está, de hecho, muy bien inspirado -nosotros tuvimos una discusión bastante concordante en la Comisión de Educación, y con el Gobierno, en esta materia- y la verdad es que podría haber salido bastante rápido y sin ningún problema del Congreso si no se hubiese introducido, de nuevo, una mirada absolutamente ideológica respecto del tema de la educación.
Lo que sucedió es que, más allá del acuerdo al que se había llegado en casi todas las materias, la Nueva Mayoría consideró que la misma mirada que se tiene en la educación escolar respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro había que aplicarla a los jardines infantiles.
El problema de eso es que en la educación escolar no tenemos idea, porque el Ministerio nunca pudo dar los datos, de cuántos colegios se pueden ver afectados por la legislación. Lo peor de todo es que el debate respecto a cuál es la realidad de los jardines infantiles ni siquiera se pudo producir. O sea, desde un punto de vista práctico, desconocemos cuál es el efecto de esta normativa. Y a mí me parece muy preocupante que avancemos en proyectos con una pura mirada ideológica, sin tener en cuenta la realidad.
Por lo tanto, puede haber jardines infantiles que realmente se hallan en esa situación hoy día, que nosotros no lo sepamos y que estemos legislando sin darnos cuenta de eso. Y después oímos decir: "Bueno, lo que ocurre es que en Valparaíso no saben qué está pasando en cada una de las localidades de Chile, porque están legislando no con una mirada práctica, sino con una mirada absolutamente ideológica".
Entonces, yo creo que vamos en una dirección incorrecta. Lamento que, sin ningún tipo de evaluación, estemos avanzando en ese sentido. Y esto puede tener efectos que no conocemos.
Por lo tanto, vamos a votar en contra.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero justificar mi pronunciamiento a favor del artículo que nos ocupa.
En el caso de los jardines infantiles estamos hablando de establecimientos nuevos -no de aquellos que ya se encuentran funcionando- que reciban aportes del Estado.
Hoy no existen jardines privados con aportes fiscales. Y mi voto favorable emana del convencimiento que me asiste en el sentido de que los jardines infantiles particulares que reciben dineros públicos no pueden perseguir fines de lucro.
Cosa muy distinta es que los privados que no obtienen platas del Estado sí pueden tener recintos de aquella índole con fines de lucro.
Por consiguiente, se trata de materias distintas. Y creo que la disposición que se nos propuso no entorpece para nada a los particulares que no reciben fondos fiscales y desean incursionar en la educación parvularia o prebásica. Estamos ante una situación muy diferente de la de miles de sostenedores, la mayoría de ellos profesores que tienen un colegio y a los que el propio Estado los invitó a participar en la educación.
Me parece que este proyecto, que viene desde el Gobierno del Presidente Piñera, será un aporte. Y por eso lo respaldaré con mi voto favorable.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, haré dos breves comentarios sobre la importancia y la necesidad de aprobar la sugerencia que viene de la Comisión de Educación y que la de Hacienda enriqueció con su aporte.
Recordemos que en el artículo 2° hacemos dos cosas.
Por una parte, estamos subiendo los niveles de exigencia respecto del mínimo que establece la ley, que es autorización para funcionar.
Ya dijimos en debates anteriores que esa autorización es lo mínimo que se requiere para funcionar.
Empero, para recibir aportes regulares del Estado no basta con la autorización para funcionar: hay que tener, además, reconocimiento oficial, requisito más exigente que aquel.
Si tengo un jardín infantil, una sala cuna, y quiero funcionar con aportes del Estado, obviamente deberé contar con un reconocimiento oficial que acredite que estoy en condiciones de impartir educación parvularia. Ya no estamos hablando de guarderías infantiles (este concepto era de los años 60, y tenía mucha razón de ser). Hoy esto es parte del proceso de educación: reconocimiento oficial para tener aportes fiscales regulares.
Además, estamos exigiendo que se trate de personas jurídicas sin fines de lucro.
Sé que todos nos hallamos sintonizados y mentalizados con el otro proyecto de ley: el atinente al lucro, el copago y la selección.
Sin embargo, en la materia que nos ocupa esta mañana eso nada tiene que ver. Se trata de realidades completamente distintas, por lo que señalaré a continuación.
Hoy, en el sistema de educación parvularia -es decir, jardines infantiles y salas cunas, principalmente-, ningún establecimiento que reciba regularmente dinero del Estado -digámoslo así: aporte basal, recursos contemplados en la Ley de Presupuestos de la Nación- tiene fines de lucro.
Por lo tanto, aquí ni siquiera hay transición respecto de jardines infantiles o salas cunas que actualmente reciben aportes regulares del Estado y persiguen fines de lucro.
Entonces, estamos transformando en norma lo que ya es la realidad general -no solo la de los 3 mil 539 jardines infantiles y salas cunas de la JUNJI e Integra-, salvo que hay quienes sí persiguen fines de lucro en prekínder y kínder. Pero esa es harina de otro costal, es otro proyecto: el relativo al lucro, el copago y la selección.
En consecuencia, aquí no solo no afectamos a nadie (porque hoy no existen -insisto- jardines infantiles o salas cunas que reciban aportes fiscales y persigan fines de lucro), sino que, además, estamos estableciendo hacia futuro una norma consistente con aquello.
Por eso, voy a votar a favor de la disposición que nos ocupa.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en efecto, es del Gobierno anterior este proyecto, pero no, contrariamente a lo que manifestó la Senadora Lily Pérez, la indicación que dio origen al precepto que nos ocupa en este instante, la cual se incorporó en la Comisión.
De otro lado, acá estamos hablando de jardines infantiles. Y todo parlamentario que conoce la zona que representa sabe que jardín infantil es una casa donde se recibe a menores a quienes se atiende y resguarda mientras su madre trabaja. Es precisamente lo que se requiere para dar apoyo a las mujeres que se hallan en tal condición. Por eso, se trata de la satisfacción de una necesidad social muy importante.
Aquí no estamos hablando de parques infantiles, sino de jardines infantiles atendidos muchas veces por empresarias pequeñas interesadas en colaborar en la formación de los niños desde su más temprana edad.
En esta materia, a mi juicio, debemos pensar mucho más allá de lo que hay actualmente.
Efectivamente, hoy no existen los jardines a que se ha hecho referencia. ¿Por qué? Voy a ejemplificar.
Una alternativa es que el Estado instale un jardín infantil en una población. La otra, que haya un jardín particular pagado.
Esas son las dos opciones que se están planteando aquí. ¿Y quiénes son los más afectados? Las mujeres con mayores necesidades.
Pero perfectamente puede existir -por supuesto si media la acreditación necesaria y se cumple la normativa existente en la materia- un emprendimiento por el cual se reciba una justa retribución sin necesidad de ser una fundación.
Aquí hay que situarse en la realidad social de nuestro país. Como dije, las personas con recursos no van a requerir el apoyo del Estado. Pero si este no instala un establecimiento en un sector popular, muchas mujeres no podrán a acceder al resguardo de sus hijos que les permita trabajar y desarrollarse como personas.
Por lo expuesto, voy a votar en contra de la proposición de la Comisión de Hacienda. Creo que no va en el camino correcto. Debemos establecer la fiscalización correspondiente, pero no impedir que parvularias profesionales colaboren en el desarrollo de los niños en los jardines infantiles.
Insisto: este proyecto viene del Gobierno anterior, pero la indicación que dio origen a la norma que se nos propone esta mañana no fue formulada por él.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, yo no pensaba intervenir. Sin embargo, he escuchado varias intervenciones de colegas del frente que están sorprendidos porque en las Comisiones de Educación y de Hacienda se aprobó esta disposición, que prohíbe el lucro cuando un establecimiento de educación parvularia recibe del Estado aportes regulares o algún tipo de subvención.
Me sorprende la sorpresa -valga la redundancia; y lo entiendo como una estrategia para que lleguemos al fin del Orden del Día y no despachemos la iniciativa en debate-, porque la norma que se sugiere es completamente coherente con la idea matriz del proyecto de ley sobre inclusión que envió el Gobierno de la Presidenta Bachelet como parte de la reforma educacional y que estamos analizando en particular desde hace algunos días.
Por distintas razones que hemos explicitado hasta el hartazgo, estamos convencidos de que el mercado no funciona en la educación.
Entonces, parece raro que les sorprenda que queramos aplicar a la educación parvularia el mismo principio inspirador de la reforma en comento.
Por las mismas razones por las cuales pensamos que el mercado no promueve una enseñanza de calidad e inclusiva para todos, creemos que tampoco funciona en el ámbito de las educaciones inicial y parvularia.
Aun más: con mayor razón debiésemos reafirmar el compromiso de establecer la educación como un derecho social en el área de la educación parvularia, toda vez que la enseñanza inicial es fundamental para el futuro académico de un niño o de una niña.
Por eso, no quisiera entrar a reiterar argumentos que hemos repetido infinitas veces. Pero parece ser necesario explicar que expertos, representantes de instituciones e investigadores que analizan permanentemente cuestiones relativas a la educación han señalado que el lucro, que prometió una verdadera revolución en el ámbito de la calidad, resultó todo lo contrario: al final, en el ámbito de la enseñanza ha logrado que se dirijan bastantes más recursos a elementos que no tienen que ver con la calidad y que haya menos destinaciones a aspectos que son relevantes para el aprendizaje.
Por lo tanto, el lucro está muy lejos de ser sinónimo de calidad. Muy por el contrario, los colegios con fines de lucro al término del día tienden a discriminar, a descremar, a segregar, e invierten mucho más tiempo y recursos en seleccionar a niños con buenas condiciones de partida que en desarrollar un proyecto educativo de calidad.
Desde ese punto de vista, no quisiera llamar a sorpresa a la Alianza: la norma que aprobaron ambas Comisiones es del todo coherente con la idea matriz, con el espíritu del proyecto de ley sobre inclusión que estamos discutiendo.
Lo que parecería sorprendente sería que lo que estamos planteando para las educaciones básica y media no se aplicase asimismo en la parvularia.
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Hacienda (19 votos a favor, 12 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Navarro, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvo el señor Ossandón.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a empalmar las sesiones. Y seguiremos haciéndolo hasta las 12, para no ir levantándolas y abriéndolas cada vez como se había expresado.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ir a la página 4 del comparado, donde la Comisión de Educación, en la tercera columna, numeral 1), remplazó el encabezamiento de la norma. Esa proposición se aprobó por dos votos a favor (Senadores señores Quintana y Rossi) y una abstención (Senadora señora Von Baer). Está referida al encabezamiento de los requisitos para la autorización de funcionamiento que otorga el Ministerio.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, aquí hay una discusión que cruza tanto este proyecto como el que pone fin al lucro, al copago y a la selección, que estamos discutiendo en la actualidad.
Al respecto, debemos preguntarnos si queremos que formar un colegio, o un jardín infantil, o una sala cuna sea muy difícil, o si deseamos que sea más bien fácil pero con un estándar de calidad cuyo cumplimiento esté revisado por el Estado, tanto por el Ministerio de Educación cuanto por la Superintendencia.
¿Por qué digo aquello? Porque puede ponerse un montón de trabas para que exista un jardín infantil privado.
Nosotros, como política pública, hemos de procurar que los jardines infantiles y las salas cunas sean de buena calidad. Pero debemos buscar asimismo que esos establecimientos sean diversos, porque la realidad cultural de nuestro país también lo es, y tremendamente. Entonces, mientras más jardines infantiles y salas cunas de distintas fórmulas educativas tengamos (las Waldorf, en fin), mejor.
La norma que se nos sugiere dispone que debe tener formación profesional superior, en una universidad o en un instituto reconocidos por el Estado, no quien está en la sala de clases, sino el sostenedor.
Por lo tanto, acá también se está trabando el emprendimiento.
En nuestro concepto, el emprendimiento tiene que ser abierto no solo a las personas con formación superior. Lo importante es que la educación entregada en aula sea de calidad.
Decir que hay que subir los requisitos para que los sostenedores sean siempre personas formadas por las universidades o los institutos profesionales del Estado no ayuda a que en Chile tengamos diversos proyectos que permitan llegar a todos los lugares con educación para los niños en edad preescolar.
Lo relevante es que exista buena educación preescolar; que haya cobertura adecuada en todo el territorio nacional, y que todos puedan acceder. Pero que la educación en sala sea de calidad no depende de que el sostenedor tenga un título universitario: la formación superior debe ser requisito para las personas que están en sala, para quienes se hallan en contacto permanente con los niños y supervisan el proyecto educativo.
Por eso, señora Presidenta, vamos a votar en contra de esta disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo para poner en votación el remplazo sugerido por la Comisión de Educación y fundamentar el voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Tan luego se le acabó el espíritu de avance, señor Senador? ¡Le duró poco¿!
El señor COLOMA.- , Siempre tengo buen espíritu, señora Presidenta. Pero lo otro era una forma de facilitar la solución. Aquí se trata de seguir una fórmula normal para discutir. Y yo quiero hacerlo con normalidad, sin cosas nuevas.
Acá, en el fondo, hay una diferencia en cuanto a la concepción de la forma de avanzar en la calidad de la educación; en este caso, en la de la educación preescolar vinculada a los jardines infantiles.
Aquí hay una situación bien interesante que está mal resuelta: qué exigirle al propietario de un jardín infantil.
Uno supone que debe ser importante, básicamente, velar porque exista idoneidad y no haya inhabilidades para desempeñar el rol de sostenedor (planteémoslo de esta manera). Pero lo que hace el proyecto del Gobierno, con algunas de sus indicaciones, es algo muy distinto: se le plantea al sostenedor o al propietario -esta era originalmente la denominación- un conjunto de requisitos que no dicen relación con el papel que se va a cumplir en la sociedad. Y ahí es donde se genera el problema de fondo, en particular cuando se exige la posesión de título profesional. ¿Qué tiene que ver eso con el rol que nos ocupa?
Distinto es el contenido de otra letra, que sí comparto, en orden a "No haber sido inhabilitado como sostenedor de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 73 de la ley 20.529.". Eso me parece correcto. Si alguien va a revestir dicha calidad en un jardín infantil, no puede haber sido inhabilitado como tal en algún otro escenario.
Mas me parece una equivocación en el eje el hecho de que la función se considere sobre la base de la profesionalidad. Creo que se vincula, en realidad, con la lógica de un emprendedor, particularmente en el caso de los jardines infantiles. No estamos haciendo referencia a universidades, a educación escolar.
Quisiera transmitir la experiencia en Maule, que se podrá valorar o no. Me he reunido con muchos de los encargados de jardines infantiles, que insisto que cumplen un rol social relevante. Generalmente, son propietarios. Casi no hay establecimientos con dos personas. Se trata de emprendedores. Con frecuencia, son mujeres -me llamó la atención- que tienen una vivienda y sienten un profundo cariño por la actividad, y que instalan un jardín infantil en lugares muy variados.
Como lo ha dicho la Honorable señora Von Baer, son importantes la diversidad física y el tipo de situaciones que se pueden plantear. Y lo que puede derivar de la norma es que muchos de los establecimientos van a tener que cerrar, porque el actual propietario, quien obviamente dispone de parvulistas y de expertos educacionales y desempeña una buena tarea, perderá la posibilidad de proseguir al no contar con una condición que, además, no ejerce. Entonces, media una confusión de fondo entre el papel del sostenedor y el del educador o del profesional a cargo de la formación de los niños.
No es un problema cualquiera. Por eso, pedía la discusión en su mérito, ya que va a cambiar la vida de cientos o de miles de jardines infantiles que no son de propiedad de personas de un nivel profesional. Lo importante es que la educación la impartan quienes se hallan en situación de asumir los roles de esta índole. Pero si mis Honorables colegas revisan el caso de las regiones que representan, van a encontrar que muchos establecimientos exitosos, a juicio de la comunidad, por la calidad de su enseñanza no necesariamente pertenecen a un profesional. Muchas veces, se trata de un técnico, de una persona con vocación, pero que no necesariamente ha estudiado una carrera en el área.
En consecuencia, creo que este es un error serio en el funcionamiento de los jardines infantiles, y vamos a votar en contra.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, he intentado leer el artículo. ¿Nos ocupa solo el número 1) o todas sus letras?
La señora ALLENDE (Presidenta).- El número 1), Su Señoría.
El Honorable señor Coloma se refirió a algo que se encuentra más adelante, que es la posesión de un título profesional.
El señor NAVARRO.- ¿Y se consideran desde la letra a) hasta la e)?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solo el encabezamiento.
El señor NAVARRO.- ¿Hasta las palabras "cumplir con los siguientes requisitos"?
El señor NAVARRO.- No observo el fundamento de la oposición manifestada en la Sala por la UDI, ya que se contemplan exigencias muy coherentes con todo lo que hemos venido señalando. En efecto, podrán ser sostenedores personas jurídicas o naturales; tal calidad no podrá transmitirse en caso alguno y bajo ningún título; será posible, no obstante, transferir los bienes, y tanto el sostenedor que sea persona natural como el representante legal deberán cumplir requisitos.
Mi pregunta para el Senador señor Coloma es si acaso no se quiere que existan condiciones en la materia.
El señor COLOMA.- Son tipos de requisitos.
El señor NAVARRO.- Concluyo que se ha intervenido acerca de las exigencias señaladas en el total de las letras. Pero entiendo que lo que está en votación es el enunciado hasta "requisitos". Esa es mi duda.
En el primer caso se incluiría el no haber sido sancionado en los términos del artículo 14 del proyecto; el no haber sido condenado por tráfico ilícito de estupefacientes; el no haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos que se ejerzan en ámbitos educacionales -entiendo, luego de preguntarle por el alcance de la letra al Senador señor Patricio Walker, que ello se relaciona con el abuso sexual a niños-; el no haber sido inhabilitado como sostenedor de conformidad con la letra e) del artículo 73 de la ley N° 20.529, y el estar en posesión de un título profesional de al menos ocho semestres otorgado por una universidad o un instituto profesional.
La verdad es que todos declaramos desear calidad y homogeneidad. La exigencia de un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional, respecto de quiénes pueden ser sostenedores de un jardín infantil no parece ser una condición discriminatoria. Al contrario. Sería la justa medida para poder ejercer un rol tan importante.
¿Quién manda cuando hay un sostenedor? ¿La directora o este último? Claramente, el que pone la plata, pone la música, y en numerosos establecimientos existen una directora altamente calificada y un sostenedor sin calificación alguna, sobreviniendo la contradicción entre lo que este último siente por intuición y lo que la primera, con experiencia profesional, con título académico, quiere hacer. Lo que aquí se quiere es salvar la situación. Porque, en definitiva, la persona es la misma en muchos de los jardines, es decir, la directora es, a la vez, la sostenedora.
Por tanto, a mí me parece adecuado el requisito. Va en la línea de fortalecer la calidad. Y de ahí la contradicción. Si decimos que queremos fortalecer la calidad de la educación, estimo apropiado el piso de un título universitario o de un instituto profesional de una carrera de ocho semestres.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quisiera consultarles a los miembros de la Comisión qué sucedería en la situación actual, por ejemplo, tratándose de un sostenedor sin fines de lucro y sin título, correspondiente a la Iglesia católica o a una evangélica, y de los profesionales que trabajan en el jardín infantil, todos los cuales sí lo tienen. Porque hay instituciones, como las que todos conocemos, a las que puede afectar este tipo de norma.
Lo importante es la formación y el cuidado por parte de profesionales que se les va a proporcionar a los niños y no quién es el representante legal o el sostenedor, que muchas veces es una entidad sin fines de lucro: iglesias, de cualquier credo, o fundaciones a las que les interesa el desarrollo de los menores. Y el segundo, que no tiene contacto directo con estos, sino que se preocupa de la organización y del apoyo, va a quedar en una situación compleja. Ello también se extiende a la institución misma.
Pido que nos expliquen qué efecto podría tener lugar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El encabezamiento del número 1) se someterá al pronunciamiento de la Sala.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Es posible que algún integrante del órgano técnico pueda contestar, señora Presidenta?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los señores Senadores que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión de Educación tienen que votar a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, el punto es a quién le pedimos qué requisitos. Se exigen, por ejemplo, un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional, y una serie de otras condiciones, no solo pensando en los que trabajan en el aula, sino también en el sostenedor que sea persona natural, el representante legal y el administrador.
¿Y qué estimamos nosotros? Que tenemos que llegar con la educación a todas partes, que esta ha de ser de calidad, y lo importante es que los requisitos de formación profesional, por ejemplo, tengan que cumplirlos quienes se desempeñen en la sala, pero no tanto el sostenedor como el representante legal y el administrador de entidades sostenedoras.
Nos parece que le estamos poniendo una serie de dificultades a la posibilidad de tener diversos proyectos educativos en todas las partes en que sean necesarios. Lo importante es que sean de calidad, pero no colocarle trabas al emprendimiento de quienes quizás no cuentan con títulos profesionales universitarios. Porque no todo pasa en Santiago, donde es más fácil acceder a uno de ellos y más personas lo poseen. Tenemos que pensar en todos los rincones de Chile, en los cuales será mucho más complejo encontrar un sostenedor, un administrador o un representante legal con todos estos requisitos.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, la verdad es que esperé una mejor explicación de parte de los partidarios de la Nueva Mayoría. Me parece que se trata de una confusión, en la que probablemente se incurrió de buena fe. No quiero afirmar que haya existido un ánimo deliberado.
No son las mismas las exigencias que cabe plantearles a un propietario o a un sostenedor -hay una diferencia con relación al proyecto original y a las indicaciones que se incorporaron posteriormente- y las que sí estimo muy adecuado fijarle a quien tiene que impartir la educación, sea en calidad de profesor o en el nivel parvulario.
Entonces, ¿qué pasa? Algunos de los requisitos para el sostenedor son razonables, como el de no haber incurrido en una conducta, a cualquier título, que implique su inhabilitación. Estimo apropiada, como exigencia mínima, la de que ello no haya ocurrido en función de su tarea. Y si eso no se encontraba establecido en ese ámbito, es bueno que se incorpore.
No opino lo mismo, sobre la base del mismo concepto, en cuanto a fijarles condiciones nuevas a un sostenedor o un propietario, como el de poseer un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado. ¿Por qué? Porque son cuestiones diferentes.
Mi Honorable colega García-Huidobro hizo una reflexión muy interesante, que puede graficar dónde está el centro del problema. Conforme a la disposición en estudio, se inhabilitaría a un pastor evangélico o a una congregación religiosa o a un sacerdote que tuvieran a su cargo un jardín infantil -sabemos perfectamente que no todos ellos pueden exhibir un título profesional, mas sí una profunda vocación por la educación-, quienes han podido asumir el rol de propietarios o de sostenedores, pero que para instruir han debido ceñirse a la lógica de la Ley de Enseñanza.
Por lo menos en la Región que represento, donde me reuní con representantes de jardines infantiles, un grueso sector de personas, cada una de ellas con un establecimiento, han hecho de la actividad una vocación de vida -algunas llevan treinta o cuarenta años trabajando con un gran reconocimiento social-, y, en virtud de la norma, tendrían que cerrar. No media una duda respecto de su calidad, de la forma de ejercer su tarea. Lo único que ocurre es que se agrega un requisito sobreviniente, nuevo, que tampoco venía en el proyecto original del Ejecutivo y que, a mi juicio, nada tiene que ver con la labor que es preciso desarrollar, sino con actividades educativas en distintos aspectos.
Este es el tipo de modificaciones que van destruyendo el emprendimiento, que van afectando a quienes llevan a cabo pequeñas iniciativas -¡en este caso, son pequeñísimas!- y que les van cortando las alas a quienes desean cumplir una función social importante, como es la educación preescolar.
Dicho sea de paso, sabemos que esta última se tiene que ampliar, y los grandes socios son los jardines infantiles, a los cuales, aparentemente sin quererlo, estamos restringiendo.
Por eso, llamo a votar en contra.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimados colegas, tengo la impresión de que de pronto se origina una cierta rigidez en términos de no poderse atender, precisamente en el debate parlamentario, a las buenas razones que se formulan para la corrección de una norma.
A mi juicio, los argumentos que específicamente se han dado respecto a una de las nuevas exigencias para los jardines infantiles son en verdad concluyentes, y los Honorables colegas que representan zonas apartadas debieran considerarlos y no simplemente negarse siquiera a tenerlos presente.
Se ha clarificado ya suficientemente lo relativo a las condiciones que han de cumplir las personas que intervienen en el trato pedagógico con los niños. En consecuencia, nadie está solicitando que, en esa situación, no deban existir ciertos requisitos académicos como los que se establecen.
La cuestión tiene que ver, fundamentalmente, con la exigencia a los sostenedores de estar en posesión de un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por este.
La verdad es que ello, a todas luces, puede ser difícil de cumplir, particularmente en zonas apartadas. Alguien completamente idóneo puede tener hoy día un jardín infantil, prestar un extraordinario servicio educacional, disponer de personal perfectamente calificado y satisfacer todas las exigencias, pero, por no contar con el título, simplemente no le será posible seguir siendo sostenedor. Eso no parece razonable.
Aquí se han dado varios ejemplos de personas que sin duda presentan toda la idoneidad profesional y moral necesarias para ser sostenedores de dichos establecimientos, pero algunas van a quedar fuera del cuadro en virtud de la norma.
Me señalaba informalmente el Senador García hace unos segundos que en una zona apartada una persona que posee un jardín infantil y que estudió Educación Parvularia pero no terminó sus estudios o no completó los años correspondientes, ante esta exigencia, debería dejar el establecimiento. ¿Por qué razón? En verdad, no se justifica.
En consecuencia, señora Presidenta, estimados colegas, a lo menos este aspecto de la reglamentación a todas luces debiera ser revisado. Si hubiera acuerdo respecto de ello, quizás podríamos zafar esta discusión, de manera de no generarles una complicación adicional particularmente a jardines infantiles que funcionan en zonas apartadas del país, cuyos sostenedores han realizado su trabajo, lo están haciendo bien, no han recibido reparos de ninguna naturaleza, pero que, simplemente por esta exigencia, que no se condice, perderán la posibilidad de continuar prestando este importante servicio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, nos encontramos ante un tema superdelicado.
En el fondo, lo que todos queremos es apoyar a los niños para que la educación comience lo más cercana posible a su nacimiento. Y por eso debemos entregar todas las facilidades.
Pero la realidad de las regiones es muy distinta a la de la Región Metropolitana.
Como manifestó el Senador Allamand, aquí se puede estar haciendo un tremendo daño, inclusive a fundaciones, a personas que colaboran en las regiones a fin de que contemos con jardines infantiles de calidad y con la acreditación y el reconocimiento que se necesita con los profesionales.
Sin embargo, me preocupa que el Parlamento le esté exigiendo al sostenedor de un jardín infantil ser profesional. ¡Ni a los alcaldes, ni a los parlamentarios, ni a los ministros se les obliga a tener un título profesional! Y hoy día ello se le está exigiendo, por ejemplo, al sostenedor de un jardín infantil de la comuna de Hualaihué, que a lo mejor no tiene ninguna posibilidad de obtenerlo.
Yo me pongo en el otro escenario, en que él sea solamente el sostenedor, que colabore, y que deba dejar su cargo y no haya nadie disponible para asumirlo.
Les pido a los miembros de la Comisión de Educación -insisto- que nos expliquen las razones de esta norma. O, por último, pensemos en un plazo para regularizar la situación. Pero, si inmediatamente después de publicada la ley exigimos a los sostenedores de jardines infantiles este tipo de requisitos, creo que, o estamos en otro país, o estamos mirando de manera muy teórica el punto, o estamos pasando la aplanadora política, ya que, como cuentan con los votos, lo pueden hacer.
--Se aprueba el encabezamiento del numeral 1) del artículo 3º (21 votos a favor, 11 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde ocuparse ahora de la letra a) del numeral 1) recién aprobado.
La Comisión de Educación propone sustituirla por la siguiente:
"a) No haber incurrido en alguna de las conductas que señala el artículo 11, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se refiere el artículo 14.".
Por su parte, la Comisión de Hacienda suprime en la modificación de la de Educación la frase "incurrido en alguna de las conductas que señala el artículo 11, ni haber".
De consiguiente, si se aprobara la proposición de la Comisión de Hacienda, la letra a) quedaría así: "No haber sido sancionado con las inhabilidades a que se refiere el artículo 14.".
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, me gustaría que alguien de la Comisión de Educación nos explicara por qué se quería hacer referencia al artículo 11. En la Comisión de Hacienda no le vimos sentido al conjunto de acciones contenidas en ese precepto.
Si se ve el texto original, hablaba de sanciones. Pero la Comisión de Educación con posterioridad estableció textualmente: "No haber incurrido en alguna de las conductas que señala el artículo 11, ni haber sido sancionado con las inhabilidades a que se refiere el artículo 14.". Hubo un cambio importante respecto de lo que venía. Y en la Comisión de Hacienda no le vimos mayor sentido a la frase: "incurrido en alguna de las conductas que señala el artículo 11". Por eso concluimos que lo razonable era dejar la letra en los siguientes términos: "No haber sido sancionado con las inhabilidades a que se refiere el artículo 14.".
Esa es, de manera breve, la génesis de la discusión.
Ahora, con harta franqueza, en la discusión general la Comisión de Educación planteó que quería insistir en el criterio de incorporar las conductas del artículo 11. Por eso, no sé si alguien quisiera insistir en ese punto. Al menos en la Comisión de Hacienda nos pareció que no existía ningún argumento para agregar como requisito el "No haber incurrido en alguna de las conductas que señala el artículo 11". Para nosotros, lo relevante era el tipo de sanciones e inhabilidades a que se refiere el artículo 14.
Ahí está la diferencia. En ambas Comisiones la letra a) se aprobó por unanimidad, pero, como el texto evacuado por la Comisión de Educación es bastante distinto, se produce la necesidad de resolver la diferencia por la vía de la votación.
Y yo pido que se vote la norma despachada por la Comisión de Hacienda, pues, si no, habrá que votar dos veces. Quiero seguir el mismo ejemplo que postula la Presidencia y reflejar el buen espíritu reinante. Porque, teóricamente, primero tendríamos que pronunciarnos sobre la propuesta de la Comisión de Educación y, según ese resultado, votar el texto de la de Hacienda. Pero es más fácil hacer esto último, a menos que la Mesa o algún colega piense algo distinto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Celebro el espíritu positivo, que ha vuelto al Senador Coloma¿!
El señor COLOMA.- ¡Siempre lo tengo¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por lo tanto, en votación la propuesta de la Comisión de Hacienda, que modifica la de Educación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta pone en votación la letra a) despachada por la Comisión de Educación, con la enmienda introducida por la de Hacienda. Es decir, se elimina la referencia a las conductas del artículo 11 y se mantiene la que se hace a las inhabilidades del artículo 14.
La señora VON BAER.- ¿Votar "sí" significa aprobar el texto evacuado por la Comisión de Hacienda?
La señora ALLENDE (Presidenta).- En ambas Comisiones hubo unanimidad. Lo que sucede es que cada una despachó la letra con un criterio distinto. Y le estamos pidiendo a la Sala que se pronuncie sobre la última proposición, que corresponde a la de la Comisión de Hacienda, que modifica lo aprobado por unanimidad por la de Educación.
--Se aprueba la letra a) del N° 1) del artículo 3° con el texto propuesto por la Comisión de Hacienda (28 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 6 del comparado figura la letra e) del mismo N° 1) del artículo 3°, que fue aprobada en la Comisión de Educación por 2 votos a favor (de los Senadores señores Quintana y Rossi) y un voto en contra (de la Senadora señora Von Baer).
Dice: "e) Estar en posesión de un título profesional de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste".
Se trata de uno de los requisitos para ser sostenedor.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, además de los argumentos que se han entregado en el curso del debate respecto del N° 1) y de las consecuencias que este traería, creo que aquí hay un tema de fondo, porque la calidad tiene que darse en torno al personal docente del establecimiento y no en cuanto al sostenedor.
A mi juicio, esta norma hay que complementarla, para efectos de su análisis, con el numeral 6) del mismo artículo 3°.
La letra e) en debate le exige al sostenedor "Estar en posesión de un título profesional de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste".
El numeral 6, por su lado, se refiere al personal idóneo, estableciendo que "se entenderá por idóneo el que cuente con el título profesional de la educación o licenciatura del respectivo nivel, de al menos ocho semestres de duración, de una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o autorizado para ejercer la función docente por el Ministerio de Educación".
O sea, se da la paradoja de que eventualmente el personal docente podría tener menos exigencias que el sostenedor, en circunstancias de que es el que debe desarrollar la labor educativa.
Por lo tanto, es absurdo que en esta normativa se le exija más al sostenedor que al personal docente. Me parece una contradicción profunda en términos de calidad.
Pienso que las dos normas mencionadas deben estudiarse en conjunto, porque no necesariamente el sostenedor va a ejercer funciones docentes.
En consecuencia, podríamos estar en presencia de un personal docente autorizado por el Ministerio de Educación, que haya cursado determinadas carreras, inferiores a ocho semestres, exigiéndole menos que al sostenedor, pese a que es el que ejerce la función propia dentro del jardín.
Es un absurdo, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quedan dos Senadores más por intervenir, luego de lo cual habría que votar.
Faltan ocho minutos para el término de la sesión. De acuerdo al espíritu que entiendo que existe en la Sala, esta sería la última norma que se votaría.
Perdón, me dicen que queda otra más.
Por eso, deseo proponer que se abra la votación para que los señores Senadores puedan comenzar a fundamentar su voto (por supuesto, tienen cinco minutos para ello), con el fin de poder alcanzar a tratar la siguiente norma y así dar por despachado el proyecto.
Ahora, si hicieran falta cinco minutos más, se podría prorrogar la hora de término por ese lapso, porque creo que dejar pendiente la iniciativa por una sola disposición no muestra el ánimo de terminar la discusión de este proyecto, relacionado con el funcionamiento de los jardines infantiles.
En resumen, propongo abrir la votación para que los señores Senadores empiecen a fundamentar su voto (con cinco minutos de plazo) y así podamos pasar rápido a la última disposición que queda.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, apelando al espíritu que usted ha invocado y que también ha demostrado la Oposición, quiero expresar que el debate sobre la letra e) ya lo efectuamos a propósito del encabezamiento del artículo, donde se hicieron todas las intervenciones y todos los alegatos. Me parece que no corresponde repetir una discusión que se realizó hace menos de media hora.
Por eso, apelo a un mínimo de racionalidad y de buena onda, para no repetir un debate que ya se hizo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esa era la idea de la Mesa, señor Senador, pero parece que el Honorable señor Coloma no la comparte.
El señor COLOMA.- Yo tengo la mejor voluntad, señora Presidenta. Pero a mí -no me hago cargo de nadie más- no me gusta sentirme, de alguna manera, agredido. La semana pasada¿
El señor LETELIER.- ¿Agredido?
El señor COLOMA.- No estoy hablando en términos físicos; lo digo desde un punto de vista parlamentario.
La semana pasada hice un planteamiento y me dijeron que me iban a aplicar el Reglamento con rigurosidad, que me iban a colocar cuatro sesiones seguidas para que fuera imposible no despachar el proyecto.
Y yo lo único que siempre he tratado de hacer es que las cosas se resuelvan con buen espíritu, con un buen ánimo que no ha existido. Me parece -a ver, déjenme elegir bien la palabra, porque con cada cosa que uno dice se ponen muy nerviosos- increíble que uno de los proyectos más importantes vaya a ser despachado, teóricamente, en una sola sesión. El de la televisión digital se demoró -Senador Girardi, ayúdeme usted, que fue uno de los que más participaron- alrededor de 15 sesiones. Y ahora se pretende despachar la reforma electoral en un día.
No considero adecuada, señora Presidenta, la práctica en que estamos entrando, donde se trata, la reforma educacional, a matacaballo, y la reforma electoral, en una sesión.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Han pasado 24 años!
El señor COLOMA.- Por eso, pido el estricto, modesto, solitario uso del Reglamento.
Creo que las cosas hay que verlas en su mérito.
Yo he tratado de ayudar, señora Presidenta. A usted le consta. Dos veces pude haber dilatado a través de mecanismos que en realidad no me parecen dilatorios. Pero esta situación es distinta. Se trata de discusiones que hay que hacer en su mérito.
Yo, por lo menos, le pido aplicar el Reglamento, de modo de someternos a lo previamente acordado en términos de realizar las cuatro sesiones a las que usted citó.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo lamento, porque efectivamente ya se discutieron los requisitos.
Hubo un debate amplio sobre la materia y por eso consideré posible acordar la apertura de la votación. Incluso, algunos Senadores de la Alianza se mostraron disponibles para sacar adelante este proyecto, como una señal para facilitar el funcionamiento de los jardines infantiles.
Además, en la medida en que se prolonga el debate nos vamos acercando a la hora de término de esta sesión. Por eso pedí abrir la votación, para dar paso a la fundamentación de voto, y prorrogar en cinco o diez minutos la hora de término de la sesión, lo cual no creo que afecte tremendamente en nada.
Lo lamento, porque obviamente tenemos que respetar el Reglamento.
Ojalá que no sigamos en esta discusión, porque nos vamos atrasando cada vez más. Solamente le voy a dar la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, yo apelo a lo que señaló el Senador Larraín, que literalmente dijo que cualquier persona de buena fe entendía que, como quedaba tan poco de este proyecto, lo íbamos a despachar de todas maneras.
Yo le pido al Senador Coloma una buena disposición y que terminen las dilaciones, porque, a mi juicio, este es un tema más bien político.
El señor COLOMA.- ¡Tengo la mejor disposición!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo reitero lo planteado y le pido a la Sala que tengamos esa disposición.
Podemos entrar a votar la norma en debate. Solamente hay dos Senadores inscritos para fundamentar su voto sobre una materia que ya discutimos. Y quedaría solo una disposición más.
Ahora, si no existe voluntad para ello, no podemos hacer absolutamente nada.
Yo de verdad lo lamento porque considero que la discusión respecto de los requisitos ya se hizo.
Quedan dos minutos, así que creo que ya¿
El señor COLOMA.- ¡No quiero repetir lo que ya dije, señora Presidenta!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Siendo así, no tiene ningún sentido dar la palabra.
Lamentablemente, el proyecto quedará pendiente por dos normas.
Por lo tanto, voy a levantar esta sesión y en un minuto más se iniciará la que se halla citada para analizar la reforma del sistema electoral.
--Se levantó a las 11:59.