Source: http://micrositios.mintic.gov.co/modernizamos-sector-tic/mitos-verdades.html
Timestamp: 2019-02-18 08:41:55
Document Index: 408666194

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 191', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 194', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 22']

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A continuación puede conocer la realidad sobre mitos que se han generado entorno al Proyecto de Ley para Modernizar el Sector TIC:
El PL no garantiza la financiación plena de la TV pública.
El modelo actual ha llevado a que la TV pública pierda poder adquisitivo, en 2017 los recursos girados fueron 11% menores que en 2013 (precios constantes). El PL garantiza por lo menos el monto máximo de recursos destinados a la TV pública desde la creación del FONTV, ajustado con la inflación. Esto hace imposible que se repita la situación de pérdida de poder adquisitivo vivida actualmente (artículo 21 del PL).
La TV pública perdería su carácter autónomo y no se garantizaría la libre expresión.
El PL no toca la autonomía de la TV pública ya que no afecta la estructura de RTVC ni de los canales regionales. El PL reconoce el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC (artículo 3 del PL). La libertad de expresión tiene fuente Constitucional que se materializa en la Ley 182 de 1995, ninguna de estas normas se modifica con el PL
El espectro debe mantenerse público, es un servicio de todos los colombianos y debe ser la ventana para nuestra identidad.
Con el PL, el espectro radioeléctrico continúa siendo un recurso público y escaso, porque estas condiciones están en la Constitución y una Ley no puede cambiarlas. Aumentar los plazos de permiso de uso del espectro radioeléctrico de 10 a 30 años, permite promover la inversión necesaria para cerrar la brecha digital, e implica que se exigirán requisitos más estrictos para acceder al permiso. El PL fortalece el pluralismo, la producción de contenidos que reconozcan las diversas identidades, la inclusión y la democracia (artículo 3 del PL)
Las transnacionales de las telecomunicaciones deben tributar en el país y así fortalecer la industria local.
El PL no toca temas tributarios, que no son competencia del Ministerio TIC. Se generan nuevas fuentes de recursos para la industria nacional (artículo 22 del PL)
No se sabe el impacto del PL sobre los trabajadores del sector. Se debe velar por la pervivencia de los trabajadores de los medios públicos.
El PL no afecta la estructura de RTVC ni de los canales regionales, y no tiene ningún efecto negativo sobre sus trabajadores. Por el contrario, garantizar la financiación de la TV pública en el largo plazo asegura la pervivencia de estos, también se generan nuevas fuentes de recursos para la industria nacional (artículo 22 del PL)
El PL no protege nuestros medios públicos, y protegerlos es proteger nuestra cultura e identidad.
El PL protege los medios públicos garantizando la financiación de la TV pública en el largo plazo (artículo 21 del PL).
El PL 152-2018 no fue socializado ni con la sociedad civil ni con el sector audiovisual del país. El mensaje de urgencia promueve el pupitrazo. Debe ser socializado y discutido ampliamente.
Se realizaron más de 20 eventos de socialización del PL y se mantiene un diálogo constante con los actores interesados. El mensaje de urgencia (artículo 191 de la Ley 5 de 1992) solo acorta el proceso legislativo, pero no limita el debate ni interfiere con la autonomía del Congreso para discutir ampliamente el PL (Sentencia de la Corte Constitucional C-784/14).
Con la fusión de los fondos FONTV y FONTIC se reduce la contraprestación de cableoperadores al 2 %. Esta fusión y la reducción del aporte son el primer paso a la desfinanciación.
La fusión del FonTV y FonTIC en un Fondo Único de TIC y la creación de la tasa única de contraprestación periódica garantiza la viabilidad financiera de la TV pública, que actualmente vive una pérdida de poder adquisitivo. La tasa se definirá con base en estudios técnicos y de mercados, un plan de inversiones y el estado de cierre de la brecha digital (artículo 23 del PL). La focalización de inversiones en un fondo único aumenta la disponibilidad de recursos para garantizar el cierre de la brecha digital y la financiación de la TV pública en el largo plazo (artículo 22 del PL).
Se concentra perversamente el poder en el Ministerio de las TIC. Una sola persona decidirá a quién concesiona franjas y qué contenidos financia.
El PL crea la nueva CRC como una entidad autónoma e independiente, la encargada de regular la prestación del servicio de TV (artículo 19 del PL). Por otro lado, el Fondo Único de TIC asigna los recursos a RTVC y a los canales regionales, quienes son los encargados de tomar decisiones sobre los contenidos (artículo 22 del PL). Para garantizar la transparencia y la participación ciudadana, el fondo publicará su agenda de inversión anual para comentarios (artículo 21 del PL). Actualmente, no existen mecanismos de transparencia ni participación similares.
El PL elimina el numeral 4 del art. 14 de la Ley 1341 de 2009, que se refiere a aquellas personas que hayan sido condenadas a penas privativas de la libertad, salvo cuando se trate de delitos políticos o culposos, y se numera como 4 el artículo 5.
El PL solo modifica la numeración del numeral 5, ya que el numeral 4 fue declarado inexequible en la Sentencia C-634/16 de la Corte Constitucional y, por tanto, no surte efectos jurídicos (artículo 11 del PL) y es imposible revivir este numeral.
El proyecto de ley no crea una autoridad independiente: La estructura de gobernanza que se propone, que sigue controlada por el ejecutivo, puede llevar a que el regulador convergente no tenga la capacidad de resolver los desafíos de la convergencia misma.
El PL crea la nueva CRC con todas las garantías legales existentes para garantizar su autonomía e independencia. A diferencia de la situación actual, ni la ministra TIC, ni la directora del DNP harán parte de la nueva Comisión, que tampoco estará sometida a control jerárquico y se dota de personería jurídica y patrimonio (que hoy no tiene) nutrido de su propia cuota regulatoria (artículos 17, 16, 17 y 20 del PL)
La composición del organismo parece presumir que las profesiones de ingeniería, derecho y economía son las que tienen algo que decir en la convergencia. Como si periodistas, actores y, en general, las ciencias sociales no contaran. Se requiere repensar esto, pues la estructura es esencial en el ejercicio de derechos humanos, en concreto, de la libertad de expresión.
La nueva CRC promueve la competencia, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, y garantizar la protección de los derechos de los usuarios (artículo 17 del PL). Para lograr estos objetivos son necesarios conocimientos sobre regulación de mercados y el funcionamiento técnico de las redes y los servicios de telecomunicaciones, lo que fue avalado por la Corte Constitucional (Sentencia C-403/10). Uno de los Comisionados deberá ser siempre abogado, disciplina que hace parte de las ciencias sociales y humanas.
El regulador que nace es medio convergente. No darle competencias al regulador convergente sobre el espectro es crear un regulador “medio” convergente. Este tema es recurrente en los proyectos de ley colombianos y no se justifica, considerando que también fue uno de los temas más criticados por la OCDE.
El PL crea un reglador único e independiente para todos los servicios de comunicaciones. La definición de la política pública de espectro sigue en manos del Ministerio TIC, ya que es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado (artículo 75 de la Constitución) que debe ser visto como instrumento de la política pública para el cierre de la brecha digital.
La OCDE dijo en su momento que “Colombia ha llevado a cabo pocos procesos de licitación de espectro, así como de retrasos y procedimientos arbitrarios, sobre todo con la intención de otorgar a los operadores existentes períodos de exclusividad”. El proyecto de ley no cambia esta situación, de hecho, la incrementa. Por ejemplo, se amplía el plazo de concesión del espectro de 10 a 30 años. Más exclusividad y, posiblemente, para los mismos.
El mencionado informe de la OCDE elogia la creación y el desempeño de la ANE como organismo técnico, se critica la división de funciones de asignación de espectro entre la ANTV y el MINTIC y se manifiesta que 10 años para el permiso de espectro es muy poco (páginas 95-96). Cuando la OCDE hace referencia a “la intención de otorgar a los operadores existentes períodos de exclusividad”, no hace referencia a los tiempos del permiso de uso del espectro, sino al diseño de la subasta, que no debe favorecer a ningún oferente.
Es extraño que el regulador no nazca con el mandato de garantizar y monitorear que se cumpla el principio de neutralidad de la red, que se reconoce actualmente en la legislación colombiana.
El principio de neutralidad de red se encuentra en una ley que no se afecta por el PL (Ley 1450 de 2011, art. 56) ni las garantías de la neutralidad de ley que se han dado por vía regulatoria, que claramente no se ve afectada por este proyecto (Resolución CRC 3502 de 2011). Adicionalmente, la nueva CRC cuenta con las mismas facultades que existen actualmente para pronunciarse al respecto si lo considera necesario.
Otras ausencias sentidas son las facultades en temas de OTT (over the top, que es como se han terminado llamando a los servicios que distribuyen contenidos por internet, como el streaming de contenidos que hacen plataformas como Netlfix o DirecTvPlay)
Las definiciones sobre este tipo de nuevos actores le corresponden al regulador, no al legislador. La nueva CRC cuenta con los mecanismos para analizar estos desafíos en el mercado TIC y tomar las decisiones que considere pertinentes (artículo 19 del PL).
Sobre participación ciudadana, los lineamientos de los organismos internacionales hablan de la importancia de que estas regulaciones incluyan mecanismos amplios, públicos y abiertos en la elaboración de políticas públicas y de control ciudadano sobre las actividades del regulador. Se habla de crear obligaciones sobre presupuestos participativos y rendición de cuentas.
El principal mecanismo de participación del regulador es el requisito de publicación para comentarios, que se encuentra en otras normas que no se ven afectadas por el PL (Decreto 270 de 2017, que reglamenta el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y adiciona el Decreto 1081 de 2015). Asimismo, los procesos de rendición de cuentas se encuentran en normas que tampoco toca el PL (Documento CONPES 3654 y en la Ley 1712 de 2014).
El proyecto de ley no hace ninguna mención a las redes comunitarias ni tampoco garantiza los espacios que las permitirían.
EL PL reconoce la importancia de los operadores de TV comunitaria e incorpora incentivos específicos para que estos operadores puedan realizar las inversiones requeridas y las actualizaciones tecnológicas para proveer Internet. El PL establece un régimen de transición de 3 años para estos operadores en el pago de la contraprestación periódica (artículo 36 del PL).
Se establece la condición u “obligación de hacer” para pagar la contraprestación económica por la utilización del espectro, incluso para pagarla totalmente. Esta posibilidad disminuiría drásticamente los ingresos del fondo único dejando en riesgo las inversiones en el sector y en la TV abierta y radiodifundida y contenidos audiovisuales, principalmente.
Las obligaciones de hacer ya existen en la normatividad colombiana (artículo 194 de la Ley 1753 de 2015), lo que busca el PL es agilizar y mejorar su implementación. Estas obligaciones no ponen en riesgo la sostenibilidad del fondo, ya que no se aplica para todas las fuentes de ingresos, solo para la contraprestación por la asignación de permisos de uso del espectro (artículo 10 del PL). Además, son un mecanismo eficiente para avanzar en el acceso y servicio universal, inversiones que el Fondo haría con los recursos recibidos en lugar de la obligación de hacer, y se enfocan en la población con mayores necesidades.
La obligación de hacer sustituye las obligaciones de calidad y cobertura que de todas formas deben hacer los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
Las obligaciones de hacer son evaluadas y autorizadas previamente por el MinTIC y no se autoriza la ejecución cuando las obligaciones a realizar constituyan, directa o indirectamente, un mecanismo para sustituir el cumplimiento de las obligaciones de inversión, de cobertura o de despliegue de red asociadas al permiso previamente otorgado.
No es clara la financiación y autonomía de los canales regionales, expresada en porcentajes que se les destinará del fondo único
El PL brinda certeza sobre las fuentes de recursos y los montos mínimos que se destinarán anualmente la televisión pública, garantizando la autonomía de los destinatarios de estos recursos (artículo 21 del PL). Situación que, valga resaltar, no existe a la fecha, porque la Ley 1507 de 2012 destina un porcentaje de los recursos del FonTV para la televisión pública , que depende de la capacidad anual de recaudo de dicho Fondo y no cuenta con un monto mínimo garantizado.
El PL no garantiza los contenidos públicos
El PL dispone recursos concursables para que cualquier compañía colombiana participe en la realización de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y regional, incluyendo la radiodifusión sonora y la televisión. Además, el Fondo Único financiará, fomentará y apoyará planes, programas y proyectos para la programación educativa y cultural a cargo del Estado (artículo 22 del PL).