Source: http://www.ilustrados.com/tema/2761/Derechos-humanos-herramienta-para-lograr-Colombia.html
Timestamp: 2018-07-16 22:19:59
Document Index: 369276945

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 57', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 4']

Derechos humanos herramienta para lograr la paz en Colombia - Ilustrados!
Resumen: Violaciones a los derechos humanos, actuaciones en contra del derecho internacional humanitario, masacres, desplazamientos, terrorismo, secuestros, son estas palabras a las que nuestros oídos se han venido acostumbrando a escuchar por la frecuencia con que se relacionan, empero, no nos acostumbramos a vivenciarlas; es ajeno a nuestra voluntad tener que vivir el día a día con esta realidad, se necesitaría tal vez ser de otro planeta o galaxia, o ser otro tipo de ser, como un animal, para no entender la trascendencia de la situación y como nos afecta a todos, pero resulta que el hombre, el ser humano, tomando como tal su definición sin distingos de raza, sexo, posición económica, partido político, nacionalidad, y de creencias religiosas o culturales.
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El líder de las AUC, Carlos Castaño quien hace poco se declaro como líder político de su organización quizás con el afán de que le sea concedido status político, ha declarado reiteradamente su voluntad de comprometer a sus fuerzas a que respeten el derecho internacional humanitario, lo cual si se pone en práctica, supondría un avance en la protección de la vida humana. Sin embargo, Castaño también ha afirmado que las características de la guerra colombiana (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hacen que las normas estrictas sean difíciles si no imposibles de aplicar. En cambio, ha defendido una versión "criolla" del derecho internacional humanitario, que es incompatible con un principio esencial de este derecho: la protección de los combatientes rendidos, capturados o que de cualquier manera se encuentran en un estado de indefensión.
Por su parte, la UC-ELN fue uno de los primeros grupos insurgentes de Colombia que inició un debate interno sobre el derecho internacional humanitario. Incluso cuando Colombia no quiso adoptar el Protocolo II, la UC-ELN reclamó negociaciones con el fin de "humanizar" el conflicto político. Sin embargo, esta apertura a la negociación todavía no se ha reflejado en su conducta real. De hecho, la UC-ELN cuestiona enérgicamente los conceptos del derecho internacional humanitario, a veces para justificar tácticas que constituyen claras violaciones y en la práctica demuestra un desdén claro por estas normas. En este informe, documentamos los asesinatos planificados de civiles, los asesinatos de combatientes fuera de combate, la tortura, las ejecuciones de pacientes en hospitales, la toma de rehenes y los ataques indiscriminados a viviendas civiles, hospitales y autobuses públicos y la utilización de minas. Además, la UC-ELN viola la prohibición de atacar objetivos sin carácter militar mediante la colocación sistemática de explosivos en los oleoductos colombianos con el fin de extorsionar a las compañías petroleras y demostrar sus objetivos políticos.
El EPL informó a Human Rights Watch que respeta el derecho internacional humanitario, con ciertas excepciones. Por ejemplo, el EPL permite que sus fuerzas ejecuten a personas que participan en grupos paramilitares. Dichas excepciones confirman que en los hechos el EPL comete asesinatos políticos que los disfraza de juicios. Además, Human Rights Watch documenta violaciones por parte del EPL como el asesinato de familiares de desertores de la guerrilla y de combatientes fuera
de combate, la toma de rehenes y los ataques a objetivos sin carácter militar, como los autobuses públicos.
Las personas protegidas no son sólo los civiles que no participan directamente en las hostilidades, sino también los civiles cuyas opiniones puedan ser partidistas, cese de los asesinatos de combatientes fuera de combate, cese de la tortura, cese de la mutilación de cadáveres, cese de las amenazas de muerte contra civiles, incluida la amenaza de considerar civiles "objetivos militares", cese de los ataques a personal religioso o sanitario que cumplen con su tarea protegidos por el derecho internacional humanitario, respeto a las estructuras y los vehículos marcados con el distintivo de la Cruz Roja Internacional, todas las fuerzas deben dejar de utilizar, importar, producir y almacenar minas antipersonales, que por definición son armas indiscriminadas prohibidas por el derecho internacional humanitario.
La prohibición de la participación de niños en las hostilidades no debe limitarse a la participación "directa", sino que debe incluir la participación de menores en tareas de apoyo, dado que los niños que prestan estos servicios suelen participar
directamente en las hostilidades posteriormente.
Es importante y prioritario que las partes en conflicto negocien puntos como, un mecanismo para mejorar la localización e identificación de las personas "desaparecidas," heridas y caídas en combate, y asistir en las tareas de evacuación de civiles protegidos de las áreas de combate; un mecanismo para establecer zonas en las áreas de combate para la protección de civiles y el tratamiento de heridos; un mecanismo para identificar y señalar de manera adecuada los edificios de la salud y religiosos, los monumentos históricos y culturales y las áreas donde existen zonas de peligro, tales como represas, diques y centrales nucleares de energía eléctrica — si las hubiere — dado que de acuerdo al artículo 15 del Protocolo II se encuentran protegidas. Se deben dar instrucciones a los combatientes para que se abstengan de atacar estas instalaciones. Se debe impartir al mismo tiempo una educación a la población sobre el significado de estos símbolos internacionales.
El gobierno de Colombia debe comenzar por establecer ante organismos internacionales y dejar constancia mediante una ley cuales son los grupos violentos y como violan los derechos humanos, así mismo definirlos dentro de una clasificación, al mejor estilo de los Estados Unidos que presento ante el mundo una lista pormenorizada de los grupos terroristas y dejo en claro su repudio contra los mismos y su decisión de hacerles frente, y que de por tres de los cuales son colombianos, específicamente directos responsables del conflicto armado en Colombia, los dos grupos "guerrilleros" y las autodefensas, FARC, ELN, AUC, dejo en claro que las comillas sobre la palabra guerrilleros no es para exaltar esos grupos, sino por la duda que queda acerca de si se debe seguir catalogando a esos grupos como tal, y lo mejor sería crear un concepto general a nivel nacional y empezar a denominaros de acuerdo a sus actos, y como los actos que realizan no son propiamente de defensa de ideales y defensa de derecho del pueblo, todo lo contrario, estas organizaciones parecen haber embestido en punta de lanza contra el pueblo colombiano, siendo sus actuaciones propias de terrorismo.
Los defensores de los derechos humanos son uno de los grupos más expuestos a riesgos en Colombia. El gobierno colombiano debería adoptar medidas inmediatas para proteger las vidas de los defensores de los derechos humanos y realice investigaciones exhaustivas y creíbles acerca de cada denuncia que se presente con relación a violaciones de los Derechos
Específicamente de parte de los grupos autodenominados guerrilleros tiene que manifestarse actos que demuestren que en
verdad respetan los Derecho Humanos, y que se acogen al Derecho Internacional Humanitario, talvez así puedan recobrar su denominación de guerrilleros y que si quieren en verdad ayudar al pueblo colombiano, dejen de atacarlo, que hagan revolución de una manera pacifica, que acepten el rechazo de las personas frente a su accionar violento y pacten una paz, llegando a acuerdos recíprocos, o que si no es posible por diferencias temáticas, que por lo menos se disminuya la intensidad del conflicto y se humanice la guerra, buscándole a esta un fin pronto, sujeto a soluciones.
Es pues evidente que las AUC y la guerrilla no han respetado los principios más fundamentales que caracterizan a un tribunal independiente e imparcial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Protocolo II. Por lo tanto, estos grupos no deben implementar "sentencias" basadas en estos procedimientos ilegales y detestables, deben negociar un mecanismo para liberar, con las medidas de seguridad pertinentes, a los combatientes tomados fuera de combate.
Con el fin de fortalecer el estado de derecho y promover los derechos humanos, instamos a Estados Unidos a que
públicamente respalde la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y, además, destine recursos financieros para apoyar su trabajo, debe reformar sus procesos de certificación relativos al narcotráfico y garantizar que se siguen impartiendo cursos sobre derechos humanos a los agentes estatales y el derecho internacional humanitario incluso en
Los asesinatos aumentan con la cercanía de acontecimientos políticos, como las elecciones, y para la muestra un botón en
la actualidad, en que toda suerte de personajes relacionados con el mundo político es victima, aunque según las cosas en las actualidad cualquier ciudadano puede ser blanco potencial de los atentados subversivos, tal es así, que en Colombia no existe la pena de muerte, pero se ejecuta a más gente que en Estados Unidos, solo por pensar diferente, solo por querer vivir una vida normal.
En febrero de 1998, tres asesinos mataron a tiros al abogado de derechos humanos Jesús María Valle, Presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, en su oficina de Medellín. Era el cuarto presidente del comité asesinado desde 1987. Menos de dos meses después, tres asesinos mataron al abogado de derechos humanos Eduardo Umaña en su apartamento de Bogotá.
El lugar en donde viven también puede suponer una condena para los civiles. Un investigador del gobierno lo calificó de "Macartización" de pueblos enteros.
Por su parte, el líder de las AUC, Carlos Castaño, ha declarado reiteradamente su voluntad de comprometerse a que sus fuerzas respeten el derecho internacional humanitario, pero relativiza su apoyo al demandar que Colombia necesita una versión "criolla" del derecho internacional humanitario, adaptada al tipo de guerra irregular de Colombia y que permita en concreto la ejecución de combatientes fuera de combate.
El Tribunal para la antigua Yugoslavia ya está juzgando a personas acusadas de violar el Artículo 3 Común. Como ha determinado el Tribunal para Yugoslavia, "el derecho internacional consuetudinario impone la responsabilidad penal individual por graves violaciones del Artículo 3 Común, como estipulan otros principios y normas generales para la protección de las víctimas de los conflictos armados internos, y por violar ciertos principios y normas fundamentales relativos a los métodos de combate en el conflicto civil.
Seria entonces magnificente para los colombianos victimas del conflicto, o sea todos, poder llevar ante las altas cortes penales internacionales los casos de violaciones de los derechos humanos, y que así se haga justicia, y se condene con todos los argumentos jurídicos a los directamente responsables del gran caos colombiano, en cabeza de los jefes guerrilleros y paramilitares, así mismo que se brinde al país todo tipo de ayuda que necesite para poder construir una democracia limpia basada en el respeto por las personas y que todo acto violento o no se vigile bajo las normas del derecho internacional humanitario
En este sentido, el caso de Colombia no es único. Las partes en muchos conflictos internos desdibujan la línea divisoria que separa a los civiles de los combatientes, y se intenta aplicar la definición más limitada posible de "civiles" para justificar los ataques contra los sospechosos de lealtad a sus enemigos.
Pero es claro que en Colombia los objetivos preferidos de los grupos alzados en armas no son militares y mas bien si tienen
características como, públicos, necesarios para la población, su daño implica atraso en el desarrollo, daños a veces irreparables, por ejemplo los intentos de atentados contra la presa en el sistema de acueducto de Chingaza que visiblemente de haberse consumado el hecho, le hubiese causado daños inmensurables a Bogotá y todos sus municipios aledaños, o el atentado envenenando el agua del acueducto de Pasto, los ataque a las torres de energía, que cada vez ponen mas débil el sistema de interconexión eléctrica, dejando sin luz a innumerable personas, además del hecho de que los daños causados por los guerrilleros a las torres de energía son cobrados al usuario en las facturas, y eso que supuestamente abogan por el pueblo, y alean que ayudan al pobre y al necesitado, cuando en realidad generan con su actos, pobreza, zozobra, miedo, retraso, dolor, desplazamientos, hambre, muertes y todas las consecuencias malas que uno se alcance a imaginar, por que la verdad es que si una guerra organizada de carácter internacional nada bueno deja, pues un conflicto como el que vive Colombia, es peor.
En un influyente manual utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos se utiliza un lenguaje similar al Protocolo I cuando se advierte, en el artículo 57 que "al conducir operaciones militares, se debe cuidar constantemente el evitar daño a la población civil... y a objetos civiles." En el manual se hace hincapié en que, en cada ataque, los oficiales al mando "tomarán todas las precauciones posibles al elegir la manera y el método de ataque con vistas a evitar, y en cualquier caso minimizar, la pérdida incidental de vidas civiles, herir a civiles y dañar objetos civiles." Si es imposible minimizar el daño a civiles, "el ataque debe ser cancelado o suspendido, y es un lenguaje que debería ser manejado responsable por los agentes de violencia, dejando en claro que si quieren pelear, que peleen bien, sin cochinadas ni bajezas para con la población civil.
Sin embargo, cabe destacar que el principio de proporcionalidad no justifica de ningún modo o ignora las víctimas civiles que
puedan resultar de un ataque. Si una fuerza sospecha que un ataque puede provocar sufrimiento a civiles, el ataque debe ser suspendido o cancelado hasta que los mandos puedan tomar medidas específicas para evitar o minimizar víctimas civiles
A continuación aparecen los casos de tomas de rehenes. Según la CICR, los rehenes son "personas que se encuentran,
voluntaria o involuntariamente, en poder del enemigo y que responden con su libertad o su vida al cumplimiento de las órdenes [del enemigo].
La mayoría de los rehenes caen en manos de la guerrilla, que niega su participación en la toma de rehenes. Por ejemplo, la UC-ELN afirma que las víctimas son "retenidas" y que estos actos no son violaciones, dado que los rescates o las concesiones políticas obtenidas con su liberación no benefician a guerrilleros particulares, sino a la totalidad de la organización.
Sin embargo, existe un consenso internacional de que se trata de una toma de rehenes cuando se exige algo a cambio de la liberación, ya sea dinero o concesiones políticas. La toma de rehenes está prohibida por el artículo 1 (b) del Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra y por el artículo 4 (2) 8 del Protocolo II. Según el derecho internacional humanitario, los que toman rehenes buscan influir de algún modo la conducta de terceras partes amenazando a un rehén con daños físicos; la definición se basa en el debilitamiento de un rehén en manos de una parte en conflicto y la posibilidad de que sea intercambiado por alguna concesión por parte de una tercera parte. De hecho, la definición del CICR se aleja muy poco de la que aparece en diccionarios autorizados, como el Diccionario de la Real Academia, que define rehén como "persona detenida por alguien como garantía para obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones".
El Tratado sobre la Prohibición de Minas prohíbe en toda circunstancia el uso de minas antipersonales. Al ser armas de acción retardada, no están concebidas para tener un efecto inmediato, sino que se preparan, ocultan y permanecen latentes hasta que son detonadas. Sin embargo, no sólo las detonan los combatientes, sino cualquiera que sea el primero que active su
mecanismo. Son por naturaleza armas indiscriminadas.
Las trampas "cazabobos" corresponden a una categoría similar, cuando se las usa de una manera indiscriminada. También, cuando las bombas están disfrazadas como objetos no militares, tales como libros, o se colocan dentro o cerca de cadáveres, en cuyo caso se emplea un subterfugio y por lo tanto pueden suponer una violación a la prohibición de perfidia, concepto que forma parte del derecho internacional consuetudinario y definido como ganarse la confianza de una persona, traicionar esa confianza y hacer creer al adversario que el responsable de un acto pérfido tiene derecho a la protección del derecho internacional humanitario.
Hay que dejar algo en claro, que la guerra para nada es buena, y es repudiable desde cualquier punto de vista, es mas, está