Source: https://boe.vlex.es/vid/incentivos-regionales-aprobado-15379549
Timestamp: 2019-10-22 13:49:20
Document Index: 185587073

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 36', 'Artículo 35', 'artículo 23', 'artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 350', 'Artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 18', 'Artículo 41', 'artículo 35', 'Artículo 42']

REAL DECRETO 302/1993, de 26 de Febrero, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de Diciembre, de Incentivos regionales, aprobado por real decreto 1535/1987, de 11 de Diciembre. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15379549
Fecha de Entrada en Vigor: 28 de Febrero de 1993
Marginal: BOE-A-1993-5624
Norma citada en: 262 sentencias, un artículo doctrinal, 199 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas, una noticia
La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, recoge en la exposición de motivos, como uno de los principios rectores que articulan su contenido, el que la inspección y vigilancia de las ayudas en ella reguladas han de tener carácter estatal. Este principio queda ligado a otro, igualmente básico, conforme al cual el incumplimiento de las condiciones exigidas para obtener las subvenciones determinará la pérdida de tales beneficios. La Ley desarrolla ambas cuestiones. Así, por una parte, dispone que corresponde a la Administración del Estado vigilar la adecuada aplicación de los incentivos regionales, sin perjuicio de las actividades de control y seguimiento que realicen las Comunidades Autónomas. Para ello se faculta a la Administración del Estado para realizar inspecciones y comprobaciones así como recabar la información que considere oportuna.
En efecto, bajo la denominación , los mencionados artículos, que han pasado a integrar la sección cuarta del Título II de la
Informar a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales de la ejecución de los proyectos conforme a las condiciones establecidas.
Realizar el seguimiento de los expedientes a los que se hayan concedido incentivos regionales solicitando, cuando proceda, a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales que inicie el procedimiento de incumplimiento.>
Corresponde a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, sin perjuicio de las competencias que la legislación atribuye a otros órganos u organismos de la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas, vigilar la adecuada aplicación de los incentivos regionales, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones, y recabar la información que considere oportunas.
Las funciones de vigilancia e inspección se extenderán a cuantas cuestiones puedan plantearse en relación con las subvenciones concedidas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, y podrán realizarse hasta transcurridos cinco años contados desde la fecha en la que concluya el período de vigencia de las correspondientes subvenciones.
Artículo 34 Funciones y facultades inspectoras de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales.
Corresponden a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales las siguientes funciones:
Comprobar el carácter exacto, completo y suficiente de los datos suministrados a la Administración y que hayan de servir de base para la concesión de los correspondientes incentivos.
Verificar que han sido respetados y cumplidos los plazos, condiciones y requisitos exigibles durante el período de ejecución de los proyectos de inversión.
Aprobar que la realización de los proyectos se ha efectuado de acuerdo con las condiciones establecidas y ordenar, en su caso, la liberación de garantías. La aprobación se entenderá concedida provisionalmente, a partir del informe positivo de las Comunidades Autónomas previsto en el artículo 23.1, g), hasta tanto que haya transcurrido el plazo de cinco años previsto en el artículo 33.2, o se haya procedido, por la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, a realizar la oportuna inspección del expediente.
Determinar las causas y el alcance del incumplimiento cuando los proyectos no se hubieran ejecutado de acuerdo con las condiciones, prescripciones y plazos establecidos.
Iniciar los procedimientos de incumplimiento y sancionador.
Tramitar los procedimientos de incumplimiento y sancionador y proponer a los órganos competentes la adopción de las resoluciones que pongan fin a los mismos.
Realizar aquellas actuaciones de averiguación o de información, respecto de organismos públicos o privados y sujetos particulares, que directa o indirectamente sirvan para verificar la adecuada aplicación de los incentivos regionales, preservando, en todo caso, la libertad y confidencialidad de quienes suministren la información.
Cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
En el desempeño de las funciones enumeradas en el apartado anterior, la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales tiene las siguientes facultades:
Analizar y verificar directamente la documentación que el beneficiario de la subvención está obligado a presentar en los términos establecidos en el artículo 36, pudiendo tomar nota por medio de sus agentes de cuantos datos estime oportunos y obtener copias a su cargo de cualquiera de los antecedentes que precise.
Acceder a las instalaciones o establecimientos en los que se hubiera llevado a cabo la inversión para realizar las actuaciones que estime convenientes y, en particular, para comprobar si los bienes o explotaciones del beneficiario cumplen las obligaciones que al mismo corresponden. Podrá también realizar las pruebas ordenadas a la misma finalidad.
Practicar mediciones, tomar muestras, obtener fotografías, croquis o planos, así como reclamar el dictamen de peritos sobre cuestiones relativas a las actividades subvencionables.
Acordar la retención de las facturas, de los documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro relativos a las operaciones en las que se manifiesten o deduzcan indicios que permitan establecer que han sido realizadas para la obtención, el disfrute o el destino incorrectos de la subvención o ayuda percibida.
Artículo 35 Comprobación y procedimientos de incumplimiento.
Finalizada la ejecución del proyecto, la Comunidad Autónoma remitirá el informe al que se refiere el artículo 23.1, g), a la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales.
Si el informe fuera positivo, la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales procederá a liberar las garantías que hubiera establecidas, constituyendo dicho informe justificación suficiente a efectos de la liquidación de la subvención, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1, c).
Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas, se procederá, por parte de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, a analizar las causas y el alcance del incumplimiento, pudiendo conceder una prórroga para la completa ejecución del proyecto o, en su caso, iniciar el procedimiento de incumplimiento.
Cuando se acredite que el incumplimiento no resulte de gran entidad, no sea imputable a la empresa beneficiaria, o circunstancias de interés público así lo aconsejen, la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales podrá optar por incoar procedimiento de modificación del proyecto inicial.
El procedimiento de incumplimiento se iniciará mediante la comunicación al beneficiario de las causas determinantes del mismo. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. En aquellos procedimientos en los que, por la complejidad y cuantía de la inversión, se considere necesario, se solicitará informe del Consejo Rector.
Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados, que dispondrán de un plazo de quince días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo de quince días sin contestación por el beneficiario, se remitirán las actuaciones, junto con la propuesta de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, al titular del Ministerio de Economía y Hacienda o a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función de sus respectivas competencias, para que adopten la resolución que proceda.
Artículo 36 Obligaciones de los beneficiarios.
Poner a disposición de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales la documentación y los justificantes concernientes a las inversiones practicadas, incluidos, en su caso, los libros oficiales de contabilidad, así como la referida a los datos que se presenten en las solicitudes de incentivos.
Aportar cuantos otros documentos o antecedentes sean precisos para justificar el cumplimiento de las condiciones que hubieran sido establecidas en la correspondiente resolución individual de concesión de beneficios.
Facilitar la práctica de las comprobaciones que sean precisas para verificar la situación de los proyectos de inversión.>
Artículo 37 Reintegro de las subvenciones.
El reintegro de las subvenciones y el régimen de infracciones y sanciones en materia de incentivos regionales se regirá por lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en las normas contenidas en el presente capítulo.
Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
Obtener la subvención por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, sobrepase los topes máximos de la inversión aprobada regulados en el artículo 14 de este Reglamento, así como en los correspondientes Reales Decretos de delimitación.
Tratándose de condiciones referentes a la cuantía de la inversión el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente a la inversión dejada de practicar o practicada indebidamente.
Tratándose de condiciones referentes a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, el alcance del incumplimiento se determinará en la proporción en que dicha condición haya quedado incumplida relacionando los puestos no creados o no mantenidos con los que el beneficiario hubiera quedado obligado en la resolución correspondiente. Si el incumplimiento excediera del 50 por 100 o tuviera como resultado la destrucción del empleo se entenderá que es total, debiendo reintegrarse todas las cantidades percibidas.
En el supuesto contemplado en la letra e) del apartado 2 de este artículo, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre los topes máximos de la inversión aprobada.
Si el incumplimiento derivará de la inobservancia de alguna condición o supuesto distinto de los anteriores, su alcance será determinado en función del grado y de la entidad de la condición incumplida.
La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación conjunta de las mismas.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones otorgadas en el ámbito de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, las siguientes conductas, cuando en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia:
La obtención de una subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.
El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención.
En los supuestos en que las conductas enunciadas en el apartado anterior pudieran ser constitutivas del delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 350 del Código Penal, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
Artículo 39 Personas responsables de las infracciones.
Serán responsables de las infracciones los beneficiarios de las ayudas y subvenciones que realicen las conductas tipificadas en el artículo anterior.
Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro y de las sanciones, en su caso, establecidas en el artículo 40, los Administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consistieren el de quienes de ellos dependan.
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones de reintegro y sanciones pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, los Administradores de las mismas.
Las infracciones enumeradas en el artículo 38 serán sancionadas mediante multa hasta el triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
Asimismo, la autoridad sancionadora competente podrá acordar la imposición de las siguientes sanciones:
Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas.
Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios, utilizados conjunta o separadamente:
La buena o mala fe de los infractores.
La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.
La resistencia negativa u obstrucción a la actuación investigadora de la Administración o a las actuaciones de control financiero contempladas en el artículo 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 41 Competencia y procedimiento.
La obligación de reintegro será acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, en función de sus respectivas competencias para la concesión de las subvenciones, al resolver el procedimiento regulado en el artículo 35.
La imposición de sanciones se efectuará mediante procedimiento administrativo instruido al efecto en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente, y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio, como consecuencia de las actuaciones inspectoras y de investigación realizadas por la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales, a solicitud de la Comunidad Autónoma, así como de las actuaciones de control financiero efectuadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Las sanciones serán acordadas e impuestas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, o por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con las respectivas competencias que tienen legalmente atribuidas para la concesión de subvenciones.
Artículo 42 Prescripción de las infracciones.
DECRETO 181/1995, de 30 de junio, por el que se especifica el procedimiento de gestión de las ayudas previstas en los Reglamentos (CEE) 866/1990 y 867/...
ORDEN AAM/309/2014, de 10 de octubre, por la que se declaran los créditos efectivamente disponibles de las ayudas de minimis para la mejora del rendimiento de los medios de producción ganadera de las explotaciones de ovino y cabrío, convocados por la Orden AAM/264/2014, de 11 de agosto.
ORDEN FORAL 1205/1999, de 25 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias del Valle de Aranguren, en Unidades UC21MA, UO18MA y UO15MA, de Mutilva Alta, promovido por el Ayuntamiento de dicho Valle.