Source: https://issuu.com/ruben060/docs/interpretaci_n_conforme
Timestamp: 2018-03-17 15:24:44
Document Index: 254492038

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 30', 'artículo 23', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 301', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 376', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 10', 'Artículo 390', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 113', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 1', 'Artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 22', 'artículo 159', 'artículo 16', 'artículo 44', 'artículo 522', 'artículo 11']

Interpretación conforme by Ruben - issuu
Gabriela Rodríguez Alberto Puppo Raymundo Gama
asi como las diversas fuentes complementarias las puedes consultar en la herramienta virtual ReformaDH:
Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf ). Contenidos: Gabriela Rodríguez, Alberto Puppo, Raymundo Gama y Jorge Cerdio, profesores e investigadores de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Grupo coordinador de la metodología: Magdalena Cervantes Alcayde (scjn), Luis Miguel Cano (scjn), Marycarmen Color Vargas (oacnudh), Ricardo Alberto Ortega Soriano (cdhdf ), Ana Karina Ascencio Aguirre (cdhdf ) y José Ricardo Robles Zamarripa (cdhdf ). Consultoría pedagógica: Viridiana Anaid Lobato Curiel. Editor responsable: Alberto Nava Cortez. Cuidado de la edición: Bárbara Lara Ramírez y Haidé Méndez Barbosa. Diseño y formación: María Eugenia Lucero Saviñón, Ana Lilia González Chávez y Gabriela Anaya Almaguer. Corrección de estilo: Haidé Méndez Barbosa y Sylvia Sod Schwartz. Distribución: Jacqueline Ortega Torres, María Elena Barro Farías, Eduardo Gutiérrez Pimentel y José Zamora Alvarado.
Primera edición, 2013 D. R. © 2013, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, del. Álvaro Obregón, 01030 México, D. F. www.cdhdf.org.mx D. R. © 2013, Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez núm. 2, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 06065 México, D. F. www.scjn.gob.mx D. R. © 2013, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas núm. 165, col. Polanco, del. Miguel Hidalgo, 11560 México, D. F. www.hchr.org.mx isbn: 978-607-468-545-9 (Obra completa) isbn: 978-607-468-548-0 (Módulo 3) El contenido de los módulos que conforman este proyecto es responsabilidad exclusiva de las y los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la scjn, la oacnudh, la cdhdf ni de las instituciones a las que se encuentran adscritos. Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta. Se autoriza la reproducción total o parcial de la presente publicación siempre y cuando se cite a la fuente.
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Presentación del módulo temático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Presentación de la problemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Presentación del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Diagnóstico preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Análisis del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Dificultades para establecer un diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Segundo diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Desarrollo analítico de las variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Interpretar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Interpretación e incompatibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Articulación de las variables: orden jurídico e interpretación conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Identificación de textos y relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) El razonamiento de la interpretación conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 12 13 13 23 29 30 31
Evaluación final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Ejercicios adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Materiales de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Presentación del módulo temático
La reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha introducido formalmente en el texto constitucional lo que se conoce como interpretación conforme. El segundo párrafo de dicho artículo establece: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Aunque desde el punto de vista sintáctico el legislador constitucional utilizó el tiempo verbal futuro simple del modo indicativo y no el imperativo o un verbo deóntico (como deber), la doctrina es prácticamente unánime en reconocer que se trata de una auténtica obligación de llevar a cabo una interpretación conforme. Dicha interpretación constituye una conducta ciertamente compleja respecto de la cual el legislador ha establecido una obligación. Para entender qué tipo de conducta se considera obligatoria es necesario esclarecer el significado de interpretación conforme. En otras palabras, de la misma forma que la obligación de proveer alimentos a los hijos no puede operarse si no se precisa antes qué se entiende por alimentos, el deber de interpretar el término conforme carece de operatividad si previamente no se define tal concepto. Sin embargo, definir la interpretación conforme no es una tarea sencilla. De entrada, el primer vocablo de esta expresión –interpretación– presenta un doble problema. Por un lado, desde el punto de vista puramente lingüístico es un término que, al igual que otras palabras del castellano, sufre de una ambigüedad por ser un proceso y un producto a la vez, como por ejemplo construcción. Una construcción es al mismo tiempo una actividad relativa a construir algo, y también es el producto de ésta, por ejemplo,
cuando se determinan las medidas de la construcción. Análogamente, una interpretación es a la vez la actividad de interpretar y el producto, es decir, el resultado de tal ejercicio. Por otro lado, en la teoría del derecho y en la práctica jurídica la interpretación se caracteriza por ser objeto de ciertas creencias, doctrinas o inclusive ideologías. En ese sentido, es sabido que el formalismo jurídico –que dominó gran parte de los siglos xix y xx–1 apoyaba una teoría de la interpretación que hoy, dado su nulo poder explicativo, ha sido recalificada como doctrina o ideología. Para el formalismo interpretativo la interpretación es una actividad cognoscitiva que consiste en descubrir el significado. Por lo tanto, la interpretación de la ley sería la acción que consiste en formular el sentido objetivo de ésta, más precisamente, de una disposición jurídica. Los operadores de la interpretación no contribuirían en nada a la determinación del significado normativo de los preceptos jurídicos. La reacción al formalismo interpretativo insistió en el carácter constructivo –y en algunos casos, claramente creativo– de la actividad interpretativa. El intérprete atribuye un sentido a textos a partir de reglas sobre la interpretación que definen lo que se conoce como argumentos o técnicas interpretativas. La interpretación conforme, si se toma el concepto antiformalista de la interpretación, en una primera aproximación sería una técnica para determinar el contenido normativo de un orden jurídico en general, y de sus disposiciones jurídicas en particular. En ese sentido, a continuación se presentará un caso paradigmático cuya solución puede ser aclarada a partir de aplicar la técnica de la interpretación conforme para, posteriormente, en la tercera parte bosquejar un diagnóstico sobre dicho caso e insistir en la exigencia de analizar las variables relevantes que permitan construir una tesis interpretativa. Identificar las variables supone contestar algunas preguntas preliminares: ¿en qué consiste interpretar?, ¿cómo se articulan los textos y las normas?, ¿de qué manera se desarrolla la actividad de atribuir significados? Con todo, decir que se trata de una técnica interpretativa no permite saber en qué consiste, exactamente, el interpretar conforme. La palabra conforme, a diferencia del vocablo interpretación, tiene un uso permanentemente ordinario. Sin embargo, su significado varía, probablemente, al modificar el concepto que se da al término interpretación. Si se habla de la actividad interpretativa, conforme tiende a evocar una actividad de conformar o hacer conforme. Dicha acción podría ser descrita por medio de otras palabras como adecuar o ajustar. Este sentido supone un término de comparación. La interpretación conforme será siempre conforme a algo. Siendo una actividad se debe suponer que el momento inicial es una situación de inconformidad o, por lo menos, de potencial inconformidad. Es preciso decir potencial en la medida en que interpretar no es una actividad cognoscitiva, esto es que conformidad o inconformidad no se dan en la naturaleza –del derecho, en este caso–, como propiedades que sólo el intérprete describe.
Sobre el formalismo jurídico y en particular el formalismo interpretativo, véase Norberto Bobbio, “Formalismo jurídico”, en El problema del positivismo jurídico, trad. de Ernesto Garzón Valdéz, México, Fontamara, 1992.
La interpretación conforme es la actividad que consiste en buscar explicaciones de varios textos, por lo menos de dos, que sean compatibles entre sí. En otras palabras, su objetivo consiste en identificar una o más interpretaciones conformes como resultado de dicha acción. La particularidad de la institucionalización del deber de interpretación conforme realizada por la reforma al artículo 1o constitucional radica en la definición del parámetro de la conformidad, es decir, de las normas a las cuales deberán conformarse otras normas. Como la conformidad es conformidad hacia alguna otra cosa, para desarrollar la actividad pertinente siempre será necesario identificar el parámetro respecto del cual se busca adecuar, ajustar y compatibilizar otro elemento normativo, el significado de otro texto legal. A partir del dominio de las variables es posible articularlas para proceder al análisis de la técnica de la interpretación conforme, tal como es institucionalizada por el texto constitucional, tomando en cuenta especialmente la forma en que el citado texto articula dicha interpretación con el principio pro persona. En resumen: una vez dominadas la técnica interpretativa en general, que consiste en identificar contenidos normativos plausibles –a partir de los ejercicios propuestos en la primera parte–, y la técnica particular que consiste en imaginar posibles interpretaciones (de por lo menos dos textos) compatibles entre sí –a partir de los ejercicios propuestos en la segunda parte–, será posible proporcionar un contenido concreto a la obligación de interpretación conforme, tal como de forma contingente lo establece el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución y, sobre todo, desarrollar las habilidades correspondientes –a partir de los ejemplos, más complejos, propuestos en la tercera parte–, y evaluar la adquisición de éstas.
1. Presentación del caso María Luisa Domínguez Martínez es una persona nacida en Colombia que contrajo matrimonio con un mexicano y tiene establecido su domicilio en el territorio nacional. El 25 de octubre de 2011 la Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgó su carta de naturalización, luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la Constitución mexicana (artículo 30, apartado B) y en las leyes correspondientes (Ley de Nacionalidad, artículo 20; y Reglamento de la Ley de Nacionalidad, artículo 15). Hasta la fecha, la señora Domínguez tiene la nacionalidad mexicana por naturalización, en virtud de que no ha incurrido en ningún supuesto que acarree la pérdida de ésta. María Luisa Domínguez tiene 35 años de edad, es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y desde hace ocho años se desempeña como abogada litigante en el ámbito civil en el Distrito Federal, en donde ha residido los últimos cinco años. Así también, se ha preparado con ahínco para concursar por el cargo de juez del Distrito Federal en materia civil. El 22 de agosto de 2012 se enteró de la convocatoria publicada en el Boletín Judicial que lanzó el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal sobre el concurso de oposición libre de cinco plazas vacantes para juez en materia civil del Distrito Federal con carácter definitivo. Las bases de la convocatoria establecen, entre otras cosas, los requisitos que tendrán que cumplir los candidatos, los cuales reproducen lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: “para ser juez de distrito en materia civil se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento”. La convocatoria señala además que los candidatos deberán contar con una serie documentos para poder concursar. Entre éstos se mencionan: copia certificada del acta de nacimiento; copia certificada
del título profesional de licenciado en derecho, así como una copia certificada de la cédula profesional; currículum vitae del candidato; declaración bajo protesta de decir verdad que el aspirante no tiene antecedentes penales y una constancia que acredite también que tiene cinco años o más de ejercicio profesional. La convocatoria establece que los documentos deberán ser entregados en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Judicial. Asimismo, contempla la realización de los exámenes, las fechas en las que se practicarán, entrega y publicación de los resultados, así como el procedimiento para asignar las plazas a los candidatos que hayan superado las pruebas. La señora Domínguez considera que cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria y mantiene firmemente que el correspondiente a la nacionalidad del aspirante debe ser entendido en el sentido de que la nacionalidad mexicana es una sola con independencia de su modo de adquisición: por naturalización o nacimiento. Bajo estas premisas, el 22 de agosto de 2012 acudió al citado instituto para entregar su documentación completa. Los funcionarios a cargo se negaron en un primer momento a recibirle sus papeles, alegando que la señora Domínguez no presentaba la copia certificada de su acta de nacimiento. Tras un intercambio de argumentos, la solicitante logró convencer a los funcionarios de que le aceptaran sus documentos. En el acuse le validaron la entrega, con excepción de la copia certificada del acta de nacimiento, asentando que en su lugar se presentaba copia certificada de la carta de naturalización. El 29 de agosto de 2012 el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal le notificó por escrito a la señora Domínguez que su solicitud para participar en el concurso de oposición para ocupar una plaza de juez del Distrito Federal en materia civil fue rechazada por no cumplir con el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento. Inconforme con esta determinación, la interesada impugnó esta negativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
2. Diagnóstico preliminar A partir de la información presentada, haga un primer diagnóstico, utilice como base las siguientes preguntas: •	¿Cómo resolvería el caso empleando una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en derechos humanos pertinentes? •	¿Existe alguna interpretación de las disposiciones aplicables al caso que sea la más favorable para la señora Domínguez? •	¿Usted qué haría en caso de no encontrar tal interpretación?
1. Dificultades para establecer un diagnóstico El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal conoció de la impugnación presentada por la peticionaria ante la respuesta negativa a su solicitud de ingreso al concurso de oposición. En su análisis, la autoridad encargada de resolver la impugnación determinó que era viable, en un primer lugar, percatarse de cuáles eran las disposiciones normativas que resultarían aplicables. En ese sentido, se ubicó que algunas de las disposiciones relevantes eran: El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización”. De igual forma se incluyó como texto relevante el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh) que dice: Artículo 23. Derechos políticos. 1.	Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a)	de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b)	de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, c)	y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2.	La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Posteriormente, la autoridad que conoció de este asunto advirtió la necesidad de interpretar las palabras de los textos seleccionados para poder utilizar la técnica de la interpretación conforme. Asimismo, el magistrado que conoció del caso consideró necesario esclarecer la forma en que el texto de la Constitución puede ser interpretado. En concreto, determinar ¿qué se entiende por nacionalidad mexicana? Así también, el texto del artículo 23 de la cadh. Esta disposición establece que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (inciso c). La ley puede introducir restricciones al acceso igual a las funciones públicas únicamente por ciertas razones (fracción ii) entre las que se encuentra la nacionalidad. En tal entendido, el magistrado encargado de resolver la impugnación de la señora Domínguez delimitó como parámetro de referencia la interpretación elegida para el artículo 30 de la Constitución y para el artículo 23 de la Convención que relacionados dicen que la ley puede restringir el acceso a las funciones públicas por razones de nacionalidad, es decir, cuando no se posea la nacionalidad mexicana –ni por nacimiento ni por naturalización. Ahora bien, observando las circunstancias específicas del caso se requería hacer una interpretación conforme de la fracción i del artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que señala: Artículo 17. Para ser juez de primera instancia en las materias civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes, y del arrendamiento inmobiliario, se requiere: i.	Ser mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
2. Segundo diagnóstico A partir de la información aportada y con base en su experiencia, responda los siguientes cuestionamientos: •	¿Considera usted que la delimitación de todos los elementos normativos relevantes es una operación necesaria para realizar la interpretación conforme? ¿sí?, ¿no?, ¿por qué? •	Si usted fuera el magistrado que conoció del caso de la señora Domínguez, ¿qué expresiones de dicha disposición consideraría como fundamentales para poder resolver la problemática planteada? •	En atención a la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, ¿considera usted que la consulta de fuentes nacionales e internacionales resulta necesaria para la realización de la técnica de interpretación conforme?, ¿sí?, ¿no? Justifique su respuesta. •	Con base en lo señalado y sustentado, ¿considera que habría una única respuesta para solucionar la problemática que aqueja a la señora Domínguez?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué?
3. Desarrollo analítico de las variables a) Interpretar Llamamos interpretar a la actividad de asignar sentido o significado a textos jurídicos, por ejemplo, artículos de una ley, fracciones de un reglamento, párrafos de una Constitución, capítulos de un tratado. El producto de la actividad de interpretar un texto se expresa en palabras, frases y enunciados que llamamos enunciados interpretativos. El sentido de las palabras que expresan el significado del texto se denomina interpretación. A manera de ejemplo, véase el siguiente texto: Texto 1: “Cuando la obligación sea solidaria, el pago que realice cualquiera de los deudores libera al resto”.
Esta frase puede explicarse mediante el siguiente enunciado interpretativo 1: La obligación solidaria quiere decir que más de un individuo es deudor respecto de otro sujeto denominado acreedor. Es una obligación solidaria porque todos los deudores responden por el total de la deuda en forma individual frente al acreedor. Éste puede exigir el monto total de la deuda de cualquiera de los deudores solidarios. Cuando uno de los deudores paga al acreedor la deuda se extingue. Al extinguirse la deuda, el resto de deudores que no pagaron al acreedor también se ven liberados de su relación jurídica con el acreedor.
El párrafo anterior interpreta el texto 1 porque indica lo que quiere decir, el sentido que expresa, el mensaje que transmite. El enunciado interpretativo 1 explica cómo ha de entenderse el texto 1 empleando los significados que habitualmente se le asignan a los términos que integran el texto: “obligación solidaria”, “liberación”, “deudor”, “pago”, etcétera. La explicación trata de manifestar el mensaje que la frase transmite habida cuenta de las reglas del lenguaje castellano y del lenguaje jurídico (técnico). Si bien es cierto que siempre es posible asignar un sentido distinto al texto 1, sería una exageración concluir de este hecho, que la asignación de cualquier sentido es aceptada por la mayoría de abogados en forma cotidiana. Afirmar que el texto 1 quiere decir “que el deudor debe dar al acreedor un perro caniche” o “el acreedor puede vivir en la casa de la suegra de los deudores, si la hubiera” sería una interpretación inusitada, fuera de lo que la mayoría de abogados entendería dentro del marco de sentidos que habitual o consuetudinariamente le asignamos a las palabras que componen el texto 1. Explicado de otra manera, aunque sea posible que a cualquier texto se le asigne cualquier sentido, no quiere decir que no exista un sentido compartido y contingente por la mayoría de personas acerca de las palabras que forman el texto. Sin embargo, existen ocasiones en las que el recurrir al sentido corriente y consuetudinario de las palabras no arroja un resultado confiable; situaciones en las que las reglas del lenguaje no permiten detectar el mensaje expresado por el texto.
A manera de ejemplo, véase el siguiente texto: Texto 2: “Los jueces no serán removidos de su cargo ni su salario reducido sino por causa grave”.
El texto 2 puede tener más de un sentido, expresados en al menos dos enunciados interpretativos: a)	Enunciado interpretativo 2: “Los jueces nunca pueden ser removidos de su cargo y la única razón por la que pueden ver su salario reducido, es si hay una causa grave. En ausencia de una causa grave, no se le puede reducir el salario a los jueces”. b)	Enunciado interpretativo 3: “Cuando haya una causa grave se puede remover de su cargo a los jueces o bien, reducirles el salario”.
Por otro lado, aunque nos decidiéramos por uno u otro sentido –entre el enunciado interpretativo 2 o 3– habría que dar cuenta de lo que ha de entenderse por la expresión “causa grave”. Así, se puede interpretar “causa grave” como “algún acto u omisión del juez que exhiba su deshonestidad” o “cuando un juez decide en forma arbitraria, sin justificación alguna”. En casos como los del texto 2 puede ser atribuido más de un mensaje al texto, empleando los sentidos habituales y comunes del castellano y de la jerga técnica del derecho. Sería una afirmación muy audaz decir que únicamente una interpretación es posible o es la real. Por supuesto que si tuviéramos al lado al autor del texto 2 podríamos preguntarle nuestra duda y él podría aclarar el alcance de sus palabras.2 Pero esta suele ser la excepción y no la regularidad: normalmente no se tiene a mano al autor del texto jurídico que se interpreta. De aquí que el intérprete debe elegir el sentido que prefiera para el texto o el que le parezca más adecuado. La diferencia entre el texto al que se le atribuye un significado –sea detectado o por elección– y las palabras con las que exponemos el significado atribuido es útil para distinguir entre la formulación de una norma jurídica y una norma jurídica. Al texto jurídico que expresa algún mensaje –uno o más de uno– se le denomina formulación, y al mensaje –significado– que el intérprete ha elegido a partir de ese texto se le llama norma, en un sentido amplio.3 En este sentido, diremos que el texto 2 es una formulación que expresa, al menos, dos normas, una por cada interpretación que sea posible atribuirle: el enunciado interpretativo 2 y el enunciado interpretativo 3.
Veremos más adelante cómo el uso de los antecedentes y trabajos previos de un tratado, en algunas ocasiones ayudan por ejemplo, a descartar una interpretación en lugar de otra, sin que esto sea siempre una solución completa. Después de todo, los antecedentes y los trabajos previos de un tratado son también textos que pueden presentar los mismos problemas de interpretación que el texto del tratado. Del mismo modo puede ocurrir que el antecedente no esclarezca en nada el propósito que se quiso dar al texto o la razón de la elección de cierta construcción gramatical o de alguna palabra. 3 La norma puede incluir las prescripciones –todos los ciudadanos mexicanos deben contribuir al gasto público–; las presunciones –se considera naufragados a los buques que en seis meses no se comuniquen después de haber zarpado del último puerto conocido–, las directrices –Los pensionados que deseen obtener la exención fiscal por vejez deberán llenar el formulario I-45. 2
Criterios para interpretar Algunos sistemas jurídicos indican al intérprete –juez o jurista– que guíe y oriente su labor de interpretar con ciertas pautas o criterios. La actividad de interpretar consiste en asignar sentido a ciertos textos, en detectar –o decidir– la norma que expresa la formulación siguiendo ciertas pautas. Ahora bien, es conveniente destacar tres criterios que son particularmente importantes en la práctica de interpretar tratados internacionales –y por ende, tratados internacionales de derechos humanos– a saber: a) El texto; b) El contexto y 3) El objeto y fin.4 •	El texto La utilización del criterio textual supone hacer uso de los significados corrientes y habituales que tienen las palabras de un grupo o práctica jurídica. Desde luego que en un sentido muy amplio la asignación de significado a un texto siempre emplea este criterio, es decir, siempre utilizamos los significados corrientes y las reglas del lenguaje en el que está escrito el texto. Así, por ejemplo, suponga que lee en un cartel el siguiente texto: Texto 3: “Le rogamos mantener sus guaguas bajo supervisión”.
El texto 3 tendrá, en principio, el sentido que el intérprete obtenga al emplear las reglas del lenguaje en el que esté escrito. La palabra guagua suele designar a una niña o a un niño muy pequeño en el norte de Argentina, Chile, la zona sur occidental de Colombia y en Bolivia. El empleo de la convención lingüística en esos países permite construir el siguiente enunciado interpretativo: Enunciado interpretativo 4: “Se pide a las personas que tengan niños pequeños que los mantengan supervisados”.
Sin embargo, el uso de esta palabra en Cuba, República Dominicana, Islas Canarias y Puerto Rico designa algo muy distinto: un autobús, camión u ómnibus. Si se adopta esta convención lingüística, esto es, cómo se usa en estos países el término guagua, el mensaje que resulta es diferente al anterior y permite construir el siguiente enunciado interpretativo:
Los criterios interpretativos que hacen referencia al texto, el contexto y el objeto y fin son elementos que corresponden a las metodologías textual, sistemática y teleológica de interpretación de los tratados, las cuales están bien establecidas y se utilizan habitualmente al interpretar disposiciones complejas de tratados multilaterales. En su conjunto, estos criterios se conocen bajo el nombre de regla general de interpretación de los tratados, la cual está establecida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados. Se denomina regla a los tres criterios porque constituyen una sola operación combinada, que busca usar todos los criterios en forma holística. Véanse Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. ii, Nueva York, onu, 1966, p. 241; y Ley de Comercio Exterior, artículo 301, Informe del Grupo Especial, párr. 7.22. No obstante, a lo largo de las últimas décadas la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos ha desarrollado, de forma convergente una interpretación dinámica y progresiva del tratado que se privilegia el uso del argumento teleológico. Véanse Corte idh, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, Opinión Consultiva oc-16/99 del 1 de octubre de 1999, serie A, núm. 16, párr. 3, p. 1; y Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Advisory Opinion, icj, Reports, 1971, pp. 16-31, disponible en <http://www.icj-cij.org/docket/?p1=3& p2=4&code=nam&case=53&k=a7>, página consultada el 7 de abril de 2013.
Enunciado interpretativo 5: “Se pide a las personas que tengan un autobús, camión u ómnibus que lo mantengan bajo supervisión”.
Seguramente la ubicación geográfica del cartel es un indicativo de cuál es la costumbre lingüística que, con algún grado de certeza, debamos emplear. Otro tanto sucede con las palabras que son usadas en un sistema jurídico y dentro de éste en cada una de sus ramas de la práctica –civil, penal, administrativa, etc. Por ejemplo, las expresiones “contrato de locación” y “contrato de arrendamiento” refieren el mismo concepto pero con vocablos distintos. El uso corriente y habitual que tienen las palabras es siempre relativo a una comunidad de usuarios, incluyendo, desde luego, las comunidades de juristas.5 Si por interpretar un texto se entiende detectar un sentido, entonces siempre se emplean las convenciones y las costumbres lingüísticas que gobiernan las palabras y las reglas del idioma en el que está escrito el texto –variables en el tiempo y de región en región. Por este motivo, es útil distinguir entre interpretación en sentido amplio (comprender) e interpretación en sentido estricto.6 Diremos que se comprende un texto cuando detectamos el mensaje que expresa como resultado de emplear las reglas del lenguaje en el que está escrito y las convenciones y costumbres lingüísticas detrás de las palabras. En cambio, cuando después de emplear los sentidos habituales que tienen las palabras no es posible detectar el sentido que expresa el texto –ya sea porque hay más de una posibilidad o porque el texto es impreciso u oscuro– se debe elegir, decidir, cuál es el sentido que se le quiere dar al texto. El acto de decidir el sentido del texto consiste en la interpretación en sentido estricto. En ambos casos, el producto de la actividad de interpretar –en sentido amplio (comprender) o estricto– un texto se expresa en palabras, frases y enunciados que hemos denominado enunciados interpretativos. •	El contexto Las palabras a las que les asignamos sentido aparecen junto con otras en oraciones y estas últimas a su vez forman párrafos. Los párrafos organizados en artículos o incisos, en su conjunto, constituyen el texto de una ley o reglamento. A este conjunto de otros vocablos, oraciones y párrafos se le puede llamar el contexto dentro del cual se interpreta la palabra.7 Así, por ejemplo, la expresión “gato” puede tener más de un sentido pero una vez que aparece dentro de la oración “las especies de gato (felis silvestris catus) endémicas de México”, el resto de sentidos distintos del animal mamífero se disipan. Si adicionalmente esta oración aparece dentro de una “ley general para proteger la fauna endémica de México” sería to-
Es particularmente importante tomar en cuenta que las definiciones y estipulaciones que hacen los tribunales acerca de términos y conceptos forman parte de los criterios de significación de los términos jurídicos. Así por ejemplo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezca el alcance de términos y conceptos forman parte del criterio textual. Son criterios ineludibles desde el punto de vista lingüístico de la práctica y siempre deben ser incorporados. Desde luego que un órgano en particular puede decidir no usar la definición de algún tribunal, pero esto excluye el hecho de que los practicantes empleen el criterio para dotar de sentido a los textos y comunicarse entre ellos. 6 Véase Marcelo Dascal y Jerzy Wróblewski, “Transparency and doubt: Understanding and interpretation in pragmatics and in law”, en Law and Philosophy 7 (2), 1998, pp. 427-450. 7 Véase Alf Ross, Sobre el derecho y la justicia, 3a ed., trad. de Genaro Carrió, Buenos Aires, Eudeba, 2006, p. 170. 5
davía más absurdo suponer que el término “gato” se refiera a los “instrumentos hidráulicos empleados para elevar objetos del piso”. La red de relaciones entre palabras de una misma oración o entre palabras de un mismo párrafo o entre el conjunto de párrafos de un texto implica que interpretar textos es una actividad sistemática. En el derecho es todavía más cierto, lo anterior si se toman en cuenta, al menos, dos peculiaridades de los textos jurídicos. De un lado, los textos jurídicos como las leyes, los decretos o los tratados están organizados bajo temáticas. Así por ejemplo, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh) trata de las “garantías judiciales”. Dicho artículo tiene cinco fracciones y todas ellas tratan de las garantías judiciales. El tema de las garantías judiciales es el contexto en el que han de ser leídas las fracciones del artículo 8º de la cadh. También encontramos que la organización que se hace en los textos jurídicos puede ser estructural. Así por ejemplo, la fracción 2 y su inciso a del artículo 13 de la Convención Americana están unidos en forma estructural, de un modo similar a como una oración subordinada está unida a su oración principal: 2.	El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a)	el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
La lectura y comprensión del inciso a debe ser hecha en conjunción con el texto de la fracción 2. Esto es así porque dicho inciso establece una de las razones por las que el Estado podría fijar responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. La fracción 2 es el contexto en el que ha de ser leído el inciso a. Otra técnica de relacionar partes de un texto jurídico aparece en la forma de interreferencias expresas. Por ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana aborda la “suspensión de garantías” y en su segunda fracción dice: “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos”. Para entender qué derechos no pueden ser suspendidos, y así comprender el sentido de dicho precepto, se deben tomar en cuenta los artículos listados por la segunda fracción. La referencia de la segunda fracción a otros 11 artículos de la Convención Americana une ambas partes del texto para formar un todo contextual. En la misma categoría se encuentran los enunciados que se aplican a todas las disposiciones de un texto legal, típicamente, las definiciones. El artículo 1º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La definición es el contexto respecto del cual deberán ser leídos el resto de artículos en los que aparezca la expresión definida o se haga referencia a ella (violencia contra la mujer).
•	Objeto y fin La creación de leyes, decretos, tratados, textos jurídicos, en general, pueden ser vistos como actos intencionales, en el sentido muy simple de que uno o distintos individuos los han producido a propósito. En otro sentido, menos simple, los mismos textos pueden ser considerados como dispositivos que buscan incidir en la conducta de hombres y mujeres en específico. Los autores de los textos jurídicos deciden regular determinadas conductas para intervenir, preservar o constituir socialmente una situación. Es por ello que se dice que las leyes, decretos, tratados y las normas jurídicas, de forma más amplia, son utilizados como medios para alcanzar ciertos propósitos.8 En ocasiones, el objetivo que persigue una norma se consigna de manera expresa. Por ejemplo, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala en su artículo 1º: “El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. En otras ocasiones el propósito que se busca con un instrumento de este tipo aparece en las declaraciones que anteceden la regulación o en los documentos de trabajo previo o de negociación –conferencias preparatorias, rondas de ministros. Por ejemplo, desde la x Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1921 se inició la discusión sobre el derecho de las víctimas de guerras civiles o disturbios sociales a ser socorridas. La discusión prosiguió en la xvi Conferencia de 1938 y en 1948 se propuso agregar al Convenio de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja un cuarto y último apartado que incluía los derechos de las víctimas a ser socorridas en conflictos armados que no fueran de índole internacional.9 La lectura de las discusiones en las distintas conferencias permite construir que el propósito detrás de la expresión conflicto armado se haga extensivo a conflictos armados no internacionales, internos. El uso del objeto y fin de un texto se hace para determinar qué situaciones incluye la extensión –el alcance– de las palabras empleadas. Por ejemplo, supongamos el siguiente texto, junto con su objeto y fin y un caso hipotético: Texto 4: “Cuando con motivo u ocasión de un robo resulte una persona lesionada, se le imputará al culpable una pena de prisión agravada”. Objeto y fin: “Castigar con una pena mayor cuando se afecta más de un bien jurídico. En el caso del robo se afecta la propiedad que se arrebata. Pero cuando en la ejecución del robo se perjudica también la integridad de otra persona, son dos los bienes afectados. La víctima sufre por partida doble, primero porque pierde su propiedad y segundo porque pierde parte de su integridad física y su salud. Por lo que el culpable debe recibir, en esa proporción, un mayor castigo”.
En lo que sigue, las palabras objetivo, propósito y fin se usan en forma indistinta. Véase Jean Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, vol. 2, Ginebra, icrc, 1952.
Caso: “Una persona comete robo en contra de otra. En la ejecución del asalto, la víctima forcejea con el ladrón, pierde el equilibrio, cae al suelo y se lastima la cabeza con el filo de la banqueta”.
El uso del objeto y fin sirve para determinar el alcance de las palabras del texto 4, es decir, si habremos de interpretar el contenido de las palabras del texto legal para que la norma incluya el caso hipotético. Interpretar que el caso está regulado por la norma quiere decir que es un ejemplo de la situación abstracta y genérica10 que la norma castiga: esta lesión en la cabeza, causada por el forcejeo con el ladrón, ocurrió con motivo u ocasión del robo. Por lo tanto, el culpable debe ser castigado con una pena agravada. Supongamos ahora el mismo texto 4, con el mismo objeto y fin, pero con un caso hipotético distinto: Caso: “Una pareja de ladrones asalta un banco y sustrae dinero. Varios policías logran acorralarlos para su detención. Intercambian disparos con armas de fuego. En el tiroteo, un ladrón es lesionado por las balas de la policía”.
Dado que quien roba es también una persona y entonces, con motivo u ocasión del robo ha salido lesionada, ¿debe el culpable ser castigado con la pena agravada? Se trata de esclarecer el alcance de la palabra persona en el texto, si se refiere a cualquier individuo que resulte lesionado cuando se ejecuta el robo –incluyendo al agresor– o si debe restringirse la extensión de tal vocablo para que se aplique únicamente a las víctimas del robo. El recurso al objeto y fin permite construir la siguiente interpretación: Enunciado interpretativo 5: “Cuando con motivo u ocasión de un robo resulte la víctima lesionada, se le imputará al culpable una pena de prisión agravada”.
La norma que se obtiene del texto 4, cuando se usa el objeto y fin restringe la extensión de la palabra persona a la víctima del robo. Sin embargo, puede ocurrir que el uso del objeto y fin sea empleado para extender el sentido de una palabra o expresión a un caso no incluido en su sentido común y habitual.11 Por ejemplo, suponga el siguiente texto, junto con su objeto y fin y un caso hipotético: Texto 5: “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda”. Objeto y fin: “a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos”.
Véase Eduardo Bulygin, “Creación y aplicación del derecho”, en Fernando Atria et al., Lagunas en el derecho, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 37-42. 11 Ambos efectos son semejantes a los documentados por Guastini. Véase Riccardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. de Marina Gascón y Miguel Carbonell, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 1999, disponible en <http://biblio. juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1651>, página consultada el 7 de abril de 2013. La relación que media entre el objeto y fin y la extensión o alcance de las palabras con las que se formula una norma son las que analiza Schauer como “Over-Inclusiveness” y “Under-Inclusiveness”. Véase Frederick Schauer, Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Oxford, Clarendon Press, 1991, pp. 31-47. 10
Caso: “La madre de una niña de ocho años, víctima de trata, va al encuentro de su hija que acaba de ser rescatada por la policía. La niña es identificada como víctima de trata y se le otorga un permiso temporario de residencia en el país. A la madre, en cambio, se le da un plazo máximo de tres días para salir del territorio pues ingresó al país en forma ilegal”.
¿Podría el beneficio que se establece a la víctima de trata –permanencia temporal en el país– ser extendido también a su madre, siendo que la víctima es una niña? Se puede pensar en más de una forma de construir el sentido del texto con el objeto y fin. Una sería, asignar a la expresión “víctimas” una extensión que incluya a la madre que ha sido víctima de las personas que tomaron a su hija, porque la privaron de su convivencia, protección y crianza, porque le causaron dolor y angustia. Otra forma, sería indicar que el propósito es salvaguardar los derechos humanos de la menor, víctima del delito. Uno de tales derechos es el de tener acceso al cariño y cuidado de su madre, derecho consagrado en los instrumentos que protegen los derechos de las y los niños. En una u otra forma el efecto sería extender el beneficio para construir la siguiente norma: Enunciado interpretativo 6: “Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas, incluidos los padres cuando ésta sea menor de edad, de permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda”.
La regla general de interpretación El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales se denomina regla general de interpretación. Esto se debe a que la intención de la Comisión de Derecho Internacional era señalar que la aplicación de los medios de interpretación que figuran en el artículo 31 constituye una sola operación combinada. Es decir, que al detectar o asignar el sentido al texto de un tratado, se deben combinar los tres criterios que hemos señalado: el texto, el contexto y el objeto y fin. En otras palabras, el sentido del texto será el producto de aplicar todos los criterios de interpretación para obtener la norma que expresa el texto (formulación de la norma). Para ejemplificar la técnica, suponga el siguiente texto: Texto: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.
Ahora, supongamos el siguiente objeto y fin: “Las deudas civiles y patrimoniales no deben merecer la pérdida de la libertad, porque su afectación debe ser especialmente reservada y cuidada a situaciones específicas. Casos en los que se vea afectada la vida de otras personas, el orden público u otro bien superior. En cambio, las deudas que los acreedores alimentarios tienen con sus deudores son de naturaleza distinta: los deudores, de no recibir los alimentos, son vulnerables en su integridad física, en los recursos
que posibilitarían su manutención y desarrollo material. De tal modo que en este caso la afectación a la libertad por motivo de una deuda –una deuda alimentaria– sí estaría justificada. Siempre, que sea ordenada por una autoridad judicial competente. Se busca proteger a los más vulnerables”. El primer criterio que emplearemos será el textual, pues es ineludible analizar las oraciones a partir del sentido común y habitual que poseen en la comunidad lingüística. Así, el enunciado interpretativo que resulte deberá tomar en cuenta el sentido técnico de las expresiones “detenido”, “deuda” –que es relativa a un “acreedor”–, “deber alimentario” y “autoridad judicial competente”: Enunciado interpretativo (textual): “Nadie será privado de su libertad (detenido) cuando incumpla sus obligaciones con sus acreedores (por deudas). Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente –que por una ley pueda conocer de los asuntos que involucran alimentos– dictados por incumplimientos de deberes alimentarios –cuando por ley o por sentencia un individuo debe proveer a otros de casa, comida, vestido, salud y educación”.
El enunciado interpretativo anterior será objeto del segundo criterio, el contextual. En este caso tenemos que entre la primera oración del texto y la segunda hay una relación estructural, porque la segunda es una excepción a la primera. Se podría parafrasear la relación para reformular el enunciado interpretativo anterior como sigue: Enunciado interpretativo (textual + contexto): “El único caso en el que alguien puede ser privado de su libertad (detenido) cuando incumpla de sus obligaciones con sus acreedores (por deudas) es cuando se trate del incumplimiento del deber de suministrar alimentos y sólo si así lo manda (detener) un juez competente en la materia (quien por ley puede conocer de los asuntos que involucran alimentos)”.
El uso del objeto y fin requiere de un caso hipotético o real que ponga a prueba la extensión, el alcance de las palabras que hemos interpretado. Pensemos en un caso como el que sigue: “Un Estado Parte legisla un delito por el que un deudor alimentario puede ser puesto en prisión si se prueba que ha dejado de cumplir con su deber durante ocho meses. El juez competente para decretar la prisión es un juez de lo penal” ¿Está este caso regulado por la norma frente a su objeto y fin? Se podría interpretar que a la luz del objeto y fin, la razón para autorizar una detención por deudas es proteger a los deudores alimentarios, vulnerables. Que la justificación subyacente a la norma es proteger un bien mayor y que este interés es el que permite la afectación de la libertad. Como el nuevo delito castiga a quienes afectan con su omisión a los deudores alimentarios, vulnerables, la justificación alcanza también al delito. Es decir, el delito es un acto del Estado Parte acorde con el objeto y fin del tratado. Las ideas clave que deben quedar claras de esta sección son: •	•	•	•
La diferencia entre una formulación normativa (texto) y una norma (significado). La diferencia entre interpretar en sentido amplio (comprender) y en sentido estricto. El uso de los criterios de interpretación; textual, contextual y por el objeto y fin. El uso de los tres criterios anteriores en una sola operación (regla general de interpretación).
Los pasos para realizar una interpretación holística que cumpla con la regla general de interpretación se muestran en el siguiente diagrama: Diagrama 1.
Identificar los textos a ser interpretados (formulaciones de la norma)
2 Usar el sentido habitual, ordinario y común de las palabras y expresiones en el texto (criterio textual)
4 PRODUCE Usar las relaciones en el texto para vincular los sentidos entre las partes (criterio contextual)
Interpretación textual (enunciado interpretativo)
Usar el objeto y fin para fijar la extensión (alcance) de las palabras frente al caso (criterio del objeto y fin)
Interpretación contextual (enunciado interpretativo)
Norma (texto + interpretación)
b) Interpretación e incompatibilidad Decimos que dos normas son incompatibles cuando no es posible que su destinatario las acate al mismo tiempo. Por ejemplo, una norma que mande a las y los extranjeros presentarse ante la autoridad migratoria el día 1 de mayo y otra que lo prohíba. Los textos, en cambio, no son incompatibles entre sí hasta que los dotemos de sentido. Por esto hablamos de normas que son incompatibles entre sí –es decir, textos que ya han sido interpretados. La incompatibilidad de la que trataremos es, en este sentido, producida por el significado que tienen las palabras.12 Por ejemplo, comparemos dos textos: Texto 1: “Prohibido entrar con alimentos al evento”. Texto 2: “Obligatorio traer una bebida al evento”.
Los textos expresarán normas incompatibles dependiendo del sentido que le asignemos a cada uno. Si entendemos que todo lo que llamamos “alimento” es también una bebida, es decir, todo lo que bebemos nos alimenta, entonces habrá casos en los que será imposible cumplir con ambas normas a la vez. Por el contrario, si decidimos que habrá “bebidas” no alimenticias que no forman parte de la clase de los alimentos, entonces podremos generar las siguientes normas compatibles: Norma 1: “Prohibido entrar con alimentos al evento”. Norma 2: “Obligatorio traer una bebida al evento, que no sea alimenticia”.
También podría ser que se decida que el texto 2 se refiere a todas las bebidas, sean o no alimenticias, así que, en efecto, hay una incompatibilidad entre las normas para los casos en que alguien quiere ingresar con bebidas que se consideran como alimentos. Lo que debemos advertir es que dos normas son incompatibles a partir de una interpretación. Desde luego que en la vida cotidiana dotamos de nuestro entendimiento común y corriente a las normas expresadas en los carteles, en los formularios para abrir una cuenta bancaria y en las leyes impositivas– aunque puede también ser que tengamos un conocimiento técnico de las palabras. Una autoridad que dicta normas incompatibles incurre en una situación gravosa para los ciudadanos que se suele advertir de inmediato. Que la incompatibilidad aparezca a partir del significado que le atribuimos a los textos –interpretación– no niega la existencia de las incompatibilidades entre normas –todo abogado se ha encontrado con alguna en su práctica– sino que hace presente que un cambio en el significado que le atribuimos al texto elimina la incompatibilidad. Interesa advertir una técnica específica, una operación interpretativa que denominaremos compatibilismo: cambiar el sentido asignado a un texto para eliminar la incompatibilidad. Si se advierte con cui-
Otra forma de incompatibilidad es la que surge de situaciones de hecho que hacen imposible cumplir con lo mandado por dos normas, no obstante que su contenido no es incompatible. Por ejemplo, “debes peinarte antes de salir de casa” y “obligatorio salir del edificio en caso de sismo”, frente a la situación de un sismo antes de iniciar el peinado. En la coincidencia de supuestos, en la situación, o bien se peina el sujeto o bien sale del edificio (¡despeinado!). Para una discusión sobre este tipo de incompatibilidades véase Carlos E. Alchourrón, Fundamentos para una teoría general de los deberes, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 164 y ss.
dado, lo que la técnica hace es cambiar la norma incompatible dejando el texto sin modificar. En otras palabras, como las normas jurídicas son textos interpretados (sentido), cuando cambiamos el sentido que le damos al texto, modificamos las normas jurídicas. Compatibilidad y jerarquía La técnica de asignar un sentido distinto a los textos para eliminar la incompatibilidad admite que el cambio se haga –en forma indistinta– a cualquiera de las normas incompatibles. La técnica de hacer compatibles los sentidos de los textos –y así a las normas expresadas– admite cualquier dirección de ajuste. Es decir, podemos adaptar la primera formulación para que sea compatible con la segunda o podemos hacer lo contrario, con resultados idénticos. Para mostrar las direcciones de ajuste recordemos el ejemplo acerca de los alimentos y bebidas: Texto 1: “Prohibido entrar con alimentos al evento”. Texto 2: “Obligatorio traer una bebida al evento”.
Una primera dirección podría ser interpretar “alimentos” para que incluya únicamente aquéllas cosas que comemos, que ingerimos, que masticamos, pero no que bebemos: si algo se bebe, no es un alimento. Aquí el texto 1 es ajustado (su interpretación se adecua a la norma expresada por el texto 2) –que queda sin modificación alguna. Una segunda dirección de ajuste podría ser interpretar “bebidas” que no sean alimenticias, es decir, que no se consideren alimentos habituales para nutrir y saciar el hambre. Así, por ejemplo, un vaso de vodka es un ejemplo de una bebida que no es alimenticia, mientras que un vaso de leche de vaca sí es una bebida alimenticia. Al hacer esta propuesta de significado ajustamos el texto 2 hacia la norma expresada por el texto 1. Desde luego que siempre se puede hacer la adaptación en ambos textos y aquí se trataría de un ajuste recíproco. Una especie de compatibilismo común en la interpretación jurídica es el que se realiza entre una norma de mayor jerarquía y otra de menor jerarquía. La idea de jerarquía suele indicar una escala u ordenación de normas y así, se dice que una norma que es superior respecto de otra que es inferior. Pero como respecto de la superior podríamos encontrar otra de mayor jerarquía, por ejemplo, Constitución, ley y reglamento, que una norma sea superior es siempre relativo: relativo a otra norma que sea su inferior. Sin embargo, también se realizan interpretaciones de compatibilidad entre normas, una de las cuales se considera general en relación con la otra que se dice especial. Por ejemplo, se señala que un reglamento es especial cuando está relacionado con la ley que reglamenta. Tanto en la idea de una norma superior como de una norma general, la técnica de hacerlas compatibles tiene una dirección de ajuste específico. Se dice que la norma inferior debe ajustarse a la superior o que la norma especial debe adecuarse a la general –aunque también existen casos en que se admite que la
norma especial introduzca excepciones a la general, con lo que la dirección de ajuste sería de la norma general hacia la especial. Cuando existe una dirección de ajuste para interpretar, el texto respecto del cual se realiza la adecuación, tiene un sentido (expresa una norma) que no ha de ser modificado –siempre y cuando se asuma que ya posee un sentido. Por su parte, el texto a ser ajustado será objeto de las propuestas de significado hasta lograr una interpretación que sea compatible con la otra norma. A la técnica por medio de la cual se realiza esta operación de ajuste entre normas con una dirección específica se le denomina interpretación conforme. La facilidad o la dificultad de realizar una interpretación conforme depende de varios factores: la mayor o menor creatividad del intérprete, el mayor o menor acuerdo que haya entre los juristas acerca del significado de los textos, la precisión y claridad con la que estén redactados los textos o la presencia o ausencia de términos valorativos, morales o políticos en las formulaciones que interpretemos. En cualquier caso, es posible que el intérprete que realiza la interpretación conforme no encuentre una interpretación con arreglo a la cual las dos normas sean compatibles. Llamamos a esta clase de situaciones disconformidad (interpretativa). Cuando el intérprete se enfrenta a un caso de disconformidad tiene, al menos, dos alternativas: jerarquizar o reformar. La primera alternativa es usar la norma de referencia –la superior o la general– por encima de la norma disconforme. El efecto de esta operación es equivalente a dejar de lado13 para el caso concreto la norma que no puede hacerse compatible. La segunda alternativa es atribuir un significado no convencional a la norma disconforme para que sea compatible. Es decir, interpretar creativamente, atribuyendo al texto un significado que la comunidad lingüística (y jurídica) no reconocería como plausible, que no podría justificarse a la luz del texto, del contexto y del objeto y fin.14 Esta alternativa, aunque posible en teoría, es prácticamente inexistente en la práctica porque implica desconocer el sentido convencional de las palabras. Por ejemplo, que ahí donde dice “comunero” el intérprete diga que quiere decir “campesino” o que donde el texto dice “18 años” diga “17 y ocho meses”.15
En la sentencia Varios 912/2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los juzgados de distrito y tribunales unitarios de proceso federal y tribunales administrativos y los órganos judiciales, administrativos y electorales locales, cuando ejercen el control difuso, pueden inaplicar una norma para un caso concreto. Es decir, frente a un caso de disconformidad el intérprete deja de lado el texto que no puede ser interpretado en conformidad, hace valer la jerarquía de la fuente superior –Constitución, tratados de derechos humanos. 14 Vide supra “Criterios para interpretar”, pp. 15-20; y Ricardo Guastini, “Introducción a la teoría de la interpretación”, en Rafael Escudero y Susana Pozzolo, Disposición vs. Norma, Lima, Palestra, 2011, pp. 157 y ss. 15 Aunque son poco frecuentes, existen casos de tribunales que han realizado esta alternativa de asignar al texto un significado traspuesto, no convencional. Son casos en que los tribunales añaden un significado a una de las dos disposiciones parcialmente disconformes. En el caso Saguir y Dib de la Corte Suprema Argentina se interpretó que el requisito legal de ser mayor de 18 años para donar un riñón era cumplido cuando el donante tenía 17 años y ocho meses de edad. Véase Saguir y Dib, Autorización, Fallos 302:1284, 1980. Otra situación en la cual los jueces modifican el sentido convencional se presenta cuando éstos le hacen decir al texto algo completamente falso o ficticio. De estos casos, todavía más raros, Schauer hace una larga lista en su texto sobre ficciones jurídicas. Uno de ellos es un caso en el que un tribunal de Inglaterra interpretó que para los efectos de la interposición de un recurso judicial la isla de Menorca quedaba en Londres, pues de otro modo, no sería competente el tribunal. Véase Frederick Schauer, “Legal Fictions Revisited”, en Germán Sucar y Jorge Cerdio (eds.), Derecho y verdad, Madrid, Marcial Pons, próxima publicación, 2014. 13
Orientación e interpretación La indicación de que una actividad interpretativa deba realizarse bajo ciertos parámetros, guías, directrices u orientaciones es frecuente en el derecho. La interpretación orientada para dar efectividad a las cláusulas de un contrato, la directriz de favorecer al trabajador –pro operario– o la máxima de interpretar el texto constitucional para favorecer el ejercicio de libertades –pro libertatis– son algunos ejemplos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el criterio orientador –principio– de la actividad del intérprete denominado pro persona16 realizar la interpretación más favorable para el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención.17 Cuando se realiza la técnica de la interpretación conforme, el principio pro persona orienta la interpretación en la preferencia de la norma más protectora,18 esto es, indica cuál debería ser la preferencia del intérprete de entre diferentes sentidos posibles. Es decir, cuando el intérprete tiene distintas alternativas de interpretación para hacer compatibles las normas deberá preferir aquella alternativa de interpretación que sea más favorable para el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención. El uso de dicho principio supone que el intérprete ha formulado más de una alternativa para el texto que está ajustando a la norma de referencia, por ejemplo, la superior. Supongamos que se quiere interpretar la norma 2 de manera conforme con la norma 1 en relación con la expresión “madres trabajadoras”: Norma 1: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Norma 2: “Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: iv. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa”.
Veamos las alternativas de interpretación del alcance19 de la expresión “madres”:
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 29. Véase Gabriela Rodríguez, “Artículo 29”, en Convención Americana de Derechos Humanos comentada, Fundación Konrad Adenauer, en prensa. 18 Se puede argumentar que el principio pro persona también tiene otro papel en la interpretación: el de conservar la norma más favorable. Es decir, que el principio indicaría al intérprete que conserve la norma –texto más significado– que sea más favorable para el goce y protección de los derechos y libertades del individuo sea cual sea su jerarquía. Bajo esta postura no hay dirección de ajuste en la interpretación, deja de ser relevante el ajuste y la compatibilidad entre normas, lo relevante es buscar una asignación de sentido a las fuentes de derecho disponibles que sea la más favorecedora de la persona, incluso si se trata de una norma inferior (por ejemplo un reglamento o una legislación secundaria). Las justificaciones y argumentos de esta postura exceden el presente trabajo. En lo que sigue prescindiremos de este papel. Véase Gabriela Rodríguez, op. cit. 19 “Alcance” aquí quiere decir a qué objetos, situaciones o eventos se refiere la palabra. Así por ejemplo, la palabra perro se refiere ciertos animales como mi perro Solovino o el perro que sale en la televisión. Es decir, el alcance de “perro” son todos los animales que cumplen con la definición de la palabra perro. Al “alcance” también se le denomina “extensión” o “denotación” de una palabra. Véase Ricardo A. Guibourg, La construcción del pensamiento: decisiones metodológicas, Buenos Aires, Colihue, 2006, p. 34. 16 17
•	Una primera alternativa es usar la palabra “madres” en el sentido biológico del término: la mujer que da a luz un hijo. •	Una segunda alternativa es extender el sentido de “madres” a cualquier mujer que tenga a su cargo, en crianza permanente, a un niño, por ejemplo una madre adoptiva de un recién nacido. •	Una tercera alternativa es relajar la noción de crianza permanente y decir que “madres” es aplicable a cualquier mujer que tenga a su cargo un niño, en forma regular, por ejemplo, una abuela que se hace cargo de su nieto recién nacido hasta que la madre se recupere de una enfermedad en el hospital. •	Una cuarta alternativa es introducir la función protectora del artículo hacia el recién nacido y decir que “madres” debe ser entendido como cualquier persona que provea de los cuidados maternos en el periodo de lactancia, por ejemplo el hombre que tiene a su cargo un niño y le brinda los cuidados maternos o el padre del recién nacido que ha quedado viudo. Las cuatro alternativas de interpretación son, en alguna medida, compatibles con la norma que manda igual trato y protección de todas las personas ante la ley. En la primera alternativa se está tratando igual a todas las madres biológicas, pero no se otorga el beneficio a las mujeres que no son madres biológicas del niño. En la segunda alternativa se trata por igual a madres biológicas y no biológicas, pero se discrimina a las mujeres que hacen las veces de madre sustituta, como las abuelas o las tías en caso de incapacidad de la madre. En la tercera alternativa se extiende el beneficio de la madre biológica y la no biológica a otras mujeres que cumplan la función materna, pero se deja fuera el caso del padre, viudo, que debe cuidar a su hijo recién nacido. Finalmente, la cuarta alternativa de interpretación incluye ahora a cualquier persona, sea hombre o mujer, mientras ejerza los cuidados maternos del infante durante la lactancia. Estas cuatro alternativas hacen compatible la norma 2 con la norma 1. Aquí es cuando entra en juego el mandato del principio pro persona. El intérprete debe preferir la alternativa que otorgue el mayor goce y protección de los derechos de cuidado a los niños en lactancia. Es decir, el principio orientaría la preferencia del intérprete hacia la cuarta alternativa de interpretación y en consecuencia modificar el sentido de “madres trabajadoras” y de “hijos”. Por ello, la interpretación conforme y más favorable de la norma 2 sería la siguiente: Norma 2: “Las personas de cualquier género, trabajadoras, que ejerzan las funciones de cuidado materno, tendrán los siguientes derechos: iv. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus niños, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa”.
En la práctica, sin embargo, resulta evidente que las alternativas propuestas casi nunca se formulan en abstracto sino a propósito de un caso individual y concreto. Es decir, las alternativas de interpretación se presentan dentro del marco de posibilidades que admite el texto y son propuestas para la solución de un caso individual. Por ello, la preferencia por la alternativa más favorable hacia la persona es un ejercicio de equilibrio reflexivo20 que siempre tiene en mente el caso que se quiere resolver.
En el sentido de reflexionar entre los sentidos posibles y las consecuencias de esos sentidos para el caso.
Las ideas clave que deben quedar claras de esta sección son: •	•	•	•	•	•
Incompatibilidad a partir del significado asignado a los textos. La operación de hacer compatibles dos interpretaciones de textos (compatibilismo). Dirección de ajuste en una operación de hacer compatibles las interpretaciones de dos textos. Interpretación conforme. Disconformidad interpretativa. El papel del principio pro persona en orientar las preferencias del intérprete.
Los pasos para realizar una interpretación conforme y más favorable se muestran en el siguiente diagrama: Diagrama 2.
Identificar los textos de referencia (p. ej. artículos de la Constitución o tratados internacionales)
Asignar un significado provisorio (sujeto a revisión)
Nota: si se trata de una convención o tratado internacional esto supone haber dotado de sentido al texto empleando la regla general de interpretación
Identificar los textos cuyas interpretaciones son potencialmente incompatibles con los identificados en el paso anterior
Idear alternativas de interpretación que eliminen la incompaibilidad
Inconformidad (no se hacen compatibles las normas)
Una alternativa Conformidad (interpretación conforme) Más de una alternativa Alternativa interpretativa 1
Alternativa interpretativa 2
5 Usar principio pro persona
6 Conformidad (interpretación conforme y más favorable)
Aplicar al caso individual la norma así seleccionada
4. Articulación de las variables: orden jurídico e interpretación conforme Con la expresión interpretación conforme hemos designado una técnica de interpretación por la que se realiza una operación de hacer compatible dos o más normas con una dirección de ajuste específica; es decir, una norma inferior que se interpreta conforme a una jerárquicamente superior. Por interpretación conforme también se llama al contenido de algunas normas, generalmente, constitucionales de algunos órdenes jurídicos. Algunas constituciones tienen una norma que indica que los derechos establecidos en ellas deben ser interpretados conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado de que se trate. Un ejemplo de este tipo de norma es el artículo 93 de la Constitución de Colombia que señala lo siguiente: Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
Distinguiremos pues entre la interpretación conforme en tanto una técnica interpretativa específica y la interpretación conforme en tanto una institución jurídica. Aunque cada práctica jurídica puede introducir variantes en la interpretación conforme en tanto técnica interpretativa, lo que es seguro es que la interpretación conforme en tanto institución es contingente: el alcance del mandato constitucional, los órganos a los que va dirigida la norma, así como las formas y vías institucionales para hacer valer este contenido varían de país a país.21 En México, el párrafo segundo del artículo 1o constitucional establece la interpretación conforme en tanto institución como sigue: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Tres características del modo en que ha sido regulada la interpretación conforme son pertinentes. a)	En primer término cabe señalar que el objeto de la interpretación conforme son las normas relativas a los derechos humanos. Con lo que el deber de emplear la técnica interpretativa es
En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el alcance de la interpretación conforme y de otra institución afín, el control de convencionalidad. Aunque la determinación completa del alcance de estas instituciones sigue siendo una actividad en progreso. Véase Pleno de la scjn, Varios 912/2010, 14 de julio de 2011; “Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro iii, diciembre de 2011, tesis p. lxvii /2011 (9a.), p. 535. Asimismo, véase “Control de convencionalidad. Hipótesis que pueden suscitarse en su aplicación ex officio por las autoridades jurisdiccionales y forma en que el Tribunal Colegiado de Circuito debe proceder en cada una de ellas”, Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro xi, agosto de 2012, t. 2, tesis xxx.1o. 2 k(10a.), p. 1732.
relativo a esta clase de normas –aunque ciertamente no se infiere que esté prohibido emplear la técnica para otra clase de normas que no sean de derechos humanos, esto sería una falacia lógica. b)	En segundo término se debe observar la dirección de ajuste de la interpretación: las normas relativas a los derechos humanos serán interpretadas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Es decir, que las normas deben ser ajustadas a dos parámetros en forma conjuntiva –“esta Constitución y con los tratados internacionales”– y no disyuntiva. Dicho de otro modo, tanto la Constitución como (al mismo tiempo) los tratados internacionales son el parámetro de conformidad (dirección de ajuste) de la interpretación. c)	En tercer término vale la pena destacar que la operación de hacer compatibles las normas está orientada por un principio: el de favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. El principio tiene el papel de orientar la preferencia del intérprete hacia las alternativas interpretativas más favorecedoras de la persona –principio pro persona. a) Identificación de textos y relevancia Que se deba interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales introduce una dificultad que hasta ahora hemos venido soslayando: identificar el conjunto de fuentes y textos jurídicos relevantes que formarán el parámetro respecto del cual realizar la interpretación conforme. Es decir, frente a un caso particular se debe reconocer el conjunto de textos que es pertinente interpretar para el caso y que una vez interpretado constituye las normas respecto de las cuales se hará el juicio de conformidad. Hasta ahora hemos dado por supuesto en todos los ejercicios que las disposiciones jurídicas que sirven de parámetro para la interpretación conforme están plenamente identificadas. En la práctica, sin embargo, la identificación de este conjunto de textos jurídicos es una tarea ineludible y tiene cierto grado de dificultad. Se trata de responder a las preguntas: ¿qué artículos, incisos o fracciones del texto constitucional son relevantes para el caso?, ¿cuáles son los tratados internacionales –y sus disposiciones– aplicables al mismo? La inclusión de ciertas disposiciones y no de otras determinará las premisas (los insumos) requeridas para aplicar la técnica interpretativa consistente en examinar la compatibilidad entre normas. Esto es así, porque una vez identificados los textos jurídicos relevantes para el caso la operación de asignarles un significado –interpretar– producirá las normas que son el parámetro de la interpretación conforme.22 Aunque la selección de los textos jurídicos relevantes está en función del caso concreto que se tenga bajo escrutinio, en la práctica algunos indicadores de la relevancia se suelen encontrar en distintos lugares o tópicos: 1) en la materia derecho familiar, derecho penal, derecho laboral; 2) en la relación que guardan
Desde el punto de vista del órgano que usa al conjunto de normas constitucionales y de los tratados para controlar la regularidad de una norma inferior el parámetro de la interpretación conforme coincide con el parámetro de control de la regularidad, como lo ha mostrado correctamente Cossío. Véase José Ramón Cossío, “Primeras implicaciones del caso Radilla”, en Cuestiones constitucionales, núm. 26, México, unam, enero-junio de 2012, pp. 31-63, disponible en <biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/.../26/ard/ard2.pdf>, página consultada el 7 de abril de 2013.
dos cuerpos normativos –un tratado respecto de un protocolo acerca de un artículo de ese tratado–; 3) en la especial calidad que puede tener una de las partes –mujeres, personas indígenas, incapaces (sic), extranjeros–; 4) en la clase de asunto jurídico o procedimiento –repatriación de persona menor de edad, apelación de sentencia penal, pedido de acceso a información pública– o 5) en un criterio judicial –jurisprudencia nacional o sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lista de tópicos es inacabada y meramente orientadora de los lugares comunes. Con todo, no parece que existan criterios expresos para delimitar la relevancia –o lo que puede ser más grave aún, la no relevancia de ciertas fuentes para un caso. Lo que sí es determinado es que la afirmación o la negación de que un cierto texto, disposición o fuente es relevante para un caso debe ocupar un lugar central en la justificación final que haga el intérprete cuando utilice la técnica de la interpretación conforme. b) El razonamiento de la interpretación conforme Ahora estamos aptos para presentar un panorama completo de la técnica de la interpretación conforme en el contexto del ordenamiento jurídico mexicano. La identificación del parámetro de conformidad implica decidir qué fuentes –textos jurídicos– son relevantes. El grupo de fuentes identificado seguramente incluirá tanto textos de la Constitución como de tratados y convenciones internacionales. Respecto a estos últimos se debe tener en cuenta la regla general de interpretación que se aprendió en la primera sección del presente trabajo. Es decir, con los textos de tratados y convenciones internacionales ahora se deberá aplicar los criterios “textual”, “contextual” y de “objeto y fin”, conjuntamente, a fin de dotar de significado a los textos y obtener las normas de origen internacional. Otro tanto se debe hacer a partir de los textos de la Constitución: es preciso dotarlos de sentido para que sean operativos. La interpretación de las disposiciones constitucionales y de tratados o convenciones internacionales conforman la referencia respecto de la cual se hará el juicio de conformidad de la norma bajo estudio –la norma que se debe interpretar conforme. La operación de hacer compatible la norma bajo estudio con el parámetro de conformidad implica asignarle otro significado al texto de dicha norma: un significado compatible con las normas de la Constitución y los tratados. La identificación de un sentido compatible es una forma de finalizar la interpretación conforme. No obstante, se pueden presentar dos alternativas: que no sea posible encontrar un sentido para el texto bajo estudio que sea compatible con el parámetro de conformidad o bien puede ocurrir que exista más de un sentido compatible con las normas de referencia, Constitución y tratados. En el primer supuesto, la inconformidad del caso hace que el intérprete deje de lado la norma bajo estudio –la inaplique–. En el segundo supuesto, frente a varias alternativas interpretativas el intérprete empleará el principio pro persona para orientar su preferencia hacia la alternativa interpretativa más favorable para la persona. El siguiente diagrama muestra los pasos involucrados en la operación de la interpretación conforme previamente descrita:
Identificar las fuentes relevantes
Textos de la constitución (disposiciones)
Textos de tratados, convenciones (disposiciones)
3 Dotar de sentido a las disposiciones relevantes del Derecho Nacional (interpretar)
Dotar de sentido a las disposiciones relevantes del Derecho Internacional (interpretar)
Regla general de interpretación Criterios 1) Textual. 2) Contextual. 3) Objeto y fin.
Parámetro de la interpretación conforme (normas)
Proponer interpretaciones compatibles
Disposición bajo estudio de conformidad
No hay interpretación compatible (inconformidad)
Norma inconforme
Una sola interpretación compatible (conformidad)
Varias interpretaciones compatibles (conformidad)
Norma conforme y más favorable
Las ideas clave que deben quedar claras de esta sección son: •	La distinción entre interpretación conforme como técnica de interpretación y como contenido de normas constitucionales. •	El significado de la interpretación conforme establecido en la Constitución. •	El concepto de relevancia en la conformación del parámetro de conformidad. •	Los pasos a seguir para realizar la técnica de la interpretación conforme.
1. Textos, sentidos y normas A partir de los siguientes textos proponga al menos un sentido para cada uno. Texto: “Las ramas de los árboles que invadan el predio vecino podrán ser podadas por el poseedor del predio invadido”. Enunciado interpretativo (norma): a)	“Cuando las ramas del árbol del vecino invadan el espacio del predio que se tiene en posesión –arrendador, usufructuario, por ejemplo–, se tiene el derecho a podar la ramas invasoras”. b)	“Cuando las ramas del árbol del vecino invadan el espacio y perturben el disfrute del predio que se tiene en posesión –arrendador, usufructuario, por ejemplo–, se tiene el derecho a podar la ramas invasoras”. c)	“Cuando las ramas del árbol del vecino invadan el espacio del predio que se tiene en posesión –arrendador, usufructuario, por ejemplo–, se tiene el derecho a podar la ramas invasoras, a menos que se trate de árboles sagrados”. d)	“Las ramas de los árboles que invadan el predio vecino podrán ser podadas por cualquier persona que demuestre tener un interés legitimo en ello”.
2. Comprender e interpretar Para cada uno de los siguientes textos indique si se está ante un caso de comprensión o de interpretación. En ambas alternativas indique el sentido o sentidos posibles para cada texto. Use el criterio del uso corriente y habitual de las expresiones para analizar los textos. Texto: “La reserva que se haga del tratado deberá ser hecha al momento de la ratificación del mismo”. a)	Es un caso de interpretación. El enunciado interpretativo sería: “El momento para que el Estado haga una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, es decir, una reserva, será al momento de ratificarlo”. b)	Es un caso de comprensión. El enunciado interpretativo sería: “El momento para que el Estado haga una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, es decir, una reserva, será al momento de ratificarlo”. c)	Es un caso de comprensión. El enunciado interpretativo sería: “El momento para que el Estado haga una declaración interpretativa, cualquiera que sea su enunciado o denominación, para precisar el sentido de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, es decir, una reserva, será al momento de ratificarlo”. d)	Es un caso de interpretación. El enunciado interpretativo sería: “El momento para que el Estado haga una declaración interpretativa, cualquiera que sea su enunciado o denominación, para precisar el sentido de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, es decir, una reserva, será al momento de ratificarlo”.
3. Significado y contexto Para cada uno de los siguientes textos emplee el contexto para detectar –o atribuir– el sentido a cada texto a partir de la pregunta que se formula. Haga patente el modo en que ha sido empleado el contexto cuando redacte el enunciado interpretativo. Texto: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. ¿Está permitido a una autoridad judicial mandar detener a un deudor alimentario? a)	Enunciado interpretativo: “La lectura de la segunda oración en el contexto de la primera permite inferir que nadie será detenido por deudas, excepto si es en el contexto de un deudor alimentario. De aquí que se puede interpretar que una autoridad judicial competente puede mandar detener
a un deudor alimentario que haya incumplido su deber, a menos que este último no demuestre tener los recursos necesarios para cumplir con sus deberes”. b)	Enunciado interpretativo: “La lectura de la segunda oración en el contexto de la primera permite inferir que nadie será detenido por deudas, incluido si es en el contexto de un deudor alimentario. De aquí que se puede interpretar que una autoridad judicial competente no puede mandar detener a un deudor alimentario que haya incumplido su deber”. c)	Enunciado interpretativo: “La lectura de la primera oración en el contexto de la segunda permite inferir que nadie será detenido por deudas, excepto si es en el contexto de un deudor alimentario. De aquí que se puede interpretar que una autoridad judicial competente puede mandar detener a un deudor alimentario que haya incumplido su deber”. d)	Enunciado interpretativo: “La lectura de la segunda oración en el contexto de la primera permite inferir que nadie será detenido por deudas, excepto si es en el contexto de un deudor alimentario. De aquí que se puede interpretar que una autoridad judicial competente puede mandar detener a un deudor alimentario que haya incumplido su deber”.
4. Alcance y objeto y fin Para cada uno de los siguientes textos emplee el objeto y fin que se suministra para decidir si el caso hipotético está dentro del alcance de la norma. Haga patente el modo en que ha sido empleado el objeto y fin cuando redacte el enunciado interpretativo. Texto: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Objeto y fin: “Los niños, como cualquier persona mayor de edad, gozan de dignidad y de derecho a la intimidad. Las cuestiones íntimas del niño, su vida privada y la de su familia, domicilio o correspondencia deben ser protegidas y excluidas de injerencias de terceros. Sean de particulares o del Estado, a menos que esté fundada en ley, por mandato judicial de autoridad competente. En el mismo sentido se entiende protegida la honra, la fama pública y la reputación del niño, pues su violación atentaría contra su dignidad”. Caso: un director de una escuela primaria tiene por regla, el primer lunes hábil de cada mes, publicar en el periódico mural del plantel la foto de los alumnos peor evaluados. ¿Es esta práctica un ataque ilegal a la honra y reputación del menor? a)	Enunciado interpretativo: “Los ataques ilegales a la honra y reputación del menor incluyen los que hacen particulares, porque tanto ellos como el Estado pueden afectar los derechos del menor a una vida privada y digna. El director de la escuela que divulga la foto y el aprovechamiento escolar de un menor se entromete injustificadamente en la esfera privada del menor. Lo exhibe
a partir de las notas que obtiene y emplea su foto como medio de señalización frente a sus compañeros y alumnos. Fomenta el estigma y afecta el modo en que los demás piensan del niño, vulnera su autoestima y así, su dignidad. Por lo que el caso es alcanzado por la norma atentos al objeto y fin que persigue”. b)	Enunciado interpretativo: “Los ataques ilegales a la honra y reputación del menor incluyen los que hacen particulares, porque tanto ellos como el Estado pueden afectar los derechos del menor a una vida privada y digna. Sin embargo, el director de la escuela que divulga la foto y el aprovechamiento escolar de un menor no se entromete injustificadamente en la esfera privada del menor puesto que dicha conducta tiene como finalidad alentarlo a que obtenga mejores calificaciones. No puede sostenerse que con esta conducta se esté afectando la autoestima ni la dignidad del menor. Por ello, el caso planteado no está dentro del alcance de la norma. c)	Enunciado interpretativo: “Los ataques ilegales a la honra y reputación del menor no incluyen los que hacen particulares, porque únicamente el Estado puede afectar los derechos del menor a una vida privada y digna. Por este motivo, el caso planteado no entra dentro del alcance de la norma”.
5. Regla general de interpretación En el siguiente caso, ¿qué criterios deberían utilizarse para interpretar la expresión “el fin de la pena es la readaptación social” a partir del uso de la regla general de interpretación? Caso. El señor Ramiro Rodríguez fue condenado a una pena de 10 años de prisión por el delito de robo de vehículos previsto en el artículo 376 bis del Código Penal Federal. Han pasado seis años (tres quintas partes de la pena) en prisión y su abogado solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección de Ejecución de Penas se le conceda su libertad preparatoria en términos del artículo 84 del Código Penal Federal. Dicha Dirección le niega tal beneficio por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 85 fracción i, inciso h, del Código Penal Federal. Contra esta denegación de su libertad preparatoria solicitó amparo ante el juez Tercero de Distrito de Amparo en el Distrito Federal quien le negó el amparo por la aplicación estricta de las disposiciones penales aplicables. El abogado ha interpuesto el recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal solicitando se le aplique el artículo 1º constitucional, el artículo 18 constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sosteniendo en particular que no conceder a su cliente la libertad preparatoria constituye una clara violación del derecho de cualquier condenado a la readaptación social. El artículo 5º. Derecho a la integridad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:
1.	Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2.	Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3.	La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4.	Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5.	Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6.	Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: 1.	Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a)	Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
a)	En primer lugar hay que identificar el fin de las disposiciones de los dos tratados internacionales, para luego atribuir a la expresión “el fin de la pena es la readaptación social” el significado que más se adecue a la finalidad de los tratados, ignorando si necesario el significado textual de las palabras. b)	Hay que combinar el criterio textual y el criterio del objeto y fin, ignorando cualquier otro criterio. c)	Hay que combinar tres criterios, que dan importancia, respectivamente, al texto, al contexto, y a la voluntad del legislador. d)	Hay que empezar atribuyendo el significado textual (literal), precisarlo a partir del contexto y asegurarse que se conforme al objeto y fin del tratado; todo esto, idealmente, en una sola operación.
6. Interpretación e incompatibilidad Para cada par de textos, explique un caso de conflicto –en el que sea imposible cumplir al mismo tiempo las normas. Sugiera una interpretación –para uno o ambos textos– que haga que expresen normas compatibles entre sí. Formule una propuesta de significado para los textos (enunciados interpretativos) que elimine la incompatibilidad tomando en cuenta la sugerencia interpretativa. Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte, podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. Caso de conflicto: “Una víctima de trata que no tiene pasaporte y para retornar a su país de origen debe transitar por el territorio nacional”. Sugerencia interpretativa: “Interpretar que la palabra persona en el texto 1 no incluye a las víctimas de trata y que, por tanto, no deben exhibir el pasaporte para ingresar al territorio nacional”. Nueva propuesta de significado: a)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte no podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. b)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito será aplicable a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. c)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”.
7. Interpretación conforme Vuelva a realizar el ejercicio del número 6. Interpretación e incompatibilidad (p. 39), pero en esta ocasión utilice las normas expresadas por el texto 1 como el referente respecto del cual se tiene que ajustar las normas expresadas por el texto 2. Es decir, interprete los textos marcados como texto 2 conforme a las normas expresadas por los textos marcados como texto 1. Si en algún caso encuentra que no es posible realizar la compatibilidad entre las normas con la dirección de ajuste propuesta, escriba disconformidad. Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte, podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. Caso de conflicto: “Una víctima de trata que no tiene pasaporte y para retornar a su país de origen debe transitar por el territorio nacional”. Sugerencia interpretativa: “Interpretar que la expresión ‘o algún otro’ en el texto 2 se refiere a otro requisito similar a la visa, pero que no incluye al pasaporte y que, por tanto, toda víctima de trata debe exhibir el pasaporte para ingresar al territorio nacional”. Nueva propuesta de significado: a)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte no podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro semejante a la visa, excluido el pasaporte”. b)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro. Este requisito incluye los documentos de migración e identificación, como el pasaporte”. c)	Texto 1: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. Texto 2: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”.
8. Interpretación conforme, más favorable Para cada uno de los siguientes pares de normas aplique la técnica de la interpretación conforme para hacer compatible las normas identificadas como norma 2 con las normas identificadas como norma 1 –que la norma 2 sea compatible con la norma 1–. Si no es posible realizar una interpretación compatible entre normas escriba sí al lado de la pregunta por la disconformidad, en caso contrario escriba no. Cuando sea posible más de una alternativa de interpretación escriba sí al lado de la pregunta, en caso contrario escriba no y redacte una nueva formulación de las normas compatibles. Si hay más de una alternativa de interpretación utilice el principio pro persona para elegir la alternativa más favorecedora. Escriba una nueva formulación de las normas después de la interpretación conforme y más favorecedora. Norma 1: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. Norma 2: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional”. Caso de conflicto: “Una víctima de trata que no tiene pasaporte y que para retornar a su país de origen debe transitar por el territorio nacional”. a)	En el presente caso, ¿qué preguntas, y en qué orden, debería de formular el intérprete? i)	¿Hay disconformidad? ¿Cuál es la interpretación que favorece más a la persona? ¿Hay más de una alternativa interpretativa? ii)	¿Hay disconformidad? ¿Hay más de una alternativa interpretativa? ¿Cuál es la alternativa que favorece más a la persona? iii)	¿Cuál es la solución que favorece más a la persona? ¿Cuál es costo económico, para la sociedad, de adoptar la solución más favorable? iv)	Todas las anteriores. b)	En el presente caso, ¿cuáles podrían ser las alternativas interpretativas plausibles que evitan la disconformidad? i)	“Interpretar que la expresión algún otro en relación con la visa, es decir, que no se le requiere visa a las víctimas de trata ni ningún otro requisito análogo a la visa, por ejemplo, un permiso temporal de internación”. ii)	“Interpretar que la expresión algún otro no puede referirse al pasaporte”. iii)	“Interpretar que las personas a las que se refiere la norma 2 no son víctimas de trata en tránsito por el territorio para retornar a su país, por lo que a las víctimas de trata no le es aplicable la norma 2”. iv)	La (i) y la (iii)
c)	En el presente caso, a partir de las alternativas planteadas en el ejercicio anterior (opciones i, ii y iii), ¿cuál es la alternativa que favorece más a la persona? i)	La alternativa ii. ii)	La alternativa i y la alternativa iii favorecen a la persona con la misma intensidad. iii)	La alternativa iii. iv)	La alternativa i. d)	¿De qué manera podrían reformularse las normas después de la interpretación conforme y más favorable? i)	Norma 1: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa, a menos que representen una clara amenaza para el orden público”. Norma 2: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen, salvo que así lo decida una autoridad competente”. ii)	Norma 1: “Las víctimas de trata que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. Norma 2: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. iii)	Norma 1: “Las víctimas de trata y que al ser retornadas a su país de origen transiten por el territorio de un Estado Parte no podrán ingresar sin requisito de visa o algún otro”. Norma 2: “No podrán ingresar al país las personas que no exhiban su pasaporte vigente en el puerto de entrada al territorio nacional. Este requisito no será aplicado a las víctimas de trata que ingresen al país con motivo del retorno a su país de origen”. iv)	Todas las anteriores.
9. Relevancia y argumentación En el siguiente caso se ofrece una serie de textos jurídicos, disposiciones y fuentes de derecho como relevantes para realizar la técnica de la interpretación conforme. A partir de los hechos del caso proporcione fuentes adicionales –leyes generales, tratados, convenios, protocolos, jurisprudencia nacional o jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, por cada fuente, aporte una razón para justificar la relevancia en el caso. Caso. El señor A acaba de cumplir 18 años de edad. Desde que tenía 14 años fue sujeto de un procedimiento legal de adopción. Los padres adoptivos ya habían sido identificados y sólo faltaba ejecutar algunos trámites para perfeccionar la adopción con una decisión del juez competente. Por desgracia
para el señor A el Código Civil para el Distrito Federal conforme al cual se estaba llevando a cabo la adopción, establece lo siguiente: Artículo 390. El mayor de veinticinco años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado.
El señor A, luego de conocer la respuesta de la administración que hace constar la improcedencia de su adopción, por no satisfacer el requisito de ser menor, decide solicitar la intervención de un tribunal a fin de obligar a la administración a proseguir con el procedimiento. ¿Qué fuentes adicionales, nacionales e internacionales, son relevantes para valorar la pretensión del señor A y la decisión del Juzgado de lo Familiar del Distrito Federal? Fuente 1: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17. Protección a la familia: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. Justificación de la relevancia de la fuente 1: “El derecho a tener una familia es correlativo a la potestad de las personas de formar parte de ella. Así, el Estado debe otorgar la potestad a sus gobernados de filiar sus relaciones familiares, por ejemplo, mediante la adopción, no solamente de menores de edad”. Fuente 2: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3º. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Justificación de la relevancia de la fuente 2: “La pertenencia de una persona a un núcleo familiar forma parte de su identidad individual y personal. Que el Estado limite la adopción a menores de edad implica limitar la personalidad jurídica de algunos gobernados”. Fuente 3: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Justificación de la relevancia de la fuente 3: “Las personas que han vivido de hecho como familia merecen la protección formal del Estado. Así si el Estado fuese a prohibir el acceso a los mecanismos de filiación civil a los que de hecho han vivido en un núcleo familiar, sería una injerencia arbitraria en la vida familiar”.
Adicionalmente a los ejercicios de autoevaluación antes indicados, a continuación se exponen otros para algunos de los apartados que componen el presente módulo, con la finalidad de permitir una mayor interacción con los contenidos desarrollados.
1.	Textos, sentidos y normas a)	Texto: “Los ciudadanos mexicanos por naturalización tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de mexicanos”.
Enunciado interpretativo (norma):
b)	Texto: “El juez de lo familiar que conozca del pedido de guarda y custodia deberá otorgarla a la persona que garantice el medio ambiente más adecuado para el menor”.
c)	Texto: “Los cuchillos, navajas, tijeras y otros instrumentos punzo-cortantes están prohibidos a bordo del avión”.
d)	Texto: “La publicación de libretos, guiones de cine o teatro, artículos periodísticos o libros obscenos será sancionado con multa de 600 veces el salario mínimo vigente mensual”.
2.	Comprender e interpretar 1.	Texto: “El crimen de lesa humanidad de asesinato tiene entre sus elementos que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil”.
Enunciado interpretativo:
2.	Texto: “Cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual”.
3.	Texto: “La autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no estará obligada a ordenar la restitución del menor, cuando la persona o la institución que presentare oposición demuestre: b) Que existiere un riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerle a un peligro físico o psíquico”.
4.	Texto: “No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de 18 años de edad o más de 60, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez”.
3. Significado y contexto 1.	Texto: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los
delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito”.
¿Está permitido imponer la pena de muerte siempre que no sea arbitraria?
2.	Texto: “Artículo 2º. A los efectos del presente Convenio, el término ‘niño’ designa a toda persona menor de 18 años. Artículo 3º. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años”.
¿Puede un niño realizar un trabajo peligroso para la salud?
3.	Texto: “Artículo 10. Toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”.
¿Puede un Estado Parte expulsar a un niño extranjero que se halle legalmente en su territorio por la petición que haga uno de sus padres para entrar a reunirse con él?
4.	Texto: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 1º. Definición del término refugiado: “A los efectos de la presente Convención, el término ‘refugiado’ se aplicará a toda persona: 1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados. Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el periodo de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección. 2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados artículo 1º.
2. “A los efectos del presente protocolo y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término ‘refugiado’ denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1º de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras ‘como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y...’ y las palabras ‘... a consecuencia de tales acontecimientos’, que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1º”.
¿Cuál es el significado de “refugiado” después de la ratificación del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados?
4. Alcance, objeto y fin 1.	Texto: “Artículo 2º. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. Artículo 3º. Serán responsables del delito de tortura: a) los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan”.
Objeto y fin: “Que nadie sea sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que afecten su dignidad”.
Caso: “El director general de un hospital público ordena que un paciente sea sometido a una lobotomía del lóbulo frontal del cerebro. El paciente sufre de esquizofrenia y fue confinado a tratamiento después de ser declarado inimputable del homicidio violento de 15 personas. El tratamiento empleará la técnica Freeman que consiste en introducir un orbitoclasto –instrumento parecido a un picahielo– por el orificio ocular y destruir parte del cerebro”. ¿Es la intervención ordenada por el funcionario público un trato cruel e inhumano o degradante?
2.	Texto: “Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación […] Artículo 6º. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor
de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor: a) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor; b) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor […] Artículo 7º. Serán regidas por el derecho aplicable de conformidad con el artículo 6º las siguientes materias: a) El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo; b) La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor, y c) Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos”.
Objeto y fin: “La presente Convención tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte. La presente Convención tiene por objetivo regular las obligaciones alimentarias respecto de menores por su calidad de tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales”.
Caso: “Una mujer que ha sido concubina por más de treinta años, después de separada, demanda alimentos de su ex concubino que ahora se encuentra en otro Estado Parte.” ¿Los concubinos son también beneficiarios de las reglas de la Convención o únicamente lo son los cónyuges?
3.	Texto: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Objeto y fin: “El propósito es garantizar que sea un juez o un funcionario con estas capacidades el que califique la legalidad de la detención y, en su caso, admita la acusación para iniciar el juicio. Las personas que sean juzgadas gozan de la presunción de su inocencia, por lo que no se admite que sean privadas de la libertad sin que medie un juicio y sentencia firme en su contra. No obstante, el interés de la sociedad en perseguir los delitos y administrar justicia es una carga que debe soportar quien se defiende de una acusación en un juicio. Por lo que es razonable pedir garantías para asegurar que el acusado se presente a juicio y el Estado pueda administrar el proceso de averiguar la verdad de lo ocurrido. La garantía, como toda carga, debe ser proporcional al daño por el que se le juzga y ser adecuada para pensar que pesará en el acusado la idea de no perder el valor dado en garantía”.
Caso: “Una persona es acusada de un robo por el monto de $30 000. Un juez decide iniciar un proceso en su contra. Para permanecer en libertad durante el juicio, el juez le solicita que entregue en garantía un monto equivalente a $10 000 000.” ¿Es admisible la garantía que establece el juez?
5. Interpretación e incompatibilidad 1.	Texto 1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Texto 2: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito”.
Caso de conflicto:
Sugerencia interpretativa:
Nueva propuesta de significado:
2.	Texto 1: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.
Texto 2: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg del 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (i) del 13 de febrero de 1946 y 95 (i) del 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”.
3.	Texto 1: “El Estado reconoce a todas las personas todos los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados de la materia”.
Texto 2: “Para ser elegible para ocupar el puesto de presidente de la república se deberán tener 35 años cumplidos y ser mexicano por nacimiento”.
4.	Texto 1: “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”.
Texto 2: “Los condenados a delitos sexuales serán inscritos con sus datos de filiación, biométricos y de identificación en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Al terminar de purgar la pena, el condenado deberá mantener actualizados sus datos de residencia ante el registro. El registro será abierto al público en general y su acceso será gratuito”.
6. Interpretación conforme más favorable 1.	Norma 1: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”.
Norma 2: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito”.
Caso de conflicto: “Una persona de 17 años de edad espera ser ahorcada en cumplimiento de una sentencia de muerte, ordenada por el juez competente, por delito grave conforme la ley castrense”.
¿Hay disconformidad?
¿Hay más de una alternativa interpretativa?
Alternativa(s) interpretativa(s):
¿Cuál es la alternativa que favorece más a la persona?
Reformulación de las normas después de la interpretación conforme y más favorable:
2.	Norma 1: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.
Norma 2: “Está permitido al hijo y a sus descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualesquiera de los medios ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada”.
Caso de conflicto: “Una persona de 21 años inicia una investigación acerca de la identidad de su madre biológica. De las pesquisas privadas resulta que su posible madre biológica está casada. Se inicia una acción legal para que un juez determine, mediante prueba genética, la identidad de la madre biológica”.
3.	Norma 1: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
Norma 2: “Los condenados a delitos sexuales serán inscritos con sus datos de filiación, biométricos y de identificación en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Al terminar de purgar la pena, el condenado deberá mantener actualizados sus datos de residencia ante el registro. El registro será abierto al público en general y su acceso será gratuito”.
Caso de conflicto: “Una persona de que acaba de purgar una condena de 10 años de prisión por violación solicita que se borren sus datos del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales”.
4.	Norma 1: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Norma 2: “Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y en los otros que la misma ley señale. En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente”.
Caso de conflicto: “Dos personas del mismo sexo, después de 30 años de vida en conjunto se separan. Uno de ellos demanda al otro una pensión por alimentos”.
7. Interpretación conforme A continuación analice cada uno de los siguientes casos con los pasos sugeridos. Proporcione una solución para cada uno y argumente su postura. 1.	Utilice el caso abordado en el apartado Presentación de la problemática (pp. 9 y 10).
Textos constitucionales relevantes para analizar el caso:
Razones de la relevancia de la fuente constitucional:
Textos de tratados y convenciones internacionales:
Razones de la relevancia de la fuente:
Enunciado interpretativo del texto constitucional:
Enunciado interpretativo del texto de tratados y convenciones internacionales (regla general de interpretación):
Texto (disposición) jurídico bajo estudio de conformidad (uno o más de uno):
¿Es inconforme?
Reformulación de las normas:
¿Hay más de una alternativa de interpretación?
Reformulación de las normas después de la interpretación conforme y más favorable: 53
2.	El señor Francisco López es dueño del rancho Don Francisco ubicado en el municipio de Piedras Ricas, en el estado de Jalisco. Esta zona es conocida por sus grandes yacimientos mineros. El 10 de abril de 2011, el señor Francisco López encontró en su rancho a un grupo de topógrafos. Al preguntarles por qué razón habían ingresado sin permiso a su propiedad, le manifestaron que contaban con un oficio del presidente municipal que los autorizaba a hacer estudios topográficos en esa zona. El señor López les dijo que no había sido notificado de ningún oficio y que no podían estar en el rancho de su propiedad por lo que se marcharon. El 16 de abril de 2011 se presentó el director de Seguridad Pública del municipio y el juez municipal para notificarle el citado oficio. En éste se solicitaba al señor López que permitiera el ingreso al terreno de su propiedad al personal de la Compañía Minera El Pajarito. El señor López recibió el oficio, pero expresó que no permitiría el acceso a dichas personas. El 20 de abril entraron a su propiedad varios tractores, camiones de volteo y retroexcavadoras del ayuntamiento y del gobierno del estado, específicamente de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como personal de la Compañía Minera El Pajarito. Con la maquinaria pesada que introdujeron ocasionaron daños a su propiedad, demolieron cerros y realizaron trabajos de excavación y sustracción de material de cantera. Estos hechos se repitieron hasta el 27 de abril de 2011. Desde el mismo 20 de abril el señor López interpuso las denuncias penales correspondientes, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue admitida y en la que se llevaron a cabo varias investigaciones que corroboraron los hechos anteriormente descritos. Un dictamen pericial elaborado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (ijcf ) determinó que el daño a la propiedad del señor López, así como los minerales que extrajeron de su propiedad ascienden a $5 145 040.80 (cinco millones ciento cuarenta y cinco mil cuarenta pesos con ochenta centavos).
Por medio de su abogado, el señor Francisco López presentó un juicio de responsabilidad patrimonial en contra de diversas autoridades del municipio de Piedras Ricas y del gobierno del estado por los daños causados en su patrimonio. El órgano encargado de resolver este asunto es el Tribunal de lo Administrativo del estado, el cual forma parte del Poder Judicial del estado (artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Jalisco). La ley que regula este procedimiento es fundamentalmente la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Esta ley tiene como objetivo, tal y como establece en su artículo 1°: “fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los poderes del estado, sus dependencias y organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos estatales, organismos públicos autónomos, municipios, organismos descentralizados municipales, fideicomisos públicos municipales, y las empresas de participación mayoritaria estatal o municipal”.
No obstante, el artículo 11, fracción iii, establece un monto máximo como límite al que deberá sujetarse la indemnización que el Estado debe cubrir con motivo de los perjuicios que se ocasionen al gobernado por su actividad administrativa irregular. Este límite es de 20 mil días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Artículo 11. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: iii.	En el caso de perjuicios debidamente comprobados, causados a personas con actividades empresariales, industriales, agropecuarias, comerciales, de servicios o concesionarios del Estado o de los municipios, el monto máximo de la indemnización será de veinte mil días de salarios mínimos vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara, por todo el tiempo que dure el perjuicio, por cada reclamante afectado.
La reclamación de indemnización interpuesta por el señor Francisco López cumple con todos los requisitos exigidos para la procedencia de su acción, incluyendo la debida acreditación de la relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular de la entidad (artículo 22, fracción vi, de dicha ley). Previniéndose frente a lo que establece el artículo 11, fracción iii, el señor Francisco López argumenta que la Constitución mexicana reconoce el derecho a una indemnización como consecuencia de la actividad irregular del Estado (artículo 113). Asimismo, argumenta que el derecho a la propiedad y a recibir una indemnización justa se encuentra reconocido por diversos instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 17.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo xxiii de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su fracción segunda establece textualmente que “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
Textos constitucionales relevantes:
3.	El juez 25 de lo penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra del señor Juan Pérez de 58 años de edad por el delito de abuso sexual previsto en el artículo 176 del Código Penal para el Distrito Federal. La señorita Susana Flores denunció al señor Pérez porque, según ella, este último le tocó los glúteos en el trayecto del Metro de la estación General Anaya a la estación Taxqueña. El señor Pérez solicitó su libertad provisional, pero esta le fue negada porque el juez consideró que se trataba de un delito agravado de conformidad con lo que establece el artículo 178, fracción v del Código Penal.
El abogado del señor Pérez presentó un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del juez. Por razón de turno, el asunto fue asignado al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. En su demanda de amparo, el señor Pérez argumentó que las normas del Código Penal que fueron aplicadas en su contra no se interpretaron de conformidad con las obligaciones convencionales en materia de derechos humanos, las cuales protegen de manera más favorable la libertad de las personas sujetas a proceso. El señor Pérez solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, así como la libertad ante del juez de distrito. El asunto cumple con todos los requisitos generales de admisión y procedibilidad.
4.	El señor X fue sancionado administrativamente por la Secretaría de Salud del estado de Yucatán a realizar trabajos a favor de la comunidad; concretamente, la sanción consiste en recolectar basura durante cuatro meses en una de las playas cercanas a su domicilio, fuera de su horario normal de trabajo (el señor X trabaja en un banco, de las 9:00 a las 18:00 horas) y sin ninguna remuneración económica. No obstante, el señor X estaría asegurado contra accidentes de trabajo. En caso de no cumplir con dicha labor, el señor X podrá ser sancionado con una multa igual a 100 veces el salario mínimo general vigente. La Secretaría de Salud motivó esta determinación con lo que establecen los artículos 72, fracción v; y 73, fracción v, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del estado de Yucatán. El señor X considera que se trata de una sanción administrativa sumamente onerosa. Asesorado por su abogado, el señor X decide iniciar un juicio para controvertir la imposición de dicha sanción administrativa argumentando que la medida impuesta equivale a imponerle un trabajo forzado a la luz de la Constitución y de los tratados en materia de derechos humanos.
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Tesis jurisprudenciales y criterios relevantes del Poder Judicial de la Federación “Competencia en los juicios de divorcio incausado y alimentos. Atendiendo al interés superior del menor y al principio pro homine en el examen de los derechos humanos, debe prevalecer la regla de competencia especial a favor del actor o acreedor alimentario, sobre la genérica que atiende al domicilio conyugal de los divorciantes”, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro xi, t. 2, agosto de 2012, p. 1668, tesis i.11o.C.4 C, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2. aspx?ID=2001257&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013.
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Los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del recurso de revisión fiscal, están facultados para ejercerlo”, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro vi, t. 2, marzo de 2012, p. 1100, tesis i.7o.A.19 A, disponible en <http://ius. scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000335&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Derecho humano de petición reconocido en el artículo 8o constitucional. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al prever en su primer párrafo el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los contribuyentes, y establecer como consecuencia del silencio de la autoridad la figura de la negativa ficta, no vulnera la citada prerrogativa fundamental”, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro viii, mayo de 2012, p. 1861, tesis vi.1o.A.21, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=200077 2&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Devolución de contribuciones. Interpretación conforme con la Constitución del artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2005), en cuanto establece la obligación de la autoridad fiscal de emitir una resolución escrita, fundada y motivada en caso de negativa parcial”, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro vii, t. 1, abril de 2012, p. 869, tesis 1a lxxv/2012, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000565&Clase=Detalle TesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Improcedencia de la vía. Si en el laudo se resuelve fundada dicha excepción, procede el análisis de la competencia del tribunal responsable en el amparo directo como violación análoga a las previstas en el artículo 159 de la ley de la materia en relación con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal (Interpretación conforme de los artículos 1o., 5o., fracción i, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 154 del Código de Justicia Administrativa, ambos del estado de Michoacán)”, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro xiii, t. 4, octubre de 2012, p. 2581, tesis xi. 2o, A.T.2 L, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001930&Clase=Detalle TesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Indemnización prevista en los artículos 6o, cuarto párrafo, fracción ii, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 34, séptimo párrafo, fracción ii, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Es improcedente declararla, mediante una “interpretación conforme”, cuando en la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo se aplicó un artículo declarado inconstitucional, si la autoridad se allanó al contestar la demanda y dejó sin efectos en su totalidad el acto controvertido, al respetarse el principio de supremacía constitucional”, Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro xiii, t. 4, octubre de 2012, p. 2601, tesis ii. 8o. (i Región) 13 A, disponible en: <http://ius. scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001942&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Instancia de parte agraviada. Análisis de dicho principio cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al advertir que es incompetente para conocer del juicio contra el acto ante él impugnado, en lugar de sobreseer, deba señalar al particular que la vía de impugnación procedente es el amparo indirecto y remitir los autos al juzgado de distrito correspondiente”, Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro vi, t. 2, marzo de 2012, p. 1219, tesis iii.4o. (iii Región) 19 A, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/externas/detalle. aspx?id=2000373>, página consultada el 7 de abril de 2013.
“Multa impuesta por el Ministerio Público de la Federación conforme al artículo 44, fracción i, del Código Federal de Procedimientos Penales. Dada la naturaleza de la norma en que se fundamenta, si se impugna mediante el juicio contencioso administrativo, aun cuando el tribunal de la materia determine la improcedencia de la acción, no debe sobreseer, sino señalar cuál es el medio de defensa procedente y remitir las actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente, con la finalidad de hacer eficaz el derecho de acceso a la justicia”, Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro vi, t. 2, marzo de 2012, p. 1242, tesis iii.4o. (iii Región) 17 A, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/ DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000395&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos”, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro iii, t. 1, diciembre de 2011, p. 552, tesis P. lxix/2011, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/externas/detalle. aspx?id=160525>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Paternidad. El varón distinto del marido está legitimado para cuestionar la del hijo nacido en el matrimonio de la madre con aquél, pero la admisión de la demanda dependerá de la ponderación que haga el juzgador para determinar que el ejercicio de la acción armoniza el interés superior del menor con los demás derechos inherentes (legislaciones de los estados de Guanajuato y de Nuevo León”, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro x, t. 1, julio de 2012, p. 705, tesis 1a./J. 15/2012, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001148&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Pruebas en segunda instancia. En atención a la interpretación conforme en pro de las personas y al principio de debido proceso pueden ofrecerse en el escrito de expresión de agravios y el tribunal proveer sobre el particular (interpretación del artículo 522 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz)”, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a época, libro xiii, t. 4, octubre de 2012, p. 2720, tesis vii. 2o.C.11 C, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID= 2002019&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Responsabilidad patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios. Interpretación conforme del artículo 11, fracción iii, de la ley relativa, que establece un monto máximo como límite al que deberá sujetarse la indemnización por los daños que genere la actividad administrativa irregular”, Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro iv, t. 5, enero de 2012, p. 4610, tesis III.4o. (iii Región) 4 A, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2. aspx?ID=2000157&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013. “Tutela Jurisdiccional Efectiva. Para lograr la eficacia de ese derecho humano los juzgadores deben desarrollar la posibilidad del recurso judicial”, Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª época, libro vi, t. 2, marzo de 2012, p. 1481, tesis iii.4o. (iii Región) 6 K, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000 479&Clase=DetalleTesisBL>, página consultada el 7 de abril de 2013.
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Interpreración conforme se terminó de editar en mayo de 2013. Para su composición se utilizaron los tipos Adobe Garamond Pro y Verdana.