Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-740-de-octubre-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b0ec91c05ec80018e0430a0101510018&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 22:13:25
Document Index: 257086459

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 20', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 85', 'Artículo 89', 'Artículo 127', 'Artículo 127', 'Artículo 5', 'Artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 128', 'artículo 130', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 99', 'artículo 130', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 8']

﻿ Sentencia T-740 de octubre 3 de 2011
SENTENCIA T-740 DE 03 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:CONTINUIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO A USUARIO MOROSO. AL USUARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE INCUMPLE CON SUS OBLIGACIONES, DEBIDO A UNA IMPOSIBILIDAD PROBADA E IMPREVISTA DE CUMPLIR CON ELLAS, NO PUEDE CORTARSE TOTALMENTE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUANDO EN EL DOMICILIO VIVEN NIÑOS, PUES EN ESE CASO LO PROCEDENTE SERÍA SUSPENDER LA FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE MODO QUE SE LES GARANTICEN CANTIDADES MÍNIMAS BÁSICAS E INDISPENSABLES DE AGUA POTABLE, PARA VIVIR SANA Y DIGNAMENTE, POR ELLO LA EMPRESA PRESTADORA DEBERÁ INSTALAR, A CUENTA DE ESTA, UN RESTRICTOR EN EL FLUJO DEL AGUA QUE GARANTICE POR LO MENOS 50 LITROS DE AGUA POR PERSONA AL DÍA O PROVEER UNA FUENTE PÚBLICA DEL RECURSO HÍDRICO QUE ASEGURE EL SUMINISTRO DE IGUAL CANTIDAD DE AGUA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL, RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:480 DE DICIEMBRE DE 2011, PG.2306
REVISTA TUTELA N°:144 DE DICIEMBRE DE 2011, PG.1802
Sentencia T-740 de octubre 3 de 2011
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente.
1. La señora María Isabel Ortiz adeuda a la Junta Administradora del acueducto Juan XXIII la suma de $ 521.719,oo; por este motivo le fue suspendido el suministro agua desde enero de 2009 (fls. 1 y 24, cdno. 2)
2. A raíz de la interrupción del servicio, la peticionaria, en aras de satisfacer sus necesidades de saneamiento básico y alimentación, ha utilizado el agua de un “charco” que queda a 20 minutos de su casa (fl. 1, cdno. 2)
3. La accionante, de 54 años de edad, pertenece al Sisben 1, y padece de una enfermedad que le impide trabajar (fls. 1 y 3, cdno. 2)
8. También señaló que la accionante, debido a su situación socioeconómica es acreedora de un subsidio del 70% sobre el valor de la factura mensual, obligación que está siendo asumida directamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto sin recibir ningún reconocimiento del ente municipal, departamental o nacional (fl. 17, cdno. 2)
9. Por último, manifestó que unilateralmente ha fraccionado la deuda en cuotas mínimas, con el objetivo de brindarle facilidades de pago a la peticionaria de la obligación insoluta (fl. 17, cdno. 2)
Trámite de revisión
12. El día 18 de marzo de 2010, la peticionaria absolvió el interrogatorio e indico: en primer lugar, que en ella esta radicado el sostenimiento del hogar y que el único ingreso con el que cuenta para solventar todas sus obligaciones son treinta mil pesos ($ 30.000) que le hacia entrega Familias en Acción. Sin embargo debido a que su hijo no se encuentra estudiando ya no cuenta con estos recursos.
En segundo lugar, sostuvo que sus ingresos no le alcanzan para sufragar todas sus deudas, pues solo en el servicio de agua y alcantarillado y energía eléctrica debe pagar alrededor de treinta y dos mil pesos ($ 32.000), suma que supera los ingresos percibidos. Además de lo anterior señalo que pertenece al Sisben 1.
13. En el mismo auto, se solicito a la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII que, informara de manera detallada y justificada sobre (i) La naturaleza jurídica de la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII (ii) cuántos usuarios hacen parte del acueducto veredal Juan XXIII (iii) cuántos de estos usuarios son beneficiarios de algún subsidio por parte de la Junta administradora del acueducto y en que monto, especificar de manera detallada; (iv) cuántos de estos usuarios se encuentran en mora con sus obligaciones contractuales; (v) ¿Cuántos de estos usuarios se encuentran en situación de no pago?; (vi) la situación económica de la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII, refiera específicamente si esta actualmente registra un superávit o déficit de caja; (vii) el funcionamiento de cada uno de los subsidios del otorgados a los usuarios del Acueducto Juan XXIII, haciendo especial referencia al ofrecido a la actora; (viii) el origen de los recursos que se destinan al financiamiento de los subsidios.
Aunado a lo anterior, indicó que “no se ha recibido ningún subsidio de entes gubernamentales, dados los atrasos para que el Estado a nivel local adecue los estratos y transfiera los subsidios con base a lo definido por la ley a partir de la Constitución de los Fondos de solidaridad e ingresos [Sic]”.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita” (negrillas fuera del texto)
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” (negrillas fuera del texto).
De otro lado, el agua se considera, también como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o domestico”(2).
Así lo ha reconocido esta corporación en las sentencias T-578 de 1992, T- 140 de 1994 y T- 207 de 1995 en las que manifestó: “el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. En este mismo sentido, en otra oportunidad, señaló que: “Así la falta de prestación [del servicio de acueducto] también está llamada a constituir una posible violación de derecho que tienen todas las personas a vivir una vida digna”(3)(4) (negrillas fuera del texto).
La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho al agua se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, pues esta normatividad, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, se erige como normas con rango constitucional o como estándares internacionales que sirven como pautas de interpretación de los derechos que hacen parte del sistema jurídico colombiano.
4.1. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.
La estructura de este sistema de protección consiste en dos tipos de mecanismos: (i) Los mecanismos creados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco o que hayan sido autorizados ya sea por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social (Ecosoc) o por la Comisión de Derechos Humanos y (ii) los mecanismos basados en tratados internacionales, como el Comité de Derechos Humanos —creado por el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos—, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —formado bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales (Pidesc), el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial— instituido por la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación, entre otros.
• La Resolución AG/ 10967 de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptada, el 28 de julio de 2010, instó a los Estados y organizaciones internacionales para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las capacidades y la transferencia de tecnología, especialmente en los países en desarrollo, e intensificaran los esfuerzos para proporcionar agua limpia y pura, potable, accesible y asequible y saneamiento para todos.
(ii) los mecanismos basados en tratados internacionales
Adicionalmente, se señala que el derecho al agua es un requisito sine qua non para el ejercicio de otros derechos, verbigracia “el agua es necesaria para producir alimentos (derecho a la alimentación); para asegurar la higiene ambiental (derecho a la salud); para procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas practicas culturales (derecho a participar en la vida cultural)”(7).
Aunado a lo anterior reconoció que todas las personas y pueblos tienen derecho a disponer de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Así en su preámbulo se señala: “todos los pueblos, cualquiera su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas” (negrillas fuera del texto).
Siguiendo este lineamiento y los postulados establecidos en la Declaración de Mar del Plata, consagró en el principio número 4 que: “es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio asequible” (negrillas fuera del texto).
• La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente de 1992, la cual se elaboro junto con el Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, constituyen uno de los principales instrumentos internacionales que regulan este tema.
En este último instrumento internacional se resaltó la importancia del agua para la vida y la necesidad de su preservación, tanto así que se reservó un capítulo exclusivo para abordar esta problemática. El capítulo 18 consagra como objetivo general velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta, y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los limites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.
Literalmente se señaló: “El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar por que se mantenga su suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta”. Además el parágrafo 18.47 dispuso: “todos los pueblos, cualquiera que sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas” (negrillas fuera del texto)
• El Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo de 1994, también hace una referencia explicita al derecho al agua en el principio número 2, el cual sostiene: “los seres humanos [...] tienen el derecho a un adecuado estándar de vida para sí y sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, agua, y saneamiento adecuados” (negrillas fuera del texto).
La Declaración del Milenio de Naciones Unidas señala expresamente que es necesario poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos, formulando estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado.
Para tal fin, los Estados se comprometieron a cumplir, para el año 2015, varias metas, dentro de las que se encuentra una bastante concreta con relación con el acceso al agua potable: “19. Decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el año 2015, [...] el porcentaje de personas que carezcan de acceso de agua potable o que no puedan costearlo”.
Concretamente, indicó: “el derecho a disponer de agua potable es el derecho que tiene cada persona a disponer de la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades fundamentales. Este derecho se refiere al acceso que debe tener una familia a servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas servidas administrado por organismos públicos o privados” (negrilla fuera del texto).
Adicionalmente, dicho informe sostuvo, que “cualquier obstáculo al ejercicio del derecho a disponer de agua y saneamiento dificulta el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales en su conjunto, y limita las posibilidades de participar en condiciones de igualdad del derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano”
• La Organización Mundial para la Salud (OMS) en su informe sobre la cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud señaló que la cantidad de agua mínima que una persona necesita para la satisfacción de las necesidades básicas es de 50 litros de agua al día.
Aunque, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en el Protocolo Adicional a la Convención Americana o Protocolo de San Salvador, se hace mención expresa al derecho al agua, podría decirse, haciendo una interpretación sistemática de estos instrumentos, este se encuentra implícito en el articulo 4º de la Convención Americana, por cuanto el no acceso al agua impide la consecución de una existencia digna y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, pues la prestación de agua es uno de los principales servicios públicos básicos(11).
“Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran está directamente vinculado con la obtención de alimento y acceso al agua limpia”(13) (negrillas fuera del texto).
En las reparaciones dispuestas por la Corte a favor de la Comunidad Yakye Axa, se indicó: “En vista de lo anterior, el tribunal dispone que, mientras la comunidad se encuentre sin tierras, dado su especial estado de vulnerabilidad y su imposibilidad de acceder a sus mecanismos tradicionales de subsistencia el Estado deberá suministrar, de manera inmediata y periódica agua potable suficiente para el consumo y aseo personal de los miembros de la comunidad”(14) (negrillas fuera del texto).
En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay de 2006, la Corte Interamericana vinculó una vez más el acceso al agua con el derecho a la vida. En sus consideraciones, este organismo judicial señaló:” en el presente caso, junto con la carencia de tierra, la vida de los miembros de la comunidad indígena Sawhoyamaxa se caracteriza por [...] las precarias condiciones de sus vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como la marginalización por causas económicas, geográficas y culturales”(15) y posteriormente concluyó: “por todo lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por cuanto no ha adoptado las medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad”(16) (negrillas fuera del texto).
4.3. Derecho Internacional Humanitario.
El Convenio III de Ginebra, de 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra contiene 3 artículos que abordan de manera explicita el derecho al agua:
Artículo 20: “La potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra evacuados agua potable y alimentos en cantidad suficiente así como ropa y la necesaria asistencia médica; tomará las oportunas precauciones para garantizar su seguridad durante la evacuación y hará, lo antes posible, la lista de los prisioneros evacuados”.
Artículo 26: “La potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra que trabajen los necesarios suplementos de alimentación para realizar las faenas que se les asignen. Se suministrará a los prisioneros de guerra suficiente agua potable. Está autorizado el consumo de tabaco”.
Artículo 29: “Además, y sin perjuicio de los baños y de las duchas que debe haber en los campamentos, se proporcionará a los prisioneros de guerra agua y jabón en cantidad suficiente para el aseo corporal diario y para lavar la ropa; con esta finalidad dispondrán de las instalaciones, de las facilidades y del tiempo necesarios”.
Artículo 85: “Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sanitarias que se avengan con las normas de la higiene y que estén en constante estado de limpieza. Se les proporcionará suficiente agua y jabón para el aseo diario y para lavar la ropa; a este respecto, dispondrán de las instalaciones y de las facilidades necesarias. Tendrán, además, instalaciones de duchas o de baños. Se les dará el tiempo necesario para el aseo personal y para los trabajos de limpieza”.
Artículo 89: “Se les proporcionará suficiente agua potable”.
Artículo 127: “La potencia detenedora proporcionará a los internados, durante el traslado, agua potable y alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como ropa, alojamiento conveniente y la asistencia médica necesaria. Tomará las oportunas medidas de precaución para garantizar su seguridad durante el traslado y hará, antes de su salida, la lista completa de los internados trasladados”.
Artículo 127: “Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se permiten acciones militares “cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de víveres o de agua a la población civil que esta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse”.
Artículo 5º: “las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado”.
Artículo 14: “Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego”.
El Alto Tribunal de la Jurisdicción Constitucional del Estado Federal de Bélgica en sentencia 036 de 1998 reconoció la existencia de un derecho al agua. Esta corporación señalo que este derecho “se deriva del artículo 23 de la Constitución y de capítulo 18 del Programa 21 aprobado en junio de 1992 en Río de Janeiro por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”.
Este derecho, considera el Consejo Constitucional, que esta vinculado indirectamente a dos normas constitucionales: el derecho a la vivienda digna y a la protección de la salud pública los cuales tienen rango constitucional en virtud de los parágrafos 10 y 11 del preámbulo de la Constitución.
(3) A nadie se le puede negar la atención médica de emergencia” (negrilla fuera del texto)(19).
Como se observa, la antedicha normatividad no solo establece un procedimiento al que ha de ceñirse la administración o el particular que cumpla este servicio, sino que además estipula que aún, teniendo en cuenta todas las actuaciones debidas, no se le podrá negar a ningún ciudadano el servicio de acueducto por el hecho del no pago.
En este fallo, dicho tribunal ordenó que mientras estuviera pendiente la reformulación de la política de agua de la ciudad de Johannesburgo, todo usuario de la localidad de Phiri que este registrado como indigente debía recibir sin costo 42 litros de agua por día por cada miembro de su grupo familiar.
Los mencionados requisitos buscan que el usuario no quede en una situación tal que no pueda cubrir sus necesidades básicas, debido a la falta de suministro de agua potable, pues busca dar una nueva oportunidad de pago en condiciones mas favorables al deudor y en caso de que este no tenga los recursos necesarios para saldar la suma adeudada siempre podrá contar con una fuente pública que brinde el “suministro urgente de agua”(25).
El poder judicial de la Republica de Argentina haciendo uso de la cláusula de apertura de la Constitución consagrada en el numeral 22 del artículo 75 de la Carta Política(26), que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ha establecido que el acceso al servicio de agua es un derecho fundamental.
En el mismo la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata en el caso Aidecon contra OSSE M.D.P. de 27 de abril de 1998, indicó que el corte inmediato de los servicios de agua por falta de pago es abusivo(29).
Así mismo, el Juzgado de Primera Instancia de Paz de Moreno, Provincia de Buenos Aires, en el caso Usuarios y consumidores en defensa de sus derechos contra Aguas del Gran Gobierno de Buenos Aires, de 21 de agosto de 2002, declaró inexequible la norma que permitía el corte de agua por falta de pago del servicio domiciliario de acueducto y ordeno a la entidad demandada acabar con los referidos cortes y reconectar el servicio a quienes hubieran se les hubiera suspendido el mismo(30).
b) En el caso de Usuarios residenciales, el corte del servicio no podrá ser total, debiendo la Entidad Prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital” [...] (negrillas fuera del texto).
La Constitución Política de la Republica de Bolivia incorpora dentro de su texto, el derecho fundamental al agua potable en varios de sus artículos. El artículo 16 establece: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación” y en el artículo 20 consagra que: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones [...] III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”.
La Republica del Ecuador en el artículo 12 de su Constitución consagra el derecho al agua en los siguientes términos: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.
El Tribunal Constitucional de la República del Perú en sentencia 6546 de 2006 esgrimió que el derecho al agua potable en un derecho constitucional no enumerado, en particular indicó: “En el caso específico del derecho al agua potable, considero que aunque dicho atributo no se encuentra consagrado a nivel positivo, existen no obstante una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental. Asumir dicha premisa supone, sin embargo, perfilar su individualización dentro del contexto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente enunciadas. A tales efectos y en la medida en que no exista norma expresa que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y que a nivel internacional aún se encuentren pendientes de desarrollo muchos de los ámbitos que comprendería dicho atributo, se hace permisible acudir, para la efecto, a la opción valorativa o principialista y a la cláusula de los derechos implícitos que le permite servir de referente. Así las cosas, la utilización de la formula de individualización antes descrita posibilitaría legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado. Su reconocimiento estaría ligado directamente a valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado Social y Democrático de Derecho” (negrillas fuera del texto).
Respecto del contenido obligacional del derecho al agua, como el de todos los derechos humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que: “existen tres tipos de obligaciones: “respetar”, “proteger” y cumplir” [...]. A su vez, este ultimo deber relacionado con “hacer efectivo” el derecho se subdivide en tres: facilitar proporcionar y promover”(32).
En este orden de ideas, la obligación de cumplir está encaminada a que el Estado realice acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho por medio de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a los individuos y comunidades el disfrute del derecho al agua potable e impone al Estado que adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho al agua, tome medidas para que se difunda información adecuada sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua y garantice el acceso a una cantidad suficiente salubre, aceptable y accesible para el uso personal y domestico de agua, en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.
• La primera dimensión de la obligación de disponibilidad conmina a los Estados a brindar una cantidad suficiente de agua, como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de bebida, alimentación o cocción de alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas que habitan en su jurisdicción. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la cantidad necesaria para este fin es de “50 litros por persona al día”(41).
Así las cosas, el Estado está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional, entre otras cosas, a (i) abstenerse de privar a una persona del mínimo indispensable de agua(42); (ii) facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes(43); y (iii) garantizar que todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada tengan acceso permanente a agua potable, a instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos y de drenaje(44)(45).
• Así mismo, la disponibilidad se encuentra relacionada con la regularidad en el acceso al servicio de agua potable, es decir, que “la periodicidad del suministro de agua sea suficiente para los usos personales y domésticos”(46).
Este subnivel obligacional insta al Estado a: (i) abstenerse de interrumpir o desconectar de manera arbitraria o injustificada los servicios o instalaciones de agua(47); (ii) regular y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua(48); (iii) garantizar que los establecimientos penitenciario y servicios de salud cuenten con agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas(49); y (iv) asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes(50)(51).
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la cantidad de agua que obtiene una persona para satisfacer una persona esta determinada, en gran medida, por la distancia que se debe recoger para obtenerla. De acuerdo a ello, ha clasificado, la accesibilidad del recurso hídrico en cuatro subniveles: (i) no acceso; (ii) acceso básico, (iii) acceso intermedio, y (iv) acceso optimo.
Nivel de servicio Distancia/tiempo Probabilidad de agua recolectada Necesidades satisfechas Intervención y acciones prioritarias
No acceso Mas de (1) kilómetro o mas de treinta (30) minutos de viaje. Bastante bajo.
Acceso óptimo Suministro de agua en el inmueble a través de múltiples grifos Entre 100 y 200 litros de agua al día por persona. Se garantiza un consumo básico de agua y las practicas correctas de higiene. Muy bajo
De acuerdo a lo anterior, la accesibilidad física del recurso hídrico solo se encuentra satisfecha en los niveles intermedio y optimo, por lo que las principales obligaciones por parte del Estado son (i) garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades(53); y (ii) garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar(54).
Aunado a lo anterior, el Estado también está obligado, de acuerdo con este subnivel obligacional a: (iii) abstenerse de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida punitiva(55); (iv) abstenerse de generar obstáculos que impliquen la inexistencia de los servicios públicos domiciliarios o impidan su prestación(56); (v) adoptar medidas para velar por que las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación(57); (vi) proporcionar o asegurar que los desplazados internos disfruten de libre acceso al agua potable(58); (vii) adoptar medidas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad(59); (viii) velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua(60); (ix) adoptar medidas para velar por que se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas para acceder al agua, como las personas de edad, las personas con discapacidad, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas propensas a desastres y las que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas(61); (x) facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas(62); y (xi) brindar a las personas que no pueden acceder a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado los medios y condiciones adecuados para que satisfagan ellas mismas sus necesidades básicas(63)(64).
El subnivel obligacional de accesibilidad conmina al Estado a: (i) abstenerse de efectuar aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua(65); (ii) abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad(66); (iii) impedir que terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables(67); (iv) establecer un sistema normativo para garantizar el acceso físico al agua en condiciones de igualdad y a un costo razonable, que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento(68); (v) velar por que el agua sea asequible para todos(69); (vi) adoptar las medidas necesarias para que el agua sea asequible, se sugieren: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; c) suplementos de ingresos(70); y (vii) garantizar que todos los pagos por suministro de agua se basen en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos(71)(72).
Esta obliga al Estado a: (i) abstenerse de reducir o contaminar ilícitamente el agua(73); (ii) promulgar y hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua(74); (iii) garantizar a la población el suministro efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley(75); (iv) adoptar medidas para impedir que terceros contaminen o exploten en forma indebida los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de disposición de agua(76); (v) proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, el daño y la destrucción(77); (vi) adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados(78); (vii) velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas como componente de la higiene ambiental e industrial(79); (viii) garantizar que todos tengan acceso a servicios de tratamiento adecuados, para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable(80); (ix) garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para garantizar la realización del derecho a la salud pública(81); (x) llevar a cabo el manejo y disposición de basuras bajo criterios técnicos que protejan el medio ambiente y preserven la salubridad colectiva(82)(83).
En este caso se ordenó al alcalde del municipio de Puerto López y al gobernador del Meta que, solidariamente, les brindará a los miembros de los pueblos indígenas Achagua y Piapoco, cantidades de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades de consumo que, razonablemente se estime, pueden requerir a diario. Dicho suministro indicó la providencia reseñada debían responder a los siguientes criterios: (i) prestarse hasta que ambos Pueblos contaran con una solución definitiva para sus problemas de desabastecimiento; (ii) a cambio de la prestación del servicio, podría exigírseles a los pueblos indígenas una contraprestación dineraria o de otra clase, si y solo si con ella no les viola su derecho a la autonomía; (iii) y, si ninguna contraprestación posible es útil y lucrativa o compensatoria para el municipio, la prestación transitoria, de cantidades mínimas de agua, deberá serles ofrecida gratuitamente.
Adicionalmente, aunque relacionada con la obligación de accesibilidad, se dictaminó en la sentencia referida que en el curso de los 2 meses siguientes a la notificación de esta providencia, debían adoptar un plan real y concreto, en el cual se pudiera identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales habrá de ponerse en marcha el proyecto de política pública de agua en el resguardo El Turpial-La Victoria, departamento del Meta.
Igualmente, en Sentencia T-381 de 2009, la Sala Sexta de Revisión determino que existía una vulneración a la obligación de disponibilidad, por cuanto las obras de construcción de un túnel en la autopista Bogotá-Girardot habían secado totalmente las fuentes naturales de agua que se surtían para consumo humano, riego y desarrollo de actividades comerciales y turísticas, lo cual impedía que se garantizara una cantidad suficiente de agua a las personas que se servían de estas aguas, para la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como alimentación, cocción de alimentos, la limpieza y saneamiento básico.
En esta litis se ordenó al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que designara un comité técnico con el objetivo de que realizara visitas de seguimiento al lugar de construcción del Túnel del Sumapaz, en la Autopista Bogotá-Girardot, y que en un plazo de seis meses contados a partir de la comunicación de dicha providencia, determine cuál era la solución permanente para garantizar el suministro definitivo de agua potable a los demandantes residentes en los predios denominados Finca de San Antonio, hoy Guayabamba, y Rocas de Sumapaz —parcelación Serranías del Sumapaz—, que consta de veintiún (21) parcelas ubicadas en la Vereda Mosquera del Municipio de Melgar, Departamento del Tolima y a la Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., y que ejecutara la solución adoptada, en los tiempos y con las especificaciones que el ministerio dictamine.
Asimismo, se dictaminó que mientras se ponía en marcha la solución propuesta, la sociedad demandada debía asegurar el suministro de agua potable a las personas demandantes residentes en los predios mencionados, mediante el servicio de carro tanques, si ello fuere necesario a juicio del ministerio.
De igual forma, en la Sentencia T-379 de 1995 se determino que existía una infracción a la obligación de disponibilidad, por cuanto el “ojo de agua” del acueducto Inverhincada, que surte de agua, entre otros, a los residentes en el conjunto los Alcatraces había disminuido ostensiblemente su nivel por la obstrucción del canal Nirvana, debido al aprovechamiento inadecuado de uno de los propietarios ribereños.
Igualmente, en Sentencia T-413 de 1995, esta corporación estableció una transgresión a la obligación de disponibilidad, por cuanto el tesorero de la junta administradora del acueducto regional “La cuchilla” destinó el agua de este para explotación piscícola en los predios de él, y permitió junto con el presidente de la junta administradora de tal acueducto que estas aguas también fueran utilizadas para una fábrica de ladrillos, lavado de vehículos y bebederos de animales, por lo cual el agua en muchas ocasiones no llegaba a la casa de los usuarios.
Del mismo modo, en la Sentencia T-244 de 1994, la Corte determino que existía una infracción a la obligación de disponibilidad, por cuanto el no cumplimiento por parte de los demandados de la Resolución 449 de 1993 expedida por el Inderena, en la cual ordenaba la destrucción de las obras construidas sobre el cauce de la quebrada guayabal o salitre, en el predio el descanso, vereda peladeros, afectaba la cantidad de agua que se requiere para satisfacer la necesidades básicas del actor.
En esta ocasión, el juez constitucional decretó una medida de carácter transitorio y una de carácter definitivo. En cuanto a la primera ordenó al Inderena, regional Cundinamarca, para que levantara los registros que existen en el embalse construido en el predio “El Descanso”, quebrada Guayabal o El Salitre, y que impedían la salida del agua hacia la quebrada.
Así las cosas, este tribunal confirmo la sentencia de primera instancia que ordenaba a la compañía ASLO S.A. adelantar las obras necesarias o tomar las medidas indispensables para que el servicio de agua potable a los citados barrios se prestara con regularidad, presión y calidad aceptables y aptas para el consumo humano.
Sobre el particular indico: “es preciso anotar lo siguiente. Pese a que la Sala denegará la protección y procederá a confirmar las decisiones tomadas por los jueces de instancia, no lo hará por razones similares a las aducidas en las instancias. Los jueces de primera y segunda instancia consideraron que la actuación de la empresa de servicios públicos no violó ningún derecho fundamental, al haber suspendido el servicio público de agua potable. La Corte, en cambio, encuentra que sí fue violado el derecho fundamental al suministro de agua potable, a la vida y a la salud de los niños que habitan en la casa de la tutelante, razón por la cual en casos similares al presente le corresponde a las empresas de servicios públicos domiciliarios garantizar una protección real y efectiva de los mismos, mediante la celebración de acuerdos de pago con plazos amplios y cuotas flexibles que les permitan, a los usuarios de escasos recursos y pertenecientes a estratos bajos de la población, la satisfacción de las obligaciones causadas por el consumo de agua potable, todo ello en procura de la consecución de un desarrollo pleno y armónico de los menores. Pero, si aún de este modo, el usuario de servicios públicos incumple con sus obligaciones legítimamente contraídas, en el número consecutivo de veces que fije la ley, y ello se debe a una imposibilidad probada e imprevista de cumplir con ellas, no puede cortarse totalmente el suministro de agua potable cuando en el domicilio viven niños, pues en ese caso lo procedente sería suspender la forma de prestar el servicio público de modo que se les garanticen cantidades mínimas básicas e indispensables de agua potable, para vivir sana y dignamente. Con todo, tras advertir la Corte que, en el caso concreto, la casa de la tutelante fue reconectada ilegalmente al acueducto, se vio imposibilitada para impartir una orden que suponga la protección de los derechos, pues en ese caso estaría materialmente convalidando una actuación contraria a la Carta, la ley y los intereses de los demás usuarios de servicios públicos. Ese es el motivo determinante para negar la protección solicitada” (negrillas fuera del texto).
De igual modo, en Sentencia T-270 de 2007 esta corporación estableció que existía una infracción a la obligación de accesibilidad, por cuanto a la señora Flor Enid Jiménez de Correa de 56 años de edad que padecía insuficiencia renal crónica le fueron cortados los servicios públicos de agua y luz por encontrarse en mora en el pago.
En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión considero que la ausencia de estos servicios públicos ponía en grave peligro la vida de la actora, dado que el tratamiento que necesita la demandante para tratar la enfermedad que padece requiere la confluencia de dichos servicios públicos y en consecuencia ordenó la reconexión del servició público de agua y energía eléctrica en la residencia de la accionante.
En Sentencia T-410 de 2003, la Sala Cuarta de Revisión determino la existencia de una vulneración a la obligación de calidad, por cuanto la Empresa de Servicios Públicos de Versalles —departamento del Valle del Cauca— no realizaba ningún tipo de tratamiento para el agua destinada al consumo de población y además no efectuaba labores de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento, lo que hacia que el agua que brindaba este acueducto no fuera potable.
En este caso, esta corporación ordeno “al alcalde municipal y al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Versalles, Valle del Cauca, que, en lo de su competencia, en un término máximo de treinta (30) días inicien los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios para que en un plazo no superior a seis (6) meses garanticen al accionante y a la población del municipio de Versalles el suministro efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley. Los términos anteriores se contarán desde la notificación de esta sentencia”.
Este tribunal, en este asunto, confirmo el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva el 24 de octubre de 1994, en segunda instancia, que ordenó que se realizara un acueducto nuevo sobre el Río Patá, previo estudio y análisis del Corpes.
Igualmente, en Sentencia T-523 de 1994, esta corporación estableció una transgresión a la obligación de calidad, por cuanto la construcción de una porqueriza y varios cultivos en las inmediaciones del nacimiento de las aguas que sirven al acueducto local, ha generado la contaminación de estas y ha afectado a la población con por una infección dermatológica.
En esta ocasión, el juez constitucional ordeno al demandado suspender el funcionamiento de la porqueriza que tiene en el predio donde se encuentran los nacimientos de agua que consumen los habitantes de los llanos de Cuivá, en Yamural, y hasta tanto no ejecute las obras que realmente impidan la llegada de materias fecales a dichas fuentes y previo el lleno las licencias sanitarias y ambientales correspondientes se garantice la pureza del agua desde el nacimiento hasta la bocatoma.
El artículo 128 de la mencionada ley dispone que el contrato de servicios públicos es “un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados” (negrillas fuera del texto).
En este sentido, la Sentencia C-150 de 2003 indicó que “la persona que se abstiene de pagar por los servicios públicos que recibe, no solo incumple sus obligaciones para con las empresas que los prestan, sino que no obra conforme al principio de solidaridad y dificulta que las empresas presten los servicios con criterios de eficiencia (C.P., art. 365), lo cual pugna con los principios sociales que consagra la Carta para orientar la prestación, regulación y control de los servicios públicos”.
El legislador con miras a garantizar la prestación de los servicios públicos en debida forma, estableció en el articulo 18 de la Ley 689 de 2001 que modificó el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, que: “Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma”. Es decir, la mora del usuario en cancelar sus obligaciones permite a la empresa prestadora del servicio proceder al corte y suspensión de este luego del incumplimiento en el pago de tres facturas (negrillas fuera del texto).
Este alto tribunal, al revisar la constitucionalidad del citado artículo, avalo esta medida adoptada por el legislador y sostuvo que “el pago de los precios acordados en los contratos de prestación de servicios públicos es una condición indispensable para garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida de los mismos a los demás usuarios, de lo que se deduce que debe haber un medio apremiante para desincentivar la falta de pago. Ese medio puede ser la suspensión”(84) (negrillas fuera del texto).
“Esta protección especial torna constitucionalmente injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos o suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos penitenciarios, o indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana”(89) (negrillas fuera del texto).
Respecto del corte del servicio de acueducto a los sujetos de especial protección constitucional, como se comprobara más adelante, la medida se torna especialmente desproporcionada, ya que aunque esta persigue un fin constitucionalmente legitimo, que es la garantía de la prestación eficiente, continúa e ininterrumpida de los servicios públicos a todos los usuarios y es idónea para alcanzar el objetivo perseguido, los beneficios obtenidos con su aplicación son menores que los sacrificios a que son expuestos los titulares del derecho fundamental al agua.
De tal suerte, que ante el incumplimiento en el pago de más de dos períodos consecutivos de facturación, la empresa del servicio público de acueducto deberá, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, informar la situación crediticia del usuario y el procedimiento a seguir para que este pueda ponerse al día en sus obligaciones. Para tal fin, en caso de que la persona a la que se le preste el servicio no pueda cancelar de manera inmediata la deuda, dicha entidad mantener la prestación del servicio y con la aquiescencia de este, deberá elaborar acuerdos de pago con plazos amplios y cuotas flexibles teniendo en cuenta la capacidad económica del usurario, con el objetivo de que la pueda ponerse al día con el pago de las obligaciones causadas por el consumo del referido servicio público.
Si una vez realizados mencionados acuerdos son incumplidos, el usuario manifiesta y prueba que no cuenta con la capacidad económica para hacerse cargo del pago de dicho servicio básico, la empresa prestadora deberá instalar, a cuenta de esta, un restrictor en el flujo del agua que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua.
El legislador, en desarrollo del referido mandato constitucional profirió la Ley 715 de 2001, que posteriormente fue adicionada por la Ley 1176 de 2007, la cual reglamento, entre otras cosas, todo lo relativo a la distribución de los recursos destinados específicamente a la atención del servicio de agua potable y saneamiento básico.
Es esta se estableció que la participación para agua potable y saneamiento básico ascendería, después de realizar las deducciones contempladas en el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 715 de 2001 y de los parágrafos transitorios 2º y 3º del artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 2007, al 5.4% del presupuesto nacional(90), el cual se distribuiría 85% para distritos y municipios y el 15% restante para los departamentos y el Distrito Capital, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en el artículo 7º y 8º respectivamente(91).
El otorgamiento de subsidios, en este contexto, esta regulado por el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, el cual consagra, que las entidades anteriormente reseñadas podrán conceder subsidios de acuerdo a las siguientes reglas: (i) se debe indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado; (ii) la entidad prestadora que repartirá el subsidio, (iii) hacerse el reparto entre los usuarios como un descuento en el valor de la factura que este debe cancelar; (iv) los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos básicos o de subsistencia; (v) la parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta siempre por el usuario; la que tenga el propósito de recuperar el valor de las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de servicios públicos podrá tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2, ni superior al 50% de este para el estrato 1; (vi) solo se otorgarán los subsidios a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2 y las comisiones de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3.
Así las cosas, debido a que el Estado es el principal garante de cada una de las obligaciones que se desprenden del derecho al agua y especialmente la relacionada con la disponibilidad, que obliga al Estado a brindar una cantidad suficiente de agua, como mínimo para satisfacer las necesidades básicas de bebida, alimentación o cocción de alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas que habitan en su jurisdicción y de acuerdo con la normatividad precedente que conmina al Estado a brindar subsidios a las personas de mas bajos recursos para este mismo fin, el municipio de Guarné, Antioquia deberá asignar de la partida de agua y saneamiento básico transferida a este por el Gobierno Nacional, los dineros necesarios para garantizar el cubrimiento del 50% del costo del agua que le sea proporcionado al usuario como garantía mínima del recurso hídrico, ya que su omisión ha generado y tiene la posibilidad de producir futuras afrentas al derecho fundamental al agua potable.
Ahora bien, esta Sala de Revisión, entrará a esclarecer las condiciones personales de los afectados con la suspensión del servicio de acueducto efectuado por parte de la Junta Administradora del Acueducto Veredal Juan XXIII, con el objetivo de determinar si estos son sujetos de especial protección constitucional y si se encuentran bajo los supuestos establecidos por esta corporación en la Sentencia C-150 de 2003 para inaplicar el articulo 18 de la Ley 689 de 2001 que modificó el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.
Se trata entonces, de grupos poblacionales identificados en algunos casos por el constituyente (mujeres en estado de embarazo, madres cabeza de familia, adultos mayores, niños, adolescentes y discapacitados) y en otros por el juez constitucional (grupos étnicos, personas privadas de la libertad, desplazados, defensores de derechos humanos, reinsertados, entre otros) que, en atención a sus especiales circunstancias, reclaman a la luz del texto constitucional una protección particularmente vigorosa de sus derechos fundamentales.
“En el Estado social de Derecho, la comunidad política debe un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y están impedidos para participar, en igualdad de condiciones, en la adopción de las políticas públicas que les resultan aplicables. En este sentido, es evidente que los niños son acreedores de ese trato preferencial, a cargo de todas las autoridades públicas, de la comunidad y del propio núcleo familiar al cual pertenecen (C.P., art. 44)” (negrilla fuera del texto).
Como se ha podido constatar la accionante como sus dos hijos son sujetos de especial protección constitucional, por tanto, se encuentran inscritos bajo una de las causales establecidas por este alto tribunal en la Sentencia C-150 de 2003 por lo que le este vedado a las entidades prestadoras del servicio suspender el servicio de acueducto, ya que, como se señaló en líneas precedentes, esta medida se torna desproporcionada cuando es aplicada a este tipo población y constituye una afrenta al derecho fundamental al agua potable de estos.
Es necesario tomar en consideración ahora que la actora no ha podido pagar los acuerdos de pago realizados por cuanto estos no atendieron a la capacidad de pago actual de la peticionaria, esta situación ha traído como consecuencia que la empresa prestadora del servicio de acueducto le haya suspendido el servicio, constituyéndose con eso una vulneración al derecho fundamental al agua potable, de acuerdo con los términos establecidos en esta sentencia. Por ello, dicha entidad, con el fin de garantizar el acceso al agua de la peticionaria y sus hijos menores de edad, deberá: (i) restablecer el flujo de agua potable, (ii) revisar los acuerdos de pago realizados entre las partes, con el objetivo de implementar una formula en la cual la actora, de acuerdo con su capacidad económica, pueda ponerse al día en sus obligaciones con la empresa de servicios públicos y en caso de que esta manifieste y pruebe que no cuenta con los recursos económicos para sufragar la deuda deberá (iii) instalar el reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua.
No adoptar esta medida en este caso obligaría a mantener una situación que atenta contra el derecho fundamental al agua, específicamente las obligaciones de accesibilidad física y calidad, pues la petente tendría que hacer largos recorridos para conseguir el liquido vital que tanto ella como sus dos hijos requieren para satisfacer sus necesidades básicas de una charca de aguas lluvias la cual no cuenta con la potabilidad requerida para el consumo humano.
En conclusión, el servicio público de acueducto es un servicio de carácter oneroso, por ello la suspensión de este por el incumplimiento en el pago es constitucionalmente admisible. No obstante, cuando el impago se presente por un usurario que se encuentre bajo la categoría de sujeto de especial protección, la empresa prestadora del servicio de agua deberá realizar los acuerdos de pago con el deudor de la mencionada prestación económica de acuerdo con su capacidad económica. En el evento en que aquel manifieste y pruebe que no puede cumplir con los referidos acuerdos, la empresa de servicios públicos esta obligada a garantizar un consumo mínimo de agua, conforme a lo establecido en esta sentencia. Finalmente, la inobservancia de estas conductas por parte de la entidad encargada del suministro de agua potable impondrá la carga a esta de asumir la totalidad del servicio hasta tanto se supere las condiciones que impidieron el no pago por el usuario.
En este orden de ideas, esta Sala de Revisión concederá el amparo solicitado por la accionante. En consecuencia, revocará, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne (Antioquia) y ordenará a la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII que: (i) restablezca el flujo de agua potable, (ii) revise los acuerdos de pago realizados entre la señora María Isabel Ortiz y dicha entidad prestadora del servicio de agua potable, con el objetivo de implementar una formula en la cual la actora, de acuerdo con su capacidad económica, pueda ponerse al día en sus obligaciones con esta y en caso de que esta manifieste y pruebe que no cuenta con los recursos económicos para sufragar la deuda deberá (iii) instalar el reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua.
2. CONCEDER la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guarne (Antioquia) por los motivos expuestos en esta sentencia.
3. ORDENAR a la Junta Administradora del Acueducto Juan XXIII: (i) RESTABLECER el flujo de agua potable en la vivienda de la accionante; (ii) REVISAR los acuerdos de pago realizados entre la señora María Isabel Ortiz y dicha entidad prestadora del servicio de agua potable, con el objetivo de implementar una fórmula en la cual la actora, de acuerdo con su capacidad económica, pueda ponerse al día en sus obligaciones y en caso de que esta manifieste y pruebe que no cuenta con los recursos económicos para sufragar la deuda; (iii) INSTALAR el reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua.
Magistrado: Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa.
(7) Aniza García. El derecho humano al agua; Editorial Trotta S.A. Madrid, 2008. 177.
(8) Aniza García. El derecho humano al agua. Editorial Trotta S.A. Madrid, 2008. 157.
(10) Informe elaborado por el relator espacial, nombrado por la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
(11) Elizabeth Salmón, Pedro Villanueva. Los (tímidos) aportes del derecho internacional a la construcción del derecho humano al agua; Revista Nº 45 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); San José de Costa Rica, 2006, pp. 261.
(17) La expresión “Bloque de constitucionalidad” en Francia es utilizada para designar el conjunto de normas y principios superiores con las que se cotejan las disposiciones que se someten a control de constitucionalidad al Consejo Constitucional. Este se encuentra conformado por: (i) El preámbulo de la Constitución; (ii) La Constitución Francesa de 1958; la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; (iii) El preámbulo de la Constitución de 1946 —iv República—; (iv) Los principios fundamentales reconocidos por la leyes de la República; (v) La carta de medio ambiente. Para mas información ver, Laura Ospina Mejía; Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
(18) Traducción Propia. L’eau et son droit; Études et documents du Conseil d’État, Paris, 2010.
(20) Traducción propia. Water Services Act 108 of 1997, section 3 Right of access to basic water supply and basic sanitation
(21) Traducción propia. Water Services Act 108 of 1997, section 4 Conditions for provision of water services
(ii) the determination and structure of tariffs:
(iii) the conditions for payment;
(b) provide for reasonable notice of intention to limit or discontinue water services and for an opportunity to make representations. Unless:
(iii) the consumer has interfered with a limited or discontinued service; and
(5) Where one water services institution provides water services to another water services institution, it may not limit or discontinue those services for reasons of non-payment, unless it has given at least 30 days’ notice in writing of its intention to 50 limit water services or 60 days’ notice in writing of its intention to discontinue those water services to:
(22) Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencias 04394; 13326, 9629, 11045, entre otras.
(23) Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia 04394.
(24) Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia 9629 de 2002.
(25) Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia 11045 de 2001.
(26) Constitución Política de Argentina, artículo 75: corresponde al Congreso:
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2º de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
(32) AAVV; Protección internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Sistema Universal y Sistema interamericano; Instituto Interamericano de Derechos humanos, San José de Costa Rica, 2008, pp. 130.
(34) Héctor Faúndez Ledesma; El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: aspectos institucionales y procesales. Instituto Interamericano de Derechos humanos, San José de Costa Rica, 2004, pp. 77.
(35) En la Observación General 15 se señala, sobre este último deber que “los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos y pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, los Estados deben impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables”. De conformidad con el pacto y con la Observación 15, y en aras de impedir estos abusos, debe establecerse un sistema normativo eficaz que prevea una supervisión independiente, una verdadera participación pública y la imposición de multas por el incumplimiento.
(41) Organización Mundial para la Salud (OMS), Informe sobre la cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud y ONU/WWAP (Naciones Unidas/Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos). 2003. 1er Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para todos, agua para la vida. París, Nueva York y Oxford. Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y Berghahn Books.
(45) Angélica Molina Higuera. Derecho humano al agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie estudios especiales DESC. Defensoría del Pueblo de la República de Colombia - Prosedher, Bogotá, 2005.
(51) Angélica Molina Higuera. Derecho humano al agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Serie estudios especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia - Prosedher, Bogotá, 2005.
(64) Angélica Molina Higuera. Derecho humano al agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Serie estudios especiales DESC. Defensoría del Pueblo de la República de Colombia - Prosedher, Bogotá, 2005.
(65) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.
(72) Angélica Molina Higuera. Derecho humano al agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Serie estudios especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia - Prosedher, Bogotá, 2005.
(73) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.
(80) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 15.
(83) Angélica Molina Higuera; Derecho humano al agua en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Serie estudios especiales DESC; Defensoría del Pueblo de la República de Colombia - Prosedher, Bogotá, 2005.
(90) Ley 1176 de 2007, artículo 2º. El artículo 4º de la Ley 715 de 2001, quedará así: “ART. 4º—Distribución sectorial de los recursos. El monto total del sistema general de participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 715 y los parágrafos transitorios 2º y 3º del artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 2007, se distribuirá entre las participaciones mencionadas en el artículo 3º de la Ley 715, así: 1. Un 58.5% corresponderá a la participación para educación. 2. Un 24.5% corresponderá a la participación para salud. 3. Un 5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico. 4. Un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general.
(91) Ley 1176 de 2007; ART. 6º—Los recursos del sistema general de participaciones correspondientes a la participación para agua potable y saneamiento básico, se distribuirán de la siguiente manera: 1. 85% para distritos y municipios de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en el artículo 7º de la presente ley. 2. 15% para los departamentos y el Distrito Capital, de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en el artículo 8º de la presente ley.