Source: http://bazica.org/d-estado-de-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-cidh-v2.html?page=5
Timestamp: 2019-09-18 13:17:53
Document Index: 138630173

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 51']

Caso 12.475, Informe No. 97/05, Alfredo Díaz Bustos (Bolivia) - D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh
Sobre la base de la información disponible, la CIDH concluye que el Acuerdo de Solución Amistosa se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 54/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que: a) la República Federativa de Brasil era responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento, por la dilación injustificada y tramitación negligente del presente Caso de violencia doméstica en Brasil; b) el Estado había tomado algunas medidas destinadas a reducir el alcance de la violencia doméstica y la tolerancia estatal de la misma, aunque dichas medidas no han aún conseguido reducir significativamente el patrón de tolerancia estatal, en particular a raíz de la inefectividad de la acción policial y judicial en el Brasil, respecto a la violencia contra la mujer; y c) el Estado había violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernandes; y en conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en su relación con el artículo 1(1) de la Convención, por sus propias omisiones y la tolerancia de la violación inflingida.
El Estado presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH el 20 de diciembre de 2010. La CIDH observa además que el Estado presentó información sobre el presente cumplimiento el 19 de enero de 2010, en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión en el año 200917. Los peticionarios presentaron información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH el 23 de diciembre de 2010.
Al respecto, la CIDH preliminarmente observa que ya había considerado integralmente cumplidas las recomendaciones No. 1 y 3 supra, en su Informe Anual de 200818. Por lo tanto, la Comisión analizará en seguida el nivel de cumplimiento de las recomendaciones No. 2 y 4, de acuerdo con la información proporcionada por los peticionarios.
Con respecto a la recomendación No. 2 supra, el Estado reitera que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República sometió el asunto al Consejo Nacional de Justicia (en adelante “CNJ”), el cual consideró que no hubo irregularidades, dado que el reo fue condenado y se encuentra cumpliendo la pena impuesta. Al respecto, las peticionarias reiteraron que el 3 de septiembre de 2009, durante una audiencia pública, la víctima Maria da Penha Maia Fernandes realizó una nueva solicitud para que se vuelva a investigar la responsabilidad por la demora y el atraso injustificado en el proceso contra su agresor. Indican que el nuevo proceso No. 200910000052964 continúa pendiente desde el 10 de octubre de 2010. Señalan además que el CNJ le negó a la víctima información actualizada sobre el proceso con base en el sigilo del procedimiento.
En lo relativo a los distintos puntos de la recomendación No. 4 supra, el Estado informa que el “Pacto Nacional de Enfrentamiento de la Violencia contra las Mujeres” (en adelante, “el Pacto”) fue firmado por 26 estados. Manifiesta que el Pacto trajo importantes avances en la implementación de políticas públicas en el ámbito de los gobiernos federal, estaduales y municipales, tales como: aumento del presupuesto para el enfrentamiento de la violencia; fortalecimiento y aumento del número de organismos de políticas para las mujeres; consolidación del concepto ampliado de la violencia contra las mujeres que abarca los más diversos tipos de violencia (tráfico de mujeres, violencia doméstica y familiar, violencia institucional, acoso sexual, entre otros); incentivo a la integración de las acciones ejecutadas por diferentes órganos y esferas del gobierno; consolidación de la “Central de Atención a la Mujer – Llame 180” como un canal de acceso directo a las mujeres en situación de violencia; ampliación del número de servicios especializados; incorporación de la violencia contra la mujer en la agenda política de los gobiernos; organización del modelo de gestión de las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres; y elaboración de un diagnóstico y planificación de las acciones por parte de los estados, municipios y Distrito Federal.
Por otra parte, el Estado reconoce que, a pesar de dichos avances, se han encontrado límites y obstáculos en los tres primeros años de implementación del Pacto. Al respecto, señala que desde el punto de vista de la gestión en el ámbito del Poder Ejecutivo, debe conferirse mayor poder de negociación a las gestores de políticas para las mujeres. Indica que, además de ello, el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia y la aplicación de la ley Maria da Penha aún carecen de una mirada más sensible por parte del poder judicial. A su vez, de acuerdo al Estado, la reformulación de leyes que fortalezcan los derechos de las mujeres y la existencia de presupuestos sensibles a la cuestión de género son fundamentales para una efectiva política pública de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Por último, el Estado reitera su compromiso con la implementación de políticas para prevenir, punir y erradicar la violencia contra las mujeres y se compromete a mantener a la CIDH actualizada de los últimos avances en el presente caso.
Las peticionarias observan, en relación con la recomendación No. 4 supra, que el estado de Rio Grande do Sul aún no firmó el “Pacto Nacional de Enfrentamiento de la Violencia contra las Mujeres”. Indican además que continúa pendiente de cumplimiento el ítem e) de la mencionada recomendación. Al respecto, manifiestan que los reconocidos esfuerzos del Estado brasileño respecto a dicha recomendación aún son insuficientes ya que carecen de medidas más amplias, con indicadores y resultados de mayor impacto a corto, mediano y largo plazo, que alcancen todos los ámbitos de la enseñanza. Concluyen las peticionarias que las recomendaciones de la CIDH no fueron integralmente cumplidas.
En virtud de todo lo anterior, la Comisión reitera que el Estado ha dado cumplimiento significativo a las recomendaciones reseñadas, estando parcialmente pendiente el cumplimiento de las recomendaciones No. 2 y 4. La CIDH insta al Estado a que continúe implementando políticas públicas a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en particular, a través de la efectiva implementación de la Ley Maria da Penha en todo el territorio nacional. La Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
En el Informe No. 55/01 de 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que la República Federativa del Brasil era responsable de la violación del derecho a la vida, la integridad y la seguridad personales (artículo I de la Declaración Americana), del derecho a las garantías y la protección judiciales (artículo XVIII de la Declaración y artículos 8 y 25 de la Convención), y por la obligación que tiene el Estado de garantizar y respetar los derechos (artículo 1(1)) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el homicidio de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y en relación con las agresiones e intentos de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, practicados todos por agentes de la policía militar del Estado de São Paulo, así como de la falta de investigación y sanción efectiva de los responsables.
Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo la muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de Lima, Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a los responsables y los sancione debidamente.
Que dicha investigación incluya las posibles omisiones, negligencias y obstrucciones de la justicia que hayan tenido como consecuencia la falta de condena definitiva de los responsables, incluyendo las posibles negligencias e incorrecciones del Ministerio Público y de los miembros del Poder Judicial que puedan haber determinado la no-aplicación o reducción del carácter de las condenas correspondientes.
Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la mayor brevedad posible y en la más absoluta legalidad, los procesos judiciales y administrativos referentes a las personas involucradas en las violaciones indicadas anteriormente.
Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las violaciones de los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes tengan derecho, por los daños sufridos mencionados en este informe.
Que se tomen las medidas necesarias para abolir la competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del Código Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí propuesto.
Que el Estado brasileño tome medidas para que se establezca un sistema de supervisión externa e interna de la Policía Militar de Río de Janeiro, independiente, imparcial y efectivo.
Que el Estado brasileño presente a la Comisión dentro de los sesenta días de transmisión del presente, un informe sobre cumplimiento de recomendaciones con el objeto de aplicar lo dispuesto en el artículo 51(1) de la Convención Americana.
El Estado presentó información respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH el 20 de diciembre de 2010. La CIDH observa además que el Estado presentó información sobre el presente cumplimiento el 28 de mayo de 2010, en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión en el año 200919. Por su parte, los peticionarios presentaron información sobre los procesos judiciales relativos a este caso, el 22 de diciembre de 2010.
En relación con la recomendación No. 1 supra, el Estado informa que el Tribunal de Justicia de São Paulo (Cuarta Cámara de la Sección de Derecho Criminal) declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria, por considerarla manifiestamente contraria a la prueba de autos, por lo que el caso fue reenviado a un nuevo juicio. Indica que el nuevo juicio fue programado para el 27 de septiembre de 2010 pero que, según información de la Procuraduría General del Estado, el mismo fue pospuesto. Señala el Estado que informará a la CIDH las razones de dicho aplazamiento y la nueva fecha del juicio. Al respecto, observan los peticionarios que la razón de la cancelación del juicio se debió a la falta de localización de los reos para comparecer en la fecha designada. Indican que aún no se marcó nueva fecha. En relación con otros dos reos, los peticionarios observan que el juicio inicialmente programado para el 10 de noviembre de 2010 tampoco fue realizado, siendo reprogramado para el 23 de mayo de 2011. Indican por otra parte que la situación sigue siendo la misma en relación con los demás procedimientos.
Respecto a la recomendación No. 2 supra, el Estado expresa que no encuentra fundamento para justificar la eventual investigación de los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sobre la recomendación No. 3 supra, en relación con los procesos administrativos indica el Estado que todos los acusados fueron sometidos a proceso disciplinario ante el Consejo de Justificación y al Consejo de Disciplina. Señala que cuatro de los ocho agentes acusados fueron expulsados de la Policía Militar del Estado de São Paulo; uno de ellos fue pasado a retiro de oficio (reformado ex officio); y respecto de los tres restantes, los correspondientes procedimientos fueron archivados, motivo por el cual el Estado considera que la referida recomendación fue cumplida. Por su parte, los peticionarios observan de forma genérica que las recomendaciones relacionadas a la investigación de los hechos no fueron adecuadamente cumplidas.
En lo relativo a la recomendación No. 4 supra, el Estado informa que en fechas 1º de junio y 26 de noviembre de 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República instó a la Procuraduría General del Estado a pronunciarse sobe el pago de la reparación a las víctimas y/o sus familiares. Señala que la Procuraduría General aún no se pronunció al respecto. Por su parte, los peticionarios observan que el Estado no ha cumplido con dicha recomendación.
Con respecto a la recomendación No. 5 supra, el Estado reitera que la Ley No. 9.299 de 2006 determinó que los crímenes dolosos contra la vida cometidos por policías militares contra civiles serán juzgados por la justicia común. En relación con los demás crímenes, manifiesta que ahora son juzgados por el juez civil (Juez de Derecho) de la justicia militar. Al respecto, señala que si bien la competencia se mantiene en la esfera de la justicia militar, los militares no tienen participación en el juzgamiento cuando la víctima sea un civil. Indica el Estado que se trata de un juicio exclusivamente técnico, ya que el Juez de Derecho, quien debe ser licenciado en derecho, ingresa a la justicia militar por medio de concurso público.
Por otra parte, observa el Estado en relación con la Recomendación No. 5 que el cambio de competencia para el juzgamiento de crímenes cometidos por policías militares depende de reformas administrativas. Señala que parte de dichas reformas ya fueron realizadas, como indicado ut supra, y que las demás reformas están pendientes de estudio en el Poder Legislativo. Entre éstas, destaca los siguientes proyectos que están siendo tramitados conjuntamente: Proyecto de Ley No. 2014 de 2003 que establece la competencia del Tribunal del Jurado (“Tribunal do Júri”) para el juzgamiento de militares en los crímenes dolosos cometidos por civiles; Proyecto de Ley No. 1837 de 2003 que establece que los crímenes de homicidio y lesiones corporales cometidos por policías militares estaduales contra civiles, son de competencia de la justicia ordinaria y que el Ministerio Público debe obligatoriamente acompañar la investigación policial cuando el crimen investigado haya sido cometido en el ejercicio de las funciones policiales; y Proyecto de Ley No. 5096 de 2009 que establece la competencia de la justicia ordinaria para juzgar a militares por crímenes dolosos contra la vida cometidos contra civiles.
Por último, en relación con la Recomendación No. 6 supra, el Estado concluye que ya existe el mecanismo de control solicitado, motivo por el cual considera integralmente cumplida la presente recomendación. Al respecto, menciona que el estado de São Paulo, a través del Decreto No. 39.900 del 1 de enero de 1995 creó la “Ouvidoria da Polícia”, especie de ombudsman de seguridad pública estadual, dirigido por un representante de la sociedad civil con total autonomía e independencia, cuya función primordial es servir de portavoz de la población sobre eventuales actos irregulares imputados a policías civiles o militares. Aclara el Estado que dicha institución no posee vínculo orgánico o jerárquico alguno con la Policía Civil o Militar. Por su parte, los peticionarios observan que el Estado no ha cumplido adecuadamente con la referida recomendación.