Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=3&opc=4&fuseaction=FILTRAR&fltrselect0006=3&cnl3=3
Timestamp: 2013-05-19 03:06:04
Document Index: 55307161

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 206', 'artículo 19', 'artículo 89', 'artículo 84', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 225', 'artículo 278', 'artículo 772']

Virginia Briano Rodríguez/Isapre Banmédica OSJFallo: 1464
Descriptores: Salud/Derecho a la Igualdad
Virginia Briano Rodríguez Interpone Recurso de protección en contra de Isapre Banmédica por la rejustabilidad de su plan de salud basado en la incorporación de enfermedades contempladas en la GES (garantías explícitas en salud), lo cual implica un menoscabo económico y patrimonial en su persona.¿Es ilegal y arbitrario el acto por el cual la Isapre pretende incrementar el valor de su plan de salud, ya que no se han explicado los factores que se tuvieron en cuenta para los efectos del alza en su plan?. El recurso debe ser acogido con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada decidiéndose que se acoge el recurso de protección interpuesto, en consecuencia, se deja sin efecto el aumento del precio de las Garantías Explícitas en Salud efectuado por la Isapre recurrida. Fundamentos esgrimidos por la Corte Suprema:
A.- Estando habilitadas las Instituciones de Salud Previsional para determinar unilateralmente el precio de las prestaciones relativas a las Garantías Explícitas en Salud, cabe colegir que dicha facultad que por ley se les otorga, sólo estará revestida de legitimidad cuando obedezca a una variación sobre la base de criterios objetivos de razonabilidad, servicio público y determinada en el costo de la cobertura de que se trata, que no importe, por este solo hecho, mayor lucro para una de las partes.
B.- Que, asimismo, resulta manifiesto la mayor vulnerabilidad en que se hallan los afiliados frente a las Instituciones de Salud Previsional al momento de decidir si perseveran o no en sus contratos de salud, antes las nuevas condiciones de contratación que les impone las entidades privadas de salud. De este modo, no es aceptable invocar por uno de los contratantes la autonomía de la voluntad para defender estipulaciones o el simple uso de una facultad que la legislación les ha entregado si, en los hechos, significará para la contraparte no acceder con plenitud a un derecho que le está garantizado por la Carta Fundamental, puesto que se está ante un contrato doblemente limitativo de la autonomía de la voluntad del afiliado, por tratarse de un acuerdo por adhesión y dirigido.
C.- Con el propósito de explicar la razón que la llevó a fijar un valor de 0,240 unidades de fomento mensual por beneficiario, Isapre Banmédica S.A. entrega un cúmulo de cifras y datos que pueden resultar plausibles en el financiamiento en los mayores gastos que debe solventar derivados de la ampliación de las Garantías Explícitas en Salud, pero esa información no fue proporcionada a la recurrente.
D.- Que en este caso concreto, al no estar suficientemente explicada la mayor suma que se cobra a la recurrente resultante de las incorporación de nuevas prestaciones al régimen de las Garantías Explícitas en Salud, sólo cabe concluir que la utilización de la facultad que confiere el artículo 206 del DFL N° 1 de Salud, de 2005, carece de una justificación razonable y, en esa medida, no aparece revestida de legitimidad, pues no es posible dilucidar si el nuevo precio se ajusta al costo que conlleva la ampliación de la cobertura. Dicha arbitrariedad importa afectar directamente el derecho de propiedad de la recurrente, protegido por el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado importa una disminución concreta y efectiva en el patrimonio de ésta, al tener que soportar una injustificada carga derivada del mayor costo de su contrato de salud, circunstancia que, además, incide en que el derecho de afiliación se torne de difícil materialización, puesto que si los aumentos hacen excesivamente gravosa la permanencia en el sistema, el interesado puede verse compelido a trasladarse al sistema estatal de salud. Todo, sin atender a factores de cautividad por edad o patologías ya declaradas por el afiliado.
Ojeda Soto/ servicio de Salud Viña del Mar-Quillota OSJFallo: 1395
Descriptores: Indemnización/Salud/Mala praxis
Mujer concurre a extirparse un lunar en la zona del esternón, la muestra se envía para biopsia, la cual no arroja resultado. Paciente acude nuevamente al Centro hospitalario producto de un aborto espontáneo y al realizarle exámenes se le detecta un melanoma, la Corte de Apelaciones condena al Hospital al pago de indemnización, por lo cual recurren de casación en el fondo. Este caso plantea la problemática en cuanto a ¿si el Centro Hospitalario tiene responsabilidad objetiva en la negligencia de sus funcionarios por falta de servicio al no examinar mas exhaustivamente las muestras tomadas ya que contaban con todos los medios para ello?. Se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Centro Hospitalario; esto, por las siguientes razones:
A.- Que por el contrario, los jueces del fondo han dado por establecidos como hechos de la causa los siguientes: Que el error de diagnóstico en que incurrió el Doctor Raúl González Álvarez obedeció a una falta de diligencia de su parte, o dicho de otra manera en una impericia en la manera en que se efectuó el análisis que efectuó al lunar, la que se agudizó por no haber utilizado todos los medios a que habría acudido un buen profesional. Que con el error cometido no cabe duda que provocó una falta de servicio, puesto que la prestación que estaba obligada a efectuar el Hospital Gustavo Fricke a la paciente doña Karen Ojeda Molina no cumplió con los parámetros que le son exigibles, denotando tal actuar una prestación imperfecta puesto que un funcionario de su dependencia no realizó sus labores con eficiencia, por lo que no contribuyó a materializar los objetivos de la institución, ni orientó su actuar al cumplimiento de ellos y a la mejor prestación de los servicios que le corresponden.
B.- Que como se advierte, el motivo de nulidad sustancial en el cual se denuncia la infracción de los artículos 38 inciso segundo de la ley N° 19.966 y 42 de la Ley N° 18.575, discurre sobre la base de hechos diferentes de aquéllos establecidos por los jueces del fondo, sin que se hubiese comprobado infracción de normas reguladoras de la prueba. En efecto, el recurso en estudio pretende establecer que no existió falta de servicio por parte de la demandada, circunstancia fáctica alegada por el objetante, que no fue determinada por los jueces del mérito quienes por el contrario la dieron por establecida.
Rosangela Vásquez Torres/ Intendente Región Metropolitana OSJFallo: 1390
Descriptores: Migrantes/Multiculturismo/Agentes de seguridad del Estado
Mujer de nacionalidad Peruana está privada de libertad en el Departamento de Extranjería, a la espera de ser obligada a abandonar el país; aun cuando la mujer no ha ingresado al país de forma clandestina y a estado sujeta a control desde hace 11 meses. El problema se centra en determinar ¿Cuál es la norma que prima en estos casos; el decreto del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior o la Resolución dictada por el Intendente?. Se declara inadmisible, por improcedente, el recurso de reclamación en a favor de la extranjera de nacionalidad Peruana Rosangela Janeth Vásquez Torres, por los siguientes razonamientos:
A.- La acción que contempla el artículo 89 de la Ley Extranjería y de cuyo conocimiento es competente la Corte Suprema, se refiere sólo a las expulsiones decretadas por Decreto Supremo del Ministerio y no a las dispuestas mediante una Resolución de algún Intendente, que es lo que ocurre en autos.
B.- Que el estatuto jurídico reseñado no obsta, por cierto, a la posibilidad de que los extranjeros afectos a expulsión determinada por resolución del Intendente, puedan impetrar la revocación o suspensión temporal, en cualquier momento, de la medida aplicada, conforme lo permite el inciso 3º del artículo 84 de la Ley de Extranjería. Tampoco la circunstancia de ser improcedente la reclamación especial prevista en el tantas veces citado artículo 89 de la mentada ley, es óbice para que el sujeto pasivo de la misma pueda impugnar su procedencia por medio de las acciones jurisdiccionales que, en los supuestos de infracción al principio de legalidad por parte de órganos de la Administración del Estado, provee el ordenamiento constitucional como regla general, cual es el caso de la acción de nulidad de derecho público, el recurso de amparo y el de protección, en su caso.
Cecilia Castro Fuentes y otros/ Ferretería La Olleta OSJFallo: 1389
Descriptores: indemnizacion
Hijas e hijo, demandan por concepto de indemnización por daño material, lucro cesante y daño moral a Ferretería La Olleta, por la muerte de su padre, como consecuencia del desprendimiento de un portón metálico, que le cayó encima, lo cual le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Este litigio plantea el problema referente a que si se debe hacer responsable a la empresa por el mal mantenimiento de su infraestructura, o se entiende que es un caso fortuito??. Se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por Ferretería La Olleta, contra la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil ocho, por los siguientes motivos:
A.- Que, la recurrente desarrolla su exposición sobre la base de denunciar supuestos errores de derecho, en forma alternativa. En efecto, por una parte alega que no se acreditó el elemento culpa por parte de su representada, luego que no existió relación de causalidad entre el hecho que ocasionó la muerte del trabajador y algún hecho imputable a su representada, y finalmente que el daño no fue probado en la causa, sin que tales asertos sean admisibles en la forma planteada, toda vez que al tenor de la disposición transcrita en el motivo Cuarto, los yerros jurídicos en que han incurrido los jueces del fondo al dictar la resolución atacada deber ser señalados en forma concreta y directa. Lo anterior implica que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el razonamiento que efectúa.
B.- Que aparece que el recurrente se plantea sobre la base de presupuestos fácticos diversos de los asentados, omitiendo la denuncia relativa a la infracción de las normas reguladoras de la prueba propias de la materia, carga a la que debía dar cumplimiento si pretende la decisión de lo debatido partiendo desde hechos distintos a los fijados. Por lo demás, de la lectura de sus argumentos aparece que en realidad plantea discrepancias con la valoración que de determinados antecedentes han realizado los jueces del grado, por no ser acordes a la posición que dicha parte ha sustentado en el proceso, exposición que dista de demostrar un yerro, y que por cierto no subsana la omisión en que incurre al no denunciar la vulneración de las normas reguladoras de la prueba en materia civil.
Karen Meléndez Manríquez/ Fernando Ortiz Flores OSJFallo: 1275
Tema: Familias Descriptores: Maternidad/Paternidad/Menor de edad
El Juzgado de Familia de Rancagua acogió la demanda presentada por Karen Bernardita Meléndez Manríquez, madre del menor F.E.O.M. y se le confió su cuidado personal, regulándose en favor del niño un régimen comunicacional con su padre. La Corte de Apelaciones revocó la sentencia, manteniéndose al menor F.E.O.M., al cuidado de su padre.
En contra de esta última decisión la defensa de la demandante, dedujo recurso de casación en el fondo.
El recurso denuncia la infracción de los artículos 225 del Código Civil; 3º y 9º de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 5º de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 19.968 ya que el legislador expresamente señaló que si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos y sólo en caso de maltrato, descuido u otra causa calificada el juez podrá entregarlo al padre.
Que son hechos de la causa, en lo pertinente, los siguientes:
El tribunal de primera instancia acogió la demanda interpuesta por la madre, y le entregó el cuidado personal de F.E.O.M., atendiendo fundamentalmente a la inexistencia de inhabilidad que obstaculizara la aplicación a la regla natural prevista en el artículo 225 del Código Civil, al interés superior del niño que aconsejaba revocar el acuerdo previo adoptado por las partes, y al beneficio que reportaría para F.E.O.M. poder crecer junto a su hermana A.O.M., que ya retornó al hogar materno. Los jueces de segunda instancia, en cambio, revocaron esta decisión al considerar inconveniente para la estabilidad y normal desarrollo del niño que, dos años después de estar viviendo con su padre, la madre recuperara su cuidado personal, pese a que ella misma formalizó su entrega mediante acuerdo ante el Registro Civil.
La madre consintió en entregar al padre el cuidado personal del menor. Sin embargo, este acuerdo celebrado el 10 de septiembre de 2008, recien tuvo lugar la separación, no impide al juez revisar la situación, si así lo aconseja el resguardo del interés superior del niño, principio fundamental en el marco de las relaciones parentales.Este fallo dá cuenta que no se acreditó en autos inhabilidad o causa calificada que impida a la madre ejercer su rol. La Corte acoge el recurso de casación interpuesto por la madre del menor; por los siguientes motivos:
A.- Que siendo el interés superior del niño un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, los sentenciadores de segundo grado no han precisado de qué manera los derechos del menor estarán mejor protegidos al permanecer al cuidado de su padre. En efecto, para adoptar su decisión atienden fundamentalmente al hecho de haber permanecido el niño al cuidado de su padre por espacio de dos años, sin advertir que ese lapso corresponde al tiempo transcurrido desde que la madre inició sus acciones judiciales tendientes a recuperar la custodia de sus hijos. Aunque los jueces expresan que no juzgan la conducta de la madre, lo cierto es que su decisión descansa sobre ese presupuesto y sobre la existencia de un acuerdo que motivó que el niño permaneciera por largo tiempo al cuidado de su padre, situación que no consideraron conveniente alterar en interés del niño, principio cuya correcta aplicación exige un detenido análisis de los derechos que resultarían afectados y que con la decisión adoptada, se intenta proteger.
/Isidro Hinojoza Rodríguez OSJFallo: 1276
La Corte Suprema se pronuncia acerca de la extradición del procesado rebelde Isidro Hinojosa Benavides desde los Estados Unidos de Norte América. La Señora Fiscal Judicial, en su dictamen de fs. 413, es de opinión que es procedente la petición de extradición del mencionado procesado.
Que por resolución de ocho de febrero del año dos mil seis, se sometió a proceso a ISIDRO HINOJOSA BENAVIDES como autor de delitos reiterados de violación y estupro, perpetrados a menores. Al requerido le fue despachada orden de aprehensión desde el 13 de mayo de 2004, no compareciendo a la instancia a prestar su declaración indagatoria. El auto de procesamiento le fue notificado al procurador del Número designado, Sr. Alfonso Monjes Villagrán, encontrándose actualmente firme y ejecutoriado. Se estableció que Hinojosa Benavides se encuentra en los Estados Unidos de Norte América, según fluye de comunicación de la Embajada de Chile en ese país, que señala que Hinojosa se encontraba a la espera de la lectura de sentencia del proceso que allá se seguía en su contra. Por haberse cometido los delitos referidos en la República de Chile, correspondió conocer de él a un tribunal chileno?. La Corte declara que es procedente solicitar a los Estados Unidos, la extradición del ciudadano Estadounidense ISIDRO HINOJOSA BENAVIDES, responsable criminalmente en calidad de autor de delitos reiterados de violación y estupro. Fundamentos:
A.- Que por haberse cometido los delitos referidos en el
motivo primero de esta resolución en la República de Chile,
correspondió conocer de él a un tribunal chileno, con
asiento en la ciudad de Santiago, donde se ejerció la acción
penal, la que prescribe en el lapso de diez años por tratarse
de penas de crímenes; debiendo tener presente, además,
que en el caso del inculpado ausente del territorio nacional,
para el cómputo de ese plazo, se cuenta uno por cada dos
B.- Que se estableció que Hinojosa Benavides se encuentra
en los Estados Unidos de Norte América, según fluye de
comunicación de la Embajada de Chile en ese país,
agregada a fojas 3 que señala que el refer ido Hinojosa se
encontraba a la espera de la lectura
Elizabeth Galaz Cuadra / Fisco de Chile OSJFallo: 1297
Elizabeth Galaz Cuadra deduce demanda en contra del Fisco de Chile, a fin que se declare que al momento de su despido se encontraba amparada por fuero maternal, por lo cual dicho despido es inexistente o nulo. Solicita que se dejen sin efecto todos los actos que tenían por objeto desvincularla de su trabajo, debiendo ser reintegrada en sus labores de jueza. El Fisco de Chile solicita rechazo de la acción deducida, por cuanto el despido se debió por la calificación deficiente de la demandante. Se plantea la problemática en lo referente a que ¿si se aplican o no las normas sobre protección a la maternidad en los casos de desafuero de una funcionaria del poder judicial?. Se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante. Los argumentos esgrimidos por la Corte son los siguientes:
A. Que de lo que se ha consignado en el motivo precedente, cabe destacar que la Carta Fundamental, en su regulación, utiliza la voz nombramiento para los efectos de establecer la forma en que se proveen los cargos de ministros y jueces, lo que induce a concluir que, en la especie, se trata de una designación entre los candidatos que, o figuran en la terna respectiva por antigüedad y buen desempeño o poseen las calidades necesarias para desempeñar la labor jurisdiccional, entre otras. No existe referencia alguna a la existencia de contrato de trabajo.
B. conforme al tenor literal de la disposición precedentemente transcrita, en lo atingente, el Poder Judicial se encuentra excluido de la regulación del Código Laboral, es decir, sus funcionarios, y no sólo por el hecho de pertenecer a ese estamento, sino porque la propia norma se encarga de precisar la razón, cual es, que se encuentran sometidos a un estatuto especial, esto es, en general, al Código Orgánico de Tribunales que contiene el conjunto de normas que regulan la organización, -nombramientos, designaciones, deberes, derechos y cesación de funciones, como ya se dijo-, y atribuciones de quienes forman parte de ese Poder del Estado.
C. la regulación de la exoneración que ocupa este análisis ha sido predeterminada por el legislador, toda vez que las causales de remoción de un juez han sido expresamente establecidas por la ley y no dependen de la discrecionalidad del empleador, ni constituyen una decisión derivada de la manifestación de voluntad de alguna de las partes, sino que opera por el sólo ministerio de la ley, siendo además dichas causales conocidas en forma previa por el sujeto que postula a un cargo, y debe por ende, procurar no incurrir en las mismas durante la vigencia de su relación con la entidad de que se trata.
Acordado el rechazo del recurso de casación en el fondo contra el voto del Ministro señor Brito, quien estuvo por acceder a la nulidad: 1.- Para la correcta resolución de la cuestión de que se trata, desvinculación del servicio judicial de la demandante a resultas de habérsele calificado en lista 4 de exclusión en circunstancias que se encontraba embarazada. En la demanda sólo se ha pedido la nulidad o inexistencia del acto desvinculatorio en circunstancias que el embarazo impediría dicha resolución. No se cuestiona el mérito de la calificación, sólo se plantea que en las señaladas circunstancias no pudo aplicarse la norma de separación del artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales.
Catherine Araya / Héctor Martinez OSJFallo: 1210
Descriptores: Paternidad/Menor de edad
Mujer demanda a su ex pareja por reclamación de paternidad de su hijo, la Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia y contra este último el demandado interpone recurso de casación en el fondo. El problema sería la no acreditación por parte de la demandante de la existencia y filiación no matrimonial del menor. Se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado, por los siguientes argumentos:
A.- Que el carácter dubitativo que el propio recurrente ha conferido a su libelo atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso intentado, de manera que no puede admitirse que se viertan en él reflexiones contradictorias, eventuales o para el supuesto de no prosperar determinado capítulo de impugnación ni menos puede aceptarse que se hagan peticiones opcionales que lo dejan, así, desprovisto de los requisitos que el artículo 772 del Código de Procedimiento civil exige.
B.-Que, sin perjuicio de lo señalado, las alegaciones formuladas bajo el primer capítulo de la nulidad, dicen relación con aspectos procedimentales y de carácter formal que en modo alguno son susceptibles del recurso en examen, que es esencialmente de derecho y destinado al análisis y verificación de la correcta aplicación de la ley en la decisión de un conflicto jurídico determinado, sin que el recurrente haya fundado su recurso en la vulneración de las normas sustantivas propias del instituto que ha resuelto la litis; circunstancia que determina que el mismo no puede prosperar.