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Timestamp: 2019-06-19 05:22:05
Document Index: 93195479

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 32']

Abogados para derecho de la competencia. Mercantil
La defensa de la competencia se sustenta en un derecho fundamental
El punto de partida sobre esta cuestión se encuentra en el artículo 38 de la Constitución española.
La Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación.
Son de aplicación además diversas disposiciones que existen en el ámbito de la Unión Europea.
Con dicha normativa dotó nuestra legislación goza de instrumentos y de estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados.
Referir también que hay competencias otorgadas a las Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones relativas a prácticas restrictivas de la competencia. Así está dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
Importancia de la defensa de la competencia en el ámbito mercantil
La defensa de la competencia tiene gran importancia para:
-promover la productividad de los factores
-la competitividad general de la economía
– complemento a otras actuaciones de regulación de la actividad económica
-uno de los elementos principales de la política económica
La institución garante del cumplimiento de lo previsto en Ley de la Competencia y todo el sistema de competencia es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (también conocida como CNMC).
Conforme al artículo 1.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:
«tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios».
Principios básicos de la defensa de la competencia en España:
-Garantía de la seguridad jurídica de los operadores económicos.
–Independencia de la toma de decisiones.
–Transparencia y responsabilidad frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la Ley.
–Eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia.
-Búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada imbricación de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno.
Contenido de la Ley de Defensa de la Competencia
Regula el procedimiento de control y sancionador y el régimen de las sanciones a aplicar en caso de observarse la comisión de infracciones en materia de competencia.
En el Título I (artículos 1 a 11):
-Concretan las conductas prohibidas (artículos 1 a 6)
-Define y regula las concentraciones económicas (artículos 7 a 10)
-Determina la facultad de la CNMC de analizar los criterios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados. Todo ello con el fin de:
-Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las ayudas individuales.
-Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento de la competencia (artículo 11).
-En el artículo 1 se regulan ciertas prácticas colusorias.
-Además en el artículo 2, el abuso de posición dominante.
-Por último en el artículo 3 se prevé que la CNMC o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas:
«conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público».
Serán nulos de pleno derecho (artículo 1.2 Ley Defensa de la Competencia)
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que estén prohibidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1, conforme al cual:
«Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos».
Por su parte, el artículo 2, regula el abuso de posición dominante
«1º. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
2º. El abuso podrá consistir, en particular, en:
3º. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal».
Complementando estas previsiones, la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (LCD) prohíbe ciertas prácticas y comportamientos en el mercado advirtiendo de que son desleales (artículos 4 y siguientes).
Aplicación de la Ley de Competencia Desleal
Esta ley será de aplicación a cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no (artículo 2.3).
Y será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado (artículo 3.1).
Actos que son competencia desleal
Con carácter general, es desleal todo comportamiento en el mercado:
-Que sea contrario a las exigencias de buena fe y a la diligencia profesional (artículo 4).
-Los actos engañosos, que incluyan información falsa, que induzca a error, o que implique el incumplimiento de ciertos códigos de conducta, o aquellos que omitan u oculten información relevante para el destinatario (artículos 5 y 7).
-Los actos de confusión (artículo 6).
-También las prácticas agresivas (artículo 8).
-Actos de denigración (artículo 9).
-Los actos de comparación (artículo 10).
-También los actos de imitación (artículo 11).
-La explotación de reputación ajena (artículo 12).
-La violación de secretos (artículo 13).
-La inducción a la infracción contractual (artículo 14).
-Que permita prevalerse en el mercado de ventaja competitiva a través de la infracción de normas (artículo 15).
-Los actos de discriminación o de explotación de situaciones de dependencia económica (artículo 16).
-Los actos de venta a pérdida (artículo 17).
-La publicidad ilícita (artículo 18).
Los artículos 19 y siguientes, contiene expresas referencias a la contratación con consumidores
Declara desleales diversas prácticas engañosas
Por confusión, sobre distintivos de calidad, como señuelos, venta piramidal, prácticas comerciales encubiertas, etc.
Y prácticas agresivas
Por coacción, acoso, respecto a menores, etc.
Ante las prácticas de competencia desleal, la Ley de Competencia Desleal reconoce el ejercicio de ciertas acciones
Artículos 32 a 36 de la Ley de Competencia Desleal.
En concreto, se prevén estas acciones en el artículo 32.1:
1º. La acción declarativa de deslealtad.
2º. Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
3º. La acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
4º. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5º. Además la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
6º. Por último la acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.
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