Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1067-de-diciembre-12-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204240a3f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 14:30:59
Document Index: 63504760

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA T-1067 DE DICIEMBRE 12 DE 2007
SENTENCIA T-1067 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA. DERECHOS DE ESTIRPE INDIVIDUAL Y COLECTIVO NO PUEDEN SER LIMITADOS NI VULNERADOS POR NINGUNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, ENTIDAD PÚBLICA, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
Sentencia T-1067 de diciembre 12 de 2007
Sentencia T-1067 de 2007
Ref.: Expedientes T-1474643 y acumulados
Acción de tutela instaurada por Yarlet Baldovino Fuentes, Yaneth Patricia Orsini Sánchez, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, Braulio Zapata Cardona, y otros contra Acción Social – Unidad Territorial Cesar.
Yarlet Baldovino Fuentes, Yaneth Patricia Orsini Sánchez, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, Braulio Zapata Cardona, Ibis Miranda Acuña, Ingrid Yohana Parra, Edilma Robles Torres, Niris Miranda Pérez, Paola Mejía Tapia, Tania Patricia Morón Velásquez, Magdalena Daza Camacho, Héctor Parra Durán, Ayda Vanegas Blanco, Clara Amaya Rosado, Emélida Rosa Durán Sánchez, Eder Navarro, Leydis María Mejía García, Margoth Durán Pérez, Cecilia Esther Armenta Sánchez, Esther Catalina Pérez Peláez, John Farid López Carrillo, Hernán Hidalgo Rodríguez, Aidé Ramírez, Odulia Ramírez, Francisco Plata García, Ciro Alberto Vergel Hernández, Marelvis Orozco Campo, Abel Antonio Jiménez Miranda, Luz Marina Angarita Suárez, Arnoldo Miguel Miranda Acuña, Ana Cecilia Guevara Santiago, Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias, Doris María Guillén, accionantes en las demandas de la referencia, interpusieron acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Unidad Territorial Cesar, por considerar que dicha entidad había vulnerado su derecho de asociación al negarles un certificado sobre su condición de persona víctima de desplazamiento forzado interno, incluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), para integrar una organización en dicho departamento, destinada a velar por sus intereses.
La entidad demandada negó la expedición de la certificación por el supuesto carácter reservado de la información sobre las personas desplazadas y porque la misma no es necesaria para constituir una asociación. Los demandantes señalan que no es cierto que la información pedida tenga dicho carácter, dado que esa misma información es publicada a través de listados con nombres, cédulas y hasta fotos expuestos en lugares públicos. También manifiestan que otras certificaciones con fines distintos sí se entregan, como por ejemplo, en los casos en los que se pide dicha constancia con destino al Incoder, al Banco Agrario y a los hospitales.
En todos los casos, los jueces de instancia negaron el amparo, acogiendo los argumentos de acción social sobre confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
En respuesta al auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual se decretaron medidas cautelares para asegurar a los accionantes el goce efectivo de sus derechos mínimos como víctimas del desplazamiento forzado, Acción Social informó que las tutelas acumuladas a este proceso fueron promovidas por “un grupo de individuos liderados por el señor Selides José Márquez Sierra (…) quien en este momento se encuentra privado de la libertad e incurso en proceso judicial bajo los cargos de rebelión y concierto para delinquir desde el 27 de octubre de 2005. Las acciones de tutela fueron promovidas en su mayoría para garantizar el derecho de petición mediante el cual esperaban obtener una certificación que acreditara su condición de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. Sin embargo la unidad territorial recibió en algunos casos quejas suscritas por desplazados en donde manifestaron no haber suscrito ni las tutelas ni los derechos de petición. Conocida esta situación por la unidad territorial de acción social con el acompañamiento de la oficina jurídica, pudo evidenciar que los accionantes y peticionarios en algunos casos estaban siendo asaltados en su buena fe al hacerlos suscribir escritos de tutela cuyo contenido y/o alcance no era de su comprensión. Por el contrario, quien actuaba era un tercero (…) a quien le asistía un interés personal, en la medida que según manifestaciones escritas de los accionantes y peticionarios en muchos casos supuestamente debieron sufragar a favor del señor Márquez sumas de dinero, por concepto de dichos escritos”.
La información detallada sobre cada uno de los expedientes acumulados se resume en la siguiente tabla:
Exp. Accionantes Situación de la inscripción en RUPD Juzgados de instancia Decisiones de instancia
1474643 Yarlet Baldovino Fuentes(1) La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde diciembre de 2001 Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 4 de agosto de 2006 Niega la tutela y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1474644 Yaneth Patricia Orsini Sánchez La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 17 de agosto de 2006 Niega la tutela y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1474645 Eduardo Leonith Salcedo Cantillo(2) El peticionario se encuentra registrado como desplazado por la violencia en el RUPD desde julio de 2007 Juez Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 Niega la tutela acogiendo los argumentos de Acción Social sobre confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1475533 Braulio Zapata Cardona Incluido junto con su núcleo familiar como desplazado en el RUPD desde septiembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 1 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475534 Ibis Yaneth Miranda Acuña La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde agosto 1º de 2002 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos
1475535 Ingrid Yohana Parra Pedrozo La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475536 Edilma Robles Torres La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475537 Niris Julieta Miranda Pérez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde septiembre de 2004 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475538 Paola Mejía Tapia Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde diciembre de 2002 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475539 Tania Patricia Morón Velásquez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde julio de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1475542 Magdalena Daza Camacho Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde febrero de 2005 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que entidad actuó de conformidad con las normas que regulan el manejo de la información sobre desplazados y porque el certificado solicitado puede suplirse con otros documentos.
1476759 Héctor Parra Durán El peticionario está inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2003 Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 16 de agosto de 2006 Niega el amparo por considerar que la entidad demandada actuó de acuerdo con las disposiciones legales.
1477236 Aida Vanegas Blanco La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2000. Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 11 de septiembre de 2006 Niega el amparo por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1477238 Clara Amaya Rosado La peticionaria está inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde julio de 2001 Juzgado 2 de Familia de Valledupar, sentencia de 25 de septiembre de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1480304 Emélida Rosa Durán Sánchez Incluida junto con su núcleo familiar como desplazada en el RUPD desde febrero de 2003 Juzgado de Menores de Valledupar, sentencia de 12 de septiembre de 2006 Niega el amparo por considerar que las peticiones formuladas obtuvieron respuesta de fondo, en las que se explica que dicha información no puede ser objeto de certificación por tener carácter reservado al amparo de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000.
1485338 Eder Navarro(3) Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2005 Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485339 Leydis María Mejía García Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde abril de 2006 Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 15 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485340 Margoth Durán Pérez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde junio de 2002. Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 9 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485341 Cecilia Esther Armenta Sánchez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2000. Juzgado Penal del Circuito Especializado del Cesar, sentencia de 15 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485342 Esther Catalina Pérez Peláez(4) Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde agosto de 2003. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485343 John Farid López Carrillo(5) Peticionario inscrito como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD agosto de 2000. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485344 Hernán Hidalgo Rodríguez Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde octubre de 2005 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 14 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485345 Aidé Ramírez(6) Peticionaria inscrita como desplazada en el RUPD desde noviembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485346 Odulia Ramírez.(7) Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD desde noviembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485347 Francisco Antonio Plata García. Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2005. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485348 Ciro Alberto Vergel Hernández. Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD desde septiembre de 2002. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1485349 Marelvis Orozco Campo(8) Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega por acoger los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1519816 Abel Antonio Jiménez Miranda Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1519817 Luz Marina Angarita Suárez Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006, Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1519818 Arnoldo Miguel Miranda Acuña Peticionario inscrito como desplazado junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1519819 Ana Cecilia Guevara Santiago Peticionaria inscrita como desplazada junto con su núcleo familiar en el RUPD. Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
1541368 Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias, Doris María Guillén Peticionarios inscritos como desplazados junto con sus núcleos familiares en el RUPD. Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 Niega el amparo y acoge los argumentos de Acción Social en cuanto a confidencialidad y no exigibilidad de la certificación para constituir una asociación de desplazados.
Los peticionarios alegan la presunta conculcación de su derecho a la libertad de asociación, como consecuencia de la negativa por parte de acción social a expedir una certificación que acredite la condición de desplazamiento forzado en que se encuentran, con el propósito de conformar una asociación, mediante la cual gestionarían sus demandas específicas como grupo poblacional determinado.
Por lo tanto, corresponde a la Sala Segunda de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la entidad demandada los derechos al habeas data (C.P., art. 15) y a la libertad de asociación (C.P., art. 38) de los actores, quienes afirman encontrarse en situación de desplazamiento forzado, al negarse a expedir una certificación que acredite dicha condición para la conformación de una asociación, oponiendo el carácter de confidencialidad de la información sobre la población desplazada del país, a los propios titulares de la misma?
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, dado que los accionantes son personas víctimas de desplazamiento forzado interno, se hará referencia a su especial protección constitucional. En segundo lugar, se recordarán brevemente los parámetros jurisprudenciales que ha definido esta corporación para la protección del derecho al hábeas data. En tercer lugar, se reseñará brevemente la línea jurisprudencial del derecho de asociación. Y, finalmente, se resolverán los casos concretos.
“También ha resaltado esta corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas —en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad— que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional’ (9) para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad (10) , que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales (11) y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’ (12) . En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública’ (13) , dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional. (…) En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: ‘el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2º y 3º que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.’ (14) . Este punto fue reafirmado en la Sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí merecen atención diferencial’. Este derecho al trato preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno’ (15) , y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que ‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara’ (16) ”. (17)
8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (C.P., art. 16) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados.
Adicionalmente, en la Sentencia T-025 de 2004 la Corte incluyó los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, cuyo goce efectivo también debe garantizarse a las víctimas de desplazamiento forzado interno y ordenó que tales derechos fueran mencionados específicamente al divulgar la “Carta de Derechos de los Desplazados”. (18)
La condición de sujetos de especial protección constitucional que tienen las víctimas de desplazamiento forzado interno ha llevado a que, entre otras cosas, se haya aceptado que la acción de tutela sea el mecanismo judicial idóneo y expedito para la protección de sus derechos fundamentales, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. (19)
En materia de su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, instrumento a partir del cual se materializan las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997, esa condición de sujeto de especial protección constitucional ha llevado a exigir a las autoridades administrativas que deciden sobre la inclusión de una persona que alega ser víctima de desplazamiento forzado interno, que apliquen un criterio de interpretación a favor del desplazado. Ello debe conducir, por ejemplo, a que tengan en cuenta las especiales circunstancias en las que se produce la declaración del desplazamiento y ajusten su actuación a los parámetros que la Corte ha definido para realizar la valoración de la declaración, con el fin de identificar los elementos materiales que reflejan una situación de desplazamiento forzado, independientemente de si formalmente se han vencido los términos para realizar la declaración. (20)
El artículo 15 de la Carta Política consagra expresamente el derecho al habeas data en los siguientes términos: “De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Este derecho otorga a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados la posibilidad jurídica de impedir que terceras personas usen datos falsos, erróneos o reservados y desvirtúen así su identidad o abusen del derecho a informar. (21)
De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, el derecho al habeas data tiene una dimensión positiva que comprende, a lo menos, (i) el derecho a figurar en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho o servicio básico; (22) (ii) el derecho a que la información sea correcta, completa y actualizada; (23) y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre el acceso al derecho o al servicio. Así lo ha reconocido esta Corte en su jurisprudencia sobre habeas data, tal como fue recogida en la Sentencia T-307 de 1999, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz,
Por otra parte, los bancos de datos tienen la obligación de registrar información veraz e imparcial, completa y suficiente. (...)” (resaltado fuera de texto) (24).
Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, la administración de los datos personales se rige por los principios de (i) libertad, según el cual los datos sólo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular; (25) (ii) necesidad, que establece que los datos incluidos deben ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos; (26) (iii) veracidad, que señala que los datos personales deben ser ciertos, libres de falsedad o errores, (27) (iv) integridad, según el cual la información que se registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser completa; (28) (vi) finalidad, que prescribe que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera clara, suficiente y previa; (29) (vii) utilidad, que establece que el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una función determinada; (30) (viii) circulación restringida, que prohíbe la divulgación indiscriminada de los datos personales y señala que esta debe estar sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos, (31) (ix) caducidad, según el cual la información desfavorable al titular debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad; (32) (x) individualidad, que señala que las administradoras deben mantener separadas las bases de datos que se encuentren bajo su administración y prohíbe el cruce de datos a partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de datos, (33) e (xi) incorporación, según el cual la entidad administradora de datos está obligada a incluir en la base todos aquellos datos personales de los cuales puedan derivarse situaciones ventajosas para el titular y prohíbe negar de manera injustificada su incorporación a la base de datos. (34)
La Corte Constitucional ha protegido este derecho fundamental en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el campo de la salud, ha garantizado el acceso a la historia clínica (35) y a exigir que esta contenga toda la información relevante. (36) En materia financiera, ha protegido “la facultad de rectificación de los datos en cabeza del titular de los mismos. Esto hace alusión a la posibilidad de exigir (i) que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas, (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos fundamentales, entre otras exigencias”. (37)
Este derecho también ha sido protegido en relación con los derechos de la población desplazada, en un caso similar al asunto bajo revisión. En la Sentencia T-559 de 2007, la Corte señaló lo siguiente:
Así entonces, se está en presencia de una vulneración del derecho a la autodeterminación informática, en los eventos en que se impide el conocimiento, actualización y rectificación de bases de datos. Por tanto, el habeas data o derecho a la autodeterminación informática constituye una garantía para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales” (38) .
5. El derecho de asociación de la población desplazada.
En el artículo 38 de la Carta Política se garantiza “el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. Este derecho ha sido entendido tanto como (i) la facultad para fundar o integrar de manera voluntaria organizaciones con reconocimiento del Estado para la realización de diversos proyectos de índole social, cultural, político, económico, religioso, o de otro tipo, como (ii) la potestad de negarse o abstenerse de formar parte de una determinada asociación y su derecho correlativo a no ser obligado ni directa ni indirectamente a ello”. (39)
En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte resaltó la importante labor que cumplen las asociaciones de desplazados en la promoción y protección de sus derechos y admitió la procedibilidad excepcional de las acciones de tutela interpuestas por asociaciones de desplazados a través de la figura de la agencia oficiosa. En esa oportunidad señaló lo siguiente:
Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no solo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución —tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad—, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.
Los hechos que dieron lugar a esta acción de tutela fueron originados por Acción Social, Unidad Territorial Cesar, por cuanto esta entidad se negó a expedir una certificación que acreditara la calidad de desplazados de los demandantes, quienes alegaban necesitarla para conformar una asociación para la defensa de sus derechos e intereses. La entidad demandada adujo que la información solicitada era confidencial y únicamente podía ser suministrada a las entidades del sistema nacional de atención a la población desplazada expresamente autorizadas por las normas vigentes.
Según lo que establece el inciso primero del artículo 15 Decreto 2569 de 2000, la finalidad perseguida por el legislador al establecer la confidencialidad del Registro Único de Población Desplazada, es “proteger el derecho a la vida, a la intimidad, a la honra y bienes de los inscritos”. Con el fin de alcanzar este fin, el inciso 2º del artículo 15, modificado por el artículo 9º del Decreto 2131 de 2003, permitió el acceso de manera excepcional por “el Incoder, el Banco Agrario, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, el ICBF, el DANE, las entidades territoriales y las entidades estatales que prestan atención en salud y educación,” únicamente “para efectos de identificar a la población desplazada beneficiaria de los programas de tierras, vivienda, salud y educación”. Según lo establece el inciso 3º del artículo en mención, para acceder a la información, las entidades expresamente autorizadas deben formular su solicitud “ante la Dirección General de la Red de Solidaridad Social, y la suscripción de un acta de compromiso, en la que justifiquen el uso y destino de la información, garantizando su confidencialidad”.
De acuerdo a las consideraciones realizadas en esta sentencia, la Sala Segunda de Revisión reitera que el derecho al habeas data faculta al titular de este derecho a conocer la información recogida sobre ella en bancos de datos o archivos, ya se trate de entidades públicas o privadas. Si bien es razonable que exista reserva sobre cierto tipo de información personal frente a terceros, tal confidencialidad no es oponible al titular de la misma que la ha suministrado voluntariamente para acceder a derechos que dependen de dicho suministro. Por lo tanto, Acción Social – Unidad Territorial Cesar, vulneró el derecho al habeas data de los demandantes al oponer la reserva de la información que reposa en el Registro Único de Población Desplazada a sus titulares y negarse a expedir la certificación solicitada.
De la información existente sobre los accionantes en el RUPD presentada por la entidad accionada en el presente proceso se evidencian errores graves que afectan los derechos de los peticionarios. En efecto, para cuatro de los accionantes, (40) la información reportada por la Unidad Territorial Cesar y la presentada por la oficina jurídica de Acción Social en Bogotá, al dar respuesta al Auto de 25 de enero de 2007, es contradictoria, como quiera que mientras la Unidad Territorial afirma que la persona se encuentra incluida en el RUPD, sobre el mismo sujeto la oficina jurídica en Bogotá asegura que no tiene la calidad de desplazado ni se encuentra en el RUPD. Algo similar ocurre con los nombres y datos de algunos de los accionantes (41) que aparecen registrados de manera disímil en los registros de la Unidad Territorial Cesar y en la base de datos centralizada por Acción Social en Bogotá.
Los anteriores ejemplos ilustran cómo, aun en los casos en que la certificación solicitada haya sido expedida, la vulneración del derecho al habeas data se produce porque los accionantes no sólo no conocen cuál es la información personal recogida en el RUPD sino que además no han podido verificar su veracidad, integralidad, corrección y actualización.
Por lo tanto, a fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de los accionantes, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá verificar la inscripción de estos ciudadanos en el Registro Único de Población Desplazada y, en caso de no encontrarse incluidos, procederá a estudiar la viabilidad de su inclusión como población desplazada, examinando los elementos materiales que reflejen una situación de desplazamiento forzado, sin que pueda negar la inscripción de los peticionarios por considerar que la declaración se ha realizado de manera extemporánea.
Adicionalmente, al negarse a expedir la certificación solicitada, la entidad demandada también amenazó el derecho de asociación de los demandantes. Dicha certificación demuestra para ciertas asociaciones la condición de desplazado, requisito que de manera autónoma han establecido para pertenecer a la misma. En ejercicio de su derecho de libre asociación quienes voluntariamente deciden conformar una organización de este tipo pueden, dentro del marco legal que rige para el tipo de organización que decidan crear, definir los requisitos que deben cumplir sus miembros. Sobre este punto, se reitera lo afirmado en la Sentencia T-559 de 2007 en la que se señaló lo siguiente:
Por lo anterior, y con el fin de proteger los derechos al habeas data y a la libre asociación de los accionantes, se ordenará a Acción Social – Unidad Territorial Cesar que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, además de expedir la certificación solicitada, permita a los accionantes conocer la información existente sobre ellos en el RUPD a fin de que verifiquen su veracidad, integralidad y adecuación y puedan corregir cualquier error existente, así como incluir toda la información personal y familiar que sea pertinente para acceder a las ayudas previstas para la población desplaza en la Ley 387 de 1997 y en la Constitución interpretada de manera armónica con los principios rectores del desplazamiento forzado interno, según lo establecido por la Sentencia T-025 de 2004.
Igualmente, a fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá informar a los accionantes de manera clara, completa y comprensible sobre sus derechos y sobre los procedimientos establecidos para acceder al goce efectivo de sus derechos constitucionales y legales.
Finalmente, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los denunciados por Acción Social sobre el abuso del que pudieron ser víctimas los accionantes de la presente tutela por parte del señor Selides José Márquez Sierra, Acción Social – Unidad Territorial Cesar deberá informar a los accionantes que para acceder a los beneficios y servicios que establecen la Constitución y la ley para la población desplazada, no es necesario acudir a intermediarios ni pagar contraprestaciones de ningún tipo, y señalarles que en caso de que sujetos inescrupulosos, aprovechándose de la condición de indefensión en que se encuentra la población desplazada y del desconocimiento de sus derechos, les exijan el pago o contraprestaciones para tramitar dichas ayudas, podrán denunciarlos ante esa oficina.
Primero. En relación con los procesos de la referencia, Levantar los términos suspendidos mediante Auto de 25 de enero de 2007.
Segundo. En relación con cada uno de los expedientes acumulados al presente proceso revocar los fallos de instancia de la siguiente manera:
1. Expediente T-1474643, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 4 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Yorlet Baldovino Fuentes y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
2. Expediente T-1474644, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 17 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Yaneth Patricia Orsini Sánchez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
3. Expediente T-1474645, REVOCAR la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Eduardo Leonith Salcedo Cantillo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
4. Expediente T-1475533, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 1º de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Braulio Zapata Cardona y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
5. Expediente T-1475534, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ibis Yaneth Miranda Acuña y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
6. Expediente T-1475535, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 28 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ingrid Yohana Parra Pedrozo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
7. Expediente T-1475536, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por en la acción de tutela instaurada por Edilma Robles Torres y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
8. Expediente T-1475537, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Niris Julieta Miranda Pérez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
9. Expediente T-1475538, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de28 de agosto de 2006, Paola Mejía Tapia y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
10. Expediente T-1475539, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Tania Patricia Morón Velásquez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
11. Expediente T-1475542, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Magdalena Daza Camacho y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
12. Expediente T-1476759, REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Valledupar, sentencia de 16 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Héctor Parra Durán y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
13. Expediente T-1477236, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 11 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Aida Vanegas Blanco y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
14. Expediente T-1477238, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, sentencia de 25 de septiembre de 2006, Clara Amaya Rosado y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
15. Expediente T-1480304, REVOCAR la sentencia del Juzgado de menores de Valledupar, sentencia de 12 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Emélida Rosa Durán Sánchez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
16. Expediente T-1485338, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 22 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Eder Navarro y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
17. Expediente T-1485339, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 15 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Leydis María Mejía García y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
18. Expediente T-1485340, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Valledupar, sentencia de 9 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Margoth Durán Pérez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
19. Expediente T-1485341, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado del Cesar, 15 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Cecilia Esther Armenta Sánchez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
20. Expediente T-1485342, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, 18 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Esther Catalina Pérez Peláez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
21. Expediente T-1485343, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 8 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por John Farid López Carrillo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
22. Expediente T-1485344, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 14 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Hernán Hidalgo Rodríguez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
23. Expediente T-1485345, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Aidé Ramírez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
24. Expediente T-1485346, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 4 de septiembre de 2006 en la acción de tutela instaurada por Odulia Ramírez. y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
25. Expediente T-1485347, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Francisco Antonio Plata García y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
26. Expediente T-1485348, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ciro Alberto Vergel Hernández y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
27. Expediente T-1485349, REVOCAR la sentencia del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Marelvis Orozco Campo y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
28. Expediente T-1519816, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 18 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jiménez Miranda y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
29. Expediente T-1519817, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 en la acción de tutela instaurada por Luz Marina Angarita Suárez y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
30. Expediente T-1519818, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 29 de agosto de 2006 en la acción de tutela instaurada por en la acción de tutela instaurada por Arnoldo Miguel Miranda Acuña y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
31. Expediente T-1519818, REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 en la acción de tutela instaurada por Ana Cecilia Guevara Santiago y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
32. Expediente T-1541368, REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, sentencia de 31 de julio de 2006 en la acción de tutela instaurada por Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias, Doris María Guillén y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos al habeas data y a la libre asociación.
Tercero. ORDENAR a Acción Social - Unidad Territorial Cesar, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, expida las certificaciones que acrediten la condición de desplazamiento forzado en que se encuentran Yaneth Patricia Orsini Sánchez, Braulio Zapata Cardona, Ibis Miranda Acuña, Ingrid Yohana Parra, Edilma Robles Torres, Niris Miranda Pérez, Paola Mejía Tapia, Tania Patricia Morón Velásquez, Magdalena Daza Camacho, Héctor Parra Durán, Ayda Vanegas Blanco, Clara Amaya Rosado, Emélida Rosa Durán Sánchez, Leydis María Mejía García, Margoth Durán Pérez, Cecilia Esther Armenta Sánchez, Hernán Hidalgo Rodríguez, Francisco Plata García, Ciro Alberto Vergel Hernández, Abel Antonio Jiménez Miranda, Luz Marina Angarita Suárez, Arnoldo Miguel Miranda Acuña, Ana Cecilia Guevara Santiago, Pedro Pablo Jaraba Lora, Enei Novoa Cáceres, Denides Martínez Arias y Doris María Guillén.
Cuarto. ORDENAR a Acción Social - Unidad Territorial Cesar que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, verifique la inscripción de Yarlet Baldovino Fuentes, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, Eder Navarro, Esther Catalina Pérez Peláez, John Farid López Carrillo, Aidé Ramírez, Odulia Ramírez. y Marelvis Orozco Campo y, en caso de no encontrarse incluidos, estudie la viabilidad de su inclusión examinando los elementos materiales que reflejen una situación de desplazamiento forzado, sin que pueda negar dicha inscripción por considerar que la declaración se ha realizado de manera extemporánea. Una vez realizada la inscripción, Acción Social - Unidad Territorial Cesar deberá expedir la certificación que acredite su condición de desplazados inscritos en el RUPD.
Quinto. ORDENAR a Acción Social – Unidad Territorial Cesar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, permita a los accionantes en el presente proceso conocer la información existente sobre ellos en el RUPD a fin de que verifiquen su veracidad, integralidad y adecuación y puedan corregir cualquier error existente, así como incluir toda la información personal y familiar que sea pertinente para acceder a las ayudas previstas para la población desplaza en la Ley 387 de 1997 y en la Constitución interpretada de manera armónica con los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, según lo establecido por la Sentencia T-025 de 2004.
Sexto. ORDENAR a Acción Social – Unidad Territorial Cesar, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, les haga entrega a los accionantes de la carta de derechos mencionada en la sección 10.1.4 de la Sentencia T-025 de 2004, les informe de manera clara, completa y comprensible sobre el contenido sus derechos constitucionales y legales y sobre los procedimientos establecidos para acceder a ellos de manera efectiva, en especial, a las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997, así como sobre la gratuidad de los trámites y la posibilidad de denuncia en caso de abusos como los señalados en el párrafo final del acápite 6 de la presente sentencia.
Séptimo. LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
(1) Esta accionante aparece con nombres distintos en la Unidad Territorial Cesar y en el reporte presentado por la oficina jurídica de Acción Social Bogotá el 30 de enero de 2007.
(2) Este accionante aparece con nombres distintos en la Unidad Territorial Cesar y en el reporte presentado por la oficina jurídica de Acción Social Bogotá el 30 de enero de 2007.
(3) Sobre este accionante, la Unidad Territorial Cesar afirma que está inscrito en el RUPD desde noviembre de 2005, mientras que la oficina jurídica de Acción Social Bogotá, afirma que el mismo no aparece registrado como desplazado.
(4) Sobre esta accionante, la Unidad Territorial Cesar afirma que está inscrita en el RUPD desde agosto de 2003, pero con un nombre distinto al que aparece en el informe de la oficina jurídica de Acción Social Bogotá.
(5) Este accionante aparece con nombres distintos en la Unidad Territorial Cesar y en el reporte presentado por la oficina jurídica de Acción Social Bogotá el 30 de enero de 2007.
(6) Sobre esta accionante, la Unidad Territorial Cesar afirma que está inscrita en el RUPD desde noviembre de 2005, mientras que la oficina jurídica de Acción Social Bogotá, afirma que no aparece registrada como desplazada.
(7) Sobre esta accionante, la Unidad Territorial Cesar afirma que está inscrita en el RUPD, mientras que la oficina jurídica de Acción Social Bogotá la identifica como Abdulia Rodríguez de Sierra, registrada como desplazada desde diciembre de 2002.
(8) Sobre esta accionante, la Unidad Territorial Cesar afirma que está inscrita en el RUPD, mientras que la oficina jurídica de Acción Social Bogotá, afirma que no aparece registrada como desplazada.
(9) T-1346 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.
(10) Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la Sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres.
(11) Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.
(12) Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(13) Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(14) Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(15) Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(16) Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(17) Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Sentencia T-025 de 2004, sección 10.1.4 de los considerandos y ordinal Noveno de la parte resolutiva.
(19) Ver entre otras las sentencias T-740 de 2004 y T-1076 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-175 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-563 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 y T-1144 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-468 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(20) Al respecto ver la Sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en donde se señaló lo siguiente: “Para realizar una interpretación razonable al artículo 2º inciso 2º del Decreto 2569 de 2000, se deben aplicar criterios de interpretación sistemática, teleológica, y más favorable a la protección de los derechos humanos. Siendo esto así, al aplicar la interpretación sistemática, se debe tener muy claro que el decreto contentivo del artículo en estudio es desarrollo reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como situación de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema constitucional al cual están incorporadas normas supranacionales como lo son los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, (…) que buscan proteger a los desplazados y no exigen certificación de tal fenómeno de facto. Si se hace una interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin de tal artículo es brindar protección y ayuda frente a una situación que, como se reconoce en el inciso primero de tal artículo, se da por la ocurrencia de los hechos de una manera estructurada. No requiere el citado artículo la necesidad del reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un caso concreto. Igualmente, realiza una interpretación en el sentido que más convenga a la finalidad de la norma, se encuentra que frente al tratamiento de tan grave situación como lo es el desplazamiento forzado, lo más razonable es entender que no se puede condicionar la existencia de una realidad a la afirmación de su configuración por parte de las autoridades. Finalmente, de acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos. Al aceptar como válida tal interpretación, el inciso segundo de la norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas para facilitar una organizada protección de los derechos fundamentales de los desplazados”.
(21) T-443 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver también la Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(22) Sobre el hábeas data aditivo, ver entre otras las sentencias T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1160 A de 2001 y T-317 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(23) Ver entre otras la sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(24) Sentencia T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En este fallo la Corte tuteló los derechos de petición, igualdad y hábeas data de un grupo de personas cuyos datos no habían sido incluidos en la base de datos del SISBEN.
(25) Ver por ejemplo las sentencias SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; T-097 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-552 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-527 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y T-578 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(26) Ver por ejemplo las sentencias SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; T-176 de 1995 y T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(27) Ver por ejemplo las sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; y T-578 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(28) Ver por ejemplo la Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(29) Ver por ejemplo las sentencias T-022 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, y T-552 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(30) Ver la Sentencia T-119 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(31) Ver por ejemplo la Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(32) Ver por ejemplo la Sentencia T-022 de 1993 y T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(33) Ver por ejemplo la Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(34) Ver por ejemplo la Sentencia T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(35) Sentencia T-443 de 1994, M.P. Ciro Angarita Barón.
(36) Sentencia T-275 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(37) Sentencia T-684 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también las sentencias T-359 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-551 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU- 082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-703 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(38) Sentencia T-559 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también las sentencias T-334 de 2007; M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-771 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(39) Ver entre otras las sentencias T-454 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greinffenstein; T-697 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(40) Eder Navarro, Odulia Ramírez, Aidé Ramírez y Marelvis Orozco Campo.
(41) Este es el caso de Yarlet Baldovino Fuentes, Eduardo Leonith Salcedo Cantillo, John Farid López Cantillo y Esther Catalina Pérez Peláez.