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Timestamp: 2018-04-24 06:24:51
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AP2399-2017
Radicación N° 48965
(Aprobado Acta Nº 102. Abril 5/2017)
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017).
La Sala se pronuncia sobre las solicitudes de nulidad y probatorias presentadas por la defensa dentro del término de traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, en el juicio adelantado contra el doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, por el delito de concusión.
La cámara de Representantes, con la aprobación del Senado de la República, acusó al doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB de haber solicitado la suma de quinientos millones de pesos ($500’000.000.oo), con el fin de adelantar gestiones orientadas a influir favorablemente en la decisión que debía tomarse por parte de la Corte Constitucional, en la revisión de la acción de tutela promovida por la sociedad Fiduciaria Petrolera S.A. (FIDUPETROL S. A.) contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con el fin de dar respuesta adecuada a las solicitudes de nulidad y probatorias propuestas por la defensa, la Sala abordará previamente los siguientes temas, (i) competencia, (ii) presupuestos para la activación de la competencia de la Corte, (iii) procedimiento aplicable al caso, (iv) tipología del Estado colombiano y su influencia en la regulación del debido proceso y las nulidades, (v) naturaleza de los juicios especiales ante el Congreso, (vi) posibilidad de revisión de la legalidad del procedimiento adelantado ante el Congreso, (vii) debido proceso y debido proceso probatorio y (viii) algunos principios y reglas que rigen el sistema procesal de la Ley 600 de 2000. Concluido lo anterior, la Corte se adentrará en el estudio de (ix) las nulidades y, (x) las pruebas solicitadas por el letrado.
La Sala es competente para juzgar a los Magistrados de la Corte Constitucional, por delitos comunes o delitos cometidos en ejercicio del cargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235.2 de la Constitución Política, 75.5 de la Ley 600 de 2000 y 32.5 de la Ley 906 de 2004.
La primera de las referidas normas prevé como atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, “juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3”.
Los altos funcionarios a que se refiere el artículo 174 ejusdem son, además del Presidente de la República o quien haga sus veces, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
Y los artículos 75.5 de la Ley 600 de 2000 y 32.5 de la Ley 906 de 2004, son coincidentes en incluir dentro de las competencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, el juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2° de la Constitución Política.
Este marco normativo permite concluir que la Sala es competente para avocar el conocimiento de este asunto, por tratarse del juzgamiento de un alto funcionario del Estado, incluido en la lista que contiene el artículo 174 de la Constitución Política, por la comisión de una conducta punible1.
2. Presupuestos procesales y sustanciales que deben cumplirse para la activación de la competencia de la Sala
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 347 inciso primero de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 4° de la Ley 273 de 1996), y 449 de la Ley 600 de 2000, en los procesos especiales adelantados por la Cámara de Representantes, el juicio se inicia con la admisión de la acusación por parte del Senado de la República. De suerte que, para que la Corte pueda conocer del juzgamiento, es necesario que se cumplan, en primer lugar, dos presupuestos, (i) que preexista acusación de la Cámara de Representantes, y (ii) que ésta haya sido aprobada por el Senado de la República.
Adicionalmente a esto, existen otras condiciones vinculadas con la naturaleza del delito imputado y la pena adscrita, que la Constitución Nacional utiliza para definir cuándo procede el juicio político ante el Senado y cuándo procede el de responsabilidad penal ante la Corte, o cuándo se activan ambos, exigencias que recogen las reglas dos y tres del artículo 175, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 175: “En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas,
“2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.
“3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá el acusado a disposición de la Corte Suprema”.
La regla dos, como puede verse, comprende tres hipótesis, (i) cuando se procede por conductas no delictivas constitutivas de indignidad, (ii) cuando se procede por conductas delictivas cometidas en ejercicio de funciones que no tienen pena distinta de la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, y (iii) cuando se procede por conductas delictivas cometidas en ejercicio de funciones, que tienen pena distinta de las señaladas en el ordinal anterior, por ejemplo prisión. Y la regla tres comprende una sola hipótesis: cuando se procede por delitos comunes.
En los dos primeros casos, es decir, cuando se trata de conductas no delictivas constitutivas de indignidad y cuando se procede por conductas delictivas cometidas en ejercicio de funciones que no tienen pena distinta de la destitución del empleo o la privación temporal o absoluta de los derechos políticos, solo procede el juicio político ante el Senado de la República. En el tercer caso, esto es, cuando se procede por conductas delictivas cometidas en ejercicio de funciones, que tienen pena distinta (prisión o multa por ejemplo), procede el juicio político ante el Senado y el juicio de responsabilidad penal ante la Corte. Y en el cuarto caso, es decir, cuando se procede por delitos comunes, solo procede el juicio de responsabilidad penal ante la Corte.
Para efectos de esta reglamentación, por delitos cometidos en ejercicio de funciones debe entenderse el delito propiamente funcional, que es aquel que se comete con abuso de la función. Y por delitos comunes, los no funcionales, que son aquellos en cuya comisión no se ve involucrada la misión funcional.
Esta comprensión consulta la teleología y lógica de la reglamentación, de la que aparece claro que el concepto de delito común se utiliza para contraponerlo al de delito cometido en ejercicio de funciones, con el fin de cubrir todas las posibles conductas merecedoras de sanción en las que puede incurrir un servidor público (funcionales no delictivas, funcionales delictivas, y delictivas no funcionales), a la luz de lo preceptuado en el artículo 6 de la Constitución Nacional.
En el caso estudiado, la Cámara de Representantes le imputó al doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB el delito de concusión, que es, por excelencia, un delito funcional, por cuanto requiere para su estructuración que el sujeto agente sea servidor público y que la conducta se ejecute con abuso de la función.
Además se trata de un delito que tiene adscritas penas de prisión y de multa, aparte de la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, particularidades que determinan que quede cubierto por la tercera hipótesis, que autoriza, como se vio, el juicio político ante el Senado y el juicio de responsabilidad penal ante la Corte.
3. Procedimiento aplicable al caso
El modelo de enjuiciamiento acogido por la Ley 906 de 2004 cubre, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 533, los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2005, con excepción de los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política, es decir, la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, que deben continuar su trámite por el rito de la Ley 600 de 2000.
Nada se dice sobre los juicios especiales donde las funciones de instrucción y acusación las cumple el Congreso, razón por la que surge el interrogante de qué procedimiento debe regir el juzgamiento en estos casos, teniendo en cuenta que el sistema bajo el cual se rituó la fase instructiva es un procedimiento especial, muy distinto del establecido en la Ley 906 de 2004.
Si se atendiera al contenido literal de la regulación, podría decirse, con razón, que el procedimiento llamado a ser aplicado es el previsto en la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos sucedieron en su vigencia, y porque el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado de que trata el artículo 174 constitucional no se encuentra dentro de la excepción prevista en el artículo 533 del referido estatuto, además que el artículo 32.5 ejusdem le otorga también competencia a esta Sala para conocer, dentro del rito propio del sistema acusatorio, del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículo 174 y 235.2 de la Constitución.
Optar por esta alternativa, sin embargo, rompería la armonía estructural e ideológica del proceso, generando situaciones de incompatibilidad que atentarían contra su adecuado adelantamiento, puesto que implicaría mezclar modelos procesales distintos, abiertamente discordantes, que en lugar de complementarse, como corresponde, se repelen: de una parte, una fase instructiva, regida por los principios escritural y de permanencia de la prueba, donde se impone la vinculación del indiciado mediante indagatoria y se agota formalmente la instrucción con un traslado a las partes para alegaciones, y de otra, una de juzgamiento, regida por el sistema oral, donde su titular es el fiscal y donde la evidencia tiene que producirse o incorporarse en el juicio para que adquiera la condición de prueba.
Esta situación de incompatibilidad desaparece frente al procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, porque éste participa de características similares a las del modelo previsto para los juicios especiales ante el Congreso de la República, haciendo que los dos resulten conciliables, razón por la que el vacío normativo advertido debe resolverse entendiendo que en los casos previstos en el artículo 235.2 de la Constitución Política, también es aplicable el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000.
4. La tipología del Estado Colombiano y su influencia en la regulación del debido proceso y las nulidades procesales
La Constitución de 1991 estableció que Colombia se erige en la forma de Estado Social de Derecho, el cual está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.
Igualmente, le fijó como uno de sus fines, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la norma Superior2, lo cual obliga a que todas las acciones estatales, la actividad de los particulares y el ordenamiento jurídico, tiendan a su efectividad y protección3.
En relación con la dignidad humana, la Corte Constitucional ha construido líneas jurisprudenciales sobre su objeto de protección y la función de dicho enunciado normativo. Desde el punto de vista de la función de la norma, la dignidad opera como valor fundante del orden constitucional y, como principio, es un mandato de optimización4.
Como objeto de protección, la dignidad impide la instrumentalización del ser humano, lo que implica el ejercicio de la autonomía individual, las condiciones mínimas materiales para desarrollar un plan de vida, y la intangibilidad física y moral.
Estos rasgos definitorios del Estado colombiano tienen plena eficacia cuando se trata de investigar y juzgar a una persona. Esto significa que el Estado debe respetar la dignidad humana, los derechos y garantías en los procesos judiciales, y para lograrlo, se imponen restricciones en las fases procesales asegurando su eficacia, para que de esa manera ninguno de los partícipes sea instrumentalizado por la acción estatal.
El instrumento conceptual y normativo que permite proteger y hacer efectivos los derechos y garantías fundamentales en los procedimientos judiciales es el debido proceso, cuya estructura compleja se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria5.
Esta limitación para el Estado y garantía para la persona, se establece en el artículo 29 Constitucional que dispone, «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas». La fórmula empleada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 condensa diferentes aspectos: (i) el debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y administrativas; (ii) su contenido implica garantías tales como el principio de legalidad, el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, la plenitud de las formas del juicio, el derecho a la favorabilidad penal, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso sin dilaciones, el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, el derecho a la impugnación, la garantía de la cosa juzgada y; (iii) tematiza la prueba ilícita.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10º, consagra el derecho de toda persona a «ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial (…)». En el mismo sentido, el precepto 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia, señalando que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
En el entorno regional americano, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos utiliza la expresión «garantías judiciales», como denominación del complejo de derechos que deben observarse en las instancias procesales, para que pueda hablarse de verdaderas garantías que «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o ejercicio de un derecho (…) vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia»6.
En desarrollo de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las garantías que integran el derecho al debido proceso deben respetarse por el Estado sin importar qué órgano ejerce la función jurisdiccional. Así lo expresó al referirse en una opinión consultiva en el marco de un juicio político seguido a tres magistrados destituidos de sus cargos por una comisión del Congreso del Perú. En este caso, la Corte manifestó, con respecto al primer párrafo del artículo 8º, lo siguiente7:
«(…) que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.».
Por lo tanto, estas garantías mínimas son una obligación para todas las ramas que integran el poder público, que según lo dispuesto en el artículo 113 constitucional, son la legislativa, la ejecutiva, y la judicial, sin perjuicio de que existan otros órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.
Ahora bien, para asegurar la vigencia y eficacia del debido proceso y de las garantías fundamentales, el legislador previó la institución jurídica de las nulidades procesales, que sanciona las irregularidades presentadas en el marco del proceso, y que, atendiendo a su gravedad, obliga a que de manera excepcional se invaliden las actuaciones afectadas. Así, su declaración opera como un control constitucional y legal que garantiza la validez de la actuación procesal y asegura a las partes el derecho fundamental al debido proceso.
El sistema procesal colombiano posee rasgos distintivos en materia de nulidades. La Ley 600 de 2000, aplicable al caso, prevé los motivos de nulidad y dispone que solo procede por: (i) falta de competencia del funcionario judicial; (ii) comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso y; (iii) violación del derecho de defensa8.
También reglamenta la oportunidad para proponerlas, los aspectos formales que debe cumplir la solicitud, y los principios que las rigen, entre ellos los de taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, trascendencia y residualidad, con los que se busca limitar la tendencia a invalidar el trámite procesal por la sola existencia de la irregularidad9.
Estos principios han sido definidos por la jurisprudencia de esta Sala, de la siguiente manera: Taxatividad: significa que solo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley. Acreditación: que quien la alega debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Protección: la nulidad no puede ser invocada por quien ha coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular. Convalidación: la nulidad puede enmendarse por el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. Instrumentalidad: la nulidad no procede cuando el acto irregular ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado. Trascendencia: quien la alegue debe demostrar que afectó una garantía fundamental o desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento. Residualidad: solo procede cuando no existe otro medio procesal para subsanar el acto irregular10.
Naturaleza de los juicios especiales adelantados ante el Congreso
De acuerdo con los antecedentes normativos que han regulado la investigación y el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado aforados constitucionalmente, se tiene que en nuestro ámbito ha regido un procedimiento especial11.
Actualmente, la Constitución Política de 1991 en el inciso 2º del artículo 116, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3 de 2002, y el Título VII de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establecen un procedimiento especial y facultan al Congreso de la República para ejercer funciones judiciales en estos casos.
Las referidas normas, son la base del sistema de investigación y juzgamiento penal y político de personas con fuero especial constitucional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes.
Según ellas, la indagación y la investigación que se tramita en el seno de la Cámara de Representantes, además de ser política, en razón de la condición del órgano que la adelanta, también es judicial. Por lo tanto, debe llevarse a cabo con respeto de los principios que rigen la actividad de los órganos de investigación y juzgamiento ordinarios de nuestro país.
Así lo consideró la Sala en pronunciamiento de 21 de marzo de 1996, ya citado,
“3.3. El Congreso de la República, en ciertos casos, también administra Justicia:
El artículo 116 de la Carta Política indica los organismos encargados de "administrar justicia", y al lado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, aparece EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, -que como se sabe, lo componen la Cámara de Representantes y el Senado-, con la facultad- -deber de ejercer "determinadas funciones judiciales".
Es precisamente en atención a esas "determinadas funciones judiciales" que el Constituyente radicó en cabeza de la Cámara de Representantes, la competencia para instruir los procesos o "conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito fundar en ellas acusación ante el Senado". (art. 178-4 C.N.)”
El mismo criterio fue expuesto posteriormente por la Corte Constitucional en su sentencia SU-047 de 1999:
«22- Sin embargo, podría considerarse que esos criterios resultan inaplicables cuando el Congreso ejerce funciones judiciales, y que ese fenómeno no ha sido estudiado por la doctrina constitucional, debido a su escasa ocurrencia. Sin embargo esa objeción no es de recibo, por una razón tan elemental como poderosa: olvida que si bien el Congreso ejerce funciones judiciales, y los procesos contra los altos dignatarios tienen, cuando se trata de delitos, una naturaleza eminentemente judicial, tal y como esta Corte12 lo ha señalado, no por ello deja de ser una indagación adelantada por el órgano político por excelencia, que es el Congreso. Por ende, a pesar de la naturaleza judicial de estos procesos, es indudable que la Carta reserva una cierta discrecionalidad política a los congresistas cuando investigan y juzgan a los altos dignatarios, incluso si se trata de delitos comunes. En efecto, la Constitución precisa que en todas sus actuaciones, incluidos obviamente sus votos y opiniones cuando ejercen funciones judiciales, los senadores y representantes actúan consultando la justicia y el bien común (CP art. 133), lo cual tiene inevitablemente un componente de libertad política, puesto que, en una sociedad pluralista, no todas las visiones del bien común son idénticas.».
6. Posibilidad de revisión por parte de la Corte de la legalidad del procedimiento adelantado en el Congreso
Este interrogante surge a raíz del contenido de las peticiones presentadas por la defensa, en las que solicita que la Corte decrete la nulidad del procedimiento cumplido en el Congreso, por contravenir los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.
A fin de resolver este cuestionamiento se debe destacar que las fases de instrucción y juzgamiento no son etapas autónomas, sino partes estructurantes de un todo, que es el proceso, el cual se construye progresivamente, donde la primera se erige en presupuesto procesal necesario de la existencia y validez de la segunda.
Esto implica que, para que el juzgamiento sea legítimo, necesariamente debe contar con una fase instructiva válida, desprovista de vicios que puedan afectar su eficacia, y por tanto, la investigación adelantada por un órgano especial, perteneciente a otra rama del poder público, no está exenta de control judicial.
Estas precisiones, armonizadas con el contenido del artículo 400 inciso segundo de la Ley 600 de 2000, que establece que unos de los fines del traslado allí previsto es que las partes puedan solicitar las nulidades “originadas en la etapa de la investigación”, no deja duda de la legitimidad de la pretensión de la defensa de que la Sala examine en esta sede la legalidad del procedimiento adelantado ante el Congreso.