Source: https://www.scribd.com/document/336009874/1109-cidh-Pedro-Huilca
Timestamp: 2018-12-13 00:31:09
Document Index: 409295383

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 10', 'Artículo 76', 'artículo 3']

Vinculando género y reparaciones en el Perú:
Mayo de 1980 marcó el inicio del periodo más violento de su historia republicana en el Perú, cuando el Partido Comunista del Perú — Sendero Luminoso
(SL) — anunció el comienzo de su llamada “guerra popular prolongada del
campo a la ciudad” contra el Estado, considerando que la lucha armada era el
mejor mecanismo posible para hacerse con el poder, destruir al “viejo estado”
y a los “enemigos de clase”, e imponer un nuevo orden político, económico y
social. El “pensamiento Gonzalo”, ideología basada en el marxismo-leninismomaoísmo, de corte fundamentalista y totalitaria, y convertida en un culto a la
personalidad de su fundador, Abimael Guzmán, tuvo cierto nivel de aceptación
popular ante la incapacidad del Estado y de las elites del país para responder
a las demandas de una parte de la población y, en particular, a los frustrados
esfuerzos de juventud por promover la movilidad social y el progreso.1
En efecto, el conflicto se desató en un contexto marcado por el hecho de
que la expansión acelerada del Estado y su mayor presencia en las esferas económica, social y política, no se había traducido en una mejora de las infraestructuras y la prestación de servicios en las zonas marginales, como el área
rural andina, donde el Estado solo llegaba a través del servicio militar obligatorio, o gracias a la escuela primaria. Todo esto se sumó, además, a un rasgo
característico del país; la frágil integración nacional y la falta de un auténtico
reconocimiento de su diversidad étnica, que se manifestó a través de la imposición de patrones culturales occidentales y de la marginación de los sectores
rurales indígenas. Las políticas económicas del país profundizaron la brecha
entre ricos y pobres, especialmente en las áreas rurales andinas. Finalmente,
la expansión del sistema educativo no fue correspondida por un crecimiento
económico que asegurara la absorción de la población cualificada por el mercado laboral formal, poniendo en evidencia el supuesto “mito del progreso”.2
A diferencia de otros conflictos internos en América Latina, donde los
agentes del Estado aparecen como los principales perpetradores, en el Perú,
fue SL el que convirtió a las zonas rurales en el escenario principal del conflicto. En el campo, la disidencia individual fue motivo de ejecuciones sumarias
y asesinatos, mientras que la disidencia colectiva llevó a masacres y a la destrucción de comunidades enteras.3 Asimismo, la violencia desatada por SL se
vio incrementada con la aparición en 1984 de otro grupo subversivo denominado el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Aunque el MRTA
se abstuvo de atacar a la población indefensa, incurrió también en asesinatos
selectivos, tomas de rehenes y la práctica sistemática del secuestro.4
El Estado fue incapaz de detener el avance de la subversión que, en pocos
años, se expandió por todo el país. En 1982, el gobierno democrático aceptó
la militarización del conflicto y, abandonando sus prerrogativas, la dejó en
manos de las Fuerzas Armadas la lucha contrainsurgente.5 Los militares pusieron en marcha una primera estrategia de represión indiscriminada contra la
población, considerada sospechosa de pertenecer a SL, de forma que, en ciertos lugares y momentos del conflicto, las violaciones de los derechos humanos
se convirtieron en una práctica generalizada y/o sistemática. En un segundo
periodo, la estrategia se hizo más selectiva, aunque no por ello cesaron las
numerosas violaciones de los derechos humanos.6
El descenso significativo de la violencia política no coincidió solamente con
la captura de los líderes de SL y del MRTA, sino también con el inicio del régimen de Alberto Fujimori en 1992. El gobierno de Fujimori construyó una versión oficial de lo ocurrido que buscaba aprovechar políticamente la supuesta
“derrota del terrorismo”. Estableció, al mismo tiempo, un marco normativo
que no sólo cambió el sistema de defensa nacional, la ley del servicio de inteligencia nacional, y la ley sobre la situación militar, sino que incluía también
penas y procedimientos que violaban las garantías procesales y garantizaban
la impunidad.7
Con la caída del régimen autoritario y corrupto de Alberto Fujimori, en
noviembre del 2000, se inició el proceso de transición a la democracia con la
instauración del gobierno de Valentín Paniagua, que permitió forjar una nueva
conciencia nacional sobre los abusos del pasado y consolidar un marco políticonormativo más respetuoso con los derechos humanos. La Comisión de la Verdad fue creada por la administración transicional en 2001.8 Ese mismo año fue
ratificada por el recién elegido Presidente de la República, Alejandro Toledo,
quien, además, cambió su nombre por el de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ampliando el número de sus comisionados de siete a doce.9 De
éstos, sólo dos eran mujeres, si bien no hay evidencia de que el nombramiento
de las mismas respondiera a un intento de asegurar la presencia femenina en
la comisión. La primera, Beatriz Alva Hart, es abogada laboralista y ex-viceministra del gobierno de Alberto Fujimori; y la segunda, Sofía Macher Batanero, nombrada cuando se amplió la CVR, es socióloga y tiene una reconocida
trayectoria en materia de derechos humanos como ex-Secretaria Ejecutiva de
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El mandato de la CVR tenía como cometido “esclarecer el proceso, los
hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de las violaciones de los
derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000,
imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado,
así como proponer iniciativas destinadas a consolidar la paz y la concordia
entre los peruanos”.10 Se preveía, además, que la Comisión de la Verdad fomentaría “la reconciliación nacional, el Estado de Derecho y el fortalecimiento del
régimen democrático constitucional”.11 En lo que concierne específicamente al
tema de las reparaciones, su mandato le encomendaba la elaboración de propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares.12
Como resultado de su trabajo, la CVR entregó en agosto de 2003 el Informe
Final (IFCVR). El IFCVR consta de nueve tomos en los que se analizan las causas y consecuencias del conflicto armado interno vivido en el Perú y se pone
en evidencia la magnitud de las graves violaciones de los Derechos humanos
ocurridas durante ese periodo. El Tomo IX lleva por título “Recomendaciones
de la CVR. Hacia la Reconciliación” y en el se proponen al Estado los medios
para evitar que los hechos de violencia expuestos vuelvan a ocurrir, incluyendo
medidas de reparación bajo la forma de un Plan Integral de Reparaciones (PIR)
que conjuga medidas simbólicas y materiales con medidas de reparaciones
individuales y colectivas. Trata así de responder, no únicamente al daño colectivo ocasionado a las comunidades y los grupos humanos, sino también al
daño individual que han sufrido las víctimas directas y sus familiares.
Dos años después de la publicación del IFCVR, el país cuenta con un marco
normativo bastante avanzado en materia de reparaciones. En noviembre
de 2004 se creó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las
Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), que estaba encargada de diseñar,
coordinar y supervisar la política nacional en la materia.13 La CMAN promovió
la aprobación de un Marco Programático de la Acción del Estado en materia
de Paz, Reparación y Reconciliación Nacional en el cual se establecen los ejes
de la política del Estado en materia de reparaciones; la restitución de derechos
ciudadanos, educación, salud, reparaciones colectivas, simbólicas y la promoción y facilitación del acceso a una solución del problema de vivienda. 14
El Marco Programático no define, sin embargo, el contenido de dichos ejes,
ni proporciona definiciones de las víctimas y los beneficiarios que tendrían
acceso a los mismos. Por encargo de este Marco, la CMAN desarrolló el Plan
Integral de Reparaciones — Programación Multianual 2005–2006, aprobado
en julio del 2005,15 que da prioridad a las comunidades rurales más afectadas y
desarrolla el contenido de algunos de los ejes mencionados en el plan. De igual
forma, la Programación Multianual, no define a las víctimas ni a los beneficiarios que tendrían acceso a las medidas allí desarrolladas, sino que plantea más
bien que el universo total de la población de las comunidades identificadas sea
Finalmente, la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) fue promulgada a fines de julio del 2005.16 Dicha ley dispone que el Plan Integral de
Reparaciones esté compuesto por los mismos ejes que los mencionados en el
Marco Programático. A diferencia de los documentos anteriores, la ley y su
reglamento17 proporcionan una definición de quiénes son considerados víctimas y beneficiarios para efectos del Plan, y desarrollan los contenidos de los
programas del PIR. Asimismo, la ley dispone la creación de un Consejo de
Reparaciones (CR), encargado de la elaboración del Registro Único de Víctimas,
que fue aprobado en octubre de 2006.18 A pesar de estos avances sustantivos,
la fase concreta de la puesta en marcha de las medidas de reparación se ha limitado, hasta la fecha, a la intervención sobre unas cuantas comunidades reconocidas por el Consejo de Reparaciones como beneficiarios colectivos del PIR y a
la implementación de una parte del Programa de Reparaciones Colectivas.
LAS MUJERES DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFLICTO:
VICTIMIZACIÓN, AGENCIA Y DESIGUALDAD PERMANENTE
LAS MUJERES COMO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Durante el conflicto armado interno que asoló el país, el principal objetivo,
tanto de los grupos subversivos como de las fuerzas del orden, fueron los
hombres.19 Las mujeres se vieron también directamente afectadas, pero de
forma diferente y en menor número. El IFCVR constituye el primer intento
oficial de registrar las violaciones de derechos humanos que de manera particular sufrieron las mujeres y de reconocer que el proceso de violencia afectó
de forma diferenciada a mujeres y varones.20 El Informe establece, de hecho,
que la violencia afectó de manera diferente a la población peruana según su
posición social y los distintos roles de género desempeñados. Así, las mujeres
fueron víctimas de un conjunto de delitos y abusos contra su dignidad y sus
derechos humanos diferentes de aquellos que sufrieron los hombres.21
El IFCVR muestra cómo, además de ser víctimas directas de secuestros,
reclutamientos forzosos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, desapariciones, masacres y ejecuciones extrajudiciales, las mujeres
sufrieron también de forma especial por la desaparición y muerte de sus familiares. Además, los crímenes que sufrieron niños y niñas también pueden tener
un impacto diferencial sobre las mujeres. Si bien el Informe, en su apartado
sobre violencia contra niños y niñas,22 no establece diferencias de género,
muestra que en el 12.8% del total de los casos de violaciones de los derechos
humanos los niños estaban implicados y que los actos perpetrados contra
ellos fueron principalmente la violación sexual, el secuestro, el reclutamiento
forzado y el asesinato. Las mujeres sufrieron en su cotidianeidad como consecuencia de tales hechos y, en la mayoría de las ocasiones, optaron por el
desplazamiento.23
Asimismo, el Informe documenta cómo las mujeres fueron objeto de
diversas modalidades de violencia sexual cometidas, tanto por parte de las
fuerzas del orden y como de los grupos subversivos.24 A pesar del hecho de
que la violencia sexual suele ser menos veces denunciada, principalmente por
el sentimiento de culpa, la vergüenza o el miedo (justificado) a la estigmatización y al ostracismo de las víctimas, la CVR pudo constatar que dicha práctica
fue ejercida principalmente por miembros de las fuerzas estatales y, en menor
medida, por integrantes de los grupos subversivos. Las modalidades de violencia de género difieren de un actor a otro. Mientras que el 83% de los actos de
violación sexual son imputables al Estado, incluyendo violaciones múltiples y
a mujeres gestantes;25 los grupos subversivos son los principales responsables
de abusos tales como el trabajo doméstico forzado, las mutilaciones, incluyendo algunas con contenido sexual, la servidumbre sexual, la contracepción,
el aborto y la unión forzades — que suelen presentarse al interior de la misma
organización subversiva contra personas reclutadas a la fuerza o contra la
población de las zonas controladas.26
Las mujeres que participaban activamente en el conflicto armado o aquéllas
de las que se sospechaba su colaboración con los grupos subversivos, aquéllas
que tenían o que se sospechaba que tuvieran algún tipo de vínculo (afectivo,
parentesco, afinidad) con algunos de los actores del conflicto, y, finalmente,
aquellas que asumieron la búsqueda y la defensa de sus familiares, resultaron
más vulnerables a estas violaciones.27 Asimismo, tanto la ausencia de la figura
masculina en el ámbito doméstico, como las incursiones militares o policiales,
la presencia de una base militar o la permanencia en un establecimiento policial o penal fueron espacios y crearon ocasiones de especial vulnerabilidad y
riesgo para las mujeres.28
Todas estas violaciones, especialmente los embarazos forzados (el aborto
no constituía una opción por ser ilegal en cualquiera de sus formas), afectaron
a su cuerpo, su salud mental, su sexualidad y su salud reproductiva. Muchos
testimonios coinciden en la inclusión entre las principales secuelas de estos
abusos los problemas vaginales, enfermedades sexuales, dificultades en los
embarazos y, en algunos casos, incluso la esterilidad.29 Igualmente, estos abusos influyeron negativamente sobre la relación de las mujeres con su entorno
familiar y comunal. Muchas mujeres fueron rechazadas y abandonadas por su
pareja, cuando no fueron directamente maltratadas. Otras fueron rechazadas
por sus familias, estigmatizadas por la comunidad y se les negó la posibilidad
de casarse.30 Igualmente, la CVR concluyó que diversos factores, entre ellos,
los étnicos, culturales, sociales y de género, incidieron de formas distintas en el
impacto y las secuelas que se derivaron de dichas violaciones.31
La CVR establece que el perfil sociodemográfico de las mujeres afectadas
directamente por violaciones de derechos humanos es bastante similar al
encontrado entre los varones. En su gran mayoría (73%) tienen como lengua
materna el quechua y el 80% vive en zonas rurales. El 34% de las mujeres víctimas son analfabetas y jóvenes: el 48% tenía entre 10 y 30 años, y el 8% eran
niñas menores de 10 años.32 Del total de mujeres víctimas registradas se ha
podido comprobar que los crímenes que les afectaron en mayor proporción
fueron los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales (50%). En segundo lugar
estarían las detenciones (27%) y, en tercer lugar, la tortura (23%). Los casos
de violación sexual aparecen en sexto lugar (10%), después de los secuestros
(17%) y las desapariciones (16%)33. Sobre las demás formas de violencia anteriormente referidas, si bien aparecen en la narrativa de los capítulos del IFCVR
sobre la violencia sexual contra la mujer y el impacto diferenciado de la violencia, no hay datos estadísticos ya que la Base de Datos de la CVR no las registró
Al comparar los perfiles sociodemográficos por tipo de violación de los
derechos humanos, la CVR constató que, si bien en promedio las mujeres afectadas fueron mayoritariamente jóvenes, no fue así en el caso de los asesinatos
y de las ejecuciones extrajudiciales, donde se comprobó que las mujeres afectadas pertenecían a todos los grupos de edad.34 Esto significa que estos dos tipos
de delitos se cometieron de forma indiscriminada afectando, sobre todo, a las
mujeres en edades más vulnerables, es decir, a las niñas, adolescentes y ancianas.35 Por el contrario, el reclutamiento forzado se realizaba de forma selectiva: el 71% de las mujeres reclutadas eran menores de 20 años.36 La violencia,
especialmente la violencia sexual, reprodujo y exacerbó patrones de exclusión,
discriminación, racismo y dominación, situaciones previas marcadas por la
desigualdad de género, étnica y social.37
LAS MUJERES COMO AGENTES EN EL CONFLICTO Y POST-CONFLICTO
No hay que olvidar que muchas mujeres optaron también por participar directamente en la violencia, a través de su militancia en los grupos subversivos
de SL y MRTA, y que, en este contexto, también ellas fueron responsables de
muertes, torturas, amenazas y otras violaciones de derechos humanos. Se trataba, generalmente, de mujeres jóvenes, con educación superior, provenientes
de las provincias andinas, y con posiciones laborales por debajo de su calificación profesional, que participaron como simpatizantes en cuadros emergentes
o activos y hasta en la alta dirección de los grupos subversivos.38 Estos grupos,
especialmente SL, les sirvieron para canalizar el odio y la frustración derivados, no sólo de la discriminación social y racial, sino también de la originada
en función del género.39
Otro espacio en el cual las mujeres se involucraron en la violencia fueron
los Comités de Autodefensa (CAD) o las rondas campesinas contra-subversivas. El trabajo en las CAD estuvo normalmente dividido por géneros: los varones solían encargarse de realizar las rondas y llevar las armas, mientras que las
mujeres quedaban a cargo de la vigilancia, de llevar la comida o apoyar con
el cuidado de los hijos a las patrullas que salían. En algunos casos, las mujeres participaron activamente en las rondas, patrullas e incluso en el enfrentamiento, y fueron entrenadas en el manejo de armas. Ello no sólo supuso
la militarización de la vida cotidiana en las zonas afectadas, sino también el
refuerzo de los estereotipos masculinos asociados a la fuerza: las mujeres no
sólo trabajaron como hombres, sino que “se volvieron machos” para asumir la
defensa de sus comunidades.40
Como suele suceder en situaciones de conflicto, los roles de género se
modificaron y redefinieron, forzando a varones y mujeres a ubicarse en espacios no tradicionales. El hecho de que en el contexto del conflicto peruano el
hombre se convirtiera en el principal objetivo, afectó de forma especial el espacio inmediato de desarrollo de la mujer.41 Los cambios que afectaron a dicho
espacio tienen que ver, básicamente, con la desintegración familiar y la desarticulación de la economía familiar y de las organizaciones comunales.42 Estas
condiciones plantearon nuevos retos para las mujeres, quienes, por ser el elemento más estable de la comunidad, debieron enfrentar el conjunto de la problemática como condición para garantizar el sostenimiento de su espacio. Las
mujeres tuvieron que pasar por un proceso intenso de aprendizaje, desarrollar
experiencia en la generación de ingresos y en roles productivos, y asumir funciones de representación social. Esto obligó a la mujer a pasar de la esfera privada a la pública y de lo familiar a lo comunal, asumiendo papeles típicamente
masculinos y consolidando su función como actor social clave.
Así, las mujeres idearon soluciones colectivas para los asuntos domésticos, organizando clubes de madres, comedores populares, programas de vaso
de leche, talleres productivos, huertos comunales, etc.43 Las organizaciones
comunitarias de mujeres desempeñaron un papel importante de incorporación e integración social, organizando la vida cotidiana y alimentando el
tejido social, ofreciendo una alternativa a SL, y convirtiéndose, finalmente, en
un obstáculo al proyecto político dicha organización.44 Como respuesta, SL
trató de reclutarlas o acabar con ellas a través de amenazas, intimidaciones,
asesinatos de dirigentes mujeres45 y destruyendo sus instalaciones. Esto hizo,
sin embargo, que fuera tomando forma un rechazo al SL cada vez más frontal,
expresado en marchas masivas “contra el hambre y el terror”.46
Las mujeres asumieron entonces un papel protagonista tanto en la lucha
contra la violencia como a favor de los derechos humanos, razón por la cual
fueron nuevamente objeto de violaciones.47 Las mujeres encabezaron la
defensa de los derechos humanos no sólo reclamando a sus desaparecidos, gestionando la libertad de sus presos o el entierro de sus muertos, sino también
luchando por preservar la integridad física y la vida de los que con ellas quedaron.48 Fueron ellas quienes iniciaron los procesos de búsqueda y denuncia,
quienes se acercaron a las ONG derechos humanos, a distintas instancias estatales y a los medios de comunicación, enfrentándose a un mundo desconocido
y complejo, no exento de racismo y discriminación, en el que tuvieron que
soportar nuevas violaciones. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría
de los casos estamos hablando de mujeres cuyo idioma materno es el quechua,
que carecían de instrucción básica y contaban con escasos recursos. En estas
condiciones, directamente relacionadas con su condición de mujer, tuvieron
que enfrentarse a nuevos actores. Nuevamente se agruparon para ello, a través de asociaciones de desplazados o de víctimas y familiares, afrontando la
defensa de los derechos humanos como tarea colectiva y desarrollando nuevos
mecanismos y capacidades que se fueron perfeccionando con el tiempo.
DESIGUALDAD PERMANENTE
A pesar de que es posible decir que el proceso en su conjunto contribuyó a que
las mujeres fueran cada vez más conscientes de sus derechos, los cambios en el
comportamiento y la vida de las mujeres que sufrieron el conflicto no siempre
vinieron de la mano de cambios sobre la forma en la que percibían y evaluaban sus experiencias. Para las mujeres se ha tratado de un aprendizaje más funcional que estratégico: simplemente estaban reaccionando ante una situación
de emergencia. En este sentido, existe el riesgo de que la visión idealizada del
período previo al conflicto se traduzca en una tendencia a la restitución de
dinámicas anteriores y la recuperación de los roles tradicionales que, si limitan
las potencialidades de las mujeres como personas, se asocian con tiempos de
“armonía”.49
Es importante tener en cuenta que el sistema social de desigualdad, relaciones jerárquicas y discriminación ha sobrevivido al conflicto y ha influido
sobre la forma en que éste es recordado.50 Como hemos mencionado anteriormente, el conflicto mismo se desarrolló sobre la base de situaciones previas de
desigualdad étnica, social y de género, que se han visto agravadas por culpa de
la violencia.51 En la sociedad peruana, tanto ahora como antes, sigue prevaleciendo la idea de que el destino de las mujeres está ligado al matrimonio y al
cuidado de la familia. Las mujeres han tenido oportunidades muy restringidas,
y su nivel educativo ha sido siempre muy inferior al del varón. Del total de la
población femenina, que alcanzaba aproximadamente 11 millones en 1993, el
30% residía en áreas rurales, generalmente en situación de pobreza y aisladas
cultural, política y socialmente.52 A pesar de una cierta expansión de la educación a partir de la década de los setenta, y de una tendencia hacia la paridad
en la cobertura educativa, particularmente entre la población joven, el analfabetismo continúa siendo un grave problema entre la población femenina. De
hecho, es posible decir que este fenómeno se ha convertido en algo persistente
y estructural que afecta a las mujeres, tanto en el área rural, como en el área
urbana.53 Esta situación representa uno de los obstáculos más sólidos para la
participación de la mujer en las diferentes instituciones locales y regionales,
sobre todo en aquellas que establecen nexos con el resto de la sociedad.
Otro obstáculo, que afecta especialmente a la mujer indígena pobre, sería
la falta de documentos de identidad, hecho que no sólo vulnera su derecho a la
identificación y restringe su derecho al voto, sino que limita sustantivamente
su acceso a otros derechos como la salud, la educación, la participación en
programas sociales, al matrimonio, la posibilidad de inscribir a sus hijos/as,
de comprar y vender bienes, o de conseguir trabajo remunerado, etc.54 En el
plano laboral, las estadísticas muestran que, durante las últimas décadas, las
mujeres peruanas se han ido incorporado progresivamente al mercado de trabajo.55 Sin embargo, frente al varón, las condiciones de inserción de la mujer
en el mercado laboral siguen siendo arbitrarias y aquellas que trabajan sufren
discriminación salarial. Asimismo, el acceso a servicios de salud de calidad, y
en especial a servicios de salud específicos para las mujeres, está condicionado
en gran medida por su situación socio-económica y por aspectos relativos a su
posición y rol social.56
La violencia contra la mujer es un problema grave y antiguo en el Perú.
Cada año, miles de mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas y maltratadas
psicológicamente, generalmente por sus compañeros sentimentales. En 1998,
la policía nacional recibió cerca de 28,000 denuncias de violencia doméstica.57
Sólo entre enero y septiembre del año 2004, los Centros de Emergencia para la
Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, registraron 23,013 casos de
violencia, de los cuales 20,816 (90%) involucraban a mujeres.58 Las mujeres con
bajo nivel educativo son víctimas de la violencia en mayor proporción (45%), y
en los lugares de mayor pobreza y exclusión social se registra la tasa más alta de
violencia doméstica.59 Otros estudios de carácter cualitativo han mostrado que
la violencia doméstica está enraizada en las tradiciones históricas y culturales
de las comunidades peruanas, y del autoritarismo en el seno familiar, caracterizadas por el papel dominante del hombre. Todo esto tiene como consecuencia
que las relaciones entre los géneros se establezcan a partir de un patrón desigual y vulnera la visión de la mujer como sujeto de derechos.60
El Perú de los 90 se encontró en una situación paradójica de solapamiento
entre el establecimiento de un régimen autoritario de vulneración del estado
de derecho, por un lado, y el avance en la legislación en favor de las mujeres,
por otro.61 A medida que se iba fortaleciendo el régimen de Alberto Fujimori,
y el desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática en aras
de un proyecto autoritario, autocrático, clientelista y ajeno a cualquier control
constitucionalidad, las mujeres organizaron movimientos de oposición a la
dictadura, reclamando un proceso de transición hacia una democracia respetuosa hacia los derechos individuales y colectivos con equidad de género.
La inscripción ilegal y anticonstitucional de la tercera candidatura de Alberto
Fujimori en 2000, llevó a muchas mujeres a unirse para coordinar acciones
que fueron llamadas de “resistencia pacífica”, con las que buscaban expresar su
rechazo y llamar a una nueva convocatoria de elecciones.62 La lucha contra el
autoritarismo y la corrupción pasó a ser consustancial a la exigencia de verdad
y justicia. Una parte de los objetivos de este movimiento consistía en “crear
las condiciones institucionales, jurídicas, políticas y sociales para enjuiciar
y sancionar a los responsables del gasto social producido entre 1980–2000,
haciendo que asumieran responsabilidades concretas, restituyendo los derechos y la dignidad a las víctimas” y promover “la aplicación de mecanismos
para el resarcimiento de los derechos humanos y de las mujeres violadas entre
1980–2000”.63 Así, uno de los principales puntos de negociación en la agenda
de la Mesa de Diálogo entre el gobierno y la oposición, propuestos por las
organizaciones de la sociedad civil, y entre ellas las de mujeres, fue la creación
de una comisión de la verdad.64
A pesar de todo esto, los avances formales en materia de derechos de la
mujer se limitaron principalmente al ámbito urbano, afectando más bien a las
mujeres de clase media y alta, y fueron más bien resultado de una apertura a
nivel global que de cambios profundos en la sociedad peruana.65 A pesar de
la presencia del movimiento de mujeres en el proceso, la transición ha sido
entendida principalmente en su dimensión tradicional o político-formal, y no
como un proceso dirigido a democratizar las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos y ciudadanas, y de estos mismos entre ellos, capaz de contribuir a
cambiar la cultura de subordinación y discriminación hacia las mujeres.66 En
este contexto se entiende que, en tanto que víctimas del conflicto, las mujeres
hayan sido invisibilizadas. La imagen dominante del actor político y armado es
el hombre.67 El hecho de que las víctimas del conflicto provengan de un sector
poblacional tradicionalmente olvidado y discriminado (pobre, indígena, rural)
tampoco ayuda. En consecuencia, se han silenciado las violaciones que sufrieron las mujeres, sean éstas específicas a su condición de mujer o no, y se ha
silenciado también su participación como regeneradoras del tejido social.
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA ARTICULACIÓN DE LAS REPARACIONES
Resulta difícil hablar de un movimiento o debate específicos en torno al tema
de las reparaciones en el Perú y, por lo tanto, de estrategias de movilización
relevantes previas al comienzo del proceso de transición.68 Por ello, antes de
que empezará a considerase la posibilidad de crear una comisión de la verdad, apenas hay referencias al término reparación en las intervenciones de las
ONGs, ya sean de derechos humanos o feministas, y menos aún en las narrativas de las víctimas. Es pues sólo a partir de 2001 cuando se empiezan a articular y usar los conceptos de verdad, justicia y reparación de manera más clara y
consciente, primero entre las organizaciones de la sociedad civil en general, y
posteriormente entre las organizaciones de víctimas en particular.
En efecto, durante el conflicto, las organizaciones feministas peruanas centraron sus demandas en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres en general, en consonancia con la agenda del movimiento feminista
internacional, pero distanciándose, a su vez, del contexto de violencia política
que se vivía en el país.69 Tal vez sea posible explicar este hecho haciendo alusión al origen social del movimiento feminista, una combinación de mujeres
activistas de diversas ONGs e investigadoras, todas ellas de clase media y alta,
que se unieron a las militantes de los partidos de izquierda y que operaron,
sobre todo, a nivel urbano.70 A su vez, las organizaciones populares de mujeres
centraron sus esfuerzos y sus demandas al Estado en cuestiones relacionadas
con la mera supervivencia.
Por otro lado, mientras que las ONG de derechos humanos jugaron un
papel importante en el apoyo a las víctimas, los familiares y sus organizaciones, se preocuparon fundamentalmente por la problemática de los fallecidos/
desaparecidos y de los presos. Es decir, trabajaron directamente con mujeres
pero en tanto que familiares de víctimas, obviando muchas veces que ellas
mismas habían sido víctimas directas de las violaciones.71 Además, las propias
organizaciones de víctimas y familiares, cuya composición, dada la naturaleza
del conflicto, ha estado siempre mayoritariamente conformada por mujeres, se
movilizaron y organizaron, sobre todo, alrededor de las demandas de verdad
y justicia: saber que pasó con sus familiares, encontrar sus cuerpos para enterrarlos y castigar a los culpables, entre otros. Las mujeres involucradas en tales
asociaciones fueron mucho más proclives a reclamar por sus familiares que
por ellas mismas, posicionándose desde sus papeles de madre, hija, esposa o
hermana. La incorporación de las pretensiones de reparación en sus narrativas
no llega sino más tarde, y nunca substituye la exigencia de justicia de acuerdo
con los discursos predominantes en las ONG de derechos humanos.
En el caso específico de las mujeres que fueron víctimas de violaciones de
derechos humanos en general y de violencia sexual en particular, se planteó el
problema previo de su auto-identificación como víctimas. Estos crímenes, que
también se cometen contra niñas y mujeres en tiempos de paz, no son percibidos como violaciones a los derechos humanos, ya que entre las mujeres no
hay una conciencia plena de ser sujeto y objeto de derechos.72 Además, y especialmente en lo que a la violencia sexual se refiere, la regla general tras el abuso
suele ser la del silencio. Esto es así, no sólo por el sentimiento de culpa, la vergüenza o el miedo a la estigmatización y a la exclusión de la comunidad,73 sino
también porque muchas mujeres están convencidas de que cualquier reclamación sería completamente estéril, dadas las particulares circunstancias de
arbitrariedad, impunidad, corrupción e ineficacia del sistema de justicia en el
país.74 Finalmente, las propias mujeres, frente a la pérdida o desaparición de
sus seres queridos, o porque la violencia sexual se da en el marco de otras violaciones de derechos humanos, muchas veces restan importancia a las violaciones que ellas mismas han sufrido y dan prioridad al relato de otros. De esta
forma, su propio sufrimiento deviene invisible incluso para ellas mismas.
El hecho de que se den formas similares de violencia contra las mujeres
en tiempos de paz parece ser un factor importante para explicar esta falta de
identificación de las mujeres como víctimas por la sociedad en general y por
ciertas instituciones del Estado en particular. Así, por ejemplo, en las fuerzas
armadas peruanas existe una cierta reticencia a admitir que la comisión de
violaciones sexuales masivas en bases militares constituye un crimen, por no
decir simplemente, un comportamiento reprochable.75 La exacerbación de los
patrones culturales sexistas es una de las características de la guerra: el cuerpo
de la mujer se convierte en un territorio en el que se demuestra la “virilidad” y
la dominación masculina, y el acto de violación es visto como algo “normal”
por aquel que lo comete, muchas veces con la connivencia de la sociedad en
su conjunto.76 De hecho, desde un sentimiento común, predominante en la
sociedad peruana, la violencia sexual durante el conflicto, más que expresión
de violación de los derechos humanos, fue un daño colateral a la guerra,77 cuya
importancia es secundaria, no atañe al derecho a la vida y no afecta a mujeres,
las cuales son socialmente invisibles.78
Las principales causas que impulsaron entonces a las mujeres a movilizarse y a reclamar la atención del Estado tienen poco que ver con la toma de
conciencia de haber sido víctimas de determinados crímenes o violaciones de
derechos humanos. Más bien, lo que les obligó a actuar fue su total situación
de desamparo, desprotección y necesidad ante la interrupción del proyecto de
vida como consecuencia del impacto de la violencia sobre su vida cotidiana.79
De esta forma, la muerte y desaparición de un ser querido se convierten en el
abandono y desamparo de viudas y huérfanos, y las detenciones y desplazamientos en proyectos de vida truncados. Las demandas concretas se ciernen
entonces fundamentalmente sobre las necesidades básicas en materia de salud,
educación o infraestructuras. Esto está obviamente relacionado con el hecho
de que la población afectada se confunde en la mayoría de los casos con la
población excluida y pobre, para la cual la “reparación”, más que un reclamo de
compensación ante una violación específica, puede significar la primera “oportunidad” de recibir atención por parte del Estado.80 Teniendo esto en cuenta, es
fácil intuir algunos de los elementos que se encuentran más a menudo en las
reclamaciones de las mujeres a la hora de conceptualizar la reparación: se trata
de medidas para atender su salud, sea ésta física o mental, la educación de sus
hijos, trabajo para ellas y para sus hijos, e indemnizaciones.81 Otras demandas,
integradas en un concepto más amplio de reparación directamente relacionado
con la necesidad de las víctimas de avanzar en el proceso de duelo, son la localización de los cuerpos de sus seres queridos y la posibilidad de enterrarlos, el
castigo de los responsables y la explicación de las causas de la violencia.82
En todo caso, en la medida en que se fue consolidando entre las víctimas
una relativa conciencia sobre su derecho a la reparación en el período previo,
y especialmente durante el funcionamiento de la CVR, sus reivindicaciones
empezaron a canalizarse a través del trabajo de las ONG de derechos humanos.
De hecho, es posible distinguir tanto el número como la índole de las demandas en función del nivel organizativo de los grupos de mujeres y de su cercanía
a las ONGs; a mayor nivel organizativo o experiencia en el seno de organizaciones, mayor es también el número de medidas de reparación exigidas y más
propensas a incorporar las dimensiones de la reparación establecidas por el
derecho internacional, frente a las puras solicitudes de servicios básicos a los
que todos los ciudadanos, y no sólo las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, debieran tener acceso.83 No parece, por otra parte, que las mujeres
que viven en zonas urbanas sean más proclives que las mujeres del área rural a
demandar reparaciones, ni tampoco que éstas últimas tiendan a solicitar más
servicios básicos, dado que la mayor parte de las mujeres víctimas o familiares
de víctimas del área urbana viven en zonas marginales donde la carencia de
servicios básicos es casi tan aguda como en el campo.
La CVR, en la que recayó inicialmente el mandato de articular propuestas
de reparación a las víctimas, sufrió varios cambios en su estructura orgánica
a lo largo de toda su existencia. En enero de 2003, y debido a una reestructuración general de la Comisión para afrontar la última etapa de su trabajo, el
tema de las reparaciones se independizó finalmente de otras cuestiones incluidas en su mandato,84 a partir de la creación del Grupo de Propuesta Integral
de Reparaciones (GPIR). Este grupo, integrado en la CVR, estuvo formado por
un director ejecutivo, una coordinadora operativa y una investigadora, cuyas
competencias se complementarían, en función de las necesidades específicas
en cada caso, con las de consultores externos contratados. El objetivo del GPIR
consistía en diseñar recomendaciones de reparación que tomarían finalmente
la forma de un plan integral de reparaciones.
La CVR incorporó la perspectiva de género en su trabajo,85 lo que la llevó
a preguntarse, directamente, si la violencia política había afectado de manera
diferente la vida de los hombres y las mujeres y qué papeles fueron asumidos
por cada grupo. Significó, además, reconocer la existencia de la discriminación
e invisibilidad de un sector de la población — en este caso las mujeres — para, a
continuación, tratar de incorporar en su labor de investigación la experiencia
de las mujeres en el conflicto. Al hacerlo, la CVR se centró principalmente en
el análisis de las violaciones de derechos humanos, haciendo un esfuerzo para
involucrar a las mujeres en el proceso y diseñando una estrategia de comunicación dirigida específicamente hacia ellas para animarlas a comparecer ante la
comisión para presentar sus testimonios y narrar su propia experiencia.86 Esta
estrategia se vio también facilitada gracias a la utilización de grupos mixtos de
entrevistadores. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el grupo de trabajo
encargado de evaluar la experiencia de las mujeres en el conflicto no elaboró
directrices explicitas para el GPIR, de manera que éste no estaba en una posición adecuada para incorporar la perspectiva de género en su comprensión de
En el proceso de elaboración de sus propuestas de reparación, el GPIR
buscó favorecer un proceso de diálogo abierto, de intercambios y acercamientos de posiciones entre su equipo técnico, las ONG de derechos humanos y los
grupos de víctimas. Este proceso benefició también a la asesoría de expertos
nacionales e internacionales en materia de reparaciones, más no en materia de
género. En colaboración con las ONG de derechos humanos se organizaron
una serie de talleres para analizar las propuestas y prioridades de los grupos
de víctimas. Además, se establecieron reuniones periódicas para discutir los
avances de las propuestas en materia de reparaciones con las ONG de derechos humanos y se llevó a cabo una labor de sistematización, estudio, evaluación e incorporación de las propuestas de la sociedad civil. Finalmente, se
organizó una consulta nacional con la participación de un centenar de representantes de las víctimas, hombres y mujeres. Todo ello sirvió como base
para llegar a la propuesta final del Plan Integral de Reparaciones (PIR-CVR).
Un resultado concreto de este proceso participativo, fue la incorporación de
un programa de educación, expresamente solicitado por las agrupaciones de
jóvenes pertenecientes a la zona más afectada por el conflicto, que el Plan no
había originalmente contemplado. Este proceso permitió que los afectados
sintieran el Plan como suyo y que, por tanto, lo respaldaran y defendieran.
Sin embargo, en todo este proceso de consulta, el acercamiento al tema de
género por parte del GPIR se circunscribió a organizar talleres definidos con
“enfoque de género”, entendidos como talleres destinados únicamente a hombres o mujeres, por oposición a otros que contaban con la participación de
No sería hasta que la CVR concluyera su trabajo, y gracias a la visibilidad
que su informe dio a las experiencias de las mujeres durante el conflicto, que
algunas de las principales organizaciones feministas del país se pusieron a trabajar en el asunto.87 Pero también habría que esperar a este momento para que
se buscaran formas de abrir canales directos de comunicación entre el Poder
Ejecutivo y las organizaciones de víctimas.88 Sin embargo, cabe reconocer que
el desarrollo del marco normativo en materia de reparaciones tras la culminación del trabajo de la CVR (el Marco programático de la acción del Estado,
la Programación Multianual y la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones) se elaboró sin la suficiente interlocución con la sociedad civil, ni ONG de
derechos humanos, organizaciones feministas o organizaciones de víctimas
y familiares. Asimismo, ninguno de estos documentos se elaboró con una
perspectiva de género y el único avance en este ámbito estaría en el hecho de
que la ley incluye la violación dentro de los crímenes que deben ser reparados.
LA REPARACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO:
EL POTENCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN
DEFINICIÓN DE LAS VIOLACIONES QUE GENERAN REPARACIÓN
La CVR adoptó la siguiente definición de víctima a los efectos de su Plan Integral de Reparaciones: “todas aquellas personas o grupos de personas que, con
motivo o en razón del conflicto armado interno que vivió el país entre mayo de
1980 y noviembre de 2000, hayan sufrido actos u omisiones que violan normas
del Derecho Internacional de los DDHH”.89 Si bien esta neutralidad terminológica permitía manejar una definición de víctima más extensa e inclusiva, resultaba sin embargo inadecuada, ya que no permitía reflejar adecuadamente las
experiencias particulares de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas.90
El Decreto Supremo de creación de la CVR le encomendaba centrar su trabajo en asesinatos y secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves, violaciones de los derechos colectivos de las comunidades andinas
y nativas del país, y otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de
las personas, siempre y cuando fueran imputables a las organizaciones terroristas (según la terminología del Decreto), a los agentes del Estado o a los grupos paramilitares.91 Con el fin de proporcionar consistencia a la tarea de los
diversos grupos de trabajo de la CVR, la interpretación y el uso que se hizo de
esta enumeración básica de crímenes y violaciones de los derechos humanos
se sustentaba firmemente sobre el derecho internacional consuetudinario, los
tratados de derechos humanos y derecho humanitario firmados y ratificados
por el Perú (artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra y el Protocolo
adicional II), y por las normas del Derecho Penal Internacional.92 A partir de
este núcleo, la CVR tipificó una serie de conductas como crímenes de lesa
humanidad y las sistematizó en una lista que recogía siete tipos de violaciones
graves: asesinatos y masacres; desapariciones forzadas; ejecuciones arbitrarias; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; violencia sexual contra la mujer; violación procesote las garantías judiciales; secuestro y toma de
rehenes; violencia contra niños y niñas; y violación de los derechos colectivos,
entendida como el desplazamiento forzoso.93 Estos crímenes y violaciones de
los derechos humanos son definidos y estudiados de forma pormenorizada en
el Tomo VI del IFCVR.
En lo que se refiere a la tortura, la CVR entendió que ésta consistía en “causar intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, a
una persona que el agente tenga bajo su custodia o control”.94 Por tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CVR entendió “las prácticas que buscan despertar en la víctima sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, además de
humillación y degradación, ya sea que se utilicen como medio intimidatorio,
como castigo personal, para coaccionar, como pena o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación u otro fin”.95 En este marco, el texto
de la CVR incluía conductas tales como el desnudo forzoso, abusos, golpes en
los genitales y la violación sexual, tanto de hombre como de mujeres.
Además de incluir en su concepto de tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes formas de violencia sexual, la CVR dedicó una sección especial a
la violencia sexual contra la mujer. La CVR definió el término violencia sexual
como “la realización de un acto de naturaleza sexual contra una o más personas, o cuando se hace que esa(s) persona(s) realice(n) un acto de naturaleza
sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención,
la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa(s) persona(s) u otra
persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa(s)
persona(s) de dar su libre consentimiento”.96 El concepto incluye diferentes
modalidades y conductas afines tales como la prostitución forzada, la unión
forzada, la esclavitud sexual, los abortos forzados, el embarazo forzado, el desnudo forzado y la violación sexual.97 La lista de actos u omisiones que violan
normas del Derecho Internacional de los derechos humanos reconocidos en el
PIR-CVR como crímenes que deben ser reparados retoma en lo fundamental
la lista de conductas identificadas en la investigación de la CVR, aunque con
algunas variantes.98
Sería oportuno introducir aquí una nota crítica en relación con el uso que
hizo el PIR-CVR del término “tortura” y la medida en que éste se usó en sustitución de la figura más amplia de “tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, bajo la que caben otras formas de violencia que, además, fueron descritas en otros capítulos del IFCVR. Igualmente, el PIR-CVR utilizó el término
“violación” en lugar de otros conceptos como “violencia de género” o incluso
la de “violencia sexual”, los cuales permiten incluir otras formas de violencia
específicamente dirigida hacia las mujeres o con un impacto diferencial sobre
ellas, también recogidas en el informe, como el aborto forzado, las uniones
forzadas, la contracepción forzada, el trabajo doméstico forzado, la servidumbre sexual, las vejaciones sexuales, las mutilaciones sexuales, etc.
Es posible localizar distintas razones, de naturaleza tanto práctica como
ética y conceptual, para explicar por qué la lista de violaciones que debían ser
reparadas no refleja la complejidad de los crímenes y daños secundarios experimentados por las mujeres y niñas durante el conflicto. Entre ellas cabe mencionar las siguientes:
La base de datos de la CVR y el formulario de las entrevistas fueron, al
poco tiempo del establecimiento de la CVR, las primeras herramientas
técnicas diseñadas para la recogida de testimonios. En este sentido,
fueron diseñadas antes de que el Equipo Jurídico pudiera ponerse a
trabajar sobre la lista y las definiciones de los crímenes en los que se
centraría el trabajo de comisión (más allá de lo planteado por el
Decreto Supremo de creación de la CVR); antes de que se formara el
Equipo sobre Género y de que éste pudiera desarrollar una lista de las
violaciones específicas sufridas por razón de género; y antes también
de que el GPIR fuera creado y pudiera, por tanto, identificar sus necesidades de información sobre víctimas y familiares para el diseño del
plan de reparación. De esta forma, si bien es cierto que los formularios
de entrevistas para los testimonios individuales incluían un espacio
para que los entrevistados pudieran expresar sus expectativas, este
apartado sólo aparecía al final de un formulario que era ya de por sí
bastante largo y además no aparecía vinculado con ninguno de los
objetivos específicos de la Comisión (se pedía nada más plantear
“expectativas”). Pero estas expectativas quedaron, además, excluidas
de la Base de Datos de la CVR. Todo esto afecto claramente el potencial
de desarrollo y uso de la información proporcionada en los testimonios, y en particular, no permitió hacer un análisis exhaustivo de sus
contenidos. Esto también explica por qué la base de datos sólo recoge
los casos de mujeres víctimas de violación, pero no incluye, de una
manera sistemática, otras formas de violencia sufridas por las mujeres
o los efectos mismos de la violación sexual (embarazos no deseados,
transmisión de enfermedades, etc). Tampoco incluye sistemáticamente datos sobre los familiares de las víctimas, el número y edades de
viuda/os y huérfana/os, el número de víctimas que sufren discapacidad como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o
datos socioeconómicos sobre las víctimas que permitan definir el
“perfil” de los beneficiaria/os, etc. Todo esto hizo imposible incorporar más tarde otras formas de violencia con impacto de género y diseñar un plan de reparaciones más ajustado a la realidad de las violaciones y de las víctimas.99
De manera general, la comunicación interna fue deficiente en el seno
de la CVR y entre los distintos equipos de trabajo. Asimismo, estos
equipos avanzaban en sus investigaciones y propuestas de manera
paralela, sin poder utilizar los avances de unos como base previa para
el trabajo de otros. La deficiencia de comunicación interna y la escasa
circulación horizontal de los hallazgos de las áreas de trabajo de la
CVR, no permitieron, por ejemplo, al GPIR hacer un uso adecuado de
los estudios sobre los patrones de crímenes y violaciones, y en especial, del análisis de la violencia de género y sus secuelas.
La incorporación de una perspectiva de género en el trabajo de la CVR
se reflejó en la metodología de investigación, en la estrategia de comunicación y en la metodología de recogida de testimonios, más no necesariamente en pautas específicas para incorporar la perspectiva de
género en los trabajos de los equipos que se ocupaban de las recomendaciones de la CVR.100 A esto hay que añadir la coincidencia entre la
creación tardía del GPIR y la saturación de trabajo del equipo sobre
género, que se encontraba en el tramo final de entrega de los capítulos
sobre la violencia sexual y el impacto diferenciado de la violencia.101
Todo ello supuso que, aunque en el seno de la CVR y por lo que respecta al esclarecimiento de los hechos, hubiera una cantidad importante de trabajo sobre género (que, por otra parte, quedó reflejada en
dos capítulos del informe final), no hubiera, sin embargo, un esfuerzo
real por integrar la dimensión de genero de manera transversal. Esto
explica, por qué las recomendaciones sobre reparaciones del PIR tan
sólo reflejaran los trabajos sobre la violencia de género de manera
superficial al incluir la violación sexual.
Un tema de debate permanente entre los comisionados a la hora de
discutir sobre de los crímenes que debían ser reparados, fue la cuestión de cómo probar el hecho violatorio. Esto dificultó, además, la
inclusión de varias formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y de varias formas de violencia sexual y/o de los daños
secundarios como consecuencia. Es cierto que la violación sexual no
está exenta de dificultad probatoria. Sin embargo, gracias al amplio
trabajo de documentación que llevó a cabo el equipo de género de la
CVR en uno de los capítulos del Informe, contribuyó a que los Comisionados tomaran más conciencia del problema, optando por incluirlo
finalmente en la lista de crímenes que debían ser reparados.102
Las discusiones del pleno de comisionados sobre reparaciones fueron
siempre matizadas por un discurso pragmático de viabilidad política y
financiera que condujo a limitar de alguna manera el listado de crímenes, privilegiando aquellos que relacionados con el derecho a la vida y
una tipología “clásica” o más “conservadora” frente a otra que incluyera otros tipos de crímenes y daños secundarios.
La recientemente aprobada ley que establecía el Plan Integral de Reparaciones retomaba en lo fundamental la propuesta de la CVR y disponía en su
artículo 3 que “son consideradas víctimas las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos
Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial,
asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como los familiares de las personas muertas y desaparecidas”. Al igual que el PIR-CVR, la Ley que creó el Plan
Integral de Reparaciones y su reglamento se limitaron a reconocer la tortura y
la violación sexual, más no los tratos crueles, inhumanos o degradantes ni la
violencia sexual. El hecho de que únicamente recogieran la tortura y violación
sexual suponía un reconocimiento insuficiente del conjunto de las violaciones
y daños que sufrieron las mujeres y dejaba el acceso legítimo a la reparación en
estos casos a expensas de posibles acciones judiciales que pudieran emprender
las víctimas y que, en cualquier caso, tendrían que satisfacer estándares más
elevados y requisitos mucho más complicados.
Asimismo, en lo que respecta a las violaciones a las que fueron sometidos
los niños y las niñas103 — tales como el abuso o el maltrato infantil, y aunque
no fueron conceptualizadas individual e independientemente como crímenes
que debían ser reparados ni en el PIR-CVR ni en la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones o su reglamento —, pueden quedar incluidas dentro de
categorías más amplias, principalmente dentro de la figura de la tortura o de
la violación sexual. Sin embargo, con esto se corre el riesgo de que el efectivo
reconocimiento y la efectiva inclusión de estas violaciones como “reparables”
dependan de la sensibilidad de quienes implementen el PIR y de las definiciones más o menos amplias que el Consejo de Reparaciones les atribuya en el
proceso de identificación de las víctimas.
Por otro lado, basándose en el Derecho Internacional de los derechos
humanos y buscando respectar los principios de no-discriminación, equidad
e igualdad ante la ley, el PIR-CVR recomienda establecer un trato igual para
todas las víctimas, ya sean víctimas por hechos cometidos por agentes del
Estado o por grupos subversivos.104 En otro fragmento, el Informe de la CVR
reitera que “la calidad de víctima de violación de una persona no depende de
quien sea el autor o de que se haya identificado el autor del hecho violatorio;
asimismo, es independiente de toda relación que pueda existir o haber existido entre la víctima y ese autor o perpetrador”.105 Por las propias restricciones internas del PIR-CVR, estos reconocimientos tendrán, sin embargo, un
efecto limitado sobre mujeres y niñas dado que los mayores perpetradores
de los crímenes sexuales que fueron definidos como merecedores de reparaciones según el PIR-CVR (violación sexual) serían las Fuerzas Armadas
y Policiales, mientras que los crímenes mayormente cometidos por SL y el
MRTA — aborto, contracepción, matrimonio, o trabajo forzados, servidumbre
sexual, etc. — no están incluidos dentro del PIR-CVR como crímenes que deben
ser reparados.
Sin embargo, y a pesar de basarse en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el PIR-CVR introduce una asimetría entre los miembros de las
fuerzas del orden y los integrantes de los grupos subversivos. En efecto, reconoce que estos últimos — a diferencia de los primeros no pueden ser considerados víctimas y/o beneficiarios cuando resultan heridos, lesionados o muertos
en situación de combate, salvo que el prejuicio se haya realizado en violación
de sus derechos humanos.106 Esta tendencia se ha visto reforzada con la promulgación de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Ésta dispone en
su artículo 4 que “no son consideradas víctimas y por ende, no son beneficiarios de los programas a que se refiere la presente Ley, los miembros de organizaciones subversivas”, en este caso, aunque hayan sufrido una violación a sus
derechos humanos, acabando con el principio de legalidad e igualdad ante la
ley. Dado que las mujeres fueron más propensas a formar parte de SL o del
MRTA que de las fuerzas del orden esto puede tener un impacto negativo sobre
el reconocimiento de las mujeres como víctimas, más aún cuando, ya de por
sí, existe una resistencia generalizada en la sociedad peruana a reconocer cualquier tipo de derecho a miembros de estos grupos subversivos, hayan sido o
no víctimas de violaciones a los derechos humanos.
DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS REPARACIONES
La CVR definía el término beneficiario como aquella persona que recibirá
algún tipo de beneficio simbólico y/o material, individual y/o colectivo107 por
haber sido víctima de una violación de derechos humanos tal como desaparición forzosa, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzado, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura o violación sexual.
El concepto de beneficiarios adoptado por la CVR se extiende, sin embargo,
más allá de las “víctimas directas”, 108 respondiendo a la voluntad expresa
de tomar en cuenta “la naturaleza y las consecuencias distintas de cada tipo
de violación o hecho que da lugar a reparación, el contexto actual en que se
encuentran las víctimas y el alcance factible de cada medida”.109
De esta manera, se reconoce como beneficiarios a los familiares de las
personas fallecidas y desaparecidas, entendiendo por familiares al cónyuge o
pareja, a los hijos e hijas, sean estos fruto del matrimonio o extramatrimoniales, y a los padres.110 Según contempla la CVR, todos los familiares contarán
como beneficiarios para todos los beneficios, salvo en materia de compensación material caso en el que, como veremos más adelante, se establece un
orden de prioridad. Así, la propuesta de la CVR busca ir más allá del derecho
de sucesiones peruano que considera que heredan en primer lugar los hijos y el
cónyuge o la pareja y, en caso de que el fallecido no tenga hijos, los padres. Los
comisionados optaron claramente por este modelo, y no por el orden de sucesión, como una forma de reconocimiento a las madres que lucharon durante
tantos años por la verdad y la justicia.
De igual forma, la CVR “recomienda que no se excluya automáticamente
como beneficiarios a otros reclamantes, que deberán justificar su estatus como
beneficiarios demostrando que tienen un vínculo de dependencia similar a
un vínculo familiar con la persona muerta o desaparecida, de acuerdo con los
usos y costumbres o con el derecho consuetudinario reconocidos por la población a la que pertenece el reclamante”.111 Con ello, la CVR busca ir más allá de
la noción de núcleo familiar contenida en el código civil peruano, más cercana
a un concepto occidental, y reconocer la naturaleza particular que adopta la
noción de núcleo familiar en la realidad de las comunidades alto andinas y de
la selva y el impacto que pudo haber tenido la violencia sobre la configuración
de tales relaciones familiares. En efecto, al hablar de familia en las comunidades andinas se acepta la validez de diversas filiaciones más allá de la consanguinidad. Igualmente, la violencia obligó a las familias a dispersarse como medida
de protección, pasando a sostenerse sobre otros familiares o vecinos y creando
así nuevas relaciones de dependencia.112
Finalmente, reconociendo que durante el conflicto armado se habían conculcado los derechos de otras personas, y respondiendo también a razones
humanitarias, la CVR propone conceder el estatus de beneficiarios a efectos de
algunas medidas de reparaciones específicas a:
los/as hijos/as fruto de violaciones sexuales;
las personas que, siendo menores de edad, formaron parte de un
Comité de Autodefensa;
las personas indebidamente condenadas por terrorismo y traición
las personas que resultaron indocumentadas a raíz del conflicto.113
Estos beneficiarios adicionales, que la CVR no llega a considerar explícitamente víctimas, más el conjunto de las víctimas directas, conformarían el
universo de los beneficiarios reconocidos por el PIR-CVR. Por desgracia, este
esfuerzo por reflejar los efectos de las violaciones sobre un grupo más amplio
de personas queda en gran medida limitado por el supuesto de que la víctima
principal haya muerto o desaparecido. Es decir, no cubre a los familiares de
las víctimas sobrevivientes como, por ejemplo, los familiares de las personas
injustamente detenidas, a pesar de los evidentes daños que estas detenciones
les han causado. Si tenemos en cuenta, además, que la mayor parte de estos
familiares son mujeres, sería posible detectar cierto grado de discriminación
de género en el trabajo la CVR, sobre todo si recordamos que muchos crímenes que afectaron principalmente a las mujeres quedaron fuera de la lista de
crímenes que debían ser reparados de manera que era imposible que las mujeres que los habían sufrido fueran consideradas víctimas. En todo caso, y ante
la tesitura que suponía aumentar el número total de beneficiarios, el pleno
de comisionados decidió que correspondía a la víctima directa sobreviviente
decidir si compartía los beneficios de las medidas de reparaciones con sus
familiares o no.
A pesar de todo esto, hay que valorar positivamente estos añadidos y matices hechos sobre el concepto de beneficiario, sin perjuicio de que inevitablemente aumenten el grado de complejidad de la puesta en marcha del PIR-CVR
y su concordancia con la legislación interna. Y es que también deberían facilitar su capacidad de llegar un mayor número de mujeres. Por ejemplo, los matrimonios civiles o eclesiásticos no son, en el Perú, ni mucho menos la mayoría y
no es poco frecuente tampoco que hombres asesinados o desaparecidos tuvieran dos relaciones de tipo conyugal simultáneas. En el caso de los problemas
de falta de documentación, también suelen ser las mujeres el principal grupo
afectado, de manera que esta inclusión entre los beneficiarios de las personas
que resultaron indocumentadas a raíz del conflicto resulta importante para
ellas114. Asimismo, la incorporación como beneficiarios en los programas de
educación y de reparación económica a los/as hijos/as fruto de violaciones
sexuales, ha sido precisamente pensada para tratar de paliar la situación de
abandono, desprotección e incremento que, en gran número de casos, tuvieron que sufrir sus madres.115
La Ley por la que se aprueba el Plan Integral de Reparaciones sigue en líneas
generales las propuestas de la CVR aunque, siguiendo la jurisprudencia internacional en la materia, reconoce también como víctimas, y no sólo como
beneficiarios, a los familiares de las personas muertas y desaparecidas.116
Según la ley, son beneficiarios individuales: “a) Los familiares de las víctimas
desaparecidas o fallecidas, comprendiendo al cónyuge o pareja, a los hijos y a
los padres de la víctima desaparecida o muerta. b) Víctimas directas, comprendiendo a los desplazados, las personas inocentes que han sido encarceladas,
los torturados, las víctimas de violación sexual y los secuestrados. También
se consideran víctimas directas los miembros de las Fuerzas Armadas, de la
Policía Nacional del Perú e integrantes de los Comités de Autodefensa y Autoridades Civiles heridos o lesionados en acciones que violaban los Derechos
Humanos durante mayo de 1980 a noviembre de 2000. c) Víctimas indirectas,
comprendiendo a los hijos fruto de violaciones sexuales, a las personas que
siendo menores de edad integraron un Comité de Autodefensa, a las personas
indebidamente culpadas por terrorismo y traición a la patria, y a las personas
que quedaron indocumentadas”.117 La nueva ley recoge pues el mismo tempo
de consideraciones de género que la propuesta del PIR-CVR.
DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIOS
El PIR-CVR se caracteriza por su carácter integral, es decir, por combinar
medidas de reparación individuales con medidas colectivas, y medidas de
reparación simbólicas con medidas materiales. Se compone de siete programas: El Programa de Reparaciones Simbólicas, El Programa de Reparaciones
en Salud, El Programa de Reparaciones en Educación, El Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos, El programa de Reparaciones Económicas y el
Programa de Reparaciones Colectivas.118
El objetivo del Programa de Reparaciones Simbólicas es contribuir a rehacer los lazos sociales que se rompieron por la violencia, entre el Estado y las
personas, y entre las personas mismas, a través del reconocimiento público del
daño que les infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión
del Estado. Los componentes y medidas propuestos son aquellos que se recomienda al Estado asumir desde los diversos niveles de gobierno: gestos públicos
(mensaje a la Nación de respaldo al IFCVR, cartas individuales de disculpas a
las víctimas y sus familiares, ceremonias públicas de establecimiento de la verdad); actos de reconocimiento (declarar a nivel nacional un “Día de Homenaje
a todas las víctimas del conflicto armado interno”; publicar la lista completa
de quienes fueron injustamente detenidos, hacer un reconocimiento público
de las autoridades civiles y líderes sociales que fueron víctimas de la violencia);
recordatorios y lugares de memoria; y actos que conduzcan hacia la reconciliación (cambios y resignificación en símbolos asociados con la violencia).
El Programa de Reparaciones en Salud, busca contribuir a que la población
afectada por el conflicto recupere la salud mental y física, que se reconstruyan
las redes de apoyo social y que se fortalezcan las capacidades para el desarrollo personal y social. La CVR recomienda para ello: la recuperación integral
desde la intervención comunitaria (a través de la reconstrucción de las redes de
soporte comunitario y la creación de espacios comunes identificando las especificidades de la problemática de la salud mental de las mujeres y valorando su
función en el proceso de recuperación en el ámbito personal y comunitario) y
desde la intervención clínica; el acceso a la salud a través del seguro integral de
salud, programas de promoción de salud y prevención, así como acciones de
educación, difusión y sensibilización sobre las secuelas de la violencia y sobre
su incidencia en los actuales problemas sociales.
El Programa de Reparaciones en Educación busca dar facilidades y brindar
nuevas o mejores oportunidades de acceso a la educación a las personas que,
como producto del conflicto, perdieron la posibilidad de recibir una formación adecuada o de culminar sus estudios. Se recomienda la exoneración de
pagos de matrícula y pensiones; un programa de becas integrales para estudios
superiores y técnicos; programas de alfabetización y programas especiales no
escolarizados orientados a permitir la culminación de los estudios primarios y
secundarios, teniendo en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas. El Programa de restitución de Derechos Ciudadanos tiene el objetivo de restablecer
en el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos, a
la población afectada, buscando su rehabilitación jurídica. La CVR recomienda
para ello: la regularización de la situación jurídica de los desaparecidos/as y de
los indebidamente requeridos por ley; la anulación de los antecedentes penales, judiciales y policiales indebidos; y la regularización de la situación de los
El objetivo del Programa de Reparaciones Económicas consiste en contribuir a que las víctimas y sus familiares puedan planificar su vida y contar con
un futuro de dignidad y bienestar. Para ello, la CVR recomienda compensar
económicamente los daños morales y materiales sufridos como producto del
conflicto a través de pensión y/o compensación. Incluye también medidas de
reparación en formas de servicios, como el acceso preferencial a programas
estatales de vivienda y de trabajo.
Finalmente, el Programa de Reparaciones Colectivas busca contribuir a la
reconstrucción y consolidación de comunidades, asentamientos humanos y
otros centros poblados que perdieron su infraestructura social y física a raíz
del conflicto. La CVR recomienda para ello: la consolidación institucional; la
recuperación y reconstrucción de la infraestructura productiva; la recuperación y ampliación de servicios básicos y la generación de ingresos.
Aunque la CVR consideró que este Plan constituía la manera idónea y respetuosa de responder a la complejidad de los daños ocasionados a raíz del conflicto (daños que afectaron a las víctimas en el ámbito moral y material, y tanto
a escala individual como colectiva),119 terminó haciendo énfasis en la dimensión de la reparación individual.
Sea como víctimas directas, como familiar beneficiario, o como miembro
de un colectivo humano beneficiario, las mujeres deberían tener acceso a todo
el abanico de las medidas propuestas por el PIR-CVR. Por otro lado, no hay
ninguna medida de reparación exclusivamente diseñada en favor de la mujer,
incluyendo la reparación por violación sexual. Los programas simplemente
no precisan el género del sujeto beneficiario y ninguna medida está planteada
solamente a favor de uno o del otro, salvo en excepciones muy puntuales.
Estas excepciones incluyen el componente de gestos públicos del Programa de
Reparaciones Simbólicas con respecto a los cuales la CVR prevé que las violaciones de los derechos humanos sufridas por las mujeres se plantean como
un componente transversal. En ese sentido “todos (los gestos públicos) deberían dedicar un momento significativo a la explicación de los hechos y abusos ocurridos en sus casas o comunidades, en los cuarteles o en los penales,
que atentaron directamente contra la sexualidad, el honor y la dignidad de las
mujeres”.120 Encontramos otra excepción con los actos de reconocimiento de
este mismo Programa con respecto a los cuales la CVR precisa la importancia
de incorporar en las listas a las mujeres que asumieron papeles de dirigencia
durante el conflicto.121 En relación con la violación sexual y con el concepto
de viudez, a efectos de la definición de beneficiarios, se generaron discusiones
en el Pleno de Comisionados y algunas voces plantearon la necesidad de circunscribirlos a la mujer. Al final se logró, sin embargo, mantener la posibilidad
de que también los hombres pudieran ser considerados víctimas de violación
sexual y beneficiarios de reparaciones en calidad de viudos.
Salvo en el Programa de Reparaciones en Salud,122 el PIR-CVR no considera
explícitamente ni el efecto de estigmatización de los crímenes — sea para los
varones o las mujeres — ni el potencial efecto de estigmatización del hecho de
recibir una ayuda individual en contextos donde priman el sentido de comunidad.123 Sin embargo, en un intento por proteger a las mujeres, que suelen
tener una posición vulnerable dentro de estos colectivos, la CVR precisa, en
el Programa de Reparaciones Colectivas, que se les debe dar “un tratamiento
preferencial dentro de las medidas que se pongan en marcha”.124 Sin embargo,
no traslada este planteamiento al mecanismo participativo que propone para
animar la definición del contenido de cada uno de los componentes de este
programa. Es más, el primer componente recomendado en el Programa de
Reparaciones Colectivas, la consolidación institucional, entendida como la
devolución y restitución del respeto, autoridad y liderazgo a las organizaciones tradicionales,125 se puede traducir no sólo en una invisibilidad de las mujeres en este programa, sino en una pérdida del papel de liderazgo cumplido por
ellas y sus organizaciones durante el conflicto.126
En lo que concierne a las reparaciones económicas, la CVR recomendó una
combinación entre la entrega de una indemnización familiar y de una pensión
para los familiares de las personas muertas y desaparecidas; una pensión vitalicia para los/as discapacitados/as físicos y mentales permanentes, parcial o
total, cuya discapacidad es producto de violaciones sexuales, torturas, heridas
o lesiones tipificadas por la CVR y ocurridas durante el periodo del conflicto;
una indemnización para las personas injustamente detenidas; una indemnización para las personas que sufrieron violación sexual, sean hombres o mujeres; y una pensión hasta los 18 años para los/as hijos/as producto de una violación sexual.127
Si bien las cantidades recomendadas se entregaron de manera confidencial al Presidente de la República, y los criterios de valoración y graduación no
están explícitos en el IFCVR, las discusiones en el Pleno de Comisionados giraron en torno a dos elementos. Por un lado, se destacó la importancia de guardar relación con los precedentes internos en materia de indemnizaciones, ya
que estos debían servir para marcar el límite superior de los pagos. Por otro, se
destacó la necesidad de tener en cuenta las posibles implicaciones de otorgar
una suma importante de dinero de manera individual en el contexto de poblaciones que sufren de pobreza extrema.128 Por lo demás, se estableció una escala
de valor entre las violaciones, donde la muerte y la desaparición resultaron ser
las violaciones más graves por afectar el derecho a la vida; seguidas por la discapacidad, en tanto que implica la pérdida de la capacidad para generar ingresos, y la detención en tanto que implica una ruptura de un proyecto de vida. La
violación sexual, y dado que no afectaría directamente ninguno de los criterios
antes mencionados, quedaba relegada al último grado. Este planteamiento no
toma en cuenta las consecuencias que puede tener una violación sexual sobre
el estatus social de la víctima, el repudio por parte de los maridos, la imposibilidad de casarse y la estigmatización en el seno de la comunidad, entre otras;
asuntos que, obviamente, redundan en la imposibilidad de acceder a recursos
para su subsistencia en sociedades basadas en las relaciones de ayuda mutua,
reciprocidad y el trabajo de la pareja.129 El haber desestimado el efecto de la
violencia sexual en la capacidad de acceder a ingresos estables para las mujeres, y el haber recomendado una indemnización, más no una pensión, pone
de manifiesto una discriminación de género. Mucho más, por supuesto, si se
derivaron efectos como embarazos no deseado, enfermedades de transmisión
sexual o pérdida de capacidad reproductiva, las cuales no se están tomando
en cuenta como elementos agravantes. Si bien los/as hijos/as fruto de una violación son considerados de por sí beneficiarios hasta los 18 años, un/a hijo/a
nacido de una violación antes de 1987 ya no tiene derecho a recibir la pensión
mencionada, pues superaría los 18 años. Se genera entonces una discriminación arbitraria y no se contribuye al reconocimiento del daño causado a la
mujer y al hijo.130
El programa de pensiones para familiares de muertos y desaparecidos tiene
como objetivo compensar las dificultades económicas generadas como consecuencia de la ausencia del familiar e intervenir en los momentos de mayor
necesidad del ciclo vital: cuando los hijos aún están en edad de estudiar y
cuando las personas ya no están en edad de auto-generar sus recursos.131 Sin
embargo, es importante señalar que, hoy en día, muy pocos huérfanos son ya
menores de edad y que, dado que en las comunidades las uniones se realizan
muy temprano, el mayor porcentaje de mujeres no podrá beneficiarse de una
pensión (para las cuales hay un umbral de 50 años), incluso estando muchas
de ellas dentro de una franja de edad en la que podrían perfectamente recomenzar su vida de manera productiva. Asimismo, el esquema descansa sobre
la base de que la mujer menor de 50 años es capaz de generar recursos equivalentes a los que hubieran generado los hombres fallecidos o desaparecidos,
lo cual parece improbable en muchos casos, sobre todo si tenemos en cuenta
que las cargas familiares siguen recayendo sobre las mujeres, las cuales no tienen a nadie con quien poder compartir los roles productivos. Así pues, todo
el potencial transformador de las reparaciones económicas para los familiares
de muertos o desaparecidos, depende fundamentalmente de las medidas de
El esquema de las medidas de compensación prevé que el cónyuge o
la pareja, los hijos y los padres reciban una parte alícuota (2/5, 2/5 y 1/5 respectivamente).132 Dado que los hijos deberán repartirse en partes iguales las
dos quintas partes del montante total de la compensación y que los padres
deberán hacer lo mismo con la quinta parte, el reparto permite al cónyuge
o pareja — generalmente una mujer — recibir la mayor parte de dicho pago y
subsanar, de esta forma, la situación de dificultad económica generada por
la ausencia del familiar muerto o desaparecido. Sin embargo, el énfasis sigue
descansando sobre una noción occidental de la familia, que no toma necesariamente en cuenta el gran número de hijos que las familias alto andinas o de
la selva pueden tener, especialmente si tenemos en cuenta que cada uno de
los miembros de una familia numerosa debería ser tratado como un hijo. En
efecto, considerar la compensación familiar a través de una cantidad fija, independientemente del número de personas dependientes, conduce obviamente
a reducir la parte alícuota correspondiente a cada uno, especialmente a los
hijos y otros miembros de las familias extensas. La alternativa de considerar
un montante flexible, que ciertamente aumentaría la complejidad en el proceso de implementación y en los costes de la reparación, hubiera resultado, sin
embargo, más equitativa.
Por otro lado, se ha considerado que la víctima sobreviviente es, en todo
caso, el beneficiario único, aunque no esté en condición para hacer uso de la
compensación. La repartición de los beneficios en el seno de la familia debe
pues dejarse a discreción de la misma. Aunque en algún momento se consideró que esto podía ocasionar conflictos intra-familiares en relación con el uso
y la eventual repartición del dinero, finalmente, se pensó que debía prevalecer un sentido de autonomía frente a una actitud paternalista, que implicara
una intervención excesiva sobre el uso de la compensación. No está claro. Sin
embargo, que esta decisión haya tenido en cuenta los intereses de la mujer, que
es la que, a fin de cuentas, suele quedarse a cargo del cuidado de las víctimas
sobrevivientes que ya no son auto-suficientes.
A pesar de los problemas señalados, las medidas de otros programas del
PIR-CVR, podrían tener un impacto transformador en la vida de las mujeres,
tanto a nivel práctico como a la hora de incrementar su nivel de autoestima.
Este sería, por ejemplo, el caso del Programa de Restitución de Derechos Civiles
y, en particular, la restitución del derecho a la identidad con la expedición de
los documentos oportunos, así como la formulación de declaraciones oficiales
de ausencia por desaparición, que permitirían a las mujeres formalizar nuevas relaciones, heredar, tener los títulos de las propiedades, etc. Además, si se
logra que algunas de las medidas propuestas lleguen efectivamente a las mujeres — como, por ejemplo, la alfabetización, el acceso a mayores niveles de escolaridad (Programa de Reparaciones en Educación), la capacitación en aspectos productivos que les permita potenciar sus habilidades, oportunidades de
empleo o de inicio de negocios (Programa de Reparaciones Colectivas), acceso
a la vivienda y al trabajo (Programa de Reparaciones Económicas), atención a la
salud física y mental (Programa de reparaciones en salud) — tomando en cuenta
no sólo su género, sino también su dimensión étnica, se lograría un acortamiento real de las brechas de género existentes, permitiendo a las mujeres
avanzar en su posición frente a su comunidad, a la familia y ante sí mismas.133
La CVR no se ha planteado de una forma explícita si es oportuno comprender el objetivo de las reparaciones en términos de restituir a las victimas
al estado anterior al conflicto, lo que para muchas víctimas, en general, y para
las mujeres, en particular, implicaría, de hecho, volver a una situación desfavorable. La cuestión ha sido, sin embargo, abordada por las ONG de derechos
humanos, que han centrado sus críticas especialmente sobre la terminología
empleada por el Programa de Restitución de Derechos Civiles subrayando que,
dado que las víctimas no tenían derechos civiles antes del conflicto, en realidad,
no hay nada que “restituir”. En términos generales, sin embargo, a menudo se
ha señalado que el objetivo del PIR no sería el de promover “la vuelta a la situación anterior”, sino contribuir a mejorar la calidad de vida de las víctimas y
sus familiares,134 reconociendo así, y aun de manera implícita, que la situación
pre-conflicto distaba mucho de ser satisfactoria. Por otra parte, y aunque el PIR
distingue claramente entre los objetivos de los programas de reparaciones y
los de los programas de desarrollo o lucha contra la pobreza, busca que las
medidas de reparación tengan un impacto transformador sobre los beneficiarios, sin considerar adecuadamente los retos específicos que deben enfrentar
Las normas que fueron aprobadas una vez concluido el mandato de la
CVR introdujeron algunos cambios en esquema diseñado por el PIR-CVR. Sin
embargo, sólo el Programa Multianual desarrolla el contenido de su programa
de reparaciones. Tanto el marco programático como la ley que establece el PIR
plantean únicamente los ejes de la política del Estado en materia de reparaciones; incluidos la restitución de derechos civiles, las reparaciones en educación,
salud, colectivas, simbólicas y la promoción y facilitación del acceso a una
solución de vivienda. Por su parte, el Programa Multianual incluye la restitución de los derechos civiles, las reparaciones en educación, salud, colectivas y
simbólicas. Finalmente, la Ley por la que se crea el Plan Integral de Reparaciones recoge también los programas planteados por el Marco programático, y
los desarrolla en su reglamento.135
Si bien estos documentos reconocen la concepción integral de las reparaciones que había sido articulada por la CVR, solamente el reglamento de la Ley
que crea el PIR contempla las reparaciones económicas en el último párrafo del
artículo 2, en el cual deja abierta la posibilidad de ampliar el contenido del Plan
Integral de Reparaciones con cualquier otro programa que apruebe la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (en adelante, CMAN). Sin embargo, la voluntad política para implementar reparaciones económicas es escasa y, de hecho,
hay una tendencia a rechazar los pagos individuales, que se expresa a menudo
recurriendo al argumento del alto costo que tendrían para el país. Paralizar el
programa de reparaciones económicas, sin embargo, implicaría postergar una
obligación del Estado y generar una inequidad entre las víctimas. Acatando
leyes especiales o sentencias internacionales, el Estado peruano ha otorgado
ya, y sigue otorgando, indemnizaciones a ciertas víctimas. Sin embargo, usar
la vía judicial para obtener las indemnizaciones a las que las víctimas tienen
derecho legítimamente, supone reforzar aún más la inequidad entre ellas. Y es
que el sistema judicial judicial no está preparado, ni concebido, para responder
a violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, ni tampoco exento de prácticas discriminatorias y racistas.136 En estas condiciones,
las mujeres — especialmente las mujeres campesinas quechua-hablantes, es
decir, el sector más vulnerable de la población — acabarían, probablemente,
siendo excluidas del acceso a las indemnizaciones.
Por lo demás, El Programa Multianual — instrumento que fue parcialmente
implementado entre 2005 y 2006137 — retoma en su mayoría el contenido de
los programas de reparaciones que contempla la propuesta de la CVR. No lo
hace, sin embargo, utilizando la misma base conceptual, como veremos más
adelante, ni siquiera en lo que se refiere a las ya de por sí limitadas menciones
especiales al a cuestión de género que contenían las medidas del PIR-CVR.138
El Programa Multianual tampoco pone énfasis en un enfoque transversal de
género; desviándose claramente de la propuesta del PIR-CVR, en la medida en
que el IFCVR considera que “la recuperación integral de población afectada
está vinculada a otras dimensiones de su desarrollo como la familia, el trabajo,
la identidad, la cultura, la participación social y comunitaria, y el ejercicio de
sus derechos”139 y recomienda implementar el PIR a partir de cinco ejes transversales140 — uno de los cuales es el enfoque de equidad de género — que tomen
en cuenta estas dimensiones.141 El hecho de que el órgano de seguimiento a la
CVR, que estuvo a cargo de la elaboración de la Programación Multianual, no
haya retomado esta recomendación, permite cuestionar la forma en que se ha
intentado incluir el enfoque de género en el PIR-CVR, que parece quedar reducido a una mera expresión retórica.
De forma más general, en el documento del Programa Multianual, y a pesar
de que se hace referencia repetidamente al IFCVR, el énfasis recae fundamentalmente sobre la importancia de abordar las secuelas del conflicto armado,142
y no sobre la importancia reparar a las víctimas por las violaciones individuales de sus derechos humanos, tal y como planteaba inicialmente la CVR.
Es decir, ya no se busca responder a crímenes específicos, sino a problemas
derivados de la violencia, tales como la pérdida y/o debilitamiento del ejercicio de los derechos civiles, la pérdida de capacidades y oportunidades para el
desarrollo personal, y la pérdida del capital social, material y productivo.143 En
este ámbito se ha definido como objetivo del Programa al conjunto total de
la población de las comunidades rurales, en distintos grados afectadas: bajo,
medio, alto y muy alto. Estamos hablando aproximadamente a un total de 246
mil personas,144 es decir, que la totalidad de la población de las 562 comunidades priorizadas será atendida, más allá de haber sufrido o no una violación a
Si este planteamiento no genera dudas cuando hablamos de reparaciones
colectivas, pues está claro que cuando se han afectado las infraestructuras
social y física el beneficiario debe ser la colectividad, en lo que se refiere a las
reparaciones individuales, el enfoque deja de ser claro y cabe preguntarse, por
ejemplo, cuál sería el sentido de una carta individual de reconocimiento y perdón recibida por una persona que, si bien vive en una de las comunidades priorizadas, no ha sufrido una violación a sus derechos humanos. La necesidad de
adoptar una metodología específica y diferenciada en la implementación, que
asegure que, tanto las entidades ejecutoras como la población receptora, perciban las medidas como acciones de reparación, se hace aún más patente cuando
los beneficios (tales como una beca educativa o el acceso al seguro integral de
salud como plantea el Programa), no están directamente conectados con la
violación a los derechos humanos. De otra forma, se corre el riesgo de que las
medidas de reparación a las víctimas se confundan con programas de desarrollo o de lucha contra la pobreza, lo cual redundaría en la falta de especificidad de las medidas de reparaciones y la invisibilidad de los grupos de víctimas
más vulnerables, entre los cuales destacan las mujeres. Las ONG de derechos
humanos se han pronunciado en múltiples ocasiones en contra de este enfoque y sus posibles secuelas, arguyendo que al perder la relación directa entre
la violación y la medida de reparación, se diluye y desvirtúa el plan de reparaciones, la esencia reparadora del gesto y su objetivo principal. La Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Afectados (CONAVIP), se pregunta cómo se
identificará a los beneficiarios de las medidas de reparaciones individuales que
plantea el Programa y expresa su preocupación frente a la generación de falsas
expectativas y ante la posibilidad de que las medidas se queden únicamente en
el papel.145
Con el cambio de gobierno, en julio de 2006, se interrumpe la implementación del Programa Multianual — todavía lejos de haber sido completamente
desarrollado — y se anuncia la puesta en marcha de un Programa de Reparaciones Colectivas, en el marco de la Ley que crea el PIR.146 Para ello, se cuenta
en 2007 con un presupuesto de S/.45 millones de soles destinados a promover medidas de reparación en 440 comunidades — previamente identificadas
como las más afectadas por el conflicto147 — mediante proyectos de inversión
de hasta un monto de 100 mil soles por cada comunidad. Los proyectos deben
ser primero identificados por la propia comunidad conforme a sus prioridades
y de manera participativa. Si bien hay que saludar la decisión de privilegiar una
metodología participativa, hay que deplorar, a su vez, que no se ponga énfasis
en dar un tratamiento preferencial a las mujeres en este proceso participativo,
dado que suelen ser el eslabón más vulnerable en el seno de cualquier comunidad y su voz corre un riesgo evidente de ser silenciada por la de los hombres.
EL DESAFÍO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS
DE REPARACIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO:
SUPERAR LAS LIMITACIONES FORMALES E INFORMALES
El 6 de febrero de 2004 el Presidente de la República anunciaba, en el discurso
que pronunció sobre el informe final de la CVR, la creación de la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel que debía desempeñar las labores de seguimiento
de las acciones y políticas implementadas por Estado como consecuencia del
trabajo de la CVR en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional.148 Su composición inicial, que reflejaba un desequilibrio
entre la representación del Estado y de la sociedad civil, fue modificada,149
quedando finalmente conformada por diez funcionarios del Estado y cuatro
representantes de la sociedad civil, la mayoría varones.150 El segundo Secretario Ejecutivo de dicha Comisión, un hombre, fue designado en septiembre de
2006, y su equipo de trabajado, desde el cual se desarrollan la mayoría de las
propuestas concretas, cuenta con varias mujeres.
Dentro del marco de su principal cometido, la CMAN tiene asignadas las
siguientes funciones: 1) diseñar la política nacional de paz, reconciliación y
reparación colectiva para su aprobación por el Consejo de Ministros; 2) coordinar el cumplimiento de las políticas públicas específicas para el cumplimiento de los objetivos de la paz, la reconciliación y la reparación colectiva; 3)
supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados; 4) promover la cooperación y colaboración de la sociedad civil en el logro de los objetivos de la paz,
la reconciliación y la reparación colectiva; 5) establecer y mantener vinculaciones con organismos internacionales de derechos humanos, con la finalidad de
procurar la cooperación técnica internacional. Aunque su mandato, objetivos
y funciones no se enmarcan claramente dentro de las recomendaciones de la
CVR, sin embargo, se auto-define y es generalmente definida como “la comisión de seguimiento a las recomendaciones de la CVR”. Así la CMAN decidió asumir el PIR recomendado por la CVR como su marco de referencia en
materia de reparaciones, yendo más allá de la denominación inicial de la Comisión — limitativa por referirse únicamente a las “reparaciones colectivas”. Este
reconocimiento queda en cierta medida reflejado en los textos promovidos
por la CMAN, a saber, el Marco Programático y el Programa Multianual, los
cuales adoptan el concepto de reparación integral promovido por la CVR. En
términos prácticos, esto se traduce en el uso de una combinación de medidas
de reparación simbólicas y materiales — no necesariamente económicas con
medidas de naturaleza individual y colectiva. Asimismo, la Ley que crea el Plan
Integral de Reparaciones reafirma las competencias de la CMAN en materia de
elaboración de los programas del Plan, y de coordinación y supervisión de la
ejecución del mismo151 y, al referirse expresamente a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la CVR,152 contribuye a que la CMAN mantenga
esta interpretación del concepto de reparación.
Resulta difícil señalar cuáles serían las limitaciones formales o informales
que las mujeres podrían encontrar para acceder de manera efectiva a las reparaciones, dado que aún estamos en una etapa muy inicial de implementación
del PIR, que no se enfoca en beneficiarios individuales sino sobre comunidades
enteras, y que ni la CMAN ni la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones
han desarrollado propuestas concretas para la puesta en marcha de sus programas.153 Sin embargo, se conocen algunas de las realidades que nos permiten intuir posibles limitaciones, entre ellas, por ejemplo, un mayor índice de
analfabetismo entre las mujeres, mayores dificultades en el acceso directo a la
información y, en el caso específico de la violencia sexual, el miedo al ostracismo y la estigmatización, la vergüenza y el sentimiento de culpa. Otros
elementos, como la desconfianza en las instituciones estatales que no las
protegieron, o la falta de conocimiento y entendimiento de la estructura institucional del Estado, pueden, en cambio, afectar por igual a varones y mujeres.
Todos estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar los protocolos adecuados de implementación de los programas, que, además, deben
ser claros para que los propios beneficiarios no tengan problemas a la hora de
Igualmente, hay que pensar, por analogía, en las limitaciones con las que
se han topado las mujeres a la hora de intentar acceder a los tribunales para
denunciar violaciones a los derechos humanos, en general, y por violación
sexual, en particular, así como en actitud general de los funcionarios del sistema de administración de justicia, para evidenciar otras tendencias que
podrían dificultar también el acceso a la reparación en los casos de violencia
sexual. El Defensor del Pueblo señala que en los pocos casos en los que las
víctimas de violencia sexual se han atrevido a presentar una denuncia, se han
encontrado con una actuación deficiente del Ministerio Público, por tres razones principales: burocratización en el trámite de la denuncia; insuficiencia en
la realización de la investigación fiscal y de las diligencias previas; y omisión de
denuncia penal a pesar de que existía evidencia suficientes para efectuar una
imputación de cargo.154 Todo ello pone de manifiesto lo fácil que resulta normalizar la violencia sexual, no solamente en un contexto de guerra, sino también en tiempos de paz. Como ilustración concreta, cabe citar el ejemplo de
fiscales que archivaron denuncias porque reapareció la persona desaparecida,
“olvidando” que esta persona había sido también violada.155 En definitiva, el
mayor reto para la reparación en el caso de violaciones sexuales será la superación de formas tradicionales de concebir este tipo de violencia por parte de
los funcionarios públicos — especialmente de los integrantes del Consejo de
Reparaciones — y de la sociedad en general pues, en último término, tanto las
respuestas judiciales como el otorgamiento de las reparaciones individuales
que recomienda el PIR, pasan por el reconocimiento de la violación y la calificación de la persona violada como víctima por parte del Estado.
Aunque el proceso de calificación para otorgar reparaciones en el marco
del PIR, a cargo del Consejo de Reparaciones (CR), debería ser, en principio,
menos riguroso que el que precede a un procesamiento judicial, hay que superar la idea de que además de la palabra de la víctima, se requiere de un examen
médico legal que demuestre que haya habido violencia o violación sexual. Si el
examen no se ha realizado en el momento de los hechos, cinco, diez, quince
años después de los actos de violencia es muy poco probable que se puedan
encontrar lesiones físicas.156 El reto consiste en aceptar y hacer aceptar a los
integrantes del CR que las huellas de una violación no se limitan a la evidencia
física, ésta experiencia tiene consecuencias en la salud mental de la víctima;
el “síndrome traumático de violación” deja secuelas severas que pueden ser
detectadas mediante un examen psicológico adecuado. Igualmente, el Consejo
de Reparaciones podría recurrir a la reconstrucción de patrones de conducta
en la comisión de determinadas violaciones, que contribuiría a diseñar un sistema adecuado de presunciones.
El reto está también en crear las condiciones para que las mujeres hablen
de lo que han sufrido. La violación sexual representa aproximadamente el
1.53% de la totalidad de las violaciones a los derechos humanos registradas por
la CVR, es decir, existe una clara sub-representación de este tipo de crímenes.
Algunas explicaciones posibles para esto apuntan hacia el peso de la sociedad,
la vergüenza, el sentimiento de culpa y el miedo a las represalias; factores,
todos ellos, que acompañan a la víctima de la violencia sexual dificultando la
narración de los hechos y, consiguientemente también con toda probabilidad
el acceso a las reparaciones si el Consejo de Reparaciones no garantiza el nivel
confidencialidad necesario en el momento de atribuir el estatus de víctima de
una violación sexual.157 Existen testimonios en los cuales las mujeres no dejan
claro si se las intentó violar o si la violación llegó a concretarse. Muchas veces,
hacen referencia a un intento o amenaza de violación o utilizan términos confusos en el momento de describir los actos de violencia sexual. En particular,
es común la referencia a su “dignidad” o que centren el relato de violaciones
sufridas por otras mujeres, en lugar de por ellas mismas. Aprender a escuchar a las mujeres es fundamental. Requiere un arduo proceso de formación
y sensibilización de los funcionarios encargados y la creación de mecanismos
especiales diseñados con la participación de las propias mujeres que puedan
responder a sus demandas adecuadamente. Pero requiere igualmente un trabajo en paralelo con las comunidades de origen, empezando por sus dirigentes, para evitar que después de haber presentado testimonio, la persona en
cuestión sea estigmatizada y que la presión social dentro de su entorno la lleve
a retractarse.158
Todos estos elementos deberían tomarse en cuenta en el momento de diseñar el proceso de reconocimiento del estatus de víctima. Los procedimientos
por los que hay que pasar, así como la evidencia que hay que aportar ante el
Consejo de Reparaciones quedan por definir, dado que no fueron descritos en
el IFCVR, ni tampoco en el reglamento de la Ley que crea el PIR. A este respecto, lo único que recomienda la CVR es que tanto el estatus de víctima individual que se reconoce en su Informe, como la que podría reconocer el ente
post-CVR (basándose en los mismos criterios que los seguidos por la CVR) permitan acceder al proceso de calificación y de obtención de, al menos, alguna
medida del PIR. Asimismo, la CVR dispuso que si bien el haber prestado testimonio facilitaba el proceso, el testimonio no debe concebirse como condición
previa e indispensable para la calificación de beneficiario.159 De hecho, el reglamento de la Ley que crea el PIR dispone que “(. . .) en los casos de los registros
creados mediante la Ley Nº 28223 y la Ley Nº 28413, así como los testimonios
registrados por la CVR, la información será incluida de manera automática
al RUV (. . .)”.160
GÉNERO, REPARACIONES Y JUSTICIA TRANSICIONAL: COMENTARIOS FINALES
GÉNERO, REPARACIONES Y VERDAD
Si se piensa en las conexiones entre el proceso de esclarecimiento de la verdad
y el de reparación, habría que empezar destacando que el mandato de la CVR161
no incluía específicamente el esclarecimiento de las violaciones relacionadas
con la diferencia de género, ni planteaba un enfoque transversal de género en
su trabajo. Fue gracias a la voluntad de los Comisionados que se pudo incluir
esta preocupación, y en la medida en que el texto del mandato dejaba abierta
una ventana al hacer referencia a “otros crímenes y graves violaciones contra
los derechos de las personas”, y hubo cierta disposición a hacer una interpretación extensiva del concepto de “tortura y otras lesiones graves”.162 Un equipo
de consultores, constituido principalmente por mujeres provenientes del sector académico y/o de organizaciones feministas, fue responsable de explorar
Aunque el vacío en el mandato de la CVR pudo superarse de esta manera,
sin puesta en práctica no estuvo exenta de dificultades,163 que acabaron por
frustrar los objetivos finales. El enfoque de género quedó circunscrito, de forma
concreta, a dos capítulos descriptivos sobre las violaciones sufridas por las
mujeres que, en términos prácticos, no tuvieron incidencia sobre las recomendaciones, y entre ellas, como hemos visto, las recomendaciones en materia de
reparación. Sin embargo, la inclusión en el informe final del tema de la violencia de género resulto muy útil a la hora de resaltar la importancia del asunto y
captar la atención tanto del Estado como de la sociedad civil.164 En este sentido,
hay consenso en que el informe representa un hito en la materia y un punto
Hay que valorar, además, la participación directa de las víctimas en los procesos de esclarecimiento de verdad a través de los testimonios individuales. De
un total de 16,885 testimonios recogidos por la CVR, el 54% fueron brindados
por mujeres. La CVR concluye que “las mujeres estuvieron más dispuestas a
hablar sobre lo sucedido, sintieron más necesidad de contar, de decir, de llorar,
de expresar su dolor, de quejarse”,165 pero también de explicar sus carencias
y necesidades. Los mecanismos adoptados por la CVR para permitir que las
víctimas, los familiares o los testigos de violaciones de los derechos humanos
pudieran contar su verdad sobre los hechos no se limitaron a entrevistas individuales, sino que la CVR organizó también audiencias públicas. Éstas no sólo
recogieron testimonios individuales, sino que también estuvieron dedicadas a
diversos actores institucionales y temas. Precisamente, una de estas audiencias
temáticas versó sobre “violencia política y crímenes contra la mujer”.
Un estudio posterior a trató de analizar el impacto inmediato y el significado que estas audiencias habían tenido sobre las vidas de quienes rindieron
testimonio. Aunque el estudio no está elaborado desde un enfoque de género,
pone en evidencia que, tanto para los hombres como para las mujeres, “la
participación en una audiencia y el sentirse escuchados fue un primer paso
hacia la reconstrucción de una auto-imagen sumamente devaluada tras años
de desatención”.166 Es posible decir pues que el acto de prestar testimonio
forma parte de un proceso de restablecimiento de la dignidad de las personas, de rehabilitación y reivindicación, que es reparador en sí mismo.167 Por
otro lado, la participación en las audiencias fue percibida como un medio para
que las autoridades tomaran conciencia del reclamo en materia de justicia y
reparación y, consecuentemente, fue vista como un primer paso hacia la materialización de las reparaciones. Sin embargo, y aunque la participación en las
audiencias fue un momento clave en el proceso de reconocimiento, los sentimientos de alivio o de paz experimentados después de participar en éstas, pueden debilitarse a largo plazo si las expectativas allí expresadas no se satisfacen.
El estudio considera que es un riesgo a tomar en cuenta que, si no se respetan
las recomendaciones de justicia, reparación y reformas, muchas víctimas volverán a experimentar, con toda seguridad, sentimientos de marginalización,
frustración y abandono. El rechazo que muestran algunos grupos de desplazados, insertados en zonas urbano-marginales, respecto a las medidas de reparaciones simbólicas, parece reflejar algún nivel de frustración debido a la lentitud
de la respuesta del Estado en la materia.
De acuerdo con el estudio antes mencionado “lo que resulta central para
las víctimas no es necesariamente el carácter público o privado del testimonio,
sino el acto mismo de hablar y ser escuchado, así como el tipo de relación con
que se establece un oyente atento”.168 La CVR entendía la etapa de la recopilación de la información como la más importante y delicada. En su visión, los
objetivos de la misma no se limitaban a la mera acumulación de información
o al proceso de rellenar fichas. Se trataba, además, de brindar a los declarantes
un ambiente de confianza para que pudieran contar sus historias y reivindicar
la dignidad de las víctimas, sus familiares y sus comunidades, gracias a la actitud de escucha respetuosa y atenta. Aunque de manera general es cierto que la
mayoría de los equipos de trabajo de la CVR cumplieron su cometido en este
sentido, también debemos reflexionar sobre la necesidad del acompañamiento
pre y post testimonio para canalizar los sentimientos y emociones que pueden
generar el revivir el trauma. El diseño de un ambiente adecuado al testimonio
y a las necesidades emocionales de las víctimas es fundamental para que éste
cumpla un papel reparador.
GÉNERO, REPARACIONES Y JUSTICIA PENAL
En Perú, nunca se ha planteado la relación entre el proceso penal y el acceso
de los programas de reparaciones como una alternativa. Ante la persistencia
de la apertura de demandas judiciales por parte de los familiares de muertos
y desaparecidos, y el nivel de pobreza y exclusión en el que vive la población
más afectada por el conflicto, lo más probable es que los familiares no estén
en ningún caso dispuestos a canjear una petición por otra, más aún cuando la
propuesta concreta de reparación pueda ser el resultado de un acuerdo político que promueva la impunidad. Es más probable que víctimas y familiares
sigan reclamando ambas a la vez. El entendimiento general es que la justicia
penal tiene también un efecto reparador y que no es posible desvincularla
del proceso de reparación sin correr el riesgo de que las víctimas se sientan
“compradas”.
Dicho esto, como ya dijimos, no hay que pensar que la vía judicial se presente como una opción fácil para las víctimas en general, y para las mujeres en
especial, sobre todo si tenemos en cuenta la actitud racista, machista y discriminatoria que es tan frecuente entre los funcionarios de la administración de
justicia, especialmente en lo que a la violencia sexual se refiere.169 A la vista de
esto, y teniendo en cuenta también el alto coste que supone para la población
campesina, quechua-hablante, ubicada en zonas rurales alejadas de cualquier
representación del Estado acceder a la justicia es posible que los programas
de reparaciones resulten más eficaces que la vía judicial a la hora de distribuir
reparaciones individuales.170
GÉNERO, REPARACIONES Y REFORMA INSTITUCIONAL
La relación entre las reparaciones y las reformas institucionales no se ha entendido de manera consistente. Algunos consideran que las medidas de restitución de derechos son esenciales, especialmente para las mujeres, pues a partir
de ellas es posible impulsar políticas dirigidas al ejercicio de una ciudadanía
plena y a una mayor participación y representación políticas.171 Además, las
reparaciones en materia de salud pueden impulsar la adopción de políticas
que consideren la violencia de género como un problema de salud pública.172
Varios coinciden también en señalar que las medidas relacionadas con la educación pueden ser una base para la adopción de reformas en dicho sector encaminada a fomentar la inclusión de las mujeres en todos los niveles educativos,
así como la difusión de una cultura de respeto y en valores.173 Otros piensan,
sin embargo, que para poder poner en marcha un plan de reparaciones con
un verdadero enfoque de género, habría que trabajar previamente sobre la
modificación de ciertas percepciones de género, lo que pasaría por reformas
institucionales, y no al revés.174 Todos coinciden en que, cualquier sea el sentido de la secuencia, lo fundamental es que haya una voluntad política consciente de la importancia modificar las relaciones de género.
En materia de reformas institucionales, el Informe final de la CVR propone
un conjunto de recomendaciones con metas amplias tales como afianzar y
extender la presencia estatal, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana; afianzar las instituciones democráticas; reformar el sistema de
administración de justicia y elaborar una reforma que asegure una educación
de calidad que promueva los valores democráticos (el respeto a los derechos
humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural) y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales.175 A pesar de ello, como se puede observar, casi
ninguna recomendación se refiere específicamente a la justicia de género,176 ni
el conjunto de medidas se plantea desde un enfoque transversal sobre equidad
de género. Aquí, se vuelve a poner de la debilidad del trabajo de género realizado por la CVR.
Más que medidas específicas de reparación, un elemento básico que permitiría sentar las bases para una aproximación diferente y con sensibilidad
de género a la hora de plantear reformas institucionales más profundas sería
continuar destacando la importancia del papel de la mujer como actor social,
tanto en la protección y sostenimiento de las familias y comunidades, como
en la defensa y resistencia ante los actores de la violencia y en los procesos de
recomposición social. En este sentido, ha sido esencial mostrar la especificidad
del tipo de violaciones que sufrieron las mujeres. Sin embargo, es importante
que la mujer no quede relegada ni al papel de víctima pasiva, ni a una relación
de carácter asistencialista con el Estado.177 De ahí la importancia que tiene la
revaloración de la mujer, usando ahora las palabras que emplea la CVR para
enumerar los componentes necesarios para promover ‘un proceso exitoso de
reconciliación’.178
LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA PERUANA
Como valoración final, y teniendo en cuenta que el PIR está todavía en proceso
de implementación, es posible destacar algunos elementos sobre la experiencia peruana en materia de género y reparaciones que puedan, además, ser útiles en términos comparativos. Entre los elementos positivos hay que resaltar,
en primer lugar, el esfuerzo de la CVR por ir más allá de la tipología básica
enunciativa de crímenes y violaciones a los derechos humanos recogida en su
mandato y por documentar, no sólo la violencia sexual contra la mujer, sino
también el impacto de género de otras formas de violencia. Esta importante
inclusión no logró, sin embargo, tener una incidencia clara en el diseño del
PIR-CVR. Y esto fue así por diversas razones, entre las cuales habría que destacar las siguientes. A nivel del diseño institucional, la incorporación de un
equipo de género y reparación sólo fue posterior a la elaboración de la Base
de Datos y el formulario tipo de las entrevistas. Tampoco fue óptimo el nivel
de comunicación interna ni suficiente la circulación horizontal de los hallazgos entre las distintas áreas de trabajo. A nivel técnico, cabe destacar que el
perfil profesional del equipo encargado de las reparaciones no contó entre sus
filas con un experto en materia de género. Esto se vio además agravado por la
inexistencia de pautas específicas por parte del equipo de género que ayudaran
a la hora incorporar una perspectiva de género en las recomendaciones de la
CVR. Finalmente hay que deplorar que los debates internos sobre reparaciones hayan sido matizados por un discurso pragmático de viabilidad política y
financiera, dado que, en esta etapa del proceso, de lo que se trataba era de hacer
recomendaciones al Estado y no de diseñar políticas públicas. Todo ello, condujo en cierta medida a que el PIR-CVR reconociera únicamente los actos de
tortura y la violación sexual dentro de los crímenes que debían ser reparados, y
excluyera distintas modalidades de violaciones y daños secundarios que tienen
que ver con formas de violencia dirigida hacia la mujer o tienen un diferencial
A pesar de ello, la inclusión de la violación sexual entre los crímenes que
debían ser reparados, y especialmente dentro de los crímenes susceptibles de
una reparación económica, constituye un avance importante dado el sentido
común predominante en la sociedad peruana, que aún ve la violación sexual
como un daño colateral a la guerra. Asimismo, el hecho de que el concepto
de beneficiario abarque al núcleo familiar y se articule en torno a una noción
de la familia que pretende ser culturalmente plural debería permitir incluir a
un mayor número de mujeres. Hubiera sido positivo, sin embargo, que no se
limitara la noción de familiar beneficiario a los casos en que la víctima directa
no vive, por los evidentes daños que ciertas violaciones que no condujeron
a la muerte o desaparición de la víctima directa causan a los familiares de
Es en lo que se refiere al diseño de las medidas de reparación propiamente
hablando que, tal vez, encontramos más lecciones, tanto positivas como negativas. Los elementos positivos incluyen, en primer lugar, el enfoque integral de
las reparaciones que busca responder a la complejidad de los daños ocasionados por el conflicto armado interno, que afectaron a las víctimas en el ámbito
moral y material, tanto a escala individual como colectiva. Por otro lado, cabe
resaltar la inclusión en el programa de medidas de restitución de derechos civiles y de medidas que pretenden fomentar el reestablecimiento del tejido social.
Igualmente, cabe resaltar el esquema empleado para repartir los pagos entre
los familiares de las personas muertas o desaparecidas — sin olvidar que los
límites de edad recomendados no eran los más adecuados.
Por otra parte, sin embargo, el análisis de los programas de reparaciones del PIR-CVR muestra una falta global de sensibilidad frente a la realidad
social, familiar y comunitaria de la mujer, especialmente de la mujer campesina, quechua-hablante, ya sea víctima directa o familiar de una víctima. El
haber desestimado el efecto de ciertas violaciones — especialmente la violación
sexual — sobre el estatus social de la mujer y sobre su capacidad de acceder a
recursos estables y el no haber identificado las tensiones familiares o locales
que pueden presentarse en el acceso a la reparación — especialmente la económica — pone de manifiesto la discriminación de género de la CVR en el diseño
de su PIR.
Asimismo, el PIR-CVR desarrolla escasas recomendaciones para llevar
a cabo la implementación de las medidas de reparación, y menos aún con
enfoque de género. Hubiera sido preferible que la CVR, más allá de mencionar como eje transversal para la implementación del PIR el enfoque de género,
desarrollara pautas específicas para asegurar que tanto el proceso de identificación de víctimas y beneficiarios como la ejecución de las medidas de reparación individuales y colectivas, partieran del reconocimiento de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los distintos procesos sociales,
económicos y políticos y crearan las condiciones necesarias para superarlas.
Finalmente, también hay que lamentar la insuficiente representatividad de las
mujeres en la plantilla de los organismos creados a la postre de la CVR y encargados de la implementación del PIR; y, especialmente, que los documentos que
siguen la propuesta del PIR-CVR no respeten los débiles avances en materia del
reconocimiento de la violencia dirigida hacia la mujer o con impacto diferencial sobre ella y su adecuada reparación.
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Resolución Suprema N°154-2004-PCM, 4 de mayo de 2004, Designan Secretario Ejecutivo de
la Comisión de Alto Nivel.
Decreto Supremo N°062-2004-PCM, 27 de agosto de 2004, Aprueban marco programático
de la acción del Estado en materia de paz, reparación y reconciliación nacional.
Resolución Ministerial Nº325-2004-PCM, 23 de octubre de 2004, Crean el ‘Padrón Nacional
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Decreto Supremo N°047-2005-PCM, 7 de julio de 2005, y su anexo publicado el 4 de octubre
de 2005, Aprueban el “Plan integral de Reparaciones: Programación 2005-2006”.
Ley N°28592, 29 de julio de 2005, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR.
AVILA Diana, Directora Ejecutiva, Consejería en Proyectos — PCS, Lima, 15 de abril de
BARRIG Maruja, consultora especializada en género, Lima, 2 de mayo de 2005.
BUSTAMANTE Elsa, Presidenta, Red para la Infancia y la Familia — REDINFA, Lima, 29
CAQUI Doris, Presidenta, Asociación Nacional de Familiares Desaparecidos “Casos
CIDH”, Lima, 2 de mayo de 2005.
CARO, Ricardo, Investigador, Servicios Educativos Rurales — SER, Lima, 3 de mayo de
CHAUCA Rosa Lía, Coordinara de Proyectos, Red para la Infancia y la Familia —
CRISÓSTOMO Mercedes, antropóloga, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 9
REDINFA, Lima, 29 de abril de 2005.
ESTABRIDIS Iliana, Coordinadora del Programa Huancavelica, Consejería en Proyectos —
PCS, Lima, 15 de abril de 2005.
MACASSI Ivonne, Coordinadora del Programa DDHH de las Mujeres, Centro de la
Mujer Peruana — Flora Tristan, Lima, 12 de abril de 2005.
MACHER Sofía, ex comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima,
MANTILLA Julissa, ex Responsable de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, Lima, 3 de agosto de 2005.
MONTALVO Rosa, Responsable del Programa de Formación de Líderes, Servicios Educativos Rurales — SER, Lima, 3 de mayo de 2005.
PAZ Rocío, Responsable de la Unidad de Capacitación, Asociación Pro Derechos
Humanos — APRODEH, Lima, 13 de abril de 2005.
REBAZA Ana María, Coordinadora de Programa, OXFAM-GB, Lima, 1 de abril de 2005.
VALDEZ Flor de María, abogada del Programa de Servicios, Estudio para la Defensa de
los Derechos de la Mujer — DEMUS, Lima, 21 de abril de 2005.
VELÁSQUEZ Tesania, responsable del Programa de Servicios, Estudio para la Defensa
de los Derechos de la Mujer — DEMUS, Lima, 21 de abril de 2005.
Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el Seguimiento de las Acciones y
las Políticos del Estado en materia de Paz, Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados
Grupo de Propuesta Integral de Reparaciones
PIR-CVR
Plan Integral de Reparaciones recomendado por la CVR
Red para la Infancia y la Familia
MUESTRA DE LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES EN MATERIA DE REPARACIONES
(ELABORADO POR LA AUTORA)
Testimonios individuales de mujeres que sufrieron violencia sexual recogidos por la
CVR (9 testimonios)
Testimonios individuales de mujeres víctimas o familiares de víctimas recogidos por la
CVR (24 testimonios)
Demandas expresadas en talleres con mujeres organizados conjuntamente por la CVR y
ONGs de derechos humanos (8 talleres)
Plataforma del I Encuentro Nacional de mujeres afectadas por la violencia política (5–8
de marzo de 1998)
Plataforma del II Encuentro Nacional de mujeres afectadas por la violencia política (8–10
de septiembre de 2002)
Reconocimiento de su existencia
Que el Estado reconozca y asuma
Atención médica para ellas
para ellas (salud mental)
para los hijos/as huérfanos
Salud para la población afectada
Educación para los hijos/as huérfanos
o productos de violación
Educación para ellas en tanto huérfanas
Educación para ellas tras detención
Educación bilingüe para la población
afectada en igualdad de oportunidades
Revisión de los expedientes de los presos
Revisión de los casos de los requisitoriados
Cumplimiento de la ley sobre tierras
para la población desplazada
Otorgamiento de los títulos de propiedad
de las tierras comunales
o relacionadas
Ayuda para comprar ropa y comida
a los hijos/as huérfanos
con enfoque en mujeres
Trabajo par ellas
Capita y crédito a la micro y pequeña
empresa para las mujeres
Trabajo para los hijos/as huérfanos
Empleo para la población afectada
Pensión mensual para la población
Vivienda para ellas en tanto viudas
y/o desplazada
Vivienda para la población afectada
Desarrollo comunal mediante servicios
públicos y vías de acceso
Programas de inversión agropecuaria
Programas de capacitación técnicoproductiva, organizacional y comercial
Programas de crédito para la agricultura
y la agroindustria, con intereses bajos
y flexible, sin exigir garantes
Ubicación de los cuerpos de los
familiares y entierro
Investigación, justicia y sanción
Explicación de las causas de la
violencia/verdad
Respeto y difusión de los derechos
los abusos y el maltrato familiar
y sobre la violencia sexual
Formación a docentes en DDHH que considere las causas y efectos de la violencia
Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante, CVR), ed., Hatun Willakuy, Versión
abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Primera Edición,
Lima, 2004, 436.
Comisión de la Verdad y Reconciliación, ed. Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (en adelante IFCVR), Primera Edición, Lima, 2003, Tomo I, 73.
CVR, 2004, 436.
IFCVR, 2003, Tomo I, 71.
CVR, 2004, 442.
Ibid, 446.
Decreto Supremo N°065-2001-PCM, 4 de junio de 2001.
Decreto Supremo N°101-2001-PCM, 31 de agosto de 2001.
Artículo 1, Decreto Supremo N°065-2001-PCM.
Artículo 2 c), Decreto Supremo N°065-2001-PCM.
Decreto Supremo Nº003-2004-JUS, 6 de febrero de 2004. Modificado por el Decreto
Supremo Nº024-2004-JUS, 25 de marzo de 2004. Completado por la Resolución
Suprema N°154-2004-PCM, 4 de mayo de 2004. Modificado por el Decreto Supremo
Nº031-2005-JUS, 7 de abril de 2005. Modificado por el Decreto Supremo Nº062-2006PCM, 28 de septiembre de 2006.
Decreto Supremo N°062-2004-PCM, 27 de agosto de 2004.
Decreto Supremo N°047-2005-PCM, 7 de julio de 2005, y su anexo publicado el 4 de
Ley N°28592, 29 de julio de 2005.
Decreto Supremo N°015-2006-JUS, 6 de julio de 2006.
Resolución Ministerial Nº373-2006-PCM, 20 de octubre de 2006.
Las cifras de la CVR indican que el 80% de las personas muertas y desaparecidas son
El IFCVR incluye un capítulo específico sobre la violencia sexual contra la mujer (Tomo
VI, Capítulo 1, Acápite 1.5) y otro sobre el impacto diferenciado de género de la violencia (“Violencia y desigualdad de género”, Tomo VIII, Capítulo 2, Acápite 2.1). Sobre la
inclusión de esta investigación al trabajo de la CVR, véase el último capítulo de este trabajo.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 59. Véase también: Defensoría del Pueblo, ed., Violencia Política
en el Perú: 1980–1996. Un acercamiento desde la perspectiva de género. Serie Informes Defensoriales, Informe Defensorial n°80, Lima, 2004, 59.
IFCVR, Tomo VI, 606–646.
Los datos de la CVR muestran que fueron las mujeres quienes, al quedarse viudas y/o
para proteger a su familia lideraron las salidas de las comunidades hacia otros lugares
periféricos como centros urbanos cercanos, capitales de departamentos o el monte,
como en el caso de los Asháninkas con la consiguiente pérdida no sólo de elementos
materiales de subsistencia sino de vínculos y referencias culturales. IFCVR, 2003, Tomo
VIII, 93.
Esto no significa que los hombres no fueran también víctimas de violencia sexual en
sus distintas modalidades en un intento por feminizarlos y humillarlos. Sin embargo las
cifras y los testimonios ponen de manifiesto que las mujeres sufrieron este tipo de violaciones en mayor número; de los 538 casos de violación sexual reportados a la CVR, 527
corresponden a víctimas mujeres y solamente 11 corresponden a varones. Hay razones
sin embargo para pensar que estas cifras pueden sub-representar la realidad masculina
ante la evidencia de que muchos hombres no se atreven a reconocer que han sido víctimas de violencia sexual por miedo a la feminización y a la asimilación a la homosexualidad, en una sociedad cuyo referente de masculinidad lo constituyen la virilidad, la
hombría y el poder de subyugar a las mujeres.
IFCVR, 2003, Tomo VI, acápite 1.5.
SL imponía tanto a sus militantes como a las comunidades donde se entrometía un
conjunto de normas y arreglos respecto de los roles de género, de las relaciones entre
varones y mujeres, de la sexualidad, de la familia y de los hijos que se caracterizaban
por el autoritarismo, la jerarquía y la obediencia irrestricta a los líderes. El régimen
impuesto por SL constituyó un desafío no sólo al orden comunal sino también al orden
familiar. Si bien se asignaba a las mujeres nuevos roles (mujeres combatientes) se las
seguía responsabilizando de otras tareas, como la cocina y o el cuidado de la salud. La
sexualidad era una dimensión controlada por SL y la CVR recibió información de uniones forzadas donde el partido unía a las parejas o de mujeres que cuentan que SL aniquilaba a las mujeres que tenían relaciones con personas del ejército. Véase: IFCVR, 2003,
Tomo VIII, 72, 75 y 77.
La CVR cuenta con casos de mujeres que fueron violadas como una forma de degradación, de humillación, pero también como forma de intimidación, chantaje, castigo
o represalia, para que las mismas mujeres o sus esposos, hijos, padres, colaboraran,
dieran información o se auto inculparan. La violación, tanto por parte del Estado como
por parte de los subversivos, fue así una forma de ejercicio del poder que los hombres
protagonistas en el conflicto no lograban ejercer sobre la otra parte en el conflicto.
La CVR ha registrado casos de violencia sexual en 70 bases militares y cuarteles y 39
entidades policiales y establecimientos penales.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 95.
Desgraciadamente, estas experiencias a menudo no se ven acompañadas de una “solidaridad de género”, ya que las mujeres solas tienden a ser percibidas como una amenaza
por el resto de las mujeres de la comunidad. Entrevista con Rosa Lia Chauca (Redinfa),
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 98. Así como el significado de un desnudo forzoso es distinto
para un hombre que para una mujer, ciertos tipos de violaciones tienen un impacto
diferente no solamente por el sexo sino también por el origen étnico de la persona violentada. Por ejemplo el castigo de cortarles el cabello en el caso de las mujeres andinas
significa una afrenta a su dignidad como mujer; el quedarse sola para las mujeres andinas tiene un significado especial dado que en el mundo andino “ser dos” es parte del
ser comunero y campesino; las mujeres asháninkas por su lado recuerdan con dolor
el hecho de que SL las hubiera hecho salir de sus casas durante la menstruación pues la
costumbre es quedarse sentadas durante este período. In Acha, Elisabeth, De la exclusión
al reconocimiento. Conflicto armado interno y diversidad de género, Consultoría realizada
Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Lima, 2003, 15–16. También entrevista con
Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 63.
Ibid, p. 79. En materia de violación sexual la variante de la subrepresentación debe siempre tomarse en cuenta para relativizar los resultados.
Véase también: Defensoría del Pueblo, 2004, 58.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 64.
Por ejemplo, el 83% de las víctimas de violación sexual eran mujeres de origen rural, el
75% quechuahablantes, 43% habían cursado sólo la primaria y el 40% eran solteras, la
mayor parte entre 10 y 29 años de edad.
CVR, 2003, Tomo VIII, 71–75. Para mayor detalle, véase: Kirk, Robin. Grabado en piedra. Las
mujeres de Sendero Luminoso. IEP, Serie: Colección Mínima 29, Lima, 1993; Barrig, Maruja.
Liderazgo femenino y violencia en el Perú de los 90. Ponencia presentada en la conferencia
“Women and Political Transitions in South America and Eastern and Central Europe:
The Prospects for Democracy”, University of California, Berkeley, 1992.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 71.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 69–70.
Los datos de la CVR indican que las principales víctimas del conflicto fueron hombres
entre 20 y 49 años y que más del 75% estaban casados o convivían; se puede deducir
entonces que el conflicto tuvo como secuela central el dejar a un porcentaje elevado de
las familias afectadas con madres y esposas como únicas responsables de la familia, en
zonas en las que de por sí prima la exclusión social y económica.
A pesar de su gran diversidad, las organizaciones comunales — o comunidades campesinas — se pueden caracterizar por ser unidades integrales políticas, económicas y sociales de carácter netamente rural andino, basadas en lazos familiares de diversos grados,
la tenencia de la tierra, costumbres ancestrales, una dominación patriarcal y una visión
que antepone lo colectivo y familiar frente a lo individual. Fue principalmente la campaña de Sendero Luminoso de “descabezar” a las comunidades campesinas y sujetarlas
a sus códigos revolucionarios, la que llevó a la desarticulación de estas formas tradicionales de organización. Sobre los cambios en el espacio de desenvolvimiento de las
mujeres, véase: Coral, Isabel. La mujer en contexto de violencia política. Cuadernos CEPRODEP, Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, Lima, 1991.
Las organizaciones populares de mujeres, específicamente la Central de Comedores
Populares y la Federación del Comité de Vaso de Leche, que habían surgido en la década
del 70 como respuesta a la crisis económica y a la creciente depauperación de los sectores populares urbanos, fueron las que tuvieron mayor protagonismo a lo largo de la
década de los 80 e inicios de los 90. IFCVR, 2003, Tomo VIII, 66.
Véase: Barrig, 1992; Blondet, Cecilia, La violencia y las mujeres. Ponencia presentada en
el Seminario Internacional “La violencia Política en el Perú. Análisis y Perspectivas”, organizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales, el Instituto de Estudios Peruanos y el
Centro Norte/Sur de la Universidad de Miama, Lima, 1993.
Según información de la CVR, el 39% de las líderes femeninas muertas o desaparecidas
formaban parte de organizaciones asistenciales.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 67. Véase también: Barrig, 1992 y Coral, Isabel. “Las mujeres en
la guerra: impacto y respuestas”. In Los Senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980–
1995, Steve J. Stern (ed)., Lima, IEP-UNSCH, 1999.
Coral, 1991, 11.
crímenes contra la mujer”. http://www.cverdad.org.pe , 5 de abril de 2005.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 60.
Ibid, 59. Véase también: Defensoría del Pueblo, 2004, 59.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ed. La Mujer en el Perú, Lima, 2005
Sin embargo, la brecha entre las mujeres del campo y la ciudad tiende a agravarse: el
analfabetismo femenino en el área rural afecta a 43 de cada 100, mientras que en el sector urbano afecta a 10 de cada 100. Entre géneros, la tasa de analfabetismo de las mujeres
es muy superior que en los varones. De cada 100 mujeres de 15 y más años, 18 no saben
leer ni escribir, mientras que en los varones es de 7 de cada 100. Ibid.
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Lima, 2004, 13.
Mientras en 1961, 22 de cada 100 mujeres en edad de trabajar participaban en la actividad
económica, en 1993 lo hacían 30 de cada 100. INEI, 2005.
Instituto del Tercer Mundo. Violencia contra la mujer, La institución de la violencia de género.
de septiembre de2 005.
Durante los 90 se avanzó a nivel interno en la ampliación del marco normativo de los
derechos de las mujeres en varios aspectos incluyendo: la derogación de normas que
por más de 70 años habían estado vigentes respecto a los delitos de violación sexual que
discriminaban a la mujer; la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; la institucionalización de una Comisión de la Mujer en el Congreso de la República inicialmente como comisión especial y
luego como comisión ordinaria; la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y
del Desarrollo Humano; la incorporación en las normas electorales del meca nismo de
cuotas por el cual se obliga a las organizaciones políticas a llevar un número no menor
del 30% ó 25% de mujeres o de varones en las listas de candidatos a congresistas o regidores respectivamente, etc. Véase: Guillen, Lisbeth, “Autoritarismo y derechos de las
mujeres: ¿una década perdida?”. Consorcio PROMUJER, Una experiencia Institucional y
Política, 1998–2001. Calandria — CEDEP — CESIP — Manuela Ramos, Lima, 2001.
Se conformó un frente llamado la “Unidad de las Mujeres por la Democracia” conformado por las diversas organizaciones: Movimiento Amplio de Mujeres; la Coordinadora
del Vaso de Leche; Comedores Populares; Casas de Refugio para Mujeres Maltratadas;
Mujeres por la Democracia; Coordinadora de organizaciones de Base e integrantes de
Salazar, Catalina. Agenda del Movimiento Amplio de Mujeres, Lima, 4 de marzo de 2000,
http://www.apuntes.org/paises/peru/ensayo/mam_agenda.html, 24 de septiembre de
IFCVR, 2003, Tomo I, 40.
La década de los 90 está marcada por las cumbres internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres como las de Viena (1993), El Cairo (1994) y Beijing (1995)
y, en general, por la incorporación de la “perspectiva de género” a nivel internacional.
La mayoría de las leyes peruanas en materia de derechos de las mujeres están relacionadas con la participación del Estado peruano en la Conferencia de Beijing. Asimismo las
políticas de las agencias de cooperación y las financieras internacionales empezaron a
condicionar sus ayudas a la incorporación de una perspectiva de género.
por encargo de DEMUS http://www.demus.org.pe, 18 de abril de 2005.
Entrevista con Diana Avila (PCS), Lima, 15 de abril de 2005; con Iliana Estabridis (PCS),
Lima, 15 de abril de 2005 y con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005.
Entrevista con Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005; con Tesania
Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005 y con Maruja Barrig (consultora especializada en el tema de género), Lima, 2 de mayo de 2005. Esta última recuerda por ejemplo
que el caso de Georgina Gamboa, que fue violada por militares y quedó embarazada
producto de la violación, fue usado por las organizaciones feministas para levantar la
bandera de la despenalización del aborto.
Véase: Barrig, Maruja, La persistencia de la memoria. Feminismo y Estado en el Perú de los 90.
Cuadernos de investigación social, Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000. Se puede también explicar por los riesgos y la
necesidad percibida de protegerse por parte de las mujeres; entrevista con Maruja Barrig
(consultora especializada en el tema de género), Lima, 2 de mayo de 2005; con Mercedes
Crisóstomo (Antropóloga, PUCP), Lima, 9 de abril de 2005 y con Tesania Velásquez
(DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005.
Entrevista con Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005 y con Ana María
Rebaza (Oxfam-GB), Lima, 1 de abril de 2005.
“Sobre el proceso de constitución de la noción de ciudadanía en el Perú (. . .) derechos
individuales y políticos aparecen desdibujados, cuando no ausentes de la preocupación
y demandas de la mayoría de la población (. . .) Entre los peruanos parece no existir una
conciencia extendida de ‘su derecho a tener derecho’ (. . .)”. In Barrig, 2002, 21.
Entrevistas con Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005 y con Rocío Paz
(Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005.
Entrevista con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005.
La siguiente cita del General Parra en un programa televisivo feminista “Barra de
Mujeres” poco tiempo después de la entrega del Informe Final lo resume todo: “los soldados tenían que satisfacer sus instintos . . .y de todas maneras las campesinas estaban
acostumbradas porque sus hombres les hacen lo mismo. . .”.
Eso explicaría también en parte los resultados casi nulos que obtuvieron las pocas
denuncias que se presentaron por violación sexual ante la administración de justicia.
Véase: Defensoría del Pueblo, 2004.
Entrevista con Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005.
Por ello, la inclusión de la violación sexual como crimen a reparar por la CVR constituye
un paso importante aunque incompleto como veremos más adelante.
Entrevista con Rosa Lía Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005; con Ivonne Macasi
(Flora Tristan), Lima, 12 de abril de 2005; con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de
2005 y con Flor de María Valdez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005.
Entrevista con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005: “Cuando las víctimas
ven la posibilidad de tener acceso a educación a través de becas o de gratuidad de la
matrícula, lo están mirando desde su punto de vista de imposibilidad de hacerlo normalmente por ser pobres; no porque sientan que es un derecho en tanto que víctimas . . .
se les presenta una oportunidad adicional a la de un pobre común y corriente”.
Véase la muestra en anexo.
La complejidad de estas demandas en torno a la reparación refuerza la necesidad de
plantear los componentes de la justicia transicional desde un enfoque integral donde
guardan relaciones entre si el esclarecimiento de la verdad, la construcción de la memoria histórica y la aplicación de la justicia.
Véase al respecto los resultados de los dos Encuentros Nacionales de Mujeres Afectadas
que aparecen en la muestra en anexo y la diferencia con los resultados de los testimonios individuales. Ambos encuentros nacionales fueron precedidos por un largo proceso de encuentros locales y regionales donde eran convocadas mujeres líderes y que
fueron acompañados por ONG.
En un primer tiempo, en enero de 2002, el Pleno de Comisionados de la CVR creó el
Área de Secuelas, Reparaciones y Reconciliación, con el objetivo general de “identificar
las secuelas de la violencia en diversos ámbitos de la vida de las personas y los pueblos
afectados, elaborando propuestas de reparación, reconciliación y prevención orientadas
a la dignificación de las víctimas de la violencia entre 1980 y 2000 garantizando mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones”. En un segundo momento, en el mes
de julio del 2002, el componente de reconciliación se independizó, y se incorporó el
tema de salud mental como responsabilidad del Área. El Área quedó entonces definida
como Área de Secuelas, Reparaciones, Prevención y Salud mental. Los objetivos y
metodología de trabajo no variaron sustancialmente.
Comisión de la Verdad y Reconciliación, La perspectiva de género en la CVR, http://www.
cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/documentos04.php y Acuerdo de Comisionados,
http://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/documentos01.php, 05 de agosto de
Comisión de la Verdad y Reconciliación, Género en la comunicación, http://www.cverdad.
org.pe/lacomision/nlabor/documentos03.php, 27 de septiembre de 2005.
Es el caso de DEMUS por ejemplo, cuya reflexión e involucramiento en los temas de
reparaciones y justicia penal para mujeres víctimas del conflicto viene recién en el
periodo post-CVR y siempre vinculado al tema de la violencia sexual. Entrevista con
Tesania Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005.
Mediante resolución suprema Nº325-2004-PCM, el Poder Ejecutivo crea un “padrón de
organizaciones de afectados” y cuyos objetivos son: centralizar y organizar la información de todo el país en una base de datos unificada acerca de las organizaciones de
afectados existentes, y sentar las bases para promover y facilitar su participación en la
definición de las políticas y acciones que en su beneficio se establezcan. Por otro lado,
los Ministerios de Salud y de la Mujer y Desarrollo Social tienen sus propias relaciones
con organizaciones de afectados.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 156.
Asimismo puede reflejar un concepto occidental de la noción de víctima que poco o
nada tiene que véase con los conceptos que se manejan dentro de una comunidad de
los andes o de la selva. Entrevista con Tesania Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de
DS Nº065-2001-PCM, 4 de junio de 2001, artículo 3.
IFCVR, 2003, Tomo I, 203–232.
IFCVR, 2003, Tomo VI, 201 y 223.
Ibid, 201 y 204.
Ibid, 273 y 274.
Las violaciones consideradas por el PIR-CVR incluyen: desaparición forzada; secuestro; ejecución extrajudicial; asesinato; desplazamiento forzoso; detención arbitraria y
violación del debido proceso; reclutamiento forzado; tortura; violación sexual; heridas,
lesiones o muertes en atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario.
Entrevista con Julissa Mantilla (ex Responsable de la Línea de Género de la CVR), Lima, 3
Entrevista con Sofía Macher (ex comisionada de la CVR), Lima, 1 de abril de 2005.
Sobre este tema véase: IFCVR, Tomo VI, 2003, 425-445. Es interesante notar que en este
capítulo no se hace mayor diferenciación entre niños y niñas.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 150.
Ibid, 157 y 161.
El término ‘víctima directa’ es usado explícitamente por la CVR en su PIR al momento
de definir la noción de beneficiario y se refiere a las personas que sufrieron directamente
las violaciones enumeradas. Ibid.
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 214.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 159.
En efecto, “partiendo de los diagnósticos existentes y de los datos estadísticos, podemos
señalar que la población indocumentada tiene un rostro específico: se trata de una
población rural y pobre . . . , principalmente mujeres, niños/as y víctimas de la violencia política. Con respecto a las mujeres, se tiene que 31.200 peruanas no cuentan con
ningún documento de identidad (. . .) la falta del DNI se asocia en primer término a la
presencia de barreras económicas; luego estarían las barreras administrativas, la cobertura y calidad del servicio, las barreras culturales (discriminación a las mujeres y los
hijos extramatrimoniales) . . . por último, y asociada a la época de violencia política, se
considera la destrucción de los registros civiles de las municipalidades”. En Velásquez,
2004, 7 y 13.
Cabe resaltar sin embargo que la mujer a la que se le obliga a tener un hijo no deseado
producto de una violación no es considerada víctima por ese hecho en sí y sin embargo
a los hijos se les considera beneficiarios de medidas de reparación. Si bien es probable
que los beneficios a esos hijos redunden también en favor de sus madres, no deja de
resultar hiriente, desde el punto de vista del reconocimiento que éste no sea explícito.
No consta que hubiera discusión acerca de si debían ser los hijos o las madres las beneficiarias de las reparaciones económicas en estos supuestos.
Ley Nº28592, 29 de julio de 2005, artículo 3.
Ibid, artículo 5.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 166–206.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 155.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 169.
Los lineamientos del programa plantean la necesidad de identificar “las especificidades
de la problemática de la salud mental de las mujeres y [valorar] su función en el proceso de recuperación en el ámbito personal y comunitario . . . [procurando] evitar que se
estigmatice a la población — evitando calificativos como violadas o enfermos mentales — o
que sea marginada en las localidades donde vive, debido a la ayuda que reciben del programa”. Para el diagnóstico situacional se plantea la necesidad de identificar “los efectos en las familias y las relaciones interpersonales, así como en las relaciones de género
[. . . enfatizando] los cambios que se hayan producido o la presencia de nuevos problemas en la familia a partir de la violencia”. IFCVR, 2003, Tomo IX, 176 y 181.
La experiencia enseña sin embargo que es un tema que hay que tomar en cuenta.
Entrevista con Tesania Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005; con Rosa Lía
Chauca (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005; con Mercedes Crisóstomo (Antropóloga,
PUCP), Lima, 9 de abril de 2005 y con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005.
“En el caso de la comunidad de Manta (Huancavelica) encontramos que la reparación es
uno de los temas que genera más polémica y se presenta como un factor que divide aún
más a la población. El tema lleva fácilmente a especulaciones y manipulación política.
La percepción generalizada, tanto de hombres como de mujeres, es que el apoyo ha sido
sólo para algunas familias, principalmente aquellas que cuentan con recursos o que
tienen contactos en espacios urbanos: Mi mamá y mi suegra han sido reparadas y por eso nos
miran, pues las otras personas, pero eso depende de la habilidad de algunos (. . .)”. DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ed. Noticias, Remesas y Recados de Manta,
Huancavelica. Lima, 2005, 51.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 200.
Ibid, 201.
Entrevista con Rosa Montalvo (SER), Lima, 3 de mayo de 2005.
IFCVR, Tomo IX, 2003, 194–198.
Se discutió ampliamente si se debía otorgar reparaciones económicas a la población
rural o si se debía limitar a otorgar medidas de reparaciones colectivas. Finalmente la
CVR optó por no hacer discriminación entre la población urbana y la población rural
por cuestiones evidentes de equidad y añadió al Programa de reparaciones económicas una consideración que consiste en plantear que “es consciente de los riesgos para la
cohesión de las comunidades que puede generar el otorgamiento de reparaciones pecuniarias al generar privilegios o asimetrías indeseadas. Por lo tanto, recomienda que si los
beneficiarios de reparaciones pecuniarias provenientes de comunidades nativas y alto
andinas deciden no aceptar la indemnización familiar o individual, los montos respectivos incrementarán los montos otorgables a sus comunidades a través del Programa de
reparaciones colectivas” [Ibid, 198]. Esta introducción por un lado positiva podría sin
embargo conducir a que las mujeres se vean sometidas a grandes presiones para ceder a
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 100.
“La CVR recomienda lo siguiente: (. . .) b) establecer una pensión vitalicia para las personas viudas mayores de 50 años. Quienes a la fecha no alcanzan dicha edad, accederán al
beneficio de la pensión al cumplir los 50 años; c) establecer una pensión para los hijos
hasta los 18 años. Este monto se otorgará al padre, madre o tutor/a para cubrir las necesidades del niño/adolescente”. IFCVR, Tomo IX, 2003, 196.
“La CVR recomienda lo siguiente: a) otorgar una indemnización familiar cuyo monto
es propuesto en comunicación escrita al Presidente de la República. Los criterios de
distribución de la indemnización para los familiares de muertos y desaparecidos propuesta por la CVR deberán atender tanto a lo establecido en el derecho civil en materia
sucesoria como también a lo establecido por la CVR sobre la noción de familiares que
recoge los usos y costumbres o el derecho consuetudinario reconocidos por la población a la que pertenece el reclamante. Por consiguiente, la CVR recomienda que los
criterios distributivos se guíen por las siguientes pautas:
la indemnización deberá atender prioritariamente al cónyuge o conviviente viudo, el
cual tendrá prelación sobre los hijos e hijas y los padres de la víctima. A efectos de
la distribución misma de la indemnización, la alícuota correspondiente al cónyuge
o conviviente viudo no será menor a dos quintas partes del monto total; la alícuota
correspondiente a los hijos e hijas no será menor a dos quintas partes del monto
total y se repartirá en partes iguales entre los mismos; la alícuota correspondiente a
los padres no será menor a una quinta parte del monto total y se repartirá equitativamente entre ambos padres. De existir un solo padre, éste recibirá el íntegro del
alícuota correspondiente;
sin embargo, la indemnización podrá atender también a otros familiares o personas,
quienes deberán probar su calidad de beneficiario, demostrando que tienen un vínculo de dependencia similar a un vínculo familiar con la persona del muerto o del
desaparecido de acuerdo a los usos y costumbres o al derecho consuetudinario reconocidos por la población a la que pertenece el reclamante. A efectos de la distribución de
la indemnización serán asimilados a un hijo;
en el caso que al momento de otorgar la indemnización exista un único beneficiario,
este recibirá el monto indemnizatorio total. En el caso que al momento de otorgar la
indemnización no exista alguna o algunas de las categorías de beneficiarios mencionadas, las categorías remanentes se distribuirán en partes proporcionales el monto
sobrante”;
en casos de conflicto, la decisión del ente directivo nacional de ejecución de las
reparaciones podrá ser recurrible ante el juez de paz, quien determinará lo pertinente
siguiendo principios de equidad. Dicha resolución será inapelable (. . .)”. IFCVR, Tomo
IX, 2003, 196.
Entrevista con Rosa Montalvo (SER), Lima, 3 de mayo de 2005; con Sofía Macher (ex
comisionada de la CVR), Lima, 1 de abril de 2005; con Ivonne Macasi (Flora Tristan),
Lima, 12 de abril de 2005 y con Elsa Bustamante (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005.
IFCVR, Tomo IX, 2003, 155.
Titulo IV, Decreto Supremo, Nº 015-2006-JUS, 6 de julio de 2006.
Guillerot, Julie. ¿Llegaremos algún día a las víctimas?. Portal de Asuntos Públicas ‘Palestra’
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. www.palestra.edu.pe, 20 de septiembre de
La Programación Multianual contó con una partida de 10 millones de soles para el 2005
y una asignación de 15 millones para el 2006.
El PIR-CVR por ejemplo recomendaba prestar una atención especial a las violaciones
sufridas por las mujeres en su Programa de reparaciones simbólicas; consideraba
explícitamente el efecto estigmatizante de los crímenes en su Programa de reparaciones
en salud; planteaba que se debe dar a las mujeres un tratamiento preferencial dentro de
las medidas que se implementen a través del Programa de reparaciones colectivas.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 163.
Enfoque psicosocial, enfoque participativo, enfoque intercultural, enfoque simbólico,
enfoque de equidad de género.
“El PIR parte del reconocimiento de las desigualdades existentes entre hombres y
mujeres en los distintos procesos sociales, económicos y políticos. Impulsa una perspectiva de equidad de género basada en la generación de procesos que involucran tanto
a hombres como a mujeres. El enfoque de equidad de género reconoce las situaciones de
desventaja y diferencia entre hombres y mujeres a la hora de acceder a recursos y tomar
decisiones, por lo que estimula la creación de condiciones especiales para facilitar la
participación y presencia de este grupo en la toma de decisiones y otras actividades relacionadas con el PIR. El enfoque descansa en el propósito de incrementar la participación
de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y así asegurar que éstas obtengan
mayor voz sobre las condiciones generales de su situación. Al mismo tiempo, el enfoque
busca generar conciencia entre los distintos miembros de la colectividad sobre las diferencias e inequidades estructurales de género existentes al interior de la comunidad”.
IFCVR, 2003, Tomo IX, 165.
Anexo del Decreto supremo N°047-2005-PCM, publicado el 4 de octubre de 2005, I-a.
Dentro de este esquema de secuelas, no se ha prestado atención especial a las secuelas
sufridas por las mujeres.
Carta de la CONAVIP a la CMAN fechada del 11 de junio de 2005 y titulada: “Solicitamos
la Reformulación del Plan Integral de Reparaciones — Programación Multianual 2005–
El argumento avanzado por el gobierno por empezar la implementación de los programas de reparaciones planteados en la Ley que crea el PIR solamente por el Programa de
reparaciones colectivas, fue que para reparar individualmente a las víctimas de la violencia, el Estado necesita conocer previamente quienes son éstas, con nombres y apellidos,
y quiénes son sus beneficiarios y que esto aún no se da, pues el Consejo de Reparaciones está recién empezando a elaborar el Registro Único de Víctimas. El gobierno, sin
embargo, anunció que una vez registradas las víctimas por el Consejo de Reparaciones,
la CMAN coordinará la implementación de los otros programas del PIR.
Estos 440 centros poblados rurales identificados se ubican en los departamentos de
Apurimac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Huanuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín y
Ucayali, con énfasis en los departamentos y las provincias que la CVR había identificado
como mayormente afectados por el conflicto,
Decreto Supremo Nº003-2004-JUS, 6 de febrero de 2004.
Decreto Supremo Nº024-2004-PCM, 25 de marzo de 2004.
Es preciso notar sin embargo que la permanencia de los representantes de los distintos ministerios está siempre sujeta a los cambios ministeriales y cambios de técnicos
que ellos suelen generar, lo que podría permitir en algún momento la incorporación de
Ley Nº28592, 29 de julio de 2005, artículos 8 y 11.
Ibid, artículo 1.
La Programación Multianual plantea que son los ministerios los entes ejecutores, así
como los gobiernos regionales y locales pero no precisa pautas concretas para la implementación de los programas. Anexo del Decreto supremo N°047-2005-PCM, publicado
Defensoría, 2004, 126.
Tomemos el caso de Magdalena Monteza como ejemplo. La Sra. Monteza fue víctima de
múltiples violaciones de sus DDHH por parte de miembros del Ejército desde su detención el 30 de octubre de 1992, incluyendo violación sexual producto de la cual resultó
embarazada. Se inició una investigación en el fuero militar por estos hechos. Uno de los
puntos centrales para negar la ocurrencia de los hechos de violación sexual fueron los
resultados de los diferentes exámenes a los que fue sometida, los cuales señalan la presencia de lesiones y desgarramientos antiguos. La CVR considera que estos resultados no
descartan de plano una violación sexual, considerando que en 1992 los reconocimientos médicos legales consistían en exámenes externos y dependían del tipo de examen
solicitado por la autoridad competente y los síntomas o referencias brindadas por los
examinados. En otras palabras, si la autoridad solicitaba un examen sobre lesiones, el
reconocimiento no incluía aspectos relacionados con la integridad sexual, máxime si
la persona examinada omitía denunciar un hecho de violación sexual. [IFCVR, Tomo
VI, 388]. Actualmente, los reconocimientos médicos legales de personas detenidas
incluyen preguntas específicas relacionadas con posibles actos de tortura y violencia
sexual. Entrevistando a especialistas, la CVR constató que las huellas de la primera relación sexual de una persona de sexo femenino pueden desaparecer en aproximadamente
entre siete y diez días.
La Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, reconociendo parcialmente esta necesidad, plantea que el otorgamiento de los beneficios se realizará respetando el criterio de
celeridad y confidencialidad, con la finalidad de evitar cualquier tipo de estigma social o
de discriminación de los beneficiarios. Ley Nº28592, 29 de julio de 2005, artículo 10.
Entrevista con Tesania Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005 y con Maruja Barrig (consultora especializada en el tema de género), Lima, 2 de mayo de 2005.
IFCVR, Tomo IX, 157.
Artículo 76, Decreto Supremo 015-2006-JUS, 6 de julio de 2006. Los registros creados
mediante la Ley Nº 28223 y la Ley Nº 28413 se refieren al Registro Nacional para las Personas Desplazadas a cargo del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social y el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada a cargo de la Defensoría del Pueblo,
Según el artículo 3 del DS N°065-2001-PCM, “la labor de esclarecimiento de la CVR se
enfoca en: a) asesinatos y secuestros; b) desapariciones forzadas; c) torturas y otras
lesiones graves; d) violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas
y nativas del país; e) otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las
Entrevista con Sofía Macher (ex comisionada de la CVR), Lima, 1º de abril de 2005.
Entrevista con Tesania Velásquez (DEMUS), Lima, 21 de abril de 2005 y con Sofía Macher
(ex comisionada de la CVR), Lima, 1 de abril de 2005.
Así, la Defensoría del Pueblo publicó un estudio que plantea un acercamiento a la violencia política desde la perspectiva de género, profundizando un estudio que había
hecho anterior y previamente a la CVR sobre expedientes de desaparición forzada.
Asimismo, ONG de DDHH como IDL o APRODEH o organizaciones feministas como
DEMUS están trabajando en la judicialización de casos de violación sexual a mujeres en
el contexto del conflicto, cuando en períodos anteriores se habían centrado más bien en
la problemática de la desaparición forzada o de los derechos sexuales y reproductivos
IFCVR, 2003, Tomo VIII, 65.
Comisión de la Verdad y Reconciliación. El impacto de las audiencias públicas en los participantes. http://www.cverdad.org.pe , 6 de abril de 2005.
Entrevista con Ana María Rebaza, (Oxfam-GB), Lima, 1 de abril de 2005; con Diana
Avila (PCS), Lima, 15 de abril de 2005 y con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de
CVR, El impacto.
Defensoría, 2004, 63, 70, 86, 87, 91, 101, 105, 126. El Informe Final de la CVR señala también que la impunidad fue una característica de los casos de violación sexual. IFCVR,
Tomo VI, 302.
Sobre esta relación de las reparaciones con el acceso a la justicia, lo que plantea el
PIR es que el otorgamiento de beneficios a través de su ejecución deje sin efecto cualquier demanda civil contra el Estado peruano como responsable solidario y/o tercero
civilmente responsable, no así en los procesos penales (IFCVR, 2003, Tomo IX, 163).
Asimismo plantea que no se restrinja el derecho que tiene el beneficiario del PIR de
emprender acciones contra el autor presunto para lograr justicia pero que, en el caso de
conseguir reparación civil del sentenciado, se reintegre el monto obtenido al Estado en
la medida que resulte ser un doble beneficio.
Entrevista con Rosa Montalvo (SER), Lima, 3 de mayo de 2005. Ya se puede notar que
la inclusión en el Programa de reparaciones en salud de medidas de salud mental está
re-impulsando el desarrollo y diseño de políticas de salud en la materia, cuando durante
años no había sido prioridad del Ministerio de Salud.
Entrevista con Iliana Estabridis (PCS), Lima, 9 de abril de 2005; con Rosa Montalvo
(SER), Lima, 3 de mayo de 2005; con Ana María Rebaza (Oxfam-GB), Lima 1 de abril de
2005 y con Rocío Paz (Aprodeh), Lima, 13 de abril de 2005.
Entrevista con Diana Avila (PCS), Lima, 15 abril de 2005; con Rosa Lía Chauca (Redinfa),
Lima, 29 de abril de 2005; con Maruja Barrig (consultora especializada en el tema de
género), Lima, 2 de mayo de 2005; con Ana María Rebaza (Oxfam-GB), Lima, 1 de abril
de 2005 y con Elsa Bustamante (Redinfa), Lima, 29 de abril de 2005.
IFCVR, Toma IX, 123.
La CVR recomienda impulsar un plan de alfabetización con prioridad para la mujer
adolescente y adulta de las zonas rurales pues la experiencia señala que la educación
de la mujer tiene un efecto multiplicador para el desarrollo (IFCVR, Tomo IX; 145). En
otra oportunidad, al referirse a la mejora de las condiciones de la población penal en
términos de acceso a servicios básicos (alimentación y salud), la CVR menciona también
expresamente la salud de las mujeres (IFCVR, Tomo IX, 141).
Entrevista con Rocío Paz (Aprodeh), Lima 13 de abril de 2005 y con Rosa Montalvo
(SER), Lima, 3 de mayo de 2005.
IFCVR, Tomo IX, 105.
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