Source: http://jdj.gob.ve/analisisdelprocedimiento.html
Timestamp: 2017-06-25 17:21:46
Document Index: 240847881

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 257', 'artículo 24', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 267', 'artículo 253', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 208', 'artículo 253', 'artículo 40', 'artículo 267', 'artículo 267', 'in fine', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 51', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 59']

Análisis del procedimiento disciplinario judicial en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
Magistrado de la Sala de Casación Social
La carencia o defecto normativo en lo que respecta al procedimiento disciplinario previsto en el Capítulo IV del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en lo adelante Código de Ética, especialmente en lo que atañe a los artículos 52 (Oficina de Sustanciación); 55 (Admisibilidad de la denuncia); 58 (Duración de la investigación) y 62 (Citación, descargos y lapso probatorio), obligó a la Jurisdicción Disciplinaria a dictar en el Reglamento Orgánico y Funcional, algunas disposiciones para llenar ese vacío.
Sin embargo, antes de analizar las disposiciones del mencionado Reglamento Orgánico y Funcional, conviene hacer las siguientes precisiones.
El Derecho regula la vida en sociedad aplicándose a los hechos producidos o derivados de las relaciones intersubjetivas con trascendencia jurídica. Esta regulación se realiza a través de la aplicación del conjunto de normas jurídicas que constituyen el derecho objetivo y positivo. La aplicación del Derecho debe consistir entonces en la culminación de un proceso lógico mental que se da desde una regla general hasta la adopción de una decisión particular. La aplicación de las normas jurídicas se caracteriza, de este modo, como manifestación de la vigencia del derecho. Pero el supuesto de hecho de la norma es siempre de carácter general en relación a la descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado. Surge entonces la necesidad de subsumir adecuadamente este último dentro de aquel, lo que se consigue a través de la interpretación.
Las normas jurídicas en las que el Derecho vigente se encuentra plasmado se expresan mediante el lenguaje, pero este, al prescribir una norma, puede ser oscuro y/o dudoso, puede tener un trasfondo doctrinario y/o un sentido técnico, etc., en fin, puede a primera impresión expresar no precisamente la voluntad del legislador; de repente no con exactitud y probablemente hasta ni siquiera cercanamente puede no contener la intención que este tuvo para sancionar la norma, o puede incluso ser reproducción cercana o fiel de una norma extranjera, en cuyo caso es posible que ni el legislador supiera el sentido exacto y cabal de la norma que habría puesto en vigencia. Los hechos, a su vez, pueden ser tan variados y diversos que no se dejan prever total e inequívocamente por las normas jurídicas.
Así como el lenguaje muchas veces puede no ser claro, las normas jurídicas, por tener que valerse del elemento lingüístico para expresarse, no escapan a esta posibilidad, a lo que contribuye la diversidad de los hechos. La doctrina, sin embargo, es casi unánime en considerar que al interpretar no estamos solamente ante una mera posibilidad de falta de claridad en el texto de la norma, puesto que la interpretación de las normas siempre está presente al momento de aplicar el derecho; por más que la norma que va a ser objeto de interpretación no revista mayor complicación para desentrañar su significación y sentido. Cabría, en todo caso, hablar de mayor o menor grado de dificultad para interpretar una norma jurídica, pero nunca de la posibilidad de prescindir de hacerlo, de tal modo que existirá siempre la ineludible necesidad de la interpretación de la norma jurídica.
Pero queda entonces claro que la interpretación no tiene como objeto solo la ley o la norma jurídica; es también objeto de interpretación el Derecho no codificado o no normado. Más aún, incluso los hechos son objeto de interpretación, por lo que se ha dicho que la interpretación es una labor muchas veces planteada por una cierta situación social en una determinada realidad histórica.
La interpretación, por su alcance o extensión, puede clasificarse como interpretación declarativa e interpretación modificativa. Esta última, a su vez, puede ser extensiva y restrictiva. La interpretación modificativa es la que enrumba el alcance de la norma cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, esta ha sido expresada con excesiva estrechez, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación extensiva; o con excesiva amplitud, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación restrictiva.
Respecto a la interpretación extensiva, lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma a aplicar tales supuestos.
Sobre el particular, el tratadista Werner Goldschmidt dice:
"Si resulta que la norma en su sentido lingüístico usual se queda a la zaga de la voluntad auténtica de su autor, hay que ensancharla para que llegue a alcanzar aquél".
La interpretación es extensiva, explica Mario Alzamora, se da cuando los términos de la ley expresan menos de lo que el legislador quiso decir, y se trata de averiguar cuáles son los verdaderos alcances de su pensamiento; continúa diciendo que "más que extensiva es esta interpretación 'integrativa' puesto que su objeto es referir la norma no a casos nuevos sino a aquellos que contiene virtualmente, porque si así no fuera no sería interpretación sino creación".
1. El argumento a pari, que consiste en referir al caso no previsto la misma consecuencia que al previsto por identidad de razón entre ambas hipótesis.
2. El argumento a fortiori, se da cuando los hechos constitutivos de la hipótesis de una norma son más claros y evidentes en situaciones no comprendidas expresamente por aquella (si la ley permite lo más, permite lo menos; si prohíbe lo más, prohíbe lo menos).
3. El argumento a contrario, que consiste en reformular una norma a su sentido contrario, para solucionar los casos contrarios imprevistos.
Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, diversos métodos han sido propuestos y desarrollados. Entre estos tenemos los métodos clásicos a los cuales ya hacía referencia Savigny, y que son: el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. Se puede considerar entre estos también al método teleológico que muchos autores consideran dentro del método lógico.
Por el método histórico se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc.
Mario Alzamora Valdez, quien identifica el método histórico con el de la exégesis seguramente por tener ambos algunos rasgos de similitud, afirma que este método es aquel que tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia en la época en que la ley ha sido dada: determina el modo de acción de la ley y el cambio por ella introducido, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer.
Este método, dice Karl Larenz, debe tenerse en cuenta para averiguar el sentido de la ley normativamente decisivo y, sobre todo, la intención reguladora del legislador y las decisiones valorativas por él encontradas; así, para conseguir manifiestamente esa intención siguen siendo pauta vinculante para el juez, incluso cuando acomoda la ley a nuevas circunstancias no previstas por el legislador, o cuando la complementa.
Resulta evidente de la revisión normativa referida al procedimiento disciplinario judicial regulado por el Código de Ética, en consonancia con los análisis precedentes, que el legislador ha dicho menos de lo que quiso decir; por tanto, se trata de averiguar cuáles son los verdaderos alcances de su pensamiento.
En primer lugar conviene revisar el estado del derecho existente para la promulgación del Código de Ética (06/08/2009. G.O.R.B.V. n° 39.236, reformada el 23/08/2010. G.O.R.B.V. n° 39.493).
El procedimiento disciplinario estaba regulado por normas preconstitucionales, a saber:
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura del 08/09/1998, G.O.R.V. n° 36.534; la cual entró en vigencia el 23/01/1999.
Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, 29/12/1999, G.O.R.V. n° 36.859, específicamente el artículo 30.
Luego, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República en 1999 se introdujeron dentro del cuerpo normativo institucional los siguientes instrumentos jurídicos:
Reglamento dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, del 02/08/2005, G.O.R.B.V. n° 38.241, reimpresa por error el 18/11/2005, G.O.R.B.V. n° 38.317, mediante el cual se dictó el procedimiento a ser empleado para la disciplina judicial por aplicación directa del artículo 257 de la Constitución de la República. Sentencia n° 280 del 23/02/2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante, mediante la cual reguló el procedimiento disciplinario judicial abreviado para el caso de declaratorias de errores jurídicos inexcusables o desacatos a amparos dictados por las diversas Salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia, así como jueces superiores.
Como se sabe, el órgano encargado de la disciplina judicial hasta la sanción del Código de Ética era la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, organismo equivalente a los tribunales disciplinarios, creado por el artículo 24 del Régimen de Transición del Poder Público, decretado por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de diciembre de 1999, publicado su texto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 36.920 del 28 de marzo de 2000.
Se trataba de un órgano emanado del poder constituyente originario (tal y como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 179 del 28 de marzo de 2000), que duró en sus funciones hasta la instalación de los tribunales disciplinarios judiciales creados por el Código de Ética en el mes de julio de 2011.
Todos estos instrumentos jurídicos que se aplicaban para el momento de la promulgación del Código de Ética indicaban que el órgano instructor de la investigación, para la determinación de la eventual responsabilidad disciplinaria de jueces y juezas, era la Inspectoría General de Tribunales.
En efecto, en el Capítulo IV del Título III, referente al Régimen Disciplinario de la Ley del Consejo de la Judicatura, al regular el Procedimiento Disciplinario para los jueces y juezas, establecía lo siguiente:
Artículo 40. Inicio
El procedimiento se inicia de oficio por la Inspectoría de Tribunales o a solicitud del Ministerio Público. También podrá iniciarse por parte agraviada o de cualquiera de los órganos del Poder Público ante la Inspectoría de Tribunales directamente o a través del Ministerio Público, el cual la transmitirá de acuerdo con lo previsto en esta Ley. El denunciante responde civil y penalmente por la falsedad de su denuncia.
Artículo 41. Investigación
La Inspectoría de Tribunales ordenará la investigación y practicará las diligencias necesarias, a fin de recabar los elementos de convicción útiles para la comprobación del hecho objeto del procedimiento. Notificará de la investigación al juez imputado y al Ministerio Público en los términos de esta Ley, y les permitirá el acceso a las actuaciones. Si la investigación se inició por denuncia, el denunciante podrá intervenir en el procedimiento y aportar pruebas. La investigación no podrá exceder de noventa días. Este lapso podrá ser prorrogado en casos graves y complejos por la Sala Disciplinaria, a petición fundada del Inspector General.
Artículo 42. Medidas
En el curso de la investigación la Inspectoría de Tribunales podrá adoptar las medidas necesarias para evitar que desaparezcan las pruebas existentes en el Tribunal a cargo del juez investigado. También la Inspectoría de Tribunales podrá, en casos graves, proponer a la Sala Disciplinaria la suspensión provisional del juez, hasta por un lapso de quince días.
Si la investigación se inició por denuncia de parte agraviada en un proceso, inmediatamente de formulada la acusación por la Inspectoría General de Tribunales, el juez de la causa deberá inhibirse.
Artículo 43. Declaración
Si realizada la investigación el Inspector de Vigilancia considera fundada la denuncia, procederá a tomar declaración al juez imputado en el lugar donde éste desempeña sus funciones, a fin de escuchar sus descargos.
Artículo 44. Petición fiscal
Oída la declaración del juez imputado, el Inspector, si considera comprobada la infracción, procederá a formular acusación por ante la Sala Disciplinaria. Caso contrario, ordenará el archivo de las actuaciones, previa notificación al denunciante.
Artículo 45. Recurso
En contra de la decisión que ordena el archivo de las actuaciones, los interesados podrán recurrir, dentro de los cincos días hábiles siguientes a su notificación, ante el Presidente de la Sala Disciplinaria. Si éste declarara con lugar el recurso ordenará al Inspector General de Tribunales que interponga la acusación, y se inhibirá para seguir conociendo del procedimiento. Si se desestima el recurso, ratificará la orden de archivo.
El escrito de acusación contendrá una sucinta exposición del hecho imputado; de los elementos de convicción que se promuevan, respecto de los cuales tendrá el acusador la carga de su presentación; la calificación jurídica y la sanción que solicita.
Artículo 47. Audiencia
Recibida la acusación, la Sala Disciplinaria fijará la fecha para la celebración de una audiencia oral y pública, la cual deberá tener lugar no antes de diez días ni después de quince. Dentro de dicho lapso el Ministerio Público podrá adherir a la acusación o presentar una acusación propia. El acusado deberá ser citado, por lo menos con cinco días de anterioridad a la fecha de la realización de la audiencia. El acusado promoverá sus pruebas antes del día de la audiencia y tendrá la carga de presentación. Los hechos podrán comprobarse por cualquier medio de prueba que no esté expresamente prohibido por la ley, adquirido e incorporado al procedimiento en forma lícita.
Artículo 48. Debate
El día y hora fijados, el Inspector y el Ministerio Público, si fuere el caso, expondrán su acusación y el acusado su defensa. Acto seguido, la Sala procederá a recibir la prueba promovida; concluida la prueba el Consejero Presidente tomará la palabra, sucesivamente, el Inspector de Tribunales y luego el Ministerio Público, y finalmente el acusado formulará sus conclusiones, y oídas éstas se cerrará el debate.
La decisión contendrá:
1. La relación de los hechos que la Sala estime probados.
2. Los fundamentos de hecho y de derecho.
3. La resolución del asunto planteado, con mención de las normas legales aplicables y firma de los Consejeros.
Artículo 50. Deliberación y decisión
La deliberación de los Consejeros disciplinarios será privada, conformarán su decisión fundamentándola en las pruebas que se incorporen en la audiencia pública según su libre convicción, motivada y razonada, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. La decisión se pronunciará por la mayoría de los miembros, se hará pública en su parte dispositiva, concluirá la deliberación y se explicarán sucintamente los motivos de aquella. Deberá ser publicada íntegramente dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 51. Recurso
Contra las decisiones pronunciadas por la Sala Disciplinaria podrá interponerse recurso de nulidad por ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 52. Renuncia maliciosa
La renuncia del juez sometido a proceso disciplinario, una vez que se dicte la decisión correspondiente, lo inhabilita para ser reincorporado al Poder Judicial en cualquier cargo, o al Ministerio Público.
La acción disciplinaria prescribirá a los tres años contados a partir en que se cometió el acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción.
La existencia de un proceso penal sobre hechos que tipifican también faltas disciplinarias dará lugar a la suspensión del proceso disciplinario".
Tal como lo indicó la mencionada sentencia n° 280 de 23/02/2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como complemento o coadyuvante de la jurisdicción disciplinaria el Régimen de Transición del Poder Público señaló como órgano auxiliar de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a la Inspectoría General de Tribunales (artículo 29), a quien encomendó la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República, y la instrucción de los expedientes disciplinarios de los jueces y demás funcionarios judiciales.
El artículo 30 eiusdem estableció el Procedimiento Disciplinario, según el cual la Inspectoría General de Tribunales, de oficio, porque considere que existan faltas disciplinarias, o a instancia de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, abrirá un expediente disciplinario con citación del juez o funcionario judicial, para que consigne sus alegatos, defensas y pruebas.
A juicio de la Sala Constitucional, era el procedimiento señalado en el artículo 30 del Régimen de Transición del Poder Público, el que básicamente regía el procedimiento disciplinario para el momento de la promulgación del Código de Ética y, las normas preconstitucionales sobre la materia, nacidas antes de la Constitución de 1999, solo se aplicaban si no se contradecían con principios y normas constitucionales vigentes. Más adelante, la Sala llegó a puntualizar que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial podía utilizar el control difuso y desaplicar normas preconstitucionales que coliden con la Constitución vigente o con sus principios. También señaló la naturaleza de la misma que, aunque formalmente ostentaba la condición de un órgano administrativo, aquella equivalía a un órgano jurisdiccional en los términos concebidos por la Constitución de la República, al mencionar "jurisdicción" dentro del capítulo referido al Poder Judicial y el Sistema de Justicia desde el punto de vista técnico, es decir, de función pública de hacer justicia.
Esto quiere decir, que de órgano administrativo, como tradicionalmente se le atribuía la competencia para aplicar las sanciones disciplinarias a los jueces, generalmente de una única instancia pasó a convertirse en tribunales desde el punto de vista formal y material, pues como acertadamente ha señalado el tratadista Eduardo Couture al referirse a la jurisdicción disciplinaria, señala que el derecho disciplinario es derecho administrativo o derecho penal.
Por su parte, el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de 02/08/2005 establecía que la Inspectoría General de Tribunales era el órgano encargado de la investigación disciplinaria judicial, y de presentar ante aquel el respectivo acto conclusivo, en caso de acusar al juez de un ilícito disciplinario, o concluir la investigación, en cuyo caso, el denunciante y/o el Ministerio Público podía apelar ante la Presidencia de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, el cual actuaba mutatis mutandi como juez de control de las actuaciones de la Inspectoría General de Tribunales para determinar si existían elementos suficientes para acusar al juez investigado.
Por otra parte, es importante destacar como otro elemento anterior al Código de Ética, el Anteproyecto del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos elaborado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial producto de la experiencia aplicada en los procedimientos orales y públicos desde agosto de 2005. Este Anteproyecto fue presentado en el mes de enero ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En la oportunidad de la declaratoria inconstitucional por omisión legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del procedimiento legislativo iniciado para sancionar el denominado Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, elaborado por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n° 1048 de 18/05/2006, en ponencia conjunta, reafirmó su facultad de juzgamiento para la determinación de la nulidad solicitada, indicando los aspectos normativo-constitucionales más relevantes para ese caso, sentencia vinculante por disposición expresa de la Constitución a todos los órganos públicos y a los ciudadanos.
En el pronunciamiento quinto del dispositivo del fallo la Sala exhortó a la Asamblea Nacional a considerar debidamente el Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos, elaborado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
En efecto, en el capítulo Óbiter dictum de la mencionada sentencia señaló lo siguiente:
"De la labor de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y del Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos"
En virtud de las decisiones adoptadas por esta Sala Constitucional mediante sentencias Nº 1057, de fecha 01 de junio de 2005; N° 1793, de fecha 19 de julio de 2005 y Nº 2713 de fecha 12 de agosto de 2005, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ha venido desarrollando su labor en atención a los lineamientos contenidos en las decisiones antes indicadas.
En primer término se han adoptado las medidas de carácter administrativo que han permitido la reorganización de la Comisión, con el fin de materializar de manera efectiva la labor disciplinaria judicial que le ha sido encargada a este órgano de origen supraconstitucional.
En segundo lugar, se han producido las modificaciones necesarias y pertinentes que han permitido la realización de procedimientos disciplinarios atendiendo en todo momento al espíritu, propósito y razón del constituyente, cuando señala en el artículo 267 de la Carta Magna que tales juicios han de ser públicos, orales y breves.
En este sentido, se publicó en fecha 02 de agosto de 2005 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.241 la Resolución por la cual se aprobó el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Posteriormente, en fecha 18 de noviembre de 2005 se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.317 la Resolución por la cual se aprobó el Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. (Reimpreso por error material del ente emisor).
Igualmente, el organismo ha dictado las medidas necesarias, con el fin de reorganizar administrativamente el funcionamiento de la institución y en tal sentido ello ha permitido a los justiciables, esto es los jueces y juezas de la República contar con mayor información y certeza al momento de ejercer su derecho a la defensa, al tiempo que permite consolidar aspectos inherentes al concepto del debido proceso. En este sentido, se han elevado los niveles de seguridad jurídica y de transparencia que deben caracterizar el trabajo de la Comisión. En este sentido, se señala como resultados de la gestión desempeñada: la creación de la unidad de archivo del organismo; la instauración de los mecanismos de consultas de expedientes; el acondicionamiento físico necesario para efectuar la consulta por parte de los jueces y juezas; la puesta en funcionamiento de las instalaciones destinadas a los juicios orales y la puesta en marcha de la secretaría de la comisión como una unidad autónoma que brinde todo el soporte necesario para el cabal y efectivo desarrollo de las labores encomendadas a la Comisión.
También se desprende del Informe de Gestión presentado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la elaboración del Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos, cuya realización le fue encomendada mediante solicitud contenida en la parte dispositiva de la decisión adoptada por esta Sala bajo el Nº 1793, de fecha 19 de julio de 2005.
Examinado como ha sido el Anteproyecto antes señalado, esta Sala observa lo siguiente:
Que el contenido del referido Anteproyecto guarda relación directa con las disposiciones fundamentales de la Carta Magna al establecer los juicios orales, públicos y breves, que han de conformar la denominada Jurisdicción Disciplinaria.
Que el referido Anteproyecto permite el ejercicio equilibrado de la actividad disciplinaria, tanto para el Sistema judicial, por órgano de los futuros tribunales disciplinarios, como para los destinatarios naturales de esta normativa, esto es los jueces y juezas de la República.
Sin embargo, este Anteproyecto de Código ha superado la concepción que tuvieron los anteriores instrumentos llevados a la Asamblea Nacional. En efecto este Anteproyecto materializa la llamada visión sistémica que se le da en la Constitución de 1999 a la administración de justicia, ya que adopta el concepto del llamado Sistema Judicial. De esta manera el anteproyecto elaborado por la comisión adopta el paradigma del Sistema y luego, a través de la descripción que brinda en la Exposición de Motivos y el consiguiente desarrollo del articulado se pueden observar transformaciones interesantes que pueden llegar a determinar significativamente al aparato judicial en cuanto al desempeño de los intervinientes en el acto judicial.
En primer término el Anteproyecto consagra la figura del llamado fuero de atracción por omisión y ello representa una propuesta realmente significativa ante la reiterada inaplicación de los procedimientos disciplinarios que se establecen en diferentes fueros especiales disciplinarios que regulan el desempeño ético de los profesionales que eventualmente puedan intervenir en procesos judiciales.
En este orden de ideas, señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos, lo siguiente:
"La Carta Magna en el artículo 253, Sección Primera, Disposiciones Generales, del Capítulo III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia del Título V, De la organización del Poder Público Nacional, determina la concepción sistémica del orden judicial en los siguientes términos:
'La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la Ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley los abogados autorizados y abogadas autorizadas para el ejercicio."
Mientras que el artículo 267 Sección Tercera Del gobierno y de la administración del Poder Judicial; Capítulo III Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia; Título V De la organización del Poder Público Nacional, ordena la existencia de la denominada Jurisdicción Disciplinaria, de la siguiente manera:
"Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.
El régimen disciplinario de los magistrados o magistrados y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El Procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales".
A partir de la visión constitucional antes señalada el Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos determinó el objeto y ámbito de su aplicación.
Dentro de la concepción antes aludida los órganos de la jurisdicción con competencia en la materia disciplinaria tienen a los jueces y juezas de la República como destinatarios naturales de la normativa desarrollada, con aplicación preferente para éstos, pero ante la omisión de los demás fueros especiales disciplinarios se abre la posibilidad de que los órganos previstos en este Código puedan ejercer su potestad disciplinaria sobre el resto de los intervinientes en el proceso judicial y en tal sentido es responsabilidad de éste fuero de atracción por omisión, velar por el mantenimiento y preservación de la confianza pública en el Sistema Judicial. En el contexto antes indicado, es responsabilidad de los órganos integrantes del Poder Judicial y deber de todos aquellos intervinientes que concurren a los órganos jurisdiccionales realizar y practicar las actuaciones que contribuyan con el mantenimiento de la disciplina judicial y el debido desempeño ético y profesional. Ahora bien, ante la inobservancia de los principios éticos y el incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la función judicial, los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial tienen la misión de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar y la aplicación de sanciones a los jueces y juezas.
Dada la trascendencia de la justicia para la sociedad y el valor que ella tiene para la convivencia social, es necesario preservar la confianza pública en los operadores naturales del aparato judicial, es decir los jueces, pero también es determinante que el resto de los intervinientes en el proceso judicial puedan ser sujetos de revisión disciplinaria cuando su conducta haya comprometido la buena marcha y el decoro de la institucionalidad judicial".
(Véase: Exposición de Motivos del el Anteproyecto de Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos. Elaborado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el día 30 de enero de 2006).
En este orden de ideas, la doctrina extranjera ha señalado en relación con los fueros especiales de juzgamiento, en este caso para los parlamentarios, lo siguiente:
"La Constitución prohíbe jueces excepcionales o no ordinarios, pero permite al legislador una determinación de las competencias de acuerdo a los intereses de la justicia, y teniendo en cuenta experiencias propias y ajenas… Existen supuestos que, en relación con su naturaleza, con la materia sobre las que versan, por la amplitud del ámbito territorial en que se producen, y por su trascendencia para el conjunto de la sociedad, pueden hacer llevar razonablemente al legislador a que la instrucción y enjuiciamiento de los mismos pueda llevarse a cabo por un órgano judicial centralizado… En efecto, tanto los Juzgados centrales de Instrucción como la Audiencia Nacional son orgánica y Funcionalmente, por su composición y modo de designación, órganos judiciales 'ordinarios' y así ha sido reconocido por la Comisión Europea de Derechos Humanos en su Informe (de 16 de Octubre de 1986) sobre el caso Bárbera y otros…".
(Véase: El Juez Natural de los Parlamentarios. Fenández-Viagas Bartolomé. Editorial CIVITAS Madrid-España. Año 2000; página 68).
Como se desprende de la lectura de los textos antes citados puede evidenciarse el interesante planteamiento que hace el Anteproyecto de Código elaborado por la Comisión atendiendo a lo dispuesto en el artículo 267 del Texto Fundamental, en lo que respecta a su potestad de juzgamiento y el alcance que tendrían los órganos disciplinarios judiciales en caso de consagrase dentro del ordenamiento jurídico venezolano la figura del fuero de atracción por omisión." (Destacados de la sentencia).
Del fallo parcialmente transcrito se concluye lo siguiente:
1. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia subrayó las medidas adoptadas de carácter administrativo que permitieron la reorganización de la Comisión, con el fin de materializar de manera efectiva la labor disciplinaria judicial que le ha sido encargada a este órgano de origen supraconstitucional.
2. Se destacó en segundo lugar, las modificaciones necesarias producidas y pertinentes que permitieron la realización de procedimientos disciplinarios atendiendo en todo momento al espíritu, propósito y razón del constituyente, cuando señala en el artículo 267 de la Carta Magna que tales juicios han de ser públicos, orales y breves. En tal sentido, hizo referencia al Reglamento dictado al efecto Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en fecha 02/08/2005(sic).
3. Finalmente, la Sala enfatizó el contenido de la propuesta normativa en lo que respecta a la potestad de juzgamiento de los futuros tribunales disciplinarios, hoy concretizado, y el alcance que tendrían éstos órganos disciplinarios judiciales en caso de consagrase (sic) dentro del ordenamiento jurídico venezolano la figura del fuero de atracción por omisión, esto es, que en atención a la visión sistémica que de la justicia hace la Carta Magna, se incluya la posibilidad de sancionar disciplinariamente a los demás componentes del Sistema de Justicia con ocasión a su inserción en actuaciones judiciales ante la omisión de los demás fueros especiales disciplinarios, que le son naturales.
Por otra parte, puede inferirse directamente de la voluntad del legislador de establecer dos órganos perfectamente diferenciados en el procedimiento disciplinario judicial: uno investigador y acusador (Inspectoría General de Tribunales) y otro judicial encargado de aplicar la sanción (Tribunal Disciplinario Judicial y Corte Disciplinaria Judicial).
Al respecto se observa que la intención del Constituyente no ha podido ser otra que quebrar el principio según el cual quien nombra también destituye. En este caso, el órgano con poder de designar los jueces (Tribunal Supremo de Justicia) no puede destituir puesto que se infiere de disposición expresa de la propia Constitución (Art. 257) que ésta responsabilidad está confiada a otro órgano: la jurisdicción disciplinaria judicial, cuyos jueces son designados mediante un sistema de elección.
Justamente, siguiendo la línea argumental y en atención al método interpretativo histórico, se desprende cuál es la verdadera intención del legislador con ocasión a la presentación en primera discusión del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, elaborado y presentado por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional el 9 de abril de 2009. La Exposición de Motivos fue considerada por la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En efecto, señala expresamente la Exposición de Motivos que acompañó el mencionado Proyecto de Ley:
"El Título III del Código incorpora una serie de normas que establecen los órganos competentes para ejercer la jurisdicción disciplinaria. Encaminado a garantizar los derechos de quienes ejercen cargos de jueces y juezas. De esta manera se enuncia un conjunto de principios a observarse por parte de los órganos que conforman dicha jurisdicción disciplinaria, a saber, del debido proceso, oralidad, publicidad, igualdad, imparcialidad, contradicción, economía, eficacia, celeridad, proporcionalidad, adecuación, concentración e inmediación, idoneidad e integridad.
Asimismo se implementa el fuero de atracción para el conocimiento de las infracciones disciplinarias que con ocasión a sus actuaciones judiciales, desarrollen los y las demás intervinientes del Sistema de Justicia actúen ante los órganos jurisdiccionales (sic). Conforme al artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los demás intervinientes del Sistema de Justicia son: el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, los funcionarios o funcionarias del sistema penitenciario; los o las responsables de aplicar medios alternativos de justicia; los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforma (sic) a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio.
Se establece dos formas para prevenir o conocer de estas causas: a) cuando no guarden relación o conexión con un procedimiento judicial seguido a un juez o una jueza pero se desprende una posible infracción de estos intervinientes en causas judiciales; y, b) cuando guarden conexidad y a fin de evitar multiplicidad de causas y posibles contradicciones de decisiones sobre dichos asuntos. En este último caso, el conocimiento se le atribuye exclusivamente a los órganos de la jurisdicción disciplinaria judicial, en consonancia con la visión sistémica que de la justicia consagró el Constituyente.
Posteriormente, se establece que corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial y a la Corte Disciplinaria Judicial la competencia disciplinaria sobre los jueces o juezas de la República Bolivariana de Venezuela, los mencionados órganos conocerán y aplicarán en primera y segunda instancia respectivamente los procedimientos disciplinarios que les competa, para lo cual contarán con una Secretaría y los servicios de Alguacilazgo. Corresponde al Tribunal ejercer las funciones de control durante la fase de investigación; decretar las medidas cautelares procedentes; celebrar el juicio y decidir sus incidencias; dictar la decisión del caso; imponer las sanciones correspondientes y velar por la ejecución y cumplimiento de las mismas. Mientras que corresponde a la Corte, como órgano de alzada, asegurar la correcta interpretación y aplicación del Código y el resto de la normativa relacionada con la idoneidad y el desempeño de quienes administran justicia.
El Título IV del Código regula las pautas del procedimiento disciplinario, esencialmente atribuye competencias al órgano de investigación, la posibilidad de participación abierta de la ciudadanía tanto en la investigación como en el procedimiento judicial propiamente dicho. Resulta relevante que se exige tan solo un interés simple y general para el ejercicio de los derechos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en el control de la gestión pública, en este caso, del Sistema de Justicia, sin menoscabo del derecho de quienes resulten perjudicados por actuaciones u omisiones de jueces o juezas, incluso, de los demás intervinientes del Sistema de Justicia que con ocasión a sus actuaciones judiciales infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente o que por cualquier otro motivo o circunstancia comprometan la observancia de principios y deberes éticos.
Es importante resaltar que se le atribuye la competencia no sólo para iniciar una investigación sino para sustanciar y luego presentar el respectivo acto conclusivo, a inspectores delegados o inspectoras delegadas, que de acuerdo con el Código no deberán ser inferiores a tres (3) en cada entidad territorial, para coadyuvar con el acceso a la justicia, en esto caso, se propone la desconcentración de las funciones que hasta ahora solo ejerce la Inspectoría General de Tribunales por intermedio de su Inspector General o Inspectora General.
De esta manera se logra facilitar el acceso a la denominada jurisdicción disciplinaria en aras de satisfacer el mandamiento constitucional que requiere de una administración de justicia descentralizada, eficiente y eficaz, en este caso específico proyectada hacia la determinación de la responsabilidad disciplinaria judicial.
Por otra parte, en materia de denuncia, el Código establece la posibilidad de ejercer controles, por vía de apelación contra la negativa de realizar la denuncia correspondiente, ya que en primer término la Inspectoría General de Tribunales deberá notificar al denunciante o a la denunciante o a cualquiera de los y las intervinientes en el proceso de dicha abstención y en consecuencia podrá interponerse la respectiva apelación. Con el fin de otorgar garantías adecuadas al juez investigado o jueza investigada, se establece la posibilidad de solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial el archivo de las actuaciones que haya realizado la Inspectoría General de Tribunales. Adicionalmente, corresponde al Tribunal Disciplinario Judicial ordenar la reapertura de la investigación, previa solicitud de la Inspectoría General de Tribunales en caso de surgir nuevos hechos o elementos probatorios que ameriten tal decisión.
Mientras que de ser el caso cuando la Inspectoría General de Tribunales ordene el archivo de las actuaciones, los y las intervinientes tendrán el derecho de apelar ante el Tribunal Disciplinario Judicial; de esta manera se consagran disposiciones normativas que brinden las garantías suficientes para los investigados o las investigadas pero de igual manera el ejercicio de los derechos por parte de quienes tengan derecho a que la investigación continúe.
En materia de legitimación para la intervención en el proceso, se amplía, otorgando posibilidad de intervención al interesado o interesada, esto es, las personas que en alguna medida tengan relación con las actuaciones judiciales desarrolladas por el juez querellado o jueza querellada, así como también se otorga la posibilidad de intervención de los consejos comunales y demás formas de organización y participación del pueblo, en asuntos que afecten intereses colectivos o difusos. Para ello podrán adherirse a la querella presentada por la Inspectoría General de Tribunales o bien interponiendo una querella propia". (destacados del original)
Del texto transcrito se puede colegir sin género de dudas que la intención legislativa respecto al tratamiento o regulación del procedimiento disciplinario judicial fue separar la función investigativa de la decisoria. Esto es así puesto que los tribunales disciplinarios judiciales dejaron de ser órganos administrativos para transformarse en órganos judiciales por voluntad expresa del Constituyente, se trata pues de órganos judiciales creados por la Constitución. Incluso, el proyecto de Ley elaborado para tal fin por el Tribunal Supremo de Justicia en 2001 creaba tribunales disciplinarios regionales, otorgándole la condición de órgano administrativo.
Como se había apuntado, Couture señala que la jurisdicción disciplinaria o es regulada por el derecho administrativo (la potestad sancionadora de la Administración y las relaciones de sujeción especial) o por el derecho penal. En el caso particular, la jurisdicción disciplinaria de los jueces y juezas de la República viene a estar regulado por los principios del derecho penal en su sentido más amplio, pues se trata de la aplicación de penas no corporales (amonestación, suspensión temporal del ejercicio del cargo y destitución con una inhabilitación temporal aparejada para el ingreso a cualquiera de los cargos públicos dentro del Sistema de Justicia (jueces, fiscales del ministerio público, inspector de tribunales, defensores).
Por tanto, es aplicable la regla de [que] quien instruye no puede juzgar, puesto que no se puede ser parte y juez al mismo tiempo, sobretodo, atendiendo a la misma esencia del proceso, en la que han de existir dos partes parciales y un tercero imparcial, de modo que el juez no puede ser al mismo tiempo acusado. Como bien lo señala Juan Montero la función propia de la instrucción o investigación, típica del procedimiento preliminar, es incompatible con la función de juzgar, propia del juicio oral, y no ante el principio de imparcialidad del juez.
Bajo esta premisa no puede haber proceso si no hay acusación y esta ha de ser formulada por persona distinta de quien ha de juzgar. Se está ante algo obvio, pues no existe verdadero proceso si se confunden los papeles de juez y de acusador, por eso ha llevado [a] que el Estado se desdoble en este tipo de proceso, de modo que, por un lado actúa como acusador (Inspectoría de Tribunales y Ministerio Público) y por otro, decisor (juez o tribunal).
En el caso bajo análisis se tiene que el juez o jueza se encuentra a merced de cualquier denunciante, pues sin que exista un procedimiento preliminar que consiste en investigar y determinar en primera fase si su conducta se subsume en cualquiera de los ilícitos disciplinarios tipificados por el Código de Ética, de una interpretación literal que conllevaría al absurdo, la denuncia que es presentada ante una "Oficina de Sustanciación" que luego es admitida por la primera instancia de la jurisdicción (Tribunal Disciplinario Judicial), se cita al juez denunciado o jueza denunciada para que se presente a un juicio oral frente a un denunciante, sin una previa investigación, vulnerándose así los principios más elementales del debido proceso y derecho a la defensa, pues es necesario resguardar a quienes hacen ejercicio de la función de juzgar; de lo contrario, se crearía una situación de minusvalía de la función judicial. No se trata de crear privilegios, se trata en definitiva de proteger con las mínimas y necesarias condiciones a quienes el Estado ha confiado la delicada función de juzgar.
De acuerdo con el planteamiento normativo, de aplicarse literal y directamente, el Tribunal Disciplinario Judicial llevaría en definitiva la investigación, pues de acuerdo con la única norma que menciona a la "Oficina de Sustanciación", de acuerdo con la competencia que le atribuye, funciona como una dependencia receptora de denuncias, pues sustanciar en los términos procesales difiere a investigar. La sustanciación es atribuida a un juez autónomo distinto del Tribunal colegiado donde generalmente se realiza la secuencia procedimental de los juicios, pero no de la investigación, la cual está atribuida a otro órgano distinto del tribunal (Ministerio Público, por ejemplo) pero bajo el control de un juez, pero no es éste quien realiza la investigación pues de alguna manera se forma un criterio que necesariamente incidirá en la decisión que tomará. Los juzgados de sustanciación tienen la carga del iter procedimental del juicio y lo preparan para que sea otro tribunal quien tome la decisión.
Conviene traer a colación que el Anteproyecto de Código de Ética presentado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y a la cual hace mención en su fallo n° 1048 de 18/05/2006, en su artículo 40, primer aparte señalaba: "El Tribunal Disciplinario Judicial contará con un Juzgado de Sustanciación, cuyas atribuciones se desarrollarán en el Reglamento Interno respectivo".
Existe un principio general en derecho público que la incompetencia es la regla y la competencia es la excepción, es decir, que debe estar señalados expresamente las atribuciones o competencias para actuar conforme al Estado de Derecho y de Justicia, de lo contrario, sería generar un caos y por ende, inseguridad jurídica para la sociedad.
Además, conforme al artículo 267 de la Constitución de la República, el Tribunal Supremo de Justicia como administrador del Poder Judicial tiene entre sus atribuciones la inspección y vigilancia de los tribunales, los cuales la ejerce conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por órgano de la Inspectoría General de Tribunales.
En efecto, mediante Resolución n° 2008-0058 de 12/11/2008 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las potestades que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con los artículos 1, primer aparte, 6, numeral 4, 17 y 20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente para esa fecha, dictó las Normas Concernientes a la Organización y Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales. Esta Resolución apareció publicada en la G.O.R.B.V. nº 5.906 Extraordinario de 10/02/2009.
Entre otros aspectos se destaca las atribuciones conferidas a dos de las Oficinas creadas para la distribución del trabajo de la Inspectoría General de Tribunales, estas son: la Coordinación Nacional de Denuncias y la "Sala de Sustanciación".
"Artículo 9. Corresponden a la Coordinación Nacional de Denuncias las siguientes atribuciones:
1. Recibir las denuncias que presenten los usuarios contra los Jueces y Juezas de la República Bolivariana de Venezuela. 2. Otorgar al denunciante acuse de recibo de su denuncia y anexo(s). 3. Informar al denunciante sobre los requisitos y recaudos que debe reunir y acompañar la denuncia. 4. Llevar el registro de denuncias y demás controles que indique el Inspector o Inspectora General de Tribunales. 5. Mantener contacto permanente con la Sala de Sustanciación, y acoger los criterios que, sobre la recepción de denuncias, establezca. 6. Notificar al denunciante sobre la admisión o no de su denuncia. 7. Remitir a la Sala de Sustanciación las denuncias recibidas. 8. Realizar los operativos de denuncias en las distintas Circunscripciones Judiciales de acuerdo con el plan que sea aprobado por el Inspector o Inspectora General de Tribunales. (Omissis)
Artículo 11. Corresponde a la Sala de Sustanciación las siguientes atribuciones: 1. Elaborar los autos, notificaciones, citaciones y demás actos y actividades de la tramitación del procedimiento disciplinario en fase de investigación de los Jueces y Juezas de la República. 2. Impartir los criterios de sustanciación de los expedientes disciplinarios. 3. Vigilar los plazos y términos del procedimiento disciplinario de los Jueces y Juezas de la República en fase de investigación, e instar al resto de las Coordinaciones y a otras unidades de la Inspectoría General de Tribunales para que cumplan con los mismos.
1. Estudiar y analizar los expedientes para la determinación de la existencia del ilícito disciplinario o la procedencia del auto de archivo. 2. Sustanciar los expedientes en fase disciplinaria hasta la presentación de la acusación. 3. Remitir los expedientes disciplinario al archivo cuando sea declarado firme el auto de archivo. 4. Remitir al órgano competente los expedientes disciplinarios que hayan sido objeto de apelación por el archivo de las actuaciones. 5. Sostener la acusación disciplinaria ante el órgano competente.
9. Las demás que le sean asignadas por el Inspector o Inspectora General de Tribunales, mediante resolución y demás actos normativos. Esta Coordinación estará integrada por las siguientes áreas de trabajo: Acusación y Cierre, y cualesquiera otras que se consideren necesarias para el desarrollo de su competencia. La conformación de los equipos de la Coordinación Nacional de Asuntos Disciplinarios, para el cumplimiento con sus responsabilidades, se hará en función de las áreas de trabajo que la integran". Por tanto, en atención a las consideraciones precedentes, analizado cómo se encontraba el estado del derecho relacionado con el procedimiento disciplinario de jueces y juezas para el momento de la promulgación del Código de Ética, las diversas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en el ejercicio de sus competencias indicó los aspectos normativos-constitucionales de la naturaleza de los tribunales disciplinarios, así como los elementos esenciales del procedimiento para el enjuiciamiento disciplinario judicial; así como de la propia Exposición de Motivos con ocasión a la presentación del Código de Ética ante la Asamblea Nacional, frente a la escasez normativa del procedimiento aplicable a los juicios disciplinarios establecido en el Código de Ética vigente, estimamos más favorable interpretar extensivamente la norma aplicando el método histórico que esclarece el verdadero alcance del pensamiento del legislador, esto es, un órgano encargado para la investigación y acusación y otro para la decisión.
Aunque la ausencia normativa respecto al procedimiento disciplinario motiva una necesaria y urgente reforma del instrumento legal, no obstante, con la finalidad de darle continuidad operativa y de funcionamiento, la Jurisdicción Disciplinaria Judicial dictó un Reglamento Orgánico y Funcional, (G.O.R.B.V. n° 39.750 de 05/09/2011 y posterior reforma en G.O.R.B.V. n° 39.756 de 13/09/2011) entre otras cosas, para colmar ese vacío inoperativo en la aplicación del procedimiento disciplinario contra los jueces. En tal sentido, el artículo 18 del citado Reglamento estableció las atribuciones de la "Oficina de Sustanciación", determinando que dicha oficina constituye un órgano desconcentrado bajo la adscripción jerárquica de la Corte Disciplinaria Judicial, como fórmula para separar la función de instrucción e investigación y la función jurisdiccional que como decisor tiene el Tribunal Disciplinario Judicial.
Como consecuencia de estas atribuciones conferidas en dicho Reglamento a la Oficina de Sustanciación, se estima que las actuaciones de la misma pueden ser revisadas por el Tribunal Disciplinario Judicial mediante el ejercicio del recurso de reclamo que interpongan los intervinientes en el procedimiento dentro del lapso de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación y, como es natural, las decisiones de esta instancia disciplinaria pueden ser impugnadas ante la Corte Disciplinaria Judicial. En tal sentido, la Oficina de Sustanciación tiene atribuida la competencia de dar inicio a la investigación mediante auto de proceder, e incluso, comisionar a la Inspectoría General de Tribunales para la práctica de determinadas diligencias, en virtud de la facultad natural que tiene atribuida este órgano administrativo para inspeccionar y vigilar a los tribunales, jueces y juezas. Igualmente, esta oficina podrá requerir los informes u otras pruebas necesarias a otros órganos del Poder Público sobre la base del principio de colaboración que debe privar en las relaciones entre los diferentes órganos estatales.
En este orden de ideas, pensamos que la Oficina de Sustanciación podrá requerir al denunciante mediante despacho saneador las correcciones ante inexactitudes u omisiones contenidas en su denuncia, para lo cual deberá aplicar en cuanto no contradiga con la naturaleza de la investigación, las pautas de procedimiento previstas en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana en conformidad con lo establecido en el artículo 51.
Si la Oficina de Sustanciación advirtiera en la denuncia cualquiera de las tres causales de inadmisibilidad taxativamente previstas en el primer aparte del artículo 55 del Código de Ética, deberá remitirlo inmediatamente al Tribunal Disciplinario Judicial para que sea este quien decida su inadmisión.
La Oficina de Sustanciación deberá reservar las actuaciones de la investigación a terceros no intervinientes, conforme al artículo 56 eiusdem.
En cuanto a la duración de la investigación (Art. 59), la Oficina de Sustanciación procurará dar término a esta fase del procedimiento en un lapso que no supere los diez días hábiles. No obstante, si las circunstancias ameritan un lapso superior en razón de la complejidad del asunto que se investiga, la Oficina de Sustanciación deberá motivarla y solicitar al Tribunal Disciplinario Judicial una prórroga, la cual por aplicación analógica del artículo 61 del Código de Ética, decidirá los términos y el tiempo de la misma.
Por otra parte, si la Oficina de Sustanciación luego de culminar la fase de instrucción estima archivar las actuaciones, las remitirá con un informe al Tribunal Disciplinario Judicial, el cual decidirá en los términos previstos en el artículo 59 del Código de Ética.
De todo el análisis que hemos expuesto, arribamos a las siguientes conclusiones:
1. Por aplicación directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tribunales de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial son órganos judiciales;
2. En tal sentido, al conferirle la condición de verdaderos tribunales judiciales, estos tienen la competencia de decidir y le corresponde a otro órgano la investigación y la presentación de los actos conclusivos.
3. De acuerdo con la competencia y atribución natural, el órgano de investigación y acusación es la Inspectoría General de Tribunales; o en todo caso, otro órgano que bien pudiera ser igualmente electo como los jueces de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial a propósito de la necesaria reforma parcial del Código de Ética.
4. La Inspectoría General de Tribunales o el órgano que se cree, se encontrará sometida al control judicial respecto de las investigaciones que ordenen los tribunales de la Jurisdicción Disciplinaria creados por el Código de Ética, con ocasión de denuncias o actuaciones de oficio.