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Timestamp: 2018-11-16 01:03:24
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ESTADO DE DERECHO…..DIVINO, TESORO • Diario Ciudad Capital
ESTADO DE DERECHO…..DIVINO, TESORO
14 noviembre, 2017033
Por Ricardo Luis Milio (Abogado, UBA)
A partir de los recientes acontecimientos de público conocimiento, se puede presumir con alto grado de probabilidad que se está llevando adelante el empleo del poder judicial en general y el fuero penal en forma parcial y maliciosa; mediante, por ejemplo, el pedido de aprehensión y dictado de prisión preventiva con evidentes connotaciones de persecución política de distintos dirigentes políticos y sociales de la oposición al actual gobierno de Cambiemos ; en contraposición a las normas y el respeto a las garantías procesales que gozan todos los ciudadanos en un Estado de Derecho con el regreso a la etapa democrática a partir del diez de diciembre de 1983.
“La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro”, se tituló el documento que se presentó como “una convocatoria plural en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho” en el Congreso de la Nación.
Tomando como propia esta convocatoria y la mencionada emergencia, este apunte tiene como norte ser un aporte con propósito de sumar elementos de reflexión en defensa de tan alto interés como lo es la defensa del Estado de Derecho. Es así entonces que éste trabajo tiene la modesta intención de provocar la concientización sobre la necesidad de salvaguardar el Estado de Derecho y las Garantías Procesales que deben regir para todos los individuos en un estado democrático. Buscando examinar la situación planteada desde una perspectiva distinta, o al menos poco expuesta, desde las diferentes manifestaciones dediversos autores del derecho, que nos explican con claridad intelectual que se entiende por Estado de Derecho las garantías procesales del imputado que legitiman a todo proceso penal y a un estado democrático.
Como ya se expresó, las variadas circunstancias acaecidas que llevaron a distintas personalidades a emitir esta declaración, nos muestran con claridad supina como por expresas directivas del Poder Ejecutivo, en una evidente violación del principio constitucional de división e independencia de poderes en todo régimen democrático, se ejerce desde el Poder Judicial, una tendenciosa y parcializada aplicación del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal que guarda como consecuencia para los ciudadanos la pérdida de las garantías constitucionales que establecen la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados mediante el artículo 75 inc. 22 con igual jerarquía mediante la reforma de la Carta Magna en el año 1994; brindándole un tratamiento de “enemigo” a aquellos ciudadanos que sufren la persecución política por parte del Estado.
Interpretando el término de “enemigo “ aquí vertido, aparece lo expresado por el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro titulado “El Enemigo en el Derecho Penal”, donde nos advierte que “es imposible la incorporación del concepto de “enemigo” en el Derecho Penal, salvo que se pretenda el aniquilamiento del Estado de Derecho y su reemplazo por la versión absolutista y totalitaria del mismo”. “La admisión jurídica del concepto de enemigo en el derecho (que no sea estrictamente de guerra) -dice el autor- siempre ha sido, lógica e históricamente el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del Estado de Derecho”. Es de especial interés la mención en la obra del momento histórico que vive América Latina, el llamado “autoritarismo cool” que no es más que retazos de discursos reciclados de la doctrina de la seguridad nacional (ahora ciudadana).
Leyendo al maestro Luigi Ferrajoli en su trabajo “Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales. La rigidez de la Constitución y sus Garantías”, veo una frase que parece escrita para la actualidad (no sólo de nuestro país, sino que por extensión cabe para otros países de América Latina: Brasil y Paraguay como casos a mencionar); allí el mencionado autor expresa lo siguiente: “ (….) En teoría, siempre es posible que con métodos democráticos se supriman, por mayoría, los propios métodos democráticos; no sólo los derechos de libertad y los derechos sociales, sino también los derechos políticos, el pluralismo político, la división de poderes, la representación, en otras palabras, todo el sistema de reglas que constituye la democracia política”. Completa con la mención de otra frase vertida por el ya fallecido jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio “en un Estado de Derecho las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas de juego: son reglas previas que permiten el desarrollo del juego” ( Extraído de N. Bobbio El futuro de la Democracia).
Por la finalidad y para no extralimitarse en el desarrollo, entiendo que con estas últimas referencias realizadas de prestigiosos maestros del Derecho encontramos una objetiva respuesta a la cuestión planteada sobre Estado de Derecho y Democracia, y su vulnerabilidad a partir de la supresión o limitación de las Garantías individuales.
Efectuada esta introducción, pasaré a realizar una breve descripción de cuáles son y en qué consisten esas reglas de juego en un Estado de Derecho, a las que hace referencia Norberto Bobbio para su plena vigencia.
Como una primera aproximación podemos decir que el Estado de Derecho surge como contrapartida del Estado Autoritario y absolutista. En un Estado de Derecho el poder del Estado se encuentra limitado por el Derecho, con la finalidad de evitar abusos de poder o violación de derechos; es decir en un Estado de Derecho se prioriza garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En forma meramente enunciativa algunas características que distinguen a un Estado de Derecho son:
El ordenamiento jurídico se instituye de manera democrática y sin abuso de poder.
El Estado de Derecho garantiza los derechos civiles e individuales de todas las personas, basada en el principio de igualdad ante la ley.
En un Estado de Derecho se asegura la aplicación de las Garantías procesales del derecho penal a todos los imputados de haber cometido un hecho tipificado como delito en el Código Penal con anterioridad al acontecimiento que diera origen a la acusación
Podemos afirmar que el artículo 18 de la Constitución Nacional constituye una de las máximas garantías de la libertad personal frente al abuso del poder y aún ante los legítimos derechos de la sociedad de defenderse de la acción de la acción delictiva. En ese sentido se ha dicho: “En la versión clásica, la garantía procura evitar que inocentes resulten condenados mediante la confesión obtenida por apremios, torturas o pruebas fraguadas o que los gobernantes, persigan de ese modo a sus enemigos políticos. [María Angélica Gelli; Constitución de la Nación Argentina, comentada y Concordada ed. La ley Pág. 162].
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el artículo 18 de la Constitución Nacional viene a poner seguridad jurídica e imponer límites claros y precisos al desarrollo del proceso penal; consagrando, en palabras de la mencionada autora, tanto la dignidad del imputado, cómo el de la sociedad en su conjunto, que se denigra a sí misma si las permite y del Estado quien, si emplea conductas delictivas, pierde su legitimidad moral y jurídica.
Como primera conclusión podemos entonces afirmar que el texto del artículo 18 de la CN viene a instituir límites precisos a la actividad represiva del Estado y a los instrumentos para hacerla efectiva.
El principio de legalidad en el proceso penal – Presunción de Inocencia, el Debido proceso Legal
Constituye el principal límite al ejercicio del “ius puniendi” por el Estado, siendo éste el derecho o facultad del Estado para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena, pues los poderes públicos se hallan sometidos al imperio de la ley en toda su dimensión, lo que supone, entre otras cosas, que el proceso penal se desarrolle con plenas garantías.
Con el colapso del principio de legalidad y con esto de la capacidad regulativa de la ley tiene como consecuencia directa que se vean debilitadas las funciones políticas sobre las cuales se basa el Estado de Derecho y por ende las garantías individuales. Estas funciones son esencialmente tres. 1) Asegurar sobre todo la certeza del derecho, que está representada por la garantía de igualdad frente a la ley, por la libertad del ciudadano frente a los castigos arbitrarios e, incluso antes de estas garantías, por el conocimiento y la credibilidad en el sistema penal 2) asegurar la sujeción del juez a la ley que es garantía de la inmunidad del ciudadano contra el arbitrio de los jueces y , al mismo tiempo, fundamento de la independencia de la magistratura y de la división de poderes, y 3) asegurar la primacía de la ley, y por lo tanto de la política y de la soberanía popular.
Hoy en día podemos señalar que estas tres funciones se encuentran afectadas, por la crisis que en los hechos se demuestran, tanto de las garantías penales cómo las procesales y con ello el colapso del principio de legalidad.
Retornando al prestigioso maestro del Derecho Penal Luigi Ferrajoli podemos decir que “Las Garantías procesales no son más que la traducción en reglas jurídicas de elementales criterios epistémicos de verificación o refutación empírica: las cargas de la prueba de una hipótesis acusatoria por parte de quien acusa no son sino la carga de producir confirmaciones empíricas idóneas para sostener la comprobación como verdadera; la respuesta al imputado en forma clara y precisa de los hechos que le son atribuidos y el derecho de la defensa al contradictorio público no son sino la puesta a prueba de la misma hipótesis de acusación a través de su exposición a las refutaciones, a las contrapruebas producidas por la defensa, y finalmente, la imparcialidad del juez respecto a las partes en conflicto, la publicidad y la oralidad del rito procesal, así como la obligación de motivarlas decisiones judiciales y la pluralidad de grados de las jurisdicción, no son sino las reglas que aseguran la honestidad intelectual del juez, pero también del Ministerio Público, su independencia de juicio y los controles sobre sus posibles errores y abusos (…..) Por esto las Garantías penales y procesales son al mismo tiempo garantías de libertad y dignidad de la persona. Es más, estas son garantías de verdad y de respeto de la persona en la misma medida en que son garantías de verdad”.
El Principio de Inocencia e Igualdad ante la ley
El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional afirma que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin ´juicio previo´, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ninguna duda cabe en el sentido que ese ´juicio previo´ es el que debe dar paso a una condena penal firme que cierre el proceso, mientras esto no ocurra, todos los habitantes de este suelo gozamos de un “estado de inocencia”, aún cuando registre algún proceso en trámite y cualquiera sea su progreso.
Es decir, tal como nos enseña el Dr. Jorge A. Claria Olmedo, todo imputado goza de ese “estado de inocencia” desde antes de iniciarse el proceso y durante todo el período cognoscitivo de éste. Ese estado no se destruye con la denuncia, el procesamiento o la acusación; se requiere una sentencia penal condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada: “juicio previo” (Tratado de Derecho Procesal Penal del Dr. Jorge A. Claria Olmedo, Tomo I -nociones fundamentales-, ed.: Ediar SA Editores, pag. 231).
Por su parte, el Dr. Julio Maier, afirma que la ley fundamental impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena (Derecho Procesal Penal del Dr. Julio Maier, Tomo I- fundamentos-, ed. Editores del Puerto s.r.l., pág.: 490).
“Todos los habitantes son iguales ante la ley”, reza el artículo 16 de la Constitución Nacional. El principio de la igualdad formal que fue establecido en el mencionado artículo, reconoce antecedentes en la Declaración del Hombre y el Ciudadano (Francia, 26 de agosto de 1789). Según el artículo 1°, de esta declaración “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Conforme al artículo 6° se establece que la ley debe ser la misma para todos, tanto cuanto protege cuando castiga. Es así que reiterada doctrina de la Corte Suprema de la Nación (pareciera hoy olvidada) ha sostenido que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias.
Finalmente la Constitución Nacional encierra el artículo 28, que por ser tan escueto encierra en su redacción la suma de garantías de limitación del poder dice: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Surge entonces la limitación al poder, de los tres poderes del estado y por ende de sus funcionarios. Así, el Poder legislativo, cuando dicta normas generales; el Poder Ejecutivo cuando dicta su reglamentación y las aplica, en la interpretación no arbitraria de aquellas; y el poder judicial cuando zanja conflictos con arreglo a la leyes. En todos los casos, siempre, se encuentran obligados a ajustarse y a no alterando las declaraciones, derechos y Garantías de la Constitución y de los Tratados internacionales incorporados a la misma mediante el artículo 75, inciso 22 en la reforma de 1994.
Como corolario de esta ponencia podemos expresar que cuando restringen o se niegan derechos, no sólo se está poniendo en juego la libertad individual, la cuestión va más allá, trasciende a todos los ciudadanos, es el sistema democrático y el estado de Derecho lo que corre riesgo su continuidad, sistema que con aciertos y/o defectos debemos sostener y defender de todo atender; Los sucesos de la historia reciente de nuestro país, de las cuales aún sus consecuencias siguen vigentes, deben ser suficiente guía de conducta para ello, de allí la imperiosa necesidad de sumarse sin ningún tipo de especulaciones políticas “en defensa de la democracia ante la emergencia de nuestro Estado de Derecho” cómo se expresó en el documento mencionado al inicio de éste artículo.
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