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Timestamp: 2017-03-29 15:15:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 768', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 123', 'artículo 768', 'artículo 766', 'artículo 766', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 310', 'artículo 148', 'artículo 310', 'artículo 200', 'artículo 201', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 1915', 'artículo 1917', 'artículo 1919', 'artículo 1942', 'artículo 2196', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 53', 'artículo 785', 'artículo 53', 'artículo 785', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 87', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 6']

febrero | 2013 | TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 25.04.2012 – ROL 1648-2012, se puntualiza que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa, éstos deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso materia de controversia, el contribuyente afirmó que los depósitos en fondos mutuos que mantiene los hizo con excedentes de caja, sin embargo, dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009, de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones. Coincidimos con lo expresado por la Corte Suprema Chilena, siendo frecuentemente abordado en los seminarios expuestos a nivel nacional.
Especialista en Tributación y en Normas Internacionales de Información Financiera
Santiago, veinticinco de abril del año dos mil doce.
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el contribuyente Abdón Correa Canelo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la sentencia de primera instancia que acogió en parte el reclamo deducido.
I.-En cuanto al recurso de casación en la forma:
Segundo: Que el reclamante ha sostenido que la sentencia impugnada ha incurrido en la causal de nulidad formal del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, esto es, en la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por cuanto no se realiza la ponderación de toda la prueba rendida en autos y en los casos en que se efectúa lo hace de manera errónea o derechamente omite pruebas o parte de aquellas, específicamente en lo que dice relación al informe emitido por la contadora auditora Elizabeth Gómez Espinoza, que entrega un análisis detallado y exhaustivo de la contabilidad completa de su parte y de todos los documentos que la fundan.
Tercero: Que la mencionada causal quinta, en cuanto se refiere al numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, por expresa disposición legal no tiene cabida en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, como ocurre con el presente, el cual se encuentra previsto y reglado por las normas del artículo 123 y siguientes del Código Tributario, lo cual impide que el recurso en examen se pueda traer en relación al ser improcedente por esta causal.
Cuarto: Que, efectivamente, el artículo 768 inciso segundo del Código de Enjuiciamiento en lo Civil dispone que “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de este artículo y también en el número 5º cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”.
El artículo 766, por su parte, alude a “las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales”.
Quinto: Que el reclamante conjuntamente con el recurso de nulidad formal dedujo un recurso de casación en el fondo y denuncia como primer error de derecho la errada interpretación del inciso tercero del artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En efecto, aduce que el artículo 70 consagra una presunción simplemente legal que permite ser desvirtuada por los medios de prueba que la ley establece y que yerra la sentencia al establecer que dicha disposición legal limita la prueba en el caso del comerciante a la contabilidad completa, pues la contabilidad es mucho más que los cuatro libros indicados en el artículo 25 del Código de Comercio, incluyendo también los libros auxiliares y todos los documentos o antecedentes que sirven de fundamento para esos registros, de esta forma el tribunal debió reconocer que su parte tenía a su disposición los fondos suficientes para las inversiones en el Fondo Mutuo Alfa del Banco de Crédito e Inversiones.
Sexto: Que el primer capítulo de casación antes mencionado no puede ser atendido por cuanto, tal como lo ha sostenido con antelación esta Corte, la interpretación que debe darse al inciso tercero del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta es que tratándose de contribuyentes que se encuentran obligados a llevar contabilidad completa –cuyo es el caso del reclamante- deben acreditar el origen de los fondos con que han efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones mediante dicha contabilidad. En el caso de autos el reclamante afirma que los depósitos en fondos mutuos que mantiene por $305.500.000 los hizo con excedentes de caja; sin embargo, tal como se asentó en el fallo dichos excedentes no se encuentran contabilizados y los saldos de la cuenta caja no guardan correspondencia con la inversión en fondos mutuos a abril de 2009 (considerando décimo quinto del fallo de primer grado, reproducido por el de alzada), de manera que no pueden aceptarse otros medios de prueba si la propia contabilidad del contribuyente no refleja la existencia de los fondos con que dice haber realizado sus inversiones.
Séptimo: Que como segundo capítulo de casación el reclamante denuncia la vulneración de lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, en lo que dice relación a la excepción de prescripción invocada en el escrito de apelación a la sentencia de primera instancia, norma aplicable por mandato del artículo 148 del Código Tributario, por lo que la Corte de Apelaciones no pudo rechazar la mencionada excepción por no haberse alegado en primera instancia, pues tal como la norma lo permite dicha excepción se invocó después del fallo de primer grado y antes de la vista de la causa. De este modo, sostiene que se debió haber acogido la prescripción parcial de los impuestos liquidados, especialmente los anteriores a noviembre de 2007.
Octavo: Que si bien es efectivo que conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil la excepción de prescripción pudo invocarse en el escrito de apelación, no es menos cierto que el error de haberla desestimado no tiene influencia en lo decidido. En efecto, el reclamante alegó en forma subsidiaria en su escrito de apelación la prescripción del artículo 200 del Código Tributario en relación al artículo 201 del mismo cuerpo legal por cuanto la notificación administrativa se produjo el 29 de noviembre de 2010; por tanto, contado tres años hacia atrás se encuentra prescrita la acción de cobro y la facultad de liquidar todo otro impuesto cuyo pago debió hacerse desde el 29 de noviembre de 2007 inclusive.
Noveno: Que, sin embargo, las liquidaciones practicadas al contribuyente, según puede leerse a fojas 1, comprenden el período abril del año 2009, por impuesto al valor agregado y año tributario 2010 por impuesto a la renta de primera categoría e impuesto global complementario, por lo que al haberse efectuado la notificación administrativa el 29 de noviembre de 2010, según él mismo reconoce a fojas 132, no ha transcurrido el plazo de prescripción que invoca.
Décimo: Que así, el recurso de casación en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento y ha de ser rechazado.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de fojas 180 contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil once, escrita a fojas 177.
CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – ROL 1648-2012 – 25.04.2012 – MINISTROS SR. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G. – ABOGADO INTEGRANTE SR. ALFREDO PRIETO B.
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Alan Emilio en Tarapoto
Mediante sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile – 04.05.2012 – ROL 7322-2009, se puntualiza que el dinero percibido como “anticipo” con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría (de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena cuya categorización de rentas es diferente que el Impuesto a la Renta peruano) en el año tributario antes indicado. Resalta la Corte Suprema Chilena que la alegación hecha por el contribuyente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis fue desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso.
Santiago, cuatro de mayo de dos mil doce.
En estos autos ingreso Corte Nº7322-09, sobre reclamo tributario, caratulados XXX Ltda. con Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de primer grado de diez de agosto de dos mil siete, se rechazó el reclamo interpuesto en contra de la Liquidación Nº 280, de 2 de julio de 1997. Apelada que fuera esta sentencia, por fallo de quince de julio de dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de Concepción, la confirmó.
Contra esta última decisión la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento se ha ordenado traer estos autos en relación.
I.-En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Primero: Que, mediante este recurso, se denuncian como infringidos los artículos 1, 2 Nº1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Segundo: Que respecto a los errores denunciados, señala que no hay duda en que el impuesto a la renta pretende gravar la obtención de una renta coincidiendo en este caso el hecho gravado con el objeto impositivo, esto es, el objeto económicamente afectado con el tributo, ya que el artículo 1 de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que se establece un impuesto a la renta, y en el artículo 2 Nº1 de dicha ley, el legislador la define como: “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación”.
Así la noción de renta implica un incremento de patrimonio, de manera que no comparte ese carácter el ingreso que junto con aumentar el activo aumenta el pasivo, de forma tal que un préstamo bancario es un ingreso pero no renta porque no incrementa el patrimonio del perceptor.
De allí el error de derecho en que se incurre en la sentencia que se pretende anular, el que se verifica al mantener la liquidación del Impuesto a la Renta de Primera Categoría cursada en su contra, por cuanto se considera renta los veinticinco millones de pesos percibidos con ocasión de la suscripción de un contrato de arriendo, sin tomar en cuenta que dicha suma debía ser restituida a la arrendataria durante la vigencia del contrato celebrado, por lo que es un ingreso que no puede ser calificado como renta ya que aumenta el activo y el pasivo de la sociedad.
Tercero: Que denuncia como error de derecho, la errónea aplicación hecha de los artículos 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ya que tales preceptos ordenan afectar con el impuesto de primera categoría las rentas, de modo que la percepción de un ingreso correspondiente a la explotación del giro de bienes raíces no agrícolas cuyo es su caso, en el ejercicio de su devengo o percepción supone la existencia de una renta, o sea, un incremento de patrimonio según lo que contempla el Nº 1 del artículo 2 de la Ley mencionada, lo que no ocurre en este caso.
Señala que el artículo 19 de la Ley de Impuesto a la Renta en lo pertinente expresa que las normas del título II referido al impuesto cedular por categoría “se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas” por su parte el artículo 20 de la norma citada dispone en su Nº 1 que el impuesto de primera categoría afectará en primer lugar “la renta de bienes raíces en conformidad a las siguientes reglas” y en su letra d) a las rentas de bienes raíces no agrícolas. De forma que al disponer en el artículo 29 de la Ley que constituyen ingresos brutos del ejercicio todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, se refiere necesariamente a los ingresos que constituyen técnicamente renta, conforme a la definición legal porque de otro modo quedarían afectos ingresos que incrementando el activo del patrimonio del contribuyente aumentan al mismo tiempo el pasivo lo que distorsiona el sistema del impuesto a la renta. Lo mismo sucede en el caso del artículo 15 de Ley de Impuesto a la Renta que no fue respetado por los jueces del fondo, ya que ordena la imputación allí contemplada “para determinar los impuestos establecidos por esta ley”, impuestos que afectan la renta según se lee en los artículo 1 y 2 Nº 1 del Decreto Ley Nº 824 y no a la percepción de un ingreso que junto con aumentar el activo incrementa el pasivo.
Expresa que lo anterior se reafirma si se atienden las expresiones “renta bruta” y “renta liquida” contemplada en los artículo 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, los que no fueron respetados por los jueces al afectar con el impuesto de primera categoría a un simple ingreso que no se encuadra en el concepto legal de renta establecido en el Nº 1 del artículo 2.
Cuarto: Que en cuanto al último de los capítulos de casación, agrega que el impuesto a la renta de bienes raíces no agrícolas establecido en la letra d) del Nº 1 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, grava las rentas de los mismo bienes, esto es, a las rentas de arrendamiento, calidad que no reviste la suma de veinticinco millones de pesos y al no decirlo así, la sentencia incurrió en un grave error de derecho en la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
El artículo 1915 define el contrato de arrendamiento, por su parte el artículo 1917 señala que el precio que se paga periódicamente por dicho goce se denomina “renta” y el artículo 1919 dispone que la renta la paga el arrendatario y no el arrendador, además el artículo 1942 es más categórico al señalar que “el arrendatario es obligado al pago del precio o renta”, de allí que como lo expresa el voto de minoría “no hay razón que explique que el arrendador se obligue a restituir a la arrendataria durante la vigencia del contrato de arriendo una determinada suma percibida con ocasión de la suscripción del mismo como acontece en el presente caso”, porque dicha suma se percibe conforme a un mutuo que se define en el artículo 2196 del CC.
Así las rentas de arrendamiento las percibe el arrendador a cambio del goce de la cosa y no puede ser objeto de restitución sino que las percibe de modo definitivo ingresando a su patrimonio incrementándolo, en consecuencia queda afecto al impuesto a la renta. Pero esa no es la situación de la reclamante ya que ingresa la suma a su patrimonio y queda obligada a su restitución por lo que no es una renta de arrendamiento y por ello se incurre en infracción de ley al no decirlo así.
Quinto: Que, previo a analizar las infracciones denunciadas, útil resulta consignar los hechos que se han establecido por la sentencia, a saber:
– Durante el año comercial 1994, tributario 1995, la reclamante percibió rentas de arrendamiento por el monto indicado en las liquidaciones.
– Que las rentas se entregaron en virtud de contrato suscrito el 17 de noviembre de 1994, el que estipula una duración de 12 años a partir de1 1° de octubre de 1994.
– Que los cánones de arrendamiento no fueron contabilizadas por la reclamante como rentas devengadas durante los años tributarios 1995, 1996 y 1997, que habían sido percibidas, y que corresponde al desarrollo del contrato de arrendamiento en los años comerciales 1994, 1995 y 1996.
– En la cláusula quinta del contrato de arrendamiento suscrito por la reclamante se establece un anticipo de veinticinco millones de pesos, mismo que se restituiría mensualmente durante los doce años de vigencia del contrato de arriendo.
Sexto: Que según se ha dejado sentado en la sentencia recurrida lo discutido es determinar si la suma de veinticinco millones de pesos percibidos por XXX Limitada con motivo del contrato de arriendo suscrito con Tricot S.A., constituye un ingreso bruto para ésta y en consecuencia si queda o no gravada con impuesto a la renta de primera categoría.
Séptimo: Que conforme a lo reseñado precedentemente los sentenciadores del fondo arriban a la conclusión que el dinero recibido como anticipo corresponde en el caso de autos a “renta” de manera que debe incluirse en los ingresos brutos del año en que se percibió.
Octavo: Que para resolver como lo han hecho los sentenciadores han tenido presente que conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Ley Nº 824 por renta entienden “los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”. y en su N°3 define a la renta percibida como “aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago”.
Noveno: Que por su parte el artículo 29 del Decreto Ley Nº 824 en su artículo 29 señala:“Constituyen ingresos brutos todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades incluidas en la presente categoría, excepto los ingresos a que se refiere el artículo 17”. Por su parte el inciso segundo del mismo artículo expresa: “El monto a que asciende la suma de los ingresos mencionados, será incluido en los ingresos brutos del año en que sean devengados o, en su defecto del año en que sean percibidos por el contribuyente, con excepción de las rentas mencionadas en el Nº 2 del artículo 20, que se incluirá en el ingreso bruto del año que se perciban”.
Décimo: Que de este modo una interpretación armónica de las disposiciones precedentemente señaladas permite concluir, como lo han hecho los sentenciadores en esta causa que el dinero percibido en el año tributario 1995 como “anticipo” constituye renta, de tal forma que debió ser incluido en la base imponible de primera categoría en el año tributario antes indicado. Sobre la alegación hecha por el recurrente respecto a que el dinero recibido constituiría un ingreso condicional, tal hipótesis debe ser desestimada a la luz de los antecedentes allegados al proceso. En consecuencia, al decidir como han hecho, los jueces del mérito no han incurrido en error de derecho alguno, por el contrario, han dado correcta aplicación a las normas que se dice infringidas, lo que conduce al necesario rechazo del recurso de casación en el fondo.
II. Casación de oficio.
Undécimo: Que como ha quedado de manifiesto en los razonamientos precedentes, el recurso únicamente consideró que se habían infringido las normas de los artículos 1, 2 Nº 1, 15, 19, 20 Nº 1 letra d), 29, 30, y 31 del Decreto Ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta, en relación con lo dispuesto en los artículos 1915, 1917, 1919, 1942 y 2196 del Código Civil.
Duodécimo: Que aún cuando no llega a desarrollar una infracción específica, la reclamación de autos inequívocamente comprende la inexigibilidad de los intereses que previene el artículo 53 del Código Tributario. En efecto, la obligación de pagar intereses o, mejor dicho, la existencia de la obligación de pagar intereses es consecuencia de la falta de pago del tributo, motivo por el cual cuando se reclama la inexigibilidad de éste, ciertamente también se insta por no pagar la sanción pecuniaria.
Décimo tercero: Que lo anterior tiene importancia para los efectos de hacer uso de la facultad de obrar de oficio, por cuanto ella está permitida sólo cuando el recurso ha sido desechado por defectos de formalización, según lo previene el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. En la especie sólo se reclamó la nulidad por ser inexigible al pago del tributo, no contenido por tanto, una alegación de nulidad particular relativa al pago de los intereses de la obligación tributaria. Así las cosas, advirtiéndose tal insuficiencia del recurso y, como se pasará a explicar, una indebida aplicación de intereses, esta Corte actuará de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley.
Décimo cuarto: Que el artículo 53 inciso tercero del Código Tributario prescribe que: ”El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones”. El inciso quinto por su parte señala: “No procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales a que se refieren los incisos precedentes, cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a los Servicios de Impuestos Internos o Tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo Director Regional o Tesorero Provincial, en su caso”.
Décimo quinto: Que si bien el pago de los intereses moratorios encuentra justificación en el atraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, el mismo precepto prevé que dicho atraso pueda obedecer a una causa no imputable al contribuyente.
Décimo sexto: Que a la luz de dicha disposición cabe dilucidar si se ajusta a la legalidad que, por el lapso de tiempo procesalmente ineficaz que culminó con la declaración de nulidad por haber sido tramitado el proceso por un tribunal no establecido por la ley, se genere la obligación de pagar intereses moratorios.
Décimo séptimo: Que no cabe duda, de acuerdo al claro tenor literal del precepto citado, que constituye una exigencia legal para que se produzcan intereses moratorios respecto de impuestos adeudados que el tiempo transcurra por causa atribuible al contribuyente; y, como ha quedado expuesto, la extensión del proceso inválido se debió a una circunstancia no imputable a éste, sino que al propio estado al originar y proseguir con una organización de tribunales no establecidos por la ley para el conocimiento y juzgamiento de asuntos tributarios. De lo dicho es posible concluir que en el caso propuesto la generación de intereses durante el transcurso de tiempo descrito carece de base legal, por cuanto no se ha producido por la simple mora en el pago del impuesto. En otras palabras, los intereses han quedado despojados de su causa y circunscritos a la situación puramente objetiva del retraso que le sirve de fundamento. Por consiguiente, durante el tiempo que transcurrió entre las fechas en que se dictaron las resoluciones inválidas que tuvieron por deducidos los reclamos y las que los tuvieron definitivamente interpuestos, no se cumple con la exigencia requerida por la ley para que nazcan intereses moratorios, de suerte que dicho periodo de tiempo no puede ser tomado en consideración para aumentar la obligación tributaria.
Décimo octavo: Que según se hizo constar en los basamentos anteriores, la sentencia impugnada adolece de nulidad en cuanto mantuvo la obligación de pagar intereses moratorios, por cuanto su fundamento normativo inobservado exige que ellos se generen por causa imputable al contribuyente, esto es por el simple atraso o mora en el pago, presupuesto que no concurre en la especie.
Décimo noveno: Que sentada esta premisa, aparece de manifiesto que la sentencia recurrida no acató lo dispuesto en la precitada norma del Código Tributario. Tal error de derecho además ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, pues resulta de toda evidencia que si se hubiera cumplido la norma se habría resuelto declarar que no se han devengado intereses moratorios respecto de los impuestos liquidados durante el tiempo en que se extendió ineficazmente el proceso.
Vigésimo: Que en las circunstancias descritas corresponde que esta corte, en presencia de los presupuestos establecidos en el ya citado artículo 785 inciso segundo del código de procedimiento civil, proceda a casar de oficio la sentencia recurrida.
Vigésimo primero: Que es conveniente señalar que las consideraciones que anteceden no pueden extenderse a los reajustes que han de aplicarse al tiempo de duración del proceso aunque se encuentren previstos en la misma norma, porque su justificación es distinta y no puede ser desatendida. En efecto, con los reajustes se persigue mantener el valor de lo debido y para alcanzar tal finalidad han de ser dispuestos, ya que si así no se hiciera el contribuyente no llegaría a solucionar completamente el tributo debido. En cambio, los intereses constituyen sanción por la falta pago y, en el caso de autos, la dilación no es atribuible al particular sino, como se ha dicho, al Estado.
A.- Que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 198, contra la sentencia de 15 de julio de dos mil nueve, escrita a fojas 194.
B.- Que se invalida de oficio la misma sentencia, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
Regístrese.”
CORTE SUPREMA – TERCERA SALA – 04.05.2012 – ROL 7322-2009 – MINISTROS SRES. HÉCTOR CARREÑO S. – PEDRO PIERRY A. – SONIA ARANEDA B. – HAROLDO BRITO C. – MARÍA EUGENIA SANDOVAL G.
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Proceso de Convocatoria N° del 062 al 068 -2013
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, requiere contratar los servicios de Gestores de Orientación para las Sedes de Lima, Callao y del interior del país que a continuación se indican. Los seleccionados suscribirán un Contratos Administrativo de Servicios (CAS).
COD. PROCE
N° PER
Gestor de Orientación Lima y Callao
Gestor de Orientación Oficina Zonal San Martin
Gestor de Orientación IR Ica
Gestor de Orientación IR La Libertad
Gestor de Orientación IR Lambayeque
Gestor de Orientación IR Loreto
1.- Inscribirse en la página WEB de SUNAT
2.- Presentar los Formatos 1, 2, 3 y 4 (ver archivo WORD) y los Documentos Sustentatorios,en la fecha que se requieran.
Gerencia de Programación y Gestión de Servicios al Contribuyente
Titulado o Bachiller Universitario de las especialidades de Contabilidad o Derecho.
Acreditado con copia simple del título universitario o grado de bachiller universitario.
De preferencia con experiencia mínima de 06 meses en temas tributarios.Se considerará practicas pre-profesionales, profesionales y otras modalidades contractuales
Acreditando con copia simple de los certificados correspondientes.
De preferencia con capacitación en temas tributarios mínima de 24 horas.
Acreditado con certificados de estudios
Gozar de buen estado de salud, no tener problemas auditivos o de lenguaje que dificulten una adecuada comunicación con el contribuyente
Acreditado mediante la presentación de certificado médico.
Disponibilidad inmediata y para laborar en turnos rotativos de lunes a domingo.
CompetenciasIntegridadCompromiso
.Orientación a resultados
Se evaluará en la entrevista personal
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
Orientación tributaria al contribuyente de manera presencial y vía telefónica
Apoyo en la difusión de normas, procedimientos, campañas tributarias, así como en la de material y formularios con información tributaria.
Áreas de Servicios al Contribuyente de Lima , Calleo e interior del país ( en sedes señaladas)
Hasta el 30 de Junio de 2013, con posibilidad de renovación.
S/.4,200.00 (cuatro mil doscientos con 00/100 nuevos soles)
INSCRIPCION DE POSTULANTES Los interesados deben inscribirse a través de nuestra página WEB, www.sunat.gob.pe, en Únete a la SUNAT / Trabaja en SUNAT /Nuestras Convocatorias / Gestores de Orientación(Seleccionar una sede), del 21 al 27 de febrero de 2013.
El presente proceso consta de las etapas que a continuación se indican, cada una de las cuales tiene carácter eliminatorio.
Del 21 al 27 de febrero de 2013
Publicación de aptos a charla informativa
Charla Informativa y presentación de formatos de postulación
División de Reclutamiento y Selección (Lima) y Division de Servicios y Oficinas o Secciones de Soporte Administrativo ( sedes del interior)
Evaluacion de requisitos
Division de Servicios y Oficinas o Secciones de Soporte Administrativo ( sedes del interior)
Publicación de aptos para evaluación técnica y psicológica.
Evaluacion técnica y psicológica
Publicación de aptos para entrevista personal
Del 18 al 19 de marzo
Áreas de Servicio al Contribuyente
Mayores detalles en: http://unete.sunat.gob.pe/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=721&category_id=1&Itemid=63
Tagged with convocatorias sunat, SUNAT	Convocatorias SUNAT Especialistas en Contrataciones, Laboralistas, Contencioso Aduanero, Contencioso Tributario y en Derecho Tributario
PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 057 AL 061 PROFESIONALES ABOGADOS ESPECIALISTAS
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir seis (06) vacantes correspondientes al Perfil de Profesional Abogado para prestar servicios en la Procuraduría Pública de la SUNAT, de acuerdo a los perfiles y requisitos señalados en la convocatoria, a través de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). La distribución es la siguiente:
N° DE VACANTE
PAECEDC
CAS – 057
Profesional Abogado:
Especialista en Contrataciones del Estado y Derecho Civil
CAS – 058
PAEPCAPAMA
CAS – 059
Especialista en Procesos Contenciosos Administrativos y Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
PAEPCAPAMTI
CAS – 060
Especialista en Procesos Contenciosos Administrativos y Procedimiento Administrativo en Materia de Tributos Internos.
S/5 500.00
CAS – 061
Especialista Laboralista
ü No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
ü Es aplicable a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezca en las normas pertinentes.
(01) Profesional Abogado: Especialista en Contrataciones del Estado y Derecho Civil (CAS – 057):
Título Profesional en la especialidad de Derecho, acreditado mediante presentación de copia simple del título correspondiente.
Tener colegiatura habilitada, acreditado mediante presentación de fotocopia de carnet de colegiatura y constancia de habilitación.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en gestión de procedimientos administrativos, procesos arbitrales y judiciales en materia de Contrataciones del Estado y Derecho Civil; acreditada concopia simple de los certificados y constancias correspondientes.
Con estudios de postgrado y/o especialización en Contrataciones del Estado y en Derecho Civil, acreditado con copia simple de los certificados y constancias correspondientes.
Conocimiento en Arbitraje, Procesal Civil, Administrativo, Constitucional y Tributario, acreditado con Declaración Jurada.
Con conocimientos informáticos a nivel básico, acreditados mediante declaración jurada en: Microsoft Office, Word, Power Point y Excell.
(01) Profesional Abogado: Especialista en Derecho Tributario (CAS – 058):
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el seguimiento o análisis de procesos contenciosos tributarios, acreditado con los certificados y constancias correspondientes.
Especialista en Derecho Tributario, con estudios de postgrado en tributación, acreditado con copia simple de los certificados y constancias correspondientes.
(01) Profesional Abogado: Especialista en Procesos Contenciosos Administrativos y Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (CAS 059):
Experiencia laboral jurídica mínima de dos (02) años en materia administrativa y/o contenciosa administrativa; y en la tramitación de procesos vinculados a materia aduanera, acreditada con los certificados y constancias correspondientes.
Contar con estudios de especialización y/o diplomados derecho aduanero y/o comercio internacional y/o derecho administrativo y/o en procesos contencioso administrativo, acreditado con los certificados y constancias correspondientes.
(01) Profesional Abogado: Especialista en Procesos Contenciosos Administrativos y Procedimiento Administrativo en Materia de Tributos Internos (CAS – 060):
Experiencia laboral jurídica mínima de dos (02) años en materia administrativa y/o contenciosa administrativa; y en la tramitación de procesos vinculados a materia de tributos internos, acreditada con los certificados y constancias correspondientes.
Contar con estudios de especialización y/o diplomados en derecho tributario y/o derecho administrativo y/o en procesos contencioso administrativo, acreditado con los certificados y constancias correspondientes.
(02) Profesional Abogado: Especialista Laboralista (CAS – 061):
Experiencia laboral jurídica mínima de dos (02) años en materia laboral, acreditada con los certificados y constancias correspondientes.
De preferencia contar con estudios de especialización, diplomados en derecho laboral y procesal laboral, acreditado con los certificados y constancias correspondientes.
INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Los interesados deben inscribirse a través de nuestra página WEB, http://www.sunat.gob.pe, en Únete a la SUNAT / Trabaja en SUNAT / Nuestras Convocatorias, de acuerdo al perfil señalado en el plazo establecido en la convocatoria. Para poder considerar una postulación se deberá inscribir en la WEB y presentar los documentos solicitados en el plazos establecidos.
Los postulantes además de inscribirse en la web, deberán presentar losFormatos 1, 2 y 3 (incluidos en el aviso de convocatoria) en Mesa de Partes de la sede central, sito en Av. Garcilaso de la Vega Nº 1472 – Cercado de Lima; de lunes a viernes de 08:30 hasta las 16:00 horas, según cronograma.
Los formatos de postulación 1, 2 y 3 tienen carácter de declaración jurada, por lo cual la información consignada por el postulante será tomada como verdadera. En caso de comprobarse que ha registrado información falsa o que no se acredite la información sustentatoria correspondiente, la institución procederá a descalificar al postulante del proceso de selección, y de darse el caso adoptar las medidas legales correspondientes.
Si el postulante no presenta los documentos solicitados dentro del plazo señalado descalifica automáticamente.
ACTIVIDAD / ETAPAS
Publicación de Convocatoria en la página Web de SUNAT.
Inscripción en página Web de SUNAT.
22/02 – 10/03/13
Presentación en Físico de los Formatos de Postulación (1, 2 y 3) a través de Mesa de Partes de la Sede Central.
25/02 – 11/03/13
Publicación de Aptos Evaluación Técnica y Psicológica.
Evaluación Técnica y Psicotécnica.
Publicación en la WEB de Aptos a Entrevista Personal y Presentación de Documentos Sustentatorios.
Entrevista Personal y Presentación de Documentos Sustentatorios.
01 y 02/04/13
Publicación de Cuadro de Méritos en la WEB.
Ingreso de Personal CAS.
Cada etapa es de carácter ELIMINATORIO y es la División de Reclutamiento y Selección quien elaborará el respectivo cuadro de méritos, en función al promedio ponderado de la evaluación técnica, evaluación curricular y de la entrevista personal, de acuerdo a lo siguiente:
Revisión de Cumplimiento de Requisitos.
*En la etapa de Entrevista Personal, la SUNAT podrá convocar como mínimo a tres (3) candidatos por plaza vacante, en estricto orden de merito según las calificaciones obtenidas en las etapas evaluativas anteriores. De contar con un número menor de aprobados, se procederá a entrevistar a todos los postulantes aprobados a esta etapa.
Mayores detalles y formatos en: http://unete.sunat.gob.pe/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=720&category_id=1&Itemid=63
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Seminario en Ayacucho (Huamanga) 02 de marzo del 2013 Cierre Tributario y Financiero Impuesto a la Renta
AUDITORIUM CAMARA DE COMERCIO – INDUSTRIA Y TURISMO DE AYACUCHO
Jr. San Martín Nº 432, Ayacucho
Gracias a todos ustedes amigos en Ayacucho, la plaza se ve muy bonita y sobre todo la tienen lista para semana santa, un abrazo para todos y ya estaremos reencontrándonos en unos meses para abordar diferentes temas de interés empresarial. Saludos cordiales
Inscripciones en Ayacucho con Ingrit Hinostroza Pariona:
Celular: 966017044 RPM: #606150
E-mail: contadoresyempresa@hotmail.com
Dirección: Jr. Asamblea Nº 285- Interior 6, 3er Piso Of. 02 – Ayacucho
Celular: 966017044
RPM: #606150
Tagged with ayacucho sunat, huamanga sunat, impuesto a la renta ayacucho, renta ayacucho 2013	RTF 07056-8-2012 Comisión de Activación del Arrendamiento Financiero forma parte del costo del activo de acuerdo a la NIC 17
Alan Emilio en Pucallpa 2013
Mediante Resolución RTF N° 07056-8-2012, página 7, se indica que obra a fojas 176 a 194 del expediente materia de controversia el Contrato de Arrendamiento Financiero L-01629 celebrado el 02 de diciembre del 2003 entre el contribuyente y el Bank Boston Sucursal del Perú, respecto de la camioneta marca Toyota Land Cruisier Prado Turbo Diesel. Asimismo, obra a foja 136 el Comprobante de Pago N° D04-0005054, emitida por el Bank Boston Sucursal del Perú el 19 de diciembre del 2003 por concepto de “Comisión de Activación de Desembolso”, por la suma de US.$.500 correspondiente al mencionado contrato.
Refiere la RTF que de la referida documentación se observa que el contribuyente canceló la mencionada comisión al Bank Boston Sucursal del Perú con la finalidad de posibilitar el arrendamiento financiero del anotado vehículo, es decir, que incurrió en un costo directamente atribuible a las actividades realizadas a fin de llevar a cabo la adquisición de un activo a través de la contratación de un arrendamiento financiero, lo que se encuentra dentro de los términos señalados en el párrafo 16 de la NIC 17 y, por tanto, no debió ser cargado a resultados, como hizo el contribuyente, sino debió ser considerado como parte del valor de dicho activo.
Que en tal sentido, al haberse establecido que el importe pagado por la aludida comisión, al constituir un costo directamente vinculado con la celebración del contrato de arrendamiento financiero, debió formar parte del valor del activo objeto del referido contrato, no correspondía su deducción como gasto sino su activación, por lo que el reparo efectuado por la Administración se encuentra arreglado a ley y, por tanto, procede confirmar la apelada en este extremo.
Que si bien el contribuyente alude al inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, dicha norma está referida a la deducción de los gastos por concepto de intereses de deudas y gastos originados por su constitución, renovación o cancelación, lo que no corresponde al caso de autos, por lo que no resulta aplicable.
Coincido con la brillantez expuesta en esta oportunidad por los Vocales del Tribunal Fiscal, quienes en forma correcta aplican sistemáticamente el contenido de las Normas Internacionales de Información Financiera al ser estas normas habilitadas por la Ley General de Sociedades a efectos de la preparación y presentación de los Estados Financieros, como estructura integrada de los hechos de contenido económico ocurridos en la entidad. Este lineamiento ha sido expuesto en los seminarios llevados a cabo en Lima (16 y 30 de enero, así como 16 de febrero), en Pucallpa (19 de enero), en Chiclayo (26 de enero), en Trujillo (09 de febrero), en Chincha (16 de febrero), y seguidamente en Ilo (23 de febrero) y Ayacucho (02 de marzo), y se está coordinando también con Huánuco e Ica.
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Seminario en Ilo 23 de febrero 2013 Cierre Tributario y Financiero Impuesto a la Renta
“Gracias a todos mis amigos del sur que llenaron el evento, y ojo asistieron no solamente mi gente linda de Ilo, sino desde Moquegua, Tacna, Arequipa e inclusive algunos desde Lima que aprovecharon a visitar a sus familiares. Un abrazo para cada uno de ustedes puesto que gracias a su presencia se pudieron abordar muchos temas de interés tributario-contables, y nuevamente saludos para mis amigos de SUNAT que como en todo el país siempre asisten a nuestros eventos, para ellos mi sincero saludo también. Ojo el éxito merece también el atento saludo para Orlando Salas y toda su family. “
Local ELECTROSUR
Esquina Calle Ayacucho con Calle Junín, Ilo
Inscripciones en Ilo:
Celular: 953 637 987 – 953 972 350
RPM: *194567 – *400039
RPC. 953741578 orsave_57@hotmail.com
Informes en Ilo:
RPC. 953741578
orsave_57@hotmail.com
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1. Tratándose de la prestación de servicios de hospedaje y alimentación a sujetos no domiciliados, independientemente que aquellos servicios formen parte de un paquete turístico, solo pueden tener la calidad de exportador los establecimientos de hospedaje que presten dichos servicios.
2. Cuando los servicios en mención formen parte de un paquete turístico, los establecimientos de hospedaje deberán emitir una factura a nombre del OTD en la cual se deberá consignar tales servicios y la leyenda: “EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO LEGISLATIVO N° 919”. Por su parte, los OTD deberán emitir los siguientes comprobantes de pago: – Una Factura en la que se consigne los servicios de alimentación (10), transporte turístico, guías de turismo, espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y zarzuela, que conforman el citado paquete turístico.
– Una Boleta de Venta en la que se consigne los demás servicios que conformen el paquete turístico en mención, incluido el de hospedaje y alimentación a ser prestado por un establecimiento de hospedaje.
En ese sentido, se deja sin efecto el criterio señalado en el literal c) de la segunda conclusión del Informe N.° 123-2012-SUNAT/4 B0000.
3. La inscripción en el Registro Especial de Operadores Turísticos es requisito para que estos puedan utilizar el saldo a favor del exportador mas no para calificar como exportación a la operación detallada en el numeral 9 del artículo 33° del TUO de la Ley del IGV.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/informe-oficios/i013-2013.pdf
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En relación con la devolución definitiva del IGV e IPM prevista por la Ley N.° 27624, tratándose de contribuyentes que de conformidad con el artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario han optado por llevar su contabilidad en dólares americanos debe tenerse en cuenta que:
1. El impuesto objeto de devolución es el IGV efectivamente trasladado o pagado en las operaciones comprendidas en el régimen, siendo irrelevante tanto el importe que, en dólares de los Estados Unidos de América, hubiera anotado el beneficiario en su Registro de Compras (5), como el importe que por estas hubiera incluido en su declaración respectiva.
2. Tratándose de operaciones comprendidas en el régimen y realizadas en moneda extranjera, el IGV materia de devolución deberá determinarse realizándose la conversión en moneda nacional utilizando el tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria o, en su defecto, el último publicado, salvo en el caso de las importaciones en donde la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta en la fecha de pago del impuesto correspondiente.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/informe-oficios/i012-2013.pdf
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1. Para efectos de la exoneración prevista en el inciso a) del numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley de Amazonía, debe entenderse que un bien ha sido consumido en dicha zona cuando su empleo implica su extinción o destrucción, para satisfacer una necesidad.
2. Se entenderá que el café crudo, antes de su secado y pilado, ha sido consumido cuando como consecuencia de su empleo dicho bien se extinga o se destruya.
3. El secado y pilado del café crudo no pueden entenderse como consumo de este bien.
4. No se encuentra sujeta al SPOT la venta de café crudo realizada en la Amazonía por una empresa ubicada en dicha zona, para su consumo en ella, independientemente que el adquirente se encuentre o no ubicado en la referida zona.
5. Se encontrará sujeta al SPOT la venta de café crudo realizada en la Amazonía por una empresa ubicada en dicha zona cuando el consumo de ese bien se realice fuera de la zona en mención. A tal efecto, se considera que el consumo se realiza fuera de la Amazonía cuando el bien haya sido secado y pilado en ella para su posterior exportación.
6. Será deducible para la determinación de la renta imponible de tercera categoría el gasto cuya factura consigne la frase “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”, y sin embargo fue consumido fuera de dicha zona.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2013/informe-oficios/i011-2013.pdf Alan Emilio
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Tagged with 011-2013-SUNAT, Informe 011-2013-SUNAT, informe sunat amazonia, sunat amazonia 2013, tributacion en la amazonia	Seminario en Chincha 16 de febrero del 2013 Cierre Tributario y Financiero Impuesto a la Renta
Tagged with renta chincha 2013, renta chincha sunat, seminario en chincha renta 2012	Resolución de Superintendencia 028-2013-SUNAT retenciones a liquidaciones de compra y similares
Resolución de Superintendencia 028-2013-SUNAT modifica la Resolución 234-2005-SUNAT que aprueba el régimen de retención del Impuesto a la Renta sobre operaciones por las cuales se emiten liquidaciones de compra, así como aprueba nueva versión del PDT Otras Retenciones, formulario virtual 617
Sustitúyase el inciso b) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:
Al documento impreso como liquidación de compra con la respectiva autorización de la SUNAT, pero emitido en supuestos no previstos en el inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago.”
Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 3°.- AGENTE DE RETENCIÓN
Sustitúyase el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:
a) Las personas, empresas o entidades obligadas a emitir liquidaciones de compra, que paguen o acrediten rentas de tercera categoría cuando adquieran bienes a personas naturales que no otorguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC, de conformidad con el inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago.
b) Las personas, empresas o entidades que paguen o acrediten rentas de tercera categoría cuando, sin encontrarse dentro de los supuestos previstos en el inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago, emitan documentos como liquidaciones de compra.”
Artículo 4°.- SUJETO RETENIDO
Sustitúyase el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:
a) Las personas naturales que efectúen la transferencia de los bienes contenidos en el inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago, siempre que estas personas no entreguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC.
b) Las personas naturales que, sin encontrarse dentro de los supuestos del inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del Reglamento de Comprobantes de Pago, reciban documentos emitidos como liquidaciones de compra.
Artículo 5°.- MONTO Y OPORTUNIDAD DE LA RETENCIÓN
Sustitúyase el artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto:
La obligación de efectuar la retención del Impuesto a la Renta surgirá en el momento en que se pague o acredite la renta correspondiente.” DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
La presente resolución entrará en vigencia el 01 de marzo del 2013, con excepción de lo siguiente:
a). La tercera y quinta disposiciones complementarias finales entrarán en vigencia el 01 de febrero del 2013.
b). La cuarta disposición complementaria final entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (norma fue publicada el martes 29 de enero del 2013).
Segunda.- APROBACIÓN Y USO DE LA NUEVA VERSION DEL PDT OTRAS RETENCIONES, FORMULARIO VIRTUAL N.° 617
Apruébase el PDT Otras Retenciones, Formulario Virtual N.° 617 – versión 2.1, a ser utilizado por los deudores tributarios para la elaboración y la presentación de las declaraciones determinativas.
El mencionado PDT estará a disposición de los interesados a partir del 1 de febrero de 2013, independientemente del periodo al que correspondan las declaraciones, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias.
Tercera.- APROBACIÓN Y USO DE LA NUEVA VERSIÓN DEL PDT OTRAS RETENCIONES FORMULARIO VIRTUAL 617
Apruébase el PDT Otras Retenciones, Formulario Virtual N.° 617 – versión 2.1 a ser utilizado por los deudores tributarios para la elaboración y la presentación de las declaraciones determinativas.
El mencionado PDT estará a disposición de los interesados en SUNAT virtual y será utilizado a partir del 01 de febrero del 2013, independientemente del periodo al que correspondan las declaraciones, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias.
La SUNAT, a través de sus dependencias, facilitar{a la obtención del citado PDT.
Cuarta.- UTILIZACIÓN DEL PDT OTRAS RETENCIONES, FORMULARIO VIRTUAL N.° 617 – VERSIÓN 2.0
El PDT Otras Retenciones, Formulario Virtual N.° 617 – versión 2.0 sólo podrá ser utilizado hasta el 31 de enero de 2013.
Las cooperativas agrarias a que alude la Ley 29972 Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, declararán el monto total d las retenciones que le corresponda efectuar al amparo de lo previsto en el artículo 8 de la Ley, en el PDT Otras Retenciones, formulario virtual 617- versión 2.1.
Deróguese el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 234-2005/SUNAT y normas modificatorias.
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