Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/05/
Timestamp: 2018-03-21 03:13:48
Document Index: 415610223

Matched Legal Cases: ['artículo 154', 'artículo 1714', 'artículo 256', 'artículo 154', 'artículo 1688', 'artículo 154', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 84', 'artículo 262', 'artículo 517', 'artículo 262', 'artículo 262', 'artículo 517', 'artículo 335', 'artículo 262', 'artículo 126', 'artículo 26', 'artículo 95', 'artículo 336', 'artículo 95', 'artículo 336']

Boletín Legal Venezuela: mayo 2014
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/164566-510-22514-2014-07-1303.HTML
Mediante sentencia N° 510 del 22 de mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que las exigencias establecidas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, relacionadas con los actos del proceso que requieren facultad expresa, éstos deben estar expresamente enumerados en el poder que se sustituye para que tengan validez, aun cuando el sustituyente ostente de esas facultades expresas. En efecto, se señaló que:
“Sin embargo, en el proceso judicial se requiere una calificación especial en cuanto a la capacidad, la cual debe ser verificada por el juez al momento de procurar la homologación de la transacción referida a la capacidad procesal para la disposición de las concesiones otorgadas recíprocamente en el proceso (ex artículo 1714 del Código Civil), así como la disponibilidad de las materias objeto del referido contrato (ex artículo 256 del Código de Procedimiento Civil), ya que, sumada las condiciones de validez y formalidad establecidas en los artículos 1713 al 1723 del Código Civil, debe existir una facultad cualificada reflejada de manera expresa en el mandato para los apoderados judiciales de las partes, tal como se contempla en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa”.
Conforme a los artículos en cuestión, se aprecia que la sustitución como se expuso previamente, debe atender a las potestades del poder para sustituir o no y a las facultades otorgadas, por ende al ser una cláusula restrictiva para el ejercicio del mandatario su exigencia debe ser advertida independientemente de la facultad original que poseía el apoderado sustituyente, ya que al ser una facultad expresa establecida por el legislador -transacción-, su interpretación debe ser restrictiva en aras de garantizar el espíritu, propósito y razón de la norma, por cuanto el ejercicio de los mecanismos de autocomposición procesal requieren una cualidad cualificada no solo conforme a las normas de procedimiento civil sino conforme a las normas regulatorias del mandato, dentro de las cuales cabe señalar el artículo 1688 del Código Civil, que consagra que“Para poder transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso”.
En este sentido, se observa de las exigencias establecidas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, que independientemente de que el otorgante se encontrase facultado para convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, siempre es necesaria la indicación de la facultad expresa en el poder en cual se sustituye su representación aun cuando se reserve su ejercicio conjunto en la referida causa y dicha facultad pretenda ser ejercida por el sustituido carente de la misma” (énfasis añadido por la Sala).
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Gaceta Oficial: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/2352014/2352014-3985.pdf#page=1
En la Gaceta oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014, se publicó la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, cuyo contenido lo puedes leer aquí.
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Gaceta Oficial: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/2052014/2052014-3982.pdf#page=57
En la Gaceta Oficial Nº 40.415 del 20 de mayo de 2014, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) publicó la Providencia Administrativa Nº 007/2014, mediante la cual dictó su Reglamento Orgánico. El contenido de ese Reglamento lo puedes leer aquí.
Jurisdicción competente en materia de arrendamiento en los que habitan niños, niñas y adolescentes
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/164048-401-14514-2014-14-0016.HTML
Mediante sentencia N° 401 del 14 de mayo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia Nº 700 del 02 de junio de 2009 (caso: Feyi Ahimonetti Murgas), con el objeto de reafirmar que en aquellas causas que versen sobre el arrendamiento de un inmueble, la competencia para dirimir cualquier controversia corresponde a los Tribunales Civiles, aunque en el inmueble habiente niños, niñas y adolescentes, pues éstos no figuran como sujetos activos o pasivos en el conflicto intersubjetivo planteado. En efecto, se señaló que:
“El criterio jurisprudencial antes trascrito resulta perfectamente aplicable al caso de autos, dado que se trata de un conflicto intersubjetivo entre mayores de edad, en materia de arrendamiento, en el cual los accionantes en amparo denunciaron como situación lesiva a sus derechos y garantías constitucionales las vías de hecho (desalojo arbitrario) ejecutadas en su contra por la ciudadana Aracelis Del Valle Guerra, con ocasión de existir una aparente disputa en relación al contrato de arrendamiento sobre el inmueble que venían ocupando, conflicto intersubjetivo en el que no figuran como sujetos activos o pasivos el niño o el adolescente.
Por último, no puede dejar expresar esta Sala en cuanto a la medida cautelar solicitada por los accionantes, comparte lo expuesto por el Tribunal Segundo de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el sentido, que aún cuando los jueces con competencia civil deben actuar en apego al principio del interés superior de los niños, niñas y adolecentes, en la presente causa, “por tratarse de un presunto desalojo arbitrario proveniente de un particular en perjuicio de los accionantes en amparo, en una vivienda al parecer habitada por un niño y adolescente, descendientes de estos, se le indica a la parte que puede acudir por ante los órganos de protección, en este caso ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Jurisdicción del lugar de residencia del niño y adolescente en cuestión, para que de ser procedente, se tomen las medidas de protección más apropiadas..” De conformidad con lo establecido en los artículos 296, 160 letra b y 126 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.
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Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/abril/163058-0445-21414-2014-12-1199.HTML
Mediante sentencia N° 445 del 21 de abril de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó que la condenatoria en costas debe ser objeto de expreso pronunciamiento en la sentencia, su omisión o erróneo establecimiento conlleva a la modificación o nulidad del fallo.
También señaló que en aquellos casos en que la demandada resulte vencedora del juicio y haya hecho un llamado a un tercero al juicio no puede ser condenado a pagar las costas procesales del tercero, al no haber sido vencido, pues quien debería pagarlas en todo caso debería ser el accionante vencido. Por ello, se precisó lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, la condenatoria en costas del juicio laboral debe ser objeto de expreso pronunciamiento en la sentencia, por lo que su omisión o erróneo establecimiento acarrea la modificación o nulidad de lo decidido, según el medio de impugnación y la etapa del proceso en el que se haga valer, y así lo ha reiterado esta Sala de Casación Social en múltiples decisiones en las que ha declarado con lugar el recurso de casación por haber omitido o errado el ad quem en la condenatoria en costas del proceso o del recurso, desatendiendo los dispositivos expresos regulados en los artículos 60 y 61 de la ley adjetiva laboral.
De contenido de las normas transcritas, así como de los extractos jurisprudenciales supra, se colige que las costas procesales constituyen una condena accesoria establecida de manera expresa en la sentencia, la cual surge como consecuencia de la declaratoria “con o sin lugar” de la pretensión esbozada por el actor en su demanda, que conlleva al vencimiento total de una de las partes involucradas en el juicio, imponiéndosele como sanción al sujeto que no resultó favorecido, el deber de resarcir al vencedor los gastos que le ha ocasionado el haber sido obligado a litigar.
De todo lo antes expuesto, evidencia esta Sala de Casación Social que al haber sido declarada en el proceso sin lugar la pretensión esbozada por el accionante en su demanda, el mismo resultó totalmente vencido en el juicio, por lo que no podía la alzada condenar a la empresa demandada en costas de la tercería planteada, toda vez que dicha condenatoria implica sancionar al sujeto que resultó favorecido en el juicio, quien además de haber sido obligado a litigar en un proceso en el resultó beneficiado, debe resarcir a la empresa tercero interviniente los gastos del proceso, más aun que el administrador y accionista mayoritario de dicho tercero es el accionante.
En todo caso, si bien en el proceso la condenatoria en costas por la tercería resultaba procedente, la misma debió establecerse en contra del actor y no de la demandada, ya que al haberse declarado sin lugar la demanda interpuesta, es el accionante quien en definitiva resultó totalmente vencido en juicio, y no la empresa demandada, razón por la cual, al haber condenado el ad quem en constas de la tercería a la empresa demandada, incurrió en el vicio de falsa aplicación de ley que se le imputa”.
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/abril/163361-0504-29414-2014-12-0025.HTML
Mediante sentencia N° 504 del 29 de abril de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que para que proceda la responsabilidad solidaria de los accionistas con respecto a las obligaciones derivadas de la relación laboral en la derogada Ley Orgánica del Trabajo, debía existir un acuerdo donde se demostrara que existía esa responsabilidad solidaria, pues en esa Ley no se establece la responsabilidad solidaria de los accionistas con respecto a las obligaciones laborales, a diferencia del artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que sí prevé tal supuesto. En efecto, la Sala afirmó lo siguiente:
“En el caso concreto, del análisis de las pruebas no quedó demostrado la existencia de un acuerdo o contrato donde las partes hayan establecido la responsabilidad solidaria del Presidente, los directores o los accionistas y la compañía demandada por las obligaciones laborales de ésta última, ni existe norma legal expresa en el ordenamiento jurídico aplicable a este caso que establezca dicha solidaridad, a diferencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores de 2012 que en su artículo 151 establece que los accionistas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral, a los efectos de facilitar el cumplimiento de las garantías salariales.
En conclusión, para resolver la pretensión de solidaridad del ciudadano Mario Urdaneta Inciarte, es importante resaltar lo siguiente: en primer lugar, ya se indicó que no quedó demostrada la prestación del servicio para este ciudadano por lo que no existe obligación de carácter laboral pendiente; en segundo lugar, que no existe acuerdo que haya establecido la responsabilidad solidaria de los accionistas por las obligaciones laborales de la empresa; y, en tercer lugar, de conformidad con el criterio arriba trascrito, habiendo terminado la relación laboral antes de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, los accionistas no son responsables de las acreencias laborales de sus empresas, razón por la cual, no procede la responsabilidad solidaria solicitada del ciudadano Mario Urdaneta Inciarte”.
De otra parte, el fallo se refirió a la retribución por invención o mejora prevista en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo. Así, reafirmó el criterio establecido en la sentencia Nº 1497 del 13 de diciembre de 2011 (caso: Alexander Enrique Colmenares Gutiérrez contra Procter & Gamble Industrial, S.A.), la cual se refirió al objeto de la propiedad industrial como protector de la originalidad de una idea, en la naturaleza de la patente, los requisitos para la patentabilidad de las invenciones, especialmente los requisitos materiales. Destacó la Sala que conforme al artículo 84 eiusdem, es necesario establecer cuál es la invención o mejora, la participación del trabajador inventor y la medición del resultado. Así las cosas, se sostuvo que:
“Del análisis de las pruebas no se observa que el actor haya inventado o creado algún producto, maquinaria, herramienta, instrumento o técnica nueva susceptible de protección a través del sistema de propiedad industrial. Tampoco se observa que haya realizado alguna mejora en un invento al cual se le introducen modificaciones o adiciones, que aumenten su utilidad, su capacidad o su eficacia, sea el invento una máquina, producto, herramienta o instrumento.
Tampoco se observa que exista algún registro o solicitud de registro de invención o mejora por parte de la empresa en el cual sea necesario establecer el grado de contribución del actor en la misma.
Considera la Sala que en el caso concreto el actor participó y dirigió las inversiones necesarias para la ampliación y modernización de la empresa lo cual no se corresponde con las definiciones de invención o mejora que genere alguna retribución especial y que estén protegidas por el sistema de propiedad industrial, razón por la cual, se declara improcedente la solicitud del actor referida a retribución por invención o mejora de conformidad con los artículos 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Trabajo”.
Finalmente, la sentencia hizo alusión al carácter salarial de la asignación por vehículo al trabajador, por lo que reiteró el criterio establecido en la sentencia Nº 66 de 2000 (caso: José Heli Domínguez contra Honeywell, C.A.) y según ella, señaló que para que ese beneficio no se catalogue como salario debe ser percibido como un instrumento de trabajo necesario para llevarlo a cabo y no en un provecho o enriquecimiento del trabajador. Por lo que el elemento diferenciador es que es un instrumento para prestar el servicio y no de un beneficio que se recibe por el hecho de prestar el servicio en cuyo caso se tratará de un elemento de carácter salarial. Al respecto, se afirmó que:
“Consta en los recibos de pago que mensualmente le era pagada al actor la asignación por vehículo; en febrero de 2002, el recibo de caja dice asignación por vehículo y en la impresión del cheque y comprobante de egreso dice asignación de vehículo mensual y alquiler de vehículo; y, a partir de septiembre de 2002, los recibos y comprobantes de egreso solo señalan alquiler de vehículo por el mismo monto pagado en agosto de 2002 por asignación de vehículo.
Asimismo, no consta en ninguna prueba el contrato de alquiler de vehículo ni fue señalado en declaración alguna que se haya acordado dicho alquiler verbalmente.
Del análisis probatorio no se evidencia elemento alguno que permita establecer que hubo un contrato de alquiler del vehículo propiedad del actor para realizar su trabajo, sino un pago mensual. Tampoco consta que el pago corresponda a un reembolso por gastos relacionados con el vehículo. Adicionalmente, refieren ambas partes que se trataba del uso del vehículo del actor, el cual no solo lo utilizaba para realizar su trabajo sino también para sus diligencias personales por lo que no era exclusivamente para trasladarse al trabajo, en consecuencia, siendo un pago mensual que se incorporó al patrimonio del actor con ocasión de la realización de su trabajo considera la Sala que tal concepto sí tiene carácter salarial”.
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Solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/163496-284-30414-2014-13-0332.HTML
Mediante sentencia N° 284 del 30 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que la posibilidad de que el progenitor asuma o continúe ejerciendo solo la patria potestad en detrimento del otro según lo establecido en el artículo 262 del Código Civil (solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad), las cuales se tramitarán en lo sucesivo conforme a lo establecido en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así las cosas, la Sala analizó lo siguiente:
“Advierte la Sala, del análisis efectuado a la situación sub judice, la problemática de que en la práctica forense se esté desviando el especial propósito que persigue el mecanismo regulado en el artículo 262 del Código Civil, y se use el referido precepto para conseguir efectos diferentes a los perseguidos por el Legislador, en fraude a la Ley, para evitar que se aplique el procedimiento establecido para obtener las autorizaciones con el propósito de cambiar la residencia del niño o para viajar, siendo el objetivo real del dispositivo, ofrecer un instrumento útil, cuando no se tiene la presencia física de uno de los titulares de la patria potestad.
Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la patria potestad, se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil. En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como también, se ordena anunciar en el portal web de este Tribunal una referencia de este fallo a los fines de su divulgación. Así se ordena”.
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Anuladas las normas que regulan el recurso especial de juridicidad
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/163493-281-30414-2014-10-1039.HTML
Mediante sentencia N° 281 del 30 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se anularon los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y el artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, todos relativos al recurso especial de juridicidad.
La Sala destacó, que al no preverse taxativamente las causales de interposición y análisis de ese recurso se violó el principio de legalidad sobre las formas procesales. También se afirmó que el recurso al haber sido planteado para revisar sentencias definitivas en el ámbito contencioso administrativo invade a su vez competencias que le son propias a la Sala Constitucional. Entre los argumentos señalados por la Sala para anular esos artículos, encontramos los siguientes:
“Asimismo, esta Sala observa un vacío en el Capítulo IV del Título IV de la Ley, al no prever taxativamente las causales que darían lugar a la interposición y consecuente análisis del recurso especial de juridicidad. En su contexto, no se establece de modo alguno los límites de control que deberían regir a este medio adjetivo, específicamente, sobre qué vicios, deficiencias y violaciones daría lugar a la impugnación y consecuencia anulación de la sentencia; indeterminación que, a su vez, hace imposible estimar si efectivamente se trata de una tercera instancia. Tal inobservancia genera un problema desde la perspectiva de la validez y eficacia de las normas que conforman esta incipiente institución; su ambigüedad e indeterminación en su alcance da lugar a entender que su amplitud es sumamente vasta, con una aplicabilidad que no solo podría adoptar la función nomofiláctica de la casación; abarca también la potestad de revisión constitucional, al no preceptuarse las causales que darían lugar a la nulidad de los fallos.
La falta de previsión normativa de los supuestos de procedencia establece una contravención al principio de legalidad sobre las formas procesales (art. 156.32 CRBV), al pretenderse, por falta de regulación y delimitación, un medio impugnativo o de gravamen, cuya auténtica naturaleza tampoco puede precisarse debido a su indeterminación, dado que, en sus efectos, contraviene tanto el régimen de competencias de esta Sala Constitucional, en materia de revisión, como otros principios fundamentales de índole procesal constitucional. El conferimiento de una potestad dentro de los parámetros de la revisión, como lo menciona el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dan a entender que el recurso especial de juridicidad invade la función de control de esta Sala Constitucional y estaría generando una doble revisión a través de distintas Salas, infringiendo las potestades exclusivas determinadas en el artículo 336 constitucional.
La ausencia de supuestos de procedencia y la presencia de un ámbito de control tan amplio como lo expone el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: “La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico"; aunado a la connotación de revisión dado al recurso especial de juridicidad y sumado al carácter de “potestad discrecional” y “facultad excepcional” (s.SPA 997/2010, referida anteriormente), permiten determinar que existe una completa identidad entre el recurso especial de juridicidad y la potestad de revisión constitucional inherente a esta Sala Constitucional, siendo elementos que, en su conjunto, traen como consecuencia la invasión de las competencias establecidas en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Como consecuencia de lo anterior, esta Sala observa que los términos en que se pretende establecer el recurso especial de juridicidad también atentan contra el principio de singularidad de los recursos, en el sentido señalado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: “…el principio de la singularidad del recurso indica que en cada caso corresponde un recurso y no puede ser impuesto sino uno por vez. Es una consecuencia del sistema de legalidad de los recursos, en el sentido de que los medios impugnativos deben estar determinados por la Ley, y cuando corresponda uno, normalmente no se admitirá el otro…” (s.S.C. núm. 143 del 22 de mayo de 2001; caso: Félix Simón Torres Blanco).
El establecimiento del recurso especial de juridicidad mimetiza en su objeto y alcance a la revisión constitucional, subrogando las potestades de control de esta Sala Constitucional, y generando un desequilibrio, no solo por la invasión de competencia antes señalada, sino por interponer como carga para los justiciables, el ejercicio de otro medio recursivo que se confunde con la potestad de control de esta Sala prevista en el artículo 336.10 constitucional. Establecer un medio procesal de idéntica función contraviene el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al pretender un desvío del juez natural constitucional y atentando contra la celeridad procesal. Desde este ámbito, no solo vulnera la estructura constitucional de la función jurisdiccional, también influye negativamente en los derechos y garantías de los ciudadanos. Desde ambas perspectivas, la implementación del recurso especial de juridicidad, en los términos en que se propone, debe ser considerado inconstitucional”.