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Timestamp: 2016-12-04 04:31:37
Document Index: 157726414

Matched Legal Cases: ['Artículo 400', 'artículo 129', 'Artículo 129', 'Artículo 278', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 79', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 105', 'Artículo 86', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 404', 'artículo 424', 'artículo 283', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 323', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 38', 'artículo 115', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 28']

⭐MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE LAS DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER
MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE LAS DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER
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Alfredo Tebar Peña
1 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE LAS DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER Roberto Lara Chagoyán Para Carlos Mario Téllez Guzmán** Resumen La motivación de los hechos se ha convertido en los últimos años en un tema de gran relevancia, especialmente porque empieza a ser analizado no tanto desde las herramientas tradicionales del Derecho Procesal sino desde la epistemología nes a propósito de un medio de prueba cuyo uso por los tribunales constitucionales puede redundar en la construcción de la premisa fáctica a partir de criterios materiales: las diligencias para mejor proveer. Cumplen el mismo propósito que los amicus curiae del Derecho anglosajón. Se presenta un doble análisis de este tipo de diligencias: uno relacionado con los principios generales de la teoría general del proceso, y otro con los problemas epistemológicos. Lo que se busca con este estudio es llamar la atención sobre la relevancia que pueden tener estas medidas cuando generan una genuina convicción de los jueces. Se considera que, aun cuando el propio sistema normativo ofrece esta gran herramienta epistemológica a los jueces, la misma es poco utilizada en nuestro país. Palabras clave: Sistema procesal dispositivo, sistema procesal inquisitivo, prueba de los hechos, construcción de la premisa fáctica, epistemología judicial. Abstract Motivation of the facts supporting a legal claim has become in recent years a subject of great consequence, especially since there is a growing tendency to shift the analysis of this subject from the traditional tools provided by General Pro Suprema Corte de Justicia de la Nación. ** Insigne profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en donde imparte, entre otras, la materia de Teoría General del Proceso. Este trabajo constituye un sencillo pero sincero homenaje en su honor, por las enseñanzas que ha brindado a tantas generaciones de abogados. ISONOMÍA No. 35 / Octubre 20112 84 ROBERTO LARA CHAGOYÁN cedural Law to those offered by an epistemological approach to the manner in which judges work. This paper presents a series of thoughts revolving around a type of evidence the use of which and transcend in the construction of a statement of fact through the importation of material criteria, when used by constitutional courts: evidence obtained by a judge sua sponte, this is to say, without a prior motion or request from the parties. This sort of evidence serves the same purpose which amicus curiae serve in Common Law. This paper presents a double approach to the study of this sort of evidence: the one to certain epistemological problems. The intention of this study is to draw attention about the relevance that the use of this type of evidence may have in generating genuine conviction in judges. The author considers that even though the Mexican legal system offers this important epistemological tool to judges, it is seldom used by the judiciary. Keywords: procedural law systems, adversary and inquisitive, proof of the facts, construction of a statement of fact, judicial epistemology. I. Introducción No es un secreto para nadie que las diligencias (medidas o providencias) para mejor proveer suponen una ruptura del famoso principio dispositivo, según el cual el juez sólo debe resolver a partir de lo alegado y probado por las partes. 1 En lo que sigue, pretendo analizar hasta qué punto es posible admitir que se da esa ruptura, especialmente cuando, ante determinados problemas, los jueces se ven en la disyuntiva de traer o no al proceso determinado material probatorio que se considera necesario para resolver un problema de prueba o de 2 menos, dos posibles actitudes del juez: una más bien conservadora en la que el funcionario se ve a sí mismo como un operador del sistema sin mayor interés que el de cumplir con su encomienda a partir de los 1 Es posible encontrar diversas formulaciones latinas de este princicipio, tales como: 1) Iudex debet judicare secundum allegata et approbata, non autem secundum conscientiam: 2) Judex secundum allegata et probata judicare debet non secundum conscientiam; 3) Judex secundum allegata et probata partium iudicare debet, non secundum propiam conscientiam; o simplemente 4) secundum allegata et probata partium. Al respecto, véase, Picó i Junoy (2007). 2 pretación, atinentes a la premisa normativa (MacCormick, 1978, capítulo IV).3 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE mínimos exigibles; y otra según la cual la misión del juez va más allá: el cumplimiento de sus deberes no se agota con el mínimo legal posible sino que amerita un esfuerzo interpretativo que tenga como derrotero la máxima convicción posible sobre la verdad de los hechos, asumida como un deber de justicia. A mi juicio, este análisis no podría llevarse a cabo adecuadamente si no lo emprendemos desde una persse relaciona precisamente con temas tales como la posibilidad del co Las diligencias para mejor proveer constituyen una posibilidad legal, aunque discrecional, para que los jueces decidan o terminen por decidir si un hecho está o no probado. El tema sobre los hechos probados es demasiado extenso, por lo que lo voy a tratar exclusivamente a la discusión dentro del los márgenes de actuación previstos en el sistema jurídico, intentando resaltar sobre todo los riesgos del uso discrecional. Anticipo que mi posición personal va orientada a ver estas diligencias como genuinos deberes de motivación, por lo que discrepo de quienes ponen el acento en el aspecto discrecional como algo divorciado de los deberes. Así pues, los problemas que trataré están divididos en dos grupos: unos relacionados con la teoría general del proceso y otros con la motivación de los hechos. Antes haré una breve recensión histórica acerca del origen de estas medidas procesales y esbozaré algunas notas características del concepto. II. Algunos antecedentes históricos de las diligencias para mejor proveer El antecedente más remoto, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, se ubica en las Partidas de Alfonso X, El Sabio, redactadas entre 1254 y 1265, en Castilla. Esencialmente, de las diligencias para mejor proveer se dice lo siguiente: a) se enmarcan en la obligación legal de resolver a cargo del juez; b) se basan en la aspiración concreta de buscar la verdad; c) es necesaria la existencia de facultades para ejercerlas y d) buscan, concretamente, evitar la precipitación en el dictado de la re4 86 ROBERTO LARA CHAGOYÁN algunas de ellas es (Martín Ostos, 1981, p. 3845): 1) Ley 11, título 22: se autoriza al juez, que dude y no se atreva a resolver, a preguntar a los que él resuelva o indique cómo hacerlo; 2) Ley 13, título 14: el juez debe proveer el reconocimiento siempre que lo crea necesario para mayor ilustración; 3) Ley 2, título 12: el juez puede usar la pregunta dirigida a cualquier persona para saber mejor la verdad de los hechos dudosos; y 4) Ley 3, título 22: el juez no debe exponer su sentencia a la nota de precipitada y nula. Es hasta el siglo XIX cuando en diversos ordenamientos peninsulares se retoma la institución esencialmente con las mismas características. Entre ellas, podemos citar al Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 1835; las leyes que regulan los Consejos Provinciales y el Consejo Real de 1845 en donde aparece por vez primera la expresión para mejor proveer ; y las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y de 1881 (esta última sigue rigiendo hasta el momento). Convieson, más que autos, providencias. A decir de Martín Ostos (1981, p. guna, ya que se trata de una mera facultad del juez que, además, no es recurrible. Diferentes países hispanoamericanos adoptaron la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, aun cuando algunos, como México, ya habían alcanzado su independencia. De este modo, el Código de Procedimientos Civiles de 1884 establecía: Artículo 400. Nunca concluye el término para que el juez, quien aun después de la citación para sentencia o de la vista, puede recibir todas las pruebas que crea necesarias para la aclaración de los hechos y sean las comprendidas en el artículo 129. Artículo 129. Los jueces y tribunales podrán, para mejor proveer: 1. Declarar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de las partes, si no hubiere inconveniente legal; 2. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que reputen necesarios; 3. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito si su estado lo permite. Al decretar y practicar las diligencias a que este artículo se para las pruebas en el tít. V de este libro.5 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE Más adelante, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios del 1 de septiembre de 1932, reguló las medidas para mejor proveer de la siguiente manera: Artículo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral. En la actualidad, la institución mantiene esencialmente los mismos elementos e, incluso, se han ampliado las facultades del juez, como se verá más adelante. III. Notas características de las diligencias para mejor proveer En lo que sigue, responderé a peguntas tales como Qué son? Para qué sirven?, cuál es su objeto?, en qué momento procesal pueden ser ordenadas?, qué reglas deben utilizarse para aplicarlas?, y en qué casos se pueden ordenar? No pretendo presentar un análisis conceptual rígido ni estricto, porque no es el propósito de este trabajo. Más bien pretendo iniciar con un punto de partida básico que nos permita más adelante problematizar a propósito de la práctica de las diligencias para mejor proveer de cara a los principios procesales que las rigen y su condición epistemológica. Por ello, acudiré esencialmente a los contenidos normativos de la legislación mexicana y a la interpretación que de la misma ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía jurisprudencia. 1. Qué son las diligencias para mejor proveer? Sencillamente, se les y dirigidas a esclarecer la verdad de algún hecho controvertido. Sus características esenciales son las siguientes: i) son actos de instrucción; ii) surgen de la iniciativa del órgano jurisdiccional; iii) con ellas se busy necesarios o convenientes. Podemos complementar esta caracterización a partir de algunas notas negativas (Guasp, 1943, pp. 903 y 904):6 88 ROBERTO LARA CHAGOYÁN v) no deben utilizarse para igualar la situación de las partes; vi) tampoco para remediar su descuido o impericia; y vii) los hechos que con ellas se obtengan no deben ser constitutivos de la pretensión. A decir de este autor, el principio de igualdad procesal no tiene un valor absoluto, porque el objeto del proceso no es mantener esa igualad, sino poner a una distinción entre principios sustantivos y principios adjetivos: los últimos, a mi juicio, sirven para hacer posible la implementación de los primeros, que son los que contienen o promueven derechos fundamentales. Un principio adjetivo tiene, si se quiere, un carácter predominan ministren de la mejor manera posible la prevalencia de los principios sustantivos. La igualdad procesal es claramente un principio de carácter adjetivo, y Guasp, advirtiendo quizás la ambigüedad del término mente mantener la igualdad procesal (adjetiva), sino resolver el caso concreto en donde, eventualmente, podrá dilucidarse sobre una cuestión de igualdad (sustantiva). 2. Por otro lado, si nos preguntamos para qué sirven?, podemos detipo subjetivo. El primero consiste en mejorar el proceso; así, las medidas buscan precisamente una decisión más acorde con la realidad del supuesto planteado; se llevan a cabo para proveer mejor, para que el medidas se dirigen a lograr la convicción del juez sobre el material probatorio; con ellas, es posible despejar las dudas que pueda tener antes de dictar la sentencia. Desde luego, no debe perderse de vista que esta doble función de las diligencias juega especialmente en los llamados de prueba asociados a la premisa fáctica del silogismo con el que se resuelve un caso difícil. gencias para mejor proveer están exentos de problemas, ya que muchas veces, paradójicamente, el empleo de estas medidas viene a alterar algunos principios que se consideran fundamentales en el proceso, como es el caso del principio dispositivo. Por lo demás, ambas cuestiones7 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE (objetiva y subjetiva) tienen como factor común la búsqueda de la verdad, lo cual hace de inmediato saltar de su silla a muchos juristas prácticos que ven en ello amenazada la pureza del Derecho. Más adelante volveré con este problema. 3. En otro orden de ideas, es importante precisar que el objeto de las diligencias para mejor proveer puede ser cualquier tipo de medio de prueba; baste, como ejemplo, remitirnos al contenido del Código Federal de Procedimientos Civiles que, en su artículo 79, señala: [p]ara conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos [ ]. 4. Otra pregunta interesante con respecto a las notas características de las diligencias para mejor proveer es: en qué momento procesal pueden ser ordenadas? Tradicionalmente, se ha sostenido que puede ser en cualquier momento del proceso. Así, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 79 de nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales no tienen límites temporales para ordenarlas. Ligada a esta pregunta, podemos formularnos esta otra: qué reglas deben utilizarse para aplicarlas? Comúnmente, se acepta que la regulación de estas medidas no es la misma que para cualquier otra prueba. En nuestro país, por ejemplo, el referido artículo 79 prescribe que para los tribunales no rigen las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. Así las cosas, si las diligencias para mejor proveer pueden ordenarse en cualquier tiempo y si su práctica no tiene las mismas limitaciones normativas que tienen dimiento queda subordinada al interés epistemológico de encontrar la verdad en el proceso. Es importante señalar que en la actual legislación mexicana se ha eliminado la limitación de ser contrarias a la moral que mantenía el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorios,8 90 ROBERTO LARA CHAGOYÁN de Así, tenemos un problema menos: discriminar medios de convicción contrarios a la moral de los que no lo son, es una tarea de tintes metafísicos que cualquier (o casi cualquier) juzgador desearía evitar. 5. Si nos preguntamos, por otra parte, en qué casos se pueden ordenar las diligencias para mejor proveer, la respuesta viene dada por la necesidad epistemológica del juez, es decir, en cualquier tipo de caso en el que exista una duda razonable que debiera despejarse. En nuestra legislación, el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: Artículo 80. Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad. Las anteriores notas, extraídas de la legislación vigente, no se alejan demasiado de las que ofrece la teoría más representativa. En suma, podemos estipular que las diligencias para mejor proveer son actos de instrucción que surgen de la iniciativa del órgano jurisdiccional dirigidas a la búsqueda de la verdad de los hechos en el proceso; su objeto puede ser cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; su práctica no está regida por las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes y puede tratarse de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. 6. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco proveer a la hora de la creación jurisprudencial, según puede advertirse en varios criterios. Por ejemplo, en materia civil, en una tesis aislada de 1984, la Corte sostuvo que el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cual 3 El texto decía: sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.9 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE quier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley. 4 En materia penal, el contenido de los artículos 180 y 384 del Código Federal de Procedimientos Penales, dota al juzgador de similares competencias para ilustrar su criterio, aun encontrándose el proceso para dictar sentencia 5. Más recientemente, en el 2004, en materia de amparo administrativo, la Corte ha señalado que en el mismo acuerdo en el que se decrete la suspensión provisional, se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer. 6 En materia de controversias constitucionales, en un criterio de 2002, todo tiempo, que se recaben y desahoguen las pruebas necesarias para la mejor resolución del asunto, entendiéndose por la expresión «en todo tiempo», cualquier etapa del procedimiento de las controversias constitucionales. 7 4 Tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen cuarta parte, página 124, rubro: DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. Precedente: Amparo directo 238/82. Guadalupe de la Rosa Salazar. 27 de agosto de Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Víctor Hugo Díaz Arellano. 5 Tesis aislada emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, , Séptima Parte, página 406, rubro. PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN JUICIO PENAL. FACULTAD DEL JUEZ PARA DECRETARLAS. Precedente: Amparo directo 1465/80. Manuel Hernández Rodríguez. 19 de septiembre de Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo Guzmán Orozco y Felipe López Contreras. Ponente: Tarsicio Márquez Padilla. 6 Tesis 2a./J. 27/2004, emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; tomo XIX, marzo de 2004, página 354, rubro: SUS PENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. Precedente: Contradicción de tesis 19/2003PL. Entre las sustentadas por el Séptimo y Décimo Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de marzo de Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 7 Jurisprudencia P./J. 37/2002, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, página 906, rubro: PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DES AHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RE10 92 ROBERTO LARA CHAGOYÁN Finalmente, traigo a colación un criterio de 1995 en el que la Corte sostuvo que el hecho de que un tercero aporte pruebas a la controversia constitucional puede ser entendido como una auténtica diligencia para mejor proveer. 8 A mi juicio, esta tesis da lugar a que en el marco de las diligencias para mejor proveer, los terceros al juicio puedan aportar pruebas a la manera de amicus curiae. 9 Como puede verse, la Corte mexicana se ha pronunciado a favor de notas características antes referidas. Así, el interés epistemológico no parece estar puesto en duda por el máximo intérprete de la Constitución. IV. Problemas de teoría general del proceso La discusión sobre la conveniencia y viabilidad de las diligencias para mejor proveer se inscribe en la elección de alguno de los dos grandes principios procesales 10 que han estado presentes en la mente de los grandes procesalistas: el dispositivo y el inquisitivo (Martín Ostos, SOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Precedente: Recurso de reclamación 128/2002, deducido de la controversia constitucional 39/2001. Municipio de San Miguel Yotao, Estado de Oaxaca. 12 de agosto de Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 8 Tesis aislada P. CIX/95, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, noviembre de 1995, página 86, rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA MEJOR PROVEER, ES LEGAL AGRE GAR A LOS AUTOS LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR UN TERCERO. Precedente: Recurso de reclamación en la controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Pedro Jiménez León, presidente de la Gran Comisión de la LV Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco y Andrés Madrigal Sánchez, procurador general de Justicia de dicho Estado. 12 de octubre de Unanimidad de once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 9 Más adelante haré una referencia con relación al amicus curiae, Por ahora, baste decir que aun cuando existe esta posibilidad legal, la Suprema Corte de Justicia no puso en práctica esta facultad de manera genuina hasta el 2007, cuando resolvió el caso de los militares con VIH; infra, VI. 10 Los llamados principios procesales son directrices que inspiran tanto su desarrollo como el ordenamiento jurídico procesal de ese Estado en ese momento histórico determinado (M. Ostos, 1981, p. 153.11 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE , p. 153 y ss.). El principio dispositivo tiene dos aspectos (Devis Echandía, 1997, p. 60): 1) que corresponde a las partes iniciar el proceso formulando la demanda y en ella sus peticiones y desistir de ella; y 2) que corresponde a las partes solicitar las pruebas sin que el juez pue pio, corresponde a las partes la iniciativa en general en el proceso y el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas sin que le sea permitido tomar decisiones encaminadas a incoar el proceso ni a esta mación de los hechos. Por su parte, el principio inquisitivo, por un lado, otorga al juez la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan y, por otro iniciativas personales (Devis Echandía, 1997, pp. 6061). El principio dispositivo constituye la supervivencia del proceso común nacido en Italia en la Edad Media, pero sobre todo un fruto del liberalismo decimonónico (Martín Ostos, 1981, p. 156). Con la Revolución francesa y la puesta en práctica del principio laissez faire, llega a limitarse la actuación del Estado incluso en los procesos jurisdiccionales. De este modo dice el mismo autor, el papel del Estado quedó limitado a la mera administración de justicia, sin inmiscuirse en la marcha del proceso cuando los intereses en juego sean netamente privados (Id., p. gos elaborados a partir de esa época en lo que se conoce como el mode tipo dispositivo corresponde a una concepción individualista y lipartes sobre el proceso civil, el cual es considerado, desde entonces, como un asunto particular de las mismas (Calamandrei, 1951, p. 160). En esta línea, FixZamudio sostiene que el principio dispositivo no es sino la expresión, en el campo procesal, del principio de la libertad de estipulaciones o de la autonomía de la voluntad que predomina en el Derecho privado (FixZamudio, 1964, pp. 19). Como suele suceder, esta tendencia tuvo una respuesta a partir de la opuesta: el principio inquisitivo al que ya me he referido. El origen de este principio se remonta al siglo XIII a cargo, por un lado, de la Inqui12 94 ROBERTO LARA CHAGOYÁN sición y, por otro, de la mayoría de los tribunales penales de los reinos de la Europa continental. 11 La mala fama del modelo se da a partir de la ilustración, en el siglo XVIII, que fue, como se dijo, cuando surge con fuerza el principio dispositivo. Con todo, es unánime la opinión de los teóricos en el sentido de que ninguno de estos sistemas, principios o modelos se aplica con carácter exclusivo. menor intensidad alguno de estos principios, si uno se pregunta a cuál de ellos se pueden asociar más adecuadamente las diligencias para mejor proveer, la respuesta sería, sin duda, al principio inquisitivo. Aparece aquí una paradoja: la búsqueda de la verdad en el proceso parece una preocupación saludable desde varios puntos de vista (entre ellos el de la justicia como ideal racional), pero el modelo inquisitivo parece modelo dispositivo, por su parte, provoca (o puede provocar) en el juzgador una peligrosa impasividad que le podría orillar a ser indiferente ante la verdad de los hechos, preocupándose más porque se cumplan las reglas y el proceso se conduzca con base en el deseo de las partes. Así, por un lado, tenemos en un extremo el modelo dispositivo lejano a la práctica de las diligencias para mejor proveer y, en el otro extremo, un modelo inquisitivo en el que estas diligencias encuadran perfectamente pero que sufre de un desprestigio y un paulatino abandono. Desde mi punto de vista, los problemas que hay que superar para tratar de eliminar esta paradoja quedan planteados mediante las siguientes preguntas: 12 Existe contradicción entre el principio da mihi factum, dabo tibi ius y las diligencias para mejor proveer?; se da una penetración inquisitiva en el principio dispositivo?; con las medidas se altera el principio Iudex debet judicare secundum allegata et approbata, non autem secundum conscientiam 11 rilegio/inquisicion/procesopenal.htm. 12 Estos problemas son tratados por Martín Ostos (1981, capítulo cuarto) desde una perspectiva dogmática. Mi intención es dialogar un poco con estos problemas desde una perspectiva do y que nada de malo hay en alejarse de una interpretación ortodoxa de esos principios.13 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE Los defensores fervientes del principio da mihi factum, dabo tibi ius al juzgador con un ente superior a las partes, parecido a Zeus, que desde las alturas del Olimpo lleva a cabo sus dictados de justicia. 13 Esta visión coloca a las partes en un estatus inferior al juez, pero curiosamente les otorga un gran poder: el de llevar los hechos al proceso tal y como cada una de ellas las entiende o interpreta. Cerrado el círculo, Zeus debe tomar en cuenta más que nada la habilidad técnica de las partes para acercar datos al proceso y quien aporte los mejores tendrá la razón. A mi juicio, importantes problemas que merman la (buena) práctica del Derecho en países como el nuestro tienen su génesis en esta concepción: la creencia en la superioridad (intelectual, política y moral) de los jueces; el carácter meramente instrumental de los jueces de quienes se espera una mera conducción del proceso: 14 el considerar que los juefunciones; y que la epistemología no es un asunto jurisdiccional. No nos engañemos: la mayoría de los abogados postulantes son emde sus clientes y no necesariamente buscan (ni tienen por qué hacerlo) el esclarecimiento de unos hechos determinados. Acaso, buscan que su contraparte no distorsione los hechos en la medida que ello les perjudique, pues podrían perfectamente admitir algún tipo de distorsión más cercano a la búsqueda de la verdad, pero para ello debería adoptar un punto de vista más terrenal y humano; tendría que aceptar que no es omnisciente que no es un dios. Así, bien le convendría bajar 13 Zeus representa el modelo clásico del Derecho: el Derecho visto en forma de pirámide o de código; el Derecho aparece como algo que viene desde arriba (desde lo alto del Olimpo), que adopta la forma de la ley. Representa las exigencias del Estado liberal de Derecho del XIX (Cfr. Ost, 1993, pp. 170, ; Lara, 2006, ). 14 Carlos de Silva Nava comentaba en una ocasión que el abuso y el extremo del principio dispositivo llevaría al absurdo siguiente (al parecer extraído de la realidad): una persona lleva al juzgado su demanda. Pasan los días y él no sabe nada. Acude al juzgado y pregunta por su caso. El juez le dice: tengo tu demanda, pero nunca me pediste que la admitiera. El abogado, por escrito, hace una promoción en la que formalmente solicita que la demanda sea admitida. El juez de de nueva cuenta ante el juez y pregunta si se ha emplazado al demandado. El juez contesta: nunca me pediste que emplazara. El relato corre a lo largo del proceso.14 96 ROBERTO LARA CHAGOYÁN del Olimpo y adoptar otra condición más terrenal; 15 sería mejor que chos y, posteriormente, actuara en consecuencia. Para ello, necesita el poder de Zeus, pero también la condición de sabio de Hércules y una virtud más: entender la complejidad del Derecho postmoderno, es decir, un Derecho en el que interviene una multiplicidad de actores jurídicos (el protagonismo no lo tienen ya sólo el juez y el legislador, sino también las asociaciones, los particulares, etc.); un Derecho en el que se actualiza una superposición de funciones (entre la jurisdicción y la administración, las autoridades judiciales y administrativas y los comités de ética, etc.); un Derecho en el que existen numerosas instancias mente, un Derecho en el que se distingue una variedad de tipos de nor 16 Lo anterior implica entonces que la búsqueda de la verdad de los hechos es una tarea propia de los jueces, o al menos de los que se identitambién aceptar que el principio da mihi factum, dabo tibi ius ha sido tradicionalmente mal interpretado: se ha pensado erróneamente que, bajo el principio dispositivo, el juez debe atender estrictamente lo que las partes le plantean sin que pueda jamás ir más allá; que los jueces no dudan, sólo resuelven los problemas planteados con los materiales que las partes aportan; y que es exclusivamente papel de las partes allegar al juez los medios de prueba que dan cuenta de los hechos litigiosos. Esa interpretación es demasiado simple, pues supone que el juez no tendrá dudas o que no existen más que casos fáciles. Desde mi punto de vista, el principio da mihi factum, dabo tibi ius los hechos en el proceso. Obviamente, toda pretensión tiene una base fáctica, pero también un interés determinado que puede eventualmente 15 mete a trabajos agotadores de juzgar. En lugar de una pirámide, representa la imagen de un eminfalible, sabio, capaz de encontrar la célebre única respuesta correcta ; el segundo, representa las exigencias del Estado social o asistencial del siglo XX (Lara, 2006, pp ). 16 Hermes es el mensajero de los dioses, el que siempre está en movimiento. Hermes está a No conoce otra ley que la circulación de los discursos. A diferencia de la pirámide de Júpiter y del embudo de Hércules, Hermes adopta la forma de una red (Ost, 1993, p ).15 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE tergiversar dicha base. El juez va a determinar quién tiene razón conforme a Derecho, pero como la mayoría de las normas jurídicas tienen un supuesto de hecho, el juez debe en primer lugar esclarecer qué fue lo que aconteció en la realidad empírica, pues sólo así podrá determinar qué consecuencia jurídica corresponde a tales hechos. Ciertamente, las partes ofrecerán su versión sobre los hechos y tratarán de probarla, poder. Ahora que si no se quiere caer en un decisionismo, el juez ha de asegurarse de que los hechos sobre los que va a dictar o ( decir ) el Derecho realmente ocurrieron, y eso es responsabilidad exclusiva suya, no de las partes. El juez valorará la pretensión que yo entiendo como un acto de voluntad vinculado a un interés determinado a la luz de dos tipos de elementos: los estrictamente epistemológicos y los normativos surgidos del sistema jurídico de que se trate. Por ello, no es posible admitir la interpretación de da mihi factum, dabo tibi ius como dame los hechos (dime qué fue lo que sucedió, según tu interpretación), mientras yo me limitaré a señalar cuál es la consecuencia jurídica correspondiente. Más bien, debería entenderse como da mihi petitio, dabo tibi ius, es decir, dame tu pretensión (dime cuál es la interpretación car los hechos y determinar, conforme a Derecho, si tu interés debe o no prevalecer. 2. Corresponde ahora analizar si se da una penetración inquisitiva en el principio dispositivo. Desde mi punto de vista, el modelo inquisitivo también ha sido mal entendido, debido a la mala fama que adquirió en la Antigüedad gracias a que no se había separado el concepto de delito del concepto de pecado. Se estaba entonces en una era premoderna, entendidas las cosas, el modelo inquisitivo tenía, al menos, una virtud: permitía quizás desmesuradamente en la antigüedad la existencia de jueces proactivos. Hoy se abraza el modelo dispositivo con gran avidez y se desprecia, sin más, todo aquello que tenga un tufo inquisitivo. Me parece que al aceptar los modelos de juez Hércules o Hermes, se podría romper esta falsa dicotomía, pues en realidad la (buena) argumentación jurídica y, sobre todo, su adecuada detección, es la mejor herramienta con la que se cuenta para delimitar el enorme poder de los jueces. Si se me quiere forzar a decir que las diligencias para mejor16 98 ROBERTO LARA CHAGOYÁN proveer son de naturaleza inquisitiva, yo diría que sí, pero que está plebuen uso. Y esa bondad es posible medirla a través de los criterios de evaluación y de racionalidad práctica como los que mencionan, por ejemplo, MacCormick o Alexy. 17 Así las cosas, considero que no parece adecuado asociar la mala fama del modelo inquisitivo con la buena práctica de las diligencias dimensión como protagonistas activos del proceso en aquellos casos en 3. Se altera el principio Iudex debet judicare secundum allegata et approbata, non autem secundum conscientiam? La formulación de este principio encierra, a mi juicio, una ambigüedad que puede causar no pocos problemas. Por una parte, se puede entender como que el juez no puede ni debe jamás emplear su propia conciencia como juzgador para resolver un caso; pero también puede interpretarse en el sentido de que los jueces, al resolver, deben ser imparciales. Quien entienda la formulación en el primero de los sentidos podría estar llevando al extremo máximo del principio dispositivo, considerando que los jueces son poco más que autómatas del Derecho. En cambio, entenderlo conforme a la segunda interpretación supone no más que una obviedad. Como lo más probable es que se entienda en el primero de los sentidos, entonces conviene tener en cuenta algunas consideraciones. constructiva o, parafraseando a Dworkin, la respuesta que ve a esta interrogante bajo su mejor luz, es que el juez debe resolver desde el Derecho y sólo desde el Derecho, esto es, ejerciendo la virtud de la indeban resolver de forma inconsciente como podría sugerir una lectura esencialista del brocardo latino sino todo lo contrario: los jueces verdaderamente conscientes son los independientes. Obviamente que esta interpretación vale con mayor fuerza para los llamados casos fáciles en los que la operación del juez es relativamente sencilla: aplicar una norma clara (exenta de problemas de interpretación y relevancia) a 17 Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica (Atienza, 1997).17 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE Cormick, 1978, capítulo IV). En otro tipo de casos, la independencia judicial, al menos, se complica a la hora de resolver los problemas que de las normas se hagan, la determinación de los hechos probados y la problemas se hace presente la necesidad de echar mano en algunos casos de la ciencia, en otros de criterios materiales, etcétera, que podrían llegar a suponer que no se está resolviendo desde el Derecho y sólo desde el Derecho. Precisamente en este punto es donde puede cuestionarse el papel de las diligencias para mejor proveer: el establecimiento de la premisa fáctica del razonamiento judicial a partir de elementos prima facie el principio que se analiza. Considero que el principio no se altera en modo alguno, por varias razones. En primer lugar, porque el hecho de que una norma del sistema faculte a los jueces a practicar las diligencias para mejor proveer hace jurídica su práctica. En otras palabras, las referidas diligencias no constituyen en ningún caso una mera ocurrencia de los jueces, sino que es el sistema jurídico el que prevé una necesidad epistemológica y trata de resolverla reconociendo esa facultad a los jueces. En segundo lugar, porque la administración de los recursos epistémicos obtenidos mediante la práctica de estas diligencias forma parte del razonamiento judicial, lo cual implica que los datos duros están siendo utilizados por el juez para hacer derecho en el sentido de los realistas, es decir, para resolver casos concretos. Así, si la resolución del caso precisa de elementos probatorios extraordinarios por no ser llevados al proceso por las partes, entonces la sentencia obtenida que constituirá parte del Derecho creado habrá sido formulada en parte gracias a estos elementos. Y en tercer lugar, porque la naturaleza de los elementos probatorios obtenidos no es esencialmente distinta a la de los elementos probatorios que las partes llevan al proceso; lo único que cambia es que en éstos últimos está presente la pretensión de las partes, mientras que en las diligencias para mejor proveer no hay pretensión del juez sino un interés epistemológico.18 100 ROBERTO LARA CHAGOYÁN 4. Corresponde ahora analizar si las diligencias para mejor proveer que la formulación misma del enunciado coloca al defensor de las diligencias para mejor proveer en un estado incómodo, pues sea cual fuere la respuesta daría pauta para pensar que su práctica tiene, al menos, un mar que, si fuera posible, las diligencias para mejor proveer podrían eventualmente desaparecer como ha ido desapareciendo todo lo relacionado con lo inquisitivo; si, en cambio, la respuesta fuera negativa, Por ello considero que, más que buscar eufemismos, conviene llamar las cosas por su nombre: las diligencias para mejor proveer son de cuño inquisitivo y nada de mano hay en ello, si se piensa que la actuación positiva de los jueces puede constituir una muestra de un Estado proactivo que procura con sus acciones una mejor más completa solución a los problemas sociales. La práctica inquisitiva si con ello endejan en mejor estado de salud a las partes y al Derecho mismo porque pueden permitir que los casos se resuelvan más cerca de ese ideal regulativo llamado justicia. V. Problemas epistemológicos Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda de la verdad constituye la razón de ser de las diligencias para mejor proveer. La sola mención de este enunciado provoca de inmediato en la mayoría de los juristas prácticos (y en algunos teóricos) una curiosa sensación de hartazgo previo, ya que, por extraño que parezca, quienes adoptan esa actitud muestran un cansancio por algo que todavía no han emprendido. Esa sensación suele presentarse ante la mayoría de los conde que entrar a su análisis a nada útil llevará y sólo se perderá el tiemrealmente esos conceptos y optar por no abordarlos o al menos no seque un sencillo subterfugio que, adecuadamente abonado con la buena fama de lo práctico, coloca a estas personas en una cómoda situación19 MOTIVACIÓN DE LOS HECHOS: REFLEXIONES SOBRE de desenfado y en una especie de triunfo frente a quienes suelen abordar tales conceptos. El triunfo, sin embargo, es pírrico, ya que lo que realmente constituye el reto es el problema y no las actitudes de unos y otros sujetos. Quien elude así el problema logra con seguridad mantenerse asido al estado de inopia. Tratando de no caer en estos vicios, comentaré a continuación algunos problemas que pueden suscitarse a la hora de utilizar las diligencias para mejor proveer para lo que están hechas: mejor proveer al juez de elementos en la búsqueda de la verdad. 1. Un primer problema tiene que ver con la función que cumplen las diligencias para mejor proveer. Como hemos visto, éstas entran en acción cuando el juez no puede decidir entre dos o más posibilidades o versiones de los hechos que va a juzgar. Esto quiere decir que las diligencias para mejor proveer son instrumentos de carácter subsidiario y cuanto a su función, no se las puede comparar con otro tipo de pruebas. Ahora bien: en qué sentido podemos considerar que las diligencias para mejor proveer son pruebas? El término prueba, como se sabe, es sumamente ambiguo. Podemos servirnos de la estipulación que hace Marina Gascón (2004, pp. 83 y ss.) para distinguir entre tres sentidos del término prueba, de los cuales el tercero será el sentido propio. Veamos: Primero, prueba como medios de prueba: todo aquello que permite conocer los hechos rele tivos que sirven para reconstruir esos hechos. Ligada a esta primera distinción, la autora nos advierte de no confundir entre medio de prueba y fuente de la prueba. El medio de prueba es el resultado de un proque se obtiene:20 102 ROBERTO LARA CHAGOYÁN Confesional Fuente Persona y su conocimiento de los hechos Medio La declaración Documental Documento El contenido Testimonial Testigo Testimonio Pericial Cosa, materia o persona La actividad y el informe pericial Reconocimiento judicial Diligencias para mejor proveer Lugar, cosa o persona Diligencia probatoria La actividad del reconocimiento El resultado de la diligencia Segundo, prueba como actividad probatoria: el procedimiento intelectivo (una constatación o una inferencia) mediante el cual, a partir de los medios de prueba, se conocen hechos relevantes para la decihechos. Tercero, prueba como resultado probatorio (o prueba en sentido estricto): lo que se obtiene a partir de los medios de prueba, a saber, el conocimiento ya obtenido del hecho controvertido o el enunciado mino prueba señala Gascón ( medios de prueba y actividad probatoria ) cumplen una función cognoscitiva, porque permiten al juez conocer o descubrir los hechos, o sea, formular la prueba (en sentido de resultado probatorio), a partir de los elementos probatorios o de conocimiento introducidos por los medios de prueba. En cambio, la prueba como resultado probatorio o prueba en sentido estricto cumple juez para elegir racionalmente entre las diversas aserciones formuladas cuenta de estas distinciones: Mostrar más
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