Source: https://es.scribd.com/document/58994759/PLENARIO-KOSUTA-1
Timestamp: 2017-06-24 07:35:53
Document Index: 69881184

Matched Legal Cases: ['artículo 459', 'de lege ferenda', 'artículo 26', 'in fine', 'e contrario', 'artículo 75', 'artículo 18']

PLENARIO KOSUTA-1
PLENARIO KOSUTA-1Cargado por Lucho TamboriniRelated InterestsCriminal LawPunishmentsFelonyCase LawCriminal ProcedureRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCámara Nacional de Casación Penal, en pleno Kosuta, Teresa R.17/08/1999 Voces LEGITIMACION ~ PENA ~ PROBATION ~ QUERELLANTE Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno Fecha: 17/08/1999 Partes: Kosuta, Teresa R. Publicado en: LA LEY 1999-E, 165 - LA LEY 1999-E, 828, con nota de Gustavo A. Bruzzone; DJ 1999-3, 309 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Andrés José D'Alessio, 184 - DJ 2000-2, 1, con nota de Aníbal Horacio Rizzi; Mariano Bertelotti; Sumarios 1 - La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. 2 - No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa. 3 - La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para otorgar la suspensión del juicio a prueba. 4 - El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
TEXTO COMPLETO: Buenos Aires, agosto 17 de 1999. Los doctores Casanovas y Tragant dijeron: Primero: El marco expositivo de esta convocatoria aparece constreñido conceptualmente a los siguientes interrogantes: "I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal; II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación; III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba; IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación".
No escapa que otras problemáticas de singular relevancia a los fines de asegurar la homogeneidad interpretativa (v.gr. obligatoriedad de la realización de la audiencia prevista en el art. 293, Cód. Procesal Penal; aplicación de la suspensión del juicio a prueba a los imputados de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 23.737; control judicial de la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño; oportunidad para solicitar la suspensión del juicio a prueba) aparecen ajenos a esta encuesta, aunque todavía no encontraron respuesta definitiva (vid. "Scublinsky, D. G. s/inaplicabilidad", CNCasación Penal - S.J., causa N° 38). Lo cierto es que las lecturas divergentes que ofrecen distintos pronunciamientos del órgano reclaman que se proporcione de una vez la inteligencia correcta. Conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24.316 es, sin duda, generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictorias entre sí, y seguramente --en su generalidad-- constituyentes a la falta de certeza jurisdiccional sobre los extremos abiertos, situación que habrá de ser pacificada por fruto de la labor que ahora convoca. Segundo: A partir de las reformas introducidas en el Cód. Penal (art. 76 bis, conf. ley 24.316, B.O. N° 27.895 del 19 de mayo de 1994), cobró vigencia en la legislación argentina el sistema de suspensión del juicio a prueba, técnicamente (aunque en forma equivocada) denominado "probation". Con anterioridad, ya el ordenamiento procedimental nacional había anticipado su incorporación (art. 293, Cód. Procesal Penal, según ley 23.984, B.O. N° 27.215 del 9 de setiembre de 1991). Esta medida guarda filiación con las formas de simplificación procesal y un conjunto de alternativas al encierro carcelario tradicional que proliferaron en el contexto político-criminal internacional a partir de los años sesenta, que afectaron fundamentalmente a aquella franja de delitos menores y/o realizados por jóvenes o drogadependientes (v. gr. art. 18 de la ley 23.737). Todo ello fue abordado desde distintos planteamientos: unos de corte predominantemente asistencial y paternalista, de inspiración correctora y educacional, acompañados de otros resignadamente reformistas que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en las exigencias de una mínima intervención penal. Frente a ellos, otros desarrollos esencialmente críticos, denuncian la legitimación paralela del sistema carcelario que conllevan las medidas alternativas, a la par de alertar acerca del paradójico aumento del control punitivo, toda vez que --lejos de reemplazar-- las supuestas alternativas terminan complementando a la cárcel (vid., por todos, Cohen "Visiones del control social", P.P.U., Barcelona, 1988). Y desde esta configuración previa brindada por la experiencia comparada, la tarea emprendida no puede desatender la trascendencia político criminal del tema, tanto más cuando la solución a que se arribe será adoptada como doctrina vinculante. Con todo, menester es destacar que estas alternativas surgen como consecuencia de una valoración negativa de los fines asignados a la pena privativa de la libertad como "reina de las penas", y desde la perspectiva de la economización y racionalización de la intervención penal. Ese, y no otro, es el marco que guía la incorporación de estas medidas.
Tercero: Sentados estos brevísimos antecedentes, cabe sindicar respecto del primer punto de la compulsa fijada, las opiniones que marcan el rumbo sobre el extremo, esto es: (a) aquella que sostiene la postura restringida con base en la pena conminada en abstracto, y (b) la defensora de la tesis amplia con soporte en la pena aplicable en concreto. En apoyo de la primera, a partir de una interpretación literal y en especial auténtica del legislador, se sostiene que: a) En el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad de conceder la suspensión en caso de penas mayores a tres años. En tal sentido, ponderando la supresión que se había efectuado del proyecto del Poder Ejecutivo --que admitía en lineamientos generales una extensión del instituto--, se repara en las expresiones vertidas por el diputado Antonio Hernández y por el senador Augusto Alasino (Antecedentes Parlamentarios, 1995-127, parágs. 34, 41, 90, 91, 94, 95, 125 y 160) (vid. García, "Suspensión del juicio a prueba", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal N° 1-2, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 324; TaminiFreeland López Lecube "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba (comentarios a la ley 24.316)", LA LEY, 1994-D, 854; Reynaga "La ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos", LA LEY, 1995-D, 1486; Kent-García Torres, "Probation. Un fallo que recepta una exégesis adecuada de la institución", LA LEY, 1994-E, 495). b) El instituto abarca tan sólo los delitos considerados leves, de competencia correccional (cfr. Edwards "La probation en el Código Penal Argentino, Ed. Lerner, Córdoba, 1994, ps. 48 y 58; Ochoa "La suspensión del juicio a prueba", LA LEY, 1995-C, 1274; Sáez Zamora-Fantini "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro sistema penal", LA LEY, 1995-D, 1136). c) La declaración del carácter grave o leve de un delito debe necesariamente hacerse en un juicio ya que el tribunal no puede hacer un pronóstico sobre la pena a recaer (vid. causa N° 634 --sala IV--, "Roitman, Adrián R. P. s/recurso de casación", reg. N° 983, rta. el 30/10/97 --La Ley, 1998-A, 349--). Con base en estas líneas argumentales, ésta ha sido la posición mayoritaria de esta cámara (causa N° 923 --sala I-- "Celestino, Leonardo s/recurso de casación", reg. N° 1259, rta. el 29/11/96; causa N° 1208, de esa misma sala, "Agüero, Patricia s/recurso de casación", reg. N° 1500, rta. el 17/4/97; causa N° 1580 --sala II--, "Wasyluk, Carlos J. s/recurso de casación", reg. N° 2038, rta. el 16/6/98; causa N° 471 --sala IV-- "Muñoz Saavedra, Juan S. s/recurso de casación", reg. N° 773, rta. el 7/3/97, y causa N° 634 de esa misma sala, "Roitman, Adrián R. P. s/recurso de casación"; vid. también el voto del doctor Riggi en la causa N° 1510 --sala III--, "Córdoba Grande, Jorge A. s/recurso de casación", reg. N° 189, rta. el 15/5/98). Con anterioridad, la aplicación del postulado que veda la reforma en perjuicio impidió al conjunto de esta sala el tratamiento de este extremo, al sostenerse que "el principio que prohíbe la 'reformatio in pejus' sin recurso acusatorio establece como máximo de la pena que puede imponerse aquél del pronunciamiento declarado nulo por impugnación de la defensa... De este modo, la garantía de la defensa en juicio establece un límite superior que en la especie no puede superar el monto de
. 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) (vid. p. el 30/4/99). 176 y sigtes. Devoto. 1090. la tesis contraria de carácter amplio se funda en una interpretación gramatical y teleológica. De esta forma. 75 y 79. Molero. 413. Buenos Aires. ¿Sólo para los delitos de bagatela?". "Probation e institutos análogos". Aldo y otros s/recurso de casación. Coleff-Garrigós. Cafferata Nores. se pone en consideración la necesidad de incorporar una herramienta eficaz para el descongestionamiento de los puntos críticos de toda la organización judicial. p. 76 bis y "tribunal" utilizada en el cuarto. ob. "Suspensión del proceso penal a prueba".. probation"--. p. Buenos Aires. rta. Orgeira-Vaiani "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años". Bovino "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la 'diversión' (Un análisis comparativo)". Buenos Aires. ps. circunstancia que no obstaculiza la concesión. 65/6. LA LEY Actualidad. 1995-B. 26 antes citado--. 1998-C. (e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la incorporación de este instituto (vid. 1994-C. 1347. A propósito de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba". respectivamente) (cfr. 1997. 1995. Ed.. 603). a partir de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes. 43 y sigtes. puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para los delitos leves representado por el juez correccional) y órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea. LA LEY. Vitale. d) La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale. "Cuestiones actuales sobre el proceso penal". Incluso por vía de la "unidad de la norma" se dice que en todos los casos la ley exige el dictamen fiscal favorable y la posibilidad de condena condicional (vid.). al calibrar las coordenadas que enmarcan el ámbito de
. con clara alusión al art. DJ. Ríos "La interpretación de la ley y el juez penal. LA LEY. Buenos Aires. "Suspensión del proceso a prueba --Análisis de la ley 24. Buenos Aires. LA LEY. 1997-A. LA LEY. del 22/12/94). LA LEY. 813. 1998-D. p. 1994. cit. Losada. b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y pena de prisión --como consecuencia del reenvío al art.316. Solimine "La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales en la ley 24. "Probation y juicio abreviado". Astrea. 69). LA LEY. de Olazábal. del Puerto. 1996. en tanto que en el cuarto párrafo se considera la pena en concreto. Ed. de otra banda. ps.tres años de prisión" (causa N° 1022.316 (Probation)". el tribunal de juicio) (cfr. 83. Ello se sostiene al considerar que: a) En el primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años). Almeyra "Probation. reg. Editores del Puerto. Sáenz "La suspensión a prueba del proceso penal (Probation)". 947). Cuarto: Mas. ob. cit. c) En razón del uso que la ley hace de los términos "juez" en el tercer párrafo del art. N° 184/99. "Primeras experiencias en la aplicación de la probation". 1994-2-177). Ed. Din. Vitale. 1996-E.
a los efectos de dictar la prisión preventiva. esta tesis amplia recibe --a no dudarlo-. p. adoptan el criterio restrictivo 8 tribunales y el amplio 22.a la necesidad de echar mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los efectos estigmatizantes de la reacción penal. mediante la instrucción a los fiscales (res. por lo tanto. cabe preguntarse por qué tendrá vedado formular ese mismo pronóstico para evaluar la procedencia del instituto. evitando que los tribunales vean perturbado su funcionamiento por el tratamiento de las causas más leves. Sólo resta consignar el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación (sesiones ordinarias de 1998. Por lo tanto. que permiten bajo ciertas condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaprobación que posiblemente habría de formulársele por el hecho cometido. 20) y el procurador general de la Nación. (b) de 6 tribunales orales federales. 4). orden del día N° 1200).el respaldo de la jurisprudencia ampliamente prevaleciente. generado como consecuencia del cuadro de situación expuesto. Como se sindicara. (c) que en el año 1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal provenientes de juzgados correccionales 742 expedientes contra 2025 provenientes de juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales en lo federal. julio 1994. Por fin.aplicación selectivo con el objeto de incrementar la idoneidad en la persecución y la penalización de los delitos de elevada gravedad. en detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica y que. Sobre la base de lo expuesto
. más allá de los reparos que pueda generar la simplificada categorización. De otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde --como reajuste de la política criminal-. doctor Nicolás Eduardo Becerra. si el juez puede prever la pena que habrá de recaer en caso que se dicte una sentencia condenatoria. a poco de ver que los arts. 312 y 316 del rito autorizan al juez a formular un pronóstico de la pena a imponer a los efectos de dictar el auto de prisión preventiva y denegar la excarcelación. debe primero entenderse en sus fines y luego aplicarse con el criterio más lógico para que esos mismos fines se cumplan a través de la ley". y de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales. p. La Comisión consideró que desde la incorporación de este instituto en el Código Penal. 2 adoptan el criterio restrictivo y 4 el amplio. del 31/12/98. Buenos Aires. siendo "el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental. doctor León Carlos Arslanian ("Plenario. Publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires". 1843 de los tribunales orales en lo criminal. el entonces Ministro de Justicia de la Nación que motorizara la reforma. Se suman con su adhesión a la tesis amplia. PGN 39/97). numerosas interpretaciones judiciales contradictorias entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación del mismo. 14 de los juzgados de instrucción) (ED. a modo de refutación respecto del argumento que sostiene que la declaración de delito grave o leve debe hacerse judicialmente ya que el órgano no puede hacer un pronóstico de la pena a recaer. como resulta del trabajo efectuado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación de la cual se extrae que en Capital Federal (a) de 30 tribunales orales en lo criminal. no es correcta la afirmación a la luz de la normativa procesal vigente.
y la primaria fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167--La Ley. 76 bis del Cód. como verdadero. sesiones ordinarias de 1999. evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones. En la misma orientación se dirige el actual trámite parlamentario en la cámara alta (Dirección de Publicaciones. 1978-D." (Dirección Publicaciones. a partir de la causa N° 1509 del registro de la sala III. caratulada "Vázquez. ps. positivado ahora en nuestra norma fundamental (art. Cámara de Senadores. por todo lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio. 308--). Penal". también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos: 295:376). Cámara de Senadores. 1513 y siguientes). respecto de una opinión que se insinúa como minoritaria. 75
. orden del día N° 1200. destruyendo las unas por las otras y adoptando. el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300). sistemático y teleológico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último párrafo del art. Congreso Nacional.. también cabe el paso inicial. Emilio s/recurso de casación" (reg. "A partir de estas coordenadas. Analizar nuevamente la cuestión. 117--). así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700 --La Ley. 2° del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales. Congreso Nacional. Quinto: En orden al segundo de los extremos propuestos --procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación--. De otro lado. 397--). claro queda pues que no puede dejarse de atender en el 'subexamine' los clásicos estándares interpretativos que parten de los criterios literal. auténtico. se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973 --La Ley. 1978-B. pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 307:1018 --La Ley.se establece sustituir el art. rta. 1980-D.. Penal. 423--)". máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376) para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:11). 76 del Cód. 1986-A. hubo ocasión de señalar que "desde los parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. orden del día N° 405. sesiones ordinarias de 1998. lleva a reafirmar una vez más la opinión oportunamente sustentada. En efecto. disponiéndose en la nueva redacción que "el imputado por delito de acción pública podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando pudiese corresponderle condena de ejecución condicional. ps. "Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de interpretación restrictiva establecido en el precepto que consagra el art. menester es destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos. el 15/5/98). N° 191/98. 4505/4520). por medio del voto del juez Casanovas.
. p.316.. 146 y sigtes. cit. 29). 671 y sigtes. cit. p. 1995-D. 22. Ed. proyecto del diputado y miembro informante Antonio María Hernández. lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales" (vid. 6°.054--. ocasional o que comete un delito una sola vez en la vida. 1448)". 1986. "Antecedentes . 10. La Ley. U.". p.lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario. 1°. inc. ley 23.316-Probation". es decir. mas el sentido aclaratorio y posterior de sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que animó su labor". p. ley 24. Un homicidio culposo por ejemplo. "Antecedentes parlamentarios".. sería el caso de quien atropella a una persona con un vehículo. que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (art. art. Roberto C. "Ley 24. Aclaro esto porque tal vez lo soslayé cuando brindé el respectivo informe. p. en referencia al canon sistemático. "De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se aplica la probation acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas --autor de un proyecto y activo protagonista legislativo-. de 1957 --regla 63 y sigtes. N.". no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid. Buenos Aires. Buenos Aires. cit. p.) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid. "En último lugar corresponde destacar en orden a los antecedentes parlamentarios que. art. en cuanto enseña que la configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman en derecho penal que sea mínimamente intenso. del 16/8/95. no pueden caber dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XII del Libro
.313--. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la O.. tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados en la ley 24. no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino en el debate parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo: '. 5° inc. 58). voto conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario N° 3 "Molina. 40). 31)". con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Constitución Nacional.660 de ejecución de la pena privativa de libertad)". 75.en la reunión octava del 16 de junio de 1993. Constitución Nacional). Convención Americana de Derechos Humanos --Pacto de San José de Costa Rica. 1994. existe una política social del Código Penal..inc. "Por fin. y en esa dirección va encaminado' (vid. 475--). en donde se establece también el homicidio culposo ("Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación". que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer un delito.. proyectos Maier y Zaffaroni. p. art. Debe tenerse en cuenta que ésa es la política criminal a la que apunta este instituto.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos --ley 23..--. Manny (op. "Doctrina Penal". Por eso. con sus citas --La Ley. "Huelga significar. N° 2. "En segundo término --y en orden al sentido auténtico de la interpretación--. 1998. y "Doctrina Penal". y en cuanto hace al patrón teleológico. Al respecto no resulta ocioso señalar que en anteriores pasajes discursivos el propio legislador parece significar lo contrario (op. 22.
855. Buenos Aires. Ed.gr. en base a las consideraciones y transcripciones que anteceden.". Buenos Aires.. JA. en donde el instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes . 260. Penal y 310 del Cód. "Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis". p. y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación. cit. Cód. "Cuestiones actuales sobre el proceso penal".. destáquese que el fin preventivo que pretende defender la opinión contraria debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar junto con el acordamiento (esto es. de suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en el texto legal. "Probation y pena de inhabilitación". p 837. precisamente impide considerar a un legislador contradictorio. "Probation --ley 24. entre otros. párr. así como también de beneficiar a los imputados de delitos dolosos (v. 18)". d)". Córdoba.gr. "Por lo demás. 1997. 1997. Buenos Aires.. Más aún: dentro de los delitos imprudentes. 176 y sigtes. Buenos Aires. p. 1995. A mayor abundamiento.316--: lo bueno y lo malo". 1995. Tarditti. Procesal Penal)". Vitale "Suspensión del proceso a prueba". Semanario Jurídico. 95.. 21/6/94. año XVII. art. 5° inc. "Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal". 1996. "Probation e institutos análogos". Devoto. Editores del Puerto.gr. 273 y 274. 27 bis. Cafferata Nores. nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de pena. tratándose de actividades no reguladas. p. 134 y sigtes. anteúltimo párrafo.. 264. 1°. año III. "En este orden de ideas. Tamini-Freeland "La 'probation' y la suspensión del
. N° 7. 76 ter y 76 quater. "Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no se le puede escapar la inconsistencia que resulta del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos por delitos que incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el art. p. Ed.. Pessoa. p.Primero del digesto de fondo a través de la incorporación de los arts. el argumento que señala que los únicos delitos previstos en la parte especial del código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan a funcionarios públicos (arts. del Cód. ley de abastecimiento 20. donde media discordancia entre el querer y el resultado). con el soporte de la doctrina que reputo mayoritaria (vid.680. Del Puerto. cabe precisar la existencia de leyes penales especiales que reprimen conductas de sujetos que no responden a esa calidad. Penal) que aparecen impedidos por la regla anterior expresa. por tanto ¿tampoco cabría en esos casos la concesión de la "probation"? La razonabilidad y el postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura". con pena de inhabilitación en forma alternativa (v. desde la capacitación técnica hasta la misma prohibición de conducción de vehículos automotores (arts. donde el agente quiso lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos (v. Alagia. 76 bis. 5° del ordenamiento. a poco de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede el estrecho marco de estas figuras delictivas. Din. 76 ter. "En suma.
modificara la causal del resultado en intencional. Año 1994. para poder acceder a la probation". 6ª Reunión. un encubridor o un maltratador familiar (cfr. cuando el
. N° 68 de la sala II. 94/95)". 5° del Cód. 34 del mismo ordenamiento que se refiere para determinar la competencia en la hipótesis de un delito reprimido con varias clases de pena. ley 24. s/recurso de queja" rta. "En los procesos que se relacionan con delitos que se refieren a supuestos de impericia. Ramiro E. p. p. en la causa N° 78 "Frías. previéndose además determinados mínimos para la multa y la inhabilitación . 62). en el referido precedente "Vázquez". el 21/12/93. de queja". "Nótese que bastaría con que el autor de lesiones culposas. N° 2. 1994. rta. Córdoba. 459 del Cód. según sus fundamentos. parág. reg. Este precepto debe interpretarse en consonancia con las prescripciones del art. N° 73 de la sala III. junio 2 de 1993. 88. causa N° 74 "Ciancio. s/rec. a la cualitativamente más grave. Devoto. ps. 1994-D. una vez definida esta cuestión. "Que desde otra línea argumental parece claro que uno de los propósitos que conlleva la pena es el fin preventivo. LA LEY. en atención a las manifestaciones vertidas tanto por el miembro informante en la Cámara de Diputados.. "De lo precedentemente expuesto se desprende entonces que cuando las sanciones inflictas son varias. la misma debe superar los tres años. debe propiciarse el establecimiento del criterio favorable al acordamiento de la suspensión del proceso penal a prueba mediando comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta".Probation". "La probation en el Código Penal argentino.316-.. entre muchas otras)". diputado Antonio María Hernández (DSCDN. de manera tal que una adecuada hermenéutica conduce a la conclusión de que es el orden del art. aún mintiendo. 49) francamente no se alcanza a comprender por qué sería más comprometedor para la comunidad un médico imperito o un conductor omisivo del deber de cuidado que un disparador de arma de fuego. que en su inc. al que adhirió el colega doctor Eduardo Rafael Riggi. reg. en el sentido que "los límites a tenerse en cuenta para habilitar la instancia son los previstos en el art. el juez Tragant sostuvo que "tal interpretación se concilia plenamente con la jurisprudencia fijada por esta Cámara en orden al requisito de procedencia del recurso de casación mediando imposición de pena de inhabilitación. el 13/12/93. p.juicio a prueba (comentarios a la ley 24. Nora E. Edwards. Penal el que resuelve esta situación". Procesal Penal. por ello. Madueño y el suscripto. al monto de la más severa para verificar si ella encuadra en los supuestos contemplados en el mentado artículo 459 del Código de rito (del voto conjunto del doctor Raúl R. Sexto: Por su parte.316)". resulta a mi juicio innecesario que éstos sean tramitados hasta el veredicto definitivo. 1321) cuanto lo primigeniamente expresado por el senador Augusto Alasino en la Cámara revisora ("Antecedentes parlamentarios --ley 24. debe atenderse para analizar la procedencia del recurso de casación primero a la calidad de las mismas y luego. LA LEY. 854. "Probation e institutos análogos". Lerner.316". 2° establece que cuando se trata de pena de prisión. inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo.
Claudio M. La labor interpretativa es mucho más ardua y los parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen demarcados por (a) la imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley. Es decir. como está previsto en el art. ésta pudiese ser dejada en suspenso. p. 140). en caso de recaer condena. el debate debe ser planteado en un terreno más amplio. N° 774. Ese cuadro argumental puede completarse además con aquel motivo que parte de la observación efectuada en el precedente "Asenjo. Séptimo: Con el panorama descripto y las posturas sostenidas en los distintos pronunciamientos de las salas. y (b) la imposibilidad de aplicar una ley con total independencia de justicia. en los delitos sancionados con prisión e inhabilitación en forma conjunta. Si algo enseña la complejidad judicial es a escapar de los esquemas reduccionistas o simplificatorios. con el mismo criterio deberá aceptarse la procedencia de la suspensión del proceso a prueba en el cual se investiga un delito reprimido con prisión e inhabilitación. no lo es menos la circunstancia que nadie ha considerado que esta modalidad de condena no procede cuando la multa o la inhabilitación acompañan a la pena de prisión. mediante el sometimiento del imputado a reglas de conducta enderezadas a modificar su comportamiento disvalioso.propósito del instituto es evitar la prosecución de juicios que revistan escasa entidad penal.
. ob. se ha reconocido unánimemente en nuestro país. Aunque no faltan intentos de establecer una jerarquización de los métodos (v. Alexy.. "Teoría de la argumentación jurídica. en forma conjunta. s/recurso de casación" (causa N° 518 --sala I--. en punto a que "según la norma examinada. la condena condicional no ha impedido que. Estos dos extremos señalan los contornos entre los que se mueve la tarea. cuando por expresa disposición legal no es procedente la condena condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación". en procura de su resocialización. es requisito de procedibilidad un examen de probabilidad de que.gr. tal como se expusiera en el mentado precedente "Vázquez". que la condenación condicional procede aun cuando la multa o inhabilitación acompañan en la ley a la pena de prisión. junto con la suspensión de la pena de prisión. el 17/10/95). evitando así el desgaste jurisdiccional. por lo menos en aquellos casos en los que se haga cumplir efectivamente la inhabilitación durante el período de prueba (cfr. rta. Si bien ello es cierto. Vitale. y tiene que ver con los principios que gobiernan la hermenéutica. Centro de Estudios Constitucionales. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica". la plataforma teórica. Madrid. a la par de advertir del error en la polarización de algunos de ellos. se disponga el cumplimiento efectivo de la inhabilitación. parecen agotarse las formulaciones sobre los argumentos de las respectivas tesis. Sentada pues. si bien la exclusión de la multa e inhabilitación del régimen de la condena condicional ha dado lugar a serias discusiones (sosteniendo algunos que pueden ser suspendidos cuando son accesorias de la pena de prisión). Sin embargo. cit. 27 bis del código sustantivo". Si ello es así. reg. en general.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. Como se dijo. 1966. 1992. Ed. "Sociología y Filosofía del Derecho".gr. Taurus. Madrid. se señala que el más importante de los criterios de interpretación. 77. en muchos casos decisivo. Klug "Problemas de filosofía del derecho". Depalma. "Análisis lógico y derecho". 1989. ps. pretendiéndose reducir la validez a la justicia.es de "escapar a la doble amenaza del conformismo amoral y de la arbitrariedad subjetiva" (Díaz. Madrid. si bien la opinión que preconizan las posturas restrictivas que enfatizan la literalidad o la supuesta voluntad del legislador no son tan categóricas a la luz de los variados patrones interpretativos --lo que conduce a la reserva sobre el acierto de estas tesis--. p. Este modelo silogístico deductivo que aún hoy guarda plena vigencia con algunas doctrinas aplicativistas (v. Barcelona. "La interpretación judicial de la Constitución". en donde la dialéctica concreta entre la norma y la decisión debe correcta y coherentemente atender las tres perspectivas de lo jurídico: validez. Guadarrama. "Concepto y método de la ciencia del derecho penal". Ed.1989). dado que de lo que se trata --como sostiene Díaz con cita de Vlachos-. 68). p. corresponde puntualizar que cualquier solución descansa exclusivamente en la opción en favor de alguna de las dos posiciones que --imperioso es resaltar-. Sur. Engisch "Introducción al pensamiento jurídico". y ello conduce a caminos erróneos (Bobbio. o la validez a la eficacia. 1967. Ed. puede resultar deseable. 1966. 1999. p. Y al respecto. ninguna de las dos puede tener un fundamento completo. Ariel. la histórica y constante réplica a la concepción del juez como mero ejecutor del derecho que signó la evolución del método interpretativo: "la boca muda que pronuncia las palabras de la ley". Debate. 1998). eficacia y legitimidad. lo que se da en llamar interpretación previsora (Sagüés. Buenos Aires. p. por lo que la decisión a favor de una u otra no puede apoyarse en el mejor fundamento lógico o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles: estamos ante un conflicto de más o menos libertad
. Menester es destacar entonces. Tecnos. 234 y 270. pero difícilmente real. Por lo demás. Este punto de vista positivista del sometimiento a la ley según la cual el juez es su esclavo dejó de ser defendido ya en la segunda mitad del siglo XIX. 124). no cabe considerar sino que en caso de colisión de dos interpretaciones posibles de un texto legal. es el teleológico. p. Ed. Cualquiera de estas tres concepciones en términos absolutos están viciadas de reduccionismos y mutilan los elementos constitutivos de lo jurídico. sea del fin subjetivo del legislador u objetivo de la ley (Gimbernat Ordeig. la justicia a la validez. Se impone pues necesariamente el pluralismo metodológico.parten de lecturas tan lícitas como defendibles de la cuestión. 40). no puede ser indiferente como directriz de la labor interpretativa la previsión de las consecuencias y efectos que pueda tener en la sociedad la aplicación de las normas. "Metodología de la ciencia del derecho". 1991). "Teoría General del Derecho". Ed. Madrid. Alchourrón y Buligyn. toda vez que desde Savigny se conoce que los criterios deben actuar en forma conjunta y reciproca (Larenz. Madrid. 110. Buenos Aires.
Es esta concentración del poder interpretativo la verdadera esencia y naturaleza que desde sus orígenes como órgano único y específico del estado ostenta la Casación.que previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. con el objeto de asegurar la unidad del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica que brinda la certeza de contenido de las normas jurídicas. debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El art. N° 66. con sus citas). Octavo: En lo atinente a la tercera cuestión planteada. Buenos Aires. rta.(párr. que conlleva su obligatoriedad vinculante por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes. 26. No parece equitativo que el costo por las inconsistencias o los defectos en la técnica legislativa deba ponerse a cargo del justiciable. Con base en estas consideraciones. para asegurar la inalterabilidad de las leyes. De modo que entre las posturas definidas corresponde decidirse en favor de aquélla menos lesiva para el sujeto y que reduzca el campo de intervención de la justicia penal. y II) Procede el instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. un primero que encierra los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs. p. dos opciones aquí son posibles: (a) la primera consistente en sostener que la diferencia esencial entre los dos supuestos deriva en la vinculabilidad del juez sólo para el supuesto del cuarto
. José G.. estableciéndolo como tribunal de grado superior que atrae para sí las resoluciones discordantes y las unifica. y un segundo que comprende a delitos --no incluidos en el primer grupo-. reg. s/ recurso de casación".. y la uniformidad y legalidad de las decisiones judiciales" (vid. 120--). voto del juez Casanovas en el plenario "Villarino. 1999. se arriba a la finalidad política de la casación que se encuentra en la función de uniformar la jurisprudencia. Hammurabi. Lo que se trata a través de la lectura postulada es de interpretar de modo coherente la política criminal delineada por los órganos habilitados. permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso --art. Cód. a través de un fallo plenario. Desde siempre se sostuvo que "no es posible revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del estado. al punto de reconocérsele a sus fallos un sentido ejemplificador . con sus citas --La Ley. Martín P. Penal-. 1° y 2°). mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial" (causa N° 418 "Silvera Silva. Por ello "no debe olvidarse el poder interpretativo unificador con que el legislador dotó al tribunal. 4°). 1995-E. 76 bis comprende dos grupos de ilícitos. 95 y siguientes).(Bacigalupo.. el 21/7/95. Por lo demás. "Principios constitucionales de derecho penal". Y no se trata de arrogarse ilegítimamente facultades legislativas. ni que una interpretación inadecuada aparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema judicial hacia el dispendio y la inoperancia. O en otros términos: es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad.
cit. pese a tener el Ministerio Público a su cargo el ejercicio de la acción penal. cit. si no se quiere caer en un burdo paternalismo o desatender la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio contenidos en la Constitución Nacional. s/recurso de casación".. p. cualquiera que ésta sea. Kent-García Torres. habida cuenta de que ésta es un presupuesto general de aplicación del instituto y debe concurrir en cualquier hipótesis. 25 de la ley 24. ob. el 23/9/96 --La Ley. 1090. Y si por vía de hipótesis ha de sostenerse que la suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad. ob. cit. de los intereses legales de la sociedad. Sólo tiene relevancia en cuanto a la manifestación negativa tendiente al acordamiento. ob. 815. reg.. t. Tamini-Freeland... la vinculación del tribunal con la pretensión del fiscal no es de carácter estricto. Reynaga. Véase que desde la postura restringida siempre es requerido el dictamen fiscal favorable (vid. puesto que ello refleja la voluntad de continuar con el ejercicio de la acción penal. Por otro lado. cit. cit. 285--). p... ob. cit. p. Oscar G. p. ob. p. cit. Sáez Zamora-Fantini ob. ob. tiene por función "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Bovino. Un señalamiento previo fuerza a indicar que con la última reforma de la Constitución Nacional el Ministerio Público Fiscal.
. Ríos.. ob. 605. cit. Vitale. p. op.debe articular la acción penal ante todo delito del que tome conocimiento (art. Ochoa. p. no debe obviarse que la crítica que invoca tal excepción apunta al establecimiento del propio instituto y no a su interpretación. cit. 503. cit. 1996.. p. 858. sólo cabe apuntar que la envergadura en función de la gravedad de los montos punitivos de los delitos que puedan dar lugar a la hipótesis del cuarto inciso. p. En cuanto hace al núcleo de este interrogante.. Penal (vid. y en atención a la caracterización de la primera de las cuestiones. cit. García. conlleva la necesaria conformidad del Ministerio Público Fiscal. Editores del Puerto. p. se requerirá tan sólo para el supuesto previsto en el cuarto párrafo del art. Fundamentos. a denegar la petición a pesar de la opinión favorable del representante del Ministerio Público Fiscal. 1143. p. solo su negativa fundada --dado que no puede quedar librada a la arbitrariedad--. Nada impide al tribunal. 71 del Cód. N° 283. atento a la vinculación relativa." (art. p. Penal-. p. ob. 180. 838). 181).. 1278. 949. cit. cit. Sáenz. De ello puede inferirse que --a tenor de lo normado en el art. Solimine. Sin embargo.. 365. 76 del Cód. (b) la segunda que reside en defender que la conformidad es exigible tanto en esta hipótesis como en la del inciso primero. Almeyra.25. 120). p. y la ley acuña el precepto "consentimiento". ob. ob. p. que el consentimiento fiscal no puede reemplazar la petición del imputado. 1352. de admitirse la tesis amplia. 1488). 1997-A. cit. 417. rta.946). resulta vinculante para el órgano decisor (vid.. ob. Olivares Cusín. Va sin decir también. cit. Molero. hoy órgano independiente. ob. voto del juez Casanovas en la causa N° 737..no quedará para su partidario otra posibilidad que declarar su inconstitucionalidad y reclamar la modificación de la ley misma. p. "Derecho Procesal Penal".inciso. en tanto que. a través de un criterio de oportunidad expreso o reglado (Cafferata. Buenos Aires. para lo cual --claro está-... en el mismo sentido Maier. Orgeira-Vaiani. I. ob.
en lo que respecta a su intervención en el proceso (vid. Eser "Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal". Buenos Aires. Claudio M. Editores del Puerto.la actual impronta doctrinaria a favor del mayor protagonismo de la víctima en materia penal y. en los planos internacional y regional. Buenos Aires. Jorge A. hace cuanto menos una década que los organismos internacionales dirigen recomendaciones en el sentido de dotar de mayor participación a la víctima dentro del sistema penal. sicológica y social que sea necesaria. 1998-A. sala I. En este sentido debe relevarse la preocupación de esta cámara. 76 bis. Hirsch. Ed. causa N° 1492 "Campitelli. y de modo sintético-. 27 de agosto a 7 de setiembre de 1990). Buenos Aires. a todos los países. La Habana (Cuba). en "Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. Ad Hoc. "La posición jurídica de la víctima del delito en el derecho y en el proceso penal. en cualquier etapa de desarrollo y en todos los sistemas. del Puerto. que por la ac. "Acerca de la posición de la víctima en el Derecho penal y en el Derecho procesal penal". Schneider. s/recurso de casación" rta. Adrián s/recurso de casación". solo cabe sostener la pretensión fiscal vinculante como dictamen desfavorable al otorgamiento en la hipótesis del cuarto párrafo del art. la Asamblea General de la O. de la República Federal Alemana. así como la asistencia material. lo que también se releva positivamente respecto del instituto en cuestión (Cafferata Nores "Cuestiones actuales sobre el proceso penal". citada). aprobó por consenso la res. Libro-Homenaje al profesor Antonio Beristain". 2/94 solicitó la integración y puesta en marcha de la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y testigos que estableció el nuevo ordenamiento
. Ed. Rodrigo s/recurso de casación". La Asamblea General. "Roitman. el 30/10/98 --La Ley. no puede desatenderse --en primer lugar. San Sebastián. 1989. 136. así como a todas las víctimas (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. particularmente. El 29 de noviembre de 1985. se adoptaran medidas para establecer medios de proporcionar un recurso a las víctimas cuando los procedimientos nacionales resultaran insuficientes.N. 1998. p. Los Principios Fundamentales se aplican. en punto a la encuesta que se formula en relación a la legitimación recursiva del querellante más allá del monto de la reparación. el 8/7/98. 40/34 y la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" en las que se recomienda que se adopten medidas a diversos niveles para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo a las víctimas de delitos. 349--. rta. Bovino. rta. causa N° 518 "Asenjo. s/recurso de casación". 99 y siguientes). 1997. médica. Efectivamente.U. p. del Consejo de Europa y de Naciones Unidas". sala II. 1992). y que se les otorgue reparación. sin discriminación. Nuevos desarrollos en la política criminal de los Estados Unidos. "Problemas del derecho procesal penal contemporáneo". y muy a pesar del sentido que recoge la jurisprudencia de las restantes salas de esta cámara (vid. sala IV. Noveno: Finalmente. mediante resarcimiento o indemnización. el voto del doctor Riggi en causa "Córdoba Grande. Maier "La víctima y el sistema penal" (en) "De los delitos y de las víctimas". vid. el 17/10/95.En resumen. recomendó que. al aprobar la Declaración.
que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266 --La Ley. controlando a través del recurso. cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento --civil o criminal-. 1998-E. No se observa. en donde se sostuvo que todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el art.y el de quien se opone a tal pretensión. en una concepción igualitariamente digna con la de la persona del encausado. se procura garantizar la persona del damnificado con su reconocimiento como efectivo sujeto de derecho. no debe soslayarse que el derecho al recurso es un medio imprescindible para que los que son parte puedan. consid. 305:2150.401.. De esta manera. sea que actúe como acusador o acusado. 331--). aparecen reiterados por la corte nacional en la causa N° S. la que aún a la fecha no ha sido creada.de que se trate (Fallos: 268:266). Por lo demás. 128-539--.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (causa N° S. cuál puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de sus derechos --así fuere el de obtener la imposición de una pena-. 2°). Alejandra V. Francisco A. dentro del procedimiento penal. Y esta preocupación por la víctima debe ser correlativa con la adopción de criterios eficaces que resguarden de modo útil la exigencia de la tutela judicial de sus derechos. 8°. es coincidente con el que reconocen los arts. tanto este conjunto de actividades que posibilitarán. tanto más si el instituto apunta al beneficio de la víctima (por vía de la reparación económica del daño.1009. especialmente en cuanto hace al ejercicio de la acción penal.480" "González. como la
. sin perjuicio de la acción civil) cuanto del imputado. entre otros). de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. Así. párrafo primero. s/recurso de casación". en un balance que indica una valorización equivalente que les asegure el carácter de protagonistas del proceso penal.XXXIV "Santini.XXXII. la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció facultades activas. s/homicidio culposo". "Santillán. del 3/12/98. ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución. rta. Estos preceptos. 18 de la Constitución Nacional. como demandado o demandante. Ello en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. al sostener que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. puesto que la carta fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma. el 13/8/98 --La Ley. 18 de la Constitución Nacional. Angelo y otra s/su solicitud por denegación de justicia en la causa N° 27. en el tiempo y en el espacio la sentencia. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance. colaborar y coadyuvar en el referido proceso. como posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. circunstancia que debe obligar a renovar la inquietud del cuerpo en ese propósito.procedimental.
constriñendo el debate al siguiente temario: I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. Bosch. Consecuentemente. Capolupo de Durañona y Vedia.
. s/recurso de casación". permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso --art. 76 bis y sigtes. N° 40) de esta Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12 de febrero de 1999. II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación. p. 1° y 2°). Néstor H. IV) El querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. Penal. (S. referente a esta última cuestión.adaptación a derecho de este acto jurisdiccional (Suau Morey "Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal". de manera que el sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta instancia extraordinaria. Catucci. Mitchell. rta. 76 bis del Cód. dijeron: La res. Penal-(párr. Penal. Barcelona. el 31/5/93). Penal. Los doctores Riggi.que. agregado por la ley 24.. Décimo: En conclusión. Madueño. III) El dictamen del fiscal desfavorable es vinculante para el órgano decisor a fin de resolver la suspensión del juicio a prueba prevista en el cuarto párrafo del art. Cód. Al respecto." (causa N° 5 "Acervo. ter y quater del título XII. Ed. no debe dejarse de aclarar que para ejercer la vía impugnativa el recurrente debe encontrarse debidamente habilitado para interponer el recurso pues tal como lo ha sostenido esta sala "cuando el art. Hornos y Fégoli.. 29). y un segundo que comprende a delitos --no incluidos en el primer grupo-. previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. 4°). un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs. N° 8/93. reg. corresponde pronunciarse a favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. 460 menciona a la parte querellante lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión. 1995. 76 bis. Rodríguez Basavilbaso.J. del Cód. Penal comprende dos grupos de delitos. Bisordi. 76 bis del Cód. II) Procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito imputado tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. en mérito a las consideraciones expuestas. Berraz de Vidal. nos convoca a expedirnos respecto del instituto "De la suspensión del juicio a prueba" regulado por los arts.316 al Libro Primero del Cód. 26. debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El art.
para así aplicarla al caso concreto. Según el primero de ellos. 76 bis del Cód. 18). se sometan a los requisitos previstos en dicha norma.que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta) y procurando su rápida reintegración a la sociedad. las que anteriormente hubiesen sido castigadas con condenas de ejecución condicional sobre las cuales no se ejercía contralor alguno. Es una operación que busca "poner de acuerdo a la ley
.O. Penal contempla un único supuesto que concentra todos los requisitos exigidos para la concesión del beneficio. Mediante este sistema.la gran variedad de delitos conminados con penas que no superan los tres (3) años de prisión. N° 2. habiendo cometido delitos de escasa gravedad. evitando el mal --la estigmatización que dificulta su resocialización-. y IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. comúnmente denominados "insignificantes" o "de lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potencialidad ofensiva" o "delitos de bagatela".316. año 1994. por el contrario. Así advertimos que --genéricamente y con ciertos matices-. sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulgada el día 13 del mismo mes y año (B. p. Asimismo. y de acuerdo al restante. En efecto. LA LEY. Con la ley 24. excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación. se introdujo en nuestro ordenamiento penal vigente el instituto de la "suspensión del juicio a prueba" con el objeto de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que. se intenta además contribuir a un mayor control de esta franja de conductas delictivas.III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba. el art. esta norma plantea dos hipótesis: una relativa a los delitos con pena de prisión que no exceda de tres años. sin otras exigencias (al interesado le bastará con ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible). y la otra para los supuestos en que razonablemente se pueda pensar que la pena será en suspenso (sin límite en la amenaza penal abstracta). sin perjuicio de efectuar un breve relevamiento de consideraciones relativas al instituto que nos ocupa. Ahora bien. permitiendo "obtener un rendimiento mejor que el observado hoy por la sociedad" (Conf. Primero: Observamos en nuestro análisis y desarrollo argumental.se han generado dos criterios interpretativos mayoritarios. Para resolver esta disyuntiva. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. recordamos que el interpretar la ley requiere de una investigación de carácter dogmático cuyo objetivo es descubrir su sentido. se consagra excluir del juzgamiento penal --mediante la paralización del proceso-. del 19/5/94). en beneficio del delincuente primario u ocasional. el orden establecido en el descripto temario aprobado. en cuyo caso será necesario el consentimiento fiscal para suspender el juicio.316 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación práctica. la ambigua redacción de la ley 24. la aplicación de esta moderna técnica posibilita la descongestión de puntos críticos de la organización judicial argentina.
También ha expresado el Alto Tribunal que no es admisible una interpretación de la ley "que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad. Asimismo. y de menor efecto estigmatizante. que consagraría una mayor discrecionalidad judicial y. y mediase consentimiento fiscal. rta. siempre que él lo solicitare. La otra hipótesis (la amplia). Parte General".E. c.pudiera resultar más útil para aliviar el funcionamiento del sistema judicial. "es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito. c. el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común" (conf. apreciamos que la conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe acordársele a la norma en estudio es la que conceptúa que el art. pero además la misión judicial no se agota en ello. debemos tener presente que para la interpretación de una norma. el 5/12/92).penal.la interpretación al extremo que --de ser consecuentes y observando un ejemplo-. 254.XXVII. de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (conf. Ed. Y esto último se traduce en una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio. y en función de las demás razones y fundamentos que se expondrán.sólo se requiere el consentimiento fiscal sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto. "Vera González. "Estado nacional c. Astrea. en definitiva. el 4/5/95). no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma. cuando en la ley se emplean varios términos sucesivos. Creus. ya que los jueces. Penal plantea un único e indivisible supuesto en virtud del cual se podrá conceder el beneficio de la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. Alcides J. entendemos que excede el marco legal y el ordenamiento jurídico restante en su conjunto. citado por Carlos Creus "Derecho Penal. otorgaría mayores posibilidades de aplicación a la "suspensión del juicio a prueba". p. E. Teniendo todo ello presente. susceptibles de condenación condicional-. Buenos Aires. todo esto. íntegra. al principio de inocencia y al derecho a obtener una decisión judicial definitiva que resuelva su situación ante la ley y la sociedad. aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales. debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu" (V. "Kasdorf SA. Provincia de Jujuy s/daños y perjuicios". 76 bis del Cód. ésta debe ser tomada en su totalidad. a su vez. Radio y Televisión Riojana S. 78. y que.. 81). en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia. XX. K. ya que el significado de sus vocablos puede variar al separarlos del resto del texto (conf. con lo concreto y variable del caso particular" (Vincenzo Manzini en "Tratado de Derecho Penal". ya que fuerza --a nuestro juicio-. ob. p. Martín A. 1992). las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable. abstracta y genérica por naturaleza.se tendría que afirmar que para el segundo supuesto --delitos con pena máxima de más de tres años. XXII. 171. y otra". pues la exégesis de la norma. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra. rta. el 23/12/92). Rudaz. y otra s/nulidad de resolución". ofreciere hacerse cargo de reparar el daño en la medida de lo posible. aun cuando --"de lege ferenda"-. sin fraccionarla ni dividirla. rta. extremo que resulta inaceptable en
. cit. 50.
La Ley. que en la mayoría de los casos --sobre todo en muchas provincias-culminan en los procesos correccionales. 1995-167. o sea la instrucción. pero es prudente pensar que los tres años prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores. 125 y 160). 1996.. podría imponer severas reglas de conducta a una persona cuyo estado de inocencia no ha sido desvirtuado por una sentencia condenatoria. no la primera parte del proceso. "Suspensión del Juicio a Prueba". de conceder la suspensión también en caso de penas mayores a tres años. y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia correccional de la Capital Federal..E. el entonces senador Fernando De La Rúa (conf. diría muy menores. pues de acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo del artículo. año 1994. quien ante la propuesta del senador Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspensión del proceso a los delitos cuya pena no exceda los seis años. manifestó que ".. y sin la expresa petición concreta del interesado de someterse al régimen del instituto en estudio. a pesar de no compartir la oportunidad ni la técnica utilizada.E. senador Augusto Alasino. Luis M...". 95. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.nuestro sistema republicano. pero de ninguna manera es para aquellos delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre los que el Código tiene una más alta consideración.Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años. p. en la Capital Federal..Cada uno puede tener un enfoque distinto con relación a los delitos que pretende incorporar a esta figura. c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación de los daños del delito. sean condenados como corresponde. o sea los delitos de menor entidad. Hernández.la institución del juicio a prueba va a significar no sólo la viabilización del nuevo código de procedimientos en materia penal sino la posibilidad de que a través del nuevo procedimiento oral-penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina. es expresa en el debate parlamentario" (conf.. Ello así. el Miembro Informante de la Comisión de Legislación Penal. N° 2.. y aclaró que ". Estos. parágrafos 34 y 41). diputado Antonio M. Asimismo repárese en que "en el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad que preveía el proyecto enviado por el P. Decimos rápidamente que para que se pueda suspender el juicio deben darse cuatro condiciones: a) que el delito tenga una pena menor de tres años. 91..". En la misma inteligencia se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. LA LEY. parágrafos 90. durante la discusión del proyecto en el Congreso. b) que fuese aplicable al caso la condena de ejecución condicional. 324). En efecto. Si los bienes personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a juzgar los delitos más graves.. Antecedentes Parlamentarios. el tribunal con la sola conformidad fiscal. Aclaramos que lo que (se) suspende es el juicio. También coincidió con esta posición. Ed. La voluntad de votar una ley más restrictiva que la que había propuesto el P. y d) que el imputado abandone en favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en caso de condena" (conf. los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos.. manifestó que ". son de competencia de los jueces correccionales.
. Ad Hoc. se modificará la credibilidad en la justicia penal. 94. Se trata de aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente con condenas a veces inútiles o injustas. Antecedentes Parlamentarios. García.
. ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión. de casación". rta. de casación" Reg. Carlos J. y Pirro. de casación" Reg. de queja". N° 548 "Fortes. s/recurso de casación" Reg.. s/rec. N° 741 "Tassile. 496--. N° 238. En esa tarea. N° 2038 del 16/6/98). Segundo: Siguiendo con el estudio propuesto. Reg. N° 1420 "Multisanti. Ricardo A. N° 190/98 del 15/5/98 de la sala III. y causas N° 471 "Muñoz Saavedra. Reg. y N° 794 "Villalba. último párrafo). 413--. s/rec. Claudio M. 1994-E. de casación". conjunta o alternativa. 76 bis. cuando la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluyó dicha prohibición apartándose del proyecto originario del Poder Ejecutivo. de casación" Reg.." (conf. N° 785 "Sarril. s/rec. de casación" Reg. causa N° 230 "Monti. donde se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos a cargo del agente. N° 1802 del 3/10/97. Jorge N. Diego A. Cristian s/recurso de casación". s/recurso de casación". s/recurso de casación". N° 1132 rta. N° 618 "Pirro. el 20/2/98 de la sala IV. Fernando s/rec. s/rec. ahora en cuanto al alcance que cabe otorgar a la ley 24. desde un principio advertimos que el referido dispositivo legal no efectúa distinción alguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal. extremo que nos impone efectuar su interpretación. los votos en minoría del doctor Eduardo Rafael Riggi en las causas N° 1510 "Córdoba Grande. N° 1552 "D'Amico. causa "Agüero. Penal. Reg. atendiendo --como ya hemos dicho-. Juan A. s/rec.Este también fue el sentido que la sala II de esta Cámara otorgó a la ley 24. s/recurso de casación". Bernardo J. del 30/8/94 --La Ley. Fernando A. Juan s/recurso de casación". s/recurso de casación". N° 1259 del 29/11/96. N° 1936 del 4/12/97 y N° 1621 "Aquilino. el 7/3/97. Reg. s/recurso de casación". A ello se suma la voluntad del legislador que aparece evidente desde el inicio de la labor parlamentaria. Ver asimismo causas N° 923 "Celestino. y causa N° 1580 "Wasyluk. s/rec. Cód. s/rec.316.a su literalidad y además a la voluntad del legislador. cuando señaló que ". Carina V. permite una mayor celeridad en la administración de justicia y su avocamiento a los delitos de mayor envergadura que son los que más costos (económicos y sociales) producen. a los principios e intereses que lo animan. de casación".. Reg. de casación". Jorge A. así como de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente. Al limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda los tres años. Viviana A. obviando la celebración del juicio en los casos de menor cuantía. N° 189/98 del 15/5/98 y N° 1513 "Patiño. Dicha generalidad que presenta el texto legal no logra satisfacer autónomamente el verdadero alcance o sentido que debe asignársele. alcancen su culminación con la sentencia definitiva para proveer a la corrección de la
. Gabriel F.316 cuando establece que: "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación" (art. N° 1500 del 17/10/97. entre otras). obviamente sin desentendernos de la integridad de la norma que genera este instituto. Aníbal A. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley. Ello así deriva del análisis de los antecedentes parlamentarios. comenzamos advirtiendo que el contenido concreto de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra establecida sanción de inhabilitación. 1998-C. Patricia s/rec. Leonardo M. N° 667 "Gorosito. N° 656 "Bafaro.
Si bien es cierto que en una intervención posterior --al tiempo de contestar las observaciones formuladas por otros senadores-. N° 1390 del 24/2/97. de casación". a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con pena de prisión únicamente. no lo es menos que lo definido y precisado dogmáticamente --detallado "ut supra"-. N° 2171 rta..conducta que al Estado le interesa (conforme exposiciones del diputado Antonio M. Pablo L. el 22/4/98. en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación. debe ser de cumplimiento efectivo" (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. que eventualmente debía tener para cometerlo" (Antecedentes Parlamentarios. Ariel R. Penal. de casación". s/rec. de casación". un caso de mala praxis médica que ocasionara la pérdida de la vista a la víctima. senador Augusto Alasino. por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que. s/rec. junio 16 de 1993. reunión --continuación de la 1ª sesión ordinaria--. quien incluyó el homicidio culposo en la lista acompañada de delitos susceptibles del beneficio que consagra este instituto.316. N°: 774. conceptuamos que el aislado ejemplo utilizado fuera de contexto del tema concreto en tratamiento. no debe asimilarse a una contradicción que logre desvirtuar lo categóricamente definido. parág. Reg. 17/10/95. s/rec. prohibiéndose en los supuestos de delitos reprimidos con prisión e inhabilitación. N°: 1093..en la sala III del tribunal (confr.luego de desarrollar ciertas precisiones sobre su finalidad. Reg. sobre la base exclusiva de un argumento brindado "como ejemplo" --no con la intención de ampliar el instituto-. ps. 14/8/96. Reg. N° 2. En un sentido coincidente se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. 158). indudablemente. de casación". LA LEY.no merece una interpretación que controvierta tan claras y categóricas afirmaciones. de casación" Reg. Reg. Reg. s/rec. En esa inteligencia. porque. Reg. podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. después de afirmar que ". el 14/5/98. Si se aplicara este instituto. el 7/9/98.. Juan P. s/rec. este es también el criterio sostenido por tres salas de esta Cámara Nacional de Casación Penal. rta. Fernando s/rec. N° 1055 "Faingenbaum. 40). rta. de casación". cit. y N° 1621 "Aquilino. rta. Hernández. También limitamos este instituto en nuestro proyecto. y por el doctor Eduardo Rafael Riggi --en minoría-. Esto también es entendible. s/rec. op.. de
. 1998-C. N° 859 "Arasco. al día siguiente de cometerlo. Entendemos que la inhabilitación. p. Juan C. al médico que cometió este delito provocando una ceguera total. N° 1978. 413--. 1446/1447). de casación" Reg. 8a. Claudio M. Ricardo A. causa N° 1509 "Lorín. señalando que no procede la suspensión del juicio ". parág. N° 1940 rta. 1994. Gustavo s/rec. Antecedentes Parlamentarios de la ley 24. Gabriel J. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley. Supongamos al respecto. el propio legislador recurre a dar un ejemplo que podría inducir a confusión. tal como sucede con el artículo 26 in fine del Cód.(ver Antecedentes Parlamentarios citados. causa N° 1499 "Drab. s/rec. causas N° 518 "Asenjo. de ningún modo deberían dejarse de aplicar. causa N° 1767 "Gatto. el 14/5/98. Por otro lado. Lo propio ocurre con la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas.. todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad del agente. 88). causa N° 1430 "Herrera. de casación". causa N° 1620 "Acceta. N° 1975 rta.
Cámara Nacional de Casación Penal en las causas N° 518 "Asenjo. consideramos que es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos del art. de casación" Reg. s/rec. Reg. N° 859 "Arasco. LA LEY. tal como adelantáramos. s/rec. 76 bis del Cód. Reg. año 1994. Alberto s/rec. N° 2335 rta. Juan C. Fallo Plenario N° 4 de esta Cámara "Jalile. y N° 987 "Ortiz. Emilio M. dado que la negativa de este último enerva la posibilidad de aplicar este instituto" (conf. siendo su oposición vinculante para el juez o tribunal. Adrián A. entre otros de las distintas salas). N° 1390 rta. 25) explicaba que "cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen una pena mayor de tres años. En consecuencia. entre otras). Acuerdo N° 5/96. Antonio s/rec. el 1/10/98. habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (en similar sentido confr. resultaba necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa. parág. Hernández (conf. Esa y no otra es la intención que ha tenido el legislador.. es la que se concilia mejor con el criterio rector de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de las leyes --expuesto "ut supra" (ver considerando primero)-. N° 774 del 17/10/95. Dicho criterio ha sido seguido también por la sala I de esta Excma. entendemos que la exégesis adoptada. de casación". por la sala II en causa N° 1499 "Drab. N° 1074 "Sartini. s/rec. 1995-D. Por lo demás. 1994-D. de casación". además de la reparación del daño causado por el delito". Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube. Oscar Alberto s/rec. y particular concordancia con el art. Penal. N° 772. s/rec. Reg. de
. y Daniel Sáez Zamora. el juez puede resolver. N° 807 rta. 87). s/rec. 14/4/97. "Reflexión sobre la implementación de la ley 24. de casación".. Tercero: En cuanto al consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal. el 15/5/98 de la sala III. N° 2. Penal. 6/3/97. de casación". También el senador Augusto Alasino se pronunció sobre la cuestión. Reg. 1997-B. rto. 26 del Cód. año 1994. expresando en forma clara y concisa que ". "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba". 692--. y N° 1418 "Ruffini. que éste no se lleve a cabo siempre y cuando se establezcan determinadas reglas de conducta. 4/8/98 de la sala IV. N° 1093 del 14/8/96. Dante J. Gustavo s/rec. de casación" Reg. 1136). 854..de permanente cita y observancia por este tribunal (conf. advertimos que la norma así interpretada guarda absoluta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. de casación". Reg. con acuerdo del imputado y del fiscal. rta. el 13/12/96 --La Ley. que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación. rta. Rodolfo A. Antecedentes Parlamentarios. de la sala II. Reg. s/rec. de casación". N° 1422 del 12/3/97. causa N° 1509 "Vázquez. parág. Claudio M. LA LEY. Susana C. causa N° 1392 "Gianni.316". el 15/12/98. N° 191/98. Antecedentes Parlamentarios. N° 517 "Rogante. LA LEY. N° 1055 "Faingenbaum. N° 1731 del 26/8/97. Ricardo Ariel s/rec. luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio.casación". LA LEY. de casación". cuya opinión adversa constituía un impedimento para otorgar el beneficio. el juez deberá también recurrir al consentimiento del fiscal.. de casación" Reg. y causas N° 468 "Muraca. En igual sentido. N° 2209. En esta última resolución claramente se advirtió que ". de casación" Reg. s/rec. N° 1390 del 24/2/97. N° 2. rta. Reg. Nótese que el diputado Antonio M.
Adrián A. pues la ley no se contenta con la mera 'citación' o 'traslado' al fiscal. ob. el 14/5/98.. de casación". García. Jorge H. Reg. "Tassile. los jueces tienen amplias facultades para decidir --fundamentalmente-. s/rec. el 15/12/98. depende de la conformidad fiscal" (Luis M. 365). ". rta.).y en el Código Procesal Penal de la Nación (arts. la conformidad fiscal resulta imprescindible para suspender el juicio. no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. casación". Reg. de casación". N° 1974 rta. reiteramos --conforme con lo expuesto precedentemente-. N° 2171 rta.rige también aquí la carga para los fiscales de motivar las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular (art.. que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio. Ramón s/rec. Ed.316) sólo procede en los casos de delitos de
. 25): "a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.s/rec.que la suspensión del juicio a prueba (ley 24. p. Adrián R. el 14/5/98. 1098 del 2/2/98). y por la sala IV (voto del doctor Hornos "Faroldi.. Es que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del art. "Roitman. casación". Sección I.".casación". Por ello. Reg.. s/rec. Procesal Penal de la Nación). el tribunal. . sin duda alguna la forma en que se expiden está sujeta al control de su legalidad y fundamentación. causa N° 860 "Sordetti. tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio.en la reciente ley orgánica del Ministerio Público 24. el 22/5/98. cit. s/rec.O. reg. y en particular. N° 2335 rta. causa N° 1767 "Gatto. Rodrigo s/rec. y cumplidos los demás requisitos exigidos por la norma. Ricardo s/rec. Por todo ello. 65 y conc. Por ello. 863 del 20/6/97 y causa N° 741. 365). pero una vez que se cuenta con el beneplácito del representante del ministerio público. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. B. tal como se expresara. sino también --en consonancia con la referida norma constitucional-. no está de más mencionar que --a nuestro juicio-.la concesión o el rechazo de la medida solicitada por el imputado (sala IV en causa N° 634. García "Suspensión del juicio a prueba". c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales. causa N° 1392 "Gianni. N° 1975. 120 de la Constitución Nacional. Ad Hoc. Por otro lado. el 7/9/98. de que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley que estamos estudiando --como ya se ha visto-. . el 8/7/98. sancionada el 11/3/98 y promulgada parcialmente el 18/3/98. el 31/5/96). N° 1993 rta. Cód.. Gabriel J. Reg. N° 2075 rta. N° 1023. causa N° 1626 "Muchewicz.946. causa N° 1492 "Campitelli. Diego A. Héctor s/rec. Reg. cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso. Ver también en el mismo sentido la causa "Dyke. Reg... Reg. rta. de casación". Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal. de casación". del 23/3/98). sino que exige consentimiento" (conf. y su oposición "es vinculante para el tribunal. de casación". el 30/10/97). Reg. de casación".. b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera. rta. art. de casación" de la sala I de esta Cámara (causa N° 802 bis. 69.
Ahora bien. s/rec. p. cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II. 1996.. y que.
31) quien al subrayar la importancia del instituto en examen.946) en su art.que el imputado condenado por otros hechos con anterioridad (en suspenso o a cumplimiento efectivo) obtenga mediante la suspensión del proceso lo que no podría lograr por la vía del art. cuidando que ella se despliegue impulsando su continuación en el respectivo proceso. 27 del mismo cuerpo legal. en virtud del cual cuando un representante del Ministerio Fiscal toma conocimiento de un hecho que puede constituir delito de acción pública. año 1994. ocasionales. pudiera conseguir su libertad mediante la suspensión del juicio a prueba.es una flexibilización del principio de legalidad que existe en la materia". cuando ". Penal. Penal. también llamado "principio de legalidad procesal". 29. con lo cual se frustraría el régimen legal de la condena de ejecución condicional (que expresamente se mantuvo en esta reforma). en rigor no importa una excepción al principio de legalidad constitucional.. el Ministerio Público actuará de oficio. resulta manifiestamente contrario a los fundamentos de este instituto. El instituto incorporado a nuestro sistema legal por la ley 24. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender. 26 del Cód.. Antecedentes Parlamentarios. siempre que las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable y hubiese consentimiento fiscal. o de poca peligrosidad. otra razón --puesta de manifiesto por el doctor Eduardo R. Por último. y a adoptar una interpretación contraria al sentido más obvio al entendimiento común. encontramos de interés para definir el sentido que corresponde acordar a la ley 24.desde hace tiempo se requiere el establecimiento de otro principio.. Cód..acción pública reprimidos con penas cuyos máximos no excedan de tres años.316.. violentando su letra y su espíritu. interrumpir o hacer cesar. señaló que ". sin perjuicio de que la ley
. parág.316.. y ello sin tener que cumplir con el término previsto en el art. la que no podría obtener por la vía del art. el cual queda demostrado por el absurdo de suponer --en el caso de interpretar la existencia de dos supuestos-. En concordancia con ello.. advertimos otro argumento que también confronta con la posibilidad de sostener la interpretación amplia y que consolida el acierto de la conclusión que sostenemos al respecto. Observamos así que dicha conceptualización nos llevaría a prescindir del texto expreso de la ley sin mediar declaración de inconstitucionalidad a su respecto. sin duda alguna pensado para delincuentes primarios. N° 2. 71. establece que: "Cuando se tratare de una acción pública. En esa misma línea. Riggi en su voto en los pronunciamientos ya citados "Córdoba Grande" y "Patiño" de la sala III-. ". como es el de la oportunidad". toda vez que se llegaría a la incongruencia de que un imputado por delitos con pena menor a los tres años. Penal).tiene que promover la acción.que se advierte a partir de las expresiones del diputado Antonio M. sino al principio de oficialidad en el ejercicio de las acciones (art. la mencionada ley orgánica del Ministerio Público (24. 26 del Cód. Hernández (conf. aun cuando haya sido condenado (en suspenso o con cumplimiento efectivo) por otros hechos más graves con anterioridad --incluso declarado reincidente--. salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley". LA LEY. bajo el título "Principio de Legalidad". y que en particular.. y en inequívoca referencia a leyes especiales como la que nos convoca.
Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. Carta Magna).. y es debido a que se trata de una excepción al principio de oficialidad o de legalidad procesal. 18 de la Constitución Nacional (conf. 1992). Carlos Creus. 36. Diccionario de la Lengua Española. en cuanto a que corresponde pronunciarse en favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. máxime cuando ha sido el propio legislador quien ha hecho mérito y precisado la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad con fundamento en criterios de oportunidad." (conf. Que se aparta de lo ordinario. y a fin de determinar si tiene legitimación el querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. Vigésimo primera edición. Cuarto: Finalmente. LA LEY. La improcedencia de ello deriva asimismo de la imposibilidad de revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del Estado. Madrid. si extendiéramos más allá de la norma y de la manifiesta intención del legislador la aplicabilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba. Buenos Aires. N° 2. mérito o conveniencia que escapan a este control jurisdiccional o judicial. doctores Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo José Tragant. excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación (punto IV del temario aprobado en la presente autoconvocatoria a Acuerdo Plenario).. p..disponga otra cosa o plantee excepciones (sobre la base del principio de oportunidad). ello así. respeta los medios arbitrados y. Excepción: "Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie". y hace prevalecer --dentro del marco de las particularísimas circunstancias y exigencias que establece-.todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal
. la suspensión del juicio a prueba se encuentra estrictamente regulada por la norma en todo lo que hace a sus condiciones de procedibilidad. Astrea. no quedando éstas sujetas a la discrecionalidad de ningún funcionario que facilite desigualdades arbitrarias (art. además de estar ajustada a la letra expresa de la ley. 17). Ed. "Derecho Procesal Penal". Teniendo ello presente. por lo que apreciamos que nos arrogaríamos ilegítimamente facultades legislativas. que forzosamente debe estarse a lo taxativamente previsto en el dispositivo jurídico e interpretarse en forma restrictiva y no de modo amplio o extensivo. resulta evidente que la suspensión del juicio a prueba tiene un inequívoco carácter excepcional ("Que constituye excepción de la regla común. Aclarado ello. toda vez que ". por lo demás conceptuamos que la interpretación que adoptamos. 1996). p.. así como los fines perseguidos por el dispositivo legal. o que ocurre rara vez". coincidimos con la conclusión expuesta en el considerando noveno del voto de los colegas preopinantes. en especial. los explicitados por el legislador (ver citas del debate parlamentario "ut supra"). año 1994.razones o criterios de política criminal naturalmente ajenos al control judicial. En efecto. por lo que no se altera en forma alguna el mandato contenido en el art. toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena --secuela necesaria de la comisión de un ilícito penal--. 16.
ellos son: el ministerio fiscal. 217 A (III) de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948). de casación". apartados 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969). de casación".están facultados para intentar el remedio recursivo casatorio. Fernando R. 1026. de queja". de casación". apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución N° 2200 [XXI] de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966)." (CS Fallos: 268:266). los artículos 458 a 462 del Cód. y 14°. causa N° 1703 de la sala II. en acatamiento a la garantía del debido proceso es examinado en la forma señalada precedentemente por el Alto Tribunal. 82). 393 del ordenamiento ritual. s/ rec. la parte querellante. N° 2136 rta. y en determinadas circunstancias el civilmente demandado y el actor civil. apartado 3.
.1009. habilita. conjunta o alternativa. y si su derecho a la jurisdicción. del Cód. causa N° 634 de la sala IV de esta Cámara. el 13/8/98). 2°. "Torcoletti. el 30/10/97.. el 26/11/97. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si existe y tiene fundamento en la Constitución. Procesal Penal de la Nación clara y expresamente establecen qué sujetos procesales --que revistan la calidad de partes legalmente constituidas-. En coincidencia con este criterio. propiciamos al acuerdo y extendemos nuestro voto por fijar la siguiente doctrina plenaria: I) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. resulta evidente que debe conferírsele aptitud subjetiva para recurrir decisiones que hacen imposible la continuación de las actuaciones (conf. aún en ausencia del requerimiento fiscal. s/rec.XXXII "Santillán. de queja". 76 bis y sigtes. II) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal. 8°. el dictado de una sentencia condenatoria (causa S. todos ellos con jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el artículo 75 inc. rta. Alberto J. s/rec. Francisco A. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 2 de mayo de 1948). sea que actúe como acusador o acusado. causa N° 786 "Close. 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (res. sentencia del 13 de agosto de 1998). el imputado o su defensor. Y ello así. "Roitman Adrián P. Lo propio cabe concluir con fundamento en lo dispuesto por los arts. tanto más. Claudio D. rta. "Waschman. s/ rec. el 12/11/98.. como demandante o demandado. Reg.consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. causa N° 2120 de la sala I. rta. y de conformidad con el criterio que consideramos como la exégesis más adecuada y debida respuesta al temario propuesto con relación a la norma en tratamiento. 22 de la Constitución Nacional (texto según reforma de 1994). s/rec. Quinto: Por todo lo expuesto. Reg. desde que la Corte se ha pronunciado recientemente afirmando que la acusación del querellante en la oportunidad del art. y siendo que el mismo cuerpo legal reconoce al querellante personería para actuar en juicio criminal por delito de acción pública (art.
dio a luz una de sus normas más conocidas: Las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso. ayuda. evitar nuevos delitos. en Inglaterra y Estados Unidos. no solamente la actitud de no imponerle sanciones sino de sujetar esa no imposición a una serie de condiciones que durante un tiempo determinado. un propósito de prevención general. evitar los efectos negativos de las sanciones privativas de la libertad o sea los problemas asociados con el encarcelamiento. Más tarde y especialmente. y apoyos familiares y personalitarios incluso socio-psicológicos. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. ha sido así en primer término. Aún hoy. como en los países donde se estableció originariamente.III) La oposición del Ministerio Público Fiscal. para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminológica. desde la prisión a las medidas alternativas o sanciones no privativas de libertad. En 1990. asistencia. o las Directrices para las sanciones no privativas de libertad. esto es reintegrar al delincuente en la comunidad a través de apoyaturas efectivas de inserción laboral. asistencia al sujeto de la institución para su readaptación en la comunidad. en el 8° Congreso se aprueban las Reglas Mínimas de Tokyo. tanto en los países del sistema del Derecho Continental. es vinculante para el otorgamiento del beneficio. El doctor David dijo: "En primer término. en el Congreso de Ginebra. el sistema de Probation requiere. sean solucionados sin necesidad de recurrir a condenas judiciales privativas de libertad y en lo posible. En esos casi 50 años al presente. Estos dos elementos fundamentales que implican: de un lado. La estructura de la opción de Probation envolvió siempre dos componentes fundamentales. en segundo lugar. se produjo una inversión del énfasis. el
. IV) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. luego de su adopción en Europa continental. se utiliza la Probation como una medida también de implicancia procesal. debemos hacer constar que en el derecho y la práctica anglosajona. por un lado. esto es. Con el fin de evitar las sanciones privativas de la libertad. la medida es fundamentalmente de naturaleza social. en un estudio comparado de la institución. que receptaron la institución del Probation. sino también de una cuestión de humanización de la justicia y una aplicación más racional de recursos". Se trata no solamente del desencanto con la prisión. para ser resueltos de una forma expedita y pronta por los jueces o fiscales a cargo del proceso". han estado siempre intrínsecamente unidos de un modo muy estrecho. esas dos características se hacen presentes. control y del otro. cuna de la institución. "El propósito de la institución de la suspensión del juicio a prueba o más comúnmente denominada desde su origen 'Probation' en los sistemas del derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y Australia. "Recordemos aquí que hace 50 años Naciones Unidas. educativa.
Pero al mismo tiempo creando un organismo especializado que permita. Una vez que hubo cobrado vida la norma. desgraciadamente muy parecida al sincretismo. ya que tenemos que aprender a institucionalizarlas de una forma rigurosa de modo que puedan ser evaluados. creando un cuerpo activo de voluntarios y recursos para hacer realidad esta opción. sobre el estudio de la personalidad del sujeto. Buenos Aires. Ya en ocasión del debate parlamentario sobre la ley 24. "La Globalización. la Prevención del Delito y la Justicia Penal". de trabajo.316. en el grupo o sector social al que pertenezca éste. 76 bis del Cód. estableciendo sus condiciones de capacitación. sin crearse un cuerpo específico con los recursos necesarios para dar cumplimiento real a la ley" (David Pedro Rubens. Ed. luego de su publicación. especialmente orientarlo con respecto a sus problemas familiares. Penal muestran su defecto" (confr. La Cámara Nacional de Casación Penal ha firmado un convenio con el Patronato de Liberados. Otorgamos el Probation pero el seguimiento y control por nuestros jueces de ejecución es casi imposible por la ausencia de un cuerpo de probation especializado. sin perjuicio de los distintos matices que toma ese análisis en la diversidad de autores que conforman uno u otro criterio. un debate doctrinario y jurisprudencial significativo. Penal. de diversos proyectos de ley sobre la misma materia. en definitiva la redacción (de la ley) es una suerte de síntesis. desprovista de su contenido profundo de orientación y apoyo social. Pero desde luego es solamente una opción coyuntural. mediante un seguimiento cuidadoso buscando encontrar la solución de sus problemas". Las reformas no deben ser solamente normativas. de hecho tenemos solamente una dimensión normativa. son esas consideraciones llamadas políticas que cuando se trata de asuntos de técnica legislativa estricta y nada menos que relativas al Cód. p. senador Villarroel en el Tratamiento de la ley en el Senado de la Nación. por ese programa. desde su puesta en práctica. "En nuestro país uno de los problemas fundamentales en el Probation ha sido que adoptamos la legislación pero no establecemos los recursos para crear un cuerpo de oficiales de Probation. dichas "ambigüedades" tomaron cuerpo ocasionando. 182. La reglamentación de la ley de Probation nunca se ha dictado y por ello la institución navega como una técnica de alcances procesales. publicado en "Antecedentes Parlamentarios". A grandes rasgos la doctrina se ha dividido en dos grupos con criterios interpretativos disímiles. el senador Villarroel advertía sobre "ciertas ambigüedades" que a su entender obedecían "a que. De Zavalía. Pena La cuestión a resolver es la interpretación a dar al art. ayudarle a reintegrarse dentro de la comunidad. en ausencia de un cuerpo debidamente reglamentado de Probation y de los recursos adecuados. parágrafo 129). Vale decir.sujeto debe observar. 1999 --en prensa--). para que los casos de Probation puedan ser atendidos también. La misma queda librada más allá de los recursos institucionales a la capacidad innovadora y creativa de nuestros jueces.
. Haciendo estudio de las condiciones de Probation.
Es cierto que la ley establece en el art. 1998-D. octubre 29 de 1997. 1995-B. Editores del Puerto 1996. "Probation y juicio abreviado. "La Probation (A propósito de su incorporación al Código Penal Argentino)". "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24. aunque con los matices que explicaré en mi exposición. Alberto Bovino. LA LEY. agosto 13 de 1997. 1995-D. 1136. Marcos Lerner Editora. p. Vitale. "La suspensión del procedimiento en el Código Penal Argentino y la 'diversión' estadounidense (Un análisis comparativo)". José María Orgeira y Eduardo M.316 en nuestro sistema penal". que el juez con el consentimiento fiscal pueda otorgarla en casos que excedan ese límite. 1995-C. Si bien la legislación establece límites respecto a la naturaleza y gravedad del delito. mediante un juicio predicativo acerca de las posibilidades de resocialización y conveniencia de la suspensión en el caso concreto (art. delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no excede de 3 años y que las circunstancias del caso "permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". 19 y "Suspensión del Juicio a Prueba (Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales arts. cuando los cambios vienen marchando". como derecho del imputado el que se le otorgue la probation en caso de delitos que no excedan de 3 años de reclusión o prisión. 1997-2-635. 1995-D.316: análisis y aplicación de los institutos". "Probation: ¿Aplicación amplia o restringida?". "La probation en el Código Penal Argentino". Sáez Zamora y Verónica Fantini.Para el primero el art. Carlos Edwards. Bossi y Daniel C. Penal). y B) El supuesto del cuarto párrafo: delitos que según las "circunstancias del caso" permitirían "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". LA LEY Actualidad. Ochoa. "Suspensión del proceso penal a prueba". párr. 813 y otros). No obstante no habría inconveniente. 1081. JA. 76 bis. Alejandro M. 76 bis. Vaiani. 1996-E. 1994-D. 76 bis. "Suspensión del Juicio a Prueba (Motivos que justifican su aplicación)". LA LEY. "La suspensión del juicio a prueba". 76 bis y 76 ter del Cód. 797. Raúl Guillermo López Camelo. ¿Sólo para los delitos de bagatela?". JA. 603. Carlos A. LA LEY. 76 bis encierra un solo supuesto. "Probation. 1347. (En este sentido: Gustavo L. LA LEY. "La ley 24. Algo más acerca de su alcance normativo". 1997-A. Reynaga. Para el segundo el art. Becerra. Eleonora Devoto. Daniel A. p. LA LEY. DJ. Carlos M. Diversas son las razones que me inclinan a adoptar la postura distintiva de dos supuestos en el art. Miguel Angel Almeyra. los mismos son requisitos mínimos orientados a satisfacer los dos criterios fundamentales que rigen la medida: a) la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y b) consideraciones de prevención general. "Probation. LA LEY. (Así. 1274. 24 de marzo de 1998. Cód.
. LA LEY. 1°. Juan C. 4°. 1486. 76 bis encierra dos supuestos escindibles: A) El supuesto del primer párrafo: "delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años". Marco Antonio Molero. Penal)". atento a la naturaleza de la probation. párr. LA LEY. Ranuschio. así como la circunstancia de no ser reincidente y la reparación del daño a la víctima como condiciones de la aplicación de la probation. 13).
cuando el art. Department of Social Affairs). exhaustivamente. es la lectura correcta a hacerse de la norma del 76 bis del Cód. Así:
. 76 bis. Naciones Unidas. párr. y de otra parte que los delincuentes que los cometen no son susceptibles de ser pasibles de una probation con un resultado exitoso. Además. menciona las circunstancias del caso. En efecto. Por ello la decisión del juez no ha de limitarse solamente al juego de esos requisitos normativos mínimos. en las experiencias concretas de numerosos servicios de probation. Probation and related measures. sociales y características de hecho a las que se refieren explícitamente los arts. en cada caso. 229). 4°. una importancia central al momento de decidir la elegibilidad de una persona para beneficiarse con el instituto. esto es que los delitos más graves deben recibir pena. Penal. 231/235-1951. ambiental económica y psico-sociológica reviste. Pues bien. sin violentar las normas legales. p. Los criterios desde luego no son absolutos y tienen sus excepciones. La exclusión por la norma de delitos graves. incluye en esta referencia la más amplia enumeración de circunstancias personales.. Penal. ob. 41 y 26 del Cód. soy partidario de una tercera vía que abre al juez en todos los casos un amplio criterio para decidirla. previa a la medida.Por ello es que la investigación personal. Por ello la mejor solución para el problema de la elegibilidad de las personas en probation es acordar. cit. la más amplia discrecionalidad a los jueces que deben también valorar la efectividad real de los servicios en el medio (conf. circunstancias todas que debe ponderar el juez más allá de escuetas consideraciones de tipo normativo legal. más allá de la formulación normativa. así como en la literatura criminológica. ONU. se basa en consideraciones de prevención general. cómo operan esos objetivos valorativos y fácticos en el caso concreto que juzga. teniendo en cuenta los objetivos valorativos en cada caso y las circunstancias reales del desarrollo del instituto en nuestro medio tanto respecto a las dimensiones de control como de ayuda que toda probation supone. Por ello con respecto a la polarización de una tesis restrictiva y otra ampliada en que se debate predominantemente la jurisprudencia. que muchas personas que resultan excluidas por una interpretación restrictiva de la norma pueden beneficiarse con la probation si se cuenta con un servicio altamente capacitado y con amplios recursos técnicos y económicos que provean efectivamente una supervisión intensiva y oportunidades de ayuda efectivamente a las personas en tratamiento. ps. Decía ut supra que esta discrecionalidad que se le acuerda al juez no debe vulnerar las normas legales. existen razones interpretativo-sistemáticas indicativas de que la admisión de la probation para delitos de bagatela en el primer párrafo y en casos excepciones para los de mediana gravedad en el del cuarto párrafo. esa investigación ha de determinar el tipo más adecuado de medidas que constituyen el contenido de la probation en cada caso concreto (confr. Debe apreciar. Está ampliamente demostrado.
sólo puede interpretarse el primer párrafo del dispositivo analizado a partir de la idea de que cuando se trata de un delito menor. esgrimidas al inicio de este pronunciamiento.gr. pues si es inadmisible que una condena a reclusión por tres años o menos se imponga en suspenso. "la exclusión de la suspensión del proceso a prueba para delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe ser interpretada --de una manera que guarda alguna analogía con la exclusión de los funcionarios públicos-. Lo escueto de la norma ha llamado a debate también en este punto. A su turno el párr. Vitale. La Ley. en efecto de conciliar el texto legal que se analiza. publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. las consideraciones de política criminal. julio de 1994). sistemáticamente se convalida con la existencia en nuestra ley procesal de casos similares --v. la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe entenderse que involucra a todos los casos en los que está presente esta especie de pena.1.057 (Adla. sin distinguir su
. Esta interpretación permite la aplicación de la probation para delitos reprimidos con pena de inhabilitación en forma conjunta con una pena privativa de la libertad. 2. A los efectos de clarificar la antinomia que suscita una lectura restrictiva del artículo. El párr. se han sostenido principalmente dos posturas. inc. ¿Sólo para los delitos de bagatela?. 22. Y más adelante "no hay otra forma. Inhabilitación El texto de la ley establece que "tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación". así como "no cabe presumir la contradicción o el absurdo en los términos de la ley. Cód. 4°. Para la primera.como referida a los delitos reprimidos exclusivamente con esa clase de pena" (Gustavo L. parece extremadamente claro que no existe otra posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos. los cuales deben ser entendidos como coherentes". como rigiendo situaciones diferentes". 4° del mismo artículo indica que para otorgar el beneficio. Desde el punto de vista teleológico. 1265). las circunstancias del caso deben permitir dejar en suspenso la condena aplicable. No está permitido al intérprete hacer caso omiso de la letra de la ley. Para la segunda. traigo a colación que el art. 3°.(en este sentido León Carlos Arslanián. La posibilidad de un juicio predictivo en el caso del párr. Así.. op. así lo aconsejan. 1995-B. 1° del art. la eventualidad de una condena suspensiva no es presupuesto que defina la suspensión del proceso a prueba y que el recaudo sí es necesario cuando la escala penal prevista por la ley supere ese margen" (conf. 317. 26 permite obtener la ejecución condicional de la condena al sentenciado por primera vez a pena de "prisión" que no exceda de tres años. Revista Plenario. XLIV-B. art. 3. Miguel Angel Almeyra. 603). p. "Probation". 135). p. 76 bis acuerda la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito reprimido con pena de "reclusión" o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. "Suspensión del proceso a prueba (probation)". Al decir de Almeyra: "si la pena de reclusión ha sido implícitamente excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23. cit. Procesal Penal-.
: "No se admite la suspensión del juicio a prueba para los dos siguientes casos: a) cuando del delito hubiese participado un funcionario público y b) cuando el delito tuviese pena de inhabilitación. que el art. M. Importa una aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal --aunque reglado por la ley y condicionado. Sobre el efecto vinculante del dictamen fiscal Tengo para mí. II y IV de esta Cámara). p. el fiscal no puede disponer arbitrariamente de la potestad acusatoria. 168. Más aún.L. 76 bis del Cód. Ruiz Badillo. cuando el diagnóstico es favorable.. Instituto Vasco de Criminología. 1012 en "Criminología y Derecho Penal al servicio de la Persona. a una decisión judicial--. rta. Editores Del Puerto S. 2767. conjunta o alternativa. 76 bis (conf.carácter de principal o accesoria. 1996). E. implica entender que en el texto legal existe una redundancia. en nuestra legislación. "Suspensión del proceso penal a prueba". no resulta absurdo pensar que razones de política criminal hayan guiado a los legisladores en el convencimiento de que estos delitos deben ser perseguidos hasta sus últimas consecuencias. E. "Alternativas a la pena privativa de la libertad y principio de oportunidad reglada en el proceso penal". Vitale. Penal. Soy de la opinión de que sujetándonos a la letra de la ley no es posible hacer ninguna distinción entre pena de inhabilitación como pena única. porque en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto" (parág. que las hace prevalecer sobre el castigo del delincuente por el hecho concreto con una pena privativa de libertad. 1989. op. cuando la oportunidad viene establecida por la ley y está sometida a determinadas reglas o pautas de comportamiento."Etchecolatz. San Sebastián. s/recurso de casación".. Se ha dicho que pretender excluir del régimen de probation a los delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación. El principio de oportunidad se vincula al de legalidad a través del
. como sostiene el distinguido jurista español Ruiz Badillo. reg. conjunta o alternativa (en este sentido las salas I. A mayor abundamiento. Esta se ve determinada por juicios valorativos positivos respecto del cumplimiento de condiciones. Ello así pues no debemos distinguir donde la ley no lo hace. Sáez Zamora y Verónica Fantini. Ed.. "La actuación del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal" citado por Cándido Conde .R. Así surge de los dichos del diputado Hernández A. p. Miguel O. recientemente desaparecido. el 13 de mayo de 1999). Daniel A. Ello así puesto que del catálogo de ilícitos resulta que los delitos reprimidos únicamente con pena de inhabilitación son los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y este supuesto ya está comprendido en el 7° párrafo del art. citado). 42. Sin embargo. LibroHomenaje al profesor Antonio Beristain". consagra en nuestra legislación sustantiva el principio de oportunidad reglada que "constituye una excepción más al principio de legalidad en su aspecto procesal. Antecedentes Parlamentarios). causa N° 2211 --sala I-. en virtud de la cual el Estado puede renunciar a investigar y juzgar ciertos delitos. (cfr. por razones de conveniencia". "la oportunidad reglada se hace legalidad y su aplicación es correcta y ortodoxa" (conf. Gustavo L.Pumpido Ferreiro.
1010/1011). y b) que el ilícito se encuentre "reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años". se conjuga con la admisión de la discrecionalidad dejando que sea el libre criterio del fiscal. Mientras que el supuesto anterior comprende casos de escasa gravedad que no presentan grandes diferencias entre sí. el fiscal debe siempre ser oído. como veremos luego. adelanto desde ya. en lugar de someterse a criterios reglados. se consagra el derecho del imputado como norma general de obtener la suspensión del juicio a prueba. Atento a lo manifestado hasta aquí. La ley no hace mención alguna al consentimiento fiscal para el otorgamiento de la suspensión del juicio en este supuesto. (cfr. se pudiera dejar en suspenso la ejecución de la condena (segundo párrafo). 1081). 76 bis. LA LEY. pero que por las circunstancias del caso. (Un análisis comparativo)". 1°. en cambio. y b) que exista "consentimiento fiscal". de producir un elemento corruptor del proceso no sólo por contagiar al mismo de los errores de valoración del fiscal.establecimiento de esas condiciones. op. (conf. El primero. dominio que precisa de algún mecanismo correctivo. quien determine los casos en que es o no conveniente ejercitar la acción penal. consagra un caso de excepción en la sistemática del instituto de probation.. Cándido Conde . pues es susceptible. está íntimamente relacionado con la existencia de dos supuestos distintos. se convierte a la voluntad de aquél en la dueña del proceso penal y de la posibilidad del castigo de los delitos. 76 bis del Cód. la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y a consideraciones de prevención general. debe valorar la conveniencia o no de otorgarla fundamentando siempre su decisión. y no el del legislador. que el carácter vinculante o no del consentimiento fiscal. Pero el juez. no obstante. sino por poder ser utilizado en función de espurias motivaciones de oportunidad no jurídica sino política". Penal. aunque no contemplados en el art. Ilustrativa es la opinión de Alberto Bovino: "El sentido de la necesidad del consentimiento del fiscal en este segundo supuesto se vincula a la gran variedad de casos comprendidos en él. regulando una situación diferente. pero el juez puede otorgar el beneficio incluso con la oposición de aquél. "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la 'diversión' estadounidense. atenta la naturaleza del beneficio que requiere en todos los casos. cit. en tanto y en cuanto se reúnan dos requisitos taxativamente enumerados. Por el primer párrafo. Es oportuno aclarar que.Pumpido Ferreiro. a saber: a) que se trate de un "delito de acción pública". de otro modo. ps. Esta variedad reclama un juicio de oportunidad político-criminal acerca de la conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal. además de esos requisitos mínimos. no obstante el carácter vinculante que con esta interpretación le adjudico al dictamen fiscal en este excepcional y restrictivo
. puede abarcar casos muy diversos". El cuarto párrafo. sean merecedores de probation reuniendo los siguientes requisitos: a) que "las circunstancias del caso" permitan "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". 1997-A. Sin embargo. La claridad en el dictado normativo de los requisitos es fundamental ya que "cuando la oportunidad. en el análisis sistemático del art. Se trata de abarcar delitos que. claramente dirigido a los llamados "delitos de bagatela" (primer párrafo) y el segundo abarcativo de delitos que no reúnen las condiciones de éstos. el segundo supuesto. párr.
generalmente. 13 de agosto de 1998). 2 de julio de 1993) en un sistema acusatorio mixto como el consagrado en la sistemática de nuestro Cód.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (CS. La Corte Suprema de Justicia haciendo eco de este clamor. actúa como tal un órgano específico del Estado (Ministerio Público)". 18 de la Carta Magna y cuyo alcance. Es claro en este sentido el art. LA LEY. dijo: "Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo. 2°). Francisco A. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 268:266.
Legitimidad del querellante para recurrir Es sumamente importante al analizar la legitimidad del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba. Así en la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" (La Habana.entre otros). 8°. José María Orgeira y Eduardo M. 813). 305:2150 --LA LEY. 206-. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. Procesal Penal "el Tribunal es quien ejerce la función jurisdiccional. 1984-B.". todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. rta. visualizar el rol que se le ha asignado a la víctima en los últimos tiempos a través de diversos instrumentos internacionales. sala II. 29 de noviembre de 1985) se afirma la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales con el fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos. haciendo valer la pretensión jurídico penal que se basa en el delito. 1995-E. Y más adelante consideró que ello era así "en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. consid. como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema de justicia penal correspondiente". es coincidente con el que reconocen los arts.supuesto. queda igualmente sujeto al control de su legalidad y fundamentación por parte del juez. Blanca N. Vaiani. que por disposición del art. Procesal Penal debe formularse motivadamente. b: "Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses. 1°. desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31). s/recurso de casación e inconstitucionalidad" (Reg. El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal. Además como sostuve en autos "Avila. dicho dictamen. "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años". N° 18. párr. "Los jueces están siempre habilitados para efectuar un examen de razonabilidad sobre los criterios emanados del ministerio público en sus dictámenes". "Santillán. Cuba. 6° inc.
. (conf. 69 del Cód.
-.W.Guillermo J. Rodríguez Basavilbaso.Pedro R. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional.Gustavo M.Conclusiones Por todo lo dicho propugno: A) Que el art. -. para delitos reprimidos con pena de inhabilitación. los puntos 1°. Gustavo Mitchell. -. y por unanimidad el punto 4°. -. -.Ana M. Capolupo de Durañona y Vedia. Madueño. Penal abarca dos grupos de delitos: 1°) aquellos delitos de acción pública que tienen prevista pena de prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de 3 años (párr. -. 4° del art. Hornos. es vinculante para el otorgamiento del beneficio. Fégoli.Juan E. -Amelia L. permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable (párr. Catucci.Jorge O. 2° y 3°. conjunta o alternativa. 1°). Tragant. David. 4°). quedando sujeto siempre al control de legalidad y fundamentación por parte del juez. 3°) La oposición del Ministerio Público Fiscal.
D) Que el querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba. Bisordi.Raúl R. Riggi. -. el tribunal establece la siguiente doctrina plenaria.Juan C. -. 76 bis y sigtes. mediante un juicio predictivo. en ningún caso.
Por el mérito que ofrece la votación que antecede. -. 76 bis del Cód. que siguen a continuación: 1°) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 4°) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. -. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. del Cód. 2°) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal.
B) Que no procede la suspensión del juicio a prueba. Casanovas. 76 bis.
2°) Aquellos que previstos con pena mayor de 3 años.
C) Que es vinculante el dictamen fiscal en los delitos comprendidos en el párr. --Alfredo H.Liliana E. según las circunstancias del caso. -.Eduardo R. Berraz de Vidal. por mayoría.
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