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Timestamp: 2020-04-03 16:48:35
Document Index: 64971733

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 106', 'artículo 9', 'Artículo 18']

Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura
Publicado en DOE núm. 227 de 22 de Noviembre de 2018 y BOE núm. 35 de 09 de Febrero de 2019
Artículo único Modificación de la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura
R Coordinación Territorial 23 Jul. 2019 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-CA Extremadura en relación con el DL 1/2018, de 20 Nov que modifica la L 2/2002, de 25 abr de calidad del suministro eléctrico)
Véase la Res. de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el D.-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura («B.O.E.» 31 julio).
R Coordinación Territorial 14 Feb. 2019 (Acuerdo Comisión Bilateral de Cooperación Estado-CA Extremadura sobre D-ley 1/2018, de 20 Nov. que modifica la Ley 2/2002, de 25 Abr. de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura)
Véase la Res. de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el D.-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura («B.O.E.» 6 marzo).
R Asamblea de Extremadura 27 Dic. 2018 CA Extremadura (Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico)
Véase Res [EXTREMADURA] 27 diciembre 2018, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del D Ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura («D.O.E.» 11 enero 2019).
Conforme al régimen constitucional de distribución de competencias, corresponde al Estado el establecimiento de las bases de la ordenación del sector eléctrico, al amparo de sus competencias exclusivas sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ( artículo 149.1.13.ª de la CE) y sobre las bases del régimen minero y energético ( artículo 149.1.25.ª de la CE). Las bases del sector eléctrico y, en particular, de la calidad del suministro eléctrico, se encuentran reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que derogó la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. Esta norma atribuye expresamente al Estado, en su artículo 3.11, la competencia para «Establecer los requisitos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica.» Además de su plasmación legal, el carácter básico de la regulación de la calidad en el sistema eléctrico, dada la importancia de la necesaria garantía de calidad en el ordenado suministro de la energía eléctrica, ha sido ratificado de manera reiterada por el Tribunal Constitucional (SSTC 4/2013 -FJ. 2, 4 y 5-, 18/2011-FJ.8-, 148/2011, -FF. 6 y 8 in fine-).
Estos títulos competenciales deben integrarse con los títulos competenciales que, en materia de calidad del suministro eléctrico, han venido reconociendo, a su vez, los distintos Estatutos de Autonomía a favor de las Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 9.1.37 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, reformado mediante Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, le corresponde la competencia exclusiva en materia de fijación de normas adicionales de garantía en la calidad del suministro y participación en los organismos estatales reguladores del sector energético, en los términos que establezca la legislación del Estado.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, siguiendo los mismos términos que la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha establecido, con carácter básico, que la calidad del suministro eléctrico se determina por el conjunto de características, técnicas y de atención y relación con los consumidores o productores, exigibles a las empresas que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico. Y, en lo relativo a las características técnicas, que la calidad del suministro eléctrico se determina en función de la continuidad, el número y duración de las interrupciones, así como por la calidad del producto. Así mismo, con carácter básico y mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el Estado ha fijado los indicadores individuales y colectivos, y valores objetivos para estos indicadores, teniendo en consideración la diferenciación de los valores de dichos indicadores por distintas zonas de calidad, las cuales, por sus características demográficas y tipología del consumo, deben disponer de valores diferenciados de los índices de calidad a conseguir.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el artículo 2 de la citada Ley 2/2002, de 25 de abril, por establecer un nivel mínimo de calidad único e igual para todo el territorio extremeño, lo que, según el Alto Tribunal, contradice expresamente la legislación básica estatal cuyo punto de partida es precisamente el contrario, la diferenciación por áreas y tipología de consumo. Por otra parte, consideró que el artículo 7.3.a) de la Ley 2/2002, de 25 de abril, no vulnera las competencias del Estado, interpretado en los términos del fundamento jurídico 8, desestimando el recurso en todo lo demás. En relación con la obligación que establecía el artículo 7.3.a) a las empresas distribuidoras de realizar una reducción del 20 % de su facturación mensual a los consumidores afectados por interrupciones o variaciones de tensión superiores al ± 7% de la tensión de alimentación declarada, continuadas y con duraciones superiores a una hora, el Tribunal Constitucional dictaminó que dicho precepto es constitucional siempre que el mismo se aplicara cuando, previamente, se hubieran superado los valores establecidos por la normativa básica estatal para la calidad del suministro individual del consumidor afectado, y dentro de las interrupciones o variaciones de tensión existieran algunas de estas que fueran continuadas y superiores a 1 hora de duración. Así mismo, el Tribunal Constitucional también estableció que los descuentos anuales a los que pudiera tener derecho un consumidor, resultantes de sumar aquellos que le correspondieran en aplicación de la normativa básica estatal más los que procedieran en aplicación del artículo 7.3.a), no pueden superar el 10 por ciento de su facturación anual.
La necesidad de una normativa específica en Extremadura, para las zonas que sufren el problema antes referido, se suscita por el hecho de que como la determinación de los índices de calidad zonal, según los criterios establecidos por la normativa básica estatal, en el artículo 106 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se realiza a partir de promedios anuales del conjunto de municipios, agrupados por provincias y clasificados por zonas, en los que distribuye una determinada empresa, los índices de calidad zonal de las empresas distribuidoras cumplen con los valores establecidos por la normativa básica estatal y, por tanto, no tienen obligación de adoptar medidas de actuación para corregir la deficiente situación de los municipios afectados.
El margen de desarrollo de las competencias autonómicas es mayor en estos casos en que una norma comunitaria establece una obligación o directriz y el Estado, con su legislación básica, no la haya desarrollado en absoluto o de forma suficiente. Sin duda, la exigencia de dar cumplimiento a este mandato europeo de garantizar los derechos de estos consumidores, a los que cabría calificar de «vulnerables geográficamente», unida a la falta de un adecuado y suficiente desarrollo por parte de la normativa básica estatal, constituyen una fuente de legitimación adicional para que la Comunidad Autónoma extremeña pueda establecer una norma adicional de calidad de suministro eléctrico que permita revertir estas situaciones.
Por ello, las medidas que pretende introducir este decreto-ley, se hacen de implantación inmediata, ya que al no quedar debidamente garantizada la calidad del suministro eléctrico en las zonas rurales por la legislación estatal, las medidas aprobadas por el decreto-ley vendrían a solucionar eficazmente dicha problemática, evitando que para el próximo invierno se perjudique de modo significativo a los municipios afectados.
«6. Las empresas distribuidoras, para aquellos municipios cuyos valores mensuales de TIEPI y NIEPI superen, en dos o más meses naturales consecutivos, los valores máximos indicados en el presente apartado, según la zona a la que corresponda cada municipio, tendrán que presentar ante el órgano competente en materia de energía de la Junta de Extremadura, en un plazo de dos meses, medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones.
Los valores máximos indicados podrán ser actualizados mediante decreto de Consejo de Gobierno».
«k) La no presentación de medidas de actuación de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del artículo 9.
Se considerará que existe reiteración cuando no hayan transcurrido más de 12 meses entre el final de un periodo de incumplimiento de los valores mensuales indicados y el inicio del siguiente período de incumplimiento».
«Artículo 18 Infracciones leves
c) Todas las demás infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan infracción grave o muy grave».