Source: https://es.scribd.com/document/195090191/Principios-de-interpretacion-constitucional-sentencia
Timestamp: 2017-06-24 12:29:57
Document Index: 323773822

Matched Legal Cases: ['Artículo 51', 'Artículo 38', 'artículo 200', 'artículo 45', 'artículo 38', 'artículo 201', 'artículo 51', 'Artículo 45', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 200', 'artículo 103', 'artículo 139', 'artículo 140', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 201', 'artículo 177', 'artículo 139', 'artículo 31', 'in fine', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 200', 'artículo 201', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 55', 'artículo 205', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 173', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 173', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 201', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 176', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 176', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 178', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 178', 'artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 176', 'Artículo 779']

Principios de interpretación constitucional, sentenciaCargado por Antonio FloresRelated InterestsConstitutional RightConstitutionJurisdictionProcedural LawHabeas CorpusRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarDescripción: Principios de interpretación constitucional, sentenciaVer másPrincipios de interpretación constitucional, sentenciaCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEXP. N.° 5854-2005-PA/TC PIURA PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES
deben entonces admitir que los jueces deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las leyes. significó superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria. si aquellos a los que se pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las que se dirigen. una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto. es decir. La Constitución es.). De ahí que. poderes absolutos o autarquías. siempre y en todos los casos. A partir de entonces..). conforme al cual. como tal. el asunto se hizo bastante elemental y se tiene expuesto así desde hace más de 200 años: ―¿Qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos. 4. al conjunto de valores. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso.‖1[1] 5. (. mediante la cual se declara la inconstitucionalidad del acuerdo del Poder Ejecutivo de brindar apoyo a la ―Coalición‖ de países que incurrió en acciones bélicas en Iraq). Miguel y Gonzáles García. en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos.. (. Res.§2.. 2004-09992. 03-004485-0007-CO. entre otras cosas. Madrid: Boletín Oficial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.. esto es. para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica. con acierto. derechos y principios que. recaída en el Exp. cuyas competencias materiales resultan sustancialmente idénticas a las de un Tribunal Constitucional. pp. pueda hacerse referencia a ella aludiendo al ―Derecho de la Constitución‖ 2[2]. por su contenido jurídico-normativo.
. 111-112. Madison (1803). que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento.
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v.al principio jurídico de supremacía constitucional. La Constitución como norma jurídica 3. pues. y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y los actos permitidos. una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos. 2005. esto es. vincula. por pertenecer a ella. Todo poder devino entonces en un poder constituido por la Constitución y. 2[2] Concepto al que acude con frecuencia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ( Vid. limitado e informado. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. Quienes niegan el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución como derecho superior. por consiguiente. Está claro que todos aquellos que han dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el Derecho fundamental y supremo de la nación. una vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado. Julio. 4. para dar paso -de la mano del principio político de soberanía popular. 3. de fecha 8 de septiembre de 2004. Texto tomado de: Beltrán de Felipe. 5. limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos. Es decir. norma jurídica y. abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera norma política.
formales y sustantivos.
Artículo 51º de la Constitución. ¿tiene algún sentido reconocer que la Constitución tiene carácter jurídico. jamás será de recibo en sede de este Colegiado.. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Werner. Pretender que el Tribunal Constitucional se adhiera a esta tesis.. §3. como aquella subjetiva. para volver a ser una mera carta política referencial.). (. respetar.)..). la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto aquella objetiva. Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates. afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional. como será sencillo de entender.. que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica.. para ser constitucionalmente válido. 8. debe manifestarse de conformidad con cada una de las reglas y principios. 5[5] Artículo 38º de la Constitución. Es por ello que Werner Kaegi sostenía: ―dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de Constitución tienes.
. Bajo tal perspectiva. previstos en la Carta Fundamental. El Tribunal Constitucional y la garantía jurisdiccional de la Constitución 7. corresponde un proceso constitucional que le protege (artículo 200º de la Constitución). en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º4[4]) o de la colectividad en general (artículo 38º5[5]) puede vulnerarla válidamente. equivale a pretender que abdique del rol de guardián de la Constitución que el Poder Constituyente le ha confiado (artículo 201º de la Constitución). (.6. 7. por el contrario. para ser más exactos.... Pero. y así sucesivamente.. con el mismo énfasis. supone sostener.‖6[6] En efecto. Tentativa que. 1945. ¿es posible afirmar que todo poder está sometido a la Constitución y a los derechos fundamentales que ella reconoce. 8. es la máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos fundamentales reconocidos. y a la par sostener que los actos de estos poderes están relevados de control constitucional. cumplir y defender la Constitución (. A todo derecho. 6[6] Kaegi. para luego afirmar que existen actos de los poderes públicos que escapan al control constitucional ejercido por la jurisdicción constitucional?. no está sujeta a los pareceres de intereses particulares.La Constitución prevalece sobre toda norma legal. 147.. conforme a la cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º3[3]). La ausencia de éste determina la negación de aquella. la de todo acto que a ella contravenga. p. sobre las normas de inferior jerarquía. todo interés individual o colectivo. 4[4] Artículo 45º de la Constitución: El poder del Estado emana del pueblo. valor o principio constitucional. pese a que contravienen la Constitución y los derechos fundamentales? Es inherente a la condición jurídica de una norma la capacidad de exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente. la ley.Todos los peruanos tienen el deber de. 6. Zürich. incapaz de vincular al poder. La judicialización de la Constitución o.
No obstante. tengan un impacto en los medios académicos y de comunicación social. en forma institucional. en su condición de supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º de la Constitución y 1º de la Ley N. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 2da. Como se ha tenido oportunidad de referir: ―El Tribunal Constitucional con frecuencia debe hacer frente a conflictos de la más alta trascendencia social y política. sino que abarquen. 10. una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. §4. 45-47. Principios de interpretación constitucional 12. 11. Por ello.º 28301 —Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)—). Esto supone. exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal. no sólo cumple una función de valoración. Ed. 10. Tales principios son8[8]:
STC 0048-2004-AI. corresponde al Tribunal Constitucional dirimir en última o única instancia los procesos constitucionales (artículo 202º de la Constitución). teleológico. Fundamentos 2 y 3. El Tribunal Constitucional aprecia que los problemas suscitados con relación a los artículos 142º y 181º de la Constitución. a diferencia de la gran mayoría de las leyes. Cfr. es en este contexto. muchas veces. se encuentran en estrecha vinculación con su interpretación. 1992. que las decisiones jurisdiccionales que adopte. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado. a través de los procesos constitucionales. Es este marco. sistemático e histórico). considera pertinente abordar algunos puntos relacionados con los métodos de interpretación constitucional y su objeto.9.‖7[7] 11. entre otros elementos. Escritos de Derecho Constitucional. hace posible que la labor del máximo intérprete de la Constitución sea la de un auténtico componedor de conflictos sociales. la particular estructura normativa de sus disposiciones que. Hesse. Traducción de Pedro Cruz Villalón. Konrad. pp. 12.
. el mejor recurso de legitimación y persuasión con que cuenta este Tribunal para la búsqueda del consenso social y el retorno de la armonía. La argumentación constitucional. el reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho como un espacio plural para la convivencia. De este modo logra adhesiones. sino también pacificación y ordenación. A través de sus sentencias. no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia). persuade y construye un espacio para su propia presencia en el Estado Social y Democrático de Derecho. erigiéndose como una institución de diálogo social y de construcción pacífica de la sociedad plural. debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante. función que se canaliza. 9.
STC 0008-2003-AI. Fundamento 10. desde luego. Fundamento 6. Fundamento 5. STC 0976-2001-AA. Llegados a este punto. Fundamento 11. c) c) El principio de corrección funcional11[11]: Este principio exige al juez constitucional que. b) b) El principio de concordancia práctica10[10]: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta ―optimizando‖ su interpretación. 12[12] Vid. Fundamento 5. y. vinculante in toto y no sólo parcialmente. Fundamento 5. alguno puede haberse preguntado: ¿cómo puede el Tribunal Constitucional sostener que la Constitución es norma jurídica vinculante.a) a) El principio de unidad de la Constitución9[9]: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un ―todo‖ armónico y sistemático. en última instancia. Es en base a estos criterios que debe llevarse a cabo la interpretación de los referidos artículos 142º y 181º de la Constitución. STC 0008-2003-AI. e) e) El principio de fuerza normativa de la Constitución13[13]: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica. a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo. sin ―sacrificar‖ ninguno de los valores. no
Vid. como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales. STC 1091-2002-HC. pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad. Fundamento 4. no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. 1076-2003-HC. Fundamento 6. incluso aquellos pertenecientes a la denominada ―Constitución orgánica‖ se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales.
. Fundamento 7. es decir. la reciente STC 0020-2005-PI / 00212005-PI —acumulados—). STC 1013-2003-HC. La inconstitucionalidad de la interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución 13. STC 0008-2003-AI. a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto. derechos o principios concernidos. STC 0001-2003-AI /0003-2003-AI. 10[10] Vid. como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana. al realizar su labor de interpretación. d) d) El principio de función integradora12[12]: El ―producto‖ de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar. 2579-2003-HD. todo precepto constitucional. 11[11] Este principio se presenta en cada ocasión en la que este Tribunal delimita las competencias que la Constitución ha conferido a los distintos órganos constitucionales ( vg. 13. se encuentre plenamente garantizado. Fundamento 15. STC 2209-2002-AA. Fundamento 6. Fundamento 3. Fundamento 5. STC 1797-2002-HD. cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución). STC 0045-2004-HC. Fundamento 25. y teniendo presente que. STC 1219-2003-HD. STC 0029-2004-AI. Fundamento 6. 13[13] Vid. de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional. §5. STC 1124-2001-AA.
de un proceso en el que no se hayan respetado los derechos fundamentales de la persona. mientras en el inciso 1) del artículo 2º se reconoce que toda persona tiene derecho a la vida. definitiva. 0004-2004-CC —sobre el conflicto de competencias surgido entre el Poder Judicial y el Congreso de la República—. haber expedido la STC 2366-2003-AA.. se llegará a resultados inconsecuentes con el postulado unitario o sistemático de la Constitución. el literal f) del mismo inciso justifica que la autoridad policial prive a la persona de ésta en caso de flagrante delito. resulta evidente que luego de la lectura aislada de alguna de estas disposiciones. —expedida en el caso sobre la Ley Orgánica de la Justicia Militar y el Código de Justicia Militar—. Y por ello. mientras en el inciso 2) del artículo 2º se reconoce el principio-derecho a la igualdad ante la ley. Por ello no puede escapar a la consideración de este Tribunal que la pregunta planteada es el resumen fiel de la preocupación expuesta por algún sector. 17. Es indiscutible que esta es una lectura más sencilla. acompaña una cabal conciencia de la realidad social. 15. con las que este Colegiado ha demostrado que a los métodos jurídicos y de argumentación constitucional (función de valoración). el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución establece que el amparo contra esta resolución procede si emana de un proceso irregular. incluso en aquellos supuestos en los que afecten los
. tan sencilla como ilegítima. sin ingresar en consideración adicional alguna. son sólo algunas muestras. respectivamente.. el artículo 103º establece que pueden expedirse leyes especiales cuando así lo exija la naturaleza de las cosas. 14. una resolución en materia electoral expedida por el JNE. debe hacerlo en términos que no sólo pueda comprender el técnico en Derecho. 16. que las resoluciones del JNE en materia electoral ―no son revisables en sede judicial‖ y que ―son dictadas en instancia final. entre las muchas existentes. es decir. buscando aliviar los conflictos intersubjetivos e interinstitucionales (funciones de ordenación y pacificación). De ahí que nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada. Pues bien. es consciente de que. Así. concluirá en que. Qué duda cabe de que una interpretación literal y aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. 15. contraviniendo (sic) el ―claro mandato‖ de los artículos 142º y 181º de la Constitución que establecen. La Constitución del Estado está plagada de disposiciones entre las que existe una ―aparente‖ contradicción. refiere que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. es decir. sino el propio ciudadano. y (. 0020-2005-AI / 0021-2005-AI — sobre el conflicto de competencias suscitado entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales de Cusco y Huánuco—. 00192005-HC — sobre la ―ley de arresto domiciliario‖—. empero. Las sentencias 0010-2002-AI —expedida en el caso sobre la legislación antiterrorista—. si pretende desvirtuarla.obstante.) contra ellas no procede recurso alguno‖? 14. 16. 0023-2003-AI. es inatacable jurisdiccionalmente. por ejemplo. 17. mientras el inciso 2) del artículo 139º. en el artículo 140º se regula la pena de muerte. sí. mientras el inciso 24) del artículo 2º reconoce el derecho a la libertad personal.
ya que desconoce. Lo que equivaldría a sostener que para el JNE. de conformidad con el artículo 100º de la Constitución. por ejemplo. será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. 19. Así. no lo es menos que. por cuanto. viola los más elementales principios de interpretación constitucional (unidad de la Constitución y concordancia práctica). En primer lugar porque. si así no ocurriese. Empero. los que efectúe el JNE. máxime si la validez constitucional de dicha resolución ha sido plenamente confirmada a través de una
. 18. como cualquier otro poder público. pues pretendiendo auspiciar la seguridad jurídica que debe informar a todo proceso electoral. la función de contralor de la constitucionalidad conferida al Tribunal Constitucional (artículo 201º de la Constitución). lejos de optimizar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Es preciso tener presente que. bajo las responsabilidades de ley. desde luego. incluyendo. el resultado de esta interpretación ¿es sustentable constitucionalmente? 18. se encuentra obligado a respetar los derechos fundamentales. de la Carta Fundamental. ―sacrifica‖ los derechos fundamentales. el carácter jurídico-vinculante de la Constitución y. dicha interpretación confunde la autonomía que ha sido reconocida constitucionalmente al JNE (artículo 177º de la Constitución) con autarquía. pues pretende que sus resoluciones no sean objeto de control constitucional en aquellos casos en los que resulten contrarias a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Fundamental.derechos fundamentales de la persona. de conformidad con el principio de corrección funcional. en el marco del respeto al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139° de la Constitución). Si bien es cierto que esta entidad es el máximo órgano de administración de justicia electoral del país. por otro. tales principios y derechos no resultan vinculantes. La interpretación aislada de los artículos constitucionales bajo análisis resulta manifiestamente contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución y al de corrección funcional. desconoce la limitación que dicho contenido representa para los actos llevados a cabo por todo poder público. el JNE se encuentra impedido de desconocer una resolución adoptada por el Congreso de la República que inhabilita a una persona para el ejercicio de la función pública. de conformidad con el artículo 31°. En otras palabras. el JNE. el ―producto‖ resultante de realizar una interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. in fine. ya que los despoja de toda garantía jurisdiccional de protección. por un lado. En efecto. se encuentra impedido constitucionalmente de desconocer las decisiones vinculantes que los otros órganos constitucionales expiden en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente previstas. Son distintas las razones que permiten al Tribunal Constitucional sostener que tal interpretación resulta manifiestamente inconstitucional. 19.
21. STC 3760-2004-AA. 20. que vulnera o amenaza los (. tiene capacidad de administrar justicia penal o civil. tienen por propósito garantizar que ningún otro órgano del Estado se arrogue la administración de justicia sobre los asuntos electorales. En tales supuestos. la jurisdicción constitucional se torna inmediatamente en el fuero competente para dirimir la litis circunscrita a si existió o no violación de la Carta Fundamental. Sin que pueda caber aquí. por parte de cualquier autoridad. No obstante. Es evidente que en tales supuestos el Tribunal Constitucional se limita a administrar justicia constitucional. desde luego. Ello tendría lugar. en efecto. los artículos 142º y 181º de la Constitución. pues en esta materia técnico-jurídica. desde luego. Así pues. órgano independiente y autónomo. 20. no se trata de una superposición de funciones. STC 3238-2004-AA y STC 2791-2005-PA
. el JNE es. claro está.sentencia del Tribunal Constitución. en tales casos.
Vid. si se expide una resolución contraria a los derechos fundamentales. el criterio del JNE escapa a los asuntos técnico-jurídicos de carácter estrictamente electoral. una subrogación en las funciones reservadas constitucionalmente al JNE. siendo de inmediata aplicación el inciso 2) del artículo 200º de la Constitución que dispone que el proceso de amparo ―procede contra el hecho u omisión. son susceptibles de control constitucional. a este Tribunal. las leyes expedidas por el Congreso. Sería. reponiendo las cosas al estado anterior al momento en que tuvo lugar la afectación del derecho fundamental (primer párrafo del artículo 1º del Código Procesal Constitucional). Al referir que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en última instancia y no pueden ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional. 21. instancia definitiva. sino de delimitar clara y correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los órganos constitucionales (principio de corrección funcional). los Congresistas de la República no están sujetos a mandato imperativo. por ejemplo. Así lo ordena la Constitución y bajo el principio de corrección funcional ese fuero debe ser plenamente respetado por todo poder constituido.. Asunto distinto se presenta cuando el JNE ejerce funciones excediendo el marco normativo que la Constitución le impone. La secuencia es idéntica en los supuestos de resoluciones expedidas por jueces que administran justicia electoral. incluyendo. funcionario o persona. absurdo sostener que porque el Tribunal Constitucional tiene competencia para declarar la nulidad de una sentencia expedida por un juez penal o civil que contravenga los derechos fundamentales. mediante el proceso de inconstitucionalidad (artículo 200º 4).. para que luego el proceso continúe siendo resuelto por su respectivo juez competente.) derechos reconocidos por la Constitución‖. supremo intérprete de la Constitución (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º de la LOTC)14[14]. De conformidad con el artículo 93º de la Constitución. En otras palabras.
Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. sin embargo. como no podría ser de otro modo en un Estado que se precie de ser Constitucional. eficaz y. sus resoluciones (incluso las de la Corte Suprema de la República) son susceptibles de control constitucional mediante los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus. el Poder Judicial también goza de independencia y autonomía. los que han permitido que esta última tesis se consolide sin reparo (artículo 4º del Código Procesal Constitucional). son Derecho válido. No existe. Incluso. 23. §6. hoy en día a nadie se le ocurre sostener que las resoluciones firmes emanadas de un proceso en el que han existido violaciones a los derechos fundamentales. a través de los procesos de amparo o hábeas corpus. 23. los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. no se encuentra exceptuada del control constitucional. están exceptuadas de control constitucional mediante los procesos de amparo o hábeas corpus. existe también una disposición constitucional que expresamente establece que ―ninguna autoridad (. 22. sin embargo. cuya excepcionalidad y autonomía del Poder Judicial está reconocida en los artículos 139º 1 y 173º. cuando no respete los derechos fundamentales en el marco del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. por pertenecer al ordenamiento jurídico interno. inmediatamente aplicable al interior del Estado. para determinar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. de concordancia práctica y de fuerza normativa de la Constitución. los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. justificación constitucional alguna para que el JNE se encuentre relevado de dicho control. el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales). es decir. deben ser obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada‖ (artículo 139º 2) y.De conformidad con el artículo 139º 2 de la Constitución. En tal sentido. debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de
. sin embargo. De esta manera. pues.. Son los principios de unidad de la Constitución. Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución. en consecuencia. Lo propio se podría señalar en torno a la justicia militar.. Los tratados sobre derechos humanos y las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos como Derecho Interno 22.
no sólo se reduce al acceso a los tribunales internos. En efecto. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. según la cual las resoluciones del JNE en materia electoral no pueden ser objeto de control constitucional. tal como se tiene previsto en el artículo 205º de la Constitución: ―Agotada la jurisdicción interna. por un juez o tribunal competente. sino también a los internacionales. el artículo 8º 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. independiente e imparcial.‖ Es también en base a estas consideraciones que debe ser analizada la aplicación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución. tal como lo exigen la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (CPConst. De ahí que el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos humanos. En criterio de este Tribunal. la ley o la presente Convención.
. 25. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.). dispone: ―Toda persona tiene derecho a ser oída. refieren: ―1. establecido con anterioridad por la ley. incluso en los supuestos en los que resulten contrarias a los derechos fundamentales. resulta manifiesto que dicha aplicación se opone a una interpretación de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. fiscal o de cualquier otra índole.‖ Mientras que los incisos 1) y 2) de su artículo 25º. quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 24. los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos. constituidos según tratados de los que el Perú es parte.derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. 25. 24. laboral. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. como manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.
y c) c) a garantizar el cumplimiento. sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. ha sostenido: "(. ilícita.
.. respecto de las demás personas. Dispone. (.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo... la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. 25°). en el Caso del Tribunal Constitucional vs. Sobre el particular. párrafos 90 y 92.) el artículo 25. toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. la Corte ha referido: ―El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal. Los Estados partes se comprometen: a) a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. de toda decisión en que haya estimado procedente el recurso. recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art.‖ 26. Establece este artículo. 8. respectivamente. por las autoridades competentes. en términos amplios.‖15[15] Para posteriormente afirmar que: "los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (Art.2. Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz.. todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados. b) b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial.). la obligación a cargo de los Estados de ofrecer. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de derecho. Perú. de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Excepciones Preliminares. Es así. 26. a todas las personas sometidas a su jurisdicción. igualmente. Sentencias del 26 de junio de 1987. Casos Velásquez Rodríguez. lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder.1°).‖16[16] 27. además. si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al
Opinión Consultiva OC-9/87. como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. párrafo 23. que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención. en razón de su carácter oficial.
sea administrativa. justamente. éste debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los
Caso Tribunal Constitucional. por permitir que sus máximos órganos jurisdiccionales electorales se encuentren exentos de un control jurisdiccional frente a aquellas decisiones que contravengan los derechos fundamentales de las personas.
.‖17[17] 28. 29. que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de condenar y sancionar a Estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. en la STC 2409-2002-AA) que detrás del establecimiento de los procesos constitucionales de la libertad. en el Caso Yatama vs. Es decir que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un `juez o tribunal competente´ para la `determinación de sus derechos. en ese sentido. otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer fucniones del mismo tipo. Nicaragua (sentencia del 23 de junio de 2005) la Corte Interamericana expuso: ―Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral no son susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios. esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública. Debe recordarse. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. párrafos 68 y
71. Por la razón mencionada. esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8º de la Convención Americana. En efecto. Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral. 29. 28.Poder Judicial. dicho derecho constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y. esto no significa que dicho Consejo no deba estar sometido a controles judiciales. se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o. que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. como lo están los otros poderes del Estado. Sentencias del 24 de septiembre de 1999. Es en base a tales premisas que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referir (entre otras. legislativa o judicial. Etapa de fondo. Las exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger los derechos humanos. lo que es lo mismo. no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio. asimismo.
. pretendiendo que las resoluciones del JNE en materia electoral están exceptuadas de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo. sino deber de este Tribunal y del Poder Judicial impedir ello. Este control es indispensable cuando los órganos supremos electorales.
. las que han ocasionado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostenga lo siguiente: ―En el presente caso.1 de la Convención. Por todo lo expuesto. 32. 31. 32.). el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.1 de la Convención Americana (. tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral. y los artículo 8º 1 y 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 175 y 176. la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25. 30. mediante una adecuada interpretación de los referidos preceptos. aplicaciones literales de los artículos 142º y 181º de la Constitución. así como los establecidos en su propia legislación. párrafos 174. Sentencia del 23 de junio de 2005. Y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua tiene en el JNE peruano a su homólogo.‖18[18] 30. Son. el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. que exceden las facultades administrativas. las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano (artículos 181 constitucional y 13 de la Ley Orgánica Electoral) tal y como han sido interpretadas por el JNE en su decisión del 18 de enero de 1995
Caso Yatama vs. lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho órgano en materia electoral. resulta incompatible con el artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 173º de la Constitución nicaragüense es sustancialmente análogo a los artículos 142º y 181º de la Constitución peruana. En este ámbito. como el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua. No sólo es facultad. y que podrían ser utilizados. para favorecer determinados fines partidistas. de conformidad con la Constitución y los tratados y las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana. dicho recurso debe ser sencillo y rápido. una interpretación aislada de los artículos constitucionales sub exámine.. ya que situaría al Estado peruano ante la cierta e inminente condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al violar el artículo 25. Etapa de fondo. justamente. 31. Las similitudes con el caso peruano son manifiestas. Así las cosas. supondría incurrir en una manifiesta irresponsabilidad. tienen amplias atribuciones. sin un adecuado control. Nicaragua. Insistir en una interpretación aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución.
que. en criterio que este Colegiado tiene reiterado en más de 200 sentencias. su contenido normativo es susceptible de compatibilizarse con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la materia.º 188-95-SG/JNE). en los términos del artículo 25º (1) de la Convención. 34. tal como ocurriera en su oportunidad con el artículo 173º de la Constitución (relacionado a las competencias de la jurisdicción militar22[22]). El Tribunal Constitucional considera. quedó establecido que: ―(. tampoco serían susceptibles de ser objeto de control constitucional en sede jurisdiccional. cit.‖20[20] Cabe señalar que en este Informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa que en reiteradas comunicaciones el Estado peruano puso en su conocimiento la existencia de diversas iniciativas de modificación de la legislación electoral. y 13 de la Ley Orgánica Electoral. allanándose a la denuncia planteada en su contra. 34. En efecto.. no protegibles en el Derecho Interno. párrafo
55.21[21] 33. (. Fundamentos 41 a 54. 22[22] Cfr. caso 11..) cuando el artículo 142. al amparo de dicha aislada interpretación. punto 1 de la parte resolutiva. la reforma de los artículos 142º y 181º resulta innecesaria. posibilitando un recurso efectivo y sencillo.) el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro
Op.(Oficio N. no son revisables y por tanto. desde la expedición de la STC 2409-2002-AA.º 119/99. sino también en lo que respecta a las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. las cuales. debe enfatizarse que la imposibilidad de optar por una lectura aislada del artículo 142º del la Constitución no sólo ha sido establecida por este Tribunal en lo que al control de constitucionalidad de las resoluciones del JNE en materia electoral se refiere (STC 2366-2003-AA). STC 0010-2002-AI. 33. párrafo 93. recomendó al Estado peruano: ―Adoptar las medidas tendientes a modificar las disposiciones de los artículos 181 de la Constitución de 1993. Susana Higuchi Miyagawa (Perú). implican que cualquier decisión adoptada por el JNE y que pueda afectar los derechos políticos consagrados en la Convención.
. del 6 de octubre de 1999. sin embargo. ninguna había sido adoptada. Por lo demás. contra las decisiones del JNE que vulneren la garantía a la participación política por parte de los ciudadanos.428.. hasta la fecha de la publicación del Informe.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces. Idem. a pesar de lo cual..‖19[19] Sobre tal premisa. pues por vía de una interpretación constitucional adecuada..
pues no cabe duda de que lo son. sin perjuicio de lo que luego se sostendrá.
. En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst. supra. que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento.de los límites y alcances que la Constitución le otorga. Por consiguiente. §7. no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° de nuestro texto fundamental. 35. llegado a este punto. el Tribunal Constitucional se encuentra en condiciones de afirmar que toda interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder público. Consecuentemente. pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. tiene límites en sus funciones. a contrario sensu.. que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce. principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución. bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales. no reside en las disposiciones 142º y 181º de la Constitución. En tal sentido. se encuentra vinculado por este criterio. como cualquier órgano del Estado. el conflicto. sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores. En el fondo. este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los poderes públicos. que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones. y no a otros distintos. Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales-. en criterio del Tribunal Constitucional. sino en determinar cómo debe operar dicho control constitucional. lo que supone. sino en la inconstitucional interpretación y consecuente aplicación literal y aislada que de ellas pretenda hacerse. no corresponde concentrar el análisis en si pueden o no ser objeto de control constitucional las resoluciones del JNE en materia electoral que violen derechos fundamentales. toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales. El Consejo Nacional de la Magistratura. pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. 36. es una interpretación inconstitucional. strictu sensu. Como quedó dicho en el Fundamento 33. Criterios para un oportuno control constitucional de las resoluciones jurisdiccionales del JNE 36. se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo.‖ 35. no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos. y Primera Disposición Final de la LOTC). Por ello.° y 202. la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente.
De conformidad con los tratados y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos. y con ella. En efecto. Fundamentos 3 y 4. establece que son objeto de control constitucional las resoluciones del JNE que violen la tutela procesal efectiva.‖ Consecuentemente.. 38. tiene el deber de integrar todas las normas constitucionales. Sin embargo. so pretexto del establecimiento de garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales. en el que este Colegiado se reafirma. 39. y otorgar así seguridad jurídica y unidad normativa al Derecho Electoral Constitucional. este Colegiado considera necesario precisar los siguientes aspectos: a) a) El Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a su ley orgánica. a la obtención de una resolución fundada en derecho. de defensa. En su función de máximo intérprete constitucional (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º de la LOTC). siendo que los procesos electorales ostentan plazos perentorios y preclusivos.
. a acceder a los medios impugnatorios regulados. a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. se culmine por negar la seguridad jurídica del proceso electoral. a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos. al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso. y con el criterio sostenido en la STC 2366-2003-AA. 38. no es factible que. b) b) En atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su
Vid. En tal virtud. es pilar fundamental de todo proceso electoral. sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional. la estabilidad y el equilibrio del sistema constitucional en su conjunto (principio de interpretación constitucional de concordancia práctica). sino que se encuentra expresamente concretizada en una disposición del CPConst. refiere que: ―Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan. 37.). a probar. a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley. de modo enunciativo. STC 0016-2002-AI. 39. la posibilidad de ejercer control constitucional a las resoluciones del JNE que resulten contrarias a los derechos fundamentales no sólo emerge de una adecuada interpretación de la Carta Fundamental. El artículo 4º de la misma norma. y que una de las garantías para la estabilidad democrática es el conocimiento exacto y oportuno del resultado de la voluntad popular manifestada en las urnas (artículo 176º de la Constitución). garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del CPConst. no es menos cierto que la seguridad jurídica —que ha sido reconocida por este Tribunal como un principio implícitamente contenido en la Constitución23[23]— .37. el inciso 8) del artículo 5º del CPConst.
las modificaciones conducentes a:   Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral. Op. sin que con ello se afecte el plausible control constitucional de una resolución del JNE en materia electoral que contravenga derechos fundamentales. en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral. sin embargo. En tal sentido. ―debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana. mediante
Segundo párrafo del artículo 1º del CPConst.24[24]. no sólo apunta a que no corra riesgo el cronograma electoral. 25[25] Caso Yatama vs. de conformidad con lo establecido en el artículo 107° de la Constitución. o si ella deviene en irreparable. de conformidad con el artículo 1º del CPConst.
. y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código. devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular. ha establecido que ―dicho recurso debe ser sencillo y rápido. En dichos supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. ONPE. el cual sigue su curso inexorable. RENIEC —artículos 178º. emitidas en un plazo sumarísimo. puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional. que es preciso incrementar las garantías que aseguren la celeridad y seguridad jurídica que deben caracterizar a todo proceso electoral. párrafo 175. sino también a evitar en lo posible que las eventuales afectaciones a los derechos fundamentales en las que incurran los órganos encargados de administrar justicia electoral no se tornen irreparables. Resulta evidente que esta previsión de la Corte Interamericana.   Que las demandas de amparo contra una decisión del JNE en materia electoral sean presentadas ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución. en el más breve plazo posible. así como los establecidos en su propia legislación‖25[25]. tomando en cuenta las particularidades del procedimiento electoral‖26[26]. Debe recordarse que con el mismo énfasis con el que la Corte Interamericana ha señalado que todo órgano supremo electoral. el Juez.conjunto (JNE. haya sido manifestada en las urnas. Toda afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE. 182º y 183º de la Constitución— ).: Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor. sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. este Tribunal propone al Congreso de República introducir en el CPConst. atendiendo al agravio producido. Nicaragua. y cuyas resoluciones denegatorias. disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. c) c) Este Colegiado considera. declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión. 26[26] Idem. cit.
contraviniendo el artículo 13º del CPConst. sino que también permitirán la oportuna protección de los derechos fundamentales.. establece que los recursos de apelación contra los Acuerdos de Concejo Municipal que resuelven la reconsideración planteada contra una decisión del propio Concejo en relación con una solicitud para vacar al Alcalde. De este modo. son resueltos por el JNE.  Sancionar a aquellos jueces constitucionales que. por ejemplo. a pesar de haberse acreditado la manifiesta afectación por parte del JNE del derecho a la presunción de inocencia (artículo 2º 24 e.º 039-2004-CDC/A. la afectación de su derecho político a ser candidato a un cargo público (artículos 2º 17. 
la interposición de un recurso de agravio constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio.
. de la Constitución) de un ciudadano y. el JNE resultaba plenamente competente para conocer el asunto. 31º y 35º de la Constitución). La pretensión del recurrente carece de todo sustento constitucional. Debe recordarse cómo. por lo demás. al haber devenido dichas afectaciones en irreparables27[27]. lo que.º 26486 —Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones—. está reafirmado por el artículo 5º u. debió ser dirimida en un proceso contencioso administrativo. el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
Vid. como consecuencia de ello. la ausencia de plazos perentorios en los procesos de amparo orientados a la protección de derechos fundamentales políticos. acusa una supuesta afectación de su derecho fundamental al debido proceso. por causal de nepotismo. no concedan trámite preferente a las demandas de amparo interpuestas contra las resoluciones del JNE en materia electoral. En efecto. sucede que en desarrollo del inciso 6) del artículo 178º de la Constitución.  Los plazos deben ser perentorios a efectos de no crear incertidumbre en las decisiones electorales y asegurar la confianza en el sistema de control jurisdiccional constitucional. es que la apelación interpuesta contra la Resolución de Concejo N. determinó la imposibilidad de reponer las cosas al estado anterior. En otras palabras. Análisis de constitucionalidad del caso planteado 40. STC 2366-2003-AA.
Estas medidas no sólo garantizarán la seguridad jurídica del proceso electoral. de la Ley N. 40. 41. el artículo 23º de la LOM. que resolvió vacarlo en el cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchaque-Piura. El argumento del recurrente para solicitar la nulidad de la Resolución N. mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de reconsideración del Acuerdo de Concejo que rechazó la solicitud de vacancia planteada en su contra por un ciudadano. §8. 41. pues considera que el JNE era incompetente para pronunciarse sobre el asunto.º 315-2004JNE. y no por el JNE.
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En dicho Informe. cuando se permite que el Estado restrinja lícitamente la vigencia de ciertos derechos. y a la interpretación de mismo realizada a través de sus sentencias y opiniones consultivas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (recogida. es decir. 45.‖ 45.º 1209-2005-JUS/DM. no se suspenden las garantías judiciales o procesales indispensables para proteger los derechos que forman parte del núcleo duro de los derechos humanos. el señor Ministro de Justicia ha remitido a este Tribunal el Informe N.1 de la Convención.. 42.‖ Asimismo. así como promover una eficiente y pronta administración de justicia (. lo que.
. §9. de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Mediante Oficio N. se concluye en que: ―a) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que instituciones como el hábeas corpus (y el amparo) resultan mecanismos sencillos y rápidos para proteger derechos humanos. la demanda debe ser desestimada. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales‖. en su mayoría. Al conocer el caso. 43. en la administración de justicia electoral que el inciso 4) del artículo 178º de la Constitución confía al JNE. en los que rige en toda su extensión la Convención Americana y los derechos fundamentales. El Informe Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 44. el asesoramiento legal al Poder Ejecutivo y especialmente al Consejo de Ministros. a todas luces. tal como se encuentra previsto en el inciso 8) del artículo 22º de la LOM. 43. En tal sentido. el recurrente pretende que este Colegiado se subrogue en una interpretación de la legislación electoral acorde con la Constitución. el derecho y la justicia. Por tanto. corresponde al Ministerio de Justicia ―velar por la vigencia del imperio de la Ley. resulta inaceptable. la ley o la presente Convención. el JNE encontró plenamente acreditada la causal de nepotismo que determinaba la vacancia del demandante en el cargo de Alcalde. lejos de acreditar la afectación de derecho fundamental alguno. Si en Estados de Emergencia.. el artículo 5º de la misma norma. Conforme al artículo 4º de la Ley Orgánica del Sector Justicia. luego de efectuarse un extenso análisis respecto a los alcances del artículo 25.42. en el punto §6 de esta sentencia). tampoco se puede permitir su restricción en períodos ordinarios. que reconoce el derecho de toda persona ―a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.). 44. establece que ―Corresponde al Ministerio de Justicia.º 145-2005JUS/CNDH-SE/CESAPI. de fecha 7 de noviembre de 2005.
en los términos del artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos. desconocer el derecho de toda persona a recurrir a los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus frente a toda vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución del Estado. del derecho humano de toda persona ―a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. HA RESUELTO 1. no cabe. son muestras evidentes de que dichas condenas serán inminentes si el Estado peruano obra en dicho sentido. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales‖. el Ministerio de Justicia no ha promovido medida alguna para posibilitar un recurso efectivo y sencillo en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones que afecten los derechos fundamentales. 47. tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. la ley o la presente Convención. 47. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. De momento.
. el Tribunal Constitucional. en base a los artículos 142º y 181º de la Constitución Política del Perú. si bien es cierto que aún no existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por el eventual impedimento de la procedencia de una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral que afecte derechos fundamentales. a nivel interno. es deber del Estado regular un proceso constitucional sumario de amparo contra las resoluciones del JNE que violen derechos fundamentales. en el sentido de que. como manifestación concreta. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. 46. Nicaragua) y sus opiniones consultivas sobre el particular. en ninguna circunstancia (ni aun durante los estados de excepción). De otra parte. sus sentencias vinculadas con la violación del artículo 25 de la Convención (en particular la expedida en el Caso Yatama vs. c) Actualmente. El Tribunal Constitucional comparte plenamente el criterio del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Por estas consideraciones. puedan ser examinadas a través del proceso de amparo. no ha habido ningún caso del Perú que haya sido resuelto por la Corte Interamericana en este punto específico.b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estimarse que permitiría que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Declarar INFUNDADA la demanda. En consecuencia. 1.‖ 46.
En dichos supuestos. SS.2. puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional. es una interpretación inconstitucional. cada vez que el JNE emita una resolución que vulnere los derechos fundamentales. devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o en que la voluntad popular. 4. en su calidad de supremo intérprete de la Constitución. 2. bajo responsabilidad (artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y tal como ha quedado dicho en el Fundamento 39 c). supra. se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso constitucional de amparo. Toda afectación de los derechos fundamentales en que incurra el JNE. en el más breve plazo posible. emitidas en un plazo sumarísimo. establece que toda interpretación de los artículos 142º y 181º de la Constitución que realice un poder público en el sentido de considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales. En observancia del artículo 107° de la Constitución. y cuyas resoluciones denegatorias. este criterio normativo constituye precedente vinculante para todos los Poderes Públicos. este Tribunal. De acuerdo con los artículos 201° de la Constitución y 1° de la LOTC. haya sido manifestada en las urnas. 4. y Primera Disposición Final de la LOTC). Publíquese y notifíquese.   Que las demandas de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral se presenten ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Consecuentemente. Todo juez y tribunal de la República -sea que realice funciones estrictamente jurisdiccionales o materialmente jurisdiccionales.. la demanda de amparo planteada en su contra resultará plenamente procedente. de conformidad con el artículo 1º del CPConst. De conformidad con el Fundamento 39 b). ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN
. el cual sigue su curso inexorable. según ha quedado dicho en el Fundamento 35.se encuentra vinculado por este criterio. En aplicación del artículo VII del Título Preliminar del CPConst. mediante la interposición de un recurso de agravio constitucional a ser resuelto también en tiempo perentorio. 3. las modificaciones conducentes a:   Reducir sustancialmente el plazo de prescripción para interponer una demanda de amparo contra una resolución del JNE en materia electoral. 3. supra. el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. 5. 5. este Tribunal propone al Congreso de República introducir en el CPConst. Poner en conocimiento del Congreso de la República y del JNE la presente sentencia. en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral. a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución.
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