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Timestamp: 2017-03-29 09:11:01
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'Artículo 12', 'artículo 7', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 8', 'Artículo 16', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 10', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'artículo 59', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'artículo 33', 'artículo 46', 'artículo 68', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 13', 'artículo 17', 'Artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 50', 'artículo 42', 'Artículo 53', 'artículo 114', 'Artículo 54', 'artículo 112', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 61', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 18', 'artículo 22', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 59', 'artículo 158', 'Artículo 24', 'artículo 2', 'Artículo 19', 'artículo 13', 'Artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 82', 'artículo 41', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 24', 'Artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 2', 'Artículo 61', 'Artículo 79', 'Artículo 35', 'Artículo 35']

LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas	LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Mis Leyes
LEY 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas Estado	:
31/2002	Boletín Oficial	:
TÍTULO I. MEDIDAS FISCALES.
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS.
Artículo 1. Deducciones en la cuota.
SECCIÓN II: IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.
Artículo 2. Mínimo exento.
SECCIÓN III. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
Artículo 3. Modificación de la reducción del grupo I de la letra a del artículo 2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 4. Modificación de la reducción por discapacitados establecida por la letra b del artículo 2 de la Ley 21/2001.
Artículo 5. Modificación de la letra d del apartado segundo de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001.
Artículo 6. Modificación del apartado noveno de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001.
Artículo 7. Tarifa.
Artículo 8. Deducción en la donación de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
Artículo 9. Uniones estables de pareja.
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS.
SECCIÓN ÚNICA. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
Artículo 10. Tipo de gravamen en la adquisición de la vivienda habitual por parte de jóvenes.
Artículo 11. Modificación de la letra a del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Artículo 12. Modificación de la letra c del artículo 7 de la Ley 21/2001.
Artículo 13. Bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.
CAPÍTULO III. TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO.
SECCIÓN ÚNICA. MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR.
Artículo 14. Cuota: modificación del artículo 8 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
CAPÍTULO IV. TRIBUTOS PROPIOS.
SECCIÓN I. IMPUESTO SOBRE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
Artículo 16. Modificación del apartado 4 del artículo 17 de la Ley 16/2000, de 28 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
SECCIÓN II. DESTINO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
Artículo 17. Modificación de la disposición adicional quinta de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
SECCIÓN III. CANON DEL AGUA.
Artículo 18. Modificación de la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua.
Artículo 19. Plazos de pago de cuotas impagadas por los conceptos del canon de infraestructura hidráulica y de incremento de la tarifa de saneamiento.
SECCIÓN IV. TASAS.
Artículo 20. Modificación del título IV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 21. Modificación del título V de la Ley 15/1997.
Artículo 22. Modificación del título VII de la Ley 15/1997.
Artículo 23. Modificación del título VIII de la Ley 15/1997.
Artículo 24. Modificación del título IX de la Ley 15/1997.
Artículo 25. Modificación del título XII de la Ley 15/1997.
Artículo 26. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997.
Artículo 27. Adición de un nuevo título XV a la Ley 15/1997.
CAPÍTULO V. NORMAS DE GESTIÓN.
SECCIÓN I. OBLIGACIONES FORMALES.
Artículo 28. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Artículo 29. Obligaciones formales de las empresas de subastas y las demás entidades que hacen subastas de bienes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 30. Obligaciones formales de envío de información.
Artículo 31. Suministro de información relativa al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Artículo 32. Presentación de declaraciones y otros documentos por vía teleinformática.
SECCIÓN II. COMPROBACIÓN DE VALORES.
Artículo 33. Acuerdos de valoración previa vinculante.
Artículo 34. Prescripción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
CAPÍTULO I. MEDIDAS CON RELACIÓN A LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD.
SECCIÓN I. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
Artículo 35. Fomento de los objetivos sociales en la contratación.
SECCIÓN II. MEDIDAS PATRIMONIALES.
Artículo 36. Cesión de bienes al patrimonio propio de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 37. Cesión de dominio al Instituto Catalán del Suelo.
CAPÍTULO II. MEDIDAS SOBRE EL SECTOR PÚBLICO.
SECCIÓN I. INSTITUTO CATALÁN DE FINANZAS.
Artículo 38. Modificación de la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas.
SECCIÓN II. INSTITUTO CATALÁN DEL CRÉDITO AGRARIO.
Artículo 39. Modificación de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán del Crédito Agrario.
SECCIÓN III. CONTABILIDAD DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIEROS Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.
Artículo 40. Contabilidad de los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros y de las entidades públicas.
SECCIÓN IV. CREACIÓN DEL INSTITUTO CATALÁN DE EVALUACIONES MÉDICAS.
Artículo 41. Creación y régimen jurídico.
Artículo 42. Naturaleza jurídica.
Artículo 44. Órganos de gobierno.
Artículo 45. Recursos humanos.
Artículo 47. Recursos económicos.
Artículo 48. Régimen presupuestario y contable.
Artículo 49. Recursos contra actos administrativos.
SECCIÓN V. CREACIÓN DE LA AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Artículo 50. Creación, naturaleza y régimen jurídico.
Artículo 52. Órganos de gobierno.
Artículo 53. Recursos humanos.
Artículo 54. Patrimonio.
Artículo 56. Presupuesto y contratación.
Artículo 57. Régimen de impugnaciones.
Artículo 58. Control económico.
SECCIÓN VI. GESTIÓ DINFRAESTRUCTURES, S.A.
Artículo 59. Modificación del objeto social de la empresa Gestió dInfraestructures, S.A.
SECCIÓN VII. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE CATALUÑA.
Artículo 60. Modificación de la Ley 19/2001, de 31 de diciembre, de creación del ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña.
SECCIÓN VIII. INSTITUTO CATALÁN DE ENERGÍA.
Artículo 61. Modificación de la Ley 9/1991, de 3 de mayo, de creación del Instituto Catalán de Energía (Icaen).
SECCIÓN IX. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
Artículo 62. Modificación de la Ley 5/1985, de 16 de abril, de creación del Centro de Información y Desarrollo Empresarial (Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales, según la Ley 7/2000, de 19 de junio).
SECCIÓN X. CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL.
Artículo 63. Modificación de la Ley 7/1999, de 30 de julio, del Centro de la Propiedad Forestal.
SECCIÓN XI. PUERTOS DE LA GENERALIDAD.
Artículo 64. Modificación del artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público, en lo que concierne a la cuantía de las tarifas por concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de la Generalidad.
Artículo 65. Modificaciones del anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.
SECCIÓN XII. AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓN.
Artículo 66. Agencia Catalana de Certificación.
CAPÍTULO III. MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL.
SECCIÓN I. ESCALA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. (Arts. 67 a 71)
SECCIÓN II. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REFUNDICIÓN EN UN TEXTO ÚNICO DE LOS PRECEPTOS DE DETERMINADOS TEXTOS LEGALES VIGENTES EN CATALUÑA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.
Artículo 72. Extensión de la aplicación de la disposición adicional undécima del Decreto Legislativo 1/1997.
SECCIÓN III. PUESTOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD (CATSALUT).
Artículo 73. Régimen de los puestos directivos del ente público Servicio Catalán de la Salud (CATSALUT).
SECCIÓN IV. CUERPO DE BOMBEROS.
Artículo 74. Modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos de Cataluña.
SECCIÓN V. PERSONAL DEL INSTITUTO RAMON LLULL.
Artículo 75. Régimen del personal adscrito al Instituto Ramon Llull.
SECCIÓN VI. CUERPO DE ABOGACÍA DE LA GENERALIDAD.
Artículo 76. Modificación de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
CAPÍTULO IV. OTRAS MEDIDAS.
SECCIÓN I. MEDIDAS EN MATERIA DE CAJAS DE AHORROS.
Artículo 77. Modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril, por el que se aprueba la refundición de las leyes 15/1985, de 1 de julio, 6/1989, de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de cajas de ahorros de Cataluña.
SECCIÓN II. JURADO DE EXPROPIACIÓN DE CATALUÑA.
Artículo 78. Modificación de la Ley 6/1995, de 28 de junio, del Jurado de Expropiación de Cataluña.
SECCIÓN III. MEDIDAS SOBRE EL SECTOR FERROVIARIO.
Artículo 79. Prestación del servicio.
Artículo 80. Autorización de aval.
Artículo 81. Modificación del artículo 59 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
SECCIÓN IV. MEDIDAS EN MATERIA DE COMERCIO.
Artículo 82. Modificación de la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de equipamientos comerciales.
Artículo 83. Modificación del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior.
SECCIÓN V. MEDIDAS EN MATERIA DE COOPERATIVAS.
Artículo 84. Modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas.
SECCIÓN VI. MEDIDAS EN MATERIA DE MUTUALIDADES.
Artículo 85. Modificación de la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de las mutualidades de previsión social.
SECCIÓN VII. MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL.
Artículo 86. Modificación de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial.
SECCIÓN VIII. MEDIDAS EN MATERIA FORESTAL.
Artículo 87. Modificación de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.
SECCIÓN IX. MEDIDAS EN MATERIA DE PESCA.
Artículo 88. Modificación de la Ley 1/1986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña.
SECCIÓN X. MEDIDAS EN MATERIA DE HELIPUERTOS.
Artículo 89. Modificación de la Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de helipuertos
SECCIÓN XI. MEDIDAS EN MATERIA DE MUSEOS.
Artículo 90. Modificación de la Ley 17/1990, de 2 de noviembre, de museos.
SECCIÓN XII. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.
Artículo 91. Modificación del Texto refundido de las leyes 3/1985, de 15 de marzo, y 21/1990, de 28 de diciembre, de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado por el Decreto legislativo 1/1991, de 25 de marzo.
SECCIÓN XIII. POTESTAD SANCIONADORA DEL CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA.
Artículo 92. Modificación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modelos de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Publicación informativa de las tasas vigentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Subvenciones a servicios prestados por entidades de economía social o de tercer sector.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Adscripción de medios al Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Adscripción de personal a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Normas de actuación de los representantes de la Generalidad en consorcios, fundaciones y demás entidades.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Marcas turísticas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Cambio de denominación de cuerpos, categorías y escalas funcionariales de la Generalidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Cajas de ahorros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Mutualidades de previsión social.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Aprobación de los estatutos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Dotación de las plazas de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Nuevo plazo para la refundición de la normativa de aguas de la Generalidad.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Las normas sobre tributos propios se han agrupado dentro del capítulo IV, el cual se divide en tres secciones. La sección primera, relativa al impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, concreta el supuesto en que se pierde la reducción del 1% de la cuota establecida por la domiciliación del pago. La sección segunda modifica los criterios de distribución de los ingresos provenientes del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. La sección tercera recoge, en primer término, las modificaciones establecidas por la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, entre las que destaca, en relación con el canon del agua, la supresión del parámetro de contaminación incremento de temperatura (IT), la modificación de coeficientes que afectan el tipo aplicable a los usos industriales y el desarrollo del sistema de determinación de la cuota aplicable a los usos ganaderos. Por otro lado, se prevé la posibilidad de pago sin intereses de los importes en concepto de incremento de la tarifa de saneamiento y del canon de infraestructura hidráulica recaudados por entidades suministradoras y justificadas como impagados por éstas con posterioridad al 1 de enero de 1999. Finalmente, mediante la presente Ley se clarifica también la función que ya tienen las entidades suministradoras de colaboración en la gestión y recaudación del canon del agua, en nombre y por cuenta de la Agencia Catalana del Agua, y se garantiza la máxima transparencia en la confección de las facturas.
Otras medidas que afectan igualmente al sector público son las relativas a la empresa Gestió dInfraestructures, S.A., y al Instituto Catalán de Energía. Asimismo, se incluye una medida tendente a mejorar los mecanismos de financiación del ente Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña.
1. Deducción por alquiler de la vivienda habitual.
Que se hallen en alguna de las situaciones siguientes:
Tener treinta y dos años o menos en la fecha de devengo del impuesto.
Haber estado en paro durante ciento ochenta y tres días o más durante el ejercicio.
Que su base imponible total, menos el mínimo personal y familiar no sea superior a 20.000 euros anuales.
Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10% de los rendimientos netos del sujeto pasivo.
1.2. Los contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un máximo de 600 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de la vivienda habitual, siempre que en la fecha de devengo pertenezcan a una familia numerosa y cumplan los requisitos establecidos por las letras b y c del apartado 1.1.
1.3 En el caso de tributación conjunta, si alguno de los declarantes se encuentra en alguna de las circunstancias especificadas por la letra a del apartado 1.1 y por el apartado 1.2, el importe máximo de la deducción es de 600 euros, y el de la base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, de la unidad familiar es de 30.000 euros.
1.6. 1.7. Al efecto de la aplicación de esta deducción, son familias numerosas las definidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
2. En el marco de competencias normativas definidas por el artículo 46.1 de la Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y los artículos 68.1 y 78.1 de la Ley del Estado 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, se establecen los siguientes porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual en el tramo autonómico:
Con carácter general, el 7,5%, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Si se trata de las obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad a las que se refiere el número 4 del artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, el 15%, con efectos a partir del 1 de enero de 2011.
3. Los contribuyentes pueden deducir el importe de los intereses pagados en el período impositivo correspondiente a los préstamos concedidos mediante la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para la financiación de estudios de máster y de doctorado.
4. 5. Requisitos para la aplicación de las deducciones.
SECCIÓN II. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.
El importe del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio se fija en 700.000 euros.
Artículo 3. Modificación de la reducción del grupo I de la letra a del artículo 2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 4. Modificación de la reducción por discapacitados establecida por la letra b del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 5. Modificación de la letra d del apartado segundo de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 6. Modificación del apartado noveno de la letra d del artículo 2 de la Ley 21/2001. Artículo 7. Tarifa.
Con efectos desde el 1 de enero de 2003, el artículo 3 de la Ley 21/2001 queda redactado del siguiente modo:
La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley, la siguiente escala:
2.770,40
4.551,20
5.540,80
7.717,60
15.172,80
22.436,60
38.948,80
78.548,80
194.028,80
Artículo 8. Deducción en la donación de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente. Artículo 9. Uniones estables de pareja. CAPÍTULO II.
Son familias numerosas las que define la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la familia numerosa, teniendo en cuenta las modificaciones que de este concepto han introducido las leyes del Estado 42/1994, de 30 de diciembre, y 8/1998, de 14 de abril.
Los demás documentos tributan según la siguiente escala:
Porción de base imponible
De 30.000,01 y hasta 60.000
1 Artículo 13. Bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias.
Que incorpore esta vivienda a su activo circulante con la finalidad de venderla.
Que su actividad principal sea la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria o la compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia.
Cuando se transmitan viviendas que formen parte de una edificación entera en régimen de propiedad vertical, la bonificación sólo es aplicable en relación con la superficie que se asigne como vivienda en la división en propiedad horizontal posterior, quedando excluida la superficie dedicada a locales comerciales.
La bonificación es aplicable a la vivienda y al terreno en que se encuentra enclavado siempre que formen una misma finca registral y la venta posterior dentro del plazo de los tres años comprenda la totalidad de la misma.
En el caso de adquisición de partes indivisas, el día inicial del plazo de tres años a que hace referencia el apartado 2 es la fecha de la adquisición de la primera parte indivisa.
Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta bonificación:
Las adjudicaciones de inmuebles en subasta judicial.
Las transmisiones de valores que incurran en los supuestos a que se refiere el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley del impuesto, aprobado por el Real decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
TRIBUTACIÓN SOBRE EL JUEGO.
Artículo 8. Cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar.
Las cuotas fijas de las máquinas recreativas y de azar se fijan en las siguientes cantidades:
En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para el juego, la cuota aplicable debe determinarse en función de la clasificación de las máquinas establecida por el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto 28/1997, de 21 de enero. De acuerdo con dicha clasificación, son aplicables las siguientes cuotas:
Las máquinas tipo "B" o recreativas con premio: una cuota trimestral de 887,25 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos tipo "B" en que pueden intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, siempre que el juego de cada uno sea independiente del de otros jugadores, son de aplicación las siguientes cuotas:
Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota fijada por la letra a.
Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.774 euros, más el resultado de multiplicar por 570 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
Para las máquinas tipo "C" o de azar, se establece una cuota trimestral de 1.277,50 euros. Si se trata de máquinas o aparatos automáticos tipo "C" en que pueden intervenir dos o más jugadores de forma simultánea siempre que el juego de cada uno sea independiente del de otros jugadores, son de aplicación las siguientes cuotas:
Máquinas o aparatos de dos jugadores: el importe que resulte de multiplicar por dos la cuota fijada por la letra b.
Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 2.555 euros, más el resultado de multiplicar por 383,25 euros el número máximo de jugadores autorizados.
Para las máquinas tipo grúa con premios en especie, se establece una cuota trimestral de 625 euros.
En el caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida de máquinas de tipo "B" o recreativas con premio, la cuota tributaria de 887,25 euros a que se refiere el apartado 1.a, debe incrementarse en 16,40 euros por cada 5 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro.
3. En el caso de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar, la tasa es exigible por trimestres naturales y se acredita el primer día de cada trimestre en lo que concierne a las máquinas o los aparatos autorizados en trimestres precedentes. A tales efectos, la tasa se acredita siempre que no conste fehacientemente que antes del primer día de cada trimestre natural se ha renunciado a la autorización de explotación de la máquina o se ha revocado ésta por cualquier causa. En el caso de máquinas de nueva autorización, la fecha de acreditación de la tasa coincide con la fecha de la autorización, y debe satisfacerse la tasa del trimestre en curso dentro del plazo que se fije por reglamento. En el caso de transmisión de la máquina antes del plazo que el reglamento establezca para el pago del trimestre en curso, puede establecerse, también por reglamento, su pago por adelantado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Criterios de distribución de los ingresos provenientes del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Los ingresos obtenidos del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, que en ningún caso pueden ser destinados a ayudas específicas para empresas comerciales, deben distribuirse de acuerdo con los siguientes criterios:
Un mínimo del 40% debe ser destinado a infraestructuras de equipamiento municipal y de urbanismo comercial.
Un mínimo del 30% debe ser destinado a desarrollo de planes de actuación y dinamización comercial en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.
Un mínimo del 10% debe ser destinado a desarrollo de planes de actuación medioambientales en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.
3. Las entidades suministradoras tienen encomendada la gestión y recaudación del canon del agua en los términos establecidos por la presente Ley. Asimismo, responderán solidariamente del ingreso de las cantidades que, en concepto de canon del agua, hubieran debido exigir a los usuarios, en los términos establecidos por los artículos 50 y 52.4. Las tareas atribuidas a las entidades suministradoras por la presente Ley y los requisitos formales necesarios para llevarlas a cabo son los que se desarrollan por reglamento.
2. Se suprime el parámetro Incremento de temperatura (IT), en el apartado 1 del artículo 47 de la Ley 6/1999.
Ks: es el coeficiente de salinidad; los vertidos hechos en aguas superficiales continentales con caudales superiores a 100 metros cúbicos por segundo en épocas de estiaje quedan afectados de un coeficiente de salinidad para el parámetro de las sales solubles equivalente a 0,2.
Ka: es el coeficiente de vertido a sistema; en relación con vertidos efectuados en redes de alcantarillado, colectores generales y emisarios públicos correspondientes a sistemas públicos de saneamiento, el tipo de gravamen específico determinado en función de la carga contaminante vertida queda afectado por los siguientes coeficientes:
Coeficiente 1,5, siempre que este tipo sea inferior al previsto, con carácter general, para los usos industriales. El tipo resultante no puede superar el previsto para los usos industriales generales establecidos en el primer párrafo del artículo 47.1.
Coeficiente 1,25, siempre que el tipo de gravamen específico individualizado sea superior al previsto con carácter general para los usos industriales.
3. La determinación de la cuota del canon del agua aplicable a los usos ganaderos de agua, según el sistema de determinación objetiva a que se hace referencia en el apartado segundo del presente artículo, se efectúa según la siguiente fórmula, desarrollada en el anexo 7 de la presente Ley, y que se basa en datos relativos al tipo de explotación, de ganado y al número de plazas, que deben ser declarados por el sujeto pasivo:
Q = número de plazas por euro / plaza 7. Se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1999, que queda redactado del siguiente modo:
1. Las entidades suministradoras quedan obligadas a cobrar a los abonados, en nombre y por cuenta de la Agencia Catalana del Agua, el importe del canon del agua mediante la inclusión del mismo en el mismo soporte físico de la factura que documenta la contraprestación de sus servicios, mientras la Administración no haga uso de la facultad prevista en el número 5 de este precepto.
2. El importe del canon del agua debe hacerse constar de forma diferenciada de cualquier otro concepto de los incluidos en el documento que incorpora la factura emitida por las entidades suministradoras.
3. La entidad suministradora no está obligada a incluir en el documento el importe del canon del agua cuando se acredite la procedencia de alguna de las exenciones establecidas por la presente Ley.
4. Las entidades suministradoras deben declarar e ingresar, mediante autoliquidación, el importe recaudado en concepto de canon del agua a las entidades colaboradoras determinadas por la Agencia Catalana del Agua en la forma y plazos establecidos por reglamento.
7. Las cantidades que, incluidas en el correspondiente documento en concepto de canon del agua, no se hubieran satisfecho por parte de los usuarios deben ser comunicadas y documentadas por las entidades suministradoras a la Agencia Catalana del Agua en la forma y plazos que se determinen por reglamento. Estas cantidades deben ser directamente exigibles a los usuarios por la Agencia Catalana del Agua de acuerdo con la legislación tributaria.
10. La Agencia Catalana del Agua comprueba e investiga las actividades que integran o condicionan el rendimiento del canon del agua, como el consumo de agua, la facturación o la percepción del mismo.
2. Los sujetos pasivos y los que colaboran en la función de gestión y de recaudación, a los cuales la presente Ley impone obligaciones de carácter material o formal en relación con la percepción de los ingresos que se regulan, quedan sujetos a las determinaciones que en materia de inspecciones y régimen sancionador establece la legislación tributaria.
4. En particular, la falta de inclusión del canon del agua en el mismo documento de la factura por parte de las entidades suministradoras de agua constituye una infracción de carácter grave sancionable con una multa pecuniaria del 50% al 150% de la cuantía que debería incluirse en el documento, además de tener que satisfacer a la Agencia Catalana del Agua el importe del canon del agua no incluido en el mencionado documento.
6. El incumplimiento de las obligaciones que esta normativa impone a los contribuyentes y a los que colaboran en la gestión y la recaudación del impuesto, cuando no es constitutiva de infracción grave, se califica de infracción simple, sancionable con una multa de 6 a 900 euros. En particular, constituyen infracciones simples:
La omisión en las declaraciones de datos que estén en poder del contribuyente o del obligado a recaudar en nombre de la Agencia, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 900 euros por cada dato omitido cuando se trate de datos significativos para la determinación de la deuda tributaria y la identificación del contribuyente, la acreditación o el período de liquidación.
La exigencia del canon del agua en un documento separado de la factura del suministro, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 60 euros por documento emitido.
La inclusión incorrecta del canon del agua por parte de las empresas suministradoras, que debe ser sancionada con una multa de 6 a 900 euros por cada factura con un máximo del 3% de la facturación total del agua suministrada en el ejercicio inmediatamente anterior.
La presentación de recibos impagados de las empresas suministradoras con errores que afecten la identificación de los contribuyentes o la determinación de la deuda tributaria, que debe ser sancionado con una multa de 30 a 60 euros por cada dato omitido o incorrecto.
El ingreso en entidades colaboradoras de la deuda tributaria sin la entrega simultánea de la hoja de liquidación, que debe ser sancionado con una multa de 150 euros por liquidación.
La falta de instalación de aparatos de medición para el cálculo de la base imponible según el sistema de estimación directa con incumplimiento de la obligación a que hacen referencia los apartados 5.a y 7 del artículo 42, que debe ser sancionada con una multa de 150 a 900 euros. Esta conducta no es constitutiva de infracción cuando el sujeto pasivo haya optado, con carácter previo, por los sistemas de estimación objetiva para determinar la base imponible.
Artículo 53. Canon de regulación y tarifa de utilización.
1. Tiene también, particularmente, la consideración de ingreso propio de la Agencia Catalana del Agua el canon de regulación y la tarifa de utilización establecidos en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, si la Generalidad explota y conserva las obras hidráulicas de regulación y específicas, a través de la Agencia, con cargo a su presupuesto.
Artículo 54. Canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico.
1. En el ámbito de competencias de la Generalidad, la ocupación, la utilización y el aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico a que hace referencia el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que requieran autorización o concesión se gravan con un canon destinado a proteger y mejorar este dominio, cuya aplicación hace pública la Agencia Catalana del Agua. Los concesionarios de aguas están exentos del pago del canon por la ocupación o la utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.
2. La base imponible de la exacción a que hace referencia el apartado 1 debe ser la siguiente:
En los casos de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico, por el valor de los terrenos ocupados tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos.
En el caso de aprovechamiento de bienes de dominio público hidráulico, por el valor de los materiales consumidos o la utilización que proporcione dicho aprovechamiento.
3. El tipo de gravamen anual es del 5% en los supuestos establecidos por las letras a y b del apartado 2, y del 100% en el supuesto establecido por la letra c, que debe aplicarse sobre el valor de la base imponible resultante en cada caso.
Canales con totalizadores en todos los puntos de vertido, que permitan la medición y el control de forma acumulada de los caudales vertidos. Los canales deben cumplir las normas ISO 1438 (1980) y 4359 (1983) y estar instalados según lo que disponen las mismas; en el caso de que no se cumplan estas normas, hay que disponer de la documentación que describa la fórmula aplicable al canal instalado y las condiciones de utilización. En todo caso, es preciso disponer de los certificados de calibración e instalación correcta del canal emitidos por la casa fabricante y por la casa instaladora, respectivamente, o bien por un organismo oficial.
Coeficiente de dilución.
Valor de dilución inicial
Coeficiente por dilución (Kd)
1 14. Se añade un anexo 7 a la Ley 6/1999, con el siguiente texto:
Sistemas de determinación de la cuota para los establecimientos ganaderos.
Engorde de patos: 0,0185 euros /plaza.
Engorde de codornices: 0,003360 euros /plazas.
Engorde de pollos: 0,0185 euros /plaza.
Engorde de pavos: 0,0361 euros /plaza.
Engorde de perdices: 0,0076 euros /plaza.
Avicultura de puesta: 0,0403 euros /plaza.
Polluelos de recría: 0,007560 euros /plaza.
Cría de bovino: 0,6243 euros /plaza.
Engorde de terneros: 1,7821 euros /plaza.
Vacas lecheras: 4,1600 euros /plaza.
Bovino de leche: 5, 9429 euros /plaza.
Terneras de reposición: 2,9735 euros /plaza.
Cabrío de reproducción: 0,5848 euros /plaza.
Cabrío de reposición: 0,2919 euros /plaza.
Cabrío de sacrificio: 0,1968 euros /plaza.
Producción de conejo: 0,3508 euros /plaza.
Ganado equino: 5,1940 euros /plaza.
Ovino de engorde: 0,2447 euros /plaza.
Ovejas de reproducción: 0,7344 euros /plaza.
Ovejas de reposición: 0,3651 euros /plaza.
Porcino de engorde: 0,6832 euros /plaza.
Producción porcina: 1,4245 euros /plaza.
Porcino de transición: 0,3137 euros /plaza.
El tipo de gravamen específico por usos ganaderos se afecta con un coeficiente 0, salvo que exista contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad, comprobada por los servicios de inspección de la Administración competente.
Artículo 20. Modificación del título IV de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. Artículo 21. Modificación del título V de la Ley 15/1997. Artículo 22. Modificación del título VII de la Ley 15/1997. Artículo 23. Modificación del título VIII de la Ley 15/1997. Artículo 24. Modificación del título IX de la Ley 15/1997. Artículo 25. Modificación del título XII de la Ley 15/1997. Artículo 26. Modificación del título XIV de la Ley 15/1997. Artículo 27. Adición de un nuevo título XV a la Ley 15/1997. CAPÍTULO V.
Artículo 28. Obligaciones formales del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 29. Obligaciones formales de las empresas de subastas y las demás entidades que hacen subastas de bienes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 34. Prescripción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. TÍTULO II.
MEDIDAS CON RELACIÓN A LAS FINANZAS Y EL PATRIMONIO DE LA GENERALIDAD.
Artículo 35. Fomento de los objetivos sociales en la contratación. 1. En los términos establecidos por el presente artículo, los departamentos, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad deben reservar determinados contratos administrativos de obras, suministros o servicios a centros de inserción laboral de disminuidos, empresas de inserción sociolaboral reguladas por la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, o a entidades sin afán de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las normas del Estado y de la Generalidad que los sean aplicables y que su finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato.
Los bienes muebles e inmuebles de los cuales es titular la Generalidad afectos a la explotación ferroviaria.
Los bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación de las líneas que anteriormente dependían de Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) y que actualmente son explotadas por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
MEDIDAS SOBRE EL SECTOR PÚBLICO.
8. El Instituto Catalán de Finanzas, con la autorización del Gobierno, puede conceder y instrumentar operaciones de financiación y garantía a favor de otros sujetos y para otras finalidades.
3. En el marco de la normativa mercantil y en los términos y las condiciones que se establezcan por reglamento, el Instituto Catalán de Finanzas puede constituir sociedades anónimas dedicadas a la financiación de empresas bajo cualquier modalidad y, asimismo, sociedades que agrupen las participaciones financieras y patrimoniales de la Administración de la Generalidad y los entes que dependen de la misma. Estas sociedades pueden participar igualmente en fondos de cualquier tipo, mobiliarios o inmobiliarios; en sociedades y fondos de garantía, y en sociedades o fondos de capital riesgo. Asimismo, pueden adquirir participaciones en otras sociedades mercantiles, ya sean públicas o privadas. El Gobierno debe determinar los ámbitos económicos preferentes en los que dichos entes pueden actuar o participar. El Instituto Catalán de Finanzas, con la autorización del Gobierno, puede conceder e instrumentar operaciones de financiación y garantía a favor de otros sujetos y para otras finalidades.
1. La Junta de Gobierno puede constituir una o más comisiones ejecutivas, en las cuales puede delegar algunas o todas las competencias a que se refieren las letras d y f del artículo 19.
2. La Junta de Gobierno o una comisión ejecutiva que tenga competencias delegadas en este ámbito puede avocar el ejercicio de la competencia delegada en el consejero o consejera delegado, en casos singulares y por razones de índole técnica, económica, jurídica o social, para resolver cuestiones de cuantía superior.
3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del secretario o secretaria designado por la Junta de Gobierno, debe sustituirlo la persona que designe en cada caso el presidente o presidenta de la Junta de Gobierno o de la comisión correspondiente entre los miembros respectivos o entre el personal del Instituto Catalán de Finanzas.
2. Son funciones del consejero o consejera delegado:
La dirección superior de la entidad bajo las directrices emanadas de la Junta de Gobierno y el control de la ejecución de las funciones delegadas por la Junta de Gobierno en cualquier órgano del Instituto Catalán de Finanzas o en las comisiones que se constituyan.
La representación ordinaria de la entidad en los ámbitos judicial y extrajudicial cuando no la ejerza el presidente o presidenta de la Junta de Gobierno, la cual comporta la firma de los documentos públicos y privados necesarios para la formalización de las operaciones de financiación aprobadas por cualquiera de los órganos competentes y para constituir, sustituir o cancelar las garantías acordadas a favor de la entidad. Esta representación comprende las operaciones pasivas de financiación que se autoricen dentro de los límites presupuestarios.
La representación del Instituto Catalán de Finanzas en las juntas generales de las sociedades mercantiles en que participe directa o indirectamente, sin perjuicio de la representación del propio Instituto en los otros ámbitos que se acuerden.
La preparación y la redacción de los documentos a que se refieren las letras a, b y c del artículo 19.
La presentación, a la Junta de Gobierno y a las comisiones ejecutivas correspondientes, de las operaciones de financiación del Instituto Catalán de Finanzas y la elevación de las correspondientes propuestas, sin perjuicio de la facultad de iniciativa que corresponde al presidente o presidenta de la Junta de Gobierno en los órganos de que forma parte.
La dirección superior y la contratación del personal del Instituto Catalán de Finanzas.
El ejercicio de las facultades que le delegue la Junta de Gobierno.
2. Son funciones del director o directora general:
La gestión ordinaria de la entidad.
La ejecución material de los acuerdos de la Junta de Gobierno, conforme a las instrucciones de coordinación del consejero o consejera delegado.
La organización de los servicios del Instituto Catalán de Finanzas y la dirección del personal, de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Gobierno y con las instrucciones que las desarrollan del consejero o consejera delegado.
Cualquier otra que le sea delegada.
1. El consejero o consejera delegado somete a la aprobación de la Junta de Gobierno el nombramiento y las retribuciones de los subdirectores generales, los cuales tienen las funciones que dicha Junta acuerde.
2 El presidente o presidenta de la Junta de Gobierno o, en su defecto, el consejero o consejera delegado firma el nombramiento del subdirector o subdirectora o de los subdirectores designados por la Junta de Gobierno.
Los depósitos de otras instituciones financieras y de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias catalanas.
Llevar a cabo el control, la inspección, la evaluación y el seguimiento de los procesos médicos y sanitarios correspondientes a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social en materia de incapacidades laborales.
Efectuar evaluaciones médicas de los funcionarios de los diferentes cuerpos o escalas de la Administración de la Generalidad que ocupan puestos de trabajo que requieren unas condiciones físicas o psíquicas especiales, en los procedimientos de asignación de puestos de trabajo de segunda actividad, de acuerdo con la normativa aplicable, así como de los trabajadores con posible incapacidad para ejercer adecuadamente las funciones propias de su puesto de trabajo, si procede.
Efectuar evaluaciones médicas de los trabajadores con posible incapacidad funcional para ejercer determinadas actividades, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
Elaborar informes y dictámenes que evalúen la adecuación de las actuaciones sanitarias del sistema sanitario de cobertura pública a la buena práctica profesional, en el marco de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Llevar a cabo las tareas de control, evaluación e inspección necesarias para velar por el cumplimiento de las garantías de seguridad y de calidad de los centros y servicios asistenciales, sanitarios y sociosanitarios, y de las prestaciones del sistema sanitario de responsabilidad pública, así como investigar posibles anomalías del sistema sanitario.
Cualquier otra que, en el ámbito de las funciones inspectoras de evaluación médica o de las de actividad de control sanitario, le encargue el departamento competente en materia de salud.
3. El director o directora es nombrado por decreto del Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de sanidad, y tiene rango de director o directora general.
2. En los términos que se establezcan por reglamento y de acuerdo con las necesidades del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, éste debe dotarse del personal del Departamento de Sanidad y Seguridad Social y del Instituto Catalán de la Salud vinculado a las funciones de aquel Instituto. El personal que se adscriba al mismo mantiene inicialmente el régimen de vinculación originario, con subrogación de los contratos sometidos al régimen laboral, si procede.
Los bienes que están adscritos al mismo.
Los bienes y los derechos que adquiera o reciba por cualquier título.
Los que le asignen los presupuestos de la Generalidad.
Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos propios o adscritos.
Las compensaciones acordadas por el cumplimiento de sus funciones en colaboración con otras instituciones, personas o entidades en general.
Los créditos y los préstamos que le sean concedidos, previa autorización del órgano competente del Departamento de Economía y Finanzas.
Las subvenciones, las donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares.
Cualquier otra asignación u otro ingreso autorizado por la legislación vigente.
Ejecutar y gestionar la política de cooperación al desarrollo, según las directrices establecidas por el órgano competente de la Administración de la Generalidad.
Gestionar los recursos económicos y materiales destinados a la cooperación al desarrollo.
Asesorar a la Administración de la Generalidad en la planificación de la política catalana de cooperación al desarrollo.
El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
El vicepresidente o vicepresidenta, que es la persona titular de la unidad directiva del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo que tiene atribuidas las funciones de relaciones exteriores.
El Consejo de Administración, del cual debe determinarse por reglamento la composición y el sistema de provisión.
El director o directora, que es nombrado por el Gobierno a propuesta del consejero o consejera del departamento al cual está adscrita la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Los bienes y los derechos que están adscritos a la misma.
Los bienes y los derechos que adquiera por cualquier título.
Las transferencias que reciba anualmente de los presupuestos generales de la Generalidad.
Cualquier otra transferencia que reciba para el cumplimiento de sus fines.
1. El objeto social de la empresa Gestió dInfraestructures, S.A., es:
Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar todo tipo de infraestructuras y edificaciones que la Generalidad promueva o en las cuales participe y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en las mismas.
Proyectar y construir todo tipo de infraestructuras y edificaciones de terceros con los que la Generalidad haya acordado su construcción.
2. Las actividades a las que se refiere el apartado 1 pueden ser llevadas a cabo por Gestió dInfraestructures, S.A., o por terceras personas. Gestió d´Infraestructures, SA, actúa por encargo del Gobierno, en nombre propio y por cuenta propia, o en nombre propio y por cuenta de la Generalidad o de las terceras personas a que se refiere el apartado 1.b, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación.
La percepción de las tasas, los cánones y los precios públicos y privados derivados de los actos y los negocios jurídicos que concierte en los términos de la presente Ley, manteniendo el equilibrio financiero de los contratos programa entras los operadores y los entes consorciados, sin perjuicio de la posibilidad de cesión, prenda, titulización o cualquier otro negocio análogo admitido en derecho con respecto a los rendimientos que deriven de los mismos.
Artículo 61. Modificación de la Ley 9/1991, de 3 de mayo, de creación del Instituto Catalán de Energía (Icaen). SECCIÓN IX. CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
Crear sociedades mercantiles y cualesquiera otros entes, públicos o privados y con o sin ánimo de lucro, y participar en los mismos, con fines de promoción industrial y tecnológica y para otras actividades industriales y de prestación de servicios a la industria.
La participación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales no debe superar el 45% del capital, salvo acuerdo expreso del Gobierno en sentido contrario, que debe ser comunicado al Parlamento. Las sociedades en que el Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales participe mayoritariamente deben someterse a lo establecido por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana.
El período máximo de participación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresariales en cualquier sociedad civil o mercantil no sometida a la Ley 4/1985 es de tres años, prorrogable por tres años más. No obstante, si el capital social de estas sociedades es mayoritariamente público, no se aplica esta limitación temporal.
Promover y extender el principio de ordenación y planificación de las superficies forestales de titularidad privada mediante la tramitación de los instrumentos de ordenación forestal siguientes: proyectos de ordenación, planes técnicos de gestión y mejora forestales, y planes simples de gestión forestal.
Mejorar la representación de la Administración forestal, potenciando la integración de los propietarios forestales en el Centro de la Propiedad Forestal.
Adecuar los planes técnicos de gestión y mejora forestales al ámbito mínimo de gestión, fijando la superficie mínima a ordenar en 25 hectáreas, al ser éste un ámbito que permite también la viabilidad técnica y económica de dichos planes.
Hacer posible la ordenación de las fincas privadas con una superficie inferior a 25 hectáreas mediante la creación de la figura del plan simple de gestión forestal. Las instrucciones para la redacción, la aprobación y la revisión de estos planes deben ser establecidas por orden del consejero o consejera de Medio Ambiente.
Prestar apoyo técnico y económico para elaborar los instrumentos de ordenación forestal y velar por su ejecución.
Tramitar y aprobar los instrumentos de ordenación forestal que afecten exclusivamente a terrenos de titularidad privada.
Velar por la ejecución de las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación forestal y controlar el cumplimiento de los compromisos que se establecen en los mismos.
Confeccionar y elaborar las directrices y las instrucciones técnicas de los instrumentos de ordenación forestal para los montes privados.
Recibir las notificaciones previas de los propietarios forestales del inicio de los trabajos y de las actividades forestales que se ejecutan en cumplimiento de los instrumentos de ordenación forestal.
Para ser miembro de pleno derecho, además de ser titular de terrenos forestales de propiedad privada, es preciso tener aprobado y vigente un instrumento de ordenación forestal.
3. El mandato de los miembros del Consejo Rector, que tiene una duración de seis años con un máximo de dos mandatos, no es retribuido. No obstante, tienen derecho a percibir derechos económicos por la asistencia a reuniones, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
1. El personal del Centro de la Propiedad Forestal se rige por el derecho laboral, salvo el personal que ocupa plazas reservadas, por la naturaleza de su contenido, a funcionarios públicos. La adscripción de funcionarios a dicho Centro se rige por lo que determinan las normas reguladoras de la función pública de la Generalidad.
2. La selección del personal del Centro de la Propiedad Forestal debe hacerse de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
2. Las compensaciones que se establezcan por la gestión sostenible de los bosques deben beneficiar a los propietarios de terrenos forestales privados que se comprometan, mediante un instrumento de ordenación forestal aprobado, a ejecutar los trabajos de mejora de acuerdo con dicho instrumento.
Los titulares de montes que dispongan de un instrumento de ordenación forestal aprobado tienen prioridad para acceder a las ayudas y las medidas de fomento destinadas al sector forestal y gestionadas por el Centro de la Propiedad Forestal.
Tarifa A-1: Utilización de una zona de agua resguardada:
Mercancías, régimen simplificado: embarque con carga (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 26,36 euros; contenedor mayor de 20, 43,52 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 28,20 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 47,21 euros; semirremolque, 47,21 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 29,43 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 49,65 euros.
Mercancías, régimen simplificado: desembarque con carga (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 40,46 euros; contenedor mayor de 20, 66,21 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 42,30 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 69,89 euros; semirremolque, 69,89 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 43,52 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 72,34 euros.
Mercancías, régimen simplificado: vacía (euros por unidad de carga): contenedor menor de 20, 3,07 euros; contenedor mayor de 20, 6,13 euros; plataforma con contenedor menor de 20, 4,91 euros; plataforma con contenedor mayor de 20, 6,13 euros; semirremolque, 6,13 euros; camión con caja de hasta 6 metros, 6,13 euros; camión con caja de hasta 12 metros, 12,26 euros.
SECCIÓN I. ESCALA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.
Artículo 67. Creación de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 68. Funciones de los técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 69. Acceso a la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 70. Los técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. Artículo 71. Plantilla de la escala de técnicos de administración de la hacienda de la Generalidad de Cataluña. SECCIÓN II. MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA REFUNDICIÓN EN UN TEXTO ÚNICO DE LOS PRECEPTOS DE DETERMINADOS TEXTOS LEGALES VIGENTES EN CATALUÑA EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.
2. Para ingresar en las diferentes escalas del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad, es preciso poseer las titulaciones exigidas o cumplir los requisitos establecidos por el artículo 18 bis, de acuerdo con la gradación siguiente:
Escala superior, titulación del grupo A.
Escala ejecutiva, titulación del grupo B.
Escala técnica, titulación del grupo C.
Escala básica, titulación del grupo D.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior respectiva y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de cabo por promoción interna, mediante concurso.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior, que tengan la titulación del grupo C y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de sargento por promoción interna, mediante concurso oposición.
Los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tengan un mínimo de dos años de antigüedad de servicio en activo en la categoría inmediatamente inferior, que tengan la titulación del grupo C y que hayan superado o superen un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña pueden acceder a la categoría de oficial por promoción interna, mediante concurso.
Integrarse en el Instituto Ramon Llull como personal laboral, con reconocimiento a todos los efectos de la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad, y quedar en ésta en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
Mantener la condición de funcionario o funcionaria en el Instituto Ramon Llull y ocupar en el mismo un puesto de trabajo a extinguir. Este puesto se extingue cuando el funcionario o funcionaria obtiene otra plaza con carácter definitivo o cuando queda vacante por cualquier causa que no comporte reserva de puesto.
También pueden acogerse a lo establecido por el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1996 aquellos que, en fecha 20 de julio de 1996, tenían la condición de funcionarios de carrera de la Generalidad del grupo A, licenciados en derecho, que hubiesen cumplido funciones de asesoramiento jurídico en asesorías jurídicas generales de los departamentos de la Generalidad durante los cuatro años anteriores a la fecha mencionada y que las hayan seguido cumpliendo de forma ininterrumpida.
El Gobierno debe abrir, en el plazo máximo de tres meses, el procedimiento correspondiente.
1. La plantilla de abogados de la Generalidad se fija en un máximo de ciento sesenta plazas.
La representación de las administraciones públicas y de las entidades y las corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, incluso cuando tienen la condición de entidad fundadora, no debe superar en conjunto el 50% de los derechos de voto en cada uno de dichos órganos.
Quienes hayan ejercido durante más de veinte años, en la misma o en otra caja, los cargos de miembro del consejo de administración o de director o directora general. A estos efectos, debe acumularse el tiempo de ejercicio en ambos cargos aunque no se hayan ejercido de forma continuada.
3. La renovación de los órganos de gobierno se produce dentro del primer semestre natural del ejercicio en que corresponda en la asamblea general ordinaria o en la asamblea extraordinaria celebrada a continuación de la anterior.
El establecimiento del límite de edad máximo para ser elegido miembro del consejo de administración y de la comisión de control. Mientras no se establezca, este límite es de setenta años.
2. El mandato de los miembros de los órganos de gobierno es de cuatro años. Mientras no se haya cumplido el mandato para el que fueron designados y salvo los casos establecidos por el artículo 22, el nombramiento de los consejeros generales es irrevocable.
2. Las inscripciones correspondientes en el Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorros de Cataluña son un requisito previo para la efectividad de los cargos sujetos a inscripción. Se entiende que la inscripción se produce automáticamente una vez transcurridos veinte días hábiles desde la comunicación del nombramiento al órgano competente sin que éste la haya denegado motivadamente. Los actos otorgados por las personas nombradas conservan su validez hasta su inscripción en dicho Registro.
A estos efectos, las propuestas de la Federación deben ser informadas previamente por la comisión mixta integrada por representantes de la Generalidad y de la propia Federación que se regule por reglamento.
1. El consejo de administración nombra entre sus miembros al presidente o presidenta, el cual lo es a la vez de la entidad, por mayoría de dos tercios, y un vicepresidente o vicepresidenta o más, que lo sustituyen por orden. Nombra también a un secretario o secretaria, el cual puede ser miembro del consejo de administración. En el caso de cajas de ahorros fundadas por una entidad pública, los estatutos pueden atribuir la presidencia a un o una vocal del consejo de administración designado por esta entidad.
2. Cada sección del Jurado de Expropiación de Cataluña se compone de los miembros siguientes:
El presidente o presidenta y su suplente, que deben ser juristas de reconocido prestigio con más de siete años de ejercicio profesional.
Los cuatro vocales siguientes:
Un abogado o abogada del Cuerpo de Abogacía de la Generalidad de Cataluña.
Un técnico o técnica superior, designado por el departamento de la Generalidad que corresponda en función de la naturaleza del bien expropiado. En el caso de las corporaciones locales, este técnico o técnica debe ser designado por la corporación local interesada.
Un o una representante de las cámaras, los colegios, las organizaciones empresariales o las asociaciones representativas de la propiedad en función del bien expropiado, designado por la cámara, el colegio, la organización o la asociación correspondientes.
Un notario o notaria, designado por el colegio notarial correspondiente.
Un secretario o secretaria, que debe ser funcionario, designado por el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.
3. El Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales debe prestar al Jurado de Expropiación de Cataluña el apoyo administrativo necesario para su funcionamiento.
Artículo 79. Prestación del servicio. Artículo 80. Autorización de aval.
Artículo 59. Control urbanístico municipal previo de determinadas obras ferroviarias.
A los efectos del ejercicio de las competencias establecidas por los artículos 5.7, 6.2, 6.3 y 6.4, en substitución del Servicio de Competencia en la Distribución Comercial, se crea el Servicio de Ordenación de la Distribución Comercial, dependiente del departamento competente en materia de comercio.
Los municipios situados en un paso fronterizo por los que pasa una carretera o una autopista por la que accedan anualmente a Cataluña más de 5 millones de visitantes pueden añadir un incremento de 5.000 metros cuadrados de superficie de venta al resultado del dimensionado que les otorga el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales (PTSEC) vigente cuando entre en vigor la presente disposición. No pueden acogerse a este incremento los proyectos que establezcan la implantación de grandes establecimientos comerciales de alimentación ni los proyectos de establecimientos colectivos en los que la superficie de venta alimenticia del conjunto de sus establecimientos individuales supere los 1.300 metros cuadrados.
En lo que concierne a la venta en liquidación, el incumplimiento de los supuestos y los requisitos que establece la normativa vigente.
En lo que concierne a la venta de saldos, el incumplimiento de los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente.
Las cuestiones que se planteen -que sean objeto de la presente Ley y de las normas que la desarrollan- entre cooperativas, entre algún socio o socia y la cooperativa a la cual pertenece, entre socios de alguna cooperativa o entre una cooperativa y la federación en que se agrupa pueden ser planteadas a conciliación ante el Consejo Superior de la Cooperación, o bien directamente ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 158. El procedimiento de conciliación se establece por reglamento.
Artículo 24 bis. Asambleas de compromisarios.
1. La asamblea general puede ser sustituida por una asamblea de compromisarios. Los requisitos para ser compromisario o compromisaria son los determinados por los estatutos, si bien en todo caso es preciso ser mayor de edad y contar al menos con un año de antigüedad como socio o socia. Los miembros de la junta directiva tienen la condición de compromisarios.
2. Cuando la mutualidad tenga más de diez mil socios, la designación de compromisarios debe llevarse a cabo ante notario o notaria mediante sorteo, el cual debe hacerse por cualquier medio, incluyendo los informáticos, entre los socios con derecho de voto.
3. El mandato de los compromisarios tiene una duración mínima de dos años y máxima de cuatro años, a contar desde la fecha de la designación.
4. Los compromisarios deben cumplir su mandato en representación de la entidad sin posibilidad de renunciar a la designación.
5. Es aplicable a la asamblea de compromisarios, en todo lo que no contradiga a sus características, lo que disponen los artículos anteriores con respecto a la asamblea general.
6. Los estatutos deben fijar el número de compromisarios que deben componer la asamblea general, que debe estar comprendido entre un mínimo de 100 y un máximo de 250.
7. Los asambleístas pueden delegar su voto en otro compromisario o compromisaria, sin que ningún compromisario o compromisaria pueda tener un número de delegaciones de voto superior a tres para asistir a la asamblea general.
Requerir a la mutualidad a presentar un plan de rehabilitación, aprobado por la junta directiva, en el que se propongan las medidas administrativas, financieras o de otro tipo que sean precisas; se formule previsión de los resultados, y se fijen los plazos para ejecutarlas, con el fin de superar la situación que dio origen al requerimiento. El órgano de control debe aprobar o denegar el plan, y, si procede, fijar la periodicidad con que la mutualidad debe dar cuenta del desarrollo del mismo.
Requerir a la mutualidad a presentar un plan de saneamiento a corto plazo, aprobado por la junta directiva, en el que se concreten la forma, la cuantía y la periodicidad de las aportaciones de nuevos recursos para superar la situación que haya dado lugar al requerimiento. El órgano de control debe aprobar o denegar el plan, y, si procede, fijar la periodicidad con que la mutualidad debe dar cuenta del desarrollo del mismo.
CAPÍTULO IV BIS.
LOS PLANES DIRECTORES TERRITORIALES.
1. Los planes directores territoriales concretan las directrices generales del planeamiento contenidas en el Plan territorial general de Cataluña o en los planes territoriales parciales en las áreas y para los aspectos sobre los cuales inciden.
2. El ámbito territorial de los planes directores territoriales debe ser inferior a los ámbitos de planificación establecidos por la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan territorial general de Cataluña, de acuerdo con el texto establecido por la Ley 24/2001, de 31 de diciembre, de reconocimiento del Alto Pirineo y Arán como área funcional de planificación, mediante la modificación del artículo 2 de la Ley 1/1995, por la que se aprueba el Plan territorial general de Cataluña, y, como mínimo, debe tener carácter supramunicipal. El ámbito territorial puede comprender, asimismo, municipios pertenecientes a diferentes ámbitos de planificación.
3. Los planes directores territoriales deben adaptarse al Plan territorial general de Cataluña y a los planes territoriales parciales.
4. Los planes de ordenación urbanística deben ser coherentes con las determinaciones de los planes directores territoriales.
Artículo 19 ter.
1. El contenido de los planes directores territoriales debe desarrollar, como mínimo, una de las determinaciones contenidas en el artículo 13.1 de la presente Ley.
2. Las determinaciones de los planes directores territoriales deben concretarse en los documentos siguientes:
Los estudios y los planos de información.
La memoria explicativa del plan.
Los planes de ordenación y, eventualmente, las normas.
Artículo 19 quater.
1. El acuerdo de formulación de los planes directores territoriales debe ser adoptado por el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, y debe determinar, como mínimo, el ámbito territorial, los aspectos que debe desarrollar y la unidad orgánica responsable de su tramitación.
2. En la elaboración de los planes directores territoriales debe garantizarse la participación de todas las instituciones públicas afectadas.
3. La aprobación inicial y provisional de los planes directores territoriales corresponde al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, y la aprobación definitiva, al Gobierno.
4. Los planes directores territoriales, una vez aprobados inicialmente, deben someterse a información pública.
Se añaden dos nuevos párrafos a la letra a del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 1/1986, con el siguiente texto:
No llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza establecido por la normativa vigente para el control de la actividad pesquera.
Manipular, alterar o estropear los dispositivos de control vía satélite o de cualquier otra naturaleza establecidos por el párrafo anterior, así como interferir, impedir o producir cualquier tipo de perturbación en las comunicaciones.
2. Se entiende por helipuerto eventual la superficie de terreno que reúne las condiciones mínimas de seguridad para ser utilizada por los helicópteros de forma temporal u ocasional y cuyo establecimiento obedece a necesidades transitorias motivadas por operaciones de prevención, vigilancia y extinción de incendios, realización de trabajos aéreos, actividades recreativas o de transporte u otras análogas.
Artículo 7. Establecimiento de helipuertos eventuales.
1. Los helipuertos eventuales deben ser autorizados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe preceptivo del ayuntamiento afectado. En la autorización debe fijarse el plazo de validez.
2. No puede autorizarse un helipuerto como eventual cuando ya ha sido autorizado como eventual tres veces en el decurso del mismo año. En este caso, el helipuerto debe obtener la correspondiente autorización de helipuerto permanente, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los helipuertos permanentes.
3. Para el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo no urbanizable situados fuera del espacio aéreo controlado de los aeropuertos de interés general, debe disponerse de la documentación acreditativa de la libre disposición del terreno y de un estudio de impacto ambiental si el helipuerto se sitúa lindando con espacios de especial interés natural o zonas de especial protección de las aves.
4. Para el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo no urbanizable dentro del mencionado espacio aéreo controlado a que se refiere el apartado 3, debe disponerse, además, del certificado de compatibilidad del espacio aéreo de la instalación proyectada emitido por la administración aeronáutica competente.
5. Para autorizar el establecimiento de helipuertos eventuales en suelo urbano o urbanizable, debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por los apartados anteriores y de los demás que se determinen por reglamento.
6. El plazo para dictar una resolución es de un mes desde la presentación de la solicitud, un vez transcurrido el cual, si no se ha dictado resolución expresa, debe entenderse que es estimada.
2. Cada cuatro años, en el mes de octubre, el Gobierno renueva la composición de la Comisión Jurídica Asesora y nombra a su presidente o presidenta. En todo caso, puede confirmar a los miembros anteriores.
Artículo 9. Composición de la Permanente
La Permanente está formada por el presidente o presidenta y por diez miembros más, como máximo, que son designados por el Pleno, de entre sus miembros, en la proporción adecuada entre sus especialidades jurídicas y las funciones de la Permanente.
Sin perjuicio de lo establecido en el anterior párrafo, en el marco de las competencias del Consejo del Audiovisual de Cataluña, la desatención de los requerimientos formulados en virtud de lo establecido en la letra h del artículo 10 de la presente Ley es infracción leve y debe ser sancionada de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 82 de la Ley del Estado 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 41.1.a de la Ley del Estado 21/2001, se autoriza al consejero o consejera de Economía y Finanzas para que, en el plazo de seis meses, a contar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, elabore y apruebe los modelos de contrato para el arrendamiento de bienes inmuebles.
Integrarse en la Agencia como personal laboral, con reconocimiento a todos los efectos de la antigüedad reconocida por la Administración de la Generalidad y quedar en ésta en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
Mantener su condición de funcionario o funcionaria en la Agencia y ocupar un puesto a extinguir. Este puesto debe quedar extinguido cuando el funcionario o funcionaria obtenga otra plaza con carácter definitivo o cuando el puesto quede vacante por cualquier otra causa que no comporte reserva del puesto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Normas de actuación de los representantes de la Generalidad en consorcios, fundaciones y demás entidades. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Marcas turísticas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, el departamento competente en materia de turismo debe articular las promociones de carácter zonal mediante el número de marcas turísticas que se defina por medio de una resolución del consejero o consejera del mismo departamento, previa consulta a los municipios que componen cada una de las marcas turísticas. En todo caso, a las ya existentes se incorporan las marcas Terres de lEbre y Vall dAran.
El Cuerpo de Interventores, creado por la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del Estatuto de la función interventora: Cuerpo de Intervención.
El Cuerpo de Titulados Superiores, creado por la Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de cuerpos de funcionarios de la Generalidad de Cataluña: Cuerpo de Titulación Superior.
El Cuerpo de Diplomados, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo de Diplomatura.
El Cuerpo de Técnicos Especialistas, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo Técnico de Especialistas.
El Cuerpo de Auxiliares Técnicos, creado por la Ley 9/1986: Cuerpo Auxiliar Técnico.
La Escala de Inspectores Financieros, creada por la Ley 5/1991, de 27 de marzo, de creación de la escala de inspectores financieros y de la escala de inspectores tributarios dentro del cuerpo superior de Administración de la Generalidad: Escala de Inspección Financiera.
La Escala de Inspectores Tributarios, creada por la Ley 5/1991: Escala de Inspección Tributaria.
El Cuerpo de Abogados de la Generalidad, creado por la Ley 7/1996, del 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña: Cuerpo de Abogacía de la Generalidad.
2. Las categorías y las escalas profesionales del Cuerpo de Mossos dEsquadra, creado por la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos dEsquadra, se denominan Mossos dEsquadra, personal facultativo, Mossos dEsquadra / Escala superior intendente/a; Mossos dEsquadra / Escala superior-comisario/aria; Mossos dEsquadra / Escala superior-mayor; Mossos dEsquadra, personal técnico; Mossos dEsquadra / Escala ejecutiva-inspector/a; Mossos dEsquadra / Escala intermedia-sargento; Mossos dEsquadra / Escala intermedia-subinspector/a; Mossos dEsquadra / Escala básica-mozo/a; Mossos dEsquadra / Escala básica-cabo.
3. Las categorías y las escalas profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad, creado por la Ley 5/1994, se denominan Bomberos / Escala superior-inspector/a; Bomberos / Escala ejecutivo-subinspector/a; Bomberos / Escala técnica-cabo; Bomberos / Escala técnica- bombero/a de primera; Bomberos / Escala técnica-oficial; Bomberos / Escala técnica-sargento; Bomberos/Escala básica-bombero/a.
Los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.
La disposición adicional primera de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
El apartado 3 del artículo 24 de la Ley 28/1991, de 13 de diciembre, de las mutualidades de previsión social.
1. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas entra en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor del decreto de desarrollo, al que se refiere la sección IV del capítulo II del título II de la presente Ley.
Francesc Homs i Ferret,
Artículos 35 y 50 (apdo. 3):
Redacción según Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 13 (apdo. 2):
Redacción según Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras. Artículo 1 (apdo. 4); disposición adicional sexta:
Derogados por Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28 y 34:
Derogado por Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 1 (apdos. 1.7, 2 y 3):
Redacción según Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. Artículo 1 (apdos. 1.6):
Derogado por Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. Artículo 43 (letra e del apdo. 1) :
Redacción según Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Artículo 43 (letra f del apdo. 1) :
Añadido por Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Artículo 2 ( Con efectos de 31 de diciembre de 2011):
Redacción según Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Artículo 61:
Derogado por Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. Artículo 79:
Derogado por Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria.
Artículos 1 (apdos. 1b, 1.3 y 2), 8 (apdo. 2b) y 10 (apdo. 1):
Redacción según Ley 5/2007, del 4 de julio, medidas fiscales y financieras.
Artículos 67, 68, 69, 70 y 71:
Derogados por Ley 7/2007, del 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Artículo 35 (apdo. 5):
Redacción según Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículo 35 (apdo. 8):
Añadido por Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Derogado por Ley 17/2007, del 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27:
Derogado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
Veáse, con efectos a partir del 1 de enero de 2010, la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, pasa a denominarse Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias por Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Cerrar
LEY 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos ComercialesLEY 15/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y AdministrativasLEY 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y AdministrativasLEY 18/2002, de 5 de julio, de CooperativasLEY 3/2004, de 28 de junio, de segunda modificación de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de CataluñaLEY 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica AsesoraLEY 20/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financierasLEY 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financierasLEY 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de CataluñaLEY 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008LEY 17/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y FinancierasLEY 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financierasLEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2010LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativasLEY 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donacionesLEY 6/2011, de 27 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2011LEY 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y FinancierasLEY 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa	Cerrar PDF
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