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Timestamp: 2019-02-21 11:42:08
Document Index: 283926768

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 19', 'Artículo 9', 'Artículo 80', 'Artículo 14']

Expediente 4575-D-2016
Sumario: PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA CONSERVACION DE LOS SUELOS Y LA RECUPERACION DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS. REGIMEN. DEROGACION DE LA LEY DE FOMENTO A LA CONSERVACION DE LOS SUELOS - 22428.
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA RECUPERACIÓN DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Art. 1º.- La presente ley establece los presupuestos mínimos para la restauración y conservación de los suelos y para la recuperación de sus capacidades productivas. Para lograrlo se establece un régimen que incentiva las buenas prácticas agropecuarias y forestales que contribuyen a mantener y/o mejorar los servicios ecosistémicos que el suelo brinda a la sociedad así como el capital natural que los sustenta.
a.	Definir a los suelos como un recurso estratégico para Argentina.
b.	Profundizar los planes de ordenamiento ambiental del territorio a nivel regional integrando al suelo con otros elementos del ecosistema como el agua, los bosques, los pastizales, etc.
c.	Estimular la adopción de buenas prácticas agropecuarias y forestales que contribuyan a la conservación del suelo y permitan la óptima utilización intertemporal e intergeneracional del recurso.
d.	Identificar cada zona bajo uso agrícola, pecuario y/o forestal con categorías definidas en función al nivel de degradación, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral instrumentando los planes de conservación en consecuencia.
e.	Establecer un marco normativo federal, que aliente los planes de conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos a nivel de cuencas, microcuencas y predios.
f.	Fijar los presupuestos mínimos requeridos para cumplir con los objetivos anteriores, estableciendo un sistema que retribuya económicamente las buenas prácticas agropecuarias.
g.	Crear mecanismos operativos y eficientes en la transferencia de recursos hasta los productores agropecuarios que lleven a cabo las buenas prácticas.
Art. 3º.- A los efectos de la presente ley se entiende por:
a.	Capacidad productiva de los suelos: es la producción máxima que se puede obtener del suelo sin causar su deterioro. Es una clasificación en la que se toman en cuenta características de la composición y naturaleza del suelo (profundidad efectiva, estructura, disponibilidad de agua, permeabilidad, entre otras) para determinar sus potencialidades y limitaciones. La Autoridad de Aplicación podrá definir categorías para calificar la capacidad productiva, que indiquen, además, la susceptibilidad de los suelos, los requerimientos de manejo y las prácticas de conservación recomendadas para cada tipo de suelo.
b.	Buenas prácticas agropecuarias y forestales (en adelante “buenas prácticas”) que contribuyen a la conservación del suelo: son aquellas que por el tipo de cobertura de los suelos, los usos que se le dan a la misma y/o la tecnología aplicada, contribuyen al mantenimiento o mejora de los ecosistemas tanto en lo referido a sus servicios como a su capital natural. Esto incluye tanto al suelo como también a la biodiversidad, el agua, la atmósfera y los servicios ecosistémicos vinculados a ellos. A los fines de la presente ley, se consideran dentro de las buenas prácticas a las enumeradas en el Anexo I de la presente.
c.	Servicios de los ecosistemas: según los expertos reunidos en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio son los beneficios que el hombre obtiene de los ecosistemas. Estos incluyen servicios de provisión (de elementos como alimentos, agua, maderas y fibras), servicios de regulación (como los del clima, de inundaciones, de basura y calidad del agua), culturales (como los recreativos, estéticos y espirituales) y de soporte (como la formación del suelo, la fotosíntesis y el reciclaje de nutrientes). Son considerados parte del bien común.
d.	Ordenamiento ambiental territorial: es la organización estratégica de la estructura territorial. Implica fijar una relación armoniosa entre el sistema ecológico-ambiental y el sistema espacial humano, para lograr un desarrollo sustentable más equilibrado y una mejor calidad de vida de la población.
Art. 4º.- Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional el Ministerio de Agroindustria de la Nación o aquel que en el futuro lo reemplace. La Autoridad de Aplicación en Jurisdicción Nacional deberá:
a.	Constituir una Comisión Nacional Asesora para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas integrada por: cuatro representantes de la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; dos especialistas en suelos y un especialista en manejo de pastizales naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria provenientes de tres ecorregiones distintas; dos especialistas en suelos y un especialista en manejo de pastizales naturales de universidades nacionales de tres ecorregiones distintas; un representante por cada una de las entidades gremiales agropecuarias: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina; tres representantes de organizaciones de la sociedad civil: uno representando a asociaciones de productores vinculados a la agroecología, otro representando a asociaciones de consumidores y otro a organizaciones no gubernamentales de perfil ambiental de vasta trayectoria y sólida base científica, tanto ecológica como socioeconómica.
La Autoridad de Aplicación podrá, mediante Resolución fundada, ampliar los integrantes de la misma. La Comisión funcionará integrada al Consejo Nacional del Medio Ambiente (COFEMA) y sobre la base de estructuras y recursos presupuestarios, financieros y materiales institucionalmente disponibles por los Poderes Ejecutivos y Legislativo, cuyos respectivos representantes no percibirán remuneraciones adicionales o específicas en ocasión de su nominación.
b.	Establecer los mecanismos necesarios para licitar anualmente los pagos a los beneficiarios que administren tierras en donde se lleven a cabo buenas prácticas.
c.	Promover el relevamiento de los suelos y el conocimiento agroecológico que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, supervisando y compilando los relevamientos que realicen en cada jurisdicción las Autoridades de Aplicación provinciales.
d.	Proponer anualmente al Honorable Congreso de la Nación el establecimiento, para cada zona, de categorías definidas en función al nivel de degradación, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas y/o importancia para la conservación ecosistémica integral. Esas categorías serán rojo, amarillo y verde según importancia de mayor a menor. La reglamentación de la presente ley deberá contemplar la escala geográfica en esta categorización considerando según factibilidad, la visión ecosistémica y/o la política y catastral que incluye región, partido o municipio, zona, establecimiento y potrero.
e.	Instrumentar anualmente auditorías selectivas que determinen la correcta utilización por parte de los beneficiarios, las Autoridades de Aplicación en jurisdicción provincial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de los fondos asignados en virtud del Artículo 14º de la presente ley.
f.	Realizar las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, coordinando, en su caso, la construcción de las mismas con las autoridades provinciales correspondientes según su naturaleza.
g.	Promover la investigación y experimentación en los aspectos relacionados con la educación ambiental, en particular la conservación del suelo, en todos los niveles.
h.	Difundir las buenas prácticas y hábitos amigables con la naturaleza destacando especialmente el consumo responsable de alimentos para una correcta alimentación desde lo nutricional, ambiental y social, enfocando a toda la población a partir de la enseñanza en todos los niveles.
i.	Propiciar la formación de técnicos especializados en el uso y protección de los recursos naturales, con énfasis en el suelo, pudiendo a tales efectos celebrar convenios con organismos nacionales o internacionales idóneos en la materia.
j.	Aportar recursos presupuestarios en la medida de sus posibilidades para la ejecución de las obras y trabajos que resulten necesarios para el manejo conservacionista del suelo.
k.	Remitir anualmente al Honorable Congreso de la Nación un informe que detalle: (i) el uso y destino de los fondos recibidos, proporcionando un detalle por beneficiario; (ii) el relevamiento de los suelos efectuado; (iii) el incumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios; y (iv) otra información que a su juicio resulte relevante para la conservación del suelo.
Programa Nacional de conservación de los suelos y de recuperación de sus
Art. 5º.- Créase el Programa Nacional de conservación de los suelos y de recuperación de sus capacidades productivas, el cual tendrá los siguientes objetivos:
a.	Promover la conservación, el uso responsable y la recuperación de la capacidad productiva del suelo, mediante el establecimiento de criterios e indicadores ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
b.	Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento del suelo resulte sustentable, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos;
c.	Promover planes de conservación, fertilidad y/o reposición de nutrientes y recuperación de la capacidad productiva de los suelos tanto a nivel predial como de cuenca;
d.	Identificar cada zona bajo explotación pecuaria, agrícola y/o forestal con categorías definidas en función a la importancia del proceso de degradación del suelo, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral, organizando los planes de conservación en consecuencia: rojo, conservación obligatoria; amarillo, conservación voluntaria y prioritaria y verde, conservación voluntaria;
e.	Proporcionar a las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones provinciales, las capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sustentable del Suelo existentes en su territorio;
f.	Brindar mayor capacitación al personal técnico y auxiliar abocado a la conservación de suelos, mejorar el equipamiento de campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la Autoridad de Aplicación;
g.	Propiciar la adecuación de las distintas leyes provinciales que categorizan y regulan el medio ambiente y el uso del suelo, promoviendo también la integración municipal;
h.	Integrar esfuerzos con otras instituciones vinculadas a la problemática de la degradación de suelos y sus consecuencias como, por ejemplo, Vialidad Nacional;
i.	Incorporar a los planes de conservación los nuevos conocimientos, tecnologías y, realidades garantizando un proceso dinámico y participativo.
Art. 6º.- El Consejo Nacional del Medio Ambiente (COFEMA) realizará acciones a favor del Programa Nacional de conservación de los suelos y de recuperación de sus capacidades productivas de acuerdo a los objetivos planteados en su creación.
Fondo Nacional para la conservación de los suelos y
la recuperación de sus capacidades productivas
Art. 7º.- Créase el Fondo Nacional para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas.
Art. 8º.- El Fondo estará integrado por:
a.	Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que en los primeros TRES (3) años posteriores a la aprobación de esta ley no podrán ser inferiores al 0,1% del presupuesto nacional y en los 2 años subsiguientes no inferiores a 0,3 % del presupuesto nacional. Durante estos años las partidas tendrán como objetivo la realización de una primera etapa de proyectos pilotos y áreas demostrativas en las diferentes ecorregiones del país que permitan poner a punto el programa desde el punto de vista institucional y operativo. A tales efectos la Autoridad Nacional de Aplicación solicitará la asignación de partidas específicas en el Presupuesto Plurianual, amén de otros requerimientos presupuestarios que estime pertinentes.
A partir del año 2022 las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas deberán ser reevaluadas en función al resultado de los proyectos piloto y áreas demostrativas, y no podrán ser inferiores al 1,0% del presupuesto nacional.
b.	El medio por ciento (0,5%) del total de los derechos de exportación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración;
c.	El medio por ciento (0,5%) del total de los derechos de importación de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración;
d.	Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales;
e.	Recursos por protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente previstos en los fondos de restauración ambiental y en el Fondo de Compensación Ambiental que estipulan los Artículos 22º y 34º respectivamente de la Ley General del Ambiente N° 25.675;
f.	Donaciones y legados;
g.	Todo recurso dinerario producto de las actividades de Fiscalización y Sanciones previstas en el Capítulo 6 de la presente;
h.	Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo;
i.	El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector agropecuario;
j.	Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 9º.- El Fondo estará administrado por un fideicomiso, el cual se regirá por la presente ley, su reglamentación y por la Ley Nº 24.441 y sus modificatorias. Se delega en la Autoridad de Aplicación la constitución e instrumentación del marco operativo del Fondo, la cual deberá determinar la estructura jurídica del fondo fiduciario que resulte más adecuada para el logro de los objetivos de la presente ley y celebrar el pertinente contrato de administración del fideicomiso el que deberá contemplar:
a.	La determinación de los objetivos del mismo;
b.	La individualización de los bienes fideicomitidos, su forma de transmisión y la posibilidad de incorporar nuevos bienes al patrimonio del fideicomiso;
c.	La determinación de las funciones y responsabilidades del administrador fiduciario, surgidas del contrato de administración;
d.	Las instrucciones de la Autoridad de Aplicación al administrador fiduciario para la utilización de los bienes fideicomitidos.
Art. 10º.- El Fondo Nacional para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas será distribuido anualmente entre beneficiarios radicados en jurisdicciones provinciales que cumplan ciertos requisitos. Estos son que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial un sistema de ordenamiento ambiental del territorio, de priorización de áreas en relación a la degradación de suelos, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas y/o importancia para la conservación ecosistémica integral. También deberán tener aprobado por ley provincial un sistema de reconocimiento económico a las buenas prácticas que permiten la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas. Igualmente es requisito que no posean normativas provinciales ni políticas crediticias en sus bancos oficiales que promuevan aquellas prácticas agrícolas, pecuarias y/o forestales que generen en la conservación del suelo lo opuesto a lo que propone la presente ley, vale decir, alguno de los diferentes procesos de degradación.
La Autoridad de Aplicación juntamente con las Autoridades de Aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan adoptado los sistemas de ordenamiento ambiental, de priorización de áreas y de reconocimiento económico a las buenas prácticas en relación al suelo en su territorio, determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración los criterios para la determinación del procedimiento establecidos en el Anexo I de la presente.
Art. 11º.- Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción remitirán a la Autoridad Nacional de Aplicación la documentación que la reglamentación determine para el reconocimiento de las buenas prácticas a los beneficiarios radicados en cada jurisdicción.
Art. 12º.- La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos de otorgar los incentivos a las buenas prácticas, podrá auditar periódicamente y las veces que sea necesario, la aplicación y el mantenimiento de lo planificado (coberturas, usos de las mismas y conocimientos y tecnologías aplicadas), según el plan de conservación y recuperación de suelos declarado por los beneficiarios.
Art. 13º.- Beneficiarios. En la medida que sus acciones propendan al desarrollo de buenas prácticas como las previstas en el Anexo I, podrán resultar beneficiarios de los incentivos a las buenas prácticas:
e. Predios de las Fuerzas Armadas y otros inmuebles nacionales así como provinciales y municipales en los que se desarrollen proyectos para la conservación de suelos y/o acciones que tengan por objetivo los señalados en el Artículo 2º de la presente ley.
Art. 14º.- Aplicación del Fondo. Cada año el fideicomiso asignará los recursos del Fondo del siguiente modo:
a.	El 90% para pagos a los beneficiarios que administren tierras en donde se lleven a cabo buenas prácticas, según lo establecido en el Artículo 19° y en las definiciones previstas en el Anexo I de la presente ley.
b.	El 9% a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, las que deberán destinar estos recursos exclusivamente a:
iv. La implementación de programas de generación de empleo rural en relación a los planes de conservación de suelos (inspectores, técnicos, etc.) e incentivos especiales para la conservación de suelos en campos pertenecientes a pueblos originarios o pequeños productores (superficie a definir en función a la zona). Estos incentivos especiales serán complementarios y adicionales a los que les correspondan a estos perfiles de beneficiarios provenientes del 90% de los fondos citados en el inciso a) del presente artículo.
c.	El 1% al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que lo destinará a programas específicos de capacitación, investigación y entrenamiento en la conservación de suelos.
Art. 15º.- El fideicomiso previsto en el Artículo 9° de la presente, será administrado por el Banco de la Nación Argentina. Sin perjuicio de ello la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.
Art. 16º.- La Autoridad de Aplicación realizará anualmente un informe del destino de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior, en el que se detallarán los montos por provincias, el cual será publicado íntegramente en el sitio web y otros medios de la Autoridad de Aplicación.
Art. 17º.- Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo Nacional para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas deberán remitir anualmente a la Autoridad de Aplicación un informe que detalle el uso y destino de los fondos recibidos. La Autoridad de Aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones por parte de los acreedores de los beneficios.
Art. 18º.- Los artículos de este Capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del Artículo 80º de la Constitución Nacional.
Art. 19º.- Se otorgará a los beneficiarios un incentivo económico en concepto de pago por buenas prácticas. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable en calidad de pago a las buenas prácticas que benefician a los ecosistemas a ser abonado por hectárea y por año en dos momentos del año, a la mitad y al final del año calendario una vez realizadas las prácticas. El beneficio generará la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de Suelos que deberá ser aprobado en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva pudiendo contarse con el apoyo de los Municipios. El beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos siempre que las prácticas a incentivar y el consiguiente mejoramiento en la capacidad productiva de los suelos no cubran un porcentaje razonablemente alto de los costos de oportunidad existentes con prácticas perjudiciales. Para calcular estos costos de oportunidad deberá considerarse al suelo en el estado de degradación que tenía previo al inicio de los incentivos. Estos incentivos no formarán parte de la base de imposición del Impuesto a las Ganancias establecido por la Ley N° 20.628, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 20º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los beneficiarios también resultarán elegibles para percibir los beneficios por protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente previstos en los fondos de restauración ambiental y en el Fondo de Compensación Ambiental que estipulan los Artículos 22º y 34º respectivamente de la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Art. 21º.- Se eximirá a las tierras y bienes afectados a la realización de buenas prácticas que contribuyan al manejo conservacionista del suelo de la base de imposición del Impuesto a los Bienes Personales establecido por la Ley Nº 23.966 (y sus modificatorias) y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley N° 25.063 (y sus modificatorias), o las que en el futuro las complementen, modifiquen o sustituyan. Adicionalmente, se otorgará a las inversiones que los beneficiarios lleven a cabo para cumplir los objetivos de la presente Ley, el tratamiento dispensado por la Ley N° 25.924 (Títulos II y III), y sus normas reglamentarias, en lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias.
Art. 22º.- Se otorgará, a través del Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras sujetas al control del Banco Central de la República Argentina, líneas de crédito preferenciales para los beneficiarios que encuadren como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas según lo previsto por el Banco Central de la República Argentina en su Comunicación "A" 4628, o la que en el futuro la reemplace.
Art. 23º.- Fiscalización. Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de la presente Ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgarán incentivos a las buenas prácticas.
Art. 24º.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener los beneficios previstos en la presente Ley. A tal efecto, las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán la información sobre infractores en su jurisdicción y verificarán su inclusión en el Registro Nacional de Infractores, el cual será de acceso público en todo el territorio nacional.
Art. 25º.- Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de la presente Ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
b.	Suspensión o revocación transitoria de los beneficios.
c.	Suspensión o revocación permanente de los beneficios.
d.	Reintegro de los montos recibidos. Los montos a reintegrar se reajustarán mediante la aplicación del Índice de Precios al por Mayor, Nivel General, que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (o el organismo que lo sustituyere). Sobre el monto actualizado se aplicará un interés compensatorio que trimestralmente determinará la Autoridad Nacional de Aplicación.
e.	Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional. El producido de estas multas será afectado a las áreas priorizadas para la conservación de suelos que correspondan.
f.	Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones de obras e inversiones o en cualquier otra presentación estipulada en virtud de la presente ley, serán solidarios e ilimitadamente responsables por las obligaciones que correspondan.
g.	Los funcionarios públicos que hubiesen falseado u ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones de obras e inversiones o en cualquier otra presentación estipulada en virtud de la presente ley, serán solidarios e ilimitadamente responsables por las obligaciones que correspondan.
Art. 26º.- Durante los CUATRO (4) años posteriores a la aprobación de esta Ley, los recursos establecidos en el Artículo 14 serán aplicados en beneficio de proyectos pilotos y áreas demostrativas en las diferentes ecorregiones del país, que se lleven a cabo en cada una de las jurisdicciones provinciales que cumplan con los requisitos existentes en la presente. En la medida de lo posible, la Autoridad Nacional de Aplicación deberá asegurar al menos un beneficio en cada una de las jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente.
Art. 27º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación.
Art. 28º.- Derógase la Ley N° 22.428 y cualquier otra norma que se oponga a la presente.
Art. 29º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El presente proyecto es una reproducción del Expte. 4775-D-2014, autoría de la Diputada Linares y cuyo expediente ha sido acompañado con la firma de los Diputados Barchetta, Peralta, Duclos y Stolbizer.
- Mecanismos de pagos a las buenas prácticas agropecuarias y forestales desde el punto de vista ambiental fundamentados en los beneficios producidos en los ecosistemas.
En una definición amplia el suelo es una formación de origen natural que se halla en la intersección de la litosfera, hidrósfera, biósfera y atmósfera. Resulta del accionar de los elementos ambientales, esencialmente clima, biota, roca y geoforma, y aún de la actividad antrópica. Posee constituyentes minerales y orgánicos en estado sólido, líquido y gaseoso, los que están interrelacionados conformando distintos niveles de organización con variaciones espaciales (verticales y laterales) así como temporales (desde horarias, estacionales, hasta centenarias y aún milenarias).
Se presenta en la superficie terrestre como un continuo (pedósfera) interrumpido por otras formaciones naturales: hielo, roca, agua o bien por áreas urbanas. Como manto posee heterogeneidades laterales conforme varían geográficamente los factores del medio, por lo que está integrado por distintas clases de suelo las que gradan entre sí sin solución de continuidad.
A esa heterogeneidad horizontal (paisaje) le acompaña una anisotropía vertical (perfil) que registra la prueba irrefutable de la participación de la energía y la materia en procesos tales como alteraciones, transferencias, pérdidas y ganancias. Estas acciones se manifiestan en forma de propiedades (físicas, químicas, físico- químicas y biológicas) que, cuando son propicias, favorecen el enraizado de las plantas terrestres y el desarrollo de otras formas biológicas.
Así, el suelo contiene vida en su superficie y en su seno, y en tal sentido es un sistema viviente, y a pesar de que no se reproduce ni se multiplica y que carece de genes, suele evolucionar y registrar herencias (Panigatti 2010).
El suelo es un ecosistema en sí mismo que se integra a otros pasando a formar parte de sistemas ecológicos más complejos como las estepas, praderas o bosques. Desde otro punto de vista es considerado como la fábrica de alimentos. Por tanto dado que la Nación debe garantizar los alimentos para sus ciudadanos y el soporte del capital natural de la Nación y que, también tiene la posibilidad de continuar impulsando el potencial agro-exportador, debe modernizar sus decisiones sobre el manejo del suelo. Cuando este es utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso renovable. Por ello las buenas prácticas evitan o reducen la degradación de suelo que incluye:
a. La erosión, definida como pérdida de suelo, se produce en su forma grave a una tasa de 500 has de suelo por día (unas 200.000 has anuales) estando hoy unas 60 millones de has con niveles moderados o severos de erosión siendo aproximadamente una mitad de origen hídrico y otra de origen eólico. La erosión hídrica se da en zonas húmedas, con pendientes, poca cobertura vegetal y se potencia con la fuerza de la lluvia. Las gotas de lluvia producen la desagregación, transporte y sedimentación de las partículas del suelo y genera el escurrimiento superficial que puede terminar en inundaciones o rotura de infraestructura diversa. El conocimiento del funcionamiento de las cuencas y microcuencas es fundamental para poderlas zonificar y planificar adecuadamente, integrando los esfuerzos de obras generales realizadas en buena medida por los Estados (municipales, provinciales, nacional) con aquellas prácticas realizadas por los administradores de tierras a nivel establecimiento. Los aludes de las Sierras de Córdoba o de las Yungas del Noroeste son ejemplos extremos de altos costos económicos y sociales que surgen de no prevenir el proceso de erosión hídrica en las cuencas altas mediante prácticas adecuadas. Por su parte, la erosión eólica se genera cuando la acción del viento sobre el suelo desnudo o con una pobre cobertura vegetal origina desagregación, remoción y transporte de partículas de suelo, particularmente en áreas con alta proporción de arena y baja humedad. Estas constituyen las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas que, siendo el 75 % del territorio nacional contienen al 30% de la población. Las consecuencias de la expansión agrícola en el Chaco Árido o en Sudoeste bonaerense así como la desertificación de la Patagonia por sobrepastoreo ovino son ejemplos extremos que cubren millones de hectáreas que, además de perder su rol de sólido sostén de la vida, han dejado de producir empleo y riqueza. Su restauración, si fuera posible, llevará mucho dinero y décadas.
c. Degradación química: Dentro de este tipo de degradación se incluye la pérdida de nutrientes como, nitrógeno, fósforo y oligoelementos. Estos procesos se presentan en mayor o en menor grado en todo el país, aunque podrían controlarse adecuadamente mediante las rotaciones para la fijación de nitrógeno y las fertilizaciones. Otros problemas importantes lo constituyen la acidificación de los suelos, su contaminación y la salinización, esta última destacada en áreas bajo riego.
Aun cuando el suelo suele analizarse desde sus funciones y degradación con una mirada utilitarista dada por la Economía y por la Economía Ambiental, posee valores elevados que exceden cualquier análisis económico. Se incluyen en este concepto su rol como soporte de la existencia de las especies que implican valores éticos y estéticos, así como valores religiosos y culturales diversos para las culturas originarias o no. Además, es soporte de las actividades agropecuarias desde lo que aporta al vínculo del hombre con la tierra y, por ende a su salud integral, que no puede alcanzarse sólo con recursos económicos. También incluye el hecho organizacional y estratégico de una Nación por lo cual el suelo es, también, una cuestión de seguridad nacional.
Otro valor trascendente es el vinculado a la salud para el cual el sudoeste bonaerense es un ejemplo contundente. Allí las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, que suman alrededor de 350.000 habitantes, se encuentran sometidas a problemas atmosféricos y de provisión de agua vinculados al uso del suelo y su erosión. El desmonte y sobrepastoreo de la zona sur y occidental de esa región produce permanentemente una gran cantidad de polvo en suspensión e incluso tormentas de tierra que impactan en la salud respiratoria y ocular. Al tiempo, la erosión hídrica y el transporte superficial de fertilizantes en la zona noreste de la región generan eutrofización del Dique Paso Piedras, proveedor del agua en ambas ciudades, que dan una mala calidad del agua con la consiguiente preocupación de la sociedad.
Aún así y conscientes del peso de la economía en la realidad actual una parte importante de los argumentos serán expresados en términos económicos con la aclaración de que eso no subestima sus otros valores que se encuentran en la más elevada dimensión.
a. A escala de establecimiento, según un trabajo de Irurtia y Mon (2000), niveles leves y moderados de erosión y degradación de suelos pueden alcanzarse en pocos años de manejo inapropiado (falta de rotaciones con raíces profundas, falta de cobertura). En estas condiciones los rendimientos bajan tanto en soja (4 a 16%) como en trigo (2 a 7%) y maíz (6 a 22%). En términos económicos y en zonas de alta producción, con cosechas promedio y precios al 22 de mayo de 2014 (1USD=$ 8,00) esto equivale, cada año, a entre 281 a 1123 $/ha en soja, entre 149 a 520 $/ha en trigo y entre 394 a 1445 $/ha en maíz.
b. A escala de país el INTA estimó en 1999 que por erosión se perdían 3000 millones de dólares anuales: 1000 millones por reducción en la producción y 2000 millones por los problemas de inundaciones y rotura de infraestructura vial y ferroviaria debido a la alteración del régimen hidrológico por la baja infiltración, evapotranspiración y/o erosión. Un ejemplo valioso se produjo en la Cuenca el Morro - San Luis, donde el proceso de degradación hidrológica de la cuenca generó cortes de rutas nacionales, que llevaron a realizar obras de aproximadamente $ 50.000.000 para su recuperación y posterior mantenimiento (zona cuenca baja). Si oportunamente se hubiera invertido el 20% en la restauración de la cuenca alta el Estado hubiera ahorrado el 80 % restante (Galván y Collado, 2009).
c. En relación a las pérdidas por salida de nutrientes, Cruzate y Casas en 2009, estimaron que para el período 2006-2007 se repusieron sólo el 34,2% del nitrógeno, fósforo, potasio y azufre que fue exportado por los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo, arroz y sorgo. Este balance negativo implica una remoción anual de nutrientes por un valor de 1.788 millones de dólares a precios de 2006 y de 3.309 millones de dólares a precios de 2009. Las futuras generaciones y aún las actuales afrontan impactos en la productividad y costos cada vez mayores.
Además de estos costos deben considerarse otros que no se generan en el lugar de origen como el del dragado de puertos y la colmatación de represas frutos de la pérdida del suelo que llega hasta los grandes cursos de agua. Igualmente las prácticas agrícolas impactan sobre la calidad del agua superficial y subterránea, por ejemplo aumentando su concentración de nitratos provenientes de la fertilización. Esto hace que en buena parte de la Región Pampeana el agua no sea potable. Buenas prácticas como la fertilización variable y la siembra de pasturas mejoran notablemente esta situación. Otras consecuencias de la degradación de suelos en zonas áridas y semiáridas son los accidentes en las rutas y las enfermedades respiratorias y oculares por tormentas de arena y polvo en suspensión que reducen la la calidad de vida y la capacidad laboral.
Todo este dinero que se pierde cada año suma un fondo muy superior al que este proyecto de ley propone para generar cambios importantes en las prácticas agropecuarias nacionales. En la Tabla 1, y en base a las referencias recién citadas, puede verse una estimación grosera de esta diferencia calculada en mayo de 2014: 51.089.721.083 $/año como pérdidas conservadoramente estimadas y 8.595.426.894 $/año como valor solicitado al Presupuesto Nacional (1%) para 2020.
Los pagos a las buenas prácticas son mecanismos económicos que se generaron en los últimos 20 años por la grave situación ambiental global y local que el crecimiento de la población y de su consumo han generado en las últimas décadas. El cambio ha sido tan profundo que propuestas consideradas utópicas hace unos años hoy están siendo llevadas a cabo. Para entender esto vale tener presente que en 1955 con cerca de 3000 millones de personas, la Humanidad consumía la mitad de los recursos que el planeta podía producir y sólo 20 años después consumía el 100% de la producción terrestre. Hoy consumimos un 50% más de lo que el planeta puede producir y para 2030 necesitaremos dos planetas. En otras palabras estamos consumiendo nuestro capital natural: cambio climático, inundaciones, erosión y contaminación de aguas son algunas de las consecuencias. Por esto, y a diferencia de lo que sucedía 20 años atrás, es cada vez más barato prevenir los problemas ambientales premiando las buenas prácticas, que solucionar los mismos.
Los programas de incentivos para conservar el suelo y la calidad de agua y flujo hídrico son cada vez más numerosos. Algunos de ellos son denominados a nivel internacional "pagos por servicios ambientales" término que no se emplea en este documento debido a que no existen definiciones claras y consensuadas. Además son susceptibles de ser usados, en negociaciones internacionales, por intereses unilaterales, no aportando francamente al bien común como pretende el presente documento. Aún así, algunos ejemplos son valiosos de tener en cuenta: Estados Unidos, Costa Rica, México, Colombia, Europa, Bolivia dan algunos notables ejemplos para la protección de cuencas hídricas. China, por su parte y para 2010 buscó retirar de la producción agrícola y/o reforestar 14.670.000 has mediante el "Programa de conversión de tierras con pendientes". Un ejemplo relacionado al clima, bosques y suelo es el mercado de carbono, mecanismo por el que, quienes reducen las emisiones de gases o capturan dióxido de carbono son premiados a través de bonos. Si bien no tuvo hasta ahora impacto importante en el sector forestal, la idea de los pagos internacionales para evitar la deforestación en países subtropicales y tropicales es un ejemplo contundente de cambios en las visiones. Esta idea fue rechazada en 2005, aceptada en 2007, ratificada en Copenhague en 2009 e impulsada por instituciones internacionales para ponerla en práctica en los años siguientes. La Argentina y otros países ya han recibido dinero a fin de capacitar y organizar la recepción de estos fondos internacionales destinados a compensar a quienes administran los bosques.
- Ley Nacional N° 22.428 para la Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos que estableció hace poco más de 30 años una serie de medidas para organizar y llevar adelante el proceso de conservación y recuperación de suelos, pero no determinaba los presupuestos mínimos requeridos para cumplir sus objetivos.
El Fondo Nacional para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas se destina íntegramente a quienes este proyecto considera serán los pilares de la conservación del suelo en Argentina: (i) los productores agropecuarios que llevan a cabo buenas prácticas conservacionistas; (ii) las Autoridades de Aplicación de las provincias y (iii) los técnicos en suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
El esfuerzo presupuestario para constituir el Fondo Nacional para la conservación de los suelos y la recuperación de sus capacidades productivas es creciente e importante. Su impacto se reflejará no sólo en consecuencias vitales de largo plazo para la sociedad, sino también en la reducción de enormes pérdidas económicas en el corto plazo que consideramos compensarán cómodamente los aportes requeridos para su ejecución.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados la aprobación del presente Proyecto de Ley.-
(iv) Aumento y/o mantenimiento del stock mineral del suelo.
Sistematización con técnicas estructurales y agronómicas: represas, terrazas, desagues empastados, restauración hidrológico-forestal, etc.
(vii) Otras prácticas: uso de suelos según aptitud incluyendo subdivisión de potreros cuando fuera posible, curvas de nivel, prevención de incendios, barreras protectoras contra vientos; etc. De especial interés son también las prácticas agroecológicas destinadas a la conservación del suelo que se apliquen en establecimientos enmarcados en la agricultura familiar en cualquier región del país, incluso en ambientes urbanos y periurbanos.
B) Categorías en función a la gravedad del proceso de degradación del suelo.
(i) Categoría I - Rojo: Áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral alta a muy alta. En estas áreas la realización de buenas prácticas resultará obligatoria.
(ii) Categoría II - Amarillo: Áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral media. En estas áreas la realización de buenas prácticas resultará voluntaria y prioritaria.
(iii) Categoría III - Verde: Áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral baja a muy baja. En estas áreas la adopción de buenas prácticas resultará voluntaria.
C) Requisitos exigibles a los potenciales beneficiarios.
a.	No realizar prácticas de uso y manejo de tierras que originen o contribuyan a originar una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos; y
b.	Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo que se consideren imprescindibles para la conservación de los suelos y de sus capacidades productivas.
(vi) Presentar periódicamente resultados de evolución de variables de calidad de suelos que validen los resultados esperados según el tipo de práctica que se implemente. Los períodos de presentación serán oportunamente establecidos en la reglamentación. Las variables deberán tener las características de los indicadores de sustentabilidad, entre ellas fundamento científico, aceptación universal, facilidad para ser entendidas y calculadas costo bajo, permitir monitoreo periódico. etc.
D) Criterios para la cuantificación de los pagos por buenas prácticas que benefician a los ecosistemas correspondientes a cada uno de los beneficiarios.
Los pagos se realizarán sólo si existen costos de oportunidad significativos en relación a prácticas más perjudiciales. También podrán realizarse en la primera etapa de implementación de las prácticas en el caso de pequeños productores cuya capacidad económica y financiera no les permitiera disponer del capital necesario para llevarlas a cabo aun cuando dichas prácticas tengan resultados económicos semejantes o mayores que prácticas más perjudiciales.
El procedimiento de cuantificación deberá resumirse en una ecuación matemática que la Autoridad Nacional de Aplicación revisará cada año. Esta ecuación deberá estar disponible al público al menos 30 días antes de apertura de inscripciones para cada ejercicio a fin de que los productores puedan evaluar los beneficios de los incentivos.
Los costos de oportunidad que enfrenten los productores dispuestos a realizar buenas prácticas deberán considerarse como una de las variables presentes en la ecuación. Estos costos deberán ser cubiertos de manera razonable a fin de garantizar que el correcto uso del suelo sea ejecutado. Otras variables a considerar necesariamente en la ecuación serán los beneficios económicos que generarán directamente y/o indirectamente las buenas prácticas en el corto, mediano o largo plazo. Ejemplos de estos son el aumento de rendimiento por fertilización o por mejoramiento en la calidad del suelo o bien el aumento de productividad por reducción de carga animal en pastizales naturales sobrepastoreados. También se considerarán los beneficios económicos y/o financieros resultantes de reducir parcialmente el riesgo climático mediante los pagos (ya que estos se efectivizarían independiente de las condiciones climáticas), lo que generaría mayor estabilidad económica.
Los pagos a las buenas prácticas podrán ser permanentes (todos los años) o transitorios (por un período determinado). Este último caso se aplicará a aquellas prácticas que requieren una etapa de apoyo inicial (uno o varios años) hasta que el suelo retome total o parcialmente su productividad perdida y a partir de la cual deje de tener costos de oportunidad significativos en relación a prácticas más perjudiciales. Para calcular estos costos de oportunidad deberá considerarse al suelo en el estado de degradación que tenía previo al inicio de los incentivos.
Las variables a medir periódicamente pueden ser formas directas y/o indirectas de medir los servicios ecosistémicos y/o el capital natural vinculado al suelo. Sin embargo, dado que muchos servicios de los ecosistemas son difíciles o costosos de medir o que sólo pueden arrojar resultados en el largo plazo, se podrá asumir, sobre la base de conocimientos científicos y técnicos, que determinadas prácticas mejoran ciertos servicios ecosistémicos en el corto, mediano o largo plazo. Por estas restricciones, los pagos podrán realizarse independientemente de la cuantificación de la mejora del servicio del ecosistema. En estos casos será requisito la realización (susceptible de inspección) de la práctica propuesta en el plan de conservación y la evaluación periódica de las variables que oportunamente determine la Autoridad Nacional de Aplicación. Si la evolución de las variables medidas muestra una independencia entre ellas y las prácticas aplicadas será necesario revisar la situación con científicos y técnicos a fin de profundizar el conocimiento de las prácticas y también adaptar los mecanismos de incentivos.
Las reglamentaciones de la presente y de las leyes provinciales vinculadas deberán contemplar mecanismos para evitar que un productor degrade intencionalmente el suelo durante un período sabiendo que recibirá incentivos en el futuro para restaurarlo.
E) Distritos y Consorcios Provinciales.
a.	Crear y organizar Distritos de conservación de suelos conforme a las particularidades de cada territorio provincial;
b.	Propiciar la constitución de Consorcios de conservación de suelos;
c.	Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a dichos Consorcios;
d.	Propiciar la constitución de áreas demostrativas del manejo conservacionista de las tierras con productores interesados;
e.	Recomendar la adopción de las medidas que estime conveniente a fin de que se apliquen normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de las obras públicas a realizarse en su jurisdicción;
f.	Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los consorcios y elevarlos a la Autoridad Nacional de Aplicación.