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Timestamp: 2020-08-07 21:56:05
Document Index: 414403292

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 41', 'artículo 18', 'artículo 41']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 469, de 20/11/2013
cve: DSCD-10-CO-469
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 469
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA
- Relativa a la necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001641) ... (Página2)
- Para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo y las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001973) ... (Página8)
- Sobre medidas para apoyar la equiparación de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niños en zonas bélicas a los crímenes de guerra. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001890) ... (Página12)
- Por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002072) ... (Página15)
- Sobre el mantenimiento de las competencias de las corporaciones locales en materia de igualdad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001947) ... (Página19)
- Relativa a la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001886) ... (Página23)
- Sobre medidas para impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Presentada por el grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001467) ... (Página26)
- Sobre eliminación de la publicidad de prostíbulos en los medios de transporte público, incluido el servicio de taxis. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001300) ... (Página31)
- Para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000013) ... (Página34)
Declaración institucional de rechazo y repulsa de las publicaciones y manifestaciones que degradan la imagen de las mujeres y hacen proselitismo de la desigualdad. (Número de expediente 140/000017).... (Página37)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión procediéndose a debatir el orden del día que, como bien saben ustedes, son proposiciones no de ley y que de acuerdo con la Mesa y portavoces de la Comisión, en su reunión del pasado día 19 de junio acordó que los tiempos de intervención para el grupo proponente será de cinco minutos, para los grupos enmendantes de tres minutos y para el resto de los grupos para fijar posiciones de dos minutos.
Quiero comunicarles a todos ustedes que ha sido ordenado de nuevo el orden del día porque tenemos algunos parlamentarios que tienen que asistir a otras comisiones. Como bien saben ustedes hoy hay distintas comisiones en la casa y además hay algunos parlamentarios que se tienen que ausentar de la Comisión. Si quieren pueden tomar nota de cómo ha quedado el orden del día para ver si así lo aprueban ustedes: la proposición no de ley número 1 se mantiene en el número 1, la proposición no de ley número 2 se mantiene en el número 2, la proposición no de ley del Grupo Popular número 8 pasa al número 3, la iniciativa número 6 del Grupo Parlamentario Socialista pasa al número 4, la iniciativa de Convergència i Unió número 4 pasa al número 5, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular número 7 pasa al número 6, la iniciativa de Izquierda Plural número 3 pasa al número 7 y la iniciativa número 5 del Grupo Parlamentario Socialista pasa al número 8. ¿Lo acuerdan así, señorías? (Asentimiento).
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE INTENSIFICAR LAS ACTUACIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001641).
La señora PRESIDENTA: Sin más pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a la necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Toma la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Cuando presentamos esta iniciativa fue en abril de este mismo año y recientemente se había hecho público el informe presentado por el Observatorio de la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en el que se incluían datos estadísticos que indicaban que las denuncias por violencia de género se habían reducido en un 10 %, así como datos que demostraban, o demuestran, que ha aumentado la retirada de denuncias. En dicho informe se identificaba el factor de la independencia económica de las mujeres como principal a la hora de decidirse a poner fin a un calvario de violencia y procurarse un futuro para ellas y también para sus hijos. La dependencia económica es un muro demasiado alto para muchas mujeres víctimas de violencia de género que las paraliza a la hora de terminar con un círculo infernal. Estos datos y otras consideraciones aportadas por el observatorio se pueden verificar en la realidad cotidiana que gestionan muchas asociaciones que se ocupan de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres condenadas a convivir con su maltratador por falta de alternativas y protección. Aunque desde la Secretaría de Estado de Igualdad se asegura que la dependencia económica se trata de paliar con recursos asistenciales, estos se han reducido sobre todo en lo que respecta a prestaciones económicas y en otros muchos casos se han eliminado. Recientemente la directora del servicio contra la violencia de género del ministerio compareció en esta Cámara y nos presentó una serie de proyectos y de actuaciones que mejoran la situación en el momento en que presentamos la iniciativa, pero también, señora presidenta, en cuestiones como las prestaciones económicas -a las que nosotros le damos mucha importancia para que las mujeres puedan tener una base, un inicio, para poder salir de ese círculo vicioso del maltrato- el Gobierno no está por la labor de actuar decididamente y reinstaurar prestaciones que en su momento hubo; algunas de ellas son incluso prestaciones establecidas por gobiernos autonómicos y que en estos momentos están retiradas. Por lo tanto nosotros entendemos que desde el Gobierno central se debería actuar en esa dirección.
Sigue existiendo además una deficiente atención a las mujeres en situación de violencia de género que acuden a dependencias policiales; aún son muchas las que se quejan del trato recibido y que las disuade a la hora de presentar denuncia. El artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas contra la violencia de género, ordena al Gobierno establecer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de las medidas judiciales adoptadas. En ese mismo artículo se indica además toda una serie de funciones que han de contar con el protocolo correspondiente destinadas a incidir en las actuaciones de colaboración necesarias entre los diferentes cuerpos de seguridad. Del mismo modo el artículo 32 indica que los poderes públicos han de elaborar los planes de colaboración que con el mismo objeto de prevención y atención a estas mujeres se han de llevar a cabo entre los cuerpos de seguridad y otras administraciones como Sanidad, Justicia, Educación y Servicios Sociales. Señorías, la lucha contra la lacra de la violencia de género no permite treguas ni paralizaciones, sin embargo a la luz de los hecho mucho nos tememos que se hayan relajado esfuerzos para combatirla; esfuerzos que por cierto nunca han sido suficientes pero han servido para concienciar y hacer ver que la violencia contra las mujeres no tiene justificación alguna y debe ser denunciada.
Nosotros presentamos una serie de medidas. Empiezo comentando la última, la que habla de campañas de información y formación destinadas a concienciar socialmente, porque entendemos que eso sigue siendo una parte fundamental de la lucha contra esta lacra. Ayer mismo la ministra presentaba un estudio en el que se comprueba cómo se ha incrementado la violencia machista, la violencia de género, en la juventud, en los adolescentes. Nos congratulamos de que haya un estudio que así nos lo demuestre pero, señorías, lo venimos denunciando porque lo venimos comprobando desde hace mucho tiempo, viendo comportamientos de jóvenes agresivos y por otro lado de muchas jóvenes que no le hacen frente a esa agresividad. Por eso es importante educar primero en la prevención de la agresividad pero también en la consideración de que las jóvenes no pueden, no deben, aguantar absolutamente ninguna situación de esas características. Para nosotros es importante intensificar las actuaciones políticas y económicas. Como comentaba antes, esas prestaciones económicas, que existían y son pilar para el comienzo de una nueva vida independiente del maltratador, han sido retiradas en muchas comunidades autónomas, reducidas en el Gobierno central -las pocas que por cierto ya había-. Esta es una cuestión fundamental para hacerle frente a esta cuestión.
Finalizo, porque se acaba mi tiempo, señora presidenta, y las propuestas que hacemos están escritas en la proposición no de ley, aparte de que lo dije inicialmente en la defensa de esta iniciativa. El propio Observatorio de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, así reconoce que la cuestión económica es la que impide en la mayoría de las ocasiones que muchas mujeres se dispongan
-junto con otro tipo de protecciones- a hacer frente a ese maltrato, a iniciar una nueva vida, porque son completamente dependientes económicamente del maltratador. Por eso la cuestión económica no es una cuestión baladí sino fundamental, evidentemente, junto con algo que proponemos, que es la incorporación de las mujeres al empleo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para presentar su enmienda, para hacer la defensa de su enmienda, la señora Ciuró, del Grupo Parlamentario Catalán.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Convenimos en casi todo lo que dice la señora Fernández Davila. Compartimos el fondo de la cuestión, compartimos la forma que ha dado y el motivo. Simplemente quisiera explicar que el sentido de nuestra enmienda tampoco es nuevo porque desde el Gobierno de Cataluña se incide o se intenta incidir en cada conferencia sectorial de igualdad para que se modifiquen los criterios que hoy son objetivos de la distribución de los fondos que se dotan a las acciones de las comunidades autónomas.
Actualmente la distribución, que como decimos corresponde a criterios objetivos, se basa básicamente en una distribución a tanto alzado de un millón de euros a todas las comunidades autónomas -el millón de euros asegura una cuantía mínima a todo el mundo, por lo tanto también a ciudades autónomas, para la realización de acciones-, una segunda cuantía de 140.000 euros de más para las comunidades autónomas y los dos criterios siguientes lo son en función de una dotación de 500.000 euros según la distribución de la población, tanto de mujeres como de mujeres inmigrantes, en los diferentes territorios.
Nosotros creemos -siempre hemos venido defendiendo la misma medida- que esta forma de repartición de estos recursos no atiende a criterios de políticas efectivas. En nuestra opinión debería realmente dotarse a aquellas comunidades autónomas que tienen un desarrollo mayor o menor de las políticas de igualdad en función de los recursos que tiene destinados cada comunidad autónoma. Esto ayudaría a la racionalización de los recursos, a optimizarlos. Nos gustaría saber si estas aportaciones económicas territoriales que se realizan en función de estos criterios objetivos después cuentan con una evaluación, por parte del poder otorgante, la Administración central, del destino de estos recursos para ver si efectivamente todos han sido dedicados a esta función o ha sobrado alguna cantidad que no haya podido tener destino final, porque a lo mejor las competencias de esa comunidad autónoma no están desarrolladas hasta el extremo de invertir todos los recursos en políticas efectivas de igualdad. Por tanto el sentido de nuestra enmienda es solicitar que se revisen estos criterios objetivos y aplicar los recursos en función del grado de desarrollo en cada comunidad autónoma de las políticas efectivas destinadas a la igualdad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra también, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Mi grupo parlamentario no puede estar más de acuerdo con los objetivos de esta proposición no de ley. Sabemos que concretamente en lo que se refiere al tema de violencia de género la situación está empeorando notablemente. Es un tema que debe requerir todos los esfuerzos de todos los estamentos, en el cual el consenso debería existir sin fisuras y el esfuerzo debería de ser común. Es un tema que no deja a nadie indiferente pero que no se puede analizar aisladamente; el Estado de bienestar y su desmantelamiento es determinante en la situación de las mujeres, también la reforma laboral. Por si fuera poco el Gobierno tomará una decisión que va a impedir también la toma de decisiones en materia de maternidad responsable. Además con la reforma local los servicios y programas relacionados con la promoción y protección de las mujeres están abocados a desaparecer. En mi provincia, Coruña, solo 11 de los 93 ayuntamientos cuentan con más de 20.000 habitantes, por lo tanto todas las mujeres rurales de mi provincia y de otras provincias verán mermadas sus posibilidades de información, de atención y de protección.
Señorías, a día de hoy, según la Red feminista contra la violencia de género, 47 mujeres han sido asesinadas durante este año a mano de sus parejas o exparejas. No voy a reiterar los datos que ya se han expuesto pero quisiera destacar que la violencia contra las mujeres, señorías, utiliza muchas estrategias ante las que no obtenemos una respuesta satisfactoria o no hemos obtenido por parte del Gobierno. Acabamos de asistir en el último mes a varias situaciones que deberían haber tenido una contestación contundente; la pasada semana el reportaje deleznable, por utilizar un calificativo suave, que se usó por parte de la televisión pública de Castilla-La Mancha, en relación con el asesinato de una mujer
por parte de su pareja: carnicero. También hace pocos días se publicó por el Arzobispado de Granada un manual de sometimiento de las mujeres, para que las mujeres aprendan a soportar la violencia. Hoy la ministra hablaba durante el Pleno del trabajo que se está realizando para el cambio de mentalidad de los jóvenes, y esperamos que no sea este el modelo que se pretende inculcar en la juventud de este país.
Otra de las situaciones que hemos vivido recientemente ha sido -por cierto, silenciada por los medios de comunicación- la huelga de hambre que han mantenido durante un mes varias mujeres de la asociación Ve-la luz contra la violencia de género en A Coruña. Sus exigencias se centraban en la aplicación de la ley integral y específicamente tenían varias propuestas en relación con el acceso al empleo. Algo han conseguido, por cierto en el pleno del Ayuntamiento de A Coruña, por unanimidad de todos los partidos.
Pues bien, señorías, nosotros reiteramos nuestro acuerdo con la proposición que presenta el Bloque Nacionalista Galego, pero hemos presentado enmiendas en relación con estos temas que acabo de comentar. Por una parte creemos que en caso de realizarse campañas de sensibilización estas tienen que ser efectivas, y para ello han de llegar a todo tipo de colectivos, fundamentalmente a aquellos grupos con mayores dificultades en el acceso a la información. Por otra parte es intolerable que los medios de comunicación utilicen la violencia contra las mujeres de forma morbosa e inadecuada. Por lo tanto es necesario que se exija un tratamiento mediático riguroso, eficaz, objetivo y respetuoso con las víctimas, sus hijas y sus hijos. Por último en el tema del acceso al empleo, los programas en colaboración con las comunidades autónomas resultan imprescindibles para que la lucha contra la violencia de género sea eficaz, para que las víctimas tengan posibilidades reales de salir de la barbarie, de salir del círculo perverso de la violencia de género.
El próximo lunes conmemoramos a nivel internacional el Día contra la Violencia contra las Mujeres y desde esta Comisión no podemos permanecer impasibles ante la situación que viven las víctimas de violencia en nuestro país; una violencia que desgarra, es cierto, pero que no se resuelve con el estremecimiento de quien tiene que legislar y tomar decisiones. Hay que luchar contra la violencia, apoyar a sus víctimas, denunciar a sus autores, legislar, programar y hacer política con mayúsculas para erradicar este problema que tiene que ser prioritario en nuestra agenda. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda el parlamentario del Grupo Popular, su portavoz, señor Olano.
El señor OLANO VERA: Quisiera que mis primeras palabras hoy en esta Comisión fuesen para expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestras condolencias a los familiares de las dos recientes víctimas de violencia de género ocurridos en la provincia de Málaga y mostrar nuestro más firme rechazo a toda clase de violencia ejercida contra las mujeres.
Señorías, la erradicación de la violencia de género es y debe ser una política de Estado. Así la entiende mi grupo parlamentario y el Gobierno, que promueve una acción unitaria y sostenida con la participación de todas las administraciones públicas, las asociaciones y la sociedad civil; prueba de ello es la aprobación por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Igualdad con la participación de todas las comunidades autónomas de la estrategia nacional de la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016. Esta estrategia responde a la necesidad de dar una respuesta integral a la violencia de género, promoviendo la ruptura del silencio cómplice del maltrato y la sensibilización social en su contra, la detección temprana y la visibilidad de otras formas de violencia contra la mujer. En definitiva, la estrategia impulsada por el Gobierno refleja el compromiso del cumplimiento de un mandato legal, recogido en la Ley Orgánica 1/2004, y la voluntad de los españoles de lograr una sociedad libre de violencia de género en el futuro.
Señorías, en los últimos años únicamente el 20 % de las víctimas mortales había denunciado previamente el maltrato que venían sufriendo, lo que les impide utilizar los instrumentos que las administraciones públicas ponen a su servicio. Estos datos nos reafirman en el convencimiento de la necesidad de continuar concienciando y difundiendo un mensaje: de la violencia de género se sale. Es necesario hacer visibles para estas mujeres todos los medios disponibles (el servicio de atención 016, los servicios especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos jurisdiccionales especializados, los servicios sanitarios, los servicios sociales especializados de las comunidades autónomas y todas las ayudas laborales y sociales que están a su disposición) para que esa terrible situación finalice. Es fundamental que las mujeres conozcan la muy profesional e inestimable labor de detección temprana y protección que las administraciones públicas han establecido para su protección y trasladarles un mensaje de esperanza o, mejor dicho, de confianza. Hemos de hacerles saber que estos
servicios funcionan, y así lo refleja la última encuesta sobre violencia de género realizada por la Delegación del Gobierno en colaboración con el CIS, que arroja el dato de que el 72 % de las encuestadas han salido de esa situación de maltrato. Hay que hacerles ver también -este punto es un logro especifico del actual Gobierno- que víctimas son las mujeres pero también lo son los menores que conviven con ellas, a los que a través de diversas modificaciones legislativas se les incorporará igualmente en la calidad de víctimas, directas o indirectas, de esta forma de violencia. (Rumores).
Es importante -así lo demuestra el informe presentado ayer por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que señala que los menores son víctimas de actuaciones machistas por parte de sus compañeros- incorporar a las aulas los principios de igualdad entre sexos y la prevención de la violencia contra las mujeres. En este sentido el proyecto de la Lomce recoge, como principio de la educación, el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género, incorporando al currículo de las distintas etapas de educación básica el aprendizaje de la prevención de la violencia de género.
Señorías, he escuchado atentamente las intervenciones de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y francamente debo decirles que me parecen profundamente injustas. Escuchándolas a ustedes uno tiene la impresión de que la violencia de género se puede utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno, y créanme que eso me parece perverso, políticamente hablando. (Continúan los rumores). La batalla contra esta lacra social la debemos de dar todos juntos...
La señora PRESIDENTA: Señorías, les pediría, por favor, que guardáramos silencio para escuchar al portavoz que está en el uso de la palabra. Gracias.
El señor OLANO VELA: Gracias, señora presidenta.
Decía que la batalla contra esta lacra social la debemos dar todos juntos (todas las administraciones públicas, todos los partidos políticos, toda la sociedad, en definitiva) y ha de hacerse con políticas de carácter transversal, que incidan en múltiples ámbitos (en la prevención, en la protección, en la persecución del delito y en el cumplimiento efectivo de las penas en último caso). En este marco es en donde se encuadra la estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, recientemente aprobada y que ha sido presentada en esta Comisión por la delegada del Gobierno.
Señorías, la herencia económica que nos dejó el último Gobierno socialista ha obligado a todos los españoles a hacer unos enormes sacrificios que afortunadamente empiezan a dar sus frutos. El Gobierno ha tenido que gestionar esta ruina económica y en consecuencia priorizar el gasto. Desde luego que el gasto social ha sido la prioridad absoluta para este Gobierno. El 70 % del presupuesto se dedica a gasto social, y dentro de las políticas sociales la lucha contra la violencia de género es una prioridad -los números están ahí y desmienten sus argumentos-. En los Presupuestos Generales del Estado 2014 en el programa 232.C, destinado a actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, el presupuesto asciende a más de 22 millones de euros, lo que supone un ligero incremento con respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad, el 77,3 % financia servicios asistenciales dirigidos a la atención directa a las mujeres, y todos los servicios de esta naturaleza o bien mantienen su cuantía o bien la incrementa; esto quiere decir que el dinero disponible para estas actuaciones es mayor, y lo es porque se gestiona con mucha más eficiencia. Les pondré algún ejemplo. Al principio de esta legislatura hubo que hacer ajustes presupuestarios pero fueron en personal, en publicaciones, en reuniones, en dietas, en viajes, etcétera. Desde que llegó el Partido Popular se utilizan medios propios del ministerio para las campañas publicitarias, se colabora más y mejor con las entidades sociales y se ha puesto fin a los viajes a Latinoamérica de miembros del Gobierno para presentar campañas publicitarias. Los proyectos se elaboran y se presentan en la dirección general sin generar un gasto inútil. Como les decía anteriormente, las políticas de lucha contra la violencia de género han de ser de carácter transversal, implicando a todas las administraciones públicas y a toda la sociedad; en este sentido, quisiera poner en valor determinadas actuaciones puestas en marcha por este Gobierno: se ha mejorado la atención a las víctimas haciendo realidad una vieja demanda de las asociaciones como es la asistencia jurídica previa a la presentación de la denuncia; se ha incluido a todas las víctimas dentro de los beneficiarios de la justicia gratuita; se ha potenciado la coordinación policial mejorando el programa Viogen; se ha incrementado el número de víctimas que ha tenido acceso a una renta activa de inserción, y se aprovechan las nuevas tecnologías para realizar campañas de prevención entre los adolescentes, por ejemplo a través de la aplicación para móviles denominada Libres.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular valora positivamente el esfuerzo del Gobierno en la lucha contra la violencia de género; creemos en los beneficios de la actuación conjunta de todos, como ha ocurrido con la estrategia nacional ya citada, y por todo ello hemos presentado la enmienda de modificación a la proposición no de ley que todos ustedes conocen.
Por otra parte, y finalizo ya, señora presidenta, quisiera hacer una precisión a la exposición de motivos de la proposición en lo que se refiere al punto de atención especializada en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, porque se dice que se ha suprimido el servicio. El PAE de Lugo no se ha suprimido en ningún momento, por lo tanto la proponente no dice la verdad cuando afirma tal cosa. La Policía Nacional en Lugo lo que hizo fue reorganizar el servicio, pero sin dejar de prestar asistencia a las víctimas en ningún momento, tanto es así que tras su reorganización el PAE de Lugo ha recibido el aplauso de las asociaciones e incluso del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego, compañeros de la proponente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea. (Denegación). No va a intervenir. Entonces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: La Izquierda Plural va a apoyar esta proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego porque creemos que es oportuna, necesaria y conveniente, absolutamente conveniente, a pesar de que efectivamente hayamos tenido conocimiento de la presentación por la directora de la Dirección General contra la Violencia de Género de la estrategia nacional de lucha contra la violencia de género, que cuenta con 278 medidas, pero viendo detenidamente esa estrategia, y además teniendo en cuenta lo que el propio grupo del Partido Popular ratifica en otra enmienda que ha hecho a la proposición no de ley de La Izquierda Plural, nos damos cuenta de que, como digo, esta estrategia no contempla algunas medidas, como son las de sensibilización, prevención, educación, concienciación, protección, asistencia y coordinación entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia, o son claramente insuficientes. Es absolutamente necesario dotar a los juzgados de violencia de género de los medios con los que ahora no cuentan si queremos que haya una atención que pueda paliar de manera inmediata los daños, la situación de cercanía de una mujer víctima de malos tratos, y también es necesario dotar de unidades especializadas en la atención de víctimas de violencia de género a las comisarías.
Los presupuestos del año 2014, que en definitiva son los que demuestran las voluntades, o las intenciones, o las capacidades de los Gobiernos para llevar a cabo sus políticas, hablan por sí solos. La dotación presupuestaria para la lucha contra la violencia de género ha sufrido una reducción en el año 2014 y solo cuenta con 28 millones de euros. Hay que tener también en cuenta que este plan, esta estrategia nacional, según manifestó la propia ministra, y también la directora de la Dirección contra la Violencia de Género, iba a estar dotada con 1.500 millones de euros, que se supone que la Administración central pretende que asuman las comunidades y los ayuntamientos. Esto es prácticamente imposible y por lo tanto poco creíble que se pueda desarrollar con esa dotación presupuestaria esta estrategia. Pero además hay que sumar las contrarreformas que el Gobierno está llevando a cabo, como es precisamente la reforma de la Administración local, que elimina la capacidad -luego lo vamos a debatir en otra proposición no de ley presentada en esta Comisión-, la competencia que tienen los ayuntamientos para asistir precisamente a las mujeres víctimas de la violencia machista. Las competencias de la Administración más cercana, la que tiene que hacer la primera detención, la prevención y llevar a cabo las primeras actuaciones del protocolo ante una situación de violencia, se van a eliminar. Estas son las políticas reales, esto es lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno, y efectivamente el Consejo General del Poder Judicial ha puesto la luz de alarma en relación con los datos ofrecidos por el Observatorio contra la Violencia de Género porque hay menos denuncias y se retiran más denuncias. Pero también en los juzgados hay otro dato alarmante y es que el 30 % de las sentencias no plantean una orden de alejamiento. Algo está fallando, algo que tiene consecuencias que cuestan vidas a las mujeres por el hecho de serlo. Y las buenas palabras, los planes de cara a la galería no son suficientes, hacen falta compromisos. Los recortes en Educación, sobre todo de 0 a 3 años, pero también las reformas educativas que segregan por sexo y que subvencionan a la Iglesia católica que defiende roles absolutamente estereotipados y sexistas, los recortes en Sanidad, en Servicios Sociales, la falta de trabajo de calidad y remunerado, hacen que las mujeres tengan miedo y sientan también la violencia económica y se sientan condenadas, en una espiral a la inversa, a convivir con sus maltratadores.
Hacen falta políticas decididas y firmes que estén dotadas presupuestariamente y eso no lo está haciendo este Gobierno; por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del BNG porque, como he dicho al principio, es oportuna, es necesaria, es conveniente y en estos momentos además es urgente.
La señora PRESIDENTA: Ha quedado debatida la proposición no de ley relativa a la necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género.
Antes de pasar al punto siguiente del orden del día quiero decirles a todos ustedes, señorías, que no votaremos antes de las siete y media de la tarde. Lo digo para aquellos parlamentarios que tengan que acudir a otra Comisión.
- PARA QUE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES CON DOS HIJOS A CARGO Y LAS FAMILIAS CON UN CÓNYUGE DISCAPACITADO Y DOS HIJOS A CARGO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001973).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley presentada por el grupo de Unión Progreso y Democracia para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo y las familias con un cónyuge y dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa. Ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el portavoz de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: En las sociedades modernas, uno de los mayores cambios familiares que se ha producido lo constituye el aumento de familias monoparentales, en su mayoría tuteladas por una mujer, pero también por hombres.
Este entorno familiar está experimentando un aumento motivado por múltiples causas según los estudios sociológicos: el crecimiento de las rupturas conyugales, la libre decisión de personas, mujeres esencialmente, que quieren tener hijos sin una pareja, etcétera. Las estadísticas de la Unión Europea relativas a ingresos y condiciones de vida muestran que los menores que crecen en familias monoparentales no pueden generalmente acceder a los mismos recursos ni grado de bienestar que los niños de familias biparentales, incrementándose así el riesgo de pobreza. Además, las familias monoparentales encuentran mayores dificultades en formar y mantener hogares autónomos, teniendo la madre o padre mayores dificultades para encontrar un empleo y para conciliar vida laboral y familiar cuando lo tienen. La falta de tiempo del progenitor para conciliar influye muy negativamente en la crianza y educación de los menores.
Por otro lado, el nuevo desplome de la natalidad en nuestro país hace que estos temas adquieran una dimensión importante, de política de primer orden, al estar relacionados con variables económicas y sociológicas esenciales. En los países avanzados resulta obvia la necesidad de desarrollar políticas de apoyo activo a este modelo de familia, y así se ha planteado además desde hace ya bastantes años en nuestro país. Como tímido primer paso, vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo ha sido el recorrido hasta ahora desde que se propuso incluir a la familia monoparental con dos hijos en la consideración de familia numerosa.
Si nos remitimos al recorrido legislativo de la propuesta, la disposición adicional septuagésima, sobre protección a las familias numerosas, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, establecía que el Gobierno llevará a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa. Un año después, dado que no se había dado cumplimiento a la ley, se aprobó dentro de la otra ley, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, la disposición sexagésima cuarta, que instaba su cumplimiento. Sexagésima cuarta: Consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo. El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa.
Pasados dos años desde este primer mandato y un año desde que el segundo fijaba el plazo de un mes al Gobierno para reformar la ley, hubo de aprobarse nuevamente otra disposición en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010, que volvía otra vez a instar al Gobierno,
incluyendo en el texto a las familias con un cónyuge discapacitado y con dos hijos a cargo. Sexagésima octava: Consideración de familia numerosa a las familias monoparentales con dos hijos a cargo. El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, dará cumplimiento a la disposición adicional septuagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 y a la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, llevando a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa.
En la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se incluyó la disposición final decimotercera, que modificaba el artículo 3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, pero no reformaba el artículo 2 para incluir a las familias monoparentales con dos hijos a cargo ni a las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo.
No resulta, señorías, de recibo que haya un incumplimiento legislativo de casi seis años a la hora de poner en vigor una medida de apoyo tan básica como esta, y ello a pesar del cada vez mayor reconocimiento por parte de la sociedad de los distintos tipos de familia, del acuerdo social común de que los menores, especialmente quienes puedan verse en situaciones más desfavorecidas, deben contar con mayores medidas de apoyo en su infancia, del apoyo inconstitucional a la hora de corregir los desequilibrios y desigualdades sociales. Por ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses dé cumplimiento a la Ley 51/2007, la 2/2008 y la Ley 26/2009, modificando para ello la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con objeto de que las familias monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la consideración de familia numerosa.
Hemos recibido un texto del Partido Popular para intentar enmendar lo que nosotros hemos propuesto aquí, pero no nos parecería honesto aceptar el texto que nos presenta hoy el Partido Popular. Para explicarlo brevemente, el Partido Popular dice que va a seguir estudiándolo. Nos parece que ha tenido mucho tiempo para estudiarlo, mucho tiempo para llevar a cabo lo que dicen leyes que están hechas desde hace mucho tiempo y creemos que estaríamos faltando al respeto a esta mismísima Cámara si tuviéramos en cuenta una enmienda tan descafeinada como la que nos ha presentado el Partido Popular. Ojalá cambien de opinión durante la sesión de hoy y presenten algún tipo de acuerdo un poquito más concreto.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Heredia.
La señora HEREDIA MARTÍN: En el Grupo Parlamentario Popular estamos a favor de apoyar siempre a las familias monoparentales, ya que está claro que al existir un único progenitor responsable de la protección de los menores aumenta el esfuerzo de la unidad familiar para acceder al empleo, a la vivienda, a la salud y también, por supuesto, a la educación. Pero en mi grupo entendemos que cualquier tipo de beneficio que podamos articular para favorecer a estas familias debe estar fuera del concepto de familia numerosa, por eso hemos presentado esta enmienda en este sentido al grupo proponente. El concepto de familia numerosa tiene que ver con el número de hijos, no con las circunstancias especiales de las familias. Y es que, señorías, según la propia Federación Española de Familias Numerosas resulta incoherente llamar numerosas a estas familias cuando no se caracterizan por tener un número elevado de hijos, sino una situación especial en lo que respecta a la paternidad o a la maternidad. La principal reivindicación que persigue esta Federación es luchar directamente para lograr mayores derechos para sus hijos, como son bonificaciones fiscales en el caso de la compra de vehículos de gran tamaño, construcciones de viviendas VPO de más de 90 metros cuadrados, eliminar las penalizaciones por el consumo de cualquier tipo de suministro, ya sea luz, agua, gas, etcétera. Como digo, reivindicaciones fundamentadas en el elevado número de miembros que presenta la familia. Por lo tanto, una familia monoparental con dos hijos tiene poco que ver con estos problemas. Otro aspecto diferenciador es que la familia monoparental puede ser una situación a menudo transitoria y difícilmente demostrable ya que muchas parejas que conviven no figuran en ningún registro, eso sobre todo lo vemos en los ayuntamientos, lo cual hace muy difícil el control de estas familias por parte de la Administración para saber si realmente son monoparentales.
También cabe destacar que el Gobierno del Partido Popular, en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2012, ha creado una comisión técnica interministerial para trabajar, como ya se ha dicho aquí, en un plan de apoyo a las familias numerosas, para apoyar y buscar medidas de apoyo a las familias monoparentales y también, por supuesto, a aquellas familias con una persona discapacitada o dependiente a su cargo. Dentro de este plan se han abordado cuestiones fundamentales. Ya se está trabajando en medidas importantes para las familias, en este caso numerosas. Una medida que se va a poner en marcha es mantener la categoría de familia numerosa hasta que el menor de los hijos llegue a la edad de 21 años o, si está estudiando, hasta los 26. Esa es una de las medidas en las que se está trabajando y que se van a impulsar dentro de ese plan, como ya digo, importante con respecto al apoyo a las familias; sin duda, un gran avance para las familias numerosas y para argumentar aún mejor el sentido de nuestra posición. La condición de familia numerosa se obtiene por un valor fijo en el tiempo, desde el momento en que cumple los distintos requisitos: si tienes tres hermanos o más, o si tienes dos hermanos y uno de ellos es discapacitado. Y la condición de familia monoparental se declara por un valor variable en el tiempo, en cualquier momento puede cambiar esa situación. Por tanto, lo más lógico y coherente para evitar trámites burocráticos innecesarios es diferenciar cada situación y buscar una solución, porque evidentemente tenemos que buscar una solución, diferente para cada una de las dos situaciones. Lo que pretendemos con nuestra posición es no desvirtuar el sentido del término de familia numerosa.
Por tanto, solicitamos al grupo proponente que acepte nuestra enmienda que, como bien se ha recogido, lo que trata es de analizar en el seno de la Comisión Técnica Interministerial de la Familia las medidas que deban impulsarse en materia de protección y apoyo a la familia, incluyéndose, lógicamente, las que deban afectar a las familias numerosas, monoparentales y a las familias que cuenten con personas con discapacidad, teniendo siempre en cuenta la evolución de la situación económica y presupuestaria de nuestro país. Nuestro grupo está abierto al diálogo y esperamos llegar a un acuerdo a lo largo de la tarde, porque para todos es importante, para todos está claro que tenemos el deber de intentar proteger a las familias monoparentales, pero siempre garantizando el derecho general de todos.
La señora PRESIDENTA: Turno de posiciones. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila. (Denegación). No va a intervenir.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora García, su portavoz.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: La verdad es que yo a veces me quedo, voy a decir sorprendida por no decir otra cosa. Se dice: Estamos dispuestos a apoyar a las familias monoparentales y tenemos que buscar soluciones para las mismas. Pero eso suena, señorías, a pura palabrería, lamentablemente. Porque buscar soluciones es buscarlas, encontrarlas y ponerlas en marcha; lo otro es pura palabrería. Por lo tanto, por favor, bajen un poco a la tierra, si es que pueden, vean las situaciones de numerosas familias monoparentales y tomen las medidas absolutamente necesarias, y lo que se nos propone hoy es solamente cumplir una serie de normativas que el Grupo de La Izquierda Plural lamenta que no se pusieran en marcha en su momento, cuando se aprobaron en este Congreso, porque a lo mejor lo que tendríamos que ver hoy sería, como en otras cuestiones, cómo el grupo que gobierna retiraba precisamente aquello que se había aprobado, tal y como se ha expresado la portavoz del Partido Popular. Ustedes quieren proteger, pero menos.
Mire usted, la situación económica de las familias monoparentales no es algo nuevo, ni la situación social tampoco, y darle solución era una necesidad importante que, como he dicho antes, desgraciadamente no se ha cumplido a pesar de las numerosas normas que se aprobaron en su momento. A nosotros, como decía el portavoz de Unión Progreso y Democracia, también nos parece lamentable -no sé ya cómo expresarlo, de verdad, porque diría cualquier barbaridad- que hayamos esperado seis años a la hora de poner en marcha una norma de estas características. Y asimismo me parece lamentable que las familias con dos hijos y un cónyuge discapacitado tampoco hayan sido declaradas o consideradas como familia numerosa.
Y entonces, ¿dónde buscan la excusa? En el concepto de familia numerosa. Mire usted, una, que ya tiene una edad, ha vivido conceptos de familia numerosa variados, muy variados. Yo vengo de una familia de siete hermanos y éramos familia numerosa, no numerosísima pero sí numerosa; después yo he tenido cuatro hijos y he sido familia numerosa, y ahora tengo un hijo que tiene tres hijos y también es familia numerosa, con lo cual hemos sido una variación estupenda a lo largo del tiempo. No me hablen ustedes de conceptos, porque los conceptos se varían en función de la voluntad política que haya para variarlos, y si nos fijamos solo en aquello que dice determinado grupo sobre lo que se consideran familias numerosas,
numerosísimas, o no sé qué, pues no variaremos nunca los conceptos cuando estamos aquí, en la política, para variarlos. Los variamos nosotros en función de las necesidades sociales que existen fuera, no en función de los conceptos de no se sabe quién, que serán muy interesantes, sin duda muy importantes, pero nosotros tenemos que cumplir con la sociedad, con las necesidades de la sociedad, y esta que se nos presenta hoy es una necesidad inminente. Si no se cumple, ustedes llevarán en su conciencia no haberlo cumplido, porque desde luego los que vamos a aprobar esto hoy no lo vamos a llevar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: La verdad es que a mí me ha planteado muchísimas dudas la proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Entiendo que las familias, en todas sus formas, deben ser protegidas, cada una desde su especificidad; equiparar lo que no es igual, no me parece una buena solución para encontrar y atender las necesidades que presenta cada una en su especificidad. Entonces, no veo en qué puede ayudar a una familia monoparental, que por definición y según nos concreta el grupo de UPyD serían familias monoparentales con dos hijos o bien un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, una ayuda para adquirir una vivienda de grandes dimensiones. Entiendo que esta no es su necesidad, que la necesidad de esta familia no es la misma que la de una familia numerosa y que a lo mejor sí necesita políticas de apoyo, por ejemplo, en lo que son medidas de conciliación y por lo tanto asistencia para poder compaginar, para poder conciliar la vida laboral y familiar, porque es cierto que una familia monoparental tiene más dificultades en este aspecto. Tampoco creo que los niños que crecen en familias monoparentales, numerosas o familias con dos progenitores y dos menores tengan que tener diferentes grados de confort. Pienso que en una familia monoparental está perfectamente capacitado el padre, o la madre en su caso, para otorgar el grado de bienestar óptimo que cualquier menor necesita. Por tanto, no me atrevería a decir que las familias monoparentales pueden proporcionar menor grado de bienestar a sus hijos. Por lo tanto, desde el punto de vista de que estas familias necesitan un trato específico, necesitan una serie de recursos, vamos a intentarlo con los que ya tenemos programados y previstos, como por ejemplo podría ser el Fondo de Garantía de Alimentos, que se devenga una vez que ha habido una ruptura matrimonial y uno de los cónyuges no cumple con la obligación de alimentos para con sus hijos y el otro, el preceptor, se encuentra que no lo percibe y lo necesita. Vamos a asegurarnos de que esta medida se pueda cumplir y garantice el cumplimiento en este caso de una sentencia de divorcio porque ha sido una familia monoparental sobrevenida.
Por tanto, nuestra abstención en esta medida entendiendo que la homologación de todo en cierta forma alegre y sin tener en cuenta lo que es la especificidad de cada caso no nos aporta, entendemos nosotros, más racionalización y mejor apoyo a las familias, que en definitiva pienso que todas ellas necesitan ser apoyadas dentro de su especificidad. Por tanto, repito, nuestro voto va a ser de abstención.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Lucio, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar posición.
La señora LUCIO CARRASCO: Sería incoherente que el Grupo Socialista votásemos en contra o nos abstuviésemos ante esta propuesta que hace UPyD, porque fue precisamente un Gobierno socialista el que asumió la necesidad de que las familias monoparentales tuvieran una consideración especial con respecto a otras familias, no estando muy de acuerdo en el diagnóstico que el señor Cantó ha expresado en el día de hoy. Pero bueno, sí tener una consideración especial para este tipo de familias. Debemos ser honestos y reconocer que, a pesar de esa propuesta que hicimos para la equiparación entre familias monoparentales con dos hijos a cargo y familias numerosas, eso no se llevó a término. Reconocemos, digo, que no lo llevamos a cabo, como tampoco el Gobierno popular llevó a cabo esa disposición adicional que incorporó el año pasado para los presupuestos de este año.
El Grupo Socialista cree que las familias monoparentales tienen suficiente entidad como para que la consideración que se les otorgue sea una consideración específica, pero sí, la casuística es diferente y las necesidades puede que no sean las mismas que las de una familia numerosa porque reconocemos claramente que son una más de las múltiples realidades familiares que hoy, afortunadamente y gracias en gran parte a los avances legislativos que hicieron los Gobiernos socialistas, conviven en nuestra sociedad. Por eso el Grupo Socialista ha optado por registrar en los próximos días una iniciativa en la que ya llevamos trabajando muchísimos años y que va en esta línea para dar una respuesta definitiva a las
familias que tienen hoy más que nunca gravísimas dificultades en muchos casos, que no en todos los casos, que este también sería un tema del que habría que hablar, porque no todas las familias numerosas necesitan una atención especial, porque no todas las familias numerosas tienen problemas económicos. Como decía la señora Ciuró, hay que estudiar cada caso.
Ahora mismo las familias monoparentales se están enfrentando a los graves problemas a los que se están enfrentado todas las familias, pero agravados por las dificultades de sacar adelante a sus hijos por los problemas de conciliación, por los problemas que está acarreando una reforma laboral que está dificultando esa conciliación en gran parte y porque cada vez hay una más escasa red de servicios públicos a disposición de cualquier familia y de las familias monoparentales de la misma manera. Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa pero nosotros presentaremos nuestra propia iniciativa porque consideramos que hay que dar una solución definitiva a las familias monoparentales.
- SOBRE MEDIDAS PARA APOYAR LA EQUIPARACIÓN DE LAS VIOLACIONES Y AGRESIONES SEXUALES CONTRA MUJERES Y NIÑOS EN ZONAS BÉLICAS A LOS CRÍMENES DE GUERRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001890).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición que figura en el orden del día como punto 8.º, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para apoyar la equiparación de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niños en zonas bélicas a los crímenes de guerra. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Es la primera vez que intervengo en esta comisión de Igualdad y para mí es una satisfacción especial.
Me parece que en esta Comisión -y hemos hecho muy bien en meterla aquí y no en la Comisión de Defensa- no se ha tratado mucho la cuestión de la violencia de género como arma en los conflictos bélicos; es decir, no es que se dé en los conflictos bélicos, que se da, sino utilizada verdaderamente como un arma. Esto es algo nuevo. Que la violencia contra la mujer se da en múltiples ocasiones lo sabemos, que se da en los conflictos bélicos también, pero que se utilice especialmente como un arma más es algo cuyo reconocimiento es nuevo.
No les voy a contar los antecedentes, creo que están bien relatados en la proposición no de ley, pero sí les daré, por ejemplo, las cifras declaradas no como violaciones, sino como violaciones producidas con estos fines. Las Naciones Unidas, que desde hace trece años siguen estas cuestiones, dan nada menos que 60.000 mujeres violadas en la guerra de Sierra Leona, que es cuando empieza a medirse, en 1991; 40.00 en Liberia; 60.000 en la antigua Yugoslavia, y al menos 200.000 en la República Democrática del Congo. Las cifras de mujeres supervivientes de hombres que han sido obligados a ser testigos de las violaciones de sus mujeres y de sus hijos se añadirían a todo ello. Es decir, son cifras realmente escalofriantes, incluso con la costumbre que tenemos y que tienen ustedes en esta Comisión de tratar estas cuestiones.
Hay dos hitos en la persecución y en la tipificación de estos delitos. El primero -hacemos referencia siempre- es la Resolución 1325, de 31 de octubre de 2000, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; es realmente la descripción en todos sus puntos sobre la responsabilidad que tenemos los Estados y la invitación a actuar. Es el momento quizá más importante. Pero hay otro de los que yo califico de hito en la persecución de estos delitos, que es cuando la comunidad internacional hace un reconocimiento de la violación entendida en el sentido más amplio como arma de guerra, y es un legado que queda positivamente del conflicto serbio-bosnio, porque el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, y después el de Ruanda, han -podríamos decir- cambiado el curso de la historia al declarar la violación y la violencia sexual como tácticas de genocidio y como crímenes individuales contra la humanidad. Estas mismas declaraciones las asume el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A partir de estas dos cuestiones, con las Naciones Unidas y con estos tribunales internacionales, es cuando se puede actuar y los países están obligados, y España así lo hace, a introducir estas cuestiones como crímenes contra la humanidad en sus propias legislaciones, en España así está. Ahora bien, tenemos que añadir que es muy difícil seguir esto puesto que la participación de las mujeres es muy escasa en la resolución de estos conflictos, en las negociaciones de paz o como mediadoras; es decir, además de incorporar esta legislación, además de perseguir estos delitos, además de declararlos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, se trataría también de que favoreciéramos e instemos una mayor participación de las mujeres
en los procesos de paz, como mediadoras, como negociadoras, como testigos o signatarias. Por ejemplo, la ONU nos dice que en los treinta y un procesos de paz, muchísimos procesos de paz -que quiere decir una guerra previa-, los que tuvieron lugar entre 1992 y 2011, es decir, cuando de todo esto ya se está hablando, entre los signatarios solamente hay un 4 % de mujeres, entre los mediadores un 2,4 % de mujeres, entre los testigos un 3,7 % de mujeres y entre los negociadores en el sentido amplio un 9 % de mujeres; es decir, la mujer no está ni como testigo, ni como negociador, ni como observador en todos estos procedimientos. Por lo tanto, se trata de hacer que la participación de la mujer sea mucho mayor.
Yo creo que no es necesario, señorías, que digamos el horror que todo esto supone; son heridas que tardan muchísimo tiempo en curarse, hay a pesar de lo que he citado impunidad total, falta de reparaciones, estigmatización de las víctimas y además, insisto, también hombres forzados a violar a hijas, hermanas o compañeros; es decir, una cosa terrible que deja a los países marcados para siempre. Nosotros, una vez más, hemos visto y con satisfacción que España está trabajando bien en esto. Les he traído, y lo dejo para la Presidencia porque es importante, un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos, un documento de la máxima importancia: El papel de la mujer y el género en los conflictos, con los mejores expertos nacionales e internacionales. Es un documento del año pasado que hemos hecho llegar, traducido al inglés, a Naciones Unidas, donde ha sido apreciado y debatido. Tiene la máxima importancia y lo dejo en la Comisión por si alguien lo quiere utilizar.
Por otro lado, en España también está el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas, que se está ocupando de esta cuestión y organizando seminarios sin cesar. Ahora bien, se trataría de ir más allá, es lo que pedimos aquí.
Les voy a citar dos cosas muy recientes. El G-8 hace sencillamente seis meses, por expresa importancia que le ha dado a esta cuestión el ministro de Asuntos Exteriores del Foreign Office, el señor Hague, ha hecho unas acciones especiales y se trataría de que nosotros nos sumáramos a esas acciones del G-8. Y, por otro lado, yo he tenido la oportunidad, con algún compañero nuestro, de estar en Jordania en los campos de refugiados sirios, y los testimonios, por ejemplo, del campo de refugiados del norte, de Za'atari, son de escalofrío, allí hay 600.000 personas, de las cuales más de las tres cuartas partes son mujeres y niños, y los testimonios de violaciones están sucediendo ahora, delante de nosotros. Por tanto, me parece que es muy necesario insistir en esta cuestión y me parece positiva la enmienda de adición del Partido Socialista. Nosotros instábamos a tomar una serie de acciones pero aquí piden que se remita un informe y que se continúen las actividades encaminadas a -esto quizá es redundante porque coincide con lo que nosotros estamos diciendo- fomentar la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y sobre todo elaborar un informe. Repito que en España se han elaborado informes yo creo que de un nivel internacional muy alto, pero está bien solicitar del Gobierno que se sigan elaborando. Espero tener el voto favorable de los miembros de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, efectivamente ha traído usted a esta Comisión una iniciativa que aquellas parlamentarias que en estos momentos también trabajamos en Naciones Unidas ya conocemos, que la vulneración de los derechos humanos es un arma de guerra, y no solamente en los países que usted ha citado, también en la República Centroafricana en estos momentos están sufriendo esa violación, esos raptos de mujeres y niñas para ser violadas en la selva y para ser mujeres soldado.
Yo quiero darle las gracias y también, como no podía ser de otra manera. Vamos a seguir con el trabajo de la Comisión. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda y tiene la palabra su portavoz, el señor Tudanca. Bienvenido, señor Tudanca, a esta Comisión.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Con la compañera portavoz del Grupo Popular hemos tenido muchos debates en la Comisión de Defensa pero es el primero que intercambiamos en la Comisión de Igualdad, hablando de un tema muy sensible, de algo verdaderamente horrible como es la violación de los derechos humanos de las mujeres, de los niños y las niñas en los conflictos armados y de su utilización como arma de guerra. Pero no solo en las guerras sino también en las posguerras y en la solución de los conflictos todos sufren pero las mujeres y las niñas sufren además un ataque por cuestión de género, abusos sexuales, maltrato psicológico, físico, además de un importantísimo retroceso en el papel social, político, económico, que pudieran tener estas mujeres, que pudieran haber conseguido antes del conflicto.
Ha citado la portavoz del Grupo Popular algunos conflictos, hay muchos casos muy contundentes en los últimos años en los que la sociedad civil en general, pero las mujeres en especial han sido objetivo expreso de los conflictos armados, como en Sierra Leona, torturas en Guatemala, en Iraq, en Afganistán,
desplazamientos forzados de población y de mujeres en Sudán, Angola o Liberia, la utilización de minas antipersona y de ataques contra las mujeres en Angola o en Camboya, en Sri-Lanka, en Colombia, en Uganda, violencia y esclavitud sexual contra mujeres y niñas en Paraguay, en el Congo, en Darfur, en Libia... Son muchos los escenarios escalofriantes que hemos tenido que sufrir a lo largo y ancho del mundo donde las mujeres son especialmente perjudicadas.
En lo único que discrepo es en que este Parlamento sí se ha preocupado y ocupado de ello en otras ocasiones, por lo que la proposición del Grupo Parlamentario Popular es muy importante pero no novedosa. En todo caso nos parece un tema muy serio, y con todo el cariño recordaré el calificativo que hace dos años y medio dedicó la portavoz del Grupo Popular ante una iniciativa muy similar a esta que presentó entonces el Grupo Socialista en la Comisión de Defensa. En aquella ocasión aquella otra proposición que hablaba de un tema tan importante como este fue calificada como otro conejito de la chistera, literalmente. Entonces mi compañera de grupo, la diputada por Cartagena, Sara García, denunciaba con acierto, que los datos conocidos sobre violencia sexual eran de una magnitud absolutamente brutal y que como la punta de un iceberg escondían realidades más estremecedoras aún.
Esta iniciativa parte de un encuentro del G-8 de abril de este año, pero para que no parezca que se ha tomado conciencia ahora de este problema ni fuera ni dentro de este país. Hay que recordar que esto parte de una resolución de las Naciones Unidas, la famosa Resolución 1325 del año 2000, que se fue ampliando con la 1820 en 2008, la 1888 en el año 2009, la 1960 en el año 2010, todas ellas sobre mujer, paz y seguridad, incluso este mismo año, con la 2086 de 2013 que parcialmente se ocupa también de este asunto. Todas estas propuestas han supuesto resoluciones, han supuesto un hito porque reconocieron de forma específica este sufrimiento adicional que padecen las mujeres y las niñas en los conflictos armados al ser víctimas de violencia por motivos de género. Además, no solo nos estamos refiriendo a la persecución de violaciones de derechos humanos, se señala el trascendental papel que tienen y que deben desempeñar las mujeres en la prevención y en la resolución de estos conflictos. A raíz de todas estas resoluciones y de las acciones emprendidas en nuestro país en el año 2007 España, casi de forma también pionera, aprobó el Plan de acción del Gobierno para la aplicación precisamente de esta Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. No se busca solo la investigación y persecución de la violación, del abuso, de la agresión sexual, en los territorios que viven una situación de conflicto armado, como pide la proposición que hoy debatimos del Grupo Popular, sino que va mucho más allá, busca su protección en zonas de conflicto pero también en zonas de postconflicto, incluyendo campos de refugiados o desplazados; promueve la participación de mujeres en las misiones de paz y en los órganos de toma de decisión; e incorpora el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en la planificación de actividades de desarme, de desmovilización, de reintegración. Ha habido dos informes de evaluación de este plan, el último en el año 2010; ha habido también un plan de acción específico sobre mujeres y construcción de la paz en la cooperación española, que tiene mucha trascendencia en lo que se refiere a la gestión del postconflicto y a la prevención de los conflictos en países con severas dificultades, por tanto ha habido importantes avances.
Una reflexión que también debemos hacer en la línea de estas recomendaciones es la participación de mujeres en las Fuerzas Armadas españolas que participan en misiones en el exterior. El Grupo Parlamentario Socialista tiene cierta preocupación por el descenso que se ha producido y que hemos conocido a raíz de una iniciativa parlamentaria de mi compañera la diputada Ángeles Álvarez, en la que se señala que en los últimos años ha descendido un punto y medio la participación de mujeres en las misiones en el exterior. Este porcentaje es prácticamente la mitad sobre el global de mujeres que son miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país y, por tanto, es un ámbito en el que debemos trabajar. Quiero recordar que en el año 2011 se concedió el Premio Nobel de la Paz a tres mujeres, dos mujeres liberianas y una mujer yemení precisamente por la lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos de las mujeres a la plena participación en la obra de construcción de la paz. No solo se trata de prevenir la violencia de las mujeres, desde luego es absolutamente importante, perseguir y acabar con la impunidad en este tipo de violaciones de derechos, durante o después de los conflictos, sino también potenciar el papel de las mujeres en los procesos políticos en la construcción y mantenimiento de la paz, en la educación, en las Fuerzas Armadas en los programas de cooperación internacional.
Se celebra una reunión del Consejo Europeo sobre la política común de seguridad y defensa los días 19 y 20 de diciembre, y es una oportunidad para que de una manera clara la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea se comprometa también con la estrategia de mujer, paz y seguridad; no estaría mal que nuestro país llevara esta posición y pidiera compromisos políticos claros y más recursos.
Por eso nuestra enmienda, queríamos ir más allá, es para completar la acertada proposición del Grupo Popular y para pedir que nos sentemos, que evaluemos y que evalúe este departamento las iniciativas y los planes de acción emprendidos por nuestro país para la protección de las mujeres en zona de conflicto y en todas las cuestiones que hemos estado comentando en el debate, y para mostrar un compromiso claro con acciones concretas en todas las materias, en asuntos exteriores, en defensa, en igualdad, en este grupo interministerial para que nuestro país siga estando en la vanguardia en la protección y en la conciencia de la protección de las mujeres en zonas de conflicto y postconflicto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posiciones, por favor, quisiera saber, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Simplemente para manifestar nuestro apoyo.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Vasco no se encuentra en la sala. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Al igual que hicimos con la iniciativa anterior, por muy tarde que venga y por mucho que antes se hayan hecho cosas o se hayan promulgado cosas más vale que al final llegue. Por lo tanto vamos a votar favorablemente esta iniciativa, si bien he de decir y de manifestar que el alarmante problema que se señala, y yo he subrayado aquí, no es un alarmante problema de hace dos días, es un alarmante problema histórico. De siempre las mujeres hemos sido consideradas como botín de guerra y conforme ustedes estaban hablando yo me acordaba de una película protagonizada por Sofía Loren, creo que se llamaba La Ciociara, donde se visualizaba eso que estamos diciendo ahora.
No es porque el G-8 lo haya manifestado ahora, no debe ser porque el G-8 ahora se haya reunido y se encuentre con que la situación es alarmante, la situación alarmante viene de hace mucho tiempo y tomar medidas es absolutamente necesario. Digo esto porque desgraciadamente muchos de los países que están, por no decir casi todos, en el G-8, a la hora de conflictos bélicos actúan exactamente igual, actúan exactamente igual. Entonces hay que mirar no solamente lo que ocurre fuera sino lo que ocurre en nuestras filas. Decía el portavoz socialista que había disminuido el número de mujeres que quieren acceder o quieren forzar parte de nuestras Fuerzas Armadas y lo que hay que preguntarse es, ¿por qué? Porque la actitud desde dentro de nuestras propias filas de cara hacia las mujeres es una actitud discriminatoria, y eso hay que trabajarlo para evitar que cuando hay conflicto bélico donde también participemos nosotros no nos tengamos que avergonzar de que ocurran cosas como la que hoy estamos denunciando y que, insisto, hay que luchar y hacer todo lo posible para erradicarlo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDO: Simplemente para manifestar el voto a favor de mi grupo parlamentario a la propuesta.
La señora PRESIDENTA: Termina el debate de esta proposición no de ley.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LEGALES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002072).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la cuarta proposición no de ley que es la sexta del orden del día. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas.
Tiene la palabra su portavoz, la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: El Grupo Socialista viene proponiendo a través de diferentes iniciativas medidas concretas, específicas, tasadas y ajustadas al mandato de la ley. Tras su aprobación, la de la ley, se iniciaron múltiples acciones en el ámbito de la justicia, de la seguridad, de la educación, de la concienciación social, de la reparación del daño a las víctimas, de la identificación de situaciones de
riesgo, e incluso de análisis de aquellas rutinas en la Administración de Justicia que actuaban contra la defensa de los legítimos derechos de las víctimas. En el marco de esa mejora permanente se haya la revisión del protocolo sanitario aprobado para dar cumplimiento al mandato de la ley que instaba a las administraciones sanitarias a promover la aplicación y permanente actualización del protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Deben saber que la función esencial de estos protocolos es impulsar las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. Lo que les proponemos en nuestra proposición no de ley es optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia.
Señorías, permítanme recordarles un dato, la mayoría de las mujeres asesinadas nunca demandaron ayuda al sistema, el 80 % nunca se acercó al sistema de protección articulado por la ley. ¿A qué conclusión debe de llevarnos esto? A que la principal tarea en estos momentos, más allá de sostener y reforzar lo conseguido, es llegar a las que estando en peligro no se acercan al sistema. Ya sabemos que uno de los principales problemas a la hora de establecer la identificación de las víctimas estriba en las dificultades que las mujeres tienen en identificarse como tales y conceptualizar adecuadamente que muchos de los síntomas de su malestar son consecuencia directa de un abuso sistemático asumido, normalizado pero dañino para su salud y peligroso para su seguridad. Esa sistemática de abusos, señorías, genera una sintomatología específica perfectamente conocida por los especialistas y ya conceptualizada como síndrome específico y que supone un comportamiento peligrosamente adaptativo frente a los reiterados episodios de violencia. El pensamiento por parte de la mujer de que sus circunstancias no se van a modificar o el temor a una agresión aún mayor hacia ella o hacia sus seres queridos, la lleva generalmente al silencio. Esa adaptación silenciosa se manifiesta con síntomas corporales o trastornos psicológicos perfectamente identificables en consulta, ya catalogados por los profesionales y que, sin embargo, no están hallando acomodo en la historia clínica. Se precisa de indicadores específicos que más allá de las pautas que los protocolos vienen proporcionando permitan hacer dos cosas: una la transmisión de información entre profesionales y, dos, la identificación confidencial de indicios que exigirían el registro de las situaciones de abuso o maltrato crónico. Se conoce suficientemente que la indefensión aprendida supone una deficiencia cognoscitiva emocional y conductual que se observa en la mujer maltratada que la retiene en la relación abusiva. La intervención para acabar con esos comportamientos adaptativos de las víctimas compete al ámbito de la intervención sanitaria.
La cuestión es la siguiente: las instituciones están siendo capaces de proteger mejor a aquellas que demandan protección y reparación al Estado; el principal problema, señorías, no son las mujeres que inician los procesos para salir de la violencia, el principal problema se halla en aquellas que aún no han tomado conciencia del peligro, las que siéndolo rechazan identificarse como víctimas, las que se hallan paralizadas por el miedo o las que se hallan paralizadas por tener atenazada su voluntad. Pues bien, aquí tenemos el nudo gordiano de los problemas de aquellas a las que el sistema es incapaz de llegar. Aquí está identificada la principal de las tareas que debemos acometer, un espacio clave para intervenir es el ámbito sanitario, se lo dijimos en la Comisión de Sanidad hace apenas unas semanas. Para hacer efectivo el protocolo es preciso introducir un indicador obligatorio de identificación de violencia, para hacer efectivo el protocolo es necesario unificar la historia clínica de primaria con especialidades para mantener la continuidad de los cuidados; para hacer efectivo el protocolo es preciso aplicar criterios de seguimiento similares a los de atención por riesgo suicida que obliga a contactar con los pacientes para realizar seguimientos. Todo esto supone, como ya les he dicho, compatibilizar los soportes informáticos de seguimiento en los servicios de urgencia, atención primaria y salud mental. Estos son elementos clave para la coordinación y para estimar el grado de prevalencia del maltrato contra la mujer, es también la manera de introducir elementos de seguimiento estadístico.
Sepan sus señorías que el sistema no es capaz en estos momentos con los indicadores que se están manejando ni tan siquiera de cuantificar el número de lesiones incapacitantes como consecuencia de la violencia de género. Somos conscientes de la complejidad de armar todo este sistema, por eso les proponemos realizar un análisis sobre las necesidades técnicas operativas y legales necesarias para la implantación de instrumentos que permitan sistematizar en consulta la información de seguimiento e identificación de lesiones físicas o psicológicas asociadas a la violencia de género. Dada la complejidad y por supuesto la amplitud de las circunstancias que cabe considerar para incluir en las historias clínicas todos estos indicadores, es necesario, como les decimos, un estudio previo y eso es lo que les estamos pidiendo que se apruebe hoy. La Comisión del Consejo Interterritorial contra la Violencia de Género y sus
grupos de trabajo son sin duda quienes se hallan en mejor posición para profundizar y realizar ese análisis, por su conocimiento de la realidad sanitaria y sobre todo por su especialización en esta materia. Encomendémosle por tanto esa tarea, porque no tengan duda de que este paso será decisivo para acercarnos a todas aquellas que no están llegando al sistema de justicia pero que están en riesgo. Quiero decirles, señorías, que más allá de las declaraciones de solidaridad o condolencias esto es algo concreto, tangible y que este es el camino para profundizar en el desarrollo de los mandatos de la Ley Integral.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán, la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: En el marco de las actuaciones de la Comisión Nacional contra la Violencia de Género, vinculada al Consejo Interterritorial de Salud, en la cual participan todas las comunidades autónomas, hay un grupo de trabajo sobre sistemas de información y vigilancia epidemiológica que ya definió una serie de indicadores para hacer el seguimiento de la atención a la violencia de género en términos agregados por territorios y por ámbitos asistenciales.
Si lo que se propone en esta proposición no de ley es analizar los aspectos técnicos operativos y legales para incorporar indicadores en las historias clínicas y su explotación, simplemente he de hacer dos consideraciones en el sentido en que va nuestra enmienda: la prime+ra es que la información sobre violencia de género tiene aspectos legales y de protección en su acceso, que puede ser de interés valorar a fin de establecer recomendaciones que las comunidades autónomas tengan como referencia en el desarrollo de los elementos sobre violencia de género en los modelos de historia clínica. La segunda consideración es que el sistema informático de las historias clínicas es una competencia de cada Administración responsable y de los propios proveedores de servicios, por tanto, el sentido de nuestra enmienda es que este seguimiento que se propone se entienda como una recomendación a trasladar a los responsables de la definición de las herramientas de información clínica en el marco y en el contexto de las competencias de cada comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender la enmienda el Grupo Parlamentario Popular, el señor Márquez.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: En primer lugar quisiera anunciar que el Grupo Popular va a retirar la enmienda que había presentado. En cualquier caso, procede explicar en este momento las razones, no tanto de la defensa de la enmienda como las razones de la retirada, y por tanto el apoyo al texto original, al texto que se presenta por parte del Grupo Socialista, señora presidenta, y si es así voy a proceder.
Como les decía, retiramos la enmienda presentada y la retiramos porque aun entendiendo que el texto que proponía el Grupo Popular era un texto más preciso, más riguroso, incluso técnicamente más acertado y que reflejaba mejor la situación actual y las necesidades en el momento actual, en este campo, en una materia como la que estamos hablando, es preferible el abordaje de estos temas desde el acuerdo mayoritario. Por eso con este espíritu por delante nos sumamos a la iniciativa que presenta el Grupo Socialista. El Grupo Popular, por tanto, va a dar el voto favorable con carácter eminentemente técnico, pero que sin duda contribuirá en función de los resultados futuros a dar pasos adelante en la detección y en el seguimiento de los casos de violencia de género en el ámbito sanitario. Este análisis que ahora se propone y que creo que será mayoritariamente aprobado por esta Comisión al Ministerio, puede ser, como decía, un paso más, un paso más en el camino que viene siendo recorrido desde hace ya tiempo, pero quizás particularmente en el ámbito sanitario desde hace no demasiado tiempo y que sin duda merece toda nuestra atención. Me refiero al abordaje técnico en el marco de la encomienda que la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género estableció a posteriori de crear la comisión contra la violencia de género y los protocolos que más adelante se fueron aprobando.
Debo decir también que hemos considerado nuestro voto favorable a esta proposición porque conecta claramente con una proposición no de ley aprobada en el seno de la Comisión de Sanidad de esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, y presentada por el Grupo Popular en una fecha muy reciente, el mes pasado, una proposición no de ley en la cual se instaba también al Gobierno a que se promoviera una mayor implicación de todos los profesionales sanitarios en la detección precoz, la valoración, la actuación y el seguimiento de la violencia de género. En la defensa de esa proposición no de ley se señalaba que era importante la adquisición de habilidades a la hora de realizar el cribado y documentar el
historial clínico para permitir no solo identificar el abuso y las lesiones físicas o psicológicas, sino también valorar las sistemas de riesgo y colaborar para establecer un plan de seguridad que permita la protección de las mujeres. Parecería por tanto incoherente que ahora no estuviéramos de acuerdo en que se encomendara a los grupos de trabajo creados en el marco de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que realizara un análisis de qué necesidades técnicas, operativas o legales son necesarias para implantar esa serie de indicadores de seguimiento en el sistema informático de las historias clínicas relacionadas con la violencia de género.
Por tanto, por esa coherencia necesaria en la actividad de cualquier Cámara legislativa es por lo que vamos a expresar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Permítanme muy sucintamente también valorar que es necesario tener en cuenta los pasos adelante que en los últimos tiempos se han venido dando para que ahora en este momento estemos en condiciones de hacer esa encomienda a los grupos de trabajo de análisis para incorporar estos indicadores o implantar indicadores de seguimiento en los sistemas informáticos de las historias clínicas. Solamente voy a referirme a cómo este Gobierno y este Ministerio de Sanidad son los que han dado un impulso definitivo al historial clínico, al cual ahora vamos a implantarle esos indicadores de seguimiento. Era una promesa electoral que se incorporaba al programa de nuestro partido del cual recibimos el apoyo mayoritario de los electores hace exactamente en este día de hoy dos años, y que ha sido claramente cumplido, que viene siendo claramente cumplido. Me refiero a hechos tan relevantes como la tarjeta sanitaria única interoperable en el Sistema Nacional de Salud o a los ya 20 millones de ciudadanos que están incluidos en la base de datos de esa historia clínica digital a la que ahora vamos a someter a un análisis.
Para terminar ya, apoyamos esta iniciativa porque nos parece coherente con las políticas que se están llevando a cabo en materia de lucha contra la violencia de género, porque nos parece coherente con proposiciones no de ley ya aprobadas en esta Cámara y presentadas por el Grupo Popular y porque parece que está llena de sentido común fundamentalmente.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posiciones va a intervenir el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Para decir que nos congratulamos ante la posibilidad de que pueda haber un acuerdo en esta proposición no de ley que nosotros íbamos inicialmente a apoyar, porque es un momento que precisa de este tipo de alternativas como el que presenta esta iniciativa en relación con la necesidad de hacer análisis de las necesidades técnicas y operativas legales a fin de que se haga un seguimiento acorde en el sistema informático de las historias clínicas.
Tengamos en cuenta que la señora proponente explicó en la exposición de defensa de esta iniciativa una serie de cuestiones que nosotros compartimos, y es el hecho de que desde el Sistema de Salud se pueden detectar muchísimas situaciones de violencia de género no solamente cuando es evidente el problema que plantea la víctima, sino que en muchas ocasiones hay trastornos psicológicos o incluso fisiológicos que dependen de situaciones o de padecimiento de situaciones de violencia. Afortunadamente, y gracias a los avances que se han hecho a partir de la Ley de 2004 y concretamente los protocolos que se establecieron en sanidad, es mucho más fácil en este momento detectarlos que con anterioridad; por eso es importante seguir profundizando en esa cuestión porque si somos capaces no solamente de detectar sino de hacer un seguimiento de aquellos casos de situaciones de violencia en que la mujer o la persona no está dispuesta a denunciar, ni siquiera en muchos casos a reconocer como tal, es fundamental porque podemos actuar en la prevención de manera clara, y de ahí que nosotros siempre hayamos defendido en otras iniciativas medidas relacionadas con el sistema sanitario como una puerta al conocimiento y a la prevención de los casos de violencia de género.
La señora PRESIDENTA: ¿Va a intervenir el Grupo de UPyD? (Denegación). Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Plural, su portavoz, la señora Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Para manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley porque es en el Sistema Nacional de Salud uno de los primeros sitios donde se puede detectar, y por lo tanto prevenir la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Facilitar además las denuncias por parte de estas mujeres a través de la detección precoz puede evitar el asesinato de muchas de ellas que han sufrido malos tratos, bien sean físicos y/o psicológicos. También debemos felicitarnos porque en estos momentos de recortes, también en la Sanidad, donde se está impidiendo de facto que un gran número de
mujeres en el sector, sobre todo de mujeres inmigrantes, no puedan acceder a los servicios sanitarios más que en situación de enfermedad grave, deja al margen de esta detención y del cumplimiento de este protocolo a un gran número de mujeres que ponen en riesgo su vida. No obstante, acceder como ha hecho el Grupo Popular a los requerimientos mediante los informes y las peticiones de las propuestas específicas para la detención precoz que hace la comisión contra la violencia de género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, nos parece acertado, inteligente y en cumplimiento, ya que nunca es tarde -en este caso sí viene tarde-, pero que nosotros apoyamos.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo más quiere fijar posiciones? La señora Ciuró tiene la palabra.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Simplemente para manifestar que desde mi Grupo Parlamentario y a la vista del redactado textual, que es analizar las necesidades técnicas, operativas y legales, retiraríamos nuestra enmienda en el bien entendido de que si hay conflicto competencial resultaría de este análisis legal, y por tanto en aras de la unanimidad retiraríamos nuestra enmienda.
- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE IGUALDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001947).
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la proposición no de ley número cinco, presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y es sobre el mantenimiento de las competencias de las corporaciones locales en materia de igualdad. Tiene la palabra su portavoz la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Aún existen manifestaciones constantes de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, violencia de género, discriminación salarial, mayor desempleo femenino, escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad pública, social, cultural, etcétera. Promover la igualdad real entre hombres y mujeres es una necesidad, y superar los obstáculos y estereotipos una urgencia social para conseguir una sociedad que tenga en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres uno de sus hitos. La Administración pública en todos sus niveles, estatal, autonómico y local, debe establecer las líneas de colaboración entre sí y con los agentes sociales para trabajar en favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres. La Administración local es una Administración más al servicio del compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
Desde Convergència i Unió hemos dicho en varias ocasiones que las políticas de igualdad no deberían ser vistas como una cuestión competencial, sino que deberían ser vistas como una política de estado para que desde esta visión facilitar que una pata de la actuación de todas las administraciones la tuviesen en las políticas de igualdad de oportunidades y de igualdad entre los hombres y las mujeres. No debería promulgarse ley alguna sin la perspectiva de la igualdad. No podemos permitirnos el coste, entendemos nosotros, de tener una sociedad desigualitaria, donde solo aparece reconocida la labor de una parte de su población, en este caso la población masculina. No podemos permitirnos, y mucho menos porque estamos en crisis y porque queremos ser una sociedad del siglo XXI, eliminar las políticas de igualdad de oportunidades de ninguna competencia. Seguramente deberemos optimizar los recursos pero no eliminemos la competencia en materia de igualdad de las corporaciones locales de un plumazo, y mucho menos dando la imagen de que ello es porque resulta que son caras. Más caras, señorías, son las vidas de las personas, de las mujeres que pierden la vida en manos de sus maltratadores o las diferentes lacras que la desigualdad ocasiona en el género femenino. No podemos permitirnos que la ley que va a regir las políticas municipales del siglo XXI aparezca como una ley que ha laminado y no reconoce atribución alguna a los municipios en materia de igualdad. Ese es el referente, esa es la visión que daremos a la comunidad internacional.
¿Cómo apareceremos ante nuestros socios europeos? ¿Cómo explicaremos ante las comisiones de igualdad de la Unión Europea que no es prioritario para nosotros erradicar la violencia de género mediante la buena aplicación de políticas de igualdad en la Administración que es más cercana al ciudadano? ¿Cómo justificaremos que estamos en contra de la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres del año 2006 que tuvo por su parte el apoyo del Estado español? Señorías, el compromiso de la igualdad es un compromiso que debemos mantener vivo y a toda costa y no solo con palabras. Predicar la racionalización de los recursos en materia de igualdad contra las administraciones locales atenta directamente contra el normal desarrollo de una sociedad avanzada y que quiere tener precisamente en la igualdad una referencia.
Señorías, estamos muy disgustados de lo que resulta de la Ley de Reforma Local. Hicimos un texto que el Grupo Socialista encuentra que es algo tibio porque hemos empleado el verbo reconsiderar; hemos empleado el verbo reconsiderar porque es volver a considerar el contenido, sin embargo no tenemos ningún inconveniente en cambiar la palabra reconsiderar por la palabra derogar porque estamos de acuerdo en que ni nos gusta el anteproyecto de ley de racionalización ni nos gusta que se erradiquen las políticas de igualdad de las corporaciones locales, y el argumento de que lo pueden realizar porque las comunidades autónomas les puedan delegar estas actuaciones, nos parece un poco débil puesto que, primero, hay comunidades autónomas que no tienen estas competencias en exclusiva y no podrán delegar algo que no es de su competencia y, segundo, porque cualquier esfuerzo es poco para erradicar y para trabajar en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género.
Por tanto, señorías del Partido Popular, permitan la reconsideración como mínimo de esta ley y de quitar del articulado las competencias de igualdad en materia de las corporaciones locales.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz, la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Sobre esta iniciativa, que nos alegramos, además, celebramos que Convergència i Unió la traiga a esta Comisión, es muy clara ya para todos y para todas la postura del Partido Socialista; es un no rotundo a una ley que despoja de competencias al 95 % de los ayuntamientos, que son los de menos de 20.000 habitantes que existen en este momento en nuestro país, y que entre otras cosas abre la puerta a la privatización de los servicios públicos. Entre estos servicios afectados se encuentran los servicios de igualdad, los servicios de información y de atención a las mujeres y los servicios de prevención y de lucha contra la violencia de género. La normativa española actual y europea, la ha señalado también la señora proponente, ha otorgado a los ayuntamientos la posibilidad de ejercer competencias en materias de igualdad y violencia de género. Lo hace la Constitución pero lo hace la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas integrales de protección contra la violencia de género. En todas estas leyes, en todos estos textos, quedan absolutamente claras las competencias que tiene la Administración local como Administración más cercana para trabajar en todos los ámbitos pero de manera muy particular en este.
Esta ley, como les decía, despoja a los ayuntamientos de competencias para llevar a cabo cualquier tipo de política de igualdad y, en estos momentos, la mayoría de los programas de atención a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas están siendo llevados a cabo por los ayuntamientos que llevan años invirtiendo y mejorando sus programas. Con esta reforma los programas de atención a las mujeres, puntos de información, pisos de acogida para mujeres maltratadas, programas de recuperación de las víctimas de violencia de género, etcétera, quiero que quede muy claro hoy que van a desaparecer y esta Comisión lo debe saber. No sé si se ha tratado en otras ocasiones pero con esta ley estos servicios van a desaparecer tal y como hoy los conocemos. Saben ustedes que las mujeres víctimas de violencia de género acuden, lo hemos dicho, al lugar más cercano siempre para pedir ayuda, que suele ser su ayuntamiento; con esta reforma esta atención desaparece. Les voy a poner un ejemplo, las cajas de acogida no tendrán garantías jurídicas para funcionar, y los ayuntamientos no podrán destinar recursos ni económicos ni humanos para el mantenimiento de estas casas de acogida.
El proyecto de ley suprime el artículo 28 de la ley actual, a lo que hace referencia también la señora proponente de Convergència i Unió. Este artículo permite a los municipios realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones y en particular las relativas a la promoción de las mujeres. Este artículo ha permitido durante todos estos años a la mayoría de los ayuntamientos llevar a cabo actividades y prestar servicios de apoyo a las mujeres, por lo tanto, la supresión de este artículo va a provocar que desaparezcan los centros municipales de la mujer, los CMIM, los centros de atención e información a mujeres maltratadas, que dejen de realizarse programas de empleo femenino, etcétera. Además, van a desaparecer los servicios municipales que facilitan a las mujeres la conciliación laboral y familiar, como son la atención y el cuidado de la tercera edad, la dependencia y la educación de 0 a 3 años. He nombrado estos, pero son todos. Fíjense, pasarían a ser parte de las competencias de las diputaciones provinciales el 95 % de los ayuntamientos. Imagínense lo que significaría para estos ayuntamientos y para provincias como por ejemplo la mía, Ourense, o para provincias más pequeñas con más población rural y más dispersión. El daño es brutal.
Termino, presidenta. La propia disposición transitoria del anteproyecto sobre la evaluación de las competencias impropias ejercidas por los municipios también somete a evaluación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley este tipo de competencias, por lo tanto, si de una evaluación resultara una inadecuación, el municipio dejaría de prestar este servicio. ¿Qué ocurre? Que peligra claramente el futuro de cientos de centros repartidos por todo el país que actualmente atienden a decenas de miles de mujeres que se quedarán sin protección con su desaparición, por no hablar de los puestos de trabajo que se perderán. Lo mismo sucede con el artículo 27.2. En fin, podríamos desgranar la ley punto a punto en aquellas cuestiones que afectan a los servicios que se prestan a las mujeres, a los servicios de lucha, prevención, información sobre violencia de género pero no tenemos tiempo, en todo caso sí podemos decir que supone un claro paso atrás, no tiene precedentes en la implementación de las políticas de igualdad en nuestro país y por eso hemos presentado una enmienda, que como decía la señora diputada de Convergència i Unió es más dura, es más clara, es taxativa; una enmienda que dice claramente que se retire este proyecto de ley porque no sirve para dar soluciones ni para responder a los retos que tiene planteados la Administración local porque va a traer una imposición y además las grandes perjudicadas van a ser las mujeres, como ocurre otras muchas veces.
Con esto sí termino, señora presidenta. Me parece increíble y es la primera vez que tengo oportunidad de hablar sobre esta ley en esta Cámara, aunque lo he hecho en muchos actos a lo largo y ancho del territorio de mi provincia porque veía a la gente muy preocupada, a las personas que se dedican al municipalismo. No puedo entender cómo el Partido Popular, gobernando la inmensa mayoría de los ayuntamientos, también pequeños, de este país, pueda desconocer de tal manera la realidad del territorio, pueda desconocer lo que supone alejar los servicios en poblaciones tremendamente dispersas, en las zonas con más población rural, en las zonas con menor y peor medios de comunicación terrestre en este caso No lo puedo comprender. Entiendo que tiene que haber un interés muy superior, un interés supremo, sabiendo además como sé que muchos de esos gobernantes y de esas gobernantas han hecho pública y han elevado su voz para oponerse a una ley como esta, que destroza no solo el municipalismo sino también la atención a la ciudadanía y como siempre perjudica seriamente a las mujeres.
La señora PRESIDENTA: Para fijar turno de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, a lo largo de la tarde ha dicho Dávila, y es Davila.
La señora PRESIDENTA: Sí, pero ya sabe, yo soy castellana y en mi tierra tiene acento el apellido.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Son dos apellidos diferentes y significan distinto.
La señora PRESIDENTA: No se preocupe que lo corregiré.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, señora presidenta, señorías, quiero decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta iniciativa porque recoge cuestiones que desde nuestro grupo no podemos más que estar de acuerdo, como lo que se plantea en el punto número uno, sobre todo cuando la señora diputada acaba de efectuar la reconsideración del contenido del anteproyecto por la retirada del anteproyecto, que nos parece más oportuno. Nos parece una cosa importantísima la petición de retirada del contenido del proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en esta Comisión porque hay cantidad de aspectos que se contemplan en el mismo que afectan de manera sustancial a las mujeres. Hay una serie de servicios que el proyecto de ley aglutina o transfiere de las administraciones locales menores de 20.000 habitantes a las diputaciones locales que inciden de manera muy directa en lo que es el trabajo, la actividad y los derechos de las mujeres.
Se han puesto aquí ejemplos que evidencian la cuestión, como el hecho de que los ayuntamientos no vayan a tener competencias en relación con las políticas de igualdad o las políticas contra la violencia de género. Recordemos que hay muchos ayuntamientos de reducidos habitantes que tienen o bien pisos tutelados o centros de acogida o centros de información a mujeres que padecen situaciones de violencia de género. Todo esto, junto con la cuestión de los servicios sociales, hace muy importante lo que se plantea en el punto número cuatro de la proposición no de ley en cuanto a incorporar al proyecto de ley el informe de impacto de género que, desde nuestro punto de vista, no está suficientemente recogido. Tengamos en cuenta que no solamente podemos poner como ejemplos los que acabo de comentar en
relación con políticas de igualdad o de violencia de género que afectan directamente a las mujeres sino también otros, como puede ser atención a personas mayores, atención a menores, escuelas infantiles, etcétera, y no porque esto tenga que ser responsabilidad de las mujeres, todo lo contrario, nosotros entendemos que para que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral, puedan incorporarse a tener mayores derechos de igualdad y una vida social semejante a los varones, es necesario que no tengan que asumir responsabilidades que hasta ahora eran consideradas propias de las mujeres. Nosotros reivindicamos que además de que estas funciones sean llevadas a cabo por la corresponsabilidad de las personas que vivan en la familia, hombres y mujeres, también nos parece muy importante que sean las administraciones públicas las que asuman muchas de estas funciones, como la que acabo de comentar de atención a menores o a mayores, por ejemplo.
Esta reforma de la Administración local, si no se reconduce la situación, es un varapalo enorme para los derechos de igualdad de las mujeres, para la lucha contra la violencia de género, para la integración de las mujeres en el mundo laboral, etcétera. Por tanto, nos parece muy oportuna la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco no toma la palabra.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señora Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Presidenta, yo también tendría que decirle, porque a lo largo de la tarde también ha dicho mal mi apellido, que es De las Heras.
Desde La Izquierda Plural vamos a apoyar esta proposición no de ley que, con la enmienda que ha aportado el Grupo Socialista, está en la línea directa y más afín de lo que nosotros hemos presentado. Mi grupo presentó a la mal llamada ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local una enmienda a la totalidad, como la mayoría de los grupos de la oposición, porque creemos que vulnera claramente la Carta Europea para la igualdad en la vida local de 2006, vulnera la ley del 2007 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y acaba con la posibilidad de llevar a cabo políticas de igualdad por parte de la Administración más cercana, la Administración más accesible, que no es otra que la Administración local, al eliminar el artículo 28.
También al eliminar las políticas de igualdad está atacando directamente la prevención, la detección y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta contrarreforma de la Administración local afecta gravemente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y a las mujeres de manera directa al eliminar todas esas políticas activas que se llevan a cabo desde los ayuntamientos, impacto de género que, por cierto, ni siquiera analiza la propia ley, pero hay un impacto de género oculto que aquí ya se ha tratado y que nosotros queremos resaltar, que es la eliminación de la educación de 0 a 3 años que están prestando ahora mismo los ayuntamientos; la eliminación y el desmantelamiento de los servicios sociales; el desmantelamiento también de la atención a los mayores, cuyo cuidado recaerá como siempre, por desgracia, y todavía recae, en las mujeres. Apoyaremos, como decía anteriormente, esta proposición no de ley, pensando todavía que desde esta Comisión es muy importante que esta voz llegue para que el Gobierno reconsidere y retire una ley que, en todo caso, es un error de principio.
La señora PRESIDENTA: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz.
El señor LÓPEZ VILABOA: Desde el Grupo Parlamentario Popular debemos señalar, en primer lugar, que esta proposición no de ley parte de una serie de postulados que no son del todo exactos. Las entidades locales, al igual que el resto de las administraciones públicas, van a seguir y deben seguir ejerciendo sus competencias teniendo en cuenta el principio de igualdad y teniendo en cuenta todo el marco legal que da contenido a ese principio de igualdad, tal como es el caso de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Son principios que por su propia naturaleza deben de inspirar el actuar diario de todas las administraciones públicas, también de los ayuntamientos, también de las diputaciones y otras entidades locales. Cuestión bien distinta es que como en tantas otras materias se deba dar una mayor claridad al marco competencial, hasta ahora difuso en muchos aspectos, para así evitar esas duplicidades y esas ambigüedades que tanto gasto y desorientación generan. Se trata de actualizar las competencias municipales, de ajustarlas a la realidad social y atribuir con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, separándolas claramente de las estatales o autonómicas.
La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local tiene un objetivo esencial en el mantenimiento de los recursos y competencias, garantizando siempre la autonomía local, pero también es necesario señalar que estas competencias deberán desempeñarse desde el respeto al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En esa clarificación del marco competencial se distinguirá entre servicios obligatorios y facultativos, por tanto no obligatorios, y la prioridad de un ayuntamiento deberá ser la prestación de esos servicios obligatorios. Únicamente cuando se haya acreditado que se cumple con todos esos mínimos de carácter obligatorio se podrán ejercer otras competencias que se nos presentan como facultativas.
Desde este planteamiento de estabilidad presupuestaria, la reforma contempla la posible celebración de convenios entre administraciones como puede ser entre una comunidad autónoma y un determinado ayuntamiento, conservarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades administrativas. Asimismo, los convenios por los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios, deberán ser aceptados expresamente por estos y suponer una mejora en la eficacia de la gestión pública.
La delegación de competencias debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual con una cobertura del cien por cien del servicio y con un cobro garantizado a los plazos que se establezcan. El artículo 27.3 señala que las comunidades autónomas podrán delegar a los municipios competencias en cuanto a la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Pensamos que con esa clarificación del marco competencial se garantizará que en todos los municipios, al margen de su tamaño, se presten los servicios desde un perfil técnico y de calidad. También queremos clarificar algún aspecto del contenido de la proposición, concretamente en el punto dos de la iniciativa hay que señalar que las competencias de los municipios referidos a la atención a las personas se encuentran contempladas y el municipio ejercerá, como competencias propias en los términos de la legislación estatal y de la respectiva comunidad autónoma, las materias relacionadas con la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Por último, respecto al punto cuatro de la iniciativa en cuanto a la no incorporación del preceptivo informe de impacto de género al proyecto de ley, debemos señalar que esto no es del todo exacto ya que este se encuentra en la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al mismo y figura como epígrafe 3.4.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de ley.
- RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO MÉDICO-FORENSE DE VALORACIÓN URGENTE DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001886).
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley, cuyo grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular. Es una proposición no de ley relativa a la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Tiene la palabra su portavoz, la señora Falcón.
El señor FALCÓN DOCAL: Si seguimos dedicando un día contra la violencia de género, y lo haremos el próximo lunes 25, como todos ustedes saben, significa que hay que seguir luchando contra esta barbarie. Sin duda, la gravedad de la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo a la igualdad, la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas, por ello, desde los poderes públicos se deben sumar esfuerzos para conseguir erradicar esta lacra social y también lacra personal para quienes la padecen.
Con esta finalidad, la Delegación del Gobierno de Violencia sobre la Mujer ya en 2010 solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia para elaborar un protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, un protocolo de actuación con la imprescindible intervención de los médicos forenses que prestan sus servicios en las unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal dependientes del Ministerio de Justicia. El objetivo de dicho protocolo es hacer una valoración del riesgo de un futuro comportamiento violento de una persona acusada dentro del plazo que dispone la autoridad judicial para poder adoptar medidas cautelares, es decir, en menos de 72 horas. La finalidad concreta es contar con un elemento más dentro del ámbito judicial que permita adoptar una decisión sobre la pertenencia y alcance de medidas a tomar para proteger a la víctima. Este informe eminentemente técnico que se realiza a instancias de la autoridad judicial o fiscal correspondiente,
complementa el que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque se trata de una herramienta de trabajo integradora y no excluyente para sumar esfuerzos, por lo que sin duda puede ser una ágil e inestimable información de ayuda y orientación al órgano judicial y al ministerio fiscal respecto a las primeras medidas a adoptar de forma urgente o bien de forma programada para la revisión de medidas de protección ya adoptadas en un tema tan delicado y sensible como es la violencia de género.
Hay que destacar que la elaboración del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género es muy completo ya que se nutre de una gran variedad de fuentes de información como la entrevista y exploración tanto del agresor como de la víctima, diligencias judiciales y atestado policial completo, documentación médica y psiquiátrica del agresor e incluso entrevistas con testigos, si bien, como es lógico, por su especial dificultad, dicha valoración y estimación no tiene un carácter absoluto y puede estar sometida a un margen de error.
El protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género se puso en marcha en todos los institutos de medicina legal dependientes del Ministerio de Justicia en noviembre del 2011 y por tanto es de aplicación en las comunidades autónomas donde las competencias de justicia no han sido transferidas. Además, con el ánimo de hacer extensiva esta importante herramienta, se dio traslado al resto de comunidades autónomas para que pudieran hacer uso del mismo si lo estimaban conveniente. Sin embargo, en el informe semestral que la Fiscalía General del Estado remite al Congreso de los Diputados se pone de manifiesto que a pesar de la gran utilidad del protocolo médico-forense lo cierto es, señores, señorías, que a día de hoy los jueces y fiscales recurren a él en muy escasas ocasiones; a lo largo de 2012 solo se han emitido 366 informes siguiendo el protocolo y todavía se evidencia más la escasa implantación del mismo si esta cifra se compara con el número de informes emitidos de la solicitud de órdenes de protección en los juzgados de violencia contra la mujer. También hay que tener en cuenta que dicho protocolo solo se está poniendo en práctica en las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, es decir, únicamente se utiliza en las comunidades donde la competencia de justicia es estatal.
La proporción entre las órdenes de protección emitidas, 5.075 según datos de 2012, y los informes realizados en el ámbito de dichas comunidades es del 7,21 %, pero se agrava más este dato, todavía es peor, si incluimos todo el territorio nacional, donde podría implantarse y no se está utilizando el protocolo médico-forense. En el conjunto del territorio español son 34.556 órdenes de protección frente a los 366 informes urgentes médico-forenses, por lo que la proporción de uso desciende al 1,06 %. Por tanto, se pone de manifiesto y es una deficiencia que hay que corregir que no se esté aprovechando este importante recurso de valoración del riesgo médico-forense del agresor, ideado en aras de la mejor protección de las víctimas del maltrato machista.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Muchas gracias, señorías, esperamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para que esta petición a favor de las mujeres en materia de violencia de género se vea reforzada.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda, por lo tanto, es el momento dar paso al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, y espero ahora decir bien su apellido, la señora Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Davila.
La señora PRESIDENTA: Davila. Ya lo he dicho bien.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley y podíamos utilizar algunos de los argumentos que ya dimos en una proposición no de ley anterior relacionada también con la sanidad. Entendemos que estos protocolos, sobre todo aquellos que puedan prevenir, incluso actuar en casos de violencia de género, son fundamentales. Nos parece oportuna y siendo una propuesta que viene del grupo mayoritario de esta Cámara, es decir del Grupo Popular que sustenta al Gobierno, entendemos que será llevada a cabo por el propio Gobierno, es decir, que habrá voluntad del Ejecutivo de impulsar el funcionamiento de estos protocolos y por lo tanto de intensificarlos, de ahí que votamos favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Simplemente para decir, en los mismos términos que ha comentado la señora Fernández Davila, que mi grupo también votará a favor por los conceptos que se han planteado y porque consideramos que los argumentos que se han dado son correctos.
La señora CIURÓ I BULDÓ: No quisiera alargarme mucho, simplemente decir que nos parece que tiene que ser un buen instrumento la aplicación de este protocolo puesto que así lo reconoce el ministerio fiscal, que a pesar de decir que se implementa poco, que se utiliza poco, es una buena herramienta. Nos parecería que esta moción quedaría más redonda si añadiésemos que aparte de fomentar su implementación, pudiésemos evaluar qué es lo que falla que hace que no se implemente. Nos parece que la idea es genial, se firman protocolos porque se entiende que es la mejor herramienta para poder conseguir un fin determinado, pero si a los dos años de implementación no tiene los frutos deseados, algo falla, por tanto, le pediríamos al partido proponente, en aras de poder votar a favor y conseguir la máxima unanimidad, que se evalúe qué es lo que falla y fomentar después su implementación una vez realizada la evaluación de la medida.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad; se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Así se inicia la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sigue siendo necesario recordarlo.
Fue con los Gobiernos socialistas cuando se hicieron muchos avances legislativos para la lucha contra esa lacra de la sociedad de la violencia de género, la publicación de la Ley 1/2004 fue fundamental, pero también otras modificaciones normativas y la adopción de medidas a nivel judicial, a nivel social, a nivel sanitario y educativo. A partir de la entrada en vigor de dicha ley todos los partidos judiciales cuentan al menos con un juzgado especializado en violencia sobre la mujer y en la actualidad son 461 los juzgados con competencia en esta materia, de los cuales 106 tienen competencias exclusivas en violencia de género.
En la disposición adicional segunda de protocolos de actuación de la ley referida se estableció que el Gobierno y las comunidades autónomas que habían asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a cada una le es propio, los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Fue durante el Gobierno socialista cuando el Ministerio de Justicia, a petición de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se comprometió a elaborar un protocolo de valoración médico-forense urgente de riesgo de violencia de género dirigido a equipos profesionales forenses que ejercen las unidades de valoración integral de los institutos de medicina legal, y cumplió su compromiso. Este protocolo se publicó en el año 2011. El diseño permite una utilización sencilla y práctica que orientará y ayudará a la autoridad judicial y en su caso al ministerio fiscal respecto a la adopción de las medidas oportunas en temas de violencia de género. Hay que destacar que se elaboró con la participación y consenso de muchos profesionales. El protocolo se implantó en las comunidades que no tenían transferidas las competencias de justicia y se ofreció al resto de comunidades para su difusión y uso. No dio tiempo a más pero ahí quedaba la herencia.
Estamos de acuerdo en que es un problema que este recurso considerado por todos y por todas de gran utilidad no se esté utilizando en el cien por cien de los casos porque con ello las perjudicadas son las mujeres, que tendrían que ser evaluadas y protegidas lo más rápido posible.
Ahora que han pasado dos años y que ustedes, cuando el Partido Popular en el Gobierno, plantean esta dificultad, me pregunto: ¿qué han hecho en estos dos años referente a la implantación de este protocolo? No solo es importante saber en qué porcentaje se utiliza esta herramienta útil sino también cuáles son las causas, si no es difícil que se puedan tomar medidas para la mejora. ¿Lo conocen todos los profesionales? ¿Qué actividades de formación han realizado o han promovido junto con las comunidades autónomas para utilizarlo correctamente? ¿Es accesible la herramienta para facilitar su uso?
Su proposición en parte me sorprende porque resalta que el Gobierno, en la estrategia recientemente presentada para la erradicación de la violencia contra la mujer, no ha incluido acciones concretas para que se utilice este protocolo; solo en la medida 72 habla de impulsar la difusión entre las comunidades autónomas. Les pedimos que no solo sea una invitación a promover sino una exigencia al Gobierno para que no se escatime un solo recurso para prevenir la violencia machista y proteger a las víctimas de ella y sobre todo para que los recursos que existen se utilicen eficientemente. Estamos cansados de declaraciones de intenciones en temas tan preocupantes como este, tenemos que pasar a los hechos, y es tarea de todos y de todas no solo promover sino dotar de recursos a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y también a las que no las tienen transferidas y en coordinación con ellas actuar con rapidez para demostrar que de verdad les preocupan las mujeres que sufren esta violencia.
Hoy, 20 de noviembre, se celebra el 24.º aniversario de la Convención de los derechos del niño y, por cierto, también de las niñas, y recordemos que si bien se ha avanzado, todavía queda mucho por hacer para el cumplimiento de todos los derechos de los niños, y ahora existe peligro de retroceso. Entre ellos hoy destaco también el derecho a que se proteja de los maltratadores a los hijos e hijas de las víctimas, y en el protocolo de atención al menor en la Oficina de atención a las víctimas que se utilice también la valoración del riesgo para poder adoptar medidas de protección para ellos.
Termino diciendo que apoyaremos esta iniciativa porque cualquier avance nos parecerá bien, pero no es suficiente, no puede quedarse ahí; el Gobierno tiene que actuar ya porque mañana será tarde. (Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Señora Falcón, la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha hecho una enmienda in voce a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Tiene usted la palabra para aceptarla o denegarla.
La señora FALCÓN DACAL: Estamos valorando la posibilidad de incorporar la enmienda pero no hemos tomado una decisión todavía. Si podemos decirlo al final de la sesión, se lo agradecería.
La señora PRESIDENTA: Pues lleguen ustedes a un acuerdo y elévenlo a la Mesa, por favor.
- SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR Y PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001467).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, de La Izquierda Plural, sobre medidas para impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Tiene la palabra la señora De Las Heras, portavoz del grupo proponente, el grupo de La Izquierda Plural.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural creemos que los recortes con el pretexto de la crisis están afectando duramente a las mayorías sociales pero especialmente a las mujeres y que están aumentando las desigualdades entre hombres y mujeres de una manera alarmante, suponiendo un retroceso de más de treinta años en cuanto a los avances que se han conseguido con tanto esfuerzo desde las luchas feministas. Creemos además que trabajar para acabar con la violencia de género es trabajar de manera real y comprometida hasta conseguir la igualdad, y esta, la igualdad, es sin duda el único antídoto para acabar con la violencia machista. Lo demás creemos que será perpetuar comportamientos sexistas y patriarcales que terminan mostrándose de manera extrema, cobrándose la vida de las mujeres por el hecho de serlo. Creemos que se deben abordar desde esta perspectiva todas las medidas políticas necesarias de manera integral y transversal encaminadas a erradicar las desigualdades por razones de género y su expresión más trágica y cruel, que es la violencia machista.
Desde La Izquierda Plural vemos absolutamente prioritario que se adopten estas medidas con carácter además urgente, sin poner como excusa la crisis o sin esperar a la reiterada recuperación económica, que creemos que no va a llegar tan fácilmente, pues la igualdad de las mujeres es una cuestión de derechos humanos y estos están por encima de cualquier otro valor y, por supuesto, también de la economía, que debe de estar al servicio de las personas y sus necesidades.
Traemos esta proposición no de ley para dar la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de comprometerse en un pacto conjunto, un pacto de Estado, para llevar a cabo un compromiso real y decidido en recuperar los pasos perdidos hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que las políticas de recorte llevadas por el Gobierno han provocado. Por eso pedimos que se desarrolle la Ley
orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, activando políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la perspectiva de género de manera efectiva y analizando los impactos de género en cada una de las medidas de recorte que ahora mismo se están llevando a cabo y en todas aquellas acciones legislativas que se adopten. Pedimos derogar la reforma laboral de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal de calidad, fijo y retribuido, con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor y erradicar definitivamente las diferentes retributivas existentes. Queremos que se adopte con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores o familias monoparentales. Es urgente poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios para la creación y desarrollo de nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo de trabajo asalariado y se actúe ante la pérdida de oportunidades que excluye a las mujeres del trabajo productivo.
No acabaremos con las desigualdades si no hay un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres, mujeres y servicios públicos porque si no estos trabajos siempre recaerán sobre las mujeres bajo estereotipos sexistas, y las mujeres son en su mayoría las que llevan la carga de todos los cuidados.
Necesitamos articular las modificaciones necesarias del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de garantía de pago de alimentos para que realmente todas las mujeres puedan tener acceso a este recurso con una dotación mensual adecuada, e iniciar en el presente año los trámites pertinentes para el debate social y parlamentario para la modificación y ampliación de la actual Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género al objeto de que la ley realmente recoja todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce contra las mujeres, que se actúe con contundencia y se disponga de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad, invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación de las mujeres víctimas del machismo y también de sus hijas e hijos.
Debemos de comprometernos, y así lo creemos y lo solicitamos desde La Izquierda Plural, por que no se haga ninguna modificación restrictiva a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que, muy al contrario, se modifique el actual Código Penal para la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo y que la Ley de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recoja el derecho de la libre decisión de las mujeres, garantizando su práctica y cobertura por la red sanitaria pública en todos los lugares del Estado español. Tenemos que avanzar en la reforma de los permisos por nacimiento y adopción entre ambos progenitores para que sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria. Pedimos también -y aquí se ha debatido esta proposición no de ley- la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local porque limitar las competencias por parte de los municipios impidiéndoles que puedan llevar a cabo las políticas de igualdad. Y pedimos, por último, potenciar e impulsar el papel activo de las mujeres en todos los sectores sociales, movimientos sociales, educativos, culturales, representativos y económicos.
Es la oportunidad que hoy tienen todos los grupos parlamentarios, como he dicho, para comprometerse de manera firme y decidida en un giro de 180 grados que permita la igualdad real, efectiva, de hombres y mujeres en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Desde que en 2011 el Partido Popular llegara al Gobierno -hoy se cumplen dos años-, entre recortes presupuestarios y reformas legislativas, aprobadas o anunciadas, cuyos efectos estructurales tienen vocación de perdurar en el tiempo, la apuesta por la igualdad de género ha experimentado un retroceso claro pero que poco tiene que ver con una situación de crisis económica sino con una opción ideológica que se sirve de la coyuntura para materializarse. La PNL que debatimos hoy pretende revertir esta auténtica involución en materia de igualdad que sufre la sociedad española y abarca multitud de ámbitos, en los que este paso atrás es incontestable, el laboral, el de la salud sexual y reproductiva, el de la autonomía local y su incidencia en la igualdad y en la democracia, etcétera.
Compartimos, como no puede ser de otra manera, la restitución de políticas que se venían impulsando en las legislaturas de gobiernos socialistas, incluso un mayor desarrollo de las mismas, una evolución positiva y ascendente en la apuesta por la igualdad que consolide y amplíe derechos, y también un nuevo
impulso a sistemas públicos de protección precisamente ahora porque, por un lado, tienen importantes retornos en lo económico, no digamos en lo social, lo que nos ayudaría en nuestro crecimiento y recuperación y porque además se resolvería esa situación insostenible de prescindir de la mitad de la población, de su talento y su capacidad por ese designio natural que para algunos determina la existencia de quien nace mujer.
El desmantelamiento del Estado del bienestar es una medida injusta que además lastra aún más nuestro crecimiento pero que afecta a la mujer en mayor medida. Pero menos lógica, ni siquiera una explicación aparente -yo creo que se les queda al Gobierno fuera del relato- tienen otras actuaciones del Gobierno en contra de la libertad, de los derechos y de la autonomía de la mujer en el ámbito educativo, en el penal o en el de la salud sexual y reproductiva, como se dice. Y tampoco ni siquiera recortes económicos como los aplicados en los recursos contra la violencia de género pueden llevarse a cabo en nombre de la crisis, pocos recortes repugnan más que estos.
Hemos presentado una enmienda desde la coincidencia prácticamente total con el texto inicial de esta proposición no de ley, con el fin simplemente de ejemplificar aquellas medidas concretas que hoy por hoy suponen un paso atrás con costes y efectos reales que están profundizando en la brecha de la desigualdad, que carecen de justificación social y económica y que están perjudicando a muchas mujeres en nuestro país y a la sociedad en su conjunto. Al aspecto retributivo de la reforma laboral hemos añadido una mención para que en futuras reformas legislativas se tenga en cuenta también la discriminación indirecta que se produce con la regulación de aquellas fórmulas contractuales más frecuentes entre las trabajadoras. En materia de prestación nos resulta inevitable una mención a la inaplicación de la ley como la de la dependencia, que obliga a retomar las tareas de cuidado a las mujeres. En cuanto a la incorporación de la mujer al trabajo, nosotros entendemos que renumerado, un concepto más amplio que el de asalariado, hemos considerado imprescindible ampliar la extensión del programa de 0 a 3 años. Y hablando de educación, un aspecto básico sin duda para fomentar la igualdad, hemos querido incorporar una mención expresa a la necesidad de educar en igualdad en todas las etapas del sistema educativo, mucho más incluso que retomar la asignatura desaparecida de Educación para la Ciudadanía, incluso incorporando en las enseñanzas universitarias la necesaria perspectiva de género para la formación de nuestros futuros profesionales. En cuanto a la reforma local, entendemos que daña el compromiso con la igualdad pero también tiene efectos negativos en materia de prevención y de lucha contra la violencia de género. Y finalmente entendemos que una sociedad como la nuestra debe ponerse manos a la obra de una vez por todas y no coexistir ni un minuto más con la realidad de la trata.
De esta enmienda, de nuestra enmienda y de la amplia coincidencia entre las posturas de Izquierda Plural y la nuestra en lo que a estas materias se refiere, hemos estado trabajando en la formulación de una transaccional definitiva que esperábamos presentar para su votación en la Comisión, y no cejamos en el empeño, lo hacemos además desde la convicción de que es más lo que nos une que lo que nos separa, también en el punto donde puede haber una discrepancia que, sinceramente, ante el retroceso anunciado por el Gobierno, y me refiero al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, entendemos que podemos soslayar. En ese sentido apelo finalmente a que sea posible una transaccional, insisto, después de haber constatado la convicción y la práctica coincidencia con las posturas de Izquierda Unida y desde luego nuestro compromiso como Grupo Socialista por revertir esta auténtica involución en materia de igualdad y por seguir profundizando en un camino que mejore la vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada a esta proposición no de ley, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra forma, está muy concienciado, trabaja por la igualdad de género y por la igualdad de oportunidades y, por supuesto, por la erradicación de la violencia de género. En lo que no podemos estar de acuerdo es en que siempre se intente desde la izquierda capitalizar en temas de igualdad, como suelen hacer, porque además creemos que esto de reducir esfuerzos no sirve para nada y al final no se avanza como se debe avanzar porque, como se dice muchas veces, deberíamos fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero es que además de capitalizar y de decir una serie de argumentos que no podemos compartir, como que por ejemplo desde que gobierna el Partido Popular se ha retrocedido más de treinta
años en materia de igualdad, señorías, no estamos de acuerdo y no podemos consentir que se digan esas cosas. Hemos presentado esta enmienda con el objetivo de trabajar por la igualdad pero desde luego teniendo en cuenta la postura del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero manifestar también que ustedes dicen una cosa y luego hacen otra. Están hablando de recortes en política de igualdad y en Andalucía, como ustedes saben, gobiernan Partido Socialista e Izquierda Unida y, por poner un ejemplo, para el Instituto Andaluz de la Mujer del año 2012 se presupuestó una cantidad inicial de 34,5 millones de euros de los que se ejecutaron 23,6 millones de euros, es decir, el 68 % del crédito final, ni siquiera ejecutaron el total de lo presupuestado. Además de eso tengo que decirles que de partidas que tenían una dotación inicial en atención psicológica a víctimas de violencia de género, con crédito inicial de 15.000 euros, no ejecutaron nada, o en ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género, con 750.000 euros de crédito inicial, ejecutaron 180.000 euros, y en ayudas a las mujeres con pocos recursos, con un crédito de 300.000 euros inicialmente, finalmente no ejecutaron nada. Por lo tanto, dicen mucho sobre los recortes que supuestamente hace el Partido Popular pero luego, donde gobiernan ustedes, solamente han ejecutado el 68 % del presupuesto que inicialmente había previsto para trabajar en materia de igualdad. Pero no quiero centrar mi intervención en esto y sí quiero decir todo lo que está trabajando este Gobierno del Partido Popular por la igualdad de las mujeres y hombres.
En cuanto a la retirada de la reforma laboral que solicitan, señorías, no podemos admitir que digan que somete a la mujer a la esclavitud, como dicen en su texto. Creemos que, cuando menos, la forma de expresarlo es inoportuna y luego estamos convencidos que no supone un retroceso en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sino que, al revés, abre el campo a la sensibilización y la conciliación de la vida familiar porque incorpora el contrato estable a tiempo parcial, incorpora el teletrabajo, incentivos a la contratación de mujeres en sectores masculinizados y capitalización de hasta el cien por cien de la prestación por desempleo para mujeres de hasta treinta y cinco años para que puedan invertir en un nuevo negocio. Además, gracias a la reforma laboral, en 2012, en un año de gobierno del Partido Popular, se han hecho 31.671 contratos más a mujeres y 13.646 mujeres más cuentan con un contrato de carácter indefinido.
En lo referente a medidas que ustedes proponen de reducción de pobreza en las mujeres, el Gobierno del Partido Popular está trabajando en ello con el Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial y con el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016.
Con respecto al tema que ustedes han tratado y que consideramos de vital importancia como es la erradicación de la violencia de género, este grupo ha trabajado, trabaja y trabajará en este problema tan acuciante para nuestra sociedad. No en vano fue un Gobierno del Partido Popular el primero que legisló y tomó medidas de carácter nacional contra la eliminación de la violencia ejercida contra las mujeres. De nuevo va a ser un Gobierno del Partido Popular el que va a elaborar un plan integral para la erradicación de la violencia de género con carácter transversal, donde distintos ministerios van a estar implicados en medidas tan importantes como las que ustedes ya conocen, que es la asistencia jurídica gratuita universal a víctimas de trata y de violencia de género, la inclusión de menores como víctimas directas para dar una respuesta a los problemas que también sufren los menores. Señorías, es la primera vez que se incluye a menores como víctimas de violencia de género, ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente y no lo han hecho y ahora de nuevo es el Gobierno del Partido Popular el que por primera vez va a tener en cuenta a los que son víctimas directas de la violencia de género. En este plan integral se van a contemplar también medidas concretas para grupos especialmente vulnerables a la violencia de género como son mujeres con discapacidad, mayores de 65 años, mujeres del mundo rural, mujeres extranjeras y menores.
El Gobierno del Partido Popular tiene en cuenta otras formas de violencia que se ejercen contra la mujer, como es el caso de la explotación sexual a mujeres que son víctimas de explotación sexual y también la mutilación genital, que se va a contemplar en el nuevo Código Penal, con nuevas tipificaciones de nuevos delitos como el ciberacoso, acecho, delito de matrimonio forzado, etcétera.
Finalmente quiero comentar brevemente la modificación de la reforma de la Ley de Administración local puesto que ha habido ya una proposición no de ley que se ha tratado aquí ampliamente, pero esta reforma legislativa desde luego no va a conllevar en ningún momento la desaparición de servicios o recursos que vengan prestando los municipios. Por lo tanto, no es cierto y no se va a perder el derecho de todos los ciudadanos a tener prestación en este tipo de servicios. Esperamos que consideren nuestra
enmienda, la portavoz de La Izquierda Plural tiene el texto, esperamos que lo tengan en cuenta porque en el Grupo Parlamentario Popular trabajamos por la igualdad tanto como ustedes y no admitimos que siempre digan que se retrocede cuando gobierna este partido. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar posiciones en esta proposición no de ley, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, doña Olaia.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, la historia de la lucha por la igualdad, la igualdad de género o la igualdad de derechos, está llena de avances y retrocesos y al mismo tiempo que es indiscutible que en los últimos años los progresos han sido muchos, la preocupación actual evidentemente es grande en relación con lo que pueden significar los retrocesos de los tiempos actuales. Que tengamos la prevención por un lado y la constatación por otro de que en estos tiempos se está retrocediendo mucho en relación con la igualdad de género, en relación con los derechos de las mujeres concretamente, se debe al hecho de que es evidente que cuando un gobierno pone como objetivo fundamental el control del déficit público pues evidentemente esto va a ser así porque ese control de déficit público, como estamos viendo, está garantizado de alguna manera a través de los grandes recortes que se han hecho en políticas sociales, etcétera. Si a cada una de las reformas que ha hecho este Gobierno se le aplicase el informe de impacto de género en las debidas condiciones, efectivamente se evidenciaría que esa preocupación o prevención que tenemos algunos grupos, como el BNG, en relación con los retrocesos que se están haciendo en materia de igualdad de género quedarían, como digo, suficientemente claros y no serían discutibles.
De hecho, señorías, la proposición no de ley defendida por la señora De Las Heras, y que desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a apoyar en la tarde de hoy, empieza instando al Gobierno en el primer punto a que desarrolle la Ley orgánica 3/2007, que es la Ley de Igualdad que aprobamos en aquel momento, marzo de 2007, y para que se desarrolle esta ley que en sí misma tiene muchísimas cosas de importancia para esa igualdad de géneros, aunque hay cantidad de cuestiones que están sin desarrollar, hay cosas que son fundamentales como es la derogación de la reforma laboral, como es actuar con urgencia para evitar la feminización de la pobreza, que no lo está diciendo ningún grupo político de los que hoy estamos en estamos en esta Comisión sino que informes de Cruz Roja, Cáritas, etcétera, así lo indican; hay una feminización, una exageración en este momento de la feminización de la pobreza que, por cierto, no es propio de este momento sino que es estructural. Por lo tanto, poner en marcha los recursos públicos que sean necesarios para la creación y desarrollo de nueva ocupación desde luego son cosas fundamentales para que se pueda desarrollar esa Ley de Igualdad.
Nos parece muy importante una de las cuestiones que recoge esta proposición no de ley de La Izquierda Plural, que es la necesidad de iniciar en el presente años los trámites pertinentes para el debate social y parlamentario para la modificación de la Ley de Violencia de Género actual, y digo que es importante porque en su momento yo creo que coincidíamos todos los grupos, y si no todos casi todos los grupos, en la constatación de que esta ley no recogía todos aquellos aspectos que inciden en la violencia contra las mujeres y que en algún momento teníamos que hacerlo. Éramos conscientes de que dábamos un paso muy grande actuando contra la violencia de género machista dentro de la familia, dentro de las relaciones entre parejas, etcétera, pero que esa no era la única violencia que se ejerce contra las mujeres y que había que mantener el debate para poder intervenir en esa actuación integral de la violencia de género de las mujeres. Nos parece muy importante y lo apoyamos, como también damos un apoyo total y absoluto a la propuesta que se hace de que no se modifique la Ley de interrupción del embarazo actual. Del mismo modo, señorías, estamos de acuerdo con los otros puntos, algunos ya los hemos debatido con anterioridad a propósito de otras proposiciones no de ley y vamos a votar con total y absoluta convicción esta proposición no de ley de la señora De Las Heras.
La señora PRESIDENTA: La señora Ciuró, por el Grupo Catalán, tiene la palabra para fijar posición.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Señorías, ayer cumplimos ochenta años. ¿Saben de qué? Del voto de las mujeres por primera vez en unas elecciones generales un 19 de noviembre de 1933; seis millones y medio de mujeres hace ayer ochenta años votaron por primera vez. Esto es un hito, es un tema concreto y es un avance en materia de igualdad y he querido destacarlo a raíz de la presentación de esta proposición no de ley de La Izquierda Plural. Y quiero poner el énfasis en que es una cuestión concreta, es un avance real y, en opinión de mi grupo, no constituye un avance real la proposición no de ley que nos presenta el
grupo de La Izquierda Plural. ¿Por qué motivo? Porque podemos convenir en la generalidad, todos queremos erradicar la violencia de género, todos queremos fomentar las políticas en favor de la mujer, todos queremos mejorar la vida social, cultural, política, en todos los sentidos de las mujeres y erradicar, por supuesto, la violencia de género, pero, a nuestro humilde entender, una proposición no de ley de estas características no sirve a tal fin por generalista, por inconcreta en muchos puntos y que, como tiene muchos temas interesantes, valdría la pena poder desgranar y debatir uno por uno para enriquecer un texto que efectivamente nos permitiese conseguir algún objetivo concreto. Y con todos mis respetos quiero decirle a la señora De Las Heras que Convergència i Unió no va a dar su voto favorable a esta proposición no de ley, vamos a abstenernos, y no por eso no estamos comprometidos con la igualdad real de las mujeres.
Usted ha dicho que teníamos la oportunidad de votar a favor para demostrar nuestro compromiso. El compromiso, señora De Las Heras, humildemente le digo que lo demostramos en nuestro día a día, lo demostramos en nuestra acción diaria y no precisamente o no solo con proposiciones de ley grandilocuentes. Por tanto, nos abstendremos en esta proposición no de ley y les animamos a presentar proposiciones más concretas y que nos permitan tangiblemente avanzar en el deseado camino de la equidad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE PROSTÍBULOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUIDO EL SERVICIO DE TAXIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001300).
La señora PRESIDENTA (Quintanilla Barba): Pasamos a debatir la última proposición no de ley del orden del día de esta tarde, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre eliminación de la publicidad de prostíbulos en los medios de transporte público, incluido el servicio de taxis. Tiene la palabra su portavoz, la señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: El transporte público constituye un servicio público a disposición de la ciudadanía y, como tal, su prestación y buen funcionamiento tanto a nivel de seguridad como también de imagen debe ser supervisada por las administraciones públicas. Ello implica la revisión y control sobre la publicidad comercial que pueden realizar en sus vehículos. En algunas comunidades y provincias todavía hoy se puede comprobar que existe publicidad sexista y de prostíbulos en distintos medios de transporte público, un ejemplo, los taxis. Se trata de publicidad de imágenes de mujeres o mensajes sugerentes a la vista de todos. Estos anuncios incluyen la dirección de Internet y el teléfono de clubs de alterne. Los taxis, como cualquier medio de transporte público, pueden incorporar publicidad, pero al tratarse de un servicio público debe regularse con unos determinados parámetros éticos. Y, desde el punto de vista ético y jurídico, debe rechazarse la publicidad que constituya una invitación a la violencia, la xenofobia, el machismo o la degradación de la dignidad humana, la prostitución también. Pero la publicidad de prostíbulos y servicios de prostitución en la vía pública ha aumentado considerablemente en los últimos años, carteles con los que se trata de vender el servicio sexual de mujeres suponen un ataque a los derechos de la mujer y equiparan a las mujeres prostituidas con la oferta de un producto.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 41, considera ilícita la publicidad que comporte conducta discriminatoria de acuerdo con esta ley, un ámbito regulatorio que se recoge también en el artículo 18.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la comunicación audiovisual, en el que se establece la prohibición de toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, haciendo especial referencia a toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.
Señorías, este tipo de publicidad en un servicio público constituye una agresión a la dignidad de la mujer. Es urgente, necesario, evitar que se normalice este tipo de conducta, es decir, que se normalice el consumo de prostitución como si fuera algo habitual en la conducta humana en las relaciones entre hombres y mujeres. La libertad sexual nada tiene que ver con el comercio sexual. Así, se recogía también ya en las consideraciones que contiene el informe sobre prostitución aprobado en el Congreso en la VIII Legislatura, que decía exactamente: relacionar la prostitución con la libertad sexual es olvidar que la actividad humana de la sexualidad requiere de una relación de igualdad y de voluntariedad de una expresión de libertad compartida en la que no puede caber la relación comercial, que constituye en sí misma una situación de abuso de poder. En una sociedad libre como la nuestra nada tenemos que objetar
a la libertad sexual, pero sí mucho a la explotación sexual, que debemos combatir con todos los medios posibles. El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas. La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no son prostitutas sino prostituidas y, como ya hemos reiterado en muchas ocasiones desde el Partido Socialista, son mujeres esclavas, que no están ahí porque quieren y, además, son mujeres que ven vulnerados sus derechos fundamentales porque son vendidas como si de un simple objeto se tratase; es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. La prostitución es una actividad ligada a la esclavitud y que vulnera los derechos de las mujeres obligadas a ejercerla, por lo que la difusión publicitaria tanto en los medios de transporte públicos como en los espacios públicos, como pueden ser las vallas publicitarias, mupis, farolas, debe ser erradicada y prohibida. Es evidente que asistimos a un retroceso en los comportamientos igualitarios, tener que estar denunciando constantemente este tipo de anuncios publicitarios es una prueba evidente. Casos como el acontecido hace un mes exactamente con la retirada del anuncio de Loterías y Apuestas del Estado, que se trata de una sociedad pública estatal, que aparecía la imagen de una mujer con una maleta y la frase: uno de cada tres quiere tocarte, no puede volver a suceder. Lo mismo ocurre con el caso de Huesca que hemos conocido en los últimos días, donde una asociación de vecinos del barrio de María Auxiliadora ha denunciado la utilización sexista de la imagen de una mujer como reclamo para anunciar un concurso de tapas.
Por ello, no debemos ni podemos bajar la guardia, y en aras a mantener estos compromisos legales, por convicción y deber ciudadano y político, el Grupo Parlamentario Socialista ha realizado esta proposición no de ley a la que hemos presentado una enmienda para ampliar y mejorar esta propuesta, en la que pedimos que se elimine también la publicidad de clubes de alterne o de otros locales en los que se ejerza la prostitución en espacios públicos como pueden ser las vallas publicitarias, los mupis, farolas o cualquier otro soporte. Algunos pueden preguntarse por qué. Pues miren, en Castellón, mi provincia, algunos taxis todavía llevan anuncios de servicio de prostitución. Hay que decir que no todos ni todas las taxistas están a favor, discrepan de este tipo de publicidad. Se ha hecho una queja en el año 2012 al observatorio y todavía se espera contestación. También en Valencia, a la salida de la estación del AVE, todavía se pueden ver vallas publicitarias con esta imagen.
Señorías, si no tomamos medidas en este contexto cabe preguntarse: ¿qué sociedad queremos construir? ¿Qué mensajes queremos transmitir con nuestras propuestas? Lo que no podemos permitir es que en el siglo XXI un número importante de mujeres y niñas vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en meras mercancías para el beneficio de los proxenetas y de las redes y que su consumo se vea como algo normal. No es aceptable que convivamos con la publicidad de prostitución como si fuese algo natural, no podemos aceptar que se trate a las mujeres como un objeto de consumo. El mensaje debe ser muy claro, las mujeres ni se alquilan ni se venden.
La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora Durán.
La señora DURÁN RAMOS: Efectivamente, señora Ros, hay algo importante, el Grupo Parlamentario Popular plantea a esta proposición que ha presentado su grupo una enmienda transaccional que, efectivamente, la han vuelto ustedes a incluir, algo importante en lo que estamos de acuerdo y aprobaremos. Es verdad que la revisión de la publicidad en transporte público depende de las propias administraciones, tanto las locales como las autonómicas, porque son las que tienen las competencias para ello. Es interesante que después de ocho puntos en esta Comisión de Igualdad, dejemos muchas diferencias ideológicas para llegar a acuerdos como pueda ser en este último punto del orden del día.
Las políticas de igualdad requieren de un compromiso y ese compromiso, señorías, lo ha demostrado el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno y la ministra doña Ana Mato, que así lo anunció en el mes de julio dentro de la estrategia para la erradicación de la violencia contra la mujer, que recoge casi 260 medidas destinadas a combatir los malos tratos, entre estas medidas promoverá códigos de autorregulación publicitaria para prevenir conductas machistas. Dentro de este contexto no podemos olvidar la regulación de la legislación vigente, que también usted señala -ha señalado en su exposición de motivos- y que me permito recordar. El artículo 41 de la Ley Orgánica 3/007, igualdad y publicidad, señala como publicidad ilícita la que comporte conductas discriminatorias; así como la Ley 7/2010, de 31 de marzo, en sus artículos 4.2 y 18.1, que ya ha sido mencionado por usted. También quiero recordar la modificación en el ordenamiento jurídico en la Ley General de Publicidad 34/1998, en su disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
La violencia es una lacra que tenemos que rechazar y que tiene el rechazo de toda la ciudadanía, la igualdad es un valor que está en la base de nuestra Constitución, y eso es la parte de la esencia de nuestra sociedad. Señorías, somos muchos los que levantamos la voz para velar por una transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de la mujer y del hombre. Ya en 1995, en la Conferencia de la Mujer de Beijing, se instaba a los Gobiernos a erradicar estereotipos sexuales y sexistas para no contribuir a perpetuar los roles en la mujer. Eso, señorías, es lo que lleva haciendo el Gobierno del Partido Popular y el Observatorio de la Mujer. Nadie ha cuestionado, efectivamente, entrando en la página del observatorio, todas las posibilidades que tienen todos los ciudadanos para denunciar en esa página. Se han elaborado leyes, se ha movilizado la sociedad en organizaciones especializadas, velando por dotar a la mujer de un estatus de igualdad en nuestra sociedad, en el mundo laboral y familiar. Por eso, señorías, sigamos las directrices que las mujeres nos exigen y esperan de nosotros, trabajemos en su beneficio, que será el nuestro y el de nuestras hijas, pero hagámoslo con responsabilidad, gobernando o no, señora Ros. Ayer me puse a repasar los antecedentes presentados en esta materia, viendo muchas de las intervenciones en diferentes legislaturas, y sigo pensando que lo que nos une y nos debería de unir, señorías, es la llegada a acuerdos, como hemos conseguido también aquí, para que el fin común sea la no utilización de la mujer ni el hombre, donde su imagen se vea dañada y abusada, creando una imagen negativa, que la perjudica, que atenta contra la dignidad de la persona, vulnerando los valores y derechos reconocidos en nuestra Constitución, especialmente en los artículos 18 y 20. Creo que después de tantos años de gobierno de la izquierda, ahora el Partido Popular sigue demostrando que efectivamente le interesa y siempre ha estado preocupado por los temas de violencia de género. Todas las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y seguirá presentando, no solamente estando en el Gobierno sino también en la oposición, intentan aunar esfuerzos para que entre todos los grupos políticos consigamos llegar un día a erradicar esta lacra que tenemos en nuestra sociedad y que efectivamente nos perjudica mucho, no solamente en nuestro país sino en el resto del mundo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para fijar su posición, tiene la palabra la señora Fernández, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Simplemente quiero dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley y congratularnos del acuerdo al que se ha llegado, porque creemos que es imprescindible actuar en cuestiones como esta. Llevamos muchos años defendiendo que no se pueden permitir anuncios sexistas y sobre todo que no se pueden permitir anuncios que vayan dirigidos no solamente a la degradación de las mujeres, sino a la trata de personas, y es incomprensible que a estas alturas aún sigan funcionando, además en la medida en que acaba de denunciar la diputada. Por lo tanto, quiero manifestar el voto favorable del BNG a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Como me he reincorporado a tiempo, voy a intervenir.
Estamos absolutamente de acuerdo con la iniciativa que se nos presenta, por todas las razones que se han esgrimido por parte de la portavoz del Grupo Socialista que lo ha presentado, si bien he de decir que todavía desgraciadamente hay medios de comunicación escritos que siguen conteniendo publicidad de prostitución y que también deberíamos de intervenir para evitar que sigan teniendo en sus páginas este tipo de publicidad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Este es un tema que no viene de nuevo, evidentemente, y cuando digo esto es porque yo mismo hace cuatro años, en la anterior legislatura, estando otro partido en el Gobierno, solicité por medio de una pregunta, por medio de una proposición no de ley, que el Gobierno tomara medidas precisamente en lo que ahora la compañera de Izquierda Unida ha comentado. Le dijimos al Gobierno: ¿van a hacer ustedes algo para que desaparezcan los anuncios de servicios de prostitución en medios de comunicación, a los cuales se les da incluso subvención, se les da publicidad, etcétera? Y la verdad es que entre que iba a acabar la legislatura, entre que se adelantó, no sé cómo, pero tampoco hicieron nada. Espero que el Gobierno actual haga también algo, porque si no me va a dar la sensación
de que lo único que se hace es decir las cosas, hacer declaraciones de intenciones, quedar muy bien en una Comisión y después, cuando hay que enfrentarse a poderes como pueden ser por ejemplo los medios de comunicación, que tienen mucho poder y mucho dinero, pues es cuando tiemblan las piernas.
En el fondo, creo que esto no es más que la punta de un iceberg, de un problema que todavía, después de tantos años, no hemos solucionado. Es decir, tampoco hemos hecho una base legislativa clara en la que diga qué queremos hacer con este asunto en su globalidad, cómo lo queremos regular, cómo lo queremos legislar, cómo lo queremos prohibir o cómo lo queremos legalizar. Creo es momento de que tomemos determinaciones en este asunto, porque a todo lo estamos hincando el diente por el lateral, por unas cuestiones que tienen relación con el orden público o porque son discriminatorias con el tema de la igualdad o porque tienen connotaciones con el tema laboral, pero no en su globalidad ni en su casuística general. Por lo tanto, evidentemente, como no podía ser de otra manera, y como he sido partícipe en esta cuestión en anteriores legislaturas también, voy a apoyar esta proposición, pero me gustaría que este tema no quedara solamente en esto, sino que se pidieran después explicaciones sobre qué se ha hecho ante tales peticiones, esté quien esté en el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Suscribo las palabras que ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco y además quisiera en esta línea hacer únicamente un único apunte, un último apunte, el tabaco no es ilegal, en cambio publicitarlo sí. Hemos tomado medidas cuando nos ha convenido en ciertos temas sin ningún tipo de envite ni ningún problema. Hay un informe del Consejo de Estado en relación con la publicidad sexual, la publicidad denigrante con las mujeres, etcétera, en donde se manifiesta que no es ilícita pero debería serlo, quizás, en nuestra opinión, pero deberíamos tomar cartas en el asunto y, como hemos demostrado con la Ley del tabaco o de las bebidas alcohólicas, que no están prohibidas y en cambio sí se prohíbe su publicidad, podríamos también tener una iniciativa más concreta en este aspecto de la publicidad, que veja de esta manera a las mujeres, además de que es una auténtica apología a la prostitución.
Para terminar, me gustaría decir que me llama muchísimo la atención el tipo la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que dice concretamente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno -que entiendo que es la enmienda transaccional que se acepta por parte del Grupo Socialista- para que promueva, ante los organismos de igualdad de las comunidades autónomas y ante las entidades locales a través de la FEMP, la realización de las gestiones oportunas en el marco de sus competencias; y digo yo, ¿y las entidades locales qué competencias tienen o qué les queda? (La señora González Vázquez: ¡Cómo que no tienen competencias!- La señora Ros Martínez: Las ordenanzas.-Rumores). Por lo tanto, me sorprende el tipo de enmienda que se remite a las competencias no en igualdad. Me ha llamado la atención el tema, pero en cualquier caso votaremos a favor de la propuesta del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Hemos llegado al final del debate de las proposiciones no de ley, pero como recordarán ustedes, en Mesa y portavoces se acordó también el debate y la votación...
La señora FALCÓN DACAL: Disculpe, señora presidenta, teníamos que ver si aceptábamos o no la enmienda in voce que nos proponía Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Perdone señora Falcón, no me tenía usted que contestar si aceptaban o no, sino que habían llegado al acuerdo de negociarla y simplemente harían llegar a la Mesa el documento de la transaccional del acuerdo de la portavoz de Convergència i Unió junto con el Grupo Parlamentario Popular.
La señora FALCÓN DACAL: Se lo haremos llegar. Disculpe.
- PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000013).
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al debate y votación de la creación de la subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual. Esta iniciativa, esta creación de subcomisión, ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, en su nombre tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de personal recurriendo a la amenaza o a la fuerza, al rapto, a la coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad de la persona con fines de explotación, según la definición del Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el llamado Protocolo de Palermo. Las formas de trata incluyen la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud y formas análogas, la servidumbre, la mendicidad, la extracción de órganos o los matrimonios forzados. Es una vulneración de los derechos humanos y un delito perseguido y castigado por el Código Penal, pero se trata de un fenómeno transnacional, una sucesión en general de delitos conectados que en muchas ocasiones tienen lugar en países diferentes para acabar con la explotación de la persona víctima de trata en el país denominado de destino.
La carencia de datos acerca de la verdadera dimensión de la trata en nuestro país es un problema grave que comienza a paliarse con la aprobación del primer Plan nacional contra la trata en el año 2008. Sin embargo, el plan ha tenido como único objetivo luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La escasa información existente sobre otras formas de trata limita la capacidad de tomar medidas efectivas dificultando la evaluación de su impacto y sus consecuencias. No obstante, Naciones Unidas considera que dos terceras partes de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y que aproximadamente el 79 % de las personas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, por lo que es evidente el sesgo de género que plantea este fenómeno. La trasposición e implementación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, plantea a nuestro país un nuevo marco en el que se adopta el enfoque de derechos humanos, centrándose en la protección de las personas por encima de otras consideraciones, siguiendo el ejemplo de otros instrumentos internacionales previos, como el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el llamado Convenio de Varsovia.
Nuestro grupo parlamentario, consciente de que la lucha contra el fenómeno de la trata es uno de los grandes retos de nuestra sociedad, y conocedor también de lo limitado de la información que aún hoy manejamos sobre la incidencia de la trata en nuestro país y sobre la situación de las víctimas, ha propuesto la constitución de una subcomisión de estudio que permita establecer la constitución de una subcomisión de estudio que permita establecer un diálogo con los principales actores, administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, con el objetivo prioritario de conocer en profundidad los datos existentes y cuya finalidad será la elaboración de un informe que se elevará al Gobierno con propuestas y recomendaciones que creemos podrán ser útiles en la prevención de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Agradecemos muy sinceramente al resto de los grupos parlamentarios que compartan nuestra misma preocupación y la consideración de que la trata de personas es uno de los factores más graves que impiden la igualdad entre los sexos y además que voten favorablemente la propuesta de creación de esta subcomisión de estudio. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir para fijar su posición? (Pausa). ¿Los grupos minoritarios? Tiene la palabra la portavoz de La Izquierda Plural, la señora García.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Sí, nos gustaría estar entre los mayoritarios pero tenemos once diputados solo, el futuro lo dirá y ya tendremos muchos más, seguro.
En cualquier caso, y fuera ya de la broma a estas alturas, me gustaría decirles que efectivamente vamos a votar a favor de lo que se nos propone para la creación de esta subcomisión. Nos hubiera gustado que se hubiera cumplido con el tiempo marcado por la propia directriz del Parlamento Europeo, que, como ustedes saben, eran dos años y el plazo terminó en abril pero, bueno, como decía mi madre -que, como todas las mujeres mayores, eran sabias en estas cosas-, nunca es tarde si la dicha llega, porque la dicha siempre es buena a pesar de que digamos esto de que la dicha es buena. Por eso, vamos a votar que sí, si bien también quisiéramos trasladar aquí algunas recomendaciones que nos hacen grupos sociales muy preocupados con este tema. Las recomendaciones que se nos hacen para esta subcomisión es que se elabore un estudio de la trata desde una perspectiva integral que incluya todas las formas de explotación con un enfoque de los derechos humanos. Como la propia portavoz del Grupo Popular ha señalado algo así, es evidente que todos y todas tenemos interés en trabajar en ese sentido.
También nos dicen estas redes sociales que en esa subcomisión no solamente esté representada la Comisión de Igualdad, que es lógico y natural porque desde ella se genera y desde ella se crea, sino la posibilidad de que participen también en la misma diputados de las comisiones de Interior, Justicia e incluso de Extranjería. ¿Por qué? Porque todo ello está directamente relacionado con el tema que queremos tratar y sería conveniente que fuera totalmente transversal para poder incidir de la mejor manera posible en la solución de este problema.
La señora PRESIDENTA: Señora portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, quiero dejarla tranquila, porque, efectivamente, los distintos portavoces de las distintas comisiones que usted ha nombrado participarán en esta subcomisión, que yo espero que apruebe la Comisión de Igualdad.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la creación de esta subcomisión.
Quiero hacer memoria, la Comisión mixta de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades ya aprobó el 24 de mayo de 2007 un informe titulado Sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, fruto de una subcomisión similar. Fue un trabajo concienzudo y bueno del que surgió el Plan integral de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que fue un instrumento que dio un gran impulso a la persecución de este delito y al aumento de conciencia social. Digo esto porque me preocupa que no avancemos en el debate, que eternicemos los estudios y los informes en este Parlamento y que eso sea un pretexto para la inacción del Gobierno hasta que la legislatura termine. En la esfera de la explotación sexual se debería haber avanzado en esta legislatura y no se ha hecho, al contrario, se ha frenado el impulso que alcanzamos hasta el año 2011. Por ello, la creación de esta subcomisión nos va a servir para evidenciar que el Plan integral de trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha cumplido ya su tiempo de vigencia, el Ministerio de Igualdad dice que está en prórroga y eso es la excusa para que no haya sido evaluado. También llegamos tarde a la trasposición de la directiva europea sobre trata y me temo que nada se hará hasta que no terminemos estos trabajos de subcomisión, que tienen previsto una duración de dos periodos de sesiones. Es el momento de aprovechar que como país estamos obligados y trasponer a la legislación española la Directiva 2011/36/UE mediante una ley integral contra la trata de personas con fines de explotación sexual, dándole rango de ley para que se establezcan mecanismos adecuados para la prevención, se refuerce la persecución del delito de oficio, incluido el proxenetismo, aún con el consentimiento de la víctima, se actúe evitando la publicidad de contenido sexual y se pongan en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.
Quiero añadir que en los últimos meses de la legislatura pasada -entonces no sabíamos que eran los últimos- las diputadas y los diputados de la anterior Comisión de Igualdad comenzamos a elaborar una propuesta, que partía de un acuerdo y consenso básico, que era prohibir los anuncios de prostitución. Nos faltaba discutir hasta dónde llegábamos, prensa escrita, televisiones y radios, vallas publicitarias, medios de transporte, y cómo lo íbamos a articular, pero ese principio de acuerdo existía. Por último, con la reclamación de seguir avanzando termino diciendo que es el momento de abordar abiertamente qué hacer con aquellos que pagan por la explotación sexual, los mal llamados clientes, siendo conscientes de que si realmente queremos acabar con la vulneración de los derechos humanos, que es la explotación sexual, también tenemos que acabar con la demanda. Esta subcomisión va a ser la oportunidad de abordar lo que es la última esclavitud de nuestro tiempo, la explotación sexual, de reclamar una política integral orientada a los derechos humanos, con una lectura especialmente sensible al género y también a la edad, y de exigirle al Gobierno una actuación firme y decidida que siga el camino que se comenzó en las anteriores legislaturas.
La señora PRESIDENTA: Antes de pasar a las votaciones, señorías, quiero comunicarles que el Cermi ha concedido el premio a la categoría de mejor acción en beneficio de las mujeres con discapacidad a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Quiero felicitarles a todos ustedes, señoras y señores diputados. (Aplausos). Quiero comunicarles que el premio a la Comisión de Igualdad se va a entregar por parte del Cermi el próximo 11 de diciembre a las cuatro y media de la tarde, todavía no sabemos la sala, pero yo les pediría, por favor, a todos los grupos parlamentarios que por respeto, por
deferencia y sobre todo por agradecimiento, que la mayoría de los miembros de esta Comisión de Igualdad participáramos en la entrega de ese premio. Hoy era un momento importante para comunicárselo a ustedes.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO Y REPULSA DE LAS PUBLICACIONES Y MANIFESTACIONES QUE DEGRADAN LA IMAGEN DE LAS MUJERES Y HACEN PROSELITISMO DE LA DESIGUALDAD. (Número de expediente 140/000017).
La señora PRESIDENTA: Asimismo, quiero comunicarles que ha llegado a la Presidencia de esta Mesa la declaración institucional de la Comisión de Igualdad que han firmado todos los grupos parlamentarios, que voy a leerles a ustedes para que quede constancia en el "Diario de Sesiones":
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados manifiesta que es fundamental para construir una sociedad igualitaria y libre de violencia de género, velar por el respeto a la imagen de las mujeres en el ámbito público y privado, especialmente cuando se trata de víctimas de violencia de género y rechazar actitudes discriminatorias, vejatorias o de difusión de estereotipos sexistas de dominación, obediencia y sumisión que atacan los principios básicos de la igualdad. Por ello, las diputadas y diputados de la Comisión de Igualdad en esta Cámara realizamos este pronunciamiento de rechazo y repulsa hacia todas aquellas publicaciones que degradan la imagen de las mujeres y hacen proselitismo de la desigualdad, alentando la discriminación y fomentando el sexismo, así como de todas aquellas manifestaciones y tratamientos informativos morbosos, frívolos, vejatorios y crueles que atacan la dignidad de las mujeres víctimas de violencia de género, de sus familiares y amistades.
La apología del machismo y la misoginia atentan contra la dignidad del conjunto de la sociedad democrática, lo que adquiere especial gravedad cuando es manifestado por instituciones que de forma directa o indirecta perciben financiación pública. Animamos a la sociedad en general al rechazo y denuncia de cuantas publicaciones, contenidos informativos y mensajes atenten contra los principios constitucionales y resulten contrarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, porque el fomento y distribución de contenidos que abogan por la sumisión de las mujeres alientan situaciones de violencia de género al situar al hombre en una situación de poder y su inadecuado tratamiento menoscaba las estrategias de prevención.
Este manifiesto ha sido presentado ante la Presidencia de la Comisión de Igualdad firmado por todos los grupos parlamentarios, y doy por hecho que todos los parlamentarios y parlamentarias de esta Comisión aprueban esta declaración institucional.
Una vez aprobada la declaración institucional, antes de pasar a la votación de las distintas proposiciones no de ley, vamos a aprobar la creación de la subcomisión para el estudio y análisis de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. ¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento).
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por asentimiento la creación de la subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad.
Ahora vamos a pasar a la votación de las distintas proposiciones no de ley que hemos visto esta tarde con el orden del día que aprobó Mesa y portavoces.
Proposición no de ley relativa a la necesidad de intensificar las actuaciones económicas, políticas y sociales para combatir la violencia de género, del Grupo Parlamentario Mixto. Se vota de acuerdo con la transaccional a la que ha llegado el grupo proponente con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: a favor, 18; en contra, 23, abstenciones, 1.
Segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que las familias monoparentales con dos hijos a cargo y las familias con un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo tenga la consideración de familia numerosa. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: a favor, 16; en contra, 23, abstenciones, 3.
Tercera proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre medidas para impulsar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Si mal no recuerdo el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. ¿La han aceptado ustedes?
La señora DE LAS HERAS LADERA: No.
La señora PRESIDENTA: No. Por tanto, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: a favor, 3; en contra, 23, abstenciones, 16.
Cuarta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre el mantenimiento de las competencias de las corporaciones locales en materia de igualdad. Se vota en los términos de la transacción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Ha habido una transaccional que se ha repartido a los distintos grupos y que tiene la Presidencia de la Mesa.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: a favor, 17; en contra, 23, abstenciones, 2.
Quinta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la eliminación de la publicidad de prostíbulos en los medios de transporte público, incluido el servicio de taxi. Se vota en los términos de la enmienda transaccional a la que se ha llegado con el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: a favor, 31; abstenciones, 1.
Sexta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar un análisis de las necesidades técnicas, operativas y legales necesarias para la implantación de indicadores de seguimiento de la violencia de género en el sistema informático en las historias clínicas. Esta proposición no de ley se vota en sus términos ya que han sido retiradas todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
Séptima proposición no de ley, relativa a la utilización del protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se incorpora a la misma la enmienda in voce presentada por el grupo de Convergència i Unió.
Octava y última proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para apoyar la equiparación de las violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas en zonas bélicas a los crímenes de guerra. Se vota junto con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.