Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/Resolucion14671.htm
Timestamp: 2018-08-16 23:20:05
Document Index: 245357093

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 71', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 274', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 80', 'artículo 10', 'Artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 294', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 294', 'artículo 274', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 12', 'artículo 95', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 274', 'artículo 294', 'artículo 2', 'artículo 10']

Resolución Nº 14.671
BUENOS AIRES, 30 de octubre de 2003.
VISTO el Expediente N° 1260/97 rotulado “BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL s/ CALIFICACION”; el dictamen de fojas 619/633, conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y
Que esta COMISION NACIONAL DE VALORES (“CNV”) por Resolución N° 12.186 del 26-3-98 instruyó sumario a DUFF & PHELPS DE ARGENTINA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (“Duff & Phelps”), sociedad absorbida por FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE RIESGO SA (“FITCH”), sus autoridades titulares a la época de los hechos examinados, directores señores: David ROBERTS (“Roberts”) y Ernest ELSNER (“Elsner”), directores miembros del consejo de calificación, señores: Hernán CHEYRE VALENZUELA (“Cheyre”), José R. VALENTE VIAS (“Valente”), Julio MORGADO LEDEZMA (“Morgado”) y Jaime VATTER (“Vatter”) y miembros del consejo de calificación, señores: Gabriel E. RUBINSTEIN (“Rubinstein”), Sergio BONACOSSA (“Bonacossa”) y Ana GAVUZZO (“Gavuzzo”); y síndico, señor: Juan A. DESIMONE (“Desimone”), por posible infracción a los artículos 13 y 24 del Decreto N° 656/92 y 1°, 2° y 6° de la Resolución General (“RG”) N° 226/92 –a la fecha de la resolución de cargos arts. 4°, 5°, 6° incisos a y b y 12 del Capítulo XII de las NORMAS (NT 1997) (actualmente arts. 4°, 5°, 6° incisos a y b y 12 del Capítulo XVI de las NORMAS (NT 2001) (fs. 93/7).
Que con relación a su Dictamen de calificación del 8-1-97 (“Dictamen del 8-1-97”) se les atribuyó haber recalificado con letra C, cuando correspondía hacerlo con letra E, las obligaciones negociables subordinadas emitidas por el BANCO UNION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA (“Banco BUCI”) por un monto de DIEZ MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S10.000.000) y VEINTE MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S20.000.000) (“las ON”), como consecuencia de la suspensión del Banco BUCI dispuesta por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (“BCRA”), sin consideración del balance trimestral cerrado el 30-9-96 y requerimiento de información a Duff & Phelps (fs. 93/5).
Que respecto a su Dictamen de calificación del 31-3-97 (“Dictamen del 31-3-97”) se les imputó haber mantenido esa calificación C, cuando también correspondía otorgar a las ON la letra E, no obstante carecer de información actualizada, circunstancia reconocida por Duff & Phelps (fs. 19).
Que la emisión de ambos dictámenes sin la información exigible por la normativa vigente y sin la formulación de un requerimiento al Banco BUCI tendiente a su obtención, comporta un apartamiento de su Manual de Procedimiento registrado ante esta CNV y artículo 6° de la RG N° 226/92, que en ese caso manda calificar los títulos con la letra E y no con la C como se hizo (fs. 95/6).
Que corrido traslado de los cargos el síndico Desimone presentó descargo y recusó la actuación del presidente de esta CNV, dos directores, el Gerente de Fiscalización y Control, el Subgerente de Coordinación Jurídica y dos abogados de esa Subgerencia por entender afectada su seguridad procesal y sustancial, abuso de poder, prejuzgamiento, negación de garantías constitucionales, violencia, falta de respeto y violación de normas sobre divulgación de la resolución de cargos (fs. 112/46 y 346).
Que por Resolución N° 607 dictada por el Ministro de Economía el 28-5-99 en Expediente N° 1602/97 de esta CNV fue rechazada la recusación de los miembros del directorio en el presente expediente y mediante Resolución N° 13.292 del 9-3-00, la articulada contra los restantes profesionales (fs. 346/7 y 356/9).
Que contra esta última Resolución Desimone interpuso aclaratoria y queja en los términos del artículo 71 del Decreto N° 1759/72, t.o. Decreto 1883/91 (“RPA”) y formuló petición de una audiencia ad-hoc y la unificación y/o acumulación de las actuaciones pendientes relativas al síndico (fs. 340/1 y 363/9).
Que por Resolución N° 13.387 del 11-5-00 fueron rechazadas tanto la aclaratoria y queja articuladas, como la solicitud de unificación de actuaciones administrativas, y mediante Disposición del 11-5-00 la petición de audiencia aludida (fs. 379/83).
Que Roberts no presentó ningún descargo, ni ofreció prueba no obstante haber sido debidamente notificado en el domicilio de Duff & Phelps el 1-4-98 por falta de constitución de domicilio especial, según lo dispuesto por el artículo 9° del Capítulo III de las NORMAS (NT 1997) (actualmente art. 9° del Cap. III de las NORMAS (NT 2001), es decir, dentro del año de producido su cese en el cargo de director ocurrido el 17-7-97 (fs. 85 y 102).
Que Duff & Phelps representada por su apoderado, Dr. Capurro Acasuso, formuló su descargo y ofreció prueba, adhiriendo al mismo Vatter, Valente, Elsner, Rubinstein, Bonacossa, Gavuzzo, Cheyre y Morgado (fs. 153/ 64, 294 y 308).
Que mediante Disposición del 11-5-00 los sumariados, con excepción de Roberts, fueron tenidos por presentados, parte y con el domicilio constituido, se dispuso la apertura a prueba del sumario y ordenó la producción de las medidas ofrecidas y otra para mejor proveer (fs. 384/7).
Que mediante Nota N° 12976 del 31-5-00 Desimone presentó escrito titulado “Nuevas Nulidades en el Expte... 1260/97” contra la Resolución N° 13.387, articulando concretamente aclaratoria por la aclaratoria no tratada, queja por la queja no tratada y reiteración del pedido de audiencia ad hoc, el cual fue rechazado por versar sobre cuestiones ya tratadas y resueltas y no existir ninguna vía procedimental idónea que ameritara su consideración (fs. 391/7 y 402/3).
Que luego de la producción de las medidas de prueba ofrecidas y aquellas ordenadas por el Conductor del Sumario, mediante Disposición del 11-5-01 se resolvió la clausura del periodo de prueba notificando a los sumariados sobre su facultad y plazo para la presentación de memorial, que fue ampliado por Disposición del 31-5-01 (fs. 553/5 y 565/7).
Que los sumariados y FITCH, representados por el Dr. Capurro Acasuso, hicieron uso de este derecho presentando el memorial correspondiente, no así los señores Desimone y Roberts (fs. 569/78).
Que el Dr. Vitale como gestor, por ausencia de Desimone, mediante Nota N° 13.424 del 20-6-01 interpuso recurso de reconsideración o recurso de revisión -a elección de esta CNV- contra la Disposición del 11-5-01 de clausura del periodo de prueba argumentando que “el tema de las pruebas a favor del síndico Desimone no ha sido plenamente tratado”, tampoco “la convalidación normativa” planteada, que no “se dispuso la apertura del incidente de recusación”, no “se ha considerado la unificación de los expedientes” y “quedan pruebas pendientes de producción”, solicitando además una audiencia ad hoc para “esclarecer conceptos técnicos de” las opiniones de fojas 547/50 (fs. 586/7).
Que afirmó que en la Disposición del 31-5-01 se le brindó un tratamiento inadecuado al considerárselo gestor procesal cuando había acreditado con anterioridad su carácter de patrocinante y apoderado.
Que a este respecto debe señalarse que los remedios recursivos articulados son a todas luces improcedentes pues tanto el artículo 12 de la Ley N° 17.811, como el artículo 14 de la Ley N° 17.811 (modif. por Decreto N° 677/01) claramente establecen que las decisiones que dicte esta CNV durante la sustanciación del sumario administrativo son irrecurribles.
Que el pedido de unificación y/o acumulación y/o conexidad de los expedientes y recusación de los funcionarios de esta CNV fue resuelto en la Resolución N° 13.387 de esta CNV y la recusación de los directores en la Resolución N° 607 del MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION, ambas ya citadas (fs. 379/81 y 404).
Que conforme surge de las actuaciones del expediente el Dr. Vitale actuó como letrado patrocinante en varias presentaciones -Notas 8686 (fs. 112/46), 9406 (fs. 313/5), 044 (fs. 345), 7122 (fs. 363/9) y 12976 (fs. 391/6)- y como gestor en escritos que Desimone no suscribió -Notas 11807 (fs. 562), 11806 (fs. 595), y 13424 (fs. 596/7)-, motivo por el cual, en la Disposición del 31-5-01 no existió tratamiento erróneo (fs. 562 y 565/7).
Que por los motivos expuestos, los remedios recursivos interpuestos por Desimone serán rechazados.
III. CALIFICADORAS DE RIESGO. NORMATIVA APLICABLE.
Que la RG N° 226/92 en sus artículos 1° y 2° prescribe imperativamente que la calificación de riesgo de los títulos valores se realice siguiendo los procedimientos del Manual de la calificadora, previamente registrado ante la CNV, con una periodicidad no superior a los tres meses y en base a los datos que surjan de los balances de la emisora, los antecedentes proporcionados por ella y otros de fuentes propias de la calificadora.
Que similares previsiones en cuanto a metodología de calificación a aplicar, periodicidad de dictámenes y fuentes de información a utilizar contienen las NORMAS (NT 1997) en los artículos 4°, 5° y 6° incisos a y b del Capítulo XII y las NORMAS (NT 2001) en artículos equivalentes.
Que el artículo 13 del Decreto N° 656/92 indica las distintas categorías en que pueden calificarse los valores, los diferentes aspectos que al efecto deben considerarse y los criterios a seguir según la información con que se cuente, estableciendo que en casos de no cumplimiento debido con dichos requisitos la calificación será indefectiblemente la letra “E”.
Que similar previsión contienen el artículo 6° de la RG N° 226/92 y artículo 12 del Capítulo XII de las NORMAS (NT 1997) (act. art. 12 del Capítulo XVI de las NORMAS (NT 2001).
Que el artículo 24 del Decreto N° 656/92 establece como estándar de diligencia a cumplir por quienes actúan o participan en el procedimiento de calificación el del “buen hombre de negocios”, idéntico al previsto en el artículo 274 de la Ley N° 19.550 (“LSC”) a cumplir tanto por administradores como síndicos.
IV. DEFENSAS ARTICULADAS.
Que los sumariados alegan en primer término nulidad de la Resolución Inicial N° 12.186, incompetencia de esta CNV, inconstitucionalidad del artículo 25 del Decreto N° 656/92 y falta de legitimación pasiva de los directores y síndico; articulan luego defensas relativas al cargo de calificación de ON con información desactualizada y omisión de calificación de ON con letra E; y por último formulan reservas y dejan interpuestos recursos.
1. Nulidad de Resolución Inicial.
Que los sumariados peticionan sea dispuesta la nulidad de la Resolución Inicial en los términos de la Ley N° 19.549 (“LNPA”) por falta de causa y motivación, desviación de poder en su dictado y error esencial, dolo y violencia.
Que Desimone alega nulidad de la resolución inicial con sustento en los artículos 7° y 14 de la LNPA por falta de causa y motivación y poseer objeto impreciso, física y jurídicamente imposible (fs. 117/28).
Que sostiene que no han sido consignados ni hechos ni antecedentes atribuibles al síndico y tampoco derecho incriminante contra él, sólo derecho excluyente de toda participación fuera de la del consejo de calificación (fs. 118/9).
Que por su parte Duff & Phelps, directores y consejeros sostienen que tampoco existen hechos que sustenten los cargos formulados contra los directores, es invocado erróneamente el derecho y omitida la motivación del acto, con lo cual dicha resolución inicial, viciada de nulidad absoluta, debe revocarse por aplicación de los artículos 17 y 18 de la LNPA (fs. 162/5).
Que la causa del acto administrativo, caracterizada como los antecedentes o razones de hecho y derecho que justifican su emisión, determina que el mismo en tanto ejercicio de una potestad sólo pueda dictarse en función del presupuesto de hecho tipificado por la norma y el objeto, aquello que decide, valora, certifica, registra u opina, debe ser lícito (Hutchinson, Régimen de Procedimientos Administrativos Ley 19.549, Ed. Astrea, 2000, pág 80 y ss).
Que a su vez la motivación “no es otra cosa que un aspecto o ingrediente del elemento forma del acto administrativo... que trasunta exteriorización de los motivos -causa jurídica-...” de modo concreto y “...no es necesaria una relación análítica o circunstanciada, basta una relación sucinta, siempre que sea ilustrativa” (Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T II, Ed Abeledo Perrot 1988, pág. 326 y ss.).
Que además cuando la norma es clara y comprensiva, su mera referencia, que exterioriza la causa del acto administrativo, puede surtir efectos de motivación (Marienhoff, ob. cit.).
Que la resolución inicial de un sumario tiene por objeto señalar los hechos que prima facie pueden constituir infracción a la normativa y los posibles participantes de su acaecimiento, sea por acción u omisión en virtud de deberes establecidos por la ley en sentido amplio, de modo que no requiere de las precisiones que sí demanda una resolución final donde el grado de certeza para atribuir responsabilidad debe ser mayor (art. 12 de la Ley N° 17.811).
Que los hechos o conductas desplegados por Duff & Phelps, sus antecedentes y el derecho que los tipifica fueron ampliamente descriptos en los considerandos del acto cuestionado y por motivo de ellos, en su parte resolutiva se dispuso la instrucción de sumario a la sociedad y sus autoridades (fs. 93/7).
Que una sociedad actúa a través de sus órganos sociales, de allí que determinada la posible actuación irregular de una entidad procede seguidamente el deslinde de la responsabilidad que cupo a las personas físicas que los integran.
Que la tipificación de la posible infracción en una determinada normativa administrativa no implica que su reproche deba verificarse desde una misma perspectiva, sino que por el contrario, debe serlo en función de las atribuciones o deberes u obligaciones propios de cada órgano societario.
Que ello obviamente no fue ajeno a Desimone quien en sus defensas hizo hincapié precisamente en que las funciones de contralor del síndico no comprendían la actividad de calificación de riesgo (fs. 144).
Que tampoco lo fue para los directores, quienes en sus defensas también destacaron que no correspondía a los directores la vigilancia de la actividad del consejo de calificación (fs. 162 vta.).
Que las defensas articuladas por los sumariados revelan que la causa y motivación del acto administrativo han quedado suficientemente expuestas, de modo que la nulidad por falta de causa y motivación resulta improcedente.
Que Desimone atribuye a la resolución de cargos fines distintos de los previstos en la normativa, en razón de habérselo involucrado indebidamente en el sumario y pretendido agraviar su nombre y actividad profesional al darse a publicidad.
Que la resolución publicada en el Boletín Diario de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES (“BCBA”) obviamente señalaba la iniciación del procedimiento sumarial por “posible” infracción a normativa vigente y sujeta consecuentemente a las resultas de las defensas y pruebas que los sumariados ofrecieran (art. 12 de la Ley N° 17.811).
Que la instrucción sumarial fue dispuesta en uso de específicas atribuciones que facultan a esta CNV para sancionar a las personas que infringieren la normativa vigente, previa sustanciación de un sumario administrativo (arts. 10 y 12 de la Ley N° 17.811).
Que la potencial utilización por los inversores de las calificaciones de Duff & Phelps sospechadas de presuntas irregularidades constituyó justa causa acorde con la finalidad tuitiva de la Ley N° 17.811 para esa publicación.
Que no ha sido probado que la resolución cuestionada o sus actuaciones preparatorias, tuvieren otra finalidad que la de esclarecer definitivamente el modo en que acaecieron los hechos examinados, su encuadramiento legal y determinación de los responsables y que la difusión se realizara por razones distintas que la protección del público inversor, lo cual torna improcedente la nulidad articulada por dicho motivo (fs. 93/7).
Que Desimone alega que la voluntad de la administración ha sido excluida por error esencial pues se aplican normas que corresponden al consejo de calificación, por dolo de los funcionarios intervinientes y violencia física o moral hacia su persona (fs. 126).
Que la voluntad administrativa en el dictado del acto se considera excluida por error cuando es expresada una voluntad distinta de la real; por dolo cuando se tienen por existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; y por violencia física o moral cuando es ejercida sobre los funcionarios autores del mismo (Hutchinson, ob. cit., pág. 126 y ss.).
Que ninguna de esas circunstancias han sido acreditadas pues al dictarse la resolución de cargos no fue expresada una voluntad distinta de la real, los hechos consignados tienen existencia y son verdaderos y ningún funcionario del Organismo fue coaccionado en manera alguna para su emisión .
Que la resolución inicial no se halla viciada de nulidad por estas razones, de modo que corresponde el rechazo de esta defensa.
Que Desimone expresa que la resolución inicial ha sido dictada con violación del procedimiento según lo dispuesto en el artículo 7 inciso d de la LNPA pues “la presencia de un dictamen no parece indispensable en este expediente” y sin embargo es solicitado, revistiendo más bien naturaleza de informe de cargos que de dictamen (fs. 120/2).
Que los dictámenes, aún los vinculantes, son irrecurribles no sólo en virtud de lo establecido por los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.811 (sust. por Decreto N° 677/01), sino también por el artículo 80 del Decreto N° 1759/72 (t.o Decreto N° 1883/91) (“RPA”).
Que en pos de la averiguación de la verdad material y salvaguardando el derecho de defensa de la calificadora, distintas dependencias del Organismo, previo al dictado de la resolución de cargos, emitieron dictámenes técnicos y legales y solicitaron aclaraciones a la calificadora (fs. 5/7, 10, 15/91).
Que esas actuaciones ponen de manifiesto la realización de los pasos normales de cualquier procedimiento investigativo previo al sumario, deviniendo improcedente la nulidad de la resolución inicial por ese motivo.
Que Desimone denuncia inexistencia y/o pérdida de jurisdicción y/o competencia de esta CNV negando toda autoridad de superintendencia respecto de su función como síndico en Duff & Phelps atento haber sido incorporado al sumario indebidamente y mediante una resolución nula por haber sido dictada por autoridad incompetente y otras circunstancias (fs. 117/9 y 136/7).
Que esta CNV realiza el control estatal permanente de las sociedades que hacen oferta pública de valores negociables, entre ellos, las obligaciones negociables (art. 299 inciso 1° LSC, Leyes N° 22.169 y 22.315 y art. 1° Ley N° 23.576).
Que en el ámbito de la oferta pública de valores negociables le ha sido otorgada competencia regulatoria, de fiscalización, instructoria y sancionatoria (arts. 6°, 7°, 10 y 12 Ley N° 17.811).
Que dicta en virtud de ello las normas a las que deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que en cualquier carácter intervengan en la oferta pública de valores y controla su cumplimiento (arts. 6° inciso f y 7° de la Ley N° 17.811).
Que se “amplía el ámbito de atribuciones conferido actualmente al ente estatal, extendiéndolo no sólo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores...” (Exp. de Motivos Ley N° 17.811).
Que por ello, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 656/92, las previsiones sobre calificación de riesgo contenidas en las NORMAS fueron dictadas también por esta CNV en ejercicio de las facultadas que la Ley N° 17.811 le confiere.
Que corresponde a esta CNV la inscripción de las sociedades calificadoras en el Registro a efectos de otorgarles una matrícula para el ejercicio de la actividad de calificación de riesgo de acciones y valores -su objeto exclusivo-, mediante la cual básicamente proporcionan al público inversor información sobre la emisora y valores mencionados (art. 5° Decreto N° 656/92 y RG N° 226/92).
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (“CSJN”) ha sostenido
que “...distintos órganos administrativos... se hallan... investidos de la facultad de aplicar medidas disciplinarias a personas que se encuentran... en una situación de sujeción particular...” y que “esta subordinación... también puede encontrar... su origen... en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio... requiere licencia de la autoridad y se encuentra reglada por ésta” (dict. Del Proc. en Fallos 251;347).
Que la CNV es la autoridad de aplicación de la normativa prevista en el Decreto N° 656/92 (arts. 25 y 27), hallándose facultada para la imposición de las sanciones contempladas en el artículo 10 de la Ley N° 17.811.
Que en estas actuaciones se instruyó sumario administrativo a una sociedad anónima calificadora de riesgo de valores negociables, autorizada expresamente por esta CNV para el ejercicio de su actividad en los términos del Decreto N° 656/92 y reglamentación de esta CNV (596/618).
Que incuestionablemente a Duff & Phelps y sus autoridades le son de plena aplicación las normas citadas pues desplegaron su actividad de calificación, proporcionando información al público inversor sobre la emisora y valores calificados, en el marco de la autorización conferida por el Organismo y en el ámbito de la oferta pública y negociación de valores negociables.
3. Inconstitucionalidad Artículo 25 del Decreto N° 656/92.
Que Duff & Phelps, directores y consejeros cuestionan la constitucionalidad del Decreto N° 656/92, dictado a tenor del artículo 41 de la Ley de Emergencia Económica (“LEE”) N° 23.697, por entender que crea un tipo de sociedad y en particular porque tipifica infracciones en el artículo 25 -no previstas por el art. 41- lo cual constituye ejercicio de facultades legislativas vedadas al Poder Ejecutivo y violatorias de los artículos 1°, 18, 19, 28, 29, 75, 76, 99 inciso 3° y concordantes de la Constitución Nacional (fs. 153/6).
Que en primer término debe señalarse que el Decreto N° 656/92 no creó un tipo de sociedad como sostienen los sumariados, es decir, una organización con forma distinta de las establecidas en la LSC ya que precisamente para acogerse al régimen, las calificadoras deben ser Sociedades Anónimas (art. 6° inc. a).
Que se confunde “tipo” con “objeto” de la sociedad, que consiste en el conjunto de actos o categoría de actos que de acuerdo con el acto constitutivo libremente se propone desarrollar como actividad económica, y en el caso de las calificadoras, debe ser exclusivo (art. 6° inc. b y Halperín, Isaac, Curso de Derecho Comercial, Bs.As., 1975, Vol I, p. 230).
Que la delegación practicada por el artículo 41 del Capítulo XVII Mercado de Capitales de la LEE tuvo por objeto el dictado de normas necesarias para afianzar su funcionamiento mediante sistemas informativos que realzaran su transparencia, proscribiendo especialmente la afectación de las individualidades o eficacia de los deberes y responsabilidades establecidos por la Ley Nº 17.811.
Que ello da cuenta de un doble propósito, el de otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo para el establecimiento de nuevos sistemas informativos por una parte y el de su integración al régimen de la Ley N° 17.811, cuya eficiencia persigue mejorar a través de ellos por la otra.
Que por esa razón el artículo 25 del Decreto N° 656/92 no establece sanciones como sostienen los sumariados, sino que remite a las previstas por la Ley N° 17.811, guardando de ese modo absoluta coherencia con el régimen en cuyo marco se inserta.
Que debe recordarse también que la Ley N° 17.811 “[amplió] el ámbito de atribuciones conferido [a la CNV] extendiéndolo... a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores...” (Exp. de Motivos).
Que en consecuencia, sin perjuicio de la nominación expresa de esta CNV como autoridad de aplicación de las calificadoras de riesgo por el artículo 27 del Decreto N° 656/92, por el tipo de actividad que desarrollan y ámbito en que se desenvuelven, quedan necesariamente sujetas a su competencia, sea regulatoria, de contralor, instructoria o sancionatoria.
Que sin perjuicio de las consideraciones expuestas, el planteo de inconstitucionalidad resulta improcedente toda vez que los sumariados voluntariamente se acogieron al régimen instituido por el Decreto N° 656/92 al solicitar su autorización para actuar como Sociedad Calificadora de Riesgo y no invocan ni existen en el Organismo constancias de que en dicha oportunidad formularan reserva alguna u objeción respecto de las normas que hoy cuestionan (fs. 591/618).
Que la CSJN ha sostenido en este sentido que: “El voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional...” (CSJN, Fallos 271; 183).
4.1. Directores.
Que Duff & Phelps, directores y consejeros alegan que el directorio de Duff & Phelps no intervino en la calificación de los valores y que tampoco tenía ningún deber de supervisión sobre la actuación del consejo de calificación, por lo que mal puede atribuírseles responsabilidad alguna por ella (fs. 162).
Que al respecto debe señalarse que la legitimación para obrar en la causa consiste en la condición jurídica en que se hallan una o varias personas con relación al derecho que se invocare en el proceso (Carlos Eduardo Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea 2000, pág. 354).
Que el sumario se llevó adelante para establecer si Duff & Phelps incurrió en infracción a determinadas normas sobre calificación de riesgo y en tal caso, si la conducta desplegada por sus autoridades resulta susceptible de reproche.
Que corresponde al directorio de la sociedad la administración o gestión del conjunto de actos que se realizan sobre el patrimonio social y en pos de la consecución del objeto social (art. 255 de la LSC).
Que si bien en las calificadoras el consejo de calificación aglutina gran parte de esa función, el Decreto N° 656/92 en ninguna de sus previsiones modifica el régimen de responsabilidad instituido en la LSC de modo que pueda sostenerse válidamente que no le competía al directorio vigilar su actividad.
Que la doctrina afirma además que aún en el caso “que cada órgano tenga competencia exclusiva y excluyente en sus funciones y atribuciones, no implica que no se mantenga entre ellos el necesario equilibrio de poderes a través de recíprocos controles” (Sasot Betes, Sociedades Anónimas El Organo de Administración, Ed. Abaco, 1980, pág. 379).
Que el reconocimiento de haber sido directores de Duff & Phelps a la época de los hechos examinados, da cuenta de su condición jurídica para hallarse involucrados en el sumario sustanciado, siendo improcedente la falta de legitimidad alegada.
4.2. Síndico.
Que a tenor del artículo 294 inciso 9° de la LSC corresponde a los síndicos vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley en sentido amplio, el estatuto y el reglamento y en caso de violación de esos deberes informar a los administradores o la asamblea en defecto de corrección.
Que las sociedades desenvuelven el objeto social a través de sus órganos de administración y en las calificadoras -entidades de objeto exclusivo- el consejo de calificación es quien aglutina en su cabeza gran parte de esa función (Marcelo Camerini, La calificación de riesgo, Ed. Depalma 2000, pág 154).
Que el deber mencionado comprende además de la actividad del directorio, diferentes aspectos societarios donde se impone un control interno de legalidad (Camerini, ob. cit., pág. 260).
Que ello es tan así que hasta el mismo Estatuto de Duff & Phelps como relata Desimone, preveía la concurrencia del síndico a las reuniones del consejo de calificación (fs. 141).
Que el reconocimiento de Desimone sobre su carácter de síndico de Duff & Phelps al momento de los hechos examinados y deberes legales impuestos respecto de los actos societarios, da cuenta de su condición jurídica para hallarse involucrado en el sumario, siendo improcedente la falta de legitimidad esgrimida.
5. Calificación de ON con Información Desactualizada.
5.1. Dictamen del 8-1-97.
Que Duff & Phelps, directores y consejeros, al cargo de omisión de consideración del balance trimestral cerrado el 30-9-96 en su Dictamen del 8-1-97, contestan que la falta de consideración por esta CNV del informe de actualización de fecha 4-11-96 vuelve írritas una serie de argumentaciones vertidas en el sumario (fs. 157/8).
Que al haber confeccionado el informe del 4-11-96 en base a los datos obtenidos del balance cerrado al 30-9-96 omitieron insistir en el análisis allí volcado y se refirieron concretamente a los hechos nuevos: suspensión de operaciones del Banco BUCI, falta de pago de intereses de las ON por U$S 20 millones y autorización del BCRA para transferir las acciones o su patrimonio.
Que sustanciada la medida para mejor proveer dictada por el Conductor del Sumario, la Subgerencia de Calificadoras de Riesgo (“SCR”), rectificando su anterior informe, manifestó que Duff & Phelps, efectivamente, en los dictámenes del 8-1-97 y 31-3-97 había utilizado los estados contables trimestrales al 30-9-96, lo cual modifica el segundo considerando de la resolución de cargos (fs. 547/50).
Que corresponde entonces absolver a todos los sumariados por el cargo de emisión del dictamen del 8-1-97 sin consideración del balance cerrado al 30-9-96 y falta de requerimiento de información a la emisora.
5.2. Su dictamen del 31-3-97.
Que Duff & Phelps, directores y consejeros, al cargo de falta de uso de información actualizada en su Dictamen del 31-3-97 contestan que la calificación C se mantuvo debido al convencimiento de que el adquirente del Banco BUCI podía hacerse cargo de la totalidad del precio, basándose para ello en las resoluciones del BCRA y en la forma de incumplimiento de sus obligaciones (fs. 159/60).
Que alegan además que la suficiencia o insuficiencia de la información es determinada por un juicio de valor del consejo calificador, facultad reconocida en el Manual de Duff & Phelps aprobado por la CNV y que surge igualmente de los considerandos de la RG 306/98 (BO 14/4/98).
Que en el Dictamen del 31-3-97 Duff & Phelps expuso que no contaba con información contable posterior al balance cerrado al 30-9-96 y al requerimiento formulado por esta CNV contestó que “dado que la Entidad [Banco BUCI] se encontraba a esas fechas suspendida por el BCRA, la misma no cumplía con el régimen informativo correspondiente, por lo que no se efectuaron requerimientos de información (fs. 30/33 y 540/1).
Que la SCR ha informado que el Banco BUCI comunicó al Organismo las distintas suspensiones y los estados contables del trimestre cerrado al 31-12-96 con fecha 17-2-97, lo que evidencia su elaboración por la entidad emisora (fs. 542/8).
Que del Boletín Diario de la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES (“BCBA”) surge que el Banco BUCI publicó el balance correspondiente al trimestre cerrado el 31-12-96 con fecha 18-2-97, es decir, con una antelación de CUARENTA (40) días aproximadamente a la emisión del Dictamen del 31-3-97 (fs. 589).
Que a tenor del artículo 2° de la RG 226/92, que prescribe la obligatoria consideración de balances y otros antecedentes para la calificación de valores, al emitir el dictamen del 31-3-97 Duff & Phelps debió calificar las ON con consideración del balance cerrado al 31-12-96, público desde el 18-2-97, cosa que no hizo.
Que Duff & Phelps no sólo omitió el uso de información actualizada para la emisión de ese dictamen, sino que tampoco formuló requerimiento alguno al Banco BUCI para que proveyera información actualizada, según reconoció ante esta CNV (fs. 33).
Que debe tenerse por probada la infracción de Duff & Phelps al artículo 2° de la RG n° 226/92 y la de los consejeros firmantes del dictamen del 31-3-97, en tanto autores de esa calificación, al deber de diligencia del buen hombre de negocios que les impone el artículo 24 del Decreto N° 656/92.
Que los directores sumariados, en tanto administradores de la calificadora, no han producido prueba alguna tendiente a demostrar que cumplimentaron con su deber de controlar la actividad del consejo y por ende haber actuado con la diligencia del buen hombre de negocios que contemplan los artículos 274 de la LSC y 24 del Decreto N° 656/92.
Que la responsabilidad de los integrantes de los órganos societarios nace de la sola circunstancia de integrar estos últimos y cualquiera sean las funciones que efectivamente cumplen; sus conductas deben ser juzgadas en función de la actividad (u omisión) desplegada por el órgano, aunque el sumariado alegue que no actuó efectivamente en los actos reputados disvaliosos o su función hubiese sido meramente nominal (C.N.Com., Sala C, 11.06.96, “Minetti y Cía. Ltda.S.A., J.A. 1997-I-612 Nº 970620).
Que no obstante lo expuesto, al 31-3-97 -fecha de la infracción-, el señor Morgado no integraba el directorio de Duff & Phelps, por lo que debe ser absuelto por los cargos relativos al mismo (fs. 88).
Que el síndico tampoco produjo prueba alguna tendiente a demostrar que cumplió con su deber de contralor establecido por el artículo 294 inciso 9° de la LSC, es decir, que observó u objetó la actuación de la calificadora en infracción a la ley en sentido amplio; y menos aún con la diligencia del buen hombre de negocios establecida en el artículo 274 de la LSC (art. 296 de la LSC).
Que en virtud del artículo 25 del Decreto N° 656/92 y artículo 10 de la Ley Nº 17.811, que hace pasible a las personas físicas y jurídicas que no cumplan con las disposiciones de la ley y su reglamentación de las sanciones en él contempladas, corresponde imponer sanción de multa a Duff & Phelps, directores, consejeros y síndico sumariados en forma solidaria.
5.3. Fusión de Duff & Phelps y FITCH.
Que por haberse operado la fusión de Duff & Phelps y FITCH IBCA ARGENTINA CALIFICADORA DE RIESGO S.A., aprobada por Resolución N° 13.614 del 9-11-00, y que en el proceso cambió su denominación por la de FITCH, la sanción debe hacerse extensiva a esta última (fs. 617/8).
Que sobre el particular FITCH sostuvo que no se le pueden extender las consecuencias jurídicas de hechos realizados por Duff & Phelps por la sola circunstancia de ser la sociedad absorbente, ya que la relación jurídica que les dio origen es de carácter personal o “intuitu personae” (fs. 569/72 y 606/18).
Que al tiempo de informar a esta CNV esa fusión, FITCH planteó su preocupación por las sanciones que pudieran recaer en Duff & Phelps y solicitó que ellas no figuraran en su Registro (fs. 611).
Que en virtud del compromiso de FITCH ante el Organismo de asumir la gestión de toda la actividad administrativa de Duff & Phelps, su carácter de continuadora de la personalidad de esta última y la circunstancia de que la sujeción a esta CNV no se origina en las cualidades personales de la calificadora, sino en el ejercicio de la actividad para que se halla inscripta, su petición le fue denegada y se encuentra firme (fs. 614/8).
Que la Resolución N° 13.614 da cuenta de ello al consignar que FITCH como sociedad continuadora “deberá” afrontar la totalidad de las actuaciones pendientes ante esta CNV de las que la sociedad absorbida es titular (fs. 617).
Que efectivamente, la sociedad absorbente asume la totalidad de derechos y obligaciones de la absorbida, es sucesor a título universal del patrimonio, de modo tal que a ella corresponde afrontar las consecuencias por todos los hechos, actos y contratos acaecidos o celebrados con anterioridad a la transmisión (art. 82 de la LSC).
Que la CSJN en precedente por una sanción de multa aplicada a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (“AFJP”) sostuvo que la fusión “no hace fenecer las responsabilidades pendientes en la medida en que las sociedades fusionadas sobreviven en la realidad jurídica y económica, transformadas e integradas en la empresa absorbente... y, por otro lado, que los compromisos asumidos por la entidad subsistente respecto de las empresas que absorbió, son consecuencia de sus propios actos y de lo establecido en el régimen jurídico al que voluntariamente sometió su actividad” (Superintendencia de AFJP c/ Orígenes AFJP SA s/ Recurso de hecho, SAIJ, RHS002, 21-3-00).
Que la transmisión de la titularidad de los derechos y de las obligaciones de las compañías fusionadas es comprensiva no sólo de los créditos que la pudieren beneficiar sino también de las deudas que deba soportar en razón de las infracciones a normas legales o reglamentarias en que podrían haber incurrido las empresas respectivas (fallo cit.).
Que en materia de obligaciones la regla es la fungibilidad, no su carácter personal y por lo tanto las obligaciones de dar como de hacer pueden ser cumplidas por un tercero, salvo que las partes o la ley dispongan lo contrario (Belluscio, CC comentado, Ed. Astrea, 1994, pág. 150 y ss.).
Que no resulta atendible entonces la consideración expuesta por FITCH con el objeto de evitar la extensión de responsabilidad por las consecuencias jurídicas de los actos realizados por Duff & Phelps.
Que a efectos de la graduación de la sanción de multa que se aplica es considerada la circunstancia de que FITCH y los sumariados, a excepción de Roberts, Vatter, Bonacossa y Gavuzzo, registran antecedentes disciplinarios por infracción al régimen de la oferta pública.
Que por Resolución N° 13.228 del 27-1-00 (Expte. Nº 588/98 CNV) se aplicó a FITCH sanción de apercibimiento por apartamiento del Manual y no utilización de balances disponibles para la calificación de ciertos valores y por Resolución N° 14.182 del 25-4-02 (Expte. Nº 1602/97 CNV), en su carácter de absorbente de Duff & Phelps, una multa de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.500) en forma solidaria con los sumariados Elsner, Cheyre Valenzuela, Valente Vías, Rubinstein, Arndt y Desimone por publicación de calificaciones fuera del plazo y sin respeto de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, que ha sido confirmada por Sentencia del 5-9-03 (CNCOM, Sala E).
Que en virtud del principio de gradualidad de las sanciones y por aplicación del criterio de analogía receptado por la jurisprudencia, debe señalarse que la infracción cometida por los sumariados reviste mayor gravedad (CNAC, Comisión Nacional de Valores, “Value Calificadora de Riesgo SA s/ sumario”, 29/5/00).
Que igualmente, el daño a la confianza en el mercado resulta mayor pues ciertos inversores institucionales como las AFJP sólo pueden invertir en títulos valores con oferta pública según estrictos criterios de seguridad y rentabilidad, entre ellos, que se encuentren calificados por dos sociedades autorizadas por esta CNV en los términos del Decreto 656/92 (arts. 74 a 79 Ley N° 24.241 y art. 16 Res. SAFP N° 465/96).
6. Omisión de Calificar ON con Letra E.
6.1. Su Dictamen del 8-1-97.
Que al cargo de omisión de calificar las ON con letra E por no contar con información actualizada -balance cerrado al 30-9-96- en Dictamen del 8-1-97, Duff & Phelps, directores y consejeros contestan que el mismo carece de sustento pues para su emisión sí utilizaron ese balance.
Que les asiste razón a los sumariados sobre este punto ya que según se desprende del informe rectificatorio emitido por la SCR, Duff & Phelps sí empleó en ese Dictamen de calificación la información contable correcta (pto. 5.1. de este apartado).
Que no se ha producido entonces la falta de información determinante de la imperativa calificación de los valores con letra “E”, correspondiendo en consecuencia la absolución de los sumariados por este cargo.
6.2. Su Dictamen del 31-3-97.
Que al cargo de omisión de calificar las ON con letra E por no contar con información actualizada en Dictamen del 31-3-97, Duff & Phelps, directores y consejeros contestan que entendieron que con la calificación “C”, complementada con la información histórica, brindaban mejor servicio a los inversores pues anoticiaban el incumplimiento de sus obligaciones y capacidad de pago insuficiente de la emisora, mientras que con la calificación “E” habrían adoptado una posición neutra demostrativa de la falta de suministro de información (fs. 160).
Que a este respecto debe señalarse que el otorgamiento de calificación E a determinados valores según el artículo 13 del Decreto N° 656/92 y artículo 6° de la RG N° 226/92 es imperativo para la calificadora cuando la emisora o bien no genera la información correspondiente, o bien no la proporciona no obstante requerimiento formulado en tal sentido.
Que ambas normas contemplan la consecuencia derivada del incumplimiento de sus deberes informativos por las emisoras, por lo que, interpretando a contrario sensu y por razones de equidad ningún efecto deben producir cuando esos deberes son cumplidos.
Que conforme se desprende del punto 5.2., el Banco BUCI publicó su balance al 31-12-96 alrededor de CUARENTA (40) días antes de que Duff & Phelps emitiera su Dictamen del 31-3-97.
Que corresponde entonces absolver a los sumariados por este cargo ya que no se ha configurado el supuesto necesario para que resultase imperativa la calificación de los valores con letra E y consecuente violación de la norma.
7. Reservas y Recursos.
Que Desimone dejó planteado el recurso de alzada previsto en el artículo 94 del RPA y denuncia de ilegitimidad, a lo que debe señalarse que el único recurso que procede contra las resoluciones definitivas de esta CNV que imponen sanciones mayores a la de apercibimiento, es el de apelación que tramita por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal o ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (art. 14 de la Ley N° 17811 y art. 14 sust. por Decreto N° 677/01) (fs. 114 y 142).
Que en el caso “Sevel” se dedujeron recursos de alzada en los términos del artículo 94 del RPA, respecto de los cuales la PROCURACION del TESORO de la NACION sostuvo que las decisiones dictadas durante la sustanciación del sumario son irrecurribles y que el único recurso que puede deducirse contra las resoluciones definitivas de la CNV es el previsto en el artículo 12, párrafo 6° de la Ley N° 17.811 (Dict. 124, B.O. 7-4-99) (Franciso Macri. Peugeot Citroen Argentina S.A. (ex Sevel Argentina S.A.) Banco Medefin – UNB- S.A. Lawton International Corporation. BM International Bank and Trust Company Limited).
Que consecuentemente, el recurso de alzada deducido y la denuncia de ilegitimidad
formulados resultan inadmisibles a tenor de lo dispuesto por los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.811 (sust. por Decreto N° 677/01).
Que además formuló reserva de la vía judicial en los términos del artículo 95 del mismo cuerpo legal, del caso federal y de concurrir ante la Corte Interamericana (fs. 114 y 142).
Que Duff & Phelps, directores y consejeros practicaron reserva legal por la intempestiva publicación de la resolución de cargos en el Boletín Diario de la BCBA y sus efectos perniciosos o dañosos (fs. 153).
Que también formularon reserva del caso federal para el supuesto en que esta CNV pretenda aplicar el artículo 25 del Decreto N° 656/92, violatorio según sostienen de los artículos 1°, 18, 19, 28, 29, 75, 76, 99 y concordantes de la CN (fs. 156).
Que corresponde tener presente las reserva del caso federal, de la vía judicial en los términos del artículo 95 del RPA, de procurar el reconocimiento de derechos ante la Corte Interamericana y por la publicación de la resolución de cargos (fs. 114 y 142).
Que de conformidad con lo expuesto en los apartados anteriores, se tiene por probada la infracción cometida por Duff & Phelps al artículo 2° de la RG N° 226/92 –a la fecha de la resolución inicial art. 5° del Capítulo XII de las NORMAS (NT 1997) (act. art.. 5° del Cap. XVI de las NORMAS (NT 2001), por los consejeros firmantes del dictamen del 31-3-97 al artículo 24 del Decreto N° 656/92, por los directores a la fecha de este último al artículo 274 de la LSC y 24 del Decreto N° 656/92 y por el síndico al artículo 294 inciso 9° de la LSC.
Que se aplica en consecuencia multa a FITCH en su carácter de continuadora de Duff & Phelps, a los directores -salvo Morgado-, consejeros y síndico responsables en forma solidaria de conformidad con los artículos 25 del Decreto N° 656/92 y 10 de la Ley N° 17.811.
ARTICULO 1°.- Rechazar la revisión y recurso de reconsideración interpuestos contra la Disposición del 11-5-01 por los motivos expuestos en los considerandos de esta Resolución.
ARTICULO 2°.- Rechazar la nulidad, defensa de incompetencia, de falta de legitimación pasiva para obrar e inconstitucionalidad alegadas por las razones consignadas en los considerandos de la presente.
ARTICULO 3º.- Desestimar por inadmisibles el recurso de alzada y denuncia de ilegitimidad formulados por Desimone.
ARTICULO 4°.- Aplicar a FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE RIESGO SA en su carácter de continuadora de DUFF & PHELPS DE ARGENTINA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO SA la sanción de multa que se fija en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) por infracción al artículo 2° de la Resolución General N° 226 –a la fecha de la resolución inicial art 5° del Capítulo XII de las NORMAS (NT 1997) (act. art. 5° del Cap. XVI de las NORMAS (NT 2001), la que se hará efectiva en la persona de los señores: David ROBERTS, Hernán CHEYRE VALENZUELA, José R. VALENTE VIAS, Ernest ELSNER, Jaime VATTER GUTIERREZ, Gabriel E. RUBINSTEIN, Sergio D. BONACOSSA, Ana GAVUZZO y Juan A. DESIMONE en forma solidaria, según lo establece el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811 (texto sust. por art. 39 del Decreto Nº 677/01), por los motivos y según lo expuesto en los considerandos de esta Resolución.
ARTICULO 5º.- Absolver a todos los sumariados por la totalidad de cargos relativos al dictamen de calificación del 8-1-97 y por el cargo de omisión de calificación con letra E en dictamen del 31-3-97; y al señor Julio MORGADO LEDEZMA por la totalidad de cargos relativos al dictamen del 31-3-97 en razón de no integrar el directorio a esa fecha.
ARTICULO 6°.- Tener presentes la reserva de la vía judicial, del caso federal, de concurrir ante la Corte Interamericana y por los perjuicios derivados de la publicación de la Resolución N° 12.186.
ARTICULO 7º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en calle 25 de Mayo N° 175, Piso 11 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.) dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles. En caso de que el pago se efectivice fuera del término estipulado la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los intereses correspondientes.
ARTICULO 8°.- Regístrese, notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.
ARTICULO 9°.- Notifíquese también con copia autenticada de esta Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en el Boletín Diario.
Fdo. Dr. Emilio M. Ferré, Director. Narciso Muñoz, Vicepresidente. Narciso Muñoz, Vicepresidente. Eduardo F. Caballero Lascalea, Director. Hugo Raúl Medina, Presidente.