Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl1064-2018-40374-de-abril-11-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_1928f86673b6439cad55bf2d2a036dbe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 09:25:28
Document Index: 326975785

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 56', 'artículo 99', 'artículo 56', 'artículo 65', 'artículo 65']

﻿ SENTENCIA SL1064-2018/40374 DE ABRIL 11 DE 2018
SENTENCIA SL1064-2018 DE 11 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE DOTACIONES EN EL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO. SE EXPLICA QUE EL CONTRATO DE TRABAJO EN EL QUE EL TÉRMINO FIJO SE EXPRESA EN DÍAS SIN PRECISIÓN ALGUNA DEBE CONTABILIZARSE A PARTIR DE DÍAS CALENDARIO Y NO HÁBILES, PUES LA DURACIÓN INCLUYE DOMINICALES Y FESTIVOS. ASÍ MISMO, EL CONTRATO DE TRABAJO PACTADO EN DÍAS DEBE CONTABILIZARSE EN MESES, PUES SUS EFECTOS MÁS IMPORTANTES COMO LO SON EL SALARIO, LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, ENTRE OTROS, SE TRADUCEN DE ESA MANERA SE ENTIENDEN LOS MESES DE TREINTA DÍAS. DE ESTA FORMA, EL RECONOCIMIENTO DE DOTACIONES NO ES PROCEDENTE A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, SÓLO PUEDE RECLAMARSE EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR LA FALTA DE SU ENTREGA. Y EL PAGO DE LOS APORTES A SALUD ES OBLIGATORIO, ASÍ EL TRABAJADOR NO DISFRUTE EL SERVICIO, DEBIDO AL CARÁCTER CONTRIBUTIVO DEL SISTEMA, A LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LAS PRESTACIONES QUE ÉSTE DEBE RECONOCER Y A LA NECESARIA FINANCIACIÓN DE CUENTAS DE SOLIDARIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO LABORAL, DOTACIÓN
Sentencia SL1064 de abril 11 de 2018
SL1064-2018
Radicación 40374
Pretende el recurrente que la Corte “…Case TOTALMENTE la Sentencia de Segundo Grado en, (sic) para que actuando como tribunal de instancia falle favorablemente las pretensiones de la demanda, condenando a la demandada al pago de las sumas allí solicitadas” .
Con tal propósito formula doce cargos, por la causal primera de casación laboral, que no fueron replicados y que pasan a ser examinados por la Corte.
Por razones metodológicas y de coherencia argumentativa, se resolverán conjuntamente los seis primeros cargos.
Acusa la sentencia recurrida de violar en forma indirecta el numeral primero del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo de la acusación, el censor indica que el Tribunal le dio plena credibilidad a la versión del demandado de que el contrato de trabajo había sido pactado por una duración fija, de 195 días, y que, con sus prórrogas, se había extendido entre el 25 de diciembre y el 13 de agosto de 2002. Recalca que, para tales fines, dicha Corporación tuvo en cuenta la copia simple del contrato de trabajo, la declaración de Jenny Marín, la liquidación de prestaciones sociales y la autorización de entrega de la cesantía, suscrita por ambas partes.
Luego de ello, alega que el tribunal “…cometió Error de hecho por Omisión en la Apreciación de las Pruebas…”, en virtud de que: i) pasó por alto la confesión del demandado, derivada de sus respuestas al interrogatorio de parte, de que el contrato de trabajo había contemplado una duración de un año, en contravía de lo señalado en la contestación de la demanda; ii) desconoció el testimonio de la señora Ana Lucía Chavarro, quien dijo que no sabía la duración del contrato de trabajo, lo que constituye una actitud evasiva, que debe ser tenida como indicio en contra del demandado; iii) apreció de manera incompleta el testimonio de Jenny Marín, que había informado que todos los contratos de trabajo se celebraban por el término de seis meses; iv) analizó erróneamente la copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, pues, si se admitiera que fue pactado por 195 días, contabilizó de manera equivocada los términos de las prórrogas, ya que,
(…) contado en días continuos a partir del 25 de diciembre de 2000, tenemos que la primera prórroga se daría el 8 de julio de 2001, la segunda prórroga se daría el 20 de enero de 2002 y la tercera se daría el 2 de agosto de 2002. Así las cosas, para evitar ésta última prórroga la carta en mención debió presentarse a más tardar el 2 de Julio de dicho año, pero sólo se hizo hasta el 7 de julio.
Agrega que, de cualquier manera, el término de 195 días debió contabilizarse en “…días hábiles…” y que,
(…) de contabilizarse como días hábiles, el contrato hubiera tenido una primera prórroga el 25 de agosto de 2001 y una segunda en abril 21 de 2002 que tendría vigencia hasta diciembre 17 de 2002. Así las cosas, la carta del 7 de julio de 2002, hubiera en efecto evitado la tercera prórroga del contrato, pero en cambio al dar por terminado el contrato el 9 de agosto de 2002, el empleador no solo hubiera terminado anticipadamente y sin justa causa el contrato, sino que además debía pagarle al trabajador la indemnización debida, es decir, los días que restaban para la finalización normal del contrato, a saber los transcurridos entre agosto 9 y diciembre 17 de 2002. Como queda claro el juzgador de segunda instancia ninguna manifestación hizo al respecto, no obstante ser este un punto expreso y concreto del recurso de apelación.
Acusa la sentencia recurrida por haber violado en forma indirecta el numeral primero del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de “…error de derecho…”.
En desarrollo del cargo, el censor destaca que en el curso del proceso se había discutido la duración del contrato de trabajo y que, en el ámbito de dicha controversia, dentro de la demanda se había afirmado que era de seis meses y se había pedido, de no corroborarse ese hecho, que se declarara que había tenido un término indefinido. Precisa que en la demanda también se había informado que al demandante no le habían entregado copia del contrato de trabajo y, por lo mismo, se había pedido su exhibición por la demandada.
Añade que la demandada, en la contestación a la demanda, indicó que la duración pactada del contrato había sido de 195 días y aportó una fotocopia del contrato de trabajo con tales anotaciones, pero, “…el tipo mecanográfico (es decir, la forma de la letra) en que están llenos estos espacios es diferente a al (sic) tipo de letra con que están llenados la mayoría de los espacios de dicha forma minerva.” Por lo mismo, expone, el juez de primer grado conminó a la demandada para que exhibiera el original del contrato de trabajo y, al no haberse dado cumplimiento a dicha orden, aplicó los efectos del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sostiene también que el Tribunal le dio credibilidad a la fotocopia del contrato de trabajo y desconoció los efectos del mencionado artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a pesar de que la prueba de inspección judicial recaía, entre otros puntos, sobre la existencia del contrato que vinculó a las partes y sus extremos.
Dice, en tal orden que,
(…) lo cierto es que en la sentencia de primera instancia (a pesar de lo acontecido en elo (sic) debate procesal) como en la segunda instancia, se dejó de valorar la los (sic) efectos de la aplicación del art. 56 a la renuencia del demandado a aportar el contrato original. Así concluye el sentenciador que “se tendrá como cierta la existencia de un contrato a término fijo con duración pactada a 195 día (sic)”, cuando la aplicación del artículo 56 CPL en el presente caso implicaría jurídicamente llegar justamente a la decisión contraria, es decir “se tendrá como probados en su contra los hechos que la otra parte proponía demostrar, en los casos en que sea admisible la prueba de confesión”. Esto significa en el presente caso, tener por probada la versión del demandante, en el sentido de que el contrato tenía una duración original de 6 meses, o en su defecto (ante la indeterminación de la duración inicial) considerar que el contrato tenía un (sic) duración inicial indefinida (como se pretende probra (sic) más adelante).
Acusa la sentencia recurrida de haber vulnerado, en forma directa y por aplicación indebida, el literal c) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo del cargo, el censor expone:
Teniendo en cuenta la demostración de los cargos primero y segundo, se tiene que la segunda instancia consideró que en los hechos el contrato se había terminado debidamente por plazo (dando aplicación implícitamente al 61 literal c) CST), al tener en consideración además la carta de preaviso allegada al trabajador el siete de julio de 2002, cuando lo cierto es que el contrato, según se ha demostrado, para dicha fecha ya se había prorrogado.
Acusa la sentencia recurrida de haber vulnerado en forma indirecta el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para fundamentar el cargo, el censor subraya que, dado que el demandante desconocía el término de duración del contrato de trabajo suscrito, planteó como pretensión subsidiaria que se declarara que había tenido una vigencia indefinida, en aplicación del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, que esa indeterminación sobre la vigencia del vínculo se acentuó en el curso del proceso, pues surgieron tres versiones respecto de tal tema: i) la del demandante y la testigo Jenny Marín, conforme con la cual fue de seis meses; ii) la del apoderado del demandado, que dijo que era de 195 días, «…término dudoso no solo por lo inusual del mismo, sino por las irregularidades del contrato ya anotadas…»; iii) y la del propio demandado, para quien la duración fue de un año. Con base en lo anterior, afirma que el Tribunal dejó de referirse a la pretensión de que se declarara que el contrato había sido indefinido, con base en lo establecido en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo y atendiendo a la indeterminación del término de vigencia que se demostró en el proceso.
Acusa la sentencia recurrida de haber violado, en forma indirecta, el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo.
En desarrollo del cargo, el censor señala:
Como se ha explicado en los anteriores cargos, se considera que se ha probado en el proceso o bien que el contrato ya se había prorrogado a favor del trabajador, cuando el empleador pretendió darlo por terminado (razón por la cual esta se convertiría en unilateral y sin justa causa), o bien, que este contrato era indefinido. Bajo ambas hipótesis, la terminación unilateral del contrato ameritaba la indemnización prevista en el art. 64 CST.
Las pruebas no apreciadas, o apreciadas erradamente que dan lugar a esta inaplicación de la ley sustancial, son en síntesis:
a) Omisión al apreciar una prueba: confesión del demandado en cuanto a la duración inicial del contrato (adujo que era de un año).
b) Omisión al apreciar una prueba: testimonio de la administradora Ana Lucía Chavarro, donde -a pesar de dicha calidad y la remisión que a ella hace el empleador sobre el punto- afirma que no sabía cual (sic) era la duración del contrato.
c) Omisión al apreciar una prueba: testimonio de Jenny Marin (sic), que afirmó que la duración de los contratos de todos los trabajadores era inicialmente establecida a 6 meses.
d) Apreció erradamente la copia simple del contrato suscrito entre las partes, al contabilizar erradamente al (sic) término de tiempo allí establecido.
Me remito, al respecto a la demostración del cargo primero.
XI. Sexto cargo
Acusa la sentencia recurrida de haber quebrantado, en forma indirecta, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de “…error de derecho…”.
Para justificar su acusación, el censor arguye:
Dicha norma se dejó de aplicar, ya que la segunda instancia dio credibilidad al documento aportado por el demandado: copia simple del contrato de trabajo entre las partes. Dio por probado un hecho (la duración inicial del contrato de 195 días) cuando ello no era posible, dada la la (sic) aplicación del art. 56 CPL en la primera instancia, ante la renuencia del demandado a aportar el original de dicho contrato.
Como ya se advirtió, los seis primeros cargos se evalúan de forma conjunta, en virtud de que se refieren todos a la duración del contrato de trabajo y la de sus prórrogas, así como a su terminación, previo aviso dado oportunamente, con la consecuente procedencia de la indemnización por despido sin justa causa.
Los cargos, así planteados, adolecen de serias falencias técnicas como pasa a verse:
En el alcance de la impugnación del recurso no se le indica la Corte el proceder que debe acometer en sede de instancia, en caso de que acceda a la casación de la sentencia recurrida, esto es, si modificar, revocar o confirmar la decisión de primera instancia y, de ser el caso, cuáles decisiones adoptar en remplazo. Ello resulta de suma relevancia si se tiene en cuenta que los juzgadores de instancia concedieron algunas de las pretensiones incluidas en la demanda que, entiende la Sala, eran del interés de la parte actora.
Los cargos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto se encaminan por la vía indirecta y denuncian la infracción de los artículos 46, 47, 61 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no refieren la modalidad de violación de tales normas, no obstante lo cual, dada la vía por la que se encaminan, entiende la Corte que es la de aplicación indebida.
En dichos cargos tampoco se clarifica, con la precisión adecuada, cuáles habrían sido los errores de hecho cometidos por el tribunal y cuáles las pruebas que, habiendo sido dejadas de valorar o apreciadas con error, habrían dado lugar a la comisión de tales yerros. De igual forma, a pesar de su orientación, mezclan cuestiones fácticas con jurídicas, al referirse a la duración del contrato de trabajo, su prórroga y su terminación, y, a la vez, a los efectos de los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, en lo fundamental, se basan directamente en el análisis de la prueba testimonial que, como se sabe, no es calificada en la casación del trabajo.
En los cargos segundo y sexto se hace referencia a la existencia de “…errores de derecho…”, pero no se clarifica cuál es la prueba solemne que habría sido desconocida por el tribunal o cuál es la norma que prevé que la duración de un contrato de trabajo debe ser establecida a través de un determinado y específico medio de prueba. El censor dice simplemente que se desconocieron los efectos del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social pero, en este punto, ni siquiera controvierte la razón del tribunal para dejar de aplicar dicha norma, que se concreta en que el juzgador de primer grado “…no hizo tal declaración…”, habiendo debido hacerlo.
El tercer cargo se encamina por la vía directa y, en contravía de su espíritu, se refiere a consideraciones netamente fácticas, como las relacionadas con que, cuando se dio aviso de su terminación, por la culminación del plazo fijo pactado, el contrato de trabajo ya se había prorrogado legalmente.
En el cuarto cargo se acusa al tribunal de haber dejado de evaluar la pretensión de la demanda encaminada a que se declarara que el contrato de trabajo tuvo una duración indefinida, debido a la «…indeterminación…» del plazo pactado. Sin embargo, el tribunal se refirió expresamente a la duración de dicho vínculo y concluyó que se había pactado en la modalidad fija, que, concluyó, era de 195 días, con lo que excluyó tácitamente que fuera indefinida.
El quinto cargo contiene hipótesis contradictorias en cuanto a la duración del contrato, que debieron haber sido planteadas en forma separada, como se hizo en otras acusaciones.
Ahora bien, pese a todo a lo anterior, frente a los reproches fácticos relacionados con el término de duración inicial del contrato y la contabilización de sus prórrogas, que la Corte puede rescatar de todas las acusaciones, lo primero que cabe reiterar es que el tribunal analizó cabalmente la copia del contrato de trabajo (fol. 46), donde se establece claramente que el contrato suscrito entre las partes era “…a término fijo inferior a un año…”, con un término de duración de “195 días”, de manera que no incurrió en algún error de hecho protuberante y manifiesto en relación con este tema, pues el término fijo estaba claramente pactado y no podía, por ello, asumirse que el contrato era indefinido o que tenía un plazo diferente al convenido por las partes, como lo aduce la censura.
Por otra parte, ese término fijo, al haber sido expresado en días, sin precisión alguna, debía contabilizarse a partir de días calendario y no días hábiles, como lo entendió el Tribunal, pues se trataba de la duración de un contrato de trabajo que, según la propia parte demandante, incluía dominicales y festivos.
Adicionalmente, el tribunal entendió de manera razonable que ese término de 195 días equivalía a “…seis meses y medio…”, lo que no luce en manera alguna descabellado, pues los efectos más importantes del contrato de trabajo como el salario, las prestaciones sociales y los aportes al sistema de seguridad social, entre otros, se traducen efectivamente en meses, y convertidos esos meses en 30 días, como lo ha admitido la Corte en otros ámbitos (CSJ SL3794-2015, SJ SL9147-2015), para efectos prácticos de los contratantes, esos 195 días representan exactamente seis meses y medio.
Tampoco le merece reparo a la Corte la inferencia con arreglo a la cual el vínculo había comenzado el 27 de diciembre de 2000, premisa que también se deriva de la lectura del contrato de trabajo obrante a folio 46, pues esta última es la data que se anota como de celebración del acuerdo jurídico y, como consecuencia, era plausible pensar que solo a partir de allí podían tenerse por iniciadas las labores.
Teniendo presentes las anteriores premisas, tampoco encuentra la Corte que el tribunal hubiera incurrido en algún error de hecho protuberante y manifiesto al contabilizar las prórrogas del contrato de trabajo, pues, partiendo del 27 de diciembre de 2000, los primeros seis meses y medio, de la vigencia inicial del contrato, vencían efectivamente el 12 de julio de 2001, mientras que la primera prórroga, por no haberse dado aviso de terminación, se extendía hasta el 28 de enero de 2002, y la segunda, por el mismo motivo, hasta el 13 de agosto de 2002, tal y como se dejó registrado en la sentencia gravada. En tales condiciones, la comunicación del empleador del 7 de julio de 2002 (fl. 48), resultaba oportuna en aras de evitar una nueva prórroga de la relación laboral.
Como se dijo, la anterior lectura se derivaba razonablemente del contrato de trabajo y, a pesar de que existen algunos datos contradictorios, como el de la fecha de vencimiento del plazo establecido en el texto del contrato, la conclusión del tribunal no solo es derivable de los términos del mismo contrato, como ya fue advertido, sino que es comprensiva de la voluntad de las partes al definir los términos de su vinculación. En este punto es preciso recordar que, como lo ha manifestado esta corporación en múltiples oportunidades, por error de hecho no puede admitirse cualquier desavenencia fáctica que resulte de interés para el recurrente, sino que, para que se configure ese vicio propio del recurso de casación, es necesario demostrar alguna diferencia radical, incuestionable y notoria entre los supuestos fácticos asumidos por el tribunal y los que se deriven natural y obviamente de las pruebas calificadas del proceso, que tenga una incidencia trascendental en la resolución de la situación en disputa.
También ha expresado esta sala con suficiencia que el juez del trabajo tiene la facultad de valorar autónomamente las pruebas y formar libremente su convencimiento, de manera que la estimación preferente que pueda hacer de unas pruebas, en desmedro de otras, se encuentra cobijada por las prerrogativas que le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En este caso, vale la pena insistir, la lectura del Tribunal es consecuente con el contenido de las pruebas calificadas que pone de presente la censura y, además, honra razonablemente la voluntad de las partes de mantener un contrato de trabajo a término fijo, con un plazo prudentemente traducido a la realidad, con sus respectivas prórrogas.
Por lo visto, los cargos son infundados.
XIII. Séptimo cargo
Acusa la sentencia recurrida de haber quebrantado, en forma indirecta, los artículos 156, 168, 173, 174, 175, 177, 179 y 181 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo del cargo, el censor advierte que el tribunal negó las pretensiones relacionadas con el trabajo suplementario y, para tal efecto, tuvo en cuenta el texto del contrato de trabajo, en el que se indicaba que la jornada era de ocho horas diarias y 48 semanales, así como la declaración de Ana Lucía Chavarro, pero desestimó el testimonio de Jenny Marín.
Alega que, en ese sentido, el tribunal “…dejo (sic) de apreciar pruebas y apreció otras de manera incompleta…”, por cuanto: i) omitió la confesión del demandado, vertida en el interrogatorio de parte, así como su actitud evasiva y contradictoria, ya que afirmó que la jornada era de ocho horas diarias, pero, al mismo tiempo, adujo que le pagaban horas extras al demandante, sin precisar cuáles eran los días en que se laboraban las mismas; ii) le dio total credibilidad al testimonio de Ana Lucía Chavarro, a pesar de que se contradijo al resolver los interrogantes que le fueron planteados, tenía una relación de subordinación para con el demandado y, por sus respuestas, se notaba que mentía; iii) desestimó de manera equivocada el testimonio de Jenny Marín, porque solo había trabajado para el demandado tres meses y no recordaba la fecha de la desvinculación, sin tener en cuenta que la testigo aportó elementos importantes para el asunto discutido, pues era camarera, trabajaba al lado del demandante e informó que el horario era “…de 24 por 24…”; iv) inadvirtió que la carga probatoria frente a la cantidad de trabajo suplementario recaía en el demandado y que sobre él pesaban los efectos del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al no haber aportado esa información en el curso de la inspección judicial; v) desconoció la mala fe del demandado, al llevar una doble nómina, una con horas extras y la otra no, y no aportar las nóminas de enero a agosto de 2002, lo que constituye un indicio a favor del trabajador; vi) e impuso una carga probatoria irracional al demandante, al exigirle demostrar con exactitud las fechas del trabajo extra, en dominicales y festivos, pues el demandado nunca permitiría la configuración de esa prueba, a través de documentos, y en el curso del proceso se demostró razonablemente esa situación a través de otras pruebas, como los testimonios de compañeros de trabajo.
XIV. Octavo cargo
Acusa la sentencia recurrida de violar, en forma indirecta, los artículos 186 y siguientes, 249 y 306 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, así como el numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En desarrollo de la acusación, el censor expone:
Las pretensiones sobre éste (sic) particular recaen sobre el hecho de que las mismas debieron ser canceladas al trabajador teniendo en consideración el salario que el mismo debió devengar teniendo en cuenta las horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos que laboro (sic).
Se acepta la sentencia en lo que respecta al reconocimiento del no pago de prima del primer semestre de 2002, pero se debe liquidar con el salario que jurídicamente debió devengar el trabajador por trabajo suplementario, recargos nocturnos y dominicales y festivos.
Los cargos séptimo y octavo se analizan de manera conjunta, en virtud de que se dirigen por la misma vía y dependen los dos de la demostración de que el trabajador devengaba un salario superior al reconocido por su empleador, ya que laboraba en horas extras, dominicales y festivos no cancelados.
En torno al trabajo suplementario, en horas extras, dominicales y festivos, el tribunal advirtió que las partes habían acordado una jornada de trabajo igual a la máxima legal y que si bien el actor había afirmado que laboraba en turnos de 24 horas, con un día de descanso posterior, no había logrado demostrar ese supuesto, con suficiente claridad.
La censura intenta desvirtuar las anteriores deducciones, en primer lugar, a partir de una supuesta confesión del demandado, lograda en el curso del interrogatorio de parte. Al observar la Sala la mencionada diligencia (fls. 81 a 85), se advierte con facilidad que el demandado nunca confesó que el demandante cumpliera los turnos de 24 horas, ni mucho menos que laborara horas extras no canceladas, con la precisión que exigió probatoriamente el tribunal. Contrario a ello, el interrogado afirmó que “…el horario de trabajo era de 8 horas, en el día…”; y que “…a él se le pagaba els alario (sic) mínimo de esa época y en la totalidad de lo que se le pagaba o se le cancelaba estaban incluidas sus horas extras, sus dominicales, en le (sic) sueldo que se le pagaba…”.
Aunado a lo anterior, las supuestas contradicciones en las que incurrió el interrogado, nada dicen probatoriamente a los fines del censor, de demostrar que el demandante laboraba por turnos de 24 horas o que cumplía horas extras que nunca fueron pagadas.
La censura también se apoya en el análisis de los documentos obrantes a folios 128 a 227, que, en su concepto, demostraban que el demandado llevaba una “doble nómina”, con horas extras y sin ellas, y que, por lo mismo, actuaba de mala fe. Al abordar la Sala el análisis de los referidos documentos, encuentra que en ellos se refleja simplemente el pago de algunas horas extras, pero no que el demandante hubiera laborado durante otras jornadas adicionales a las reconocidas, que no hubieran sido pagadas por el demandado. Tampoco es admisible concluir, a partir de esos documentos, que el demandado actuó de mala fe o cualquier otra circunstancia que pudiera contrariar la orfandad probatoria que en punto a las horas extras resaltó el tribunal.
Los cuestionamientos relacionados con quién es el llamado a asumir la carga de la prueba de las horas extras son jurídicos y, por lo mismo, ajenos a la vía escogida para formular la acusación, además de que, en torno a los efectos del artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la censura no desvirtúa la conclusión del tribunal de que “…la declaración al respecto [por el a quo] no ocurrió…”.
La censura también se apoya en las declaraciones de las señoras Ana Lucía Chavarro y Jenny Marín, que no son pruebas calificadas en casación y que, por no haberse acreditado algún error respecto de la prueba calificada, no pueden ser analizadas por la Corte.
La reliquidación de las vacaciones, cesantía, primas e intereses sobre cesantía que se aborda en el cargo octavo, dependía de que se demostrara que el trabajador devengaba un salario superior, por la influencia de las horas extras, de manera que, con base en lo antes expuesto, tampoco se acredita error del Tribunal en estos puntos.
XVI. Noveno cargo
Acusa la sentencia recurrida de quebrantar, en forma directa, “…proveniente de inaplicación de norma sustancial…”, los artículos 230 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo de la acusación, el censor indica que el tribunal erró al negar las pretensiones relacionadas con las dotaciones, por un aspecto meramente formal, ya que ”…independientemente de la forma en que deba pedirse el estipendio por éste (sic) concepto, el trabajador tiene derecho a que la justicia declare si el empleador cumplió o no con esta obligación laboral…”.
Agrega que, en todo caso, el tribunal no interpretó de manera adecuada la demanda, pues allí no se pidió el calzado o vestido de labor, sino las sumas que debió recibir el trabajador por dicho concepto, y alega que el perjuicio está dado precisamente en el hecho de que no obtuvo esa prestación legal, por lo que pedir la prueba del mismo, es tanto como pedirle «…al trabajador que demuestre el perjuicio que sufre por no recibir un salario.»
Sostiene, por último, que el tribunal se apoyó en una presunta jurisprudencia, que ni siquiera citó, lo que constituye una vulneración del derecho de defensa del demandante.
Al acometer el estudio de la pretensión denominada «…dotaciones…», el tribunal advirtió que su reclamo solo procedía en vigencia de la relación laboral y que, una vez culminada la misma, solo era procedente el pago de una indemnización por el daño causado, debido a su falta de entrega, que la parte actora no había podido acreditar.
La censura se esfuerza en denunciar que el tribunal interpretó erróneamente la demanda, al no tener en cuenta que allí estaban pedidas las sumas que debió recibir el trabajador por cuenta de las dotaciones. Dicho reclamo, por su naturaleza, obligaría a la Corte a un análisis de la demanda, como pieza procesal, y, por lo mismo, el cargo debió haber sido encaminado por la vía indirecta. Asimismo, en lo que a la vía directa concierne, las reflexiones del tribunal están acordes con la jurisprudencia desarrollada por esta corporación, en tanto el suministro de las dotaciones solo tienen sentido en vigencia de la relación laboral, culminada la cual, solo puede reclamarse una indemnización por el perjuicio causado debido a su falta de entrega.
De otro lado, la conclusión fáctica del tribunal atinente a la falta de prueba del perjuicio tampoco es controvertida, por la vía adecuada. En efecto, la censura no le muestra a la Corte, siquiera de manera somera, cuáles fueron esas sumas que dejó de recibir el trabajador al no recibir oportunamente sus dotaciones, de manera que la conclusión del Tribunal atinente a que «…la parte demandante no demostró el perjuicio causado por la no entrega de la dotación…» permanece incólume y le da pleno soporte a la decisión atacada.
XVIII. Décimo cargo
Acusa la sentencia recurrida de haber violado, en forma indirecta, «…proveniente de inaplicación de norma sustancial…», los artículos 10, 152 y 249 de la Ley 100 de 1993.
En desarrollo de la acusación, el censor explica que el tribunal se limitó a tener por cumplida la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, pero no analizó la documental que da cuenta de ello, “…incurriendo en error de hecho por indebida apreciación de la prueba…”, por cuanto no advirtió que las cotizaciones se hicieron solamente desde abril de 2001 hasta agosto de 2002, de manera que no se pagaron los meses de enero, febrero y marzo de 2001, además de que se reportaron sobre un salario inferior al realmente devengado por el trabajador, dada la jornada que cumplía efectivamente.
En este punto, el tribunal advirtió que el empleador había cumplido con la afiliación del trabajador al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, además de que los pagos habían sido correctos, al no haberse acreditado la existencia de un salario superior, como consecuencia de algún trabajo suplementario no pagado. Esa conclusión, así vista, debe permanecer incólume, porque en realidad los documentos de folios 43, 44, 45 y 117 a 121 acreditan la afiliación y los pagos, además de que no se logró demostrar la existencia de un salario superior, por la mediación de horas extras no pagadas.
Sin embargo, el Tribunal no advirtió que la afiliación al sistema de pensiones tan solo se hizo efectiva a partir del mes de marzo de 2001 (fl. 120 y 236), de manera que no se acreditó el pago de las cotizaciones por los meses de diciembre de 2000, enero y febrero de 2001, como se había señalado en el recurso de apelación y se reitera en sede de casación.
Igual situación cabe predicar respecto de los aportes al sistema de salud, ya que, de conformidad con el documento obrante a folio 118, el empleador tan solo pagó las cotizaciones desde el mes de abril de 2001, de manera que tampoco acreditó el pago por los meses de diciembre de 2000, enero, febrero y marzo de 2001. Frente a los aportes al sistema de salud, esta sala de la Corte ha establecido que su pago resulta obligatorio, así no se hubiera disfrutado el servicio, debido al carácter contributivo del sistema, a la necesaria financiación de cuentas de solidaridad como la del FOSYGA y a la posible afectación de las prestaciones que debe reconocer el sistema (Ver CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 46576, CSJ SL1457-2015, CSJ SL9373-2015, CSJ SL14385-2015, CSJ SL15439-2015).
En este sentido, el cargo es parcialmente fundado, en cuanto el tribunal dio por pagados en su integridad los aportes a los sistemas de pensiones y salud.
En lo que tiene que ver con el sistema de riesgos profesionales, la falta de pago de las cotizaciones genera otras consecuencias legales, de manera que no es procedente su pago, como sí sucede con el sistema de pensiones, en el cual la omisión afecta la configuración del derecho a la pensión, y con el sistema de salud, cuyos aportes resultan obligatorios, como ya se dijo.
XX. Undécimo cargo
Acusa la sentencia recurrida de haber quebrantado, en forma directa, “…proveniente de inaplicación de norma sustancial…”, la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 789 de 2002.
Sencillamente el despacho niega la pretensión, porque a su juicio este es un tema que revista (sic) únicamente importancia para las entidades que debieron recibir el pago, razón por la cual -afirma, son las únicas legitimadas para pedir el mismo.
Esto es completamente falso, en particular en lo relacionado con el sistema de subsidio familiar, cuyo objetivo es beneficiar directamente a los trabajadores de menores recursos (como lo es el demandante). Es cierto que al no pagársele al trabajador este item (sic), se le privó injustamente de un beneficio que le concedía la legislación laboral.
Debe tenerse en cuenta de otra parte, la ostensible mala fé (sic) del empleador, ya que éste afirmó en la contestación de la demanda que dicha obligación se cumplía haciendo los respectivos aportes a COLSUBSIDIO (folio 40). Así mismo téngase en cuenta respuesta allegada por COLSUBSIDIO (folio 105) donde se afirma que NO se encuentra al Sr. Gonzalo Jiménez con C. C. No 326.819 como uno de sus afiliados.
De otra parte, téngase en cuenta respuesta allegada por el SENA (fl. 109) y el ICBF (fl. 124).
Queda claro por demás que el empleador, se sustrajo completamente del cumplimiento de tal obligación durante TODA la relación laboral.”
XXI. Consideraciones
En este cargo el censor incurre en la impropiedad de formular una acusación genérica de normas como la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 789 de 2002, sin especificar cuáles preceptos de dichas normativas habrían sido violados.
Adicional a ello, la censura reclama que el tribunal se equivocó al considerar que «…este es un tema que reviste únicamente importancia para las entidades que debieron recibir el pago…», cuando dicha corporación nunca dijo tal cosa. En efecto, las consideraciones del tribunal relacionadas con estos puntos se concretaron en que la parte demandante no había determinado y clasificado los hechos que servían de apoyo a la pretensión de pago de aportes por concepto de subsidio familiar y parafiscales, inferencias éstas que permanecieron libres de ataque y preservan las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada.
Aunado a lo anterior, a pesar de que el cargo se formula por la vía directa, en lo fundamental, se soporta inadecuadamente en el análisis de pruebas como las repuestas del SENA y el ICBF.
XXII. Duodécimo cargo
Acusa la sentencia recurrida de haber violado, en forma directa, “…proveniente de inaplicación de norma sustancial…”, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo del cargo, el censor aduce que el tribunal absolvió al demandado de la indemnización moratoria, al considerar que había cumplido con sus obligaciones laborales, de buena fe, luego de «…una apreciación subjetiva… en donde además no demuestra que (sic) tuvo en consideración para llegar a la misma…»
Subraya, en ese sentido, que en el proceso quedó demostrado que al trabajador no le pagaron su salario verdadero, de acuerdo con la jornada laboral que cumplía, ni le liquidaron correctamente las vacaciones, cesantía, intereses sobre la misma, primas, calzado y vestido de labor y cotizaciones al sistema de seguridad social. Dice también que el empleador no pagó los aportes a una caja de compensación familiar, SENA e ICBF; llevaba una doble nómina; no aportó el original del contrato de trabajo; y se abstuvo de allegar un registro de las horas extras.
Reclama, en ese sentido, que “…¿si esto no es mala fe, entonces que (sic) es?...” y cita una sentencia emitida por esta corporación el 30 de enero de 2007, luego de lo cual afirma que
[…] queda probada la mala fe del empleador, en particular el no pago a las entidades de seguridad social y parafiscales, y muy especialmente en lo debido al sistema de subsidio familiar, conlleva necesariamente al pago de la indemnización moratoria contempada (sic) en el artículo 65 del CST. En cuanto a la indexación, no hay oposición y se solicita que sobre los valores a que hubiere lugar en la sentencia de segunda instancia, se aplique la misma.
En punto a la indemnización moratoria, la decisión del tribunal se fundamentó en que la conducta del empleador durante la relación laboral había estado ceñida a la buena fe “…pues demostró el cumplimiento oportuno de obligaciones propias del contrato de trabajo tales como el pago oportuno de salarios (fls. 144 a 227), cesantías e intereses (fl. 143), primas de servicios (fls. 138, 139 y 143) y vacaciones (fl. 128), razón suficiente para absolver al demandado de la condena solicitada.» Dicha premisa es netamente fáctica, pues tiene que ver con la conducta del empleador, no fue atacada por la vía indirecta, que es la apropiada, además de que soporta plenamente las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada.
Aunado a lo anterior, en cuanto a la vía directa concierne, el tribunal tuvo en cuenta que la indemnización moratoria no era de imposición automática, pues era necesario examinar la conducta del empleador, de manera que no incurrió en algún error jurídico.
En sede de instancia, con fundamento en lo resuelto frente al décimo cargo, se condenará al demandado a pagar las cotizaciones al sistema de salud por los meses de diciembre de 2000, enero, febrero y marzo de 2001.
El demandado también deberá pagar las cotizaciones del sistema de pensiones, correspondientes a los meses de diciembre de 2000, enero y febrero de 2001, con destino al Instituto de Seguros Sociales, que era la entidad a la que se encontraba afiliado el actor, con base en el salario devengado en dicha época - $286.000.oo -. En ese sentido, el demandado deberá trasladar al Instituto de Seguros Sociales el valor de las referidas cotizaciones, expresadas en un cálculo actuarial, en los términos del Decreto 1887 de 1994.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 29 de enero de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Gonzalo Jiménez Sánchez contra el señor SEGUNDO Luis Amado Angulo, en cuanto determinó que los aportes a los sistemas de pensiones y salud habían sido pagados de manera completa. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, se adiciona la sentencia emitida el 28 de diciembre de 2007, por el Juzgado Quince Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, para condenar al demandado a pagar las cotizaciones al sistema de salud por los meses de diciembre de 2000, enero, febrero y marzo de 2001. Asimismo, deberá pagar las cotizaciones al sistema de pensiones, correspondientes a los meses de diciembre de 2000, enero y febrero de 2001, con destino al Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en un cálculo actuarial liquidado en los términos del Decreto 1887 de 1994, con un salario base de $286.000.