Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-341-de-junio-4-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fc3603caa79202f6e0430a01015102f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 22:06:49
Document Index: 70693595

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 37', 'artículo 37', 'artículo 308', 'artículo 29', 'artículo 309', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 209', 'artículo 29', 'artículo 209', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 150']

﻿ Sentencia C-341 de junio 4 de 2014
SENTENCIA C-341 DE 04 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:EL DEBER DE COMUNICAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTENIDO PARTICULAR Y CONCRETO A LOS TERCEROS, NO VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN. LA UTILIZACIÓN DEL CORREO, EL CORREO ELECTRÓNICO, LA DIVULGACIÓN EN MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN NACIONAL O LOCAL O LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER MECANISMO EFICAZ, PERMITEN LA REALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LOS TERCEROS, PERMITIÉNDOLES CONSTITUIRSE COMO PARTE Y HACER VALER SUS DERECHOS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “DEBER DE COMUNICAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS”, “LES COMUNICARÁ” “LA COMUNICACIÓN” Y “COMUNICACIÓN” CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1437 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TERCEROS PROCESALES, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia C-341 de junio 4 de 2014
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1437 de 2011
<Rige a partir del 2 de julio de 2012, artículo 308>
ART. 37.—Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.
EXTRACTOS: «II. Fundamentos
2.1. El Decreto 2067 de 1991, por medio del cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; ii) señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas; iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; iv) cuando fuere el caso, si la demanda se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el trámite impuesto por la Constitución para expedirlo y la forma en que este fue quebrantado; y v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
El tercero de los requisitos anteriores, conocido como el “concepto de la violación”, supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional, resulta vulnerado por las disposiciones objeto de la demanda e implica una carga material y no meramente formal, que no se satisface únicamente con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal manera que dichos motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.
2.3. En jurisprudencia reiterada, esta corporación ha precisado que si bien es en el auto admisorio de la demanda en el que se define si la demanda cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad; también es cierto que esa primera valoración corresponde a una revisión apenas sumaria del magistrado ponente, la cual “ (...) no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.N. art. 241-4-5)”(3).
2.4. En desarrollo del proceso de constitucionalidad, solo después del auto admisorio de la demanda es que tienen los ciudadanos y el Ministerio Público la oportunidad de participar en el proceso y de manifestar sus opiniones y su concepto a la Corte, los cuales que deben ser considerados por este tribunal al momento de tomar una decisión, motivo por el cual, si las intervenciones contienen observaciones sobre la aptitud de la demanda, como en el caso sub examine, estas deben ser examinadas por la Sala Plena.
¿Vulneran los derechos a la defensa y contradicción, consagrados en el artículo 29 constitucional, las expresiones acusadas, al disponer el deber de comunicar la existencia de una actuación administrativa de contenido particular y concreto a lo terceros que puedan resultar afectados por las decisiones que en ellas se adopten?
4.1. El 17 de noviembre de 2009, fue presentado el proyecto de ley para la expedición del “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en cuya exposición de motivos, se resaltó que la propuesta integraba los cambios constitucionales, modernizaba las instituciones administrativas y procesales y aprovechaba los avances que proporciona la tecnología informática.
4.3. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), derogó a partir de su vigencia, en su artículo 309 entre otras disposiciones, el Código Contencioso Administrativo, contenido en el Decreto-Ley 1ª de 1984. Concretamente, el artículo 37 analizado, reemplazó la regla general expuesta en el artículo 46 del derogado Código Contencioso Administrativo que señalaba que “Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa o inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde se a competente quien expidió las decisiones”. Tal es la regla general en la materia, de modo que tanto el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), como la norma anterior, no son excluyentes de la posibilidad de que el legislador diseñe modos de comunicación diferentes para los procedimientos administrativos distintos a los consagrados en los códigos.
En este punto, cabe resaltar la forma en que se surtían las comunicaciones a los terceros en dicho código, que en su artículo 46 señalaba: “Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones afecten en forma directa o inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde se a competente quien expidió las decisiones”.
4.4. El artículo 1º del nuevo código, señala que las normas que conforman dicha parte, tienen “... como finalidad proteger, garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado”.
4.5. La disposición demandada en esta oportunidad, se encuentra en la primera parte del nuevo código, que establece en su título III, capítulo I, las reglas del procedimiento administrativo general, y que en términos generales, prescribe que:
4.5.1. Sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales(4), el trámite de las actuaciones administrativas se sujetaran al procedimiento administrativo común y principal definido por el código, indicando que se adelantarán por escrito, verbalmente o por medios electrónicos, y que cuando se inicien de oficio, deberán informarse al interesado para el ejercicio del derecho a la defensa (arts. 34, y 35).
4.5.3. En lo atinente a la decisión, precisa que esta deberá ser motivada y se producirá una vez se hayan oído las opiniones de los interesados, con fundamento en las pruebas e informes disponibles y en la cual se resolverán las peticiones oportunamente planteadas por el peticionario o los terceros reconocidos. Que cuando se trate de decisiones discrecionales, deben ser adecuadas a la norma que la autoriza y proporcionales a los hechos que le sirven de causa. Prescribe igualmente que serán actos definitivos, los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, o hagan imposible continuar la actuación (arts. 42 y 43).
5. Cargo único. Violación del debido proceso (C.N., art. 29).
La demanda de inconstitucionalidad señala que la sola comunicación de la existencia de una actuación administrativa de contenido particular y concreto a las terceras personas que puedan resultar afectadas por la decisión que en ellas se adopte, desconoce el debido proceso (C.N., art. 29) al no garantizarles sus derechos a la defensa y contradicción.
5.2.1. Conforme al artículo 150.2 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y por medio de ellas, ejercer entre otras, la función de “[ex]pedir códigos en todos los ramos del derecho y reformar sus disposiciones” a través de los cuales le compete definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial, y como consecuencia de ello, establecer las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones, y los recursos ante las autoridades judiciales y administrativas.
5.2.3. Esta competencia, según lo ha señalado esta corporación, “le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (C.N., art. 29), y del acceso efectivo a la administración de justicia (C.N., art. 229). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado social de derecho(5). Y (...) mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas estas como ‘el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas’”(6).
5.2.4. Sin embargo, esa amplia libertad de configuración del legislador en materia procesal, tiene ciertos límites que se evidencian en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos y garantías fundamentales, y la plena observancia de las demás disposiciones constitucionales(7). Al respecto, esta corporación, en Sentencia C-555 de 2001 precisó:
“(...) el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”.
5.2.5. En Sentencia C-183 de 2007, esta corporación señaló que esta potestad de configuración del legislador en materia de procedimientos “(...) debe ser ejercida sin desconocer los principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(8), y los principios de razonabilidad(9), proporcionalidad(10) y prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo (C.N., art. 228), que se constituyen en límites al ejercicio legítimo de tales competencias”(11).
“El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial(12). Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (C.N., preámbulo art. 1º); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.N., arts. 5º, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.N., art. 83).
En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte tiene establecido que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, “la violación del debido proceso ocurriría no solo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que esta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”(13).
5.3.1. El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones administrativas, cuando establece que: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones , “en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”(14).
5.3.3. Frente a la exigencia de dichas garantías, esta corporación ha señalado que esta es más rigurosa en determinados campos del derecho, como en materia penal, en la cual la actuación puede llegar a comprometer la libertad personal, en tanto que en materia administrativa, su aplicación es más flexible, dada la naturaleza del proceso que no necesariamente compromete derechos fundamentales(15).
En este sentido, el cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se trate “dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”(16).
5.4.2. El principio de publicidad se encuentra consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento entre otros, en el principio de “publicidad”, el cual se evidencia en dos dimensiones.
5.4.3. La primera de ellas, como el derecho que tienen las personas directamente involucradas, al conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, la cual se concreta través de los mecanismos de comunicación y la segunda, como el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad de conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan conforme a la ley. Al efecto, esta corporación en Sentencia C-096 de 2001, dijo:
“Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política”.
(...) los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser esta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final (...), o en razón de que el administrado demostró su conocimiento (...).
(...) la Corte no (...) puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene. Lo anterior por cuanto los hechos no son ciertos porque la ley así lo diga, sino porque coinciden con la realidad y, las misivas que se envían por correo no llegan a su destino en forma simultánea a su remisión, aunque para ello se utilicen formas de correo extraordinarias”.
En la Sentencia SU-447 de 2011, sobre el cumplimento del principio de publicidad, esta Corte señaló:
“6.5.5. Publicidad de las medidas preventivas o cautelares administrativas.
Otras conclusiones igualmente importantes se desprenden de los procedimientos administrativos anotados. Estos tienen como denominadores comunes y en relación con las medidas preventivas, los siguientes: (i) las medidas preventivas pueden ser aplicadas sin perjuicio de las posibles sanciones que determine la ley; (ii) Las medidas preventivas se dirigen contra los administrados sometidos a control y vigilancia por la autoridad; y (iii) en ningún caso se establece la necesidad de que dichas medidas se comuniquen a terceros”.
5.4.4. El suma, el principio de publicidad, visto como instrumento para la realización del debido proceso, implica la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley(17), con el fin de que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.
5.5.1. Ha sido unánime la jurisprudencia de la Corte Constitucional al sostener que el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas, pues solo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa que incluye garantías esenciales para el ser humano, tales como la posibilidad de controvertir las pruebas que se alleguen en su contra, la de aportar pruebas en su defensa, la de impugnar la sentencia condenatoria y la de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho(18).
5.5.2. Sin embargo, también ha dicho esta corporación que la puesta en conocimiento de las providencias judiciales es un asunto que hace parte de la libertad de configuración política del legislador, puesto que a él corresponde diseñar los mecanismos idóneos y acordes con los procesos tecnológicos que permitan informar oportunamente a sus destinatarios la existencia de procesos y decisiones judiciales y administrativas(19).
5.5.3. Sobre la forma en que deben realizarse las comunicaciones, en Sentencia C-1114 de 2003 al revisar la constitucionalidad de una disposición que autorizaba la comunicación vía del correo electrónico en materia tributaria, se concluyó que la legislación podía establecer diversas formas de comunicación, y que resultaba admisible la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas, pero se advirtió que “(...) tal incorporación debe realizarse sin desconocer la teleología que anima a aquellas (las notificaciones) como actos de comunicación procesal y que no es otra que permitirles a los interesados el conocimiento de las decisiones de la administración con miras al ejercicio de su derecho de defensa (...)”.
5.5.4. Sobre este punto, en la Sentencia C-980 de 2010, con motivo del examen de constitucionalidad del artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 2010 que modificó el Código de Tránsito, esta corporación declaró su exequibilidad, al considerar que el legislador en su función de hacer las leyes, está en la facultad de diseñar métodos de comunicación que sean compatibles con los progresos tecnológicos que tienen lugar en el campo de las telecomunicaciones, lo que precisamente ocurre con la forma de comunicación por correo.
5.5.5. Se puede concluir que no existe un único medio idóneo para dar cumplimiento al principio de publicidad, y que la Constitución Política no prescribe una sola forma para poner en conocimiento de los sujetos con interés jurídico en actuar, los hechos, actos o decisiones que les puedan afectar, correspondiéndole al legislador definir los diversos tipos de comunicación procesal, y su aplicación, según la materia del derecho de que se trate, los actos o providencias que se deban comunicar, las personas quienes se comunique y la oportunidad en que ellas se dictan. Así, lo importante es que el tercero afectado por la decisión conozca de la existencia de la medida administrativa —realizando el principio de la función pública de la publicidad—, sea por una comunicación a cargo de la administración, o bien por un conocimiento directo del aludido por la decisión administrativa por la notoriedad del acto, la ejecución del mismo, o incluso la acción directa del tercero. Importante en este análisis resulta recordar la regla establecida por la Corte en Sentencia C-096 de 2001:
“Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política” (negrillas del original).
(...) los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser esta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final (...), o en razón de que el administrado demostró su conocimiento (...)”(20).
5.6. Constitucionalidad de las expresiones acusadas del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.
5.6.1. Considera el actor que las expresiones “deber de comunicar”, “les comunicará”,” la comunicación” y “comunicación”, contenidas en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, vulneran el debido proceso, en tanto impiden que los terceros que puedan verse afectados por las decisiones que adopten las autoridades dentro de las actuaciones administrativas, ejerzan sus derechos a la defensa y la contradicción.
5.6.2. Conforme lo señala el artículo 29 constitucional, el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales, como a las actuaciones administrativas. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la exigencia del cumplimiento de las garantías asociadas al debido proceso, varía según el ámbito del derecho de que se trate, siendo más exigente en los casos en que se ven comprometidos derechos fundamentales, tales como la libertad personal, en el derecho penal.
5.6.3. Según lo planteado en el numeral 4º de esta providencia, el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, se encuentra dentro de la primera parte del código, en la que se regula el procedimiento administrativo, es decir, la forma en se surten las actuaciones de la administración, y de manera particular, establece el deber de la administración de comunicar la existencia de una actuación administrativa de contenido particular y concreto, a terceras personas que a juicio de la autoridad puedan resultar directamente afectadas por la decisión que en ella se adopte.
5.6.4. Como se observa, el acto de comunicación previsto por el legislador en la disposición sub examine, se enmarca en las etapas preliminares de la actuación administrativa, en las cuales se pone en conocimiento la existencia de la actuación —previa la expedición del acto administrativo—, sin que con ello se esté creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica particular y la cual tiene por objeto que los terceros que puedan resultar afectados con la decisión que posteriormente en ellas se adopte, conozcan de su existencia y puedan ejercer el derecho a la defensa y contradicción. Es así como el artículo 37 señala que “la autoridad (...) les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma, el nombre del peticionario si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos”.
5.6.6. Cabe resaltar que el deber de comunicar las actuaciones administrativas de que trata el artículo 37, es a “terceras personas que puedan resultar directamente afectadas por la decisión” que se adopte en la actuación y que como tal no son partes dentro de la misma, pudiéndose en algunos casos desconocer su paradero, motivo por el cual la notificación personal no es necesariamente el mecanismo idóneo para ponerle en conocimiento de la existencia de la actuación, y en modo alguno cuando se trata de terceras personas indeterminadas. En este sentido, resulta razonable, que el legislador en ejercicio de su libertad de configuración, disponga diversas formas de enteramiento, según las condiciones del tercero, de que se trate, como lo son: (i) la utilización de los medios más eficaces posibles (libertad de medios de comunicación); (ii) la remisión de la comunicación a la dirección o correo electrónico del tercero si se conoce y si no hay otro medio más eficaz y (iii) la divulgación de la comunicación en un medio masivo de comunicación local o nacional, las cuales aseguren en mayor medida que la información llegará a su destinatario, para que este último pueda como lo señala el mismo artículo 37, “constituirse como parte y hacer valer sus derechos”, o incluso (iv) cuando luego de la ejecución de algunos actos administrativos en donde quede claro el conocimiento de los terceros, se disponga la posibilidad de contradecir la decisión.
5.6.7. Por lo expuesto, considera la Corte que el deber de comunicación establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, cumple con el objetivo perseguido por el principio de publicidad, cual es poner en conocimiento de los terceros de la existencia de la actuación administrativa, en la medida que estableció diversos medios para su concreción, habida consideración de las condiciones de los posibles terceros interesados, quienes pueden ser en algunas oportunidades numerosos o indeterminados, casos en los cuales la notificación personal se tornaría imposible, estancando el curso de la actuación administrativa. Resulta pertinente lo expresado en la Sentencia C-475 de 1997, cuando, sobre la tensión entre el derecho a la defensa y la justicia, esta corporación dijo: “En síntesis, como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica”.
5.6.8. Contrario a lo manifestado por el actor, a juicio de la Sala, el deber consagrado en la disposición acusada, más que atentar contra los derechos a la defensa y contradicción de los terceros, se constituye en un medio para contribuir a su realización, pues permite a través de mecanismos razonables y eficaces, poner en conocimiento de tales sujetos, la existencia de la actuación administrativa, sin dilaciones injustificadas y con antelación a la emisión del acto administrativo que los pueda afectar, permitiendo que puedan comparecer a ella para constituirse en parte y hacer valer sus derechos.
1.1. Solicita el actor la inconstitucionalidad de las expresiones deber de comunicar”, “les comunicará”,” la comunicación” y “comunicación”, contenidas en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, al considerar que vulneran el debido proceso de los terceros, al impedir que ejerzan sus derechos a la defensa y contradicción.
1.3. Sumado a lo anterior, por cuanto la fijación de las diversas modalidades de comunicación, hacen parte de la libertad de configuración del legislador y los mecanismos para concretar la comunicación previstos en la norma, como lo son el correo o el correo electrónico —cuando no haya otro medio más eficaz— la divulgación en medio masivo de comunicación nacional o local o la utilización de cualquier otro medio eficaz, satisfacen la obligación de poner en conocimiento de los terceros interesados, la existencia de la actuación administrativa, permitiéndoles ejercer el derecho a la defensa.
1. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Deber de comunicar las actuaciones administrativas”, “les comunicará” “la comunicación” y “comunicación” contenidas en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, por los cargos examinados.
(3) Al respecto, ver sentencias C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013.
(4) Por ejemplo, en la Sentencia SU-447 de 2011, se identificaron procedimientos administrativos especiales que primaban sobre la regla general contenida en el Código Contencioso Administrativo. Así, frente a la medida preventiva de recapitalización (regulada en el estatuto orgánico del sistema financiero) y la orden de reducción nominal del valor del capital social (D. 32/86) se encontró que no era necesario notificar a quienes alegaban ser terceros y solicitaban la aplicación de procedimientos administrativos generales.
(5) Sentencia T-001 de 1993.
(6) Sentencia C-562 de 1997.
(7) Ver entre otras, las sentencias C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, SC-1104/01, C-642 de 2002, C-736 de 2002.
(8) Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000.
(9) Sentencia de la Corte Constitucional C-886 de 2004.
(10) Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001.
(11) Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, C-555 de 2001, C-640 de 2002, C-642 de 2002, C-736 de 2002, C-740 de 2002, C-788 de 2002, C-561 de 2004, C-340 de 2006, T-738 de 2006, C-692 de 2008.
(12) Cfr. artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución Política y sentencias de la Corte Constitucional: C-680 de 1998 y C-1512 de 2000.
(13) Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999.
(14) Sentencia T-442 de 1992.
(15) Sentencia C-957 de 2011, C-248 de 2013, entre otras.
(16) Sentencia C-248 de 2013.
(17) Sobre el tema se pueden consultar las Sentencia C-836 de 2001 y C-641 de 2002.
(18) Entre otras, pueden consultarse las sentencias C-1185 de 2004, C-641 de 2002, C-798 de 2003 y T-262 de 2003
(19) Sentencias C-1114 de 2003 y C-798 de 2003, entre otras.
(20) Resaltado fuera del texto original.