Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00390-de-octubre-15-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f2ca4bd91e07020ce0430a010151020c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-06 22:51:59
Document Index: 309755970

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 152', 'artículo 20', 'artículo 152', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 189', 'Artículo 189', 'artículo 29', 'artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 214', 'artículo 17', 'artículo 214', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 214', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 214', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 214', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 214', 'artículo 25']

﻿ Sentencia 2010-00390 de octubre 15 de 2013
SENTENCIA 2010-00390 DE 15 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:GRADUALIDAD DE LA UNIFICACIÓN DE LOS PLANES OBLIGATORIOS DE SALUD ENTRE EL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO. CONTROL DE LEGALIDAD. SE DECLARA AJUSTADO A DERECHO, MIENTRAS PRODUJO EFECTOS, EL DECRETO NO. 965 DE 24 DE MARZO DE 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO LEY 132 DE 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DENTRO DE LAS RAZONES PARA LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN, SE ADUJO EL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS Y MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD – POS -, DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, LO CUAL COMPROMETE DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS RECURSOS DESTINADOS A SU ASEGURAMIENTO GENERANDO UN GRAVE DETERIORO DE LA LIQUIDEZ DE NUMEROSAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD AMENAZANDO SU VIABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTADO DE EXCEPCIÓN, CONTROL DE LEGALIDAD, RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
Sentencia 2010-00390 de octubre 15 de 2013
Rad.: 11001-03-15-000-2010-00390-00
Actor: Presidencia de la Republica-Ministerio de la Protección Social
Referencia: control inmediato de legalidad.
Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a efectuar el control inmediato de legalidad previsto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, respecto del Decreto 965 de 24 de marzo de 2010 “por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social.
Mediante oficio recibido por la presidencia de esta corporación el secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica del decreto reglamentario de las medidas de excepción 965 de 24 de marzo de 2010, para los efectos del control automático de legalidad que le compete realizar a la Sala Plena del Consejo de Estado conforme a la mencionada Ley 137 de 1994.
II. Texto del decreto objeto del control de legalidad
El texto del decreto sometido a revisión es del siguiente tenor:
“DECRETO 965 DE 2010
“ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir y reglamentar las condiciones para determinar la gradualidad de la unificación de los planes obligatorios de salud entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo y la consecuente transformación de recursos, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010.
“ART. 2º—Gradualidad de la unificación. La gradualidad de la unificación de los planes obligatorios de salud del régimen subsidiado y del régimen contributivo se implementará a partir de 2010 en los departamentos con los municipios que hagan parte de su jurisdicción, y en los distritos, que seleccionen los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social hasta cubrir todo el territorio nacional. En las entidades seleccionadas, la unificación se entiende como el acceso a la prestación de servicios de salud contenidos en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo definido por la comisión de regulación en salud, CRES, y cubrirá a la población afiliada al Régimen Subsidiado y la población potencial elegible, de conformidad con las normas vigentes. Para los efectos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de la Protección Social definirán conjuntamente los criterios y demás requisitos de selección de entidades territoriales, teniendo en cuenta, como mínimo, los siguientes:
b) Haber solicitado ante el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, Territorial o quien haga sus veces, la aprobación del plan general financiero de la unificación de planes obligatorios de salud entre régimen subsidiado y contributivo, el cual incluirá el plan de transformación de recursos requerido para la unificación, en armonía con el literal b) del artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010. El plan general deberá garantizar la sostenibilidad de la universalización y de la unificación de los planes obligatorios de salud entre el régimen subsidiado y contributivo, así como considerar todas las fuentes y los efectos financieros y fiscales que sobre la red pública de prestadores de servicios de salud cause la unificación. El plan general deberá contar con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de la Protección Social, entidades que deberán adelantar el seguimiento respectivo. Para la selección definitiva de una entidad territorial será indispensable contar con la aprobación del Confis Territorial o quien haga sus veces, a la solicitud aquí mencionada.
PAR. 2º—Para efectos del plan general financiero las entidades territoriales deberán prever la financiación de las prestaciones excepcionales en salud en tanto entra en operación y funcionamiento el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonpres) según lo previsto en el Decreto-Ley 128 de 2010 y demás contingencias asociadas a la prestación de servicios a la población pobre no asegurada y actividades no cubiertas en el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado (NO POSS), en tanto se implementan la unificación y la transformación previstas en el presente decreto.
“ART. 3º—Transformación de recursos. Las entidades territoriales seleccionadas deberán, en virtud de lo previsto por el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010 y lo dispuesto en el presente decreto, transformar las fuentes que financian la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y las actividades no cubiertas en el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado de conformidad con el plan de transformación y con la solicitud de transformación de fuentes de las entidades territoriales a que hacen referencia el literal b) del artículo 2º y el parágrafo 3º del artículo 2º del presente decreto, respectivamente.
“ART. 4º—Base de transformación del sistema general de participaciones. El porcentaje final del componente de régimen subsidiado del sistema general de participaciones de salud de la vigencia respectiva será el resultado de considerar el monto equivalente al porcentaje inicial de distribución, más el monto total de recursos transformados por las entidades territoriales seleccionadas, dividido en el total de recursos destinados al sistema general de participaciones en salud de la vigencia respectiva.
“ART. 5º—Pruebas piloto. Con el fin de obtener información relevante sobre frecuencias de uso, costos, los impactos sobre la red pública hospitalaria, evasión y elusión y de los cálculos de suficiencia y sostenibilidad de la financiación de la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, que sirva para la toma de decisiones de política pública, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social podrán aprobar pruebas piloto de unificación en entidades territoriales, por un término no inferior a seis (6) meses, para lo cual definirán conjuntamente los criterios y requisitos para la selección de las entidades territoriales, determinando, entre otros, la cobertura universal en el marco de las pruebas piloto, con base en la información certificada por la autoridad competente.
“ART. 6º—Plan general financiero de unificación de planes obligatorios de salud entre régimen subsidiado y contributivo. El plan general financiero de que trata el literal b) del artículo 2º del presente decreto, tendrá como objetivo garantizar la capacidad fiscal y financiera de la entidad territorial para la sostenibilidad de la unificación de los planes obligatorios de salud, así como de la universalización del régimen subsidiado. El plan deberá detallar:
ii) Los recursos provenientes de la transformación del sistema general de participaciones (SGP) componente prestación de servicios para lo no cubierto con subsidios a la demanda y (18 Diario Oficial Edición 47.661 miércoles 24 de marzo de 2010)(sic)
(sic) la atención de la población pobre no asegurada y de las rentas cedidas de que trata el literal b) del artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010;
“ART. 7º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
Esteban Piedrahíta”.
1. Alcance, requisitos y características del control automático de legalidad respecto de las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción
De acuerdo con la Constitución Política y en aras de que el Gobierno Nacional contara con las herramientas necesarias para conjurar todos aquellos hechos excepcionales que perturben, amenacen o alteren en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, se le otorgó al Presidente de la República la posibilidad de declarar el estado de emergencia y así salvaguardar los intereses superiores de la comunidad. Durante ese período el ejecutivo puede dictar los decretos que considere necesarios pero sólo con la finalidad de solucionar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
El ejercicio de esa prerrogativa va ligada indiscutiblemente a la plena observancia de los límites que el propio texto constitucional consagra. En efecto, la declaratoria de los estados de excepción no puede convertirse en un instrumento dirigido al desconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, al irrespeto de las reglas del derecho internacional humanitario, y mucho menos a la interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público o de los órganos del Estado, o a la supresión y/o modificación de los organismos y las funciones básicas de acusación y de juzgamiento.
De esta manera, la Carta Constitucional al regular esos estados, estatuyó diferentes mecanismos tanto políticos como jurídicos a los cuales debe someterse desde la decisión a través de la cual se declara el estado de emergencia, pasando por los decretos legislativos y concluyendo con los decretos expedidos para la concreción de los fines dispuestos en los mismos. La finalidad de esos controles no es otra que la verificación formal y material del cumplimiento de los parámetros establecidos en el ordenamiento superior para su ejercicio.
Así, en lo que tiene que ver con el control jurídico y con fundamento en el literal e) del artículo 152 supra, se expidió la Ley 137 de 1995 —estatutaria de los estados de excepción—, en cuyo artículo 20 consagró el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general dictados en desarrollo de los plurimencionados estados. A la letra dicha disposición prescribe:
La Corte Constitucional(1) al revisar la constitucionalidad de la referida disposición, recordó que el control es una medida a través de la cual se pretende impedir la aplicación de normas ilegales; en particular consideró lo siguiente:
Dicho control constituye una limitación al poder de las autoridades administrativas, y es medida eficaz con la cual se busca impedir la aplicación de normas ilegales” (Negrillas y subrayado de la Sala).
Sobre el particular y como bien lo ha recalcado esta Corporación(2), la Ley 137 de 1994 pretendió “instaurar un mecanismo de control automático de legalidad de los actos administrativos que opere de forma independiente de la fiscalización que lleva a cabo la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de los decretos legislativos que les sirven de fundamento, mecanismo aquél que funge como una garantía adicional de los derechos del ciudadano y de la legalidad abstracta frente al ejercicio de los inusuales poderes del ejecutivo durante los estados de excepción (letra e) del artículo 152 constitucional)”.
En efecto, se trata nada más y nada menos que de un mecanismo que tiene como propósito verificar que las decisiones y/o determinaciones adoptadas en ejercicio de esa función administrativa se encuentren dentro de los parámetros, finalidades y límites establecidos.
Se debe pues analizar la existencia de la relación de conexidad entre las medidas adoptadas dentro del acto objeto de control y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia, así como su conformidad con las normas superiores en que se fundamenta.
Entonces, éste supone el examen de lo relativo a la “competencia de la autoridad que lo expidió, la realidad de los motivos, la adecuación a los fines, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas expedidas en el marco del estado de excepción”(3).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 del 2 de junio de 1994, “por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia”, las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo del lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o por el Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.
En este sentido y como quiera que el Decreto 965 de 24 de marzo de 2010, objeto del control de legalidad, fue dictado por el Presidente de la República - Ministerio de la Protección Social, autoridades del orden nacional, la competencia para conocer del presente asunto según la disposición citada es de esta corporación.
Se resalta que si bien es cierto que el decreto fue expedido en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo 132 de 2010, el cual fue declarado inexequible, también lo es que ello no impide a la Sala efectuar un estudio de fondo del mismo, en razón a los efectos jurídicos que hubiera podido producir el acto durante su vigencia, esto es, antes de tal declaratoria por parte de la Corte Constitucional, además cuando existen otras disposiciones que le sirven de fundamento y otras que no se invocan pero que se relacionan con la temática.
Justamente, el control de legalidad que le corresponde al Consejo de Estado debe realizarse de acuerdo con las circunstancias vigentes al momento de su expedición sin que sean relevantes “los fenómenos que afectan su fuerza ejecutoria”(4). En otras palabras, como “la presunción de legalidad que ostentan los actos administrativos tan sólo puede ser desvirtuada por el juez del acto, su eventual decaimiento no trae aparejado el juicio de legalidad, indispensable para la determinación de la validez de los efectos jurídicos que llegó a producir”(5).
3. Normativa con la cual se debe confrontar el Decreto 965 del 24 de marzo de 2010, en aras de determinar si se ajusta o no al ordenamiento jurídico
Con la finalidad de identificar el conjunto normativo con el cual debe confrontarse el varias veces mencionado Decreto 965 de 2010 a efectos de determinar si se ajusta o no a derecho, resulta pertinente traer las siguientes consideraciones realizadas por esta corporación:
“El poder de reglamentación, tal como lo instituyó el Constituyente de 1991, que en este campo difiere sustancialmente del contenido en la Carta del 86, puede provenir de diferentes fuentes, a saber: el Presidente de la República, los entes que forman parte de la administración, o los organismos constitucionales autónomos. De conformidad con el artículo 189-11 de la Constitución, el Presidente de la República tiene asignada, en forma genérica, la denominada potestad reglamentaria que, como su nombre lo indica, lo faculta para reglamentar las leyes. Dice así la norma citada: “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa: (...) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.
Esta atribución, no es ilimitada, pues está sujeta a la Constitución y al contenido de la misma ley que se va a reglamentar (...) Dicho poder de reglamentación tiene como propósito fundamental hacer operativa la ley, es decir, permitir que ella tenga cumplida ejecución. No sobra recordar que esta función no puede ser delegada ni transferida a ningún otro funcionario o entidad pública y mucho menos privada, pues ella es exclusiva del Presidente de la República y así debe ejercerla”(6) (Negrillas de la Sala).
Siguiendo los anteriores lineamientos se tiene que dicho decreto debe estar acorde con la Constitución y con las normas que le han servido de fundamento, en particular no puede ir más allá de la disposición que va a reglamentar.
En relación con las normas con rango de ley que deben ser observadas a la hora de analizar el decreto objeto de control, se encuentra por un lado la Ley 137 de 1994 —estatutaria de los estados de excepción— y por el otro, los decretos legislativos proferidos de conformidad con la declaratoria del Estado de emergencia social por parte del Gobierno Nacional, en especial, el Decreto-Ley 132 de 2010, reglamentado por el acto administrativo estudiado en el sub lite.
En lo que tiene que ver con la primera de ellas, resulta de suma importancia hacer referencia a los artículos 5 a 15 de la misma, los cuales establecen los parámetros y límites que deben ser tenidos en cuenta al momento de declarar un estado de excepción:
“ART. 5º—Prohibición de suspender derechos. Las limitaciones a los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, de la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún Estado de excepción.
Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De todas formas se garantizarán los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política”.
“ART. 6º—Ausencia de regulación. En caso que sea necesario limitar el ejercicio de algún derecho no intangible, no tratado en la presente ley, no se podrá afectar su núcleo esencial y se deberán establecer garantías y controles para su ejercicio”.
“ART. 7º—Vigencia del Estado de derecho. En ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. El Estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos de Estados de excepción, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades”.
“ART. 8º—Justificación expresa de la limitación del derecho. Los decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias”.
“ART. 9º—Uso de las facultades. Las facultades a que se refiere esta ley no pueden ser utilizadas siempre que se haya declarado el estado de excepción sino, únicamente, cuando se cumplan los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, y se den las condiciones y requisitos a los cuales se refiere la presente ley”.
“ART. 10.—Finalidad. Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”.
“ART. 11.—Necesidad. Los decretos legislativos deberán expresar claramente las razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente.
“ART. 12.—Motivación de incompatibilidad. Los decretos legislativos que suspendan leyes deberán expresar las razones por las cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de excepción.
“ART. 13.—Proporcionalidad. Las medidas expedidas durante los Estados de excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar. La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad”.
“ART. 14.—No discriminación. Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. Lo anterior no obsta para que se adopten medidas en favor de miembros de grupos rebeldes para facilitar y garantizar su incorporación a la vida civil. La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función constitucional, velará por el respeto al principio de no discriminación consagrado en este artículo, en relación con las medidas concretas adoptadas durante los Estados de excepción. Para ello tomará medidas, desde la correctiva, hasta la destitución, según la gravedad de la falta y mediante procedimiento especial, sin perjuicio del derecho de defensa.
“ART. 15.—Prohibiciones. Además de las prohibiciones señaladas en esta ley, en los Estados de excepción de acuerdo con la Constitución, no se podrá: a) Suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales; b) Interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado; c) Suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento”.
Y, de otro lado, en lo atinente al decreto legislativo al cual debe acatamiento el acto administrativo analizado, la Sala encuentra lo siguiente: El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, expidió el Decreto Legislativo 4975 del 23 de diciembre de 2009, por medio del cual se declaró el Estado de emergencia social por haber considerado que existía un abrupto y acelerado crecimiento de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los planes obligatorios de salud, y donde se encontraban comprometidos de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento al sistema general social en salud. El decreto en mención a la letra dispuso:
“Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia por términos hasta de treinta días, que sumados no pueden exceder de noventa días en el año calendario;
Que es necesario adoptar las medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de protección efectiva del derecho a la salud de las personas, así como robustecer las actividades de inspección, vigilancia y control en la asignación, flujo, administración y gestión de los recursos del sistema”.
Con ocasión a su declaratoria y dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la Sala Plena de la Corte Constitucional realizó el control automático del transcrito decreto legislativo, como resultado del mismo dicha corporación decidió declararlo inexequible a través de la Sentencia C-252 del 16 de abril de 2010(7). La parte resolutiva fue del siguiente tenor:
“Primero. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, “Por el cual se declara el estado de emergencia social”.
En relación con su inexequibilidad y con los efectos de la sentencia la Corte consideró:
“En el presente caso, el decreto declaratorio del estado de emergencia social se ha encontrado contrario a la Constitución Política, por cuanto no logró demostrarse la presencia de hechos sobrevinientes ni extraordinarios (presupuesto fáctico); si bien la situación reviste de gravedad no resulta inminente (presupuesto valorativo); y el Gobierno dispone de medios ordinarios para enfrentar la problemática que expone en salud (juicio de suficiencia).
No obstante, al reconocer la Corte la presencia de una situación que reviste de “gravedad” consistente en los problemas financieros que aquejan de tiempo atrás el funcionamiento del sistema de salud, se justifica constitucionalmente que algunos de los decretos de desarrollo mantengan una vigencia temporal.
Frente al vacío legislativo que se genera con la inconstitucionalidad sobreviniente de los decretos de desarrollo, resulta imperioso que los que hubieren establecidos fuentes tributarias de financiación del sistema de salud, puedan continuar vigentes por un plazo prudencial, en aras de no hacer más gravosa la situación que enfrenta el sistema de salud y poder garantizar de manera provisoria mayores recursos para el goce efectivo del derecho a la salud, especialmente con destino a quienes por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Esta corporación no puede ignorar las graves consecuencias, socialmente injustas y notoriamente opuestas a los valores, principios y derechos constitucionales, que se derivarían de la abrupta e inmediata pérdida de vigencia de todas las medidas expedidas en uso de las facultades de excepción.
El conceder un plazo adicional de vigencia a algunos decretos de desarrollo persigue equilibrar en parte y así sea a corto plazo, las finanzas del sistema de salud para garantizar la prestación adecuada y oportuna del servicio. Tiempo que permitirá un mayor espacio al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a efectos de tramitar con la mayor prontitud posible las medidas legislativas y reglamentarias necesarias que busquen estabilizar definitiva e integralmente las distintas problemáticas que enfrenta el sistema.
Así, en cumplimiento de su misión de ser un conciliador del derecho positivo con los dictados de la equidad propios de una situación concreta, se dispondrá que los efectos de la presente sentencia se difieran respecto de las normas contenidas en decretos legislativos que establezcan fuentes tributarias de financiación orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud.
La Corte determina que para el cabal cumplimiento de esta sentencia y la adecuada destinación de los recursos tributarios que se recauden, los órganos de control y, en particular, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, realizarán los seguimientos tanto respecto de su parte motiva como de la resolutiva.
Conforme a lo señalado, el plazo durante el cual mantendrán su vigencia los decretos de desarrollo que establezcan fuentes tributarias de financiación, así como el destino de dichos recursos, serán determinados por la Corte en los respectivos fallos sobre dichos decretos.
La Sala adopta la decisión de diferir los efectos de su fallo en la materia puntualmente indicada, teniendo en cuenta las condiciones específicas del caso que se analiza. Así pues, de repetirse la situación actual, luego de que el poder Ejecutivo conoce las reglas establecidas por la jurisprudencia y la forma como las mismas son aplicadas, corresponderá a la Sala, en esa situación concreta, definir si corresponde o no tomar la excepcional decisión de diferir los efectos de lo que se resuelva” (Negrillas y subrayado de la Sala).
La misma suerte corrió el Decreto-Ley 132 de 2010, por el cual se dictaron disposiciones “para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen Subsidiado de Salud del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”, en desarrollo del mencionado Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009. Justamente, la Corte Constitucional en Sentencia C-374 del 19 de mayo de 2010, lo declaró inexequible, al efecto consideró lo siguiente:
En atención a que el Decreto Legislativo 132 de 2010 no guarda relación con aquellas materias para las cuales el efecto de la inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009 fue diferido, resulta inexequible por consecuencia. El decreto declarativo del Estado de emergencia social es el acto que faculta al Presidente de la República a legislar excepcional, limitada y temporalmente. Una vez excluido del ordenamiento este acto, los decretos legislativos dictados a su amparo siguen la misma suerte.[6]
De conformidad con lo expuesto, y siguiendo la jurisprudencia establecida por esta Corporación, se declarará la inexequibilidad del Decreto 132 de 2010, como consecuencia del aludido fallo”.
Visto lo anterior, la Corte concluyó que ninguna de las disposiciones del Decreto 132 tenían la virtualidad de establecer fuentes tributarias orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud.
4. Los presupuestos y el contexto a cuya luz debe examinarse el Decreto 965 de 24 de marzo de 2010
Las normas que inciden en el estudio de la legalidad del decreto analizado son, para la Sala, las siguientes:
La Constitución Política en su artículo 48 prevé expresamente que todos los ciudadanos tienen derecho irrenunciable a acceder al sistema de seguridad social, entre ellos, el de salud. Por su parte, el artículo 49 dispone que corresponde al Estado garantizar la atención en salud, la cual podrá ser prestada por el Estado o por particulares.
A través de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, se fijó el régimen propio del sistema de seguridad social integral, entre ellos el de Salud.
También se tiene como referencia legal de la prestación del servicio de Salud y, específicamente, sobre los planes obligatorios de salud, la Ley 1122 de 2007. En los artículos 9º a 13, se estableció lo relacionado con la financiación de los planes obligatorio de salud, que es el tema regulado por medio del decreto que se estudia.
Por su parte, el artículo 7º de la citada Ley 1122, dispone expresamente que es la comisión de regulación en salud, la entidad encargada de expedir el plan obligatorio de salud, tanto al régimen contributivo como al régimen subsidiado.
En cumplimiento de dicho mandato legal, la comisión expidió el Acuerdo 8 de 2009, por medio del cual, entre otras disposiciones, se fija el plan obligatorio de salud para los regímenes contributivo y subsidiado.
Con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia social —D. 4975/2009—, se expidió el Decreto Legislativo 132 de 2010, el cual en su artículo 4º modificó el literal a) del numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 que previamente había reformado el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 17. Se resalta que el literal a) del artículo 214 había sido adicionado por el artículo 17 de la Ley 1151 de 2007.
A la letra el artículo 4º establece lo siguiente:
“ART. 4º—Transformación de recursos. “Decreto INEXEQUIBLE” Modifíquese el literal a) del numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 que modificó el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
b) Los recursos de rentas cedidas deberán transformarse para cofinanciar la unificación de planes obligatorios de salud del sistema general de seguridad social en salud, de acuerdo con un plan de transformación”.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 965 de 24 de marzo de 2010 “por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010 y se dictan otras disposiciones”, el cual fue remitido por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República a esta corporación en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 137 de 1994.
En este contexto, procederá la Sala al estudio del Decreto a fin de decidir sobre su legalidad.
4.1. Examen de los requisitos de forma del decreto analizado
En lo atinente a los requisitos de forma del Decreto 965 de 2010, la Sala encuentra que el mismo fue expedido por el Presidente de la República, con la firma del Ministro cuya cartera tiene interés en la decisión contenida en el acto administrativo, esto es, por el Ministro de la Protección Social. Por lo anterior, el Decreto se ajusta a esa exigencia de naturaleza constitucional —art. 115— que establece que ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquéllos expedidos en su calidad de jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, “tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente”.
Resulta pertinente precisar que la determinación del ministro o director de departamento que debe suscribir conjuntamente con el Presidente de la República el acto no siempre es sencilla, toda vez que la temática tratada en los actos administrativos puede ser muy variada o compleja.
En el sub lite, la Sala observa que no resulta difícil llegar a esa conclusión, habida cuenta que el decreto objeto de control se refiere a la financiación de los planes obligatorios de salud, expedido teniendo en cuenta el artículo 4º del Decreto Legislativo 132 de 2010, disposición esta dictada dentro del marco del estado de excepción de emergencia social dirigido a optimizar los recursos existentes, con el fin de que se incorporen en el flujo de recursos del sistema general de seguridad social en salud para la financiación de los servicios que este cubre y pueda presentarse la “unificación de los planes obligatorios de salud entre el régimen subsidiado y contributivo que determine el Gobierno Nacional”.
De esta manera, resulta evidente que la materia tratada en el plurimencionado Decreto se circunscribe al ámbito competencial del Ministerio de la Protección Social —hoy Ministerio de Salud y Protección Social—, entidad que a la luz del ordenamiento jurídico vigente le corresponde orientar el sistema de protección social y el sistema de seguridad social hacia su integración y consolidación, con el objeto de lograr cubrimiento integral del riesgo y brindar asistencia social a la población colombiana.
Finalmente, se advierte que el mismo cumple con los demás elementos exigidos, tales como i) el encabezado, número y fecha, ii) el epígrafe-resumen de las materias reguladas, iii) la competencia, esto es, la referencia expresa de las facultades que se ejercen, iv) contenido de las materias reguladas-objeto de la disposición, v) parte resolutiva y vi) vigencia y derogatorias.
4.2. Examen material y de contenido de la decisión objeto de control
El Decreto-Ley 4975 de 2009, pretendía “…crear las condiciones institucionales, financieras, fiscales y operativas para la unificación de los planes obligatorios de salud en los regímenes contributivo y subsidiado, a través de un plan básico, sostenible y progresivo”.
En complemento de lo anterior, el Decreto-Ley 132 de 2010, procuraba establecer mecanismos para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el régimen subsidiado de salud del sistema de seguridad social en salud.
Por su parte, el decreto objeto de control pretende “…definir y reglamentar las condiciones para determinar la gradualidad de la unificación de los planes obligatorios de salud entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo…”.
Dicho lo anterior y revisada la disposición en comento, la Sala considera que la misma se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico por cuanto, de una parte, siguió los parámetros y límites que debían ser observados al momento de su expedición, esto es, bajo el amparo del estado de excepción y, de otra, está subordinada al propio decreto que reglamenta y no va más allá de su contenido.
Ciertamente, no se observa que las disposiciones allí contenidas limiten en modo alguno los derechos fundamentales de las personas o que afecten el núcleo esencial de otros, pues por el contrario buscaban remediar la discriminación entre los servicios prestados en el régimen contributivo y el régimen subsidiado de salud.
Además, la medida como tal no ha desconocido las prohibiciones señaladas en la Ley 137 de 1994, esto es, las consagradas en el artículo 15, las cuales se encuentran relacionadas con la suspensión de los derechos humanos y/o libertades fundamentales, interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado, o la supresión o modificación de los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento.
De otra parte, es claro que el acto encuentra sustento jurídico en el artículo 4º(8) del Decreto 132 de 2010(9), disposición que modificó el literal a) del numeral 1) del artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 que reformó el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, norma relacionada con el sistema de seguridad social en salud, por lo que el contenido normativo del acto objeto de control constituye un adecuado desarrollo del mencionado artículo 4º, al regular la financiación de los recursos de que se nutren las entidades territoriales para prestar los servicios de salud.
Efectivamente, el Gobierno Nacional en el decreto 965 definió la gradualidad de la unificación de los planes obligatorios de salud, POS, entre el régimen contributivo y el subsidiado a partir de 2010, en los departamentos y distritos que seleccionen los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del entonces, Protección Social.
Dicha unificación es entendida como el acceso de la población afiliada al régimen subsidiado y la potencialmente elegible a la prestación del servicio de salud, contenida en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo definido por la comisión de regulación.
Con esa finalidad, se dispuso que las mencionadas carteras debían definir conjuntamente los criterios y demás requisitos de selección de entidades territoriales, teniendo en cuenta, como mínimo, los siguientes:
b) Haber solicitado ante el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis territorial o quien haga sus veces, la aprobación del plan general financiero de la unificación de planes obligatorios de salud entre régimen subsidiado y contributivo, el cual incluirá el plan de transformación de recursos requerido para la unificación, en armonía con el literal b) del artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010.
Así pues y teniendo en cuenta que uno de los motivos de la declaración de la emergencia social fue la necesidad de crear condiciones institucionales, financieras y fiscales para esa unificación, el Ministerio de la Protección Social estableció la gradualidad de ese proceso, así como la transformación de recursos.
“Las entidades territoriales seleccionadas deberán, en virtud de lo previsto por el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010 y lo dispuesto en el presente decreto, transformar las fuentes que financian la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y las actividades no cubiertas en el plan obligatorio de salud del régimen subsidiado de conformidad con el plan de transformación y con la solicitud de transformación de fuentes de las entidades territoriales a que hacen referencia el literal b) del artículo 2º y el parágrafo 3º del artículo 2º del presente decreto, respectivamente”, señala la medida.
Sobre el particular, resulta pertinente anotar que los artículos 48 y 49 de la Constitución Política consagran los servicios públicos a la seguridad social y a la atención en salud.
Por su parte, el legislador, a través de la Ley 100 de 1993, creó, entre otros, el sistema general de seguridad social en salud, el cual se encuentra compuesto por dos regímenes, contributivo y subsidiado, mediante los cuales se accede a los beneficios contenidos en los respectivos planes obligatorios de salud.
Con la expedición de la Ley 1122 de 2010 se modificó el sistema general en cuanto a su financiación, concretamente, en lo atinente al monto y distribución de las cotizaciones, a los recursos del régimen subsidiado, al pago de deudas y al flujo y protección de los recursos. A la letra los artículos 10 a 12 disponen:
“ART. 204.—Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al régimen contributivo de salud será, a partir del primero (1º) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por ciento (0,5%). Ver la circular del Ministerio de Salud y Protección Social 15 y 101 de 2007.
“ART. 11.—Modifícase el artículo 214 de la Ley 100, el cual quedará así:
“ART. 214.—Recursos del régimen subsidiado. El régimen subsidiado se financiará con los siguientes recursos:
a) Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2878 de 2007, Adicionado por el artículo 17, Ley 1151 de 2007, Modificado por el artículo 4º, Decreto Nacional 132 de 2010, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 965 de 2010 Los recursos del sistema general de participaciones en salud, SGPS, que se destinarán previo concepto del Conpes, y en una forma progresiva al régimen subsidiado en salud: En el año 2007 el 56%, en el año 2008 el 61% y a partir del año 2009 el 65%, porcentaje que no podrá ser superado. El porcentaje restante se destinará, de acuerdo a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para financiar la atención de la población pobre no asegurada, las actividades no cubiertas por subsidio a la demanda y a las acciones en salud pública;
b) El Gobierno Nacional aportará un monto por lo menos igual en pesos constantes más un punto anual adicional a lo aprobado en el presupuesto de la vigencia del año 2007 cuyo monto fue de doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y tres millones de pesos ($ 286.953.000.000,00). En todo caso el Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para cumplir con el proceso de universalización de la población de Sisbén I, II y III en los términos establecidos en la presente ley;
“ART. 12.—Pago de deudas al régimen subsidiado. Autorizase a los municipios y departamentos para destinar por una sola vez, recursos no comprometidos, provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y del Fondo Nacional de Regalías, para el pago de las deudas con el régimen subsidiado de salud vigentes a 31 de diciembre de 2004, que hayan sido registradas en los estados financieros de las ARS a diciembre de 2005. Si las ARS (a partir de esta ley EPS del régimen subsidiado) con las que se tengan estas cuentas le adeudan a la red de prestadores, el FAEP y el Fondo Nacional de Regalías, realizarán el giro directo a las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública, previa revisión de las cuentas pendientes con el régimen subsidiado.
e) Derogado por el artículo 5º, Decreto Nacional 132 de 2010, a partir del 1º de abril de 2010. Los municipios y distritos destinarán hasta el 0,4% de los recursos del régimen subsidiado, para financiar los servicios de interventoría de dicho régimen. La interventoría solo podrá ser contratada con entidades previamente habilitadas departamentalmente y del Distrito Capital, a través de concursos de méritos, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social.
Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud, ha considerado a la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (…) el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social (…) considerada como una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad”(10).
Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”(11).
En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional(12) ha reconocido a la salud como un derecho fundamental autónomo, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana, el reconocimiento de las realidades socioeconómicas de las personas y la capacidad financiera del Estado.
Siguiendo lo anterior, para la Sala el decreto objeto de control no solo facilitaría la unificación de los servicios que se ofrecen en el régimen contributivo y subsidiado, sino también garantizaría la igualdad en la prestación de los servicios y la financiación del sistema integral de salud, de manera tal que se logre con características de permanencia.
Resulta del caso recordar que la financiación de los recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud y lograr la universalización y la igualdad en la prestación de los mismos no solo es una necesidad técnica sino que es un imperativo constitucional y legal.
En efecto, el artículo 13 de la Constitución Política impone al Estado la obligación de establecer medidas afirmativas para corregir la desigualdad evidente que se presenta frente a la población más vulnerable.
De igual forma, es un compromiso del Estado propender porque los servicios de salud que se brinden a la población más vulnerable no sean menos que los que se presten a aquellas que se encuentran en el régimen contributivo.
En cuanto al artículo 5º, el Decreto 965 se refirió a la aprobación de pruebas piloto de unificación en entidades territoriales para obtener información sobre la frecuencia de uso, costos e impactos del proceso en la red hospitalaria.
Mientras tanto, el artículo 6º menciona lo mínimo que debe contener el plan general financiero de unificación de planes obligatorios de salud entre el régimen subsidiado y contributivo, que tiene como objetivo garantizar la capacidad fiscal y financiera de la entidad territorial para la sostenibilidad.
En particular, dicho artículo 6º se refirió en el numeral III, a la apropiación definida en el Decreto-Ley 127 de 2010 “Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria”(13). Se destaca que esta norma introdujo modificaciones, necesariamente transitorias, a algunas disposiciones de carácter tributario, incrementando las tarifas del impuesto al consumo de varios productos y servicios (como la cerveza, los productos derivados del tabaco, los juegos de suerte y azar y algunos vinos y licores), cuyo recaudo está total o parcialmente destinado a la financiación de los servicios de salud, verbigracia en materia de tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, para el año 2010 el 21% del recaudo bruto del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, debía destinarse a la salud y a partir del 1º de enero de 2011 este porcentaje sería del 24%, según el parágrafo del artículo 5º de la disposición en comento.
Así pues, la inclusión en el plan general financiero de los recursos del Decreto-Ley 127 debe hacerse en los términos del mismo, lo cual no contraría el ordenamiento jurídico.
En este contexto, la Sala encuentra la evidente relación de conexidad entre el Decreto 965 de 2010 y los motivos que dieron lugar al mismo. Dentro de las razones para la declaratoria del estado de excepción, se adujo el incremento de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS, del régimen contributivo, lo cual compromete de manera significativa los recursos destinados a su aseguramiento generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud y de la sostenibilidad del sistema general de seguridad social en salud amenazando su viabilidad.
A su vez, la expedición del Decreto 132 se fundamentó en la optimización de los recursos existentes. En consecuencia, el decreto aparece como una medida proporcional para lograr los fines por los cuales se declaró el estado de emergencia social.
En conclusión, lo expuesto fuerza a la Sala concluir que el decreto objeto de análisis se aviene al ordenamiento jurídico vigente al momento de su expedición, como en efecto se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
Finalmente, resulta pertinente recordar que esta providencia hace tránsito a cosa juzgada relativa frente a los puntos analizados y decididos, por lo que la misma podrá ser objeto de un posterior debate a través del contencioso objetivo de legalidad(14).
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley
DECLÁRASE AJUSTADO A DERECHO, mientras produjo efectos, el Decreto 965 de 24 de marzo de 2010 “por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 4º del Decreto-Ley 132 de 2010 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional-Ministerio de la Protección Social, por las razones expuestas en la parte motiva.
Magistrados: Alfonso Vargas Rincón, presidente—Hernán Andrade Rincón—Gerardo Arenas Monsalve—Hugo Bastidas Bárcenas—Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez—Martha Teresa Briceño de Valencia—Susana Buitrago Valencia—Stella Conto Díaz del Castillo—Mauricio Fajardo Gómez—María Elizabeth García González—Enrique Gil Botero—Gustavo Gómez Aranguren—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Ramiro Pazos Guerrero—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Danilo Rojas Betancourth—Jorge Octavio Ramírez Ramírez—María Claudia Rojas Lasso—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de la Hoz—Guillermo Vargas Ayala—Marco Antonio Velilla Moreno—Luis Rafael Vergara Quintero—Alberto Yepes Barreiro— Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-179 del 13 de abril de 1994, magistrado ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, radicación 2009-00549, consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de noviembre de 2010, radicación 2010-00196, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
(4) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de noviembre de 2010, radicación 2010-00196, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
(5) Ibídem, Véase entre otras las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicación 2009-00549, del 20 de octubre de 2009, consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; radicación 2010-00386, consejera ponente: Dra. María Elizabeth García González.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 9 de marzo de 2006, radicación 2001-00213, consejero ponente: Dr. Tarsicio Cáceres Toro.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-252 del 13 de abril de 2010, magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
(8) ART. 4º—Transformación de recursos. “Decreto inexequible” Modifíquese el literal a) del numeral 1º del artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 que modificó el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
“Notas del editor”
(9) Resultas pertinente reiterar que la misma fue declarada inexequible en Sentencia C-332 del 12 de mayo de 2010.
(10) Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados.
(11) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.
(12) Véase entre otras la sentencia de la Corte Constitucional del 7 de marzo de 2013, expediente T-111 de 2013, Magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(13) Resultas pertinente señalar que el Decreto-Ley 127 de 2010 fue declarado inexequible en Sentencia C-253 de 16 de abril de 2010, magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla.
(14) Sobre el particular véase, entre otras, las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicación 2009-00549, del 20 de octubre de 2009, consejero ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; radicación 2010-00196, del 23 de noviembre de 2010, consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.