Source: https://alfonsopico.es/category/circulares/
Timestamp: 2020-07-04 09:52:50
Document Index: 259196636

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 75', 'artículo 33', 'Artículo 53', 'Artículo 52', 'artículo 82', 'Artículo 44', 'artículo 81', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 10', 'Artículo 19', 'Artículo 16', 'artículo 5', 'Artículo 17']

Circulares archivos - Alfonso & Picó Consultores
Último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria: 25 de junio de 2020
2 de abril hasta 30 de junio
• Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio 2019
• Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2019
• Primer trimestre 2020:
• Marzo 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
• Marzo 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
• Primer trimestre 2020. Autoliquidación: 303
• Primer trimestre 2020. Declaración-liquidación no periódica: 309
• Primer trimestre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
• Primer trimestre 2020. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368
• Primer trimestre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
• Marzo 2020: 430
• Enero 2020. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Enero 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
• Marzo 2020: 548, 566, 581
• Marzo 2019: 570, 580
• Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
• Primer trimestre 2020. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553
• Primer trimestre 2020. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572
• Marzo 2020. Grandes empresas: 560
• Primer trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 560
• Año 2019. Autoliquidación anual: 560
• Primer trimestre 2020. Pago fraccionado: 585
• Año 2019. autoliquidación anual: 589
• Primer trimestre 2020: 595
• Marzo 2020. Autoliquidación: 303
• Marzo 2020. Grupo de entidades, modelo individual: 322
• Marzo 2020. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
• Primer trimestre 2020. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195
• Primer trimestre 2020: 179
MEDIDAS APLICABLES A LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE VIAJES COMBINADOS.
Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento.
Contratos suscritos por los consumidores y usuarios
¿Qué derechos tiene el consumidor o usuario?
El consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días.
¿Hay alguna especialidad en los contratos de prestación de servicios de trato sucesivo?
La empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados
¿Hay alguna especialidad en los contratos de viaje combinado?
Se añaden algunas novedades al régimen ya introducido en el RD Ley 8/2020
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
Aunque no esté previsto en los Estatutos Sociales, los órganos de administración podrán celebrar sus reuniones por conferencia múltiple (por video conferencia ya estaba aprobado por el RD Ley 8/2020) siempre que el secretario reconozca la identidad de todos los asistentes y así lo exprese en el acta.
Se permite la video llamada o conferencia telefónica para celebrar Juntas de socios.
FORMULACIÓN Y AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
Se aclara que, aunque se haya suspendido el plazo de 3 meses para formular las cuentas anuales las empresas pueden formular las mismas.
PLAZO DE AUDITORÍA DE CUENTAS
La extensión del plazo de la auditoría de cuentas a los 2 meses siguientes a la terminación del estado de alarma, se aplica el mismo al caso de cuentas formuladas antes del inicio del estado de alarma.
En relación con la propuesta de aplicación de resultado:
Las sociedades que hubieran formulado sus cuentas antes del inicio del estado de alarma, se aclara que se podrá modificar la propuesta contenida en la memoria y someter otra propuesta a la junta general, acompañando la nueva propuesta de un escrito del auditor indicando que su opinión no hubiera cambiado de haber conocido antes la nueva propuesta.
Se permite retirar la propuesta de aplicación del resultado de sociedades cuya junta estuviera ya convocada y diferir ese punto a una junta posterior con similares requisitos a los indicados.
MEDIDAS PARA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS.
Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.
– Está en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
– El conjunto de la unidad familiar, en el mes anterior al de la moratoria no alcanza los siguientes límites, que se incrementan, en todos los casos, en 0,1 veces por cada hijo (0,15 veces por hijo si es familia monoparental) o por cada persona mayor de 65 años miembro de esa unidad familiar:
– El total de la cuota hipotecaria más los gastos de suministros básicos representan el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar. En este apartado se definen los suministros básicos el coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios de la vivienda habitual.
– A consecuencia de la emergencia sanitaria, el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles sobre la renta de la unidad familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
– La persona que debe pagar la renta o cualquiera de los miembros de su unidad familiar no son propietarios ni arrendatarios de una vivienda en España, salvo excepciones derivadas de situaciones de herencia o divorcio o inaccesibilidad existiendo discapacitados.
La deuda hipotecaria a la que se refiere la moratoria es la derivada de la vivienda habitual, los inmuebles afectos a la actividad económica o viviendas no habituales en alquiler en las que el propietario ha dejado de percibir la renta durante el periodo del estado de alarma o hasta el mes siguiente a su finalización. La deuda no hipotecaria elegible para la aplicación de la moratoria es la que corresponde a préstamos o créditos sin garantía hipotecaria.
Cualquier deudor, hipotecario o no, vulnerable, puede solicitar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de su préstamo o crédito que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
¿Tengo plazo?
La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, a través de cualquier medio (sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones de inscripción si hubiera garantías distintas a la hipotecaria o ventas a plazo registradas).
¿Tiene duración esta suspensión?
Durante la suspensión, la entidad acreedora no podrá cobrar ni la cuota, ni intereses de ningún tipo, ni total ni parcialmente y el vencimiento se extenderá automáticamente por todo el periodo de suspensión, sin alteración de las otras condiciones pactadas.
Se establece un régimen de responsabilidad para el caso de los deudores que faciliten datos inexactos o falsos a las entidades para acogerse al régimen anteriormente descrito.
¿Es posible aplicar moratoria a préstamos o créditos no hipotecarios?
¿Tiene alguna especialidad cuando se trata de préstamos no hipotecarios?
SI. Se incluyen las siguientes especialidades:
– Si el deudor tiene, a su vez, una deuda hipotecaria, para el cálculo de los límites del 35% y del múltiplo de 1,3 señalados en los apartados anteriores, no se computa la aplicación de la moratoria hipotecaria. En este sentido se incluye entre los gastos, la cuota hipotecaria, aunque esté diferida.
– Si el deudor no tiene deuda hipotecaria, pero es arrendatario de vivienda habitual o tiene cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler, aunque sea objeto de moratoria.
¿Y los avalistas o fiadores?
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO Y LANZAMIENTO.
¿Cuál será el plazo máximo de estas medidas?
El período máximo será de 6 meses desde el día 2 de abril de 2.020.
¿Quién puede solicitar la suspensión procesal?
Aquellas personas arrendatarias que acrediten ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, como consecuencia de la situación extraordinaria creada por el Covid 19 y que no tengan alternativa habitacional.
¿Cómo debe de solicitarlo?
El estado de vulnerabilidad social o económica deberá ser comunicada al Letrado/a de la Administración de la Justicia y éste/a los servicios sociales competentes.
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA. REQUISITOS
La concurrencia conjunta de los siguientes requisitos:
– Estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo o que haya reducido su jornada laboral, en el supuesto de ser empresario, por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que hayan supuesto una pérdida sustancial de ingresos.
– El conjunto de los ingresos de la unidad familiar, durante el mes anterior a la solicitud de la moratoria o la suspensión de plazos procesales, deberán ser los siguientes:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM.
– Que la renta más los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar. (suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y posibles contribuciones a la comunidad de propietarios).
La compuesta por la persona que adeuda la renta, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, los hijos, con independencia de su edad.
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica. Este requisito es extensivo a cualquier miembro de la unidad familiar.
A aquellos contratos de arrendamiento en los que, dentro del período comprendido desde el 2 de abril de 2.020, hasta dos meses después de finalizado el estado de alarma, finalice el período de prórroga obligatoria o tácita previstos en la LAU.
¿A qué tiene derecho el arrendatario en esta situación?
El arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria del contrato por un plazo de 6 meses. La prórroga deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que exista otro acuerdo entre las partes.
MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA EN EL CASO DE GRANDES TENEDORES.
¿Quién podrá solicitar una moratoria?
El arrendatario de contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.
¿A qué arrendadores se podrá solicitar la prórroga?
A aquellos arrendadores que sean una empresa o entidad pública de vivienda y a los grandes tenedores de viviendas.
¿Qué debe entenderse por gran tenedor?
A aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o dispongan de una superficie construida de más de 1.500 m2.
¿A qué tipo de moratoria se refiere?
A un aplazamiento extraordinario y temporal en el pago de la renta, siempre que no se hubiera conseguido con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
¿Qué plazo otorga el RD Ley para solicitar el aplazamiento?
Un mes contado desde el 2 de abril de 2.020.
¿Y si no hubiera acuerdo con el arrendador?
Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, y las mensualidades siguientes si aquél plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad, con un máximo de 4 meses.
Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, a aplicar de manera automática y durante el tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente, hasta un máximo de 4 meses. Dicha renta se aplazará mediante el fraccionamiento de cuotas durante al menos 3 años, contados a partir de cuando finalice el estado de alarma o a partir de la finalización del plazo de los 4 meses citados y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento.
¿Establece el RD Ley 11/2020 la acreditación de las condiciones subjetivas?
Sí, en el artículo 6.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES CUANDO EL ARRENDADOR NO ES UN GRAN TENEDOR.
La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar del arrendador, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, si antes no se hubiese acordado entre ambas partes. El plazo para solicitarlo será de un mes, contado desde el día 2 de abril de 2.020.
¿Pacto con el arrendador?
El arrendador comunicará al arrendatario, en un plazo de 7 días laborables, las condiciones del aplazamiento de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.
¿Qué pasa si el arrendador no accede a un aplazamiento?
En defecto de pacto, la parte arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.
APROBACIÓN DE AVALES POR CUENTA DEL ESTADO PARA LA COBERTURA DE LA FINANCIACIÓN A ARRENDATARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA. (art. 9 y 10)
Se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, se desarrolle una línea de avales con cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas de financiación a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
¿Por qué plazo se ofrecen estos créditos?
Por un plazo de hasta 14 años, con un plazo de devolución de 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros 4 años, sin devengo alguno de tipo de interés.
¿A qué podrán destinarse estas ayudas?
Al pago de la renta de arrendamiento de vivienda, pudiendo cubrir un importe máximo de 6 mensualidades de renta.
EFECTOS EN EL IVA DEL IMPAGO, SUSPENSIÓN, REDUCCIÓN Y/O APLAZAMIENTO DE LAS RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE NEGOCIO. (RESUMEN)
El devengo del IVA se encuentra regulado en el artículo 75 de la ley del IVA que establece que el IVA se devengará, en las prestaciones de servicios, cuando estos se presten o ejecuten. No hay duda que en los contratos de arrendamiento el servicio se presta por el uso o puesta a disposición al arrendatario del local objeto de arrendamiento.
Así las cosas, los efectos en el IVA para los arrendadores, de los distintos supuestos que se pueden presentar son básicamente los siguientes:
1. Suspensión o condonación total temporal de la renta pactada en el contrato
En estos casos el arrendador no va a percibir la renta del alquiler en un periodo de tiempo determinado. El contrato se mantiene vigente, el arrendamiento sigue en vigor, pero hay un periodo de carencia acordado entre arrendador y arrendatario.
En estos supuestos siempre que la condonación o renuncia a la renta no sea por una contraprestación del arrendatario al arrendador, no se devengará el IVA ya que no habría devengo por no ser exigible la renta suspendida.
2. Reducción o condonación parcial de la renta pactada en el contrato
En este caso arrendador y arrendatario acuerdan una reducción de la renta para un periodo concreto y determinado. En definitiva, se trata de una reducción sobre el importe del alquiler que se venía percibiendo, también por un periodo temporal.
En este supuesto habría exigibilidad y devengo del IVA, pero solo por la parte de la renta que se perciba realmente.
3. Aplazamiento de la renta pactada en el contrato
En estos supuestos en el acuerdo entre arrendador y arrendatario no se produce una suspensión (condonación) total o parcial de la renta, sino que se aplazan las rentas correspondientes a un periodo de tiempo concreto y determinado, pactándose en dicho acuerdo un nuevo calendario para el pago de esas rentas. De tal manera que los arrendatarios no pagan la renta de ese periodo y ese importe no cobrado se percibirá más adelante aumentando los importes de los siguientes periodos.
En estos casos, en la medida que lo que se acuerda es aplazar las rentas para su aumento en otros periodos, la exigibilidad y devengo del IVA se producirá en esos periodos futuros y no en el periodo en el que ha acordado su aplazamiento.
4. Impago de la renta pactada en el contrato
Estos supuestos se producen cuando no habiendo acuerdo entre arrendador y arrendatario, este último decide unilateralmente no abonar al arrendador la renta pactada en el contrato.
En estos casos, y con independencia de las consecuencias legales que desde el punto de vista civil se puedan producir, a los efectos del IVA se ha devengado y es exigible la renta del alquiler por lo que el arrendador deberá emitir la correspondiente factura en la que repercutirá el correspondiente IVA y en la declaración que corresponda, ingresar el importe correspondiente.
En estos supuestos habrá que tener en cuenta lo previsto en estos supuestos respecto de la modificación de la base imponible en el IVA respecto de créditos impagados.
1. Es preciso un análisis individualizado de cada situación para valorar las circunstancias de cada caso. No es lo mismo un local destinado al público que se ha cerrado por el decreto de alarma que una oficina o una nave.
2. Siendo perfectamente aplicable, en la mayoría de los casos, la aplicación en los contratos de arrendamiento de local de negocio de la cláusula rebus sic stantibus, nuestra recomendación es que se produzca un acuerdo entre arrendador y arrendatario respecto de las rentas pactadas, al menos, mientras esté vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno.
3. Dicho acuerdo, aunque puede ser verbal debe formalizarse de algún modo para que pueda ser acreditado entre las partes y a los efectos fiscales.
4. En el caso de reducción parcial de la renta es conveniente que en la factura que se emita por el arrendador conste o se haga referencia al acuerdo con el arrendatario.
A título de ejemplo puede constar en la factura el importe total de la renta y a renglón seguido expresamente la reducción aplicada
• Renta del mes de abril 2020……………………..1.000
• Reducción acordada COVID-19…………………..(300)
• Importe total a pagar…………………………………(700)
Aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020
• Se extiende su aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la LGT, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. ->Artículo 53. Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
• La suspensión también resulta aplicable a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por la Ley Reguladora de las Haciendas locales ->Disposición adicional novena. Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos.
• Esta suspensión será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. ->Disposición transitoria quinta. Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley.
• Lo previsto para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública. ->Disposición adicional novena. Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos.
Cómputo de plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas
->Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir.
• Con carácter general, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
• En el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la LGT, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020. Se aplicará tanto en los supuestos donde el plazo no hubiese finalizado el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación.
• Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Plazos de duración máxima de los procedimientos
-> Disposición adicional novena. Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos.
• El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos.
• Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
Esta medida será aplicable, en el ámbito tributario, a las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
-> Artículo 52. Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras.
Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 [importe inferior a 30.000 €] y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
Se excluyen expresamente las cuotas de IVA que se liquiden conforme al sistema “IVA diferido de importación”.
El destinatario de la mercancía importada debe ser una persona o entidad con volumen de operaciones < 6.010.121,04 €
Régimen especial de las comercializadoras de gas natural, electricidad, y productos derivados del petróleo
-> Artículo 44. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo.
• Las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura completa.
• Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
Exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados
-> Modificación de la «Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
La exención únicamente será aplicable a los supuestos referentes a la moratoria para la adquisición de vivienda habitual.
-> Disposición adicional undécima. Medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados.
Durante la vigencia del estado de alarma, el organismo supervisor aceptará aquellos métodos de identificación por videoconferencia basados en los procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en el nivel de seguridad será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad.
MORATORIA DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL - Artículo 34. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020
Siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los supuestos de ERTEs
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la TGSS dentro de de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
Los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5% è Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
Se deberá solicitar antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril
Además, para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello. è Disposición adicional decimosexta. Habilitación a los autorizados del Sistema RED.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DURANTE EL MES DE MARZO
A los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida con motivo de la entrada en vigor del decreto de alarma y se les reconociera el derecho al cese de actividad desde el mes de marzo, se les han eliminado los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. è Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Nuevo apartado 7 artículo 17.
Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada è Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Modificación apartado 1 artículo 17.
MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACCESO A LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO Y A PROFESIONALES DE LA CULTURA.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Modificación apartado 1 artículo 17.
Con carácter general, para solicitar la prestación extraordinaria, los trabajadores autónomos deben acreditar que, bien sus actividades han quedado suspendidas por el RD 463/2020. O bien que su facturación se ha visto reducida en un 75% en relación con el promedio de la facturación del semestre anterior.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará comparando los ingresos con la media de los doce meses anteriores.
Artes escénicas El código CNAE de esta actividad es 9001
Actividades auxiliares a las artes escénicas El código CNAE de esta actividad es 9002
Creación artística y literaria El código CNAE de esta actividad es 9003
Gestión de salas de espectáculos El código CNAE de esta actividad es 9004
Para el caso de las producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.Para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello. è Disposición adicional decimosexta. Habilitación a los autorizados del Sistema RED.
INCAPACIDAD TEMPORAL PARA CASOS DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CONFINAMIENTO TOTAL
Los empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Podrán disponer, excepcionalmente, del importe de los derechos consolidados disponibles. El Importe disponible no podrá ser superior a los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público
Los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
Podrán disponer, excepcionalmente, del importe de los derechos consolidados disponibles. El importe disponible no podrá ser superior a los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria
Plazo: Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los
planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
Se amplía la moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas, a dos nuevos colectivos: el de los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, y a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma. è Artículo 19. Moratoria de deuda hipotecaria.
En la definición de vulnerabilidad económica en el caso de autónomos, empresarios y profesionales que podrán solicitar la moratoria, además de los requisitos generales, se incluye una referencia específica a la pérdida sustancial de sus ingresos: è Artículo 16. Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria.
En caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para la acreditación de las condiciones subjetivas è Artículo 17. Acreditación de las condiciones subjetivas.
Los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en su actividad, presentar certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
Ayer, el Ministerio de Sanidad adoptó, mediante la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo y en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma por la crisis del COVID-19, una nueva medida dirigida a garantizar la contención de la pandemia.
Suspendió la apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico (hoteles y alojamientos similares, otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares). Esta medida está ya en vigor y se mantendrán durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
Excepcionalmente, se mantiene:
La apertura al público de establecimientos turísticos que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada (siempre que sus ocupantes cuenten en sus propios espacios con las infraestructuras para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad). Estos establecimientos no podrán admitir nuevos clientes; y
La vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos.
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