Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=105&tipo=2
Timestamp: 2017-12-16 12:55:41
Document Index: 370236428

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 24', 'artículo 49', 'artículo 105', 'artículo 24', 'artículo 105', 'artículo 24', 'artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 57', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 31', 'artículo 84', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 84', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 63', 'artículo 62']

De manera similar, sería posible -y así lo sostienen diversos autores- conectar el artículo 105.b) de la Constitución (acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos) con el derecho fundamental establecido en el artículo 20 de la Constitución, en particular en el aspecto recogido en su apartado 1.d), en cuanto se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Este derecho a comunicar o a recibir libremente información englobaría el acceso a la fuente u origen de la información misma, en este caso a los archivos y registros administrativos (con las matizaciones y limitaciones derivadas del propio Texto Constitucional). Al sostenerse esta tesis, podría llegar a considerarse vulnerado el derecho fundamental previsto en el artículo 20.1.d) ante la denegación en el acceso a los archivos y registros administrativos no amparada en alguno de los motivos enunciados en el propio artículo 105.b) (que la información afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Actualmente, la regulación en materia de procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas se encuentra de la siguiente manera: el artículo 24 de la citada Ley 50/1997, del Gobierno, regula el procedimiento aplicable a la Administración del Estado; las Comunidades Autónomas gozan de competencia exclusiva para regular el procedimiento aplicable para la aprobación de sus disposiciones propias, pues, como recordó el Tribunal Constitucional en su sentencia 15/1989, de 29 de enero, "...el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general es un procedimiento administrativo especial respecto del cual las Comunidades Autónomas gozan de competencias exclusivas cuando se trate del procedimiento para la elaboración de sus propias normas de carácter general"; finalmente, las entidades locales se someterán, para la aprobación de sus ordenanzas, al procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como a la demás normativa autonómica y local que sea de aplicación. No obstante debe aclararse que el artículo 105.a) de la Constitución opera en relación con todos los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas, cualquiera que sea la Administración Pública autora.
El artículo 24.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno (Administración del Estado) señala en este aspecto que no será necesario el trámite de audiencia si las organizaciones o asociaciones hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de la disposición. Exige el precepto legal la audiencia cuando la disposición proyectada afecta los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, lo que podrá materializarse -congruentemente con lo dispuesto en el artículo 105.a) de la Constitución- directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.
El artículo 24.1.e) de la Ley del Gobierno excluye explícitamente el trámite de audiencia en el caso de disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades previstos en la propia Ley de Gobierno, así como también en relación con las disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella. En otras palabras, se excluye el carácter preceptivo de la audiencia en lo que afecta a la estructura interna de la Administración del Estado.
El artículo 105.b) de la Constitución se refiere al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, lo que, como ya se ha dicho, en ocasiones pretende conectarse con el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1.d) del Texto Constitucional. El propio artículo 105.b) excluye el acceso a los archivos y registros administrativos cuando la información que de ellos puede recabarse afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas.
En este aspecto, el artículo 37 de la Ley 30/1992 desarrolla, con carácter básico, el artículo 105.b) de la Constitución, reconociendo un verdadero derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen, o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. El precepto establece excepciones al derecho de acceso: cuando los documentos contengan datos referentes a la intimidad de las personas, estará reservado a éstas; los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a derecho administrativo; los que contengan la información sobre la defensa nacional o la seguridad del Estado; los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando; los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial; y los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. A su vez, existe una remisión a la legislación sectorial aplicable en lo que se refiere a acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas (Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978), el acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes (Ley 14/1986, General de Sanidad), los archivos regulados por la legislación de régimen electoral (Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General); los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública (Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública), el Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes, y los Registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley; el acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o de una Corporación local y la consulta de fondos documentales existentes en los archivos históricos.
También debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículo 57 y 58 de la Ley 16/1985, de 20 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y lo establecido en la Ley 37/2007, de 26 de noviembre, sobre reutilización de la información del Sector Público. También la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente, la cual tiene carácter básico y es menos restrictiva que el régimen general establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Dispone igualmente el artículo 37.4 el derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. Podrán obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Finalmente, el artículo 105.c) de la Constitución se refiere a la audiencia de los interesados (no ya de los ciudadanos en general) en el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Frente al artículo 105.a) de la Constitución, que alude al procedimiento de elaboración de normas jurídicas reglamentarias, en este caso el artículo 105.c) se circunscribe a procedimientos administrativos para la producción de actos administrativos, sean o no singulares. Importa destacar que en el precepto constitucional se utiliza un concepto jurídico-administrativo de honda raigambre y de concreta significación jurídica, como es la de "interesado". En este sentido, por tal deberá entenderse, conforme dispone el artículo 31 de la Ley 30/1992, a quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Dispone en este sentido el artículo 84 de la Ley 30/1992 que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37.5 (excepciones al derecho de acceso a los archivos y registro). En un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Y podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Es importante resaltar que el trámite de audiencia lo es con vista del expediente (con las salvedades establecidas en el artículo 37.5 de la propia Ley en cuanto límites al acceso a los archivos y registros administrativos), toda vez que el interesado tiene derecho a conocer la documentación que forma parte del mismo, lo que le permitirá tener un exacto y cabal conocimiento de su contenido y del alcance de la resolución final que pueda adoptarse. El derecho a la vista del expediente se desprende del artículo 84.1 de la Ley 30/1992, cuando señala que, instruidos los procedimientos, "se pondrán de manifiesto a los interesados". En realidad, lo que se pone de manifiesto al interesado es el expediente administrativo (no el procedimiento, concepto distinto), del que forman parte todos los documentos producidos desde su incoación.
Respecto a los efectos derivados de la omisión del trámite de audiencia cuando fuera preceptivo, no podrá considerarse vulnerado el artículo 24 de la Constitución con el argumento de haberse producido una indefensión prohibida en su apartado 1. Y ello porque, como ya se ha destacado, el Tribunal Constitucional ha rechazado reiteradamente la aplicación del artículo 24 en el ámbito del procedimiento administrativo, razón por la que la omisión del trámite de audiencia efectivamente podría llegar a dar lugar a la declaración de invalidez del acto final dictado en el procedimiento en el que se omitió dicho trámite, pero no ya con apoyo en una supuesta vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Ello no obsta para que, con matices, el Tribunal Constitucional haya admitido, en cambio, la aplicación del artículo 24 de la Constitución en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionadores, inspirados en los principios que informan el ámbito penal, como se deduce de la propia regulación contenida en los artículos 134 y ss. de la Ley 30/1992.
Pues bien, dejando ahora a un lado el ámbito sancionador administrativo, no existe una jurisprudencia uniforme acerca de las consecuencias invalidatorias o no del mencionado vicio. En este sentido, pueden encontrarse sentencias en las que la omisión del trámite de audiencia se considera un vicio inoperante o irregularidad no invalidante ateniendo a las circunstancias concretas del caso; otras consideran que se trata de un vicio de anulabilidad encuadrable en el artículo 63 de la Ley 30/1992; y, finalmente, es posible también considerar la omisión del referido trámite como un vicio de nulidad radical, bien por vulneración de un derecho fundamental (en el caso del ámbito sancionador administrativo), bien incluso podría sostenerse -con un marcado carácter excepcional- la equiparación en casos especialmente relevantes de la omisión de dicho trámite a la falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, configurado como vicio de nulidad radical en el artículo 62.1.e de la Ley 30/1992.