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Timestamp: 2017-03-29 05:16:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 456', 'artículo 456', 'artículo 432', 'artículo 459', 'artículo 64', 'artículo 93', 'artículo 405', 'artículo 80', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 12', 'artículo 26', 'in fine', 'artículo 329', 'in fine', 'artículo 329', 'artículo 467', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 406', 'artículo 458', 'artículo 174', 'artículo 277', 'artículo 44', 'artículo 462', 'artículo 433', 'artículo 462', 'artículo 459', 'artículo 466', 'artículo 466', 'artículo 135', 'artículo 459', 'artículo 465', 'artículo 466', 'artículo 459', 'artículo 465', 'artículo 458', 'artículo 466', 'artículo 424', 'artículo 466', 'artículo 466', 'artículo 465']

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Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	SCP En la audiencia de apelación penal no pueden argumentarse denuncias distintas a las planteadas en el recurso de apelación.
Publicado: abril 23, 2013 en SENTENCIAS SALA PENAL	Etiquetas:#ALEGATOS, #APELACION, #EXTEMPORANEIDAD, #SALAPENAL, #TSJ	0
Por otra parte, la Sala observa que el argumento relacionado con la falta de pronunciamiento sobre veintiséis (26) pruebas debatidas durante el juicio en ausencia de la acusada, no fue expuesto en el recurso de apelación, ya que tal planteamiento fue enunciado de forma oral durante la audiencia convocada por la Corte de Apelaciones, siendo expresada en ese acto por el ciudadano abogado RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, quien se incorporó a la defensa técnica en fecha posterior a la admisión del recurso de apelación.
Al respecto, el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento de la proposición del recurso de apelación), determinó:
“La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes debatirán oralmente el fundamento del recurso. En la audiencia, los jueces podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso”.
Concluyéndose así que la audiencia establecida en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para el momento de la proposición del recurso de apelación) tiene por finalidad debatir sobre los fundamentos planteados en el recurso de apelación, y en razón de ello no puede argumentarse nuevos motivos. Vinculado dicho planteamiento con el principio de impugnabilidad objetiva delimitado en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal (aplicable en razón del tiempo de interposición del recurso), el cual establece que las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.
En este sentido, la Sala No.1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, resolvió adecuadamente el planteamiento efectuado en el recurso de apelación sobre la inmotivación de la sentencia proferida por el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal, y por consiguiente se declara SIN LUGAR la primera denuncia propuesta en el recurso de casación por la defensa de la ciudadana YANETH ZULAY CÓRDOVA BOLÍVAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Febrero/030-14213-2013-C11-331.html
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	SCP Requisitos concurrentes para la procedencia de la solicitud de radicación fundamentada en el artículo 64.1 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	COMPETENCIA DE TRIBUNALES DE VIOLENCIA DE LA MUJER NO PUEDE CONOCER CAUSA DERIVADAS DE UN HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN
Publicado: noviembre 20, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL	Etiquetas:#HOMICIDIO, #SALAPENAL, #TSJ	0
En tal sentido, se evidencia que el mencionado ciudadano RUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ fue detenido (en flagrancia) por funcionarios policiales adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en virtud de haber agredido con un destornillador a los ciudadanos WILLIAN MONTESINO y SANABRIA MONSALVE ERICK MARÍA (víctima-denunciante), lo que quedó evidenciado de las actas procesales, constatándose que:
“la víctima…[manifestó que] en fecha 13-08-12, cuando se encontraba con su pareja a la altura de la avenida Baralt…el hoy detenido se presentó ante ambos y comenzó a ofender a la actual pareja de la víctima, así como también le amenazaba expresándole: ‘ya te pesque, te voy a matar’ y con un destornillador que tenía en la mano, atentó contra el…a la altura de la cintura específicamente del lado izquierdo, la víctima asustada le dijo que huyera y aquél así lo hizo, quedándose a solas con el imputado quien le manifestó: ‘aja lo dejaste ir, te voy a matar a ti’, indicando la víctima que el imputado se encontraba muy agresivo, que tomó el destornillador impactando contra su humanidad específicamente por el pecho, luego lo utilizó lastimándola en el brazo izquierdo y finalmente por el lado derecho del abdomen, interviniendo oportunamente el órgano policial…la víctima señaló, que compartió vida en común con el imputado por un lapso de nueve años y que se separaron hace dos meses y quince días…fue amenazada de muerte… el órgano policial que practicó la aprehensión dejó constancia en el acta policial…que al dársele la voz de alto se le indicó que soltara el objeto que portaba en su mano y una vez colectados por los referidos funcionarios señalaron que se trataba de un destornillador…igualmente refirieron los funcionarios policiales que personas que se encontraban por la zona…decían a viva voz que el imputado quería matar a la víctima…dejaron constancia que la víctima presentó herida a la altura del tórax siendo descritas por el galeno de guardia…‘lesión en el tórax por objeto punzo penetrante’…y que la pareja de la víctima igualmente resultó lesionado presentando ‘lesión leve con hematoma en el intercostal izquierdo’…el ciudadano WILLIAM MONTESINO manifestó…que el imputado…le sorprendió por la espalda propinándole una puñalada por el lado izquierdo a la altura del abdomen optando por alejarse del peligro, sin embargo se percata que el referido imputado hace lo mismo contra la víctima a la altura del pecho, para finalmente observar como resulta aprehendido”. (Sic).
Por tales hechos, el referido ciudadano fue presentado ante el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que se declaró “incompetente para el conocimiento del presente asunto y…[declinó] el conocimiento del mismo en un tribunal de control especializado en materia de violencia contra la mujer”.
Es por ello, que el Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procedió a presentar al ciudadanoRUBELIO ANDRADE MORA GONZÁLEZ, por ante el Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que planteó el conflicto de no conocer, considerando que la instancia fiscal precalificó los hechos objeto de este proceso en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, tipificado en el artículo 405 concatenado con el segundo aparte del artículo 80 ambos del Código Penal.
En mérito de todo lo antes expuesto, esta Sala concluye que la competencia para el conocimiento de la presente causa penal corresponde al Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.
1) DECLARA COMPETENTE para el conocimiento de la presente causa al Juzgado Quintode Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
2) ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los 13 días del mes noviembre del año 2012. Años. 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Magistrada Presidenta…
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	Acerca del control judicial de la acusación fiscal y la excepción relativa a que los hechos no revisten carácter penal (Sala de Casación Penal)
Publicado: noviembre 20, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL	Etiquetas:#SALAPENAL, #TSJ	0
Entendida la fe pública como la presunción legal entre un hecho o acto y lo exteriorizado mediante el instrumento que le sirve de base, el cual debe encontrarse regulado por formalidades, solemnidades y garantías establecidas en ley.
De ahí la importancia de la fe pública como garantía de realización del acto y el cumplimiento de las formas que la ley impone para su realización, siendo en definitiva la fe pública lo que da validez al acto. En este orden de ideas, el notario otorga la denominada fe pública notarial, que en el presente caso ha sido cuestionada por el ejercicio de la acción penal.
Destacando de igual forma, que el tribunal de control obvió motivar en su fallo sobre aspectos inherentes a los hechos, específicamente en torno a las concepciones del acto en el que concurrieron a firmar los acusadosENRIQUE EMIGDIO VERHELTS, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, asimismo sobre el propio documento (objeto de experticia técnica efectuada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y con respecto a la manifestación de voluntad con soporte documental de traspaso de unas acciones de una empresa que está en entredicho, asintiendo que la firma en el documento no es del ciudadanoJHONNY NÚÑEZ TORRES, ya fallecido.
Lo anterior se verifica con lo expuesto por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control en su decisión, al indicar:
“evidencia esta Juzgadora que si bien es cierto de las actas del expediente se determina que la firma que aparece en el documento autenticado en fecha 08-10-2003 ha sido realizado presuntamente por una persona distinta a la que corresponde al ciudadano Jhonny Núñez Torres, no lográndose determinar su autoría con respecto a las muestras de carácter indubitado facilitadas para el cotejo, también es cierto que del resto de los elementos de convicción que cursan en actas y que explanó tanto el Ministerio Publico en su acusación así como la acusación particular propia, no se demuestra a criterio de quien aquí decide que los imputados, a pesar de las presuntas irregularidades administrativas que se demostró en el expediente que existían en la Notaría, en comento, tenían el conocimiento pleno de la presunta falsedad de dicha firma, es decir de la falsedad de dicho documento”. (Sic). (Negrillas y subrayado de la presente decisión).
Sin embargo, aún con las observaciones plasmadas anteriormente, la sentencia dictada por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el catorce (14) de octubre de 2010, señaló que la recurrida está ajustada a derecho, “toda vez que en ella la A quo dio justificación del por qué en su criterio era procedente decretar, de conformidad con el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra ENRIQUE EMIGDIO VERHELST PIÑA, FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ y RAFAEL AGUSTÍN QUINTANA RIVAS, por el delito de uso de documento falso. La juez determinó la atipicidad de los hechos vertidos en la acusación”.
Conforme a lo transcrito y expuesto en las decisiones tanto del tribunal de control como de la alzada, esta Sala considera necesario ilustrar en torno a la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal (objeto de la causa en examen), así: Esta causal permite que el juez o la jueza conozca de los elementos de la Teoría del Delito, y en tal sentido analizar la tipicidad, esto es apreciar si el hecho se subsume en el tipo penal específico de la acusación. Mientras que cuando se indica que la actuación objeto no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es porque el asunto que motivó al proceso es inexistente o el imputado no es el responsable del mismo según el numeral 1 del artículo 318 eiusdem.
Por ello, el juez o jueza de control debe apreciar a través de un razonamiento lógico-jurídico, si la acusación está fundada sobre base cierta, y los elementos de convicción apuntan una causa probable formulada a través de la acción penal, tomando en consideración los elementos de convicción y de forma preponderante en los soportes probatorios (pertinentes, útiles y necesarios), propuestos y ofertados para ser evacuados en el debate, los cuales deben ser observados en conjunto más no de forma aislada como se verificó en la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo cual tampoco fue advertido por la Corte de Apelaciones.
El funcionario judicial de control como juez o jueza de un Estado Social de Derecho y de justicia, debe ponderar cuál es el verdadero asunto de fondo que está conectado al bien jurídico tutelado por la norma penal, y que se encuentra en relación con el enjuiciamiento solicitado en la acusación. Debiendo estimar a la vez, cuál es el daño social causado a las instituciones, personas individuales o colectivas afectadas, visualizando todas y cada una de las aristas, circunstancias y consecuencias referentes al mismo, sin olvidar el desiderátum del proceso penal (la búsqueda de la verdad y la reparación del daño causado a la víctima), en estricto apego alos artículos 13, 23 y 118 del Código Orgánico Procesal Penal, y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con este proceder, la jueza de control violó: a) el principio de congruencia dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil (aplicación de la máxima romana juxta alegata et probata), que comprende la relación que debe existir entre lo alegado y probado en autos, y la valoración que realiza el juez o jueza como base de su convicción para dictar su decisión; b) el principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez o jueza sobre los hechos, también llamado principio de imparcialidad, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, que asigna al juez o jueza la orden de ser objetivamente imparcial, sin establecer privilegios y prejuicios. Expresando con su fallo la jueza de control una posición inherente a la fase de juicio, que conlleva una extralimitación de funciones, pero además de forma manifiestamente inmotivada, violándose con ello la parte in fine del artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal.
Todo este actuar por demás inexcusable, fue avalado por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del catorce (14) de octubre de 2010, no cumpliendo con la labor revisora y supervisora propia de la segunda instancia, limitándose en esta oportunidad a confirmar el fallo de primera instancia viciado.
En consecuencia, los defectos u omisiones advertidos en este fallo, afectaron los derechos a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en perjuicio de las partes accionantes y del proceso mismo, que obliga a la Sala de Casación Penal, con arreglo a los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, a declarar con lugar esta primera denuncia por la indebida aplicación de la parte in fine del artículo 329 eiusdem,y anular el fallo emitido el doce (12) de julio de 2010 por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47) en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010 emitida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, todo de conformidad con lo descrito en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, reponiéndose la causa al estado de realizar una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente.
Declarando a su vez la Sala de Casación Penal que debido a la índole y naturaleza del fallo proferido (que incide en el proceso de forma sustancial dada la nulidad y la reposición a la etapa intermedia), se abstiene de resolver las otras dos denuncias del recurso de casación incoado por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como también el recurso de casación y la solicitud de medida cautelar efectuada por el ciudadano abogado RAMÓN ALFREDO AGUILAR MONTAÑO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN MARÍA TORRES DE NÚÑEZ, ya que los mismos parten de actuaciones declaradas sin efecto jurídico e igualmente por cuanto los nuevos pronunciamientos que deben verificarse en la causa pueden desvirtuar argumentos expuestos en los recursos, y para los cuales una decisión distinta afectaría su fundamento legal. Así se decide.
En otro orden de ideas, la Sala llama la atención a los jueces CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL y MARÍA ANTONIETA CROCE integrantes de la Sala No. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quienes debieron plantear inhibición, y no conocer del segundo recurso de apelación ejercido contra la decisión del Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que realizó una segunda audiencia preliminar ordenada por éllos mediante decisión del veintinueve (29) de octubre de 2009, en virtud de haber emitido los prenombrados jueces pronunciamiento sobre el fondo en fecha quince (15) de enero de 2009, que anuló la primera audiencia preliminar celebrada en la presente causa. Todo ello en virtud que las dudas sobre su imparcialidad se pueden considerar objetivamente justificadas.
Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:
PRIMERO: Declara CON LUGAR la primera denuncia del recurso de casación propuesto por la ciudadana YURAIMA REYES,Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SEGUNDO: ANULA la decisión del doce (12) de julio de 2010 emitida por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo (47°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y los demás actos subsiguientes, inclusive la decisión de fecha catorce (14) de octubre de 2010, proferida por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
TERCERO: REPONE la causa al estado de la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un tribunal diferente a los que conocieron la presente causa.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, a los (2) días del mes de noviembre del año 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	SALA PENAL: DECLARA CON LUGAR SOLICITUD DE RADICACION DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Publicado: noviembre 7, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL	Etiquetas:#RADICACION, #SALAPENAL, #TSJ	0
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal considera que en el caso bajo análisis, se configura el primero de los supuestos indicados supra; pues efectivamente se juzga la comisión de unos delitos graves como lo son el HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTOR Y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionadosen los artículos 406 ordinal 2°, 458, 83, 286 todos del Código Penal.
Así las cosas, del escrito presentado por el solicitante y de las actuaciones procesales que acompañan a la solicitud, se evidencian, que dado a los cargos y funciones que desempeñan las víctimas involucradas en el proceso, pudieran existir juicios previos de valor por parte de los jueces, fiscales y órganos de investigación vinculados al proceso, lo cual hace presumir la posible existencia de parcialidad de los mismos, pues si bien es ciertolos funcionarios que sintieron afectada su imparcialidad se inhibieron (defensores públicos), esto pudiera ocasionar además de una posible subjetividad dentro del caso, una dilación injustificada en el transcurrir del proceso, debido a inhibiciones que pudieran suscitarse.
Por las consideraciones precedentes y con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de todas las partes involucradas, la tutela judicial efectiva como máxima garantía constitucional, la transparencia judicial, la imparcialidad de los jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal considera procedente declarar HA LUGAR la petición de RADICACIÓN DE LA CAUSA propuesta por el ciudadano abogado GERARDO GARCÍA, en su carácter de Defensor Publico Quinto del Estado Monagas, representante del ciudadano ENZO RAMÓN NÚÑEZ HERNÁNDEZ, por encontrarse llenos los extremos exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
En razón del anterior pronunciamiento la Sala de Casación Penal ordena la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Monagas la remisión inmediata de la causa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado a los fines, de su conocimiento y resolución.
1) Declara HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado GERARDO GARCÍA, Defensor Publico Quinto del Estado Monagas en su carácter de representante del ciudadano ENZO RAMÓN NÚÑEZ HERNÁNDEZ
2) Se le ordena la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Monagas la remisión inmediata de la causa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, a los fines, de su conocimiento y resolución.
3) Remítase copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los once días del mes de Octubre del año 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	SCP MEDIDAS CAUTELARES Y SU FINALIDAD
Publicado: octubre 10, 2012 en SENTENCIAS SALA PENAL	Etiquetas:#MEDIDASCAUTELARES, #PROPORCION	0
Consta en el Capítulo II intitulado “De la Solicitud de Medida Cautelar”, que la defensa privada del ciudadano acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, solicitó a esta Sala la imposición de una medida cautelar menos gravosa que la privación judicial de libertad que obra sobre su defendido, sobre el alegato de “que su detención a superado con creces el lapso estipulado en el artículo 244”.
Al respecto, cabe destacar que las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal. De esta forma su dictamen por parte de los tribunales penales ordinarios debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, además debe responder al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación. Partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva
En el caso sometido a la consideración de esta Sala, se constata de las actuaciones, que el treinta (30) de septiembre de 2009 el acusado WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA fue condenado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cumplir pena de prisión por un tiempo de veintidós (22) años y seis (6) meses. Sanción impuesta a un acusado que ha sido declarado culpable y penalmente responsable por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio del ciudadano GUSTAVO NAVARRO VILLAMIZAR (occiso); ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO MALDONADO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO MALDONADO; PRIVACION ILEGÍTIMA DE LIBERTAD,tipificado en el artículo 174 eiusdem, en perjuicio del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 ibídem.
Como se observa, el paso del tiempo tiene una incidencia peculiar en el sustento de la medida de prisión impuesta al acusado, pues la sentencia firme condenatoria adoptada tras el debido proceso, representa el título legítimo de privación del derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 constitucional, máxime cuando en el presente caso se encuentra pendiente por esta Sala la resolución del recurso de casación, por ello la presente solicitud se declara improcedente. Así se decide:
El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla los requisitos de modo, forma y tiempo inherentes al recurso de casación, señalando que se realizará mediante un escrito fundado, ante la Corte de Apelaciones y dentro de un plazo de quince días después de publicada la sentencia, a excepción que el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal, previo traslado.
En la presente causa, en cuanto al primer supuesto de admisibilidad referido a la legitimación activa para recurrir, el recurso de casación fue interpuesto por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, defensa legitimada conforme a lo dispuesto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal.
Igualmente en lo que respecta al requisito de temporalidad, el recurso fue interpuesto en fecha diez (10) de noviembre de 2011, es decir, en tiempo hábil en virtud del cómputo efectuado por la ciudadana abogada YEGNIN TORRES ROSARIO, secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, cursante en el folio trescientos treinta y ocho (338) de la segunda pieza de este expediente, de acuerdo con el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.
En cuanto al último de los requisitos, la decisión impugnada fue dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el prenombrado abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE,defensor privado delciudadano WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, tratándose de aquéllas recurribles en casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 de la ley adjetiva penal.
Por consiguiente, revisadas como han sido las causales de admisibilidad del recurso, es pertinente acotar el contenido de cada una de las denuncias planteadas:
La primera denuncia atribuye el vicio de falta de motivación a la decisión de la Corte de Apelaciones, invocando los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, advirtiendo que la alzada no resolvió el motivo de la apelación (contradicción de las declaraciones de los funcionarios policiales actuantes, en cuanto a las personas detenidas y la evidencia colectadas en el lugar de los hechos), con razonamiento propio y debidamente motivado, omitiendo algunos aspectos denunciados por la defensa privada. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.
En la segunda denuncia, la defensa señaló la falta de motivación del fallo recurrido, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su entender la segunda instancia se limitó a ratificar lo acordado por el tribunal de juicio, sin expresar los fundamentos de hecho y de derecho del porque consideraba que la sentencia condenatoria no adolecía de “ilogicidad manifiesta”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.
En la tercera denuncia, se alegó la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 135 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la prolongación de la declaración del imputado, en este caso en la audiencia del juicio oral y público, tal como se desprende de la fundamentación de la presente denuncia.
En ese sentido, se advierte, que la citada disposición legal denunciada aquí como infringida, no puede ser violentada por la corte de apelaciones, al no corresponderle su aplicación, ya que por su naturaleza procesal la aplicación es propia del tribunal de juicio, que es el competente para hacerlo, en virtud que es la fase donde se desarrolla el debate oral y público. Siendo esto así, es claro que lo que pretende refutar es la labor del juzgado de juicio, lo que no es posible mediante el recurso de casación de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.
En mérito de lo antes descrito, se considera que lo procedente es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera denuncia del presente recurso de casación, sobre la base del artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
Por su parte, en la cuarta denuncia se observa que el recurrente argumentó el vicio de falta de motivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, invocando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que la alzada no resuelve de manera adecuada y clara el punto sometido a su consideración (relativo a las contradicciones entre las declaraciones de los expertos JAVIER ROSALES, GUSTAVO ARAQUE y ALEJANDRO PEREIRA, respecto de las heridas que presentaba el cadáver). Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 eiusdem.
En relación con la quinta denuncia se desprende que el impugnante insiste en alegar inmotivación del fallo de la segunda instancia, y como vulnerados los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que según su percepción el fallo recurrido se limitó a transcribir parte de la decisión de juicio “sin dar un razonamiento propio claro y preciso”.
Al respecto debe señalarse que de la fundamentación de dicha denuncia se observa que el recurrente enfoca sus argumentos en contra del fallo de juicio, por considerar que: “El Tribunal de Juicio N° 03…da por demostrada la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad del ciudadano ÁNGEL MAURICIO FUENMAYOR, y al mismo tiempo también considera demostrada la responsabilidad penal del ciudadano WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, con la declaración de la víctima y con otros medios de prueba como lo son la expertica de inspección del vehículo…así como la testimonial de los funcionarios…sin embargo de tales testimoniales no se puede determinar a ciencia cierta que WILLIAM EDUARDO GUILLÉN SILVA, sea el autor del delito arriba acreditado…no existen elementos de pruebas suficientes”. Es decir, el defensor objeta el análisis de los medios de pruebas efectuado por la primera instancia para determinar la responsabilidad penal del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad.
Refiriéndose únicamente a la sentencia de la Corte de Apelaciones (aquí recurrida), por considerar que: “la alzada se limitó a transcribir parte de [la] decisión dictada por la Juez de Primera Instancia…sin dar un razonamiento propio claro y preciso…con fundamentos de hecho y de derecho… y al no hacerlo así, infringió los principios más elementales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva”, demostrando con ello que sus alegatos contra el fallo recurrido (en relación a este punto) son genéricos y ambiguos, materializando consideraciones netamente subjetivas sobre la motivación de los juzgadores de la segunda instancia.
En ese sentido, la jurisprudencia ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del imputado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público. Por tanto, la defensa en el caso de autos no puede pretender por medio de esta vía extraordinaria que se resuelvan cuestiones de fondo propias del tribunal de juicio (la responsabilidad penal o no del acusado en el delito de privación ilegítima de libertad).
Asumiendo el criterio a través del cual se dispone la imposibilidad que tienen los impugnantes por medio del recurso de casación de atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la primera instancia y la alzada (tal como sucede en la presente denuncia), ya que la procedencia de este recurso extraordinario, es sólo contra fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.
En consecuencia, concluyéndose que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la quinta denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
En la sexta denuncia se observa que el defensor señaló la violación de la ley por la “errónea aplicación” del artículo 458 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del robo agravado, expresando que: “la Corte de Apelaciones reconoce que el delito de robo agravado constituye un mismo hecho, pero de forma totalmente incoherente señala que por haber sujetos pasivos diferentes debe también aplicarse el delito de robo agravado pero este en relación a los ciudadanos CARLOS GUSTAVO NAVARRO y CÉSAR AUGUSTO NAVARRO”. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por último, en la séptima denuncia del recurso de casación se desprende que el recurrente atribuye la falta de motivación al fallo de la alzada, alegando la violación de los artículos 173, 364 (numeral 4), y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, por no dar respuesta a unos de los puntos sometidos a su revisión en el recurso de apelación, específicamente la falta de aplicación del artículo 424 en relación con el 406 (numeral 1) ambos del Código Penal, que se refieren a la complicidad correspectiva en el delito de homicidio calificado. Esta denuncia se admite de conformidad con lo establecido en el artículo 466 del citado Código Orgánico.
En mérito de todo lo antes señalado, se ADMITE la primera, segunda, cuarta, sexta y séptima denuncia del presente recurso de conformidad con el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, y sobre la base del artículo 465 eiusdem DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera y quinta denuncia del recurso de casación incoado por el ciudadano abogado JEAN CARLOS TORRES LINDARTE, contra la decisión dictada el veintiuno (21) de septiembre de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. En consecuencia, se convoca a una audiencia pública que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30). Así se decide.
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