Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311200.html
Timestamp: 2019-03-23 03:11:43
Document Index: 392004870

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 309', 'artículo 117', 'ARTÍCULO 370', 'artículo 370', 'artículo 309', 'ARTÍCULO 370', 'artículo 178', 'ARTÍCULO 370', 'IN DUBIO', 'artículo 363', 'artículo 7', 'artículo 180', 'artículo 394', 'artículo 396', 'artículo 417', 'artículo 416', 'in dubio', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 308']

as201311200
AUTO SUPREMO Nº. 200/2013
Sucre, 12 de julio de 2013
EXPEDIENTE: Tarija 135/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra David Huarachi Guillermo
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por David Huarachi Guillermo (fs. 161 a 177), impugnando el Auto de Vista Nro.14/2013 emitido el 27 de mayo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 140 a 144), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Entre Ríos contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente previsto y sancionado por el artículo 308 bis con relación al 310 numeral 4 del Código Penal.
Que el recurso de referencia interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes:
Sustanciado el juicio, el Tribunal de Sentencia en lo penal con asiento en la localidad de Entre Ríos, provincia O Connor del departamento de Tarija, pronunció Sentencia Nro. 06/2012, leída en su integridad el día 20 de septiembre de 2012 (fs.108 a 112), declarando al procesado David Huarachi Guillermo autor de la comisión del delito de estupro, previsto y sancionado por el artículo 309 del Código Penal, imponiéndole una sanción de cuatro años de reclusión a ser cumplida en el Penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija, más 100 días multas, a razón de Bs. 3 por día, equivalentes a Bs. 300 y con costas a favor del Estado.
Dicha Sentencia fue recurrida de apelación por el procesado David Huarachi Guillermo (fs. 117 a 129), resuelta mediante Auto de Vista No. 14/2013 de 27 de mayo de 2013 (fs. 140 a 144), que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada, ocasionando que el nombrado imputado interponga recurso de casación (fs. 161 a 177), que es motivo de autos.
Que en los apartados II y III del recurso de casación, en forma general y a manera de introducción, el recurrente aduce que el Auto de Vista impugnado no sólo es violatorio de normas constitucionales, doctrina legal aplicable, precedentes contradictorios, sino también de Convenios y Tratados Internacionales, normas adjetivas y sustantivas y que la infracción al debido proceso y a preceptos constitucionales, constituyen defectos absolutos insubsanables, que necesariamente deben ser admitidos y considerados de oficio por el Tribunal de casación, conforme a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos Nro. 494 de 2 de noviembre de 2003, 312 de 23 de marzo de 2012 y 86 de 26 de marzo de 2013 (del cual transcribe la doctrina legal), pidiendo que se revisen también los Autos Supremos Nros. 206 de 9 de agoto de 2012, 281 de 15 de octubre de 2012 y 86 de 26 de marzo de 2013; para posteriormente expresar los siguientes motivos:
Primer Motivo: DE LOS AGRAVIOS Y VULNERACIONES EN EL AUTO DE VISTA RECURRIDO. Señala que: “Los Vocales Ad Quem, sin realizar una minuciosa y exhaustiva revisión de los antecedentes y de la SENTENCIA, manifiestan en su parte dispositiva que se declara sin lugar el recurso de apelación restringida vulnerándose el principio de verdad material, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica”. Cita la doctrina legal contenida en los Autos Supremos Nros. 21/2007, 112/2007, 116/2007, 17/2007, 151/2007, 257/2011, 336/2011, 89/2012 y 113/2007; destacando que los mismos están referidos a que el Tribunal de Alzada no está facultado para valorar prueba y que, en caso de evidenciar la existencia de errónea aplicación de la ley, debe anular la Sentencia y ordenar la reposición del juicio, además de estar obligado a corregir los errores de fundamentación de la resolución recurrida y cuando aquello no sea posible, debe anular la sentencia total o parcialmente y ordenar la resposición del juicio, “obligación que no fue asumida por el Tribunal de Alzada” (sic).
Segundo Motivo: EL TRIBUNAL AD-QUEM HA EMITIDO UN AUTO DE VISTA SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN. Bajo el epígrafe, el recurrente indica que el Tribunal de Alzada sólo se abocó a copiar o transcribir partes de la Sentencia, porque luego de realizar un breve análisis de lo que aparenta ser una congruencia y debida fundamentación, directamente se pasa a la parte dispositiva del Auto de Vista, por lo que no se puede evidenciar en qué forma se realizó el análisis y valoración, cómo se aplicó el principio de la sana crítica y por qué no se pronunciaron sobre los Autos Supremos que crearon doctrina legal aplicable y obligatoria, es más, la supuesta fundamentación no es expresa, como exige el Auto Supremo Nro. 5 de 26-01-07, “pues, solamente se limitan a transcribir y realizar una simple mención adecuando los hechos redactados en la sentencia al delito, y en ningún momento hacen un razonamiento profundo y menos una subsunción de adecuación a mi conducta a los elementos configurativos del delito…” (sic), al respecto, invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 679 de 17 de diciembre de 2010 y transcribe parte de la doctrina desarrollada en el mismo.
Tercer Motivo: LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA CONLLEVA LA VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO (EXPRESIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE OTRO AGRAVIO DEL RECURSO). Explicando que el debido proceso en su triple dimensión, como derecho fundamental, principio procesal y garantía de la administración de justicia, reconocido por la jurisprudencia constitucional (SS.CC. 714/2007 de 17 de agosto, 0014/2010-R de 12 de abril, 0112/2010-R de 10 de mayo, 0702/2011-R) y artículo 117 parágrafo I, que dice: “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” (sic), sostiene que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, que debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica y que en el caso concreto, no cumple los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia, “pues se patentiza la falta de claridad, debido a que no se puede entender las ideas expresadas por el Tribunal” (textual), por lo que acusa que el Auto de Vista es contrario a los Autos Supremos Nro. 512 de 11 de octubre de 2007, 5 de 26 de enero de 2007, 342 de 28 de agosto de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 562 de 1 de octubre de 2004 y 65/2012 RRC de 19 de abril de 2012, a los que invoca como precedentes contradictorios.
Cuarto Motivo: EN CUANTO A LA INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA, DEFECTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO FUE CONSIDERADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN LO QUE RESPECTA A LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE. Bajo dicho subtítulo el impugnante, respecto al agravio acusado en el recurso de apelación referido a vulneración e incumplimiento del principio de tipicidad que –a su entender- generó errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal con relación al artículo 309 del Código Penal, transcribe la doctrina legal que supuestamente no fue considerada por el Tribunal de Apelación, contenida en los Autos Supremos Nros. 131 de 31 de enero de 2007, 21 de 26 de enero de 2007, 339 de 1º de julio de 2010, 431 de 11 de octubre de 2006, 236 de 7 de marzo de 2007 y 67 de 27 de enero de 2006.
Quinto Motivo: EN CUANTO A QUE EL TRIBUNAL DICTÓ UNA SENTENCIA INCURRIENDO EN EL DEFECTO ESTABLECIDO EN EL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL, QUE NO FUERON CONSIDERADOS NI VALORADOS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN LO QUE RESPECTA A LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE. Transcribe y reproduce los argumentos vertidos en el recurso de apelación restringida, con relación a defectuosa valoración de la prueba y cita la doctrina -que a entender del recurrente- no fue considerada y valorada por el Tribunal de Alzada, contenida en los Autos Supremos Nros. 111 de 31 de enero de 2007, 17 de 26 de enero de 2007, 639 de 20 de octubre de 2004, 368 de 17 de septiembre de 2005, 101 de 1 de abril de 2005 y 308 de 25 de agosto de 2006.
Sexto Motivo: VULNERACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Bajo dicho subtítulo, el recurrente David Huarachi Guillermo, señala que el principio constitucional de seguridad jurídica está previsto en el artículo 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y que la doctrina constitucional desarrollada en la Sentencia Constitucional 0742/2010-R de 26 de julio de 2010, establece que el mismo garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos por la Constitución, transcribiendo parte de la jurisprudencia constitucional desarrollada en dicho fallo constitucional. Al respecto no invoca precedente contradictorio alguno.
Séptimo Motivo: RESPECTO AL DEFECTO PREVISTO EN EL INCISO 8) DEL ARTÍCULO 370 DE LA LEY PROCESAL, QUE EXISTA CONTRADICCIÓN EN SU PARTE DISPOSITIVA O ENTRE ESTA Y LA PARTE CONSIDERATIVA, QUE NO FUERON CONSIDERADOS NI VALORADOS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN LO QUE RESPECTA A LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE. En relación a ello, solo cita y transcribe la doctrina legal desarrollada en los Autos Supremos Nros. 307 de 11 de junio de 2003 y 561 de 1 de octubre de 2004.
Octavo Motivo: RESPECTO AL DEFECTO PREVISTO EN EL INCISO 11) DEL ARTÌCULO 370 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: QUE TAMPOCO FUERON CONSIDERADOS NI VALORADOS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA EN LO QUE RESPECTA A LA DOCTRINA LEGAL APLICABLE. Alega sobre este motivo, que “se encuentra explicado y justificado en el recurso de apelación restringida y en los autos y sentencias que se señalan. Y que no han sido analizadas ni valoradas por el Tribunal de Alzada” (sic) y señala los Autos Supremos Nros. 62 de 27 de enero de 2007 y 21 de 26 de enero de 2007, además de transcribir la doctrina constitucional desarrollada por la Sentencia Constitucional Nro. 1373/2011-R de 30 de septiembre.
Noveno Motivo: AGRAVIO AL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El recurrente aduce que el artículo 363 inciso 2) del Código Adjetivo Penal establece que cuando la prueba aportada no sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado se debe dictar sentencia absolutoria; siendo este principio una proyección del principio de inocencia, según el cual toda duda, especialmente sobre la culpabilidad o inocencia del procesado debe estarse a favor del reo. Esto determina que el Órgano Jurisdiccional a la hora de dictar una resolución condenatoria, debe tener plena convicción de que el procesado es autor del hecho que se le acusa, o lo que es lo mismo, que la convicción del juez o tribunal debe superar cualquier duda, que la duda a favor del reo es un principio universal del derecho procesal penal recogido por nuestro país en el artículo 7 de la Ley Nro. 1970; al respecto señala la Sentencia Constitucional Nro. 722/2002-R y transcribe la doctrina legal contenida en el Auto Supremo Nro. 164/2012.
Décimo Motivo: FALTA DE MOTIVACIÓN JURÍDICA SOBRE EL PUNTO REFERIDO A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA Y SANCIÓN A IMPONER QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA PÁGINA OCHO DE LA SENTENCIA. Aduce que “…no existe motivación en la sentencia en el punto referido a la “FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA Y SANCIÓN A IMPONER”, VER Y REVISAR LA PARTE FINAL DE LA PÁGINA OCHO DE LA SENTENCIA, QUE A TITULO DE FUNDAMENTACIÓN SE ESCRIBE UNAS CUANTAS LINEAS, QUE NOS LIBERA DE UN MAYOR COMENTARIO. PORQUE SE ME CONDENA A CUATRO AÑOS Y NO A TRES POR EJEMPLO, SI NO TENGO ANTECEDENTE PENAL ALGUNO” (textual), al respecto no invoca precedente contradictorio alguno.
En el parágrafo VI del recurso, bajo el rótulo de otros Autos Supremos que también deben ser analizados por el Tribunal Supremo, “para dictar el Auto Supremo Fundamentado”, cita los Autos Supremos Nros. 093 de 24 de marzo de 2011 (del cual transcribe parte de la doctrina legal), 160 de 2 de febrero de 2007, 122 de 24 de abril de 2006, 373 de 6 de septiembre de 2006 y 242 de 6 de julio de 2006.
Culmina pidiendo que dentro del marco de la tutela judicial efectiva, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se determine que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia dicte uno nuevo absolviéndolo de culpa y pena u ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal.
CONSIDERANDO III: (Requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casacón)
Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta imprescindible observar y cumplir los requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal y que se constituyen en: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos claros y precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando se hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañarse como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente contradictorio.
Así también, de manera extraordinaria, únicamente ante denuncias expresas de vulneración a derechos y/o garantías constitucionales que devienen en defectos absolutos y nulidad de actos procesales, este Tribunal, resuelve sobre la base de los derechos alegados como violados y las acciones u omisiones descritas como conculcatorias de esos derechos, no siendo suficiente invocar la vulneración a garantías constitucionales o defectos absolutos; sino, acreditar de manera concreta y precisa el agravio, por lo que las denuncias deben encontrarse debidamente fundamentadas para ser atendidas, caso contrario, el máximo Tribunal de Justicia, no puede resolver el fondo del recurso en base al derecho objetivo; el incumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente, impide abrir la competencia del máximo Tribunal de Justicia.
Que el acceso a los recursos se encuentra garantizado por el principio de impugnación consagrado en la Constitución Política del Estado en su artículo 180 parágrafo II, acceso que se halla condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos de forma taxativa en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, cuyas reglas generales se encuentran descritas en el artículo 396 de la misma norma legal adjetiva.
Conforme a las consideraciones anteriormente señaladas y analizados los argumentos expuestos por la recurrente, éste Tribunal arriba a las siguientes conclusiones:
I. El impugnante fue notificado legalmente con el Auto de Vista recurrido a horas 10:30 de fecha 11 de junio de 2013 y presentó recurso de casación a horas 18:05 de fecha 18 del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Anexó copia de la apelación restringida, en la que se advierte la invocación de los precedentes contradictorios.
II. Con relación a los demás requisitos de admisibilidad exigidos por los artículos 416 y 417 del Código Adjetivo Penal, se advierte que el recurrente David Huarachi Guillermo, simplemente se limita a repetir varios cuestionamientos efectuados en el recurso de apelación restringida, confundiendo la naturaleza y finalidad del recurso de casación. Realizando observaciones ininteligibles al Auto de Vista recurrido, se limita a citar y transcribir un cúmulo de Autos Supremos que -según el recurrente- no fueron tomados en cuenta por el Tribunal de Alzada, sin establecer, como es su deber, cuál la situación de hecho similar, ni explicar en términos precisos y concretos el sentido jurídico que sería contrario entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados en cada uno de los motivos que contiene el recurso en exámen; olvida además que la doctrina constitucional también citada y transcrita no constituyen precedentes contradictorios conforme lo establece el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal. El recurrente tampoco toma en cuenta que no es suficiente invocar la vulneración de derechos, principios y garantías constitucionales o defectos absolutos, sin que la violación acusada sea acreditada normativamente a partir de los fundamentos y motivos expuestos en el memorial del recurso, lo que no acontece con la denuncia de vulneración a los principios de verdad material, legalidad, seguridad jurídica, in dubio pro reo y la garantía del debido proceso, aludida en el apartado III y en los motivos primero, tercero y noveno del recurso de casación. Consiguientemente, el recurrente no ha cumplido con la carga procesal de exponer cuál el hecho similar y la presunta contradicción en los términos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, omisión que no puede ser suplida de oficio y que hace que este máximo Tribunal no pueda abrir su competencia para cumplir con su función nomofiláctica, al estar imposibilitado de establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes invocados.
Por lo que, la manera inadecuada en que ha sido interpuesto el recurso de casación por parte del recurrente David Huarachi Guillermo, hace que el mismo sea manifiestamente inadmisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y aplicando la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por David Huarachi Guillermo (fs. 161 a 177), impugnando el Auto de Vista Nro. 14/2013 emitido el 27 de mayo de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 140 a 144), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Entre Ríos contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente previsto y sancionado por el artículo 308 bis con relación al 310 numeral 4 del Código Penal.
Regístrese y notifíquese y devuélvase.