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Timestamp: 2017-10-20 23:38:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 142', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 97', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 139', 'artículo 70']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 17 de diciembre de 2010. Puertos. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Tarifas portuarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Puertos: Responsabilidad Patrimonial. Daños sufridos en el patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias en aplicación del artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Competencia para conocer del asunto. No puede hablarse de un daño real o efectivo para el obligado que satisfizo la tarifa por la prestación del correspondiente servicio portuario, pues se ha beneficiado de la prestación de dicho servicio portuario. A efectos de la reclamación de responsabilidad patrimonial no basta con acreditar que la devolución del importe no supondría un enriquecimiento injusto, sino que es preciso acreditar un empobrecimiento injusto. Desestimación del recurso.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo número 158/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A. contra la desestimación, primero presunta y después expresa, de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1999, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 8 de junio de 2006, la entidad WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., empresa dedicada al transporte marítimo como agente marítimo y consignatario de buques, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Barcelona por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1999, más los intereses legales correspondientes, desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros, con fecha 22 de marzo de 2007 la entidad WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1999.
Tercero.-El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda y a la ampliación de ésta, solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso por:
a) inexistencia del acto administrativo recurrido toda vez que, en el presente supuesto, no hay desestimación presunta por el Consejo de Ministros, sino resolución expresa desestimatoria del Ministerio de Fomento que es la que debió impugnarse. Razona que, interpuesta la reclamación para ante el Consejo de Ministros, la Administración dio trámite a la reclamación y consideró, con base a la facultad que a la misma atribuye el artículo 12 de la Ley 30/92, que el Ministerio de Fomento era el Órgano competente para resolverla como, efectivamente, lo hizo por resolución de 28 de septiembre de 2006, declarando inadmisible la reclamación planteada, y
b) falta de legitimación activa de la parte actora, al amparo del artículo 19.1.a) y 69.b) de la Ley Jurisdiccional, por falta de derecho o interés legítimo de la demandante, toda vez que la recurrente reconoce su condición de simple consignatario y, por tanto, no es el "pagador final" o sujeto pasivo que ha efectuado el pago de las cantidades reclamadas, que no ha soportado al haberlas repercutido sobre las navieras.
I) la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial ejercitada (artículo 142.5 de la Ley 30/92), toda vez que la interesada la ejercitó dirigiéndose al Consejo de Ministros el 8 de junio de 2006, cuando ya había transcurrido mas de un año desde que pudo ejercitarse, es decir desde el 20 de mayo de 2005, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005 de 20 de abril, que declaró inconstitucionales los párrafos 1 y 2 del artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado de 24 de noviembre de 1992, sin que a ello sea obstáculo el hecho de que la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, la número 121/2005 que declara inconstitucionales los mismos apartados del artículo 70 de la Ley de Puertos, pero en la redacción dada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, se publicara en el BOE el 8 de junio de 2005 porque, aplicando el principio de la actio nata, el cómputo del tiempo de la prescripción debe iniciarse desde el día en que pudo ejercitarse la acción y, por tanto, desde el 20 de mayo de 2005 en que se publicó la Sentencia número 102 del Tribunal Constitucional.
II) la inexistencia de daño o lesión real probada que la demandante no tenga el deber jurídico de soportar, teniendo en cuenta que el pago de la tarifa portuaria corresponde al pago de unos servicios portuarios que se prestaron en su momento por la Autoridad Portuaria y que fueron solicitados por los dueños de las mercancías a través de sus consignatarios. Es por ello que la declaración de inconstitucionalidad de la norma reguladora de las tarifas no incide sobre la indicada relación prestacional pues el servicio se prestó y se pagó en los términos establecidos y a conveniencia de las partes, por lo que dicha declaración de inconstitucionalidad solo podría afectar a esta relación jurídico económica si como consecuencia de la misma se hubiera visto alterado -en más o en menos- el precio de los servicios prestados: si como consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad el precio del servicio hubiera resultado menor, entonces la diferencia a favor de quien lo solicitó y autorizó sí podría haber dado lugar a un daño, lo que no ha sucedido en el supuesto que nos ocupa. En definitiva, no ha existido por tanto daño alguno para quien pagó la tarifa y utilizó el servicio y, en cualquier caso, ese pago no puede calificarse como daño que no tuviera la obligación de soportar el dueño de las mercancías al ser el mismo consecuencia de la solicitud de utilización de los servicios portuarios.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de obtener certificación de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre las cantidades satisfechas por la recurrente durante el año 1999 en concepto de tarifas portuarias, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Primero.-Se plantea, en primer lugar, por el Abogado del Estado la inadmisibilidad del recurso por inexistencia del acto administrativo recurrido, entendiendo que al existir una respuesta expresa del Ministerio de Fomento a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada al Consejo de Ministros y, por tanto, un acto expreso impugnable que resuelve la reclamación planteada, no puede recurrirse a la ficción del acto presunto para tener acceso a la vía jurisdiccional abierta por el acto expreso.
Formulada esta alegación en la contestación a la demanda, la Sala ordenó la continuación del trámite teniendo en cuenta que la parte recurrente, con pleno conocimiento de la existencia de esa resolución expresa del Ministerio de Fomento, de 28 de septiembre de 2006, razona suficientemente por qué dirige el recurso contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros, argumentando, con criterio que comparte esta Sala, que habiendo formulado una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador ante el Consejo de Ministros que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Sala es el único órgano competente para resolver esta clase de reclamación, era dicho órgano quien tenía la obligación de resolver y no el Ministerio de Fomento, por lo que la resolución expresa de este último constituye efectivamente un desvío procedimental imputable a la Administración, que si bien es susceptible de impugnación independiente, no exime al Consejo de Ministros de su obligación de resolver, sin que sea de recibo que la Administración, mediante el simple recurso de hacer que la cuestión se ventile por un órgano incompetente pueda perjudicar al administrado y alterar la competencia para el conocimiento de una reclamación de esta índole, tanto en vía administrativa, como en vía jurisdiccional.
Por tanto, formulada la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador ante el Consejo de Ministros, surge en dicho órgano la obligación de resolver y transcurrido el plazo para resolver, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y 43.2 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, el reclamante está legitimado para recurrir frente al silencio, en este caso desestimatorio, de la Administración requerida, sin que la propia Administración pueda poner en duda o alterar dicha competencia, desconociendo la reiterada doctrina de esta Sala manifestada, entre otras muchas, en Sentencia de 16 de diciembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo n.º 237 / 2002), en la que declaramos, en términos que no admiten duda posible por parte de la Administración, que "sólo el Consejo de Ministros puede pronunciarse sobre la exigencia de responsabilidad del Estado legislador" y sus pronunciamientos sólo pueden ser objeto de revisión jurisdiccional por la Sala Tercera de este Tribunal Supremo ya que la presunta privación de derechos económicos por un acto legislativo, sin concreción, por tanto, en ningún departamento ministerial, corresponde enjuiciarla al Consejo de Ministros como órgano superior de la Administración y Gobierno al que se le atribuye la función ejecutiva conforme al artículo 97 de la Constitución que, al no venir radicada en este caso en una rama determinada de la Administración, corresponde al titular de dicha gestión administrativa, es decir, el Estado en su conjunto y totalidad" .
A ello se añade que esta Sala no puede desconocer que la Administración demandada ha reconocido ya la incompetencia del Ministerio de Fomento para conocer de una reclamación idéntica a la que es objeto de este recurso, tal como se puso de manifiesto en el recurso contencioso-administrativo 22/2007, resuelto por Sentencia del Pleno de esta Sala de 5 de marzo de 2008, en cuyas actuaciones se aportó resolución del Ministerio de Fomento, de 30 de mayo de 2007, que, estimando el recurso de reposición formulado en su momento por la recurrente contra resolución de inadmisión idéntica a la que nos ocupa, aprecia la nulidad de pleno derecho de la resolución de 28 de septiembre de 2006 por incompetencia del Ministerio de Fomento, razonando que corresponde al Consejo de Ministros resolver lo procedente, previa tramitación del correspondiente procedimiento y ordenando la retroacción de actuaciones al efecto.
En estas circunstancias, el planteamiento del Abogado del Estado remitiendo a la impugnación de la resolución expresa dictada por órgano incompetente -Ministerio de Fomento- ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, podría suponer la apreciación de dicha incompetencia con las correspondientes consecuencias para la validez de la resolución impugnada- nulidad de la misma y retroacción de las actuaciones al momento de dictar resolución- pero ello pondría de manifiesto la falta de resolución sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial por el órgano competente -Consejo de Ministros-, con el indeseable efecto de demorar el control jurisdiccional de la desestimación presunta de la reclamación formulada, obligando a la parte a reiterar el mismo planteamiento del recurso ante esta Sala y en semejantes circunstancias, con notable incidencia en el derecho a la tutela judicial, ante el retraso en la resolución de reclamación formulada, cuando los términos en que se ha planteado el recurso permiten su adecuada resolución.
Por todo ello, ha de rechazarse la alegación formulada por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, acerca de la inexistencia del acto impugnado, alegación que, por otro lado, no se reitera en la contestación a la ampliación de la demanda a la resolución tardía expresa del Consejo de Ministros, lo que cabe interpretar bien como una aceptación tácita de dicho argumento, razonado ya en diversas sentencias de esta Sala dictadas con ocasión de reclamaciones análogas- por todas, Sentencias de 30 de abril (rec. n.º 456/06) y de 12 de junio de 2009 (rec. n.º455/06)-, o como un abandono en la oposición de dicha causa de inadmisión por parte de la Administración, ante la evidencia de que la resolución expresa tardía del Consejo de Ministros hace ineficaces los argumentos basados en una resolución dictada por quien, no habiendo sido requerido para ello no puede ni alterar la competencia para conocer de reclamaciones como la deducida, ni suplir la resolución expresa del Consejo de Ministros competente para resolverla.
Segundo.-También debe rechazarse la oposición basada en la falta de legitimación activa de la recurrente, basada en su condición de consignataria, ya que, la misma, alega desde el principio que ha sido ella quien ha satisfecho las tarifas en cuestión y acredita el hecho de su abono, poniendo de manifiesto un interés legítimo en la reparación del perjuicio patrimonial que atribuye al indebido abono de tales tarifas, que no queda desvirtuado por las alegaciones del Abogado del Estado relativas al hecho de la repercusión posterior de las mismas, circunstancia ésta que, no incidiría en la legitimación, sino en el elemento del daño.
Tercero.-Entrando en el fondo de la cuestión planteada, en primer lugar ha de desestimarse la alegación del Abogado del Estado basada en la prescripción de la acción pues, correspondiendo al ejercicio 1999 las cantidades reclamadas, no cabe sostener que el plazo para su ejercicio deba computarse desde la publicación de la STC 120/2005 de 20 de abril (BOE de 20 de mayo de 2005), que declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su redacción original, sino desde la publicación de la STC 121/2005 que declara la nulidad de dichos apartados del artículo 70 de la misma Ley, en la redacción dada por la Ley 62/1997, por ser ésta la aplicable en el tiempo en que se realizaron los ingresos que han dado lugar a la presente reclamación y, por tanto, siendo la fecha de esta última publicación la de 8 de junio de 2005 y habiéndose formulado la reclamación de responsabilidad patrimonial el 8 de junio de 2006, hay que concluir que en esta última fecha la acción no había prescrito.
Cuarto.-Se pretende en este recurso la declaración de responsabilidad patrimonial por la aplicación de acto legislativo, según la terminología que utiliza el artículo 139.3 de la Ley 30/92, invocando al respecto la jurisprudencia de esta Sala en los términos que antes se han expuesto.
Quinto.-En consecuencia, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo, sin que se aprecien razones para hacer una expresa condena en costas.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo n.º 158/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de WECO AGENCIA MARÍTIMA, S.A., contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1999 a la Autoridad Portuaria de Barcelona, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, declarado inconstitucional; desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.