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Timestamp: 2018-04-20 15:32:06
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Víctor Manuel San Segundo Padilla
1 Revista de Derecho Privado E-ISSN: Universidad de Los Andes Colombia Gerbaudo, Germán E. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Revista de Derecho Privado, núm. 45, enero-junio, 2011, pp Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia Disponible en: Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
2 Fecha de recepción: 24 de enero de 2011 / Fecha de aprobación: 7 de marzo de 2011 Privado Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Germán E. Gerbaudo Universidad de los Andes Facultad de Derecho Revista de Derecho Privado N. o 45 Enero - Junio de ISSN
3 Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Germán E. Gerbaudo * Resumen La globalización y la intensificación de las relaciones comerciales internacionales han incrementado el riesgo de accidentes de tránsito transfronterizos. Esta circunstancia generó la necesidad de encontrar soluciones referidas a la jurisdicción internacional y al derecho aplicable. Este artículo analiza el estado actual del Derecho Internacional Privado argentino en esta materia, estudia las lagunas existentes en la regulación de fuente interna y los progresos experimentados en el ámbito convencional. Finalmente, se exponen nuestras conclusiones. Palabras clave: Derecho Internacional Privado, accidente de tránsito transfronterizo, ley aplicable, jurisdicción internacional. Abstract The globalization and the intensification of international trade relations have increased the risk of cross-border traffic accidents. This circumstance generated the need to find solutions reffered to the international jurisdiction and to the applicable law. This article analyzes the current state of Argentine Private International Law on this matter, studies the gaps in the regulation of internal source and the progresses experienced on the treaty law. Finally, it presents our conclusions. Keywords: Private International Law, cross-border traffic accident, applicable law, international jurisdiction. * Abogado (Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario); Magister en Derecho Privado (Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario); Especialista en Derecho de Daños (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina); jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Comercial III, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, República Argentina; miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Correo electrónico:
4 Sumario Introducción - I. SISTEMAS DE SOLUCIONES - A. Jurisdicción internacional - B. Derecho aplicable - 1. Lex loci delicti - 2. Lex fori - 3. Lex communis - 4. Sistema ecléctico - 5. Conexión más significativa - 6. Conexión con la relación preexistente - 7. La elección de las partes - C. Ámbito de aplicación del derecho declarado aplicable - II. DERE- CHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FUENTE INTERNA - A. Jurisdicción internacional - B. Derecho aplicable - III. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FUENTE CONVENCIONAL - A. Tratados de Montevideo - 1. Tratado de Derecho Civil Internacional de Tratado de Derecho Civil Internacional de Convenio bilateral argentino-uruguayo sobre responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito - 4. Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito de IV. DERECHO ARGENTINO PROYECTADO - A. Proyecto de Código Civil unificado con el Comercial de B. Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de V. LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LA CIDIP VI - VI. JURISPRUDENCIA - A. Sastre, Tomás c/ Bilbiloni, Filiberto N. y otro - B. Reger de Maschio, Wally D. y otro c/ Annan, Guillermo A. - C. Rivas Cordero, Santiago C./ Natanson, Jorge Gustavo o Gustavo Jorge Osvaldo S./ daños y perjuicios - D.Quiroga, Juan C. y otro c/ Liga Argentina de Baby Futbol y otros - VII. CONCLUSIONES - Bibliografía
5 Germán E. Gerbaudo Introducción La existencia de daños transfronterizos es un tema que se ha expandido en los últimos tiempos en razón de la globalización y la intensificación de las relaciones comerciales internacionales. Los avances tecnológicos demuestran que además de aspectos positivos, tienen la virtualidad para generar daños internacionalmente dispersos. 1 En tal sentido, la expansión de los daños transfronterizos se refleja en las problemáticas de la responsabilidad por contaminación transfronteriza, por producto, por competencia desleal, daños por la prensa, por financiación bancaria abusiva, por daños nucleares, por contaminación marítima por medio de hidrocarburos, etc. En este trabajo detendremos nuestro análisis en un caso particular de responsabilidad civil extracontractual en el ámbito internacional que es el referido a los daños ocasionados por accidentes de circulación. En la actualidad vivimos una etapa de postmodernidad caracterizada por un maquinismo económico que es consecuencia de un capitalismo industrial. A fines del siglo xix y principios del xx comienza un proceso de industrialización que determina que parte de la producción se traslada del campo a la fábrica. El avance tecnológico trajo consigo nuevas innovaciones en el proceso de producción especialmente por la aparición de la máquina. Se opera así un pasaje desde un capitalismo agrario a un capitalismo industrial. En esta etapa, a principios del siglo xx, se produce una transformación en la producción de los automóviles que va desde la fabricación artesanal a la industria automotriz. A partir de entonces, la existencia de los automotores ha transformado la vida moderna de los seres humanos, desempeñando un papel preponderante en el mundo actual. En tal sentido, se señala que el automotor se ha convertido en herramienta prácticamente indispensable para el desenvolvimiento de la existencia en el mundo actual. Su disponibilidad se conecta con la satisfacción de múltiples necesidades y requerimientos, muchos de ellos urgentes o impostergables, y otros que no lo son tanto, pero que también resultan insoslayables en el marco vital del hombre común, como la satisfacción de los objetivos laborales, de estudio, de salud, familiares y de relación en el más amplio sentido. 2 El desarrollo y la expansión de la industria automotriz sumado a la creciente circulación transfronteriza de los automotores como consecuencia del proceso de globalización económica y cultural determinó un crecimiento de los accidentes de tránsito transfronterizos. El incremento de casos jusprivatistas internacionales relativos a accidentes de circulación generó la preocupación de diferentes centros de elaboración de normas internacionales. A modo de ejemplo podemos citar el Convenio de La Haya del 4 de mayo de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera. 3 En el 2 Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, t. 1, Daños a los automotores, 2003, p Feldstein de Cárdenas, Sara L., Derecho Internacional Privado. Parte Especial, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2000, p Los antecedentes de esta Convención se retrotraen a la X sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya (1964), que 4 Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
6 ámbito del Mercosur encontramos el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito de 1996, el que estuvo precedido por el Convenio Bilateral argentino-uruguayo sobre responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito de Como hemos expresado, el objeto de este trabajo es analizar la regulación existente en la República Argentina referida a los accidentes de circulación transfronterizos. A tal efecto, centraremos nuestro enfoque en las normas de Derecho Internacional Privado de fuente interna, en las de fuente convencional y en la normativa emanada del Mercosur. Asimismo, pasaremos revista del derecho argentino proyectado y de los principales casos jurisprudenciales fallados por tribunales argentinos. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones. I. SISTEMAS DE SOLUCIONES A la hora de establecer soluciones a fin de determinar el juez competente y la ley aplicable para los supuestos de obligaciones no convencionales en general, y para los casos de accidentes de circulación en particular, se han elaborado diversas teorías en la doctrina, siendo muchas de ellas receptadas en instrumentos internacionales y en las normas jusprivatistas internacionales de diversos países. A. Jurisdicción internacional En cuanto a la jurisdicción internacional, entendida como la distribución de competencias entre Estados en casos jusprivatistas internacionales, 4 existen diversos criterios atributivos. Así pueden suscitarse dudas respecto a permitir demandar por ante el juez del lugar en que se produjo el hecho o por ante el juez del lugar que se causó el perjuicio. Generalmente, este último supuesto coincide con el domicilio del damnificado y constituye una alternativa que tiende a la protección de la parte débil. 5 De la misma manera, puede establecerse el foro del domicilio del demandado o del domicilio del demandante. En el primer caso, se favorece el ejercicio de defensa del demandado y, por lo general, evita al actor la promoción del reconocimiento de la sentencia en un Estado extranjero, ya que, por lo general, donde una persona se domicilia tiene bienes. 6 En el segundo caso, el domicilio del actor es una pauta de jurisdicción prácticamente ignorada, 7 que es pasible de crítica por cuanto desprotege al demandado Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur decidió introducir en el orden del día de la XI sesión, la elaboración de una convención sobre actos ilícitos. A tal efecto, se reunión dos comisiones especiales, una en octubre de 1967 y otra en abril-mayo de No obstante, frente a la diversidad y amplitud de las cuestiones involucradas, se concluyó respecto a las dificultades de una solución uniforme. Ante ello, se identificaron las dos cuestiones que se suscitaban con mayor asiduidad, dando lugar así a dos instrumentos: a) la Convención sobre ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera; y b) la Convención sobre ley aplicable a la responsabilidad por producto del 2 de octubre de Soto, Alfredo Mario, Temas estructurales del Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Editorial Estudio, 2009, p Weinberg, Inés M., Derecho Internacional Privado, 3ª ed., Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis Depalma, 2004, pp. 71 y Menicocci, Alejandro A., Jurisdicción internacional directa argentina en materia de contratos, en Revista de la Facultad de Derecho, Rosario, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2007, p Ídem., p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 5
7 Germán E. Gerbaudo y puede no convenir al actor, es decir, puede tornar ilusoria su pretensión 8. También corresponde mencionar al sistema del paralelismo, según el cual, el juez del derecho aplicable al caso es quien tiene jurisdicción para intervenir en el litigio. Alejandro Menicocci señala que se sustenta en la idea de favorecer un juicio cómodo, permitiendo al juez declarar su jurisdicción si resulta aplicable su propio Derecho. 9 Por su parte, Amalia Uriondo de Martinoli indica que la ventaja de este principio radica en que el juez del país cuyo derecho es aplicable al caso es el que mejor conoce el derecho a aplicar, pero sólo funciona debidamente cuando, al iniciarse el proceso, se sabe con certeza cuál es el derecho que se va aplicar al fondo del asunto. 10 El principio del paralelismo como veremos es acogido por el artículo 56 de los Tratados de Montevideo de 1889 y de B. Derecho aplicable En lo que refiere al problema del derecho aplicable también se han esbozado distintas soluciones. 1. Lex loci delicti territorio de un Estado. Esta solución se funda en la idea de preservar la soberanía nacional del lugar en que el acto fue realizado. Al respecto, Ricardo Zuccherino expresa que se basa en que la violación de los intereses sociales y privados debe ser reparada por el propio derecho transgredido. 11 La ventaja que presenta esta clásica conexión es que otorga seguridad sobre la ley aplicable, permitiendo que se reparen los daños ocasionados en el territorio de un Estado conforme a las reglas en él establecidas. María Elsa Uzal indica que este punto de contacto ha sido utilizado por varios siglos en los países europeos, pues los estatutarios ya sometían los hechos y actos jurídicos que no pertenecían ni al estatuto real ni al estatuto personal, a la ley del lugar en que se producían. 12 Este punto de conexión clásico es utilizado por diversas legislaciones como único para determinar el derecho aplicable. 13 Sin embargo, este sistema no está exento de ataques. Antonio Boggiano manifiesta que ha El punto de conexión clásico en materia de obligaciones extracontractuales es la Lex loci delicti, es decir, la ley del lugar del hecho ilícito. Se aplica la ley local a los hechos que ocurren en el 8 Soto, Temas óp. cit., p Ídem., p Zuccherino, Ricardo Miguel, Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, 2008, p Uzal, María Elsa, Determinación de la ley aplicable en materia de responsabilidad civil extracontractual en el Derecho internacional Privado, en El Derecho 140, p Véase, en ese sentido: art. 16 del Cód. Civil de Cuba de 1987; art. 26 del Cód. Civil de Grecia; art del Cód. Civil de Uruguay. 10 Uriondo de Martinoli, Amalia, La armonización del derecho en los países del Mercosur (jurisdicción y reconocimiento de la eficacia de la sentencia extranjera), en la ley Córdoba, 1994, p A nivel convencional este criterio es utilizado por el Código de Derecho Internacional Privado americano de 1928 denominado Código de Bustamante- para los delitos (art. 167) y para los cuasidelitos (art. 168). 6 Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
8 sufrido el recio vendaval de las críticas 14 y María Elsa Uzal que se empezó a afirmar que había entrado en crisis, pues su aplicación se había vuelto mecánica. 15 En tal sentido, se critica esta solución en razón del carácter accidental y fortuito que puede presentar el lugar de ocurrencia del hecho, dando lugar a una falta de relación entre la legislación convocada por la lex loci delicti y aquella a la cual resultan ligados los damnificados. 16 También resulta censurable en razón de que puede no coincidir el lugar de ocurrencia del hecho con el lugar donde se localizan los efectos dañosos. Igualmente, es criticable por un problema de calificaciones al no existir uniformidad en cuanto a que debe entenderse por el lugar de comisión del acto ilícito. 17 Las críticas vertidas a este punto de conexión determinan que se presente en muchas legislaciones alternando con otras conexiones como 14 Boggiano, Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado, 4ª ed., Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2003, p Uzal, óp. cit., p Piñeiro, Rodrigo Fernando, Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en el derecho internacional privado, en Feldstein de Cárdenas, Sara L., Colección de análisis jurisprudencial Derecho Internacional Privado y de la Integración, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, p Martín Wolff señala que respecto a qué lugar se considera como locus delicti commissi se han dado tres respuestas: Primera, es el lugar donde el demandado actuó o por sí mismo o a través de un agente. Esta doctrina denominada teoría del lugar de la acción es seguida por autores alemanes, franceses e italianos y aceptados por la práctica suiza y escandinava. Una segunda respuesta declara que el locus delicti es aquél donde tiene lugar el último suceso necesario para hacer a un autor responsable. Este criterio se denomina teoría del lugar del primer efecto y es adoptada en Estados Unidos de Norteamérica. La tercera respuesta permite al damnificado elegir libremente como locus delicti cualquier país donde haya tenido lugar alguna parte de la serie de hechos delictivos (Wolff, Martín, Derecho internacional privado, 2ª ed., Barcelona, Editorial Bosch, trad. Antonio Marín López, 1958, p. 468). con la ley lugar en que se producen los efectos del daño. 18 A nuestro criterio, este punto de conexión clásico no siempre se presenta como adecuado y su aplicación rígida y mecánica puede conducir a situaciones injustas. Por eso pensamos que en la actualidad no puede ser mantenido como único punto de conexión en esta materia, dado que no siempre esta ley es la más relevante o la que presenta un contacto más estrecho con la controversia. El daño puede encontrarse más vinculado con otros derechos que con el del lugar de acaecimiento del siniestro. Por otra parte, la lex loci delicti se encuentra en crisis en virtud de que en nuestro tiempo, ante la multiplicidad de daños, la problemática de la responsabilidad extracontractual en el ámbito internacional no se presenta como una materia homogénea. Es indudable que no es lo mismo un daño ocasionado por un producto defectuoso o por contaminación transfronteriza que el acaecido en un accidente de circulación. Las características de cada caso ameritan un tratamiento particular y la necesidad de establecer, juntamente al criterio tradicional de la lex loci delicti, otros puntos de conexión que respeten más la realidad del caso y las vinculaciones más estrechas que pueden existir entre el damnificado y el responsable del daño. 18 Véase, por ejemplo: La ley de Quebec del 18 de diciembre de 2001; el art. 62 inc. 1) de la ley italiana de Derecho Internacional Privado de 1995; el art. 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela de También es el criterio admitido por el art. 4 del Reglamento (CE) Nro. 864/2007. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 7
9 Germán E. Gerbaudo 2. Lex fori Este sistema implica sujetar las obligaciones extracontractuales al derecho del tribunal que conoce en el reclamo. Se trata de un criterio que fue sostenido por Savigny 19 y adoptado por la jurisprudencia inglesa en el precedente Phillips c/ Eyre. 20 implica desconocer las modernas concepciones del Derecho Internacional Privado que propugnan el respeto al elemento extranjero. Se señala que la doctrina de la lex fori en forma pura no ha sido adoptada en ninguna parte, aunque el derecho inglés ha sido influenciado considerablemente por ella 22. Es una tesis que encuentra su fundamento en el orden público internacional y las normas de policía. Se argumenta a su favor que resulta imposible para el juez poder apreciar las circunstancias del hecho ilícito en base a una legislación extranjera. Esta posición se vincula con la idea de reproche en materia de responsabilidad civil, es decir, con la tendencia que pone el acento en la sanción más que en la reparación y que mira hacia el agente dañador y no tanto a la víctima. Cabe señalar que en la actualidad esta idea se encuentra en retroceso a la hora de dar fundamento a la responsabilidad civil, debido a que las modernas directrices se alejan de las ideas de culpa y de reproche y se cimentan en la noción del daño y en la necesidad de su reparación. 21 Por otra parte, es un criterio censurable porque 19 Sapena Pastor, Raúl, Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Montevideo, Ediciones De la Plaza, t. 1, 1980, p. 352; Wolff, óp. cit., p. 460; Piñeiro, óp. cit., p. 241; Zuccherino, óp. cit., p Piñeiro, óp. cit., p Respecto a los actuales fundamentos de la responsabilidad civil puede consultarse: Lorenzetti, Ricardo L., El sistema de la responsabilidad civil: una deuda de responsabilidad, un crédito de indemnización o una relación jurídica?, en la Ley 1993-D, p. 1140; Lorenzetti, Ricardo L., La responsabilidad civil, en la Ley 2003-A, p. 973; Lorenzetti, Ricardo L., Las nuevas fronteras de la responsabilidad por daños, en la Ley B, p Lex communis Una tendencia moderna reside en aplicar la ley del domicilio común de las partes, actor y demandado. Al respecto, María Elsa Uzal expresa que se advierte pues, una corriente favorable a la aplicación de la ley común de las partes sobre las lex loci, que puede tener cabida entre nosotros, sobre todo con respecto al contacto domiciliario o a la residencia habitual, aunque ésta no nos sea tan familiar. 23 Por su parte, Antonio Boggiano indica que cuando se trata del contexto social de ambas partes, se toma en cuenta los intereses de ambas. 24 La ventaja de esta tesis es reconocer el contexto común de las partes y la aplicación del derecho de éstas implica tomar en cuenta sus propios intereses. Diversas legislaciones admiten como punto de conexión alternativo a la ley del hecho ilícito o a 22 Wolff, óp. cit., p Uzal, óp. cit., p Boggiano, óp. cit., p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
10 la ley de los efectos del daño, la ley del domicilio común de las partes Sistema ecléctico Existe también un sistema ecléctico o mixto que combina la ley del juez y la del lugar del hecho. Según esta tesis se somete la existencia de la obligación y su monto, cuando no excede de la ley del tribunal, a la ley del lugar donde ocurrió el hecho. Por el contrario, si la ley del hecho concede un monto indemnizatorio superior a la ley del tribunal, aquella se reduce a lo que determina esta última. El fundamento que dan sus sostenedores es que la indemnización civil por delito o cuasi delito está vinculada al orden público. 26 Dentro del sistema ecléctico, una variante reside en invertir la relación entre la lex loci delicti y la lex fori. Es decir, en lugar de partir de la lex loci delicti extranjera y limitar su aplicación en un cierto grado por la influencia de la lex fori se aplica ésta, pero se concede una cierta importancia a la lex loci delicti Conexión más significativa Una moderna tendencia de origen anglosajón postula tomar en consideración la conexión más significativa. Esta tesis conocida bajo la denominación de Proper Law of the Tort se originó en el derecho contractual, siendo Morris quien propuso importarla al ámbito del derecho de daños. 28 De esta manera, se sale de una conexión rígida como la lex loci delicti, adoptando un criterio de conexión más directamente relacionado con el caso. Se acoge la doctrina del centro de gravedad que se inclina por la ley del lugar que tiene la conexión más significativa con el objeto del litigio 29, lo que permite al juez hallar la solución más adecuada a la vez que puede evitar tanto el carácter fortuito de la lex loci delicti commissi como la dificultad que plantea su localización en los supuestos de ilícitos transfronterizos 30. La recepción de este tipo de conexiones en ordenamientos propios del sistema continental europeo, es producto de la globalización y la mundialización de los negocios, que en la esfera jurídica han hecho que ya no existan mode- Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur 25 En tal sentido puede verse: art. 62 inc. 2) de la Ley Italiana de Derecho Internacional Privado de 1995; art del Cód. Civil de Quebec. 28 Seuba Torreblanca, Joan C., Derecho de daños y Derecho Internacional Privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la Propuesta de Reglamento Roma II, en InDret 1, Barcelona, febrero de El mismo criterio es admitido en el art. 4 del Reglamento (CE) Nro. 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales. También es la solución receptada por el art. 52 inc. 2) del Proyecto Uruguayo de Ley General de Derecho Internacional Privado del 19 de enero de Lazcano, Carlos Alberto, Derecho Internacional Privado, La Plata, Editora Platense, 1965, p Wolff, óp. cit., p Villalta Vizcarra, Ana Elizabeth, Propuesta de recomendaciones y posibles soluciones al tema relativo a la ley aplicable y competencia de la jurisdicción internacional con respecto a la responsabilidad civil extracontractual, Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre las Cidip, 61º período ordinario de secciones, 5 al 30 de agosto de 2002, Río de Janeiro, Brasil, OEA/Ser.Q. CIJ/doc 97/02, 1 de agosto de Vinaixa Miquel, Mónica, La responsabilidad civil por contaminación transfronteriza derivada de residuos, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2006, p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 9
11 Germán E. Gerbaudo los legales químicamente puros (Common Law y Derecho Continental) 31 o que se observe una difuminación de los sistemas legales 32. La ventaja que ostenta esta conexión radica en presentarse como un criterio realista que toma en consideración las circunstancias del caso concreto. No obstante, la crítica que puede formularse es que la determinación de cuál es el vínculo más próximo implica un proceso de valoración por parte del juez que puede ser fuente de inseguridad. La determinación de cuál, entre varios, es el vínculo más estrecho o significativo contiene una importante cuota de subjetividad. En razón de ello, consideramos que este punto de conexión reviste carácter excepcional y nunca podrá funcionar como única conexión sino que debe presentarse alternativamente con otros criterios clásicos de conexión, funcionando como una cláusula de escape. 6. Conexión con la relación preexistente Una alternativa consiste en someter el acto ilícito al derecho que rige la relación jurídica preexistente. Al respecto, Antonio Boggiano señala que el acto se conecta esencialmente, pues, con el derecho propio de aquella relación. Esta conexión es más estrecha que la lex loci actus y que la misma lex communis. 34 Esta tesis como su denominación lo indica presupone que el hecho ilícito se presenta en el marco de una relación preexistente. En tal sentido, es usual la aplicación de esta solución en los casos en que la pretensión resarcitoria se funda conjuntamente en normas de responsabilidad contractual y delictual, por ejemplo, en el ámbito de los contratos de transporte, mandato y trabajo. También puede presentarse en la esfera de las relaciones de familia. Este criterio es adoptado por el artículo 3 del Reglamento Roma II sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, que establece una cláusula de este tipo al efecto de introducir flexibilidad en base al principio de proximidad Rubín, Miguel Eduardo, Tribulaciones de la jurisprudencia sobre la responsabilidad societaria en los procesos concursales, en la Ley 7/06/2007, p Alegría, Héctor C., La crisis global y los impactos (duraderos y pasajeros) en el Derecho Concursal. Enseñanzas y conclusiones, en Edición en homenaje al Prof. Dr. Ricardo S. Prono, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2010, p Se señala que dicha cláusula está redactada de manera que destaca el carácter excepcional de esta posibilidad, al exigir que los vínculos sean manifiestamente más estrechos (De Miguel Asensio, Pedro Alberto, Régimen comunitario relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en Revista española de Seguros, Núm. 149, 2009, p. 695). 7. La elección de las partes Este sistema concede a las partes involucradas en el siniestro la posibilidad de elegir el derecho aplicable al reclamo indemnizatorio. La elección no puede realizarse de manera anticipada sino después de acaecido el accidente. En materia de obligaciones no contractuales en general, el sistema de elección es admitido por el artículo 14 del Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales. Esta variante recibe las críticas de un sector de la doctrina. En tal sentido, Sara Feldstein de Cár- 34 Boggiano, óp. cit., p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
12 denas expresa que aun cuando la elección sea permitida luego de haberse dimensionado la envergadura del daño, nos parece altamente insatisfactoria por tener la virtualidad de favorecer a la parte más fuerte de la relación prestándose a indeseables abusos de derecho. 35 En similar posición, Cecilia Fresnedo de Aguirre y Diego Fernández Arroyo señalan que debería protegerse a las partes débiles mediante la imposición de ciertas condiciones para la elección. 36 En tal sentido, el sistema de la autonomía de la voluntad, encuentra como limitante la necesidad de brindar protección a la parte débil, dado que debe evitarse que la elección del derecho aplicable sea utilizada por las partes fuertes para imponer unilateralmente a los débiles sus intereses. C. Ámbito de aplicación del derecho declarado aplicable Una vez determinado el derecho aplicable surge el interrogante respecto a si todos los aspectos referidos al accidente de circulación serán regidos por el mismo derecho o si las diferentes cuestiones recibirán un tratamiento distinto. Al efecto de lograr coherencia corresponde que todos los aspectos de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito se sometan al mismo derecho. En tal sentido, el derecho declarado aplicable deberá regir la legitimación activa, la legitimación pasiva, la extensión del resarcimiento, los rubros resarcibles, los supuestos de interrupción del nexo causal, la prejudicialidad penal, la reparación del daño moral, la prescripción de la acción, etc. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Asimismo, consideramos que una restricción que se presenta al ejercicio de la autonomía de la voluntad reside en que la elección no puede perjudicar a terceros. En el ámbito de los accidentes de circulación transfronterizos se presentan como terceros las entidades aseguradoras. Estas podrían verse afectadas por el acuerdo alcanzado entre el dañador y la víctima, determinando como ley aplicable una que establezca un indemnización superior a la que resultaría de la ley aplicable en defecto de elección de las partes. II. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FUENTE INTERNA El código civil argentino carece de normas destinadas a reglar quién es el juez competente y cuál es la ley aplicable para los casos de obligaciones extracontractuales en general y en particular a los daños acaecidos por accidentes de circulación. A. Jurisdicción internacional 35 Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p Fresnedo de Aguirre, Cecilia y Fernández Arroyo, Diego P., Una rápida mirada latinoamericana al Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II), D1369/2010, en com.uy Respecto a la jurisdicción internacional, ante el silencio del legislador se recurre a la analogía. Una posible alternativa pasa por internacionalizar la norma de competencia interna. En tal sentido, el artículo 5 inc. 4, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 11
13 Germán E. Gerbaudo que En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección actor. Otra posibilidad es buscar la analogía con la norma de competencia contenida en el artículo 7 del Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. Dicha norma que analizaremos más adelante confiere al actor la posibilidad de demandar por ante el juez del lugar en que se produjo el accidente, o por ante el del domicilio del demandado o por ante el juez del domicilio del demandante. Esta última tesis es avalada por Milton Feuillade quien expresa que hoy esta es la norma con mayor proximidad analógica para ser aplicada en materia de responsabilidad, por ser una norma específica en la materia y de carácter convencional. 37 Por nuestra parte, consideramos que, ante la laguna normativa, la solución debe encontrarse en la aplicación analógica de la solución prevista en el Protocolo de San Luis que presenta la ventaja de proporcionar una amplitud de foros. Al respecto, se asigna al actor una triple opción: a) el juez del lugar dónde se produjo el hecho ilícito; b) el juez del domicilio del demandado; b) el juez del domicilio del demandante. Del cotejo de las dos soluciones analógicas posibles, creemos que es más ventajosa la última alternativa, dado que al ofrecer como foro de demandabilidad el domicilio del demandante permite a la víctima un más fácil acceso a la justicia y con ello mayores posibilidades de obtener el resarcimiento del daño. B. Derecho aplicable En lo referido al derecho aplicable, ante el vacío legal, también se avistan posiciones divergentes. Algunos autores sostienen la aplicación del artículo 8 del Código Civil. El citado precepto dispone que Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán ejecución en la República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, que reglan la capacidad, estado y condición de las personas. Sin perjuicio de ello, el artículo es objeto de severas objeciones por su confusa redacción que ha dado lugar en la doctrina a las más variadas interpretaciones, a punto tal que en el Proyecto de Reformas de 1926 se postulaba su derogación. 38 La doctrina argentina se divide a la hora de determinar si el precepto citado comprende o no a los supuestos de responsabilidad extracontractual. Dentro de la tesis positiva, se ubica Werner Goldschmidt quien señala que con respecto a los actos voluntarios, lícitos o ilícitos, el precepto generalísimo se halla en el artículo 8º, primera parte, cciv 39. Agregando luego que los delitos civiles, los cuasidelitos y los cuasicontratos, como el pago de lo indebido, la 38 Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p Feuillade, Milton C., Competencia internacional civil y comercial, Buenos Aires, Editorial Ábaco, 2004, p Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, 10ª ed., actualizada por Alicia M. Perugini Zanetti, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 2009, p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
14 gestión de los negocios ajenos sin mandato, etc., se rigen por el Derecho de país dónde el acto se ha verificado. No es siempre fácil saber dónde un acto se realiza. La competencia ilícita, verbigracia, se lleva a cabo en el país sobre cuya economía repercute. 40 También en esta tesis se enrola Sara Feldstein de Cárdenas quien sin dejar de desconocer la necesidad de reformar el precepto indica que el vocablo actos, sin aditamentos, nos ha llevado a compartir la posición de gran parte de la doctrina acerca de que el Código Civil, al no distinguir entre actos voluntarios lícitos e ilícitos, resulta comprensivo de ambos, por lo que se rigen, en principio, por la ley del lugar donde ellos se han verificado. 41 En otra posición, Antonio Boggiano expresa que la comprensión intrasistemática del artículo 8º lleva a entender que esta norma, si alguna virtualidad tiene, no rige específicamente los actos ilícitos 42. El autor entiende que dicha disposición si bien literalmente menciona a actos en general, hace referencia a actos como negocios jurídicos. Argumenta a favor de esta tesis que la segunda parte del precepto, en cuanto alude a actos susceptibles de ejecución en el país, son los negocios jurídicos, ya que resulta extraño a la noción de actos ilícitos el hecho de que deban tener ejecución en el país conforme a sus leyes, dado que los actos ilícitos no pueden conformarse a ley alguna. Asimismo, agrega que resulta extraño a la naturaleza de los actos ilícitos que deban conformarse a las leyes argentinas que regulan la capacidad, estado y condición de las personas. 43 Asimismo, Eduardo Fermé sostiene que no existe norma de fuente interna y desecha la aplicación del artículo 8 del Código Civil. 44 También puede postularse la aplicación analógica de las normas de los Tratados de Montevideo. No obstante, esta solución es descartada por Antonio Boggiano, quien considera que no es adecuado acudir mecánicamente a la aplicación analógica de esas normas, habida cuenta de la crisis y la problemática que ha suscitado la regla lex loci delicti en el derecho internacional de los actos ilícitos comparado. 45 Alejándonos de los hechos ilícitos en general y refiriéndonos específicamente al tema de la ley aplicable a los accidentes de tránsito transfronterizos, es indudable que las normas que ofrecen mayor proximidad para aplicarse analógicamente son las del Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. Entendemos que esta integración puede resultar de utilidad en esta instancia ante la carencia de normas específicas, aunque, consideramos que en una futura reforma del Derecho Internacional Privado de fuente interna corresponde brindarle al tema la atención que merece regulando la cuestión. En tal sentido, hoy postulamos la aplicación analógica 43 Boggiano, óp. cit., p Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur 40 Ídem., p Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p Fermé, Eduardo L., La responsabilidad civil por hechos ilícito en el derecho internacional privado, IV Congreso Argentino de Derecho Internacional, Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Internacional, 9 al 11 de noviembre de Boggiano, óp. cit., p Boggiano, óp. cit., p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 13
15 Germán E. Gerbaudo de la norma convencional emergente del citado protocolo que establece dos puntos de conexiones alternativos. Así, a la clásica regla de la lex loci delicti, se le agrega la concerniente a la del domicilio común de los sujetos intervinientes en el siniestro. A nuestro criterio, esta última apertura, superadora de la lex loci delicti, permite una mejor realización del valor justicia al ser la ley del domicilio común la que vincula de manera profunda al actor y al demandado. Si éstos se domicilian en la Argentina y el accidente de tránsito ocurre en Chile no tiene sentido aplicar la ley de éste último país, sino que, por el contrario, consideramos que debe aplicarse la ley de Argentina porque es la que presenta contactos más estrechos y profundos con los sujetos del proceso. En la actualidad, ésta es la opción que propiciamos acoger por vía del recurso de la analogía, aunque, entendemos que, al efecto de brindar mayor seguridad jurídica, la citada solución de ser receptada de manera expresa en una futura reforma del Derecho Internacional Privado de fuente interna. III. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FUENTE CONVENCIONAL producto de los congresos llevados a cabo en la mencionada ciudad y que fueron instados por los gobiernos de Argentina y de Uruguay. Dichos instrumentos revisten una gran importancia, señalándose que han ido a la vanguardia en el Derecho Internacional Privado convencional del siglo xix Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 El Tratado de Derecho Civil Internacional fue aprobado en Montevideo el 12 de febrero de La República Argentina por medio de la Ley 3192 de fecha 11 de diciembre de 1894 aprobó dicho instrumento que la vincula convencionalmente con Bolivia, Colombia y Perú. No trata el supuesto específico de la responsabilidad civil por accidentes de circulación, lo que se explica porque en aquella época ante el bajo número de automóviles no era frecuente la existencia de este tipo de daños. Sin embargo, si contiene reglas generales para las obligaciones que nacen sin convención, las que hoy resultan aplicables a los accidentes de tránsito transfronterizos. A. Tratados de Montevideo Dentro de las fuentes reales formales de nuestro Derecho Internacional Privado, merecen una mención especial los Tratados Internacionales de Montevideo de 1889 y Éstos son Este tratado hace aplicación de la lex civilis causae, en razón que declara aplicable la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito generador de este tipo de obligaciones. El artículo 38 establece que Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar 46 Los Tratados de Montevideo son tratados comunes y no constituyen tratados universales. Ello significa que no sólo se aplican exclusivamente por los países para los que rigen sino que sólo se aplican a casos procedentes de los países en los que rigen (Goldschmidt, Derecho.cit., p. 31). 47 Ciuro Caldani, Miguel Ángel, Consideraciones sobre las fuentes reales internacionales del Derecho Internacional Privado Argentino, en Investigación y Docencia, núm. 41, Rosario, Fundación para las investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2008, p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
16 donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden. 2. Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940 Éste es el resultado del Segundo Congreso de Derecho Internacional Privado, celebrado en Montevideo en 1939 y Tampoco contiene reglas específicas referidas a los accidentes de circulación. Respecto a la jurisdicción internacional es aplicable el artículo 56 del Tratado que se la confiere a los tribunales del país cuyo derecho es aplicable al caso. El precepto citado consagra el denominado principio del paralelismo, el que se señala se basa en la conveniencia, pues es competente el juez que mejor conoce el derecho a aplicar. 49 A su vez, el Tratado de 1940 a diferencia del de 1889 admite el ejercicio de la autonomía de la voluntad después de surgido el litigio, siempre que se trate de acciones referidas a derechos personales patrimoniales prórroga de la jurisdicción. En cuanto al derecho aplicable, al igual que el Tratado de 1889 se limita a reglamentar la ley aplicable a las obligaciones que nacen sin convención, reproduciendo la norma contenida en el artículo 38 del anterior tratado con el siguiente agregado: y, en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas a que responden. En tal 48 Sobre este Congreso puede consultarse: Ántola, Pablo P., Derecho Internacional Privado. Tratados de Montevideo, en la Ley Paraguay 1979, p Weinberg, Derecho óp. cit., p. 75. sentido, el artículo 43 dispone que Las obligaciones que nacen sin convención, se rigen por la ley del lugar en donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley que regula las relaciones jurídicas a que responden. Ricardo Zuccherino señala que el agregado recepta la teoría de Lomonaco y Miloni que permite una mejor legislación sobre las diversas figuras particulares contenidas en la categoría obligaciones nacidas sin convención. 50 Como se observa, el Tratado consagra como regla general la lex loci delicti, salvo que el hecho ilícito se produzca en el marco de una relación jurídica preexistente en cuyo caso se produce la apertura a la ley que rige dicha relación. El Tratado de 1940 aventaja al de 1889 en cuanto admite una coexistencia entre dos tesis: la lex loci delicti y la ley de la relación preexistente. Sin perjuicio de ello, las soluciones receptadas por los Tratados de Montevideo resultan anticuadas y responden al tiempo en que fueron establecidas. Son productos de una época de una internacionalidad clásica, 51 diferente a la actual, dónde como consecuencia de la globalización 50 Zuccherino, Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis, 2008, p En el agregado del Tratado de 1940 quedaría por ejemplo comprendida una obligación alimentaria que deriva de una relación familiar y, que por lo tanto, se debe regir por la ley de la relación que deriva. 51 Respecto a los orígenes y evolución de una internacionalidad clásica, puede verse: Ciuro Caldani, Miguel Ángel, Concepto de Derecho Internacional Privado, en Investigación y Docencia, núm. 41, Rosario, Fundación para las investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2008, p. 9; Ciuro Caldani, Miguel Ángel, Análisis cultural de la internacionalidad, la globalización y la integración, en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Vol. 24, Rosario, Fundación para las investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2000, p. 15. Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 15
17 Germán E. Gerbaudo se desdibujan las fronteras de los Estados y aparecen nuevas alternativas como resultados de los procesos de integración. Por nuestra parte, consideramos que las soluciones emergentes de los Tratados de Montevideo han sido de avanzadas para la época de su sanción, aunque éstas no responden a nuestro tiempo de un comercio globalizado. Por ello, opinamos que deben ser objetos de revisión, tanto en lo atinente a la jurisdicción internacional como a la ley aplicable. Respecto al primero de los problemas indicados, a nuestro modo de ver debe superarse el clásico sistema del paralelismo generándose nuevos foros alternativos y consagrarse entre ellos la opción a favor del juez del domicilio del actor. El sistema del paralelismo, si bien presenta la ventaja de que el juez va aplicar el derecho que mejor conoce, como contrapartida adolece el defecto de que para que éste funcione es necesario conocer al momento de impetrar la acción cuál es el derecho aplicable y éste debe ser uno sólo. Por tanto, sostenemos que en una futura revisión de los instrumentos de Montevideo debe establecerse una norma de competencia con amplitud de foros, como la que consagra el artículo 7 del Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. En cuanto a la ley aplicable, también estimamos que en una futura revisión de los Tratados de Montevideo deben instituirse nuevos puntos de conexión alternativos a la lex loci delicti. A nuestro criterio, la apertura operada en 1940, al incluirse la conexión referida a la ley de la relación jurídica preexistente permite solucionar cuestiones en la que el hecho ilícito es producido en el marco de una relación preexistente como los daños por productos defectuosos o en el ámbito de las relaciones de familia. Sin embargo, no resuelve la cuestión en el caso que investigamos en este trabajo, donde los accidentes de circulación pueden no estar precedidos por ninguna relación preexistente. Asimismo, la lex loci delicti tampoco puede conducir a la correcta solución, en razón de que puede acontecer que el daño verdaderamente se exteriorice en un lugar diferente al del acaecimiento del siniestro. Es por ello que, en una futura revisión de los instrumentos de Montevideo, deben establecerse otras conexiones alternativas como la lex communis y la conexión más significativa, soluciones que en los tiempos actuales implican una respuesta más adecuada a la realización de valor justicia al tomar en consideración los intereses de los distintos sujetos del proceso actor y demandado. 3. Convenio bilateral argentino-uruguayo sobre responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito Este convenio fue celebrado entre Argentina y Uruguay en 1991, siendo aprobado por la República Argentina por medio de la Ley del 4 de agosto de El ámbito de aplicación del convenio se encuentra establecido por el artículo 1 que reza que El presente convenio determina la ley aplicable y la jurisdicción internacionalmente competente en casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito acaecidos en territorio de un Estado parte y en los que participen o resul- 16 Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
18 ten afectadas personas domiciliadas en el otro Estado Parte. Respecto a la jurisdicción internacional se establece una amplitud de foros alternativos. Conforme al artículo 7 el actor puede optar por demandar por ante los siguientes tribunales: (a) donde se produjo el accidente; (b) el domicilio del demandado; (c) el domicilio del actor. El artículo 8 resulta de gran trascendencia al establecer la obligatoriedad del seguro automotor. El precepto señala que Ningún vehículo automotor matriculado en un Estado Parte podrá circular por el territorio del otro Estado Parte, sin estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil eficaz en ambos Estados Partes. En consonancia, el artículo 9 autoriza la acción directa contra el asegurador del demandado siempre que así lo faculte el derecho declarado aplicable. En tal sentido, se dispone que El perjudicado podrá dirigir su acción directamente contra el asegurador del responsable, si así lo autoriza el derecho aplicable en virtud de lo normado en los artículos 2º y 4º del presente convenio. El derecho aplicable es establecido en el artículo 2 que en su primer párrafo consagra la lex loci delicti, disponiendo que La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. No obstante, en el segundo párrafo se consagra la teoría de la lex communis. Se establece así que Si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas en el otro Estado Parte, éste se regulará por el derecho interno de este último. El artículo 3 califica el domicilio de las personas físicas expresando que es su residencia habitual. En cuanto a la ley aplicable respecto a los daños acaecidos en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito, será regida por el derecho interno del Estado Parte en el cual se produjo el hecho (art. 4). Respeto al ámbito de regulación del derecho declarado aplicable el artículo 6 dispone que La ley aplicable a la responsabilidad civil conforme a los artículos 2º y 4º determinará especialmente: 1. Las condiciones y la extensión de la responsabilidad; 2. Las causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad; 3. La existencia y naturaleza de los daños susceptibles de reparación; 4. Las modalidades y extensión de la reparación; 5. La responsabilidad del principal por el hecho de sus dependientes; y 6. La prescripción y caducidad. 4. Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito de 1996 Introducción Este instrumento constituye un derecho derivado, es decir, se trata de un derecho generado Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 17
19 Germán E. Gerbaudo por el mismo Mercosur por medio de sus órganos de gobierno 52. En otros términos, como bien indica Eduardo Hoof es un derecho comunitario americano que es un nuevo ordenamiento jurídico de derecho internacional. 53 Diego Fernández Arroyo expresa que desde sus inicios el Mercosur empezó a incursionar por los terrenos del dipr, centrándose en la elaboración de textos relativos a todas las materias que componen lo que tradicionalmente se ha llamado Derecho Procesal Civil Internacional. 54 Pero, agrega el autor que llegó 1996 y el afán legislativo tuvo nuevos frutos, produciéndose ya, aunque tímidamente, el salto desde los aspectos procesales a los sustanciales. 55 Se señala que éste es prácticamente una copia del convenio bilateral argentino-uruguayo, 56 a tal punto que se expresa que el Protocolo cuatrilateraliza el Acuerdo entre Argentina y Uruguay. 57 De todos modos, se destaca la importancia que dicho instrumento presenta en el ámbito del Mercosur. En tal sentido, Carlos Correa indica que es la norma más importante dictada como consecuencia del Tratado de Asunción, y que incursiona en materia ritual y de fondo, posibilitando el ejercicio de las acciones de responsabilidad y haciendo operativa una garantía constitucional de acceso a la justicia y el derecho de obtener una resolución judicial fundada, emergente de la garantía del debido proceso. 58 Objeto y ámbito de aplicación Este Protocolo fue ratificado por todos los Estados Miembros del Mercosur. La República Argentina lo aprobó por ley y lo ratificó el 20 de noviembre de 2001; la República Federativa del Brasil lo ratificó el 30 de enero de 2001, la República Oriental del Uruguay lo aprobó por la Ley ratificándolo el 20 de julio de 1999 y la República del Paraguay lo aprobó por ley 1205, depositando el instrumento de ratificación el 20 de enero de El artículo 1 establece el objeto del Protocolo y su ámbito de aplicación. En tal sentido expresa que El presente Protocolo determina el derecho aplicable y la jurisdicción internacionalmente competente, en casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito ocurridos en territorio de un Estado Parte, en los que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en otro Estado Parte. 52 El Protocolo fue aprobado por decisión 1/1996 del Consejo del Mercado Común del Sur. 53 Hooft, Eduardo Raimundo, El Mercosur y el derecho privado, en la Ley 1992-E, p Fernández Arroyo, Diego P., La nueva configuración del Derecho Internacional Privado del Mercosur: Ocho respuestas contra la incertidumbre, en Revista de Derecho del Mercosur, , p Ídem., p Soto, Temas óp. cit., p Cantagallo, María Laura y Quaranta Costerg, Juan Pablo, colaboración Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, 10ª ed., actualizada por Alicia M. Perugini Zanetti, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 2009, p Correa, Carlos, Transporte internacional de personas, en la Ley Gran Cuyo 2005 (octubre), p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45
20 Como puede observarse del precepto transcripto, el Protocolo se ocupa de reglar los problemas del derecho aplicable y de la jurisdicción internacional. Asimismo, en cuanto ámbito de aplicación se establece que el Protocolo se aplica a los casos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito que presenten las siguientes condiciones: (i) acaecidos en el territorio de un Estado Parte; (ii) participen o resulten afectados personas domiciliadas en otro Estado Parte. El Protocolo no es empleado en el supuesto de accidentes de tránsito locales, es decir, en aquellos siniestros en que intervengan personas domiciliadas en el mismo Estado en que acaeció el accidente. Tampoco es aplicable en los casos de que algún accidentado tenga su domicilio en un Estado ajeno al Mercosur. En definitiva, como expresa Eduardo Tellechea Bergman A los fines del presente Protocolo se considerará domicilio, subsidiariamente y en el siguiente orden: a) cuando se tratare de personas físicas: 1. la residencia habitual; 2. el centro principal de sus negocios. 3. el lugar donde se encontrare la simple residencia. b) cuando se tratare de personas jurídicas: 1. la sede principal de la administración; 2. si poseen sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación, el lugar donde cualquiera de éstas funcionen. Se señala que en esta parte el Protocolo interviene en derecho sustancial pues legisla sobre el domicilio. 60 Responsabilidad civil por accidentes de tránsito transfronterizos. Un panorama desde el derecho internacional privado argentino y desde el Mercosur su finalidad ha sido dotar al Mercosur de una regulación específica y uniforme sobre la ley aplicable y la jurisdicción competente en relación al creciente número de accidentes de tránsito acaecidos en un Estado Parte en el que participan o resulten afectados personas domiciliadas en otro. 59 Calificación de domicilio El segundo párrafo del artículo 1 contiene una calificación de domicilio. En tal sentido, el precepto dispone que Derecho aplicable La ley aplicable está regulada entre los artículos 3 a 6. (i). Reglas generales: Se encuentran contenidas en el artículo 3 que establece que La responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. 59 Tellechea Bergman, Eduardo, Nuevas regulaciones regionales en materia de jurisdicción internacional. Los vigentes Protocolos de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en materia contractual y de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito, en Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración, 13 de octubre de 2006, en Si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas 60 Correa, óp. cit., p Enero - Junio de Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N. o 45 19