Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11216-2017-54470-de-julio-25-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_373707ce56d549b39b31615572619ef3&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 03:40:07
Document Index: 178474354

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 36', 'artículo 36', 'artículo 90', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 20', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL11216-2017/54470 DE JULIO 25 DE 2017
SENTENCIA SL11216-2017 DE 25 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA Y DIFERENCIAS DE LOS PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD E INESCINDIBILIDAD. SE PRECISA POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL QUE LOS PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD E INESCINDIBILIDAD, PARTEN DE QUE EL PRESUPUESTO DE DUDA ES MENESTER PARA APLICAR EL PRIMERO NO EXISTE, Y EL SEGUNDO TAMPOCO SE CONFIGURA, PORQUE LA EXCLUSIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, DE LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, HACE REFERENCIA A LA NATURALEZA DE TIPO DE REGULACIÓN, CUANDO SE PRODUCE UN TRÁNSITO DE UN ESQUEMA NORMATIVO A OTRO. POR OTRO LADO, EL PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD O CONGLOBAMENTO, HA ESTABLECIDO QUE NO RESULTA INFRINGIDO CUANDO UN TRIBUNAL, COMO EL QUE PROFIRIÓ EL FALLO OBJETADO, RAZONA QUE EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES RECONOCIDAS A BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, NO ES EL DEL RÉGIMEN ANTERIOR EN EL QUE ESTOS SE HALLABAN INSERTOS, SINO EL PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, LIQUIDACIÓN DE INTERESES, LIQUIDACIÓN LABORAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, ACTA DE LIQUIDACIÓN
Sentencia SL11216-2017 de julio 25 de 2017
SL11216-2017
Radicación: 54470
En la sentencia controvertida a través del recurso extraordinario, el tribunal esencialmente expuso que la aseguradora pensional demandada, reliquidó la pensión que reconoció a la accionante, mejorando su tasa de reemplazo, y tomando como ingreso base de liquidación, para el reconocimiento de tal prestación, el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con apegó a lo orientado por la jurisprudencia de la Corte.
La censura confuta esa decisión argumentando, básicamente, que el juez de apelaciones se equivocó en la última conclusión, pues ha debido aplicar el principio de favorabilidad y colegir que la prestación económica reconocida a la accionante, la debió tasar la demandada con el promedio de lo devengado por ella en el último año de servicio.
La réplica confronta el ataque, endilgándole falencias técnicas, que centra en que no obstante los cargos estar dirigidos por la vía directa, blanden discusiones fácticas y probatorias, recordando que, en todo caso, el aserto del tribunal sobre el IBL aplicable a la pensión de la reclamante, tiene respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
En tal escenario de discusión sobre la sujeción a derecho del fallo de segundo grado, comienza la Sala por advertir que no observa en la tríada de cargos que esgrime el censor, el estigma formal que le atribuye la opositora, pues si bien el recurrente se refiere a conclusiones fácticas y probatorias de aquél proveído, no las controvierte, sino que simplemente las toma como referente para exponer los disensos de derecho que, desde su perspectiva, tiene con él.
Ahora, en el mismo orden de lo formal, lo que sí halla la Corte es que la presentación de la impugnación a primera vista luce anti técnica, en cuanto alude repetidamente a que el tribunal incurrió en la infracción directa, por aplicación indebida o por interpretación errónea de la normativa sustantiva que enlista en cada proposición jurídica, puesto que esas constituyen modalidades diferentes de violación de la ley, que se repelen entre sí, como lo tiene decantado la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo en la Sentencia CSJ SL 8488-2014, rememorada en la reciente providencia CSJ SL 10453-2017.
Así mismo, deviene contra las reglas técnicas del recurso, que el acusador aluda iterativamente a que el tribunal incurrió en error de derecho en el fallo cuestionado, pues en la casación laboral y de la seguridad social, tal es una modalidad de violación de la ley, propia de la vía indirecta, como se colige del literal b) del artículo 90 del CPTSS, circunstancia que hace inaceptable su exposición en el camino del puro derecho escogido por el recurrente en los tres cargos que se estudian.
En el estado de cosas expuesto, los cargos, en consecuencia, deberían desestimarse, con la resulta de que el fallo de segunda instancia continúa protegido por la presunción de legalidad y acierto que lo cobija.
Con todo, cumple que la Sala precise a la censura, que así tuviera por superados los reparos que acaba de identificar a la impugnación, esta de todas maneras no podría prosperar, puesto que la sentencia perseguida no incurrió en dislate de apreciación jurídica alguno, habida cuenta que no se observa que haya afectado, como se le imputa, los principios de favorabilidad e inescindibilidad, toda vez que el presupuesto de duda menester para aplicar el primero no existe, y el segundo tampoco se configura, porque la exclusión del ingreso base de liquidación, de los beneficios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es de la naturaleza de ese tipo de regulación, cuando se produce un tránsito de un esquema normativo a otro, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte.
Por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL 3480-2017 sostuvo la corporación, en relación con el primero de aquellos principios:
La conclusión del tribunal, según la cual, el ingreso base de liquidación de la pensión de la actora no era el dispuesto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es acertada en la medida que, como quedó visto, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, debe computarse conforme a lo dispuesto en esta normativa.
Por otra parte, no es aplicable el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución, en tanto que el mismo parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo cual no sucede en el presente caso, donde existe norma especial que regula específicamente la forma de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición, la cual, a juicio de la Corte, no genera dudas en su aplicación y entendimiento.
Y en lo que atañe con el segundo de los principios, el de inescindibilidad o conglobamento, la jurisprudencia también ha razonado que no resulta infringido cuando un tribunal, como el que profirió el fallo objetado, razona que el ingreso base de liquidación de pensiones reconocidas a beneficiarios del régimen de transición, no es el del régimen anterior en el que estos se hallaban insertos, sino el previsto en la Ley 100 de 1993.
Así está expuesto en la CSJ SL 6036-2017:
En relación con el reproche que el recurrente propone frente al argumento jurídico precitado, principalmente en el cargo primero, se observa que en últimas, lo que pretende es que el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez se calcule de conformidad con los parámetros previstos en el artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, dada su condición de beneficiario del régimen de transición —artículo 36 de la Ley 100 de 1993—, en tanto considera que no aplicar en su totalidad el régimen anterior significa el desconocimiento del principio de inescindibilidad de la norma.
En torno al tópico planteado, esta Sala de la Corte ha sostenido con insistencia que los regímenes de transición son producto del poder de configuración del legislador, quien evalúa y decide a cuáles personas y bajo qué condiciones concede la protección normativa, esto es, si es de forma total o parcial frente a la nueva preceptiva. En ese orden, no puede decirse que, si el alcance de la transición es parcial, desconozca el principio de inescindibilidad de la norma, pues se soporta precisamente en el tránsito normativo y en la potestad del legislador.
En el caso del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aquél garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores tan sólo en tres aspectos puntuales: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación, entendido este último como el porcentaje o también denominado tasa de reemplazo que se aplica a la base salarial. A la par, ha clarificado la Sala que la forma de obtener el ingreso base de liquidación, que valga reiterar no es igual al monto pensional, fue regulado expresamente en las disposiciones de la Ley 100 de 1993, por lo que no es posible acudir a normatividades precedentes para determinarlo.
Finalmente, en relación con la tasa de reemplazo reclamada que se le aplique por la demandante, recuerda la Sala, que la demandada aplicó una superior al 75%.
En conclusión, los cargos propuestos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada en septiembre treinta (30) de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CECILIA GASCA CASTILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente, en la forma que previamente se explicó.