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Timestamp: 2017-09-26 00:01:41
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'in dubio', 'Artículo 81', 'Artículo 76', 'Artículo 81', 'in dubio']

Los Sistemas Judiciales del Mundo ~ Fundación FEDI Fundación de Estudios de Derecho Internacional
Los Sistemas Judiciales en el Mundo (Explicado por Región o País)
El sistema del Derecho continental o Civil Law;El sistema de Derecho anglosajón o Common Law;El sistema de Derecho consuetudinario;El sistema de Derecho religioso.
No obstante, el sistema jurídico de cada país presenta variaciones o bien integra ciertas instituciones de otros sistemas. Existen pues numerosos países que tienen un sistema jurídico mixto (42).
El Derecho, entendido como conjunto de normas de conductas derivadas del poder público, impuestas por él y distintas de las religiosas, morales y de uso social, es un producto de la concepción racionalista de la vida, propia del occidente europeo desde Grecia.
Existe, una vasta pluralidad de ordenamientos jurídicos, cada uno con sus características propias, que son el fruto de la historia y de las condiciones políticas, económicas y sociales del país a que se aplicasen. Sin embargo, dentro de esas pluralidades es posible encontrar ciertas afinidades entre los diversos derechos y agruparlas en un número relativamente reducido de "sistemas". Esas afinidades nacen de que la historia jurídica de distintos países o su ordenación económica-social son comunes y, en consecuencia, entre sus Derechos respectivos se manteniente en términos generales notables semejanzas que permiten agruparlos dentro de un sistema.
Los derechos que nos son mas comunes pertenecen al mundo occidental. Todos ellos tienen en común una concepción secularizada, no religiosa, del Derecho que aparece como un conjunto de normas estrictamente jurídicas y distintas de las morales y de los usos sociales. En estos derechos de raíz occidental se puede distinguir tres sistemas. ROMANÍSTICO, ANGLOSAJÓN Y SOCIALISTA. Esta diferenciación obedece a criterios distintos. Por una parte, a lo que podríamos llamar la construcción técnica de cada Derecho, a la forma en que se crean sus normas, al método con que trabajan los juristas. Por, otro lado,hay que tener encuentra los distintos modelos sociales a que sirve un Derecho, los principios socio económicos que lo inspiran. En este aspecto habría que distinguir entre derechos "capitalistas" y "socialistas". Conjugando ambos criterios se obtiene la clasificación aquí aceptada, que comprende: de un lado, derechos capitalistas en sus dos grandes variedades técnicas, los sistemas romanísticos y anglosajón, y por otro lado, el sistema socialista, que desde el punto de vista técnico es afín al romanístico.
Sistema Judicial el Derecho Romano (sistema histórico):
La clasificación citada se refiere sólo a los derechos actuales. Pero el derecho moderno se explica en gran parte por su historia y sería difícil de comprender sin hacer un breve indicación sobre lo que ha constituido el eje de la evolución jurídica europea: el derecho romano.
Su nacimiento, en su primera fase, el derecho romano es el derecho del pueblo romano; es decir un lugar común ROMA. Roma fue el primer pueblo que tuvo juristas en sentido estricto es decir, un grupo social consagrado al estudio y al cultivo del derecho. Fueron esos juristas, o más exactamente un pequeño grupo de ellos, quienes desde el siglo III a.c al III d.c lograron plasmar un lenguaje jurídico de extraordinaria precisión- normas-, así como instrumentar un método que aún hoy se considera ejemplar para el tratamiento de los problemas prácticos.
Como todo derecho, el romano está condicionado por el ambiente en que se desarrolló: una sociedad cuya base económica era la esclavitud; cuya virtud fundamental era la ciega entrega al estado, y en la que la concepción cristiana del hombre, que incluso al margen de toda creencia religiosa forma innegablemente una de las dimensiones inesquivables de nuestra mentalidad occidental, sólo penetró en forma tardía e incompleta.
La importancia histórica y actual del derecho romano nace de su segunda vida. desaparecido el imperio de occidente, el derecho romano sólo sobrevive de una manera residual en los países que estuvieron sometidos a aquél. Mas en el siglo XI, en Bolonia, renace el estudio de la gran compilación que contiene una monumental antología de la obra de los juristas: el DIGESTO O PANDECTAS. Los juristas medievales no hicieron sobre el Corpus Iuris Civilis, como llamaron a la compilación de justiniano, una tarea de anticuario. Su finalidad no era reconstruir históricamente el derecho del pueblo romano tal y como era en tiempos de Cicerón o de Alejandro Severo, sino construir con gran libertad sobre estos materiales un nuevo sistema jurídico occidental, que en gran parte sigue viviendo de las elaboración medieval, sino también porque ese derecho romano libremente interpretado y matizado en diversos aspectos por el canónico fue "recibido", no sin luchas y protestas, en muchos países del continente europeo, de manera que terminó siendo derecho "positivo" de los estados modernos.
La vigencia del derecho romano duró siglos e incluso se extendió a territorios no sometidos al imperio romano, como Alemania. Los juristas modernos trabajaron sobre él y de este modo condicionó la formación de la mentalidad jurídica. En las escuelas o facultades de derecho se estudiaba sobre todo el romano. El pequeño manual de Justianiano ordenó preparar para los estudiantes de su tiempo, las Instituciones ha servido de libro de texto desde la edad Media hasta el siglo XIX.
En esté siglo, la vigencia del derecho romano acaba al efectuarse las codificaciones, aunque con una formulación nueva.
Para calibrar la importancia de estos hechos téngase en cuenta que en Alemania, país que a fines del siglo pasado estaba a la cabeza de la ciencia jurídica y de la cultura general, el derecho romano no termina su vigencia hasta el año 1900 en que entró a regir el Código Civil. Aún hoy, el derecho romano rige en algunos países (Andorra, San Marino, República de Sudáfrica).
EL SISTEMA ROMANANÍSTICO: o romano-germánico, como también se le suele llamar, es el resultado de esa evolución del Derecho romano. La base común de los derechos que la componen es la reelaboración medieval y moderna del CORPUS IURIS CIVILES, no el Derecho romano puro. Junto a esta tradición romanista aparecen también elementos procedentes de otras fuentes, especialmente de los derechos germánicos, cuya influencia se hace sentir en el occidente de Europa desde el fin del Imperio Romano.
El sistema romanístico es propio de la Europa "continental", pero se ha extendido a otros muchos países no europeos, tales como todos los latinoamericanos y bastantes asiáticos, como Turquía, Indonesia y Japón, y africanos. La expansión colonial de Europa (excluida Gran Bretaña) trajo como consecuencia la exportación de su Derecho. Por regla general, las antiguas colonias y territorios de España, Portugal, Países Bajos y Francia aceptaron el Derecho de su metrópolis, e incluso, una vez independizados, mantuvieron su tradición anterior, aunque modificada y adaptada a sus nuevas condiciones. Muy importante ha sido también el peso de la doctrina y de la educación jurídica. En cierto modo, la doctrina de todos los países "romanísticos" es común. Para el jurista argentino o español las obras jurídicas italianas o alemanas resultan familiares y son manejadas por él con frecuencia y provecho.
Todo ello no excluye, por supuesto, que entre los diferentes derechos integrados en el sistema existan apreciables diferencias.
Las características del sistema romanístico pueden apreciarse si contemplamos cómo operan los juristas de uno de los países en que rige. Supongamos a este jurista enfrentado con el estudio de un caso práctico, como puede ser, por ejemplo, la discusión en torno a la validez de la cláusula de un contrato. Lo primero que hará nuestro hipotético jurista es consulta el Código civil para ver si en él existe una norma que autorice o prohíba dicha cláusula. Los derechos romanistas son, en efecto, derechos "del código", como dicen los anglosajones. El movimiento codificador triunfa en Europa, como ya se ha advertido, en el siglo XIX. La primera manifestación importante es la codificación llevada a cabo por napoleón, cuyo Código Civil (1804), aún vigente en Francia y Bélgica, sirvió de modelo para otros muchos, entre ellos, para el español de 1889. Otros códigos civiles importantes en el sentido de que ha influido en otros países o se consideran de particular interés por su técnica, son el alemán de 1900 y el italiano de 1942. Junto al Código, el jurista consultará otras leyes, si pueden tener relación con el contrato que se discute: la ley de arrendamientos urbanos si se trata de un problema de arrendamiento de esta clase. Si en las leyes que consulta no encuentra una solución clara a su problema, se esforzará en encontrar en ellas alguna norma que pueda servir de base a un razonamiento por el cual se llegue a una solución apoyada, aunque sea indirectamente, en el texto legal. Para ello acudirá a estudiar las sentencias de los tribunales y la doctrina de los autores. Unas y otras "interpretan" lo dispuesto en las leyes. En resumen, la actividad de nuestro jurista se centrará en la ley. Ello es debido a que en los sistemas romanísticos la fuente principal es la ley, es decir la norma creada por el estado. Todo lo demás son medios de "interpretar" las leyes, es decir, de determinar su verdadero sentido. Sólo excepcionalmente y cuando haya fracasado todo intento de construir una solución sobre las leyes puede acudir a otras fuentes subsidiarias, como la costumbre y los principios generales del Derecho. Por otra parte, el jurista que nos ocupa encontrará en las leyes, sentencias y autores que maneje una terminología jurídica cuyos primeros rudimentos aprendió estudiando Derecho Romano en la facultad. Es posible que nuestro jurista, para aclarar sus dudas o reforzar sus argumentos, consulte una obra de un autor extranjero sobre el tema perteneciente a un país con la misma base jurídica. La terminología jurídica que encontrará en ellas, los métodos de análisis de los textos legales y a veces las norma misma le serán familiares, porque son obras escritas sobre derechos del mismo sistema.
Comunidad de lenguaje jurídico y método y primacía de la ley como medio de creación de derecho son, pues, las características básicas de los derechos romanísticos. Además, puesto que éstos se mueven sólo en países cuyo sistema soscioeconómico es capitalista, también los principios orientadores de sus Derechos serán los mismos, especialmente en cuanto que todos reconocen la propiedad privada como clave del ordenamiento jurídico y social.
EL SISTEMA ANGLOSAJÓN:
Los métodos de trabajo de un jurista que se enfrentase con el mismo problema que su colega del caso anterior en Gran Bretaña o en Estados Unidos serían bastantes distintos.
Los Derechos anglosajones tienen su punto de origen y su modelo más acabado en el Derecho Inglés, entendiendo por tal el de Inglaterra en sentido estricto, pues en Escocia rige un Derecho propio, considerablemente romanizado y, por tanto, más afín a los derechos continentales.
El Derecho inglés se proyectó fuera de su país de origen a consecuencia de la expansión británica. Estado Unidos (con excepción del Estado de Luisiana), las provincias canadienses de cultura inglesa y otros antiguos "dominios blancos", como Australia y Nueva Zelanda, han recibido ese Derecho en sus principios esenciales. También ha influido en países como la India, aunque en ésa y otras antiguas posesiones asiáticas y africanas la influencia ha sido a menudo más limitada por la presión de las culturas indígenas.
El derecho inglés se formó históricamente al margen de la influencia romanística y ha seguido una evolución continuada y gradual, sin las rupturas que en los Derechos continentales supusieron la recepción del Derecho romano y, en cierto modo, las codificaciones. La estructura actual sólo puede entenderse por medio de su historia. Aquí sólo es posible hacer algunas indicaciones rápidas sobre esa historia, muy compleja y ligada a las características peculiares de la historia general del pueblo inglés.
La piedra angular del Derecho inglés es el COMMON LAW, o Derecho común del reino. Este surge a raíz de la conquista normanda (año 1066) que impone o procura imponer un Gobierno centralizado en las islas. Antes de la conquista regían en Inglaterra las costumbres locales y algunas leyes también de ámbito local. Pero, desde el siglo XI, los tribunales regios van extendiendo, de manera paulatina, su jurisdicción a costa de los tribunales locales y nobiliarios. Tal absorción se justifica alegando que debe corresponder al rey juzgar todos aquellos casos que afectan a los interese generales del reino. Cuáles son esos casos lo decide el canciller, alto personaje a quien corresponde entre otras funciones las que hoy se atribuyen a un ministro de Justicia. El particular que sea recurrir a los tribunales reales acude al canciller para obtener un escrito (writ)que le permite acceder a ellos. El procedimiento técnico es bastante complicado. Baste señalar que la concesión de un writ no es una decisión arbitraria del canciller, sino que éste opera sobre la base de una lista ya determinada, que se va ampliando, de casos en los que, con carácter general, se concederá el writ a quien lo solicite.
Para resolver estas cuestiones, los tribunales regios afirman aplicar "la costumbre general e inmemorial del Reino". En realidad, y puesto que esa costumbre no existe, los jueces resuelven con arreglo a su sentido de la justicia. La influencia romana, aunque no totalmente ausente, es escasa. La técnica del Derecho inglés se forma sobre todo condicionada por el complejo sistema de los writs.
Junto al COMMON LAW, a partir del siglo XIV se desarrolla otro conjunto de normas, también debidas a la actividad del canciller. Estas nacen porque, en ocasiones, los particulares estimaban que sus derechos no estaban debidamente protegidos por el sistema de los writs, en que se basaba el COMMON LAW. Se dirigían entonces al rey, como " como fuente de toda gracia y misericordia", para obtener una decisión equitativa. Pero, en realidad, era el canciller quien resolvía la cuestión. De este modo se fue formando un nuevo sistema: la "equidad" (equity), por el que ser regularían algunas instituciones fundamentales del derecho moderno. La equity se rige por un procedimiento distinto al del COMMON LAW y, puesto que el canciller era hasta el siglo XVII un eclesiástico, este sistema está más influido por los derechos canónicos y romano que el COMMON LAW.
El COMMON LAW y la equity tienen en común que su formulación corresponde a los tribunales. La importancia que en los derechos continentales tiene la ley, corresponde en Inglaterra a las sentencias judiciales. El Derecho inglés, al menos en su fisonomía tradicional, es un "Derecho hecho por los jueces". En principio, la decisión de un juez vincula a los demás jueces, que deben stare decisis, es decir, "ser fieles a lo que ya han decidido otras sentencias".Además del COMMON LAW y de la equity, en Inglaterra existen también, y cada vez en mayor número, leyes 8statutes) en el sentido que esta palabra tiene entre nosotros, pero el statute law o derecho contenido en las leyes es en principio un derecho excepcional que deben aplicarse restrictivamente y sirve para modificar puntos concretos del Derecho tradicional de Inglaterra.
Veamos ahora cómo operaría el jurista inglés ante el citado problema de la validez de una cláusula contractual. No consultaría ningún Código, pues su derecho, a diferencia del español o el francés, no está codificado. Sólo tendría que comprobar si hay algún statute o ley que trate de la materia que le ocupa; pero su atención primordial sería decidir en primer término si el problema ha de decidirse por la equity o el COMMON LAW. La cuestión es fundamental, pues, aunque las IUDICATURA ACTS de 1873-1875 refundieron los tribunales del COMMON LAW con el de la equity y dispusieron que las normas de ambos sistemas pueden ser aplicadas por los mismos tribunales, lo cierto es que los juristas ingleses suelan estar especializados en una de esas dos ramas del Derecho. Supongamos que en nuestro ejemplo el caso corresponde al COMMON LAW. El jurista deberá acudir entonces al estudio de los precedentes, es decir, verá de encontrar alguna sentencia que haya resuelto un caso análogo. Para ello investigará en las voluminosas colecciones que las recogen y se orientará por la consulta de tratados de derecho, que aunque son obras de particulares, han adquirido una gran autoridad moral y científica, de manera que, en realidad, se invocan casi como si fueran leyes (authority books).
En sus alegatos no citará, como sus colegas continentales, artículos de Códigos no complejos argumentos doctrinales, sino sentencias judiciales y opiniones de esos libros.
En cuanto a sus terminología tampoco se confunde con la romanista.
La actual influencia de los países anglosajones en el mundo occidental y la mayor amplitud de horizontes que proporcionan las constantes relaciones humanas e intelectuales entre países de diversas cultura, hacen que exista una corriente importante y recíproca de curiosidad entre juristas anglosajones y continentales para conocer y valorar sus respectivos sistemas jurídicos y métodos de trabajo. Este interés influye también para que se preste particular atención a los derechos "fronterizos", es decir, derechos en que concurren por razones históricas y geográficas ambos sistemas, como en los casos ya citados de Escocia y Luisiana o de Puerto Rico y Filipinas. No se trata de una curiosidad meramente científica, sino de comparar ambos sistemas para extraer de ellos ideas que resulten útiles para futuras reformas en ambos sistemas jurídicos.
El sistema jurídico socialista tiene como primer ejemplo histórico el Derecho de la unión Soviética, que, a partir de 1945, se ha extendido a las diversas democracias populares europeas, así como a China y otros países asiáticos. Pero sobre la situación jurídica del socialismo asiático no es fácil aún formular juicios ni prever cuál será su forma definitiva. Por tanto, a continuación trataremos del sistema que aplica en los Estados Socialistas europeos y,especialmente, en la unión Soviética.
A primera vista, los derechos socialistas no difieren en cuanto a su estructura y métodos de los inspirados en el Derecho romano. También son Derechos de "Código".
En ellos la primacía de la ley es total, y en cuanto a su terminología también es de raíz romanista. Pero estás analogías, que sin duda tienen su importancia, no deben ocultar sus importantes diferencias. Estas derivan no sólo de la diferente organización económica y política que tiene los países socialistas respecto a los capitalistas, sino también de la distinta finalidad que en unos y otros se da al Derecho.
En los países capitalistas el derecho se presenta primordialmente como un medio arbitrar los conflictos sociales y de conciliación entre las diversas tendencia que en ellos existen. Son sociedades pluralistas que admiten la existencia de múltiples corrientes de opinión y que intentan armonizarlas. En cambio, los países socialistas proclaman abiertamente una ideología oficial: el marxismo-leninismo. El Estado es oficialmente beligerante no sólo contra los restos de la sociedad burguesa que en ellos subsiste, sino también contra las supuestas desviaciones de la doctrina oficial. Por otra parte, el estado proclama que la forma socialista que tiene en la actualidad no es más que una fase transitoria hacia la sociedad comunista que supondrá el fin de toda coacción y, en consecuencia, la disolución del Estado y del Derecho, al menos en su concepción tradicional. En la perspectiva marxista, Estado y Derecho no son, en efecto, más que formas de la coacción que la clase dirigente ejerce para mantenerse en el poder.
El derecho de los países socialistas tiene por finalidad garantizar el poder de la clase obrera en el Estado y preparar el tránsito a la sociedad comunista. Sin embargo, el hecho de que este último advenimiento no aparezca inmediato, y la necesidad de atender a las necesidades cotidianas del pueblo hacen que, en la actualidad, los derechos socialistas, sin renunciar a sus ideas fundamentales, estén adquiriendo una fisonomía menos belicosa y más afín, en algunos aspectos, a los derechos "burgueses".
La clave de este desarrollo fue el reconocimiento del principio de "legalidad socialista", es decir, que los ciudadanos y la Administración están sometidos a las leyes, y ello no sólo en cuanto tal sumisión conviene para la protección de los intereses de los particulares, sino en cuanto es necesaria para la edificación y la permanencia del estado socialista. La legalidad es, en efecto, "socialista" no sólo en el sentido de que las leyes vigentes reflejan una concepción socialista de la sociedad, sino también en el de que su justificación es la ayuda que prestan a la construcción de esa sociedad.
Esta orientación es fundamental y marca una diferencia apreciable con los países capitalistas. Así, las leyes han de interpretarse de acuerdo con esa finalidad (la construcción de la sociedad socialista) y los jueces, abogados y todas las demás personas que intervienen en la administración de justicia deben tenerlas presentes en sus decisiones y actuaciones. En la actualidad, superada la fase elinista, el sistema tiende a hacer que prevalezca el principio de legalidad tal y como es entendido en los países occidentales sobre el elemento de discrecionalidad que en él introduce el adjetivo "socialista". Sin embargo, las diferencias subsisten y están confirmadas por un aspecto esencial del derecho soviético: la particular organización de sus tribunales. Estos sólo se componen de jueces populares y, en muchos casos, de asesores populares, es decir, de ciudadanos que se integran en el tribunal con facultades idénticas a las de los jueces. Pero el hecho más significativo es que los jueces no son profesionales, sino que son elegidos por un plazo determinado y no necesitan ser juristas. En los tribunales inferiores lo más frecuente es que no lo sean, aunque los nombrados suelen adquirir cierta formación legal para ejercer su cargo. La idea que inspira esta organización es evitar una justicia técnica, monopolio de un grupo cerrado (los juristas) e inasequibles para la mayoría de los ciudadanos. En la perspectiva soviética, la aplicación del derecho debe perseguir, no sólo la solución del conflicto concreto que se plantea, sino también la educación del pueblo en las tareas de administrar justicia, de manera que ésta aparezca como una actividad eminentemente popular. Esta falta de tecnicismo se traduce, asimismo, por la posibilidad de que los tribunales adopten decisiones muy flexibles y muy adaptadas a las circunstancias particulares de cada caso. Quizás esta elasticidad, esta ruptura con el formalismo que conservan los derechos occidentales, sea lo que más atrae el interés de los juristas de los países capitalistas.
También el contraste entre ambos derechos es útil para todos los juristas de unos y otros países.
SISTEMAS NO OCCIDENTALES:
El Derecho, entendido en la forma que hemos expuesto, como conjunto de normas de conducta derivadas del poder público, impuestas por él y distintas de las religiosas, morales y de uso social, es un producto de la concepción racionalista de la vida, propia del occidente europeo desde Grecia.
Los pueblos que no han experimentado la influencia occidental contemplan el ordenamiento de la vida social desde otros ángulos. En unos casos, la religión es la base de ese ordenamiento (Derecho musulmán, hebreo o hindú), en otros, son los tiros impuestos por la tradición y a los que hay que ajustar la conducta (Derecho chino y japonés). En los pueblos menos evolucionados, la costumbre local es la principal, si no la única, reguladora de la convivencia (pueblos africanos). Lo que no aparece nunca es una clara distinción entre derecho, religión, moral y usos sociales. Por tanto, no existe un reconocimiento del Derecho como fenómeno social y construcción intelectual autónomo. Aunque bastante antropólogos sostienen en la actualidad,contra la opinión dominante hasta principios de siglo, que existe cierta distinción en la mentalidad primitiva entre esas diferentes clases de normas, lo cierto es que, en todo caso, fueron los investigadores occidentales u occidentalizados quienes, aplicando los métodos de análisis de nuestra mentalidad, han procurado descubrir el derecho en esos ordenamientos primitivos en el sentido que nosotros damos a esta palabra.
A veces, no es sólo un problema de configuración técnica de las normas, sino una perspectiva totalmente distinta de la occidental lo que nos sorprende en esos pueblos. Es característico el caso de la china tradicional. Como es notorio, este país posee desde tiempos muy remotos un alto nivel cultural y constituye una de las grandes civilizaciones mundiales; su mentalidad es eminentemente racionalista. La sociedad debe estar regulada por ritos, normas de conducta basadas en la convivencia social. Si surge un conflicto de intereses, las partes han de esforzarse en solucionarlo pacíficamente por medio de negociaciones y compromisos. No llegar a esa solución es un fallo en la conductas que perturba el orden social, precisamente porque obliga a intervenir a los tribunales y a aplicar las leyes, es decir, a poner en marcha el aparato jurídico, y esto es un mal que todo ciudadano debe evitar. La consecuencia, sorprendente para nosotros, es que un proceso que llamaríamos civil, traía como consecuencia encarcelar al demandante, al demandado y, a veces, hasta a los testigos. No menos extraño nos resulta el hecho de que las leyes no eran publicadas ni su contenido debía divulgarse, precisamente para evitar que su conocimiento alentase a los particulares a iniciar procesos o a defender enérgicamente sus derechos impidiéndoles llegara una transacción. pero el conocimiento de la ley tampoco les habría servido de mucho, pues, en China, las leyes no tenían el carácter estrictamente vinculante para el juez que nos es familiar en Occidente. Eran más bien orientaciones y consejos que no impedían que el juez decidiera como estimase más justo en cada caso concreto.
En la actualidad, el examen de esos sistemas no sólo es útil para ampliar nuestro horizonte espiritual y evitar que consideremos la visión "occidental" de las cosa como la única "civilizada", sino que plantea un interesante problema. Todo esos sistemas tradicionales han experimentado, a causa de la expansión europea, el impacto de nuestros sistemas jurídicos y, en general, de nuestra mentalidad. La independencia de los antiguos pueblos coloniales, el triunfo del socialismo en alguno de ellos, como China, y la urgencia del desarrollo económico hicieron que en muchos de esos países se produjese el deseo de armonizar al menos ciertos casos de sus derechos tradicionales con las ideas importadas de Occidente. Se trata de interesantes experiencias en el campo del Derecho, e incluso, en general, en el de las influencias recíprocas entre civilizaciones.
Como ejemplo de uno de estos derechos no occidentales trataremos brevemente del derecho musulmán. Este representa un modelo de derecho religioso, es decir, que se apoya íntegramente en un sistema de creencias y prácticas de una religión, en este caso la islámica. Más exactamente, lo que llamamos derecho musulmán no es más que un aspecto de aquella religión, el que establece la conducta a seguir por los creyentes, el shar´ .En éste se incluyen indistintamente deberes que en nuestra concepción serían puramente religiosos (como el viaje a la Meca,o practicar diversos ayunos)y los que calificaríamos de jurídicos. Por esta razón sólo se aplica a los musulmanes. Quienes estén fuera del Islam ni pueden ni deben someterse a él.
Como la religión,el derecho musulmán es, en principio, inmutable. Ha sido revelado una vez para siempre. Su primera base es el Corán,-que contiene las revelaciones de Dios a Mahoma-, el cual se completa con la Sunna,compilación de tradiciones relativas a la vida y dichos de Mahoma, Su contenido se fijó en el siglo IX. Como el conjunto de normas sobre la conducta derivado de esta fuentes no era suficiencia para regular la vida del Islam, se acepta también como fuente de derecho la opinión unánime de la comunidad musulmana tal y como es interpretada por los maestros y sabios. Puesto que esta doctrina (Igmá) constituye una interpretación autorizada e infalible del Corán y del a Sunna, estos libros ya no los consulta el jurista musulmán, pues no cabe admitir sobre ellos ninguna opinión personal ni abrir discusión sobre su sentido. Desde el punto de vista práctico, lo único que le interesa es la doctrina. Sin embargo, la fuerza creadora de esta fuente terminó hacia el siglo X, cuando las divisiones dentro del islam hicieron imposible la unanimidad de los doctores. Desde entonces,el derecho musulmán quedó fosilizado. Sólo el reconocimiento de la "analogía" ha permitido cierta labor de adaptación a nuevos casos.
Este sistema cerrado había de plantear graves problemas llegado el momento de su adaptación al mundo moderno. En la actualidad, el Islam representa una comunidad de unos 400 millones de hombres repartidos entre los más diversos países y sometidos a las más opuestas influencias políticas e ideológicas. Existen musulmanes en la Unión Soviética, en Indonesia o Turquía. Pero el problema se ha planteado sobre todo en los países deseosos de conservar su identidad en el Islam, no en los resueltamente laicos como la Unión Soviética o Turquía. Los intentos de solución han sido muchos, desde la tentativa de volver a su primitiva pureza el derecho musulmán (Libia, Arabia Saudita), hasta el de intentar buscar vías para conciliarlo con la mentalidad racionalista y tecnológica de los países de Occidente (Marruecos, Egipto)(43).
LA JUSTICIA EN JAPÓN :
Antecedentes históricos del Sistema de Justicia Penal japonés: Hasta el siglo VI Japón tenía su sistema original y primitivo. En esa época la delincuencia estaba dividida en dos categorías concretamente: delitos del cielo y delitos de la tierra. La primera forma de delincuencia estaba basada en la religión, como podía ser la violación de un tabú religioso. La última era una delincuencia usual como podía ser un delito natural o “malum in se”.
La purificación con dolor era el principal castigo por delinquir. La delincuencia se consideraba la destrucción del orden administrado por Dios. Por lo tanto, el propósito de la pena era calmar la ira de Dios. Sin embargo, también se imponía la pena de muerte por delitos abominables tales como la rebelión.
Todo el poder judicial y fiscal emanaba del Emperador y era empleado por las respectivas familias aristocráticas, de manera que el proceso penal era un proceso inquisitorio en vez de acusatorio. Existía una medida interesante para obtener declaraciones de personas como el demandante y el demandado
llamada "Kukatachi", que era una especie de terrible experiencia para obtener pruebas. La "Kukatachi" era como sigue: tras haber jurado que el demandante y el demandado habían dicho la verdad, se obligaba a ambas partes a buscar a ciegas un objeto de barro cocido o una piedra en un caldero de agua hirviente.
Se dictaba sentencia a favor de la parte cuya mano no hubiese resultado escaldada.
En los siglos VII y VIII Japón importó el sistema de justicia penal chino y pronto, tras haberlo hecho, comenzó a modificar el sistema para la sociedad japonesa. En general, todos los delitos y las penas estaban estipulados en leyes escritas. Las penas principales eran el castigo corporal, los trabajos forzados hasta por tres años, el destierro y la pena de muerte.
Las organizaciones que empleaban el poder judicial, fiscal y policial estaban divididas institucionalmente y los burócratas aristocráticos empleaban su poder según sus respectivas posiciones.
En cuanto al proceso penal, discrepar con un juez y recurrir a un tribunal de mayor rango estaban estipulados. Pero al mismo tiempo estaba también estipulada la tortura.
En el siglo XII, Japón entró en un sistema de dualidad gubernamental en que el Emperador y el ejército Samurai ostentaban el poder. Y entre los siglos XIV y fines del XVI hubo algunos períodos en que ninguna autoridad podía gobernar de manera estable en el Japón.
En el siglo XVII el gobierno del según Tokugawa, un gobernador samurai, dominaba todo el Japón, aunque el Emperador mantenía una condición honoraria como gobernador supremo. El gobierno del según Tokugawa dio autonomía a cada gobierno regional hasta cierto punto dentro de un sistema feudal, aunque siempre tenía su propio sistema de justicia penal y jurídico que se aplicaba en todo el Japón. El proceso penal seguía siendo inquisitorio y la separación de la organización judicial e investigativa era insuficiente, como lo era la ley escrita y entonces se usaba la aplicación análoga de la ley y de la jurisprudencia.
Como lo sabrán ustedes, el actual sistema jurídico japonés es una mezcla de los distintos tipos de sistemas jurídicos del mundo. Es una combinación del Derecho Continental Europeo, del Derecho Angloamericano y del Derecho Japonés original. El actual sistema se estableció al haber experimentado el Japón dos acontecimientos decisivos: el primero en el inicio de la Era Meiji (1868) y el segundo al final de la II Guerra Mundial (1945). En estos momentos estamos experimentando el tercer acontecimiento decisivo principal.
En 1868 se derrumbó el gobierno del según Tokugawa y el gobierno volvió al Emperador. Puesto que el Gobierno Imperial Meiji temía a la colonización impulsada por los países occidentales y emprendió la revisión de los desiguales tratados con ellos, que fueron ratificados al final de la era Tokugawa, procedió de manera resoluta a modernizar, occidentalizar y centralizar el Japón. En consecuencia, se produjeron cambios revolucionarios en el campo de la justicia penal. Se abolieron procedimientos como los de fallar únicamente ante una confesión y se prohibió la tortura. El sistema jurídico en general comenzó a aproximarse a los enfoques occidentales. Japón había estado siguiendo el sistema jurídico francés hasta la década de 1870. Después de esto Japón comenzó a reconocer que el sistema jurídico alemán era más adecuado para Japón, porque Alemania adoptó una monarquía constitucional en aquel momento,a diferencia de Francia, que era república. Por ejemplo, el actual código penal de Japón fue adoptado en 1907 y está basado en el derecho alemán. La Constitución Meiji, que fue adoptada en 1889, estaba también bajo una fuerte influencia de la Constitución alemana.
En cuanto al derecho procesal penal el Gobierno adoptó el Chizaiho en 1880, inspirado en el Código de Procedimientos Penales francés, establecido por Napoleón. En 1890 el Chizaiho fue convertido en el Código de Procedimientos Penales, con algunas enmiendas, y fue el primer sistema de justicia penal integral de estilo occidental adoptado en Japón. En 1922 se adoptó un nuevo Código de Procedimientos Penales bajo la in- fluencia del derecho alemán. Puede decirse que, tras la modernización, el sistema japonés de procedimientos penales estaba basado enteramente en el Derecho Continental Europeo.
Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial se introdujeron diversos conceptos jurídicos americanos en el sistema jurídico japonés con algunas modificaciones. Se observa, por lo tanto, a lo largo de estos períodos, que Japón también trató de desarrollar su sistema y su práctica jurídicos únicos.
Para aclarar la transformación japonesa del sistema de justicia penal, me gustaría explicar, en primer lugar, lo que era el sistema antes de la II Guerra Mundial. En aquel momento Japón adoptó un sistema inquisitorio, así como otros países de derecho civil. Los investigadores tenían la autoridad de realizar una investigación de manera voluntaria, pero utilizaban medidas obligatorias en práctica y esto estaba basado en leyes especiales. Un juez preliminar hacía una segunda investigación (segunda audiencia) tras la investigación inicial por parte de la policía y los fiscales, lo cual comprendía el interrogatorio de la persona sospechosa y la aplicación de medidas obligatorias. El resultado de la investigación preliminar del juez se archivaba en un expediente que contenía en principio todos los archivos relacionados con el caso. El expediente se sometía entonces al tribunal para su examen y entonces el tribunal fijaba una fecha para el juicio.
El proceso se desarrollaba con base en la información que se encontraba en el expediente y en muchos casos el juicio era una mera formalidad que se daba únicamente para confirmar los hallazgos de la investigación por el juez preliminar.
El Sistema de Justicia Penal tras la II Guerra Mundial:La Constitución de Japón,después de la Segunda Guerra Mundial, Japón cambió su marco jurídico en consonancia con las sugerencias del Cuartel General de las Fuerzas Aliadas que estaban ocupando Japón.
En 1947, la Constitución de Japón pasó drásticamente de ser la Constitución Meiji tipo alemán a ser la actual, que tiene una fuerte influencia del sistema de Estados Unidos de América. La nueva Constitución garantiza un sistema democrático de gobierno, el imperio de la ley y los derechos humanos.
La Constitución establecía la separación de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo reside en la Dieta (el Parlamento), el poder ejecutivo reside en el Gabinete y el poder judicial reside en los Tribunales.
Antes de la Segunda Guerra Mundial todos los poderes emanaban del Emperador. Pero conforme a la nueva Constitución este ya no era el caso. El Emperador se convirtió en el símbolo de Japón y de la unidad de su gente, derivándose su posición de la voluntad del pueblo, en el cual reside el poder soberano (Artículo 1). Cada uno de los poderes está controlado y equilibrado por los otros dos.
Los derechos fundamentales de sospechosos y acusados están previstos en los artículos 31 a 40 de la Constitución. Comprenden el debido proceso en derecho (Art. 31); el derecho a acceso a los tribunales (Art. 32); el principio de necesidad de orden emitida por autoridad judicial para medidas obligatorias (Arts. 33-34); la prohibición de aplicación de tortura y castigo cruel (Art. 36); el derecho a un juicio expedito y público por un tribunal imparcial; una oportunidad plena para examinar a todos los testigos y el derecho a obligar a los testigos a presentarse ante el tribunal a pedido del demandado y a expensas del erario público; el derecho a abogado de defensa (Art. 37); el derecho a permanecer en silencio (Art. 38); la prohibición del doble castigo y del doble enjuiciamiento por los mismos hechos(Art. 39); compensación del Estado para personas absueltas tras haber sido arrestadas o detenidas (Art.40) y así sucesivamente. Estos artículos establecen el marco del sistema japonés de justicia penal.
* La reforma del Sistema de Justicia Penal tras la Segunda Guerra Mundial: A fines de la década de 1940 y principios de los años 50 se introdujeron cambios fundamentales en todo el sistema jurídico. De conformidad con la Constitución, la Ley de Organización de Tribunales, la Ley de la Fiscalía y otras leyes importantes fueron adoptadas durante ese período. En 1949 también se modificaron el Código de Procedimientos Penales (en lo sucesivo el «CPP») y el Reglamento de Procedimientos Penales, conforme a la Constitución. Tal como lo explicaré más adelante, el cambio más significativo fue la adopción del sistema contencioso. Este privaba a los tribunales de su poder y responsabilidad en materia de investigación y limitaba el papel del juez a algo similar al de un árbitro.
No obstante, el Código Penal, que fue adoptado en 1908, está aun en vigencia, aunque ha sido objeto de diversas enmiendas.
* En el actual sistema penal desde un punto de vista procesal. Poder investigador:
El cambio más importante en este sentido fue la abolición de una audiencia preliminar conducida por el poder judicial, especialmente por jueces preliminares. El sistema de audiencias preliminares era similar al Sistema Continental Europeo. La autoridad de investigación obligatoria (como el arresto, la búsqueda, la captura, etc.) residía solo en los tribunales y no en agencias investigadoras como la policía y los fiscales en general. Se recogían las pruebas y se realizaban los interrogatorios por medio del ejercicio de poderes judiciales y eran conducidos especialmente por jueces preliminares. Por otra parte, un fiscal no era reconocido meramente como una de las partes en procesos penales, sino como un supervisor de esos procesos.
En este sentido se adoptó el principio de necesidad de una orden para la investigación obligatoria. Esto, por cuanto la intención de trasladar el poder de investigar a las agencias investigadoras no está en darles un poder irrestricto para investigar, sino en darles un poder y una responsabilidad para hacer la investigación bajo un control apropiado por parte del poder judicial. Conforme a este reconocimiento y tomando el arresto como ejemplo de ello, nadie puede ser arrestado sin una orden emitida por un juez. Sin embargo, este no es un principio absoluto; el nuevo CPP permite dos excepciones. Una es la excepción del Flagrante Delito: cualquier persona puede arrestar, sin una orden, a un delincuente que esté cometiendo un delito o que acabe de cometerlo. La otra es la excepción del Arresto de Emergencia cuando hay suficientes motivos para suponer la perpetración de un delito castigado con la pena de muerte o con la prisión perpetua con o sin trabajo, o con prisión por un máximo de tres años o más y, además,por razones de urgencia no es posible obtener una orden de arresto por parte de un juez, un fiscal, un funcionario asistente de un fiscal o un funcionario de la policía judicial puede arrestar al sospechoso tras notificarle acerca de las razones que motivan el arresto. En tales casos se pondrá en marcha de inmediato el procedimiento para obtener una orden de arresto de un juez. Cuando no se emite una orden de arresto el sospechoso será liberado inmediatamente. Además, no se emite una orden de arresto a menos que haya causa razonable para creer que el sospechoso cometió el delito supuesto y que es necesario para la investigación del delito tomar tales medidas obligatorias. Estos requisitos, concretamente una causa razonable y la necesidad de tomar tales medidas de fuerza, se aplican también básicamente a todas las medidas obligatorias de investigación, incluidas la búsqueda y la captura. Así, un juez hace una revisión judicial de la investigación obligatoria realizada por la policía, los fiscales y otras agencias investigadoras y ejerce el papel imprescindible de garantizar el debido proceso en la investigación.
Etapa del juicio: antes de la Segunda Guerra Mundial, en el sistema inquisitorio, el tribunal mismo era el responsable de los procesos en juicios penales y de investigar activamente y descubrir los hechos.
Después de la Segunda Guerra Mundial se adoptó el concepto contencioso. Los sistemas contenciosos tienen conceptos amplios y ambiguos y varían de país a país. El sistema contencioso está definido en el diccionario jurídico Black´s [sexta edición] publicado en Estados Unidos de América de la siguiente manera: “La red jurisprudencia de leyes, reglas y procedimientos caracterizados por partes opuestas que litigan, una contra la otra, en búsqueda de un resultado favorable para ellas. En este sistema el juez actúa como letrado independiente en vez de como fiscal; se diferencia del sistema inquisitorio» . Por lo tanto,
el sistema contencioso va con el procedimiento acusatorio en vez de con el inquisitorio.
En Japón, como lo mencioné anteriormente, privaba al tribunal de su poder y responsabilidad de investigación y limitaba el papel del juez a algo similar al de un árbitro. El fiscal y el demandado (incluido el abogado defensor) desempeñan un papel activo en el proceso y son principalmente responsables por la presentación de pruebas para procurar un resultado a su favor.
* La adopción del sistema contencioso dio lugar a otros cambios significativos:
El objetivo de la búsqueda de pruebas está limitado a los hechos que constituyen el delito denunciado.
Por ejemplo, si el fiscal encarta al acusado por el delito de asalto que resulta en muerte de la víctima, el tribunal no puede condenarlo por delitos más graves, tales como el asesinato, aunque el tribunal pueda creer que el acusado tenía la intención de matar a la víctima;Cuando un fiscal emplaza a un sospechoso presentando una acusación ante el tribunal, la acusación debe expresar solo los hechos que constituyen el delito aducido. Sin embargo, no pueden adjuntarse a la acusación materiales de prueba ni puede hacerse referencia a ellos en la acusación para no prejuiciar al juez antes del juicio. Esto está basado en la premisa de que el tribunal debe abordar el primer día del juicio con un criterio totalmente libre de prejuicio, para que se materialice el principio de un juicio imparcial;El fiscal y el demandado (incluido el abogado defensor) son, en principio, responsables por la presentación de pruebas. No es prohibido que un tribunal en sí recoja y examine pruebas, pero esto es sumamente excepcional;Se introdujo la repregunta como método de testimonio de testigos. En el transcurso del testimonio por parte de testigos, los testigos son interrogados principalmente por el fiscal y por el abogado defensor, pero son interrogados de manera complementaria por el tribunal. De hecho, el actual CPP,en sentido contrario, estipula que el juez que preside interrogará a los testigos en general de primero,lo cual refleja la práctica que prevalecía conforme al anterior CPP. Se dice que esta disposición refleja alguna preocupación acerca de la falta de experiencia de los practicantes en aquel momento a la hora de cuestionar a testigos. Sin embargo, pronto se convirtió en práctica un nuevo método de testimonio de testigos y las reglas pertinentes están estipuladas en el Reglamento del Proceso Penal;El derecho de pruebas, como la regla del testimonio de oídas, viene a desempeñar un papel importante en cuanto a la restricción sobre la admisibilidad de las pruebas. La prueba de oídas es testimonio en el tribunal, en el que el testigo da fe de lo que otros le han dicho o de lo que ha escuchado a otros decir, así como de declaraciones cuyo contenido fue dado por el testigo a agencias investigadoras como la policía y la fiscalía en vez de al juez. La regla del testimonio de oídas indica que tal prueba no puede ser utilizada como prueba en el tribunal, puesto que tal testimonio y tales declaraciones no pueden ser verificados mediante repregunta por la otra parte. Habiéndose dicho esto, siempre existe la posibilidad de que tal tipo de prueba sea utilizado en el tribunal si ambas partes están de acuerdo en ello, con base en el concepto del litigio contencioso. Y el CPP de Japón estipula un par de excepciones más a la regla del testimonio de oídas;la ubicación del sitio del fiscal en una sala de juicio ha cambiado. Puesto que anteriormente el fiscal desempeñaba el papel de supervisor del poder judicial, desde el punto de vista del representante del Estado, se sentaba junto al juez, que se sentaba un escalón más arriba que las otras partes, que el demandado y el abogado de la defensa en el juicio. Sin embargo, puesto que un fiscal ha venido a ser una de las partes en un proceso penal, ahora se sienta frente al demandado y al abogado de la defensa.
Este cambio simboliza el cambio en el papel que desempeña el fiscal.
Tal como lo explicaré más adelante, vamos a introducir un sistema de juez no letrado en Japón,que es un cuasi sistema de jurado. Para que el público en general no se cree el prejuicio en contra del demandado como delincuente, proyectamos sentar al demandado junto al abogado de la defensa.
Sin embargo, el Nuevo Sistema Japonés de justicia penal no adoptó el sistema de derecho consuetudinario completamente. Un ejemplo de esto es que no tiene un procedimiento de acusación. Un delito tiene que ser demostrado mediante pruebas aunque el acusado se declare culpable en su juicio. El Artículo 1 del actual CPP estipula que uno de los propósitos de este derecho es el de aclarar los verdaderos hechos del caso. Un tribunal debe ejercer su poder para alcanzar esta meta. Esta es la influencia del sistema jurídico alemán.
De tal manera, el actual CPP puede ser descrito como un híbrido entre el sistema Continental Europeo y el sistema Angloamericano de derecho consuetudinario.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROCESOS PENALES EN JAPÓN:
Ahora explicaré los principios básicos de los procesos penales japoneses. Es muy natural que todos estos procesos concuerden con los estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A. La presunción de inocencia
La condena debe establecerse mediante prueba más allá de duda razonable. La preponderancia de la prueba, que se usa generalmente en procesos civiles, no es suficiente.
La presunción de inocencia hasta la determinación de culpabilidad se aplica en cada etapa del proceso penal y un sospechoso o acusado debe recibir, aun bajo custodia, el tratamiento de un ciudadano corriente.
El fiscal tiene la responsabilidad de probar hechos relacionados con todos los elementos materiales del delito y con factores que son requisito para el castigo, tales como la existencia de una denuncia y el incumplimiento de los términos de la prescripción. En Japón prevalece el principio de in dubio pro reo; esto quiere decir que en caso de duda la presunción obra siempre a favor del acusado. A menos que se prueben de manera afirmativa, se descartan los hechos y se pronuncia una decisión de ausencia de culpa.
Juicios públicos por ley: los juicios deben realizarse y los fallos deben declararse públicamente [Const., Art. 82]. Además,«en todos los casos penales los acusados gozarán del derecho a un juicio pronto y público» [Const.,Art. 37]. Se permiten excepciones en algunos juicios, pero bajo condiciones estrictas. Si un tribunal determina unánimemente que un juicio público sería peligroso para el orden público o la moral pública,podría ser cerrado al público. Sin embargo, los juicios por delitos políticos o por delitos en los que está involucrada la prensa o en los que los derechos del pueblo, tal como están garantizados en el Capítulo III de la Constitución, están en juego (incluida la libertad de expresión y de culto), deben realizarse públicamente [Const., Art. 82].
El tribunal inicia su gestión con un juez o con jueces, un actuario del tribunal y un fiscal presentes [CPP, Art. 282]. Generalmente un tribunal no puede iniciar su gestión si el acusado no está presente [CPP, Art. 286]. El acusado tiene el derecho y la obligación de estar presente. Sin embargo, en algunos casos menores no es necesario que el acusado esté presente o puede ser excusado por el tribunal.
A la luz de la importancia que tienen las actividades del abogado de la defensa, especialmente en el sistema contencioso, en aquellos casos en que el cargo es sujeto de pena de muerte o de prisión por más de tres años, un juicio público no puede iniciarse sin la defensa del abogado de la defensa. Si el acusado no está representado por el abogado de la defensa en un tal caso, el tribunal nombrará ex oficio a un abogado defensor competente [CPP, Art. 289].
Seguridad del acceso público a los procesos penales además de estos principios tal como están establecidos por ley, el acceso público a los procesos penales está garantizado en la práctica. El papel de los medios de comunicación es importante en este sentido. Por ejemplo: en casos mayores, los medios divulgan la programación de los juicios con anticipación, de manera que aquellos que pretenden ver las comparecencias del juicio pueden hacerlo fácilmente. Son fácilmente accesibles en los medios de comunicación al público en general informes rápidos, detallados y regulares de los procesos en tribunales. No solo los resúmenes sino los textos completos de fallos importantes son publicados por los tribunales por medio de periódicos judiciales y de editores comerciales. También se publican por medio del sitio en red que administra cada tribunal,incluida la Corte Suprema, los Tribunales Superiores y los Tribunales Distritales. Sin embargo, no se permite que los procesos judiciales sean televisados para ser vistos públicamente.
En relación con este tema me gustaría recalcar el hecho de que no existe una participación directa por parte del público en general en los procesos penales. A diferencia de Francia, Alemania, Estados Unidos de América y muchos otros países, no se celebran juicios con un jurado o con jueces no letrados en Japón en estos momentos. De hecho, Japón tenía un sistema de jurado para casos penales conforme a la Ley de Juicios con Jurado de 1923, lo cual fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, puesto que tanto el público en general como los acusados preferían un juicio por jueces profesionales que un juicio con jurado, se suspendió en 1943 la Ley de Juicios con Jurado. A pesar de ello, la reforma integral en marcha del sistema jurídico introducirá un sistema de juez no letrado llamado “Saiban-in”,que permitirá al público en general participar en procesos penales, pero solo en casos serios. Además,una víctima del delito o un miembro de su familia será una cuasi parte en los procesos penales. Me referiré más ampliamente a esto más adelante.
ESQUEMA DEL PODER JUDICIAL DE JAPÓN (44)
* Tribunales :
Hay cinco tipos de tribunales en Japón: la Corte Suprema, el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito, El Tribunal de Familia y el Tribunal Sumario.
Al igual que en otros países, hay tres niveles de procesos judiciales penales.
Los tribunales de primera instancia que procesan casos penales son los Tribunales de Distrito (principalmente de jurisdicción general), los Tribunales de Familia (con jurisdicción limitada para casos penales relacionados con adultos en cuanto a violaciones contra el bienestar de niños) y los Tribunales Sumarios (de jurisdicción limitada para casos menores). Una apelación "Koso" contra decisiones por estos tribunales puede ser presentada ante los Tribunales Superiores y una apelación "Jokoku" puede ser presentada ante la Corte Suprema.
Al año 2004 el número total de jueces en los tribunales menores era de aproximadamente 3.200.
La Corte Suprema, situada en Tokio, es el más alto tribunal de Japón y consta de 15 jueces. La Corte Suprema tiene jurisdicción en materia de apelaciones para las apelaciones "Jokoku" y las apelaciones "Kokoku". El Artículo 81 de la Constitución da potestad a la Corte Suprema como tribunal de último recurso para determinar la constitucionalidad de cualquier ley, orden, regulación o acto oficial. La Corte Suprema no ejerce este poder declarando constitucionalidad en una forma general, sino adoptando decisiones aplicables a casos concretos.
Los ocho Tribunales Superiores están situados en las ocho ciudades principales de Japón: Tokio, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo y Takamatsu. Los Tribunales Superiores tienen jurisdicción en cuanto a apelaciones Koso interpuestas contra fallos emitidos por los Tribunales de Distrito, los Tribunales de Familia y los Tribunales Sumarios en casos penales. Normalmente los casos de un Tribunal Superior son vistos por un cuerpo colegiado de tres jueces.
La independencia del Poder Judicial comprende su independencia de influencias desde fuera, así como desde dentro del Poder Judicial.
La Constitución de Japón tiene varias disposiciones para garantizar la independencia judicial,uno de los principios más importantes del gobierno, especialmente la independencia de influencia desde fuera del Poder Judicial.
El Artículo 76 de la Constitución japonesa inviste todo el Poder Judicial en la Corte Suprema y en los otros tribunales menores. No puede dotarse a tribunal, órgano o dependencia alguno o alguna del Poder Ejecutivo de poder jurídico definitivo [Constitución, Art. 76]. Todos los casos penales son vistos y determinados, sin excepción, por tribunales judiciales ordinarios. El poder de establecer las normas está investido en la Corte Suprema [Constitución, Art. 77]. De tal manera, todos los tribunales de Japón están incorporados en un sistema judicial nacional unitario.
La Constitución otorga el poder de establecer normas a la Corte Suprema, así como le otorga autoridad para la administración judicial, mientras que antes de la Segunda Guerra Mundial esta autoridad había sido administrada por el Ministro de Justicia. Por lo que respecta a la administración judicial, la Corte Suprema es la que nombra y despide a todos los funcionarios fuera de los jueces y administra los asuntos financieros y de otra índole de los tribunales. Para ocuparse de los asuntos de la administración judicial la Secretaría General y otras dependencias están adscritas a la Corte Suprema.
Por otra parte, el Artículo 81 de la Ley sobre Organización de Tribunales estipula que el poder de supervisión de la administración judicial no influirá en el poder jurídico de los jueces ni lo restringirá.
Esto está relacionado principalmente con la independencia judicial de influencias internas.
* Los jueces:
Conforme a la Constitución, todos los jueces de tribunales menores son nombrados por el gabinete con base en una lista de personas postuladas por la Corte Suprema.
Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el gabinete, excepto por el Presidente de la Corte Suprema, que es nombrado por el Emperador como designado del gabinete. El nombramiento de los jueces es revisado por el pueblo en la primera elección general de miembros del Congreso tras su nombramiento.
Una vez que han sido nombrados, los jueces pueden prestar sus servicios hasta su jubilación, que es de 65 años de edad para los jueces de los tribunales menores y de 70 años de edad para jueces de la Corte Suprema y jueces del Tribunal Sumario. Se renueva el nombramiento de los jueces automáticamente cada diez años, a menos que se les declare judicial, mental o físicamente incompetentes para realizar sus tareas oficiales o que sean acusados públicamente.
Ningún órgano ejecutivo o dependencia ejecutiva puede tomar acción disciplinaria contra jueces.
Este poder reside solo en el Tribunal de Acusaciones, un cuerpo legislativo compuesto por diputados y consejeros pertenecientes al congreso bicameral. Como uno de los tres mecanismos de control entre los tres poderes del gobierno está el poder del Tribunal de Acusaciones de despedir a un juez o a una jueza si muestra negligencia hasta un grado notable en la realización de sus funciones o si ha habido conducta indebida de su parte, esté o no relacionada con las funciones oficiales.
De tal manera, el sistema de nombramiento de jueces, el sistema de acusación contra jueces, etc.,arriba mencionados, garantizan la independencia de cada juez individualmente. La independencia de los jueces es de gran importancia, así como lo es la independencia del Poder Judicial.
Hay tres categorías principales de jueces en términos de funciones de tribunales: jueces de la Corte Suprema, jueces de los tribunales menores y jueces de los tribunales sumarios.
Los jueces de los tribunales menores están divididos en jueces titulares y jueces suplentes. El término «juez de los Tribunales Menores» en la Constitución comprende tanto a los jueces titulares como a los jueces suplentes. Se usa esta distinción en la Ley de Organización de Tribunales para categorizar a los jueces desde el punto de vista de la organización de los tribunales y de las limitaciones de poderes.
Por lo tanto, un juez suplente puede ser llamado juez en el contexto de la Constitución en relación con la protección de su investidura, los procesos judiciales y otros campos más amplios.
El sistema de jueces suplentes pretende facilitar experiencia profesional a la persona por medio de capacitación en funciones como juez suplente antes de que pueda calificarse como juez titular. Los jueces suplentes son nombrados con base en la lista de quienes han sido aprobados en el examen del colegio nacional de abogados, han completado 18 meses de capacitación en el Instituto de Capacitación e Investigación Legales de la Corte Suprema y han sido aprobados en el examen final de calificación.
La autoridad judicial de un juez suplente está restringida durante los primeros cinco años. Ella o él pueden ser jueza o juez suplente de un tribunal de tres jueces, pero como juez individual puede decidir solo asuntos limitados como la detención en la etapa de la investigación. Tras cinco años de experiencia se califica al juez suplente como juez suplente superior (juez suplente especial) para presidir en un juicio en el tribunal de un juez.
Para ser juez titular es necesario tener una experiencia práctica de no menos de diez años como juez suplente, fiscal, abogado en práctica, profesor de derecho en una universidad designada concretamente o una experiencia afín equivalente como lo establecen los reglamentos.
Los jueces que se asignan al Tribunal Superior pueden ser jueces titulares y jueces suplentes superiores calificados, mientras que los jueces asignados a los tribunales de distrito y de familia pueden ser jueces titulares y jueces suplentes tanto superiores como menores.
Los jueces de los tribunales menores pueden ser también asignados a los tribunales de familia y a puestos administrativos en la Secretaría General de la Corte Suprema y ser funcionarios de investigación judicial de la Corte Suprema y profesores de los institutos de capacitación.
En contraste pueden ser nombrados jueces del Tribunal Sumario individuos que no estén calificados como juristas. En la práctica, se nombra principalmente a actuarios ilustrados y con experiencia que son seleccionados por un comité especial de la Corte Suprema. Los jueces suplentes pueden ser nombrados como jueces del Tribunal Sumario después de tres años de experiencia.
Naturalmente, una persona en el papel de juez requiere de un amplio conocimiento de las leyes y de habilidad en la práctica jurídica. Además, necesita un gran conocimiento de muchos temas, un criterio profundo, etc. Los jueces deben igualmente hacer esfuerzos continuos por estudiar y obtener capacitación en funciones. Sin embargo, tal capacitación debería también ser suministrada de manera sistemática por el Poder Judicial para fortalecer la calidad de la judicatura como un todo. Esto no mina su independencia, sino que más bien respalda sus propios esfuerzos individuales.
Los programas continuos de educación profesional e investigación están clasificados según la categoría de los jueces y la asignación de jueces.
Los programas clasificados por la categoría de los jueces comprenden programas de capacitación para jueces suplentes, programas de capacitación para jueces de tribunales sumarios y programas de investigación para jueces. Por ejemplo, respecto de los programas de capacitación para jueces suplentes,ellos reciben capacitación durante el primer año, el segundo año, el tercer año, el sexto año cuando son elegibles para ver casos en un tribunal de un juez y en el undécimo año, cuando obtienen su nombramiento como jueces titulares.
En cuanto a los programas clasificados según la asignación de jueces, se organizan conferencias sobre cada caso civil, penal, administrativo, de delincuencia juvenil y de relaciones domésticas que están viendo en el momento los jueces que participan. En su mayoría estos programas tienen una duración de aproximadamente una semana y se organizan a lo largo del año. Estas conferencias a menudo ofrecen a los participantes charlas sobre nueva legislación y programas de discusión en grupo acerca de cómo aplicar las nuevas leyes y los nuevos reglamentos en la práctica.
Aparte de estos programas hay programas especiales para ampliar el horizonte de los jueces,que comprenden conferencias,discusiones de mesas de expertos y visitas de estudio a entidades pertinentes.
Estos programas especiales se han realizado acerca de temas como el de una sociedad que envejece, el de la urbanización, etc.
EL PAPEL DEL JUEZ EN EL MODELO EUROPEO CONTINENTAL Y EN EL MODELO ANGLOAMERICANO:
El papel del juez en el modelo europeo continental:
Los jueces desempeñan un papel y unas funciones de mucha amplitud en el modelo europeo continental.
En principio, un juez en el modelo europeo continental es una persona que dirige la investigación,descubre hechos y aplica las leyes a los hechos de manera correspondiente. Tiene también la función de decidir sobre la sentencia y de supervisar la ejecución de la sentencia.
Sobre el aspecto de ser investigador, que un juez preliminar conduzca una investigación es algo simbólico. Pero este aspecto no está limitado a jueces preliminares. Por ejemplo en Alemania aunque el sistema de audiencia preliminar se haya abolido y se haya adoptado un sistema de juez investigador,en el que un juez investigador conduce la investigación a solicitud de un fiscal. En este modelo el poder para realizar la investigación penal pertenece al poder judicial.
En cuanto al aspecto de ser alguien que descubre hechos y aplica la ley, en el modelo europeo continental el que una jueza o un juez tenga que investigar el caso y determinar los hechos por sí misma o por sí mismo es un concepto fundamental. Un juez no está ahí solo para evaluar los méritos de los argumentos presentados por las partes en oposición. En este sentido uno de los papeles y una de las responsabilidades fundamentales de un juez consiste en descubrir los hechos.
* El papel del juez en el modelo angloamericano:
En el sentido contrario, el papel del juez en la investigación y en el descubrimiento de los hechos es menor en el modelo angloamericano que en el modelo europeo continental. En un juicio con jurado un juez no dirige la búsqueda de pruebas, sino que solo preside en el juicio. La mayoría de los casos se tramita mediante el procedimiento de comparecencia ante el juez por acusación y el número de casos de juicios con jurado es reducido. De tal manera, es limitado el número de casos en que un juez tiene la función de descubrir hechos. En el modelo angloamericano no se espera que el juez sea un recopilador
profesional de pruebas como lo es un juez en el modelo europeo continental.
Además, la potestad de investigar pertenece al poder ejecutivo, no al poder judicial. Sin embargo,tengo que admitir que un jurado acusador, que hablando de manera sustancial es un ente investigador y un ente procesador, pertenece al poder judicial. Una notificación judicial que es una orden para comparecer a dar testimonio sobre un asunto determinado a una cierta hora y en un cierto lugar es algo que se usa frecuentemente en el transcurso de una verdadera investigación y es emitida por un tribunal. Por lo tanto, un tribunal no está completamente separado de la ejecución de la investigación aun en el modelo angloamericano.
También tiene el juez la responsabilidad de sentenciar y de supervisar la ejecución de la sentencia.
Pictures Provided by Fundación FEDI / Imperial Court in Kyoto
EL PAPEL DEL JUEZ PENAL EN JAPÓN:
Puede darse un gran conflicto entre la necesidad de realizar actividades de investigación y la de garantizar los derechos fundamentales de los sospechosos, etc., en la etapa de la investigación,especialmente cuando la autoridad investigadora necesita imponer medidas firmes de investigación para realizar una investigación eficaz. Se emplean, con frecuencia, medidas firmes de investigación. En esos casos deberían equilibrarse de manera apropiada dos factores: el requerimiento de cumplir con el propósito de la investigación y el requerimiento de garantizar respeto de los derechos humanos. En principio, y como forma de encontrar un equilibrio, en Japón se necesita una orden de un juez para aplicar medidas de investigación firmes como el arresto, la detención y el allanamiento y decomiso, que podrían violar los derechos humanos en cuanto al cuerpo, la residencia y la propiedad. Cuando un juez emite una orden de arresto, detención, allanamiento y decomiso, examina escrupulosamente las pruebas aportadas por la policía o la fiscalía y verifica prudentemente los fundamentos y la necesidad que existen para la emisión de esas órdenes. Además de esto, antes de la emisión de una orden de detención el juez debe entrevistar al sospechoso para decidir si hay fundamento razonable para ello. Si las pruebas son insuficientes para la emisión de una orden el juez tiene la obligación de desestimar la solicitud y de liberar al sospechoso, en el caso de una solicitud de una orden de detención.
De tal manera, por supuesto, investigadores como la policía y los fiscales desempeñan un papel principal en la etapa de la investigación. En contraste con esto y en principio, la tarea de dirigir una investigación no se da al juez.
Los jueces se concentran en realizar verificaciones judiciales acerca de una investigación realizada por una dependencia de investigación, con la excepción en muy raras ocasiones de la conducción de un testimonio antes de un proceso. En este sentido el papel del juez en Japón es significativamente distinto del papel del juez en el modelo europeo continental. En comparación con el papel del juez en el modelo angloamericano y, tomando en consideración la existencia de un jurado y de una orden de comparecencia en ese modelo, el papel del juez en Japón en la realización de actividades independientes en la investigación es extremadamente limitado. Pero la responsabilidad de realizar verificaciones judiciales en cuanto a la investigación, especialmente verificaciones avanzadas, es de gran importancia En relación con la investigación, ciertamente el papel del juez en Japón es similar al del juez en el modelo angloamericano, más que al del juez en el modelo europeo continental. Sin embargo, puesto que tanto en Estados Unidos de América como en Inglaterra y en Gales se practican de manera amplia los arrestos y los allanamientos y confiscaciones sin una orden judicial, las verificaciones judiciales posteriores son más importantes que las verificaciones judiciales previas.
Hasta ahora he puesto énfasis en las verificaciones judiciales previas en la investigación. Sin embargo, también hay verificaciones judiciales posteriores, como la Regla de Exclusión en Japón.
Conforme a precedentes de la Corte Suprema, no deberían admitirse en el proceso pruebas reales cuando hubiesen sido obtenidas mediante allanamientos y capturas en que se hubiesen dado serias violaciones de los requisitos de la orden de allanamiento establecidos por ley. Sin embargo, por lo que respecta a la admisibilidad de tales pruebas debe considerarse también la situación en la que se emplearon los procedimientos ilegales, el grado de violación de la ley y la intención de los investigadores.
La aplicación de esta norma satisface no solo un propósito inmediato, sino que también desalienta las investigaciones ilegales en un futuro.
Cuando un juez está atendiendo un asunto de esta naturaleza y determina la admisibilidad de una prueba, tiene la responsabilidad de considerar cuidadosamente la necesidad de un equilibrio entre dos factores: (1) la búsqueda de la verdad y (2) la garantía de respeto de los derechos humanos viendo que se aplique el debido proceso.
- La responsabilidad de presidir el proceso del juicio:
Es decididamente una responsabilidad fundamental de un juez presidir el proceso del juicio manteniendo un buen orden y realizando un juicio justo y expedito que garantice el debido proceso.
En el sistema acusatorio se reconoce que el fiscal y el acusado (incluido el abogado de la defensa) desempeñan un papel activo en el proceso y son principalmente responsables de la presentación de pruebas para conseguir un resultado favorable para ellos, mientras que el papel del juez se limita a algo similar al de un árbitro deportivo, que parece relativamente pequeño. No obstante, en el sistema acusatorio, en el que aquellos que tienen intereses opuestos discuten enérgicamente, es muy probable que un juicio se torne confuso y sea muy extenso, si se dejan los procedimientos a merced de las partes. Así, aun en el sistema acusatorio el papel y la responsabilidad del juez para presidir un proceso en una forma justa, efectiva y expedita son de gran importancia. Este papel es como el de un presidente.
De tal manera, tanto la facultad de presidir para controlar apropiada y justamente las actividades de ambas partes, como la autoridad para establecer la fecha del juicio pertenecen al tribunal.
En este sentido se aborda a menudo el tema de la realización de un juicio expedito como uno de los mayores problemas en la práctica en Japón. En su mayoría los juicios penales se administran de manera expedita, pero entre los casos complicados que causan gran preocupación en el ámbito público hay algunos que toman una considerable cantidad de tiempo.
Puesto que la tendencia es que los casos complicados comprendan muchos asuntos y una gran cantidad de pruebas que es preciso examinar, es indispensable aclarar los asuntos en disputa en una etapa temprana y evitar extensas discusiones sobre temas irrelevantes y la recepción de testigos innecesarios para que los juicios sean más completos y expeditos. Actualmente no se puede depender ni de los fiscales ni del abogado defensor para concentrarse en temas en disputa y los tribunales no tratan de intervenir activamente. Luego, algunos juicios toman mucho tiempo. Esto tiene que ver principalmente con la ineficacia del actual procedimiento preparatorio. Esto se debe en parte al principio de que el tribunal debe evitar discusiones que puedan pre enjuiciarlo durante los procedimientos preparatorios. Además, no se realizan juicios penales en Japón en días consecutivos; algunas veces habrá intervalos de varias semanas en un juicio. Esta práctica está probablemente relacionada con el ineficaz procedimiento preparatorio actual.
En vista de lo anterior se introducirá un nuevo procedimiento preparatorio presidido por el tribunal a partir de noviembre de 2005. Se aplicará antes de la fecha del primer juicio para aclarar los asuntos en disputa desde una etapa temprana y para evitar extensas discusiones sobre temas irrelevantes y la recepción de testigos innecesarios. También mejorará la revelación de pruebas. Se espera que el tribunal desempeñe un papel más activo en este procedimiento preparatorio. El fiscal y el abogado de la defensa deben cooperar más con el tribunal para la realización de juicios expeditos.
Gracias a la introducción de un nuevo procedimiento preparatorio presidido por el tribunal probablemente se verá fortalecido el grado de intervención del tribunal en la preparación de juicios.
La administración del proceso del juicio pertenece a la autoridad del tribunal, por supuesto que en el sistema inquisitorio y hasta en el sistema acusatorio. El proceso del juicio es presidido por el tribunal y no se deja a merced de las partes incluso en el sistema acusatorio. El tribunal ejerce una fuerte autoridad presidencial en términos de administración de los procedimientos del juicio también en Estados Unidos de América. Sin embargo, en mi opinión, la facultad de presidir ha sido demasiado débil como sistema en Japón, a pesar de que es indispensable para garantizar que el proceso se desarrolle sin contratiempos, aun conforme al concepto acusatorio. Por lo tanto, la introducción de un nuevo procedimiento preparatorio fortalecerá el proceso acusatorio, aunque pueda parecer que corresponde más al sistema inquisitorio.
* Pruebas: el sistema de justicia penal de Japón adoptó el concepto acusatorio básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de un juicio está limitado al hecho que constituye el delito alegado, que es algo que determina el fiscal. El tribunal debe abordar el primer día del juicio con una mentalidad totalmente libre de prejuicio y ser neutral en el transcurso del juicio. En principio el tribunal está jurídicamente comprometido por el delito alegado a la hora de determinar su fallo. Son las partes las principalmente responsables de la presentación de pruebas.
Puesto que el interrogatorio del testigo por la parte opositora es el método primario de obtención de un testimonio por parte de testigos, se ha introducido y conforme a este procedimiento interrogan al testigo principalmente el fiscal y el abogado de la defensa.
Un juez tiene la responsabilidad de ejercer su autoridad de manera correcta para determinar la admisibilidad de pruebas presentadas por las partes y de examinar estas pruebas cuidadosamente. Un juez no tiene la responsabilidad de procurar activamente la verdad más allá del hecho que constituye el delito alegado por el fiscal, sino que solo tiene que determinar si el acusado es culpable o no del delito alegado con base en los hechos.
Sin embargo, el descubrimiento de la verdad es un propósito muy importante de la justicia penal.
El público de Japón, en general, espera que el tribunal castigue correctamente a aquellos que cometen un delito y que llegue a un fallo absolutorio en cuanto a aquellos que son inocentes.
Se da una discusión en Japón en cuanto a si el juez debería sugerir a la fiscalía que enmiende el delito aducido para que refleje los hechos del caso o si solo debería aplicar la ley en cuanto al delito aducido en realidad y absolver al acusado.
En este sentido el Código de Procedimientos Penales dota al tribunal con la autoridad para ordenar a un fiscal que cambie el hecho que constituye el delito aducido y con una autoridad para recolectar y examinar pruebas por sí mismo. Pero si el tribunal extiende el uso y la aplicación de estas disposiciones, esta práctica mina sustancialmente el concepto acusatorio y lleva a la re activación del enfoque inquisitorio.
Por lo tanto, el ejercicio de estos poderes por parte del tribunal debería restringirse y solo permitirse cuando la fiscalía es extremadamente incompetente.
Según precedentes de la Corte Suprema un tribunal no tiene la responsabilidad de ordenar que un fiscal cambie el hecho que constituye el delito aducido. Sin embargo, solo en un caso en que es muy claro que el acusado será declarado culpable si el hecho que constituye el delito aducido se cambia y el delito es muy serio, un tribunal tiene la responsabilidad de instar u ordenar a un fiscal que cambie el hecho que constituye el delito aducido. Esto en casos excepcionales. Pero aunque el tribunal se atreva a ordenar a un fiscal que haga esto, se permite a un fiscal desobedecer la orden porque la principal responsabilidad de un fiscal es decidir cuál es el hecho que constituye el delito por el que se acusa. De tal manera, la responsabilidad del juez se limita en el grado arriba expuesto.
Esta interpretación de la ley parece muy complicada y blandengue. Esto se debe a que esta interpretación refleja directamente la verdadera naturaleza del sistema de justicia penal de Japón, a saber:una mezcla del sistema europeo continental y del sistema angloamericano y es que surge entre los dos un serio conflicto en este sentido.
En cuanto al descubrimiento de hechos innecesario es recalcar que un juez debe seguir el principio de in dubio pro reo y hacer todo lo que pueda para evitar que se declare culpable a un acusado que sea inocente. Esta es una regla estricta de cualquier sistema de justicia penal moderno, sea cual sea el tipo de sistema.
*Sentencia:la responsabilidad de dictar sentencia es probablemente una de las más difíciles y pesadas de las que debe asumir un juez, puesto que tiene un impacto en toda la administración de justicia penal. A pesar de la orientación reglamentaria, dictar sentencia obliga a los jueces individualmente a ejercer su discreción para evaluar la conducta del delincuente.
Sin embargo, los jueces opinan que no debe haber disparidad arbitraria entre casos similares,puesto que el concepto de justicia comprende la paridad en la sentencia. Por lo tanto, los jueces tienden a pensar que los resultados de casos individuales deben corresponder a casos similares en el pasado y en el futuro. En la práctica cotidiana de dictar sentencia, la sentencia concreta para un caso en particular no se selecciona de entre la amplia gama de penas que establece la ley, sino de entre el espectro más bien estrecho de penas que han establecido los precedentes. Así, los jueces tienen estándares no escritos de sentenciado que funcionan como presunta gama de sentencias para un determinado tipo de delito, aunque no hay unos lineamientos de sentenciado, como en el sistema federal de Estados Unidos de América.
Un juez tiene la responsabilidad de dictar una sentencia justa y correcta para el imputado. En Japón ambas partes pueden apelar contra el fallo en primera instancia (apelación Koso)alegando una excesiva severidad o suavidad en la sentencia.
En cuanto a la ejecución de la sentencia, un juez en Japón no tiene la responsabilidad de supervisarla. La supervisa un fiscal. Creo que también esta es una característica japonesa en comparación con otros países.
Por ejemplo, la introducción del sistema acusatorio significa que un procedimiento de juicio está totalmente separado de un proceso de investigación y de su resultado y que se estimula mucho en un juicio la argumentación entre las partes y los procesos orales. En otras palabras, las partes deberían aprovechar el uso de procesos orales. No obstante, en la práctica se presentaba un expediente que comprendía varias declaraciones escritas, sin examen oral alguno de las declaraciones escritas. Se observaba a menudo,en el transcurso del testimonio de testigos y del interrogatorio de un acusado, que un juez hacía la mayor parte de las preguntas al principio y que luego el fiscal y el abogado de la defensa hacían simplemente preguntas suplementarias. Pero estas prácticas han ido desapareciendo gradualmente.
¿Por qué han ido desapareciendo gradualmente? Tomó algún tiempo a quienes trabajaban con la justicia penal comprender realmente el concepto del sistema acusatorio tras su adopción. Una vez que fue comprendido, se estableció el concepto acusatorio en el sistema de justicia penal.
A menudo hablamos del «sistema» inquisitorio y del «sistema» acusatorio. Pero en mi opinión esto no es simplemente un «sistema» sino un «concepto»; una «forma de pensar» o una «cultura». Según quienes practican la justicia penal tenemos que cambiar nuestra visión de las cosas para poder ir al ritmo de la transición.
Además, una vez que se introduzca el sistema acusatorio en el sistema de justicia penal no es aconsejable que unos jueces lo apliquen en sus salas y otros no. De ser así se verán muy confundidos los fiscales y los defensores y se resistirán, entonces, a seguir el concepto acusatorio. Una situación tal será un obstáculo para la aplicación del sistema acusatorio. Una vez que fuera adoptado debería ser plenamente aplicado en todo sitio.
En este contexto, me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene la educación de quienes trabajan con la justicia penal. En Japón quienes pretenden hacerlo, tales como jueces, fiscales o abogados realizando su práctica, tienen que ser aprobados en el examen del Colegio de Abogados, recibir dieciocho meses de capacitación en el Instituto de Capacitación e Investigación Jurídicas de la Corte Suprema y ser aprobados en el examen final de calificación. Esto significa que todos los que practican el derecho reciben la misma calificación y la misma educación que ofrece el Instituto de Capacitación e Investigación Jurídicas. Además, como lo dije anteriormente, los jueces reciben capacitación profesional continua en el mismo instituto, los fiscales reciben capacitación en el Instituto de Investigación y Capacitación del Ministerio de Justicia y otras personas que practican el derecho también la reciben hasta cierto punto.
En esta situación, si los institutos adoptan programas sobre un tema determinado, se diseminarán y compartirán fácilmente información y conocimientos sobre el tema entre quienes están en la práctica del derecho. Aunque la educación no es perfecta esta es una de las mejores maneras de cambiar nuestra mentalidad.
Por último me gustaría comentar acerca del sistema Saiban-in, que se introdujo en 2009.
Se espera que tendrá un gran impacto en el papel del juez en Japón, así como en el sistema de justicia penal japonés. En el sistema Saiban-in, los jueces profesionales y los Saiban-in deliberarán juntos acerca de la culpa, así como de la sentencia. Por lo tanto, los jueces en Japón tendrán dos nuevas tareas, a saber: la responsabilidad de realizar juicios fáciles de entender y la de ofrecer liderazgo en sus deliberaciones.
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