Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/servicio-impuestos-internos-677737645
Timestamp: 2019-11-11 20:25:58
Document Index: 389636295

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Causa nº 203/2017 (Queja). Resolución nº 192600 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 24 de Abril de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 677737645
Rol de Ingreso: 203/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 10047-2016 - C.A. de Santiago
Que comparece B. de la Cruz L.B., abogado, Subdirector Jurídico y en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien deduce recurso de queja en contra de las Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago don H.C.G., doña M.L.M. y don A.R.M., en razón de haber dictado, en autos rol N° 10.047-2016, la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis mediante la cual rechazaron la reclamación de ilegalidad deducida por su parte en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C1162-16, por la que el Consejo para la Transparencia acogió, a su vez, el A. de Acceso a la Información Pública presentado por A.M.M. en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándole entregar la información correspondiente al rol, comuna y fecha de transferencia de los inmuebles transferidos desde el mes de marzo de 2014 a la fecha de la solicitud de información, dentro del plazo que le fija.
Que –según expresa el quejoso- los jueces recurridos incurrieron en manifiesta falta o abuso grave al rechazar la reclamación.
En efecto, en un primer capítulo explica que los falladores contravienen formalmente la ley, pues a pesar de que el texto de la norma contenida en el artículo 35 del Código Tributario es claro y expreso, se apartaron de la misma en la resolución del asunto sometido a su decisión.
Aduce que la sentencia vulnera el artículo 35 del Código Tributario, puesto que la reserva tributaria impuesta por el legislador está establecida en términos absolutos, y añade que ésta encuentra su fundamento en la circunstancia de que se trata de una garantía de resguardo de la información personal que los contribuyentes deben entregar a la Administración Tributaria, cuta titularidad jamás pierden. En consecuencia, y dado que lo pedido es información de propiedades que fueron transferidas en el período que va desde marzo de 2014 hasta la fecha de su entrega, específicamente el rol, comuna y fecha de transferencia, estima que se trata de información o materia calificada de reservada por el citado artículo 35.
Añade que si bien uno de los elementos requeridos por el solicitante, específicamente el rol de las propiedades, es asignado por ese Servicio, no es menos cierto que dichos roles son creados para una finalidad específica, relacionada con la determinación del impuesto territorial, a lo que se añade que el requirente ha pedido, además, información anexa a estos roles, que no depende de las funciones o atribuciones de su parte.
Enseguida subraya que el único propósito que tienen los dates privados de los contribuyentes que su parte posee es determinar, liquidar y girar, cuando procediere, los impuestos que establece la ley y la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, siendo excepcionales los casos en que es procedente facilitar la información, destacando que la publicidad de esta información a terceros, fuera de las vías previstas por la ley, puede afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas.
Indica que, a su juicio, yerran los sentenciadores al considerar que no es aplicable en el caso en estudio la reserva tributaria y, además, que con la entrega de los datos solicitados no se dan a conocer elementos que permitan acceder a personas específicas y determinadas, sus ingresos, fuentes de los mismos o determinación de cargas impositivas, puesto que, al contrario de lo afirmado, con el rol de la propiedad cualquiera puede obtener datos referentes a la dirección del inmueble, así como a la individualización del dueño, bastando consultar el sitio web de Tesorería.
Afirma que con el solo rol del bien raíz se pueden obtener datos personales y destaca, además, que a partir de los antecedentes solicitados en autos se puede obtener información referente a las rentas de las personas, desde que en la inscripción en el Registro de Propiedad en el Conservador de Bienes Raíces consta el monto de la transacción y la forma de pago, es decir, elementos relacionados con la cuantía de las rentas de las personas.
Que enseguida el recurrente manifiesta que los sentenciadores incurrieron en una segunda falta, consistente en una errada interpretación del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 35 del Código Tributarlo, toda vez que, siendo plenamente aplicable al presente caso la causal de reserva allí contemplada, su parte podía excepcionarse legalmente de entregar la información requerida.
Conforme a ello subraya la plena aplicación al caso en examen de la causal de reserva del articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia que su parte invocó. En tal sentido consigna que, habiendo sido publicado el Código Tributario, que consagra la reserva tributaria en comento, con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, debe ser considerado como una norma de quórum calificado, de acuerdo al artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285. Alega que, en consecuencia, tratándose la reserva tributaria del artículo 35 del Código del ramo de una excepción legal a la entrega de la información requerida, al tenor de lo establecido en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, el fallo impugnado es erróneo.
Finalmente, subraya el carácter de norma de derecho público de la disposición que consagra la reserva de que se trata, de lo que se sigue que su interpretación debe ser restringida.
Que el quejoso termina solicitando que se ponga término a los efectos de la grave falta o abuso cometida al resolver que su parte debe cumplir con la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia en causa Rol N° C1162-16, e imponer a los recurridos las sanciones que se estimen adecuadas al abuso cometido.
Que al informar los jueces recurridos expresan que, establecido el marco normativo aplicable, dieron respuesta a todos los planteamientos formulados por la reclamante.
Enseguida detallan cada uno de los argumentos conforme a los cuales desestimaron los diversos capítulos de la reclamación de ilegalidad deducida por el Servicio de Impuestos Internos y precisan, en lo que atañe a aquel referido al deber de reserva tributaria, materia de la queja en análisis, que coinciden con lo decidido por el Consejo para la Transparencia, puesto que, al tenor de lo establecido en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario y en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, no es posible comprender de qué manera la información contenida en el Formulario N° 2890, sobre declaración de enajenación e inscripción de bienes raíces, pueda ser entendida como renta en los términos definidos por el articulo 2 N° 1 del Decreto Ley N° 824, si sólo contiene datos del inmueble, monto del precio, forma de pago, datos del título e inscripción, lo que impide que se configure la causal de reserva alegada, máxime si los antecedentes pedidos no dan cuenta de una utilidad o de un incremento patrimonial para los celebrantes, destacando que sólo cuando tal información sea relacionada con otra que obra en poder del organismo se podrá desarrollar la denominada operación renta.
Añadieron, a mayor abundamiento, que siendo los datos pedidos el rol, la comuna y la fecha de transferencia de inmuebles, sin identificar a las personas que intervinieron en esas operaciones, y que no se dan a conocer elementos que permitan acceder a personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a las fuentes de éstos a o determinar sus cargas impositivas, el secreto alegado queda descartado.
En definitiva, concluyen que la decisión reclamada, al determinar que la información solicitada se encontraba en poder del Servicio de Impuestos Internos y que no se ha configurado ninguna causal de reserva, es legal, fundada, adecuada y correcta.
Por consiguiente, tienen la convicción de no haber cometido falta ni abuso, menos de carácter grave, que amerite corrección por esta vía, pues se trata simplemente de sustentar una determinada tesis jurídica, usando de las reglas de interpretación general que entrega la ley, o sea, ejerciendo la labor propia de los jueces.
Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva...