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Timestamp: 2019-11-12 06:02:18
Document Index: 376111652

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 86', 'artículo 30', 'artículo 49']

Publicado en BOIB núm. 174 de 28 de Noviembre de 2009
TÍTULO I. MEDIDAS RELATIVAS AL SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LAS ILLES BALEARS
Artículo 1 Prórroga de las concesiones
Artículo 3 Requisitos para el otorgamiento
Artículo 5 Unificaciones
Artículo 6 Efectos de la prórroga
Artículo 7 Incumplimiento de las condiciones de las prórrogas
TÍTULO II. DETERMINACIONES EN MATERIA DE URBANISMO
Artículo 8 Modificación de la Ley 4 / 2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares
Artículo 9 Redelimitación por el planeamiento general de Formentera del ámbito de los tres conjuntos históricos de la isla y de sus entornos de protección
Artículo 10 Lesiones patrimoniales derivadas de la aplicación del artículo 9 de la Ley 4 / 2008
Disposición adicional primera Caducidad de las concesiones
Disposición adicional segunda Modificación de la Ley 8/2006
Disposición transitoria única Instrumentos de planeamiento urbanístico en tramitación
--> R Parlamento de las Illes Balears 17 Dic. 2009 (convalidación del DLey 5/2009, de 27 Nov., de medidas relativas al servicio público regular de viajeros por carretera de las Illes Balears y de determinadas disposiciones en materia urbanística)
Véase la Res [BALEARES] del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el D. ley 5/2009, de 27 de noviembre, de medidas relativas al servicio público regular de viajeros por carretera de las Illes Balears y de determinadas disposiciones en materia urbanística («B.O.I.B.» 24 diciembre).
Véase la Res [BALEARES] del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el D. ley 5/2009, de 27 de noviembre, de medidas relativas al servicio público regular de viajeros por carretera de las Illes Balears y de determinadas disposiciones en materia urbanística («B.O.I.B.» 24 diciembre).-->
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, prevé la posibilidad de que el Consejo de Gobierno apruebe normas con rango de ley, mediante decretos-ley. Establece concretamente este artículo que «en caso de necesidad extraordinaria y urgente, el Consell de Govern puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-ley, que no pueden afectar los derechos establecidos en el Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico de éste, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni el ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».
La redacción de este apartado adopta una configuración similar a la definida en el artículo 86.1 de la Constitución. Por un lado, se exige un presupuesto de hecho que lo habilite, en concreto, una «necesidad extraordinaria y urgente», y por otro, se limita la aplicación del decreto-ley, en el sentido de que están vetados de esta vía normativa determinados ámbitos materiales, como los derechos que prevé el Estatuto, el régimen electoral, los presupuestos o las instituciones de la Comunidad Autónoma. Esta configuración determina que sea aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional, expresada en múltiples sentencias, tanto por el presupuesto de hecho que la habilita como por la referencia de la definición de los límites materiales del decreto-ley.
La necesidad extraordinaria y urgente, presupuesto que habilita el decreto- ley, ha sido objeto de sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional - como por ejemplo las sentencias 29/1982, 6/1983, 29/1986 i 23/1993 -, que han moderado los términos legales de esta exigencia, de forma que son constitucionalmente admisibles los decretos-leyes dictados por circunstancias difíciles de prever o en virtud de conjeturas económicas que requieren una respuesta rápida.
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears atribuye en el artículo 30.5 a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la competencia exclusiva -potestad legislativa y reglamentaria y función ejecutiva- del transporte por carretera.
Por todo ello, y con el objetivo de posibilitar la reordenación global del mapa de concesiones de líneas regulares del transporte público de viajeros de las Illes Balears, dando cumplimiento así al PDSTIB, y posibilitar la mejora del servicio, se determina la urgencia de las medidas que se adopten mediante esta disposición legal, que exige un plazo más breve que el que requiere la tramitación parlamentaria de las leyes, tanto por el procedimiento ordinario como por el de urgencia, y, en consecuencia, justifica la utilización del instrumente del decreto ley que prevé el artículo 49 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Así, el primer artículo introduce un nuevo precepto en la Ley 4 / 2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, modificando la actual regulación de las suspensiones de tramitaciones de licencias durante los trámites de formulación o innovación del planeamiento urbanístico. Este nuevo mecanismo permitirá garantizar la consecución de los objetivos municipales pretendidos, ampliando los plazos de suspensión en comparación con los actuales, pero también supone un reforzamiento de la responsabilidad de la administración promotora, que sólo podrá ampliar al máximo los plazos de suspensión en la medida que va superando las diferentes fases de tramitación del plan.
MEDIDAS RELATIVAS AL SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LAS ILLES BALEARS
La Administración competente en materia de movilidad podrá prorrogar, cuando razones de interés público así lo aconsejen, la vigencia de las actuales concesiones de servicio público de transporte regular permanente de viajeros de uso general por un período que, en ningún caso, pueda exceder el 31 de diciembre de 2018.
3. El plan podrá referirse a aspectos como el incremento de la oferta de expediciones, la modificación de los tráficos concesionales -reordenación, nuevos tráficos, unificación concesiones-, material móvil -reducción antigüedad, accesibilidad, recursos energéticos no contaminantes- y otras mejoras -innovaciones tecnológicas, establecimiento bonificaciones billetes, cualquier otra mejora de la calidad del servicio-, de acuerdo con la propuesta del pliego de prescripciones realizada para cada concesión.
Las concesiones actuales, cuyo plazo sea superior al 31 de diciembre de 2018, quedarán extinguidas en esta fecha, de acuerdo con lo que dispone la normativa transitoria del Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.