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Timestamp: 2020-05-26 05:58:19
Document Index: 137701611

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 32', 'Artículo 58', 'artículo 69', 'Artículo 97', 'artículo 117', 'Artículo 133', 'Artículo 133', 'Artículo 150', 'Artículo 150', 'artículo 58', 'Artículo 151', 'Artículo 151', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'artículo 127', 'artículo 5', 'artículo 9']

Ley sobre Navegación Aérea (Ley 48/1960, de 21 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 178210
Ley sobre Navegación Aérea (Ley 48/1960, de 21 de julio)
Publicado en: BOE Num. 176 (1960)
CAPÍTULO I. Disposiciones generales. De la soberanía sobre el espacio aereo, de las leyes aeronáuticas y de las reglas generales para su aplicación - arts. 1 a 7
CAPÍTULO II. De la organización administrativa - arts. 8 a 10
CAPÍTULO III. De las aeronaves. de su definicion, clasificación y nacionalidad - arts. 11 a 19
CAPÍTULO IV. De los docomentos de a bordo - arts. 20 a 27
CAPÍTULO V. Del registro de matrícula de aeronaves - arts. 28 a 33
CAPÍTULO VI. De los prototipos y certificados de aeronavegabilidad - arts. 34 a 38
CAPÍTULO VII. De los aeropuertos y aeródromos - arts. 39 a 47
CAPÍTULO VIII. Requisas, incautaciones y movilización - arts. 48 a 50
CAPÍTULO IX. Servidumbres aeronáuticas - arts. 52 a 54
CAPITUL0 X. Del personal aeronautico - arts. 55 a 66
CAPÍTULO XI. Del tráfico aéreo - arts. 67 a 91
CAPÍTULO XII. Del contrato de transporte
SECCION I. Del transporte de viajeros - arts. 92 a 101
SECCIÓN II. Del transporte de mercancías - arts. 102 a 114
CAPÍTULO XIII. De la responsabilidad en caso de accidente - arts. 115 a 125
CAPÍTULO XIV. De los seguros aéreos - arts. 126 a 129
CAPITUL0 XV. De los cravamenes y de los creditos privilegiados - arts. 130 a 133
CAPÍTULO XVI. De los accidentes, de la asistencia y salvamento y de los hallazgos - arts. 134 a 141
CAPÍTULO XVII. De la policía de la circulación aérea - arts. 142 a 149
CAPÍTULO XVIII. Del transporte privado, de la navegación de turismo y de las escuelas de aviación - arts. 150 y 151
CAPÍTULO XIX. De las sanciones - arts. 152 a 159
TERCERA. Régimen transitorio en materia de autorizaciones
Norma citada en: 1147 sentencias, 127 artículos doctrinales, 273 disposiciones normativas, 4 temas prácticos, 78 resoluciones administrativas, 17 noticias
La Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete autorizó al Gobierno para aprobar y publicar un Código de Navegación Aérea, arreglado a las Bases contenidas en ella. El tiempo desde entonces transcurrido ha originado el nacimiento de nuevas necesidades que requieren una regulación urgente y ha motivado la perdida de actualidad de los criterios en que se inspiraron los preceptos relativos a ciertas materias comprendidas en aquella soberana disposición.
Se juzga necesario en los momentos presentes atender con rapidez a la provisión de normas positivas que presidan el desarrollo y fomento de la Navegación Aérea, dejando para una segunda fase la preparación de otro proyecto comprensivo de las disposiciones penales de aplicación a la misma, aun cuando ello suponga desarrollar sólo parcialmente las disposiciones de la Ley de Bases.
En la presente Ley se ha cuidado de desenvolver, con la fidelidad que permiten las circunstancias que hoy imperan, el mandato de aquella Ley Fundamental, pero implantando una regulación más genérica y flexible, a fin de no estorbar la evolución futura de todo lo relacionado con la Navegación Aérea, ni invadir las facultades reglamentarias de la Administración; también se introducen modificaciones esenciales, como en materia de responsabilidad en caso de accidente, cuya necesidad era una exigencia manifiesta, por resultar ya in suficientes las disposiciones de nuestro Código Civil; lo que obligaba a establecer contractualmente, para el tráfico interno, el sistema de indemnizaciones propio del trafico internacional.
Si, de una parte, razones de urgencia aconsejan el desdoblamiento de materias englobadas en la citada Ley de Bases para desarrollarlas sucesivamente, de otro lado, la inclusión de obligadas innovaciones que la contradicen y perfeccionan requiere, a juicio de la Comisión de Codificación Aeronáutica, que redactó el proyecto, que éste de ajuste a las formalidades propias de una Ley
CAPÍTULO I Disposiciones generales. De la soberanía sobre el espacio aereo, de las leyes aeronáuticas y de las reglas generales para su aplicación Artículos 1 a 7
El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial esta sujeto a la soberanía del Estado español.
Artículo citado en: 2 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
El Estado español, por Tratados o Convenios con otros Estados, ó mediante permiso especial, podrá autorizar el tránsito inocuo sobre su territorio de las aeronaves extranjeras.
El Gobierno podrá fijar las zonas en que se prohiba o restrinja el tránsito de aeronaves sobre territorio español, los canales de entrada y salida en el mismo y los aeropuertos aduaneros.
También podrá suspender total o parcialmente las actividades aéreas en su territorio por causas graves.
Artículo citado en: 6 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas
Se reconoce el derecho de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes a ser resarcidos conforme a los capítulos IX y XIII de la presente Ley, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, los tratados internacionales y el Derecho Comunitario, de los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de su deber de soportar la navegación aérea.
El justo equilibrio entre los intereses de la economía nacional y los derechos de las personas residentes, trabajadoras, propietarias, usuarias de servicios u ocupantes de bienes subyacentes, obligará al Estado, respecto de los aeropuertos de su competencia:
A garantizar que para las personas residentes, trabajadoras, propietarias, usuarias de servicios u ocupantes de bienes subyacentes en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa aplicable. Siempre que se cumplan estos objetivos será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea, sin perjuicio del derecho de los afectados a denunciar los incumplimientos de la normativa aeroportuaria o aeronáutica que pudieran producirse y a recabar su subsanación.
A aprobar planes de acción, que incluyan las correspondientes medidas correctoras, cuando se establezcan servidumbres acústicas que permitan superar los objetivos de calidad acústica en el exterior de las edificaciones, los sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales asociados a aquéllos.
El justo equilibrio entre los intereses en conflicto obligará, asimismo, a la Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario a evaluar continuadamente el impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y, en general, a instar o adoptar las medidas pertinentes para compatibilizar una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
Para cada aeropuerto se creará una Comisión mixta que informará previa y preceptivamente el establecimiento de las servidumbres acústicas y los planes de acción asociados, velando asimismo por su cumplimiento. La Comisión mixta estará formada por un representante del Ministerio de Fomento, un representante del ente gestor correspondiente, un representante del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y tres representantes designados por las Comunidades Autónomas, de los cuales al menos uno deberá representar a los Ayuntamientos afectados.
Artículo 4 modificado por el artículo único de la Ley 5/2010, del 17 de Marzo, publicada en el BOE del 18 de Marzo de 2010.
Artículo citado en: 29 sentencias, 3 artículos doctrinales, 27 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Sin perjuicio de lo estipulado en Tratados o Convenios Internacionales, la presente Ley regulará la navegación aérea nacional en todo caso y la internacional sobre territorios de soberanía española.
A falta de reglas propias en la materia, se estará a las leyes y disposiciones vigentes de carácter común.
La aeronave de Estado española se considerara territorio español cualquiera que sea el lugar o espacio donde se encuentre. Las demás aeronaves españolas estarán sometidas a las leyes españolas cuando vuelen por espacio libre o se hallen en territorio extranjero, o lo sobrevuelen, si a ello no se opusieran las leyes de Policía y seguridad del país subyacente.
A las aeronaves extranjeras, mientras se encuentran en territorio de soberanía española, o en espacio aéreo a ellas sujeto, les serán aplicadas las disposiciones de esta Ley, así como las penales, de Policía y Seguridad pública vigentes en España.
CAPÍTULO II De la organización administrativa Artículos 8 a 10
Artículo 8 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
En cada demarcación existirá el número de aeropuertos que se juzgue necesarios. Los Jefes de estos limitaran sus facultades al área total del aeropuerto y a sus respectivas zonas de recalada, o espacio aéreo que se determine.
CAPÍTULO III De las aeronaves. de su definicion, clasificación y nacionalidad Artículos 11 a 19
Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y tenga o no órganos motopropulsores.
Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
Artículo 11, modificado por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Julio de 2014.
Artículo 11, modificado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Octubre de 2014.
Artículo citado en: una sentencia, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico
Las aeronaves militares, entendiéndose por tales las que tengan como misión la defensa nacional o estén mandadas por un militar comisionado al efecto. Estas aeronaves quedan sujetas a su regulación peculiar.
Las aeronaves no militares destinadas exclusivamente a servicios estatales no comerciales.
Se reputarán aeronaves privadas las demás no comprendidas en el artículo anterior.
Reglamentariamente se establecerán las categorías de esta clase de aeronaves en razón de su empleo o destino.
La inscripción de la aeronave en el Registro de matrícula determina su nacionalidad
Artículo 16 modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Las pertenecientes a personas físicas o jurídicas que disfruten de la nacionalidad española o de alguno de los países miembros del Espacio Económico Europeo.
A instancia del arrendatario, las aeronaves arrendadas a quienes posean la nacionalidad española o de algún país miembro del Espacio Económico Europeo.
Las aeronaves de uso privado pertenecientes o arrendadas a personas físicas o jurídicas de terceros Estados que tengan, respectivamente, su residencia habitual o un establecimiento permanente en España.
Artículo 18 modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 19 modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
CAPÍTULO IV De los docomentos de a bordo Artículos 20 a 27
Las aeronaves llevaran a bordo los siguientes documentos:
Certificación de matrícula en la que constará el título de propiedad.
Licencia de aptitud de cada uno de los tripulantes.
Cuando lleve pasajeros o carga, lista de los nombres de los pasajeros y lugares de embarque y puntos de destino y manifiesto y declaración de carga.
Cualquier otro documento que reglamentariamente pueda exigirse.
Artículo 20, apartado 4 adicionado, pasando el anterior apartado 4 a ser apartado 5, por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo 22 modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Los modelos de los documentos referidos en los artículos anteriores se fijaran reglamentariamente.
CAPÍTULO V Del registro de matrícula de aeronaves Artículos 28 a 33
Bajo la jurisdicción del Ministerio del Aire se establece un Registro de matrícula de aeronaves el cual tendrá carácter administrativo.
Las aeronaves habrán de ser matriculadas necesariamente en dicho Registro especial, y en el se harán constar cuantos actos contratos y vicisitudes en general afecten a la aeronave.
Toda operación que se pretenda inscribir en el Registro deberá constar en documento público o privado según proceda, y requerirá la presentación simultánea del titulo de propiedad a fin de relacionar en este el asiento practicado.
La certificación del Registro de Matrícula sustituye al título de propiedad en caso de extravío o destrucción del mismo y en tanto se expida un duplicado.
Artículo 32 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Para el otorgamiento, calificación e inscripción en el Registro Mercantil, los Notarios y Registradores podrán, baje su responsabilidad, prescindir de la traducción oficial cuando conocieren el idioma en que estén redactados los documentos.
CAPÍTULO VI De los prototipos y certificados de aeronavegabilidad Artículos 34 a 38
Se entiende por prototipo las primeras unidades construidas para comprobar prácticamente la eficacia de una concepción técnica. Las demás unidades del mismo tipo se consideraran en serie.
Aprobado el prototipo, los derechos sobre el mismo se regirán por la legislación de propiedad industrial.
La construcción de aeronaves y motores en serte, así como la de sus accesorios específicos, necesita la garantía de un técnico legalmente autorizado y, en todo caso, el permiso e inspección del Ministerio del Aire, quien podrá suspender la construcción cuando no se ajuste a las condiciones en que fue autorizada.
Artículo modificado por Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo citado en: 4 sentencias, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Se establecerán en los reglamentos requisitos y pruebas para la obtención del certificado o su renovación, así como el plazo de vigencia.
CAPÍTULO VII De los aeropuertos y aeródromos Artículos 39 a 47
Se entiende por aeródromo la superficie de limites definidos, con inclusión en su caso de edificios e instalaciones, apta normalmente para la salida y llegada de aeronaves. El aeródromo será eventual cuando su establecimiento obedezca a necesidades transitorias o sea designado para una utilización particular en circunstancias especiales.
Los aeródromos, por la naturaleza de sus servicios, pueden ser militares o civiles y estos últimos, así como los aeropuertos, públicos o privados.
Se considera aeropuerto todo aeródromo en el que existan de modo permanente instalaciones y servicios con carácter público para asistir de modo regular al trafico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones del material aéreo y recibir o despachar pasajeros o carga.
Artículo citado en: 6 sentencias, 5 artículos doctrinales, 25 disposiciones normativas
Reglamentariamente se clasificaran los aeropuertos y aeródromos según las dimensiones y la índole de tus instalaciones y de las aeronaves que hayan de utilizarlos y el carácter de los servicios que presten.
Normas especiales determinarán los aeropuertos abiertos a1 tráfico internacional por disponer permanentemente de los servicios necesarios para recibir aeronaves procedentes del extranjero o despacharlas con el mismo destino.
Las Administraciones Públicas Territoriales y las personas y entidades particulares nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea deberán obtener una autorización previa, de acuerdo con las condiciones que determine el Ministerio de Fomento, para construir o participar en la construcción de aeropuertos de interés general. En tales casos, podrán conservar la propiedad del recinto aeroportuario y participar en la explotación de las actividades que dentro del mismo se desarrollen en los términos que se establezcan.
Artículo modificado por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Sólo podrá autorizarse a Corporaciones, Entidades o particulares que tengan la nacionalidad española la instalación de aeropuertos o aeródromos privados, que habrán de reunir los requisitos que previamente determine en cada caso el Ministerio del Aire. Todos ellos se someterán a las servidumbres que se establezcan y, a efectos de movilización, dependerán de la Jefatura Militar Aérea en cuya demarcación se encuentren.
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 5 noticias
Los aeródromos y aeropuertos que hayan de utilizar superficies de agua dependientes de distintos Ministerios, serán establecidos previo acuerdo de todos ellos. Las zonas que no sean de utilización indispensable a los servicios de Marina serán atribuidas con carácter exclusivo a la navegación aérea, rigiéndose la disciplina y el servicio de embarcaciones por las disposiciones del Ministerio del Aire, en tanto no contraríen la legislación marítima vigente.
La dirección técnica y administrativa de los aeropuertos y aeródromos públicos incumbe a la Dirección General de Aviación Civil, que establecerá al efecto las correspondientes Jefaturas de aeropuertos, con la organización adecuada a las necesidades que hayan de ser atendidas. Los servicios que, dependientes de otros Ministerios, se hallen instalados en los aeropuertos, habrán de ser coordinados por la Jefatura de los mismos.
CAPÍTULO VIII Requisas, incautaciones y movilización Artículos 48 a 50
El Estado podrá requisar las aeronaves que se encuentren en territorio nacional o incautarse de las mismas, por acuerdo del Consejo de Ministros, siempre que concurran graves motivos de interés público y mediante indemnización. El acuerdo será ejecutado por el Ministerio del Aire.
En los mismos casos y de igual forma que se establece en el artículo anterior, el Estado podrá incautarse de los servicios aéreos de las empresas aéreas extranjeras instaladas en España y de los pertenecientes a españoles dentro o fuera del territorio nacional.
Corresponde al Ministerio del Aire la ejecución de la movilización total o parcial acordada por el Gobierno conforme a la legislación vigente, de Empresas españolas de transporte aéreo, así como la consiguiente militarización del personal y consideración del mismo a las categorías militares pertinentes.
Las aeronaves de las Empresas movilizadas que se empleen para el transporte público no se considerarán aeronaves de Estado.
Cuando lo aconsejen motivos de defensa nacional, orden público o sanitario, el Gobierno podrá limitar la actuación de las Empresas o intervenir la estancia y vuelo de las aeronaves.
CAPÍTULO IX Servidumbres aeronáuticas Artículos 52 a 54
La naturaleza y extensión de dichos gravámenes se determinará mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes en cada momento sobre tales servidumbres.
En caso de urgencia, las servidumbres podrán ser establecidas por el Ministerio del Aire, quedando sin efecto si en el plazo de un año no son confirmadas por el Consejo de Ministros.
Corresponde al Ministerio del Aire el cumplimento de aquellas disposiciones y hacer efectivas dichas servidumbres por sus propios medios, y si éstos fuesen insuficientes, podrá recabar la cooperación y auxilio de otros departamentos ministeriales y autoridades, incluso, si fuese necesario, para la inmediata demolición o desaparición de lo edificado, instalado o plantado contraviniendo la servidumbre de que se trate.
Los daños y perjuicios que se causen en los bienes afectados por las servidumbres a que se refieren los artículos 51 y 53 serán indemnizables, si a ello hubiere lugar, aplicando las disposiciones sobre expropiación forzosa.
CAPITUL0 X Del personal aeronautico Artículos 55 a 66
Artículo citado en: 5 sentencias, 3 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Artículo 58 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, 5 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Artículo modificado por Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.
Artículo citado en: 2 sentencias, una disposición normativa, una noticia
Las funciones de ingeniería propias de la navegación aérea y las de meteorología en organismos y servicios del Estado o en cualquier Empresa concesionaria de tráfico aéreo, serán desempeñadas, respectivamente, por quienes posean el título de Ingeniero Aeronáutico o de Meteorólogo.
Compete al Jefe del Aeropuerto, dentro de su jurisdicción, la coordinación e inspección de todos los servicios del mismo, y dependerá de dicho Jefe el personal afecto a ellos, con arreglo a esta Ley y sus Reglamentos, sin perjuicio de la organización y dependencia técnica administrativa propia de los servicios pertenecientes a otros Ministerios.
Los contratos del personal se regirán por las reglamentaciones especiales, convenios colectivos sindicales o, en su defecto, por las normas comunes de Derecho Laboral Español.
Los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, para ser contratados necesitarán acreditar la concesión de licencia por parte del padre, la madre o tutor, otorgada ante la autoridad competente.
Las licencias del personal técnico aeronáutico expedidas en el extranjero serán revalidadas o reconocidas en España con arreglo a lo dispuesto en Tratados y Convenios internacionales. En su defecto, dicho reconocimiento podrá otorgarse siempre que estén expedidas por autoridades competentes que cumplan los requisitos y condiciones mínimas exigidas en España y, en todo caso, a titulo de reciprocidad.
Podrá también autorizarse el empleo circunstancial de técnicos extranjeros como instructores o asesores del mismo personal español cuando así lo aconseje el mejoramiento o modernización de los servicios y por el tiempo indispensable
El Ministerio del Aire podrá asumir el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que afecten a la disciplina de vuelo, a la seguridad del tráfico aéreo o a los intereses de la defensa nacional.
CAPÍTULO XI Del tráfico aéreo Artículos 67 a 91
Se considera tráfico aéreo regular el prestado para transporte comercial de pasajeros, correo o carga y con arreglo a tarifas, itinerarios y horarios fijos de conocimiento general.
Será trafico aéreo eventual o no regular cualquier otro de carácter comercial no comprendido en el párrafo anterior.
Artículo citado en: una sentencia, un artículo doctrinal, un tema práctico
Será tráfico interior el que se efectúa sobre territorio de soberanía del Estado nacional de la aeronave, y tráfico aéreo exterior el que se realiza en todo o en parte sobre territorio de soberanía de otro Estado. Este tráfico se considera internacional cuando tenga escala en territorio extranjero.
El tráfico de cabotaje comprende todo transporte de pasajeros, carga o correo que se realiza entre lugares de soberanía española, aunque para ello sobrevuele territorio o aguas jurisdiccionales de otro Estado.
Al Ministerio Aire corresponde conceder o autorizar la implantación e iniciación de servicios aéreo, así como ejercer la inspección necesaria para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la concesión o autorización.
Los servicios regulares de tráfico aéreo podrán ser prestados per organismos o personas, previa concesión por un tiempo no superior a quince años, plazo que podrá ser prorrogado.
Los servicios de líneas regulares só1o podrán volar sobre las rutas establecidas en la concesión. Para efectuar servicios extraordinarios se requerirá autorización expresa de la Dirección General de Aviación Civil.
Las concesiones de servicios regulares por líneas determinadas o por redes de rutas se otorgarán a Empresas de nacionalidad española y mediante concurso público salvo que razones de interés nacional o de la propia explotación del transporte, apreciadas en Consejo de Ministros, aconseje otra cosa.
Los concesionarios habrán de ser españoles, poseer medios económicos y técnicos suficientes y asegurar con garantía bastante el pago de las responsabilidades que se originen con ocasión de los servicios durante el tiempo de la concesión.
Cuando el concesionario de un servicio regular sea una persona jurídica, deberán ser igualmente españoles, al menos las tres cuartas partes de su capital y de sus administradores.
El Ministerio del Aire intervendrá en las Empresas concesionarias en la forma y condiciones que determine la propia concesión, con el fin de ejercer la inspección a que se refiere el artículo 69.
La tramitación de las concesiones corresponde al Ministerio del Aire, y su aprobación al Consejo de Ministros.
Para que el Ministerio del Aire otorgue la autorización a que se refiere el artículo anterior será necesario que la Empresa solicitante cumpla las condiciones siguientes
- Que el solicitante sea español, y si se trata de Empresa colectiva, que su capital sea íntegramente nacional, o que la participación de capital extranjero no exceda del 25 por 100 de aquel. Las Sociedades Anónimas emitirán nominativamente todos sus títulos.
- Acreditar que se dispone del material que en cada caso se fije para la prestación del servicio.
- Depositar una fianza cuya cuantía se determinara en cada caso por la Dirección General de Aviación Civil.
- Que el personal directivo y de vuelo de la empresa sea español y reúna las condiciones exigidas en esta ley.
La autorización prevista en los artículos anteriores permitirá realizar el tráfico de carácter interior, con base de partida y llegada dentro del territorio de soberanía española, previa obtención de los permisos técnicos reglamentarios. Para el tráfico exterior será necesaria, en cada caso, autorización especial de la Dirección General de Aviación Civil.
Entre poblaciones enlazadas por líneas regulares de navegación aérea só1o se autorizará el servicio no regular a la Empresa o Empresas concesionarias de dichas líneas. Podrá, no obstante, autorizarse este servicio a Empresa distinta cuando la demanda de pasaje y carga lo aconseje, a juicio de la aeronáutica, y no sea atendida suficientemente por la Empresa de servicio regular. Fuera de este caso excepcional, las Empresas de tráfico no regular únicamente podrán servir las rutas de la línea regular entre puntos es que ésta no tenga escala.
El Ministerio fijará anualmente las tarifas máximas que podrán aplicarse al trafico no regular, que no podrán ser inferiores a las autorizadas para el servido regular.
El Ministerio podrá conceder permiso para vuelos especiales o de ensayo de carácter comercial por plazo máximo de tres meses.
El Estado español tendrá preferencias para adquirir, al término de la concesión, los bienes y derechos afectos al servicio público de transporte aéreo que pertenecieran a Empresas concesionarias.
Toda aeronave que efectúe tráfico internacional habrá de realizar su entrada y salida de territorio español por un puerto aduanero.
Sin embargo, las aeronaves de turismo podrán utilizar, previa
autorización de la Dirección General de Aviación Civil, todos los aeropuertos abiertos a ese trafico, siempre que no alteren su pasaje o carga.
Los servicios aéreos españoles para el tráfico internacional de carácter regular se establecerán mediante convenios con los Estados interesados. Los permisos o concesiones a Empresas extranjeras para efectuar ese mismo tráfico se otorgarán normalmente bajo el principio de reciprocidad y sin perjuicio para los servicios nacionales.
Las aeronaves de Estado extranjeras no podrán volar sobre territorio de soberanía nacional sin previa autorización o invitación, salvo las destinadas al servicio de búsqueda y salvamento, con arreglo a los Convenios especiales.
CAPÍTULO XII Del contrato de transporte Artículos 92 a 114
SECCION I Del transporte de viajeros Artículos 92 a 101
En el contrato de transporte de viajeros el transportista extenderá inexcusablemente el billete de pasaje, que contendrá los siguientes requisitos:
Nombre y dirección del transportista.
Punto de salida y destino.
Clase y precio del transporte.
Fecha y hora del viaje.
Indicación sumaria de la vía a seguir, así como de las escalas previstas.
Cuando el viaje se suspenda o retrase por causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad del mismo, el transportista quedara liberado de responsabilidad, devolviendo el precio del billete.
Si una vez comenzado el viaje se interrumpiera por cualquiera de las causas señaladas en el párrafo anterior el transportista viene obligado a efectuar el transporte de viajeros y equipajes por su cuenta utilizando el medio más rápido posible, hasta dejarlos en su destino, salvo que los pasajeros optasen por el reembolso de la parte proporcional al trayecto no recorrido.
Artículo citado en: 134 sentencias
El pasajero puede renunciar a su derecho a efectuar el viaje, obteniendo la devolución del precio del pasaje en la parte que se determine, siempre que aquella renuncia se haga dentro del plazo que reglamentariamente se fije.
El transportista queda facultado para excluir del transporte a los pasajeros que, por causas de enfermedad u otras circunstancias determinadas en los reglamentos, puedan constituir un peligro o perturbación para el buen régimen de la aeronave.
Artículo 97 modificado por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Marzo de 2011.
Artículo citado en: 8 sentencias, 3 noticias
Cuando el equipaje admitido no sea anotado en el billete se registrará en talón anexo, que deberá contener las indicaciones que reglamentariamente se fijen.
El recibo del equipaje sin protesta del tenedor del talón o billete implica la renuncia a toda reclamación. Los reglamentos determinarán los plazos y forma en que los transportistas podrán enajenar en pública subasta el equipaje abandonado por los pasajeros.
SECCIÓN II Del transporte de mercancías Artículos 102 a 114
El contrato de transporte de cosas sé perfecciona con la entrega de las que sean objeto del mismo al transportista. Éste, sobre la base de la declaración suscrita por el expedidor, extenderá el talón de transporte, en el que obligatoriamente habrán de figurar los requisitos que reglamentariamente se determinen.
El talón constituye prueba plena sobre la existencia del contrato, según los términos contenidos en aquel, y, a su presentación por cualquier persona, el transportista entregará la mercancía previo el cumplimiento de los requisitos aduaneros sanitario u otros administrativos exigibles.
En caso de perdida, extravío o sustracción del talón, el transportista viene obligado a facilitar una copia literal del mismo al remitente o consignatario, previa acreditación de la personalidad. También podrá el transportista entregar la mercancía al consignatario si ofreciese garantías suficientes al efecto.
Las tarifas de transporte de mercancías serán previamente aprobadas por el Ministerio del Aire.
Si por fuerza mayor las mercancías no pueden seguir el itinerario previsto en el talón, el transportista entregará por su cuenta los bultos a una Empresa de transportes para su forma más rápida de conducción, de acuerdo con las instrucciones dadas o que se pidan al expedidor o destinatario.
El transportista no responderá, si el transporte no se efectúa en la fecha y hora previstas, cuando la suspensión o retraso obedezcan a fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad de vuelo. Tampoco vendrá obligado a indemnizar respecto de la carga comercial que haya de reducir por alguna de esas circunstancias.
El transportista esta obligado a entregar la cosa transportada inmediatamente después de la llegada de esta a su destino, previo cumplimiento, en su caso, de los requisitos que exijan los reglamentos. Se considerará perdida la mercancía cuando transcurran los plazos que reglamentariamente se fijen sin efectuar la entrega.
El transportista queda obligado a la custodia de los objetos que se le entreguen para el transporte y responde de su perdida avería o retraso en la entrega por motivo del viaje que no sea consecuencia exclusiva de la naturaleza o vicio propio de las mismas.
El transportista responderá también de la perdida sufrida en caso de echazón necesaria para lograr la seguridad de la navegación.
Cuando no pueda efectuarse la entrega de los objetos transportados porque no se encuentre al destinatario, o porque este se niegue a recibir las mercancías sin consignar protesta por el deterioro que puedan tener las mismas, o porque el destinatario no quiera pagar los gastos de reembolso, transporte u otros que le correspondiesen, el transportista lo comunicara al expedidor. En este caso, el transportista se constituirá en depositario remunerado de las mercancías durante el periodo de un mes, transcurrido el cual, si el expedidor no hubiese dispuesto de ellas aquél las podrá enajenar en pública subasta, con las formalidades que el Reglamento señale, resarciéndose de los gastos y quedando el resto a disposición de los que resulten con derecho a él.
El depósito de las cosas a que aluden los párrafos anteriores puede ser hecho por el transportista, bajo su responsabilidad, fuera de su domicilio.
La recepción de las cosas transportadas sin protesta por el destinatario constituye presunción de que las mercancías han sido entregadas en buen estado, de acuerdo con el contrato de transporte.
En caso de protesta por el destinatario, se hará constar así en el talón de transporte o documento que lo sustituya, debiendo proceder a formalizar en el plazo de ocho días la correspondiente reclamación ante el propio transportista. Si ésta no se verifica en el término dicho, la responsabilidad de aquél se entenderá extinguida.
El expedidor tiene derecho de disposición sobre las cosas objeto del transporte, pudiendo después de haber suscrito o el contrato, de acuerdo con el transportista, retirarlas del aeropuerto de salida o destino, detenerlas en el curso del viaje a un aeropuerto, cambiar el lugar de destino o la persona del destinatario o pedir su retorno al aeropuerto de salida. Los gastos que ocasione el ejercicio de este derecho serán de cuenta del expedidor.
El transportista podrá excluir del contrato de transportes aquellas mercancías que por su mal estado, acondicionamiento o por otras circunstancias graves que los reglamentos señalen puedan constituir un peligro evidente para la navegación.
CAPÍTULO XIII De la responsabilidad en caso de accidente Artículos 115 a 125
A los efectos del presente capítulo, se entenderá por daño en el transporte de viajeros el que sufran éstos a bordo de la aeronave y por acción de la misma, o como consecuencia de las operaciones de embarque y desembarque.
Por destrucción, perdida, avería o retraso de las mercancías y de los equipajes, facturados o de mano.
Por muerte o incapacidad total permanente, tres millones quinientas mil (3.500.000) pesetas
Por incapacidad parcial permanente, hasta el límite de dos millones (12.000.000) de pesetas.
Por incapacidad parcial permanente, hasta el límite de un millón (1.000.000) de pesetas.
Las indemnizaciones respecto a la carga o equipaje facturado o de mano, serán las siguientes:
Por pérdidas o avería en la carga hasta el límite de dos mil setecientas (2.700) pesetas por kilogramo de peso bruto.
Por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, hasta el límite de cincuenta y cuatro mil (54.000) pesetas por unidad.
Por retraso en la entrega de la carga o equipaje facturado, hasta el límite de una cantidad equivalente al precio del transporte.
Si la carga o equipaje facturado o de mano se transporta bajo manifestación de valor declarado aceptado por el transportista el límite de la responsabilidad corresponde a ese valor.
Son indemnizables los daños que se causen a las personas o a las cosas que sé encuentren en la superficie terrestre por acción de la aeronave, en vuelo o en tierra, o por cuanto de ella se desprenda o arroje.
Las indemnizaciones debidas, por aeronave y accidente, tendrán las limitaciones siguientes:
Para aeronaves de hasta 1.000 kilogramos de peso bruto, cinco millones cuatrocientas mil (5.400.000) pesetas.
Cinco millones cuatrocientas mil (5.400.000) pesetas más cuatro mil trescientas veinte (4.320) pesetas por kilogramo que exceda de los 1.00O, para aeronaves que pesen más de l.000 y no excedan de 6.000 kilogramos.
Veintiún millones seiscientas mil (21.600.000) pesetas más dos mil setecientas (2.700) pesetas por kilogramo que exceda de los 6.000, para aeronaves que pesen más de 6.000 y no excedan de 20.000 kilogramos.
Sesenta y cuatro millones ochocientas mil (64.800.000) pesetas más mil seiscientas veinte (1.620) pesetas por kilogramo que exceda de 20.000 para aeronaves que pesen más de 20.000 y no excedan de 50.000 kilogramos.
Ciento ocho millones (108.000.000) pesetas más mil ochenta (1.080) pesetas por kilogramo que exceda de 50.000, para aeronaves que pesen más de 50.000 kilogramos.
Se entiende como peso de aeronave, a los efectos de éste artículo, el máximo autorizado para el despegue en el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave de que se trate.
Las indemnizaciones por muerte o lesiones de personas se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 117, incrementadas en un 20 por 100. Si fuesen varios perjuicios y la suma global de los daños causados excedieran de los límites antes citados, se reducirá proporcionalmente la cantidad que haya de percibir uno.
No obstante, las indemnizaciones debidas por daños a personas gozaran de preferencia para el cobro con respecto a cualquier otra exigible por el siniestro, si el responsable no alcanza a cubrirlas todas.
La razón de indemnizar tiene su base objetiva en el accidente o daño y procederá, hasta los limites de responsabilidad que en este capítulo se establecen, en cualquier supuesto, incluso en el de accidente fortuito y aun cuando el transportista, operador o sus empleados justifiquen que obraron con la debida diligencia.
Artículo citado en: 27 sentencias, un tema práctico
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el transportista u operador responderán de sus propios actos y de los de sus empleados, y no podrán ampararse en los limites de responsabilidad que en este capítulo se establecen si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión suya o de sus dependientes en la que exista dolo o culpa grave. En el caso de los empleados habrá de probarse, además, que estos obraban en el ejercicio de sus funciones.
Si la persona que utiliza la aeronave lo hiciese sin consentimiento del transportista o propietario, responderá aquella ilimitadamente de los daños, y éste subsidiariamente, con los limites establecidos en este capítulo, si no demuestra que le fue imposible impedir el uso licito.
En caso de colisión entre aeronaves los empresarios de ellas serán solidariamente responsables de los daños causados a tercero.
Si la colisión ocurre por culpa de la tripulación de una de ellas, será de cargo del empresario los daños y perdidas, y si la culpa fuese común o indeterminada, o por caso fortuito, cada uno de los empresarios responderá en proporción al peso de la aeronave.
Artículo citado en: 4 artículos doctrinales, un tema práctico
La acción para exigir el pago de las indemnizaciones a que se refiere este capítulo prescribirá a los seis meses, a contar desde la fecha en que se produjo el daño.
Las reclamaciones por avería o retraso de la carga o equipaje facturado deberán formalizarse por escrito ante el transportista obligado dentro de los diez días siguientes al de la entrega o a la fecha en que debió entregarse, conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre el contrato de transporte. La falta de esta reclamación previa impedirá el ejercicio de las acciones correspondientes.
En defecto de Tratado internacional obligatorio para España la responsabilidad en materia de transporte aéreo internacional se regirá por la presente Ley, aplicada con el principio de reciprocidad.
CAPÍTULO XIV De los seguros aéreos Artículos 126 a 129
Los seguros tienen por objeto garantizar los riesgos propios de la navegación que afecten a la aeronave, mercancías, pasajeros y flete, así como las responsabilidades derivadas de los daños causados a terceros por la aeronave en tierra, agua o vuelo.
Será obligatorios el seguro de pasajeros, el de daños causados a tercero, el de aeronaves destinadas al servicio de líneas aéreas y el de las que sean objeto de hipoteca.
No se autorizará la circulación por el espacio aéreo nacional de ninguna aeronave extranjera que no justifique tener asegurados los danos que pueda producir a las personas o cosas transportadas o a terceros en la superficie.
La indemnización por el seguro de la aeronave en caso de siniestro o perdida de la misma será consignada judicialmente, para su entrega a quién corresponda en caso de que aparecieren terceras persones con posible derecho a la expresada indemnización o se hubiese promovido reclamación judicial de preferencia sobre la misma.
Para facilitar al acreedor hipotecario el ejercicio de sus derechos, el Juez ante quien se consigne la indemnización le notificará dicho siniestro, si fuere conocido, según el Registro de aeronaves, y en todo caso sé publicarán edictos en el Boletín Oficial del Estado en tres fechas distintas durante los tres meses siguientes al día en que tuvo lugar dicho siniestro.
CAPITUL0 XV De los cravamenes y de los creditos privilegiados Artículos 130 a 133
Para la plena eficacia administrativa de las transferencias de propiedad de la aeronave, así como los actos a que se refiere el párrafo anterior, será necesario que se haga asiento de los mismos en el Registro de Matrícula, lo que se efectuará mediante certificación o comunicación del Registro Mercantil correspondiente.
El embargo de aeronaves pertenecientes a empresas de tráfico aéreo no producirá la interrupción del servicio público a que estén destinadas. Las autoridades que le decreten pondrán el hecho en conocimiento del Ministerio del Aire.
Se considerarán créditos preferentemente privilegiados sobre la aeronave o sobre la indemnización que corresponda en caso de seguro, y por el orden que se relacionan, los siguientes:
Los créditos por impuestos, derechos y arbitrios del Estado, por la última anualidad y la parte vencida de la corriente.
Los salarios debidos a la tripulación por el último mes.
Los créditos de los aseguradores por las dos últimas anualidades o dividendos que se les adeuden.
Las indemnizaciones que esta Ley establece en concepto de reparación de daños causados a personas o cosas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 119 de esta Ley, párrafo último.
Los gastos de auxilio o salvamento de la propia aeronave accidentada o en peligro.
Para la relación de los demás créditos se estará a lo dispuesto en la legislación común.
Artículo 133, dos últimos párrafos, añadidos por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Su efectos entran en vigor el 1 de septiembre de 2004.
Artículo 133, dos últimos párrafos, añadidos por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en su redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Octubre de 2011.
Artículo citado en: 4 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un tema práctico
CAPÍTULO XVI De los accidentes, de la asistencia y salvamento y de los hallazgos Artículos 134 a 141
Las indemnizaciones debidas por trabajos para el salvamento de personas no podrán exceder, por cada una, de la cuarta parte de las cantidades fijadas en esta Ley para caso de muerte.
En el caso de asistencia o salvamento de aeronaves o mercancías la indemnización no podrá exceder del valor de las mismas o del capital de su seguro.
Se considerará abandonada 1a aeronave o sus restos cuando estuviese sin tripulación y no sea posible determinar su legítima pertenencia por los documentos de a bordo, marcas de matrícula que ostente u otro medio de identificación, o bien cuando el propietario manifieste de modo expreso su deseo de abandonarla.
Artículo citado en: 3 artículos doctrinales, una noticia
Para facilitar propietario el ejercicio de su derecho, se le notificará el hallazgo, si fuese conocido, y en todo caso se publicarán edictos en el Boletín Oficial del Estado, en tres fechas distintas, durante lo tres meses siguientes al día a que tuvo lugar. Transcurrido el plazo de un año desde la fecha de hallazgo sin que concurra reclamación del propietario, se estimará la presunción legal de abandono.
Artículo citado en: 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una noticia
Si la aeronave o sus restos no pudieran conservarse, o hubieren transcurrido los plazos a que se refiere el artículo anterior serán vendidos en pública subasta y su importe quedará en beneficio del Estado, deducidos los gastos y el premio, en su caso.
Disposiciones especiales regularán las obligaciones y funciones sobre ésta materia de autoridades y particulares, el procedimiento a que haya de someterse la investigación y las colaboraciones de carácter internacional que deban admitirse.
Las acciones derivadas de la asistencia y salvamentos prescribirán a los dos años de terminadas las operaciones
CAPÍTULO XVII De la policía de la circulación aérea Artículos 142 a 149
La policía de la circulación aérea abarcara el cumplimiento de cuantos reglamentos, disposiciones y normas permanentes o eventuales tiendan a conseguir una rápida, ordenada y segura circulación de las aeronaves, tanto en vuelo como en tierra.
Las funciones a que se refiere el precedente artículo serán ejercidas, según los casos, por los Jefes de Demarcación aérea, por los Jefes de aeropuerto y por los Comandantes de Aeronaves.
Las disposiciones sobre policía de la circulación aérea y disciplina de vuelo obligan a todas las aeronaves civiles y militares, sin distinción de Categoría o clase.
Toda aeronave seguirá en su vuelo los canales o zonas de navegación que le sean impuestos y respetará las zonas.
Cualquier aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo queda obligada a aterrizar en el aeropuerto que se le indique por la autoridad que vigile la circulación aérea, así como a variar la ruta primitivamente elegida a requerimiento de dicha autoridad.
El Ministro Del Aire por si o mediante concesiones, asumirá la organización de los servicios de telecomunicaciones específicamente aeronáuticas, meteorológicas y de ayuda a la navegación aérea.
La utilización de dichos servicios, igual que la de los aeropuertos, será obligatoria y se ajustará a las condiciones y tarifas que los reglamentos determinen.
CAPÍTULO XVIII Del transporte privado, de la navegación de turismo y de las escuelas de aviación Artículos 150 y 151
Lasaeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de Aviación, las dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las deportivas, quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, en cuanto les sean aplicables, con las excepciones que a continuación se expresan:
Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente con fines recreativos o deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo en los supuestos en los que así se determine expresamente en su normativa específica.
Artículo 150, modificado por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Julio de 2014.
Artículo 150, modificado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Octubre de 2014.
Artículo citado en: una sentencia, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
Aquellas aeronaves de limitados usos, características técnicas y actuaciones, podrán ser exceptuadas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, de los requisitos de inscripción en el Registro de Aeronaves y de la obtención del certificado de aeronavegabilidad a los cuales se refieren, respectivamente, los artículos 29 y 36 de esta Ley. Para tripular estas aeronaves no es exigible el título que requiere el artículo 58 de esta Ley, determinándose por el Ministerio de Fomento, en su caso, las condiciones que deben cumplir los tripulantes para su pilotaje.
Artículo 151 primer párrafo modificado por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 151, primer párrafo, modificado por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Julio de 2014.
Artículo 151, primer párrafo, modificado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Octubre de 2014.
Artículo citado en: 2 disposiciones normativas, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
CAPÍTULO XIX De las sanciones Artículos 152 a 159
Artículo 152, modificado por la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 152 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 9 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
Artículo 153 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 6 sentencias, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 154, modificado por la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 154 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo 155, modificado por la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 155 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo 156, modificado por la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 156 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo 157, modificado por la Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de las cuantías exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 157 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo 158 derogado por la Disposición Derogatoria Única a) de la Ley 21/2003, del 7 de Julio, de Seguridad Aérea, publicada en el BOE del 8 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 7 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Quedan excluidas del Seguro Obligatorio de Viajeros, ampliado por Ley de 26 de septiembre de 1941, las Empresas de transporte aéreo que acrediten tener constituido el correspondiente seguro de viajeros conforme al artículo 127 de la presente Ley, deduciéndose en este supuesto del precio del billete, en el transporte aéreo nacional, el importe de la prima del indicado Seguro Obligatorio.
Quedan derogadas todas las disposiciones que opongan a lo preceptuado en esta Ley.
Se autoriza al Ministerio del Aire para proponer al Gobierno o dictar, en su caso, las disposiciones relativas a la ejecución de la presente Ley.
Disposición citada en: 7 sentencias, un artículo doctrinal, 11 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
En relación con el párrafo 3º del artículo 5º de esta Ley, se declaran expresamente de aplicación a la navegación aérea militar los artículos 8, 11, 17, 34, 38, 45,51 a 58, 61 y 134 y todo otro que en particular así lo disponga.
Las Compañías nacionales de tráfico aéreo que a la publicación de la presente Ley tengan otorgada o autorizada la prestación de servicios aéreos en líneas regulares de tráfico interior o internacional, seguirán en el disfrute de ellas en las mismas condiciones que en la actualidad, hasta que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Aire, considere conveniente renovarlas en los términos que establece el capítulo XI de esta Ley.
En tanto se fijen por el Ministerio del Aire las Demarcaciones a que se refiere el artículo 9º, las mismas coincidirán con las actuales regiones y zonas aéreas.
TERCERA Régimen transitorio en materia de autorizaciones
Disposición transitoria tercera, añadida por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 5 de Julio de 2014.
Disposición transitoria tercera, añadida por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Octubre de 2014.
Real Decreto 102/1984, de 11 de Enero, por el que se bonifica el Impuesto de Compensacion de Gravamenes interiores a la Importacion de Mineral de Hierro y de Mineral prerreducido.
CANJE de Notas entre el Reino de España y la República de Chile sobre el estatus jurídico del Centro Cultural de España en Santiago, Chile, hecho en Santiago de Chile el 9 de enero y 12 de marzo de 2008.
ORDEN 1731/1999, de 9 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas de carácter laboral de las categorías de Técnico Especialista II (Grupo III, Nivel 5, Área E), Técnico Especialista III (Grupo III, Nivel 4, Área E) y Técnico Auxiliar (Grupo IV, Nivel 3, Área E), correspondientes a la...
Real Decreto 1082/2001, de 5 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios, y el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, y se modifican los requisitos para la presentación de declaraciones en euros.