Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-156-de-marzo-10-de-1999-sentencia-c-156?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419195f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 16:04:05
Document Index: 230856138

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﻿ SENTENCIA C-156 DE MARZO 10 DE 1999
SENTENCIA C-156 DE 10 DE MARZO DE 1999
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLES LA "CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS", HECHA EN GINEBRA, EL DIEZ DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (1980) Y SUS CUATRO PROTOCOLOS. Y DE LA LEY 469 DE 1998, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA DICHA CONVENCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE SOBERANÍA DEL ESTADO, OBJETIVOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
•Sentencia C-156 de marzo 10 de 1999
Ref.: Expediente LAT-138
Revisión oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, “por medio de la cual se aprueba la “convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) protocolos.
Se incluye a continuación el texto de la Ley 469 del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) y de la convención y protocolos ya referenciados, el cual fue tomado del ejemplar cuya copia auténtica fue remitida a esta corporación en su oportunidad legal.
“LEY NÚMERO 469 DE 1998
“Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
“Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el 10 de octubre de 1980 con la convención.
“Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra.
“Protocolo III. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias” adoptado el 10 de octubre con la convención.
“Protocolo adicional, considerado como IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995.
Visto el texto de la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez de octubre de mil novecientos ochenta, (1980) y sus cuatro (4) protocolos:
“Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
ART. 1º—Ámbito de aplicación. La presente convención y sus protocolos anexos se aplicarán a las situaciones a que se hace referencia en el artículo 2º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra, incluida cualquiera de las situaciones descritas en el 4º del artículo 1º del Protocolo I adicional a los convenios.
ART. 2º—Relaciones con otros acuerdos internacionales. Ninguna disposición de la presente convención ni de sus protocolos anexos se interpretará de forma que menoscabe otras obligaciones impuestas a las altas partes contratantes por el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.
ART. 3º—Firma. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante un período de 12 meses a partir del 10 de abril de 1981.
ART. 4º—Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 1. La presente convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los signatarios. Cualquier Estado que no haya firmado la presente convención podrá adherirse a ella.
ART. 5º—Entrada en vigor. 1. La presente convención entrará en vigor seis meses después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. Cada uno de los protocolos anexos a la presente convención entrará en vigor seis meses después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado al depositario su consentimiento en obligarse por él, de conformidad con los párrafos 3 o 4 del artículo 4º de la presente convención.
ART. 6º—Difusión. Las altas partes contratantes se comprometen a dar la difusión más amplia posible en sus países respectivos, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, a la presente convención y a sus protocolos anexos por los que estén obligadas y, en particular, a incorporar el estudio de ellos en los programas de instrucción militar, de modo que estos instrumentos sean conocidos por sus fuerzas armadas.
ART. 7º—Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor de la presente convención. 1. Cuando una de las partes en un conflicto no esté obligada por un protocolo anexo, las partes obligadas por la presente convención y por ese protocolo anexo seguirán obligadas por ellos en sus relaciones mutuas.
4. La presente convención y los protocolos anexos por los que una alta parte contratante esté obligada se aplicarán respecto de un conflicto armado contra esa alta parte contratante, del tipo mencionado en el párrafo 4 del artículo 1º del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra:
a) Cuando la alta parte contratante sea también parte en el Protocolo Adicional I y una autoridad como la mencionada en el párrafo 3 del artículo 96 de ese protocolo se haya comprometido a aplicar los convenios de Ginebra y el Protocolo I de conformidad con el párrafo 3 del artículo 96 del mencionado protocolo, y se comprometa a aplicar la presente convención y los pertinentes protocolos con relación a ese conflicto; o
ART. 8º—Examen y enmiendas. 1. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente convención, cualquier alta parte contratante podrá proponer enmiendas a la presente convención o a cualquier protocolo anexo por el que ese Estado esté obligado. Toda propuesta de enmienda será comunicada al depositario, quien la notificará a todas las altas partes contratantes y recabará su opinión sobre la conveniencia de convocar una conferencia para considerar la propuesta. Si una mayoría, que no deberá ser menor de 18 de las altas partes contratantes, conviniere en ello, el depositario convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a todas las altas partes contratantes. Los Estados no partes en la presente convención serán invitados a la conferencia en calidad de observadores, y
2. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente convención, cualquier alta parte contratante podrá proponer protocolos adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no comprendidas en los protocolos existentes. Toda propuesta de protocolo adicional será comunicada al depositario, quien la notificará a todas las altas partes contratantes de conformidad con el apartado 1. a) del presente artículo. Si una mayoría, que no deberá ser menor de 18 de las altas partes contratantes, conviniere en ello, el depositario convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a todos los Estados, y
b) Esa conferencia podrá, con la participación plena de todos los Estados representados en ella, aprobar protocolos adicionales, que se adoptarán de la misma forma que la presente convención, se anexarán a ella y entrarán en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 5º de la presente convención.
3. a) Si, al cabo de un período de 10 años después de la entrada en vigor de la presente convención no se hubiere convocado una conferencia de conformidad con los apartados 1. a) o 2. a) del presente artículo, cualquier alta parte contratante podrá pedir al depositario que convoque una conferencia, a la que se invitará a todas las altas partes contratantes con objeto de examinar el ámbito y el funcionamiento de la presente convención y de sus protocolos anexos y de considerar cualquier propuesta de enmiendas a la convención o a los protocolos anexos existentes. Los Estados no partes en la convención serán invitados a la conferencia en calidad de observadores. La conferencia podrá aprobar enmiendas, que se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el apartado 1. b) supra;
b) Esa conferencia podrá así mismo considerar cualquier propuesta de protocolos adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no comprendidas en los protocolos anexos existentes. Todos los Estados representados en la conferencia podrán participar plenamente en la consideración de tales propuestas. Cualquier protocolo adicional será adoptado de la misma forma que la presente convención, se anexará a ella y entrará en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 5º, y
c) Esa conferencia podrá considerar si deben adoptarse disposiciones respecto de la convocación de otra conferencia a petición de cualquiera alta parte contratante si, al cabo de un período similar al mencionado en el apartado 3. a) del presente artículo, no se ha convocado una conferencia de conformidad con los apartados 1. a) o 2. a) del presente artículo.
ART. 9º—Denuncia. 1. Cualquier alta parte contratante podrá denunciar la presente convención o cualquiera de sus protocolos anexos, notificándolo así al depositario.
ART. 10.—Depositario.
ART. 11.—Textos auténticos. El original de la presente convención con los protocolos anexos, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del depositario, el cual transmitirá copias certificadas conformes del mismo a todos los estados”.
“Protocolo I, sobre fragmentos no localizables. Adoptado con la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecho en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
“Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionara(sic) mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Protocolo I”, sobre fragmentos no localizables. Adoptado con la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecho en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de marzo de 1997.
Artículo I. Protocolo enmendado.
Por el presente artículo queda enmendado el protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), anexo a la convención sobre prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (“la convención”). El texto del protocolo según fue enmendado es el siguiente:
“Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996)”.
ART. 1º—Ámbito de aplicación. 1. El presente protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.
ART. 2º—Definiciones. A los efectos del presente protocolo:
2. Por “mina lanzada a distancia” se entiende toda mina no colocada directamente sino lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas desde un sistema basado en tierra, a menos de 500 metros, no se consideran “lanzadas a distancia”, siempre que se empleen de conformidad con el artículo 5º y demás artículos pertinentes del presente protocolo.
7. Por “bienes de carácter civil”, se entiende todos los bienes que no sean objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 6 del presente artículo.
ART. 3º—Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. 1. El presente artículo se aplica a:
b) Las armas trampa, y
b) En que se recurra a un método o medio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado, o
9. No se considerarán como un sólo objetivo militar diversos objetivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en la que haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil.
c) La disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas, y
ART. 4º—Restricciones del empleo de minas antipersonal. Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que no sea detectable, según se especifica en el párrafo 2 del anexo técnico.
ART. 5º—Restricciones del empleo de minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia. 1. El presente artículo se aplica a las minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia.
a) Esas armas se coloquen en una zona con el perímetro marcado que esté vigilada por personal militar y protegida por cercas u otros medios para garantizar la exclusión efectiva de personas civiles de la zona. Las marcas deberán ser inconfundibles y duraderas y ser por lo menos visibles a una persona que esté a punto de penetrar en la zona con el perímetro marcado, y
a) Están situadas en la proximidad inmediata de la unidad militar que las haya colocado, y
ART. 6º—Restricciones del empleo de las minas lanzadas a distancia. 1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que estén registradas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del anexo técnico.
ART. 7º—Prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos. 1. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados con respecto a la traición y la perfidia, queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear armas trampa y otros artefactos que estén de algún modo vinculados o relacionados con:
i) Monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, o
a) Estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata proximidad, o
ART. 8º—Transferencias. 1. A fin de promover los propósitos del presente protocolo, cada alta parte contratante:
c) Se compromete a ser restrictiva en la transferencia de todo tipo de minas cuyo empleo esté restringido por el presente protocolo. En particular las altas partes contratantes se comprometen a no transferir minas antipersonal a los estados que no estén obligados por el presente protocolo a menos que el Estado receptor convenga en aplicar el presente protocolo, y
ART. 9º—Registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos. 1. Toda la información concerniente a campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos se registrará de conformidad con las disposiciones del anexo técnico.
ART. 10.—Remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos y cooperación internacional. 1. Sin demora alguna tras del cese de las hostilidades activas, se deberá limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y en el párrafo 2 del artículo 5º del presente protocolo, todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
ART. 11.—Cooperación y asistencia técnicas. 1. Cada alta parte contratante se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación del presente protocolo y los medios para la limpieza de minas, y tendrá el derecho a participar en ese intercambio.
ART. 12.—Protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos. 1. Aplicación.
b) La aplicación de las disposiciones del presente artículo a partes en un conflicto que no sean altas partes contratantes no modificará su estatuto jurídico o la condición jurídica de un territorio disputado, bien sea explícita o implícitamente, y
i) Toda fuerza o misión de las Naciones Unidas que desempeñe funciones de mantenimiento de la paz, observación u otras funciones análogas en una zona de conformidad con la Carta de la Naciones Unidas, y
ii) Toda misión establecida de conformidad con el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas y que desempeñe sus funciones en la zona de un conflicto, y
ii) Si es necesario para proteger eficazmente a ese personal, remover o hacer inocuas, dentro de lo posible, todas las minas, armas trampa y otros artefactos de esa zona, y
i) Proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del presente artículo, y
aa) A menos que lo impidan las hostilidades en curso, informar al jefe de la misión acerca de una ruta segura hacia ese lugar, cuando disponga de esa información, o
ii) Toda misión de una organización humanitaria imparcial, incluida toda misión humanitaria imparcial de limpieza de minas, y
iii) Toda misión de investigación establecida de conformidad con las disposiciones de los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y, en su caso, de sus protocolos adicionales, y
a) Respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión, y
ART. 13.—Consultas entre las altas partes contratantes. 1. Las altas partes contratantes se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí con respecto a toda cuestión relativa a la aplicación del presente protocolo. A tal efecto, se celebrarán anualmente conferencias de las altas partes contratantes.
c) La preparación de conferencias de revisión, y
e) Medidas adoptadas acerca del intercambio internacional de información técnica, cooperación internacional en materia de limpieza de minas y asistencia y cooperación técnicas, y
ART. 14.—Cumplimiento. 1. Cada una de las altas partes contratantes adoptará todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones del presente protocolo cometidas por personas o en territorios sujetos a su jurisdicción o control.
c) Se conservarán ejemplares de los registros a un nivel de mando que permita garantizar su seguridad en la medida de lo posible, y
i) Nombre del país de origen.
ii) Mes y año de fabricación.
b) Las minas antipersonal producidas antes del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes de su colocación, de manera que no se pueda separar fácilmente, un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea, y
b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas marcadas, según se definen en el artículo 5º del presente protocolo, cumplirán los requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipulados en el apartado a), y
i) Se esforzará por reducir al mínimo, en la medida posible, el empleo de minas antipersonal que no se ajusten a esas disposiciones, y
a) Tamaño y forma. Un triángulo o un cuadrilátero no menor de 28 cm (11 pulgadas) por 20 cm (7.9 pulgadas) para el triángulo y de 15 cm (6 pulgadas) de lado para el cuadrilátero;
b) Color. Rojo o naranja con un borde amarillo reflectante;
c) Símbolo. El símbolo que se da como ejemplo en el modelo adjunto o cualquier otro símbolo fácilmente reconocible en la zona en que haya de colocarse para identificar una zona peligrosa;
d) Idioma. La señal deberá contener la palabra “minas” en uno de los seis idiomas oficiales de la presente convención (árabe, chino, español, inglés, francés y ruso) y en el idioma o los idiomas que se utilicen en la zona, y
e) Separación. Las señales deberán colocarse en torno del campo de minas o la zona minada a una distancia que permita que un civil que se acerque a la zona las vea perfectamente desde cualquier punto.
Artículo II. Entrada en vigor.
El presente protocolo enmendado entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 8º de la convención.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra; anexo a la “convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
Depositario. Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
1. Se entiende por “arma incendiaria” toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco.
2. Se entiende por “concentración de personas civiles” cualquier concentración de personas civiles, sea de carácter permanente o temporal, tales como las que existen en las partes habitadas de las ciudades, los pueblos o las aldeas habitados, o como en los campamentos o las columnas de refugiados o evacuados, o los grupos de nómadas.
3. Se entiende por “objetivo militar”, en lo que respecta a los bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.
4. Se entiende por “bienes de carácter civil” todos los bienes que no son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 3.
5. Se entiende por “precauciones viables” aquellas que son factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso las consideraciones humanitarias y militares.
ART. 2º—Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil. 1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Protocolo III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado con la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
ART. 1º—Protocolo adicional. El siguiente protocolo se anexará como Protocolo IV a la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (“la convención”):
“Protocolo sobre armas láser cegadoras
ART. 1º—Queda prohibido emplear armas láser específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las altas partes contratantes no transferirán armas de esta índole a ningún Estado ni a ninguna entidad no estatal.
ART. 2º—En el empleo de sistemas láser, las altas partes contratantes adoptarán todas las precauciones que sean viables para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista no amplificada. Esas precauciones consistirán en medidas de instrucción de sus fuerzas armadas y otras medidas prácticas.
ART. 3º—La ceguera como efecto fortuito o secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico, no está comprendida en la prohibición del presente protocolo.
ART. 4º—A los efectos del presente protocolo, por “ceguera permanente” se entiende una pérdida irreversible y no corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación. La discapacidad grave equivale a una agudeza visual inferior a 20/200 en ambos ojos, medida según la “prueba de Snellen”.
ART. 2º—Entrada en vigor. El presente protocolo entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º del artículo 5º de la convención”.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Protocolo adición considerado como el IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995); anexo a la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
Santafé de Bogotá, D.C., 31 de marzo de 1997.
ART. 1º—Apruébanse la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
“Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el 10 de octubre de 1980 con la convención;
“Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos” enmendado el 3 de mayo de 1996, en Ginebra;
“Protocolo III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el 10 de octubre con la convención;
“Protocolo adicional, considerado como el IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
“Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el 3 de mayo de 1996, en Ginebra;
“Protocolo adicional, considerado como el IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995, los que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta corporación es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso de la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro protocolos, aprobados en la misma fecha de la convención y los otros dos en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), así como, de la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), aprobatoria de tales instrumentos.
2. Examen de constitucionalidad de la convención, sus protocolos y la ley aprobatoria
2.1. La constitucionalidad en los aspectos formales. Antes de examinar el contenido material de la convención y sus protocolos objeto de revisión, procede la Corte a determinar si en el proceso de formación de la Ley 469 de 1998 se cumplieron los requisitos consagrados en la Constitución para la expedición de este tipo de leyes.
2.1.1. La representación del Estado colombiano en la celebración de la convención. Colombia no intervino directamente en la aprobación y suscripción original de la convención materia de examen. Dicho instrumento internacional, a diferencia de los tratados internacionales corrientes, está sujeto a la adhesión de los países interesados en contar con este instrumento jurídico abierto al depósito de la nota de aceptación, ratificación y adhesión de los Estados.
En el expediente no aparece si el funcionario que actuó a nombre del Estado colombiano y suscribió esa adhesión tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, obra en el mismo confirmación presidencial del texto de la aludida convención, efectuada con anterioridad a sus presentación al Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en el artículo 8º de la Convención de Viena de 1969, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado.
Ese principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, no solo porque el artículo 9º de la Carta Política da especial importancia a los principios del derecho internacional, sino además, porque corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar otros estados y entidades de derecho internacional, tratados o convenios (C.P., art. 189, num. 2º). Es natural entonces, que la confirmación presidencial subsane la falta de representación durante el trámite de suscripción del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo irregularidades en la suscripción del mencionado convenio por el Estado colombiano, menos aún cuando la adhesión a este tipo de instrumentos no requiere el principio, de la verificación de la competencia de las autoridades, en términos de representación diplomática.
2.1.2. Trámite legislativo para la formación de la Ley 469 de 1998. De conformidad con la documentación allegada al proceso, a saber, los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República, se pudo constatar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 469 de 1998, y que alude al proyecto de ley radicado bajo los números 34 de 1997 - Senado y 178 de 1997- Cámara, fue el siguiente:
1. El proyecto de la ley aprobatoria fue presentado al Congreso por el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y del Medio Ambiente, por cuanto se trata de un proyecto de carácter gubernamental (fl. 211).
2. El Proyecto de Ley 34 de 1997 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso 315 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) —págs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12—.
3. El senador Jairo Clopatofsky Ghisays presentó la ponencia para primer debate en la comisión segunda permanente del Senado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 464 del seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) —págs. 1 y ss.—.
4. Dicha comisión aprobó por unanimidad el proyecto de ley el día tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13 senadores, como consta en el acta 10 de la misma fecha, de acuerdo a la certificación expedida por el secretario general de la comisión de fecha el veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1999) —fl. 48—.
5. La ponencia para segundo debate aparece publicada en la Gaceta del Congreso 515 del cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) —págs. 2 y ss.—.
6. El segundo debate del proyecto de ley se surtió en la Plenaria del Senado de la República con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, según consta en certificación suscrita por el secretario general (E) el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), con un quórum de 96 senadores de 101, según Acta Nº 23 de la sesión ordinaria del dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), publicada en la Gaceta del Congreso 554 del dos (2) de diciembre de ese año (fl. 287).
7. El ponente para primer debate en la Cámara de Representantes fue el congresista Guillermo Martínezguerra Zambrano, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 85 del veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) —página 8.
8. El proyecto fue aprobado por unanimidad por los 14 representantes en primer debate en la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara, el día veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), según consta en la certificación expedida por el secretario general de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes, suscrita el veintiocho (28) de septiembre de ese mismo año (acta 16).
9. La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso 94 del ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) —págs. 24 y ss.—.
10. El proyecto de ley fue aprobado en sesión plenaria de la Cámara el dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), con un quórum deliberatorio y decisorio de 129 representantes, según consta en la certificación suscrita por el secretario general de la Cámara el veintinueve (29) de septiembre de ese año (fls. 141 y 142).
11. El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio bajo examen el día cinco (5) de agosto de mil novecientos(sic) (1998).
En este orden, esta corporación considera que no existe reparo alguno en cuanto al trámite legislativo otorgado a la Ley 469 de 1998, toda vez que se inició en el Senado, como corresponde para la aprobación de tratados (C.P., art. 154) y cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 157, 158, 160, 164 y 165 de la Constitución para el trámite de una ley ordinaria —como lo es la que aprueba un tratado internacional— razón por la cual éste se encuentra ajustado en los aspectos formales a los preceptos superiores.
2.2. Examen material de la convención y de sus protocolos
2.1.1. Consideraciones previas. Derecho Internacional Humanitario. Previo al examen material de la convención y los cuatro protocolos objeto de revisión constitucional, es conveniente precisar algunos aspectos relativos al origen de dichos instrumentos.
Ahora bien, el Derecho de Guerra se basa en la regulación de los métodos utilizados por los partes enfrentadas para lograr la rendición del otro, de tal manera que puedan ser compatibles con la dignidad de la persona y su integridad. Y para hacer efectiva esta finalidad, se prohíbe igualmente, el uso de armas o métodos de guerra que puedan ocasionar sufrimientos o pérdidas personales o materiales a los afectados por el conflicto.
Por su parte, el convenio de Ginebra suscrito el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), establece en su preámbulo, dentro de los principios fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario: a) la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades; b) la limitación en el uso de métodos y medios de guerra; c) la protección del medio ambiente natural; d) la cláusula de Martens, según la cual, en los casos no previstos en la convención y en los protocolos, la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública y c) la contribución a la distensión internacional y al desarme, por razones humanitarias.
En efecto, el Derecho Internacional Humanitario busca regular en derecho de las partes en conflicto de escoger libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o que protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto. Principios que están comprendidos en los convenios de La Haya de 1899 y 1907, los cuatro convenios de Ginebra de 1949, los dos protocolos adicionales de 1977, así como en el derecho internacional consuetudinario de los conflictos armados, aplicable en situaciones de conflicto armado en las que sea necesario un grado de protección mayor que el que brinda el derecho internacional de los derechos humanos.
Es así, dentro de este contexto, como surge la organización de las naciones unidas, cuyos objetivos primordiales son el mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad internacional, a través del fomento de las relaciones amistosas entre estados en virtud de la promoción de la cooperación internacional, como también de la adopción de ciertas medidas concretas tendientes a prevenir, eliminar y suprimir amenazas a la paz. De conformidad con lo anterior, no se prohíbe la utilización o tentativa de la fuerza sino sólo en cuanto tal aplicación no sea conforme con los objetivos de la ONU consagrados en la carta fundamental de la organización, es decir, que la fuerza armada es legítima cuando esté al servicio del interés común.
2.2.2. Contenido normativo de la convención y de sus protocolos. El preámbulo de la convención, al cual se aludió con anterioridad, señala los objetivos y las finalidades de ésta y reitera los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, entre ellos, la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades; la limitación en el uso de métodos y medios de guerra; la protección del medio ambiente natural; la cláusula de Martens, según la cual en los casos no previstos en la convención y en los protocolos, la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, y la contribución a la distensión internacional y al desarme.
Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º. 5º y 6º de la convención se refieren al ámbito de aplicación (las situaciones a que se hace referencia en el artículo 2º común a los convenios de Ginebra de doce (12) de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), relativos a la protección de las víctimas de la guerra); las relaciones con otros acuerdos internacionales (en cuanto a que ninguna norma de esta convención se interpretará de forma tal que menoscabe otras obligaciones impuestas a las altas partes contratantes por el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados); firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; entrada en vigor (seis meses después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión), y difusión (de manera amplia en los distintos países, en tiempos de paz o de conflictos armados e incorporación del estudio de la convención y de sus protocolos en los programas de instrucción militar, de modo que sean conocidos por sus fuerzas armadas).
Por su parte, el artículo 7º se refiere a las relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor de la convención, mientras que el artículo 8º consagra los medios para enmendar la convención o sus protocolos, así como el procedimiento para hacer efectiva la enmienda. Así mismo, este precepto dispone que en cualquier momento, después de la entrada en vigor de la convención, una alta parte contratante, podrá proponer protocolos adicionales sobre otras categorías de normas convencionales no comprendidas en los protocolos existentes, los cuales serán considerados en una conferencia a la que serán invitados todos los Estados partes.
El artículo 9º se ocupa de la denuncia de la convención o cualquiera de sus protocolos, mediante la notificación al depositario, la cual sólo surtirá efectos un año después de la recepción de la notificación.
Ahora bien, el Protocolo I, adoptado en la convención, se limita a establecer la prohibición de emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
Este protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o de ríos. El artículo 1º señala como ámbito de aplicación del protocolo, además de las situaciones a que alude el artículo 1º de la convención, aquellas a que se refiere el artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949, es decir los conflictos de orden interno; no obstante, no se aplicará a las situaciones de tensiones y disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
En todo caso, el Protocolo II garantiza la protección de la soberanía de los Estados, y no exime al gobierno del respectivo Estado afectado por un conflicto armado interno, de mantener o restablecer el orden público, defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Además, se prohíbe expresamente la intervención en dichos conflictos, o en los asuntos internos o externos por parte de otros estados, invocando las normas de la convención y el protocolo.
Por su parte, el artículo 2º define lo que se entiende por mina, arma trampa, otros artefactos, bienes de carácter civil, objetivo militar, registro, etc. A su vez, los artículos 3º, 4º, 5º y 6º establecen las restricciones del empleo de minas, armas trampas y otros artefactos, así como del empleo de minas antipersonales que no sean detectables y que no sean lanzadas a distancia, y del empleo de las minas lanzadas a distancia. Igualmente, el artículo 7º señala las prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos.
El artículo 8º consagra el compromiso de cada alta parte contratante de no transferir a otro Estado ningún tipo de minas cuyo empleo esté restringido o prohibido por este protocolo.
Los artículos 9º y 10 se ocupan, de un lado, del registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos, las cuales estarán sometidas a las pautas y demás disposiciones del anexo técnico, y del otro, de la remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
El artículo 11 establece lo concerniente a la cooperación y asistencia técnica entre las altas partes contratantes, y dispone que éstas deberán comprometerse a facilitar el intercambio de equipo, material e información científica y técnica para la limpieza de minas.
De otra parte, se adopta como parte de la convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, el Protocolo III, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias, el cual está conformado por dos artículos, el primero de los cuales define lo que se entiende por arma incendiaria, concentración de personas civiles, objetivo militar, bienes de carácter civil y precauciones viables. Por su parte, el artículo 2º garantiza la protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil, para lo cual prohíbe atacar en todas las circunstancias, a la población civil o a bienes civiles, incluidos los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, con armas incendiarias de toda especie.
El artículo 1º prohíbe emplear o transferir a otro Estado armas láser específicamente concebidas como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, la cual es definida por el artículo 4º del protocolo, como una pérdida irreversible y no corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación.
El artículo 2º señala que en el empleo de sistemas láser, las partes adoptarán precauciones para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista, mediante medidas de instrucción a sus fuerzas armadas. Finalmente, el artículo 3º establece como excepción a la prohibición de que trata el artículo 1º del protocolo, la ceguera ocasionada como efecto fortuito o secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico.
2.2.3. Examen material de la convención y sus cuatro protocolos. La finalidad de la convención suscrita dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, es hacer efectivo el deber de los Estados en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para atentar contra la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Todo ello, no sólo con el objetivo de hacer efectivo el respeto y cumplimiento de los principios que rigen las relaciones internacionales, sino en especial, la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y las consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos y agresiones entre los Estados.
Según se dispone en el preámbulo de la convención, es principio del derecho internacional, que las partes en un conflicto armado tienen en forma limitada, el derecho a elegir los métodos o medios de hacer la guerra, razón por la cual se les prohíbe en tales conflictos, el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de tal naturaleza, que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios.
Todo lo anterior persigue lograr la distensión internacional entre los Estados, la terminación de la carrera armamentista, la instauración de la confianza entre los Estados y, en especial, la realización de la aspiración todos los pueblos a vivir en paz. Para ello, como lo reconoce la convención, se hace indispensable prohibir o restringir, según el caso, aún más el empleo de ciertas armas convencionales, así como poner fin a la producción, el almacenamiento y la proliferación de esas armas.
En desarrollo de los postulados de la convención, se adoptaron en ella —en la misma fecha—, los protocolos sobre fragmentos no localizables (Protocolo I), el protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), el protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III), y el protocolo adicional a la convención sobre armas láser cegadoras (considerado como Protocolo IV). Estos instrumentos desarrollan de manera específica, los objetivos generales de la convención, prohibiendo o restringiendo el uso de minas, armas y otros artefactos en los conflictos armados internacionales o internos, que puedan atentar contra la población civil, los combatientes o los bienes materiales de aquéllos.
Ahora bien, haciendo alusión a la convención y a los cuatro protocolos que son materia de revisión, es preciso advertir que las minas, las armas trampa y otras artefactos pueden afectar a cualquier Estado y persona, generando o bien su muerte o la pérdida de las extremidades interiores o la ceguera. Según cifras de la ONU, anualmente alrededor de 26.000 personas sufren la desgracia de ser víctimas inocentes de un artefacto explosivo; igualmente, se informa por el secretario de esa organización, que hay más de 113 millones de minas sembradas en el mundo y cada año se emplazan entre 2 y 5 millones más. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la remoción total de las minas costaría la astronómica cifra de 33.000 millones de dólares y se necesitarían 1.100 años para conseguir su total erradicación. Los programas de la ONU logran extraer anualmente 85.000 minas, teniendo en cuenta que ese peligro trabajo se hace manualmente.
Para enfrentar este gravísimo problema, se había expedido el artículo 35 del Protocolo Adicional I de 1977, que hace parte del derecho de Ginebra, y éste a su vez del derecho internacional humanitario, disposición que prohíbe el empleo de armas, proyectiles y materiales, así como métodos y medios de guerra y de combate de tal naturaleza, que causen males superfluos o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
No obstante que la norma era clara y su finalidad era buena, los Estados consideraron conveniente poner en vigor una serie de instrumentos específicos para regular, restringir y prohibir el empleo de algunos medios, armas y artefactos de guerra y de combate, como las minas y armas trampa, las armas incendiarias, las armas láser y otros artefactos, que dado su efecto y la gravedad de sus consecuencias, no sólo vienen atentado contra la integridad personal de los partícipes del conflicto armado, así como contra la sociedad civil y los bienes civiles, sino también generando un grave problema de contaminación ambiental.
En efecto, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la corporación, estos convenios, como el que ahora se revisa, hacen parte en sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos puesto que, tanto los tratados de derechos humanos como los convenios de derecho humanitario, son normas de ius cogens que buscan ante todo, proteger la dignidad de la persona humana, garantizada por el artículo 1º de la Carta Política colombiana, como un principio constitucional. Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana, tanto en situaciones de conflictos entre Estados como dentro de éstos.
En este contexto, la convención y sus protocolos, ante la inminente y grave amenaza que constituyen las minas y demás armas y artefactos descritos en ellos para la integridad y la vida de la persona humana, constituyen cabal desarrollo y logran dar efectivo cumplimiento al principio constitucional de respeto de la dignidad humana, (C.P., art. 1º), así como a las finalidades del Estado encauzadas a garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales, a mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica (C.P., art. 2º). Igualmente, a través de estos instrumentos, se busca por parte del Estado colombiano, en los términos del inciso segundo del artículo 2º de la Carta Política, proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
Esta protección de la dignidad y los derechos de la persona en los conflictos armados internos, armoniza plenamente con los principios constitucionales, y en especial, con el valor que funda la institucionalidad colombiana, a saber, el respeto de la dignidad humana y el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., arts. 1º y 5º). Existe entonces, una perfecta coincidencia de finalidades entre la Constitución colombiana y la convención bajo revisión, pues es indudable que la identidad que se deriva de la dignidad humana debe prevalecer sobre las diferencias que enfrentan a los combatientes.
Así mismo, estima la Corte que la convención y sus protocolos, cuya importancia y necesidad está plenamente comprobada y reconocida por la organización de las Naciones Unidas y por sus distintos miembros, al igual que por diversas organizaciones no gubernamentales, busca hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de su dignidad humana, así como a la paz (C.P., art. 22) a la seguridad personal y a circular libremente por el territorio nacional (C.P., art. 24).
Respecto a los protocolos I “sobre fragmentos no localizables”, III “sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, y el IV “sobre armas láser cegadoras”, sus disposiciones son aplicables únicamente en los eventos en que exista una guerra declarada o cualquier otro conflicto armado entre Estados; en caso que se libre una lucha en contra de la dominación colonial; o finalmente, en el evento de una ocupación total o parcial del territorio de uno de ellos. En consecuencia, dado su ámbito de aplicación expresamente señalado en los protocolos, se excluye de su radio de acción cualquier conflicto armado interno.
No obstante, esta corporación(1), con ocasión de la revisión de la declaración sobre las normas relativas a la conducción de hostilidades en los conflictos armados no internacionales, suscrita en Taormina, Italia el 7 de abril de 1990, se pronunció acerca de la obligatoriedad del derecho internacional humanitario en todos los conflictos armados. Sobre este punto, la Corte señaló:
“... la obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las fuerzas armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que —se repite— la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.
Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores armados, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la reciprocidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que “en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, —como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua—, son susceptibles de reserva”(2).
En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo “al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens”(3). Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la fuerza pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas “consideraciones elementales de humanidad”, a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto”.
En consecuencia, a pesar que del contenido y ámbito expreso de aplicación de los citados protocolos —con excepción del Protocolo II— se deduce que sólo rigen para los conflictos de carácter internacional, las reglas sobre la conducción de las hostilidades que en función del principio de proporcionalidad limitan el derecho de las partes a elegir los medios de la guerra con el fin de evitar males superfluos e innecesarios se imponen también en los conflictos de orden interno.
Por lo demás, siguiendo los criterios que se han dejado expuestos, estima la Corte que estos protocolos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto le dan efectividad a los principios consagrados en el artículo 1º de la Carta Política, y logran hacer efectivos los fines del Estado enunciados en el artículo 2º ibídem.
Para la corporación, existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución colombiana y los convenios de derecho internacional humanitario como los que ahora se revisan, puesto que todos ellos se fundamentan en el respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que “las disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados”(4).
Es indudable que el derecho humanitario tiene como principal finalidad, garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana y pretende facilitar un reconocimiento recíproco de los actores enfrentados. Y a su vez, esta humanización de la guerra tiene una especial trascendencia constitucional en la búsqueda de la reconciliación y la paz, que es en el constitucionalismo colombiano, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (C.P., art. 22), lo cual confiere fundamento constitucional a los instrumentos internacionales objeto de revisión.
En relación con el Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, cuyo ámbito de aplicación se extiende tanto a confrontaciones entre estados como a conflictos internos, conviene traer a colación lo expresado por la Corte en la sentencia C-225 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), según la cual:
“en un conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes del conflicto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación del derecho humanitario, sujetos de derecho internacional público, puesto que siguen sometidos al derecho penal interno del Estado respectivo, y pueden ser penados por haber tomado las armas e incurrido en perturbación del orden público. Como dice el jurista chileno Hernán Montealegre, “el derecho humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto a su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza”(5).
Ahora bien, el Estado, como lo reconoce el artículo 1º del Protocolo II, detenta el monopolio jurídico legítimo de la coacción, mientras que los alzados en armas quedan sometidos a las penas previstas en la legislación ordinaria, para delitos como la rebelión o la sedición. En el ordenamiento constitucional colombiano, sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos (C.P., art. 223).
Este principio es complementado por el numeral 4º del artículo 1º del Protocolo II bajo revisión, el cual protege ampliamente la soberanía de los Estados. En efecto, este precepto dispone que no pueden invocarse las disposiciones del presente protocolo “con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”. Esto permite concluir que el Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes.
Cabe agregar, que la aplicación del derecho internacional humanitario no menoscaba la responsabilidad del gobierno de preservar el orden público, por lo cual se mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la fuerza pública, de garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz (C.P., Preámbulo y arts. 2º y 22). Al respecto, esta corporación ya había señalado:
“La organización política tiene como fin primordial la convivencia pacífica. La paz fue uno de los principales fines buscados en el nuevo consenso social, al punto de ser llamado ese cuerpo “la constituyente de la paz”. (Intervención del constituyente Misael Pastrana Borrero ante la plenaria de la asamblea nacional constituyente).
La convivencia pacífica es un fin básico del Estado (C.P., art. 2º) y el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (C.P., art. 22)”(6).
Ahora bien, el Estado en relación con los conflictos que internamente se presentan debe “proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función del régimen constitucional no es suprimir el conflicto —inmanente a la vida en sociedad— sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática”(7).
En este orden de ideas, cabe concluir que en relación con los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica, tal como lo dispone el citado numeral 4º del artículo 1º del Protocolo II, según el cual, “No podrá invocarse disposición alguna del presente protocolo con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”.
De otra parte, el preámbulo de la convención y del Protocolo II incluyen lo que la doctrina internacional ha denominado la cláusula Martens”, esto es, el principio según el cual “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.
Como lo señaló la Corte en la sentencia C-225 de 1995 citada con anterioridad —argumentos que deben ser prohijados en esta oportunidad por tratarse de la misma materia—, en el caso colombiano, la aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto la Constitución señala que “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario” (C.P., art. 214, ord. 2º). Incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no sólo de la cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que “la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
Por su parte, en los protocolos II, III y IV se consagra una de las reglas esenciales del derecho internacional humanitario, a saber, el principio de distinción, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica.
La Corte Constitucional considera que las normas destinadas a proteger a la población civil, armonizan plenamente con la Carta Política, y en particular con la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas (C.P., arts. 1º, 2º y 11), valores que aparecen como uno de los fundamentos esenciales del Estado colombiano. Ya esta corporación había establecido que “independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado”(8).
Igualmente, y respecto a su importancia y efectividad, es necesario precisar que, en atención al informe presentado por el secretario general de la ONU acerca de las cifras tan elevadas y desgarradoras del número de minas colocadas a lo largo del mundo, así como el número de muertos y heridos que han dejado en los últimos años, la comunidad internacional ha tenido que adoptar una serie de medidas encaminadas a enfrentar dicha situación, que en efecto lo hizo en la convención y en los protocolos que se revisan, las cuales a juicio de la Corte, no quebrantan el ordenamiento superior, sino que por el contrario, constituyen un adecuado mecanismo de concreción del mismo.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Corte Constitucional considera que no sólo la Convención de Ginebra de 1980 y los protocolos I, II, III y IV que la desarrollan, coinciden con los valores, principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, por lo cual serán declarados exequibles en la parte resolutiva de esta sentencia, sino que además, su aprobación y ratificación constituyen tanto la obediencia por los poderes constituidos a los mandatos de la Carta, como una garantía para la protección de los derechos humanos, mediante la regularización y humanización de la guerra, externa o interna.
Declarar EXEQUIBLES la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro protocolos: “Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la convención, “Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra; “Protocolo III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la convención; “Protocolo adicional, considerado como IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual se aprobaron estos instrumentos internacionales.
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(2) Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(3) Sentencia C-574 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(4) Sentencia C-178 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(5) Hernán Montealegre. La seguridad del Estado y los derechos humanos. Santiago de Chile: Academia de Humanismo Cristiano, 1979, pág. 563.
(6) Sentencia T-539 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(7) Sentencia C-573 del 27 de octubre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(8) Sentencia T-439 de 1992.