Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-104-2011-ap-navarra-sec-2-rec-87-2010-11-03-2011-10684711
Timestamp: 2017-10-16 22:06:14
Document Index: 203474996

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 39', 'artículo 154', 'artículo 110', 'artículo 154', 'artículo 145', 'artículo 93', 'artículo 142']

Sentencia Civil Nº 104/2011, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 87/2010, 11-03-2011 | Iberley
AP - Navarra
Gonzalez Gonzalez, Ricardo Javier
Sentencia Civil Nº 104/2011, Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2, Rec 87/2010 de 11 de Marzo de 2011
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 28/11/2014
Ponente: Gonzalez Gonzalez, Ricardo Javier
Núm. Sentencia: 104/2011
Núm. Recurso: 87/2010
Núm. Cendoj: 31201370022011100080
S E N T E N C I A Nº 104/2011
D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO
D. RICARDO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ (Ponente)
En Pamplona/Iruña, a 11 de marzo de 2011.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 087/2010, derivado de los autos de adopción de medidas relativas a hijo no matrimonial nº 766/2009 del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Pamplona/Iruña; siendo parte apelante, el demandado, D. Leandro , representado por el Procurador D. IGNACIO SAN MARTÍN CIDRIAIN y asistido por la Letrada Dª MARÍA PILAR GASTÓN SIERRA; parte apelada e impugnante, la demandante, Dª Julieta , representada por la Procuradora Dª Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ CHUECA y asistida por la Letrada Dª MARÍA JOSEFA URTEAGA UNAMUNO; y apelado el MINISTERIO FISCAL.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
SEGUNDO.- Con fecha 17 de octubre de 2009, el referido Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Pamplona/Iruña, dictó Sentencia en los autos de adopción de medidas relativas a hijo no matrimonial nº 766/2009, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
"Que estimando en parte la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martínez Chueca en nombre y representación de Dª Julieta contra D. Leandro representado por el Procurador Sr. San Martín Cidriain debo ACORDAR la adopción de las siguientes medidas personales y patrimoniales:
1. se atribuye la guarda y custodia de la hija menor a la Sra. Julieta sin perjuicio de que ambos padres compartirán el ejercicio de la patria potestad.
2. El Sr. Leandro podrá estar con la menor, en defecto de otro acuerdo entre los padres, los siguientes periodos:
- fines de semana alternos, sábados y domingos, desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas. Si alguno de los fines de semana trabajase el sábado estará con ella el domingo en el mismo horario.
La entrega y recogida de la menor se llevará a cabo en el PEF al objeto de normalizar la situación entre ambos y que el padre pueda asumir la gestión de sus propias competencias parentales, así como valorar el desarrollo de la relación, evolución y estado de la menor tras la visitas, para determinar la necesidad de ir ampliando en su caso la relación introduciendo la pernocta entre ambos. En ejecución de sentencia en consecuencia y tras los informes que vaya emitiendo el recurso, antes que a un plazo determinado, se irá valorando la ampliación de ese régimen, la regulación de las vacaciones etc.
Una vez que se produzca la derivación del asunto, los padres y la trabajadora social del equipo del juzgado o bien los padres y los profesionales del PEF elaborarán un calendario partiendo del suyo personal que le proporcione la empresa, para determinar los fines de semana que le correspondan intentado que mayoritariamente puedan ser aquellos en que no trabaje. De no ser posible que todos los fines de semana que le correspondan se lleve a cabo sábados y domingos, porque mayoritariamente trabajase los sábados, el fin de semana en que ello ocurriese se llevaría a cabo solo el domingo en el mismo horario.
3. El Sr. Leandro deberá abonar en concepto de alimentos para su hija el importe de 325 euros. El ingreso de la pensión de alimentos se realizará en la cuenta bancaria que se designe al efecto por la madre, del uno al cinco de cada mes, por mensualidades anticipadas. Dicha cantidad se revisará anualmente al alza, de conformidad con el Índice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo similar debiéndose tomar como referencia el mes de ésta resolución.
Los gastos extraordinarios y necesarios que puedan surgir, notificando el hecho que motiva el gasto y el importe del mismo, deben ser asumidos conjuntamente por ambos y por mitad, resolviéndose judicialmente la controversia, en el caso de no ser aceptado. A estos efectos, se considera como tales gastos extraordinarios, los derivados de enfermedad grave o prolongada, intervención quirúrgica, internamiento en centros sanitarios y, en general, los médicos, sanitarios y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o Seguros concertados por los padres; los gastos escolares tales como uniforme escolar, el material escolar y los libros que se devenguen al inicio de cada curso, y clases particulares si fueran necesarias para la superación de los cursos; y los derivados de los estudios universitarios y postuniversitarios y de capacitación profesional en las cuantías que no estén subvencionados.
Los gastos extraordinarios, pero que no sean necesarios en el sentido previsto en el apartado anterior, tales como actividades extraescolares que en el futuro puedan realizar las niñas, campamentos de verano, viajes de fin de curso u otros de análoga naturaleza se satisfarán por ambos cuando exista acuerdo de los dos en su realización. En caso contrario se satisfarán por el que contraiga la obligación.
Los gastos extraordinarios se acreditarán mediante la correspondiente factura, o certificado emitido, donde conste el concepto y naturaleza del mismo.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de sentencia.
Contra la presente sentencia cabe preparar Recurso de Apelación en este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra."
TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal del demandado, D. Leandro .
CUARTO.- La parte apelada, la demandante Dª Julieta , evacuó el traslado para alegaciones a través de su representación procesal, oponiéndose al recurso de apelación interpuesto y formulando a su vez impugnación frente a la sentencia de instancia.
En igual trámite, el Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia.
Por el recurrente Sr. Leandro , se presentó escrito oponiéndose a la impugnación de la sentencia formulada de contrario.
QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 87/2010, y después de adoptarse las resoluciones de ordenación procesal pertinentes, mediante Auto de fecha 29 de septiembre de 2010 se acordó denegar la práctica de la prueba documental solicitada por la representación procesal de Dª Julieta , señalándose en dicho Auto para su deliberación y fallo el día 29 de octubre de 2010; habiéndose observado las prescripciones legales; a excepción del plazo para dictar sentencia por acumulación de ponencias en esta Sección.
PRIMERO.- La representación procesal de D. Leandro interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en la primera instancia que, entre otras medidas, acordó que contribuyera económicamente al sostenimiento de su hija menor de edad Ainara con una pensión de alimentos por importe de 325 € mensuales, solicitando de esta Audiencia Provincial dicte "nueva resolución en la que se fije la pensión por alimentos que debe abonar mi mandante para su hija menor en 200 € mensuales".
Dicha medida es, asimismo, impugnada por la representación procesal de Dª Julieta , madre de la menor, interesando se "dicte sentencia revocando la sentencia recurrida y dictando otra en la que se fije la pensión de alimentos a cargo del padre y en favor de su hija Ainara en la cantidad de 550 € mensuales, con condena en costas a la parte contraria".
SEGUNDO.- La sentencia dictada en la primera instancia, en su fundamento de derecho tercero, fundamenta el establecimiento de la pensión de alimentos en el importe anteriormente señalado en los siguientes términos:
"Debe analizarse ya la medida relativa al sostenimiento de la menor que constituye una de las obligaciones de mayor contenido ético. A este respecto hay que recordar la extensa doctrina jurisprudencial que establece que el derecho de alimentos del hijo o hijos -sobre todo sí es menor- y la correlativa obligación del progenitor está revestido de una gran carga ética. La cuestión relativa al establecimiento de la cuantía de dicha pensión en favor del hijo/os debe de resolverse ajustándose a criterios de proporcionalidad entre los medios con los que cuenta el alimentante y las necesidades de los alimentistas. En este sentido por tanto, se hace preciso el examen de la propia capacidad del obligado la prestación, por un lado, y por el otro, de las necesidades ordinarias que deban afrontarse con respecto al menor o menores, teniendo en cuenta que el hecho de que la progenitora cuente con ingresos es dato a considerar, para cumplir con los criterios legales antes indicados, puesto que el progenitor custodio no está eximido de contribuir de modo directo a la prestación alimenticia.
En este caso, tanto el Sr. Leandro como la Sra. Julieta perciben ingresos. Por lo que respecta al primero, el mismo ha venido percibiendo en por su trabajo en años anteriores, unos ingresos que tras su prorrateo anual vienen a suponen unos 2100 euros mensuales. Así se desprende de las declaraciones de IRPF obrantes (folios 48 a 51 y 53 a 57). Las nóminas aportadas (folios 61 a 67) reflejan que en lo que va de año y haciendo igualmente un promedio los ingresos obtenidos, éstos se sitúan en unos 1800 euros. Cierto es que el contrato, según nos obra en el expediente a los folios 61 y 62 es para obra determinada y en el mes de octubre, dado el tiempo transcurrido o bien se le contrata de forma indefinida o bien finaliza el mismo. Sin embargo, si ello ocurriese no podemos dejar de valorar que es una persona que ha trabajado con continuidad lo que denota un hábito de trabajo que pudiera hacer pensar en una situación transitoria y que además la prestación de desempleo sería elevada considerando las bases de cotización (folios 59 y 60). La Sra. Julieta por su parte, también ha trabajado con anterioridad. Y aunque ahora se encuentra en situación de desempleo (folio 35) ha venido cobrando la correspondiente prestación (folio 16) percibiendo actualmente una renta del Gobierno de Navarra de un importe igual al de aquella prestación, existiendo además indicios que permiten intuir que puede percibir mayores ingresos que los reconoce, ya sea porque está llevando a cabo algún trabajo en la economía sumergida, ya sea porque cuenta con algún tipo de ayuda. Y es que si examinamos las cantidades que envía a su país para contribuir con los alimentos de otra hija que reside en aquél, no obstante la cuantía de la prestación que percibe y las cargas que tiene, la suma de las mismas casi superan dicho importe por lo no podría satisfacer las necesidades de la menor y sus propios gastos salvo que, en realidad, obtenga algún otro tipo de ingreso. En cuanto a las necesidades de la niña no se constatan gastos especiales ni se han aportado pruebas que acrediten que excedan de las propias de niñas de su edad. La pequeña acude a un colegio concertado y tiene el gasto de comedor que cubre parte de la nutrición por importe de 990 euros anuales (folios 14 y 15). Este gasto, sin embargo, puede ser bastante inferior ya que se ha solicitado una beca, al igual que el año anterior que cobraba la misma prestación, abonando entonces por ese concepto el importe de 30 euros. Tampoco el resto de gastos que deben cubrirse como el resto de los nutricionales o vestido, sin desmerecer su importancia, nos consta que tengan un carácter extraordinario ya que al no haberse acreditado nada acerca de su naturaleza debe entenderse que no exceden de los propios de niñas de esas edades. A ello, lo que si debe añadirse es el gasto de vivienda, que en este caso se comparte con otras personas abonando un importe de 200 euros (folio 95) y que no obstante al beneficiar también a la Sra. Julieta no puede ser considerado en su totalidad para su computo.
Con estas variables, en definitiva, y con arreglo a la doctrina señalada, se considera procedente que el padre contribuya con el importe de 325 euros. Dicho importe es congruente con la situación laboral del Sr. Leandro pero también con sus necesidades entre las que destaca la necesidad de contar con una vivienda para residir, si bien, a la vista de sus dimensiones, mientras no regrese su compañera e incluso entonces, puede compartir disminuyendo así el gasto por este concepto, pues los alimentos a los hijos tiene prioridad sobre cualquier otra obligación o los gastos derivados de otras cargas familiares como las necesidades de sus otros hijos y con la situación de la Sra. Julieta que también tiene el deber de contribuir a los alimentos de su hija aun cuando por ahora lo pueda hacer en menor medida al ser sus ingresos inferiores.
En cuanto a los gastos extraordinarios y necesarios que ser detallan en el fallo de la presente y todos aquellos que aun no siendo necesarios en el sentido señalado sean aprobados por los progenitores, y que puedan surgir en un futuro, deberán ser abonados por mitad y partes iguales. El hecho que motiva el gasto y el importe del mismo, deberá ser comunicado entre los progenitores a efectos de su aprobación por los mismos. Las controversias que puedan surgir en caso de no ser aceptados se resolverán judicialmente. Entre los gastos necesarios van a encuadrarse en este ámbito todo gasto en materia de sanidad o educación que sea imprescindible para el cuidado sanitario o de la educación del menor, incluido en este campo el uniforme escolar, los libros y material que se necesite y se devengue al inicio de cada curso, considerando la relevancia que suelen tener estos gastos y lo ajustado de la pensión que en este caso además, al no existir vivienda familiar en propiedad, la cuantía fijada debe cubrir en la medida de lo posible este concepto".
TERCERO.- En cuanto a la impugnación del importe de la pensión alimenticia establecida en la sentencia recurrida que ambos litigantes plantean, debemos recordar, en la misma línea que la expresada por la Juzgadora "a quo", los criterios reiteradamente expuestos por este Tribunal sobre la valoración de las circunstancias jurídicamente relevantes para proceder a su determinación, conforme a los criterios establecidos en los artículos 142 y ss. del Código Civil y doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias núm. 170/2009, de 18 noviembre - JUR 2010119173-; núm. 77/2009, de 28 abril - JUR 2010102885-; núm. 38/2007, de 20 marzo - JUR 200933375-; núm. 38/2007, de 20 marzo - JUR 200933375-; 14 de febrero de 2005 , 28 de junio de 2004 y 11 de marzo de 2003 , entre otras).
Así, venimos destacando que la obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad no proviene de lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil , sino que, tratándose de hijos menores de edad, tal obligación procede directamente de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Constitución, conforme al cual «los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda», así como de lo dispuesto en el artículo 154.1º del Código Civil , en cuanto deber comprendido dentro de las obligaciones propias de la patria potestad, y en el artículo 110 del Código Civil que hace derivar la obligación de prestar alimentos directamente de la filiación incluso en aquellos supuestos en que no ostentasen la patria potestad.
Se trata por tanto, la obligación legal de prestar alimentos a los hijos menores de edad, de un deber que procede directamente de la Constitución y de carácter imperativo e incondicional, exigible incluso en supuestos de cierta penuria económica dada la preferente protección de que gozan en esta materia los menores de edad. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de octubre de 1993 conforme a la que «a) La norma constitucional (art. 39.2 ) distingue entre la asistencia debida a los hijos "durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda"; b) Aunque no es sostenible absolutamente que la totalidad de lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del Código Civil, sobre alimentos entre parientes, no es aplicable a los debidos a los hijos menores como deber comprendido en la patria potestad( art. 154.1º ), la cierto es que el tratamiento jurídico de los alimentos debidos al hijo menor de edad presenta una marcada preferencia -así, art. 145.3º - y, precisamente por incardinarse en la patria potestad derivando básicamente de la relación paterno-filial (art. 110 del CC ), no ha de verse afectado por limitaciones propias del régimen legal de los alimentos entre parientes que, en lo que se refiere a los hijos, constituye una normativa en gran parte sólo adecuada al caso de los hijos mayores de edad o emancipados; c) En este sentido ha de entenderse el art. 152.2º que el recurrente dice haberse infringido, cuya alusión a las necesidades de la familia del alimentante denota una diferencia sólo comprensible si se admite una familia más próxima con derecho en todo caso preferente»; añadiendo más adelante, sobre la determinación de la cuantía de los alimentos, lo siguiente: «Ya en principio, ha de advertirse que, con carácter general, la determinación de la cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio del Tribunal sentenciador, cuyo criterio no pueden sustituir las partes eficazmente con el suyo propio y personal, al efecto de impugnar aquél en casación, mientras no se demuestre infracción legal ( SS: 2-12-1970 , 24-3-1976 y 16-11-1978 ) que en este caso, el recurrente alega respecto a preceptos que rigen los alimentos entre parientes, desconociendo las peculiaridades de los debidos a los hijos menores de edad, que han quedado expuestas, por lo que sólo habrá de insistirse en la mayor amplitud de éstos, que conduce a afirmar que resulta procedente la superación incluso de las pautas ordinarias de determinación de la pensión alimentaria, concediendo a los Tribunales un cierto arbitrio para su fijación, que valorará todas las circunstancias concurrentes, que es lo hecho acertadamente por la Sala de instancia. No se aprecia, por tanto, infracción de los preceptos invocados, pues ha de señalarse también que: a) Lo dispuesto en los arts. 146 y 147 sólo es aplicable a alimentos debidos a consecuencia de patria potestad (art. 154.1º ) con carácter indicativo y con las matizaciones que derivan de cuanto se lleva dicho; b) Lo propio acontece respecto al art. 145 , dado que ha de estarse a lo dispuesto en los arts. 154 ("Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre") y 156, sobre ejercicio conjunto de la patria potestad, de donde se sigue que la madre también habrá de coadyuvar a la alimentación, educación y formación integral de los hijos, lo cual en este caso se cumple por doña (...) con quien convive el hijo menor de edad, sin que sea convincente el argumento del señor (...), en el sentido de que la suma fijada para la pensión es excesiva atendiendo a que parte de los gastos debieran ser satisfechos por la madre, pues es indudable que así acontece y, no obstante, es necesaria la aportación paterna en la cuantía fijada; y c) El transcurso del tiempo, lejos de disminuir los gastos necesarios para dar cumplimiento al deber impuesto a los padres en el art. 154.1º , debe naturalmente aumentarlos, por lo que el mantenimiento de la cifra fijada en la S. 1987 -el hijo había nacido en 1984- resulta del todo razonable; no debe prosperar, por todo ello, el motivo examinado.
Por último, el quinto motivo se formula por inaplicación de la jurisprudencia según la cual la contribución alimentaría debe ser proporcionada al caudal y medios de quien da los alimentos y a las necesidades de quien los recibe, o sea que se está insistiendo en una aplicación del art. 146 que desconocería las peculiaridades del caso, ya que lo cierto es que la suma de 30.000 pesetas mensuales fijada en la S. 1987 es, como se ha dicho, adecuada para el cumplimiento de los deberes impuestos en el art. 154.1 cuya extensión es superior a la propia de los alimentos entre parientes -baste recordar que, siendo el hijo menor de edad, requiere una constante atención, cuidado y asistencia, no sólo en el aspecto material o físico sino también en el educacional, que comporta evidentes gastos cuya cuantía hubo de ponderar la S. de 1987 sin que se aprecien circunstancias que hagan pertinente su reducción-; de donde se sigue el rechazo del motivo».
Estas mismas pautas se reiteran por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1996 conforme a la que «... la atribución de la pensión alimenticia en favor de la niña (...) es una secuela de la declaración de paternidad y, de otro, la entidad económica de la misma, según tiene declarado esta Sala en Sentencia de 5 de octubre de 1993 , entra en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituyen materia reservada a la soberanía del Tribunal de instancia y, por consiguiente, no pueden ser objeto del recurso de casación» y en la de 16 de julio de 2002, según la que «La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad (artículos 39.3 de la Constitución Española, 110 y 154.1º del Código Civil tiene unas características peculiares que le distinguen de las restantes deudas alimentarías legales para con los parientes e incluso los hijos mayores de edad (como ya puso de relieve la paradigmática Sentencia de 5 de octubre de 1993 . Una de las manifestaciones es la relativa a la fijación de la cuantía alimentaría, que determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Código Civil sólo sea aplicable a los alimentos debidos a consecuencia de patria potestad( artículo 154.1º del Código Civil ) con carácter indicativo, por lo que caben en sede de éstos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas habida cuenta el vínculo de filiación y la edad».
En esta materia, en definitiva, como en otras, los menores de edad gozan, como se acaba de exponer, de una protección especial, de suerte que, como decíamos en la Sentencia de 14 de febrero de 2005 antes citada, esos criterios de mayor amplitud y esa pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas, habida cuenta el vínculo de filiación y la edad, y a las que se refieren las sentencias del Tribunal Supremo citadas, son de aplicación no sólo respecto de unas mayores y más rigurosas exigencias probatorias para que el alimentante pueda ampararse en lo dispuesto en el art. 152-2º del Código Civil para eludir el cumplimiento de su deber (de modo que no cabrá apreciar esta causa de cese de la obligación de prestar alimentos, salvo que hubiere acreditado, más allá de toda duda razonable, que se encuentra en una situación económica tal que les resulta imposible, de todo punto, atender dicha obligación, siempre y cuando no se hubiese colocado en dicha situación de una forma voluntaria), sino también en todo lo atinente a la determinación de la cuantía de los alimentos.
También venimos señalando que, cuando ambos progenitores dispongan de ingresos económicos propios, la obligación de prestar alimentos recaerá sobre los dos, debiéndose repartir esta obligación entre ellos de forma proporcional a su caudal respectivo; principio recogido en el artículo 145 del CC y al que también responde lo previsto en el primer párrafo del artículo 93 del mismo texto legal; pero también que, conforme a una reiterada jurisprudencia, el progenitor a quien se hubiere conferido la guarda y custodia de los menores ya contribuye, por razón de esa misma convivencia y de las cargas económicas inherentes a la misma, al sostenimiento económico de los menores confiados a su cuidado, lo que, necesariamente, debe ser objeto de consideración a la hora de distribuir entre ambos progenitores la carga correspondiente.
Asimismo, que las necesidades de carácter alimenticio de los menores, en aplicación de los dos primeros párrafos del artículo 142 del CC , comprenden todo lo que sea indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción; si bien, tales necesidades no pueden ser objeto de una consideración en abstracto y de valor absoluto, en el sentido de que los alimentos sólo comprendan lo que viene denominándose como "mínimo vital", por tratarse de una noción de carácter relativo, cuya concreción sólo puede efectuarse atendiendo a las circunstancias familiares de cada caso y al nivel de vida económico de cada familia.
En este sentido, en las sentencias de 27 de julio de 2006 y 20 de marzo de 2007 recordábamos que, "conforme a lo que viene sosteniéndose por este Tribunal, para justificar las necesidades alimenticias de los menores no es preciso que se aporte por quien reclama una justificación plena de todos y cada uno de los gastos de carácter alimenticio que genere el menor, pues, como ya hemos apuntado, su determinación dependerá del nivel económico de que disfrute la familia, concepto no residenciable en gastos o puntos determinados, sino que se deriva con carácter general de una determinada posición económica, tal y como, por lo demás, es propio del carácter relativo que cabe predicar de la pensión alimenticia y que ya hemos destacado en esta sentencia, de modo que, como ya se indicaba en el Auto de la Audiencia Provincial de Navarra de 30 de julio de 1994, dictado en el rollo de apelación nº 145/1994 , los alimentos deben cubrir "no sólo las necesidades más imperiosas y también por ello más inmediatas en el tiempo -alimentación, vestido, sanidad-, sino también otras necesidades de tipo educacional, de expansión y relación de los hijos y en definitiva de desarrollo de la personalidad de éstos, siempre claro está, dentro de los parámetros indicados de lo que era la situación y vida familiar antes de la crisis y posibilidades del obligado a darlos".
CUARTO.- Atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas y a la vista de las concretas circunstancias económicas que concurren en el caso enjuiciado, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Leandro , dirigido a reducir el importe de la pensión de alimentos establecida a su cargo y que fundamenta, de modo resumido, en la alegación séptima de su recurso, en los siguientes términos: "A modo de resumen diremos que entendemos que la Juzgadora de instancia no ha tenido en cuenta el patrimonio de mi representado teniendo en cuenta tan solo los ingresos que percibe y que siendo buenos dependen de la voluntad empresarial y desde luego no ha tenido en cuenta las circunstancias que vienen a disminuir notablemente tal patrimonio líquido y sobre todo no ha tenido en cuenta los intereses de otros dos niños menores que necesitan ser sustentados por su padre y así lo hace. Nos parece más equilibrada y ponderada a todas las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, nuestra petición de que la pensión por alimentos sea de 200 €, teniendo en cuenta que con esta pensión la madre puede hacer frente al pago de la mitad del alojamiento y con creces al pago del comedor del colegio que es de unos 30 €".
Así, respecto del gasto relativo a vivienda, que se comparte con más personas, incluido como gasto alimenticio de la menor, y por el que su madre abona 200 euros mensuales, no compartimos el criterio de la juzgadora "a quo" cuando razona que "no obstante al beneficiar también a la Sra. Julieta no puede ser considerado en su totalidad para su concepto", ni, en consecuencia, la alegación del recurrente cuando pretende minimizar su relevancia y su correspondiente obligación alimenticia, pues aquella consideración tendría cabida en otro tipo de supuestos en que el coste del alojamiento del menor excediese de lo indispensable para procurarle una vivienda digna y en consonancia con las posibilidades familiares, pero no en el caso enjuiciado, en el que la menor y su madre solo disfrutan de una habitación en vivienda compartida, y por la que se abonan 200 euros mensuales; cantidad que resulta indivisible, pues difícilmente con otra menor resultaría posible satisfacer este capítulo alimenticio, sin duda, el de mayor coste y relevancia económica.
Tampoco cabe entender justificada la reducción de la pensión de alimentos por las demás razones alegadas en el recurso, vistos los ingresos con que cuenta y cargas económicas debidamente acreditadas a que debe hacer frente.
A este respecto, la Juzgadora "a quo" ha considerado procedente fijar la pensión de alimentos en 325 euros mensuales teniendo en cuenta, de un lado, tanto las declaraciones de IRPF obrantes en autos (que determinan una media mensual de 2.100 euros como ingresos líquidos), así como las nóminas aportadas al acto de la vista (conforme a las que esa media se cifra en 1.800 euros al mes); y, de otro, que el Sr. Leandro tiene otros dos hijos menores de edad, el mayor, de 14 años, que reside en Ecuador, y la más pequeña fruto de una nueva relación de pareja, amén de residir en una vivienda en régimen de alquiler.
Pues bien, ni estas circunstancias, ni el hecho de que una parte de los ingresos que percibe el Sr. Leandro provengan de incentivos o de la realización de horas extraordinarias, ni la crisis económica actual, en tanto no se acredite una disminución sustancial de dichos ingresos, permiten reducir la carga económica a que debe hacer frente para contribuir al sostenimiento económico de la menor Ainara; como tampoco que deba contribuir también al mantenimiento de su hijo que vive en Ecuador, respecto del que, en modo alguno, ha acreditado que mensualmente le envíe 200 $, como afirma en su escrito de contestación a la demanda, siendo insuficiente, a tales efectos la mera aportación del documento nº 3 (f. 34, recibo de un envío) o del documento aportado en la vista acreditativo de un segundo envío en septiembre de 2009, cuyas cantidades, sumadas, nos dan un importe, en euros, de 304, y que no demuestran cuál es la cantidad real y regular con que, en su caso, contribuye al mantenimiento de este hijo.
Asimismo, y en relación a la menor de sus hijas, fruto de la relación con su última pareja, tampoco ha acreditado que, como afirma, las razones por las que se encuentra con su madre en Ecuador sean problemas familiares graves y no la ruptura de dicha relación de pareja, tal y como se afirma por la parte apelada e impugnante de la sentencia; mas, en cualquier caso, habrá de significarse que, durante el tiempo de convivencia en el mismo domicilio, las necesidades alimenticias de esta menor, una vez cubierta su necesidad básica de vivienda, eran menores a las de Ainara, sin que se conozca qué cantidad pudiera enviar a Ecuador para su sostenimiento, ni sus concretas necesidades mientras se prolonga sus estancia en ese país.
Finalmente, en lo que se refiere a la posible contribución económica de la madre de Ainara a su mantenimiento, debemos precisar que con los ingresos acreditados que percibe, algo más de 400 euros mensuales en concepto de Renta del Gobierno de Navarra, y aun cuando pudiera obtener algunos otros adicionales, apenas si alcanzarán para cubrir sus propias necesidades de carácter alimenticio, por lo que su aportación al expresado fin, al margen de la valoración económica propia e inherente a la convivencia con la menor, no puede ser significativa, especialmente a la vista del documento nº 2 aportado al acto de la vista (f. 70 y ss.) que acredita los envíos regulares de dinero que realiza en beneficio de otros dos hijos que residen en Ecuador.
En conclusión, procede desestimar el recurso conforme a las consideraciones que se acaban de exponer, al no apreciar la Sala razones suficientes que pudieran justificar la reducción de la pensión de alimentos que se pretende por el apelante principal.
QUINTO.- Por el contrario, y de conformidad con las consideraciones hechas en los precedentes fundamento jurídicos, procede estimar parcialmente la impugnación de la sentencia de primera instancia que se formula por la representación procesal de la Sra. Julieta , estimando la Sala más adecuada a la totalidad de las circunstancias ya analizadas la cantidad mensual de 400 euros en concepto de pensión de alimentos, pues solo el alojamiento de la menor Ainara supone ya un gasto mensual de 200 euros; amén de que, como se analiza por la parte impugnante de la sentencia, los ingresos líquidos con que cuenta el Sr. Leandro son algo superiores a los considerados por la Juzgadora "a quo", pues deben tenerse en cuenta también el importe de la devolución de Hacienda por razón de la declaración del IRPF (1.868,32 euros en el ejercicio de 2008; lo que supone una media mensual de 155,70 al mes) y la prorrata de las pagas extraordinarias, lo que incrementaría su cuantía.
Sin embargo, la cantidad reclamada, 550 euros mensuales, resulta excesiva, pues, independientemente de las prestaciones económicas con las que el Sr. Leandro esté contribuyendo al sostenimiento de sus otros dos hijos, esta carga no puede obviarse ni exige la existencia de una resolución judicial que le imponga la obligación de pagar una pensión periódica, como erróneamente se afirma por la parte impugnante a los efectos de poder tomarse en consideración; al igual que no cabe considerar acreditado que, como también se afirma, comparta con otras personas ajenas a su círculo familiar la vivienda en que reside en régimen de alquiler, pues la cifra que se consigna en sus declaraciones de IRPF, presentadas de forma conjunta con su pareja, 601,01 euros y 1.134 euros, por los ejercicios de 2007 y 2008, respectivamente, coinciden con la deducción vigente en cada uno de esos años (15% de las rentas abonadas, con un máximo de 601,01 euros, en 2007) y (15% de las rentas abonadas, con un máximo de 900 euros anuales por sujeto pasivo, en 2008), siendo una mera conjetura sin mayor respaldo probatorio tal afirmación, que la parte impugnante ha erigido como parte del fundamento alegado para incrementar la pensión de alimento hasta los 550 euros mensuales que reclama.
SEXTO.- Dada la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Sr. Leandro , en aplicación de lo dispuesto en los arts. 398.1 y 394.1 de la LEC., procede condenar al apelante principal al pago de las costas procesales ocasionadas en esta segunda instancia.
Por el contrario, respecto de las derivadas de la impugnación de la sentencia de primera instancia formulada por la representación procesal de la Sra. Julieta , dada su parcial estimación, no procede hacer expresa imposición de las costas derivadas de dicha impugnación a ninguna de las partes en aplicación de lo previsto en el art. 398.2 de la LEC .
Que, desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los tribunales D. IGNACIO SAN MARTÍN CIDRIAIN, en nombre y representación de D. Leandro , contra la sentencia de 17 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Pamplona en los autos de adopción de medias relativas a hijo no matrimonial nº 766/2009, y con estimación parcial de la impugnación formulada contra dicha sentencia por la procuradora de los tribunales Dª Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ CHUECA, en nombre y representación de Dª Julieta , debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el único extremo relativo al importe de la pensión de alimentos establecida a cargo de D. Leandro y en favor de su hija menor de edad Ainara, que se establece en la cantidad de 400 € mensuales, en lugar de los 325 € fijados en dicha sentencia; todo ello con expresa imposición al apelante principal de las costas ocasionadas en esta segunda instancia y derivadas de su recurso y sin hacer expresa declaración respecto de las costas derivadas del escrito de impugnación de sentencia; todo ello con expresa confirmación de los demás pronunciamientos de la sentencia de primera instancia.
La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469 , en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar ante esta Sección el escrito de preparación en el plazo de los CINCO DIAS siguientes al de su notificación.
Debiendo acreditarse en el momento del anuncio o preparación del recurso haber consignado el depósito exigido para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banesto, con apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.