Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-01121-de-febrero-10-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a2de129def3e00d0e0430a01015100d0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-16 02:48:41
Document Index: 321585786

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 27', 'artículo 147', 'artículo 631', 'artículo 684', 'artículo 684', 'artículo 743', 'artículo 647', 'artículo 661', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 127', 'artículo 136', 'artículo 97']

﻿ Sentencia 2002-01121 de febrero 10 de 2011
SENTENCIA 2002-01121 DE 10 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:CAUSACIÓN DEL INGRESO. CONFORME CON EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, SE ENTIENDEN REALIZADOS LOS INGRESOS CUANDO SE RECIBEN EFECTIVAMENTE EN DINERO O EN ESPECIE, EN FORMA QUE EQUIVALGA LEGALMENTE A UN PAGO, O CUANDO EL DERECHO A EXIGIRLOS SE EXTINGUE POR CUALQUIER OTRO MODO LEGAL DISTINTO AL PAGO, COMO EN EL CASO DE LAS COMPENSACIONES O CONFUSIONES. POR CONSIGUIENTE, LOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO, QUE CORRESPONDAN A RENTAS NO CAUSADAS, SÓLO SE GRAVAN EN EL AÑO O PERÍODO GRAVABLE EN QUE SE CAUSEN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE LEASING, TÍTULO VALOR, CAUSACIÓN DEL INGRESO
Sentencia 2002-01121 de febrero 10 de 2011
Rad.: 25000-23-27-000-2002-01121-01(16752)
Actor: IFI leasing s.a. Compañia de Financiamiento Comercial
Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil once .
En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, la Sala debe decidir sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la liquidación privada del impuesto de renta de 1997 de la sociedad actora, concretamente en cuanto adicionó ingresos y modificó, en consecuencia, la pérdida líquida determinada en la declaración.
Antes de proceder al estudio de los cargos, se advierte que la parte actora solicitó, en virtud del artículo 147 del Código Contencioso Administrativo, la celebración de una audiencia pública con el fin de dilucidar los puntos de hecho y de derecho frente a la causación en materia fiscal y contable de los ingresos de cartera calificados por la Superintendencia Financiera como inversiones incobrables.
Para la Sala no es necesaria la realización de esta audiencia pública, pues para decidir se tienen todos los elementos de juicio que evaluó la DIAN para expedir los actos demandados, así como los argumentos y explicaciones esgrimidos por la actora en relación con la contabilización de unas partidas, de manera que la Sala cuenta con la suficiente ilustración, y su práctica significaría la reiteración oral de lo expresado en el proceso, finalidad para la cual no está prevista esta diligencia. Decidido lo anterior, la Sala procede al estudio de los cargos de apelación:
1. Adición de ingresos con base en la información en medios magnéticos aportada por terceros. El tribunal decidió que no había lugar a la adición de ingresos porque la DIAN no valoró la contabilidad que allegó la contribuyente junto con los certificados del revisor fiscal, y liquidó oficialmente el impuesto con base en la información de terceros, que por ser prueba testimonial no contaba con la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar la prueba contable aportada por la contribuyente. Consideró que la DIAN debió realizar visitas técnicas o procurar la exhibición de la contabilidad de esos terceros, para verificar la realidad de la información suministrada, pues lo reportado por esos terceros depende de una cuantía establecida para el respectivo periodo, y no incluye más de lo solicitado por la DIAN.
Por su parte, la DIAN ha considerado que las informaciones rendidas por los terceros con los cuales la actora tuvo operaciones en el año gravable, eran suficientes e idóneas para adicionar los ingresos de la demandante, dado que no fueron desvirtuadas con las pruebas allegadas por la sociedad.
Pues bien, según los antecedentes del proceso se observa que la DIAN encontró una diferencia entre los valores declarados por la sociedad como ingresos y los valores reportados como gastos por otros contribuyentes en medios magnéticos, la información entregada en virtud del artículo 631 del estatuto tributario.
En el Requerimiento Especial la DIAN advirtió que se había solicitado al contribuyente que presentara el libro auxiliar en el que se reflejara el movimiento de la cuenta 6437 —Arrendamientos y sanciones en contratos de leasing—. Que la sociedad no había aportado la información, motivo por el cual no había podido justificar el total de las diferencias presentadas en sus ingresos con el cruce de los terceros informantes.
Del cruce con los terceros informantes se estableció la adición, entre otras, de las siguientes partidas a los ingresos declarados por la sociedad:
Celumóvil S.A. por $ 102.955.000. Por cuanto el valor reportado por Celumovil S.A. en medios magnéticos como pago a IFI fue de $ 1.260.044.000, y el valor registrado contablemente por IFI como ingreso fue $1.157.089.000.
Algranel S.A. por $ 60.895.000. El valor reportado como pagos en medios magnéticos por Algranel fue de $168.059.000, mientras que el valor reportado como ingreso por IFI Leasing fue de $107.164.000.
Industrias Safra Ltda. $ 7.545.000. Fue la diferencia entre la información exógena de Industrias Safra y lo informado por la actora, según su contabilidad.
La Sala observa que con la respuesta al requerimiento especial la actora allegó copias de los registros contables (anexo 3, fl. 249 del cdno.a.) y certificados del revisor fiscal (anexo 12, fl. 145 cdno.a.), que para el presente cargo, certificó:
“1. Que de acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad, con corte al 31 de diciembre de 1997, el siguiente es el detalle de los ingresos por las operaciones con los terceros relacionados a continuación:
830037330
1.157.089.000
Industrias Safra Ltda
860065586
83.512.000
860053976
No obstante que la actora allegó estos documentos, la DIAN no hizo ninguna valoración de los mismos, sino que persistió en la adición de ingresos, otorgando plena suficiencia a los medios magnéticos presentados por los terceros.
“ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:
e. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuestos descontables, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000, base año gravable de 1995), con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000, base año gravable de 1995), con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso”.
De acuerdo con la anterior disposición, para la Sala la decisión del tribunal se ajustó a derecho, pues, en este caso, la simple información rendida por los terceros no era una prueba suficiente para adicionar los ingresos a la actora, por las siguientes razones:
En primer lugar, el objeto de la facultad con la que cuenta la DIAN para solicitar cierta información a personas contribuyentes o no, es el de poder efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, es decir, obtener una base, importante, pero no definitiva, para la determinación del impuesto de un contribuyente que con otras personas tuvo operaciones en un determinado año gravable.
En segundo lugar, como la información que presentó el tercero difirió de la entregada por el contribuyente investigado, la administración debió hacer un estudio más específico de esa información, pues se presentó de manera general, ya que sólo se reportaron los valores de tales operaciones. Por lo tanto, debió pedir los documentos que respaldaban la información de esos terceros.
Obsérvese que la norma transcrita se refiere a una facultad para la DIAN, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 del estatuto tributario, lo cual significa que con recibir la información en medios magnéticos no se agota la facultad de fiscalización de la Administración, la cual debe efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión, para así lograr esa correcta determinación (literal f).
Ahora bien, tratándose de la adición de ingresos de la sociedad actora, cobra mayor importancia la prueba contable frente a la prueba testimonial, de la cual hace parte la información de terceros (E.T., art. 750), pues como lo señala el artículo 743 del estatuto tributario, la idoneidad de los medios de prueba depende, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse, y a falta de unas y otras, de la mayor o menor conexión de las pruebas con el hecho que trata de probarse, y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En este caso, es evidente que primaba la prueba contable sobre la testimonial. Sin embargo, la DIAN no hizo ningún análisis o valoración de las pruebas presentadas por la sociedad demandante, y adicionó ingresos con el simple reporte en medios magnéticos de los terceros. En consecuencia, la adición de estos ingresos no se fundamentó en hechos que estuvieran plenamente probados en el proceso, razón por la cual se debe confirmar, en este punto, la sentencia apelada, que estableció la ilegalidad de esta partida.
2. Adición de Ingresos por títulos de desarrollo agropecuario clase A y B. El tribunal consideró que no procedía la adición de ingresos porque con las copias de los comprobantes de venta y el endoso de los títulos se demostraba la realidad del ingreso de la actora. Que tales documentos hacían parte de los soportes de la contabilidad que se aportó al proceso. Que no se podía tener en cuenta el certificado del Banco de la República porque esta entidad no ejercía ningún control sobre la circulación en el mercado de los títulos.
Por su parte la DIAN ha considerado que no se probó la negociación de los títulos TDA adquiridos por la actora a Finagro porque no existió el endoso de los mismos, el cual conforme con las normas del Código de Comercio no se podía presumir.
En la resolución que decidió el recurso de reconsideración la DIAN analizó los documentos aportados por la actora, obrantes a folios 332 a 342 del c.a., consistentes en cuatro comprobantes internos de ingreso de IFI Leasing S.A., los cuales carecían de firma que respaldara su autenticidad. Además eran comprobantes internos, y no los documentos soportes de las transacciones realizadas; tampoco constaban en los títulos los endosos, requisito indispensable para que se pudieran tener como negociados.
Pues bien, para la Sala, del análisis de las pruebas que obran en el proceso, el cargo relacionado con la adición de ingresos derivados de los títulos de desarrollo agropecuario no estaba llamado a prosperar, en atención a lo siguiente:
Está probado que la actora adquirió cinco títulos de desarrollo agropecuario clase A y B, emitidos por Finagro, y regulados por la Circular Reglamentaria DFV-46 de 1995 del Banco de la República. Eran títulos a la orden y de libre negociación, que podían ser suscritos primariamente por las entidades financieras obligadas a efectuar la inversión. La expedición y administración estaba a cargo del Banco de la República, en desarrollo del contrato de administración fiduciaria, con fundamento en la Ley 16 de 1990(7).
La actora ha planteado que los pagos reportados por Finagro y por el Banco de la República no fueron ingresos para la sociedad en virtud de las negociaciones que efectuó de esos títulos. Sin embargo, para la Sala estas negociaciones no fueron debidamente probadas. Las pruebas en las que basa la actora su pretensión son las siguientes:
En relación con el título clase A 005056 17019607297110300001-7, por $ 43.598.777,41, sólo se aportó un comprobante de ingreso por el valor de la venta a favor de la sociedad Fiduandino S.A., por $ 41.374.071, del 2 de mayo de 1997. El comprobante no tiene referencia a ninguna cuenta contable que se hubiera afectado, no está suscrito por ninguna persona, ni se refiere a ningún comprobante externo que respalde la operación. Sólo menciona un cheque del Banco Andino. Sobre esta transacción no hay ningún otro documento (fls. 341 y 342 c.a.).
En relación con el título clase A 004384 número 1701970205710520001-8, por $ 81.702.882,34, se aportó únicamente un comprobante de ingreso por el valor de la venta a favor de la sociedad Fiduandino S.A., por $ 77.487.184, del 2 de mayo de 1997. Al igual que el anterior, el comprobante no tiene referencia a ninguna cuenta contable que se hubiera afectado, no está suscrito por ninguna persona, ni se refiere a ningún comprobante externo que respalde la operación. Sólo menciona un cheque del Banco Andino. Sobre esta transacción no hay ningún otro documento (fls. 339 y 340 c.a.).
En relación con el título clase B 004385 número 1801970205710530001-9, por $ 149.527.981,27, se aportó un comprobante de ingreso por el valor de la venta a favor de la sociedad Acciones y Valores S.A., por $ 134.440.607,96, del 2 de mayo de 1997. Al igual que los anteriores, el comprobante no tiene referencia a ninguna cuenta contable que se hubiera afectado, no está suscrito por ninguna persona, ni se refiere a ningún comprobante externo que respalde la operación. Sólo menciona un cheque del Banco Colpatria. Se aportó también una liquidación efectuada por la Bolsa de Bogotá, en la que aunque no aparece el número del título, si coincide en el valor nominal. En esta liquidación figura como valor total de la misma la suma de $ 134.400.607,96. En la fotocopia del título aparecen varios sellos de endoso que no son legibles. Si bien está un endoso a favor de la Sociedad Acciones y Valores S.A., no se ve quién lo hizo ni la fecha del mismo; además hay un endoso de la sociedad Compañía Financiera Internacional y otro de la sociedad actora. Lo anterior, sumado a la falta de explicación de las negociaciones sobre este título, no permite a la Sala tener la claridad necesaria para desconocer la determinación administrativa (fls. 335 a 338, cdno. a.).
En relación con el título clase A número 1701961028710800001-3, por $ 136.922.925,24, se aportó un comprobante de ingreso por el valor de la venta a favor de la sociedad fiduoccidente, por $ 133.390.164, del 12 de septiembre de 1997. Aunque este comprobante tenga la firma de revisado, no tiene referencia a ninguna cuenta contable que se hubiera afectado, ni se refiere a ningún comprobante externo que respalde la operación. Sólo menciona un cheque del Banco de Occidente. Se aportó también una carta de esa sociedad en la que comunica la compra de un TDA, en la que aunque no aparece el número del título, si coincide en el valor nominal. Además en la fotocopia del título aparecen varios sellos de endoso, algunos de ellos a favor de la actora, pero ninguno a favor de Fiduoccidente. En algunos se ve la fecha, en otros no, de manera que no es posible determinar la cadena de endosos para así poder desconocer la determinación administrativa (fls. 332 a 334, c.a.).
Para la Sala, a partir de las anteriores pruebas el tribunal no podía descartar la adición de ingresos, pues, tratándose de títulos valores, conforme con el artículo 647 del Código de Comercio, el tenedor legítimo es quien los posea según la ley de circulación, la cual para títulos a la orden dispone que éstos se transmitirán por endoso y entrega del título (C. Co., art. 651).
Así las cosas, los comprobantes reseñados no eran suficientes para demostrar la negociación de esos títulos y, por lo tanto, la no causación de los ingresos por parte de la actora, toda vez que para la transferencia del título debía hacerse el endoso, requisito indispensable, como ya se vio, y que en este evento no se cumplió.
En el caso de los títulos analizados, cuyas fotocopias aportadas tenían varios endosos, tampoco fue posible establecer su continuidad, conforme con el artículo 661 del Código de Comercio, según el cual, para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos debe ser ininterrumpida.
De lo antes expuesto se infiere que la demandante adquirió unos títulos de desarrollo agropecuario, que le generaron unos ingresos certificados como gastos por terceros. Que en desarrollo de su tarea de fiscalización la DIAN le adicionó ingresos a la demandante por ser legitima tenedora de unos títulos, cuya negociación alegó, pero no probó, lo que implica que no pudo desvirtuar esa adición de ingresos que le hizo la DIAN como beneficiaria de los derechos sustanciales y accesorios incorporados en los aludidos títulos (C. Co., arts. 619 y 628).
3. Causación del ingreso en los contratos de leasing financiero. El tribunal decidió que la determinación administrativa se había ajustado a derecho, pues el momento de causación del ingreso en los contratos de leasing financiero era el general establecido en el artículo 27 del estatuto tributario para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. Que esta norma primaba sobre las normas contables generales y las del sistema financiero. Por ello, aunque la contribuyente calificara los contratos de leasing financiero (Pizano S.A, Envases y Coarrugados Diana Ltda., Tiendas Mitad de Precio) en la categoría C y los llevara a una cuenta de orden contingente, y no de resultado para efecto de la causación del ingreso, fiscalmente éste sí se causaba conforme con las normas tributarias.
En el recurso de apelación controvierte la actora esta decisión, pues por la naturaleza de este tipo de contratos y de acuerdo con las normas contables, el tratamiento contable de los ingresos por tales contratos se entendía realizado y debía ser reconocido en las cuentas de resultado cuando se hubieran devengado y convertido o fuera razonablemente convertible en dinero, salvo los ingresos por concepto de intereses que se reconocían cuando no existiera duda sobre su cuantía y cobrabilidad (arts. 97 y 100 ibídem). Que según la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria (aplicable para la fecha de los hechos), los créditos de consumo, como lo era el contrato de leasing, cuando fueran calificados en la categoría “C” o superior, no podían llevarse los intereses que se derivaran de los mismos a cuentas de resultado, sino que debían ser registrados en cuentas de orden, lo cual era consecuente con la finalidad de mantener la confianza del público.
Solicitó que si se negaba su pretensión, se aceptará que se registrara una provisión sobre los mismos ingresos, la cual sería deducible plenamente.
Pues bien, a juicio de la Sala la decisión del tribunal que avaló la determinación oficial se ajustó a derecho.
Conforme con el artículo 27 del estatuto tributario, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen. De la norma anterior se exceptúan:
b. Los ingresos por concepto de dividendos y de participaciones de utilidades en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles.
c. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, salvo que el contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos.
Ahora bien, la actora, por ser comerciante, debe llevar contabilidad por el sistema de causación(8), según el cual, los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen, y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente (D. 2649/93, art. 48).
Y conforme con el artículo 28 del estatuto tributario, se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.
Ahora bien, el artículo 127-1 ibídem, dispone que los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1º de enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas:
“(...) 3. Para el arrendador, en cualquiera de los casos aquí contemplados, los activos dados en leasing tendrán la naturaleza de activos monetarios. El arrendador deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Para tal efecto, se entiende por ingresos generados por el contrato de arrendamiento, la parte de los cánones que corresponda a intereses o ingresos financieros, así como los demás ingresos que se deriven del contrato”.
Para la Sala, cuando la norma transcrita señala que el arrendador debe incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento, y que estos son: la parte de los cánones que corresponda a intereses y los demás ingresos que se deriven del contrato, no distingue si estos fueron pagados o no, ni excluye aquellos que la entidad financiera ha clasificado como deuda riesgosa. En consecuencia, la generación y declaración de estos ingresos se rigen por la norma general tributaria para la causación de los ingresos.
Lo anterior, porque no es procedente que se dé prevalencia a las normas de carácter contable sobres las fiscales, por cuando el artículo 136 del Decreto 2649 de 1993, expresamente señala que para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas.
En virtud de esta norma, no puede aceptarse la aplicación del artículo 97 del Decreto 2649 de 1993, que señala que un ingreso se entiende realizado y, por tanto, debe ser reconocido en las cuentas de resultados, cuando se ha devengado y convertido o sea razonablemente convertible en efectivo. Devengar implica que se ha hecho lo necesario para hacerse acreedor al ingreso. Tampoco se pueden aceptar, para efectos de la determinación fiscal de un ingreso, las normas contables financieras previstas en la Circular 100 de 1995, sobre la forma de contabilizar los ingresos generados por los contratos de leasing.
Para la Sala, si bien estas normas contables financieras tienen por objetivo mantener la confianza del público en las instituciones que administran recursos de sus ahorradores, la aplicación prevalente de las normas tributarias para determinar el impuesto de renta, no incide en esta finalidad, pues una cosa es la determinación del impuesto de renta con base en los hechos económicos sucedidos en un periodo gravable, y otra es el estudio de la viabilidad financiera y la situación patrimonial de estas instituciones, para lo cual las entidades de vigilancia y control tienen en cuenta los estados financieros y los informes de los revisores fiscales, y no las declaraciones tributarias.
Como en el presente caso se trata de determinar el impuesto de renta de la sociedad actora, las normas apropiadas para establecer los ingresos del período son las del estatuto tributario, que en el asunto que se ventila, por no tener un momento especial de causación para los ingresos generados en los contratos de leasing, se sigue la norma general consagrada en los artículos 27 y 28 del estatuto tributario.
En consecuencia, la decisión del tribunal en este punto se debe confirmar.
La Sala no accederá a la petición subsidiaria propuesta en la demanda, en el sentido de que si se mantenía la adición de ingresos por los contratos de leasing se aceptará también el registro de una provisión sobre los mismos ingresos, la cual sería deducible plenamente, pues la actora no invoca ninguna norma que respalde esa pretensión; tampoco señala si cumple los requisitos para la constitución de la provisión que dice es deducible, y menos hace el cálculo de lo que correspondería a esa provisión. Esta ausencia de sustento jurídico impide a la Sala el estudio de la procedencia de esa petición, lo cual no puede hacerse oficiosamente por el juzgador.
Así las cosas, se debe practicar una nueva liquidación que refleje lo definido en esta instancia, en el sentido de mantener la decisión del tribunal que anuló la adición de ingresos por información de terceros suministrada en medios magnéticos, y respaldó la adición de ingresos por los contratos de leasing; y en cuanto se desconoce la decisión del tribunal que anuló la adición de ingresos por los títulos de desarrollo agropecuario TDA emitidos por Finagro, por cuanto para la Sala no se desvirtuó la determinación oficial. En consecuencia, de los ingresos adicionados por la DIAN se restarán $ 171.395.000, que corresponden a los valores citados al final del primer cargo (Celumovil, Algranel e Industrias Safra fl. 4).
18.321.380.000
19.875.797.000
19.704.402.000
1.366.778.000
18.292.039.000
216.980.000
45.585.000
1.337.437.000
587.287.000
Total retenciones año gravable 1997
107.996.000
148.439.000
*Se aceptó y, por lo tanto, se restan de los ingresos determinados oficialmente:
Celumovil $ 102.955.000
Algranel S.A $ 60.895.000
Industrias Safra Ltda. $ 7.545.000
En este orden de ideas, se confirmará el numeral primero de la sentencia apelada, que anuló parcialmente los actos demandados, y se modificará el numeral segundo, para disponer, a título de restablecimiento del derecho, que el impuesto de renta de la demandante por el año gravable de 1997 es el determinado en la anterior liquidación, que arroja una renta líquida de $ 45.585.000 y un saldo a pagar de $ 240.270.000.
1. NIÉGASE la solicitud de audiencia pública, por las razones expuestas en la parte motiva.
3. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada, el cual quedará así:
“En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto de renta de IFI Leasing S.A. Compañía de Financiamiento Comercial por el año gravable de 1997 la practicada en esta providencia que arroja una renta líquida de $ 45.585.000 y como total saldo a pagar la suma de doscientos cuarenta millones doscientos setenta mil pesos moneda legal ($ 240.270.000) M/L”.
4. RECONÓCESE personería al abogado Sebastian Pinilla Mogollón como apoderado de la DIAN.
(7) Folios 84 y ss. cdno. ppal.
(8) A diferencia de la contabilidad de caja, según la cual, sólo es ingreso del período, las ventas y servicios prestados al contado, y gastos o costos del período, los desembolsos realmente efectuados.