Source: https://es.scribd.com/document/65670306/12-Mujeres-Indigenas-1
Timestamp: 2019-08-20 01:40:51
Document Index: 176045834

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 2']

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Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autor corresponden a la investigadora o investigador que elaboró el presente documento.
LXI.CEAMEG.DP2.IA21DF.AME.31-08-09
DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE LA UTILIDAD LEGISLATIVA
TIPO DE DOCUMENTO: IA. Estudio temático.
TÍTULO: Las Mujeres Indígenas. Algunos aspectos de su situación actual, así como de las políticas públicas enfocadas a su atención en México.
RESUMEN: El estudio se estructura en torno a cuatro capítulos en los que se aborda la situación actual de las mujeres indígenas en México, desde el enfoque de género.
En el capítulo I se define una serie de categorías teórico-conceptuales acerca de las mujeres indígenas (identidad, autonomía, condición y posición social, etcétera), a través de las cuales se establece el acercamiento a este sector social de las mujeres.
En el capítulo II se presentan datos estadísticos que permiten hacer un diagnóstico acerca de la situación actual de las mujeres indígenas en México:
número de población, ubicación geográfica, salud, fecundidad, educación, morbi- mortalidad, violencia, participación económica, situación de pobreza, etcétera.
participación política de las mujeres indígenas en México y se ofrecen algunos datos con relación al tema en otros países (Guatemala, Ecuador y Bolivia).
Para cerrar, el capítulo IV aborda las políticas públicas implementadas en México, en el curso del actual sexenio (2006-2012) orientadas a las mujeres indígenas, se da especial atención al quehacer de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (el Programa POPMI, Casas de la Mujer Indígena, Becas a estudiantes indígenas, entre otros).
DESCRIPCIÓN ACERCA DE LA UTILIDAD QUE PUEDE TENER PARA EL TRABAJO LEGISLATIVO:
Brinda elementos analíticos a las diputadas y los diputados a fin de apoyar el quehacer legislativo orientado a las mujeres y los pueblos indígenas en México.
Ofrece información detallada de la situación actual de las mujeres indígenas en México en distintas esferas de la vida, así como de las políticas públicas actuales orientadas a este sector de la población mexicana, lo que permite a las diputadas y los diputados contar con mayor conocimiento, desde una mirada de género, acerca de las necesidades y problemas que enfrenta este sector de la población femenina en México.
El análisis expuesto en el estudio contribuye a que las diputadas y los diputados cuenten con mayores elementos y herramientas analíticas respecto a la importancia de llevar a cabo reformas en materia legislativa y presupuestaria que puedan coadyuvar a mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres indígenas de nuestro país.
I. Las mujeres indígenas desde la teoría de género
1. Mujeres indígenas e identidad
2. Mujeres indígenas y autonomía
3. La condición y la posición social de las mujeres indígenas
II. La situación actual de las mujeres indígenas en México
1. Importancia de la información estadística con perspectiva de género
2. La población indígena en México
3. Distribución de la población indígena en México
4. Mujeres indígenas y monolingüismo
5. Esperanza de vida de las mujeres indígenas
6. Acceso de las localidades y la población rural indígena a los servicios de
7. Mortalidad de las mujeres indígenas
A. Muertes por cáncer cervicouterino
B. Mortalidad materna
8. Fecundidad de las mujeres indígenas
9. Riesgo de las mujeres indígenas ante infecciones de transmisión sexual y
10. Mujeres indígenas y violencia de género
11. Mujeres indígenas y educación
12. Pobreza de las mujeres indígenas
13. Participación económica de las mujeres indígenas
III. La participación política de las mujeres indígenas en México y otros países
1. La participación política de las mujeres indígenas en México
A. La participación política de las mujeres indígenas en municipios regidos
por el sistema de usos y costumbres. El caso de Oaxaca
B. Las mujeres en los ayuntamientos de municipios con alta población
C. La presencia de las mujeres indígenas en los congresos estatales
2. La participación política de las mujeres indígenas en otros países
A. El caso de Guatemala
B. El caso de Ecuador
C. El caso de Bolivia
IV. Las políticas públicas en México orientadas a las mujeres indígenas en el sexenio 2006-2012
1. Marco normativo de las políticas públicas orientadas a las mujeres
A. Inclusión de las mujeres indígenas en el PND 2007-2012
B. Las mujeres indígenas en el Proigualdad 2008-2012
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
2. Programas, medidas y líneas de acción orientadas a las mujeres
A. El quehacer de la CDI
a. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)
i. Reglas de operación 2007, 2008 y 2009
ii. Operación del POPMI en 2008
3.Otras acciones de la CDI orientadas a las mujeres indígenas
A. Proyecto: Casas de la Mujer Indígena
B. Proyecto: Becas a estudiantes indígenas
4. Otros programas federales que incluyen a las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas conforman un sector de la sociedad tradicionalmente ignorado. Su situación históricamente se ha caracterizado por la precariedad, la pobreza, la exclusión y la discriminación sistemática derivadas de la conjunción de principios fundantes de discriminación como son: el género, la etnia y la clase, esto es, la “triple discriminación”: por ser mujeres, indígenas y pobres.
El trasfondo de esta triple discriminación ha tenido y tiene motivaciones históricas, culturales, económicas y políticas de diverso orden y se expresa en rezagos fundamentales que afectan la condición y posición social de las mujeres indígenas, quienes carecen de condiciones objetivas y equitativas para participar de manera plena en los asuntos de la vida nacional no sólo en México, sino también en casi todos los países con población indígena.
Frente a esta situación, en los albores del nuevo milenio las mujeres indígenas se encuentran inmersas en procesos organizativos diversos, buscando reivindicar sus derechos como mujeres (identidad de género) y como indígenas (identidad de etnia), así como su derecho en un sentido amplio, a participar en el desarrollo y en la toma de decisiones colectivas que afectan no sólo a sus comunidades sino a todo el país. Sin embargo, en la agenda pública, las necesidades y demandas de las mujeres indígenas no han logrado ser visibilizadas a cabalidad y menos aun atendidas.
Bajo estas consideraciones, el presente estudio busca contribuir al análisis y reflexión sobre el tema desde una mirada de género; ello en alineación al marco institucional que sustenta el quehacer del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), en particular al Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, 1 el cual define como una de las funciones del CEAMEG:
1 Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, anexo A; publicado el jueves 27 de marzo de 2008 en la Gaceta parlamentaria, año XI, Núm. 2472-A, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Realizar investigaciones y estudios comparados desde la perspectiva de género, de carácter jurídico, legislativo, histórico, sectorial, estadístico, económico, político y social, sobre los derechos y adelanto de las mujeres, para enriquecer y orientar el trabajo parlamentario (pág. 372).
Este estudio se presenta como una respuesta a la necesidad de atender y hacer visible las características y necesidades generales de las mujeres indígenas, sobre todo de nuestro país, así como ubicar su inclusión y visibilización por parte del Estado a través de las políticas públicas.
El punto de partida es el reconocimiento de la complejidad y diversidad de los pueblos indígenas y, con ello, las formas diferentes de ser mujer indígena. De igual manera se toma como referencia básica la situación de exclusión y los grandes rezagos que confluyen en torno a las mujeres indígenas.
Se trata de un estudio documental cuyas bases se conforman a través de la revisión de investigaciones recientes especializadas en el tema, los datos e información estadística actualizada en torno a la situación de las mujeres indígenas en distintos ámbitos, así como la información pública de los programas, medidas y acciones federales orientadas a las mujeres indígenas del país.
En el proceso de elaboración de este estudio se ubicaron limitantes sustantivas como son: poca bibliografía acerca de determinados temas relativos a las mujeres indígenas; por ejemplo, su participación política en los distintos ámbitos; vacíos de información estadística (desglose por sexo en población indígena); así como información pública limitada respecto a las políticas federales de atención a las mujeres indígenas del país.
El estudio se estructura en cuatro capítulos. En el primero se presenta una serie de categorías de análisis y conceptos inscritos en la perspectiva de género y el paradigma de los derechos humanos de las mujeres, a través de los cuales se enmarca el desarrollo del estudio.
En el segundo capítulo se expone un diagnóstico de la situación actual de las mujeres indígenas en México, con base, sobre todo, en datos e información estadística generada por las fuentes oficiales en la materia. Mientras que en el tercer capítulo se hace un acercamiento a la participación política de las mujeres indígenas, en el cual, además de explorar el caso de México, se revisa el de otros países (Guatemala, Ecuador y Bolivia) que se distinguen por contar con una amplia población indígena.
En el cuarto capítulo se hace una revisión y análisis referente a la inclusión de las mujeres indígenas en las políticas públicas federales en México. Se presta especial atención al quehacer desarrollado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través de sus programas, medidas y acciones orientadas a la atención de las mujeres indígenas y la igualdad de género.
En las consideraciones finales se presentan algunas reflexiones acerca de los principales rezagos y los incipientes avances de las mujeres indígenas en México que requieren potenciarse. Asimismo, se trata de ubicar algunos pendientes urgentes por atender, encaminados a posibilitar a las mujeres indígenas el ejercicio de sus derechos.
Así, el contenido de este estudio busca ser un aporte e insumo que permita a las diputadas y los diputados contar con mayores elementos de análisis en su quehacer legislativo, así como contribuir a la difusión de estos temas para un mayor conocimiento de la sociedad.
La referencia mujeres indígenas hace unos años no existía. Ahora es el símbolo de una subjetividad colectiva creada por las propias mujeres a través de sus prácticas sociales (Marcos, 2008: 212).
En este sentido, el abordaje de la situación de las mujeres indígenas desde un enfoque de género exige un replanteamiento de los conceptos aplicados comúnmente a través de este paradigma teórico, toda vez que la especificidad de “indígena” trae consigo realidades culturalmente diversas en las que se mezclan formas de organización social y responsabilidades tradicionales, valores propios de cada etnia, así como aquellos elementos producto del mestizaje que, en conjunto, contribuyen a delinear la situación actual de las mujeres que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas.
Se trata de un quehacer analítico complejo debido, en gran medida, a lo que diversas especialistas señalan como dificultades teóricas para abordar adecuadamente las implicaciones que trae consigo la etnia y la clase con relación al género, así como al discurso dominante que adscribe a la población indígena a procesos de caracterización social que implican una constante valoración con base en atributos con los que son identificados y definidos por los otros (no indígenas); y a través de los cuales se representa a las mujeres indígenas como pasivas, sumisas, sometidas y circunscritas por opresiones patriarcales inevitables que provienen de su trasfondo cultural (Oehmichen, 2005:15; Marcos, 2008: 179; Altamirano, 2009).
De manera convencional, con el término “indígena” se hace referencia a la población originaria del país de que se trata (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). En la realidad, esta definición cobra distintos sentidos en los diversos contextos de cada país.
Así, por ejemplo, en México, país que se distingue por tener la mayor población indígena total en América Latina, el término “indígena” no se refiere a una denominación racial, ya que según Paloma Bonfil, difícilmente tras varios siglos de contacto y mestizaje podría pensarse que existen en el territorio nacional grupos racialmente “puros”; de manera que la identidad indígena remite a la idea de una diferencia cultural y a una condición social valorada no sólo como diferente, sino que es traducida como sinónimo de desigualdad (Bonfil, 2003). Sobre el tema, Mercedes Pedrero afirma que en el caso mexicano, los rasgos raciales nunca han sido adecuados (ni se han usado) para identificar a las personas de acuerdo con su etnia (Pedrero, 2008). 2
Especialistas en el tema señalan que en nuestro país al emplear los términos ‘indio’ o ‘indígena’ se tiende a reproducir un sistema de representación por medio del cual se hace una doble operación consistente en realzar las similitudes entre los pueblos originarios como si fueran homogéneos y exagerar las diferencias entre éstos y aquellos considerados como no indígenas (mestizos).
Esta doble operación implica la construcción de estereotipos que niegan la complejidad cultural de ‘lo indígena’ y desdibujan sus identidades propias y autodefinidas, para imponerles una identidad desde el exterior, por quienes detentan el poder (Lorenzi-Cioldi, 1988, citado por Oehmichen, 2005:159). Se impone sobre la identidad indígena una serie de atributos sobre los cuales se expresa una gama de prejuicios para justificar las medidas de discriminación hacia este sector de la población.
Lo indígena ha constituido históricamente una condición minusvalorada; pertenecer a este sector implica una identidad negativa que resta posibilidades de vida digna a las personas y las inhabilita para la plena aceptación social; quienes son identificadas como indígenas enfrentan situaciones de competencia desventajosa en los distintos ámbitos de la vida social con respecto a las personas
2 En términos históricos según Guillermo Bonfil, el término “indígena” nació con la colonia, como referente necesario de la relación colonial, a través de este término, se negó la diversidad de las características de la población originaria, se enmascaró su especificidad histórica para convertirlo en un ser uniforme: ser indio (Bonfil, 1995, citado en Conapred, Zuñiga, 2008).
identificadas como no indígenas (Oehmichen, 2005:15; Martínez, 2009). Así, la identidad indígena en México se traduce en situaciones de exclusión social.
En este contexto, los pueblos y comunidades indígenas son definidos como colectividades culturales que interactúan en la sociedad nacional en calidad de minorías étnicas, en una posición de margin alidad, entendiendo por ello el estado de quien en parte y desde ciertos aspectos está incluido en un grupo social y en parte y desde otros aspectos es ajeno al mismo; de manera que las personas indígenas en determinados ámbitos son reconocidas como integrantes de la nación mientras que en otros son consideradas como ’extrañas‘ (Oehmichen, 2005:15-16; Martínez, 2009).
Ello implica que, aunque formalmente la población indígena es integrante de la nación, en la realidad carece de condiciones objetivas y equitativas para participar de manera plena en los asuntos de la vida nacional y ejercer sus derechos como mexicanos. La identidad indígena se entrecruza con elementos como pobreza, discriminación, violencia y marginación que se traducen en los menores índices de desarrollo humano y de género que caracterizan a las comunidades y pueblos indígenas del país.
Así, la identidad de las mujeres indígenas incorpora diversas dimensiones como mujeres (género) y como indígenas (etnia). Según el Inmujeres (2007) la identidad es fundamental debido a que a través de ella se designa aquello que es propio de una persona o grupo y lo singulariza. Las expresiones de la identidad varían en función de las referencias culturales, religiosas, geográficas y lingüísticas, entre otras. A través de la identidad es posible esclarecer las relaciones entre la persona y su entorno (Inmujeres, 2007:77).
La identidad de género “alude al modo en que el ser mujer u hombre es prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo y que es interiorizado por cada persona” (Inmujeres, 2007:77). Al hacer referencia a las mujeres indígenas habría que considerar que en la
construcción de su identidad de género juegan un papel fundamental no sólo los sistemas normativos (usos y costumbres) de las comunidades y pueblos de los que forman parte, sino también los discursos, normas e instituciones hegemónicas no indígenas a través de las que se resignifica el género, la etnia y la clase social.
La conjunción de pertenencias de distinto orden como el género, la etnia y la clase propicia identificaciones subjetivas múltiples, carentes de estándares unificados o fijos, de manera que la articulación entre los distintos referentes de la identidad se distingue por su complejidad y heterogeneidad, ello motiva que las identidades individuales y colectivas cobren sentido en el contexto social de interacción.
Los marcos de referencia identitaria estructuran la distribución social del poder, los roles, la posición individual y la del grupo de pertenencia (Romer, 2005). Ello implica considerar que la identidad es un proceso relacional y situacional que oscila entre el autorreconocimiento y el reconocimiento de los demás.
Bajo estos planteamientos, distintas especialistas (Romer, 2005; Oehmichen, 2005; Palomo, 2006; Altamirano, 2009) señalan la pertinencia de, al abordar la situación de las mujeres indígenas, tomar en consideración no sólo la identidad de género, sino también la condición y la dinámica de las relaciones interétnicas, de clase, así como el lenguaje; sobre todo, si se tiene en cuenta que en el imaginario social ha prevalecido una noción esencialista acerca de las mujeres indígenas como entes pasivas, víctimas de su propia cultura, ello sin problematizar la expresión combinada de principios fundantes de discriminación como son: el género, la etnia y la clase, que se traducen en la “triple discriminación” hacia este sector de la población: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
Los ámbitos en los que se expresa esta triple discriminación a través del maltrato, la violencia y el racismo, atraviesan todos los espacios y ciclos de vida de las mujeres indígenas; desde el ámbito familiar, la relación de pareja, las responsabilidades asociadas a la maternidad, el acceso a la salud (falta de calidad y calidez en los servicios), el empleo (inexistentes opciones de formación y trabajo
remunerado, la falta de oportunidades de capacitación, migración), la educación (insuficiencia de oportunidades educativas, baja calidad en la educación, analfabetismo), así como en la toma de decisiones en los espacios públicos (obstáculos formales e informales que impiden su participación política), etcétera.
En este entrecruzamiento de factores de exclusión es posible identificar los mecanismos que reducen los recursos disponibles de las mujeres indígenas para ejercer a plenitud sus derechos. La vigencia de una serie de prejuicios y creencias etnocentristas 3 se traduce para las mujeres indígenas en relaciones desiguales y abusivas con respecto a los valores y normas no indígenas (Freyermuth, 2003). Estos factores se expresan en la incapacidad de países como México para integrar las distintas formas de pluralismo cultural, lo cual provoca que en el territorio nacional existan pueblos y comunidades indígenas excluidas de la toma de decisiones colectivas, de los recursos y, en un sentido amplio, del desarrollo.
Para las mujeres indígenas la exclusión de que son objeto sus comunidades y pueblos se traduce en mayores niveles de violencia y discriminación, por lo que las reivindicaciones de los movimientos de mujeres indígenas enfatizan la urgencia de eliminar la discriminación que existe hacia ellas tanto en las sociedades no indígenas como dentro de és tas. Asimismo, subrayan la necesidad de que los países reconozcan que dentro del Estado-nación coexisten pueblos con territorios, lenguas, culturas e historias específicas, mientras que en el interior de estos pueblos reivindican “su derecho a tener derechos”.
A decir de Aída Hernández las mujeres indígenas por un lado plantean ante el Estado la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, y, por el otro, dan una lucha dentro de sus propias comunidades y organizaciones por replantear críticamente sus propios sistemas normativos (Hernández, 2003:11).
3 El etnocentrismo hace referencia a la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades (Real Academia Española, 2001).
Estas reivindicaciones alimentaron el contenido de los discursos históricos de dos mujeres indígenas mexicanas que en 2001 se presentaron en la máxima tribuna política de la nación: el Congreso de la Unión, para exigir el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios de México. 4 La primera expuso:
Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy Zapatista, 5 pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora (…) quiero explicarles la situación de la mujer indígena que vivimos en nuestras comunidades, hoy que según esto, está garantizado en la Constitución el respeto a la mujer (…) Nosotras, además de mujeres, somos indígenas y así no estamos reconocidas. Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres (…) Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena de acuerdo a la iniciativa de ley de la Cocopa, 6 la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios (…) Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosna. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura (….) (Discurso de la Comandanta Esther del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ante el Congreso de la Unión , 28 de marzo de 2001).
4 La participación de estas mujeres indígenas en la máxima tribuna política de la nación se inscribió como parte de la denominada: Marcha del Color de la Tierra a través de la cual una delegación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como un conjunto de organizaciones y movimientos sociales indígenas, exigían el reconocimiento constitucional de sus derechos como pueblos indios de este país, de acuerdo a la iniciativa de la Ley de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación).
5 El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es un movimiento social cuya composición primaria es mayoritariamente indígena. Surgió en Chiapas en 1994. Es un movimiento que contempla entre sus reivindicaciones el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas mexicanos, así como la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya de manera plena a los pueblos indios como un principio fundamental de una nueva forma de pacto social.
6 La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue una comisión legislativa bicameral conformada en 1995 por diputadas, diputados, senadoras y senadores de los diferentes partidos políticos encargados de redactar una propuesta de reforma constitucional que recogiera los principales consensos establecidos en los Acuerdos de San Andrés firmados por el EZLN y el gobierno de México en 1996. La Cocopa presentó su iniciativa en noviembre de 1996, el EZLN aceptó la propuesta; mientras que el gobierno, aunque en un principio la aceptó, casi inmediatamente planteó modificaciones sustantivas a dicha propuesta.
La segunda mujer indígena que habló ante el Congreso de la Unión, lo hizo en representación del Congreso Nacional Indígena (CNI). 7 En su intervención señaló:
A nombre de las mujeres y hombres del Congreso Nacional Indígena, agradezco que hayan abierto un espacio en este recinto, para que de nuestra voz conozcan el anhelo profundo en nuestros pueblos. Somos pueblos y como pueblos hemos vivido, aun cuando nunca nos hayan reconocido ni plasmado en las leyes (…) Entender esta esencia colectiva [de los pueblos indígenas] de la relación y uso de la tierra y territorios, despeja y aclara los prejuicios que se tienen respecto a la vida cotidiana de nuestras comunidades. Se ha dicho, por ejemplo, que las mujeres no tenemos acceso a los derechos sobre la tierra y a la participación directa en la toma de decisiones, sin embargo, los solares urbanos, las parcelas y el aprovechamiento de las tierras de uso común, son unidades de dotación para familias y sus integrantes y no genera derechos exclusivos para una persona. Así, no es nuestra la costumbre que ante las instituciones y documentos, aparezca el nombre del varón y no el de la mujer; sino que ha sido por disposición de las propias leyes que exigen el nombre de un jefe de familia, que exigen personalizar el derecho, que exigen individualizar la propiedad o posesión.(…) en nuestras comunidades cada vez es más claro que las mujeres y hombres constituimos uno solo y así, siendo uno solo buscamos superar la triple opresión de que somos objeto en la sociedad no indígena, pues sólo a nosotras pesa a la condición de ser indígena, ser mujer y ser pobre (…) (Discurso de María de Jesús Patricio Martínez, del Congreso Nacional Indígena, ante el Congreso de la Unión, 28 de marzo de 2001).
En ambos discursos se hizo alusión a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que se constituyen como sistemas normativos a través de los cuales se expresan las tradiciones ’originales‘ de cada pueblo que simbolizan la cohesión social, manteniendo el sentimiento de identificación grupal, y propician la inculcación de creencias, de valores y comportamientos. También confieren estatus y legitiman el orden social comunitario (Cfr.Oehmichen, 2005:29).
Los llamados usos y costumbres de los pueblos indígenas han sido objeto de polémica en años recientes, más aun al tratarse el tema de la situación de las
7 El Congreso Nacional Indígena (CNI) es la red más grande y más activa de las múltiples organizaciones indígenas que se han desarrollado en los años recientes en México. El CNI incluye una gran variedad de etnias, alrededor de 47 están representadas en este congreso (Gargallo, 2001 citada por Marcos, 2008:190).
mujeres indígenas. No han sido pocas
han afirmado que
discriminación y violencia que padecen las mujeres indígenas se debe a la vigencia de los usos y costumbres que contravienen los derechos humanos de las mujeres.
Ante ello, las mujeres indígenas han señalado que existen buenos y malos usos y costumbres:
Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres. Malas son de pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin que ella quiere, de que no puede participar en asamblea, de que no puede salir en su casa (Discurso de la comandanta Esther del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ante el Congreso de la Unión, 28 de marzo de 2001).
Al mismo tiempo, reivindican aquellos elementos de sus sistemas normativos que consideran importantes para ellas, lo que parecería indicar que las mujeres indígenas buscan al mismo tiempo transformar (cambiar los “malos” usos y costumbres) y preservar su cultura (mantener los “buenos” usos y costumbres). Al respecto plantean:
“Queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, de hablar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra y de entender la vida, que es la naturaleza que somos parte de ella” (Perfil, periódico La Jornada, citado en Marcos, 2008: 205).
Señalan que si bien existen ’malos‘ usos y costumbres —expresados en actos de violencia y discriminación hacia las mujeres indígenas—, esta situación no es consecuencia sólo de ciertos sistemas normativos indígenas, ya que la violencia y la discriminación hacia las mujeres no es un problema exclusivo de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad.
En este sentido, diversos estudios evidencian que, en general, las mujeres indígenas viven en zonas y poblados indígenas que revelan con crudeza una
realidad donde prevalece la falta de un estado mínimo de servicios y de bienestar, marcados por la pobreza y la marginación. En ese contexto, las mujeres indígenas deben enfrentarse en su vida cotidiana a lenguajes, normas, valores y poderes masculinos instituidos (en el interior de sus pueblos indígenas y fuera de éstos) que reproducen y reconstruyen las relaciones de género, que legitiman jerarquías de superioridad masculina a las cuales deben adecuar su comportamiento. Sistemas normativos indígenas y no indígenas que refuerzan y acentúan su situación subordinada, tanto en el ámbito de sus comunidades como en los espacios no indígenas (Sierra, 2004: 35).
Asimismo, especialistas en el tema (Hernández, 2003; Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008; Altamirano 2009) insisten en la necesidad de que al abordar la situación de las mujeres indígenas se evite conceptualizarlas como víctimas pasivas de estos sistemas normativos, sino que es fundamental reconocerlas como agentes activas, capaces de ejercer una reflexividad crítica respecto a sus costumbres y cultura indígena, así como a la sociedad etnocentrista que las excluye y discrimina.
Al mismo tiempo se hace necesario, antes que hacer una descalificación generalizada de los llamados usos y costumbres, plantear y diseñar instancias y mecanismos adecuados que permitan llevar a cabo procesos de revisión de los sistemas normativos indígenas, en los que las mujeres participen de manera activa, a fin de transformar aquellos elementos de la tradición que consideren opresivos y excluyentes; ello en un marco de replanteamiento del pacto social entre los pueblos indígenas con el Estado-nación.
Estos temas constituyen elementos angulares de las agendas de los movimientos y organizaciones sociales de las mujeres indígenas no sólo en México sino en la región de América Latina, las cuales han cobrado auge en la década reciente
como respuesta a los procesos de globalización y como expresiones genuinas de la defensa de su autonomía y derechos como mujeres y como indígenas. 8
Las reivindicaciones de las mujeres indígenas están encaminadas a lograr el reconocimiento y respeto pleno como sujetas de derechos. El conjunto de sus demandas como mujeres y como indígenas apelan a una nueva relación (pacto social) con sus pueblos y con el Estado. Sus reivindicaciones se inscriben en el contexto de las estrategias de lucha de los pueblos indios, al tiempo que tratan de desarrollar una visión crítica de su cultura y sus tradiciones (Sierra, 2004:114), lo cual parecería situarlas en “un malabarismo entre identidades múltiples y contradictorias, algunas tradicionales, otras que empiezan a surgir” (Marcos, 2008:
Desde esta mirada es importante considerar a la autonomía como una de las principales reivindicaciones de las mujeres indígenas. Los estudios de género consideran que ésta alude a la capacidad de las personas, como de los pueblos, de gobernarse o determinarse a sí mismos; en ella se incluye la no dependencia y la libertad para generar normas o criterios internos de decisión y actuación. El indicador principal de la autonomía de las mujeres sería la capacidad de realizar actividades y tomar decisiones sin requerir el consentimiento de otros, especialmente de la autoridad masculina, sea el esposo, el padre, los hijos o los hermanos mayores (Inmujeres, 2007: 24).
8 En el caso de México cabe señalar que si bien luego de la movilización organizada de los pueblos indígenas en demanda por el reconocimiento constitucional de sus derechos, según los Acuerdos de San Andrés, se llevó a cabo en 2001 una reforma constitucional en materia indígena; sin embargo, ésta fue considerada por los movimientos y organizaciones indígenas como “una burla y traición” (CNI, 2006) ya que consideraron que no atendió el espíritu de dichos acuerdos y, por el contrario, tendía a afianzar el despojo y destrucción de los pueblos y comunidades indígenas. A la fecha esta reforma constitucional en materia indígena es rechazada por los pueblos indígenas del país, en virtud de que no reconoce las demandas que éstos han venido realizando y continúa dándoles trato de sujetos de interés público, y no de sujetos de derecho (Conapred,
2008:21).
No obstante, este indicador referido a las mujeres indígenas requiere ser redimensionado, toda vez que su autonomía personal se vincula estrechamente con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas incluyendo la libre determinación y autonomía de éstos, los cuales han sido reconocidos tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1989, como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. 9
En el artículo 1º del Convenio 169 de la OIT se expresa, entre otras cosas, que son considerados como pueblos indígenas aquellos que “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. También se afirma que la conciencia de su identidad es un criterio fundamental de la presencia de los pueblos indígenas.
Mientras que en su artículo 3º se considera, entre otras cosas:
Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas establece, en el artículo 4°:
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
9 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 13 de septiembre de 2007. Es pertinente destacar que si bien esta Declaración no es jurídicamente vinculante, su importancia radica en que se trata de un instrumento internacional que compromete moral y políticamente a los países a respetar los derechos de los pueblos indígenas y proteger los derechos de las mujeres indígenas contra la discriminación y marginación.
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
Con relación a las mujeres indígenas se señala, entre otras cuestiones:
Artículo 21(…) 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales [de los pueblos indígenas]. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. Artículo 22. 1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración (…)
Artículo 44. Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.
De manera que parecería inadecuado pensar la autonomía de las mujeres indígenas en términos de su individualidad, ya que sus reivindicaciones concurren con las demandas estratégicas de los pueblos indígenas, en sus palabras señalan:
“no queremos pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres y hombres en relación a la comunidad” (Paredes, 2008:28).
En este sentido, algunos estudios refieren que en la construcción de la autonomía de las mujeres indígenas juega un papel central el llamado “consentimiento legítimo”; en particular en aquellos ámbitos más cercanos (familiar y comunitario); éste se centra en los procesos relativos a las alternativas y los arreglos que permiten a las mujeres cambiar, rechazar o renegociar las dinámicas de interacción y su participación en la toma de decisiones concernientes a la comunidad, así como lo relativo a la división del trabajo de crianza y reproducción; se trata de un consentimiento no basado en una mera formalidad, sino de un consentimiento genuino (O´Neill, 1993, citada por Tepichin, 2005: 78).
Se trata de una idea que alude a la dualidad mujer-hombre, la cual, a decir de Sylvia Marcos, podría parecer cuestionable en el ámbito de la autonomía de las mujeres indígenas; no obstante, esta autora señala que puede ser útil revisar algunos conceptos mesoamericanos antiguos. En estas sociedades, tanto la familia como la pareja mujer-hombre formaban una unidad y el concepto de individuo no era predominante, todavía hoy, afirma, el concepto de dualidad sustenta la cosmovisión de la mayoría de las comunidades étnicas en el México contemporáneo. En todo caso, señala la autora, la dualidad femenina-masculino exige toda una decodificación epistemológica (Marcos, 2008:209).
Sobre el tema, otras autoras enfatizan que la autonomía de las mujeres indígenas requiere de la disposición de alternativas reales, de tener la capacidad de elección y no sólo imaginar esta posibilidad; ello es crucial para la emergencia de una conciencia crítica y únicamente es posible cuando maneras diferentes de ser y de hacer emergen como posibilidades materiales y culturales. Así, las proposiciones culturales de sentido común empiezan a perder su carácter naturalizado revelando su subyacente arbitrariedad de un orden social dado (Kabeer 1999, citada por Tepichin 2005: 78).
En este tenor, se afirma que entre más vulnerables son las vidas de las mujeres indígenas es más difícil que en los arreglos familiares y/o comunitarios exista una participación legítima de ellas. Se encuentran más vulnerables cuando están aisladas, sin posibilidades de acceder a la educación, sin ingresos propios, sin conocer la lengua que se habla fuera de su comunidad, cuando sólo tienen acceso a la información por medio del filtro de los integrantes más poderosos de su familia (O´Neill, 1993, citada por Tepichin 2005:79).
Esta vulnerabilidad se acentúa por la falta de servicios públicos (salud, agua potable, luz eléctrica, medios de comunicación, etcétera), por la violencia de que son objeto y por la falta de instituciones del Estado en sus comunidades que garanticen y protejan sus derechos humanos.
Debido a ello es fundamental abordar la situación de las mujeres indígenas tomando en cuenta su condición y posició n social. Más aun si se consideran no sólo las similitudes, sino también las diferencias existentes entre los distintos pueblos indígenas de México.
La condición social de las mujeres indígenas hace referencia a las características socioeconómicas que configuran sus niveles materiales de vida, a las circunstancias en que viven y se desarrollan. Expresa el grado de satisfacción de las necesidades prácticas e inmediatas y los niveles de bienestar de las mujeres.
Entre los indicadores utilizados para dar
mujeres se hace uso de la información relativa a su acceso a la educación, la salud, al agua potable, la vivienda, la higiene, al trabajo remunerado, entre otros, que permiten ubicar su calidad material y ambiental de vida (PNUD, 2006; Inmujeres, 2007).
Mientras que la posición social de las mujeres indígenas hace referencia a la ubicación de la población femenina en la estructura de poder que prevalece en una sociedad (en este caso tanto en el interior de sus pueblos indígenas como en el conjunto de la sociedad nacional).
Se mide en términos de las diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al poder político, la educación, los recursos productivos, el ingreso, las oportunidades de empleo, la participación en los cuerpos legislativos, la vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, etcétera (PNUD, 2006; Inmujeres, 2007). Su análisis comprende el reconocimiento social, el estatus, la disposición de las fuentes de poder que incluye el control de los activos productivos, la información, el liderazgo, la participación en la toma de decisiones, entre otras dimensiones.
El uso del binomio condición/posición de las mujeres como herramienta conceptual y operativa permite ubicar y comprender aquellos factores y mecanismos sociales, económicos y culturales que pueden mantener a las mujeres en situaciones de desventaja y subordinación en relación con los hombres o bien pueden coadyuvar positivamente a la modificación de las relaciones basadas en el género y en este caso también en las dinámicas interétnicas.
Es importante considerar que al abordar la situación de las mujeres indígenas desde una mirada de género se pone de relieve la necesidad y pertinencia de hacer visible las múltiples formas de discriminación, violencia y exclusión social que padece este sector de la población y en ello es fundamental la información estadística y los indicadores con enfoque de género que contribuyan a identificar y sintetizar la situación actual de las mujeres indígenas.
Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta y considerar la voz de las propias mujeres indígenas con relación a sus intereses, deseos y necesidades, reconocer su papel activo dentro y fuera de sus comunidades, en el contexto de restricciones múltiples que les imponen las dinámicas de poder provenientes del funcionamiento tanto de sus pueblos indígenas, como de la sociedad no indígena etnocentrista.
La vida de las mujeres indígenas en México se caracteriza, en general, por la precariedad, la pobreza, la exclusión y la discriminación sistemática. Hacer visible esta situación, a través de información estadística actualizada, constituye un paso básico y fundamental para romper con la exclusión y el silenciamiento social de que es objeto este sector de la población mexicana.
Bajo esta consideración resulta indispensable la generación y utilización de información estadística con perspectiva de género, a fin de conocer en términos cuantitativos la situación actual de las mujeres indígenas en los distintos ámbitos de la vida social, así como ubicar los rezagos y los avances logrados hasta ahora, esto es, la evolución de las brechas de género en períodos de tiempo y lugares específicos.
Cabe recordar que la incorporación de la perspectiva de género en un sistema de información e indicadores estadísticos no sólo significa desagregar los datos por sexo (mujeres y hombres), implica también redefinir los conceptos a partir de los cuales se recaba la información ya que lo que se busca observar es la forma en que se materializa la construcción social profundamente desigual de los roles de género (Gálvez en CDI, 2006:10; Pedrero, 2008).
La información estadística con perspectiva de género permite revisar en términos cuantitativos y sintéticos las expresiones de las posibilidades reales que tienen las mujeres y hombres indígenas en la formación de sus capacidades humanas fundamentales, las cuales proveen a las personas de libertad y posibilidades reales acerca de lo que pueden hacer y de aquello que pueden ser (PNUD, 2009).
En el ámbito de las políticas públicas, los indicadores estadísticos con enfoque de género proveen de herramientas sólidas que facilitan el conocimiento en torno a la situación de las mujeres y hombres indígenas, además, pueden contribuir a crear conciencia y sensibilizar a los actores políticos tomadores de decisiones para promover medidas de políticas públicas acordes a las necesidades y demandas de la población indígena (mujeres y hombres) del país.
En años recientes se ha enfatizado la importancia de su utilización como base en la formulación y justificación de las políticas públicas, así como para la supervisión, seguimiento y evaluación de los programas, acciones y medidas gubernamentales, debido no sólo a que permiten hacer comparaciones generales entre mujeres y hombres, sino que también coadyuvan a medir y valorar adecuadamente la participación y contribución de unas y otros a la sociedad (Luna, 2008:269).
A pesar del reconocimiento acerca de la función y utilidad social de los indicadores estadísticos con enfoque de género, a la fecha su uso es incipiente en México debido, entre otras cosas, a la falta de información actualizada y desagregada por sexo.
Los vacíos de información estadística restringen el conocimiento de la sociedad acerca de la población indígena (mujeres y los hombres), lo cual impide ubicar con claridad las diferencias y particularidades de los diversos pueblos indígenas asentados en el territorio nacional, así como la situación particular de los distintos subgrupos que constituyen la población femenina indígena, incluyendo aquellos más vulnerables, como pueden ser: mujeres embarazadas, madres solteras, analfabetas, monolingües, mujeres que padecen violencia por parte de su pareja, etcétera.
Bajo estas consideraciones, a continuación se expone un breve diagnóstico de la situación actual de las mujeres indígenas en México, con base en los datos
estadísticos disponibles, sobre todo de las fuentes oficiales, a fin de estimar, a partir de esta información, el grado de desigualdad persistente que afecta la calidad de vida de este sector de la población.
2. La población indígena en México 10
La distinción entre la población indígena y la no indígena implica, necesariamente, una definición de ambas: ¿Quién es una persona indígena?, ante esta interrogante puede aludirse: “ser o no ser indígena representa un acto de afirmación o de negación lingüística y cultural (Bartolomé 1997, citado en CDI, 2006:15). Este planteamiento implica considerar la autoadscripción identitaria de la persona.
Según Mercedes Pedrero, el ser indígena y su cultura no sólo se trata de tener como lengua materna una que no es el españo l, vestirse con trajes coloridos y tener expresiones distintivas ‘folklóricas’ en distintos campos; se refiere a formas propias de organización, rituales de identidad y maneras de ganarse el sustento con procesos productivos que pueden ser diferentes a los del resto de la sociedad (Pedrero, 2008).
El Inmujeres (2009) plantea que en México el proceso de captar y contar a la población indígena se ha realizado y se realiza a partir de diferentes criterios; ya sea considerando solamente a la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena, o bien atendiendo a toda la población que vive en hogares donde el jefe o su cónyuge hablan lengua indígena lo cual incrementa, con respecto al criterio anterior, el volumen de población indígena; otro criterio es el de la territorialidad, a través del cual se considera como indígena a la población de municipios o localidades con cierto porcentaje de hablantes o de hogares de personas indígenas.
10 Los cuadros y gráficas presentadas en este capítulo fueron realizadas por el licenciado Jacob Contreras Obando, investigador de la Dirección de Estudios Sociodemográficos, Información y Estadísticas de Género (Dirección de Proyecto 3), del CEAMEG.
De ahí que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considere que estas aproximaciones, en particular la referida al criterio de la población hablante de una lengua indígena, “tiende a subestimar el número de indígenas y, como consecuencia, a distorsionar el perfil de estos grupos de la población” (CDI, 2006: 16).
Esta instancia señala que si bien hablar una lengua indígena es un indicador útil, al mismo tiempo es insuficiente para definir a la población indígena; ello debido a que existen comunidades y personas indígenas que han perdido su idioma, pero no por ello han dejado de autoidentificarse como indígenas, ni de ser considerados como tales por el resto de la sociedad, por lo que la cantidad de población indígena obtenido a través de la pregunta de hablantes debe ser considerado el límite inferior del número de indígenas que habitan nuestro país (CDI, 2006:16).
En ello coinciden diversos estudios (Robichaux 2005; CEAMEG, 2007; Pedrero, 2008), bajo la consideración de que en muchas regiones de México se ha perdido y se continúa perdiendo el idioma indígena, esto es, el elemento definitorio de la categoría de indígena; no obstante, estos grupos de personas conservan formas de organización y cooperación comunitaria distintivas de los pueblos indios. Tomando en consideración estos argumentos, a continuación se presentan los datos estimados por la CDI respecto a la población indígena en el país:
Cuadro 1 Población indígena. México
483 412
103 236 388
Indígena Nacional
253 627
10 103 571
152 576
959 484
144 087
2 008 168
2 035 913
Fuente: CDI, a partir de Inegi, II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expone la siguiente información con relación al número de la población indígena en el país:
Mientras que las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo)
14 012 240 personas
indígenas, de las cuales 7 013 194 son mujeres y 6 999 046 son hombres, 11 para
2010 se estima que ascenderá a 14 314 119 personas, esto es, alrededor de 12%
del total de la población mexicana (Conapo, 2005: 44).
Como puede observarse, las proyecciones del Conapo muestran una tendencia ascendente en el número de personas indígenas con respecto a la población total del país, al pasar de 12.5% en 2000 a 12.6% en 2005 (y se prevé llegar a 12.8% en 2010). En contraste, tanto en la medición de la CDI como en la del Inegi se registra una disminución de la población indígena en la década reciente. En el caso de la primera (CDI), se muestra que la población indígena pasó de 10.5% en
2000 a 9.8% en 2005 con respecto a la población total del país. Mientras que el
Inegi muestra que, en términos porcentuales, la población hablante de lengua indígena representaba 7.5% del total de la población de 5 años y más en 1990 mientras que en 2005 sólo representó 6.7%.
Cabe subrayar que la variación en las cifras se debe a los distintos criterios utilizados en la captación y medición de la población indígena del país.
Respecto a los datos de la
el Inegi,
se muestra una
tendencia de disminución de la población indígena total en el país en la década reciente. Al mismo tiempo, se identifica que al interior de la población indígena parece aumentar el número de mujeres con respecto a los hombres.
La CDI reporta que en el año 2000, del total de la población indígena 49.7% eran mujeres, mientras que en 2005, éstas representaban 50.9%. El Inegi expone que de la población de 5 años y más hablantes de lengua indígena, en 2000 por cada 100 hombres había 102.4 mujeres, mientras que para 2005, por cada 100 hombres había 103.1 mujeres. Ello implica que, acorde a los criterios de captación
11 Las proyecciones del Conapo consultadas abarcan el período 2000-2010 y pueden consultarse en:
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/indigenas/repMexicana.xls
y medición de la población indígena en el país, existe la tendencia a que sean más mujeres que hombres quienes conservan y mantienen su identidad indígena.
Con respecto a la distribución de la población hablante de una lengua indígena en el territorio nacional se observa una presencia en la totalidad de las entidades federativas; destacándose el estado de Oaxaca, donde en 2005, 35.2% del total de su población de 5 años y más era hablante de alguna lengua indígena, le sigue Yucatán, con 33.3% de su población y Chiapas, con 26%.
En contraste, los estados con menor población de 5 años y más hablante de alguna lengua indígena son: Guanajuato (0.2%), Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas con 0.3%.
Según los indicadores de género del Inmujeres (2009), la gran diversidad de lenguas indígenas que existe en México suma más de 85, de las cuales están representadas por un mayor número de hablantes las siguientes: náhuatl (23% del total de hablantes de lenguas indígenas), maya (12.6%), mixteca (7%) y zapoteca (6.8%). Asimismo, existen 349 variantes dialectales, lo cual, en conjunto, distingue a México como un país pluriétnico y multicultural.
La relevancia de la diversidad de lenguas radica, en términos culturales, en que a través de su uso se contribuye a preservar las culturas, identidades y prácticas de cada pueblo, al ser parte de las raíces ancladas en su pasado precolombino y sustentar en gran medida el patrimonio cultural que representan (Bonfil, Barrera y
Aguirre, 2008:25). Esta diversidad hace que actualmente México sea el país con la mayor población indígena total en América Latina.
En lo que concierne a la distribución de la población indígena en el interior de nuestro país, es importante señalar que si bien no en todas las entidades federativas se ubicaban de origen pueblos indígenas, el aumento de la migración de este sector poblacional se refleja en la actualidad con la presencia de población indígena en todo el territorio nacional.
En este sentido, según datos del Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México (CDI-PNUD, 2006, citados por Isunza, 2009), la población indígena ha migrado constantemente hacia otros estados y municipios, así como a los países del norte en búsqueda de mejores oportunidades y opciones de vida. Por lo que uno de cada cuatro indígenas vive en ciudades donde son, porcentualmente, una población ‘minoritaria’ y escasamente visible en los promedios municipales ante una mayoría no indígena (Isunza, 2009:17). Cabe señalar que en la información pública consultada no se encontraron datos oficiales desglosados por sexo (mujeres y hombres) respecto a la población migrante indígena.
Según el Inmujeres, con datos del II Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, en México residen 6 011 202 de personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena. De ellos, 720 009 no hablan español: 461 156 mujeres y 258 853 hombres. Al comparar estos datos con el Censo de Población y Vivienda 2000, se observa una reducción de la población hablante de lengua indígena que en ese año sumaba 6 044 547, así como de la población monolingüe que ascendía a 1 002 236 (Inmujeres, 2009). Asimismo, hubo un incremento de la población que además de hablar una o varias lenguas indígenas habla español, es decir, población bilingüe: de 4 924 412 (de los cuales 47.7% eran mujeres) a
5 154 331 (con una proporción femenina de 48.6%) (Inmujeres, 2009).
Como puede observarse, si bien en los primeros cinco años del actual siglo XXI ha aumentado el número de mujeres indígenas bilingües, todavía siguen siendo quienes en mayor medida que los hombres no hablan español (461 156 mujeres por 258 853 hombres, en 2005). El hecho de que sean más mujeres que hombres indígenas hablantes y monolingües muestra, en parte, la persistencia de las desigualdades de género en el interior de los pueblos y comunidades indígenas.
Las especialistas en el tema (Gálvez en CDI 2006; Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008; Isunza, 2009) señalan que el monolingüismo constituye una de las barreras más importantes a la participación femenina en los espacios públicos de decisión en la medida en que es el instrumento de negociación hacia el exterior, un símbolo de estatus y autoridad y un factor de comunicación concentrado en manos masculinas.
Señalan que sin el beneficio de una segunda lengua y sin instrucción escolar las mujeres indígenas no sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo y toma de decisiones de interés colectivo, sino que, además, se encuentran en franca desventaja. No conocen sus derechos y, en consecuencia, no pueden ejercerlos, lo que se traduce en mayor pobreza y desventajas respecto a los hombres de sus comunidades.
La falta de acceso al recurso simbólico cultural y práctico del idioma nacional es una de las modalidades en donde se expresa la segregación femenina indígena en las localidades más pequeñas y dispersas, donde aún reside más de la tercera parte de la población indígena total (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008:27). La imposibilidad de comunicarse en una lengua externa a su comunidad acentúa la vulnerabilidad y la exclusión social de las mujeres indígenas.
La esperanza de vida se refiere al número de años que en promedio se espera que viva una persona al nacer. La esperanza de vida de las mujeres indígenas con respecto a sus pares no indígenas muestra rezagos importantes. Según datos del Conapo, en 2000 la esperanza de vida de las mujeres no indígenas era de 76.66 años en contraste con los 74.79 años de sus pares indígenas, esto es, casi dos años menos. En la proyección que se tiene para 2010 se muestra una tendencia similar ya que se prevé que las mujeres no indígenas tendrán una esperanza de vida de 79.17 años, en contraste con los 77.72 años de sus pares indígenas (Conapo, 2005: 31).
Según estos datos, las mujeres indígenas de Guerrero son las de menor esperanza de vida en el país: En 2000 ésta era de 73.11 años, para 2010 se prevé aumentar a 76.35. En contraste, las mujeres no indígenas de Quintana Roo tenían en 2000 una esperanza de vida de 77.16 años y se prevé que para 2010 sea de 79.54 años, esto representa una diferencia de casi 4 años de vida entre las mujeres indígenas y no indígenas de ambas entidades (Conapo, 2005: 31).
Cabe señalar que Guerrero es la entidad del país donde la población indígena de ambos sexos presenta tanto en 2000 como en 2010 la menor esperanza de vida. De acuerdo con Conapo, la desigualdad ante la muerte entre la población indígena y no indígena se hace patente en el hecho de que la vida media de los indígenas del país equivalía en 2000 a un riesgo medio de fallecer 14.9% mayor (15.4% en hombres y 14.5% en mujeres) que para los no indígenas, del cual se prevé una reducción a 12.8% (13.4 y 12.3%, respectivamente) en 2010 (Conapo, 2005:30).
Estos datos sintetizan las profundas desigualdades en México por motivos sobre todo de género y etnia; dan cuenta de manera contundente de la falta de acceso de la población indígena a bienes y servicios que se traduzcan en mayor calidad
de vida, y expresan la incapacidad del Estado mexicano para garantizar a las mujeres y hombres indígenas su acceso al desarrollo y bienestar social.
6. Acceso de las localidades y la población rural indígena a los servicios de salud
Respecto al grado de accesibilidad de la población rural indígena a los servicios de salud, los datos de Conapo muestran que 12% de las localidades rurales indígenas presentan un acceso muy bajo e incluso 27.4% de estas localidades no tienen acceso a los servicios de salud y sólo 11.6% tienen un acceso muy alto (Conapo, 2008), tal como se expone en la siguiente gráfica:
Las dificultades de la población indígena rural en el acceso a servicios de salud determina la alta morbi-mortalidad de este sector de la población, profundizando las disparidades evitables e injustas en las oportunidades de mujeres y hombres indígenas para gozar de servicios que les permitan estar en buena salud y no enfermarse, discapacitarse o morir por causas prevenibles y evitables.
En el caso de las mujeres indígenas rurales, las dificultades e incluso la imposibilidad de acceder a servicios de salud, se traduce en múltiples riesgos debido a que ellas son quienes tienen una mayor necesidad de servicios de salud, como consecuencia no sólo de su rol biológico en la reproducción (embarazo, parto y puerperio), sino también de la más alta morbilidad en su ciclo vital y su mayor longevidad (Gómez, 2002).
Según el Conapo es difícil deducir los niveles del riesgo de fallecer por condición de indigenismo, en mujeres y hombres, toda vez que las defunciones captadas por el registro civil (pieza central en el cálculo de los indicadores) no permiten saber si la persona difunta hablaba alguna lengua indígena o pertenecía a algún grupo indígena (Conapo, 2005:27). Esta situación es una muestra de los vacíos de información en la materia que requieren atenderse a la brevedad.
Bajo esta consideración, el Inmujeres señala que gran parte de las muertes de la población indígena se debe a enfermedades que pueden prevenirse a bajo costo y que se asocian a altos índices de desnutrición. Al interior de la población indígena sobresalen las diferencias entre mujeres y hombres con una sobremortalidad masculina importante. En 2004, del total de defunciones en la población indígena, 55.7% son masculinas y 43.3% femeninas (Inmujeres, 2009).
El cáncer cervicouterino (CaCu) está asociado a condiciones de pobreza y marginación, falta de escolaridad, residencia en áreas rurales, factores que dificultan el acceso de las mujeres a los mecanismos de detección oportuna de la enfermedad, así como a su tratamiento adecuado.
El CaCu es prevenible y curable si se detecta a tiempo; no obstante, constituye una de las principales causas de muerte entre las mujeres mayores de 25 años. Si bien no se encontró información pública oficial en torno a la situación de las mujeres indígenas frente a esta enfermedad, se sabe que es en las entidades con mayor presencia de población indígena donde se tiene la incidencia más alta de mortalidad debido a esta enfermedad.
Destacan estados como Oaxaca cuya tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino en mujeres de 25 años y más en 2005 era de 22.3, 12 en Veracruz de 21.9, en Colima 21.6, Yucatán y Chiapas 20.9, mientras que en Guerrero se registraba una tasa de mortalidad de 20 (SS, Presidencia de la República, 2006, citado en CEAMEG, 2007b).
La alta incidencia de muertes de mujeres —entre las que destacan las indígenas— debido a esta enfermedad, muestra las dificultades de este sector de la población para acceder de manera eficiente a servicios de salud de calidad, lo cual se traduce en barreras geográficas y culturales , mal trato que reciben las mujeres por parte del personal de salud, mala calidad de las muestras y de su interpretación, baja notificación de los resultados, etcétera (Gómez-Jauregui 2001, citada en CEAMEG, 2007b). Esta situación hace que el CaCu sea considerado como uno de los principales problemas de salud pública del país.
Respecto a la muerte materna, es importante considerar que ésta ocurre por causas inherentes al embarazo, parto o puerperio. La mortalidad materna es uno
12 La tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino se define como el número de muertes por esta causa en mujeres de 25 años o más por 100 000 mujeres de ese grupo de edad. A pesar de que este cáncer es el más prevenible y curable mediante la detección oportuna y el tratamiento efectivo en las primeras etapas de su desarrollo, es la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva, sólo superada por la diabetes mellitus. SSA (2006). Salud: México 2001-2005. Información para la rendición de cuentas. México: Secretaría de Salud.
de los indicadores más claros de las desigualdades de género, de clase y étnicas, al ser muertes prevenibles y evitables.
Las mujeres que viven en áreas marginadas presentan una mayor probabilidad de morir por problemas relacionados con la maternidad. En 2006, “la razón por mortalidad materna en los 100 municipios más pobres del país fue cinco veces más alta que en los 50 municipios con mejor índice de desarrollo humano” (SS, 2006, citada en INSP-CDI , 2008:26).
Cabe señalar que la mayoría de las
mujeres que radican en este tipo de
localidades y municipios son indígenas; sin embargo, no se dispone de información oficial para dar cuenta de la mortalidad por causa materna entre las mujeres indígenas. No obstante, según las estimaciones y los estudios realizados en la materia, se evidencia la alta incidencia de ocurrencia del fenómeno en las comunidades indígenas.
Según diversos especialistas, las principales causas de mortalidad materna son las hemorragias, la hipertensión asociada con el embarazo y otras complicaciones del parto, los edemas, proteinuria y toxemia, así como la infección puerperal. Estas causas estarían asociadas a deficiencias en la atención hospitalaria, por lo que en la actualidad la mayor parte de las muertes maternas en México sucede en establecimientos de salud. Este hecho revela que el problema no es únicamente de acceso a los servicios de salud, sino de la calidad en los mismos (Uribe, Díaz, Cárdenas y otros en Naciones Unidas-México, Gobierno de la República,
2006:55).
La Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi, 2008) señala que poco más de 13% de las muertes maternas ocurridas en 2006 fueron de jóvenes menores de 20 años. La muerte materna es más alta en regiones
indígenas del país, y tiene una estrecha relación
los altos índices
desnutrición que existen allí. Además, se afirma que 60% de las mujeres
indígenas embarazadas padecen deficiencia de hierro y entre ellas el riesgo de morir por causas del embarazo, parto y puerperio es tres veces más alto que el de una mujer no indígena (OPS, 2007, citada en INSP-CDI, 2008: 26). Las investigaciones cualitativas realizadas (Castañeda, Díaz, Espinosa y otras 2004; Freyermuth, 2003, Oehmichen, 2005) han mostrado que las muertes maternas se deben, en gran medida, al rezago, a la inequidad en el acceso a los servicios de salud y a la mala calidad en la atención de los servicios médicos. No es extraño que se concentren en las mujeres pobres y especialmente en las que carecen de seguridad social, vivan en zonas rurales de alta marginación, zonas suburbanas marginales y sean indígenas.
La alta incidencia de la mortalidad materna, que afecta sobre todo a las mujeres indígenas, trae consigo el incumplimiento del Estado mexicano de los compromisos internacionales contraídos en la materia, incluyendo la Plataforma y Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) (1994), la Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995); así como las Metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000). De manera que la mortalidad materna sigue siendo uno de los indicadores más relevantes de injusticia social e inequidad de género, que afecta primordialmente a las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, a las comunidades rurales y a las poblaciones indígenas.
Un indicador demográfico importante con respecto a la situación de las mujeres indígenas es el de la fecundidad. En 2005, el Inegi calculó que el promedio nacional de las y los hijos nacidos vivos por mujer fue de 2.47, ubicando a Guerrero y a Zacatecas como los estados con fecundidad más alta (2.95) y al Distrito Federal en la posición más baja (1.96).
En 2000, la tasa global de fecundidad (TGF) para las mujeres indígenas de 20 grupos etnolingüísticos se encontraba entre 2.5 y 6.8, en ese entonces, la tasa nacional era de 2.9 (INSP-CDI, 2008: 25).
Como puede observarse en la gráfica anterior, en los distintos grupos de mujeres que abarcan el rango de edad de 15 a 49 años, es mayor el porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena quienes tienen al menos una o un hijo nacido vivo, con respecto al total de mujeres del mismo rango de edad.
Según las proyecciones del Conapo, se prevé que para 2010 la TGF indígena será de 2.32, mientras que la TGF de las no indígenas será de 1.92 (Conapo, 2005: 25). De acuerdo con estas proyecciones, la tasa global de fecundidad de las mujeres indígenas continuará en el futuro próximo siendo más alta que la de las mujeres no indígenas. Destaca en esta información la maternidad en mujeres indígenas de 15-19 años, esto es, una maternidad en edad temprana.
Según el Inegi, en 2005, 15.9% de las mujeres indígenas en el país, en el rango de edad de 15 a 19 años, tenía al menos una o un hijo nacido vivo. Destacando las entidades de Nayarit (30.9%), Sinaloa (29.6%) y Chihuahua (27.3%) con los mayores índices de maternidad temprana en las mujeres indígenas.
Datos del Instituto Nacional de las Mujeres muestran que en áreas rurales sólo la mitad de las mujeres en edad fértil usan algún tipo de anticonceptivo, mientras que 12% ha expresado su deseo de limitar o espaciar el nacimiento de hijos, sin que su demanda de anticoncepción fuese atendida. Dicho de otra manera, “en la población indígena una de cada cuatro mujeres no tuvo acceso al uso de
anticonceptivos a pesar de desearlo” 13 (Inmujeres, citado en INSP-CDI, 2008: 26). La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos violenta de manera grave el derecho de las mujeres indígenas a la salud reproductiva.
Sumado a lo anterior, habría que considerar que en las mujeres indígenas jóvenes, la maternidad temprana suele expresar en gran medida una nupcialidad a edades cortas, en la que las prácticas sexuales mantienen un remarcado carácter reproductivo y en la que es común que las mujeres no tengan posibilidades reales de negociar con su pareja el uso de métodos anticonceptivos (Hernández,
2008:28-31).
En este sentido, es importante considerar desde una mirada de género, las implicaciones que trae consigo para las mujeres indígenas una maternidad temprana, en términos no sólo de riesgos en su salud y en la de sus hijas e hijos, sino también en las responsabilidades impuestas al ejercicio de la maternidad; más aun al tomarse en cuenta que en gran parte de las comunidades y pueblos indígenas el cuidado y la crianza de las y los hijos sigue siendo considerada una responsabilidad exclusiva de las mujeres.
9. Riesgo de las mujeres indígenas ante infecciones de transmisión sexual
y VIH-SIDA
Entre los sectores de mujeres que están particularmente en riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) y especialmente el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) se ubican las mujeres indígenas/rurales, o parejas de migrantes (Herrera y Campero, 2002 citadas en CEAMEG, 2007b). Sin embargo, en nuestro país no se tienen datos oficiales sobre la manera en que estas enfermedades afectan a la población indígena, y en particular a las mujeres.
13 No se encontró información pública oficial respecto al grado de demanda insatisfecha en las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales y que se ubican en el rango de edad de 15-a 19 años.
Según Daniel Hernández (2008), se desconoce la magnitud de la ruralización del VIH como un problema de salud que involucra variables como: condición étnica, género, pobreza, migración y violación de derechos humanos (Hernández, 2008:
24). En el caso de mujeres indígenas, su vulnerabilidad aumenta debido a varios factores, entre ellos la falta de información calificada sobre prevención del VIH.
De acuerdo con el Inmujeres, la Encuesta de Salud Reproductiva en el Ámbito del IMSS-Oportunidades realizada en 1999 obtuvo que 62% de las mujeres hablantes de lengua indígena desconoce la existencia de las ITS, mientras que 37.5% declaró no saber cómo se transmite el sida. Asimismo, entre las y los adolescentes indígenas, sólo 14% refirió tener conocimiento sobre el uso de preservativos como medio de prevención de infecciones de transmisión sexual y 10% señaló la abstinencia como alternativa (Inmujeres, 2006, citado en Inmujeres 2009).
Estudios cualitativos sobre el tema señalan que la vulnerabilidad de las mujeres indígenas (principalmente aquellas cuya pareja es migrante) se produce en un contexto donde las prácticas sexuales se basan en creencias sobre el honor y prestigio masculino. Se advierte que una infección de VIH agudiza las condiciones de pobreza y puede detonar la aparición de nuevas formas de opresión social basadas en discriminación y estigma hacia las personas y localidades indígenas (Hernández, 2008:31).
La violencia contra las mujeres es cualquier acción, conducta u omisión, que, basada en la discriminación de su género, le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico.
La violencia contra las mujeres, incluyendo a las indígenas, puede ocurrir en diferentes momentos de su vida y toma distintas expresiones, lo que tiene como consecuencia que la mayoría experimente más de un tipo de violencia a lo largo de su ciclo de vida.
En la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi, 2008) se encontró que 34% de las entrevistadas reportó golpes y/o humillaciones en la infancia.
En los Altos de Chiapas, alrededor de 2 de cada 5 mujeres reportan maltrato infantil y en la costa y sierra sur lo hace 1 de cada 5. Respecto a la condición de habla, el maltrato presenta una prevalencia similar entre monolingües y bilingües (31 y 32%, respectivamente), con una proporción más elevada entre las mujeres que sólo hablan español (37%). El padre aparece como el agresor principal de humillaciones reportadas por las mujeres entrevistadas en 48.5% de los casos, seguido de la madre con 45.2%. En menor proporción se menciona a otro familiar, otro no-familiar, abuelos y padrastro/madrastra (INSP-CDI, 2008:72).
Se exploró también el abuso sexual en la infancia, considerado como “cualquier tocamiento o coacción para hacer algo sexual antes de los 15 años”.
La prevalencia de esta forma de violencia es de 7%; de éste, 53.08% de los casos tuvieron a un familiar como agresor y 57.8% a un no-familiar (incluyendo el novio). Destaca que dentro de los agresores pertenecientes a la familia, 22.8% son mujeres y 27% son hombres. Es importante señalar que 9% mencionó al novio como agresor (INSP- CDI, 2008:75).
Respecto a la violencia de pareja actual la citada encuesta tomó en cuenta a las mujeres que sufrieron violencia psicológica, negligencia física, económica o sexual de parte de su pareja en los últimos 12 meses. Se identificó una prevalencia de 25.55% de violencia de pareja actual.
La distribución de la violencia de pareja actual por región es uno de los aspectos más relevantes: entre las regiones, la prevalencia varía entre 16% en la Costa y Sierra Sur y 41.37% en los Altos de Chiapas. Respecto de la severidad de la violencia de pareja actual, en total 15.49% de las encuestadas reportaron violencia no severa, mientras que 10.06% la reportó severa (INSP-CDI, 2008:77).
Las prevalencias para cada tipo de violencia de pareja actual fueron las siguientes:
psicológica 21.09%, física 9.83%, económica 10.06%, negligencia 6.12% y sexual 6.75%. La prevalencia para cada tipo de violencia varía de una región a otra. Tomando en cuenta la condición de habla resultó que la violencia de pareja actual tiene una mayor prevalencia entre las mujeres indígenas monolingües (28.43%) y también la severidad de la violencia es mayor en este grupo (INSP-CDI, 2008:77).
Respecto a la violencia en el embarazo, 17% de las mujeres reportaron haber sido maltratadas en alguno de sus embarazos. Esta clase de violencia se caracterizó principalmente por humillaciones (13%), amenazas (9%), golpes (9%) y por las relaciones sexuales obligadas (8%). El agresor que reportan por cada tipo de violencia varía; sin embargo, en todas se mencionó como el principal agresor al padre del bebé (INSP-CDI, 2008:82). Asimismo, se señala que:
Entre las mujeres que reportaron ser obligadas [durante el embarazo] a tener relaciones sexuales, 4% reportó a su propio padre como el agresor; en las mujeres que reportan humillaciones y amenazas se señala a la suegra como agresora en 5 y 4%, respectivamente (INSP-CDI, 2008:82).
Del total de mujeres que reportaron estar embarazadas en el momento de la aplicación de la encuesta, 5% reportó que fue golpeada o pateada durante su actual embarazo; 44% reportó haber sido golpeada en más de una ocasión en el último mes; y de las mujeres que reportaron haber sido pateadas en el último mes, el total reportó que lo fue en más de una oc asión. Es frecuente que las mujeres no reporten esta situación de maltrato a nadie (76%), y una minoría se lo menciona a un familiar o a otros (INSP- CDI, 2008:82-83).
La violencia contra las mujeres indígenas es la expresión más descarnada de la discriminación sistemática y de las relaciones asimétricas de poder que las coloca en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad extrema. Su incidencia también muestra la ausencia de instituciones estatales que atiendan esta problemática.
La educación constituye un derecho humano fundamental que posibilita el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas fundamentales para participar activamente en los diferentes ámbitos de la vida social y cultural del país.
A partir de los 15 años de edad la habilidad para leer y escribir se denomina alfabetismo, la ausencia de ésta se conoce como analfabetismo. Los datos del Inegi (2005) muestran que las mujeres indígenas hablantes de lengua indígena, analfabetas, de 15 años y más en el país ascienden a 39.6%, mientras que los hombres indígenas analfabetas, hablantes de lengua indígena, constituyen 23.2%, esto representa una relación de casi dos mujeres por cada hombre indígena que no sabe leer ni escribir.
Por su parte, el Inmujeres (2009) señala que menos de la cuarta parte de las mujeres indígenas de 15 años y más terminó la primaria (24.4%). También señala que en la población hablante de lenguas indígenas el promedio de escolaridad de
las mujeres es 3.9 años mientras que el de los hombres es de 5.1 años, o sea, ellos tienen, en promedio, 1.2 años más de escolaridad (Inmujeres, 2009).
Por otro lado, si bien la población indígena más joven no presenta brechas significativas entre mujeres y hombres que saben leer y escribir, ello se revierte en los grupos mayores de edad, en los que se evidencia el rezago de las mujeres indígenas con respecto a los hombres indígenas, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Mientras que en las niñas y niños hablantes de lengua indígena de 12-14 años el porcentaje que sabe leer y escribir es casi equitativo (93.7% mujeres y 94.6%
hombres), ello se modifica en el rango de edad de 25 a 29 años en los que sólo 75.9% sabe leer y escribir, en contraste con el 86% de los hombres. Cabe señalar que estas brechas aumentan significativamente en los grupos de edad mayores.
Factores como la pobreza, el lugar de residencia y el género determinan el acceso y la permanencia escolar, siendo las mujeres indígenas de generaciones de más edad quienes en mayor medida carecen de instrucción educativa. Si consideramos que la educación es un indicador fundamental del desarrollo humano y de género, estos datos ilustran el rezago sustantivo que afecta sobre todo a las mujeres indígenas del país.
La pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a las que tienen derecho todos los seres humanos. Sus efectos los viven mujeres y hombres en general, pero son las primeras quienes, debido a la división del trabajo sobre la base del género y las responsabilidades relativas al bienestar familiar, soportan una carga desproporcionada al tratar de administrar el consumo y la producción del hogar en condiciones de escasez (ONU, 1995).
Bajo estas consideraciones, en México la mayor parte de las mujeres indígenas viven inmersas en la exclusión y la pobreza, la cual se agudiza en la zona sur y sureste del territorio mexicano, donde se concentran la mayor parte de los municipios marginados del país.
Para el año 2000, 26.9% de la población se encontraba en condición de pobreza alimentaria. El 65.3% de la población indígena se encontraba en esa situación y 50.5% de los hogares indígenas dirigidos por mujeres tenía ingresos que los ubicaba bajo esta línea de pobreza (Colmex, 2006).
La pobreza como forma predominante de exclusión y de negación de los derechos humanos se agudiza a través de discriminación cultural, étnica y de género y está asociada a diversas formas de privaciones (materiales, no materiales, subjetivas y culturales) (ONU, 1995).
La situación de pobreza que afecta a gran parte de las mujeres indígenas de nuestro país agudiza su aislamiento social, su vulnerabilidad, así como las dinámicas sociales de dependencia y subordinación en la satisfacción de necesidades básicas. Cabe señalar que no se ubicó información oficial actualizada relativa a la situación de pobreza de las mujeres indígenas.
La actividad laboral presenta contrastes marcados en nuestro país, pues la población que habita zonas rurales y específicamente indígenas tiene una organización y retribución del trabajo distinta a la que se vive en zonas urbanas.
Las horas de trabajo, las formas de contrato o las actividades múltiples, hace que sea complejo captar su distribución e ingresos generados. Éste es el caso de la participación de las mujeres en el ámbito económico.
El trabajo femenino por ingresos se traslapa con el cuidado y alimentación de las y los hijos, parejas, padres y/o hermanas y hermanos, con las tareas domésticas y comunitarias, además de su aporte a la producción del hogar. Este traslape genera un subregistro del trabajo femenino. En 2000:
de la mujeres indígenas declaró ocuparse en los servicios
domésticos o personales, los cuales, junto con la agricultura o manufactura constituyen las principales actividades de la población indígena femenina; casi 13 de cada 100 se dedican al comercio y 3 de cada 100 a la venta y servicios en la vía pública (Conapo, 2006 citado en INSP-CDI, 2008:22).
Los hombres indígenas encuentran en la agricultura su actividad principal, 46 de cada 100 se dedican a las labores del campo, en tanto que “diez trabajan en la construcción, siete son artesanos y seis se dedican al comercio; cuatro se ocupan en proporcionar servicios domésticos o personales y dos de cada cien realizan ventas y servicios en la vía pública” (Conapo, 2006 citado en INSP-CDI, 2008:24).
Se observan diferencias notorias entre mujeres y hombres indígenas en cuanto a tipos de empleo y su diversificación. La inserción de las mujeres indígenas en la esfera laboral depende del tipo de comunidad de residencia, su ubicación geográfica e incluso su estado civil. Lo que comparte la mayoría de mujeres y hombres indígenas es su inserción en actividades precarias que no les permite disfrutar de protección social en términos de salud. Según el Inmujeres, solamente 3.6% de la población indígena económicam ente activa tiene derecho a servicios de salud: 5.8% de los hombres y 1.4% de las mujeres (Inmujeres, 2009).
Esta situación de precariedad no es privativa de actividades informales o poco calificadas, ya que según Regina Martínez (2009) mujeres y hombres indígenas (que hablan una lengua indígena) con estudios universitarios, ganan en promedio un tercio menos que las personas no indígenas con estudios similares.
Asimismo, es necesario considerar los vacíos de información existentes sobre el tema, ya que:
en las estadísticas la participación económica de las mujeres indígenas no se ha
reconocido en su justo valor, debido a que tradicionalmente se ha entendido su trabajo como ayuda u obligación, por ejemplo, en las labores del campo y del trabajo doméstico (Gálvez en CDI, 2006).
La situación anterior invisibiliza los aportes de las mujeres indígenas no sólo al bienestar y sostén de sus familias, sino también su participación en el desarrollo de sus comunidades y, en un sentido más amplio, del país.
El ámbito de la política como espacio investido de poder sigue restringido a las mujeres, más aun a las indígenas, de ahí que su presencia sea sumamente limitada no sólo en México sino en los distintos países de América Latina con una población indígena importante.
Además de los obstáculos y restricciones que enfrentan las mujeres para acceder y participar en la política, así como en la toma de decisiones de interés colectivo, históricamente las mujeres indígenas han tenido que enfrentar sistemas normativos masculinos que coartan su interés de participar en la esfera de la política, tanto en el ámbito de sus comunidades como fuera de éstas, en los órganos políticos del ámbito municipal, estatal y federal.
Se trata no sólo de un asunto de usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas; la discriminación hacia las mujeres indígenas se evidencia en todos los espacios políticos de toma de decisiones, en los distintos niveles de gobierno y órganos del Estado.
Las prácticas, costumbres, prejuicios y valores androcéntricos siguen vigentes en los espacios conferidos de estatus y poder político, en los cuales se define en términos simbólicos al hombre como modelo de sujeto de derechos. De manera que la conjunción de la etnia, el género y la clase obstruyen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas.
Si bien se reconoce la importancia de los recientes procesos organizativos de las mujeres indígenas —los cuales se inscriben en movimientos sociales amplios en los que ellas participan de manera activa y visible en distintas regiones del mundo y en particular en América Latina—, su participación, movilización y aportes políticos no han logrado traducirse en una presencia importante y sistemática en la
esfera político-electoral, ni en cargos públicos en los ámbitos de sus comunidades y pueblos, así como en el ámbito de lo municipal, estatal y federal.
Bajo estas consideraciones, a continuación se expone de manera sintética la situación actual de las mujeres indígenas en distintos países, con especial atención al caso de México. Es importante considerar que debido a los vacíos de información oficial sobre el tema, así como a la poca bibliografía actualizada, la mayor parte de la información se basa en las investigaciones más recientes.
En 2001, la Constitución Política de Méxi co fue modificada para reconocer la composición pluriétnica y multicultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a contar con instituciones sociales, políticas y culturales que tomen en cuenta sus necesidades y demandas específicas. 14 “En este marco, se adoptaron 28 Distritos Electorales Uninominales con 40% o más de población indígena” (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008).
En lo relativo al respeto de los derechos de las mujeres indígenas, la reforma al artículo 2º de la Constitución expresa:
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: (…) II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta
14 El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, entre otras cosas, que: La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico (…)
Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres (…) III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones (…) B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos (…) V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria (…)
Esta reforma constitucional fue la respuesta del Estado a la movilización ciudadana de los pueblos indígenas, a través de la cual reivindicaban el respeto a la diversidad, el reconocimiento a los derechos colectivos, el derecho a participar en la toma decisiones relevantes para el país, el derecho a tener control sobre sus territorios y sus recursos naturales; el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento a sus sistemas normativos tradicionales, así como el derecho a la justicia, la dignidad y la diferencia. Sin embargo, esta reforma constitucional:
hasta la fecha es rechazada por los pueblos indígenas del país, en virtud de que consideran que no reconoce las demandas que éstos han venido realizando y continúa
dándoles trato de sujetos de interés público, y no de sujetos de derecho (Conapred, Zuñiga, 2008:20).
En los hechos, las modificaciones a la Constitución parecen ser insuficientes para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas, la igualdad de oportunidades entre la población indígena y no indígena, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas, incluyendo sus derechos políticos.
En este contexto, abordar el tema de la participación política de las mujeres indígenas presenta todavía hoy, a decir de distintas especialistas (Marcos, 2008; Bonfil, Barrera y Aguirre 2008), como primer escollo, la falta de visibilización de las mujeres indígenas como sector particular de la sociedad. Se trata de un tema insuficientemente posicionado en la agenda pública y en el interés de los actores políticos. Esta invisibilidad se refleja no sólo en la limitada presencia de las mujeres indígenas en el ámbito de la política, sino también en los vacíos de información que permitan ubicar mejor los rezagos en la materia.
Esta situación persiste no obstante las movilizaciones recientes de las mujeres indígenas en México y su resignificación en la escena pública, a través de movimientos indígenas como el del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) surgido públicamente en 1994 y cuyas reivindicaciones y planteamientos han contribuido a redimensionar la importancia de la participación política de las mujeres indígenas, así como el impulso de sus agendas como parte de las movilizaciones sociales.
Ello quedó de manifiesto a través de la denominada: Ley Revolucionaria de las Mujeres, publicada originalmente en el órgano informativo del EZLN (El despertador mexicano) el 1 de diciembre de 1993, en la cual se manifestaba:
Tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente: Ley Revolucionaria de Mujeres (…) Cuarto. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad, y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente (Lovera y Palomo, 1999: 59).
Se trató de una declaración de las mujeres indígenas que exigían ejercer sus derechos como mujeres y como indígenas, reclamaban, entre otros, su derecho a tener cargos en la comunidad, a decir su palabra y que ésta sea respetada, lo cual significa para las comunidades indígenas una verdadera revolución (Lovera y Palomo, 1999).
Sin embargo, las reivindicaciones y exigencias de estas mujeres indígenas no han logrado permear todavía en los sistemas normativos de la mayor parte de los pueblos y comunidades indígenas, tampoco han tenido eco en la conformación de los órganos políticos de los municipios, los estados y la federación.
Por otro lado, como parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), esto es, la red más grande y activa de múltiples organizaciones indígenas de México, en 1997 un grupo de mujeres indígenas creó dentro del CNI una nueva organización de mujeres: la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, con representantes de 26 grupos indígenas del país (Del Valle, 2000, citada en Marcos, 2008).
A través de esta organización, mujeres indígenas de diversos pueblos indios han ido cultivando su liderazgo y articulando sus demandas de género, como mujeres y como indígenas, enfrentando tanto las resistencias internas de sus propios compañeros de lucha, como las externas, provenientes de la sociedad nacional etnocentrista. En sus palabras expresan: “a mis hermanas indígenas les digo:
quién si no nosotras mismas para seguir apropiándonos de nuestras voces“ (Sánchez, 2004).
Si bien estos procesos organizativos constituyen
participación política activa de mujeres indígenas, en contextos de contradicciones, de marginación y de exclusión, ello no se traduce aún en su presencia en los espacios de poder en el ámbito comunitario, ni en los órganos políticos del Estado mexicano.
A. La participación política de las mujeres indígenas en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres. El caso de Oaxaca
El ámbito comunitario es el espacio más próximo y cotidiano de las mujeres indígenas, de ahí su importancia en lo relativo a su participación pública en cargos políticos locales, a través de los sistemas normativos indígenas (los usos y costumbres).
Especialistas en la materia enfatizan que en México existe diversidad de sistemas normativos en el conjunto de los pueblos indígenas. Señalan que no es lo mismo participar siendo mujer náhuatl que zapoteca, pues si bien todas las etnias comparten una misma raíz basada, por un lado, en la exclusión y la pobreza y, por otro, en identidades distintas a la nacional, en tanto pueblos indígenas, entre ellas, las mujeres no tienen acceso a los mismos niveles de participación familiar y comunitaria, no tienen las mismas oportunidades de expresar sus necesidades y planteamientos, ni las mismas condiciones de acceso y control de los recursos (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008).
Ello se expresa en el caso del estado de Oaxaca en el que coexisten y son reconocidos por la ley electoral local —el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPEO)— dos sistemas normativos que regulan la renovación de los ayuntamientos municipales: el de usos y costumbres y el régimen de partidos políticos.
En un estudio reciente realizado por Alma Isunza (2009) se destaca no sólo la variedad en los criterios y situaciones en las que se inscribe la participación política de las mujeres indígenas, sino que también se señalan inconsistencias y vacíos de información en lo relativo a la participación de las mujeres, según los usos y costumbres en los distintos municipios de Oaxaca.
En el citado estudio se afirma que, con respecto a las elecciones municipales celebradas el 7 de octubre de 2007, había 361 municipios registrados dentro del sistema de usos y costumbres y 12 municipios (a la fecha del estudio) se encontraban indefinidos pues reportaban problemas poselectorales. Asimismo, se señala que existen 64 municipios (del total de 570 que conforman el estado) que renuevan su ayuntamiento anualmente o cada año y medio, lo cual dificula el conteo, más aun cuando existen litigios poselectorales.
Se afirma que es común que se den cambios de un régimen electoral a otro (usos y costumbres o régimen de partidos políticos) dependiendo del clima político, las coyunturas electorales y los conflictos internos de los municipios (Isunza, 2009:32- 33). Asimismo, se encontró que existe gran variedad en los métodos de elección y en los criterios del voto femenino, además de que en ningún caso se ubicó de manera explícita la presencia de observadores en los procesos electorales municipales.
Cuadro 5 Variabilidad de criterios del voto femenino en municipios regidos por usos y costumbres en Oaxaca
Criterios para el voto femenino
Votan todas las mujeres No votan
Sólo casadas
Sólo viudas
Sólo solteras
Sólo solteras y viudas Sólo las que pertenecen a la
Cofradía o Mayordomía No especifican
Fuente: Alma Isunza, 2009:34.
Como puede observarse, en Oaxaca los municipios regidos por usos y costumbres contemplan múltiples criterios respecto al voto de las mujeres. Cabe señalar que en el estudio no se especifica si existe en estos municipios alguna restricción al voto de los hombres.
Se señala que hay municipios, como Santiago Yaltepec, donde votan desde los 14 años (no se especifica si sólo las mujeres o también los hombres), en San Martín de las Peras sólo votan las mujeres si son parte de la Cofradía o Mayordomía y en San Martín Tiljate los cargos se otorgan por antecedentes de cargos desempeñados anteriormente (Isunza, 2009:33).
Se afirma que en las instancias políticas de estos municipios, la presencia de mujeres se ubicó en 21 municipios (5.6%); en cargos como regidoras, tesoreras, secretarias, contraloras, comisiones administrativas (agua potable). Asimismo, debido a la escala de la administración de los municipios pequeños se señala que
incluso se considera el otorgamiento de cargos a las mujeres “hasta como telefonistas y bibliotecarias. En 48 municipios (12.9%) se registró este ámbito de participación” (Isunza, 2009:34-35). La autora menciona que existen muy pocos casos de mujeres en estos municipios que ocupen o hayan ocupado el cargo de presidentas municipales (Isunza, 2009:35), sin embargo, no se especifican datos.
Respecto a la conformación de comités de instituciones públicas relacionadas con salud, educación y programas sociales como el de Desarrollo Humano Oportunidades, el estudio muestra que, de manera explícita, las mujeres participan en el cargo de presidentas de este tipo de comités en 14 municipios (3.8%) y como integrantes de los comités en 195 municipios (52.3%) (Isunza, 2009:35). Asimismo, se expone que sólo en 7 municipios (1.9%) existen instancias locales de mujeres tales como comités y organizaciones femeninas.
Por otro lado, se encontró que en 56 municipios las mujeres cumplen cargos religiosos y tradicionales de manera obligatoria (15%) como mayordomas, encargadas del templo, catequistas e incluso como policías en 6 municipios (1.6%) (Isunza, 2009:36).
En 64 municipios (17.2%) se ubicó la obligatoriedad para las mujeres en servicios como: cocineras en los festejos o en la realización de tequios. 15 En 12 municipios (3.2%) las mujeres son organizadoras de fiestas tradicionales, mientras que en 31 (8.3%) participan en diversas faenas comunitarias (limpieza de espacios públicos, iglesias, locales comunales y promotoras de programas comunitarios). Se afirma que en municipios como Santiago Choapam, Santa María Yucuhit y Santa María Guienagati solamente las mujeres viudas pueden ocupar cargos. En este sentido, se destaca que la participación de las mujeres en los cargos ligados a las
15 El tequio. Trabajo que realiza cada integrante de una comunidad en favor de las necesidades colectivas, sin paga, vigente en varios pueblos indios y mestizos. Enciclopedia en línea, consultada el 19 de agosto de 2009 en: http://diccionario.sensagent.com/tequio/es-es/
prácticas religiosas y fiestas tradicionales les confiere prestigio dentro de los pequeños municipios (Isunza, 2009:36-37).
De igual manera se señala que en la mayor parte de los municipios los servicios comunitarios son una institución muy arraigada e, incluso, en varios de éstos son requisito para ocupar cargos tradicionales así como para ser elegidos integrantes de los ayuntamientos.
La autora concluye que, no obstante la participación activa de las mujeres en el ámbito de su comunidad en estos municipios regidos por usos y costumbres, es muy escasa su presencia en puestos de elección popular (5.6%) como en la administración pública municipal (12.8%) (Isunza, 2009:36).
Se afirma que la participación de las mujeres en los espacios públicos municipales se aprecia como una prolongación de sus funciones en el espacio del hogar y la familia y que incluso los programas sociales gubernamentales requieren este tipo de “participación” tutelada de las mujeres en el ámbito comunitario.
Se señala que bajo el régimen de usos y costumbres las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de la toma de decisiones del interés colectivo, no obstante, se anota que existen excepciones a esta situación, ya que se encontró que en 21 de estos municipios las mujeres han ocupado cargos dentro del gobierno municipal, así como 48 municipios en los que se registra participación de las mujeres en la administración municipal (Isunza, 2009:36-38). De manera que si bien las mujeres indígenas tienen serias limitaciones respecto a su participación política en los municipios regidos por usos y costumbres, al mismo tiempo se observan ciertos resquicios que posibilitan su presencia en ciertos espacios y cargos públicos.
referida, no sólo
la variabilidad de
disposiciones respecto a la participación de las mujeres, sino también
conflictos que operan en el interior de cada municipio, de un período a otro y que inciden en el cambio del sistema de usos y costumbres por el régimen de partidos políticos. Advierte que la resistencia más decidida a impedir la participación de las mujeres proviene de los ancianos, de ahí que una de las opciones que tienen las mujeres es que sean nombradas por medio de los partidos políticos, aunque este derecho suele ser impedido frecuentemente por el jefe de familia (Isunza, 2009:37- 40). En este contexto, se concluye que, para romper la exclusión de que son objeto las mujeres indígenas, su participación organizada en asociaciones les permite tener un margen importante de negociación frente a la comunidad.
En este sentido, habría que subrayar que los múltiples obstáculos y exclusión que enfrentan las mujeres indígenas no son privativos de los municipios regidos por usos y costumbres; por el contrario, se trata de una situación que permea todos los niveles y ámbitos del poder político en México.
B. Las mujeres en los ayuntamientos de municipios con alta población indígena
Al mismo tiempo que existen los municipios indígenas regidos por usos y costumbres (sólo reconocidos en el estado de Oaxaca), existen también municipios con alta población indígena. En el estudio realizado por Alma Isunza (2009) se consideran 19 entidades federativas que comprenden 654 municipios que concentran 40% y más de población indígena.
La autora ubica que los estados con mayor número de municipios con población indígena son: Yucatán (92.45%), Quintana Roo (62.5%), Oaxaca (54.21%) y Campeche (45.45%). Asimismo, señala que las mujeres son presidentas municipales en 28 de estos municipios, lo que representa 4.28% del total; hay 46 síndicas (8.32%) y 654 regidoras (25.56%), lo que evidencia la escasa presencia de las mujeres gobernando municipios (Isunza, 2009:21).
Cabe señalar que en el texto no se especifica cuántas de las mujeres que forman parte de los órganos políticos en el ámbito municipal son indígenas. Se trata de un vacío de información importante en la medida que el hecho de que sean municipios con una población de mayoría indígena, no necesariamente se traduce en que las mujeres que ocupan algún cargo en los ayuntamientos sean indígenas, toda vez que en la actualidad varios de estos municipios siguen siendo gobernados por elites mestizas locales, tal como la propia autora lo refiere en su análisis al interior de los estados que conformaron el objeto de su investigación.
Al desglosarse la información por estado, en torno a la participación de las mujeres en los ayuntamientos de los municipios con 40% y más de población indígena, el estudio antes citado ubica los siguientes datos:
Fuente: Alma Isunza, 2009: 91.
Destaca la participación política de las mujeres en los ayuntamientos del estado de Campeche, en el cual, sin embargo, ninguna de las mujeres que participan en el ámbito municipal tiene el cargo de presidenta municipal; se trata de varias síndicas y regidoras en los municipios de Calkiní, Calakmul, Hecelkachán, Hopelchén y Tenabo (Isunza, 2009:24) que, en conjunto, constituyen 42% de estos órganos políticos municipales.
Sonora tiene cinco presidentas municipales gobernando los municipios de Álamos, Magdalena, Quiriego, San Felipe de Jesús y Tubutama, mientras que en Etchojoa participan 5 mujeres como regidoras en el conjunto del ayuntamiento que es de 12 personas (Isunza, 2009:27). En total, la participación de las mujeres en estos municipios es de 41.6 por ciento.
En San Luís Potosí 3 mujeres ocupan el cargo de presidenta municipal en los municipios de Alaquines, Catorce y Lagunillas. De los 14 municipios estudiados, en 9 las mujeres ocupan cargos como síndicas. En el resto de los municipios, 30 mujeres ocupan el cargo de regidoras (Isunza, 2009:27). En total, la participación de las mujeres en estos municipios indígenas representa 34.1 por ciento.
En contraste, hay estados en los que los municipios estudiados no cuentan siquiera con una mujer participando en el gobierno local, como es el caso de Durango (para el estudio se consideró sólo un municipio).
Para el caso de Oaxaca se encontró que de los 309 municipios que concentran 40% y más de población indígena, sólo en 49 (15.8%) las mujeres tienen acceso a cargos políticos. Se observó que en 27 de estos 49 municipios se eligieron a mujeres por el sistema de usos y costumbres, y en 21 por el sistema de partidos políticos. Al comparar el número total de autoridades de los 309 municipios, el porcentaje de participación de las mujeres es apenas de 4.3 (Isunza, 2009). Esta situación es grave, más aun si se considera que Oaxaca es el estado con mayor población indígena en el país.
Asimismo, en Chiapas, otro de los estados con alta concentración de población indígena, 5 de los 118 municipios están presididos por mujeres, esto representa 4.2%. Se trata de los municipios de Ocozocuautla, Ostuacán, Tecpatán, Altamirano y Tumbalá, todos con gran presencia de población indígena. Destaca el caso de Altamirano, que concentra una población indígena de 81.15% y Tumbalá con 99.57%, pero, “no obstante la alta concentración de población indígena, solamente la Presidenta Municipal de Tumbalá es hablante de chol, en tanto que la de Altamirano no es originaria de ese municipio. En ambos casos las mujeres son profesionistas” (Isunza, 2009: 22).
Se señala que en el estado únicamente hay 36 mujeres con cargo de regidoras, en municipios con 70% o más de población indígena en los que “a excepción de Yajalón, donde tradicionalmente una elite mestiza ha gobernado el municipio, en el resto sí tiene acceso a cargos la población indígena” (Isunza, 2009:22).
Esta autora afirma que en los municipios en su totalidad indígenas, fundamentalmente de la región de los Altos de Chiapas, ninguna mujer ha ocupado algún cargo. Se trata de municipios tradicionalistas donde existen sistemas de cargos y autoridades paralelas cívico-religiosas que no permiten participación de las mujeres que vaya más allá de las funciones consideradas una prolongación de su papel en el hogar (Isunza, 2009:22). También apunta que su participación suele inscribirse en consideración a los imperativos de los programas gubernamentales, previa autorización de los esposos en todos los casos.
Al mismo tiempo, la autora encuentra en este estado algunos cambios paulatinos que están dándose en la materia; como ejemplo señala que en el municipio de Oxchuc hubo una presidenta municipal (profesionista) en el trienio anterior y ahora hay dos regidoras y mujeres participando en los comités de los partidos políticos (Isunza, 2009:22). Entre los factores que están provocando estos cambios se ubica a la migración de la población local que mantiene contacto con sus
comunidades de origen, así como mayores niveles de escolaridad de las mujeres; en particular se afirma que aquellas con acceso a la educación superior tienen mayores oportunidades de reconocimiento por parte de su comunidad.
Desde esta óptica, la apertura de los espacios políticos de los municipios indígenas a la presencia de las mujeres representaría signos de cambio en la cultura política local, en los que el factor principal sería la salida de las mujeres jóvenes en busca de mejores oportunida des y mayores niveles de educación (Isunza, 2009:23). No obstante, esta autora advierte que se trata de condiciones todavía muy restringidas para las mujeres debido a la extrema pobreza de la mayoría de la población indígena no sólo en Chiapas, sino de las poblaciones indígenas del país.
La inserción de las mujeres indígenas en la vida política de sus comunidades y municipios, así como en los ámbitos estatal y federal, se enmarca en una compleja gama de acceso a estructuras de gobierno y de poder publico, mediada, sobre todo, por su inserción en los partidos políticos, toda vez que éstos constituyen los canales establecidos para la toma de decisiones y el ejercicio del poder público, en el marco de una difícil y distante relación que ha existido entre los partidos políticos y los pueblos indígenas en México (Bonfil, Barrera y Aguirre: 2008).
En términos estadísticos, no es posible
saber en
situación de las mujeres indígenas en nuestro país como militantes y representantes de los comités ejecutivos de los distintos partidos políticos. En cuanto a la presencia en las legislaturas locales y federales hasta ahora la experiencia ha sido muy limitada en resultados para los pueblos indígenas y más aun para las mujeres.
A decir de ciertas autoras, prevalece entre la población indígena el sentimiento general de haber sido traicionados y utilizados por los partidos políticos, lo cual se complica ante la desconfianza con que las y los indígenas perciben y se relacionan con las diputaciones locales o federales (Marcos, 2008; Bonfil, Barrera y Aguirre: 2008:96).
Así, la exclusión indígena se agrava con la desconfianza y el aislamiento de las dirigencias indígenas frente al sistema político, lo que ha llevado a posiciones de distanciamiento y ejercicio paralelo de la representatividad y la autoridad, en procesos que han resultado en que la política propiamente indígena se construya, dirima, resuelva o empantane en lo local, sin incidir en las decisiones nacionales (Bonfil, Barrera y Aguirre: 2008). En lo que concierne a la presencia de las mujeres indígenas en los congresos estatales, los datos obtenidos muestran lo siguiente:
Cuadro 6 Congresos estatales, composición por etnia, 2008
Zapoteca/Mixe
Fuente: Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008:98.
El porcentaje de mujeres indígenas ocupando una curul en los congresos locales es sumamente bajo con un promedio nacional de 2% en 2008. Respecto a los partidos políticos que apoyaron las candidaturas de estas mujeres indígenas:
Cuadro 7 Congresos estatales, composición por etnia y partido político, 2008
Fuente: Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008:99.
En cuanto a la participación política de las mujeres indígenas en el Congreso federal de México, los datos son desalentadores. En la LX Legislatura federal (2006-2009), de las 500 curules que conforman la Cámara de Diputados, 116 (23%) fueron ocupadas por mujeres; sin embargo, ninguna de ellas se identificó como indígena. Situación similar se dio en la Cámara de Senadores, ya que del total de 128 curules, 23 (18%) fueron ocupados por mujeres, ninguna indígena (Bonfil, Barrera y Aguirre, 2008:101). Estos datos ilustran de manera contundente el grado de exclusión, silenciamiento e invisibilización de las mujeres indígenas en el sistema político nacional.
En lo que concierne al Poder Ejecutivo federal, en lo que va del actual sexenio 2006-2012 ninguna mujer indígena ha presidido u ocupado un alto cargo en las Secretarías de Estado e instancias del gabinete ampliado. Situación similar se observa en el Poder Judicial, en el cual ninguna mujer indígena forma parte del máximo órgano federal de impartición de justicia (La Suprema Corte de Justicia de la Nación).
La discriminación hacia las mujeres indígenas en el ámbito de la adopción de decisiones y la participación política se evidencia aun más cuando se toma en consideración que en México la población indígena constituye alrededor de 10% de la población total y de ésta, más de la mitad son mujeres.
Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que en el ámbito legislativo, tanto en el terreno federal como en casi todas las entidades federativas, están vigentes las cuotas de género (en el ámbito federal las cuotas contemplan la ecuación 60-40%, mientras que en las entidades varía el porcentaje, privando en lo general la ecuación 70-30%), como una acción afirmativa que busca acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y coadyuvar en la eliminación de las desventajas estructurales de las mujeres, acelerando su participación equilibrada
con los hombres, en la esfera de la política 16 (CEAMEG, Medina, Márquez y Rochín, 2008). Sin embargo, como puede observarse, esta cuota de género no ha incidido en la participación de las mujeres indígenas en las instancias del poder político.
Frente a esta situación, las mujeres indígenas apelan no sólo a modificar los usos y costumbres en cuestiones de género, sino también a contar con políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades, demandas, e intereses, incluyendo procesos de capacitación, formación y afianzamiento de liderazgos femeninos.
En este marco, resulta imprescindible el fortalecimiento de procesos encaminados a la organización de las mujeres indígenas en torno al conocimiento de sus derechos humanos y el ejercicio de su ciudadanía, así como mejorar los índices de desarrollo humano y de género en las comunidades y pueblos indígenas.
Lo anterior se constituye como pasos básicos e indispensables en la medida que la exclusión de las mujeres indígenas del ámbito de la política no es sólo un asunto de usos y costumbres, sino también de pobreza, marginación y exclusión en la que están inmersas sus comunidades y pueblos indígenas.
Respecto a la participación política de las mujeres indígenas en otros países, los datos disponibles muestran una situación similar a la de México. En primera instancia se aborda el caso de Guatemala, una nación que se define multiétnica, pluricultural y multilingüe. En la población indígena se identifican tres pueblos: los
16 Sobre el tema de la participación política de las mujeres en México puede consultarse el texto elaborado en el CEAMEG: La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad, en
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_
el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero
mayas, los garífunas y los xincas (Comisión Paritaria de Reforma Educativa, 1998, citado por Unifem, 2009). Su población indígena compone más de un tercio de la población total del país y la etnia mayoritaria es la maya.
Según el XI Censo de Población y VI de Habitación 2002, estos pueblos suman 41% de la población total. La población de mujeres indígenas se estima entre un mínimo de 2 300 000 (19%) y un máximo de 3 250 000 (27%) (Unifem, 2009:53).
Sobre estos datos, habría que considerar la diferencia manifiesta entre origen étnico e identificación cultural, ya que según la diputada indígena de ese país, Otilia Lux, una parte de la población indígena en Guatemala suele registrarse en censos y encuestas como no indígena, dada la situación de discriminación que conlleva asumirse como tal.
En palabras de esta diputada, integrante del Foro Indígena Parlamentario de Guatemala, no se trata de un asunto de “aculturación”, sino de una expresión que da cuenta del contexto de violencia, pobreza y exclusión que padecen los pueblos y comunidades indígenas, en varios de los cuales, incluso, se carece de instancias que lleven a cabo la inscripción civil de las personas desde que nacen, lo cual afecta sobre todo a las niñas indígenas y trae consigo una serie de problemas de diversa índole, derivados de la privación de su derecho a una identidad y del reconocimiento en la vida institucional, en lo que se denomina “abstencionismo de primer grado”, como aquel en donde las personas no están documentadas por las instancias del Estado (Lux, 2009).
En un estudio reciente de Unifem (2009) se señala que en el gabinete nacional únicamente aparece una mujer como ministra y tres más con rangos de asistencia, directora y secretaria (Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), citado por Unifem, 2009). Esto refleja el grado de exclusión social que se vive en el país, ya que la mayoría de la población es indígena y más de 50% de este sector de la población son mujeres.
que en anteriores
administraciones habían figurado más mujeres y más indígenas, con respecto a la
administración correspondiente al período 2003-2007.
En cuanto a la participación de las mujeres indígenas en el Congreso Nacional, se reportan los siguientes datos:
Cuadro: 8 Participación de mujeres en el Congreso de la República de Guatemala
Total de curules
Fuente: OEA, 2007. La inclusión de los pueblos indígenas en los partidos políticos. Ciudad Guatemala. Citado en Unifem, 2009:56.
Sobre el tema se afirma que el país nunca ha contado con más de 12% de congresistas indígenas, lo cual no guarda relación con el total de la población indígena del país, demostrando que la participación política indígena no ha sido institucionalizada y que ha correspondido a coyunturas políticas.
Así, por ejemplo, en el Congreso de la República de Guatemala, conformado por 158 diputados, en 2007 había 19 diputadas nacionales, 4 de las cuales eran mujeres indígenas, en comparación con 139 diputados. Respecto a las alcaldías se contaba con 8 alcaldesas (una es mujer indígena), en comparación con 324 alcaldes varones (Lux, 2009).
En este sentido, Unifem cita un estudio presentado al Tribunal Supremo Electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (2007) en el que se señalan los siguientes impedimentos sociales que afectan la participación política de las mujeres indígenas en Guatemala: situación de pobreza económica, cultura patriarcal machista, responsabilidades familiares/trabajo en el hogar, baja autoestima, desconfianza hacia la política, bajo nivel de educación escolar
(Unifem, 2009: 56-57). A estos obstáculos discriminación y el racismo estructural.
sumaría
Finalmente, habría que considerar que, de manera similar a México, el mecanismo para que las mujeres indígenas de Guatemala accedan a participar en el sistema político, es a través de los partidos, los cuales se rigen por una ley electoral que no ha logrado promover una mayor participación política de las mujeres indígenas.
El hecho de que el país no cuente con un sistema de cuotas de género, a decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hace que Guatemala sea uno de los países donde se ve el efecto negativo de la falta de medidas de acción positiva. A manera de ejemplo, se observa que entre 1986 y 2003 las mujeres apenas llegaron a 14 representantes y las mujeres mayas nunca tuvieron más de una representante (CEPAL, 2007:31). De manera que la participación política de las indígenas guatemaltecas es sumamente limitada.
Ecuador, al igual que México, es una nación multiétnica y pluricultural. Según el Instraw (2006), la población estimada para julio de 2005 era alrededor de 13 millones y medio de habitantes. La etnia mayoritaria de ese país es la quechua. Este es el porcentaje de población (incluyendo a las mujeres) indígena:
Fuente: Instraw, 2006:4.
Población indígena (rango)
4 085 000--4 940 000
Porcentaje (rango)
30--37%
Porcentaje mujeres indígenas
Es importante destacar que la cifra referi