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Timestamp: 2017-01-21 21:50:21
Document Index: 181996690

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 10', 'artículo 1261', 'artículo 1258', 'artículo 60', 'artículo 177', 'ARTÍCULO 17']

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Gerardo Crespo Carmona
1 Muñoz Pérez, Ana Felicitas. Las condiciones generales del contrato de seguro en el futuro Código Mercantil. En: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. En: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp ISBN Obra completa disponible en: Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España2 LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO EN EL FUTURO CÓDIGO MERCANTIL ANA FELICITAS MUÑOZ PÉREZ * Resumen El anteproyecto de ley de Código Mercantil configura un régimen especial de control de las condiciones generales aplicables al contrato de seguro con la pretensión de reforzar la tutela del asegurado. Las condiciones generales del contrato de seguro están sometidas a controles de licitud y transparencia reforzados para evitar que exista un desequilibrio en los derechos y las obligaciones de las partes y facilitar la necesaria comprensibilidad de las cláusulas, en cuanto a su carga jurídica y económica. El control de abuso o lesividad pretende evitar las situaciones de desequilibrio en los derechos y las obligaciones de las partes contractuales; en el caso de contratos entre empresarios no tiene tratamiento singular en la LCS y cuando se trata de contratos frente a consumidores se reconduce a la normativa de consumo. El anteproyecto de Código Mercantil, requiere que en la póliza se señalen tanto a las cláusulas delimitativas como a las limitativas. El texto legal recoge como novedad la posibilidad de aceptación por voluntad presunta del tomador de las condiciones del contrato, lo que parece referirse a cláusulas generales y particulares, y por expresa mención también las cláusulas limitativas, evidenciando una minoración en la tutela del asegurado que quiebra la tendencia seguida por el legislador en este ámbito normativo. Contenido 1. Introducción. 2. Mecanismos de control de las condiciones generales Control de transparencia Control de las cláusulas lesivas y abusivas Consideraciones previas La lesividad en la contratación entre empresarios en la normativa civil de los contratos por negociación La cláusula abusiva en los contratos con consumidores en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. 3. Las cláusulas limitativas de los derechos y las delimitativas del riesgo Distinción de las cláusulas delimitativas y las limitativas Régimen particular de aceptación de las limitativas el anteproyecto de código mercantil. 1. INTRODUCCIÓN El Anteproyecto de código mercantil contempla en el art un régimen sobre Condiciones del contrato de seguro. Dispone este precepto que la póliza del contrato de seguro deberá contener las condiciones generales, especiales o particulares que sean * Profesora Titular URJC 15913 aplicables al contrato que suscriba el tomador. Impone el precepto que las condiciones generales y particulares cumplan una serie de requisitos relativos a la exigencia de (C)concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos o cláusulas y pactos no contenidos en la póliza como también la de (E)star ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Por último requiere que (L)as limitaciones de los derechos del asegurado, tomador o beneficiario figurarán de forma destacada y comprensible y deberán ser aceptadas por el tomador. Cierra la disposición la especificación de que (L)as condiciones del contrato, incluidas las limitativas, se entenderán aceptadas si, transcurridos dos meses desde el pago de la prima, el tomador no ha manifestado su voluntad de resolver el contrato. El legislador destaca la exposición de motivos la necesidad de imponer la aplicación a las condiciones generales del contrato de seguro de las disposiciones que en el Código regulan las condiciones generales de la contratación, sin perjuicio de reconocer las especialidades propias de este contrato. El art Concreta esta pretensión cuando dispone que (E)n todo caso, serán aplicables a las condiciones generales del contrato de seguro las normas contenidas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación. Dado que el libro cuarto sobre las obligaciones y los contratos mercantiles en general incorpora en el Título III el régimen de las condiciones generales de la contratación, ello implica que debe remitirse a dicha regulación de preceptos recogidos en esta parte general mercantil, antes de acudir a la general civil de condiciones generales de contratos. Sigue el criterio de la LCS en 1980 de contemplar una regulación sustantiva de las Condiciones Generales de la Contratación 1. Según el tenor literal del art. 3 LCS párrafo primero, las condiciones generales deben incluirse en la proposición del seguro y en la póliza y suscribirse por el asegurado. En este sentido el precepto dispone, (L)as condiciones generales, ( ) habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. La segunda exigencia incluida en el primer párrafo del art. 3 LCS hace referencia a la redacción clara y precisa de dichas condiciones. Reza el precepto literalmente que (L)as condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Especifica el precepto ciertas exigencias para las cláusulas limitativas requiriendo para estas la obligación de que se destaquen y que se acepten específicamente por escrito. En este sentido dispone el art. 3 LCS que (S)e destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que 1 Art. 3 LCS: Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley. Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas. 15924 deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Recuerda el mismo art. 3 LCS que Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley. Por último, concreta el art. 3 LCS el alcance de la declaración de nulidad parcial. En efecto, señala dicho precepto que Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato, la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas. En nuestro país la primera regulación legal sobre condiciones generales se abordaba en el marco de una normativa especial aplicable a los seguros. La Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril de y la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación 3 y la de Consumidores y Usuarios 4, cerraban con posterioridad el marco legal general de condiciones generales. Sin embargo, el legislador español no resolvió con ocasión de la promulgación de la Ley 7/1998 la coordinación con la LCS 5, lo que ocasiona controversias interpretativas 6. La doctrina concluye que la LCGC se aplica a las condiciones generales de los contratos de seguro solamente en aquellos aspectos que no estén regulados en la LCS mediante una norma imperativa y también en aquellas disposiciones administrativas que sean de aplicación obligatoria para los contratantes 7. Pero cuando contemplan relaciones con el consumidor como contraparte del contrato de seguro es necesario encontrar compatibilidad con el régimen de consumidores 8. A pesar de la polémica integración 2 Art. 3, directiva 93/13/CEE, 1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 3 Art. 1 LCGC considera por condiciones generales las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas 4 Art. 80 TRLGCU dichas condiciones definiendo las cláusulas no negociadas individualmente 5 El proyecto de la Ley 7/1998 contemplaba en el ámbito de las exclusiones del art. 4 la referencia a los contratos de condiciones generales de seguros regulados en el art. 3 LCS. Finalmente, el legislador decidió suprimir del precepto de exclusión la mencionada referencia lo cual no implicaba aceptar que la promulgación de la LCG hubiera derogado el precepto de la normativa de seguro, por lo menos en la medida en que la nueva ley de condiciones generales no modificaba de forma esencial dichos principios regulatorios 6 Explica ALFARO AGUILA-REAL, Comentario a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, cit. pág. 139, que si tratamos de resolver la controversia acudiendo a las reglas generales nos encontramos con el problema derivado de la aplicación simultánea de dos criterios que de concurrir llegarían a resultados controvertidos para resolver conflicto de normas; la ley especial deroga a la general y la posterior a la anterior. La primacía de la ley especial sobre la general se justifica por la primacía del carácter técnico de la norma, la de la ley general sobre la particular, por el principio democrático del origen de las leyes se propugna la prevalencia de las normas posteriores sobre aquellas de carácter previo. 7 SANCHEZ CALERO, Ley de contrato de seguro, cit.pág Originariamente la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984 contemplaba la protección a consumidores desarrollando los art y 53.3 Constitución, que completaba en el art. 10 las disposiciones de la LCS para los casos de que el tomador del seguro o el asegurado fueran consumidores finales. En la actualidad el régimen sobre tutela de consumidores se integra en el texto refundido del Real 15935 del art. 3 LCS en el marco normativo de la LCGC y la LGCU, la doctrina le reconoce el mérito de ofrecer una base fundamental para al interpretación jurisprudencial, aunque la misma no haya tenido siempre carácter uniforme 9. La inclusión del contrato de seguro en el marco de un nuevo código de comercio junto a la incorporación de los principios generales de la contratación del Libro cuarto del Código Mercantil y vigente régimen general de los contratos civiles requiere analizar de nuevo el marco de relaciones de estas regulaciones, algunas deliberadamente incompletas, respecto de las que el Estado reclama competencia exclusiva. Junto a este factor, se observa en su contenido los nuevos condicionamiento tecnológicos, así como los mecanismos de la contratación a distancia por medios telemáticos, electrónicos, telefónicos u otros semejantes, y la influencia jurídica recibida de la integración en el contexto de Derecho Comunitario y del Derecho Comparado Europeo 10. Las dificultades de encaje normativo afloran en las sucesivas redacciones que ha tenido el régimen de estas condiciones generales del contrato de seguro sucesivamente en el Proyecto de Código Mercantil publicado en 2013 y con posterioridad la más completa acogida en Anteproyecto finalmente presentado en La doctrina llega a proponer con motivo de la revisión de los preceptos del contrato de seguro la supresión de dicha normativa especial, sobre la base de reconducir dicho régimen a la ley que regula de forma general las CGC, incluidas también en el en el anteproyecto, y a las disposiciones especiales de la LCGC para la regulación de todos los contratos sometidos a condición general de contratación en tutela de consumidores MECANISMOS DE CONTROL DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO La condición general de la contratación es una cláusula predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes. Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores, también en el contexto del contrato de seguro. Se trata de normas que tienen un ámbito propio de contratación diferenciado del contrato por negociación. Ello explica que el fundamento de dicha contratación descansa en un control de validez social cuya regulación está en la normativa especial de carácter tuitivo, que se contiene en la que regula el contrato de seguro y la de condiciones generales de contratación y la normativa de consumo 12. Las condiciones del Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. La LCGC y la LGDCU ha sido modificada en el régimen que venimos contemplando por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. 9 SANCHEZ CALERO, F., Ley de contrato de seguro, cit. pág TAPIA HERMIDA, A., Condiciones generales, cláusulas limitativas y cláusulas abusivas ante la reforma de la Ley de Contrato de seguro, AIDA, 2013, cit. pág ANGULO RODRIGUEZ, Hacia la reforma de la Ley de Contrato de Seguro tras mas de XV años de vigencia, Revista de Responsabilidad Civil y Seguro,n. 21, Son los denominados control de incorporación, de interpretación y de contenido, asi, vid. BATALLER/LATORRE/OLAVARRIA, Derecho de los seguros privados, 2007, cit. pág Sobre los distintos controles que cabe establecer a las condiciones generales, vid. NIETO CAROL, U., Información sobre condiciones generales y cláusulas abusivas: el papel del corredor de comercio 15946 contrato se completan con las cláusulas particulares. Éstas últimas son aquellas que individualizan el contrato, determinando las circunstancias que concurran al contrato de que se trate (limite del valor asegurado, personas que intervienen en la relación, descripción de los bienes en que recae el interés asegurado ). No reúnen las notas de generalidad pero pueden estar predispuestas, es decir, pre redactadas por la aseguradora y prevalecen en caso contradicción sobre las condiciones generales en los términos del art. 6 LCGC. Para compensar que el predisponente tiene posición de superioridad en la fase de contratación, se insertan mecanismos particulares de control 13 conocidos como control de abusividad y el de transparencia que requiere el denominado de inclusión 14. El primer control, para evitar que exista un desequilibrio en los derechos y las obligaciones de las partes. El segundo, el control de transparencia, para facilitar la necesaria comprensibilidad de las cláusulas, en cuanto a su carga jurídica y económica, que requiere que con carácter previo las condiciones sean incluidas en el contrato 15. En este punto, es criticable que el actual legislador dispense un trato distinto a las condiciones particulares excluyéndolas del deber de inclusión en la propuesta de contrato si la hubiera 16. El tratamiento de la ilicitud de dichas condiciones, requiere combinar la aplicación de la normativa del contrato de seguro y la de consumidores junto a la del CC y el Ccom. armonizando los mecanismos propios de tutela de estas normativas. La normativa especial de seguros debe contemplar la aplicación de la regla interpretativa contra proferentem, -la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad (art CC). En ocasiones la aplicación del derecho por el juez por la vía de integración del contrato - art CC- lleva a este resultado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no suele declarar el carácter abusivo de cláusulas predispuestas en aplicación de la LCS y, sin embargo, si ha existido copiosa jurisprudencia en ha discutido la incorporación o no al contrato de la colegiado, Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Valladolid, 2000, pág. 532, en particular sobre le control judicial, administrativo, legal y el que emana de las propias empresas que utilizan dichas condiciones como es el caso del defensor del asegurado. Un estudio sobre la evolución histórica de dichos controles en el contexto de los sucesivos anteproyectos, vid. RODRIGUEZ ARTIGAS, F., Antecedentes de la Ley sobre condiciones generales de la contratación. Los sucesivos anteproyectos de Ley, AAVV. Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, (Dir: NIETO CAROL, U.)Valladolid, 2000, pág. 79 y ss. 13 SÁNCHEZ MARTIN, C., La configuración bajo condiciones, cit. pág Subraya MENENDEZ MENENDEZ, A., El proceso de elaboración de la disciplina sobre condiciones generales en nuestro ordenamiento, en Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, pág. 49, la posibilidad de combinar la declaración de ineficacia por carácter lesivo (art. 3 LCS), con la no incorporación de las limitativas no firmadas (art. 3 LCS), como la declaración de nulidad por infracción de norma imperativa (art. 2 LCS) de las condiciones que empeoren la posición del tomador. El art. 3 LCS, establece un sistema de control administrativo, ( estarán sometidos a la vigilancia de la administración publica ), y un control judicial a través del pretendido efecto general ya que declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de la condiciones generales de un contrato, la Administración publica obligará a los asegurados a modificar la cláusulas 15 ISERN SELVAT, Las condiciones generales del contrato de seguro y la protección del asegurado en el derecho español, Dialnet, pág. 109,pág En este sentido, ISERN SELVAT, Las condiciones generales loc. pág. 105, que critica esta opción que impide que el asegurado pueda hacerse correcta comprensión del alcance del riesgo al que esta sujeto. 15957 cláusula 17. En muy pocas ocasiones el TS ha declarado lesiva una cláusula, circunstancia que se explica en que la Ley califica como inderogable y por tanto nulas por infracción de norma imperativa las cláusulas que empeoren la posición del tomador respecto a la que le otorga la Ley. Por regla general los jueces ha preferido acudir a la interpretación, es decir, al art CC -la conocida regla contra proferentem, cuyo contenido dispone que la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad -, y a la regla de no incorporación de las cláusulas no firmadas para proteger a los asegurados en caso de cláusulas abusivas. El requisito de la suscripción específica ha sido utilizado por la jurisprudencia para realizar un control encubierto del contenido de las condiciones generales especialmente en lo que se trata de las cláusulas de exoneración de responsabilidad de la aseguradora en ciertos supuestos de seguros de responsabilidad civil. 18 En otras ocasiones se ha acudido a la normativa de consumidores ignorando el contenido del art. 3 LCS Control de transparencia El Anteproyecto de Código mercantil recoge el régimen general de las condiciones del contrato de seguro en el art, exigiendo que la póliza del contrato de seguro deba contener las condiciones generales, especiales o particulares que sean aplicables al contrato que suscriba el tomador. Subraya la exposición de motivos del legislador del Anteproyecto que la modificación consistente en que la póliza contenga las condiciones generales, especiales o particulares que sean aplicables al contrato que suscriba el tomador, pretende evitar que recaiga sobre él, como ha sucedido hasta ahora con los documentos utilizados en la práctica, la compleja labor de discriminar qué condiciones le resultan aplicables y cuáles no. La vigente LCS se preocupa de la incorporación de las condiciones generales en el contrato de seguro, de forma que el asegurado conozca las condiciones generales incluso antes de la concertación del contrato, en el momento de deliberación, por este motivo impone la obligación que se incluya al momento previo en que el asegurado hace la proposición del seguro y al definitivo de concertación del contrato en la póliza y en el documento complementario. El art. 3 LCS, contempla junto a las condiciones generales, las condiciones particulares, ésta últimas no redactadas con carácter general sino escritas a mano o a máquina y cuyo contenido se aplica al caso concreto, siendo necesario determinar las circunstancias que concurren en el caso de que se trate. Esta tutela se refuerza con el régimen de la Información previa al contrato del art. 60 de TRLGCU 2007 que tutela al consumidor. La exigencia de informar lleva a obligar a los mediadores de seguros- agentes y corredores- la obligación de ofrecer una información veraz y suficiente de la promoción, oferta y suscripción de las pólizas de 17 MENENDEZ MENENDEZ, A., El proceso de elaboración, cit. pág MENENDEZ MENENDEZ, A., cit. pág MENENDEZ MENENDEZ, A., cit. pág8 seguros y en general, en toda su actividad de asesoramiento 20. La información se debe extender a la Ley aplicable al contrato, a los diferentes medios de reclamación en caso de litigio, así como a determinados datos sobre el asegurador, extendiendo el ámbito del contenido cuando se trate de seguros de vida. El legislador del anteproyecto contempla igualmente ciertas exigencias en el art , 3, paralelas a las contempladas en la LCGC con relación a este control de transparencia que imponen claridad y precisión en la redacción de la condición general. Trata en el apartado a) de establecer reglas relativas a la necesidad de buscar concreción, claridad y sencillez en la redacción de las cláusulas 21. La claridad se refiere tanto a la intelectual como a la material que sirve de medio para aquella, requiriendo por este motivo caracteres legibles. Con esta previsión el legislador quiere destacar el deseo de mejorar el conocimiento por el asegurado de las condiciones generales 22. Se pretende que el adherente tenga conocimiento del la tipicidad del contrato suscrito así como de los riesgos implícitos en la contratación de éste 23. No se entiende bien el motivo por el que no se pida en la fase previa de formación del contrato también el control de las condiciones particulares 24. La sanción para las condiciones generales será por el art. 6.2 LCGC la interpretación de la cláusula contra proferentem o contra estipularotem que se extiende a las particulares por el art CC y la declaración de no incorporación por el art. 7 LCGC y declaración de nulidad por el 8.1 LCGC Control de las cláusulas lesivas y abusivas Consideraciones previas El control de abuso o lesividad pretende evitar las situaciones de desequilibrio en los derechos y las obligaciones de las partes contractuales 26. No hay referencia expresa a la 20 Es inaplicable la posibilidad prevista en el art. 5.2 LCGC, cuando contempla que el contrato no se incorpore por escrito y que el predisponente pueda anunciar las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar en el que se realce el negocio, ni tampoco aplicable la normativa reglamentaria a la que se refiere este precepto para la contratación telefónica o electrónica. 21 Esta opción supone consolidar el criterio seguido por el legislador en el art. 3 LCS, primer párrafo, donde se hace referencia a la redacción clara y precisa de dichas condiciones. La expresión se reitera en el art. 5.5 de la LCGC que con términos paralelos requiere que La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. 22 EMBID IRUJO, Cláusulas limitativas de los derechos del asegurado en las condiciones generales del seguro, La Ley 3030, , pág. 70, pág. 703, ILLESCAS, El lenguaje de las pólizas de seguro en VERDERA, Comentarios a la Ley de Contratos de Seguro, vol. I, Madrid 1981,pág SANCHEZ MARTIN, c., La configuración,cit. pág El art obliga incluir en la proposión solo las condiciones generales. Según la disposición (L)as condiciones generales, (...) habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. 25 Vid. en LAGUADO GIRALDO, C.A., Condiciones generales, cláusulas abusivas y el principio de buena fe en el contrato de seguro, pág. 241 el juego de dichos principios interpretativos. 26 Según SANCHEZ MARTIN, C., La configuración de las contratación, cit pág. 59 en la fase prenegocial requiere un enjuiciamiento o juicio de valor abstracto centrado en marco negocial predispuesto o ajeno que evita un enjuiciamiento particular del caso concreto cuyas peculiaridades se 15979 cláusula lesiva en el texto del anteproyecto de código mercantil, que se limita en el art , tercer apartado, letra b), sobre Condiciones del contrato de seguro, a contemplar que (L)as condiciones generales y particulares deberán ( ) estar ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes a diferencia del art. 3 párrafo primero LCS que dispone la prohibición de las condiciones generales lesivas para los asegurados 27. Son lesivas las que comporten excesiva onerosidad para el asegurado, por lo que sin contravenir de manera frontal las disposiciones legales imperativas, tendrían consecuencias desproporcionadas o injustas para el asegurado. La lesión se vincula al control de abusividad y éste filtro trata de compensar el desequilibrio inicial que nace de los contratos con cláusulas predispuestas 28. La normativa de seguro responde al criterio de exigir un contenido equilibrado a dichas cláusulas, entendiendo por equilibrado las que respondan a valoraciones semejantes a las del derecho que sea aplicado por el juez por la vía de integración del contrato del art CC, en el caso de que las partes no hubieran previsto regulación alguna para integrar contenido 29. No basta los requisitos generales que afirman la vinculación de los contratos sobre la conformidad y aceptación general y 1255 CC-, sino que para que sean vinculantes es necesario que su contenido no resulte contrario a las exigencias de buena fe y justo equilibrio por lo que se no deben ser vinculantes las cláusulas abusivas 30. A este ámbito de reflexión se quiere conducir cuando se afirma que la cláusula lesiva quiere hacer referencia a una fórmula para hacer frente a aquellas situaciones en las que las condiciones generales de la contratación, sin estar en contradicción directa con un precepto concreto de la LCS, colocan al asegurado por medio del contrato de seguro en una situación de desequilibrio injusto entre sus derechos y obligaciones con la otra parte o se trata de una cláusula con contenido examinan en otros ámbito del juicio de eficacia contractual y también le es ajeno la valoración de la posible existencia de vicios en el consentimiento. 27 Art. 3 párrafo 1 dispone que Las condiciones generales ( ) en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados. 28 Delimita SANCHEZ CALERO, en Ley de Contrato de Seguro, pág. 96 la noción de lesividad. Dicho concepto de cláusula lesiva se diferencia de las cláusulas contempladas en el mismo art. 3 LCS que se refieren a las cláusulas limitativas, que sin embargo son lícitas, y de las cláusulas invalidas del art. 2 LCS por contravenir normas imperativas o prohibitivas. No parece coincidir con el contenido de lesión previsto en el art CC de la normativa civil que limita la posibilidad de rescisión de los contratos basándose en los casos contemplados en el art y 2 y el art CC. Define dicha noción en el contrato de seguro de forma reciente ISERN SELVAT, Las condiciones generales loc. pág Esta reflexión conecta con valoraciones acerca de la naturaleza de las cláusulas incluidas como condición general. La teoría que parte de la naturaleza contractual tiene, sin embargo, que admitir como debilidad que sólo hay consentimiento en sentido estricto respecto de las cláusulas predispuestas que contienen los elementos esenciales del contrato y no respecto del resto relativo a todo el contenido del contrato. En sentido estricto solo se consiente en los elementos esenciales donde hay acto libre de autodeterminación, aceptación de precio y contraprestación esecial, pero no cuando se adhiere al resto de las condiciones, ALFARO, Función económica y naturaleza jurídica de las condiciones generales de la contratación, en Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la contratación, cit. pág. 82 y ss 30 Vid sobre estas consideraciones, ALFARO, Función económica y naturaleza jurídica cit. pág. 80. Para examinar los principios que activan el mecanismo del control de abuso en la depuración de las condiciones generales realizado por la jurisprudencia reciente vid. SÁNCHEZ MARTIN, C., La configuración de la contratación bajo condiciones generales en la jurisprudencia reciente, Otrosí, n , pág10 contrario a la buena fe, cuya valoración ha de efectuarse por el juez en cada caso concreto 31. Más discutido es la aplicación de dicho mecanismo de control de lesión al examen de las condiciones particulares por considerar el criterio de evitar el control y la sanción de las cláusulas que hayan sido objeto de negociación con el tomador del seguro y el asegurado, y defender la opinión de reconducir este régimen de la declaración de lesividad a las que han sido predispuestas de forma general por el asegurador 32. Por razones similares no parece sencillo someter al control de lesividad las cláusulas generales, que hagan referencia a los elementos esenciales del contrato ya que presuponen que sobre estos extremos el asegurado puede pronunciarse con conocimiento y libertad y sería inconstitucional incluso la posibilidad de que el Derecho español pudieran declararse abusivos o contrarios a la buena fe los elementos esenciales del contrato 33. El debate subsiste en el marco de lo previsto en el art advirtiendo la doctrina la exigencia de cautela frente al peligro de incurrir en el riesgo de establecer un sistema en el que jueces y otros profesionales tengan un poder de control sobre la justicia y razonabilidad de las prestaciones esenciales con base en una cláusula general como es la contrariedad a la buena fe 35. La especialidad del control de lesividad de las condiciones generales y también de las particulares en el ámbito del seguro reside en que, en el caso del seguro, hay un criterio legal de referencia, lo que favorece el control de sus cláusulas aun cuando sean sobre condiciones esenciales 36. En efecto, dichas cláusulas, a pesar de ser negociadas individualmente, suelen estar pre redactadas por el asegurador y también las consentidas especialmente con el asegurado pueden ser excesivamente onerosas. El art. 9.2 LCGC admite expresamente que el control de contenido y la correspondiente nulidad de las cláusulas que afecten a elementos esenciales del contrato cuando dispone la sentencia estimatoria declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del art CC SANCHEZ CALERO, Ley de Contrato de Seguro, pág En este sentido, SANCHEZ CALERO, Ley de Contrato de Seguro, pág Vid, estudio particular en ALFARO, pág. 129 y ss. El marco positivo, el art. 4.2 de la Directiva 94/13/CE, argumenta en este sentido cuando estima que La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. 34 El art texto anteproyecto Código Mercantil impone que las Condiciones del contrato de seguro, es decir, condiciones generales y particulares, deban estar ajustadas a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes 35 Sobre las reflexiones a estos peligros vid. ALFARO, pág Explicando que en el contrato de seguro, al existir un criterio de referencia legal para la valoración, es posible un control de contenido de las cláusulas generales y las particulares que regulan elementos esenciales del contrato, ALFARO, vid. pág. 134; Podrían controlarse aquellas cláusulas que de forma tácita o expresa alteran el contenido esencial y determinante del contrato de tal forma que desvirtúen la confianza manifestada por el consumidor en el momento de celebrar el contrato sobre el alcance de la prestación que recibe y el coste de la operación, vid. ISERN SELVALT, Las condiciones generales, cit. pág Tal como expone DUQUE DOMINGUEZ,J., en Las cláusulas abusivas en contratos de consumo, Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Valladolid, 2000, en la legislación 159911 El equilibrio de esta intervención queda ejercitada por los notarios y registradores que tienen en el ámbito profesional de su competencia la obligación de considerar el control de contenido de estas cláusulas. La función calificadora de las formas extrínsecas de los documentos que la Ley impone a los registradores a la luz de la sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de 13 de septiembre de 2013 (Rec. 14/2011) y de la reciente doctrina de DGRN de 1 de octubre de 2010, les autoriza para realizar el control de lesividad o abusividad. Pero es el juez el que tiene más amplias facultades en este contexto si se les facilita corregir la lesión al aplicar el mecanismo de la integración del contrato conforme a las exigencias de la buena fe recogida en el art CC 38. Las facultades son más amplias en el caso de los consumidores. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 3 de junio de 2010, (asunto C-484/08), resuelve favorablemente la cuestión prejudicial planteada por el TS sobre la posibilidad de que la legislación interna de un estado miembro permita decidir la lesividad de una cláusula relativa al contenido esencial del contrato aunque la misma haya sido redactada con claridad, al tratarse de una directiva de mínimos, posibilidad que se admite en los términos del art. 9.2 LCG y art. 82 y 83 LGCU 39. La sanción vinculada al establecimiento de alguna condición general lesiva en el contrato de seguro por el art. 3 LCS es la consideración como no puesta, es decir, sería un caso de nulidad parcial, de forma que el contrato tendría efectos sin tener en cuenta la existencia de la cláusula 40. española las cláusulas referentes a los elementos eseciales del contrato, los que definan el objeto como el precio y la retribución, a diferencia de lo que viene contemplado en la Directiva 93/13, no están fuera del ámbito de control, dado que es una directiva de mínimos y la LCGC no disminuye la protección que en este punto había alcanzado la LGDCU. 38 Subraya SÁNCHEZ MARTIN, C., La configuración de la contratación bajo condiciones generales en la jurisprudencia reciente, Otrosí, pág. 60, que se trata de aplicar el mecanismo de control de contenido cuyo examen se residencia en los Tribunales de Justicia, en la medida que el contrato juicio de valoración que se realiza, excede del control administrativo de los órganos supervisores, como también del que realizan los notarios y registradores. 39 Explica ISERN SELVAT, Las condiciones generales, cit. pág. 114, que la cuestión versaba sobre si un Estado miembro, de conformidad con el art. 8 de la citada Directiva, puede establecer en su legislación y en beneficio de los consumidores un control del carácter abusivo de aquellas cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre el precio y la retribución, que queda excluido en virtud del art. 4.2 de la misma Directiva, aunque dichas cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible. A tal cuestión responde el Tribunal europeo confirmando lo que se indica en el considerando duodécimo de la Directiva en el sentido de que ésta sólo ha realizado una armonización parcial y mínima de las legislaciones nacionales relativas a las cláusulas abusivas, por lo que se reconoce a los Estados miembros la posibilidad de garantizar al consumidor una protección mayor que la prevista en la Directiva. En virtud de lo cual declara que los citados artículos de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional [ ], que autoriza un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estás cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible. Por lo tanto, la normativa española no es incompatible con la normativa comunitaria sobre el control de las cláusulas abusivas. 40 SANCHEZ CALERO, Ley de Contrato de Seguro, pág12 La lesividad en la contratación entre empresarios en la normativa civil de los contratos por negociación La eficacia del alcance del art. 3 LCS, por el art. 8.2 LCGC, para el caso de que la contraparte sea consumidor queda reconducida a la normativa especial de consumidores, por lo que habría que considerar dos temas: por una parte, el estudio de cláusula abusiva en los contratos de seguro con consumidores, cuestión que analizaremos en el siguiente epígrafe; Y por otro lado, si es factible tras la promulgación de esa normativa especial la subsistencia de un tratamiento singular para los contratos entre empresarios 41. Respecto de esta segunda cuestión, es controvertido defender la vigencia de un específico régimen de control de contenido de las condiciones entre empresarios en la LCGC y, por ende, en la LCS. Algunos estiman que no se extiende a las condiciones generales utilizadas frente a un asegurado/tomador empresario dicho control desde la aprobación de dicha normativa por el tenor del art. 8 LCGC que expresamente limita la posibilidad de declarar nula una cláusula de condiciones generales de la contratación por abusiva frente a un consumidor en el sentido del art. 1 LCU como adherente 42. A pesar de que la doctrina propugnaba la oportunidad de que exista un régimen de control de contenido especial de los contratos suscritos por los empresarios con condiciones generales frente al control propio de los contratos generales no parece haber sido éste el criterio del legislador 43. Bajo esta argumentación late el convencimiento de que las cláusulas predispuestas no exigen por su propia presencia el control de contenido que antes mencionamos, reforzando la visión contractualista frente a la intervencionista en este ámbito de la contratación 44. La ratio del control específico de la contratación con consumidores se basa en esta consideración especial y no se extiende al hecho de la asimetría en el proceso de la formación del contrato 45. Sería, además, una discriminación arbitraria hacia empresarios de seguros que un contratos con empresarios quedaran sometidos al control de contenido y no lo estuvieran los de empresas bancarias o de transporte TAPIA HERMIDA, Condiciones generales, cit pág. 322 y de forma más reciente, ISERN SALVAT, Las condiciones generales, loc.cit.pág ALFARO, PÁG Disposiciones generales, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, Madrid 2002, págs Al margen de la consideración sobre la necesidad de la protección para el empresario frente a la Condición General de la Contratación, vid. PAGADOR LOPEZ, Régimen jurídico de las condiciones generales y particulares del contrato de seguro, RESeg. 87., 1996, pág Las razones que fundamentaban suprimir la exigencia del control e contenido en el ámbito de los contratos con condiciones generales entre empresarios es que supondría un factor de rigidez no aconsejable desde la perspectiva de la competitividad empresarial, Vid. GOMEZ GALLIGO, RCDI, 1998, ISERN SALVAT, en Las condiciones generales del contrato, cit pág MIQUEL, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, pág MIQUEL, Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, pág Alude a este argumento ISERN SALVAT, Las condiciones generales, cit pág ALFARO, PÁG Disposiciones generales, cit. págs Parece responder a este mismo argumento aquel que alega que no parece tener sentido que el sector asegurador tenga que requerir una reglamentación especial de mayor rigor que la de otros sectores económicos y financieros, bastando la simple acomodación del régimen general al mismo, vid. ANGULO RODRIGUEZ, Hacia la reforma de la Ley de Contrato de Seguro tras mas de XV años de vigencia, Revista de Responsabilidad Civil y Seguro,n. 21,13 El tenor literal del art, del texto del Proyecto de Código de Comercio precepto proyectado disponía en su redacción original que Las cláusulas que sean calificadas como abusivas por la Ley o los jueces o Tribunales serán nulas, sin perjuicio de la eficacia del resto de las condiciones válidas del contrato 47. La desaparición en dicho texto de la mención a las cláusulas abusivas apoya la interpretación de que el legislador no crea un específico control del contenido de las condiciones generales de la contratación en los contratos entre empresarios. Como resultado, el control de contenido que se establece en general para los contratos en la Ley de Condiciones Generales no contempla ninguno con carácter específico, como tampoco parece contemplarlo el proyecto de código mercantil. Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso, pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. La imposibilidad de acudir a la legislación especial en materia de consumidores con relación al régimen de lesividad conduce alternativamente al régimen general del contrato por negociación, -que atiende a la voluntad negocial manifestada por las partes como principio rector del orden interpretativo del contrato celebrado (art CC) como apunta reciente STS de 28 mayo de 2014 (Rec. 503/2012) que decidía la lesividad de una cláusula de un contrato de compraventa un local para el ejercicio de la actividad profesional de prestación de servicios. No aplica la interpretación del control específico de abusividad propio de la contratación seriada con consumidores dado que la contraparte del contrato no es consumidora y aplica el régimen general de contrato por negociación La cláusula abusiva en los contratos con consumidores en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios Cláusula lesiva en presencia de un consumidor se convierte en una cláusula abusiva, es decir, requiere que el destinatario final del servicio que representa el seguro sea un consumidor y lleva a la aplicación de la noción de cláusula abusiva en los términos que contempla el art. 82 TRLGCU. La sanción del carácter lesivo es la declaración de nulidad de pleno derecho y la consideración de que se tendrán por no puestas para el consumidor a pesar de haber recibido los servicios y pese a no discutirse si el precio 47 Artículo Condiciones del contrato de seguro:1. Serán aplicables a las condiciones generales del contrato de seguro las normas sobre las condiciones generales de contratación. 2. La póliza del contrato de seguro deberá contener únicamente las condiciones generales, especiales o particulares que sean aplicables al contrato de seguro que suscriba el tomador del seguro. 3. Las cláusulas que sean calificadas como abusivas por la Ley o los jueces o Tribunales serán nulas, sin perjuicio de la eficacia del resto de las condiciones válidas del contrato. 48 SANCHEZ MARIN, C., La configuración de la contratación bajo condiciones generales en la jurisprudencia reciente, Otrosí, pág14 global exigido era o no excesivo con el alcance previsto en el art 83TRLCG 49. El principio excluido por la declaración de nulidad se combinaba y sustituía con la integración según los criterios del art CC 50. Sin embargo, esta posibilidad se ha limitado por la reciente reforma del art. 83 TRLCU que impide la moderación judicial de la cláusula tras la declaración de abusividad, dejando abierta la posibilidad para situaciones no equitativas de declarar la nulidad del contrato 51. La exposición de motivos del Anteproyecto de Código Mercantil destaca que se ha tomado como criterio general el de no incorporar a este Código mercantil las normas de protección de los consumidores. Se ha considerado, en efecto, que habiéndose promulgado el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en fecha muy reciente, y tratándose de un texto legal equiparable a un Código sobre la materia, parecía poco adecuado alterar ese planteamiento legislativo, de manera que se respeta la diferencia de las normas de protección de los consumidores como ajenas a la regulación del Código mercantil. Por este motivo, las cláusulas con consumidores observarán un tratamiento especial y quedarán al margen del Anteproyecto en el TRLGCU. En el contexto de esta normativa especial se contempla el tratamiento de la Cláusula abusiva. Se define por cláusula abusiva la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares. El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la Ley de consumidores. La disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, queda incorporada en TRLCGC RDL 1/2007, texto que incorpora la Directiva 13/1993 sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. La Ley incorpora las cláusulas declaradas nulas por la Directiva y además las que con arreglo a nuestro Derecho se han considerado claramente abusivas. Siguiendo el dictado de la Directiva 93/13, los parámetros que requiere la aplicación de dicha disposición de forma acumulativa son la contravención de la buena fe y el desequilibrio importante de los derechos y las obligaciones del consumidor 52. El 49 Esta es el criterio que aplica el TS como señala GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág Vid. GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág. 961, 59 con referencias doctrinales. 51 SANCHEZ MARTIN, C., La configuración de la contratación, loc.cit.pág Vid. GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 160315 art TRLGDCU, dispone que son cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato 53. La buena fe se erige como patrón de conducta de las relaciones contractuales del empresario con consumidores de forma que señala un objetivo modelo legal de comportamiento leal para el empresario y para el consumidor el conjunto de expectativas que se pueden formar sobre el tipo contractual propuesto. Esta principio se concreta con relación a los elementos esenciales de la propuesta al consumidor en la exigencia de que se realice una presentación completa y transparente, de modo que el consumidor pueda decidir con pleno conocimiento de causa el objeto y la adecuación económica y además, debe tratarse de un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones siendo en este último aspecto el equilibrio de referencia el derecho dispositivo 54. Es abusivo lo contario a una norma prohibitiva, pero la dispositiva debe sustituirse en su caso por una disposición general que respete también el equilibrio. El segundo apartado del mencionado art. 82 contempla que (E)l hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. El art TRLGCU inserta las denominadas cláusulas grises por aplicar el principio de relatividad del concepto general de cláusula abusiva, que requerir atender a la definición de abuso en el caso concreto estimando que el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. Por último el apartado 4 del art. 84 TRLGCU enumera una serie de cláusulas negras por considerar que son en todo caso abusivas, relacionando las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los 1/2007, pág. 956 y ss El consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Se aplicará la LCS cuando la protección al asegurado sea superior. 53 El considerando 16 de la Directiva 93/13 expresa que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas, con arreglo a los criterios generales establecidos, ha de completarse mediante una evaluación global de los distintos intereses en juego; que en esto consiste la exigencia de buena fe ; y que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa a la otra parte, cuyos intereses legítimos deben tener en cuenta, vid, GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág Tal como explica GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág. 961, La cláusula general impone comprobar que la regla contractual predispuesta es conforme con los principios básicos de al regulación aplicable sin ella y que no pone en peligro la finalidad del contrato tal como objetivamente deba ser configurada. Por consiguiente es una operación equivocada contrarrestar la regla contractual predispuesta solamente con los límites del art CC. No es el control específico que ha de verificarse con la cláusula general. El parámetro del control lo proporciona el Derecho que sería aplicable sin al condición general o cláusula predispuesta que haya superado el control del art y el de la lista contranida en los art. 85 a 91 TRLGCU. Solamente entonces es necesario y también obligado, aplicar la cláusula de buena fe y justo equilibrio de derechos y obligaciones. 160416 artículos 85 a 90, ambos inclusive: a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, b) limiten los derechos del consumidor y usuario, c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. La sanción de la cláusula abusiva se contempla en el art. 83 cuando dispone que, Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas 55. En efecto, la sanción es la declaración de nulidad de pleno derecho y la consideración de que se tendrán por no puestas para el consumidor a pesar de haber recibido los servicios y pese a no discutirse si el precio global exigido era o no excesivo 56. Venía considerándose que el principio excluido por la declaración de nulidad se sustituye con la integración según los criterios del art CC 57. Sin embargo, esta posibilidad se pone en duda por la reforma del precepto que dispone -tras la reforma por el art. único.27 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre-, que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas. Esto parece indicar que el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas no dispone de las facultades para integrar el contrato, ni dispone de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato. En efecto, con la pretensión de consolidar el efecto disuasorio de la sanción para el predisponente aunque con ello se potencie el enriquecimiento del adherente al limite de lo que sería injusto, el legislador 55 La sentencia del caso Banesto de 14 de junio de 2012, obliga a la reforma del art. 83 TRLCU, precepto que en su redacción original facultaba la moderación del juez respecto del contenido de la cláusula tras la declaración de abusividad como presupuesto necesario del efecto disuasorio. La disposición contemplaba : 1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo del Código Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato. 56 Esta es el criterio que aplica el TS como señala GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág Vid. GONZALEZ PACANOWSKA, en Comentario del Texto Refundido de la Ley General para al defensa de los Consumidores y usuarios y en otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, pág. 961, 59 con referencias doctrinales. 160517 ha suprimido en el art TRLCU las facultades de moderación del juez prevista en el precepto al disponer que la parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo del Código Civil y al principio de buena fe objetiva. A pesar de ello, la doctrina sigue sosteniendo que la no incorporación al contrato o la nulidad que determine la ineficacia total del contrato debe analizarse en orden a la eficacia resultante del mismo en los términos que contempla el art. 8, 9 y 10 LCGC 58. El art. 9.2 de la LCG dispone que la sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil. El art. 10 LCGC admite la posible moderación de la cláusula tras la declaración de abusividad ya que dispone que la no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia. En el segundo apartado completa que la parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo lo cual puede restar el efecto disuasorio que se pretende con la inclusión de dicha sanción. 3. LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS Y LAS DELIMITATIVAS DEL RIESGO 3.1. Planteamiento Señala la exposición de motivos del Anteproyecto de Código Mercantil que se ha considerado conveniente aclarar la compleja distinción entre las cláusulas delimitativas del riesgo cubierto y las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que 58 Estudia este alcance SANCHEZ MARIN, La configuración, cit pág. 61 y ss A estos efectos, la LGCU otorgaba el Juez que declarase la nulidad de dichas cláusulas la facultad de integrar el contrato y disponer de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsistiera el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinasen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pudiera ser subsanada podría el Juez declarar la ineficacia del contrato Estas facultades de moderación, en particular, las que otorgan al juez la de declarar la integración de la parte de contrato afectada con arreglo a lo dispuesto por el art del CC y al principio de buena fe objetiva, se suprime como consecuencia del alcance del TJ de 14 de junio 2014 sobre el caso Banesto que impide dicha moderación de la cláusula tras la declaración de abusividad como presupuesto del efecto disuasorio que se pretende. 160618 tanta atención ha merecido por nuestra jurisprudencia 59. La regulación que se propone requiere que la póliza identifique de manera completa la naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara, destacada y comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas las exclusiones y limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente 60. Es tradicional la distinción doctrinal y jurisprudencial de cláusula limitativa de los derechos del asegurado, que cercenan ciertos derechos ligados a la posición de asegurado en una modalidad contractual, de las cláusulas delimitativas del riesgo del asegurado, estas últimas decidiendo el nacimiento o no de los derechos del asegurado 61. La inclusión de las cláusulas delimitativas se contemplan en el Anteproyecto en el precepto que define el contrato de seguro 62, puesto que la noción se vincula a la de riesgo asegurado que define la prestación del asegurador y ésta depende de la delimitación del riesgo que sirve de base para el cálculo de la prima 63. El riesgo, en el ámbito del contrato de seguro, es la posibilidad de que ocurra un evento que entraña unas consecuencias económicamente perjudiciales o, que si se quiere, vaya a crear una necesidad económica o, lo que es igual, que implique la posibilidad de un evento dañoso, en el sentido de que su producción significa la lesión de un interés. El riesgo es objeto de cobertura, según el art. 1 LCS, dentro de los límites pactados. El contrato ha de individualizar el riesgo que se quiere asegurar, que depende de la naturaleza del evento que se pretende asegurar (incendio, robo ) y del interés sobre el cual debe verificarse el evento, debiendo producirse en el contrato una delimitación del riesgo con precisión de las causas del evento, el tiempo y el espacio en que debe verificarse. Las 59 Se muestra muy crítica con la regulación legal MUÑOZ PAREDES, ML., en El contrato de seguro en la propuesta de código mercantil, loc.cit.pág.345, expresando que a pesar de esta intención expresada en la exposición de motivos, no se ve claro cómo se ha aclarado tal distinción. 60 Artículo Contenido de la póliza. ( ) 2. La póliza incluirá, además de la información prevista en la normativa especial de seguros privados relativa a la protección del asegurado, las menciones siguientes: c) Naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara y comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente. 61 El propio art. 1 LCS contempla que la obligación del asegurador existe dentro de los limites pactados, criterio que se reitera en todos los preceptos que definen las distintas modalidades de seguro. En efecto, la LSC al regular las distintas modalidades de contrato tras individualizar la naturaleza del riesgo (incendio, robo, etc..) utiliza la expresión a la hora de delimitar esta modalidad de decir el asegurador se obliga dentro de los límites establecidos por la Ley y en el contrato a indemnizar (arts. 45, 50, 54, 63, 68, 69, 73, 76ª), 77, 105 LCS). 62 Artículo sobre la Noción dispone que Por el contrato de seguro el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 63 Tal como señala SANCHEZ CALERO, F., Ley de contrato de seguro, en pág. 34 El contrato de seguro tiene una función económico social centrado en la cobertura del riesgo que aflora en el contrato que para el contratante tiene efectos psicológicos y económicos con que produce una satisfacción de una necesidad actual. El art. 1 LCS con relación a la definición del contrato de seguro señala la idea de que el asegurado asume una obligación de cobertura de riesgo, es decir, que no solo se trata de contraer una obligación para el caso de siniestro (como disponía la redacción originaria del Proyecto de Ley de Contrato de seguro) sino, tal como señala el texto legal en su redacción vigente, la obligación del asegurador es más amplia en el sentido de que, en cualquier caso, aún cuando no se produzca el siniestro, el asegurador realiza una prestación que consiste en ofrecer una seguridad o garantía al contratante del seguro. Desde el punto de vista jurídico el riesgo es la causa del contrato que predetermina la obligación del asegurador. 160719 cláusulas establecidas en el contrato, señala la jurisprudencia, no limitan los derechos del asegurado, sino que delimitan el riesgo asumido en el contrato, su contenido, el ámbito al que el mismo se extiende, lo que constituye un límite objetivo nacido de la voluntad pactada de las partes 64. Las cláusulas limitativas se refieren al ámbito que deja el derecho dispositivo a la autonomía de la voluntad, es decir, cuando en virtud de normas de este carácter se recorte la posición jurídica que, de no pactarse una determinada cláusula, tendría el asegurado, ya que esta limitación no será posible cuando los derechos el asegurados estén configurados por una norma de carácter imperativo, permitiendo el art. 2 LCS sólo ampliar derechos pero no cercenar de manera directa o indirecta la protección que otorga la LCS 65. Frente a las cláusulas lesivas que sólo comprende las cláusulas generales cláusulas predispuestas por el asegurado sin que se hayan negociado individualmente-, las cláusulas limitativas comprende tanto las generales como las particulares. La doctrina apunta que debiera ser excepcional la posibilidad de revisar estas cláusulas limitativas en el marco del régimen de control de contenido de las condiciones generales de la contratación, por ser cláusulas aceptadas por el asegurado y por regla general, en relación con elementos esenciales de contrato, por lo que quedarían de forma controvertida vinculadas a un régimen de condiciones generales de la contratación 66. A pesar de estos factores, pueden quedar sujetas al control de contenido y ser declaradas eventualmente ilícitas por lesivas para el asegurado con base a que existe una base legal del objeto del contrato y con referencia a ésta ciertas limitaciones de la responsabilidad del asegurador podrían declararse lesivas en el sentido de no razonable y ser anuladas por este motivo. Sin embargo, ya señalamos que en pocas ocasiones el TS ha calificado como lesiva una cláusula 67, ya que suelen decidir la ilicitud por criterios alternativos: las que empeoran la posición del tomador respecto a la que otorga la Ley son nulas por infracción de norma imperativa (art. 2 LCS), como también por la aplicación de la regla interpretativa contra proferentem (art CC) por su oscuridad, o bien, por la falta de firma se declaran no incorporadas (art. 3 LCS), junto a otras medidas derivadas de la aplicación de la normativa de consumidores En este sentido, SANCHEZ CALERO, F., Ley de contrato de seguro, cit. pág. 33, recoge el criterio de la jurisprudencia, así, STS 9 febrero referida al seguro de responsabilidad civil precisa que tal limite objetivo tiene su base en los arts. 1 y 73 de la LCS cuando expresan dentro de los límites pactados o dentro de los limites establecidos e la Ley y en el contrato. También en otras sentencias como STS 10 junio 1991 (RJ 1991, 4434), 31 diciembre 1992 ( RJ 1992, 10663), 10 febrero 1998 (RJ 1998, 752), 22 enero 1999, 14 mayo 1999, 14 junio 1999, 23 diciembre 1999, (RJ 1999, 4, 3474, 4472, 9373) y 30 marzo 2000 (RJ 2000, 2503). Recuerda el autor, que la jurisprudencia quiere excluir extensiones analógicas, al afirmar la STS 14 mayo 1999, (RJ 1999, 3474), no se olvide que el art. 1 de la LCS es categórico al respecto: El asegurado se obliga para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados. Los límites los marcan los acontecimientos previstos (y no otros) que son objeto de cobertura, sin que quepa realizar interpretaciones analógicas. 65 Puntualiza VEIGA COPO, A., Tratado del contrato de seguro, Navarra, 2009,cit. pág. 224, que las cláusulas limitativas contra normas imperativas son nulas. 66 ALFARO, Disposiciones generales cit. págs.134 y ss 67 Vid. MENENDEZ MENENDEZ, A., El proceso de elaboración,cit. pág Recordemos a estos efectos, que el control de contenido se suma al resto de medidas contempladas en el art. 3 LCS. Las cláusulas limitativas recogidas en el art. 3 son lícitas siempre que se destaquen y acepten específicamente por escrito. En este sentido dispone el art. 3 LCS que (S)e destacarán de modo 160820 En la normativa propuesta se extiende la obligación de destacar junto a las limitativas del los derechos del asegurado las cláusulas que limiten o condicionen o contengan exclusiones de la cobertura. La disciplina sobre modelos de póliza y condiciones generales (derogado Reglamento de Seguros 1912) exigían que se destacaran las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y los riesgos excluidos de cobertura, dando a entender que son distintos, ya que, en éstas últimas cláusulas, se concreta el riesgo asegurado y el contratado sin quitar o restringir al asegurado ningún derecho. La distinción pierde nitidez con la reflexión de que las cláusulas que delimitan el riesgo en forma no frecuente o usual, constituyen de hecho una limitación de los derechos del asegurado 69. Si las cláusulas limitan de modo sorprendente el riesgo podrán se asimiladas a las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, debiendo por este motivo, destacar una y otras 70. La dificultad de señalar los perfiles de uno y otro tipo de cláusulas llevará a los asegurados prudentes a destacar gran parte del contrato-la propia suma asegurada no es cláusula limitativa de los derechos pero si es, por la función que cumple, limitativa de la cobertura-si no quieren asumir el riesgo de que resulte no incorporada al contrato una cláusula determinada por no estar destacada Régimen particular de aceptación de las limitativas el anteproyecto de código mercantil Según el vigente art. 3 LCS, la validez de las cláusulas limitativas se subordina a la aceptación por el asegurado, lo que viene a introducir lo que la doctrina conoce como el requisito de la doble firma 72. La Ley requiere respecto de las cláusulas limitivas que se incorporen de manera expresa de forma que se facilite el conocimiento y que se consientan de forma especial. Tal como dispone el art. 3 LCS (S)e destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Las cláusulas limitativas generales como las particulares para que entren a formar parte del contenido del contrato deben respetar estas medidas de garantía que requiere una especificación singular en el contrato y una especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Recuerda el mismo art. 3 LCS que Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley. 69 Vid. SANCHEZ CALERO, Ley de Contrato de Seguro, pág. 102; EMBID IRUJO, La protección del asegurado, pág Tiene esta naturaleza la cláusula claim made del seguro de responsabilidad civil ya que el art LCS lo trata como cláusula limitativa del derecho como señala SANCHEZ CALERO, Ley de Contrato de Seguro, pág Señala el autor que la jurisprudencia de la sala de lo penal en relación al seguro de responsabilidad civil por daños causados al conductor- ha equipado las cláusulas que delimitan el riesgo asegurado y las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, principalmente con el deseo de proteger el derecho del tercero perjudicado frente al asegurador. Por el contario la sala de lo civil, distingue entre cláusulas limitativas y cláusulas que delimitan el riesgo no comprendidas en el art. 3 precisamente porque el derecho no ha nacido para el asegurado (STS 22 abril 1991 (RJ 1991,3018), STS 2 junio 1992 (Rj 1992, 5170). 71 MUÑOZ PAREDES, M.L., El contrato de seguro, cit pág POLO, E., La protección del contratante débil y las condiciones generales de los contratos, Madrid 1990 pág. 85 y ss 1609 Mostrar más
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