Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/vega.html
Timestamp: 2017-05-27 08:01:48
Document Index: 332973647

Matched Legal Cases: ['artículo 465', 'artículo 314', 'artículo 442', 'artículo 33', 'artículo 495', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 442', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 18', 'in fine', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 1', 'in fine']

Equipo Nizkor - Mantienen el arresto domiciliario al capitán Carlos Alberto Vega
Mantienen el arresto domiciliario al capitán Carlos Alberto Vega
Cámara Nacional de Casación Penal Causa n̊ 10400 “Vega, Carlos Alberto s/rec. de casación” Sala III CNCP
//n la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril del año dos mil nueve, se reunieron los
integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Guillermo José
Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ester Ledesma, bajo la presidencia del primero de los
nombrados, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, Dra. María Jimena Monsalve, con el objeto de
dictar sentencia en la causa n̊ 10400 caratulada “s/rec. de casación”, con la intervención del
representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Juan Martín Romero Victorica y del Sr.
Defensor Público Oficial, Dr. Guillermo Lozano, por la asistencia del imputado.- Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden
siguiente: Tragant, Riggi, Ledesma.- VISTOS Y CONSIDERANDO: El señor Juez Dr. Guillermo José Tragant dijo: PRIMERO: Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de casación
interpuesto a fs. 232/242vta. por la Dra. María Mercedes Crespi, Defensora Pública Oficial interina,
contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n̊ 1 de Córdoba, que
resolvió: “No hacer lugar al beneficio de detención domiciliaria solicitada por la Defensa técnica a
favor de Carlos Alberto Vega ...” (fs. 226/230).- Que el remedio intentado fue concedido por el a quo a fs. 243/vta. Radicadas las actuaciones en esta
instancia y celebrada la audiencia prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la
Nación en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), a la que asistió Registro n º 514/09 exclusivamente la Sra. Defensora Pública Oficial ad-hoc, Dra. Graciela Liliana Galván (fs. 256),
oportunidad en la que acompañó breves notas (fs. 254/255), el expediente quedó en condiciones de
ser resuelto.- SEGUNDO: Que ingresando al tratamiento de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional debe ponerse de
resalto que la asistencia técnica de Rodríguez solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
n º 1 de Córdoba se reestablezca el beneficio de detención domiciliaria concedido al nombrado
durante la etapa de instrucción, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 314 del C.P.P.N.
Argumenta en tal sentido la edad y el estado de salud de su representado.- Asimismo, expresa la defensa que en virtud del efecto suspensivo dispuesto por el artículo 442 del
ordenamiento ritual, debió prevalecer el beneficio ya acordado del que venía gozando por estricta
aplicación del principio de inocencia y non bis in idem (art. 18 CN y Pactos y Tratados
Internacionales).- Que en atención a la naturaleza de los agravios introducidos por la defensa en su presentación,
conviene aquí recordar que en particular en los autos “Comesaña, Teresa Martina s/rec. de casación”
(Reg. 573/06 del 7/6/06); “Espíndola, Karina Alejandra” (Reg. 1434/06 del 27/11/06) y “Trinidade,
Haydée s/rec. de casación” (Reg. 235/07 del 15/3/07) afirmé que “partiendo de la base que de una
interpretación armónica de los artículos 7 y 10 del Código Penal, 314 y 502 del Código Procesal
Penal y 33 de la ley 24.660 y de los fundamentos del decreto 1058/97, que la prisión domiciliaria
puede ser obtenida también por procesados; que para que proceda este excepcional modo de
cumplimiento de la prisión preventiva deben estar presentes los requisitos exigidos por la ley. Que
a tales fines es indispensable que la imputada esté comprendida en una de los dos casos que
habilitan el otorgamiento del instituto: 1) que sea mayor de setenta años ó 2) que padezca una
enfermedad incurable en período terminal”.- “Que al igual que lo entendí con lo dispuesto por el artículo 33, estimo que las prescripciones del
artículo 495 del Código Procesal Penal pueden ser aplicadas no sólo a los condenados sino que
merced de una interpretación análógica in bonam partem a aquellos que se encuentran sometidos
a proceso. Reza la mentada norma que ALa ejecución de la pena privativa de la libertad podrá ser
diferida por el tribunal de juico solamente en los siguientes casos: 1 º) Cuando deba cumplirla una
mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6) meses, al momento de la sentencia. 2 º) Si
el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida,
según el dictamen de peritos designados de oficio. Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente.” (cfr. mi voto en autos “Espíndola” ya citados).- En tal sentido, no pasa inadvertido que la ley 26.472 (B.O. 20/1/09) no sólo ha mantenido los dos
incisos previstos en antiguo artículo 33 de la ley 24.660 sino que ha ampliado los casos de
procedencia del instituto.- Reza ahora el artículo 32 de la Ley 24.660: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer
el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la
privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno
discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por
su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70)
años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona
con discapacidad, a su cargo.” Por su parte el artículo 33 quedó redactado de la siguiente manera:
“La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o competente. En los
supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico
y social. El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo
de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso,
la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.” Asimismo, el artículo 10 del Código Penal fue modificado y dice hoy: “Podrán, a criterio del juez
competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo
cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar
b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno
díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimientocarcelario es inadecuada por
su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70)
años; e) La mujer embarazada; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona
con discapacidad a su cargo.” Que partiendo de la premisa de que el legislador al crear tal disposición le otorgó facultad al juez
para aplicarla, al igual que lo mantiene ahora con la reforma legislativa recientemente operada, no
sólo no excluyó a ninguno de los antiguos supuestos sino que como se advierte incorporó a otros no
contemplados en la anterior redacción, deberá evaluarse en cada caso particular la posibilidad o no
de disponer la excepción a que se alude.- TERCERO: Que tal como se desprende del estudio de las actuaciones con fecha 21 de mayo de 2008 el Tribunal
a quo, con fundamento en “razones de seguridad” dispuso modificar las condiciones de detención
de Carlos Alberto Vega -prisión domiciliaria en la provincia de Mendoza- “hasta la finalización del
juicio” y disponer su inmediato alojamiento en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército.- En particular se expresó “Dadas las particularidades del caso, tal medida aparece como las más
adecuada en pos de extremar los recaudos tendientes a, por un lado, preservar la integridad física
de los encartados y, por otro, asegurar su presencia durante el juicio, ello de conformidad con lo
preceptuado por el art. 366, ultimo párrafo del C.P.P.N.”. - Posteriormente, en oportunidad de darse lectura al veredicto de sentencia condenatoria a su respecto
el 24 de julio de 2008, se dispuso “revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención
y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de
Córdoba.” Para así decidir el Tribunal consideró en cuanto al efecto que el dictado de sentencia produce con
relación a las situaciones procesales de los acusados que “en el caso, se trata de hechos de inusitada
gravedad, lo que motivó la imposición de severas penas previstas por el Código Penal para los
mismos. Que la ley 24.390, regula los plazos de la prisión preventiva para la Justicia Federal,
estableciendo en su art. 1 º que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se
haya dictado sentencia. El art. 2 de la citada ley dispone que dichos plazos no se computarán
cuando se haya dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. Se infiere
de la normativa citada, que se pretende evitar la prolongación en encierro bajo la forma de prisión
preventiva, pues ello conculca el estado de inocencia y el principio de duración razonable del
proceso, para convertirse en una pena anticipada. Ahora bien, debe reconocerse que la existencia
de un pronunciamiento condenatorio da un cariz distinto a la situación procesal del acusado. De
ello se infiere B y así lo recepta el art. 2 de la ley 24390- que nada impide prolongar la situación
de encarcelamiento preventivo del acusado, una vez que se haya dictado sentencia condenatoria.
Ante el supuesto de la interposición de recurso de casación, el art. 442 del Código Procesal Penal
de la Nación prevé el efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo contrario. La
interposición de recurso de casación no enerva el argumento antes expuesto, en tanto lo que se
suspende tras la interposición del remedio recursivo es la ejecución de la prisión a título de pena,
por lo que el efecto suspensivo mencionado por el citado artículo 442, debe entenderse en el sentido
de que el condenado permanece sujeto a medida cautelar -esto es a prisión preventiva- como
procesado hasta tanto la sentencia adquiera firmeza.” Que analizadas las constancias del expediente, se extrae que el encausado Carlos Alberto Vega
cumple con -al menos- uno de los supuestos enunciados, esto es que el sujeto sea mayor de 70 años
(cfr. certificado nació el 20/1/29) sin que la norma exija a mi juicio ningún otro requisito adicional
para conceder o no la solicitud, en la medida que sin aditamento alguno así lo ha previsto en el inciso
d) del artículo 32 en la reforma instrumentada por la ley 26.472 a la ley de Ejecución de la Pena (Ley
24.660), no obstante lo cual el estado de salud del que da cuenta a fs. 11/183 y en particular el
informe elaborado por la Junta del Hospital Nacional de Clínicas a fs. 210/212 coadyuva a la
conveniencia de reestablecer el beneficio (arts. 18 y 75 inc. 12 de la CN; 12 del PIDES y C ; 5 de
la CADH; XI de la DADDH y 25 de la DUDH).- Cabe destacar cuanto se extrae de los Fundamentos Jurídicos que acompañaron al proyecto de la
nueva ley presentado ante la Cámara de Diputados en el sentido que “el principal valor que pretende
resguardar la prisión domiciliaria, a nuestro juicio, es la preservación de la salud -integridad
física- de la persona internada. Este derecho debe ser entendido con amplitud de la definición de
la observación N1 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.- Allí también se puntualizó “el ámbito carcelario para el tratamiento de ciertas enfermedades y
dolencias o para el alojamiento de algunas personas vulnerables -ancianos, mujeres embarazadas
o discapacitados- no es adecuado por sí mismo, independientemente de las mejoras que puedan
realizarse. Es por ello que es justificable aplicar una medida coercitiva de menor intensidad sobre
el individuo sacrificando los fines de la pena -en el caso que consideremos que sean aceptables y
razonables- para garantizar el derecho de jerarquía constitucional a la salud.” Por lo demás cabe agregar otro motivo adicional que me inclina al favorable acogimiento de la
pretensión defensista y que no puede ser obviado, esto es la conformidad del Sr. Fiscal General
actuante ante el Tribunal oral Federal de Córdoba (cfr. doctrina fijada en los autos 5472
“Macchieraldo, Ana María Luisa s/ recurso de casación e inconstitucionalidad” Reg. 842/04 del
22/12/04 y n º 9894 “Niño Seeber, Martín Alfredo s/rec. de casación” Reg. 1342/08 del 13/10/08).
Nótese que al evacuar la vista a fs. 214/215vta, expresamente no se opuso a su concesión con apoyo
en la ley 24.660 y en la medida de que la situación particular de no le hacían temer que estando en
prisión domiciliaria pueda afectar los fines del proceso. Al respecto puntualizó que “No hay
posibilidades de que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad, ya que la instrucción y el
juico fueron concluidos. Tampoco advierto posibilidades fundadas de fuga: cuando estuvo bajo
prisión preventiva domiciliaria, no hay constancias de que la haya quebrantado o incumplido con sus
obligaciones procesales (mucho menos que haya recaído en el delito o haya abusado de su estadía
domiciliaria para intimidar o molestar a personas o cometer otros actos reprochables -ley 24.660, art.
34-. Además de tener una avanzada edad, 79 años, su estado de salud presenta un catálogo de
enfermedades y problemas que también contribuyen a que la posibilidad de fuga no sea previsible:
tiene dificultades para el desplazamiento, cáncer de mama, diabetes, hipertensión, insuficiencia
cardíaca, insuficiencia venosa en miembros inferiores, adenoma de próstata, glaucoma, entre otras,
las cuales “requieren tratamiento médico y farmacologico” (fs. 208/209)”.- Que al carecerse de la opinión del Ministerio Público Fiscal en este trámite, cobra valor orientativo
el dictamen señalado por aquello de la unidad de actuación a que alude el artículo 1 º de la Ley
Orgánica del Ministerio Público (ley 24.946 B.O. 23/3/98) (cfr. “Colazo, Pablo y otros s/recurso de
casación” Reg. 200/2006 del 22/3/06).- Que la razón de ser del principio de unidad radica en que “La necesidad de coherencia intenta vedar
toda posibilidad de que ante situaciones similares la respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal
sea diversa alterando elementales reglas de igualdad y poniendo en crisis el logro de objetivos
comunes” (Bruzzone, Gustavo A.: Las llamadas “instrucciones de los fiscales” en Revista Pena y
Estado n º 2, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, nota 6, p. 222) (cfr. voto de la Dra. Ledesma
en causa n º 5563 “Estevez, José Antonio s/rec de casación” Reg. 941/05 del 31/10/05).- Es que lo que se quiere significar cuando se menta a los principios de unidad e indivisibilidad del
oficio es que: el funcionario que obra por el ministerio público vincula a la organización con sus
acciones o sus omisiones, cualquiera que sea la organización interna y la infracción que a esas reglas
de organización haya podido cometer ese funcionario. Para el contradictor, esto es, para el imputado
y su defensor, ésta es una regla básica que garantiza sus posibilidades de resistir la imputación
(defensa) en el procedimiento penal. Por ejemplo, si el funcionario que representa al ministerio
público en el procedimiento omite interponer algún recurso contra una decisión, de su parte la
decisión ha quedado firme; si no existe otro acusador o no se admite conjuntamente la acusación
privada, o quien la representa, en caso de que la ley procesal lo admita, no ha recurrido, sólo al
imputado y a su defensor les compete la facultad de recurrir; si ellos no recurrieron la decisión, ella
queda firme, en general, y surte todos sus efectos particulares; si el imputado y su defensor recurren,
rige el principio de la prohibición de la reformatio in peius.(cfr. Maier, Julio B. J. ADerecho Procesal
Penal, II. Parte general. Sujetos procesales, pág. 331/332, Editores del Puerto, Buenos Aires 2003,
1 º Edición).- Al respecto cabe recordar que AEl principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona
y sus derechos consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional establece una garantía
individual para el imputado a lo largo del proceso, que se refiere tanto a la defensa material como
a la formal o técnica.- “Así lo ha entendido nuestro Alto Tribunal que ha afirmado que las garantías que en materia criminal
consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional consisten en la observancia de las formas
sustanciales relativas a acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos 116:23; 119:284; 189:34;
271:188, entre otros)”.- “La defensa en juicio se traduce en una serie de poderes jurídicos de los cuales goza el imputado a
fin de ejercer con plenitud sus derechos (intervenir en el proceso incoado en su contra; declarar
libremente con relación al hecho que se le imputa, ofrecer pruebas, etc.). A su vez, estas reglas
procesales que están íntimamente vinculadas entre sí, trazan el marco apropiado a una correcta e
imparcial verificación de la verdad. Entre ellas se encuentra la necesidad de una oportuna
intervención del imputado y la necesidad de un proceso que asegure el contradictorio -audiatur et
altera pars- (Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 211 y ss.)”.- Por último, pero no por ello menos importante, cabe señalar que tal como acertadamente lo indica
el recurrente, la sentencia aparece a mi juicio infundada en punto a los efectos que cabe otorgarle a
los recurso interpuestos por los imputados. Lleva dicho este Tribunal que mientras no adquiriera
firmeza la sentencia condenatoria que se dictare no procedía disponer el encarcelamiento del
imputado, variando el status quo del que venía gozando con anterioridad al dictado de la misma. Del
mismo modo al imputado que está ejerciendo una profesión se lo inhabilita para ello, mientras se
sustancie sus apelaciones continúa en tal práctica hasta tanto la sentencia pase en autoridad de cosa
juzgada, y se empieza a efectivizar cuando el encargado del control de su cumplimiento, en el caso
el juez de ejecución, está en condiciones de actuar (Causas n º 5164 “Mendez, Evelyn Giselle s/rec.
de casación” Reg. 349/04 del 5/7/04 y n º 2483 “Martínez, Gustavo Marcelo s/recurso de casación”,
Reg. 303 del 6/07/00 de la Sala III y sus citas en particular: Tribunal Superior de Córdoba "Esteban",
causa n º 301, rta. el 20/10/98. Ayan, Manuel "Efectos de los recursos en el proceso penal" Comercio
y Justicia, 2.10.70. Cafferata Nores, Jorge I y Tarditti, Aída "Código Procesal Penal de la provincia
de Córdoba, comentado" T. II, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2003, pág. 385. D'Albora, Francisco
"Código Procesal Penal, comentado, concordado" T. II. Ed. Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Bs. As.
2003, pág. 978. Bobino, Alberto, "El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos
humanos", publicado en Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo, Editores del Puerto,
Bs. As., 1998, págs. 148/9. Cafferata Nores, José I. "Proceso Penal y Derechos Humanos", CELS,
Editores del Puerto, Bs.As., 2000, pág. 186).- Allí también se afirmó que “en atención al principio favor libertatis y al conjunto de garantías
implicadas en la prisión preventiva, los códigos procesales preven expresamente que la sentencia
absolutoria debe disponer la libertad del imputado (art. 402 del C.P.P.N.). A estos fines no se
requiere la firmeza del decisorio para que dicha medida se efectivice. Contrariamente, a ello si la
resolución recaída fuere como en este caso condenatoria, la situación de libertad no se modifica, pues
la voluntad del legislador en ese sentido es clara, toda vez que el art. 403 del C.P.P.P. cuando refiere
a la sentencia condenatoria nada dice al respecto. Ello por aplicación del mismo principio, toda vez
que el encarcelamiento no procede en forma automática, si la sentencia no adquirió calidad de cosa
juzgada. De tal modo la excepción de la garantía solo está autorizada, cuando existan razones
debidamente justificados.”.- En similar sentido la Sala I de este Tribunal ha expuesto que “... en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 478 del C.P.P.N. debe precisarse que, habilitada la vía casatoria, el efecto suspensivo que
le otorga el art. 442 del mismo ordenamiento habrá de extenderse a todas las consecuencias del fallo,
incluida la detención que preventivamente ha sido decidida con motivo y en ocasión del dictado de
la sentencia condenatoria. Es que la detención ordenada conjuntamente con la imposición de la pena,
que se afirma inspirada en la prevención de que los imputados se sustraigan a las ulterioridades del
juicio -cosa que no han hecho en su transcurso pese a que la calificación de los hechos permaneció
inalterada a lo largo del proceso y a que la penalidad amenazada era posible y previsible desde el
inicio-, es en este caso particular sólo formalmente independiente del veredicto, por lo que conferirle
un carácter meramente cautelar, y considerarla por ello ajena a los efectos de la inspección casacional
admitida, sería tanto como soslayar el mencionado art. 442 del C.P.P.N.; o como acotar su
aplicación, con dudosa lógica, sólo a las demás consecuencias de la sentencia” (causa n º 1915
“Griguol, Fernando y otro s/rec. de casación” Reg. 2327 del 21/8/98, en igual sentido Sala IV causa
n º 2340 "Culaciatti, F. s/rec. de casación" Reg. 3024 del 27/11/00).- Así, como dócilmente se desprende del estudio de las actuaciones el status quo del que venía
gozando el imputado era el del arresto domiciliario concedido por la titular del Juzgado Federal de
Córdoba (cfr. informe de la Actuaria de fs. 257/259), transitoriamente modificado durante la
celebración del debate y esos efectos como lo expresa el a quo en su resolución del 21 de mayo de
2008, en tal sentido, el tribunal oral omitió dar cumplimiento al art. 442 del C.P.P.N. .- Por lo expuesto, propicio al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, anular
parcialmente la sentencia, punto 13 in fine, tornándose operativa en consecuencia la decisión del 22
de abril de 2004 del incidente de arresto domiciliario de Carlos Alberto Vega.- Tal es mi voto.- El señor juez Dr. Eduardo Rafael Riggi dijo: Que teniendo en cuenta que adherimos a la solución propuesta por el doctor Guillermo J. Tragant,
en tanto los argumentos expuestos por el colega preopinante, resultan concordantes con las plurales
consideraciones que volcáramos en las causas 9163 “Kearny, Miguel s/recurso de casación” (reg.
770, del 17/6/08), y n º 10.219 del registro de esta Sala, caratulada “González Conti, Rodolfo
Alejandro s/ recurso de casación” (reg. 1858, del 22/12/08) -con cita de lo resuelto en la causa n º
7450 “Trinidade, Haydeé s/ recurso de casación” (reg. n º 235/07 del 15/3/07). En el mismo sentido se ha expedido la Sala II de este cuerpo en la causa 3880 “Peralta, Ricardo N.
S/recurso de casación”, reg. N º 5120, y Sala IV en la causa n º 9360 “Lombardo, Juan J. S/recurso
de casación” reg. N º 10781. En tal orden de ideas, debemos señalar que en el caso, resulta evidente que en el sub examine se
encuentra satisfecha la previsión que se establecía en la primera parte del artículo 33 de la ley 24.660
(según su redacción vigente al momento de la sentencia impugnada), es decir, uno de los dos
supuestos que viabilizaban la procedencia de la detención domiciliaria, lo que torna irrelevante la
determinación de la existencia o no de la otra hipótesis que la ley prevé. Ello así, pues el acusado
registra una edad superior a los 70 años de edad. Debemos destacar que la reciente sanción de la ley 26.472 (B.O. 20/1/08) en nada varía la situación
reseñada, desde que la modificación que introdujo a los artículos 32 y 33 de la ley 24.660 y 10 del
Código Penal no restringen los supuestos preexistentes de procedencia de la detención domiciliaria,
sino que muy por el contrario, los mantiene, agregando nuevos supuestos en los que el beneficio es
procedente (v.gr., el caso de mujeres embarazadas, o de madres con hijos menores de cinco años de
edad o de un discapacitado a su cargo). Repárese, incluso, que a partir de la reforma legislativa, en modo alguno podría sostenerse que la
situación del imputado -para acceder a este modo morigerado de cumplimiento de la
detencióndebería encuadrar en todas las causales previstas, pues la diversidad de situaciones
contempladas conducirían a que en la práctica el beneficio sea meramente enunciativo, por la
imposibilidad de que concurran todos los requisitos en una misma persona. Así, según la nueva
legislación y conforme a una interpretación como la que promueve el a quo, para acceder al régimen
del arresto domiciliario deberíamos encontrarnos ante el caso de una mujer embarazada (artículo 32,
inciso e), de la ley 24.660), que sea mayor de 70 años (inciso d), que también tenga un hijo menor
de cinco años o discapacitado a su cargo (inciso f), que padezca una enfermedad incurable en período
terminal (inciso b), otra que le impida recuperarse o tratarse en un establecimiento carcelario (inciso
a), y que además de todo ello, sea discapacitada (inciso c). Lo absurdo de tal proposición evidencia
la correcta interpretación que en los precedentes señalados se venía sosteniendo. Por otra parte, lleva también dicho esta Sala que una decisión judicial recurrida -o mientras no venza
el término para recurrir o sea confirmada por la alzada- “no puede cumplirse; quedan suspendidas
todas las consecuencias de la misma, sean de orden sustancial o formal. Esta es la regla general
por lo que las excepciones deben estar expresamente previstas” (conf. causas n º 5359 caratulada
“Peralta, Claudio Gabriel s/ recurso de casación”, del 10/11/01, reg. 661, y n º 5164 caratulada
“Méndez, Evelyn Giselle s/ recurso de casación”, reg. 349/04, del 5/7/04). En dichas oportunidades, se señaló que “conforme la previsión del art. 442 del C.P.P.N. >(l)a
interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo, salvo que
expresamente se disponga lo contrario=. Es decir que la regla general en materia de recursos es
el efecto suspensivo”. También se explicó que cuando “la ley acuerda a las partes poderes suficientes para provocar la
eliminación de los vicios que el acto pudiera contener, se hace necesaria que los efectos de éste
permanezcan sin cumplirse durante el término para impugnar y aún después, mientras se tramita
el recurso interpuesto legalmente. Esto debe necesariamente ser así, no solo porque la resolución
declarada impugnable no es todavía invariable y puede ser alterada (...) sino también por los
perjuicios a veces irreparables que podría ocasionar la falta de suspensión de tales efectos...”.
Por todas las razones expuestas, se concluyó en las referidas causas “Peralta, Claudio Gabriel s/
recurso de casación” y “Méndez, Evelyn Giselle” que mientras no adquiriera firmeza la sentencia
condenatoria, no podía procederse a su ejecución, disponiéndose el encarcelamiento del imputado
que hasta el momento se encontraba en libertad. Cabe destacar que la doctrina que fluye de los
precedentes dictados es concordante con la que emana de las causas n º 1915 “Griguol, Fernando y
otro s/rec. de casación” (Reg. 2327 del 21/8/98) del registro de la Sala I de esta Cámara; la de las
causas n º 89 caratulada “Giménez , María Teresa s/ recurso de queja” (Reg. 76, del 22/12/93) y n
º 4178 “Gómez, Carlos s/rec. de casación” (Reg. 5260 del 30/08/02) de la Sala II; y causa n º 2217
“Cruciani, Santiago s/rec. de queja” (Reg. 2718 del 14/7/00) de la Sala IV. Por todo ello, adherimos al voto del doctor Guillermo José Tragant y emitimos el nuestro en idéntico
La señora juez Dra. Angela Ester Ledesma dijo: Sellada que se encuentra la suerte de este recurso, por los fundamentos vertidos al votar en las causas
5164 “Méndez, Evelyn Giselle s/ recurso de casación”, resuelta el 5 de julio de 2007, registro 349
/04 y 9321 “Ferriole, Pablo Antonio s/ recurso de casación” reg. 1379/08, resuelta el 15 de octubre
de 2008 (criterio ratificado por el artículo 1 inciso “d”, de la ley 26.472, que reforma la ley 24.660),
adhiero a la solución que propone el doctor Guillermo José Tragant. En este punto, hay que recordar que la prisión domiciliaria que gozaba Vega - modificada en cuanto
al lugar de cumplimiento sólo a los fines del juicio- fue revocada en la misma sentencia en la que
se lo condenó, haciéndose efectiva en ese momento. Esto es, a mi modo de ver, equivocado pues
hasta que el fallo no adquiera firmeza, los jueces no pueden variar las circunstancias existentes (en
este caso, revocando la morigeración del encarcelamiento cautelar). De esta manera, hay que
retrotraerse a la situación anterior -prisión preventiva cumplida en su domicilio- hasta que la
sentencia quede firme.
Pero además en este caso, tal como lo indica el colega que lleva la voz en este Acuerdo, no se puede
soslayar que, frente al pedido del imputado, el propio Ministerio Público Fiscal entendió que
correspondía concederle el arresto domiciliario (cfr. fs. 214/215 vta.). Por lo tanto, un dictamen
favorable del titular de la vindicta pública, impone hacer lugar al planteo defensista por aplicación
del principio acusatorio que consagra la Constitución Nacional (artículos 18, 75 inciso 22 y 120)
(cfr., mi voto en la causa 9894 “Niño Seeber, Martín Alfredo s/ recurso de casación”, resuelta el 13
de octubre de 2008, registro 1342/08). Así es mi voto. Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, -16- SIN COSTAS, ANULAR
parcialmente la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n º 1, punto dispositivo 13 in fine,
tornándose operativa en consecuencia la decisión del 22 de abril de 2004 del incidente de arresto
domiciliario de Carlos Alberto Vega (arts. 123, 314, 404 inc. 2 º, 442, 456, 470, 471, 495, 502, 530
y 531 del C.P.P.N.; 7 y 10 del C.P., 18 y 75 inc. 12 de la CN; 12 del PIDES y C ; 5 de la CADH; XI
de la DADDH y 25 de la DUDH; Ley 24.660 redacción conforme Ley 26.472).- Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen, sirviendo la presente de
atenta nota de envío.- Fdo. Guillermo José Tragant- Eduardo Rafael Riggi-Angela Ester Ledesma. Ante mí. María Jimena Monsalve. Prosecretaria de Cámara.