Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/580923138
Timestamp: 2020-07-15 18:33:12
Document Index: 184281037

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 241', 'artículo 79', 'ARTÍCULO 79', 'artículo 79', 'artículo 1', 'in dubio', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49']

Sentencia de Constitucionalidad nº 497/15 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580923138
REANUDACIÓN DE LA INDAGACIÓN PENAL POR SURGIMIENTO DE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 79 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. el aparte normativo acusado es aquel que permite al Fiscal reanudar una investigación archivada si aparecen nuevos elementos de juicio acerca de la ocurrencia de un delito. La demandante presentó un cargo la supuesta omisión legislativa relativa, pero la Corte consideró que el mismo no satisfizo las condiciones de identificar adecuadamente la proposición normativa de la que surge la omisión, ni la de acreditar los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia de las demandas de inconstitucionalidad. Con base en lo anterior, la Sala decidió declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Peticionaria: I. del Río Nadjar
La ciudadana I. delR.N., en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 40.6 y el artículo 241.4 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal (en delante, Código de Procedimiento Penal o CPP).
A continuación se trascribe la disposición citada, tal como fue publicada en el Diario Oficial.
ARTÍCULO 79. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Cuando la F.ía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.
La ciudadana demandante considera que el aparte resaltado del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal viola los artículos 1º y 29 de la Constitución Política; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 y 14.3(c) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Tales argumentos pueden extrapolarse al caso concreto, que se refiere a la definición clara del número de oportunidades para reanudar la investigación y el término de duración de esta. “En virtud del artículo 1º de la Constitución y en concordancia con los principios de efectividad e igualdad de la ley penal, la acción debe fundamentarse […] en el actuar objetivo y diligente del órgano competente, no pudiendo así dejarlo a la discrecionalidad de cada funcionario. Del mismo modo, se viola el principio de dignidad humana” al extenderse sin límite la reanudación del archivo, la situación del indagado queda en indefinición y su calidad de sujeto investigado ante la sociedad supone una carga desproporcionada para el afectado, quien deberá soportarla por el tiempo en que el F. lo estime necesario.
4.3.3. La exclusión de “casos o ingredientes” de la norma no obedece a un principio de razón suficiente. Si bien la ausencia del término y el número de veces en que puede reanudarse la indagación preliminar (es decir, las omisiones cuestionadas) pueden atribuirse a un fin legítimo, como propender por el actuar diligente y eficiente de la F.ía, no es proporcional a ese objetivo, al dejar el asunto al arbitrio del funcionario y al imponer como único límite el plazo máximo previsto en la Ley 1453 de 2011. Pero, en concepto de la demandante, la falta de diligencia de la F.ía en las investigaciones que adelanta no debe convertirse en una carga para el indagado.
4.3.5. La omisión incumple un deber específico previsto en la Constitución Política. La sentencia C-412 de 1993[2] establece la necesidad de que el Legislador desarrolle normas procesales que disciplinen la actuación estatal y garanticen la previsibilidad de las decisiones asociadas a la indagación, como parte del debido proceso constitucional. El Congreso no puede pasar por alto esas garantías, pues el debido proceso rige durante todo el proceso penal, pues el Estado se “inmiscuye en la vida de los particulares desde la notitia criminis. La norma demandada dejó al arbitrio del F. el número de veces y término de duración de la reanudación de la indagación, en perjuicio del debido proceso y las garantías procesales del indagado”.
4.4.2. El principio de taxatividad, a su turno, se refiere a la definición precisa del supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas de un delito. Si bien en las sentencias C-769 de 1998[4] y C-953 de 2001[5] se consideró que los tipos penales abiertos pueden ser constitucionales, el principio prohíbe, en términos generales la falta de claridad y precisión para que el imputado o sindicado conozca su situación jurídica. En la norma demandada, continúa la demanda, no hay indeterminación en materia de delitos y penas, pero sí se crea incertidumbre en el número de veces que puede reanudarse la investigación y su duración. La disposición no cumple entonces “su deber de ser cierta y deja entonces al sindicado en una posición de constante indagación sin conocer a ciencia cierta […] los límites de la F.ía en esta etapa”.
El principio de igualdad, afirma la accionante, se define como la posibilidad de intervenir en el proceso penal en condiciones de equidad en materia de derechos, oportunidades, medios de prueba y elementos de convicción, por lo cual, si desde su inicio, las oportunidades para que la F.ía indague sobre el presunto delito no están debidamente establecidas “se rompe con dicha igualdad” (C-536 de 2008).[6]
El Ministerio de Justicia solicita a la Corte (i) declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por ineptitud de la demanda o, en su defecto, (ii) declarar la exequibilidad del enunciado demandado.
5.3. Además de esos argumentos centrales, el Ministerio afirma que hay una imprecisión en el uso del término procesado en la demanda, pues la norma se refiere a la etapa de indagación, la cual tiene como finalidad establecer si hay hechos constitutivos de delito, identificar a los autores y disponer su captura. En ese contexto, no siempre se logra llegar a la identificación de un presunto responsable, evento en el que no habría lugar a la violación de los artículos 1º y 29 de la Constitución y las normas de los tratados de derechos humanos vinculantes para Colombia. (Cita, una vez más, la sentencia C-893 de 2012). Por lo tanto, el Legislador no solo protegió los derechos de los investigados, sino los de las víctimas, junto con el deber estatal de investigar y acusar por intermedio de la F.ía General de la Nación.
El tres (3) de marzo de dos mil quince (2015), el Director Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales de la F.ía General de la Nación intervino dentro del proceso de la referencia con el fin de solicitar a la Corte inhibirse en relación con los cargos formulados en la acción constitucional o, en su defecto, declarar exequible la norma acusada.
6.1. En primer lugar, la F.ía indicó que el problema jurídico a resolverse consiste en definir si el enunciado demandado generó una omisión legislativa relativa, violatoria de los artículos 1, 29 y 93 de la Constitución Política, al dejar indeterminado el número de veces que la indagación penal pueda ser reanudada.
6.3. De forma subsidiaria, la F.ía General de la Nación defendió la constitucionalidad de la norma acusada. Así, resaltó que (i) la norma acusada garantiza el derecho a la defensa del indagado y los derechos de las víctimas y que (ii) limitar el número de veces en que se podrían reanudar las diligencias llevaría a desconocer nuevos elementos de prueba.
A.S.G.M. presentó escrito en este trámite, con el propósito de manifestar su desacuerdo con la argumentación de la demanda. En su concepto, la norma “quiere proteger los deberes de la F.ía General de la Nación cuando no adquiere los debidos elementos probatorios, por tanto la gestión de los legisladores es entender y anticipar que no todos los procesos de la F.ía General de la Nación serán de pronta solución”, así como los derechos “del sujeto pasivo, si se logran nuevos elementos probatorios contra el sujeto activo”. (Cita, como sustento de sus afirmaciones, la sentencia C-893 de 2012, así como un gráfico en el que se muestran la causal de archivo más frecuente es la ausencia de elementos que demuestren la atipicidad, con un 52% dentro del primer semestre de 2009).
J.F.G.C. intervino en este trámite para defender la constitucionalidad de la norma acusada, considerando que la facultad de archivo no afecta los derechos del indiciado, sino que constituye una garantía, pues “no se le inicia una investigación formal por falta de certeza probatoria acorde con el principio in dubio pro reo. La F.ía es titular de la acción investigativa y puede abrir una indagación el número de veces que sea necesario, durante el término que considere pertinente para encontrar las circunstancias fácticas que permitan establecer la existencia (o inexistencia) de un delito y que le permitan formular la imputación de cargos ante el juez de control de garantías.
En la sentencia C-893 de 2012, la Corte señaló que los términos temporales en esta fase del procedimiento penal “no suprime las facultades y funciones investigativas de la F.ía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos”.
“2) el archivo que según la disposición acusada puede producirse tras el vencimiento del plazo, no obstaculiza la investigación y sanción de los delitos. A la luz de los lineamientos vertidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2005, “este acto no tiene efectos de cosa juzgada y, por el contrario, es posible reiniciar la investigación por iniciativa de la propia F.ía, o por solicitud de las víctimas. Adicionalmente, esta decisión debe ser motivada, puesta en conocimiento del a víctima y del Ministerio Público y, por lo mismo, es susceptible de ser controvertida”. (C-893 de 2012).
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5898 del 06 de abril de 2015, solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse de fondo en el presente asunto, toda vez que los cargos propuestos en la demanda no cumplen con los requisitos de certeza y suficiencia, por las razones que se exponen a continuación:
9.1. En primer lugar, afirma que la demanda carece de certeza, pues la accionante formula sus cargos a partir de una interpretación subjetiva de la disposición demandada, cuando señala que una indeterminación en el número de veces en que puede reanudarse la indagación luego de que esta ha sido archivada genera un desequilibrio entre el ius puniendi del Estado y las garantías del procesado, en particular su derecho de defensa. Al hacerlo, la accionante pierde de vista que, dentro del actual sistema penal acusatorio, en la etapa de indagación “el F. busca [definir] si existe o no mérito para iniciar un proceso penal ante la posible ocurrencia de un delito, y de allí que, por ejemplo, el presunto actor no esté vinculado a algún proceso penal e incluso que ni siquiera tenga conocimiento de que se está adelantando una investigación”.
9.2. De igual manera, en esta etapa el investigado puede acudir a la F.ía y aportar los elementos pertinentes para demostrar su inocencia, por lo que no se presenta afectación alguna del derecho de defensa.
Dado que algunas intervenciones que tuvieron lugar en este trámite proponen a la Corte dictar un fallo inhibitorio Ministerio de Justicia, F.ía General de la Nación, o en su lugar declarar la exequibilidad de la disposición demandada. El Procurador General, solicita se profiera fallo inhibitorio por carencia de certeza y suficiencia de la demanda. Antes de formular el problema jurídico, la Sala estudiará la aptitud de la demanda para provocar un pronunciamiento de fondo.
La última de esas condiciones exige al ciudadano asumir cargas argumentativas mínimas, con el propósito de evitar que, de una parte, la Corporación establezca por su cuenta las razones de inconstitucionalidad, convirtiéndose entonces en juez y parte del trámite y generando una intromisión desproporcionada del Tribunal Constitucional en las funciones propias del Congreso dela República; y, de otra parte, que ante la ausencia de razones comprensibles, que cuestionen seriamente la presunción de corrección de las decisiones adoptadas en el foro democrático, deba proferirse un fallo inhibitorio, frustrándose así el objetivo de la acción de inconstitucionalidad.
En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”[10].
Además de lo expuesto, cuando una demanda se plantea para controvertir una omisión legislativa, en consideración a la naturaleza del control constitucional a los silencios del Legislador, y la improcedencia de la acción frente a omisiones absolutas, corresponde al accionante demostrar “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”.
La demandante ha organizado el escrito de la demanda con el claro propósito de satisfacer esos requisitos. Puede concluirse que, en concepto de la demandante (i) la norma sobre la que se estructura el cargo se encuentra contenida en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, y es aquella que permite al F. reanudar una investigación archivada, si aparecen nuevos elementos de juicio acerca de la ocurrencia de un delito; (ii) son dos los “ingredientes” que la norma excluye y que resultan necesarios, en concepto de la accionante, para que sea armónica con la Constitución Política: (ii.1) el número de veces en que puede reanudarse la investigación y (ii.2) la duración de cada reapertura; (iii) la ausencia de regulación mencionada, en su concepto, carece de razón suficiente y permite al ente investigador determinar, discrecional y arbitrariamente, la duración de la indagación preliminar, o la posibilidad ilimitada de reanudarla; (iv) la norma genera una “desigualdad negativa” frente a los casos regulados, que se traduce en un desequilibrio en la etapa de indagación previa, dado que se le otorga un poder ilimitado al fiscal para decidir los aspectos carentes de regulación, limitando así el ejercicio del derecho de defensa del indagado; y (v) la omisión implica el incumplimiento del deber de asegurar un juicio sin dilaciones injustificada y de adoptar las decisiones esenciales del mismo dentro de plazos razonables.
Todas las condiciones mencionadas deben ser cumplidas con especial rigurosidad en el caso de las demandas por una supuesta omisión legislativa relativa, sin perjuicio de la aplicación del principio pro actione, cuando existan suficientes elementos para la formulación de un problema jurídico constitucional relevante.
Sin embargo, la accionante no satisfizo las condiciones de (i) identificar adecuadamente la proposición normativa de la que surge la omisión, (ii) acreditar los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia de las demandas de inconstitucionalidad, como a continuación se explica.
La Corte Constitucional ha señalado que “[…] al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción –acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta–, sino además […] por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241-4-5)”. [Sentencia C-185 de 2012].
En este contexto, la posibilidad de que la Corte integre de forma autónoma la unidad normativa, es decir, que incorpore al juicio el análisis de preceptos no acusados es excepcional. Para su aplicación es indispensable la existencia de una demanda en forma, esto es, que la misma cumpla con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, tal y como éstos han sido consagrados en la ley y precisados por la jurisprudencia constitucional. Ha dicho la Corporación que la integración citada “[…] sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano.” [Sentencia C-543 de 1996].
El artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, establece el término máximo de duración de la etapa de indagación preliminar y lo fija en dos años, cuando solo existe un investigado, tres cuando se presente concurso de delitos o sean tres o más los imputados, y cinco cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados.
Es importante, en relación con la necesidad de leer estas normas de manera concordante, recordar lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-893 de 2012, en la que se estudió un problema en alguna medida inverso al que ahora propone el actor: el actor planteaba en aquella ocasión que los términos del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 resultaban demasiado breves para asegurar el derecho de las víctimas de hechos punibles a que el Estado adelante una investigación seria y profunda para su adecuada sanción.
La Sala Plena explicó que resultaba imprescindible efectuar un ejercicio interpretativo antes de abordar el fondo del asunto, dado que existían diversas interpretaciones plausibles de las normas contenidas en el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. La propuesta por el actor, de acuerdo con la cual una vez agotados los términos previstos en ese artículo inexorablemente terminaría la investigación. La segunda, defendida por algunos intervinientes y acogida en el derecho viviente, es decir, por parte de las principales autoridades judiciales del sistema penal, que asumen la norma como un mandato dirigido a la F.ía para actuar con especial celeridad en el esclarecimiento de los hechos delictivos, pero sin que el vencimiento de términos lleve automáticamente al archivo de la indagación. Esta segunda interpretación se basa, además, en la necesidad de integrar a la comprensión de la norma el artículo 79 del CPP, actualmente demandado.
La Corte acogió la segunda interpretación y explicó que los términos previstos en el artículo 49 para la terminación de la etapa preliminar del proceso penal no constituyen una causal autónoma para el archivo del proceso, sino un llamado a la diligencia en la investigación, de manera que su aplicación solo procede cuando se dan las causales materiales previstas en el artículo 79 del CPP, pues solo así es posible garantizar los derechos de las víctimas de un hecho punible.
Como puede verse, esta Corporación ya ha considerado que ambas disposiciones (artículos 49 de la Ley 1453 de 2011 y 79 del CPP) conforman una unidad normativa, y que la interpretación aislada de una de ellas puede llevar a un inadecuado entendimiento sobre la indagación previa en el sistema penal actual.
A pesar de la posición sentada por este Tribunal en la sentencia C-558 de 2009,[11] la demandante afirma que el artículo 49 no suple el vacío regulativo que presuntamente se originaría en el artículo 79 del ordenamiento procesal penal, pues el archivo por vencimiento de términos no es una causal autónoma, sino que opera de forma armónica o concordante con las previstas en el 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
De esa manera, la ausencia de identificación de la proposición normativa de la cual se desprende la omisión legislativa, tal como esas normas ya han sido interpretadas por este Tribunal, afecta la certeza de la demanda, pues la accionante niega o desconoce tales interpretaciones y pronunciamientos, pese a que son indispensables para comprender el actual procedimiento penal, de una forma que se ajuste a la Constitución Política.
Tal como se explicó en párrafos precedentes, el primer problema de certeza que afecta la demanda se deriva de negar o desconocer el alcance normativo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, y cómo este se proyecta sobre la disposición cuestionada, dado que, si bien es cierto que las etapas del proceso penal deben tener un plazo razonable, yerra la accionante al considerar que el artículo 79 permite que la investigación se extienda caprichosamente en el tiempo.
El artículo 49 establece términos máximos de duración a la indagación preliminar cuya existencia debió ser tomada en cuenta por el demandante al momento de explicar que, a pesar de esa norma, persiste el vacío normativo que denuncia. Pero además de ello, el actor pasa por alto que el propio artículo 79 explica cuándo puede reanudarse la investigación y el límite máximo dentro del cual la F.ía puede hacerlo.
Sin plantear un número específico de “reanudaciones”, al Legislador sí explica que esta decisión se adoptará por parte del F. cuando existan nuevos elementos de juicio acerca de la ocurrencia de un hecho punible, y es claro que el término máximo durante el que puede adoptarse esa decisión es el de la prescripción de la acción penal.
Es importante destacar que, en pronunciamientos previos, la Corporación ha explicado que, en el sistema penal que desarrolla la Ley 906 de 2004, las actividades de la etapa de indagación preliminar son reservadas y se pueden extender hasta el término de extinción de la acción penal. (C-025 de 2009[12]). En consecuencia, no se desprende del enunciado normativo demandado una indefinición en cuanto al término máximo de duración de la etapa citada, sino que esta coincide con el de la prescripción de la acción penal (o con la ocurrencia de cualquier otra causal de terminación del proceso).
La ausencia de certeza entonces se presenta por dos motivos. Primero, por ignorar el contenido normativo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 o por darle un alcance distinto al que le ha atribuido la Corte en otros pronunciamientos. A diferencia de lo que considera el actor, esos términos no constituyen una causal adicional de archivo de las indagaciones, sino un llamado a la diligencia que debe aplicarse en consonancia con las causales previstas en el artículo 79 del mismo estatuto procesal. Segundo, porque no es cierto que las indagaciones puedan reanudarse caprichosa y eternamente, como se argumenta en la demanda.
Ahora bien, si lo que preocupa a la accionante es un uso abusivo de esa facultad, es importante indicar que un razonamiento de esa naturaleza no es adecuado para construir un cargo de inconstitucionalidad, primero, porque el abuso de las normas es una eventualidad que escapa a la confrontación lógica entre las normas superiores de la Constitución y las de inferior jerarquía, de manera que no se cumpliría el requisito de pertinencia. En segundo lugar porque tampoco se plantea un conflicto desde el plano abstracto de la norma jurídica, sino desde una hipotética aplicación desviada de las mismas. Y, tercero, porque una situación como la descrita puede controlarse por medio de los recursos legales y la acción de tutela, de ser el caso.
Además de lo expresado, la Sala estima que la demanda incumple el requisito de suficiencia, el cual es particularmente exigente en las demandas por omisión legislativa relativa. Básicamente, porque la Corte Constitucional ya se ha referido a problemas similares y, concretamente, porque en la sentencia C-558 de 2009 debió pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004 y que, en concepto del demandante, implicaban una duración indefinida de la etapa de indagación preliminar.
Así, al estudiar la constitucionalidad de un cargo por omisión legislativa relativa dirigido contra los artículos 174 y 294 (parcial) de la Ley 906 de 2004, la Corporación explicó que estas normas no definen la duración de la etapa preliminar y que el actor no explicó de qué manera afectaban el derecho fundamental al debido proceso, en las esferas de derecho a la defensa, el desarrollo de un proceso sin dilaciones y el plazo razonable. El demandante, dijo la Corte, mencionó la violación, pero no el desarrollo mediante un estudio sistemático de las distintas normas que son relevantes en la etapa de indagación preliminar.
Como la demanda se dirigió contra contenidos distintos a los que hoy se cuestionan y el pronunciamiento de la Corte fue inhibitorio, no puede hablarse de la existencia de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, las consideraciones vertidas en esa providencia son plenamente aplicables al caso objeto de estudio, lo que justifica la extensión de la cita que se presenta a continuación:
La Sala considera, con base en los pronunciamientos citados y en atención a las cargas especiales que corresponden a quien eleva una demanda por omisión legislativa relativa, deberá inhibirse para fallar, tomando en cuenta que la accionante (i) no integró la unidad normativa o no identificó adecuadamente la proposición normativa de la que supuestamente surge la omisión, al no demandar el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011; (ii) no cumplió el requisito de certeza, dado que al interpretar el artículo 79 del CPP sin tomar en cuenta el 49 de la Ley 1453 de 2011, desconoció los términos máximos de la indagación preliminar; (iii) desconoció el mismo requisito (certeza), al plantear que la omisión radica en que no se definió el número de veces en que se puede reanudar la investigación o el término de duración de cada una de esas reanudaciones. El Legislador definió que puede reanudarse siempre que existan nuevos elementos de juicio, y la duración está dada por el término de extinción de la acción penal, o bien, por los términos previstos en el varias veces mencionado artículo 49 de la Ley 1453 de 2011; (iv) no cumplió el requisito de suficiencia, al no demostrar, en un análisis sistemático de las normas que definen el alcance de la indagación preliminar, que en el sistema penal acusatorio, los términos actualmente previstos para esa etapa violan el principio de un plazo razonable; (iv) no satisfizo la condición de suficiencia al no tomar en consideración lo expresado por la Corporación acerca de problemas jurídicos semejantes y, especialmente, las sentencias C-893 de 2012 y C-558 de 2009.
Para terminar, como lo dijo la Corte en la sentencia C-558 de 2009, la pretensión del actor parece dirigirse a la declaratoria de una omisión legislativa absoluta. Es decir, a que la Corporación invada el papel esencial del Congreso, como legislador y el Ministerio de Justicia y la F.ía en la definición de la política pública en materia criminal y entre a definir, con base en su propio arbitrio, un número máximo en el que podría reanudarse una investigación previamente archivada, y defina un límite temporal a cada reanudación.
Por todas las razones expuestas, la Sala se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda de la referencia.
[2] MP. E.C.M..
[3] Cita las sentencias 29091 (MP J.E.S.S.) de la Corte Suprema de Justicia, los casos R.C. vs Paraguay (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 31 de agosto de 2004 y G.L. y otros contra Brasil (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencias de 24 de noviembre de 2010), acerca del a obligación del estado de evitar dilaciones injustificadas en las investigaciones, que impliquen denegación de justicia o afectación irremediable en los derechos al buen nombre, al honra y la dignidad, entre otros).
[4] MP. A.B.C..
[5] MP. M.J.C.E.. SV. J.A.R., A.B.S., R.E.G. y C.I.V.H..
[6] MP. J.A.R.. AV. J.A.R. y N.P.P..
[7] MP. L.G.G.P.. SV. N.P.P., M.G.C. y J.I.P.C..
[8] MP. L.G.G.P..
[10] Es un resumen de los apartes centrales de la sentencia T-1052 de 2001 (MP M.J.C.E.) en la que se abordó, con amplitud, el estudio de los requisitos argumentativos mínimos de las demandas de inconstitucionalidad.
[11] MP. G.E.M.M..
b- En ese sentido, en una primera fase, denominada de “indagación”, la F.ía entra a determinar la existencia del hecho delictivo y las circunstancias en que se presentó, así como también la identificación de los autores o partícipes (art. 200 y sig. del C.P.P.). En la medida en que los hechos fácticos constitutivos del delito no siempre son fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden hacer confusa la identificación de su ilicitud, el fin de la “indagación” a cargo de la F.ía, y de las autoridades de policía judicial, es definir los contornos jurídicos de la conducta delictiva que va a ser objeto de investigación y juicio, mediante la realización de actividades y diligencias previas, técnicas y científicas. De manera general, las diligencias y actividades practicadas durante la “indagación” tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal”. La Corte consideró que resultaba posible asumir dos interpretaciones razonables de las disposiciones demandadas: “De esta manera, para la Corte es claro que respecto del procedimiento aplicable a la audiencia de revisión de legalidad posterior de las diligencias previstas en los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 del C.P.P., caben dos interpretaciones posibles. Una excluyente, la cual llevaría a entender que en dicha audiencia no se permite la participación del implicado y su defensor cuando la misma se practica durante la etapa de indagación. Y otra incluyente, en sentido opuesto a la anterior, es decir, que sí es posible la participación del implicado y su defensor en la audiencia de revisión de legalidad posterior cuando ésta tiene lugar en la etapa de la indagación”, por lo que consideró la constitucionalidad de la norma a la alternativa denominada “incluyente”.