Source: http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=75136
Timestamp: 2019-02-22 07:12:48
Document Index: 173468827

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 152', 'Artículo 322', 'Artículo 326', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 55']

Consejo Universitario rechaza cualquier forma de injerencia extranjera – UCV Noticias
27 Noviembre, 2018 27 Noviembre, 2018 Humberto Luque 0 comentarios Consejo Universitario
A través de un acuerdo emitido durante la sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 21 de noviembre, el Cuerpo acordó hacer público su más categórico rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en nuestro país.
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en la Sesión Ordinaria del día miércoles 21-11-2018, analizada la situación de posible injerencia extranjera en asuntos internos de Venezuela, en ejercicio de los deberes que le atribuye el Artículo 2 de la Ley de Universidades como orientadora de la vida del país, mediante su contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales, acordó pronunciarse públicamente en los siguientes términos:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 1º, que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Por su parte, el Artículo 152 del texto constitucional establece que las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.
Asimismo, es pertinente recordar que el Artículo 322 constitucional establece que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado y sus poderes, fundamentada en su desarrollo integral. Su defensa es responsabilidad primaria de los venezolanos, así como de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.
Además, el Artículo 326 constitucional establece que la seguridad de la Nación es corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental, y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación por su parte, en su Artículo 2, reafirma los preceptos constitucionales relativos a la seguridad de la Nación, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. Igualmente, en su Artículo 3 define defensa integral como el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación. Como corolario, el Artículo 55 de este mismo texto legal es enfático y ordena que todos aquellos funcionarios que presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la Nación, serán penados por la Ley.
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En este contexto, todo evento sin importar su naturaleza, bien sea cultural, económico, político, jurídico, sanitario, religioso, social, militar, tecnológico, ambiental, o cualquier otro, que afecte los intereses y los objetivos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser considerado una amenaza a la soberanía y la seguridad de la República. La injerencia extranjera de cualquier origen y naturaleza constituye no solo una amenaza, sino una de las más frecuentes herramientas destinadas a vulnerar la seguridad y la soberanía nacional.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido objeto de múltiples formatos de injerencia extranjera, reflejada en decisiones y mecanismos operativos insertados en los asuntos internos de la Nación, obviando la preservación de la Constitución Nacional y la indispensable integración entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el procesamiento y control de cualquier asunto que pueda comprometer los altos intereses de la Nación.
Entendemos por injerencia extranjera cualquier acción o situación que desde el exterior afecte, atente o interfiera, directa o indirectamente, en las decisiones o actuaciones soberanas y autónomas de un Estado determinado, bien sea emprendida por países o grupos externos al margen del estado de derecho internacional, o bien sea dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional sin la correspondiente aprobación de los Poderes Legislativo y Judicial. A manera de ilustración, cabe mencionar situaciones como las siguientes:
Presencia y acción sistemática de personas extranjeras en los ámbitos de dirección yØ ejecución en numerosos organismos públicos y programas oficiales.
Existencia de personas de otros países que instruyen, adoctrinan, gestionan y tomanØ decisiones en notarías, oficinas de cedulación y emisión de pasaportes, instancias públicas en otras áreas vitales para la Nación como son: comunicacional, salud y educación, entre otros.
Funciones directivas e intermediación en el funcionamiento orgánico y operativo de la FuerzaØ Armada y sus diferentes componentes.
Acuerdos y ejecución de costosos convenios y proyectos de exploración y explotaciónØ minera, petrolera, y otros de carácter estratégico, en manos extranjeras, decididos unilateralmente por el Poder Ejecutivo, entre los que destacamos no solo la asesoría y ejecución sino la asignación de proyectos de exploración y explotación petrolera sin la aprobación del Poder Legislativo ni licitaciones previas, además del control de la seguridad en el sector petrolero. Agregamos la incuestionable presencia y control extranjero no solo de las empresas básicas de Guayana sino la devastadora intervención de empresas o grupos extranjeros en el Arco Minero del Orinoco.
Intervención gerencial y política de gobiernos y estructuras privadas extranjeras enØ decisiones y operaciones financieras que involucran el patrimonio económico y las reservas naturales e internacionales de todos los venezolanos.
En consecuencia a lo anteriormente expresado, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela acuerda hacer público su más categórico rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en nuestro país. Acciones precisas para el cese inmediato de los diferentes formatos de injerencia extranjera que operan en Venezuela son condiciones esenciales e indispensables para contribuir con la recuperación del orden constitucional y democrático de nuestro país.
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