Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00081-de-octubre-6-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_65eaaff35f5d42398433673e1f25f45c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-05-21 18:28:23
Document Index: 312002696

Matched Legal Cases: ['artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 164', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 162', 'artículo 229', 'artículo 3', 'artículo 77', 'artículo 164', 'artículo 125', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 92', 'artículo 164', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 231', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 34']

﻿ AUTO 2016-00081 DE OCTUBRE 6 DE 2017
AUTO 2016-00081 DE 06 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA NEGACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE CONCURSO DE LA RAMA JUDICIAL. SE PRECISÓ QUE LUEGO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS REALIZADA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 22 DEL 2013, ESTA SALA SEÑALO QUE CON LA EXCLUSIÓN DE VARIOS ÍTEMS, TANTO DEL COMPONENTE GENERAL COMO DEL ESPECÍFICO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS POR EVIDENCIAR FALENCIAS, NO SE MODIFICARON LAS REGLAS O CONDICIONES DEL CONCURSO PUES CON DICHA ACTUACIÓN NO SE VARIARON O DESCONOCIERON ELEMENTOS O ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN TALES COMO LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS, LAS PRUEBAS A REALIZAR O LAS FASES DEL CONCURSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RAMA JUDICIAL, CONCURSO DE MÉRITOS, MEDIDAS CAUTELARES, PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, CONCURSO DE EMPLEOS PÚBLICOS
Sentencia 2016-00081 de octubre 6 de 2017
Expedientes: 11001032500020160008100(0379-2016) Primigenio
11001032500020160018700(1096-2016) Acumulado(1)
11001032500020160006800(0284-2016) Acumulado(2)
11001032500020160007300(0327-2016) Acumulado(3)
Demandantes: Lina María Díaz Gómez y Otros(4)
Demandadas: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura (CSJ)(5), Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)(6) y Universidad de Pamplona
Asunto: Auto que resuelve solicitudes de medida cautelar
Conoce el despacho el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia y los expedientes a él acumulados, con informe de la secretaría de la Sección Segunda(7) para resolver sobre las solicitudes de medida cautelar formuladas por los demandantes.
Los accionantes solicitan como medida cautelar: i) que se ordene la suspensión provisional de los actos administrativos expedidos por el CSJ en los que se publican los resultados de la prueba de conocimientos en el marco de la convocatoria 22 de 2013, los cuales serán precisados más adelante(8); y ii) que se ordene al CSJ ofrecerles el curso de formación judicial para jueces y magistrados o que dicho ciclo académico les sea homologado o convalidado, a fin de que puedan seguir participando en el concurso público de méritos abierto por la convocatoria 22 de 2013, del cual fueron excluidos por no haber superado la prueba de conocimientos.
Precisa la ponente, que las pretensiones de la demanda en el proceso primigenio así como en las demandas acumuladas, son en términos generales, las siguientes:
1) Que se declare la nulidad parcial de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, proferida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, «Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial»;
2) Que se declare la nulidad parcial de la Resolución CJRES15-252 del 24 de septiembre de 2015, proferida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, «Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015»;
3) Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al CSJ que expida un acto administrativo modificando las resoluciones demandadas, en el sentido de indicar que los demandantes superaron la prueba de conocimientos;
4) Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al CSJ calificar la prueba «Psicotécnica» presentada por los demandantes, la cual no les fue valorada porque fueron excluidos del proceso de selección por no haber superado la prueba de conocimientos; y
5) Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se ordene al CSJ convocarlos al curso de formación judicial para jueces y magistrados, o que el mismo les sea homologado o convalidado, para puedan seguir participando en la convocatoria 22 de 2013.
Teniendo claridad sobre el contenido de las pretensiones de las demandas acumuladas y de las solicitudes de medida cautelar, procede el despacho a su resolución siguiendo el orden expositivo que a continuación se señala: (i) en primer lugar se precisarán algunos aspectos relativos al régimen de medidas cautelares en esta jurisdicción; (ii) posteriormente se revisará la actuación administrativa adelantada por el CSJ para desarrollar la convocatoria 22 de 2013, en la cual se enmarcan los actos administrativos demandados; y, (iii) en tercer lugar, se resolverá la solicitud atendiendo la siguiente estructura argumentativa: a) primero se estudiarán los cargos formulados, tanto en el escrito de suspensión provisional como en el concepto de violación de la demanda(9), b) seguidamente se hará alusión a los argumentos de oposición esgrimidos por las entidades enjuiciadas; c) y finalmente, se hará el pronunciamiento del despacho.
Medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Tal como se ha hecho en otras oportunidades, a continuación el despacho expondrá de manera resumida los aspectos más relevantes del régimen de medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, regulado por la Ley 1437 de 2011(10).
Establece el artículo 229, inciso 1º, de la citada ley, que:
«En todos los procesos declarativos, que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente, decretar en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».
Ahora bien, sobre el «contenido y alcance de las medidas cautelares», dispone el artículo 230 ibídem, que éstas:
«…podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda».
En lo relacionado con los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el artículo 231 «ejusdem» estipula, que:
«Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.».
El Consejo de Estado se ha pronunciado en repetidas oportunidades respecto a la reforma que introdujo la Ley 1437 de 2011(11) al regular la institución de la suspensión provisional. Ha precisado la corporación, que en vigencia del Decreto-Ley 1 de 1984(12) esta cautela sólo procedía cuando se evidenciase una «manifiesta infracción»(13) de normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio de la citada Ley 1437 de 2011(14), la exigencia de verificar la existencia de una infracción normativa como requisito estructurante de la suspensión provisional, al no haber sido calificada por el legislador como tal, no requiere ser manifiesta, es decir, evidente, ostensible, notoria, palmar, a simple vista o prima facie(15).
Entonces, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando, la Ley 1437 de 2011(16), artículo 231, establece la exigencia de que se acredite la trasgresión de las normas superiores, cuando ésta surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero a partir de una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa, por lo que su resolución parte de un conocimiento sucinto y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no anticipa la decisión final.
En suma, si bien la regulación de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, prevista en la Ley 1437 de 2011(17), le confiere al juez un margen de estudio más amplio que aquél previsto por la legislación anterior sobre la materia, no puede perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo exige, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, exigiendo, se insiste, la rigurosidad del juez en su estudio, con fundamento en el análisis del acto o las pruebas allegadas con la solicitud.
En cuanto a las demás medidas cautelares contempladas en el artículo 230(18) de la Ley 1437 de 2011(19), distintas de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, el artículo 231(20) señala que serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:
«1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».
De la lectura integral del artículo en cita se infiere, que para acceder a la solicitud de decretar medidas cautelares, distintas a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, el juez deberá analizar y valorar de forma rigurosa la situación planteada por el demandante y determinar si en el caso concreto confluyen los criterios de «fumus boni iuris» o apariencia de buen derecho, «periculum in mora» o perjuicio de la mora, y además, efectuar una «ponderación» de los intereses en controversia.
La apariencia de buen derecho o «fumus boni iuris», es un principio o criterio desarrollado por el derecho comunitario europeo(21), el cual tiene por objeto verificar que quien solicita una medida cautelar goce de la probabilidad razonable de que prospere su causa, esto con el objetivo, de que no sean decretadas medidas cautelares propuestas por la parte que sostiene una posición manifiestamente injusta o sin fundamento legal suficiente, de conformidad al principio general del derecho según el cual, «la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón». Para determinar si la solicitud de cautela tiene apariencia de buen derecho, el juez administrativo debe realizar un análisis anticipado de los argumentos expuestos por las partes al momento de decidir sobre la procedencia de esta. Dicha valoración no constituye prejuzgamiento, esto en atención a que, es posible que el proceso se encuentre en una etapa inicial, y que por tanto, no se haya hecho efectivo el derecho de defensa del demandado, o no se haya surtido la etapa probatoria o de alegaciones.
Otro criterio a tener en cuenta por el juez al momento de conceder una medida cautelar distinta a la suspensión provisional del acto administrativo demandado, es el «periculum in mora» o perjuicio de la mora, el cual busca que con el decreto de la cautela, se garantice la efectividad de la decisión de fondo, teniendo en cuenta que en el transcurso del proceso puede darse alguna situación que haga imposible su cumplimiento, ocasionando que los efectos de la sentencia sean ilusorios. En consecuencia de ello, el juzgador debe advertir la necesidad de decretar la medida cautelar, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la sentencia que resuelva de fondo las pretensiones de la demanda, evitando que se desconozcan los derechos invocados por el demandante.
Solo cuando el juez determina que la solicitud de cautela, tiene apariencia de buen derecho, y además, advierte la necesidad de decretar la medida cautelar a fin de garantizar la efectividad de la sentencia, puede hacer prevalecer el interés particular del demandante, sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, esto con el propósito de preservar los derechos fundamentales del actor.
Hechas las anteriores precisiones generales sobre las medidas cautelares y sobre la competencia del juez de lo contencioso administrativo para su resolución, a continuación se revisará la actuación administrativa adelantada por el CSJ para desarrollar la convocatoria 22 de 2013, en la cual se enmarcan los actos administrativos demandados. Esto, con el objeto de comprender de manera clara y precisa los distintos reparos expuestos por los demandantes.
Actuación adelantada por el CSJ en desarrollo del concurso abierto por la convocatoria 22 de 2013.
1. Mediante Acuerdo PSAA-13-9939 de 25 de junio de 2013(22), el CSJ abrió a concurso público de méritos para proveer varios cargos de funcionarios judiciales(23) en las diferentes jurisdicciones de la Rama Judicial del Poder Público, siendo esta la convocatoria 22 de 2013.
2. En el mencionado Acuerdo PSAA-13-9939 de 25 de junio de 2013, se establecieron las bases o reglas para el desarrollo de la referida convocatoria, estructurándose, entre otras, la «prueba de conocimientos» de la siguiente manera:
«La prueba de conocimientos se encuentra constituida por dos componentes uno general y otro específico relacionado con la especialidad seleccionada.
Para el proceso de calificación se construirán escalas estándar que oscilarán entre 1 y 1.000 puntos. Para aprobar la prueba de conocimientos se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos. Sólo a quienes obtengan un puntaje igual o superior, se le calificará la prueba psicotécnica, y sólo quienes aprueben la prueba de conocimientos, podrán continuar en la fase II del concurso, esto es, el curso de formación judicial.
Posteriormente, los concursantes que obtengan 800 puntos o más en la prueba de conocimientos, se les aplicará una nueva escala de calificación entre 300 y 500 puntos; de tal suerte que quien(es) obtenga(n) la máxima nota en la prueba se le(s) asignarán 500 puntos y a quien(es) registren la(s) nota(s) más baja(s) se le asignarán 300 puntos, distribuyendo proporcionalmente los demás puntajes obtenidos por los demás aspirantes.
El diseño, administración y aplicación de las pruebas, serán los determinados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
3. Con el objeto de diseñar, construir y aplicar, la referida prueba de conocimientos, el CSJ contrató en septiembre de 2013 a la Universidad de Pamplona. Por lo que en febrero de 2014, ambas entidades publicaron en la página web de la Rama Judicial, el «Instructivo para la realización de la prueba de conocimientos», en el que se brindaba «información sobre diversos aspectos de la prueba», tales como, sus propósitos y estructura general, sus principales características y los tipos de preguntas; el «instructivo» también precisó, que la prueba de conocimientos estaría integrada por dos componentes: uno común y otro especifico, e hizo la salvedad de que estos «constituyen apenas un marco de referencia sobre los aspectos que pueden ser evaluados, lo que no obsta para que la prueba pueda versar sobre aspectos o temas no incluidos en esta guía»; así mismo, el «instructivo» ofreció recomendaciones generales a tener en cuenta al momento de la presentación de las pruebas, tales como presentarse media hora antes, portar documento de identidad, etcétera.
4. El «instructivo» mencionó, que para efectos de la presentación de las pruebas de conocimientos, los empleos convocados a concurso fueron agrupados en las siguientes 14 categorías o grupos:
Grupo Cargos
1 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil - Familia - Laboral
2 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única Juez Promiscuo del Circuito Juez Promiscuo Municipal
3 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Laboral Juez Laboral del Circuito
4 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal Juez Penal del Circuito Juez de Ejecución de Penas y M.S. Juez Penal del Circuito Especializado Juez Penal Municipal
5 Juez Penal del Circuito para Adolescentes
6 Juez Civil Municipal (Juez Civil Municipal y Pequeñas Causas en Civil)
7 Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas
8 Juez Promiscuo de Familia
9 Magistrado de Tribunal Superior - Sala de Familia Juez de Familia
10 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil - Familia
11 Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil Juez Civil del Circuito
12 Magistrado de Tribunal Administrativo Juez Administrativo
13 Magistrado de Consejo Seccional - Sala Disciplinaria
14 Magistrado de Consejo Seccional - Sala Administrativa
5. En cuanto a la estructura de la prueba, el «instructivo» señaló que estaría integrada por dos componentes: el primero, común a todos los cargos y constaba de 50 preguntas, y el segundo, específico al grupo de cargos que se describió en la tabla anterior y constaba también de 50 preguntas, para un total de 100 preguntas en esta prueba, así:
Componente Total ítems
Común 50
Específico 50
6. El «instructivo» también precisó que «de acuerdo con los componentes de las pruebas, la distribución de pesos relativos para cada componente conserva la proporción de ítems en cada componente, es decir, 50% para el componente común y 50% para el componente específico.».
7. El «instructivo» señaló, que los «ejes temáticos» a evaluar en el componente común, serían: «i) Filosofía del derecho, ii) Derecho constitucional, iii) Interpretación - Elaboración jurídica y constitucional, iv) Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, modificado por Ley 1285 de 2009, v) Teoría general del proceso, y v) Teoría general de la prueba». Y que los «ejes temáticos» a calificar en el componente específico, serían, dependiendo del grupo o categoría al que pertenecía el empleo ofertado, los siguientes:
Grupo Ejes temáticos
1 i) Definición de trabajo; ii) Contrato de trabajo, modalidades, obligaciones, prohibiciones de los trabajadores y terminación; iii) Contrato de aprendizaje; iv) Reglamento; v) Acoso laboral; vi) Derecho colectivo del trabajo en la Constitución Política; vii) Disposiciones generales del salario; viii) Seguridad social: Sistema general de pensiones, seguridad social en salud, riesgos laborales y enfermedades profesionales; ix) Procesal laboral; x) Derecho de familia: Concepto (Constitución del 91); xi) Derecho civil personas; xii) Sucesiones; xiii) Prescripción, procesos de pertenencia, pruebas; xiv) Procesos verbales y declarativos; xv) Código General del Proceso; xvi) Proceso ejecutivo y monitorio, procesos liquidatorios; ix) Títulos valores; xvii) Bienes; xviii) Obligaciones en general; xix) Contratos; y xxi) Responsabilidad.
2 i) Prescripción, procesos de pertenencia, pruebas; ii) Procesos verbales y declarativos; iii) Código General del Proceso; iv) Proceso ejecutivo y monitorio, procesos liquidatorios; v) Derecho de Familia: Concepto (Constitución 91); vi) Sucesiones; vii) Títulos valores; viii) Bienes; ix) Obligaciones en general; x) Contratos; xi) Responsabilidad; xii) Normas rectoras de la ley penal; xiii) Aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo; xiv) Conducta punible; xv) Consecuencias jurídicas de la conducta punible; xvi) Criterios y reglas para determinar la punibilidad; xvii) Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y obligatoriedad de la valoración de la gravedad de la conducta para concederlas; xviii) Medidas de seguridad; xix) Variación de la calificación jurídica; xx) Nuevo Código Penitenciario y Carcelario; xxi) Arraigo, xxii) Extinción de la acción y de la sanción penal; xxiii) responsabilidad civil de la conducta punible; xxiv) Delitos contra la vida y la integridad personal; xxv) El aborto; xxvi) Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; xxvii) Delitos contra la libertad individual y otras garantías; xxviii) violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones; xxix) delitos contra la libertad de trabajo y asociación; xxx) delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; xxxi) Delitos contra la familia; xxxii) Delitos contra la asistencia alimentaria; xxxiii) Delitos contra el patrimonio económico; xxxiv) de la información y protección de los datos; xxxv) Delitos contra la fe pública; xxxvi) Delitos contra el sistema financiero; xxxviii) de la urbanización ilegal; xxxix) Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; xl) Delitos contra la seguridad pública, salud pública; xli) Delitos contra mecanismos de participación democrática; xlii) Delitos contra la administración pública; xliii) Definición de trabajo; xliv) Contrato de trabajo; xlv) Modalidades del contrato, obligaciones, prohibiciones de los trabajadores y terminación del contrato de trabajo; xlvi) Contrato de aprendizaje; xlvii) Reglamento; xlviii) Acoso laboral; xlix) Disposiciones generales del salario; l) Derecho colectivo del trabajo en la Constitución Política; li) Seguridad social: Sistema general de pensiones; Seguridad social en salud; Riesgos laborales; lii) Enfermedades profesionales; y liii) Procesal laboral.
3 i) Definición de trabajo; ii) Contrato de trabajo; iii) Modalidades del contrato y obligaciones y prohibiciones de los trabajadores; iv) Terminación del contrato de trabajo; v) contrato de aprendizaje; vi) Reglamento; vii) Acoso laboral; viii) Disposiciones generales del salario; ix) Derecho colectivo del trabajo en la Constitución Política; x) Seguridad social, sistema general de pensiones.
Seguridad social en salud. Riesgos laborales y enfermedades profesionales; y xi) Procesal laboral.
4 i) Audiencias preliminares, preparatoria y de juzgamiento; ii) juzgamiento de los delitos en general que sean de su competencia; iii) ejecución sentencias penales; iii) Derecho sustancial, normas rectoras de la ley penal; iv) Aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo; v) Conducta punible; vi) Consecuencias jurídicas de la conducta punible; vii) Criterios y reglas para determinar la punibilidad; viii) Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y obligatoriedad de la valoración de la gravedad de la conducta para concederlas; ix) Medidas de seguridad; x) Variación de la calificación jurídica; xi) Nuevo Código Penitenciario y Carcelario; xii) Arraigo; xiii) Extinción de la acción y de la sanción penal; xiv) responsabilidad civil de la conducta punible; xv) Delitos contra la vida y la integridad personal; xvi) El aborto; xvii) Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; xviii) Delitos contra la libertad individual y otras garantías; xix) violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones; xx) delitos contra la libertad de trabajo y asociación; xxi) delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; xxii) Delitos contra la familia; xxiii) Delitos contra la asistencia alimentaria; xxiv) Delitos contra el patrimonio económico; xxv) de la información y protección de los datos; xxvi) Delitos contra la fe pública; xxvii) Delitos contra el sistema financiero; xxviii) de la urbanización ilegal; xxix) Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente; xxx) Delitos contra la seguridad pública, salud pública; xxxi) Delitos contra mecanismos de participación democrática; y xxxii) Delitos contra la administración pública.
5 i) Sistema de responsabilidad penal para adolescentes; ii) Perspectiva de género; iii) Nuevo Código Penitenciario y Carcelario; iv) Principios rectores; v) Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes; vi) Rol del Defensor de Familia y su obligatoriedad en los procesos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes; vii) Reparación del daño.
6 i) Derecho civil general; ii) Personas, familia; iii) Procesos contenciosos de mínima y menor cuantía; iv) Prescripción, procesos de pertenencia, pruebas; v) Procesos verbales y declarativos; vii) Código General del Proceso; viii) Proceso ejecutivo y monitorio; xix) Procesos liquidatorios; x) Derecho de familia: Concepto (Constitución del 91); xi) Sucesiones; xii) De los títulos valores; xiii) Bienes; xiv) Obligaciones en general; xv) Contratos; y xvi) Responsabilidad.
7 i) Definición de trabajo; ii) Contrato de trabajo; iii) Modalidades del contrato de trabajo; iv) Terminación del contrato de trabajo; vi) contrato de aprendizaje; vii) Reglamento; viii) Acoso laboral; ix) Jurisdicción y competencia; x) Seguridad social; xi) Ejecución del contrato de trabajo; xii) Tercerización laboral; y xiii) Procesal laboral.
8 i) Derecho de familia: concepto (constitución de 1991); ii) Derecho civil personas; iii) Sucesiones; iv) Sistema de responsabilidad penal para adolescentes; v) Perspectiva de género; vi) Nuevo Código Penitenciario y Carcelario; vii) Principios rectores; viii) Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes; ix) Rol del Defensor de Familia y su obligatoriedad en los procesos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes; y x) Reparación del daño.
9 i) Derecho de familia: concepto (Constitución de 1991); ii) Derecho civil personas; y iii) Sucesiones.
10 i) Derecho de familia: Concepto (Constitución del 91); ii) Derecho civil personas; iii) Sucesiones; iv) Prescripción, procesos de pertenencia, pruebas; v) Procesos verbales y declarativos; vi) Código General del Proceso; viii) Proceso ejecutivo y monitorio; ix) procesos liquidatorios; x) De los títulos valores; xi) Bienes; xii) Obligaciones en general; xiii) Contratos; y xiv) Responsabilidad.
11 i) Procedimiento agrario de adjudicación de baldíos; ii) Reforma agraria; iii) Procedimiento agrario de clarificación de la propiedad; iv) Procedimiento agrario de extinción de dominio; v) Procedimiento agrario de constitución de resguardos indígenas; vi) Contratos agrarios; vi) Derecho civil; vii) Procesal civil; viii) Derecho comercial; ix) Código General del Proceso; y x) Restitución de tierras.
12 i) Aspectos generales de la estructura del Estado - Administración pública; ii) Las manifestaciones de la actividad administrativa; actuación administrativa (L. 1437/2012) Acto administrativo; iii) Derecho tributario; iv) Función administrativa; v) Organismos administrativos; vi) Rama ejecutiva del poder público; vii) Función pública; viii) Responsabilidad del Estado; ix) Principios constitucionales y régimen de contratación pública; x) Procedimiento administrativo general; xi) Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; xii) Demanda y proceso administrativo: Acción contenciosa; xiii) Sistema procesal; xiv) Medidas cautelares; xv) Recursos extraordinarios; xvi) Extensión y unificación de jurisprudencia; xvii) Proceso ejecutivo; y xviii) Ministerio Público.
13 i) Ley 734 de 2002; ii) Régimen disciplinario de los funcionarios de la Rama Judicial; y iii) Ley 1123 de 2007: Régimen Disciplinario de los Abogados.
14 i) Ley Estatutaria de Administración de Justicia; ii) Acuerdos de la Sala Administrativa; iii) Estructura del Poder Judicial; iv) Funciones de administración y gobierno; v) Competencias y atribuciones de las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales; vi) Dirección ejecutiva de administración judicial y direcciones seccionales; vii) Planeación estratégica; viii) Presupuesto; ix) Carrera judicial; x) Formación judicial; xi) Gestión documental; xii) Administración del mapa judicial; y xiii) Registro de abogados.
8. En el caso específico de los demandantes, luego de inscribirse exitosamente en la convocatoria 22 de 2013, se sometieron a la prueba de conocimientos el día 7 de diciembre de 2014, obteniendo un resultado insatisfactorio, ya que no superaron los 800 putos que se requerían para aprobar dicho ciclo, quedando, por lo tanto, excluidos del proceso de selección.
9. Los resultados generales de la prueba de conocimientos fueron vertidos en la Resolución CJERES 15-20 de 12 de febrero de 2015(24), proferida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, en la cual, para el caso específico de los demandantes, se señaló que obtuvieron los siguientes puntajes:
• Bernardo Suárez León, identificado con cédula de ciudadanía 91.273.608, obtuvo un puntaje de 798.54;
• Marivel Villarreal Suárez, identificada con cédula de ciudadanía 63.355.923, obtuvo un puntaje de 787,54;
• Arley Méndez De La Rosa, identificado con la cédula de ciudadanía 91.255.272, obtuvo 786 puntos;
• César Javier Valencia Caballero, identificado con la cédula de ciudadanía 91.540.681, obtuvo 784.1 puntos;
• Fanny Contreras Espinosa, identificada con la cédula de ciudadanía 52.023.664, obtuvo 786 puntos; y
• Lina María Gómez identificada con cédula de ciudadanía 37.897.156, obtuvo un pontaje de 791.96.
10. Contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(25), los demandantes interpusieron el único recurso que de acuerdo con las bases de la convocatoria procedía(26), esto es, recurso de reposición, alegando, en términos generales: i) que en la prueba de conocimientos existieron preguntas ambiguas, mal redactadas y sin respuesta; ii) que les fueron formuladas preguntas que no pertenecían a los «ejes temáticos» específicos propios de los grupos a los cuales se inscribieron; y iii) que la fórmula matemática empleada para calcular los resultados de cada uno de los participantes, estuvo mal realizada.
11. Mediante Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(27), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ resolvió los recursos de reposición presentados por 1.806 concursantes, incluidos los aquí accionantes, contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(28), confirmando ésta en todas sus partes.
12. En la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015, los recursos de reposición fueron resueltos de la siguiente manera:
«EN ORDEN A RESOLVER SE CONSIDERA: (…) 1. Revisión de puntaje y de las hojas de respuesta.
a. Revisión manual y presunto error aritmético en la cuantificación del puntaje final de la prueba de conocimientos.
Con el fin de resolver los recursos impetrados, por solicitud de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, la Universidad de Pamplona a través de la firma Alpha Gestión, efectuó la verificación manual de las hojas de respuesta de todos los recurrentes, incluidas la del aspirante que manifestó haberla roto al borrar y la del concursante que por accidente le cayó agua encima, teniendo en cuenta para ello los procesos técnicos y los protocolos de seguridad establecidos, confirmando que los resultados son correctos y concordantes con la metodología definida, en tal sentido, se considera que no hubo error aritmético en la sumatoria de respuestas correctas, frente al resultado de las pruebas de conocimientos que fueron informadas. (…). Una vez efectuada la mencionada revisión, se estableció que en ningún caso existió error aritmético. En efecto, la cuantificación de las puntuaciones directas de las pruebas de conocimientos se realiza con procedimientos estandarizados y automatizados que incluyen diversas fuentes de verificación durante todo el proceso de calificación. (…). Es importante aclarar, que la puntuación directa no es la puntuación final obtenida en la prueba, sino que es necesario transformar esas puntuaciones para poder hacerlas comparables.
(…) 2. Revisión de todas las preguntas de la prueba de conocimiento.
a. Posibilidad de dejar sin efectos la prueba de conocimientos, argumentando que no fueron evaluados los temas enunciados en el instructivo para cada especialidad, por considerar que se incluyó un alto número de preguntas sobre áreas del derecho no relacionadas.
Frente a esta solicitud de algunos recurrentes, es preciso señalar que la Sala Administrativa del CSJ en virtud del contrato celebrado por la DEASJ con la Universidad de Pamplona, para el diseño, construcción y aplicación de la pruebas de conocimientos para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, aprobó los ejes temáticos que la universidad sometió a consideración tanto para el componente general como el específico para cada uno de los perfiles, los cuales fueron publicados en el portal web de la Rama Judicial. (…). No obstante, en el instructivo se les advirtió que tales temas constituían una mera referencia, así:
“En cuanto a los temas del componente común y los componentes específicos, es preciso señalar que constituyen apenas un marco de referencia sobre los aspectos que pueden ser evaluados, lo que no obsta para que la prueba pueda versar sobre aspectos o temas no incluidos en dicha guía”.
Así mismo, en dicho instructivo, se aclaró a los aspirantes el marco técnico de la evaluación en los siguientes términos:
“En el campo de la medición y evaluación psicológica, una prueba se define como el procedimiento sistemático para medir una muestra de conducta o un atributo. Como instrumento de medición de la conducta o de un atributo, una prueba contiene solamente una muestra de todos los reactivos posibles que se pueden desarrollar, con el fin de medir el dominio de interés; por tratarse solo de una muestra, los reactivos o preguntas incluidos en la prueba representan todos campos del conocimiento posibles que se espera domine quien desempeña un cargo, mas no los incluye todos (…)”. “Entre los procedimientos sistemáticos y rigurosos los estándares internacionales sugieren iniciar la construcción de una prueba a partir de la determinación del contenido de la misma, es decir, determinar las conductas, los conocimientos o las habilidades que cubrirá esta; el vehículo utilizado para especificar la amplitud de una prueba, es el plan de la misma, el cual no es más que una tabla que muestra los tópicos que se cubren y las habilidades que se medirán en la prueba, junto con la importancia relativa que se atribuye a cada categoría de contenido de las habilidades. (…). En la preparación y elaboración de pruebas de selección para la provisión de empleos públicos de carrera en Colombia, se ha acuñado el término “ejes temáticos”, para referirse a esa muestra representativa de tópicos a partir de los cuales se elaborarán los ítems de la prueba”.
En tal virtud y teniendo en cuenta los términos estrictamente relacionados con los conocimientos y competencias que deben tener los funcionarios de la Rama Judicial a nivel de funcionarios, se contempló evaluar en dos componentes básicos denominados “Componente común” y “Componente específico”. (…). En este orden, dado que fueron tenidos en cuenta los ejes temáticos como marco de referencia, no podría esperarse una relación detallada de temas específicos que más que una orientación, sería un cuestionario, que desde ningún punto de vista podría proporcionarse; máxime cuando el legislador exige como único requisito de formación para ocupar los cargos de jueces y magistrados el título profesional de abogado. Por lo anterior, es claro que no fueron vulnerados los principios rectores constitucionales, y que los contenidos obedecen a los términos establecidos en el concurso, por lo cual no es viable dejar sin efectos la mencionada prueba de conocimientos, ni los puntajes asignados en ésta.
d. Teorías psicométricas que se utilizaron de acuerdo a los tipos de pruebas y competencias evaluadas para calificar al aspirante.
Como se afirmó en el instructivo, para la presentación de las pruebas de conocimiento, fue en la teoría clásica de los test o TCT, en que se basó el diseño de la prueba y su calificación, lo cual permite hacer el análisis de la consistencia interna de cada componente y la prueba total, (…).
Como consecuencia natural de lo anterior, para la calificación de las pruebas se realizaron transformaciones a puntajes estandarizados T con base en el grupo normativo o de referencia.
e. Presunta elaboración de preguntas sin posibilidades de respuesta, ambiguas, mal redactadas o con errores ortográficos.
Frente al cuestionamiento, es preciso mencionar que un grupo técnico de especialistas elaboraron el banco de preguntas, dirigido a evaluar las habilidades cognitivas que debe tener todo juez en la escala jerárquica jurisdiccional. Así mismo, en las etapas de diseño, construcción y validación de la prueba, se ajustaron posibles errores de ortografía o redacción y se incluyó un instrumento de medición estadística de cada una de las preguntas, de tal suerte, que solamente aquellas que obtuvieron índices iguales o por encima de un estándar definido, conformaron la prueba final, lo que permitió establecer que la medición fue confiable y válida. (…). No obstante lo anterior, de conformidad con la información suministrada por la Universidad de Pamplona, una vez aplicadas las pruebas se estableció que algunos ítems no presentaron buenos indicadores de desempeño (respondidos por menos del 10% de los aspirantes que abordaron la misma prueba o con bajos índices de discriminación) debido a varias razones como ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacción o ambigüedad, entre otras; por lo anterior y en virtud a que la técnica psicométrica recomienda excluirlos de la calificación con el objeto de tener una medición más confiable y válida, se relacionan a continuación la cantidad de ítems retirados de la calificación en cada una de las 14 pruebas aplicadas, discriminando los componentes general y específico:
Cargos Prueba Ítems eliminados del componente común Ítems eliminados del componente específico Total de ítems eliminados
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil - Familia - Laboral 1 11, 14, 16, 22, 42 0 5
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única Juez Promiscuo del Circuito Juez Promiscuo Municipal 2 11, 14, 16, 22, 42 55, 96 7
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Laboral Juez Laboral del Circuito 3 11, 14, 16, 22, 42 83, 87 7
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal Juez Penal del Circuito Juez de Ejecución de Penas y M.S. Juez Penal del Circuito Especializado Juez Penal Municipal 4 11, 14, 16, 22, 42 62, 65, 86 9
Juez Penal del Circuito para Adolescentes 5 11, 14, 16, 22, 42 65, 94 7
Juez Civil Municipal (Juez Civil Municipal y Pequeñas Causas en Civil) 6 11, 14, 16, 22, 42 57, 80 7
Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas 7 11, 14, 16, 22, 42 52, 58 7
Juez Promiscuo de Familia 8 11, 14, 16, 22, 42 82, 95 7
Magistrado de Tribunal Superior - Sala de Familia Juez de Familia 9 11, 14, 16, 22, 42 62, 63 7
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil - Familia 10 11, 14, 16, 22, 42 70, 77 7
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil Juez Civil del Circuito 11 11, 14, 16, 22, 42 52, 74, 82, 86, 95 10
Magistrado de Tribunal Administrativo Juez Administrativo 12 11, 14, 16, 22, 42 0 5
Magistrado de Consejo Seccional - Sala Disciplinaria 13 11, 14, 16, 22, 42 61, 82 7
Magistrado de Consejo Seccional - Sala Administrativa 14 11, 14, 16, 22, 42 68, 70 7
Para lo anterior, la Universidad de Pamplona informó que
“…usó el indicador de ajuste Próximo que hace referencia a la relación entre el valor de dificultad del ítem y la dificultad del ítem, de tal forma que los ítems que fueron escogidos por menos del 10% de los evaluados, por ser demasiado difíciles de responder, no permiten diferenciar adecuadamente si las personas tienen los conocimientos necesarios o si se trata de ítems que no fueron comprendidos, por problemas de conceptualización o redacción. Por otra parte, se considera que un ítem no discrimina cuando fue respondido por aspirantes que no tuvieron un buen desempeño en la prueba en general; esto indica que el ítem no está permitiendo seleccionar aquellos aspirantes con los conocimientos esperados para el cargo, en relación con aquellos que no los tienen”.
g. Temas señalados en el instructivo de la Universidad de Pamplona Vs preguntas contenidas en la prueba de conocimiento. (Confusión de preguntas CGP y Teoría General del Proceso).
En atención a la solicitud de diferencias entre los ejes temáticos indicados en el instructivo para la presentación de las pruebas de conocimiento de la Universidad de Pamplona y las preguntas contenidas en el examen, en especial, lo atinente a la eventual confusión de cuestionamientos propios de la teoría general del proceso y el CGP, de conformidad con lo expresado por los constructores de la prueba resulta importante ilustrar que en la literatura jurídica, a la teoría general del proceso se le considera como la base del derecho procesal y se señala como objeto de estudio principalmente, las instituciones, principios y conceptos que les son comunes a todo tipo de procesos, sin que falten quienes consideran que pueden existir diferencias entre la teoría del proceso y el derecho procesal. (…).
De allí, que a partir del componente común de las pruebas, el eje temático teoría general del proceso busque evaluar si los aspirantes tienen un concepto claro sobre las instituciones del derecho procesal en general, para aplicarlas luego en cada área del conocimiento jurídico, incluido el derecho penal. (…). Si bien es cierto que el CGP regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, igualmente es cierto que se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes (L. 1564/2012, art. 1º).
h. Asignación de un segundo calificador para la revisión de las respuestas de la prueba.
En atención a la petición de asignar segundo calificador para la revisión de las respuestas de la prueba de conocimientos, es relevante señalar que el procedimiento técnico de validación y calificación de las pruebas aplicadas inició con el proceso de lectura o captura de las respuestas dadas por cada participante, mediante equipos de lectura óptica a cargo de la empresa de seguridad Thomas Greg & Sons, bajo los protocolos de seguridad e integridad de los datos elaborados por la Universidad de Pamplona, que permitían determinar posibles fallas en este proceso. Solo hasta que se depuró totalmente la lectura y se tuvo la certeza de haber capturado las respuestas de cada aspirante, se procedió a la etapa siguiente. (…). Una vez fueron publicados los resultados y recurridos los puntajes, a solicitud de los recurrentes se realizó una segunda verificación manual a cargo de la firma Alpha Gestión con la cual subcontrató la Universidad de Pamplona, actuando como segundo calificador dentro del presente proceso de selección.
3. Información de la metodología y criterios de calificación.
a. Metodología aplicada para la calificación de las pruebas y valor asignado a cada pregunta de la prueba de conocimientos.
Para atender el requerimiento de algunos recurrentes respecto del valor asignado a cada pregunta de la prueba de conocimientos, es necesario comprender la metodología aplicada a los concursos de méritos de la Rama judicial y el proceso de calificación implementado a partir de procedimientos universalmente estandarizados decantados de la estadística y la psicometría. (…). Así, la calificación de la prueba se efectúo con referencia a la norma, es decir, que las ejecuciones de un concursante son puntuadas e interpretadas con respecto a los demás aspirantes que abordan la misma prueba. En este caso, se calculan ciertos estadísticos de la población para determinar la escala de resultados. (…). Con ello, se obtiene el número de respuestas correctas de cada persona que aborda las preguntas, para luego, proceder a calcular el promedio y la desviación estándar de todos los aspirantes. Con estos datos, se realiza el proceso de estandarización de puntajes y por último se transforma este resultado a una escala particular, como se describe a continuación:
Obtención de puntuaciones directas (PD) para cada prueba: Paso 1. Se obtiene la puntuación directa de cada aspirante para la prueba de conocimientos a partir de la lectura óptica de la hoja de respuestas de cada prueba, que coteja las respuestas del aspirante contra la plantilla de claves de respuesta de cada prueba. Paso 2. Por cada respuesta correcta se asigna un punto, de tal modo que la puntuación directa será la sumatoria de los aciertos de la prueba. Es decir, si una persona respondió correctamente a 40 preguntas, la puntuación directa es 40, si otra persona respondió correctamente las 100 preguntas, la puntuación directa es de 100.
Así las cosas, tal y como lo indicó la convocatoria, para la prueba de conocimientos se construyeron las respectivas escalas estándar que oscilaron entre 0 y 1.000 puntos y para aprobarlas se requería obtener un mínimo de 800 puntos. (…). El puntaje estándar está en relación directa con el número de preguntas contestadas correctamente por el concursante (puntuación directa o puntaje bruto), pero además establece una comparación entre el desempeño de la persona con relación a su grupo de referencia (personas que aspiraron al mismo cargo en la misma especialidad). En estas condiciones, el puntaje estándar NO es el número de preguntas que contestó correctamente el concursante. (…). De la fórmula utilizada se extrae que la producción de puntajes estándar implica la división del grupo total de concursantes en varios subgrupos según el cargo de aspiración, el cálculo de los puntajes promedio y la desviación estándar para cada uno de los subgrupos. Una vez obtenidos los valores del puntaje promedio y de la desviación estándar para cada subgrupo, se procede a la obtención de los puntajes estándar para cada persona. (…). En este orden de ideas, se advierte que la calificación de la prueba de conocimientos se apoya en un componente técnico y otro matemático; el primero lo realiza la lectora óptica y el segundo, equivale a las fórmulas matemáticas ya referidas; de tal suerte que el margen de error es próximo a cero; como en efecto lo evidenció la revisión efectuada de forma manual a las hojas de respuesta de los recurrentes. (…). A partir de los puntajes estandarizados se generan los resultados individuales para cada tipo de cargo, los cuales fueron debidamente informados en la resolución recurrida.
Con fundamento en lo anterior, el valor asignado a cada pregunta, es relativo al desempeño de los aspirantes que se presentaron al mismo cargo, por lo tanto la calificación no se realizó con relación al criterio, sino a la norma y en consecuencia, este enfoque hace hincapié en que las mediciones son relativas y las puntuaciones de los individuos se deben interpretar comparándolas con las obtenidas por otros aspirantes al mismo cargo.
b. Aplicación de media o curva para calificar las respuestas a las peguntas de la prueba de conocimientos. Posibilidad de modificación de la media o curva. Posibilidad de aproximación de puntajes o de otorgar la mitad del puntaje asignado a las respuestas de opción múltiple cuando una de las opciones estuvo bien.
Frente a las presentes inquietudes, es importante resaltar que el parágrafo 1º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, faculta a la Sala Administrativa del CSJ, para que determine todos los aspectos concernientes a la reglamentación general, contenido y procedimientos de cada una de las etapas (selección y clasificación) que conforman un concurso de méritos y, además para establecer los puntajes correspondientes a las pruebas que conforman las mismas etapas. (…). En tal virtud, en ejercicio de dicha potestad reglamentaria, la Sala Administrativa del CSJ, consideró que debía darse una exigencia de 800 puntos o más, para continuar en el concurso de méritos y así garantizar el acceso de quienes obtienen los mejores resultados en busca de la excelencia, para el ejercicio de una función tan importante como es la administrar justicia. (…). En este orden de ideas, es de añadir que el acuerdo de convocatoria PSAA13-9939 de 2013, mediante el cual se convocó a los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios; contiene los lineamientos y reglas a seguir por la administración y por quienes a ella se acojan, por lo cual, es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, derrotero que se ha venido manteniendo, a través de las convocatorias. (…). Así las cosas, el Acuerdo de convocatoria estableció la aplicación de unas escalas estándar con fundamento en una fórmula estadística, que arroja como resultado un determinado puntaje para cada aspirante, por lo cual no es posible modificarlo en ningún aspecto, valga decir, aplicar y/o modificar la media para la calificación de las respuestas, ni para que los puntajes sean susceptibles de aproximaciones o para pretender cambiar las condiciones conocidas desde el principio por los participantes y de esta manera desconocer las condiciones que rigen el concurso, quebrantando el derecho a la igualdad de todos los aspirantes. Razón de más, para garantizar la imparcialidad que se tiene frente al mismo, toda vez, que se ha dado un tratamiento igualitario entre iguales.
c. Relación de preguntas acertadas y erradas en la prueba.
Respecto del reporte de respuestas correctas, me permito manifestar que los cuadernillos y las hojas de respuesta son material que tienen carácter reservado y en consecuencia no es posible dar a conocer a cada reclamante las respuestas correctas e incorrectas. (…). En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-108 de 1995 señaló que se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección: (…). Finalmente, es importante señalar que la Universidad de Pamplona cumplió con los protocolos de seguridad establecidos y el tratamiento del material de examen y los procedimientos utilizados para la calificación se realizaron con rigurosidad técnica y siguiendo los principios de igualdad que requiere un concurso de esta naturaleza.
4. Solicitud de copias de documentos y/o de información de resultados de otros concursantes.
Frente a las solicitudes relacionadas con la entrega de copia de los cuestionarios del examen y de las hojas de respuestas, así como de la documentación relacionada con la metodología o procedimiento utilizado para la calificación de la prueba de conocimientos; es necesario precisar, que con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de los aspirantes a ocupar cargos de carrera de la Rama Judicial, el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, estableció: “Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado”; respecto de esta normativa la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de febrero 5 de 1996 precisó: (…).
El alcance de la sentencia de la H. Corte Constitucional no es el de levantar la reserva una vez aplicadas las pruebas de conocimientos, pues tales cuestionarios hacen parte de un banco de preguntas que puede ser utilizado en posteriores concursos. (…). Así las cosas, debe respetarse el carácter reservado de las pruebas que se aplican continuamente en la Rama Judicial; máxime cuando dicha reserva conlleva a la efectividad del derecho de igualdad material y transparencia para los futuros aspirantes a ocupar cargos en la misma.
(…). Adicional a lo anterior, igualmente en la reciente sentencia de la Corte Constitucional T-180 de 2015 con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio respecto de la entrega de documentos correspondientes a las pruebas en los concursos de méritos y la reserva de los mismos frente a terceros, resaltó: (…). En virtud de lo anterior, en ejercicio de esa potestad constitucional y legal, y dado el carácter reservado de las pruebas y sus estadísticas, en las convocatorias que realiza el CSJ para proveer cargos de carrera judicial, no es posible realizar entrega en detalle de los procedimientos ni de los elementos, o bien la copia de la prueba (cuestionario y/o hoja de respuestas).
5. Solicitud exhibición del cuadernillo y hoja de respuesta diligenciada por el recurrente.
Respecto de la presente solicitud, el listado de los recurrentes fue remitido a la Universidad de Pamplona con el propósito de coordinar la mencionada actividad, dentro de los protocolos de seguridad establecidos para la misma.
6. Revisión de presuntas irregularidades en la prueba de conocimiento.
Con relación a los recurrentes que motivaron su inconformidad, alegando presuntas irregularidades en el desarrollo de la prueba de conocimientos, utilizando argumentos como una posible venta de preguntas del examen realizado el 7 de diciembre de 2014, solicitando se certifique si se extravió un cuadernillo en la ciudad de Duitama y consultando cual es el estado de los procesos adelantados; me permito precisar que el CSJ y la Universidad de Pamplona pusieron en conocimiento de la FGN estos hechos e interpusieron las denuncias penales correspondientes, razón por la cual los mismos corresponden a temas que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía y no son objeto de estudio dentro de la presente instancia.
7. Revisión de características técnicas de la prueba de conocimiento al considerar que por la experiencia que tienen son idóneos para el cargo.
De conformidad con la presente solicitud, es pertinente traer a colación la disposición consagrada en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, según el cual:
“El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fijará su ubicación en el mismo”.
Es por esta razón, que la prueba de conocimientos, tal como su nombre lo indica, mide los conocimientos del aspirante, frente a un tema o varios expuestos para el cargo que desea optar, donde se miden tanto las aptitudes para el ejercicio de un cargo como los conocimientos en ciertas materias previamente definidas, en la estructura general de la citada prueba. (…). Con este examen, más allá de evaluar un conocimiento específico o la habilidad memorística para acumular conceptos, se buscó evaluar el dominio de ese conocimiento dentro del contexto del quehacer laboral de los jueces y magistrados, es decir, en la aplicación de los conocimientos en el pensamiento crítico del cual requieren hacer uso durante el ejercicio de sus funciones. (…). De esta forma, la experiencia adquirida en el ejercicio de una profesión u oficio, o en un cargo, o la capacitación en una u otra materia, no necesariamente asegura el conocimiento y la aplicación del mismo, expuesto en un sistema de preguntas estructuradas y metodológicamente preparadas, por un equipo técnico e interdisciplinar contratado por la Universidad de Pamplona, que tiene toda la competencia para la realización de este tipo de pruebas. (…). Sobra decir, que el concurso de méritos se realizó con el único objetivo, de integrar a los cargos, personal idóneo, garantizando los principios constitucionales, de igualdad entre otros, motivo por el cual las condiciones fueron explícitas desde el principio de la convocatoria, y quienes a ella se acogieron, aceptaron los términos de esta, razón por la cual, las situaciones personales de los convocados, no pueden ponderarse con las reglas fijadas y aceptadas que enmarcan el proceso del concurso; ya que, de aceptar lo contrario, se desconocería el objetivo primordial de la Sala Administrativa de esta corporación, consistente en aplicar todos los postulados y lineamientos con el fin de obtener una convocatoria transparente al público. (…). Así las cosas, con la aplicación de la prueba mencionada en la etapa eliminatoria del presente concurso se buscó evaluar conocimientos, destrezas y aptitudes, dejando para valorar en la etapa clasificatoria la experiencia profesional y capacitación, proporcionando al aspirante puntuación adicional en la medida en que las acredite. (…). De esta forma, la experiencia adquirida en el ejercicio de una profesión u oficio, o en un cargo, o la capacitación en una u otra materia, da a los concursantes una mejor posición en el registro de elegibles que se integre, asegurando la permanencia en el concurso y el ingreso a la carrera judicial de los funcionarios más idóneos.
8. Revisión del proceso de selección debido al elevado porcentaje de aspirantes que no aprobaron la prueba de conocimiento.
En consideración a la revisión del proceso de selección debido al elevado porcentaje de aspirantes que no aprobaron la prueba de conocimientos, debe señalarse que la Universidad de Pamplona asumió la tarea de diseñar, construir y aplicar la prueba de conocimiento para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocados mediante Acuerdo PSAA13-9939 de 2013. (…). Dicha labor se complementó con el acatamiento y cumplimiento de la Constitución Política y demás normas concordantes; implementándose en el diseño y construcción de las pruebas de conocimientos por parte del personal técnico idóneo y altamente calificado, como lo prueba el proceso adelantado en su momento. (…). Así las cosas, las pruebas tienen un carácter individual y dentro de las escalas estándar que se aplicaron, se evidenció el comportamiento de la población que presentó las mismas, por cargos y niveles, de tal suerte, que el número individual de personas que no aprobaron el examen, debe ser analizado respecto a la población que se presentó para cada uno de los cargos y en el nivel de exigencia requerido para desempeñar tan nobles cargos. (…). En conclusión, dichas pruebas están revestidas de un carácter eliminatorio, y las estadísticas obtenidas permiten determinar la confiabilidad, validez y consistencia, dado que presentaron índices dentro de los rangos esperados, logrando una discriminación de los aspirantes que la superaron, para el cargo de su elección, con lo cual se puede garantizar un proceso de selección acertado que permita la vinculación en carrera judicial de los servidores más idóneos.
• Ausencia de información acerca del procedimiento para objetar preguntas consideradas erróneas:
El instructivo para la presentación de la prueba, fue conocido en su momento por todos los aspirantes y más aún, por los jefes de salón encargados para la custodia del examen de conocimientos, quienes adicionalmente recibieron la capacitación pertinente, dándoseles el itinerario de actividades que debían cumplir dentro de la práctica de la prueba a efectos de que no se presentaran inconvenientes al interior de las aulas y de presentarse fueran reportados oportunamente. (…). Así las cosas, durante la jornada de la aplicación de la prueba los concursantes tenían la posibilidad de reportar a los jefes de salón cualquier inquietud u observación relacionada con el examen o con las preguntas; finalizada la prueba ellos suscribieron la respectiva acta de terminación interna del salón, debidamente firmada en donde debían dejar constancia del cumplimiento del itinerario propuesto, las observaciones hechas y el desarrollo de las actividades realizadas. Al inicio de la prueba, se informó a los aspirantes de la existencia del acta mencionada para el reporte de las novedades que surgieran con ocasión al examen.
Reducción del tiempo concedido para contestar la prueba, por diversos factores.
En la aplicación de la prueba de conocimiento del día 7 de diciembre de 2014, se tuvieron en cuenta los lineamientos enmarcados en las reglas del concurso, por tal motivo el tiempo máximo otorgado para contestar la prueba de conocimientos fue de 2 horas y 30 minutos y para la prueba psicotécnica de 1 hora y media. (…). Es preciso indicar, que esta disposición se introdujo en el instructivo elaborado para la aplicación de los exámenes, precisando que el tiempo mínimo para contestar ambas pruebas era de 2 horas, después de las cuales, los aspirantes podían empezar a evacuar los salones. (…). En virtud de lo anterior, a todos los concursantes se les garantizó el tiempo mínimo establecido para la aplicación de las pruebas.
(…) En mérito de lo expuesto, la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ.
ART. 1º—CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la decisión contenida en la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído y en consecuencia no reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes relacionados en el presente acto, tanto en el listado del cuadro anexo como en el de los extemporáneos.
13. En fallo del 9 de diciembre de 2015(29) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, tuteló el derecho fundamental al debido proceso de uno de los concursantes. Como consecuencia del amparo concedido, el tribunal ordenó que en un plazo de 48 horas la Universidad de Pamplona verificara cuál de las preguntas retiradas de la prueba de conocimientos, habían sido resueltas correctamente por el participante. Adicionalmente, dispuso que en caso de obtener alguna respuesta correcta, debería sumarse al puntaje obtenido. Sin embargo, mediante Sentencia T-386 de 2016(30), la Corte Constitucional revocó el referido fallo del Tribunal Superior de Medellín, y en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que el actor tenía a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, a juicio de la Corte, resulta expedito y eficaz, en atención a que puede solicitar medidas cautelares. Así mismo dijo la Corte, que:
«… frente al cuestionamiento en relación con las preguntas del examen, el planteamiento del actor es contradictorio pues desde la presentación de su demanda de tutela reconoce que al presentar la prueba de conocimientos, efectivamente encontró que se realizaron varias preguntas que correspondían a otras especialidades del derecho distintas a las que estaba participando, y que otras eran impertinentes o tenían problemas para su interpretación. Sin embargo, y pese a reconocer que las preguntas excluidas del examen tenían varios problemas en su formulación, el actor solicita que para el amparo de sus derechos fundamentales, las mismas sean incluidas en la valoración de su calificación para determinar si puede acceder a la etapa de curso-concurso para continuar en el proceso de selección en el que participa. (…) … la Sala encuentra que (…) carece de toda razonabilidad y lógica en la medida en que no es posible que el actor solicite la inclusión en su calificación de un conjunto de preguntas que él mismo reconoce y censura porque estaban mal formuladas. (…). Contrario a lo planteado por el demandante, la actuación de las entidades accionadas es razonable y proporcionada pues al evidenciar que existían inconsistencias en las preguntas formuladas en la prueba de conocimientos presentada por los concursantes, era necesario retirar dichas preguntas para garantizar la idoneidad de la prueba en condiciones de igualdad a todos los concursantes (igualdad de trato). Mantener este tipo de preguntas —con fallas técnicas— contrariaría la finalidad del concurso de méritos pues la prueba no se fundamentaría en los conocimientos del concursante, sino en el azar de una respuesta sobre la que no existe certeza. (…). Sobre este mismo aspecto es necesario señalar que contrario a lo expuesto por el Tribunal Superior de Medellín —Sala Laboral— no es posible considerar que existió un cambio en las reglas de juego dentro de la convocatoria 22, y que la actuación de las entidades accionadas constituía “en sí misma una decisión arbitraria”, pues lo que sí constituiría una afectación de los derechos de los concursantes sería mantener un grupo de preguntas inconsistentes, que benefician a un grupo de concursantes».
14. En una segunda ocasión, a través de sentencia de tutela de 12 de abril de 2016(31), el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, amparó los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad a 13 concursantes, y con efectos «intercomunis» extendió dicha protección a todos los participantes; por lo que ordenó, que en un plazo de un mes, la Universidad de Pamplona verificara cuál de las preguntas retiradas de la prueba de conocimientos, habían sido resueltas correctamente por los participantes. Adicionalmente, dispuso que en caso de obtener alguna respuesta correcta, debería sumarse al puntaje obtenido. Sin embargo, mediante fallo de segunda instancia de 25 de mayo de 2016(32), la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de esta otra providencia del Tribunal Superior de Medellín, al considerar que dicha corporación carecía de competencia para conocer del proceso de tutela, ya que:
«…esa colegiatura pasó alto lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1834 de 2015, que al adicionar el Decreto 1069 de 2015, estipuló: “Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia”.
Advirtiéndose que en tal sentido, revisado el sistema de gestión - Consulta de procesos de la Rama Judicial, el 21 de octubre de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió una acción de tutela que cuestionó las mismas actuaciones, asunto que en dicha ocasión promovió Manuel Enrique Tinoco García contra la Sala Administrativa del CSJ y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de dicha entidad, la cual se hizo extensiva a la Universidad de Pamplona.
Bajo esas circunstancias, debido al escenario fáctico constitucional que sustenta esta acción de tutela, resultaba evidente el masivo interés que ostentan los miles de participantes de la referida convocatoria con las resultas de este proceso, lo cual se ha visto reflejado en las numerosas quejas constitucionales que han recibido distintos despachos de la administración de justicia en un espacio temporal determinado y, por supuesto, con el fin indicado y contra idéntica autoridad pública. Ese aspecto, sin la menor duda, forzaba su acumulación en aras de evitar fallos contradictorios frente a una misma situación fáctica y jurídica, que es justamente la finalidad estatuida en la prerrogativa en cita, esto es la salvaguarda de los principios de coherencia, igualdad y seguridad jurídica».
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de tutela del 15 de marzo de 2016(33), amparó los derechos a la igualdad, debido proceso, trabajo, y acceso a cargos públicos de la concursante María del Carmen Quintero Cárdenas, por lo que ordenó, que en un plazo de 48 horas la Universidad de Pamplona verificara cuál de las preguntas retiradas de la prueba de conocimientos, por razones diferentes al bajo índice de respuestas acertadas, habían sido resueltas correctamente por la participante. Adicionalmente, dispuso que en caso de obtener alguna respuesta correcta, debería sumarse al puntaje obtenido. En fallo de segunda instancia de 1º de junio de 2016(34), el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y la adicionó en el sentido de indicar que el amparo concedido tenía efectos «intercomunis» por lo que cobijaba a todos los concursantes, y en ese sentido, ordenó recalificar la prueba de conocimientos para la totalidad de los participantes que la realizaron. Tanto el tribunal como el Consejo de Estado argumentaron en esa oportunidad, que la convocatoria solo autorizaba al CSJ y a la Universidad de Pamplona a excluir las preguntas que obtuvieron un bajo nivel de desempeño, es decir, aquellas que fueron contestadas acertadamente por menos del 10% de los participantes, no así los ítems que estaban mal formulados, redactados de manera ambigua o sin opción de respuesta.
16. Posteriormente, en atención al gran número de solicitudes pidiendo la nulidad, así como la adición del fallo de segunda instancia de 1º de junio de 2016(35), el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, por medio de auto de 23 de agosto de 2016, resolvió aclarar la mencionada providencia en el sentido de precisar que: «(i) conforme a las reglas del concurso sólo era válido excluir de la calificación las preguntas que el 90% o más de los participantes no hubieran contestado correctamente, pues esta es la regla objetiva y previamente definida (que opera como un factor de corrección) (…), para excluir, entre otras, las preguntas ambiguas, confusas, mal redactadas o excesivamente complejas; y (ii) En el mismo sentido (y aunque resulta reiterativo) está permitido excluir de la calificación de la prueba de conocimientos (…) las preguntas que tuvieron un mayor índice de dificultad según el escaso número de participantes (10% o menos) que lograron contestarlas acertadamente. Esas y sólo esas preguntas podían excluirse, (…).».
17. Igualmente dispuso el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el auto de 23 de agosto de 2016(36), que «Para evitar nuevas confusiones, se ilustra a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que: a) Si el único motivo de exclusión de preguntas de la prueba de conocimientos (…) fue el bajo índice de respuestas correctas, permanecerán vigentes los puntajes que se asignaron a los concursantes en las resoluciones CJRES-15-20 y CJRES-15-252, del 12 de febrero y el 24 de septiembre de 2015, respectivamente. Por tanto, para el cumplimiento del fallo de tutela sólo bastará que se expida una resolución que informe esa situación y en contra de la misma no procederá ningún recurso, puesto que tendría la naturaleza de un acto de ejecución, el cual no modificaría los puntajes asignados que ya fueron controvertidos mediante reposición; y b) Si, pese a tener un índice adecuado de respuestas acertadas (igual o superior al 10%), se excluyeron preguntas por mala redacción, errores de ortografía, ambigüedad, ausencia de posibilidad de respuesta u otras razones similares, se deben incluir en la calificación de la prueba de conocimientos (…). En consecuencia, para el cumplimiento del fallo se deberá expedir una resolución que precise las preguntas que se incorporaron, el procedimiento que se utilizó para la recalificación y los guarismos que se aplicaron en cada uno de los grupos objeto de evaluación para establecer las respectivas curvas de rendimiento; contra tal acto administrativo procederá el recurso de reposición, dado que se estarían modificando los puntajes inicialmente asignados en las resoluciones referidas en el literal anterior».
18. En cumplimiento de la providencia del 23 de agosto de 2016(37), el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, expidió la Resolución CJRES 16-488 del 28 de noviembre de 2016(38), ratificando en todas sus partes las Resoluciones CJRES 15-20 y CJRES 15-252 de 12 de febrero de 2015(39) y 24 de septiembre de 2015(40), que son los actos administrativos aquí demandados.
Teniendo claridad respecto de las actuaciones administrativas adelantadas por el CSJ y la Universidad de Pamplona para desarrollar la prueba de conocimientos en el marco de la convocatoria 22 de 2013, a continuación procede entonces el despacho a resolver las solicitudes de medida cautelar a partir de un estudio preliminar del concepto de violación expuesto en las demandas acumuladas y sus adiciones y reformas y en las solicitudes de medida cautelar, atendiendo también a los motivos de oposición aducidos por las mencionadas entidades.
Primer reparo. desconocimiento de las reglas y bases del concurso establecidas por la convocatoria. (Trasgresión del derecho al debido proceso y vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, trasparencia, publicidad e imparcialidad). Argumentan los accionantes al unísono, que el CSJ y la Universidad de Pamplona, al suprimir varias preguntas y no tenerlas en cuenta para efectos de la calificación de la prueba de conocimientos, luego de la realización de esta, modificaron las reglas y bases de convocatoria 22 de 2013(41), en la que se señaló, según sus dichos, que dicha prueba estaría compuesta por un total de 100 preguntas o Ítems.
En consecuencia de lo expuesto, advierten los demandantes que al CSJ y a la Universidad de Pamplona, como entidades encargadas de la realización del concurso público de méritos, no les era permitido variar, en ninguna de las fases del mismo, las reglas establecidas por la convocatoria, debido a que con ello se afectan derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los inscritos en particular, como el del debido proceso, así como los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad, buena fe, confianza legítima y el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes.
Así mismo señalan los accionantes, que la eliminación de las preguntas, luego de realizada la prueba de conocimientos, evidencia que el CSJ incumplió su deber de controlar y/o supervisar las tareas de diseño, aplicación y calificación de la prueba de conocimientos a cargo de la Universidad de Pamplona y de los entes privados sub contratados por esta para tales fines.
Oposición de la Rama Judicial.
La DEAJ se opone a la prosperidad de las medidas cautelares solicitadas argumentando que carecen de pruebas, argumentos y justificaciones que sustenten la necesidad de decretarlas, conforme lo requerido por los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011(42).
Respecto de la primera censura expuesta, relata que de conformidad a información suministrada por la Universidad de Pamplona, la eliminación de varios ítems de la prueba de conocimientos obedeció a los resultados obtenidos de la realización de un procedimiento de validación y calificación de las pruebas aplicadas, mediante la utilización de la técnica de la psicometría, «disciplina que se encarga de diseñar y analizar instrumentos para la medición de características en seres humanos», mediante la cual se pudo determinar, según asevera, que varias preguntas no registraron buenos indicadores de desempeño, debido a razones tales como mala redacción o ambigüedad, ausencia de posibilidad de respuesta, entre otras, con el propósito de tener resultados más confiables y válidos.
En consecuencia la DEAJ señala, que «el proceso de calificación fue realizado de manera objetiva, con estricto cumplimiento de los parámetros técnicos, metodología, disposiciones y requerimientos desde la perspectiva de la ciencia de la psicometría, de tal forma que se dispuso suprimir las preguntas que fueron resueltas de forma acertada por menos del 10% de los evaluados, lo cual indica que estas son muy difíciles de resolver, y no permiten seleccionar adecuadamente», de entre las personas evaluadas, aquellas que tienen los conocimientos necesarios para desempeñar los cargos ofertados, en relación con aquellos que no los tienen.
A juicio de la entidad accionada, la eliminación de las preguntas con bajo índice de desempeño, garantizó a la totalidad de participantes la observancia de los principios de la carrera administrativa, tales como el mérito, objetividad, imparcialidad, igualdad, equidad y acceso a cargos públicos, los cuales se verían vulnerados de incluirse estos ítems en la calificación de la prueba de conocimientos.
Oposición de la Universidad de Pamplona.
La Universidad de Pamplona se opone a la prosperidad de las medidas cautelares deprecadas, exponiendo idénticos motivos a los argüidos por la DEAJ, pero indicando adicionalmente, que el ente universitario actuó de conformidad a lo ordenado por esta corporación, Sección Segunda, Subsección B, en fallo de tutela de segunda instancia de 1º de junio de 2016(43), aclarado mediante proveído del 23 de agosto de esa misma anualidad(44), y en consecuencia de ello, considera que no existen méritos para decretar las cautelas peticionadas, toda vez que la exclusión de la calificación de varios ítems de la prueba de conocimientos obedeció a los parámetros indicados en la citada orden judicial de tutela.
Adicionalmente señala la universidad, que como entidad contratada para el diseño, aplicación y calificación de las pruebas de conocimientos, en el concurso abierto de méritos para proveer cargos de jueces y magistrados, se acogió a todas las reglas señaladas de manera expresa por la convocatoria, contenida en el Acuerdo PSAA-13-9939 de 25 de junio de 2013(45), el cual, en su sentir, señaló los procedimientos, requisitos y reglas esenciales para la realización del concurso, pero no determinó los mecanismos técnicos y científicos que debían ser aplicados al momento de diseñar, construir, validar y calificar las pruebas a aplicar, toda vez que, según su juicio, tal competencia no la tiene la entidad que convoca, si no el ente universitario encargado de ejecutar el concurso.
La universidad relata así mismo, que la metodología de evaluación utilizada estuvo sujeta de manera estricta y rigurosa a los entandares y procedimientos acogidos internacionalmente para la evaluación de las pruebas aplicadas en los procesos de selección, en consecuencia, se respetaron los principios técnicos del debido proceso y el de igualdad.
Resolución de la solicitud de la medida cautelar en lo que a esta primera cuestión se refiere.
Con miras a atender esta primera censura, la ponente procederá a estudiar las bases y reglas de la convocatoria contenidas en el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013(46), a fin de establecer de forma preliminar, si con la medida adoptada por la Unidad de Carrera Administrativa del CSJ, por recomendación de la Universidad de Pamplona, en el sentido de suprimir varias preguntas de la prueba de conocimientos, por no haber alcanzado un indicie de aprobación adecuado, dichas entidades modificaron las reglas del concurso.
Observa la suscrita, que las etapas del proceso de selección previstas por la convocatoria 22 de 2013 y la regulación de la prueba de conocimientos, se encuentran consagradas en sus artículos 1º y 3º, numeral 5º, respectivamente, así:
«ART. 1º—Adelantar el proceso de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, que de conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, comprende las etapas de: i) Concurso de méritos, ii) Conformación del registro nacional de elegibles, iii) Elaboración de listas de candidatos, iv) Nombramiento y v) Confirmación».
«ART. 3º—El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria reguladora de este proceso de selección, por tanto, es de obligatorio cumplimiento para los participantes como para la administración, quienes están sujetos a las condiciones y términos señalados en el presente acuerdo.
5. Etapas del concurso.
5.1. Etapa de selección.
Comprende la fase I - Prueba de conocimientos y psicotécnica y la fase II - Curso de formación judicial, las cuales ostentan carácter eliminatorio (art. 164-4 y 168 LEAJ).
Fase I - Prueba de conocimientos y psicotécnica.
Los concursantes admitidos al concurso serán citados en la forma indicada en el numeral 6.1 de la presente convocatoria a presentar la (i) prueba de conocimientos y (ii) la prueba psicotécnica. La prueba de conocimientos se encuentra constituida por dos componentes uno general y otro específico relacionado con la especialidad seleccionada. Para el proceso de calificación se construirán escalas estándar que oscilarán entre 1 y 1.000 puntos. Para aprobar la prueba de conocimientos se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos. Sólo a quienes obtengan un puntaje igual o superior, se le calificará la prueba psicotécnica, y sólo quienes aprueben la prueba de conocimientos, podrán continuar en la fase II del concurso, esto es, el curso de formación judicial.
El diseño, administración y aplicación de las pruebas, serán los determinados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La prueba se llevará a cabo en el lugar escogido al momento de la inscripción, no obstante los aspirantes podrán solicitar el cambio de sede para la presentación de la misma solamente dentro del término de fijación del acto que establece los admitidos e inadmitidos. Una vez vencido el termino de publicación de la resolución de admitidos e inadmitidos no se autorizarán cambios de sede para la presentación de la prueba.».
Como puede apreciarse, la lectura de las bases y reglas de la convocatoria 22 de 2013, contenidas en el Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio 2013(47), muestra que en ella no se determinó que la prueba de conocimientos constaría de 100 preguntas, que 50 de ellas evaluarían conocimientos generales sobre derecho y que las 50 restantes medirían los conocimientos de los aspirantes en las áreas específicas.
Esta precisión es muy importante por cuanto la convocatoria 22 de 2013, contenida en el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio 2013(48), señaló que para el proceso de calificación de la prueba de conocimientos se construirían escalas estándar que oscilarían entre 1 y 1.000 puntos; aclarando, que para aprobar la prueba se requería obtener un mínimo de 800 puntos; y que posteriormente, los concursantes que obtuvieran 800 puntos o más, se les aplicaría una nueva escala de calificación entre 300 y 500 puntos; de tal suerte que quien(es) obtuviera(n) la máxima nota en la prueba se le(s) asignaría(n) 500 puntos y a quien(es) registrase(n) la(s) nota(s) más baja(s) se le asignaría(n) 300 puntos, distribuyendo proporcionalmente los demás puntajes obtenidos por los demás aspirantes.
Ahora bien, con el objeto de diseñar, estructurar, aplicar y calificar las pruebas de conocimientos y psicotécnica, el CSJ suscribió el «contrato de consultoría 112» de 9 de septiembre de 2013, con la Universidad de Pamplona(49). El cual dispuso como obligaciones a cargo del contratista, entre otras, las siguientes:
«1) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en los anexos técnicos que son parte integrante del contrato. 2) Proporcionar el personal técnico por cada área de conocimiento para la elaboración de las pruebas. 3) Elaborar las tablas de contenido de cada una de las diferentes pruebas, las cuales serán aprobadas por la Unidad de Carrera Judicial-Sala Administrativa. 4) Diseñar, construir y aplicar las pruebas psicotécnicas de conocimientos y/o competencias para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial y adelantar la revisión de las hojas de vidas de los inscritos conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y los anexos técnicos 1 y 2. (…) 10) Calificar las pruebas presentadas por los aspirantes a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, con la validación técnica de la unidad de/carrera judicial. (…) 22) Ejecutar los cambios y adiciones que (…) el CSJ considere necesarios introducir atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el supervisor, siguiendo las especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordadas» (resaltado de la ponente).
En el «Anexo técnico 1» se dispuso cómo obligación del contratista presentar un informe psicométrico, luego de practicado el examen, en los siguientes términos:
«El contratista debe incluir en el informe psicométrico los siguientes aspectos:
• Lectura de las hojas de respuesta de los aspirantes que presentaron las pruebas.
• Realizar el análisis de ítems de cada una de las pruebas indicando el índice o nivel de discriminación y comportamiento estadístico de cada una de las preguntas respecto a cada uno de sus distractores.
• Determinar y explicar las pruebas que presentaron el mayor índice de dificultad.
• Dependiendo del nivel de discriminación de cada pregunta realizar el análisis técnico de la misma con sus respectivos estadísticos con el fin de establecer la existencia de más de una clave para la respuesta o si la misma debe anularse.
• Determinar la confiabilidad y validez de la prueba aplicada para cada tipo de cargo.
• Realizar el levantamiento de las posibles escalas de puntajes brutos de las diferentes pruebas aplicadas por cargo teniendo en cuenta una distribución normal con sus respectivas desviaciones estándar.
• Realizar el análisis de los resultados de la prueba determinando si se logró la medición de los diferentes procesos psicológicos, competencias, habilidades, destrezas, aptitudes y/o atributos establecidos para cada nivel de cargo.
• Establecer la consistencia de las diferentes pruebas aplicadas.
• Definidas las escalas de las diferentes pruebas procesar los resultados de los diferentes aspirantes por cada tipo de cargo.
• Entregar resultados de aspirantes en archivo magnético por cargo, cédula y nombre, puntaje bruto y escala utilizada.
• Entregar el análisis y conclusiones del comportamiento psicométrico de las pruebas que fueron aplicadas teniendo en cuenta el resultado de las mismas.».
Como se aprecia, en el anexo técnico 1 del contrato de consultoría 112 de 2013 de 9 de septiembre de 2013, suscrito entre el CSJ y la Universidad de Pamplona, se estipuló a cargo de ésta y luego de la presentación de las pruebas, presentar un informe psicométrico de análisis de ítems, con indicación del nivel de discriminación y comportamiento estadístico de cada una de las preguntas respecto a cada uno de sus distractores, para determinar y explicar las pruebas que presentaron el mayor índice de dificultad, «con el fin de establecer la existencia de más de una clave para la respuesta o si la misma debe anularse».
Posteriormente, en desarrollo del mencionado contrato de consultoría 112 de 2013 de 9 de septiembre de 2013, suscrito entre el CSJ y la Universidad de Pamplona, dichas entidades dispusieron mediante «instructivo para la presentación de la prueba de conocimientos», publicado en la página web de la Rama Judicial en febrero de 2014, que la referida prueba estaría constituida por un componente común y uno específico, integrados cada uno por 50 preguntas, para un total de 100 preguntas o ítems.
En la parte pertinente, el «instructivo» es del siguiente tenor literal:
«Estructura: Las pruebas de conocimientos estarán integrada por dos componentes: El primero es común a todos los cargos y consta de 50 preguntas, y el segundo, es específico al grupo de cargos que se describió en la tabla 2 y que consta también de 50 preguntas, para un total de 100 preguntas en esta prueba, así:
Tabla 3. Estructura general de la prueba de conocimientos.
Especifico 50
La prueba de conocimientos fue realizada el 7 de diciembre de 2014 dando aplicación a los parámetros expuestos.
Sin embargo, luego de realizada la prueba de conocimientos, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, por recomendación técnica de la Universidad de Pamplona, resolvió eliminar varios ítems o preguntas y no tenerlos en cuenta para la calificación de la prueba, por cuanto dichas preguntas no alcanzaron «un adecuado índice de aprobación», puesto que fueron contestadas de manera errada por más del 90% de los participantes, debido a inconsistencias en la redacción o por carecer de una opción válida de respuesta. Todo ello en aplicación de las metodologías y técnicas de psicometría con las que se evalúan este tipo de exámenes, procedimientos que según se informó por las entidades al contestar la demanda, son reconocidas y validadas por la comunidad académica en general.
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ publicó los resultados de la prueba de conocimientos, a través de la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(50), contra la cual se interpuso recurso de reposición por 1806 concursantes, incluidos los aquí accionantes.
Los recursos de reposición interpuestos, fueron atendidos por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ mediante Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015(51), en la que fue informada a los concursantes la eliminación de las preguntas, de la siguiente manera:
«e. Presunta elaboración de preguntas sin posibilidades de respuesta, ambiguas, mal redactadas o con errores ortográficos.
De acuerdo con lo expuesto, la decisión de eliminar varias pregunta o ítems, para efectos de no tenerlos en cuenta en la calificación de la prueba de conocimientos, al parecer obedeció a que al revisar los resultados obtenido por todos los participantes, la Universidad de Pamplona se percató de que varias preguntas fueron contestadas por menos del 10% de los concursantes, lo que, en la terminología de las disciplinas de la psicometría y la estadística, significa que dichas preguntas «no tuvieron buen desempeño» técnico, circunstancia que de acuerdo con la parte demandada, se generó porque los ítems estuvieron formulados de manera ambigua, mal redactados o sin opción de respuesta, lo que hacía imposible responderlos.
Ahora bien, realizado el análisis comparativo inicial de las reglas de la convocatoria 22 de 2013 y las disposiciones cuestionadas de la Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015(52), encuentra la suscrita, que con la exclusión de varios ítems, tanto del componente general como del componente especifico de la prueba de conocimientos, por evidenciar falencias o inconsistencias, las entidades demandadas no modificaron las reglas o condiciones del concurso, consagradas en la convocatoria 22 de 2013, pues con dicha actuación no se variaron o desconocieron elementos o aspectos esenciales del proceso de selección tales como los requisitos exigidos para ocupar los cargos, las pruebas a realizar o las fases del concurso.
Así las cosas, la controvertida decisión administrativa, adoptada por las entidades demandadas, de no tener en cuenta varias preguntas al momento de calificar la prueba de conocimientos de todos los concursantes por igual, constituyó una medida de corrección o ajuste, para garantizar la objetividad y trasparencia del concurso de méritos, que son principios rectores de la carrera administrativa, y asegurar por igual los derechos de todos los participantes.
De conformidad con lo anterior, en esta etapa inicial del proceso, este Despacho comparte y hace propio el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la ya citada Sentencia de Tutela T-386 de 2016(53), en la que se resolvió declarar la improcedencia de una acción de tutela interpuesta contra la Rama Judicial con ocasión de la decisión administrativa cuestionada por los aquí demandantes, al considerar, entre otras razones, que la eliminación de las preguntas de la prueba de conocimientos que evidencian inconsistencias, no constituye una decisión ilegitima, arbitraria o desproporcionada, puesto que, como dijo la Corte, la eliminación de los ítems con fallas técnicas en su estructuración, garantiza la objetividad y la idoneidad de la prueba para determinar, a partir del mérito, cuáles son las personas aptas o mejor preparadas para ocupar los cargos ofertados en el proceso de selección.
Agrega la ponente, que permitir que preguntas con fallas técnicas en su formulación sean tenidas en cuenta para calificar la prueba de conocimientos, desconoce principios de la carrera administrativa y del Estado de derecho, tales como la objetividad y la trasparencia, así como también ignora, el objeto mismo de los procesos de selección, toda vez que el alcanzar un puntaje aprobatorio en la prueba no dependería entonces del conocimiento, destrezas, aptitudes, experiencia e idoneidad de cada concursante, si no del azar o la suerte de contestar acertadamente una pregunta mal construida, mal redactada, formulada de manera ambigua o sin opción de respuesta.
En efecto, es propio de la prueba de conocimientos, en aras de lograr una medición más confiable y válida, establecer como factor de corrección interna o regla de ajuste, la posibilidad de eliminar preguntas que, luego de realizar la prueba, se evidencie que fueron contestadas por un número mínimo de participantes, situación que por sí sola genera sospecha sobre la fiabilidad de dichas preguntas, pues, el hecho de que sean contestados por muy pocos concursantes, es un indicativo, no sólo de su dificultad, sino de que quizá estén mal elaboradas.
El procedimiento descrito, es decir, la posibilidad de eliminar preguntas sospechosas luego de realizada la prueba de conocimientos, además, de constituir una garantía de objetividad e imparcialidad, permite seleccionar con altos niveles de seguridad y confianza, a los mejores de entre los mejores, es decir, asegurar que el criterio del mérito sea el que prime para determinar el ingreso a la carrera judicial, propósito que cobra una mayúscula relevancia, en atención a la importancia de la misión de la Rama Judicial en nuestro Estado social de derecho, así como por la transformación que ha sufrido el rol del servidor judicial, luego de que en nuestros ordenamientos procesales se introdujera la oralidad como manera primordial para tramitar los procesos judiciales.
Así las cosas, realizado el análisis preliminar o inicial del reparo expuesto por la parte demandante, concluye el despacho, que las entidades demandadas no modificaron las reglas del concurso de méritos regulado por la convocatoria 22 de 2013, en consecuencia, respecto del cargo estudiado no existe mérito alguno para decretar a la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.
Segundo reparo. Pérdida de oportunidad para aprobar la prueba de conocimientos (derecho a la igualdad).
Explican los accionantes, que al sustraer varios ítems o preguntas de la prueba de conocimientos, para efectos de su calificación, las entidades demandadas redujeron la posibilidad potencial de los concursantes de contestar de manera acertada el total de las preguntas, y en consecuencia, según ellos, disminuyó la oportunidad de obtener una puntuación aprobatoria.
En ese sentido, exponen, que al disminuir el número de preguntas a calificar, las entidades accionadas debieron disminuir de manera proporcional el criterio mínimo de aprobación de 800 puntos.
Para ilustrar tal afirmación, expusieron a manera de ejemplo, que si las entidades encargadas de la ejecución del concurso suprimen 7 interrogantes de los 100 contenidos en la prueba de conocimientos, el índice de aprobación también se debe reducir en un 7%, por lo que, para el caso en concreto, quedaría en 744 puntos. En ese sentido, expresan que al mantenerse el índice de aprobación en 800 puntos, se estrechó la posibilidad de alcanzar un puntaje mínimo aprobatorio, en atención a que los participantes se vieron avocados a desacertar en un menor número de ítems, por lo que en su criterio, resultaba insuficiente aumentar el valor especifico de cada pregunta, a fin de conservar la proporcionalidad inicialmente proyectada para una escala de 100 ítems.
Adicionalmente, la parte demandante desarrolló múltiples operaciones matemáticas con el propósito de demostrar que tiene razón al afirmar que la eliminación de varias preguntas de la prueba de conocimientos, debía conllevar, la reducción del puntaje aprobatorio de 800 puntos fijado en la convocatoria.
Así mismo, los demandantes señalan que sólo a quienes interpusieron recurso de reposición contra los resultados inicialmente publicados por la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(54), les fueron eliminadas varias preguntas, por lo que se prodigó un trato desigual al resto de los participantes.
En lo relacionado al cargo planteado, la Rama Judicial señaló que «la actuación del CSJ se encuentra enmarcada en la imparcialidad y la objetividad, teniendo en cuenta que para determinar los resultados y puntajes de los aspirantes, se cumplió con la metodología y procedimiento establecido por las disciplinas de la psicología, la psicometría y la estadística que permiten predecir de manera técnica, imparcial y objetiva qué aspirantes presentaron un mejor desempeño teniendo en cuenta los resultados obtenidos por estos en desarrollo del proceso de selección.».
Explica, que «no es dable técnica ni objetivamente, que una pregunta que fue eliminada (…), se valide exclusivamente para un solo concursante, dado que los resultados se estandarizaron mediante una distribución normal para cada muestra poblacional de los aspirantes que se presentaron para cada uno de los cargos de la convocatoria, situación que no tendría ninguna sustentación técnica, ni objetiva, ni consultaría el principio de igualdad, imparcialidad y equidad, ni el mérito para el acceso a los diferentes cargos.».
Señala, que «teniendo en cuenta (…) los aspectos básicos de la psicometría, se tiene que para el análisis de los resultados de las diferentes pruebas, se deben tener en cuenta, entre otros, herramientas técnicas y objetivas de validación de los ítems, tales como, el índice de dificultad, el índice de discriminación, el índice de validez y la ambigüedad, así como la consistencia interna de las pruebas.».
Precisa, que «el índice de dificultad permite establecer el nivel o grado de dificultad de un ítem, determinando la proporción de aspirantes que contestaron correctamente una pregunta, (…). Este índice depende del desempeño exclusivo de los aspirantes en las pruebas.».
Aclara así mismo, que «el índice de discriminación permite establecer las diferencias individuales de los aspirantes respecto a un determinado ítem. De esta forma, estadísticamente se puede observar el comportamiento y poder discriminatorio de un ítem, distinguiendo entre los aspirantes que puntúan alto y los que obtienen puntuaciones bajas en una determinada prueba. En este sentido, el índice de discriminación es igual a la correlación entre las puntuaciones de los sujetos al ítem sus puntuaciones en la prueba.».
Expresa, que «en el análisis estadístico y psicométrico se puede establecer la ambigüedad de un determinado ítem cuando los aspirantes pertenecientes al grupo alto seleccionan una opción incorrecta con la misma, o con mayor frecuencia que la correcta. (…). La ambigüedad definida de esta forma, es la imposibilidad para los aspirantes con mayor capacidad de discriminar entre una alternativa correcta y otra u otras, juzgadas por los constructores y revisores, como incorrectas. En el mismo sentido, la ambigüedad se presenta cuando las estadísticas de una pregunta presentan más de una alternativa para que sea tenida en cuenta como correcta por un alto porcentaje de aspirantes, situación que debe ser analizada por los constructores de la prueba.».
El ente universitario explica, que las preguntas que no alcanzaron un índice de aprobación apropiado, fueron eliminados para todas las personas que aplicaron la prueba de conocimientos, y no solamente para quienes reclaman su recalificación; así mismo señala, que se mantuvo el universo de 1.000 puntos posibles con las preguntas que no fueron excluidas, redistribuyéndose entre ellas el valor unitario de las preguntas eliminadas, por tanto, a su juicio, la decisión administrativa que se controvierte conserva el derecho a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.
De manera puntual, la universidad explica que «la decisión de anular algunas preguntas (…) obedece a circunstancias técnicas», y que es «es un procedimiento técnico usado a partir de los resultados del análisis de ítems, con el cual se busca mejorar la calidad de la prueba en cuanto a confiabilidad sin disminuir la cantidad de reactivos necesarios para evaluar un constructo o contenido. De esta manera, al identificar y excluir los elementos que aumentan el error estadístico de medida de todo el instrumento, mejora la confiabilidad del mismo y permite evaluar a los examinados con los ítems que permiten detectar a los mejores aspirantes».
Explica, que «en el proceso de calificación de este tipo de pruebas se utilizan procedimientos estandarizados de la estadística y la psicometría, para el caso concreto, la prueba de conocimientos se calificó un procedimiento denominado “con referencia a la norma”, es decir, que las ejecuciones de un aspirante son puntuadas e interpretadas con respecto al desempeño de los demás aspirantes que abordan la misma prueba. En este caso se calculan ciertos estadísticos de la población para determinar la escala de resultados. En primer lugar, se obtiene el número de respuestas correctas de cada persona que aborda las preguntas, con este dato, se calcula el promedio y la desviación estándar de todos y finalmente, con estos datos, se realiza el procedimiento de estandarización de puntajes y por último se transforma este resultado a una escala particular».
Expresa, que científicamente no es admisible «obtener la puntuación mínima aprobatoria adicionando a su calificación ya obtenida, puntajes derivados de preguntas que no hicieron parte de la prueba para ninguno de los aspirantes, porque, siguiendo estándares técnicos y científicos universalmente aceptados y nunca arbitrarios, se demostró que no reunieron criterios de idoneidad y calidad suficientes y por tanto, en beneficio de todos los evaluados, debieron ser retirados del proceso de calificación».
En ese sentido anota, que «la eliminación de preguntas obedeció a un aspecto de orden técnico que no afectó los derechos de los participantes en el concurso».
Por otra parte, señala que «en los múltiples procesos masivos de selección que ha realizado para diferentes entidades del orden nacional y territorial», la Universidad de Pamplona ha demostrado tener las condiciones necesarias «para ejecutar los concursos o procesos de selección a partir de la demostración de su competencia técnica (…) y capacidad logística…».
Resolución de la solicitud de medida cautelar en lo que tiene que ver con esta segunda censura.
Para resolver el anterior planteamiento, la suscrita consejera estima pertinente reiterar lo dispuesto en el artículo 229, inciso 1º, de la Ley 1437 de 2011, que señala lo siguiente:
De la norma citada se concluye entonces, que las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
En el presente caso, los demandantes aseguran que la eliminación de varias preguntas de la prueba de conocimientos, debía conllevar, la reducción del puntaje aprobatorio de 800 puntos fijado en la convocatoria, lo cual, más que un argumento de violación normativa, constituye una aspiración que los accionantes esperan que se materialice, en desarrollo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.
En ese sentido, la dimensión del análisis e interpretación de la normatividad, así como de la jurisprudencia y de las pruebas que se recopilen en el proceso, conduce al despacho a un estudio tan profundo que dejaría de ser el que se ha entendido se debe realizar durante el trámite de una solicitud de medida cautelar, esto es, un estudio ab initio o sumaria cognitio, pues, anticiparía definitivamente una decisión de fondo, lo cual no es propio de esta etapa procesal.
De esta forma se negará la solicitud de medida cautelar en lo que a esta segunda censura se refiere.
Tercer reparo. Vulneración del principio constitucional de la publicidad y del derecho al debido proceso.
Explican los accionantes, que el CJS informó a los concursantes de la decisión unilateral de suprimir preguntas de la prueba de conocimientos, con ocasión de la expedición de la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015, «Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial», es decir, con posterioridad a la aplicación de la prueba y la publicación de los resultados, razón por lo cual consideran que dicha actuación, fue ejecutada de forma unilateral e ilegítima, toda vez que al no notificarles la eliminación de varios ítems de la prueba de conocimientos, se les negó la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y controvertir tal actuación, en consecuencia se trasgredió su derecho fundamental al debido proceso.
Explica la entidad accionada, que previo a la consolidación de los resultados definitivos de la prueba de conocimientos, a través de Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015(55), mediante la cual la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ resolvió los recursos de reposición contra los resultados de la prueba(56), se publicó la relación de los ítems de la prueba de conocimiento que fueron eliminados.
La Universidad de Pamplona no se refirió al cargo objeto de estudio.
Pronunciamiento del despacho.
Sobre el particular, revisa la ponente la convocatoria 22 de 2013, contenida en el Acuerdo PSAA-13-9939 de 25 de junio de 2013(57), encontrando que el artículo 3º, apartado 6.3, señala:
«6.3. Recursos:
Solo procede recurso de reposición contra los siguientes actos:
1. Eliminatorio de prueba de conocimientos.
2. Eliminatorios de alguna de las etapas: general o especializada, dentro del curso de formación judicial.
3. Contra el registro de elegibles.
Deberán presentarlo por escrito los interesados, ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa de los consejos Superior, dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
No procederá recurso contra los puntajes que de conformidad con este reglamento, ya hayan sido objeto de un recurso anterior».
De acuerdo el apartado trascrito de la convocatoria 22 de 2013, norma rectora del proceso de selección, contra el acto administrativo preparatorio que publica los resultados de la prueba de conocimientos sólo procedía el recurso de reposición.
En el caso concreto, los resultados generales de la prueba de conocimientos fueron vertidos en la Resolución CJERES 15-20 del 12 de febrero de 2015(58), proferida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, en la cual, para el caso específico de los demandantes, se señaló que obtuvieron los siguientes puntajes:
• Fanny Contreras Espinosa, identificada con la cédula de ciudadanía 52.023.664, obtuvo 786 puntos;
• Arley Méndez De La Rosa, identificado con la cédula de ciudadanía 91.255.272, obtuvo 786 puntos; y
• Lina María Gómez identificada con cédula de ciudadanía 37.897.156, obtuvo un puntaje de 791.96.
De manera individual, los demandantes presentaron recurso de reposición contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(59), alegando, en términos generales: i) que en la prueba de conocimientos existieron preguntas ambiguas, mal redactadas y sin respuesta; ii) que les fueron formuladas preguntas que no pertenecían a los «ejes temáticos» específicos propios de los grupos a los cuales se inscribieron; y iii) que la fórmula matemática empleada para calcular los resultados de cada uno de los participantes, estuvo mal realizada.
Mediante Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(60), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ resolvió los recursos de reposición presentados por 1806 concursantes, incluidos los aquí accionantes, contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(61), confirmándola en todas sus partes.
Así las cosas, el análisis inicial la actuación administrativa adelantada por el CSJ con ocasión de los resultados de la prueba de conocimientos, muestra que dicha entidad se ajustó a los parámetros de la convocatoria, en la medida que permitió la interposición del recurso de reposición contra el acto administrativo que contenía los resultados de la prueba de conocimientos.
Cuarto reparo. Ausencia de motivación.
En sentir de los demandantes, los actos administrativos cuestionados no fueron motivados de manera suficiente, pues, en ellos simplemente se expresó la calificación total de manera individual, es decir, para cada uno de los concursantes, sin explicar la manera como se llegó a ese puntaje final, es decir, sin detallar el número de respuestas correctas e incorrectas, ni la fórmula matemática utilizada para calcular los puntajes totales.
Sobre el particular no hubo un pronunciamiento expreso por parte de la DEAJ.
La Universidad de Pamplona no se refirió a este reparo.
Con el propósito de estudiar la censura formulada por los actores, el despacho revisa la Ley 270 de 1996(62), encontrando que el parágrafo 2º de su artículo 164, estableció que:
«Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado».
En Sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma trascrita, argumentando que:
«La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad (C.P., art. 13). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que “las pruebas” a las que se refiere el parágrafo segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso».
En anterior oportunidad, la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del artículo 92 del Decreto-Ley 407 de 1994 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario», en Sentencia C-108 de 1995, señaló que la reserva de las pruebas en los procesos de selección, se trata de una medida «universalmente aceptada» cuyo fin es garantizar la independencia de la entidad encargada de realizar el concurso y la intimidad de los participantes:
«El artículo 92 dispone que las pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo pueden ser conocidas por los empleados responsables del proceso. Cosa distinta es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. Como no se trata de un proceso disciplinario, sino de un proceso de selección, no encuentra la Corte inexequibilidad alguna en la norma; se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva es apenas un mínimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores y una protección, también, a la intimidad de los aspirantes».
Recientemente, en la Sentencia T-180 de 2015, la Corte Constitucional estudió el caso de uno de los inscritos a la convocatoria que en 2009 adelantó la CNSC para proveer cargos de carrera en la DIAN, que le fue negado en vía gubernativa una petición encaminada a conocer los resultados detallados y personales de la realización de la prueba de conocimientos. Dijo la Corte en dicha providencia lo siguiente:
«Ahora bien, en lo que respecta al acceso a los documentos públicos de la prueba por parte de la peticionaria, en el expediente consta que la solicitud para que le permitieran conocer el examen y sus calificaciones fue denegada por parte de la USBSM con fundamento en la reserva de dichos documentos.
Tal limitación se halla consagrada en el artículo 31(63) de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 34.4(64) del Decreto-Ley 765 de 2005, al tenor de los cuales las pruebas son reservadas por regla general a excepción de las personas autorizadas por la CNSC en curso del trámite de reclamación. (…)
De ahí que para este tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicar para el participante que presentó las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar autorización de la CNSC u otra entidad competente. (…)
La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por cualquier aspirante, claramente desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar sus calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere necesarias.
En consecuencia, esta corporación colige que las entidades accionadas transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a los documentos públicos de la señora Zorayda Martínez Yepes al impedirle el conocimiento del examen presentado y su resultado. En esa medida, se confirmará el amparo concedido en la decisión de segunda instancia.
No obstante, se revocará el ordinal segundo de esa providencia en el cual se declaró la existencia de un daño consumado, y en su lugar, se dispondrá que la CNSC permita que la señora Martínez conozca el contenido de los exámenes que presentó y los respectivos resultados, si es que aún no lo hubiere hecho, a fin de que pueda ejercer sus derechos a la defensa y de contradicción, conservando la reserva so pena de hacerse acreedora de las sanciones legales o administrativas correspondientes.
La Corte aclara que el acceso a los documentos referidos a los procesos de selección por parte del aspirante no debe ser absoluto en aras de conservar los pilares fundamentales del principio del mérito.
En esa medida, con la finalidad de maximizar la relevancia de la reserva documental establecida en los concursos de méritos, con respeto del derecho de contradicción y defensa de los postulantes, se adicionará el ordinal cuarto de la sentencia objeto de revisión.
Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos en las convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de presentación del examen, el aspirante pueda consultar personalmente los documentos reseñados, ante un funcionario competente que garantice el registro de la cadena de custodia. En ningún caso se podrá autorizar su reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar) para conservar la reserva respecto de terceros.
En caso de que el participante requiera dichos documentos para tramitar la reclamación administrativa o judicial, deberá solicitar a la autoridad que conozca de la misma, que ordene el traslado de esos elementos probatorios bajo custodia del CNSC o la institución educativa autorizada. En este caso, dicho servidor público estará obligado a guardar la cadena de custodia y la reserva frente a terceros».
De acuerdo con lo expuesto, la Ley 270 de 1996 señala que Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado; previsión normativa que también se encuentra por ejemplo en el artículo 92 del Decreto-Ley 407 de 1994, «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario»; norma esta última que fue avalada por la Corte Constitucional, con el argumento de que se trata de una medida admisible para garantizar la independencia de la entidad encargada de realizar el concurso y la intimidad de los participantes, pero con la salvedad de que los concursantes sí pueden conocer el resultado.
Procede entonces la ponente a examinar la actuación administrativa demandada, encontrándose que en la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(65), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ al resolver los recursos de reposición presentados por 1806 concursantes, incluidos los aquí accionantes, contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(66), se pronunció de manera expresa respecto de esta censura, en los siguientes términos:
«c. Relación de preguntas acertadas y erradas en la prueba.
El alcance de la sentencia de la H. Corte Constitucional no es el de levantar la reserva una vez aplicadas las pruebas de conocimientos, pues tales cuestionarios hacen parte de un banco de preguntas que puede ser utilizado en posteriores concursos. (…). Así las cosas, debe respetarse el carácter reservado de las pruebas que se aplican continuamente en la Rama Judicial; máxime cuando dicha reserva conlleva a la efectividad del derecho de igualdad material y transparencia para los futuros aspirantes a ocupar cargos en la misma. (…). Adicional a lo anterior, igualmente en la reciente sentencia de la Corte Constitucional T-180 de 2015 con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio respecto de la entrega de documentos correspondientes a las pruebas en los concursos de méritos y la reserva de los mismos frente a terceros, resaltó: (…). En virtud de lo anterior, en ejercicio de esa potestad constitucional y legal, y dado el carácter reservado de las pruebas y sus estadísticas, en las convocatorias que realiza el CSJ para proveer cargos de carrera judicial, no es posible realizar entrega en detalle de los procedimientos ni de los elementos, o bien la copia de la prueba (cuestionario y/o hoja de respuestas).
Respecto de la presente solicitud, el listado de los recurrentes fue remitido a la Universidad de Pamplona con el propósito de coordinar la mencionada actividad, dentro de los protocolos de seguridad establecidos para la misma».
La lectura inicial de la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(67), muestra que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, negó a los concursantes la entrega de copias de los cuadernillos de las preguntas, las hojas de respuestas diligenciadas por ellos y el listado de las respuestas correctas, alegando la reserva de dicha documentación. De igual modo, el análisis inicial de la referida actuación evidencia, que los concursantes que solicitaron conocer dicha información fueron remitidos a la Universidad de Pamplona, para que dicho ente se las diera a conocer pero aplicando los protocolos de seguridad del caso para garantizar el principio de reserva.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la supuesta omisión de indicación de la fórmula matemática utilizada para calcular los resultados finales de la prueba de conocimientos, la Ponente encuentra que en la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(68), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, señalo lo siguiente:
«3. Información de la metodología y criterios de calificación.
Para atender el requerimiento de algunos recurrentes respecto del valor asignado a cada pregunta de la prueba de conocimientos, es necesario comprender la metodología aplicada a los concursos de méritos de la Rama judicial y el proceso de calificación implementado a partir de procedimientos universalmente estandarizados decantados de la estadística y la psicometría. (…). Así, la calificación de la prueba se efectuó con referencia a la norma, es decir, que las ejecuciones de un concursante son puntuadas e interpretadas con respecto a los demás aspirantes que abordan la misma prueba. En este caso, se calculan ciertos estadísticos de la población para determinar la escala de resultados. (…). Con ello, se obtiene el número de respuestas correctas de cada persona que aborda las preguntas, para luego, proceder a calcular el promedio y la desviación estándar de todos los aspirantes. Con estos datos, se realiza el proceso de estandarización de puntajes y por último se transforma este resultado a una escala particular, como se describe a continuación:
Frente a las presentes inquietudes, es importante resaltar que el parágrafo 1º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, faculta a la Sala Administrativa del CSJ, para que determine todos los aspectos concernientes a la reglamentación general, contenido y procedimientos de cada una de las etapas (selección y clasificación) que conforman un concurso de méritos y, además para establecer los puntajes correspondientes a las pruebas que conforman las mismas etapas. (…). En tal virtud, en ejercicio de dicha potestad reglamentaria, la Sala Administrativa del CSJ, consideró que debía darse una exigencia de 800 puntos o más, para continuar en el concurso de méritos y así garantizar el acceso de quienes obtienen los mejores resultados en busca de la excelencia, para el ejercicio de una función tan importante como es la administrar justicia. (…). En este orden de ideas, es de añadir que el acuerdo de convocatoria PSAA13-9939 de 2013, mediante el cual se convocó a los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios; contiene los lineamientos y reglas a seguir por la administración y por quienes a ella se acojan, por lo cual, es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, derrotero que se ha venido manteniendo, a través de las convocatorias. (…). Así las cosas, el acuerdo de convocatoria estableció la aplicación de unas escalas estándar con fundamento en una fórmula estadística, que arroja como resultado un determinado puntaje para cada aspirante, por lo cual no es posible modificarlo en ningún aspecto, valga decir, aplicar y/o modificar la media para la calificación de las respuestas, ni para que los puntajes sean susceptibles de aproximaciones o para pretender cambiar las condiciones conocidas desde el principio por los participantes y de esta manera desconocer las condiciones que rigen el concurso, quebrantando el derecho a la igualdad de todos los aspirantes. Razón de más, para garantizar la imparcialidad que se tiene frente al mismo, toda vez, que se ha dado un tratamiento igualitario entre iguales.».
De acuerdo con la resolución trascrita, para calcular el valor asignado a cada pregunta de la prueba de conocimientos, se usó la metodología aplicada a todos los concursos de méritos de la Rama Judicial, por lo que el proceso de calificación implementado parte de procedimientos universalmente estandarizados decantados de la estadística y la psicometría. El mencionado acto administrativo señaló, que las respuestas de un concursante son puntuadas e interpretadas con respecto a los demás aspirantes que abordan la misma prueba, teniendo en cuenta además, varios parámetros de estandarización de puntajes, y explicó de manera detallada la forma como se obtuvieron las variables que se tuvieron en cuenta.
Por lo tanto, en principio, la manera como la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ y la Universidad de Pamplona resolvieron las solicitudes de los concursantes encaminadas a permitírseles conocer información relacionada con los cuadernillos de preguntas y las hojas de respuesta, así como la fórmula matemática utilizada para calcular los resultados totales, respetó lo dispuesto en la Ley 270 de 1996(69) y en la jurisprudencia constitucional reseñada.
En consecuencia, esta cuarta censura o reparo no permite prosperar la solicitud de medida cautelar.
Quinto reparo. Desconocimiento del derecho al debido proceso, porque en vía gubernativa no fue posible presentar o solicitar la práctica de pruebas.
Esta censura fue formulada únicamente por la señora Fanny Contreras Espinosa, demandante en el proceso 110010325000201600068 00(0284-2016), quien señala, que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, al resolver los recursos de reposición presentados por los concursantes contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(70), no le permitió aportar, pedir ni solicitar la practicar pruebas.
Así mismo, manifiesta que aun cuando solicitó la práctica de pruebas en los términos que dispone la Ley 1437 de 2011(71), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ no respondió a su petición, sino que por el contrario obstaculizó su acceso a los documentos relacionados con la prueba de conocimientos, los cuales pudo finalmente conocer en virtud de órdenes judiciales de tutela.
Sin embargo, manifiesta que el tiempo de una hora que se le concedió para estudiar los documentos relacionados con la prueba de conocimientos, tales como cuadernillo de preguntas y hoja de respuesta, fue insuficiente, y en consecuencia, se le impidió ejercer plenamente su derecho a la contradicción y a la defensa.
Oposición de las entidades demandadas.
Sobre el particular no hubo un pronunciamiento expreso por parte de la DEAJ ni de la Universidad de Pamplona.
Con miras a atender el reparo propuesto por la parte demandante, procede entonces la ponente a examinar la actuación administrativa demandada, encontrándose que en el caso específico de la señora Fanny Contreras Espinosa, en el recurso de reposición por ella interpuesto el 4 de marzo de 2015 contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(72), ella solicitó la práctica de pruebas, en el sentido de que se le permitiera acceder al cuadernillo de preguntas y a la hoja de respuestas.
Ahora bien, en Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(73), la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ al resolver los recursos de reposición presentados por 1806 concursantes, incluidos los aquí accionantes, contra la Resolución CJRES 15-20 del 12 de febrero de 2015(74), se pronunció de manera expresa respecto de este reclamo, en los siguientes términos:
El alcance de la sentencia de la honorable Corte Constitucional no es el de levantar la reserva una vez aplicadas las pruebas de conocimientos, pues tales cuestionarios hacen parte de un banco de preguntas que puede ser utilizado en posteriores concursos. (…). Así las cosas, debe respetarse el carácter reservado de las pruebas que se aplican continuamente en la Rama Judicial; máxime cuando dicha reserva conlleva a la efectividad del derecho de igualdad material y transparencia para los futuros aspirantes a ocupar cargos en la misma.
La lectura inicial de la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(75) muestra, que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, negó a los concursantes la entrega de copias de los cuadernillos de las preguntas, las hojas de respuestas diligenciadas por ellos y el listado de las respuestas correctas, alegando la reserva de dicha documentación.
De igual modo, el análisis inicial de la referida actuación evidencia, que los concursantes que solicitaron conocer dicha información fueron remitidos a la Universidad de Pamplona, para que dicho ente se las diera a conocer pero aplicando los protocolos de seguridad del caso para garantizar el principio de reserva.
Hay que tener en cuenta, que de forma paralela a la presentación del recurso de reposición que permitían las bases y reglas de la convocatoria 22 de 2013, la demandante interpuso ante la Sala Administrativa del CSJ dos derechos de petición también solicitando copia de los mencionados documentos, para efectos de hacerlos valer como pruebas ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ, y así poder cuestionar los resultados de la prueba de conocimientos.
En el primero, obrante a folio 37, cuaderno principal, expediente 110010325000201600068 00(0284-2016), de fecha 4 de marzo de 2015, la demandante solicitó información relacionada con su calificación y copia del cuadernillo de preguntas y de la hoja de respuestas, lo cual fue negado en virtud del mencionado principio de reserva que protege dichos documentos. En la segunda petición, presentada el 5 de mayo de 2015, la accionante solicitó la misma documentación e información y subsidiariamente pidió adelantar el trámite de insistencia, en aplicación del artículo 21 de la Ley 57 de 1985(76), recibiendo como respuesta de la entidad nuevamente, que los documentos tenían carácter reservado y no era posible su conocimiento público, pero no tramitó el recurso de insistencia.
Ante la negativa de la entidad de expedir copia de los documentos solicitados, la señora Fanny Contreras presentó acción de tutela, la cual correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.
La respectiva Sala de Decisión, en sentencia de julio 30 de 2015(77), ordenó en la parte resolutiva(78) que se tramitara el recurso de insistencia formulado por la accionante para efectos de permitirle el acceso a los documentos pedidos.
La entidad demandada acató la orden judicial y dio respuesta el 6 agosto de 2015(79), citando a la accionante a una diligencia de exhibición del cuadernillo, hojas de respuesta y formas de calificación.
La diligencia en mención se adelantó como consta en acta 121 de 2015, obrante a folio 34, cuaderno principal del expediente 110010325000201600068 00(0284-2016). Sin embargo, la actora aludió que no había sido suficiente el tiempo otorgado, y solicitó a través de derecho de petición(80) que se realizara una nueva diligencia de exhibición; obteniendo una negativa como respuesta mediante oficio CJOFI15-3076 de septiembre 24 de 2015(81).
Agotado el trámite anterior, el 29 de septiembre de 2015, la señora Fanny Contreras Espinosa adicionó(82) el recurso de reposición presentado el 4 de marzo de 2015, por lo que el CSJ a través de Oficio CJOFI15-3249 de 13 de octubre de 2015(83), le contestó que reiteraba las respuestas contenidas en la Resolución CJRES 15-252 de 24 de septiembre de 2015(84).
Por otra parte, encuentra el despacho que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ le informó a la demandante, a través de comunicación de agosto 6 de 2015(85), que si bien no era posible facilitarle copia del material por su carácter reservado, se adelantaría una exhibición del mismo el 14 de agosto siguiente.
En este orden de ideas, se encuentra que pese a que la entidad en principio le negó el acceso a la documentación relacionado con la realización y calificación de la prueba de conocimientos, la accionante a través de acción de tutela obtuvo el conocimiento efectivo del cuadernillo de preguntas y de la hoja de respuestas, en los términos establecidos por el protocolo de seguridad adoptado por el CSJ y la Universidad de Pamplona, como lo indicaron dichas entidades.
En un caso parecido al que ahora ocupa la atención del despacho, estudiado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-180 de 2015(86), dicha corporación ordenó que le permitieran al concursante conocer el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas, pero haciendo la salvedad que en el marco de los concursos de méritos el derecho de acceso a los documentos públicos no es absoluto, en virtud de los principios del mérito, independencia y autonomía, así como del derecho a la intimidad de todos los concursantes, por lo que no está permitida la reproducción de dicho material y en consecuencia, su traslado a un proceso judicial debe garantizar la cadena de custodia para mantener la reserva sobre los mismos. Veamos:
«…en lo que respecta al acceso a los documentos públicos de la prueba por parte de la peticionaria, en el expediente consta que la solicitud para que le permitieran conocer el examen y sus calificaciones fue denegada por parte de la USBSM con fundamento en la reserva de dichos documentos.
Tal limitación se halla consagrada en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 34.4 del Decreto-Ley 765 de 2005, al tenor de los cuales las pruebas son reservadas por regla general a excepción de las personas autorizadas por la CNSC en curso del trámite de reclamación.
Esa restricción a la publicidad tiene como fundamento la protección del derecho fundamental a la intimidad, así como la independencia y la autonomía que se debe prever en virtud del principio de mérito. (…).
De ahí que para este tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicar para el participante que presentó las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar autorización de la CNSC u otra entidad competente.
Es evidente que con ello se garantiza el derecho de contradicción y defensa contenido en el artículo 29 Superior, (…).
De lo dicho por la Corte se extrae entonces, que en lo que tiene que ver con los cuadernillos de preguntas, hojas de respuestas y demás documentos relacionados con las pruebas de conocimientos, el derecho de acceso a ellos no es absoluto, por lo que su consulta solo puede ser personal y su reproducción no es permitida, a menos que sean requeridos en un proceso judicial, evento en el que incluso se debe garantizar la cadena de custodia.
Así las cosas, el estudio inicial o preliminar realizado, propio de esta etapa del proceso, no deja ver al despacho la presunta vulneración del derecho al debido proceso de la señora demandante, por parte del CSJ y de la Universidad de Pamplona, con ocasión de sus peticiones orientadas a obtener copia del cuadernillo de preguntas y de la hoja de respuestas, pues, aunque inicialmente dichas entidades le negaron el acceso a dichos documentos, posteriormente, en virtud del recurso de insistencia, tramitado por el orden de un juez de tutela, le fue permitido conocer, bajo estrictos protocolos de seguridad, la documentación referida, al punto que la accionante pudo en su demanda, exponer en detalle su inconformismo frente a la manera como estaban redactadas y le fueron calificadas las preguntas 2, 10, 26, 31, 34, 51, 63, 67, 89, 90, 95 y 97.
Por lo tanto, el quinto reparo formulado tampoco da lugar a la prosperidad de la medida cautelar.
Sexto reparo. Falsa motivación porque se tuvieron como erróneamente contestados, varios ítems que fueron respondidos de manera acertada, y porque no se eliminaron preguntas que estaban redactadas de manera ambigua.
Explican los señores Fanny Contreras Espinosa y Arley Méndez De La Rosa, que además de las preguntas eliminadas de manera oficiosa, el cuestionario aplicado contenía otras preguntas ambiguas, erróneas o imposibles de contestar, por lo que manifiestan, que tales ítems también debieron ser eliminados y en consecuencia, disminuir el parámetro de 800 puntos fijado en la convocatoria para aprobar la prueba.
Aunado a lo anterior expresaron, que en sus casos específicos, al calificarle la prueba de conocimientos, les evaluaron como erradas varias de las respuestas que en su criterio les debieron ser valoradas como correctas.
En sustento de sus aseveraciones, la señora Fanny Conteras Espinosa realiza un estudio detallado de las preguntas 2, 10, 26, 31, 34, 51, 63, 67, 89, 90, 95 y 97 y sus respuestas correspondientes, estudio que concluye con el siguiente cuadro:
Número de pregunta Clave para Universidad Correcta Respuesta marcada por la concursante Pretensión
2 B A Calificar como correcta y elevar el puntaje
10 B A Calificar como correcta y elevar el puntaje
26 D B Eliminarla y elevar el puntaje total acertado
31 A B Calificar como correcta y elevar el puntaje o en su defectos se elimine elevando el puntaje total
34 A B Calificar como correcta y elevar el puntaje o en su defectos se elimine elevando el puntaje total
51 C B Calificar como correcta y elevar el puntaje
63 A D Eliminarla y elevar el puntaje total acertado
67 A D Calificar como correcta y elevar el puntaje
89 C B Eliminarla y elevar el puntaje total acertado
90 C D Calificar como correcta y elevar el puntaje
95 D B Calificar como correcta y elevar el puntaje
97 C A Calificar como correcta y elevar el puntaje
Para resolver el anterior planteamiento, la suscrita consejera estima pertinente reiterar nuevamente lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011(87), en lo relacionado a los requisitos para decretar las medidas cautelares:
«ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Como viene expuesto, la norma en mención expresa que corresponde a la parte accionante probar los hechos que considera vulneratorios del ordenamiento jurídico, para que el juzgador, luego de haber realizado el análisis inicial o previo, de la situación expuesta, apoyada en el material probatorio aportado y confrontado los actos administrativos demandados con la norma invocada como transgredida, pueda determinar, la existencia o no de la violación normativa alegada y en consecuencia, decidir de fondo la petición de decretar la medida cautelar. De tal manera, que si en la demanda, o en la solicitud de suspensión provisional, el demandante no acredita la existencia de la situación que considera violatoria del orden jurídico, mediante los elementos de juicio idóneos para ello, tales como, estudios técnicos científicos suscritos por un profesional idóneo, para el juzgador se hace imposible agotar el análisis sumario o preliminar que requiere esta etapa procesal.
En el presente caso, en lo que a este sexto reparo se refiere, los demandantes no aportan los elementos de juicio necesarios para probar la aseveración de que al calificarles la prueba de conocimientos, le marcaron como erradas varias de las respuestas, que en su criterio debía ser valoradas como correctas.
Ahora bien, el estudio preliminar de la foliatura muestra, entre otras, que el diseño, aplicación y calificación de la prueba de conocimiento, fue contratado por el CSJ con la Universidad de Pamplona, ente que además de destinar un grupo de profesionales para ello, a su vez subcontrató a la firma Alpha Gestión para que le apoyara para la realización de la prueba.
Así mismo, el despacho encuentra de manera inicial, que tanto en el instructivo de la prueba de conocimientos, como en la Resolución CJRES 15-252 del 24 de septiembre de 2015(88), mediante la cual la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CSJ resolvió los recursos de reposición contra los resultados de la prueba, fueron explicados los procesos y técnicas de calificación, así como las metodologías y fórmulas matemáticas usadas para ello.
Así las cosas, conforme a las consideraciones hechas a lo largo de esta providencia, el despacho considera que no se cumplen los requisitos exigidos por los artículos 231 y siguientes de la Ley 1437 de 2011(89) para prosperar las solicitudes de medida cautelar, toda vez que al comparar o confrontar de manera inicial, los actos administrativos impugnados con las normas y la jurisprudencia invocada por los demandantes, así como la valoración de las pruebas aportadas al proceso, no evidencia su vulneración como lo exige la referida norma.
Por último, reitera el despacho, que en esta oportunidad sólo se realizó una aprehensión sumaria, esto es, una valoración inicial o análisis preliminar, que solo comprendió un estudio inaugural respecto de la legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que será con la totalidad de los elementos materiales de la litis, que se realizará un estudio integral de ellos.
Finalmente, en armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011(90), la decisión que en esta providencia se adopta sobre la medida cautelar, no implica prejuzgamiento.
1. NEGAR las solicitudes de medida cautelar formulada por los señores Lina María Díaz Gómez, Marivel Villareal Suárez, Bernardo Suárez León, Yolanda Velazco Gutiérrez, Fanny Contreras Espinosa, Arley Méndez De La Rosa y César Javier Valencia Caballero.
1 A través de auto de 1º de febrero de 2017, visible a folios 202 a 210, expediente primigenio.
4 Marivel Villareal Suárez, Bernardo Suárez León, Yolanda Velazco Gutiérrez, Fanny Contreras Espinosa, Arley Méndez De La Rosa y César Javier Valencia Caballero.
5 En adelante CSJ.
6 En adelante DEAJ.
7 Del 20 de enero de 2017, visible a folio 33, cuaderno de medidas cautelares.
8 Los actos administrativos demandados son las resoluciones CJRES15-20 y CJRES15-252 de 12 de febrero y 24 de septiembre de 2015.
9 Ello en aplicación del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, que dispone entre otras, que «… la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud…».
12 Código Contencioso Administrativo.
13 ART. 152.—El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.
14 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
15 Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos de: (1) 24 de enero de 2014, expedido por el consejero Mauricio Fajardo en el expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (2) 29 de enero de 2014 proferido por el consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el expediente 11001- 03-27-000-2013-00014-(20066); (3) de 30 de abril de 2014, proferido por el consejero Carlos Alberto Zambrano, en el expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); (4) de 21 de mayo de 2014, emitido por la consejera Carmen Teresa Ortiz en el expediente 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); (5) de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del expediente 11001-03-27-000-2014-0003-00 (20731), con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez; y (6) 17 de marzo de 2015 con ponencia de la suscrita, emitido en el expediente 11001-03-15-000-2014-03799-00.
18 ART. 230.—Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. (…)
19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
20 ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.
21 Particularmente, a partir del Auto de 20 de diciembre de 1990 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo Europeo, con ponencia del Magistrado F. González Navarro, según lo cuenta el profesor Eduardo García de Enterría en su obra «La batalla por las medidas cautelares».
22 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
23 Ley 270 de 1996, artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la calidad de funcionarios los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las corporaciones y despachos judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
24 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
26 En efecto, señala el artículo 3º, numeral 6.3, del Acuerdo PSAA-13-9939 de 25 de junio de 2013, que contiene las bases de la convocatoria 22 de 2013, que «sólo procede recurso de reposición contra los siguientes actos: 1. Eliminatorio de la prueba de conocimientos (…).».
27 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
28 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
29 Con ponencia del magistrado Marino Cárdenas Estrada, proferida en el proceso de tutela 05001220500020150081900, promovido por el señor Carlos Enrique Pinzón Muñoz.
30 Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
31 Con ponencia del magistrado Marino Cárdenas Estrada, proferida en los procesos de tutela acumuladas 2016-2010 y 2016-239, promovidos por los señores David Alejandro Castañeda Duque, Jhon Jairo Sánchez Jiménez, Diana Lucía Monsalve Hernández, Richard Giovanny Díaz Moncayo, Carmen Cecilia López García, Javier Deovany Díaz Villegas, Nini Johana Gómez Ruano, Luz Marina Moncayo Dorado, Martha Lucía Trujillo Solarte, Diego Alexander Córdoba Córdoba, Guillermo Andrés Rojas Trujillo, Maribel Díaz Ríos y Marly Lorena Tello Gómez.
32 Con ponencia del magistrado Fernando Castillo Cadena. El proceso de tutela fue identificado con el radicado interno 66463.
33 Acción de tutela promovida por la señora María del Carmen Quintero Cárdenas con radicado 76001233300020160029400.
34 Con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández. En el Consejo de Estado el proceso se identificó con el número 76001-23-33-000-2016-00294-01.
36 Con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández. En el Consejo de Estado el proceso se identificó con el número 76001-23-33-000-2016-00294-01.
38 Por medio del cual se da cumplimiento a un fallo judicial.
39 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
40 Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
41 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
42 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
43 Con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández. En el Consejo de Estado el proceso se identificó con el número 76001-23-33-000-2016-00294-01.
45 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
46 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
47 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
48 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
49 Precisa la ponente, que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, no contiene disposición alguna que autorice la contratación de universidades para el diseño y ejecución de las pruebas a aplicarse en los concursos de méritos. Por lo tanto, el despacho acude a la Ley 909 de 2004, que regula el sistema general de la carrera administrativa, cuyo artículo 3º, numeral 2º, establece que las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales, como, Rama Judicial del Poder Público. En ese orden de ideas, revisada la Ley 909 de 2004, se encuentra que su artículo 30, autoriza a la CNS para que Los concursos o procesos de selección sean adelantados a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior.
50 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
51 Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
52 Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
53 Sentencia T-386-2016, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional.
55 Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
56 Contenido en la Resolución CJERES 15-20 del 12 de febrero de 2015, «Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».
57 Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos funcionarios de la Rama Judicial.
58 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
60 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
61 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
62 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
63 Ley 909 de 2004, artículo 31.3: «(…) Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación.».
64 Decreto-Ley 765 de 2005, artículo 34.4: «(…) Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indiquen la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Comisión del Sistema Específico de Carrera en desarrollo de los procesos de reclamación y de acuerdo con las competencias de cada una».
65 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
66 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
67 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
68 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
69 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
70 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
71 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
72 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
73 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
74 Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
75 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
76 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.
77 A folios 62 a 68, cuaderno principal.
78 Fallo de tutela de 30 de julio de 2015, obrante a folios 62 a 68, cuaderno principal; proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
79 Obrante a folios 38 y 39, cuaderno principal.
80 Obrante a folio 61, cuaderno principal.
81 Obrante a folios 30 a 33, cuaderno principal.
82 Escrito obrante a folios 40 a 55, cuaderno principal.
83 A folio 29 del expediente.
84 Por medio de la cual se resuelve recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
85 A folios 38 y 39.
86 Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio.
87 Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
88 Por medio de la cual se resuelven recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de conocimientos, correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
89 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.