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Timestamp: 2018-11-15 10:12:28
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Constitución de los Estados Unidos la pena de muerte
En el siglo XXI, los Estados Unidos tienen una política notable sobre la legislación y la práctica del concepto de la pena de muerte. Hay una continua controversia sobre la pena capital a causa del conflicto entre dos valores incompatibles, prácticas y tradiciones que no pueden coexistir. Donde practicar la pena de muerte es incompatible con un principio fundamental en la misma abolición de tiempo del sistema violan las creencias de otra tradición cultural. [1] las líneas generales del sistema de justicia penal son definidas por el estado y legislaturas federales en forma de penal o código penal como la ley de derechos incorporaron en la Constitución de los Estados en 1791 que proporciona distintas disposiciones sobre la pena de muerte a través de diferentes modificaciones y están sujetas a revisión, revisión y derogación por litigios a revisar su inconstitucionalidad por los derechos fundamentales del individuo. [2] la quinta enmienda proporciona el requisito del debido proceso de ley para la pena capital. La Decimocuarta Enmienda contiene la disposición de “a igual protección de las leyes” y la octava enmienda prevé “castigos crueles e inusuales”. [3] antes de estas enmiendas, no hay seriedad fue llevado a cuestionar la constitucionalidad de la pena de muerte. [4] después de estas enmiendas se ha montado el desafío constitucional directamente contra la pena de muerte. [5]
La implicación más importante que la Corte Suprema examinó la cuestión trascendental de la constitucionalidad de la pena de muerte llegó dos años después, en el caso de “Rudolph v. Alabama” [6] donde la Justicia Honorable Sr. Goldberg cuestionaron si la pena de muerte era constitucionalmente admisible por el delito de violación. Las opiniones expresadas en el caso llamaron la atención de muchos opositores de la pena de muerte como un primer paso hacia la reestructuración de las disposiciones de la pena de muerte. Posteriormente, en 1967 la campaña sobre constitucionalidad ampliado por asegurar un tribunal orden de suspender todas las ejecuciones en Florida, California y eventualmente en todas las jurisdicciones de la pena de muerte, alegando que el sistema de pena de muerte como la constitucionalidad de la pena capital por violación fue efectivamente bajo la revisión constitucional fundamental por los tribunales federales. Los problemas iniciales eran totalmente procesales, no sólo con respecto a casos de violación, sino también a los condenados a muerte por asesinato con referencia a casos como el de “Ralph v. alcaide” [7] y “Witherspoon v. Illinois”. [8] estos casos establecer los fenómenos para el argumento trascendental en 1971-72 sobre si la pena de muerte viola la cláusula de prohibición de los “castigos crueles e inusuales” de la octava enmienda. En 1972, la Corte Suprema de California [9] considera la pena de muerte como un castigo cruel o inusual en violación de la explotación de constitución del estado que se degrada y deshumaniza a los individuos y la sociedad. [10]
Cinco meses más tarde, en “Furman v. Georgia,” [11] el Tribunal Supremo considera la pena de muerte una violación de la octava y las decimocuarta enmiendas de la Constitución es “castigo cruel e inusual” y contra el concepto de “igual protección a todos los ciudadanos bajo la ley”. [12] ley de pena de muerte en Georgia el Tribunal dictaminó la sentencia arbitraria podría ser consecuencia negativa de discreción absoluta del jurado imponer la pena de muerte que más viola la cláusula de “cruel e inusual” de la la octava enmienda. [13] posteriormente, en 1972, la Corte Suprema anuladas cuarenta los estatutos de la pena de muerte, de tal modo desplazamientos y suspender las condenas a muerte de alrededor de seiscientos condenados a muerte como estatutos existentes ya no eran válidos en los Estados. [14] cuatro años más tarde, en 1976, cuando cientos de prisioneros de la muerte de 1972 habían sido modifica a cadena perpetua, y la mayoría de las legislaturas estatales han promulgado nuevos estatutos de la pena de muerte en un esfuerzo para ajustarse a las normas impuestas por la sentencia de Furman, la corte ante la pregunta “si estos estatutos eran constitucionalmente admisibles”. [15] aparte de estas sentencias, muchas otras decisiones como se explica en el capítulo siguiente jugaron una regla fundamental en la comprensión y el establecimiento de la constitucionalidad de la pena de muerte en los Estados Unidos.
3.2 Furman v. Georgia, 1972: considera inconstitucional la pena de muerte.
En los Estados Unidos, la muerte es el único castigo, y la explicación de la singularidad de la muerte es su extrema gravedad. [16] para someter a una persona a inusualmente severo castigo es considerado inaceptable por la sociedad y una contradicción de la humanidad. La muerte se considera como un castigo severo inusual que es inusual en su dolor, finalidad y su enormidad. La decisión de matar a un ser humano es una clara negación de la dignidad de la persona ejecutada y sobre todo la humanidad. En comparación con otros castigos, el asesinato premeditado de persona condenada es humillante y en los ingenios. [17]
En el caso de “Furman v. Georgia”, [18] el honorable jurado analizó que la característica excepcional de la práctica actual de la pena de muerte en los Estados Unidos era infrecuente y precarias castigo por cualquier delito que requiere una muy clara no arbitraria imposición y el derecho a un juicio justo. Además, también fue discutido que los procedimientos en casos de muerte, sanciona una selección arbitraria sino como resultado de la ejecución en casos extremos. El Tribunal también sostuvo en “McGautha v. California” [19] que el derecho del jurado para decidir si se debe imponer la pena de muerte o no es totalmente guiado por las normas que rigen esa decisión. Por lo tanto, los procedimientos y las disposiciones de la pena de muerte son de esta manera que no se construye para protegerse contra la selección caprichosa de criminales para la implicación de la pena de muerte. Desde el principio, la pena capital ha movido aguda controversia pública. [20] el actual rareza y progresivo declive de la imposición de la muerte demuestra que la sociedad cuestiona seriamente la conveniencia de esta disposición inusual.
El énfasis principal de Estados Unidos es que la muerte es un castigo obligatorio porque actúa como un disuasivo para prevenir delitos capitales mucho más eficientemente que otras penas menos dura la delincuencia. Los defensores de este argumento reconocen que su legitimidad radica en la subsistencia de la estructura en la que permanentemente se impone la pena de muerte. El sistema actual no satisface esta condición como un individuo realista contemplando un asesinato o violación se enfrenta con la menor probabilidad que será ejecutado en un futuro lejano. Además, el riesgo de muerte es remota e improbable. [21] la cuestión es no muerte sirve si los supuestos propósitos de castigo y disuasión, pero si sirve más eficazmente que la pena de prisión o no. Es ciertamente dudoso que la imposición de la muerte fortalece código moral de la comunidad. [22]
Puede argumentarse que la pena de muerte es inconstitucional e incompatible con los principios de humanidad, severidad extrema, infrecuencia y controversia pública. El veredicto de “Furman v. Georgia” [23] demuestra claramente que no arbitrariamente infligidos, la muerte es un inusualmente severo y degradante castigo ya que viola el derecho fundamental de la vida. [24] su rechazo por el orden social contemporáneo es aceptado prácticamente afirmando que no de ninguna manera anular la efectividad del castigo menos severo de encarcelamiento que sirve el concepto de disuasión y mantener a los criminales de la sociedad que el de la pena capital. [25]
3.3 la pena de muerte no es propiamente inconstitucional: Greeg v. Georgia 1976.
En el caso de “Greeg v. Georgia”, [26] la corte revocó su decisión anterior en 1976 en “Furman v. Georgia” [27] declarando no inconstitucional la pena de muerte y re promulgó la disposición constitucional y necesario castigo. El estatuto de Georgia por una mayoría de siete a dos, declaró constitucional la pena de muerte. [28] conservó la pena capital para seis categorías de crimen es decir asesinato, secuestro extorsivo o donde la víctima se daña, robo con armas, violación, incitación a la rebelión o traición y secuestro de aviones. En otros dos casos decididas el mismo día “Proffitt v. Florida” [29] y “Jurek v. Texas”, [30] la corte dio su imprimátur a dos otros tipos de capitales estatutos. Las decisiones de estos tres casos establecieron en el futuro previsible de la constitucionalidad de la pena de muerte en Estados Unidos, declarando que no era, per se, inconstitucional bajo la octava y decimocuarta enmiendas. [31]
Nuevo estatuto de la pena de muerte de Georgia demostró para ser un paso histórico para la mayoría legislativas recreaciones de la pena de muerte. Hubo tres características que fueron primordiales en el sistema de la nueva Georgia. [32] primero fue un ensayo de dos fase, la primera fase fue resolver la cuestión de la culpabilidad del acusado, y la segunda fue resolver la cuestión de la pena de castigo. Una lista legal de un “circunstancias agravantes” y de “circunstancias atenuantes”, sobre la base de que el jurado haría su sentencia en cada caso era la segunda característica de los nuevos estatutos de la pena de muerte. La tercera característica era la revisión automática de cada sentencia de muerte y la convicción subyacente por la Corte Suprema estatal. [33] la nueva ley de Georgia necesaria también la Corte Suprema para evaluar cada sentencia de muerte por revisión de proporcionalidad o con referencia a lo que estaban haciendo otros tribunales de Georgia en otros casos de pena de muerte. [34]
El signo más visible de la aprobación de la sociedad de la pena capital por asesinato es la reacción legislativa a la declaración del caso de Furman. Las legislaturas de al menos 35 Estados promulgado nuevos la pena de muerte Estatutos para por lo menos algunos delitos graves resultando en la muerte de otra persona y por lo que es obligatorio para ciertos especifican crímenes. [35] proporciona que la octava enmienda requiere más un castigo impugnado aceptable para la sociedad contemporánea. El honorable tribunal también dejó en claro que la sanción impuesta a la persona no debe ser totalmente sin justificación penological que se traducirá en infligir sufrimiento innecesario. [36]
Se puede concluir que el sistema legal de la pena de muerte que se escenifica en el caso de “Gregg v. Georgia” [37] no viola las disposiciones constitucionales de cualquier manera teniendo en cuenta, que la pena de muerte tiene dos propósitos sociales primarios, represalia y preclusión de delitos capitales por criminales inminentes. [38] las preocupaciones expresadas en el caso por el jurado que las sentencias vigilantemente redactadas que asegura que la autoridad de la sentencia se especifica con suficientes pruebas y supervisión, la pena de muerte deben ser restringidas de infligen en forma irracional o errático. [39]
3.4 obligatorias las penas de muerte son inconstitucionales: Woodson v. North Carolina 1976.
En “Woodson v. North Carolina”, [41] [40] decidió el mismo día como “Gregg v. Georgia”, declaró algunas clases de los estatutos de la pena de muerte inconstitucionales, tal modo efectivamente poner limitaciones ronda la imposición y el futuro de la pena capital. [42] después de considerar la sentencia de Furman en “State v. Waddell”, [43] la Corte Suprema de justicia de Carolina del norte sostuvo que las leyes de pena de muerte obligatoria son válidas. Tras la decisión del Tribunal, una nueva ley fue promulgada por la Asamblea General de Carolina del norte en 1974 que la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos. [44]
El Tribunal sostuvo en “Woodson v. North Carolina”, [45] que la octava enmienda atrae a gran parte de su implicación de los principios de respeto, civismo y admiración por los derechos humanos en vías de desarrollo. En base a esto, la pena de muerte obligatoria en condena de asesinato fue considerada como inconstitucional. Los estatutos de la pena de muerte obligatoria del estado no se puede aplicar constantemente con la octava y decimocuarta enmiendas y las limitaciones que debe ejercerse la autoridad del estado para sancionar al infractor dentro de las restricciones de los principios ilustrados. [46] sus estatutos obligatorios no proporcionan directrices de ningún principio al jurado en su implementación previsible para sentar que delitos deben ser castigados con la pena capital. No hay ninguna disposición para comprobar la ilógica y poco confiables de la autoridad a través de una reevaluación de la pena de muerte. La deficiencia de la deliberación exclusiva de aspectos adecuados de los rasgos y la evidencia de cada reo condenado antes de la implicación de la pena de muerte sobre el plomo condenado a la inconstitucionalidad de las estatuas de la muerte. [47]
Puede resumirse que la consiguiente disparidad en la falta de coherencia en la determinación de que la muerte es el castigo adecuado plantea muchas preguntas liderando las disposiciones obligatorias de la pena de muerte como inconstitucional. [48]
3.5 la pena de muerte por violación es inconstitucional: Coker v. Georgia 1977. [49]
En 1977, en “Coker v. Georgia” [50] cinco años después del veredicto de “Furman v. Georgia” [51] y un año después de las decisiones en “Gregg” [52] y “Woodson”, [53] la Corte Suprema falló en contra de la constitucionalidad de incluso discrecional la pena de muerte por violación. El Tribunal llegó a la decisión que según la octava enmienda, la pena de muerte es inconsistente e injustificable pena por el delito de violación como castigo cruel e inusual. [54] el rechazo legislativo de la pena capital por violación fuertemente confirma la sentencia que la muerte es en efecto una sanción desproporcionada. Bajo la ley de Georgia, se menciona claramente que la muerte no puede imponerse por violación a menos que combinado con algunas circunstancias agravantes legales como asesinato. [55] fue sostenido violación merece un castigo grave, pero en términos de depravación moral y daños a la persona o el público, no se compara con el asesinato y por lo tanto inconstitucional. [56] como la pena de muerte es un castigo desproporcionado por violación en la cuenta de la gravedad del delito, es un castigo cruel e inusual dentro de la esfera de la octava enmienda aunque mensurable puede servir los fines legítimos de castigo. [57] el Tribunal sostuvo que a la luz de las decisiones legislativas en casi todos los Estados que sería complicado para defender un argumento de que la pena capital es una parte indispensable del sistema de justicia penal del estado. [58]
3.6 interpretación constitucional de y la pena de muerte.
En el complejo sistema legal de Estados Unidos determinar qué método de interpretación jurídica procede a derecho constitucional requiere una explicación de las premisas básicas de la teoría política de la democracia constitucional. [59] uno de los principios básicos [60] para determinar qué forma de interpretación es más coherente es “la insuficiencia de construccionismo estricta”. [61] a menudo se formulan las normas jurídicas sin resolver las cuestiones relativas a las ambigüedades y carece de apoyo explicativo para justificar sus medios correcta de interpretar la Constitución. [62] el segundo principio es “la teoría política y el enfoque de intención abstracta,” donde judicial supremacía está basado en los derechos humanos fundamentales y poderes están separados en base a la concepción de la ley dentro de su compleja estructura de la representación. Las cláusulas normativas generales deriva su fuerza de una cultura política y moral más grande que perciben los derechos humanos consagrados en las cláusulas como basada en principios inviolables y perdurables de la justicia. [63] las instituciones de los gobiernos democráticos refleja un intento de diseñar un sistema complejo que refleja una concepción moral idealizada de gente como libre, racional y equitativa. [64]
3.7 la pena de muerte como un castigo cruel e inusual: el argumento constitucional.
La pena de muerte es excesivamente severo castigo que va en contra de la humanidad y los derechos fundamentales del individuo. La octava enmienda demuestra claramente que la pena de muerte es un castigo cruel e inusual infligen a la persona condenada. [65] la Constitución contiene las disposiciones según las cuales ni siquiera las personas declaradas culpables de los crímenes más graves retienen sus derechos fundamentales del debido proceso de ley, igual protección de las leyes y el derecho a juicio justo y a la audiencia. Estos derechos no son forfeitable y no pueden ser renunciados y, por lo tanto, la violación de estos principios será una clara violación de las disposiciones constitucionales. [66]
El principio de la experiencia cotidiana que asegura que las personas condenaron por la ley a muerte para los crímenes cometidos por ellos no son sólo los miembros vivos del “homo sapiens” pero también son personas capaces de toda la gama de la acción moral y pasión indígena a criaturas morales. Otro argumento que representa como inconstitucional la pena de muerte es la teoría moral y la naturaleza de la persona. [67] estas teorías consideran que la naturaleza de la persona se cambia con el tiempo en base al cual se hace evidente que incluso los peores y más peligrosos asesinos no son sujetos adecuados para la destrucción de otros. [68] ninguna sociedad tiene un derecho o autoridad para crear y mantener cualquier institución que viola y destruye los derechos fundamentales de los individuos en sentido grave. Por lo tanto, las disposiciones estropear de interpretación jurídica no sólo conducen a la mala historia sino también a una concepción indigente del argumento constitucional que la pena de muerte es un castigo cruel e inusual la mayoría y por lo tanto inconstitucional. [69]
3.8 Habeas Corpus y las controversias constitucionales.
Después el Tribunal Supremo en 1976 la pena capital no es una violación de la Constitución, una amplia gama de otros desafíos constitucionales a los procedimientos de las nuevas leyes de pena de muerte que se convirtió. [70] al mismo tiempo el recurso de Hábeas Corpus “la presentación del culpable ante la corte y liberación de los reclusos de la detención ilegal” ganó el favor nacional. Muchos litigios continúa durante años sin ningún signo de llegando a su fin que viola gravemente los derechos fundamentales de las personas y hubiera barrido del efecto en la mayoría de los condenados a muerte. [71] puesto que la decisión de los “Furman”, [72] cientos de casos de pena de muerte han aparecido en el expediente de la Corte Suprema, provocando varias decisiones importantes. [73] estas sentencias consideran todos los aspectos principales de los procedimientos de ensayos capitales, impaneling el jurado condena posterior apelación. La falta de firmeza en los penales del estado y el abuso de los recurso de hábeas corpus requirieron a la Corte Suprema para establecer un estatuto poniendo limitaciones a la disponibilidad de tales socorros. La Corte Suprema sostuvo en el caso de “Felker v. Turpin” 1996, [74] que, aunque las nuevas leyes exigen a los Estados a proporcionar a asesor competente después de la condena para la defensa, todavía, las normas más estrictas para el alivio del Hábeas Corpus federal promulgada por el Congreso en la ley de pena de muerte efectiva y antiterrorismo de 1996, que impide que la Corte Suprema revisar una orden del tribunal inferior niega petición de habeas segundo del prisionero, no son inconstitucionales. [75]
3.9 internacional derechos humanos y Estados Unidos la pena de muerte.
El argumento de los derechos humanos y el concepto de arbitrariedad aclara que la pena de muerte resulta infructuoso para presentar cualquier patrón coherente, racional, con principios en apoyo de la su constitucionalidad y disuasión a los criminales. La provisión de la pena de muerte es administrada en la cuenta de factores legal y moralmente irrelevantes. Para restringir el uso de las disposiciones de la pena de muerte y proporcionar un alivio a los reclusos la muerte teniendo en cuenta sus derechos fundamentales, se establecieron las convenciones y leyes internacionales distintas de derechos humanos. [76]
En 1948, la Declaración Universal de derechos humanos afirmó en el artículo 3 que “todo el mundo tiene derecho a la vida” y que “nadie deberá ser sometido a tortura o trato cruel, inhumano o degradante o castigo según el artículo 5 de la declaración. [77] proporciona 1950 de apartado 1 del artículo 2 de la Convención Europea de derechos humanos, que toda persona tiene el derecho fundamental a la vida. Proporciona que cada individuo tiene el derecho de vivir y la pena de muerte es sólo una excepción para las ejecuciones legales que están más restringidos por el Protocolo n ° 6 y 13 de la Convención. El Tribunal tiene el deber de abstenerse de homicidio ilegítimo, para investigar las muertes sospechosas y, en determinadas circunstancias, una obligación positiva de evitar la previsible pérdida de vida. [78] el Tribunal Europeo de derechos humanos declaró en el caso de “McCann et al v. United Kingdom”, [79] que el artículo 2 de la Convención debe ser interpretado y aplicado para hacer sus salvaguardias práctico y eficaz.
En 2006 la Comisión Europea introdujo controles innovadores para prohibir y restringir el comercio internacional de equipo que podría ser utilizado para la pena de muerte, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes castigo, mediante Reglamento (CE) n ° 1236/2005 del Consejo. [80] el 29 de noviembre de 2010, el UK Secretario de estado para la innovación empresarial y habilidades hizo una declaración [81] ante el Tribunal superior que indica que el Departamento del Reino Unido para la innovación empresarial y habilidades emitiría una orden bajo la sección 6 de la Export Control Act 2002 (CEPA) controla la exportación de tiopental sódico a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta los derechos humanos, la Corte aceptó la petición y la exportación de tiopental sódico se limita a Estados Unidos, una droga usada en la inyección letal para la ejecución de los criminales. [82] tales restricciones pueden resultar en la suspensión de las ejecuciones en Estados Unidos que salvaguarda el derecho a la vida de los individuos y la abolición de la pena de muerte.
En 1950, “la Convención de Ginebra [83] relativa al tratamiento de los prisioneros de la guerra”, prevé el juicio justo de los prisioneros en su artículo 3, 87, 100, 101 y 107 que contiene obligaciones para el trato justo de los prisioneros de guerra. [84]
El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, adoptado en 1966 previstas las mismas salvaguardias bajo el artículo 6 y 7. Artículo 6.5 del Pacto prohíbe la ejecución de los juveniles, locos, las mujeres embarazadas [85] [86] y condena injusta de inocente en relación con el artículo 37 de la Convención sobre los derechos del niño, 1990 y algunas otras estatuas de la pena de muerte. [87] artículo 7 del Pacto establece que “nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” En “Simmons v. Roper” [88] la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que para aquellos que habían cometido sus crímenes a la edad de menores de 18 años, la imposición de la pena de muerte a los que era un castigo cruel e inusual y por lo tanto inconstitucional.
Artículo 1 y 16 de la “Convención contra la tortura y otras formas de crueles, inhumanos o degradantes tratamiento o castigo, 1987” contiene disposiciones para proteger a la humanidad. En 1993, once naciones europeas que ratificaron el Pacto, informó las estatuas de la muerte de Estados Unidos como violación de los artículos 6 y 7 que énfasis sobre la abolición de la pena de muerte. Además de estos instrumentos, dos otros estatutos internacionales jugaron un papel vital en la limitación de las disposiciones de la pena de muerte. [89] uno es el segundo protocolo facultativo, 1991 en el Pacto Internacional, promulgada para apoyar la abolición de la pena capital. Artículo 1.1 del protocolo declara que 2 “nadie dentro de la jurisdicción de un Estado parte en el presente Protocolo será ejecutado”. Artículo 1,2 establece que “cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte dentro de su jurisdicción”. El otro es el protocolo a la Convención Americana sobre derechos humanos, 1990 [90] para abolir la pena de muerte. Estados Unidos no ha firmado ni ratificado ninguno de estos protocolos que muestran falta de respeto a los derechos humanos. [91]
En 2010, el Tribunal Europeo de derechos humanos dio una decisión histórica en “Al-Saadoon y Mufdhi v. United Kingdom”, [92] un caso muy importante relativa a la protección de los derechos humanos internacionales. En este caso que los solicitantes fueron detenidos por Reino Unido fuerzas en Irak. Los demandantes alegaron que su traslado a las autoridades iraquíes es violación de los derechos humanos bajo los artículos 2, 3, 6, 13 y 34 de la Convención y el artículo 1 del Protocolo no. 13 y particularmente el “principio de non-refoulement” establecidas por el Tribunal en “Soering v. Reino Unido”. [93] en ambos casos hubo grave peligro de ser sometido a la pena capital los solicitantes. El problema real en el caso era la conducta inhumana que el solicitante experimentaría como consecuencia del fenómeno del corredor de la muerte porque la pena capital no era ilegal en Reino Unido por los protocolos de 6 y 13. Apartado 1 del artículo 2 de la Comisión inequívocamente contempla la pena capital. [94]
Claramente, el Tribunal sostuvo que el artículo 2 de la Comisión Europea de derechos humanos proporciona una obligación de no devolución que establece que no puede haber ninguna extradición si se estableciera un grave riesgo de la pena de muerte. “El gobierno afirmó que, en la fecha de la transferencia, no hubo fundados para creer que los solicitantes enfrentarían la pena de muerte si es condenado y que el Reino Unido tenía que respetar la soberanía iraquí y transferir a los solicitantes a Irak. En marzo de 2010, el Tribunal sostuvo que el Reino Unido no garantiza ningún acuerdo que después de su transferencia se garantizaría los derechos humanos de la demandante, y falla en obtener garantías eficaces con respecto a la no aplicación de la pena de muerte, el Reino Unido violó los artículos 2 y 3 de la Convención.” [95] la obligación de cumplir con los convenios y protocolos de buena fe y teniendo en cuenta su objeto y propósito requiere que tales obligaciones estrictamente y consistentemente respetarse, en todos los casos para poner una limitación en el uso indebido de las disposiciones de la pena de muerte y la protección de los derechos humanos en cumplimiento de los derechos humanos.
3.10 conclusión.
Se puede concluir que la atención constante de la ley internacional de derechos humanos a la abolición de la pena de muerte ha traído ese fin a primera vista. [96] , aunque no todos, pero al menos algunas de las normas de derecho internacional, que prohíbe la pena de muerte han adquirido la condición de jus cogens, que protege los derechos humanos más fundamentales de los inocentes. [97]