Source: http://www.scribd.com/doc/134738145/RESUMEN-CAMPO-ALGODONERO-pdf
Timestamp: 2015-07-02 09:13:38
Document Index: 50327256

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 1']

RESUMEN CAMPO ALGODONERO.pdf
P. 1RESUMEN CAMPO ALGODONERO.pdfRESUMEN CAMPO ALGODONERO.pdfRatings: (0)|Views: 34|Likes: 1Published by Enrique SoberanesMore info:Published by: Enrique Soberanes on Apr 08, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/134738145/RESUMEN-CAMPO-ALGODONERO-pdf12/21/2013pdftextoriginal 1
Resumen de los aspectos más importantes de la sentencia de la Corte Interamericana deDerechos Humanos en el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México
Fanny Gómez-Lugo
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “laCorte”) emitió su sentencia en el caso González y otras (“Campo Algodonero”)
México. El caso tratasobre “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda HerreraMonreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las tres víctimas”), cuyos cuerpos fueronencontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. La ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) alegó ante la Corte laresponsabilidad internacional del Estado mexicano por (i) la falta de medidas de protección a lasvíctimas; (ii) la falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de la existencia de un patrónde violencia de género en la zona; (iii) la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición;(iv) la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos; y (v) la denegación de justicia y lafalta de reparación adecuada.En este sentido, la Comisión demandó al Estado ante la Corte solicitando que ésta declarara laresponsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de los derechos a la vida, a la integridadpersonal, garantías judiciales, de la niñez, y protección judicial en relación con las obligaciones derespeto, garantía y no discriminación de los derechos humanos, así como el deber de adoptar lasdisposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos dichos derechos, deconformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la ConvenciónAmericana”). Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional delEstado por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la“Convención de Belém do Pará”)
. Por su parte, las y los representantes de las víctimas, alegaronadicionalmente la violación de otros derechos establecidos en la Convención Americana, a saber, elderecho a la libertad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, y las obligacionesestablecidas en los artículos 8 (obligaciones “progresivas” relacionadas con la prevención y protección) ydel artículo 9 de la Convención de Belém do Pará (relacionado con factores adicionales de riesgo paramujeres de ciertos grupos); así como la inclusión de otras víctimas.
Abogada (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela); LL.M. (McGill University, Canadá); Diploma de Postítulo “DerechosHumanos y Mujeres: Teoría y Práctica” (Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile); Becaria 2009-2010 de
Women's Law and Public Policy Fellowship Program (Universidad de Georgetown). Actualmente se desempeña como Especialista en DerechosHumanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).fanny.gomez@gmail.com. Las opiniones expresadas eneste resumen son de la autora y no representan las opiniones de la CIDH o de la OEA.
El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994 (vigente para el Estado mexicano desde el 12 denoviembre de 1998), establece que:Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los mediosapropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios,personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que seannecesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas quesean del caso;d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligrola vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentosvigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contrala mujer;f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entreotros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tengaacceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, yh. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.
II. Reconocimiento parcial de responsabilidad
El Estado hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad, indicando que si bien en la primeraetapa de las investigaciones entre los años 2001 y 2003, se presentaron “irregularidades”, en la segundaetapa de las investigaciones de los 3 casos –a partir del año 2004- “se subsanaron plenamente lasirregularidades”. Asimismo, reconoció que como consecuencia de dichas irregularidades, se afectó elderecho a la integridad psíquica y la dignidad de las y los familiares. Sin embargo, el Estado alegó queno podía ser considerado responsable por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal,a la libertad personal, a la honra y a la dignidad, y los derechos de la niñez en perjuicio de las tresvíctimas. Por otro lado, solicitó a la Corte que declara que había cumplido con su deber de prevención,investigación y reparación en relación con los derechos a la vida y a la integridad personal.
III. Competencia de la Corte en relación con la Convención de Belém do Pará
El Estado mexicano solicitó a la Corte que declarara su incompetencia en materia contenciosapara conocer de la Convención Belém do Pará. Esta petición fue rechazada por la Corte.En su sentencia, la Corte hizo la aclaratoria -a pesar de haberse pronunciado al respecto encasos anteriores (véanse sentencias en los casos del
Ríos y otros ,
Perozo y otros )- que tenía competencia contenciosa para examinar la Convención de Belém do Pará. La Cortellegó a esta conclusión luego de un análisis detallado de los principios de interpretación de normas de laConvención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (párr. 32), a saber, la interpretación literal (párrs.40-41); interpretación sistemática (párrs. 54-58); objeto y fin del tratado (párrs. 59-65); y de maneraúnicamente complementaria, la interpretación de acuerdo a los trabajos preparatorios de la Convenciónde Belém do Pará (párrs. 68-73).Asimismo, la Corte estableció que no tenía competencia contenciosa para examinardirectamente violaciones a las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 9 de la Convención de Belémdo Pará –cuyas violaciones alegaron las y los representantes - ya que del mismo texto de la Convención(artículo 12) se desprendía que la competencia para conocer de peticiones y casos individuales selimitaba a las obligaciones establecidas en el artículo 7 de dicho tratado. Sin embargo, indicó que ello noexcluía la posibilidad de que dichas disposiciones –al igual que otros artículos de dicho tratado- fueranutilizados a manera de interpretación (párr. 79).
IV. Sobre el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y la impunidad deestos crímenes
En relación con el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, la Corte hizoreferencia a diversos informes y estudios realizados por mecanismos nacionales e internacionales devigilancia de los derechos humanos, incluyendo el informe
Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez , publicado por la CIDH en el año 2003
(párrs. 113, 116, 117). Al respecto, la Corteobservó que “no existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez apartir del año 1993” (párr. 118). Sin embargo, sostuvo que el aumento de homicidios ha significado que“por lo menos” 264 mujeres han sido asesinadas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005 (párr. 164). Sinembargo, sostuvo la Corte “más allá de las cifras” es preocupante que algunos de estos crímenesparecen presentar altos grados de violencia y violencia sexual, y que en general han sido influenciados -tal como lo acepta el Estado (párr. 132)- por una cultura de discriminación contra la mujer, que haincidido en los motivos y en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta dada por lasautoridades (párr. 164).En relación con la impunidad de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la Corte inidicóque la ineficiencia e indiferencia por parte de las autoridades estatales en relación con la investigación dedichos crímenes “parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer” (párr.
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no Se Objeto de Violencia y DiscriminaciónOEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 marzo 2003, disponible:http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.vi.juarez.htm.
164). En este sentido, la Corte afirmó que hasta el 2005, la mayoría de los crímenes no habían sidoesclarecidos, “siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentanmayores niveles de impunidad” (párr. 164)
. Una de las consecuencias de la impunidad de este tipo dedelitos es el mensaje que se envía a la sociedad de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo quepromueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianzade las mujeres en el sistema de administración de justicia (párr. 400).Respecto a la utilización de estereotipos de género por parte de agentes estatales y su efecto enla impunidad de estos crímenes, la Corte citó el informe
Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia , publicado por la Comisión en el año 2007, indicando que:
[l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación dela credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita deresponsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conductasexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales,policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en formanegativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcadapor nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relacionesinterpersonales
V. Violencia de género
En relación con la definición del fenómeno de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde1993, la Corte indicó que se utilizaría la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, “tambiénconocido como feminicidio” (párr. 143), y que, para los efectos de ese caso “no [era] necesario ni posiblepronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyenhomicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas delpresente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres,aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género
yque la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer” (párr. 144).En su sentencia, la Corte pasa a examinar si la violencia que sufrieron las tres víctimas en elcaso constituía “violencia contra la mujer”, de conformidad con lo establecido en la ConvenciónAmericana y la Convención de Belém do Pará (párr. 224). En este sentido, la Corte acudió a su jurisprudencia
para indicar que (i) para la interpretación del derecho a la integridad personal consagradoen la Convención Americana, en relación con los aspectos específicos de violencia contra la mujer, debeacudirse a la Convención de Belém do Pará
y a la Convención sobre Eliminación de todas las Formasde Discriminación contra la Mujer (en adelante “la CEDAW”, por su siglas en inglés), siendo que estosinstrumentos complementan el
corpus iuris internacional en materia de protección de la integridadpersonal de las mujeres (párr. 225); y (ii) no toda violación de un derecho humano de una mujer implicanecesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará (párr. 227).La Corte concluyó que efectivamente la violencia ejercida en contra de las tres víctimas en elcaso era “violencia contra la mujer”, en los términos establecidos en la Convención Americana y laConvención de Belém do Pará (párr. 231), principalmente debido a tres razones: (1) el reconocimientodel Estado (si bien dicho reconocimiento no se materializó frente a la Corte sino frente al Comité quemonitorea el cumplimiento de la CEDAW) de que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez están
Véanse párrs. 155-163 para profundizar en las consideraciones de la Corte en relación con la impunidad de estos crímenes y suconexión con la discriminación contra las mujeres.
Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas , OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007, párr.155, disponible en:http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf.
En particular, véanse sentencias Corte I.D.H.,
Caso del Penal Miguel Castro Castro .
Sentencia de 25 de noviembre de 2006.Serie C No. 160, párr. 276 y
Corte I.D.H., Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 295.
La Convención de Belém do Pará define “violencia contra la mujer” como “cualquier acción o conducta, basada en su género, quecause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Véaseartículo 1 de la Convención de Belém do Pará).
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