Source: http://www.urru.org/papers/20021106_ley_electoral.htm
Timestamp: 2018-01-17 01:38:19
Document Index: 68511871

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 294', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 204', 'artículo 136']

DE LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS DEL CONSEJO
La publicación de esta Ley en Gaceta Oficial se considerará como convocatoria a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. La Asamblea Nacional deberá de inmediato designar los integrantes de la Comisión Preliminar. A partir de esa fecha, los diferentes sectores de la sociedad tendrán diez (10) días para postular sus candidatas o candidatos. La Comisión Preliminar preseleccionará y remitirá a la Plenaria de la Asamblea Nacional en un lapso no mayor de cinco (5) días continuos, a las postuladas o postulados a integrar el Comité de Postulaciones Electorales. Una vez instalado el Comité de Postulaciones Electorales, y a los efectos de abrir la postulación de candidatas o candidatos al Consejo Nacional Electoral por parte de los diferentes sectores de la sociedad, cada uno de los lapsos contemplados en esta ley se reducirán a la mitad del tiempo, siguiéndose los procedimientos establecidos.
Las rectoras o rectores electorales para el primer periodo del Consejo Nacional Electoral serán elegidas o elegidos simultáneamente. Tomarán posesión al día siguiente de su designación y a partir de esa fecha se contará su periodo de siete (7) años, exceptuando las postuladas o los postulados por el Poder Ciudadano y por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales, cuyo mandato vencerá a los tres (3) años seis(6) meses a partir de su designación, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral dentro del primer año siguiente a su instalación elaborará el Proyecto de Ley de Registro del Estado Civil de las Personas, el Proyecto de Ley de los Procesos Electorales y de Referendos, y lo presentará ante la Asamblea Nacional.
El Consejo Nacional Electoral dentro del primer año siguiente a su instalación dictará las normas y procedimientos para su funcionamiento.
Dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral, deberá aprobarse el Reglamento Interno relativo a la estructura organizativa y funcional de la Institución, el Estatuto del Funcionariado Electoral y el Sistema de Remuneraciones correspondiente. Igualmente, dentro del mismo lapso, procederá a la evaluación de todo el personal de la Institución, a los fines de su clasificación en función de los perfiles definidos en la nueva estructura de cargos.
A los efectos de la reestructuración del personal regirá por lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33702 de fecha 22 de Abril de 1987, para lo cual el Ejecutivo Nacional arbitrará los recursos financieros que fueren necesarios.
Para garantizar el proceso de reestructuración en general y dentro de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la colaboración entre los Poderes Públicos, se integrará una comisión compuesta por tres (3) Rectoras o Rectores y dos (2) Diputadas o Diputados designados por la Asamblea Nacional
Durante el año de entrada en vigencia de la presente Ley Orgánica se continúa ejecutando la distribución general del Presupuesto de Gastos tal y como fue aprobada en la Ley de Presupuesto Anual vigente, debiendo el Poder Electoral cumplir en adelante con las normas inherentes a la materia presupuestaria de la Ley.
Los integrantes de la Junta Directiva del actual Consejo Nacional Electoral, continuarán en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que desempeñan hasta tanto se designen y tomen posesión de sus cargos las nuevas autoridades de ese organismo, y sus decisiones se harán de conformidad con esta Ley.
El Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, designarán cada uno un representante para conformar conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral una Comisión Interinstitucional, la cual se instalará en forma inmediata a la toma de posesión de éste con la finalidad de ordenar la competencia y el funcionamiento en materia de registro del estado civil de las personas.
.SEGUNDA:
Los bienes, derecho y acciones a favor o en contra de la República, derivados de la gestión del Consejo Nacional Electoral serán asumidos plenamente por el Poder Electoral.
Se le asignan a los órganos del Poder Electoral todas las facultades que como organismo ordenador de pago tiene el Consejo Nacional Electoral.
El Poder Electoral responderá directamente por los derechos subjetivos adquiridos por los empleados y obreros del Consejo Nacional Electoral, en razón de los servicios prestados.
Quedan derogadas todas las normas legales que colidan con la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigencia a partir del momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los días del mes de de dos mil dos. Año 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
Con la creación del Poder Electoral se inicia una nueva etapa dentro de la cultura democrática del país. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un modelo político basado en una democracia social, participativa y protagónica que tiene como centro al ciudadano y a la ciudadana. Establece nuevas formas de participación para fortalecer y ampliar la acción ciudadana en los asuntos públicos, sea en el orden político, social o económico. A través del Poder Electoral estas nuevas formas de ejercicio democrático se garantizan y se hacen efectivas.
La concepción de Poder Electoral está asociada a la idea del poder de los electores, ejercido a través del voto para escoger a sus representantes y gobernantes en los poderes públicos. Siendo el Poder Electoral el centro a partir del cual los otros poderes se constituyen en forma directa o indirecta, es concebido como el conjunto de órganos que cumplen la función de organizar, supervisar y llevar a término las elecciones y referendos, y en general los procesos electorales, para que el pueblo, mediante estos procesos electorales, ejerza democráticamente su soberanía. El Poder Electoral, en consecuencia, es garante de la soberanía que reside en el pueblo, quien lo ejerce a través del voto, lo acredita a través de los órganos electorales y cuya esencia es el ciudadano. El Poder Electoral se erige como el punto de confluencia de los intereses de los diferentes sectores que conviven democráticamente en el país, y es por esta razón que, siendo el gran arbitro, sus acciones son públicas y transparentes, para garantizar así la preservación de la voluntad de los electores, como el primer acto de ejercicio de soberanía del pueblo.
En Venezuela la separación de poderes se consagró en nuestro primer texto constitucional promulgado en 1811 y se mantuvo hasta diciembre de 1999, cuando se crean por mandato constitucional dos nuevos poderes, modificando de esta manera la división clásica de los poderes públicos: el Poder Ciudadano integrado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y el Consejo Moral Republicano; y el Poder Electoral, integrado por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y sus órganos subordinados: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento.
En América Latina, la tendencia, especialmente a partir de los ochenta, es la del fortalecimiento del organismo electoral, conjuntamente con la transferencia hacia éstos de la competencia del registro civil de las ciudadanas y los ciudadanos. En este sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica constituye un modelo a estudiar un modelo digno de estudio al ser el primero en mantener el registro civil dentro del organismo electoral. Tan es así que el prototipo adoptado para la organización institucional de la Comisión de Registro Civil y Electoral tiene su inspiración en el modelo costarricense.
En Colombia, de acuerdo con la Constitución de 1991, la organización electoral esta compuesta principalmente por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de Estado Civil. Estos dos organismos tienen a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo al registro electoral y civil.
En México, a través de las sucesivas reformas constitucionales y legales en los noventa, se crea el Instituto Federal Electoral, el cual está integrado por el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, teniendo estos últimos la mayor preponderancia entre los tres, al tener reservado el voto dentro de los órganos de dirección, en forma exclusiva desde 1996,. Podemos destacar del modelo mexicano no solamente la predominancia de los ciudadanos en la composición del organismo electoral, sino también el papel fundamental que tiene, al igual que el Poder Electoral en Venezuela, en el desarrollo de la vida democrática de México.
En Nicaragua, la división clásica de los poderes públicos fue modificada en la constitución de 1985, al agregar al Poder Electoral como uno de ellos; se constituye así como el primer caso en América Latina y del mundo en tener un nuevo poder. Las funciones que se le atribuyeron tenía que ver exclusivamente con la organización y administración electoral. En 1995, a través de una reforma constitucional, se le atribuye al Poder Electoral nicaragüense el registro civil, la cedulación de los ciudadanos y el padrón electoral
En Venezuela, la creación del Poder Electoral corresponde a un desarrollo constitucional y legislativo que se inicia aún antes de 1936, cuando, a través de la Ley de Censo Electoral y Elecciones del 11 de Septiembre de ese mismo año, se crea el Consejo Supremo Electoral. En el cuerpo de las diversas leyes electorales podemos encontrar la incorporación paulatina de competencias que inicialmente formaban parte de otras instancias del poder público, tal es el caso de actividades como las de escrutinio y proclamación de candidatos en las elecciones nacionales, las cuales eran reservadas para el legislativo. Desde los años cuarenta, se le otorga al organismo electoral la potestad de elaborar su propio proyecto de presupuesto de gastos y la potestad para disponer los gastos relativos al proceso electoral.
En 1970 se da un salto cualitativo en el fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral cuando, a través de la Ley Orgánica del Sufragio, se le da carácter permanente al registro electoral, y se le atribuye la fiscalización del proceso de identificación. Así mismo, podemos encontrar indicios de la posterior creación del Poder Electoral cuando, también en los años setenta, se le da al organismo electoral no solamente autonomía presupuestaria sino también funcional.
Durante los años ochenta y noventa la opinión pública nacional a través de diferentes sectores de la sociedad, establece una agenda de reformas en lo referente al organismo electoral, que fueron recogidas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en 1997. Los temas principales de esta agenda de reformas fueron la despartidización de los organismos electorales, el control del financiamiento de los partidos políticos, la depuración del registro electoral y la automatización del voto. La Constitución de 1999 profundiza en las reformas que durante años venían siendo planteadas y consagra la creación del Poder Electoral con los principios, garantías, y funciones debatidos en la esfera pública a lo largo de dos décadas. La creación constitucional de la Comisión de Registro Civil y Electoral y de la Comisión de Participación Política y de Financiamiento, órganos subordinados del Poder Electoral, son un ejemplo de la profundización de las reformas antes mencionadas.
Constitucionalmente le corresponde al Poder Electoral un conjunto de funciones que amplían su competencia en relación con las del organismo electoral tradicional: garantiza los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas y su participación en los asuntos públicos, por medio de la expresión de sus preferencias para designar gobernantes y representantes en elecciones libres o mediante referendos; organiza las elecciones respetando su autonomía de los sindicatos, gremios y organizaciones con fines políticos, y, cuando así lo soliciten, de las organizaciones de la sociedad civil. Su competencia también incluye el registro civil y electoral y, al estar integrados en uno solo, el Poder Electoral se vincula de una forma permanente y continua con los electores. Garantiza el cumplimiento del mandato constitucional de democratización en la formación, organización y dirección de las organizaciones con fines políticos a los cuales supervisa y vigila de acuerdo con la ley. Así mismo, controla e investiga los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y de los ciudadanos y ciudadanas que se postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia. Por otra parte, le corresponde promover la participación ciudadana en el ámbito de su competencia.
El Proyecto con rango de ley orgánica, desarrolla el articulado contemplado en la Carta Magna, regula la integración, funcionamiento y organización del Poder Electoral, sirve de marco normativo para la ley que regule los procesos electorales, el Registro Civil, y otras leyes de próxima y obligada promulgación.
El Proyecto con rango de ley orgánica desarrolla el articulado contemplado en la Carta Magna; regula la integración, funcionamiento y organización del Poder Electoral; sirve de marco normativo para la ley que regule los procesos electorales, el Registro Civil, y otras leyes de próxima y obligada promulgación.
En este Título se establecen las normas que dirigen el Poder Electoral, su base Constitucional y la necesaria referencia a la independencia presupuestaria del Poder Electoral que establece la Constitución. Consta de 6 artículos relativos a las Disposiciones Generales, en los cuales se establece el objeto de la ley, se señalan los principios y garantías constitucionales que rigen el Poder Electoral, y desarrolla un artículo referente a la independencia presupuestaria establecida en la Constitución.
Los artículos 2 y 3 establecen el principio fundamental y los principios generales que rigen los actos del Poder Electoral. Estos son relativos tanto a la preservación de la manifestación de la voluntad expresada a través del voto como a la eficiencia de su funcionamiento, con el objeto de garantizar a cada una de las partes que intervienen en los diferentes procesos electorales la imparcialidad, objetividad, transparencia y celeridad en sus decisiones y actos.
Entre los principios generales es importante destacar el de la desconcentración. La Constitución establece en su artículo 294 la descentralización de la administración electoral como uno de los principios por los cuales se rigen los órganos del Poder Electoral. Esta descentralización es en la práctica una desconcentración, puesto que se trata de un Poder Público Nacional y los órganos que lo integran actúan por delegación del ente rector, además no gozan de personalidad jurídica propia, sino que la personalidad jurídica de la República le corresponde al Poder en su totalidad. Todos los principios están entrelazados: el cumplimiento de uno conlleva al cumplimiento de todos en forma expedita.
Título II: Del Órgano Rector del Poder Electoral
El Título II está dividido en seis (6) Capítulos los cuales, a través de su articulado, desarrollan todo lo que se refiere al órgano rector del Poder Electoral: el Consejo Nacional Electoral. Se hizo necesario un Título completo para precisar la naturaleza, composición y competencia, así como la forma de designar y remover a sus integrantes. El Capítulo 1 relativo al Consejo Nacional Electoral establece entre sus funciones principales la definición de las políticas y los lineamientos para orientar los planes estratégicos y organizativos para cumplir con su misión. Corresponde al Consejo Nacional Electoral la toma de decisiones en torno al funcionamiento, la coordinación y supervisión de los órganos subordinados. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral son denominados Rectoras o Rectores Electorales y en este capítulo se establecen sus atribuciones, así como los requisitos para desempeñar dichos cargos. Es importante resaltar la inclusión del artículo 16, el cual se refiere a la rendición de cuentas del ente rector con el fin de promover gestiones transparentes. También se incluye lo relativo a las prerrogativas procesales de las que gozan las Rectoras o los Rectores del Consejo Nacional Electoral, prerrogativas éstas que son propias de los altos funcionarios al servicio de la función pública.
El Capítulo II trata sobre el Comité de Postulaciones Electorales, el cual tendrá por función la convocatoria, recepción, evaluación y selección de las postulaciones provenientes de la sociedad civil, del Poder Ciudadano y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales, y estará integrado por quince (15) miembros, de los cuales ocho (8) son diputadas o diputados designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, y siete (7) son miembros de los diferentes sectores de la sociedad. La participación de las diputadas o diputados en el Comité de Postulaciones Electorales se fundamenta en el hecho de ser los representantes genuinos de la sociedad por haber sido elegidos por el voto popular. Los diferentes sectores de la sociedad al elegir a sus representantes los facultan para que ejerzan dicha representación.
El Capítulo III recoge las normas relativas a la designación y remoción de las Rectoras o Rectores Electorales. La Asamblea Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes, deberá designar a las Rectoras o Rectores Electorales, de acuerdo a las listas de elegibles enviadas en la oportunidad correspondiente por el Comité de Postulaciones Electorales, dado que la renovación de las máximas autoridades no ocurre al mismo momento para garantizar la continuidad y eficiencia en las funciones propias del ente rector. Las causales de remoción se refieren a vinculaciones políticas que puedan comprometer el ejercicio independiente de las Rectoras o los Rectores, y a los delitos relacionados con la función pública, la fe pública y la propiedad. Para remover a una Rectora o a un Rector se requiere el pronunciamiento previo del Tribunal Supremo en su totalidad; es decir, en Sala Plena, no sólo el de la Sala Electoral.
El Capítulo IV, relativo a las competencias del órgano rector del Poder Electoral, incluye, en forma general, las funciones relacionadas con la actividad electoral que le han sido asignadas por la Constitución. Por tanto, corresponde al Poder Electoral organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos a los procesos electorales para la elección de los cargos de representación popular y de referendo; organizar las elecciones de sindicatos, gremios y organizaciones con fines políticos y, cuando así lo soliciten, de las organizaciones de la sociedad civil. También le corresponde vincularse de una forma permanente y continua con los electores; por lo cual, dentro de su competencia se incluye el registro civil y electoral; así mismo le corresponde garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de democratización en la formación, organización y dirección de las organizaciones con fines políticos; y controlar e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos.
Está contenido en este Capítulo lo relativo al Consejo de Participación Política. Dicho Consejo constituye una comisión no deliberante que está desvinculada orgánicamente al Consejo Nacional Electoral y que tiene carácter permanente. El principio de despartidización no implica la exclusión de cualquier mecanismo de participación de las organizaciones con fines políticos en todo proceso electoral. Esta situación se debe a que dichas actividades resultan inherentes a la existencia de las organizaciones antes mencionadas. Nuestro sistema democrático desarrollado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inclina, en el marco conceptual, hacia el privilegio del que gozan los derechos humanos y hacia el pluralismo político que, como principio fundamental, es inherente al desarrollo práctico de dicho sistema democrático. Es por ello que esa preeminencia obliga a considerar que las organizaciones con fines políticos constituyen los sujetos del derecho activo en cuanto a que se constituyen como pieza fundamental que interviene en la composición del Estado de Derecho Democrático para que este sistema no permanezca invariable en el tiempo, sino que por el contrario pueda evolucionar.
El Capítulo V consagra lo referente a la designación y atribuciones de la Presidenta o del Presidente, de la Vicepresidenta o del Vicepresidente, de la Secretaria o del Secretario del Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la Presidenta o al Presidente se establece que será designada o designado del seno del Consejo Nacional Electoral y durará tres años y medio en el ejercicio de sus funciones. Entre sus atribuciones se encuentra la de ejercer la representación oficial del Poder Electoral y su órgano rector. En cuanto a la Vicepresidenta o Vicepresidente, se prevé que entre sus atribuciones está la de suplir las faltas temporales del Presidente. Con respecto a la Secretaria o al Secretario del Consejo Nacional Electoral, entre los requisitos para ejercer dicho cargo se contempla el ser venezolana o venezolano, mayor de treinta (30) años. Igualmente se establece que ejercerá sus funciones de conformidad con el Reglamento correspondiente y no podrá postularse a cargos de elección popular mientras esté en el ejercicio de sus funciones.
El Capítulo VI contiene aspectos relativos al Oficina Regional Electoral y sus funciones. La Oficina Regional Electoral es expresión del principio constitucional de la descentralización de la administración electoral, pudiendo organizar las elecciones de sindicatos, gremios y organizaciones con fines políticos, así como referendos y otras consultas populares de interés regional, con las limitaciones que la ley le impone y sin necesidad de activar el funcionamiento de toda la estructura del Poder Electoral. La Oficina Regional Electoral está adscrita al Consejo Nacional Electoral y tiene su sede en la capital de cada entidad federal.
Título III: De los Órganos Subordinados
El Título III contiene las normas, organización y funciones que dan forma práctica a los órganos subordinados al Consejo Nacional Electoral, novísimas Instituciones, creadas por la Constitución de 1999.
El Título consta de siete (7) capítulos. El Capítulo I está compuesto por una serie de disposiciones comunes para todos los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral. Estas disposiciones están referidas a la integración y al voto para la toma de decisiones que lleven a cabo estos órganos. Se establece que están integrados por tres (3) miembros, que tienen competencia nacional, carácter permanente y su sede está ubicada en la capital de la República. Sus decisiones se tomarán con el voto afirmativo de por lo menos dos (2) de sus integrantes.
El Capítulo II está compuesto de dos (2) secciones y está referido a la definición y a las funciones de La Junta Nacional Electoral. A tal efecto, la sección primera establece que es de su competencia la dirección, supervisión y control de los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de los referendos, de conformidad con nuestra Constitución. En la Sección Segunda se prevé lo relacionado con las atribuciones de la Presidenta o el Presidente de la Junta Nacional Electoral.
El Capítulo III se refiere al Servicio Electoral, a sus funciones, excepciones y a la sanción por su incumplimiento, y se define como un deber constitucional por el cual las electoras o electores prestan servicio en funciones electorales. La función electoral es, por tanto, la actividad relacionada con la administración y participación electoral y de referendo. Este servicio funcionará de acuerdo a lo que establezca la presente ley y los procedimientos que a tal fin dicte el propio Consejo Nacional Electoral. Se consagra en este Capítulo las actividades que deben desarrollar las electoras y los electores que estén en función electoral, como lo es la participación en los procesos electorales para cargos de representación popular y de referendo, a través de los organismos electorales subalternos; y asistir a los programas de instrucción y adiestramiento, entre otras. Se prevé, asimismo, la obligatoriedad por parte de las instituciones públicas y privadas de conceder permiso con carácter remunerado a las personas que laboren en ellas y que hayan sido seleccionadas para prestar Servicio Electoral. Como causales de excepción o impedimento se establecen, entre otras, el ser mayor de 65 años, o tener impedimento físico, mental, de salud o legal. La correspondiente sanción por el incumplimiento de lo señalado en el Servicio Electoral consiste en el pago de una cantidad de dinero que oscile entre diez (10) y cincuenta (50) unidades tributarias, de conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo.
El Capítulo IV está dividido en tres secciones, relativas a los organismos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral. La sección primera consagra disposiciones comunes a todos los organismos electorales subalternos, su definición y composición. Se consagra que están integrados por electoras y electores que participan activamente en los procesos electorales para los cargos públicos de representación popular y de referendo, conforme al respectivo reglamento. La Sección Segunda se refiere a las Juntas Electorales. Estos organismos son la Junta Regional Electoral, la Junta Municipal Electoral, la Junta Metropolitana Electoral, la Junta Parroquial Electoral, cuando éstas últimas sean creadas, y las mesas electorales. En la Sección Segunda se establece lo referente a las Juntas Electorales. Se le define como el organismo encargado de asumir, en la entidad que le corresponda, la ejecución y vigilancia de los procesos electorales para la elección de cargos públicos de representación popular y de referendo. Su sede está en la capital de la respetiva entidad federal o municipal. Aquí también se hace referencia a la posibilidad de crear juntas metropolitanas o juntas parroquiales electorales en el ámbito correspondiente.
El Capítulo V consagra lo referente a la Comisión de Registro Civil y Electoral. La sección primera es referente a su definición y sus funciones. Está conformada por tres oficinas nacionales que son la Oficina Nacional de Registro Civil del Poder Electoral, la Oficina Nacional de Registro Electoral y la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. La Comisión de Registro Civil y Electoral tiene como función la centralización de la información del estado civil de las personas naturales. Asume la formación, organización, supervisión y actualización del registro civil y electoral. La Comisión de Registro Civil tiene como funciones planificar, coordinar, supervisar y controlar el registro civil y electoral y conservar libros, actas y demás documentos correspondientes, entre otras. La sección segunda se refiere a las atribuciones de la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, entre las cuales se incluye disponer lo conducente a la organización, administración, funcionamiento y evaluación de la Comisión de Registro Civil y Electoral, salvo en aquellos casos en que la ley se lo haya reservado al Consejo Nacional Electoral. La sección tercera consagra lo relativo a la Oficina Nacional de Registro Civil del Poder Electoral. Se prevé que sus funciones son, entre varias, la planificación, coordinación, y control de las actividades inherentes al Registro Civil de las personas naturales en todo el territorio nacional, y centralizar la información y documentación concerniente al registro de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, como declaraciones de ausencia, interdicciones, etc., así como resoluciones judiciales o administrativas que alteren de alguna forma la condición del elector y el registro de electores.
La sección cuarta se refiere a la Oficina Nacional de Registro Electoral, y entre sus funciones hallamos la planificación, coordinación y control de las actividades inherentes a la formación y elaboración del registro electoral, así como también la depuración de las listas de elegibles para cumplir con el servicio electoral de acuerdo con la ley.
La sección quinta es la correspondiente a la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Se establece como alguna de sus atribuciones el supervisar y fiscalizar el Sistema Nacional de Registro Civil y el supervisar la actualización de los datos del Registro del Estado Civil de las personas sobre la base de la información proveniente del Sistema Nacional de Registro Civil.
La base fundamental de un proceso electoral transparente es el registro de los electores, la integración del registro civil y el electoral, que garantiza la efectividad y confiabilidad de los resultados electorales.
Esta función está a cargo del Poder Electoral en la Constitución vigente, por cuanto es claro que es la forma idónea de mantener depurado y actualizado el registro de electores.
La Comisión de Registro Civil y Electoral debe ejecutar sus funciones en coordinación con el Consejo Nacional Electoral y con la cooperación de los otros órganos subordinados. Al igual que los demás órganos que dependen del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral está integrada por tres Rectoras o Rectores.
El Capítulo VI consta de cuatro secciones, referentes a la Comisión de Participación Política y Financiamiento, su definición, sus funciones y las dos direcciones adscritas a ellas, como son la Oficina Nacional de Participación Política y la Oficina Nacional de Financiamiento.
La Comisión de Participación Política y Financiamiento tiene dos ámbitos de acción fundamentales: la participación ciudadana, y lo relativo a las organizaciones con fines políticos. En relación con la primera, la Comisión de Participación Política y Financiamiento debe promover la participación ciudadana en los procesos electorales y de referendos a través de los centros de información y educación electoral permanentes. Así mismo, debe atender las solicitudes para la realización de las elecciones de las organizaciones de la sociedad civil cuando así lo soliciten y, de ser necesario, organizarlas en colaboración con la Junta Nacional Electoral. Por último, tiene a su cargo los centros de adiestramiento permanente, que de acuerdo a las necesidades de la Junta Nacional Electoral, deben activarse en la oportunidad debida.
El segundo ámbito de acción es el relacionado con las organizaciones con fines políticos. En este sentido, la Comisión de Participación Política y Financiamiento debe velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales sobre la democratización de la organización, formación y dirección de las organizaciones con fines políticos, y al mismo tiempo, debe controlar e investigar los fondos de financiamiento de las mismas, así como el de los ciudadanos o ciudadanas que se postulen a cargos de elección popular por iniciativa propia.
La Comisión de Participación Política y Financiamiento y sus dos Direcciones Nacionales deben ejecutar sus funciones en coordinación con el Consejo Nacional Electoral y con la cooperación de los otros dos órganos subordinados. La oficina Nacional de Participación Política está a cargo de una Directora o una Director, quien será de libre nombramiento y remoción, sus funciones son, entre otras, formar, organizar y actualizar el registro de las organizaciones con fines políticos, grupo de lectores y agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a lo establecido en la ley. Por su parte, la Oficina Nacional de Financiamiento, que también está a cargo de una Directora o un Director de libre nombramiento y remoción, tendrá entre varias de sus funciones la de sustanciar las investigaciones que le delegue la Comisión de Financiamiento y Participación Política sobre el origen y destino de los recursos económicos destinados a las campañas electorales de las organizaciones con fines políticos, grupo de electores y de las candidatas o candidatos postuladas o postulados por iniciativa propia, de conformidad con lo establecido en la ley.
Seis (6) son las disposiciones transitorias que forman parte de esta Ley. En la primera se hace referencia a los lapsos para postular candidatos que integrarán el Comité de Postulaciones Electorales, el cual será de diez (10) días contados a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial; y para remitir a la Plenaria de la Asamblea Nacional las postuladas o postulados que integrarán el Comité de Postulaciones, el lapso no será mayor de cinco (5) días continuos. Así mismo, se prevé que estos cinco días serán reducidos a la mitad, una vez que se haya instalado el Comité de Postulaciones Electorales y a los efectos de abrir la postulación de candidatas o candidatos al Consejo Nacional Electoral por parte de los diferentes sectores de la sociedad.
La Disposición Transitoria Segunda establece la forma cómo serán elegidos para el primer período del Consejo Nacional Electoral los Rectores o Rectoras Electorales. Se consagra que la toma de posesión de sus cargos se efectuará al día siguiente de ser designados y a partir de esa fecha se contará su período de siete (7) años. Se exceptúa de dicho período a las postuladas o los postulados por el Poder Ciudadano y por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales, y en éste caso durarán en el cargo tres (3) años y seis (6) meses, que comenzarán a contarse al momento de ser designado. Se establece aquí una diferencia en cuanto al tiempo de duración en el ejercicio de sus funciones de las Rectoras o los Rectores Electorales, respetando el propósito que motivó al Constituyente en la redacción de la Disposición Octava de nuestra Texto Fundamental, el cual previó la necesidad de hacer la renovación de dos de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, toda vez que se trata de una órgano colegiado y se hace imprescindible que aunque algunos puedan ser sustituidos, queden ejerciendo sus funciones las otras Rectoras o los otros Rectores, quienes ya conocen las labores inherentes a sus cargos, evitándose de esta manera la posibilidad que se pierda la continuidad y el desarrollo de la actividad que les corresponda ejecutar, considerando la importancia y complejidad de las funciones electorales que estas Rectoras o Rectores deben desarrollar.
La Disposición Transitoria Tercera está referida a la potestad que tendrá el Consejo Nacional Electoral para elaborar el proyecto de Ley de Registro del Estado civil de las personas, y demás leyes Electorales y presentarlos a la Asamblea Nacional, para que éste los considere. Esta iniciativa legislativa la ejerce en virtud de lo dispuesto en el artículo 204 numeral 6 de nuestra Carta Magna. Para ello se fija el lapso de un año a partir de la promulgación de la presente ley, con la finalidad de adaptar a los actuales momentos, durante dicho lapso, todos los instrumento normativos que se relacionan con la materia comicial, con el propósito de lograr mayor eficacia en su aplicación y en el funcionamiento del nuevo Poder Electoral.
La disposición Transitoria Cuarta se refiere a la facultad que tiene el Consejo Nacional Electoral de dictar las normas y procedimientos para su funcionamiento. Igualmente, la Quinta Disposición Transitoria prevé lo relacionado con la aprobación del Reglamento Interno relativo a la estructura y funcionamiento de la Institución, el sistema de Carrera del Funcionariado Electoral y el Sistema de Remuneraciones correspondiente, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la publicación de la presente ley. Está claro que puede desarrollar su propio Estatuto de Carrera del Funcionario Electoral, toda vez que han sido excluidos los funcionarios al servicio del Poder Electoral del ámbito de aplicación de la ley del Estatuto de la Función Pública. Por otra parte se consagra lo referente a la evaluación del personal, forma de realizar los retiros de aquellos funcionarios que no reúnan los requisitos para los diferentes cargos, las renuncias voluntarias de quienes sí reúnan los requisitos exigidos, así como también lo relativo a las jubilaciones especiales.
La Disposición Transitoria Sexta versa sobre la continuación en la ejecución de la distribución general del Presupuestos de Gastos conforme fue aprobado en la Ley de Presupuesto Anual vigente, durante el año de entrada en vigencia de la presente ley.
Para terminar haremos referencia al contenido de las Disposiciones Finales. La Primera establece la conformación de la Comisión Interinstitucional, la cual estará integrada por un representante del Ministerio del Interior y Justicia, un representante del Ministerio de Salud y Desarrollo Social conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Se instalará inmediatamente a la toma de posesión del ente rector del Poder Electoral y sus funciones serán ordenar la competencia y el funcionamiento en materia de registro del estado civil de las personas. La finalidad de integrar éste Comité se debe a que la materia de registro civil, en cuanto se trate del estado civil de las personas no solamente es de interés en el ámbito electoral, por el contrario, le interesa a diversos órganos de la administración pública que están relacionados con la materia. En virtud del principio constitucional de colaboración de las ramas del Poder Público en la realización de los fines del Estado consagrado en el artículo 136 de nuestro Texto Fundamental, y con la finalidad de optimizar el servicio; surge éste Comité que permitirá a los distintos órganos que lo integran el tener acceso a la información sobre el estado civil de las personas cuando así lo requieran.
Las Disposiciones Finales Segunda y Tercera están relacionadas con la responsabilidad en cuanto a los bienes, derechos y acciones a favor o en contra de la República que se desprendan de la actividad del Consejo Nacional Electoral, la cual será asumida por el Poder Electoral; y las asignaciones de las facultades como organismo ordenador de pago a todos los órganos del Poder Electoral, respectivamente.
La disposición Final Cuarta establece la responsabilidad que tiene el Poder Electoral en cuanto a los derechos subjetivos adquiridos por todo el personal del Consejo Nacional Electoral por los servicios prestados.
Se establece finalmente que la presente ley deroga todas aquellas normas legales que coliden con los preceptos contenidos en ella.
INDICE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL PODER ELECTORAL
Del Comité e Postulaciones Electorales
Designación y Remoción de las Rectoras o los Rectores del Consejo Nacional Electoral
De la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente y de la Secretaria o el Secretario del Consejo Nacional Electoral, y sus Atribuciones
De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Nacional Electoral