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Timestamp: 2018-12-12 08:39:57
Document Index: 328034228

Matched Legal Cases: ['artículo 374', 'artículo 374', 'artículo 2', 'artículo 1820', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 368', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 2082', 'artículo 1', 'artículo 2082', 'artículo 13', 'artículo 2082', 'artículo 2082', 'artículo 242', 'artículo 2082', 'artículo 375', 'artículo 392', 'artículo 375', 'artículo 2']

SENTENCIA SC12015-2015 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:UNIÓN MARITAL DE HECHO. CUANDO EXISTE UN VÍNCULO MATRIMONIAL ANTERIOR A LA UNIÓN MARITAL DE HECHO Y SE PRETENDE DECLARAR LA CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES, SOLO ES NECESARIO QUE LA SOCIEDAD CONYUGAL HAYA SIDO DISUELTA, PERO NO LIQUIDADA. COMO EL OBJETIVO ES EVITAR LA CONCURRENCIA DE SOCIEDADES, SOLO BASTA QUE LA SOCIEDAD CONYUGAL MUERA MEDIANTE LA DISOLUCIÓN, PUES NO SE REQUIERE NADA MÁS, YA QUE LA LIQUIDACIÓN SOLO CORRESPONDE A SIMPLES OPERACIONES ARITMÉTICAS SOBRE LOS GANANCIALES. BAJO EL PRINCIPIO DE RETROSPECTIVIDAD, PUEDE RECONOCERSE TODO EL TIEMPO DE CONVIVENCIA DE LA PAREJA DE COMPAÑEROS, CUANDO ESTA SURGE ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 54 DE 1990 Y PERSISTE SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD DURANTE SU VIGENCIA, PARA EFECTOS DE CONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL. LA LEY PUEDE MODIFICAR LOS EFECTOS FUTUROS DE LOS HECHOS O ACTOS ANTERIORES A ELLA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE RETROACTIVIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN MARITAL DE HECHO, CÓNYUGE, EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:527 DE NOVIEMBRE DE 2015, PÁG.2151
Sentencia SC12015-2015/2008-00253 de septiembre 9 de 2015
Rad.: 11001-3110-018-2008-00253-01
Aprobada en sesión de diez de marzo de dos mil quince
1. En razón a que se ha invocado el “error de hecho” como sustento de la acusación, cabe acotar de conformidad con el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, que se puede llegar a configurar en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, y para que tenga eficacia, debe ser manifiesto, ostensible o protuberante, de tal manera que no se requieran complejas elucubraciones para detectarlo, siendo necesario demostrarlo con precisión y claridad a partir de la confrontación de las inferencias del sentenciador, con el contenido material de tales elementos de juicio, por lo que no es suficiente el planteamiento del impugnante sustentado simplemente en una lectura distinta o mejor elaborada, ya que de proceder de esa manera, prevalecen las consideraciones del tribunal, en virtud de hallarse amparadas por la presunción de legalidad y acierto.
Para que se estructure el desatino fáctico en la apreciación de las pruebas, modalidad esta invocada para fundar el cargo, esta corporación de manera uniforme y reiterada, entre otras en la Sentencia CSJ SC435-2014, rad. 2007-00271-01, expuso:
“El error de hecho acaece cuando el operador judicial no ve, y por lo mismo, no pondera, las pruebas que materialmente sí obran en el proceso (preterición); o cuando supone las que no existen, otorgándoles significado (suposición); o cuando, no obstante identificar adecuadamente los elementos de juicio de que dispone, al apreciarlos en su contenido objetivo, altera su alcance y significado, ya sea porque los adiciona, ora porque los cercena (tergiversación).
En cuanto atañe a su alegación en casación, atendidas las pautas que sobre el particular consagra el inciso 2º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, debe advertirse que, en tratándose del error de hecho, se impone al recurrente, en primer lugar, plantearlo con sujeción a la advertida autonomía e individualidad que caracteriza los comentados yerros; en segundo término, demostrarlo, para lo que le corresponde, por una parte, singularizar los medios de prueba e, incluso, los pasajes de ellos, sobre los que recayeron los desatinos del juzgador y, por otra, contrastar su contenido objetivo con las conclusiones que, en relación con ellos, obtuvo o debió obtener el sentenciador; y, finalmente, explicitar la razones que permitan entender como esa incorrecta ponderación probatoria comportó la infracción de las normas sustanciales cuya violación se denunció en el respectivo cargo y, correlativamente, trascendió en la incorrecta definición del litigio”.
2. En cuanto a la técnica para la fundamentación de los cargos, cabe acotar, que estos deben guardar completa simetría con las bases axiales sustento de la decisión impugnada, ya que de orientar las críticas a aspectos distintos, se configura el defecto formal denominado “desenfoque”, que impide la prosperidad de la acusación, dado que las reflexiones del juzgador ad quem quedan al margen de los cuestionamientos, y por ende mantienen la presunción a que antes se hizo mención.
Acerca de la citada falencia técnica, la jurisprudencia de la Corte, en fallo CSJ SC, 31.jul.2013, rad. 2003-00157-01, memoró:
“‘Esta corporación ha señalado uniformemente como defecto significativo en la técnica del recurso extraordinario de casación el desenfoque o desvío de los cargos, al no atacar directamente las bases o motivación esencial de la sentencia, lo cual conduce al fracaso de la acusación’.
‘En efecto, ‘de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, por establecido está que en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley.
Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (Sent. 6 de 26.mar.1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, (...)”.
3. La problemática que debe examinarse en el contexto del reproche planteado, se relaciona con la circunstancia de que el tribunal declaró la existencia de la “unión marital de hecho” entre la actora María Ruth Rodríguez Soto, y Camilo Merizalde Cubillos (hoy fallecido), al igual que reconoció la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”; en tanto que la impugnante María Mercedes Socorro Rojas, quien compareció al litigio en calidad de cónyuge supérstite, arguye que la prosperidad de la segunda pretensión en comento, derivó de un error de hecho en la valoración del registro civil de matrimonio, ya que en él no obra anotación de que la “sociedad conyugal” originada en el matrimonio de ella con el prenombrado causante, se hubiera liquidado, con lo cual se desconoció el requisito que en ese sentido contempla el literal b) artículo 2º de la Ley 54 de 1990.
El juzgador de segundo grado, se abstuvo de exigir el presupuesto indicado, con apoyo en la sentencia de esta corporación de 10 de septiembre de 2003, fundamentado en que ello era contrario a la Constitución Política, esencialmente porque “compromete el trato igualitario a que aspira la Constitución; e incluso en la misma Ley 54 puede palparse la disparidad, (art. 5º, letra b) en cuanto conviene ella en que el solo hecho del matrimonio de uno de los compañeros disuelve la sociedad patrimonial, lo que es admitir que la sociedad conyugal podría emerger sin necesidad de liquidarse la patrimonial”, y dado que se probó “con la copia de la sentencia del 19 de julio de 1979 (...), que los esposos Camilo Merizalde y María Mercedes de Merizalde se separaron de cuerpos y se disolvió la respectiva sociedad conyugal, con ello basta, tal como lo expone la jurisprudencia transcrita, para que pudiera nacer la sociedad patrimonial entre la aquí demandante y el señor Merizalde”.
4. Lo anterior evidencia, que el fallador ad quem en ningún momento ignoró el elemento de convicción reseñado por la censura e indicativo de hallarse sin liquidar la “sociedad conyugal” que se conformó por el vínculo matrimonial, sino que basado en la doctrina jurisprudencial de esta corporación, dedujo la improcedencia de incorporar tal exigencia como presupuesto para declarar la existencia de la “sociedad patrimonial”, por ser contraria a los postulados constitucionales.
5. En ese contexto, al tratarse entonces de un tema de indebida aplicación de la ley, refulge que los cuestionamientos del casacionista son desenfocados, porque se repite, la decisión sobre la temática en cuestión no se apoyó en una inferencia fáctica, y menos en la preterición de la probanza señalada por la censura, sino que el fundamento de la misma es de naturaleza eminentemente jurídica, por lo que la impugnación debió promoverse por la vía directa, mas no por la senda indirecta, como lo hizo la impugnante.
6. Como puede observarse, las diferencias de la censura, con la tesis aplicada por el tribunal, guardan relación con un requisito que contemplaba la ley para que pudiera surgir la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, por lo que la fundamentación del reproche debió orientarse a demostrar, o bien que el juzgador aplicó al asunto una disposición que no es pertinente, o que a pesar de ser la que regula el caso le atribuyó unos efectos distintos de los que de ella dimanan, o los restringió o amplió de tal manera que distorsionó los alcances ideados por el legislador; labor que no satisfizo de manera adecuada.
7. Al margen de la falta de consistencia técnica del ataque, observando que la recurrente hace alusión en el mismo cargo a reparos de orden jurídico por indebida aplicación de la norma sustancial que regula el tema de la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, ha de precisarse que los argumentos del tribunal armonizan con el criterio reiterado y uniforme de la jurisprudencia de esta corporación, que desde la Sentencia CSJ SC, 10.sep.2003, rad. 7603, ha venido sosteniendo, que para la conformación de aquella especie de sociedad, cuando alguno o ambos integrantes de la pareja tienen vínculo matrimonial anterior, solo se requiere que la respetiva “sociedad conyugal” haya sido disuelta, mas no liquidada, descartándose el error jurídico, puesto que los precedentes se hallan acordes con los principios y valores constitucionales.
Con relación a la mencionada tesis, en el fallo CSJ SC, 22.mar.2011, rad. 2007-00091-01, se memoró:
“‘(...) La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquella haya perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidación.
‘Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compañeros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución. Es esta, que no la liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal’. Lo destacable, agrega, es que ‘cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada más para predicar que su vigencia expiró. En adelante ningún signo de vida queda (...).
‘Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia de uniones maritales sin la presunción de sociedad patrimonial, cual acontece en todos los casos en que la vida marital es inferior a dos años, o en los eventos en que pese a ser por un tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunción, supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los compañeros permanentes no concurre tal impedimento, o existiendo, la respectiva sociedad conyugal llegó a su fin por el fenómeno de la disolución.
‘Desde luego, si en este último evento, lo relativo a la liquidación se entiende insubsistente, incluido el año de gracia, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes debe presumirse existente a partir de la disolución de la sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior. Si lo ‘fundamental —dice la Corte— es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen un vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige’, menos cuando es ‘imposible negar que la disolución tiene un carácter instantáneo claramente distinguible en un momento determinado, es decir por virtud de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que separa la existencia de la [disolución]. Y si ello es así, no hay lugar para indagar qué función puede cumplir algún plazo de espera antes de iniciar una nueva convivencia’ (...)”.
Y en la Sentencia CSJ SC, 4.sep.2006, rad. 069601, se puntualizó:
“‘(...), la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
‘Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se está indagando genuinamente por la suerte del vínculo matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no empece, según se dijo en el precedente, para que se constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de liquidación, porque esta norma de carácter legal ‘deviene insubsistente’ por la entrada en vigor de la nueva Constitución, no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil.
‘Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a) y b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, también hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley ‘porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución (...)’. Por consiguiente, si lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige.
‘Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas excepciones, solo interesa saber si tiene una sociedad conyugal vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse sin impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al lado de ellos están todos quienes, aún con impedimento legal para contraer matrimonio por vínculo preexistente, ya no llevan consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto voluntariamente’”.
8. Adicionalmente cabe acotar, que la solidez y juridicidad de la doctrina de la Corte Suprema a que se ha hecho mención, aplicada por el juzgador de segundo grado, quedó robustecida con la Sentencia CC C-700/13 de la Corte Constitucional, en la que dispuso “[d]eclarar inexequible la expresión ‘y liquidadas’ contenida en el literal b) del numeral 2º de la Ley 54 de 1990 modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005” (se resalta), habiéndose apoyado para el efecto en el precedente de esta corporación sobre esa temática, exponiendo en lo pertinente lo siguiente:
“(...)- En este orden, para la Corte Suprema en materia de uniones maritales, si la exigencia de disolución y liquidación de la sociedad conyugal anterior fue por razones económicas y patrimoniales para que el nuevo régimen económico de los compañeros permanentes se constituya independiente, y si ello es posible únicamente con la disolución, entonces la exigencia de liquidación resulta superflua.
Esto indica a la Corte Suprema de Justicia, y así a la Corte Constitucional, que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 hace una utilización desafortunada de la expresión ‘y liquidadas’, al referirse a que las sociedades conyugales anteriores deben estar disueltas ‘y liquidadas’ para poder declarar judicialmente la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
(...).- Por ello, para la Corte Constitucional si lo que se busca es impedir la multiplicidad de sociedades, ‘la norma fue más allá de lo que era necesario para lograr la finalidad que se propuso’; por ello esta ‘no ha de exigirse a nadie’. En suma, ‘si el objetivo era extirpar la eventual concurrencia de sociedades es suficiente que la sociedad conyugal haya llegado a su término para lo cual basta la disolución. Es esta, no la liquidación, la que da muerte a la sociedad conyugal. Cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disolución, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere nada más para predicar que su vigencia expiró. Ni siquiera sucede como en otras —las sociedades ordinarias o comunes— en las que su existencia se prolonga para el solo objeto de liquidarse, casos en el cuales es forzoso admitir que la disolución no es el fin mismo de la persona jurídica y que la verdadera y propia extinción de la sociedad ocurre a partir de la liquidación total. Esa es precisamente una de las diferencias entre la sociedad conyugal y la común u ordinaria’.
(...).- En este punto considera la Sala Plena pertinente reiterar la siguiente conclusión extraída del estudio que en esta providencia se ha hecho sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en el tema: la mera disolución de la sociedad conyugal le pone fin, pues es justo en ese momento cuando queda fijado definitivamente su patrimonio, es decir, sus activos y pasivos. En el interregno hacia la liquidación la sociedad no subsiste porque la liquidación corresponde a simples operaciones aritméticas sobre lo que constituye gananciales, con el fin de establecer que es lo que se va a distribuir, al cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los cónyuges. Es traducir en números lo que hubo en la sociedad conyugal desde el momento mismo en que inició (el hecho del matrimonio) y hasta cuando feneció (disolución); ni más ni menos. Es liquidar lo que acabado está’.
(...).- Derivado de lo anterior, en relación con (ii), considera la Corte que las consecuencias de exigir además de la disolución, la liquidación de la sociedad conyugal anterior, resultan entonces contrarias a la obligación constitucional de protección de la familia con fundamento en una unión de hecho. Esto, en tanto el patrimonio conjunto de los compañeros no se reconoce a pesar de que por la disolución, la sociedad conyugal ya ha terminado; y, como no se reconoce resulta imposible su protección como patrimonio conjunto de estas familias.
Con la Constitución de 1991 la protección de la familia por lazos naturales, con tal de que exista voluntad libre y responsable, es de rango constitucional y el Estado debe garantizarla de manera integral (art. 42). Tal como lo explica la Corte Suprema en un criterio que ya se ha consignado en esta parte motiva, pero que por su importancia como fundamento de la vulneración constitucional que esta Sala está demostrando, vale la pena reiterar: ‘el asunto ya no es meramente legal. De tal suerte que cualquier análisis en torno al punto impone necesariamente adelantarlo con vista en los nuevos valores y principios constitucionales que, por razones palmarias, la ley no pudo tener en cuenta. Contradice la Carta Política que un requisito visiblemente innecesario tenga el poder de anular el derecho sustancial cuya primacía asegura la Constitución; difícilmente podría explicarse que en un Estado edificado sobre el fin de garantizar un orden político, económico y social justo, se permita que los derechos de las personas que han cumplido con la esencia de lo que es la unión material de hecho, después de consagrados esfuerzos comunes para cubrir las necesidades familiares, incluida quizá descendencia, se escapen no más que por la exigencia legal de algo que sobra, como lo es la liquidación de una sociedad conyugal anterior; cuando menos es un requisito que no guarda proporcionalidad”.
9. Son suficientes las anteriores reflexiones para establecer el fracaso de la referida acusación.
B. La demanda de casación de María Ruth Rodríguez Soto.
1. Se apoya en la causal primera de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, cuestionando la sentencia por ser violatoria de forma directa de los preceptos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, modificado este último por el canon 1º de la Ley 979 de 2005, debido a su interpretación errónea.
2. Sostiene la recurrente, que el juzgador ad quem seleccionó las disposiciones jurídicas pertinentes, pero les atribuyó un sentido o alcance restringido, al reconocerles a las mismas efectos únicamente desde la promulgación del citado estatuto, acto este que se produjo el 31 de diciembre de 1990, mas no desde cuando se inició la unión marital, esto es, desde el 17 de diciembre de 1979, criterio que dijo aplicar para evitar —supuestamente— la vulneración de los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley.
3. Afirma que la aplicación retrospectiva de la citada ley, permite que “las uniones maritales de hecho que, conformadas con antelación a su promulgación continuaran vigentes sin solución de continuidad”, por lo que “los efectos sustanciales de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, deben tenerse en cuenta por todo el tiempo de la convivencia material permanente y singular, incluido el anterior a 30 de diciembre de 1990, pues la naturaleza jurídica de la Ley 54 de 1990, de ser norma de orden público, impone una aplicación inmediata o retrospectiva”, y que el tribunal a sabiendas de esa situación, se apartó de la jurisprudencia de esta corporación.
4. Rememora lo pertinente del fallo cuestionado e insiste en la equivocada interpretación por el juzgador de segundo grado de las normas sustanciales que regulan el caso, por lo que incurrió en error iuris in iudicando, aspecto este evidenciado con base en la doctrina de la Corte Suprema, sentada a partir de la sentencia de 28 octubre de 2005, que propende por “la aplicación inmediata o retrospectiva de la Ley 54 de 1990”, de la que el tribunal expresamente indicó que disentía.
5. Manifiesta que aunque con antelación a la citada providencia se tuvo el criterio de la irretroactividad del aludido estatuto legal, en ella se estimó que “(...) un nuevo análisis de esta problemática conduce a la Corte a modificar su aludida doctrina, para concluir que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia —no así a las que para ese momento ya habían fenecido— por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria”, y transcribe las razones jurídicas fundamento de tal criterio.
Así mismo, hace referencia a la sentencia de 3 de noviembre de 2010, en la que se expuso, en lo pertinente, que el reseñado criterio “(...) debe ahora reiterarse, se insiste, porque al reconocer el legislador el hecho social inobjetable de las uniones maritales, como fuente de la familia natural, frente a la voluntad responsable de la pareja de conformarla, esto denota que su intención no fue borrar los hechos durables preexistentes y hacer cuenta nueva, sino que los tomó en ese momento como presentes, y porque al fin de cuentas, al ser consciente de ese estado de cosas, no puede decirse que el mismo hecho social que subsistía al entrar a regir la ley, es distinto después de legislado”.
Igualmente alude al fallo de 22 de noviembre de 2010, en el que se justifica la doctrina en mención, argumentando que “(...) representa el sentido que de mejor manera se ajusta al mandato de los artículos 2º y 42 de la Constitución, normas que, en su orden, propenden por la protección a la familia al establecer que ‘el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad’, y que ‘la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia’”, y adicionalmente se comenta que “(...) a la Ley 54 de 1990 hay que entenderla teniendo en cuenta su carácter de orden público, pues involucra el cumplimiento de una de las principales finalidades del Estado, tiene que ver con la familia —que es institución básica de la sociedad— y, además, abre paso a un nuevo estado civil (...), a lo cual ha de sumar que en ella está inmerso el principio de prevalencia del interés general, aspectos que ponen de relieve la necesidad de procurar su aplicación retrospectiva, para tener en cuenta hechos que otrora carecían de significado legal, pero que a partir de la vigencia de tal normatividad, son fuente bienhechora de derechos y obligaciones. — En últimas, la declaración judicial sobre la existencia de la unión marital de hecho y sus secuelas patrimoniales, necesariamente tiene que ser posterior a la Ley 54 de 1990, pero su contenido, en lo concerniente a la época de inicio de la convivencia, puede comprender un tiempo anterior a 31 de diciembre de 1990, principalmente porque el legislador en ningún momento exigió que la continuidad de hechos necesaria para dar por establecida, se cumpliera con posterioridad a su vigencia”.
6. Critica la posición del tribunal, al estimar que se funda en una interpretación exegética de las normas que gobiernan el asunto materia del litigio, y resalta que la doctrina jurisprudencial pone en evidencia que los principios de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley no sufren menoscabo, y que por el contrario, dejan de ser meramente formales para adquirir contenido y alcance sustancial frente a la realidad social que representa la familia como núcleo esencial de la sociedad.
7. Concluye, que la contundencia argumentativa consignada en los señalados fallos, no deja duda de la transgresión de las normas de la Ley 54 de 1990, por lo que solicita sea casada parcialmente la sentencia impugnada, y en la de reemplazo se modifiquen los numerales segundo y tercero de la providencia del juez a-quo, únicamente en lo concerniente a la fecha de inicio de la unión marital de hecho, al igual que de la sociedad patrimonial que conformaron los integrantes de la pareja Merizalde – Rodríguez, esto es, para reconocerlas a partir del 17 de diciembre de 1979.
1. Como se señaló en los antecedentes, la actora pidió declarar la existencia de la “unión marital de hecho” que por más de 25 años existió entre ella y Camilo Merizalde Cubillos (hoy fallecido), y como consecuencia de ello se reconozca la conformación de la “sociedad patrimonial” que surgió de esa relación.
El tribunal ratificó la decisión del juez a-quo favorable a las pretensiones de la demanda, habiendo fijado el término de vigencia de los aludidos institutos jurídicos, al período comprendido entre el “30 de diciembre de 1990”, fecha a partir de la cual comenzó a regir la Ley 54 de 1990, y el “19 de noviembre de 2007”, cuando falleció el compañero.
La recurrente limita la impugnación extraordinaria a reclamar la aplicación de la retrospectividad del citado ordenamiento, y consecuentemente pide sean reconocidos los efectos de la “unión marital de hecho” y la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, desde su formación, esto es, del “17 de diciembre de 1979”, mas no a partir del momento de su vigencia, como lo determinó el ad quem.
2. En virtud de que la acusación está cimentada en la “violación directa de la ley sustancial”, cabe recordar que en la sustentación del reproche se deben señalar las disposiciones de tal naturaleza que el recurrente estime transgredidas con el fallo, que correspondan a las que válidamente permitan subsumir el litigio, además plantear de manera clara y precisa los argumentos que evidencien los errores jurídicos que comportan el quebranto de las normas que regulan el caso, ya sea por haberlas ignorado, o por aplicarlas de manera indebida, o darles un alcance que no tienen, fruto del entendimiento equivocado, descartándose todo debate sobre las inferencias fácticas o probatorias del juzgador.
Esta corporación con relación a la señalada forma de transgresión de la ley sustancial, en fallo CSJ SC, 5.ago.2013, rad. 2008-00084-02, en lo pertinente reiteró:
“La violación directa ocurre cuando el fallador no tiene en cuenta los preceptos esenciales que gobiernan el caso concreto, aplica los que son completamente ajenos a la controversia o, a pesar de acertar y atinar en su selección o escogencia, les da un alcance o efecto que no acompasa ni se ajusta a la situación examinada.
La Corte ha sostenido que en esta causal se ‘requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor solo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea. (...) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador’ (...)”.
3. La controversia se circunscribe a la decisión del tribunal que se apartó de varios precedentes de la Sala Civil, que para entonces en forma mayoritaria, que no total, sostienen la viabilidad de la retrospectividad, criterio que en la actualidad se halla ratificado en dos fallos aprobados de forma unánime por los integrantes de este órgano especializado.
4. En ese contexto, lo primero que ha de precisarse es, que para la época en que se profirió la sentencia impugnada —6 de abril de 2011—, el criterio de aplicación retrospectiva de la Ley 54 de 1990, había alcanzado a estructurar “doctrina probable” sobre esa materia, en los términos que la concibe el artículo 4º de la Ley 153 de 1887, modificado por el precepto 4º de la ley 169 de 1896, según el cual “[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”.
Lo anterior se verifica a partir de los pronunciamientos en los que se acogió la referida teoría jurídica de la retrospectividad, aprobados por mayoría, mas no por decisión unánime de sus integrantes, constituyendo el primer precedente la sentencia de casación CSJ SC, 28.oct.2005, rad. 2000-00591-01, y luego se profirieron los fallos CSJ SC, 3.nov.2010, rad. 2005-00196-01 y 22.nov.2010, rad. 2005-00997-01, y con posterioridad se dictó la sentencia CSJ SC, 12.dic.2011, rad. 2003-01261-01, como también la sustitutiva CSJ SC, 12.ago.2011, rad. 2005-00997-01.
Y en época más reciente, mediante los fallos de 7 de julio (SC10304) y 11 de agosto de 2014 (SC10561), aprobados con el voto favorable de todos los magistrados de este órgano de decisión, se consolida aún más la jurisprudencia a que se ha hecho alusión.
5. Ante la existencia del precedente en cuestión, relativo al reconocimiento de efectos retrospectivos a la Ley 54 de 1990, en punto de la “unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, para cuando el juez ad quem profirió el fallo impugnado en casación, en aras de establecer si al haberse apartado del mismo incurrió en vulneración de la ley sustancial, como lo denuncia el casacionista, se hace indispensable confrontar la juridicidad, solidez y contundencia de las argumentaciones de la jurisprudencia de esta Sala, con las explicitadas en la sentencia del tribunal objeto de reclamo.
a) Ab initio ha de recordarse, que en presencia de asuntos sometidos a la jurisdicción que comportan pretensiones semejantes y similitudes fácticas, en lo esencial deben ser resueltos de manera uniforme, por razones de seguridad jurídica y ante todo, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, según el cual las personas “recibirán la misma protección y trato de las autoridades”.
En ese sentido, la Corte Suprema en la Sentencia CSJ SC10304-2014, rad. 2006-00936-01, expuso:
“Si el precedente, contrastado con el litigio pendiente de resolver, se identifica, esto supone decisiones uniformes. Por lo mismo, sirve de parámetro para los justiciables, en la medida que aporta cierto nivel de previsibilidad acerca de la aplicación e interpretación de una disposición legal.
De ahí, el respeto a la jurisprudencia de las cortes y en particular de esta corporación, inclusive del autoprecedente, surge basilar en la tarea de administrar justicia. Por esto, cuando un funcionario investido de jurisdicción se apresta a resolver un caso y en la materia controvertida lo encuentra igual a otro decidido en el pasado, no puede pasarlo de largo, precisamente, en protección del derecho a la igualdad, así como de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”.
b) Al examinar el fallo del tribunal en lo relacionado con la impugnación extraordinaria de la accionante, se constata que aduciendo como sustento la sentencia de esta corporación de 13 de diciembre de 2002, limitó los alcances de las pretensiones atinentes al reconocimiento de la “unión marital de hecho” y la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, en lo atinente al período de vigencia de las mismas, fijándolo a partir de “30 de diciembre de 1990” (sic), en que estimó entró a regir la Ley 54 de 1990, mas no desde cuando comenzó la convivencia de la pareja, esto es, “17 de diciembre de 1979”, criterio que apoya en la “regla general de la irretroactividad de la ley”.
Así mismo, luego de reproducir apartes de la sentencia hito a que se ha hecho mención, manifestó que “[e]xpuestas las dos teorías sostenidas por la Corte es menester señalar, que esta Sala no comparte la última presentada por lo siguiente: En primer término, con anterioridad a la promulgación de la Ley 54 de 1990, el artículo 2082 del Código Civil, prohibía expresamente las sociedades de gananciales distintas de la conyugal, al decir que ‘se prohíbe asimismo, toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges’, de donde se concluye que las sociedades de gananciales como la que surge de la unión marital de hecho no era aceptada por el orden jurídico y en consecuencia, no puede abrirse cabida a la llamada retrospectividad de la ley (...)”, y agrega que de reconocerse tal criterio “llevaría a desconocer el principio de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, pues al regularse la unión marital por las disposiciones de la sociedad conyugal (...), dentro de las que se encuentran las concernientes al régimen de las capitulaciones matrimoniales (...), es claro, que a partir de la promulgación de la norma los compañeros permanentes pueden modificar de conformidad con su voluntad el régimen patrimonial; pero quienes se unieron en una comunidad de vida permanente y singular anterior a la ley, nunca tuvieron tal oportunidad, por lo que en este sentido, también diciente la Sala de la última tesis acogida por la Corte Suprema de Justicia”.
c) Por su parte, la Corte en la citada sentencia CSJ SC, 28.oct.2005, rad. 2000-0591-01, que acogió la teoría desestimada por el juzgador ad quem, en cuanto a la aplicación de los efectos de la Ley 54 de 1990 con carácter retrospectivo, en lo pertinente sostuvo:
“(...), un nuevo análisis de esta problemática conduce a la Corte a modificar su aludida doctrina, para concluir que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia —no así a las que para ese momento ya habían fenecido—, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria.
En efecto, las razones que apoyan este novísimo cambio de postura y, por ende, de doctrina jurisprudencial, son las siguientes, en lo toral:
a) En primer lugar, es necesario tener en cuenta que en la hora actual, más particularmente desde que fue promulgada la Constitución de 1991, el Estado y la sociedad toda garantizan la protección de la familia, la que puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, sin que, por tanto, quepan interpretaciones que —de alguna manera— preserven prerrogativas para alguna tipología especial de familia (art. 42). Más aún, si la Carta Política es de aplicación inmediata en lo que a derechos y garantías se refiere, resulta claro que esa tutela particular no se puede brindar únicamente a las uniones maritales de hecho que afloraron el primero de enero de 1990, sino que ella debe extenderse a las que venían desarrollándose de tiempo atrás, con mayor razón si se considera el trato indiferente que el legislador le brindaba a las otrora llamadas relaciones concubinarias, a las que solo la jurisprudencia, in partis, les brindaba cierto amparo.
Por consiguiente, desde la óptica de la actual Constitución, es necesario prohijar una interpretación de la Ley 54 de 1990, que le permita a las familias integradas con anterioridad a su expedición, y que se preservaron con posterioridad a ella, recibir de inmediato el reconocimiento que esa normatividad les confiere, específicamente en lo tocante con la conformación de la sociedad patrimonial entre quienes, de antiguo, o ex ante, vienen siendo compañeros permanentes, sin que se pueda negar esa retrospectividad argumentando que la misma Carta Política garantiza ‘los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’ (art. 58), toda vez que, como se explicará en párrafos siguientes, antes de 1990, en puridad, no existía ninguna normatividad que regulara los efectos patrimoniales del otrora llamado concubinato, por lo que no podría afirmarse válidamente la existencia de derechos adquiridos de los compañeros permanentes con anterioridad a la promulgación de la Ley 54. Dicho con brevedad —y anticipadamente—, en casos de anomia no hay derechos adquiridos.
b) En segundo lugar, es preciso resaltar que, por regla general, la promulgación de leyes tuitivas —la 54 de 1990 es una de ellas— en las que existe un innegable interés general, tiene el inequívoco propósito de brindar pronta y cumplida tutela a cierto grupo de personas que reciben una protección precaria, o nula. De allí que en la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 107 de 1988 - Cámara de Representantes, antecedente de la mencionada normatividad, se hubiere precisado que la ley pretende conjurar ‘una grave injusticia’, generada, entre otras razones, por existir ‘un vacío en la legislación acerca de un hecho social cada vez más extendido’ (se resalta). Más aún, en el Informe-Ponencia para primer debate en plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se acotó que ‘Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre ‘uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes’ (se resalta; Gaceta Constitucional 85, pág. 5).
A este respecto, es útil señalar que la Corte, de tiempo atrás, ha adoptado posturas interpretativas que habiliten el reconocimiento de derechos patrimoniales a quienes han conformado una familia sin sujeción al vínculo matrimonial, en un claro y plausible esfuerzo por conjurar la injusticia que generó la indiferencia del legislador ante un hecho que, en forma paulatina, se fue generalizando y arraigando en la sociedad patria e internacional, en general, y el no menos grave rechazo social que en antes provocaba ese tipo de uniones (...).
‘En fin, tras algunos avances consagrados en las leyes 45 de 1936, 75 de 1968, Decreto 2820 de 1974, que ciertamente consagraron y afianzaron algunos derechos alrededor de la familia extramatrimonial, el verdadero año que marcó el comienzo del fin del prejuicio es el de 1990. Ya la realidad, venida para entonces a borbotones, señaló estadísticamente las innúmeras parejas que en el país hacían vida marital, sin la fórmula del matrimonio, de tal suerte que la Ley 54 de dicha anualidad no hizo más que identificar una problemática ya bastante sentida, la diagnosticó jurídicamente y le proporcionó el tratamiento que consideró adecuado (...)’
‘Concepción esa de la que buenamente se suelta una característica que bien hace al caso que ahora se decide, y es la naturaleza familiar de la relación. Justamente se ve en la unión un núcleo familiar, pues que la convivencia y la cohabitación no tienen por resultado otra cosa. La pareja se une y hace vida marital. Al punto ha dicho la Corte que la ley 54 ‘conlleva el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan’ (...). El Estado entiende así que tutelando el interés familiar tutela su propio interés y que del fortalecimiento de la familia depende en gran parte su suerte. Aun la formada por los ‘vínculos naturales’, pues que la naciente figura debe su origen, no necesariamente a un convenio, sino a una cadena de hechos. La voluntad no es indispensable expresarla, va envuelta en los hechos; y aunque se ignorase las consecuencias jurídicas, igual se gesta la figura; total, es la suma de comportamientos humanos plurales y reiterados, sin solución de continuidad en el tiempo. De modo de afirmarse que la unión marital no tiene vida, vale decir, no nace, sino en cuanto que se exprese a través de los hechos, reveladores de suyo de la intención genuina de mantenerse juntos los compañeros; aquí a diferencia del matrimonio, porque al fin y al cabo casarse, no obstante ser uno de los pasos más trascendentales del ser humano, puede ser decisión de un momento más o menos prolongado, la unión marital es fruto de los actos conscientes y reflexivos, constantes y prolongados: es como la confirmación diaria de la actitud. Es un hecho, que no un acuerdo, jurídico familiar’ (Se resalta; exp.: 7603).
De allí, entonces, en la hora de ahora, que no pueda perseverarse en una interpretación que difiere en dos años el reconocimiento de los beneficios patrimoniales reconocidos por la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho, pues ello traduce, ni más ni menos, que la ‘grave injusticia’ que, ex professo, el legislador quiso remediar, siguió latente por un bienio adicional, si se quiere con el sobreentendido beneplácito de aquel, lo que no se encuentra en consonancia con el sentido común y la recta razón, amén que tal suerte de entendimiento, in radice, desconoce el acerado principio de solidaridad que informa el ordenamiento jurídico patrio y deja latente el equivocado mensaje, de que la ley en cuestión, mutatis mutandis, es una ley de punto final de las uniones maritales de hecho que afloraron antes de su vigencia formal.
Flaco favor se le hace a la familia natural, ciertamente, cuando se dice que, no obstante la urgente y laudable necesidad de disciplinar la unión marital de hecho reconocida y advertida expresamente por el legislador, solo dos años después del despunte material de la ley se corregirá una situación conscientemente tildada, sin ambages, de ‘grave injusticia’. Sería paradójico aplazar sus efectos reales por un bienio, a sabiendas de la presencia de esta ‘injusticia’, calificada de ‘grave’, como se acotó. Sin duda, allí no anida una interpretación racional y, sobre todo, dotada de sólida apoyatura. No en vano, diferir la solución de una injusticia, cuando hay plena y confesada consciencia de su existencia y de sus devastadores consecuencias, es tanto como darle la espalda al genuino norte de la misión legislativa y judicial, esto es, la incesante búsqueda de la justicia, en claro apartamiento de la teleología que anima la hermenéutica contemporánea, muy alejada de la exégesis y de las interpretaciones meramente literales, de suyo pétreas y distantes de la realidad imperante, de suyo muy otra.
Es por eso que la Sala, al ocuparse del tema de la retroactividad, ha precisado que ‘los particulares no pueden prevalerse de las irregularidades que, por una u otra causa, surgen en el devenir de la vida diaria para pretender derivar de ellas la existencia de derechos adquiridos, menos cuando el ordenamiento jurídico está orientado, por principio general, a subsanar esas situaciones. De ahí que, cual lo ha expuesto igualmente la Corte, las leyes de orden público encaminadas a remediar injusticias sociales existentes, se expidan no solo con el propósito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro sino que se eliminen las ya producidas; o, en otros términos, que su aplicación comprenda las nuevas situaciones y las anteriores (Cfr. Sentencia de 18 de julio de 1956, G.J. LXXXIII, pág. 269)’ (Se resalta; Cas.Civ. de 29.may.1997; exp.: 4845).
Por ende, no se puede afirmar que fue la propia Ley 54 de 1990 la que descartó la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de convivencia anterior, por haber precisado en su artículo 1º que ‘A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular’, pues es claro que esa puntual referencia, no solo tuvo el confesado, amén de notable propósito de excluir las odiosas nomenclaturas otrora utilizadas para referirse a esas uniones, a las que se otorgó un calificativo más acorde con su significación social actual, sino también el de resaltar el principio de vigencia inmediata de la ley, por lo que no se podría afirmar que las uniones que tuvieron comienzo antes del 31 de diciembre de 1990 y que siguieron desarrollándose con posterioridad, el único beneficio que reportaron, una vez promulgada la ley en cuestión, fue el de recibir una más adecuada denominación o status societario, como si ello fuere bastante, o acaso de mayor importancia que el efecto patrimonial. He aquí esbozada la ratio auténtica de la ‘grave injusticia’ que el legislador de 1990 se empeñó en remediar, según dan cumplida cuenta los antecedentes de la Ley 54 de esa anualidad, muy diferente a solucionar, por lo pronto, la mera nomenclatura.
c) En tercer lugar, es relevante precisar que, stricto sensu, el cómputo del plazo de convivencia anterior a la expedición de la citada ley, no traduce una aplicación retroactiva, como se suele aseverar, puesto que no se estarían desconociendo derechos adquiridos o, mejor aún, situaciones jurídicas consolidadas.
Pero además, es necesario reconocer que la irretroactividad de la ley es principio que supone la colisión de dos normatividades, una anterior y otra nueva o ulterior que la deroga o modifica. Solo así cabe sostener que la última no pueda desconocer derechos adquiridos al amparo de la primera, o, mejor aún, que deba respetar las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de esta. Pero si no hay ley anterior, en estrictez, ¿qué derechos pueden ser vulnerados? El conflicto de leyes en el tiempo supone, entonces, que dos leyes promulgadas en épocas distintas, se disputan el gobierno de una determinada relación jurídica, lo que justifica que el propio legislador arbitre en esa pugna, para señalar que, en principio, la última de ellas no puede inmiscuirse en los derechos que consolidó la primera. Pero si falta una de las leyes en contienda, ¿en dónde está el conflicto? Y es claro que la Ley 54 de 1990, ello es de Perogrullo, no puede reñir consigo misma. De allí, entonces, que cuando el legislador, por vez primera, se ocupa de una situación jurídica, resulta inoficioso —a fuer de impreciso— hablar de retroactividad, pues no hay conflicto cuando en el pasado hay anomia, como se anticipó.
Desde luego que no se podría encontrar —y nadie la ha hallado— una regulación y, menos aún, un arquetípico derecho adquirido o, mejor aún, una situación jurídica consolidada, en el ya derogado artículo 2082 del Código Civil, que prohibía ‘toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges’, porque largo y espinoso trecho debe recorrerse, para tratar de ver un derecho subjetivo en donde solo existe un veto, o una proscripción frontal.
Tan cierto será ello, que esa disposición no fue obstáculo para que la Corte, a partir de la sentencia de 30 de noviembre de 1935 (G.J. Nº 1987, pág. 476), le abriera paso al reconocimiento de efectos patrimoniales a las hoy apellidadas uniones maritales de hecho, con fundamento en la figura de la sociedad de hecho civil o comercial, según el caso, si bien —antaño— resultaba claro que el simple hecho de la convivencia more uxorio extramatrimonial, no generaba la constitución de una sociedad de bienes, pues era necesario acreditar el ánimo societario, elemento este que, según el estado actual de la jurisprudencia de la Sala, ya citada, no puede ser apreciado al margen de la relación afectiva que existe entre los compañeros permanentes, sino, por el contrario, con vista en ella.
d) En cuarto lugar, no puede perderse de vista que si bien es cierto que el legislador descartó en general que la ley fuera retroactiva —principio que, dicho sea de paso, no es absoluto, al punto que la Ley 153 de 1887 derogó expresamente el artículo 13 del Código Civil, que lo establecía—, no lo es menos que, también, por regla, consagró el postulado de vigencia inmediata de la ley, la cual, rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jurídicas en curso, esto es, aquellas que venían desarrollándose con anterioridad a su promulgación y que continúan desdoblándose bajo su imperio.
Esa aplicación de la ley nueva a las situaciones jurídicas que vienen del pasado, se concreta, claro está, a los efectos y a la extensión del derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella establece, sin que ello indefectiblemente implique retroactividad. Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado retrospectividad y que un sector de la dogmática internacional califica como materialización de la “retroactividad ‘no genuina’” —o de primer grado o débil—, admisible, ello es capital, cuando se trata de proteger la dignidad del ciudadano y cuando a nadie perjudica, por oposición a la “retroactividad ‘genuina’” —o de segundo grado o fuerte—, esta sí inadmisible, todo lo cual pone de presente que, con independencia de la nomenclatura que se utilice para identificar el fenómeno jurídico que se comenta, existe consenso en descartar la aplicación absoluta del postulado de la irretroactividad, para abrirle paso a una concepción más tuitiva, solidaria y fraterna, como hoy indiscutiblemente lo reclama la familia, base esencial de la sociedad.
Por eso, entonces, no es posible desconocer que la Ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata, motivo por el cual regula, ‘a partir de la fecha de su promulgación’ (art. 9º), todas las situaciones de hecho a que ella se refiere, y no solo las que surjan con posterioridad, sino también las que estaban en desarrollo, o sea a ‘los hechos in fieri’ y a ‘las consecuencias no consumadas de los hechos pasados’ (...) (se resalta), pues ‘la ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, aún anteriores a ella, sin ser retroactiva’ (...).
e) En quinto lugar, si la Ley 54 de 1990 estableció una presunción legal de conformación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes (art. 2º), no es posible oponerse a su aplicación con el pretexto de la irretroactividad de la ley, toda vez que, por ese camino, se desconocería la naturaleza procesal —más concretamente probatoria— que le es propia a las presunciones de esa estirpe, consignadas por el legislador con el inequívoco propósito de facilitar la prueba de la existencia de la referida sociedad”.
6. Al cotejar el sustento axial de la decisión impugnada, con las argumentaciones que sirven de apoyo al reseñado precedente jurisprudencial, se advierte la insuficiencia de las razones expuestas por el tribunal para apartarse del reiterado criterio de la Corte. En efecto:
a) La idea atinente al desconocimiento de la “irretroactividad de la ley”, la que apoya en reflexiones contenidas en el fallo de esta corporación de 13 de diciembre de 2002, no evidencia arbitrariedad o que sea absurda la teoría apoyada en el postulado de la “vigencia inmediata de la ley”, según el cual “rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jurídicas en curso, esto es, aquellas que venían desarrollándose con anterioridad a su promulgación y que continúan desdoblándose bajo su imperio”, a partir del cual se sustenta el fenómeno jurídico de la “restrospectividad”, el que no riñe con el citado “principio de la irretroactividad”.
b) En cuanto al argumento referente a que con antelación a la promulgación de la Ley 54 de 1990, el artículo 2082 del Código Civil (derogado por la L. 222/95), “prohibía expresamente las sociedades de gananciales distintas de la conyugal”, infiriendo de ahí que la “sociedad patrimonial entre compañero permanentes” no era aceptada por el orden jurídico, lo que impedía que operara la “retrospetividad”, para desvirtuarlo basta anteponer lo expresado en el fallo de esta corporación que trae a colación el casacionista, esto es, CSJ SC, 3.nov.2010, rad. 2005-00196-01, en el que se sostuvo:
“No se diga que al prohibir el artículo 2082 del Código Civil, derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995, toda ‘sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges’, quienes con anterioridad a la vigencia de la Ley 54 de 1990, venían conformando una comunidad de vida permanente y singular, habían adquirido el derecho a no conformar la sociedad patrimonial que surge como consecuencia de una relación marital.
En primer lugar, porque al no haber sido obstáculo esa disposición para que la jurisprudencia reconociera efectos económicos a las relaciones de los concubinos, se entiende que la excepción, vale decir, la permisión de las sociedades de gananciales a título universal, comprende las que surgen de las relaciones de familia, esto es, tanto las conyugales, como las derivadas de las uniones maritales originadas en los hechos, tal cual así vino a confirmarlo la citada ley, pues al presumir la sociedad patrimonial, excluyó expresamente de la prohibición esa forma de sociedad que reguló.
Además, porque si la institución de la familia abreva en dos fuentes, la legítima y la natural, sus consecuencias patrimoniales deben predicarse de ambas. Por esto, no se puede afirmar que la otrora prohibición prevista en el artículo 2082 del Código Civil, se aplicaba a la familia que surgía de los hechos, no así a las revestidas de un vínculo matrimonial, porque fuera de no existir fundamento plausible para la distinción, el legislador, en esa materia, únicamente estimó inconveniente la coexistencia de sociedades de gananciales a título universal, al punto que un segundo matrimonio no la generaba. Si se admitía, dijo la Corte, ‘junto a la conyugal, otra excepción a la prohibición de sociedades de ganancias a título universal [la de hecho] (...), era bajo la condición de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo’ (...)”.
Así mismo, pertinente resulta memorar la Sentencia SC10304-2014, en la que frente ante similar situación a la examinada en este caso, se sostuvo:
“Se reitera, entonces, quienes a la vigencia de la Ley 54 de 1990, tenían una unión marital de hecho preexistente, les asiste el derecho a exigir sus alcances, desde la época, incluyendo los económicos, pues como quedó explicado, la restricción de toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges, no fue obstáculo para reconocer, bajo las figuras de las sociedades civiles o comerciales de facto, los efectos patrimoniales, conjurándose así las injusticias generadas por la indiferencia del legislador.
En adición, como la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho se presume, esto significa que la excepción a la otrora prohibición de patrimonios universales no solo quedó abierta ‘entre cónyuges’, sino también respecto de compañeros permanentes. La permisión, por lo tanto, igualmente se extiende a las relaciones maritales vigentes al entrar a regir la ley de su gobierno, al decir de la Sala, porque ‘(...) si la institución de la familia abreva en dos fuentes, la legítima y la natural, sus consecuencias patrimoniales deben predicarse de ambas (...)’”.
c) Y en lo atinente a que la aceptación de la “retrospectividad” de la ley en comento, conduce al desconocimiento de la “seguridad jurídica y de la igualdad ante la ley”, dado que “al regularse la unión marital por las disposiciones de la sociedad conyugal (...), dentro de las que se encuentran las concernientes al régimen de capitulaciones matrimoniales (...)”, estima que a partir de la promulgación del citado ordenamiento “los compañeros permanentes pueden modificar de conformidad con su voluntad el régimen patrimonial”, oportunidad que no tuvieron “quienes se unieron en una comunidad de vida permanente y singular anterior a la ley”; es evidente que se trata de una mera hipótesis, que no alcanza a debilitar la juridicidad de las múltiples razones esbozadas por la Sala para darle cabida al señalado fenómeno de la “retrospectividad”.
Al respecto, en el fallo reseñado en el literal que antecede, se expuso:
“(...) si antes de la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho, y por ende, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, carecía de regulación positiva, se echa de menos el elemento legal de confrontación para establecer si la imposibilidad de celebrar aquellas, respecto de las relaciones en curso, dejó en vilo la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.
En coherencia, la posibilidad de acceder al régimen de las capitulaciones matrimoniales, ya sea de uniones maritales preexistentes a la vigencia de la ley, ora de las nacidas luego, no es lo que hace la diferencia. Se trata simplemente de una consecuencia jurídica práctica en su aplicación que abriga por igual a todos los involucrados”.
7. La labor de contraste que se ha realizado, pone al descubierto la transgresión directa de las disposiciones sustanciales en la sentencia impugnada, puesto que no está sustentada en argumentos que tengan la potencialidad jurídica para demeritar o desvirtuar la reiterada tesis de la Corte Suprema, en cuanto a la aplicación retrospectiva de la Ley 54 de 1990.
En un caso que guarda similitud con el aquí analizado, en el que el juzgador de segundo grado se apartó del citado criterio, esta corporación en el fallo con el que ahí se resolvió la impugnación extraordinaria, esto es, el SC10561-2014, rad. 2007-01170-01, comentó:
“(...) Desde la actual perspectiva se configura en este asunto la equivocación que le endilga la censora al tribunal, pues, a pesar de tener plenamente ‘probada la convivencia entre la pareja (...) desde hace no menos de veintiséis años’, restringe los efectos de esa unión ‘a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990’, con base en un criterio de irretroactividad que, si bien sostuvo esta corporación en una época, fue revaluado en respuesta a una realidad social patente y con amparo en principios de índole constitucional que protegen al grupo familiar.
Tal exégesis, que se sustenta en un pronunciamiento (...) [que] estaba acorde con la [tesis] que tenía la Corte sobre el particular, desconoce abiertamente los adelantos jurisprudenciales que se dieron a partir del 28 de abril de 2005, cuando se le reconoci[ó] efectos retrospectivos a la Ley 54 de 1990 en relación con las uniones maritales que, iniciadas con antelación al 31 de diciembre de 1990, se finiquitaban con posterioridad.
Como este punto de vista, a pesar de los legítimos disentimientos que puedan darse, es el que prevalece en la actualidad y no existen motivos para modificarlo, (...)”.
8. Corolario de lo analizado es que alcanza prosperidad la acusación estudiada, y consecuentemente, habrá de casarse de manera parcial el fallo atacado, precisando que de conformidad con el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, no es viable condenar en costas a la recurrente.
9. Así las cosas, procede entonces proferir la decisión de reemplazo.
1. Se rememora que el juez a-quo, aunque despachó de manera favorable las pretensiones, determinó que la “unión marital de hecho” y la “sociedad patrimonial” entre los compañeros permanentes María Ruth Rodríguez Soto y Camilo Merizalde Cubillos (fallecido), existieron o tuvieron vigencia del “30 de diciembre de 1990” al “19 de noviembre de 2007”.
2. La actora recurrió en apelación reclamando reformar “lo concerniente únicamente a la fecha de inicio de la unión marital de hecho y la fecha de inicio de la vigencia de la sociedad patrimonial” a que se ha hecho mención, para que se tome como tal el “17 de diciembre de 1979”, con sustento en el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de 28 de octubre de 2005, y en pronunciamientos posteriores, en los que se reiteró la teoría de la aplicación retrospectiva de la Ley 54 de 1990.
3. Establecido como quedó al estudiar la acusación que alcanza éxito en la impugnación extraordinaria, y sin que sea necesario reproducir las ideas allí plasmadas, se determina que para el caso es procedente aplicar la “teoría de la retrospectividad” del citado estatuto legal, en virtud del cual respecto de las relaciones de pareja de hecho surgidas o conformadas con antelación a su promulgación, que prosiguieron sin solución de continuidad durante su vigencia, ha de reconocerse la totalidad del tiempo de convivencia de la pareja, para los efectos de la declaración de existencia de la “unión marital de hecho” y la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”.
4. En razón a que las conclusiones probatorias del tribunal para el reconocimiento de aquellas y del período real de duración de la convivencia de la pareja, no fueron materia de cuestionamiento en la impugnación extraordinaria, habrán de ser respetadas y se tomarán en cuenta para resolver la apelación, tornándose innecesario volver a la valoración probatoria con ese propósito.
5. Ante esas circunstancias, alcanza prosperidad la alzada en el sentido planteado por la demandante, y por lo tanto, se modificará la decisión del juez a-quo en cuanto a la fijación de la época en que inició la “unión marital de hecho” en cuestión, al igual que respecto de la “sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, acogiéndose como tal, el “17 de diciembre de 1979”, fecha que precisó la actora en el interrogatorio que contestó (fl. 148, cdno. 1), y no fue cuestionada por la accionada, además porque coincide con la época mencionada por los testigos María del Pilar Rodríguez Soto (fl. 125, cdno. 1), Martha Merizalde de Martin (fl. 130, cdno. 1), Emilio Daniel Buenaventura Osorio (fl. 139, cdno. 1) y María Dora Vargas de Bejarano (fl. 143, cdno. 1), quienes aludieron a “finales de 1979 o comienzos del 80”, y se torna creíble la data en cuestión, porque para entonces el señor Merizalde Cubillos, no convivía con su esposa, pues ella en la declaración de parte informó que se fue a vivir a los Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1979 (fl. 176, cdno. 1).
6. Para efectos de concretar la decisión, se reproducirá la parte resolutiva del fallo del tribunal en los aspectos no alterados en casación y se incluirán las numerales de la sentencia del juez a-quo, con las modificaciones que implica el acogimiento de la apelación impetrada por la actora.
7. En lo concerniente a las “costas procesales” en el trámite de la segunda instancia, de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, se impondrá su pago a los recurrentes que resultaron vencidos, y en cuanto a la actuación relacionada con los recursos de casación examinados, de conformidad con el numeral 1º del citado precepto, en armonía con el inciso final del artículo 375 ibídem, únicamente es procedente ordenar a la demandada que compareció al proceso en calidad de cónyuge sobreviviente, la cancelación de las citadas “expensas procesales”, toda vez que no prosperó la acusación por ella promovida, y para la fijación de las agencias en derecho se tomará en cuenta que su contraparte de manera oportuna presentó la correspondiente réplica (fls. 73-87).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 6 de abril de 2011 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso identificado en el encabezamiento de esta providencia.
Condenar a María Mercedes Socorro Rojas de Merizalde, a cancelar las “costas procesales” a favor de María Ruth Rodríguez Soto, con relación a la “demanda de casación” por ella presentada, e inclúyase en la respectiva liquidación, la suma de $ 6’000.000, como “agencias en derecho”.
1. “Primero: Adicionar el numeral segundo de la sentencia motivo de estudio, esto es, la proferida por el juzgado dieciocho de familia el 27 de julio de 2010 en el sentido de que la sentencia debe inscribirse también en el libro de varios”.
2. Modificar, en el aspecto que fue objeto de apelación por la accionante, los puntos segundo y tercero de la sentencia del juez a-quo, conforme a continuación se indica:
“Segundo: Declarar que entre María Ruth Rodríguez Soto y Camilo Merizalde Cubillos, existió unión marital de hecho dentro del período comprendido entre el” diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) “y el día diecinueve (19) de noviembre del año dos mil siete (2007), conforme lo considerado en esta providencia. Inscribir la presente providencia en el registro civil de nacimiento de los compañeros permanentes. Ofíciese”.
“Tercero: Declarar que entre María Ruth Rodríguez Soto y Camilo Merizalde Cubillos, existió y se conformó una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes según las voces del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, dentro del período comprendido entre el” diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) “y el día diecinueve (19) de noviembre del año dos mil siete (2007), conforme lo considerado en esta providencia”.
3. “Segundo: Confirmar en los aspectos que fueron motivo de apelación, [por los demandados María Mercedes Socorro Rojas de Merizalde y Mauricio Merizalde Rojas,] la sentencia referida”.
4. “Tercero: Devolver el expediente al juzgado de origen en su oportunidad”.
5. Condenar al pago de las “costas procesales” en el trámite de la apelación a María Mercedes Socorro Rojas de Merizalde y Mauricio Merizalde Rojas, e incluir en su liquidación la suma de $ 1’500.000, por concepto de “agencias en derecho”.
6. Remítase el expediente al tribunal de origen.