Source: https://vlexvenezuela.com/vid/435083462
Timestamp: 2019-05-23 09:04:21
Document Index: 261676530

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 66', 'artículo 117', 'artículo 259', 'Artículo 6', 'Artículo 35', 'artículo 259', 'artículo 259', 'artículo 259']

Sentencia nº 433 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 435083462
Número de Expediente: 12-0340
El 22 de marzo de 2012, comparecieron ante esta Sala Constitucional los ciudadanos E.A.D.L., L.H.G., M.P. y F.P., titulares de las cédulas de identidad números 16.399.797, 7.068.568, 3.665.602 y 18.868.208, respectivamente, el segundo actuando en condición de abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.021, asistiendo jurídicamente a todos los demandantes; en carácter de miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA, inscrita ante el Registro Principal del Estado Carabobo, el 31 de marzo de 2011, bajo el número 22, Folios del 1 al 8, Tomo 07 del Protocolo Primero; así como la ciudadana N.P.C., titular de la cédula de identidad número 19.230.394, en su condición de miembro de la mencionada Fundación, y los ciudadanos K.G.Z., B.A.R., P.E.M., M.E.S., R. REYES e I.P.M., titulares de las cédulas de identidad números 19.230.209, 2.843.900, 2.952.852, 19.523.638, 21.240.017 y 19.919.407, en ese orden, actuando como residentes del Municipio Valencia, Estado Carabobo, a fin de presentar demanda por intereses colectivos y difusos conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra el Estado venezolano, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DE VENEZUELA C.A. (HIDROVEN) y su filial HIDROLÓGICA DEL CENTRO C.A. (HIDROCENTRO).
El 30 de marzo de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada L.E.M.L., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
D. preliminarmente el objeto de la Fundación que representan y, en ese sentido, explicaron que según el artículo cuarto de sus Estatutos:“(…) El objeto de la Fundación ‘MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA’ seria (sic): 1. Promover y defender el derecho humano fundamental universalmente reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas de acceso al agua potable, según la resolución A/64/L.63/Rev. 1 de fecha 26 de Julio de 2010, en concordancia con las normas sanitarias de calidad a nivel nacional e internacional. 2. Promover proyectos de educación ambiental sobre uso racional, sustentable y la preservación del recurso hídrico, dirigido a todas las comunidades, especialmente en aquellas de alta vulnerabilidad ambiental. 3. Incentivar la protección ambiental de las cuencas hidrográficas y cuerpos de agua en general y su potencial uso como fuente de abastecimiento de agua. 4. Promover la calidad del servicio de agua potable ante los organismos responsables de su suministro, así como también sobre los efluentes residuales producto de las diferentes actividades económicas propensas a contaminar los recursos hídricos. 5. Impulsar la realización de estudios científicos-técnicos que permitan verificar la calidad del agua. 6. Promover actividades productivas que sean favorables a la preservación del ecosistema donde se realicen y que garanticen un desarrollo sustentable de la misma. 7. Promover la constante revisión y actualización del marco legal que rige el uso y disposición del agua potable y las aguas residuales en el País basados en estudios científicos-técnicos”.
Que “[e]l embalse Pao-Cachinche está ubicado en la región centro-norte de Venezuela (…) y constituye la principal fuente de abastecimiento de agua de la Gran Valencia (Municipios: Valencia, Naguanagua, S.D., Los Guayos y Libertador) y parte de estados Aragua y Cojedes, surtiendo del recurso hídrico a más de tres millones de personas. Entre sus principales afluentes están los ríos Chirgua, P., Pirapira, P. y S.P.. El río Paito transporta aguas residuales de diverso origen, mientras que el río Chirgua transporta las aguas residuales provenientes principalmente de granjas avícolas y porcinas. El embalse está rodeado por más de 50 granjas porcinas y avícolas, y recibe una alta carga de nutrientes (especialmente nitrógeno y fósforo), fundamentalmente del río Paito (…). Este embalse fue clasificado como hipereutrófico, según el criterio de S. y M. (1991) para lagos cálidos tropicales, ratificado como tal en 2004 por M. y R., todos estos investigadores de la Universidad Central de Venezuela”.
Respecto de la anterior definición técnica, los actores precisaron que “(…) la hipereutrofización es el enriquecimiento excesivo de nutrientes en un cuerpo de agua, asociado al grado de contaminación del mismo que genera una ruptura del equilibrio ecológico causando una explosión de crecimiento de plancton (principalmente cianobacterias, 75% en el año 1988, E.G. 2004) y plantas acuáticas comprometiendo la calidad del agua. Si bien la materia vegetal no es un contaminante en sí, es consecuencia de los altos grados de nitrógeno y fósforo presentes en el ecosistema”.
Señalaron que “[e]l día 15/05/2010 (sic) se realizó una inspección al embalse Pao-Cachinche donde se corroboró la notoria hipereutrofización del mismo, así como la presencia extendida en gran parte del embalse de lemna (Lemna sp.) y bora (Eichhornia crassipes). En dicha visita se navegó desde el sector Agua L. hasta la torre toma de HIDROCENTRO. P. constatar un hedor fétido asociado al estancamiento de las aguas”. (Mayúsculas del texto).
También alegaron que los altos valores de cloro indicados, están relacionados con una mayor incidencia de cáncer de vejiga, colon y recto; además que, “(…) aunado a la enorme cantidad de materia orgánica presente en el Embalse Pao-Cachinche, que alimenta de agua cruda a la Planta de P.A.Z. en las cuales realiza el proceso de cloración crean las condiciones ideales para una alta formación de Trihalometano, pudiendo éstos encontrarse en concentraciones que aún estando dentro de la normativa venezolana vigente, superan ampliamente los niveles considerados seguros para la salud en normas internacionales (…)”. Asimismo, afirmaron que estos elementos contribuyen a generar el incremento de casos de irritación ocular y cutánea que, en su decir, se han registrado.
Que “[l]as muestras del estudio se realizaron el 5 y 13 de mayo, y el 18 de junio, [del año 2010] en 8 puntos de la red de distribución que abarca geográficamente la gran Valencia, siendo las muestras debidamente tomadas por el Tec. (sic) G.B.. Los análisis de dichas muestras fueron realizados por 2 Laboratorios debidamente certificados por el Ministerio del Ambiente: La “Fundación Tecnológica Integral FUNSEIM” y el Laboratorio ‘HIDROLAB Toro’, (…) en la cual se muestran (…) la concentración de Cloro Residual (…)”. (Mayúsculas del texto).
Que “[e]l segundo parámetro analizado por el Movimiento Por la Calidad del Agua en el Area (sic) de la Gran Valencia, por sus potenciales repercusiones en la salud de la población, fue la concentración de Aluminio presente en el agua que consumimos los Carabobeños. El muestreo se realizó en 15 puntos de la red baja y alta, cubriendo los Municipios Valencia, Naguanagua, S.D., Libertador y Los Guayos, los días 7 de mayo, 15 y 18 de junio del presente año, fecha para la cual presuntamente, según declaraciones de funcionarios de HIDROCENTRO, había cesado el drenaje del Lago de Valencia hacía ya 2 meses”. (Mayúsculas del texto).
Así mismo, plantean que a partir de la fecha de inicio del trasvase del Lago de Valencia en septiembre de 2007, la tendencia de los valores se incrementó en la concentración de aluminio en el agua para consumo humano a la salida de la Planta “Alejo Zuloaga”, al igual que la tendencia de la turbiedad se ha incrementado, en cuanto a la conductividad los valores promedios también han aumentado progresivamente, todo ello según los análisis de muestras realizados por el Movimiento por la Calidad del Agua ,entre los meses de febrero de 2007 hasta agosto del mismo año. Señalando que “(…) el trasvase esta (sic) causando un enorme daño a la calidad del agua del embalse P.C. porque esta (sic) introduciendo contaminación de origen químico a un agua que luego llegará a una planta potabilizadora convencional que no esta (sic) en capacidad para remover ni elementos ni compuestos químicos disueltos”.
Concluyeron los solicitantes en que “[e]l trasvase del Lago de Valencia ha sido determinante en la aceleración e intensificación de la contaminación y la desmejora de la calidad del agua del Embalse Pao-Cachinche, contribuyendo a aumentar su concentración de Fósforo, N., y aumentar su conductividad y turbidez”.
Que “[e]l agua del Embalse Pao-Cachinche ya no es clasificada agua tipo 1B, sino como agua tipo 1C, por lo cual no es susceptible de ser tratada solo con medios convencionales como los que dispone la Planta Potabilizadora ‘A.Z.”.
Que “[l]os procesos de potabilización en la planta ‘A.Z.’ han perdido eficiencia debido a la mala calidad del agua cruda proveniente del Embalse Pao-Cachinche, y en consecuencia se ha incrementado el uso de químicos empleados en su tratamiento, varios de los cuales se han determinado en diversos estudios superan los valores máximos permitidos en las Normas Sanitarias”.
También solicitaron que se practicara la notificación de la ciudadana F. General de la República y de la Defensora del Pueblo, a fin que concurran a la presente causa en su condición de “terceros” si lo estimaren conveniente.
Ello a fin de condenar jurisdiccionalmente al Estado venezolano, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la sociedad mercantil Hidrológica de Venezuela C.A. (HIDROVEN) y su filial Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO) a que: (i) sustituya el actual trasvase de aguas del Lago de Valencia hacia el embalse Pao-Cachinche por otra alternativa que permita controlar el nivel y crecimiento del Lago de Valencia y que no atente contra la calidad de las aguas del embalse, debido a sus implicaciones en la degradación de la calidad del agua, las complicaciones técnicas provocadas a nivel del proceso de potabilización de las misma en la Planta “A.Z.” y las afectaciones a la salud pública y la calidad de vida “(…) producto del suministro del agua no potable para consumo humano a una población abastecida de aproximadamente 3.000.000 de venezolanos que se sirven por el Acueducto Regional del Centro”; (ii) suspenda el actual trasvase de aguas, previo cumplimiento de lo solicitado en el punto anterior, e impidiéndose el inicio de nuevas obras de infraestructura o ampliaciones de las ya existentes, que permitan o incrementes dicho trasvase de las aguas del Lago de Valencia hacia el embalse Pao-Cachinche, “(…) para evitar se agraven e intensifiquen los perjuicios y afectaciones al ambiente y a la ciudadanía (…)”; y (iii) en la planificación de cualquier opción de salida de los excedentes de agua de la cuenca hidrográfica del Lago de Valencia, distinta a los antes mencionados, se ordene a todas las instituciones con competencia y facultades en preservación del ambiente y la salud pública, a que realicen previamente los estudios de impacto ambiental y socio-cultural que establece nuestra Constitución y que éstos se hagan del conocimiento y dominio públicos, previo a su ejecución.
En ese sentido, cabe precisar el contenido y alcance de los derechos e intereses colectivos o difusos, y las formas bajo las cuales se puede solicitar su protección, para establecer por el contenido de la pretensión si se está en presencia de un asunto que atañe a la jurisdicción constitucional o si, por el contrario, debe ser conocida y tramitada por la jurisdicción contencioso administrativa, bajo la forma de un reclamo por servicios públicos (ex artículo 65.1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), en ese sentido, esta S. debe reiterar parcialmente aquellas premisas de juzgamiento empleadas en su sentencia N° 1.007 del 28 de junio de 2011, caso: “R.L.P. y otros”, con ocasión de una demanda similar a la aquí planteada contra el Estado venezolano, representado en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en Hidrológica de Venezuela C.A. (HIDROVEN) y en su filial Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO), a los efectos de que se garantizara el derecho al acceso a la información consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 66 de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento; el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así, respecto de las demandas por intereses o derechos difusos o colectivos esta Sala Constitucional en sentencia N° 3.648 del 19 de diciembre de 2003, caso: “F.A.R. y otros”, estableció las premisas que siguen respecto de esta categoría de tutela procesal:
Conforme al criterio supra citado, las demandas así planteadas contienen una acción de protección de derechos que, como ya se mencionó, puede ser ejercida para la reivindicación de derechos colectivos o difusos, en este caso, garantizar el cumplimiento de una obligación. Así mismo, la denuncia afecta no solamente el interés personal o directo, y el colectivo de los demandantes en el goce y garantía de sus derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano, de acceso al agua potable y el saneamiento, a disponer de bienes y servicios de calidad, sino a una pluralidad de sujetos indeterminables o cuya proyección subjetiva de protección no es determinable a priori, si bien dichos intereses no son consecuencia de la afectación en la esfera de derechos de todo el mundo, o de toda la población, se circunscribe al área metropolitana de la ciudad de Valencia, que afecta a un grupo de personas de un área del país (usuarios efectivos) -e incluye aquellos transeúntes o no residentes que también ostenten potencialmente la cualidad jurídica de usuario del sistema de distribución y suministro de agua potable (usuarios jurídicamente potenciales)-, por lo que esta S. considera que el fallo que se dicte en el presente asunto tiene una proyección subjetiva de sus efectos jurídicos que sobrepasa la esfera particular de los demandantes, que, sin embargo, no permite calificarlo preliminarmente como una demanda por intereses colectivos.
Los procesos asociados a la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento constituyen una actividad prestacional de servicio público; por lo que debe esta Sala hacer mención del criterio establecido en sentencia N° 34 del 5 de marzo de 2010, caso: “Y.R. y otros”, en la cual se señaló que “(…) no toda acción dirigida a procurar la satisfacción de los servicios públicos o de una actividad de interés general deba ser tramitada como una acción por intereses colectivos o difusos, ya que afirmar lo contrario, conllevaría a admitir la implícita derogatoria de las reglas de procedimiento de los juicios ordinarios en cuanto a su competencia, así como la derogatoria del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Dicho criterio recogía lo señalado por esta misma S. en su sentencia N° 4.993 del 15 de diciembre de 2005, caso: “Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico” en la cual se estableció lo siguiente:
...Al efecto, se aprecia que la simple alegatoria (sic) de un desmejoramiento en la calidad de vida, elemento constituido por esta Sala para afirmar la existencia de intereses difusos y colectivos, puede conllevar en cualquier oportunidad para cualquier determinado sector de la sociedad su recurribilidad por ante esta S., exigiendo el determinado comportamiento de otra colectividad con fundamento en el desmejoramiento de su calidad de vida.
Con fundamento en el referido artículo, se consagra constitucionalmente la existencia de una jurisdicción especializada para el enjuiciamiento del reclamo para la prestación de servicios públicos, correspondiéndole en este sentido, al juez contencioso administrativo determinar cuándo una determinada pretensión debe comprenderse dentro de dicha reclamación no restringiéndose la misma a la noción tradicional del servicio público, constituyéndose este último aspecto en el punto principal y previo del juez contencioso administrativo para establecer si una demanda específica debe ser o no competencia del contencioso administrativo (…)
En la sentencia antes citada, esta S. también precisó los elementos que debe evaluar el operador de justicia para calificar una determinada prestación como servicio público -distintos a los que subyacen en las denominadas actividades de interés general- y, en ese orden, se precisaron los siguientes:
Artículo 6. A los efectos de esta Ley se entiende por servicio público de agua potable la entrega de agua a los suscriptores o usuarios mediante la utilización de tuberías de agua apta para el consumo humano, incluyendo su conexión y medición, así como los procesos asociados de captación, conducción, almacenamiento y potabilización; y se entiende por servicio público de saneamiento, la recolección por tuberías de las aguas servidas de los domicilios, incluyendo su conexión, así como los procesos asociados de conducción, tratamiento y disposición final de dichas aguas servidas
Artículo 35. Los procesos asociados a la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento, a las cuales se refiere la presente Ley, son los siguientes:
Disposición de aguas servidas: incluye el tratamiento o depuración de las aguas residuales y su posterior conducción hasta los sitios de descarga
Dicha norma deja clara la voluntad del legislador venezolano de definir como servicio público la prestación de los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento. En este mismo sentido se expresó la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 224 del 7 de febrero de 2007, caso: “A.C.C.”, al señalar que la prestación del “(...) servicio de agua potable y de saneamiento es un servicio público de vital importancia para toda la población (...)”.
Lo anterior desde la perspectiva del contenido material de la prestación cuya calidad se cuestiona al operador, de tal forma que, se puede afirmar que lo pretendido se puede encauzar hacia un reclamo judicial por la aparente deficiencia en el cumplimiento de los estándares físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos que corresponde al servicio público de agua potable y saneamiento, lo cual tiene cabida -de forma especial- en el amplio espectro de pretensiones que son garantizadas judicialmente por los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, conforme al principio de universalidad del control jurisdiccional que le es reconocido por el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ese sentido, esta Sala Constitucional ha afirmado que “(…) en el pasado el criterio sostenido por esta S. era asumir la competencia de este tipo de acciones -demandas por intereses difusos o colectivos- con similares características a la que aquí se plantea, en las cuales se perseguía ˈcalidad de vidaˈ (Vid. sentencias N° 1571 del 22 de agosto de 2001, caso: Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal [ASODEVIPRILARA]; N° 2354 del 3 de octubre de 2002, caso: E.; no obstante, y en atención al criterio sostenido por este sentenciador en el presente fallo, resulta oportuno aclarar que toda reclamación por la prestación de un servicio público de contenido general, implica una demanda o acción colectiva (intereses colectivos o difusos); sin embargo, si existe en el ordenamiento jurídico un mecanismo ad hoc, esto es, la acción de reclamo por la prestación de servicios públicos (artículo 259 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), esta será la vía a la cual deberán acudir las personas afectadas por la deficiente prestación del servicio para obtener la satisfacción de sus pretensiones…” (Cfr. Sentencia de esta Sala Constitucional N° 925 del 8 de julio de 2009, caso: “J.J.N. y otros”)
Determinada entonces que la pretensión apunta hacia un reclamo derivado por la prestación de un servicio público y no hacia una demanda por tutela de intereses y derechos difusos o colectivos, por la cual se recalifica en este sentido, corresponde a esta Sala entonces definir la competencia para conocer de la presente acción, pues no resulta ésta competente para ello. En tal sentido, debe hacer referencia a su sentencia N° 1.158 del 10 de agosto de 2009, caso: “A.O. y otros”, la cual, en concordancia con los fallos antes mencionados, señaló que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa la competencia para conocer de las acciones, cuando se está en presencia de una actividad de servicio público o una actividad de interés general que afecte la prestación de determinado servicio, en los siguientes términos:
Al respecto, esta S. ha establecido que el derecho que tienen todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, no implica que toda acción dirigida a procurar la satisfacción de los mismos (servicio público o de una actividad de interés general) deba ser tramitada como una acción por intereses colectivos o difusos, ya que afirmar lo contrario, conllevaría a admitir la implícita derogatoria de las reglas de procedimiento de los juicios ordinarios en cuanto a su competencia, así como la derogatoria del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid. Sentencia N° 4993 del 15 de diciembre de 2005, caso: Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico)
No obstante la regla antes mencionada, esta Sala Constitucional debe atender a la preeminencia que ha dado en su propio desarrollo jurisprudencial al principio pro actione, por el cual “(…) las normas reguladoras de los requisitos procesales deben interpretarse siempre en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales” (Vid. Sentencias de esta Sala Constitucional Nros. 759 del 20 de julio de 2000, caso: “E.B.L.”; 1.764 del 25 de septiembre de 2001, caso: “N.J.C.V.”; 371 del 16 de febrero de 2003; caso: “O.R. Boada”; 97 del 2 de marzo de 2005, caso: “Banco Industrial de Venezuela” y 2.229 del 20 de septiembre de 2009, caso: “Pesajes del Puerto C.A.”).
Como consecuencia de la incompetencia antes declarada, esta S. se abstiene de emitir pronunciamiento alguno respecto de la pretensión cautelar deducida por los demandantes. Así se declara.
Finalmente, se advierte a la instancia que esta Sala Constitucional conoce por notoriedad judicial, en razón de su propia función jurisdiccional, que, como se señaló precedentemente, se ejerció una demanda, que cuenta con la legitimación de algunos de los actores de esta misma causa y cuyo título (causa petendi) se apoya en las mismas circunstancias relacionadas con la prestación del servicio público de agua potable y de saneamiento en el Área Metropolitana de la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo, la cual también fue declinada al Juzgado de Municipio competente de esa Circunscripción Judicial, como se desprende de la sentencia N° 1.007 del 28 de junio de 2011, caso: “R.L.P. y otros”, con ocasión de una demanda planteada contra el Estado venezolano, representado en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en Hidrológica de Venezuela C.A. (HIDROVEN) y en su filial Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO), razón por la cual deberá evaluar la aplicación de la institución procesal de la acumulación, de ser el caso, a los fines de evitar fallos contradictorios que afecten la regularidad y calidad del servicio público que se cuestiona ante la jurisdicción.
- QUE NO TIENE COMPETENCIA para conocer la “demanda por intereses colectivos y difusos conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada” presentada por los ciudadanos E.A.D.L., L.H.G., M.P. y F.P., en carácter de miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA, así como por la ciudadana N.P.C., en su condición de miembro de la mencionada Fundación, y los ciudadanos K.G.Z., B.A.R., P.E.M., M.E.S., R. REYES e I.P.M., contra el Estado venezolano, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, a través de la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DE VENEZUELA C.A. (HIDROVEN) y su filial HIDROLÓGICA DEL CENTRO C.A. (HIDROCENTRO).
P., regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Municipio que corresponda por distribución en la ciudad de Valencia del Estado Carabobo.
Decisión nº S-N de Juzgado Cuarto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de Zulia, de 12 de Abril de 2011