Source: http://lavacunacontralacorrupcion.blogspot.com/2018/08/iniciativa-ciudadana-de-reforma-al.html
Timestamp: 2018-12-12 05:29:48
Document Index: 262888145

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La Vacuna Contra La Corrupción OGP Londres 2013: Iniciativa Ciudadana de Reforma al Artículo 115 Constitucional De el Licenciado Reynaldo Castro Melgarejo Entregada al Presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2018.
Iniciativa Ciudadana de Reforma al Artículo 115 Constitucional De el Licenciado Reynaldo Castro Melgarejo Entregada al Presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2018.
Iniciativa Ciudadana de Reforma al Artículo 115 Constitucional
De el Licenciado Reynaldo Castro Melgarejo
Nuestro Derecho a ser Informados
El combate preventivo de la corrupción desde los municipios.
Entregada al Presidente electo,
el 16 de agosto de 2018.
Esta aportación fortalece un posible mejor papel del gobierno mexicano sobre este tema. El empoderamiento de los ciudadanos para combatir la corrupción preventivamente se ha evadido, se ha pospuesto o se ha ignorado, mientras que la participación ciudadana se ha orientado a aspectos de acceso a la información, cuando ya se ejerció el recurso público, sin que pueda evitarse la corrupción o recuperarse el daño al erario público; en algunos países como México, la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad se ha convertido en las llamadas autodefensas, han surgido en varios estados del país. Los órganos de control interno en todos los gobiernos han fallado, porque no logran erradicarla o reducir la corrupción a lo largo de muchos años. Solo la administran en menor o en mayor grado. Lo anterior provoca pérdidas patrimoniales a las entidades federativas, municipios y al Estado mexicano por miles de millones de pesos anuales; sin que tengan la recuperación en 100%, debido a que se persigue con principios reactivos y no se combate con principios preventivos. Alcanzar el objetivo de construir una Economía nacional más inclusiva, implica asumir compromisos en los tres órdenes de gobierno, en materia de Transparencia, con un enfoque firme del Combate Preventivo de la Corrupción desde los municipios o Alcaldías en la Ciudad de México.
Se requiere la construcción de nuevas bases en las políticas económicas y sociales para establecer la vigencia de “La Vacuna Contra la Corrupción”. Esta propuesta social y ciudadana, para impulsar el Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios, la presenté en la reunión Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en Londres, OGP Londres 2013, ante 1,200 representantes de 62 países de los 5 continentes, por la invitación de Francis Maude, Ministro de Hacienda y Jefe de Gabinete, en la que se puntualizó " ... Creo que estamos en el país donde se inventó la economía; donde hemos podido comprobar que no hay “mano invisible”; y que tenemos que ayudar a aportar nuevas ideas para que sea efectivo el apoyo, el fortalecimiento de nuestros sistemas económicos con transparencia y el combate preventivo de la corrupción, que sea: La Vacuna contra la corrupción. Ojalá sea un resultado de Londres 2013." A esto he denominado La Vacuna Contra la Corrupción, misma que a David Cameron, Primer Ministro de Reino Unido, le ha parecido una idea brillante.
Igualmente, la he presentado en San José de Costa Rica 11- 2014; Montevideo, Uruguay 05-2016; Francia en Universidad París 1 Pantheon-Sorbona (12-2016) y en OGP-Paris-2016; Lima, Perú- VIII Cumbre de la Américas-2018 y en Tbilisi, Georgia (07-2018) en OGP-2018.
Valoro que “La Visión Preventiva” para Combatir la corrupción en México, es conveniente, viable y oportuna, porque:
Fortalece la construcción de una Economía nacional más incluyente y la construcción en México, de: Un Estado Transparente y Un Mercado Transparente; que inevitablemente, será una gran Aportación de nuestro País para construir un Nuevo Orden Económico Mundial. • Fortalece nuestros sistemas económicos, al generar mayor certeza en una relación sociedad-gobierno transparente en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios. • Fortalece una mayor duración de los ciclos económicos, a partir de lograr mayor certeza en la Políticas Públicas de gasto, inversión y desarrollo social. • Genera una mejor imagen internacional de México. • Mayor confianza de inversionistas locales, regionales, nacionales y extranjeros al no tener que pagar diezmos o comisiones indebidas por aportar sus inversiones al crecimiento o desarrollo social. • Fortalece la reducción de la desigualdad social, favorece la Inclusión financiera de los ciudadanos y la creación de un verdadero Sistema Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas.
Propongo el Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios, con base en los siguientes principios: 1) La Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios y 2) La participación preventiva de los ciudadanos, como contrapeso efectivo y oportuno contra la corrupción o desviación de los recursos públicos de funcionarios de cualquier partido político. Los problemas estructurales que se resolverán son los siguientes: La alternancia en el Poder Político no ha dado resultados, poniendo en riesgo la democracia. La inseguridad y violencia son argumentos que lo confirman, entre otros, como el crecimiento de la pobreza. El otro conflicto que se solucionaría sería la forma en que se administra la Corrupción en México. Basta ver las históricas cifras de daño patrimonial presentadas cada año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otros Órganos Internos de Control de dependencias federales, estatales y municipales; porque la rendición de cuentas es reactiva y no preventiva. Con ello se pierden miles de millones de pesos cada año. Empresarios dicen que el costo de la corrupción es del 10% del PIB y ciudadanos del estado de Michoacán, que el 25% de los recursos federales van a la corrupción. Presidentes municipales se quejan de extorsiones, por bajar recursos públicos de origen federal, cuyas comisiones no debieran existir y mencionan que alcanzan más del 30%, imponiéndoles las empresas que supuestamente construirán las obras pactadas. El Impacto de esta propuesta consiste en romper el sistema viciado que administra la corrupción y no permite que haya Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios.
La ciudadanía se beneficiará al estar empoderada para que sea contrapeso preventivo y oportuno contra la corrupción y pueda participar en la deliberación de prioridades y toma de decisiones en el uso de los recursos públicos de procedencia federal, estatal y municipal. Por otro lado, los empresarios tendrán certeza de que, para hacer sus inversiones no tienen que pagar comisiones o beneficios indebidos a funcionarios y la inversión pública y privada, tendrá un mayor efecto multiplicador en beneficio del crecimiento del mercado interno, que redundará favorablemente en el desarrollo económico y humano y social de la población en los municipios. Valoro que merece ser presentada porque es una aportación a la Economía que fortalece los sistemas, como se mencionó en Londres: “… no hay mano invisible” que corrija los serios desequilibrios que están causando grandes problemas a la gobernanza en todos los países, buscando mejores resultados para combatir preventivamente las condiciones existentes del “Mercado Corrupto” y “Estado Corrupto”. La transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, base para el Combate Preventivo de la Corrupción.
Los desequilibrios financieros y casi quiebras de estados y municipios por la corrupción y excesiva deuda pública nos obligan a pensar o repensar, si la teoría económica de tantos pensadores nativos del Reino Unido y de otros países; así como la equivocada conducción económica en México, podrá sostenerse con las bases actuales de “la mano invisible” o la supuesta racionalidad de los agentes económicos. Es inevitable asumir que estamos obligados a pensar y aportar nuevas ideas para lograr reorientar la funcionalidad de la economía de los países en crisis y emergentes que están a punto de estallar sus crisis internas en lo económico, político y social y otros de los que no han podido salir de las mismas.
Los recursos públicos en dinero, naturales, materiales y humanos, no deben ser razón de la corrupción de esos irracionales que la historia registra como corruptos, beneficiarios de las decisiones de gobernantes corruptos o líderes rentistas de beneficios políticos y económicos desde los partidos políticos o liderazgos sociales.
Salvemos a nuestro país, estados y municipios de la corrupción, antes de que los corruptos acaben con ellos y las posibilidades de vida digna de sus pobladores de generaciones presentes y futuras. Por eso propongo: El combate preventivo de la corrupción desde los municipios, con base en la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios. Es obligado para economistas, pensadores, políticos, gobernantes, legisladores, jueces y ciudadanos, no olvidar o negar, que todos tenemos derecho a, y responsabilidad de, saber desde el principio de cada año en que se ejerce un presupuesto anual con recursos públicos: el origen y destino de los recursos públicos de orden federal, estatal y municipal, que se gastan en mejorar las condiciones de vida, salud, educación, vivienda, obra pública y bienestar social, en nuestras ciudades, condados, cantones, colonias, pueblos o municipios.
En un análisis objetivo y serio, queda claro que la realidad sobre la corrupción en México rebasa todos los mecanismos de control o combate, por ser reactivos y no preventivos. Igualmente, en las nuevas ideas para combatirla, las distintas Propuestas o Iniciativas, presentadas, independientemente de los partidos políticos que las elaboraron, excluyen, o no le dan un real valor a la Participación Ciudadana para Combatir Preventivamente la Corrupción. Dejando en los ciudadanos, el tener que pagar el costo de la corrupción desde los Municipios.
La iniciativa ciudadana que se propone de reforma al Artículo 115 constitucional, tiene el espíritu de impulsar el Combate Preventivo de la Corrupción desde los Municipios, propone el empoderamiento preventivo de los ciudadanos, con la formación de: Los Consejos Ciudadanos de Concertación Municipal, para que sea la ciudadanía o sociedad un preventivo y efectivo contrapeso en contra de la corrupción o, a la posible desviación en el uso de los recursos públicos. Se requiere que México transite de “La Cultura del Reparto” y la corrupción, en que nos encontramos, a la Cultura de la Transparencia y Preventiva Rendición de Cuentas. Durante los últimos cuarenta años, en el contexto de la evolución que ha tenido el avance incontenible de la corrupción, como se registra en publicaciones de libros, ensayos, artículos de académicos, notas periodísticas, investigaciones en innumerables medios de comunicación impresos, en la red de Internet y electrónicos (Radio y TV) en todo el país y el extranjero; los crecientes reclamos sociales para combatirla derivaro0n en las recientes reformas en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual enfrenta falta de credibilidad en la sociedad en general; es innegable que ambas reformas significan un gran avance en favor de la rendición de cuentas; sin embargo, después de analizarlas detalladamente, puedo afirmar que no son suficientes para tener verdaderos gobiernos transparentes con la preventiva participación ciudadana en contra de la corrupción; por todo lo anterior, he valorado necesario modificar su texto, para precisar, que los Concejos Ciudadanos de Concertación Municipal, (que propongo crear) desde la primera sesión del Cabildo municipal en el año respectivo, sean informados y tengan conocimiento del origen y destino de las cantidades de recursos públicos que habrán de ejercerse, para el desarrollo económico, político, social y humano, de su municipio. La creación de estos nuevos Activos Sociales abre espacios para crear ciudadanía alejada de la meritocracia partidista o de dependencia de grupos de interés o de poderes fácticos.
Comparto con ustedes mis siguientes convicciones: • En el contexto internacional, tenemos que transitar con certeza hacia la “Economía del Conocimiento” para lograrlo, es inevitable compartir con los ciudadanos, el Conocimiento del origen y destino de los recursos públicos desde los municipios; para reducir la dependencia del gobierno federal y fortalecer los mecanismos de sustentabilidad en los municipios y, de construcción, de la autosuficiencia de los ciudadanos. Por ejemplo: sistemas de ahorro para el retiro, pagos de educación de los hijos, gastos en salud, generación de autoempleo; pequeñas y medianas empresas. • El Federalismo mexicano debe tener alcance e identidad con la sociedad mediante el Combate Preventivo de la Corrupción, que se basa en: a) Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios y b) la preventiva participación ciudadana en contra de la corrupción de funcionarios de cualquier partido político. • Crear ciudadanía con bases constitucionales, para que sea un preventivo y efectivo contrapeso a la corrupción e impunidad. • Lograr credibilidad en el federalismo como la mejor opción, para la solución de los problemas más graves en nuestro lugar de origen, donde habitamos o desarrollamos nuestra vida cotidiana. • En el municipio, se sufre lo nocivo de la corrupción, en los tres órdenes de gobierno, en seguridad, educación, empleo y justicia. Ante la Corrupción que destruye nuestras Instituciones, la solución consiste en que generar Transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios y la Participación Preventiva de los ciudadanos, como contrapeso efectivo y oportuno contra la corrupción o desviación de los recursos públicos de funcionarios de cualquier partido político. El combate preventivo de la corrupción desde los municipios, debe ser una prioritaria razón de Estado. Un Nuevo Pacto Federal que se base en la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios, que permitirá cumplir con los ciudadanos mexicanos y con los compromisos internacionales en materia de Transparencia, combate a la corrupción y participación ciudadana y construir Un Estado Transparente y Un Gobierno Abierto desde los municipios, con verdadera participación y supervisión de la sociedad y transparencia en el origen y destino de los recursos públicos. Para pasar de las palabras a los hechos. Para Un Mejor diseño de las ciudades; que funcionen los Ayuntamientos y vivir mejor en los Municipios: urge esta reforma estructural que propongo:
Valoro con respeto la experiencia, atribuciones y responsabilidades de Ciudadanos de ambos géneros, de todas las edades y organizaciones políticas, económicas y sociales; así como, de gobernantes y representantes de los tres Poderes del Estado mexicano, ante la importancia de impulsar el reconocimiento Constitucional de nuestro Derecho a ser informados.
Derivado de lo anterior, me es necesario compartir con ustedes, mi propuesta y firme convicción de impulsar “El Derecho a ser informados” y la realización de distintas acciones para lograrlo.
En consecuencia, tendremos mejores conocimientos para proponer mejores ideas ante una realidad que nos debe llevar a alcanzar mejores bases para construir en México: Un Estado Transparente y Un Mercado Transparente.
El contexto de las siguientes ideas y aportaciones, está basado en la realidad de nuestro país, por lo que valoro el esfuerzo en el análisis histórico, coyuntural y prospectivo; y, proponer posibles soluciones, sin maquillar la dimensión de los graves problemas y riesgos para todos; nunca, pretendo encuadrar en teorías, la falta de eficiencia de los responsables de las estructuras de los tres Poderes del Estado mexicano, para garantizar la protección de los Derechos humanos de sus ciudadanos, habitantes, migrantes y turistas.
Durante los últimos 40 años, en México, estamos viviendo una dinámica intermitente, contaminada por la corrupción, evasión fiscal, las cadenas de complicidades y la impunidad; La mejor forma de ejercer nuestros derechos humanos constitucionales es practicando todos los días nuestras Libertades de pensar y actuar; afirmando nuestra Dignidad frente al Estado. Es nuestro Derecho, tener Conocimiento de las limitaciones, obligaciones o prestaciones que ha de otorgar u observar el Estado en favor del individuo; es necesario trasladar el conocimiento del gobierno a los ciudadanos, sobre el origen y destino de los recursos públicos desde los municipios.
Es incuestionable, que respecto a los Derechos que no están incluidos en nuestra Constitución Política, su reconocimiento en favor de los ciudadanos es motivo de esfuerzos y batallas políticas, económicas y sociales frente a los factores de Poder institucionales y/o fácticos, que se resisten a los verdaderos cambios estructurales. En este contexto, se encuentra la imperiosa necesidad de reclamar nuestro Derecho a ser informados por los tres Poderes del Estado mexicano, debemos insistir en que las Leyes sean cercanas a nuestra realidad o a la realidad de las personas, para que ellas mismas las defiendan y se ocupen de comprobar su debida aplicación, que debe dar como resultado nuestra mejor convivencia entre ciudadanos o entre Sociedad y Estado. Es decir, nuestra legítima aspiración a vivir mejor en nuestro país de origen o municipio de residencia no termina en el reconocido derecho a solicitar información a los representantes de los tres Poderes del Estado en nuestro país. El Derecho a ser informados, lo podemos enmarcar referencialmente en los derechos de tercera y cuarta generación, en el contexto de la Sociedad del Conocimiento en la que se ha convertido el mundo en general con los avances de la revolución tecnológica en los últimos dos siglos.
El Municipio, Célula Política, Económica y Social de nuestro sistema confederado, en cuya jurisdicción territorial se viven de manera intensa las luchas de nuestros compatriotas por elevar sus niveles de vida en pleno respeto a los derechos humanos, equidad e igualdad de género; por combatir la pobreza extrema, por más educación, salud, vivienda, empleo y bienestar social; es la jurisdicción territorial donde el Gobierno de la República y la Sociedad, juntos debemos encontrar las formas, mecanismos e instrumentos jurídicos y prácticos para equilibrar los desajustes de la desigualdad social, producto del subdesarrollo que nos ha afectado durante tantos años; el municipio libre requiere hoy de una reforma estructural que fortalezca su autonomía política y económica que le permita asumir la conducción de su desarrollo integral; una reforma estructural para consolidar la preventiva y transparente rendición de cuentas de cara a la sociedad, de todo el sistema de gobierno en sus tres órdenes.
En consecuencia, es determinante la definición de reglas claras en la asignación de responsabilidades, ampliar los mecanismos legales de la participación corresponsable de la sociedad civil y combatir con ellos la dispersión en la aplicación de los recursos para que haya un preventivo control en el seguimiento y la evaluación de programas específicos en beneficio de los municipios y no se afecten ni retrasen las metas del desarrollo nacional. Es inaceptable que la abulia y el exceso de burocracia de algunos funcionarios, provoque duplicidad de funciones, simulación e irresponsabilidad, que se revierten en contra del Sistema de Gobierno al provocar como resultado el dispendio irrecuperable de los recursos públicos. Es un clamor constante en nuestro país, exigir el cumplimiento escrupuloso de las Responsabilidades; claridad y transparencia en las acciones de todos los servidores públicos.
La rendición de cuentas de cara a la sociedad debe ser una constante de todos los representantes de los tres órdenes de gobierno. Para lograrlo, es necesario alentar mecanismos donde la sociedad se exprese y se pronuncie a favor o en contra de la calidad y eficiencia de la actuación de los funcionarios públicos y pueda evaluar la correcta conducción de los programas de desarrollo que se benefician o le afectan. Es necesario que en nuestro País dispongamos de un marco jurídico y práctico desde cada municipio, de medios efectivos para garantizar que los actos públicos cumplan los propósitos que la sociedad ha establecido.
A la libertad que existe en el País para expresar opiniones, debe otorgarse una mayor facultad a los ciudadanos en sus municipios, para conocer e influir con sentido preventivo y transparente, en el origen y destino de los recursos público, para corresponder con el interés de las mayorías.
Con respeto íntegro a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, se prevé la creación de un Concejo Ciudadano de Concertación en cada municipio. La propuesta que se somete a la consideración del Congreso de la Unión prevé que las legislaturas de cada estado establecerán la forma de integrar los mecanismos necesarios para su funcionamiento con la participación de los sectores público, social y privado en el seno de los Consejos Municipales de Concertación.
De ser aprobada la presente iniciativa, cada Consejo que estará presidido por el correspondiente Presidente Municipal, tendrá por objeto: informar a sus Ciudadanos, el desglose de los presupuestos públicos aprobados en cada Orden de Gobierno para ejercerse en su Municipio en el año correspondiente y, que la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, puedan mantener una adecuada congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como con los diversos programas de carácter sectorial, institucional, especial y regional derivados de dichos planes.
Para el mejor funcionamiento de los Consejos, se prevé que estos deberán celebrar sus reuniones cuando menos en forma bimestral, lo que les permitirá dar un mejor seguimiento en la correcta evaluación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal. Asimismo, se considera de especial relevancia señalar que en este Concejo Ciudadano de Concertación, de ser aprobado, corresponderá a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la responsabilidad de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los representantes de los Gobiernos estatal y Federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos que se requieran para alcanzar los objetivos y metas previstas en los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, así como la cabal atención de las prioridades municipales y el seguimiento del destino transparente de los recursos.
El funcionamiento de los mecanismos de corresponsabilidad entre la sociedad y el Sistema de gobierno en sus tres órdenes, que proponemos a la consideración del Congreso de la Unión, no implica una interferencia de las facultades de las Legislaturas estatales para la aprobación o fiscalización de las cuentas públicas municipales. Si en cambio, permitiría que no haya desfasamientos en los programas por causas de dispersión o falta de atención oportuna; por ejemplo, la oportunidad de programas carreteros y de obra pública, construcción de vivienda, aulas, calles, drenajes, caminos, electrificación, etc., que son en ocasiones incompatibles con los tiempos de lluvias, o el caso de la entrega fuera de tiempo de los créditos que otorga la banca de desarrollo y fomento destinados a la producción agropecuaria que en sí ocasionan pérdidas de recursos irrecuperables en el ejercicio presupuestal que originalmente se tenía previsto para el desarrollo de cada municipio.
El objetivo principal no es el de integrar un presupuesto global pero sí el de identificar la obra pública que en apoyo al municipio realizan el gobierno federal y estatal y tenga un seguimiento y evaluación oportuna y transparente, lo que evitará que se den por realizadas o terminadas obras que aún están inconclusas. Lo anterior permitirá reglas claras en la asignación de responsabilidades y en el uso de los recursos, involucra a la sociedad en la solución de los problemas locales, en coordinación con el gobierno y sus representantes. Generará confianza para que los inversionistas locales, nacionales y extranjeros promuevan todo tipo de inversiones que traerán a la vez, pequeñas y medianas empresas, lo cual redunda en la creación de fuentes de trabajo.
El Concejo Ciudadano de Concertación, permitirá dirimir y conciliar los conflictos o problemas que pudieran afectar el desarrollo regional y en algunos casos nacional. Por ejemplo, el desarrollo agropecuario, la producción de alimentos, el turismo, la operación de puertos, la contaminación, el uso del agua, el uso del crédito otorgado por la banca de desarrollo, el empleo, etc. Así, por Derecho y, de hecho, el Concejo Ciudadano de Concertación sería la verdadera Contraloría Social que vigile y haga contrapeso preventivamente a los representantes de las dependencias de gobierno y evitaría oportunamente, la desviación de los recursos procurando su aplicación transparente. La transparencia en el uso de los recursos permitirá alcanzar una solución para lograr los objetivos reales y nobles de la descentralización, evitando el centralismo en capitales estatales o cabeceras municipales.
Nuestro proyecto político, económico y social como Nación nos exige crear y ampliar las condiciones para generar la riqueza que pueda tener una más equitativa distribución mediante la creación de nuevos empleos, acabando con paternalismos viciados. Juntos Gobierno y Sociedad debemos procurar que todos los mexicanos desde cada municipio, participemos en la generación de la riqueza de que es capaz potencialmente nuestro gran País. Esta adición que hoy proponemos a esta soberanía es congruente respuesta a un reclamo nacional: que los beneficios de la descentralización lleguen a todos los pueblos y no se dispersen en beneficio de malos funcionarios. Con esta reforma haremos sistemática y permanente la rendición de cuentas de cara a la sociedad de todo el Sistema de Gobierno.
Esta propuesta es resultado de vivir intensamente una lucha junto a toda la sociedad civil de todas las afiliaciones, abstencionistas, críticos del sistema, intelectuales, medios de comunicación e interlocutores de la sociedad, por ampliar la democracia: expresión de ello es la Concertación Municipal que compromete a todos a actuar responsablemente y con sentido social en beneficio de su municipio, colonia o ranchería donde habiten, para mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, cultura, empleo, vivienda, energía eléctrica, agua, drenaje, pavimentación, caminos, etc. Como consecuencia, tendremos mayor confianza de la sociedad en nuestro Sistema de Gobierno, mejores ciudadanos, mejores autoridades federales, estatales y municipales sin condicionantes partidistas; en cada municipio una más amplia gestión y solución a las necesidades sociales y una sociedad más consciente, convencida y comprometida con los programas de gobierno mediante su participación corresponsable ante la honesta administración de los recursos y el éxito de las metas.
Es esta una adición que recoge e incorpora el gran sentido político que existe en todas y todos los mexicanos sin distingo de siglas o afiliaciones partidistas. En esta adición se reconocen con oportunidad las exigencias que la realidad demanda y mantiene dinámico el propósito estratégico de transformar positivamente la realidad en cada municipio con la aportación y participación de la sociedad civil en todos sus segmentos.
Es en el municipio, centro jurídico – territorial, económico, político y social de nuestro Sistema Democrático, donde se requiere con ánimo republicano y un esfuerzo nacional, consolidar los cambios, ampliar los mecanismos de concertación con todas las fuerzas políticas en la jurisdicción para que la participación de la sociedad, en corresponsabilidad con los representantes de los tres órdenes de gobierno, sea cada vez mayor en la toma de decisiones que implican su desarrollo. Por eso nos proponemos crear las bases para fortalecer la construcción entre sociedad y gobierno de una nación más justa y democrática, más soberana y nacionalista, con la participación de todos los mexicanos. De ser aprobados por esta soberanía, los Concejos Ciudadanos de Concertación nos permitirán en el futuro inmediato contar con un eficaz instrumento para mantener el rumbo de nuestra estrategia de desarrollo, una política de amplio respeto en la relación sociedad gobierno sustentada en una economía estable y con una amplia participación ciudadana en apoyo de la creación de fuentes de trabajo, en congruencia con las políticas y programas de conservación ambiental. En estos tiempos, en que nuestro País lucha por alcanzar una estabilidad sostenida de la economía, la integración del Sistema Nacional de Planeación debe darse desde la base y célula social, política y económica para definir con la participación de la sociedad, las prioridades de asignación de los recursos no sólo a los aspectos de atención a la pobreza extrema, sino también al desarrollo integral de cada municipio en que el sistema federal aplica recursos para la incorporación de servicios y elevar la producción de sus potencialidades.
Es conocida por todos, la firme convicción de nuestra sociedad de no aceptar un Gobierno que la sustituya o que limite su participación; en síntesis, nuestra filosofía del Estado basada en nuestras Leyes abre sus acciones a un Gobierno corresponsable junto con la sociedad en las decisiones políticas, económicas y sociales. Un Estado comprometido con la justicia social, con una mayor democracia participativa en la toma de decisiones. Por eso reafirmamos nuestra convicción de formar parte de un Estado de Derecho en el que conduciremos el cambio en el marco de la ley. Porque todos los mexicanos queremos una patria libre frente al mundo, libre de miseria y del atraso; libre de impedimentos al ejercicio de los derechos constitucionales y, libre de obstáculos a su desarrollo con estabilidad.
Queremos una Patria libre de egoísmos, envidias y mentiras en la función pública. Una patria llena de humanismo que promueva el bienestar de todos. Por todo ello, que con el concurso de los sectores productivos se alcance el más alto interés de crear empleos y los mecanismos de transparencia en la aplicación de los recursos oficiales en los tres órdenes de gobierno, para ofrecer a todos los mexicanos mejores oportunidades de vivir una vida digna con mayor libertad y justicia social en su municipio de residencia.
Estamos claros que la modernización del País no está concluida, falta mucho por hacer, y en ello se necesita el consenso de todos porque todos estamos comprometidos a vivir en nuestro México con más y mejor democracia, más justicia social, más crecimiento, empleo y bienestar; en síntesis, más desarrollo humano con estabilidad política y económica permanente que nos permita a todos, sociedad y gobierno, actuar en armonía y conseguir el desarrollo respetando la ley para beneficiar a los trabajadores del campo y la ciudad, a las clases medias, a las mujeres, a los jóvenes y a los grupos de ciudadanos que sin estar en la pobreza extrema viven en sus municipios comprometidos con su desarrollo integral que los arraiga y los motiva a aportar con orgullo un esfuerzo más para mejorar su forma y nivel de bienestar.
Hoy en la modernidad, con la reforma estructural que se propone, los órdenes de gobierno en corresponsabilidad con la ciudadanía buscarán en armonía la atención y la solución de las prioridades en cada municipio. En respaldo a las iniciativas locales para que los municipios sean cada vez más capaces de conducir y originar la energía y creatividad de la comunidad. Que el pueblo encuentre en los municipios el lugar donde definir sus necesidades prioritarias y también la forma de satisfacerlas.
Los Concejos Ciudadanos de Concertación que hoy proponemos ante esta soberanía, fortalecerán que los municipios sean la primera instancia legal donde se una la voluntad del pueblo con la del gobierno en realizaciones concertadas y tangibles. Ante los grandes retos nacionales, nuestro federalismo, ligado al fortalecimiento municipal transparente, debe delegar decisiones a los estados y a los municipios. Se trata de consolidar la democracia por medio de la Transparencia en la descentralización, la cual permitirá que México alcance un desarrollo más equilibrado entre las regiones y entre los sectores productivos y sociales. Por ello, es necesario que ampliemos el marco jurídico de los municipios para que, en consecuencia, también podamos ampliar las funciones económicas, políticas, financieras y administrativas que les permita a los municipios tener un mejor mecanismo para asumir en corresponsabilidad con la ciudadanía y en coordinación con los órdenes estatal y federal, la definición de las prioridades y la transparente aplicación de los recursos disponibles para atenderlas.
Es bien sabido por todos, que los desequilibrios que genera la explosión demográfica, ante el limitado crecimiento de recursos económicos públicos para dar respuesta a las necesidades sociales, que naturalmente implica, no podrán ser superados si no fortalecemos a nuestros municipios; sólo con municipios fuertes, capaces y productivos podremos alcanzar un desarrollo regional que atenúe los flujos migratorios de los ya congestionados centros urbanos y hacia otros países. No habrá en el corto ni en el largo plazo ciudades con suficientes y eficientes servicios si no corregimos la inercia de las grandes ciudades que ya de suyo venimos enfrentando, sin alcanzar a dar una satisfacción suficiente de las necesidades básicas. Ya no podemos permitir que en las ciudades aumenten los centros de miseria, sin intentar siquiera cambiar la inercia de la expulsión demográfica del campo a las ciudades.
Es urgente llevar a cabo un fortalecimiento de los municipios; en primer término, respaldando a la voluntad popular con voluntad política para que la definición de prioridades y aplicación transparente de los recursos en cada programa destinado a elevar su producción y su desarrollo integral, es decir, que surjan de los propios ciudadanos en los municipios las más importantes decisiones que los beneficien, reconociendo su conformación heterogénea y diversa y sin perder la unidad en los rasgos esenciales que los distinguen. En segundo término, reforzando la formación de mecanismos transparentes de coordinación financiera y administrativa con los otros dos órdenes de gobierno, que respeten las capacidades peculiares que distinguen a cada municipio y además incluya con claridad el papel de las organizaciones sociales que le dan sentido a la democracia municipal.
Sabedores de que las inercias de la burocracia han generado ineficiencias administrativas en las distintas instancias de la administración pública es determinante respetar y ampliar el reconocimiento a la democracia participativa, para que sea sustento legal y respetado, y se convierta cada vez más en una práctica legal, natural y cotidiana con el fin de que la comunidad organizada participe en la definición, seguimiento de la ejecución y control de las decisiones que afecten su vida. Así los Concejos Ciudadanos de Concertación serán el instrumento dentro de un marco reglamentario para el fortalecimiento de la descentralización y el municipio proponiendo a los gobiernos estatales la adecuación de sus normas administrativas, que dentro de la Planeación Democrática permitirá que los ciudadanos de cada municipio conozcan las obras federales y estatales que se llevarán a cabo en su jurisdicción.
Este será un punto básico que permitirá no sólo el mejor desempeño del servicio público en los municipios, sino que será el mecanismo de retroalimentación tan indispensable que la Federación necesita en la evaluación de la función pública en sus tres órdenes de gobierno para una mayor fuerza de nuestro Pacto federal que se signifique en la fortaleza de nuestra soberanía.
Es una firme convicción de los mexicanos, que el Gobierno en respuesta a un reclamo ciudadano, no siga tomando decisiones desde el centro que definan políticas públicas para el desarrollo municipal. Es por ello, que juntos federación, estados y municipios podremos convertir a la participación corresponsable de la ciudadanía en una gran vertiente de la política que se traduce en democracia al reasignar responsabilidades y recursos, lo que significa redistribuir el poder de decisión sobre la atención de sus prioridades. Para redistribuir el poder de decisión, se requiere que los estados se propongan más que conducir el desarrollo, avanzar en el fortalecimiento de los municipios.
La consecución de este objetivo exige alcanzar logros en la transferencia de funciones administrativas y de procesos más acabados de decisión que los podremos lograr con la puesta en marcha de los Concejos Ciudadanos de Concertación.
Condicionante de nuestro desarrollo ha sido el centralismo mismo que se ha contraído con la apertura a la participación de la sociedad en un proceso gradual como lo demuestra la Reforma del Estado, pero hoy es necesario redistribuir también las atribuciones relacionadas con la producción y el desarrollo integral, contrarrestar el centralismo burocrático con la colaboración de todos los sectores sociales y económicos, dando vigor a nuestra concepción mexicana de federalismo. Afirmamos que, en coordinación con los estados, es necesario establecer metas específicas y vigilar su cumplimiento, revitalizando el acuerdo en lo fundamental de nuestra Constitución Política, mediante la concertación de acuerdos y formulación de compromisos sociales que en las regiones y municipios atiendan adecuadamente las demandas de la sociedad. Esto lo podremos conseguir con los instrumentos jurídicos y prácticos, en que juntos sociedad y gobierno en sus tres órdenes habremos de convertir a los Concejos Ciudadanos de Concertación, mismos que nos permitirán poner cifras y tiempos de entrega en los acuerdos con las organizaciones sociales en cada municipio para conjuntar los de cada entidad que conforman el universo federal.
Estamos ciertos que, al perfeccionar los instrumentos para coordinar la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, la acción pública se verá aceptada en programas útiles y tangibles apoyados y avalados por los directamente beneficiarios de los mismos o su disentimiento oportuno que nos evitará la dispersión de los escasos recursos y actos de corrupción.
La participación de los mexicanos es un reclamo social que hemos escuchado a lo largo de nuestro país. Con la aprobación de esta soberanía los Concejos Ciudadanos de Concertación podrán ser los instrumentos que permitan identificar y proponer soluciones eficaces a las prioridades municipales que forman el conjunto de prioridades estatales, lo cual retroalimentará la Federación evitando la selección de obras desarticuladas de la realidad social o que pudieran responder a intereses de terceros.
El establecimiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación en el marco de la adición al Artículo 115 Constitucional que proponemos ante esta soberanía, será un gran paso para apoyar a los Ayuntamientos a enfrentar con mejores instrumentos jurídicos y prácticos la prestación de servicios públicos en coordinación y con el apoyo de las Dependencias Federales, estatales y en corresponsabilidad con la sociedad de cada municipio. En este orden de ideas, los municipios estarán mejor preparados para asumir en definitiva la conducción de su propio desarrollo. Ayudando a que con madurez y en el marco de la ley, en la primera instancia del gobierno se viva la democracia representativa y participativa para la solución de muchos de los problemas más sentidos del país, ejerciendo una aplicación transparente de los recursos del Sistema de Gobierno en sus tres órdenes. El espíritu de esa reforma estructural que se propone es crear los instrumentos legales que permitan una solución y responder insoslayablemente al legítimo reclamo ciudadano de que la política económica adopte modalidades de ejecución municipal.
En apoyo al espíritu contenido en esta propuesta es impostergable reformar nuestra Carta Magna, modificar las estructuras sectoriales para que estén en condiciones de responder a las necesidades de cada entidad partiendo de la concertación a nivel municipal. A esto convocamos, a todos los partidos, a trabajar juntos para modificar las leyes orgánicas y reglamentarias correspondientes a efecto de que las de las Secretarías de Estado, Dependencias y Organismos se modifiquen y faculten a sus delegaciones y oficinas representativas en apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación, que impulsarán no sólo aspectos administrativos de la función pública en los municipios, sino también incorporarán aspectos productivos con una transparente aplicación de los recursos económicos, humanos y materiales para su desarrollo integral. Prioridad nacional del presente y del futuro es que México recobre la dinámica de la actividad productiva, debemos continuar la descentralización, pero no meramente administrativa, sino la que pasa por la democracia representativa y participativa y acerca las decisiones a los ciudadanos, no sólo en los aspectos electorales o de programas especiales, sino en los distintos sectores de la producción y de la obra pública para fortalecer e impulsar al desarrollo integral de los municipios.
Este nuevo instrumento de participación ciudadana que proponemos, de ser aprobado, será el eje fundamental en lo político, económico y social para que la función del Estado alcance una reforma estructural desde la célula básica de su organización. Es por eso por lo que sabedores que la gran tarea que tenemos enfrente, tenemos que crear un marco jurídico para la corresponsabilidad que la sociedad asumirá en esta lucha por recuperar la dinámica del crecimiento económico y una equitativa distribución de la riqueza nacional, se mantenga en armonía, con un manejo transparente de los recursos públicos para el desarrollo de la Nación. La escasez de recursos económicos es un obstáculo muy concreto. Es por eso por lo que valoramos la participación ciudadana como básica, para lograr el bienestar social. La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en los Concejos Ciudadanos de Concertación será un efectivo contrapeso que anulará la corrupción, desviación de recursos, la desviación o el atraso injustificado de obras y programas que posteriormente tienen un costo elevado fuera de presupuesto y un consecuente impacto negativo en la función del gobierno, sea federal, estatal o municipal. Los Concejos Ciudadanos de Concertación serán instrumentos eficaces en atención directa a las demandas de la sociedad para lograr juntos, sociedad y gobierno, empresas y trabajadores de todos los sectores productivos, una más equitativa generación y distribución del ingreso, una más amplia y efectiva posibilidad de llevar un justo reparto de la riqueza desde los municipios, que genere más y mejores empleos y desarrollo de las potencialidades regionales, más expedita justicia social porque con la aplicación más transparente de los recursos públicos, con una participación corresponsable de la sociedad, tendremos más calidad y oportunidad en la obra política y en la obra pública para elevar nuestros niveles de educación, comunicaciones, caminos, drenaje, uso del agua, salud, vivienda, alimentos a mejores precios y de calidad y una sana convivencia social y un fortalecimiento de la democracia política y económica para enriquecer y reforzar nuestra soberanía, nuestro desarrollo económico y social, sustentado en un crecimiento armónico y sostenido de los principales indicadores de desarrollo, que sin duda alguna se traducirán en un combate efectivo, sistemático y estratégico de la corrupción, la dispersión y la pobreza extrema. El avance del proceso de construcción democrática en que hoy México se encuentra nos compromete a transitar dentro de la ley y fortalecer las instituciones para lograrla en lo político, en lo económico y en lo social, contando con la alianza de la sociedad, para alcanzar mejores resultados en la función pública municipal, estatal y federal.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en la Fracción IV del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 135 de la propia Constitución General de la República, nos permitimos someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente: Iniciativa de Decreto por el que se Adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115.-………………………………………………………………………….
I. a VIII…………………………………………………………………………………..
IX. En cada municipio habrá un Concejo Ciudadano de Concertación, en el que participarán los sectores público, social y privado de conformidad con lo que establezcan las legislaturas locales. Cada Concejo estará presidido por el Presidente Municipal y tendrá por objeto: informar a sus Ciudadanos, el desglose de los presupuestos públicos aprobados en cada Orden de Gobierno para ejercerse en su Municipio en el año correspondiente y, de la formulación de los Programas Anuales de Desarrollo Municipal, procurando mantener congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con los programas derivados de éstos.
Para ello, los Concejos Ciudadanos de Concertación tienen facultades para conocer en la primera sesión de Cabildo municipal, en el año respectivo, el origen y destino de los recursos públicos de orden federal, estatal y municipal que habrán de ejercerse en el Municipio, contenidos en los presupuestos que han sido aprobados por los Congresos federal y estatal; y el Cabildo concerniente; así como, participar en el diseño de las políticas públicas del desarrollo municipal y los propios programas federales y estatales, en sus respectivas áreas de jurisdicción.
En apoyo al buen funcionamiento de los Concejos Ciudadanos de Concertación, los Ayuntamientos serán responsables de promover el desarrollo integral de su municipio, concertando con los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y federal, así como con las organizaciones más representativas de la sociedad civil, los apoyos necesarios para el logro de los programas correspondientes, el estímulo de la producción, la atención de las prioridades municipales y el seguimiento del destino transparente de los recursos.
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este Decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo.
Publicado por Reynaldo Castro Melgarejo en 22:12
Iniciativa Ciudadana de Reforma al Artículo 115 Co...