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Timestamp: 2019-02-17 23:44:17
Document Index: 403852259

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 66', 'artículo 61', 'artículo 128', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 46']

JurisprudenciaJurisprudencia Laboral
Proteccion a la mujer durante su embarazo y despues del parto.
¿Entre la demandante y el municipio se configuró una relación laboral, legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación de servicios y en caso afirmativo, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas, además de indemnización por maternidad?
Al estar demostrada la relación laboral se da protección a la mujer durante su embarazo y después del parto por cuanto ella goza de la especial asistencia y protección del Estado, por lo cual se debe pagar a título de indemnización por maternidad 60 días de remuneración y 14 semanas de licencia de maternidad.
El municipio de Consacá negó el reconocimiento de una relación laboral para obtener la liquidación y pago de salarios, y prestaciones sociales y demás emolumentos por el despido a auxiliar de farmacia que se encontraba en estado de embarazo.
(2017-12-19) Consultar
Se declara la nulidad el Decreto 2252 de 30 diciembre de 2015 por medio del cual se fijo el salario minimo para el ano 2016.
Se declara la nulidad al configurarse la falta de motivación, falencia de carácter sustancial que compromete la legalidad del acto demandado.
Los demandantes solicitaron la nulidad del Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, expedido por el Gobierno Nacional «Por el cual se fija el salario mínimo legal» para el año 2016, por considerar que el incremento del 7% fijado, implica una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.
(2017-12-15) Consultar
Conozca la sentencia que anulo normas de tercerizacion laboral.
Es evidente que el Gobierno, bajo la excusa de desarrollar el artículo 63 referido, excedió los límites materiales que esta le impuso en su contenido, toda vez que no tenía las facultades legales para extender la figura de intermediación laboral a otras modalidades de contratación.
Luego de cuatro meses de haberse proferido el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos de los numerales 4° y 6° del artículo 2.2.3.2.1. del decreto único reglamentario del sector Trabajo (DUR. 1072/15), la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió de fondo el asunto por medio de una sentencia proferida el pasado 6 de julio.
Esta providencia dispuso declarar la nulidad parcial del artículo citado del DUR 1072, en relación a sus numerales 4º y 6º, y levantó la medida cautelar.
(2017-08-10) Consultar
Proteccion a la maternidad.
La presente sentencia esta fundado en que el tribuna aplico indevidamente las disposiciones protectoras de la maternidad consignadas en los articulos 239, 240 y 241 del CST.
La diferencia que existe entre la figura de despido como manifestacion de la voluntad unilateral del empleador y la terminacion del contrato por el vencimineto de plazo fijo pactado, como una consecuencia natural y legitima del contrato de trabajo a termino fijo, al amparo de lo establecido en el articulo 61 del CST.
Fuente: CSJ Sala de casacion laboral.
(2017-07-28) Consultar
Reconocimiento de su pension de vejez.
Dejar de contabilizar tiempos cotizados, u omitirlos al momento de hacer la relación de los mismos, supone una alteración de la realidad histórico laboral del trabajador.
Cuando la administración expide un acto administrativo en el que, como en el caso de las pensiones, reconoce o niega un derecho a una persona, genera en ella una situación de confianza legítima en cuanto que la información vertida en dicho documento corresponde a la verdad y por ello se debe estar a lo allí contemplado.
Reconocimiento y pago de las cesantias, junto con sus intereses y la sancion moratoria.
En este caso se constata la afectación al mínimo vital, lo que hace procedente el fondo del asunto, en la medida que la subsistencia digna del actor y su familia se está viendo conculcada por el incumplimiento de la administración distrital.
El actor ha reclamado en vía gubernativa la satisfacción de sus derechos los que en lugar de ser oídos han sido desatendidos por la administración, a pesar de los constantes reclamos, lo que llevó a presentar acción de tutela respecto a la afrenta de sus derechos fundamentales.
En cuanto a la comprobación de un perjuicio irremediable, se debe tener cuenta la condición económica del peticionario y de su familia conformada por una hija de 7 años de edad y su compañera quien se dedica a las labores del hogar.
Si bien es cierto que el actor es un docente activo, que para el año 2013 contaba con una asignación salarial de $1’371.515, está atravesando por una situación económica compleja a partir de las distintas obligaciones crediticias adquiridas.
Por tanto, a pesar de que las cesantías no están destinadas en sí mismas a satisfacer cualquier tipo de necesidad económica, la sanción por la no consignación a tiempo sí constituye una garantía a favor del trabajador en orden a garantizar su derecho, la cual no puede ser desconocida por la parte empleadora y terminar constituyendo un alivio para la especial condición del actor.
Devolucion de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
La acción de amparo procede cuando el recurrente no cuente, dentro del ordenamiento legal, con un mecanismo judicial al que pueda acudir en procura de obtener solución a la problemática que padece o, existiendo, por las contingencias propias que afronta, no resulta idóneo.
En el presente caso le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión establecer si la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de las demandantes con la determinación de negarles la devolución de saldos aportados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en aplicación del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, pretensión que, a su juicio, les asiste como quiera que acreditan el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 66 de la referida disposición legal.
Para ello, la Sala examinará: (i) la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, (ii) la devolución de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, (iii) interpretación constitucional del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y, por último, (iv) el análisis del caso concreto.
(2017-07-26) Consultar
Es posible el estudio de la presunta mala fe del empleador por no incluir como factor salarial los pagos denunciados.
El empleador aceptaba no haber tomado esos conceptos como base salarial por tratarse de pagos extralegales no constitutivos de salario, afirmación que también apoyó en los testimonios, en el manual de políticas y beneficios flexibles y en la documental con la que se probaron los pagos realizados.
Es admisible afirmar que su decisión frente a los conceptos denominados «bono de desempeño» y «aporte voluntario a fondo de pensiones», la motivó en la consideración de que no eran constitutivos de salario, no solo en la aplicación del artículo 128 del CST, sino también como aserto después de analizadas algunas pruebas como la cláusula décimo tercera del contrato de trabajo, el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, el manual de políticas y beneficios flexibles, y los testimonios.
(2017-07-21) Consultar
PROHIBICION DE CONTRATAR A TRAVES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO ACTIVIDADES MISIONALES PERMANENTES.
¿El Gobierno al reglamentar, a través de los apartes normativos demandados, el artículo 63 la Ley 1429 de 2010, que regula lo relacionado con la «contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado», rebasó el límite material que el contenido de dicha norma le imponía?
Tesis: “Los enunciados normativos demandados [numerales 4.º y 6.º del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto Reglamentario 1072 de 2015] desbordan materialmente el contenido esencial del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el cual hace referencia a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado, ni bajo ninguna otra forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes en los sectores público y privado, mientras que la norma reglamentaria, regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual ubica todas los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están comprendidos en la referida ley.
Tampoco una lectura sistemática y de conjunto como la que se acaba de realizar, permite encontrar en el resto del articulado de la Ley 1429 de 2010, enunciado normativo alguno referido al tema de la «tercerización laboral» que el Gobierno reguló en el Decreto Reglamentario 583 de 2016, so pretexto de desarrollar aquella.
Así las cosas, para la Ponente es claro en esta etapa procesal, que a través de los apartes normativos demandados del Decreto Reglamentario 583 de 2016, el Gobierno Nacional, con el propósito de desarrollar el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, excedió los límites materiales que la misma ley con su contenido le impuso.”
(2017-05-25) Consultar
Desvinculacion laboral sin permiso del Ministerio de Trabajo.
En los contratos de obra o labor contratada el vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra no son razones suficientes para terminar la relación laboral cuando el trabajador se encuentra en situación de debilidad manifiesta.
En esos casos, el empleador, previamente a la terminación del contrato, debe solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, so pena de pagar al trabajador una indemnización.
¿La sociedad DELTEC S.A., vulneró los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad reforzada y al mínimo vital de la accionante, al dar por terminado su contrato de trabajo por la culminación de la obra y labor contratada, sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, dada su situación particular de salud y la pérdida de la capacidad laboral del 11,50%?
(2017-04-27) Consultar
Se declara la nulidad el Decreto 2252 de 30 diciembre de 2015 por medio del cual se fijó el salario mínimo para el año 2016 al configurarse la falta de motivación, falencia de carácter sustancial que compromete la legalidad del acto demandado.
PRESTACIONES SOCIALES -
No se pueden desconocer aprovechando la critica situacion financiera.
DERECHOS Y GARANTIAS LABORALES - Prestaciones sociales.
Si la Entidad demandada excluye alguna de sus acreencias, se estaría aprovechando de su crítica situación financiera y desconociendo el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550 de 1990, en cuanto no garantiza la equidad en el Acuerdo.
Debe resaltarse que la finalidad del Acuerdo de reestructuración de pasivos, es proteger las obligaciones adquiridas con justo título, lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de dichas obligaciones.
Finalmente, en sentencia, destacó que cuando se vulneran derechos y garantías laborales que no están circunscritas en el contenido de los Acuerdos, dichas convenciones devienen en inconstitucionales, por lo que es procedente que este se inaplique por inconstitucional en los casos en que se evidencia que con los mismos se evade el pago de prestaciones sociales preexistentes.
(2017-03-27) Consultar
- No se pueden desconocer aprovechando la critica situacion financiera.
PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuración
A pesar que la Empresa entró en proceso de reestructuración, no aportó los documentos necesarios para demostrar la inclusión de las acreencias laborales del actor dentro del acuerdo de reestructuración y poder reclamar ante el promotor sus acreencias laborales, motivo por el cual y de conformidad con la jurisprudencia transcrita deviene inconstitucional, pues no puede cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación ni desconocer derechos preexistentes, por lo tanto, se procederá a inaplicarlo por inconstitucional.
Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, la entidad demandada deberá reconocer y pagar lo referente a los salarios y prestaciones sociales legales y no convencionales al actor, pues como lo señaló el Tribunal Administrativo de Bolívar al estar demostrado la condición de empleado público no lo cobija la convención colectiva, las cuales serán debidamente indexadas, salvo lo relacionado con el auxilio de cesantías definitivas pues como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia no es posible acceder al reconocimiento de indexación y la sanción por el no pago de las cesantías señaladas la Ley 244 de 1995, por considerar incompatibles estas dos figuras, en tanto una y otra obedecen a la misma causa.
SANCION MORATORIA
- No pago del auxilio de cesantia. Un dia de salario por cada dia de retardo.
La Ley 244 de 1995 artículos 1 y 2 prevé los términos legales con que cuenta la Administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento.
Dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.
De igual manera ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía y su agotamiento en la vía gubernativa.
ACTA DE JUNTA MEDICA LABORAL - Es un acto de tramite que impide seguir la actuacion. Impugnacion. Procedencia.
RECHAZO DE LA DEMANDA - Improcedencia frente a acto de trámite que impide seguir actuación. Es demandable / ACTO DE TRAMITE - Es susceptible de demanda cuando impide seguir la actuación.
Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos de trámite que impiden seguir adelante con la actuación administrativa.
El delito de inasistencia alimentaria, por su modalidad dolosa, constituye causal de mala conducta, segun lo preceptuado por el literal g) del articulo 46 del Decreto 2277 de 1979, de la cual se deriva la perdida de la pension gracia.
Se negó el reconocimiento solicitado de la pensión gracia por no cumplir el requisito de la buena conducta establecido en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, dado que el certificado de historia laboral registra una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por 8 meses y 3 días, sin que se especifique el motivo de la misma, lo cual es confirmado por la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.
Posteriormente, se negó la nueva petición de reconocimiento de la prestación mencionada, con base en los mismos argumentos expuestos en los anteriores actos administrativos, pero en esta ocasión la administración precisó que la negación del derecho obedeció a la mala conducta del docente, tipificada en el literal g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, puesto que fue sancionado por el delito de inasistencia alimentaria.
¿El delito de inasistencia alimentaria puede encuadrarse dentro de la causal de mala conducta consagrada en el literal g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia?
(2017-02-13) Consultar