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Timestamp: 2019-07-24 05:39:00
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Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 33', 'Artículo 30', 'Artículo 6', 'Artículo 80', 'Artículo 47', 'Artículo 252', 'Artículo 33', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 62', 'Artículo 34', 'Artículo 21', 'Artículo 41', 'Artículo 6', 'Artículo 12']

Los derechos humanos en las normas sobre el VIH/SIDA en México y Centroamérica. 1993-2000 | Cuadra-Hernández | Salud Pública de México
Los derechos humanos en las normas sobre el VIH/SIDA en México y Centroamérica. 1993-2000 Este trabajo fue realizado con fondos del programa de Becas para Estudios de Posgrado de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, registro número 125973.
Objetivo. Analizar la situación de los derechos humanos en las normas sobre el VIH/SIDA de México y Centroamérica en el periodo de 1993 a 2000. Material y métodos. Se analizó el contenido de las leyes y normas de la Región relacionadas con la prevención y control del VIH/SIDA. Se tomó como referencia una visión constructivista de los subsistemas jurídicos y de los derechos humanos. Se elaboraron categorías de análisis basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a cada una se le asignaron códigos de significado. Resultados. Durante el periodo se observó una intensa actividad legislativa sobre el control de la transmisión del VIH/SIDA en la Región donde el tema de los derechos humanos fue incorporado. Sin embargo, en algunos casos (la Ley de Panamá y la Propuesta de Honduras) contienen apartados que lesionan el derecho a la no discriminación y a la privacidad. Ello marca dos vertientes: una, que garantiza totalmente los derechos humanos, y otra, que se convierte en un contexto que puede volver aún más vulnerables a ciertos grupos. Discusión. Se centra en proponer una resignificación del sujeto social y de la vigilancia epidemiológica con base en una normatividad que incluya el tema de los derechos humanos. El texto completo en inglés de este artículo está disponible en: http:// www.insp.mx/salud/index.html
Objective. To analyze the inclusion of human rights in HIV/ AIDS norms in Mexico and Central America for the 1993- 2000 period. Material and Methods. Norms and regulations for HIV/AIDS prevention and control in this region were analyzed. A constructivist perspective of judiciary subsystems and human rights was used as a reference framework, to establish categories of analysis with significance codes based on the Universal Declaration of Human Rights. Results. During the study period, human rights were included within a vigorous legislative activity for HIV/AIDS transmission prevention. In some cases (as in the Panama Law and the Honduras Proposal) there were passages of law violating the right to non-discrimination and privacy. These laws lead to either of two conflicting paths: one ensuring human rights, and another increasing the vulnerability of some groups. Conclusions. The authors emphasize the importance of gaining a new understanding of social subjects and epidemiological surveillance, based on norms that incorporate human rights issues. The English version of this paper is available at: http://www.insp.mx/salud/index.html
Desde inicios de los años ochenta, la aparición del SIDA y la movilización de diversos actores sociales en torno a la epidemia han hecho más compleja la discusión de los derechos universales de las personas. La respuesta social, en torno al tema se ha ido construyendo de formas diversas: desde el temor, aislamiento y muerte social de las personas que viven con el VIH/ SIDA (PVS), situación que a su vez las hace más vulnerables a la violación de sus derechos humanos,4 hasta movilizaciones de grupos que han contribuido a la construcción de sistemas jurídicos para atender la necesidad de defensa ante la transmisión.
A partir de la década de los ochenta, se perfilan tratados o consultas internacionales que relacionan, specíficamente, los derechos humanos y el SIDA y se promulgan leyes en torno al VIH/SIDA, primero en los países desarrollados y después en el resto del mundo.5 La defensa de los derechos humanos en el contexto del VIH/SIDA también ha quedado plasmada en documentos de organismos internacionales interesados en el tema, por ejemplo los lineamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos de las Naciones Unidas.6 Todos ellos señalan que debe protegerse a todos los grupos humanos de la discriminación y violación de sus derechos a través de campañas de prevención asadas en el convencimiento y no en la coacción. Esta estrategia ha sido probada exitosamente en diferentes escenarios y grupos sociales con prácticas diversas, como es el caso de las trabajadoras del sexo comercial de la Ciudad de México,7 los migrantes mexicanos a los Estados Unidos de América (EUA)8 y los traileros en la frontera México-EUA.9
A partir de 1983 aparecen en Europa, Canadá y EUA las primeras normas para el control del VIH/ SIDA; el tema inicial fue la garantía de contar con sangre segura.5 Para 1984, dos países de América Latina, Chile y Venezuela, tenían sus propias normas de prevención y control sobre el VIH/SIDA. Al año siguiente, México y Panamá publicaron normas técnicas sobre el VIH/SIDA; le siguieron Guatemala (1986) y El Salvador, aunque con un carácter netamente clínico. En la década de los noventa, se promulgaron en América Latina y El Caribe leyes que normaban la prevención y el control del VIH/SIDA, pero éstas eran escasas y presentaban vacíos para la protección de los derechos humanos.10 Actualmente en México y Centroamérica, con excepción de Belice, existe un marco normativo diverso para el VIH/SIDA, en el cual no todas las normas tienen el mismo estatus legal ya que algunas de ellas son manuales de procedimientos clínicos, otras son normas oficiales y otras tienen rango de ley.*,11
Por su parte, el marco normativo de los derechos humanos también presenta matices: las declaraciones sobre derechos humanos no tienen peso jurídico para los Estados que la suscriben, representan más bien una obligatoriedad moral; en cambio, los tratados, decretos y convenios, aceptados por los Estados, sí contienen obligaciones jurídicas que eberían estar incorporadas a las legislaciones internas de cada país.12
Cualquier sistema o subsistema está compuesto por signos relacionados entre sí que constituyen “objetivaciones de construcciones de la realidad” donde el lenguaje produce, reproduce y dota de significado a la percepción,13 y el sistema jurídico ha construido ese lenguaje codificado, con la capacidad y la función de hacer distinguibles a los sujetos a los cuales está dirigido.14 Además, a diferencia de otro tipo de construcciones textuales, su práctica tiene consecuencias sociales.15 El sistema jurídico, cuya unidad de cohesión sería la ley, tiene una fuerte vinculación con la idea de Justicia, que norma la relación entre sujetos sociales y legitima al Estado, por lo que se convierte en su subsistema.14
Los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico, abarcan los campos de la ética, las leyes y el derecho, que a su vez tienen como fundamento la idea o noción de deber. Esta idea esencial del deber construye al individuo, se manifiesta por una conducta orientada al perfeccionamiento de la persona, y se extiende a la comunidad.17 Por su parte, Aguayo-Cruz18 propone que el fundamento de los derechos humanos es la naturaleza humana, es decir, “lo más natural que tiene el hombre” que es vivir en sociedad; así, los derechos humanos al cumplir con su naturaleza buscan la dignidad y el bien común, que abarcan al individuo y a la sociedad.
El carácter universal de los derechos humanos ha provocado debates relacionados con la homogeneidad, es decir, la pérdida de características particulares y por lo tanto de la aceptación de las diferencias en los grupos sociales. En ese sentido Beuchot19 sostiene que la universalidad puede ser univocista, (tener un solo sentido), equivocista o fragmentaria y analógica, es decir, proporcional, basada en “la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes”. Desde este último enfoque se justifica el carácter universal de los derechos humanos, se les sitúa en un justo medio y se reconoce la diferencia de los individuos en diversos contextos sociales.
En el contexto del VIH/SIDA, la crítica hacia conceptos que construyen escenarios de discriminación se ve ejemplificada por el cambio en el uso del término “grupos de riesgo”. Este, acuñado en la primera mitad de la década de los ochenta, llevó a considerar que la transmisión de la infección era responsabilidad de unas cuantas personas y dotó de significado biomédico a la discriminación ya característica de homosexuales, trabajadoras del sexo comercial, usuarios de drogas ilícitas y personas clasificadas como de raza negra. A raíz de la presión ejercida por diversos actores sociales, la expresión cambia a “prácticas de riesgo” haciendo referencia a los estilos de vida; sin embargo con ello se consolida el enfoque individualista de la enfermedad y se dejan de lado las determinaciones estructurales. Actualmente la tendencia es no sólo a destacar cambios en las prácticas individuales de la sexualidad, como es la construcción de la cultura del uso del condón, sino considerar a los “contextos sociales” como elementos que determinan las condiciones de transmisión del VIH. En este sentido se habla de “contextos de riesgo”29,30 o de “vulnerabilidad.*, 29,31
* El concepto vulnerabilidad se distingue del de riesgo: “mientras el riesgo apunta a una probabilidad y evoca una conducta individual, la vulnerabilidad es un indicador de la inequidad y desigualdad sociales y exige respuestas en el nivel de la estructura”.29
Durante el periodo 1993-2000, México y Centroamérica,excepto Belice, contaban ya con normas relaciona das con la transmisión del VIH/SIDA (cuadro II). En este lapso, algunas de ellas cambiaron; por ejemplo, en el año 2000, Guatemala elevó a rango de ley la discusión sobre el SIDA y los derechos humanos; anteriormente sólo contaba con un manual de procedimientos. En el mismo año, en México se hicieron modificaciones en la Norma Oficial para la Prevención y Control de la Infección por el VIH de 1993 (NOM 1993), y Panamá, que contaba ya con la Ley 26 para prevenir la transmisión del VIH, aprobó una nueva en 2000 donde incluyó aspectos relacionados con los derechos humanos. Hasta el momento del análisis en Honduras existía un proyecto de ley que no había sido aprobado, en El Salvador se tenía un manual de procedimientos clínicos y en Belice no se había promulgado norma jurídica alguna.
Se efectuó un análisis de contenido de las normas, enfocado a distinguir sus características discriminatorias. Para ello se construyeron cuatro categorías deanálisis a partir de artículos asentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.1 Con base en el Artículo 7 de la Declaración, que asienta la igualdad de todas las personas, se construyó la categoría derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley, que permite observar si en los cuerpos legales se incluye a todas las personas, sin permitir señalamientos a grupos sociales específicos que provoquen exclusión o discriminación. Con el Artículo 12, que niega la injerencia arbitraria en la vida privada, se planteó la categoría derecho a la privacidad donde se propone que cada individuo tiene la libertad de hacerse la prueba de detección del VIH, y que los resultados de ella son confidenciales con el fin de evitar señalamientos sociales. El derecho a un adecuado nivel de vida y de servicios, se basó en los Artículos 25 y 26 de la Declaración, donde se garantiza el bienestar de todas la personas y se construyó como el derecho al acceso que todas las personas tienen a la información y a la atención en los servicios de salud que brinda el Estado. Por último, la categoría derecho al libre tránsito, tomó en consideración lo contenido en el Artículo 13 donde se asegura la circulación, salida y elección libre de la residencia en el territorio de un Estado. A cada categoría se le asignaron códigos de significado.*,32
* “La asignación de códigos, en el análisis cualitativo, constituye un intento del investigador por clasificar una sección del texto en categorías específicas de significados que tengan sentido a partir
del marco teórico que se está utilizando”.32
En la categoría derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley, los códigos fueron el “uso de términos como grupo de riesgo”, “prácticas de riesgo”, “personas que viven con el VIH/SIDA”, la mención de “medidas especiales” para determinados grupos de la población y la inclusión en el cuerpo de las normas del concepto “grupos vulnerables”. Para analizar el respeto al derecho a la privacidad se utilizaron los códigos “voluntariedad de la prueba” y “confidencialidad en los resultados”. Respecto al derecho a un adecuado nivel de vida y de servicios, los códigos fueron “acceso a la información”, “prohibición de expulsión en los centros educativos a las PVS”, mención al “uso adecuado del condón”, “uso de los medios de comunicación en las campañas de prevención”, “garantía de atención a las PVS” y “regulación a seguros médicos privados”. Por último, el respeto al libre tránsito fue analizado a partir del código “restricción al libre tránsito de PVS nacionales o extranjeros”. El análisis se llevó a cabo con el software para datos cualitativos Atlas TI.
Al analizar esta categoría, se encontró que en todas lasnormas se ha excluido el uso del concepto “grupo de riesgo”. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Honduras, sin hacer explícito el término “grupo de riesgo”, continúa con este enfoque al señalar que se pondrá especial atención en “actividades y sectores de la población nacional que por su especial relación con los factores y comportamientos de riesgo de transmisión de la infección, pueden contraer el VIH” (Artículo 33). En el cuerpo de la Ley Número 3 de Panamá se utiliza el término “prácticas de riesgo”. En las demás normas se han dejado de lado los conceptos de “grupos” y “prácticas de riesgo”, por lo que implícitamente se reconoce que la posibilidad de infección es para toda la población si no se toman medidas preventivas adecuadas.
La modificación a la Norma Oficial Mexicana de 2000 (NOM, 2000) contiene un avance cualitativo importante si se compara con el marco jurídico centroamericano y la anterior NOM 1993: en la NOM 2000 se incluyó el concepto “condiciones de riesgo”, comprendido como “las actividades o situaciones en las que existe posibilidad de que se intercambien o compartan fluidos potencialmente infectantes”. Asimismo, la NOM 2000 incorpora el concepto “líquidos de riesgo” a los que identifica como “sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido preeyaculatorio, líquido amniótico, líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido sinovial y leche materna” (Apartados 3.1.3 y 3.1.5). Este enfoque permite separar la transmisión del VIH del tipo de prácticas sexuales, preferencias o actividades de las personas. El abordaje desde esta perspectiva sitúa la discusión de los derechos humanos y la transmisión del VIH en un plano estructural y deja de lado la posibilidad de discriminación de algún grupo humano o la estigmatización relacionada con preferencias o prácticas sexuales.
El Proyecto de Ley de Honduras señala medidas especiales hacia grupos sociales específicos, como es el reconocimiento sanitario por parte de algún sistema de salud, lo que implica las pruebas de detección forzadas para las personas que se dedican al comercio sexual, menores de edad, cualquier miembro de una pareja formada o por formarse y personas que conozcan de su seropositividad (Artículo 30, 31, 32 y 74). En la Ley Número 3 de Panamá, Artículo 6, apartado 5, se señala como grupo de seguimiento epidemiológico a “personas de ambos sexos, nacionales y extranjeras, que se dedican al comercio sexual”.
Si bien la ley de Costa Rica en sus Artículos 51 y 262 señala sanciones para casos de transmisión premeditada, éstas se condicionan a la necesidad de salvaguardar los derechos humanos en todo el texto de la ley; además, no hace señalamientos a grupo social alguno, por lo que la tendencia se equilibra. No sucede así con el Proyecto de Ley de Honduras, ni con la Ley 3 de Panamá. En el primero se establece, en el Artículo 80, que “la propagación del VIH en forma dolosa o culposa estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 180, 184 y 191 del Código Penal”. En el Artículo 47 de la Ley de Panamá se señala una adición al Artículo 252 del Código Penal donde se indica una pena de dos a cinco años de prisión, “si el delito se comete por una persona enferma o portadora de al guna infección de transmisión sexual o del virus de inmunodeficiencia humana, y que sabiendo de su condición, transmita una de estas infecciones a una persona sana, de forma intencional”. La Ley de Nicaragua es la única que utiliza el concepto “personas viviendo con VIH/SIDA” lo que significa un avance en la forma de construir, comprender y considerar los derechos humanos de las PVS; en los demás países, sus normas siguen haciendo referencia a personas infectadas, portadoras o que padecen la infección.
Excepto en la Propuesta de Honduras y en la Ley de Panamá, todos los demás marcos normativos hacen explícita la garantía a este derecho. Así, la primera parte del Artículo 33 del Proyecto de Honduras postula que la Secretaría de Salud de ese país podrá señalar circunstancias para realizar las pruebas de detección, aun sin el consentimiento de las personas. En el mismo Proyecto se desconoce el derecho de los trabajadores del sexo comercial a la voluntariedad de la prueba, pues se señala la obligatoriedad del diagnóstico para portar un control sanitario (Artículo 30). Además, permite que el cónyuge solicite la práctica de la prueba serológica si sospecha que su pareja tiene “conductas de riesgo” (Artículo 32); señala que los profesionales de la salud pueden “informar a terceros respecto a la situación serológica de un persona seropositiva” (Artículo 62) y asienta que toda persona que vive con el VIH/SIDA tiene “la obligación de comunicar su condición serológica a las personas con la que haya establecido, establezcan o vayan a establecer (sic) relaciones sexuales, a fin de tener el consentimiento informado de la misma” (Artículos 74 y 75).
En la Ley No. 3 de Panamá se menciona el derecho al consentimiento de las personas para realizar la prueba pero ésta se vuelve obligatoria y periódica para las personas de uno u otro sexo, nacionales o extranjeras, que se dedican al comercio sexual y para quienes desean contraer matrimonio; asimismo, señala excepciones en el mantenimiento de la confidencialidad para los cónyuges, compañeros sexuales y los representantes legales de los menores (Artículo b6, apartado 1-6). Además, la persona portadora tiene el deber de comunicar su “estado de seropositividad” (sic) a todos sus contactos sexuales (Artículo 34) (cuadro IV).
Derecho a un adecuado nivel de vida y deservicios
En los marcos normativos analizados, el código “acceso a la información” permitió observar que la mayoría de las normas reconocen la importancia de las campañas educativas como medio de prevención, y se prohíbe explícitamente la solicitud de pruebas para ingresar o permanecer en centros educativos.
La Ley de Nicaragua en su Artículo 21 hace referencia directa a este derecho: “Las personas que tienen VIH/ SIDA tienen derecho a la libre movilización dentro del territorio nacional”. La Ley de Guatemala de 2000 señala que sus disposiciones son aplicables a todas las personas nacionales o extranjeras que radiquen o transiten por su territorio (Artículo 41). Panamá, por su parte, limita el derecho al libre tránsito de las poblaciones móviles o migrantes cuando señala la obligatoriedad de la prueba a trabajadores del sexo comercial sean nacionales o extranjeros (Artículo 6, apartado 5). El resto de los países no hacen mención a aspectos relacionados con poblaciones móviles, migrantes y SIDA (cuadro IV).
Los marcos legales de Guatemala, Panamá y México, expedidos durante el año 2000, permitieron establecer una comparación entre estos contenidos y los de las normas derogadas. Por ejemplo, en Guatemala, la Norma de 1997 señalaba que las personas asintomáticas que viven con el VIH no necesitaban tratamiento antirretroviral, y la NOM 1993 mexicana señalaba que sólo las personas con un conteo de linfocitos TCD4+ igual o mayor a 500µl deberían ser tratadas. Actualmente, en las normas de 2000 de ambos países se señala la necesidad de administrar medicamentos antirretrovirales a todas las personas asintomáticas. Por su parte, en la Ley 3 de Panamá de 2000, Artículo 12, se asienta una mención especial al control y sanción a organizaciones que comercializan hemoderivados y señala la responsabilidad legal, de fabricantes, distribuidores y comerciantes, de indemnizar y suministrar tratamiento si alguna persona resulta infectada por trasfusiones con esos fluidos, aspecto que no estaba legislado en la norma anterior de ese mismo país.
Respecto a Belice, podemos señalar que no contar con un marco legal específico para el VIH/SIDA permite la emergencia de posturas encontradas entre entidades gubernamentales. Por ejemplo, en diversos foros, el Ministerio de Salud de Belice33 ha señalado la necesidad de proteger los derechos humanos de las PVS, sin embargo las leyes de migración en su apartado 121.4 prohíben la entrada a “personas enfermas”, lo que incluye a las PVS.30
Por último, el análisis de las normas, al permitir mirar las dos grandes tendencias de construcción de sujetos sociales, lleva a preguntar: los marcos normativos ¿reproducirán el significado de las PVS como individuos vulnerables, a los que se garantiza el dere cho a la no discriminación, o coadyuvarán al clima de desconfianza al construirlos como delincuentes potenciales, aunque se les garanticen sus derechos humanos? Nosotros nos inclinamos por lo primero.
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