Source: https://www.notariosyregistradores.com/informes/informe181.htm
Timestamp: 2020-08-04 17:34:02
Document Index: 375676614

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 169', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 52', 'artículo 3']

NYR. Informe nº 181. BOE de octubre de 2009.
INFORME Nº 181. (BOE de OCTUBRE de 2009)
SOCIMIS Derechos humanos Recl. econ-admvas.
Permiso paternidad Derecho de asilo Castilla La Mancha
Incentivos regionales Doble título público Cuota con asignación
Subasta quiebra Interés nota simple Contador y legado
Licencia parcelación engalaberno Transformación a SL.
LIBIA. Acuerdo entre el Reino de España y la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2007.
Entró en vigor el 1 de agosto de 2009, con una duración inicial de diez años.
PDF (BOE-A-2009-15602 - 7 págs. - 206 KB)
VIVIENDA. Orden VIV/2680/2009, de 28 de septiembre, por la que se dispone la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Su disposición transitoria primera, apartado 1, dispone que hasta el día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una Orden del Ministerio de Vivienda por la que se acuerde la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en ese Real Decreto, se podrán seguir realizando las actuaciones que se concretan en el mismo (ayudas financieras, préstamos a promotores, acuerdos en áreas de rehabilitación)
Esta es la Orden que deja sin efecto dicha disposición transitoria y manda aplicar el nuevo sistema de financiación.
Entró en vigor el 5 de octubre de 2009.
PDF (BOE-A-2009-15777 - 1 pág. - 153 KB)
*PERMISO DE PATERNIDAD. Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableció como una de sus principales novedades un permiso de paternidad de trece días, como derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad biológica como en los de adopción y acogimiento.
Esta Ley plantea la ampliación del período de paternidad a cuatro semanas, exclusivo para el padre, pero que sólo será efectivo a partir del 1 de enero de 2011.
Para ello se modifican:
- El artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge el derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad..
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador.
- Y el art. 30.1 a) de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Se pospone su entrada en vigor por la crisis al 1º de enero de 2013.
PDF (BOE-A-2009-15958 - 3 págs. - 171 KB)
DERECHOS HUMANOS. Instrumento de Ratificación del Protocolo nº 4 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconociendo ciertos derechos y libertades, además de los que ya figuran en el Convenio y Protocolo Adicional al Convenio (Convenio nº 46 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963.
Tiene como antecedentes el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y el primer Protocolo adicional al Convenio, firmado en París el 20 de marzo de 1952.
En él se toman las medidas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintos de los que ya figuran en el título I del Convenio y que son los siguientes:
1º.- Prohibición de prisión por deudas. Nadie puede ser privado de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación contractual.
- Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia. Estos derechos pueden, en ciertas zonas determinadas, ser objeto de restricciones previstas por la ley y que estén justificadas por el interés público en una sociedad democrática.
- Toda persona es libre de abandonar un país cualquiera, incluso el suyo.
- El ejercicio de estos derechos no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y Iibertades de terceros.
- Nadie puede ser expulsado, en virtud de una medida individual o colectiva, del territorio del Estado del cual sea nacional.
- Nadie puede verse privado del derecho de entrar en el territorio del Estado del cual sea nacional.
Entró en vigor para España el 16 de septiembre de 2009 y, de forma general, el 2 de mayo de 1968
PDF (BOE-A-2009-16302 - 4 págs. - 221 KB)
DERECHOS HUMANOS. Instrumento de Ratificación del Protocolo nº 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (Convenio nº 117 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984.
Tiene como antecedente el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.
En él se toman medidas ulteriores consideradas artículos adicionales al Convenio- para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos y libertades que ya figuran en el Convenio y que son las siguientes:
1º.- Expulsión de extranjeros. El extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado solamente podrá ser expulsado en ejecución de una resolución adoptada conforme a la ley, y deberá poder:
c) hacerse representar en esas acciones ante la autoridad competente o ante designados por ella.
El extranjero podrá ser expulsado antes de hacer valer los indicados derechos cuando su expulsión sea necesaria en interés del orden público o se base en motivos de seguridad nacional.
2º.- Segunda instancia penal. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena sean examinadas por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la ley.
Este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución.
3º.- Indemnización por condena anulada. Cuando una sentencia penal condenatoria firme resulte posteriormente anulada o se conceda una medida de gracia porque un hecho nuevo o nuevas revelaciones demuestren que ha habido error judicial, la persona que haya sufrido la pena en virtud de esa condena será indemnizada conforme a la ley o al uso vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la no revelación en tiempo oportuno del hecho desconocido fuere imputable total o parcialmente a dicha persona.
4º.- No inculpación tras absolución. Nadie podrá ser inculpado o sancionado penalmente por un órgano jurisdiccional del mismo Estado, por una infracción de la que ya hubiere sido anteriormente absuelto o condenado en virtud de sentencia definitiva conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado. Pero cabe la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, si hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio esencial en el proceso anterior pudieran afectar a la sentencia dictada.
5º.- Igualdad entre esposos. Los cónyuges gozarán de igualdad de derechos y de responsabilidades civiles entre sí y en sus relaciones con sus hijos por lo que respecta al matrimonio, durante el mismo y en caso de su disolución. Este artículo no impedirá a los Estados tomar las medidas necesarias en beneficio de los hijos.
Entrará en vigor para España el 1º de diciembre de 2009 y, de forma general, el 1º de noviembre de 1988.
PDF (BOE-A-2009-16399 - 5 págs. - 225 KB)
PATENTES. Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de 1989) adoptadas en la 35ª Sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 3 de octubre de 2006.
Las modificaciones afectan a diferentas reglas que tratan de:
- Requisitos materiales de la solicitud internacional (regla 11)
- Idioma de la solicitud internacional y traducciones para búsqueda y publicación internacional (regla 12)
- Fecha de presentación internacional (regla 20)
- Verificación y corrección de la solicitud internacional ante la Oficina receptora (regla 25)
- Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (regla 36)
- Informe de búsqueda internacional (regla 43)
- Publicación internacional (regla 48)
- Plazo para la presentación de una solicitud de examen preliminar internacional (regla 54 bis)
- Idiomas (examen preliminar internacional) (regla 55)
- Requisitos mínimos para las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional (regla 63)
- Traducción del documento de prioridad (regla 76)
- Rectificación de errores contenidos en la solicitud internacional o en otros documentos (regla 91)
Se fija también una tabla de tasas.
Estas Modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 12 de octubre de 2006.
PDF (BOE-A-2009-16336 - 7 págs. - 208 KB)
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS. Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas.
Objeto. Esta Orden regula:
- la interposición telemática de reclamaciones económico-administrativas, tanto del procedimiento general en única o primera instancia, como del procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, así como de los incidentes de ejecución enunciados en el artículo 68.1 del Reglamento 520/2005,
- la remisión del expediente administrativo del acto reclamado en formato electrónico y
- la consulta telemática del estado de tramitación de las reclamaciones económico-administrativas.
Órganos afectados. La Orden se aplica a los órganos que dictaron el acto reclamado en vía económico-administrativa y a los Tribunales Económico-Administrativos. Pero sólo se aplicará al que disponga de registro electrónico, en el que estuviese consignado el formulario de interposición.
Normativa habilitante:
- La Disposición adicional decimosexta de la Ley General Tributaria y
- la Disposición adicional tercera del Reglamento de Revisión.
Qué puede presentarse telemáticamente en formato electrónico: Los escritos de interposición de las reclamaciones económico-administrativas, tanto del procedimiento general en única o primera instancia, como del procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, así como de los incidentes de ejecución enunciados en el artículo 68.1 del Reglamento 520/2005.
Qué no puede presentarse telemáticamente: cualesquiera recursos y, en general, todo lo no enumerado en el párrafo anterior.
Formato de presentación. La presentación deberá realizarse rellenando el formulario que existirá en el registro electrónico del organismo autor del acto impugnado y que admitirá la inclusión de documentos o ficheros anexos. Podrá incluirse la solicitud de suspensión. Para reclamaciones entre particulares, la presentación deberá realizarse rellenando el formulario obrante en el registro electrónico de los Tribunales Económico-Administrativos.
Firma. La identificación y autenticación del firmante podrá realizarse por cualquiera de los sistemas de firma electrónicos admitidos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Modelos de formulario:
- El modelo REA1 se utilizará para la interposición de reclamación económico-administrativa contra acto dictado por órgano administrativo.
- El modelo REA2 se utilizará para la interposición de reclamación económico-administrativa contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria.
- El modelo IEJ se utilizará para la presentación de incidente de ejecución dictado en ejecución de resolución económico-administrativa.
Formación de expediente.
- El organismo que dictó el acto impugnado remitirá o pondrá a disposición del Tribunal competente el expediente administrativo correspondiente a dicho acto en formato electrónico, si se lo permiten los medios técnicos de que disponga, aplicándose la Ley 11/2007, de 22 de junio.
- Cuando sea posible, el expediente se enviará o pondrá a disposición del Tribunal competente por medios telemáticos automatizados basados en servicios web.
- Podrán utilizarse tanto el correo electrónico como otro tipo de transmisiones telemáticas cuando así se acuerde entre el organismo emisor y los Tribunales Económico-Administrativos, con sistema de acuse de recibo.
- El Tribunal no expedirá copias en papel del expediente de origen. El reclamante y los interesados podrán obtener a su costa copia electrónica del expediente, durante el trámite de puesta de manifiesto para alegaciones.
- La remisión al Tribunal de la reclamación presentada telemáticamente se efectuará preferentemente en formato electrónico, junto con el expediente de origen y demás documentación.
- Las restantes actuaciones del procedimiento económico-administrativo iniciado telemáticamente, así como las actuaciones no incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orden, seguirán presentándose y documentándose en papel en el expediente de la reclamación.
Consulta del estado de tramitación. El reclamante y los interesados debidamente personados, dotados de firma electrónica, podrán conocer el estado de tramitación de la misma a través de la sede electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos o por otros medios telemáticos. No se extiende al contenido de los trámites.
Entrada en vigor: el 17 de octubre de 2009. Para reclamaciones entre particulares y consultas (arts 3.3 y 8), esta Orden iniciará sus efectos cuando entren en funcionamiento el registro y la sede electrónicos en ellos citados.
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979.
El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 reconoce la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y el patrimonio.
Aunque a la fecha de la firma de este Tratado Internacional no existía el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el ordenamiento tributario español, la Orden Ministerial que se modifica interpretó que la citada exención es aplicable a este impuesto por su carácter real.
Ahora se equipara el ámbito de la exención al del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que sólo la habrá si el destino es uno de los exigidos en la letra A) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo
Esta es la nueva redacción: La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
REGLAMENTO DEL CONGRESO. Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1.
El artículo modificado determina cuáles son las Comisiones Permanentes Legislativas. Con ello se adapta a la nueva estructura ministerial del Gobierno, buscando una mayor correlación.
*SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Resumen de José Ángel García-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada.
Fruto de la crisis inmobiliaria, como medio de reducir los impactos negativos de los ciclos económicos y como medio también para mejorar el bienestar de los ciudadanos, según nos dice su EM, surge la Ley 11/2009 de 26 de Octubre que regula las llamadas, abreviadamente por la propia Ley, Socimi, conocidas en inglés como Reits. Ambiciosos objetivos del legislador que nos tememos que no podrán cumplirse con la sola existencia de esta Ley. Como vemos el BOE siempre está plagado de buenas intenciones.
Se trata de un nuevo tipo de sociedades mercantiles con un régimen fiscal especial, que es el que las hace especialmente interesantes y atractivas para los inversores, pero que para disfrutar del mismo deben cumplir unos estrictos requisitos de capital, de distribución de dividendos y estructura económica. De lo que se trata es de combinar inteligentemente un régimen sustantivo específico, junto con un régimen fiscal especial con el objetivo fundamental de incrementar el mercado del alquiler de fincas urbanas en España. Junto a todo ello se quiere incrementar la competitividad de los mercados de valores españoles, dirigiéndose al mediano y pequeño accionista que con estas sociedades obtendrían una rentabilidad inmediata, garantizando al mismo tiempo la liquidez de su inversión, con la exigencia de que estas sociedades coticen en mercados regulados. Quizás también, como aseguran algunos expertos, uno de sus objetivos sea dar salida a la cartera inmobiliaria que están asumiendo los bancos en los últimos meses.
Su régimen legal está constituido por su ley específica y por el TRLSA y la LMV.
Las SOCIMI son aquellas sociedades anónimas cotizadas que tengan el siguiente objeto:
a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles urbanos para su arrendamiento. Se incluye también la actividad de rehabilitación.
b) La participación en otras SOCIMI, incluso no residentes, que sean de naturaleza similar a aquellas. También pueden participar en otras sociedades similares, residentes o no en España, siempre que no realicen promoción de inmuebles, tengan participaciones nominativas y la totalidad de su capital pertenezca a otras SOCIMI o entidades similares.
c) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El objeto no tiene que ser único y exclusivo, pues pueden desarrollar otras actividades accesorias, siempre que en conjunto sus rentas representen menos del 20% de las rentas de la sociedad en cada período impositivo. Al no especificar la Ley cuáles puedan ser esas actividades accesorias, entendemos que deben ser las que tengan una relación directa o indirecta con el objeto fundamental. Es decir accesorias en sentido jurídico y económico. No podrán ser, a nuestro juicio, actividades totalmente ajenas al objeto principal. Es un caso similar al de las sociedades dedicadas al juego. Además las operaciones procedentes de estas actividades, deberán ser contabilizadas de forma separada al objeto de determinar la renta derivada de las mismas (Art.2).
1º. El 80% del valor de sus activos debe estar invertido en lo siguiente, de forma alternativa o cumulativa:
--- bienes inmuebles urbanos destinados al arrendamiento
--- en terrenos para su promoción en los 3 años siguientes a su adquisición
--- en participaciones en otras sociedades en los términos antes vistos.
2º. El 80% de sus rentas debe provenir del arrendamiento.
3º. Los bienes deben permanecer arrendados al menos tres años. Si se trata de bienes promovidos por la propia sociedad el plazo será de siete años.
4º. La sociedad deberá tener, al menos, tres inmuebles en su activo, sin que ninguno supere el 40% del activo en el momento de su adquisición.
5º. Los bienes inmuebles adquiridos lo deberán ser en propiedad. Se admite también que lo sean en derecho de superficie, vuelo o subedificación, inscritos en el Registro de la Propiedad y durante su vigencia, así como los inmuebles poseídos por la sociedad en virtud de contratos de arrendamiento financiero a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
6º. La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento serán objeto de contabilización separada para cada inmueble promovido o adquirido.
7º. Las acciones de las SOCIMIS deben estar admitidas a negociación en un mercado regulado español o de cualquier otro miembro de la UE o del EEE.
8º. Capital social mínimo de 15 millones de euros. Si para el desembolso del capital se aportan bienes inmuebles, el experto designado por el Registro Mercantil debe ser una de las sociedades de tasación previstas en la legislación del mercado hipotecario. Sólo puede haber una clase de acciones.
9º. Denominación social. Debe incluir en su denominación la indicación de Sociedad Cotizada de inversión en el Mercado Inmobiliario, Sociedad Anónima o su abreviatura SOCIMI, S.A.
10º. Obligación de distribución de dividendos. Se imponen a la sociedad estrictas obligaciones de distribución de dividendos. Así.
a) Al menos el 90 por ciento de los beneficios que no procedan de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones. .
b) Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones o participaciones.
c) El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de la Ley.
11º. La reserva legal no puede exceder del 20% del capital social. No se admiten las reservas estatutarias.
12º. La financiación ajena no puede superar el 70% del activo de la sociedad.
13º. La memoria anual de estas sociedades debe tener un contenido especial regulado en el art. 11 y que está relacionado con los inmuebles, dividendos, reservas, etc. El incumplimiento de estas exigencias constituye infracción tributaria grave. Deberá tenerse en cuenta en los RRMM para el depósito de cuentas.
Hay determinados bienes inmuebles que no pueden formar parte del activo de estas sociedades. Así:
--- Los bienes inmuebles de características especiales a efectos catastrales regulados en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004(destinados a energía eléctrica, centrales nucleares,, presas, autopistas de peaje, aeropuertos y puertos comerciales), y,
--- Los bienes inmuebles cuyo uso se ceda a terceros mediante contratos que cumplan los requisitos para ser considerados como de arrendamiento financiero a efectos del Impuesto sobre Sociedades (Art. 3 a 7 y 11).
4. Régimen fiscal especial de la sociedad.
Cumpliendo todos los anteriores requisitos, que no son pocos ni de escasa entidad, las SOCIMI pueden optar por el régimen especial en el impuesto de sociedades establecido en la Ley, régimen especial que también es aplicable a sus socios. La opción exige acuerdo de la Junta General, que al no especificar otra cosa la Ley será por el quórum ordinario del art. 102 del TRLSA, y comunicarse a la delegación de la AEAT del domicilio fiscal.
Este régimen fiscal especial tiene las siguientes características:
--- Estarán exentas en el 20 por ciento las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas siempre que más del 50 por ciento del activo de la sociedad esté formado por viviendas.
--- El tipo de gravamen de estas sociedades será del 18 por ciento. Existen, no obstante, algunas excepciones cuando se trate de rentas obtenidas con incumplimiento de alguno de los requisitos antes vistos.
--- La cuota íntegra resultante disfrutará de las reducciones y bonificaciones establecidas con carácter general en la LIS.
--- Los dividendos distribuidos por la sociedad no estarán sometidos a retención o ingreso a cuenta, cualquiera que sea la naturaleza del socio que perciba los dividendos.
5. Régimen fiscal especial de los socios.
Quizás sea la parte más interesante y novedosa de la Ley y de la que dependa el éxito o fracaso de estas sociedades. Este régimen, muy técnico y complejo, en extracto, se concreta en los siguientes puntos.
--- Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o reservas de ejercicios, recibirán el siguiente tratamiento:
a) Cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del IS (persona jurídica) o un contribuyente del IRNR con establecimiento permanente, la renta a integrar en la base imponible correspondiente al dividendo distribuido con cargo a beneficios o reservas procedentes de rentas sujetas al tipo de gravamen del 18 por ciento, será el resultado de multiplicar por 100/82 el ingreso contabilizado correspondiente a los dividendos percibidos.
A dicha renta no se le aplica la deducción por doble imposición.
De la cuota íntegra se deduce el 18 por ciento, o el tipo de gravamen del sujeto pasivo de ser inferior, de la renta integrada en la base imponible.
Si se trata de dividendos normales, es decir procedentes de rentas sujetas al tipo general, se aplica el régimen también general.
Es decir de lo que se trata es que los dividendos que repartan a socios personas jurídicas podrán dar lugar a una deducción en cuota del 18% de renta a integrar, dicho de forma muy simplificada.
c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del IRNR sin establecimiento permanente, el dividendo percibido se considerará renta exenta de dicho impuesto, excepto que resida en un país o territorio con el que no exista efectivo intercambio de información tributaria.
--- Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación de este régimen, recibirán el siguiente tratamiento:
b) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ganancia o pérdida patrimonial se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con algunas especialidades (Art. 8 a 10).
6. Régimen fiscal de entrada, salida o pérdida del régimen especial.
Se regula con detalle, art.12, las consecuencias que para una sociedad ya existente tiene la entrada en el régimen fiscal especial y las consecuencias de su salida de este régimen.
Igualmente se regula (Art. 13) la pérdida del régimen fiscal especial, que se produce por la no negociación en bolsa, por el incumplimiento de las obligaciones de información, por la no distribución de dividendos, por renuncia o por incumplimiento de cualesquiera otros requisitos establecidos en la Ley.
Hasta aquí el contenido estricto de la Ley, cuya parte más compleja es, como hemos visto, la relativa a la tributación de socios personas jurídicas.
7. Disposiciones Adicionales y Transitorias.
A partir de aquí la Ley, a través de sus DA y DT, regula diversas cuestiones que resumimos a continuación.
--- Se establece la posibilidad de transformación de SOCIMIS en IICI y viceversa.
--- Se anuncia una revisión del art. 108 de la LMV, como consecuencia de expediente de infracción de la CE, para su armonización con el impuesto de concentración de capitales y de IVA. Requiere consulta con las CCAA.
--- Puede optarse por el régimen fiscal especial, aunque no se cumplan todos los requisitos exigidos, si se cumplen en los dos años siguientes.
--- La modificación que hace la Ley del art. 108 de la LMV se aplicará a las adquisiciones, transmisiones que se produzcan a partir de 29 de Marzo de 2009.
8. Disposiciones finales y Modificaciones acompañadas.
En sus DF la Ley modifica una serie de leyes íntimamente relacionadas con el régimen fiscal especial que la misma establece. Así:
--- Modifica diversos artículos del TRLIS, RDL 4/2004. Destacamos la modificación del devengo del impuesto que no se produce a fin del período impositivo, sino cuando la JG acuerda la distribución de beneficios.
--- Modifica el TRLITPAJD, RDL 1/1993. Se establece una nueva exención en el ITPYAJD, modalidad OS, en la constitución y aumento de capital de las SOCIMIS. También una bonificación del 95% en la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento y terrenos para su promoción.
--- Modifica la Ley 37/1992 sobre el IVA. Se aclara (art. 80.4) cuando un crédito se considera incobrable a los efectos de reducción de la base imponible. Es interesante para Notarios o Registradores, aunque la exigencia para la deducción de que se haya instado la reclamación judicial, hace que pierda importancia pues, en la mayoría de los casos, por la escasa cuantía de las cantidades impagadas, el costo de la reclamación judicial puede superar lo dejado de percibir. Los otros requisitos son que haya pasado un año del devengo, que se refleje en los libros de contabilidad y que el destinatario sea empresario o profesional o la cuantía supere los 300 euros.
--- Modifica el art. 108.2 de la Ley de MV, Ley 24/1988. Excluye las concesiones administrativas de la consideración de bienes inmuebles.
--- Modifica la Ley 35/2006 del IRPF, en su art. 46 relativo a las rentas del ahorro.
--- Modifica la Ley 38/1992 de Impuestos especiales en lo relativo a vehículos y sus emisiones de CO2.
--- Modifica la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear y la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Se establece una nueva tasa de tintes ecologistas por la gestión de residuos radiactivos y de combustible generado en las centrales nucleares.
9. Entrada en vigor de la Ley.
Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir el 28 de octubre. No obstante sus efectos son retroactivos, pues, para cumplir su finalidad de reactivación del mercado del alquiler, se va a aplicar a los períodos impositivos iniciados el 1 de Enero de 2009, con algunas excepciones. La tasa ecologista relativa a la energía nuclear será aplicable a partir de 1 de Enero de 2010.
PDF (BOE-A-2009-17000 - 31 págs. - 491 KB)
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL. Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
Este fondo que se crea, carente de personalidad jurídica, es distinto del Fondo Estatal de Inversión Local
Está destinado a financiar la realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de carácter social, de competencia municipal, que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
REGLAMENTO DEL SENADO. Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 169.
Con la presente reforma, se pretende adaptar el procedimiento de las preguntas de contestación escrita a las nuevas características de su próxima tramitación electrónica. Cada Senador, a través de su acceso a la Intranet de la Cámara, podrá formular tales iniciativas y disponer de toda la información relativa a las mismas, pudiendo conocer en cada momento el estado de tramitación en que éstas se encuentran, así como recibir las contestaciones remitidas por el Gobierno. Además, los ciudadanos podrán igualmente acceder a esta información.
PDF (BOE-A-2009-17002 - 2 págs. - 156 KB)
INCENTIVOS REGIONALES. Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, definió los incentivos regionales como las ayudas financieras que conceda el Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio nacional, repartir mas equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones.
Fue desarrollada por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales.
Ahora esta Orden actualiza las normas procedimentales y las adapta al Real Decreto de desarrollo, tratando fundamentalmente de las solicitudes, justificación de condiciones y liquidaciones.
Se prevé que las resoluciones individuales de concesión deberán ser aceptadas expresamente por los beneficiarios de incentivos regionales y presentadas ante el Registro Mercantil en los plazos y condiciones establecidas en los artículos 27, 28 y 29 del Reglamento (Real Decreto 899/2007, de 6 de julio). Al respecto, conviene recordar el contenido de la Disposición adicional cuarta del Reglamento del Registro Mercantil.
Hay que tener en cuenta que, según el art. 29 del Decreto, en el caso de beneficiarios que no sean sujetos inscribibles en el Registro Mercantil, la obligación de presentar se entenderá referida a la inscripción en el Registro que corresponda según su naturaleza. Creo que ha de interpretarse como remisión a otros registros personales como el de fundaciones y no al de la propiedad.
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DERECHO DE ASILO. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Esta Ley desarrolla el artículo 13.4 de la Constitución, según el cual, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Sustituye a la Ley 5/1984, de 26 de marzo.
Ahora hay una política europea de asilo, que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias que deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico interno y entre las que destacan:
- la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida;
- la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas procedimentales;
- y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.
Refugiado. La condición de refugiado se reconoce a
- toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país,
- al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.
Derechos garantizados: Citemos algunos (art. 36)
- El fundamental es el de la no devolución ni expulsión;
- la autorización de residencia y trabajo permanente;
- la expedición de documentos de identidad y viaje, también para quienes se beneficien de la protección subsidiaria;
- el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales y a la seguridad social en las mismas condiciones que los españoles;
- la libertad de circulación;
- el mantenimiento de la unidad familiar.
Hay un título el V- especialmente dedicado a los menores y otras personas vulnerables como personas con discapacidad, ancianos, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones y víctimas de trata de seres humanos.
MADRID: CAJAS DE AHORRO. Recurso de inconstitucionalidad nº 2964-2009, en relación con la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
El Abogado del Estado ha desistido del recurso respecto del artículo 28, que es el correspondiente a la modificación parcial de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.
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PAÍS VASCO: COLEGIOS PROFESIONALES. Cuestión de inconstitucionalidad nº 4040-2009, en relación con el artículo 52 de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.
Según el precepto impugnado, las relaciones de los colegios y de los consejos profesionales de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco con otras entidades de la misma profesión de fuera de dicho ámbito territorial serán establecidas mediante acuerdos.
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*NOTARÍAS. Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de corrección de errores de la de 24 de septiembre de 2009, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario.
En la convocatoria de oposición libre para obtener el título de Notario se distribuyeron las 100 plazas, reservando, para las personas con discapacidad, 13, resultado de acumular a las cinco propias de esta convocatoria, otras ocho no cubiertas en anteriores convocatorias.
Ahora se corrige ese número, reduciendo de ocho a cinco las acumuladas para no excederse del límite del 10% marcado por el artículo 3.3 del Real Decreto 863/2006, de 14 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a las oposiciones al título de Notario y al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como la provisión de plazas a su favor. Dice así:
En consecuencia, se reservan 10 plazas para las personas con discapacidad. A las otras 90 plazas optarán el resto de opositores, sin que sea posible la acumulación de las potenciales vacantes que pudieran resultar entre las reservadas.
Ver convocatoria de notarías.
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El Notario de Santander, don José María de Prada Diez.
Se declara en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un año al Notario de Madrid, don Pedro Domínguez Sors.
La Orotava, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 2 de noviembre de 2009.
Visita nº desde el 1º de octubre de 2009