Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C-176-06.htm
Timestamp: 2017-10-18 13:07:05
Document Index: 284457702

Matched Legal Cases: ['artículo 196', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 157', 'artículo 144', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 146', 'artículo 8', 'artículo 146', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 196', 'artículo 226', 'artículo 115', 'artículo 212', 'artículo 165', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 115', 'artículo 212', 'artículo 165', 'artículo 241', 'artículo 196', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 107', 'artículo 263', 'artículo 263', 'artículo 196', 'artículo 196', 'Artículo 2']

C-176-06
El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales sancionó la Ley aprobatoria del Convenio sub exámine, el trece (13) de julio del año 2005, por medio del Decreto 2317 del 8 de julio de 2005, el Presidente de la República, habida cuenta que se trasladaría los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid y Londres con el fin de asistir a una visita de Estado y cumplir una agenda de trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de Justicia el ejercicio de algunas de sus funciones constitucionales durante ese periodo. Específicamente, el Presidente confió al Ministro delegatario las competencias previstas en los artículos de la Carta 129; 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República; 163; 165; 166; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215; 303; 304; y 314. La facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias está contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política. A su vez, el inciso cuarto del artículo 196 Superior establece que “cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquéllas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”. Además, la misma norma prevé que el Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente. De esta manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última etapa del procedimiento legislativo.
El Convenio Sub examine es constitucional en la medida que los acuerdos complementarios, canjes de notas y programas a que en él se alude: a) No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a la cooperación “Técnica, Científica y Tecnológica” entre los dos Estados.
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003
El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día diecinueve (19) de julio de 2005, fotocopia auténtica de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003.
“LEY 969 DE 2005
por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003
Artículo 1º. Apruébase el "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Jaime Girón Duarte.”
Igualmente se ofició a los Secretarios Generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de ambas Cámaras Legislativas, para que enviaran copia de las Gacetas del Congreso donde se publicó el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 y las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates constitucionales; así mismo, para que certificaran respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la que fue aprobado, el quórum y la votación obtenida finalmente.
Indica que dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 157 superior y en el artículo 144, 149 y 150 de la Ley 5ª de 1992, la iniciativa del proyecto referido fue publicada junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso No. 471 del 26 de agosto de 2004, siendo designados como ponentes los Senadores Jesús Angel Carrizosa y Gloria Stella Díaz Ortíz que rindieron ponencia positiva, siendo publicada en la Gaceta del Congreso No. 611 del 14 de octubre de 2004, la cual previo anunció fue debatida y aprobada en la Comisión Segunda del Senado el día 3 de noviembre de 2004 con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de iniciativa.
Manifiesta que una vez cumplido el término de ocho días previsto en el artículo 160 constitucional, el proyecto pasó a estudio de la Plenaria del Senado en donde se presentó ponencia favorable la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 745 del 25 de noviembre de 2004, y previo anuncio fue aprobada el día 6 de diciembre de 2004 según consta en el Acta No. 54 de dicha sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 de 2004, con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de iniciativa.
Aduce que una vez cumplido el término de quince días exigido por el artículo 160 superior, el proyecto fue presentado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes siendo designado como ponente el Representante Fabio Arango Torres que rindió ponencia favorable a la aprobación del proyecto la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 184 del 18 de abril de 2005, la Comisión previo anuncio, estudió la ponencia y le dio su aprobación el día 2 de junio de 2005 con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de iniciativas.
Agrega que posteriormente el proyecto pasó a estudio de la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde se presentó ponencia favorable que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 371 del 15 de junio de 2005, y previo anunció se le dio aprobación el día 20 de junio de 2005 con el quórum reglamentario exigido por la Constitución Política. Además, una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso, éste fue sancionado por el Presidente de la República en concurso con la Ministra de Relaciones Exteriores.
En lo relativo al contenido de la Ley 969 de 2005, señala que ésta: “...tiene el ánimo de fortalecer entre Colombia y Honduras los lazos de amistad y cooperación, y la convicción de que la mutua colaboración es mutuamente beneficiosa, reconoce la importancia de la cooperación técnica, científica y tecnológica para la intensificación de las acciones en el orden económico y social en ambas naciones, y además, destaca la necesidad de fomentar, concretar y modernizar la infraestructura técnica, científica y tecnológica de los dos países...”.
Explica que el Convenio bajo estudio establece en forma clara que: “...la financiación de la ejecución de los proyectos o programas de cooperación de que trata el mismo, se realizaran bajo la modalidad de costos compartidos. Establece que las Partes podrán solicitar de común acuerdo, la participación de terceros países y/o organismos internacionales, tanto para la financiación como para la ejecución de programas y proyectos, que surjan de las modalidades de cooperación contempladas en cada caso...”.
Así mismo, destaca que el instrumento internacional referido, prevé que los responsables del cumplimiento del mismo por parte de la República de Colombia serán el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI-, y por parte de la República de Honduras será la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional –SETCO-.
Advierte que el Convenio bajo estudio fue suscrito por los Gobiernos de Colombia y Honduras: “...convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo técnico, científico y tecnológico, así como la necesidad de ejecución de programas y planes que enriquezcan dichos mecanismos, y propendan por la efectiva incidencia de esos avances en el desarrollo social y económico de sus respectivos Estados, constituyéndose así este Convenio en un instrumento de vital importancia para alcanzar ese propósito, armonizando así los mecanismos necesarios, para poner a tono la cooperación existente con la realidad mundial en materia de avances tecnológicos...”.
De otra parte, señala que el instrumento internacional aludido fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. Carolina Barco Isakson, quien en virtud de sus funciones, no necesitaba la presentación de plenos poderes para la suscripción del Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, numeral 2, literal a) de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
En lo relativo al trámite del proyecto de ley, recuerda que el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva a la Ley que aprobó el Convenio bajo estudio el 22 de julio de 2004, y en el mismo acto en cumplimiento de los trámites constitucionales ordenó someter el mismo a consideración del Congreso de la República, que finalmente aprobó el Convenio mediante la Ley 969 de 2005.
En lo atinente al contenido material del Convenio, señala que éste: “... contempla el fomento y la realización del programas de cooperación técnica y científica en áreas de interés común, de conformidad con las prioridades establecidas, en las políticas y estrategias de desarrollo económico y social de los países contratantes...”, de forma tal que con el propósito de lograr los avances previstos en el texto del instrumento internacional, las Partes se comprometen con los principios del beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía, no intervención en asuntos internos y las políticas de desarrollo social y económico establecidas en cada país.
Por otra parte, destaca que: “...Las partes contratantes, además de los privilegios e inmunidades contenidas en la Convención de Naciones Unidas en 1946, convienen otorgar al personal que intervenga en los proyectos de cooperación, todas las facilidades para entrar, permanecer y salir del país, de conformidad con las legislaciones internas de cada Estado...”, además dispone que el personal destinado al cumplimiento de los proyectos en materia de cooperación y al correcto desarrollo del Convenio de Cooperación deberá velar por el estricto cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la práctica existente para la cooperación técnica-bilateral y con la legislación interna vigente en cada una de los países firmantes teniendo en cuenta el régimen de la más estricta reciprocidad.
En ese entendido, señala que: “...El fundamento de las relaciones económicas aludidas se puede hallar enmarcado en los principios generales del Derecho Internacional, desarrollando el principio del ‘Beneficio Mutuo y Equitativo’, reafirmándose así que este Convenio celebró (sic) las bases de internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de conformidad con los enunciados básicos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, constituyéndose en todo caso, en un paso para la aplicación del principio de la cooperación internacional, sobre las que se sustenta este Convenio...”.
3. Intervención ciudadana – Ciudadano José Manuel Alvarez Zárate
El ciudadano José Manuel Alvarez Zárate intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte la declaratoria de constitucionalidad del Convenio bajo estudio y de su Ley aprobatoria, a partir de las consideraciones que enseguida se sintetizan.
En ese entendido, advierte que: “...El derecho a la salud es reconocido por el ius cogens, entendiendo por éste el conjunto de normas imperativas del derecho internacional respecto de las cuales no cabe entre los Estados pacto en contrario. El ius cogens está integrado no sólo por las normas internacionales sino por normas internas que participan de la calidad de imperativas que las caracteriza, como los derechos fundamentales, tanto los reconocidos por nuestra Constitución como de aquellos que ingresan a nuestro ordenamiento por la vía de los tratados internacionales ratificados por Colombia...”, de forma tal que el derecho a la salud también forma parte de aquel núcleo de los derechos humanos que constituyen ius cogens, pues las normas de derechos humanos que lo constituyen comprenden dentro del derecho a la vida y a la integridad física, derechos conexos como el de la salud.
Así mismo, estima que la Corte debe advertir que la celebración de los citados convenios complementarios no implicará en ningún momento la incorporación por referencia a otros tratados de orden internacional: “...entendido por esta figura (incorporación por referencia) la facultad de ‘sustituir la regulación directa de la totalidad o parte de una materia por la invocación de un texto conocido y determinado que se entiende incorporado al tratado en los términos que los negociadores convengan’....”, esto en virtud de lo previsto en la Constitución Política, según la cual no se puede acudir a esa forma de regulación indirecta de tratados internacionales, toda vez que, el proceso de celebración de éstos es un acto complejo, con competencias diferenciadas en cada una de las ramas del poder público que no pueden ser usurpadas por el Gobierno Nacional al momento de suscribir un instrumento internacional.
En ese orden de ideas, reitera que la Corte: “...deberá realizar la respectiva declaración bajo el entendido de que la celebración de dichos convenios complementarios para que se ajusten al ordenamiento constitucional deberán cumplir el trámite previsto en la norma, es decir, deberán gozar de la aprobación por parte del legislativo y su respectivo control constitucional, así como tampoco implicará la incorporación por referencia de otros tratados internacionales, toda vez que la celebración de dichos convenios implica que el Estado se está comprometiendo internacionalmente y como tal convirtiéndose en un sujeto de obligaciones...”.
Recuerda que el instrumento internacional objeto de estudio fue suscrito en la ciudad de Bogotá D. C. el 12 de noviembre de 2003 por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora Carolina Barco Isakson, sin que para tal acto se hiciera necesaria la expedición de plenos poderes de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre los Derechos de los Tratados.
En cuanto al trámite del proyecto de ley surtido en el Congreso de la República y el que se radicó bajo el número 89/04 del Senado y 268/04 –Cámara-, señala que el texto original del proyecto así como su respectiva exposición de motivos, fueron presentados el día 22 de julio de 2004, siendo publicados en la Gaceta del Congreso No. 471 del 26 de agosto de 2004, cumpliendo así con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado (art.154 constitucional), al igual que la publicación del proyecto de ley antes de su estudio en la comisión respectiva para darle primer debate (art.157, numeral 1 de la Constitución).
Manifiesta que el informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado, fue presentado por los Senadores Gloria Stella Díaz y Jesús Angel Carrizosa, y publicado en la Gaceta del Congreso No. 611 del 14 de octubre de 2004. Afirma que de conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, dicha Comisión aprobó en forma unánime en primer debate, el proyecto de ley el día 3 de noviembre de 2004 con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por once (11) de los trece (13) miembros que integran esa Corporación, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional, adicionalmente el proyecto de ley fue anunciado el 26 de octubre de 2004, según consta en el Acta No. 17 publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 de 2005, dándose así cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 1 de 2003.
Aduce que la ponencia para segundo debate fue presentada igualmente por los Senadores Gloria Stella Díaz y Jesús Angel Carrizosa en la plenaria del Senado y el correspondiente informe de ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 745 del 25 de noviembre de 2004. Afirma que de conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado y según consta en el Acta No. 26 publicada en la Gaceta del Congreso No. 003 del 24 de enero de 2005, dicha Comisión aprobó en segundo debate el proyecto de ley el día 6 de diciembre de 2004 con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por noventa y cinco (95) de los ciento dos (102) miembros que integran esa Corporación, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum decisorio exige el artículo 146 constitucional, adicionalmente, el proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 1° de diciembre de 2004 según consta en el Acta No. 25 publicada en la Gaceta del Congreso No. 002 del 24 de enero de 2005, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
En relación con la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara precisa que la ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 184 del 18 de abril de 2005, siendo el ponente para primer debate el Representante Fabio Arango Torres, además de conformidad con la certificación expedida el 23 de agosto de 2005 por el Secretario de esa Corporación, la Comisión Segunda de la Cámara con la asistencia de diecisiete (17) Representantes votó y aprobó unánimemente en sesión del 2 de junio de 2005 el proyecto de ley No. 286 de 2004 –Cámara-, cumpliéndose así con el requisito de quórum deliberatorio y decisorio exigido por la Constitución, así como del término que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, esto es, de quince (15) días mínimo, adicionalmente, el proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 1° de junio de 2005 según consta en el Acta No. 40 de la misma fecha, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
Afirma que la ponencia para segundo debate fue presentada por el Representante Francisco Arango Torres y publicada en la Gaceta del Congreso No. 371 del 15 de junio de 2005, según la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación, el proyecto fue aprobado por mayoría el día 20 de junio de 2005, con la presencia de 161 Representantes, adicionalmente el proyecto de ley fue anunciado para el segundo debate en sesión plenaria el día 17 de junio de 2005, según consta también en el Acta No. 183 de la misma fecha, dando cumplimiento así a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 1° de 2003.
Recuerda que el día trece (13) de julio de 2005 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional bajo examen, convirtiéndose en la Ley 969 de 2005, la citada ley fue remitida posteriormente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional el dieciocho (18) de julio de 2005, de conformidad con lo previsto para el efecto en el artículo 241, numeral 10 de la Carta Política.
En esos términos, concluye entonces que: “... a través del contexto de la globalización, el Convenio de Cooperación implica otorgar una atención especial a los procesos relacionados con la técnica científica y tecnológica, constituyéndose completamente y bajo múltiples formas como materia prima por excelencia de las sociedades contemporáneas...”, en ese entendido, el Convenio propende por el intercambio y la cooperación educativa y cultural dentro de un marco de respeto por la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los países signatarios.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse en forma definitiva sobre la exequibilidad de la Ley “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003.
El “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003, fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora Carolina Barco Isakson, quien actuó en nombre y representación de la República de Colombia,[1] sin que para tal acto se hiciera necesaria la expedición de plenos poderes de conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Convención de Viena de 1969 sobre los Derechos de los Tratados.
Por su parte, el Presidente de la República, doctor Alvaro Uribe Vélez, impartió al Convenio la correspondiente aprobación ejecutiva, el veintidós (22) de julio de 2004 y ordenó someterlo a la consideración del Congreso de la República.[2]
2.1.2.1. El proyecto de ley junto con la exposición de motivos fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores el día veintitrés (23) de agosto de 2004, y fue radicado bajo el No. 89 de 2004 –Senado- y publicado en la Gaceta del Congreso Año XIII, No. 471 del jueves 26 de agosto de 2004 (págs. 23 a 26) (Folios 11 a 42, Cuaderno de Pruebas).
2.1.2.2. Dicho proyecto con su correspondiente exposición de motivos fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado donde se surtió el primer debate siendo ponente los Senadores Gloria Stella Díaz y Jesús Angel Carrizosa Franco. La ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 611 del jueves 14 de octubre de 2004 (págs. 12 a 15) (Folios 43 a 66, Cuaderno de Pruebas) fue debatida y aprobada con un quórum deliberatorio y decisorio de once (11) votos a favor y ninguno en contra de los trece (13) miembros que integran la Comisión, en sesión del tres (3) de noviembre de 2004 según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 541 del 19 de agosto de 2005 (pág. 3) (Folios 528 a 543 del Cuaderno de Pruebas) y según certificación del veinticuatro (24) de agosto de 2005, expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República (Folio 1, Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 17 de la sesión ordinaria del veintiséis (26) de octubre de 2004 publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 del 19 de agosto de 2005, (pág. 6) (Folios 520 a 527 Cuaderno de Pruebas), y según certificación del veinticuatro (24) de agosto de 2005, expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República (Folio 1, Cuaderno de Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del tres (3) de noviembre de 2004 figuró el proyecto de ley 89 de 2004 –Senado-, 268 de 2004 –Cámara-, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”. Así las cosas, la Corte constata que en este caso se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.3. La plenaria del Senado adelantó el segundo debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 745 del jueves 25 de noviembre de 2004 (págs. 35 y 36) (Folios 67 a 102, Cuaderno de Pruebas) siendo ponentes los Senadores Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Angel Carrizosa Franco. El proyecto fue aprobado en sesión ordinaria del día seis (6) de diciembre de 2004 con un quórum deliberatorio y decisorio de noventa y cinco (95) de los ciento dos (102) Senadores que conforman la plenaria, según consta en el Acta No. 26 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 03 del lunes 24 de enero de 2005 (pág. 32), (Folios 103 a 166, Cuaderno de Pruebas) y según certificación del Secretario General del Senado de la República del veintitrés (23) de agosto de 2005. (Folio 220, Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 25 de la sesión ordinaria del primero (1°) de diciembre de 2004 publicada en la Gaceta del Congreso No. 02 del lunes 24 de enero de 2005, (pág. 38) (Folios 167 a 218 Cuaderno de Pruebas), y según certificación del Secretario General del Senado de la República del veintitrés (23) de agosto de 2005 (Folio 220, Cuaderno de Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del seis (6) de diciembre de 2004 figuró el proyecto de ley 89 de 2004 –Senado-, 268 de 2004 –Cámara-, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”. Así las cosas, la Corte constata que en este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.4. Una vez radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes bajo el No. 268 de 2004 –Cámara-, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 184 del lunes 18 de abril de 2005 (págs. 13 y 14) (Folios 278 a 283, Cuaderno de Pruebas), siendo ponente el Representante Fabio Arango Torres. Dicho proyecto fue discutido y aprobado con la asistencia de diecisiete (17) Representantes, en forma unánime, en sesión ordinaria del dos (2) de junio de 2005, según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes expedida el veintitrés (23) de agosto de 2005. (Folio 395, Cuaderno de Pruebas) y según consta en el Acta No. 41 del dos (2) de junio de 2004 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente publicada en la Gaceta del Congreso No. 734 del 24 de octubre de 2005, (pág. 9) (Folios 569 a 580 del Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 40 de la sesión ordinaria del primero (1) de junio de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No. 733 del 24 de octubre de 2005, (pág. 22) (Folios 544 a 568 Cuaderno de Pruebas), y según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes expedida el veintitrés (23) de agosto de 2005 (Folio 11 Cuaderno de Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del dos (2) de junio de 2005 figuró el proyecto de ley 268 de 2004 –Cámara- y 89 de 2004 –Senado-, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”. Así las cosas, la Corte constata que en este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.5. La plenaria de la Cámara de Representantes adelantó el segundo debate del proyecto de ley, a partir de la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 371 del miércoles 15 de junio de 2005 (págs. 9 a 11) (Folios 240 a 255, Cuaderno de Pruebas), siendo ponente el Representante Fabio Arango Torres, dicha ponencia fue discutida y aprobada en sesión plenaria del veinte (20) de junio de 2005 por mayoría de los presentes ciento sesenta y uno (161) Representantes de la Corporación, según consta en el Acta No. 184 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 505 del lunes ocho (8) de agosto de 2005 (pág. 97) (Folios 256 a 355, Cuaderno de Pruebas) y según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes del veinticinco (25) de agosto de 2005 (Folio 223 Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 183 de la sesión ordinaria del diecisiete (17) de junio de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No. 515 del miércoles 10 de agosto 2005, (pág. 37), (Folios 356 a 394 Cuaderno de Pruebas), y según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes del veinticinco (25) de agosto de 2005 (Folio 223 Cuaderno de Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del veinte (20) de junio de 2005 figuró el proyecto de ley 268 de 2004 –Cámara- y 89 de 2004 –Senado-, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”. Así las cosas, la Corte constata que en este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional.
Sobre este particular debe resaltarse que por medio del Decreto 2317 del 8 de julio de 2005, el Presidente de la República, habida cuenta que se trasladaría los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid (España) y Londres (Reino Unido) con el fin de asistir a una visita de Estado y cumplir una agenda de trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de Justicia el ejercicio de algunas de sus funciones constitucionales durante ese periodo. Específicamente, el Presidente confió al Ministro delegatario las competencias previstas en los artículos de la Carta 129; 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República; 163; 165; 166; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215; 303; 304; y 314.
La facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias está contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política. A su vez, el inciso cuarto del artículo 196 Superior establece que “cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquéllas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”. Además, la misma norma prevé que el Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente. De esta manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última etapa del procedimiento legislativo[4].
2.2.1. Antecedentes del Convenio y de su Ley aprobatoria
- Artículo Cuarto: Señala cuáles son las entidades designadas por las Partes, responsables del cumplimiento de los términos del Convenio en materia de cooperación, y en ese sentido para el caso colombiano designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional –ACCI-, y en el caso de Honduras designa a la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional –SETCO-
2.2.3. Constitucionalidad material del “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003
Al respecto, en diversas providencias de esta Corporación, precisamente referidas a la aplicación de los instrumentos internacionales en materia de cooperación técnica, científica y tecnológica[5], se ha señalado que dichos convenios no contravienen el ordenamiento constitucional. Por el contrario, este tipo de acuerdos desarrollan el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículo 226 de la Carta Política).
“El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo.”[6]
Ahora bien, particular examen merece en el presente caso la mención que se hace de la definición a través de acuerdos complementarios, canjes de notas o programas, previa evaluación de una Comisión Mixta, de proyectos específicos para el desarrollo del Convenio (art. .I)[7].
Al respecto cabe recordar que esta Corporación ha señalado que si para el desarrollo de un tratado de cooperación se hace necesaria la suscripción de otros instrumentos internacionales, que creen nuevas obligaciones, modifiquen o adicionen el Convenio inicialmente suscrito, aquellos deberán someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2° y 241 de la Constitución[8].
Si por el contrario dichos instrumentos no generen nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política (artículos 189, numeral 2., 150, numeral 16., 241, numeral 10) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales.
“Ahora bien, la importancia de estos acuerdos está en que, por la práctica del derecho internacional, la celebración de tratados y convenios de cooperación, por su naturaleza, implica la inclusión de cláusulas generales que exigen, por su especialidad, de la celebración de acuerdos futuros que y complementen la voluntad de los Estados incluida en el respectivo tratado o convenio internacional.
En efecto, esa orientación, dentro del contexto constitucional colombiano busca impedir que sin el lleno de los requisitos constitucionales pueda el Estado Colombiano comprometerse internacionalmente ex novo; por ello, en la medida en que el acuerdo simplificado forme parte, como necesario instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al trámite completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que excedan el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado sujeto a aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón constitucional que imponga la sumisión a los trámites completos y al control de la Corte. En ese supuesto se estaría confrontando el acuerdo no tanto con las normas constitucionales como con el texto del Tratado a cuyo desarrollo y ejecución propende, lo cual excede de manera evidente la precisa competencia de esta Corporación en la materia.”[9]
Conforme con lo anterior, el Convenio Sub examine es constitucional en la medida que los acuerdos complementarios, canjes de notas y programas a que en él se alude: a) No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a la cooperación “Técnica, Científica y Tecnológica” entre los dos Estados.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-176 DE 2006.
Hay que diferenciar entre las funciones del Presidente de la República como Jefe de Gobierno y la figura del Gobierno prevista en distintas disposiciones constitucionales. En efecto, afirmar que la sanción de las leyes ordinarias corresponde al “Gobierno” y que por lo tanto se trata de una función presidencial que corresponde a la calidad de Jefe de Gobierno no resiste el menor análisis. Cuando el texto constitucional emplea la expresión Gobierno no se refiere a las funciones del Presidente como Jefe de Gobierno, sino a la figura de prevista por el artículo 115 constitucional, la cual guarda relación con otras características propias de un régimen presidencial como la responsabilidad del Primer Mandatario y el refrendo ministerial. Por ejemplo, sostener que la previsión del artículo 212 constitucional en el sentido que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior y “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”, corresponde a una función presidencial que se ejerce en calidad de Jefe de Gobierno y por lo tanto puede ser temporalmente transferida al ministro delegatario no resiste el menor análisis desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho.
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Improcedencia/SANCION DE LEY-Función del Presidente de la República como Jefe de Estado (Salvamento de voto)
La función de sancionar las leyes no es una función constitucional que el Presidente de la República pueda delegar en el ministro delegatario. En primer lugar, el Primer Mandatario puede continuar sancionando las leyes cuando se encuentra en el exterior, máxime con los avances en materia de comunicaciones presentes en un mundo globalizado, no se encuentra entonces el requisito fáctico o material que la función en cuestión no pueda ser ejercida por el Presidente en el exterior. En segundo lugar la sanción de las leyes no es una función que pueda ser ejercida por el Ministro “bajo su propia responsabilidad”. En tercer lugar, y según lo previamente consignado, la previsión del artículo 165 constitucional en el sentido que la sanción de las leyes corresponde al Gobierno no debe conducir al equívoco de asumir que se trata de una función que el Presidente ejerce como Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible de delegación. Por el contrario, por la responsabilidad política que acarrea se trata de una función típica de Jefe de Estado, máxime cuando esta figura es un medio por medio del cual participa el primer mandatario en la elaboración de las leyes.
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá D. C., el 12 de noviembre de 2003.
Con el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria que declaró exequible la Ley 969 de 13 de julio de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”.
“Sobre este particular debe resaltarse que por medio del Decreto 2317 del ocho (8) de julio de 2005, el Presidente de la República habida cuenta que se trasladaría los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid (España) y Londres (reino Unido) con el fin de asistir a una visita de Estado y cumplir con una agenda de trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de Justicia el ejercicio de algunas de sus constitucionales durante ese período. Específicamente el Presidente confió al ministro delegatario las competencias previstas en los artículos de la Carta 129; 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la república; 163; 165; 166; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215; 303; 304 y 314.
La facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias está contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política. A su vez, el inciso cuarto del artículo 196 Superior establece que “cuando el Presidente de la República se traslade al extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”. Además la misma norma prevé que el Ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político que el Presidente. De esta manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de conformidad con el decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última etapa del procedimiento legislativo”.
En primer lugar cabe señalar que el inciso final del artículo 196 constitucional establece una serie de requisitos concurrentes para la delegación de las funciones constitucionales presidenciales en el ministro delegatario, tales requisitos son los siguientes: (i) que el Presidente de la República se traslade al extranjero en ejercicio de su cargo, (ii) la expedición de un acto administrativo mediante el cual se deleguen expresamente las funciones presidenciales, (iii) que las funciones delegadas puedan ser ejercidas por el ministro delegatario bajo su propia responsabilidad, (iv) las funciones delegadas pueden ser de distinta naturaleza “tanto aquellas que le son propias como aquellas que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”, (v) las funciones delegadas no puedan ser ejercidas por el Presidente de la República desde el exterior, (vi) el ministro delegatario debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del Presidente.
Más allá de los requisitos formales señalados en el precepto constitucional en cuestión, es preciso detenerse en los requisitos materiales fijados por dicho inciso, es decir, en la cuestión de la naturaleza de las funciones delegadas. Lo primero que salta a la vista al analizar este extremo es la indeterminación del enunciado normativo objeto de estudio, porque se limita a establecer que las funciones deben poder ser ejercidas por el ministro delegatario bajo su propia responsabilidad, y que adicionalmente pueden delegarse “tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”. La indeterminación normativa a la que se ha hecho referencia tiene que ver con el significado del enunciado “tanto aquellas que le son propias”, el cual puede ser interpretado de dos distintas maneras en primer lugar podría entenderse que se refiere a las funciones que le son propias al Presidente, y en segundo lugar podría referirse a las funciones que le son propias al ministro delegatario. Acudiendo a diversos criterios interpretativos –tales como los del efecto útil y el principio de la no redundancia- cobra sentido la primera interpretación, es decir, que pueden ser delegadas las funciones que le son propias al Ministro.
En efecto, la posibilidad interpretativa según la cual pueden ser delegadas las funciones que le propias al Presidente es contraria al principio del efecto útil porque la precisión introducida posteriormente –en el sentido que pueden ser delegadas la funciones del Jefe de Gobierno- carecería de cualquier eficacia pues no restringiría el ámbito de funciones delegables, por otra parte de conformidad con uno de los criterios de uso frecuente en la interpretación –el de la no redundancia- no tendría sentido que se hubiera previsto que el Presidente delegara las funciones que le son propias y aquellas que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno, porque nuevamente la segunda expresión sería redundante. Adicionalmente, entender que el Presidente puede delegar cualquier función que le sea propia en el ministro delegatario, significaría desnaturalizar esta figura, pues no hay que olvidar que éste no suple una falta temporal del Presidente de la República, quien continúa en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas propias de su calidad de Jefe de Gobierno que decida delegar.
Se tiene entonces que el ministro delegatario ejercerá aquellas funciones que le son propias en su calidad de ministro y aquellas que el Presidente le delegue como Jefe de Gobierno, y aquí nuevamente se debe introducir una nueva precisión pues sólo son delegables aquellas funciones que el Presidente no pueda cumplir por estar temporalmente en el exterior en el ejercicio de su cargo, se trata en este caso de una restricción de carácter fáctico que se relaciona con la imposibilidad de cumplir ciertas funciones presidenciales desde el extranjero.
Cabe recordar aquí los orígenes de la figura del Ministro Delegatario creada bajo la vigencia de la Constitución de 1886 precisamente para enfrentar la situación anómala que se presentaba cuando el Presidente de la República viajaba al exterior en el ejercicio de sus funciones, conservando las prerrogativas y atribuciones propias de su investidura como jefe de Estado y era reemplazado por el designado ala Presidencia, quien en esta calidad cumplía iguales atribuciones a las del Presidente titular, originándose así la coexistencia o contemporaneidad de dos titulares del mismo órgano con funciones iguales, lo cual rompía la unidad en la dirección del Estado. Estos inconvenientes quedaron superados con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1977, mediante el cual se subrogó el artículo 128 de la Constitución de 1886 para permitir la delegación de funciones en cabeza de un ministro, en los casos de ausencia temporal del Presidente en los que no se produce la vacancia del cargo.
Como sostuvo con acierto la Corte Suprema de Justicia “El ministro delegatario cumple funciones subalternas del Presidente de quien sigue subordinado políticamente, sin que jamás adquiera le preeminencia presidencial que sí puede llegar a adquirir el Designado en el evento que asuma el encargo de sustituir al Presidente por falta temporal o definitiva de éste”[10].
“A pesar de la aparente amplitud y discrecionalidad absolutas que le reconoce el inciso tercero del artículo 128 de la Constitución al Presidente, para señalar o transferir al Ministro delegatario las funciones constitucionales de las que es titular y que en su sentir deban ser ejercidas por éste en el desempeño de tan transitorio encargo; es innegable que no se puede despojar de las que tiene como Jefe de Estado; como es igualmente claro, que aún estando ausente del país, puede reasumir las que inicialmente delegó y cuyo ejercicio directamente por él desde el exterior no esté condicionado por su regreso al territorio nacional (…)”.[11]
Finalmente, hay que diferenciar entre las funciones del Presidente de la República como Jefe de Gobierno y la figura del Gobierno prevista en distintas disposiciones constitucionales. En efecto, afirmar que la sanción de las leyes ordinarias corresponde al “Gobierno” y que por lo tanto se trata de una función presidencial que corresponde a la calidad de Jefe de Gobierno no resiste el menor análisis. Cuando el texto constitucional emplea la expresión Gobierno no se refiere a las funciones del Presidente como Jefe de Gobierno, sino a la figura de prevista por el artículo 115 constitucional, la cual guarda relación con otras características propias de un régimen presidencial como la responsabilidad del Primer Mandatario y el refrendo ministerial. Por ejemplo, sostener que la previsión del artículo 212 constitucional en el sentido que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior y “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”, corresponde a una función presidencial que se ejerce en calidad de Jefe de Gobierno y por lo tanto puede ser temporalmente transferida al ministro delegatario no resiste el menor análisis desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho.
Hechas las anteriores precisiones cobra sentido porque la función de sancionar las leyes no es una función constitucional que el Presidente de la República pueda delegar en el ministro delegatario. En primer lugar, el Primer Mandatario puede continuar sancionando las leyes cuando se encuentra en el exterior, máxime con los avances en materia de comunicaciones presentes en un mundo globalizado, no se encuentra entonces el requisito fáctico o material que la función en cuestión no pueda ser ejercida por el Presidente en el exterior.
En segundo lugar la sanción de las leyes no es una función que pueda ser ejercida por el Ministro “bajo su propia responsabilidad”. La sanción es un acto mediante el cual el Presidente transmite su legitimidad política a la voluntad del Congreso, y en esa medida conlleva una responsabilidad política que es indelegable.
En tercer lugar, y según lo previamente consignado, la previsión del artículo 165 constitucional en el sentido que la sanción de las leyes corresponde al Gobierno no debe conducir al equívoco de asumir que se trata de una función que el Presidente ejerce como Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible de delegación. Por el contrario, por la responsabilidad política que acarrea se trata de una función típica de Jefe de Estado, máxime cuando esta figura es un medio por medio del cual participa el primer mandatario en la elaboración de las leyes.
MINISTRO DELEGATARIO-Incumplimiento del requisito de pertenecer al mismo partido o movimiento del Presidente de la República (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo el voto en relación con la sentencia C-176 de 8 de marzo de 2006, mediante la cual se declaró exequible la Ley 969 de 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá D.C. el doce (12) de noviembre de 2003.
1. De acuerdo con la competencia expresa que la Constitución Política le asigna a la Corte Constitucional en el artículo 241, a ésta se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de aquella, para decidir entre otros asuntos, sobre “la exequibilidad de los Tratados Internacionales y de las leyes que los aprueben” (Art. 241, num. 10). Es pues, esa función un control automático de constitucionalidad sobre estos actos jurídicos que no requiere demanda ciudadana, sino que debe realizarse por la Corte de manera integral, con la mayor amplitud y con sujeción rigurosa a las normas constitucionales, pues ni el Tratado Internacional celebrado por el Ejecutivo ni la ley que lo aprueba pueden violar norma alguna de la Constitución Política.
Revisado el texto de la Ley 969 del 13 de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45970 de 15 de julio de ese año, se observa que fue sancionado por el Ministro del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega, “delegatario de funciones presidenciales, conforme al Decreto No. 2317 del ocho de julio de 2005”, quien además impartió su firma para el acto de sanción de la ley como Ministro del Interior y de Justicia. Esto implica, de manera indiscutible que en el acto de sanción de la Ley actúo la misma persona con dos calidades jurídicas diferentes: Como delegatario de funciones presidenciales la primera y como Ministro del Interior y de Justicia, la segunda.
El artículo 196 de la Constitución Política autoriza al presidente de la República cuando se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, delegar en “el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal” algunas funciones constitucionales de las que le incumben a aquel, y agrega que “el Ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente”.
De esta manera, se exige por la Carta que, si el Presidente de la República cuando se traslade a territorio extranjero decide delegar algunas de sus funciones para que otro funcionario las cumpla en su ausencia, no puede hacer la delegación con libertad absoluta como si dispusiera de un derecho subjetivo personal, sino con los requisitos y en las condiciones precisas que la Constitución le impone cumplir, a saber: a) Que el delegatario sea un Ministro; b) que se observe el orden de precedencia legal de los Ministros para reemplazar temporalmente al Presidente como delegatarios de funciones presidenciales, que en este caso, es el señalado por el artículo 7° de la Ley 790 de 2002; c) que en el Decreto respectivo se determinen de manera precisa las funciones presidenciales que se delegan; d) que el Ministro delegatario pertenezca al mismo partido o movimiento político del presidente.
Con respecto al último de los requisitos constitucionales mencionados, es evidente su profunda raigambre democrática. Si los ciudadanos eligen Presidente de la República, éste no puede delegar sus funciones ad-libitum y sin tener en cuenta la filiación política del delegatario, pues el mandato del cual lo invisten los ciudadanos con su voto, implica una decisión de carácter político, de tal manera que lo que la Constitución dispone es que el mandatario o quien ejerza transitoriamente sus funciones pertenezca al partido o movimiento político por el cual sufragaron los ciudadanos cuando le confirieron el mandato mayoritario por la voluntad popular.
La expresión de la voluntad política de los ciudadanos es asunto de tal trascendencia que la Constitución Política se ocupó de los partidos políticos en varias de sus disposiciones. Así acontece, por ejemplo, con el artículo 40 de la Carta que confiere a los ciudadanos, entre otros derechos, el de “constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna”, así como formar parte de ellos “libremente y difundir sus ideas y programas”; el artículo 107 de la Carta así lo reitera y prohíbe a los ciudadanos “pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica” y ordena además que éstos “se organizarán democráticamente”; el artículo 263 de la Constitución dispone que en los procesos de elección popular “los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos”; el artículo 263A autoriza a “cada partido o movimiento político” para optar por el mecanismo de voto preferente si así lo resuelve. De tal manera que, en la Constitución de 1991 no se guardó silencio sobre los partidos y movimientos políticos, como sí ocurrió en la de 1886. Al contrario, de manera expresa ordenó que mediante Ley Estatutaria se regulara por el Congreso lo atinente a la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos (art. 152, literal c) y, por ello, el Congreso expidió la Ley 130 de 1994 sobre la materia.
En este caso, es evidente, pues constituye un hecho notorio que el Ministro del Interior y de Justicia, ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, en forma pública ha afirmado no en una sino en varias ocasiones pertenecer al Partido Conservador; y es igualmente un hecho notorio que el actual Presidente de la República, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, en sus actuaciones políticas anteriores a su elección como Presidente de la República y el las actuaciones públicas posteriores a su elección como tal, no ha declarado pertenecer al Partido Conservador. De manera pues, que no existe coincidencia en la filiación política de esos altos funcionarios del Estado. Tampoco pertenecen a un mismo movimiento político con personería jurídica como tal. De tal suerte que fluye sin esfuerzo una conclusión, el Decreto 2317 de 8 de julio de 2005 que delegó funciones presidenciales en el doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia viola de manera flagrante el artículo 196 de la Constitución y, por consiguiente, la Ley 970de 13 de julio de 2005, fue sancionada por quien no la podía sancionar de acuerdo con la Carta Política, razón ésta por la cual la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones en guarda de la supremacía y de la integridad de la Constitución, debería haber declarado la inexequibilidad de esa Ley, sin la excusa de la falta de prueba de la filiación política de esos altos funcionarios del Estado, como se hizo.
SANCION DE LEY-Función del Presidente como Jefe de Estado (Salvamento de voto)
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el 12 de noviembre de 2003
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito presentar Salvamento de Voto a esta decisión, en relación a la sanción de las leyes por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y el carácter indelegable de dicha función, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en otras oportunidades[12]:
1. En primer lugar, discrepo de la presente decisión por cuanto considero que la sanción de las leyes es una función reservada al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado y por lo mismo, es una función indelegable, más aún, tratándose de una ley aprobatoria de un tratado internacional, que compromete al Estado colombiano.
2. En segundo lugar, disiento de este fallo ya que en mi criterio, en el presente caso también se desconoce el requisito establecido en el inciso final del artículo 196 de la Constitución, en cuanto el Ministro Delegatario debe pertenecer al mismo partido o movimiento del Presidente de la República, requisito que al no cumplirse afecta la validez del Decreto 2317 de 2005, mediante el cual se designó al Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega como Ministro delegatario y por ende, la Ley 969 de 2005, sancionada por el Ministro delegatario en virtud de esa designación.
[1] Folio 9 del Expediente.
[2] Folios 19 y 20 del Expediente.
[3] Sentencia C-400 de 1998 M.P Alejandro Martínez Caballero En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-834 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-401 de 2003 y C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4] Ver en el mismo sentido la Sentencia C-172/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Ver entre oras las sentencias C-186 de 1999. M. P Fabio Morón Díaz, C-1439/00 M.P. Marta V. Sáchica de Moncaleano, C-303/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-862/01 y C-953/01 - M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Sentencia C-186 de 1999. M. P Fabio Morón Díaz.
[7] Artículo 2 (…)El presente instrumento tiene como finalidad, establecer las condiciones generales que regulan la cooperación técnica, científica y tecnológica, acordada por las Partes en proyectos específicos definidos a través de acuerdos complementarios, Canjes de Notas o Programas definidos por las Partes, en la Comisión Mixta de que trata el artículo VI. (…).
[8] Ver entre otras la sentencia C-303/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9] Sentencia C-363 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias C-1258 y C-1439 de 2000 M.P (E), Martha Victoria Sáchica Moncaleano, C-862 y C-953 de 2001, C-264 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa , C-715 de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett y C-533/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[10] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia No. 111 de doce (12) de diciembre de 1986, M. P. Jairo Enrique Duque Pérez.
[12] Ver Salvamento de Voto a la sentencia C-172 del 2006.