Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/12/registro-oficial-29-de-diciembre-del-2000
Timestamp: 2019-12-13 21:07:38
Document Index: 210205970

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 87', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 138', 'artículo 56', 'artículo 563', 'artículo 157', 'artículo 563', 'artículo 218', 'artículo 73', 'artículo 358', 'artículo 377', 'artículo 563', 'artículo 563', 'artículo 358', 'artículo 563']

Registro Oficial. 29 de DICIEMBRE del 2000
\n Addendum al Convenio de Financiación entre\n la Comunidad Europea y la República de Ecuador
\n RESOLUCIONES:\n
\n 962 Apruébase el formulario\n de "Comprobante de Retención en la Fuente del Impuesto\n a la Renta por Ingresos en Relación de Dependencia"\n
\n 063/2000 Modifícase\n la Resolución No. 011/97, de 8 de abril de 1997
\n CONSEJO\n NACIONAL DE ZONAS FRANCAS (CONAZOFRA) :
\n 2000-33 Regístrase la aprobación\n de la empresa R.A.Y.A.X. Overseas Investment Corp. como usuaria\n de la Zona Franca Metropolitana Sociedad Anónima
\n METROZONA S.A.
\n 2000-34 Expídese el\n Reglamento para la adquisición de bienes, la ejecución\n de obras y la prestación de servicios no regulados por\n la Ley de Consultoría
Lista\n de personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos\n con el Estado, que han sido declarados como adjudicatarios fallidos\n y que han dejado de constar en el Registro de Contratistas a\n Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL:
\n 12-97-OR Olga Rocío\n Defaz Calvopina en contra de Segundo Leonidas Corrales Osorio\n
\n 103-97-MV Hilda Jiménez\n Barros de Carrillo en contra de Manuel Lema Toapanta y otros\n
\n 154-97-JO Jorge Gonzalo Aguilar Suntaxi en contra\n de Marcelo Iván Montúfar
\n 299-97-JOC Segundo Luis Guamán Vera en contra\n de Guido Mármol Rosero
\n 319-97-OR Doctora Flor María\n Rivadeneira Jácome en contra de Marcelo Asquel Suárez\n
\n 241-98-RM El Ministerio Fiscal\n en contra de Wilson Rodrigo Grefa Shiguango y otros
\n 306-98-OR Mariana de Jesús\n Remache Pumagualli en contra del doctor Javier Erazo Arias
\n 351-99-MS Segundo Rafael Sisalema\n Naranjo en contra de Segundo Antonio Chasi Zaruma y otros
\n 266-2000-MS Marco René\n Panchi Herrera en contra de Vinicio Zambrano Molina
\n 131/2000 Pablo Ramiro Cousin\n Izurieta en contra del Banco Nacional de Fomento
\n 132/2000 Doctor Alfredo Abelardo\n Pérez Aguirre en contra del Superintendente de Bancos\n
\n 133/2000 José Remigio\n Panimboza Velásquez en contra del Rector de la Universidad\n de Chimborazo
\n 134/2000 Rodrigo Cornelio\n Encalada Izquierdo en contra del Banco Nacional de Fomento
\n Cantón San Cristóbal: Para adoptar la denominación\n de Gobierno Municipal de San Cristóbal
\n Cantón Ambato: Reformatoria\n a la Ordenanza de Avalúos y Catastros
\n Cantón Balsas: Que\n reglamenta los procesos de contratación
\n Cantón El Pangui: Reformatoria\n a la Ordenanza que regula y reglamenta la prestación de\n servicios del terminal terrestre\n \n
ADDENDUM\n N0 1
AL CONVENIO DE FINANCIACION ENTRE LA\n COMUNIDAD EUROPEA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR
«Proyecto de diagnóstico\n de enfermedades del camarón en Ecuador»
ADDENDUM N0 1
La Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada "LA COMUNIDAD"\n representada por la Comisión de las comunidades europeas,\n en lo sucesivo denominada, "LA COMISION", por una parte\n y el Gobierno de la República del Ecuador, representado\n por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominado\n "el Beneficiario", por la otra, actuando de conformidad\n con el Programa de Cooperación acordado entre la Comunidad\n Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.
Ambas partes han acordado concluir este Addendum N0 1 cuyo\n objeto consiste en modificar, en el Anexo 2 "Disposiciones\n Técnicas y Administrativas de Ejecución",\n el artículo 10 "Financiación y Presupuesto",\n para adaptarlo al Plan Operativo Global.
10. FINANCIACION Y PRESUPUESTO
El proyecto, de un total de Euro 1.710.000, descansará\n sobre una aportación financiera de:
- Euro 980.000, por parte de la CE; y,
- Euro 730.000, por parte del Gobierno de Ecuador.
La contribución de Ecuador cubrirá los costos\n del personal nacional, una parte de los materiales y equipamiento\n de laboratorio, y los gastos de funcionamiento del CSA para el\n personal administrativo, para publicidad y servicios diversos.\n En el cuadro siguiente se desglosan las contribuciones en Euro\n al presupuesto del proyecto por rubros de gastos y por fuente\n de financiación.
(Anexo 29DIT1)
* El rubro "Imprevistos" puede ser utilizado solamente\n con el acuerdo expreso de las autoridades de tutela
Todos los artículos y cláusulas del Convenio\n de Financiación que no hayan sido modificados por el presente\n addendum quedan inalterados.
Leído y aprobado, 7.02.2000.
Fecha, 8.11.2000.
f) Ilegible. - Por la Comisión.
f) ilegible. - Por el Beneficiario.
Lo certifico. - Quito, a 12 de diciembre del 2000.
f.) Embajador Luis Gallegos Chiriboga, Secretario General\n de Relaciones Exteriores, encargado.
Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Creación\n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n N0 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director General del Servicio\n de Rentas Internas expedirá, mediante resoluciones o circulares,\n disposiciones de carácter general y obligatorio, que sean\n necesarias para la aplicación de las normas legales y\n reglamentarias;
Que el literal b) del artículo 87 del Reglamento de\n Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno,\n determina que todos los empleados que realicen pagos que constituyan\n renta gravada para los contribuyentes que trabajan en relación\n de dependencia, están obligados a actuar como agentes\n de retención sobre los citados pagos;
Que el artículo 90 del referido cuerpo legal contempla\n la entrega de comprobantes de retención de los impuestos\n retenidos y pagados por parte de los empleadores a sus trabajadores\n sobre ingresos en relación de dependencia;
Que el mismo artículo 90 establece que esta obligación\n se cumplirá en el formulario que para el efecto señale\n la Dirección General del Servicio de Rentas Internas;
Que es necesario establecer un formulario que facilite el\n cumplimiento de la obligación de retención, el\n Servicio de Rentas Internas; y,
Art. Unico. - Aprobar el nuevo formulario d "Comprobante\n de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta por\n Ingresos en Relación de Dependencia", signado con\n el número 107 que reemplaza al formulario RT - 7 . Y disponer\n que mediante el mismo se dé cumplimiento a la obligación\n de retener el impuesto a la renta por parte de los empleadores\n sobre los ingresos de las personas que laboren para éstos\n bajo relación de dependencia.
La presente resolución y el formulario 107 que se acompaña,\n entraran en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a\n 19 de diciembre del 2000.
No. 063/2000
EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACIÓN\n CIVIL
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 5, letra j) de la Ley de Aviación Civil, compete al Consejo\n Nacional de Aviación Civil aprobar, a pedido de la Dirección\n General de Aviación Civil, la creación y regulación\n de tasas o derechos por servicios aeroportuarios, facilidades\n aeronáuticas y utilización de la infraestructura\n aeronáutica en general;
Que, mediante Resolución No. 034/94, el Consejo Nacional\n de Aviación Civil aprobó el establecimiento del\n derecho por uso de terminal en el servicio de transporte aéreo\n nacional;
Que, según el artículo 9 de la Resolución\n No. 011/97, el derecho por uso de terminal doméstico debe\n ser modificado semestralmente, en los meses de enero y julio,\n teniéndose como base el 5% le una vía de la tarifa\n Quito - Guayaquil;
Que, la Dirección General de Aviación Civil\n ha solicitado que se incremente el valor del derecho por el uso\n de terminal nacional y servicios auxiliares, para el primer semestre\n del año 2001; y,
En uso de las facultades,
ARTICULO 1. - Modificar el artículo 1 de la Resolución\n No. 011/97 de 8 de abril de 1997, el mismo que dirá:
"Establecer en DOS DOLARES de los Estados Unidos de América\n (US $ 2,00) el derecho por el uso del terminal nacional y servicios\n auxiliares, aplicable para el semestre de enero a junio del año\n 2001, cuyo valor será pagado por todo pasajero que utilice\n las instalaciones aeroportuarias, bajo la administración\n de la Dirección General de Aviación Civil".
ARTICULO 2. - La presente resolución deja sin efecto\n la Resolución No. 061/99 de 15 de diciembre de 1999, y\n entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año\n 2001, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
ARTICULO 3. - Del cumplimiento de la presente resolución\n encárgase a las dependencias correspondientes de la Dirección\n General de Aviación Civil.
NOTIFIQUESE. - Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional\n de Aviación Civil, en la ciudad de Quito, a los cinco\n días del mes de diciembre del dos mil.
Certifico que la presente resolución es fiel copia\n de la que reposa en los archivos de esta Secretaria y que fue\n debidamente suscrita por los miembros del Consejo Nacional de\n Aviación Civil que asistieron a la sesión celebrada\n el 5 de diciembre del 2000.
Quito, a 18 de diciembre del 2000.
f) Dr. Agustín Vaca Ruiz, Secretario, Consejo Nacional,\n Aviación Civil.
No. 2000\n - 33
EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS\n (CONAZOFRA)
Que la Ley Reformatoria a la Ley de Zonas Francas, promulgada\n en el Suplemento al Registro Oficial No. 149 de marzo 16 de 1999,\n establece que la solicitud como usuario de una zona franca es\n aprobada o rechazada por la empresa administradora por él\n seleccionada;
Que el 21 de septiembre del 2000, el Directorio de la Empresa\n Zona Franca Metropolitana Sociedad Anónima METROZONA S.A.,\n conoció y aprobó la solicitud presentada por la\n empresa R.A.Y.A.X. Overseas Investment Corp., como usuario de\n la zona franca;
Que el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), en sesiones\n de octubre 16 y noviembre 22 del 2000, conoció la aprobación\n del Directorio de la empresa METROZONA S.A.; y.
En ejercicio de las facultades que le confieren los Arts,\n 2 y 20 del Reglamento de la Ley de Zonas Francas,
Art. 1. - Registrar la aprobación de la empresa R.A.Y.A.X.\n Overseas lnvestment Corp. como usuaria de la Zona Franca Metropolitana\n Sociedad Anónima METROZONA SA., la misma que gozará\n de los beneficios constantes en la Ley de Zonas Francas.
Art. 2. - Remitir esta resolución al Registro Oficial\n para su publicación.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de noviembre del\n 2000.
f) Dr. Marcos Guayasamín V., Director Ejecutivo. Oficina\n de Documentación y Archivo.
No. 2000 - 34
Que el Art. 62 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador que sustituye el Art. 4 de la Ley de Contratación\n Pública, en su inciso 4 dispone la expedición de\n un reglamento que norme la adquisición de bienes muebles,\n la ejecución de obras y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía\n sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico;
Que el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), en sesión\n de noviembre 22 del 2000, aprobó el Reglamento de Adquisiciones;\n y,
Expedir el siguiente: Reglamento para la adquisición\n de bienes, la ejecución de obras y la prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría cuya\n cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto del Estado.
Art. 1. - De conformidad con la cuantía establecida\n en este Reglamento son Ordenadores de Gastos, los siguientes:
a) Sin limite de cuantía, el Consejo Nacional de Zonas\n Francas (CONAZOFRA); y,
b) El Director Ejecutivo cuando la cuantía sea inferior\n al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000003 (tres\n millonésimos) por el monto del Presupuesto Inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico.
Art. 2. - Ordenador de Pago: El Director Ejecutivo.
Art. 3. - El Director Financiero o su equivalente debidamente\n contratado es el funcionario responsable de la ejecución\n de pagos siempre y cuando los documentos se encuentren autorizados\n por el respectivo ordenador de pagos.
Del ámbito, autorización y de las ofertas
Art.. 4. - Se someterán a este reglamento los contratos\n de adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación\n de servicios que celebre el CONAZOFRA, cuyo monto sea inferior\n al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 (dos\n cienmilésimos) por el monto del Presupuesto Inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico.
Art. 5. - El Director Ejecutivo establecerá la necesidad\n de adquirir un bien, de contratar la ejecución de una\n obra o la prestación de un servicio, por escrito y autorizará\n su pago.
Art. 6. - Para las adquisiciones de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios, se procederá\n de la siguiente forma:
- Que en el mercado exista un solo proveedor legalmente autorizado\n o que implique la utilización de patentes o marcas exclusivas;
- Las que deban realizarse en casos de emergencia hasta dos\n mil dólares. Sin, embargo para la suscripción del\n correspondiente contrato se deberá contar con la autorización\n y justificación escrita del Director Ejecutivo;
- La prestación de servicios de mantenimiento y reparación;
- Los requeridos para la actualización de licencias\n en los sistemas informáticos de propiedad de la institución;\n y,
- Cuando el monto no supere el un mil dólares; en estos\n casos no se requerirá de contrato y solo será necesario\n una sola factura proforma; y,
b) Por lo menos tres ofertas. - Cuando el monto de la contratación\n sea igual o superior a mil dólares pero inferior al valor\n que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000003 (tres millonésimos)\n por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico.
Art. 7. - El CONAZOFRA adjudicará el contrato cuando\n el monto de contratación sea superior al valor que resulte\n de multiplicar el coeficiente 0,000003 (tres millonésimos)\n por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente\n ejercicio económico.
Art. 8. - Para las contrataciones a las que se refiere este\n reglamento, en el mes de enero de cada año, a través\n de la prensa nacional, invitará a las personas naturales\n y jurídicas para que se registren o renueven sus inscripciones\n como proveedores de bienes, contratistas de obras y/o servicios.
Art. 9. - No podrán participar como oferentes, los\n cónyuges o parientes de hasta el tercer grado de consanguinidad\n o segundo de afinidad de los miembros del Consejo, Dirección\n Ejecutiva y demás funcionarios que intervienen en el proceso\n precontractual.
Art. 10. - Para la adquisición de bienes, se procederá\n de la siguiente forma:
a) Elaborada la solicitud con el justificativo, el Director\n Ejecutivo autorizará la adquisición del bien;
b) El Director Ejecutivo solicitará la disponibilidad\n de fondos;
c) Invitación de presentación de ofertas
d) Las ofertas en sobre cerrado, serán puestas a consideración\n del Director Ejecutivo
e) Una vez abierto los sobres el Director Ejecutivo, elaborará,\n en caso de ser necesario, del análisis de las ofertas,\n mediante cuadros comparativos;
f) Adjudicación a la mejor propuesta económica\n y/o técnica;
g) Elaboración del contrato, firma y exigencia del\n cumplimiento de las estipulaciones contractuales;
h) El Director Ejecutivo coordinará la recepción\n de los materiales y bienes y notificará al funcionario\n encargado para su registro;
i) Emisión de la orden de pago con la presentación\n de la factura;
j) En caso de ser necesario se elaborará el acta de\n entrega recepción respectiva; y,
k) Las adquisiciones de activos fijos no requieren de contratos\n escritos cuando el monto de los mismos sea inferior al cuatro\n por ciento del valor establecido anualmente para el concurso\n público de ofertas, de conformidad con lo estipulado en\n el Art. 7 del Reglamento General de Bienes del Sector Público.
Art. 11. - Para la ejecución de obras, se procederá\n de la siguiente forma:
a) El Director Ejecutivo presentará el justificativo\n y requerimiento conjuntamente con el presupuesto referencial;
b) Solicitud de certificación de fondos;
c) Invitación a por lo menos tres profesionales o empresas\n calificadas y si es del caso se emitirá un informe técnico\n de las ofertas presentadas;
d) El Director Ejecutivo adjudicará la obra a la mejor\n propuesta y elaborará el respectivo contrato; y,
e) Contratará la o las personas para la supervisión\n o fiscalización de la obra.
Art. 12. - Realizada la selección de la oferta más\n conveniente para los intereses de la institución, el Director\n Ejecutivo, remitirá al Asesor Jurídico para la\n elaboración del proyecto de contrato, los siguientes documentos:
a) Autorización para el inicio de selección\n de ofertas;
b) Acta o documento en el que conste la adjudicación;
c) Las ofertas participantes,
d) Certificado de disponibilidad de fondos;
e) Para el caso de personas jurídicas, nombramiento\n del representante legal, debidamente legalizado e inscrito y\n vigente a la fecha de presentación de la oferta;
f) RUC del adjudicado; y,
g) La petición de elaboración del contrato en\n la que se incluirá: especificaciones técnica, precio,\n plazo y de ser el caso, fórmula de reajuste de precios.
Art. 13. - Se podrá volver a contratar con la misma\n persona natural o jurídica que estuviere prestando un\n servicio a la institución al tiempo en que venza el plazo\n establecido en el respectivo contrato, siempre que la cuantía\n no exceda al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,000003 (cinco millonésimos) por el monto del Presupuesto\n Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico\n y que el Director Ejecutivo justifique, bajo su absoluta responsabilidad,\n la conveniencia de la nueva contratación con informe y\n exista la disponibilidad financiera correspondiente.
Art. 14. - El adjudicatario debe entregar, previo a la suscripción\n del respectivo contrato una garantía de fiel cumplimiento\n del contrato equivalente al 5% del monto del mismo.
Igualmente entregará una garantía de buen uso\n del anticipo por un monto igual al valor que recibe por ese concepto.
Las garantías a que se refiere este articulo serán\n de las que exige la Ley de Contratación Pública\n y su reglamento de aplicación.
Art. 15. - El presente reglamento entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, D.M., 28 de noviembre del 2000.
f.) Dr. Marcos Guayasamín V., Director Ejecutivo. Oficina\n de Documentación y Archivo.
Oficio No. 33976 SGEN.D
Sección: SECRETARIA GENERAL
Asunto: Nómina Contratistas Incumplidos
Quito, 11 DIC. 2000
De conformidad con lo prescrito en el artículo 138\n del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública,\n agradeceré a usted disponer se publique en un ejemplar\n del Registro Oficial la lista de personas naturales y jurídicas\n que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que .han dejado de constar en\n el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.
Ing. Martín Ernesto Salvatierra Empresa Cantonal de
\n Rosado 170713665 - 9 Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.
Nelson Leonidas Cayambe Oña Empresa Metropolitana de\n Obras Públicas de Quito.
Ing. Luis Fernando Garzón Empresa Nacional de
\n Guzmán Ferrocarriles del Estado- - ENFE.
Jaime Washington Coello Cuerpo de Ingenieros del
\n Chíriboga 170470027 - 5 Ejército.
Ing. Alberto Vega Cáceres Consejo Nacional de la
\n 170304563 - 1 Judicatura ­ Delegación Distrital del\n Cañar.
Roberto Sassen Van Esloo Dirección Nacional de
\n 170377536 - 9 Tránsito y Transporte Terrestres.
Ing. Bolívar Arciniégas Naula I. Municipio de\n Humboya- - Prov. Morona Santiago.
Wilson Orlando Mosquera I. Municipio de Pedro Moncayo.
Enrique Arias Pallares I. Municipio de Antonio
\n 1701965954 Ante.
Patricio Bayardo Arias Pallares I. Municipio de Antonio
\n 1702039130 Ante.
Peter Arias Mitchel I. Municipio de Antonio
\n 100146937 - 6 Ante.
Francisco Andrade I. Municipio de Antonio
\n 170442823 - 2 Ante.
Ing. Marcelo Secaira Cuerpo de Ingenieros del
\n 020051115 - 2 Ejército.
Ing. Naval Luis Andino Escuela Superior
\n Rodríguez. Politécnica del Litoral.
Compañía SERMAIN SA. Fondo de Inversión\n Social
\n Expediente 72756 - 95 de Emergencia, FISE.
Empresa PRODEFENSA CA. Dirección Nacional de
\n Expediente 46263 - 87 Tránsito y Transporte Terrestres.
Empresa SORTITUS C.A. Consejo Provincial de Pichincha.
MARSED Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Ing. Fernando Francisco Lazo CREA.
\n Siuchi C.C. 010152139 - 1
\n Mónica Novillo Córdova Instituto Ecuatoriano de\n Seguridad Social.
\n Ing. Belforth Vera Pita Ministerio de Bienestar Social.
Arq. Francisco Xavier Valero Ministerio de Bienestar
\n Ronquillo C.C. 0903258721 Social.
COMERICA, Comercio y Instituto Ecuatoriano de
\n Representaciones Seguridad Social.
\n Internacionales
Ambaseg Cía. Ltda. Municipio de Quito.
Sabreliner Corporation H. Junta de Defensa Nacional,
N0 12\n - 97 - OR
Quito, septiembre 7 del 2000; las 16h00.
VISTOS: El Tribunal Penal de Cotopaxi. con fecha 22 de noviembre\n de 1996 dictó sentencia condenatoria en contra de Segundo\n Leonidas Corrales Osorio, imputándole ser responsable\n del delito de estafa por haber entregado un cheque de su propiedad\n a Olga Rocío Defaz Calvopiña, en pago de mercadería\n que ésta entregara al girador. La vendedora dedujo acusación\n particular contra el emitente del documento, una vez que al presentarse\n al cobro le fue devuelto por cuenta cerrada. De esta sentencia\n condenatoria interpuso recurso de casación Corrales Osorio.\n alegando que se había violado el artículo 56 de\n la Ley de Cheques vigente y el artículo 563 del Código\n Penal. El sorteo de ley ha radicado la competencia del juicio\n en esta Sala y para decidir se consignan las siguientes consideraciones:\n PRIMERA. - Conforme al artículo 157 del Código\n Penal la acción penal pública tiene como antecedentes\n necesarios la existencia de una infracción punible y pesquisable\n de oficio y la comprobación conforme a derecho de la responsabilidad\n de su autor; SEGUNDA. - Se indica en la resolución impugnada\n que el acto fraudulento del giro de cheque en cuenta cerrada\n ha sido reconocido no solo por el perjudicado sino por el titular\n de la cuenta. Añade éste que lo hizo en pago de\n mercadería que recibió con anterioridad de la giradora\n y que, efectivamente su cuenta a la fecha de presentación\n para el cobro estaba cerrada, por lo que, con acierto se admite\n en la decisión del Tribunal Penal que se halla suficientemente\n probados los antecedentes de esta causa. Además de ello\n se cita con detenimiento la prueba documental, esto es el cheque\n que motiva la acción penal, y la certificación\n de que FILANBANCO sucursal de Latacunga certificó al Juzgado\n que la cuenta corriente de Segundo Corrales se encontraba cerrada\n desde el 4 de julio de 1995, siendo así que el cheque\n se gira el 20 de agosto del propio año, lo que revela\n que el acto doloso fue plenamente premeditado con el propósito\n de apropiarse de la mercadería vendida sin pagar su precio,\n dada la confrontación de las fechas de los dos hechos;\n TERCERA. - Examinado el escrito de fundamentación del\n recurso hállase que éste alega que el cheque lo\n giró y entregó antes de que el banco girado hubiese\n cerrado su cuenta corriente, por lo que al entregar el cheque\n no lo hizo engañando a la acusadora particular; mas de\n autos no hay prueba alguna que demuestre que el cheque lo giró\n y entregó antes del cierre de la cuenta, sin que al contrario\n el cheque aparece girado el 20 de agosto de 1995 cuando ya el\n banco no solo que había cerrado la cuenta del girador\n sino que le había comunicado tal hecho, conforme aparece\n de la certificación que obra a fojas 16 del cuaderno del\n sumario; CUARTA. - En la parte final del artículo 563\n del Código Penal, el Legislador ejemplifica a través\n de una variedad de casos los elementos que constituyen la estafa\n y entre ellos se cita "abusar de otro modo de la confianza\n o credulidad de una persona" que es precisamente lo que\n ha ocurrido en la especie cuando haciéndole creer a la\n acusadora particular que se le hacía el pago de lo debido\n a ella, le dio un instrumento que habla perdido su valor como\n medio de pago. En consecuencia la sentencia recurrida se ajusta\n a derecho ya en cuanto a la tipificación del delito como\n a la pena impuesta. De este criterio participa en su dictamen\n el doctor Francisco Cucalón Rendón quien estima\n que debe denegarse el recurso por carecer de todo respaldo en\n la ley. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Primera Sala de\n Casación Penal de conformidad a lo prescrito en el artículo\n 358 del Código Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial N0 360 de enero 13 del 2000, declara improcedente\n el recurso de casación deducido por Segundo Corrales Osorio\n en el juicio penal que por estafa se sigue en su contra y por\n el que se le impuso la pena de 4 meses de prisión correccional,\n que queda en firme con esta sentencia; pero que en aplicación\n de lo dispuesto por la Ley 2000 - 23, esta Sala la perdona al\n tenor de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la misma.\n Devuélvase el proceso al órgano jurisdiccional\n de origen.- Notifíquese.
f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado - Presidente.
f) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado,
f) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.
Certifico: f.) Secretario Relator.
En Quito, hoy lunes, once de septiembre del dos mil, a las\n once horas diez minutos notifico con la nota de relación\n y sentencia que anteceden a la Sra. Ministra Fiscal General por\n boleta dejada en el casillero N0 1207, a Segundo Corrales en\n el casillero N0 1149.
f.) Secretario Relator.
Razón: En esta fecha devuelvo el juicio N0 12 - 97\n OR, que por estafa se sigue en contra de Segundo Leonidas Corrales,\n en 46 fs. incluida la ejecutoria suprema, un cuerpo. Quito, 26\n de septiembre del dos mil.
Certifico, f.) Secretario Relator.
Corte Suprema de Justicia, 1ra. Sala de lo Penal.
Quito, 9 de noviembre del 2000.
N°\n 103 - 97 - MV
\n PRIMERA SALA DE CASACION PENAL
Quito, 28 de agosto del 2000; las 10h00.
VISTOS: La acusadora particular, Sra. Hilda Jiménez\n Barros de Carrillo, interpone recurso de casación - que\n por el sorteo de ley vino a esta Sala - respecto de la sentencia\n dictada por el Tribunal Penal de Cotopaxi en contra de los señores\n Manuel Lema Toapanta, Juan Manuel Caiza Caizalitin y Segundo\n Ramón Placencia Jarrín, a quienes se les declaró\n responsables en calidad de coautores del delito de rebelión\n que tipifica el artículo 218 del Código Penal y\n se sanciona con la pena prevista en el inciso segundo del Art.\n 221 ibídem, por lo que se les impuso pena de siete meses\n de prisión correccional, en consideración a la\n existencia de circunstancias atenuantes. - Habiendo concluido\n el trámite y encontrándose el recurso en estado\n de resolver, para hacerlo, se considera: que por lo dispuesto\n en la Constitución Política, Ley Orgánica\n de la Función Judicial y Código de Procedimiento\n Penal, esta Sala tiene jurisdicción y competencia para\n decidir el recurso interpuesto, que se ha sustanciado conforme\n el rito procesal pertinente sin omitir solemnidad alguna. - La\n recurrente alega violación en la sentencia del artículo\n 221 del Código Penal, por no haberse impuesto a los condenados\n la pena de tres a seis años de reclusión menor,\n que dice, es la que merecen según esta norma, sino siete\n meses de prisión correccional. - Examinada la sentencia\n impugnada, esta Sala encuentra que el Tribunal Penal obró\n conforme a derecho al imponer a los condenados la pena de siete\n meses de prisión correccional, en aplicación de\n los artículos 218, e inciso segundo del 221 del Código\n Penal y cumpliendo lo que manda el artículo 73 ibídem\n por haberse comprobado la existencia de circunstancias atenuantes;\n y además, que la sentencia fue expedida y notificada el\n 20 de marzo de 1997, por lo que habiéndose interpuesto\n el recurso el día 21 de abril de 1997 - conforme, aparece\n de la razón sentada por la doctora Paulina Velasco M.\n en el escrito de fojas 221 de los autos - , es evidente que se\n lo hizo fuera de plazo, ya que según el artículo\n 344 del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo\n de la impugnación, los recursos deben proponerse dentro\n del plazo de tres días contados desde la fecha de notificación\n de la providencia que se impugne. - El señor Ministro\n Fiscal General, en su dictamen de fojas 6 del cuaderno de casación,\n opina que por haberse interpuesto extemporáneamente el\n recurso debe devolverse el proceso al Tribunal de origen para\n que se ejecute la sentencia, que causó ejecutoría\n y pasó en autoridad de cosa juzgada por haberse deducido\n la impugnación a los 31 días de notificado el fallo.\n - Por lo expuesto, esta Primera Sala de Casación Penal,\n con arreglo al artículo 358 del Código de Procedimiento\n Penal, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial número\n 360 de 13 de enero del año en curso, norma vigente por\n lo que manda el inciso tercero de la disposición final\n de este código, estimando improcedente el recurso de casación\n deducido por la señora Hilda Jiménez Barros, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n así lo declara; y dispone que se devuelva el proceso al\n Tribunal Penal de Cotopaxi, para que se haga ejecutar la sentencia\n extemporáneamente impugnada. - Notifíquese.
f) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado.
f) Dr. Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado.
En esta fecha, a las diecisiete horas con treinta minutos,\n mediante boletas notifico con la copia de la nota en relación\n y sentencia que anteceden, a la señora Ministra Fiscal\n General en el casillero N l2077 como a Manuel Lema Toapanta en\n el casillero N0 517 como a Juan Caiza y Segundo Ramón\n Placencia; e, Hilda Jiménez Barros en el casillero N0\n 1781. - Quito, 30 de agosto del 2000.
f) Secretario Relator.
Corte Suprema de Justicia. 1ra. Sala de lo Penal.
Certifico: f) Secretario Relator.
N°\n 154 - 97 - JO
Quito, 20 de junio del 2000; las 15h00.
VISTOS: El Cuarto Tribunal Penal de Pichincha dicta sentencia\n absolutoria a favor de Marcelo Iván Montúfar, por\n tentativa de asesinato, tipificada y sancionada en los artículos\n 16, 46 y 450 del Código Penal. - De esta sentencia interpone\n recurso de casación tanto el procesado como el acusador\n particular Jorge Gonzalo Aguilar Suntaxi. - Habiendo concluido\n el trámite propio del recurso, para resolverlo se considera:\n PRIMERO. - Este Tribunal Supremo de Casación tiene jurisdicción\n y competencia para decidir la impugnación de conformidad\n con las normas de la Constitución Política de la\n República y del Código de Procedimiento Penal,\n cuyas disposiciones se han aplicado en la sustanciación\n del recurso, sin que exista nulidad que declarar. SEGUNDO. -\n El procesado recurrente pide que se enmiende la sentencia absolutoria\n declarando que la acusación particular fue maliciosa y\n temeraria, sustentando su pedido en el acervo probatorio que\n demuestra la mala fe del accionante y la falsedad de sus afirmaciones,\n por haberle imputado el delito de tentativa de homicidio cuando\n la verdad es que el procesado se defendió de la agresión\n del acusador particular, provocándole lesiones que no\n fueron sancionadas por la eximente de legítima defensa.\n - Por su parte, el acusador particular impugna la sentencia absolutoria\n alegando que de autos obra prueba demostratoria de la culpabilidad\n del procesado y de la existencia de tentativa de asesinato, por\n lo que solícita que se case la sentencia y se condene\n a Marcelo Iván Montúfar, según lo dispuesto\n en los artículos 450, 46 y 16 del Código Penal,\n que sostiene, no han sido aplicados, violándose así\n la ley en la sentencia. - TERCERO. - Ambos recurrentes en definitiva\n pretenden que este Tribunal Supremo de Casación reexamine\n la prueba que fue valorada por el Tribunal Penal, que le llevó\n a la convicción de la inexistencia material de la tentativa\n de asesinato acusada, así como a la certeza de que el\n procesado obró en legítima defensa, causando lesiones\n al acusador particular, no sancionables por esa circunstancia\n eximente de responsabilidad; y sobre que el acusador no actuó\n con temeridad y malicia al acudir a la justicia por el agravio\n que sufrió. - El recurso de casación es esencialmente\n objetivo, por lo que la apreciación subjetiva de las pruebas\n actuadas en el proceso, solo corresponde hacerlas al juzgador,\n salvo cuando se hubiere apartado de las reglas de la sana crítica\n en su valoración, lo que no ocurre en la presente causa.\n - CUARTO. - El señor Ministro Fiscal, subrogante en su\n dictamen de fojas 11 y 12 del cuaderno de casación, manifiesta\n que el hecho de que el juzgador desestime los fundamentos y tesis\n sustentados por las partes procesales, no implica que se haya\n violado la ley en la sentencia, considerando además que\n la apreciación y valoración de la prueba es una\n facultad legal exclusiva del juzgador, y que al haberse hecho\n en esta causa uso de esta facultad por el Tribunal Cuarto de\n lo Penal de Pichincha no se ha incurrido en violación\n alguna de la ley, por lo que pide que los recursos deducidos\n tanto por el procesado como por el acusador particular sean declarados\n improcedentes. - QUINTO. - El numeral 13 del artículo\n 24 de la Carta Política preceptúa que al resolverse\n la impugnación de una sanción no puede afectarse\n la situación del recurrente, como se pretende por los\n impugnantes, ya sea para que se imponga pena al procesado que\n ha sido absuelto o para que se declare temeraria y maliciosa\n la acusación particular, lo que perjudicaría al\n acusador por las sanciones civiles y penales a que da lugar la\n declaratoria de malicia y temeridad de la acusación. -\n Por lo expuesto, estimando esta Primera Sala de Casación\n Penal improcedentes los recursos de casación deducidos\n por Marcelo Iván Montúfar y Jorge Gonzalo Aguilar\n Suntaxi, de conformidad con lo que manda el articulo 358 del\n Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial número 360 de 13 de enero del año\n en curso. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, así lo declara. - Devuélvase\n el proceso al Tribunal Penal de origen para que haga ejecutar\n su sentencia. - Notifíquese.
f) Dr. Carlos Xavier Riofrio Corral, Magistrado.
f) Dr. Hernán Donoso Velasco, Magistrado - Conjuez.
Quito, veinte y dos de junio del año dos mil a las\n diecisiete horas, mediante boletas con la sentencia que antecede,\n notifico a la señora Ministra Fiscal General en el casillero\n judicial N0 1207; a Jorge Aguilar en el casillero N0 859; a Marcelo\n Montúfar en el casillero N0 1116.
Corte Suprema de Justicia, Ira. Sala de lo Penal.
N0 299\n - 97 - JOC
Quito, 28 de agosto del 2000, las 15h00.
VISTOS: Sin cumplir los requisitos del artículo 377\n del Código de Procedimiento Penal vigente a la época\n en que se interpuso el recurso de casación, el acusador\n particular en esta causa Segundo Luis Guamán Vera impugna\n la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha\n que impone al procesado Guido Mármol Rosero la pena de\n dos años de prisión correccional, más la\n obligación de pagar costas, daños y perjuicios,\n por haberse comprobado su responsabilidad en el cometimiento\n del delito de estafa al acusador particular. - Argumenta el procesado\n que hay violación de la ley en la sentencia por no haberle\n impuesto la pena máxima de cinco años de prisión\n que prevé el artículo 563 del Código Penal,\n al haber considerado el juzgador la existencia de circunstancias\n atenuantes de responsabilidad que no debían ser tomadas\n en cuenta por la existencia de agravantes. - Habiendo concluido\n el trámite propio del recurso de casación, para\n resolverlo se considera que esta Sala tiene jurisdicción\n y competencia para decidir la impugnación, de conformidad\n con las normas de la Constitución Política de la\n República y del Código de Procedimiento Penal cuyas\n disposiciones se han aplicado en la sustanciación del\n recurso, sin que exista causa alguna de nulidad que declarar;\n y que del examen de la sentencia aparece que el Tribunal Penal\n impuso al procesado dos años de prisión correccional\n por estafa, sin que para determinar esta pena haya considerado\n circunstancia atenuante alguna, sino que dentro de su facultad\n discrecional, no impugnable, ha fijado la sanción privativa\n de libertad dentro de los límites que señala el\n artículo 563 del Código Penal, que reprime la estafa\n con prisión de seis meses a cinco años. - Así\n pues, no existe violación de la ley en la sentencia, careciendo\n de todo fundamento el recurso interpuesto en esta causa; y por\n ello esta Primera Sala de Casación Penal, de conformidad\n con el artículo 358 del Código de Procedimiento\n Penal, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial número\n 360 de 13 de enero del año 2000, estimando improcedente\n el recurso de casación deducido por Segundo Luis Guamán\n Vera; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, así lo declara, y ordena devolver\n el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. - Notifíquese.
f) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado - Presidente.
f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado.
Quito, treinta de agosto del año dos mil a las diecisiete\n horas, mediante boletas con la sentencia que antecede, notifico\n a la Sra. Ministra Fiscal General en el casillero judicial N0\n 1207, y Guido Mármol en el casillero N0 906. a Segundo\n Guamán en el casillero N0 1325.
Certifico, f) Secretario Relator.
Corte Suprema de Justicia, 1ra. Sala de lo Penal. Es fiel\n copia de su original.
N0 319\n - 97 - OR
Quito, septiembre 6 del 2000; las 14h00.
VISTOS: La doctora Flor María Rivadeneira Jácome,\n a fs. 2 de los autos denunció al Juez de lo Penal que\n Marcelo Asquel Suárez (no se indica fecha alguna) giró\n el cheque N0 314 de la cuenta corriente N0 2119995 - 0 por la\n suma de tres millones quinientos ochenta y cuatro mil cincuenta\n y cuatro sucres, documento bancario que al ser presentado para\n su cobro a Filanbanco, resultó protestado por cuenta cerrada,\n por lo que solícita se inicie el juicio penal correspondiente\n y se ordene la orden de detención del infractor. Así\n procedió el Juez Quinto de lo Penal de Pichincha como\n aparece de la providencia de 12 de septiembre de 1995. Concluido\n el sumario se dictó el auto de llamamiento ajuicio en\n contra del enjuiciado imputándosele haber incurrido en\n la infracción prevista y reprimida en el artículo\n 563 del Código Penal, esto es estafa. En la sentencia\n del Tribunal Guano de lo Penal de Pichincha se condenó\n el encausado a la pena de prisión correccional de seis\n meses reputándole autor del delito antes indicado y ordenando\n además el pago de daños y perjuicios juntamente\n con las costas. De tal resolución el sentenciado interpuso\n el recurso de casación por el cual la causa se halla en\n esta Sala que para resolver, formula las consideraciones de orden\n legal que siguen: PRIMERA. - Por lo dispuesto en La Constitución\n de la República y el Código de Procedimiento Penal\n a este Tribunal corresponde el conocimiento y decisión\n del recurso interpuesto, SEGUNDA. - La causa es válida\n pues en su trámite no se ha omitido ninguna de las solemnidades\n que le son propias; TERCERA. - Al interponer su recurso el condenado\n alegó la violación de los artículos 373\n y 374 del Código de Procedimiento Penal sin especificar\n causa concreta; CUARTA. - El articulo 333 del Código de\n Procedimiento Penal enumera los requisitos de la sentencia y\n es evidente que, al analizar la que ha expedido el Tribunal Cuarto\n de lo Penal de Pichincha no se señala en ella la forma\n en que se ha comprobado la existencia del delito, ni las pruebas\n en que se funda la responsabilidad del sentenciado, ni se citan\n las disposiciones legales que le permitan respaldar La condena\n que se contiene en ella; QUINTA. - Examinado el fallo que impugna\n el encausado se puede advertir que en los considerandos segundo\n y tercero se enuncia que el delito se ha justificado con la presentación\n del cheque que giró en cuenta cerrada y con la declaración\n del emitente de este documento bancario quien reconoce que efectivamente,\n libró contra su cuenta de Filanbanco el titulo valor tanta\n veces mencionado; empero en el artículo 563 del Código\n Penal describe en forma pormenorizada los elementos de tipicidad\n de la estafa, o sea el conjunto de maniobras fraudulentas o dolosas,\n el propósito ilícito del autor, sus artificios\n de engaño, nada de lo cual se consigna en la sentencia\n recurrida. La norma citada menciona usos de nombres falsos, de\n falsas calidades, manejos fraudulentos y la esencia de la infracción\n está en el designio de apropiarse de una cosa perteneciente\n a otro, nada de lo cual aparece probado en el presente juicio\n por lo que, la sentencia que con tanta ligereza ha expedido el\n Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, viola la ley en lo\n que se refiere a su aplicación y convierte en admisible\n el recurso, debiendo casarse y enmendarse. Con estos antecedentes,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, esta Sala Especializada en acatamiento de lo que dispone\n el articulo 358 del Código de Procedimiento Penal, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 360 de enero 13 del\n 2000, casa la sentencia recurrida y enmendando la violación\n de la ley que existe en ella, de conformidad con el artículo\n 326 del Código de Procedimiento Penal, dicta sentencia\n absolutoria a favor de Edgar Marcelo Asquel Suárez devuélvase\n el proceso al órgano jurisdiccional de origen para la\n ejecución de la sentencia. - Notifíquese.
En Quito, hoy miércoles, seis de septiembre del dos\n mil, a las diecisiete horas, notifico con la nota de relación\n y sentencia que anteceden a la Sra. Ministra Fiscal General por\n boleta dejada en el casillero N0 1207, al Dr. Luis Vargas Hinostroza\n como mandatario especial de Gonzalo Sánchez Barreiro le\n notifico en el casillero N0 1633, a Edgar Marcelo Asquel le notifico\n en el casillero N0 878.
Certifico. f.) Secretario Relator.
Razón: En esta fecha devuelvo el juicio N0 31 9 - 97\n - OR, que por estafa se sigue en contra de Asquel Suárez\n Edgar, en 249 fs. incluida la ejecutoría suprema, dos\n cuerpos.
Quito, 26 de septiembre del 2000.
Razón: Como Secretario del 4to. Tribunal Penal de Pichincha,\n recibo el juicio N0 319 - 97 OR, que por estafa se sigue en contra\n de Asquel Suárez Edgar, en 249 fs. incluida la ejecutoría\n suprema, dos cuerpos.
Quito, 10 de octubre del 2000.
f.) Secretario Relator del Cuarto Tribunal Penal de