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Timestamp: 2018-03-17 14:21:58
Document Index: 239214331

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 187', 'artículo 34', 'Artículo 2', 'Artículo 2381', 'Artículo 2402', 'Artículo 2', 'Artículo 344', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 192']

Acuerdo y Sentencia 12/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C.A. 2ª SALA Nº 12/17
JUICIO: “EL FAVORITO SURYA S.A. C/ RES. N° 1106 DE FECHA 05/11/14 DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días nueve del mes de Febrero del dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Sra. Miembro María Celeste Jara Talavera, Ramón Rolando Ojeda, Arsenio Coronel Benítez en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia de la Primera de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “EL FAVORITO SURYA S.A. C/ RES. N° 1106 DE FECHA 05/11/14 DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.
Está ajustada a derecho la caducidad planteada?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, MARÍA CELESTE JARA TALAVERA Y RAMÓN ROLANDO OJEDA.
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, MAGISTRADO ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, dijo: Que en fecha 26 de Diciembre de 2014, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Cristian Mendoza Suárez en representación de la firma EL FAVORITO SURYA S.A., a promover demanda contencioso administrativa, contra la Resolución N° 1106 de fecha 05 de Noviembre de 2014 dictada por el Ministerio de Industria y Comercio. Funda la demanda en los siguientes términos: "Que en tiempo y forma vengo por el presente escrito, vengo a interponer demanda en lo contencioso administrativo contra la Resolución N° 1106 de fecha 05 de noviembre de 2014, pero notificado a mi cliente en fecha 15 de diciembre de 2014, conforme se puede observar en ¡os adjuntos a este escrito e impugnado por nuestra parte, por la cual se resuelve dar por concluido el Sumario y se multa a la firma comercial EL FAVORITO-SURYA S.A., conforme a los hechos y derechos que paso a exponer. Mi cliente fue sometido a un Sumario Administrativo por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a partir de la intervención en fecha 22 de mayo de 2014, en la que fuera labrada el Acta N° 18913, que dio origen al presente sumario, a fin de esclarecer una supuesta contravención a las disposiciones sobre etiquetado de mercadería. HECHOS. Que, supuestamente, agotadas las diligencias sumariales, según el Juez Instructor del Sumario, eleva el informe de conclusivo y la cuál, la Resolución impugnada expresa textualmente: " resulta cierto que el acta de inspección es un instrumento público que merece plena fe y tiene certificación legal, resulta no menos cierto que se ha constatado la existencia de mercaderías en estado de infracción, atendiendo a que tanto las prendas de vestir como los calzados no contaban con la información correspondiente al importador o la composición de los materiales en el etiquetado, o las mismas se encontraban de manera incompleta o incumpliendo la forma establecida o exigida por las disposiciones legales mencionadas más arriba en el momento de la fiscalización y que de hecho se hallan transcriptos claramente en el Acta N°18.913/14. Que revisadas las mercadería y conforme dicha acta se han detectado ¡as mismas en estado de infracción, atendiendo que no contaban con la información correspondiente al importador o la composición de los materiales en el etiquetado, o las mismas se encontraban de manera incompleta o incumpliendo la forma establecida en las disposiciones legales vigentes y por tanto pasible de las sanciones previstas al respecto. Las mercaderías mencionadas precedentemente, detalladas en la planilla adjunta a! Acta de referencia, incurren en infracción que en consecuencia, genera sanción económica, que irremediablemente deberá ser aplicada, quedando probado un hecho concreto que no se puede soslayar y es que se han infligido las Disposiciones Legales mencionadas precedentemente en cuanto a los requisitos establecidos para el etiquetado de prendas de vestir y calzados en conclusión, probado que en el momento de la verificación las mercaderías señaladas por los fiscalizadores en el acta de referencia, no contaban con la información correspondiente al importador en el etiquetado de las prendas de vestir y calzados, amerita la sanción pecuniaria que le corresponde conforme las normas que la rigen Que, en consecuencia, con la conclusión del Juez Sumariante, el MIC sancionó a mi poderdante con una multa de Quinientos (500) jornales diarios equivalente a Guaraníes treinta y cinco millones setenta y ocho mi! (Gs. 35.078.000), obviando dicha resolución, ios fundamentos de derecho utilizados, así como la operación matemática para llegar, subjetiva e irracionalmente, a esa suma. INCIDENTE DE NULIDAD. En principio, en representación del la Firma Comercial FAVORITO-SURYA S.A. vengo impugnar de nulidad, como previo y especial pronunciamiento, el Acta de Actuación N° 18913/14 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y de las actuaciones contenidas en ía misma, ya que la ésta constituye un procedimiento ilegal e inconstitucional. Cabe aclarar, inicialmente, que de acuerdo al Acta de Intervención, el Dictamen del Juez instructor y la Resolución del MIC objeto de ta presente acción, mi cliente, el comercio EL FAVORITO- SURYA S.A., parecería haber prestado su conformidad con todo lo actuado. TAL CONFORMIDAD MI PARTE JAMÁS HA PRESTADO, así como fácilmente podría apreciarse de la propia Resolución N° 1106/14, en el cual, mi parte sostuvo que en todo momento que los hechos investigados, sobre las supuestas violaciones de disposiciones relativas al control de etiquetado, no son de su responsabilidad. A ese efecto, desde ya solicito sean traídos a la vista de Vuestras Excelencias, copias del expediente original tramitado en sede ministerial, para lo cual habrá de librarse el oficio pertinente. Que, el Acta de referencia y realizada por los funcionarios Agustín Villalba, Cayo Castell, Miguel Ruiz Díaz, Esteban Oporto y José Maidana, interventores del MIC, quienes a través de la expedición de una Constancia identificada como D.G.C.I./D.O.C.Í. N° 067/14 del Ministerio de Industria y Comercio, ingresaron al local comercial de mi cliente y procedieron a realizar verificaciones de las mercaderías expuestas por mi poderdante, en clara violación a las reglas procesales que, como dogmas incuestionables, se preceptúan en la Constitución Nacional. Así, el acto administrativo padece de nulidades de forma y fondo que tornan insanables porque corresponde declarar su ilegalidad y nulidad, independientemente del hecho sostenido por mí parte de la inexistencia de las supuestas transgresiones normativas imputadas a mí representada, la misma viola principio de rango constitucional qué las hacen absolutamente inaplicables, debido a que : 1) Viola el principio de defensa en juicio: Si bien el MIC, como ente administrador cuerna con facultades, estas no la habilita para excederse hasta fuera de aquellas que se hallan expresamente regladas. En el caso que nos ocupa estamos ante un acto administrativo sancionador debido a que el Acta de Actuación, de por sí, surge como conclusión de actuaciones administrativas que apuntan a imponer una sanción o pena al administrado, sin la más mínima posibilidad de defensa, y siendo ¡a figura de la sanción, el medio con que cuenta el Estado, para el acatamiento de las normas y el restablecimiento del orden jurídico transgredido, evitando de este forma que puedan prevalecer los actos contrario a derecho, por ende, la sanción administrativa es la consecuencia máxima y dañosa que impone el Estado a los transgresores del orden jurídico administrativo. En este contexto: Desde el momento en que nos hallamos ante la posibilidad de que se establezca la imposición de sanciones al administrado, deben y entran en el Estado de Derecho a regir todos los principios y garantías procesales establecidos por la misma Constitución Nacional, que en su art. 17 establece a favor de la parte que se halla sometida a cualquier tipo de procedimiento del que pueda derivarse PENA O SANCION, específicamente en los numerales 3, 8 y 10. Falta de la Orden de Allanamiento: De lo expresado surge que ¡a Constitución Nacional establece principios básicos que deben regir en todo procedimiento sancionador. El Acta de Actuaciones impugnada en ésta instancia, surge de un acto administrativo nulo, ya que el mismo fue realizado en abierta violación a todos los principios constitucionales citados y la misma no sólo se ha realizado sin las formas garantizadoras y establecidas en la Ley que regula procedimientos para casos similares. En ese sentido, habiéndose apersonado los interventores supramencionados, deberían haber exhibido la orden de allanamiento dictado por la única autoridad competente a ese efecto, EL JUEZ, pues, solo el magistrado tiene los atributos de JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para quebrantar el derecho constitucional de la "INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS PRIVADOS", señalado expresamente en el artículo 34 de nuestra carta magna, donde claramente menciona "Todo recinto privado es inviolable. Solo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, o para evitar daños a la persona o ala propiedad'. Pues, del caso expuesto en este expediente, no existe ningún dato que señale algunas causales para ¡a excepcionalidad del ingreso sin la orden judicial correspondiente, habidas cuentas que se exhibió previamente de la Constancia señalada, por funcionarios interventores, para el ingreso al local, por lo que dicha circunstancia, excluye toda posibilidad a la flagrancia. En consecuencia, para ingresar al local comercial, previamente se requería de Orden Judicial, ya que la intervención administrativa de marras, de la cuál podría resultar una sanción, EN REALIDAD ES UN ALLANAMIENTO DE UN RECINTO PRIVADO DE ACCESO PÚBLICO, de donde buscaban supuestas evidencias para aplicar sanciones. El Código Procesal Penal establece los requisitos y procedimiento que puede ser realizado por quién pretenda investigar y recolectar información que sirva para constituir un hecho administrativo o penalmente punible (C.P.P, artículo 187, 188, 189 y 190), y estos requisitos no son observados en el Acta de Actuaciones.
Y si cabe algún tipo de duda interpretativa, basta con que ese Juzgado, aplique los principios procesales contenidos en esa misma Ley, pues el Principio de Generalidad "Los principios y garantías previstos por este código serán observados en todo procedimiento o consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier resolución restrictiva de la libertad", sin olvidar que las sanciones o multas, son uno de los tipos de penas establecidos en el Código Penal, por lo que, las sanciones del orden administrativo, constituyen un tipo de sanción establecido en el ámbito penal, y compete al sumariado ejercer sus derechos conforme a las normativas citadas precedentemente. Que, en caso de que se pretenda mencionar la supuesta licencia concedida por la Ley 904/63 para que el Ministerio de Industria y Comercio, ingrese a un local, revise tas mercaderías y las incaute, es preciso mencionar que dicha norma es una norma jurídica inconstitucional a la luz de la Carta Magna de nuestra República, sancionada y promulgada el 20 de junio del año 1992, y que de la simple hermenéutica jurídica, queda claro que aquella Ley 904/63 deviene en inconstitucional en sus apartados legales que riñen con mandamiento constitucional de las Garantías del Debido Proceso. Prof. Dr. Salvador Villagra Majfiodo en apoyo de tal criterio sostiene que son elementos que conllevan la nulidad del acto administrativo: 1: La falta de presupuesto de hecho y; 2: La falta de autorización legal. En el caso examinado es manifiesta la falta de una autorización expresa por quienes la Constitución Nacional le han conferido el atributo indelegable de JURISDICCIÓN, y en ese sentido, como no lo ha establecido previamente, el Ministerio de Industria y Comercio, NO TIENE LA POTESTAD DE VIOLAR RECINTOS PRIVADOS, y muchos menos, tratar de justificar sus intervenciones en base de una Ley (904/63) que ha quedado desfasada por efecto de la promulgación de la Constitución Nacional vigente del año 1992, por lo tanto, el MIC no cuenta con el poder jurídico, que constituye la condición de fondo de validez del acto administrativo. También, el Prof. Dr. Miguel Angel Pangrazio Ciando, en su obra Derecho Administrativo claramente expone que: "Por ei principio de legalidad ha de basarse en la Constitución, en la ley o el reglamento, en su caso", que en la exegesis jurídica, esta debe interpretarse que las instituciones del Estado deberán adecuar sus actuaciones, inicial y prioritariamente, a! mandato constitucional que precedentemente ya lo he expuesto, por lo que mal la administración pública puede inobservar las garantías del debido proceso y los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna, y aplicar directamente ciertas disposiciones en una Ley desfasada en el tiempo y con preceptos, claramente, inconstitucionales, como ya lo hemos explicado en párrafos anteriores. El mismo doctrinario continúa su exposición señalando: "Un acto administrativo irregular atenta contra el orden jurídico, y por lo tanto, su vigencia ha de ser discutida y revocada Los actos irregulares de la Administración pueden ser objetos de nulidad, de anulabilidad y de revocación Un acto nulo, que causa la invalidez de la actividad administrativa, es una decisión de la autoridad en flagrante transgresión de la norma Si el acto no está previsto en la Ley - Principio de Legalidad - y se sanciona en el acto al margen de dicho principio, será causada de nulidad tal irregularidad administrativa""1 pues, a la pregunta obligada ¿Cuál es la norma prelativa en materia de protección a la propiedad privada?, pues la Constitución Nacional, que en su artículo 34 que establece el derecho irrestricto a! recinto privado de las personas, aun cuando la misma sea de acceso público, y también este mismo apartado constitucional señala los casos específicos a las excepciones de dicho derecho, casos que no se verifican en esta circunstancia en particular. DESCARGO. Además, en los antecedentes administrativos de la intervención, se señalada el Acta de Actuación N° 18913/14 de fecha 22 de mayo de 2014, en que los Inspectores Sres.: Agustín Villalba, Cayo Castell, Miguel Ruiz Diaz, Esteban Oporto y José Maidana, funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio realizaron verificación del local de EL FAVORITO-SURYA S.A, sin autorización judicial previa, conforme se desprende del acta labrada en su oportunidad y donde se consignan supuestas transgresiones, debemos destacar que los únicos responsables de la comercialización de los productos que no cumplen con las reglas de etiquetado de confecciones y calzados son: 1- las autoridades aduaneras, por cuanto que según la legislación vigente no podrán darle curso al despacho aduanero sin la licencia previa de importación, proveída y autorizada por el MIC. 2- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), por cuanto que es el ente encargado de expedir las licencias previas de importación a las empresas registradas en dicho ente. Es el MIC la Institución encargada de realizar las fiscalizaciones de las mercadería EN DEPÓSITOS DE IMPORTADORES, ingresadas al país por parte de las Empresas Importadoras. El MIC debe realizar las fiscalizaciones pertinentes en los DEPÓSITOS DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS, de tal forma a que las mismas salgan de los depósitos, cumpliendo con todas las normativas vigentes, en materia de su comercialización. No está mal decir que los controles en el país, adolecen de efectividad y recurren al eslabón más débil de la cadena de comercialización, para imponer una suerte de persecución e imposición de sanciones, hasta si quiere, confiscatoria, cuando en realidad, los controles tendrían que dirigirse hacía grandes depósitos donde ingresan las mercaderías importadas y salen sin ningún control, llegando finalmente a los puntos de ventas, donde aquí sí, pretenden teóricamente hacer la aplicar la ley. 3- Los Importadores porque son los que introducen las mercaderías y las comercializan al interior del país, a sabiendas de que dicha comercialización la están haciendo infringiendo las normativas vigentes. En lo que respecta a la fiscalización en sí, destacamos que de los 98 ítems con que cuentan las 3 planillas con la cantidad de mercaderías adjuntas al Acta de Verificación N° 18913/14, solamente en 15 ítems reza la observación "sin etiqueta del importador", en 2 ítems reza la observación "composición incorrecta”, esto se refiere a calzados y en 2 ítems, también sobre calzados, se observa "etiq. incompleto", en todo los demás ítems, reza la observación "etiquetado pegado y presillado". Con esto demostramos que mi cliente no tiene la más absoluta responsabilidad en los hechos que las autoridades del MIC pretenden atribuirle, pues, excluyendo los 15 ítems con la observación "sin etiqueta del importador’, cuya responsabilidad compete a las autoridades aduaneras, el MIC y los Importadores, tal como lo hemos manifestado precedentemente; en los demás ítems no existe violación a normas reglamentarias de ningún tipo, debido a que los etiquetados en las prendas seleccionadas por los intervmientes se encontraban adheridas y presilladas lo que implica que en todo caso resulta Defectuosa e Insuficiente, pero en ningún caso podrán estas etiquetas considerase como no existentes". Significa lo señalado más arriba una arbitrariedad y nos retrotrae a la época del sistema inquisitivo perimido hace tiempo en el cual primero se declaraba la culpabilidad y recién luego se procedía a demostrar la inocencia. De lo que se desprende la siguiente conclusión que mi mandante ya ha sido juzgado y sancionado, basados a actos nulos, inconstitucional y premisas falsas. En cuanto al etiquetado de las prendas de vestir consideramos que cumplen a cabalidad con el espíritu de las normativas establecidas ya que si bien se encuentran presilladas y adheridas estas proporcionan al consumidor final la información veraz sobre lo que está adquiriendo por lo que está garantizada la protección al mismo, esto constituye el fin principal de las disposiciones vigentes. Por último, el acto de intervención y constatado en el Acta de Actuación N° 18913/14 de fecha 22 de MAYO de 2014 no está legal ni positivamente autorizado, por lo que, ante el riguroso orden de prevalencia, no tiene más que señalar que dicho acto es nulo e invalida todo proceso realizado por los intervinientes de! MIC, fundado en que la invalidez del acto administrativo no necesita estar prevista, le viene de su propia esencia".
Que en fecha 02 de Junio del 2015, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Juan Vicente Talavera Insfran en representación del Ministerio de Industria y Comercio, a contestar la presente demanda contencioso administrativa. Funda la presentación en los siguientes términos: “Conforme al Art. 234 del C.P.C, en tiempo y debida forma vengo por el presente escrito a solicitar intervención en estos autos, el reconocimiento de mi personería, la constitución de mi domicilio en el lugar señalado y en consecuencia se me otorgue la intervención legal correspondiente y a contestar la Demanda que fuera interpuesta por la Firma EL FAVORITO S.A. en contra del Ministerio de Industria y Comercio, y que de conformidad al Art 235 del C.P.C. niego todo y cada uno de los hechos señalados por la reclamante, excepto aquellas que justifican plenamente los derechos que asisten a mi representado, basado en las consideraciones -de derecho que paso a exponer: Con la lectura del escrito de iniciación de la presente demanda, podemos colegir que el representante legal expone una serie de argumentos concatenados, pero todos sustentados en una simple suposición, es decir, todos los argumentos expuestos descansan sobre la base de una supuesta inconstitucionalidad de la Ley 904/63, que constituye la carta orgánica de este Ministerio y que precisamente no es la vía apropiada para declararla como tal, error éste que desnaturaliza su pretensión por su improcedencia inicial. Debido a la inexistente declaración de inconstitucionalidad que pese sobre la mencionada ley, y dicho sea de paso que no existe mérito alguno para tacharla de inconstitucional, por simple aplicación de la ley y la carta magna, es fácil determinar que prácticamente todos los argumentos expuestos amen de ser irrelevantes, trazan un halo de notoria improcedencia, pues la simple manifestación de inconstitucionalidad de una Ley vigente, no constituye suficiente argumento cierto y valedero, para declararlo (inconstitucionalidad) pues reiteramos, constituye una simple y mera suposición, sin trascendencia jurídica por lo que la demanda debería ser rechazada sin más trámites. Pese a esta notoria irrelevancia, igualmente ratificare las actuaciones de esta cartera de Estado, ya que se ajustan plenamente a derecho y no constituyen un procedimiento ilegal e inconstitucional, como lo sostiene la actor a. (fj. 19, 2 do. párrafo). Por más que el recurrente divide en a, b y c, sus alegaciones para sostener que el acto administrativo impugnado padece de nulidades de fondo y forma, son en realidad solo dos: a) Que viola el principio de defensa en juicio y b) que falta la orden de allanamiento. Por tanto, en el mismo orden, serán rebatidos estos extremos. Respecto al punto a) cabe desmentir principalmente la siguiente afirmación: "... que el Acta de Actuación, de por sí, surge como conclusión de actuaciones administrativas que apuntan a imponer una sanción o pena al administrado, sin la más mínima posibilidad de defensa...", violando por tanto los Derechos Garantizados en la Constitución Nacional. Art. 17. Para el efecto mencionado, dice el Magistrado Judicial Amado Verón Duarte, en los autos caratulados: Min Seok Chung C/ Res. N° 556 del 31 de mayo de 2.012 dictado por el Ministerio de Industria y Comercio, cuanto sigue: "...A fs. 24 de autos consta la notificación del Ministerio de Industria y Comercio a la firma Casa Nissi, que textualmente dice: Se le notifica que le asiste el derecho de presentar su alegato de defensa en sellado de Ley y con patrocinio de abogado en el termino de (5) cinco días hábiles a partir de la fecha en la Dirección General de Asuntos Legales del MIC sito en Av. Mea!. López 3.333 c/Dr. Wiess. Al pie de la misma consta la firma del propietario de la firma intervenida, por lo que su alegación de que no se le dio derecho a la defensa carece de todo sustento fáctico y legal en vista que tuvo oportunidad de presentar alegatos de defensa ante el Ministerio de Industria y Comercio..." Acuerdo y Sentencia N° 145 del 20 de junio de 2.014). En el presente caso se cumple prácticamente todas las circunstancias analizadas por el magistrado, ya que igual que en los autos recién citados, en este caso también obra la firma de la Sr. Griselda Gutiérrez al pie del acta intervención. Pero lo más notorio de este alegato de indefensión, es que la actor a se ha presentado en el proceso sumarial, por ello, no puede ser considerada como cierta la afirmación de que se han violado los derechos garantizados por la Constitución Nacional, Art. 17, siendo que el mismo tuvo la oportunidad de defenderse, y ejercer el control del debido proceso y así lo hizo con lo que queda desterrado la supuesta indefensión. En el escrito presentado ante la instancia administrativa, el sumariado se había expedido en términos muy parecidos a los transcriptos a fs. 22 y 23 de autos, bajo el título de "Descargo", estos fundamentos no han sido suficientes para eximir de responsabilidad a la firma EL FAVORITO S.A., debido a que la decisión ministerial encuentra su fundamento en la simple aplicación directa de la normativa vigente sobre defensa al consumidor. Prima de manera absoluta el aforismo jurídico que "el texto sin un contexto, es un pretexto". NORMATIVA VIGENTE SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. I. Preámbulo de los Derechos Básicos del Consumidor en Paraguay; párrafo 4to., dice: En esa relación proveedor-consumidor, el Estado desempeña el rol de árbitro; proactivo; por un lado, defendiendo los derechos básicos del consumidor, y por otro, apoyando a los proveedores leales "con la fuerza de la razón" y fiscalizando a los proveedores desleales con razón de la fuerza”. Esta disposición cimienta la atribución que tiene el Estado, colocándolo en el rol de árbitro frente a las situaciones jurídicas emergentes de la relación proveedor-consumidor y confirmando el carácter de fiscalizador en la misma. 2. Del derecho a la información, párrafo 2do., reza: "£/ consumidor tiene derecho de recibir información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precios y riesgos que eventualmente presenten los mismos. Dicha Información debe ser brindada ai consumidor por el proveedor y a la vez debe ser de fácil acceso y compresión...". Con esto, expresamente se confirma la responsabilidad del comerciante (proveedor), como es en este caso la firma EL FAVORITO S.A. 3. Ley N° 1.334/98 - Defensa del Consumidor y del Usuario; Art. 4, Inc. b: "A los efectos de la presente ley se entenderá por PROVEEDOR: a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de servidos a consumidores o usuarios respectivamente, por los que cobre precio o tarifa”. Lo transcripto, adquiere relevancia puesto carece de basamento legal la intención de ser desvinculado de la responsabilidad de ofrecer la información pertinente a los usuarios o consumidores, puesto que la firma se dedica a la distribución, comercialización y venta de bienes por los que cobra un precio a los usuarios, con lo cual queda tipificado su carácter de proveedor en los términos que prescribe esta Ley. 4. Acreditado inequívocamente el carácter de Proveedor del recurrente, cabe resaltar la obligación que tiene, de proveer informaciones a los usuarios, contemplado en el Art. 8 de la Ley 1.334/98, que transcripta dice: "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen bienes o presten servicios, suministraran a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, eficaz y suficientes sobre las características esenciales de los mismo. La oferta y presentación de los productos o servicios asegurara informaciones correctas, ciaras, precisas y visibles, escritas en idioma oficial, sobre las características, cualidades, cantidad, composición, precio, garantía, plazo de validez, origen, dirección del local de redamo y riesgos que presenten para la seguridad de los consumidores, en su caso". En resumen, con el despliegue de estas 4 (cuatro) disposiciones legales enunciadas, se comprueba fehacientemente que es tan responsable el comerciante como el importador, por lo corresponde la confirmación de el Acto administrativo impugnado y por tanto el rechazo de la presente demanda. En lo referente al punto b), la falta de orden de allanamiento en la inspección cuyas actuaciones obran en el Acta 18.913/14. Es importante aclarar, que la condición de fondo y competencia del mencionado acto, fueron cumplidas. Para elucidar la cuestión, es necesario ¡r a lo que se entiende por condición de fondo y competencia, al respecto Salvador Villagra Maffiodo dice lo siguiente: "...La primera condición es la relativa a lo que comúnmente se llama fondo, contenido u objetivo del acto....se trata de la medida que la autoridad administrativa está autorizada a tomar. Esta autorización constituye justamente su poder jurídico... la autoridad no puede limitarse a examinar si el acto no le está prohibido, sino que debe asegurarse de que el mismo acto esté positivamente autorizado...En esto consiste el principio fundamental de la legalidad de la Administración...". Este presupuesto ha sido cumplido, puesto que la norma del Artículo 2° literal q) de la Ley N° 904/63 "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO", autoriza al Ministerio de Industria y Comercio, a inspeccionar establecimientos comerciales industriales, depósitos y almacenes a los efectos del cumplimiento de la mencionada Ley. En cuanto al presupuesto de competencia se entiende que: "No basta que ¡a autorización esté dada, sino que es necesario que quien la ejercite sea el órgano autorizado. Generalmente ambos requisitos van unidos, porque rara veces la ley autoriza adoptar medidas sin señalar al mismo tiempo cuál es el órgano autorizado". (Villagra Maffíodo). De lo expresado se sigue, que de igual manera, se ha cumplido con el presupuesto de competencia teniendo en cuenta el principio constitucional de división de poderes, que consiste en la distribución de competencias, correspondiéndole al Poder Ejecutivo, la ejecución de leyes, a través del dictado de reglamentos e instrucciones y la administración general de país, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2381 incisos 1, 2 y 5, de la Constitución Nacional. Estas competencias son conferidas a los Ministros del Ejecutivo, por la norma del Artículo 2402 de la C.N., y respectivamente, se establecen las facultades y competencias específicas para los Ministerios a través de las Leyes Orgánicas que correspondan, en el caso del MIC es la Ley 904/63, y para la cuestión específica que nos ocupa, es la norma del Artículo 2 inc. q) , de la mencionada Ley. Es fírme y constante la postura de este Tribunal al respecto, como bien se puede comprobar en el Acuerdo y Sentencia N° 80 de! 22 abril de 2.014, que en su parte pertinente dice: Los decretos y resoluciones utilizados como fundamento para el dictamiento de las resoluciones hoy recurridas constituyen derechos y atribuciones de los Ministerios y de otras autoridades administrativos por lo que, como lo señala la parte demandada, no puede ser considerada ilegales ni arbitrarias (Magistrado Martin Avalos Valdez, miembro del Tribunal de Cuentas, Primera Sala). De lo expuesto, se colige que el Ministerio de Industria y Comercio está plenamente facultado a realizar los controles de las mercaderías de los locales comerciales a través de sus funcionarios debidamente acreditados, lo cual se puede verificar en el Acta de Actuación N° 18.913/14, cumpliéndose así con los presupuestos o condiciones de validez del acto: Como lo es la condición de fondo (Principio de legitimidad o legalidad), es decir la inspección está expresamente autorizada en la norma del inc. q) de la Ley 904/63, y así también con el presupuesto o condición de competencia, en razón que los agentes actuantes son funcionarios de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria y Comercio. Por tanto, lo esgrimido por la parte sumariada al expresar: "....el Ministerio de Industria y Comercio, no tiene potestad de violar recintos privados y muchos menos, tratar de justificar sus intervenciones en base de una Ley (904/63) que ha quedado desfasada por efecto de la promulgación de la Constitución Nacional vigente del año 1992, por tanto, el MIC no cuenta con el poder jurídico, que constituye la condición de fondo de validez del acto administrativo...." Es una expresión errónea, y hace aún más evidente que las actuaciones del MIC fueron realizadas conforme a las normas constitucionales y legales que la autorizan, y que las mismas, estuvieron lejos de ser tipificadas bajo el supuesto de violación de recintos privados. Para demostrar esto hay que ir al análisis de la norma del Artículo 344 de la Constitución Nacional. En este contexto, es importante aclarar, que la norma del Artículo 34 de la C.N., prescribe la prohibición de la acción de violar (acción de ingresar sin consentimiento o a la fuerza) todo recinto privado, salvo el caso del allanamiento autorizado, por orden judicial y la ley, es decir en este último supuesto no se configuraría la acción violatoria del recinto privado. De esto se sigue, que si un recinto privado (local comercial) es violado o violentado, significa que el ingreso de la autoridad pública en su caso, fue en contra de la voluntad (sin consentimiento) del encargado o propietario del mismo y sin la correspondiente orden judicial de allanamiento, conforme lo establece la citada norma constitucional. En ese sentido, la norma rectora del Artículo 34 de la Constitución Nacional, establece la prohibición de la acción de violar (acción de ingresar sin consentimiento o a la fuerza) todo recinto privado; sin embargo no establece la prohibición para la acción de ingresar con consentimiento de los encargados o propietarios, a los efectos de realizar las inspecciones de las mercaderías (prendas de vestir); acción para cuyo ejercicio la Autoridad Pública (MIC), está plenamente facultada por normas de rango legal y constitucional (ya citadas anteriormente), que en forma expresa autorizan e invisten de competencia, para llevar a cabo la referida inspección, sin el requisito previo de la orden judicial de allanamiento, puesto que en el caso de la acción de inspección realizada por el Ministerio de Industria y Comercio, no se da el presupuesto de violación de recinto privado, porque no hubo un ingreso sin consentimiento de los encargados o propietarios del local inspeccionado. Así mismo, es oportuno agregar que el lugar al que tuvieron acceso los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, es un lugar totalmente abierto al público, en donde las mercaderías (ropas de vestir), están exhibidas, es decir no están guardadas en algún otro recinto interno del local. En relación a esto, la doctrina argentina es constante en este sentido al expresar que : "...De todos modos, si un lugar está totalmente abierto al público\ como ciertos templos, galerías comerciales o salones de ventas, el ingreso de una comisión policial sin orden de allanamiento no parece implicar un atentado contra el principio de inviolabilidad del domicilio (pero sí lo sería si penetrara a oficinas o despachos de ese inmueble que no son de acceso Ubre al público)....La jurisprudencia admite que, si media consentimiento para ingresar a un domicilio, no existe en rigor de verdad allanamiento. Este solo se plantea cuando hay negativa de acceso. Si hay consentimiento, imprescindible la orden de allanamiento (Adriazoia, Fallos, 324:3764)..." (NESTOR PEDRO SAGÚES, MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 2DA. EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA, EDITORIAL ASTREA 2012). Con todos los argumentos legales expuestos, y la doctrina no es sentada en la materia, podemos afirmar que la [Resolución N° 1.106 de fecha 05 de noviembre de 2.014, cuestionada fue dictada conforme a atribuciones legales del titular de la cartera, y se halla sustentada en el Acta de Intervención, que constituye un instrumento público, en el que se ha constatado la existencia de mercaderías en estado de infracción detallados en una Planilla que se halla adjuntada a estos autos, comprobándose que existían varias mercaderías en estado de infracción cuyo valor alcanza la suma de Gs. 77.447.440, situación que motivo la instrucción de un Sumario Administrativo, que fuera caratulado: "EL FAVORITO - SURYA S.A. S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO", y previo trámite legal de estilo, libre ejercicio de la defensa y respeto al debido proceso, se arribo a la conclusión con el dictamiento de la Resolución hoy cuestionada, dictada por la Excma. Sra. Ministra Sustituía del Ministerio de Industria y Comercio, Lorena Méndez de Gustafson. Por último y para no prolongar innecesariamente este escrito, solicitamos a este Tribunal, tenga en cuenta que las actuaciones de éste Ministerio, tienden a equilibrar la dispar relación de fuerzas e intereses que supone la concurrencia de consumidores y proveedores en un mercado libre. Y así partiendo del presupuesto de la protección de los derechos del consumidor, este derecho contempla una serie de soluciones normativas tendientes a mitigar o al menos equilibrar su situación de debilidad y corregir las desviaciones y abusos en las relaciones de consumo. Por ello, las soluciones normativas precisan, para alcanzar una verdadera efectividad, del correcto ensamble de las distintas piezas que componen el aparato estatal y que intervienen en cada uno de los diferentes aspectos de su implementación y aplicación, ya que el Estado el principal garante y responsable por la efectiva protección de los consumidores. Así también lo ha entendido este Tribunal de Revisión de actos administrativos, conforme consta en los términos del Acuerdo y Sentencia N° 89 del 02 de abril de 2.014, al expresar cuanto sigue: "Esta magistratura desea dejar sentada su postura en cuanto a estas cuestiones, en el sentido de que la administración debe sancionar duramente a los comerciantes que violan estas normas, puesto que estas faltas alientan ai contrabando y a la competencia desleal entre comerciantes, causando de esta manera, un grave perjuicio a la economía nacional" Magistrado Judicial Mario Ygnacio Maidana Griffith, miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala)."
Termina solicitando a este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Resolución rechazando la presente acción por su improcedencia con la expresa imposición en costas a la parte actora.
Posteriormente, por providencia de fecha 21 de Noviembre de 2016 (fojas 98), previo informe del Actuario, se llama autos para resolver la caducidad de instancia planteada por la parte demandada.
Y EL MIEMBRO MAGISTRADO ARSENIO CORONEL BENITEZ, PROSIGUIÓ DICIENDO: Que el modo de extinguirse el juicio es naturalmente mediante resolución por fallo definitivo, pero el Código Procesal Civil instituye otras formas de extinción y la causa determinante depende de la voluntad de las partes. Estos modos son: “EL DESISTIMIENTO, EL ALLANAMIENTO, LA CONCILIACIÓN, LA TRANSACCIONAL Y LA CADUCIDAD DE INSTANCIA”.
QUE, conforme a los A.I. N° 234, 235 y 236/91, dictados por la Corte Suprema de Justicia, donde se sienta definitivamente que el plazo contencioso administrativas, es el fijado en el Art. 8° de la Ley N° 1462/35 (TRES MESES), y no el plazo fijado por el Art. 172 del C.P.C. (SEIS MESES), esto por el principio contenido en el Art. 7° del Código Civil sobre derogación de leyes.
QUE, analizando las constancias de autos, tenemos que a fojas 95 vlto, de autos, obra la providencia de fecha 06 de Agosto de 2015 que ordena el traslado del desistimiento de la acción solicitado por la actora, sin que el mismo se haya dado cumplimiento en el plazo de referido en el párrafo anterior, operando así, la caducidad de instancia del presente juicio.
QUE, la caducidad puede ser declarada a petición de las partes o de oficio y se opera de Derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes no podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes (art. 174 C.P.C.). La inactividad procesal, es decir, que el juicio quede paralizado, debe ser imputable exclusivamente a la inactividad de las partes y no al Tribunal, porque si estos pudieran producir la perención se habría puesto en sus manos la terminación arbitraria de los procesos.
En cuanto a las costas las mismas deben imponerse a la parte perdidosa de acuerdo al artículo 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A SU TURNO, LA SEÑORA MIEMBRO MARIA CELESTE JARA TALAVERA Y EL MIEMBRO RAMÓN ROLANDO OJEDA, manifiestan que: Se adhieren al voto del miembro preopinante por los mismos fundamentos.
Asunción, 9 de Febrero de 2017.
1.- DECLARAR LA CADUCIDAD de instancia en los autos caratulados: “EL FAVORITO SURYA S.A. C/ RES. N° 1106 DE FECHA 05/11/14 DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, de conformidad a lo expresado en el considerando de la presente Resolución.
2.- IMPONER LAS COSTAS a la actora.
3.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.