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Timestamp: 2020-08-10 22:34:52
Document Index: 292032817

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 148', 'Artículo 153', 'Artículo 158', 'artículo 57']

Categoría: Actualidad	Creado: Martes, 25 Octubre 2016 16:19
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• La visibilización de la dramática situación de las comunidades y personas expuestas al poder punitivo selectivo del Estado
• Alentar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a limitar sus acciones de fuerza en contra de ellas
• Impulsar un activismo judicial del lado de los derechos y no de los intereses ligados a la explotación de los territorios
• Impulsar las iniciativas de los órganos de control a fin de verificar, investigar y condenar las actividades que conlleven la vulneración de los derechos colectivos y de la naturaleza
• Promover ejercicios similares en los pueblos del Abya Yala hasta que por fin la administración de justicia y las funciones ejecutiva y legislativa comprendan que la supervivencia de la humanidad depende del respeto irrestricto a la naturaleza, de la superación del racismo, del respeto a la relación que tienen los pueblos asentados ancestralmente en sus territorios y de la sabia conservación del agua y de las semillas propias
EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado (por cualquier) distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 8. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (Art. 11)
Para la conformación del Tribunal se quiso contar con la participación de hombres y mujeres de diferentes países, destacados por su trabajo en la defensa de derechos colectivos y de la naturaleza. Fue así como el Tribunal fue integrado por
Elsie Monge, pionera de la defensa de los derechos humanos del Ecuador, quien integró la Comisión de la Verdad en este país, como instrumento para la superación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el periodo de la dictadura.
Raúl Zibechi. Periodista y escritor uruguayo, estudioso del papel de los
movimientos sociales en América Latina. Acompañante del Foro Social
María Hamlin Zúniga. Activista y miembro de la Coordinación Internacional
del Movimiento para la Salud de los Pueblos.
Lía Isabel Alvear Ramírez, agrónoma colombiana, profesora en el área
ambiental y de derecho en la Universidad de Antioquia, defensora de los
derechos de la naturaleza desde su quehacer como docente y ensayista.
Para efecto de contar con una experticia técnica en materia judicial, apoyan como conjueces del Tribunal
Raúl Moscoso, abogado ecuatoriano defensor de derechos humanos. Acompañante legal de personas, organizaciones, pueblos y comunidades ecuatorianas. Ha sido Vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales y Defensor del Pueblo Adjunto.
Diana Murcia, abogada colombiana defensora de derechos humanos, representante de víctimas de violaciones a los derechos humanos y asesora jurídica en temas relacionados con los derechos de la naturaleza.
Para efecto de garantizar el debido proceso al Estado Ecuatoriano, presunto responsable de las violaciones denunciadas, se procedió a convocar con suficiente antelación, al Procurador General del Estado a fin de que obrara como su defensor, tal y como se desprende de su facultad constitucional de realizar la representación jurídica del Estado. Sin embargo, ningún miembro de este organismo se hizo presente, motivo por el cual se realizó la audiencia sin su participación. Con similar objetivo de garantizar el debido proceso al Estado Ecuatoriano también fueron convocados el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación y la Defensoría Pública, quienes no asistieron ni enviaron a sus respectivos delegados.
A fin de contar con criterios auxiliares para la deliberación del Tribunal, se tomaron como ejercicios periciales, las ponencias realizadas por Ramiro Ávila, docente universitario comprometido con la formación de operadores judiciales garantistas; Blanca Chancoso, lidereza indígena ecuatoriana; Esperanza Martínez, ecologista y participante en el proceso constituyente y el señor Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez.
Con base en lo anterior, el Tribunal adopta las siguientes definiciones para efecto de contextualizar y facilitar la comprensión de este veredicto:
Sumak kawsay Parte del reconocimiento de la naturaleza, de sabernos parte de ella y de luchar para que esa parte que nos queda en la vida sea respetada y nos permitan seguir manteniéndola con dignidad, para los que vienen. Es una conquista y retoma esos sueños del proyecto de lo que antes llamaban utopía: el sueño de acabar con el racismo, con la discriminación, con las desigualdades, y reemplazarlos por lo colectivo. Para los indígenas, recomponer ese proyecto de vida que quedó truncado hace 500 años. Y para todos, acaso ¿no todos queremos una vida digna?. Es el sueño de todos, por la vida digna de todos.
Naturaleza - Pachamama. Es un término sagrado. Si no hubiera, no existiéramos nosotros. Hay que sentirle como la mama que da la vida al ser humano, a las plantas y a los animales y está enferma porque sus hijos hemos sido malos y otros más malos, los gobernantes. Parte de sus hijos estamos viendo cómo vamos a sanar a esa mama para sanarnos nosotros y cómo podemos defenderla.
Defensores de la naturaleza. Son quienes han atendido al llamado a comprender de manera distinta a la naturaleza, ya no son los biólogos los únicos que tienen la palabra para definirla, tampoco son los abogados, son los pueblos que están en capacidad de comprender que la naturaleza somos todos. Son además las personas que han sufrido la criminalización, descalificación, humillación y maltrato que tiene que ser reconocido y reparado involucrando a las instituciones públicas y al conjunto de la sociedad. La defensa de la naturaleza no es un fin, es un camino: es imposible realizar el sumak kawsay si se destruyen las posibilidades de lucha de las comunidades.
Protesta. Es un ejercicio complejo de varios derechos protegidos por la Constitución, entre ellos, los de asociación, participación, manifestación, petición, resistencia y en suma el derecho a la libertad de expresión. La protesta se produce en el marco de sociedades injustas, cuando hay unos que acumulan y otros que no tienen acceso a los mínimos recursos, entre ellos, los recursos de los medios de comunicación y por eso no tienen más opción que recurrir a la protesta pública. La protesta emerge también cuando el acceso a la justicia no es igualitario y está matizado por problemas como las distancias, falta de asistencia de abogados, recursos financieros, etc., así para muchas de las comunidades la única forma de pedir justicia es mediante la protesta. Si las medidas de protección y garantía de derechos no son eficaces, emerge la protesta. La democracia material considera a las minorías y al disenso, la formal sólo considera a mayorías y los consensos. Sin protesta no hay ejercicio de derechos, en una verdadera democracia, la protesta pública es un derecho que tiene que ser protegido y su criminalización es una disfuncionalidad del Estado.
Criminalización: Atribuir a las manifestaciones de rechazo, protesta o reclamos legítimos realizadas por personas, grupos sociales y colectividades, un estatus criminal al calificar como delitos graves las acciones de protestas que realizan. La criminalización de la protesta social tiene dos momentos, la criminalización primaria que consiste en la emisión de normas de tipo penal que establecen conductas como tipos penales, esto es, como si fueran crímenes o delitos graves. La segunda forma, la criminalización secundaria, que se aplica más allá de las leyes o a partir de las leyes, cuando se utiliza a la fuerza pública, al sistema de justicia para amenazar, para amedrentar a las personas y colectividades.
Los gobiernos anteriores han compartido la tesis de llevar adelante, a como dé lugar, un modelo de crecimiento económico sustentado en la explotación de los recursos naturales no renovables, que, para bendición o maldición, existen en abundancia en el país. Las comunidades, los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, han visto en este modelo una amenaza para la sobrevivencia misma de las personas y de la naturaleza.
Las organizaciones que defienden los derechos humanos y la naturaleza se han unido en esta percepción y en la determinación de ejercer las acciones administrativas, constitucionales, jurisdiccionales y de movilización para detener este paradigma suicida de crecimiento que apunta unidimensionalmente a recabar más y más ingresos económicos sin considerar los límites de la naturaleza.
Para imponer esta forma de crecimiento economicista, se ha empleado la represión en contra de quienes se oponen a los proyectos de extracción y otros como la construcción de mega represas o las plantaciones, que implican elevados costos sociales, culturales y ambientales, y daños irreversibles e irreparables a la naturaleza.
Las grandes empresas extractivas han sido aliadas estratégicas de tales gobiernos y han impulsado iniciativas de los gobiernos para eliminar los obstáculos en el camino de esta política y estos obstáculos tienen nombre y apellido, se trata de comunidades, pueblos y nacionalidades, defensoras y defensores de derechos humanos. En la eliminación de los obstáculos antrópicos, estos aliados: gobierno y gran empresa, han empleado, por una parte, la represión policial, militar y paramilitar y, por otra, la estigmatización y judicialización de la protesta social, dando como resultado un patrón de criminalización sistemática.
Esta estrategia de criminalización de la protesta dio sus frutos y logró el objetivo de perseguir y privar de la libertad a cientos de personas. Ante esta situación dramática, durante el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Montecristi, dictó dos resoluciones de amnistía que ordenaba archivar todas las indagaciones, las instrucciones fiscales y los juicios penales seguidos en contra de los defensores de los derechos de la persona y la naturaleza y expidió una nueva Constitución Política, altamente garantista, consagró por primera vez en la historia universal los derechos de la naturaleza y el derecho de resistencia y adoptó el modelo social de convivencia, de armonía entre las personas y de las personas con la naturaleza o sumak kawsay.
Pese a la Constitución Política de Montecristi, y al discurso progresista del actual gobierno, se ha reanudado, con vigor inusitado la política de represión y criminalización de la protesta social, privilegiando a las y los dirigentes de las comunidades que se oponen a la minería y defienden el agua y la soberanía alimentaria.
IV. Hechos puestos en consideración del Tribunal
Dentro de este contexto, vistos los casos sometidos a conocimiento del Tribunal, sus miembros determinan probado que:
1. En torno a la causa Nº 1, Denuncia penal en contra de José Acacho, Presidente de la Federación Interprovincial del Centro Shuar y diez miembros de la nacionalidad shuar, con ocasión de la movilización en la jornada nacional de protesta contra el proyecto oficial de la Ley de Aguas:
• Encontramos que el gobierno formuló una denuncia temeraria y de mala fe contra el Pueblo shuar, con el propósito de debilitar su organización.
2. En torno a la causa Nº 2, Denuncia penal contra comuneros y líderes de las comunidades de los cantones Echeandía y Las Naves, del Presidente de FECABRUNARI y de una dirigente campesina del Guayas y de una ecologista.
• La criminalización es cuidadosamente selectiva, y procura encontrar en activistas externos la causa de la resistencia y minimizar la capacidad de la comunidad de actuar por si misma.
3. En relación a la causa Nº 3. Denuncia penal contra ocho miembros de la comunidad MOCORAL BARCELONA por impedir que la compañía CECAL opere ilegalmente, sin licencia ambiental, una explotación de mármol, agregando que los comuneros fueron objeto de violento desalojo y la mina contó con protección policial.
• Este trato hacia CECAL contrasta con el que ha dado el gobierno a pequeños y medianos mineros de Zamora Chinchipe y Esmeraldas a quiénes se les destruyó su maquinaria y equipos e impidió que sigan explotando, alegando violación de los derechos de naturaleza.
4. En relación al Caso Nº 4. Denuncia Penal contra Presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, a un dirigente de los sistemas comunitarios de agua del Azuay y a 3 pobladores, al comienzo por sabotaje y posteriormente por interrupción de la vía pública.
• Se identifica los hechos de resistencia con figuras penales como el sabotaje, cuyas disposiciones que las tipifican son interpretadas de una manera abierta, inaceptable en materia penal
• La interrupción de las vías públicas es una medida empleada usualmente por los movimientos sociales y el gobierno quiere endurecer las penas por esta infracción
5. Respecto del Caso Nº 5. Denuncia de sabotaje y terrorismo en contra de los Presidentes de la CONAIE y ECUARUNARI, Marlon Santi y Delfín Tenesaca, en su orden, por dirigir una manifestación en la cumbre del ALBA, reunida con el propósito de tratar sobre los pueblos indígenas
• Se inscribe en el propósito de acabar con el movimiento indígena, en tanto no pueda ser susceptible de cooptación por parte del gobierno
6. Atinente al Caso Nº 6. Denuncia del Gobernador de Imbabura contra 3 dirigentes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, en el marco de la oposición al proyecto oficial de Ley de Aguas, por sabotaje y terrorismo, pero el informe fiscal determinó que el delito era más bien el de obstrucción de vías públicas.
• Nuevamente se da el caso de una interpretación abierta del artículo 160-A del Código Penal para efecto de identificar los delitos de terrorismo y sabotaje con los hechos de resistencia en defensa del agua
7. Respecto del Caso Nº 7, denuncias penales y administrativos en contra de dirigentes de la comunidad y autoridades municipales y parroquiales de Salango por usurpación, robo y sustracción y delitos contra el ambiente, con el propósito de castigar a quienes abrieron el camino de acceso a una playa pública, caminos y tierras de propiedad ancestral, apropiadas por el empresario Patrick Bredthauer, con el contubernio de la registradora de la propiedad y la permisividad de autoridades del Estado
• En este caso se da la criminalización por el hecho laudable de lograr con medidas jurídicas y movilizaciones el cumplimiento del ordenamiento legal ecuatoriano.
8. En relación al Caso Nº 8, sentencias condenatorias de 7 autoridades parroquiales y cantonales además de líderes del cantón Nabón, por su movilización en contra de un proyecto minero que amenaza con destruir el páramo que abastece de agua para el consumo humano y las actividades agrícolas, informando que los sindicados perdieron el recurso de casación y el caso se halla para el conocimiento de la Corte Constitucional gracias al recurso extraordinario de protección interpuesto por el Defensor del Pueblo.
• Este proceso de criminalización ha sido impuesto por un poderoso empresario del austro.
• Se trata de personas que fueron beneficiarias de la amnistía del 2008, sin embargo de lo cual esta resolución constitucional en su favor no ha sido aplicada
9. En el Caso Nº 9, San Pablo de Amalí, denuncia penal en contra comuneros de San Pablo e Amalí parroquia San José de Tambo, provincia de Bolívar, por su resistencia a la construcción del proyecto hidroeléctrico HIDRO-TAMBO, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
• Sigue el enjuiciamiento penal a pesar que estos han sido beneficiarios de la amnistía del 2008
• En este caso se dio un operativo de fuerte represión en contra de la población.
10. Respecto del Caso Nº 10. ADELCA, varias personas que se opusieron a la expansión de la fundidora y a la contaminación consiguiente, se hallan sometidas a procesos penales pese a ser beneficiarias de la amnistía del 2008, procesos impulsados por esta compañía particular
• Continúa el poder económico de pocos, utilizando al Estado en su propio beneficio
11. En relación al Caso Nº 11. Amenaza inminente de militarización de la zona de Río Grande en el cantón Chone para proteger a la empresa china contratada para construir el embalse de Río Grande para un proyecto multipropósito.
• La comunidad ha empleado inútilmente acciones jurisdiccionales.
• La represión ha sido ordenada por la Secretaría Nacional del Agua.
12. Respecto del Caso Nº 12. Amenaza grave al páramo de El Cajas, sector Yanaurco, provincia del Azuay, para llevar adelante un proyecto minero de cobre..
• Vendrá con seguridad un proceso de represión y de criminalización de quienes se opongan a esta violación de la intangibilidad del parque nacional del Cajas.
13. Atinente al caso No. 13. Asunto de discriminación racial cometida por autoridades judiciales, en un conflicto en el cual integrantes del pueblo Saraguro han sido denunciados penalmente por defender los derechos al agua y de la naturaleza.
14. En relación al Caso No. 14. Agresiones físicas y sicológicas, persecución judicial y administrativa, y desalojo a familia campesina del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe
• La empresa minera EcuaCorriente, ha empleado la violencia, el hostigamiento, la presentación de denuncias administrativas y juicios de tierra en contra de la familia Belezaca Vintimilla, poseedora de una finca en la que la empresa tiene interés para desarrollar su proyecto minero.
• Con el apoyo de decisiones de autoridades del Estado y la acción de la Policía, la empresa EcuaCorriente logró en mayo de 2011, desalojar a la familia de la finca en la que la familia campesina había trabajado y morado por 14 años.
V. Conclusiones del Tribunal
Tras la deliberación realizada por los miembros de este Tribunal se llegó a las siguientes conclusiones:
• Con diferentes herramientas jurídicas y policíacas se busca inhabilitar la resistencia, que según la Constitución Nacional es un Derecho.
• Se concluye que el Código Penal con la reforma del 2006, va en contravía de la Constitución Nacional, en términos de restringir las expresiones de resistencia. Dicho Código enumera acciones constitutivas de delito e incluso incluye varios etcéteras, que abren la posibilidad de llamar delito a cualquier forma de protesta.
• El sistema judicial no ha actuado objetivamente en tanto en alguna de sus instancias favorece al ejecutivo al castigar la protesta en nombre de los intereses nacionales. Sin embargo los llamados intereses nacionales son justamente motivos de preocupación y protesta de pueblos y comunidades, debido a que consideran que se entregan riquezas naturales a cambio del deterioro de la naturaleza, dejando en entredicho la soberanía nacional.
• Con el cuerpo militar y policial instruido para intimidar amparado en la fuerza, se pretende acallar o impedir la protesta, intimidar a los dirigentes sociales y desgarrar el tejido de la sociedad que permite la protesta y sobre el que se asientan los movimientos sociales. La intervención militar y de otros cuerpos armados de forma desproporcionada, busca jugar un papel disciplinador de cualquier rechazo a las empresas y movilización colectiva frente a las autoridades.
• La no aplicación de la amnistía de 2008 y el mantenimiento de los antecedentes penales de las personas, es una forma de desestimular e intimidar la organización y acción colectiva, y de desmoralizar a las comunidades. Ha sido posible detectar esta actitud de la justicia y el Estado de modo particular ante los dirigentes sociales, quienes ven acumularse juicios no resueltos que parecen prolongarse indefinidamente.
• Tanto el gobierno como la justicia suelen atribuir la protesta social a la intervención de “agentes externos” a las comunidades que serían los instigadores de la acción colectiva. Estamos ante una visión de la sociedad que considera a los pueblos indígenas, a los campesinos y a los sectores populares urbanos como incapaces de decidir por sí mismos, lo que se revela como una mirada atravesada de prejuicios raciales y de clase. El Estado actúa en sintonía con la “doctrina de seguridad nacional” de la década de 1960 que atribuía el descontento a la infiltración de agentes comunistas como forma de eludir los verdaderos problemas que afligen al país.
• Lo que el Estado denomina protesta, alteración del orden, sabotaje y terrorismo, no son más que acciones de defensa de la naturaleza y de sus derechos como consta en la Constitución.
VI. Recomendaciones del Tribunal
Este tribunal se permite realizar como recomendaciones las que presentamos a continuación, confiando en que el Estado Ecuatoriano, los medios de comunicación, la comunidad internacional y las organizaciones nacionales, las acojan de forma inmediata, en cumplimiento de sus obligaciones y deberes y como paso ineludible para que el sumak kawsay no sea un sueño de papel.
1. Que el poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y demás funcionarios se abstengan de
a) emitir discursos deslegitimadores del quehacer de las y los defensores de la naturaleza
b) realizar declaraciones que tiendan a estigmatizar a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza
c) realizar cualquier acción tendiente a interferir con las decisiones que deban tomar los funcionarios de la rama judicial, especialmente cuando se trate de decisiones relacionadas con el procesamiento penal de personas miembros de organizaciones sociales, no gubernamentales y comunidades o de interferir fuera de sus atribuciones estrictamente legales con decisiones que emitan los tribunales en reconocimiento de los derechos de esas personas, organizaciones y comunidades.
d) diseñar y ejecutar políticas, prácticas, proyectos e iniciativas extractivistas, lo que en suma, se traduce en el fiel cumplimiento de la Constitución.
e) Abstenerse de fundamentar sus políticas en un interés público que desconoce la pluralidad de intereses legítimos que existen en el país y que invocan el respeto a los derechos colectivos y de la naturaleza.
2. Que el poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y demás funcionarios se dispongan a
a) Corregir y retraerse de las declaraciones públicas que ha realizado hasta el momento en las que estigmatiza el quehacer de las y los defensores de los derechos de la naturaleza y por el contrario, promocione el deber de los ciudadanos de defender esos derechos.
b) Encaminar todas las políticas públicas hacia el respeto irrestricto de la existencia de la naturaleza – pachamama, su estructura y ciclos vitales.
c) Realizar todas las acciones necesarias para la protección de las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza cuya integridad esté comprometida en razón de esa defensa.
d) Entablar relaciones constructivas, sanas, libres de todo atisbo de racismo y discriminación con las personas, comunidades, organizaciones y pueblos defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto supone derogar cualquier disposición encaminada a disolver organizaciones de la sociedad civil que defiendan derechos humanos o de la naturaleza, o intervenir en sus estatutos y programas de trabajo.
1. Que el poder legislativo, representado en la Asamblea Nacional se abstenga de
a) Proferir normas contrarias a la Constitución particularmente aquellas susceptibles de afectar los derechos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos de participación, consulta, libre expresión y libertad y los de la naturaleza.
b) Interferir, fuera de sus atribuciones estrictamente constitucionales, en el quehacer de la función judicial y de los órganos de control como la Defensoría del Pueblo, cuando quiera que estos desarrollen labores relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
2. Que el poder legislativo, representado en la Asamblea Nacional proceda a
a) Derogar el articulado anacrónico e inconstitucional del código penal bajo el cual los defensores de la naturaleza son criminalizados, particularmente los siguientes:
-. Artículo 128. Incitación al caos público. “El que públicamente y fuera de lo casos previstos en este Código, (...) ofendiere o vilipendiare a las instituciones públicas o a la fuerza pública”.
-. Artículo 129. Obstaculización de vías públicas. El que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país”
-. Artículo 148. Envío de información falsa al exterior. El que difundiere por cualquier medio o enviare al exterior propaganda, noticias o informaciones Falsas, que estén destinadas a alterar el orden público o que afecten el honor nacional (...)
-. Artículo 153. Promoción de desfiles o manifestaciones públicas no autorizadas. El que promoviere, dirigiere u organizare (...) manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, siempre que se realizaren sin permiso escrito de autoridad competente, en el que se determinen el objeto de la reunión, el sitio, día y hora en que ha de verificarse, será reprimido con prisión (...) Se reputarán también directores, promovedores y organizadores, los que aparecieren como tales, por los discursos que pronunciare, por los impresos que hubieren publicado o repartido, por las palabras de mando que pronunciaren, por las insignias que luzcan o por la contribución inicial voluntaria a los fondos del desfile o la manifestación o por cualquier otro hecho significativo.
-. Artículo 158 Sabotaje a servicios públicos y privados. Será recluido con prisión mayor (...) el que fuera de los casos contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión, o cualquier otro sistema de trasmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma colectivo.
-. Art. 218. Rebelión. Es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencia o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía cuando obran en ejecución de las leyes o de las ordenes o reglamentos de la autoridad pública.
-. Art. 230. Ofensas contra el Presidente de la República. El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al presidente de la República, o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido (...)
-. Art. 231. Ofensas a otros funcionarios. El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a () un senador o diputado, ministro de Estado, magistrado o juez, gobernador o cualquier otro funcionario público que ejerza jurisdicción o autoridad civil o militar, cuando se halle en actual ejercicio e sus funciones, o por razón de su ministerio, será reprimido (...) De igual manera artículos 232 y 233, ofensas autoridades en el cumplimiento de sus funciones e injurias ante tribunales o autoridades públicas, respectivamente.
-. Art. 369. Asociación ilícita. Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida.
-. Art. 416. Destrucción de vías de comunicación. Será reprimido con prisión (...) el que inutilizare (...) en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública, por tierra, por aire o por agua o estorbare las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas.
-. Art. 493. Imputación calumniosa a autoridad. Serán reprimidos (...) los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Si las imputaciones hechas ala autoridad constituyeren injurias no calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión (...)
b) Particular mención requiere el tipo penal de terrorismo, pues es un tipo penal abierto e indeterminado que plagado de antitécnicos y malintencionados etcéteras, permite la adscripción desproporcionada de este delito a cualquiera de las conductas que encierra el complejo derecho a la protesta social. Por lo tanto, la Asamblea Nacional debe proceder a derogar este tipo penal y asegurarse de no emitir una normativa similar en la materia:
Art. 161.1 Terrorismo Organizado.(Según reforma realizada en 1974 bajo el periodo de dictadura). Los que individualmente o formando asociaciones como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no pretextando fines patrióticos, sociales económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquier clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc., ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc.; sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc; ora ocupando por la fuerza mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Si por los hechos delictivos enumerados se produjeren lesiones a las personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de una reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro mil millones cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
1. Que el poder judicial, representado en los Altos Tribunales y en los operadores judiciales de todos los niveles en la jurisdicción constitucional y en la penal se abstengan de
a) Procesar judicialmente a cualquier persona miembro de comunidades, organizaciones o pueblos con ocasión de la reivindicación de sus derechos colectivos y los de la naturaleza que ellos realizan.
b) Aplicar cualquier norma penal contra las y los defensores de los derechos colectivos y de la naturaleza y por el contrario, apegarse al principio de que el derecho penal es ultima ratio.
c) Limitar su quehacer o desarrollarlo de manera irregular como consecuencia de las presiones que que es objeto por parte de las otras ramas del poder público, empresas nacionales e internacionales y otros agentes representantes de intereses contrarios a los legítimos de las colectividades y de la naturaleza.
d) Mantener en la impunidad las violaciones de derechos de que son víctimas las personas, comunidades, organizaciones, pueblos y la naturaleza.
2. Que el poder judicial, representado en los Altos Tribunales y en los operadores judiciales de todos los niveles en la jurisdicción constitucional y en la penal se disponga a
a) Consolidar una jurisprudencia respetuosa de los derechos colectivos y los de la naturaleza.
b) Dar total cumplimiento a las amnistías otorgadas por la Asamblea Constituyente de plenos poderes en el año de 2008.
d) Erigir como principio rector de sus actuaciones al debido proceso
e) Deponer la política de autocontención de los fallos y encauzar su actuación al desarrollo de un activismo judicial enfocado en la protección material de los derechos.
g) Como garantía de no repetición, investigar a todos aquellos funcionarios y particulares que pretendieron instrumentalizar la justicia para tan deleznable objetivo. Se requiere la búsqueda de verdad sobre el origen, las formas, las motivaciones económicas, políticas o sociales, que han conducido al maltrato, desconocimiento de derechos de las comunidades y criminalización de sus líderes.
1. Abstenerse de utilizar la violencia como método para contener la legítima movilización y protesta sociales.
2. Abstenerse de utilizar bombas lacrimógenas contra manifestantes. Esos gases contienen elementos nocivos para la salud de las personas y el bienestar de la naturaleza.
3. Concurrir a la protección de las comunidades cuando quiera que su vida e integridad se vea amenazada y de la naturaleza cuando quiera que su existencia, estructura o ciclos vitales se vean comprometidos, particularmente a través de la industria extractiva.
4. Sancionar dentro de sus procedimientos internos cualquier tipo de apología al uso de la violencia en contra de las y los defensores de la naturaleza.
5. Abstenerse de realizar operaciones militares dentro de los territorios ancestrales de comunidades indígenas, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 57 numeral 20.
A las ramas del poder público en conjunto
Por ser actividades que requieren de la colaboración armoniosa de las ramas del poder público, formulamos las siguientes recomendaciones:
1. Que la reestructuración del Poder Judicial tenga un carácter plurinacional, que comprenda y dé aplicación a los derechos colectivos y de la naturaleza- pachamama- , respetando la idéntica jerarquía que tiene la justicia indígena.
2. Que los proyectos extractivos y cualquiera otro que suponga la destrucción de la naturaleza, sus ciclos vitales y estructura, sean detenidos.
3. Que las intervenciones de las autoridades en las comunidades eviten generar cualquier tipo de división comunitaria susceptible de debilitar su entidad organizativa.
4. Que su relacionamiento con la justicia indígena se desarrolle con observación al carácter plurinacional del Ecuador, proscribiendo el racismo y resistiendo al legado colonial de la discriminación.
5. Disponer lo necesario para dar cumplimiento a las sentencias, observaciones y recomendaciones realizadas por órganos internacionales y las realizadas por la Comisión de la Verdad.
1. Informar en forma veraz e imparcial los hechos que se relacionan con la defensa de los derechos humanos y de naturaleza.
2. Asumir como un hecho noticioso, como acontecimiento relevante, cualquier situación relacionada con la naturaleza, sus defensoras y defensores.
3. Dar un espacio equivalente al que se da a las autoridades y las empresas, a las comunidades, para que puedan expresar libremente su pensamiento respecto a los conflictos de carácter socio ambiental y los hechos de criminalización de la protesta.
1. Recordar que en el Ecuador el reconocimiento de la naturaleza como sujeto y la atribución de sus derechos ha sido el resultado de siglos de resistencia y sólo puede aspirarse a la construcción del sumak kawsay si las comunidades, organizaciones y pueblos subsisten organizativamente, si pueden disentir, manifestarse y protestar y decir que la devastación de la naturaleza está mal y cuestionar a los funcionarios y las políticas que permiten y promueven que esto ocurra.
2. Vigilar y exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento e implementación de las recomendaciones y normas internacionales de derechos humanos, así como los compromisos adquiridos para la plena garantía de los derechos humanos.
A las comunidades y organizaciones.
1. Actuar apegadas a los principios de la No Violencia Activa manteniendo y divulgando la Ética de la Existencia y la Ética de la Resistencia.
2. No renunciar a la defensa de sus derechos ni a los de la naturaleza
3. No renunciar al derecho al acceso a la justicia, al sueño del sumak kawsay ni a la memoria.
Jueza Elsie Monge Jueza Lía Isabel Alvear
Juez Raúl Zibechi Jueza María Hamlin Zúñiga
Conjueza Diana Murcia Conjuez Raúl Moscoso