Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3138
Timestamp: 2019-09-22 12:28:57
Document Index: 271229292

Matched Legal Cases: ['Artículo 495', 'Artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 89', 'Artículo 7', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 5', 'Artículo 26']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 86/1996
SENTENCIA 86/1996, de 21 de mayo
ECLI:ES:TC:1996:86
En cuanto a las restantes pretensiones deducidas en la demanda de amparo, es preciso denegar la relativa a la anulación de su ficha policial. La detención practicada sobre él no fue ilícita y, por ende, su constancia en los archivos policiales no es nula, sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que le otorga el art. 18 C.E y la legislación vigente (STC 254/93, fundamento jurídico 9º).
Número y fecha BOE [Núm, 150 ] 21/06/1996 Corrección1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1764-1994
Contra Auto dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 8 de Barcelona, en funcionees de guardia, rechazando solicitud de "habeas corpus" contra la detención del actor por parte de policías de la Brigada de documentación y extranjería de la Jefatura de Barcelona.
Vulneración del derecho a la libertad personal: privación de libertad durante más tiempo del estrictamente necesario.
Es cierto que la Ley de Extranjería sólo establece el control policial del cumplimiento de los requisitos legales para circular y residir en España con ocasión de entrar a través de los puestos fronterizos o, de manera más laxa, en el momento de abandonar el país (arts. 11.3 y 21.1 L.Ex.). Sin embargo, la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 1/1992, de 21 febrero) sí permite a los agentes de policía identificar a las personas en la vía pública, cuando resulta necesario para ejercer sus funciones de indagación o prevención dirigidas a proteger la seguridad ciudadana de acuerdo con las leyes ( art. 21.1 L.S.C.). Entre esas funciones se incluye la de comprobar que los extranjeros que se encuentran en territorio español disponen de la documentación obligatoria: la que acredita su identidad, y la que acredita el hecho de encontrarse legalmente en España (art. 11 L.S.C.) [F. J. 2].
Como indicamos en la STC 115/1987, al perfilar la interpretación constitucionalmente correcta del art. 26.2 L.Ex., no es la mera carencia de documentación lo que permite la detención policial, sino la creencia razonable de que el afectado se encuentra ilegalmente en territorio español (en los términos que precisa el art. 26.1a) L.Ex.) y, simultáneamente, la necesidad de asegurar la ejecución de una eventual medida de expulsión si existe un riesgo de huida. La detención está justificada, por tanto, cuando es indispensable por razones de cautela o de prevención: para asegurar la correcta identificación del extranjero que aparentemente se encuentra en situación ilegal, y en su caso para conjurar el riesgo de fuga que pueda existir mientras se tramita el procedimiento de expulsión, atendiendo a las circunstancias individuales, y especialmente a la situación legal y personal del interesado, que ha de contrapesarse con la causa de expulsión invocada. A la luz de esta doctrina, la detención del recurrente en amparo, acordada por los policías que lo habían parado en las Ramblas, no vulneró su derecho a la libertad personal ex art. 17.1 C.E., porque la creencia de que se encontraba ilegalmente en España no era irrazonable, atendidas las circunstancias [F. J. 5].
El Pleno de este Tribunal, al enjuiciar la constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley de Extranjería en la STC 115/1987, salvó la validez de su art. 26.2 porque admitía una interpretación conforme con las garantías enunciadas por el art. 17 C.E. Las detenciones efectuadas en virtud de aquel precepto legal deben respetar los estrictos límites que impone la Constitución a las privaciones policiales de libertad, entre las que se encuentra que no pueden durar más del «tiempo estrictamente necesario» para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos (art. 17.2 C.E.) [F. J. 6].
El criterio de que la detención no puede durar más allá del plazo estrictamente necesario es aplicable a las detenciones realizadas en aplicación del art. 26.2 L.Ex. (STC 115/1987), y «el plazo de setenta y dos horas que establece la Constitución es un límite máximo de carácter absoluto, para la detención policial, cuyo cómputo resulta inequívoco y simple. Pero ese plazo es un límite del límite temporal prescrito con carácter general por el mismo precepto, sobre el cual se superpone, sin reemplazarlo: el tiempo "estrictamente indispensable" para realizar el fin al que sirve la privación cautelar de libertad. Por ende, el límite máximo de privación provisional de libertad que permite el art. 17 de la Constitución puede ser sensiblemente inferior a las setenta y dos horas, atendidas las circunstancias del caso, y en especial el fin perseguido por la medida de privación de libertad, la actividad de las autoridades implicadas, y el comportamiento del afectado por la medida» (STC 31/1996) [F. J. 8].
Desde el mismo momento en que las «averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos» fueron finalizadas, y no contando la existencia de otras circunstancias, la detención policial del actor quedó privada de fundamento constitucional. En ese instante, que nunca puede producirse después del transcurso de setenta y dos horas, pero sí antes, la policía tenía que haberlo puesto en libertad, o bien haberse dirigido al Juez competente, para demandar o solicitar que autorizase el internamiento del extranjero pendiente del trámite de expulsión (SSTC 115/1987 y 144/1990). Al no actuar así, el derecho fundamental a la libertad personal del actor fue vulnerado [F. J. 8].
Por otra parte, la genérica y estereotipada fundamentación del Auto que denegó la incoación del «habeas corpus» no ofrece la motivación mínima que es constitucionalmente exigible, según la doctrina constitucional (SSTC 104/1990, 154/1995 y 66/1996). Es claro que, en el momento de denegarse la incoación, el recurrente se encontraba sujeto a detención gubernativa cautelar, que no había sido sometida a mandamiento o autorización judicial; y, en cualquier caso, la detención policial «ha de respetar el bloque de competencia judicial existente en materia de libertad individual, incluyendo el derecho de "habeas corpus"» ( STC 115/1987). Además, la mera referencia contenida en el referido Auto a que «no se dan ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley de "habeas corpus"» no permite conocer la razón determinante de la denegación. Este Tribunal no ignora las limitaciones a que se enfrentan los Juzgados de Guardia, especialmente en una gran capital. Pero ello no puede impedir que el Juez, guardián de la libertad, exprese -todo lo sucintamente que estime oportuno- «la precisa razón legal» por la que es inadmitida la petición presentada ante él en defensa del derecho fundamental (STC 154/1995) [F. J. 9].
Como hemos dicho en la STC 21/1996, «la especial naturaleza de este procedimiento, cuyo fin inmediato es el de corregir las situaciones de privación de libertad afectas de alguna ilegalidad que "comprende potencialmente todos los supuestos en que se produce una privación de libertad no acordada por el Juez"... "o en forma tal que vulnere derechos fundamentales previstos en la Constitución íntimamente conectados con la libertad personal" (STC 31/1985) determina que, ante una detención, aunque venga acordada como aquí por el funcionario administrativo que ostenta competencia, si existe alguna duda en cuanto a la legalidad de sus circunstancias, no proceda acordar la inadmisión sino examinar dichas circunstancias, aunque no, por supuesto, las cuestiones relativas a la ... procedencia de la expulsión, objeto en su caso de impugnación ante los Tribunales contencioso-administrativos, sino, precisamente, las de la detención preventiva previa a la expulsión, ya que el Juez del «habeas corpus» "debe controlar la legalidad material de la detención administrativa" (STC 12/1994)» [ F. J. 11].
Artículo 495, f. 5
Artículo 8 A, f. 4
Artículo 17, ff. 1, 4, 6 a 8
Artículo 17.1, ff. 3, 5
Artículo 17.2, f. 6
Artículo 17.4, ff. 1, 9
Artículo 24, f. 12
Artículo 24.1, ff. 1, 9
Artículo 89.1, f. 7
Artículo 7, f. 12
Artículo 26.1 a), f. 5
Artículo 26.2, ff. 4 a 6, 8
Artículo 5.2 b), f. 3
Artículo 26 a), f. 4
Real Decreto 766/1992, de 26 de junio. Entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas
Denegación lesiva del derecho a la libertadDenegación lesiva del derecho a la libertad, f. 9
Derecho a la libertad personalDerecho a la libertad personal, ff. 4, 5
Derechos fundamentales de los extranjerosDerechos fundamentales de los extranjeros, ff. 4, 5
ExtranjeríaExtranjería, ff. 4, 5
Requisitos de los extranjeros para circular y residir en EspañaRequisitos de los extranjeros para circular y residir en España, f. 2
Detención de extranjerosDetención de extranjeros, ff. 4, 5
Detención de extranjeros para su identificaciónDetención de extranjeros para su identificación, ff. 4, 5
Límite relativo de la detención preventivaLímite relativo de la detención preventiva, f. 6