Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-840-de-octubre-27-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_99d3d0592c86a0fae0430a010151a0fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 14:07:50
Document Index: 40225424

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 68', 'artículo 68', 'artículo 241', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 115', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 241', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 411', 'artículo 154']

﻿ Sentencia C-840 de octubre 27 de 2010
SENTENCIA C-840 DE 27 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:REQUISITOS DEL ADOPTANTE. LA ACREDITACIÓN DE POR LO MENOS DOS AÑOS DE CONVIVENCIA ININTERRUMPIDA PARA QUE LOS COMPAÑEROS PERMANENTES SE POSTULEN CONJUNTAMENTE COMO ADOPTANTES, NO ENTRAÑA UN TRATO DISCRIMINATORIO, EN RAZÓN A QUE ESTE REQUISITO PROPENDE POR LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD, Y CUMPLE EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EVIDENCIA DE ESTABILIDAD Y VOCACIÓN DE PERMANENCIA. EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “QUE DEMUESTRE UNA CONVIVENCIA ININTERRUMPIDA DE POR LO MENOS DOS AÑOS” CONTENIDA EN EL NUMERAL 3° DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 1098 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA FAMILIA, REQUISITOS DEL ADOPTANTE, ADOPCIÓN DE MENOR DE EDAD, COMPAÑERO PERMANENTE
Sentencia C-840 de octubre 27 de 2010
Ref.: Expediente D-8080
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 numerales 3º y 5º (parciales) de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”
Actor: Julián Duque y Elkin de Jesús Peña
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 46.446 del ocho (8) de noviembre de 2006.
ART. 68.—Requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física(1), mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1098 de 2006.
2.1. Los actores dirigen su demanda contra la misma expresión, “que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en dos preceptos que regulan situaciones jurídicas distintas relacionadas con la definición legal de las personas que pueden adoptantar (sic).
El primero de ellos, el numeral 3º del artículo 68, contempla la posibilidad de que los compañeros permanentes se postulen conjuntamente para adoptar a un menor respecto del cual ninguno de los adoptantes tiene vínculo materno o paterno filial. La segunda norma, contenida en el numeral 5º del mismo artículo, se refiere a aquellos eventos en los que quien aspira a ser adoptante — individualmente— es el cónyuge, compañero o compañera permanente, respecto de la hija o hijo biológicos de su pareja. En ambos eventos previó el legislador el requisito temporal de por lo menos dos años de convivencia ininterrumpida, como exigencia adicional a las contempladas en el enunciado del artículo, relativas a la edad, a la idoneidad física, mental, moral y social suficiente para proporcionar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.
2.3. De otra parte, en relación con el numeral 5º del artículo 68 aducen que “resulta inconstitucional e ilógico” imponer al cónyuge, compañero o compañera permanente, la condición de acreditar mínimo dos largos años de convivencia para postularse como adoptante del hijo o hija de su pareja, toda vez que esta decisión del padre o madre biológicos “está encaminada y dirigida a brindarle y proveerle a ese menor una familia adoptiva estable”.
Destacan la importancia del consentimiento informado del padre o madre del adoptable como garantía de que la adopción será la mejor alternativa para el menor dado que “nunca un cónyuge o compañero permanente que ostente la calidad de padre o madre biológica dará su consentimiento para que adopte a su hijo un cónyuge o compañero que le ofrecerá mal trato, mal ejemplo y mala vida a su menor hijo”. En esa misma línea de argumentación manifiestan que la norma impone una carga que “resulta ilógica para con el menor de edad y los compañeros permanentes y cónyuge”, comoquiera que “han establecido (el posible adoptante y el posible adoptivo) una relación verdadera e innegable de compenetración, afecto, conllevando una situación emocional de amor y fraternidad entre padre o madre biológica, el menor de edad y el cónyuge o compañero permanente posible adoptante”.
3. Los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional sobre los mismos.
3.1. En reiterada jurisprudencia, en particular desde la Sentencia C-1052 de 2001(3) que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano actor el cumplimiento de unas mínimas cargas de comunicación y argumentación, que provea de razones conducentes para hacer posible el debate, con las que se informe adecuadamente al tribunal constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
Tales requisitos son la definición del objeto demandado(4), la razón por la cual la Corte es competente(5) para conocer del asunto, y el concepto de la violación y (D. 2067/91, art. 2º). Para el presente análisis interesa destacar las reglas jurisprudenciales establecidas a propósito de este último presupuesto de procedibilidad.
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”(6); (ii) el “‘contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan(7)’”; (iii) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (D. 2067/91, art. 2º, num. 3º)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
Este trato diferenciado, a juicio de los actores quebrantaría así mismo el deber de protección prevalente de los derechos fundamentales de los menores y adolescentes, que la Constitución impone a la familia, la sociedad y el Estado (arts. 44 y 45), comoquiera que se les privaría de la posibilidad de ingresar de manera pronta a una familia adecuada y estable que les brinde el ambiente propicio para su desarrollo integral.
Tal motivación, aunque breve y puntual, provee argumentos específicos para contrastar el contenido normativo acusado con los preceptos superiores que se invocan como parámetros del juicio de constitucionalidad, y reúne la necesaria suficiencia para provocar un pronunciamiento de mérito sobre la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años” contenida en el numeral 3º del artículo 68 del Código de la Ley de la Infancia y la Adolescencia.
Tampoco ofrecen los actores razones específicas de constitucionalidad para demostrar una presunta vulneración a los derechos prevalentes de los niños y los adolescentes (arts. 44 y 45) derivada del contenido de la expresión acusada del numeral 5º del artículo 68, comoquiera que se dedican a exaltar las bondades de este tipo de adopción, presumiendo además que esta representa un escenario de plena estabilidad garantizada por el consentimiento informado del padre o madre biológicos. De hecho, sugieren una especie de estado ideal en el que el menor está bajo el cuidado de su padre o madre biológicos, y gozando además del apoyo, acompañamiento y afecto del cónyuge o compañero de su progenitor o progenitora, escenario en que los derechos prevalentes de los menores se encontrarían a salvo. Esta clase de razonamiento carece de la pertinencia y suficiencia necesarias para estructurar un cargo de inconstitucionalidad.
5.1. Existe en la actualidad un amplio acuerdo en las legislaciones nacionales e internacionales en punto a rodear a los niños de una serie de garantías y beneficios que los protejan en el proceso de formación y desarrollo de la infancia hacia la adultez. Este consenso ha conducido a la incorporación del concepto del interés superior del menor(8) como eje central del análisis constitucional y como guía hermenéutica orientadora de las decisiones judiciales que resuelvan conflictos que involucren un menor de edad.
Desde esta perspectiva, el menor se hace acreedor de un trato preferente ligado a su caracterización jurídica como sujeto de especial protección, de la cual se deriva además la titularidad de un conjunto de derechos que deben ser contrastados con las circunstancias específicas tanto del menor como de la realidad en la que se halla(9). Es así que el interés superior del menor posee un contenido de naturaleza real y relacional(10) atributo que exige una verificación de los elementos concretos y particulares que distinguen a los menores, a sus familias, así como de las circunstancias concretas en las que frecuentemente se hallan presentes aspectos emotivos, culturales, creencias y sentimientos de gran calado en la sociedad(11).
5.2. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha decantado unos parámetros generales que contribuyen a establecer criterios definidos para el análisis de situaciones específicas que involucran los derechos de menores. En efecto, se han fijado dos condiciones a verificar: unas de naturaleza fácticas y otras de índole jurídica, que contribuyen a determinar el grado de bienestar del menor. Dentro de las fácticas se han ubicado“—las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados—,” y en cuanto a las jurídicas se prevén “—los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil—”(12).
Este principio también ha sido consagrado en los artículos 6º, 8º, y 9º de la ley de la infancia y la adolescencia(13). Dicho principio refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional(14), consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad(15).
Así, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales e internacionales citadas, la Corte Constitucional ha señalado que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los menores que comprende la garantía de un desarrollo armónico e integral son: i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad”(16).
“... La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Un niño expósito no solo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta”(17).
5.5. En el caso de la adopción, la jurisprudencia constitucional ha reconocido esta figura como un mecanismo orientado primordialmente a satisfacer el interés superior del menor cuya familia no provea las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante su ubicación en un núcleo familiar apto: “se desprende del derecho a tener una familia y no ser separado de esta que en caso de que la familia natural no le brinde al menor el cuidado que merece procede la adopción como forma de garantizarlo. Así, quienes no son padres biológicos contraen por ministerio de la ley las obligaciones que tiene un padre natural. El hijo a su vez encuentra en este nuevo núcleo no natural a la que de ahora en adelante será su familia, a la cual pertenecerá y de la cual no debe ser separado”(18). En el mismo sentido, se ha afirmado que la adopción “persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar”(19).
De este modo, la adopción es concebida fundamentalmente como una institución establecida en beneficio del menor adoptable y para su protección. Y si bien permite que personas que no son padres o madres por naturaleza lleguen a serlo en virtud del parentesco civil, posibilitándoles a ellos el ejercicio de varios derechos como el conformar una familia, el del libre desarrollo de la personalidad, etc., no persigue prioritariamente este objetivo, sino el de proteger al menor de la manera que mejor convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 de la Carta(20). Esto ha permitido concluir a la Corte que “dada su naturaleza eminentemente protectora, el proceso de adopción debe estar orientado ante todo por la búsqueda del interés superior del menor(21), el cual se debe aplicar como parámetro de interpretación de todas las normas aplicables”(22).
6.1.1. El régimen constitucional de la familia está definido en los siguientes preceptos superiores: (i) en el artículo 5º, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, que reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral(23).
De manera particular, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos. Ello ha permitido a la Corte afirmar que “en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen”(24). De este modo, la Constitución coloca en un plano de igualdad tanto la familia que se constituye mediante formas jurídicas, es decir, la que procede del matrimonio, como la que se conforma por vínculos naturales, es decir, aquella que se configura mediante la unión libre. Ambas instituciones son objeto de reconocimiento jurídico y político, el cual comporta a su vez, la plena libertad del individuo de optar por una u otra forma de constitución de la institución familiar.
Ese ámbito de protección especial, tal como lo ha destacado esta corporación(25), se manifiesta, entre otros aspectos: (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.
6.1.2. En pronunciamientos anteriores, esta corporación ha definido la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos”(26). La familia, originada en vínculos naturales, se constituye así a partir de la unión afectiva que surge entre sus miembros, mientras que la institución jurídica tiene su fuente originaria en el matrimonio, siendo este el mecanismo a través del cual la unión ingresa a un régimen legal.
La institución de la familia ha sido considerada igualmente como un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para este la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen”(27).
En este sentido, el orden constitucional vigente le reconoce el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial(28).
6.1.2. De acuerdo con esta perspectiva, el derecho internacional, en diversos instrumentos (declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales), se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los Estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica— (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano.
6.2.1. Con independencia de que la Constitución Política provea de legitimidad los orígenes diversos que puede tener la familia, este estatuto superior no considera el matrimonio y la unión marital de hecho como instituciones idénticas o equivalentes, cobijadas por una misma situación jurídica en cuanto a sus efectos y características(29). En múltiples pronunciamientos esta corporación ha manifestado que el artículo 42 de la Carta, al distinguir entre dos formas diversas de constituir la familia —por vínculos naturales o jurídicos— y fijar parámetros especiales de regulación para el matrimonio, reconoció diferencias entre este y la unión libre o unión marital de hecho.
Así, en la Sentencia C-595 de 1996(30), la Corte indicó que la Constitución consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay focalización de un vínculo jurídico para el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a la decisión libre de contraer matrimonio: aquí el vínculo jurídico es solemne plasmado el contrato de matrimonio”(31). Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”(32).
El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil’. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre”(33).
“Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley’. Obsérvese que la atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no está sometida a lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan ‘en los términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable solo al matrimonio.
De conformidad con el inciso décimo primero, del mismo artículo 42, ‘Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil’. Esta es otra norma solo aplicable al matrimonio, que nada tiene que ver con la unión marital de hecho.
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles”(34).
6.2.3. Al examinar las características y efectos atribuidos al matrimonio, en la Sentencia C-533 de 2000 precisó la Corte que el rasgo más significativo de esta institución radica en que surge del consentimiento que deben otorgar los cónyuges, del cual a su vez emanan obligaciones como la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada uno respecto del otro y que únicamente terminan con la disolución del matrimonio ya sea por divorcio o muerte. El consentimiento, cuyo principio formal es precisamente el vínculo jurídico, es considerado un requisito de existencia y validez del matrimonio (C.C., art. 115), siendo también causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su disolución(35).
6.2.4. En contraposición a lo anterior, el consentimiento formalizado, como generador de derechos y obligaciones, no es predicable en el caso de la unión marital, ya que esta se produce por el solo hecho de la convivencia, sin que surja un compromiso solemne en el contexto de la vida en común de los compañeros permanentes que imponga el cumplimiento de obligaciones mutuas, siendo estos completamente libres de continuarla o terminarla en cualquier momento. Sobre el punto, se expresó en la aludida sentencia:
“Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones (...) las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente(36).
Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes...’. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal. Esta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges(37), es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.
6.2.5. Siguiendo esta interpretación, en la que se destaca la diferencia que la propia Constitución establece entre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros permanentes”(38). A partir de esta premisa ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que estas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias.
Dicha posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia C-1033 de 2002 al precisarse en ella que, tratándose del matrimonio y la unión marital de hecho, “el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o situación fáctica sometida a consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho”.
7. Análisis de constitucionalidad.
Para el demandante el segmento normativo acusado, que forma parte del numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, vulnera el derecho a la igualdad y la especial protección que el Estado debe a la familia, independientemente de su origen, comoquiera que impide a los compañeros permanentes adoptar conjuntamente, desde el momento mismo en que deciden unirse y conformar una comunidad de vida permanente y singular. La norma les impone la acreditación de un tiempo de convivencia ininterrumpida, de por los menos dos años, requisito que no se exige a los cónyuges que aspiren a adoptar conjuntamente.
La posibilidad de que los compañeros permanentes concurran a adoptar conjuntamente se estableció por primera vez en el artículo 90 del Código del Menor expedido mediante el Decreto 2737 de 1989(39). De conformidad con este precepto podían adoptar conjuntamente: a) Los cónyuges; b) La pareja que convive en unión libre y que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años. Este término se contaba a partir de la separación legal de cuerpos, si con respecto a quienes formaban la pareja o a uno de ellos, estuviere vigente un vínculo matrimonial anterior.
La Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, redujo a dos (2) años el tiempo de convivencia ininterrumpida que los compañeros permanentes deben acreditar para postularse conjuntamente como potenciales adoptantes (art. 68, num. 3º). Adoptó un criterio temporal similar al requerido para presumir la existencia de sociedad patrimonial de hecho. Este mismo parámetro temporal y probatorio —la acreditación de una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años— fue extendido por el legislador de 2006 a otras situaciones que requieren la demostración de una cierta estabilidad y de un ánimo de permanencia o de conocimiento mutuo ya sea entre la pareja que acude a adoptar de manera conjunta, o entre adoptante y adoptivo. En este sentido estableció el mismo requisito de acreditación de convivencia ininterrumpida para el cónyuge o compañero permanente que decida adoptar al hijo o hija de su pareja (art. 68, num. 5º). Así mismo extendió este parámetro temporal al adoptante del mayor de edad, quien puede postularse como tal cuando hubiere tenido al adoptado bajo su cuidado personal “por lo menos dos años antes de que este cumpliera dieciocho (18) años” (art. 69).
Los ponentes del proyecto de ley que dio origen al Código de la Infancia y de la Adolescencia justificaron la inclusión de este parámetro temporal de dos años de convivencia, referido a diversas situaciones relacionadas con la adopción y respecto de diferentes actores, señalando que: “Se amplían los requisitos para adoptar para hacer dar seguridad a la figura de la adopción”(40).
7.2. El término de convivencia establecido en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2008, es objetivo, razonable y no discriminatorio.
El criterio temporal al que acudió el legislador en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, no parece irrazonable ni devela un propósito discriminatorio en contra de los compañeros permanentes, como lo perciben los demandantes, toda vez que está fundado en la constatación de situaciones objetivas que guardan una clara relación con la finalidad de asegurar unas condiciones fundamentales de estabilidad que permitan realizar los fines de protección y restablecimiento que subyacen en el instituto de la adopción, y la satisfacción del interés superior del menor en el marco de una situación en la que este dictado cobra particular relevancia. En efecto, la mencionada guía hermenéutica aconseja que durante el trámite de la adopción se deban adoptar las máximas precauciones en orden a asegurar las condiciones propicias para que el hijo adoptivo se inserte en una nueva familia capaz de ofrecerle el cuidado y amor indispensables para su desarrollo armónico e integral. El ánimo de permanencia como pareja, cuando los candidatos a adoptar acuden en esta condición, constituye sin duda un factor demostrativo de estabilidad, que el legislador debe contemplar y las autoridades administrativas corroborar.
El requisito de permanencia que se cuestiona, aplicable a las parejas que conviven en unión marital de hecho, no puede ser entendido como una exigencia que degrada o desconfía de esta forma de constituir una familia; su verdadero propósito es el de establecer un parámetro para acreditar el presupuesto de estabilidad, acorde con la naturaleza y especificidades de la unión. Respecto a los cónyuges que deciden adoptar conjuntamente se exige la acreditación del compromiso solemne adquirido mediante el acto matrimonial. Desde luego que la prueba de la formalización del consentimiento matrimonial, por sí sola, no constituye plena prueba de la estabilidad e idoneidad de la pareja que se postula como adoptate (sic); se trata de un requisito concurrente con otra serie de presupuestos encaminados a dar las garantías necesarias a las autoridades responsables del proceso de adopción, sobre la capacidad e idoneidad de todo orden que concurren en la pareja para suministrar una familia adecuada y estable al menor en situación de adoptabilidad.
7.2.2. En un ejercicio razonable de su potestad de configuración, el legislador estableció un parámetro probatorio consistente en la acreditación de por lo menos dos años de convivencia ininterrumpida para que los compañeros permanentes se postulen conjuntamente como adoptantes. Este requisito no entraña un trato discriminatorio en contra de las personas que cohabitan en unión marital de hecho y que aspiran a conformar una familia por la vía de la adopción, comoquiera que se trata de un presupuesto probatorio, que en esta materia, se exige también en relación con otra clase de actores en los procesos de adopción, como es el caso de los cónyuges que aspiran a adoptar al hijo o hija de su pareja (art. 68, num. 5º), o del adoptante que concurre a adoptar a una persona mayor de edad (art. 69). Se trata de un criterio objetivo y razonable que cumple el específico propósito de suministrar una evidencia de estabilidad, vocación de permanencia o conocimiento previo, ya sea entre la pareja que conforma una unión marital de hecho y concurre conjuntamente a adoptar, o entre cónyuges cuando uno de ellos se postula como adoptante del hijo o hija de su pareja, o entre adoptante y adoptivo cuando este es mayor de edad.
7.3. En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 3º del artículo 68 la Ley 1098 de 2006, en razón a que propende por la satisfacción del interés superior del menor que se encuentra en situación de adoptabilidad, comoquiera que se orienta a proveer a las autoridades de un criterio objetivo, que junto con otros elementos, le permite valorar el grado de estabilidad, o de conocimiento de la pareja que aspira a adoptar. El requisito censurado no establece un trato discriminatorio para los compañeros permanentes y un correlativo privilegio para los cónyuges postulantes como adoptantes, toda vez que ha sido establecido también para otro tipo de situaciones y en relación con otros actores que se postulan para adoptar como es el caso del cónyuge en relación con el hijo o hija de su pareja, o del adoptante de persona mayor de edad. Además se trata de una medida que se funda en el reconocimiento de la legitimidad de la diversidad de fuentes para la constitución de la familia (vínculos jurídicos y naturales), y en la corroboración de que la naturaleza y efectos diversos que la Constitución les reconoce a los diversos tipos de unión, permite a su vez regulaciones disímiles.
1. Declararse INHIBIDA, por ineptitud sustantiva de la demanda, para emitir pronunciamiento de fondo sobre la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 5º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006.
(1) La expresión “física” fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-804 de 2009.
(3) Ver también sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007, C-940 de 2008 y C-761 de 2009.
(4) El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (D. 2067/91, art. 2º, num. 1º), cuya transcripción debe provenir de una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el demandante ese contenido normativo se aprecia como contrario a la Constitución.
(5) La competencia, alude a que es la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto el objeto demandado así lo determina de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución.
(6) Cfr. Sentencia C-142 de 2001.
(8) Constitución Política, artículo 44; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3-1; ley de infancia y adolescencia, artículos 6º, 8º y 9º: “Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”. || Código del Menor, artículo 22: “La interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor”.
Este concepto se ha desarrollado, entre otras, en las sentencias T-408d de 1995, T-551 de 2006, T-189 del 2003, T-864 del 2005, T-041 de 1996, y T-510 del 2003, las cuales han acogido este parámetro como criterio determinante para el análisis y resolución del caso en el que se involucran los derechos de los niños.
(9) Sentencia T-376 de 2010.
(10) Sentencia T-408 de1995. En esta sentencia la Corte decidió conceder el amparo solicitado por una abuela materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a esta el derecho a visitar a su madre recluida en prisión, pese a la oposición del padre.
(11) Sentencia T-376 de 2010.
(12) Estos criterios fueron establecidos en la Sentencia T-510 de 1993, y se han reiterado en varias oportunidades, recientemente en la Sentencia T-376 de 2010.
(13) Ley 1098 de 2006, artículo 6º. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. || La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas. || Artículo 8º. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. || Artículo 9º. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. || En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
(14) La Convención sobre Derechos del Niño establece en el artículo 3-2 que “los Estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley” En igual sentido, el artículo 5º de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que “los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención”. Ver también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
(15) Sentencia T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) Sentencia T-808 de 2006.
(17) En este caso la Corte consideró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desconoció el derecho de una menor a tener una familia al negarle a una pareja de padres extranjeros la posibilidad de adoptarla, en razón a que la hija biológica que ellos tienen era de una edad menor, y consideraban que ello podría generar traumatismos. Sentencia T-587 de 1998.
(18) Sentencia T-881 de 2001.
(19) Sentencia T-587 de 1998.
(20) Sentencia C-802 de 2009.
(21) En ese sentido, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional” establece en el preámbulo que en todo proceso de adopción, el interés superior del menor debe constituir la principal consideración; a su vez, el artículo 14 de esta declaración establece que al decidir sobre procesos de adopción, se debe procurar la ubicación del menor en el ambiente más apropiado para su desarrollo.
(22) Sentencia C-804 de 2009.
(23) En la Sentencia C-821 de 2005, se realiza esta referencia al régimen constitucional de la familia.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-821 de 2005.
(25) Cfr. Sentencia C-289 de 2000.
(26) Sentencias C-271 de 2003 y C-821 de 2005.
(27) Sentencia C-271 de 2003.
(28) Sentencia C-821 de 2005.
(29) Sentencia C-821 de 2005.
(30) En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “ilegítimo” referida al parentesco, contenida en los artículos 38, 39 y 48 del Código Civil, ratificando así la jurisprudencia sobre imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar.
(31) Sentencia C-595 de 1996.
(33) Sentencia C-239 de 1994.
(34) Sentencia C-174 de 1996.
(35) Este análisis fue reiterado en la Sentencia C-821 de 2005.
(36) Cfr. Código Civil, artículo 411, numeral 4º.
(37) Cfr. Código Civil, artículo 154, numerales 8º y 9º.
(38) Sentencia C-174 de 1996.
(39) Ni el Código Civil, ni la Ley 140 de 1960, ni la Ley 5ª de 1975 que modificó el título XIII del libro 1 del Código Civil, contemplaban la posibilidad de que quienes convivían en unión marital de hecho concurrieran conjuntamente a adoptar.
(40) Gaceta del Congreso de la República 887, diciembre 9 de 2005. Informe de ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley 085 de 2005, pág. 17.