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Timestamp: 2020-08-05 09:25:14
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La Coantitucion y Libertad de Expresion Ecuador | Constitución | Democracia
La Coantitucion y Libertad de Expresion Ecuador
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Resumen Bases
Guia ActividadesU3
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Tarea No. 2, Derecho Constitucional.doc
LA LEGITIMIDAD DE LA LIBERTAD DE INFORMACiÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO
Por DR. RENATO DEL CAMPO CHANGUIN
En el Ecuador los medios de comunicación colectiva han jugado un papel importante dentro del sistema democrático y los grandes objetivos nacionales, teniendo como el ideal determinante ese derecho que es fundamental en toda sociedad: el Derecho a la Información, que es vinculante con el derecho a la opinión y libertad de expresión consagradas en diferentes constituciones y que en la actual Constitución ecuatoriana está vigente en el artículo 23, numeral 9 y 10, como en el artículo 81, principalmente con todo lo que se relaciona con las funciones públicas, que conforman la estructura del Estado y quienes en su momento son los protagonistas en calidad de miembros de las mismas y siendo parte de su funcionamiento, pues sus acciones, decisiones, omisiones o negligencia, afectan la vida y bienestar de los ecuatorianos, como también el desarrollo y progreso de la nación ecuatoriana.
No se ha querido comprender, por parte de quienes llegan a ser poder y gobierno, este derecho del pueblo a la información, ni la labor de quienes hacen realidad y vigente dicho derecho, para vindicar el derecho del público a estar informado, como son los medios de comunicación colectiva y la libertad de prensa.
Vigorizar el derecho a la información significa fortalecer la democracia, el establecer condiciones necesarias permanentes que garanticen un pueblo bien informado y con conocimiento para su autodeterminación como soberano.
Debemos darle legitimidad constitucional a un Derecho a la Información que se resume en lo siguiente: los ciudadanos tienen derecho al acceso a las noticias, presentadas en forma cabal y exacta, es decir, ceñida estrictamente a la verdad. No podrá haber libertad política como expresara el norteamericano Kent Cooper, director ejecutivo de la Prensa Asociada en los años de 1940, quien sostuvo posteriormente en un discurso el 23 de enero de 1945: Los ciudadanos tienen derecho al acceso a las noticias, presentadas en forma cabal y exacta. No podrá haber libertad política en ningún país, o en el mundo en general, si no se respeta el Derecho a la Información.
Debemos, pues, fortalecer en nuestra Constitución este derecho, para asegurarlo y garantizarlo. Para Cooper, este derecho significaba, que ni el gobierno ni los medios de comunicación colectiva pueden
estorbar, omitir o callar el conocimiento de cualquier información, entiéndase de interés para la colectividad, para bienestar e
ilustración del pueblo. Por lo tanto, no se puede limitar el Derecho a
la Información, mediante la palabra oral o impreso, o por cualquier
otro medio de comunicar ideas o saber. Como el derecho a la opinión
y la libertad de expresión que debe tutelar este derecho.
El derecho a obtener información consiste en imprimir o difundir sin restricción previa la información, salvo los casos legales que están determinados, imprimir sin temor a represalias, tener acceso a instalaciones y material esencial a la comunicación, principalmente del sector público, distribuir información sin interferencia por parte del Gobierno o cualquier otra función del Estado o del sector privado, que viole el derecho del pueblo a recibir información.
Este conjunto de derechos interrelacionados estructuran la libertad de información, que es fundamental para que una colectividad o sociedad logre su propia autorrealización y progreso.
Podemos afirmar que la tradición constitucional ecuatoriana, al determinar en diferentes Constituciones las garantías individuales expresadas, en que las personas tienen el derecho a la libertad de
expresión y de opinión, han ido fortaleciendo el derecho de pueblo
a estar informado, para lo cual se cuenta con una libertad de
información que se canaliza a través de los medios de comunicación, que no tienen privilegios especiales, sino que ejercen el derecho de difundir la información, correlativo al derecho del pueblo a recibir la
En el Ecuador la legitimación constitucional del derecho público a
la información tiene su primera justificación en una argumentación
histórica constitucional, que ha consagrado libertades, como la de expresión, opinión y de comunicación, con sus limitaciones y obligaciones de normativas legales establecidas.
La segunda es la argumentación de tipo político, que es el derecho del pueblo a estar informado de los asuntos del Gobierno, del poder Legislativo y Judicial, en general de quienes integran la función pública.
La tercera, que es indudable que la colectividad ecuatoriana ha luchado por la libertad de expresión, pensamiento y comunicación, que son vinculantes con el derecho a la información.
Vale citar las palabras de James Madison, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica: "Un gobierno que no proporciona información al pueblo o no facilita los medios de adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizás de ambas, El saber gobernará por siempre a la ignorancia, y el pueblo, por ser su propio gobernante, deberá armarse con el poder que da el saber",
Se comprendió que la república dependería de contar con información popular y accesible, no dependiente de un derecho a estar informado defendido representativamente por los miembros de la prensa, sino asegurado por medio de la libertad de palabra y de prensa y vigorizado por la instrucción del pueblo y por la participación ciudadana en los asuntos del Gobierno,
No hay que confundir la libertad de información, que significa primordialmente el fortalecer el derecho del pueblo a estar informado, con lo que se ha venido consagrando en la mayoría de las Constituciones expedidas en el Ecuador, que es la libertad de expresión, de opinión y de comunicación que con el Derecho a la Información constituyen la estructura de lo que es la opinión pública, que tiene diferentes actores desde los mismos periodistas, editorialistas, medios de comunicación libres y la sociedad civil integral que reclama este derecho como parte de su libertad social.
Decía el norteamericano John Milton: "Por encima de todas las libertades, denme la libertad de conocer, de expresarme y debatir libremente de acuerdo a mi conciencia",
El magistrado de los Estados Unidos, Hugo Black, señalaba: "La libertad de hablar y escribir sobre cuestiones públicas es tan importante a la vida de nuestro gobierno, como el corazón es para el cuerpo humano; en verdad este privilegio es el corazón mismo de nuestro gobierno, si se debilita ese corazón, se produce la muerte",
Por otra parte, el magistrado Félix Franffurter indicaba que: "La sola libertad de expresión pública asegura el esclarecimiento de la verdad, que resulta indispensable al proceso democrático", De otro lado, los tratadistas ecuatorianos, doctores Julio Tobar Donoso y Juan Larrea Holguín, en la tercera edición revisada y actualizada de Derecho Constitucional Ecuatoriano, señalan: "Alcanza mayor relieve la opinión hecha pública, a través de los medios de comunicación social, sean estos prensa, radio, televisión, cine, teatro, etc",
Entonces la opinión de un individuo o de un grupo puede difundirse hasta orientar el proceder, la conducta de masas enteras; se comprende de inmediato la responsabilidad de quienes hacen uso de los medios de comunicación social y la necesidad de que se emplee esta libertad con la debida formación, con la rectitud y altura que correspondan a algo de tanta importancia y a la vez de todo ello, se sigue que la libertad de difundir las opiniones deber ser adecuadamente tutelada, ya que fácilmente puede sufrir presiones, limitaciones ilegítimas o verse totalmente suprimida por la acción arbitraria de los poderes públicos.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y deben observar normas de ética, como honestidad, en el desenvolvimiento de su accionar.
Con los antecedentes expuestos, debe considerarse que adicionalmente a los derechos de expresión y de opinión, como de comunicación, se debe garantizar el derecho del público a la información en la Constitución Ecuatoriana, que consagra el derecho individual y de la colectividad a conocer y estar informado, con ello se garantiza una libertad de prensa que es parte de la democracia.
Estamos hablando de un derecho a estar informado del pueblo, que requiere que nuestra Constitución lo recoja y le dé la tutela jurídica, con lo cual se consagre que los ciudadanos tienen el derecho al acceso a las noticias, presentadas en forma cabal y exacta.
Este derecho es el que algunos tratadistas llaman: el derecho de la gente a la información, quienes son partidarios de una ley de libertad de información bajo un lema: la gente libre está, por necesidad informada; la gente que no esta informada, nunca podrá ser libre
La libertad de información se garantiza en la medida en que los medios de comunicación social tengan claro que deben permanecer tan libres como sea posible, en realidad libre de toda influencia de poder público o privado.
Como afirmara un periodista canadiense del The Ottawa Journal: "La verdad de la libertad de prensa es tenerse de pie por la libertad de la gente a estar informada, no es un derecho especial o virtud de enclaustrado para merecer su libertad; la prensa debería esforzarse diariamente por ser razonablemente responsable. La libertad de prensa no es una libertad de prensa, sino una libertad pública, una posición y derecho público, y, en algunos casos un arma vigorosa".
De ahí que el escritor y periodista francés Albert Camus afirmaba:
"Cuando la prensa es libre, puede ser buena o mala, pero sin libertad no puede ser nada más que mala, pues para la prensa, como para
el hombre, la libertad es la oportunidad de volverse mejor. La
servidumbre es la certeza de volverse peor, que es más o menos decir que la libertad es absolutamente necesaria a una sociedad abierta a una democracia. No hay dignidad humana sin libertad".
Se comprende que toda sociedad democrática y libre es una sociedad
de opinión, de libertad de expresión y de comunicación como de información, donde quienes integran la sociedad civil reclaman el derecho a estar informados de lo que hacen quienes ejercen el poder público, estructura y basamento del Estado como tal.
Porque una colectividad informada tendrá la oportunidad de una
autodeterminación plena, en cuanto tiene la posibilidad de conocer
a quienes están cumpliendo con el mandato popular y de exigir un
gobierno ajustado a los intereses de bienestar social para el pueblo, progreso del país y la realización de grandes objetivos nacionales.
Recalco la importancia de los medios de comunicación, tomando referencia en cuanto a las muy ilustrativas observaciones que hizo
el magistrado White, de Estados Unidos, en el caso Broadcasting
Corporation V. Cohn: "En una sociedad en la que el individuo apenas tiene el tiempo y recursos para observar de primera mano las operaciones de su gobierno, por fuerza se atiene a la prensa para que le proporcione en forma conveniente los hechos de esas operaciones. Por tanto, recae sobre los medios informativos la gran responsabilidad de dar cuentas, de un modo cabal y fiel, los
procesos gubernamentales, los registros y documentos oficiales abiertos al público; son los datos básicos de las operaciones gubernamentales".
Sin la información que da la prensa, la mayoría de nosotros y muchos de nuestros representantes, no podríamos votar de un modo inteligente, ni registrar y tener opiniones sobre la administración gubernamental.
Con el Derecho a la Información incorporado en nuestra Constitución
se garantizará, no nada más un derecho personal, sino la salvaguardia
de los intereses públicos en cuanto a la libertad de información.
Fundamentalmente, en la libertad de información se concilian los intereses tanto del individuo como del público, con intereses
competidores registrados como la propia maquinaria informativa del Gobierno, sea a través de cadenas radiales, televisión estatal o periódico oficial, o en iniciativas de restricciones gubernamentales a la libertad de expresión y a la prensa, que se consagra incorporando este derecho a nuestra Constitución:
1.- La importancia del ideal político de una sociedad democrática del derecho del público a la información.
2.- El derecho del pueblo a la información y a estar informado.
3.- Planteamos el Derecho del Público a la Información en términos de una incorporación en nuestra Constitución, no solo como derecho civil, sino también colectivo, para que pueda ser exigido el mismo constitucionalmente, como un derecho de petición, para esgrimirlo y exigir su cumplimiento contra los poderes del Estado, la función pública en general y el sector privado que realiza obras o contratos con el Estado.
4.- Incorporado este derecho en forma clara en nuestra Constitución, se establece un pilar de hondo sígnificado democrático, porque se aseguran las condiciones necesarias para que haya un pueblo informado.
La función de los medios de comunicación es enarbolar este derecho y que esta antorcha esté siempre encendida, con ello se mantendrá el ideal del derecho a la información como elemento fundamental en una democracia para todos.
Una frase de Luis A. Bonald publicada en el diario El Universo destaca:
"Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las leyes, para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la libertad y la muerte", esto nos lleva
a comprender la importancia del Derecho a la Información de las sociedades libres y democráticas.
Vigorizarel Derecho a la Información significa fortalecer la democracia,
el establecer el marco legal que garantice un pueblo bien informado y
con conocimiento para su autodeterminación, como soberano; tarea en la que deben estar comprometidos, los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil.
La historia constitucional del país no recoge de un modo expreso el derecho del público a la información, pero, a no dudarlo, se ha considerado legitimado, porque está implícito en las Constituciones que se han aprobado, que han consagrado derechos como la libertad de expresión, opinión y comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.
Cabe anotar que el Derecho a la Información, surgió en un discurso
que pronunció Kent Cooper, director ejecutivo de la Prensa Asociada, el 23 de enero de 1945, en el cual sostuvo: "Los ciudadanos tienen derecho al acceso de las noticias, presentadas en forma cabal
y exacta. No podrá haber libertad política en ningún país, o en el mundo en general, si no se respeta el Derecho a la Información".
Once años después, en su obra The Right to Know, el Derecho a Saber - El Derecho a la Información o estar informado-, pidió con vehemencia que se reformara la Constitución de su país, Estados Unidos de América. Para que quedara en claro que la primera enmienda garantice y asegure específicamente el Derecho a la Información.
¿Qué significa este derecho? Para Cooper, este derecho significa que el Gobierno no puede y los medios de comunicación no deben, por ningún método, estorbar el conocimiento de cualquier información esencial para el bienestar y la ilustración del pueblo.
Por ello es que planteo, que la primera enmienda se modificara y que quedara así: El Congreso no expedirá ley alguna, que limite el derecho a la información, mediante la palabra oral o impresa o por cualquier otro medio de comunicar ideas y saber.
El 12 de julio de 1957, en una declaración de principios adoptada por la Sociedad Americana de Editores de Periódicos, se proclama el Derecho del Público a la Información.
En 1955, Harold Cross, abogado del Herald Tribune de Nueva York y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, publicó el informe: The Peoples Right to Know -El Derecho de la Gente a la Información-, que define a la falta de adecuación de las disposiciones legales referentes a la libertad de información que los pueblos y las sociedades tienen derecho a recibir, como también a reclamar.
El 4 de julio de 1966, el presidente norteamericano Johnson firmó la Ley de Libertad de Información, que abordaba aspectos como el acceso a la información gubernamental.
Para algunos americanos, esta ley de libertad de información sigue siendo el mandato legislativo básico que asegura la accesibilidad al Gobierno y también el ideal político del Derecho del Público a la Información.
En el Ecuador rige desde mayo de 2004 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es el marco legal para asegurar la accesibilidad a la información del sector público. El artículo 23 de esta ley indica que los funcionarios que incurrieran en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública serán sancionados de acuerdo con la gravedad de la falta. Estas sanciones pueden ser de multas económicas, suspensión de sus funciones y de destitución del cargo, en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa de la entrega de información. Las autoridades a quienes corresponde sancionar, según la misma ley, son las mismas que nominaron a los funcionarios públicos. Y es responsabilidad del Defensor del Pueblo vigilar que se cumpla con lo estipulado en esta ley y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Nuestra Constitución debe recoger como norma constitucional, el
derecho a la libertad de información, que en la actualidad
hace. Derecho que consagrado en la Constitución, como una de las garantías fundamentales del individuo y la sociedad civil, sea sujeto del derecho de petición, para su cumplimiento y observancia. Por lo tanto, debe darse una reforma constitucional que legitime el Derecho a la Información, que se ha nutrido a través de las diversas Constituciones, en que se han consagrado los derechos de libertad de expresión, pensamiento, opinión y comunicación con las limitaciones establecidas.
El Estado garantiza: El derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita, inmediata y proporcional.
Por otro lado, causó impacto cuando el actual Presidente de la República, economista Rafael Correa, investido de todo el poder que el Estado le confiere, acudió al Ministerio Público para acusar a diario LA HORA de atentar contra la majestad del Ejecutivo. Se trata de un delito que se castiga con dos años de cárcel y que le permite al fiscal del caso solicitar prisión preventiva. Es difícil recordar cuándo fue la última vez en nuestra historia que el Estado ecuatoriano se atrevió a una acusación así. El articulo de LA HORA denuncio la política de violencia de la que eran testigos todos los ecuatorianos. No cometió ningún crimen, solo expresó su opinión de cómo se han desenvuelto los acontecimientos políticos del momento. Si la demanda oficial continua, se pOdría introducir un elemento peligrosísimo en el escenario político nacional: el de callar las voces críticas y la libertad de opinión como de prensa, indispensables en cualquier democracia.
CASOS EN QUE SE HA QUERIDO CUESTIONAR LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN COMO LA LIBERTAD DE PRENSA.
La libertad de expresión y opinión, así como la libertad de prensa, que se han consolidado en diferentes Constituciones en el país, han sido en algunas ocasiones cuestionadas con diferentes motivaciones y objetivos, que pasamos a ejemplarizar en algunos casos:
1.- Vale recordar, que a principios de 1995, el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha sentenció al analista Alberto Acosta a dos años de prisión y 160 sucres de multa, por un comentario en uno de los noticieros de ECUAVISA, medio de comunicación televisivo, en el que advertía sobre los peligros de las financieras sin control; un año más tarde, el país vivió el sobresalto de la quiebra de muchas financieras. La resolución fue apelada por Acosta.
El Presidente de la Sexta Sala de la Corte Superior resolvió la apelación exculpando a Acosta. En su providencia, argumentó: El acusado se ajustó a la libertad de opinión y expresión consagrada en la Constitución del Estado, haber comentado hechos que impactaron negativamente, para con su análisis, realizar previsiones en beneficio de la sociedad, que tiene el derecho a estar informada, NO SOLO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UN DEBER DEL PERIODISTA.
2.- En 1996, por un comentario sobre las condiciones del estadio Capwell, el Presidente del club Emelec, Enrique Ponce Luque, puso una demanda penal contra dos periodistas de la Revista Estadio, Joaquín López y Cesar Torres.
Los reporteros analizaban las condiciones de las graderías que se desarmaron para ampliar el estadio Capwell, ampliación que no ocurrió porque no se contaba con el permiso municipal.
"No procede la ampliación del Estadio Capwell, porque viola expresas· disposiciones municipales, que atentan las ordenanzas de la ciudad", manifestó el alcalde de Guayaquil, León Febres-Cordero.
Advertían en sus reportajes que soldar nuevamente las graderías pOdría significar una tragedia a futuro, pues los metales tienden a ceder con el tiempo, y más aun, si se considera el peso al que estarán sometidas las estructuras.
Por esta nota, Ponce no solo demandó penal mente a los reporteros, sino también civilmente, exigiendo una indemnización de 5.000 millones de sucres.
¿Acaso el comentario de los periodistas no responde a la libertad de opinión, que consagra la Constitución, y al hacer previsiones para evitar un mal social, no solo que usaron un derecho sino que cumplieron con un deber, como se sentenció en el caso Acosta?
3.- El Dr. Lincoln Larrea Benalcázar, a nombre del Colegio de Periodistas de Pichincha, pidió que el Tribunal de Garantías Constitucionales suspenda los efectos de la resolución adoptada por el Directorio del IETEL el 6 de mayo de 1985, mediante la cual se da por terminado
el contrato suscrito entre IETEL y la compañía ORTEL el 7 de agosto
de 1984, relativo a la concesión de la frecuencia para el canal 5
de TV. Fundamenta su pedido en que la mencionada resolución del IETEL no solamente es ilegal y peca de un abuso de poder, sino que las circunstancia de haberse adoptado al margen de la ley pone en evidencia las motivaciones de orden político que la inspiraron y, por consiguiente, la violación al Derecho Constitucional de las garantías
a la libre expresión del pensamiento y de la opinión, al derecho
a participar en la vida cultural de la comunidad y a la libertad de trabajo.
La resolución: El Tribunal de Garantías Constitucionales, en ejercicio de sus atribuciones contenidas en el numeral cuatro del Art. 141 de
la Constitución Política de la República, resuelve:
Suspender totalmente los efectos de la resolución en cuya virtud
se declara terminado el contrato suscrito entre el IETEL y ORTEL C. Ltda. el 7 de agosto de 1984 y se revierte al Estado la frecuencia de televisión No. 5 para la ciudad de Quito, lo que fuera notificado
a ORTEL C. Ltda., por el Gerente General del Instituto Ecuatoriano
de Telecomunicaciones IETEL, mediante Oficio No. 61651 del 7 de mayo de 1985; por considerar que dicha resolución es violatoria de las garantías consagradas en los numerales 4 y 11 del Art. 19 de la Constitución Política, al haber sido dictada en ejercicio de facultades públicas excediéndose de los límites previstos en la ley, para impedir
el funcionamiento de un canal de televisión.- Remítase la presente resolución al Registro Oficial para su promulgación y al H. Congreso Nacional para los efectos pertinentes.- El asunto al que se refiere la presente resolución se lo declara URGENTE para los efectos contemplados en el Art. 21 del reglamento interno del organismo.
4.- Cuestionamiento a la prensa por parte de ex Presidentes.
Arquitecto Sixto Durán-Ballén, Agosto de 1995
"¿Porque a la prensa nacional le gusta echar leña al fuego? Ustedes quieren seguir dividiendo a la opinión, seguir censurando a todo el mundo.
"Si yo hubiera salido cancelado, hasta eso les hubiera encantado yeso destruye al país". (Se refirió a la labor de los medios de comunicación tras la difusión de una acusación contra su ex vicepresidente Alberto Dahik, por el manejo de los fondos reservados).
Doctor Gustavo Noboa, Noviembre de 2001
económicos, de lo que dicen los periodistas aquí adentro, en sus editoriales".
revistas como The Economist, hablan mejor de temas
"Me critican los que saben escribir y los que salen en las pantallas, porque entrego aquí y allá un chequecito para que empiecen los trabajos".
"Todo el pueblo está contento con la medida; hay alguno que otro editorialista que cuando era chiquito le quitaron un chupete
y se resintió, y escribe pendejadas." (Al criticar a editorialistas de
prensa escrita, por la decisión de congelar las tarifas eléctricas y telefónicas).
Ingeniero León Febres-Cordero, Noviembre del 2003
"Las arremetidas contra el PSC vienen de varios medios que están interesados en nombrar los jueces de la Corte Suprema". (Al referirse
al proceso de cooptación).
"Yo no lideraba señor. Eso dicen ustedes, los medios, porque les da la gana de desinformar y desorientar, porque se la han cogido conmigo". (Al referirse al juicio político contra el ex presidente Lucio Gutiérrez).
"No me interesa darlas (las declaraciones), menos a los medios; ustedes (la prensa) son los que han arruinado este país". (A la salida de su votación en la consulta).
Abogado Abdalá Bucaram, Abril del 2005.
"Vengo al Ecuador a componer esta prensa que desinforma y que abre la trompa cada vez que la oligarquía le da de comer".
Coronel Lucio Gutiérrez, Agosto del 2004.
"Los medios de comunicación brindan espacios a los oligarcas para que hablen y calumnien". (Se refirió a las críticas hechas al trabajo que realizaba su gobierno en ese entonces).
"Hay testaferros que escriben editoriales que le mienten al país y se inventan noticias para confundir a los ecuatorianos".
El actual Presidente Rafael Correa.
En mayo de 2007, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, presentó una demanda en contra del Sr. Francisco Vivanco, presidente nacional
del diario LA HORA; le imputó la comisión del delito de desacato que contempla el articulo 230 del Código Penal, que establece: "El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República
o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con prisión de seis meses a dos años de prisión y multas de dieciséis a setenta
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica", si lo relacionamos también con los artículos 231 y 232 del Código Penal y el 225, en una dictadura civil se configura a no dudarlo una violación a los derechos humanos cuando de manera subjetiva se quiera interpretar
y aplicar dichos artículos, como sucedió con el ciudadano Mauricio
Ordóñez porque supuestamente ofendió al Presidente Correa, por lo cual estuvo recluido, en la cárcel, durante cinco días.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, califico como una medida torpe de parte del Presidente ecuatoriano al accionar penalmente contra un medio de comunicación, utilizando
la figura del delito de desacato para demandar al Director de un
diario ecuatoriano por un editorial crítico; una figura arcaica para la
democracia moderna y en retroceso en América Latina, que debe ser eliminada de los códigos penales.
La SIP ha pedido que se elimine el desacato al considerar que el tratamiento preferente para el funcionario público es contrario
a los principios del trato igual entre los ciudadanos y, además, afecta el principio del escrutinio por la opinión publica sobre la vida gubernamental en una democracia.
El desacato fue derogado en los códigos penales de Argentina, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú. En Chile fue derogado parcialmente. El único país que agravó el delito de desacato fue Venezuela en una reforma al Código Penal, en febrero de 2005, brindándole al Presidente y altos funcionarios un trato privilegiado y preferencial.
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se basa en el sistema
Ramiro Aguilar aclaró
hablar de desacato,
jurídico interamericano.
Señala también que en otras legislaciones, el delito tipificado en el artículo 230 del Código Penal ecuatoriano se conoce como desacato porque es una infracción contra la autoridad del Presidente.
La demanda del presidente Correa constituye una de las poquísimas ocasiones de las que se tiene noticia respecto al uso local de esta figura jurídica penal. Al defender esta figura, Correa ha dicho, que no es la primera vez, que una persona es condenada a prisión por desacato. En julio del 2002, Luís Maldonado Lince paso cinco días en prisión acusado por el Presidente Gustavo Noboa.
La denuncia, sin embargo, no fue entablada por Noboa, aclara su abogado el Dr. Joffre Campaña. Fue el entonces intendente de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo, quien inició el proceso. Pero
Maldonado fue juzgado por una contravención: la denuncia no estaba amparada en el Art. 230 del Código Penal que habla del desacato.
El caso: Mientras ejercía la presidencia de la Federación Nacional de Exportadores, Maldonado concedió una entrevista al diario El
Telégrafo, en la que dijo, entre otras cuestiones, que Noboa "no tiene los alcances intelectuales para ser Presidente de la Republica del Ecuador". El señor Maldonado fue apresado el 18 de julio del 2002 por orden del juez 18° de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero. Luego dejó el Centro de Detención Provisional gracias a un hábeas corpus concedido por el vicealcalde de Quito, Efrén Cossíos. Al momento de su salida, Maldonado dijo: "Jamás insulté al Presidente. Lo que hice es cuestionar su accionar, y mientras ese accionar no se sustente en
la voluntad popular seguirá siendo cuestionado, no solo por mí, sino
por la sociedad".
En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó
Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se
argumentó que las leyes de desacato son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Derechos a la Libertad expresión -, porque reprimen la libertad de
expresión necesaria para el debido funcionamiento de una sociedad democrática.
El principio décimo primero de la Declaración de Principios para
la Libertad de Expresión, útil para entender este derecho, señala Xavier A. Flores Aguirre, columnista del diario El Universo, establece:
Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva
a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de
desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a
la información. En su interpretación de este principio, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos considera que el uso de las leyes de desacato constituye una censura, que posiblemente disuade de formular críticas en el futuro. Y de su propia cosecha, añade la Comisión: El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y juicios de valor, como en efecto, la legislación penal ecuatoriana no distingue -y continúa la Comisión- las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen un efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial
para la existencia de una sociedad democrática, y en este contexto enfatiza que las personalidades políticas y publicas deben estar más expuestas y no menos expuestas al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben mostrar mayor tolerancia a la crítica.
La Relatoria para la Libertad de Expresión ha reiterado en varios informes estos postulados, e incluso formuló una recomendación específica al Estado ecuatoriano para que derogue las leyes de desacato. Pero el Estado se resiste y mantiene todavía este (en palabras de la Comisión Interamericana) -enclave autoritario heredado de épocas pasadas, en su legislación penal.-
presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, los
gobernantes deberían incentivar la crítica, en vez de ampararse leyes retrógradas.
Para Gonzalo Marroquín,
El 13 de junio de 2007, el quiteño Mauricio Javier Ordóñez fue detenido por la Policía, acusado presuntamente de ofender al presidente de la Republica, Rafael Correa, cuando se dirigía a la Base Aérea Mariscal Sucre, antes de un viaje de visita de Estado a Bolivia.
En declaraciones a la cadena de televisión ECUAVISA, Ordóñez dijo:
"Cuando pasó la caravana lo que hice es un ademán de pedir paso a los autos que detenían el tráfico, yo era peatón. Luego se acercaron a mí a decirme que había faltado el respeto al Presidente. No entiendo, si este es un país independiente y democrático, por qué pasan estas cosas".
Poca tolerancia a las críticas y ausencia de nuevas lecturas acerca de lo que ocurre en el Ecuador, eso es lo que en ciertos sectores se percibe a la hora de analizar la relación del actual Gobierno, presidido por el economista Rafael Correa Delgado y los medios de comunicación.
Se ha dicho que durante la campaña electoral de Correa ya hubo señales. Prometió que durante su gobierno los medios de comunicación tendrían libertad para ejercer su trabajo, pero que a la par se agilitarán leyes, lo que no está clarificado. Por ejemplo, el editorial de diario El Universo, del domingo 8 de julio de 2007, señala que: "El Gobierno presentó por fin sus propuestas para una nueva Constitución. El
título en realidad es demasiado ambicioso, puesto que en realidad solo se trata de algunas reflexiones muy generales que no aclaran casi nada. Observemos este ejemplo sobre libertad de expresión:
Hacer una reformulación del derecho fundamental a la comunicación para entenderlo como garantía institucional, incorporándole algunas consideraciones constitucionales sobre la comunicación como un proceso social universal, generador y reproductor de cultura, concienciación y consolidación de valores democráticos. O este otro sobre el mismo tema: Establecer constitucionalmente el marco de las políticas de comunicación, la definición de las relaciones entre la comunicación pública y privada, además de la definición del derecho de la población y del Estado a una comunicación auténticamente democrática, libre y participativa. Que quiere decir todas estas abstracciones y ambigüedades. En que disposiciones legales y constitucionales se traducirán. Difícil saberlo; con semejante estilo enredado se podrían justificar luego las conclusiones más disímiles, incluso peligrosas.
A través de un decreto ejecutivo, el lunes 9 de julio de 2007, el
presidente de la República, Rafael Correa, reformó el reglamento
a la Ley de Radiodifusión y Televisión, para establecer sanciones administrativas a quienes reproduzcan videos o grabaciones magnetofónicas clandestinas o no autorizadas a registrarse por parte de los que aparezcan en ellas.
La norma tiene una excepción respecto a los videos que hayan sido
grabados por los medios de comunicación social o por las instituciones
del sector publico con sus propios equipos, para impedir la comisión
de un delito o comprobar la existencia de uno ya existente.
La ley citada establece varios tipos de sanciones: amonestaciones escritas y multas de $10 y $20. Si hay reincidencia, se efectúa la reversión de la frecuencia al Estado.
decreto señala que los derechos constitucionales a la honra,
buena reputación y la intimidad personal han sido atentados
mediante la presentación de videos clandestinos y no autorizados
y la intercepción, la interferencia, publicación y divulgación de
información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional,
Ramsés Torres, de Pachakútik, cuestiono la decisión gubernamental porque justamente cuando ya se advierte la publicación de supuestos
actos poco claros de funcionarios del Gobierno, se prohíbe la difusión. Lo que se dice en la calle es que al parecer, el Presidente de la República, con su decreto, pretende evitar que el país conozca videos comprometedores, subrayó, tras indicar que es refutable que mediante decreto se quiera cambiar la ley.
El legislador socialdemócrata Carlos González preciso que es inconstitucional e ilegal el decreto, porque solo el Congreso puede reformar leyes y el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Telecomunicaciones. Correa ha pretendido legislar por decreto y es inconstitucional. Además, es antiético que, ahora, tras autorizar el espionaje a funcionarios públicos, y aparezcan videos y grabaciones que involucran al Gobierno, prohíban su publicación.
El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo del Guayas, Andrés Mendoza, expresó: "Pedimos respeto a la libertad de prensa y consideramos que la reforma al reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión es inconstitucional. Si es que vivimos en un estado de derecho en el Ecuador, el Conartel, Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, es el único organismo autorizado para realizar cualquier cambio en el reglamento, y no se ha dado".
Un decreto ejecutivo no es superior a la Constitución. Con ese argumento, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión desconocen la reforma. Los gremios aseguran que el presidente Correa no tiene facultad para crear infracciones o imponer sanciones, por lo que el decreto es inconstitucional.
El jurista Juan Carlos SOlines, ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, expresa que la disposición presidencial viola el artículo 23 de la Constitución, que consagra la libertad de opinión y expresión del pensamiento; y el artículo 81, que garantiza el derecho a acceder a fuentes de información sin censura previa. Si se reconoce la validez del decreto, agrega, se estaría afectando la aplicación de la Ley de Acceso a la Información.
Jorge Yunda, presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión, en el actual Gobierno presidido por Correa, insiste en que la reforma pretende precautelar el derecho constitucional a la intimidad y que no limita la investigación de la prensa.
AER Y AECTV señalan que el derecho a la intimidad nada tiene que ver con el derecho y obligación de los medios de dar a conocer
hechos que involucran responsabilidad política de los funcionarios. La prohibición es a los medios de comunicación, no defienden la intimidad de nadie, porque no son los medios los que la atacan.
AER Y AECTV señalan que, según la ley, solo el Conartel puede enviar al Ejecutivo proyectos de reformas al reglamento.
Jorge Yunda señala que esa legislación, vigente desde 1995, es anterior a la actual Constitución 1998, que indica que el Mandatario puede expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenir ni alterarlas, así como los que convenga a la buena marcha de la administración.
El abogado Pedro X. Valverde Rivera, al respecto, señaló que la Constitución Política del Estado ecuatoriano garantiza en el artículo 81 el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información sin censura previa, directamente o a través de los medios de comunicación. Por tal razón, lo que pudiere ser un intento de evitar, vía decreto ejecutivo, que se difundan nuevos patí videos, que pongan en evidencia una vez más, que nada ha cambiado en el Ecuador y que las prácticas de la partidocracia tradicional han sido muy bien aprendidas por este Gobierno, no tiene sustento legal alguno y, por tanto no es de observancia obligatoria.
El artículo 272 de la Carta Magna, conocido como el de la Suprema Constitucional, que fue una de las novedades de la Constitución de 1998, por cuanto introdujo un concepto que volvió verdaderamente operativa la supremacía de la Constitución por sobre disposiciones de inferior rango que se contraponga contra ella. Es que, en función de este artículo cualquier norma de rango inferior a la Constitución, como leyes, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, etc., que tuviere disposiciones contradictorias al texto Constitucional, debe ser inobservada y no aplicada obligatoriamente por funcionarios públicos y administradores de justicia.
Es decir, si bien es cierto que existe la institución jurídica de la acción de inconstitucionalidad jurídica para atacar formalmente normas jurídicas contrarias a la Constitución, ello no significa que mientras no se deduzca tal acción, la referida norma si es constitucional y obligatoria.
Entonces, esa sentencia que tanto escuchamos de generaciones anteriores a la nuestra, en el sentido que mientras no haya sido declarada inconstitucional porel Tribunal Constitucional es obligatoria.
A partir de 1998 ya no tiene vigor. Claro que esta nueva forma de
sentir y exigir la constitucionalidad que tiene el ciudadano común al punto de tener el derecho a inobservar las normas inconstitucionales sin tener que esperar -para la gran mayoría- el desconocido, tortuoso, lento y costoso camino de la acción de inconstitucionalidad, es incompatible en un sistema en el que se irrespete la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
editorial de diario El Universo del viernes 13 dejulio de 2007, indicaba
siguiente: En marzo de 1991 un ciudadano norteamericano filmó
en Los Ángeles a cuatro policías norteamericanos que apaleaban al chofer negro Rodney King. El video fue transmitido por los medios
de comunicación y sirvió para condenar al menos a dos de los acusados.
Algo similar ocurrió en Perú, aunque allí fueron delincuentes encaramados en el poder los que, sin querer, proporcionaron a la justicia centenares de grabaciones para desenmascarar la corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
presidente Rafael Correa ha resuelto ignorar estos antecedentes
prohibir que se difundan videos y grabaciones clandestinos. Con
ese gesto reconoce que sí existen otros videos que comprometen al régimen, pero no está dispuesto a permitir que los ciudadanos los conozcan; así que ya no son solo amenazas a la libertad de informar, es la censura oficial que se ha impuesto. Ningún otro Gobierno ecuatoriano se había atrevido a algo similar en las tres últimas décadas.
Igualmente el presidente Correa ha afirmado que se profundizaran sanciones en caso de desinformación deliberada. En relación a esto último, ha abierto una hostilidad contra medios de comunicación
y periodistas manifestada en epítetos generalizados, tales como:
mafiosos, corruptos, miseria humana, comentarios pornográficos, mentirosos, calumniadores, mediocres, majaderos, etc.
Durante su cuestionamiento a la prensa, el Mandatario citó una conferencia del ex primer ministro británico Tony Blair, ofrecida el 12 de junio de 2007, en la que, según él llamó BESTIAS SALVAJES
a los medios de comunicación. Eso los vamos a llamar de ahora en adelante: LAS BESTIAS SALVAJES, Y vamos a ver; esto no lo dice Hugo Chávez ni Fidel Castro, lo señaló Correa.
Luego de reseñar una confrontación que tuvo con varios periodistas en Cuenca, anunció Correa que, para evitar nuevos incidentes ya
no ofrecerá ruedas de prensa, sino que, desde un atril, responderá preguntas por escrito.
"Una GORDITA HORROROSA, de diario El Universo, me dijo qué quiere que le pregunte, porque usted solo responde lo que quiere que le pregunten, con tan mala educación ante el Presidente de la República", reseñó Correa sobre su incidente con la reportera Sandra Ochoa, de diario El Universo.
"Yo no sé, la prensa quiere trasmitirnos la idea de que democracia es que se puede insultar al Presidente", ha afirmado Correa.
Cabe mencionar que en las leyes está la sanción si los medios de comunicación faltan a la verdad, y a ellas debe acudir Correa.
La licenciada Mónica Maruri, Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) señala: "No debemos perder la perspectiva de que finalmente, esto es un enfrentamiento entre poderes. De hecho, la prensa ha asumido y categorizado su desempeño como . el cuarto poder'. En la gran mayoría de las sociedades la información ha estado vinculada con el poder, ya que esta suele estar en manos de la clase dominante, lo cual deja en una postura inferior a la clase desinformada; esto otorga un poder clarísimo que permite
a algunos (llámese politocracia) ocupar un lugar de preferencia
en la sociedad. Desde sus inicios, el Estado como institución se ha nutrido precisamente de miembros de aquella porción de la sociedad 'informada' quienes luego, ya con el poder efectivo que
significa controlar el Gobierno y convencidos como están, del valor tanto del 'flujo' y 'contenido' de aquella información la procurarán conservar para sí. Ante esta circunstancia, cabe únicamente que las partes (principalmente la prensa) asuman la realidad de su rol y el alcance de sus poderes y dentro de ese contexto incluirse dentro de los procesos de concertación y reformulación de modelos entre
la sociedad civil y el Estado. Tal vez el error del Gobierno haya sido
no pensar que 'democratizar' la información es una necesidad, pero donde el estado debe ubicarse junto a quienes han mantenido -de alguna forma- el poder. La 'democratización' de la información es
una deuda pendiente que los 'informados' tenemos para con el resto de los ciudadanos".
Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación de la Presidencia, destaca: "Las declaraciones del Presidente sobre el comunicado de
la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) son preocupantes, porque connotan un espíritu de coerción de la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a opinar ya disentir con altura. Decir que es corrupción un legítimo sentimiento de preocupación es signo de poca tolerancia. Confío en que no llegue más lejos y que sea una sobrereacción originada en la coyuntura. Correa tiene clara la necesidad de ser mediático, de ocupar espacios y columnas. Está en campaña, pero esta bien, es natural porque debe difundir su mensaje".
El editorialista del diario El Comercio Marco Aráuz Ortega indica:
El gran motivo del disgusto presidencial, que más bien parece un pretexto, es que algunos medios de comunicación se equivocan y hacen mal su trabajo, lo cual normalmente no debiera ser motivo de ataques con adjetivos tales como corruptos y lacayos, sino de reclamos legales, pero en el fondo hay incomodidad de leer o escuchar lo que no es alabanza, e incomprensión sobre el papel de la prensa en las sociedades democráticas. Este ataque virulento e injustificado a la prensa se hace en un doble juego: mientras él la insulta y la cuestiona, sus funcionarios la reconocen como un medio idóneo para promover los planes gubernamentales. Lo cual lleva a pensar que hay una visión instrumentalista de los medios de comunicación, es decir, soportarlos hasta cuando sean necesarios. La visión más pintoresca es la que tiene la Secretaria de Comunicación, que niega validez a cualquier gremio porque no han ganado ninguna elección. Es un buen reAejo de cómo se ven todos bajo el prisma aplastante de las mayorías, que, si no se modera, puede adquirir una deriva totalitarista.
Lo expuesto anteriormente nos lleva a mencionar lo siguiente, tomado del artículo del editorialista Jaime Bejarano, diario El Comercio titulado: Gratitud y Prensa Libre:
"Lula, un ex líder sindical de izquierda, destacó en un discurso, que nunca hubiera llegado a la Presidencia de la primera economía latinoamericana (el Brasil) sin la exposición pública que le brindaron los medios de comunicación", dice un despacho de la agencia de noticias francesa AFP, el 30 de mayo de 2007.
Exactamente este es el caso también del presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, quien sin los medios de comunicación colectiva ecuatorianos, a quienes ahora les denosta acremente con vituperios de "mediocres", "majaderos" y otras connotaciones
despectivas, jamás habría conseguido ganar los comicios de la primera
y segunda vuelta, ni tampoco que su propuesta de convocar a una
asamblea constituyente fuera aprobada en una consulta popular.
El Primer Mandatario brasileño sí reconoce, en cambio, "la exposición
pública" que prensa, televisión y radiodifusión le concedieron durante su campaña electoral, popularizando su imagen y difundiendo sus propuestas de gobierno entre su público", que es el único juez
admisible de los medios de comunicación, según ha afirmado Lula, de acuerdo a la mencionada fuente informativa, la France Press.
Ni Lula ni Correa, en diferentes escenarios nacionales, habrían conseguido convertirse por sí solos en sendas figuras políticas paradigmáticas sin prensa, radio y televisión.
"La democracia permite que la prensa diga lo que mejor le parece
ser juzgada por el único juzgador: oyentes, telespectadores
lectores". Luís Ignacio Lula da Silva el Presidente de Brasil, se
expresó así, para destacar que el público es el único juez de los medios de comunicación.
5.- En abril de 2007, la organización Reporteros Sin Fronteras deploró en un comunicado, la condena a 60 días de prisión al periodista ecuatoriano Nelson Fueltala, corresponsal del diario La Gaceta y de la emisora Radio Latacunga, por presuntas injurias contra un Alcalde. Esta entidad calificó a la pena de desproporcionada y que representaba una incitación a la autocensura.
La Corte Superior de Justicia de Latacunga condenó al periodista por
haber trascrito, en junio de 2006, declaraciones del comisario de PUjilí, Ricardo Estrella, en contra del alcalde de esa ciudad, Marcelo Arroyo, en las que criticó su salario y su supuesta actitud prepotente. Tras la publicación, el Alcalde inicio un juicio, pero el periodista fue absuelto por el Juzgado Segundo de lo Penal, tras lo cual la autoridad apeló ante la Corte Superior de Latacunga, que finalmente lo sentenció.
Fueltala presentó un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo. Fueltala, de 44 años, espera que la Corte dictamine a su favor, señalando: Estoy consciente de que una noticia requiere de ética, respeto al derecho ajeno, pero no incumplí estos preceptos, por lo que no cabía un juicio, y peor una condena.
Al respecto vale destacar que en noviembre de 1996, la Corte Suprema
de Argentina, en un histórico fallo a favor de la libertad de prensa,
determinó que los periodistas no pueden ser querellados por difundir informaron errónea de buena fe. La Corte acogió implícitamente una doctrina estadounidense bajo, la cual la parte que se sienta agraviada tiene la carga de probar que el periodista actuó con malicia.
La tutela constitucional de la libertad de expresión no puede limitarse a las afirmaciones que, con posterioridad a los hechos, son verdaderas, dijo la Corte. También comprende a aquellos que al momento de emitirse se creían ciertas, aunque después resulten ser inexactas.
En marzo de 2007 la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión realizada en Cartagena, Colombia, respecto a las amenazas para la libertad de prensa y expresión, ante esta situación se actualizó el debate sobre cuales son los alcances de la libertad de expresión y qué está en juego con la defensa de este derecho.
Es lo mismo libertad de expresión que libertad de prensa, al respecto Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, expresa lo siguiente:
"Son dos conceptos que están íntimamente ligados. No puede haber libertad de prensa si no existe libertad de expresión del pensamiento, que es un concepto mucho más amplio y que abarca a todos los seres humanos. La libertad de prensa se refiere a los derechos a informar y ser informados, pero para ello deben existir garantías para expresarse libremente. Ambas libertades, cuando son limitadas de alguna manera, afectan a toda la sociedad. Ambas son fundamentales.
Si no se respetan la libertad de expresión y de prensa, no pueden existir las demás. Basta con ver que todas las declaraciones de derechos humanos contemplan su respeto, porque la historia ha demostrado que, cuando un pueblo no tiene acceso a la información, cuando se restringe la libertad de expresión y de prensa, entonces no hay democracia. Todo pueblo que carece de información es manipulable o más fácilmente controlable.
Pero las luchas para defender las libertades de prensa y de expresión no corresponden únicamente a los periodistas. Todos los sectores de la sociedad deben involucrarse, porque cuando se limita el acceso a informar o ser informado, o no se permite la libre expresión, es un problema de la sociedad.
La gente común se beneficia de múltiples maneras cuando hay libertad de prensa y de expresión. Si hay libre flujo informativo, la población se beneficia de tener acceso a esa información y cualquier decisión que tome puede ser más eficaz. Los beneficios son verdaderamente incalculables, como el daño también, pues cuando no hay libre información, libertad de prensa ni libertad de expresión, los regímenes políticos se vuelven dictatoriales, autoritarios".
Con la libertad de expresión no puede haber medias tintas, no hay regímenes que toleren un cierto grado de libertad de expresión, y otros que sean más o aun menos liberales, sostiene Miguel Ángel Bastenier, columnista de El País, de Madrid, España, quien recuerda que la libertad de expresión y el derecho que tienen las sociedades y los ciudadanos de países democráticos a servirse de ellos no es una concesión del Ejecutivo, sino un derecho fundamental del individuo.
Eso significa que todo se puede decir, que todo deba ser aceptado sin más. Los límites a la libertad de expresión los marcan el ordenamiento jurídico y los tribunales de cada país, siempre que ese sea un estado de derecho anota Bastenier.
Sin embargo, los gobiernos, muchas veces, optan por descalificar a la prensa cuando esta critica su gestión. Con frases como: corruptos, miseria humana, inmorales, pornografía o mediocres.
Es más fácil intentar descalificar a la prensa que critica, que asumir la responsabilidad que corresponde. Lamentablemente esta actitud se ha convertido casi en una práctica constante en los gobiernos democráticos latinoamericanos, refiere Marroquín.
Podemos relacionar dos frases del Libertador Simón Bolívar con respecto al Derecho de Opinión y la Libertad de Información:
"El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades y después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los Errores propios". 9 de abril de 1820.
"El derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza. Ni aun la Ley misma podrá jamás prohibirlo". 15 de febrero de 1819.
Periodista orense fue absuelto en juicio, 11 de julio del 2007
La Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió absolver al periodista macha leño Celio Rosario Chamba, quien enfrentaba un juicio por injurias calumniosas. Rosario, presidente del Colegio de Periodistas de El Oro, denunció en agosto de 2005, en un diario local de la ciudad de Machala, a los docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Machala, Luís Brito Pineda y Sergio Mera Campoverde, por un presunto plagio de libros de autores cubanos que incluyeron en sus tesis de grado.
Este hecho se produjo antes de las elecciones para rector y vicerrector académico de la institución.
La noticia provocó un juicio de los aludidos contra Rosario.
En una primera instancia dentro del proceso el periodista fue absuelto por la Corte Superior de Justicia de El Oro; la parte acusadora apeló y el proceso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia en Quito, donde se lo absuelve definitivamente.
Rosario viajó a Cuba y entrevistó a los científicos cubanos Armando Álvarez Días y Santiago Torrens Monteagudo, autores de la obra Manual de Fisiología Animal, quienes confirmaron que 274 de las 320 páginas de la tesis, con la cual los mencionados profesores obtuvieron una maestría, fueron copiadas textualmente de la obra cubana impresa en 1988.
El reportaje fue parte de una serie de ocho trabajos periodísticos publicados en la coyuntura electoral de la Universidad de Machala, según la investigación que se publicó.
EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
La Declaración de Derechos de Virginia, sancionada el 20 de junio de 1776, en la ciudad de Williamburg - USA, señalaba en su artículo XIX que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad jamás puede ser restringida, sino por un gobierno despótico.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada
26 de agosto de 1789, indicaba en sus artículos 10 y 11: "Nadie
debe ser molestado por sus opiniones aun las religiosas, con tal que su manifestaron no perturbe el orden público, establecido por ley.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, por la Novena Conferencia Internacional, celebrada en Bogota - Colombia, señala en su artículo IV, Toda persona tiene el derecho a la libertad de investigación, de opinión y expresión, como también la difusión del pensamiento por cualquier medio.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ellO de diciembre de 1948, expresa en su artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
En un artículo publicado en diario El Comercio de Quito - Ecuador en 1977, por Franklin Barriga López, señalaba lo siguiente: En volumen de 412 páginas se encuentra circulando el informe correspondiente
a 1996 de Reporteros Sin Fronteras. Esta entidad, que tiene en
Francia la sede de su secretariado internacional, es una organización
independiente que defiende la libertad de informar y estar informado. Trabaja con el carácter de consultiva en el Consejo de Europa, la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la UNESCO. Cuenta con cinco secciones nacionales, en Alemania, España, Francia, Suecia y Suiza, con 1.200 socios en más de 20 países.
Se trata de una necesaria institución que viene a colaborar con el útil trabajo que llevan a cabo, en todo el planeta, otras importantes agrupaciones de esta índole, que velan por la nítida vigencia de aquel luminoso artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresamente protege la libertad de expresión y opinión.
Reporteros Sin Fronteras expresan que la libertad de prensa dista mucho de ser un principio respetado, no obstante que todos los países la proclaman.
Frente a tan autorizadas afirmaciones, se vuelve pertinente resaltar
la imagen de las sociedades con información libre e independiente,
base para la existencia digna, democrática y de progreso.
Los atentados y arbitrariedades en contra de los periodistas y medios de comunicación independientes, se producen especialmente en los regímenes autoritarios. Allí, quienes no están de acuerdo con la corriente del Gobierno, sufren vejámenes de palabra u obra, incluso
la pérdida de la vida. Las victimas propiciatorias son los periodistas
que cumplen con la debida ética y su sacrificado trabajo.
El auténtico periodista es insobornable, amigo de la objetividad y del
bien común, guardián de los principios fundamentales de los individuos y la colectividad, como el de la libertad y la genuina democracia. Por
ello, su actividad molesta a los absolutistas y a quienes se apartan de las normas que orientan la sana convivencia.
Ante los gobiernos intolerantes o corruptos, siempre debe haber la apropiada revelación de los hechos. No hacerlo equivale a complicidad
o encubrimiento. La prensa es guía y máximo respaldo para los ciudadanos, en una sociedad democrática y libre.
Con los antecedentes indicados es que debemos considerar que, adicionalmente a los derechos de expresión, de opinión
y comunicación, se debe garantizar el derecho del público a la
información y a ser informado, en la Constitución, que consagre un derecho de la colectividad a conocer y estar informado: por tanto, no debe haber una restricción a la libertad de información, salvo las limitaciones que se dan, según el marco legal determinado.
El ex presidente norteamericano Johnson, ya fallecido, proclamaba:
Siempre he creído que la libertad de información es tan vital, que
únicamente la seguridad nacional, no el deseo de los funcionarios públicos o de los ciudadanos individuales, debe determinar cuándo se la restringirá.
La libertad de Información se garantiza en la medida en que los medios de comunicación social tengan claro que deben permanecer tan libres como sea posible.
Como afirma John C. Merrill: Los medios de comunicación son, sin lugar a dudas, instrumentos persuasivos en el aspecto social de la lucha del hombre por su autoliberación. Ellos seleccionan y traen a las multitudes expectantes un constante flujo de detalles relacionados con aquellos diálogos fecundos de diferencias y concordancias sobre los cuales prosperan las sociedades libres.
Inevitablemente, a ello sigue que lo transmitido y la naturaleza de la transmisión dictarán la intensidad del cambio en todas las otras instituciones dentro de la sociedad. Cada medio masivo público, en diferentes grados, en diferentes formas y en distintos métodos de presentación, nos llevan a confrontaciones con nosotros mismos, como entes sociales; haciendo lo cual conforman nuestras esperanzas colectivas, nuestras aspiraciones y porvenir.
Por otro lado; el director general de la UNESCO, el español Federico Mayor, ha señalado que una prensa libre es condición indispensable de la democracia y que todo retroceso de la liberad de prensa es un retroceso de la democracia misma.
La Declaración de Chapultepec fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en la ciudad de México, el 1 de marzo de 1994, en la que participaron periodistas, escritores, académicos, constitucionalistas, premios Nóbel y líderes políticos del continente.
El documento sostiene que solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir es posible mantener una sociedad libre.
En esencia, la Declaración destaca que sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia, de ahí que sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento, sin autonomía
en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión.
Principios de la Declaración de Chapultepec:
1.- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.
2.- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
3.- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector publicó. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
4. - El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo de impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con oportunidad y sancionados con severidad.
5.- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes , la imposición arbitraria de información, laceración de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa. 6.- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
7.- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
8.- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales deben ser estrictamente voluntarios.
al compromiso con
verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y
los mensajes periodísticos y los
El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga.
10.- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
Aquí vale mencionar dos resoluciones, que se dieron con el cierre del canal venezolano RCTV: El comité de RREE del Senado de EEUU
aprobó, por unanimidad, una resolución que califica como trasgresión contra las libertades de pensamiento y expresión, la decisión del Gobierno venezolano sobre RCTV. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que censura la medida del régimen de Caracas sobre
Frente a la acusación del presidente Hugo Chávez de que RCTV era un medio de comunicación antidemocrático y golpista y por ello no hubo
la renovación de la frecuencia, el gerente general del canal, Marcel
Granear, dijo: O defendemos la democracia, defendemos la libertad, defendemos los medios libres e independientes o permitimos que el Presidente tumbe al país por el precipicio del totalitarismo, donde ni
siquiera sus propios seguidores pueden opinar.
Dos reflexiones aplicables: Del mismo modo que la tolerancia
constituye el fundamento ético del sistema democrático, su antítesis,
la intolerancia, establece una relación directa con el autoritarismo
político. Afirma en un artículo el profesor de la universidad de Maryland, David A. Crocker.
Amartya señala que cuando se habla de democracia hay dos aspectos que merecen atención: la tolerancia hacia diferentes puntos de vista y el fomento de la discusión pública. Esto supone aceptar que se puede discutir con quienes discrepan y desaprueban nuestras propuestas, para, con aperturas y sentido crítico, encontrar los puntos comunes que permitan lograr compromisos críticos
EL DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO V LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.
En las diferentes Constituciones expedidas en el Ecuador se ha consagrado básicamente la libertad de expresión. La constituyente de Riobamba de 1830 proclamaba que: Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley.
La Constitución de 1843 indicaba, en su artículo 87: Todo individuo residente en el Ecuador, tiene el derecho de escribir, imprimir y publicar sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de previa censura: sujetándose a las restricciones y penas que establecen la ley para impedir y castigar su abuso.
La Constitución de 1850, en su artículo 110, determinaba que: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, respetando la religión del Estado, la decencia y moral pública, y sUjetándose a la responsabilidad que determina la ley.
La Constitución de 1869, en su artículo 102, expresaba: Es libre la expresión del pensamiento, sin previa censura, por medio de la palabra o por escrito, sean o no impresos, con tal que se respete la religión, la moral y la decencia; al que abusare de este derecho será castigado según las leyes y por los jueces comunes, quedando abolido el jurado de imprenta.
La Constitución de 1897; consagraba en el artículo 32: Todos pueden expresar libremente su pensamiento de palabra o por la prensa,
sujetándose a la responsabilidad establecida por las leyes. Un jurado
especial conocerá en las causas por infracciones cometidas por medio de la imprenta.
La Constitución de 1945; recoge cabalmente lo que debe interpretarse
no solo como un derecho individual, es decir, del ciudadano, sino de
la colectividad ecuatoriana, en cuanto tiene relación con el derecho
a la información del pueblo. Efectivamente garantiza: La libertad
de opinión, cualesquiera que fueren los medios de expresarla
y difundirla. Se precautela el derecho a la expresión que tiene el ciudadano ecuatoriano.
La injuria, la calumnia y toda manifestación inmoral están sujetas a las responsabilidades de ley.
La ley regulará el ejercicio del periodista, tomando en cuenta que este tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social, acreedor al respeto y apoyo del Estado. Establecerá también los medios de hacer efectivas las responsabilidades en que incurrieran los periodistas.
Ninguna autoridad pOdrá suspender o clausurar un periódico, ni por delito de prensa, secuestrar o incautar publicaciones.
Tampoco se perseguirá o encarcelará bajo pretexto de tales delitos a los redactores, colaboradores, expendedores y demás trabajadores de la prensa, a menos que se demuestre la responsabilidad de ellos en forma legal.
Cabe destacar que la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista ya establece las sanciones a los periodistas, protege a la fuente de información y proclama que: Los ecuatorianos tienen derecho a expresar su pensamiento sin otras restricciones que las que impone la ley, moral y seguridad nacional.
Por su parte el estatuto de la Federación Nacional del Periodista (FENAPE), en su Capítulo 1, Artículo N° 3, literal A, establece como una de sus finalidades: Velar por el respeto a la libertad de expresión y el derecho del pueblo a una información objetiva, veraz y oportuna.
De igual manera, el Código de Ética del Periodista Profesional, en su Declaración Fundamental, consigna: La libertad de expresión se plasma esencialmente en las libertades de información y opinión a través de los medios de comunicación social. Este derecho es, en consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los problemas en el complejo mundo en que vivimos, ya para ofrecer distracción constructiva y útil: ya en fin, para reforzar e impulsar los programas y planes de desarrollo social y para luchar por la soberanía, independencia y dignidad nacional.
El periodista profesional debe cumplir en este contexto con su rol
esencial. Está obligado a ser leal y consecuente con los principios
y aspiraciones de su pueblo, de su comunidad y de su familia. No
es ni puede ser neutral, porque en la sociedad es imposible esa
neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente intereses populares; y continua diciendo en su Capítulo 1, Art. 2
y 7. El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores fundamentales de su comunidad, y el periodista está obligado a
defender el derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, especialmente de los marginados de
la comunidad social.
Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho, en la forma que la ley determine, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas por la prensa, por la radio
o por cualquier otro medio de publicidad. Esta rectificación deberá hacerse en el mismo órgano en que se hicieran las imputaciones.
En la Ley de Radiodifusión y Televisión, expedida el 2 de abril de 1975, encontramos en el Art. 58, limitaciones a la libertad de información, tales como: transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y buenas costumbres: originar, provocar, producir o incitar todo acto de violencia o contra la seguridad del Estado, en este último caso, regirán, además, las sanciones contempladas en la Ley de Seguridad Nacional. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes.
La Constitución de 1946 sigue la pauta en cuanto a lo señalado en la Constitución de 1945. En el Art. 187, manifestaba que se garantizaba la libertad de expresar el pensamiento, de palabra, por la prensa
o por otros medios de manifestarlo y difundirlo, en cuanto estas
manifestaciones no impliquen injuria, calumnia, insulto personal, sentido de inmoralidad, sean contrarias a los intereses nacionales, actos que estarán sujetos a las responsabilidades y los tramites que establezca la ley.
La ley regulara el ejercicio de esa libertad, tomando en cuenta que
el periodismo tiene por objeto primordial, la defensa de los intereses
nacionales y constituye un servicio social, siempre que se respeten
la ley, la moral y la honra de las personas.
Este derecho se ejercerá tomando en cuenta
intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social, acreedores al respeto del Estado. Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medidos de comunicación colectiva.
Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, redactores y a sus demás trabajadores auxiliares, salvo resolución judicial.
Según el numeral 6 del referido Art. 28, el Estado garantiza:
El derecho a la información y el libre acceso a sus fuentes, sin más limitaciones que la seguridad nacional del Estado y la vida privada de las personas.
La libertad de información, de expresión y de opinión pública tiene indudablemente sus límites, es decir, sin otras restricciones que las que imponen la ley, la moral y la seguridad nacional.
En la Constitución de 1967 encontramos claramente un límite en el ejercicio de la libertad de expresión, cuando en su artículo 28 señalaba: Siempre que se respete la ley, la moral y la honra de las personas. Aunque el respeto a la honra de las personas está protegido por la moral y por la ley penal positiva.
En la Constitución Política de la República del Ecuador codificada y publicada en el Registro Oficial N° 969, del martes 18 de junio de 1996, encontramos en el Art. 2, numeral cinco, que las personas tienen:
El derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agravadas en su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita y proporcional.
En la Constitución de 1998 se garantiza en el artículo 23, numeral 9:
El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.
La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma
obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de
la información o publicación que se rectifica.
En el numeral 10, señala la garantía del derecho a la comunicación y
fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión.
artículo 81 expresa las garantías relacionadas con la comunicación:
Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes: a buscar, recibir,
plural, oportuna y
sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que
preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales.
conocer y difundir información objetiva, veraz,
Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de medios de comunicación.
Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva
violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política
cuanto afecte a la dignidad del ser humano.
Del análisis hecho de las diferentes Constituciones promulgadas en
país, debemos entender que, dado que la libertad de expresión
la libertad de prensa son dos derechos interrelacionados de
difusión esencial para que haya un pueblo informado, esas libertades adquirieron una protección constitucional, salvaguardándose los supremos intereses del público en el seno de un libre flujo de información para la colectividad.
Comprendiéndose que ningún derecho es absoluto e incondicional, y por lo tanto siempre tiene sus limitaciones previstas en normativas legales, que en ese caso son las que castigan el abuso de esas libertades.
El examen de los enfoques jurídicos y la propia evolución de la protección constitucional, que se ha dado en cuanto a la libertad de expresión, libertad de opinión y la libertad de comunicación, ha dado lugar a que surja un derecho del público a la información, que ha legitimado la incorporación de la libertad de información en el derecho constitucional ecuatoriano.
Es un derecho asegurado en la Constitución.
Puede interpretarse que en las referencias constitucionales a la libertad de expresión, de opinión y de comunicación en la evolución constitucional del país se reconocieron y afirmaron preceptos para asegurar y también proteger el derecho a la información, basados en que esas libertades aseguran el derecho del pueblo de estar informado sobre su gobierno y otros aspectos inherentes a la sociedad que la integran. En que los medios de comunicación han tenido un papel importante en hacer realidad este derecho.
Ello trae consigo que, pese a que se haya emitido una disposición normativa constitucional expresa, referente al derecho del pueblo a la información, debe deducirse que el derecho a la información, como lo ocurrido con otros derechos fundamentales, porque se considera como algo tan evidente que se juzgó innecesario determinarlo textualmente, puesto que al hablar de la libertad de expresión o pensamiento implícitamente se ha consagrado dicho derecho, como se puede verificar en las Constituciones como las de 1945, 1946, 1967 Y 1998.
Es importante referirnos a los comentarios expresados sobre el particular, en el libro sobre Derecho Constitucional Ecuatoriano - 1989 de Julio Tobar Donoso y Juan Larrea Holguín, tercera edición actualizada, en el que se afirmaba: La libertad de opinión puede ser violada por parte de las autoridades, por parte del mismo Estado, cuando se hacen discriminaciones por esas opiniones, sean políticas, religiosas, artísticas o de cualquier otro género. Todo ello DEBE ELIMINARSE DE LA VIDA VERDADERAMENTE DEMOCRÁTICA DE LOS PAÍSES.
En nuestro país, desde la época de la independencia, se ha garantizado en forma más o menos amplia la libertad de expresión por escrito, y más modernamente mediante otros medios de comunicación social como la radio y la televisión, que se han sumado a la clásica prensa; la libertad, en términos generales, se ha afianzado y se ha ampliado, con momentáneos retrocesos en períodos de dictaduras y regímenes democráticos autoritarios y los dueños de la verdad hostiles a la libertad de prensa. Sin embargo, en sus líneas fundamentales, se puede afirmar que en el Ecuador, como en pocos países, se ha respetado la libertad de prensa.
No hay duda, señalaba Sir William Blackstone, de que la libertad de prensa es esencial a la naturaleza de los Estados libres: consiste en no poner restricciones previas a las publicaciones, no en la libertad de censura de índole penal cuando ya se ha publicado el material. Todo hombre libre tiene sin duda el derecho de expresar públicamente los sentimientos que le plazcan, pero si publica lo que es impropio, malicioso e ilegal, debe arrastrar la consecuencia de su propia temeridad. Debe entenderse que dichas libertades no implican licencia para calumniar ni libertinaje alguno.
William Bollan, abogado americano, en su tratado sobre la libertad de palabra y de prensa, observa:
El libre análisis de las medidas públicas, mediante una representación apropiada de palabra o por escrito, que sea resultado de ese análisis, es derecho de los miembros de los Estados libres, y requisito de la preservación de sus otros derechos; igualmente, son muy valiosas todas las cosas publicadas para dar debida información a los conciudadanos en asuntos que afectan de un modo inmediato al bienestar público.
De lo señalado por Bollan, podemos decir que la libertad de expresión y de prensa es esencial al público y al Gobierno.
Que la libertad de expresión es siempre el síntoma y también el efecto de un buen gobierno.
Podemos pensar que las garantías de libertad de palabra y de prensa se acrezcan al ideal polítiCO del derecho a la información, que es parte de las garantías individuales determinadas en la Constitución. Que debe entenderse que sin una prensa libre no puede haber una sociedad libre. Con todo, la libertad de la prensa no es un fin en si,
por el contrario básicamente es un medio para alcanzar el fin de una sociedad libre y debidamente informada. El rol de la prensa es en cuanto a sus funciones, de informar, es de intermediarios, entre el Gobierno y los ciudadanos que reclaman estar informados.
Pero debe tenerse bien en claro que la libertad de prensa no es un privilegio otorgado a un segmento favorecido de la población
o empresarios, sino simple y sencillamente, su propio derecho
a enterarse de lo que su Gobierno y sus servidores hacen en su
nombre. Lo que los americanos denominan, el Derecho del Público a
la Información, que lo han asegurado en su Constitución.
Las libertades de expresión y de prensa aseguran la disponibilidad de información y promueven el debate sobre las actividades del gobierno representativo, con lo cual contribuyen directamente
al ideal político del derecho público a la información, que abarca
un principio estructural de soberanía popular. Se dan derechos afirmativos para proteger la estructura de comunicación que es necesaria para la existencia de nuestra democracia, basados, por ejemplo, en la libertad de expresión y pensamiento, en la prohibición
de que el Gobierno o cualquier poder del Estado estorben procesos comunicativos mediante los cuales los ciudadanos ejercen y se preparan a ejercer sus derechos de estar informados.
No se trata que la Constitución se transforme en una especie de
la Ley de la Libertad de Información, sino que la convierta en un
derecho constitucional. El derecho a consagrar es un derecho del
pueblo a un libre flujo de información e ideas, fundamentalmente sobre la conducción de gobernabilidad, que es fundamental a las facultades soberanas del pueblo.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa criticó la demanda por
calumnias interpuestas por el presidente Rafael Correa al diario La Hora, a raíz de la publicación de un artículo de opinión. Para el Comité, una organización que representa a 45 grupos de libertad de
prensa de todo el mundo, la querella es un claro intento de silenciar
a la prensa de Ecuador y contradice los postulados básicos de la libertad de prensa y expresión.
El Comité recuerda que todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el redifundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
DERECHO COMPARADO: LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN OTRAS CONSTITUCIONES
Toda sociedad democrática y libre es una sociedad de oplnlon, donde quienes integran la sociedad civil reclaman el derecho a estar informados de lo que hacen quienes ejercen el poder público.
Una colectividad informada tendrá la oportunidad de una autodeterminación plena en cuanto tiene la posibilidad de conocer qué están haciendo los que recibieron un mandato popular y exigir un gobierno ajustado a los intereses y bienestar social para el pueblo, progreso del país y la realización de grandes objetivos nacionales.
La Constitución de la República de Panamá de 1946 señalaba en su Art. 38: Toda persona puede emitir libremente su pensamiento, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atenta contra la reputación o la honra de las personas, contra la seguridad nacional o el orden público.
La Constitución vigente en el Perú, al referirse a los derechos fundamentales de la persona, en el Art. 2, numeral cuatro, señala que toda persona tiene derecho: A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de opinar e informar comprenden los de fundar medios de comunicación.
A solicitar sin expreslon de causa la información que requiera y a
recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo
que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan
la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o
por razones de seguridad nacional.
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, en forma inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
Podemos observar que el tutelaje constitucional garantiza la libertad de información, pero que esta tiene sus limitaciones contempladas en otras leyes secundarias. Así, la Constitución de Costa Rica de 1949, señala en su Art. 29: Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos, sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.
La Constitución de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 15 de septiembre de 1965, expresa en su Art. 65:
Es libre la emisión del pensamiento sin previa censura. Anteriormente existía la Ley de Emisión de Pensamiento, creada por Decreto N° 9 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1964. Según dicha ley, es responsable quien abuse de este derecho faltando el respeto a la vida privada o moral.
Además, no constituyen delito de calumnia o de injuria las denuncias, críticas o censuras contra funcionarios o empleadas públicos por actos puramente oficiales ejecutados durante su función pública. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de su defensa y rectificación.
Los funcionarios y empleados públicos pOdrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la firma que determina la referida ley, declare que la publicación que los afectó se basa en hechos inexactos o que los cargos que se le hacen son infundados. El fallo que reivindique
al ofendido deberá publicarse en el mismo órgano de prensa donde
apareció la publicación de la ofensa. No podrán formar parte de dicho
tribunal funcionarios o empleados públicos.
Los talleres tipográficos, las estaciones radiodifusoras de televisión
y cualquier otro medio de difusión, no podrán ser por razón de delito
o falta en la emisión del pensamiento, decomisados, confiscados, embargados, ni clausurados o interrumpidos en sus labores.
Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo y una ley de carácter constitucional determinara todo lo relativo a este derecho.
La Constitución chilena del 21 de octubre de 1980, en su Art. 19 señala que se asegura a todas las personas: La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder a los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas, periódicos, en las condiciones que señale la ley.
Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de estos medios de comunicación. Una ley de quórum calificado señala la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo.
Cabe mencionar que en el numeral cuatro, en lo que se refiere al respeto y protección a la vida privada y pública como a la honra de las personas y de sus familias, señala: La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social
y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o
que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o
a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el Tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares.
los propietarios, editores, directores o administradores
serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan.
En la Constitución de Colombia, compilada por Jorge Ortega Gomes, encontramos en el Art. 42: La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.
EL IDEAL DEL DERECHO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN
El ideal político del derecho público a la información es, a no dudarlo,
un tema de controversia, que de alguna u otra manera el Derecho Constitucional ecuatoriano lo ha considerado a consagrar la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión pública, de prensa o de comunicación.
Estimo que, en el marco constitucional, las pretensiones de una derecho del público a la información, han fracasado salvo en los casos de las Constituciones de 1945, 1946, 1967 Y 1998, este no ha seguido una trayectoria que lo haga explícito.
La libertad de información con la base constitucional, fortalece
y permite hacer efectivo el derecho del público a la información, haciéndolo exigible independientemente de cualquier Gobierno.
Los gobiernos en el Ecuador han ejercido el derecho a la información, así: El 20 de noviembre de 1972, en la Presidencia de la República del general Guillermo ROdríguez Lara, se crea por Decreto 13-48, la Secretaria Nacional Pública. En un considerando destacaba que es deber del Gobierno informar adecuadamente al pueblo ecuatoriano sobre las realizaciones positivas y los logros que se consigan para su beneficio.
En el suplemento del Registro Oficial 441, del 16 de mayo de 1994, se publica el Decreto Ejecutivo 1656, mediante el cual el Presidente de la Republica crea la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado SENACOM, reestructurando de esta manera el Ministerio de Información y Turismo, que había sido creado el 11 de agosto de 1992. La Secretaría Nacional de Comunicación del Estado estará adscrita a la Presidencia de la República y su titular integrará el gabinete ministerial ampliado y coordinara la gestión de información y comunicación social de las diversas entidades del Estado.
En 1997, el Presidente Constitucional Interino, Dr. Fabián Alarcón Rivera, tomando como base la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado, creó el Ministerio de Comunicación.
El actual Gobierno, presidido por el economista Rafael Correa Delgado, a través de la Secretaría de Comunicación del Gobierno,
impulsa la instalación del canal de televisión estatal en la banda UHF, que trabajara con las frecuencias 48 y 49 Y estará al aire en el
Unos 21 millones de dólares necesita el Gobierno para poner a funcionar sus proyectos de medios de comunicación estatales o prensa oficial para algunos, que según los borradores de las propuestas que maneja la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, llevarán por marca PAIS, el nombre de su agrupación política.
La propuesta señala que el canal estatal atenderá sectores y temas que han permanecido relegados, por lo que habrá espacios para programación con contenidos ajustados a las realidades de las regiones, incluso preparados en sus lenguas autóctonas.
El proyecto de la radio propone una reingeniería administrativa y técnica de lo que ahora es Radio Nacional del Ecuador. El contenido del programa propone espacios informativos, como Noticiero País, en el que no solo se divulgue la actividad gubernamental, sino que recoja denuncias de la comunidad y de provincias.
Ninguno de los dos proyectos tienen definidos los mecanismos de financiamiento, porque la Ley de Radio y Televisión vigente prohíbe a los medios estatales pautar publicidad. La Secretaría de Comunicación espera efectuar acuerdos de cooperación con países como Argentina, Chile, Venezuela, España entre otros.
Tanto TV PAÍS como Radio PAÍS, a los que hay que agregar el diario El Telégrafo, pretenden ser de servicio público y participación ciudadana, no de propaganda gubernamental, ha asegurado el Mandatario.
Al salvaguardar los intereses del
de información, se garantiza también el derecho individual de cada
público, en cuanto a la libertad
En resumen, la libertad de información como ideal polítiCO debe estar garantizada en un derecho del público a la información.
La manera de vindicar el derecho del público a estar informado,
y hacerlo exigible constitucionalmente, es la pretensión a plantear.
Hablamos de un derecho a la información, teniendo como premisa que, como antes lo señalé: Los ciudadanos tienen derecho al acceso
a las noticias, presentadas en forma cabal y exacta. No podrá haber
libertad política en ningún país o en el mundo en general, si no se respeta el derecho a la información.
Este derecho significa que el Gobierno no puede y los medios de comunicación, como guardianes del derecho del público a la información, por ningún método o interés particular, estorbar u ocultar el conocimiento de cualquier información esencial para el bienestar y la ilustración del pueblo.
El derecho a la información comprende cuando menos cinco amplios
componentes, perfectiblemente distinguibles: El derecho a obtener
información del sector público que afecta a la sociedad civil. El derecho
a imprimir y comunicar sin restricción previa, esa información. El
derecho a imprimirla y comunicarla sin temor a represalias, ejercidas sin el debido proceso; y el derecho a distribuirla sin interferencia por parte de los gobernantes, conforme a la ley.
El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, reconoce, por ejemplo, a la libertad de información, como Derecho Humano Universal, que incluye: el derecho a expresarse, a recibir y comunicar información e ideas por cualquier medio e independiente de las fronteras.
Aunque las personas puedan reclamar el derecho, como un derecho moral o político al Gobierno o poderes públicos, solo las reclamaciones a un derecho consagrado en la Carta Constitucional y en disposiciones legales pueden ser exigibles, como ocurre en USA e Inglaterra.
La conversión del derecho del público a la información, de un derecho político abstracto a un derecho constitucional concreto, es factible porque hay justificaciones para la legitimidad constitucional de tal derecho, como ha quedado demostrado.
Este derecho se ve plasmado con una libertad de prensa, que no
significa privilegio alguno para un grupo humano, ni una libertad incondicional que desemboque en un libertinaje. Una prensa libre se yergue como uno de los grandes intérpretes entre el Gobierno y
el pueblo. Permitir que se la encadene es encadenarnos a nosotros
mismos. Según el magistrado George Sutherland: La prensa es un poderoso catalizador en el despertar del interés público respecto a las cuestiones del Gobierno.
La vigencia de los medios de comunicación, es importante para salvaguardar los supremos intereses del público, en un libre flujo de información.
Por ello, para Thomas Emerson, en su obra El Derecho del Público a la Información, incluye dos características estrechamente vinculadas:
derecho a leer, oír, ver y recibir informaciones por cualquier medio
el derecho a obtener información como base para trasmitir ideas
hechos a otros.
En una sociedad democrática es necesaria la información para la
toma colectiva de decisiones. Esto ocurre significativamente en el ejercicio del derecho del pueblo a un libre tránsito de información e ideas sobre la conducción del Gobierno, asegurada en la diseminación más amplia posible de información proveniente de fuentes diversas
y antagónicas.
El derecho fundamental, subyacente, es el derecho del público en general. En este contexto la prensa, los medios de comunicación, es el representante necesario de los intereses del público y el instrumento por el que se ejerce ese derecho.
El editorialista de diario El Universo, Emilio Palacio, en un artículo titulado "Señor Candidato", escribe lo siguiente para destacar la libertad de prensa:
"En los años sesenta, ciertos funcionarios públicos demandaron a
The New York Times por difamación cuando los dirigentes negros de los derechos civiles los acusaron de discriminación racial. El caso Sullivan vs. The New York Times llegó a la Corte Suprema y
la derecha ultrarreaccionaria se movilizó para taparles la boca a los
negros 'insolentes'.
Pero la Corte no hizo caso de esas presiones y emitió un pronunciamiento histórico, prohibiendo a los funcionarios públicos que reclamen 'indemnizacionciones por danos y perjuicios por una mentira difamatoria relacionada con su conducta oficial, a menos que prueben que la afirmación fue hecha con 'malicia real " lo que significa con conocimiento de que era falsa o con diferencia negligente respecto de si era falsa o no.
Dicho con otras palabras, para que un funcionario del Estado acuse
a un periodista por difamación no basta con demostrar que difundió información falsa.
Además, se debe probar que sabía que esa información era falsa
hizo lo que estaba
Dos integrantes de la Corte que votaron a favor en ese sonado caso, los jueces Goldberg y Douglas, hicieron una salvedad para expresar que en sus opiniones, la Constitución le otorga, además, 'al ciudadano y a la prensa un privilegio incondicional absoluto, para criticar la conducta oficial a pesar del daño que pudiera surgir de los excesos y abusos'.
Añadieron que en 'una sociedad democrática, quien aspira a representar a los ciudadanos en la Función Ejecutiva, Legislativa
o Judicial debe esperar que sus actos oficiales sean comentados y criticados.
Tal crítica no puede ser amordazada o prevenida por los tribunales, aun cuando los funcionarios públicos consideren que constituirá difamación.
La Corte tomó en cuenta que el poder corrompe. Controlar un gigantesco aparato represivo permite que incluso el gobernante más honesto sea injusto en determinadas ocasiones.
De otro lado, es una ligereza la actitud como la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha acusado a algunos medios de comunicación de su país, de ser ellos los principales adversarios de su Gobierno, aunque insinuó que esto no es culpa de los periodistas, sino de los dueños de los grupos editoriales. Para quienes el Ministro de Cultura de Cuba ha sugerido, que los dueños de medios que mientan "deberían ser condenados a cadena perpetua".
Frente a tales afirmaciones, es necesario referirnos a palabras del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien dijo: La libertad de expresión es la manifestación más visible del pluralismo en una sociedad y se mostró a favor de la propiedad privada de los medios de comunicación, porque es lo que garantiza esa libertad de expresión. Si los medios pertenecen al Estado, no hay libertad de expresión, sobre todo en los países como los nuestros, donde la diferencia entre el Estado y el Gobierno es inexistente. Quien tiene el gobierno controla el Estado. Sostuvo la necesidad de que existan, periódicos, canales de televisión y radios, que pertenezcan a empresas independientes que compitan entre sí, porque es en esa competencia que el público
puede formarse una opinión
y además, es la mejor garantía de que se denuncien los abusos, los
atropellos y la corrupción que son casi inherentes a los poderes.
y elegir unas determinadas opciones.
Aquella idea de que la empresa privada es de por sí una enemiga de
la justicia, es un prejuicio injustificado. Los grandes atropellos que se
han cometido en América Latina se han cometido fundamentalmente
a partir del Estado. Han sido los dictadores, los presidentes corruptos, los gobiernos ineficientes, los grandes responsables de la pobreza que existe en los países.
De igual manera tenemos que hacerlo con lo expresado por el columnista de diario El Comercio, Diego Pérez Ordóñez en su artículo NO HAY QUE CERRAR LA BOCA, quien señaló: Cuando el poder quiere arrollar a la libertad de expresión, llevarse todo por delante, hay que argumentar con más vehemencia, con mayor intensidad. Cuando el poder quiere convertirse en censor de los medios de comunicación, en interventor de los programas de televisión, en inquisidor de los periódicos, en fiscalizador de las emisiones de radios, hay que escribir con más entusiasmo.
Solamente el público puede decidir qué ver o no ver en la televisión, qué periódicos leer, qué revista consultar, qué radios escuchar.
Si los poderosos tienen el derecho, la prerrogativa, de decidir, de recomendar o de exigir que los canales de televisión cambien de programación, que los periódicos publiquen esto o aquello, que las revistas anuncien tal o cual cosa, que las radios transmitan equis programas, estamos viviendo una dictadura.
Ni los presidentes ni los ministros ni los secretarios pueden ejercer el derecho a la censura. Si a un ama de casa no le gusta que sus niños vean un programa de televisión, por violento o impúdico, que el ama de casa cambie de canal. Si un ciudadano equis no esta contento con el periódico que lee todas las mañanas, que vaya a la esquina
y compre otro. Si un ciudadano cualquiera no quiere oír la radio, siempre puede apagarla.
Pero el poder no nos puede ordenar qué leer, qué ver, qué escuchar. Cuando eso pase, cuando la sociedad tolere que nos ordenen la vida desde los corredores de los palacios, habremos legitimado la dictadura.
La lógica de la democracia es justamente la contraria; los ciudadanos tenemos el derecho de cuestionar al poder, de oponernos a sus métodos arbitrarios, de exigir rendición de cuentas, de saber qué destino corre el dinero público, de reclamar por el destino del país. No se puede exigir que los medios de comunicación reflejen y transmitan solamente lo que el poder quiere. No se puede pretender que los medios de comunicación informen solamente la versión oficial de los hechos. En democracia no puede haber una verdad oficial. En democracia no puede haber un catecismo gubernamental. Me pregunto, si desde el poder se nos puede obligar a mirar solamente las imágenes oficiales, a leer las noticias convenientes. ¿Pueden los poderosos obligarnos a vestir de una forma determinada, a creer o no en los dioses? Preguntas vanas y cándidas, lo reconozco.
Me sumo finalmente como hombre de derecho a lo manifestado en un editorial de diario Expreso: La necesidad ineludible y por siempre, de que, los medios de comunicación, los periodistas y las instituciones gremiales, como la Unión Nacional de Periodistas y los Colegios de Periodistas, se unan en defensa de un derecho elemental de toda sociedad civilizada, el de la libre expresión del pensamiento, sin la cual la colectividad pierde el vínculo con sus gobernantes y corre el riesgo de que se pierdan de vista sus objetivos. Se podría volver en un grupo humano desvinculado, sin bases suficientes para formar lo que se llama el Estado, esto es una nación jurídicamente organizada, donde las leyes sean normas de conducta de los asociados y, a través de ellas, se garantice el respeto a los derechos fundamentales del hombre entre los cuales está la libertad de pensamiento y de expresión.
Hay que tomar en cuenta que este derecho no es de los periodistas y los medios de comunicación, es de la comunidad; si se la restringe, se mutila moralmente a los asociados; pero también se corta el vínculo natural de unión, que crea conciencia colectiva y se expresa a través de los medios de comunicación. Por lo mismo, los medios deben rechazar intentos de esta naturaleza, vengan desde el poder político o de cualquier otro sector. En esto no puede haber concesiones, y esto lo dejamos sentado con claridad.
INCORPORACIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL.
El Derecho del Público a la Información complementa un modelo
estructural de derechos afirmativos como la libertad de información,
a los que hay que agregar la libertad de expresión, opinión y
comunicación, que protegen la estructura importante en la sociedad
y la existencia de la democracia.
Las libertades de expresión, opinión y de prensa, sustentadas en la libertad de comunicación, promueven el debate sobre las gestiones del gobierno representativo, con lo cual se contribuye implícitamente
a hacer realidad el ideal político del derecho público a la información, que debe ser adoptada en nuestra Constitución, en el capítulo de los Derechos Civiles.
Este derecho tiene su base en:
La libertad de expresar el pensamiento de palabra por la prensa o por otros medios de manifestarlo.
La libertad de opinión, cualesquiera que fueren los medios de expresarla y difundirla.
La libertad a la información y el libre acceso a sus fuentes, que es
la libertad de comunicación, sin más limitaciones que la seguridad
nacional y la vida privada de las personas.
El marco jurídico constitucional debe garantizar plenamente el derecho a la información bajo una libertad absoluta.
El Estado no podrá, bajo ningún contexto ni forma, crear mecanismos ni sistemas de regulación, control o censura de los contenidos o características de la información de los métodos de comunicación de carácter privado. El Estado debe reconocer el ámbito de autorregulación ética de los medios a través de sus propias normativas, códigos y reglamentos.
doctor Orlando Alcívar Santos señala que, en la actualidad la libertad
expresión se respeta en todo el mundo civilizado y democrático,
y mientras más acentuadas sean estas características -democracia
y civilización- en una población y en un Estado, el respeto es mayor; indicando, no obstante, que vale precisar algunos conceptos que se deben tener siempre presentes:
periodismo es ejercer un control
de la arbitrariedad y de los abusos del poder político y del poder
económico; de ambos.
2.- El periodismo no debe transigir en defensa del interés social, de
la verdad, de la tolerancia, del orden y de la justicia.
3.- El periodismo debe ser absolutamente independiente, objetivo y transparente, por lo que lo ideal sería que los dueños de los medios informativos no participen de otras actividades económicas ni dependan en porcentajes importantes de la publicidad del Estado o de los organismos públicos en general.
4.- Es primordial que las opiniones estén perfectamente separadas de las informaciones, a fin de que los funcionarios públicos y la ciudadanía sepan distinguir las diferencias entre unas y otras.
Las noticias tienen que ser objetivas, pero a las opiniones no se les puede exigir objetividad, pues son las apreciaciones personales -subjetivas- de quienes las emiten, razón fundamental para que los columnistas no deban ser perseguidos por el poder ni por los jueces.
Pero lo más importante de todo es hacer hincapié, una y otra vez, las que sean necesarias hasta que se lo entienda, que el derecho a opinar es irrenunciable, aunque moleste a los poderosos. Si desaparece, la democracia sucumbe; y su preservación es nuestra principal preocupación.
Constituciones de la República del Ecuador. Federico Trabucco. Editorial Universitaria 1975.
Julio Tobar Donoso - Juan Larrea Holguín. Derecho Constitucional Ecuatoriano. Tercera edición actualizada.
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 1989.
Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial -
Documentos Internacionales de Importancia. Universidad Nacional de Loja.
Dr. Juan Cueva Serrano.
Declaraciones de Derechos.
Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.
Estatuto de la Federación Nacional de Periodistas.
Código de Ética del Periodista Profesional.
El Derecho del Público a la Información. La Suprema Corte de los Estados Unidos y la Primera Enmienda Constitucional. David M. Obrien.
¿Es Factible Reglamentar en una Democracia el derecho a la Información? John C. Merrill.
Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. http://www.cidh.org/annual.
Constitución Política del Ecuador. 1998.
Artículos y noticias varias publicadas en medios de comunicación del Ecuador en el 2007.
DR. RENATO DEL CAMPO CHANGUIN
- Bachiller Filosófico Sociales. Guayaquil. 1973.
Colegio San José La
Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil. 1976.
- Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil. 1979.
- Doctor en Jurisprudencia. Facultad de jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil. 1998.
- Licenciado en Diplomacia y Ciencias Jurídicas Internacionales. Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales Universidad de Guayaquil. 1983
- Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales Dr. Antonio Parra Velasco, de la Universidad de Guayaquil. 2004
- Periodista Profesional. Ministerio de Educación Pública. 1977.
- Incae, en Costa Rica, sobre Introducción a la Economía. 1993.
- Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Teleducación sobre periodismo, prensa, radio, cine y televisión. 1983.
- Universidad de Panamá. Beca de la OEA. Derecho Internacional Público. 2002.
- IV Congreso Internacional sobre Fronteras en Iberoamérica. Universidad de Guayaquil - Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales. 1994.
ACTIVIDADES DOCENTES E INSTITUCIONALES
- Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo.
- Actualmente Asesor del Departamento de Estudios de Asia- Pacífico de la Universidad Espíritu Santo.
- Profesor en la Academia de Guerra de la Armada Nacional, en las materias de Legislación Marítima y Derecho Internacional Marítimo.
- Profesor de Derecho Internacional Público, Integración y Comercio Internacional, y de Introducción al Estudio de la Cuenca del Pacífico. Universidad del Pacífico-Escuela de Negocios en Guayaquil. Actualmente profesor de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Humanitario.
- Ha sido profesor en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Consular, Derecho Internacional Público y Privado en el Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.
- Presidente del Colegio de Diplomáticos e Internacionalistas del Guayas 1991-1992 y 1993-1994.
- Un mercado por descubrir: la República Popular China. Con el auspicio de CORPEr y sector empresarial privado. 2001.
- Política Internacional:
La Carta de Conducta Andina de Roldós y el Derecho Internacional. Derechos Humanos y Democracia.
La Unidad Hispanoamericana y los Problemas Territoriales que la Afectan.
La Integración Europea y la Unidad Hispanoamericana.
La Importancia de la Doctrina de la Solidaridad Obligada del Dr. Antonio Parra Velasco y los Estados Hispanoamericanos. Universidad de Guayaquil. Octubre de 2004.
- Derecho Internacional Marítimo
Academia de Guerra-Armada del Ecuador. 2002
- China: El Capitalismo en el Comunismo. Su megatransformación económica. Centro de Cooperación Empresarial y de Tecnología Ecuatoriano- Chino. Noviembre 2004.
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