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Timestamp: 2020-04-08 06:03:07
Document Index: 58051303

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 116', 'artículo 149', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 64']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 523, de 21/03/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 523
celebrada el martes, 21 de marzo de 2006
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 2)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 2)
-Sobre subvenciones al sector equino español. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001020.) ... (Página 10)
-Relativa a la incorporación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los órganos rectores del VI Symposium internacional de la fresa, a celebrar en Huelva en 2008. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001139.) ... (Página 11)
-Relativa a la adopción de medidas para la protección fitosanitaria de las palmeras. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001329.) ... (Página 13)
-Relativa a la actividad cinegética como subsector del sector primario español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001447.) ... (Página 16)
-Relativa al acceso de las mujeres agricultoras, a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos o hijas menores de tres años. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001449.) ... (Página 20)
-Por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo al sector de la fruta dulce. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001455.) ... (Página 23)
-Sobre cultivos leñosos en secano afectados por la sequía del año 2005.
(Número de expediente 161/001472.) ... (Página 27)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente al día de hoy. El orden del día, como saben, tiene dos partes: en primer lugar, el proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos y, en segundo lugar, las proposiciones no de ley de los distintos grupos parlamentarios.
Al objeto de que SS.SS. puedan organizar el trabajo y toda vez que alguno de los portavoces ha llamado por teléfono indicando que, por haber sido fiesta ayer en Madrid, había tenido problemas de desplazamiento y venía en avión, la votación conjunta en ningún caso la celebraremos antes de las 13:30 horas. En torno a esa hora, por la carga de trabajo que hay, podremos hacerla.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE RECURSOS FITOGENÉTICOS. (Número de expediente 121/000041.)
El señor PRESIDENTE: Me indica el letrado con acierto que lo primero que procede para dar formalidad al hecho es ratificar la ponencia designada para informar de esta ley. ¿Se considera ratificada la ponencia por asentimiento? (Asentimiento.) Queda ratificada.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO Y DE RECURSOS FITOGENÉTICOS. (Número de expediente 121/000041.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. La metodología, como saben, es un turno de intervención de diez minutos por cada uno de los grupos parlamentarios que tienen enmiendas presentadas o pendientes en esta ley, de menor a mayor, y posteriormente fijación de posiciones por el resto de los grupos.
En primer lugar, la señora Fernández Davila, portavoz del Grupo Mixto, tiene la palabra para defender las enmiendas que tiene pendientes.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Después del debate en ponencia mantenemos vivas nuestras enmiendas porque consideramos que perduran en el proyecto las mismas razones que provocaron que las presentáramos.
Las enmiendas 30, 31, 40, 41 y 43 están relacionadas entre sí, en el sentido de que entendemos que este proyecto
posibilita la apropiación por parte de empresas transnacionales, por ejemplo, de los recursos fitogenéticos que tradicionalmente los agricultores, en este caso de todo el Estado español, conservaron o cultivaron desde siempre por sus características -adaptación al medio, sabores, resistencias, variedades, etcétera-, suponiendo, por tanto, desde nuestro punto de vista, una privatización de un patrimonio de la humanidad para convertir, mediante el registro de una variedad, un bien público en un bien privado o comercial. Así se desprende del análisis que nosotros hacemos del proyecto y de la propia exposición de motivos en la página 2, donde se dice que en el registro de variedades protegidas se inscribirán aquellas variedades para las cuales se concede un derecho de propiedad a su obtentor, lo que se traduce en una exclusividad de producción y comercialización. Proponemos, por tanto, en nuestras enmiendas que se haga una modificación y que el inventario de variedades de conservación sea a través de las comunidades autónomas, de tal manera que se posibilite un trabajo de recogida y evaluación de estas variedades y conservación del estado de las mismas por las comunidades autónomas, porque entendemos que es donde mejor se pueden abordar las diferenciaciones que existen entre las distintas zonas territoriales del Estado motivadas por la propia climatología. Incidiendo en esta argumentación de lo que se decía en la exposición de motivos esto se ratifica en el apartado 4 del artículo 2, donde se hace la definición de variedades de conservación que, vuelvo a decir, refrenda lo que nosotros entendemos una privatización de las semillas. Proponemos que lo que se dice en este artículo de que se hace precisa su conservación mediante el cultivo y comercialización se cambie por mediante el cultivo y protección comercial. Esto garantizaría mejor las condiciones de las semillas.
Nuestra enmienda 41 al artículo 19.3 se debe a que también es necesario hacer una corrección, ya que queremos que esas variedades protegidas no sean asimiladas a otras variedades comerciales. Proponemos que, una vez hecha la identificación de estas variedades del inventario de semillas protegidas, esta sirva para excluir las variedades comerciales que se quieran registrar y que coincidan con las protegidas inventariadas, en el mismo sentido que argumentábamos al inicio de nuestra intervención.
En esa misma idea incide la enmienda 43, ya que consideramos que sería necesaria la limitación del acceso a los recursos fitogenéticos, puesto que se deja la puerta abierta a que personas físicas o jurídicas de otros Estados de fuera del Estado español, no firmantes de tratados internacionales, puedan acceder a ellos por normativas comunitarias que establezcan la existencia de acuerdos de transferencia de material, convenios o tratados bilaterales. Esta es la manera de apropiarse de recursos de la tierra que nosotros entendemos no tienen que ser transnacionalizados.
El segundo aspecto, en el que inciden nuestras enmiendas 34 y 35, es lo que se recoge en los artículos 8.3 y 9.3 de que se autoricen las semillas y plantas modificadas genéticamente, aunque se reviste de medidas de salvaguarda para evitar efectos adversos. Nuestra propuesta es que no estando aún cerrado el debate, por lo menos de momento, para autorizar la coexistencia de la OXMs, tampoco se debe admitir en este proyecto de semillas, aunque sean para experimentación y ensayos, la presencia de la OXMs, por estar, por la información con que contamos, ya demostrado en varios países y en varios casos la contaminación en cultivos y en la cadena alimentaria, incluso respetando estos principios de precaución establecidos. Nosotros sí reconocemos documentaciones aportadas sobre esta cuestión.
La últimas enmiendas están relacionadas con el papel de las comunidades autónomas, que son las números 33, 36, 37, 38, 39, 42, y 44. Nosotros entendemos, por ejemplo, que los registros sobre ensayos de características, adaptaciones y demás requisitos para la inscripción de una variedad comercial o de conservación se debe hacer en las comunidades autónomas, ya que si no están las semillas con las que se va a analizar o a ensayar para este tipo de adaptaciones registradas en todas las comunidades autónomas, el que se haga en una sola no resuelve el problema de esa misma semilla en otra comunidad en la que no fue analizada o ensayada debidamente. De ahí la conveniencia de que estos ensayos se hagan desde las propias comunidades autónomas, y la necesidad del registro propio en la comunidad autónoma, a fin de que se pueda garantizar que de aquellas semillas ensayadas se conoce su perfecta adaptación o bien en todo el territorio o justamente donde está registrada.
Estas son las enmiendas que presentamos y que mantenemos para su votación.
El señor PRESIDENTE: Correspondería el turno al Grupo de Izquierda Verde- Izquierda Unida. No está presente su portavoz, por tanto, teóricamente las enmiendas decaen, pero por parte de esta Presidencia no habría ningún problema, como suele ser habitual, por cortesía parlamentaria con los grupos minoritarios, en que si a lo largo del debate se presenta darle el turno correspondiente para que pudiera defenderlas.
Pasamos al Grupo de Esquerra Republicana. El señor Ramón Torres tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas que tiene vivas.
El señor RAMÓN TORRES: Esta es una ley cuyo primer documento, cuando se nos presentó, ya lo explicamos en Pleno, no era de nuestro agrado ni de muchas de las asociaciones que nos habían pedido que enmendáramos el texto, pero sí tenemos que agradecer tanto al ministerio como al Grupo Socialista su disponibilidad para modificar ese primer documento. Así queda un documento al agrado no solo de todos los grupos parlamentarios que estuvimos en las negociaciones, sino de las asociaciones que nos hicieron llegar sus consideraciones, entre ellas recordarles la Asociación de Cultura Ecológica, que nos comentó varias de ellas, que al final
quedaron incorporadas en el texto y, por consiguiente, nuestro grupo se congratula.
A este texto final nuestro grupo presentó 11 enmiendas que iban a dejar el texto como a Esquerra Republicana le hubiera gustado. Muchas de las mismas son de tema competencial, a las que me referiré más adelante, y a otras se nos ha presentado alguna enmienda transaccional por parte del grupo mayoritario, y ahora pasaré a decir cuáles son las que aceptamos y cuáles no.
La primera de las enmiendas que presentábamos, que era la número 7, hacía referencia al Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Entendíamos que esta ley tenía que estar enmarcado en ese tratado, porque dado que el tratado condicionaba el articulado en diversos puntos parecía necesario dejar constancia de ello. A esta enmienda, como les decía, nos ha presentado una transacción el Grupo Socialista, por la que queda enmarcada esta ley en el tratado internacional a que hacía referencia anteriormente, y la aceptaríamos, porque el objetivo de la enmienda que habíamos presentado nosotros se enmarca en esta enmienda transaccional.
Habíamos presentado también una enmienda que en la ponencia ya quedó aceptada, que hacía referencia a los clones y a la definición de las plantas, y también nos congratulamos. Era una enmienda básicamente técnica que entendíamos que tenía que ser aprobada.
Habíamos presentado dos enmiendas más, las 12 y 13, que hacían referencia al etiquetaje de los transgénicos. ¿Por qué habíamos presentado estas enmiendas? Nos basábamos en el artículo 45 del Real Decreto 178/2004, en el que se hacía referencia a que en cualquier producto manipulado genéticamente tendría que estar especificada esa modificación genética.
Aquí el Grupo Socialista nos presentó una enmienda transaccional. No nos gustaba el texto definitivo, porque la referencia que hacemos nosotros es la misma que hace el real decreto que antes citaba. Nosotros decíamos que en todas las etiquetas, tanto de semillas como de plantas de vivero, tendría que haber una información que especificara que es un organismo modificado genéticamente, y que la vigente Ley 9/2003 obliga a que todos los productos resultantes de estas semillas o plantas, en cualquier fase de su producción o distribución, contengan información sobre esta condición. En nuestra enmienda, especificábamos también que el incumplimiento de esta normativa podría suponer la sanción de 30.000 euros. Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista nos va a presentar una transacción, pero no es lo que nosotros queríamos. Entendemos básico que esta ley haga referencia, sobre todo, a la necesidad de que en la etiqueta de las semillas se especifique si el producto ha sido modificado genéticamente. Seguiremos negociando con el Grupo Parlamentario Socialista y posiblemente aprobaremos la enmienda transaccional.
La número 13 es una enmienda técnica que está relacionada con la número 12 y ya se comentó en ponencia que si se aprobara la 12, esta también quedaría aprobada.
El resto de las enmiendas que hemos presentado son relativas al marco competencial en relación con el registro, los programas de utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, las dificultades de suministro y de secciones temporales de registro, etcétera. En definitiva, entendemos que hay que salvaguardar todas las competencias que tenían las comunidades autónomas en este ámbito. En el nuevo proyecto de Estatut de Cataluña que se está debatiendo, aunque quizá en otros temas más importantes no se va a llegar a un acuerdo, en lo relativo a la agricultura parece que se va a aprobar el texto que salió del Parlament de Cataluña, que en su artículo 116 dice literalmente: "Corresponde a la Generalitat, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13ª y 16 de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería." Y la letra e) de este artículo señala que serán competencia exclusiva: "Las semillas y los planteles, especialmente todo aquello relacionado con los organismos genéricamente modificados." En definitiva, son competencias que esperamos que en el nuevo Estatut queden aprobadas y sería bueno que se hubieran aceptado nuestras enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna transacción -no creo que sea por falta de respeto a las competencias de las comunidades autónomas, porque el portavoz ha sido presidente de una comunidad autónoma y sabe de qué estamos hablando-, por lo que mantendremos para su votación todas estas enmiendas competenciales y, si no se aprueban en el Congreso, trataremos de presentarlas en el trámite del Senado.
El señor PRESIDENTE: Turno para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El señor Grau tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: Fijaré la posición de nuestro grupo respecto a las enmiendas después de los trabajos realizados hasta ahora por la ponencia en la elaboración de esta ley. Una ley con un gran contenido técnico que, lógicamente, ha precisado de muchos encuentros, sobre todo con el sector, para buscar una posición justa y equitativa con las necesidades de regulación de todas sus propuestas. Debo agradecer aquí al Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno su posición favorable al respeto competencial de la ley, frente a posiciones en las cuales hay una disparidad sobre las actuaciones de los diferentes gobiernos autónomos.
Posiblemente, esto pone en evidencia la necesidad de un tratamiento presupuestario coherente, tanto por parte del ministerio como de las comunidades autónomas, con una fijación más exacta de las competencias a asumir, para que, entre todos, seamos capaces de legislar para asegurar el cumplimiento de los registros, de los reglamentos y de las protecciones, que en definitiva lo que hacen es determinar unas características básicas del producto, de forma que la regulación sea igual en todo el territorio nacional y nos permita que la garantía de una
etiqueta o de un registro dado en una comunidad autónoma sea de la misma calidad y eficiencia que el que se pueda dar en las demás. Con esta ley se intenta que haya una posición unívoca y que la conferencia sectorial, a través de reglamentos o de negociaciones interautonómicas, sea capaz de establecer los mecanismos que aseguren a todos nuestros ciudadanos que las normas se cumplen en todo el territorio del Estado. Si nuestras 17 enmiendas se han basado en temas competenciales o de establecimiento de cuestiones reglamentarias, ha sido para obtener la armonización de todas estas actuaciones sin merma de la capacidad legislativa autonómica ni de las garantías de cumplimiento legal, no solamente dentro de una comunidad autónoma, sino que también tiene que tener su expresión en entidades supraestatales como la Unión Europea, porque así conseguiremos que un registro dado por una comunidad autónoma sea respetado o reconocido, al menos, en países como Italia o Francia.
Se ha puesto de manifiesto por parte del sector que el cumplimiento de los registros de las variedades tiene que ser bastante más ágil. En España tenemos un fuerte componente de investigación y de diseño de nuevas variedades, pero a veces no va acompañado por la eficiencia en el registro por parte del Estado. Esperamos que esta ley mejore este funcionamiento y que el sector se sienta lo suficientemente protegido, con el potencial que esto nos tiene que brindar dentro de la propia Unión Europea.
Centrándonos en nuestras enmiendas, hemos hablado de unas de carácter técnico, en cuanto a establecer reglamentariamente unas formas de registro que sean homogéneas en todo el Estado; hemos hablado de la capacidad competencial en cuanto a las etiquetas, en nuestro caso también lingüística -creemos que una etiqueta bilingüe no supone ninguna merma en una determinada semilla-, y también de que el sistema de control sea coordinado por las comunidades autónomas, por el bien de todos. Nuestro grupo mantiene todas sus enmiendas.
Quisiera hacer especial hincapié en lo relativo a las sanciones. En ponencia se nos anunció que en la Comisión se presentaría una enmienda transaccional para llegar a un acuerdo respecto de las posiciones sancionadoras. Respecto a la unificación de las sanciones por importes, como hay semillas de cereales o de hortalizas, cuyos valores son muy dispares, si queremos ser justos con las que tienen mayor precio, seremos injustos y muy lesivos para los que tienen menor precio. En todo caso, hay que definir mejor las sanciones. Nuestra propuesta -la reiteramos y la mantenemos para la votación- era ajustar a la baja las sanciones leves, modular ligeramente las sanciones graves y mantener en cualquier caso las sanciones muy graves, de acuerdo con la propuesta que hace el Gobierno. Si la propuesta nos permite establecer alguna modulación, basándose en la sanción y el perjuicio económico que se genera a los productores de semillas en virtud de si son cereales o son otro tipo de semillas y del monto económico del daño o del resultado de la actuación de una determinada empresa, creo que seremos más justos. En todo caso, la penalización que estableceremos estará más de acuerdo con el daño o con el posible fraude que pueda hacer la empresa sancionada.
No hemos podido encontrar una vía que nos permita, respetando al máximo la capacidad competencial, determinar un punto de encuentro a partir del propio funcionamiento autonómico del registro de productores, el cual tiene que permitir que la calidad del registro sea la misma en todo el Estado. Este es un tema que entendemos que queda abierto y, por eso, anunciamos que mantendremos unas enmiendas que repetiremos en el trámite del Senado para este artículo 36, al cual hemos propuesto dos o tres enmiendas y negociado ampliamente transacciones para no llegar a un punto de encuentro que respete, por una parte, los intereses del sector en cuanto a la igualación -no digo armonización porque cuando se dice en esta Cámara esta palabra se coge la tijera y se recortan competencias- de calidades y al menos de atribuciones a un determinado registro sea cual sea la comunidad que lo concede. Por eso, nuestro voto al artículo 36 será negativo o de abstención porque aunque en la base respeta el tema competencial no representa para este asunto una solución que iguale los intereses del sector.
Por lo demás, mantenemos vivas para su votación las enmiendas que no han sido aceptadas y damos por buenas las transacciones que nos presenta el Grupo Socialista a las enmiendas 47, 48, 49, 50 y 51, algunas de ellas en coincidencia con otros enmendantes para conseguir así unificar enmiendas para la solución del problema.
El señor PRESIDENTE: Turno para el Grupo Parlamentario Popular. El señor Pintado, portavoz en este asunto, tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: En relación con el proyecto de ley de semillas y plantas de viveros y recursos fitogenéticos, todos entendemos que el empleo de semillas y plantas de viveros es un factor básico para la actividad agraria ya que constituye una de las inversiones con efecto multiplicador más elevado y es donde más se puede apreciar, igual que en la maquinaria, lo que supone la verdadera transferencia de tecnología hacia el sector, bien por todos los esfuerzos que hacen las propias empresas implicadas en este ámbito, bien por todos los esfuerzos que han hecho durante muchísimos años -y que nos consta que siguen haciendo- los distintos entes dependientes de las comunidades autónomas o del Ministerio de Agricultura a la hora de la investigación y de los distintos programas que llevan a conseguir variedades de semillas que permitan a los agricultores trabajar con mejores herramientas. A nadie se le escapa que es una actividad de gran especialización, que tiene unos costes muy importantes, con elevadas inversiones que no siempre dan resultados y que, en definitiva, ante la expectativa de un lucro legítimo tanto las empresas como
la propia Administración coadyuvan a que al final se consigan beneficios importantes para el sector.
En esta ley siendo una ley técnica y muy importante porque afecta directamente al sector de la obtención, de la comercialización y distribución de las semillas, deben quedar claros los ámbitos de derechos y obligaciones de cada subsector. En ese sentido hay tres vertientes fundamentales: obtención, caracterización y evaluación de las variedades vegetales; registro de variedades comerciales; producción y comercialización de las semillas y plantas de vivero y recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. Cabe recordar que la legislación actual, independientemente de todas las modificaciones que se han introducido en el ámbito de las directivas comunitarias, es de hace ya casi 40 años, del año 1971 y, lógicamente, era necesaria una modificación que aquilatara y que viniera, por un lado, a poner en el actual régimen competencial de las comunidades autónomas y, por el otro, se tuvieran en cuenta todas las investigaciones y los nuevos elementos que intervienen en la obtención de las nuevas variedades comerciales. Uno de los retos de esta ley -como toda ley que se precie- son las suficientes garantías jurídicas para los operadores y para disponer del marco jurídico clave, seguro y que permita el desarrollo de un subsector clave en la viabilidad de nuestras explotaciones agrarias.
Antes de entrar a defender las enmiendas que mantenemos vivas, desearíamos reconocer al Grupo Socialista y en especial a su portavoz el esfuerzo por tratar de llegar a acuerdos en relación con las enmiendas presentadas por nuestro grupo. De un total de 11 enmiendas presentadas, siete de ellas han sido o aceptadas literalmente o transaccionadas con textos que ayudan de forma importante a mejorar aspectos técnicos de esta ley. También es verdad que hay algunas cuestiones de matiz en las propias enmiendas transaccionales y cuya redacción podrá ser mejorada en el posterior trámite del Senado. Ahora bien, a juicio del Grupo Popular subsisten todavía dos aspectos de esta ley, a los que han hecho referencia alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que afectan de forma grave a la aplicación concreta de esta ley en el sector de semillas. Bien es cierto que se ha intentado durante estos meses con textos y contrapropuestas llegar a acuerdos, de hecho en uno de los apartados es posible que a última hora de hoy podamos cerrar algún acuerdo. Por eso, a nuestro grupo le consta y le queda la tranquilidad de haber intentado por todos los medios acercar posturas con el resto de los grupos, especialmente con el Grupo Catalán y con el Grupo Socialista.
Ustedes son conscientes de que uno de los problemas más acuciantes de este sector es el nivel de fraude provocado por las empresas que operan al margen de la legalidad. Se habla incluso de un monto en superficie del orden de las 500.000 hectáreas lo cual, a juicio del Grupo Popular, hace imprescindible actuar. Entendemos que la responsabilidad no es solo de las administraciones, aunque lógicamente las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura como principal ente coordinador tienen que trabajar, sino que es una responsabilidad tanto de las organizaciones agrarias como de las cooperativas, del propio sector productor e incluso del Seprona y la Agencia Tributaria a la hora de erradicar este fraude y de que no se siga perjudicando en muchos casos al agricultor, a la investigación y a la calidad de la producción final. Hemos entendido y así lo dijimos en fase de ponencia ante la postura de algún grupo parlamentario -totalmente legítima- que este no es un problema de multinacionales o de empresas nacionales. La transferencia tecnológica se consigue con investigación en semillas y tiene un beneficiario directo que es el productor agrario. Estamos en la Comisión de Agricultura y aunque parezca de Perogrullo entendemos que todos los miembros de esta Comisión estamos para ayudar al sector y que una buena forma es garantizar que las semillas sean de máxima calidad y que en el futuro se siga en esa dirección tanto por la vía de la investigación como por la vía de la transferencia tecnológica al sector.
Hay un tema al que me referiré en último lugar y en el que se pueda ver un contrasentido. Entiendo que no lo hay y espero conseguir explicarlo. Me refiero al ámbito de las sanciones, que también ha citado el portavoz de Convergència i Unió. Nos encontramos con la consabida interpretación del régimen competencial, eterno problema de esta Comisión y también de otras a la hora de delimitar las actuaciones de la Administración autonómica y del Ministerio de Agricultura. Me estoy refiriendo al artículo 36 de esta ley que, a nuestro juicio, ha sido el verdadero caballo de batalla y donde más esfuerzos hemos puesto por acercar posturas. Quiero reconocer la labor y constancia de don Pere Grau que perteneciendo a un grupo político de representación territorial concreta ha intentado llegar a una solución que, salvaguardando el ámbito competencial, pudiera dotar de garantías a un sector muy necesitado de hacer muy bien los deberes. En este artículo se establece el procedimiento para la obtención del título de productor de semillas. En la enmienda que presentó el Grupo Popular he de reconocer que se solicitaba que todo el peso de la decisión y del procedimiento fuera realizado por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué buscamos con esta enmienda? ¿Qué buscábamos? Mejor garantía de homogeneización en todo el territorio nacional, establecimiento de un registro único, garantía jurídica de los actuales y futuros productores y simplificación -sobre todo simplificación- de criterios para todos los productores. Hemos presentado varios textos, no ha sido posible llegar a un acuerdo que concitara posturas, y anunciamos que en el trámite del Senado volveremos sobre esta misma cuestión, con conversaciones tanto con el Grupo Socialista como con el resto de los grupos, para tratar de acercar posturas y llegar a un acuerdo convincente.
Tengo que decirles, señorías, que nuestro grupo ha rebajado sustancialmente sus postulados con el ánimo de llegar a acuerdos que convinieran a todos los grupos;
nos anima todavía en este momento el hecho de buscar una solución que el sector demanda. Yo le diría que es muy necesario estar en contacto permanente, tal como procuramos hacer, con todos los sectores implicados para conocer realmente las necesidades, en este caso, del sector de producción de semillas. La problemática es igual para todas las empresas, estén radicadas en Andalucía, en Cataluña, en Aragón o en el País Vasco.
Todos coinciden en solicitarnos que la competencia radique en manos del Ministerio de Agricultura. Nosotros les pedimos una última reflexión -como he dicho anteriormente, todavía queda el trámite del Senado- y que primen los intereses de los ciudadanos por encima de otros que, siendo legítimos, no favorecen las expectativas de los mismos. Traigo a colación una reflexión que se produjo en noviembre de 2005 en esta Cámara respecto al ámbito competencial: Buscaremos, en fin, un acuerdo pensando en quién ejerce mejor la competencia y no a quién corresponde la competencia; en definitiva, un acuerdo pensando en los ciudadanos. Lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba. Me parece que para esta ley y en este ámbito concreto nos podría servir esta reflexión. ¿Se trata, entonces, de quitar una competencia a una comunidad autónoma? No, ni mucho menos, pensamos que es la mejor forma de servir desde las autonomías a la consecución de los objetivos que la misma ley propone alcanzar. Consideramos que los textos que se han barajado durante las últimas semanas en el trámite de ponencia permitían cumplir esos objetivos.
Otro aspecto ligado directamente a esta situación es el de la unidad de mercado. Nos parece un bien en sí mismo, y SS.SS. son conscientes de que el crecimiento económico de las empresas radicadas en las distintas comunidades autónomas está directamente ligado a la unidad de mercado que tanto ha contribuido al crecimiento de todos los españoles, independientemente de dónde vivan. Sus señorías tienen que ser conscientes de que las comunidades autónomas que mejor trabajan en el control de los productos de semillas manifiestan una gran preocupación por lo que se deriva de la actual redacción de esta ley, a saber: Cualquier comunidad autónoma, por no dar suficiente importancia a la producción de semillas, por no tener los medios necesarios de control, tanto personales como técnicos, por interpretaciones distintas de las normas de adquisición del título de productor, podrá otorgar título de productor de semillas y esa titulación será válida para operar en todo el ámbito del territorio nacional. Las consecuencias las podemos extraer directamente: todos los esfuerzos de comunidades autónomas donde valoran el control y buscan la mejor garantía de producción de semillas para sus agricultores, al tiempo que relanzan un sector económico con importantes esfuerzos en materia de investigación y transferencia tecnológica, se pueden venir abajo por una competencia desleal que puede, y de hecho va a ser así, hacer mucho daño al sector perfectamente legalizado y que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa. Señorías, ustedes saben que se necesitan medios humanos y técnicos, instalaciones, laboratorios, técnicos en campo y en las factorías, y controles de calidad permanente. He comentado anteriormente que en la actualidad el fraude en el sector es muy importante. ¿Conocen SS.SS. que las denuncias que se producen en el sector parten casi en su totalidad de las mismas empresas? ¿Qué ocurre con las empresas que de forma ilegal colocan cantidades importantes de semillas en el sector? ¿Puede utilizarse esta ley para promover que los que hoy actúan clandestinamente puedan acudir a una comunidad autónoma que no tenga un grado de exigencia alto para introducir en el mercado semillas que no reúnan las condiciones exigibles para dar garantías reales a nuestros agricultores de qué es lo que siembran? Es responsabilidad de esta Comisión velar por los intereses de un sector agrario con graves problemas de adecuación al actual marco comunitario y que necesita herramientas -todas son imprescindibles- para hacer frente a la viabilidad de sus explotaciones. Desearía añadir un nuevo argumento en relación con el ámbito competencial. En el artículo 4 de este proyecto de ley se trata sobre el registro de variedades comerciales y se dice que será gestionado por el Ministerio de Agricultura. Aquí parece no haber gran problema en mantener la competencia en manos del Estado. Nos gustaría que para la expedición de este título de productor ocurriera lo mismo.
Termino con este aspecto. Señorías, España no puede dejar de ser un país fiable en esta materia, y en lo que se refiere a nuestro grupo parlamentario, y espero que también a la Comisión, se trabajará en esa dirección. La consecuencia podría ser clara: descenderían las inversiones de capital exterior y causaríamos un perjuicio grave a empresas que llevan muchos años haciendo bien las cosas y adecuándose permanentemente a las normativas, tanto nacionales como comunitarias.
El otro aspecto de nuestra enmienda viva se refiere al artículo 64, el régimen sancionador. El régimen sancionador previsto en esta ley nos parece desmedido, desproporcionado y pensamos que va a causar grandes quebrantos en economías de no gran volumen. Aquí está la aparente contradicción a la que me refería al inicio de mi intervención. ¿Por qué decimos esto? Porque, lógicamente, las sanciones solo operan sobre el sector legalizado. Los que actúan furtivamente no son controlados ni inspeccionados y llevan una economía sumergida a la que anteriormente me he referido. Es decir, aquel productor perfectamente legalizado que cumple con las normas por un mero error en un etiquetado puede ser sancionado de forma brutal, mientras que el que esconde su semilla y la ofrece clandestinamente no tiene ni siquiera que pensar en esa posibilidad. Actúan con total impunidad, con dinero negro -son denuncias del propio sector-, sin que nadie les controle, inspeccione y sancione.
Quiero recordarles que el mayor bloque de semilla certificada corresponde a cereales, leguminosas y proteaginosas. El precio medio de venta se sitúa en 0,35 euros/kilogramo. Un posible error en una unidad de
comercialización, pongamos por caso 25 toneladas de semilla, solo por menor germinación, podría llegar a ser una falta grave con propuesta de sanción de 30.000 euros, cuando el valor total de la partida sería de 8.750 euros. Si la acumulación de las faltas es por simples errores administrativos y de documentación, sin valor económico, y se volviera a estar a lo largo del tiempo en un expediente similar por otro lote de características similares, la propuesta podría transformarse en falta muy grave, con lo que la sanción podría llegar a ser de 300.000 euros. Estas reflexiones nos tendrían que llevar a pensar en modular el régimen sancionador. Sabemos que ahora mismo está circulando una enmienda transaccional que de alguna forma puede concitar el acuerdo de los grupos buscando fórmulas que se acerquen más a la realidad del sector. Nosotros estaríamos por formular unas sanciones -y en esto coincidimos con otros grupos políticos- que tuvieran en cuenta los distintos grupos de semillas en función de su valor, ya que no es comparable un kilogramo de semilla de cereal, oleaginosa o proteaginosa, a otro de hortícolas y que no supusiera una espada de Damocles sobre el sector profesional, que desea cumplir, por el bien de sus empresas y de sector agrario, con las especificaciones que emanan de las normas.
Termino, señorías, dando las gracias al resto de ponentes de este proyecto de ley y, a efectos del "Diario de Sesiones", reconociendo al sector productor de semillas de nuestro país el esfuerzo que hacen por seguir contribuyendo con su tecnología y servicio al desarrollo de la agricultura de nuestro país. Y termino -ahora sí, señor presidente- haciendo una propuesta a esta Comisión, propuesta que se ha discutido con varios portavoces y a la que en su día esperamos darle forma, para que la Comisión de Agricultura sea capaz de crear algún instrumento, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con las comunidades autónomas, quizás a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales, para ver, sobre informes anuales, en qué grado está actualmente el sector productor de semillas en España y para que se puedan hacer unos cortes en el tiempo, quizá con una periodicidad anual -eso habrá que hablarlo con los grupos parlamentarios-, con el fin de que todos los grupos parlamentarios podamos tener una valoración sobre la aplicación de este proyecto de ley y sacar consecuencias a la hora de beneficiar tanto al sector productor como al sector agrario en general.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos que no tienen enmiendas pendientes.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: A mi grupo esta le parece una ley aceptable y correcta. No hemos presentado enmiendas, por lo cual básicamente vamos a apoyar la ley. Además, la vamos a apoyar porque, en lo que compete al Grupo Vasco, es una ley muy respetuosa con el reparto competencial.
He escuchado con atención las exposiciones de los anteriores ponentes y su argumentación respecto a la necesidad de una lectura posterior y las cautelas necesarias, justificadas básicamente por las acusaciones -entre comillas- que se hacen respecto a la facilidad y laxitud con que algunas comunidades autónomas actúan en materia de inscripciones y registros de productores. Es conocida la posición de nuestro grupo respecto a estos temas competenciales no solamente en esta materia sino también en el resto de las materias, y este argumento no nos parece adecuado porque lo podríamos hacer extensivo a toda la realidad de gobierno de este Estado y del sistema de autonomías y, lógicamente, no nos parece adecuado que lo defienda ningún grupo que procede después en su exposición política general a defender a ultranza el sistema constitucional y nos achacan al resto que no seamos respetuosos y que de alguna manera estábamos promoviendo cambios continuos de la Constitución.
Entendemos que hay que ser coherentes, y el que no se vea capaz o no efectúe actuaciones, como ya he dicho antes, de laxitud, por llamarlo de alguna manera, de interpretación a los correctos registros y aceptación de variedades, en su caso, que sea el Estado, a través de la Conferencia de comunidades autónomas, el que denuncie o de alguna manera tome partido si se realizan ese tipo de actuaciones y no se utilice la otra vía que he planteado. Por lo tanto, repito, vamos a apoyar la ley en su contenido básico, alguna enmienda de las planteadas por el Grupo Catalán, que esperamos para saber qué respuesta transaccional se le dé, y en función de eso mantendremos o no una posición de abstención en algún articulado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Después de una larga tramitación vamos a proceder hoy a votar, y espero que aprobar, la Ley de semillas, plantas de vivero y recursos fitogenéticos, una ley que entró en la Cámara en el pasado periodo de sesiones y que, después de una amplia discusión, finalmente será sometida hoy a votación.
A lo largo de todo este proceso hemos tenido innumerables reuniones, contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios y tres reuniones de la ponencia técnica, todas ellas presididas por una magnífica cordialidad y disposición de todos los grupos políticos con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso. Por tanto, el Grupo Socialista quiere agradecer a todos los portavoces sin excepción su disposición y sobre todo las aportaciones que se han realizado, que sin duda van a mejorar esta ley presentada por el Gobierno y que regula un sector de actividad muy importante y trascendente para el sector agrícola de España. En ponencia, como ya se ha señalado, hemos aceptado cuatro enmiendas,
correspondientes a los grupos de Esquerra, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Grupo Popular, y hemos ofrecido 17 enmiendas transaccionales a todos los grupos políticos y que hemos escuchado que prácticamente en su totalidad son aceptadas por los inicialmente enmendantes. Por lo tanto, me manifiesto contento por el amplio consenso que vamos a obtener en la ley.
Hoy vamos a modificar la Ley de semillas, la actualmente en vigor, que es una ley preconstitucional y que además en cuanto a su técnica jurídica es una ley claramente trasnochada y que en absoluto tiene en cuenta las características del nuevo procedimiento administrativo. Es una ley, por otra parte, además de obsoleta en el orden de técnica jurídica, obsoleta también por los avances tecnológicos que ha habido en este sector de las semillas y de las plantas de vivero. Además, lógicamente, esta ley que hoy modificamos, del año 1971, no tiene en cuenta nuestra pertenencia a la Unión Europea, por lo que a lo largo de este proceso, desde nuestra incorporación, ha sido necesario introducir una serie de modificaciones al ordenamiento jurídico español para dar cabida a las diferentes normativas aprobadas en el ámbito de la Unión. Con esta ley que hoy aprobamos se reúne y se simplifica todo ese entramado y complejo marco de normas aplicables a la producción y al registro de semillas y plantas de vivero. Creemos -y esto es muy importante- que la ley que hoy vamos a votar se adapta al nuevo marco competencial derivado de la aprobación y también, por qué no decirlo, de la modificación de los estatutos de autonomía. Es una ley perfectamente respetuosa con el marco competencial actual y también con el futuro. Lo digo con tranquilidad, y es que en agricultura todas las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería y por tanto es difícil modificar esta situación. Por supuesto, al alza es imposible. Si todas las comunidades tienen competencia exclusiva, es exclusiva y punto, y si alguien tiene interés en rebajar el marco competencial autonómico actual, lógicamente habría que plantearlo en las reformas estatutarias, y por lo que he podido leer y conocer en el Congreso de los Diputados, ni en el Estatuto valenciano ni en el Estatuto catalán ha propuesto nadie rebajar el marco competencial autonómico en materia de agricultura y ganadería, que repito, da el carácter de exclusividad a esta competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, es una ley en este sentido equilibrada, mantiene una posición intermedia entre las propuestas que han hecho el Grupo Mixto y Esquerra Republicana de Catalunya en el sentido de llevar a un límite superior el ámbito competencial, y estamos también en una posición equilibrada frente a la posición del PP, ya que -claramente hay que decirlo aunque se diga muy suavemente, señor Pintado- lo que se está planteando por parte del Partido Popular es rebajar, quitar y limitar una competencia que en este momento está ejerciendo ya alguna comunidad autónoma. La ley es novedosa en el sentido de incluir los preceptos relativos a la protección y gestión de los recursos fitogenéticos, en lo que efectivamente nuestro país, y así lo ha señalado la portavoz del Grupo Mixto, doña Olaya, tiene un potencial extraordinario, y en esta ley se regula eficazmente y por primera vez.
Por último, también es necesario señalar que la ley incorpora los preceptos asumidos por España en los diversos tratados internacionales sobre recursos fitogenéticos. Hay algunos aspectos de la ley que me gustaría destacar. Además de la protección de los recursos fitogenéticos, la ley establece un nuevo marco jurídico que regula las bases del procedimiento de inscripción de variedades en el registro de variedades comerciales, manteniendo la competencia estatal en esta materia; se incorpora el concepto de variedades de conservación, variedades autóctonas y ecotipos locales, un tema también muy importante y ampliamente demandado por sectores de agricultura biológica. Se propicia en la ley un mayor compromiso y responsabilización de los productores de semillas, estableciendo los sistemas de autocontrol interno, y se determinan claramente las competencias en las comunidades autónomas.
También es novedoso en la ley, y es importante destacarlo, que se regula la producción de semillas y plantas de vivero de agricultura ecológica, respondiendo también a una demanda y a un interés de este sector en España. Los aspectos que tienen que ver con la coordinación están perfectamente fijados en los órganos colegiados que se establecen.
También es importante destacar el nuevo marco de sanciones y de infracciones. Me voy a referir posteriormente, señor presidente, si su benevolencia me lo permite, porque ha sido objeto de interés por parte del Grupo Popular y de Convergència i Unió, a que también es destacable la mejora y las modificaciones que hemos introducido en relación con la utilización de organismos modificados genéticamente, y este marco de la ley de semillas es perfectamente respetuoso con esos objetivos de transparencia, seguridad y seguridad alimentaria.
Por último, refiriéndome a los temas de los distintos grupos que se mantienen vivos para su votación, en relación con el planteamiento de Esquerra Republicana de Catalunya agradecemos que acepten las transaccionales. Y en cuanto a lo relativo a los organismos modificados genéticamente, hemos ofrecido una transacción, pero si el portavoz de Esquerra insiste en que seamos más claros, el Grupo Socialista no tendría inconveniente en mejorarla y aprobar una en la que se obligue a que figure en las etiquetas el texto: Este es un organismo modificado genéticamente. Se trata de que este texto figure expresamente figure en las etiquetas de aquellas semillas o plantas de vivero que puedan contener uno o varios organismos modificados genéticamente.
En relación con el ámbito de las competencias, el Grupo Socialista mantiene su posición, que es equilibrada. Por lo que se refiere a Convergència i Unió, quisiera señalar lo siguiente en cuanto a dicho ámbito. Respecto al registro de productores, que también es objeto de enmienda por el Grupo Popular, sinceramente
creemos -esto va dirigido al Grupo Popular- que lo que están proponiendo claramente es que se quite una competencia que ya tienen algunas comunidades autónomas. En este momento, por reales decretos de transferencia, el País Vasco, Navarra y Cataluña tienen competencia para emitir títulos de productores de semillas, y lo que hace la ley es extender al resto de comunidades autónomas esta competencia que ya ejercen determinadas comunidades autónomas. Si aceptáramos su enmienda, señor Pintado, supondría una limitación, una incautación, en definitiva -no sé qué término jurídico habría que emplear-, se quitaría una competencia que ya ejercen tres comunidades autónomas. Y el argumento de que alguna ejerza o pueda ejercer mal esta competencia, desde mi punto de vista, no es un argumento jurídico ni político suficiente como para quitarla y mucho menos para no extenderla al resto de comunidades autónomas. Por tanto, vamos a mantener la redacción actual, pues lo otro, señor Pintado, sinceramente pondría en una situación complicada a las comunidades autónomas que ya tienen esta competencia, que no han renunciado a ella, y al resto que aspiran a igualarse competencialmente con las comunidades autónomas que ya la tienen.
En cuanto a las sanciones, que también han sido objeto de comentario por los portavoces de CiU y del Grupo Popular, el Grupo Socialista, con el ánimo de buscar un consenso más amplio, y recogiendo el argumento que se ha utilizado, que asumimos, del diferente valor de las semillas -no tiene el mismo precio una semilla de cereal o de oleaginosa que una semilla de tomate o de otros productos-, ofrece una transaccional para que se incorpore al artículo 64, que se refiere a la gradación de las sanciones, una referencia que obligue a la Administración que vaya a tipificar la sanción a que ponga el texto siguiente: Para la calificación y cuantificación de las sanciones se tendrá en cuenta la especie, la categoría de semilla o planta de vivero y su valor intrínseco. En definitiva, mantenemos la horquilla de sanciones leves, graves y muy graves, pero ofrecemos una transaccional para que se incluya este texto, que permitiría graduar las sanciones en función del valor de la semilla.
Por lo demás, agradezco la posición del resto de los grupos, especialmente la del PNV y la de Coalición Canaria, aunque no ha intervenido, por haber manifestado con carácter general un apoyo global a la ley.
El señor PRESIDENTE: Tras haber acabado este bloque de intervenciones, quiero recordar que las enmiendas de Izquierda Unida han decaído toda vez que ningún portavoz de este grupo parlamentario las ha defendido, e insto a los grupos parlamentarios a que durante el debate de las proposiciones no de ley aclaren a la Mesa el sentido de cada una de las votaciones, ya que se trata de una ley que tiene bastantes enmiendas pendientes y transaccionales.
-SOBRE SUBVENCIONES AL SECTOR EQUINO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre subvenciones al sector equino español.
El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley que se refiere a un sector importante y con una gran trascendencia cultural, de ocio y productiva en todo nuestro país, pero específicamente en algunas comunidades autónomas. Lo que el Grupo Socialista pretende es hacer un llamamiento a los poderes públicos de nuestro país, lógicamente al Gobierno, pero también a las comunidades autónomas, para potenciar este sector e introducir en España unas medidas de fomento y de modernización de la ganadería del sector equino, de forma que puedan contribuir en mayor medida a nuestro desarrollo rural. A nadie se le oculta que el sector equino tiene indudables potencialidades en España como generador de una importante actividad económica y también desde el punto de vista del empleo y de su contribución a la vertebración del mundo rural. El sector equino es un claro ejemplo de la terminología de la multifuncionalidad que se ha acuñado en la Unión Europea. El caballo es un animal que contribuye a la diversificación de la actividad en el medio rural, con un importante papel como elemento de conservación del medio ambiente y de la biodiversidad, y por tanto representa una manera inigualable de nexo de integración de la sociedad urbana con el medio natural. Es cada vez más frecuente que el mundo urbano se acerque al mundo rural a través precisamente de centros equinos de ocio, a través de la promoción y de la actuación de estos centros de producción equina integrados en el medio rural, que, como decía antes, contribuyen a generar economía, riqueza y empleo en el ámbito rural en una cuantía muchas veces muy superior a la que figura en los manuales económicos de la producción agraria. La ganadería del equino en España y la actividad económica que promueve deberían tender a alcanzar un desarrollo similar al de nuestros socios comunitarios. Es paradójico que algunos países, por ejemplo Alemania, tengan un sector equino mucho más potente y desarrollado que el español, y precisamente por eso, con el fin de potenciar esta actividad económica, hemos presentado esta proposición no de ley, que se enmarca en la última reforma de la política agrícola común, que ha abierto un nuevo ámbito de decisión empresarial para muchos ganaderos, españoles y europeos, que pueden orientar de nuevo sus actividades hacia otros sectores, y el sector equino es uno que claramente se debe potenciar. De esta manera, no cabe duda de que podríamos diversificar la actividad
agraria en el medio rural, y específicamente de los ganaderos, muchos de los cuales van a ver muy condicionados sus ingresos por la aplicación de las nuevas medidas de la política agraria común.
Por todo esto, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley, que consta de dos partes. En primer lugar, instamos al Gobierno a fomentar con carácter nacional el desarrollo y la modernización de la ganadería del sector equino en su conjunto, con el fin de incrementar la actividad económica y fomentar la multifuncionalidad en el ámbito rural.
Y en segundo lugar, trata de elaborar con los representantes del sector del ganado equino una normativa de ordenación y fomento de dicho sector, con una serie de condicionantes que estamos seguros son asumidos por el resto de los grupos parlamentarios. Por tanto, esperamos que esta proposición no de ley pueda contar con el apoyo unánime de los grupos presentes en la Cámara.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo que para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para decir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que, efectivamente, por nuestra parte no se romperá la unidad que pide en la votación de esta proposición no de ley. Coincidimos con el grupo proponente en cuanto a la multifuncionalidad, conservación del medio ambiente, centros de ocio, empleo, etcétera, y es interesante la diversificación de las funciones ganaderas en algunas zonas. Ahora bien, señor presidente, me gustaría -si es posible, ahora; si no, luego, y si no es posible tampoco pasa nada- que se nos aclarara el contenido de la proposición no de ley, porque no cabe duda de que es una iniciativa parlamentaria cargada de buena voluntad y de buenos deseos, pero también cargada de inconcreción. Por ejemplo, en el punto 1 se dice: fomentar el desarrollo y la modernización de la ganadería del equino y del sector en su conjunto. ¿Con qué medidas? Si es posible, me gustaría que contestara a la pregunta para poder incorporarlo a esta instancia que hacemos al Gobierno. ¿Con qué medidas? ¿Qué le pedimos al Gobierno que haga para fomentar con carácter nacional el desarrollo y la modernización de la ganadería de equino y del sector en su conjunto? ¿Cómo se fomenta ese desarrollo y la modernización? Podemos decir lo mismo del punto 2. Está bien que se reúna el ministerio con los representantes sectoriales de la ganadería de equino para establecer un marco normativo, pero ¿tendente a qué, en que dirección, con qué contenidos? ¿De qué manera podríamos solicitar al Gobierno desde aquí que tomara medidas concretas en plazo y condiciones que no se determinan en la iniciativa? Decir que se establezcan medidas tendentes a la promoción de la calidad de los productos es muy genérico, como también lo es que el fomento del asociacionismo de las empresas del sector irá en beneficio de los empresarios y los trabajadores de las mismas. Se podría aquilatar bastante más. Estoy de acuerdo con todo, pero hay una falta de concreción absoluta. Nos hubiera gustado que en esta iniciativa se hubiera concretado qué es lo que instamos al Gobierno a realizar. Es un canto a la buena voluntad y lleno de buenos deseos al que no podemos decir que no, pero esperamos poco de una iniciativa que concreta tan poquita cosa.
Repito que lo demás nos parece bien y que nuestro voto será afirmativo.
-RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN A LOS ÓRGANOS RECTORES DEL VI SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE LA FRESA, A CELEBRAR EN HUELVA EN 2008. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001139.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la incorporación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los órganos rectores del VI Symposium Internacional de la Fresa, a celebrar en Huelva en 2008. El señor Oria Galloso tiene la palabra para su defensa.
El señor ORIA GALLOSO: La Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas celebra cada cuatro años un Symposium Internacional de la Fresa. Ese symposium reúne a los mejores profesionales del mundo pertenecientes a las diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el cultivo de la fresa, permitiendo el intercambio, el aporte y la transmisión de las informaciones más avanzadas y de los nuevos conocimientos generados a investigadores, técnicos y productores en cuestiones como la aplicación de nuevas variedades de plantas, nuevas técnicas de riego y fertilización, avances sobre la calidad del producto y su relación con el entorno o la utilización de nuevos materiales para su producción, transporte y comercialización. En este symposium también se tratan los distintos avances de la producción de fresas ecológicas con estándares de calidad y controles homologables. Las sedes anteriores de este symposium han sido: Italia, en 1988; Estados Unidos, en 1992; Bélgica, en 1996; Finlandia, en 2000, y Australia en 2004. En este último symposium España compitió con China y con Turquía fundamentalmente, recibiendo el apoyo de tres cuartos de los asistentes al congreso. Fue una votación bastante reñida, habida cuenta de que la mejor posicionada, según todos los miembros del symposium, era China.
Huelva constituye la segunda productora de fresa mundial y la primera exportadora en el ámbito europeo. El sector fresero de Huelva ha apostado decisivamente por la acreditación de la calidad de su sistema de producción, estando más del 60 por ciento del total de la producción
bajo certificación oficial de producción integrada de la Junta de Andalucía y en número creciente de otras certificaciones tales como la Aenor o la producción controlada, entre otros. Hay que tener en cuenta también que se viene apostando desde el sector por el cultivo ecológico de la fresa, habiendo ya en la provincia de Huelva en torno a 120 hectáreas dedicadas al cultivo de este producto ecológico. La experiencia acumulada durante tantos años en el sector fresero de Huelva, sus instalaciones productivas, sus innovadores procedimientos de cultivo y comercialización de la fresa, sus instalaciones hoteleras y de ocio, junto a sus buenas comunicaciones aeroportuarias, marítimas y por carretera, convierten a Huelva en un punto de encuentro ideal para celebrar este Symposium Internacional de la Fresa en 2008. Con motivo de la celebración del V Symposium Internacional, celebrado en Australia en 2004, y teniendo en cuenta las enormes posibilidades que ofrece el nuevo campus de El Carmen de la Universidad de Huelva, el profesor don José López Medina, director del departamento de Ciencias Agroforestales y presidente del Grupo de fresón de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, además de dirigir a un grupo importante de investigadores en el desarrollo de nuevas variedades, junto con la universidad, la Junta de Andalucía y el propio sector, está consiguiendo nuevas variedades, con lo que eso significa de ahorro para el sector. Además, lideró, preparó y defendió la candidatura de Huelva 2008 presentando un programa con el lema: Busca calidad, busca Huelva, financiado en casi su totalidad por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Huelva posee todas las condiciones necesarias para acoger este Symposium Internacional de la Fresa del 3 al 8 de marzo de 2008. Este es el convencimiento del Gobierno andaluz, que a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y en colaboración con la Universidad de Huelva, la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el Ifapa, la Diputación de Huelva, Freshuelva, el Monte y Caja Rural avalan y garantizan el éxito de este VI Symposium Internacional de la Fresa. La Consejería de Agricultura y Pesca prestará su colaboración para garantizar el buen desarrollo de este symposium en Huelva, que permitirá poner en común las últimas experiencias en investigación y aplicaciones novedosas sobre el cultivo de la fresa, nuevas variedades, producción integrada, producción ecológica, nuevas técnicas de cultivo, etecétera.
La constitución de este convenio de colaboración culminó en un proceso de preparación de la candidatura de Huelva al aceptar el compromiso de su organización, a la vez que abre una nueva etapa aún más difícil e importante: la organización y realización de un simposio internacional de la fresa, de excelencia, que marque un antes y un después de estos eventos. Por tanto, parece conveniente que el Gobierno, dada la importancia de este evento en un sector tan sensible y dinámico desde el punto de vista de la innovación tecnológica y su adaptación a las nuevas formas de producción como es el de la fresa y teniendo en cuenta la categoría de los patrocinadores que lo avalan, proceda con la mayor celeridad a la incorporación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los comités organizador, científico y editorial del VI Simposio Internacional de la Fresa a celebrar en Huelva en el año 2008.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra su portavoz el señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Cuando tuve la oportunidad de leer esta iniciativa me resultó verdaderamente curiosa su redacción y he estado muy atento a la intervención del señor Oria para ver si nos desvelaba algún contenido mayor de lo que dice el texto. El señor Oria ha sido exquisito y escrupuloso en la lectura de la proposición. Ha leído literalmente el texto de la exposición de motivos, con lo cual no me ha desvelado nuevas incidencias. Voy a decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por qué me parece curiosa la iniciativa. Vaya por delante que me parece una iniciativa encomiable, es muy interesante lo del simposio y me parecen muy interesante los apoyos. Después de lo que ha dicho el señor Oria, que ha repetido lo que figura en la exposición de motivos, sobre la importancia del simposio, el trabajo del profesor Medina y luego la multitud de intervinientes, es decir, cuando en el párrafo consiguiente habla del convencimiento del Gobierno andaluz que, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y en colaboración -fíjense ustedes, ni más ni menos- que con la Universidad de Huelva, la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ifapa, la Diputación de Huelva, Freshuelva, El Monte y Caja Rural -todas estas entidades importantes e instituciones- avalan y garantizan el éxito del simposio, luego lee uno la parte dispositiva y dice -después de todas estas personalidades que lo avalan y garantizan-: ... teniendo en cuenta la categoría de los patrocinadores que lo avalan, se proceda con la mayor celeridad a la incorporación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Parece que falta solamente que se incorpore para que se haga la foto. Es lo que parece que quería decir el señor Oria, porque no se justifica en la exposición el hecho de que ahora de forma celérica, como pide el proponente, se incorpore el ministerio de buenas a primeras con tantos avales, tantos proyectos y tantas cosas. Nosotros vemos bien que se incorpore el ministerio, pero parece que la energía empleada por el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición ha sido al final mal conducida.
Vuelvo a repetir que respeto y me parece encomiable la proposición, porque la idea es buena, pero habría que conducirla mejor para sacarle más partido. Por tanto, hemos presentado una enmienda -como ha dicho el señor presidente-, que al principio pensamos hacerla de sustitución pero luego la hemos hecho de adición, con la intención de clarificar el texto. ¿Que se incorpore para
qué? Lógicamente queremos que se incorpore para prestar los medios humanos y materiales a esta iniciativa, porque de otro modo no parece lógico, cualquiera podría pensar que se incorpora exclusivamente para hacerse la foto, ya que está un porrón de instituciones y de personalidades avalando la celebración. Esto justificaría de verdad la iniciativa, que se incorpore el ministerio y que además de incorporarse, preste la ayuda necesaria, si es que hace falta alguna ayuda. Lo mismo que la proposición nos parece buena debe parecerle al Grupo Parlamentario Socialista la incorporación de esta enmienda, porque realmente clarifica para qué la celeridad en la incorporación. En otro caso, si no se atendiera la enmienda, quedaría cojo el hecho de esa celeridad en la incorporación, ya que parece que le ha faltado al proponente decir que se incorpore rápidamente no sea que no salga en la foto consiguiente. Sería una pérdida de energía y sería de agradecer que el Grupo Parlamentario Socialista emplee sus energías en el apoyo de la fresa de Huelva, como hace en este caso. Sin embargo, esas energías deberían emplearlas también en el apoyo a la fresa de Huelva en temas de una importancia extraordinaria como es el tema del agua. El señor Oria y el Grupo Parlamentario Socialista saben que han tenido esta misma semana peticiones para solucionar los problemas de agua de los regadíos de la fresa en Huelva y otros regadíos además de forma urgente y perentoria y ha habido una reunión importante, una manifestación y una carta que se les ha hecho llegar. Esas energías deberían dirigirse a ese tipo de ayudas también, así como a la ayuda a la investigación. Si el profesor Medina y la Universidad de Huelva hacen esa labor, esas colaboraciones con la consejería y el ministerio deberían de ser mucho más continuas, mucho más profundas y mucho más importantes y que se ayudara a la investigación de forma importante, que a la vez con eso estamos ayudando a la Universidad de Huelva, que es una institución importantísima para la vida de Huelva. No quiero contar más porque sería profundizar excesivamente, pero quiero dejarlo encima de la mesa que se acordara también el Grupo Parlamentario Socialista del AVE a Huelva, del aeropuerto a Huelva, porque todo esto es ayudar a la fresa. Estamos de acuerdo en que el Gobierno se incorpore, pero, además de incorporarse, a ver si nos lleva el AVE y el aeropuerto, porque eso sí que sería ayudar a la fresa. Por tanto, pediría un rasgo de comprensión y de explicitación al Grupo Parlamentario Socialista y que admitiera la enmienda para que le diera contenido a la proposición no de ley, porque puede quedar un poco raro y puede pensarse que lo que se quiere es que incorpore para una foto. Espero que eso no sea así y que se incorpore para acudir en ayuda de la fresa a Huelva colaborando con los medios humanos, que si no son necesarios no harían falta, pero que por supuesto sería la misión del Gobierno en este caso.
El señor PRESIDENTE: Señor Oria, a los efectos de posicionarse sobre la enmienda presentada.
El señor ORIA GALLOSO: Menos mal que el señor Marquínez va a apoyar la proposición, porque si no la apoyase no sé qué es lo que hubiese dicho.
El señor PRESIDENTE: Le indicaba que tiene la palabra para ver si se acepta o no la enmienda, porque si no volvemos a abrir el debate.
El señor ORIA GALLOSO: Me lo imagino, señor presidente.
Sí vamos a aceptar la enmienda, entre otras cosas porque es una obviedad.
Ellos están acostumbrados efectivamente a estar en los sitios para hacerse la foto, pero nosotros tenemos siempre en mente que cuando los organismos e instituciones apoyan este tipo de eventos y actividades es precisamente para poner encima de la mesa los recursos humanos disponibles.
El señor PRESIDENTE: Que ya entendí que sí se apoya la enmienda, que es lo importante. (El señor Marquínez Marquínez pide la palabra.)
Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Además de eso yo he entendido otras cosas, pero no quiero reabrir el debate.
-RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN FITOSANITARIA DE LAS PALMERAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001329.)
El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adopción de medidas para la protección fitosanitaria de las palmeras. Tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: El 17 de noviembre de 2005 el Grupo Parlamentario Popular presentó esta iniciativa con la finalidad de llamar la atención sobre un programa -en este caso un problema- de gran dimensión y que amenazaba con la destrucción del palmeral de Elche, hoy Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una plaga, así reconocida por el Comité Fitosanitario Español, que afecta no ya solo al palmeral ilicitano sino también a otras zonas de España y es conocida con el nombre de picudo rojo. Destruye principalmente palmeras canarias y datileras y su efecto es tal que una vez introducido en la planta no hay tratamiento efectivo para conseguir su total exterminación. Conscientes de ello, el Cabildo de Gran Canaria encargó en enero de este año la elaboración de un censo sobre todas las palmeras de la isla para detectar aquellas que pudieran estar afectadas por dicha plaga. Otras zonas de nuestro país, principalmente Andalucía, por cuyo puerto
de mar se introdujo años atrás este insecto, también Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana mantienen una alerta absoluta ante la llegada de esta ya primavera, muy vigilantes ante lo que pudiera llegar a ser una explosión de larvas de picudo.
La iniciativa que hoy debatimos, aunque en su exposición de motivos hacer referencia concreta al palmeral ilicitano, hoy Patrimonio de la Humanidad, también pretender referirse a otras comunidades autónomas, por lo que contiene medidas a adoptar para todo el territorio español.
Lamentablemente no fue bien recibida en el consistorio ilicitano, tengo que decirlo, por quienes sustentan en este caso al Gobierno socialista, como tampoco fue tenida en consideración la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presentó en los Presupuestos Generales del Estado para la creación de una partida de lucha contra la mencionada plaga. Sin embargo, a pesar de ello, mi grupo va a defender esta propuesta porque estamos convencidos de que el Gobierno debe acometer con urgencia actuaciones que le competen atendiendo a las nuevas circunstancias sobre el asunto en cuestión, circunstancias que difieren de las que se daban hace tan solo tres años. Efectivamente, en la legislatura pasada el Grupo Socialista presentó una iniciativa al respecto que fue aprobada por unanimidad y que contó con la aceptación del Grupo Popular, si bien presentamos una transaccional que tan solo fue aceptada parcialmente. Si ustedes están interesados, pueden encontrarla en el "Diario de Sesiones" del 27 de noviembre del año 2002, en cuyo debate mi grupo llamó la atención al Grupo Socialista como proponente de aquella iniciativa acerca de que de nada servía solicitar una zona de protección eficaz del palmeral de Elche y su influencia si para ello no se instaba a la Unión Europea solicitando la declaración de zona protegida pertinente. El entonces en la oposición Grupo Socialista rehusó nuestro ofrecimiento por entender que no era necesario tomar este tipo de medidas, ya que el palmeral de Elche no se hallaba amenazado hasta tal punto.
Hoy, sin embargo, en medio de un feroz y casi diría ridículo ataque al Partido Popular por presentar esta proposición no de ley reconvertida en moción en el ayuntamiento de Elche, somos acusados incluso de plagiar una iniciativa presentada años atrás por el Partido Socialista como excusa al más claro signo de incompetencia y falta de respeto a esta Cámara, pues resulta que en el debate local el Gobierno socialista se ha cuidado mucho de que los ciudadanos tengan menos información de la que les interesa conocer, y es que está contraída por el consistorio la obligación de asumir las competencias de inspección del palmeral tras ser declarado Patrimonio de la Humanidad de acuerdo con el Decreto 131/2003, en su artículo 7.º2, lo que le está costando muy caro al bolsillo de los ciudadanos ilicitanos, que pagan toda esta supervisión -en realidad, lo que está de moda, y no voy a añadir más al asunto porque es lo que estamos viendo-.
En fin, lo importante en este caso parece que es sacar el cañón y comenzar a pedir responsabilidades a quienes están en la oposición, y parece que en algunas localidades donde gobierna el Partido Socialista eso está de moda, pero además al escurrir el bulto cargan las tintas contra quienes gobernaron en nuestro país durante ocho años y, para añadir más confusión y maledicencia, acusan a aquellos de no haber hecho nada, ignorando a sabiendas que fue en la orden ministerial dictada en 1996 donde se establecieron medidas provisionales no acometidas con anterioridad, a pesar de que fue antes de 1996 cuando aparecieron los primeros signos de picudo rojo en la costa gaditana procedentes de las palmeras importadas de Oriente Medio. Entre aquellas medidas, algunas de las cuales ya venían recogidas en el Real Decreto 2071/1993, se incorporaron otras fitosanitarias a las que se sumaba la prohibición absoluta de importación de palmeras procedentes de terceros países y que ofrecieran certeza de la existencia de este organismo nocivo. Años después y tras el control de los primeros casos de picudo, se levantó tal prohibición y a partir de ese momento nada se ha hecho por el Gobierno actual. Todavía estamos esperando que el Gobierno dicte la oportuna orden ministerial, pero como única contribución al respecto aparece la respuesta de la señora ministra en el "Diario de Sesiones" de 30 de noviembre del año 2005, respuesta claramente insatisfactoria, pues de medidas ejecutivas, nada de nada, y, eso sí, nos da la razón, aunque tarde, de que resulta vital contactar con la Unión Europea al darse el reconocimiento de plaga por el Comité Fitosanitario Español el pasado año. Ni qué decir tiene que al entonces Gobierno popular no le hizo falta la certificación de plaga para dictar la orden ministerial oportuna y adelantarse a lo que ya vaticinábamos hace tres años que podía ocurrir. Por este motivo, ante la inercia del Gobierno al respecto, que tan solo comienza a interesarse tras la presentación de esta iniciativa en noviembre pasado, tal y como demuestran los "Diarios de Sesiones" y las diferentes manifestaciones que han sido recogidas en los distintos diarios informativos, por segunda vez volvemos a llamar la atención sobre la urgencia de este asunto y, aunque esta vez ya no nos vale que nos digan que el ayuntamiento controla y controla bien o que el Partido Popular plagia iniciativas de otros grupos, lo que realmente es vital es que se reconozca que este asunto ya no está en manos de un único municipio o comunidad, sino que afecta en gran parte a todo el país. De nada sirve, por tanto, que el ayuntamiento de Elche se pronuncie en un solo extremo, tal y como ha sucedido en la moción aprobada por unanimidad en Elche -por cierto, comprensible desde el punto de vista local, pero que resulta insuficiente, dado que ha dejado de ser un asunto meramente local-. Por este motivo presentamos esta proposición no de ley, haciendo especial hincapié en los tratamientos preventivos de los PIF obligando a cuarentena a todos los ejemplares de palmáceas y en la obligatoriedad de recalar en un punto PIF también en lo que se refiere a
países intracomunitarios. Independientemente de que cada comunidad autónoma tenga sus planes fitosanitarios, también es necesaria la creación de un plan nacional de defensa fitosanitaria de palmeras que establezca protocolos de actuación a cumplir en todo el país -es decir, el sello de origen, la certificación sanitaria, etcétera-, pues de nada sirve que una comunidad autónoma destine grandes cantidades económicas para tal fin si en otra comunidad no se observan las medidas necesarias y oportunas que coadyuven.
Pedimos igualmente una partida específica dentro del ministerio, en el programa y concepto expresados en la proposición no de ley. Sabemos que hay 14 millones para toda España, pero lo que pedimos y lo que creemos que para el caso es esencial no es que se destinen esos miles de euros de una partida genérica en función del año, esperando las comunidades autónomas que el Gobierno cifre la cantidad en base a unos criterios que puedan variar fácilmente según el informe técnico correspondiente, sino una decisión política, como nosotros tomamos en su día, como el Partido Popular llevó a cabo en su día, acorde a la urgencia y atención que merece el asunto, un compromiso con las palmeras, con la necesidad de preservación por su valor medioambiental, cultural y paisajístico, que bien merece una atención económica concreta y no ocasional, como sucede con otras plagas sobre determinados vegetales, como ocurre con la mosca del olivo respecto de este.
Finalmente solicitamos un banco de germoplasma instalado en la Universidad Miguel Hernández, que sin duda sería un punto de referencia nacional de investigación que trabajaría junto a otros de carácter internacional, dotándole de personalidad propia, tal y como ocurre con otros productos.
Es una forma de contribuir y de reconocer el esfuerzo de una parte de los españoles, en este caso los ilicitanos, que contribuimos con nuestro dinero al sostén y mantenimiento del palmeral de Elche en su condición de Patrimonio de la Humanidad. De esa manera la palmera tendría un centro de referencia, como el aceite de oliva lo tiene en Cabra o como en cuanto a viticultura es el enológico de Haro.
Conocemos que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda al respecto y, según las conversaciones que hemos mantenido la portavoz y yo breves momentos antes de esta intervención, nos satisface que el debate les resulte tan interesante como lo es para nosotros. No vamos a cerrarnos a cualquiera de los planteamientos que se nos presenten, entendemos que todo es útil y que todo puede ser mejorable, por lo que estaríamos dispuestos, salvo que la ponente del PSOE cambie de opinión, a hablar posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista y para la defensa de la misma la señora Armengol Criado tiene la palabra.
La señora ARMENGOL CRIADO: En efecto, la plaga del picudo rojo es un problema que ya tiene diez años y que ha recibido una gran atención tanto por parte del Gobierno del Partido Popular como del Gobierno del Partido Socialista, como se está demostrando, porque es una plaga que puede infectar de manera alarmante todos nuestros palmerales, no solo el de Elche. Por tanto, estamos de acuerdo en que hay que buscar las mejores soluciones posibles y por supuesto el Ministerio de Agricultura está dispuesto a hacer el esfuerzo que sea necesario para resolver o intentar atajar este problema.
Hay que destacar que, pese a toda la regulación existente aplicable a la circulación de palmeras, la aparición de nuevos focos durante los últimos meses en la Comunidad Valenciana, algunos de ellos en el término municipal de Elche, aunque a cierta distancia de los palmerales históricos, aconseja la adopción de disposiciones urgentes para su protección. Sin duda, las importaciones a los países de la Unión Europea de palmeras procedentes de terceros países constituyen un riesgo fitosanitario evidente. No obstante, hay que señalar que las medidas fitosanitarias adoptadas por España son suficientes y conformes con el mercado interior común, ya que son equivalentes a las establecidas por la norma comunitaria vigente para organismos similares, lo cual fue constatado en el informe de la misión de inspección comunitaria realizada en España en 1999 para evaluar el programa de actuaciones llevadas a cabo por las autoridades españolas para luchar contra el picudo rojo, en el cual la Comisión Europea recomendó a las autoridades españolas que los trabajos de lucha y de erradicación continuasen como mínimo al mismo nivel actual y que se propusiese una modificación de la Directiva 77/1993, de la Comunidad Europea, actualmente Directiva 2000/29 CE, para la inclusión de este organismo en la misma. A este respecto España ha realizado las gestiones necesarias en la Comisión Europea y se espera que se adopte próximamente la inclusión del picudo rojo como organismo de cuarentena comunitaria. No obstante, la aparición reciente de nuevos focos en zonas donde hasta ahora no existía el organismo indica que el comercio de palmeras procedentes directamente de terceros países o indirectamente a través de otros países comunitarios es la causa de los mismos. En consecuencia, es necesario reforzar el sistema de control vigente con medidas adicionales, especialmente con objeto de mejorar la protección de los palmerales históricos mencionados y actualmente en peligro.
La propuesta de calificación de palmeral de Elche y su zona de influencia, el Bajo Vinalopó, como zona protegida contra los organismos nocivos de cuarentena de las palmeras establecido por España y la Comunidad Europea, en la cual estuviese prohibida la introducción de palmeras, se opondría inicialmente al artículo 8.A del Tratado constitutivo de la Comunidad sobre el mercado interior, ya que supondría un obstáculo en los intercambios intracomunitarios del mercado único. Sin embargo, dada la singularidad e importancia de dichos palmerales y el riesgo en el
cual se encuentra en la actualidad por la inmediatez de los focos de la plaga en su entorno, es justificable la adopción de la citada medida de salaguardia en aplicación del artículo 16 del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, que incorpora a la legislación española la Directiva 2000/29 de la Comunidad Europea. En consecuencia, es factible la calificación provisional del palmeral de Elche y su zona de influencia como zona protegida con la prohibición de introducción de palmeras en la misma, calificación que cuando se incluya el curculiónido ferrominoso de las palmeras como organismo de cuarentena en la legislación comunitaria deberá ser confirmada por la Comisión Europea con carácter definitivo.
Hay que señalar, sin embargo, que las medidas propuestas para el palmeral de Elche y su entorno suponen una fuerte restricción al comercio de palmeras en la zona donde existe una elevada concentración de entidades y viveros que producen y comercializan estas plantas, por lo que la adopción de estas medidas puede tener consecuencias económicas importantes a corto plazo en este sector.
Respecto al tercer punto, la propuesta de establecer la obligación de realizar un tratamiento preventivo a todos los ejemplares de palmera que entren a través de los puntos de inspección de frontera, es un requisito de imposible ejecución debido a la incompatibilidad de las palmeras respecto a posibles tratamientos de fumigación, además de la escasa eficacia del mismo contra las larvas del insecto que se pudieran encontrar en el interior de la planta.
Asimismo es absolutamente inviable la pretensión de que el comercio intracomunitario de palmera pase preceptivamente por los PIF, al oponerse frontalmente a lo dispuesto al respecto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre el mercado interior.
En cuanto a la oportunidad de crear un plan nacional de defensa fitosanitaria para la palmera que permita la detección, control y erradicación de organismos nocivos que le afecten, se considera que se encuentra implícito en las medidas contempladas en la Orden del 28 de febrero de 2000 y sus modificaciones posteriores. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consciente del riesgo en que se encuentra el palmeral histórico de Elche, está trabajando en la elaboración de una orden por la que se modificará la del 28 de febrero de 2000 para incluir disposiciones específicas para dicho palmeral y su zona de influencia que impliquen la calificación del mismo como zona protegida contra el picudo de las palmeras. En este ámbito territorial se prevé establecer la prohibición de entrada de palmeras de un diámetro en la base superior a cinco centímetros originarias de cualquier país y del resto de España, disposiciones con las cuales se alcanza la máxima protección legal posible para estas formaciones vegetales únicas. En cuanto a la colaboración financiera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas, ya existen las dotaciones presupuestarias correspondientes para atender las necesidades previstas para la erradicación de estos organismos a través de los conceptos presupuestarios 772 y 772.1. Finalmente, respecto a posibilitar con medios económicos, materiales y humanos la creación de un banco de germoplasma para las palmáceas en Elche, aunque es un asunto competencia del Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está en contacto con aquel para la coordinación y promoción de este asunto.
En resumen, consideramos viables los dos primeros puntos de su proposición no de ley, los relativos a la declaración de zona protegida del palmeral de Elche y su entorno y la inclusión de este ámbito en el anexo III de la Directiva 2000/29 de la Comunidad Europea para exceptuar a las palmeras de la aplicación del artículo 8.A del Tratado de la Unión. El punto tercero sería para nosotros absolutamente inviable, en cuanto a los puntos cuarto, quinto y último pensamos sinceramente que se podría llegar a un acuerdo. Este es un tema grave e importante, del que no deberíamos hacer partidismo. Todos, por lo menos tanto la representante del Grupo Popular como yo misma, tenemos el suficiente cariño hacia el palmeral de Elche y todas las palmeras que en estos momentos se encuentran en peligro en toda la comunidad, como en cualquier comunidad afectada en el resto de España, como pueden ser Murcia, Andalucía y las islas Canarias, como para que saquemos este tema de la discusión partidista y lleguemos a un acuerdo que permita salvar un patrimonio muy importante para todos nosotros. Estamos hablando de temas técnicos, de tratamientos, de cómo ver las mejores soluciones para intentar que el mal no vaya a peor, de buscar medidas entre todos para que no haya más afectación y, por tanto, yo creo que sería razonable y responsable por parte de todos nosotros llegar a un acuerdo que permita salvar este patrimonio tan importante que tenemos en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea fijar posición? (Pausa.)
En este caso, al objeto de pronunciarse sobre el sentido de la enmienda planteada, tiene la palabra señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Señor presidente, he quedado con la ponente del Grupo Parlamentario Socialista en hablar unos minutos, si no tiene inconveniente.
(Número de expediente 161/001447.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley, también del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a la actividad cinegética como subsector del sector primario española.
Para la defensa de la misma, el señor De Luis tiene la palabra.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La proposición no de ley que hoy se somete a debate en la Comisión de Agricultura, que fue presentada por mi grupo en el mes de enero y publicada el 10 de febrero en el Boletín Oficial de la Cámara, debe ser entendida, en primer lugar, como un compromiso renovado del Grupo Parlamentario Popular con el futuro del sector primario español, y cuando digo renovado me refiero a que parte del planteamiento que justifica esta iniciativa ya ha sido desarrollado por mi grupo en Pleno en la legislatura pasada y en Comisión en esta legislatura. El sector primario debe tener -y por ello debemos trabajar todos- un futuro próspero y positivo, un futuro no preocupante por los distintos cambios que afectan al escenario en el que se desarrolla; pero, dadas las nuevas circunstancias -como después veremos-, es imprescindible la adaptación de sus usos, de sus producciones y de sus instalaciones. Y es aquí donde está la razón de ser de la proposición no de ley que hoy presento.
El escenario en el que se desarrollo la actividad del sector primario español ha sido afectado por una serie de razones de tipo exógeno, fundamentalmente, derivadas en parte de la ampliación de la Unión Europea, con la incorporación de nuevos países, que significa desde luego aumento desde el punto de vista de oferta de productos, pero también de demanda -este último dato debe ser tenido muy en cuenta-, lo que ha dado lugar a una modificación de la política agraria común, que en ocasiones puede comprometer el umbral de rentabilidad de muchas explotaciones agropecuarias en nuestro país. Otro factor exógeno que influye sobre el marco en el que se desarrolla la actividad son las tendencias o tensiones que existen en la Organización Mundial de Comercio, donde los países en vías de desarrollo luchan denonadamente, desde hace mucho tiempo, por conseguir la disminución de las barreras de protección que existen en los grandes mercados a la incorporación de sus productos. Esta realidad, indudablemente, da lugar a que en el gran mercado europeo, que es nuestro primer consumidor, se introduzcan nuevos productos con los que hay que competir en mejores condiciones de precio y calidad; sin embargo, nosotros consideramos que esta modificación del entorno del mercado debe entenderse como una nueva oportunidad del sector primario español para dar un paso adelante. Queremos que desde aquí se lance un mensaje de optimismo a los agentes que en él actúan, señalando que la Administración pública, esta Cámara y el Gobierno se ocuparán de apoyar -como después veremos- sus adaptaciones para conseguir no solamente mantener las cuotas de mercado que hoy tienen nuestras producciones, sino para incrementarlas e incluso ganar nuevos mercados con nuevos productos. Tal y como he dicho, la ampliación y las nuevas condiciones significan más mercado, más consumo, sin embargo, más competencia, y por ello hay que realizar la adaptación a la que hacía referencia para garantizar el futuro que todos deseamos.
En mi grupo parlamentario creemos que para conseguir esto existe un instrumento fundamental, que son las políticas de desarrollo rural, tanto las que vienen impulsadas desde el ámbito de la Unión Europea como las que debe de impulsar el Gobierno central. En su programa legislativo, el Gobierno central tiene la elaboración de una ley de desarrollo rural, que entiendo tendrá su origen en el Libro Blanco de Desarrollo Rural elaborado durante la legislatura pasada. Desde nuestro punto de vista -y estoy hablando desde la posición del Grupo Parlamentario Popular-, esta ley de desarrollo rural deberá servir para impulsar la actividad, para orientar a los agentes económicos hacia aquellos objetivos que deben de ser conseguidos y, sin duda, para apoyar a todos aquellos agentes económicos que tengan la voluntad, el deseo y comprendan la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias.
En este escenario cambiante, la proposición no de ley que hoy sometemos a la Comisión de Agricultura significa un compromiso con la actividad cinegética, es decir, con la caza. Este compromiso, como ahora veremos, está fundamentado en diversas razones. Creo que es bueno que la Comisión conozca -he tenido ocasión de utilizar este argumento en varios ámbitos en el Congreso, pero fundamentalmente en la Comisión de Medio Ambiente- que hoy España, frente a los demás países de la Unión Europea, especialmente los antiguos, es decir, aquellos que ya formaban parte de la Unión antes de la incorporación de los nuevos, es un país que podemos entender como una potencia en la materia. Su variedad de paisajes, de clima y orográfica, la buena gestión -este es un concepto que debe quedar muy claro en esta intervención- de los titulares públicos y privados de los distintos cotos o terrenos cinegéticos, ha dado lugar a que en España exista una variedad enorme y muy rica de especies cazables. Eso significa, desde luego, la posibilidad de satisfacer -como también veremos posteriormente- una importante demanda interna y también una creciente demanda externa de actividad en este ámbito. La actividad cinegética -en parte por las razones que acabo de señalar, pero también por aquellas vinculadas a nuestra propia cultura e idiosincrasia- tiene una demanda interna muy potente. Obsérvese -un dato que es bastante significativo- que en España existen más de un millón de licencias de escopeta, lo cual quiere decir que hay una gran cantidad de ciudadanos que tienen un arma de fuego para ejercer la actividad cinegética, la práctica deportiva, y que solamente en la Real Federación Española de Caza, que aglutina a los participantes de esta actividad en el ámbito del deporte, el número de sus federados supera los 400.000, convirtiéndola en una de las principales federaciones deportivas del país.
En el planteamiento que hoy somete mi grupo a la Comisión de Agricultura, no se debe olvidar que al que realiza la actividad cinegética y caza hoy se le debe de contemplar como una persona firmemente comprometida con la conservación del medio natural. Se puede comprender que para el desarrollo de la actividad es fundamental la adecuada conservación del hábitat. Si el hábitat está degradado, si el hábitat no está en condiciones óptimas para ofrecer la protección necesaria a las especies para su cría, para su protección propia y supervivencia o no ofrece la suficiente despensa para su alimentación, es absolutamente imposible que existan especies cazables. Es conveniente saber también que las poblaciones de especies cazables han de ser gestionadas no solamente con la incorporación de nuevos especímenes que renueven la sangre de las poblaciones, sino también haciendo, en determinados momentos, aportaciones o suplementos de alimentos cuando la naturaleza no los dispone.
Otro factor que para nosotros justifica la presentación de esta proposición no de ley es que la actividad de cazar o la actividad cinegética, desde el punto de vista macroeconómico o como actividad económica -que es el planteamiento que subyace en la iniciativa-, puede ser desarrollada, como ya lo es hoy, en zonas marginales, y cuando digo en zonas marginales me refiero a zonas de escasa rentabilidad agrícola.
Es una actividad que dinamiza el sector social y económico de amplias zonas de España, que en el caso de que no fuera convenientemente contemplada por el legislador, podría tener serios problemas para su desarrollo. Sin embargo -como antes he señalado, estamos hablando de un modelo macroeconómico o de conceptos económicos-, es muy importante también que la Comisión conozca que esta es una actividad que tiene un alto valor añadido en términos de teoría económica. En efecto, realizar la actividad implica desplazarse, generalmente de zona urbana a medio rural, exige pernoctaciones, exige el consumo de combustibles, exige el uso de servicios de hostelería y requiere el gasto en un arma y la munición correspondiente, más equipos especiales para poderla desarrollar. Y no es menos cierto, como antes he señalado, que tener la zona de caza en condiciones óptimas significa realizar tanto inversiones como gastos corrientes en la conservación del espacio, del medio natural del hábitat y también en la gestión de las poblaciones. Hace unos años tuve ocasión de participar, con un nivel de compromiso muy alto, en un estudio que intentaba aproximar cuál era la contribución de este subsector -que pretendo que sea reconocido en la ley de desarrollo rural como un sector de la economía primaria o del sector primario español- al producto interior bruto del país y les diré que, mediante la adición de los distintos gastos e inversiones que antes he señalado en sus grandes rúbricas, podríamos estar hablando de una aportación al PIB superior a los 3.000 millones de euros al año, que no es nada desdeñable y es un valor que debe ser considerado a los efectos del objetivo que la iniciativa pretende.
Es evidente que esta iniciativa tiene dos compromisos fundamentales, uno con el sector primario y otro con la caza. El instrumento idóneo para conseguir que este compromiso sea una realidad y para conseguir el objetivo de un futuro próspero para las poblaciones asentadas en medio rural y para los agentes económicos que allí desarrollan su actividad es la ley de desarrollo rural, como antes he señalado. El planteamiento que hecho es positivo, intenta que esta Cámara se manifieste en torno a esta idea, es una aportación al Gobierno de la nación en su compromiso de elaborar el citado proyecto de ley. Sé que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda y anuncio a la Comisión que me encuentro muy satisfecho de que el Grupo Socialista haya sido receptivo al planteamiento que mi grupo hacía. Al coincidir en la filosofía de la iniciativa hemos llegado, mediante una aportación de mi grupo, a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista. Espero que, aunque el Grupo Socialista y el Grupo Popular tenemos votos suficientes, el resto de los grupos secundaran el planteamiento que la enmienda transaccional contempla.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como usted mismo indicaba, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Holgado Flores tiene la palabra para su defensa.
La señora HOLGADO FLORES: Efectivamente, nos encontramos debatiendo una proposición no de ley a la que mi grupo ha presentado una enmienda transaccionada posteriormente porque, como bien ha dicho el portavoz del grupo proponente, señor De Luis, éramos plenamente coincidentes en el sentido de esta iniciativa y lo único que hemos intentado ha sido llegar al mayor consenso y acotar los términos de la misma presentando esa enmienda.
En nombre del Grupo Socialista diré que la caza constituye sin lugar a dudas uno de los fenómenos socionaturales que más pasiones y más críticas genera. De ahí que cuente con un importante número tanto de defensores como de detractores, pero dejando a un lado posiciones tan encontradas, cargadas posiblemente una y otra de razones y desde la objetividad que debe conducirnos a un debate sosegado, realista y esclarecedor de esta cuestión, creo conveniente centrarme en lo que a mi juicio constituyen los parámetros entre los que dicha actividad se mueve y se enmarca, así como hacer mención a las nuevas que se imponen en la Unión Europea respecto a las políticas de desarrollo rural en su conjunto y a la realidad normativa existente en España al respecto.
En la actuación de los poderes públicos sobre la caza el primer valor a considerar es la protección del medio ambiente y de las propias especies cinegéticas. La caza y el ser humano han ido recorriendo juntos un largo camino histórico y si bien esta relación ha ido manteniéndose a lo largo de los siglos, no es menos cierto que
la misma ha ido variando desde sus comienzos hasta el momento actual. En un principio y hasta no hace mucho tiempo la actividad cinegética en nuestro país resultaba vital para la subsistencia del hombre pero hoy en día la misma ha pasado a ser básicamente una actividad recreativa y de ocio que constituye una gran fuente de riqueza y de empleo, sin desdeñar que la misma, bien reglamentada, conlleva otros beneficios añadidos respecto a evitar el despoblamiento de muchas zonas rurales básicamente de Extremadura, Andalucía y las dos Castillas, favoreciendo el desarrollo sostenible de estos lugares así como el necesario equilibrio ecológico para la perpetuación y la existencia controlada de las especies cinegéticas. Todo ello en consonancia con uno de los objetivos de la Agenda 2000 que pretende evitar la migración y el abandono de las áreas rurales. Por otra parte, cada vez cobra mayor importancia el reconocimiento de la caza como parte importante del engranaje económico de nuestro país y especialmente de las regiones anteriormente mencionadas, así como su influencia en la actividad industrial, turística, agrícola, ganadera y como generadora de empleo. Aunque carecemos de cifras exactas los últimos datos apuntan a que la caza en España genera al año más de 500.000 millones de pesetas y unos 150.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, lo que constituye para las regiones afectadas, comúnmente azotadas por el desempleo o el empleo precario, un yacimiento de considerable importancia. España es en la actualidad uno de los países europeos que dedica más terreno de la caza, el 76,6 por ciento de la superficie está cogido. Según el último estudio del Ministerio de Agricultura, nuestro país cuenta con 46 reservas de cazas, 131 refugios y casi 32.000 cotos repartidos entre la meseta y el sur de España. Aunque las razones anteriormente expuestas en sí mismas constituyen elementos suficientes para defender la regulación y ordenación de la caza como elemento básico de desarrollo rural, cabe añadir además que la misma ha demostrado su beneficiosa incidencia sobre el medio natural y la conservación de los ecosistemas.
Por otra parte, hay que hacer mención a las nuevas directrices de la Unión Europea respecto a la transformación de la política agraria comunitaria que traerá consigo el abandono progresivo de las tierras de cultivo menos productivas y la conversión del agricultor en un vigilante del medio ambiente. La caza de calidad puede tener un futuro muy prometedor. La agricultura ya no puede ser el único motor generador de renta y empleo rural en Europa, lo que origina una búsqueda incesante de nuevas actividades de desarrollo socioeconómico entre las que el turismo rural y la caza deben encontrar acomodo, especialmente en las zonas que se verán más afectadas por dicha reforma. La propia ministra de Agricultura, en contestación a una pregunta en Pleno el pasado 14 de septiembre, ya informaba a la Cámara de que la futura ley de ordenación y orientación para el desarrollo rural y la agricultura constituirá una herramienta eficaz para el mantenimiento de la población rural y la vertebración del territorio, contemplando entre otras medidas la diversificación económica del medio rural. Dicha ley -apuntó igualmente- será consensuada con las comunidades autónomas, agricultores y asociaciones del mundo rural, organizaciones profesionales, federación de cooperativas, redes de desarrollo y todos los interlocutores sociales, lo que sin lugar a dudas dará lugar a un texto de amplio consenso y en el que todas las voces se verán representadas. Siguiendo con las directrices de la Unión Europea, cabe señalar que la misma ha establecido en Pleno el pasado 16 de febrero unas directrices estratégicas comunitarias para el periodo 2007-2013 y los Estados miembros deben presentar su plan estratégico nacional consensuado con la Comisión y posteriormente sus programas regionales para su aprobación definitiva en el Comité de estructuras agrarias con el fin de que los mismos puedan entrar en vigor el próximo 2007. En dichas directrices se marcan, entre otros, los siguientes objetivos donde el contenido de la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo tiene acomodo: mejora de la competitividad del sistema agrario en su conjunto y de cada una de las actividades que lo integran; diversificación económica del medio rural; la sostenibilidad de las actividades agrarias, fomentando la incorporación de este principio a los procesos productivos desde el punto de vista económico, social y medio ambiental; la equiparación de la dotación de infraestructuras y servicios en el medio rural y la incorporación activa de jóvenes y mujeres al mismo. Todos ellos son además ejes básicos de nuestra futura ley.
Para concluir mi intervención, señor presidente, quiero ofrecer al grupo proponente -aunque ya no tengo que hablar en desiderativo puesto que es una realidad- la enmienda a la que hemos estado haciendo referencia porque creo que nos va a permitir no solo a los dos grupos que hemos alcanzado el acuerdo, sino al resto de los grupos de la Cámara poder llegar a establecer un consenso que sea lo más amplio posible. Esta enmienda se basa en que para el Grupo Socialista la actividad cinegética constituye un complejo subsector en el que convergen elementos medioambientales, productivos, industriales y lúdicos, por lo que cada uno de ellos debe tener un tratamiento singularizado y en ningún caso se debe constreñir la definición de la actividad y el encuadramiento de la misma de tal forma que precisamente acabe perjudicándose al propio subsector que se quiere potenciar. Por tanto, la legislación que se marque debe ser necesariamente compleja, y en una ley de carácter básico, como la que se pretende, en la que muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, debe hablarse de rúbricas más genéricas, que incluyen, por supuesto, la actividad cinegética. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista ha presentado la siguiente enmienda transaccional -sobre la enmienda inicial presentada por mi grupo, se ha hecho una transacción con el portavoz del grupo proponente, señor De Luis-: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que,
dentro de las rúbricas que contemple la ley potenciando el desarrollo rural, se encuentre de forma singular alguna de la que se derive que la actividad cinegética es capaz de contribuir al desarrollo de la economía del medio rural y de su población.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Como está el texto pactado, entiendo que no.
-RELATIVA AL ACCESO DE LAS MUJERES AGRICULTORAS A LAS AYUDAS DESTINADAS A LAS MUJERES EN ACTIVO CON HIJOS O HIJAS MENORES DE TRES AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001449.)
El señor PRESIDENTE: Punto 7º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa al acceso de las mujeres agricultoras a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos o hijas menores de tres años. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos esta proposición no de ley porque en estos momentos es evidente una discriminación hacia las mujeres del sector agrario, discriminación motivada por la discriminación -valga la redundancia; es necesario expresarlo así- de género que vivimos las mujeres y que se refleja de una manera muy clara en las mujeres de nuestro sector agrario. En ese sentido, lo que está ocurriendo en estos momentos es que las solicitudes que las mujeres agricultoras están haciendo a la Seguridad Social para percibir las ayudas por hijo menor de tres años, ayudas de 100 euros establecidas por el Gobierno, a pesar de que estas mujeres cumplen los requisitos requeridos para hacer tal solicitud, entre los cuales figura estar dadas de alta en la Seguridad Social Especial Agraria, tienen un resultado curioso: primero, las solicitudes son aceptadas por la Seguridad Social y estas mujeres perciben los 100 euros estipulados en estas ayudas, pero, posteriormente, esa percepción les es reclamada por la Agencia Tributaria con un argumento totalmente peregrino que requeriría una modificación de los conceptos utilizados por la agencia e incluso una formación en materia del papel que juegan las mujeres en el campo, en el sector agrario en general y concretamente en las explotaciones familiares agrarias. Digo esto porque el argumento esgrimido para reclamar los 100 euros percibidos por estas madres está relacionado con el criterio de que no consta -según dicen literalmente los escritos solicitantes de estas devoluciones- que realicen actividad agraria ya que no tienen ingresos propios por la misma. Es evidente que esta conclusión que saca la Agencia Tributaria está motivada porque en la declaración conjunta que presentan anualmente los matrimonios que son titulares de una explotación agraria el titular es el varón.
Esta conclusión que saca la Agencia Tributaria está basada en unos conceptos tremendamente arcaicos y discriminatorios, al mismo tiempo que desconocedores del papel de las mujeres en la agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de la imposibilidad de que las mujeres verifiquen que efectivamente tienen ingresos por su actividad en la explotación agraria por el hecho de que solamente es titular el marido, eso se agrava de alguna manera por el desconocimiento del papel que tienen las mujeres en este sector. No existe ninguna explotación familiar agraria en la que el grupo familiar no ejerza una actividad dentro de esa explotación, independientemente de que se conste o no como titular de la misma. No hay ninguna excepción -yo diría que no existe tal- de que en alguna explotación familiar agraria las mujeres, independientemente de que -entre comillas- ejerzan las labores propias de su sexo -atender los trabajos del hogar, porque aún no estamos suficientemente preparados que esta actividad sea compartida por hombres y mujeres-, no ejerzan una actividad laboral -por así determinarla- en esa explotación. Es inexplicable que se pueda decir que una mujer que es -vuelvo a utilizar las comillas- consorte del titular de una explotación familiar agraria, porque no sea titular o cotitular de esa explotación no pueda acreditar que tiene ingresos propios de la misma cuando, además, esta persona está dada de alta en la Seguridad Social Especial Agraria. Nos preguntamos de dónde piensa la Agencia Tributaria que provienen los ingresos de subsistencia de estas mujeres si efectivamente no provienen de allí donde ejercen su actividad.
Dado que es necesario resolver dos problemas, uno, la discriminación que existe respecto de estas mujeres en relación con la titularidad de las explotaciones agrarias y, dos, la injusticia y discriminación que existe al no poder acceder a algo que legítimamente le corresponde, como son las ayudas por atención a hijo derivadas del Real Decreto 1775/200, presentamos esa proposición no de ley. Creemos que es necesario actuar en distintas direcciones: una, garantizando que todas las mujeres dadas de alta en la Seguridad Social tengan este derecho y, dos, garantizando que las mujeres del sector agrario puedan percibir estos 100 euros o cualquier otra ayuda de estas características. No creo que sea necesario recordar que las dificultades para la atención de menores que existen en el sector rural en todo el Estado español son superiores a las existentes en otros lugares, sean ciudades o pueblos pequeños, debido precisamente a una enorme falta de infraestructuras, como son las guarderías. Si la necesidad de ayudas del Estado para la atención de menores es imprescindible para todas las mujeres en general y trabajadoras en particular, lo es especialmente para las mujeres trabajadoras del sector agrario. Por eso, además de buscar una solución que resuelva este problema, entendemos que es necesario que el Gobierno se dirija a la Agencia Tributaria para que se paralicen las solicitudes de devolución, tanto de los expedientes iniciados como de aquellos que están en trámite de iniciarse,
porque consideramos que es una injusticia. También es necesario acometer de una vez, ya que en una ocasión anterior se aprobó una proposición no de ley en un sentido semejante, que la cotitularidad de las explotaciones agrarias quede resuelta lo más urgentemente posible. A este respecto decimos que tenemos en nuestro poder una enmienda que el Grupo Socialista presenta y pensamos que podemos llegar a acuerdos a través de una transacción, de la que en su momento hablaremos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado una enmienda y para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Salazar Bello.
La señora SALAZAR BELLO: Como decía al principio la diputada representante del Grupo Mixto, cuando recogí la proposición no de ley por ella realizada me parecía alarmante, preocupante e increíble, pero sobre todo me daba la sensación de que estaba confundida en su exposición de motivos y que, a pesar de toda la normativa que existe en este momento, unas mujeres agricultoras gallegas tuvieran que reclamar una deducción de 1.200 euros al mes. Posteriormente recurrí a la nota informativa que se había realizado desde el Sindicato Labrego, pero me produjo mayor confusión porque las alegaciones de la declarante del Sindicato Labrego eran que, a pesar de haber cotizado 15 días en el REA, el régimen especial agrario, la Agencia Tributaria les estaba reclamando la devolución. Revisé el debate que se realizó en el Parlamento de Galicia por parte de todos los grupos y que se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia el día 11 de marzo de 2006. En dicho debate se llegó a una enmienda transaccional entre todos los grupos, donde se decía que el Parlamento de Galicia requerirá a la Agencia Tributaria que realice las actuaciones oportunas con la finalidad de garantizar a las mujeres agrícolas el acceso a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos menores de tres años y que emprenderá las actuaciones oportunas destinadas a la anulación con carácter inmediato de las reclamaciones de devolución efectuadas, o un proceso de tramitación, a aquellas mujeres que percibieron el cobro de esta ayuda.
Igualmente en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia se instaba al Gobierno gallego a que se dirigiera al Gobierno del Estado para que estudiase si existen otros colectivos en esta situación y a que se realicen las actuaciones oportunas con el fin de garantizar que todas las mujeres gallegas con hijos menores de tres años, trabajadoras por cuenta propia o ajena, tengan acceso a las ayudas del artículo 83 del texto refundido de la Ley del IRPF. Exactamente esto fue lo que me hizo pensar que había alguna causa por la cual realmente estaba sucediendo esto. Sin embargo, en la proposición no de ley, el BNG, en nombre del Grupo Mixto, se refiere en realidad a las mujeres que cumpliendo todos los requisitos soliciten el abono anticipado de la posibilidad que da el artículo 83 de la Ley del IRPF para minorar la cuota diferencial de este impuesto en la cuantía de 1.200 euros. La verdad es que, aprobando la solicitud del modelo 140 del abono anticipado, si se percibe ese importe quiere decir que ha pasado la primera criba y que hay que aplicarlo a la declaración del IRPF. La Agencia Tributaria en ese momento ha entendido que en caso del cónyuge no titular de la explotación, aunque trabajadora del mismo -repito, trabajadora del mismo- y cotizante al régimen especial agrario, que no ha facturado en forma efectiva no procedía la deducción y, por lo tanto, solicitó la devolución. El Grupo Parlamentario Socialista cree que esto se debe exclusivamente a un error en la interpretación de la norma.
Son varias las razones: en primer lugar, el simple hecho de estar de alta en el REA supone una presunción de percepción de ingresos; en segundo lugar, no es posible la existencia de dos explotaciones ganaderas entre dos cónyuges que estén en régimen de gananciales, y en tercer lugar, la facturación de los productos procedentes de la explotación ha de realizarse obligatoriamente a nombre del cónyuge a cuyo nombre figuran los derechos de producción como, por ejemplo, la cuota láctea. La muestra de que no es una discriminación de género por parte del Partido Socialista ni por la propia normativa que existe, sino que es un error conceptual o de interpretación por parte de algunas agencias tributarias, es que en determinadas normas se reconoce la existencia de la cotitularidad como es el caso -por eso quería dejarlo muy claro aquí- de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2006, en su disposición adicional cuadragésima novena, donde claramente recoge la participación a los presupuestos. También se llegaría al absurdo de que una sola factura de un solo día de venta de un producto procedente de la explotación sería suficiente para que las administraciones de la Agencia Tributaria entendiesen que existen ingresos de la persona que solicita la devolución.
También he solicitado información a otros sindicatos que trabajan en el medio rural gallego, ya que tenía algún conocimiento por parte de la Dirección General de Tributos, de si había habido alguna modificación, si se había pronunciado sobre ese tema y si había alguna consulta vinculante por otros sindicatos, pero no existía ninguna. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista cree que se trata exclusivamente de una interpretación errónea por parte de algunas administraciones de la Agencia Tributaria y la muestra es que existe un número de denuncias muy pequeño, incluso no se puede valorar exactamente el número de las existentes. Sin embargo, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas establece que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, que realicen una actividad por cuenta propia y ajena por la cual están dados de alta en la Seguridad Social o en la Mutualidad, podrían minorar la cuota diferencial a este impuesto en 1.200 euros al año por cada uno de los hijos menores de tres años. Se podría solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
el abono de esta deducción de forma anticipada. Este artículo será recogido íntegramente en la nueva Ley del IRPF que entrará en vigor en el año 2007, pero en lugar de ser el artículo 83 va a ser el artículo 81.
Dice claramente que para poder recibir esa percepción son necesarios estos requisitos fundamentales: tener hijos menores de tres años, trabajar de manera efectiva por su cuenta o por cuenta ajena y cotizar a cualquier régimen de la Seguridad Social, en este caso es una cotización al régimen especial agrario. A pesar de todo, el Grupo Parlamentario Socialista cree que la normativa no está clara, que no siempre se puede acreditar que se está trabajando y que es necesario adoptar medidas de carácter normativo que regulen específicamente la situación de las mujeres con hijos menores de tres años que colaboran en la gestión de las explotaciones de las cuales no son titulares y no se les considera en ellas cotitulares. Así, se podrán garantizar todos los derechos de igualdad de las mujeres en el medio rural, y además la falta de cotitularidad implica la imposibilidad de imputar individualmente ingresos procedentes de actividad agraria. (La señora vicepresidenta, Armengol Criado, ocupa la Presidencia.)
El día 7 de marzo -quiero hacer un recordatorio sobre esa cuestión- el Consejo de Ministros contemplaba las medidas para favorecer la igualdad de mujeres y hombres. En el punto 7, concretamente en el punto 7.8, se establece, entrecomillado, que se encomienda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que en la elaboración de la ley de orientación del desarrollo rural y de la agricultura se promueva la presencia de la mujer en la economía y en la sociedad rural. El Gobierno del Partido Socialista y este grupo parlamentario que le apoya defienden la igualdad entre los hombres y las mujeres tanto en la sociedad rural como en la sociedad en general, y creemos que fue, es y seguirá siendo siempre una prioridad de nuestro Gobierno y de nuestro partido. Por ello insistimos en que se debe recoger en la Ley de orientación del desarrollo rural y de la agricultura la cotitularidad de los derechos de las mujeres en las explotaciones agrícolas. El Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que pensamos que fue un error de interpretación dentro de la Agencia Tributaria, creemos que la normativa no es clara y por eso presentamos una enmienda, a través de la cual podemos llegar fácilmente a una transaccional con el BNG, donde dice: primero, que hay que asegurar que todas la mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena con hijos menores de tres años puedan disfrutar de las ayudas contempladas en el artículo 83 del Real Decreto 1775; segundo, alcanzar una solución favorable para incluir entre las beneficiarias de las deducciones por maternidad a las mujeres afiliadas al REA, régimen agrario especial, que trabajen en explotaciones agrarias, no siendo titulares de las mismas; y tercero, instruir en consecuencia a la Agencia Española de la Administración Tributaria para que adopte las medidas oportunas, con el fin de que se haga efectivo lo señalado en los apartados anteriores. El Grupo Socialista cree que en esa nueva ley del Ministerio de Agricultura se van a recoger todos los derechos de las mujeres y pensamos que debemos seguir luchando para conseguir que no haya diferencias y que seamos iguales a nivel de género.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Para fijar su posición tiene la palabra la representante del Grupo Popular, la señora Naharro de Mora.
La señora NAHARRO DE MORA: Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, que solicita que las mujeres agricultoras tengan acceso a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos menores de tres años. Señorías, me resulta curioso que hoy estemos hablando aquí de una medida que fue puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular hace tres años y que fue criticada por populista, por poco efectiva y por insuficiente. Se trata de una ayuda directa de 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años a las mujeres trabajadoras afiliadas a cualquier régimen de la Seguridad Social. Como digo, fue muy criticada. El Partido Socialista prometió en su campaña electoral que esta medida se extendería no solo a las madres trabajadoras, sino también a las mujeres que no trabajan fuera del hogar.
El ministro Caldera, en abril de 2004, ya hablaba de una política parcial, pero necesaria, que se iba a mantener y además señalaba que se debía generalizar. Pues bien, no solo no se ha generalizado ni se han incrementado las cuantías directas, como proponía el Partido Popular, sino que además nos encontramos con problemas como el que hoy debatimos.
En el sector agrario, según datos de 2005 facilitados por la Tesorería de la Seguridad Social, se cuenta con una mano de obra que supera el millón de trabajadores, exactamente 1.119.619, y de ellos el 43,45 por ciento son mujeres, un número nada despreciable.
Señorías, las mujeres del ámbito rural siguen siendo las que en menor medida acceden a la formación académica, son las que presentan un mayor índice de desempleo y las que todavía lo tienen más difícil a la hora de conciliar la vida laboral y familiar por la escasez de medios. Sufren una doble discriminación por su condición de mujer y por residir en el medio rural, lo que supone no tener igualdad de oportunidades respecto a otras mujeres que viven en otros ámbitos. Además, hemos de tener muy en cuenta el papel que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes con hijos pequeños, desempeñan en el mundo rural, pues sin ellas no hay vida en nuestros pueblos. Se ha avanzado bastante en las políticas de igualdad para las mujeres rurales. El 25 de abril de 2003 el Consejo de Ministros aprobó un decreto para evitar una discriminación gravísima que sufrían las mujeres del medio rural, a las que se les permitía la afiliación a la Seguridad Social siempre y cuando se demostrase que realmente realizaban una actividad agraria. Como digo, en los últimos años se ha ido avanzando
en las políticas de igualdad para conciliar la vida familiar y laboral, pero creemos que es necesario adoptar medidas urgentes en este sentido.
La ministra de Agricultura, en octubre de 2005, se comprometía a garantizar la discriminación positiva de la mujer en el mundo rural y mi grupo espera que no se quede solo en promesas. De momento, hemos visto cómo una enmienda del Grupo Socialista al tercer punto de la proposición no de ley del Grupo Mixto, que trata precisamente de la cotitularidad en las explotaciones y empresas familiares, intenta eliminarlo. Ellos no tratan este tema, sino que lo dejan para la Ley de Desarrollo Rural. Mi grupo cree que todas las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral en otros ámbitos tienen que ser efectivas también para las mujeres agricultoras y por eso vamos a votar a favor de esta proposición no de ley del Grupo Mixto.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Señora Fernández Davila, ¿acepta la enmienda o la transacciona?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, hacemos una propuesta de transacción que no sé si es conveniente leer.
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Léala.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Primer punto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar que todas las mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena con hijos menores de tres años puedan disfrutar de las ayudas contempladas en el artículo 83 del Real Decreto 1775/200.
Segundo punto: A alcanzar una solución para que las mujeres que cotizan al régimen especial agrario, aun no siendo titulares de la explotación, accedan a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos o hijas menores de tres años. Tercer punto: A instruir, en consecuencia con lo anterior, a la Agencia Española de Administración Tributaria para que adopte las actuaciones oportunas a fin de anular los procesos iniciados o en trámite de requerimiento de la devolución correspondiente a los 100 euros que, en concepto de ayuda por hijo o hija menor de tres años, fueron cobrados por mujeres que cotizan al Reass. Cuarto punto: A emprender con la máxima urgencia las actuaciones oportunas destinadas a la regularización de la cotitularidad de las explotaciones familiares agrarias.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR DE LA FRUTA DULCE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001455.)
La señora VICEPRESIDENTA (Armengol Criado): Pasamos al punto 8 del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo al sector de la fruta dulce, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Mi grupo ha presentado esta proposición no de ley para que se escuchen las reclamaciones de un sector que tradicionalmente ha sido productivo, ha rendido, ha dado beneficios y ha sido un motor muy importante en la inversión agraria, tanto en la mejora de explotaciones como en la mejora de plantaciones, al mismo tiempo que ha sido el motor de la industria agroalimentaria en cuanto a manipulación y aprovechamientos industriales; en definitiva, es un polo del cual derivan muchas actividades. Este sector tiene el peso de que en los últimos años ha sufrido oscilaciones importantes, pues la continuidad de las cosechas no está asegurada. Cuando la cosecha ha sido buena, también lo ha sido en otros lugares, por lo que los precios han caído peligrosamente, mientras que cuando no ha sido buena había poca cantidad y los precios eran interesantes. En definitiva, la producción o rentabilidad de estas explotaciones para el agricultor ha devenido cada vez peor. En un primer momento, la recogida de industrias era una alternativa que ayudaba a la producción cuando tenía lugar esa superproducción, cubriéndose de alguna forma los costes. Así, llegamos a la situación -ya pasó- de que la recogida de industrias no cubría los costes, pero es que ahora resulta que la propia cosecha, el fruto bueno que va a los mercados, tampoco llega a cubrir los costes. Durante los últimos años hemos asistido a manifestaciones, a reclamaciones, a reivindicaciones del sector, en las que ya se empieza a hablar de la corta duración de las explotaciones.
Estamos comprobando la voluntad de abandono de determinadas explotaciones y hemos llegado a extremos insospechados, como que haya habido frutas que no han llegado a 10 céntimos el kilo -el melocotón concretamente no ha llegado a 20 céntimos el kilo- y el consumidor no lo haya notado, con precios de 1,2 euros el kilo. Esto ha generado que la Administración no controlase el sistema, que hubiese un importante margen entre el costo del producto y lo que pagaba el consumidor y que las pérdidas de las cosechas recayesen directamente en el agricultor, no recibiendo el consumidor ninguna compensación en precio por la buena cosecha. Supongo que no extrañará a SS.SS. que hayamos asistido en muchas ocasiones a la entrega de frutas regaladas por los agricultores diciendo que les sale más barato regalarlas que venderlas.
El sector también se queja de la existencia de importaciones, en las que parece ser que no se ha dado suficiente publicidad del cumplimiento de la normativa fitosanitaria, de tamaños y de calidad que cubren determinados productos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En algunos casos -en pocos, pero se ha dado- hemos tenido que asistir a una retirada, porque se producían -se ha descubierto después que no por faltas de la Administración- importaciones que eran desleales, o determinados incumplimientos legales con
respecto a la fruta. Este sector productivo que representa en Cataluña el 11 por ciento de la producción final agraria y solamente el 6 por ciento de la superficie cultivada, que en la Unión Europea representa del 15 al 17 por ciento de la producción agraria y que solamente recibe el 3,5 por ciento de las ayudas, que, como he dicho antes, su incidencia en la industria es importante, tanto en manipulación como en industria, en conservas como en frigoríficos, y que genera un movimiento importante, no tiene la atención especial que merece porque está entrando en situación de crisis. Por ello nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley en aras de conseguir la sensibilización del Gobierno y la asistencia a este sector productivo. Ya se votó en esta Cámara una interprofesional que tenía que abrir las perspectivas de seguimiento del sector y marcar unas pautas de actuación más convenidas entre la producción, la industrialización y la distribución, pero este tema no acaba de funcionar. Con esta proposición no de ley queremos mejorar o, al menos, redondear las actuaciones de la Administración a favor de esta interprofesional, para conseguir que estas medidas preventivas nos permitan conocer las perspectivas de una nueva cosecha, que tengamos un inventario de la producción, que sepamos el control de los productos que se importan y que vayamos generando medidas, como las que se producen en Francia -habrá alguna actuación posterior por parte de nuestro grupo-, en caso de crisis o por una bajada de precios continuada respecto a una media de cinco años, y que actúe esta interprofesional marcando unos márgenes de comercialización a favor del consumidor en aras de que estos ajustes de precio modulen el consumo para que se pueda consumir absolutamente toda la producción.
Finalmente, en la proposición no de ley que hoy presentamos nuestro grupo reivindica una actuación más firme del Gobierno en la Organización Común de Mercado de noviembre de este año, que el ministerio sea firme en sus negociaciones y que se establezcan unas pautas exitosas o, al menos, resultados positivos en la próxima campaña. No queremos con esto cambiar las perspectivas que ya ha anunciado el secretario general del ministerio, señor Puxeu, en el sentido de que se está próximo a hacer la reconversión varietal que tiene que ordenar el sector y organizar este inventario que estamos pidiendo para que tengamos capacidad de respuesta frente a los nuevos retos de la Unión Europea ampliada. En este caso el peso específico del coste de la mano de obra también es muy importante sobre el precio final, y entramos una vez más en una posible deslocalización, cuando el árbol no se puede deslocalizar, de una producción que es básica para nuestro sector agrario. Por ello nuestro grupo, en aras de encontrar esta cooperación del Gobierno, de sentir la voz del ministerio en la Unión Europea, acepta las propuestas del Grupo Socialista, que hemos transaccionado en el sentido de incluir, aparte de las potencialidades que nos pide el Gobierno, el inventario como elemento de prospección, como elemento de previsión de las acciones futuras.
También insistimos en el tema del punto 4, que también hemos transaccionado, en que sea el Gobierno lo suficientemente contundente en solicitar idéntica producción, porque las analogías en este caso pueden ser equiparables a la igualdad pero nosotros estamos más a favor de la identidad ya que el sector nos pide esta contundencia. Por ello pedimos que nos admita que las regulaciones o los controles fitosanitarios y de calidad sean los mismos que se piden a los productores españoles. Con esto no queremos jugar con las palabras, pero defendemos una solicitud que es grave en estos momentos y que el Gobierno, de cara a la interprofesional, se sienta un poco más vinculado a la hora de obtener nuevas acciones. Esperamos esta previsión de cara al futuro, una estabilidad, que se puedan regular, si hacen falta, ayudas para un sector que hasta ahora no las ha recibido, que evitemos que por nuestra acción se deserticen o se abandonen explotaciones que hasta ahora han sido modélicas, explotaciones que han dado el caché o calidad de vida agraria a muchas zonas de regadío y que la política de regadío se vea apoyada, en los casos que corresponda, por los requerimientos de estos productores de fruta dulce que necesitan estos riesgos para tirar adelante.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa la señora Farrera Granja tiene la palabra.
La señora FARRERA GRANJA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta hoy una proposición no de ley ante esta Comisión con la finalidad de que el Gobierno adopte medidas de apoyo al sector de la fruta dulce. Tras una larga y minuciosa exposición de motivos donde hace historia el problema que atraviesa este sector, quiero recordar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que este problema va más allá de los dos últimos años de este Gobierno. La producción de fruta dulce siempre ha sido susceptible de padecer daños por inclemencias meteorológicas -granizo, heladas, sequía-, provocando a los agricultores afectados importantes pérdidas tanto en calidad como en valor comercial, pero ha sido este Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el que ha mostrado su voluntad de cooperar con este sector. En esta legislatura se ha aprobado una proposición no de ley en esta misma Comisión para promover y apoyar la creación de una organización interprofesional agraria del sector de la fruta dulce para, entre otras cosas, asegurar al consumidor un aprovisionamiento de frutas sanas, seguras y de calidad; potenciar el consumo de la fruta; favorecer el crecimiento y la productividad de las empresas del sector en todos los estadios de la cadena productiva, desde el productor hasta el minorista; promocionar el consumo de la fruta
dulce desde la televisión, restauración y, con una atención muy especial en la alimentación escolar; establecer acuerdos interprofesionales y garantizar la calidad de los productos; realizar inversiones que permitan incrementar las exportaciones de los productos nacionales.
Centrándonos en la proposición no de ley que estamos debatiendo, el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar su compromiso con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y hacer un análisis de las actuaciones que se están llevando a cabo desde dicho ministerio en relación con los cuatro puntos que contiene la iniciativa. Por lo que se refiere al primer punto, el Ministerio de Agricultura, Pesa y Alimentación viene realizando un seguimiento del mercado de los distintos productos frutícolas con el fin de determinar las deficiencias y problemáticas del mismo, tanto estructurales como coyunturales. En el caso de la fruta dulce, de forma coyuntural las cotizaciones de la pasada campaña se caracterizaron por ser anormalmente bajas. Dicha campaña se caracterizó por ser especialmente desfavorable para el conjunto del sector agrario a consecuencia de las heladas acaecidas a principios de 2005 y de la grave sequía que afectó a todo el país. Estas adversidades climáticas incidieron muy negativamente en la producción, dando lugar a un retraso en la maduración de la fruta temprana, con la consiguiente concentración de la oferta en el tiempo y bajada en los precios. No obstante, si bien los bajos precios responden a un problema coyuntural, desde el ministerio se ha realizado un estudio detallado del sector para detectar posibles deficiencias estructurales, estudio que el Gobierno presentó en la Conferencia sectorial del día 7 de octubre de 2005 y en el cual se constata la existencia de variedades que presentan año tras año cotizaciones muy inferiores a las de otras variedades, lo que demuestra su inadaptación a lo demandado en los mercados ya sea por calidad o por el periodo en que se comercializan. Como consecuencia de este estudio, con el fin de mejorar la competitividad de las explotaciones de fruta dulce, en la misma conferencia sectorial el Gobierno se comprometió a poner en marcha un régimen de ayudas nacionales para fomentar la reconversión de plantaciones de las principales especies de fruta dulce.
Dicho régimen de ayudas ha sido consensuado con el sector y las comunidades autónomas en diferentes reuniones y próximamente será aprobado por el Consejo de Ministros, una vez que se dispongan de los informes preceptivos reglamentarios.
Punto 2. En este punto hay que tener presente que el sector productor comunitario se enfrenta a un mercado cada vez más globalizado y con mayor apertura, consecuencia tanto de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio como de las políticas de acceso preferencial para determinados países con menor grado de desarrollo, o con países con los cuales se quieren establecer zonas de libre cambio que afecten a productos no solo agrícolas u hortofrutícolas sino también de carácter industrial y de servicios. En este contexto la competitividad de nuestras producciones debe basarse en la calidad frente a los productos importados. La actual OCM tiene como principal instrumento los fondos y programas operativos que cofinancian con fondos comunitarios diferentes medidas llevadas a cabo por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas orientadas a mejorar las citadas competitividad y calidad.
Esta medida se ha mostrado altamente eficaz con un sector productor bien situado en el ámbito mundial. En términos generales, la OCM ha venido funcionando de forma adecuada, de ahí que la postura española con vistas a las reformas sea mantener los ejes principales de la misma, realizando cuantas mejoras sean necesarias para conseguir un sistema adaptado al momento actual. Por tanto, es una reforma que debe basarse en la evaluación del funcionamiento del régimen actual, y dado que este es aceptable, no se deben precipitar cambios que no sean fruto de un profundo análisis que no estará disponible hasta mediados del año 2006 y que está realizando la Comisión Europea. Por otra parte, si bien es cierto que las producciones comunitarias deben ser competitivas, tampoco se debe olvidar el principio de preferencia comunitaria como medio de defensa a los productores. Esta cuestión está siendo tenida en cuenta por la Comisión Europea, lo que se demuestra con las decisiones que se están tomando en los últimos meses. De entre estas decisiones cabe citar la reciente aprobación de un reglamento por el que se establece la necesidad de presentar una licencia para realizar cualquier importación de manzanas a la Unión Europea, mecanismo que garantiza un adecuado seguimiento de las cantidades que llegan a la Comunidad.
Punto 3. En el apartado a) he de decir que el actual mecanismo de retirada resulta poco eficaz a la hora de controlar la cantidad de producto que se dirige al mercado, aspecto esencial para evitar hundimientos de precios y situaciones de crisis. Por ello, desde el ministerio se defiende la necesidad de mejorar el citado sistema de retiradas e incluso su sustitución por medidas preventivas del tipo de promoción anterior a la presentación de las crisis: podas en verde, retiradas en campo, investigación y apertura de nuevos mercados y seguimiento de los mismos a lo largo de la campaña. Además se está estudiando la posibilidad de poner en marcha a través de los fondos operativos reservas destinadas a ser utilizadas en situaciones de crisis. En el apartado b) quiero recordar que la actual regulación del sector de frutas y hortalizas establece una serie de ayudas para fomentar el envío de parte de la producción a la transformación. Esta medida se ha constatado como fundamental a la hora de mantener el equilibrio del mercado fresco, dando salida a cantidades que supondrían una bajada en los precios, y a la hora de consolidar un tejido industrial. Por estos motivos, el Gobierno es partidario de continuar básicamente con el sistema en vigor, ajustándolo a la situación actual. Por otra parte, no es de esperar que con motivo de las reformas se introduzcan nuevas ayudas a la transformación, dada la situación financiera de la Unión Europea y la política en cuanto a
los apoyos a la agricultura y a la Organización Mundial de Comercio, por lo que la potenciación del transformado debe ser realizada por las propias organizaciones de productores, asociándose o fusionándose para poder realizar acciones de mayor alcance. En este sentido, en el marco de la reforma se defenderá que se otorguen mayores ayudas a las actuaciones realizadas por las asociaciones y fusiones. En el apartado c) hay que tener en cuenta que en lo relativo a la programación de la producción y su adaptación a la demanda se considera fundamental incluir en los programas operativos medidas para tener un buen conocimiento de la producción comunitaria. Actualmente ya existen encuestas fiables en el ámbito comunitario de plantaciones de frutales, si bien debe disponerse de más datos por parte de la Comisión. Para ello, los Estados miembros deben ser capaces de suministrar información detallada de sus producciones. Esta es una cuestión en la que se está trabajando en España, estudiando la posibilidad de realizar un inventario de plantaciones de frutales por especies a partir del Sigpac En el apartado d) conviene recordar, por lo se refiere al fomento de prácticas respetuosas con el medio ambiente, que la actual OCM ya recoge medidas para impulsar este tipo de prácticas, como constata el hecho de que en todo programa operativo deban incluirse medidas medioambientales. De hecho, alrededor del 25 por ciento del presupuesto de los fondos operativos de la Unión Europea se destina a estas medidas. En este sentido, en un reciente estudio encargado por la Comisión para evaluar el impacto de determinadas OCM sobre el medio ambiente se valoraron muy positivamente los efectos de la actual OCM de frutas y hortalizas. Por ello somos partidarios de seguir en la línea del sistema actual. Todos estos aspectos serán defendidos en el debate que se llevará a cabo próximamente con motivo de la reforma de la OCM y han sido recogidos en un memorándum conjunto que siete ministros de los países más especializados en la producción de frutas y hortalizas, entre ellos España, han dirigido recientemente a la Comisión Europea.
Punto 4. Por lo que se refiere a este punto, la actual OCM establece que los productos en relación con los cuales se hayan adoptado normas en la Unión Europea solo podrán ser importados de terceros países si se ajustan a dichas normas o a otras normas por lo menos equivalentes. Para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad por parte de terceros países, todas las importaciones se someten a un control en los puestos de inspección fronteriza realizado por el Soivre. En estos controles se inspeccionan tanto los parámetros de calidad, calibre, variedad, categoría como el etiquetado de los productos, que de forma obligatoria para todas las frutas y hortalizas debe contener el origen del producto.
En los citados PIF también se realiza un control sanitario y fitosanitario de todas aquellas especies que puedan portar organismos nocivos para la Unión Europea. Desde el punto de vista fitosanitario para la importación de vegetales y/o productos vegetales procedentes de terceros países en la Península y Baleares, los productos que obligatoriamente deben ser sometidos a inspección fitosanitaria son los contemplados en el anexo V, apartado b, de la directiva 2000/29 del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la comunidad. Los requisitos fitosanitarios que se exigen y se controlan en los PIF a las importaciones de fruta dulce procedentes de países terceros son los que marca la citada directiva y en España son aplicadas rigurosamente las inspecciones en frontera. Solamente en el caso de emergencia fitosanitaria con determinados productos u orígenes un Estado miembro puede establecer medidas de salvaguardia de emergencia y exigir requisitos más estrictos a determinadas importaciones, como ocurre desde hace dos años con los cítricos importados de Argentina y Brasil. En el caso de la fruta dulce no se ha producido esa situación hasta la fecha, por lo que se aplican las exigencias fitosanitarias establecidas por la Comunidad Europea.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de sustitución y hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente para transaccionar un punto de dicha enmienda, aunque he de recordar al señor Grau que la inclusión, por ejemplo, del inventario, como consta en mi intervención, estaba previsto ya por el ministerio.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Quisiera remarcar en mi inicio que la situación que describe los antecedentes de esta propuesta no afecta solo a la fruta dulce, sino que es una problemática similar a la de los cítricos y a la mayoría de hortalizas, es decir, que afecta básicamente a todo el sector de frutas y hortalizas. Asimismo, describe una situación real caracterizada por la gran dificultad, como se ha dicho, en muchos casos incluso para mantener la rentabilidad de las explotaciones y su propia existencia, y además de los problemas que siempre ha habido tenemos desde los últimos dos años una situación especialmente compleja para el campo español con este Gobierno, que dice mucho y nada hace. Por otro lado, como se indica también -y quiero remarcarlo por su importancia-, uno de los graves problemas que padece este sector es el desfase y la falta de correspondencia que todos sabemos que existe entre el precio percibido por los agricultores y el que pagan los consumidores y en muchos casos existe otro gran desfase entre la excelente calidad del producto al salir del campo y la dudosa calidad con que llega muchas veces al consumidor. Por otra parte, todos los factores que se enumeran en la exposición de motivos son reales, y yo quisiera remarcar un punto, que tampoco sé exactamente cómo va a quedar con la transaccional, en cuanto
a las importaciones generalizadas que se producen de frutas y hortalizas de países terceros y la preocupación que existe, porque hemos de puntualizar la presencia estadísticamente significativa de graves plagas y enfermedades de cuarentena que llegan o en algunos casos pueden llegar por la falta de controles a la Unión Europea y concretamente a España.
En cuanto a la proposición no de ley, ya hemos dicho que esta problemática sería extensible a todo el sector de frutas y hortalizas, y no sabemos si va a desaparecer con la enmienda transaccional -puesto que la enmienda del Grupo Socialista ya no la incluye- la importante medida para nosotros de la inclusión de la obligación o la responsabilidad del Gobierno a la hora de fomentar el consumo entre la población, primando en este sentido todas las instituciones públicas y los propios colegios, iniciando campañas de este tipo, porque entendemos que las inversiones en actuaciones de promoción bien realizadas siempre son rentables para el sector, y ejemplos de ello hay en el caso de los cítricos, con los que se iniciaron ya hace años por la Generalidad Valenciana importantes campañas de promoción, a las que posteriormente se sumó el sector a través de la interprofesional Intercitrus, que se mantienen en la actualidad financiadas entre el propio sector, la Unión Europea, el Ministerio y la Consellería de Agricultura y que entendíamos que eran un ejemplo a seguir, y no sabemos si en la enmienda transaccional se ha mantenido o no este punto.
Por otro lado, en cuanto a temas importantes que aquí se recogen respecto a los mecanismos efectivos para solucionar o gestionar situaciones de crisis, también habría que tener en cuenta que muchas organizaciones profesionales agrarias reclaman desde hace tiempo medidas que aseguren un comercio justo y un seguro de costes de producción del que tampoco se habla y que resolvería bastantes problemas de los productores en este sector. En cuanto a lo que mencionamos sobre la importancia que tiene la inspección, creemos que habría que ir más allá en este sentido, porque por la experiencia de los últimos años entendemos que en muchos casos se debería establecer una inspección en origen y un protocolo de importación adecuado a cada plaga o enfermedad de cada país de origen, precisamente para evitar su presencia en nuestro territorio. Por eso creemos que hacen falta muchas cosas en este sector y en todo el sector de frutas y hortalizas, no solamente las aquí contempladas sino muchas otras, y todas ellas requieren una intensa y activa participación de las comunidades autónomas no solamente para que se les lleven propuestas ya hechas, como han anunciado desde el Grupo Socialista, sino también para que participen en la previa elaboración de todas estas propuestas.
Como he dicho, no sabemos en qué términos exactos va a quedar la enmienda transaccional que ambos grupos han anunciado. En este sentido, nos preocupa, como hemos dicho, la eliminación del primer punto de la propuesta en la enmienda del Grupo Socialista, lo que supone eliminar la participación real de las comunidades autónomas para impulsar medidas para este sector. Creíamos que era muy importante no solo que participaran las comunidades autónomas, sino incluso en un momento determinado las organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de consumidores, para ir evaluando y analizando los problemas, las propuestas, las soluciones y los resultados de la aplicación de esas propuestas y soluciones en cada momento. Nos preocupa mucho saber si esto se ha eliminado, porque es difícil saber si en la transaccional se mantiene un texto u otro o qué puntos de cada texto se van a mantener. En cualquier caso, la enmienda supone una rebaja bastante importante de las propuestas iniciales del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Es una propuesta muy light de estas cuestiones, pero, conscientes de la necesidad de ayudas y apoyos de este sector, vamos a apoyar una u otra, remarcando que quedan muchas cuestiones que no se han abordado o, si se han abordado, se van a retirar de la propuesta del texto final, por lo que habrá que analizar en este foro y en un futuro cuestiones muy importantes, como que la política agrícola común permite que ciertos cultivos con ayudas desacopladas reasignen sus derechos de producción a parcelas agrarias que tienen una menor fertilidad y valor económico, por lo que en esas parcelas donde originariamente se producían los cultivos con ayudas desacopladas en estos momentos se cultivan ya muchas frutas y hortalizas, lo que hace que la perversión de este sistema de ayudas provoque una clara competencia desleal entre los productores de frutas y hortalizas que cobran subvenciones por cultivos desacoplados y aquellos que solo producen frutas y hortalizas sin ninguna ayuda.
Por todo ello, reiterando la importancia de esta propuesta y la problemática extensible a todo el sector de frutas y hortalizas, ya he anunciado nuestra intención de votar favorablemente. En cualquier caso, aunque haya una rebaja sustancial, que supongo que así va a ser -si no, el Grupo Socialista no haría una transaccional-, de las demandas iniciales, votaremos también favorablemente, haciendo gala de una responsabilidad muy por encima de cualquier otra cuestión partidista.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la proposición no de ley se votará en los términos de la transaccional que se haga llegar a la Mesa.
(Número de expediente 161/001472.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley del orden del día de hoy, en este caso del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre cultivos leñosos en secano afectados por la sequía del año 2005. Para su defensa tiene la palabra el señor Ramón Torres.
El señor RAMÓN TORRES: Como bien dice, presentamos hoy esta proposición no de ley sobre los cultivos leñosos en secano afectados por la sequía del año 2005, y lo hacemos en el marco de las medidas urgentes para paliar los daños producidos en los sectores ganaderos extensivos y a los cultivos herbáceos de secano por la sequía y otras adversidades climáticas que se adoptaron mediante el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio.
Transcurrido ya el año 2005 y evaluados los efectos de la sequía en los cultivos leñosos en secano, como son el olivar, los viñedos, los frutales de frutos secos y la fruta dulce en secano, entre otros, se puede concluir que no han supuesto una afectación económica tan amplia y homogénea como la regulada por el Real Decreto-ley 10/2005, dado que a la disminución general de las cosechas hay que añadir una evolución de los precios que ha corregido los resultados económicos de un buen número de explotaciones. Pero dicha situación no amaga que a partir de un grado importante de pérdida de cosecha la corrección no palía las pérdidas económicas, encontrando explotaciones afectadas por dicha situación en condiciones similares o incluso peores que las incluidas en el Real Decreto-ley 10/2005. Teniendo en cuenta que las pérdidas económicas elevadas de determinadas explotaciones especializadas en los cultivos leñosos en secano o mixtas de cultivos leñosos en secano y sectores afectados por la sequía a los que se dirige el Real Decreto-ley 10/2005, añadidas en amplias zonas a las pérdidas por heladas de 2004, han situado a un significativo número de explotaciones y profesionales del sector agrario al límite de su viabilidad económica, para intentar paliar la mala viabilidad económica de estos sectores que se han visto afectados por no haber podido mejorar aún el precio de sus cosechas, nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a promulgar un nuevo real decreto-ley en el plazo máximo de un mes -entendíamos que ese era un plazo urgente, pero el sector así lo hacía evidente- para ayudar a paliar las medidas económicas y asegurar la viabilidad de las explotaciones de cultivos leñosos en secano afectadas por la sequía de 2005, tanto para las especializadas en dichos cultivos como para las mixtas de dichos cultivos con los sectores afectados por la sequía a los que se dirige el Real Decreto-ley 10/2005. También instábamos al Gobierno a realizar el cálculo de pérdidas por explotación individual a los efectos de evitar una compensación no justificada sobre la base de los promedios económicos generados, todo ello de acuerdo con el apartado 11.3 de las directrices comunitarias de ayudas estatales al sector agrario.
A esta proposición no de ley que presenta hoy nuestro grupo había una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la que regularizaba qué tipo de cultivos, mediante las pérdidas que habían tenido, podían ser susceptibles de estas ayudas, pero nos instaba a que se estudiara la posibilidad de instrumentar una línea de préstamos en condiciones similares a las establecidas en el real decreto. Nosotros entendemos que eso no responsabilizaba al Gobierno a tomar medidas urgentes en este tema, y después de una negociación con el Grupo Parlamentario Socialista hemos acordado una enmienda transaccional que dice: Una vez conocidas las producciones obtenidas en 2005 y los rendimientos correspondientes a los cultivos leñosos en las zonas productivas, se determinarán, junto a las comunidades autónomas afectadas, las zonas cuyas producciones hayan sido inferiores al 20 o al 30 por ciento, al objeto de instrumentar las medidas crediticias establecidas en el Real Decreto-ley 10/2005. Este último párrafo que nos marca que se instrumenten estas medidas crediticias establecidas en el real decreto exige un poco más al Gobierno a tomar medidas para intentar buscar la viabilidad de estas explotaciones que se han visto tan afectadas por la sequía del 2005.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, hay una enmienda presentada del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra al señora Farrera Granja.
La señora FARRERA GRANJA: Durante el año 2005 la situación meteorológica ha resultado particularmente desfavorable para el sector agrario. En el primer trimestre del año tuvieron lugar intensas heladas en amplias zonas de la geografía española que afectaron a varias producciones agrarias, en especial a las hortalizas y a los cultivos leñosos. Con el fin de ayudar a los agricultores afectados a compensar las pérdidas, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas durante el mes de enero de 2005. Ante la persistencia de las heladas, en fechas posteriores se hizo necesario ampliar a los meses de febrero y marzo el ámbito temporal de las medidas establecidas. Para ello se aprobó el Real Decreto-ley 6/2005, de 8 de abril. Los titulares de explotaciones incluidas en el ámbito de aplicación del real decreto-ley han podido solicitar las ayudas establecidas en el mismo, desde indemnizaciones de daños en producciones agrícolas, beneficios fiscales, medidas laborales y en Seguridad Social, hasta líneas preferenciales de crédito.
Por otra parte, el año 2005 ha sido el más seco de la última década, afectando en muchos casos a la nascencia y al normal desarrollo de los cultivos de secano. También la falta de precipitaciones tuvo efectos nocivos en los cultivos leñosos que se han sumado en muchas áreas a los ya ocasionados por las heladas. La extraordinaria incidencia de la sequía hizo también necesaria la adopción de medidas excepcionales que, complementando la adopción de los seguros agrarios, paliasen las pérdidas ocasionadas en la economía de las explotaciones agrarias afectadas. Para ello, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. Este real decreto-ley, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, ya tiene en cuenta en la exposición de motivos los efectos nocivos que la falta de precipitaciones ha ocasionado en los cultivos leñosos, por lo que al hacer mención los correspondientes artículos del real decreto-ley a las explotaciones agrarias se sobreentiende que dentro de estas se encuentran comprendidas tanto las que se dedican a los cultivos herbáceos como a los cultivos leñosos. El artículo 1 del mencionado real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias afectadas que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos y aprovechamientos ganaderos de al menos un 20 por ciento de la producción en zonas desfavorecidas y del 30 por ciento en el resto, de acuerdo con los criterios establecidos al efecto por la Unión Europea. Por tanto, con carácter general las medidas establecidas en el real decreto-ley son de aplicación para todas las explotaciones agrarias incluidas en el ámbito de aplicación del mismo. No obstante, las explotaciones de cultivos leñosos no han sido incluidas entre aquellas medidas a las que van destinados los préstamos de mediación del ICO, artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2005, ya que en este caso solamente han podido solicitar dichos préstamos los titulares de explotaciones ganaderas extensivas de cultivos herbáceos. Sin embargo, todas las explotaciones afectadas pueden beneficiarse del resto de medidas aprobadas en el real decreto-ley, tales como reducciones fiscales especiales para las sociedades agrarias, medidas laborales y de Seguridad Social, exención de exacciones relativas a la disponibilidad de agua para riego, obras hidráulicas urgentes para la mejora y modernización de regadíos existentes, etcétera. Sin tener en cuenta las reducciones en los módulos del IRPF que se aplicarán en la próxima declaración de la renta, las medidas laborales y de Seguridad Social, así como las exenciones de las cuotas y canon del agua de riego suman un total de 128 millones de euros en el conjunto de zonas incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 10/2005.
La línea de prestamos de mediación del ICO no se hizo extensiva a los cultivos leñosos porque el porcentaje de pérdidas en estos como consecuencia de la sequía era significativamente menor que en los cultivos herbáceos y que en los pastos para ganadería extensiva. Así se desprende de los datos del avance de producciones obtenidas a nivel nacional en 2005 y su comparación respecto a la media del trienio anterior, 2002-2004. Asimismo hay que tener en cuenta que cualquier ayuda nacional ha de ser convenientemente justificada ante las autoridades de la Unión Europea a los efectos de su compatibilidad con las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. Por otro lado, no hay que olvidar que el sistema de seguros agrarios ofrece una alta protección frente al riesgo de sequía para los cultivos herbáceos y también para producciones leñosas en secano, como el olivar, el almendro o el viñedo.
Con el fin de potenciar el aseguramiento frente a los riesgos climáticos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, subvenciona el coste de los seguros agrarios hasta en un 50 por ciento. Para las producciones leñosas en secano existen líneas de seguro que cubren el riesgo de sequía en la modalidad de seguros de rendimientos. La garantía frente al riesgo de sequía es de un 70 por ciento del rendimiento máximo asegurable, que es fijado por el Ministerio de Agricultura por explotación individual a partir de la información disponible sobre las producciones obtenidas en los últimos años. Además, en el Plan de Seguros Agrarios aprobado en la Comisión General de Enesa, en la que participan los representantes de los agricultores a través de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas así como representantes de las comunidades autónomas y de los Ministerios de Agricultura y de Economía y Hacienda, se determina que la Administración General del Estado no concederá ayudas de carácter extraordinario para paliar los daños ocasionados por los riesgos contemplados en el Plan de Seguros para las producciones asegurables.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de sustitución sobre la que hoy hemos llegado a un acuerdo para transaccionarla con el grupo proponente. No voy a leerla en este momento porque ya lo ha hecho el señor Ramón en su intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Muy brevemente, señorías.
Sobre esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña tenemos que decir que es la constatación de que ante los daños que hubo en la campaña pasada por adversidades climatológicas el fracaso del Gobierno fue total y absoluto porque hay que volver a pedir más ayudas. La constatación objetiva es que la renta bajó 12 puntos en el sector y ahora el grupo proponente pide una serie de ayudas. Es muy poco lo que se pide y además no acabamos de entender el punto 2. En todo caso, su portavoz y la del Grupo Socialista ya nos han anunciado que hay una enmienda transaccionada y, si lo que se pedía era poco, con el acuerdo transaccional yo creo que se pide todavía menos. En fin, esto es así. Nosotros ya hemos expuesto, en Comisión y en Pleno, por dónde deben resolverse estos asuntos de la pérdida de rentas ante las adversidades climatológicas, que el año pasado fueron realmente graves y que este año ya han afectado a algunas comunidades autónomas, pero no se ha tomado conciencia de ello. Repito que poco era lo que se pedía, pero mucho menos lo que se pide ahora, por lo que ya veremos cómo nos pronunciamos.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, vamos a suspender la sesión estrictamente cinco minutos, para comprobar que, sobre todo en lo que se refiere al proyecto de ley, están ajustadas las posiciones y las votaciones de cada grupo e inmediatamente comenzaremos las votaciones.
Por tanto, ruego a SS.SS. que no se ausenten de la sala porque van a ser estrictamente cinco minutos o menos, si lo tenemos todo claro. (Pausa.)
Podemos comenzar las votaciones, que son muchas cualitativa y cuantitativamente. Ruego a SS.SS. que estemos muy pendientes para evitar confusiones. En primer lugar, votaremos el proyecto de ley de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. Como saben, votamos las enmiendas transaccionales de manera individual al final.
Vamos a empezar por el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
En este caso, de manera separada, las enmiendas 30 y 31.
En segundo lugar, también del Grupo Parlamentario Mixto y de manera separada, las enmiendas 34 y 35.
En tercer lugar, votación separada de la enmienda número 43.
Por último, el resto de las enmiendas que se mantienen vivas del Grupo Parlamentario Mixto.
Procedería votar ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero como no han sido defendidas, han decaído y solamente se votarán las transaccionales al final.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Excepto las cuatro transaccionales, todas las demás se votan de manera conjunta.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, de manera separada, las números 52, 53 y 54.
En segundo lugar, votación separada también de las números 55, 56 y 58.
El señor PRESIDENTE: Ha habido un empate, así que el letrado nos indicará el camino a seguir. Como hay que hacer un voto ponderado en función del número de diputados y diputadas que cada grupo tiene en el Pleno, pediría por favor que los grupos que han votado de manera afirmativa levantaran la mano. Un bloque estaría formado por el Grupo Parlamentario Popular, CIU, PNV y Grupo Parlamentario Mixto; el Grupo Parlamentario Socialista en otro y, Esquerra Republicana, que se ha abstenido. Es una operación matemática breve. (Pausa.) Ponderado el voto, corresponderían 170 votos al bloque PP, CIU, PNV y Grupo Mixto, que han votado la enmienda de manera favorable; y 164, al Grupo Parlamentario Socialista, que ha votado de manera negativa. Por tanto, quedan aprobadas las enmiendas 55, 56 y 58. No hay más enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque el resto está transaccionadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votación separada de las enmiendas 24 y 25.
Votación del resto de las enmiendas.
Pasamos al bloque de las enmiendas transaccionales. En primer lugar, enmienda transaccional a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la número 20, del Grupo Parlamentario Popular y, la número 50, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En segundo lugar, enmienda transaccional a las enmiendas número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la número 21 del Grupo Parlamentario Popular y, la número 51, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
En tercer lugar, la enmienda transaccional a la número 4 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En cuarto lugar, enmienda transaccional a la número 7 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Siguiente enmienda transaccional a la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Enmienda transaccional a las número 12 y 13 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Leo, como nota indicativa, porque así esta puesto: la aprobación de la enmienda transaccional a la número 12, comportará automáticamente la incorporación de la enmienda número 13.
Enmienda transaccional a la número 23, del Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda transaccional a las enmiendas número 26 del Grupo Parlamentario Popular y, número 48, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Enmienda transaccional a la enmienda número 27 del Grupo Parlamentario Popular, y a la número 49, de Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Enmienda transaccional a la número 45, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda transaccional a la número 47, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Por último, dentro de las enmiendas transaccionales, la enmienda transaccional a la número 29 del Grupo Parlamentario Popular y, a la 57, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Pasamos a la votación del informe de la ponencia. En primer lugar, la votación separada del artículo 36, apartados 1, 2 y 3.
En segundo lugar, votación del artículo 64.
Por último, votación del resto del informe de la ponencia.
Pasamos, sin solución de continuidad, a la votación de las siete proposiciones no de ley que se han debatido en el día de hoy.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subvenciones al sector equino español. Se vota en sus términos, toda vez que no tenía ninguna enmienda.
En segundo lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los órganos rectores del VI Symposium Internacional de la Fresa, a celebrar en Huelva en 2008. Se vota en los términos propios de la proposición no de ley más la enmienda con la adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular que ha sido aceptada.
Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de medidas para la protección fitosanitaria de las palmeras. Se vota en los términos de la transaccional de la propia proposición no de ley y de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Siguiente proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la actividad cinegética como subsector del sector primario español. Se vota en los términos de la transaccional derivada de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al acceso de las mujeres agricultoras a las ayudas destinadas a las mujeres en activo con hijos o hijas menores de tres años. Se vota en los términos de la transaccional derivada de la enmienda del Grupo Socialista.
Votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo al sector de la fruta dulce, en los términos de la transaccional derivada de la enmienda del Grupo Socialista.
En último lugar, votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre cultivos leñosos en secano afectados por la sequía del año 2005 en los términos de la transaccional derivada de la enmienda del Grupo Socialista.