Source: https://elderecho.com/los-acuerdos-de-refinanciacion-homologados-y-el-riesgo-de-su-rescision
Timestamp: 2019-08-20 18:13:18
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Los acuerdos de refinanciación homologados y el riesgo de su rescisión - El Derecho
Foro 01-01-2014 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
¿Todos los acuerdos de refinanciación judicialmente homologados caen bajo el escudo protector del art. 71.6 LC -EDL 2003/29207-?; ¿Podría rescindirse, en su caso, un acuerdo homologado suscrito por el 55% del pasivo financiero en un posterior proceso concursal?; y del mismo modo: los nuevos ingresos de tesorería que eventualmente lo integraran, ¿gozarían del privilegio del dinero nuevo?
Ya hemos subrayado en otras ocasiones desde estas mismas páginas la importancia de las normas que regulan la refinanciación de empresas en dificultades y sus efectos en caso de insolvencia.
Los agentes que intervienen en estas operaciones deberán saber, con la mayor certeza posible, si en un futuro escenario de concurso sus negocios, actos y operaciones podrán mantenerse frente al resto de acreedores o, por el contrario, se desmontarán irremediablemente, llegando incluso a postergarse en función de las particulares vinculaciones existentes entre los implicados, empresarios particulares o empresas del grupo.
Pero al mismo tiempo se ha visto la necesidad de que el legislador incentive tales acuerdos, que en sí mismos pueden entenderse como beneficiosos si se condicionan a la continuidad del proyecto empresarial y al mantenimiento de los puestos de trabajo, pues sin incentivos carecerá de sentido asumir un mayor riesgo crediticio frente a un deudor en confesadas dificultades.
En esta línea de actuación, siguiendo la estela de los precedentes marcados por el Derecho comparado y el camino emprendido por el Real Decreto-ley 3/2009 -EDL 2009/22291-, la Ley reformadora 8/2011 llevó el contenido de los denominados "escudos protectores" de los acuerdos de refinanciación frente a las temidas rescisorias concursales al nuevo apartado 6 del art. 71 -EDL 2003/29207-, reguló ex novo las refinanciaciones homologadas judicialmente en la Disposición Adicional cuarta, y configuró el denominado "privilegio del fresh money" respecto de determinados créditos, -los "nuevos ingresos de tesorería"-, atribuyendo a la mitad de su importe la condición de prededucible y a la otra mitad la de privilegio general. No hace falta insistir en el modestísimo éxito de la reforma en este singular aspecto.
Pero el privilegio se condiciona a que se esté en presencia de acuerdos que caigan bajo el "escudo protector": los ingresos de tesorería que se enmarquen en un acuerdo del 71.6 LC -EDL 2003/29207-, y en la medida en que el acuerdo homologado cumpla estos requisitos, también a los que tengan lugar en su seno.
Sucede, sin embargo, que la reciente reforma operada por la Ley 11/2013 de apoyo al emprendedor -EDL 2013/139312-, ha modificado parcialmente el contenido de la Disposición Adicional cuarta -EDL 2003/29207-, reduciendo al 55% la mayoría de pasivo financiero necesaria para su aprobación. Mientras tanto, el 71.6 permanece intacto, y sólo se salva de la rescisión el acuerdo de refinanciación que supere el umbral de la aprobación del 60% del total del pasivo.
Por ello nos preguntamos si la asincronía de las normas puede tener algún efecto. En concreto se trata de indagar si pueden ser rescindidos los acuerdos homologados judicialmente que no lleguen al 60% del pasivo y si, en tales casos, los ingresos de tesorería gozarán del privilegio del fresh money.
Nuestros expertos contestan a la cuestión con criterios de interpretación lógicos y sistemáticos, pero sus conclusiones, como verá el lector, no son uniformes.
Iniciamos, pues, el nuevo año intentando ofrecer respuestas con el empeño de que la seguridad jurídica sufra lo menos posible. La realidad social y económica nos parece que ha de marcar la pauta pues, como observara ALEJANDRO NIETO, lo importante no es que las cosas cambien, sino los cambios en la forma de ver las cosas.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Mercantil", el 1 de enero de 2014.
Una vez más los acuerdos de refinanciación son objeto de deba...
Una vez más los acuerdos de refinanciación son objeto de debate. En este caso con ocasión de la modificación del apartado primero de la disposición adicional cuarta de la Ley concursal efectuada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización -EDL 2013/178110-, última reforma de las operadas para este tipo de acuerdos tras su introducción en la Ley concursal por el Real Decreto-Ley 3/2009 -EDL 2009/22291-.
Como es sabido, el deudor en estado de insolvencia puede poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación (artículo 5.bis LC -EDL 2003/29207-) y, hasta la citada Ley 14/2013 -EDL 2013/178110-, si tal acuerdo reunía las condiciones del artículo 71.6 y de la disposición adicional cuarta LC, se podía solicitar su homologación judicial con efectos sobre los acreedores que no han sido parte en dicho el acuerdo.
Hasta la reforma operada por la Ley de apoyo a los emprendedores la disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207 establecía como requisitos para solicitar y otorgar la homologación judicial que el acuerdo de refinanciación reuniese los requisitos de fondo y forma referidos en el artículo 71.6 LC y que el acuerdo hubiera sido suscrito por los acreedores que representasen al menos el 75% del pasivo cuya titularidad corresponda a las entidades financieras.
En el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 se regulan los acuerdos de refinanciación destinados a la conservación de la actividad empresarial o profesional del deudor y protegidos frente a la acción rescisoria, siempre que vayan acompañados de un plan de viabilidad, que el acuerdo sea suscrito por los acreedores que representen tres quintos del pasivo, que se acompañe el informe favorable de un experto independiente y se formalicen en instrumento público.
El artículo 31.2 de la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110 modifica, por un lado el artículo 71.6.2 LC -EDL 2003/29207 relativo al informe del experto independiente y, por otro el apartado primero de la disposición adicional cuarta LC.
Es precisamente en este apartado primero de la disposición adicional cuarta en el que se relacionaba la homologación judicial del acuerdo de refinanciación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, referencia que la última reforma de la Ley de emprendedores ha limitado a la designación de experto independiente y elevación a instrumento público, no siendo necesarias el resto de condiciones para obtener la homologación judicial del acuerdo de refinanciación.
Otro cambio esencial que se ha introducido en la disposición adicional cuarta LC es la reducción de la cuantía del pasivo necesario para que un acuerdo de refinanciación pueda alcanzar la homologación judicial, pasando del 75% al 55% de titularidad de las entidades financieras.
Así, textualmente la citada disposición establece hoy que “podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por los acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de las entidades financieras, reúnan en el momento de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 relativas a la designación de experto independiente y elevación a instrumento público”, frente a la anterior redacción en virtud de la cual podía homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo.
En consecuencia con las modificaciones introducidas en el apartado primero de la disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207-, no todos los acuerdos de refinanciación podrán ser homologados ni todos los acuerdos de refinanciación caerán dentro del campo protector del artículo 71.6 LC a efectos de la rescisión.
Por un lado y tras la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110 estarán los acuerdos de refinanciación amparados, por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, en la imposibilidad de rescisión, gozando del privilegio del dinero nuevo o fresh money y, por otro lado, la posibilidad de que determinados acuerdos puedan ser homologados judicialmente pero que, en algunos de los casos (aquellos que no cumplan todas las condiciones del artículo 71.6 LC), no podrían literalmente estar amparados por la imposibilidad de la rescisión.
Por otro lado, los efectos de la espera pactada por la homologación judicial se seguirá extendiendo a las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estuvieran dotados de garantía real (D.A. 4ª.1 LC -EDL 2003/29207-). En este sentido el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Logroño de 4 de abril de 2012, el del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 20 de noviembre de 2012 o el del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de 28 de junio de 2013.
La literalidad del apartado primero de la disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207 parece no dejar mucho margen a una interpretación diferente, favoreciendo de este modo dichos acuerdos como mecanismo para evitar la declaración de concurso al reducir la cuantía del pasivo en manos de las entidades financieras para alcanzar una homologación judicial pero, dificultando, en caso de que posteriormente se declarase el concurso de acreedores, obtener el beneficio de una improbable rescisión.
Acciones rescisorias y acuerd...
Acciones rescisorias y acuerdos de refinanciación constituyen un binomio que viene siendo objeto de constante atención por todos los que de una u otra manera intervienen en las situaciones de crisis empresarial. Esa atención ha determinado que su regulación haya experimentado modificaciones en las distintas iniciativas legislativas promovidas en los últimos años para mejorar la normativa concursal.
Detengámonos un momento en la simple enunciación de esas modificaciones, como antecedente necesario para el tratamiento del problema ahora planteado. El blindaje de los acuerdos de refinanciación se introdujo en el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal -EDL 2009/22291 ante la evolución de la situación económica (el “RD-L 3/2009”). La regulación se modificó en la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (la “Ley 38/2011”) -EDL 2011/222123-. Y recientemente se ha vuelto a tocar en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la “Ley de Emprendedores”) -EDL 2013/178110-. En las sucesivas reformas se advierte la constante tensión entre la protección de los acreedores firmantes del acuerdo de refinanciación y la de los llamados acreedores disidentes y se advierte también cómo, por decirlo en términos gráficos, los primeros han ido ganando terreno a costa de los segundos.
La reforma de la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación
En la regulación de los mecanismos de protección de los acuerdos de refinanciación es necesario partir de la distinción entre el sistema de blindaje frente a las acciones rescisorias concursales y el sistema de homologación judicial. El primero se encuentra establecido en el artículo 71.6 de la Ley Concursal (la “LC” o la “Ley Concursal”) -EDL 2003/29207-. El segundo, en la disposición adicional cuarta de la misma Ley.
La regulación de los acuerdos de refinanciación blindados frente a las acciones rescisorias concursales ha experimentado cambios que afectan al nombramiento y condiciones del experto independiente que ha de informar favorablemente el acuerdo de refinanciación (art. 71.6.2º LC -EDL 2003/29207-). Antes de la reforma, el experto independiente había de ser designado “conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil”. Ahora se exige, básicamente, que el experto independiente cumpla los requisitos del artículo 28 LC, que no se modifica (incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para el nombramiento de administradores concursales) y que se siga, en vez de lo dispuesto por el Reglamento del Registro Mercantil, lo establecido por el nuevo artículo 71bis LC. No se ha modificado, en cambio, la exigencia del artículo 71.6.1º LC de que “el acuerdo haya sido suscrito por acreedores que representen al menos tres quintos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación”. Para acceder a la protección frente a las acciones rescisorias brindada por esta norma sigue, por tanto, siendo preciso que el acuerdo se firme por el 60% del pasivo del deudor.
Los cambios han sido más significativos en el régimen de homologación judicial de acuerdos de refinanciación.
Antes de la reforma, podían acceder a la homologación judicial y los efectos de ésta previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 los acuerdos de refinanciación que (i) reunieran las condiciones del artículo 71.6 LC (celebración por acreedores titulares de al menos el 60% del pasivo, informe favorable de experto independiente y formalización en instrumento público) y, además, (ii) hubieran sido suscritos por acreedores que representasen al menos el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras.
Los acuerdos así homologados judicialmente tenían acceso al doble régimen que se viene analizando. De un lado, al reunir los requisitos del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, estaban blindados frente a las acciones rescisorias concursales. De otro, se beneficiaban de los efectos de la homologación judicial contemplados en la disposición adicional cuarta de la propia Ley, consistentes, básicamente, en la extensión de los efectos de la espera pactada a las entidades financieras no participantes o disidentes cuyos créditos no estuviesen dotados de garantía real. Tales acuerdos, para acceder a ese doble régimen, requerían la doble mayoría establecida en las normas indicadas (60% del pasivo del deudor para el blindaje ex artículo 71.6 LC y 75% del pasivo financiero para la homologación judicial ex disposición adicional cuarta LC). Además, sólo los acuerdos de refinanciación que reuniesen los requisitos del artículo 71.6 LC podían ser homologados judicialmente.
Tras la reforma introducida por la Ley de Emprendedores -EDL 2013/178110 en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, los requisitos para la homologación judicial son diferentes. En primer lugar, frente al anterior 75%, ahora sólo se exige que el acuerdo de refinanciación haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras. En segundo lugar, se dice que sólo se requiere que el acuerdo “reúna en el momento de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley relativas a la designación de experto independiente y elevación a instrumento público”. Se elimina, así, cualquier referencia a la exigencia de que el acuerdo haya sido formalizado por acreedores titulares de al menos el 60% del pasivo total del deudor, lo que supone un relevante espaldarazo a este tipo de acuerdos y determina una separación relevante entre las dos instituciones que se vienen analizando.
Por un lado queda el blindaje frente a las acciones rescisorias, del que gozarán todos los acuerdos de refinanciación suscritos por al menos el 60% del pasivo y que reúnan las demás condiciones del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-.
Por otro lado queda el sistema de homologación judicial de acuerdos de refinanciación y sus efectos, al que accederán todos los que cuenten con el 55% o más del pasivo financiero, y ello con independencia del porcentaje que los acreedores firmantes representen respecto del pasivo total del deudor. Ya no es necesario que, además, se cuente con el 60% del pasivo, lo que puede dar lugar a la homologación judicial de acuerdos suscritos por acreedores que no alcancen ese porcentaje del pasivo total. Estas situaciones puede producirse en casos en que el pasivo financiero sea poco representativo respecto del pasivo total, y/o cuando el acuerdo no merezca el visto bueno del conjunto de acreedores del deudor. En tales casos, el acuerdo homologado judicialmente tendrá efectos expansivos en cuanto a la aplicación de las esperas pactadas a los acreedores financieros disidentes o no partícipes. Pero no estarán blindados frente al ejercicio de posibles acciones rescisorias si se dieran los presupuestos de los artículos 71 y ss. de la LC -EDL 2003/29207-.
Según el artículo 84.2.11º LC -EDL 2003/29207-, son créditos contra la masa “el cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6”. La previsión se completa con el artículo 91.6º LC, con arreglo al cual son créditos con privilegio general “los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa”.
Cabe plantearse si la misma calificación podría darse a los créditos que supongan “dinero nuevo” en los casos de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente en los términos de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, pero que no reúnan los requisitos del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 por no haber sido suscritos por acreedores representativos de al menos el 60% del pasivo.
La respuesta parece negativa. Tanto el artículo 84.2.11º como el artículo 91.6º LC -EDL 2003/29207 vinculan los privilegios para los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería a los acuerdos de refinanciación que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 71.6 de la LC. Ninguna de esas normas se ha visto modificada por la Ley de Emprendedores -EDL 2013/178110-. Por tanto, si el acuerdo de refinanciación reúne los requisitos para su homologación judicial dispuestos en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, pero no los requisitos para su blindaje frente a las acciones rescisorias ex artículo 71.6 LC, los créditos derivados de ingresos de tesorería procedentes de esos acuerdos no recibirán el tratamiento privilegiado previsto en los artículos 84.2.11º y 91.6º LC.
Con las modificaciones introducidas, se pone fin a la polémica anterior respecto de la exigencia de doble mayoría para la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación. Como es bien conocido, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona entendían que bastaba con una mayoría de entidades financieras del 75% para que se produjera la homologación judicial del acuerdo, sin la simultánea exigencia de concurrencia de los requisitos del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, que sólo sería precisa para la protección frente a las acciones rescisorias (Autos del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de 23 de enero de 2013, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 22 de febrero de 2013 -EDJ 2013/43102-, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251 o del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de 28 de junio de 2013). La cuestión ha sido resuelta con la modificación de la disposición adicional cuarta de la LC precisamente en el sentido de la tesis defendida por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, que establece que para la homologación judicial bastará con que se apliquen las exigencias del artículo 71.6 LC “relativas a designación de experto independiente y elevación a instrumento público”, sin necesidad de tener también la mayoría del 60% del pasivo establecida en esa previsión legal.
Las valoraciones de la reforma no se han hecho esperar. En su mayoría se pronuncian en términos positivos respecto de la reducción del porcentaje preciso para la homologación judicial de acuerdos de refinanciación (del 75% al 55% del pasivo financiero) y la relajación de los requisitos para dicha homologación, si bien también se formulan reservas respecto del alcance de esas modificaciones. En este punto se quiere destacar el reciente comentario de De Cárdenas Smith, Carlos y García Rodríguez, Ana, “El concepto de entidad financiera a los efectos de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal”, Diario La Ley, 2013, que se refiere a la relevante cuestión que le sirve de título y que, con acierto, interpreta que el concepto de entidad financiera a los efectos de los acuerdos homologados no se limita a las entidades de crédito: “una interpretación recta –que no extensiva del término ‘entidad financiera’ permite incluir sin reservas a las entidades no sujetas a supervisión prudencial en el ámbito de aplicación de la disp. Adic. 4ª. que regula la homologación”.
La ley 38/2011 -EDL 2011/222123- introdujo, por primera vez en ...
La ley 38/2011 -EDL 2011/222123 introdujo, por primera vez en el sistema jurídico español, la posibilidad de imponer un acuerdo a quienes no habían sido parte del mismo, en un procedimiento preconcursal – superando el principio de relatividad de los contratos que aparece consagrado en el artículo 1257 CC -EDL 1889/1-. Recordemos que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley concursal, conforme a la redacción otorgada en 2011, permite homologar judicialmente los acuerdos de refinanciación de tal forma que se impongan a las entidades financieras disidentes.
Una de las cuestiones que habían dado lugar a más polémica hasta la reciente aprobación de la Ley de apoyo a los Emprendedores y su internacionalización (Ley 14/2013) -EDL 2013/178110 era si, para obtener la homologación judicial los acuerdos debían estar suscritos por acreedores que representaran 3/5 partes del pasivo del deudor (conforme a lo que establece el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-) y, además, tenían que ser suscrito por entidades financieras que representaran más del 75% del pasivo financiero de la persona refinanciada (utilizaremos la referencia al pasivo financiero, para acortar, aunque literalmente la Ley Concursal se refiere el pasivo titularidad de las entidades financieras, que puede o no coincidir con el pasivo financiero, en cuanto aquél cuyo origen es la financiación y no el pago por una entrega o un servicio).
En mi opinión no hay ninguna duda de que la Disposición Adicional Cuarta -EDL 2003/29207-, en su redacción previa, exigía la doble mayoría. El apartado 1 de la DA 4ª literalmente establecía que “podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y que haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de las entidades financieras en el momento de la adopción de acuerdo”. Dado que el artículo 71.6 LC exige la mayoría de los 3/5, el uso de la conjunción copulativa, claramente exigía que se diera la doble mayoría, tal y como interpretaba, sin mucha discusión, la mayor parte de la doctrina (Jorge MOYA, Juana PULGAR o Fernando AZOFRA). Es más incluso aquellos autores (Carmen MUÑOZ DE BENAVIDES, Fernando CALBACHO) que entendían que debía aplicarse una sola mayoría (la relativa al pasivo financiero), lo hacían como una propuesta de lege ferenda. Literalmente así lo reconocía Guillermo YUSTE, al indicar que la interpretación favorable a la mayoría simple, era forzada de acuerdo con el tenor literal de la ley.
También era favorable a exigir la doble mayoría para la homologación judicial, la mayor parte de los Juzgados de lo Mercantil (entre otros, podemos citar la Sentencia de 21 de marzo de 2012 del Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León -EDJ 2012/194431-, el Auto de 1 de febrero de 2013 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo, el Auto de 21 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla -EDJ 2012/241419-). El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, en el Auto de 20 de febrero de 2013 -EDJ 2013/128220-, claramente indicaba que “esta mayoría (la relativa al pasivo financiero) se superpone a la establecida en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, por lo que ambas deben aplicarse acumulativamente al pasivo del deudor al verificar el cumplimiento del requisito legal”.
Sin embargo, desde los primeros meses de aplicación de la norma, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona consideraron que, para la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, era suficiente con que se reuniera la mayoría del pasivo financiero. Así en el Auto de 5 de junio de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona considera que la Disposición Adicional Cuarta es una norma específica respecto de la norma general que se recoge en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, por lo que es suficiente para homologar el acuerdo que se reúna la mayoría relativa al pasivo financiero. La misma posición se adopta por el resto de los Juzgados Mercantiles de Barcelona (el 8, en el Auto de 23 de enero de 2013; el 1, en el Auto de 22 de febrero de 2013 -EDJ 2013/43102-; el 2, en el Auto de 10 de abril de 2013), es seguida por algún otro juzgado (Auto de 10 de julio de 2012 del Juzgado Mercantil de Gijón) y recogida en los acuerdos que se adoptaron en el seminario de jueces mercantiles de Catalunya que se celebró el pasado 5 de julio de 2013. Como indicaba, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona, el el Auto antes citado, en estas resoluciones “se entiende, por tanto, que si el acuerdo afecta a una categoría concreta de los acreedores deben ser éstos los que voten a favor con un porcentaje suficientemente amplio y representativo, como es el 75% computado respecto a estos acreedores financieros con garantía real o sin ella”.
Y parece que el legislador ha decidido seguir la tesis de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, puesto que, con la nueva redacción de la Disposición Adicional Cuarta, introducida por la Ley de Emprendedores no hay ninguna duda, como no lo había antes, de que ahora sólo se requiere la mayoría del pasivo financiero.
Y ello porque la nueva redacción no remite al acuerdo 71.6 LC -EDL 2003/29207 sino que sólo precisa de la concurrencia de dos de los requisitos que exige dicho precepto (el informe del experto y la escritura pública) y la aprobación de las entidades financieras que representen el 55% del pasivo financiero. Literalmente el artículo 31.2 de la Ley de Emprendedores, establece la siguiente redacción para el apartado 1 de la DA 4ª: “Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras, reúna en el momento de adopción del acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley relativas a la designación de experto independiente y elevación a instrumento público (…)”.
Ahora bien, esta modificación legislativa que, claramente, va a propiciar, al facilitar, la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación, plantea otras dificultades (además de no haber aprovechado la oportunidad para aclarar algunas dudas que planteaba, y sigue planteando la norma, tal y como señalan, entre otros, Iñigo VILLORIA y Alberto MANZANARES).
La primera es, precisamente, la que es objeto de la pregunta. Esto es, si el acuerdo homologado judicialmente no reúne los requisitos del art. 71.6 LC -EDL 2003/29207 (porque no ha sido suscrito por los acreedores que representen 3/5 del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo), será un acuerdo que podrá ser rescindido. En otras palabras, no contará con el “escudo protector” del citado precepto, lo que puede suponer un desincentivo para su adopción. De la misma forma, entiendo que el 50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería (referidos en el artículo 84.1.11º LC) no tendrán la consideración de créditos contra la masa, ni el otro 50% tendrán la calificación de créditos con privilegio general (conforme al artículo 91.6º LC). Y ello, precisamente, en atención al tenor literal de la norma que es la principal regla de exégesis (artículo 3.1 del Código Civil -EDL 1889/1-). El artículo 71.6 LC (al que se remiten el artículo 84.1.11º y 91.6º) exige para que los acuerdos de refinanciación no puedan ser objeto de rescisión que, entre otros, cumplan el requisito de estar suscrito por acreedores que representen al menos tres quintos del pasivo del deudor, y por lo tanto si este requisito no se cumple, el acuerdo podrá ser rescindido.
Cierto que los que, antes de la Ley de Emprendedores -EDL 2013/178110-, defendían la aplicación de la mayoría única (en lugar de la doble) argumentando que se trata de un acuerdo específico, podrán seguir con esta tesis. Pero se encuentran con dos obstáculos (i) el primero el propio tenor literal de ambas normas, el 71.6 LC -EDL 2003/29207 y la DA 4ª y, (ii) el segundo es que la reintegración no afecta sólo a las entidades financieras, sino que, con el resultado de la misma, se incrementa la masa activa en beneficio de todos los acreedores de la concursada.
Por ello, si bien la rebaja del porcentaje del pasivo trata de favorecer la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación, a menos que los mismos cumplan con la doble mayoría, serán acuerdos que pueden nacer “heridos de muerte”, puesto que podrán ser objeto de rescisión. Deberá valorarse caso a caso el riesgo de reintegración para decidir si merece la pena o no suscribir el acuerdo de refinanciación y solicitar su homologación judicial (por ejemplo, si no hay nuevas garantías y las previas, ya sea por un acuerdo de refinanciación protegido previo o por tener más de dos años de antigüedad ya están protegidos, será más fácil asumir el riesgo).
La homologación judicial de acuerdos de refinanciación fue in...
La homologación judicial de acuerdos de refinanciación fue introducida en la Ley Concursal por medio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, como un paso más en la búsqueda de respuestas a la situación de insolvencia del deudor, persiguiendo que se trate de soluciones suficientemente ágiles y capaces de prevenir el proceso judicializado del concurso de acreedores.
La regulación de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación se encuentra en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. En su redacción original, los requisitos esenciales para obtener la homologación judicial del acuerdo de refinanciación podían englobarse en los siguientes:
a) que reuniera las condiciones del artículo 71.6 -EDL 2003/29207-; y,
b) que hubiera sido suscrito por acreedores que representasen, al menos, el 75% del pasivo titularidad de entidades financieras en el momento de la adopción del acuerdo.
La redacción inicial de la Disposición Adicional Cuarta -EDL 2003/29207 que, por un lado, se remitía al artículo 71.6 LC, que contempla un quórum del 60% del total pasivo del deudor, junto con la exigencia específica del 75% del pasivo financiero, dio lugar a las primeras dudas sobre si, para obtener la homologación judicial y sus efectos era precisa la concurrencia de ambas mayorías.
El Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona de fecha 5 de junio de 2012 -EDJ 2012/327578 consideró que, a los efectos de la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, sólo era precisa la concurrencia del 75% del pasivo financiero y no del 60% del pasivo general previsto en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-. La tesis mantenida por dicha resolución se funda en el siguiente razonamiento: "se plantea si se exige el doble quórum (60% del pasivo total más 75% del pasivo financiero), si bien en la medida que la DA4ª es una norma específica respecto de las generales del artículo 71.6 LC, se estima de aplicación el requisito de quórum atinente a los acreedores financieros, por lo que solo se exigiría el del 75% del pasivo financiero".
A fin de superar las dudas plateadas al respecto, la reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización -EDL 2013/178110-, ha modificado la redacción del apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. Dos son las novedades más relevantes de la modificación. Por un lado, la nueva redacción pone fin a la remisión general que hasta la reforma se hacía a los requisitos del artículo 71.6 LC -excluyendo el relativo a la exigencia del quórum del 60% del pasivo general-. Por otro, se reduce el quórum del único pasivo a tener en cuenta a estos efectos -el financiero hasta el 55%.
Si, a diferencia de lo que hacía el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona antes citado, se consideraba que para obtener la homologación de los acuerdos de refinanciación era preciso que el mismo reuniera "las condiciones del artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-", y, de entre ellas, también el quórum del 60% del pasivo ordinario, no parece que pudiera sostenerse que tal acuerdo de refinanciación que, además de cumplir los requisitos exigidos por la Disposición Adicional Cuarta cumplía también los previstos en el artículo 71.6 LC, no estuviera blindado a las acciones de reintegración concursal en los términos previstos en el precepto que acabamos de citar. Es cierto que el artículo 72.2 LC legitima sólo a la Administración concursal para el ejercicio de la acción rescisoria contra tal clase de acuerdos. Pero habrá que entender que el alcance de dicha acción es extremadamente limitado, puesto que cabrá sólo en aquellos casos en que ha quedado demostrado que el plan de viabilidad no aseguraba la continuidad de la actividad empresarial del deudor en el corto y medio plazo, y que el contenido del acuerdo era perjudicial para la masa activa.
El intento de facilitar la consecución de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación que representa la reforma derivada de la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110-, reduciendo los requisitos exigidos legalmente, impedirá que los nuevos acuerdos de refinanciación que no alcancen el quórum exigido por el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207-, gocen, de manera automática, del escudo protector del artículo 71.6 LC, a pesar de cumplir con las exigencias de la nueva redacción de la Disposición Adicional Cuarta.
Ello no nos debe llevar a pensar que, con carácter general, los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente sean vulnerables a la acción de reintegración concursal. El artículo 71 LC -EDL 2003/29207 dispone que pueden ser objeto de la acción rescisoria concursal “los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración”.
Salvo que se incurra en alguna de las presunciones de perjuicio previstas en el artículo 71 LC -EDL 2003/29207-, se hace difícil pensar en un acuerdo de refinanciación que, habiendo sido informado por un experto independiente sobre que responde a un plan de viabilidad razonable y realizable, que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor en el corto y medio plazo, y en el que las garantías prestadas sean proporcionadas a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, pueda ser calificado en un ulterior concurso que era "perjudicial para la masa activa" y, por consiguiente, rescindible. Máxime cuando ni el pasivo financiero afectado, ni el Juez, han considerado que se trata de un acuerdo en virtud del que el sacrificio exigido al pasivo financiero sea desproporcionado.
Por las mismas razones expuestas, no parece que pueda predicarse de los acuerdos homologados judicialmente al amparo de la nueva redacción de la Disposición Adicional Cuarta que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 (que son los que atribuyen el superprivilegio previsto en el artículo 84.11 LC, según el cual, serán considerados créditos contra la masa, "el cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6"), puedan beneficiarse de dicha previsión legal.
Lo dicho no es más que una lógica consecuencia de que los acuerdos de refinanciación -homologados o no no gozan per se del superprivilegio para el dinero nuevo según lo previsto en el artículo 84.11 LC -EDL 2003/29207-, sino sólo aquellos que, de acuerdo con la redacción del mencionado precepto, cumplan con los requisitos del artículo 71.6 LC.
La cuestión que se plantea deriva en la decisión sobre cuále...
La cuestión que se plantea deriva en la decisión sobre cuáles son los requisitos para que el acuerdo de refinanciación con acreedores profesionales pueda homologarse judicialmente y, en particular, si la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 adiciona un requisito a los contenidos en el artículo 71-6º del mismo texto legal o si, por el contrario, viene a sustituir el presupuesto relativo al porcentaje mínimo del pasivo que ha de concurrir para su aprobación judicial y para adquirir capacidad defensiva frente a las acciones de reintegración.
Como es sabido, la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110 ha venido a modificar, precisamente, el requisito del porcentaje del pasivo requerido para los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, en su día, no lejano, introducidos por la reforma concursal llevada a cabo por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-.
En efecto, la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110 ha reducido el porcentaje mínimo de pasivo titularidad de entidades financieras que debe ser suscrito por los acreedores para que el acuerdo de refinanciación pueda ser homologado judicialmente, con los efectos que ello conlleva, pasando del 75% al 55%, a decir del Preámbulo de la Ley “…para incluir una regla más flexible y más clara del cómputo de la mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal mínimo para su potestativa homologación judicial.”.
Pues bien, conforme la legislación concursal, para obtener la homologación, además de los requisitos exigidos para los acuerdos de refinanciación, se requiere un control de legalidad, que se proyecta sobre la concurrencia de los requisitos del art. 71.6 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 y, por otra parte, un control de oportunidad que analiza que el acuerdo de refinanciación cuya homologación judicial se quiere, no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras disidentes. Requerirá por tanto que el acuerdo sea suscrito por acreedores que representen al menos el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras y, en segundo lugar, que no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras que no lo hayan suscrito debido su extensión.
En mi opinión, lo relativo al quórum específico que debe reunir un acuerdo de refinanciación para su homologación constituye norma especial que sustituye al quórum específico del artículo 71.6 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-. Y es que no puede entenderse que sólo exista un acuerdo judicialmente homologable dentro de un acuerdo de refinanciación ordinario, que es lo que se produce si el reenvío a lo dispuesto en el artículo 71.6 de la Ley Concursal de la DA 4ª se entiende en bloque. Pero sobre todo porque la intención de la norma es la de facilitar un remedio que justifique la paralización de ejecuciones singulares que son, las más de las veces, las que instrumental la liquidación empresarial. Es por ello que un acuerdo con los titulares de estas acciones justifica en sí mismo la especialidad de la norma. Exigir para su vigencia, la participación de terceros ajenos a ellas carece, a mi modo de ver, de razonabilidad jurídica desde la perspectiva de una interpretación teleológica de la norma.
En suma, no creo que la DA 4ª -EDL 2003/29207 requiera, para superar el control de legalidad, de una doble mayoría para su homologación -60% del pasivo general del deudor y el 55% del pasivo financiero porque, de interpretarse de este modo, se rompería con la naturaleza especial del acuerdo homologable que derivan del hecho de que sus efectos son tan específicos como el hecho de que la extensión de las obligaciones de pago pactadas para las entidades financieras relativas a la espera se acaban proyectando, extendiendo, sobre las restantes entidades disidentes, siempre que sus créditos no estén dotados de garantía real, proveyéndose la expectativa de paralización de las ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo acordado de espera, siempre que éste no sea superior a tres años.
Para finalizar, credo que conviene recordar que ya este sentido se han pronunciado los Juzgados de Barcelona, el Juzgado número 6 en Auto de 5 de junio de 2012 -EDJ 2012/327578 y el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Barcelona, en Auto de 10 de abril de 2013, que vienen a afirmar que la Disposición Adicional 4ª LC -EDL 2003/29207 es una norma específica respecto de las generales del art. 71.6 LC, en modo tal que cuando el acuerdo supone una ampliación del crédito disponible o una reordenación del pasivo del deudor, es suscrito por el –hoy 55% del pasivo financiero, va acompañado de un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y se formaliza en instrumento público, es bastante para la homologación judicial.
El tratamiento de los acuerdos de refinanciación como mecanism...
El tratamiento de los acuerdos de refinanciación como mecanismo preconcursal y alternativa al concurso constituye objeto de permanente preocupación del legislador, como lo pone de manifiesto que esta cuestión haya sido objeto de reforma legal en las tres últimas ocasiones en las que se ha modificado la LC -EDL 2003/29207-. Así, el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, introdujo un tratamiento específico para los acuerdos de refinanciación, que sometía su protección frente a las acciones de reintegración al cumplimiento de exigentes requisitos formales y materiales (actual art. 71.6 LC), combinado con la posibilidad de anticipar la solicitud de declaración de concurso para facilitar un período temporal que permitiese negociar un acuerdo de esa naturaleza y recabar los apoyos necesarios sin la permanente amenaza de la presentación de una solicitud de concurso necesario (actual art. 5 bis LC). Posteriormente, a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, se introdujo un nuevo tratamiento específico para los acuerdos de refinanciación que incluía, entre otros aspectos, la posibilidad de homologación judicial y la extensión de su eficacia, dentro de ciertos límites, también a los acreedores no participantes o, incluso, disidentes (Disposición adicional cuarta LC) y, paralelamente, la calificación como créditos contra la masa del cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna los requisitos previstos en el art. 71.6 LC (el denominado «privilegio de dinero fresco»: art. 84.2.11ª LC). Finalmente, la última reforma de la LC, hasta el momento, llevada a cabo a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, ha supuesto la modificación del apartado 1 de la Disposición adicional cuarta LC para eliminar la necesidad de contar con una doble mayoría para acceder a la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación (con anterioridad se exigía que el acuerdo hubiese sido suscrito por los tres quintos del pasivo y, adicionalmente, por acreedores que representasen el setenta y cinco por cien del pasivo correspondiente a entidades financieras) y para reducir el porcentaje de pasivo titularidad de entidades financieras necesario para acceder a la homologación judicial.
Tras las sucesivas reformas, por tanto, la Disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207 establece las condiciones o requisitos que debe reunir un acuerdo de refinanciación para poder ser homologado judicialmente, así como los efectos de dicha homologación y el procedimiento para llevar a cabo la misma; por su parte, el art. 71.6 LC recoge los requisitos que debe cumplir un acuerdo de refinanciación para quedar protegido frente a las acciones rescisorias de reintegración ejercidas en el marco de un proceso concursal (requisitos que, a su vez, son también aplicables en sus propios términos para obtener el «privilegio de dinero fresco»). En particular, al margen de las condiciones materiales vinculadas a su contenido, los requisitos previstos en el art. 71.6 LC se concretan en la necesidad de que el acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del pasivo, que haya sido informado favorablemente por un experto independiente y que se haya formalizado en instrumento público. Por su parte, los requisitos para la homologación se refieren a la suscripción del acuerdo por un porcentaje de acreedores que represente, al menos, el 55% del pasivo titularidad de entidades financieras y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 71.6 LC relativas al informe de experto independiente y elevación a instrumento público. La eliminación ahora respecto a la homologación judicial del requisito de cumplimiento de las condiciones previstas en este precepto y la diferencia entre el porcentaje de pasivo que debe suscribir el acuerdo establecido en el art. 71.6 LC (tres quintos del pasivo total del concurso) y en la Disposición adicional cuarta (55% del pasivo titularidad de entidades financieras), plantea la duda de si el cumplimiento de los requisitos para la homologación judicial implica también obtener la protección frente a las acciones rescisorias de reintegración (y, paralelamente, el «privilegio de dinero fresco» con la consideración como créditos contra la masa del cincuenta por ciento de los créditos que hayan proporcionado nuevos ingresos de tesorería en el marco de un acuerdo de refinanciación).
En nuestra opinión, la respuesta debe ser negativa. Ante todo porque la finalidad de la vigente Disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207 es exclusivamente la de establecer un mecanismo que permita la extensión de los efectos de la espera pactada en un acuerdo de refinanciación a entidades que no han suscrito el mismo. Es decir, esta norma se dirige a ampliar la eficacia subjetiva de un aspecto del acuerdo de refinanciación (espera o aplazamiento en el pago de los créditos) y no, por tanto, a extender el ámbito de la protección que se otorga a los acuerdos de refinanciación frente a las acciones rescisorias o a ampliar los créditos que merecen recibir el «privilegio de dinero fresco». En este sentido, como señala su propia Exposición de motivos (apartado II), la reforma realizada a través de la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110 persigue introducir «una regla más flexible y más clara del cómputo de la mayoría del pasivo que suscribe el acuerdo y que constituye el requisito legal mínimo para su potestativa homologación judicial». Se pretende, por tanto, exclusivamente ampliar las posibilidades de homologación judicial de los acuerdos de refinanciación para lo cual, de un lado, se reduce el porcentaje de pasivo correspondiente a entidades financieras necesario para acceder a la homologación judicial y, de otro, se elimina la exigencia del cumplimiento adicional del requisito de mayoría de suscripción impuesto en el art. 71.6 LC. Pero ello no afecta a su ámbito de protección frente a las acciones rescisorias de reintegración ni tampoco a las condiciones de los créditos surgidos de un acuerdo de refinanciación para obtener la calificación de crédito contra la masa.
De este modo, al separar y diferenciar entre los requisitos para obtener protección frente a las acciones rescisorias y los requisitos para acceder a la homologación judicial, se abre la posibilidad de que acuerdos de refinanciación homologables, sin embargo, no queden protegidos frente a las acciones de reintegración (bajo el régimen anterior, se producía también una disfunción de signo distinto, en aquellos casos en los que el acuerdo de refinanciación, habiendo sido aprobado por una mayoría superior al 75% del pasivo correspondiente a entidades financieras, no era sin embargo suscrito por el 60% del pasivo del concurso, lo que determinaba que el acuerdo no fuese homologable).
Frente a ello podría señalarse, no obstante, que la extensión de la eficacia subjetiva que deriva del cumplimiento de los requisitos previstos en la Disposición adicional cuarta, puede provocar que el porcentaje de acreedores que finalmente queden vinculados por el acuerdo de refinanciación supere el previsto en el art. 71.6 LC -EDL 2003/29207 como presupuesto para obtener la protección frente a las acciones rescisorias (es decir, podría ocurrir que la suma de los porcentajes de pasivo correspondiente a las entidades financieras que han suscrito el acuerdo más el de aquellas que, sin haberlo suscrito, quedan afectadas por el mismo, supere el porcentaje del sesenta por cien del pasivo total del concurso). Sin embargo, aun en ese caso, sería discutible admitir que la sujeción a los plazos de espera o aplazamiento de pago pactados en el acuerdo, fuese suficiente para entender cumplido el requisito de que el acuerdo sea suscrito por un determinado porcentaje del pasivo total del concurso. Ello sin perjuicio de que la extensión de la eficacia subjetiva de los pactos de espera contenidos en acuerdos de refinanciación únicamente alcanza, a tenor de la Disposición adicional cuarta LC, a «las restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real», por lo que el cumplimiento de los requisitos previstos en esta disposición no garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 71.6 LC.
Por otra parte, tampoco la homologación judicial del acuerdo de refinanciación implica una constatación de que éste cumpla los requisitos materiales de contenido exigidos por el art. 71.6 LC -EDL 2003/29207-. En este sentido, la homologación procede una vez que el juez ha comprobado que el acuerdo cumple los requisitos exigidos y que no supone un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras que lo suscribieron (Disposición adicional cuarta, apartado 3, LC). En cambio, para que entre en juego la inmunidad de los acuerdos de refinanciación frente a las acciones rescisorias es necesario que, como consecuencia de ellos «se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo» (art. 71.6 LC). El carácter homologable de un acuerdo no implica, por tanto, que éste cumpla simultáneamente con estas exigencias.
En suma, aun cuando se admitiese que en relación con la aplicación del art. 71.6 LC -EDL 2003/29207 es suficiente con que los acreedores se vean afectados por el acuerdo (aunque no lo hayan «suscrito»), sería posible la rescisión de acuerdos de refinanciación que habiendo superado el porcentaje de adhesiones previstas en la Disposición adicional cuarta LC no superen, sin embargo, el porcentaje de acreedores que han «suscrito» (o se «vean afectados») exigido en el art. 71.6 LC y/o las condiciones materiales de contenido impuestas igualmente en este precepto. Y en el mismo sentido, en el caso de no superarse estas condiciones, tampoco podría obtener el privilegio de «dinero fresco».
Ello no significa, sin embargo, que los acuerdos de refinanciación homologables pero no cubiertos por el escudo protector previsto en el art. 71.6 LC -EDL 2003/29207-, deban considerarse rescindibles por esa sola circunstancia. En estos casos, se aplicará el régimen sobre rescisión que exige la acreditación de la producción de un perjuicio patrimonial a la masa activa, sin perjuicio del juego de las presunciones que facilita su prueba y de las dificultades que la aplicación de estas normas plantea en relación con los acuerdos de refinanciación (al respecto vid., por todos, SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «La rescisión de los acuerdos de refinanciación», en BELTRÁN/SANJUAN (Dtres.), La reintegración de la masa, Cizur Menor, 2012, págs. 346 y ss).