Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654156
Timestamp: 2019-05-21 07:55:10
Document Index: 115618563

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 12', 'Artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 127', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 90', 'in fine', 'artículo 3']

PROHIBICIÓN O REGULACIÓN DE IMPORTACIÓN O CULTIVO DE ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS TRANSGÉNICAS
CONVENIO PARA REPRESIÓN DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
CONVENIO PARA REPRESIÓN DE ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS
IMPLICANCIA MUNDIAL DE ATENTADO TERRORISTA CONTRA ESTADOS UNIDOS
OBRAS DE REGADÍO Y VIALES EN QUINTA REGIÓN. OFICIOS
RESPETO DE ACUERDO PARA EXTRACCIÓN DE RECURSOS PESQUEROS DE REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
APOYO PRESUPUESTARIO PARA BOSQUE NATIVO. OFICIOS
ACTUACIONES DE CHILENOS CONTRARIAS A INTERESES DEL PAÍS EN MATERIA DE PRECIO DEL COBRE. OFICIOS
CONSIDERACIONES SOBRE CASO AERO CONTINENTE
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE REGIÓN DEL MAULE EN VIVIENDAS POPULARES. OFICIO
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ADOLFO), CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA AL RELIGIOSO BRUNO PREDONZANI PITACCO (2801-07)
LEGISLATURA 345ª, ORDINARIA
Sesión 5ª, en martes 9 de octubre de 2001
(De 16:17 a 18:23)
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el fin de prohibir o regular, en su caso, la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas (2753-03) (vuelve a Comisión de Pesca)............................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (2799-10) (se aprueba en general y particular)................................................
Proyecto de acuerdo, en primer trámite, que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (2800-10) (se aprueba en general y particular)..............................
Implicancia mundial de atentado terrorista contra Estados Unidos (observaciones del señor Fernández)..........................................................
Obras de regadío y viales en Quinta Región. Oficios (observaciones del señor Romero)
Respeto de acuerdo para extracción de recursos pesqueros de Región de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)..............................
Apoyo presupuestario para bosque nativo. Oficios (observaciones del señor Horvath).
Actuaciones de chilenos contrarias a intereses del país en materia de precio del cobre. Oficios (observaciones del señor Lavandero)...........
Consideraciones sobre caso Aero Continente (observaciones del señor Viera-Gallo)
Incumplimiento de contratos por empresas constructoras de Región del Maule en viviendas populares. ??????Oficio (observaciones del señor Gazmuri)
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores , Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno , y el señor Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores .
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 1ª, de la Legislatura Extraordinaria; 2ª, especial, secreta, y 3ª, especial, en 2 de octubre; y 4ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 3 de octubre, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones (Boletín Nº 2.628-13).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que concede nacionalidad por gracia al sacerdote norteamericano Ricardo Sammon O¿Brien (Boletín Nº 2.561-07).
Con los dos siguientes comunica la aprobación de los proyectos de ley que se indican:
1) El que permite la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles (Boletín Nº 309-07), y
2) El que modifica la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (Boletín Nº 2.705-07).
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio del señor Presidente del Senado , relativo a los hechos ocurridos el 9 de septiembre pasado, producto de los cuales las murallas del edificio de la Cámara Alta en Santiago fueron dañadas por un grupo de manifestantes.
De la señora Ministra de Relaciones Exteriores , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referido a informaciones de prensa relativas a la reducción de las operaciones de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártida, por razones presupuestarias.
De la señora Ministra de Planificación y Cooperación, en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la transformación y modernización de la agricultura nacional.
De la señora Ministra de Educación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca del mejoramiento de la infraestructura de la Escuela "Sonia Ampuero Ampuero", de la localidad de Pumanzano, comuna de Ancud.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto del uso del Fondo de Capacitación en la Undécima Región en los últimos diez años.
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre el funcionamiento de la planta de pesaje de Puerto Chacabuco, Undécima Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, tocante a la licitación de las obras de construcción de dos puentes en la localidad de La Vega de Popuya, comuna de Navidad, Sexta Región.
Del señor Ministro de Salud (s), con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, relativo a la limitación establecida en la ley Nº 19.086 para la planta de profesionales del sector salud.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, concerniente a la situación que afecta a los habitantes de la Villa Río Pudeto, comuna de Ancud, Décima Región.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, que a continuación se indican:
1.- El que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de diciembre de 1999 (Boletín Nº 2.799-10), y
2.- El que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997 (Boletín Nº 2.800-10).
Del Senador señor Adolfo Zaldívar, con la que inicia un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Bruno Predonzani Pitacco (Boletín Nº 2.801-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Este proyecto no podrá tratarse mientras no sea incluido en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron lo siguiente:
1.- Incluir en la tabla del Orden del Día y despachar en la presente sesión, los proyectos de acuerdo (informados por la Comisión de Relaciones Exteriores) que a continuación se indican: a) el que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y b) el que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas.
2.- Tratar y despachar en la sesión ordinaria de mañana -con informe oral, si fuere necesario-, el veto del Ejecutivo recaído en el proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico, y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el asesor jurídico de la Cancillería don Claudio Troncoso.
--Se otorga.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el fin de prohibir o regular, en su caso, la importación o cultivo de especies hidrobiológicas genéticamente modificadas, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2753-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Horvath y Ruiz De Giorgio).
En primer trámite, sesión 13ª, en 11 de julio de 2001.
Pesca y Acuicultura, sesión 4ª, en 3 de octubre de 2001.
Esta iniciativa se originó en moción de los Senadores señores Horvath y Ruiz.
La Comisión señala en su informe que el principal objetivo del proyecto es prohibir la importación o cultivo de especies hidrobiológicas transgénicas o genéticamente modificadas, sancionar la infracción a esta prohibición y asegurar que las investigaciones que se realicen con esas especies eviten su propagación.
Agrega que fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Horvath, Martínez, Ruiz y Stange- y, en consecuencia, propone a la Sala adoptar la misma resolución.
Finalmente, hace presente que la aprobación del texto debe contar con el voto conforme de 24 señores Senadores, por tratarse de normas de quórum calificado.
Puede usar de ella Su Señoría.
Señor Presidente , hemos recibido una serie de antecedentes adicionales sobre este proyecto. Por eso, solicito que él vuelva a la Comisión por encontrarnos con una información que hace necesario revisarlo frente a los organismos técnicos.
Dispongo de informes provenientes de universidades que no se habían pronunciado inicialmente al respecto, y que ahora están entregando información sumamente interesante y complementaria que hace posible enriquecer la legislación que finalmente se despache. De ahí mi solicitud, señor Presidente .
Señor Presidente , me alegro mucho de que el Honorable señor Martínez haya planteado la necesidad de ese trámite. También opino que es conveniente una revisión a fondo del texto por parte de la Comisión informante.
En segundo lugar, debo hacer notar que las referencias del proyecto no son las que corresponden, lo que configura también un error formal, porque no aluden a la última versión de la Ley de Pesca.
Señor Presidente , también estoy de acuerdo con la proposición formulada por nuestros Honorables colegas. Personalmente, sugeriría además, sin ánimo de dilatar su tratamiento, que el proyecto en cuestión sea visto por dos Comisiones que podrían trabajar conjuntamente: la de Agricultura, dado que existe una vinculación directa con el hecho de que actualmente hay una cantidad de productos transgénicos que se están comercializando, y la Comisión de Salud, que regula los alimentos de consumo humano y le compete lo que se refiere a productos transgénicos.
A mi juicio, sería pertinente contar con información que pueden proporcionar esas Comisiones.
Señor Presidente , concuerdo con las proposiciones hechas en términos de que el proyecto vuelva a Comisión.
Ahora bien, no es por complicar aun más el cuadro, pero entiendo que en otra Comisión (presumo que es la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales) se encuentra un proyecto, si no similar, al menos referido al mismo asunto, que dice relación a someter todo lo referente a productos transgénicos al mecanismo de evaluación de impacto ambiental. Además, autoriza algunas decisiones locales sobre prohibición. Me parece que todo esto debiera analizarse en conjunto.
Opino que habría que ver cuál es el procedimiento, ya que no se puede hacer trabajar a cinco comisiones unidas. Pero, aunque fuera con informes sucesivos, convendría que las dos iniciativas pudieran verse en conjunto.
En este caso, debo hacer presente a los dos últimos señores Senadores que han hecho sus planteamientos que éste es un tema específico, objeto de una moción parlamentaria que tiene un solo propósito, el cual está relacionado con asuntos de pesca e hidrobiológicos. Es decir, nada tiene que ver con la agricultura ni con otras materias. Por lo tanto, no podrían abocarse a estudiar el proyecto Comisiones que no tiene que ver con la materia de que éste trata.
La iniciativa tiene que volver a la Comisión de Pesca, como está acordado, y ahí se resolverá.
En cuanto a la otra iniciativa, podría examinarse en la forma que ha señalado el Honorable señor Moreno , lo cual no sucede con ésta, por tratarse precisamente de pesca.
Señor Presidente , ¿podría otorgarme el uso de la palabra, por favor?
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , en efecto, como lo hace notar el Honorable señor Boeninger , el proyecto relativo a la modificación de la Ley de Bases, originado en moción parlamentaria, es muchísimo más amplio como para establecer una regulación, y también en cuanto al impacto ambiental de la liberación de transgénicos, en este caso de especies de ganado y agricultura. En lo relativo a la pesca, como Su Señoría bien señala, es muy específico.
Sugeriría, para el caso de los recursos hidrobiológicos, el estudio por parte de los integrantes de la Comisión de Salud; y que los de la de Agricultura pudiesen participar en conjunto con la Comisión de Pesca, informándoles cada vez que vayamos a sesionar.
Efectivamente, como lo señala el señor Presidente de la Comisión de Pesca , han llegado antecedentes adicionales, y la idea del proyecto, así como la de los autores de la moción, es ampliar más bien por la vía de la regulación, que por la de prohibición. Por ello, va a ser presentado con otra característica a la Sala.
No hay inconveniente en que la Comisión de Pesca invite a miembros de la Comisión de Salud, u otros; pero el proyecto es específicamente de pesca.
Señor Presidente , lamento discrepar de Su Señoría sobre la interpretación que está exponiendo. Porque, realmente, los productos transgénicos son destinados al consumo humano o a la preparación de materias primas que tengan por resultado final el consumo humano a través de alimentación animal.
Ya existe un decreto que fue modificado, el número 293, del Ministerio de Salud, el cual establece la conveniencia de adoptar medidas de información a la población en materia de alimentos que son o contienen elementos transgénicos. Por lo tanto, ésta no es una materia ajena al proyecto. ¡Si no se trata de producir salmones para largarlos a volar en un avión!
Son para comerlos; pero no es materia de agricultura. El trámite fue aprobado así. Para autorizar una modificación necesitaríamos el asentimiento unánime de la Sala.
¡Ahora entiende por qué, señor Presidente , he insistido en que los asuntos de pesca sean entregados a la Comisión de Agricultura!
Por lo tanto, el proyecto se mantiene en la Comisión de Pesca en tanto no exista unanimidad para proceder de otro modo.
¿Hay acuerdo para que esta iniciativa vuelva a la Comisión de Pesca?
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, relativo a la represión de la financiación del terrorismo, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Los antecedentes sobre el proyecto (2799-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 3ª, en 2 de octubre de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 5ª, en 9 de octubre de 2001.
El proyecto de acuerdo enunciado por el señor Presidente se encuentra en primer trámite constitucional, y propone la aprobación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999.
Este instrumento tiene como objetivo principal intensificar la cooperación internacional entre los Estados, con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, luego de reseñar los antecedentes tenidos en consideración para el estudio del instrumento internacional, y después del debate desarrollado en su seno, consigna la aprobación en general y particular del proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés, proponiendo a la Sala que adopte el mismo criterio.
Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único, y de conformidad a lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión propone al señor Presidente que se discuta en general y particular a la vez.
Señor Presidente , en primer lugar, debo agradecer a la Presidencia del Senado y a los Comités la acogida de la solicitud que formuló la unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores en cuanto a incluir este asunto en la tabla de la presente sesión, dada su trascendencia y considerando la señal que nosotros debiéramos dar en el ámbito en que se sitúa esta materia.
Los proyectos que nos corresponde analizar, que cumplen su primer trámite constitucional en el Senado, tuvieron origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República . Fueron estudiados en conjunto, y son los que aprueban el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado en la Asamblea General de la misma Organización, el 9 de diciembre de 1999.
El objetivo de los instrumentos en examen es intensificar la cooperación internacional entre los Estados, con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir atentados terroristas con bombas y la financiación del terrorismo, así como reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores.
Estos Acuerdos, en especial el relativo al financiamiento de actividades terroristas, son complementarios de los siguientes Tratados, de los cuales nuestro país es Parte.
Todos ellos forman un conjunto de disposiciones internacionales, respecto de las cuales sólo falta que nuestro país ratifique el convenio en estudio y el que se discutirá a continuación en la Sala. Al respecto, cabe hacer presente la importancia que para la comunidad internacional reviste que un Estado forme parte de esos instrumentos internacionales, pues otorgan una garantía de seriedad y, particularmente, una señal muy potente de nuestra actitud frente al terrorismo.
Por los acuerdos en estudio, Chile se compromete a tipificar y sancionar las conductas enunciadas en sus artículos 2, teniendo en cuenta la gravedad de la materia. Para este efecto, debe tenerse en consideración la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 28 de septiembre del presente año, que ha dado un plazo de noventa días con el objeto de hacer un seguimiento del avance en este tipo de materias.
La legislación financiera y procesal que ha de enviarse a trámite legislativo para su adecuación, probablemente nos pondrá a la cabeza de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, incluida la asociación del mismo con el narcotráfico.
Asimismo, la aprobación unánime en general y particular de ambos proyectos de acuerdo por la Comisión constituye una señal clara y firme, sin vacilaciones ni ambigüedades, de nuestra voluntad de luchar contra este flagelo de la humanidad.
La señora ALVEAR ( Ministra de Relaciones Exteriores ).-
Señor Presidente , agradezco la disposición de ánimo del Honorable Senado para debatir el convenio sometido en estos momentos a consideración de la Sala y el que lo será a continuación.
Recuerdo que precisamente el martes de la semana pasada, con motivo de la sesión especial del Senado para analizar la situación derivada de los atentados terroristas del 11 de septiembre último, dimos a conocer la relevancia de aprobar los dos únicos convenios que Chile aún no ha suscrito en materia de terrorismo.
Transcurrida una semana después de los hechos, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ambos convenios se aprobaron en forma unánime. Los dos instrumentos internacionales resultan de gran importancia, ya que mediante ellos nos ponemos al día en el ámbito de los compromisos que hemos asumido como país en esa dirección.
El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, sometido ahora a la consideración de la Sala, indica en primer lugar qué actos constituyen delitos, para señalar luego que los cometen quienes -por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente- provean o recolecten fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para cometer alguno de los actos que expresamente se señalan.
A continuación, se explicitan las obligaciones que cada uno de los Estados deben cumplir, con el objeto de adoptar las medidas necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento de la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos que se indican en la convención.
Al mismo tiempo, se incluyen medidas respecto a las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan en transacciones financieras, con el propósito de identificar plenamente a sus clientes y prestar especial interés en las actividades que parezcan inusuales o sospechosas en cuanto a que pudieran dar origen a algún tipo delictivo.
La implementación del convenio sirve para agotar en términos de control y de represión, las fases de desarrollo de los actos terroristas, desde las preparatorias -vale decir, la financiación-, así como las posteriores a su consumación, una vez producidos los atentados.
Tiene presente, desde luego, el carácter transnacional de las actividades terroristas, así como su financiación, en el entendido de que sólo con una respuesta coordinada de la comunidad internacional, en su conjunto, es posible combatir el flagelo terrorista en todas sus formas y manifestaciones.
En la definición de "delito", incluye también los actos tipificados en otros convenios, como señaló el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , al dar cuenta de su informe.
Prevé también la posibilidad de levantar el secreto bancario. Al mismo tiempo, creo importante destacar que, desde el punto de vista jurídico interno, la aprobación de este convenio obliga a asumir como Estado un conjunto de responsabilidades. En efecto, dentro de los poderes colegisladores del país, será necesario tipificar estos delitos no considerados en nuestra legislación y avanzar en el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera en Chile, de manera de llevar adelante las investigaciones pertinentes.
La forma y la modalidad de la expresión y tipificación de estos delitos, así como también de sus procedimientos, es materia que debe ser resuelta por nuestros legisladores y, desde esa perspectiva, enfrentar el tema que fue largamente analizado durante la mañana de hoy por varios señores Senadores.
Por estas consideraciones, me gustaría dar tranquilidad a Sus Señorías en cuanto a que, si bien Chile adquiere el compromiso de sancionar estos delitos, la forma y la modalidad en que ello se efectúe dependerá única y exclusivamente de las normas que el Poder Legislativo dicte, para los efectos de tener una adecuada coherencia. De manera que al prestar la aprobación al proyecto de acuerdo -como esperamos-, adquirimos la obligación de realizar las modificaciones en nuestra legislación interna, a fin de dar cumplimiento a tal compromiso.
Éste es el convenio que se somete a consideración de la Sala y que espero sea aprobado.
Señor Presidente, por lo que estamos viviendo en estos momentos, los dos convenios que se van a despachar hoy son muy oportunos; sin embargo, algunas disposiciones del que se encuentra ahora en debate, merecen mayor atención, porque ponen en duda la eficacia del instrumento.
Desde luego, pese a tratarse de algo bastante normal en otros tratados internacionales, el artículo 12 del convenio sobre represión de atentados terroristas expresa que se podrá negar la extradición de una persona cuando se piense que ella va a ser enjuiciada o castigada "por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política". Esto quiere decir que, en lo futuro, se podría rechazar la entrega de un terrorista o de una persona acusada de haber cometido un atentado con bomba, si se considerase que en el Estado solicitante será juzgada en forma indebida por motivos tan amplios como la raza, la religión o la opinión política. O sea, el tratado podría resultar letra muerta si no hay buena fe de los Estados en su cumplimiento. A mi entender, este punto es importante.
Otra cláusula que me llama mucho la atención, porque no logro entenderla -ojalá algún miembro de la Comisión o la señora Ministra pudiera aclarar su sentido- dice relación a la parte final del número 2 del Artículo 19, conforme al cual no estarán sujetas al presente convenio las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto bélico. Eso me parece lógico, porque en la esencia de una guerra está el que se lancen bombas. Sin embargo, a continuación, se prescribe: "tampoco lo estarán las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el cumplimiento de sus funciones oficiales", y que no son bélicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si un militar, en el ejercicio de las funciones oficiales del Estado, comete un atentado con bomba, no se le aplican las normas de este convenio?
Estimo necesario precisar el punto, porque no se refiere a actos bélicos o a los ocurridos durante una guerra declarada, pues se supone que los militares cumplen funciones oficiales al realizar tal tipo de actividades.
Por último, el artículo mencionado concluye con la frase "en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional.", frase que me parece bastante hermética. Desconozco si en la Comisión se discutió.
Señor Presidente , sobre el particular, quiero invitar a los señores Senadores a que presten atención al artículo 5 del convenio, que establece: "Cada Estado Parte... adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intención o el propósito de crear un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionadas con penas acordes con su gravedad.".
A mi juicio, tal artículo se relaciona con la inquietud manifestada en la Sala y la responde en forma adecuada.
Respecto de la segunda inquietud, cabe señalar que precisamente en los números 1 y 2 del artículo 19 a que se ha hecho referencia, se hace alusión a la existencia de otras normas del Derecho Internacional que regulan esta situación.
Señor Presidente , como complemento del alcance hecho por el señor Senador que intervino antes de la señora Ministra -tengo entendido que se refirió al segundo de los convenios y no al primero-, quiero señalar que en el artículo 2 del proyecto de acuerdo sobre represión de la financiación del terrorismo se consigna una frase equívoca, la cual, en mi opinión, seguramente ya fue aclarada en su interpretación. Dice: "Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer...", etcétera.
Creo que la expresión "ilícita" está de más, porque si alguien provee recursos para estos fines, evidentemente está cometiendo el delito que se quiere perseguir. No sé cómo habrá sido interpretado esto o si responde a un problema de traducción. Porque, es obvio: aunque sea lícitamente y se trate de dineros debidamente obtenidos, si están destinados a los actos que se señalan o existe la intención de que se utilicen en ellos, eso debiera estar absolutamente sancionado.
Hago sólo e alcance, porque no he tenido tiempo de leer el texto del convenio con el debido detenimiento.
Señor Presidente , quiero aclarar lo siguiente: con relación al presente convenio internacional y al que viene a continuación, ambos suscritos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es necesario entender que están redactados en un lenguaje general. Sus traducción literal no corresponde necesariamente al lenguaje que cada uno de los países ocupa en el momento de tipificar los respectivos delitos. Por eso, la norma aludida se entiende como un mandato de incriminación, y será resorte de cada uno de los Estados, de sus Poderes Legislativos, regular los correspondientes tipos penales y establecer las normas de procedimiento necesarias, de acuerdo a la coherencia legislativa de cada uno.
Por lo tanto, la disposición responde a un lenguaje de carácter internacional. El paso posterior para que efectivamente rija corresponderá al trabajo interno de esta propia Corporación en el momento de legislar.
Solicito autorización del Senado para que las Subcomisiones Mixtas de Presupuestos puedan sesionar paralelamente con la Sala.
Si no hay opiniones en contrario, y tal como se ha procedido en años anteriores, se autorizaría a dichas Subcomisiones para sesionar paralelamente con la Sala durante todo el período en que debatan el proyecto de la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente , como se ha dicho aquí, estamos en presencia de un proyecto de acuerdo sobre un tratado internacional que solamente puede ser aceptado o rechazado. Es decir, no se le pueden introducir modificaciones, atendida la naturaleza de la aprobación a que está obligado el Senado, lo cual no nos permitiría entrar a precisar numerosas normas vagas o imprecisas, que pueden conducir a situaciones bastante absurdas o peligrosas.
Sin embargo, me parece que el tratado en debate, como se ha manifestado en la Sala, deberá complementarse con la legislación interna. Imagino que, atendido el tiempo que transcurra entre la época en que se apruebe el instrumento internacional y cuando se presente a consideración del Congreso el proyecto respectivo para adecuarlo a las leyes internas, éste ya estará muy avanzado. De modo que en el próximo tiempo deberíamos de apreciar concretamente las normas de ajuste respectivas, porque, obviamente, aquí se introducen cambios que pueden ser muy importantes.
Por estas razones, quiero consultar a la señora Canciller si hay estudios avanzados respecto de esta materia y cuándo se supone que los proyectos de adecuación se presentarán al Congreso.
Señor Presidente , hace un rato sostuvimos una reunión con los Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia, de Hacienda y de Justicia , a fin de coordinar los esfuerzos legislativos que deberemos llevar a efecto precisamente para incluir los tipos penales ahora exigidos y realizar las modificaciones necesarias dentro de nuestra legislación interna de manera de dar cumplimiento al convenio en discusión y al que trataremos en seguida. Vamos a presentar oportunamente algunas iniciativas legales, que seguramente serán analizadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Además, están en curso otras como la relativa a la unidad de inteligencia financiera, cuya tramitación se ha iniciado en la Cámara de Diputados.
De todas maneras, aprovecho de señalar una vez más que la suscripción de estos convenios constituye una manifestación de voluntad de cada uno de los Estados. En seguida, viene un esfuerzo de nuestros legisladores para avanzar en la dirección señalada. La voluntad política de hacerlo existe, por cuanto creemos que una materia de este tipo requiere atención especial. Si nos hemos comprometido como país en la lucha contra el terrorismo, dentro del Parlamento debemos avanzar en esa dirección. Lo que nos parece más adecuado en ese sentido es aprobar estos dos convenios primeramente y después realizar los ajustes necesarios en la legislación interna.
Señor Presidente , en la misma línea de lo expresado por la señora Ministra , creo que estamos en un momento muy oportuno, porque comienza a tratarse el Presupuesto Nacional. En la mañana consulté sobre el particular con representantes de la Dirección General de Aeronáutica. Desgraciadamente, ella desconocía el convenio en debate, a pesar de que en su accionar se guía por otros tratados ratificados por Chile con anterioridad.
Cabe destacar que la Dirección General de Aeronáutica ha implementado, desde el momento que ocurrió el atentado y desde mucho antes, diversas medidas que han permitido al sistema aerocomercial chileno ser un modelo en el mundo. Por eso, LAN Chile fue la primera línea aérea autorizada para llegar a los Estados Unidos después del 11 de septiembre, lo cual muestra la estricta regulación que nuestro país ha llevado adelante sobre estos temas.
Por estas razones, solicito al señor Presidente que, en lo posible hoy o mañana, se envíe a la Dirección General de Aeronáutica el texto del convenio en debate, de manera que esa entidad pueda expresar sus necesidades en el Presupuesto de este año, que ha comenzado a tratarse hoy y que en lo referente a la Dirección General de Aeronáutica se analizará en la próxima semana.
Si le parece a la Sala, se enviaría hoy el texto del convenio en debate a la Dirección General de Aeronáutica.
Señor Presidente , en la misma línea de lo planteado por el Senador señor Fernández , deseo expresar que ya en la Comisión de Relaciones Exteriores quedó claro que existe un conjunto de disposiciones que habría que dictar y otras que readecuar para que nuestra legislación se halle a tono con lo que aquí se está aprobando.
Quisiera llamar la atención respecto de dos aspectos.
En primer lugar, tanto el convenio en debate como el que veremos a continuación se enviaron al Congreso después de lo sucedido en Nueva York, en circunstancias de que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en los año 1997 y 1999. Es decir, ha tenido que ocurrir este hecho para que se los remitiera. Ése es un dato que debe registrarse.
Otro antecedente importante proporcionado por la señora Ministra en la Comisión -que puedo poner a disposición de la Mesa para ser repartido a todos los señores Senadores porque es muy interesante- es la resolución 1373, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de este año, que es tal vez la más enérgica de las adoptadas por ese organismo en materia de seguridad y antiterrorismo.
Probablemente, como también se dijo en la Comisión, este tipo de acuerdos no se veía antes, cuando estaban enfrentadas las dos potencias en el Consejo; pero como ya se ha despejado el camino, por lo menos respecto de una de ellas, y además por el atentado contra los Estados Unidos, estamos conociendo decisiones tan enérgicas como ésta.
Uno de los puntos de dicha resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que deseo destacar dice: "Observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales,". Es decir, pone de relieve el tráfico de drogas como un elemento constitutivo de peligro o de amenaza dentro del contexto de la lucha antiterrorista.
En seguida, en el punto 6 del documento en comento se señala: "Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del Consejo, para verificar la aplicación de la presente resolución," -contiene muchos elementos similares a los de los Convenios que estamos aprobando- "con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen al Comité, a más tardar 90 días después de la fecha de aprobación de la resolución y con posterioridad conforme a un calendario que será propuesto por el Comité, de las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución;".
Me interesa que esta resolución sea conocida por los señores Senadores, porque describe todos los riesgos a que está expuesta la comunidad internacional en lo que respecta al terrorismo, en particular, en cuanto a la tipificación de delitos, congelación de fondos y prohibiciones a quienes den refugio, amparen y protejan a los que realizan estas actividades.
Señor Presidente , para no extenderme sobre esta materia ahora, podría repartirse copia de este importante documento, que desde ya pongo a disposición de la Mesa, para que, en el contexto de lo que estamos aprobando, se sepa que la Comisión también tuvo en cuenta lo informado por la señora Ministra respecto de esa relevante resolución aprobada el 28 de septiembre de este año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que -reitero- es la más enérgica que se ha visto hasta ahora por parte de ese organismo en materia de lucha antiterrorista.
Por las razones expuestas, las bancadas de Senadores de la UDI e Independientes votaremos a favor del proyecto de acuerdo.
Si Su Señoría hace llegar el texto a la Mesa, podremos distribuirlo a todos los señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero; en seguida, el Senador señor Bitar, para luego proceder a votar.
Señor Presidente, solamente quiero ratificar lo expresado por el Honorable señor Bombal, en el sentido de que nosotros analizamos los Convenios teniendo en vista las decisiones adoptadas en este aspecto por los organismos de las Naciones Unidas, en particular por el Consejo de Seguridad.
Debo señalar que existe el compromiso moral y ético de Chile y de todos los Estados signatarios del Tratado de cumplir efectivamente con el avance establecido y con el plazo de 90 días que se han planteado, con el objeto de demostrar hechos concretos más que una voluntad política. En ese sentido, estoy confiado, porque la señora Ministra así lo ha manifestado y así creo que va a ocurrir.
Señor Presidente , deseo respaldar los proyectos de acuerdo enviados por el Gobierno -en este caso concreto, el relativo a la represión del financiamiento del terrorismo-, en el entendido de que, como lo señala su artículo 21, se sujeta a "las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes.".
Hago esta aclaración porque cuando se adoptan medidas en circunstancias de crisis se puede caer en el riesgo de restringir las libertades.
Por eso, al momento de votar a favor del proyecto de acuerdo, quiero ratificar que estamos resguardando las libertades y el Estado de Derecho, como primera cuestión fundamental. El terrorismo debe ser combatido en el marco de este último, pero jamás restringiendo aquéllas.
El segundo aspecto importante, además de la conexión que se supone que existe entre el terrorismo y la droga, como se mencionó por otros señores Senadores, dice relación al debate que próximamente se originará en el Senado con relación a la ley de drogas y con la unidad de inteligencia financiera, lo cual me lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que ésta se cree para los meros objetivos vinculados con el proyecto sobre drogas. Sin embargo, respecto de la lucha contra el lavado de dinero, debiéramos contemplar también, a la hora de analizar el proyecto, la posibilidad de extender ese delito, por ejemplo, al proveniente de la venta de armas, la trata de blancas u otras fuentes, que también deben ser objeto de un tratamiento igualmente duro, porque alimentan el terrorismo.
En el mismo sentido, es necesario dar pasos que permitan ir a la creación -como ya se ha anunciado- de un sistema de inteligencia nacional más coordinado y eficaz, que diga relación a estos temas y que, por cierto, se desarrolle en el marco de la más estricta sujeción al Estado de Derecho y el respeto a las libertades de las personas.
No habiendo más inscritos, procederemos a votar.
--Se aprueba en general y en particular, dejándose constancia para los efectos del quórum exigido de que se emitieron 40 votos favorables.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2800-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El Convenio tiene como objetivo principal intensificar la cooperación internacional entre los Estados, con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir atentados terroristas con bombas y enjuiciar y castigar a sus autores.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés, y propone a la Sala adoptar igual resolución.
Finalmente, por tratarse de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión sugiere que esta iniciativa se discuta en general y en particular a la vez.
Como ya se realizó el debate de ambos Convenios, éste podría darse por aprobado en general y en particular, con la misma votación anterior.
Señor Presidente , junto con agradecer a la Sala la aprobación de ambos Convenios, que sin lugar a dudas constituyen un importante avance en el trabajo que como país estamos realizando en el tema del terrorismo, quiero aclarar que ellos fueron con antelación objeto de un acucioso estudio por parte del Ejecutivo.
Los proyectos de acuerdo, una vez aprobados en el ámbito de las Naciones Unidas, requieren de informes de distintas entidades dentro del Ejecutivo: la Dirección de Seguridad Pública, los Ministerios del Interior y de Hacienda, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Dirección de Presupuestos, el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio Nacional de Aduanas. Una vez que los respectivos organismos han remitido su informe y están contestes en aprobar el Convenio, sólo entonces se envía el proyecto de acuerdo al Congreso Nacional. De manera que el hecho de tramitar una iniciativa aprobada en 1999 no es un descuido, sino que obedece precisamente al proceso interno de reunir los antecedentes necesarios.
Agradezco, señor Presidente , la disposición del Senado de trabajar en forma tan expedita en la aprobación de los dos instrumentos sometidos a su consideración.
Agradezco la oportunidad de su aclaración, porque podría haberse pensado que se dejó pasar el plazo más allá de lo necesario.
Han llegado en este momento a la Mesa dos informes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaídos, uno, en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Honorables señores Moreno, Sabag y Zaldívar, don Adolfo, que establece como requisito para ser alcalde el haber cursado enseñanza media o su equivalente; y el otro, en el proyecto de ley en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Hamilton y Sabag, sobre supresión de los feriados que indica. (Boletín Nº 2779-06).
Quedan para tabla.
Está terminado el Orden del Día.
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-Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Al señor Director Nacional de SERNATUR , sobre DECLARACIÓN DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO A SAN PEDRO DE ATACAMA Y CUENCA GEOTÉRMICA EL TATIO (SEGUNDA REGIÓN).
A la señora Ministra de Educación , acerca de AUMENTO DE NÚMERO Y MONTO DE BECAS "PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN" EN REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo , relativo a SOLUCIÓN HABITACIONAL A 10 FAMILIAS INSTALADAS EN CALLE LAS AVUTARDAS y tocante a DEMORA EN ENTREGA DE VIVIENDAS BÁSICAS A 30 FAMILIAS DE COMITÉ "EL 17" (ambos de Puerto Aisén).
Al señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá , respecto de ANTECEDENTES RELATIVOS A CONTRATOS DE ESSAT, y en cuanto a OPERACIÓN DE DESALARI S.A., y PRODUCCIÓN, FACTURACIÓN Y PÉRDIDAS DE ESSAT ARICA DURANTE 1999 Y 2000 (todos de la Primera Región ).
A la señora Ministra de Educación , acerca de TRASLADO DE PROFESIONALES Y SITUACIÓN DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE PUERTO MONTT.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , sobre ADECUACIÓN DE DECRETO SUPREMO 212, DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, EN MATERIA DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA URBANA E INTERURBANA.
En Incidentes, los Comités Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , me voy a referir al tema del terrorismo, dado que no tuve oportunidad de participar en la sesión especial destinada a tratarlo.
Hace hoy casi un mes que en todo el mundo empezamos a vivir una nueva etapa histórica: el terrorismo, después de años y aun décadas de advertencias comparativamente más locales en su alcance y envergadura, finalmente asestó un golpe cuyas repercusiones alcanzan a todo el mundo y a todos los seres humanos, sin distinción de continentes, credos, ideologías, ni siquiera grados de desarrollo. Estamos frente a un fenómeno nuevo en la historia, cual es el terrorismo global.
La secuela de consecuencias que venimos observando en estas semanas, y la anticipación de las que seguirán por un futuro hoy indefinible, indican que ellas serán inevitablemente sentidas, directa o indirectamente, desde las sociedades de más refinado desarrollo hasta las más retrasadas.
Ni nuestro país ni ningún otro pueden eludir esas consecuencias. No serán, tal vez, iguales para todos, pero sería iluso refugiarse en un intento inútil de aislacionismo neutralista. La realidad mundial no lo permite. Más aún, la naturaleza del peligro terrorista no lo permite, porque también nuestro país puede ser su blanco en cualquier momento.
El hecho detonador del cambio mundial ya se produjo en Nueva York y Washington. En el nuevo cuadro, hoy, lo prioritario es orientar la política nacional en busca de minimizar los costos. Pero nadie puede ignorar que habrá que asumirlos, y probablemente no serán menores.
El alineamiento de Senador ya ha sido señalado por el Presidente de la República y por la inmensa mayoría de los dirigentes y partidos políticos. Nuestro país se ha definido contra el terrorismo, ha condenado los atentados en Estados Unidos y expresado su solidaridad y ánimo de colaboración en la lucha antiterrorista.
No está claro, en cambio, qué se hará para traducir esas posiciones generales en políticas concretas. Las declaraciones y los gestos simbólicos no bastarán para evitar que el terrorismo nos alcance. Es cierto que nuestro país no tiene hoy motivos para estimarse un objetivo prioritario de acciones terroristas; pero si Senador se descuida en prevenirlas con eficacia, no puede excluirse que se vea transformado, virtualmente de la noche a la mañana, en centro de operaciones de organizaciones que busquen atentar contra terceros. Evidentemente, eso sólo se puede impedir mediante una política clara y definida.
Sin ir más lejos, en el último tiempo hemos escuchado, al menos una versión, en el sentido de que las ramificaciones de los grupos que actuaron en Estados Unidos intentarían atentar también contra intereses norteamericanos en Sudamérica, mediante acciones planificadas en países ubicados en este continente. Esa versión no ha sido comprobada, pero después de lo que hemos observado en estos días, no cabe descartarla como imposible, ni siquiera improbable.
Debemos sacar la lección obvia de la poca credibilidad que el mundo desarrollado asignó, hasta el 11 de septiembre pasado, a los indicios de que el terrorismo preparaba algo de gran monta contra la superpotencia estadounidense. Ahora sabemos que no eran escasos, pero nadie los tomó suficientemente en serio, hasta que la tranquilidad confiada fue reemplazada por la incredulidad ante el horror de dimensiones antes impensables.
Por lo demás, Senador no carece de experiencia en este campo. La tuvo intermitentemente, desde los años finales de la década de 1960 hasta los iniciales de la década de 1990. El terrorismo alcanzó a nuestro Senado, por primera vez en la historia de la República, cuando asesinó a uno de nuestros colegas, el Senador Jaime Guzmán , en 1991. El terrorismo tuvo la organización y fuerza suficientes para rescatar en helicóptero a algunos de los responsables de ese asesinato desde la cárcel de alta seguridad de nuestra capital, el 30 de diciembre de 1996. También ha tenido y tiene vinculaciones amistosas que permiten a todos los responsables de ese asesinato mantenerse enteramente impunes hasta el día de hoy. Nuestro país no está, pues, ajeno a este problema.
El terrorismo debe ser combatido simultánea y sistemáticamente en todos los frentes. Porque, tal como se ha planteado, es, efectivamente, una guerra en la que está en juego la vida de miles de personas, instituciones, formas de vida democrática y, eventualmente, incluso de naciones enteras. El debilitamiento del mundo frente al terrorismo, cuyas consecuencias ahora sufrimos, deriva de que, ya por muy largo tiempo, uno o varios de esos frentes fueron descuidados u olvidados.
Urge retomar la acción desde ahora mismo, para recuperar en cuanto sea posible el tiempo perdido.
A mi juicio, son prioritarios los siguientes frentes:
1)	El frente ideológico
2)	El frente político y diplomático
3)	El frente jurídico-constitucional, legal y judicial
4)	El frente militar
5)	El frente educacional
1) El frente ideológico
Es indispensable una ratificación expresa e inequívoca de todos los partidos, movimientos y grupos activos en nuestra vida pública, en cuanto a que se condena el terrorismo, en todas sus manifestaciones, cualesquiera sean su manifestación, origen y motivos que se invoquen para emplearlo. Quien de verdad esté contra él, de verdad lo rechace en todas sus formas, de verdad no lo acepte en modo alguno, ni siquiera cuando en apariencia favorece los intereses de un sector y golpea al adversario, debe ser consecuente y condenarlo sin ambigüedades, sin reservas, sin condicionamientos ni distingos de ninguna especie.
Ese repudio formal, categórico, por todos los partidos democráticos, ciertamente no detendrá el terrorismo de otros. Sin embargo, sí definirá líneas claras, divisorias, y dificultará la labor de quienes pretenden engañar con una cara democrática, pero que mantienen inocultables vínculos con organizaciones que legitiman y emplean la violencia en la busca de sus objetivos políticos. Porque esa violencia, incluso en su más primitiva expresión de desorden callejero, ya ha traspasado el límite de la pacífica discusión democrática, para entrar en el plano de la fuerza, plano cuyo desenvolvimiento natural y lógico es el terrorismo.
Frente a él, en consecuencia, no cabe distinguir; tampoco condenarlo en el adversario, pero tolerarlo en otros, cuando no apoyarlo, así sea con el silencio. El terrorismo es, por principio, inaceptable y repudiable siempre, y debe ser castigado sea quien fuere el que lo cometa, cualquiera sea la motivación ideológica, política, religiosa, étnica u otra que invoquen sus perpetradores.
La disyuntiva es inevitable y clara: si no se condena el terrorismo, es que se lo acepta. En esto no caben términos medios ni ambigüedades. Por supuesto, siempre habrá quienes practiquen un doble juego, condenando verbalmente lo que en realidad ejercen en el clandestinaje. Pero incluso las actitudes frente a una definición expresa contribuyen a mostrar dónde está cada cual a este respecto.
Para pronunciarse sobre el particular, conviene tener presente que la definición de terrorismo no requiere más años de estudio y discusión, como desgraciadamente ha ocurrido en algunos ambientes internacionales. El tipo delictivo ya está precisado por análisis en todo el mundo e, incluso, en la normativa internacional, y se resume como el "Uso de violencia o amenaza de violencia por individuos a nivel subestatal, con el propósito de sembrar el pánico en una sociedad, para debilitar e incluso derrocar a las autoridades titulares y causar un cambio político.".
2) El frente político y diplomático
De la definición anterior deben fluir conductas políticas y diplomáticas consecuentes.
a) Se debe promover, impulsar y tomar parte activa en una campaña mundial permanente contra el terrorismo, a la luz de la definición ideológica señalada.
b) Debe fomentarse, igualmente, una campaña nacional permanente contra el terrorismo.
c) Esas campañas son indispensables para que las autoridades puedan contar con el necesario apoyo de la opinión pública interna y externa para las medidas que inevitablemente deberán tomar contra el terrorismo.
La única otra alternativa para que la opinión pública mundial comprenda por qué se debe actuar con total firmeza contra ese peligro es esperar que el terrorismo, finalmente, golpee a un país con la brutalidad con que lo hizo contra Estados Unidos. Evidentemente, lo humanitario y lo sensato sería agotar todos los esfuerzos para prevenir semejante golpe y evitar sus víctimas.
Una línea constante y sin ambigüedad alguna que debe seguir la política exterior chilena es el alineamiento y la promoción de vínculos reales y muy activos de colaboración con todos los países que combaten el terrorismo, así como el consecuencial aislamiento de aquéllos que lo promuevan o lo acepten. Deben darse pruebas de solidaridad efectiva con las naciones que lo combaten. Entre otras, por ejemplo, el intercambio pleno y expedito de información de inteligencia antiterrorista.
La consecuencia conceptual exige poner término inmediato y total a los distingos políticos y diplomáticos entre algunos violentistas y terroristas, y otros igualmente violentistas y terroristas, según la proximidad o distancia que se pueda tener con sus objetivos políticos.
Hoy, las actuaciones políticas y diplomáticas de Chile y de otras naciones del mundo, desgraciadamente, incurren en esa distinción. Por ejemplo, desde 1959, Cuba tiene un régimen que ha promovido sistemáticamente la violencia política, el extremismo y el terrorismo; que mantiene escuelas de guerrillas, cuyos especialistas y graduados han sido exportados a otros países -incluido Chile- y a otros continentes; y que tiene vínculos amistosos con otros regímenes igualmente totalitarios. Con esa misma Cuba, sin embargo, mantenemos relaciones comerciales, consulares, diplomáticas y de amistad cultivada por múltiples vías, cerrando voluntariamente los ojos a su prontuario terrorista y al hecho de que brinde refugio a terroristas responsables del asesinato de un Senador chileno. El régimen castrista participa como un igual en las instancias diplomáticas y de alta política internacional y es acogido amistosamente por quienes se proclaman antiterroristas. Inconsecuencia evidente, cuyos costos, tarde o temprano, no podrán evitarse.
Por cierto, más allá del ámbito continental, iguales consideraciones valen para otros países -por ejemplo, Libia -, cuyos regímenes han sido judicialmente declarados responsables de instigación o protección de graves actos terroristas -como el derribamiento de una aeronave comercial sobre Escocia mediante una bomba-, pero continúan desempeñándose con toda normalidad en el plano internacional político y económico.
Lógicamente, tampoco Chile puede permanecer indiferente ante estos movimientos político-diplomáticos de naciones que se acercan a otras que admiten el terrorismo. Por ejemplo, nuestro país no puede ser indiferente cuando el Gobierno de Venezuela despliega una política de ostensible entendimiento con los regímenes de Castro, en Cuba; de Kaddafi, en Libia, y de Hussein, en Irak, todos los cuales admiten, practican o toleran el terrorismo. Tarde o temprano, esa inconsecuencia está llamada a tener altos costos para Chile. Sin ir más lejos, hoy no sabemos, por ejemplo, qué grado de establecimiento y desarrollo pueden tener los grupos terroristas fundamentalistas en Latinoamérica. Chile debería estar en la primera línea de los países del continente en su interés por esclarecer este punto.
A la inversa, hay naciones que han combatido el terrorismo, como España; pero, luego, quienes así lo hacen desde cargos de autoridad, cumpliendo con su obligación de resguardo de la comunidad, se ven criticados, perseguidos -es el caso de los Ministros socialistas- o, incluso, condenados por la opinión pública o por instancias judiciales nacionales o internacionales. La solidaridad que hoy se proclama al respecto, en realidad, se ha practicado largamente con quienes han cometido los actos terroristas y no con aquellos que los han combatido.
Ante las consecuencias que ya conocemos y ante las que pueden sobrevenir, lo indispensable es, ahora, que la solidaridad se reoriente resueltamente, con hechos y no meras palabras, hacia quienes procuran impedir que haya nuevas víctimas y no hacia los que buscan producirlas.
De otro modo, quienes terminan internacionalmente aislados no son los terroristas, sino, paradójicamente, aquellos que tienen el valor de combatirlos. Un modelo de falta flagrante de solidaridad frente al combate contra ese terrorismo es Suiza, que recientemente negó la extradición a Chile, alegando la inexistencia en nuestro país de Estado de Derecho, de uno de los condenados -al que amparó- por el asesinato del Senador Guzmán. Es deseable que, a esta fecha, Suiza haya reconsiderado su posición y que, por su parte, el Gobierno chileno esté resuelto a hacer esfuerzos más enérgicos frente a situaciones semejantes.
Por cierto, Chile no debe permitirse la ingenuidad de creer que el terrorismo se origina y despliega sólo en otros países, pero no en nuestro territorio. Hace ya una década que muchas voces advirtieron de las conexiones de financiamiento y de apoyos político, diplomático, de entrenamiento y logístico entre ciertos grupos violentistas que explotan el problema mapuche y otros movimientos terroristas internacionales.
3) El frente jurídico
Lo anterior no significa postular un combate sin normas, ajeno a los derechos humanos y al Derecho en general. Eso sería una regresión a la barbarie propia de extremistas y terroristas de todos los matices. Los principios de democracia, Estado de Derecho y sociedad de libertades son irrenunciables.
Pero tampoco cabe hoy día suponer que la mentalidad terrorista puede ser enfrentada con éxito sin que los países tengan atribuciones jurídicamente amplias y eficaces para actuar contra un enemigo que en su actuación no reconoce límites, consideraciones ni compasión alguna.
Es indispensable una actitud de realismo maduro, capaz de asumir efectivamente lo inevitable de la proporcionalidad de la respuesta. Puede lamentarse que el mundo no sea todo lo ideal que deseamos; pero mientras no lo sea, si queremos sobrevivir, habrá que emplear, dentro del Derecho, los medios aptos para permitir nuestra supervivencia.
Estados Unidos tuvo que admitirlo así en la hora del golpe más trágico que haya recibido en su historia, después de haberse autolimitado imprudentemente en esta materia durante las últimas décadas. Y la reacción que ahora anticipan el Presidente Bush , el Procurador General de la Nación y otras autoridades es un retorno a las normativas que se fueron dejando de lado en los últimos años.
-En el nivel constitucional
La reforma constitucional de 1991 redujo la severidad de las normas del artículo 9º -declara que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos."-, en cuanto hizo posible a su respecto la amnistía y el indulto general, excluyendo sólo el indulto particular. Asimismo, permitió la libertad provisional del procesado por delitos terroristas, lo que la norma original prohibía. A la luz de cuanto hemos presenciado en las últimas tres semanas, sería útil repensar esas normas.
Igualmente, sería conveniente precisar el texto que la reforma constitucional de agosto de 1989 dio al inciso sexto del Nº 15º del artículo 19 de la Carta Fundamental. Su tenor vigente declara "inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas" "procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.". Esta redacción es amplia, por cierto. Pero, en el nuevo escenario mundial, valdría la pena explicitar para prevenir que, so pretexto de libertad de opinión, enseñanza o culto, o invocando pretextos étnicos, religiosos, culturales o de cualquier otra índole, se pretenda por cualquier vía justificar la apelación a la violencia o propugnar ésta como método aceptable de acción. Si se está contra el terrorismo, es preciso también ir a la raíz e inicio del itinerario violentista que culmina, como se ha visto, en los atentados.
-En el nivel de los instrumentos internacionales
En este campo, aprobamos hoy día el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por dicha Organización el 9 de diciembre de 1999. Lamentamos, sí, que los proyectos de acuerdo pertinentes se hayan presentado precisamente después de haber ocurrido la tragedia que conocemos. A mi entender, no debió esperarse un plazo tan largo para someterlos a la consideración del Congreso Nacional.
Lo anterior es tanto o más necesario cuanto que, ante el aumento de la amenaza del uso de armas químicas, biológicas u otras no convencionales, incluidas las informáticas, se requerirá la máxima colaboración posible de la comunidad internacional para su prevención y combate.
Por cierto, no se trata sólo de aprobar dichos instrumentos, sino también de hacerlos cumplir rigurosamente, tanto por los adversarios como por los afines políticos. Es inconsecuente ratificar en las Naciones Unidas un convenio contra las bombas si la autoridad permite que ciertos grupos fabriquen, distribuyan y detonen en la vía pública bombas de fabricación personal sin ser impedidos ni obstaculizados en su acción y -peor aún- siendo expresamente tolerados y cohonestados por la propia autoridad que pudiera inhibir, eventualmente, la acción de la fuerza pública.
El país asistió a esa situación precisamente en torno a las fechas del atentado que hoy conmociona al mundo. Al respecto, no es válida la excusa según la cual lo que se vio fueron simples disturbios callejeros, cuya magnitud no puede compararse con lo que ocurrió en Nueva York y Washington. Porque es exactamente en ese ambiente de violencia impune que se cultivan, entrenan y perfeccionan las organizaciones que se especializan en la violencia como método de imposición de su voluntad sobre la sociedad. Y la maduración lógica de aquéllas lleva a la organización terrorista. La experiencia internacional sobre el particular es inequívoca.
-En el nivel de la legislación interna
Las importantes modernizaciones procesales a que está abocado nuestro país deberán considerar además la redoblada gravedad que la Constitución y los tratados internacionales asignan a los delitos terroristas. Los ajustes a la reforma procesal penal que están previstos precisamente en la presente etapa de su aplicación gradual deberán atender a este distingo ineludible y contemplar procedimientos especiales, abreviados y simplificados en congruencia. Desde esta perspectiva, la improcedencia general de la libertad provisional en cuanto a procesados por delitos terroristas cobra plena justificación.
Cuesta admitirlo así. Empero, la refinada coordinación de los atentados terroristas en Estados Unidos indica que el tiempo de acción de que disponen los miembros de la organización terrorista y los contactos que existen entre ellos son determinantes para su éxito. En consecuencia, se justifica en tal sentido un procedimiento judicial de la mayor severidad y celeridad.
Por supuesto, habrá que distinguir siempre entre el combate contra el terrorismo y los excesos en que algunos puedan incurrir. Un ordenamiento jurídico antiterrorista adecuado no significa carta blanca para que los funcionarios correspondientes actúen de cualquier modo. Obviamente, el delito no se puede combatir con el delito. La civilización supone autolimitación. Pero no cabe olvidar que se trata de una guerra, donde deben tomarse medidas muy duras y en que no pocas veces se cometen errores. Olvidarlo conduce a la inconsecuencia de terminar condenando en las palabras al terrorismo, pero en los hechos, a quienes lo combaten.
Por eso mismo, la respuesta de apoyo o no apoyo a Estados Unidos y sus aliados cuando se realicen las acciones antiterroristas que se están preparando será muy importante para debilitar o fortalecer la causa del terrorismo en el mundo. La posición chilena a este respecto ha sido, afortunadamente, muy clara.
4) El frente militar
Creo indispensable que el país recobre conciencia de que las Fuerzas Armadas y de Orden son irreemplazables en la lucha antiterrorista. Por definición constitucional, ellas son "esenciales para la seguridad nacional" y "Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares" sin previa autorización otorgada en conformidad a la ley respectiva.
El terrorismo es un desafío capital al orden público y a la seguridad interior del país. Siendo así, combatirlo cae naturalmente dentro de la competencia específica de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en los términos previstos por el artículo 90, inciso tercero, de la Carta. Allí se radicaría con exclusividad la competencia en cuanto a los órganos constitucionalmente llamados a actuar y respecto de los instrumentos a los que, conforme al Texto Fundamental, el Estado puede y debe apelar para enfrentar este problema.
Por ello, me parece razonable que el Gobierno impulse ahora la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, para coordinar mejor la defensa del país contra esta nueva forma de guerra, "sin fronteras físicas", sin territorio definido, sino redes políticas y económicas globales.
Considero igualmente positivo que la autoridad haya consultado el parecer de las Instituciones Armadas en esta materia. Y concuerdo, en general, con las recomendaciones que ellas formularon a favor de un sistema de inteligencia que no dependa del Gobierno de turno y funcione como organismo técnico del Estado, apolítico y con suficiente autonomía; un organismo consultivo del Presidente de la República , con participación de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuyo Director goce de inamovilidad similar a la de un jefe de servicio del más alto nivel, con capacidad técnica multidisciplinaria, capaz de recopilar información útil para cumplir los objetivos del país en los ámbitos de seguridad interior y exterior, económico, industrial y militar.
Dado ese esquema, me parece que la lucha antiterrorista encontraría un instrumento valioso en un organismo semejante. Y espero que pronto el Congreso pueda abocarse al estudio de ese proyecto.
5) El frente educacional
Todos los dirigentes y analistas mundiales han coincidido en que la guerra que se ha iniciado contra el terrorismo será de larga e indefinible duración; requerirá constancia, y no podrá descuidar ningún frente. Por lo tanto, hay que prepararse, eventualmente, para largos años de confrontaciones en este campo. Después de todo, también ha sido de décadas la maduración de la organización terrorista hasta que pudo asestar un golpe semejante a Estados Unidos. No es casual en absoluto que aparezca vinculada al movimiento de los talibanes, esto es, de los "estudiantes" de ciertas escuelas islámicas extremistas.
El mismo principio debe ser usado para promover valores positivos, contrarios a la violencia y, desde luego, al terrorismo. Presumo que ningún sector se opondría a que, del mismo modo como el Ministerio de Educación inculca los valores democráticos y cívicos por medio de sus programas escolares obligatorios, hiciera otro tanto con una expresa e incondicional repulsa moral y cívica al terrorismo, lo que hoy día no ocurre. No diviso en eso ninguna objeción ni ética ni jurídica. En lo constitucional, el terrorismo es por esencia contrario al pluralismo que la Carta Fundamental consagra y, asimismo, a la libertad de enseñanza y demás derechos fundamentales que se garantizan. Estimo legítimo, entonces, formar a las generaciones jóvenes, desde la más temprana edad, en una ética que repudie absolutamente el terrorismo y aleje el riesgo de idealizar como modelos juveniles a figuras que no vacilaron en emplearlo.
Por lo demás, el frente educacional no se circunscribe sólo a lo escolar. Cabe recordar que en la consulta que el Gobierno formuló al Senado en abril de 1991, hace más de 10 años, entre otros muchos puntos, pidió parecer respecto de la conveniencia de una gran campaña publicitaria nacional en contra del terrorismo, que denunciara su verdadera naturaleza. Apoyé entonces esa iniciativa, sujeta a la obvia condición de que tal campaña no se instrumentalizara con sesgo político y denunciara, por tanto, toda forma terrorista, de cualquier origen, sin mayor blandura para con un sector que para con otro. Pienso que una campaña de esas características sería tanto más necesaria ahora, dando prioridad especial, desde esta perspectiva de educación colectiva, a lo que el terrorismo no es.
Eso significaría denunciar diversos mitos que se han ido acumulando en torno a él. Cabe seguir en esto a dos analistas de gran prestigio internacional: el profesor de la Universidad de Cambridge Walter Laqueur y el historiador, también británico, Paul Johnson . Su visión recoge la larga experiencia de su país en este campo.
El terrorismo no es una respuesta a la injusticia económica, social o política, que expresaría la desesperada reacción de personas empujadas a la violencia por angustiosas tensiones y frustración. Así lo hizo ver Laqueur en 1977. Si así fuese, no habría estallado primero con salvaje brutalidad precisamente en las prósperas y liberales sociedades de la Europa occidental, altamente desarrollada e indiscutiblemente democrática.
El terrorismo no es meramente un síntoma más dentro de un conjunto de males que aquejan a la sociedad contemporánea -tales como la violencia juvenil, la mayor delincuencia común, la polución ambiental, la explosión demográfica u otras semejantes-, sino un problema específico. Así lo señaló Johnson en 1979. Como otros males, puede ser aislado y, también, remediado.
Desde esa noción, se despejan otros mitos:
a) El terrorismo no es una expresión equivocada de idealismo que busca beneficiar a la humanidad, sino la deliberada supresión de los instintos morales del hombre. Supone eliminar los reflejos morales en quien lo perpetra, porque ningún hombre ni mujer puede ser un terrorista efectivo si conserva los elementos morales propios de la persona humana. Por eso, la organización terrorista suprime sistemáticamente tales instintos en sus miembros. Y, por eso mismo, el terrorismo no es sólo la negación de la civilización, sino además la negación de la humanidad como tal. Desde esta perspectiva, el terrorismo, el campo de concentración nazi, el "gulag" y el terrorismo fundamentalista son expresiones de una misma mentalidad.
b) El terrorismo no es un arma política. En realidad, es la máxima manifestación del rechazo de la política como medio normal por el que la comunidad resuelve conflictos. Es un substituto monstruoso para todo el proceso político. Y, siendo la política el medio civilizado para evitar el enfrentamiento de la fuerza por la fuerza, el terrorismo es un ataque, no sólo a un gobierno, sino a toda la civilización. Es la anticivilización.
c) El terrorismo no es un mal necesario de nuestra sociedad, sino una opción deliberada por la exaltación de la violencia. Esa violencia se elige por un grupo como forma de actividad, como aberrante intento de justificar el asesinato y la destrucción. Con eso, la visión terrorista se iguala a todos los totalitarismos.
d) El terrorismo no es oposición a las fuerzas represivas de la sociedad. Su acción no conduce a una organización social más libre, sino a todo lo contrario. Los países que, como parte de su política de Estado, financian y mantienen la infraestructura internacional del terrorismo son, sin excepción, totalitarios. Ningún régimen democrático hace otro tanto.
e) El terrorismo no es exitoso en el seno de los Estados totalitarios. Puede destruir a un Estado que se ciña al derecho, puede destruir a una democracia, pero no a un régimen totalitario. El terrorismo no opera donde faltan las libertades. Por el contrario, lo hace precisamente donde ellas sí existen, y lo hace abusando de esas libertades. Así, las pone en el mayor peligro, porque la sociedad no puede sino reaccionar en defensa propia. Y, al hacerlo, por desgracia se ve forzada a establecer restricciones justamente al sistema de libertades. Todo esto evidencia la falsedad de afirmar que puede cumplir una función liberadora.
f) Por último, el terrorismo tampoco es un pretexto que invocan determinados regímenes para justificar su autoritarismo. Este mito hizo que muchas sociedades libres, por temor a que las tildaran de autoritarias, renunciaran a la propia defensa y que sus autoridades abdicaran la responsabilidad de aplicar la ley. El terrorismo tiene éxito cuando provoca mayor represión. Pero mayor aún es su éxito cuando anula la voluntad de autodefensa, lo cual se expresa en una cadena de concesiones inevitablemente sin fin. Al cabo, y pese a ellas, el terrorismo volverá a golpear cuando lo desee.
Ésa es la trágica lección aprendida por Estados Unidos y el resto del mundo hace tres semanas. Por eso, hay que luchar contra el terrorismo, por todo el tiempo que sea necesario y en todos los frentes.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
Señor Presidente , hubiera querido iniciar esta intervención teniendo a la vista los antecedentes que solicité al Ministerio de Obras Públicas acerca de las partidas presupuestarias y de las obras que se piensa llevar a cabo en la Quinta Región. Sin embargo, hasta hoy ha sido imposible contar con ellos.
En consecuencia, hago un reclamo formal por aquello. Me parece que, en un régimen democrático, todos debemos tener acceso a información -hasta el momento se ha negado la que pedí- sobre las obras públicas proyectadas, en este caso para la Región que represento en esta Alta Cámara.
Aun así, me referiré a algunas de ellas, porque considero esencial dar a conocer al país situaciones que son extraordinariamente serias.
El primer capítulo se refiere a los embalses.
La Quinta Región es la única que carece de un embalse de regadío con las dimensiones y características de los existentes en otras Regiones.
Durante varios años se han estado realizando estudios sobre esta materia, y la indefinición subsiste.
Hace poco solicité el envío de un oficio -tampoco he obtenido respuesta- para indagar sobre la ubicación definitiva del embalse precordillerano, pues se ha cambiado de criterio acerca del lugar contemplado originalmente para su construcción.
Lo anterior me parece muy relevante, porque, en términos productivos, necesitamos urgentemente incorporar 32 mil hectáreas, con la particularidad de que ello tendría el mérito de crear entre 25 mil y 28 mil empleos (ése es el cálculo de la relación por hectárea de riego).
El lugar inicial era Puntilla del Viento. Hoy se habla de Lomas de la Iglesia.
En tal sentido, me parece fundamental contar con los antecedentes respectivos. Por ende, en primera instancia, pido que se oficie de nuevo a la Dirección pertinente del Ministerio de Obras Públicas para disponer del informe emanado de la Gerencia Técnica de dicho embalse.
En segundo lugar, está aprobado todo lo relativo a la ingeniería del embalse Chacrilla , el cual permitiría regar parte de siete mil hectáreas del valle de Putaendo, beneficiando a una zona muy pobre y contribuyendo a paliar la gran cesantía allí existente.
Dadas las características del embalse de Chacrillas, sería el último que se construiría con recursos fiscales directos, sin recurrir al sistema de concesiones. En tal sentido se comprometieron el ex Ministro del ramo don Jaime Tohá , y el actual, señor Carlos Cruz .
En tercer lugar, permanentemente estamos insistiendo en las obras de los embalses de Alicahue y El Sobrante, en la provincia de Petorca; empero, no conocemos el monto de inversión considerado al respecto en las partidas presupuestarias para el próximo año.
Eso, en cuanto al riego.
En lo concerniente al problema vial, el primer tema que se plantea es el de la Ruta Bioceánica, para la cual se llamó a licitación hace algunas semanas. Ella surge desde el Cristo Redentor y se proyecta hasta el camino internacional, a la altura de San Pedro, desde donde penetra hacia lo que se ha denominado "Troncal Sur".
Sería esencial que la Ruta Bioceánica alcanzara a las comunas de Puchuncaví y Quintero , por sus particularidades para descongestionar los puertos chilenos centrales. Nosotros tenemos tres grandes puertos: San Antonio , Valparaíso y Quintero-Ventanas. Pienso que esa ruta, a través de Valle Alegre y del sector Colmo , podría alcanzar a las referidas comunas.
Igualmente, es necesario conocer los planteamientos relativos al camino Los Laureles, que fue abierto hace algunos días con el objeto de llevar a cabo allí los trabajos indispensables para empalmar el tráfico entre Limache y el camino internacional. De esa manera, sectores muy importantes, como Tabolango y La Victoria, podrían acceder más directamente que hoy a Limache, su capital comunal. La localidad de Tabolango se encuentra prácticamente aislada; sus habitantes, para llegar a Limache, deben ir a Quillota, donde tienen que tomar un segundo medio de locomoción.
En esta oportunidad deseo destacar la acción sostenida, perseverante, del alcalde de Limache , don Germán Irarrázabal , cuya intervención permitió la apertura del camino Los Laureles. Asimismo, está estudiando la factibilidad de abrir un camino por Lliullíu a la localidad de Curacaví, que constituiría otra alternativa para dar mayores posibilidades a una zona que hasta hace muy poco tiempo se hallaba prácticamente cerrada.
En ese mismo sector, quiero poner de relieve las obras que se han ejecutado en la cuesta La Dormida, que constituye un antiguo sueño de muchos de nosotros. Su pavimentación ya está a punto de iniciarse. Cuatro de los cinco puentes se encuentran terminados. Sin embargo, ignoramos (tampoco disponemos de datos referentes a las partidas presupuestarias) si efectivamente en el primer semestre del próximo año -como se nos ha dicho- esa ruta va a quedar del todo concluida. El Troncal Sur está concesionado, de modo que no es dable inversión ni financiamiento fiscal. Antes formaba parte del camino de la cuesta La Dormida; hoy día se ha anexado a la Ruta 68. Obviamente, todo ello va a aprovecharse y facilitará el acceso a las comunas de Quilpué y Villa Alemana que, en su conjunto, actualmente poseen más de 250 mil habitantes. Quiero destacar esto, porque hoy el troncal tradicional, el que cruza las dos comunas, desde Peña Blanca hasta Quilpué, prácticamente es el único acceso a ellas. El Troncal Sur permitirá un desahogo vial y posibilitará, entonces, mayor comodidad para el desarrollo de industrias y actividades de todo orden.
Pero muy unido a los accesos a Quilpué y Villa Alemana se encuentra la Cuarta Etapa de la Avenida España, materia que ha despertado debate y que, naturalmente, reviste mucha importancia, no solamente para Viña del Mar, sino también porque, sin su concreción, la salida del Troncal Sur simplemente quedará ahogada, pues no habrá fluidez de tránsito. En la práctica, colocar líneas férreas bajo nivel y permitir el desarrollo de las obras lesionará y limitará los desplazamientos de la comunidad.
Deseo, además, referirme al tema de ferrocarriles, que también debería incorporarse como línea presupuestaria. Hay dos aspectos involucrados en esta materia. Por eso, estoy muy preocupado de saber la prioridad que les dará el Ministerio de Obras Públicas.
Se ha hablado de un tren rápido Santiago-Melipilla, que cruce prácticamente por el sector Lo Orozco y desemboque en Villa Alemana-Quilpué, para empalmar con la actual línea ferroviaria desde el Puerto hasta Limache, que hoy se halla administrada por MERVAL. Éste es un punto relevante, porque una obra de esta índole tiene impacto en la totalidad de la Quinta Región.
Pero también en otro tema muy fundamental quiero disponer de antecedentes. Me refiero a si el tren que hoy va desde el Puerto hasta Limache llegará hasta ahí; o, como se prometió, en una primera etapa recuperará el trayecto Quillota-Calera y, en un segundo tramo, unirá San Felipe-Los Andes . Para nosotros, que no hemos podido conseguir información, es una incógnita.
Señor Presidente, solicito que, en mi nombre, se oficie a las autoridades que corresponda para que se den a conocer los antecedentes respecto de todos los temas a que he aludido. Recurro a esta vía, porque de otro modo el Parlamentario que habla, que se ha preocupado de estas materias, simplemente no tendrá acceso a ellos.
Restan 6 minutos y 58 segundos al Comité Renovación Nacional e Independiente.
Señor Presidente , después de la movilización de los pescadores de la Décima Región de Los Lagos, la Subsecretaría de Pesca dictó la resolución N° 1783 -recurrida de protección-, que permitía por parte de aquellos y mediante declaración de "zonas contiguas" la extracción de recursos en la Región de Aisén. Después de ardua negociación entre los representantes de las organizaciones de pescadores y buzos mariscadores de Aisén, representados por don Misael Ruiz y don Renato Flores , y las autoridades de Gobierno, se llegó a un acuerdo en La Moneda, el cual posibilitó el retiro de los recursos judiciales presentados.
Sin embargo, dicha Subsecretaría dictó una nueva resolución, la Nº 2118, que contiene sólo algunos de los puntos del señalado acuerdo, omitiéndose varios de ellos. En particular, las organizaciones señalan que se pretende ampliar el plazo para la extracción de algunos recursos bentónicos, vulnerando incluso las vedas biológicas. Por otro lado, la fiscalización, que permite conocer cuántos pescadores acceden de la Décima a la Undécima Región, la haría un funcionario joven, contratado por la municipalidad de Las Guaitecas sólo por media jornada. Obviamente, ello torna prácticamente imposible garantizar que la fiscalización para la pesca, y también para los proyectos de pesca de investigación, se realice en buena forma. Del mismo modo, los pescadores insisten en que igualmente se estarían vulnerando otros acuerdos adoptados con el señor Ministro del Interior .
Por ello, solicito que se envíen oficios, en mi nombre, a los señores Ministro del Interior y Subsecretario de Pesca y a la señora Intendenta de la Región de Aisén , con el objeto de que se respeten e incluyan todos los aspectos acordados.
Señor Presidente , no he podido percibir, ni en la presentación del señor Ministro de Hacienda ni en las distintas partidas que se consideran para el Presupuesto del año 2002 la subvención para el manejo apropiado del bosque nativo. Insistentemente, se nos ha señalado que en este año se habría llegado a acuerdo para activar el proyecto que se encuentra en tramitación desde hace nueve años en el Congreso. Tenemos antecedentes muy claros -y también los posee la autoridad- en cuanto a que, con alta rentabilidad social y económica, esto permitirá activar 131 mil nuevos empleos, y generará, además, una valoración del bosque nativo que, sin esta ley, está siendo muy mal manejado y utilizado para otros fines que impiden que en el futuro se mantenga en buenas condiciones.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura , con el objeto de que se considere una partida extraordinaria en materia de bosque nativo, que específicamente pueda consignarse en algún grado más relevante para la Región de Aisén, como plan piloto, teniendo en cuenta que es la zona con más bosque nativo en Chile y, también, donde se han desarrollado buenos proyectos demostrativos por la CONAF, el Instituto Forestal, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro y el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GTZ).
Señor Presidente , cedemos el tiempo que resta a nuestro Comité al Senador señor Lavandero.
Al Comité Renovación Nacional e Independiente le quedan 3 minutos. A este tiempo debe agregarse el perteneciente al Comité Institucionales 1. De modo que Su Señoría puede intervenir por 18 minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.
Señor Presidente , año tras año se observa cómo el precio del cobre va cayendo en los mercados internacionales hasta llegar a poco más de 62 centavos de dólar la libra de cobre y se sabe que este componente es un elemento principal para estimar los ingresos en nuestro presupuesto nacional, que se distribuye entre los planes de construcción de vivienda, de salud, de pavimentos participativos, de electrificación rural y también por cierto en educación.
Parte importante de los problemas de las regiones más pobres, como La Araucanía, se ha resuelto siempre con los excedentes que el Fisco recibe del cobre. De manera que, cuando baja el precio del metal rojo, uno sabe que los problemas de los más pobres entran en serias postergaciones debido a los necesarios recortes presupuestarios. Y, por cierto, se comienzan a buscar explicaciones. Entonces, se culpa a las especulaciones extranjeras o a la crisis asiática o a los atentados terroristas, aunque estos últimos no coincidan con el momento en que comenzó a bajar el precio del cobre en los mercados internacionales.
Lo único que uno no se imagina es que ello ocurra desde Chile y por la intervención de chilenos que, a veces, actúan como representantes del Estado, y otras, y al mismo tiempo, como asesores y representantes de empresas extranjeras en esos mismos organismos gubernamentales para obtenerles ventajas sustanciales en contra de lo que le conviene al país y de los intereses de nuestros compatriotas.
Por estas razones, quiero leer algunos párrafos de actas de dos organismos de Gobierno donde, desgraciadamente, con plena evidencia, se ratifica lo que he estado señalando, incluso en la sesión anterior del Senado.Y allí los señores Senadores y los chilenos podrán comprender por qué la principal riqueza de nuestro país ha sido atacada desde dentro, particularmente por altos funcionarios nuestros, quienes han tomado decisiones confundiendo los intereses propios con la defensa de un bien público.
Por el hecho de que Chile exporta el 50 por ciento del cobre que se comercia en el mundo, las actuaciones de estos funcionarios han constituido un factor importante en la baja del precio, el cual al día de hoy es poco más de 62 centavos de dólar la libra.
Quiero citar un informe de COCHILCO, de fecha 1º de julio de 1991 y luego otro referido a la sesión Nº 322 del Comité de Inversiones Extranjeras, que corrobora el acuerdo adoptado en el primero.
El texto señala: "Con fecha 1º de julio de 1991 el Sr. Ministro de Minería sometió a consideración de la Comisión Chilena del Cobre un proyecto de recomendación para el Comité de Inversiones Extranjeras con el objeto de que en el futuro no se autoricen inversiones de capital para empresas mineras que se limiten a explotar y exportar cobre en calidad de concentrados. Expresaba la recomendación del Sr. Ministro de Minería que las razones de esta propuesta eran, por un lado, el contenido de los contratos de venta de concentrados celebrados por Minera Escondida Limitada, su inconveniencia desde el punto de vista del interés nacional y el impacto negativo de los mismos sobre el mercado internacional y, por el otro, la decisión del Ministerio de Minería de promover una nueva fundición y refinería a través de ENAMI que sea capaz de tratar en el país el exceso de concentrados que se viene produciendo y aumentar el valor agregado de las respectivas exportaciones.".
"En sesión del H. Consejo celebrada el 6 de agosto de 1991, el Consejero, Sr. Patrick Cussen Mackenna , hizo presente que la recomendación planteada por el Sr. Ministro de Minería le merecía una importante preocupación por cuanto en la actualidad existían en Chile muchos proyectos que están considerando y en el futuro pueden considerar la producción y exportación de concentrados de cobre. Ante ello, el Sr. Ministro de Minería se refirió, específicamente, al Proyecto La Candelaria, cuyos dueños consideraban presentar próximamente al Comité de Inversiones Extranjeras una solicitud de inversión extranjera por US$ 1.500 millones. Al respecto, el Sr. Ministro hizo presente la necesidad de agregar valor, dentro del país, a las exportaciones de concentrados de cobre e indicó que este tema preocupaba al propio Presidente de la República en razón de los recursos que por conceptos de divisas e impuestos se pierden al no agregar valor a estas exportaciones. Señaló, además, que los chilenos debían padecer el aumento en los cargos de tratamiento por el exceso de concentrados existentes en el mercado, todo lo cual estaría posibilitando la construcción de fundiciones fuera de Chile, de alguna manera financiadas por los propios chilenos.".
"Tomó la palabra don Guillermo Atria R. , quien comenzó por describir el operar de los japoneses con respecto a sus fundiciones, a la forma cómo han protegido el negocio y cómo en definitiva lo han hecho rentable para ellos. También dio ejemplos adicionales, en los cuales existe un subsidio a las fundiciones como es el caso de Tailandia. Hizo presente que, dado el nivel de los cargos de tratamiento, Chile financia con sus exportaciones de concentrados las nuevas fundiciones que en el futuro se construyan fuera de Chile. Por lo tanto, concluyó que es de especial interés para el país forzar las negociaciones con los inversionistas extranjeros a fin de que los nuevos inversionistas fundan en Chile y exporten cátodos de cobre. Agregó que al exportar cátodos de cobre, el productor chileno se acerca al consumidor, lo cual es altamente positivo.
"A continuación," -y esto es importante- "don Patrick Cussen M. hizo presente que asistía" -increíble- "al almuerzo en su calidad de asesor financiero del Proyecto Candelaria y no en su calidad de Consejero de la Comisión Chilena del Cobre. Indicó que el tema entrañaba un problema de imagen y que en su opinión el Estado no debía intervenir en la asignación de esos recursos.". "Concluyó haciendo presente que debía ser el mercado el que determinara si era bueno hacer una fundición en Chile o no, pero que en ningún caso debía forzarse al inversionista a llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza.".
Señor Presidente, destaco estos hechos graves, porque demuestran lo que hemos venido diciendo: hay funcionarios con dos sombreros. Con el de asesor y defensor de los intereses de las multinacionales, acuden a los organismos de los cuales son consejeros a favor del Estado, pero no a defender los intereses estatales, sino los de empresas extranjeras.
De la simple lectura efectuada, el Senado puede apreciar la gravedad de la situación, la cual ha terminado por afectar a nuestro país en su principal riqueza, que es el cobre.
Hago notar que hoy, diez años después de tales acuerdos, que evitaron que los importantes concentrados de esas empresas tuvieran que ser refinados en Chile, uno de esos mismos organismos ha señalado que, en la década pasada, por no refinar nuestro cobre en Chile, hemos perdido más de 3 mil millones de dólares y, en el próximo decenio, perderemos otros 9 mil millones de dólares. Una persona ajena a quienes me asesoran, el Intendente de la Segunda Región señor Alfonso Dulanto , ha afirmado en un documento público y en un seminario sobre refinación de cobre, que el país pierde 1.500 millones de dólares al año y cerca de 20 mil empleos, directos e indirectos, por no refinar nuestro cobre en Chile.
A lo anterior podemos agregar que, de 47 empresas mineras, 44 declaran pérdidas no en forma casual, sino de manera permanente; algunas durante 23 años seguidos y las más nuevas durante 15, a fin de no pagar impuestos en Chile.
Por otra parte, está absolutamente claro que nuestro país, por explotar un recurso no renovable como el cobre, es el único país de importancia que no paga una patente minera a la producción de dicho mineral.
Para completar este catastrófico cuadro de nuestra principal riqueza, con la sobreproducción mundial de cobre, desde Chile, hemos destruido, además, los ingresos de CODELCO, que constituyen recursos muy importantes de nuestro presupuesto.
Todas las razones expuestas y los documentos leídos ameritan una explicación de parte de COCHILCO y el Comité de Inversiones Extranjeras. Por lo tanto, solicito, señor Presidente , que estas opiniones, por su gravedad, sean trasmitidas al Presidente del Banco Central , quien estuvo presente en el acuerdo ya referido, y citaré sus palabras en mi intervención en el Senado.
A este respecto, daré lectura a ese documento del Comité de Inversiones Extranjeras en su sesión N° 322, donde se refleja el resultado final de la inversión de la minera La Candelaria, que se aceptó en la misma forma deplorable como se hizo con la minera La Escondida.
Dice: "El señor Ministro de Minería " -insistiendo en la recomendación que había manifestado ante COCHILCO- "manifestó conocer este proyecto desde sus inicios y haber tenido varias conversaciones con los inversionistas, sus representantes y asesores, a los cuales les hizo saber el interés del Gobierno en el proyecto, como también que se llegue a una exportación con mayor valor agregado, sin que a su vez ello signifique una indicación de cómo deben actuar. Señaló que no se ha condicionado esta aprobación a la asociación de la inversionista en una fundición, pero sí se les ha hecho ver que el interés del Gobierno es que se exporte más cátodo y menos concentrado de cobre.".
Finalmente, en esa sesión habló el señor Presidente del Instituto Emisor e hizo ver que él "había motivado una discusión en el Banco Central sobre el costo de adoptar medidas administrativas que son peligrosas.". Agregó que "la participación del Estado en el financiamiento es complicada porque compromete recursos del Estado.". Y sugirió "conversar con los inversionistas, obtener más antecedentes y ojalá una propuesta más razonable dada la situación en que ellos han puesto al Comité.".
Concluye el documento del comité que, "Atendido lo avanzado de la hora, se sugirió aceptar lo propuesto por el señor Presidente del Banco Central".
Vale decir, señor Presidente , "después de la muerte, la última paletada". Las palabras del Ministro , quien llevó la opinión del Presidente de la Repùblica a un comité de funcionarios públicos, no sirvieron absolutamente para nada.
Ahí quedó ese proyecto sobre La Candelaria, igual como el relativo a La Escondida, todo lo cual se traduce en que el sector privado extranjero hoy sólo produce concentrados y termina por abultar con sobreproducción los concentrados chilenos. Esto prácticamente no sólo hace declinar muy gravemente aquella submateria prima cuando se negocia para su refinamiento en el extranjero, sino que dificulta fiscalizar el concentrado de cobre y otros metales preciosos, como oro, plata, vanadio, etcétera.
Por lo anterior, solicito que estas palabras sean transmitidas mediante oficio al señor Presidente del Banco Central , como también a los señores Ministros de Economía , Minería y Energía, y de Hacienda, y por cierto al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO . Ello, con el objeto de que, dada la gravedad de los documentos que he leído, respondan acerca de cómo es posible que funcionarios pertenecientes a entidades de Gobierno, que ejercen un cargo estatal y cuya labor es fiscalizar a las empresas multinacionales, acudan a representarlas con cargos remunerados por esas empresas y traten de convencer, y lo logren, al resto de los consejeros de los organismos estatales de que las peticiones de las empresas multinacionales extranjeras son favorables para los inversionistas y que no perjudican a Chile. Esto, en contra de lo expresado en su oportunidad por el propio Presidente de la República , a través del Ministro de Minería de la época.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , han pasado algunas semanas desde que se desató la polémica debido a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la empresa Aero Continente por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Sin embargo, estimo conveniente hacer algunas consideraciones sobre dicho caso, teniendo en cuenta la importancia y peligrosidad del narcotráfico para nuestra sociedad.
En la sociedad globalizada, el crimen organizado asume diversas formas -el terrorismo (como lo hemos visto en estos días), el tráfico de drogas y de armas, las asociaciones mafiosas, entre otras-, siendo un imperativo para la comunidad internacional y los diversos Estados adoptar las medidas necesarias para combatirlo.
En ese sentido, el caso de Aero Continente me parece sugestivo, porque revela algunas debilidades serias de nuestra sociedad para hacer frente a este tipo de organizaciones delictivas.
No centraré mis reflexiones en el desarrollo del proceso judicial, en las diversas resoluciones dictadas, ni en el razonamiento jurídico que haya servido de fundamento. Me interesa más la forma en que la sociedad ha reaccionado frente a la querella por lavado de dinero, el tipo de información entregada y la orientación final que, a mi juicio, pudiera tener la gente al respecto.
El narcotráfico, a diferencia de la acción terrorista, no es llamativo; es por definición clandestino y sigiloso en sus métodos. Pero sus consecuencias son tanto o más perniciosas que las de aquélla, pues va carcomiendo las bases de la convivencia social.
Mientras el terrorismo encuentra en sus reducidos pero activos miembros la forma más eficaz y segura de lograr sus fines, el narcotráfico requiere construir redes cada vez más extensas para alcanzarlos: redes de personas que participan en el delito y redes de apoyo.
Para ello, se corrompen las instituciones, se consiguen apoyos de todo orden y se montan enormes aparatos de protección, procurando quienes lo practican ganar incluso la simpatía de la comunidad a través de obras de beneficencia pública o mediante la alteración de los hechos, para transformarse de victimarios en víctimas.
La ley Nº 19.366 facultó al Consejo de Defensa del Estado para realizar investigaciones preliminares, incluido el análisis de inteligencia financiera, a fin de reunir antecedentes sobre el lavado de dinero, delito que por su naturaleza es difícil de pesquisar. Esas diligencias pueden efectuarse dentro y fuera de Chile. En tal sentido, es bien conocida la colaboración que nuestros cuerpos policiales brindan a la Interpol. Concluida esa investigación, el mencionado Consejo -que está integrado por juristas de destacada trayectoria- decide, conforme al pronunciamiento de los dos tercios de sus miembros, si ejerce o no la acción penal.
Al pesquisar el lavado de dinero, Chile está cumpliendo con el artículo 3º de la Convención de Viena, de 1988, y con las recomendaciones de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la OEA (CICAD), del Grupo de Acción Financiera creado por el llamado "G-8" y de la misma Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Pues bien, siguiendo esas orientaciones y la normativa institucional descrita, y con los antecedentes tenidos a la vista, se interpusieron las acciones legales que significaron la suspensión judicial de las operaciones de Aero Continente en Chile y la detención temporal de sus principales ejecutivos, hoy levantada tras sendos fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, y esperamos que termine por esclarecer completamente los hechos. Sin embargo, la manera en que la sociedad ha reaccionado ante él revela su falta de preparación para enfrentar sucesos de esta envergadura.
En primer lugar, llama la atención cómo, a poco andar, situaciones ajenas a la investigación misma transforman, con mucha facilidad, al acusado en víctima.
La experiencia indica que habitualmente el lavado de dinero se traduce en la creación de empresas de diversa índole y que, por tanto, son inevitables las consecuencias sociales de las investigaciones en materia de empleo o de alteraciones en las distintas actividades económicas, que muchas veces son masivas y deben ser atendidas eficientemente.
Sin embargo, esas consecuencias no deberían impedir ni dificultar el accionar de la justicia, si se considera que las poderosas organizaciones involucradas en este tipo de delitos son extremadamente hábiles para aprovechar tales circunstancias.
En este caso particular, se advierten curiosas contradicciones, destinadas a producir efectos concretos en la opinión pública. En efecto, de acuerdo a las facultades que entrega la ley, el juez decretó la intervención de la empresa, prohibiendo sus vuelos e incautando las aeronaves.
Lo anterior permitía cumplir un doble objetivo. Por una parte, atender el imperativo del texto legal en orden a impedir la continuidad del presunto hecho ilícito que se investiga y de incautar los instrumentos que sirvieron para la comisión del mismo, y por otra, facilitar, a través del nombramiento de un administrador, el conocimiento de la real situación financiera de la empresa.
Ello fue duramente criticado por los voceros de Aero Continente, quienes señalaron la inconveniencia de la medida, manifestando que se perseguía el término de su giro. Sin embargo, esto nunca estuvo entre los objetivos de las medidas cautelares impuestas por el juez, y siempre se pensó que, cumplidos los propósitos reseñados, se dispondría el reinicio de las operaciones.
Por el contrario, resulta curioso que las acciones destinadas a dificultar los vuelos provinieran precisamente, en forma directa o indirecta, de los titulares de Aero Continente. En efecto, pudiendo haberse reanudado temporalmente los vuelos para sortear la situación de los frustrados pasajeros, eso no fue posible debido a que la propia empresa suspendió el pago de los seguros, sin los cuales la Dirección General de Aeronáutica Civil no permite que ellos se realicen.
Más aún, sin considerar lo anterior, la falta de abastecimiento de insumos básicos, como el combustible, es una realidad, debido al retraso en el pago a los proveedores, lo cual habría hecho muy difícil la reanudación de los vuelos.
En este sentido cabe señalar, además, que la situación financiera de la empresa dificultaba cualquier otra alternativa (como el pago directo de las pólizas o la compra de boletos en otras aerolíneas) para los pasajeros afectados, puesto que los compromisos pendientes, a corto plazo, excedían en más de seis veces los activos líquidos de la misma, lo que configuraba una situación técnica de quiebra, muy diversa de la declarada por sus personeros a los órganos fiscalizadores. Y en estos días hemos visto precisamente que Aero Continente se encuentra en mora en el pago de remuneraciones de sus propios trabajadores.
Pues bien -retomando el análisis-, a las fértiles condiciones para que la opinión pública acogiera determinados argumentos de la empresa, distintos de la realidad de los hechos y de su situación financiera, se une cierta animadversión, por parte de algunos sectores, a la acción del Consejo de Defensa del Estado, órgano estatal de gran prestigio encargado de llevar adelante la persecución de estos delitos mientras no entre en vigor en plenitud la reforma procesal penal, todo lo cual sólo puede beneficiar al narcotráfico.
Hay algunos sectores que parecen regocijarse por cualquier traspié que sufra ese organismo público ante los estrados judiciales, sin considerar la idoneidad jurídica de los consejeros de él, ni medir las consecuencias de sus críticas.
En este caso, luego de la liberación de los ejecutivos inculpados, muchas personas, sin antecedentes, culparon al Consejo de Defensa del Estado de haberse apresurado; de actuar irresponsablemente, movido por la espectacularidad, sin contar con pruebas suficientes. No repararon -o no quisieron hacerlo- en que sólo se trató de una diligencia y en que el proceso judicial todavía está en marcha. Aquellos que tan ligeramente emiten esas opiniones desconocen, además, el contenido del sumario.
En nuestra legislación, el delito de lavado de dinero es de difícil prueba. Más aún si nos atenemos a la jurisprudencia o interpretación que los tribunales han hecho de la norma, la cual muchas veces no es la más adecuada, sobre todo considerando que por lo general se trata de delincuentes profesionales, dotados de abundantes medios económicos y gran capacidad de acción. Fácil es prever que en esta clase de ilícitos difícilmente se hallarán pruebas tan evidentes como para no ser susceptibles de discusión alguna en los tribunales.
En estos delitos, la constatación de los hechos surge de sutiles nexos, de acciones irregulares, de maniobras sospechosas y de vínculos indiciarios, que en el caso particular en comento parecieran existir. Ellos, si bien no constituyen pruebas cabales, a lo menos son presupuestos plausibles que respaldan el accionar del Consejo.
Sería lamentable que el Consejo de Defensa del Estado asumiera cabalmente la interpretación que unos tribunales han dado hasta ahora de la tipificación del delito y se abstuviera de iniciar cualquier acción por no contar con "las pruebas absolutamente irrefutables". Porque, entonces, sería la sociedad chilena la que se vería perjudicada.
En efecto, resulta extraño el vínculo de la empresa Aero Continente con Fernando Zevallos , quien en Perú enfrenta tres causas por el mismo motivo, dos de ellas prácticamente falladas según la legislación peruana. Sólo resta que él se presente para realizar el juicio abreviado y llevar adelante la condena. Dichos procesos se encuentran suspendidos por su falta de comparecencia. Poco se dijo al respecto en la prensa chilena. Poco se informó a la opinión pública nacional sobre este hecho irrefutable.
No se trata necesariamente de la utilización directa del dinero de operaciones de tráfico de drogas efectuadas en Perú en la implementación de la empresa Aero Continente en Chile, sino, como lo señaló el procesamiento, de los extraños hechos que motivan la salida de Zevallos del país nortino, de las imputaciones que se le hacen y de la rápida transferencia de sus operaciones comerciales al extranjero una vez iniciado el proceso penal contra la banda llamada "los norteños", cuyo nexo con Zevallos se probaría en los aportes de dinero para la formación de Aero Continente. A estos últimos se refiere el informe elaborado por la Comisión Waisman, constituida en Perú bajo el Gobierno del Presidente Paniagua para investigar los ilícitos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori .
La misma Comisión Waisman estableció los vínculos de Zevallos con el ya bien conocido, o, mejor dicho, mal conocido señor Montesinos .
Existen, por tanto, innumerables antecedentes que fundan seriamente las sospechas de que Fernando Zevallos dirige una organización delictiva destinada al lavado de dinero, mediante la organización de la empresa Aero Continente en Perú y posteriormente en Chile.
Tal vinculación se manifiesta en las remesas de dinero, aportadas por familiares o sociedades ligadas a Zevallos, destinadas a financiar las pérdidas de Aero Continente provocadas por su continuo funcionamiento por bajo los costos operacionales. Es interesante considerar que Aero Continente obtuvo el 13 por ciento del mercado aéreo con métodos de dumping, es decir, mediante el cobro de tarifas rebajadas. Así hizo salir del mercado a la empresa Avant. Sin embargo, con eso provocó también que la Fiscalía Nacional Económica iniciara una investigación de tales prácticas de cobro de tarifas tan bajas.
Entonces, curiosamente, Aero Continente inició una campaña de desprestigio del Fiscal Nacional Económico. En algunos documentos se habla claramente de la necesidad de que dicho funcionario abandone la Fiscalía. Desgraciadamente -supongo que por otros motivos- así sucede: el Fiscal Nacional Económico, que realizaba esas investigaciones, al final abandonó su cargo.
Más aún, resulta evidente el interés por asentar la empresa en Chile, aun con perjuicios económicos, como un medio necesario para posibilitar la obtención de las rutas a fin de extender sus operaciones a los Estados Unidos, lo que a una empresa peruana le resultaría más difícil.
El presunto accionar de Zevallos tras la chapa de " Hernán González " -con la cual dirigía las operaciones desde Miami - es en sí anómalo, lo mismo que el hecho de no acreditar las fuentes de financiamiento que permitieron la creación de Aero Continente.
Pregunto, ¿qué empresario utiliza un seudónimo, una chapa (como se dice vulgarmente) para dirigir sus empresas?
La propia estructura de Aero Continente es extraña. Se ha acreditado que en Perú cuenta con un significativo departamento de análisis, que clasifica y compra información sobre materias muy distintas al mercado aéreo.
Del mismo modo, la existencia de aparatos comunicacionales de importancia, tanto en Chile como en Perú, es inusual. En Perú se buscó, por ejemplo, neutralizar al ex congresista Jorge Polack , quien denunció a la citada empresa y para lo cual se llegó a crear un medio de comunicación destinado a desprestigiarlo. En nuestro país también se han realizado actividades en este sentido, para granjearse favores de personas en la vida pública.
En cierto documento uno de los directivos de Aero Continente señala, concretamente, que había días en que ellos se juntaban con cuatro parlamentarios. Agrega que ya se constituían políticamente, porque al juntarse con la Derecha tenían que alabar al "caballero"; y al hacerlo con la Izquierda debían alabar al "compañero". Y concluye diciendo que un día se van a equivocar y les van a sacar la... (puntos suspensivos).
O sea, Aero Continente realizó actividades con parlamentarios de uno y otro sector, a fin de obtener protección y ampararse de la aplicación rigurosa de la ley.
Llaman la atención, también, otras incursiones de la empresa en que busca financiar campañas de posibles candidatos al Parlamento, entre ellas, la de determinada persona -que después no se presentó- que iba a postular por la provincia de Copiapó. Al respecto, expresan que ese candidato les sería muy conveniente porque de resultar electo tendrían un Diputado incondicional a favor de su empresa, amén de la enorme cantidad de amigos con los que él ya contaría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
Señor Presidente , a mi juicio, cosas de esta naturaleza, en que hay una empresa que, obviamente, busca eludir el cumplimiento de la ley; que trata de remover a funcionarios público; que se reúne con parlamentarios de uno y otro sector para obtener favores, buscando financiar sus campañas, y que está acusada de narcotráfico, es algo muy grave. Ello, porque no se trata de un financiamiento normal que una empresa pueda aportar a determinado candidato, sino obtener de él si es elegido que sea incondicional de una empresa acusada de narcotráfico.
Por eso, en mi opinión, estas cosas deben decirse. Desgraciadamente, la sociedad chilena no reaccionó con fuerza ante ello. No he visto que la prensa publique artículos sesudos, para denunciar estas actividades. A veces me pregunto si esto que hacían con algunos candidatos a parlamentarios no se habrá practicado también con la prensa. Porque así empezó el narcotráfico en Colombia, cuando la gente miraba para el techo, y poco a poco estas redes se fueron infiltrando en la sociedad.
Señor Presidente , el país requiere combatir el narcotráfico de un modo enérgico. Así lo reclama la ciudadanía, particularmente ante delitos de la magnitud del que estamos hablando. Si es necesario para ello podría mejorarse la ley, de modo de facilitar la investigación, prueba y sanción de los ilícitos. Ya se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley de Drogas. Pero, por sobre todo, debe acrecentarse la conciencia cívica en torno de los medios que utiliza el crimen organizado, y de los nocivos efectos del narcotráfico en nuestra sociedad.
No queremos un país donde el narcotráfico penetre en la vida pública, en la política, en el Parlamento o en el Gobierno; menos en la magistratura o en la policía. No se puede confundir a la opinión pública alterando la ponderación de los hechos; centrando toda la polémica y el debate en hechos menores, propios de nuestro quehacer interno y de la coyuntura; debilitando y desprestigiando la acción de los órganos públicos, sin advertir la amenaza verdadera, que es la del narcotráfico.
Pueda ser que los reprobables actos de terrorismo perpetrados en Estados Unidos y que han conmovido al mundo, contribuyan a cambiar los hábitos nacionales y volvamos a enfrentar en forma seria y responsable el crimen organizado en todas sus formas, y en este caso muy especial del narcotráfico; que la justicia chilena pueda actuar libremente, con plena autonomía; que, sobre todo, se informe con objetividad a la opinión pública de lo que ocurre para que cada cual pondere la información y se forme un juicio, y que las empresas que actúan en la vida económica lo hagan conforme a un código de ética que garantice el bien común.
En el turno del Comité Institucional 2, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación acerca del funcionamiento de los programas habitacionales a cargo del Gobierno.
Hemos realizado un gran esfuerzo en estos años por un muy ambicioso programa de construcción de viviendas. Creo que en los años de Gobiernos de la Concertación nunca se había construido tanto en Chile. Una parte fundamental de esa actividad corresponde a viviendas subsidiadas, es decir para sectores pobres y medios del país. Sin perjuicio de que nuestras metas cuantitativas sean muy satisfactorias, nos encontramos con demasiada frecuencia con que la calidad de la vivienda que se entrega, sobre todo en los sectores subsidiados y populares, deja mucho que desear.
Opino que en el tiempo que viene la meta de asegurar la calidad y el cumplimiento de los compromisos con pobladores que hacen esfuerzos importantes para obtener los subsidios a través de la organización y del ahorro previo, debe constituir preocupación fundamental de las políticas públicas en este campo.
Haré mención de un hecho muy puntual, pero que en mi opinión tiene importancia en la medida en que ejemplifica el tipo de asuntos que tenemos que corregir. Hay una modalidad de obtención de vivienda popular consistente en que, cuando se constituyen grupos habitacionales, éstos reciben individualmente el subsidio, y después contratan con empresas del ramo la construcción de las viviendas y, a veces, la urbanización o los trabajos anexos del programa.
La experiencia demuestra que se producen allí, muchas veces, asimetrías muy fuertes entre las dos partes involucradas en el contrato. De un lado, están los dirigentes poblacionales, que son muy buenos como tales y que se esfuerzan mucho para reunir los grupos, alcanzar el ahorro previo y consolidar la organización. Pero en el momento de tratar con empresas constructoras -a menudo no muy consolidadas en el mercado- frecuentemente ellas no cumplen los términos del contrato, quedan obras paralizadas, etcétera.
Como una forma de paliar esta asimetría en la relación, el Ministerio de la Vivienda, con razón, ha establecido una modalidad de empresas consultoras que realizan asesoría técnica. Se trata de organizaciones que, según entiendo, son contratadas por los servicios de la Vivienda para las organizaciones de pobladores.
Personalmente he recibido muchas quejas sobre algunas de estas empresas en cuanto al cumplimiento de sus contratos en la Región del Maule, particularmente de la empresa Planing Sociedad Anónima. Comités de distinto tipo (el último del que recibí una extensa documentación es uno de la Villa Futuro, de Lontué), reclaman tanto del incumplimiento de la empresa contratista como del incumplimiento de la atención que prestan las consultoras en general y la denominada Planing en particular.
Opino que en estas materias debemos ser muy estrictos en la exigencia del cumplimiento de los contratos, tanto de empresas del Estado, cuanto de las que éste contrata para asesorar a los comités de vivienda. Tengo la impresión de que éste es un problema que tiene que ver con el buen uso de recursos públicos, pero, además, con el respeto esencial para con la gente modesta de nuestro país.
Realmente, causa indignación cuando, después de un año, uno visita viviendas básicas que fueron inauguradas con gran alegría por las respectivas familias y encuentra fallas de construcción que en verdad son inconcebibles desde el punto de vista de los contratos.
No sé cuál es la magnitud de este fenómeno, pero mi impresión es que un porcentaje no despreciable de las viviendas que se entregan no cumplen con las condiciones mínimas establecidas en los contratos respectivos. Creo que a esto hay que ponerle atajo y remedio al más breve plazo.
Sobre esta situación particular que afecta a la empresa mencionada y a los comités de la Región del Maule, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que informe qué ha hecho la autoridad regional de Vivienda con relación a las numerosas denuncias de los pobladores sobre estos incumplimientos.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.
--Se levantó a las 18:23.
La práctica constitucional nos enseña que el reconocimiento de la nacionalidad por gracia es un honor destinado a homenajear a mujeres y hombres nacidos en otros confines, que han entregado a nuestro país sus mejores capacidades, contribuyendo al progreso de las comunidades donde se han asentado.
Estos extranjeros de excepción, las más de las veces radicados en lugares alejados y desprovistos de las ventajas y seguridades de los centros urbanos, además de sus aptitudes personales en las que se revela su iniciativa y espíritu emprendedor, generan testimonios de abnegación y afecto por nuestra gente y nuestras tradiciones.
En este selecto grupo de mujeres y hombres destaco al Padre Bruno Predonzani Pitacco, religioso de la Orden Siervos de María, nacido en Pirano, en el año 1929, en el seno de una acomodada familia italiana, que a los 26 años de edad abandonó su país para radicarse en Aysén, en julio de 1955.
Estas tierras agrestes, que sólo prodigan la impresionante belleza de sus paisajes, son el hábitat de chilenos resueltos, que enfrentan los rigores del clima y los desafíos de la naturaleza haciendo patria, fueron el lugar elegido por el Padre Predonzani para ejercer su ministerio con sacrificio, anteponiendo a sus aspiraciones intelectuales su espíritu de solidaridad y colaboración con los habitantes de esta alejada Región. Fruto de su entusiasmo contagioso son su impronta en la enseñanza, en obras de agua potable en Villa Ortega, la electrificación de Río Claro, o el Centro Abierto “La Paz” que alberga ancianos enfermos.
Los ayseninos conocen la pasión del Padre Bruno por Chile; saben de su renuncia a volver a la tierra que lo vio nacer, aun para asistir a sus padres y hermanos en los últimos momentos de su vida; están conscientes de su aquerenciamiento por el terruño sureño como si fuera uno de ellos; y son testigos, en fin, de su expresada y palmaria intención de que sus restos mortales descansen en nuestra Región.
Las excepcionales condiciones personales de este religioso, y una vida dedicada al servicio de sus hermanos de Aysén, ameritan el alto honor que propongo se le confiera.
Someto al Congreso Nacional el siguiente
“Artículo único.— Concédese por gracia la nacionalidad chilena al religioso de origen italiano Bruno Predonzani Pitacco”.
(Fdo.): Adolfo Zaldívar Larraín, Senador.