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Timestamp: 2017-09-22 11:28:57
Document Index: 143993100

Matched Legal Cases: ['artículo 382', 'artículo 385', 'artículo 385', 'artículo 379', 'artículo 383', 'in dubio', 'artículo 379']

Publicaciones sobre Abogados - Delitos contra la seguridad vial
Desarrollo de un proceso en el que se le imputaban a un chico joven dos delitos (contra la seguridad vial y lesiones imprudentes), todo ello como consecuencia de haber volcado el vehículo que él conducía y en el que también viajaba un amigo suyo.
Efectivamente, los dos adolescentes viajaban, durante la madrugada del 21 de junio de 2009, en el vehículo perteneciente al padre del conductor. Cuando se hallaban a unos escasos cientos de metros de sus respectivas viviendas el conductor perdió el control del vehículo, que acabó en un prado cercano después de dar varias vueltas de campana.
El acusado pudo salir del coche, en el que quedó atrapado su amigo, y se dirigió directamente a su casa. Su padre se encargó de avisar a los padres del amigo, que seguía en el interior del coche. El conductor y su padre se dirigieron al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Su amigo sufrió graves lesiones como consecuencia del accidente, requiriendo tres intervenciones quirúrgicas y padeciendo diversas secuelas permanentes.
Los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villalba por los agentes de la Guardia Civil que habían investigado el suceso. Concluso el sumario, los autos se elevaron al Juzgado de lo Penal nº 1 de Lugo, encargado del enjuiciamiento.
La sentencia se dictó el 23 de enero del año 2014, fallando en contra del acusado, que fue castigado, como autor de un delito de lesiones imprudentes y de otro contra la seguridad vial (por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol), a las penas de 3 meses de prisión y de 2 años y 6 meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (se aplicó la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas). Por el contrario, se le absolvió del delito tipificado en el artículo 382 del Código Penal: negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.
No contento con la resolución del Juzgado de instancia, el acusado recurrió la sentencia frente a la Audiencia Provincial de Lugo. El conocimiento del recurso correspondió a su Sección 2ª, integrada por los Ilustres Magistrados Dña. María Luisa Sandar Picado, D. Edgar Amando Fernández Cloos y Dña. María Purificación Prieto Picos.
El recurso se resolvió el 5 de junio de 2014 en sentido positivo para el recurrente. A pesar de que el padre del menor afirmó ante la Guardia Civil que era él el que conducía, en un intento de exculpar a su hijo, las pruebas demostraron que no era así. Sin embargo, los Magistrados apreciaron cierta animadversión de los Guardias Civiles hacia el acusado. Además, el médico que le atendió en el hospital no detectó que el joven se encontrara bajo el influjo del alcohol. En caso contrario, afirmó, le habría extraído sangre.
Dichas circunstancias, unida al testimonio del amigo del acusado, que dijo que no apreció nada raro en éste ni que estuviera bebido, llevaron a la Audiencia a revocar la sentencia recurrida y a absolver al chico, ya que no había ninguna prueba en la que basarse para considerar que el conductor conducía de forma agresiva o irresponsable.
Recurso de apelación interpuesto por un condenado por un delito contra la seguridad vial, que le habían imputado al volcar dos contenedores de basura en la carretera.
Dentro de la regulación que el Código Penal realiza de los delitos contra la seguridad vial (artículos 379 y siguientes), el artículo 385 tipifica la conducta del que genere un grave riesgo para la circulación, ya sea colocando obstáculos en la calzada o dañando las señales de circulación, o bien no procediendo a restablecer la seguridad de la vía cuando ello sea posible.
En el artículo mencionado se basó la imputación del acusado, un hombre que había procedido a volcar unos contenedores de basura en la vía pública. Los hechos fueron enjuiciados por el titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Gerona, que consideró al acusado responsable de dicho delito y le impuso la pena de 5 meses de prisión.
Se trataba de una pena más baja por la concurrencia de dos circunstancias atenuantes (aquellas que, por sus características, permiten al juzgador rebajar la pena): dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento y la analógica de alcoholemia (se consideró que, en el caso concreto, el sujeto no era del todo responsable de sus actos).
Frente a dicha sentencia, dictada el 22 de octubre de 2013, el condenado, a través de su Procuradora, la Sra. Dora Riera, recurrió en apelación ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Gerona. Los Magistrados de la misma, Dña. Fátima Ramírez Souto, Dña. Sonia Losada Jaén y D. Ildefonso Carol Grau, llevaron a cabo un interesante análisis de las circunstancias que deben concurrir para poder sancionar por un delito contra la seguridad vial por colocar obstáculos en la vía.
Además del hecho objetivo de obstaculizar la circulación automovilística, la conducta del acusado debe generar un riesgo para los ocupantes de los vehículos que transiten por el lugar donde se encuentren los obstáculos. En el supuesto que era objeto del recurso no se había podido demostrar que los contenedores hubieran puesto en peligro la integridad de ninguna persona, y ello a pesar de que agentes de la Policía afirmaron que un vehículo tuvo que frenar y cambiar de carril para no colisionar con uno de los contenedores.
Los Magistrados de la Audiencia decidieron, por lo tanto, que la resolución del Juez de instancia no se ajustaba al espíritu del artículo 385 del Código Penal, de modo que optaron por revocar su sentencia, absolviendo al acusado. El 6 de marzo de 2015 resolvieron el recurso y confirmaron la firmeza de su fallo.
La Audiencia Provincial revoca una sentencia condenatoria al considerar que la identificación ocular de los agentes de la Guardia Civil se había hecho sin respetar los requisitos legalmente establecidos.
Dos agentes de la Guardia Civil, que habían establecido un control rutinario, tuvieron que apartarse de la trayectoria que seguía un vehículo para que éste no les atropellase. Tomaron nota de la matrícula y pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fraga. Allí se dio a los agentes de la Policía Judicial orden de detener al propietario del vehículo, cuya identidad habían descubierto gracias a la matrícula y a la información de la Dirección General de Tráfico.
A pesar de lo que, en un primer momento, afirmaron los agentes, en el coche viajaban dos personas, el propietario y un amigo suyo. Para complicar el caso, cada uno de ellos aseguraba que era el otro el que conducía. Si bien al principio ambos fueron coimputados, un Juzgado de lo Penal de Huesca sólo condenó al titular del vehículo.
Éste fue condenado, el 9 de febrero de 2015, como autor de dos delitos: atentado contra agentes de la autoridad y conducción temeraria. Las penas no eran baladíes: 4 años y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 meses (6 euros al día) y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 6 años.
El representante procesal del condenado, el Sr. Procurador Laguarta Valero, fue el encargado de interponer el recurso de apelación en favor de su cliente. En él, el condenado suplicaba su libre absolución. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó que la condena fuese ratificada.
Los Magistrados integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huesca, D. José Tomás García Castillo, D. Gonzalo Gutiérrez Celma y D. Antonio Angós Ullate, pusieron en duda los hechos declarados probados en la sentencia apelada: los agentes se equivocaron sobre el número de pasajeros del vehículo; por otra parte, el reconocimiento del sospechoso únicamente se hizo a partir de unas fotografías, sin una identificación en rueda posterior que corroborase esa diligencia preprocesal de investigación (así la denominó el Tribunal).
Esas dos circunstancias fueron suficientes para que la Audiencia revocase la sentencia inicial y declarase la libre absolución del acusado. El 30 de abril de 2015 se hizo público el fallo y se notificó la firmeza de la sentencia.
Cuando no existan pruebas absolutamente irrefutables acerca de la culpabilidad del acusado, éste deberá ser absuelto del delito que se le impute. Así lo consideró la Audiencia Nacional respecto a un militar que había sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.
El Jugado de lo Penal nº 10 de Madrid condenó a un militar por conducir bebido y haber provocado un accidente. Le impuso las penas de multa (4 meses a razón de 5€ diarios) y de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 7 meses. Tendría, además, que indemnizar a la compañía aseguradora del vehículo con 247€.
La pena no fue demasiado elevada, y a eso contribuyeron dos factores atenuantes: en primer lugar, que el acusado había procedido voluntariamente a pagar la indemnización; y, en segundo lugar, el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos (28 de noviembre de 2009) hasta que se dictó la sentencia (18 de diciembre de 2014). A esto último se lo conoce como dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.
El Juzgado de lo Penal estaba convencido de la culpabilidad del acusado, que se había personado en el lugar donde estaba el coche accidentado, al que ya había acudido la Policía, con la propietaria del mismo, que se lo había prestado unas horas antes. Los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia, que dio un resultado positivo (0´69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado).
Él afirmaba que el vehículo lo conducía otro compañero suyo (al que quería evitarle problemas profesionales, pues también era militar), que él sólo había acudido al lugar del accidente para acompañar a la dueña del coche y que se había hecho cargo de la indemnización porque se lo había prestado. Pero el Juez no se creyó esa versión de los hechos.
La Procuradora del condenado, Dña. María del Pilar Crespo Núñez, interpuso en nombre de su cliente un recurso de apelación contra la sentencia. Los autos fueron trasladados a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que en aquel momento estaba compuesta por los siguientes Magistrados: Dña. María del Rosario Esteban Meilán, Dña. Carmen Compaired Plo y D. Valentín Javier Sanz Altozano.
Éstos, si bien no tenían por qué dar crédito a las declaraciones del condenado, sí que tenían ciertas dudas acerca de lo que verdaderamente ocurrió. Eso, en el ámbito penal, es suficiente para absolver a cualquier acusado o condenado. De manera que, haciendo una interpretación favorable al reo de las pruebas expuestas en el procedimiento, revocaron la sentencia condenatoria y le absolvieron de responsabilidad, lo que le fue comunicado el día 12 de mayo del año 2015.
Recurso de apelación contra una sentencia que condenó a un hombre por, presuntamente, conducir una motocicleta en estado de ebriedad.
En la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería recayó la competencia para resolver acerca del recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la sentencia impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería, que le había considerado culpable de dos delitos contra la seguridad vial.
En primer lugar, estimaban que era responsable de haber conducido bajo los efectos del alcohol, conculcando de ese modo el artículo 379 del Código Penal. También le imputaron el delito de negarse a someterse a la prueba de alcoholemia (artículo 383 del mismo Código).
Como culpable de ambos delitos le impusieron las siguientes penas: por el primero de ellos, 7 meses de multa, a razón de 10€ diarios (un total de 2.100€) y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 3 meses; por el segundo, 6 meses de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 1 mes. Además de las costas procesales.
La Audiencia se encontraba por entonces (el recurso se resolvió el 8 de julio de 2014) integrada por tres Magistrados: Doña María Lourdes Molina Romero, en calidad de Presidenta y Ponente, Don Juan Antonio Lozano López y Don Juan José Romero Román.
Explica la Ponente que la sentencia dictada en primera instancia debía ser revocada, y decretarse la absolución. Para ello se basaba en los siguientes fundamentos:
-	En primer lugar, cuando la Policía acudió al lugar de los hechos el acusado se encontraba sentado en la acera con heridas en las piernas. La moto que supuestamente conducía se encontraba por allí, aunque los Policías no pudieron confirmar en el juicio el lugar exacto. Por lo tanto, los miembros del Tribunal no pueden estar absolutamente seguros del hecho de que el hombre condujese la motocicleta, y mucho menos de que lo hiciera bajo los efectos del alcohol. Su aturdimiento podía deberse a los golpes que había sufrido.
-	Por otra parte, respecto del delito de negarse a realizar las pruebas, no consta en el atestado policial la firma del sujeto, de modo que no se probó si había sido informado de sus derechos.
Explica la sentencia que resuelve el recurso que, en virtud del principio in dubio pro reo, cuando los Magistrados albergan dudas acerca de la culpabilidad del procesado, cualquier interpretación que realicen deberá ser favorable a sus intereses o, cuando menos, la menos gravosa de todas las posibles.
Recurso interpuesto por un conductor contra la sentencia que le condenaba por conducir bebido y causar imprudentemente la muerte de un peatón.
El 7 de mayo de 2014 el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ferrol condenó a un hombre por haber matado de forma imprudente a un peatón mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Los hechos habían tenido lugar el 10 de mayo de 2009: alrededor de las 2:45 de la madrugada el conductor circulaba por la carretera de Cerdido (una población gallega) cuando, sin poder evitarlo, atropelló a un hombre que iba andando por su mismo carril. La Guardia Civil tardó dos horas en dar con el responsable, practicándole inmediatamente la prueba de alcoholemia. Dio positivo, con una tasa de 0´53 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Las pruebas realizadas al cadáver también arrojaron una gran presencia de alcohol en su sangre.
La Magistrada-Juez de Ferrol le condenó, por un delito del artículo 379 del Código Penal (conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas) y por una falta de muerte imprudente, a las penas de 1.800€ de multa y 2 años y 7 meses de privación del permiso de conducir, que al superar la barrera de los 2 años implicaba la pérdida del permiso.
Como ni la acusación particular (la Fiscalía sí) ni la defensa estaban conformes con la sentencia, ambas interpusieron recurso de apelación ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña. Es interesante conocer la sentencia que resolvió el recurso, redactada por Doña María Lucía Lamazares López, que fue dictada el 29 de mayo de 2015.
Aunque es cierto que el conductor dio positivo por alcoholemia, no lo es menos que la prueba se le practicó 2 horas después de haber ocurrido el atropello. De modo que no podían estar seguros de que ya hubiese ingerido alcohol cuando estaba conduciendo, elemento imprescindible para castigarle por ese delito. Además, al no poder demostrar ese punto, tampoco se le podía hacer responsable de la muerte del peatón por imprudencia, pues no podía probarse que no hubiese conducido y actuado diligentemente.
A eso hay que sumarle el hecho de que el fallecido fuese con ropa oscura por una carretera sin iluminación y, lo que es más importante, con un importante estado de embriaguez. La Audiencia desestimó el recurso de la acusación particular y estimó el de la defensa, revocando la sentencia condenatoria.
19 de junio de 2015 | Comentar