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Timestamp: 2018-02-23 09:21:22
Document Index: 301452570

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 27']

Publicado en BOIC núm. 77 de 13 de Junio de 1997 y BOE núm. 154 de 28 de Junio de 1997
Vigencia desde 14 de Junio de 1997
Artículo 2 Capitalidad del archipiélago canario
Artículo 3 Sede del Presidente y del Vicepresidente
Artículo 4 Sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias
Artículo 5 Sedes de los organismos autónomos y demás entes públicos autonómicos
Artículo 6 Ubicación de otras oficinas y unidades administrativas
Disposición Adicional 1ª redactada por Ley [CANARIAS] 2/1999, 4 febrero, de medidas urgentes económicas, de orden social y relativas al personal y a la organización administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 1999 («B.O.I.C.» 8 febrero).
Véase el D [CANARIAS] 254/1997, 16 octubre, de adaptación de las sedes de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos a los criterios de la Ley 4/1997,de 6 de junio («B.O.I.C.» 14 noviembre).
El mismo artículo establece que la sede del Presidente del Gobierno alternará entre ambas capitales por períodos legislativos, con el Vicepresidente en sede distinta a la del Presidente, por lo que los equilibrios estructurales o de distribución de sedes se presentan como principio derivado del de capitalidad compartida. Sin embargo, la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no desarrolla el principio de distribución de sedes en lo que se refiere a los diferentes órganos del Gobierno y la Administración Autonómica: Consejerías, organismos autónomos y demás entes públicos. Tampoco la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, desarrolló ese principio, si bien en su artículo 27.3 dispuso que la sede de las Consejerías se determinaría según el principio de capitalidad compartida establecido en el Estatuto. De ahí que -salvo lo establecido en distintas Leyes de creación de los organismos autónomos-, no haya existido otro instrumento normativo de fijación de sedes que los Decretos aprobatorios de las relaciones de puestos de trabajo, en cuanto en ellas se ordenan las unidades administrativas que sirven al desarrollo de la función política de los órganos superiores de los departamentos, organismos y entes públicos.
Esta situación requiere una norma legal cuyo objeto sea definir los criterios de distribución territorial de las sedes de los órganos del Gobierno de Canarias y su Administración Pública. Si la capitalidad compartida es el principio estatutario, es necesario que su principio derivado -el equilibrio de la distribución de sedes- se complete con criterios que no lo reduzcan por la vía de facto a una simple declaración de intenciones. A estos efectos la presente Ley desarrolla el concepto de sede; hace efectivo el principio de equilibrio entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, derivado de la capitalidad compartida; mantiene, sin perder seguridad jurídica, la necesaria flexibilidad organizativa; establece un principio de transparencia en las actuaciones del Ejecutivo que, directa o indirectamente, puedan afectar al equilibrio, en lo que se refiere a cambios estructurales o funcionales importantes; se decanta por los principios de eficacia y economía, evitando duplicidades innecesarias, sin por ello olvidar la máxima proximidad de la Administración al ciudadano, distinguiendo, a estos efectos, entre los órganos de naturaleza propiamente política de los administrativos o auxiliares, cuya ubicación en distinta isla puede ser requisito necesario para la eficacia de la gestión.
1. En las sociedades públicas la sede será el domicilio social establecido en su escritura de constitución o en sus modificaciones realizadas por sus normas estatutarias. Aquélla se adaptará a la de la Consejería a la que se adscriban por razones materiales, salvo que el objeto social o el ámbito de actuación aconsejen otra ubicación.
2. Por Orden del Consejero competente en materia de hacienda, se harán públicos en el Boletín Oficial de Canarias los domicilios sociales de las empresas públicas de titularidad autonómica.
Véase D [CANARIAS] 183/2015, 21 julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias («B.O.I.C.» 23 julio).
Véase el D [CANARIAS] 206/2007, 13 julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías («B.O.I.C.» 14 julio).
El Gobierno de Canarias, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, adaptará la distribución de las sedes de Consejerías de los organismos autónomos y entes públicos a los principios y criterios establecidos en la misma.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias»