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Timestamp: 2017-11-21 09:55:54
Document Index: 284077949

Matched Legal Cases: ['Artículo 427', 'Artículo 428', 'Artículo 429', 'Artículo 430', 'artículo 405', 'artículo 405', 'artículo 427', 'artículo 429', 'artículo 428', 'Artículo 431', 'artículo 424', 'artículo 425', 'Artículo 432', 'Artículo 433', 'Artículo 434', 'Artículo 435', 'Artículo 436']

RECURSO DE CASACIÓN	(30)
Published in RECURSO DE CASACIÓN
Artículo 427 Procedencia.-
Artículo 428 Desestimación.-
1. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de casación cuando:
a) no se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 405 y 429;
b) se hubiere interpuesto por motivos distintos a los enumerados en el Código;
c) se refiere a resoluciones no impugnables en casación; y,
d) el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o, si invoca violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación.
2. También declarará la inadmisibilidad del recurso cuando:
a) carezca manifiestamente de fundamento;
b) se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no da argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida.
3. En estos casos la inadmisibilidad del recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos o referirse solamente a alguno de ellos.
Artículo 429 Causales.- Son causales para interponer recurso de casación:
1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.
2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.
3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.
4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.
5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.
Artículo 430 Interposición y admisión.-
1. El recurso de casación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405, debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisará el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión, y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende.
2. Interpuesto recurso de casación, la Sala Penal Superior sólo podrá declarar su inadmisibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405 o cuando se invoquen causales distintas de los enumerados en el Código.
3. Si se invoca el numeral 4) del artículo 427, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda conforme al artículo 429, el recurrente deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En este supuesto, la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, constatará la existencia de la fundamentación específica exigida en estos casos.
4. Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a todas las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y, si la causa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima, fijen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la notificación.
5. Elevado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema, se correrá traslado del recurso a las demás partes por el plazo de diez días, siempre que previamente hubieren cumplido ante la Sala Penal Superior con lo dispuesto en el numeral anterior. Si, conforme a lo dispuesto en el numeral anterior, no se señaló nuevo domicilio procesal, se tendrá al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema.
6. Acto seguido y sin trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 428 si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo. Esta resolución se expedirá dentro del plazo de veinte días. Bastan tres votos para decidir si procede conocer el fondo del asunto.
Artículo 431 Preparación y Audiencia.-
1. Concedido el recurso de casación, el expediente quedará diez días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo estiman conveniente, alegatos ampliatorios.
3. Instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado en el numeral 5) del artículo 424, luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el imputado, se le concederá la palabra en último término.
4. Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425. La sentencia se expedirá en el plazo de veinte días. El recurso de casación se resuelve con cuatro votos conformes.
Artículo 432 Competencia.-
1. El recurso atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento del proceso sólo en cuanto a las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio en cualquier estado y grado del proceso.
2. La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos.
3. Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregirlos en la sentencia casatoria.
Artículo 433 Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio.-
1. Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia o auto recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvió del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes, incluso a las no recurrentes.
2. Si opta por la anulación sin reenvío en la misma sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide la anulación con reenvió, indicará el Juez o Sala Penal Superior competente y el acto procesal que deba renovarse. El órgano jurisdiccional que reciba los autos, procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema.
3. En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o ésta se integra con otros Vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se convocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial.
4. Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral anterior.
Artículo 434 Efectos de la anulación.-
1. La anulación del auto o sentencia recurridos podrá ser total o parcial.
2. Si no han anulado todas las disposiciones de la sentencia impugnada, ésta tendrá valor de cosa juzgada en las partes que no tengan nexo esencial con la parte anulada. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la sentencia casatoria, cuando ello sea necesario, qué partes de la sentencia impugnada adquieren ejecutoria.
Artículo 435 Libertad del imputado.- Cuando por efecto de la casación del auto o sentencia recurridos deba cesar la detención del procesado, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenará directamente la libertad. De igual modo procederá, respecto de otras medidas de coerción.
Artículo 436 Improcedencia de recursos.-
1. La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria prevista en este Código.
2. Tampoco será susceptible de impugnación la sentencia que se dictare en el juicio de reenvío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será, en cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria.
TEMA PAGO DE COSTAS POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS LEGALES DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sábado, 04 Julio 2015 19:45
QUEJA N° 90-2010-LA LIBERTAD
VISTOS; El recurso de queja interpuesto por los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz, contra la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diez que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia expedida en apelación de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, que confi rmó la condena impuesta a los acusados de diez y doce años de pena privativa de libertad efectiva, respectivamente, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer
Paisig Ortiz en su recurso de queja interpuesto obrante a fojas dos, alegan que la resolución que declara inadmisible el recurso de casación vulnera el derecho a la legítima defensa y a la observancia del debido proceso; así como la garantía constitucional de la pluralidad de instancia, principios y garantías contenidas en nuestra Constitución Política del Estado; asimismo, señalan que se ha vulnerado lo prescrito en el artículo cuatrocientos cinco del Código Procesal Penal, respecto de las formalidades para interponer el recurso de casación. SEGUNDO: Respecto a la vulneración de la garantía constitucional al debido proceso, el Tribunal Constitucional señala: “Está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos (...)”. De otro lado, se dice que “el derecho a los recursos forman parte del contenido esencial del derecho a la pluralidad de instancias, no solo a título de una garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino también como un elemento necesario e impostergable del contenido del debido proceso, en la medida en que promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre del pueblo soberano, a administrar justicia”. Finalmente, respecto a la facultad de valorar si el recurso de casación tiene o no interés relevante para su procedencia, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el inciso tercero del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal: “(...) el recurrente deberá de consignar adicional y puntualmente las razones que justifi can el desarrollo de la doctrina jurisprudencial (...) la Sala Penal Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior constatará la existencia de la fundamentación exigida :en estos casos”; esto es, que el Superior puede declarar inadmisible el recurso interpuesto en caso no constara la fundamentación exigida por ley. TERCERO: Advirtiéndose de autos que la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diez, de fojas cinco, fue materia de apelación por parte de los encausados, emitiéndose la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil diez de fojas ocho, que resuelve: “Confi rmar la sentencia que condena a Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz, como autores del delito de violación sexual en su modalidad de someter a la víctima a incapacidad para resistir, en agravio de Rosmary Elizabeth Seminario Pozo y Sheyla Edith Meléndez Gómez. Confi rmaron el monto de reparación civil impugnado, y lo demás que contiene”; por lo que no se ha vulnerado la garantía constitucional de la pluralidad de instancia, toda vez que los encausados han tenido la posibilidad de recurrir a una instancia Superior, a fi n de realizar un control de la resolución emitida desfavorablemente para estos, habiéndose garantizado con ello el derecho al debido proceso; aunado a ello, la resolución emitida por la Sala Superior que declara inadmisible el recurso de casación se encuentra debidamente motivada, siendo sus argumentos válidos para su inadmisibilidad, no habiendo vulnerado el derecho a la legítima defensa ni a la observancia del debido proceso; toda vez que la alegación formulada para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial planteada por los encausados no se ajusta a lo establecido por el Código Procesal Penal, en su artículo acotado precedentemente, tanto más si lo que sé advierte de su recurso de casación es básicamente la valoración de los medios probatorios actuados durante el desarrollo del proceso ya concluido, tratando en todo momento de cuestionar pruebas que en su oportunidad y estadio debió de cuestionarse; razón por la cual la pretensión de los encausados resulta inatendible. CUARTO: Que, el artículo quinientos cuatro, apartado dos del nuevo Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito al apartado del artículo cuatrocientos noventa y siete del citado Código Procesal, y no existen motivos para su exoneración en atención a que la recurrente tuvo un comportamiento temerario, puesto que no cumplió debidamente los requisitos exigidos por las disposiciones del recurso de casación. Por estos fundamentos: I. Declararon INFUNDADO el recurso de queja Interpuesto por los encausados Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paising Ortiz contra la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diez, de fojas cuarenta y uno, que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia expedida en apelación de fecha veinticinco de junio de dos mil diez, de fojas ocho –del cuaderno formado en esta instancia– mediante la cual confi rman la condena impuesta, en el proceso penal que se les siguió por delito contra la Libertad Sexual-Violación Sexual. MANDARON se notifi que a las partes la presente Ejecutoria; II. CONDENARON al pago de las costas del recurso a los recurrentes Wilmer Moisés Machaca Villanueva y Elmer Paisig Ortiz; en consecuencia: DISPUSIERON que el Juez de la Investigación› Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo quinientos seis del Código Procesal Penal; III. ORDENARON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen. Hágase saber. Interviene el señor Juez Supremo Santa María Morillo por goce vacacional del señor Juez Supremo Neyra Flores.
TEMA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR LA CAUSAL DE MOTIVACIÓN VACÍA
CASACIÓN N° 10-2010-HUAURA
Lima, veintiséis de abril de dos mil diez
AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Prado Saldarriaga; el recurso de casación interpuesto por el TERCERO CIVIL RESPONSABLE–Empresa de Transporte Turismo Paramonga Sociedad Anónima– contra la sentencia de segunda instancia de fojas veinticuatro, del catorce de enero de dos mil diez, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento veintiséis, del diecisiete de agosto de dos mil nueve –del cuaderno correspondiente–, en el extremo que fi jó la reparación civil en quince mil nuevos soles a favor de los familiares del occiso Segundo Julio Cárdenas Pérez, y en cinco mil nuevos soles a favor del agraviado Carlos Alberto García Castillo, montos que deberán pagar el condenado Mauro Bendezú Palomino solidariamente con el recurrente, en el proceso que se siguió por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud–homicidio culposo en perjuicio de Segundo Julio Cárdenas Pérez, y lesiones culposas graves en agravio de Carlos Alberto García Castillo. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo dispuesto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que, con carácter previo, es de precisar que se ha cumplido con el trámite de traslados respectivos, sin que las partes recurridas presenten sus alegatos correspondientes. SEGUNDO: Que el recurso de casación, como todo medio de impugnación, está sometido al cumplimiento de presupuestos procesales objetivos, subjetivos y formales, cuya insatisfacción determina su rechazo liminar; que se ha recurrido una sentencia en el extremo del monto fi jado como reparación civil –quince mil y cinco mil nuevos soles–, por lo que se cumple con el presupuesto objetivo estatuido en el artículo cuatrocientos veintisiete, apartados tres, del Nuevo Código Procesal Penal [el citado dispositivo legal refi ere que procede el recurso de casación cuando el monto fi jado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente]; que, además, el recurso cumple con los presupuestos formales correspondientes de tiempo, lugar, modo y fundamentación. TERCERO: Que el TERCERO CIVIL RESPONSABLE, en principio, ha citado como motivos del recurso los incisos uno, dos y cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal de dos mil cuatro [inobservancia de garantías constitucionales, inobservancia de normas procesales y falta de motivación], y los ha precisado separadamente como exige el apartado uno del artículo cuatrocientos treinta de la Ley Procesal Penal; que, sin embargo, los fundamentos de sus agravios están referidos a un motivo concreto, cual es la falta de motivación –en cuanto a la reparación civil– en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, al amparo de lo dispuesto en el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado; que, en tal sentido, debe declararse inadmisible las causales por inobservancia de garantías constitucionales, e inobservancia de normas procesales. CUARTO: Que, en lo referente al agravio de la falta de motivación, el recurrente invoca como punto de partida que la sentencia de segunda instancia no se pronunció sobre el argumento expresado en su recurso de apelación, cual fue a su vez la falta de motivación en la sentencia de primera instancia respecto al monto fi jado como reparación civil; que, el supuesto de motivación inexistente o vacía, es uno de los ámbitos expresamente reconocidos del motivo de casación establecido en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintinueve del nuevo estatuto procesal; por consiguiente, es pertinente declarar bien concedido, la causal por vulneración del precepto constitucional referido a la falta de motivación [artículo cuatrocientos veintinueve, inciso cuatro, del Nuevo Código Procesal Penal]. Por estos fundamentos: I. Declararon BIEN CONCEDIDO el recurso de casación por la causal de falta de motivación de las resoluciones judiciales [artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco de la Constitución], interpuesto por el TERCERO CIVIL RESPONSABLE –Empresa de Transporte Turismo Paramonga Sociedad Anónima– contra la sentencia de segunda instancia de fojas veinticuatro, del catorce de enero de dos mil diez, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fojas ciento veintiséis, del diecisiete de agosto de dos mil nueve –del cuaderno correspondiente–, en el extremo que fi jó la reparación civil en quince mil nuevos soles a favor de los familiares del occiso Segundo Julio Cárdenas Pérez, y en cinco mil nuevos soles a favor del agraviado Carlos Alberto García Castillo, montos que deberán pagar el condenado Mauro Bendezú Palomino solidariamente con el recurrente, en el proceso que se le siguió por los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud–homicidio culposo en perjuicio de Segundo Julio Cárdenas Pérez, y lesiones culposas graves en agravio de Carlos Alberto García Castillo. II. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación por las causales de inobservancia de garantías constitucionales, e inobservancia de normas procesales. III. DISPUSIERON que la causa permanezca en Secretaría a disposición de las partes por el plazo de diez días.
SS. LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / PRÍNCIPE TRUJILLO / CALDERÓN CASTILLO /
TEMA LA INCONCURRENCIA DEL ABOGADO IMPUGNANTE A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN IMPORTA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DEL RECURSO PAGO DE COSTAS POR INCONCURRENCIA DEL ABOGADO IMPUGNANTE A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN
Sábado, 04 Julio 2015 19:44
TEMA LA INCONCURRENCIA DEL ABOGADO IMPUGNANTE A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN IMPORTA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DEL RECURSO
PAGO DE COSTAS POR INCONCURRENCIA DEL ABOGADO IMPUGNANTE A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN
CASACIÓN N° 13-2009-LA LIBERTAD
Lima, veintitrés de abril de dos mil diez
VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por errónea interpretación de la ley penal e inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal interpuesto por los acusados WILSON
DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA ALVARADO contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, del cuaderno de apelación, que confi rmando y revocando la sentencia de primera instancia de fojas ciento veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil ocho, del mismo cuaderno, los condenó por delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos –entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos– en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, así como fi jó en mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del Estado.
Interviene como ponente el señor Lecaros Cornejo.
PRIMERO.- Los encausados Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús Plasencia Alvarado fueron procesados penalmente con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCCP–. Se le inculpó formalmente por delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en su modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, en agravio del Estado y se dispuso formalizar la investigación preparatoria en ese sentido.
SEGUNDO.- El señor Fiscal Provincial por requerimiento de fojas cinco, del quince de febrero de dos mil ocho formuló acusación sustancial en los mismos términos de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria. Una vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar del control de acusación, el Juez de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento de fojas doce, del nueve de mayo de dos mil ocho y el Juzgado Colegiado dictó el auto de citación a juicio de fojas veintiséis, del tres de junio de dos mil ocho, del mismo cuaderno.
TERCERO.- Seguido el juicio de primera instancia –véase fojas cincuenta y cinco–, el Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia de fojas ciento veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil ocho que condenó a Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús Plasencia Alvarado por delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en su modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, en agravio del Estado a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de dos años, así como fi jó en mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del Estado.
Contra esta sentencia los acusados y Fiscal interpusieron recurso de apelación –los primeros alegaron inocencia y el representante del Ministerio Público solicitó el aumento de la pena–.
II. Del trámite impugnativo en segunda instancia
CUARTO.- La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, culminada la fase de traslado de la impugnación, conforme al auto de fojas ciento ochenta y uno, del dos de diciembre de dos mil ocho y realizada la audiencia de apelación, cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, que revocó la sentencia del Juzgado Unipersonal en el extremo de la pena e impuso a Wilson Dante Cruz Rodríguez y Eduardo Jesús Plasencia Alvarado cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años.
II. Del trámite del recurso de casación
QUINTO.- Leída la sentencia de vista, los acusados Eduardo Jesús Plasencia Alvarado y Wilson Dante Cruz Rodríguez interpusieron recurso de casación mediante escritos de fojas doscientos sesenta y cuatro y doscientos setenta y uno, respectivamente, e introdujeron dos motivos: (i) errónea interpretación de la Ley penal: la prevista en los artículos doce, catorce, veintitrés y doscientos ochenta y tres del Código Penal e (ii) inobservancia de la garantía constitucional de carácter procesal: porque se vulneró los principios de legalidad de las penas y la “reformatio in peius”.
Concedido el recurso por auto de fojas doscientos ochenta y dos, del seis de marzo de dos mil nueve, se elevó a este Supremo Tribunal.
SEXTO.- Cumplido el trámite de traslados a las partes, solo el abogado defensor del acusado Wilson
Dante Cruz Rodríguez señaló domicilio procesal dentro del radio de la sede de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, esta Suprema Sala por Ejecutoria de fojas veintisiete, del doce de junio de dos mil nueve, del cuaderno de casación, admitió a trámite el recurso por la infracción de las normas sustantivas y principios antes citados.
SÉTIMO.- Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación y debidamente notifi cadas las partes procesales –según las constancias de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y uno del cuaderno de casación–, estas no asistieron, dejándose expresa constancia de la inconcurrencia en el referido cuaderno –véase fojas cincuenta y dos–.
III. Del desistimiento de la casación
OCTAVO.- Uno de los principios procesales fundamentales que caracterizan a los recursos es el “dispositivo”, que involucra directamente a los litigantes, en tanto en cuanto tiene la misión de estimular la función judicial y se expresa en los siguientes aspectos: (i) iniciativa, (ii) disponibilidad del derecho material, (iii) impulso procesal, (iv) delimitación del tema a decidir, (v) aportación de los hechos y (vi) suministro de las pruebas.
El recurso de casación, como acto procesal de parte exige como presupuesto subjetivo de admisibilidad que exista interés de quien lo plantea. Este interés en primer lugar demanda una declaración expresa de voluntad del sujeto procesal interesado, que se materializa a través del acto de interposición del recurso para poder abrir la instancia. En segundo lugar es necesaria la existencia de un gravamen o perjuicio concreto generado por la sentencia o resolución que se cuestiona.
Dentro de ese contexto, una vez abierta la instancia, el recurrente puede conservarla o perderla si cumple o no con las disposiciones impuestas por la Ley procesal –artículo cuatrocientos veintiocho e inciso dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal–. Asimismo, tiene la facultad jurídica de desistirse y renunciar a su derecho impugnativo para interponer recursos (en tanto rige el principio dispositivo, puede desistirse aunque el recurso haya sido concedido y cualquiera que sea el tramite cumplido antes de la sentencia de casación, de conformidad con el artículo cuatrocientos seis del Código Procesal Penal). Esta intención de renunciar puede ser expresa o tácita, y en este último caso la intención se deducirá de cualquier actitud o manifestación del recurrente en el proceso, después de presentado el recurso, que sea incompatible con la pretensión jurídica –como sucede cuando el abogado defensor no concurre a la audiencia de casación–.
Es de puntualizar que el desistimiento es una forma de expresar la conformidad con el fallo y proclamar la inexistencia de un interés capaz de sustentar la impugnación.
NOVENO.- Al respecto el inciso dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal señala lo siguiente “(…) la falta de comparecencia injustifi cada del Fiscal a la audiencia de casación, en caso del recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público, o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación”. En tal sentido si la defensa técnica del impugnante no comparece a la audiencia para sustentar oralmente los fundamentos del recurso de casación, dicha circunstancia autoriza al Tribunal de Casación a declarar la deserción del recurso y fi rme la sentencia cuestionada.
DÉCIMO.- En consecuencia, debe declararse inadmisible el recurso de casación por desistimiento tácito de los acusados WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA
ALVARADO, en tanto sus abogados defensores no concurrieron a la audiencia de casación –conforme se expresó en el fundamento jurídico sétimo–.
DÉCIMO PRIMERO.- Este desistimiento del recurso interpuesto por el acusado, trae aparejada la imposición de las costas con arreglo al inciso dos del artículo quinientos cuatro del Código Procesal Penal. Los recurrentes abandonaron la instancia a pesar de que promovieron el recurso de casación, consiguieron que se le conceda el recurso y se le señale fecha de audiencia para la sustentación de los agravios ante la Sala de Casación –a la que no asistieron sus abogados defensores–. Por lo tanto, no cabe eximirlos del pago de las costas.
I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los acusados WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA ALVARADO contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y cuatro, del cuatro de febrero de dos mil nueve, del cuaderno de apelación, que confi rmando y revocando la sentencia de primera instancia de fojas ciento veinticinco, del veintidós de octubre de dos mil ocho, del mismo cuaderno, los condenó por delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos –entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos– en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, así como fi jó en mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del Estado, por ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL e INOBSERVANCIA DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER PROCESAL.
II. CONDENARON al pago de las costas del recurso a los acusados WILSON DANTE CRUZ RODRÍGUEZ Y EDUARDO JESÚS PLASENCIA ALVARADO; ORDENARON que el Juez de la
Investigación Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo cuatrocientos diecinueve del Código Procesal Civil.
III. DISPUSIERONse notifi que a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.
IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
SS. LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / PRÍNCIPE TRUJILLO / CALDERÓN CASTILLO / SANTA MARÍA MORILLO
TEMA INADMISIBILIDAD DE LA CASACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE PORQUE EL EXTREMO MÍNIMO DE SU MARCO PENAL ES SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Sábado, 04 Julio 2015 19:43
CASACIÓN N° 03-2010-LA LIBERTAD
Lima, seis de abril de dos mil diez
AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo Hugo Príncipe Trujillo; el recurso de casación por inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y material con una indebida o errónea interpretación o errónea aplicación de dichas garantías, interpuesto por los actores civiles ENRIQUE RAÚL CÓRDOVA VELÁSQUEZ, RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO Y PAULINA LULICHAC MANTILLA contra la sentencia de apelación de fojas ciento setenta y siete, del dieciséis de noviembre de dos mil nueve que por unanimidad confi rmó la sentencia de primera instancia de fojas ochenta y ocho, del treinta de julio de dos mil nueve, en los extremos que: i) absolvió a Héctor Samuel Adrianzén Adrianzén de los cargos que se le formulan como instigador del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio simple en grado de tentativa en agravio de Enrique Córdova Velásquez, y ii) fi jó en la suma de veinte mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el encausado a razón de diez mil nuevos soles a favor de Paulina Lulichac Miranda, seis mil nuevos soles a favor de Ricardo Humberto Maccha Lazo y cuatro mil nuevos soles a favor de Enrique Córdova Velásquez; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo previsto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo, habiéndose cumplido con el trámite del traslado respectivo a las partes. SEGUNDO: Que, la inadmisibilidad del recurso de casación, se rige por lo normado en el artículo cuatrocientos veintiocho del nuevo Código Procesal Penal y sus normas concordantes; en tanto que, su admisibilidad se rige por lo normado en el artículo cuatrocientos treinta y normas conexas, que establecen los requisitos que deben cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; que se ha recurrido una sentencia de vista, que confi rmando la sentencia de primera instancia, absolvió a Héctor Samuel Adrianzén Adrianzén de los cargos formulados en su contra por delito de homicidio simple. TERCERO: Que, sin embargo, desde el presupuesto procesal objetivo del recurso de casación, se tiene que el apartado dos, literal b), del artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal, dispone que las sentencias son recurribles en casación siempre que el delito más grave, en su extremo mínimo, tenga señalado en la Ley una pena privativa de libertad mayor de seis años; que el artículo ciento seis del Código Penal establece para el homicidio simple pena privativa de libertad no menor de seis años; que, por consiguiente, como la pena en cuestión no supera los seis años de pena privativa de libertad, dicha sentencia no es susceptible de recurso de casación, situación que impide apreciar los demás presupuestos de admisibilidad. CUARTO: Que si bien las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, no se advierte que obró con temeridad o mala fe, por lo que es de aplicación el apartado dos, literal a), del artículo quinientos uno del nuevo Código Procesal Penal. Por estos fundamentos: I) Declararon INADMISIBLE el recurso casación por inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y material con una indebida o errónea interpretación o errónea aplicación de dichas garantías, interpuesto por los actores civiles ENRIQUE RAÚL CORDOVA VELÁSQUEZ, RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO Y PAULINA LULICHAC MANTILLA contra la sentencia de apelación de fojas ciento setenta y siete, del dieciséis de noviembre de dos mil nueve. II. EXONERARON el pago de las costas de la tramitación del recurso de casación a los actores civiles ENRIQUE RAÚL CORDOVA VELÁSQUEZ, RICARDO HUMBERTO MACCHA LAZO Y PAULINA LULICHAC MANTILLA.
III. DISPUSIERON se devuelvan los actuados al tribunal de origen; hágase saber.
TEMA NO SE PUEDEN SUBSANAR EN LA QUEJA LOS ERRORES COMETIDOS AL FORMULAR EL RECURSO DE CASACIÓN
I. Declararon INFUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa técnica de la encausada Liliana Teresa Estela Fernández contra la resolución de fojas cuarenta y cinco, del veintiuno de octubre de dos mil diez, que declaró improcedente el recurso de casación que promovió en el proceso que se le sigue por los delitos contra la Familia y la Fe Pública –en las modalidades de matrimonios ilegales, matrimonio sin observar las formalidades legales y falsedad ideológica, respectivamente– en agravio de Ligia Carmen Atoche Méndez y el Estado.
II. CONDENARON a la recurrente al pago de las costas del recurso, que serán exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria.
III. MANDARON se notifi que la presente Ejecutoria a las partes procesales.
TEMA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA DE DERECHO POR DENEGATORIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
Sábado, 04 Julio 2015 19:42
CASACIÓN N° 26-2010-LAMBAYEQUE
Lima, veinticuatro de junio de dos mil diez
VISTOS; el recurso de casación interpuesto por el imputado ELAS BECERRA LABORIANO contra el auto superior de fojas cincuenta y cinco, del diez de septiembre de dos mil nueve, que declaró infundada la queja de derecho que interpuso contra la resolución del juez de la investigación preparatoria que declaró improcedente su recurso de apelación que promovió contra la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva del representante del Ministerio Público contra el recurrente.
PRIMERO.- Que el recurso de casación no es de libre confi guración, sino que, por el contrario, para que esta Suprema Sala Penal pueda tener competencia funcional para casar una sentencia o auto que ponga fi n al procedimiento o a la instancia o que deniegue la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, luego de agotadas las dos instancias, debe estar elaborado y presentado de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo cuatrocientos veintiocho y normas concordantes del Código Procesal Penal, cuyos presupuestos deben cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido.
SEGUNDO.- Que se ha recurrido un auto superior que declaró infundada la queja de derecho deducida por el procesado ELAS BECERRA LABORIANO.
TERCERO.- Que, sin embargo, el inciso uno del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal establece restricciones de carácter objetivo que solo se circunscribe a: (i) sentencias defi nitivas, (ii) los autos se sobreseimiento, (iii) los autos que ponen fi n al procedimiento o extingan la acción penal o la pena –la nota característica de estas resoluciones es el efecto de poner término al proceso–, y (iv) los autos que deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena.
CUARTO.- Que, en consecuencia, la resolución que declaró infundada la queja de derecho es ajena a esos supuestos señalados, númerus clausus en la norma procesal como objeto impugnable, por no revestir el carácter de decisión defi nitiva y tampoco comprende el otro aspecto de esta vía de impugnación –el referente a los autos que ponen fi n, deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena–. Por lo tanto, en principio, escapa a la competencia casacional de este Tribunal Supremo.
QUINTO.- Que a pesar de ello la norma procesal ha regulado la casación excepcional en el inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del citado Código, que permite al Supremo Tribunal, excepcionalmente, superando la barrera de las condiciones objetivas de admisibilidad, que pueda aceptarse el recurso de casación, pero sujeto a que se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y que el recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifi can el desarrollo jurisprudencial que pretende, con arreglo al apartado tres del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal.
SEXTO.- Que el procesado ELAS BECERRA LABORIANO en su recurso de casación de fojas cincuenta y nueve expresamente anota que promueve la casación excepcional y solicita que se desarrolle doctrina jurisprudencial por lo siguiente:
I. Que se determine si los días inhábiles se computan para determinar los plazos de interposición del recurso de apelación contra una resolución que afecta la libertad personal del procesado.
II. Que en el caso concreto, el Juez de la investigación preparatoria y la Sala Penal de Apelaciones desestimaron su medio impugnatorio y afi rmaron que para el cómputo de los plazos de apelación contra una resolución que dicta mandato de prisión preventiva se debe contabilizar los días inhábiles de conformidad con el inciso tres del artículo ciento cuarenta y tres del Código Procesal Penal.
III.Que, sin embargo, dicha norma procesal no debe ser interpretada contra el procesado, pues la situación descrita en esa Ley solo se aplica cuando favorezca al imputado o el ejercicio de sus derechos.
Por lo tanto, debe estimarse este motivo casacional para enmendar el problema surgido en cuanto a la unifi cación de posiciones encontradas.
I. Declararon BIEN CONCEDIDO el recurso de casación excepcional interpuesto por el procesado ELAS BECERRA LABORIANO contra el auto superior de fojas cincuenta y cinco, del diez de setiembre de dos mil nueve, que declaró infundada la queja de derecho que interpuso.
II. DISPUSIERON que la causa permanezca en Secretaría a disposición de las partes por el plazo de diez días, y vencido el mismo, se dé cuenta para fi jar fecha para la audiencia de casación.
III. MANDARON se notifi que a las partes la presente Ejecutoria.
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / PRÍNCIPE TRUJILLO / SANTA MARÍA MORILLO
TEMA IMPROCEDENCIA DE LA CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE VISTA QUE DECLARÓ NULA LA DE PRIMERA INSTANCIA
QUEJA N° 89-2010-LA LIBERTAD
Lima, treinta de noviembre de dos mil diez
VISTOS; interviniendo como ponente el señor Prado Saldarriaga; el recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa del encausado SAMUEL ELÍAS GONZALES SARE O MANUEL SARE GONZALES RODRÍGUEZ contra el auto de fojas cuarenta y nueve, del tres de agosto de dos mil diez, que declaró improcedente el recurso de casación que promovió contra la sentencia de vista de fojas treinta, del siete de julio de dos mil diez, que declaró nula la sentencia de primera instancia de fojas once, del veintinueve de enero de dos mil diez, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada que dedujo en el proceso que se le sigue como autor del delito contra la Libertad Personal - secuestro agravado en perjuicio de la menor de Iniciales M.L.A.A.; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la defensa del encausado GONZALES SARE O GONZALES RODRÍGUEZ en su recurso de queja de derecho de fojas dos alega que se vulneró la garantía del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales porque la sentencia de vista se encuentra dentro de los alcances del literal b), inciso dos, del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal de dos mil cuatro para la procedencia del recurso de casación; que el Fiscal Provincial efectuó solo un relato táctico, es por ello que culminada la investigación preparatoria formuló un requerimiento mixto –acusó por el delito de secuestro y sobreseyó por el delito de violación sexual en grado de tentativa–, sustentados ambos en el mismo hecho. SEGUNDO: Que un presupuesto procesal de carácter objetivo de todo recurso impugnatorio, que condiciona su admisibilidad, está referido al objeto impugnable; que, al respecto, el artículo cuatrocientos veintisiete, (apartado uno, del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, prescribe que el recurso de casación procede contra las sentencias defi nitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fi n al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores; que, en el caso sub examine, la sentencia de vista que se impugnó en casación no está incursa –en los supuestos que la autorizan, corresponde a una resolución que no pone fi n a la instancia –conforme a lo normado en el artículo cuatrocientos veintisiete del nuevo Código Procesal Penal– que en su oportunidad fue objeto de apelación en reconocimiento al principio del doble grado de jurisdicción. TERCERO: Que, por otro lado, el artículo quinientos cuatro, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal, establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de ofi cio conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del aludido Código Adjetivo, y no existen motivos para su exoneración. Por estos fundamentos: declararon INFUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa del encausado SAMUEL ELÍAS GONZALES SARE O MANUEL SARE GONZALES RODRÍGUEZ contra el auto de fojas cuarenta y nueve, del tres de agosto de dos mil diez, que declaró improcedente el recurso de casación que promovió contra la sentencia de vista de fojas treinta, del siete de julio de dos mil diez, que declaró nula la sentencia de primera instancia de fojas once, del veintinueve de enero de dos mil diez, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada que dedujo en el proceso que se le sigue como autor del delito contra la Libertad Personal -secuestro agravado en perjuicio de la menor de iníciales M.L.A.A.; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas del recurso, que serán exigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria; MANDARON se remita copia certifi cada de la presente Ejecutoria al Tribunal de origen; hágase saber a las partes lo actuado.
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRADO SALDARRIAGA / PRÍNCIPE TRUJILLO / CALDERÓN CASTILLO
TEMA EL INTERÉS CASACIONAL HABILITA EL RECURSO SIN IMPORTAR EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL
CASACIÓN N° 01-2009-HUAURA
VISTOS; interviniendo como ponente el señor Santa María Morillo; el recurso de casación por indebida aplicación, errónea interpretación y falta de aplicación de la Ley penal interpuesto por el encausado Vicente Justo Flores Rosales Hidalgo contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, del veintinueve de octubre de dos mil nueve, que confi rmó la de primera instancia de fojas cien, del dos de julio de dos mil nueve, que lo condenó como autor del delito de usurpación agravada en la modalidad de turbación de la posesión en perjuicio de la Empresa Flora Lima Sociedad Anónima Cerrada, a dos años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el mismo periodo de prueba, y fi jó en dos mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar –solidariamente con el condenado Miguel Ángel Rosales Piedra– a favor de la empresa agraviada; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo dispuesto en el numeral seis del artículo cuatrocientos treinta del nuevo Código Procesal Penal, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido –auto de fojas ciento sesenta y tres– y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que se ha cumplido con el trámite de traslado respectivo, asimismo, el recurrente se ha apersonado a la instancia, sin que el Ministerio Público y la actora civil hayan acompañado sus alegatos escritos. SEGUNDO: Que la admisibilidad del recurso de casación se rige por lo normado en el artículo cuatrocientos veintiocho y normas concordantes del citado Código, cuyos requisitos deben cumplirse acabadamente para que se declare bien concedido; que los presupuestos objetivos para la admisibilidad del recurso de casación están señalados en el numeral uno, dos y tres del artículo cuatrocientos veintisiete, teniéndose en cuenta que “el recurso de casación procede contra las sentencias defi nitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fi n al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores”, que, además, el delito más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor a seis años, por otro lado, cuando la sentencia imponga la medida de seguridad de internamiento o el monto fi jado de reparación civil –primera o segunda instancia– sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente; que, sin embargo, el cumplimiento de estos presupuestos objetivos no es exigible cuando se invoca el interés casacional, siendo que por este medio cualquier resolución es susceptible de ser casada, es así que, el apartado cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal permite que, excepcionalmente, pueda aceptarse el recurso de casación fuera de las resoluciones enumeradas en sus apartados anteriores, cuando se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, con arreglo al apartado tres del artículo cuatrocientos treinta del Nuevo Código Procesal Penal. TERCERO: Que, en el caso de autos, se ha recurrido una sentencia de vista que condenó al encausado como autor del delito de turbación de la posesión agravada en perjuicio de la Empresa Flora Lima Sociedad Anónima Cerrada; que, si bien la sentencia recurrida no cumple con el presupuesto objetivo del numeral dos del artículo cuatrocientos veintisiete del Nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, el medio impugnatorio se sustenta en el interés casacional –competencia exclusiva de la Corte Suprema–; que el impugnante no ha explicado acabadamente por qué estima que esta instancia deba conocer la causa, siendo que, además, a la luz de los hechos investigados y la prueba incorporada válidamente, la sentencias de primera y segunda instancia señalaron la relevancia penal de los hechos –debe quedar claro que el tipo penal de usurpación, en sus diferentes modalidades, no protege la propiedad sino la posesión, así lo entendieron las sentencias–, y el recurrente –en todas las instancias argumentó la existencia de una servidumbre de paso que le brinda derechos sobre el terreno de la empresa agraviada, argumento que fue desvirtuado con pruebas en las aludidas sentencias; que, en cuanto a la falta de aplicación de la ley, señala que no se aplicaron los institutos del ejercicio legítimo de un derecho ni el estado de necesidad justifi cante –previstos en el artículo veinte del Código Penal–, sin embargo, de la revisión de su escrito de apelación de fojas uno del cuaderno de apelación, no se aprecia que los haya hecho valer ante la Sala de Apelaciones; por lo que esta Suprema Instancia no considera que exista material casable en la sentencia recurrida. CUARTO: Que si bien las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, no se advierte que el recurrente obró con temeridad o mala fe, por lo que es de aplicación extensivamente el apartado dos, literal a), del artículo quinientos uno del Nuevo Código Procesal Penal. Por estos fundamentos: I. declararon INADMISIBLE el recurso de casación por indebida aplicación, errónea interpretación y falta de aplicación de la Ley penal interpuesto por el encausado Vicente Justo Flores Rosales Hidalgo contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y seis, del veintinueve de octubre de dos mil nueve. II. EXONERARON al recurrente del pago de las costas en la tramitación del recurso de casación. III. DISPUSIERON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen; hágase saber.
TEMA LA ADMISIÓN DE LA CASACIÓN PARA EL DESARROLLO DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ES DECIDIDA DISCRECIONALMENTE POR EL TRIBUNAL SUPREMO
Sábado, 04 Julio 2015 19:41
CASACIÓN N° 11-2010-HUAURA
AUTOS y VISTOS; interviniendo como ponente el señor Prado Saldarriaga; el recurso de casación interpuesto por el acusado REMIGIO DOMINGO ALVARADO TREJO contra la sentencia de segunda instancia de fojas setenta y seis, del treinta de diciembre de dos mil nueve, que revocando en un extremo y reformando en otro declaró nula la sentencia de primera instancia del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, dispuso un nuevo juicio por otro Juez, y ordenó se remitan copias certifi cadas a la Dirección Nacional de Justicia y al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, en el proceso seguido contra el recurrente por delito contra la Familia - omisión de asistencia familiar en agravio de Julia Marcelina Torres Rosales y Keren Soledad Alvarado Torres; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al estado de la causa y en aplicación de lo dispuesto en el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; que, con carácter previo, es de precisar que se ha cumplido con el trámite de traslados respectivos, sin que las partes recurridas presenten sus alegatos correspondientes. SEGUNDO: Que el recurso de casación, como todo medio de impugnación, está sometido al cumplimiento de presupuestos procesales objetivos, subjetivos y formales, cuya insatisfacción determina su rechazo liminar; que, en principio, el auto recurrido no es objeto impugnable del recurso de casación porque se refi ere a un delito que no tiene señalado en la ley, en su extremo mínimo, pena privativa de libertad mayor de seis años [el delito de omisión de asistencia familiar –artículo ciento cuarenta y nueve, primer párrafo– está conminado con pena privativa de libertad no mayor de tres años], aún cuando el referido auto causa gravamen al acusado al revocar la sentencia de primera instancia que declaró nula la absolución dicta a su favor, y el recurso se ha interpuesto en el modo, lugar y tiempo legalmente previsto. TERCERO: Que el artículo cuatrocientos veintisiete, apartado cuatro, del nuevo Código Procesal Penal incorpora la denominada casación excepcional cuya admisión a trámite es discrecional, siempre y cuando, a juicio de la Sala de Casación, resulte necesaria para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial; que, en tal sentido [como ha precisado la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de queja número sesenta y seis - dos mil nueve/La Libertad, del doce de febrero de dos mil diez], el impugnante debe consignar adicional y puntualmente las razones que justifi can el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, y corresponde a esta Sala de Casación determinar si existe en puridad un verdadero interés casacional; que el interés casacional comprende, en primer lugar, la unifi cación de interpretaciones contradictorias –jurisprudencia contradictoria entre diversos órganos jurisdiccionales–, la afi rmación de la existencia de una línea jurisprudencial o de jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial frente a decisiones contrapuestas con ella expedidas por tribunales inferiores, o la defi nición de un sentido interpretativo de una norma reciente o escasamente invocada, pero de especiales connotaciones jurídicas; y, en segundo lugar, la exigencia ineludible, por sus características generales, más allá del interés del recurrente –defensa del ius constitutionis–, de obtener una interpretación correcta de específi cas normas de derecho penal y procesal penal. CUARTO: Que el recurrente invoca, al amparo del apartado dos, del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, que la sentencia impugnada importa la inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, tales como: i) el numeral uno del artículo cuatrocientos diecinueve del Nuevo Código Procesal Penal y su relación con la aplicación de la teoría de la voluntad impugnativa; ii) el artículo noveno del Título Preliminar y el artículo ochenta y cuatro del citado Código Adjetivo, en relación al rol del abogado defensor en el proceso penal y la nulidad por defecto en el manejo de técnicas de litigación oral; iii) el numeral dos del artículo cuatrocientos diecinueve del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, respecto a la nulidad formal y el derecho al plazo razonable. QUINTO: Que si bien el artículo cuatrocientos veintisiete inciso cuatro del nuevo Código Procesal Penal establece, de manera excepcional, la procedencia del recurso de casación respecto de resoluciones distintas a las contempladas en el inciso uno y a las limitaciones previstas en el inciso dos de dicha norma, su procedencia extraordinaria queda siempre condicionada a la discrecionalidad de la Sala Suprema Penal, en tanto lo estime necesario para un mejor desarrollo y uniformidad de la doctrina jurisprudencial, esto último, si bien fue invocado y fundamentado por el impugnante en su escrito de fojas ochenta y cuatro, del análisis realizado no se identifi ca que los temas propuestos –ver fundamento jurídico cuarto– reúnan complejidad y/o duda manifi esta sobre sus alcances dogmáticos y de aplicación, que ameriten que este Supremo Tribunal asuma excepcionalmente competencia funcional en el presente caso. Por estos fundamentos: I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el acusado REMIGIO DOMINGO ALVARADO TREJO contra la sentencia de segunda instancia de fojas setenta y seis, del treinta de diciembre de dos mil nueve, que revocando en un extremo y reformando en otro declaró nula la sentencia de primera instancia del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, dispuso un nuevo juicio por otro Juez, y ordenó se remitan copias certifi cadas a la Dirección Nacional de Justicia y al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, en el proceso seguido contra el recurrente por delito contra la Familia - omisión de asistencia familiar en agravio de Julia Marcelina Torres Rosales y Keren Soledad Alvarado Torres. II. ORDENARON se notifi que esta decisión a las partes apersonadas a la instancia. III. DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal Superior de origen y se dé cumplimiento; hágase saber y archívese.
TEMA INADMISIBILIDAD DE LA CASACIÓN CUANDO EL ABOGADO RECURRENTE NO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE SU PROPÓSITO POR NO HABER FIJADO DOMICILIO EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO
TEMA INADMISIBILIDAD DE LA CASACIÓN CUANDO EL ABOGADO RECURRENTE NO CONCURRIÓ A LA AUDIENCIA DE SU PROPÓSITO
TEMA INTERÉS CASACIONAL PARA LA CONCESIÓN EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE CASACIÓN
TEMA INTERÉS CASACIONAL QUE JUSTIFICA LA ADMISIÓN EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE CASACIÓN