Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-479-07.htm
Timestamp: 2017-10-20 19:30:35
Document Index: 48665225

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C-479-07
CAPTURA DEL INDICIADO-Validez constitucional/IMPUTADO-Alcance de la expresión “imputados” en el numeral 1º del art. 250 de la Constitución
Ni aún acudiendo a una interpretación literal de las expresiones del numeral 1 del artículo 250 superior invocadas por los demandantes a saber “medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal” cabe concluir lo señalado por los demandantes. En efecto dichas expresiones no están imponiendo que las medidas allí propuestas deban dirigirse en contra de quien ya haya sido “imputado”, sino para asegurar “…la comparecencia de los imputados.” El texto constitucional no establece una condición temporal (a partir de la imputación) sino funcional (para asegurar la comparecencia de los imputados). Y en ese sentido cuando las circunstancias lo justifiquen, la captura del indiciado puede ser una medida útil, necesaria y proporcionada para asegurar su comparecencia como imputado (en sentido estricto de acuerdo con la definición legal establecida en la Ley 906 de 2004) en un futuro inmediato. A lo anterior cabe agregar que de los antecedentes del artículo 250 superior durante el trámite del proyecto que se convertiría en el Acto Legislativo numero 03 de 2002 no se desprende en manera alguna una interpretación del numeral 1 aludido en el sentido que indican los demandantes. Mas bien de los mismos se desprende que los señores Congresistas entendieron asimilar las expresiones “presuntos infractores de la Ley penal” e “imputados”, sin dar a esta última un alcance restrictivo como el que por los demandantes se señala.
El Juez de garantías está no solamente supeditado para efectos de ordenar la captura del indiciado, imputado, o acusado a los presupuestos y limites señalados directamente por el constituyente derivado en el artículo 250 a que se hizo referencia en los apartes preliminares de esta sentencia- sino que el Legislador en la Ley 906 de 2004 en armonía con dichos presupuestos y límites reguló expresamente las circunstancias, motivos y condiciones en que dicha captura puede ordenarse por el referido Juez de control de garantías instituido –no debe olvidarse- como el principal garante de los derechos fundamentales de los indiciados, imputados, acusados o condenados en el proceso penal. Ahora bien, ha de recordarse que el artículo 126 de la Ley 906 de 2004 señala que el carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura , si esta ocurre primero, lo que indica que en esta materia lo que resulta relevante no es la denominación de la persona sobre la que recae la medida, sino las finalidades, motivos y condiciones en que la captura se realiza, aspectos todos en relación con los cuales como se ha visto existen en la Constitución y en la ley clarísimos derroteros para el juez de garantías. No puede entonces afirmarse –contrario a lo que señalan los demandantes- que en la Ley 906 de 2004 se haya omitido regular las condiciones y motivos por las cuales el indiciado –que con motivo de la captura se convierte en imputado- puede ser objeto de una medida restrictiva de la libertad como la captura.
La posibilidad de ordenar la captura del “indiciado” en los términos a que se ha hecho amplia referencia en esta sentencia no presupone el desconocimiento de la presunción de inocencia del procesado, pues no debe olvidarse que ésta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada. Al respecto el propio Código de Procedimiento Penal hace mención expresa de esa circunstancia en los artículos 7 y 149 de Ley 906 de 2004 a los que resulta pertinente remitirse en este punto dentro del análisis sistemático de las disposiciones en que se contienen la expresión acusada en el presente proceso.
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Olga Lucía Bernal García y Luis Gonzaga Vélez Osorio solicitaron ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “indiciado” que hace parte de los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
A través de oficio No 1385 del dieciséis (16) de noviembre de 2007, el Procurador General de la Nación manifestó a la Corte que tanto él como el Viceprocurador General de la Nación, se encontraban impedidos para conceptuar sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez que, en su condición de Procurador General participó en la comisión redactora y el Viceprocurador General participó en la subcomisión redactora del proyecto que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004- objeto de revisión. En consecuencia, solicitó a esta Corporación que, de aceptar el impedimento manifestado, dispusiera que el Procurador General en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000 designara al funcionario encargado de rendir el correspondiente concepto.
Los demandantes Olga Lucía Bernal García y Luis Gonzaga Vélez Osorio solicitan a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004, por cuanto consideran que la misma viola los artículos 28, 29 y 250 de la Constitución Política.
En relación con la violación del numeral 1 del artículo 250 superior los actores argumentan que “los artículos 297 y 298 otorgan al Juez de Control de Garantías la facultad de librar órdenes de captura contra una persona que tiene la categoría de INDICIADO, al tiempo que los artículos 218 y 230 ibídem señalan la procedencia del allanamiento y registro del inmueble cuando ello sea necesario para capturar al indiciado, artículos éstos que se han expedido contra expresa disposición constitucional que solo autoriza que se afecte el derecho a la libertad a quien por lo menos haya adquirido el estatus de IMPUTADO, tal y como quedó establecido por el artículo 250 de la Constitución”. Advierten que con fundamento en dicho mandato constitucional “el acto legislativo 003 de 2002 no solo despojó a la Fiscalía General de la Nación de su facultad de librar mandamientos de captura e imponer medidas de aseguramiento sino que, fundamentalmente, definió el momento procesal a partir del cual era constitucionalmente válido afectar los derechos y garantías de los justiciables. Se entronizó así la categoría jurídica de IMPUTADO que lejos estaba de convertirse en una simple descripción semántica y por el contrario representaba límites al Legislador”.
En esos términos, consideran que si se tiene en cuenta que el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política estableció un momento procesal específico a partir del cual es legítimo afectar las libertades ciudadanas, -momento que representa precisamente el nacimiento de una relación procesal con el Estado que se concreta en la formulación de la “imputación”, y a partir del cual se puede afirmar que existe una investigación formal en contra del ciudadano-, se infiere entonces que el Legislador al expedir las disposiciones legales acusadas, en el sentido de permitir que un juez de control de garantías profiera una orden de captura contra un “indiciado, imputado, acusado o condenado” desbordó los límites trazados por la normatividad superior. Precisan que “al incluir a los INDICIADOS dentro de aquellas categorías jurídicas que le posibilitan al Juez la expedición de órdenes de captura burló el querer del Constituyente, que al consagrar al IMPUTADO como sujeto posible de restricción de su libertad, descartaba de plano la posibilidad de que se afectara la libertad de aquellos ciudadanos que por no estar vinculados formalmente a una investigación penal no podrían considerarse parte dentro de la actuación procesal”.
Los actores destacan que la Ley 600 de 2000 no contenía la posibilidad de ordenar la captura de una persona investigada preventivamente y que fue justamente esa misma filosofía la que mantuvo el acto legislativo 003 de 2002; Agregan que “con las facultades otorgadas en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004, se desvirtúa entonces la filosofía que inspira el sistema acusatorio, que abreva en el respeto de los derechos de los ciudadanos y en la figura de un juez que se concibe como garante de los derechos fundamentales y no como el "domunis" de un Estado despótico por fortuna superado”.
Los actores sostienen igualmente que las disposiciones de las que hace parte la expresión acusada “indiciado”, desconocen el mandato del artículo 28 constitucional según el cual una orden de captura solamente respeta el ordenamiento superior en la medida en que se profiera por una autoridad judicial competente y esté fundamentada en algunos de los motivos que “de manera previa, precisa, racional y proporcional haya establecido la Ley”. Al respecto afirman que los artículos 297 y 298 no señalan cuál sería el motivo por el cual un indiciado puede ser privado de su libertad por orden del juez de control de garantías. Afirman que “el artículo 297 en su inciso 2° solamente regula el procedimiento para que el Fiscal obtenga la orden de captura que pretende y el artículo 298 ibídem consagra el contenido y la vigencia de la orden de captura”.
Los demandantes advierten entonces la existencia de un vacío normativo, pues afirman que ninguna de las disposiciones acusadas expresa cuál sería el motivo por el que un indiciado pudiera ser privado de su libertad por orden del respectivo Juez de control de garantías. Precisa que “los artículos 295 y 296 de la Ley 906 de 2004, que reafirman el derecho a la libertad y definen los fines de su restricción, expresan lo que constituirían los principios que gobiernan el régimen de la libertad en el sistema acusatorio colombiano, disponiendo que de tal afectación sólo es destinatario quien tenga la categoría de imputado y estableciendo límites precisos para quienes en representación del Estado afecten la libertad personal”.
Finalmente a juicio de los demandantes las disposiciones de las que hace parte la expresión acusada al autorizar al juez de control de garantías para ordenar la captura de quien apenas es un “indiciado”, otorgan una facultad que desconoce la presunción de inocencia prevista en el artículo 29 superior, por cuanto “mientras la presunción de inocencia que cobija al justiciable no se ha visto menguada siquiera por la existencia de una imputación por parte de la Fiscalía, la libertad en cambio se ve afectada por la decisión de un juez, lo cual implica una irrazonable facultad, otorgada a espaldas de la presunción de inocencia que acompaña a los indiciados”.
Advierte al respecto que la denominación de la persona vinculada a una investigación varía de acuerdo al momento procesal que se desarrolle. En ese orden de ideas afirma que no puede hacerse una interpretación meramente literal de la expresión imputado contenida en el numeral 1° del artículo 250 de la Constitución. Al respecto precisa que “el derrotero jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional acoge el método sistemático de interpretación, reconociendo que el ejercicio hermenéutico por vía de la exégesis no conduce necesariamente a la finalidad misma que la norma procura”.
El interviniente señala en ese sentido que del artículo 126 de la Ley 906 de 2004 se desprende que al haber indicios que comprometan la responsabilidad penal de una persona, no habiéndose formulado imputación de cargos concretos, corresponde nombrarlo como indiciado, no encontrando que tal denominación contraríe per se el orden constitucional. “En tal sentido, una vez efectiva la captura sobre persona de la cual se tengan indicios, esto es, elementos materiales probarios suficientes que den lugar a la restricción de su libertad, variará la calidad del aprehendido de indiciado a imputado conforme a lo previsto en el artículo 126 del Código Procesal Penal”.
Advierte que los motivos por los cuales el “indiciado” puede ser objeto de una medida restrictiva de la libertad como la captura se encuentran claramente señalados en la Ley 906 de 2004.
Sostiene que según la doctrina “el indiciado es el sujeto que se considera potencial parte en el proceso, como imputado, y frente a quien existe la duda razonable sobre su posible participación en el ilícito, pero que se encuentra indiciado por existir una causa probable para su investigación. Razón por la cual la Fiscalía considera que sólo en los casos en que sea estrictamente necesario y con las limitaciones constitucionales y legales para la protección de los derechos fundamentales se podrán considerar ajustables las medidas sobre detención, sin que ello implique la violación del derecho fundamental a la libertad del artículo 28 de la Constitución ni el desconocimiento del principio de presunción de inocencia del artículo 29 de la misma norma Suprema”.
Considera la Fiscalía, que las medidas de las disposiciones demandadas resultan necesarias (i) ya que la posibilidad dada a la Fiscalía, previa autorización judicial, atañe a sus facultades de investigación, especialmente, siguiendo el numeral primero del artículo 250 de nuestra Norma constitucional “para conservar la prueba y proteger a la comunidad, en especial a la víctima”. La captura del indiciado en este caso se realiza con el propósito de garantizar la conservación y preservación de la prueba, de protección a la comunidad y a la víctima, y de garantizar la comparecencia al proceso del indiciado que tenga una causa probable. De igual forma sostiene que la medida es idónea (ii) porque es el único medio posible para evitar la posible fuga, desaparición de pruebas o poner en peligro a la victima o la comunidad. Este segundo aspecto, debe ser valorado por el juez de garantías. Y por último afirma que la medida es proporcional, en tanto que (iii) el artículo 219 de la ley 906 de 2004 permite realizar la captura del indiciado, imputado o condenado cuando se realiza un registro o un allanamiento. Para la Fiscalía no debe tomarse aisladamente este artículo para entender cómo la atribución se encuentra limitada, y no vulnera de manera alguna el artículo 28 de la Constitución”.
Precisa que la presentación que hace el fiscal al juez de los elementos materiales probados, evidencia física o la información pertinente, en la cual se fundamenta la medida puede ser asimilable a la “causa probable" del sistema jurídico norteamericano.
El interviniente sostiene que la expresión “indiciado” no necesariamente adquiere una connotación inconstitucional en los casos en los que es empleada en los artículos 219, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal -sistema acusatorio-).
Recuerda que efectivamente la Ley 906 de 2004 hizo expresa referencia en su artículo segundo, a la restricción de la libertad del imputado como norma rectora, dejando de lado, por lo menos en apariencia, a cualquier otra persona que legalmente no haya adquirido tal connotación dentro de una actuación de naturaleza penal. Y ello en consonancia con lo preceptuado por el artículo 2° del Acto Legislativo 03 de 2002 (artículo 250 Superior), que entre las funciones de la Fiscalía General de la Nación enuncia: “1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal..."
Advierte que desde el texto del acto legislativo 03 de 2002 se advirtió un empleo extremadamente laxo del lenguaje que no solo generaba dudas e incertidumbres acerca de las etapas procesales (se habla de sumarios, investigación, proceso en general, etc.), sino que además trasladaba tales inquietudes en relación con la persona señalada como posible sujeto activo de un delito (se habla de imputados y procesados). La situación adquirió connotaciones complejas al desarrollarse el texto de la actual Ley 906 de 2004, en la que se definen expresamente las nociones de imputado y acusado (art. 126), pero se deja la de “indiciado” a una comprensión derivada de su empleo sistemático.
Señala que en múltiples ocasiones la Ley 906 de 2004 utiliza el término “indiciado”. Precisa que fuera de las normas demandadas, dicha expresión se utiliza “en los artículos 223, 229, 231, 233, 239, 241, 242, 243, 244, 252, 267 -sin emplear esta expresión-, 288, 291, etc”. En todas ellas se advierte que la noción de indiciado se refiere a la persona contra quien existen señalamientos de ser posible autor o partícipe de una conducta punible sin que haya sido aún imputada formalmente por la Fiscalía.
Considera que no es posible suponer, como lo hace la demanda, que la Constitución Política de Colombia sólo autoriza tomar medidas que restrinjan la libertad de las personas a partir de la formulación de la imputación, pues esto implicaría que en casos como los enunciados a modo de ejemplo debería citarse al “por imputar” y sólo a partir de la audiencia de formulación de imputación se haría viable la adopción de medidas restrictivas de la libertad. Una postura teórica de tales características conduciría a una grave inoperancia de las instituciones competentes para la persecución del delito y especialmente en los sucesos de mayor interés y sensibilidad social.
Sostiene que no es posible que un análisis estrictamente semántico permita llegar a una conclusión diversa. Aduce que el artículo 250 constitucional precede en su redacción a la Ley 906 de 2004, por lo que no sería acertado interpretarlo conforme a las definiciones realizadas en la mencionada ley. En concreto, afirma que cuando la Constitución Política alude a “imputados”, no necesariamente lo hace con las restricciones semánticas acogidas por el artículo 126 de la Ley 906 de 2004; esto significa que no es forzado asumir que la noción de imputado a la que refiera la Constitución Política es amplia y abarca tanto lo que la legislación denomina “indiciados” e “implicados", como “imputados”en sentido estricto. Tanto es así, que no puede perderse de vista que en la Constitución se mencionan diversas etapas preprocesales y procesales (indagación, investigación, juicio) y solo se mencionan dos denominaciones para los investigados, a saber, imputados y procesados.
Considera que si el análisis del numeral 1 del artículo 250 C.P. se realiza en una perspectiva gramatical, tampoco estima que pueda deducirse la inconstitucionalidad parcial de las normas demandadas así se acogiera el sentido restringido que los demandantes otorgan a la expresión “imputado”, pues al enunciarse la primera facultad de la Fiscalía General de la Nación no se indica que las medidas allí propuestas deban dirigirse en contra de quien ya haya sido “imputado”, sino para asegurar “…la comparecencia de los imputados.” El texto constitucional no establece una condición temporal (a partir de la imputación) sino funcional (para asegurar la comparecencia de los imputados). Y es que cuando las circunstancias lo justifiquen, la captura del indiciado puede ser una medida útil, necesaria y proporcionada para asegurar su comparecencia como imputado (en sentido estricto) en un futuro inmediato.
Considera que el artículo 250, numeral 1º, constitucional cuando señala que el fiscal debe solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, la conservación de las pruebas y la protección de la comunidad, está expresando los fines o propósitos perseguidos por esas medidas, no señalando y limitando los destinatarios de las mismas. “En este orden, una interpretación teleológica de la disposición, permite sostener que para lograr los mencionados objetivos el legislador puede fijar mecanismos idóneos que afecten los derechos tanto de quien tiene la calidad de imputado, como del indiciado o acusado, es decir, del sujeto pasivo de la acción penal”.
Advierte que es por la existencia de estas circunstancias que en el momento de la captura el indiciado adquiere la condición de imputado. Recuerda al respecto que el artículo 126 de la Ley 906 de 2004 señala que “El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado”. Para la Vista Fiscal el alcance de esta disposición es de particular importancia, pues es evidente que la ley no puede establecer requisitos para ordenar la captura del indiciado que sean diferentes y más flexibles a los exigidos cuando el afectado tiene la condición de imputado.
En síntesis, señala que “si bien una de las finalidades de las medidas referidas en el artículo 250 numeral 1º Superior, es asegurar la comparecencia del imputado al proceso, de ello no se colige que las mismas única y exclusivamente puedan afectar a quien tiene esa condición dentro de la actuación penal. En este orden, el cargo por la supuesta violación del artículo 250, numeral 1º, constitucional no está llamado a prosperar, toda vez que la disposición superior en cita no prohíbe imponer a los indiciados medidas restrictivas de derechos fundamentales, y en concreto ordenar su captura”.
En este orden, indica que el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, limita la privación de la libertad a los motivos previamente definidos en la ley. En concordancia con esta norma, el artículo 296 del mismo Código señala que sólo se puede afectar la libertad personal, ya sea por la captura o mediante medida de aseguramiento “cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena”, de tal manera que son éstos los motivos, razones o causas que hacen procedente la restricción examinada.
Del mismo modo, sostiene que el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, obliga al juez de control de garantías a determinar en cada caso concreto y en consideración a los elementos materiales probatorios o evidencia física en que se fundamente la petición, si la captura de la persona investigada es “necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”. Entre tanto, cita la sentencia C-580 de 2002 y el artículo 297 Superior, para referirse a los parámetros que rigen cualquier medida restrictiva de la libertad.
Ahora bien, resalta las tres causales para que se de lugar a la privación de la libertad, que se señalaron en la exposición de motivos del Acto Legislativo 02 de 2003: “que el imputado estando en libertad pueda obstruir el curso de las investigaciones; que pueda darse la fuga; o que, por la naturaleza del hecho investigado, constituya un peligro para la sociedad o las víctimas del delito”; contrario a lo que se afirma en la demanda, se encuentran claramente descritas en los artículos 309, 310 y 311 y 312 de la Ley 906 de 2004, a los que naturalmente debe remitirse el funcionario judicial cuando solicita o decide sobre la petición de captura, pues definen los eventos que conforme al artículo 296 de la misma normatividad, dan lugar a la captura.
Así las cosas afirma que si bien todos los requisitos para ordenar la captura no están recogidos en una sola disposición, sí se encuentran consignados y definidos en su integridad en el Título IV de la Ley 906 de 2004, que establece el “RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN” y en particular en los artículos 296, 309, 310, 311 y 312 de la Ley 906 de 2004.
Finalmente la vista fiscal controvierte la supuesta vulneración en este caso del principio de presunción de inocencia. Al respecto señala “a) La sentencia C-774 de 2001 recoge la nutrida y clara la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional frente al tema. En ella la Corte puntualizó que la detención preventiva no viola la presunción de inocencia pues se trata de una medida de carácter preventivo y no sancionatorio. Esta misma razón, en criterio del Ministerio Público permite afirmar que la captura, medida preventiva y transitoria, tampoco desconoce la presunción de inocencia, máxime cuando, en los supuestos examinados, debe mediar la intervención del juez de control de garantías tanto para autorizar la captura como para verificar, una vez realizada la aprehensión, la legalidad de la medida y disponer lo correspondiente sobre la libertad del capturado; b) La valoración que hace el Juez de control de garantías para determinar la procedencia de la orden de captura no comporta una declaración judicial sobre la responsabilidad del indiciado en el delito investigado, sino sobre condiciones objetivas que inciden en la recta administración de justicia (peligro de obstrucción de la investigación, de no comparecencia al proceso o para la comunidad o la víctima). Dicha valoración es la misma que efectúa el juez cuando a solicitud del fiscal evalúa la viabilidad de imponer una medida de aseguramiento, aunque no se ha llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación. No se trata de la restricción a la libertad inconsulta, inmotivada y caprichosa del indiciado, pues, como antes se expuso, deben reunirse una serie de condiciones para poder ordenarla, requisitos fijados en garantía de los derechos del investigado”.
Para los demandantes la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” vulnera i) el numeral 1 del artículo 250 superior por cuanto en su criterio, dicho texto constitucional descartó la posibilidad de que se afectara la libertad de aquellos ciudadanos a quienes no se les haya vinculado formalmente a una investigación penal en calidad de imputados pues “no podrían considerarse parte dentro de la actuación procesal”. En ese orden de ideas en cuanto en dichos artículos se hace mención a la captura del “indiciado” se viola la Constitución; ii) el artículo 28 superior por cuanto a su parecer en las disposiciones acusadas no se señalan los motivos por los cuales el “indiciado” puede ser privado de su libertad por orden del juez de control de garantías. Advierten al respecto la existencia de un vacío normativo contrario al principio de legalidad pues todas las disposiciones que señalan motivos para la captura aluden a los imputados y no a los indiciados y iii) el artículo 29 superior por cuanto al restringirse al indiciado la libertad en esas circunstancias se desconoce la presunción de inocencia pues si ni siquiera se ha hecho una imputación por parte de la Fiscalía que desvirtúe tal presunción, mal puede afectarse la libertad de la persona que se presume inocente.
El señor Fiscal General de la Nación y los intervinientes en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal coinciden en que no asiste razón a los demandantes en relación con los cargos que formulan. Al respecto advierten: i) que no puede darse a la mención hecha en el numeral 1 del artículo 250 a los “imputados” el alcance literal que le dan los demandantes, sino que dicho texto superior debe examinarse de manera sistemática y finalista. El interviniente en representación del Instituto de Derecho Procesal destaca las graves implicaciones que para la operatividad del sistema penal tendría una interpretación como la que hacen los demandantes al tiempo que hace énfasis que ni aún acudiendo a una interpretación literal del artículo 250 constitucional se puede considerar que las disposiciones acusadas violen dicho texto superior ; ii) en cuanto a la supuesta violación del artículo 28 superior señalan que en manera alguna se puede considerar que en la Ley 906 de 2004 no se encuentran establecidos los motivos por los cuales es posible al juez de garantías privar de la libertad a un indiciado que por lo demás al momento de la captura se convierte en imputado. El Fiscal General de la Nación destaca que en las hipótesis a que aluden las disposiciones acusadas siempre se trata de la privación de la libertad por orden del juez de garantías que está claramente sometido al preciso marco constitucional y legal de restricción de la libertad; iii) en cuanto a la supuesta violación del artículo 29 superior señalan que la jurisprudencia constitucional ha señalado claramente que la aplicación de medidas cautelares en el proceso penal no pueden considerarse violatorias del principio de presunción de inocencia, pues dado su carácter precario no comportan la asignación de una responsabilidad sino que son simples instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal.
Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si con la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 se vulneran o no i) el numeral 1 del artículo 250 superior –pues supuestamente el mismo habría establecido que solo quien tiene la calidad de imputado puede ser objeto de una medida restrictiva de la libertad- ; ii) el artículo 28 superior -pues no se habrían señalado en la Ley y específicamente en las disposiciones acusadas los motivos por los cuales el indiciado puede ser privado de la libertad con lo que se desconocería el principio de legalidad en materia de restricción de la libertad; iii) el artículo 29 superior -pues en tales circunstancias se desconocería la presunción de inocencia del indiciado a quien no se le ha formulado siquiera la imputación de una conducta punible-.
“(...) El artículo 28 de la C.P., de un modo no taxativo, enumera conductas que atentan contra el núcleo intangible de la libertad personal y que ilustran bien acerca de sus confines constitucionales”[7]:
Que el motivo de la privación de la libertad sea previamente definido por la ley, es realización concreta del principio de legalidad, en virtud del cual no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine, así como tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador; que la orden sea dada por escrito y por un juez, es garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos por el legislador y no autoriza a nadie distinto de los funcionarios jurisdiccionales la afectación de la libertad individual; y, que se realice luego de cumplido lo anterior la privación de la libertad con la plenitud de las formalidades legales, supone que quien la ejecuta se someta a ellas para respetar, además de la libertad, la dignidad personal.”[9]
“En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación[18]. En efecto, bajo el sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado.
“(E)l nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con todo, en el curso del proceso penal, la garantía judicial de los derechos fundamentales, se adelantará sin perjuicio de las competencias constitucionales de los jueces de acción de tutela y de habeas corpus[19].
iv) Se mantiene la función de la Fiscalía de acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de conocimiento de la causa respectiva, atribución que estaba prevista en el texto original de 1991; pero se precisa que una vez se presente el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, se puede dar inicio a un “juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías” – acusación que no es vinculante para el juez.
(U)na de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el juez de control de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i ) si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si la medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.”[21]
“El poder de coerción sobre quienes intervienen en el proceso penal fue objeto de una clara reforma por el Constituyente derivado, en la medida en que bajo el nuevo sistema, por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad, tales como la captura, deberá ser decretada por un juez, a saber, el juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía deberá presentar la solicitud pertinente. Ahora bien, a pesar de que en el nuevo sistema la regla general es que sólo se podrá privar de la libertad a una persona por decisión judicial, se mantiene la posibilidad de que en casos excepcionales, según lo establezca la ley, la Fiscalía General de la Nación realice capturas sin orden judicial previa, que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (art. 250-1, modificado); pero resalta la Corte que ésta es una hipótesis claramente excepcional. Así mismo, en el nuevo esquema se establece que las medidas que afecten la libertad solicitadas por el Fiscal al juez de control de garantías, únicamente pueden ser adoptadas cuando quiera que sean necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas del hecho punible; con ello se establecen límites teleológicos constitucionales expresos a la posibilidad de que se decreten medidas restrictivas de derechos fundamentales.”[22]
3.3 La regulación establecida en la Ley 906 de 2004 respecto del “indiciado” y del “imputado”
Para efectos de la presente sentencia resulta pertinente recordar que en múltiples ocasiones la Ley 906 de 2004 utiliza el término “indiciado”. Así fuera de las normas demandadas dicha expresión se menciona en los artículos 138, 149, 223, 225, 229, 231, 233, 234, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 252, 253, 267, 282 y 291 de la Ley 906 de 2004. En todas ellas se advierte que la noción de indiciado –como lo recuerda la Señora Procuradora auxiliar- se refiere a la persona contra quien existen señalamientos de ser posible autor o partícipe de una conducta punible pero a quien aún no se le ha formulado en audiencia preliminar una imputación o no ha sido capturada.
Cabe hacer énfasis en que de acuerdo con el artículo 291 del mismo Código si el indiciado, habiendo sido citado de acuerdo con las disposiciones del mismo, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia de imputación, ésta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, en cuya presencia se formulará la imputación. En ese caso “el defensor de oficio podrá solicitar al juez un receso para preparar la defensa, solicitud que será valorada por el juez aplicando criterios de razonabilidad"[27].
De acuerdo con el artículo 290 de la Ley 906 de 2004 con la formulación de la imputación “la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este Código”, disposición que resulta pertinente examinar junto con los artículos 8 -sobre “defensa”[28] dentro de los principios rectores y garantías procesales-, 118 y 119[29] -sobre “la defensa” como parte del proceso penal- que aluden al imputado y con el artículo 267 de la Ley 906 de 2004[30] que alude a las facultades de la defensa de quien no es imputado.
Al respecto cabe destacar que en la sentencia C-799 de 2005[31] donde la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2004 la Corte consideró que “la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación”.
Por el contrario, corresponde al ordenamiento jurídico reforzar el principio de dignidad humana , de raigambre Constitucional, permitiendo que la persona ejerza general y universalmente su derecho de defensa. Lo anterior, para evitar que la persona en realidad sea sujeto del proceso penal y no objeto del mismo” subrayas fuera de texto
“De esta forma, y efectuando una interpretación sistemática, se evidencia que la misma ley 906 de 2004 otorga derechos que permiten la activación del derecho de defensa , en cabeza de una persona que aún no siendo imputado se le debe reconocer el derecho a guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse, el derecho a declarar en presencia de un abogado , entre otros. Por consiguiente, el propio Código señala las causas y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa en las distintas etapas del proceso.
Así pues, fuerza es concluir que la activación del derecho de defensa no solo opera desde el momento en el cual se adquiere la condición de imputado , sino que varias hipótesis demuestran que debe poder activarse desde antes que se adquiera dicha condición. Posición esta reforzada por un análisis sistemático del mismo Código de Procedimiento Penal , que permite el ejercicio del derecho de defensa antes de obtener la condición de imputado”[34]
Por todo ello advirtió que “la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio del derecho de defensa”. De acuerdo con lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión acusada pero “sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.”[35]
En el mismo sentido la Corte reiteró en la Sentencia C-1154 de 2005[36] que el derecho a la defensa “surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso”.
En similar sentido la Corte se pronunció en al Sentencia C-210 de 2007[37] al analizar lo dispuesto en el artículo 119 del Código de Procedimiento Penal que dispone que “la designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con éste desde la primera audiencia a la que fuere citado. El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.”[38]. La Corte afirmó que resulta equivocado sostener que, dicha disposición establezca una desigualdad de trato jurídico respecto de la oportunidad para ejercer la defensa. Y ello porque la interpretación sistemática del artículo 119 de la Ley 906 de 2004, muestra que la defensa podrá designar abogado (i) desde el momento en que se adelanta la captura, (ii) cuando se formula la imputación, (iii) desde la primera audiencia a la que fuere citado y (iv) desde la comunicación que la Fiscalía hace cuando se inicia una investigación penal.
Además de lo anterior, el propio Código de Procedimiento Penal señala casos expresos en los que, antes de la imputación y sin que sea relevante la captura, se requiere de la presencia del defensor del indiciado en las diligencias preliminares que se adelantan ante el juez de control de garantías, so pena de anulación de la diligencia por violación del debido proceso. Así, por ejemplo, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal autoriza al fiscal a solicitar al juez competente a imponer una medida de aseguramiento[39] y, en lo pertinente para este asunto, dispone que “la presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.
Sin embargo, en razón a que el reproche ciudadano contra la expresión demandada y el análisis adelantado por la Sala estuvo limitado al entendimiento literal de las expresiones normativas acusadas y en relación con la supuesta violación del derecho de defensa, se declarará la exequibilidad de la disposición, pero limitada al cargo expresamente estudiado.”[40]
La expresión “indiciado” a la que aluden los demandantes en el presente proceso se encuentra contenida respectivamente en i) el libro II. “Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio”/ Titulo I. “La indagación y la investigación”/ Capitulo II. “Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización” para el caso de los artículos 219 y 230 y ii) el libro II “Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio”/ Titulo IV. “Régimen de la libertad y su restricción. Capitulo II “Captura” para el caso de los artículos 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
3.4.1 En el primer caso -artículos 219 y 230- en el referido capítulo II sobre “Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización” se regula la inspección del lugar del hecho (art. 213), la inspección del cadáver (art-214), las inspecciones en lugares distintos al del hecho (art-215).
Igualmente en dicho capítulo se regula en el artículo 219 -acusado parcialmente- la “procedencia de los registros y allanamientos”. Sobre los cuales, a su vez, se regula “el fundamento para la orden de registro y allanamiento” (art. 220), el “respaldo probatorio para los motivos fundados (art. 221), el alcance de la orden de registro y allanamiento (art. 222), los objetos no susceptibles de registro (art. 223), el plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. (art.224), las reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento (art. 225), los allanamientos especiales. (art. 226), el acta de la diligencia. (art. 227), la devolución de la orden y cadena de custodia (art. 228), el procedimiento en caso de flagrancia (art. 229), y las excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para proceder al registro y allanamiento (art.230) –acusado parcialmente-.
El artículo 219 aludido dispone concretamente sobre la procedencia de los registros y allanamientos y al respecto señala que “ El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial” en el mismo artículo se precisa que “Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva”. -subrayas fuera de texto-.
Al respecto establece que “Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro y allanamiento”, cuando: 1). Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro. 2.) No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista, o cuando se encuentra abandonado[41]. 3.) Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad. 4.) “Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado, imputado, acusado, condenado”.
En este caso se autoriza entonces para que con ocasión de la captura del indiciado –ordenada necesariamente por el Juez de garantías como a continuación se recuerda- se lleve a cabo un registro o allanamiento sin orden escrita de la Fiscalía General de la Nación[42]. Captura que como se ha visto para los demandantes no debería en ningún caso poder ordenarse por el Juez de garantías por cuanto en su criterio solo los imputados pueden ser objeto de la misma.
3.4.2 En relación con la captura -a la que aluden los otros dos artículos 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 objeto de la demanda donde se contiene la expresión “indiciado” atacada por los demandantes en el presente proceso- cabe recordar que la misma se encuentra regulada en el Capítulo II sobre “captura”, del Título IV sobre “régimen de libertad y su restricción” del Libro II del Código de Procedimiento Penal.
En dicho Título se establecen en el Capítulo I, una serie de “disposiciones comunes” en materia de régimen de libertad y su restricción”; en el Capítulo II se regula el tema de la “Captura” y finalmente en el capítulo III se establecen regulaciones sobre las “medidas de aseguramiento”.
Cabe precisar que las expresiones “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación”, fueron declaradas condicionalmente exequibles mediante Sentencia C-190 de 2006[44] "en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación". Al respecto no debe olvidarse que la Corte mediante Sentencia C-1001 de 2005 declaró inexequible el artículo 300 de la Ley 906 de 2004 que regulaba la captura sin orden judicial por el Fiscal General de la Nación o su delegado y que mediante sentencia C-730 de 2005 la Corte declaró igualmente inexequibles las expresiones “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, contenidas en el artículo 2º de la misma Ley sobre la libertad como principio rector del proceso penal [45]. Providencias en las que la Corporación luego de hacer énfasis en que “el Constituyente derivado instituyó al juez de control de garantías como el principal garante de la protección judicial de la libertad y de los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso penal y sujetó el ejercicio de las competencias relativas a la restricción de las libertades y derechos de los ciudadanos al control de dicha autoridad judicial independiente por lo que en ese orden de ideas el juez de control de garantías en el nuevo ordenamiento penal la autoridad judicial competente a que alude el inciso primero del artículo 28 superior, y que es de él de quien debe provenir el mandato escrito y de quien se pregona la reserva judicial para restringir el derecho a la libertad de las personas” y en que “El Fiscal, es una autoridad que en principio no es competente para dicho asunto. Pero, en atención al tercer inciso del numeral 1º del artículo 250 de la Carta, puede llegar a serlo al señalarse que la Ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas, pero ello solamente, si el ejercicio de dichas competencias se enmarca en dicho presupuesto de excepcionalidad.”[46] Concluyó que las disposiciones acusadas no atendían dicho presupuesto de excepcionalidad y por ello declaró su inexequibilidad[47].
Ahora bien, el artículo 298 -parcialmente acusado igualmente- . sobre “contenido y vigencia” de la orden de captura señala que el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la investigación. Copia de la orden de captura reposará en el despacho del juez que la ordenó. –en itálica lo acusado-
Como se ha visto los demandantes limitan su acusación a la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 -cuyo contenido y alcance acaba de examinarse- la que consideran violatoria i) del numeral 1 del artículo 250 superior por cuanto en su criterio, dicho texto constitucional descartó la posibilidad de que se afectara la libertad de aquellos ciudadanos a quienes no se les haya vinculado formalmente a una investigación penal en calidad de imputados pues “no podrían considerarse parte dentro de la actuación procesal”. En ese orden de ideas en cuanto en dichos artículos se hace mención a la captura del “indiciado” consideran que se viola la Constitución; ii) el artículo 28 superior por cuanto a su parecer en las disposiciones acusadas no se señalan los motivos por los cuales el “indiciado” puede ser privado de su libertad por orden del juez de control de garantías. Advierten al respecto la existencia de un vacío normativo contrario al principio de legalidad pues todas las disposiciones que señalan motivos para la captura aluden a los imputados y no a los indiciados y iii) el artículo 29 superior por cuanto al restringirse al indiciado la libertad en esas circunstancias se desconoce la presunción de inocencia pues si ni siquiera se ha hecho una imputación por parte de la Fiscalía que desvirtúe tal presunción, mal puede afectarse la libertad de la persona que se presume inocente.
En relación con el primer aspecto de la acusación relativa a la supuesta violación del numeral 1 del artículo 250 de la Constitución[49] específicamente en el aparte que señala que “En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas (…)”. -aparte del que deducen que el Constituyente derivado excluyó la posibilidad de restringir la libertad de personas diferentes a los imputados y por ende impiden que el Legislador establezca la posibilidad de la captura del “indiciado”-, la Corte señala que el mismo no está llamado a prosperar y ello por las siguientes razones.
Ahora bien, ni aún acudiendo a una interpretación literal de las expresiones del numeral 1 del artículo 250 superior invocadas por los demandantes a saber “medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal” cabe concluir lo señalado por los demandantes. En efecto dichas expresiones no están imponiendo que las medidas allí propuestas deban dirigirse en contra de quien ya haya sido “imputado”, sino para asegurar “…la comparecencia de los imputados.” En ese orden de ideas asiste razón al interviniente en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal cuando señala que el texto constitucional no establece una condición temporal (a partir de la imputación) sino funcional (para asegurar la comparecencia de los imputados). Y en ese sentido cuando las circunstancias lo justifiquen, la captura del indiciado puede ser una medida útil, necesaria y proporcionada para asegurar su comparecencia como imputado (en sentido estricto de acuerdo con la definición legal establecida en la Ley 906 de 2004) en un futuro inmediato.
A lo anterior cabe agregar que de los antecedentes del artículo 250 superior durante el trámite del proyecto que se convertiría en el Acto Legislativo numero 03 de 2002 no se desprende en manera alguna una interpretación del numeral 1 aludido en el sentido que indican los demandantes. Mas bien de los mismos se desprende que los señores Congresistas entendieron asimilar las expresiones “presuntos infractores de la Ley penal” e “imputados”, sin dar a esta última un alcance restrictivo como el que por los demandantes se señala.
Así cabe recordar que desde la publicación del texto del proyecto de Acto Legislativo, en la Cámara de Representantes,[50] hasta el debate en plenaria de la Cámara, en segunda vuelta, el texto propuesto para el inciso primero y el numeral 1º del artículo 250 constitucional, en los apartes en que hacia referencia a los “presuntos infractores de la ley penal” no fue modificado. El texto del artículo 3º del proyecto del Acto Legislativo 03 de 2002, establecía:
“Artículo 3°. El artículo 250 quedará así:
1. Solicitar al juez de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la prueba y la protección de la comunidad; así mismo aquellas necesarias para la asistencia inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho. (…) (Subrayado fuera del texto original)”[51]
“Artículo 6º. El artículo 250 de la Constitución Política quedará así:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la prueba y la protección de la comunidad; así mismo aquellas necesarias para la asistencia inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho. (Subrayado fuera del texto original)”[52].
Ahora bien, la expresión “los presuntos infractores de la ley penal” contenida en el numeral 1° del articulo 250 de la Constitución Política hasta esa etapa del proceso legislativo que llevó a la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, sólo se modificó por la expresión “los imputados” en el primer debate de la segunda vuelta en el Senado de la República.
“Artículo 2°. El artículo 250 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o con fundamento en denuncia, petición especial o querella, investigar los hechos que puedan constituir delitos y acusar ante los jueces de la República, cuando fuere el caso, a los presuntos infractores de la ley penal. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial las victimas (...). (Subrayado fuera del texto original)”[54].
Ahora bien, este texto fue modificado nuevamente, en la plenaria del Senado, segunda vuelta, en donde el Senador Luis Humberto Gómez Gallo formula una proposición sustitutiva del artículo 2º del proyecto, acompañada de 63 firmas de senadores, en donde eliminó del encabezado del artículo 250 Superior, el termino “los presuntos infractores de la ley penal”:
“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncias, petición especial, querella o de oficio siempre y cuando, medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad, reglado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”[55]
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas. Igualmente la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura, en estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 36 horas siguientes (…)”[56].
Todo lo anterior permite concluir que a la inclusión por el Legislador durante el trámite del Acto Legislativo 03 de 2002 de la expresión “ imputados” en el numeral 1 del artículo 250 superior no puede darse el alcance restrictivo que los demandantes enuncian y por tanto no puede afirmarse –contrario a lo que ellos señalan- que la Constitución prohíba la adopción de medidas restrictivas de la libertad en contra del “indiciado” a que se alude en los artículos parcialmente acusados en el presente proceso.
Así las cosas el cargo formulado por el supuesto desconocimiento del numeral 1 del artículo 250 de la Constitución en contra de la expresión “indiciado” contenida en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
Para los demandantes con la expresión acusada contenida en los artículos 219, 230 297 y 298 de la Ley 906 de 2004 se vulnera el artículo 28 superior por cuanto a su parecer en las mismas no se señalan los motivos por los cuales el “indiciado” puede ser privado de su libertad por orden del juez de control de garantías. Advierten al respecto la existencia de un vacío normativo contrario al principio de legalidad pues todas las disposiciones que señalan motivos para la captura aluden a los imputados y no a los indiciados
Como lo advierte la señora Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales y se desprende de las consideraciones hechas en los apartes preliminares de esta sentencia -específicamente en el punto 3.4.2- es claro que del análisis sistemático de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” se concluye claramente que en dicha ley se encuentran expresamente señalados los motivos por los cuales es posible proceder a privar de la libertad a una persona por orden del juez de garantías previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación independientemente de que se aluda al imputado, indiciado, acusado, o condenado.
Así caber reiterar que “la captura” se encuentra regulada en el Capítulo II sobre “captura”, del Título IV sobre “régimen de libertad y su restricción” del Libro II del Código de Procedimiento Penal.
En dicho Título se establecen en el Capítulo I una serie de “disposiciones comunes” en materia de régimen de libertad y su restricción que hacen referencia concretamente a que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales (artículo 295 de la Ley 906 de 2004).
Por su parte el artículo 298 -parcialmente acusado igualmente- sobre “contenido y vigencia” de la orden de captura señala que el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado[63] o imputado, cuya captura se ordena, el número de radicación de la investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la investigación. Copia de la orden de captura reposará en el despacho del juez que la ordenó.
El Juez de garantías está entonces no solamente supeditado para efectos de ordenar la captura del indiciado, imputado, o acusado a los presupuestos y limites señalados directamente por el constituyente derivado en el artículo 250 a que se hizo referencia en los apartes preliminares de esta sentencia[64]- sino que el Legislador en la Ley 906 de 2004 en armonía con dichos presupuestos y límites reguló expresamente las circunstancias, motivos y condiciones en que dicha captura puede ordenarse por el referido Juez de control de garantías instituido –no debe olvidarse- como el principal garante de los derechos fundamentales de los indiciados, imputados, acusados o condenados en el proceso penal[65].
No puede entonces afirmarse –contrario a lo que señalan los demandantes- que en la Ley 906 de 2004 se haya omitido regular las condiciones y motivos por las cuales el indiciado –que con motivo de la captura se convierte en imputado- puede ser objeto de una medida restrictiva de la libertad como la captura.
Empero es claro que en relación con esa hipótesis corresponderá en su oportunidad examinar a la Corte si las normas que al respecto se expidan por el Legislador de acuerdo con el condicionamiento hecho en la Sentencia C-190 de 2006 de las expresiones “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación”, contenidas en el parágrafo del artículo 297 de la Ley 906 de 2004[66], reúnen o no las condiciones de excepcionabilidad que echó de menos en la sentencias C-730 y C-1001 de 2005[67] en las que declaró la inexequibilidad del artículo 2° -parcialmente- y del artículo 300 de la Ley 906 de 2004.
“...El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…”[71].
…Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley…”[72].
En este sentido resulta claro que la posibilidad de ordenar la captura del “indiciado” en los términos a que se ha hecho amplia referencia en esta sentencia no presupone el desconocimiento de la presunción de inocencia del procesado, pues no debe olvidarse que ésta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada[73].
En conclusión, debe entonces señalarse que no asiste razón a los demandantes en ningunos de los elementos de la acusación formulada en el presente proceso pues como se ha visto i) la expresión “ imputados” contenida en el numeral 1 del artículo 250 superior no tiene el alcance restrictivo que los demandantes enuncian y por tanto no puede afirmarse –contrario a lo que ellos señalan- que la Constitución prohíba la adopción de medidas restrictivas de la libertad en contra del “indiciado” a que se alude en los artículos parcialmente acusados en el presente proceso; ii) del análisis sistemático de la Ley 906 de 2004, en armonía con los presupuestos y límites constitucionales, se desprende claramente la regulación de las circunstancias, motivos y condiciones en que la captura del indiciado puede ordenarse por el Juez de control de garantías, instituido –no debe olvidarse- como el principal garante de los derechos fundamentales de los indiciados, imputados, acusados o condenados en el proceso penal; iii) la posibilidad de ordenar la captura del “indiciado” no presupone el desconocimiento de la presunción de inocencia del procesado, que lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada.
[1] Las expresiones “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía general de la Nación fue declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 190 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, "en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación".
...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.." Sentencia C -397 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz.. Subrayado por fuera del texto original.
[12] Al respecto la Corte en la sentencia C-237 de 2005 señalo que “la cláusula general de la libertad personal así como su límite y sus excepciones fueron establecidas en la Constitución Colombiana de 1991 en los artículos 6 , 17 y 28. Este último artículo preceptúa la libertad inmanente de toda persona ( cláusula general) , su privación a través de autoridad judicial competente ( límite ) ; además el artículo 32 Constitucional permite la privación de la libertad en caso de flagrancia ( excepción )”.
[18] En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo se expresó: “...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos procesales –defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…”
[24] Ver Ley 906 de 2004. Artículo 293 sobre .” Procedimiento en caso de aceptación de la imputación”..
[25] Ver Ley 906 de 2004. Artículo 350 sobre “Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación.” Y 351 sobre “Modalidades”.
[26] Ver Ley 906 de 2004. Artículo 292 sobre “Interrupción de la prescripción”.
[27] Ver Sentencia C-1154/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver Igualmente la Sentencia C-591/05 donde la Corte precisó entre otras cosas que “ La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal, que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado”.
(el aparte “una vez adquirida la condición de imputado” fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, "... sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-799/05 M.P. Jaime Araujo Rentaría)
[32] En dicha sentencia sobre la captura específicamente señaló la Corte lo siguiente: “Ante los posibles señalamientos públicos, efectuados por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o cualquiera de los intervinientes en el proceso penal, en los cuales se endilga algún tipo de responsabilidad penal , debe poder la persona activar su derecho de defensa no necesariamente teniendo la condición de imputado.
- El derecho a disponer de un término razonable para preparar su defensa.”.
[33] En la misma sentencia señaló en efecto lo siguiente: “el mismo Código de Procedimiento Penal – ley 906 de 2004 – establece la posibilidad de activar el derecho de defensa y varios de los derechos que lo componen , en cabeza de una persona y antes de que esta adquiera la condición de imputado. Al respecto se puede observar el artículo 282 :
[35] La Parte resolutiva de la sentencia señala expresamente lo siguiente: “3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “una vez adquirida la condición de imputado” contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.”
[41] En el parágrafo de dicho artículo se precisa que “Se considera también aplicable la excepción a la expectativa razonable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
[47] En la Sentencia C-730 de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis la Corte señaló “Ahora bien, la Corte constata que las expresiones “En las capturas (…) en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.” dejan un amplísimo margen de interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por el Constituyente derivado para la competencia que podría atribuirse a la Fiscalía General de la Nación para efectuar capturas según el Acto Legislativo 03 de 2002. La amplitud e indeterminación de las expresiones “existiendo motivos fundados” y “razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito”, al tiempo que contradicen el principio de legalidad (art 29 C.P.) no contienen ningún elemento de excepcionalidad pues aluden simplemente a “motivos fundados” los cuales siempre pueden existir, y a “motivos razonables” que comprenden una amplísima gama de posibilidades y no a las situaciones extremas y de imposibilidad manifiesta de poder acudirse ante el juez de garantías que son las que podrían predicarse de una situación excepcional como a la que aludió el Constituyente derivado.
A su vez en la sentencia C-1001 de 205 M.P. Alvaro Tafur Galvis la Corte concluyo lo siguiente “De las comparaciones que acaban de hacerse se desprende claramente que el desarrollo hecho por el Legislador en la norma acusada de la posibilidad señalada en el tercer inciso del artículo 250-1 de la Constitución no atiende el carácter excepcional al que condicionó el Constituyente derivado la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación pudiera realizar capturas. Posibilidad que no solo debe comportar el cumplimiento de presupuestos y requisitos claramente definidos en la ley sino que lógicamente no pueden ser menores que los que se exijan al juez de control de garantías como autoridad judicial competente de ordinario para el efecto[47].
A ello debe sumarse que en tanto no se da el presupuesto de excepcionalidad que exigió el Constituyente para atribuirle competencia al Fiscal General de la Nación, -por cuanto se alude a requisitos similares pero menos exigentes que los que se señalan para el juez de control de garantías- nada impide concluir como lo hace la demandante y alguno de los intervinientes que la norma acusada termine convertida en regla general en abierta contradicción con el mandato del artículo 250-1 de la Constitución.”.
[49] 250.— Reformado. Acto Legislativo No. 03 de 2002. ART. 2º*:
[61] Cabe precisar que las expresiones “o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación”, fueron declaradas condicionalmente exequibles mediante Sentencia C-190 de 2006 M.P. Jaime Arajo Rentería "en el entendido de que la facultad excepcional de efectuar capturas de la Fiscalía General de la Nación no será aplicable hasta tanto el legislador no regule, de conformidad con el inciso tercero del numeral 1° del artículo 250 de la Constitución, los límites y eventos en que excepcionalmente procede la captura por orden de la Fiscalía General de la Nación".
[63] –en itálica lo acusado-
[64] Ver Sentencia C-591/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández en la que se señaló “El poder de coerción sobre quienes intervienen en el proceso penal fue objeto de una clara reforma por el Constituyente derivado, en la medida en que bajo el nuevo sistema, por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad, tales como la captura, deberá ser decretada por un juez, a saber, el juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía deberá presentar la solicitud pertinente. Ahora bien, a pesar de que en el nuevo sistema la regla general es que sólo se podrá privar de la libertad a una persona por decisión judicial, se mantiene la posibilidad de que en casos excepcionales, según lo establezca la ley, la Fiscalía General de la Nación realice capturas sin orden judicial previa, que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes (art. 250-1, modificado); pero resalta la Corte que ésta es una hipótesis claramente excepcional. Así mismo, en el nuevo esquema se establece que las medidas que afecten la libertad solicitadas por el Fiscal al juez de control de garantías, únicamente pueden ser adoptadas cuando quiera que sean necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas del hecho punible; con ello se establecen límites teleológicos constitucionales expresos a la posibilidad de que se decreten medidas restrictivas de derechos fundamentales.”
[65] Ver Sentencia C-592/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis donde se señaló “(U)na de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, sin perjuicio de la interposición y ejercicio de las acciones de tutela cuando sea del caso, con competencias para adelantar (i) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad y (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución. De tal suerte que el juez de control de garantías examinará si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i ) si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si la medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad”.