Source: https://lpderecho.pe/prorroga-del-plazo-prision-preventiva-una-figura-creada-juez-destruida-ensayo-la-imposibilidad-fijacion-plazo-judicial/
Timestamp: 2020-02-29 12:55:52
Document Index: 291677029

Matched Legal Cases: ['artículo 274', 'artículo 266', 'artículo 379', 'artículo 7', 'artículo 380', 'artículo 253']

Prórroga del plazo de prisión preventiva: una figura creada por el juez y destruida por él mismo. Un ensayo sobre la imposibilidad de fijación de plazo judicial | LP
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Sumilla: I. Presentación del problema, II. Consenso divergente, III. Cuestiones relevantes, IV. Naturaleza jurídica del plazo legal en las medidas de coerción personal, V. Plazo judicial de prisión preventiva: identificando su posible naturaleza jurídica, VI. Volviendo a las cuestiones relevantes.
Segundo.- Tal pretensión se hace sin necesidad de invocar los requisitos exigidos en el artículo 274 del NCPP, que regula la institución de la prolongación de la prisión preventiva, dando paso a la denominada «ampliación o prórroga de prisión preventiva».
2.2.3 La prórroga (o ampliación) no está prevista legalmente en el Código Procesal Penal. Así lo ha considerado la Sal Penal Especial de la Corte Suprema en la Apelación N° 03-2015 «22» -Caso Torrejón Guevara- sobre prisión preventiva, resuelta el nueve de junio de dos mil dieciséis y el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal realizado en Chiclayo el veintiséis y veintisiete de junio de dos mil quince que determinó por mayoría que «Una vez dictada la prisión por un plazo menor al máximo legal, no es posible la ampliación del plazo, sino la prolongación de la prisión preventiva». (Casación N° 147-2016, Lima de 06/07/2016).
IV. Naturaleza jurídica del plazo legal en las medidas de coerción personal
La imposición de medidas cautelares que restringen la libertad personal, ha sido siempre objeto de arduo debate, y la prisión preventiva con mayor intensidad, desde su enfrentamiento con su eterno enemigo, el principio de presunción de inocencia[5], hasta la razonabilidad de su duración, a fin de no catalogarla como pena anticipada[6]. Pese a ello, ningún sistema de justicia legal en el mundo, es capaz de prescindir de ella, y en nuestro sistema procesal, el legislador es quien ha establecido cuáles son los plazos de duración de cada medida de coerción. Respecto de los sistemas de duración de la medida, el Tribunal Constitucional, ha establecido:
Como se puede advertir de los gráficos supra, la terminología del legislador es equivoca al momento de establecer los plazos de duración de las medidas de coerción personal, no resultando muchas veces claro, si se tratan de plazos fijos o plazos máximos. Por poner algunos ejemplos, en el caso de la detención policial, cuando se tratan de delitos de terrorismo, espionaje o tráfico de Drogas, el legislador señala que la detención “podrá durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales”, mientras que para el resto de delitos establece “un plazo de veinticuatro horas”. En cuanto a la convalidación, el artículo 266.3 del NCPP señala que «La detención convalidada tendrá un plazo de duración de siete días naturales…», mientras que en la prisión preventiva se utilizan los términos «no durará más de…” nueve o dieciocho meses [según se traten de casos simples o complejos).
67. La Comisión considera que no se puede establecer en forma abstracta el «plazo razonable» de prisión sin condena y, por lo tanto, contradice el punto de vista expresado por el Gobierno de que el plazo de 2 años que estipula el artículo 379.6 encierra un criterio de razonabilidad que guarda relación con las garantías que ofrece el artículo 7.5 de la Convención. No se puede juzgar que un plazo de detención preventiva sea “razonable» per se, solamente basándose en lo que prescribe la ley. Más bien, como el Gobierno argumenta al defender su análisis del artículo 380, cuando el término de detención excede un plazo razonable, debe fundamentarse en la “sana critica” del juez, quien llega a una decisión utilizando los criterios que establece la ley. (Jorge A. Giménez vs. Argentina, Caso 11.245, Informe N° 12/96,01/03/1996).
Como se puede advertir, los criterios para poder determinar si un plazo es razonable o no, son intrínsecos a cada caso en particular. La garantía del plazo razonable aplicable a la prisión preventiva, la encontramos en el artículo 253.3 del NCPP, como precepto general de las medidas de coerción procesal, al señalar que “La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario…». Sobre ello no hay mayor discusión. La confusión, al parecer surge, cuando pretendemos establecer a futuro, un plazo razonable, que aún no ha comenzado.
Finalmente, este Colegiado debe desestimar la alegación de la demanda en el sentido de que «el proceso peñol tuvo que haber sido declarado complejo desde un inicio, por lo que su prolongación resultaría arbitraria», pues la complejidad de un proceso penal puede determinarse a través de las investigaciones subsecuentes que se realicen respecto del caso penal, complejidad que debe ser dispuesta por el representante del Ministerio Público mediante una resolución suficientemente motivada -que en el caso de autos no es materia de cuestionamiento ni de pronunciamiento de este Tribunal-. Al respecto: a) en cuanto al caso penal sub materia se tiene un proceso complejo en el que el plazo de la duración de la prisión preventiva se encuentra establecido en 18 meses, contexto en el que resulta importuno el alegato de la supuesta oplicación de la prolongación de lo prisión preventiva, que es un instituto procesal distinto que no guarda relación con el caso constitucional de autos; en ese sentido: b) resulta impertinente la motivación de la Resolución de fecha 15 de octubre de 2010, en cuanto argumenta que «la prolongación de la prisión preventiva de 9 meses a 18 meses es automático»; sin embargo, dicha argumentación no termina por invalidarla en tanto la motivación que sustenta la desestimación del pedido de inmediata libertad resulta suficiente en los términos de la Constitución. (Exp. N° 01014-2011-PHC/TC, Tacna, 28/06/2011).
No. La verificación del plazo razonable siempre es concurrente y posterior, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional (Exp. N° 6423-2007-PHC/TC-Puno). Los criterios para determinar el plazo razonable, como a) la complejidad del caso, b) la conducta del imputado y c) la actuación de las autoridades judiciales, no pueden ser pronosticados ex ante, sino que siempre están sujetos a un control permanente y actual, una vez iniciado el plazo de prisión. El conocimiento anticipado que se exige por práctica judicial, resulta inviable y conduce a confusión, así como al riesgo de inclinarnos a una concepción de «plazo fijo» de la prisión preventiva.
[7] Es común observar autos que ordenan prisión preventiva por un tiempo determinado, cual si fuera un plazo fijo, la práctica judicial, nos muestra autos que ordenan prisión por “x meses» y no “hasta por x meses”. De ahí que una confusa comunicación al ciudadano, sea la de permanecer necesariamente el tiempo otorgado por el Juez. Pero más peligroso seria la confusa idea del Juez, que el nuevo plazo que dicta, se trata de un plazo fijo.
El copropietario no tiene obligación de informar sobre venta de su alícuota [Casación 375-2015,...