Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0232.01.SPA
Timestamp: 2019-03-22 10:34:30
Document Index: 324169316

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 16', 'Artículo 3', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 3']

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un nuevo marco para los consumidores
Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), concejal del Ayuntamiento de Rabat (Victoria), Gozo
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE,
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE,
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Un Nuevo Marco para los Consumidores,
Capítulo 2, artículo 6, apartado 1 — Modifíquese de la manera siguiente:
A efectos del artículo 5, apartado 3, los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan interponer acciones de representación solicitando una orden de reparación, que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, indemnización, arreglo, sustitución, reducción del precio, resolución de contrato o reembolso del precio pagado, según proceda. Un Estado miembro podrá requerir el mandato de los consumidores individuales afectados antes de que se dicte una resolución declarativa o una orden de reparación.
A efectos del artículo 5, apartado 3, los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan interponer acciones de representación solicitando una orden de reparación, que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, indemnización, arreglo, sustitución, reducción del precio, resolución de contrato o reembolso del precio pagado, según proceda. Un Estado miembro podrá requerir el mandato de los consumidores individuales afectados antes de que se dicte una orden de reparación.
El mandato de los consumidores individuales solo debería requerirse cuando el organismo cualificado solicite una orden de reparación. En el caso de las resoluciones declarativas que establezcan una infracción, no debería requerirse el mandato de los consumidores. Esto está en consonancia con el artículo 5, apartado 2, según el cual: «Con el fin de solicitar órdenes de cesación [lo que incluye las órdenes de cesación que establezcan que una determinada práctica constituye una infracción de la ley], las entidades habilitadas no tendrán que obtener el mandato de los consumidores individuales afectados ni proporcionar pruebas de pérdidas o perjuicios reales por parte de los consumidores afectados o de la intención o negligencia por parte del comerciante».
Capítulo 3, artículo 18, apartado 2 — Suprímase.
A más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión evaluará si las normas sobre los derechos de los pasajeros aéreos y ferroviarios ofrecen un nivel de protección de los derechos de los consumidores comparable al previsto en la presente Directiva. De ser así, la Comisión tiene la intención de hacer propuestas apropiadas, que podrán consistir, en particular, en excluir los actos mencionados en los puntos 10 y 15 del anexo I del ámbito de aplicación de la presente Directiva, tal y como se define en el artículo 2.
Es esencial preservar el amplio ámbito de actuación de la propuesta, que incluye también los derechos de los pasajeros.
Anexo I — Modifíquese de la manera siguiente:
Debería ampliarse el ámbito de actuación de la Directiva para incidir realmente en ámbitos en los que se producen perjuicios a gran escala, de manera que se abarquen todas las prácticas perjudiciales para los consumidores y los ciudadanos.
Considerando 2 (nuevo punto)
La creciente digitalización está cambiando los fundamentos de nuestra existencia. En la era digital se están produciendo enormes desplazamientos de poder entre ciudadanos, gobiernos y empresas. Sin embargo, el progreso técnico siempre debe permanecer al servicio de la humanidad.
El diseño del entorno digital debe contarse entre los cometidos de la Unión Europea, de modo que esta pueda garantizar la preservación de la libertad, la justicia y la solidaridad en el siglo XXI.
Asimismo, el Estado de Derecho debe aplicarse en el contexto digital para salvaguardar los derechos fundamentales y los principios democráticos, obligando a agentes estatales y no estatales a que garanticen la aplicación de los derechos fundamentales en el mundo digital, para así crear los fundamentos de un Estado de Derecho en la era digital.
De conformidad con el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales Digitales de la UE (https://digitalcharta.eu/), deben determinarse cuáles son los retos específicos que el proceso de digitalización plantea en el ámbito democrático, constitucional y de los derechos humanos.
Considerando 5 (nuevo punto)
En consonancia con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, la libertad de prestación de servicios garantizada por los Tratados podrá restringirse por razones imperiosas de interés general, por ejemplo, a fin de lograr un alto nivel de protección de los consumidores, a condición de que dichas restricciones estén justificadas y sean proporcionadas y necesarias. Por consiguiente, los Estados miembros podrán adoptar determinadas medidas para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de los consumidores que no están cubiertas por el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las medidas adoptadas por un Estado miembro para aplicar su régimen nacional de protección de los consumidores, que incluirían, por ejemplo, la publicidad de los juegos de azar, deberían, como avala la jurisprudencia de la UE, ser proporcionadas y necesarias en relación con el objetivo perseguido.
Considerando 18 — Modifíquese de la manera siguiente:
Los mercados en línea deben definirse a efectos de la Directiva 2011/83/UE de un modo similar al del Reglamento (UE) n.o 524/2013 (1) y la Directiva (UE) 2016/1148 (2). Sin embargo, la definición debe actualizarse y dotarse de mayor neutralidad desde el punto de vista tecnológico con el fin de tener en cuenta las nuevas tecnologías. Por tanto, es apropiado aludir, en lugar de a un «sitio web», al concepto de una «interfaz en línea», tal como se establece en el Reglamento (UE) 2018/302 (3).
Los mercados en línea deben definirse a efectos de la Directiva 2011/83/UE de un modo similar al del Reglamento (UE) n.o 524/2013 (1) y la Directiva 2016/1/UE. Sin embargo, la definición debe actualizarse y dotarse de mayor neutralidad desde el punto de vista tecnológico con el fin de tener en cuenta las nuevas tecnologías. Por tanto, es apropiado aludir, en lugar de a un «sitio web», al concepto de una «interfaz en línea», tal como se establece en el Reglamento (UE) 2018/302 (2). Los servicios informáticos prestados por el mercado en línea pueden incluir la tramitación de transacciones, la agregación de datos o la creación de perfiles de usuario. Las tiendas en línea de aplicaciones informáticas que permiten la distribución digital de aplicaciones o programas informáticos de terceros deben considerarse un tipo de mercado en línea.
El artículo 2, apartado 4, establece importantes requisitos de información para los mercados en línea, y debe incluir explícitamente las tiendas de aplicaciones, como hace el Reglamento (UE) n.o 524/2013. A fin de evitar la divulgación de los criterios de clasificación que se eluden, no debería hacerse referencia a la Directiva (UE) 2016/1148.
Considerando 21 — Modifíquese de la manera siguiente:
A menudo, el contenido digital y los servicios digitales se suministran en línea con arreglo a contratos en los que el consumidor no paga un precio, pero proporciona datos personales al comerciante. Los servicios digitales se caracterizan por la intervención continua del comerciante a lo largo de la vigencia del contrato para permitir al consumidor que haga uso del servicio, por ejemplo, el acceso, la creación, el tratamiento, el almacenamiento o la puesta en común de datos en formato digital. Son ejemplos de servicios digitales los contratos de suscripción a plataformas de contenidos, almacenamiento en la nube, correo web, medios sociales y aplicaciones en la nube. La intervención continua del proveedor de servicios justifica la aplicación de las normas sobre el derecho de desistimiento previstas en la Directiva 2011/83/UE que permiten efectivamente al consumidor probar el servicio y decidir, durante el período de catorce días desde la celebración del contrato, si quiere utilizar el servicio o no. Por el contrario, los contratos relativos al suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material se caracterizan por una actuación única del comerciante, que proporciona al consumidor uno o varios elementos específicos de contenido digital, como archivos de música o de vídeo concretos. Esta naturaleza única de la provisión de contenido digital subyace a la excepción del derecho de desistimiento recogida en el artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE, con arreglo al cual el consumidor pierde el derecho de desistimiento cuando se inicia la ejecución del contrato, como sucede con la descarga o la emisión en continuo (streaming) del contenido en cuestión.
A menudo, el contenido digital y los servicios digitales se suministran en línea con arreglo a contratos en los que el consumidor no paga un precio, pero proporciona datos al comerciante. Los servicios digitales se caracterizan por la intervención continua del comerciante a lo largo de la vigencia del contrato para permitir al consumidor que haga uso del servicio, por ejemplo, el acceso, la creación, el tratamiento, el almacenamiento o la puesta en común de datos en formato digital. Son ejemplos de servicios digitales los contratos de suscripción a plataformas de contenidos, almacenamiento en la nube, correo web, medios sociales y aplicaciones en la nube. La intervención continua del proveedor de servicios justifica la aplicación de las normas sobre el derecho de desistimiento previstas en la Directiva 2011/83/UE que permiten efectivamente al consumidor probar el servicio y decidir, durante el período de catorce días desde la celebración del contrato, si quiere utilizar el servicio o no. Por el contrario, los contratos relativos al suministro de contenido digital que no se facilitan en un soporte material se caracterizan por una actuación única del comerciante, que proporciona al consumidor uno o varios elementos específicos de contenido digital, como archivos de música o de vídeo concretos. Esta naturaleza única de la provisión de contenido digital subyace a la excepción del derecho de desistimiento recogida en el artículo 16, letra m), de la Directiva 2011/83/UE, con arreglo al cual el consumidor pierde el derecho de desistimiento cuando se inicia la ejecución del contrato, como sucede con la descarga o la emisión en continuo (streaming) del contenido en cuestión.
El ámbito de aplicación de la Directiva sobre los derechos de los consumidores debe ir más allá de la propuesta de la Comisión Europea e incluir el pago de los datos no personales. Estos datos no personales en particular, por ejemplo cierta información generada por máquinas, están adquiriendo un papel cada vez más importante como mercancía.
Considerando 26 — Modifíquese de la manera siguiente:
La Directiva 2011/83/UE tampoco debe aplicarse a las situaciones en las que el comerciante solo recopile metadatos, como las direcciones IP, el historial de navegación u otra información recogida y transmitida, por ejemplo, mediante cookies , excepto cuando alguna de esas situaciones se considere un contrato con arreglo a la legislación nacional . Tampoco debe ser aplicable a situaciones en las que el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté expuesto a anuncios exclusivamente para obtener acceso a contenido digital o a un servicio digital. No obstante, los Estados miembros deben seguir siendo libres de ampliar la aplicación de las normas de la Directiva 2011/83/UE a tales situaciones o de regular de otro modo las situaciones que se excluyen del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
La Directiva 2011/83/UE también debe aplicarse a las situaciones en las que el comerciante recopile metadatos, como las direcciones IP, el historial de navegación u otra información recogida y transmitida, por ejemplo, mediante cookies. También debe ser aplicable a situaciones en las que el consumidor, sin haber celebrado un contrato con el comerciante, esté expuesto a anuncios exclusivamente para obtener acceso a contenido digital o a un servicio digital. No obstante, los Estados miembros deben seguir siendo libres de restringir, mediante legislación, la aplicación de las normas de la Directiva 2011/83/UE a tales situaciones , contemplándolas de manera explícita en el texto legislativo, o de regular de otro modo las situaciones que se excluyen del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
Puede lograrse un nivel sostenible de protección de los consumidores en la era digital invirtiendo la relación norma/excepción en cuanto al ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83/UE en aquellos casos en que el comerciante utilice metadatos recopilados a través de cookies.
Considerando 27 (nuevo punto)
En el futuro, la Directiva 2011/83/UE debe también proporcionar un marco para verificar las decisiones, servicios y productos basados en algoritmos y en la IA, con objeto de proteger a los consumidores, en particular por lo que respecta a posibles discriminaciones, desventajas y fraudes indebidos. Con este fin, deben crearse asimismo mecanismos que permitan la regulación en caso de avances tecnológicos problemáticos.
Debe exigirse a los proveedores de sistemas de comunicación digital con un elevado índice de implantación que permitan cambiar a otros sistemas sin pérdida.
Las plataformas de corretaje, contabilidad y comparación deben ser capaces de aumentar la transparencia de sus sistemas de evaluación, de la ponderación de sus resultados, comisiones y cobertura del mercado, y de los enlaces entre portales y vínculos económicos. Es preciso mejorar la protección de los consumidores contra la falsificación, el uso indebido de datos y los riesgos básicos. Además, las plataformas de compraventa de valores deben ofrecer información transparente a los usuarios sobre si sus ofertas son privadas o comerciales.
Artículo 1, apartado 1, letra a) — Modifíquese de la manera siguiente:
Se sustituye el apartado 5 por el texto siguiente:
«La presente Directiva no impide que los Estados miembros adopten disposiciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta particularmente agresivas o engañosas en el contexto de visitas no solicitadas llevadas a cabo por comerciantes al domicilio de los consumidores o con respecto a las excursiones comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a los consumidores, siempre que tales disposiciones estén justificadas por razones de orden público o de protección del respeto de la vida privada».
«La presente Directiva no impide que los Estados miembros adopten disposiciones para proteger los intereses legítimos de los consumidores en lo que atañe a ciertas prácticas de comercialización o venta particularmente agresivas o engañosas en el contexto de visitas no solicitadas llevadas a cabo por comerciantes al domicilio de los consumidores, incluida la publicidad no solicitada en forma de correo electrónico basura , o con respecto a las excursiones comerciales organizadas igualmente por comerciantes con el objetivo o el efecto de promocionar o vender productos a los consumidores, siempre que tales disposiciones estén justificadas por razones de orden público, de protección del respeto de la vida privada o de soberanía del consumidor sobre sus datos ».
Recomendación de enmienda 11
Artículo 1 — Modificaciones de la Directiva 2005/29/CE
Apartado 2 — Inclúyase la siguiente definición:
En el artículo 6, apartado 2, se introduce la letra c) siguiente:
cualquier operación de comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una composición o unas características significativamente diferentes.».
cualquier operación de comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros, cuando tales productos presenten una composición o unas características significativamente diferentes.
A efectos del artículo 6, apartado 2, letra c), se considera que un producto es comercializado como idéntico a otro cuando se comercializa con el mismo empaquetado y la misma marca en varios Estados miembros.
Es preciso incluir esta definición para aportar seguridad jurídica sobre qué significa que un producto es «idéntico» a otro y para diferenciar la «doble calidad de los productos» del «embalaje de imitación», que se da cuando el embalaje de un producto es idéntico al de los productos de un competidor.
Recomendación de enmienda 12
Apartado 4 — Modifíquese de la manera siguiente:
4) Se añade el siguiente artículo 11 bis:
1. Además del requisito de garantizar unos medios adecuados y eficaces para procurar el cumplimiento en el artículo 11, los Estados miembros garantizarán que existan, asimismo, medidas correctoras adecuadas y no disuasorias, contractuales y no contractuales, a disposición de los consumidores perjudicados por prácticas comerciales desleales, con el fin de eliminar todos los efectos de tales prácticas de conformidad con su legislación nacional.
Adjetivar las medidas correctoras como «oportunas y rentables» garantiza que, además de ponerse a disposición de los consumidores perjudicados, estas sean también oportunas y rentables. Sería inútil que estas medidas correctoras estuvieran disponibles con arreglo a la legislación nacional pero que no fueran oportunas y rentables. Los consumidores siempre son la parte más débil y, ante los recursos de los que disponen los comerciantes, pueden mostrarse reacios a utilizar dichas medidas correctoras si, pese a estar disponibles, son muy costosas.
Recomendación de enmienda 13
Artículo 1 — añádase un nuevo punto
Una práctica comercial se considerará agresiva si, en el caso concreto de que se trate y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, la libertad de decisión del consumidor o su libertad de dirigir el producto pueda verse afectada por actos de acoso, incluido el formato digital, o coacción, incluido el uso de la fuerza física, o por interferencia indebida incluso en formato digital y si el consumidor está, o pudiera estar materialmente afectado y, por lo tanto, pudiera adoptar una decisión comercial que no habría realizado de otro modo.
Recomendación de enmienda 14
Artículo 2, apartado 4, letra a) — Modifíquese de la manera siguiente:
Requisitos de información adicionales para contratos celebrados en mercados en línea
los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas al consumidor como resultado de su consulta en el mercado en línea; […]»
los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas al consumidor como resultado de su consulta en el mercado en línea y las razones que explican la prevalencia de estos parámetros principales frente a otros ; […]»
Recomendación de enmienda 15
Se sustituye el apartado 3 por el texto siguiente:
El derecho de desistimiento es un importante derecho de los consumidores en el comercio en línea y otros tipos de venta a distancia. La normativa vigente sobre el derecho de desistimiento es justa y equilibrada. Las normas sobre la modalidad de reembolso también deben mantenerse.
Recomendación de enmienda 16
Artículo 2 — Añádase un nuevo punto
Cuando un contrato digital obligue al consumidor a pagar o aportar datos, el comerciante deberá informarlo claramente, inmediatamente antes de que efectúe el pedido, sobre los términos del artículo 6, apartado 1, letras a), e), o) y p).
Los consumidores deben recibir información clara antes de la celebración de un contrato sobre si los datos que aporten serán tratados con fines comerciales.
Recomendación de enmienda 17
Se añade el artículo 6 ter siguiente: «El comerciante renunciará al procesamiento de los datos facilitados por el consumidor durante todo el período de revocación, en la medida en que este procesamiento no resulte necesario para el cumplimiento del contrato.».
Una vez transmitidos a terceros, las empresas ya no puedan «recuperar» los datos. Por ello, deben tener la obligación de no transmitir a terceros los datos personales de los consumidores en los catorce días que siguen a la celebración del contrato y de suprimir los datos en caso de revocación efectiva.
Recomendación de enmienda 18
Artículo 2 — Modificaciones de la Directiva 2011/83/UE
Apartado 9 — Suprímase el subapartado 3.
9) El artículo 16 se modifica como sigue:
contratos de servicios una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor».
contratos para el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al consumidor la obligación de pagar, cuando el consumidor haya otorgado previamente su consentimiento expreso para iniciar la ejecución durante el plazo del derecho de desistimiento y haya reconocido que, en consecuencia, pierde tal derecho;»;
contratos para el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato impone al consumidor la obligación de pagar, cuando el consumidor haya otorgado previamente su consentimiento expreso para iniciar la ejecución durante el plazo del derecho de desistimiento y haya reconocido que, en consecuencia, pierde tal derecho;».
el suministro de bienes que el consumidor haya manejado, durante el plazo del derecho de desistimiento, más de lo necesario para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.».
No hay pruebas concluyentes de que se haga un abuso a gran escala que justifique esta modificación de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. El derecho a devolver un producto comprado en línea es uno de los principales derechos de los consumidores y no debería debilitarse en modo alguno.
Recomendación de enmienda 19
Artículo 3 — Modificaciones de la Directiva 93/13/CEE
La Directiva 93/13/CEE queda modificada como sigue:
Se añade el artículo 8 ter siguiente:
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el sentido del Reglamento (UE) 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 4 % del volumen de negocio anual del comerciante en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.
4. Los Estados miembros garantizarán que las sanciones por infracciones generalizadas y por infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, en el sentido del Reglamento (UE) 2017/2934, incluyan la posibilidad de imponer multas, cuyo importe máximo equivaldrá al menos al 8 % del volumen de negocio medio generado por el comerciante durante los tres ejercicios anteriores en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trate.
No está claro a partir de qué año debe hacerse el cálculo del volumen anual de negocios. Por lo tanto, se propone aumentar el importe mínimo de la multa al 8 % del volumen de negocios medio alcanzado por el comerciante en los tres ejercicios anteriores en el Estado o Estados miembros de que se trate.
Recomendación de enmienda 20
Artículo 4 — Modificaciones de la Directiva 98/6/CE
Misma explicación que para la enmienda al artículo 3 sobre las modificaciones de la Directiva 93/13/CEE.
acoge favorablemente la publicación de la tan esperada propuesta para establecer un marco mínimo a escala de la UE para los mecanismos del régimen de recurso colectivo en los Estados miembros, que podría ofrecer a los consumidores una verdadera oportunidad para obtener reparación en caso de perjuicios a gran escala y que colmaría la laguna existente en los derechos de los consumidores de la UE; no obstante, la propuesta solo se considera un primer paso en la buena dirección, puesto que cojea en algunos puntos;
apoya el amplio alcance de la propuesta, que pretende incidir en ámbitos en los que se producen perjuicios a gran escala abarcando otras prácticas perjudiciales para los consumidores y, en general, para los ciudadanos;
reconoce que las propuestas de la Comisión se ajustan a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
lamenta que el ámbito de actuación de la actual propuesta para establecer un marco mínimo a escala de la UE para los mecanismos del régimen de recurso colectivo en los Estados miembros se limite a los litigios en materia de consumo;
recomienda que los mecanismos de recurso colectivo se amplíen a otros casos de perjuicios a gran escala —entre otros, los casos de daño medioambiental a gran escala—, daños a bienes comunes, quebrantamiento de la normativa en materia de salud y seguridad o a los casos de violación de los derechos laborales, de manera que los ciudadanos tengan un acceso más fácil a la justicia;
por tanto, solicita a la Comisión Europea que estudie maneras de ampliar la ayuda a estos sectores y el alcance de la propuesta en materia de recurso colectivo para abarcar todos los tipos de daños ocasionados por las violaciones de los derechos fundamentales, protegidos con arreglo al Derecho de la UE;
promueve la resolución alternativa de litigios para que las partes puedan negociar y, a menudo, arbitrar los litigios. Debería promoverse la mediación y la negociación consensuada entre entidades cualificadas y los posibles demandados previamente al inicio del proceso judicial. Antes de iniciar largas y costosas acciones colectivas de indemnización, podrían fomentarse en la medida de lo posible procesos de resolución alternativa de litigios, como la negociación o la mediación, con el objetivo de alcanzar acuerdos amistosos y globales;
destaca el carácter de armonización mínima de la Directiva, que no impide que en los actuales sistemas de recurso colectivo existan normas vigentes a nivel nacional que sean mejores o más estrictas, de modo que los Estados miembros pueden disponer de normas más estrictas y mantener o introducir otros procedimientos nacionales;
se opone a que los Estados miembros puedan establecer excepciones cuando la cuantificación de los daños resulte compleja. Si esto fuera posible, los consumidores tendrían que actuar a título individual en estos casos, lo que les obligaría a buscar una asistencia jurídica y técnica costosa. Todo ello podría suponer un obstáculo abrumador para los consumidores individuales;
recomienda que no se requiera el mandato de los consumidores en el caso de que sean las entidades habilitadas las que soliciten las resoluciones declarativas;
alerta de que es posible que las organizaciones de consumidores susceptibles de designarse como entidades habilitadas tengan una capacidad financiera limitada. Esto afecta especialmente a las organizaciones de consumidores de los Estados miembros más pequeños. La falta de capacidad financiera no debería suponer un obstáculo para que las organizaciones recibieran la cualificación de entidades habilitadas;
apoya firmemente la actualización y la mejor aplicación de las normas de protección de los consumidores de la UE;
acoge favorablemente los requisitos propuestos en materia de transparencia de conformidad con la Directiva sobre los derechos de los consumidores para los contratos celebrados en los mercados en línea. Recomienda que se añadan las consecuencias y las medidas correctoras en caso de que los comerciantes no cumplan estos requisitos;
considera que es importante prever otras medidas correctoras además del derecho a compensación y el derecho a rescindir el contrato, como el derecho a solicitar el cumplimiento de las obligaciones del contrato o el derecho de restitución. Recomienda que se definan claramente las medidas correctoras y que se establezca en qué podrían consistir;
considera importante que la Comisión garantice que los Estados miembros no solo ofrecen medidas correctoras, sino que además estas sean oportunas y rentables;
considera que el derecho de desistimiento es un derecho importante de los consumidores que no debe debilitarse a falta de pruebas concluyentes de que se abusa de él;
apoya el enfoque de la Comisión de imponer multas sobre la base del volumen de negocios del comerciante en caso de infracciones generalizadas;
considera, no obstante, que, en caso de infracciones generalizadas, la sanción mínima del 4 % del volumen anual de negocios del comerciante no es lo suficientemente disuasoria;
recomienda aumentar el importe mínimo de la multa al 8 % del volumen de negocios medio generado por el comerciante en los tres ejercicios anteriores en el Estado o Estados miembros de que se trate;
lamenta que las disposiciones sobre la responsabilidad de los mercados en línea no figuren en la propuesta. Los operadores de las plataformas en línea deberían responder de sus actos cuando no informen a los consumidores de que un tercero es el verdadero proveedor de los bienes o servicios, o cuando no supriman información engañosa que haya sido divulgada por los proveedores y de la que tengan conocimiento;
lamenta que no se incluyan normas que garanticen unos sistemas de evaluación y comentarios de los usuarios mejores y más transparentes.
(1) Reglamento (UE) n.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre RLL en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1).
(2) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).
(3) Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 I de 2.3.2018, p. 1).
(2) Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 60 I de 2.3.2018, p. 1).