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Timestamp: 2018-12-15 21:18:19
Document Index: 278270108

Matched Legal Cases: ['artículo 114', 'artículo 85', 'artículo 249', 'artículo 251', 'artículo 3', 'artículo 282', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 56', 'artículo 19', 'artículo 59', 'artículo 72', 'artículo 8', 'artículo 11']

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES, EN LOS DERECHOS DE PETICION QUE RESUELVE LA DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL Y JURISDICCIONAL - PDF
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Ramona Fuentes Aguilera
1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES, EN LOS DERECHOS DE PETICION QUE RESUELVE LA DIRECCION DE JUSTICIA FORMAL Y JURISDICCIONAL QUIENES ADMINISTRAN JUSTICIA EN EL PAIS? Administran Justicia la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial, los juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, familia, ejecución de penas, pequeñas causas y competencia múltiple, especializados y promiscuos, el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados administrativos, la Corte Constitucional; en la Jurisdicción Especial las autoridades indígenas (dentro de su ámbito territorial) y los jueces de paz; la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura; la Justicia Penal Militar; la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias de Notariado y Registro, de Industria y Comercio, Bancaria, de Sociedades, de Valores y de Servicios Públicos; los agentes de la Contraloría General de la República, los notarios, los agentes con facultad disciplinaria, las oficinas de control interno disciplinario, las personerías municipales y distritales, los inspectores de trabajo, los inspectores, comisarios y defensores de familia, las alcaldías, los jefes de policía, los inspectores de policía, los mediadores, los conciliadores en equidad y en derecho, los amigables componedores, los árbitros; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los consultorios jurídicos, las oficina de registro de instrumentos públicos, los organismos de transito, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las organizaciones de usuarios de servicios públicos domiciliarios, las casas de justicia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional programa familia en acción-, las cámaras de comercio y el corregidor. QUIEN ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER LAS QUEJAS QUE SE INSTAUREN CONTRA JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL POR MORA O FALTA DE ACTUACION EN UN PROCESO? Se puede acudir a la Procuraduría General de la Nación para que estudie la viabilidad de designar un Agente Especial, que se encargará de vigilar la actuación para verificar que esté acorde con el procedimiento legal, y que se encuentran protegidos los derechos y garantías de los intervinientes en el trámite. QUIEN ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER LAS QUEJAS QUE SE INSTAUREN CONTRA LOS JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES Y DEMAS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN DESARROLLO DEL TRAMITE PROCESAL? 1
2 La queja se puede instaurar ante la Procuraduría General de la Nación, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales de la Judicatura. De conformidad con el artículo 114 numeral 2 de la ley 270 de 1996, Corresponde a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción. Corresponde al Procurador General de la Nación acorde con el artículo ejusdem: Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Si se presume que con la conducta del funcionario o empleado se ha podido incurrir en un hecho punible, se debe instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, o Fiscalías Seccionales según el caso. QUIEN ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CREACION DE JUZGADOS? La autoridad competente es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así lo dispone en artículo 85 de la Ley 270 de 1996: 5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos. 9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley. QUIEN ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE RADICACION DE UN PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN LA FISCALIA? Corresponde a Fiscalía General de la Nación, por cuanto de conformidad con el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia inciso final la Fiscalía tiene autonomía administrativa y presupuestal, y de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política, modificado por el A.L 3 de 2002, artículo 3 : Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 3).Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las 2
3 investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. (negrilla propia) QUIEN DEBE ATENDER UNA SOLICITUD DE ASESORAMIENTO EN UN PROCESO JUDICIAL? La Defensoría del Pueblo, toda vez que de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Política, corresponde al Defensor del Pueblo: 1.Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado, 3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.. Igualmente puede acudir a los consultorios jurídicos de las Universidades que tengan la facultad de Derecho. QUIEN DEBE ATENDER UNA SOLICITUD DE REVISION DE TUTELA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL? La solicitud se debe elevar ante el Defensor del Pueblo teniendo en cuenta que de conformidad con 33 del decreto 2591 de 1991 y la resolución 669 del 14 de junio de 2000 El Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. QUIEN DEBE ATENDER UNA SOLICITUD DE REVISION DE UN FALLO JUDICIAL? La función de revisar una decisión judicial proferida, como en este caso, por un Tribunal Superior en segunda instancia, corresponde a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación o, eventualmente en los casos expresamente señalados en la ley y la jurisprudencia, al juez constitucional, acudiendo al instituto de la tutela. Por lo tanto, no puede este Ministerio inmiscuirse en asuntos que son de competencia exclusiva de la Rama Judicial EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO ES EL COMPETENTE PARA REFORMAR LA JUSTICIA? De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 2897 de 2011, por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el sector administrativo de justicia y del derecho, es objetivo del Ministerio: 3
4 formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho. En virtud de lo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho adelanta las gestiones necesarias con el fin de liderar la interlocución entre el Poder Ejecutivo y la Rama Judicial, la elaboración de los estudios y proyectos que interesan al sector de justicia como herramientas para su buen funcionamiento y la promoción de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de acceso a la justicia. QUIÉN ES EL COMPETENTE PARA CONOCER SOBRE QUEJAS CONTRA PARTICULARES, POR ABUSOS CONTRA LOS CONSUMIDORES? De conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 y 15 del artículo 2 del Decreto 1687 de 2010 por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones, es competencia de dicha entidad: "Artículo 1. Funciones Generales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones establecidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 1302 de 1964, los Decretos 3467 y 3466 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 1993, el Decreto 427 de 1995, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, las Leyes 550 y 546 de 1999, el Decreto 1130 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1340 y 1341 de 2009 y aquellas que modifiquen o adicionen las anteriores, las demás que le señalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente de la República. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:"14. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas del caso u ordenar las medidas que resulten pertinentes. ( ) 15. Imponer previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las sanciones que de acuerdo con la ley sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al consumidor, por incumplimiento 4
5 de aquellos reglamentos técnicos cuya vigilancia se le haya asignado expresamente, así como por la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones. 16. Fijar el término de la garantía mínima presunta para bienes o servicios a que se refiere el artículo 11 del decreto 3466 de 1982 o las normas que lo modifiquen o adicionen. ( ) Asimismo el Código General del Proceso dispone en el artículo 24 lo siguiente: Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. ( ). En cuanto a las acciones jurisdiccionales establecidas para la protección al consumidor, la Ley 1480 de 2011 por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor, dispone: Artículo 56. Acciones jurisdiccionales. Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son: 1. Las populares y de grupo reguladas en la Ley 472 de 1998 y las que la modifiquen sustituyan o aclaren. 2. Las de responsabilidad por daños por producto defectuoso, definidas en esta ley, que se adelantarán ante la jurisdicción ordinaria. 3. La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor. En relación con las actuaciones administrativas que se pueden adelantar para proteger al consumidor, el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, señala: Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá las siguientes facultades administrativas en 5
6 materia de protección al consumidor, las cuales ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad: 1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas; 2. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en materia de protección al consumidor, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su aplicación; 3. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la investigación correspondiente. Para los efectos de lo previsto en el presente numeral, se podrá exigir la comparecencia de la persona requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para este efecto en el Código de Procedimiento Civil; 4. Practicar visitas de inspección así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la presente ley; 5. Con excepción de las competencias atribuidas a otras autoridades, establecer la información que deba indicarse en determinados productos, la forma de suministrarla así como las condiciones que esta debe reunir, cuando se encuentre en riesgo la salud, la vida humana, animal o vegetal y la seguridad, o cuando se trate de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores; 6. Ordenar, como medida definitiva o preventiva, el cese y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas en las disposiciones contenidas en esta ley o de aquella relacionada con productos que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores. 7. Solicitar la intervención de la fuerza pública con el fin de hacer cumplir una orden previamente impartida; 8. Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y de manera preventiva la producción, o la comercialización de productos hasta por un término de sesenta (60) días, prorrogables hasta por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, o de que no cumple el reglamento técnico. 9. Ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores por la violación de normas sobre protección al consumidor. 10. Difundir el conocimiento de las normas sobre protección al consumidor y publicar periódicamente la información relativa a las personas que han sido sancionadas por violación a dichas disposiciones y las causas de la 6
7 sanción. La publicación mediante la cual se cumpla lo anterior, se hará por el medio que determine la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y será de acceso público; 11. Ordenar la devolución de los intereses cobrados en exceso de los límites legales y la sanción establecida en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, en los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios mediante sistemas de financiación o en los contratos de crédito realizados con personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia en la actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular. 12. Ordenar al proveedor reintegrar las sumas pagadas en exceso y el pago de intereses moratorios sobre dichas sumas a la tasa vigente a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo, en los casos en que se compruebe que el consumidor pagó un precio superior al anunciado. 13. Definir de manera general el contenido, características y sitios para la indicación pública de precios. 14. Ordenar modificaciones a los clausulados generales de los contratos de adhesión cuando sus estipulaciones sean contrarias a lo previsto en esta ley o afecten los derechos de los consumidores. 15. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir según la naturaleza de los bienes y servicios, medidas sobre plazos y otras condiciones, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios. 16. Fijar el término de la garantía legal de que trata el artículo 8 de la presente ley para determinados bienes o servicios, cuando lo considere necesario. 17. Fijar el término por el cual los productores y/o proveedores deben disponer de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada para garantizar el buen funcionamiento de los bienes que ponen en circulación, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 11 de la presente ley. 18. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y servicios, mientras se expiden los reglamentos técnicos correspondientes cuando encuentre que un producto puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de los consumidores. En desarrollo de las funciones que le han sido asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio esta propenderá por difundir, informar y capacitar en materia de protección al consumidor. 7