Source: http://bazica.org/informe-de-admisibilidad-v3.html
Timestamp: 2018-12-12 23:57:35
Document Index: 149620732

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 46', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 17']

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INFORME No. 74/14
PETICIÓN 1294-05
MÁRIO DE ALMEIDA COELHO FILHO Y FAMILIA
OEA/Ser.L/V/II.152
Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2002 celebrada el 15 de agosto de 2014
152 período extraordinario de sesiones
Citar como: CIDH, Informe No.74/14, Petición 1294-05. Admisibilidad. Mário de Almeida Coelho Filho y de sus familiares. Brasil. 15 de agosto de 2014.
INFORME No. 74/141
El 14 de noviembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (en adelante “la peticionaria”), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Brasil (en adelante “el Estado” o “Brasil”) por la presunta violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 13 (libertad de expresión) 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana” o la “Convención”) en perjuicio del periodista Mário de Almeida Coelho Filho y de sus familiares.
Según la peticionaria, el periodista Mário de Almeida Coelho Filho, reportero, fotógrafo y director administrativo del periódico A Verdade en la ciudad de Magé, estado de Río de Janeiro, fue asesinado el 16 de agosto de 2001 tras recibir cinco tiros cuando llegaba en un vehículo a su casa, donde también operaba la sede del periódico. Según la peticionaria, entre las probables causas del asesinato estarían las denuncias publicadas en A Verdade contra políticos de la región de la Baixada Fluminense, una de las regiones más violentas del estado de Río de Janeiro. La peticionaria señala que el asesinato del periodista y la falta de una investigación adecuada de estos hechos por parte del Estado configuran una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana.
Por su parte, el Estado alega que la petición es inadmisible, en virtud de que la misma no cumple con los requisitos básicos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. En este sentido, el Estado argumentó que: (i) no se habían agotado los recursos internos; (ii) que los hechos expuestos no caracterizaban violaciones de derechos consagrados en la Convención; y (iii) que se estaba ante una solicitud que requiera que la Comisión actúe como una “cuarta instancia”.
Tras examinar las posiciones de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30 y 36 del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Comisión Interamericana decide declarar la petición admisible respecto de la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana, a la luz de la obligación general consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por último, la Comisión decide notificar a las partes y publicar el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
La petición fue recibida por la CIDH el 14 de noviembre de 2005. El 24 de abril de 2006, la petición fue abierta a trámite por la CIDH y en esta misma fecha la Comisión transmitió las partes pertinentes de la misma al Estado, solicitándole que presentase su respuesta dentro del plazo de dos meses contados a partir de la transmisión de dicha comunicación. El 11 de julio de 2006, el Estado solicitó una prórroga para presentar su respuesta. El 25 de julio de 2006, la CIDH concedió al Estado una prórroga de sesenta días. El 4 de agosto de 2006, el Estado presentó su respuesta a la presente petición, de cuyas partes pertinentes se dio traslado a la peticionaria el 11 de agosto de 2006.
El 26 de septiembre de 2006, la peticionaria presentó su escrito de observaciones y las partes pertinentes de éste fueron trasladadas al Estado el 11 de octubre de 2006. El 1 de diciembre de 2006, el Estado solicitó que le fuera trasladada la traducción al portugués del escrito de observaciones de la peticionaria. El 16 de enero de 2007, la CIDH solicitó a la peticionaria una copia en portugués de su escrito, la cual fue presentada por la peticionaria el 22 de enero de 2007. El 21 de marzo de 2007, se dio traslado al Estado de dicha comunicación. El 29 de junio de 2007, el Estado presentó sus observaciones adicionales, las cuales fueron transmitidas por la Comisión a la peticionaria el 26 de julio de 2007. El 27 de agosto de 2007, la peticionaria solicitó una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH el 6 de septiembre de 2007.
El 30 de julio de 2009, la CIDH solicitó información adicional a las partes sobre la petición. El 31 de agosto de 2009, el Estado solicitó una prórroga para presentar la información solicitada, la cual fue otorgada por la Comisión el 18 de septiembre de 2009. El 8 de enero de 2010 y el 19 de enero de 2010 el Estado remitió información adicional sobre la petición, la cual fue trasladada a la peticionaria el 22 de enero de 2010 y el 19 de febrero de 2010. El 9 de mayo de 2012, la CIDH solicitó información adicional a la peticionaria. El 19 de julio de 2013, la peticionaria presentó observaciones adicionales, las cuales fueron trasladadas al Estado el 2 de octubre de 2013. El 11 de noviembre de 2013 el Estado presentó observaciones adicionales. El 17 de diciembre de 2013, la CIDH transmitió las observaciones del Estado a la peticionaria.
La peticionaria alegó en su denuncia que el periodista Mário de Almeida Coelho Filho, reportero, fotógrafo y director administrativo del periódico A Verdade en la ciudad de Magé, fue asesinado el 16 de agosto de 2001. Señaló que la presunta víctima murió tras recibir cinco tiros cuando llegaba en un vehículo a su casa, donde también operaba la sede del periódico. Según la peticionaria, entre las probables causas del asesinato estarían las denuncias publicadas en A Verdade contra políticos de la región de la Baixada Fluminense, una de las regiones más violentas del estado de Río de Janeiro.
En este sentido, la peticionaria indicó que en los meses anteriores a su asesinato, Coelho Filho venía denunciando hechos de corrupción, el abuso del poder económico y el mal manejo del dinero público por parte de miembros de la alcaldía de la ciudad de Magé. Asimismo, observó que Coelho Filho estaba siendo procesado por José Camilo Zito dos Santos – alcalde de la ciudad de Duque de Caxias y esposo de Narriman Zito, alcalde de la ciudad de Magé – por un reporte que indicaba que Narriman había tenido una relación íntima con uno de sus agentes de seguridad. Señaló que Coelho Filho fue asesinado un día antes de que le correspondiera prestar declaración en este proceso.
Asimismo, según la peticionaria, al momento de su muerte Coelho Filho estaría investigando presuntos hechos de corrupción por Zito dos Santos. En este sentido, la peticionaria observó que fueron encontrados junto al cuerpo del periodista una serie de documentos sobre procesos judiciales iniciados por personas y órganos diversos contra Zito dos Santos. Notó que también fueron encontradas peticiones ante la alcaldía de Caxias do Sul sobre la malversación de recursos destinados a la educación y sobre corrupción en la distribución de alimentos.
Por otra parte, la peticionaria afirmó que el periodista también solía reportar sobre la actuación del entonces concejal de la ciudad de Magé, Genivaldo Ferreira Nogueira. En este sentido, observó que Coelho Filho había publicado reportes sobre su relación con otra concejal en la Cámara Municipal y había insinuado en A Verdade que el concejal no tenía un diploma de la secundaria.
La peticionaria también observó que el periodista había sufrido amenazas de muerte por teléfono cuatro meses antes de su asesinato, las cuales denunció en su periódico. En este sentido, señaló que el periodista ya había sido víctima de amenazas de muerte, en razón de sus reportajes sobre políticos de la región de la Baixada Fluminense. Añadió que, en dicha ocasión, el periodista también había sido interceptado de manera violenta por un vehículo mientras conducía su coche en una carretera. Según la peticionaria, Coelho Filho registró el hecho en la comisaría en la ciudad de Magé e informó que había publicado reportes en la época de los hechos sobre las actividades del concejal Ferreira Nogueira, de la concejal Eliane Franco y de la diputada estatal Núbia Cozzolino.
Según la peticionaria, tras la conclusión de las investigaciones policiales, el 17 de diciembre de 2002 el Ministerio Público presentó acusación en contra del concejal Genivaldo Ferreira Nogueira y del ex policía militar Reynaldo Polary Stumpf como presuntos autores intelectual y material del asesinato de la presunta víctima, respectivamente. Observó que las investigaciones habían concluido que, después de vigilarlo durante cuatro días, el ex policía militar Polary Stumpf había asesinado al periodista. Informó que el acusado Polary Stumpf se había fugado, por lo que el proceso penal continuó solo respecto del concejal Genivaldo Ferreira Nogueira.
Observó que el 24 de junio de 2003, el Juzgado Criminal de Magé emitió sentencia de “pronuncia” en contra del acusado Ferreira Nogueira, con lo cual fue sometido a juzgamiento por un Tribunal de Jurados. Explicó que el 30 de junio de 2005, Ferreira Nogueira fue absuelto por el 3º Tribunal de Jurados del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro por falta de pruebas. Informó que el propio Ministerio Público alegó durante el juzgamiento que no contaba con la prueba necesaria para condenar al acusado. En este sentido, el peticionario indicó que la decisión quedó firme, ya que el Ministerio Público decidió no apelarla.
La peticionaria indicó que el ex policía militar Polary Stumpf, acusado de actuar como autor material del crimen, había sido detenido por otro delito en la ciudad de Cabo Frío el 3 de diciembre de 2004. Añadió que a pesar de ello, al momento del juzgamiento del concejal Ferreira Nogueira, el Ministerio Público todavía no había sido informado de la detención de Polary Stumpf. En este sentido, observó que el presunto autor material no fue escuchado en el juicio en el cual el concejal Ferreira Nogueira fue absuelto por falta de pruebas. Según la peticionaria, el Jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro aclaró en un comunicado de prensa que la nota enviada por la comisaría de Cabo Frío al Juzgado de Magé, mediante la cual informó sobre la detención del presunto autor material nunca fue recibida y, según funcionarios del juzgado, podría haber sido extraviada. Añadió que, según el promotor del Ministerio Público responsable por el caso, la declaración del acusado Polary Stumpf habría podido establecer el vínculo entre los dos sospechosos. Observó que, según el promotor, “las investigación estuvo mal dirigida” y estuvo “contaminada” desde la fase inicial.
Adicionalmente, la peticionaria señaló que en mayo de 2007 el ex policía militar Polary Stumpf fue condenado como autor material del asesinato del periodista Coelho Filho. Sin embargo, reiteró que el Estado no había adoptado medidas adicionales para determinar los motivos por los cuales el periodista fue asesinado. En este sentido, la peticionaria observó que José Camilo Zito dos Santos, el entonces alcalde de la ciudad de Duque de Caxias, no fue objeto de investigación, a pesar de haber sido señalado durante las investigaciones iniciales como posible autor intelectual del crimen.
Finalmente, la peticionaria observó que la hermana de Coelho Filho había sufrido amenazas durante el proceso penal llevado a cabo por el asesinato de la presunta víctima y había tratado de dejar la ciudad de Magé.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la peticionaria alegó que el Estado es responsable de la violación de los artículos 4, 13, 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del periodista Mário de Almeida Coelho Filho y sus familiares.
En su escrito de 4 de agosto de 2006, el Estado alegó que no se agotaron los recursos internos, considerando que la acción penal en contra de Polary Stumpf seguía en trámite. En este sentido, el Estado informó que se había emitido sentencia de “pronuncia” contra el acusado el 11 de mayo de 2006, la cual determinó que Polary Stumpf fuera juzgado por un Tribunal de Jurados. Añadió que el proceso en contra del acusado transcurría en un plazo razonable, dado que “solamente tres años y medio” habían pasado entre la presentación de la denuncia por el Ministerio Público y la pronuncia. Asimismo, el Estado observó que el acusado Polary Stumpf se encontraba detenido, lo cual, añadido a la decisión de someterle al Tribunal de Jurados, demuestra la eficacia de los mecanismos de justicia internos. Por lo anterior, el Estado alegó que la peticionaria no cumplió con el requisito previsto en el artículo 46.a de la Convención Americana.
Asimismo, el Estado alegó que los hechos presentados en la petición inicial no caracterizan una violación a los derechos consagrados en la Convención Americana. Sobre este punto, el Estado alegó que la decisión que absolvió al concejal Ferreira fue proferida por una corte nacional que actuó de acuerdo con su competencia constitucional y de acuerdo con el debido proceso legal. Añadió que el acusado fue juzgado por miembros de la propia comunidad que conformaron el Tribunal de Jurados, sin la intervención del Estado. Observó que con el tránsito en juzgado de dicha decisión, la CIDH no podría evaluar si dicha decisión fue injusta o equivocada, en respeto a la fórmula de la cuarta instancia. Concluyó que la peticionaria no presentó hechos que pudieran caracterizar una violación de la Convención Americana, por lo cual la petición es inadmisible con base en el artículo 47.b de la Convención.
Posteriormente, en su comunicación de 29 de junio de 2007, el Estado informó que, el 30 de mayo de 2007, el acusado Polary Stumpf fue condenado a 18 años de cárcel por un Tribunal de Jurados. Añadió que el proceso seguía su trámite en un plazo razonable. En este sentido, el Estado reiteró que la peticionaria no había indicado en su petición inicial cuales acciones había adoptado para agotar los recursos internos. Sobre este punto, el Estado observó que la peticionaria no se habilitó para actuar como “asistente de la acusación” en la acción penal en trámite, lo que le habría permitido apelar la decisión ante la ausencia de recurso del Ministerio Público.
Asimismo, el Estado alegó que no hubo dolo ni culpa de sus agentes en el asesinato de la presunta víctima. Añadió que sus órganos policiales y judiciales no actuaron con omisión en la investigación y juzgamiento de los responsables, lo cual resultó en la condena y prisión de uno de los acusados.
En su comunicación de 8 de enero de 2010, el Estado reiteró sus alegatos anteriores y presentó información adicional sobre el caso. En este sentido, el Estado informó que el acusado Polary Stumpf interpuso recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF), los cuales fueron rechazados el 26 de septiembre de 2009. Asimismo, indicó que el acusado había interpuesto un nuevo recurso ante dicha decisión, lo cual todavía no había sido resuelto. No obstante, señaló que Polary Stumpf permaneció detenido durante todo el proceso.
Finalmente, en su comunicación de 11 de noviembre de 2013, el Estado reiteró sus alegatos anteriores e informó que los recursos interpuestos por el acusado Polary Stumpf ante el STF y el STJ fueron rechazados. Señaló que tanto la decisión que condenó a Polary Stumpf como la que absolvió a Ferreira Nogueira fueron adoptadas de acuerdo con los parámetros nacional e internacionales. Asimismo, observó que no cuenta con registro de que se haya iniciado una acción civil para sancionar a los responsables o reparar civilmente a las presuntas víctimas.
De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana y el artículo 23 del Reglamento de la CIDH, la peticionaria tiene locus standi para presentar peticiones ante la Comisión Interamericana. En cuanto al Estado, Brasil es parte de la Convención Americana y, por tanto, responde en la esfera internacional por las violaciones a dicho instrumento. Las presuntas víctimas son personas naturales respecto de quienes el Estado se comprometió a garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, razón por la cual, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
La CIDH tiene competencia ratione materiae debido a que la petición se refiere a presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, la Comisión toma nota de que Brasil es un Estado parte de la Convención desde el 25 de septiembre de 1992, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión posee competencia ratione temporis para examinar la petición.
Por último, la Comisión Interamericana posee competencia ratione loci para conocer la petición por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Brasil.
Asimismo, en situaciones en las cuales la evolución de los hechos inicialmente presentados a nivel interno implica un cambio en el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Comisión ha señalado que su análisis debe hacerse a partir de la situación prevaleciente al momento del pronunciamiento de admisibilidad4.
En su respuesta a la petición inicial, el Estado alegó que no se habían agotado los recursos internos disponibles, ya que el proceso penal en contra del acusado Polary Stumpf seguía en trámite. Asimismo, el Estado señaló que la peticionaria tenía la posibilidad de coadyuvar en el proceso, lo cual no fue hecho. Finalmente, el Estado señaló que no se inició una acción civil para responsabilizar a los culpables y reparar a las presuntas víctimas.
En el presente caso, la Comisión observa que el Estado inició una investigación penal sobre el asesinato de la presunta víctima que resultó en una acusación presentada por el Ministerio Público en contra del concejal Genivaldo Ferreira Nogueira – acusado como autor intelectual – y del ex policía militar Reynaldo Polary Stumpf – acusado como autor material.
Como se desprende del expediente del presente caso, el 30 de mayo de 2007, el acusado Polary Stumpf fue juzgado y condenado como autor material del caso. Ante dicha decisión, el condenado interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado el 17 de julio de 2008 por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Posteriormente, interpuso recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF), los cuales también fueron rechazados el 26 de septiembre de 2009. Polary Stumpf interpuso nuevos recursos ante el STF y el STJ en contra de dichas decisiones, los cuales fueron rechazados el 19 de octubre de 2009 y el 15 de junio de 2009, respectivamente.
Por otra parte, la CIDH nota que el 30 de junio de 2005, el concejal Ferreira Nogueira, acusado como autor intelectual del caso, fue absuelto por un tribunal de jurados por falta de pruebas, decisión que no fue apelada por el Ministerio Público. La Comisión observa que, según la peticionaria, dicha decisión habría sido adoptada en un proceso en el cual se habría dejado de practicar pruebas fundamentales que estarían dentro del alcance del Estado, como el testimonio del acusado Polary Stumpf – posteriormente condenado como autor material del crimen – quien se encontraría detenido al momento del juzgamiento. Según los peticionarios, su detención no sería de conocimiento del juzgado responsable por el proceso en contra de Ferreira Nogueira dado que fue “extraviada” una nota que informaba dicho hecho al mencionado juzgado.
Finalmente, la Comisión observa que, según lo alegado por la peticionaria, no habrían sido adoptadas medidas adicionales para determinar los motivos por los cuales el periodista fue asesinado y determinar la autoría intelectual del crimen. En este sentido, la peticionaria alegó, entre otras cosas, que el entonces alcalde de la ciudad de Duque de Caxias no fue objeto de investigación, a pesar de las duras críticas y reportes publicados por el periodista sobre su administración y su familia. Dichas publicaciones habrían dado lugar a un proceso en el cual Coelho Filho prestaría declaraciones al día siguiente de su asesinato. Asimismo, la peticionaria afirmó que, al momento de su muerte, el periodista estaría investigando presuntos hechos de corrupción por el alcalde y que fueron encontrados junto al cuerpo del periodista una serie de documentos sobre procesos judiciales iniciados por personas y órganos diversos contra dicho funcionario.
Ahora bien, la CIDH advierte que los hechos alegados en el presente caso involucran la privación arbitraria del derecho a la vida por razones presuntamente asociadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la presunta víctima. A este respecto, la CIDH reitera que los Estados tienen el deber de investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de estos delitos, incluidos los autores intelectuales, pues resulta fundamental develar las causas del crimen para proteger y reparar integralmente no sólo el derecho a la vida sino el derecho a la libertad de expresión. En el mismo sentido, la CIDH ha indicado que en este tipo de crímenes, cuando exista una hipótesis lógica que conduzca a sostener que fue cometido para impedir que el periodista investigara posibles estructuras criminales a las que hubieren podido estar vinculados funcionarios públicos, el Estado debe oficiosamente investigar las estructuras criminales a las que pertenezcan los agresores5. En este sentido, la jurisprudencia interamericana ha establecido que, en el cumplimiento de su deber de investigar y procesar a todos los responsables por hechos de violencia contra periodistas, los Estados tienen la obligación especial de agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima y aclarar las razones del crimen, lo cual conduce, como se ha mencionado, a la investigación efectiva de los autores intelectuales6.
En efecto, una decisión absolutoria, como la recaída en el presente caso, no agota la obligación del Estado de esclarecer el crimen, y establecer la responsabilidad penal de los verdaderos autores intelectuales de los hechos, ni permite a los familiares de las presuntas víctimas conocer la verdad de los hechos. En estas circunstancias, como resulta claro, los familiares de las presuntas víctimas tienen derecho a esperar que el Estado adelante otras acciones destinadas a esclarecer lo sucedido y el Estado, a su turno, tiene la obligación de continuar de forma oficiosa todas las investigaciones necesarias para satisfacer la demanda de justicia presentada7.
Debido a lo anterior, la Comisión considera que, para efectos del estudio de admisibilidad de la petición, la referida sentencia de 30 de junio de 2005 que absuelve a Ferreira Nogueira, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista, no podía concluir la instancia doméstica y que la investigación penal constituye la vía adecuada a agotar.
La CIDH entiende que la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención8. En consecuencia, resulta necesario diferenciar la figura del retardo injustificado a que se refiere el artículo 46.2 de la Convención, aplicable en la etapa de admisibilidad de una petición, del estándar de plazo razonable, aplicable al análisis de posibles violaciones al artículo 8.1 de la Convención, en el estudio del fondo de la controversia.
De la información aportada se desprende que transcurridos más de doce años desde la fecha que ocurrieron los hechos, ninguna de las investigaciones o procesos impulsados ha logrado la identificación y sanción de los autores intelectuales del asesinato del periodista Coelho Filho ni el esclarecimiento de los hechos, y tampoco han permitido la reparación de los familiares de las víctimas. En este sentido, para efectos de la admisibilidad, la Comisión considera que el lapso de doce años permite aplicar la excepción contenida en el artículo 46.2 de la Convención, por retardo injustificado9. En todo caso, corresponderá analizar la eficacia de los recursos en relación con los derechos a la protección y a las garantías judiciales en la etapa del fondo10.
En cuanto al recurso de la jurisdicción civil señalado por el Estado, la CIDH estima que para los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo, este recurso no constituye una vía idónea, ni resulta necesario su agotamiento. La Comisión reitera que el proceso penal constituye el recurso idóneo para aclarar los hechos, juzgar a los eventuales responsables y establecer las sanciones penales correspondientes en los casos de presunta privación de la vida de una persona, aparte de que permite otros modos de reparación de tipo pecuniario11. En este sentido, la CIDH estima que la obligación de reparación integral surge como consecuencia de una violación de la Convención y una reparación integral y adecuada, en el marco de la Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición12. En este sentido, recursos destinados a garantizar una indemnización no constituyen per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación13.
El artículo 46.1.b) de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna. Esta regla no tiene aplicación cuando la Comisión encuentra que se ha configurado alguna de las excepciones al agotamiento de los recursos internos consagradas en el artículo 46.2 de la Convención. En tales casos, la Comisión debe determinar si la petición fue presentada en un tiempo razonable de conformidad con el artículo 32.2 de su Reglamento, el cual establece que:
En el presente caso, la petición fue recibida el 14 de noviembre de 2005, menos de cinco meses después de la decisión que absolvió al acusado como autor intelectual en el asesinato de la presunta víctima y mientras el proceso en contra del acusado como autor material se encontraba en trámite. En consecuencia, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
Corresponde a la Comisión Interamericana determinar si los hechos descritos en la petición caracterizan violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana, conforme a los requerimientos del artículo 47.b, o si la petición, conforme al artículo 47.c, debe ser rechazada por ser “manifiestamente infundada” o por resultar “evidente su total improcedencia”. En esta etapa procesal corresponde a la CIDH hacer una evaluación prima facie, no con el objeto de establecer presuntas violaciones a la Convención Americana, sino para examinar si la petición denuncia hechos que potencialmente podrían configurar violaciones a derechos garantizados en la Convención Americana. Este examen no implica prejuzgamiento ni anticipo de la opinión sobre el fondo del asunto14.
En el presente caso, la peticionaria alegó que el periodista Mario Coelho Filho fue asesinado en razón del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, tras sufrir graves amenazas de muerte por los reportes que publicaba en el periódico A Verdade. Dichas amenazas habrían sido pública y oportunamente denunciadas, sin que el periodista hubiera recibido protección. Asimismo, la peticionaria afirmó que se presentaron fallas importantes en las investigaciones y el proceso penal llevado a cabo para determinar la autoría intelectual del caso, lo cual incluiría la omisión en escuchar al autor material del asesinato, no obstante el mismo estar en custodia del Estado. La peticionaria también alegó que, no obstante la condena del autor material del crimen en mayo de 2007, el Estado no habría adoptado medidas adicionales para agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la presunta víctima, determinar los motivos por los cuales el periodista fue asesinado y establecer la autoría intelectual del crimen. Finalmente, la peticionaria afirmó que familiares de la presunta víctima habrían sido víctimas de amenazas durante las investigaciones llevadas a cabo en el presente caso.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que, de ser probadas, las alegaciones de la peticionaria, se podrían caracterizar violaciones a los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial protegidos en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, del carácter de los hechos denunciados en la petición se desprende que éstos podrían configurar violaciones del artículo 5.1 de la Convención Americana, respecto de los familiares de la presunta víctima. La Comisión analizará la posible violación de estas disposiciones a la luz de las obligaciones generales consagradas en el artículo 1.1 de la Convención.
Por otra parte, la Comisión entiende que, de ser probado el alegato según el cual en el presente caso se produjo la violación del derecho a la vida de un periodista en razón del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, se estaría ante una violación al derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.
Aprobado en la ciudad de México, D.F., a los 15 días del mes de agosto de 2014. (Firmado): Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz, y James L. Cavallaro, Miembros de la Comisión.
1 El Comisionado Paulo Vannuchi, ciudadano brasileño, no participó en las deliberaciones o en la decisión relacionada con la presente petición, de conformidad con el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
2 CIDH. Informe No. 23/07. Eduardo José Landaeta Mejías y otros. Petición 435-2006. Admisibilidad. 9 de marzo de 2007,
párr. 43.
 CIDH. Informe No. 23/07. Eduardo José Landaeta Mejías y otros. Petición 435-2006. Admisibilidad. 9 de marzo de 2007,
párr. 43; CIDH. Informe No. 15/06. María Emilia González, Paula Micaela González y María Verónica Villar. Petición 618-01. Admisibilidad. 2 de marzo de 2006, párr. 34; CIDH. Informe No. 52/97. Caso 11.218. Arges Sequeira Mangas. Informe Anual 1997,
párrs. 96 y 97. Ver también Informe No. 55/97, párr. 392 e Informe No. 55/04, párr. 25.
 CIDH. Informe Nº 20/05. Rafael Correa Díaz. Perú. Petición 714-00. Admisibilidad. 25 de febrero de 2005, párr. 32; CIDH., Informe Nº 25/04. Ana Victoria Sánchez Villalobos y otros. Costa Rica. Petición 12.361. 11 de marzo de 2004, párr. 45; CIDH. Informe Nº 52/00. Trabajadores cesados del Congreso de la República. Casos 11.830 y 12.038. Perú. 15 de junio de 2001, párr. 21.
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013, párr. 166; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística (Período 1995-2005). OEA/Ser.L/V/II.131. Doc. 35. 8 de marzo de 2008, párr. 40.
 Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 211; CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de 2013, párr. 203.
 CIDH. Informe No. 90/03. Petición 222-10. Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos, Saúl Castalleda Zúñiga, Silvia Margarita Duzán Sáenz y familias. Colombia. 4 de noviembre de 2013, párr. 40.
 CIDH. Informe No. 151/11. Luis Giován Laverde Moreno y otros. Colombia. Petición 1077-06. Admisibilidad. 2 de noviembre de 2011, párr. 31.
 CIDH. Informe No. 54/04. Nelson Carvajal Carvajal. Colombia. Petición 559-2002. Admisibilidad. 13 de octubre de 2004.,
párr. 32.
 CIDH. Informe No. 90/03. Petición 222-10. Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos, Saúl Castalleda Zúñiga, Silvia Margarita Duzán Sáenz y familias. Colombia. 4 de noviembre de 2013, párr. 44.
 CIDH. Informe No. 99/09. Petición 12.335. Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Colombia. 29 de octubre de 2009, párr. 33.
 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. . Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 163, párr. 221.
 Corte I.D.H., Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 163, párr. 220; Ver también, Corte I.D.H., Corte I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 340; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 209.
 CIDH. Informe No. 21/04. Petición 12.190. Admisibilidad. José Luís Tapia González y otros. Chile. 24 de febrero de 2004, párr. 33.