Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2007/SU891-07.htm
Timestamp: 2017-10-22 10:07:52
Document Index: 249035168

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 197', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 151', 'artículo 197', 'artículo 270', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 2495', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 77', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 486', 'artículo 2493', 'artículo 157', 'artículo 36', 'artículo 161', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 8', 'artículo 2495']

SU891-07
Sentencia SU.891/07
NOTIFICACION DE ACCION DE TUTELA-Reglas jurisprudenciales
NOTIFICACION DE ACCION DE TUTELA-Juez de tutela no está obligado a ordenar la notificación a todos los hipotéticos o presuntos terceros afectados por el fallo
NOTIFICACION DE ACCION DE TUTELA-Inexistencia de obligación de notificar su inicio a tercero con interés legítimo por cuanto su posición jurídica no se ve directamente afectada, ni jurídica, ni fácticamente por la decisión
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Cumple funciones jurisdiccionales frente a procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles
AUTO DE GRADUACION Y CALIFICACION DE CREDITOS-Puede ser impugnado por tutela
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Procedencia excepcional y restringida
CAXDAC-Recuento normativo y jurisprudencial de las contribuciones de las empresas de transporte aéreo a su favor
CAXDAC-Aportes constituyen contribución parafiscal especial en cuanto fueron concebidas para sustituir la obligación de carácter pensional
CAXDAC-Doble naturaleza parafiscal y pensional del crédito
CREDITOS LABORALES-Prevalencia del pago de las mesadas pensionales dentro del trámite concursal o liquidatorio
TRAMITE LIQUIDATORIO-Pago preferente de mesadas pensionales
TRAMITE LIQUIDATORIO-Criterios para la protección de acreencias pensionales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO ADELANTA TRAMITE LIQUIDATORIO-Procedencia por dejar de aplicar las normas legales conforme a las cuales las empresas de aviación civil tienen una obligación pensional que solo dejará de estar a su cargo cuando hayan pagado a CAXDAC en su integridad el valor del correspondiente cálculo actuarial
CAXDAC-Responsabilidad directa en pensiones
CAXDAC-Prelación para el pago del crédito y ponderación frente a las demás obligaciones laborales
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE ACES-Obligación de adoptar medidas necesarias en el crédito laboral de carácter pensional presentado por CAXDAC
Mediante auto de ocho de junio de 2006[1], que se expidió en obedecimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional al resolver el conflicto de competencias que se había suscitado en el trámite de la presente acción de tutela, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá dispuso librar oficio a la entidad accionada para que “… en el término improrrogable de dos (2) días se sirva: 2.1.- Rendir un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela.- // 2.2.- Remitir copias de toda la actuación surtida con ocasión del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad AREOLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A. “ACES” (Ver f. 425 de es Cdno.).-”. Dispuso así mismo el Juzgado que “3º.- Una vez allegado el citado expediente, cítese a las partes del mismo, por el medio más expedito y eficaz, de conformidad y para los fines establecidos en el Art. 83 del C. de P.C., en conc. con el Art. 4º del Decreto 306 de 1992.” (Cursiva y negrilla en el original)
En el escrito por medio del cual la Superintendencia de Sociedades da respuesta a la solicitud del Juzgado y en el cual pide rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, la Superintendencia expresa que como quiera que el expediente está constituido por 22 cuadernos de actuaciones, 78 cuadernos de créditos, 22 cuadernos de inventarios, 7 cuadernos de recursos interpuestos al Auto de Calificación y Graduación de Créditos y 36 tomos de anexos, considera que para efectos del trámite de la tutela es suficiente con la remisión de determinadas pruebas documentales, sin perjuicio de su disposición para suministrar la información adicional que el Juez de Tutela juzgue pertinente.(Folio 541)
A folio 552 del expediente obra constancia secretarial de fecha 16 de junio de 2006 conforme a la cual “… una vez revisada la información allegada en los escritos de la Supersociedades no figura información alguna que contenga dirección, acerca de los acreedores que conforman dicho proceso de la aportada por la apoderada de la accionante es (sic) escrito visible a Folios 527 y 528 anterior”.
En escrito adicional a la solicitud de amparo, con referencia “a. Medida provisional art. 7 Decreto 2591 de 1991” y “b. Notificaciones adicionales”, la apoderada de CAXDAC había expresado que: “Teniendo en cuenta que el plan de pagos aprobado por la Junta Asesora, de fecha 6 de abril de 2006, señaló los acreedores que al entender del liquidador y de la mayoría de la Junta Asesora, quedaron por encima de la calificación y graduación de créditos dada a las obligaciones pensionales de CAXDAC. / Dichos acreedores podrían alegar que con las resultas de esta tutela se pueden ver afectados sus derechos y en consecuencia podrían exigir la notificación de esta Tutela, solicito y pongo a consideración de su Despacho que se ordene la notificación respectiva, a las siguientes sociedades en las direcciones que más adelante indico, todas en la ciudad de Bogotá:” (Se relacionan, con la respectiva dirección, las siguientes personas y entidades: Federación Nacional de Cafeteros; Inversiones Fenicia S.A.; Fiduciaria Cafetera Fiducafé; Juan Emilio Posada; Manuel Rosas Prieto; Porvenir S.A.; SANITAS S.A.; Horizonte Pensiones y Cesantías; Colfondos; Protección S.A.; Pensiones y Cesantías Santander S.A.; Compañía Suramericana de Servicios de Salud; DIAN; Dirección de Impuestos Distritales Secretaría de Hacienda; SENA e Instituto de Seguros Sociales.)
En el expediente figuran también escritos de oposición, algunos radicados con posterioridad al fallo de primera instancia, de la Sociedad Fiduciaria Cafetera S.A., FIDUCAFE, como subrogataria de las obligaciones laborales de ACES; la Sociedad PrimeAir Ltda.; la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; Horizonte, Pensiones y Cesantías, y Colfondos.
4.1. Por medio de la Resolución 1586 del 9 de septiembre de 2003, la Superintendencia de Puertos y Transporte, aceptó la declaratoria de disolución voluntaria de la Sociedad AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A. ACES.
4.2. El 1 de septiembre de 2003 por medio de escrito radicado con número 2003­01-146411, el Representante Legal de la sociedad ACES - EN LIQUIDACION, solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión de ACES al proceso concursal en la modalidad de liquidación obligatoria.
4.4. El día 6 de noviembre de 2003, se fijó en la Superintendencia de Sociedades el edicto emplazatorio para que los acreedores de ACES se hicieran parte dentro del proceso liquidatorio, siendo éste desfijado el 20 de noviembre de 2003.
4.7. Mediante auto número 440-000001 de fecha 3 de enero de 2005, la Superintendencia de Sociedades profirió auto de calificación y graduación de créditos de ACES.
4.8. En desarrollo del numeral 2.2.5 OBJECIONES PRESENTADAS EN CONTRA DEL CREDITO PRESENTADO POR CAXDAC del auto mencionado, la Superintendencia de Sociedades consideró que la obligación a cargo de ACES y a favor de CAXDAC, tiene naturaleza pensional, con base en el artículo 270 de la Ley 100 de 1993, el artículo 5 del Decreto 2210 de 2004, el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, reconociendo un crédito cierto respecto de las sumas de dinero causadas y no pagadas a CAXDAC ($2.437.521.801) y como gastos de administración en los términos del artículo 197 de la Ley 222 de 1995, la obligación originada en el CALCULO ACTUARIAL dado que su determinación, su monto y su pago, dependen de hechos futuros.
4.9. Dentro del término de ejecutoria del mencionado auto el liquidador y la fiduciaria cafetera FIDUCAFE, subrogataria de los créditos laborales de ACES, y CAXDAC, interpusieron recurso de reposición en contra del auto de graduación y calificación de créditos.
4.10. Mediante auto número 440-021895 de fecha 23 de diciembre de 2005, notificado el día 27 del mismo mes y año, la Superintendencia de Sociedades, resolvió los recursos de reposición interpuestos contra el auto 440-000001 del 3 de enero de 2005.
4.11. En desarrollo del numeral 5.2. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DADA AL CREDITO DE CAXDAC - CRÉDITO (77), la Superintendencia de Sociedades consideró que la obligación de CAXDAC es una obligación de carácter parafiscal y no laboral pensional, y que no constituye un gasto de administración, sino una obligación legal a plazo que se hace exigible por efecto de la liquidación.
Señala que en la providencia del 23 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Sociedades, modificó en su integridad lo dispuesto en su anterior decisión en relación con el crédito de CAXDAC, para determinar que el mismo no es pensional sino “parafiscal” y de cuantía indeterminada. Prosigue diciendo que para fundamentar tal decisión la Superintendencia se basó en una sentencia de la Corte Constitucional del año 1999, proferida en fecha anterior a aquellas en las cuales fueron dictados el Decreto 2210 de 2004, la Ley 860 de 2003 y el Acto Legislativo No. 1 de 2005. De este modo, dice, se acogió una jurisprudencia anterior a las normas reguladoras, en decisión que es contraria a la normativa vigente.
Expresa que, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2210 de 2004, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 3º de la Ley 860 de 2003, “[e]n cualquier evento en que se produzca la disolución de una de las empresas a que se refiere el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, el cálculo deberá pagarse dentro del proceso de liquidación, en la forma prevista en la Ley, con la preferencia que le corresponde como obligación pensional” (subraya la demandante)
Prosigue poniendo de presente que el Decreto 824 de 2001, en su artículo 1º señala que “[d]e conformidad con el artículo 8 del Decreto-Ley 1283 de 1994, las empresas aportantes a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –CAXDAC, continuaran siendo responsables por el pago de los pasivos pensionales hasta el momento en que realicen la entrega íntegra del valor del calculo actuarial de los afiliados a su cargo.” Y que “[a] partir del momento en que culmine dicha entrega, la responsabilidad por el pago de los pasivos pensionales estará a cargo de CAXDAC, en su calidad de entidad administradora del régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias establecidas en el Decreto-Ley 1282 de 1994.”
Para la accionante, finalmente, “… la Superintendencia de Sociedades, ignora en la providencia atacada, el acto legislativo N° 1 de 22 de julio de 2005, que adiciona el artículo 48 de la Carta Magna, que es claro al reconocer y proteger la sostenibilidad financiera del sistema pensional, como un requisito elemental para el pago de las obligaciones pensionales, que debe hacer CAXDAC sin consideraciones adjetivas, que conduzcan a la defraudación de la seguridad social y a los derechos fundamentales.”
Es un contrasentido, señala, decir que las obligaciones para con CAXDAC tienen carácter parafiscal, pero no pensional, porque es abundante y reiterada la jurisprudencia que de manera clara ha otorgado a los recursos pensionales la naturaleza de aportes parafiscales. Bastaría, prosigue, con hacer referencia a diferentes sentencias de la Corte Constitucional[2] en las que se reconoce por un lado la naturaleza pensional de las obligaciones de las empresas para con CAXDAC y, por otro, su especial condición de ser recursos parafiscales.
c) En relación con la vulneración directa de la Constitución, la accionante simplemente señala que “[l]a decisión judicial contenida en el auto de fecha 23 de diciembre de 2005, número 440- 021895 desconoce el contenido de los derechos fundamentales de los pensionados, mediante decisiones inconstitucionales contrarias a derecho.”
Sin embargo, en otra aparte del escrito de tutela la accionante había manifestado que si CAXDAC no recibe el pago oportuno de las empresas de aviación cotizantes, no puede responder en el pago de las pensiones que actualmente tiene de los aviadores civiles, razón por la cual la decisión de la Superintendencia resulta contraria a lo dispuesto en el acto legislativo No. 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, estableciendo que el Estado garantizará la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Para la protección de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados, la accionante solicita que “…se impugne la parte pertinente de la providencia número 440-021895 de fecha 23 de diciembre de 2005 proferida por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y se ordene a esa misma SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES otorgarle a la acreencia presentada por CAXDAC el reconocimiento como obligación pensional, de acuerdo con el Artículo 48 de la Carta Magna adicionado por el Acto Legislativo N° 1 de 2005, los Decretos 1260 de 2001 y 824 de 2001 y, el artículo 5 del Decreto 2210 de 2004, para ser pagada como gasto de administración dentro de la liquidación obligatoria de ACES, según lo había dispuesto el Auto 440-000001 de 3 de enero de 2005.” (Mayúsculas, subrayado y negrillas en el original).
7.1. En su escrito de oposición a la solicitud de amparo[3], la Superintendencia de Sociedades expresa en síntesis que:
Si, en gracia de discusión, se resolviese que el Decreto 2210 de 2004 sí debía aplicarse dentro del proceso de liquidación obligatoria de ACES, la consecuencia sería la de que, ante la imposibilidad de cubrir la totalidad del cálculo actuarial, surgiría una obligación subsidiaria para ACES, a favor de los aviadores con derechos pensionales incluidos en el cálculo actuarial, cuyo pago que debería hacerse “… conforme al mecanismo de normalización que se llegue a aplicar según lo previsto en el decreto 1260 de 2000, para lo cual deberá solicitar a CAXDAC la restitución de las transferencias ya efectuadas antes de la apertura del trámite liquidatorio.”
7.1.3. Naturaleza parafiscal del crédito de CAXDAC. Los fondos administrados por CAXDAC revisten la connotación de contribuciones parafiscales. Tal como se reconoce por la propia accionante, “tanto el H. Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, han sostenido que las cotizaciones con destino a la seguridad social son aportes parafiscales y no solo eso, sino además que son el prototipo de esta modalidad de tributo.”
La calificación del crédito presentado por CAXDAC como un crédito de carácter parafiscal se fundamentó en las normas legales aplicables así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-865) y otras altas Cortes.
Tal circunstancia había sido definida por la Superintendencia en el Auto No. 440-012895, y ni siquiera en la propia solicitud elevada por CAXDAC a la Superintendencia se pretendía que se calificase su crédito como gasto de administración.
· El Decreto 1283 de 1994, derogado por la Ley 860 de 2003, establecía que las empresas aéreas contaban con un plazo de once años para amortizar el valor del cálculo actuarial correspondiente a los aportes que se encontraban obligadas de realizar a favor de CAXDAC.
Por consiguiente, no puede catalogarse como vía de hecho la aplicación en el presente caso de lo previsto en el artículo 151 de la Ley 222 de 1995, numeral segundo, según el cual, la apertura del trámite liquidatorio implica “… 2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo.”
· CAXDAC no puede desconocer sus propios actos
Lo anterior significó que se cambió la obligación pensional a cargo del empleador frente al empleado, por la de obligaciones parafiscales del empleador frente a la entidad administradora de pensiones, en este caso CAXDAC, circunstancia que fue corroborada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-179 de 1997, en la que se señaló que los aportes hechos por las empresas y destinados por CAXDAC al pago de las prestaciones correspondientes a los aviadores civiles -cuyo costo asumió la Caja en sustitución de las compañías de aviación civil- constituyen una contribución parafiscal.
Caxdac sostiene que la Superintendencia de Sociedades desconoció las disposiciones de la Ley 860 de 2003, el Decreto 2210 de 2004 y el Acto Legislativo 01 de 2001, sin embargo, ni la Ley ni el Acto Legislativo eran aplicables a la calificación del crédito de CAXDAC y el Decreto 2210 de 2004 es ilegal.
Según CAXDAC, la Ley 860 califica como pensional la obligación de las empresas de transporte aéreo, pero ninguna norma de la mencionada ley hace esa calificación. Si en gracia de discusión se admitiese que esa ley hubiese decidido tornar la obligación parafiscal de las empresas de transporte aéreo en obligación pensional, ello sólo tendría efecto a partir de la vigencia de la ley, y no resultaría aplicable a las obligaciones causadas con anterioridad. Lo contrario implicaría afectar los derechos de terceros sin indemnización alguna. Aplicar esa clasificación posterior a un crédito presentado dentro del trámite liquidatorio por CAXDAC, antes de la entrada en vigencia de la ley, sí resultaría en una vía de hecho.
En cuanto al Acto Legislativo 01 de 2005, debe señalarse que la obligación del Estado de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional no es un derecho fundamental en cabeza de CAXDAC.
Concluye FIDUCAFE señalando que (i) la Superintendencia de Sociedades no desconoció el A.L. 01 de 2005; (2) No se ha visto comprometida la estabilidad financiera del sistema pensional y (iii) no se encuentra probada la falta de sostenibilidad de CAXDAC. Agrega que “pretender que los recursos de una liquidación tengan preferencia para el pago de aportes parafiscales (nótese que Aces no tiene pensionados o jubilados, sino obligación de efectuar aportes a Caxdac quien asume tal obligación), en contra o con preferencia de los créditos de carácter laboral, es desconocer las normas legales de prelación de créditos y en especial, el sistema de seguridad social que han dado protección especial al pago de los trabajadores.”
En cuanto a lo primero, expresa que CAXDAC, que es una persona jurídica, pretende que se le ampare el derecho a la seguridad social, el cual está reservado a las personas naturales.[4]
Ante el Tribunal también intervino el representante de PrimeAir para solicitar que se confirme el fallo de primera instancia y que, en consecuencia, se niegue el amparo solicitado. Para ese efecto reiteró y amplió las consideraciones presentadas ante e juez de primera instancia.
4.2. Con esta perspectiva, comporta analizar a continuación si la Superintendencia al proferir el auto fechado el 03 de enero de 2005 (fls 72-342 cuad. 1), a través del cual graduó y calificó los créditos, y así mismo, el auto fechado el 23 de diciembre siguiente (fls. 13-71 Ib.), a través del cual resolvió los recursos de reposición interpuestos contra el primero, se ajustan o no a la legalidad, pues de manera incuestionable al estudio de este aspecto se contrae la presente acción de tutela.
No se remite a duda que en torno a este punto gira la controversia, ello en razón a los efectos que se desprende de una y otra postura, porque de aceptar la posición de la Superintendencia el crédito reclamado por Caxdac va integrar el listado de los créditos graduados y calificados dentro de la primera clase, y en cambio, al adoptar la tesis de la tutelante el crédito se honrará en la forma prevenida en el artículo 197 de la Ley 222/95, eso es que se pagará “de manera privilegiada, una vez ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos”.
4.3. En este empeño la calificación que se le ha dado a los aportes patronales para pensiones como obligación parafiscal es intrascendente en este caso, porque amén de que el punto dentro de esta acción ha sido pacífico dado que, entre otras, fue elucidado con respecto de Caxdac en la sentencia de la Corte Constitucional C-179/97, lo que verdaderamente importa es tener presente la destinación de estos recursos y su régimen legal, a fin de establecer la prelación con respecto de su pago.
Con esta filosofía la ley se ha ocupado del tema de la protección de los recursos dispuestos para el pago de las pensiones, pues en procura de preservarlos el artículo 270 de la Ley 100/93, ab initio, estableció que los créditos exigibles por concepto de cotizaciones e intereses pertenecen a la primera clase, y adicionalmente, con los privilegios que tienen “los créditos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales”.
De igual manera, al reglamentar el artículo 3° de la Ley 860/03, relacionado con la transferencia y pago de los cálculos actuariales de las empresas privadas al fondo común de las entidades de previsión administradores de régimen de prima media con prestación definida, el Decreto 2210/04 en su artículo 5° estableció:
“El precedente citado, igualmente, se ha ocupado de las particularidades que tiene la obligación de pagar los aportes pensionales para el caso de las empresas en liquidación. Sobre el particular resulta ilustrativa la sentencia T-503/02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, que revisó las acciones de tutela presentadas por un grupo de trabajadores de una empresa textilera que había dejado de trasladar el valor de los aportes destinados a pensión al Instituto de Seguros Sociales. En esta decisión, la Corte fijó, con base en pronunciamientos anteriores sobre el tema, las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, así: i) El empleador es responsable del pago de los aportes destinados a la seguridad social, por lo que, en caso de incumplimiento, está obligado a asumir las prestaciones y reconocer los perjuicios a que haya lugar en relación con el pago de la pensión y el suministro de prestaciones médico asistenciales. Esto debido a que el trabajador y su núcleo familiar dependiente no pueden verse afectados por la negligencia o el incumplimiento de su empleador, ii) Los inconvenientes financieros del empleador o el hecho que se encuentre en un trámite concursal o liquidatorio no son razones que posean un alcance tal que liberen al empleador del pago de las prestaciones vinculadas a la relación de trabajo y con ello, disminuyan el nivel de protección de los derechos constitucionales de los trabajadores, iii) La necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de la empresa en liquidación impone a su liquidador la obligación de adelantar las gestiones tendientes al pago de las acreencias laborales, entre ellas los aportes a la seguridad social. Estos rubros, en todo caso, constituyen gastos de administración al interior del trámite liquidatorio. iv) La mora en el pago de aportes pensionales, si bien no involucra una afectación actual de los derechos fundamentales de los trabajadores, constituye una amenaza cierta e indiscutible para el reconocimiento futuro de su pensión. Por tanto, la acción de tutela resulta procedente para obtener el pago de los aportes pensiónales, en la medida en que están relacionados con la protección del mínimo vital y su falta de pago contrae la inminencia de un perjuicio irremediable que resta idoneidad a los mecanismos legales ordinarios". (T.-229/05. Negrillas de la Sala).
4.4. De acuerdo con estas premisas, puesto que los créditos correspondientes a los aportes para pensiones por parte de Aces, ya causados, ora relacionados con los cálculos actuariales, “constituyen gastos de administración al interior del trámite liquidatorio”, por este camino deben ser pagados tal como lo manda el artículo 197 de la Ley 222/95.
4.6. En forma paralela, como quiera que estos créditos, que no las pensiones se aclara, tienen como titular a Caxdac de acuerdo con las atribuciones que se desprenden del Decreto 1015/56 que la creó, por esta vía se descarta la defensa de la Superintendencia, recogida luego por PrimeAir Ltda., fundada en la falta de legitimación en la causa por activa. Así mismo, en procura de desestimar la tutela no es argumento válido el planteado por la Superintendencia, el que fundamentó en el hecho de que la accionante dejó de interponer el recurso de reposición para atacar el auto que resolvió los formulados por varios de los acreedores, porque en esta materia no hay lugar a reposición de reposición a menos que se decida sobre puntos nuevos, y en este caso no los hubo, pues el crédito fundado en el cálculo actuarial en ambos autos fue reconocido en cuantía indeterminada.
4.7. Con todo, sea advertir finalmente que la orden para que el crédito se pague como lo manda el artículo 197 de la Ley 222/95 cobija el auto que graduó y calificó los créditos y el auto que resolvió los recursos de reposición en virtud de que Caxdac a lo largo del proceso liquidatorio ha reclamado para su crédito el pago prioritario, y no obstante que esta razón es suficiente para apoyar una decisión de este alcance, cabria agregar que en tratándose de amparar un derecho fundamental, en este caso al debido proceso, esta orden se impone dado que “la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho” (art. 23 Decreto 2591/91).
Fundamenta su solicitud en el hecho de que es parte en el proceso de liquidación obligatoria de Aces, con un crédito que fue reconocido como de la primera clase, con pago preferencial sobre el crédito de CAXDAC, pero que con la decisión del Tribunal, de calificar a éste último como obligación pensional que debe pagarse como gastos de administración, su crédito pierde, sin justificación alguna, la preferencia otorgada por la ley y reconocida por la Superintendencia.
No obstante lo anterior, señala, el Juzgado 25 Civil del Circuito, al asumir el proceso de tutela, no dispuso que la misma le fuera notificada, y si lo hizo, el trámite nunca se cumplió efectivamente, o lo fue de una manera extemporánea. Agrega que sólo se recibió un telegrama cuando el fallo de primera instancia ya se había proferido.
2.2. La Fiduciaria Cafetera S.A. Fiducafé, obrando en su calidad de “acreedor laboral privilegiado de la primera clase”, como subrogataria de los créditos laborales de extrabajadores de Aces, formula incidente de nulidad en el proceso de tutela de la referencia, debido a que, en su concepto, “… el mismo se adelantó ante jueces, tanto en primera como en segunda instancia, que carecían de competencia funcional para ello, lo que afecta el mencionado de (sic) trámite de nulidad insaneable.” Expresa que no obstante que la Corte Constitucional, por auto del 4 de mayo de 2006, dirimió el conflicto de competencias que se había presentado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 25 Civil de Circuito, y determinó que éste último era el competente para conocer de la acción de tutela formulada por CAXDAC contra la Superintendencia de Sociedades, debe tenerse en cuenta que, aunque la jurisdicción civil si es la competente para conocer de la referida acción de tutela, en este caso no puede considerarse que el Juzgado 25 Civil del Circuito es el superior jerárquico de la Superintendencia de Sociedades, pues cuando ésta actúa como juez concursal su superior jerárquico es el Tribunal Superior de Distrito Judicial.
2.3. La empresa LASA S.A., obrando como “… parte del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad Aerolíneas Centrales de Colombia, Aces, como quiera que su crédito fue reconocido mediante auto de 3 de enero de 2005, proferido por la Superintendencia de Sociedades al calificar y graduar los créditos que allí se presentaron para tal efecto”, solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado en este proceso de tutela, debido, por un lado, a la falta de competencia de los jueces que conocieron del mismo, y, por otro, por no habérsele notificado la demanda de tutela.
Para la Corte la anterior solicitud no es de recibo porque, en relación con la falta de competencia se trata de un asunto ya resuelto mediante Auto de 4 de mayo de 2006, y, en cuanto hace a la falta de notificación, debe tenerse en cuenta que, en estricto sentido, no se está en presencia de un tercero con interés a quien resultase imperativo notificar de la tutela, como quiera que, en cualquiera de los escenarios que se han planteado, su crédito estaría graduado por debajo del de CAXDAC[5], y , en cualquier caso, no impugnó la providencia de la Superintendencia que le había dado a dicho crédito la calificación de gastos de administración.
“3.1. De manera reiterada,[6] la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la necesidad de comunicar la iniciación de un proceso de tutela a los terceros que puedan tener un interés legítimo en el resultado del mismo.
En particular, en Auto No. 27 de 1995, la Corte señaló que “… no es posible adelantar válidamente un proceso de tutela cuya finalidad es desconocer actos jurídicos, sentencias o providencias judiciales ejecutoriadas, o actos administrativos, sin la citación de quienes participaron en tales actos, o se encuentren en una situación jurídica concreta en virtud de ellos (…). Esto se entiende fácilmente si se tiene en cuenta que quienes han intervenido en un proceso judicial, o derivan derechos de una providencia, lo mismo que aquellos que los derivan de un acto administrativo están llamados a intervenir necesariamente en el proceso de tutela encaminado a dejar sin efecto la decisión judicial o administrativa”.[7]
En ese contexto, la Corte ha considerado que el juez, en su calidad de protector de los derechos fundamentales de los asociados, debe garantizar también “a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en un proceso su derecho a la defensa mediante la comunicación” que, en su caso, persigue la protección procesal de los intereses que puedan verse afectados con la decisión.[8] Acerca de este tópico la Corporación ha dicho:
“Es claro que en el trámite de la acción de tutela no existe norma que en forma expresa disponga la notificación de sus decisiones a terceros, sobre los cuales recaiga un interés legítimo en el resultado del proceso; sin embargo, no puede ignorarse el principio contenido en el artículo 2º de la Constitución según el cual es fin esencial del Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan…”, lo cual a su vez se ve complementado con lo señalado en el artículo 13, inciso último del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, que permite la intervención de “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso”, intervención que sólo puede llevarse a cabo, mediante el conocimiento cierto y oportuno que pueda tener el tercero acerca de la existencia de la acción de tutela”.[9]
3.2. También es reiterada la jurisprudencia de la Corte conforme a la cual la notificación a los terceros con interés debe surtirse con independencia de que la decisión final sea favorable o desfavorable a las pretensiones de quien acude a la tutela en búsqueda de protección, “… sin que la naturaleza informal de este procedimiento, su carácter preferente y sumario o los principios de celeridad, economía y eficacia que lo informan sirvan de pretexto al juez para desarrollar y culminar el trámite a espaldas de alguna de las partes o de los terceros interesados”.
En esa misma providencia se puso de presente que la Corte, en Auto 049 de 2006, señaló que, si bien, de acuerdo con la jurisprudencia, existe el deber de notificar la demanda de tutela a las personas directamente interesadas, es decir a las partes dentro del proceso y los terceros que hayan intervenido en él, el Juez de Tutela no está obligado a citar a todos los hipotéticos interesados o presuntos afectados por el fallo.[10] En esa oportunidad, la Corte hizo un recuento de casos en los que, a la luz de las particulares circunstancias de cada cual, se consideró que no resultaba imperativa la convocatoria de los terceros que pudiesen tener interés en el resultado del proceso de tutela.[11]
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que en asuntos llegados a la revisión de la Corte Constitucional y en los que se ha advertido la configuración de la nulidad saneable derivada de la falta de notificación de la iniciación del trámite, la Corporación ha optado por devolver el expediente a los despachos judiciales de origen con la finalidad de que se ponga en conocimiento del afectado la causal de nulidad para que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 145 del C. de P. C., si a bien lo tiene, la alegue dentro de los tres días siguientes, indicándole que si no lo hace, quedará saneada la nulidad y el proceso continuará su curso. Como se puso de presente en el Auto 316A de 2006, la Corte ha señalado dicha convalidación es un trámite que debe realizarse ante el juez de tutela de primera instancia, aún cuando el vicio se detecte en sede de revisión, pero que de manera excepcional cabe la posibilidad de llamar en sede de revisión al tercero cuya notificación se omitió en las instancias, “… cuando las circunstancias de hecho lo ameritan o se encuentran en juego derechos fundamentales de personas cuyo estado de debilidad es manifiesto”, eventos en los cuales prima la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan el amparo constitucional.[12]
4. Sin embargo, independientemente de que hayan intervenido o no en el proceso, el juez debe comunicar la iniciación del mismo a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en el proceso, para que ejerzan su derecho de defensa, no obstante lo cual,
6. La falta de notificación de la iniciación del trámite de tutela da lugar a que se configure una nulidad saneable, caso en el cual debe devolverse el expediente al juzgado de origen con la finalidad de que se ponga en conocimiento del afectado la causal de nulidad para que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 145 del C. de P. C., si a bien lo tiene, la alegue dentro de los tres días siguientes, indicándole que si no lo hace, quedará saneada la nulidad y el proceso continuará su curso.
3. Otros escritos presentados en sede de revisión
3.1. Solicitud de revisión presentada por el ISS
3.3. Escrito de quienes actuaron coma coadyuvantes de la acción de tutela, para solicitar que se confirme la decisión del Tribunal
3.5. Escritos de extrabajadores de Intercontinental de Aviación S.A. en liquidación obligatoria.
En diferentes escritos dirigidos a la Corte un conjunto de personas que manifiestan su condición de extrabajadores de Intercontinental de Aviación solicitan la revisión de la tutela de la referencia, porque en su criterio, la decisión de la Corte en relación con la calificación de las contribuciones de las empresas de aviación a CAXDAC como gastos de administración tendría efecto también en la liquidación de Intercontintental, poniendo de presente que al paso que en el caso de Aces ya se canceló el pasivo laboral, en Intercontinental existe un pasivo laboral que, al estar ubicado por debajo del crédito de CAXDAC, quedaría insoluto.
3.6. Escrito del Ministro de Hacienda mediante el cual, para ilustración de la Corte, pone de presente el adverso efecto que una decisión de quitarle el carácter de pensionales a las obligaciones de las empresas para con CAXDAC tendría sobre las provisiones que éstas deben realizar para atender ese pasivo, para lo cual presenta la Resolución mediante la cual la Superintendencia de Puertos y Transporte resolvió el recurso de reposición presentado por Avianca contra la decisión administrativa de la Superintendencia que le ordenó rectificar los Estados financieros a 30 de junio de 2006.
4. Legitimación – ausencia de medios alternativos de defensa judicial
5. Procedencia de la acción de tutela
5.1. La Corte Constitucional ha señalado que, en el desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa de orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas por otras Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional, y que las decisiones que adopte en ese ámbito, por lo tanto, constituyen providencias judiciales que, eventualmente, pueden ser impugnadas por la vía de la acción de tutela.[13]
En particular, la Corte ha puntualizado que “[e]l auto de graduación y calificación de créditos dictado por la Superintendencia de Sociedades en el marco de un proceso de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, en tanto no pone fin al tramite sino que se limita a reconocer o rechazar los créditos que serán pagados durante el transcurso del mismo, puede ser impugnado mediante el ejercicio de la acción de tutela por violación del debido proceso, cuando se haya agotado el recurso de reposición ante la mencionada superintendencia, y siempre que sea evidente la presencia de una vía de hecho.”[14]
Como quiera, entonces, que la acción de tutela se dirigió en este caso contra una decisión que la Superintendencia de Sociedades adoptó en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es preciso hacer una consideración en torno a la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales.
5.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través de la acción de tutela es de alcance excepcional y restringido y se predica sólo de aquellos eventos en los que pueda establecerse una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Esta regla jurisprudencial encuentra fundamento en los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimiento de los conflictos a las competencias ordinarias de los jueces.[15]
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido decantado su doctrina en torno a los eventos y las condiciones en las cuales resulta procedente la acción de tutela frente a providencias judiciales. Tal como se puso de presente en la Sentencia T-233 de 2007, la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005 hizo un ejercicio de sistematización sobre la materia, dentro del cual se distinguió entre requisitos generales, por un lado, y causales específicas, por otro, de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[16]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[21]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
“… para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[23].
5.4. Se plantea en este caso una afectación de derechos fundamentales por desconocimiento del régimen legal de prelación de las obligaciones pensionales y el desconocimiento del privilegio de orden constitucional que tienen tales obligaciones. Debe tenerse en cuenta que la accionante no sólo reclama por la violación del debido proceso que se deriva de las que considera decisiones manifiestamente contrarias a derecho, sino que también plantea la afectación de los derechos pensionales de las personas con derecho a pensión y que de acuerdo con la providencia impugnada, debido a la insuficiencia de los activos de la liquidación, se verían defraudadas en sus derechos. De encontrarse establecidas estas alegaciones estarían dadas dos de las condiciones de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, defecto sustantivo, por grave error en la aplicación y la interpretación del régimen legal, y violación directa de la Constitución, por desconocimiento de la regla jurisprudencial sobre la especial protección que la Constitución otorga al pago de las obligaciones pensionales, razón por la cual cabe que la Corte examine los problemas jurídicos que plantea la presente acción de tutela.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que, aunque de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se tiene que, en general, la acción de tutela no procede para reclamar créditos pensionales, pues el interesado dispone de otro mecanismo de defensa judicial, ante los jueces laborales[24], la Corte también ha expresado que, en determinadas circunstancias, la eficacia de este derecho puede ser protegida a través de la acción de tutela para evitar la vulneración conexa de un derecho fundamental.[25] En el caso que ahora es objeto de consideración por la Corte, lo que se plantea es que, agotado el procedimiento ordinario, y, precisamente, en la providencia que define la suerte las pretensiones de naturaleza pensional allí presentadas, se les desconoce ese carácter, lo cual implica, que de hecho, quedarán insolutas y sin alternativa de amparo judicial distinta de la que pueda obtenerse por la vía de la acción de tutela.
¿Es procedente el amparo constitucional frente a la providencia de la Superintendencia de Sociedades, por virtud de la cual, dentro del proceso de liquidación obligatoria de ACES S.A., se dispuso reconocer el crédito de CAXDAC como parafiscal no pensional, calificado en la Primera Clase (artículo 2495 del Código Civil) y con cuantía indeterminada, sobre la base de la consideración de que dicho crédito no puede tratarse como un gasto de administración, porque la obligación de ACES S. A. de transferir los fondos para el financiamiento de CAXDAC, no nació con posterioridad a la apertura del proceso liquidatorio, sino que se trata de una obligación legal a plazo, que se hace exigible por efecto de la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 151 numeral 2º de la Ley 222 de 1995.?
En relación con las obligaciones que constituyen créditos no concordatarios, en criterio aplicable también al trámite liquidatorio, la Ley 222 de 1995 dispone que se pagarán “ ... de preferencia ...”, lo cual quiere decir, como se ha precisado por la Superintendencia de Sociedades, cuando se hagan exigibles.
En esta materia la jurisprudencia constitucional ha señalado que las mesadas pensionales y los aportes parafiscales que se causen con posterioridad a la apertura del trámite liquidatorio, tienen carácter de gastos de administración y se pagarán de preferencia, no sólo porque se trata de créditos laborales -destinados a atender las necesidades básicas inmediatas-, sino por el imperativo constitucional que vincula, tanto a los particulares como al Estado, a proteger, en forma prevalente, a las personas de la tercera edad (C.P. art. 13 y 46). Aunque en algunas sentencias de la Corte pareciera que la calificación de gastos de administración se extiende a la totalidad de las obligaciones pensionales[26], destaca la Corporación que no hay en ellas una argumentación expresamente orientada a establecerlo así, ni una evaluación sobre la alteración de la prelación de pagos que de ello se seguiría en relación con las restantes obligaciones laborales. Por el contrario, en tales sentencias, la Corte ha desarrollado su argumentación alrededor de la relevancia constitucional de las obligaciones laborales, entre ellas, las pensionales.
Por consiguiente, la decisión de la Superintendecia en este campo no puede calificarse como una vía de hecho, se inscribe en el ámbito de sus funciones y responde a una interpretación razonable del ordenamiento aplicable. No hay censura constitucional en relación con este aspecto de la decisión.
7.3. La anterior conclusión plantea la necesidad de resolver la prioridad con la que debe pagarse el crédito de CAXDAC
8. Orden de prelación para el pago de las obligaciones de las empresas de aviación para con CAXDAC
8.1.1. Tal como se expresa en el artículo 1º del Decreto 1283 de 1994, CAXDAC es una entidad de seguridad social de derecho privado y sin ánimo de lucro, creada por medio del Decreto Legislativo número 1015 de 1956 y la Ley 32 de 1961, y que en la actualidad tiene a su cargo la administración del régimen de transición de los aviadores civiles definido en el Decreto 1282 de 1994, lo mismo que del régimen de pensiones especiales transitorias contenido en el artículo 6º de dicho decreto.
En el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 se establecía que la Caja que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles estableciera sin ánimo de lucro, con carácter privado y mediante el aporte de sus afiliados, para atender al mejoramiento económico, cultural y técnico de los Aviadores Civiles, sería auxiliada por el Gobierno en la forma y cuando éste lo estime conveniente. Se disponía en esa norma que el Gobierno tendría un representante suyo en la Junta Directiva de la Caja, que sería de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. De conformidad con el artículo 9º de ese mismo decreto, las prestaciones sociales que por ley correspondiesen a los aviadores civiles, dejarían de estar a cargo de los patronos o empresas de aviación civil, cuando la referida Caja (CAXDAC) fuese asumiendo el riesgo de ellas, de acuerdo con sus propios reglamentos y con las normas especiales que al efecto fijase el Gobierno. Y en el artículo 10 del Decreto 1015 se agregaba que, a partir de la fecha en que la Caja asumiese el pago de todas o una cualquiera de las prestaciones sociales que por ley correspondían a los aviadores civiles, las empresas nacionales de aviación civil que mantengan a su servicio miembros del Escalafón de Reserva de 2ª clase de la Fuerza Aérea contribuirían con sus aportes a la financiación de la referida Caja, en la cuantía y condiciones que determine el Gobierno, previos los estudios actuariales que la Caja le presente.
La Ley 32 de 1961, “por la cual se dictan normas sobre prestaciones sociales de los aviadores civiles, y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 1º que “[a] partir de la sanción de la presente Ley, las empresas nacionales de aviación civil que tengan a su servicio miembros del Escalafón de Reserva de 2ª clase de la Fuerza Aérea, contribuirán con sus aportes a la financiación de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) en la cuantía y con las condiciones que determine el Gobierno, previos los estudios actuariales que la entidad beneficiaria le presente.” En sus artículos 2º y 3º, la ley disponía que la Caja iría asumiendo las prestaciones sociales que correspondían a las empresas nacionales de aviación civil y que las empresas que cubran los aportes fijados por el gobierno para ese efecto quedarían exentas de pagar la pensión de jubilación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, cuyo abono sería asumido por CAXDAC. En el artículo 4º se establecía que las empresas nacionales de aviación debían pagar mensualmente sus aportes a la Caja sobre las liquidaciones que ésta les presentase, debidamente aprobadas por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y en el artículo 5º disponía que “[l]as liquidaciones que la Caja de Auxilios y Prestaciones de ACDAC hiciere a cargo de las empresas nacionales de aviación civil, de acuerdo con el artículo anterior, serán exigibles a su presentación y tendrán preferencia en caso de quiebra o de liquidación de cualquiera de las entidades obligadas a su pago.” En el artículo 13 de esa ley se dispuso adoptar en todas sus partes, con carácter de ley, el Decreto legislativo 1015 de 3 de mayo de 1956. La forma de determinar la cuantía de los aportes a cargo de las empresas de aviación se estableció en el Decreto 60 de 1973.
De acuerdo con la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia, del conjunto de disposiciones normativas que regulaban el sistema pensional de los aviadores civiles se desprendía “… con absoluta nitidez que la asunción por CAXDAC de la pensión de jubilación de los pilotos o navegantes civiles, que antes estaba a cargo de las empresas de aviación civil, no fue incondicional o ilimitada pues la misma estaba sujeta al pago de los aportes respectivos por parte de éstas, única hipótesis en la que quedarían liberadas o exoneradas de dicha prestación. Quiere decir lo anterior, a contrario sensu, que si no se presentaba el pago de aportes no se configuraba el relevo prestacional y en consecuencia la empresa incumplida en ningún caso quedaría exonerada del mentado reconocimiento.”[27]
Para la Corte Suprema de Justicia, el legislador estableció para las empresas de aviación civil y para el personal de pilotos, copilotos y navegantes civiles de las mismas un sistema de seguridad social claramente contributivo en el que el reconocimiento de las prestaciones a su cargo estaría condicionado al pago previo de los aportes respectivos.[28]
8.1.2. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un sistema de seguridad social integral que imponía la necesidad de articular políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social (Ley 1001 art. 2º). En ese contexto, la ley facultó al Presidente de la República para, entre otras cosas, “… armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles …” (Ley 100, art. 139, num. 2º) y para “[e]stablecer la manera como las Cajas, Fondos o entidades del sector privado que subsistan, deben adaptarse a las disposiciones contenidas en la presente Ley …” (Ley 100, art. 139, num. 2º).
En relación con el calculo actuarial, en los artículos 6º y 7º del Decreto 1382 de 1994[29] se establecía que las empresas aéreas empleadoras de los aviadores civiles actualmente pensionados por Caxdac, de quienes hayan causado el derecho y de los beneficiarios del régimen de transición, deberían completar la totalidad del cálculo actuarial de aquellos cuya pensión corresponde administrar a Caxdac en los términos establecidos en ese decreto, lo cual implicaba que al cierre del balance del año 2005 el cálculo actuarial debía encontrase amortizado en el 100%, con la salvedad del correspondiente a las empresas de transporte aéreo que al 1º de abril de 1994 hubiesen amortizado el cálculo actuarial en una proporción inferior al 40% del mismo, las cuales podrían amortizar la fracción del déficit que exceda de dicho porcentaje, en partes iguales durante siete años desde el año 2006.
En sucesivos decretos, el Gobierno fijó la cuantía y forma de pago del déficit actuarial a cargo de las empresas de servicios aéreos comerciales y a favor de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, CAXDAC. En tales decretos se incluyó una disposición conforme a la cual, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 32 de 1961, “[p]or tratarse de sumas destinadas a la cancelación de prestaciones sociales serán exigibles a la presentación de la respectiva cuenta y los saldos insolutos del déficit tendrán preferencia en caso de quiebra, concordato o liquidación en la forma prevista en los artículos 5° de la Ley 32 de 1961[30]; 21 del Decreto 2351 de 1965, el Decreto-ley 350 de 1989 y demás disposiciones concordantes.”[31]
8.1.3. En diversas oportunidades la Corte Constitucional se ha referido a la naturaleza jurídica de las obligaciones de las empresas de aviación para con CAXDAC. En la Sentencia C-179 de 1997, la Corporación, a partir de la consideración de los antecedentes normativos y de la manera como operó con base en esa normatividad la recepción y el manejo de los aportes que las empresas civiles de aviación hacían a Caxdac, concluyó que tales aportes tenían la naturaleza de contribuciones parafiscales. En efecto, señaló la Corte que “… los aportes hechos por las empresas y destinados por Caxdac al pago de las prestaciones correspondientes a los aviadores civiles, cuyo costo, según lo anotado, asumió la Caja en sustitución de las compañías de aviación civil, actuando para esos efectos, de conformidad con la jurisprudencia citada, como verdadero patrono; constituyen una contribución parafiscal que durante el régimen constitucional anterior al Estatuto Fundamental que hoy rige, tenía su fundamento en el artículo 16 de la Carta Política de 1886, de acuerdo con cuyas voces las autoridades de la República estaban instituidas para ‘asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’.”[32]
Señaló la Corte que esa calificación de las contribuciones de las empresas aéreas a CAXDAC obedece a las especiales características de las mismas, “… por cuanto siendo el fruto de la soberanía fiscal del Estado son obligatorias y se imponen a un grupo, gremio o colectividad que, con los recursos recaudados, satisface sus necesidades e intereses.”[33]
“En concordancia con lo anterior, igualmente en la referida sentencia se advirtió por la Corte que para garantizar el principio de igualdad era necesario dar similar tratamiento tanto a los aviadores civiles cuyas empresas han cumplido con el pago de aportes a CAXDAC, como aquéllos aviadores cuyas empresas han incumplido con dicho pago, para efectos del reconocimiento y goce de la pensión de jubilación.”
8.1.4. La Ley 860, expedida con posterioridad a la apertura del trámite de liquidación obligatoria de ACES, en su artículo 3º, derogó expresamente el artículo 7º del Decreto 1383 de 1994 y, en relación con la amortización y pago del cálculo actuarial de pensionados, dispuso que “[l]as empresas del sector privado, conforme a lo establecido en los Decretos-ley 1282 y 1283 de 1994, deberán transferir el valor de su cálculo actuarial a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector privado, que administren el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y para tal fin tendrán plazo para realizar dichos pagos hasta el año 2023.” En esa norma se dispuso la manera de transferir el porcentaje no amortizado del cálculo actuarial y señaló que los pagos se calcularán anualmente y se pagarán en doce cuotas mensuales mes vencido, dentro de los primeros diez días del mes siguiente, de tal manera que permita atender las mesadas pensionales corrientes para cada vigencia fiscal.
Así, si bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las obligaciones de las empresas de aviación civil con CAXDAC tienen naturaleza parafiscal, por cuanto corresponden a una prestación creada por la ley, a cargo de determinados sujetos, en beneficio de un sector, en este caso los aviadores civiles, y deben pagarse a una entidad privada, como CAXDAC, encargada por la ley de la administración de los recursos así generados, no es menos cierto que, por la particularidad del sistema pensional de los aviadores civiles, esas obligaciones también tienen carácter pensional, puesto que, a diferencia de las contribuciones parafiscales ordinarias en materia pensional, en este caso, la obligación de cubrir el déficit actuarial tiene su fuente en una obligación pensional a cargo de las empresas, que por virtud de la ley se trasladó a CAXDAC, pero no de una manera incondicional, sino que la exoneración de las empresas sólo se produce cuando hayan amortizado la totalidad del cálculo actuarial. En tanto ello no sea así mantienen a su cargo un pasivo pensional. De este modo, por ministerio de la ley, CAXDAC debía asumir el pago de las pensiones, y a su vez las empresas adquirían la obligación de hacer las contribuciones correspondientes. Así, aunque la responsabilidad directa por el pago de las pensiones le corresponde a CAXDAC, las empresas tienen una obligación parafiscal de hacer unos aportes con base en el calculo actuarial y, en la medida en que sólo quedan exoneradas de su obligación pensional con la entrega íntegra del valor del cálculo actuarial (Decreto 1283 de 1994, artículo 8, reglamentado por el artículo 1 del Decreto 824 de 2001[34]), el pasivo que registran por este concepto tiene naturaleza pensional. En el momento de la liquidación de una empresa obligada a realizar las contribuciones, el valor del cálculo actuarial se hace exigible y por consiguiente se está ante una obligación cierta de cuantía indeterminada pero determinable, y que, aunque el pago de las pensiones se haga por conducto de la entidad que asumió directamente esa obligación, por las particularidades que se han anotado del régimen de los aviadores civiles, encaja en la previsión del artículo 77 del Decreto 2649 de 1993 conforme al cual “[l]as pensiones de jubilación representan el valor presente de todas las erogaciones futuras que el ente económico deberá hacer a favor de empleados luego de su retiro, o a empleados retirados, o a sus sustitutos, derecho que se adquiere, de conformidad con normas legales o contractuales, por alcanzar una edad y acumular cierto número de años de servicios.”
Encuentra entonces la Corte que, la obligación de las empresas de aviación civil de entregar a CAXDAC el valor del calculo actuarial, tiene su fuente en la obligación pensional originalmente prevista en el Código Sustantivo del Trabajo a cargo de dichas empresas, obligación que, por ministerio de la ley, fue asumida por CAXDAC, pero de la cual sólo quedan exoneradas las empresas cuando realicen el pago íntegro del valor del cálculo actuarial de los afiliados a su cargo. Finalmente, la amortización del cálculo actuarial, en los términos previstos en la ley es la condición para que CAXDAC pueda cumplir con el pago de las pensiones. Por consiguiente, esa obligación tiene la doble connotación de parafiscal y pensional. Esto es, la obligación pensional que la ley estableció para las empresas de aviación civil dejará de estar a su cargo cuando cumplan a cabalidad con el pago de las contribuciones parafiscales que la misma ley estableció para ese efecto.
8.2.2. En relación con la preferencia constitucional que tiene el pago de las obligaciones pensionales, la Corte ha dicho que “… la Constitución Política consagra unos sujetos privilegiados en razón de sus condiciones de debilidad manifiesta, dentro de los cuales se encuentran las personas de la tercera edad, quienes deben merecer, por parte de los poderes públicos, una especial protección (C.P. artículos 1º, 13, 46, 48 y 53).” Adicionalmente, de manera reiterada, esta Corporación ha considerado que las mesadas pensionales tienen la función de satisfacer el derecho fundamental al mínimo vital de quienes, por sus condiciones personales, constituyen un colectivo sujeto a especial protección, razón por el cual las autoridades del Estado está obligadas, “… en primerísima instancia, a defender las pensiones de los ancianos, como una forma de obedecer claros imperativos constitucionales.”
Ha señalado también la Corte que “… la definición de las normas jurídicas que se proponen tienden a realizar la justicia material - como la especificación de las condiciones para acceder al derecho al mínimo vital -, debe, en principio, estar mediada por un proceso democrático que exige la intervención del legislador”[35], pero que “… tratándose de personas o grupos de personas que, en virtud del principio de igualdad sustancial, merezcan una especial protección del Estado por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, resulta necesario, ante las omisiones o inconsistencias del legislador, encontrar en la propia Constitución las máximas que habrán de ser observadas directamente por las autoridades públicas[36].”[37]
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “… las normas legales que obligan a las empresas que han asumido directamente el pasivo pensional a constituir las garantías necesarias para asegurar el pago oportuno de las mesadas pensionales ( artículo 13 ley 171 de 1961 y artículo 10 del Decreto Reglamentario 426 de 1968); aquellas que establecen la figura de la conmutación pensional, aún a riesgo de que la empresa tenga que liquidarse o de que se dejen de pagar otros créditos (Decreto 2677 de 1971 y decreto reglamentario 1572 de 1973); las que adjudican a las autoridades públicas la tarea de vigilancia y control de las empresas que tienen acreencias pensionales (artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo); entre otras, deben ser entendidas como el desarrollo manifiesto del deber de especial protección que la Carta impone a los poderes públicos respecto de las personas de la tercera edad.”
En ese contexto, la Corte señaló que “[l]as disposiciones legales que establecen la prelación de créditos dentro de un trámite concursal o liquidatorio (Código Civil, artículo 2493 y ss; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 157 y 345; Ley 50 de 1990, artículo 36; Ley 222 de 1995, artículo 161) parten del presupuesto natural de que se ha dado aplicación a las normas, también de rango legal, que garantizan prioritariamente, el pago de las mesadas pensionales.” Y que, cuando ello no ha ocurrido así, “… si los activos de una empresa en liquidación resultan claramente insuficientes para cancelar las distintas acreencias - pre y posconcordatarias -, y, adicionalmente se trata de una empresa que ha asumido directamente la carga prestacional y que, en parte, debido a la negligencia de las autoridades de control, ha dejado de asegurar el pago de este crédito, lo cierto es que los recursos existentes deben destinarse, de manera prioritaria y exclusiva, a garantizar el pago de las mesadas pensionales de las personas de la tercera edad. La aplicación inflexible de la par conditio creditorum, así dentro de la primera clase se encuentren los pasivos pensionales actuales y futuros, no asegura la ‘protección especial’ que debe ofrecerse a los ancianos.”[38]
3. Las mesadas pensionales[39] así como los aportes a la seguridad social[40] que se causen con posterioridad a la apertura del trámite concordatario o liquidatorio deben pagarse como gastos de administración, de manera prioritaria.
6. Por consiguiente, cuando los activos de una empresa en liquidación resulten claramente insuficientes para cancelar las distintas acreencias –anteriores y posteriores a la apertura del trámite liquidatorio-, y esa empresa , adicionalmente tenga a su cargo obligaciones de carácter pensional, los recursos existentes deben destinarse, de manera prioritaria, a garantizar el pago de las mesadas pensionales de las personas de la tercera edad, con la salvedad del pago de los gastos que sean estrictamente necesarios para continuar y finiquitar, prontamente, el trámite de la liquidación.[41]
7. La prelación a la que se ha hecho referencia en el ordinal anterior tiene por objeto asegurar la “protección especial” que debe ofrecerse a las personas de la tercera edad (C.P. art. 13, 46 y 47), cuyos derechos se verían afectados -así dentro de la primera clase se encuentren los pasivos pensionales actuales y futuros- si se diese una aplicación inflexible de la par conditio creditorum. Quiere ello decir que, “… a pesar de la relevancia constitucional que tienen las obligaciones que surgen como efecto de un contrato de trabajo, resulta claro que la satisfacción del mínimo vital de los ancianos reviste un mayor peso relativo” y que, por consiguiente “… dar prelación en el reparto de los escasos activos de una empresa en liquidación, al pago del pasivo pensional, implica que probablemente se dejarán de sufragar deudas laborales, originadas en el contrato de trabajo, como las correspondientes al pago de las vacaciones o de las cesantías y otras prestaciones. Incluso, puede dar lugar al no pago de salarios atrasados. No obstante, el daño constitucional que apareja es menor que el que se produciría al desamparar por entero a personas que por sus condiciones personales no pueden acceder al mercado de trabajo y, probablemente, no tendrán, hasta el final de sus días, otros ingresos que los provenientes de su pensión.”[42]
En efecto, la Superintendencia, obrando desde una perspectiva estrictamente legal, pero sin tener en cuenta que de acuerdo con la misma ley, las empresas de aviación civil tienen una obligación pensional de la que sólo pueden exonerarse haciendo el correspondiente pago del cálculo actuarial a CAXDAC, decidió darle al crédito de CAXDAC la calificación de parafiscal no pensional, lo cual significó que dentro del primer orden de prelación queda ubicada por debajo de las demás obligaciones laborales y de las fiscales.[43]
En la Sentencia T-122 de 2005 la Corte señaló que las empresas de Transporte Aéreo[44], por ministerio de la ley, se encuentran expresamente obligadas a realizar los aportes necesarios, con los cálculos actuariales establecidos en la ley para garantizar el pago oportuno de las pensiones de los aviadores civiles afiliados a Caxdac. Y en la Sentencia T-229 de 2005, la Corte puntualizó que la jurisprudencia constitucional ha concedido relevancia de naturaleza constitucional al pago de las acreencias laborales, y específicamente a los aportes pensionales a las entidades de la seguridad social, en los procesos liquidatorios, en atención al vínculo necesario entre dichas prestaciones y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Sobre el particular, a su vez, en la Sentencia T-503 de 2002 la Corte había señalado que la mora en el pago de aportes pensionales, si bien no involucra una afectación actual de los derechos fundamentales de los trabajadores, constituye una amenaza cierta e indiscutible para el reconocimiento futuro de su pensión.
De este modo, con su decisión, la Superintendencia de Sociedades incurrió en defecto sustantivo[45] que hace procedente la acción de tutela porque dejó de aplicar las normas legales conforme a las cuales las empresas de aviación civil tienen una obligación pensional que sólo dejará de estar a su cargo cuando hayan pagado a CAXDAC en su integridad el valor del correspondiente cálculo actuarial, lo cual, además, tiene la consecuencia claramente desproporcionada de relegar esa obligación en la calificación y graduación de créditos, a un lugar que hace poco probable o imposible su recaudo.
En el ejercicio de ponderación que para estos efectos la Corte realizó en la Sentencia T-458 de 1997, fue determinante la consideración de la afectación del mínimo vital que se presume en los pensionados de la tercera edad, cuando se suspende el pago de las mesadas pensionales y cuando se pone en riesgo la satisfacción futura de las mismas. Tal como se señaló por la Corte en esa sentencia, en casos excepcionales el juez se encuentra ante una circunstancia trágica, porque las decisiones jurídicamente admisibles tendrán, necesariamente, todas ellas, un efecto nocivo que puede afectar derechos fundamentales. En esas circunstancias, agregó la Corte, “… la tarea del juez consiste en identificar y darle curso a la decisión que tenga el menor costo constitucional. En otras palabras, la que produzca el menor daño, desde una perspectiva constitucional.”
En cuanto hace a la obligación pensional de ACES para con CAXDAC, debe señalarse que no se está ante la obligación de pagar directamente las mesadas pensionales, sino la de pagar el valor de un calculo actuarial que se hizo exigible por efecto de la liquidación. Así, en este proceso, en principio, no ha habido omisión en el pago de mesadas pensionales, aunque es presumible que en ausencia del pago del cálculo actuarial, el pago de las pensiones se dificulte o se haga imposible para CAXDAC en el futuro. Por otra parte, el régimen pensional de los aviadores civiles establecía que el derecho a la pensión se adquiría con 20 años de servicios y sin límite de edad, razón por la cual algunos de los pensionados de que hacen parte del cálculo actuarial pendiente de amortización por ACES, se encuentran por debajo de los 50 años. Adicionalmente debe señalarse que el cálculo actuarial presentado por CAXDAC en el trámite liquidatorio comprende no sólo pensionados beneficiarios de los regímenes de transición y especiales, sino también, beneficiarios de ambos regímenes trasladados a fondos de pensiones y al ISS,[46] y que en el caso de los pensionados la cuota parte a cargo de ACES varía en un rango de entre el 0,5 y el 100%. Finalmente también debe tenerse en cuenta que, no obstante que la obligación de ACES para con CAXDAC tiene naturaleza pensional, la obligación del pago directo de las pensiones recae sobre CAXDAC, entidad que, en virtud del régimen del Decreto 1383 de 1994, debe responder por el pago de las pensiones correspondientes a las empresas aportantes así como a las no aportantes, de lo que se sigue que, en términos jurídicos, de la falta de pago del cálculo actuarial por una empresa no se desprende que se suspenda el pago de las pensiones, sin perjuicio del grado de afectación que ello pueda significar sobre la capacidad financiera de CAXDAC para el pago completo y oportuno de las mismas.
PRIMERO.- LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS decretada en el expediente T-1429109, para efectos de la consideración por la Sala Plena del correspondiente fallo de revisión.
SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del 11 de agosto de 2006 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto concedió el amparo solicitado por CAXDAC, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, REVOCAR las medidas de protección expedidas por el Tribunal.
TERCERO.- Para la protección de los derechos fundamentales invocados por CAXDAC, ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para que dentro del proceso de liquidación obligatoria de ACES el crédito laboral de carácter pensional presentado por CAXDAC se pague con la prelación legal que le corresponde, de conformidad con los artículos 2495, numeral 4 y 2496 del Código Civil, a prorrata con los demás créditos que correspondan a la misma clase y grado.
CUARTO.- En caso de que, en ejecución de la orden proferida por el juez de tutela de segunda instancia, ACES en liquidación hubiese transferido a CAXDAC una suma mayor de la que en cada caso le corresponda, de acuerdo con el orden de prelación de créditos y de pagos en los términos de esta providencia, CAXDAC deberá restituir, en un término no superior a diez días, a ACES en liquidación el valor del excedente.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA SU-891 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA-Titularidad por parte de CAXDAC (Aclaración de voto)
CAXDAC-No puede recaer sobre trabajador consecuencia del incumplimiento de empresa en efectuar aportes (Aclaración de voto)
CAXDAC-Necesidad de puntualizar el grado exacto de ubicación del crédito (Aclaración de voto)
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Obligación de aplicar normas posteriores a los hechos que dieron origen a la acción de tutela y de aplicar normas superiores de carácter constitucional, en aras de proteger los derechos pensionales (Aclaración de voto)
Acción de tutela instaurada por la Caja de Auxilios y Prestaciones d ela Asociación Colombiana de Aviadores –ACDAC “CAXDAC” contra la Superintendencia de Sociedades.
2. En segundo lugar, me permito referirme a la resolutiva de la sentencia C-179 de 1997, a la cual se hace relación por parte de la accionada (acápite 7.2.3) en este proceso, sentencia que declaró exequible el parágrafo único del artículo 3o. del decreto 1283 de 1994, en los términos señalados en dicha decisión.
En el fallo mencionado afirmó esta Corte que “(n)o sería justo ni jurídico hacer recaer sobre el trabajador de una empresa de aviación civil que se abstuvo de efectuar los pertinentes aportes las consecuencias de ese incumplimiento, más aún cuando los trabajadores, con apoyo en su buena fe, confiaron en que una vez reunidos los requisitos de ley accederían a la pensión a cargo de Caxdac” y que “como ya tuvo ocasión de explicarlo la Corte, no es posible dejar sin garantía el pago de las pensiones "porque, en primer lugar, éstas son de interés general, el cual es prevalente y porque están destinados a los beneficiarios, ya que se trata de un patrimonio afectado hacia un fin específico". No es válido, entonces, hablar de expropiación, debido a que "esos bienes tienen una finalidad concreta: el pago de pensiones". ”
4. Finalmente, el suscrito magistrado considera que en aras de proteger los derechos pensionales invocados en la tutela de que trata la presente decisión, no sólo era posible aplicar normas posteriores a los hechos que dieron origen a la presente acción y que se decidieron en la providencia de la Superintendencia de Sociedades impugnada, sino que era obligatorio, por parte de la Superintendencia de Sociedades, la aplicación de normas superiores de carácter constitucional y no simplemente de orden legal.
[1] Folio 462 Cuaderno No. 3
[2] La accionante cita las sentencias C-179/97, C-386/97 y SU-430/98
[3] Folio 529 cuaderno principal
[4] El interviniente cita la Sentencia C-739 de 2002
[5] El crédito de CAXDAC fue calificado por la Superintendencia como de Primera Clase, al paso que el de LASA S.A. quedo ubicado en la Quinta Clase.
[6] Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos No. 018 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; 130 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; 091 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y 241 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Cf. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Auto No. 27 de junio 1º de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
[8] Cf. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Auto de febrero 7 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[9] Cf. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Auto de octubre 3 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10] En ese Auto la Corte llegó a la conclusión de que no era necesario comunicar la iniciación de la acción de tutela que se presentó en esa oportunidad, al concejal que había sido llamado a ocupar la vacante que se presentó por la decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de anular la elección de la concejal de Bogotá Ati Seygundiba Quigua Izquierdo.
[11] En esa oportunidad, para el caso entonces objeto de consideración, la Corte señaló: “En este fallo, como se anotó, a ninguno de los dos solicitantes de la nulidad se les impartió una orden en la sentencia T-778 de 2005. Tampoco fueron demandados por la accionante, ni intervinieron en el proceso de tutela. Además, la tutela no estaba dirigida a que se rehiciera la lista ni a modificar el orden de la misma, sino a que una persona de la lista, cuya elección había sido anulada, continuara figurando como válidamente elegida en el lugar que ocupaba antes del fallo contencioso. Adicionalmente, la nulidad decretada en el fallo del Tribunal Contencioso fue el resultado de una acción de nulidad electoral específicamente dirigida contra la elección de una persona de la lista por razones atinentes exclusivamente a las condiciones individuales de dicha persona, por lo cual no se atacaban aspectos que pudieran incidir en la validez de la elección de los demás integrantes de la lista. Después de resaltar estas especificidades del caso, pasa la Corte a analizar la situación de cada uno de los solicitantes. // La situación del peticionario Wilson Hernando Duarte no ha sido modificada[11] por la sentencia T-778 de 2005, ni en dicha sentencia se impartió una orden que lo comprendiera directamente. En efecto, el señor Duarte no ha sido desplazado en ningún momento de su puesto original en la lista presentada por el Polo Independiente Democrático. Lo anterior se colige del hecho de que el solicitante continúa con su condición de elegido y éste no ha sido excluido por el fallo de tutela de su lugar en la lista del Polo Independiente Democrático, manteniendo su vocación dentro de la misma en el mismo lugar en que fue elegido por voluntad de los votantes que respaldaron dicha lista.”
[12] Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Auto del 4 de junio de 2003.
[13] Cfr. Sentencia T-803 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[15] Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[16] Sentencia 173/93 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[17] Sentencia T-504/00. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[18] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[19] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[20] Sentencia T-658-98 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[22] Sentencia T-522/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[24] Sentencia T - 076 de 1996
[25] Cfr. Sentencias T-426 de 1992, T-567 y T-715 de 2005
[26] Cfr. Sentencias T- 503 de 2002, T-122 y T 229 de 2005. Cabe observar que la Sentencia T-503 de 2002, a la que remiten las dos posteriores, tomó como referencia sobre este punto la Sentencia T-484 de 1999, en la que el problema que abordó la Corte se refería a un caso en el que se encontraba probado “…el hecho de que las empresas empleadoras dejaron de cumplir con su obligación de cotizar al sistema de seguridad social por encontrarse en liquidación obligatoria, circunstancia que no es de recibo, por cuanto si bien es cierto que en el trámite de la liquidación obligatoria se pretende la realización de los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo, no es menos cierto, que en esta clase de trámites se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pago oportuno de las obligaciones que tengan con ocasión de las relaciones laborales (gastos de administración).”
[27] CSJ, Radicación No. 20139, trece de mayo de 2003
[29] El artículo 7º del Decreto 1283 de 1994 fue derogado expresamente por la Ley 860 de 2003
[30] Como se expresó en esta providencia, esa norma establecía que: “Artículo 5º. Las liquidaciones que la Caja de Auxilios y prestaciones de ACDAC hiciere a cargo de las empresas nacionales de aviación civil, de acuerdo con el artículo anterior, serán exigibles a su presentación y tendrán preferencia en caso de quiebra o de liquidación de cualquiera de las entidades obligadas a su pago.”
[31] Parágrafo 3º del artículo 2º del Decreto 675 de 1995, también contenido en el Decreto 2540 de 1993.
[32] Sentencia C-179 de 1997
[34] Decreto 824 de 2001, ARTÍCULO 1o. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS APORTANTES. De conformidad con el artículo 8º del Decreto-ley 1283 de 1994, las empresas aportantes a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, “Caxdac”, continuarán siendo responsables por el pago de los pasivos pensionales hasta el momento en que realicen la entrega íntegra del valor del cálculo actuarial de los afiliados a su cargo. A partir del momento en que culmine dicha entrega, la responsabilidad por el pago de los pasivos pensionales estará a cargo de Caxdac, en su calidad de entidad administradora del régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias establecidas en el Decreto-ley 1282 de 1994.
[35] Sentencia T-458 de 1997
[36] SU-111/97 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[38] Sentencia T-458 de 1997
[39] Sentencia T-229 de 2005
[40] Sentencia T-323 de 1996
[41] Sentencia T-458 de 1997
[42] Sentencia T-458 de 1997
[43] De acuerdo con doctrina de la Superintendencia de Sociedades los aportes parafiscales incluidos entre ellos los de subsidio familiar, no son obligaciones de carácter laboral sino especies tributarias, y en la prelación de créditos señalada en el Código Civil en el artículo 2495, se les aplica la propia de los tributos. Superintendencia de Sociedades, Oficina Jurídica, Radicación 2006-01-087403.
[44] En ese caso Avianca
[45] Sobre el defecto sustantivo como condición de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la Sentencia T-462 de 2003, se enunciaron algunas de las circunstancias a partir de cuales se puede predicar la existencia de este tipo de defecto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corporación, así: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador (Sentencia T-573 de 1997), (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem, Sentencia T-567 de 1998) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada, Sentencia T-001 de 1999), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
[46] De acuerdo con la providencia de la Superintendencia de Sociedades La apoderada de CAXDAC, solicitó el reconocimiento de un crédito que correspondió a la suma de $90.653.949.490, por beneficiarios régimen de transición $76.368.147.018, beneficiarios régimen de pensiones especiales $11.760.120.175, beneficiarios de ambos regímenes trasladados a fondos de pensiones $2.517.086.085, beneficiarios de ambos regímenes trasladados al ISS $8.596.212. Así mismo la suma de $2.437.521.801 correspondiente a transferencia por el año 2003, $215.334.739 por concepto de intereses de mora de las transferencias por el año 2003 calculados a 30 de noviembre de 2003 y otro concepto por $46.845.385 por concepto de intereses de mora por las transferencias no pagadas oportunamente anteriores al 29 de enero de 2003 calculadas a 30 de noviembre de 2003, para un total de $93.353.651.415.