Source: https://es.scribd.com/document/75287450/el-control-de-convencionalidad-en-mexico
Timestamp: 2016-09-27 00:18:12
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Jurisprudencia de rubro “SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA NATURALEZA DE LA NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA RELATIVO ES FORMALMENTE ADMINISTRATIVA PERO MATERIALMENTE LABORAL, POR LO QUE LOS CONFLICTOS Y EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDE A AUTORIDADES ESPECIALIZADAS EN ESTA ÚLTIMA MATERIA”, publicada en el tomo XXV, marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación.
básico sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que es: el control de convencionalidad, como directriz vinculatoria para los jueces de un Estado, en este caso, el mexicano. I. Antecedentes del caso. La actora señaló como resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo de origen, la emitida por el director de Seguridad Social, Civil y Militar de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la que se indicó que al contar con una plaza federalizada, quedaba excluida de la aplicación del Programa de Separación Voluntaria de la Administración Pública Federal de dos mil tres. De la demanda de nulidad correspondió conocer a la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJFA quien, como se dijo, sobreseyó en el juicio contencioso al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción II, de la LFPCA 2 , al estimar que carecía de competencia para conocer del asunto, siendo competentes las autoridades judiciales especializadas en materia laboral, apoyando sustancialmente su decisión en la jurisprudencia 2ª./ J.35/2007, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, precedente que se emite durante la secuela del juicio contencioso administrativo. Cabe puntualizar que el criterio jurisprudencial vigente al momento de intentar el juicio ante la Sala responsable era que, actos como el impugnado, se consideraban de naturaleza administrativa y su cuestionamiento correspondía a la esfera de las autoridades jurisdiccionales administrativas. En los argumentos esgrimidos por la quejosa a manera de conceptos de violación, sostuvo, en esencia, que el citado órgano jurisdiccional sí contaba con competencia para conocer del asunto, pues la aplicación del Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal se dio en el periodo en que se encontraba vigente la jurisprudencia 155/2004 emitida por la Segunda Sala de la SCJN 3 y en la que se sostenía el criterio que era competente el TFJFA para conocer de actos derivados del citado programa; por otro lado, adujo que con la determinación adoptada en la sentencia reclamada se le dejaba de administrar justicia. “ARTÍCULO 8. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causas y contra os actos siguientes: II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.” 3 Jurisprudencia de rubro “SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA ESE PROGRAMA”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XX, noviembre de 2004, página 122. 2
. 4 (Derecho a la Vida). 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre). al versar sobre la protección esencial de las personas. se requiere apreciar otros anteriores donde se fueron gestando paulatinamente criterios que luego se reiteran. el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a los que se dirige. en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención. ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. es lo peculiar del derecho pretoriano de esta época. incluyendo el derecho a la legalidad y a garantías judiciales. tiene su fundamento en el principio de ius cogens.2 5 de la CADH se prevé un bloque o núcleo duro de protección constitucional. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica). Con esta expresión se designa al Derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo. 20 (Derecho a la Nacionalidad). Por tanto para entender adecuada y contextualmente los fallos dictados en los casos Castañeda y Radilla. 17 (Protección a la Familia). 12 (Libertad de Conciencia y de Religión). amplían y perfeccionan. se desarrollan de manera secuencial o por capas.enciclopedia-juridica. por contraposición al Derecho dispositivo o supletivo. y 23 (Derechos Políticos). Todo Estado Parte puede. usualmente.htm 2. El Derecho impositivo o ius cogens se debe observar necesariamente. El artículo 62 de la CADH establece tanto la facultad interpretativa de la Corte IDH respecto a la Convención como la obligatoriedad y vinculatoriedad de su jurisprudencia en los términos siguientes: Artículo 62 1. ya que en una sentencia surgen y luego se van complementando o perfeccionando en posteriores o subsecuentes fallos que admiten o implican reiterar esos criterios.biz14. Una peculiaridad es que los criterios. o en cualquier momento posterior. 18 (Derecho al Nombre). declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial. La obligatoriedad de las normas sobre derechos humanos.II. en cuanto sus normas tutelan intereses de carácter público o general. 5 (Derecho a la Integridad Personal). 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad). 19 (Derechos del Niño). Marco regulatorio La jurisprudencia de la Corte IDH es la interpretación original y natural de la CADH.com/d/ius-cogens/ius-cogens. la http://www. que se aprecia también en fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 4
En el artículo 27.
La declaración puede ser hecha incondicionalmente. 7 Por analogía podemos señalar que la CADH dice. como parte del aparato del Estado.com/topic/Constitution/index. o bajo condición de reciprocidad. La Constitución es o dice lo que los jueces o la Corte dicen que la Constitución es o dice. sus jueces. 3. En esta tarea. Esta idea fue expuesta originalmente por el justice Hughes quien dijo: “we are under a Constitution. http://www. 2. resuelven controversias concretas sobre derechos y libertades. Interamericano y Africano) operan en dos planos distintos de manera simultánea: por un lado. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado.html 4
. como se indica en los incisos anteriores. intérprete última de la Convención Americana. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. En el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Retomando la frase célebre –en una paráfrasis– del justice 6 Warren. la propia Corte IDH ha dicho que: 124. por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización. principalmente 6 7
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. los tribunales regionales sobre derechos humanos (Europeo.worldofquotes.competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido. ora por declaración especial. también están sometidos a ella. Ferrer y Silva (2009: 15) comentan en relación con el caso Castañeda lo siguiente: Ahora bien. el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. but the Constitution is what the judges say it is”. En otras palabras. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. lo que la Corte IDH dice que dice. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. ora por convención especial. por ello.
establecen criterios generales de validez que deben respetar dichos sujetos. en un segundo momento. • Recursos y Medidas cautelares (Tutela cautelar efectiva). • Ejecución y eficacia de lo decidido. Amparo en revisión 139/2010 interpuesto por Autoensambles y Logística. el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución. a que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial. dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales. o Pro actione. Tutela judicial efectiva Los artículos 8 y 25 de la CADH prevén el principio de tutela judicial y acceso a la justicia. es decir. contradictorio.entre individuos y Estados miembros. ratio decidendi. por ende resultan así incluidos los principios y aspectos siguientes: • Acceso sin restricciones a la jurisdicción: o Todo derecho o interés legítimo puede ser planteado. el derecho a la tutela judicial efectiva implica. armas iguales. Estas ideas han sido recogidas por la jurisprudencia mexicana en un caso donde se enjuician prácticas del TFJFA al aplicar la LFPCA 8 . resuelto el primero de julio de 2010 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. el derecho a que en tal proceso se sigan las formalidades esenciales a fin de no dejar al justiciable en estado de indefensión y. por tanto excluye laberintos o formalismos enervantes. conceptos que la Corte IDH ha desarrollado en diferentes fallos. Inspirados en estas ideas. algunos sectores de la doctrina consideran incorporados el derecho a interponer recursos y la tutela cautelar efectiva. sociedad anónima de capital variable. • Formalidades esenciales del procedimiento: o No indefensión. en tercer lugar. • Resolución de fondo conforme a Derecho: o Motivación congruente y razonable. 8
. derivando en las razones siguientes: Asimismo. en primer término. el derecho de acceso a la jurisdicción. o jueces entendidos: Fondo y valores. por otro lado. en la definición de los niveles y del contenido concreto de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales respectivos.
el principio pro actione. resulta que el cuadro de principios que rigen la función jurisdiccional es el siguiente: 9
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entendiendo que la CADH es derecho nacional de jerarquía inmediatamente inferior a la Constitución. Por su parte. es utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y. 6
. exige que los órganos judiciales. también conocido como principio de efectividad.En efecto. effet utile y iura novit curia. aunado al criterio que los derechos fundamentales previstos en el Pacto se entienden como una ampliación o complementación de los previstos en la Carta Magna. Finalmente. al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos. sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su aplicación. que significa literalmente “el juez conoce el derecho". del cual se desprende que es obligación de las Salas que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. “Pacto de San José de Costa Rica”. el principio effet utile. implica excluir cualquier interpretación que anule o prive de eficacia a algún precepto constitucional. no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Así. Efectivamente. deben entenderse y aplicarse las normas de la manera más idónea para facilitar la solución de conflictos y el acceso a tribunales en aras de otorgar tutela judicial efectiva donde se apliquen los principios pro actione. tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. excluyendo cualquier interpretación o aplicación del derecho que anule o prive de eficacia de los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. resolver los conflictos que les plantearen las partes de manera integral y completa. por tanto. siendo suficiente el conocimiento de los hechos básicos para determinar el derecho aplicable al caso. el principio iura novit curia. en el artículo 50 de la ley en cita 9 se recogen los principios pro actione y de tutela judicial efectiva. previstos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. además de que ésta no debe hacerse en función de la intención de las partes.
Naciones Unidas. objetividad. Procurar la formación y actualización de funcionarios 12 Reducir y aprovechar la curva de aprendizaje 13 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. tiempos breves (17 y 8 CADH) Eficiencia Economía procesal. Armas iguales (14) Debido proceso legal Legalidad formal y material (14 y 16) Contradictorio y audiencia previa (14 y 20) Publicidad de procesos (20)
Control de convencionalidad Comenta Hitters 14 que el control de convencionalidad 15 es una institución o mecanismo depurativo. pp. solución real de problemas (17) Tutela judicial efectiva y Effet utile (17 y 25 CADH) Decisiones de fondo sobre conflicto (14-3) Principios Eficacia Cumplimiento o acatamiento de fallos (17-6 y 25 CADH) Tutela cautelar (107-X) Excelencia. con el fin de que tribunales nacionales Convención Americana sobre Derechos Humanos. profesionalismo. 109‐128. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. N° 2. Año 7. independencia (100-7) Inamovilidad y carrera judicial 11 para aprovechar experiencia 12 Evitar influencias ilegítimas (17 y 8 CADH) Imparcialidad Alegaciones con ambas partes (20-A-VI) No interferencias al tomar decisiones (14 PIDCP 13 ) No indefensión. no laberintos o formalismos enervantes (25 CADH) Empleo adecuado de recursos con resultados de calidad (17) Completa. creado por las cortes internacionales. ISSN 0718‐0195. 14 Estudios Constitucionales. Gratuita (17) Acceso Expedita (17) Pro actione (25 CADH 10 ) Trámites sencillos y próximos (25 CADH) Prontitud. Pacto de San José. 2009. Universidad de Talca. respuestas rápidas. “Control de constitucionalidad y control de 11 10
voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. 18 convencionalidad.A. sus Jueces. como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Comparación. ha usado la connotación de “Control de Convencionalidad”. como órganos de cierre del sistema de “Amparo Transnacional”. Sólo cuando en sede nacional se violentan los instrumentos supranacionales.‐ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que. 16 El objetivo es que tribunales nacionales garanticen la eficacia de los instrumentos internacionales y sólo por excepción deban actuar las cortes internacionales.91 K / Página: 2927 8
. Registro: 165. No. el ius cogens y la vinculatoriedad de la jurisprudencia de órganos como la Corte IDH. al control de constitucionalidad. 101. pues deben tratar de suprimir. en todo momento. A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. ejerciendo un control ex officio. ha ratificado un tratado internacional. es que las cortes internacionales. entre las normas internas y la CADH. Serie C. Juan Carlos Hitters. 16 deben declarar que se violó la norma supranacional y condenar a reparar y restituir. Guatemala. como en este caso México. Marzo de 2010 / Tesis: I. Su fundamento es la jerarquía de los tratados.074 / Tesis aislada / Materia(s):Común / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. lo que obviamente significa una comparación entre las convenciones sobre derechos humanos y las disposiciones del derecho interno de las naciones adheridas al modelo. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. Es análogo.evalúen y comparen el derecho local con el supranacional para velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales. sino también la interpretación que de él se ha realizado. de manera supletoria o subsidiaria y complementaria. cuando un Estado.4o. tomando en cuenta para ello no sólo el tratado. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. 15 La Corte IDH a partir del Caso Myrna Mack Chang Vs. por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN. como parte del aparato estatal. deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin. 17 En este sentido Ferrer y Silva (2009: 15) 18 No. mutatis mutandi. 17 La recepción que este principio ha tenido en la jurisprudencia mexicana se aprecia del contenido de las tesis siguientes: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
A. 19 Hitters (2009: 123‐124) en las conclusiones de su artículo. aporta como colofón de lo expuesto lo siguiente: Hemos tratado de esbozar en forma sintética. Lo cierto es que los organismos judiciales internos antes que nada –y esto es obvio– deben cumplir una inspección de constitucionalidad. a través de políticas y leyes que los garanticen. como vimos. lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales.611 / Tesis aislada / Materia(s):Común / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. administrativas y de cualquier otro carácter. Registro: 164. Con respecto al contralor de marras la Corte del Pacto de San José hace referencia a las reglas legislativas. del ius cogens o de la jurisprudencia de la Corte IDH. Mayo de 2010 / Tesis: XI. pactos.1o. para evitar que en sus fallos se infrinja la carta suprema del país y en paralelo.‐ Tratándose de los derechos humanos. lo que se ha dado en llamar en los últimos tiempos ‘control de convencionalidad’ mecanismo que debe ser llevado a cabo. Ha establecido ese cuerpo que los pronunciamientos locales tienen que ser acatados y sólo en circunstancias excepcionales puede la Corte IDH ocuparse de examinar los respectivos procesos internos habida cuenta que ella no No. sea que surja de los tratados. Aunque la terminología aludida. que la inspección de ‘compatibilidad’ con la convención se efectúe sobre todo el material normativo del país. 1. esto es ‘control de convencionalidad’ ha sido utilizada en los últimos tiempos a partir de los asuntos que ya hemos citado. haciendo una ‘comparación’ entre el derecho local y el supranacional. medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías. No será ocioso repetir que el Tribunal Interamericano desde siempre viene haciendo esta revisión. a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales.1 y 2 CAHD). lo que implica.CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. y luego esa tarea debe ser ejercida por el Tribunal regional si es que el caso llega a sus estrados. primero por los cuerpos judiciales domésticos. porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial. convenciones o acuerdos celebrados por México. incluyendo las legislativas. ver si tales decisorios se acomodan con las convenciones internacionales ratificadas por la Argentina (arts.47 K / Página: 1932 19
. con mucho acierto.T. sino también la Constitución. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados.
Caso Acevedo Buendía y otros Vs. y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. la Corte IDH en diversos parágrafos. 21 Cfr. 79.lleva a cabo una tercera o cuarta instancia. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. sin perjuicio de la postrera intervención de la Corte Interamericana. 69. 91.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar. 72. Competencia. Reparaciones y Costas. 104. párr. supra nota 40. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Esta verificación de convencionalidad tiene un carácter difuso ya que cada uno de los magistrados locales puede y debe cumplir la tarea. Fondo. fueron juzgados por tribunales militares en detrimento de la justicia común. párr. Caso Herrera Ulloa Vs. a todas las personas bajo su jurisdicción. 107. párr. supra nota 139. Excepciones Preliminares. la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes. Costa Rica. pero cuando el Estado ha ratificado un tratado como el Pacto de San José ‘sus jueces’ como parte del aparato estatal. que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas 21 . la Corte IDH estudió la desaparición del señor Radilla. 266 a 267). Serie C No. 295 Al respecto. Serie C No. a la postre. Sentencia de 2 de julio de 2004. 291 La Corte ha señalado que el artículo 25. supra nota 139. Corte IDH: Caso Radilla En el caso citado. párr. En la sentencia respectiva.
. Honduras. y Caso Kawas Fernández Vs. lo que les obliga a velar para que sus efectos no sean mermados por la aplicación de normas jurídicas contrarios a su objeto y fin.1 de la Convención ha sido también vulnerado porque los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco no pudieron impugnar la remisión de la causa a la jurisdicción militar (supra párrs. el involucramiento de autoridades militares y que. Perú. En ese aspecto ha sostenido que los jueces y tribunales domésticos están sujetos al imperio de la ley y obligados a aplicarla. Generalidades 290 Tanto la Comisión como los representantes de las presuntas víctimas alegaron que el artículo 25. supra nota 24. Cfr. 110. elabora argumentos genéricos sobre el control de convencionalidad y otros específicos o de aplicación al caso concreto. también están sometidos a él. 145. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales 20 . Caso Baena Ricardo y otros. Perú. párr. párr.
supra nota 290. Chile. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico 25 . párr. en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. supra nota 19. Perú. 339 En relación con las prácticas judiciales. 149. que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. contenidos en el artículo 8. sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto 22 . 24 Cfr. 83. Caso Ximenes Lopez Vs. Caso Ximenes Lopes Vs. sus jueces. párr. párr. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. 118. no basta con que los recursos existan formalmente. párr. también están sometidos a ella. de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. En términos prácticos. Reparaciones y Costas. la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia. Excepción Preliminar. 124. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Fondo. supra nota 64. el Poder Judicial debe tener en cuenta 22 Cfr. y Caso Escher Vs. supra nota 51.296 En este sentido. 196. Sentencia de 4 de julio de 2006. 338 Para este Tribunal. Serie C No. Caso Maritza Urrutia Vs. evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Serie C No. Caso Claude Reyes y otros Vs. En esta tarea. y Caso La Cantuta Vs. En consecuencia. Serie C No. por ello. supra nota 19. Guatemala. párr. En otras palabras. Perú. 4. 173. Brasil. 207. supra nota 54. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Chile. la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. párr. Reparaciones y Costas. 25 Cfr. como parte del aparato del Estado. el Tribunal ha establecido que para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención. 151. Caso Claude Reyes y otros Vs. 131. párr. y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. 131. 23 Cfr. 196.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. supra nota 51. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente 23 . Brasil. párr. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. 117. no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. párr. Fondo. este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. Brasil. se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención 24 . párr. Chile. supra nota 64. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación. el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana. Brasil. Chile. 139.
. y Caso Escher Vs. párr.
. supra nota 51. párr. Caso La Cantuta Vs. dejó en claro que la infracción convencional se produce por el solo hecho de que la norma doméstica esté vigente (aunque no haya sido aplicada). lo equipara al control difuso de constitucionalidad. la Corte IDH cuando se refiera al control de convencionalidad de oficio. como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”. intérprete última de la Convención Americana 26 . en el caso. 124. Excepción Preliminar. Tal pauta fue criticada en estas últimas actuaciones por el entonces Juez Cançado Trindade en su Voto Disidente. Serie C No.. supra nota 19.. añadiendo luego en el caso “El Amparo” que para que exista maltrato a la CADH “.
. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.no me parece necesario esperar la ocurrencia de un daño. quien abriendo una brecha en la sólida jurisprudencia precedente. incluso dejar de aplicar leyes vigentes pero que trastoquen la normativa supranacional. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. y Caso Boyce y otros Vs. en la medida que le impone a cada juez. aún en abstracto.. En este sentido Hitters (2009: 118) dice: Conviene poner de resalto que en los primeros tiempos tal Tribunal Interamericano sostenía que era improcedente la revisión supranacional si el precepto atacado no había sido aplicado. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Fondo. sentencia de 2 de julio de 2009. Como se aprecia. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Chile. La reparación ahora también toma el cariz de modificar leyes y prácticas judiciales y administrativas. la Corte IDH parece consolidar su criterio. abstenerse de prácticas o aplicación de leyes que vean mermado el efecto útil.. Cfr. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución. 173. que el control de convencionalidad. Barbados. debe ejercerse no sólo cuando frente a violaciones concretas sino lo extiende a supuestos en abstracto e incluso a potenciales acosos. Amparo Directo Administrativo 1060/2008. Perú.”.no solamente el tratado. que puede haber infracción al Pacto de Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Empero últimamente el órgano aludido cambió de tornas destacando su potestad de controlar la convencionalidad de las normas locales. lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. Reparaciones y Costas. objeto y fin de las disposiciones de la CADH y la interpretación que de ellas hace la propia Corte. párr. 78. al sostener la Corte IDH en el caso Suárez Rosero y posteriormente en Castillo Petruzzi entre otros. párr. los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente. entre otros organismos. En una segunda etapa –como puntualiza Rey Cantor– se muestra un cierto cambio en la jurisprudencia aludida. 169.
San José aun cuando el dispositivo normativo doméstico no haya sido aplicado en un asunto concreto. En otras palabras. lo cual constituye una violación del artículo 25. (Caso Almonacid Arellano y otros Vs. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. La tendencia apuntada parece verse consolidada en el caso Radilla donde la Corte IDH 27 anticipa y previene a los jueces. pueda construir razonamientos particulares como son los siguientes: 297 La Corte resalta que. esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes. como señaló anteriormente en esta Sentencia (supra párrs. 125. como parte del aparato del Estado. preponderantemente. intérprete última de la Convención Americana. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. CIDH) 27
. Ello implica necesariamente que.1 de la Convención. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 247 y 275). sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. también están sometidos a ella. de ejercer ante cualquier caso futuro. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Siempre es importante partir del caso Almonacid Arellano donde se encomienda ya a los jueces locales ejercer el control de convencionalidad como intérpretes de la CADH y aplicadores de la jurisprudencia de la CIDH. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. en el presente caso el recurso de amparo no fue efectivo para permitir a la señora Tita Radilla Martínez impugnar el conocimiento de la detención y posterior desaparición forzada de su padre. En esta tarea. por ello. el control de convencionalidad de oficio. luego se debe dejar a la Corte una intervención apenas subsidiaria. aplicación Las generalidades expuestas son el marco para que la Corte IDH. la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino. el señor Rosendo Radilla Pacheco. por la jurisdicción militar. 124. sus jueces. válidamente. deben existir recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima esté en posibilidad de impugnar la competencia de las autoridades judiciales que eventualmente ejerzan jurisdicción sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen competencia. a nivel interno. el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. a la manera que el TEDH lo ha también establecido. Chile. Específico. 298 En consecuencia. En esta misma línea de ideas.
Resolución sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares. 5. La erradicación de la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos 28 . Resolución sobre la cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias. Resolución sobre la cuestión de las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. puntos Resolutivos cuarto y sexto. en http://ap.
. 2003/38. puntos Resolutivos tercero y séptimo.d. como la ocurrida en el presente caso. AG/RES.doc. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 23 de abril de 2003. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 19 de abril de 2004.civilde junio de 2006. reflejada en el claro y creciente interés de toda la sociedad y de todo Estado democrático de Derecho en fortalecer los mecanismos internacionales de protección en esta materia. se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal. 59/200. aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 2005. 2005/66. en society.acnur. 7.ohchr. puntos Resolutivos 5.org/General%20Assembly%20Resolutions/Sto%20Domingo/Esp/AG%20RES%202231%20spani sh. Resolución sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares.d y 5. Resolución sobre el derecho a la verdad. En la decisión adoptada por el 4TCMA se pueden advertir claramente dos cuestiones diversas que dan origen a sendas líneas argumentativas: Cfr.311 Tal como ha sido formulada. La Corte estima que el derecho al juez natural.pdf. 2513 (XXXIXO/09). La necesidad de asegurar que este tipo de casos sean investigados ante las instancias competentes de conformidad con las obligaciones internacionales. Resolución sobre desapariciones Forzadas o Involuntarias. cuenta con una garantía colectiva.oas. puntos Resolutivos 7. trasciende los intereses de los Estados.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-66. 2231 (XXXVI-O/06). es indispensable para la consecución de los fines propuestos en la misma. en http://www.doc.org/spanish/issues/disappear/docs/E-CN_4-RES-2003-38. 272 a 277). en http://www2. 340 De tal manera. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril de 2005. Argumentos de la sentencia.c y 7. en http://www2.org/biblioteca/pdf/3758. En este contexto y conforme a éste marco normativo es que se sometió al conocimiento del 4TCMA la demanda de amparo promovida por la quejosa. es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México.org/spanish/issues/disappear/docs/E-CN_4-RES-2004-40. punto Resolutivo 4. en http://www. AG/RES. III.c. puntos Resolutivos segundo a cuarto. 2004/40.doc.ohchr.doc.d.ohchr. la reserva al artículo IX de la CIDFP implica el desconocimiento del derecho humano al juez natural en la debida investigación y eventual sanción de los responsables de la comisión de desaparición forzada de personas.b.doc. los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. A continuación se desglosan los argumentos que conformaron la decisión adoptada.org/dil/esp/AG-RES_2513-2009.oas. reconocido en el artículo IX de esta Convención. aprobada por la Asamblea General de la OEA el 4 de junio de 2009. aprobada por la Asamblea General de la OEA el 6 http://www.
En consecuencia. se desestimó por infundado. creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas. tal y como se reconoce en el artículo 94. sino en el espíritu de otras disposiciones legales. se contestó el planteamiento de si con la determinación adoptada por la Sala de origen se dejaba de impartir justicia. no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó. había sido superada por la diversa 35/2007. • ¿el pronunciamiento de sobreseimiento con apoyo en la legislación aplicable implicaba una denegación de acceso a la justicia?
Respecto del primer argumento a resolver. • En segundo término. “JURISPRUDENCIA. Ahora bien.• En primer lugar se resolvió sobre la pretensión de que el TFJFA. es el ulterior criterio el que debe prevalecer al momento de decidir. las interrogantes resueltas por el 4TCMA fueron las siguientes: • ¿es competente el TFJFA para conocer de los conflictos derivados del Programa de Separación Voluntaria de la Administración Pública Federal?. en razón del contenido de la jurisprudencia P. sino que integran a la norma los alcances que. de la Constitución Federal. emitida por el Pleno de la SCJN. pues la jurisprudencia que el quejoso pretendía se le aplicara y que otorgaba competencia al TFJFA. al sentar jurisprudencia. tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales 15
. fundándose para ello. sin estar contemplados claramente en ella. emitida por la misma Sala y en la cual se sostiene el criterio de que los tribunales especializados en materia laboral son los competentes para conocer de los conflictos surgidos con motivo de la aplicación del ya citado programa. no eran de estimarse. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo. en cuanto a posibles visos de retroactividad y la pretendida subsistencia de un criterio anterior./J. Cabe abundar que tal pronunciamiento. párrafo sexto. no en el arbitrio del Juez. aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta. se producen en una determinada situación. de acuerdo a los principios generales del derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito.145/2000. sin embargo. en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. tal como la Sala responsable concluyó. de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional. y. que era la 155/2004 emitida por la Segunda Sala del alto tribunal. que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas. en términos de la jurisprudencia 155/2004 de la Segunda Sala de la SCJN. era competente para decidir el conflicto propuesto. esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general.
estableciendo fueros distintos. contenida en el artículo 17 constitucional. relativo a que con la determinación adoptada se había dejado de administrar justicia a la quejosa. COMPLETA. principios y derechos que puedan resultar afectados o incididos./ J. violaba la prerrogativa de acceso a la justicia pronta. es inconcuso que al aplicarse. ya que no cumple con las características de generalidad. VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA. promueva y tutela los intereses. IMPARCIAL Y GRATUITA. al sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción II del artículo 8° de la LFPCA. publicada en el tomo XXVIII. se estimó que para no hacer nugatoria la prerrogativa de acceso a la justicia. obligatoriedad y abstracción. también lo es que dicha incompetencia derivó del abandono de un criterio inicialmente sostenido por la SCJN y. entendiendo por adecuada. si bien es cierto se actualizó la improcedencia del juicio. la que preserve. apoyándose en las consideraciones esenciales siguientes.C./J.35/2007). Se consideró que el actuar de la Sala responsable. completa.hacen de la ley.A. no viola el principio de irretroactividad. atribuía competencia en la materia de conflicto a los tribunales especializados en materia laboral. reflejada en la jurisprudencia 2ª. emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.” 29
. agosto de 2008 del Semanario Judicial de la Federación de rubro “SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. en términos del primero de los numerales citados. consagrado en el artículo 14 constitucional. la Sala del conocimiento debió declinar el conocimiento del asunto en favor de la autoridad judicial laboral competente y no sobreseer en el juicio.” Por lo que hace al segundo de los argumentos. En esta parte considerativa se citó como apoyo el criterio contenido en la tesis aislada XIX. ello a efecto de no violar el principio de acceso a la justicia y dar cumplimiento a un criterio jurisprudencial que se fundamenta en la prevalencia del principio citado 29 .35/2007. Era evidente que el cambio de criterio de la SCJN no se acompañó de una solución para los casos en trámite. PUES DEBIÓ DECLINAR EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO A FAVOR DE LA DE LA AUTORIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.38. su nueva interpretación. imparcial y gratuita. y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley. SI LA SALA FISCAL SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE UN JUICIO CONTRA LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA RELATIVO Y SOBRESEE EN EL JUICIO. debido a que.1°. surgidos o iniciados bajo un criterio jurisprudencial y que durante la secuela cambiara. el 4TCMA estimó suficiente el mismo para conceder el amparo. No obstante. En efecto cuando hay un abrupto cambio en normas procesales parece obvio que debe existir una regla de transición que a manera de disposición conflictual aporte una adecuada solución al caso problema.A.
31 La convención fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. sino que los mismos deben ser efectivos. • violentar el fin y eficacia de normas de rango constitucional y de la CADH que establecen los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. no basta con la existencia formal de un recurso. sino que el artículo 14. fueron las siguientes. La Convención se tornó vinculante para México a partir del 24 de marzo de 1981 (publicación en el D. Caso Claude Reyes vs Chile y Caso Almonacid Arellano y otros Vs.O. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos. resulta que el artículo 25 de la CADH o “Pacto de San José” prescribe la obligación por parte del Estado de conceder a toda persona bajo su jurisdicción. constitucional.‐‐‐b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Caso Baldeón García vs Perú. entrando en vigor el 18 de julio de 1978. es decir. in fine. sino también del artículo 25 de la CADH 30 . fracción II.F. el 7 de mayo de 1981. En ese contexto. “ARTÍCULO 25. constituye ley suprema de toda la Unión. y ‐‐‐c) a garantizar el cumplimiento. deben ser capaces de producir resultados o respuestas al problema planteado y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. aún ante la carencia de regla. crear la regla pertinente apoyándose en textos.En estos casos el conflicto subyacente no puede dejar de resolverse. se resolvió que la determinación de la Sala era violatoria no sólo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.‐‐‐2. Los Estados parte se comprometen:‐‐‐a) a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. mismos que pueden estar positivizados tanto en la legislación interna como en la propia Convención. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte IDH. 32 Caso López Álvarez vs Honduras. incluso. ha sido criterio sostenido en diversos casos 32 . Las razones que se tuvieron en cuenta.2 de la Convención. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Debe privilegiarse la funcionalidad y eficacia de la norma con mayor jerarquía. de la LFPCA que prevé el sobreseimiento. interpretaciones o aplicando principios. que para la satisfacción del derecho fundamental de acceso a la justicia. llevando al punto de ponderar: • la inaplicación del artículo 8. dispone que el juez debe. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. por las autoridades competentes.”.‐‐‐1. de conformidad con el artículo 74. compromiso internacional del que México forma parte 31 y que en términos del artículo 133 constitucional. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Chile. Caso Ximenes López vs Brasil.
En términos de lo que se viene exponiendo. dentro de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 30
. o.‐ Protección Judicial. la ley o la presente Convención.
sus jueces. no sólo de la CADH citada. se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia o pretensiones planteadas. tomando en cuenta para ello no sólo el tratado. criterios de la Corte IDH que se hicieron propios. en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. como en este caso México. en su caso. por lo que se estimó que la Sala debió apegarse y buscar en su resolución. mayor daño" o "suma justicia. son preferentes en su aplicación y eficacia. de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar. no ilusoria. "a mayor justicia. cuando un Estado. en todo momento. de lo que se sigue que el control de convencionalidad implica una confrontación normativa para verificar la adecuación de las normas de derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. http://es. deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin. como en el caso lo es la CADH. la protección judicial requerida. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia. A manera de ejemplo. sino también la interpretación que de el se ha realizado 35 . sino de todo Estado de Derecho en una sociedad democrática. en el sentido de que la aplicación de la ley al pie de la letra a veces puede convertirse en la mayor forma de injusticia. Por último. ha ratificado un tratado internacional. por lo que se debe ejercer un “control de convencionalidad” 34 entre las normas de derecho interno y la propia Convención. garantizar el efectivo acceso a la justicia del gobernado a fin resolver. el control de constitucionalidad sugiere la confrontación de las leyes secundarias con la Constitución a efecto de verificar la adecuación del contenido de las primeras con la segunda.). se incurre en una violación manifiesta y flagrante de normas constitucionales y convencionales de mucho mayor entidad y que.En otras palabras.wikipedia. evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables. en la sentencia del Tribunal se plasmó como ratio decidendi. pues so pretexto de aplicar una ley procesal. Con base en lo anterior. 35 Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos y Caso Almonacid Arellano vs Chile. sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real. de manera efectiva. se concluyó que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir. Es una cita original del comediógrafo Terencio (s. 33
. 34 Por control de convencionalidad debe entenderse el examen de confrontación normativo que se realiza entre las normas de derecho interno y la Convención internacional. en el sentido de que. Summum ius summa iniuria es un aforismo latino que se puede traducir por "sumo derecho. como parte del aparato estatal. siendo que la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos. Puede decirse que se planteó un supuesto de infracción al principio summum ius summa iniuria 33 . II a. la controversia planteada. la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso. si se quiere formalmente vinculatoria. C. suma injusticia". esto es. que fue usada después por otros muchos autores pues se hizo proverbial.org/wiki/Summum_ius_summa_iniuria. suma injusticia". por ende.
en su caso. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos. es decir. emitiera otra atendiendo a los lineamientos plasmados en la sentencia. en otras palabras. no ilusoria. la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso. no sólo de la Convención Americana citada. NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA. debe acudirse al último de los numerales citados. se estimó procedente conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala de origen dejase sin efectos la resolución combatida y. ello pasa por alto el contenido del artículo 17 constitucional. deben ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE. se debe enviar el asunto al órgano competente a fin de que sea éste quien resuelva sobre la pretensión planteada.Sentados los anteriores razonamientos. ha sido criterio sostenido que. sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real. de conceder a toda persona bajo su jurisdicción. así como el diverso artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. sino que los mismos deben ser efectivos. fracción II. De lo anterior puede concluirse. Uno de los criterios jurisprudenciales que fundan la decisión se consigna en la tesis siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. declarar su legal incompetencia para conocer del asunto y remitir los autos al tribunal especializado en materia laboral competente. como en la propia convención. por considerar que a diverso órgano compete el conocimiento del asunto. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos. 19
. En este contexto. de la LFPCA que en el caso provocaba la disfunción y oposición con lo previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la CADH que consagran los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. sino de todo estado de derecho. DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. para su conocimiento y resolución. esto es.‐ En caso de que un órgano jurisdiccional. en su lugar. y a fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental aludido. estime procedente el sobreseimiento del juicio con fundamento en la fracción II del artículo 8o. de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. mismos que pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna. la protección judicial requerida. mismo que prescribe la obligación por parte del Estado. inaplicando el artículo 8º. para la satisfacción de dicha prerrogativa. pues a fin de garantizar el pleno acceso a la administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con apoyo en tal precepto. como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. no basta con la existencia formal de un recurso.
Registro: 165. Cabe resaltar que a la fecha de elaboración del presente artículo. al sobreseer en un juicio por incompetencia. contenidos en el artículo 25 de la CADH. se utilizó como fundamento de la decisión no sólo el derecho interno. consistente en la aplicación por parte de los jueces mexicanos de un control de convencionalidad a fin de verificar que las normas de derecho interno no contravengan el contenido y finalidad de la CADH. No. Conclusiones. estableció una directriz en la actuación de los órganos jurisdiccionales basada en la que fue sentada por la Corte IDH como condena al Estado Mexicano en el Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. práctica que no es utilizada por todos los órganos que realizan funciones de índole jurisdiccional. esto es. Lo destacable en esta sentencia es que el tribunal colegiado elaboró una interpretación en la que desestimó la actuación de un tribunal administrativo. como en este caso lo fue el TFJFA. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia. razonó que no solo se contravenía dicha norma de jerarquía constitucional.4o. sino también los principios de “tutela judicial efectiva” y “acceso a la justicia”. la parte quejosa tuvo acceso a un Tribunal en el que se resolviera la pretensión deducida. de la LFPCA.705 A / Página: 2853 36
. porque transgredía la prerrogativa fundamental de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional. con lo cual. sino también un tratado internacional del que México es parte como lo es el Pacto de San José y la interpretación jurisprudencial de la Corte IDH. fracción II. inaplicando lo dispuesto en el artículo 8.válidamente. Además de lo anterior.121 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir. dejando insubsistente la sentencia reclamada y emitiendo otra en su lugar en la que se declaró incompetente para conocer del asunto y envió los autos al tribunal especializado en materia laboral competente a fin de que resolviera lo que en derecho estimara conveniente. 36
IV. en todo momento. Marzo de 2010 / Tesis: I. haciendo efectivas las prerrogativas de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. con apoyo en la ley que rige su actuar.A. la Sala competente del TFJFA había dado ya cabal cumplimiento a la sentencia protectora. pero además. a pesar de lo que dispone el artículo 133 de la Constitución mexicana.
............................................................. Conclusiones................................................... .............................................. Argumentos de la sentencia................ 1 I. Universidad de Talca..................... Antecedentes del caso.............. Porrúa... Control de constitucionalidad y control de convencionalidad.................. 14 IV.................... 2009..................... pp............................................ Año 7.................... 20 Bibliografía . 10 III..................................................... N° 2...................................................................................................................... en Estudios Constitucionales.... (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)............... Hitters Juan Carlos....... México........................... 109‐128........................ 2009...docx 21
..... 2 II.. Contenido El control de convencionalidad en México ... Marco regulatorio .....................................................................................................................................................................Bibliografía Ferrer Mac‐Gregor Eduardo y Silva García Fernando....... 5 Control de convencionalidad........................................................................................ 3 Tutela judicial efectiva................. 7 Corte IDH: Caso Radilla............................ 1 Introducción .... El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.......................... 21 Control Convencionalidad México.......................................................................... Centro de Estudios Constitucionales de Chile.......... Comparación...
kas_45690-1522-4-301_IntroduccionDel Inicio Del Procedimiento a La Preparacion de JuicioAudiencia de Vinculacion a Proceso29306-29325-1-PBArgumentacion jurídica04_577111 Protocol o Caden a Custodia1._John_Howard [Unlocked by Www.freemypdf.com]2._Cesar_Beccaria [Unlocked by Www.freemypdf.com]1. Rojas Caballero, Ariel AlbertoComo El DelincuenteCentro de Convivencia FamiliarCeja_ Manual de DefensoriasControl de Convencionalidad Diapositivs
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