Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=648177
Timestamp: 2019-05-19 21:12:28
Document Index: 396087527

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'artículo 129', 'Artículo 2', 'artículo 100', 'Artículo 3', 'artículo 129']

ACUERDO DE PAÍS SEDE ENTRE CHILE Y EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 10323‐10)
ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE RESISTENCIA Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DE MAREMOTOS EN CONSTRUCCIONES COSTERAS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 3880‐14 (S))
INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
SUPRESIÓN DE FACULTAD DE ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS Y ANTECEDENTES POR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9958‐17) [CONTINUACIÓN]
INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
INTERVENCIÓN : Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN Y DE INCIDENTES
Sesión 98ª, en jueves 19 de noviembre de 2015
(Ordinaria, de 10.33 a 12.40 horas)
Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; Vallespín López, don Patricio, y de la señora Pascal Allende, doña Denise.
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 9
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 13
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 13
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 13
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 13
ACUERDO DE PAÍS SEDE ENTRE CHILE Y EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 10323-10) ................................................................................................................... 13
ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE RESISTENCIA Y MITIGACIÓN DE EFECTOS DE MAREMOTOS EN CONSTRUCCIONES COSTERAS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 3880-14 (S)) .............................................................................. 20
SUPRESIÓN DE FACULTAD DE ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS Y ANTECEDENTES POR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9958-17)
[CONTINUACIÓN] ....................................................................................................................... 36
SUSPENSIÓN	DE	TRATAMIENTO	DE	PROYECTOS	DE	ACUERDO	Y	DE RESOLUCIÓN Y DE INCIDENTES ......................................................................................... 46
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10154-07) ............................. 47
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10367-13) ............................. 47
3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETINES NOS 2013-07-6445-07 2415-
07 Y 9631-07) ............................................................................................................................ 48
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9514-07) ............................... 48
5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8584-15) ............................... 48
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9589-17) ............................... 49
7.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9939-14, REFUNDIDO CON BOLETÍN N° 10076-14) .............. 49
8.- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, PARA DISPONER LA ILUMINACIÓN DE SITIOS ERIAZOS (BOLETÍN N° 9988-14) ............................................................................................................... 59
9.- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN MATERIA DE CIERRE DE SITIOS ERIAZOS (BOLETÍN
N° 9989-14) .............................................................................................................................. 62
10.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA; ÁLVAREZSALAMANCA, BARROS; GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, MELERO, MORALES, TRISOTTI, Y WARD, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE "MODIFICA LA LEY N°19.451, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE TRASPLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS, PARA AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS". (BOLETÍN N° 10407-11) .......................... 66
11.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GAHONA, HASBÚN, HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; LAVÍN, MORALES, SANDOVAL, TRISOTTI, Y WARD, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO, PARA OBLIGAR A FARMACIAS Y ALMACENES FARMACÉUTICOS A PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO MEDICAMENTOS PARA SU VENTA FRACCIONADA.". (BOLETÍN N° 10408-11) ................................................................................... 68
por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 19 de noviembre de 2015, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Ceroni
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 19 de noviembre de 2015, por impedimento grave.
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 17 de noviembre de 2015 por impedimento grave.
por la cual informa que ha retirado su patrocinio al proyecto de ley que "Modifica la ley N°19.620, que Dicta Normas sobre Adopción de Menores, en protección de la infancia que es declarada susceptible de adopción por inhabilidad parental en razón de pobreza, marginalidad y riesgos implicados en ella.". BOLETÍN N° 9959-18.
2.- Notas:
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 22 de noviembre de 2015, para dirigirse a Colombia.
Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que la diputada señora Hoffmann será reemplazada por el diputado señor Gahona
en la convocatoria al XLVII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, a desarrollarse en Bogotá, Colombia, entre los días 23 y 25 de noviembre de 2015 (385).
Ministerio de InteriorDiputado Monckeberg don Nicolás , Informar sobre sus viajes realizados desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, individualizando los destinos, días de estadía, medios de transporte utilizado, actividad realizada y decretos de pago de viáticos. (2636 al 13236).
Diputado Sandoval , Se sirva dar respuesta a las interrogantes planteadas en el documento adjunto y que dicen relación con la ejecución de los "fondos espejo" del Transantiago en todo el país, con especial énfasis en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2674 al 13331).
Diputado Gahona , Obras del proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal de Vicuña, en los términos que plantea en la documentación que se adjunta. (4599 al 9290).
Proyecto de Resolución 472, Valorar el enorme esfuerzo que está llevando a cabo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez , para arribar a un acuerdo de paz dentro de no más de seis meses y reconocer el papel de los países garantes y de los países acompañantes del proceso de paz, entre ellos, Chile. (12995).
Diputado Farcas , Informar sobre la construcción de la Línea 3 del Metro, principalmente sobre el presupuesto destinado a la construcción del mismo, en los términos que indica. (1901 al 12647).
Ministerio de Defensa NacionalDiputado Boric , Se sirva informar, respecto al cambio en la modalidad de contratación, de "contrata” a “renta global única”, de los funcionarios civiles del Ejército de Chile en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, las razones de este cambio, propuestas para que los funcionarios civiles no pierdan su trabajo y la existencia de alternativas para compensar monetariamente a los funcionarios de zonas extremas ante la pérdida de la asignación de zona. (68552290 al 11205).
Diputado Sandoval , Se sirva informar los motivos por los cuáles el Ejército de Chile modificará, desde el año 2016, las condiciones bajo las que se desempeñan los funcionarios civiles e indicar si se contemplan alternativas para hacer frente a estos cambios, especialmente a la pérdida de beneficios y la incertidumbre laboral. (68552290 al 11407).
Ministerio de Trabajo y Previsión SocialDiputado Flores , Se sirva informar la factibilidad de instruir una fiscalización, en razón del reiterado incumplimiento con las fechas de pago de pensiones que estaría ocurriendo en distintas comunas de la Región de Los Ríos y el acoso del que serían objeto los pensionados de la misma región, para obtener créditos sociales en la Caja de Compensación Los Héroes. (604 al 11161).
Ministerio de MineríaDiputada Cicardini doña Daniella , Informar las causas del derrame de concentrado de cobre, desde la División El Salvador Solicita informe de la Corporación Nacional del Cobre de Chile al cauce del Río Salado, ocurrido el pasado 23 de septiembre en el sector de Llanta en la Región de Atacama, indicando las consecuencias sanitarias y medioambientales de este accidente y las obras de mitigación que se han realizado para enfrentarlas (220 al 12778).
Diputado Silber , Diputado Farcas , Se sirva informar sobre el arriendo de una serie de oficinas en un edificio ubicado en calle Amunátegui de la Región Metropolitana, para trasladar a ese lugar las dependencias del Ministerio de Minería. (808 al 12967).
Ministerio de EnergíaDiputado Arriagada , Se sirva informar las medidas adoptadas para hacer efectivas las responsabilidades, si resultaren pertinentes, en contra de las autoridades a quienes les corresponde fijar las tarifas anuales para el cobro de suministro eléctrico, atendida el alza que el valor de este servicio ha sufrido y el efecto retroactivo con que se aplicaría dicho incremento (1564 al 10748).
Diputada Pacheco doña Clemira , Informar sobre los Proyectos Energéticos en los cuales se está trabajando y los que se presentarán, en la Isla Santa María de la Región del Biobío. (1567 al 10905).
Diputado Gahona , Se sirva remitir las bases del contrato de asesoría celebrado con el Banco Mundial para un estudio del mercado del gas en nuestro país, los informes de avance y sus conclusiones finales, si las hubiere, informando los plazos estipulados y montos involucrados. (529 al 12408).
Ministerio de Transportes y TelecomunicacionesDiputado Hasbún , Solicita disponer una fiscalización al cumplimiento de la concesión que corresponde a la Línea 9, variante kilómetro 8 de la comuna de Temuco, especialmente en cuanto la frecuencia de sus recorridos y el horario del último bus en horario nocturno. (1695 al 13037).
Ministerio Secretaría General de la PresidenciaDiputado Ward , Se sirva complementar la respuesta que su Cartera realizó al oficio N° 01417 de esta Corporación de fecha 15 de septiembre del presente año, en el sentido de responder si se va a instruir una investigación por la pérdida de información del computador del Ex Director Sociocultural de la Presidencia de la República, el señor Sebastián Dávalos Bachelet . (2428 al 13321).
Diputada Hoffmann doña María José , Diputado Coloma , Se sirva informar los lineamientos que orientarán a los medios de comunicación nacional en la labor de difusión del proceso de estudio de una nueva Constitución Política. (2455 al 13620).
Ministerio de Desarrollo SocialDiputada Carvajal doña Loreto , Solicita disponer una fiscalización en los hogares de ancianos que funcionan en la comuna de San Carlos, informando a esta Corporación el resultado de dicho control. (454 al 13338).
Ministerio Medio AmbienteDiputada Cicardini doña Daniella , Se sirva informar las operaciones que se realizan por la empresa “Solenor”, ubicada en el sector de Quebrada de Paipote en la comuna de Copiapó, particularmente si cuentan con los permisos medioambientales que correspondan, las fiscalizaciones efectuadas y sus resultados, y los demás antecedentes que se solicitan en el documento adjunto. (2028 al 13389).
Proyecto de Resolución 383, Solicitar al Gobierno ejerza sus potestades en el sentido de incorporar el estándar EITI en el manejo de los recursos públicos provenientes de la industria minera. (214).
Diputado Urízar , Obras realizadas y las asignaciones de gastos efectuadas para la ejecución del programa “Quiero Mi Barrio”, en el sector de Villa Los Jardines de la comuna de Villa Alemana, por un costo total de 350 millones de pesos. (3029 al 13513).
Diputado Rathgeb , Se sirva informar el estado de tramitación de la postulación de la señora Raquel del Carmen Ulloa Reyes al Programa de Vivienda Social o Vivienda Progresiva. (3618 al 13480).
Diputado Gahona , Reiterar el oficio N° 9.290, de esta Corporación, de fecha 10 de junio de 2015. (4599 al 13385).
Empresas del EstadoDiputado Ward , Contaminación por concentrado de cobre ocurrida en la Caleta Palitos de la comuna de Chañaral durante las últimas semanas, las medidas que se adoptarán y los protocolos de tratamiento de desechos tóxicos en la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. (221 al 13039). Municipalidades
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (1094 al 12145).
Diputado Becker , Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (1151 al 12052).
Diputado Fuenzalida
, Reitera el oficio N° 4.429, de esta Corporación, de fecha 12 de septiembre de 2014, cuya copia se acompaña (14167 de 17/11/2015). A alcalde de la Municipalidad de Los Lagos.
Diputado Fuenzalida , Reitera el oficio N° 4.430, de esta Corporación, de fecha 12 de septiembre de 2014. (14168 de 17/11/2015). A municipalidades.
, Reitera el oficio N°4.431, de esta Corporación, de fecha 12 de septiembre de 2014. (14169 de 17/11/2015). A alcalde de la Municipalidad de Panguipulli.
, Reitera el oficio N° 4.432, de esta Corporación, de fecha 12 de septiembre de 2014. (14170 de 17/11/2015). A alcalde de la municipalidad de río bueno.
Diputado Fuenzalida , Reitera los oficios Nos. 4.427 y 4.426, de 12 de septiembre de 2014 y 6.037, de 27 de noviembre de 2014. (14171 de 17/11/2015). A alcaldesa de la Municipalidad de Futrono.
Diputado Fuenzalida , Reiterar los oficios Nos. 4.428, de 12 de septiembre de 2014, 5.730, de 19 de noviembre de 2014 y 6.038, de 27 de noviembre de 2014. (14172 de 17/11/2015). A municipalidades.
, Reitera el oficio N° 6.631, de 9 de enero de 2015. (14173 de 17/11/2015). A gerente general ejecutiva del Banco del Estado de Chile.
, Reitera el oficio N° 6.923, de esta Corporación, de fecha 23 de enero de 2015. (14174 de 17/11/2015). A varios.
, Reitera el oficio N° 5.178, de esta Corporación, de fecha 23 de octubre de 2014. (14175 de 17/11/2015). A Ministerio de Minería.
, Reitera el oficio N° 11.426, de 31 de agosto de 2015. (14176 de 17/11/2015). A Contraloría General de la República.
, Reitera el oficio N°5177, de esta Corporación, de fecha 23 de octubre de 2014. (14177 de 17/11/2015). A gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo.
Diputado Fuenzalida , Reiterar los oficios Nos. 7.515, de 19 de marzo; 9.421, de 18 de junio y 9.422, de 18 de junio, todos de 2015. (14178 de 17/11/2015). A director del Hospital El Salvador.
Diputado Fuenzalida , Reitera los oficios Nos. 5.176, de 23 de octubre de 2014 y 7.781, de 6 de abril de 2015 (14179 de 17/11/2015). A presidente del directorio de la Empresa Metro S.A.
Diputado Fuenzalida , Reitera oficio N° 5.180, de esta Corporación, de fecha 23 de octubre de 2014, cuya copia se acompaña. (14180 de 18/11/2015). A seremi Medio Ambiente Los Ríos.
Diputado Fuenzalida , Reitera oficio N° 6.394, de 22 de diciembre de 2014, cuya copia se acompaña. (14181 de 18/11/2015). A director del Servicio Electoral.
, Reitera oficio N° 7.485, de esta Corporación, de fecha 18 de marzo de 2015, cuya copia se acompaña. (14182 de 18/11/2015). A Ministerio de Hacienda.
Diputado Fuenzalida , Reitera oficios Nos 6. 921 y 0773, de 21 de enero de 2015, cuyas copias se acompañan. (14183 de 18/11/2015). A Ministerio de Hacienda.
, Reiterar oficio N°4.498, de esta Corporación, de fecha 15 de septiembre de 2014, cuya copia se acompaña. (14184 de 18/11/2015). A varios.
-Con licencia médica: El diputado señor Jorge Tarud Daccarett.
-Con impedimento grave: La diputada señorita Karol Cariola Oliva, y los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes y Ernesto Silva Méndez.-
-Se abrió la sesión a las 10.33 horas.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 89ª se declara aprobada.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), suscrito en Santiago de Chile el 13 de abril de 2015.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son los señores Iván Flores y Pepe Auth , respectivamente.
-Mensaje, sesión 76ª de la presente legislatura, en 6 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 84ª de la presente legislatura, en 20 de octubre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 90ª de la presente legislatura, en 5 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de abril de 2015, el que se encuentra sometido a la consideración de la Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15°, y 54, N° 1), de la Constitución Política de la República.
Según lo señala el mensaje, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) tiene por propósito establecer en nuestro país una sede de dicho organismo, reconociéndole el estatus jurídico necesario para su funcionamiento.
Agrega que IDEA Internacional se constituyó como organismo internacional en una conferencia celebrada en Estocolmo, Suecia , el 27 de febrero de 1995, siendo Chile uno de sus Estados fundadores. En la actualidad cuenta con veintiocho Estados miembros y un Estado observador. Tiene su sede central en Estocolmo y mantiene además varias oficinas regionales y una ante las Naciones Unidas, en Nueva York.
Asimismo, hace presente que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral promueve criterios básicos de democracia y procesos electorales bajo un esquema de cooperación, integrado transregionalmente por gobiernos de diversas tendencias políticas, en el común interés de desarrollar las instituciones democráticas.
Al mismo tiempo, constituye un referente global para asistir en procesos de cambios democráticos a nivel local, iniciativas de diálogo nacional y de formación de voluntad política en materias democráticas.
El acuerdo está estructurado sobre la base de un preámbulo, donde se establecen las consideraciones que tuvieron las partes para celebrarlo, y 22 artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo dispositivo, que establece el estatuto jurídico al que se someterá la sede de IDEA Internacional en Chile, a los cuales no me referiré en particular en aras del tiempo y por encontrarse latamente expuestos en el informe que los señores diputados tienen en su poder.
En el estudio del proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Edgardo Riveros Marín , subsecretario de Relaciones Exteriores, y Claudio Troncoso Repetto , director jurídico de la Cancillería, quienes refrendaron los fundamentos expuestos en el mensaje que acompaña el proyecto de acuerdo, efectuando una reseña acotada de sus contenidos y manifestando, en síntesis, que la ratificación de este acuerdo permitirá establecer en nuestro país una sede de dicho organismo, reconociéndole el estatus jurídico necesario para su funcionamiento.
Agregó el señor Riveros que IDEA Internacional se constituyó como organismo internacional en una conferencia celebrada en Estocolmo, Suecia , el 27 de febrero de 1995, y que Chile fue uno de sus Estados fundadores. En la actualidad cuenta con 28 Estados miembros y un Estado observador. Su sede central está en Estocolmo y además mantiene varias oficinas regionales y una ante las Naciones Unidas, en Nueva York.
Asimismo, hizo presente que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral promueve criterios básicos de democracia y procesos electorales bajo un esquema de cooperación, integrado transregionalmente por gobiernos de diversas tendencias políticas, en el común interés de desarrollar las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, constituye un referente global para asistir en procesos de cambios democráticos a nivel local, iniciativas de diálogo nacional y de formación de voluntad política en materias democráticas.
Por su parte, la señora diputada y los señores diputados presentes, que expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, manifestaron su concordancia con los objetivos del mismo, por cuanto reafirma su finalidad de cultivar y respaldar la democracia sostenible en todo el mundo, además de resaltar la conveniencia del establecimiento de una oficina en Chile.
Por ello, sin mayor debate, por 9 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, dieron su aprobación al proyecto de acuerdo la señora Sabat , doña Marcela , y los señores Campos, don Cristián ; Edwards, don José Manuel ; Flores, don Iván ; Hernández, don Javier ; Jarpa, don Carlos Abel ; Rocafull, don Luis ; Sabag, don Jorge , y Tarud, don Jorge .
Por último, me permito hacer presente que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.
El señor AUTH (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
El proyecto tiene particular interés para quien habla, porque Chile es miembro fundador del Instituto Internacional IDEA, que tiene su sede en Estocolmo, y porque me correspondió ser parte de su directorio en representación de nuestro país, en mi condición de embajador ante el Reino de Suecia.
El proyecto de acuerdo busca reconocer estatus jurídico al funcionamiento del Instituto Internacional IDEA, que ha tomado la importante y favorable decisión de trasladar su sede para América Latina a la ciudad de Santiago de Chile.
El Instituto IDEA es un organismo intergubernamental, creado hace veinte años, del cual Chile, como dije, es uno de sus países fundadores. Tiene 28 Estados miembros y sus oficinas centrales se ubican en Estocolmo, Suecia . Cuenta además con oficinas en África, Europa , América Latina , en el mundo árabe, y en todos los continentes, con el objetivo de promover y apoyar el cambio democrático sostenible, proporcionando conocimientos comparados y contribuyendo a las reformas democráticas, a la construcción constitucional, a la solidez de los partidos políticos, al equilibrio de género en democracia y al empoderamiento político de la mujer. Son muy conocidos sus manuales de financiamiento público de la política, de cuotas de género y de sistemas electorales, los que han sido utilizados en el mundo para realizar distintas reformas.
De acuerdo con el gobierno de Chile, el objetivo de IDEA es completamente concordante con la política exterior chilena, que tiene entre sus pilares la promoción de la democracia.
IDEA Internacional para América Latina ofrece una plataforma de trabajo independiente, imparcial, no partidista y con un enfoque no prescriptivo, sino de asesoría.
El acuerdo de sede en Santiago de Chile implica que el gobierno, específicamente el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, facilitará al Instituto IDEA un lugar físico para la instalación de sus oficinas. El referido ministerio está evaluando el espacio definitivo, que probablemente será el nuevo edificio Bicentenario, ubicado frente al palacio de La Moneda.
Desde la nueva oficina regional, cuya operación se ha planificado que partirá en marzo de 2016, dirigida por el prestigioso académico Daniel Zovatto , tendrá como prioridad trabajar el apoyo a los procesos de reforma electoral con miras a fortalecer la integridad electoral y la equidad de género, promover la adecuada relación entre la democracia y el desarrollo, y apoyar la discusión de los proyectos de reforma constitucional en el continente.
La comisión técnica dispuso en su informe que la de Hacienda tomara conocimiento del proyecto. Por lo tanto, informo sobre el mismo en lo que se refiere a la recaudación fiscal.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que el proyecto de acuerdo establece las mismas reglas que rigen para cualquier otro organismo internacional, es decir, la exención de los impuestos directos que potencialmente afecten a la organización internacional. Adicionalmente, se exime de todo derecho de aduana y gravamen a las importaciones o exportaciones de artículos y publicaciones.
También, como suele hacerse con todos los organismos internacionales, se establece exención tributaria para sueldos y emolumentos pagados a funcionarios y expertos que residan en Chile, solo para efectos de su desempeño en IDEA Internacional. Los mismos funcionarios y expertos se eximen de todo derecho aduanero o gravamen que afecte su mobiliario y efectos personales, al asumir y al concluir sus funciones en el país.
El impacto del acuerdo en los ingresos fiscales, la eventualidad de la utilización de estas prerrogativas y la baja cuantía de la recaudación de impuestos y aranceles respectivos, corresponden a ingresos que no han sido registrados en el pasado, por lo que no significan un desmedro en los ingresos actualmente incorporados en la Ley de Presupuestos.
Cabe señalar que la aprobación del presente acuerdo no involucra mayor gasto fiscal, en especial atención a la facilitación de dependencias para el funcionamiento del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Instituto IDEA Internacional) formulada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia con cargo a sus propios recursos, disposición que se materializará con reasignación.
Quiero hacer presente que todas las bancadas parlamentarias representadas en la Comisión de Hacienda, desde la del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana hasta la de la Unión Demócrata Independiente, votaron unánimemente a favor de la instalación de la sede del Instituto IDEA Internacional en Santiago de Chile para la promoción de derechos y reformas democráticas en América Latina.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
Señor Presidente, cuando discutimos sobre este tema en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana nos dimos cuenta de que la participación de Chile en IDEA es perfectamente coherente como dijo el diputado Auth con nuestra política exterior, que promueve los valores democráticos, sobre todo porque un país pequeño como el nuestro debe tener una estrategia de inserción internacional distinta a la del resto de los países. Debemos tener una democracia inteligente y una diplomacia capaz de moverse rápido y con un sello particular. No tenemos el poder ni la fuerza de las grandes potencias, pero el prestigio y el capital simbólico que tiene Chile, probablemente sea nuestra mejor carta de presentación a nivel internacional.
En ese contexto, me parece una gran noticia que IDEA haya elegido a Chile para instalar su sede en América Latina, sobre todo si consideramos el proceso de postransición que está viviendo nuestro país, en el que la ciudadanía pide reformas más profundas y una democracia más auténtica; una democracia que, recordemos, en su origen es una idea bastante subversiva y difícil de llevar a cabo.
Por lo tanto, me parece que tener el apoyo y la guía de este tipo de instituciones intergubernamentales es muy importante para Chile, sobre todo porque estamos en el medio de una reforma electoral y de una reforma constitucional, como un país que está finalizando su transición o que ya la terminó definitivamente, y que se pregunta, por ejemplo, cómo combinar democracia y mercado.
Sabemos que en Chile existe una larga tradición de aquellos que quieren libertad en materia de negocios, pero que, a su vez, pretenden restringir y limitar la democracia.
Por lo tanto, me parece muy necesario que IDEA cuente con el apoyo y con la colaboración del gobierno de Chile, porque eso habla del sello que quiere tener nuestro país en materia de relaciones exteriores. Somos un país pequeño que debe defender la democracia, tener su sello propio y una diplomacia inteligente.
Quienes hemos leído los documentos de IDEA sabemos del aporte que puede significar a nuestro propio debate interno, porque apunta a lograr una democracia más auténtica, más profunda, sin las tutelas ni las limitaciones que, lamentablemente, algunos quieren imponerle.
Por lo tanto, celebro y felicito que el gobierno colabore con esta iniciativa. Por nuestra parte, me parece que debemos prestar nuestro apoyo con mucha fuerza para que IDEA se instale en Chile.
Señor Presidente, para complementar lo dicho por el diputado Mirosevic , quiero señalar que el Instituto IDEA se constituyó en 1995, momento en que Chile tomó la feliz decisión de participar en él. En ese entonces estaba conformado, básicamente, por los países escandinavos, como Suecia, Noruega y Dinamarca; pero con el tiempo se ha extendido al Reino de Bélgica, entre otros países de Europa, a países de América Latina, como México, y a países de África, como Sudáfrica, al que acompañó en su proceso reconstrucción democrática.
El sentido que tiene el trabajo de IDEA es el de acompañar a los pueblos y a los países hacia una convicción democrática profunda, en que los partidos políticos son instrumentos esenciales de la democracia, y que considera que el pluralismo, la competitividad electoral, la representatividad y el equilibrio de poderes son los principios básicos de la democracia occidental.
Por lo tanto, la decisión de IDEA de trasladar su sede desde Costa Rica a Santiago de Chile es un reconocimiento a la bullente democracia chilena. Si IDEA toma esa decisión es porque entiende que en nuestro país están ocurriendo cambios democráticos relevantes, los cuales pueden garantizar una futura democracia más sólida, más representativa, más competitiva y con mayor adhesión y legitimidad democrática.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy .
Señor Presidente, después de escuchar a los diputados Pepe Auth y Vlado Mirosevic , a uno le hace mucho sentido apoyar un acuerdo tan relevante como este, sobre todo en momentos en que, más que nuestra democracia, es la política en general la que en Chile está cuestionada por la falta de participación.
En Amplitud pensamos que ese cuestionamiento se debe a que durante muchos años la democracia fue poco representativa. Por eso hemos realizado un esfuerzo por cambiar el sistema binominal y por aumentar la participación de la mujer en la política. Esta última situación no ha sido fácil; las mujeres que forman parte de esta Corporación y las de las municipalidades lo saben muy bien.
Nos parece muy interesante incorporar a nuestra realidad a organismos internacionales que tienen experiencia en esta materia y que además han colaborado en el mundo entero en la profundización de la democracia.
Por las razones expuestas, anunciamos nuestro voto a favor del proyecto de acuerdo en estudio.
Señor Presidente, la instalación de la sede del Instituto IDEA en Santiago es un tremendo mensaje para las fuerzas políticas de nuestro país.
Obviamente, no todos tenemos la misma mirada de la democracia, tanto es así que somos poco vigilantes con ella.
Este es un mensaje para el pueblo de Chile, al que tanto le costó recuperar la democracia, que tuvo que soportar tantos costos sociales, políticos y de vidas humanas, y también es un mensaje para las fuerzas políticas de nuestro país, en el sentido de que cuidemos el sistema democrático.
Es cierto que han pasado 25 años desde que retornamos a la democracia en Chile, pero, de un lado o de otro, a ratos se nos olvida que el sistema democrático siempre será el mejor sistema de convivencia que puede tener una nación, un país, una república.
¡Hay que cuidar la democracia! A ratos veo que se actúa con tanta ligereza, con lo cual lo único que se hace es dañar nuestro sistema democrático.
Hay quienes dicen que no habrá la democracia que anhela el pueblo chileno sin que antes exista justicia, se reconozca la verdad histórica y exista una mejor distribución del ingreso en el país.
En suma, todos debemos cuidar el sistema democrático, sobre todo el Parlamento, porque es aquí donde está representado el pueblo de Chile. Por lo tanto, somos nosotros quienes debemos dar señales de madurez y de responsabilidad. Lo digo, porque a ratos hemos pasado algunos bochornos, que espero no se repitan.
Como digo, tenemos la responsabilidad de que se consolide la democracia en nuestro país, de manera que esta sea una democracia económica, política y cultural.
Hay quienes no valoran lo que significa vivir en un régimen democrático. En ese sentido, felizmente, el Congreso Nacional ha dado señales para consolidarse como una institución que represente democrática y proporcionalmente a todo Chile, lo que ha significado derribar una serie de barreras que en el pasado no permitieron que esta institución fuera completamente democrática.
Valoro y respaldo esta iniciativa, y saludo a los diputados que han dado a conocer los respectivos informes.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de País Sede entre el Gobierno de la República de Chile y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, suscrito en Santiago de Chile el 13 de abril de 2015.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 93ª de la presente legislatura, en 12 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
Señor Presidente, me correspondió participar en la comisión mixta, por lo que me parece muy importante recordar la trayectoria de este proyecto de ley.
La iniciativa tuvo su origen en una moción que presentó un conjunto de senadores en 2005.
Luego de los últimos acontecimientos que han golpeado a nuestro país, en particular a la Región de Coquimbo este año, y a la zona sur tras el terremoto de 2010, este tema adquiere suma importancia porque se refiere a la calidad de la construcción de las edificaciones que se encuentran en el borde costero, que, por ende, están expuestas a sufrir los efectos de las marejadas o tsunamis.
El proyecto recoge las recomendaciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada respecto de los efectos que puede provocar el mar en la infraestructura costera.
La iniciativa consta de un artículo único.
Quiero destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones medidas absolutamente claras respecto de aquellas edificaciones que actualmente se ubican en las zonas costeras, porque nos preocupa lo que puede ocurrir no solo con ocasión de tsunamis, sino también lo que dice relación con eventuales desbordes de ríos.
A raíz de los aluviones ocurridos en la Región de Atacama, hemos visto que los instrumentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo generan dificultades para que familias que han vivido por generaciones en determinados sectores puedan acceder a beneficios sociales. En efecto, a los vecinos de los sectores como Algarrobo, Cancha Carrera y Punta del Cobre, cuyas viviendas sufrieron daños de gran consideración, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante la calificación de zona de riesgo, les impide acceder a programas de recuperación de viviendas.
Por lo tanto, lo importante es cómo el Estado puede establecer medidas de mitigación, por ejemplo, para enfrentar los desbordes de ríos; cómo lograr que, a través de medidas de contención, se proteja no solo la infraestructura pública y de caminos, sino también a aquellas familias que han estado viviendo durante años en esos sectores, porque no existen otros terrenos para construir.
Espero que esto no sea una excusa para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no entregue el apoyo necesario a quienes perdieron sus viviendas.
Por otra parte, llama poderosamente la atención que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo establezca zonas de riesgo respecto de ciertos sectores, lo que genera una situación compleja en algunos territorios, y, en cambio, respecto de otros no establezca ninguna condición.
¿Habría acuerdo para aumentar de tres a cinco el número de parlamentarios que puedan intervenir en la discusión de este proyecto de ley?
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, nuestro país cuenta con un vasto historial de desastres naturales, lo que es producto de miles de años de constante actividad por parte del planeta, lo que han dado a nuestro territorio como al resto del mundo su particular morfología.
La razón de estos desastres es porque nos encontramos situados en la zona de convergencia de las placas continental y sudamericana, cuya actividad ha significado un sinnúmero de terremotos y maremotos que han asolado nuestro territorio desde hace miles de años.
No obstante aquello, se sigue asumiendo la ocurrencia de estos fenómenos como eventos extraordinarios e imprevisibles, y, en muchos casos, no se han tomado los resguardos pertinentes, lo que ha dejado al desnudo la soberbia de nuestra humanidad, al creer que poseemos la capacidad de doblegar las fuerzas inconmensurables del planeta en que habitamos.
El proyecto busca mitigar los efectos de maremotos en las construcciones ubicadas en el borde costero, subsanando en parte la soberbia que han tenido quienes piensan que se pueden manejar las fuerzas inconmensurables de la naturaleza, en circunstancias de que, muy por el contrario, somos nosotros quienes debemos vivir de acuerdo a las características del territorio.
Considero un acierto las proposiciones de la Comisión Mixta, que señalan que se deberán considerar las características de los distintos emplazamientos.
En lo que va corrido del siglo XXI, Chile ha sido escenario de los terremotos de mayor intensidad que han ocurrido en el mundo, y, a pesar de ello, han prevalecido tanto un altísimo porcentaje de nuestra infraestructura como el temple de nuestros ciudadanos, el cual ha sido reconocido a nivel mundial.
Reconocer expresamente el riesgo de los bordes costeros, sin duda alguna que afecta a las ciudades aledañas al mar. Este es el caso de Viña del Mar, Arica y La Serena, ciudades que, con posterioridad al terremoto y maremoto de septiembre pasado, vieron mermadas las utilidades de sus actividades en comparación con las de otros años. Un ejemplo claro es lo sucedido con La Serena, ciudad que represento, la que sufrió al igual que el resto de las ciudades costeras del Norte Chico los embates de las olas posteriores al terremoto.
Ante situaciones como esta se hace preciso tomar todas las medidas necesarias para privilegiar la seguridad e integridad de la población por sobre los intereses económicos, por muy importante que sea el turismo para las economías de los sectores costeros.
En nuestra historia, ha sido una constante el carácter reactivo de nuestra legislación, la cual se ha ido modificando paulatinamente de acuerdo con los devastadores efectos de los grandes desastres naturales. Por ejemplo, la creación de la Corfo fue un hecho que se precipitó tras la catástrofe provocada por el terremoto de Chillán de 1939.
Ahora, independientemente de si ha sido por coyunturas o producto de la planificación, cabe destacar que nuestra normativa en construcciones, llamada NCh 433, ha hecho que Chile sea reconocido mundialmente por la calidad de sus construcciones, lo que ha significado que el número de víctimas y daños estructurales en nuestro país sea mínimo en comparación con otros lugares del orbe.
A nivel internacional, debemos seguir el ejemplo de Japón, país que ha ido a la vanguardia en esta materia y que, de forma similar al nuestro, se encuentra en constante movimiento, el cual ha incorporado tecnología que, incluso, ha logrado prever sismos, perfeccionar sus alertas de maremotos, la construcción de terraplenes y otros avances.
En lo particular, felicito el trabajo de la Comisión Mixta, que logró una síntesis entre los alcances del proyecto presentado en el Senado y lo aprobado en la Cámara de Diputados, de manera que se permita la construcción de una infraestructura acorde con los emplazamientos, para facilitar la evacuación hacia zonas destinadas a mitigar los riesgos asociados a los desastres naturales.
Finalmente, anuncio mi voto a favor. He dicho.
Señor Presidente, en relación con este proyecto, me surgen algunas dudas que quería plantear en la Sala, pero los ministros de este gobierno, casi por costumbre, no participan de los debates en la Cámara de Diputados, lo que me parece lamentable. En el gobierno anterior, los ministros asistían permanentemente a la Sala.
Este proyecto involucra directamente a Valparaíso, porque en su borde costero, específicamente en su zona portuaria, el gobierno del Presidente Lagos y, posteriormente, el de la Presidenta Bachelet hicieron cambios en el uso de suelo, para poder instalar un mall, para lo cual transformaron terrenos de uso portuario en uso inmobiliario y comercial.
Independientemente de varias otras diferencias por las que creemos que ese proyecto no debe llevarse a cabo, uno de los argumentos que esgrimimos es que se trata de una zona inundable y, por consiguiente, de alto riesgo. Planteamos que tener 6.000 personas en un mall en el borde costero era de un riesgo bastante considerable.
La medida de emergencia que se planteaba en caso de que la costa fuera afectada por un tsunami era la huida vertical, es decir, que la gente subiera a los techos del mall, lo que es algo completamente ridículo, que antes no había visto. Además, hay poca experiencia internacional que la avale.
¿Por qué expongo esta situación? Porque, a nuestro juicio, este proyecto de ley deja en manos de los planes reguladores gran parte de la resolución de construir o no en el borde costero, lo que implica un problema muy de fondo. Sé que a los diputados Ortiz y Santana les importa poco lo que suceda en el borde costero de Valparaíso, pero, al menos, les debería interesar lo que ocurre en las comunas de sus distritos, que sí tienen costa.
Como la resolución queda en manos del plan regulador, que finalmente es aprobado o rechazado por el concejo de la comuna en cuestión, vemos grandes presiones desde el punto de vista económico, porque el interés por construir en una tierra que llamamos “dulce”, por estar junto al mar y tener una vista privilegiada, evidentemente es muy poderoso. Vimos cómo el concejo de Valparaíso, a pesar de tener todos los argumentos sobre la mesa, votó a favor de un proyecto completamente cuestionado. Es más, concejales que habían tenido una posición pública, abierta y de cara a la ciudadanía, inexplicablemente la cambiaron después de cierto lobby que desarrolló la empresa en cuestión.
Entonces, quiero plantear la siguiente duda: dejar en manos del plan regulador la decisión de que se pueda construir o no en el borde costero es una precaución liviana, de acuerdo a lo que hemos visto. La diputada Yasna Provoste describió muy bien lo que ocurrió en el norte. Nosotros ya vivimos marejadas en el borde costero de Valparaíso que tuvieron efectos dramáticos, y ni siquiera estamos hablando de un tsunami. Las marejadas prácticamente destruyeron la línea completa de Merval, lo que significó una inversión muy importante, y tuvieron un efecto dramático en el borde costero de la ciudad.
Por lo tanto, hay que hacer esa salvedad. Me gustaría que se revisara esta situación con mayor profundidad. Lamentablemente, el gobierno ha estado ausente en esta discusión.
Señor Presidente, junto con la diputada Yasna Provoste , tuve el honor de representar a nuestra bancada y a la Cámara de Diputados en la Comisión Mixta que analizó las diferencias originadas durante la tramitación del proyecto de ley que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
Por supuesto, este es un tema muy sensible para la Región de Coquimbo después del tsunami ocurrido el 16 de septiembre del presente año.
En ese sentido, quiero llamar la atención sobre algunos puntos. Primero, logramos que la Comisión Mixta sesionara -no lo había hecho durante meses y se abocara a resolver las diferencias que se produjeron entre el Senado, que es la cámara de origen del proyecto de ley, y nuestra Corporación. Hablamos con el Secretario del Senado y con el Presidente de la Comisión Mixta y, finalmente, logramos que se celebrara la sesión.
Si el diputado Godoy hubiese leído el informe de la Comisión Mixta, se habría dado cuenta de que se contó con la participación de los profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con ellos resolvimos la redacción final de este proyecto de ley. Estuvo presente la asesora de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Jeannette Tapia , y, lo más importante, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Pablo Contrucci .
Finalmente, en la redacción a que se llegó, se incorporó una nueva letra i) al artículo 105 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la cual, desde el punto de vista técnico y del objetivo que se buscaba, es muy completa.
El artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que regula el diseño de las obras de urbanización y edificación, expresa: “El diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los standard que establezca la Ordenanza General en lo relativo a:
b) Áreas verdes y equipamiento;…”, etcétera.
Se agrega una nueva letra i) que establece lo siguiente: “Características de diseño, resistencia estructural y seguridad, para las edificaciones que se puedan emplazar en las áreas con riesgo de inundación,…”. Quiero llamar la atención sobre esta parte, porque la redacción original aprobada por el Senado decía “tsunami o maremoto”; pero fue opinión de la comisión que bastaba con aludir a los riesgos de inundación como concepto omnicomprensivo de distintas situaciones, entre ellas un tsunami o un maremoto. Una edificación puede estar ubicada en zona de inundación por precipitaciones que puedan ocurrir en un lugar determinado o porque es zona de riesgo de maremoto o tsunami.
La letra i) continúa: “…anegamiento, socavación, afloramiento potencial de napa freática, quebradas, deslizamiento o remoción en masa de materiales o sedimentos, u otras similares definidas en los planes reguladores, y, en el caso de urbanizaciones que se emplacen en tales áreas, las características de las obras de urbanización destinadas a mitigar los riesgos y facilitar la evacuación hacia zonas seguras o servir, cuando corresponda, como alternativa para el escurrimiento de las aguas.”.
Aprovecho la oportunidad para resolver la duda del diputado Joaquín Godoy , que es muy válida y sobre la que mucha gente ha preguntado. Una opción sería prohibir cualquier tipo de edificación en zonas de riesgo. En el instrumento de planificación territorial, la autoridad tiene que distinguir entre un local comercial, un restaurante y una edificación con fines habitacionales. ¿Por qué vamos a perjudicar a los comerciantes? Estoy pensando, por ejemplo, en los propietarios de los restaurantes en Peñuelas, Tongoy , etcétera, quienes con mucho esfuerzo han podido levantar sus fuentes de trabajo, con el apoyo de la Corfo, del Sercotec, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través del programa Reemprende Coquimbo, que les ha permitido volver a poner en funcionamiento sus restaurantes. No se trata de prohibir todo. Además, hay edificaciones que, por sus características, ayudan a disminuir los riesgos de inundación en caso de tsunami.
En cuanto a las edificaciones con fines habitacionales, las normas deben ser más severas, y por eso, con esta modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se otorga la facultad correspondiente a la autoridad administrativa.
Quiero llamar la atención sobre este punto. Sin esta norma, antes del terremoto y posterior tsunami del 16 de septiembre, algunas autoridades de nuestra región tuvieron el coraje de exigir estos estudios en zonas de riesgo de inundación. Están presentes los diputados Gahona y Saldívar , quienes seguramente recordarán la polémica que hubo a propósito del instructivo del seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, en cuanto a que el plan regulador de La Serena pudiera contener un estudio de edificación en zonas de riesgo. Esta situación generó una diferencia con los concejales, que sintieron que el seremi estaba invadiendo sus competencias.
Pero esa autoridad regional ministerial hizo bien al exigir que en el diseño del instrumento de planificación territorial se requirieran estudios de edificación en zonas de riesgo. Esta exigencia, que algunos seremis de Vivienda y Urbanismo habían recomendado a nivel nacional, ahora la estamos estableciendo en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los instrumentos de planificación territorial podrán restringir las edificaciones en zonas de riesgo y también determinar y obligar a que puedan establecerse zonas seguras de evacuación en caso de tsunami o de otro tipo de riesgo, como en el caso de Peñuelas, donde, por distintas situaciones, faltaba por implementar una vía de evacuación, de manera que se tuvo que llegar a la expropiación para finalmente habilitar esa vía de evacuación que faltaba. Todo esto lo va a permitir la presente modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Agradezco a todos los integrantes de la Comisión Mixta, en especial a la diputada Yasna Provoste , que permitió tener quorum para sesionar y evacuar este informe, porque de lo contrario podrían haber pasado otros siete meses antes de evacuar el informe sobre este proyecto de ley, que entrega una herramienta tan necesaria para prevenir situaciones de daño en edificaciones en zonas de riesgo.
Espero que hoy podamos aprobar el informe de la Comisión Mixta y despachar esta iniciativa.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy .
Señor Presidente, ¿hay posibilidad de utilizar el segundo discurso?
Por supuesto, señor diputado.
Entonces, solicito que me inscriba, porque el diputado Walker se refirió directamente a mí y deseo contestarle.
Ya ha sido inscrito, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .
Señor Presidente, espero no tener que utilizar el derecho a segundo discurso, a propósito de la intervención del diputado Godoy .
Más allá de las caricaturas políticas, probablemente fruto de la sesión celebrada hasta altas horas de la madrugada de hoy, hay cuestiones que se han planteado en el debate que tienen mucha importancia. En algunas de ellas, estoy de acuerdo con lo expresado por los diputados Godoy y Walker .
Este proyecto, que ha demorado mucho en llegar a la Sala, busca hacerse cargo de una dimensión que es extremadamente importante para un país que tiene tantos kilómetros de costa y tanta población radicada en zonas de costeras. El diputado Walker decía que no se trata solo de casas, sino también de pequeño comercio. En definitiva, mucha vida y actividades se desarrollan en estas zonas.
Este proyecto nace a partir de una pregunta fundamental: ¿Existen requisitos especiales que se deban exigir a las construcciones ubicadas en zonas consideradas como de riesgo de inundación? Particularmente, frente a la eventual ocurrencia de un tsunami, es posible regular y establecer condiciones de construcción especiales.
Al plantear la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones intervienen dos ámbitos. El primero se refiere a las características de diseño, de resistencia estructural y de seguridad para edificaciones que puedan estar emplazadas en estas zonas de riesgo. Es impresionante pensar que haya tomado tanto tiempo establecer condiciones especiales en estos casos, y en este proyecto se plantean como una exigencia incorporada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Pero tanto o más importante que lo anterior es establecer, en los planes reguladores para urbanizaciones emplazadas en zonas de riesgo de inundación, características del desarrollo inmobiliario, de la urbanización, de la zona comercial, etcétera, que permitan, por un lado, mitigar riesgos, y por otro, facilitar la evacuación hacia zonas seguras, cuando corresponda.
Me parece que es en esta dimensión en que el Estado de Chile se encuentra más atrasado. En la Región de O´Higgins tenemos 113 kilómetros de costa, en las comunas de Navidad, Litueche , Pichilemu y Paredones , donde la convivencia con el riesgo de un tsunami es cotidiana, donde las evacuaciones ante una alerta de tsunami se han producido con una periodicidad prácticamente anual -la última ocurrió durante las Fiestas Patrias pasadas-, en que se puede apreciar que la capacidad de reacción de la población no va a la par con las condiciones y las capacidades que el Estado ha desarrollado para enfrentar esta situación. Solo en la comuna de Pichilemu, la evacuación habitual hacia el cerro La Cruz es absolutamente insuficiente, se hace en malas condiciones y, por lo demás, sin condiciones adecuadas para que las personas puedan pernoctar en caso de evacuación. Por esa razón, debemos tener una mirada distinta.
Chile, pese a tener una gran costa, ha debido mirar hacia el interior cuando se trata de habitar. No hemos entendido que eso presiona sobre el borde costero.
Quiero aprovechar esta discusión para plantear, en el caso de la Región del Libertador General Bernardo de O´Higgins, la importancia de modificar el Plan Regulador Intercomunal, que va a permitir determinar aquellos lugares donde es posible habitar y aquellos donde no es posible hacerlo; las condiciones de urbanización -lo plantea este proyecto de ley y las características de las zonas de evacuación.
También es fundamental avanzar en la rectificación de la línea de alta marea, que permitirá establecer los lugares donde nuestros pescadores y los algueros podrán realizar su actividad y, en otros casos, determinar qué lugares se destinarán para habitación y comercio; terminar el proceso de macro zona del borde costero y hacerse cargo de cuestiones tan vitales como el acceso a las playas, que en nuestro país siguen siendo patrimonio de algunos.
Por lo tanto, quiero celebrar el avance en esta materia con la definición de caletas y accesos en Puertecillo.
Todo lo anterior es música si el Estado no se hace cargo de las urgencias.
Ayer, a propósito de la discusión del presupuesto de Salud, tuve la oportunidad de plantear algunos temas. También lo hizo el diputado Ramón Barros . Pichilemu es la capital de la provincia de Cardenal Caro. Allí hay un hospital que está construido en una zona de inundación. Eso significa que cada vez que se produce una alerta de tsunami, los enfermos que se encuentran hospitalizados y, naturalmente, el personal del hospital deben ser evacuados.
¡Eso es indigno! No existe ninguna razón para que las autoridades provinciales y locales se sigan tirando la pelota entre sí, sin encontrar una solución a una materia que es de extrema importancia.
Espero que el convenio de programación que deben llevar adelante el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, permita resolver esta situación, de modo de ir despejando cuestiones en los niveles que han sido planteados, esto es, reglas de edificación y condiciones de urbanización, e instrumentos de gestión territorial, para proyectar el desarrollo de nuestras regiones con una mirada hacia el borde costero.
Un tercer nivel se relaciona con los hospitales construidos en zonas de inundación.
Esas materias deben ser resueltas. Lo contrario demuestra falta de preocupación por lugares significativos de nuestro territorio, en particular por Pichilemu.
Señor Presidente, el tema en debate es bastante interesante, sobre todo porque Chile es un país costero.
Frente a las consecuencias de las catástrofes de las que hemos sido testigos, obviamente debemos contar con una legislación mucho más rigurosa y responsable. Aparte de prevenir, debemos minimizar los riesgos, por lo que debe haber una adecuada planificación en lo que respecta a la urbanización y seguridad. Sin embargo, discrepo en algunos puntos.
En el ámbito de la descentralización es importante que los planos reguladores respondan a una decisión regional, no nacional, pues cada región tiene una realidad distinta. Eso amerita que legislemos respecto de una política de democratización del borde costero. La costa es de todos los chilenos y chilenas y, obviamente, hay algunas inversiones que no permiten o que cohíben su utilización.
En la Región de Arica y Parinacota rige el Tratado de 1904, firmado con Bolivia. Eso impidió que nuestra región desarrollara un número importante de caletas pesqueras y muelles. La industria pesquera no tiene acceso a gran cantidad de kilómetros de costa. La ciudad está bloqueada por algunas construcciones. Hay personas que, con sacrificio, obtuvieron sus departamentos; sin embargo se han levantado muros delante de ellos, lo que ha hecho disminuir el valor del bien raíz.
Voy a apoyar este proyecto; sin embrago, este invita a reflexionar sobre una política pública de democratización del borde costero.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
Señor Presidente, la sociología literaria de nuestro país identifica asentamientos humanos en nuestras costas desde hace muchos años. Los recolectores de orilla son personas que sobreviven recogiendo productos del mar cuando la marea baja. Ello ocurre, por ejemplo, en Angelmó, en Lebu, en la costa de Tirúa y en Infiernillo, donde repito se conocen asentamientos humanos desde hace muchos años.
Ciertamente, nadie puede estar en desacuerdo con medidas que protejan la vida humana, pero cabe señalar que hay mucho paño que cortar en esta materia. Uno se pregunta, con mucho respeto, cómo la Armada de Chile, que es responsable de la administración del borde costero, permite que se construya un hotel de lujo sobre las rocas del borde costero de Concón. El permiso de edificación le corresponde al municipio, pero el uso de suelo corresponde a la Armada.
Partí diciendo que los asentamientos humanos y las caletas pesqueras por años forman parte del paisaje de las costas de Chile. Resulta curioso que, después de algunas catástrofes naturales, bajo el pretexto de la seguridad de las personas, desaparezcan modestos asentamientos humanos. No sabemos dónde radican a los pobres; sin embargo, en los mismos lugares en los que existían asentamientos uno ve surgir edificios de lujo, donde curiosamente no hay riesgo de vida al enfrentar un terremoto, el que sí fue invocado para sacar a los pescadores y a los pobres de dichos lugares.
Así como el diputado Rocafull pedía democratizar el uso y el acceso a las playas, corresponde también revisar las funciones de la Armada, la que cuenta con la atribución de permitir una aberración tan grande como la construcción de un hotel en el borde costero de Concón.
Ese no es el único ejemplo. En el borde costero de Algarrobo, hacia Tunquén , también desaparecieron caletas pesqueras y pescadores de orilla. Hoy, vemos surgir edificios de lujo.
No tenemos ningún problema ni complejos respecto del desarrollo inmobiliario de alto nivel, pero eso no puede hacerse a costa de hacer desaparecer una parte importante de chilenos que durante siglos se han asentado al borde del mar, con pleno derecho, como puede hacerlo cualquier chileno, no solo aquellos que cuentan con poder adquisitivo.
Señor Presidente, desde que ocurrió el 27F todo el mundo ha buscado adecuar las normativas para establecer condiciones de resistencia y mitigación en la construcción del borde costero de manera de hacer frente a otro maremoto.
Sin duda, esta es una materia de la que comunas como Talcahuano y otras han sacado una lección. Mucha gente que se vio afectada por el tsunami o maremoto, por ejemplo, en el sector de Santa Clara y sus alrededores, insistía con mucha fuerza y con sentido de identidad que sus construcciones se intervinieran, pero siempre cerca del borde costero.
La primera ley que ingresó después del 27F, con resistencia de los diputados de la propia Región del Biobío, consistía en permitir a esas personas reconstruir en sus espacios o territorios, pero en condiciones distintas. El gobierno pasado, tomando esas observaciones, reconstruyó y repobló el borde costero de manera muy diferente de lo que había hasta el 27 de febrero de 2010.
Por otra parte, es importante saber cómo se van a planificar las ciudades a partir de los eventos que han ocurrido no solo en la Región del Biobío, sino en otras ciudades, como Coquimbo. Hasta la ocurrencia del 27F todos nos basábamos en el mito urbano según el cual los maremotos ocurrían cada cincuenta o sesenta años. Sin embargo, luego de 2010 nos hemos dado cuenta de que han existido eventos de ese tipo en períodos de tres o cuatro años, afectando a otras comunas y regiones.
Es por ello que las modificaciones al plano regulador comunal, y en el caso de la provincia de Concepción, al plano regulador metropolitano, juegan un papel importantísimo, pues ello permitirá definir, de una u otra manera, las zonas de mitigación y las zonas donde no se puede construir, es decir, las zonas donde efectivamente el resguardo de la población debe ser más importante que la construcción de una vivienda.
Dicho lo anterior, nos parece que este es un proyecto que si bien ha tenido una tramitación larga, se hace cargo de lo que ha tenido que vivir nuestro país como consecuencia de situaciones que, sin duda, han sido catastróficas en lo que se refiere a la construcción y a la mitigación.
Es una oportunidad para instalar una nueva reglamentación y mecanismos para la construcción, razón por la cual anuncio mi voto a favor.
La iniciativa representa un importante avance en la forma como establecemos nuevas condiciones de resistencia y mitigación ante maremotos en construcciones y viviendas en el borde costero de nuestra región.
Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que busca mejorar las condiciones de seguridad que el Estado de Chile, como nación política y jurídicamente organizada, ofrece a sus ciudadanos respecto de cualquier tipo de construcción en lugares que tienen -he aquí una diferencia con el colega que acaba de hacer uso de la palabra dificultades desde el punto de vista fundacional.
Creo que es una equivocación profunda hablar de que esto afecta solo al borde costero, ya que estamos hablando de lugares o de sitios en general, donde el suelo muestra dificultades, lo que obedece no solo a eventuales tsunamis que efectivamente ocurren cada cierto tiempo, sino a la condición específica del suelo donde se emplazan las construcciones.
Quiero poner un ejemplo que ni siquiera es nacional, pero que muestra en toda su dimensión una situación que, pese a no ser costera, resulta particularmente grave.
En ciudad de México buena parte de la ciudad se encuentra emplazada sobre una laguna, lo que obviamente implica que las condiciones del suelo y del tipo de fundaciones que se deban construir sean completamente distintas.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra tiene razón al plantear que el gobierno del Presidente Piñera consideró esta situación cuando debió enfrentar el proceso de reconstrucción, al menos en lo que respecta al borde costero de lugares del distrito que tengo el honor de representar, como Talcahuano y Hualpén.
Allí se resolvió lo que parece, a todas luces, algo natural, esto es que no podemos dar la espalda al océano y desconocer que somos un país costero, por lo cual fue necesario tomar prevenciones que significaron, en buena medida, que las construcciones costeras, especialmente las viviendas sociales, tuvieran un valor elevado, ya que, en la práctica, más de tres cuartas partes de ellas estaban enterradas. Esto significa que en algunos casos los pilares de fundación de esas viviendas sociales incluso llegaran a 26 o 28 metros, con el único propósito de hacer que estas fueran resistentes a eventuales salidas del mar. Además, se han dejado los primeros pisos no habitables, con el propósito de que una salida de mar no altere gravemente la situación de un hogar.
Ahora bien, esto no solo se da en el contexto de un eventual tsunami, ya que, por ejemplo, para el terremoto del 27 de febrero de 2010, en la Región Metropolitana, a pesar de no haberse producido allí el epicentro del terremoto, sí hubo edificios que cayeron. ¿Por qué ocurrió aquello? Básicamente por la escasa o nula consideración del tipo de suelo en que se construía y por edificaciones que eventualmente podrían haber sido deficientes.
Más allá de lo anterior, es importante considerar que lo que hoy estamos haciendo es introducir en la Ley General de Urbanismo y Construcciones una norma que, en la práctica, se refiere a la resistencia estructural y, por ende, a la seguridad a la que deben propender las nuevas edificaciones que se emplazarán en áreas de riesgo, no solo de inundación, sino también de anegamiento, socavamiento y afloramiento potencial de napa freática.
Hace años, en la Región Metropolitana se produjo un deslizamiento de lodo por una quebrada, que, lamentablemente, cobró muchas vidas.
Por lo tanto, más allá de pensar solo en el maremoto, debemos pensar en la forma como ofrecer más seguridad a las edificaciones sujetas a otros riesgos. La proposición de la Comisión Mixta se hace cargo de ello, pues también considera el caso de las edificaciones emplazadas en áreas de riesgo, como quebradas, en las que pueden producirse deslizamientos o remoción en masas de materiales. En la práctica, esta normativa avanza mucho más para ofrecer condiciones de seguridad para las edificaciones.
Creo que nadie en esta Corporación podría oponerse a aprobar la disposición propuesta por la Comisión Mixta. Es cierto que tendrá un costo económico involucrado; pero, bueno, se tendrá que asumir ese costo con tal de alcanzar un mayor nivel de protección de la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos.
No podemos caer en el error de sostener que el área costera no puede ser habitable por el riesgo de eventuales maremotos. De hecho, es al revés: entendiendo que existe la posibilidad de maremotos, se debe edificar tomando las prevenciones correspondientes. Me parece que la normativa propuesta apunta en esa dirección, que estimo que es la correcta.
Por lo expuesto, anuncio que votaremos favorablemente la proposición de la Comisión Mixta respecto de este proyecto de ley.
Señor Presidente, iba a discutir sobre la capacidad de “pitoniso” que posee el diputado Matías Walker , porque esto de saber si alguien lee o no los informes es algo del oráculo, que según sé solo existió en Grecia.
Sin embargo, el diputado Walker ya me dio las explicaciones correspondientes, por lo que no será necesario realizar un segundo discurso.
Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
Señor Presidente, he seguido con atención el debate y he advertido algo sobre lo cual discutimos con el diputado Godoy . En el fondo, este debate no solo es sobre el informe de la Comisión Mixta, sino también sobre cuál es la coacción que puede ejercer del Estado para impedir que una persona construya donde existe un potencial riesgo. No es un debate sencillo.
De manera extrema se podría decir que nadie puede construir en el borde costero porque pueden producirse marejadas, maremotos y otros desastres naturales. Eso es totalmente absurdo, porque un desastre no solo afecta el borde costero, como dijo el diputado Jorge Ulloa , sino también la zona ubicada inmediatamente después de él.
En consecuencia, si se impidiera construir en el borde costero, se tendría que construir en la zona ubicada un poco más atrás, pero eso significaría un problema de democratización del borde costero.
Por otro lado, si nos fuésemos al otro extremo, esto es que al Estado no le importe dónde construyen las personas porque deben asumir su propio riesgo, caeríamos en una falacia.
Obviamente, cuando las personas levantan una construcción liviana, como dijo el diputado Claudio Arriagada , también hay un problema para el Estado, porque debe hacerse cargo de las situaciones de emergencia, como ha ocurrido en el borde costero de la Región de Valparaíso.
Entonces, ¿cuál es ese ancho camino del medio, ese equilibrio donde existe la coacción del Estado para hacerse cargo de los riesgos? Creo que no es evidente.
En el informe de la Comisión Mixta queda razonablemente bien definido que las condiciones de resistencia de los efectos de maremotos en construcciones costeras deberán ser calculadas. Pero siempre habrá un poder discrecional por parte de la autoridad para decidir por qué unos sí pueden construir en ese lugar, con esas condiciones, pero otros no.
La pregunta es si esa autoridad tendrá el mismo criterio de manera permanente respecto de los distintos espacios de diversidad que existen a lo largo de Chile. Eso será muy difícil de cautelar. Es decir, bajo los mismos criterios de inseguridad, de posibilidad de ocurrencia de maremoto o de otro fenómeno, podría suceder que se diga que en el sur de Chile pueden construirse ciertas instalaciones, pero no en el norte.
En consecuencia, tendremos que crear cierta jurisprudencia sobre qué permisos deben otorgarse en determinados lugares. Algo señaló el diputado Joaquín Godoy sobre el mall en Valparaíso.
Algunas situaciones pueden ser más evidentes que otras. Por supuesto, por definición, las caletas de los pescadores deben estar en el borde costero; nadie dice que deberían estar prohibidas.
Sí me parece que respecto de las licitaciones de obras públicas que se otorguen en el borde costero, sería muy conveniente que el Estado incorpore, dentro de los recursos que destina a infraestructura pública, el costo de reposición, suponiendo que, eventualmente, podría ocurrir un desastre que destruya dichas obras. De hecho, ya sucedió en el último terremoto ocurrido en el norte del país, especialmente en La Serena, donde el farellón costero, que impidió que el agua causara más daños en el resto de la ciudad, obviamente quedó destruido. La pregunta que cabe hacer es qué habría pasado si no hubiese existido ese farellón. En consecuencia, lo que corresponde hacer es reponer esa infraestructura pública.
Termino con lo siguiente: ¿Cuándo podría decirse que cierta infraestructura en ningún caso puede construirse en zonas de riesgo? Uno de esos casos es cuando construye directamente el Estado, pues existiría por parte de él una responsabilidad inmediata. Es decir, cuando se trata de una cárcel emplazada en una zona con riesgo de inundación, de un edificio público, de una escuela o de otras edificaciones administradas por el Estado, es más razonable que se tomen más resguardos.
Sin embargo, tiene que existir la posibilidad de que las personas construyan bajo su propio riesgo, pero teniendo claro cuál es el marco de exigencias mínimas que les hace el Estado. En este caso, las exigencias que figuran en el informe de la Comisión Mixta parecen razonables. Pero el debate más de fondo -ojalá lo llevemos a cabo en otro proyecto de leydebería efectuarse para definir cuál será la coacción que puede ejercer el Estado para impedir que las personas construyan en zonas de riesgo.
Señora Presidenta, nuestro país tiene, desde sus orígenes y desde su descubrimiento, una larga historia. Quizás es hora de reflexionar en torno a eso.
Si revisamos la historia de los pueblos originarios de nuestra cultura latinoamericana, nos encontraremos con que, curiosamente, las edificaciones del imperio Inca no se construyeron en el borde del mar, sino en lugares alejados de él.
Cada vez que ocurren fenómenos de naturaleza extrema, como hace poco en la Cuarta Región, nos abocamos a reglamentar y a burocratizar. Eso parece bien; pero también debemos llevar de la mano la cultura de Chile.
En 1835, Valparaíso vivió un terremoto y un tsunami. Sería bueno leer las descripciones que hizo Darwin sobre ese evento, sobre todo para nuestra educación cívica y para la de nuestros hijos. Cabe preguntar si en dicho tsunami habrá llegado el agua hasta donde los diputados nos encontramos en este momento. No lo sabemos. Quizás así ocurrió. Pero para la historia de la humanidad ese evento es solo un suspiro.
El mismo desastre natural se produjo en Arica en 1868 y 1877. Son fenómenos respecto de los cuales los científicos tratan de hacer progresiones numéricas, pero no siempre pueden acertar.
En el caso de la Cuarta Región, se exageró en la confianza y se construyeron recintos, como el magnífico edificio de la Teletón, en el que colaboraron todos los chilenos, pero que luego del último tsunami quedó absolutamente devastado.
Lo mismo ocurrió con una escuela básica ubicada a 50 u 80 metros del borde costero. Existen registros históricos y fotográficos de fenómenos similares acontecidos en la región, en 1920 y 1922.
Es importante que se hagan intervenciones en la Cuarta Región, pues existen varias situaciones que son verdaderas bombas latentes. Como expresó muy bien ayer el diputado Daniel Núñez , a raíz de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en la Cuarta Región existen barcos que están abandonados. Es el caso del navío factoría “ Don Humberto ” -vamos a insistir hasta el cansancio sobre esa situación-, que está abandonado y cuyas bodegas contienen petróleo. ¿Qué podría ocurrir a raíz de esa circunstancia? Que el barco derrame el petróleo y provoque un desastre mucho mayor. Ninguna autoridad -en este caso, le corresponde a la Armada ha tomado la decisión de adelantarse a un evento catastrófico que podría ocurrir como consecuencia del estado de ese buque.
Más allá de las leyes, es necesario que cada uno de los chilenos tomemos conciencia. La gente prácticamente no tiene el recuerdo de más allá de una o dos generaciones. En este caso, una generación corresponde a una década, lo que es absolutamente nada en la historia del ser humano. En la historia de los países, en la historia de la humanidad, eso ni siquiera es un pequeño pestañeo.
Por tanto, se debe incentivar la educación para la mantención de las tradiciones. Debemos aceptar las condiciones en las cuales vive Chile: somos un país que está en un balcón, mirando la costa. Somos un país esquina, con vista al mar, como se ha dicho, de manera que seguiremos teniendo eventos como los que nos preocupan. Ojalá que la mano de la naturaleza no sea tan dura; pero eso ya no depende de nosotros.
Quizás la ciencia podría contribuir. Al respecto, quiero hacer un llamado de atención sobre el poco aporte que hacemos para la investigación científica. Deberíamos ser pioneros a nivel mundial en desarrollo científico para la elaboración de estudios vulcanológicos y de estudios sobre terremotos y maremotos, como se denomina en español este último tipo de desastre natural. No quiero utilizar el término tsunami, concepto oriental proveniente de Japón, neologismo que, para bien o para mal, ya ha sido aceptado.
En consecuencia, llamo a los legisladores a proponer no solo el establecimiento de medidas coercitivas, como la aplicación de multas, como una forma de desincentivar la construcción de poblaciones en zonas de riesgo. Tal vez las nuevas generaciones no han tenido la mala suerte de enfrentar un tsunami, pero es una experiencia que sí tendrán las generaciones futuras. De manera que hay que adoptar medidas de mejoramiento de la seguridad para la construcción habitacional, pero también se debe dotar de mayor cultura a nuestra población.
Tiene la palabra, en su segundo discurso, el diputado Cristián Campos .
Señora Presidenta, algunos diputados han hecho una buena reflexión en torno a la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto. Pero cabe aclarar que en este caso, lo que se toma en consideración es lo ocurrido en materia habitacional después del terremoto y posterior tsunami de 2010.
A pesar de que no existe la norma que propone el proyecto, algunos arquitectos se adelantaron a ella y edificaron de manera completamente distinta a las habituales para la reconstrucción de viviendas en el borde costero. El diputado Jorge Ulloa se refirió a la situación de Santa Clara; yo podría mencionar el caso del sector El Morro, en el que se adoptaron medidas de prevención, como la de reconstruir las viviendas con características distintas, con el objeto de que la seguridad de las personas -es lo primero por lo que se debe velar no estuviera en juego al producirse un terremoto o un tsunami.
En el primer informe se señala que en el borde costero no solo hay viviendas; también se llevan a cabo actividades comerciales y productivas, que en algún momento deben ser consideradas.
El proyecto propone una norma nacional. El diputado Bellolio se refirió a situaciones distintas que podrían producirse en el sur o en el norte. La Comisión Mixta propone establecer una norma nueva para todo el país, con el objeto de que en cualquier edificación que se realice se incorporen los estudios respectivos disponibles. Sin duda, ello puede implicar una inversión relevante; pero quienquiera que lleve a cabo la obra, sea el Estado o un privado, debe incorporar las nuevas variables en el estudio de los proyectos inmobiliarios.
Si el Estado es el que toma la decisión de construir viviendas en el borde costero, ya sea en el norte o en el sur, debe ser el primero en garantizar la incorporación de las nuevas normas, a fin de que la construcción de las viviendas sea la adecuada para hacer frente a situaciones de emergencia o de desastre natural.
En la discusión del proyecto en la Comisión Mixta, el senador Montes señaló que el edificio del Congreso Nacional se encuentra emplazado en zona de inundación, y que en su momento se hizo una modificación del plano regulador solo para efectos de construirlo. Obviamente, cuando se efectuó dicha modificación, no estaba en consideración de quienes la propusieron que podía ocurrir un tsunami en la Región de Valparaíso.
Lo que buscamos es que se adopten las medidas que dispone el proyecto en cualquier tipo de inversión, estatal o pública, para construir en el borde costero. La adopción de esas medidas ya no quedará a la voluntad del Estado o de un privado, porque la norma jurídica obligará a realizar los estudios y a considerar las condiciones de mitigación en la construcción de viviendas en el borde costero, sin perjuicio de la comuna de que se trate.
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite establecer condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos en las construcciones costeras.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-Votó por la negativa el diputado señor Arriagada Macaya, Claudio .
-Se abstuvo la diputada señora Sepúlveda Orbenes , Alejandra .
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios se rindió en la sesión 76ª, celebrada en 6 de octubre de 2015, y que el informe de la Comisión de Defensa Nacional fue rendido en la sesión 92ª, celebrada en 11 de noviembre pasado.
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 76ª y continuó en la sesión 92ª, ambas de la presente legislatura, en 6 de octubre y 11 de noviembre de 2015, respectivamente.
Señora Presidenta, la primera vez que discutimos este proyecto en la Sala se produjo gran tensión, porque se señaló que supuestamente había algunos que querían esconder determinados documentos y romperlos, y que otros querían liberarlos. Esa fue una discusión falaz, porque lo que se quería lograr era solo proteger el interés nacional, pero que jamás se pasara a llevar la información relevante y pertinente para buscar la justicia y la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Por tanto, cuando se logró generar un clima de confianza dentro de la Comisión de Defensa Nacional, se llegó a un acuerdo unánime por parte de esa instancia.
Hoy nos enfrentamos a la discusión de un proyecto de ley claramente mejorado en comparación al que fue tratado hace algunos meses en esta Sala, de manera que anuncio que lo vamos a aprobar.
Señora Presidenta, este proyecto es de suma importancia, porque, a mi juicio, contiene dos elementos que son de fundamental significación para nuestro país.
El primero es que todos los archivos que se reúnan en la Biblioteca Nacional constituyen un patrimonio cultural esencialísimo de la nación, el cual resulta indispensable para efectuar estudios e investigaciones académicas, y, desde el punto de vista jurídico, para derivar en algunos aspectos que pueden ser extremadamente útiles para la concreción de investigaciones judiciales.
El hecho de que las Fuerzas Armadas, a partir de 1989, hayan tenido excepcionalmente la facultad de eliminar ciertos archivos ha generado situaciones bastante complejas que incluso han impedido que concluyan con éxito algunas investigaciones judiciales realmente primordiales para saber aspectos de la verdad que debe ser conocida en Chile, la cual todavía se está investigando. Además, en muchos casos, no existen antecedentes importantes porque estos se perdieron junto con esos y otros archivos.
Por eso, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto de ley.
El segundo elemento dice relación con la importancia de reconocer que hay aspectos que deben ser resguardados y que claramente deben quedar cautelados, pues entendemos que, desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, hay asuntos de orden estrictamente militar que se deben mantener con la reserva que corresponde a situaciones de naturaleza estratégico militar.
Pero, naturalmente, existen otros antecedentes que son de carácter público, y, por tanto, se deben resguardar, sobre todo si su importancia se proyecta al desarrollo de acciones judiciales, las cuales pueden truncarse o imbricarse por la falta de aquellos.
En consecuencia, expreso que no solo votaremos positivamente esta iniciativa, sino que lo haremos señalando que constituye una necesidad para nuestro país y un asunto de vital importancia para establecer memoria: memoria patrimonial, memoria en materia de derechos humanos y memoria respecto de aquellos hechos que no deben volver a ocurrir en Chile, y, en especial, para cerrar y cicatrizar heridas que este tiene.
Dado que el presente proyecto tiene relación directa con eso, para nosotros, los socialistas, es de fundamental significación.
Señora Presidenta, escuché con mucha atención las palabras de mi colega Raúl Saldívar .
El proyecto de ley que hoy estamos tratando nos trae muchos recuerdos.
Para el bien de Chile se pretende que nada más vuelva a suceder, y que no quede latente esa memoria que todos quisiéramos olvidar. Pero ella se está resguardando en algunos hechos que, como dicen algunos, no se deben comentar, lo que resulta curioso.
Con esta iniciativa se pretende modificar el decreto con fuerza de ley N° 5.200, el cual, a su vez, fue modificado por la ley N° 18.771, que se promulgó inmediatamente después de que el dictador, quien también era el comandante en jefe del Ejército de la época, perdió el plebiscito en 1988. Por lo mismo, la dictación de dicho cuerpo legal resulta sospechosa y hace suponer que por medio de él se pretendió eliminar documentación que habría permitido a los gobiernos posteriores revisar la actividad realizada en las Fuerzas Armadas durante ese período de 17 años de gobierno en nuestro país.
Cuando hablo de documentación no me refiero solo a la que podría haber aportado importante información sobre eventuales violaciones a los derechos humanos, sino también a aquella que podría habernos entregado información acerca de la forma en que se manejaron recursos y dineros en las instituciones de que se trata durante el tiempo en que los militares se mantuvieron en el poder.
Pareciera ser que a veces me extralimito; pero ¡cómo olvidar -porque también lo viví lo que sucedió con la apropiación en ese entonces de la Caja Bancaria de Pensiones, previsión de lujo que tenían los empleados bancarios en Chile! ¡Los bienes raíces, los bienes económicos, eran enormes! No olvidaré nunca los tres hoteles que había en Algarrobo para que veranearan los empleados bancarios. Todo ello fue objeto de apropiación indebida. ¿De parte de quiénes? Nunca se dio la información correspondiente; nunca hubo restitución económica alguna al respecto, en fin.
Pienso, sí, que si hubo documentación que destruir, ello ya debe haberse hecho. Por tanto, este proyecto apunta hacia el futuro y el presente, pues hoy nos estamos enterando de eventuales fraudes en el uso de los recursos reservados del cobre, delitos que podrían permanecer ocultos de mantenerse una disposición como la que estamos intentando derogar mediante el proyecto en debate.
Por eso, no es tan fácil el despacho de esta iniciativa. Me gustaría que ella se difundiera un poco más, porque seguramente aparecerían las indicaciones que muchos de nosotros querríamos haber hecho, lo cual lamentablemente no fue posible, pues, a veces, por estar trabajando en determinados proyectos, nos vemos impedidos para abarcarlos todos.
La situación que comenté me trae re malos recuerdos, y espero que nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Cuántos de los nuestros perdieron su previsión. ¡Eran enormes los medios económicos! Se decía que tal o cual privado se había apropiado de esto o de lo otro.
En fin, solo son recuerdos, molestias y pena. Por supuesto, también hay tristeza por otras cosas.
Por las razones expuestas, hay que apoyar este proyecto de ley que suprime la facultad de eliminar documentos a las instituciones que señala. No puede continuar el secretismo en Chile cuando es por situaciones indebidas.
Por tanto, anuncio que votaré positivamente esta iniciativa. He dicho.
Señores diputados, quedan tres inscritos para intervenir. Les recuerdo que este proyecto se está viendo por cuarta vez en la Sala.
Por tanto, para poder cerrar el debate y votar esta iniciativa en la presente sesión, les propongo cerrar la lista y otorgar la palabra por tres minutos a cada diputado inscrito.
Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
Señora Presidenta, intentaré resumir mi discurso.
En primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción, quienes en su mayoría son integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que ha hecho un gran trabajo, no solo en esta materia, sino también en otras, sobre todo en lo que tiene que ver con la denominación de “tortura” y con cómo poder tipificarla.
Asimismo, quiero agradecer en forma especial al diputado Claudio Arriagada , quien ha hecho una tremenda defensa de este proyecto de ley, al igual que el Presidente de la referida instancia de esta Corporación, el diputado Raúl Saldívar .
En segundo término, deseo manifestar que esto se relaciona -lo conversamos aquí con los colegas Jackson y Mirosevic con la forma en que debemos resguardar la memoria de Chile.
Un país que se desarrolla, que es capaz de mirar hacia el futuro, sin duda debe resguardar su memoria histórica, y no solo a través de libros, los que, indudablemente, se basan también en documentos históricos de la época. Es de vital importancia suprimir la norma legal promulgada años atrás, que permite eliminar archivos del Ministerio de Defensa Nacional. Es importantísimo que la documentación que forma parte de la vida de nuestro país, y con mayor razón aquella que es reservada, no pueda eliminarse. Esto, porque en algún minuto tal documentación servirá para reconstruir, para entregar antecedentes, para argumentar; para que lo que se pueda escribir en los libros, lo que se pueda relatar, lo que se pueda estudiar tenga asidero en documentos formales.
Por tanto, me alegro por la moción que dio origen a este proyecto, en el sentido amplio de lo que significa la historia de este país, pero, al mismo tiempo, en lo referido a los casos individuales y colectivos en que todavía se necesite resolver tremendas violaciones a los derechos humanos.
Para un país que quiere llegar a la verdad y que necesita tener tranquilidad desde el punto de vista espiritual, es vital que se esclarezcan las situaciones que vivió, que fueron injustas, violentas y determinantes para un gran número de familias chilenas, para lo cual se requerirán los documentos de que se trata.
El Parlamento tiene que colocar un alto a la decisión tomada en su momento, pues ya pasaron muchos años y precisamos reconstruir nuestra historia y entregar tranquilidad a muchas familias.
Por eso, anuncio que la bancada Independiente votará favorablemente este proyecto.
Por último, reitero mi agradecimiento permanente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Ramón Farías .
Señora Presidenta, creo que este es un buen proyecto, un proyecto necesario y que no solo dice relación con el resguardar información que podría referirse a los derechos humanos -aunque pienso que gran parte de esos documentos deben estar rotos, quemados, escondidos-, sino también con la historia.
Lo anterior, porque es importante que un país tenga memoria, que los archivos de una nación se preserven y que no queden al arbitrio de determinada autoridad, la cual puede decidir borrarlos porque se le ocurrió hacerlo, porque no le gustan o por cualquier otra razón, sino que más bien sea un órgano superior, distinto el que los mantenga y tenga la facultad de decidir si aquellos deben o no ser borrados o destruidos. Eso se vincula mucho con la historia, con la memoria que Chile tiene y necesita tener para poder crecer, aprender de sus errores y mejorar sus aciertos.
Por eso, este proyecto viene a cambiar una ley, única en nuestra legislación, que posibilita la eliminación de documentos y archivos ministeriales sin previa consulta al Presidente de la República o al conservador del Archivo Nacional. Eso es lo que dice actualmente la norma legal que se pretende suprimir.
En consecuencia, es importante que votemos a favor este proyecto por nuestra memoria, por nuestro futuro, porque evidentemente es necesario preservar nuestra historia y la memoria de Chile, para así poder construir un país y una sociedad mejores. Un país sin memoria, sin pasado, sin raíces no puede crecer: obviamente, se queda estancado. Eso no es lo queremos para Chile.
Por lo expuesto, anuncio mi voto positivo a esta iniciativa, y creo que no hay nadie de mi bancada que se oponga a ella.
Tiene la palabra, en su segundo discurso, por tres minutos, el diputado señor Jorge Ulloa .
Señora Presidenta, intervengo en esta oportunidad solo para señalar que, en la práctica, este proyecto se elaboró a partir de una idea preconcebida que suponía que la norma vigente existía única y exclusivamente con el propósito de esconder información sobre violaciones a los derechos humanos.
Por lo menos, en lo personal, creo que esa disposición no tenía esa intención. Siento que, efectivamente, sí se prestaba para la duda planteada por quienes hicieron el proyecto, y, por tanto, lo que buscamos fue concordar. Así, creo que se llegó a una muy buena propuesta, que primero echa por tierra esa pretensión de algunos colegas que pensaban que lo único que queríamos algunos de nosotros era esconder información.
¡Nada más lejos de aquello! Y la prueba es que la Comisión de Defensa Nacional aprobó en forma unánime las dos indicaciones complementarias presentadas, incluida la del colega Teillier , que señala expresamente: “Con todo, las causales de secreto o reserva no podrán ser invocadas tratándose de información relacionada con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.”.
En esas circunstancias, queda claro que lo que nosotros siempre cautelamos y quisimos cautelar fue precisamente la obligación del Estado de cuidarse en términos de reserva en materias tan delicadas como son las vinculadas a la defensa nacional: planes de defensa, contingente y otras materias.
Sinceramente, creo que la propuesta que se hizo dejó satisfecho a todo el mundo, y me alegra mucho haber podido colaborar en un asunto como el que tratamos.
Por tanto, anuncio que la UDI concurrirá con su voto favorable a este proyecto. He dicho.
Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señora Presidenta, al igual que los parlamentarios que me precedieron en el uso de la palabra, quiero felicitar a los autores de este proyecto.
Es perfectamente atendible que se puedan suscitar dudas respecto de la ley N° 18.771, que fue publicada tres meses después del plebiscito de 1988.
Siento que eso no amerita mucho cuestionamiento y menos aún en momentos en que se iniciaba nuestro retorno a la democracia, de lo cual es posible colegir que no es casual que se haya impuesto una normativa legal que vaya en absoluta excepción de lo que ha pasado en Chile desde el año 1929, la cual en su texto original establece que toda documentación de los ministerios que haya cumplido cinco años de antigüedad debe ingresar al Archivo Nacional.
Por lo tanto, considero legítimos y atendibles todos los cuestionamientos hechos en democracia sobre dicha ley, que faculta archivar y eliminar documentación perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y a los demás organismos dependientes de esa secretaría de Estado o que se relacionen con el gobierno por su intermedio.
La norma propuesta subsana ello y perfecciona nuestra democracia. En ese sentido, valoro la intención y la propuesta hecha en conjunto con la oposición, tal como lo expresó el diputado Ulloa , de poder derogar el inciso final del artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, introducido por la ley N° 18.771.
Ello va en el sentido correcto. Esperamos tener una democracia cada día más sana, y, así como se mencionó, que no vuelvan a promulgarse, desde ninguna perspectiva y sin ninguna justificación, cuerpos legales que vayan en desmedro de aquello, que busquen ocultar hechos que fueron tan lamentables, tan dolorosos, tan macabros para Chile y que esperamos que nunca más vuelvan a ocurrir.
Por supuesto que anuncio -así se expresó el apoyo de la bancada del PPD a este proyecto, para avanzar en una mejor, más profunda y más sana democracia.
Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión de Reglamento.
Señora Presidenta, mientras se discutía este proyecto, que es de mi autoría -junto con el diputado Boric -, yo me encontraba presidiendo la Comisión de Deportes y Recreación.
Por tanto, le pido que recabe la autorización a la Sala para que yo pueda hacer uso de la palabra. Solicito, por lo menos, un par de minutos para explicar nuestra posición.
¿Habría acuerdo para conceder tres minutos al diputado señor Jiménez para que intervenga?
La PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Acordado.
En consecuencia, tiene la palabra, por tres minutos, su señoría.
Señora Presidenta, agradezco a mis colegas y a la Mesa por permitirme intervenir en este proyecto.
Solo quiero valorar que se haya llegado a un consenso con la Comisión de Defensa Nacional, porque lo que pretende la iniciativa en comento es que no exista más eliminación de archivos en las instituciones que señala y que toda la documentación de que se trata se envíe al Archivo Nacional de Chile.
En dicha comisión se diferenció bien -ello, a pesar de que yo pensaba que en la redacción de mi propuesta estaba dejando claramente establecido lo relativo a la seguridad nacional que todo lo que respecta a la seguridad del país quedará en poder de las Fuerzas Armadas, y el resto se enviará al Archivo Nacional.
Asimismo, mediante una indicación del diputado Teillier se rescató lo concerniente a los derechos humanos.
Así como valoro la posición de la UDI respecto de esta iniciativa, quiero que también se entienda que nosotros estamos actuando de buena fe, porque, como comprenderán, la historia demuestra que las Fuerzas Armadas no han cooperado como debían, pues no han entregado toda la información que poseen.
Lo que estamos haciendo ahora es un acto de buena fe porque, mal que mal, serán las propias Fuerzas Armadas las que determinarán qué entregarán y qué no. Perfectamente podría haber, entre lo que ellos consideren documentos relevantes para la seguridad nacional, antecedentes valiosos para determinados juicios de derechos humanos.
Lo que hacemos hoy es, reitero, un acto de buena fe hacia las Fuerzas Armadas, en el sentido de confiar que en el futuro entregarán toda la información que tengan respecto a violaciones a los derechos humanos y que se guardarán solo lo que diga relación con la seguridad del país.
Así es que valoro todo esto y, por supuesto, las palabras de la UDI en cuanto a que votarán a favor el proyecto.
Quería hacer esa precisión, porque la historia nos dice que en el pasado las Fuerzas Armadas no han cooperado en la medida de sus posibilidades para el establecimiento de toda la verdad en los juicios que ha habido.
Aquí tenemos parlamentarios de la Democracia Cristiana, quienes conocen bien todo lo que ha pasado la familia Frei. Pero de ahora en adelante hacemos ese acto de buena fe. Ojalá que esto empiece a funcionar como corresponde, que se comience a entregar la información como se debe y que en las Fuerzas Armadas solo quede resguardado lo que dice relación con la seguridad nacional, para que el resto vaya al Archivo Nacional.
Señor Presidente, le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que se autorice al diputado Pilowsky , Presidente de la Comisión de Defensa, referirse al proyecto, hasta por tres minutos.
Son las doce y media, así es que aún estamos a tiempo. Me parece importante que intervenga el presidente de esa comisión.
Tal como se hace respecto de toda solicitud, solicito la unanimidad de la Sala para que pueda intervenir el diputado Pilowsky .
También ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Hugo Gutiérrez , quien estaba inscrito y no pudo participar porque estaba en la sesión de la comisión de la acusación constitucional.
¿Habría acuerdo de la Sala para que ambos diputados hagan uso de la palabra? No hay acuerdo.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ;
Corresponde votar la iniciativa en particular, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Defensa Nacional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos, por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-Se abstuvo la diputada señora Provoste Campillay , Yasna .
Si le parece a la Sala, las normas de este proyecto ley que contienen plazos para su entrada en vigencia serán consignadas por la Secretaría como artículos transitorios.
El señor PILOWSKY.-
Señor Presidente, cuando aprobamos el articulado en la Comisión de Defensa, se estableció que el plazo se contaría a partir de la entrada en vigencia de esta normativa como ley de la república.
Entiendo que lo que usted ha planteado es que se faculta a la Secretaría para poder modificar eso, de manera tal que, como me explicó el Secretario de la Cámara, señor Landeros , ese plazo no se cuente a partir de la dictación del decreto con fuerza ley N° 5.200, sino a partir de la entrada en vigencia como ley del proyecto que acabamos de aprobar.
Entiendo que esa es la referencia que hizo.
Así es, y ese fue el acuerdo que se adoptó. En consecuencia, despachado el proyecto al Senado.
Informo a la Sala que muchos colegas me han solicitado suspender el tratamiento de Proyectos de Acuerdo y de Resolución y de Incidentes.
¿Habría acuerdo para acceder a dichas solicitudes?
-Se levantó la sesión a las 12.40 horas.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA; ÁLVAREZ-SALAMANCA, BARROS; GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, MELERO, MORALES, TRISOTTI, Y WARD, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE "MODIFICA LA LEY N°19.451, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE TRASPLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS, PARA AUMENTAR LAS PENAS EN MATERIA DE TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS". (BOLETÍN N° 10407-11)
El trasplante de órganos constituye uno de los avances más notables que la ciencia médica ha experimentado y entregado a la humanidad en toda su historia, sus positivos efectos en la población son palpables constituyendo uno de los mecanismos más eficientes para salvar millones de vida a nivel mundial.
Con todo, este gran salto, trae aparejado diversos inconvenientes y a la vez desafíos hacia el futuro. Uno de estos inconvenientes consiste en la escaza disponibilidad de órganos y el aumento progresivo de la demanda, situación que importa en muchos ámbitos a las autoridades sanitarias de los Estados.
En efecto, nuestro país ha debido implementar ciertas respuestas legislativas e institucionales en materia de trasplantes y donación de órganos y en este sentido uno de los instrumentos legislativos con que contamos lo constituye la ley 19.451 sobre trasplantes y donación de órganos que incorporó a nivel legal una discusión de larga data en nuestro país referente a la donación de órganos y sus efectos sanitarios, penales, religiosos y políticos.
Actualmente según estimaciones del Observatorio Global sobre Donaciones y Trasplantes se llevan a cabo a nivel mundial un número cercano a 100 mil trasplantes de órganos cada año y a partir de lo eficiente de esta práctica es que la demanda por ella ha aumentado considerablemente.
Ante tal situación se ha establecido lamentablemente un comercio informal e ilegal destinado a trasplantar órganos que ha debido movilizar a los Estados en aras de prevenir y sancionar estas conductas presentas a nivel mundial. En efecto, el negocio del tráfico ilegal de órganos moviliza millones de dólares a nivel mundial, la presencia de grupos organizados dedicados a este rubro constituye un problema de vital importancia que debe ser enfrentado con toda la seriedad y profesionalismo.
Según la Organización de Naciones Unidas constituye una flagrante violación de los derechos humanos, incluida la integridad de sus víctimas. Por ello, importantes instituciones como la Organización Mundial de la Salud, vienen exigiendo en los últimos años mayores esfuerzos para combatir este grave problema
1.- Que, nuestro ordenamiento jurídico consagra sanciones penales y administrativas en materia de tráfico ilegal de órganos. En este aspecto nuestra legislación ha experimentado una cierta evolución en este sentido, habida consideración que esta clase de sanciones son de reciente data. En materia penal el artículo 13 de la ley en comento señala “El que facilitare o proporcionare a otro, con ánimo de lucro, algún órgano propio para ser usado con fines de trasplante, será penado con presidio menor en su grado mínimo”, continúa la disposición indicando “en la misma pena incurrirá el que ofreciere o proporcionare dinero o cualesquiera otras prestaciones materiales o económicas con el objeto de obtener para sí mismo algún órgano o el consentimiento necesario para su extracción”. Finalmente el inciso segundo de este artículo prescribe: “si las conductas señaladas en el inciso anterior fueren realizadas por cuenta de terceros, la pena se aumentará en dos grados”.
2.- Que, la norma recién citada establece dos hipótesis posibles: a) Que directamente una persona comercialice algún órgano propio o bien que ofrezca dinero u otras prestaciones para la obtención de órgano para sí, y b) Que estas conductas de venta y compra de órganos sea efectuada por cuenta de un tercero. En relación a estos último pensamos que el desvalor de la conducta es mayor, habida consideración que nos encontramos ante una persona dedicada a la comercialización ilegal de órganos de otras personas y en tal sentido no tiene el apuro económico de venderlos o la necesidad de vida de adquirirlos, en tales casos creemos que existen otros factores que de alguna manera justifican la imposición de una penalidad menor, a partir de las circunstancias de hecho que rodean el suceso típico.
3.- Que, pensamos que si una persona utiliza órganos humanos de otra persona, ya sea para adquirirlos o venderlos, manifiesta su absoluto desprecio por la vida en todos sus aspectos y en donde el lucro prima sin ninguna consideración moral o ética. Es por lo anterior que la penalidad establecida en nuestro país respecto a este hecho consideramos que es particularmente baja, particularmente si se piensa que el tráfico de órganos es un delito de claras connotaciones internacionales y por consiguiente, posee ribetes particularmente graves que lo apartan de otros crímenes.
El proyecto que en esta oportunidad promovemos establece la pena de presidio mayor en su grado mínimo, esto es de 5 años y un día a 10 años para el caso del tráfico de órganos cuando éste es promovido por una persona con órganos de terceros, de conformidad a lo prevenido en el artículo 13 inciso 2° de la ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos.
Artículo Único: Reemplácese en el inciso 2° del artículo 13 de la ley 19.451 sobre Trasplante y Donación de órganos la expresión “en dos grados” por “a presidio mayor en su grado mínimo”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GAHONA, HASBÚN, HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; LAVÍN, MORALES, SANDOVAL, TRISOTTI, Y WARD, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO, PARA OBLIGAR A FARMACIAS Y ALMACENES FARMACÉUTICOS A PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO MEDICAMENTOS PARA SU VENTA FRACCIONADA.". (BOLETÍN N° 10408-11)
I. IDEAS PRELIMINARES.
Durante los últimos años el rubro farmacéutico en nuestro país ha sido foco de discusión y análisis a nivel de nuestra clase política como asimismo en la sociedad civil, configurándose como uno de los tópicos cabeceras de la agenda pública. En efecto, lo anteriormente indicado se dio a partir de tres asuntos que consideramos constituyeron temáticas de gran trascendencia para el devenir político y normativo de Chile, uno de ellos se encuentra constituido por la colusión de las grandes cadenas farmacéuticas en relación a los precios de los medicamentos, asunto que implicó no sólo aristas de orden político, sino también se desplegó en aspectos tales como el social, económico, judicial y hasta ideológico en torno al tratamiento de los medicamentos como una actividad que posee elementos de orden éticos imposibles de soslayar. Otro tema vinculado a esto, lo encontramos relacionado al coste de los tratamientos de alta complejidad, lo que redunda en el monto que los chilenos debemos pagar por concepto de medicamentos, asunto generado en el seno de la sociedad civil, principalmente por la fuerza y convicción del comunicador Ricarte Soto quien generó con ello profundos cambios en la forma en la cual concebimos a nuestros enfermos y sus derechos fundamentales. Finalmente otro asunto que ha rondado en la opinión pública lo constituye la idea de modificar el sistema de Isapres en Chile, idea que si bien ha sido formulada por diversos sectores de la sociedad, el tema ya ha salido a la palestra a través del propio sector de las Isapres.
Es así, como el contexto político y social relativo a esta materia es álgido y nuestra ciudadanía demanda de sus autoridades políticas y gubernativas soluciones permanentes y en muchos casos definitivas que corrijan las inequidades que muestra nuestro sistema, con el objeto de modificarlo e introducir las referidas correcciones en miras al bien común de todas y todos las chilenos.
De todo lo anterior, sin lugar a dudas, surgen ciertas ideas que en materia de medicamentos hay que tener presente y que por lo mismo forman parte integrante de las consideraciones de la presente iniciativa parlamentaria. Bajo este orden de ideas, la moción que sometemos a tramitación de nuestro Congreso está concebida como un mecanismo protector de los derechos de los consumidores en donde los principios de información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, etc., a la garantía de los productos, a retractarse de una compra y a respetar lo establecido en los contratos, la no discriminación arbitraria por parte de empresas proveedoras de bienes o servicios, la regulación de la publicidad engañosa y la eliminación de la llamada “letra chica” en los contratos, deben formar parte integrante e informadora en el ámbito de los medicamentos sancionando a aquellos que incumplan la normativa a través de las violación o trasgresión de estos principios orientadores.
1.- En esta perspectiva los diputados mocionantes nos encontramos contestes en orden a establecer reglas claras y precisas en torno a la comercialización de fármacos a nivel nacional promoviendo normas que cautelen los derechos y garantías de los ciudadanos que desde un punto de vista legal y constitucional son reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera proponemos como norma obligatoria para las empresas farmacéuticas concebidas en nuestro Código Sanitario, como asimismo en sus normas modificatorias la venta fraccionada de medicamentos en concordancia a la orientación garantistadel interés de los consumidores como también la venta en establecimientos comerciales de aquellos fármacos que se comercializan sin receta médica.
2.- En materia de fraccionamiento de los remedios esta forma de venta implica que las personas no tendrán que comprar una caja de medicamentos para tomarse sólo dos pastillas, sino que éstas ahora se venderán por separado. Desde el punto de vista normativo, esta modalidad de venta se encuentra entrampada en una marañalegal, reglamentaria y también política que hacen inviable en los hechos su consagración práctica en nuestro ordenamiento jurídico.
3.- En efecto, de conformidad a nuestra actual legislación el químico farmacéutico que dirige cada farmacia debe supervisar que haya a disposición del público dosis de cada medicamento, con el objeto que este pueda venderse a la persona exactamente con la cantidad recetada y no la caja completa. Sin embargo la referida normativa se encuentra supeditada a la dictación de un reglamento emitido por la autoridad competente con el objeto de establecer la forma y condiciones en que dicha norma legal se aplicará.
4.- Sin embargo a lo anterior tanto la norma legal y menos la reglamentaria garantizan la obligatoriedad de la venta fraccionada de medicamentos, hecho que sin lugar a dudas nos conduce a concluir que la normativa creada no tendrá aplicación y con ello los derechos presumiblemente promovidos por estas normativas constituirán letra muerta.
5.- Por otra parte la venta de medicamentos sin receta médica en góndolas en centros comerciales a nuestro juicio también se encuentran en línea con los principios antes mencionados. En efecto el otorgarle a las personas más opciones para la adquisición de medicamentos, que por lo demás no requieren de receta médica como las aspirinas,constituye un paso adelante en la promoción de una institucionalidad moderna en la materia que privilegie por sobre todo la libertad de los chilenos de contar con lugares que les satisfagan todas sus necesidades, inclusive en aquellos donde no existen farmacias para la compra de medicinas.
De acuerdo a lo indicado la presente moción establece dos ideas fundamentales:
1.- Obligatoriedad en la venta fraccionada de medicamentos por parte de las farmacias.
2.- Venta de aquellos medicamentos sin necesidad de contar conreceta médica en supermercados u otros lugares similares.
Pensamos que ambas ideas constituyen iniciativas de gran importancia para nuestro país cuyos efectos son del todo positivos, particularmente en materia de precios, situación que implicará un beneficio directo para millones de chilenos y por ello debemos incorporarlo a nuestra legislación.
Es así como esperamos contar con un consenso en la materia y darles a nuestros ciudadanos un sistema de venta de medicamentos adecuados a sus requerimientos y contemplen soluciones prácticas a las deficiencias que actualmente reviste nuestra legislación.
Artículo 1: Introdúzcase un nuevo inciso 2° en el artículo 129 del Código Sanitario, pasando los actuales inciso 2°, 3°, 4° y 5° a ser 3°, 4°, 5° y 6° respectivamente de siguiente manera:
“Las farmacias y almacenes farmacéuticos estarán obligadas a poner a disposición del público medicamentos para su venta fraccionada, de conformidad a las prescripciones legales y reglamentarias”
Artículo 2: Incorpórese una nueva parte final en el inciso 1° del artículo 100 del Código Sanitario, luego de las palabras “registro sanitario”, pasando el actual punto aparte a ser punto seguido norma que reza lo siguiente.
“En este caso, se autoriza su venta directa en establecimientos comerciales establecidos de conformidad a la ley”.
Artículo 3: Incorpórese después del punto final, que pasa ser seguido, en el artículo 129 del Código Sanitario y luego de la palabra “éstos” la frase:
“sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero de este artículo”.
Artículo Único Transitorio: Respecto de aquellas farmacias que no forman parte de empresas farmacéuticas con presencia nacional, esta normativa comenzará a regir a partir del 1° enero de 2017.