Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00390-de-junio-24-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8f487de3d39e4040e0430a0101514040&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 01:05:16
Document Index: 384423710

Matched Legal Cases: ['artículo 114', 'artículo 292', 'artículo 1', 'artículo 61', 'artículo 114', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 295']

﻿ Sentencia 2003-00390 de junio 24 de 2010
SENTENCIA 2003-00390 DE 24 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:APLICACIÓN DE LA LEY LABORAL Y EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL MARCO DE LA POSESIÓN INMEDIATA DE BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE BANCO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL, CONFLICTO DE NORMAS, PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA PÚBLICA EN EL SISTEMA FINANCIERO, ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, SUJETOS DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, PATRIMONIO DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, APLICACIÓN DE LA LEY LABORAL, APLICACIÓN DE LA LEY
Sentencia 2003-00390 de junio 24 de 2010
Nº de Ref.: 110010325000200300390 01
Nº Interno: 4577-2003
Actor: Banco Andino Colombia S.A. - En Liquidación
Bogotá, D.C., veinticuatro junio de dos mil diez.
En el acápite correspondiente a las normas violadas y el concepto de violación de la demanda, se precisa que los actos administrativos impugnados carecen de fundamento legal porque desconocen las normas del estatuto orgánico del sistema financiero, que son aquellas que rigen la intervención por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy financiera).
Considera la parte actora, que los actos acusados vulneraron el estatuto orgánico del sistema financiero y la Ley 510 de 1999, disposiciones que “... constituyen una norma superior a las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que deciden una querella interpuesta por una organización sindical, en estas condiciones al desconocer las providencias acusadas una disposición de superior jerarquía, debe declararse su nulidad por ser ilegales y no tener fundamento jurídico alguno en el ordenamiento legal colombiano”.
Así mismo, sostiene el banco actor, que los actos demandados desconocen el artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero, modificado por los artículos 20 y 22 de la Ley 510 de 1999, que dispone los efectos a los que conlleva la liquidación.
Luego de enunciar los efectos de la medida cautelar contenidos en la citada norma asevera que “... si la Superintendencia Bancaria decide tomar posesión de los bienes de una entidad financiera, es porque considera que dicha entidad no es viable económicamente y en protección del sistema y de los particulares que han depositado sus dineros allí, decide intervenirla para desarrollar adecuadamente su objeto social en lo relativo a los pasivos y activos y proceder a su liquidación y su disolución definitiva”.
En relación con los artículos 292 y 293 del estatuto financiero señaló que “... el liquidador tiene que cumplir estrictamente con las medidas y limitaciones que le impone el artículo 292 del EOSF, en su literal d) señala la norma violada: “e) la advertencia que, en adelante, no se podrán iniciar ni continuar actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad”.
Consideró igualmente que la entidad demandada, no aplicó lo dispuesto en los artículos 293 y 295 del EOSF que indican la naturaleza y el objeto del proceso concursal, así como la orden para el liquidador de ir terminando los contratos de trabajo, cosa que no observaron los actos acusados, los cuales, por el contrario, crearon un fuero circunstancial que impide al liquidador cumplir el propósito de liquidar la entidad financiera.
Las normas del EOSF que se invocan como transgredidas con las resoluciones impugnadas, son del siguiente tenor:
1. Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor y con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público:
PAR.—Los instructivos que fueron expedidos por la Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en relación con los procesos de liquidación, servirán de criterios auxiliares a los liquidadores en su gestión”.
Sea lo primero señalar que a través de la Resolución 750 de mayo 20 de 1999, que obra a folio 8 del expediente, la Superintendencia Bancaria de Colombia, dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios del Banco Andino. Para el efecto, se fundamentó entre otras situaciones por las que atravesaba el banco, en las siguientes:
a) Suspensión en el pago de sus obligaciones.
b) Incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones de la Superbancaria.
c) Persistencia en la violación de sus estatutos y de la ley.
Como objeto de la toma de posesión, señaló el de la liquidación de sus bienes, haberes y negocios.
Para el efecto, tomó, entre otras, las siguientes medidas:
• Guarda inmediata de los bienes y colocación de sellos.
• Orden de poner a disposición de la Superbancaria los libros del banco.
• Prevención a los deudores para que solo pagaran al liquidador las deudas que tenían con el banco.
• Prevención a todos los que tuvieran negocios con el banco para que en adelante se entendieran con el liquidador.
• La advertencia de que no se podía iniciar proceso o actuación alguna, sin notificar al liquidador.
• Prevención a los registradores para que se abstuvieran de registrar cualquier acto que afectara el dominio de los bienes.
Se informó igualmente al director del Fondo de Garantías e Instituciones Financieras, Fogafín, sobre la adopción de la medida, para que procediera a designar liquidador, quien adelantaría la liquidación y ejercería la representación legal del Banco Andino.
Estando en curso la liquidación, la organización sindical presentó un pliego de peticiones, el día 6 de septiembre de 2000 a la entidad en liquidación, con el fin de negociar las condiciones que habrían de regular los contratos de trabajo. El mismo día, el liquidador devolvió el pliego de peticiones en consideración al estado de liquidación obligatoria en que se encontraba el banco.
Por lo anterior presentaron querella ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la cual una vez culminada, dio origen a los actos acusados, por los cuales se requirió al Banco Andino para que en 5 días iniciara conversaciones en etapa de arreglo directo con dicho sindicato, a través de la Resolución 0002 del 3 de enero de 2002.
Interpuestos los recursos de reposición y apelación contra la anterior, el ministerio expidió las Resolución 000752 de abril 30 de 2002 y 001424 de julio 25 de 2002, confirmándola.
Los anteriores, constituyen los actos acusados y en consecuencia el problema jurídico consiste en dilucidar, si el Banco Andino encontrándose en liquidación, estaba, como lo consideró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —hoy de Protección Social—, en la obligación de iniciar conversaciones en etapa de arreglo directo, con la UNEB.
Para definir el problema jurídico antes señalado, es necesario establecer el objeto de la regulación de las relaciones laborales y en qué casos priman sobre las del estatuto orgánico del sistema financiero.
En primer lugar, el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, define como su objeto, el de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
Por lo anterior, consagró, el principio de que los contratos de trabajo no son inmodificables y pueden ser objeto de revisión al tenor del mismo Código Sustantivo del Trabajo, cuando quiera que sobrevengan “imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”, si estas son evidentes, de lo contrario, corresponde a la justicia ordinaria laboral decidir sobre la existencia de tales alteraciones.
Así mismo, el artículo 61 ibidem, permite la terminación del contrato de trabajo en caso de que se liquide o clausure definitivamente la empresa, incluso de trabajadores cobijados por el fuero sindical, previa autorización, en este último caso, del juez.
El anterior marco normativo nos sirve para ilustrar que el Código Sustantivo del Trabajo, regula las relaciones de derecho individual de trabajo, y las de derecho colectivo de trabajo, oficiales y particulares y contiene los derechos mínimos de los trabajadores, los cuales se consideran irrenunciables.
Sin embargo, tratándose de una empresa que se encuentre en un estado de grave alteración de la normalidad económica, entran en juego otra serie de factores respecto de los cuales el juez no puede ser indiferente, a pesar de que por mandato constitucional y legal a los trabajadores sindicalizados les asiste el derecho a obtener mejoras en sus prerrogativas laborales.
En efecto, en el presente caso, es necesario conciliar lo establecido en las normas laborales con las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero, contenidas el Decreto 0663 de 1993, el cual en su artículo 114, modificado por la Ley 510 de 1990, ordena que la Superintendencia Bancaria debe tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los hechos que allí se señalan, pero tal medida no la puede tomar autónomamente, pues debe oír el concepto del consejo asesor y tener la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Dentro de las causales para la toma de posesión, establece la de que la entidad bancaria haya suspendido el pago de sus obligaciones, haya incumplido reiteradamente las órdenes e instrucciones de la superintendencia y persista en la violación de sus estatutos y de la ley.
La Superintendencia Bancaria, luego de hacer un estudio sobre el deterioro y debilitamiento del banco en su estructura financiera, sobre el riesgo de liquidez y previa adopción de institutos de salvamento que no funcionaron y ante la configuración de las causales para ordenar la medida, mediante Resolución 0750 de 1999, ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes, haberes y negocios, con el objeto de liquidarlos en los términos del EOSF.
En dicha resolución dispuso las medidas que ordena la ley, tales como la guarda inmediata de los bienes y colocación de sellos y demás seguridades, la orden al banco para que pusiera a disposición de la superintendencia sus libros de contabilidad y demás documentos, además de otras numeradas en los literales c) a i)
En el presente caso media un hecho relevante y cierto, la entidad con la cual el sindicato pretende iniciar conversaciones en etapa de arreglo directo, se encuentra en liquidación forzosa, ordenada por la Superintendencia Bancaria.
No se puede dejar de lado esta circunstancia, para acudir a las normas que rigen las relaciones laborales sin más miramientos, porque no es posible hacer caso omiso de la situación por la que está atravesando la empresa.
Es cierto, que en el estatuto orgánico del sistema financiero no encuentra la Sala disposición que prohíba dar inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo con una agremiación u organización sindical, por el simple hecho de que la entidad sujeta a vigilancia se encuentre en un proceso de liquidación forzosa administrativa o de naturaleza concursal.
Las reglas jurídicas comprendidas en el estatuto orgánico no versan en manera alguna sobre los procesos de negociación colectiva y si bien es cierto no pueden hacer nugatorios los derechos que por mandato constitucional o legal le asiste a los trabajadores, también lo es que en este caso la entidad se encuentra en una situación de anormalidad que debe armonizarse con la ley laboral.
El Banco Andino Colombia S.A. —En Liquidación— estaba imposibilitado por ley, para llevar a cabo el proceso de negociación colectiva, no solo por la situación económica sino porque todos sus bienes y sus haberes fueron tomados en posesión por la Superintendencia Bancaria y la persona que funge como liquidador y representante legal, está limitado en sus actuaciones, a aquellas que tengan que ver con la liquidación misma de la entidad.
Por alguna razón, en el acto de toma inmediata de posesión de los bienes y en cumplimiento de la ley se advierte que en adelante “no se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida...”.
Ahora bien, el estatuto orgánico del sistema financiero, punto que es importante resaltar, en el artículo 293, dispone que:
Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus disposiciones especiales.
Lo anterior quiere decir, que una vez tomada la posesión de los bienes y haberes de la empresa con miras a su liquidación, las actuaciones de allí en adelante, se rigen por las disposiciones especiales atinentes a este tipo de procesos.
Si surge alguna cuestión procedimental, la norma prevé igualmente, cómo llenar esos vacíos.
Dentro de esas disposiciones especiales, a las que remite el artículo 293 del EOSF, se encuentra el artículo 295, numeral 9º, que establece cuáles son las facultades y deberes del liquidador, norma que denota que sus competencias están relacionadas solamente con la liquidación, sin que de ellas se desprenda que pueda proceder a variar las condiciones de las convenciones vigentes o actuar como representante del patrono para efecto de iniciar conversaciones en etapa de arreglo directo.
Como se observa, el liquidador por disposición legal, puede dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyos servicios no se requieran y conservar o contratar los que sean necesarios para efecto de la liquidación, pero no está facultado para adelantar negociaciones con los sindicatos, pues ellas necesariamente conllevarían a comprometer a la entidad bancaria a otorgar unas mejores condiciones laborales, concesión que por su misma condición le es imposible atender.
Todo lo anterior quiere decir, que en el mismo momento en que se toma posesión de los bienes y haberes del banco con destino a su liquidación forzosa, entre otras, por razones de carácter financiero, la entidad no puede, por disposición legal, iniciar ningún tipo de proceso, en este caso de negociación colectiva, no solo por la falta de viabilidad del otorgamiento de cualquier tipo de prerrogativa adicional (en atención a la situación de la empresa), sino porque la misma ley lo prohíbe, en aras de la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo, hasta la concurrencia de sus activos y sin perjuicio de las prelaciones de créditos otorgadas por la ley.
Lo anterior no quiere decir, que si al momento de la toma de posesión, se encuentra vigente alguna convención no se le de aplicación, por el contrario, será esta la que rija las relaciones laborales, en respeto por los derechos laborales de los trabajadores.
Así se pronunció la Corte Constitucionalidad(sic) al estudiar la exequibilidad de los artículos 474, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo:
Ciertamente las convenciones colectivas rigen los contratos de trabajo mientras la relación laboral subsista. De ahí, que en un proceso de liquidación de una entidad u organismo administrativo nacional, la convención que se encuentre vigente al momento de la liquidación del organismo, debe ser aplicada hasta la terminación del proceso de liquidación, caso en el cual lógicamente se dan por terminados los contratos de trabajo ante la desaparición de la entidad, sin que se pueda colegir, como lo hace el demandante, una vigencia indeterminada de la misma aun en el evento de la disolución y liquidación de una entidad, pues como lo expresa la vista fiscal eso contradice toda lógica, como quiera que terminadas las relaciones laborales a consecuencia de la liquidación y posterior liquidación de una entidad, pierden vigencia las normas convencionales que regían las mismas(1).
La decisión anterior concilia tanto las previsiones del código laboral, según las cuales las relaciones laborales deben desarrollarse dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, con respeto por los derechos que hasta el momento de la toma de posesión de los bienes y haberes de la empresa se habían otorgado a los trabajadores en la convención colectiva vigente, como las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero, que tienden por la pronta realización de los activos y el pago de los pasivos de la empresa.
Por las razones que anteceden se declarará la nulidad de los actos acusados.
DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 0002 y 00752 del 30 de enero y del 3 de abril de 2002, expedidas por el coordinador del grupo de inspección y vigilancia de la Dirección Territorial de Trabajo de Bogotá, D.C. y Cundinamarca y de la Resolución 001424 del 25 de julio de 2002 expedida por el director territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(1) Sentencia C-902 de 7 de octubre de 2003. Expediente D-4602. Corte Constitucional.