Source: https://issuu.com/camdp/docs/colproba_30
Timestamp: 2017-03-27 09:47:25
Document Index: 113014053

Matched Legal Cases: ['Artículo\n121', 'artículo 1', 'artículo\n5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 299', 'artículo 38', 'artículo 1277', 'artículo 17', 'artículo 159', 'artículo 123', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 19']

Colproba Nº 30 by omar can - issuu
EDICIÓN XXX - AÑO XIV - AGOSTO DE 2010
Dr. Gerardo Salas, Presidente del Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Dr. Adrián Sergio Cetrángolo “Trabajo para
que el próximo Director Académico, pueda darle
continuidad a los proyectos”
Asumieron las nuevas autoridades.
XVI Conferencia Nacional de Abogados:
Dr. Raúl Calvo Soler. ¿Por qué y para qué repensar
al abogado?
Captación ilegítima de clientes: un flagelo que
crece y preocupa.
Dr. Carlos Bottasi “La Abogacía además de un
arte, es un oficio y ese oficio es muy difícil de enseñar teóricamente en una Casa de Estudios: eso se
aprende trabajando”
Dr. Héctor D. Furlong “Siempre he defendido la
Abogacía organizada, no me gustan las instituciones que son expresiones individuales: para hacer
una tarea útil para el conjunto hay que estar en organizaciones”
Consejeros mandato cumplido: balance y reflexiones.
Dra. Hilda Kogan “Para aquellos que asuman cargos de responsabilidad les diría que alcanzar dichas
posiciones implica asumir más obligaciones y no
adquirir más derechos.”
Declaración del Bicentenario del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen.
Se jubiló Guillermo Larrubia, Secretario Institucional
del CATL
El Colegio de Abogados suscribe un convenio tripartito. Convenio.
PRODUCCION INTEGRAL B+C Consultores de Gabriela E. Blascetta y Alejandro F. Carranza.
Redacción: Maite Espondaburu. Diseño y Diagramación: Florencia Rando. Colaboración: Javier Roig
Desde estas páginas así como desde el seno del Colegio
de Abogados, señalamos siempre que la abogacía debe
estar al servicio del justiciable y deben estos encontrar en
el abogado, al defensor a ultranza de sus derechos para
reclamar frente a los poderes públicos o frente a otro
miembro de la sociedad, el respeto por lo suyo. Está involucrada en nuestra actividad nada menos que la paz
social. El abogado es el vehículo para dirimir los conflictos y para ello debemos contar necesariamente con la
confianza de nuestros representados y del Estado que
deposita en nosotros la defensa de los justiciables.
Calamndrei habla de que la función de los abogados es
una función pública y el maestro Ossorio dice que „de
todas las obras humanas, la más interesante y poética es
la de hacer justicia. Los pueblos pueden vivir sin riqueza,
sin belleza y hasta sin salud, vivirán mal pero vivirán, sin
justicia no podrán vivir‰. Y sigue diciendo: „el papel del
abogado es grande, maravilloso, somos el anhelo de la
justicia, los apóstoles de la virtud suprema de la vida, los
ministros de la paz social, estamos por encima de la riqueza, de la belleza y de la salud œpuede haber algo
más encantador, más emocionante?, el abogado tiene
que ejercer su profesión con orgullo, con exaltación, con
pasión desbordada. Si su alma no late excitada por esos
sentimientos œde que le servirá emborronear pliegos y
cobrar minutas? , será un ganapán del derecho, podrá
ser quizá un hombre de ciencia: Abogado no‰.
Como tales entonces, como portadores del privilegio
que implica la defensa de los derechos, debemos proteger a la sociedad, para evitar la actuación de los inescrupulosos que lucran con el dolor de la gente.
Nos referimos al tema que se ha instalado a partir de la película „Caranchos‰ y que se refleja extensamente en esta revista. Las organizaciones que lucran con el dolor están
compuestas por gente de distintos ámbitos que tienen una
finalidad común, lucrar y no reparando en medios, cometen los más variados delitos en su afán de ganar plata.
Pero en tanto abogados nos preocupa la actuación de
nuestros colegas, la violación de la sagrada función de
abogar por otro, así como la flagrante violación de las
normas de ética que gobierna nuestra conducta. Una
de esas normas, pisoteada en este caso, nos señala que
es ajena a la función del abogado, el afán de lucro.
Nuestra misión, lograr la paz social, tiene como componente indispensable la confianza del justiciable, en base
a ella nos confían la defensa de los derechos, su representación frente a los poderes del Estado, sus cuitas y
secretos que están resguardados en nuestra obligación
de guardar secreto profesional de todo cuanto se nos revele por el ejercicio de la profesión que sólo puede ceder
ante la colusión de intereses de carácter público o por
circunstancias de extrema necesidad. En ese marco el
abogado es depositario de la vida, el patrimonio y a
veces, del futuro del cliente y su entorno familiar. Si
frente a tamaña responsabilidad defraudamos la confianza porque perseguimos solamente afán de lucro, habremos incumplido con la manda de la abogacía.
La captación ilegal de asuntos es precisamente el más
claro ejemplo de la violación de nuestro sagrado ministerio pues olvidamos el derecho del justiciable para
poner el acento solamente en las posibilidades de obtener fortuna gracias a la necesidad de la gente. Las conductas de todos los participantes de este sucio negocio
es llamativamente inmoral, pero insistimos, nos interesa
la del abogado porque estamos comprometidos en
nuestra función colegial, a defender los altos fines de
La defensa de los derechos, del estado de derecho, de los
altos ideales de la abogacía, del mandato ético superior de
la abogacía es nuestro deber que esta reñido con el tan
mezquino afán de lucro que guía a los „caranchos‰ que actúan no sólo en el ámbito de la reparación de daños, sino
en tantos otras ramas del derecho, que desprestigia a nuestra profesión y conspira contra la paz social.
Señalemos finalmente que no podemos luchar solos
contra esta lacra social ya que en la cadena de actores
que necesariamente intervienen en el camino hacia la
concreción del fraude: el cobro de indemnizaciones indebidas, intervienen trabajadores de la salud, médicos,
escribanos (frente a quienes se celebran cesiones de derechos o se otorgan poderes), funcionarios judiciales y
jueces (ya que luego de esas cesiones se suceden juicios
de daños con iguales actores cesionarios de esos derechos y se repiten testigos, peritos y otros auxiliares),
Compañías de Seguros (que pagan indemnizaciones
muchas veces a las mismas personas y organizaciones
que presentan similares cesiones o poderes de cesionarios o damnificados), todos estos casos deben alertarnos
sobre las irregularidades que conllevan e impulsar la investigación que clarifique las conductas de cada uno.
„Presidente del Colegio de Abogados de la
Provincia de Buenos Aires y Presidente del
Colegio de Abogados de Bahía Blanca.‰
del Colegio de Abogados de la
De la sesión especial realizada el 4 de junio del corriente año por el Consejo Superior en la ciudad de
La Plata, ha surgido la nueva integración del organismo, hasta el 31 de mayo de 2012.
Ha sido reelecto Presidente, el Dr. Gerardo Rafael
SALAS, nacido en 1953, quien cursó parte de sus
estudios secundarios en la localidad de Benito Juárez, para finalizarlos en el Normal 3 de la ciudad
de La Plata. Su formación profesional la realizó en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, jurando como Abogado en el Colegio de Abogados de esa ciudad en
1977, mudándose a Bahía Blanca un año después,
donde reside desde entonces y ejerce la Presidencia del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca desde el año 2004.
El Dr. Salas conducirá la entidad provincial por los
próximos dos años junto a la renovada Mesa Directiva conformada por los Dres: Bienvenido Rodríguez Basalo (QUILMES) Vicepresidente 1À;
Fernando Román González (MAR DEL PLATA Vicepresidente 2À; Pedro Martín Augé (LA PLATA) Secretario; Carlos Alberto Borrelli (NECOCHEA)
Tesorero; Adrián Rubén Lamacchia (DOLORES)
Prosecretario; Jorge Eduardo Barberis (MORON)
Al ser consultado, por este medio, sobre los objetivos que considera primordiales en la continuidad
de su gestión expresó „Tenemos como prioritario
para este período trabajar sobre la administración
de justicia, debemos desarrollar algunas cuestiones
para mejorar la forma de trabajo de los abogados,
que tiene que ver precisamente con la prestación
de la Administración de Justicia.‰
Subrayando como tema fundamental la informatización del Poder Judicial de la Provincia, que se
ha operado a través del sistema Augusta, dando
como ejemplo lo relativo a las notificaciones virtuales „Vemos en los distintos Departamentos Judiciales‰ algunas fallas al sistema, que surgieron
en la medida que se generalizó, un ejemplo de
ello lo encontramos en el funcionamiento de la Mesa
virtual, donde muchas veces no están los textos de
las resoluciones, se caen los sistemas, etc ; es un tema
en el que sentimos que debemos ayudar aportando
nuestro parecer sobre las falencias y propuestas que
podemos acercar para su mejoramiento.‰
También hizo hincapié en otras cuestiones referentes a la Administración de Justicia como el funcionamiento de las Oficinas Periciales „ Entendemos
que no es el adecuado según la experiencia en algunos Departamentos Judiciales, también existen
problemas en algunas Oficinas de Mandamientos
y Juzgados de Paz, que manifiestan fallas al momento de atender la gran cantidad de materias a
las que se abocan, ya que hubo una reforma ampliando la competencia de los Juzgados de Paz del
interior y nos gustaría colaborar para revertirlas .‰
Enunciando su intención de trabajar con el Ministro de Justicia en lo referente a la captación ilegítima de clientes en el marco de los accidentes de
tránsito, tema que se ha popularizado con el
nombre de „Caranchos‰, afirmando que „vamos a
proponerles sumando al Ministerio de Salud un
trabajo conjunto, con el fin de allegar una suerte
de campaña de información y concientización, de
cara a la sociedad, de apoyo y ayuda profesional
para aquellos que manifiesten su necesidad.‰
Por último describió los avances en torno al tema
Mediación que „se están desarrollando plenamente los cursos en Mediación a través del CIJUSO, nuestro brazo académico, en todos los
Colegios Departamentales en simultáneo, en vistas
a capacitar a la abogacía bonaerense ante la
puesta en marcha de la nueva ley de Mediación
en nuestra provincia‰.
repensar al abogado?
No es extraño que si le preguntamos a cualquier
abogado en qué consiste su actividad éste nos conteste vinculándola a dos conceptos; el proceso Judicial y la Justicia. Si me permiten, la mayoría de
estos encuestados establecerían una definición mutatis mutandi del siguiente tenor; el abogado es un
profesional que defiende los intereses de su cliente
en un juicio con el objetivo de que se haga Justicia.
Por supuesto, habrá profesionales que no se sientan vinculados a esta definición. Pero, en la mayoría
de los casos, a poco que reflexionen sobre su actividad cotidiana verán que ésta refiere ineludiblemente a la actividad en el juicio. Todo esto no sería
problemático sinó fuese porque esta manera de
concebir nuestra profesión parte de dos grandes
presupuestos que no suelen ser expresados; la identificación entre proceso judicial y Derecho, por un
lado, y la consideración del ámbito judicial como la
sede donde se dirime la Justicia, por el otro.
Cada una de estos presupuestos plantea en mi opinión algunos inconvenientes.
Hablar del Derecho es hablar del Proceso Judicial.
No deja de ser sorprendente el grado de identificación que se suele otorgar, especialmente los abogados, a estos dos conceptos; ÂDerechoÊ y ÂProceso
JudicialÊ.
Obviamente esto está relacionado con una serie de
factores que tienen como una de sus mayores expresiones su propia formación universitaria. Si el
lector piensa un momento en lo que ha sido su capacitación durante la carrera, verá rápidamente (al
menos en la mayoría de los casos) que ésta está relacionada directa y constantemente con el tema
del proceso judicial. Es más, entonando mi propio
mea culpa como profesor de Filosofía del Derecho,
históricamente los protagonistas objeto del análisis
filosófico jurídico han sido precisamente los legisladores y los jueces. Pero, no ha habido, en general
una referencia explícita al otro gran actor del Derecho; el abogado. Dos ejemplos me servirán para
mostrar esta cuestión; (a) en las asignaturas dogmáticas las referencias acerca de un artículo están
vinculadas mayoritariamente con su interpretación
judicial sea para respaldarla o para criticarla y (b)
asignaturas como la de Âargumentación jurídicaÊ
suelen relacionarse directamente con el tema de la
justificación por parte del juez de sus sentencias.
En un contexto de estas características no es extraño que los abogados conciban su actividad de
manera limitada al proceso judicial. Sin embargo,
RAÚL CALVO SOLER, DOCTOR EN DERECHO, PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD
DE GIRONA DIRECTOR DEL PROYECTO DE LA COLEGIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA MEDIACIÓN OBLIGATORIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
creo que la distinción entre estos dos conceptos es
importante. Para decirlo de una manera rápida el
proceso judicial es un instrumento al servicio del
Derecho. Pero, es tal el grado de identificación
que han tenido estas dos instituciones que no es
de extrañar que muchos acaben configurando al
Derecho como una herramienta al servicio del proceso judicial.
Esto es así en un doble sentido, por un lado, porque nos permite testar el grado de identificación
con el modelo de abogado anteriormente señalado que tienen estos profesionales y, por el otro
lado, porque nos da una oportunidad para pensar
en qué medida podemos replantear nuestra tarea.
SOBRE LAS CR¸TICAS A LA MEDIACIŁN
HABLAR DE PROCESO JUDICIAL ES HABLAR DE JUSTICIA
El segundo presupuesto es aún más complejo y
está relacionado con el anterior. No es extraño
que los abogados vinculen su actividad con la Justicia. Término esquivo donde los haya. Y esta caracterización, más allá del debate de la concepción
de la justicia que se está usando, no sería problemática sino fuese porque, una vez más, su instanciación se efectúa pretendidamente en el ámbito
del proceso judicial. Sin embargo, a poco que uno
piense en esta afirmación me parece que pueden
surgir, al menos, algunas dudas.
Sostener que es en el proceso judicial donde
emana la Justicia implica asumir que toda sentencia que sea formalmente correcta es justa. Pero,
creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría
de los abogados han sostenido, alguna vez, que
una determinada sentencia es injusta sin pretender afirmar con ello que no es formalmente válida.
Así que en el fondo pareciera que los mismos
abogados estarían dispuestos a aceptar la siguiente afirmación: que una sentencia sea válida
desde el punto de vista procesal, lo que algunos
llaman Justicia procedimental, no implica per se
que sea justa, lo que se denomina Justicia sustantiva. Como ha señalado diferentes autores los
juristas tendemos a contestar a las preguntas
sobre la Justicia Sustantiva en términos de una
Justicia Procedimental.
En mi opinión si tomamos en cuenta estos dos elementos, es necesario una revisión en profundidad
del papel que está llamado a jugar el abogado en
nuestra sociedad. Y creo que una excelente oportunidad para ello es precisamente la aparición de
Quizás una muestra paradigmática del grado de
identificación que tienen muchos juristas en referencia al modelo de abogado planteado anteriormente son algunas críticas que suelen presentarse
frente a la mediación. En lo que aquí interesa señalaré tres de ellas. La primera crítica sería la siguiente; aquellos que se dedican a la mediación
suelen ser abogados que han fracasado en su profesión o que buscan un ámbito de trabajo distinto
del de su profesión. Obviamente esto sólo es entendible si se defiende la idea de que solamente
los que actúan en los fueros judiciales son realmente abogados.
La segunda crítica sostiene que la mediación ha
fracasado por la falta de profesionalidad y compromiso de algunos, o muchos, mediadores. Y,
aunque creo que algo de razón hay detrás de
todo esto, también pienso que se omite un aspecto importante de los problemas que está teniendo la mediación; el papel que juegan los
abogados de parte. Se silencia el hecho de que
muchos de estos profesionales se encuentran
como pez fuera del agua cuando están en una mediación y que, en este contexto, les quedan dos
opciones; intentar salir rápidamente de este proceso para llegar a la sede para la cual fueron formados o pretender convertir al mediador en algo
parecido a un juez y a la mediación en un seudo
proceso judicial. La tercera y última crítica pone el
acento en el carácter de caja negra que tiene la
mediación; sabemos cómo entran, sabemos cómo
salen pero no está claro qué ocurre allí dentro. En
base a esto se da la voz de alarma sobre el ataque
al valor justicia que supone la mediación en tanto
que un obstáculo para que los actores lleguen a la
sede adecuada, esto es, el proceso judicial. Por supuesto, esto depende de la asunción según la cual
la justicia es un valor que se dirime exclusivamente
en la instancia judicial.
HABLAR DE UNA VISIŁN NUEVA DEL ABOGADO
Para ciertos tipos de conflictos su resolución a través del proceso judicial puede resultar inútil, ineficaz y/o ineficiente. Y es en estos casos donde, al
no ser operativo el proceso judicial, el Derecho deja
de cumplir la función social de resolución de conflictos. Cuando esto ocurre, al Derecho le quedan
distintas alternativas entre la cuales destacaré las siguientes; (a) ignorar la situación y mantenerse en
la propuesta del proceso judicial por tradición o
desidia, (b) asumir que el Derecho no cumple aquí
la función de resolución de conflictos pero se mantiene el proceso judicial como herramienta porque
hay otras funciones sociales en juego (por ejemplo
el control social). O, finalmente, (c) buscar nuevos
mecanismos a través de los cuales el Derecho
pueda cumplir su función de resolución de conflictos. Y es aquí donde aparece la mediación, al
menos, la mediación entendida dentro de la égida
de lo jurídico, que no de lo judicial.
Si se acepta lo que hasta aquí he dicho, entonces
necesitamos revisar el papel de los juristas, en general, y del abogado, en particular, en la resolución
de los conflictos. Y, todo ello, con independencia
de si el proceso judicial funciona a las mil maravillas
o es un absoluto y total desastre. Esto es así, porque lo que está en juego no es la saturación del
proceso judicial sino la imposibilidad técnica de que
resolvamos ciertos conflictos a partir de un sistema
que tiene ciertas características. Por supuesto, esto
nada dice acerca del papel que está llamado a
jugar el proceso judicial como un método de resolución de conflictos y, por ende, sobre esta faz profesional de ciertos abogados. Lo que estoy
sosteniendo es que no es posible seguir defendiendo que la única vía para resolver conflictos en
el contexto jurídico es el proceso judicial.
Pero, lo que no es de recibo es pretender actuar
en estos nuevos procesos con la misma concepción
de profesional con la que se encaró históricamente
el desarrollo del proceso judicial. Si este tipo de mediación (hay otras maneras de mediar) es un instrumento del Derecho y si esta manera de resolver
conflictos se aparta de la manera en que lo hace el
proceso judicial, es exigible repensar las competencias y destrezas que esperamos pueda exhibir el
abogado que trabaja en este contexto.
No tengo todas las respuestas acerca de cómo
sería la caracterización de este profesional especializado en un ámbito jurídico no judicial. Pero quisiera señalar algunos elementos que puedan servir
para pensar entre todos qué es lo que se le exigirá
a este profesional; se le reclamará que sea capaz
de defender los intereses de su cliente en un proceso, como la mediación, en el que no se adjudica
ni se impone la solución, en el que no se trata de
convencer a alguien que tiene la potestas sino a los
otros actores, en el que las normas jurídicas tienen
un papel muy importante al enmarcar la posible
respuesta al problema, pero no determinante porque podemos construir nuevas soluciones sin vernos obligados a presentar una posible
interpretación del andamiaje jurídico del caso.
Un proceso que exigirá un abogado avezado en
preguntar desde el no saber tanto como desde el
saber, un profesional interesado en comprender
aunque no esté de acuerdo y un experto en reconocer los problemas jurídicos futuros que puede
plantear una solución hoy. En este sentido, no se
trata de saber menos Derecho sino de saber más
sobre lo que está implicado en el ámbito de lo jurídico. Además a este técnico se le exigirá que
junto con la habilidad de cumplir con un rol protagónico, como ya hacía en el proceso judicial, sepa
también asumir cuando ha llegado el momento de
abandonarlo para ser un consejero de su cliente.
La ley nos ha dado la legalidad para asumir el
nuevo reto que nos exige la mediación.
Pero, todo esto no servirá de nada si no ganamos
la legitimidad que nos permita seguir llamándonos
abogados aunque nunca pisemos un tribunal.
Captación ilegítima de clientes:
un flagelo que crece y preocupa
Esta práctica, sobre todo en el marco de los accidentes de tránsito, no es nueva, sino que se realiza
desde hace años por los abogados llamados popularmente „Caranchos‰; quienes estafan a víctimas
de accidentes viales y Compañías de Seguros con
la complicidad de médicos, enfermeros, camilleros
y trabajadores de Casas Fúnebres.
Este tema, que ha sido popularizado por la reciente película argentina protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Pablo Trapero; ha sido
objeto de preocupación para las autoridades colegiales y provinciales desde hace tiempo. Se han
realizado gestiones e implementado acciones para
poner coto a las irregularidades y faltas que se cometen en torno a esta situación; pero es también
muy importante dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los Derechos con los que cuenta a la hora
de elegir quien lo asesore y represente en un eventual proceso legal.
CŁMO FUNCIONA EL NEGOCIO DE LOS JUICIOS
POR ACCIDENTES VIALES
Los caranchos, también conocidos como „bolseros‰, „cuervos‰, „mayoristas‰, „aves negras‰, „punteros‰ o „rompehuesos‰; estafan a las víctimas y
empresas aseguradoras, captando los juicios de
manera ilegítima y logrando cobrar grandes sumas
de dinero de las que los damnificados no reciben
Según se ha probado en los distintos casos, los letrados que realizan estas maniobras ilegales no
trabajan de forma individual, sino que integran
bandas de las que participan enfermeros, policías
y pompas fúnebres, que son quienes la mayoría de
las veces proporcionan el „dato‰ sobre el accidente. De ese modo, una vez que se ha „identifi-
cado‰ una víctima de accidente de tránsito, los caranchos se acercan para ofrecer sus servicios o los
mismos cómplices „tarjetean‰ o recomiendan al
accidentado un abogado para que lo asista.
Así comienza la trampa: cuando la persona accede
a firmar un poder de representación total, los abogados van a las aseguradoras y negocian o van a juicio: pero lo que siempre sucede es que una vez que
cobran, le dan un exiguo porcentaje a las víctimas.
Esto que suena a argumento de una película mafiosa, es algo que sucede en muchos hospitales e
instituciones de salud del país y existen variadas y
numerosas denuncias sobre las prácticas violentas,
extorsivas e ilegales que se aplican para obtener
finalmente los casos.
Ha habido oportunidades, en las que, por ejemplo, la persona ha designado un abogado para
que lleve adelante su caso, y cuando los „caranchos‰ de la zona fueron enterados, no sólo intentaron convencer a la víctima para que cambie de
representante, sino que amenazaron y hasta golpearon al profesional que había tomado la causa
LOS CARANCHOS DEL HOSPITAL SAN MART¸N
Un caso testigo del funcionamiento de esta red mafiosa que gira en torno a los accidentes viales, fue
denunciado recientemente en la ciudad de La Plata.
Según consta en la denuncia del abogado, quien
ha optado por mantener su identidad en reserva,
porque está atemorizado, todo comenzó en enero
último, cuando una mujer de 48 años que iba en
bicicleta fue atropellada por un camión en una
calle platense.
La mujer, que quedó internada en el Hospital San
Martín de esa ciudad, con fractura de fémur, tibia
y peroné, debió ser operada y se le colocaron clavos y tornillos de titanio, motivo por el que aún se
desplaza en silla de ruedas.
Durante su estadía comenzaron a visitarla los "caranchos" para ofrecerle sus servicios, y según declaró, recibió diversas propuestas: un abogado le
ofreció 80.000 pesos para "comprarle" el caso.
La accidentada finalmente rechazó esas opciones y
designó para el caso a un joven abogado al que
conocía por haber llevado con éxito a su hermana
Cuando el letrado se acercó al Hospital San Martín
para solicitar la historia clínica de su clienta en pos
de llevar adelante el reclamo y la eventual demanda por daños y perjuicios, comenzaron las primeras agresiones.
En un principio los empleados del nosocomio tardaron en atenderlo y al parecer alguien les avisó a
los llamados "caranchos" de la zona. Aparecieron
en el lugar dos abogados que comenzaron a incre-
parlo: lo insultaron y le pidieron que dejara de asistir a la víctima, porque ellos habían tomado el caso.
El incidente fue subiendo de tono, hasta que intervino personal policial, que tuvo que custodiar al
abogado amenazado y obligó a retirarse del lugar
a los dos que lo habían agredido. La Policía debió
escoltar al letrado, que tuvo que salir del hospital
por un pasadizo interno, con la ayuda de dos agentes. Aún así, a la salida aparecieron los "caranchos"
y le cruzaron un auto, pero pudo escapar.
Luego de eso siguió sufriendo amenazas e insultos,
pero en esa oportunidad el encuentro se dio en las
Fiscalías Penales, donde los dos abogados que lo
habían abordado en el hospital aparecieron y volvieron a coaccionarlo para que desistiera de patrocinar a la mujer accidentada. Por este episodio, el
letrado realizó una denuncia penal por amenazas
y coacción, ante la Fiscalía de turno, a cargo de la
doctora Graciela Rivero; y concurrió al Colegio de
Abogados platense, donde hizo lo pertinente.
Lo tristemente anecdótico de la situación es que
cuando finalizó la presentación, la hermana de su
clienta le avisó por teléfono que había ido al Hospital y que a la salida fue perseguida por una camioneta que le chocó su auto; lo que se interpretó
como una nueva amenaza de los „caranchos‰.
UN CIRCUITO DELICTIVO EN AUMENTO
Como se puede observar a partir de este relato,
los métodos de intimidación y boicot abarcan
desde empleados de hospitales que niegan o retrasan la entrega de historias clínicas para dilatar
la presentación de un demanda, hasta „punteros‰
que persiguen a los letrados o a los clientes ofreciéndose a „comprarles‰ el caso o amenazándolos
para que lo dejen, directamente .
Existen datos reflejados en los medios gráficos, a
raíz de la denuncia realizada en el Colegio de Abogados de La Plata, que indican cifras y modus operandi. De este modo se sabe que un herido con
fracturas múltiples, por ejemplo, „vale‰ 4 mil pesos
y que el abogado negociará por 40 o 50 mil pesos
con el seguro. Así que como por una víctima mortal,
la aseguradora puede llegar a pagar cifras millonarias; pero que en un acuerdo extrajudicial, „rápido
LA PELICULA “CARANCHO” DE PABLO TRAPERO, ES LA HISTORIA DE
AMOR ENTRE LUJÁN (MARTINA GUSMÁN) Y SOSA (RICARDO DARÍN)
SE CONOCEN, EN LA CALLE. ELLA TRATANDO DE SALVAR LA VIDA DE
UNA ACCIDENTADO, ÉL TRATANDO DE CONVERTIRLO EN SU CLIENTE.
y seguro‰, suele cobrarse entre 100 y 150 mil pesos.
Los clientes generalmente son contactados en los
cementerios, en las pompas fúnebres, en las comisarías: habiendo todo un circuito instalado, donde
trabajan los „punteros‰ de los estudios jurídicos.
Pudiéndose comprobar esta metodología de estafa con una simple observación sobre los nombres de quienes representan a las víctimas de
accidentes viales: la gran mayoría de juicios se encuentran atendidos entre dos o tres abogados y
sus estudios jurídicos, que, como toda mafia, operan repartiéndose las zonas.
Pero esta problemática no se reduce a este caso
particular, ni a la capital provincial, es una realidad
que preocupa y ocupa a los distintos Colegios de
Abogados Departamentales, que en muchos
casos, cuentan con una serie de denuncias cruzadas en las que distintos letrados se disputan el
Se debe resaltar que además de ser una práctica moral
y éticamente condenable, como lo es aprovecharse de
la debilidad y el estado de indefensión de quienes han
sufrido un accidente, es ante todo un flagelo que va en
Desde los Colegios de Abogados, se busca dar a
conocer los derechos que los ciudadanos poseen
Desde los Colegios de Abogados, se busca dar
a conocer los derechos que los ciudadanos
poseen a la hora de elegir sus representantes
legales, así como de identificar a aquellos letrados que incurren en esta falta tan grave,
para poder tomar medidas disciplinarias
a la hora de elegir sus representantes legales, así
como de identificar a aquellos letrados que incurren en esta falta tan grave, para poder tomar medidas disciplinarias. En el distrito de Junín, por
ejemplo, se creó una Comisión de Seguimiento de
Derivación Ilegal de Causas, la cual en conjunto con
representantes del Colegio de Abogados, de la Fiscalía General Departamental, la Policía, del Hospital, de la Asociación de Productores de Seguros y
de la empresa de Servicios Médicos, realiza reuniones periódicas para discutir sobre la problemática
y analizar los avances a fin de terminar con la captación ilegal de clientes. En este marco, el Colegio
realizó denuncias penales e intervino en causas
como coadyuvantes en los términos del Artículo
121 de la Ley 5177, donde se investigan la presunta captación de ilegal de causas, por parte de
profesionales de ese departamento, y tuvo una
participación activa solicitando diligencias y siguiendo constantemente las investigaciones. En
otro aspecto, se han realizado también intensas
campañas publicitarias, en medios gráficos y audiovisuales, para informar a la población en general
los derechos que le asisten en relación a su libertad
de elección del profesional que pueda representarlo. Esta campaña se complementó poniendo afiches en Comisarías, en Hospitales, en los
Tribunales, en Compañías de Seguros, etc. Por úl-
timo, el día de la Jura de nuevos matriculados de la
Institución, se hace puntual hincapié en esta problemática, a fin de crear conciencia sobre lo ilegal
y poco ético de estas conductas.
Por su parte, el Colegio marplatense, a través de
su Consultorio Jurídico Gratuito, impulsó la realización de varias reuniones preparatorias con las autoridades del Hospital Interzonal de Agudos
(HIGA), la Fiscalía General la Agente Fiscal y el Jefe
Departamental de Policía, suscribiendo en el año
2008 un documento que fija las pautas de trabajo
y las medidas a tomar. De este modo se han instrumentado mecanismos de control que lleven a la
aplicación de sanciones disciplinarias y administrativas a quienes facilitan este tipo de prácticas. La institución colocó carteles informativos en la sede del
Hospital, dependencias policiales y otras oficinas públicas alusivas a los Derechos de los ciudadanos, para
orientar a la ciudadanía sobre esta cuestión, y a la vez
posee una línea gratuita que brinda asesoramiento
primario para víctimas y familiares.
En otro orden de cosas, mediante un grupo capacitado de miembros del Consultorio Jurídico Gratuito, se ha hecho efectiva la presencia del Colegio
en el sector de Guardia del Hospital, llevándose a
cabo en la sede del nosocomio, una reunión con
todos los Jefes Médicos y personal no médico de
cada área (guardia, terapia intensiva, salud mental,
traumatología, enfermería, archivo, etc) a fin de
informar concretamente cual era la función y actividad de los representantes del Colegio.
Un grupo de consultores asisten al centro de salud
en días y horarios acordados previamente y, en el
mismo ámbito del hospital brindan información y
orientación a familiares y víctimas de accidentes
de tránsito, entregando folletería informativa proveída por el Colegio y aprobada por la Dirección
del Hospital. La finalidad de esta campaña es la de
hacer saber a la gente que el hospital no resulta
el ámbito propicio para resolver cuestiones ajenas
a la salud, y se les asesora sobre los plazos legales
para cualquier reclamo judicial o extrajudicial, poniendo a disposición los domicilios y teléfonos de
información oficial y útil para el caso concreto. Por
último, a partir de una reunión con el Coordinador
del Centro de Asistencia a la Víctima, se dispuso la
presencia de alumnos avanzados de las carreras
de Asistencia Social y Psicología, en el ámbito del
Hospital, para que, en colaboración con los consultores del Colegio, y coordinados por el Centro
de Asistencia y las respectivas Facultades, brindar
a los familiares y víctimas una contención amplia
en lo jurídico, emocional y asistencial.
En el mismo sentido, desde el Colegio de Abogados de La Plata (CALP) se ha venido llevado adelante una campaña gráfica en hospitales públicos
y comisarías, para advertir a las víctimas sobre los
derechos que le asisten de elegir libremente y a su
tiempo, el abogado de su confianza que los represente en las acciones que decidan llevar adelante.
Al respecto, el presidente de la institución, Dr.
Pedro Augé, haciendo referencia al último caso
que tomó estado público, destacó que: „En La
Plata, el caso del Hospital San Martín no es un
hecho aislado; desde hace años venimos advirtiendo la captación irregular de estos casos, lo que
denota una red de sujetos inescrupulosos que se
abusan del estado de vulnerabilidad que tienen las
personas que sufrieron un accidente de tránsito‰.
„Sabemos que La Plata está dividida por zonas,
donde lideran tres o cuatro estudios jurídicos con
cuadernos donde figuran más de cien clientes; y la
puja con otros abogados está en no dejarlos ingresar‰, agregó. Suryanado, por último, que el CALP
está realizando un detallado seguimiento de los
expedientes y ya se han iniciado causas disciplinarias para algunos de los colegas denunciados.
El accionar de los distintos Colegios Departamentales ha tenido muy buenas repercusiones, tanto
entre los matriculados como en otras entidades,
haciendo que se reciban asiduamente múltiples
consultas y denuncias por parte de damnificados,
aportándose documentación, y datos concretos de
quienes han querido lucrar con su desesperación,
disponiéndose la formación de las causas disciplinarias en los casos que corresponda.
Es en este contexto, que el COLPROBA decidió
profundizar en el tema, tomando nuevamente
cartas en el asunto, reuniéndose con el Ministro
de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, Ricardo Casal y con el Subsecretario de Justicia, Enrique Cervellini; para acordar acciones con-
juntas en relación a la captación ilegítima de clientes. Si bien, como se mencionó, algunos Colegios
Departamentales han implementado planes de
asistencia, tomando medidas conjuntas con hospitales, para evitar y combatir la captación ilegal de
juicios dentro de instituciones de salud y realizado
campañas de difusión para combatir esta práctica;
desde el Colegio de la provincia se busca ampliar
estos proyectos para que puedan ser aplicados en
GESTIONES DEL COLPROBA EN TORNO A LA CAPTACIŁN
ILEGAL DE JUICIOS
La constante aparición de denuncias sobre la captación ilegítima de clientes en el marco de los accidentes de tránsito instó al Colegio provincial a
planificar acciones conjuntas con las autoridades
de las dependencias provinciales.
Como se mencionó, a través de su Mesa Directiva, el
COLPROBA mantuvo una reunión con el Ministro
Casal, titular de la cartera de Justicia y Seguridad de
la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal y con el
Subsecretario de Justicia, Enrique Cervellini. En el encuentro estuvieron presentes los Dres. Gerardo
Salas; Bienvenido Rodríguez Basalo; Fernando González; Carlos Borelli; Adrián Lamacchia y Pedro Augé
, se abordó la captación ilegítima de clientes y las estafas a víctimas de accidentes y compañías de seguros. Al respecto, Casal anticipó que: „Junto con los
Colegios trabajaremos en la prevención de la población y fijaremos estrategias de abordaje‰.
En tanto, desde el Colegio se definió como „Una
reunión positiva de la que surgió un plan conjunto
para llevar adelante acciones en común, coordinando una actividad con el Ministerio de Salud y el
de Justicia y Seguridad, para difundir y promover
los derechos de los ciudadanos víctimas de accidentes de tránsito‰.
De acuerdo a lo conversado con este medio, la
campaña de difusión de derechos, se realizará a
través de distintas vías, incluyendo los medios de
comunicación; y el Estado provincial pondrá todos
sus recursos a disposición tanto en la difusión,
como en la concreción de acciones directas, con el
objetivo de poner coto a esta situación de suma
complejidad. La implementación, que se irá dando
de forma coordinada, funcionando de manera conjunta, será articulada además con otros agentes
como el Instituto de Obra Médico Asistencial
(IOMA) para alertar a sus afiliados; y con el Colegio
de Escribanos para tratar la problemática de la suscripción de poderes por parte de las víctimas durante su estadía en terapia intensiva.
De este modo, través del trabajo en conjunto, el COLPROBA busca profundizar el conocimiento sobre los
detalles y modos de accionar de quienes captan clientes de manera ilegítima; para tomar las medidas disciplinarias correspondientes y en pos de trabajar para
erradicar esta práctica en el futuro. Destacando, a
partir de las acciones emprendidas que no sólo se
trata de un increíble negocio de los que lucran con el
dolor ajeno, sino de una práctica deleznable que
perjudica a la víctima y a la sociedad toda.
“La Abogacía además de un arte,
es un oficio y ese oficio es muy
difícil de enseñar teóricamente
en una Casa de Estudios:
eso se aprende trabajando”.
El Dr. Carlos Bottasi, es un reconocido abogado
platense y Especialista Administrativista que cuenta
con una extensa trayectoria en la docencia y una
destacada relación con la educación. Profesor en
Ciencias Jurídicas y Doctor en Ciencias Jurídicas y
Sociales, está relacionado desde hace años con la
Universidad Nacional de La Plata y particularmente
con la Facultad de Derecho. En dicha institución fue
Consejero Académico por el claustro docente en
dos oportunidades y Decano durante en el período
2004-2007. En la actualidad es profesor Titular de
Derecho Administrativo II y Director de la Carrera
de Especialización en Derecho Administrativo de
la UNLP. En una nota cargada de cordialidad,
brinda su perspectiva sobre los problemas de la
educación legal y hace referencia al debate
sobre la posible instauración de una “habilitación profesional” para Abogados
Ud. Posee una pública actuación en el universo de
la educación y la docencia œCómo comenzó esa relación que ha perdurado durante tantos años?
Bueno, mi vida estuvo relacionada a la Universidad
Nacional de La Plata desde siempre, porque ingresé a la Escuela Anexa a los 5 años, cuando todavía existía el Primer Grado inferior. Después fui
al Colegio Nacional y luego a la Universidad, a la
Facultad de Derecho y no me fui más, tengo ya
más de treinta años de docente en la Universidad.
Mi primera experiencia docente fue en una Escuela Secundaria, que llamábamos comúnmente y
cariñosamente „la comercial‰ en calle 46 y diago-
nal 80; el nombre real es Escuela Nacional Superior
de Comercio „Libertador General Don José de San
Martín‰. Y tuve la suerte, mientras mi título de
Abogado estaba aún en trámite, a través de un
aviso en el diario, de poder acercarme a esa escuela y comenzar a dar clase en tres materias: Derecho usual en 4to año; Derecho Comercial y
Derecho Administrativo y Legislación Fiscal en 5to
Al mismo tiempo daba clases también en la Escuela
Nacional de Educación Técnica „Juan Bautista Alberdi‰ ENET NÀ 4; ahí di „Legislación del Trabajo‰
e „Instrucción Cívica‰. Esto fue desde 1971 hasta el
Â76. Así es como, entre los dos colegios, daba cinco
materias diferentes y llegué a tener el máximo de
horas permitidas que eran treinta y una horas semanales, así que corría de un colegio a otro, mañana, tarde y noche, porque daba en los tres
turnos. La verdad que fue una experiencia muy importante para mí. Ya después me pasé a la Enseñanza Universitaria, y realicé una carrera bien
desde el inicio, porque fui: Auxiliar Docente, Adjunto Interino y luego por concurso, Titular Interino y finalmente Titular por concurso. Tengo ya
más de treinta años de enseñanza en la Facultad.
Por otra parte, tengo también actividad en Estudios de Posgrado: dirigí y sigo dirigiendo la Carrera
de Especialización en Derecho Administrativo; y
tuve también la suerte de ser Decano desde el año
2004 al 2007. Anterior a eso, fui dos veces Consejero Académico por el claustro docente. Con la vida
se va a cumulando currículum aunque no quiera,
A partir de esa extensa experiencia, œQué reflexiones u observaciones hace sobre la educación legal?
Lo que más me preocupó siempre desde que yo
era estudiante, y sigue siendo una asignatura pendiente, es la capacitación del estudiante de Grado
para ejercer la profesión. Si se hace un censo y se
le pregunta a cualquier abogado recién graduado
si la Facultad lo formó para el ejercicio de la profesión, seguramente va responder negativamente. Es
un déficit que la Facultad tiene y por lo que yo veo
y creo, es muy difícil de corregir. En alguna oportu-
nidad yo dije que la Abogacía además de un arte
es un oficio, y que el oficio de abogado es muy difícil enseñarlo teóricamente en una Casa de Estudios, eso se aprende trabajando. Por eso son tan
útiles las pasantías, la Facultad tiene convenios de
pasantías con la Asesoría de Gobierno, con las Fiscalías de Estado con algunas Municipalidades;
donde los estudiantes de los últimos años van a
hacer alguna práctica.
Ahora: œse podría hacer más? Sí, se podría. Hay un
proyecto de reforma del Plan de Estudios, por
ejemplo, que en el discurso de asunción del nuevo
Decano, Hernán Rodolfo Gomez; se reiteró que se
va a implementar esta reforma, que agrega prácticas procesales a las ya existentes. En la actualidad
tenemos prácticas procesales en lo Penal y Civil, lo
que se van a sumar son prácticas en lo Laboral y
Este proyecto se realizó durante mi gestión, a través de una Comisión que planteó las reformas, estudiando la factibilidad de algunos cambios,
tampoco es algo radicalmente diferente, porque
tampoco podría ser así. Lo que propone es una
serie de cambios que consideramos son positivos e
incentivan la cuestión práctica. De todas maneras
se sigue formando el abogado litigante, porque seguimos hablando de prácticas procesales, es decir,
se le sigue enseñando al alumno a redactar demandas, a contestar demandas, a ofrecer prueba. Parte
de la idea del abogado como protagonista del litigio; no hay una buena inserción en los planes de
Estudio de los medios alternativos; en lo personal
creo que se enseña poco de mediación, de arbitraje, o sobre el abogado asesor de empresa o asesor del Estado. Estas cosas se dejan más para la
instancia de Posgrado, para lo que son Carreras de
Especialización, hay una por ejemplo, de Especialización en Abogacía del Estado; otra de Especialización en Administración Judicial; y después lo
demás son Posgrados que profundizan los contenidos del Grado. Más allá de que también existen algunas carreras de especialización diferentes, como
Sociología Jurídica; Maestría en Derechos Humanos
y Maestría en Bioética, que no son las ramas tradicionales, como Especializaciones en Derecho Administrativo, Civil o Penal.
Coincido con Alfredo Palacios “No tenemos que mantener el estilo del profesor que
discursea y el alumno que escucha. Tenemos que enseñar a pensar y a debatir,
que la relación sea verdaderamente dialéctica”
Los problemas de la enseñanza del Derecho me parece que son persistentes, existían cuando yo era
estudiante, y tengo ya cuarenta años de egresado,
así que hablo de cosas de mucho tiempo atrás. Subsisten aún la poca formación práctica y la clase magistral; yo por ejemplo tengo ciento ochenta
alumnos, en las clases en las que soy Titular.
œDesde esa óptica cuál sería el problema más grave?
Y⁄que el sistema de enseñanza es el mismo, si bien
todos decimos que hay que interactuar, y yo les reclamo a los alumnos a participen y dedico todas las
mañanas los primeros quince minutos de la clase a
tratar las noticias de los diarios vinculadas al Derecho
Público; œPero cómo hacés para hablar con tantas
personas? Los adjuntos tienen menos alumnos por
clase, pero tampoco es que sean pocos, tienen treinta
y cinco o cuarenta personas. Bueno, este es un problema que parece ser más o menos crónico.
Se intenta hacer estudio de casos, pero no existe
quizá una buena costumbre docente de hacer esto;
no se realizan juego de roles, cosa que en la Maestría
en Derechos Humanos y en Relaciones Internacionales sí se da. Me ha tocado ser Jurado de concursos en
alguna oportunidad, de equipos que presentan un
caso y se juegan los diferentes roles para evaluar, por
ejemplo, como si se presentaran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay un Fiscal, el
abogado defensor, el representante de la Comisión.
Esto es muy interesante, pero es complicado aplicarlo
porque requiere mucho tiempo, espacio, aulas, en
fin, un montón de variables.
En las Universidades que yo conozco, tanto nacionales
como extranjeras, el sistema predominante es la clase
magistral; a veces se combina con algún aporte tecnológico, pero que no modifican sustancialmente la cuestión. Por ejemplo la proyección de PowerPoint, que
sirve para fijar contenidos, pero no deja de ser un profesor que está frente a un grupo pasivo, de alumnos
que escuchan mientras un docente habla y usa un proyector más moderno, como antes pudo proyectar „Slides‰ o diapositivas.
Todos somos concientes de eso, pero cuesta mucho
revertirlo, buscar un sistema de enseñanza más
interactivo. Yo siempre releo el discurso de Alfredo
Palacios, en la década del Â40 cuando asumió como
presidente de la Universidad, habiendo sido unos
años antes, Decano de la Facultad de Derecho.
En ese discurso define los objetivos de la Enseñanza Universitaria, como una transmisión de contenidos de un docente activo a un auditorio
pasivo, sino como una actividad que enseñe a pensar. Decía que esta es una Universidad a la que Joaquín V. González creó para diferenciarse de las
demás, para que se dedique mucho a la investigación; que la hay, en Medicina, en Astronomía; en
Ciencias Exactas, los físicos platenses gana premios,
participan de „La máquina de Dios‰ (el acelerador
de partículas). Pero lo cierto es que no se investiga
tanto en Ciencias Sociales, en Humanidades, es posible que haya menos becas, menor asignación de
partidas para plena ocupación, u ocupación completa, tenemos muy pocos docentes en esa situación, comparados con otras Facultades.
Lo cierto es que Palacios decía eso, allá por 1940,
„No tenemos que mantener el estilo del profesor
que discursea y el alumno que escucha o simula escuchar, a veces ni siquiera eso. Tenemos que enseñar a pensar y a debatir, que la relación sea
verdaderamente dialéctica‰. Lo cual es un anhelo
eterno, por eso digo que los problemas de hoy siguen siendo similares; desde ya que contamos con
otra tecnología, porque en la actualidad los profesores tenemos correo electrónico y los alumnos
pueden consultarnos de esa manera también, recibimos y contestamos e-mails con asesoramiento bibliográfico. Hay cierta ventaja con relación a
aquellos tiempos, pero el proceso de enseñar y
aprender sigue siendo más o menos el mismo, no
ha habido cambios sustanciales.
œCree que un sistema de Clínica Jurídica podría
ayudar a solucionar estas cuestiones?
Sí, se mejoraría notoriamente, al menos en los años
superiores. Yo hablo de mi caso y mi materia es de
5to año tengo cuatro comisiones de alrededor de
cuarenta personas cada una, en los primeros años
la situación es aún más compleja. Hay cerca de trescientas personas, hay que dar clase con micrófono,
la masificación en este punto es un problema para
la enseñanza, sin duda, y la Clínica Jurídica puede
funcionar muy bien, pero en grupos reducidos.
Me sirve ser Profesor de Grado y de Posgrado, yo
advierto que en el Posgrado tenemos otro mecanismo, está bien que es otra la formación del
alumno, viene a una especialización haciendo un
sacrificio, dejando a la familia, el trabajo, tiene un
mayor compromiso con el aprendizaje si se quiere;
y a la vez es mucha menos gente.
Aún en carreras como la nuestra, que es de las
más requeridas tengo entre veinte y veintidós
alumnos, en otras que no tienen tanta convocatoria hay cursos de cuatro ó cinco personas; eso
es bárbaro, te sentás alrededor de una mesa y
podés generar debates, intercambios; proponés
una lectura previa y se trata el tema.
En el Grado es más difícil, yo a los Adjuntos les
pido que por favor intensifiquen la enseñanza
práctica en lo posible; que traten de poner en el
pizarrón aunque sea los capítulos de un Recurso
Administrativo, cuáles son los contenidos mínimos de un Dictamen Jurídico, por ejemplo; pero
no deja de ser difícil.
Ante este panorama œCuáles cree que serían buenas alternativas?
Se empiece por donde se empiece, se cae siempre
en el tema presupuestario. La alternativa sería
tener menos alumnos en las aulas, y con esto no
estoy hablando de restringir el ingreso yo soy partidario del ingreso irrestricto, sino de generar más
cursos, más comisiones. En La Plata, Derecho es la
Carrera que más inscriptos tiene, recibe entre diez
y doce mil inscriptos. Hay algunos fenómenos que
desgraciadamente simplifican un poco las cosas,
digo desgraciadamente porque uno de ellos es la
deserción: en el primer año abandonan la mitad. Y
muchos ni siquiera empiezan.
El segundo año, los listados se reducen al 50 por
“Lo que más me preocupó desde siempre y sigue siendo
una asignatura pendiente, es la capacitación del
estudiante de Grado para ejercer la profesión”
ciento. Ahora bien, decía que la solución es presupuestaria porque se necesitan más cátedras, y obviamente más aulas y más profesores para esto.
Las materias de los primeros años tienen entre tres
o cuatro cátedras, bueno, deberían tener seis u
ocho. Nosotros en „Administrativo II‰ tenemos dos
cátedras con cinco comisiones de Adjuntos cada
una, y lo cierto es que se necesita más. Ahora bien,
imaginemos que están los recursos, que la Universidad aumenta las aulas y se crean más cargos
docentes; la siguiente pregunta que hay que formularse es si hay docentes suficientes para mantener un nivel, œno?. Esto es: si llamás a concurso
para Titulares y Adjuntos, œvienen a La Plata suficientes profesores con un mínimo de idoneidad?
Digo esto porque he sido Jurado de Concursos, y
los niveles son muy desparejos⁄la explosión en la
creación de Universidades hace que ciertas instituciones expidan títulos de Abogado a personas
que, realizando Cursos a distancia o semi presenciales se reciben sin haber visto nunca al profesor.
Tienen todo un sistema vía correo electrónico,
pero no creo que sea lo mejor. De hecho recuerdo
haber estado en un curso en algún Colegio de
Abogados, donde las autoridades manifestaban
su preocupación por los matriculados que estaban
recibiendo, con un número creciente de denuncias
al Tribunal de Disciplina por casos de mala praxis,
lo que significa toda una cuestión sobre la formación y el posterior ejercicio profesional.
Ha habido una explosión en la creación de Universidades y de Facultades de Derecho, en este caso,
y a veces no hay tantos docentes, o al menos tantos docentes capacitados para esos cargos y es un
tema a tener en cuenta.
En la actualidad se está dando, justamente un debate en torno a la habilitación profesional œQué
Sí, es un tema al que le he prestado atención,
sobre todo a las experiencias de otros países, Brasil
tiene una gran proliferación de escuelas de Derecho, por ejemplo. Pero para ejercer rinden un examen habilitante. Lo que se hace es darles un título
de Bachiller en Derecho, lo mismo se hace en España e Italia y para poder ejercer como abogados
se les toma un examen habilitante. En el caso de
Brasil ese examen lo toma la Orden de Abogados
(institución equivalente a nuestros Colegios) y en
los casos de Europa lo toma el Poder Judicial.
Sin dudas, la situación que estamos viendo está relacionada con una plétora de egresados que a
veces no están suficientemente capacitados y las
Universidades les otorgan el Diploma que es habilitante para ejercer la profesión. A mí me parece
que lo que hay que mejorar es la Enseñanza Universitaria, a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y
las propias Universidades, para no vulnerar su autonomía, deberían cuidar muy bien los Planes de
Estudios y la calidad de sus docentes para mantener el sistema de título universitario habilitante.
Lo que me preocupa sobre la posible aplicación de
un sistema como el brasilero o el utilizado en Europa, es en nuestra idiosincrasia, cómo seleccionar
los tribunales examinadores. œCómo evitar el „amiguismo‰ o la „portación de apellido‰, la discriminación hasta política? œCómo hacemos para
asegurarnos neutralidad y objetividad del Tribunal
que tenga semejante poder para decidir quién
“Se parte de la idea del Abogado como protagonista del litigio; no hay una buena inserción
en los planes de Estudio de los medios alternativos; se enseña poco de mediación,
de arbitraje, o sobre la asesoría de empresas o del Estado”
puede y quién no ejercer la profesión?
Si tenemos, por ejemplo, diez postulantes, todos
egresados de Universidades Nacionales, que están
habilitadas; podrán ser Facultades de mucho prestigio como la de La Plata, que para muchos disputa
con Córdoba el segundo lugar de la Argentina,
después de la UBA; o ser una Universidad más modesta, o de reciente creación. En todo caso los dos
tienen diploma de Abogado, extendido por una
Universidad Nacional, (aún en el caso de dos egresados de la misma Casa de Estudios); cómo lograr
la garantía de imparcialidad del Tribunal que va decidir quién sí y quién no, es lo que me inquieta. Le
tengo temor a la influencia política, a la „portación
de apellido‰, a todas las cosas que nombraba anteriormente, me parece peligroso el tema del tribunal examinador. Conozco bastante el caso de Italia
y no ha estado exenta de estas cuestiones, hubo
problemas muy serios relacionados a este tema;
casos de corruptela tales como la venta de exámenes, un gran lío alrededor del Tribunal examinador.
œCuál le parece, entonces, que sería la mejor opción para garantizar la idoneidad del abogado?
Yo creo que es una moneda de dos caras. Lo ideal
sería que el título siguiera siendo habilitante, que
la Facultad siguiera siendo de Ciencias Jurídicas y
capacitara al estudiante en ese área, le diera los rudimentos de lo que es la Ciencia Jurídica como tal;
pero que además lo formara para el otro pilar que
es el ejercicio práctico de la profesión. Porque lo
cierto es que el egresado recibe su diploma y luego
atiende a un cliente que le formula una consulta,
cliente al que asesora, le indica un camino a seguir;
al que por ejemplo, llegado el caso le propone negociar. œEstá preparado ese abogado para llevar
adelante una negociación? O al revés, cuando el
abogado estima que lo más propicio es el camino
judicial œEn qué situación está ese colega para redactar una demanda y llevar adelante el proceso?
Los partidarios del examen habilitante plantean
que las Facultades brindan el conocimiento sobre
la Ciencia Jurídica, Derecho Romano, Historia Constitucional, y las ramas del Derecho en sí. Pero para
poder ejercer hay que hacer ciertas prácticas, en
Estados Unidos y en Europa, hay que cumplir con
tres años de asistencia a un Bufette de Abogados
o a un establecimiento público, una asesoría, una
En este punto, yo sigo siendo partidario de que esta
capacitación práctica debe articularla la misma Universidad, la cuestión es si se hace, o cómo se hace. Aquí
asumo la parte de la culpa que nos compete, como docente y como autoridad de la Facultad que fui en algún
momento; porque está el déficit en este tema, existe.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, hay que
destacar que los Colegios de Abogados hacen un
aporte extraordinario y muy reconocible, a través
de los Institutos, del Ateneo de Formación Profesional y de los Consultorios Jurídicos Gratuitos que
también permiten ciertas prácticas. Yo creo que
todo el mundo trata de aportar su granito de
arena, algunos lo hacen mejor que otros; dentro
de los Institutos hay personas que trabajan mucho,
otros no trabajan nada y obviamente en el medio
hay toda una gama de posibilidades; esto también
se ve el los Institutos que tiene la Facultad. Pero
ante todo, es un tema que sigue siendo un factor
de legítima preocupación.
“En las Universidades que yo conozco, tanto nacionales como extranjeras, el sistema
predominante es la clase magistral; a veces se combina con algún aporte tecnológico,
pero que no modifican sustancialmente la cuestión”
Consejeros mandato cumplido:
El Consejo Superior del COLPROBA eligió durante una
sesión especial, a las nuevas autoridades que integrarán el organismo hasta el 31 de mayo de 2012. En
dicho contexto, este medio dialogó con los Consejeros
de mandato cumplido, Jorge Álvarez (San Martín); Luis
María Dedomenici (San Nicolás); Julio César Jonas
(Trenque Lauquen); Julián Oliva (Mercedes); Dr. Gustavo
Capponi (San Isidro) Dr. Luis Miralles (Azul) y Gastón
Caviglia (Junín). En el marco de una dinámica grupal,
fluyó la entrevista donde fueron consultados sobre su
experiencia como dirigentes y en relación con la actividad colegial. A su turno, expresaron un análisis y reflexiones sobre los aspectos que podrían ser objeto de
cambio en la colegiación, así como sobre los aportes
que pueden realizarse al mejoramiento del Servicio de
Justicia desde lo colegial. Asimismo, como Consejeros
salientes, han dejado plasmada en esta nota las recomendaciones que le brindarían a los “abogados de pasillo” y a los jóvenes que recién están emprendiendo el
camino del ejercicio profesional.
œQué balance haría de su experiencia como dirigente
bién, que más allá de circunstanciales desencuentros
y contrariedades que naturalmente se producen en la
consideración de los temas institucionales, y en el
ardor de inevitables debates por los distintos pareceres y puntos de vista, ha prevalecido siempre el respeto personal y el espíritu de franca camaradería.
Dr. Jonas: Mi participación en el Consejo Superior ha
significado, junto con la presidencia del Colegio de
Abogados de Trenque Lauquen, la culminación de
muchos años de actividad dentro de la Colegiación
legal. Quisiera destacar también el esfuerzo adicional
que, a quienes vienen del interior de la provincia, les
genera la asistencia a reuniones mensuales y otras
que resultan de integrar comisiones u otras áreas del
Colegio provincial, ha sido largamente compensado
con la enriquecedora experiencia personal y profesional que resulta de abordar el tratamiento de temas
fundamentales para la profesión.
Dr. ˘lvarez: El balance es positivo, y sin duda hay que
destacar que la aspiración que debe tener todo dirigente de la colegiación es la de tener un Colegio con
mayor peso en las decisiones vinculadas con el funcionamiento de la Justicia. En tal sentido, me parece que
el engrandecimiento del Colegio resulta vital para ello.
Dr. Caviglia: Es muy importante participar activamente, no sólo desde la dirigencia, en las actividades
Colegiales para colaborar con su sostenimiento en el
tiempo. El balance de esta experiencia no sólo es
bueno, sino que confirma que la Colegiación es una
herramienta indispensable para la defensa de las incumbencias profesionales, la Justicia, la Democracia,
el Estado de Derecho y las instituciones republicanas.
Dr. Jonás: Quisiera agregar que en esas reuniones y
mesas de trabajo pude escuchar inteligentes aportes
de otros colegas presidentes, y cuando fue posible,
sumar el de mi propia experiencia. Y subrayar tam-
œSegún su experiencia como dirigente, qué cosas deberían ser objeto de cambio en la Colegiación?
Dr. ˘lvarez: Considero necesario reunir al COLPROBA
y la CIJUSO en un mismo inmueble, pues ambas instituciones se potenciarían recíprocamente. Por lo
pronto, permitirá nutrir a las Comisiones de estudio
del COLPROBA, con los especialistas de la Fundación
y ello enriquecería la presencia legislativa del Colegio.
Por otra parte, creo que mejorar la comisión de enlace con el Poder Legislativo es otra de las necesidades actuales. Así como, según entiendo, resulta
necesaria una reforma legislativa de la Ley 5177 que
entre otras cuestiones, contemple achicar la representación de las minorías, la reunión de una asamblea
anual con representación proporcional que apruebe
memoria, balance, y trate cuestiones esenciales de la
Abogacía, según la agenda que elabore el Consejo
Superior. Por último, en caso de considerarse necesarias esas reformas, sería necesario aumentar el presupuesto y consecuentemente, ajustar los recursos.
œCuáles son los caminos que desde lo colegial hacen
posible el mejoramiento del Servicio de Justicia?
Dr. Oliva: Los caminos que se abren desde la actividad
colegial son muchos y variados. De igual modo, la posible contribución al mejoramiento del Servicio de Justicia desde lo colegial, se puede tomar desde distintos
ángulos. Esto es, contribuyendo desde la capacitación
del abogado; pasando por el control ético y disciplinario de la matrícula; el uso de las potestades que prevén
los Art. 19 y 50 de la Ley 5177; el rol del estamento de
los Abogados en el Consejo de la Magistratura y sobre
todo, la capacidad de gestionar ese mejoramiento en
temas puntuales. Esto puede ejercitarse tanto desde
los Colegios Departamentales a nivel local, como desde
el Colegio provincial con una mira más ambiciosa.
El concepto parte de suponer que mejores abogados,
con un elevado nivel ético, con una presencia constante de los Colegios en cuanto al funcionamiento regular de los Organismos Públicos y la posición
independiente de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura; todo ello debería redundar en un mejoramiento del Servicio de Justicia.
Esos son los canales naturales que prevé la misma ley
que ha dado sanción legal a los Colegios como tales.
En la práctica, algunos Colegios realizan la capacitación del abogado mediante convenios con las Universidades; por la actividad generada desde los mismos
Institutos de Estudios de los Colegios o bien, recurriendo a la oferta que provee la Fundación CIJUSO.
A partir de su trayectoria y experiencia profesional
œQué recomendación le daría al abogado de pasillo?
Dr. Dedomenici: Que se debe tomar como algo habitual asistir a las charlas y cursos que brinda su Colegio,
pues ello es algo necesario y útil. Que se debe amar lo
que uno hace, pues caso contrario el trabajo cotidiano
es una mochila muy pesada y trabajar en algo que no
gusta termina desgastando mucho, sobre todo que
algunas oportunidades y por los plazos procesales que
tenemos, debemos trabajar fuera de horas normales.
Dr. Caviglia: Al abogado de pasillo invitarlo a pensar, en
el momento de prestar su juramento en el Colegio Departamental que, quizás, sea tan importante como
aquél en que obtuvo el título habilitante, en razón que
recién a partir de ese acto comenzará a estampar su
firma, acompañando o representado el pedido de un
justiciable reclamando por sus derechos, y por lo tanto a
partir de allí comenzará a construir su trayectoria. En consecuencia, debe obrar con prudencia, paciencia y siempre bajo el útil consejo de un abogado con experiencia.
Que no debe guiarse por el espíritu de lucro aunque sí
defender su digna retribución, y ejercer su ministerio con
celo, buena fe, probidad y lealtad. Que debe honrar,
todos los días, el juramento que ha prestado, especialmente atendiendo los dictados de su conciencia.
Dr. Dedomenici: Entendiendo que la pregunta va di-
rigida más para el joven abogado, le diría que en
nuestra profesión hay reglas de juego que deben tenerse presentes y que hacen al ejercicio profesional.
Una, que el Derecho es evolutivo y por ello debemos
mantenernos siempre informados, pues las leyes y la
jurisprudencia se modifican.
Que sea leal con su cliente y lo entienda en sus pretensiones, pues si a nosotros -a veces- nos cuesta entender cómo son las soluciones jurídicas, mucho más al
lego que ve lesionado sus derechos. Que no pierda la
objetividad en los asuntos de su cliente y que ello lo
beneficiará al mismo y le podrá aportar mejores soluciones. Que haga docencia y le explique en forma
clara, precisa, entendible y sin grandilocuencias. Que
debe tener presente que es parte de la administración
de justicia y como tal, debe bregar en forma permanente por un mejor sistema, al que debe hacerle las
críticas necesarias pero siempre con el fin que las mismas sean constructivas y aportando dentro de sus posibilidades. Que tenga en cuenta que tal vez el juicio
que más trabajo le dé, sea con el que menos gane y
que también hay casos que con sólo levantar el teléfono y con una llamado, ganará mucho, pero que
éstas son las reglas de juego de la profesión, como
que tampoco tendrá ingresos regulares en forma
mensual como si fuera un dependiente.
Habiendo concluido su mandato œQué mensaje le
gustaría dejar en su calidad de Consejero saliente?
Dr. Dedomenici: Como mensaje convocaría a que se
siga trabajando con esfuerzo en esta profesión que
es hermosa y que no bajemos los brazos (como entidad colectiva) ante algunos imprevistos que pueda
tener, pues ellos son propios de la profesión.
Dr. Jonas: Yo quisiera repetir algo que dije al momento
de expresar ante los colegas Consejeros algunas palabras
de despedida en la culminación de éste período. No
puedo menos que rendir un respetuoso reconocimiento
a la figura emblemática del Dr. Francisco Brumat, en
quien encontré una opinión experimentada, con sólidos
basamentos jurídicos y apoyada en un notable conocimiento de todos los temas de nuestra institución, y destacar también mi reconocimiento a los presidentes Jorge
˘lvarez y Gerardo Salas, que condujeron el Colegio durante mi paso por el Consejo Superior, con la necesaria
sapiencia y personalidad que el cargo requiere.
Dr. Caviglia: me gustaría llamar a la reflexión y como
lo concibiera Couture, en sus mandamientos, invitarnos a que tratemos de considerar a la Abogacía de
tal manera que el día que un hijo nos pida un consejo
sobre su destino, consideremos un honor proponerle
que se haga abogado.
“Para aquellos que asuman cargos
de responsabilidad les diría
que alcanzar dichas posiciones
implica asumir más obligaciones
y no adquirir más derechos.”
Hilda Kogan, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia, en una entrevista cordial
nos relató sus comienzos, su experiencia como primera mujer en la Suprema Corte, su ideal de Justicia, los elementos preponderantes de su gestión
y reflexiones sobre quien desee hacerse cargo de
œCómo ha sido su trayectoria dentro de la Justicia?
Antes de llegar al lugar donde hoy me encuentro
recorrí varios caminos, y la verdad es que pasé más
años de un lado del mostrador que del otro.
En un principio ejercí la profesión –como laboralista- y luego me fui a Estados Unidos a hacer un
posgrado en Sociología con especialización en Relaciones Laborales. Al terminar mis estudios fui a
trabajar a la Fundación Bariloche -institución dedicada a la investigación y a la enseñanza de posgrado- donde me dediqué al estudio de la Historia
del Sindicalismo y al análisis de las relaciones laborales. Luego del golpe de estado volví a Buenos
Aires y retomé el ejercicio de la profesión.
En el año 1994 entré a la Justicia, y en el año 2002
fui la primera mujer en ocupar el cargo de jueza
en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires y hoy me toca desempeñar su Presidencia.
œCuál es su ideal de Justicia?
Creo que mi ideal de Justicia es el mismo que
desea toda persona bien intencionada: que la injusticia no exista. Ahora, llevado a un plano real, y
en vistas a que formo parte del Poder Judicial, mi
más ferviente anhelo es que todos los que estamos dentro de él actuemos movidos por la convicción y la consciencia de estar prestando un servicio
a la comunidad, cuyo objeto es nada más y nada
menos, que amparar, proteger y restablecer los
Hay muchas cosas que se están transformando y
que tienen como resultado un mejoramiento en el
acceso a la Justicia, como ser la mayor atención
que se está prestando a casos de violencia familiar
y de género -aunque todavía resten muchas cosas
para hacer- que antes ni tan siquiera formaban
parte de la agenda. Hoy puede hablarse de una
aplicación habitual de Tratados que consagran la
œCŁMO ES
UN D¸A EN LA VIDA DE LA
–Bueno⁄hace casi tres meses que
tengo un nuevo rol desde que asumí
la Presidencia⁄12 horas diarias en el
œDesde su perspectiva femenina qué
le gustaría resaltar, en lo referente al
desarrollo de la titularidad en la
protección de los derechos de las mujeres y de
los niños y de los derechos humanos en general al momento de dictar sentencia. Las oficinas creadas para la atención a las víctimas de
violencia en el ámbito del Poder Judicial, las
audiencias tomadas a los niños/as con el objeto de conocer su opinión en casos que los
tienen como protagonistas y la creación en la
Corte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, son una muestra clara de ello.
œCuál es su mayor deseo para el presente período de gestión frente a la Corte?
En principio sumar mi granito de arena para que
los cambios que enumeré y que enriquecen el
servicio de justicia logren continuidad y se profundicen.
Además uno de los temas que me preocupa especialmente por estar a cargo del Instituto de Estudios Judiciales, es el de la capacitación del los
miembros del Poder Judicial. Es un tema difícil,
pues constantemente se organizan cursos pero
los que concurren son siempre los mismos, no
existe una consciencia generalizada sobre la necesidad de capacitación.
Nuestra Constitución es sabia, y establece una rotación anual en la Presidencia, por lo que el gobierno de la
Corte esta siempre en todos sus integrantes.
œEn el bicentenario de la Patria, qué
mensaje le gustaría allegarle a las futuras generaciones que serán mañana
los nuevos dirigentes?
Para aquél que quiera dedicarse a la
cosa pública, le diría que su participación es muy necesaria, pero que es necesario que lo haga porque le interesa
contribuir al bienestar general y no a
sus apetencias personales.
Para aquellos que asuman cargos de
responsabilidad les diría que alcanzar
dichas posiciones implica asumir más
obligaciones y no adquirir más derechos.
El Colegio de Abogados Provincial
suscribe un convenio tripartito
El Ministerio Justicia y Seguridad de la provincia de
Buenos Aires suscribió un convenio tripartito con
el Colegio de Escribanos, el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados de
la Provincia con el objetivo de trabajar de forma
coordinada y unificar criterios; habiéndose gestado en la búsqueda de generar una mejora a partir del trabajo en conjunto, la unificación de
criterios y proponiendo, entre otras cosas, un hilo
conductor para coordinar y mejorar la labor y la
comunicación entre las diferentes delegaciones
distribuidas en territorio bonaerense.
Del acto de firma del convenio participaron el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal; el Presidente del Colegio de Escribanos, Alberto Mateo;
el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, Alfredo Avellaneda y el Presidente del
Colegio de Abogados, Gerardo Salas; así como el
Subsecretario de Justicia, Carlos Cervellini, y el Di-
rector de Personas Jurídicas, Pedro Trotta.
En el documento suscripto asimismo se establecía
que "se buscará contribuir mediante la capacitación, jerarquización y estímulos económicos para
personal de esa Dirección".
„ Esta no es la firma de un convenio más entre el estado y las entidades paraestatales, nuestra idea es posibilitar que de este modo Personas Jurídicas continúe
recibiendo la colaboración de los Colegios en lo que
respecta al perfeccionamiento y celeridad de su funcionamiento, así como en la obtención de niveles de
seguridad y eficacia" expresó el Ministro Casal; augurando asimismo que "Si este modelo se pudiera trasladar al resto del Estado en todas las áreas no tengo
dudas de que el ciudadano bonaerense se sentiría
mejor atendido y además va a ver que la gestión del
Estado a favor de los particulares no sólo es eficiente
sino que tiene la calidad esperada‰
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL COLEGIO DE ESCRIBANOS,
EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS TODOS DE LA
Entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en adelante „EL MINISTERIO‰, representado en este acto por el señor
Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires Dr. Ricardo Casal, con domicilio en la
calle 2 entre 51 y 53, de la Ciudad de La Plata, por
una parte, y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por
su Presidente, Notario Jorge Alberto Mateo, conforme Acta NÀ 2847 del Consejo Directivo, con domicilio en Av. 13 N° 770 de La Plata; el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de Buenos Aires, representado en este acto por su
Presidente, Dr. Alfredo D. Avellaneda, conforme
Acta NÀ 842 del Consejo Directivo, con domicilio
en calle 10 N° 720 de La Plata, y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Dr. Gerardo
Rafael Salas, conforme Acta NÀ 642 del Consejo Superior, con domicilio en calle 14 N° 747 de La Plata,
en adelante „LAS ENTIDADES PROFESIONALES‰,
por la otra, en virtud de lo dispuesto por los artículos 1À, 2À, 4À y 8À de la Ley N° 14028, se celebra el
presente Convenio autorizado por la referida Ley.
PRIMERA: En virtud del presente convenio, que
tendrá vigencia por el plazo de cinco (5) años, comenzando a regir a partir de los quince (15) días
de la publicación que se efectuará en el Boletín Oficial, las Entidades Profesionales, continuarán prestando colaboración, con el alcance de los términos
del presente, en todos los ámbitos de actuación de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con la
finalidad de acentuar el perfeccionamiento y celeridad de los métodos operativos de funcionamiento y la obtención de niveles de seguridad y
eficacia a través del Ente Cooperador creado por la
Ley N° 14.028, y coadyuvar a la capacitación, jerar-
quización y estímulos económicos del personal de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, incluidas sus Oficinas Delegadas.Si dentro de los noventa días anteriores al vencimiento establecido, ninguna de las partes manifestara
su voluntad en contrario, el convenio quedará prorrogado por cinco años más, sin necesidad de instrumentación alguna, y así sucesivamente en los períodos
subsiguientes hasta el cumplimiento total del objetivo
indicado en el artículo 1° de la Ley N° 14.028.
SEGUNDA: La Dirección Provincial de Personas Jurídicas actuará como representante del Ministerio de
Justicia ante las Entidades Profesionales y el Ente Cooperador, conformado en cumplimiento del artículo
5° de la Ley N° 14.028 en todo lo que se relacione
con la ejecución del presente convenio.
Se deja expresamente aclarado que las Entidades
Profesionales, como integrantes del Ente Cooperador no asumen ningún compromiso patrimonial ni
solidaridad o mancomunación por cualquier
deuda o compromiso que pudiera exceder las disponibilidades de los fondos del Ente Cooperador,
que administra en virtud de las recaudaciones previstas en la ley mencionada.La administración y mantenimiento del sistema deberá financiarse con sus propios ingresos.- El Estado Provincial y las Entidades Profesionales
integrantes del Ente Cooperador no estarán obligados a efectuar aportes dinerarios.TERCERA: La administración del sistema estará a
cargo del ENTE COOPERADOR (artículo 5À de la
Ley N° 14.028) cuya estructura interna, será organizada por las Entidades Profesionales, a través de
la forma que estimen más conveniente desde el
punto de vista operativo.Sin perjuicio de ello, dentro de los sesenta (60) días
de la firma del presente convenio, el Ente Cooperador deberá:
a) Designar a sus autoridades, de acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 14.028.b) Determinar las modalidades, formas y metodologías para el fiel y correcto cumplimiento de los
objetivos previstos en la Ley N° 14.028 y el presente convenio.c) Determinar las formas y metodologías del contralor de la recaudación y destinos de fondos del
sistema.d) Fijar la periodicidad de sus reuniones, quórum
para sesionar y toma de decisiones, debiendo labrar acta de cada sesión.-
CUARTA: El procedimiento de contratación de
bienes y servicios será el que disponga el Ente Cooperador en los términos del artículo tercero del
presente, debiendo comunicar dicha normativa al
Ministerio de Justicia y Seguridad.
miento de los objetivos vinculados con la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, con sujeción a la
Ley N° 14.028 y al presente Convenio.
Hasta tanto se apliquen los porcentajes asignados,
cada una de las áreas destinatarias de los mismos
continuarán recibiendo los importes que venían
percibiendo a la fecha de la firma del presente
convenio, hasta que esos importes resulten equivalentes a los porcentajes asignados.De variar la cantidad de beneficiarios en cada una
de las áreas o lugares asignados con destino de la
recaudación, en nada se modificará el porcentaje
En aquellos casos que por disposición legal, haya
que aumentar algún egreso, se afrontará con el
producido del fondo con que cuente cada destino.
Ninguna de las partes propondrá o dará curso a
erogaciones de cualquier naturaleza cuya proyección implique la posible superación de los porcentajes establecidos.
QUINTA: El Ente Cooperador y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas elaborarán anualmente
un presupuesto de gastos y cálculo de recursos, sin
déficit o equilibrado.- Dicho presupuesto deberá
quedar concluido antes del último día hábil del
mes de noviembre del año anterior al ejercicio que
SEPTIMA: El Ente Cooperador conformará una reserva permanente del cero con noventa y dos por
ciento (0,92%) de los ingresos, hasta la finalización
del convenio, para destinar al pago de indemnizaciones que eventualmente deba satisfacer el Estado Provincial como consecuencia de errores
SEXTA: Los ingresos producto de la aplicación del
artículo 3° de la Ley N° 14.028, serán destinados a
instrumentar las medidas establecidas en el artículo 4° de la misma, de conformidad a los porcentajes que se establecen a continuación:
a) Al Ente Cooperador, seis por ciento (6%).
b) A la Dirección Provincial de Personas Jurídicas Sede Central- hasta el ochenta y ocho por ciento
(88%), los que serán distribuidos y asignados, en
sus diversos conceptos, conforme al presupuesto
anual de ejecución, y exclusivamente al cumplimiento de los objetivos vinculados con la Dirección
Ley N° 14.028 y al presente Convenio.c) A las Oficinas Delegadas hasta el tres con ocho
por ciento (3,08%), conforme al presupuesto
anual de ejecución, y exclusivamente al cumpli-
OCTAVA: El Ente Cooperador, con la conformidad
de la Dirección Provincial Personas Jurídicas, establecerá las remuneraciones, plazos, condiciones e
imputaciones de los contratos de trabajo y sus extinciones, con o sin causa, las contrataciones de
prestación de servicio y locaciones de obras con
entidades o empresas, la adquisición y locación de
inmuebles, maquinarias, útiles y demás elementos
que sean conducentes al cumplimiento de los fines
previstos por la Ley N° 14.028, conforme lo establecido en su articulo 6À..
El plazo de los contratos no podrá superar al del
NOVENA: Establecer un régimen de „Capacitación
individual‰ mediante becas que instrumentará la
Dirección Provincial, a través del „Centro de Capa-
citación del Personal de la Dirección‰ (Disposición
nro. 12/08 de la Dirección Provincial), a cuyo efecto
dictará la respectiva reglamentación, cuyo sostenimiento estará a cargo del Ente Cooperador.Los cursos serán dictados con los niveles básicos,
especial y profundizado que mejor convenga y podrán contar con la participación de las Universidades Nacionales, (oficiales o privadas), Institutos de
Estudios Superiores y/o Establecimientos de Enseñanza, Colegios Profesionales, o profesionales que
brinden las enseñanzas que se requieran.
DECIMA: Los gastos que demanden la asistencia y
participación a Congresos, Jornadas o Reuniones
técnicas o científicas en los ámbitos Provincial, Nacional o Internacional de las Delegaciones que se
envíen, de las que se deberá rendir informe en
cada caso, así como la organización de reuniones
de direcciones provinciales y/o nacionales de Personas Jurídicas o su equivalente, cuando la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas sea designada sede
de ella, en tanto actividades que propendan al
cumplimiento de los fines previstos en la ley, se
atenderán con imputación al articulo 4À de la
misma.- Todo ello previa conformidad expresa del
Ente Cooperador y en la medida que se ajusten a
las condiciones o recaudos preestablecidos sobre
el particular en forma conjunta por el Ente Cooperador y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de acuerdo a la reglamentación que esta
última establezca.UNDECIMA: Los contratos laborales que se suscriban bajo el régimen del presente convenio, de
acuerdo con cada modalidad particular, serán considerados contratos de trabajo, y por lo tanto sujetos al régimen laboral general establecido en la
Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo T.O.) y
al régimen previsional de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones. Estarán sujetos al régimen nacional de
asignaciones familiares y los diversos rubros remunerativos que por dichos contratos se abonen, sufrirán los descuentos de ley, así como de su obra
social. Las erogaciones que estos contratos o sus
consecuencias generen, sean estos de linaje laboral
o previsional, serán solventados exclusivamente
con fondos del Ente Cooperador, incluyendo las remuneraciones, contribuciones y aportes previsionales, e indemnizaciones surgidas de la Ley de
A los efectos arriba indicados, el Ente Cooperador
deberá prever un fondo, a razón de un dos por
ciento (2%) sobre los ingresos, hasta la finalización
del plazo de este convenio o de sus prórrogas,
como reserva para solventar eventuales derivaciones de extinciones laborales judiciales o extrajudiciales correspondiendo a las derivaciones de los
contratos celebrados con imputación a los incisos
b), d) y g) del articulo 4À de la Ley N° 14.028.El Ente Cooperador deberá contratar los servicios
de una Administradora de Riesgos del Trabajo conforme a la Ley N° 24.557.
El personal contratado por el Ente Cooperador, sea
cual fuere el lugar de prestación laboral, deberá
someterse en cuanto a las instrucciones y cumplimientos de los objetivos de la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas.DUODECIMA: El Ente Cooperador deberá mantener dentro de su organización y con imputación al
artículo 5À inciso c) de la Ley N° 14.028, una estructura con personal suficiente e idóneo, para atender
los requerimientos que se le efectuaren por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y para solventar las necesidades del propio Ente
A los efectos de un mejor desarrollo y planeamiento de las tareas encaradas por la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, que pueda afectar
fondos del Ente Cooperador, éste deberá comunicar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas,
sobre el tratamiento de las mismas, en cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 1À
de la Ley 14.028 por cualquiera de sus órganos y el
resultado de los mismos, dentro de los quince (15)
días hábiles posteriores a su recepción fehaciente
DECIMATERCERA: Las modalidades y condiciones
de la percepción de las tasas que se establecen en
la Ley N° 14.028, así como los controles sobre la
operatoria del sistema, además de las ordenadas
por el artículo 6À de la citada ley, serán determinadas por el Ente Cooperador con la aprobación de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o a
propuesta de esta con la aprobación del Ente Cooperador, dentro del plazo de treinta (30) días
corridos desde la firma del presente Convenio.
DECIMACUARTA: El Ente Cooperador, en cumplimiento de las normativas contables, llevará la documentación y contabilidad de todos los ingresos que
obtenga del valor de las tasas que la Ley le autoriza
a percibir, cuyo producido únicamente podrá invertir
en los fines previstos por la Ley N° 14.028.DECIMAQUINTA: Los recursos netos y la renta financiera que provengan de la aplicación de los
fondos de la Ley N° 14.028, excepto la retención
establecida en el artículo 5À inciso c) de la misma,
se imputarán a los artículos 1À y 4À de la Ley, sin
que el Ente Cooperador pueda retener importe alguno de los mismos y conforme la distribución y
asignación estipuladas en el presente convenio.El Ente Cooperador deberá hacer conocer a la Dirección Provincial, previo a la asunción de cualquier compromiso que a su entender exceda las
afectaciones presupuestarias aludidas en la cláusula sexta, esta circunstancia.
En caso de compromisos eventuales o consecuentes susceptibles de producir una erogación no prevista, el Ente Cooperador deberá hacer conocer en
forma fehaciente tal circunstancia a la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas.
DECIMASEXTA: Este convenio finalizará por:
a) Cumplimiento de los objetivos establecidos en el
artículo 1À de la Ley N° 14.028.b) Rescisión dispuesta unilateralmente por el
Poder Ejecutivo, en cualquier momento que considere oportuno.
c) Denuncia por algunas de las Entidades Profesionales signatarias, a través del Ente Cooperador,
notificada fehacientemente con ciento ochenta
(180) días de antelación, trascurridos los cuáles
operará la rescisión. En tal caso, las Entidades Profesionales restantes deberán comunicar fehacien-
temente y en el plazo de treinta (30) días, su voluntad de mantener el presente convenio y la
forma en que absorberán las funciones de la denunciante.En todos los casos, los fondos excedentes tendrán
el destino que establece el artículo 5À apartado b)
de la Ley N° 14.028.DECIMASEPTIMA: En los casos de la cláusula anterior y a los efectos de resolver las situaciones pendientes, el Poder Ejecutivo deberá comunicar con
ciento ochenta (180) días de anticipación, el cumplimiento de los objetivos fijados.
Dispuesta la rescisión por el Poder Ejecutivo u operada la rescisión por alguna de las Entidades Profesionales, el Ente Cooperador proseguirá
cobrando las tasas especiales establecidas en el artículo 3À de la Ley N° 14.028, hasta ciento ochenta
(180) días después de notificado el acto administrativo u operada la rescisión según sea el caso, y
durante ese lapso, no se concretarán nuevas contrataciones que excedan dicho término.
DECIMAOCTAVA: Créase la Comisión de Seguimiento, que se integrará con un representante titular y un suplente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, un representante titular y un suplente
designado por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, un titular y un suplente por cada Entidad
Profesional, un titular y un suplente en representación del personal de Sede Central de la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas.En el caso de las Entidades Profesionales los miembros de esta Comisión no serán las mismas personas que conforman el Consejo de Administración
del Ente Cooperador (art. 5À de la Ley N° 14.028).En la primera sesión designará sus autoridades,
que como mínimo serán un (1) presidente representante de las Entidades Profesionales y su reemplazante y un (1) secretario y su reemplazante.DECIMANOVENA: Son funciones de la Comisión
de Seguimiento: a) Controlar el fiel y correcto cumplimiento de la ejecución del presente convenio y
la concreción de los fines y objetivos de la Ley N°
14.028; b) Fiscalizar la modalidad de recaudación
del sistema; c) Fiscalizar el destino de los recursos
del sistema, en cumplimiento de los términos de la
Ley N° 14.208 y el presente convenio; d) Elevar al
Consejo de Administración del Ente Cooperador las
observaciones que estimare oportunas, de acuerdo
a las funciones asignadas y lo normado en el artículo 7À de la Ley NÀ 14.028.
A los fines indicados en el párrafo anterior, sesionará
treinta (30) días antes del plazo previsto en la cláusula
quinta del presente convenio y/o trimestralmente, y
sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de
votos, debiendo labrar acta de cada sesión.Toda cuestión y/o diferencia suscitada será resuelta
por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 9À de la ley 14.028.En ejercicio de sus funciones, la Comisión de Seguimiento no deberá interferir el normal cumplimiento de las prestaciones a cargo del Ente
Para poder acceder a la información pertinente
para el fiel cumplimiento de su cometido deberá
requerir en forma expresa y por escrito al Ente Cooperador la información del caso, que no podrá
serle negada.-.
VIGESIMA: El sistema de los diferentes tipos de trámites y plazos, de acuerdo a lo normado en el artículo 3 apartados I y II, de la Ley N° 14.028 se
implementará de acuerdo a las modalidades y condiciones GENERALES Y PARTICULARES que seguidamente se 1detallan:
MODALIDADES Y CONDICIONES GENERALES
APLICABLES A TODOS LOS TR˘MITES:
a) Los plazos de cumplimiento, a que se refieren
los apartados I y II del artículo 3 de la Ley N°
14.028, comenzarán a computarse una vez ingresado el trámite ante la Casa Central (La Plata) de la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.b) Dichos plazos se mantienen siempre y cuando,
el trámite no fuere objeto de observaciones en
cuanto al cumplimiento de los requisitos normativos de fondo vigentes, formales y fiscales y no mediare caso fortuito o fuerza mayor.c) La Dirección Provincial de Personas Jurídicas dic-
tará cada año calendario la disposición pertinente
a fin de hacer saber las fechas hasta las cuales se
admitirán los trámites a que se refieren los apartados I y II del artículo 3 de la Ley N° 14.028, tanto en
la Sede como en las Delegaciones.- Ello en razón
de la feria administrativa y suspensión de términos
durante el mes de enero, que dispone el DecretoLey N° 7886/72.d) Comenzarán a regir a partir de los quince (15) días
de la publicación que se efectuará del presente convenio en el Boletín Oficial, los tipos de trámites indicados
en los apartados I a), II a), I b) 14À, I c) 14À, II b) 5À, II
c) 5À, del artículo 3 de la Ley N° 14.028.MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIFICOS A
LOS TRAMITES DE CUATRO Y UN DIA:
a) Los trámites de cuatro días deberán ingresar
hasta las diez (10) horas
b) Los trámites de un día deberán ingresar hasta
las diez (10) horas
En ambos tipos de trámites se deberán cumplimentar todos los requisitos de las Disposiciones vigentes y anexar los siguientes antecedentes:
1) Constancia de pago de tasa por actuaciones administrativas.
2) Constancia de pago del trámite de la Ley N°
14.028.3) Constancia de inicio de reempadronamiento (Resolución N° 15/08 del Ministerio de Justicia)
4) Instrumentos que acrediten la personería de los peticionantes (autorizaciones en instrumento privado
con firma certificada, poderes o cualquier otro tipo de
representación autorizado legalmente)
5) Minuta rogatoria con firma certificada por escribano, o profesional autorizado (abogado, escribano, y/o contador público) o con patrocinio
letrado.6) Fotocopias de la totalidad de los antecedentes
sociales inscriptos, debidamente certificados por escribano público, cuando el trámite que se inicie correspondiere al posterior al legajo 1, o declaración
jurada de autorizado con firma certificada por Escribano Público, profesional autorizado o Patrocinio Letrado.7) Declaración jurada de antecedentes firmada por el
representante legal con firma certificada, o por profesional autorizado o con patrocinio letrado.8) Sociedades comprendidas en el artículo 299 Ley
de Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles a
partir del legajo 2. Los plazos de la Ley N° 14.028 se
computarán a partir de la verificación del cumplimiento de los recaudos exigidos por el departamento Contralor de la Dirección de Fiscalización de
la Dirección Provincial, quién se expedirá en el plazo
de veinticuatro (24) horas, en caso de los trámites de
cuatro (4) días, y en el momento de serle sometido
el trámite, en los casos de un (1) día.
9) Instrumento público y/o privado materia de inscripción registral en original y copia certificada
conforme Disposición N°. 12/03 de la Dirección
Provincial o la que en el futuro la reemplace.
10) Toda documentación contable suscripta por
Contador Público, deberá acompañarse con legalización de la firma por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y los abogados deberán
acompañar las constancias del pago del Ius Previsional y bono Ley N° 8480.11) En casos en que la documentación contable
fuera materia de inscripción registral (v.gr. conformación, transformación, regularización, liquidación, fusión, escisión y otros de corresponder), se
deberán adjuntar dos ejemplares con firma de
Contador Público matriculado en Provincia de Buenos Aires y certificado por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas.12) El trámite de conformación del Inventario deberá ser suscripto por la totalidad de los socios,
con sus firmas certificadas por escribano; como la
firma del liquidador en el Balance de Liquidación
y proyecto de distribución, conforme a la Disposición N° 12/03 de la Dirección Provincial o la que
13) Acreditar el cumplimiento en el aporte de bienes
registrables del artículo 38 de la Ley N° 19.550.
14) En trámites de cesiones de cuotas y/o partes
de interés se deberá adjuntar declaración jurada
del representante legal, con su firma certificada o
patrocinio letrado, detallando la tenencia que corresponde a cada socio como consecuencia del
trámite que pretende inscribir.
15) Constancia de publicación de edictos de corres-
ponder, y boleta de depósito que acredite la integración del capital social.
16) Informes de anotaciones personales actualizadas (90 días desde su emisión, según Ley N°
17.801) de los cedentes.
17) Asentimiento conyugal conforme lo dispuesto
por el artículo 1277 del Código Civil.
18) Cumplimiento del artículo 17 de la Disposición
N° 12/03 de la Dirección Provincial o la que en el
futuro la reemplace.19) Notificaciones fehacientes a reunión de socios
conforme el tipo social (v.gr. artículo 159 Ley N°
19.550).
20) En los supuestos que en los trámites cuya inscripción se solicita, surja la existencia de socios y/o
accionistas que fueren sociedades constituidas en
el extranjero, se deberá acreditar que se encuentran inscriptas conforme lo normado por el artículo 123 de la Ley N° 19.550.
21) En los trámites de sociedades de personas y/o
sociedades de responsabilidad limitada se deberá
tener en cuenta a fin del cumplimiento de los plazos legales, la cantidad de antecedentes sociales,
en especial cesiones inter vivos o mortis causa que
se encuentran inscriptos, en cuyo caso y por la
complejidad de dichos antecedentes, en el dictado
del primer acto administrativo se determinarán los
plazos de cumplimiento.
22) Cumplimiento de los requisitos normados por
la Disposición N° 12/03 y complementarias vigentes o las que en el futuro las reemplacen, y al instructivo de trámite publicado en la página web de
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.c) Comenzarán a regir a partir del 2 de agosto de
2010 los tipos de trámites indicados en los apartados I b) y II b) del artículo 3 de la Ley N° 14.028.d) Comenzarán a regir a partir del 1À de setiembre
de 2010 los tipos de trámites indicados en los apartados I c) y II c) del artículo 3 de la Ley N° 14.028.VIGESIMA PRIMERA: Los tipos, plazos y complejidad de los trámites incluidos en el artículo 3À de la
Ley N° 14.028, comprenden –en cada caso- los que
en sus diversas variantes se realizan ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y para un
mejor conocimiento y comprensión de los adminis-
trados, se detallan en el anexo que forma parte integrante de este convenio, con las respectivas tasas
que abonarán.VIGESIMA SEGUNDA: El sistema de las Oficinas Delegadas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, se regirá
mediante las siguientes pautas y las que en lo sucesivo el Ente Cooperador con aprobación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas resuelva:
a) Se mantienen los convenios suscriptos entre las Entidades Profesionales y el Ministerio de Justicia, de creación de las Oficinas Delegadas de Avellaneda, Azul,
Bahía Blanca, Dolores, Junín, Lomas de Zamora, Mar
del Plata, Mercedes, Morón, Quilmes, San Isidro, San
Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y
Zarate Campana, en cuanto no se contradiga con los
términos del presente convenio.
b) Sin perjuicio de las Delegaciones existentes a la
fecha y que fueron detalladas en el inciso anterior,
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas admitirá la creación de más Oficinas Delegadas por Departamento Judicial, a cuyo efecto requerirá la
opinión fundada del Ente Cooperador.Para el establecimiento de nuevas Oficinas Delegadas, bastará la solicitud de una (1) de las Entidades
Profesionales, y las conformidades de la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas y del Ente Cooperador.- Las Entidades que no lo hayan solicitado,
podrán decidir la incorporación de sus representantes a las mismas.c) La Dirección Provincial de Personas Jurídicas recibirá por intermedio de las Oficinas Delegadas, la
documentación que profesionales y particulares
deban presentar ante dicha repartición en cumplimiento de normas legales y procedimientos administrativos.- Las modalidades funcionales, tareas y
plazos serán dispuestos por la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas.d) La Administración de las Oficinas Delegadas estará a cargo del Ente Cooperador, quién dispondrá
la forma en que será ejercida.e) Todos los gastos, contraprestaciones y demás
erogaciones que ocasione el funcionamiento de las
Oficinas Delegadas serán solventados por el Ente
Cooperador, de acuerdo a lo establecido en el in-
ciso c) de la cláusula sexta del presente convenio.Los que excedieren del límite fijado en dicha cláusula deberán ser afrontados por las Entidades
Profesionales, previa aprobación expresa y unánime de sus respectivas entidades sin contraprestación alguna del Ente Cooperador ni del
f) Será obligación del Ente Cooperador, por sí o a través de terceros, tender al mejoramiento del equipamiento informático y su mantenimiento, cuya
instalación estará a cargo del personal de la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, debiendo estipularse
los montos, que a tal destino se imputarán en el presupuesto anual de acuerdo a la cláusula quinta y dentro de los porcentuales asignados en los incisos b) y c)
de la cláusula sexta del Convenio.g) Será obligación del Ente Cooperador instrumentar, por sí o a través de terceros, el traslado de la
documentación desde y hacia las Oficinas Delegadas y cuyo costo será a cargo de los administrados.Excepcionalmente y en caso de incumplimiento, estará a cargo de la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, en cuyo caso será sin costo alguno para
los administrados.h) Será obligación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas formar y capacitar, por sí o a través
de terceros, al personal de las Delegaciones, en la
forma que estime conveniente.i) Será obligación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas remitir a las Oficinas Delegadas la información requerida por las mismas en el plazo de cinco
(5) días.- Asimismo, las Oficinas Delegadas deberán
cumplir, salvo impedimento debidamente justificado,
los plazos y modalidades funcionales que disponga la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.j) Cuando por circunstancias excepcionales, las Oficinas Delegadas vean comprometido su funcionamiento y la asistencia de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas resultare indispensable para la continuación de la misma, ésta enviará uno o más agentes, por el plazo y modalidades que estimare
conveniente.k) Sin perjuicio de la fiscalización que corresponde
al Ente Cooperador con relación al funcionamiento
de las Oficinas Delegadas y al desempeño del personal de la misma, la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas deberá proponer, cuando lo estime conveniente, las medidas correctivas y/o disciplinarias a aplicar para subsanar las deficiencias que se detecten.La Dirección Provincial de Personas Jurídicas
podrá, con o sin aviso previo, enviar a las Oficinas
Delegadas uno o más inspectores, quienes tendrán
pleno acceso a dichas oficinas y a la documentación obrante en las mismas, debiendo los delegados suministrarles la información que requieran y
brindaren un trato acorde a su función.La Dirección Provincial de Personas Jurídicas podrá
suspender por Disposición fundada, y por el
tiempo que considere conveniente, la Delegación
de funciones que por el presente convenio se le
otorgan al Ente Cooperador.- Tal suspensión se
circunscribirá a la Oficina Delegada donde se
hayan comprobado irregularidades y se efectivizará en la o las personas que como Delegados o
bajo cualquier otra modalidad que se desempeñen
representen a la entidad profesional afectada, no
pudiendo ésta contar en esa Oficina Delegada con
ningún tipo de representante en reemplazo de los
suspendidos hasta tanto se subsanen las deficiencias
señaladas por la Dirección.- Los Delegados separados
de su cargo a propuesta de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, quedarán inhabilitados permanentemente para una nueva designación.La Dirección Provincial de Personas Jurídicas podrá
comisionar a un agente de la Dirección Provincial
para que transitoriamente se haga cargo integralmente de la Delegación en reemplazo de los Delegados o se desempeñe conjuntamente con éstos,
fizcalizándolos.- En cualquiera de esos casos, el
agente deberá rendir cuentas al Ente Cooperador
y a la Dirección Provincial.Todas las Oficinas Delegadas atenderán al público de
lunes a viernes y en el horario de 9 a 13 horas, debiendo arbitrar los medios necesarios para que no se
encuentren cerradas y/o sin personal suficiente.La modificación de días y horarios de atención solamente podrá ser realizada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.l) Para el cambio de sede de la Oficina Delegada se requerirá el acuerdo del Ente Cooperador y la conformidad de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.-
ll) El Ente Cooperador conjuntamente con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán
resolver el sistema de incompatibilidades para ejercer las profesiones involucradas en el presente
convenio en los trámites que se realizan ante la Dirección Provincial.m) El Ente Cooperador, por resolución unánime de
sus miembros, podrá determinar el costo de funcionamiento de las Oficinas Delegadas, a cargo de quienes utilicen sus servicios, sean o no profesionales, con
la aprobación por la Dirección Provincial.CLAUSULAS TRANSITORIAS
TRANSITORIA PRIMERA: Déjase establecido que
para los siguientes seis (6) meses, a contar desde
la vigencia del presente convenio, la afectación
de los fondos destinados al Ente Cooperador y a
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en
todos los ámbitos de actuación, se conformará
mediante un cálculo de los ingresos y egresos, de
acuerdo a las necesidades de la Dirección y las
asignaciones que se estipulan en este convenio,
no debiendo modificarse los actuales destinos de
los fondos ni asignar importe alguno a gastos
adicionales u extraordinarios.- Se confeccionará
un presupuesto especial de transición del actual
sistema al que se estatuye por la Ley N° 14.028 y
el presente convenio.TRANSITORIA SEGUNDA: Las Entidades Profesionales, conforme a lo resuelto por cada una de
ellas, designaran a sus representantes al Consejo
de Administración del Ente Cooperador y de la Comisión de Seguimiento, con facultades plenas de
acuerdo a tales funciones y lo normado por la Ley
N° 14.028 y el presente convenio.En prueba de conformidad y „ad-referéndum‰ del
Poder Ejecutivo, se firma el presente en el lugar y
fecha arriba indicado, en cuatro (4) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto.
Siguen las firmas de los representantes indicados
en el exordio „ut supra‰.
“Trabajo para que el próximo
Director Académico, pueda darle
El Dr. Adrián Sergio Cetrángolo asumió el cargo de Director Académico de la Fundación en febrero de este
año, luego de haber sido elegido vía concurso por el
Consejo de Administración. En su diálogo profundizó
sobre algunos conceptos vertidos en el Plan Académico
que presentara al asumir sus funciones y detalló los
pormenores del plan de acción que estará llevando
adelante durante los próximos dos años, destacando,
sobre todo, la necesidad la capacitación permanente
de abogados y empleados de los Colegios.
œCuál es su concepción en torno a la labor de la
Fundación, más allá de los aspectos técnicos de la
Propuesta Académica y el Plan de Trabajo?
ejercer hasta quienes llevan años haciéndolo. Digo
esto porque la provincia de Buenos Aires es muy
extensa y tiene dieciocho Colegios Departamentales, entonces reunirse con cada uno de ellos a conversar, tomar nota de las necesidades y trabajar
articuladamente en conjunto no es algo sencillo o
que lleve poco tiempo. En este punto me gustaría
aprovechar para agradecer la labor de Graciela
Noemí Matia y a Isabel Castreje, que son las dos
empleadas que trabajan para la CIJUSO y la verdad que se esfuerzan muchísimo por la institución.
Bueno, lo que me gustaría expresar en primera
medida es algo más global: mi idea es que la CIJUSO no sólo cumpla, sino que mejore en los aspectos posibles, su función como brazo educativo
de la Colegiación de la provincia. Uno de los pilares para poder realizar esto es, por ejemplo, brindando servicios de capacitación permanente.
En este sentido el Plan Académico presentado
busca generar una continuidad en las acciones y
gestiones que la Fundación lleva adelante, para
que aquellos que asuman cuando finalice mis funciones, puedan avanzar sobre ello. Lo que busco
es forjar estructuras de trabajo que no queden obsoletas dentro de dos años, sino todo lo contrario,
que permitan avanzar sobre lo ya hecho, con los
cambios necesarios, obviamente, pero no implique
necesariamente un „comenzar todo de nuevo‰.
Al ser la entidad con más profesionales del país,
procuramos responder ante las necesidades académicas de los matriculados, buscando ajustar la
oferta académica a las necesidades de los abogados bonaerenses y que abarque a los profesionales
en distintas etapas, desde los que comienzan a
œCuáles son los aspectos a desarrollar a corto
Bueno, primero y principal, estamos dando los últimos pasos en la elaboración de la propuesta académica, trabajamos sobre la cartilla de cursos 2008
y actualizamos los cursos, se sacó la parte de mediación, ya que el Instituto de Mediación se encargará de esos contenidos. Esta cartilla está basada
en cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia, con profesionales de larga y reconocida trayectoria en todas las ramas del Derecho.
Una vez cerrada la cartilla, que va a ser a la brevedad, haremos un recorrido por los Colegios para
darles a conocer la propuesta Académica y para
solicitar que cada Colegio designe un representante ante la CIJUSO. De este modo, contaremos
con una especie de „delegado‰ de cada lugar y optimizaremos la comunicación y el intercambio de
A su vez, se realizará la reunión anual en nuestra
sede, con todos los empleados de las ˘reas Académicas de los dieciocho Colegios de la provincia,
donde se llevan a cabo cursos de capacitación; incluyendo la atención al público y redacción.
Por otra parte, ya fue aprobada en el Consejo la
actualización de la página Web, que también
apunta a mejorar la comunicación y brindarle la
posibilidad a aquellos colegas del interior de comunicarse y enterarse de muchas cosas a través de Internet, acortando los tiempos. Por ejemplo, es menos
estática que una cartilla de cursos, entonces cada innovación, cada detalle, alguna novedad que surge inesperadamente a último momento, se puede subir a
la página y generar un contacto más fluido.
Todas estas son cosas que siguen relacionadas con
lo que mencionaba anteriormente, responder a la
necesidad de los matriculados del interior, optimizando no sólo las comunicaciones, sino también la
oferta de cursos. En ese sentido, la diagramación
de los cursos busca facilitar la participación, con
días y horarios que resultan accesibles para que la
gente viaje. En lugar de concebirlos con bloques de
cursada tres días por semana, lo que se hizo es organizarlos en bloques para ser dados los días viernes y sábados, y de ese modo facilitar la asistencia
Mencionaba la necesidad de generar una propuesta que abarque a los profesionales en las distintas etapas del ejercicio de la profesión. œQué
cosas contempla la propuesta en ese sentido?
Bueno, yo he participado y trabajado bastante en
el Colegio de Abogados de Morón, y en su momento se pensó la oferta de cursos en tres segmentos: el primero de ellos está dedicado al profesional
que se inicia en el ejercicio de la profesión. Este
DR. ADRIÁN SERGIO CETRÁNGOLO ASUMIÓ EL CARGO DE DIRECTOR
ACADÉMICO DE LA FUNDACIÓN
segmento necesita, por ejemplo, una oferta académica que incluya carta documento laboral, llenado de formularios, cómo hacer un recurso, cosas
El segmento del medio está compuesto por lo que
aportan los Institutos, la persona que está al frente
de un Instituto de Investigación es un profesional
formado en esa materia y que gestiona, por ejemplo, charlas de personajes reconocidos en un área
determinada. Allí lo que debe hacerse es prestar la
estructura edilicia, organizar el evento, gestionar
los viáticos, ese tipo de cosas.
Por último, el segmento superior busca formación
de otro tipo, acceso a Posgrados y Especializaciones,
lo que sucede muchas veces es que la oferta Académica de Universidades y Facultades no contempla los
requisitos de estos profesionales. Sea la disponibilidad de horarios o locaciones, lo que sucede es que
tienen sus intereses y complicaciones autónomas.
En este panorama, el CIJUSO como brazo académico de la colegiación provincial, podría cubrir, en
el Gran Buenos Aires, el segmento superior, y en el interior el segmento medio y el superior, ya que la formación inicial para profesionales que comienzan está
cubierta por cada Colegio Departamental. Esta es la
idea sustancial que intentamos llevar a cabo generando
una co-gestión y concibiendo cursos, grillas y horarios,
de manera que la oferta se ajuste a las necesidades de
la mayor cantidad de matriculados posible.
Por otra parte también estamos trabajando para
conformar un Departamento de Educación a Distancia, con la idea de poder ofrecer en un futuro,
Cursos y Conferencias On-line.
démica útil para los matriculados, el ejemplo de
Calvo Soler demuestra que un abogado que a la
vez es un profesional de la educación maneja parámetros de contenidos, concibiendo fines educativos que están a tono con el mundo del Derecho.
œQuién mejor qué nosotros mismos para saber que
necesitamos y qué nos sería de utilidad que exista
como oferta académica?
Bueno, justamente la CIJUSO apunta a funcionar
como una herramienta importante que la Colegiación puede utilizar para lograr una capacitación
permanente y acorde a las necesidades.
œCuáles son, entonces, las propuestas para avanzar
en la Educación a Distancia?
Otro aspecto saliente de su Plan Académico es la
creación de un Departamento de Investigación.
œEn qué instancia se encuentra ese proyecto?
Estamos dando los primeros pasos en la compra de
equipos y el contacto con profesionales y docentes
con experiencia en el área para poder instrumentar
desde la Fundación un Plan de Educación a Distancia.
Para llevar a cabo el Programa de Formación de
Mediadores en la provincia de Buenos Aires –cuyo
autor es el Dr. Calvo Soler- se han adquirido algunos equipos que podrían servir para el Dpto. de
Por otra parte, creo que el acercamiento del Dr.
Calvo Soler significa un salto de calidad enorme, en
cuanto a la visión que proporciona como profesional de la Educación.
Es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y Profesor
de la Universidad de Girona y realmente es un
honor tenerlo como Director del Programa de Formación de Mediadores en la provincia de Buenos
Aires, dependiente del Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires y la CIJUSO.
Yo considero que el abogado está educado en una
mentalidad esencialmente contenciosa, del pleito,
del conflicto, pero si aprendemos a ver las cosas
positivas, a través de la idea de „la suma‰ como
hace la mediación, la cultura de la Paz, si aprendemos eso, probablemente nuestras instituciones
tengan un salto de calidad.
Existe una necesidad de que haya una Oferta Aca-
Bueno, la idea está concebida en torno a Grupos
de Investigación, con un Programa de 18 becas
anuales (una por cada Colegio Departamental) y
publicar 18 trabajos de investigación por año.
Para esto articulamos un Seminario de Metodología de la Investigación Científica y los mismos profesores que lo dicten, también llevarán adelante
un taller, en el que podrán asesorar a los investigadores en la práctica. Cuando la cursada termine,
También está en marcha un sistema de Categorización de Investigadores; para esto, primero se va
a realizar un censo para ver por ejemplo, cuántos
Magíster, cuantos Doctores hay dentro de la matrícula y quienes quieren colaborar con este proyecto.–Que esperamos que sean muchos!
La verdad que estamos trabajando mucho en la implementación de todas las cosas propuestas en el
Plan Académico y sobre todo con el objetivo de
que sirvan en un futuro, como decía anteriormente. Trabajo para que el día que yo me vaya, el
próximo Director Académico, pueda darle continuidad a los proyectos, porque este tipo de cosas no
se piensan, no se conciben para dos años, sino para
ser gestionadas y llevadas adelante durante un período prolongado de tiempo.
Conclusiones de la XVI
Bajo el lema “Bicentenario 1810-2010. Abogados:
a pensar el país” y en homenaje al Dr. Augusto
Mario Morello, la décimo sexta Conferencia Nacional de Abogados tuvo lugar en San Isidro, provincia
de Buenos Aires, entre el 7 y el 10 de abril de este
año. Tal como mencionáramos en la edición anterior, aquí las conclusiones a las que arribó cada
COMISIŁN I. TEMAS: LA ABOGAC¸A FRENTE
Coordinación de Organización Local: Dr. Adrián
Secretaría: Dres. Diego Hernán Armesto y Martín
Ponentes: Dres.: Javier Indalecio Barraza; Enrique
Pedro Basla; Julio Carrillo; Juan Carlos Ghiringhelli;
Juan Fernando Gouvert; Román Guillermo Jáuregui; Héctor Oscar Méndez; María Verónica Piccone; Alberto Pisano; Adolfo Rocha Campos;
Fernando Rogel Chaler; Luis María Santos; Gabriela Inés Tozzini; Luis Del Valle Moreno.
A LA ORGANIZACIŁN INSTITUCIONAL
•La república. La representación. El federalismo.
El estado democrático y social de derecho. Sistema
constitucional a partir de la reforma de 1994. Finanzas públicas.
•La coparticipación federal y la legislación aún
pendiente. El federalismo hoy, su sustentabilidad
fiscal. Los sistemas electorales.
•Los organismos de control (Auditoría General de
la Nación, SIGEN, Oficina Anticorrupción).
•El Congreso. Delegación de poderes. Decretos de
•Los partidos políticos. Democracia interna, cumplimiento de los mandatos representativos. El nepotismo. Financiamiento y la consiguiente reforma
•Las libertades públicas. Garantías y derechos individuales. El sistema acusatorio en el proceso penal.
•La libertad de prensa. Anomia.
Presidencia: Dres. Ricardo Cornaglia y Gabriela
Inés Tozzini
Coordinación Académica: Dres. Fernando Díaz
Cantón y Estela Sacristán
El aporte de los Abogados intervinientes en la Revolución de Mayo de 1810, ayudó a la conformación institucional de la republica argentina desde
sus nacientes. La participación activa de los Abogados en la vida institucional del país, ha sido importante y protagónica en la recuperación del
Estado de Derecho, la supervivencia del sistema federal, y el avance en la defensa de los derechos
El ejercicio honesto de la abogacía nos obliga a
transformarnos en custodios de la institucionalidad del país; y la defensa del programa constitucional, y de las libertades, derechos y garantías
que lo aseguran. Esta tarea inacabada solo será
posible con la creación de nuevos institutos que
permitan la evolución y concreción de los llamados
derechos de tercera generación, procurando alcanzar la equidad social necesaria para un vivir digno.
Para procurar la concreción de dichos objetivos, los
Abogados debemos apoyarnos en una exigente
formación interdisciplinaria. Esa formación lleva a
valorar desde lo jurídico en la era de la informática
los conocimientos de ciencias tan complejas como
la economía, la sociología, las neurociencias, entre
otras. La comisión recomienda para ello que los colegios de abogados instrumenten la capacitación
constante de sus matriculados y que el instituto de
estudios legislativos (I.D.E.L.) de la F.A.C.A. coordine, facilite y organice la educación y la investigación al respecto. También desafía a los
matriculados a comprometerse en dicha capacitación y en la investigación a los efectos de devolver
a la sociedad una parte de lo que han recibido de
ella como universitarios.
También aconseja una correcta representación del
cuerpo legislativo de los representantes del pueblo y
que obliga a respetar la correlación demográfica presente y esto lleva a tener que modificar el número de
representantes en relación con la ciudadanía representada, corrigiendo las desviaciones actuales.
Los Abogados a través de sus diferentes intervenciones deben ser colaboradores en la toma de conciencia por parte de las provincias, que el
verdadero federalismo constitucional se da con un
ejercicio pleno de las facultades no delegadas a la
nación; y que ello implica el manejo provincial de
sus ingresos. Para lo cual debe instrumentarse un
nuevo sistema tributario argentino y cumplirse en
lo inmediato con el mandato constitucional, del
dictado de una ley de coparticipación, conforme
directrices de la constitución nacional a partir de la
reforma de 1994. No existe el federalismo sin federalismo fiscal. Debe respetarse el principio de reserva de Ley en materia tributaria y evitarse
delegaciones prohibidas constitucionalmente. Es el
Congreso, el único poder del estado con facultades
para establecer los tributos cualquiera fuera su especie y más allá del nomen iuris que se les asignen.
Tal principio abarca a todos los elementos del tributo. Es tarea del poder legislativo realizar una
nueva construcción impositiva basada en la reali-
dad geográfica, económica, social y tecnológica del
país teniendo en cuenta en especial los intereses
de las regiones más necesitadas. Llevando a cabo
una adecuada, ágil, equitativa y moderna redistribución de dichos ingresos impositivos a lo largo y
a lo ancho de toda la republica y eliminando la
práctica ilegitima de imposición de retenciones y cargos distorsivos por parte de la administración central
en desmedro del principio de reserva de ley y de las
administraciones provinciales. En dicho contexto la
abogacía asume el compromiso de abogar en la defensa del acceso igualitario a la salud, al agua y
demás servicios básicos, a la educación, a la administración de justicia y a un medio ambiente sano para
toda la población de la república argentina.
El logro de estos objetivos de mínima, nos permitirán ahondar en la adecuación del concepto histórico del federalismo constitucional avanzando a
un federalismo propio de este siglo XXI y los siglos
venideros; permitiendo a la sociedad crecer en la
propuesta federal, dentro del estado de derecho.
Debe propenderse al logro de sistemas de administración de justicia más ágiles, adaptando los procedimientos judiciales a los avances tecnológicos y
tendiendo a la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y sociales asegurando
el derecho de defensa en todas las etapas del proceso e inclusive en la de ejecución de sentencia. La
lucha por el acceso irrestricto a la justicia debe ser
profundizada, cuando la marginalización social alcanza cada vez a mayores sectores de la población.
También debe hacerse efectiva la responsabilidad
del funcionario que permita la prescripción de causas por su inactividad.
Debe implementarse el sistema procesal penal acusatorio pleno en los códigos de procedimientos penales de toda la republica, debiendo procurar los
medios para que constitucionalmente y/o legislativamente, se acreciente la participación ciudadana
mediante la implementación del juicio por jurados,
con su debida reglamentación y garantizando la
fuente de financiación del mismo para su efectiva
No podemos por otra parte dejar de considerar la
mayor asignatura pendiente que le queda a nuestra última etapa de vida democrática, tan costosa-
mente lograda, que es la enorme deuda social,
que de no subsanarse o remediarse, amenaza incluso al Estado Social de Derecho consagrado constitucionalmente. Tenemos que afrontar con valentía
y franqueza su solución, ya que es imposible aspirar
a una calidad de vida sustentable, si no solucionamos las graves desigualdades sociales que tienden a
profundizarse cada vez con mayor gravedad.
El rol del Abogado como sostenedor principal del
estado de derecho, permite ahondar en la hora de
la emergencia de lo colectivo, el debate profundo
sobre la inequidad existente. Es justamente la labor
institucional de la abogacía y de cada abogado en
particular, poner de relieve dichas necesidades sociales y afianzar las instituciones democráticas que
permitieron el desarrollo de la republica.
Mientras quede un Abogado dispuesto a defender
las instituciones, adecuarlas a los nuevos tiempos y
defender el Estado de Derecho y a los ciudadanos,
perdurara inquebrantable el espíritu republicano.
COMISIŁN II. TEMAS: LA ABOGAC¸A Y LA JUSTICIA.
•Los Consejos de la Magistratura y organismos asimilables. Selección, nombramiento y remoción de
los Magistrados. Sistemas aplicables. Participación
•Las normas constitucionales. Equilibrios y desequilibrios. Integraciones. œIgualdad en las representaciones? Las experiencias desde 1994.
•Control judicial de la administración pública en el
siglo XXI. Acceso a la tutela judicial efectiva; control
de legalidad; legitimación colectiva; el amparo; el proceso como garantía y no como valladar.
Presidencia: Dres. Guillermo E. Sagués y Luis E. Pe-
reira Duarte.
Coordinación Académica: Dres. Alberto Bianchi y
Héctor O. Méndez.
Coordinación de Organización Local: Dr. Antonio
E. Carabio.
Secretaría: Dras. María Guadalupe Vázquez y Susana Villegas.
Ponentes: Enrique Pedro Basla; Patricia Canela de
Ferrari; Diego Paulo Isabella; Carlos Alberto López
de Belva; Héctor Oscar Méndez; Pedro Mollera;
Luis Enrique Pereira Duarte; Alejandra Rojo Sanz;
Conrado Suárez Jofré; Gabriela Inés Tozzini.
1) En los Consejos de la Magistratura de la Nación
y de las Provincias, más allá de su diversa integración, es imprescindible la presencia de los abogados. Los abogados representantes deberán actuar
con conciencia de la pertenencia estamental y con
la obligación permanente de rendir cuentas a
quienes les delegaron la representación. Los abogados, que participan por decisión del constituyente, lo hacen también en defensa del interés
público y con ello de los justiciables. Para la integración del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación,
los representantes de los abogados deben ser elegidos a través del voto de sus pares.
2) Se sugiere la derogación inmediata de la Ley NÀ
26.080, que modificó la Ley NÀ 24.937 (y su modificatoria), restableciendo la vigencia de esta última. Lo anterior se propone como una solución
meramente coyuntural y hasta que se logre un
nuevo consenso legislativo, que recepte adecuadamente la pauta constitucional del equilibrio,
que esta última tampoco respeta.
El Dr. Sagués, la Dra. Capuano Tomey y la Dra. Villegas propusieron que las organizaciones colegiales deben reanalizar la posibilidad de participar o
no en las institucionales regladas por los Art. 114 y
115 de la Constitución Nacional mientras no se respeten el equilibrio establecido por la Constitución
3) La integración del Consejo debe conformarse
con la participación de la representación de:
a) Los órganos políticos resultantes de la elección
popular (PE y PL), integrando un mismo estrato; b)
los jueces de todas las instancias (incluyendo la de
la Corte Suprema, a la que deberá conferirse la presidencia); c) los abogados de la matrícula federal y
d) los profesionales del ámbito académico y científico. En esa integración debe existir equilibrio
entre la representación de los tres primeros sectores, sin perjuicio de la participación en el órgano y sin formar parte de dicho equilibrio del
La ley no exige la intervención directa y personal
en el Consejo de los órganos políticos y es conveniente que no lo haga, haciéndolo en cambio a través de sus representantes técnico, en tanto se ha
pretendido la despolitización del sistema de designación y remoción de los magistrados.
El Dr. Szmukler consideró que el Consejo de la Magistratura es un órgano extra-poder y que los Jueces de
la Corte Suprema no deben integrar el órgano.
4) En la selección de los jueces, es necesario definir
a nivel nacional el „perfil exigible a los aspirantes a
la magistratura‰. Ese perfil debe valorar no sólo la
idoneidad técnico-jurídica, que comprende especialmente la capacidad resolutiva, sino también la
idoneidad físico-psicológica, la ética, la gerencial y
la idoneidad en relaciones humanas.
Se deben valorar adecuadamente los antecedentes, según el perfil buscado. Es necesario encontrar
parámetros objetivos y predeterminados para comprobar y ponderar las distintas idoneidades.
Peticionamos que se arbitre lo conducente a efectos de que FACA pueda recolectar la experiencia
de los consejeros abogados de todo el país a través
de encuentros periódicos.
5) En el ámbito nacional, la situación actual de los
jueces subrogantes atenta contra la independencia
judicial. Los nombramientos provisionales de jueces
deben constituir una situación de excepción y no la
regla. Se reitera la declaración realizada por la
FACA respecto a los jueces subrogantes.
6) Se propone que la FACA impulse, a través del
IDEL, la elaboración de un proyecto de ley, que declare que ningún abogado puede ser perseguido disciplinaria, criminal ni patrimonialmente, por haber
promovido la investigación de la conducta de un
juez en cumplimiento de las normas que imponen a
los abogados el deber de acusar o denunciar.
7) Los procedimientos de aplicación de los tributos
nacionales y locales deben adecuarse al bloque constitucional actual, en el que rigen a favor del contribuyente, tanto en el procedimiento tributario de
aplicación de sanciones como en cuestiones extrapenales, las garantías judiciales del Pacto de San
José de Costa Rica (Art. 8.2) con el alcance e interpretación dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente, los procedimientos
deben asegurar el efectivo acceso a la justicia.
8) El Dr. Isabella propició la reforma del artículo 18
Inc. f) del texto de la ley 12.008, modificado por la
ley 13.101, volviendo al texto anterior de aquella
ley para asegurar la efectiva vigencia de la garantía
de amparo y el efectivo acceso a la justicia (Art. 15,
Constitución de la provincia de Buenos Aires).
9) Los derechos colectivos „Lato Sensu‰ han sido
reconocidos constitucionalmente por lo que es imprescindible crear una legislación procesal, que garantice el debido proceso ante la vulneración de
los mismos. La Dra. Canela de Ferrari propició la
adopción del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, previa adecuación a nuestro sistema jurídico.
EL RESTO DE LAS CONCLUSIONES SERAN PUBLICADAS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN
“Siempre he defendido la Abogacía
organizada, no me gustan las
instituciones que son expresiones
individuales: para hacer una tarea
útil para el conjunto hay que estar
en organizaciones”
El Dr. Héctor Diego Furlong, con más de cuarenta años de ejercicio profesional, posee una
reconocida trayectoria colegial: fue Presidente
del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, asimismo del COLPROBA y Vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(FACA). En diálogo con este medio, el Dr. Fur-
long hizo un recorrido sobre su acercamiento al
Derecho y las épocas difíciles que le han tocado
vivir como directivo colegial durante la última
dictadura militar. También analizó y reflexionó
sobre la necesidad de una Abogacía organizada
y la importancia de la figura de la Colegiación
legal para el ejercicio de la profesión.
œUd. Nació en Bahía Blanca y estudió en La Plata?
œCómo llega a estudiar Derecho?
Mi afición al campo es un problema ancestral que
tengo, motivo por el que, cuando yo me inicié en
el año Ê61 en la actividad, empecé a dedicarme a
las cooperativas agrícolas y gran parte de mi ejercicio profesional fue directamente vinculado al Derecho Cooperativo. Estuve muy ligado al Derecho y al
movimiento cooperativo del país, a través de la rama
de las cooperativas agropecuarias. Como abogado
del interior, si bien no he podido dedicarme a una especialidad pura, ya que en el interior un poco debemos recurrir a distintas fuentes laborales, aún así mi
principal foco de atención y tres cuartos de mi actividad profesional ha estado dedicada a las cooperativas agrarias. De ellas guardo el mejor recuerdo y
además me permitían seguir en contacto con un
medio al que amo mucho: el campo.
No, yo nací en el campo, en el partido de Coronel
Dorrego, en el año 1933; toda mi familia había
sido gente de campo, de modo que todos mis primeros años los pasé trabajando en el campo. En el
año 1948 nos instalamos en Bahía Blanca, mi
padre seguía trabajando vinculado al campo, y yo
estaba terminando el Colegio Nacional.
Mi vocación siempre estuvo relacionada al campo,
más que cualquier carrera universitaria, y debo confesar que sigo teniendo una disposición muy especial
por todo lo que es rural, tradición, etc. Pero bueno, las
circunstancias de la vida hicieron que me inscribiese
en La Plata en el año 1952 en la carrera de Derecho,
yo no podía estar en La Plata, residir allí, de manera
que cursé libre la carrera. Entonces viajaba desde
Bahía Blanca, donde trabajaba en distintas actividades
hacia La Plata, para rendir los finales; hasta que finalmente me recibí.
œCómo comenzó su actividad colegial?
Bueno, cuando me recibí en el año 1961, no eran
muchos los abogados que había en Bahía Blanca,
ya estaba dictada la Ley 51 77, esta maravillosa Ley
que ha regido la actividad de los abogados durante tantos años y con tanto acierto. Bueno, lo
cierto es que cuando me inscribí éramos doscientos
abogados en el Departamento, en la actualidad
hay entre mil seiscientos y mil setecientos, nótese
el crecimiento de la matrícula.
Yo de inmediato me vinculé con el Colegio local, empecé a concurrir y a los pocos años ingresé en el Consejo Superior, terminando como Presidente en el año
1974, cumpliendo un mandato inconcluso del Dr. Julio
Corenfeld, que murió mientras ocupaba el cargo. El
Dr. Corenfeld es un abogado de gran memoria para
los colegas bahienses, y desgraciadamente no pudo
completar ese ciclo, de modo que lo hice yo.
Luego de eso fui electo Presidente en 1976 y reelecto, de modo que dejé el cargo en 1984, ejerciendo así la Presidencia del Colegio de Abogados
de Bahía Blanca durante diez años. De los cuales,
los últimos dos, me desempeñé simultáneamente
como Presidente del Colegio de Abogados de la
provincia de Buenos Aires, en aquel momento eran
trece Departamentos, antes de que se agregaran
Zárate, Campana, La Matanza, toda esa serie de
departamentos nuevos que eran necesarios y fueron creados a su turno.
Durante aquel mandato en el Colegio de la provincia ocurrió algo que me relacionó con la ciudad de
La Plata a través del Dr. Enrique Basla, quien fue mi
Vicepresidente; y terminando aquel período, el Dr.
Basla asumió la Presidencia de la Federación Argentina de Abogados (FACA) y yo era su Vicepresidente, de manera que intercalamos los roles.
A partir de la finalización del mandato en Bahía
Blanca, en 1984, he seguido vinculado a la institución local, cuya delegación represento ante la
FACA desde hace ya unos años. Naturalmente la
participación en la Federación me ha llevado también a vincularme con Organizaciones internacionales, algunas que quiero más y otras menos, en
el caso particular a la que más afecto le tengo, por
su sistema de organización es la Unión Iberoame-
ricana de Colegios de Abogados, bien llamada
UIBA, presidida por el Dr. Martí Mingarro, de conocida historia en nuestro país.
Yo siempre he defendido la Abogacía organizada, no
me gustan las instituciones que son expresiones individuales, yo creo que para hacer una tarea útil para
el conjunto hay que estar en organizaciones, cuya
membresía no son los abogados individuales, sino
que son Colegios, donde los hay, y Asociaciones de
Abogados de algún tipo, donde no se ha podido instalar la figura del Colegio de Ley, como tenemos y
defendemos desde la provincia de Buenos Aires.
A partir de su experiencia como abogado y como
dirigente colegial œQué análisis hace de la situación
actual de los Colegios de Abogados?
Bueno, afortunadamente desde aquellos años iniciales varias provincias que no tenían la Colegiación
legal las han ido logrando, y en actualidad sólo restan dos provincias sin Colegiación legal, una de ellas
es Santa Cruz y la otra es Chaco. Yo creo que los Colegios de Ley, cuyo mérito ya no está discutido en el
orden internacional, ha sido aceptado e incorporado como válido, no fue fácil instalarlo en el país,
particularmente en algunos distritos, más teniendo
en cuenta las distintas épocas políticas tan oscilantes
que hemos tenido en la República.
Hemos avanzado mucho, esperemos que en las
provincias pródigas que han quedado afuera del
sistema, tengamos la posibilidad de instalar una
Abogacía organizada, que no es solamente en
favor de los abogados, sino que es también en
favor de la sociedad. La sociedad debe tener abogados que tengan que responder ética y profesionalmente a un órgano de control y el mejor
control es el de sus propios pares. A nosotros los
abogados que participamos en los Colegios, no
nos tiembla el pulso si debemos sancionar a un colega por mal desempeño de su cargo, de sus funciones o por el motivo que fuera. Yo creo que
somos celosos de esta cuestión, porque entendemos que con esto se reivindica el conjunto de la
membresía de abogados que merecen el respeto
de los ciudadanos, ciudadanos que a la vez necesitan contar con ese apoyo.
Ud. Ocupó cargos directivos en momentos muy difíciles en lo político y social. œCómo fue esa experiencia y qué es lo que más recuerda de esos años?
Y⁄con el Dr. Basla asumimos en FACA en diciembre del año 1984, ya recuperada la Democracia,
en tanto el mandato que compartimos en provincia fue entre 1980 y 1982. Pero mi experiencia en
Bahía Blanca fue en la peor época, entre el 74 y
el 84, una época aciaga, muy dura, ya que el período –no voy a decir 76-83, sino 74-83- porque lo
cierto es que antes del Golpe de Estado de Marzo
del Ê76, la inseguridad jurídica de los ciudadanos y la
violencia ya estaban instauradas en el país, esa es la
verdad histórica. Ahora veo muchas veces que esa historia se parcializa en tramos que no se corresponde
exactamente con la realidad de cómo fueron los hechos. Nosotros desde el año Ê74 en adelante y en particular en el Ê75, tuvimos épocas muy aciagas, de las
cuales yo responsabilizo a las dos partes que se disputaban el poder o la violencia. Sea la violencia de la
guerrilla o la violencia del Estado, que por supuesto
es más criticable porque tiene la responsabilidad de
aplicar la ley y no solamente el garrote; pero las responsabilidades estaban repartidas.
A partir de los hechos de Trelew, en el Ê72, no era
fácil para los detenidos políticos lograra tener defensores legales; mi Colegio ante esa realidad
tomó una resolución por la cual a todo aquel ciudadano detenido o que necesitaba de la asistencia
de un abogado, se le brindaba a través del Colegio. Esto se hacía a partir de un sorteo, entre su
matrícula y a veces entre sus propios directivos y
así se elegía al o a los abogados que iban a asistir
a la persona que lo necesitara en cada caso. Este
sistema de representación anduvo maravillosamente bien, debo decir que fuimos los primeros
en instalarlo, y era muy necesario para la gente
que estaba desprotegida.
Por supuesto que no fue una decisión simpática
para algunas esferas de poder, porque se encontraban con abogados, donde ellos pretendían que
no hubiera. Bueno, eso generó también reacciones
y revanchas contra los abogados; confundiendo el
rol del abogado y el ejercicio de su profesión libre
con el rol que pudiere o no estar desarrollando su
defendido. De manera tal que nosotros llevamos
adelante este sistema de representación hasta ya
instalada la Democracia, cuando las Defensorías
Oficiales comenzaron a normalizarse y a poder actuar. Pero antes de eso, las recurrentes recusaciones y renuncias de los letrados dejaban al
ciudadano sin una defensa legítima en la causa que
se le estaba llevando a adelante. El Colegio de
Bahía Blanca lo hizo y me consta que otros Colegios Departamentales también lo hicieron, pero
reivindicamos para Bahía Blanca la decisión y el
haber sido los primeros en llevarlo adelante.
El otro aspecto relacionado que recurrentemente
preocupó a los Colegios en general, fue la desaparición y muerte de abogados; lo de Mar del Plata
fue emblemático, La Plata fue otra de las zonas
„calientes‰. Nosotros en Bahía, si bien no tuvimos
en aquel momento muertes violentas, sí hubo una
gama de abogados detenidos por el sólo hecho de
ejercer su profesión libremente; la verdad que son
años que uno recuerda como de triste historia, a
los que no debiéramos recurrir nuca más.
Años vista, a partir de su bagaje profesional y personal œQué le diría al joven abogado?
Bueno, esto merece un párrafo previo: yo creo qué
en los últimos tiempos -y esto lo puedo decir porqué me estoy yendo de la profesión, de manera
que no lo digo en defensa de mis intereses particulares- el abanico de Facultades de Derecho que se
han abierto en el conjunto del país, exceden con su
producción de abogados lo que requiere el mercado profesional. Eso no es bueno, porque con el
argumento de una carrera humanista y linda, œqué
joven de 18 o 20 años no quiere ser paladín de la
Libertad, la Democracia y la Justicia? Todos.
Entonces es una carrera muy convocante, pero lo
que a veces es frustrante es la salida laboral para
esos jóvenes, porque no encuentran luego en el
mercado un lugar para desarrollarse como ellos
pensaron que podrían hacerlo; y eso no es culpa
del joven ni de la familia que hace el esfuerzo para
que pueda estudiar y recibirse. Yo creo que es una
falta de información y un error en las políticas universitarias, alentando salidas que no son tales y
traen consecuencias.
Un chico recién recibido, que tenga que dedicarse
a una actividad absolutamente ajena a lo que fue
su ambición de estudios y sus ideas, será un joven
totalmente frustrado. Lo peor de esta situación es
que ante las escasas posibilidades, se multiplican
las faltas éticas e irregularidades que, yo entiendo,
que en otras condiciones no se hubiesen dado.
Yo creo que los tiempos han ido cambiando y que el
estudio de la Abogacía, como de tantas otras disciplinas en este momento se están especializando cada vez
más; la gama del abogado „clínico general‰ como existía antes ha variado. Ya la capacitación del abogado
no se agota con el título que le expide la Universidad,
hay que hacer Cursos de Posgrado y eso valoriza al
profesional, lo ayuda en la salida laboral y entra en
unas condiciones de competencia más ventajosa en un
mercado que no es para nada fácil.
Los jóvenes abogados deben saber, que el ser un trabajador de las leyes y colaborador de la Justicia, nos
posibilita una vida digna y decorosa, pero no se debe
pensar en enriquecimientos ni mucho dinero. Podemos tener una vida digna y decorosa que es lo que
puede aportar una carrera „normal‰ y el desarrollo
de una actividad normal de la profesión. Algunos logros materiales llegan con el tiempo, con paciencia,
con trabajo y con idoneidad y sobre todo con una escrupulosidad en la profesión que lo nos haga merecedores de la confianza de los clientes.
Declaración del Bicentenario del
Colegio de Abogados del Departamento
Judicial Trenque Lauquen
Los argentinos hemos conmemorado y festejado
el Bicentenario de la Revolución de Mayo. El 25 de
Mayo de 1810 comenzó un largo derrotero -inconcluso aún- que tuvo como objetivo fundacional diseñar un marco institucional perdurable que
regiría los destinos de lo que años después llamaríamos la Nación Argentina. Fue así que los constituyentes de 1853, con extraordinaria síntesis, lo
expresaron en el Preámbulo de la Constitución Nacional al afirmar que lo alcanzaríamos cuando se
lograran aquellos objetivos de: "constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad". Así se pensó la creación de un Estado con
un marco jurídico preeminente que asegurara que
tales metas esperanzadas se plasmaran, alguna
vez, en realidad.
En este contexto de mirada retrospectiva, de recordación admirada y respetuosa de aquellas personalidades del hecho revolucionario de Mayo de
1810, se suma el compromiso hacia el futuro. Por
ello el Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Trenque Lauquen adhiere a estos festejos no sólo con la realización de distintos actos institucionales -entre otros organizando el XIII
Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas que se
concretará en el próximo mes de octubre-, sino
también aportando algunas reflexiones y valoraciones que involucran a quienes integramos la Co-
legiación Legal de la Provincia de Buenos Aires nuestro territorio institucional- y de la República
Argentina -por nuestra pertenencia como hijos de
Este pronunciamiento institucional no puede comenzar de otra forma que ratificando el compromiso con el legado de los hombres de Mayo, y el
diseño de Juan Bautista Alberdi que se cristalizó en
el artículo 1À de la Constitución Nacional de 1853,
cual fue el de organizarnos dentro del sistema republicano, representativo y federal de Gobierno.
Sin independencia, división y recíproco control de
los tres poderes del Estado, sin plena vigencia de
los derechos y garantías que reconoce la Ley Suprema, sin efectivo y real acceso de todos los ciudadanos al conocimiento de los actos de gobierno
y la consiguiente libertad de expresión, sin mecanismos que aseguren la periodicidad en los cargos
electivos de gobierno desechando toda pretensión
de permanencia indefinida, sin plena vigencia de
estos principios fundamentales, no hay República
y por consiguiente no habrá representantes genuinos surgidos del sufragio universal y secreto, y
menos aún sistema federal, sino todo lo contrario.
La independencia del Poder Judicial es un presupuesto básico para que los jueces dicten resoluciones
conforme a derecho con absoluta prescindencia de
las preferencias de los restantes poderes del Es-
tado. Por ello vemos con preocupación que se expresen de manera indecorosa -si bien por ahora
sólo en forma circunstancial- manifestaciones de
miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
que propician no acatar eventuales decisiones judiciales adversas, con lo que exteriorizan intromisiones inadmisibles que sólo buscan condicionar los
pronunciamientos de los jueces.Pero también es pertinente observar que un servicio de justicia de calidad, eficiencia y de rápido acceso para todo ciudadano, debe tener dentro del
mismo Poder Judicial, la contrapartida de magistrados probos, capaces, independientes e incorruptibles y no lábiles o sometidos a presiones que
apuntan a frenar abusos estatales o la investigación de actos de corrupción.
integrar el Poder Judicial, que también tenemos mayoritaria participación -por afinidad con esa condición profesional- dentro de los Poderes Legislativo
y Ejecutivo, no podemos excluirnos ni apartarnos de
las valoraciones críticas que hemos expresado, y por
el contrario debemos reconocernos como parte de
tales desviaciones del sistema republicano. Pero ello
no obsta que imbuidos del sentimiento patriótico
que provoca la recordación del Bicentenario de la
Revolución de Mayo instemos a todos los que integran las máximas instituciones de la República a
estar a la altura de sus cargos y hacerlo en el marco
asignado por la Constitución.
Por ello repudiamos y rechazamos todo intento que
no esté en línea con aquella meta liminar expresada
en el Preámbulo de afianzar la justicia.En el ámbito del Poder Legislativo, la deliberación
parlamentaria constituye un elemento estructural
de la democracia. Los legisladores deben comprometerse para asegurar el debate público y racional
de proyectos propios o ajenos, aún los que estén en
las antípodas de los ideales de aquellos a quienes
representan. Condicionar el quorum, rehuir el deber
de asistencia a las sesiones de los cuerpos legislativos, es ni más ni menos que degradar la calidad institucional del sistema democrático. Sin deliberación
no hay parlamento y tampoco hay República.
Cumpliendo con el compromiso ético superior que
nos impone el artículo 19 de la ley 5177 -la defensa
de la justicia, la democracia, el Estado de Derecho
y las instituciones republicanas- hacemos propias
las expresiones de una reciente declaración de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados:
"El autismo institucional debe reemplazarse por un
diálogo sincero, respetuoso, sostenido en los valores, sentimientos y fundamentos de la República
que hacen al bienestar general (...) Debe profundizarse la institucionalidad del país, su calidad y lograr su funcionamiento normal junto con un
control adecuado y regular en cuanto al comportamiento de cada uno de sus miembros. Se debe lograr la división de poderes, el respeto a la
Constitución íntegramente y a las leyes de la Nación, más el Estado de Derecho y la República".
Finalmente, en este contexto de división y equilibrio de poderes, somos respetuosos de las atribuciones del Poder Ejecutivo representado por quien
ejerce el cargo de Presidente de la Nación Argentina, pero debemos esperar también que ese ejercicio funcional lo sea en el marco de las
atribuciones y competencias que le asigna nuestra
Constitución. Sólo con plena libertad y seguridad
individual, sin proscripciones y sin autoritarismo que debe garantizar esencialmente el Poder Ejecutivo- podrá pensarse en un país con justicia. Y
entonces habrá República.
Los abogados, que precisamente por formación
académica cumplimos con la condición básica para
Trenque Lauquen, Mayo 26 de 2010
de Abogados Trenque Lauquen
de Bahía Blanca: el primero del país
El Colegio de Abogados bahiense, es el más antiguo del país en funcionamiento, dado que dos
intentos anteriores que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX no tuvieron
continuidad y la fundación del Colegio de la Capital Federal data del año 1913. La institución
vio la luz de la vida pública un 18 de marzo de
1908; a partir de una reunión que se realizó en
el Estudio del Dr. Francisco Cervini. De ella participaron los Dres. José D .Espeche, Nicanor Toranzos Torino, Ricardo Flood, Rodolfo J. Dillon,
Bartolomé J. Ronco, Valentín Vergara, Mauricio
A. Tardieu, Arturo Isnardi, Agustin Lantero, Andrés S. Herrera, Eduardo F. Tuñion, Facundo Lamarque, Manuel Ortiz Pereyra, Alberto B. Bonel,
Abel Brunel y Julio Villalba.
Durante ese encuentro, los presentes resolvieron
constituir una corporación para conservar la moralidad del ejercicio de la profesión y velar para que los
Magistrados del Departamento se mantengan dentro de los Principios Constitucionales y Legales, así
como los que la Moral y Justicia establecen. En este
contexto y bajo estos principios se dio por constituida
una Asociación con el nombre de Colegio de Abogados; se eligió como primer presidente al Dr. Valentín
Vergara y el 19 de marzo de 1908 se sancionaron los
primeros Estatutos. De esta manera quedó fundado
el primer Colegio de Abogados del país.
Siete años más tarde, el 5 de Noviembre de 1915
se reorganizó el Colegio, se sancionaron nuevos
Estatutos y se eligió como presidente al Dr. José
D. Espeche; inaugurándose el local propio en la
casa de la calle Alsina Nro. 285 el 29 de diciembre
del mismo año. En aquella oportunidad se dijo
que, como lo establecen los Estatutos, el Colegio
quedaba fundado a perpetuidad.
Para la renovación de autoridades en 1917, resultó
electo Presidente el Dr. Rodolfo J. Dillon, mientras
que el Dr. Francisco Cervini ejerció el cargo a partir
de 1919; período en que la sede social de la institución se trasladó a la calle Alsina Nro. 45.
El Dr. Florentino Ayestarán asumió el 14 de diciem-
bre de 1921 y fue el último Presidente de este período, ya que al llamarse a Asamblea para la renovación de autoridades en 1923, el acto no se
realizó, abriéndose así un paréntesis de siete años
de aparente inactividad.
Recién el 16 de septiembre de 1930 se llevó a cabo
en la Biblioteca del Club Argentino una nueva
Asamblea de elección de autoridades, resultando en
esa oportunidad Presidente el Dr. Rodolfo J. Dillon.
El 22 de septiembre de ese mismo año se inauguraron oficialmente los Tribunales, y la Suprema Corte
le otorgó al Colegio de Abogados bahiense un
local en dicho edificio.
La etapa comprendida entre 1931 y 1937 estuvo
marcada fuertemente por la búsqueda de oficialización de los Colegios, y las gestiones de los Presidentes Manuel Lucero (1931-32); Florentino
Ayestarán (1932-33); Arnaldo Lejarraga (1933-35)
y Bartolomé F. Vanoli (1935-37) acompañaron e
impulsaron esta iniciativa.
Este proyecto tuvo continuidad con las Presidencias
de Fermín R. Moisá (1937-39) y Rafael E.Bagur (19391943) y tal fue así que en el "Primer Congreso de Abogados de la Provincia de Buenos Aires" reunido en
Azul en 1941, se declaró unánimemente la necesidad
de contar con una organización legal de los Colegios
de Abogados, para entregarle el gobierno de la matrícula y la potestad disciplinaria.
Se considera que fue a principios de 1944, con el
decreto 543, que estos pedidos tuvieron un principio de ejecución, aunque en 1943 la Suprema
Corte de Justicia lo declarara inconstitucional. En
tanto, en aquellos momentos ejercía la Presidencia
del Colegio de Abogados de Bahía Blanca Fermín
R. Moisá, durante el período 1943-46.
Ya durante el mandato de Santiago Cenoz, en el lapso
1946 a 1952 se sancionó la Ley reglamentaria de las
profesiones de Abogado y Procuradores, Nro. 5177,
precisamente en el año 1948. De este modo la Colegiación se tornó obligatoria, y el gobierno de la matrícula
y las facultades disciplinarias pasaron a manos de los
Colegios de Abogados; fruto de una etapa signada por
algunas vicisitudes y crisis; se mantiene hasta la actualidad la vigencia de aquella Ley 5177.
El Dr. Fermín R. Moisá volvió a ser Presidente durante el lapso 1952-1956; año en que fue elegido
para el cargo Alfredo Jorge Viglizzo; y fue durante su Presidencia que el Colegio de Abogados
bahiense se trasladó a sus nuevas instalaciones
en la calle Moreno Nro.62, que eran propiedad
de la Caja de Previsión Social para Abogados,
manteniendo a la vez, un local en el Palacio de
Entre1964 y 1972 se desempeñó en el cargo presidencial Juan Félix Martella, siguiéndole el Dr. Julio
Corenfeld, quien falleciera en el ejercicio de su
mandato en 1974, culminando así su período el Dr.
Héctor Diego Furlong.
En la renovación de autoridades de 1976 resultó
Presidente electo el Dr. Furlong, y ejerció la titularidad por dos períodos más, finalizando en el año
1984. Durante esta etapa se concretó la compra
del inmueble de calle Moreno Nro.62 a la Caja de
El siguiente período comprendido entre 1984 y
1988 se desarrolló bajo la Presidencia del Dr. Raúl
Manuel Vidal; mientras que en 1988 resultó electo
Presidente el Dr. Mario Monacelli Erquiaga, quien
se desempeñó el cargo hasta el año 1996.
Lo sucedió en la Presidencia el Dr. Jorge Pezzutti,
quien también cumplió dos mandatos, dejando el
cargo en el año 2004.
EL FESTEJO POR EL CENTENARIO DE LA FUNDACIŁN
Y LA ACTUALIDAD INSTITUCIONAL
Desde el año 2004 y hasta la actualidad la dirección
del Colegio está a cargo del Dr. Gerardo R. Salas, quien
mantiene mandato vigente hasta el año 2012.
Bajo su Presidencia en el año 2007 se realizó la compra
del inmueble donde actualmente funciona la institución, que perteneciera al Diario La Nueva Provincia,
uno de los edificios históricos de Bahía Blanca, que integra el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Luego
de la correspondiente adecuación de las instalaciones,
la nueva sede fue inaugurada el 18 de marzo de 2008,
oportunidad en la que el Colegio de Abogados bahiense cumplía 100 años de su creación.
Con motivo de la conmemoración del centésimo
aniversario, se resolvió establecer el „Año del Centenario‰, entre el 25 de septiembre de 2007 al 25
de septiembre del 2008. Esta conmemoración obedece a que el 25 de septiembre es el día del Abogado bahiense, fecha que había sido elegida en un
primer momento por ser Colegio más antiguo del
país, y corresponde al día en que la provincia de
Buenos Aires juró la Constitución de 1853 y se integró definitivamente la Nación Argentina.
Dado que la Federación Argentina de Colegios de
Abogados sostenía el día 29 de agosto como día
del Abogado y luego de varias invitaciones a que
Bahía Blanca modificara su fecha, en el año 1979 se
resolvió adherir a la fecha nacional del Día del Abogado, manteniendo el 25 de setiembre, como se
dijo, como el Día del Abogados bahiense.
Se jubiló Guillermo Larrubia,
Secretario Institucional del CATL
El 30 de junio pasado no fue una fecha más en la vida del Colegio de
Abogados de Trenque Lauquen: ese día, y después de 31 años de haber
aportado un servicio eficiente desde lo profesional e invalorable desde lo
humano, Guillermo Raúl Larrubia se despidió como Secretario Institucional de la entidad. Lo hizo con la satisfacción que suele sentirse por el
deber cumplido y para jubilarse. Para ser único dueño de todo su tiempo.
Guillermo ingresó al CATL el primero de julio de
1979, para suceder en el cargo a Isaac Peisajovich,
nuestro primer Secretario. El presidente era el Dr.
Aldo Horacio Cammisi y entre los miembros del
Consejo Directivo ya estaba su amigo Julio César
Jonas, casualmente, por esas cosas del destino,
hoy a cargo de la titularidad del Colegio.
Su llegada al CATL no le impidió continuar despuntando el vicio de locutor en LU11 –su inconfundible voz se escuchó durante casi 22 años-, pero en
cambio sí tuvo que dejar su trabajo en la Compañía de Seguros La Primera, donde permaneció 11
años. „Muchos me dijeron que tuve suerte porque
me fui y al poco tiempo La Primera cerró, pero no
fue así. Allí había muchos amigos, muchos compañeros de años, y lo que pasó me pegó tanto como
a ellos, me causó una gran tristeza y dolor. No se
trataba de si yo seguía o no como empleado para
sentirlo del mismo modo que el resto‰, dice ahora,
En el CATL atravesó las presidencias de los Dres. Cammisi (hasta el `86), Juan Mario Gersenobitz
(1986/98), Luis Horacio Llamedo (1998/2006) y Jonas
(2006/) y se cruzó con cientos de magistrados, funcionarios, abogados y empleados, y obviamente acumuló pilas de anécdotas, de pequeñas historias, de
cuestiones cotidianas, de pesares y alegrías. Su estricta reserva le impide contar algunas de ellas⁄
Del balance profesional de su paso por el CATL
tampoco habla mucho, tal vez para evitar el auto-
elogio. Se limita a señalar que supo adaptarse „a
las nuevas modalidades en una etapa de permanente progreso‰. Y risueño recuerda los apurones
que le provocó el desembarco de internet, una red
que hoy tiene „domesticada‰.
Ante la insistencia por conocer cosas puntuales de
la labor realizada, siempre, invariablemente, Guillermo desemboca la conversación en cuerdas que
tocan los afectos. „Las buenas fueron tantas que
no me acuerdo de ninguna y las malas, aunque
pocas, no se olvidan, sobre todo la pérdida de amigos‰, confiesa sin entrar en detalles.
„Lo más importante para mi es haber podido quebrar la relación institucional y hacer amistades en
todo el ámbito del departamento judicial, desde
magistrados hasta compañeros de oficina‰,
agrega. Y la lista es larga.
Guillermo asegura que se lleva „el mejor de los recuerdos‰ de su extensa estadía en el CATL, y declina hacer nombres propios „para no caer en
olvidos injustos‰.
Se fue Guillermo Raúl Larrubia. A partir del 1À de
julio ya no desempaña la Secretaría Institucional
del CATL. Desde ese día, seguramente, se levantará temprano como hasta ahora, pero ya sin corbata, y dedicará cada uno de sus ratos a sus dos
amores: la familia –su esposa Olga Marro y sus
hijas Mariana y Ana Julia- y Foot Ball Club Argentino. Lo vamos a extrañar.
Colproba Nº 30
Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires