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Timestamp: 2018-01-20 16:53:32
Document Index: 229106512

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'artículo 167', 'artículo 171', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 224', 'Artículo 224', 'artículo 167', 'artículo 224']

Gaceta: LXIII/2SPO-106/69842
El suscrito, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de enriquecimiento ilícito, al tenor de la siguiente:
La corrupción en nuestro país es considerada como un mal generalizado que ha permeado profundamente el sistema político y el gobierno con resultados que limitan las oportunidades de todos a una vida mejor.
De acuerdo con el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, la corrupción es uno de los culpables detrás de muchos de los problemas graves que enfrenta el país, tales como la caída de la productividad y la competitividad, la desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad regional, entre otros.
Al respecto, el informe del Índice de Competitividad 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que el costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un 5% del PIB.
En ese sentido, si la corrupción no se combate con eficacia, resulta imposible atender eficazmente los problemas que derivan de ella. Por ello se considera que las recientes reformas a la Constitución y a diversos ordenamientos que estructuran el Sistema Nacional Anticorrupción se constituyen como un paso firme en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, el cambio real dependerá del alcance y el éxito de su implementación, de la forma en que se responda ante los desafíos que ésta representa, así como de la actualización y mejora de los preceptos para adaptarlos a la realidad social y hacerlos más eficaces.
La detección de áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los mecanismos de combate a la corrupción se constituye como parte importante del fortalecimiento del sistema anticorrupción, siendo una de las áreas más notorias la relativa a los mecanismos de investigación y sanción de infracciones por parte de los servidores públicos bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales.
Al respecto, una de las caras de la corrupción, que ha afectado negativamente la confianza en las instituciones políticas y en los líderes, radica en el mal uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Frecuentemente se difunden a través de los medios de comunicación diversos casos en que servidores públicos de varios estados de la República como Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y en especial el caso de Veracruz, son acusados de delitos como peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Ante ello desafortunadamente prevalece la impunidad, pues resulta común que los acusados por estos delitos fácilmente se sustraigan de la justicia desapareciendo del país para evitar la pena correspondiente para el delito cometido, o que a través de argucias legales logren evadir sus responsabilidades, situación que causa altos niveles de inconformidad en la población lo que a su vez aumenta la desconfianza y el repudio de los ciudadanos hacia los malosrepresentantes y eleva las percepciones de la corrupción que afecta o a nuestro país.
En consecuencia, la presente iniciativa contiene una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones para fortalecer el marco jurídico en materia de enriquecimiento ilícito, mismas que a continuación se describen:
I. Modificación al Código Penal Federal.- Se propone una modificación al artículo 224del Código Penal Federal para elevar las penas previstas para el delito de enriquecimiento ilícito.
Para efectos de la sanción de este delito, el texto vigente establece el monto de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que para 2017 equivale a $377,450 pesos, de forma que si el enriquecimiento ilícito no excede dicho monto la sanción será de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días de multa. Pero si se excede el monto mencionado, la sanción será de dos a catorce años de prisión y de cien a cincuenta días de multa.
Al respecto, se propone elevar la pena considerando que el daño que se genera cuando un servidor público utiliza los recursos públicos debe ser castigado de forma más severa, la propuesta consiste en una sanción de dos a cinco años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa cuando no se exceda el monto establecido y cuando se exceda, la pena será de cinco a quince años de prisión y de ciento cincuenta a seiscientos días multa.
II. Modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se propone la adición de una fracción XII al artículo 167 con el objeto de incluir al enriquecimiento ilícito en el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentran el homicidio doloso, el genocidio, la violación, tráfico de menores, entre otros.
Esta propuesta atiende dos aspectos, el primero, consiste en desincentivar la comisión del enriquecimiento ilícito a través del endurecimiento de las penas, pues este delito impacta directamente en la de por sí escasaconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes, y genera una serie de consecuencias negativas en diversas áreas.
Como se ha mencionado, la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas, cuando un servidor público desvía los recursos públicos al permitir la influencia indebida de intereses personales sobre los intereses colectivos, se debilitan las políticas públicas y se reduce la capacidad de respuesta y la eficacia de éstas, especialmente en detrimento de grupos marginados.
Con cada servidor público que incrementa su patrimonio con los recursos públicos que provienen del esfuerzo de todos los que contribuimos al gasto público, se limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como la educación y la salud, que son cruciales para ofrecer oportunidades bienestar social.
El segundo aspecto que motiva esta iniciativa, radica en otorgar más herramientas para que los casos de enriquecimiento ilícito no queden impunes, a través de la inclusión del delito de enriquecimiento ilícito en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), la impunidad es un fenómeno que retroalimenta y multiplica los efectos negativos de problemas igualmente complejos como la inseguridad, la violencia, el acceso desigual a la justicia o la violación a los derechos humanos.
México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI. La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas nacionales del INEGI.
Los altos niveles de impunidad que caracterizan a México, se han traducido también en un deterioro creciente del desempeño institucional y en un profundo desprestigio de la clase política pues al constatar que pueden quebrantar la ley sin obtener un castigo, muchos servidores públicos han encontrado un aliciente para cometer delitos como el enriquecimiento ilícito.
Al respecto, existe una corresponsabilidad de todos los poderes y de los tres órdenes de gobierno para atender el problema de la impunidad. En ese sentido, corresponde al Congreso de la Unión adecuar el sistema legal para impedir que existan vacíos legales que permitan la impunidad y para dotar a las autoridades de marcos legales completos que permitan la mejor aplicación de la justicia.
Dado que los delitos cometidos por servidores públicos son de los que más agravian a la sociedadcuando éstos no son castigados reproducen el fenómeno de la impunidad. Situación que es constante en los casos en que se investiga a servidores públicos que utilizan para fines personales el dinero de todos los mexicanos.
Motivo por el cual, se considera necesario que, para el caso de enriquecimiento ilícito, el juez imponga la prisión preventiva a todas las personas que sean acusados por este ilícito de forma que se pueda preservar el adecuado desarrollo del proceso, se garantice la ejecución de la pena y se evite un grave e irreparable daño a la sociedad.
Con lo anterior, se contaría con una estructura jurídica viable, que impida que los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito escapen de la justicia y evadan su responsabilidad ante la sociedad.
Dado que el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, establece que una propuesta que involucre disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra para la legislación secundaria, y con el objeto de indicar la correlación entre mis dos propuestas, a continuación, procedo a describir el contenido de la iniciativa de reforma constitucional.
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma constitucional de 2008 entre otras cosas, implementó una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, para evitar que el legislador secundario incurriera nuevamente en los excesos de tipificar como graves conductas que no lo son afectando el compromiso internacional de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, tal y como lo prevé el numeral 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A partir de esta reforma, la prisión preventiva sólo podrá ser aplicada como excepción cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Además, se estableció la procedencia de la prisión preventiva oficiosa para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud.
Al respecto la propuesta plasmada en esta iniciativa consiste en incorporar en el mecanismo de excepción constitucional al delito del enriquecimiento ilícito, para que sea considerado dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia pues se trata de preservar el adecuado desarrollo del proceso penal.
En ese sentido, se considera que el enriquecimiento ilícito lesiona valores fundamentales de la sociedad y que afecta la tranquilidad y paz públicas pues en nuestro país, la corrupción es considerada como un mal generalizado que ha permeado profundamente el sistema político y el gobierno con resultados que limitan las oportunidades de todos a una vida mejor.
En consecuencia, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional para quedar como sigue:
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Finalmente, es importante reiterar que la presente iniciativa contribuye con los esfuerzos se han venido realizando en materia de combate a la corrupción, pues atiende a la necesidad de contar con leyes que sean eficaces y para el caso del enriquecimiento ilícito, se trata de evitar que los malos servidores públicos escapen con el dinero aportado por los ciudadanos.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 224.- …
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a cinco años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de cinco años a quince años de prisión y multa de ciento cincuenta a seiscientos días multa.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII al sexto párrafodel artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
I. … a XI.…
XII. Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224.
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 21 días del mes de marzo del año 2017.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69842