Source: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Mexico1176.03sp.htm
Timestamp: 2019-06-16 06:28:22
Document Index: 38036509

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1']

2. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”); y de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Alegan asimismo que han sido conculcados las siguientes disposiciones garantizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”): la obligación de respetar y garantizar todos los derechos (artículo 1); la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2); el derecho a la vida (artículo 4); el derecho a la integridad personal (artículo 5); el derecho a la libertad personal (artículo 7); las garantías judiciales (artículo 8); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la protección judicial (artículo 25). En particular, alegan que respecto a Evangelina Arce y su familia se configuran violaciones al derecho a la integridad personal (artículo 5); derecho a las garantías judiciales (artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); y a la protección judicial (artículo 25), todo ello en violación del deber genérico de respeto y garantía previsto en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Sostienen igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en dicho instrumento internacional. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las diligencias expuestas en el caso demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; y de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del instrumento internacional citado; igualmente, decide publicar el presente informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
[4] Los peticionarios indican que otra de las bailarinas del bar, Verónica Rivera, se presentó a denunciar que ella misma había sido secuestrada por Avilio Melgarejo y otras dos personas más, una de las cuales identificó como un policía judicial. La señora Rivera habría sido custodiada toda la noche y la dejaron salir al día siguiente, bajo la condición de que no contara nada. Sin embargo, a pesar de su temor, Verónica Rivera quiso denunciar los hechos porque creía que podía haber alguna conexión con la desaparición de Silvia Arce. En su denuncia, Verónica Rivera aportó información acerca de las personas responsables de su secuestro y del lugar donde la habían mantenido durante ese tiempo. El 14 de abril de 1998 se hizo la consignación por el delito de secuestro en agravio de Verónica Rivera, y se señaló como presuntos responsables a Avilio Melgarejo, Carlos Cárdenas y Jorge García Paz. Sin embargo, el 4 de mayo de 1998 la orden de aprehensión fue negada por considerarse que faltaban elementos para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad; entre otras cosas, se estableció que el dicho de Verónica Rivera carecía de validez por tratarse de una servidora del sexo.
[5] Comunicación de los peticionarios de 30 de diciembre de 2003.
[12] Dicha lista incluye 8 fiscales, 8 agentes del Ministerio Público, 10 subagentes, 2 Subjefes de Oficina de Averiguaciones Previas, 27 agentes de la Policía Judicial y 25 peritos.
[13] Comunicación del Estado mexicano de 1° de febrero de 2005, págs. 7-8.
[19] Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003,