Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20015525
Timestamp: 2020-04-06 12:59:08
Document Index: 26858944

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 13', 'artículo 186', 'artículo 186', 'Artículo 125', 'artículo 46', 'artículo 53', 'Artículo 186', 'Artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 177', 'artículo 175', 'Artículo 41', 'Artículo 18', 'Artículo 125', 'Artículo 186', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 186']

C-210 de 1997
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020015525CC-SENTENCIAC210199724/04/1997CC-SENTENCIA_C_210__1997_24/04/1997200155251997Sentencia C-210/97 CODIGO DISCIPLINARIO UNICO -Derogación de disposiciones anteriores /ACOSO SEXUAL POR DOCENTE -Responsabilidad El artículo 125 de la ley 115 de 1994 está derogado, por haber entrado a regir el Código Disciplinario Único, código que es aplicable al personal docente al servicio de establecimientos educativos estatales. Por consiguiente, la Corte se inhibirá de pronunciarse. Por las mismas razones, los reglamentos específicos en materia disciplinaria, anteriores a la ley 200 de 1995, también se encuentran derogados y las disposiciones a las que el artículo 125 remitió corren igual suerte, por ser anteriores al Código Disciplinario Único. Sin embargo, lo anterior no significa que la conducta de un docente que, abusando de su autoridad, ejecute actos de violencia o actos que atenten contra la moral, especialmente de los alumnos, haya dejado de ser objeto de investigación y sanción disciplinaria. Por el contrario, esta clase de comportamientos puede estar contemplada en el Código Disciplinario Único, en algunos de sus artículos, sin descontar la eventual responsabilidad penal en que pueda incurrir. En el ámbito disciplinario están previstas normas encaminadas a investigar y sancionar a los docentes que incurran en cualquier forma de violencia contra sus alumnos, haciendo una interpretación armónica de las normas contenidas en el Código Disciplinario Único y la Constitución. Cuando alguien es víctima de conductas como las descritas, el Estado cuenta con los mecanismos constitucionales, disciplinarios, penales, etc., que, aunque no mencionan en forma expresa la conducta denominada "acoso sexual", sí permiten investigar y sancionar a quien incurra en abusos como los descritos, especialmente si se trata de educadores frente a menores de edad. DERECHO A LA IGUALDAD -Prioridad para el ingreso y estudio gratuito de hijos /DERECHO A LA EDUCACION -Gratuidad La norma acusada establece una prioridad para el ingreso y el estudio gratuito a los establecimientos educativos estatales, para los hijos de algunos servidores públicos. Se consagra un privilegio para acceder a los establecimientos educativos estatales, por razones que no corresponden a los méritos académicos personales del aspirante, sino a una situación externa a ellos, como el ser hijos de personal de educadores, directivo o administrativo, o hijos de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, muertos en servicio activo. Consagrar un privilegio por estas circunstancias viola el artículo 13 de la Constitución, pues desplaza a otros aspirantes que cuentan con los suficientes merecimientos personales para el ingreso a dichos establecimientos. El estudio gratuito en los establecimientos del Estado se refiere no sólo a servidores públicos sino, en general, a quienes ingresen a tales establecimientos educativos. Por consiguiente, viola la Constitución el artículo 186, que consagra este privilegio sólo para algunos servidores públicos, pues constituye una restricción no prevista por la norma constitucional. Sin embargo, el hecho de considerar el artículo 186 inconstitucional, por ninguna razón debe entenderse como un desconocimiento a la labor que desempeñan los educadores en la sociedad, o que la Corte sea indiferente a la situación en que pueden llegar a encontrarse los hijos de los miembros de las fuerzas armadas que han fallecido en servicio activo. El problema radica en que la norma consagra una distinción que la Constitución no hace. Referencia: Expediente D-1442
Martha Patricia Ayala RomeroCONSTITUCIONALIDADCarmenza Isaza De GómezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 125 y 186 de la ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación".D1442Identificadores20020015526true28863Versión original20015526Identificadores
Magistrado ponente: Carmenza Isaza De Gómez
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 125 y 186 de la ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación".
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 125 y 186 de la ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación".
La ciudadana Martha Patricia Ayala Romero, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 125 y 186 de la ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación".
"Por la cual se expide la Ley General de Educación
"Artículo 125.- Acoso sexual. Se adiciona a las causales de mala conducta establecidas en el artículo 46 del decreto 2277 de 1979, el acoso sexual y, en consecuencia, a quien incurra en ella se le aplicará lo previsto en el artículo 53 del mencionado decreto y la sanción definitiva de exclusión del escalafón, de conformidad con el estatuto docente."
"Artículo 186.- Estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales. Los hijos del personal de educadores, directivo y administrativo del sector educativo estatal y de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional muertos en servicio activo, tendrán prioridad para el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales de educación básica, media y superior".
"Artículo 177.- Vigencia. Esta ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código.
"Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la ley 190 de 1995 tienen plena vigencia".
Las expresiones "sin excepción alguna" y "o especiales" contenidas en el artículo transcrito, fueron demandadas ante la Corte Constitucional. En la sentencia C-280 de 1996, que declaró la exequibilidad de lo demandado, definió, en consecuencia, los temas sobre el campo de aplicación del CDU, en el sentido de que se aplica a todos los servidores públicos, salvo los miembros de la fuerza pública, y que deroga los regímenes especiales.
"Esta finalidad unificadora del CDU explica que el artículo 177 del mismo establezca que sus normas se aplican a "todos los servidores públicos sin excepción alguna y derogan las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, Departamental, Distrital, Municipales, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código." En efecto, si el Legislador pretendía por medio del CDU unificar el derecho disciplinario, es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones establecidas por la propia Constitución. Tal es el caso de aquellos altos dignatarios que tienen fuero disciplinario autónomo, pues sólo pueden ser investigados por la Cámara de Representantes (CP art. 178) o de los miembros de la Fuerza Pública, pues en este caso la propia Carta establece que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial (CP arts 217 y 218), debido a las particularidades de la función que ejercen. En relación con los funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero, esta Corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando "dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura" (Corte Constitucional, sentencia C-280 de 1996. Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
"La interpretación de la Corte acerca de que el CDU se aplica a todos los servidores públicos, con excepción de los miembros de la fuerza pública, no implica que para las diferentes ramas y órganos del Estado no se puedan dictar normas disciplinarias propias, conforme a la naturaleza especial de sus funciones. La ley 200 de 1995 sirve como marco general del régimen disciplinario, pero se pueden crear normas disciplinarias específicas, de acuerdo con las peculiaridades de las ramas del poder público y de las funciones de cada órgano. De hecho, la Ley Estatutaria de la Justicia en los artículos 150 a 154, contiene importantes disposiciones aplicables a los funcionarios judiciales. En punto a inhabilidades, incompatibilidades, derechos, deberes y prohibiciones". (Corte Constitucional, sentencia SU-637 de 1996, Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
"El punto que aquí se discute ha sido analizado por esta Corporación en múltiples ocasiones, y en ellas se ha dejado claramente definida la competencia preferente o prevalente de la Procuraduría General de la Nación para investigar la conducta oficial de todos los funcionarios y empleados al servicio del Estado, cualquiera que sea la rama u órgano al cual presten sus servicios y el nivel territorial al que pertenezcan, y que se conoce como control disciplinario externo, el cual no se opone al llamado control disciplinario interno a cargo del nominador o superior inmediato del empleado, ni al que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura." (Corte Constitucional, sentencia C-244 de 1996. Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz).
"6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo del servicio."
"Artículo 41.- Prohibiciones. Está prohibido a los servidores público:
"6.- Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo.
"11. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres."
"Artículo 18.- Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores que determina este código, la Constitución Política y las normas de los Códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo."
"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica..." (cursivas fuera del texto)
Inhibida Artículo 125 LEY_115_1994_08/02/1994
Inexequible Artículo 186 LEY_115_1994_08/02/1994
1- Según la Corte, este beneficio de educación gratuita es incompatible con la Carta porque el inciso cuarto del artículo 67 de la Carta habría establecido el estudio gratuito en todos los establecimientos del Estado, por lo cual la norma es inexequible ya que "consagra una distinción que la Constitución no hace." Como vemos, el fundamento de la sentencia reposa en dos premisas de la cual se deriva una conclusión, argumentación que podríamos formalizar así:
Según mi criterio, esta regla de interpretación legal es en muchos casos razonable pues puede ser considerada un desarrollo del principio de la sujeción del juez a la ley y al imperio del derecho (CP art. 230). Sin embargo, no sólo esta máxima se encuentra bastante cuestionada por la mayoría de las teorías contemporáneas de la interpretación legal, que reconocen el inevitable carácter creativo de toda decisión judicial, sino que su aplicación al análisis de la legitimidad constitucional de una regulación legal es equivocada, ya que equivale a asimilar la relación entre el juez y la ley a la relación entre el Legislador y la Constitución, cuando se trata de casos totalmente diferentes. En efecto, la función del juez ordinario es decidir casos con base en el ordenamiento legal, por lo cual se puede decir que los jueces aplican las leyes y están sujetos a ellas. En cambio, la función del Congreso no es "aplicar" la Constitución sino desarrollarla conforme a los criterios de conveniencia que tengan las mayorías del momento. Toda la teoría del constitucionalismo democrático coincide en afirmar que el Legislador, si bien está sujeto a la Constitución, es un órgano libre, pues tiene la capacidad de optar por diversas regulaciones posibles dentro del amplio marco que le ofrece la Carta. Por ello el Congreso constantemente consagra diferencias que no están en la Constitución. Eso es lo que se conoce como la libertad de configuración del Legislador, tesis que ha sido ampliamente aceptada por esta Corporación. Así, por no citar sino algunos ejemplos, la sentencia C-038 de 1995 señaló que "el Legislador tiene frente a la Constitución una relación compleja puesto que ésta es tanto de libertad como de subordinación. El Legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del Legislador". Igualmente, en otra oportunidad la Corte dijo:
5- El inciso cuarto del artículo 67 superior señala que "la educación será gratuita, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos". La Corte subraya la palabra gratuita y concluye que el "mandato constitucional es claro y no hace distinciones", con lo cual da a entender que la Carta está ordenando la gratuidad en todos los establecimientos educativos oficiales. Sin embargo, esa conclusión es inaceptable por las siguientes consideraciones literales, históricas, sistemáticas y teleológicas.
Desde el punto de vista literal, el inciso estudiado señala que la gratuidad en los establecimientos públicos se establece "sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos". Esto significa que la propia norma está consagrando una distinción, pues está claramente autorizando a las autoridades correspondientes a que cobren derechos académicos, cuando las personas tienen la posibilidad de pagarlos. Por consiguiente no es cierto que el artículo 67 esté ordenando que haya educación gratuita en los establecimientos estatales en todos los casos sino que más bien el principio que consagra es el opuesto: la Carta está autorizando que se cobren derechos académicos a quienes tengan la capacidad económica, y sólo ordena la gratuidad para quienes carezcan de tal capacidad de pago.
Esta conclusión se confirma si se analizan los antecedentes de esta disposición, pues ella aclara el sentido de la expresión "sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos". Así, el texto aprobado en primer debate en la plenaria de la Asamblea Constituyente señalaba:
"En las instituciones del Estado, la educación será gratuita. Sin embargo, a los hijos de familia con capacidad económica se les podrá exigir el pago de matrícula y pensión de acuerdo con sus ingresos. (subrayas no originales)[2]."
La Comisión Codificadora, que no tenía en esencia funciones normativas, sustituyó la segunda frase por la expresión "sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos". Pero en el fondo ambas redacciones establecen lo mismo: el mandato sobre la gratuidad de la enseñanza pública no excluye sino que presupone la posibilidad de que las autoridades cobren matrícula y pensión a quienes tengan la capacidad económica suficiente para pagarlas.
6- Por todo lo anterior, considero que la Constitución autoriza que se cobren derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, derechos que deben ser en general proporcionales a esos ingresos, por lo cual no es exacto decir, como lo hace la sentencia, que "el estudio gratuito en los establecimientos del Estado ... se refiere ... en general a quienes ingresen a tales establecimientos educativos". En efecto, es perfectamente legítimo, es más, podría uno decir que armoniza mucho mejor con el Estado social de derecho, que una institución educativa estatal exija el pago de pensión y matrícula a todo aquel que pueda pagarla, y en un monto proporcional a su capacidad de pago, y sólo se abstenga de cobrar esos derechos académicos a aquellas personas y familias para quienes resultaría una carga excesiva y desproporcionada el pago de los mismos.
Es cierto que algunos podrían argumentar que esta exención de pago viola la igualdad, ya que de esa manera disminuyen los ingresos de las instituciones públicas, lo cual podría implicar un aumento de los derechos académicos o de los impuestos para el resto de la población. Sin embargo, un tal análisis implica un examen muy estricto de igualdad que no es procedente en este caso, conforme a los criterios desarrollados por esta Corporación sobre la diversa intensidad de los juicios de igualdad[3]. En efecto, el trato diferente en este caso no se funda en categorías potencialmente discriminatorias, ni desconoce mandatos específicos de igualdad, ni afecta a poblaciones débiles, ni condiciona el goce de derechos fundamentales. Se trata de un típico problema de regulación económica y de asignación de recursos, frente a los cuáles procede un juicio de igualdad débil, con base en el cual "son legítimas todas aquellas clasificaciones que puedan ser simplemente adecuadas para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no prohibida por el ordenamiento constitucional" (Sentencia C-445/95, Fundamento 15). Y para mi es obvio que la diferencia de trato consagrada por la norma acusada cumplía ampliamente esos requisitos, por lo cual debió ser declarada exequible.
Por todo lo anterior considero que la Corte debió declarar la exequibilidad que del artículo 186 de la Ley 115 de 1994, con excepción de la expresión "prioridad para el ingreso y", que tuvo la Corte razón en declarar inexequible. La declaratoria de inexequibilidad del resto del artículo fue entonces equivocada, por cuanto la sentencia no interpretó correctamente el alcance de la norma impugnada, ni aplicó adecuadamente en el caso concreto el sentido que debe tener la educación pública gratuita.