Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-37863-de-diciembre-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ee724d6fb38602d2e0430a01015102d2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 06:23:18
Document Index: 402951631

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 222', 'artículo 220', 'artículo 187', 'artículo 220', 'artículo 351', 'artículo 372', 'artículo 60', 'artículo 351', 'artículo 372']

﻿ Sentencia 37863 de diciembre 11 de 2013
SENTENCIA 37863 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE REVISIÓN. CUANDO SE INVOQUE LA ACTUACIÓN PENAL INICIADA PESE A SU EXTINCIÓN, COMO CAUSAL DE REVISIÓN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, ES NECESARIO QUE SEA EVIDENTE QUE EL ESTADO PERDIÓ LA FACULTAD EN LA MATERIA. PUESTO QUE, EL ARTÍCULO 220 DE LA LEY 600 DEL 2000, EN SU ARTÍCULO 2º, ESTABLECE COMO MOTIVACIONES VALEDERAS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: LA PRESCRIPCIÓN, FALTA DE QUERELLA O PETICIÓN VÁLIDAMENTE FORMULADA, O CUALQUIER OTRA QUE SUPONGA LA EXTINCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, PROCESO PENAL, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA, PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA
Sentencia 37863 de diciembre 11 de 2013
1. Previo a abordar las presupuestos de admisibilidad del escrito de revisión, la Sala debe destacar, una vez más, que dicha acción es un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una providencia que, a pesar de haber adquirido ejecutoria material y hecho tránsito a cosa juzgada, de ella resulta razonable predicar que entraña un contenido de injusticia material.
De manera concordante con lo anterior, como de antaño lo tiene dicho esta Colegiatura, se trata de “un instrumento de garantía que otorga el derecho a quien considere fundadamente que el fallo o la decisión definitiva que se haya emitido merece ser revisada para que, una vez ceda el principio de la cosa juzgada, pueda la misma jurisdicción ordinaria corregir el error que se pudo haber cometido, por cualquiera de las causas señaladas taxativamente en la ley”(1).
La invalidez de la decisión recurrida puede tener lugar porque la verdad procesal declarada es bien diversa a la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento, o porque la acción penal no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción penal, así mismo ante la presencia de cualquiera otra causal de extinción de la acción penal. También cuando después del fallo aparecen hechos nuevos o surgen pruebas no conocidas al tiempo de los debates, las cuales acreditan la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o bien en la medida en que se demuestre con sentencia en firme que el fallo fue determinado por conducta típica del juez o de un tercero, o se fundó en prueba falsa. Así mismo, en los eventos en que la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió de sustento a la sentencia condenatoria.
La demostración de las anteriores circunstancias solo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la ley, previo el estricto cumplimiento de las exigencias señaladas en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000.
Además, en la actualidad, con fundamento en el fallo de constitucionalidad C-004 de 2003, proferido por la Corte Constitucional, también procede la acción de revisión en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, siempre que se den las específicas circunstancias allí mismo señaladas.
En lo concerniente a la sustentación de la demanda de revisión, es imperioso reseñar que a la Corte le corresponde constatar que el demandante cumpla los requisitos que el legislador consagró como mínimos para activar la jurisdicción (arts. 222 de la L. 600/2000 y 194 de la L. 906/2004), pero más que el análisis del cumplimiento de unas reglas de debida técnica, el examen que se debe hacer al asunto sometido a revisión tiene que ver con la justicia realizada o la impunidad consentida, reflejadas en lo resuelto por la jurisdicción.
2. Ahora bien, cuando, como en este caso, se acude a la causal de revisión consagrada en el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la cual tiene vocación de prosperar cuando aparezca evidente que el Estado perdió la facultad para iniciar o proseguir el proceso en el que se produjo la condena por razón de la prescripción u otro fenómeno extintivo de la acción penal. Además, ha precisado lo siguiente:
“La Corte ha sido insistente en sostener que cuando se plantea esta causal de revisión, es indispensable, para la procedencia de la acción, que la hipótesis que se aduce en su apoyo surja nítida de la confrontación de la realidad fáctico procesal con la normatividad legal, de suerte que, ab initio, la sentencia revele un contenido injusto, que requiera de la intervención del juez de revisión para su enmienda.
Esta exigencia, deriva de dos consideraciones, (i) el carácter excepcional de la acción de revisión, que hace que sólo sea procedente su apertura a trámite en casos de evidente injusticia de la decisión, y (ii) la naturaleza objetiva de las hipótesis contempladas en la causal, que repele cualquier consideración de orden subjetivo, y que exige, para su admisión, que la eventualidad que se plantea fluya nítida de la simple confrontación de los supuestos fácticos con los normativos”(2).
3. Pues bien, confrontados los anteriores lineamientos con la realidad procesal y el discurso desarrollado en el escrito de revisión, surge nítido que la causal no se configura, motivo por el cual la demanda habrá de ser inadmitida. Las razones son las siguientes:
3.1. El accionante omite cumplir un requisito trascendente, cual es la demostración de la firmeza de la sentencia. La omisión no es de poca relevancia, pues la acción de revisión solamente es procedente frente a sentencias que hayan alcanzado su ejecutoria, razón por la cual dicho estado procesal debe estar suficientemente acreditado, sin que sea procedente, como así lo ha precisado la jurisprudencia de esta colegiatura(3), trasladar a la Corte la obligación de demostrar dicha exigencia. No existiendo cabal demostración de la ejecutoria del fallo de instancia carecería, en principio, de todo sentido avanzar en el estudio de la consolidación de la prescripción.
3.2. Ahora bien, aún cuando la Sala pasara por alto el incumplimiento de la anterior exigencia, de todos modos el accionante deja huérfano de demostración otro requisito si quería sacar avante su particular tesis sobre la ausencia de ejecutoria de la sentencia. Como su razonamiento apunta a que la prescripción se consolidó debido a que la Secretaría de la Corte no notificó personalmente al sentenciado Alegría Erazo la providencia del 17 de abril de 2009 antes del 15 de mayo siguiente, ha debido, entonces, acreditar de manera fehaciente de qué manera se dio por notificado dicho auto y hacer ver que en verdad antes de la fecha últimamente citada ese acto procesal no se cumplió debidamente. Por no cumplir lo anterior, su argumento se queda en la sola enunciación, carente de demostración.
3.3. En todo caso, el razonamiento del impugnante no logra demostrar la prescripción alegada, pues parte de una equivocación relevante, que da al traste con su postura.
En efecto, el accionante incurre en un dislate al estimar que el auto del 17 de abril de 2009, mediante el cual el entonces Magistrado Ponente se abstuvo de desatar el recurso de reposición dirigido contra el auto del 1º del mismo mes que inadmitió las demandas de casación, tenía la aptitud para reabrir términos procesales y, por lo mismo, prolongar el transcurso del término de prescripción.
Tal tesis desconoce que contra el auto inadmisorio de la demanda de casación no cabe ningún recurso, como así se advirtió a los sujetos procesales en el auto del 1º de abril de 2009, y que si bien es cierto que en la Sentencia de Constitucionalidad C-641 de 2002 se señaló que a partir de la notificación del auto inadmisorio de la demanda de casación el fallo surtía sus efectos, no lo es menos que la decisión inadmisoria pone fin al trámite casacional y la misma cobra ejecutoria el día en que es suscrito por los magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, conforme lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000. Por tanto, como así se precisó en el auto del 17 de abril de 2009, con posterioridad a la inadmisión no es procedente ningún diligenciamiento ulterior frente a una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Dicha postura ha sido ratificada por la Corte en providencias del 28 de septiembre de 2006, Radicado 25044, 22 de febrero de 2008, Radicado 29254, 15 de mayo de 2008, Radicado 28889, 17 de septiembre de 2008, Radicado 29783, 29 de octubre del mismo año, Radicado 29740 y, más recientemente, en auto del 20 de enero de 2011, Radicado 35559.
Ahora bien, si acaso la pretensión del accionante era la de hacer prevalecer la jurisprudencia más favorable a los intereses de su asistido, como así lo sugiere al citar otras decisiones de la Sala que apoyan su postura, bien ha podido acudir a la causal 6ª del artículo 220 de la Ley 600 que prevé la variación jurisprudencial favorable como causal de revisión.
Es necesario aclarar que en este caso, como así lo indica el accionante, la acción penal prescribía el 15 de mayo de 2009. Dicha conclusión surge tras considerar que Gustavo Rodríguez Rodríguez fue declarado responsable de la comisión del delito de hurto simple, agravado en dos de las específicas circunstancias del artículo 351 del Código Penal de 1980 y agravado, además, mediante la circunstancia del artículo 372 del mismo estatuto, esto es, en razón de la cuantía. Fue así como la pena máxima a imponer quedó tasada en 162 meses.
Dicho guarismo se obtiene luego de advertir que, según las normas antes reseñadas, la pena de prisión señalada para el hurto es de 1 a 6 años de prisión, sanción que deberá adicionarse en dos proporciones, conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 60 de la Ley 599 de 2000, por concurrir la situación de agravación del numeral 2º del artículo 351, esto es, en una sexta parte del mínimo (2 meses) y en la mitad del máximo (3 años). Por tanto, la nueva frontera oscila entre los 14 y 108 meses.
Como también se imputó la causal de agravación descrita en el numeral 1º del artículo 372 del C. P. de 1980, hoy derogado, la anterior punición debe incrementarse de la misma manera descrita en precedencia, pero el mínimo en una tercera parte y el máximo en la mitad, arrojando así una punibilidad que se enmarca dentro de un límite inferior de 18 meses y 20 días y un máximo de 162 meses.
Así las cosas, si la pena máxima es de 162 meses, el lapso prescriptivo, que en la etapa del juicio se reduce a la mitad, sería de 81 meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación. Y si la resolución de acusación quedó en firme el 14 de agosto de 2002, el término de prescripción reducido a la mitad (81 meses), se cumplía el 15 de mayo del año 2009.
Pero como, insiste esta colegiatura, la decisión inadmisoria de la demanda de casación fue proferida el 1º de abril de 2009, se impone concluir que aquella interrumpió el término prescriptivo 45 días antes de su eventual consolidación, sin que la afanosa pretensión de la defensa de impedir la interrupción del lapso extintivo, a través de la interposición de un recurso manifiestamente improcedente, tenga efectos de modificar el alcance de la ley.
Más aún, siguiendo, en gracia a discusión, la exótica tesis del accionante, habría de decirse que el auto del 17 de abril de 2009 no era susceptible notificación, pues se trató de una providencia de sustanciación, esto es, de “comuníquese y cúmplase”, como en su texto aparece. De modo que la exigencia de notificación de una providencia que no requería dicho formalismo carece de sentido, aún dentro del razonamiento del defensor.
De admitirse la tesis del accionante habría de concluirse que la inadmisión de la demanda de casación no constituye decisión de cierre, sino que la conclusión definitiva de la actuación dependerá de la creatividad de los sujetos procesales para interponer cuantos recursos y mecanismos ostensiblemente improcedentes se les ocurra que, en su sentir, tengan el efecto de prolongar hasta el infinito la ejecutoría de la sentencia, todo ello en perjuicio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de lealtad procesal.
Así las cosas, ninguna trascendencia tiene para los efectos de fijar en el tiempo la ejecutoria de la sentencia las supuestas irregularidades que, según el defensor, hubieran acaecido en la notificación del auto del 17 de abril de 2009, pues era la providencia inadmisoria, y no la que resolvió no desatar un recurso del todo improcedente en contra de aquella, la que, con su suscripción por los magistrados de la Sala, la que determinaba ese momento procesal.
Respecto de la providencia del 1º de abril, dígase, acogiendo por un momento la tesis del accionante, que, además de que aquel no demuestra su indebida notificación, lo cierto es que, aún cuando la irregularidad que pregona se hubiera configurado, la misma carecería de toda relevancia, pues la notificación se realizó a su defensor, y tan efectivo fue el acto de comunicación que en contra de la decisión notificada se promovió un recurso, encaminado a favorecer los intereses del procesado. Por tanto, la supuesta omisión no pasaría de ser una irregularidad inidónea para alterar la fecha de ejecutoria de la providencia y, en consecuencia, el momento de interrupción de la prescripción.
4. En consecuencia, como el escrito del actor no cumple con las exigencias formales y materiales que la ley ha impuesto, se inadmitirá a esta sede extraordinaria.
INADMITIR la demanda de revisión formulada por el defensor de Gustavo Rodríguez Rodríguez.
(1) Auto de octubre 27 de 1993.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de octubre de 2008, Radicación 29523.
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 24 de julio de 2013, Radicado 37719.