Source: http://pordignidad.blogspot.com.ar/2012/12/
Timestamp: 2017-07-26 16:34:34
Document Index: 10027038

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 71', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'e contrario']

Prostitución NO: diciembre 2012
PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES Decreto 936/2011 Promuévese la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. Bs. As., 5/7/2011 VISTO las Leyes
Nros. 26.364 y 26.485 y CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 26.364 de PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS tiene por objeto la implementación de las medidas destinadas a prevenir y sancionar la
trata de personas, asistir y proteger a
sus víc- timas. Que el artículo 4º de la Ley precitada, de- termina que
existe explotación —entre otros supuestos— cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere
provecho de cualquier forma de comercio
sexual. Que, por su parte, la Ley Nº 26.485 de PRO- TECCION INTEGRAL
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS
AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS
RELACIONES INTERPERSONALES, declara de Orden Público sus disposiciones y
determina su aplicación en todo el
territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter
procesal. Que en virtud de su artículo 2º, dicha ley tiene como objeto
promover y garantizar, entre otros extremos la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones
de poder sobre las mujeres. Que, asimismo, la mencionada norma establece que los tres
poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las
medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto
irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Que, por la Ley Nº 26.485 quedan especialmente comprendidas
en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución forzada, la
explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Que, entre las formas en que se manifiestan los distintos
tipos de violencia contra las mujeres, la referida norma incluye a la violencia
mediática, definida como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de
manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de
las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas
en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Que también la Ley Nº 26.485 en su artículo 3º, garantiza
todos los derechos reconocidos por la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y por la Ley Nº 26.061 de PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Que, en tanto, la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER —“CONVENCION DE BELÉM DO
PARÁ”—, ratificada por la Ley Nº 24.632, establece el compromiso de los
Estados Parte a alentar a los medios de
comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el
respeto a su dignidad. Que en cuanto a los Servicios de Comunicación Audiovisual,
la Ley Nº 26.522 en su artículo 3º, incisos d), h) y m), respectivamente,
establece para los mencionados servicios y los contenidos de sus emisiones, los
siguientes objetivos: la defensa de la persona humana y el respeto a los
derechos personalísimos; la actuación de los medios de comunicación en base a
principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad
entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no
estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.
Que asimismo, la referida ley dispone en su artículo 12,
inciso 19), que la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
tendrá entre sus misiones y funciones la de garantizar el respeto a la Constitución
Nacional, las leyes y Tratados Internacionales en los contenidos emitidos por
Que por otra parte, el artículo 71 de la ley en cita establece
que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan
beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad, deberán velar por el
cumplimiento de lo dispuesto, entre otras, por las Leyes Nros. 26.485 de
PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES y
26.061 de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, anteriormente referidas.
Que dentro del marco precedentemente reseñado, resulta
imperioso adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia
sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, que violan
los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la
dignidad y el valor del ser humano, determinando la adopción de medidas
eficaces en los planos
nacional, regional e internacional. Que se reconoce que la labor emprendida a nivel mundial para
erradicar la trata de mujeres y niñas, incluida la cooperación internacional y
los programas de asistencia técnica, requiere una fuerte voluntad política y la
activa cooperación de todos los gobiernos de los países de origen, de tránsito y
Que existe un alto grado de preocupación por el aumento de
las actividades de las organizaciones de la delincuencia transnacional, así como
de otras que lucran con la trata internacional de mujeres y niños aun sometiendo
a sus víctimas a condiciones peligrosas e inhumanas en flagrante violación de las
normas de derecho interno e internacional.
Que la trata de personas constituye un fenómeno global, más
de CIENTO TREINTA (130) países han reportado casos, siendo una de las
actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. Al
respecto y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas (O.N.U.) millones de personas, en un gran porcentaje
mujeres y niñas, están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata
de personas, ya sea para explotación sexual o laboral.
Que, en ese orden, se deben arbitrar las medidas necesarias
para promover la erradicación
de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o
fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación; y
en especial, los avisos de la prensa escrita los cuales pueden derivar en una
posible captación de víctimas de trata de personas.
Que lo consignado precedentemente determina la necesidad de
reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita
la consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de
Que en tal sentido, se considera que los avisos publicados
y/o transmitidos por los medios de comunicación que promueven la oferta sexual
son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas.
Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar medidas al
respecto, combatiendo las herramientas que puedan facilitar a las redes criminales
la consumación del aludido delito, procediendo a la reglamentación de las aludidas
Leyes Nros. 26.364 y 26.485, así como de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, del 9 de junio de
1994 y de la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (C.E.D.A.W.), del 18 de diciembre de 1979,
prohibiendo los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita
referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por
cualquier medio, teniendo como finalidad la prevención del delito de Trata de Personas
con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación
Que, a tal fin, se dispone la creación de la OFICINA DE
MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL en el ámbito
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la que será Autoridad de
Aplicación del presente, facultándose a la misma para verificar el cumplimiento
de sus disposiciones, para monitorear los medios gráficos a los fines de constatar
la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual, así como
para imponer o requerir las sanciones por incumplimientos.
Que, tendiendo al efectivo cumplimiento de las disposiciones
de este acto, corresponde determinar el procedimiento de verificación de las
infracciones y de sustanciación de las causas que de ellas se originen.
Que asimismo se establece que la OFICINA DE MONITOREO DE
PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su
actuación con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS
DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA, ambas del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con la AUTORIDAD
FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA) y con el CONSEJO
NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE
POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo
Artículo 1º — Con
carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la
conforme lo previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 26.485,
prohíbense los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o
implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual,
por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de
Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las
formas de discriminación de las mujeres.
Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos
avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten
engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades
aludidas en el párrafo precedente.
Art. 2º — Créase,
en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la OFICINA DE
MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL, la que será
Autoridad de Aplicación del presente decreto.
Art. 3º — La
OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO
a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas
b) Monitorear los medios gráficos a los fines de constatar
la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual.
c) Imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo
establecido en esta medida.
Art. 4º — La
verificación de las infracciones a lo dispuesto en este acto y la sustanciación
de las causas que de ellas se originen se ajustarán al procedimiento que
seguidamente se establece:
a) Comprobada una infracción, el funcionario actuante procederá
a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado, la disposición
infringida, debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde
conste materialmente dicha infracción.
b) Ante la primera comprobación de una infracción, el
funcionario actuante notificará al presunto infractor e instará, en el mismo
acto, a que en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas, el medio gráfico cese con
la práctica incursa en infracción.
c) Si el medio gráfico incurriese nuevamente en una práctica
vedada e hiciese caso omiso de lo
dispuesto en el inciso anterior, el funcionario actuante labrará
una nueva acta donde hará constar
concretamente el hecho verificado y la disposición infringida,
debiendo adjuntar la página o páginas del medio gráfico en donde conste
materialmente la nueva infracción, como así también copia del acta labrada
contemplada en el inciso a).
El presunto infractor, dentro de los CINCO (5) días hábiles
deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas si las hubiere.
d) Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto
en los incisos a) y c) de este artículo,
constituirán prueba suficiente de los hechos así
comprobados, salvo en los casos en que resulten
e) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos
f) Concluido
el plazo contemplado en el último párrafo del inciso c) la Autoridad de
Aplicación dictará resolución definitiva dentro del plazo de CINCO (5) días
hábiles, notificando en el mismo acto al presunto infractor.
Art. 5º — La OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE
COMERCIO SEXUAL deberá coordinar su actuación con la AUTORIDAD FEDERAL DE
(AFSCA) en
virtud de las disposiciones de la Ley Nº 26.522, con el CONSEJO NACIONAL DE LAS
MUJERES atento las previsiones de la Ley Nº 26.485 y su reglamentación aprobada
por Decreto Nº 1011/10, y con la OFICINA DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA.
Art. 6º — Facúltase al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para dictar las normas
complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación del régimen
establecido por este acto.
Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER.— Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.
Abolicinismo,
fomento prostitución,
criminalizar la “compra” de sexo?
B Ilieff
siglos y de modo casi incuestionable se ha señalado el papel de la mujer como provocador e instigador en general y
específicamente en el caso de actividades sexuales, y en la prostitución muy
especialmente. Este papel fue analizado
desde la criminología hasta la psicopatología, pasando por la moralidad y el
pecado, se han buscado causas físicas, psíquicas o sociales. En todo
este devenir se ha tenido especial cuidado en dejar fuera de la trama, de
mantener invisible, al hombre o en todo caso, cuando este aparece, se lo
muestra como víctima incapaz de defensa, como héroe seducido por el canto de
modo se ha hecho que se diluyera dando la impresión que la sola existencia de una mujer en
prostitución ya es suficiente, que es causa necesaria y eficiente para que se
desencadene toda esa serie de conductas que llamamos prostitución. En
definitiva, terminamos en un argumento conocido, en el que la mujer termina
siendo responsable del abuso que se cometerá en ella. Y no solo eso, sino que
de abusada terminará siendo abusadora, victimaria culpable.
que una persona sola no alcanza para qué se de el hecho prostitutario, se
necesitan como mínimo dos, y es acá donde se ve claramente el papel del llamado
“cliente”. Al ser llamado de este modo, “cliente”, se desvela algo de la realidad, de lo que se
quiere ocultar. En el imaginario social es la mujer quien con su actividad
mantiene el sistema prostibulario, es la que seduce, la provocadora, pero al
aparecer el cliente, se invierte el peso, porque es el cliente el dueño de la
acción, la parte activa, la que ejerce el poder que en el sistema capitalista le
da el dinero. Es él quien en un acto de voluntad decide acceder o no.
pasar de una moral sexista de corte individualista a una visión contractual, se
hace evidente que es necesaria, imprescindible, la presencia de un cliente para que exista la transacción
económica que denominamos prostitución. Este nuevo apelativo le quita el velo
que lo encubría y lo muestra como parte integrante de la cadena prostibularia,
no sólo integrante sino imprescindible, porque sin clientes no habría
bien, es momento de dar un paso más adelante. Para decirlo de la manera más
simple posible, la denominación “cliente” corresponde a un ordenamiento civil
donde se produce un intercambio legal entre alguien que posee dinero y otra
persona que posee una mercadería que el primero desea. Estamos hablando de una
situación ideal donde ambos son adultos, capaces, responsables y pactan de
mutuo acuerdo sin ningún tipo de coerción. Estamos hablando de una relación
acto prostibulario no existe esta relación porque no hay una mercadería que
obtener, tampoco un servicio. No hay mediatización alguna, el cuerpo de una
humana – o de manera más brutal y objetivante: una porción de ese cuerpo- es el
objeto que se pretende. La
existencia del dinero como factor intermediario no modifica este hecho,
simplemente lo encubre.
nos indica que no se puede analizar este hecho desde el punto de vista de una
transacción comercial sino desde otro donde intervienen factores como pueden
ser el poder, el sometimiento, la violencia de género, la pobreza, la
vulnerabilidad, etc.
hacemos el recorrido realista vemos que incluso las palabras son indicativas:
tratante, proxeneta, mujer en prostitución…”cliente”. Acá se produce un salto,
algo rompe la continuidad en su especificidad, porque lo siguiente tendría que
ser, como en realidad es, “prostituidor” o “prostituyente”.
el término que corresponde a quien paga por tener acceso a satisfacerse
evacuativamente en otro cuerpo. Es retornarle su aspecto activo dentro de la
secuencia prostituidora, como un elemento más de la misma o quizá como el
un extracto del libro “Ninguna mujer nace para puta” de Sonia Sanchez y María
“Sonia- La puta no tiene cliente, tiene
prostituyente. Este afán de nombrarlo como cliente lo coloca en una relación de
consumo inocua para él y la puta. Una relación que no afecta a ninguno de los dos. Eso es falso. El consumo de
prostitución es una relación que afecta a la puta, al prostituyente, y a todo
el universo que a estos dos rodea. Por lo tanto a la mujer no puta también. Yo
creo que el prostituyente necesita seguir afianzando su poder y nosotras
representamos una prolongación de ese poder que es grotesco. La cara del
prostituyente es la cara más grotesca del poder sobre los cuerpos de las
mujeres.” [1]
presentes las palabras de Lydia Cacho: “Debatir la trata y la prostitución no
es hablar de sexo; sino de construcciones culturales, de relaciones humanas, de
erotismo, de economía, de violencia, de migración, de poder, de ética y moral,
de sexismo y racismo; de libertad, esclavitud y criminalidad.” (Sexo, ética y dinero)
verdad que el llamado “mercado sexual” es sumamente complejo dada la cantidad
de variables que se pueden analizar en él. Es verdad que la demanda masculina
no es el único promotor de la prostitución pero es indudable que es la causa
más inmediata del sostenimiento y de la expansión de la llamada industria del
sexo. No sería posible un mercado de prostitución sin consumidores.
Quienes sostienen la
versión contractual comercial son quienes aprueban al reglamentarismo en el que
el prostituyente definitivamente queda constituido como “cliente”. Se basan en
los siguientes puntos que simplemente nombraré para no abundar: la prostitución
es un trabajo, una opción laboral requerida por las mujeres, la reglamentación
acabará con la especulación por parte de los proxenetas, hace disminuir la
trata de personas, acaba con la explotación sexual comercial infantil y la
prostitución emancipa sexualmente a las mujeres. Ya no la teoría, sino
la práctica de aquellos países que han entrado en el sistema reglamentarista de
la prostitución, tira abajo este esquema al demostrarse contrario a la
Un punto que resaltan
también es que la prostitución es un acto “privado” entre dos personas. Si
analizamos los hechos vemos que precisamente la prostitución se caracteriza
por establecer una relación sexual
independientemente de la privada, personal e íntima de los sujetos. Al contrario de lo que se argumenta, la
prostitución es un fenómeno público, es ofertada en la prensa, anunciada mediante afiches o volantes en la
vía pública, o directamente expuesta a la vista de todos y todas en algunas
calles. Precisamente quienes
sostienen el argumento de la privacidad son los mismos que,
contradictoriamente, requieren que el estado intervenga reglamentando.
punto de vista la explotación sexual se inscribe dentro de las violaciones a
los derechos humanos, implicando fundamentalmente un atentado contra la
es una manifestación de la desigualdad
entre los sexos y de las diversas formas
citaré palabras de Catharine A.
MacKinnon, promotora de la iniciativa
que diera cause al modelo sueco, quien expresó: “como ocurre con
toda la prostitución”, “las mujeres y las niñas y niños están allí, en su gran
mayoría, no por elección sino por la falta de opciones. En general,
“consienten” que se lleven a cabo los actos sólo en el sentido degradado y
demencial de la palabra (común también para el delito de violación), en el que
una persona desesperada por cesar lo que está ocurriendo, no ve escapatoria, no
tiene ninguna alternativa real, a menudo ha sido abusada sexualmente en su
infancia, puede ser adicta a las drogas, no tiene techo, ni esperanza, está todo el tiempo tratando de evitar golpizas o de que la maten, casi
siempre está desesperada económicamente, y tolera ser abusada sexualmente a cambio de
dinero, incluso si, en la mayoría de los casos se le paga a un tercero. Muchas
de estas personas son niños y niñas”. [2]
constituye un obstáculo para el pleno goce y ejercicio de otros derechos y garantías estipulados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la mayoría de
los cuales tienen para nosotros rango constitucional. (art. 75 inc. 22 ).
deber del Estado legislar en orden a subsanar este daño, según lo establece la
misma Constitución Nacional en su art. 75 inc. 23 primer párrafo, cuando
ordena: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos, y las personas con discapacidad.”
La trata de personas, y en relación a ella
la prostitución, es un tema perteneciente a la complejidad, por lo que
considerarlo desde una o algunas aristas no alcanza, pues nos dará una visión
sumamente parcial. Encararlo como un tema de seguridad es sólo una parte de la
situación y no creo que sea la definitiva, esto implicaría dejar de lado una
serie de instituciones sociales que permiten y sostienen la acción delictiva
como posible. Las mafias, la corrupción, existen y están entre nosotros,
eso es claro, pero no creo que mediante únicamente la ley de trata se
solucione. Esto no implica que no se deba ejercer el poder del Estado para
terminar con el crimen organizado, sino también que debe ser complementado por
procesos preventivos y persuasivos contra la demanda de sexo pago. En todos
estos casos la figura del cliente aparece como consustancial a la práctica
prostituyente y por lo tanto, sujeto activo en el sostenimiento de la misma.
Ha circulado la versión un tanto perversa y
alejada de la realidad de los hechos, de que el prostituyente es una pieza
básica para conformar la prueba del delito de trata de personas, y que por lo
tanto su criminalización haría que este elemento se perdiera. Quienes apoyan
esta idea prefieren llamarlo “testigo”.
Resulta hasta grotesco llamar “testigo” o
sea dejarlo fuera de la inculpación penal y también del reproche civil,
constituirlo en persona ajena a la acción a quien precisamente es parte
esencial de ella. El hombre que golpea a una mujer no es testigo, el que
“marca” en
una salidera bancaria a la que será la víctima es tan
parte de la banda y partícipe del delito como aquel otro que apunta con el
revólver. Cuesta mucho entender cómo podría haber
prostitución sin que existiera un prostituyente, tendríamos entonces que caer
en el prejuicio patriarcal de que es la oferta de la mujer la causante, que
ella es la instigadora y el hombre en todo caso el instigado, “el
testigo”. ¿Acaso no es esto mismo que combatimos cuando se trató el
Código de Faltas, cuando el prostituyente era usado como “testigo” contra la mujer? Una vez más vemos con claridad el más puro acento
Es difícil también entender como alguien
que concurre a sabiendas a un lugar prohibido por la ley (salvo que mediante subterfugios
se quiera habilitar los prostíbulos) y paga por ello, sea un testigo. Estamos a
un paso de que mañana de testigo pueda pasar a víctima, a decir que fue
engañado pues pensaba que todas las mujeres estaban por “propia voluntad” e
incluso solicitar indemnización!!!
La investigación penal tiene diversos
caminos y sobre todo cuando se trata de crimen organizado. En estos casos la
realidad muestra que es cuando menos se requiere de “testigos”, primero porque
son difíciles de hallar por el riesgo de vida a que quedan expuestos,
segundo porque son piezas endebles para sostener un juicio contra el crimen
internacional, tercero porque hay elementos muchos más decisorios, por ejemplo
el rastrillaje de las cuentas y capitales, la confiscación de los bienes, etc.
Las organizaciones sociales venimos
sosteniendo la necesidad de que la prueba no se configure en función de los
aportes de la víctima. Entendemos que nos hallamos ante una persona en extremo
frágil, sostenidamente vulnerada en la que el juicio y la condena operan como
una especie de reconocimiento social de este perjuicio. Esto es insostenible si
quien se satisfizo en su cuerpo o estuvo a punto de hacerlo, aparece protegido
socialmente como testigo y no señalado como el victimario que es.
Si sostenemos que la prostitución es
violencia extrema de género, si sostenemos que el prostituyente ejerce
violencia sobre otra persona (hombre, mujer, niña, niño), si consideramos que
se viola el principio de la dignidad humana, a quien paga por hacer todo esto,
moralmente, no lo puedo llamar “testigo”. Todo esto nos parece una maniobra para
dejar al hombre prostituyente, en adelante llamado “testigo” al que se
deberá proteger, fuera de inculpación o reproche social, una vez más la figura
es trastocada y la acción violenta disimulada e invisibilizada. Se trata de una
clara maniobra patriarcal y un burdo intento para no tocar el “negocio” porque
sabemos que sin cliente no hay prostitución. Resoluciones internacionales
resoluciones internacionales citaré solamente algunas, en mérito de brevedad,
por su significación y trascendencia: -El Convenio contra la trata de personas y la explotación de la prostituciónajena, especialmente
su preámbulo donde claramente dice: ”... que la
prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de
prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana
y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad...”
-La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra la Mujer, (Convención De
Belém Do Pará), especialmente
los arts. 4, 7, 9.
-La Convención contra el crimen organizado transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata depersonas, especialmente mujeres y niños.
Este instrumento establece que los Estados firmantes tienen la obligación de
tomar medidas activas para desalentar la demanda: “Los Estados
Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas
educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo
en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de
personas, especialmente mujeres y niños.” (art. 9 inc. 5).
claro que estos últimos documentos no forman parte de la dotación de los
dedicados a los Derechos Humanos, como puede ser el Convenio contra la trata de
personas y la explotación de la prostitución ajena, sino de la parte penal
emergente del incumplimiento de aquellos derechos.
-El Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las
víctimas de la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, Sra. Sigma Huda “Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género” presentado ante
el Consejo Económico y Social, el 20 de febrero de 2006 , donde dice: “... el
camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha
caído en ella, raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos
de las víctimas o la obtención de
oportunidades adecuadas.”
esclarecedor el siguiente párrafo de este informe de Huda:
“- Si bien
mediante la trata se violan de múltiples formas los derechos humanos de las
mujeres y los niños, la trata con fines sexuales constituye una modalidad en
la que se vulneran los derechos de estas personas precisamente porque son mujeres y niños; - A diferencia de los compradores de productos de consumo fabricados por trabajadores que han sido víctimas de la trata, el usuario de la
prostitución crea la demanda y (al acoger a la persona traficada) forma a la
vez parte de la cadena de la trata; - Al participar
en una actividad de sexo comercial, el usuario está infligiendo a la víctima de la trata un daño adicional y
sustancial equivalente a la violación que trasciende los métodos nocivos empleados por otras personas para lograr la entrada de dicha víctima en la
prostitución o su continuidad en ella;
- Existen buenas
razones para creer que muchos usuarios son conscientes de que las mujeres y los
niños prostituidos cuyos servicios utilizan son sometidos a los métodos
ilícitos descritos en el Protocolo y que, pese a ello, hay normas
culturales muy extendidas que fomentan
el empleo de personas prostituidas; - Pocos motivos
inducen a pensar que exista en todo el mundo una proporción significativa de las actividades de la
prostitución en las que no se empleen uno o varios de los métodos ilegales
enumerados en el Protocolo; - El uso de la
fuerza, las amenazas, la coacción, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
tienen una presencia tan fuerte en tantos aspectos de la actividad sexual no
comercial, que es muy poco probable que un número elevado de usuarios de la
prostitución se abstenga de utilizar esos servicios porque la persona que se
prostituye haya sido víctima de dichos métodos ilegales; - Es probable que
incluso los usuarios mejor intencionados sean incapaces de discernir cuál es la
diferencia entre las mujeres que han sufrido los métodos ilícitos descritos en
el Protocolo y las que no (si las hubiere). -Por definición, la prostitución aúna en una sola interacción dos formas de
poder social (el sexo y el dinero): en ambas esferas (la sexualidad y la
economía) el hombre ostenta sobre la mujer un gran poder de forma
sistemática. En un mundo que sigue
llevando la impronta de la supremacía de los blancos y del dominio masculino,
las mujeres y las niñas que sufren la opresión debido a su raza, nacionalidad, casta o color de piel
son especialmente vulnerables a la explotación sexual. Los usuarios de la
prostitución suelen aprovecharse de esta vulnerabilidad y, al hacerlo, abusan de su propia posición de relativo
poder social sobre las víctimas de la trata. -Como cuestión normativa, es evidente que la responsabilidad de la
existencia del mercado de la trata con fines sexuales recae sobre los usuarios, los traficantes, y las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propician la opresión de
mujeres y niños en todo el mundo. Atribuir a las propias víctimas la
responsabilidad de ser quienes impulsan el mercado sería una injusticia muy
grave; tal afirmación equivale a culpar a las víctimas y constituye una nueva
violación de sus derechos humanos.”
La Relatora Especial considera que el deber impuesto por el art. 9 inc. 5 del Protocolo de Palermo en cuanto fija la obligación de los Estados
de desalentar la demanda de trata, puede cumplirse efectivamente mediante la penalización del uso de personas prostituidas.
si bien la enunciación de una penalización de una actividad no garantiza que dejará de realizarse, sí importa como instrumento disuasivo claro y eficaz, una señal indicativa que se proyecta a la sociedad toda.
-En las Directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas también hallamos muchos elementos valiosos de
interpretación, destacando para nuestro caso el siguiente:
La Directriz 7: Prevención de la trata de
personas. “Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas deben
tener en cuenta que la demanda constituye una causa fundamental. Los Estados y las organizaciones
internacionales deben también tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad a la
trata de personas, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación y
los prejuicios en todas sus formas.” Tengamos en
cuenta que el accionar contra la demanda se halla dentro de las medidas también
consideradas preventivas, o sea que dentro de este rubro debe ser considerada
la criminalización de la compra de una persona para su uso sexual como otra
forma de prevención de la trata de personas, y teniendo especialmente en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad. La ley sueca
El Código Penal Sueco, Cap 6, sección 11
establece: “Una persona que, en casos distintos a los expuestos previamente en este capítulo, obtenga una
relación sexual casual a cambio de dinero, ser sentenciada por la compra de un
servicio sexual a una multa o hasta seis meses de prisión. Lo dispuesto en este primer párrafo es
aplicable también en el caso de que el pago del dinero sea prometido o
realizado por una tercera persona”. Es muy
ilustrativa la aclaración que aporta el Ministerio de Justicia de Suecia: “Desde
enero de 1999 comprar - e intentar comprar - servicios sexuales constituye un
delito penal en Suecia. El castigo es
una multa o prisión por un máximo de seis meses. El delito comprende todas las formas de
servicios sexuales, tanto si son compradas en la calle, en burdeles o en los así llamados institutos de masajes, etc. Tanto el comprador como el
vendedor pueden ser hombres o mujeres.
Los servicios sexuales incluyen el coito pero también otras formas de relaciones sexuales. El pago puede ser
mediante dinero pero también puede
consistir en, por ejemplo, alcohol o drogas. La disposición se aplica también a
la persona que toma ventaja de un servicio sexual pagado por otro.
La disposición marca la actitud de Suecia frente a la prostitución. La prostitución es una forma de
explotación de seres humanos y constituye un significativo problema social, que es nocivo no sólo para la prostituta individual sino para la sociedad en su
conjunto. La disposición tiene por objeto inhibir a la gente de comprar sexo por el riesgo de ser sujeto a intervenciones policiales, etc. La persona que vende servicios sexuales
no es castigada. En la mayoría de los
casos esta persona es el socio más débil que es explotado.” [3]
hablar de la ley sueca que pena la compra de prostitución, Anders Oljelund, embajador de cooperación
internacional contra la trata de seres humanos, dijo: “Nuestra
legislación es buena, ya que dirige la atención a la demanda en el comercio
sexual y a la trata de blancas. Sin demanda no existiría la trata de seres
humanos. Todos los hombres que consideran la posibilidad de comprar servicios
sexuales, deberían pensar en que las afectadas casi siempre son víctimas del
tráfico de seres humanos.” Thomas Bodström, diputado al Riksdag y
presidente de la Comisión de Justicia, y antiguo ministro de Justicia en el
gobierno socialdemócrata. “ Toda
prostitución es una forma de trata de seres humanos y debería juzgarse como
tal. Mientras se considere como derecho de comprar y utilizar los cuerpos de
mujeres adultas y chicas jóvenes, existirá el comercio de seres humanos para
fines sexuales. Mediante la legislación podemos influir en esa actitud y
cambiarla, y ello a su vez puede influir en otras conductas y cambiarlas.” [4]
sueco, cuyo objetivo es prohibir la
compra de servicios sexuales, afirma: "Al prohibir
la compra de servicios sexuales, se puede luchar contra la prostitución y contra sus efectos nocivos
más efectivamente de lo que se ha hecho
hasta ahora. Además, el gobierno considera que no es razonable castigar a la persona que vende un
servicio sexual, pues en la mayoría de
los casos ésta persona constituye la parte más frágil que es explotada por aquellos que sólo quieren satisfacer
sus imperativos sexuales." [5]
Me parece un tanto evidente que Argentina
no es Suecia, pero ello no debe excluirnos de los logros que en otros países se
obtuvieron. A ellos no les resultó fácil, pero hubo una política pública clara
y sostenida y sobre todo con capacitación y prevención.
[1] María
Galindo y Sonia Sánchez. “Ninguna mujer nace para puta.” Lavaca Editora Bs As, mayo 2007. Pág
Catharine A. MacKinnon, ÏPornography as TraffickingÓ, Michigan Journal of
International Law, Summer 2005, p. 995. Es Asesora Especial en Cuestiones de Género del Fiscal de la Corte Penal Internacional
[3] Ministerio de Justicia de Suecia, División de Derecho Penal, Memorando del 2010-06-08, Compra de servicios sexuales. [4] Kajsa
Claude - “Suecia lucha contra la trata de seres humanos”. Noviembre 2007 - Kajsa Claude trabaja como responsable de
cuestiones relativas a los medios periodísticos en la organización
internacional ActionAid, que combate la pobreza con especial énfasis en las
mujeres adultas y las chicas jóvenes.
[5] Plataforma
de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución La mayoría de las IMAGENES han sido
tomadas desde la web, si algún autor no está de acuerdo en que aparezcan por
favor enviar un correo a alberto.b.ilieff@gmail.com y serán retiradas inmediatamente. Muchas
En este blog las imágenes son afiches,
pinturas, dibujos, no se publican fotografías de las personas en prostitución
para no revictimizarlas.
prostituyente,