Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00080-de-septiembre-17-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0c8c505638f4011ce0530a010151011c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-22 10:29:18
Document Index: 289667367

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 19', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 439', 'artículo 39', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 27', 'artículo 34', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 34']

﻿ Sentencia 2012-00080 de septiembre 17 de 2014
SENTENCIA 2012-00080 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:EJERCER LA ABOGACÍA ESTANDO EXCLUIDO DE LA PROFESIÓN- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. QUIEN EJERCE LA PROFESIÓN DE ABOGADO CUANDO ESTÁ EXCLUIDO DE ELLA VIOLA AUTOMÁTICAMENTE EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. DICHA CONDUCTA ES INACEPTABLE, PUES LOS ABOGADOS CONOCEN BIEN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, INHABILITACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL, ABOGADO, INCOMPATIBILIDADES DEL ABOGADO, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2012-00080 de septiembre 17 de 2014
Rad.: 440011102000201200080 01
Registro de proyecto septiembre de 2014
La corporación tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(13), 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007(14).
Del asunto en concreto: Se trata de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, mediante la cual sancionó a Ender Luís Benjumea Barros y Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, para cada uno, por la incursión en las faltas consagradas en los artículos 39 y 34 literal A de la Ley 1123 de 2007, respectivamente.
Antes de entrar al fondo del asunto, debe precisar la Sala que respecto al disciplinado Ender Benjumea Barros, recae una sanción de exclusión, cuya sentencia fue proferida el 24 de octubre de 2007, la misma se inició el 17 de diciembre de 2007, por la infracción al artículo 54 numeral 4º del Decreto 196 de 1971, sin que obre prueba en el expediente de su rehabitación, lo anterior por cuanto, si bien el togado Benjumea Barros, está excluido para ejercer la profesión, ello no es óbice, para que sea considerado destinatario de la ley disciplinaria del abogado como sujeto disciplinable, en los términos del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007.
Así las cosas, establecida la calidad de abogados en ejercicio de los disciplinados doctores Ender Luís Benjumea Barros y Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.
Tipicidad. La falta disciplinaria atribuida a los letrados Ender Luís Benjumea Barros y Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, se encuentran previstas en la Ley 1123 de 2007, en los siguientes términos:
Al doctor Ender Luís Benjumea Barros:
En concordancia con lo anterior, el artículo 29 numeral 4º ibídem, señala Incompatibilidades: “No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
Al doctor Henry Joaquín Rivadeneira Curiel,
“ART. 34.—Constituye faltas de lealtad con el cliente:
a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado…”
Al respecto la Sala debe precisar, si bien la decisión en la segunda instancia en la parte resolutiva no expresó que la sanción al profesional del derecho doctor Ender Luís Benjumea Barros lo era en concordancia con el artículo 29 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, al escuchar la audiencia de calificación y pruebas realizada el 19 de marzo de 2013, allí de manera clara la imputación se hizo por la falta en concordancia con dicho precepto, sumado a lo anterior, en la parte motiva de la sentencia objeto de apelación también fue mencionado y transcrito, razón suficiente para afirmar que no hay incongruencia entre los cargos imputados y la sentencia proferida, más aún si en cuenta se tiene que la providencia sancionatoria es un cuerpo íntegro y así debe ser valorada por esta instancia.
Ahora bien, a fin de determinar si las conductas desplegadas por los abogados Benjumea Barros y Rivadeneira Curiel, se adecuan al tipo imputado en el pliego de cargos, veamos lo que enseña el acervo probatorio recaudado:
1. Copia del poder(15) que concede la señora Carmen Pitre Leal al doctor Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, para que en su nombre y representación actuara en el proceso verbal sumario de única instancia que Juvina Mendoza Molina instauró contra ella, tramitado ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha.
2. Certificados del Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia(16), en los cuales se denota que el togado Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, tiene la tarjeta profesional de abogado 51636, vigente y la del doctor Ender Luis Benjumea Barros la número 57669, sin vigencia.
3. Certificados de antecedentes disciplinarios 27381(17), 47583(18) 89014(19), 47592(20) y 89003(21), expedidos por la Secretaria judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta superioridad, correspondientes a los doctores Henry Joaquín Rivadeneira Curiel y Ender Luís Benjumea Barros, los que dan cuenta que, el primer profesional fue objeto de sanción de exclusión por sentencia proferida 24 de junio de 1999, la cual inició el 25 de noviembre de 1999 y finalizó el 5 de diciembre de 2007 y, el segundo, registra sanción de exclusión iniciada el 17 de diciembre del 2007 impuesta en sentencia del 24 de octubre de la misma anualidad y suspensión por el término de 4 meses, ordenada en sentencia proferida el 27 de febrero de 2008.
4. Certificado de carencia de antecedentes disciplinarios consultado en la página web(22) de la Procuraduría General de la Nación, del doctor Rivadeneira Curiel.
5. Ampliación y ratificación(23) de queja a la señora Carmen Pitre, quien expresó que buscó al doctor Ender Benjumea pretendiendo le colaborara con un problema de una “cerca” y éste le llevó el poder a su casa para suscribirlo, lo cual hizo sin fijarse que el mismo no era para facultarlo a él sino al doctor Henry Rivadeneira. Este último la acompañó a una audiencia en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha, percatándose hasta ese momento que era su abogado. Afirmó que entregó dinero y documentos a Ender Benjumea.
6. Testimonio de Jaime Rodríguez Guerra.
7. Fotocopias simples del proceso(24) civil que responde al radicado 2009-00471, tramitado en principio en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Riohacha y, luego por el juzgado civil de esa misma municipalidad, siendo demandante Javina Mendoza Molina y demandada Carmen Pitre —quejosa—.
Estas pruebas llevan a la plena convicción a esta Sala, que la señora Carmen Pitre acudió al doctor Ender Benjumea Barros, dada su condición de abogado, quien la había ayudado antes en un proceso de familia, para que la asesorara en un inconveniente suscitado con una vecina. También que entre Benjumea Barros y Rivadeneira Curiel, existe una amistad de antaño.
Benjumea Barros le entregó a Pitre un poder para que lo firmara, una vez hecho esto, ella se lo devolvió al togado, esta certeza se refleja no solo en la queja sino en su ratificación y además, la ampliación de la versión del doctor Henry Rivadeneira, cuando expresó que el poder se lo entregó a él, el doctor Ender.
También está probado que Benjumea Barros, en la versión libre que rindió, reconoció que recibió de la señora quejosa dinero y documentos, los cuales entregó a Rivadeneira; así como también, que este último lo tuvo al tanto sobre cómo había sido fallado el proceso civil de la quejosa.
Estos medios probatorios directos llevan a construir la prueba indiciaria, que se deriva de circunstancias tales como, el haber asumido el doctor Rivadeneira un proceso civil, cuando adujo que vio a la señora Pitre sólo una vez (el día de la audiencia) y ya había contestado la demanda dentro del proceso Civil, así como, las alegaciones e inconsistencias en torno al poder, sobre todo en quien lo elaboró, permiten concluir que el doctor Ender Benjumea Barros, si bien no aceptó poder alguno a él otorgado por parte de la quejosa y de no actuó dentro del proceso civil 2009-00471, sí la asesoró y en general adelantó gestiones como abogado tendientes a que su colega y amigo Rivadeneira, la representara en el mismo.
Significa lo anterior, que el disciplinado Benjumea Barros ejerció la profesión de abogado, sin poder hacerlo dado que se encontraba excluido de la profesión, tal y como obra en el plenario, siendo ello expresamente prohibido por la ley, dejándolo incurso, de manera automática, en violación al régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesional de manera independiente, condición aceptada por el togado y respecto a la cual no obra ni siquiera solicitud de rehabilitación en el expediente.
Por su parte, el togado Rivadeneira Curiel, coadyuvó para que su amigo excluido de ejercer la profesión, continuara haciéndolo a través suyo, se prestó para representar a una persona, que sólo vio una vez, si bien contestó la demanda, se presentó el 12 de diciembre de 2011 en la audiencia(25) del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil y recibió por intermedio de su amigo Ender la suma de $50.000, hasta ahí se limitó su actuar.
Adicionalmente, el doctor Rivadeneira Curiel no asistió a la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio programado en el proceso verbal sumario radicado 2009-00471 que se llevó a cabo 6 de octubre de 2011(26) en el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de Riohacha, pese a haber sido citado, ni conminó a su representada a hacerlo, audiencia en la que se fijaron los hechos y pretensiones. Tampoco asistió a la inspección judicial llevada a cabo el 21 de octubre de la misma anualidad(27), no obstante que el poder le fue otorgado el día 25 de abril hogaño y tenía por objeto actuar en el proceso verbal sumario de única instancia de Juvina Mendoza Molina contra la quejosa.
Las probanzas respecto a este togado dejan entrever que él era consciente que su representada se relacionaba directamente con su colega excluido de la profesión, pues ni siquiera le explicó en qué consistía el proceso ni la única audiencia donde coincidieron, tampoco le informó que debía asistir a otras diligencias que el despacho programó, él simplemente permitió que su amigo y colega se encargara de asesorar a la señora Pitre, su cliente, es más, era tal la ajenidad con su poderdante que ambos manifestaron que el día de la diligencia la quejosa consideraba que el caso versaba sobre el retiro de una cerca mientras el abogado estimaba que era con relación a la quema de basura realizada por ésta en un inmueble ajeno.
Así las cosas, las actuaciones en que incurrieron los abogados disciplinados Benjumea Barros y Rivadeneira Curiel, hacen que se encuentre configurada la tipicidad de la faltas a ellos imputadas por la seccional de primera instancia.
Antijuridicidad. Conforme a los argumentos previamente expuestos tampoco duda se presenta respecto a la responsabilidad, dado que los togados, Benjumea Barros, al anunciarse como abogado y no mencionar a las personas que buscan su asesoría que no pueden ayudarlas de manera clara y directa por las razón de haber sido excluido del ejercicio de la profesión, sin haber solicitado su rehabilitación y Rivadeneira Curiel, al no desplegar acciones leales hacía su cliente, tendientes a explicarle su opinión sobre el asunto para el cual tomó poder, sino que por contrario actuó de manera leal para con su colega excluido y no con su representada, comportamientos a todas luces reprochables.
Conductas omisivas que son también inaceptables, dada su calidad de profesionales del derecho, necesariamente conocedores de la Ley y de la Constitución y, por sobre todo del régimen de incompatibilidades que le es aplicable, al desempeñar una actividad de asesoría como abogado encontrándose sancionado y la responsabilidad que genera tomar un poder a alguien a quien sólo vio después de aceptar encargarse de su gestión, por interpuesta persona, que le entregó el poder suscrito por la otorgante, y por tanto no le dio su opinión acerca del mismo, pues se vieron el día de la audiencia en la cual se profirió sentencia. Es más, ni siquiera de manera previa a la diligencia entabló comunicación con su poderdante a efectos de aclarar su confusión sobre el objeto del proceso, no en vano la señora Pitre se abstuvo de firmar el acta.
De acuerdo a lo anterior, no es de recibo para la Sala lo afirmado en la apelación, en el sentido que no se le causó a la quejosa ningún perjuicio al no cobrarle honorarios, es absurdo, dado que la falta endilgada a Benjumea Barros, opera de pleno derecho por desconocer el régimen de incompatibilidades y la que se le reprochó a Rivadeneira, fue su falta de lealtad para con su cliente teniendo en cuenta un poder firmado entre él y la quejosa que lo obligaba a dar su opinión del asunto de manera previa a tomarlo. Tales comportamientos contradicen deberes a los cuales se encuentran sujetos sus destinatarios, pero no exige para su comisión un resultado, o lo que en materia penal se conoce como antijuridicidad material.
Lo anterior porque a los abogados les es exigible el respeto y el cumplimiento de las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, así como, actuar de manera leal con su cliente.
Culpabilidad. Al evidenciarse entonces, la incursión de los investigados en las faltas consagradas en el artículo 39 en concordancia con el artículo 29 de numeral 4º la Ley 1123 de 2007 (doctor Benjumea Barros) y el artículo 34 literal a) Ibídem (doctor Rivadeneira Curiel), confluyen sus acciones en conductas desplegadas en la modalidad dolosa, se reitera que por ser abogados debían conocer la consecuencia de ejercer la profesión sin estar vigente su tarjeta y sin haber sido rehabilitado para volver a desempeñarla y sin expresar de manera directa su opinión sobre el asunto encomendado al recibir el poder, respectivamente, omitir información a la quejosa, es reflejo del engaño del que fue objeto la misma, fue envuelta en una maraña de mentiras, actuar desplegado con pleno conocimiento e intención por parte de los togados, que motivó su denuncia ante esta jurisdicción.
Entonces, lo que se reprocha a los abogados disciplinados intencionalmente desconocieron el Código Disciplinario que los rige afectando con dicha omisión la imagen de la profesión, sin que se encuentre acreditada ninguna causal de exclusión de responsabilidad.
Sobre este punto considera esta colegiatura que la sanción impuesta a los abogados disciplinados deviene en proporcional y razonable, atendiendo la modalidad de la conducta desplegada y la naturaleza de las faltas endilgadas, por lo cual se confirmará la decisión.
Adicionalmente, para la Sala las faltas por las cuales se hallaron responsables a Benjumea Barros y Rivadeneira Curiel, revisten de gravedad suficiente para justificar el término de la suspensión impuesta, ya que el abogado desempeña un papel importante del Estado de derecho y también, es defensor de los intereses de los ciudadanos, asesorándolos jurídicamente y conforme con la realidad social, para que no pierda la profesión la credibilidad que la caracteriza.
En este concreto punto considera la Sala que las sanciones deben mantenerse por considerar que se encuentra dentro al principio de proporcionalidad(28), o simetría que debe existir entre el hecho y la dosificación, sumado a que la superioridad debe respetar el principio de la no reformatio in pejus y que las sanciones registradas por los inculpados datan de más de 5 años atrás, por lo que atendiendo el artículo 27 de la Ley 1123 de 2007, se encuentran prescritas, y en consecuencia, no pueden ser valoradas como antecedentes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia por mandato constitucional y legal,
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de junio de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, mediante la cual sancionó a los abogados Ender Luis Benjumea Barros y Henry Rivadeneira Curiel, con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, por la incursión en las faltas consagradas en los artículos 39 y 34 literal a) de la Ley 1123 de 2007, respectivamente ambas cometidas, a título de dolo.
3. NOTIFÍQUESE en forma personal la presente decisión al abogado disciplinado; de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley, para lo cual se comisiona al a-quo, por el término de 10 días. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.
(13) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.
(14) “ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
(15) Folio 3, cdno. original.
(16) Folios 10 y 11, cdno. original.
(17) Folios 34 y 35, cdno. original.
(18) Folios 57 y 58, cdno. original.
(19) Folios 77 y 78, cdno.original.
(20) Folios 60 y 61, cdno. original.
(21) Folios 74 y 75, cdno. original.
(22) Folio 59, cdno. original.
(23) Cdno. 4º y acta folios 80 al 82 y 90, cdno. original.
(24) Anexo 1.
(25) Folios 85 al 91, anexo 1.
(26) Folios 53 al 57, anexo 1.
(27) Folios 62 y 63, anexo 1.
(28) L. 1123/2007, art. 13.
Con el debido respeto, expreso los motivos por los cuales suscribí el proveído adoptado por la Sala mayoritaria con salvamento de voto, en el asunto de la referencia.
El suscrito magistrado no comparte la decisión de confirmar la providencia de primera instancia, proferida por el seccional de la Guajira, que sancionó a los abogados Ender Luis Benjumea Barros y Henry Joaquín Rivadeneira Curiel, con suspensión por el término de dos meses, al encontrarlos responsables de incurrir en la falta consagrada en los artículos 39 y 34 literal a) de la Ley 1123 de 2007.
Como imputación fáctica, se tiene que la señora Carmen Pitre Leal, elevó queja contra los profesionales del derecho, al indicar que contrató al abogado Ender Benjumea, para lograr que el señor Jaime Rodríguez retirara una cerca colocada en un predio de su propiedad, amén que el señor Rodríguez la había demandado, acusándola de quemar basura en su predio. Agregó que el togado Benjumea le llevó un poder, sin embargo era a nombre de otro abogado de apellido Rivadeneira, quien fue realmente quien realizó la gestión y fue a las diligencias.
Considera el suscrito magistrado, que lo procedente era absolver a los togados de la falta consagrada en el artículo 34 literal a), por cuanto, se incurre en el enunciado normativo de esta falta, es para consumir la del artículo 39, esto es, los dos profesionales callan, ocultan, no expresan, su franca y completa opinión acerca del asunto y específicamente quién será el profesional del derecho que actúe, es para materializar la falta del 39.
Así las cosas, el profesional del derecho para consumar el tipo disciplinario de ejercicio ilegal de la profesión, consagrado en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, es que no expresa quien va a ser el profesional del derecho, lo que lleva necesariamente a sostener, que el callar o no indicar quien será realmente el abogado, es un ingrediente en el caso concreto del tipo disciplinario establecido en el artículo 39.
En las Sentencias C-006 de 2003 y C-229 de 2008, la Corte Constitucional reiteró que hacía parte del principio non bis in ídem, el reconocimiento de la prohibición de agravar la pena imponible o sancionar nuevamente un comportamiento, en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal, conocida comúnmente como “prohibición de la doble valoración de una circunstancia”.
A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está prohibido a los operadores disciplinarios, en este caso a la Jurisdicción Disciplinaria, utilizar los ingredientes de un tipo disciplinario para extraer de él otra conducta disciplinaria, lo que quiere decir que no es posible utilizar los elementos constitutivos de una falta y las circunstancias para la consumación del tipo, para indicar que se incurrió en otra falta disciplinaria.
Por todo lo anterior, este magistrado sostiene que a los profesionales del derecho se les debió absolver de la falta consagrada en el artículo 34 literal a) de la Ley 1123 de 2007.