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Timestamp: 2017-09-26 21:48:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 132', 'artículo 1', 'Artículo 42', 'Artículo 138', 'Artículo 132', 'Artículo 134', 'artículo 201', 'artículo 203', 'artículo 200', 'artículo 201', 'Artículo 133']

Derecho Público: LA NULIDAD EN EL PROCESO POLICIVO
Por, @mariodaza vìa @derechopublico1
Es de destacar que el control de legalidad contenido en el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, contemplaba como una obligación para el juez el ejercicio de una veeduría al finalizar cada etapa procesal, con el fin de evitar nulidades o vulneraciones al debido proceso. Este aspecto se encuentra ahora (subrogado) en el artículo 132 del CGP. Respecto a las nulidades, se pueden acotar varias consideraciones, en consonancia con el Reglamento de Policía de cada municipio o departamento.
El artículo 1 expresa que:
Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Subrayado fuera de texto.
En este sentido, los asuntos de otra jurisdicción (competencia) o especialidad deberán tomarse cuando se expresa en esas Leyes, Decretos..., porque son normas especiales; claro está, sin nunca desdibujar el carácter subsidiario de la norma adjetiva general, que en el aspecto particular remiten a ellas.
Según sentencia de la Corte Constitucional, T-125 de 2010, de conformidad a la nulidad procesal constitucional indica:
Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Negrilla y subrayado fuera de texto.
A fortiori los artículos del CGP, expresan:
Artículo 42.12. Sobre los deberes del juez
[...] Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso. Negrilla fuera de texto.
Artículo 138. Sobre los efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada.
[...] El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Negrilla fuera de texto.
Artículo 132. Sobre el control de legalidad.
Agotada cada etapa del proceso el juez [en este caso el/la Secretario/a de Gobierno (inspector general)] deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Negrilla, paréntesis y corchetes fuera de texto.
Artículo 134. Sobre oportunidad y trámite.
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieran en ella. Negrilla fuera de texto.
Las sentencias T-048 de 1995; T-289 de 1995, T-149 de 1998; T-127 de 1999 y T-629 de 1999 de la Corte Constitucional alegan al respecto:
“El juicio policivo sumario civil tiene por objeto, simplemente, cautelar una situación jurídica que luego, el juez ordinario definirá; por lo general los juicios definen el derecho en la sentencia y, por tanto, sus decisiones iniciales no comprometen la definición de derechos. Cuando se sigue un juicio civil ordinario a continuación del juicio policivo sumario civil aquel retoma o continua esta actuación; la prosigue, la extiende. Puede concluirse entonces, que el amparo policivo: -es una medida cautelar de contenido judicial; -se presenta como remedio, de carácter temporal, a un conflicto suscitado entre particulares por cuestiones de orden privado y civil. La providencia de la Autoridad de Policía que define el conflicto tiene idéntica naturaleza a la que culmina la actuación, como lo ha dicho la Corte Constitucional; -se mantiene mientras el juez ordinario no decida otra cosa-; y -está dirigido únicamente a restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”. Negrilla y subrayado fuera de texto.
Se distingue que estamos en un proceso policivo civil que es jurisdiccional, no solo lo expresa la Corte Constitucional en las sentencias anteriormente citadas, sino también el artículo 201 de la Ordenanza 018 de 2004 (en nuestro caso puntual, el Manual de Convivencia Ciudadana del Atlántico). Es de reconocer, que las nulidades que se contemplan en la Ordenanza en el artículo 203 sobre trámites de las nulidades son las aplicadas en concordancia con el CGP. Así como lo estima el mismo Reglamento:
Las nulidades que se contemplan en el presente Manual se tramitarán conforme a los artículos 140 y ss, del CPC (que se debe entender ahora por medio del CGP —de aplicación inmediata—).
Si astibasmos profundamente el artículo 200 de la Ordenanza citada se esgrime que son nulidades del proceso contravencional:
Cuando el proceso contravencional es nulo por violación al debido proceso, pretermisión del mismo, vulneración al derecho de defensa y por falta de competencia del funcionario. Lo mismo lo expresa el artículo 201.3, cuando se viole el debido proceso, 201.4 se utiliza un procedimiento distinto que el que la ley establece, 201.7 No se practica diligencia de inspección ocular en los casos en que debe realizarse o se efectúe sin la intervención del perito; y 201.8 No se practica en legal forma la notificación a las personas determinadas. Negrilla, subrayado y paréntesis fuera de texto.
Como consecuencia de su carácter procesal, y para efectos de garantizar el principio de la seguridad jurídica, y el derecho al debido proceso, se está prohibido a los particulares hacer justicia por su propia mano, la nulidad constitucional referida requiere para su realización la previa declaración de autoridad competente, es decir, de aquella que viene conociendo del proceso y, por tanto, la que tiene potestad para declarar. (Corte Constitucional, 1998, Sentencia C-093).
Existen varios tipos de nulidades, que son, teniendo en cuenta a los autores Enrico Tulio Liebman, Hugo Alcina y Devis Echandia:
Nulidad sustancial. Estas hacen referencia a las irregularidades en actos y manifestaciones de voluntad que por falta de los requisitos que son exigidos para su validez. Nulidad procesal. Esta va directamente ligada con las irregularidades dentro del proceso, es decir las establecidas en el Artículo 133 del Código general del Proceso. Nulidades absolutas. Son declaradas por el juez de oficio y no son objeto de convalidación. Nulidades relativas. Han existido dentro del proceso sin embargo pueden ser eliminadas mediante ratificación, allanamiento y convalidación, y solo pueden ser declaradas a petición de parte. Nulidades saneables. Las nulidades procesales son saneables, esto quiere decir que pueden convalidarse, por economía procesal el saneamiento de las nulidades. De contraria forma será insaneables las así previstas en la Ley, como la falta de jurisdicción, revivir procesos legalmente concluidos, etc. Nulidades totales. Estas afectan en su totalidad el proceso a diferencia de las que son parciales, que perjudican un parte determinada del proceso. (Soto, J, J. 2014, p 26).
Al unísono, podemos entrever que procede la nulidad en los procesos policivos cuando se cuenta con un yerro procedimental («nulidad sustancial, procesal, absoluto, total y insubsanable») que en palabras de la Corte Constitucional da lugar a la nulidad cuando de manera evidente y grotesca aparezca normas procesales no aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. En este caso porque bien se sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, y omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso, siendo un defecto procedimental absoluto. (Corte Constitucional, 2011, Sentencia T-781). Subrayado fuera de texto.
La Corte Constitucional (2002, 2005 y 2007) ha sido enfático en expresar que que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial:
(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnera el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales. (SU-159, C-590 y T-737). Subrayado fuera de texto.
Tal como se ha dejado claro también en Sentencia T-193 de 2012, en un caso muy similar a este:
Partiendo de que los actos que expidan las autoridades de policía al actuar en procesos policivos tiene naturaleza jurisdiccional, el procedimiento aplicado por parte de las autoridades de Policía al decretar la nulidad de un proceso policivo en el que se revocó una providencia ejecutoriada del superior, se ajusta a lo preceptuado en las normas legales por tratarse de una nulidad insaneable que vicia el proceso, no constituyéndose en un defecto procedimental que haga procedente el amparo constitucional al debido proceso. Negrilla y subrayado fuera de texto.
Las nulidades urgen de un remedio procesal por excelencia, que sería el saneamiento de la actuación. Al respecto, considera Sanabria, H. (2011) y Peláez, R. A (2014):
La nulidad del acto procesal es la sanción que el ordenamiento jurídico le impone a aquellos actos que han sido proferidos con inobservancia de las formas establecidas con el objeto de asegurar a los justiciables la adecuada defensa de sus derechos e intereses. La posibilidad de alegar los motivos de nulidad se esbozan en cada uno de esos momentos procesales, puesto que la misma normativa impone que los motivos de nulidad se aleguen tan pronto se percate la irregularidad. (p. 101). Subrayado fuera de texto.
Corte Constitucional (1995). Sentencia T-289. CP. Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional (1995). Sentencia T-048. CP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (1998). Sentencia C-093. CP. Naranjo Mesa
Corte Constitucional (1998). Sentencia T-149. CP. Barrera Carbonell
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-127. CP. Hernandez Galindo
Corte Constitucional (1999). Sentencia T-629. Hernandez Galindo
Corte Constitucional (2002). Sentencia SU-159. CP. Cepeda Espinosa
Corte Constitucional (2005) Sentencia C-590. CP. Córdoba Triviño
Corte Constitucional (2007). Sentencia T-737. CP. Córdoba Triviño
Corte Constitucional (2010) Sentencia T-125. CP. Pretelt Chaljub
Corte Constitucional (2011). Sentencia T-781. CP. Sierra Porto
Corte Constitucional (2012). Sentencia T-193. CP. Gonzalez Cuervo
Sanabria, H. (2011). Nulidades en el Proceso Civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Soto, J, J. (2014). Las nulidades procesales en el nuevo código general del proceso. Un análisis desde el derecho constitucional colombiano. Recuperado de: http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1615/1/LAS%20NULIDADES%20)
Peláez, R. A (2014). Estructura del Proceso Civil en el Contexto de la Oralidad. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.
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