Source: http://espacioclimaticochiapas.blogspot.com/2011/08/
Timestamp: 2017-10-19 12:54:34
Document Index: 3395324

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 24', 'Artículo 21']

Espacio Climático Chiapas: agosto 2011
OAXACA: Aprueba Congreso Comisión para la atención de conflictos agrarios.
Fuente: Ciudadanía Express. El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este martes por unanimidad la propuesta con punto de acuerdo del diputado Flavio Sosa Villavicencio para crear una comisión interinstitucional formada por los tres Poderes del Estado con el fin de que diagnostique y solucione la conflictividad agraria en el estado.
La Cámara de Diputados pedirá también al Poder Ejecutivo federal que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e instancias federales vinculadas, que intervengan y coadyuven de manera eficaz en la elaboración de un diagnóstico y un plan de acción que resuelvan de fondo los conflictos agrarios del estado de Oaxaca.
“La gobernabilidad en Oaxaca está en grave riesgo”, advirtió Flavio Sosa Villavicencio al exponer su iniciativa de punto de acuerdo; “los conflictos entre hermanos derivados de la propiedad de la tierra han dejado año tras año enfrentamientos violentos que mancillan con sangre la aspiración del pueblo de arribar a un estado democrático, justo y pacífico”.
Señaló que en Oaxaca existen oficialmente 134 conflictos agrarios, lo que representa más de la cuarta parte de los 518 conflictos agrarios y territoriales que atiende la Secretaría de la Reforma Agraria en todo el país.
“No son lejanas, ni pueden serlo todavía, las 16 muertes por el enfrentamiento entre Amoltepec y Zaniza, ni las de los 26 habitantes de Santiago Textitlán en la masacre de Agua Fría. Tan sólo el conflicto entre El Paraíso, Santiago Amoltepec y Santa Cruz Itundujia ha dejado, de 1944 a la fecha, una estela de más de 300 muertos, viudas y un número incuantificable de huérfanos”, expresó.
Señaló que además de la Sierra Sur, hay conflictos por límites en Sierra Norte, Mixes, Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. “La conflictividad agraria en Oaxaca es un polvorín, que sólo espera una chispa para incendiar al estado. No olvidemos que los grandes acontecimientos en la historia de nuestro país están ligados a procesos relacionados con la posesión de la tierra”.
Señaló la necesidad de dimensionar con precisión el problema para tener claridad sobre la situación jurídica, social y política de las partes en conflicto. “Necesitamos saber qué conflictos están permeados por la lucha por el control de los recursos naturales, como el agua, los bosques, los minerales, y cuáles han quedado sin resolver a conveniencia de políticos, empresas, funcionarios o integrantes de las propias instancias agrarias”.
“Necesitamos saber cuándo la solución no ha llegado por la falta de una mínima compensación económica; necesitamos saber si la conciliación incluye procesos transparentes de participación comunitaria, y si las personas encargadas de ella han realizado adecuadamente su trabajo o se han vendido al mejor postor”, expresó en la tribuna. Ya con un panorama claro, detalló, es necesario elaborar una propuesta de solución, aplicarla y vigilar su cumplimiento.
“En esa búsqueda, la presente iniciativa propone exhortar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, para que en coordinación con el Congreso instalen una comisión multidisciplinaria cuyo objetivo sea analizar y formular un diagnóstico sobre la conflictividad agraria en Oaxaca, elaborar una propuesta de solución y vigilar su posterior ejecución”, dijo.
Al solicitar a la asamblea aprobar el punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, señaló que éstos “son conflictos que datan desde la época colonial y hace décadas que debieron ser resueltos”.
Finalizar este problema, dijo, es responsabilidad gubernamental; “han pasado gobierno tras gobierno y cada administración tiene una larga deuda de vidas humanas, por su inacción o por su insuficiente acción para solucionar estos conflictos. De no aprobarse el carácter urgente, ¿cuántos muertos más deberemos ver caer antes de iniciar la solución? ¿Cuánta sangre más debe correr?” “Les invito, compañeras y compañeros, a que no seamos cómplices de una omisión criminal”, dijo a las y los diputados, que finalmente resolvieron a favor del carácter urgente y de la iniciativa
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Etiquetas: Biodiversidad, Bolivia, Transgénicos
Chimalapas, Oaxaca: Exigen solucion a conflicto agrario, territorial y ambiental
Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., a 4 de julio de 2011
A través de la presente, como Comisariados de Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, con apoyo del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) queremos respetuosamente recordarle los compromisos que asumió usted con nuestras comunidades y con nuestra Selva, en la audiencia especial que tuvo a usted brindarnos el pasado día 29 de abril.
Dichos compromisos, -ninguno de los cuales ha sido cumplido a la fecha- fueron:
1.- Crear una Comisión Ejecutiva Especial para la Atención del Problema Agrario e Interestatal de los Chimalapas.
2.- Iniciar formalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento de Controversia Constitucional, para definir de una vez por todas el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas, que afecta fuertemente 160 mil hectáreas de la porción oriente de nuestro territorio comunal, problema creado dolosamente desde hace más de 60 años, por intereses de madereros, ganaderos, latifundistas y narcos, apoyados por comisión ó por omisión, por el gobierno chiapaneco y por el propio gobierno federal.
3.- Realizar personalmente una gira de trabajo por la zona oriente de los Chimalapas –la porción en supuesto conflicto interestatal con Chiapas- para confirmar ahí la soberanía de Oaxaca.
4.- Incidir decididamente ante la federación, para lograr la cancelación de todos los permisos de explotación forestal otorgados por SEMARNAT, a núcleos agrarios y predios ilegalmente autodenominados privados, todos ellos de origen chiapanecos, ubicados en nuestro territorio comunal.
5.- Apoyar financiera y políticamente a los Chimalapas (ambas comunidades Santa María y San Miguel, en conjunto) para desarrollar nuestro propio proceso de defensa jurídica y gestión política para la defensa de nuestros Derechos a la Tierra, al Territorio y al resguardo de nuestros invaluables Bienes Naturales Comunes.
Señor gobernador, queremos señalarle una vez más que la defensa del territorio comunal Chimalapa, que de manera ancestral, hemos venido desarrollando como indígenas, implica tanto la defensa de la región con mayor biodiversidad de México y Mesoamérica –en beneficio de todo el pueblo mexicano- como también –y sin que esta sea nuestra principal intención- la defensa de la Soberanía del estado de Oaxaca, misma que hasta el día de hoy ningún gobernador de Oaxaca ha defendido con decisión, frente a los ilegales e ilegítimos intereses apoyados por los sucesivos gobiernos de Chiapas y con aval del gobierno federal.
Lic. Cué, en su momento, la mayoría de nosotros los chimalapas votamos a favor de usted, cansados de la corrupción y el abandono de los gobiernos priístas, y depositamos nuestra confianza en que ahora sí, con usted se iba a atender y apoyar nuestra larga lucha agraria y en defensa de nuestros bienes naturales. Esa confianza en usted se vio por un momento alimentada cuando, luego de 11 años de no ser atendidos por ningún gobernador, usted nos dio una audiencia directa hace dos meses y medio. Sin embargo, luego de 75 días, ninguno de los compromisos que usted hizo con nosotros los Chimalapas, ha sido cumplido por su gobierno.
Señor gobernador, no nos decepcione.
Pedro López Jacinto Alberto Cruz
Presidente del Comisariado Presidente del Comisariado
de Bienes Comunales de Bienes Comunales
de Santa María Chimalapa de San Miguel Chimalapa
Miguel Angel García Aguirre
Ccp.- Navanethem Pillay - Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Ccp.- Lic. Irma Piñeiro - Secretaria General de Gobierno
Ccp.- Lic. Odilia Torres – Comisión de Límites
Ccp.- Lic. Carlos Moreno - Comisión de Conciliación Agraria
Ccp.- Centros y Organismos de Derechos Humanos estatales, nacionales e internacionales
Ccp.- Medios de Comunicación estatales, nacionales e internacionales
Territorio indígena ancestral, propiedad de los antepasados del Pueblo Indígena Zoque desde siglos antes de que existieran los estados de Oaxaca y de Chiapas, la selva de los Chimalapas tienen una importancia ecológica fundamental para nuestros país y para el planeta mismo, siendo la zona de mayor biodiversidad de México y Mesoamérica. Y siendo que, a pesar de que la existencia misma de toda esta invaluable riqueza natural ha sido gracias a la forma en que como indígenas nos relacionarnos con la Madre Tierra y a la lucha que hemos dado por su defensa, nuestros derechos colectivos a la tierra, al territorio y al resguardo y manejo de nuestros bienes naturales comunes, nos han sido violados durante más de 60 años, y nos siguen siendo violados sistemáticamente, por los gobiernos federal y de Chiapas, y -por omisión- también por el gobierno del estado de Oaxaca.
Todas esas violaciones a nuestros derechos indígenas han sido y siguen siendo para beneficio y cuantiosa ganancia de ilegítimos intereses de madereros, ganaderos, latifundistas, narcotraficantes y funcionarios corruptos. Desde los años de 1950, nuestro territorio fue invadido por madereros y ganaderos. Hacia los años noventas teníamos ya invadidos mas de 220 mil hectáreas de las 594 mil hectáreas que conforman nuestro territorio comunal. Luchando tenaz y pacíficamente y con apoyo de la sociedad civil, como comuneros hemos logrado la recuperación de más de 170 mil hectáreas.
Sin embargo, sobre las 50 mil hectáreas restantes, involucradas en un falso y doloso conflicto interestatal entre Oaxaca y Chiapas, el gobierno federal quiere forzarnos a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, a que vendamos dicho territorio, a lo cual nos negamos y nos vamos a seguir negando. La Madre Tierra no se vende.
En contrapartida, nosotros los indígenas chimalapas hemos propuesto una alternativa integral, justa tanto para con nuestros derechos indígenas, como para los derechos de hermanos indígenas y campesinos chiapanecos pobres –a quienes los gobiernos chiapaneco y federal, les repartieron ilegalmente nuestra tierra comunal – y justa también para con la Madre Naturaleza.
Sin embargo, el gobierno federal –en contubernio con el gobierno chiapaneco y para favorece descaradamente- a los intereses depredadores ilegítimos- se niega totalmente a aceptar nuestra propuesta. Por su parte, el actual gobierno oaxaqueño, al cual hemos visto con esperanza, nos ha escuchado, pero no nos ha dado respuestas concretas a los compromisos que asumió desde hace casi más de dos meses (ver anexo)
Sra. Pillay, en su carácter de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, respetuosamente le solicitamos, incida ante el gobierno federal mexicano y ante los gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, para que se acepte nuestra propuesta de solución agraria y ecológica integral para el territorio Indígena Zoque de la selva de los Chimalapas, misma que se centra en el pleno respeto a los Derechos Indígenas y en el respeto a los derechos de la Naturaleza
Ccp.- Lic Felipe Calderón – Presiente de México
Ccp.- Lic. Francisco Blake Mora - Secretario de Gobernación
Ccp.- Lic. Gabino Cué Monteagudo - Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca
Ccp.- Lic. Juan José Sabines Guerrero - Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
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Etiquetas: Derechos Indigenas, Oaxaca, ONU
Indígenas han hecho a ONU más incluyente: Alta Comisionada
México ejemplo en participación indígena
Indígenas excluidos del poder político y económico en la toma de decisiones
Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza Julio 11. Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció a los pueblos indígenas por sus aportes en el organismo internacional.
En su discurso de apertura de los trabajos de la IV Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, Pillay, afirmo que la representación de estas sociedades originarias, han hecho que las Naciones Unidas sea más incluyente.
No obstante, apunto, la funcionaria de la ONU, a pesar de ello, la deuda se mantiene con los pueblos indios.
Lo anterior, enfatizo, porque los pueblos indígenas siguen siendo excluidos del poder político y económico en la toma de decisiones que les afecta.
El derecho a participar de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones, es el enfoque central de esta reunión del Mecanismo de Expertos, que sesionará hasta el 15 de julio.
La Alta Comisionada de la ONU, infirió que no se puede afirmar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en tanto estos en un 80 por ciento viven en la pobreza, según un reporte del Banco Mundial (CM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los pueblos indígenas, son el blanco perfecto en sus países, excluidos de la toma de decisiones que repercuten en sus vidas en la miseria y la desesperanza, acuso Navanehtem (Navi) Pillay.
En este marco, el Estudio definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, reconoce el aporte de distintos gobiernos entre ellos el de México.
En el capitulo denominada Instituciones y procesos internos de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, mencionan experiencias de Canadá, Australia, Rusia, Bolivia, Bangladesh, el Consejo Ártico, entre otros.
Dice el reporte preparado por el Mecanismo de Expertos. “La Constitución de México reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, especialmente en cuanto a la elección y el ejercicio de sus propias formas de gestión de los asuntos públicos (art .2)”.
El documento, base en la agenda de la reunión en Ginebra, reconoce «La influencia de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones parlamentarias es mayor, cuando los parlamentos crean órganos internos para ocuparse de las cuestiones que revisten interés vital para ellos, como es el caso de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de México, que puede influir en la elaboración de los proyectos de ley”.
El estudio del Mecanismo, pone casos como el de Nueva Zelanda donde los pueblos indios han concertado acuerdos con su gobierno para administrar conjuntamente los recursos naturales, como los lagos.
Es el mismo caso en los Estados Unidos que ha delegado la responsabilidad en el control y la caza de ballenas en Alaska.
En cuanto al tema del consentimiento libre previo e informado, el Mecanismo de Expertos indica que el Estado de Bolivia tradujo un acuerdo sobre esta base con los Guaraníes de Charagua Norte e Isoso.
Los expertos de la ONU, coinciden con la Alta Comisionada en cuanto a que los pueblos indígenas son parte de los sectores excluidos, marginados y desfavorecidos de la sociedad.
Desde su punto de vista, el derecho a participar en las decisiones que los afectan, son irrenunciables para que los pueblos indígenas garanticen sus culturas, lenguas, territorios, tierras y recursos naturales.
La participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones, reviste importancia para la buena gobernanza, exponen.
Como medida que asegure su inclusión en la toma de decisiones, la ONU, señala la responsabilidad de los Estados sobre el particular.
Afirma el estudio de Naciones Unidas, que los países tienen la obligación de respetar el derecho de los pueblos indígenas a participar en todos los niveles de la adopción de decisiones, incluida las externas que ellos definan.
Para ello, enfatizan que los Estados deben respetar y apoyar las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas tanto tradicionales como contemporáneos, incluida sus prácticas de adopción de decisiones colectivas.
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Etiquetas: Derechos Indigenas, ONU
a las aspiraciones de los pueblos indígenas y las comunidades de todo el mundo para reunirnos, escucharnos e intercambiar ideas para proteger nuestros sistemas locales sostenibles de alimentos y la soberanía alimentar, de conformidad con nuestras practicas culturales, valores espirituales y nuestra responsabilidad sagrada hacia la salud y la supervivencia de nuestro Mundo Natural;
Afirmando y destacando las disposiciones y principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), adoptada por la Asamblea General en 2007, los cuales reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la subsistencia, a la libre-determinación, a las tierras y recursos, al consentimiento libre, previo e informado, a la relación espiritual con las tierras y los recursos y la protección y transmisión del conocimiento tradicional, entre otros, y también reconoce la necesidad de abordar los impactos de la colonización y las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas;
Acogiendo la filosofía de Terra Madre
de que todo el mundo posee el derecho fundamental a gozar de una alimentación buena, limpia y justa, y por ende, la responsabilidad de proteger el patrimonio alimentar, la tradición y cultura que hacen posible este goce.
Nosotros, los pueblos indígenas de África, las Américas, Rusia, Ártico, Asia, Oceanía y Europa reunidos en Jokkmokk, Sapmi, Suecia, del 17-19 de junio de 2011, en la 1ª Conferencia Indigenous Terra Madre,
por la presente acordamos por consenso las siguientes propuestas de acción:
Alentamos a nuestros pueblos, comunidades, productores locales de alimentos y otros titulares de conocimiento tradicional, incluidas la mujeres indígenas, a intercambiar, utilizar, mantener y transmitir el conocimiento tradicional, las innovaciones y practicas integrales dentro y entre sus comunidades, con base en el principio del consentimiento libre, previo e informado. Esto incluye el conocimiento sobre el uso de la tierra, agua y hielo marino, agricultura tradicional, manejo forestal, ceremonias relacionadas a los alimentos y practicas espirituales, semillas ancestrales, protección de la diversidad biológica (plantas alimenticias, animales, semillas y medicinas), pastoreo, así como respuestas al cambio climático, contaminación medioambiental y otras amenazas. De este modo, continuaremos a restaurar, proteger y fortalecer nuestra soberanía alimentar tradicional y asegurar la difusión de nuestro conocimiento vital para nuestros jóvenes y las generaciones futuras.
Alentamos el establecimiento de "Áreas de Soberanía Alimentaria," definidas, dirigidas y controladas por los pueblos indígena y las comunidades, según las leyes consuetudinarias y libre de las industrias extractivas, deforestación, patentabilidad de formas de vida, énfasis en los sistemas de monocultivo y métodos de producción de alimentos industriales con base en productos químicos (Ej. pesticidas y fertilizantes químicos, contaminantes tóxicos, agrocombustibles y organismos modificados genéticamente).
Apoyamos y alentamos el reconocimiento, la demarcación y la protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas (incluidos los bosques, los pastos y pastizales, las semillas, las medicinas y el agua), los cuales son esenciales para la producción y mantenimiento de la producción local de alimentos, el manejo tradicional de las tierras y los sistemas de tenencia de tierras.
Condenamos la apropiación y fragmentación de tierras, la explotación no sostenible de los recursos, la biopiratería, la privatización, las patentes de plantas y semillas alimenticias y otras políticas que resultan en la disminución del acceso de los pueblos indígenas a las tierras, aguas y otros recursos relacionados a la alimentación. Además, expresamos nuestra solidaridad a los pueblos y comunidades más vulnerables. Pedimos el apoyo para aquellos que luchan para oponerse a estas políticas y actividades destructivas, y que trabajan para la restitución de las tierras y recursos retirados sin su consentimiento libre, previo e informado.
Reconocemos los múltiples y severos impactos del cambio climático, sus causas, efectos y "soluciones" insostenibles, incluida la producción de agrocombustibles, en los ecosistemas de los pueblos indígenas, en la producción local de alimentos y en su soberanía alimentar en todo el mundo. Apoyamos la participación activa de los pueblos indígenas en la prevención de las causas y en la búsqueda de soluciones y respuestas al cambio climático en todos los niveles, con base en su conocimiento tradicional, prácticas e medios de vida.
Hacemos un llamamiento a la ejecución de programas y actividades de capacitación para comunidades indígenas, ONGs, órganos y organismos gubernamentales de los niveles local al internacional, con la finalidad de crear una sensibilización sobre la soberanía alimentar y los derechos pertinentes de los pueblos indígenas. Pedimos, además, respeto y reconocimiento de los sistemas locales de alimentos, el uso y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.
Hacemos un llamamiento al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, en su 11º período de sesiones, durante el medio-día de debate sobre los derechos de los pueblos indígenas a la alimentación y la soberanía alimentar, que considere además las recomendaciones para mantener y fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas de alimentos de los pueblos indígenas en todo el mundo, incluidos los pueblos pastores y otros pueblos móviles.
En este sentido, apoyamos la decisión del FPNUCI de llevar a cabo un estudio sobre los impactos del cambio del uso de la tierra y el cambio climático en los medios de vida de los indígenas criadores de renos, que será presentado en el 11º período de sesiones del FPNUCI en 2012.
Alentamos a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, planeada para el año de 2014, así como a la Conferencia Rio +20 a evaluar los instrumentos internacionales, declaraciones, convenios, normas y procesos existentes para asegurar que estos apoyan los derechos y la participación plena de los pueblos indígenas. Hacemos un llamamiento a estas conferencias internacionales a abordar, en especial, la soberanía alimentar de los pueblos indígenas, incluida la protección del conocimiento tradicional, las practicas, el derecho a las tierras y recurso naturales y a hacer recomendaciones para mejoras efectivas y acciones futuras en este aspecto.
Alentamos a todos los organismos multilaterales y de las Naciones Unidas, incluidos FIDA, FAO, PNUD, UICN y OIT, así como los órganos y organismos gubernamentales en todos los niveles, a fomentar y aplicar de forma activa los derechos de los pueblos indígenas, incluida su participación plena y efectiva en la toma de decisiones, de conformidad con el artículo 42 de las DNUDPI.
Alentamos a Terra Madre y a los pueblos indígenas a continuar su cooperación, intercambio de información y alianza para aplicar este Acuerdo, incluido el planteamiento para el establecimiento de un Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas dentro de Terra Madre.
Nosotros difundiremos este Acuerdo en nuestras propias comunidades, prepararemos y intercambiaremos informes y actualizaciones relacionados a su aplicación, incluidos casos prácticos de éxito, oportunidades y ejemplos que podrán ser reproducidos en otras áreas y comunidades;
Nos comprometemos a continuar consolidando y fortaleciendo la red de pueblos indígenas y nuestros aliados, formada durante la 1ª Conferencia Indigenous Terra Madre, a través de comunicación continua, reuniones y trabajos de colaboración.
Finalmente expresamos nuestra gratitud y solidaridad a los pueblos Sami y a la municipalidad de Jokkmokk por la cálida hospitalidad demostrada en sus tierras tradicionales (Sapmi). Agradecemos también a Slow Food, al Parlamento Sami, a la Alianza Indígena para la Diversidad Biológica Agrícola y la Soberanía Alimentaria (Indigenous Partnership for Agro-Biodiversity and Food Sovereignty por sus siglas en inglés), el Fondo Christensen, al gobierno de Suecia y a FIDA por el apoyar la celebración de Indigenous Terra Madre.
Por nuestras tierras, nuestros pueblos y nuestras generaciones futuras, aprobamos este Acuerdo por consenso el 19 de Junio de 2011, Jokkmokk, Suecia.
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Etiquetas: Derechos Indigenas, Derechos Madre Tierra, ONU, Soberania Alimentaria
PERU: Derechos indígenas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Existen múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren específicamente a los derechos de los pueblos indígenas y son normas obligatorias para los Estados que los han ratificado. En consecuencia, estas normas son utilizadas para sustentar las demandas de los pueblos indígenas ante los Estados de sus países, tanto en los ámbitos administrativos como judiciales, así como para elevar distintos documentos ante las instancias de los sistemas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
¿Pero qué sucede cuando los Estados persisten en desconocer los derechos de los pueblos indígenas? Pueden hacerlo directamente, emitiendo normas legales o administrativas, o autorizando proyectos extractivos o de infraestructura que afecten los derechos indígenas. También por omisión, al no cumplir con proteger estos derechos frente a agresiones de terceros, como las empresas multinacionales, grupos paramilitares, etc.
Cuando esto ocurre, es posible acudir a una instancia supranacional: el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas dos principales instituciones son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.
Una vez agotadas las instancias internas[1], los pueblos indígenas y sus organizaciones pueden denunciar al Estado infractor ante la Comisión, quien emite un informe con recomendaciones al Estado. Si este Estado incumple las recomendaciones y la Comisión lo considera, puede presentar una demanda ante la Corte. Solo pueden ser denunciados ante la Corte aquellos Estados que son parte del Pacto de San José de Costa Rica[2] y han aceptado su jurisdicción. La demanda únicamente puede ser presentada a la Corte por la Comisión.
Las sentencias que emite la Corte, además de ser de cumplimiento obligatorio por los Estados, sientan jurisprudencia. Es decir, sus alcances son de obligatoria observancia por parte de todos los Estados parte del Pacto de San José. Las sentencias establecen reparaciones, las cuales van mucho más allá de las indemnizaciones económicas, pues incluyen cambios legislativos, seguimientos, restituciones de daños, rectificaciones públicas y otras acciones.
Presentamos aquí tres casos vistos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias reafirman los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la autodeterminación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la participación política.
Caso comunidad Awas Tingni versus Nicaragua
La Comunidad Awas Tingni se ubica en la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua. En 1995, el Estado elaboró un plan de manejo forestal, que fue aprobado por el Consejo Regional. Luego, el mismo Estado dio en concesión a la empresa Sol de Caribe SA (SOLCARSA) una superficie de 62 mil hectáreas para hacer la extracción de madera en propiedad ancestral de la comunidad. La Constitución de Nicaragua reconoce la propiedad comunal, por ocupación o posesión tradicional o ancestral. Las normas de la Región Autónoma también reconocen este derecho.
La primera acción de Awas Tingni es administrativa. En 1996 presenta una queja mediante una carta ante el Estado y el Consejo Regional del Atlántico Norte. En ella la comunidad pide que no entreguen los recursos forestales de su territorio. Solicita el diálogo. Pero su pedido no surte efecto alguno. Luego presenta un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelación. Nuevamente pide el diálogo y que se deje sin efecto la concesión. El tribunal de Apelación rechaza el recurso de amparo argumentando que éste fue presentado fuera del plazo legal de 30 días, lo cual significa “tácita aceptación”. La comunidad apela a la Corte Suprema de Justicia, la cual ratifica que el recurso fue presentado de manera extemporánea.
Al no encontrar justicia en las instancias internas, los demandantes acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que eleva el caso a la Corte IDH. Lo hace con base en los artículos del Pacto de San José, principalmente en el artículo 21[3], el cual señala que todos los seres humanos tienen derecho a la propiedad.
La Corte concluye que Awas Tingni es un pueblo indígena que ha ocupado ancestralmente su territorio. Y que no es necesario que el Estado haya delimitado ese territorio, pues basta la posesión ancestral que determina el derecho de propiedad.
El Estado argumentó que la comunidad ocupa ese territorio desde 1940, que es parte de otros pueblos a los que ya se les dio sus títulos, grupos que se han desmembrado, y que varios pueblos se disputan la propiedad de ese territorio, por tanto no está definido técnicamente que es propiedad de Awas Tingni. Dice que la comunidad nunca ha solicitado la demarcación o delimitación de su territorio.
La Corte responde que no es necesario que el pueblo solicite la demarcación, porque la Convención Americana señala que el Estado está obligado a dar medidas de protección de los derechos. Agrega que el derecho a la propiedad significa usar y gozar de todos los bienes que existen en ese territorio.
En síntesis, la comunidad tiene derecho a la propiedad colectiva: ese es el contenido que la Corte otorga al artículo 21 de la Convención. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de sus territorios ancestralmente ocupados, independientemente a que el Estado los haya delimitado o no. Porque la Convención es viva, evolutiva y se adecua a la realidad.
La Corte ordena al Estado dar seguridad jurídica a los territorios de la comunidad. Mientras eso no se cumpla, el Estado no puede tomar medida alguna en esos territorios, incluido el otorgamiento de concesiones. Las reparaciones fijan indemnizaciones. La Corte da el Estado un plazo para su cumplimiento y señala que hará seguimiento de su fallo.
La sentencia fue emitida el 31 de agosto del 2001. Nicaragua en el 2006 adoptó una ley de demarcación de tierras indígenas y en el 2008 la comunidad Awas Tingni recibió sus títulos.
Caso Yatama versus Nicaragua
Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Yatama, es un partido político regional de los pueblos originarios que venía participando de las elecciones regionales. Hasta 1996 en Nicaragua había una ley electoral que permitía a las organizaciones regionales participar en las elecciones sin necesidad de pertenecer a un partido político nacional, solo tenían que presentar un número de firmas equivalente al 5% del total de los votantes de la región. Pero en enero del 2000 se promulga una nueva ley electoral que cambia las reglas de juego y obliga a los postulantes a estar afiliados a un partido político nacional. Y exige ya no el 5% sino el 80% de firmas para acreditarse. Las siguientes elecciones se realizarían en noviembre de ese año.
Yatama acude en primer lugar a las autoridades electorales (Consejo Supremo Electoral), que el 15 de agosto emiten una resolución negativa. Ante ello, presenta un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que lo declara infundado el 25 de octubre. Agotadas las instancias internas, Yatama acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual a su vez eleva la demanda ante la Corte IDH.
La Corte emite sentencia el 25 de abril del 2005. Este es el único caso cuyo tema central es el derecho a la participación en las elecciones. La sentencia precisa los artículos de la Convención Americana que habían sido vulnerados: artículo 8 (garantías judiciales), artículo 23 (derechos políticos), artículo 24 (igualdad ante la ley).
Además, la sentencia obliga al Estado a tomar medidas para que las comunidades indígenas participen en condiciones de igualdad en todos los procesos que los afecten, a través de sus instituciones y de acuerdo a sus usos y costumbres. Este fallo incluye una serie de reparaciones, entre ellas la de modificar la Constitución y la legislación nacional, una indemnización económica, la implementación de medidas para rectificar las decisiones del Consejo Supremo Electoral (y hacerlo antes del calendario electoral). Resuelve que se reforme la Ley Electoral, modificando aquellos artículos violatorios de la Convención, a fin de garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en las elecciones de acuerdo a sus usos y costumbres. Y ordena finalmente que se publique la sentencia en idiomas originarios en medios de comunicación en un plazo de un año contado a partir de la emisión de la sentencia.
Caso Pueblo Saramaka versus Surinam
Los antepasados del Pueblo Saramaka fueron esclavos llevados forzosamente a Surinam. El pueblo está organizado en 12 clanes, distribuidos en 63 comunidades que suman 34 mil habitantes.
La primera pregunta que se planteó la Corte fue: ¿es o no Saramaka un pueblo tribal? De allí concluiría si se le reconoce el derecho a la propiedad comunitaria y a los recursos naturales que están dentro y sobre su territorio. La Corte se preguntó también en qué medida el Estado puede entregar concesiones mineras en sus territorios, si las concesiones ya otorgadas son legítimas y si el hecho de carecer de personería jurídica inhabilita jurídicamente a los Saramaka.
El Estado argumentó que los Saramaka son un pueblo negro, no indígena, que la legislación interna no reconoce la propiedad comunal y que Surinam no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Por su parte, el Pueblo Saramaka argumenta su identidad con la tierra, con los bosques. “Cuando nuestros ancestros escaparon al monte no llevaron nada consigo”, señalan, sus antepasados fueron cimarrones[4]. La huida de los latifundios es llamada por los Saramaka su “primera vez” y afirman con orgullo: “somos Saramaka y somos distintos porque nunca nos sometimos al régimen de esclavitud”. El territorio es para ellos la madre, su cultura está vinculada a la naturaleza y tienen sus propias autoridades.
La primera decisión de la Corte fue contundente: el Pueblo Saramaka es una comunidad tribal que tiene sus propios sistemas económicos, culturales, políticos, etc. Luego, la sentencia de la Corte rescata el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y concluye que el derecho al agua es afectado por las actividades mineras desarrolladas en sus territorios.
La Corte resuelve que el Estado tiene el deber de consultar con la comunidad según sus propias costumbres y tradiciones. Y que debe modificar su legislación interna para reconocer el territorio, el derecho a los recursos naturales y a la consulta de los pueblos indígenas.
La reparación incluye la obligación de delimitar y otorgar título colectivo del territorio, mediante mecanismos de consulta. Dice que hasta entonces Surinam no podrá realizar o autorizar actividades en esos territorios sin el consentimiento previo, libre e informado de los Saramaka. Y ordena al Estado revisar las concesiones ya otorgadas. También establece a favor del demandante una indemnización por daños y participación en futuros beneficios.
Con esta sentencia del 28 de noviembre del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia por primera vez sobre el consentimiento previo, libre e informado. Y para hacerlo toma en cuenta la totalidad de instrumentos internacionales de derechos humanos y la obligatoriedad de los Estados de respetarlos.
[1] La Comisión puede hacer una excepción a este requisito cuando no existen garantías internas para un debido proceso, cuando hay demoras injustificadas en los litigios internos o cuando los demandantes carecen de recursos para solventar el proceso en su país.
[2] Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.
[3] Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
[4] Esclavos rebeldes, generalmente fugitivos, que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de la ciudad o el campo denominados palenques o quilombos.
Publicado por Chiapas ante la crisis climática en 11:04 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Publicado por Chiapas ante la crisis climática en 11:02 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Mientras los Estados - nación celebran el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, cerca de 370 millones de personas pertenecientes a estas sociedades, han perdido o están en riesgo de perder sus tierras, territorios o recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Mujer tzeltal cargando maíz nativo, Tenejapa, Chiapas, 2011.
Publicado por Chiapas ante la crisis climática en 10:51 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada