Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00846-de-enero-23-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f19603978de10160e0430a0101510160&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 03:33:03
Document Index: 410941682

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 244', 'artículo 152', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 87', 'artículo 177', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 2013-00846 de enero 23 de 2014
SENTENCIA 2013-00846 DE 23 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:LA SUSTITUCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN ES GRATUITA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 769 DE 2002 (CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO) DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚNICO VALOR QUE NO TIENE COSTO PARA EL CIUDADANO ES EL DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO. LOS REQUISITOS QUE ENCIERRAN EL TRÁMITE, COMO LA TOMA DE EXÁMENES MÉDICOS Y OTROS, NO SUPONEN ESTE BENEFICIO. POR LO TANTO LA RECATEGORIZACIÓN Y LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ESCAPAN A ESE CONCEPTO, PUES SE REFIEREN AL CAMBIO DEL DOCUMENTO POR PÉRDIDA O VENCIMIENTO Y A LA MUTACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PERMISO PARA CONDUCIR VEHÍCULOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, LICENCIA DE TRÁNSITO
REVISTA TUTELA N°:174 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1021
Sentencia 2013-00846 de enero 23 de 2014
Rad.: 68001-23-33-000-2013-00846-01
Demandante: Luis Carlos Cáceres Suárez
Demandados: municipio de San Juan de Girón (Santander) y otro
La Sala se pronuncia sobre la impugnación presentada por el municipio de San Juan de Girón (Santander) y el Ministerio de Transporte contra la providencia de 7 de octubre de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la alcaldía de Girón y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho ente municipal, la expedición gratuita de las licencias de conducción a quienes estén obligados a sustituirla por no cumplir con las condiciones técnicas previstas en el artículo 17 de la Ley 769 de 2002.
El señor Luis Carlos Cáceres Suárez ejerció la presente acción contra el municipio de San Juan de Girón (Santander) para que se cumpliera lo dispuesto por los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por los artículos 4º de la Ley 1383 de 2010 y 244 de la Ley 1450 de 2011, de conformidad con los cuales las entidades demandadas están obligadas a realizar la sustitución gratuita de las licencias de conducción que no cumplan con los requisitos técnicos establecidos en la Ley 769 de 2002 y la Resolución 623 de 2013 proferida por el Ministerio de Tránsito y Transporte.
• Los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificados por los artículos 4º de la Ley 1383 de 2010 y 244 de la Ley 1450 de 2011, señalaron que en los cuarenta y ocho (48) meses siguientes a la entrada en vigencia de dicha norma, se debían cambiar de forma gratuita las licencias de conducción que no cumplían con las condiciones técnicas previstas por la ley y el reglamento que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. Los parágrafos son del siguiente tenor:
• La Secretaría de Tránsito del municipio de San Juan de Girón (Santander), el 16 de julio de 2013 con fundamento en la circular MT 20134200243441 de 10 de julio de 2013, empezó un proceso de renovación de las licencias de conducción de quienes conducían vehículos particulares con una licencia de conducción vencida para operar servicio público.
• En los términos de la demanda, el municipio de San Juan de Girón está cobrando por la renovación de las licencias de conducción, pese a que los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002 ordenaron el cambio gratuito de las licencias que no cumplieran con las condiciones técnicas previstas por la ley y la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte.
El demandante consideró que el municipio de San Juan de Girón (Santander) incumplió con lo dispuesto en los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificados por los artículos 4º de la Ley 1383 de 2010 y 244 de la Ley 1450 de 2011, pues no realizó la sustitución gratuita de las licencias de conducción sino que, en su lugar, procedió al cobro por la renovación de las mismas.
Por lo anterior y comoquiera que el municipio de San Juan de Girón está realizando el cobro por la renovación de las licencias de tránsito, se encuentra incumpliendo lo previsto en los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002.
• “De conformidad con los hechos expuestos, solicito a usted, señor juez, ordenar a la entidad demandada DAR CUMPLIMIENTO a la obligación contenida en el parágrafo (sic) 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 4º de la Ley 1383 de 2010 y por el artículo 244 de la Ley 1450 de 2011 y en consecuencia:
1. Se proceda de manera inmediata a la sustitución gratuita de las licencias de conducción.
2. Se suspenda la renovación de las licencias de conducción vencidas para servicio público para quienes conducen servicio particular, hasta tanto se cumpla con la sustitución gratuita de estas.
3. Se proceda de manera inmediata a devolver los recursos que se hayan cobrado a quienes teniendo derecho a la sustitución gratuita se les entregó el nuevo formato de la licencia de conducción adoptado por la Resolución 623 de 2013, pagando por la renovación de la licencia de conducción”(1) (mayúsculas propias del original).
La demanda fue radicada en la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, y correspondió, de acuerdo con el acta individual de reparto(2), al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bucaramanga.
Por auto de 9 de septiembre de 2013(3), el mismo despacho judicial declaró la falta de competencia para conocer de la acción constitucional, pues de conformidad con el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el conocimiento de la acción correspondía en primera instancia al Tribunal Administrativo de Santander, pues consideró que el Ministerio de Transporte, entidad del orden nacional, eventualmente estaría llamado a dar cumplimiento a la norma, razón por la cual debía vinculársele al proceso.
Así las cosas, el juzgado ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para lo de su competencia.
Recibido el expediente en el Tribunal Administrativo de Santander, mediante autos de 11 y 24 de septiembre de 2013, admitió la demanda y notificó al municipio de San Juan de Girón (Santander) y al Ministerio de Transporte(4).
1.6.1. El municipio de San Juan de Girón (Santander) solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda. Para sustentar su posición, luego de reproducir en lo pertinente el texto literal de la Ley 769 de 2002, del Decreto-Ley 19 de 2012 y de la Ley 1383 de 2010, sostuvo que aquellas normas consagran la gratuidad de la sustitución, es decir, el cambio del documento físico cuando este no cumpla con las condiciones técnicas previstas en la ley, razón por la cual, según la accionada, no existe un mandato imperativo que determine la gratuidad de la renovación de las licencias de tránsito.
Adicional a lo anterior consideró que no se puede acceder a la solicitud de suspensión del trámite de renovación de las licencias de tránsito pues ello sí implicaría un traumatismo para aquellas personas que no cuentan con una licencia de conducción vigente, además que esa situación sí implicaría “el incumplimiento de normas ya que es un deber del conductor mantener vigente la licencia”.
Finalmente, toda vez que la contestación fue presentada con antelación a la corrección del auto admisorio, el municipio solicitó la vinculación del Ministerio de Transporte, por cuanto fue dicha entidad la encargada de establecer los lineamientos y reglamentos sobre las licencias de conducción y, además, porque dicha entidad es la que recibe los recursos provenientes de la refrendación de las licencias de tránsito.
1.6.2. El Ministerio de Transporte planteó las siguientes conclusiones: (i) las licencias de conducción para servicio público siempre han estado sujetas a una fecha de vencimiento; (ii) existe una obligación por parte del conductor de mantener su licencia vigente y; (iii) de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 19 de 2012, actualmente las licencias de conducción están vigentes atendiendo a la edad del titular de la misma.
“En este orden de ideas es preciso destacar que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra sustituir es aplicada para ‘poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa’, es decir que debe existir una licencia de conducción precedente que pueda ser sustituida, en consecuencia, no podría una sustitución de licencias ampliar la vigencia del documento o darle vigencia a un documento expirado, ni mucho menos evitar el cumplimiento legal de la renovación en los casos específicamente señalados en la ley”(5) (resaltado propio del original).
Por lo anterior concluyó que de acuerdo con el parágrafo 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por los artículos 4º de la Ley 1383 de 2010 y 244 de la Ley 1450 de 2011, no es cierto que exista un mandato imperativo, inobjetable, preciso y exigible frente al Ministerio de Transporte.
Por sentencia de 7 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander, accedió a las pretensiones del actor y ordenó a la alcaldía de San Juan de Girón, así como a la Secretaría de Tránsito y Transporte de dicho municipio, dar cumplimiento a los parágrafos 1º y 2º de la Ley 769 de 2002.
Para sustentar su decisión, el tribunal, luego de transcribir varias sentencias de la Corte Constitucional(6) en las cuales se abordó el tema de la gratuidad del cambio de las licencias de conducción por modificaciones en las condiciones técnicas del documento, concluyó que la intención del legislador siempre ha sido que la sustitución o cambio de las licencias por cuestiones técnicas se haga de forma gratuita, al respecto precisó: “así [se] ha señalado en diferentes leyes, y el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte conoce de esta intención [sin embargo], se ha opuesto y ha buscado evadirla permanentemente, así se puede observar desde la misma expedición de la Ley 1383 de 2010, pero su posición no ha sido acogida por el legislativo, ni por la Corte Constitucional”.
Finalmente, luego de reproducir parcialmente la Sentencia C-321 de 2009 proferida por la Corte Constitucional, el tribunal concluyó que:
“De acuerdo a lo anterior, se puede observar claramente la intención del legislador de otorgar por una sola vez el cambio o sustitución gratuita de las licencias de conducción a todos los colombianos, para que pudieran acceder a la nueva licencia con las condiciones técnicas y de seguridad que señaló el Ministerio de Transporte.
“El organismo de tránsito a cargo del municipio está evadiendo la obligación que tiene de cambiar de forma general las licencias de conducción por el nuevo formato adoptado a través de la Resolución 623 de 2013 y que entró a regir desde el 15 de julio de 2013, atentando contra la seguridad vial e incumpliendo lo señalado por el legislador”(7).
Por lo anterior, se ordenó a las entidades accionadas expedir de forma gratuita las licencias de conducción a quienes tengan la obligación de sustituirla, por no cumplir con las condiciones técnicas establecidas en la Ley 769 de 2002.
Por escritos radicados el 10 y 21 de octubre de 2013, el municipio de San Juan de Girón(8) y el Ministerio de Transporte(9), respectivamente, impugnaron la decisión del Tribunal Administrativo de Santander.
1.8.1. El municipio de San Juan de Girón reiteró de forma literal lo dicho en la contestación de la demanda, por lo que la Sala se abstendrá de hacer un nuevo resumen.
1.8.2. El Ministerio de Transporte insistió en las diferencias entre la sustitución y la renovación de las licencias de conducción. Mientras que la primera figura se refiere al cambio del documento por modificación de los requisitos formales establecidos en la ley que obliga a su reemplazo en forma gratuita; la renovación se configura cuando las licencias perdieron su vigencia y el titular debe “habilitarla” nuevamente, caso en el cual le corresponde asumir su costo.
Finalmente, sostuvo que la acción de cumplimiento era improcedente pues de acuerdo con lo establecido con la Ley 393 de 1997, este no es el mecanismo constitucional para lograr el cumplimiento de normas que establecen gastos.
Esta sección es competente para conocer la impugnación contra la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y el 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los tribunales administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
Por lo tanto, antes de avanzar en el análisis de los parágrafos del artículo 17 de la Ley 769 de 2002 que se dicen incumplidos, la Sala debe estudiar si el solicitante cumplió con probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Tránsito y al municipio de San Juan de Girón antes de instaurar la demanda.
Al amparo de esa decisión, se examinará el contenido de la petición de 5 de agosto de 2013, radicado en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de San Juan de Girón y a través del cual, el actor pretende acreditar el requisito de procedibilidad. Escrito frente al cual, se advierte, el municipio guardó silencio.
El señor Cáceres Suárez solicitó se procediera a “la sustitución gratuita de las licencias de conducción, de acuerdo con la norma (L. 769/2002, pars. 1º y 2º) tendrán derecho a la sustitución quien ‘sea titular de una licencia de conducción que no cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte (...) Así mismo, solicito se proceda de manera inmediata a devolver los recursos que se hayan cobrado a quienes se les entregó el nuevo formato de la licencia de conducción adoptado por la Resolución 623 de 2013, toda vez que estas tienen derecho a la sustitución gratuita”.
Del contenido de la solicitud antes transcrita, es claro para la Sala que sí se constituyó en renuencia al municipio de San Juan de Girón, entidad que el actor consideró llamada a cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito enunciadas en su escrito.
En este punto, la Sala llama la atención, pues algunos podrían considerar que el actor omitió su carga de constituir en renuencia al Ministerio de Tránsito, entidad que por la redacción de los preceptos que se dicen incumplidos, estaría obligada a su observancia, razón por la que debería rechazarse la acción por la ausencia de este requisito de procedibilidad.
Sobre el particular, es importante advertir que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la vinculación de dicha entidad, pues consideró que dicha cartera ministerial también estaba llamada a cumplir con las normas alegadas. En consecuencia, el juez de conocimiento, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 393 de 1997, al ordenar la participación de dicha entidad suplió la constitución en renuncia que el actor consideró satisfecha con el requerimiento que aquel presentó a la entidad que, en su concepto, era la llamada a observar lo dispuesto en los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002.
No puede considerarse que la omisión de constitución en renuencia de uno de los entes que pueden estar llamados a cumplir un precepto o acto administrativo determinados, implique la improcedencia del medio de control de cumplimiento, pues ello iría en contra no solo de los principios que permean esta acción constitucional sino que, como ya se mencionó, implicaría desconocer la obligación el juez de “notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido”.
2.3.2. De la norma que se dice incumplida.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se pretende el cumplimiento de los parágrafos 1º y 2º del artículo 17 de la Ley 769 de 2002. Se transcribe la totalidad de la norma para su mejor compresión:
De la norma transcrita se desprende que: (i) el legislador aprobó un cambio en las condiciones técnicas de las licencias de conducción, modificaciones enunciadas en el mismo texto normativo; (ii) como consecuencia de esas reformas, a los titulares de las licencias de conducción se les impuso la carga de reemplazarlas por una que se ajustara a las nuevas especificaciones. Para el efecto se concedió un término de cuarenta y ocho (48) meses; (iii) finalmente, a efectos de no generar una imposición injustificada y gravosa a los ciudadanos, se estipuló que el cambio de las licencias se haría de forma gratuita, razón por la que en el parágrafo 3º se fijó la fuente de recursos para garantizar la gratuidad.
La renovación o refrendación de las licencias de tránsito implican su modificación, cambio o remplazo por razón de su vigencia, artículos 22 y 23 de la Ley 769 de 2002(13). Es decir, que se debe dar cuando aquella expira. En ese sentido, es importante señalar que los términos o plazos de vigor de estos documentos han estado sujetos a una serie de reformas legislativas y diferencias según se trate de la habilitación para conducir automotores de servicio público o particular.
Frente a las licencias para servicio público, la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y las diferentes disposiciones que la han reformado, esto es, la Ley 1383 de 2010 y el Decreto-Ley 19 de 2012(14), establecieron de forma expresa que las licencias de conducción para conducir vehículos de servicio público tienen una vigencia de tres (3) años, vencidos los cuales es necesario refrendar las mismas, esto es, renovar la licencia y presentar los “exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz”.
Por su parte, en el caso de las licencias para conducir vehículos particulares, encontramos que en un primer momento, el artículo 22 de la Ley 769 de 2002, no contempló un término, por tanto, no era necesaria su renovación pues no vencían. Posteriormente, el Decreto-Ley 19 de 2012 estableció que las licencias para conducir vehículos particulares, por regla general, y una vez en vigencia la citada norma, tendrían un término de vigencia de diez (10) años para aquellos conductores con una edad menor a los sesenta (60) años(15).
La sustitución, por su parte, se refiere a la necesidad de cambiar o reemplazar la licencia de conducción por no cumplir con las nuevas especificaciones técnicas fijadas en la ley y la reglamentación que para el efecto ha expedido el Ministerio de Transporte. En otros términos, el cambio de un plástico por otro, articulo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por los artículos 4º de la Ley 1383 de 2010 y 244 de la Ley 1450 de 2011.
No sobra recordar que de acuerdo con las diferentes normas que han regulado la materia, así como de algunas providencias de la Corte Constitucional(16), se ha entendido que cuando el cambio de formato de ciertos documentos púbicos por razones técnicas y de seguridad, corresponde al Estado la carga de sufragar el correspondiente cambio y no al ciudadano, pues este no está en la posición de soportarlo.
Tercera: la recategorización y la renovación de las licencias de tránsito no están reguladas en el texto del artículo 17 analizado. En consecuencia, por obedecer a una figura distinta al reemplazo por los cambios técnicos introducidos por el legislador y en razón a la pérdida de vigencia del documento o del cambio de categoría, se impone al titular o portador adelantar los trámites necesarios, asumiendo los pagos y exámenes que sean del caso.
2.3.3. Si bien sería del caso acceder al cumplimiento de las normas señaladas por parte del actor, pues sí existe un mandato imperativo e inobjetable para los organismos de tránsito para realizar la sustitución gratuita de las licencias de conducción, observa la Sala que el actor no acreditó el incumplimiento por parte de las entidades accionadas, razón por la cual se revocará el fallo de primera instancia y, con ello, se negarán las pretensiones de la demanda.
Sobre el particular es necesario resaltar que el actor señaló en la demanda que el municipio de San Juan de Girón (Santander) incumplió lo establecido en los parágrafos 1º y 2º de la Ley 769 de 2002 pues “ordenó el proceso de renovación de las licencias de conducción para quienes operando vehículos de servicio particular, cuentan con una licencia de conducción vigente para el servicio particular, y vencida para el servicio público. (...) El organismo de tránsito a cargo del municipio con el único fin de ahorrarse los recursos que deben invertir en la sustitución o cambio gratuito de las licencias de conducción, apoyado en la circular MC 20134200243441 del 10 de julio de 2013 del Ministerio de Transporte está obligando a las personas en la condición descrita en el numeral anterior a pagar los costos de una renovación que no deben realizar de acuerdo con la ley, porque las licencias vencidas para el servicio público tienen una vigencia para servicio particular de acuerdo con la edad de quien la porta”(17), no obstante lo anterior, observa la Sala que el actor no cumplió con la carga de la prueba de acreditar su dicho.
Dentro del expediente se encuentran únicamente las siguientes pruebas:
• Documento de constitución en renuencia de 5 de agosto de 2013 (fl. 18)(18).
• Circular MT 2012000049191 de 7 de febrero de 2012 del Ministerio de Transporte (fls. 19 a 27) en el cual se establecen las directrices para la implementación y cumplimiento del Decreto-Ley 19 de 2012.
• Circular MT 20134200253441 de 10 de julio de 2013 del Ministerio de Transporte (fls. 28 y 29) en el cual se le imparten a los “Organismos de tránsito” del país instrucciones sobre la implementación del nuevo formato de licencias de construcción.
• Circular MT 20134200182711 dictada por el Ministerio de Transporte que explica, si se quiere desde una perspectiva normativa, las diferencias entre las licencias de conducción y el trámite para su expedición y renovación (fls. 30 a 35).
• Memorando 20131340063843 de 15 de abril de 2013 del jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte para el Viceministro de Transporte, de carácter meramente informativo, y en el cual se refiere a las diferencias que existen entre la sustitución y la renovación de las licencias de conducción (fls. 36 a 40).
• Concepto rendido por una profesional del derecho a la Ministra de Transporte en relación a la posibilidad de cobrar por los trámites de renovación y sustitución de las licencias de conducción, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la normativa que regula la materia (fls. 158 a 162).
Así, si bien es cierto el actor aportó varias circulares expedidas por el Ministerio del Transporte, en las que se establece la forma de hacer la sustitución gratuita de las licencias de tránsito que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas en la ley, también lo es, que no aportó ninguna prueba para demostrar la forma en la que supuestamente el municipio incumplió la norma y que, en lugar de adelantar dicho trámite, le exigió a los habitantes del municipio de San Juan de Girón realizar la renovación de las licencias, pese a que estas se encontraban vigentes, cuando lo procedente era su sustitución.
Para la Sala es importante advertir que el actor aduce que la Secretaría de Tránsito del municipio de San Juan de Girón está obligando a los habitantes de dicho municipio a renovar las licencias de conducción para aquellas personas que conducen vehículos particulares con licencias habilitadas para conducir servicio público. De lo expuesto en esta providencia, el evento es un típico caso de renovación o recategorización, que como se explicó, no es un trámite gratuito.
Por otra parte, observa la Sala que esta corporación ya se pronunció sobre la carga de la prueba en el marco de las acciones de cumplimiento. En esa oportunidad concluyó que corresponde al actor probar los hechos que alega en la demanda. Veamos:
“Pues bien, el artículo 87 de la Constitución Política permite que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo que otra autoridad se rehúsa a observar y que en caso de prosperar la acción, en sentencia se le ordenará la ejecución del deber omitido.
“Por lo tanto, la acción de cumplimiento tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir que las autoridades públicas y los particulares en ejercicio de funciones públicas, cumplan el mandato de la ley o lo previsto en un acto administrativo, a fin de que el contenido de este o de aquella tengan concreción en la realidad. Todo lo cual supone la demostración del incumplimiento alegado por parte del demandante y a ello se contrae el thema probandum del proceso.
“En ese sentido, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (aplicable a este proceso por las remisiones contenidas, en su orden, en los artículos 30 de la Ley 393 de 1997 y 168 del Código Contencioso Administrativo), “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por lo tanto, en materia de acción de cumplimiento, corresponde al actor probar los hechos que alega como indicativos de la inobservancia de la norma o del acto administrativo cuyo cumplimiento demanda”(19) (negrillas ajenas al texto original).
En igual sentido, esta corporación también sostuvo:
“Si bien el juez de acción de cumplimiento está autorizado para requerir pruebas e informes sobre las circunstancias aludidas por las partes, el cumplimiento de una carga procesal de estas no puede excusarse arguyendo que el funcionario de conocimiento tenía la faculta de enervarla haciendo uso de la referida atribución, en este orden de ideas, no es de recibo el alegato de la parte demandante según el cual el hecho que no se haya probado la notificación de la resolución demandada en cumplimiento y, por ende, el carácter de exigible de la obligación que imponía, es imputable al tribunal de instancia”(20).
Por lo anterior y comoquiera que el actor no probó el incumplimiento por parte de las demandadas, la Sala revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
1. REVOCAR la sentencia de 7 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento instaurada por el señor Luis Carlos Cáceres Suárez contra el Ministerio de Tránsito y Transporte y otro, para en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.
Magistrados: Susana Buitrago Valencia—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro.
(1) Folio 16 del expediente.
(2) Folio 98 del expediente.
(3) Folio 100 del expediente.
(4) Inicialmente el Tribunal Administrativo de Santander notificó del auto admisorio de la demanda al Ministerio de Cultura, razón por la cual, a través de auto de 24 de septiembre de 2013, corrigió el error en el que involuntariamente había incurrido y notificó al Ministerio de Transporte.
(5) Folio 152 del expediente.
(6) Cfr. Sentencia C-780 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-925 de 2006, M.P. Jorge Córdoba Triviño.
(7) Folio 200 del expediente.
(8) Folios 208 a 230 del expediente.
(9) Folios 235 a 237 del expediente.
(12) Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Expediente 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(13) El artículo 16 de la Ley 1005 de 2006, señaló que la renovación de la licencia se haría en forma gratuita por una sola vez, sin embargo es importante advertir que el legislador en esta ocasión empleó el término renovación para referirse a lo que actualmente se entiende como sustitución.
(14) Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.
(15) La misma disposición consagra que para aquellas personas que tienen una edad entre sesenta (60) y ochenta (80) años la vigencia de la licencia de conducción será de cinco (5) años y; de un (1) año para mayores de ochenta (80) años, contados a partir del momento en el que llegan a la citada edad.
(16) Cfr. C-780 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-925 de 2006, M.P. Jorge Córdoba Triviño.
(17) Folios 1 y 2 del cuaderno principal del expediente.
(18) Frente a esta solicitud las autoridades accionadas guardaron silencio.
(19) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, sentencia de 27 de junio de 2003, radicado 20001-23-31-000-2003-00478-01 (ACU).
(20) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, sentencia de 9 de septiembre de 2005, radicado 13001-23-31-000-2004-00037-01 (ACU).