Source: http://hrlibrary.umn.edu/cat/spanish/Sswitzerland144-1999.html
Timestamp: 2018-10-16 06:57:38
Document Index: 146297964

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 108', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 3']

A.M. (se ha omitido el nombre) v. Switzerland, Comunicación No. 144/1999, U.N. Doc. A/56/44 at 161 (2001).
- 25º período de sesiones -
Comunicación Nº 144/1999
Presentada por: A. M. (se ha omitido el nombre)
Fecha de la comunicación: 12 de agosto de 1999
Reunido el 14 de noviembre de 2000,
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 144/1999, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Aprueba el siguiente dictamen:
1.1. El autor de la comunicación es el Sr. A. M., nacido en 1974 y oriundo del Chad. Actualmente vive en Suiza, donde solicitó asilo el 19 de octubre de 1998. Como se ha rechazado esa solicitud, afirma que su repatriación forzada al Chad constituiría una violación por parte de Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura.
1.2. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la comunicación a la atención del Estado Parte el 4 de octubre de 1999. Al mismo tiempo le solicitó que, en aplicación del párrafo 9 del artículo 108 del reglamento del Comité, no expulsara al autor al Chad mientras el Comité estuviera examinando su comunicación. El 26 de noviembre de 1999, el Estado Parte informó al Comité de que se habían tomado medidas para que el autor no fuera devuelto al Chad mientras su caso estuviera pendiente de examen en el Comité.
2.1. El autor estudió informática. Trabajó activamente en la Liga Chadiana de Derechos Humanos (LTDH) y fue vicepresidente de una de las ramas de la Alianza Nacional de Resistencia (ANR), además de haber ocupado la vicepresidencia de la Unión de Jóvenes Revolucionarios (UJR) durante año y medio, en ausencia de su presidente. Al final de ese período, fue denunciado a las fuerzas de seguridad por agentes infiltrados.
2.2. El 16 de septiembre de 1998, se presentaron militares en el domicilio del autor, que en ese momento estaba ausente. Un agente de la policía amigo le aconsejó que abandonara su casa. Esa noche, los militares efectuaron una nueva visita a su domicilio, pero el autor se había refugiado en casa de su madre. Tras este último hecho, decidió salir del país.
2.3. El autor solicitó asilo en Suiza, pero su demanda fue desestimada y las autoridades suizas lo obligaron a ponerse en contacto con la Embajada del Chad en Francia con objeto de tramitar su regreso al país. Los funcionarios de la Embajada, al parecer, rechazaron esa solicitud, pues no podían garantizar la seguridad del autor a menos que renunciara expresamente a formar parte de la oposición y declarara su adhesión al régimen constituido.
3. El autor sostiene que, al ser conocido de las fuerzas de seguridad de su país, su regreso al Chad lo expondría a graves riesgos de recibir malos tratos. Considera que hoy día está suficientemente demostrada, sobre todo por la Federación Internacional de Derechos Humanos, la violación generalizada de los derechos humanos en ese país. Además, el Comité suizo de apelación para casos de asilo ha reconocido que los miembros de la Liga de Derechos Humanos, como el autor, se exponen a graves dificultades de parte de los organismos de seguridad del Chad. Tres militantes de la Liga desaparecieron tras su detención en abril de 1998 por las fuerzas de seguridad sudanesas y su posterior entrega a las autoridades chadianas.
4.1. El Estado Parte no ha impugnado la admisibilidad de la comunicación y en carta de fecha 4 de abril de 2000 formuló observaciones sobre el fondo de la cuestión.
4.2. El Estado Parte recuerda en primer lugar que la existencia en un país de un conjunto de violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas de los derechos humanos no constituye en sí motivo suficiente para concluir que una persona, en caso de retorno a ese país, corra peligro de ser torturada. Además, tienen que existir motivos que permitan suponer que el autor se encontraría personalmente en peligro.
4.3. En el caso en cuestión, el Estado Parte estima que el riesgo aducido por el autor no se ha comprobado suficientemente. El autor sólo explicó el contenido de sus actividades políticas en términos vagos y generales. Por ejemplo, en la primera audiencia del procedimiento de asilo no pudo dar el nombre de las organizaciones en que había participado. Además, proporcionó informaciones erróneas sobre la LTDH y aportó un certificado del representante de la ANR, sin hacer ninguna precisión de las funciones del autor en la ANR, y una tarjeta de miembro con una fecha de adhesión que no coincidía con la que había comunicado a las autoridades suizas. Además, el Estado Parte tenía en su poder información de que la ANR no era reconocida como un movimiento de oposición en el Chad.
4.4. El Estado Parte considera asimismo que el relato del autor no es creíble. En cuanto a las búsquedas de que fue objeto por parte de los militares, resulta inimaginable que, si querían realmente detenerlo, no se hayan presentado en el lugar de trabajo del autor, adonde según su declaración siguió yendo incluso después de la visita de los militares a su casa, o en el domicilio de su madre.
4.5. El Estado Parte se refiere asimismo a la Observación general del Comité sobre el artículo 3, según la cual el Comité debe dar un peso considerable a las conclusiones de los órganos del Estado Parte en lo que respecta a los hechos expuestos en la comunicación, y hace hincapié en que esta última sólo consta de una página.
4.6. El Estado Parte señala que, en contra de lo declarado por el autor, la ANR tiene su retaguardia en el Sudán y en la República Centroafricana y su radio de operaciones es el este del Chad, como por lo demás quedó confirmado con los documentos exhibidos por el propio autor. Hace notar además la afirmación del autor de que fue perseguido una vez por haber incitado a jóvenes a la sublevación y en otra ocasión a causa de delatores infiltrados en la ANR y en la Unión de Jóvenes Revolucionarios.
4.7. En cuanto a su comportamiento después de los pretendidos intentos de detención y al itinerario de su huida, el Estado Parte considera que las declaraciones del autor son también poco creíbles. En efecto, siguió yendo al trabajo los tres o cuatro días (según lo dicho en las audiencias) que precedieron su salida del país, lo que es inconcebible en alguien que está siendo buscado. Además, eligió el itinerario más largo y complicado para llegar a Europa, como fue atravesar el Chad y Libia, toda vez que dos de sus hermanos residen en el Camerún y él era experto en el paso clandestino de personas hacia Nigeria.
4.8. Asimismo, el Estado Parte señala que el autor nunca afirmó haber sido torturado ni que los miembros de su familia estuvieran preocupados por sus actividades, y no continuó sus actividades políticas después de su llegada a Suiza.
4.9. En cuanto a la presente comunicación, el Estado Parte hace notar que el autor menciona por primera vez la Unión de Jóvenes Revolucionarios y su cargo de vicepresidente, siendo así que hasta entonces sólo había hablado del Partido Revolucionario del Chad, no quedando clara la rama de la ANR a que alude. En cuanto a su afiliación a la LTDH, además de la tarjeta de miembro de favor ya mencionada, el Comité suizo de apelación para casos de asilo precisó que ese elemento no bastaba para demostrar que corriera peligro de tortura. Por último, en lo referente a la negativa de la Embajada del Chad en Francia de entregarle los documentos de viaje necesarios, el Estado Parte señala que en la carta de respuesta de la Embajada nada se dice de la suerte reservada al autor a su regreso al Chad. Sólo se afirma que las autoridades francesas se hallan en la imposibilidad de proporcionarle esos documentos. Además, si realmente lo estuvieran buscado en el Chad, es probable que las autoridades chadianas más bien lo hubieran animado a regresar a su país.
5.1. En carta de fecha 20 de mayo de 2000, el autor formuló sus comentarios acerca de las observaciones del Estado Parte sobre el fondo de la comunicación.
5.2. El autor señala en primer lugar a la atención del Comité que la situación de los derechos humanos en el Chad ha venido degradándose desde 1994, afirmación que ilustra con diferentes documentos y artículos de prensa. Tras haber pertenecido a la LTDH, la ANR y la UJR, no cabe duda de que si fuera detenido sería torturado.
5.3. En lo que respecta a las observaciones del Estado Parte de que en la primera audiencia no pudo dar el nombre de las organizaciones con que estaba comprometido, el autor señala que se trató de una audiencia particularmente breve y que no fue interrogado sobre el particular. En las siguientes, que fueron más largas y detalladas, el autor pudo describir con más precisión sus actividades.
5.4. Acerca de la discrepancia entre la fecha de adhesión a la LTDH que figura en su tarjeta de miembro y la que mencionó en sus declaraciones, el autor alega que el error se cometió en la tarjeta y que no pudo obtener una corregida. También afirma haber citado el nombre del Sr. Ngare Ada como presidente interino de la Liga.
5.5. En cuanto a la ANR, al autor le sorprende que el Estado Parte no sepa que es un movimiento de oposición en el Chad y proporciona varios artículos de prensa que demuestran ese hecho, especialmente la mención de la mesa redonda organizada en el Gabón en 1996. Además, el autor se dio cuenta de que se había cometido un error en el certificado de la ANR que decía que había pedido asilo en los Países Bajos, pero no consiguió que se rectificara el documento.
5.6. Acerca de su itinerario en la huida del Chad, el autor estima que el paso por Libia era el menos controlado y el más seguro para él. Afirma que la frontera con el Camerún está mucho más vigilada y que tenía muchas probabilidades de ser reconocido.
5.7. Por último, el autor no recuerda haber dicho que siguió yendo al trabajo después que los militares empezaron a buscarlo. En ese momento, en efecto el autor no pudo hacer ninguna gestión personal y su esposa tuvo que organizar su huida del país.
6.1. Antes de examinar una denuncia contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, conforme al apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. En el caso presente, el Comité advierte asimismo que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que el Estado Parte no ha cuestionado la admisibilidad. Así pues, considera que la comunicación es admisible. Habida cuenta de que tanto el Estado Parte como el autor de la comunicación han formulado sus observaciones al respecto, el Comité procede a examinar el fondo de la comunicación.
6.2. El Comité debe determinar si la devolución del autor al Chad violaría la obligación del Estado Parte, al tenor del artículo 3 de la Convención, de no expulsar o devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
6.3. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, el Comité debe determinar si existen razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto al Chad. Para hacerlo, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Ahora bien, la finalidad del análisis es determinar si el afectado estará personalmente en peligro de ser sometido a tortura en el país al que sea devuelto. La existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de por sí una razón suficiente para llegar a la conclusión de que una determinada persona estará en peligro de ser sometida a tortura si es devuelta a ese país. Deben existir otros motivos que indiquen que estará personalmente en peligro. Por el contrario, la ausencia de un cuadro persistente de violaciones patentes de los derechos humanos no significa que una persona no vaya a ser sometida a tortura en las circunstancias concretas de su caso.
6.4. El Comité recuerda su Observación general sobre la aplicación del artículo 3, que dice así: "Teniendo en cuenta que el Estado Parte y el Comité están obligados a determinar si existen razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable" (A/53/44, anexo IX, párr. 6).
6.5. En el presente caso, el Comité toma nota de las observaciones del Estado Parte de que lo declarado por el autor con respecto al peligro de tortura es vago y general, en algunas ocasiones increíble, en otras inexacto y aun en otras contradictorio.
6.6. El Comité observa, por otra parte, que el autor no menciona que fuera perseguido en su país de origen. No fue ni maltratado ni torturado, y jamás lo interrogaron o detuvieron las fuerzas del orden.
6.7. El Comité considera asimismo que el autor no ha aportado pruebas irrefutables ni demostrado de manera convincente su pertenencia a la Alianza Nacional de Resistencia ni a la Unión de Jóvenes Revolucionarios, como tampoco en qué consistieron sus actividades en esas organizaciones.
6.8. Habida cuenta de lo que antecede, el Comité considera que la información que tiene ante sí no demuestra suficientemente que el autor corra un riesgo previsible, real y personal de ser torturado en caso de ser expulsado a su país de origen.
6.9. En consecuencia, el Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la decisión del Estado Parte de devolver al autor al Chad no implica violación alguna del artículo 3 de la Convención.