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Timestamp: 2020-06-04 20:28:06
Document Index: 303008070

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 116', 'artículo 174', 'artículo 96', 'artículo 45', 'artículo 45', 'in dubio', 'artículo 45', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 92', 'artículo 112', 'Artículo 57', 'Artículo 24', 'artículo 92', 'artículo 45']

Sentencia nº 1092 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Julio de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 300427966
Número de Expediente: 00-1190
El 28 de enero de 1997, el abogado A.M.G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 49.820, actuando con el carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles CORPORACIÓN INDUSTRIAL CLASS LIGHT C.A., y CLASS LIGHT PUBLICIDAD C.A., inscritas en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, bajo los números 237-A-IR, tomo 26 y 64, tomo 67-A-IR, respectivamente, interpuso ante la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, acción de nulidad conjuntamente con amparo constitucional, medida cautelar innominada y solicitud de declaratoria como de mero derecho, contra el Único Aparte del artículo 45 de la Ley de T.T., por la supuesta violación de los derechos a la igualdad y a la libertad económica, antiguamente reconocidos en los artículos 61 y 96 de la derogada Constitución de la República de Venezuela, actualmente recogidos en los artículos 21 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 13 de febrero de 1997, se dio cuenta del recurso y se designó ponente al Magistrado Aníbal Rueda, a los fines de proveer sobre las pretensiones cautelares.
El 6 de febrero de 1997, los abogados J.A., J.R. y J.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 7.008, 26.402 y 42.249, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles PUBLICIDAD VEPACO C.A., PUBLICIDAD VALLAS C.A., VALLALIGHT C.A., CORPORACIÓN ANOTA C.A., AFICHERAS NACIONALES C.A., ELECTRICIDAD TESTED C.A., ELECTRICIDAD TESTED DE OCCIDENTE C.A., GCA PUBLICIDAD C.A., AFFICHE PUBLICIDAD C.A., FUTURART C.A., IMAGEN PUBLICIDAD C.A., C.A. RON S.T. S.A.C.A. y de COMPAÑÍA ANÓNIMA PONCHE CREMA, SUCESORA DE H.G.P., SUCESORES, con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 2 de abril de 1987, bajo el n° 62 del tomo 3-A-Pro.; el 12 junio de 1959, bajo el n° 38 del tomo 23-A; el 18 de mayo de 1981, bajo el n° 63 del tomo 33-A-Pro.; 1 de agosto de 1985, bajo el n° 26 del tomo 321-A-Sgdo.; el 23 de abril de 1970, bajo el n° 113 del tomo 34-A-Pro.; el 1 de diciembre de 1975, bajo el n° 7 del tomo 23-A-Pro.; el 5 de mayo de 1991, bajo el n° 99 del tomo 32-A-Pro.; el 6 de mayo de 1993, bajo el n° 18 del tomo 55-A-Pro.; el 25 de septiembre de 1989, bajo el n° 5 del tomo 90-A-Pro.; el 21 de febrero de 1980, bajo el n° 23 del tomo 31-A-Pro.; y el 13 de julio de 1988, bajo el n° 5 del tomo 18-A-Sgdo., respectivamente, las primeras once sociedades, y las restantes dos compañías, con inscripción en el Registro de Comercio del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 23 de septiembre de 1955, bajo el n° 162 del tomo 1-A, y en el Registro de Comercio del antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 1 de octubre de 1946, bajo el N° 1.004 del tomo 4-B, respectivamente, demandaron igualmente la nulidad del referido Único Aparte del artículo 45 de la Ley de T.T..
El 6 de febrero de 1997, los abogados T.M.A.H. y E.F.M., con inscripción en el Inpreabogado bajo los números 19.503 y 62.730, respectivamente, en representación de UNITED DISTILLERS DE VENEZUELA C.A., UNITED DISTILLERS CURIEL S.A., INDUSTRIAS PAMPERO C.A. Y DE CREATIVIDAD PAMPERO C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 11 de agosto de 1992, bajo el n° 21 del tomo 79-A-Sgdo., el 6 de diciembre de 1994, bajo el n° 59 del tomo 229-A-Sgdo., el 29 de agosto de 1991, bajo el n° 70 del tomo 102-A-Sgdo. y el 27 de abril de 1979, bajo el n° 31 del tomo 39-A-Pro., respectivamente, por una parte, y por otra, los abogados Moritz J. Eiris Bonilla, F.E.L.A., Liliber Q.V. y A.C.N.M., con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 19.660, 22.607, 59.303 y 65.130, respectivamente, en representación de C.A. SEAGRAM DE VENEZUELA y LICORERÍAS UNIDAS C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de abril de 1993, bajo el N° 16 del tomo 21-A-Sgdo. y el 15 de abril de 1993, bajo el N° 57 del tomo 17-A-Pro., respectivamente, se hicieron parte adhesiva a la demanda de nulidad incoada.
Mediante sentencia del 29 de julio de 1997, la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia se declaró competente para el conocimiento de las causas, estableció que cada una de las demandantes son litisconsortes, por lo que “participan en este proceso no como terceros adhesivos, sino como verdaderos accionantes”; admitió la medida de amparo constitucional que los accionantes solicitaron y acumuló todas las pretensiones en un solo expediente.
Consta en autos que, el 6 de agosto de 1997, los abogados J.M.C.H., A.E.B.D. y Ninoska R.L., con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 31.328, 33.583 y 28.664, respectivamente, en representación del extinto Congreso de la República, se opusieron a la medida cautelar de amparo constitucional incoada.
Mediante sentencia del 15 de junio de 1999, la Sala Plena de la antigua Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la medida cautelar de amparo constitucional que se solicitó y, en consecuencia, suspendió temporalmente la eficacia del aparte único del artículo 45 de la Ley de T.T., en relación con “las vallas que los quejosos tenían colocadas para el momento en que se interpuso esta demanda”.
El 4 de agosto de 1999, el Juzgado de Sustanciación de la entonces Corte Suprema de Justicia admitió esta acción popular de inconstitucionalidad y ordenó la notificación del Presidente del Congreso de la República y del Fiscal General de la República, así como la publicación de un cartel de emplazamiento de los interesados de acuerdo con el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante auto del 26 de abril de 2000, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación del Presidente de la transitoria Comisión Legislativa Nacional y del Fiscal General de la República, así como de las accionantes.
El 4 de junio de 2000, compareció la abogada actora Liliber Quintero, arriba identificada, quien solicitó, de nuevo, que se acordase la reducción de los lapsos procesales, en virtud de que ésta sería una causa de mero derecho.
El 29 de febrero de 2000, la Secretaría de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia ordenó remitir las actuaciones a esta Sala.
Recibido el legajo en esta Sala Constitucional, el 28 de junio de 2000, se designó ponente al Magistrado Dr. M.A.T.V., para que proveyera sobre la solicitud de reducción de los lapsos procesales y, el 9 de febrero de 2001, la ponencia fue reasignada al Magistrado Dr. P.R.R.H..
El 21 y 22 de marzo de 2001, se solicitó sentencia a la Sala, en relación con la solicitud de reducción de los lapsos procesales.
El 18 de abril de 2002, compareció la abogada B.G., con inscripción en el Inpreabogado bajo el N° 88.407, en representación de C.A. Seagram de Venezuela, y fijó la sede procesal de su representada, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
El 22 de abril de 2003, compareció el abogado M.M., con inscripción en el Inpreabogado bajo el N° 58.461, en representación de Corporación Treat de Venezuela C.A., “anteriormente denominada C.A. Seagram de Venezuela” y solicitó a la Sala que dictase sentencia.
El 24 de septiembre de 2003, compareció la abogada I.N., con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 80.365, en representación de Licorerías Unidas S.A., arriba identificada, y dejó constancia en autos de que C.A. Seagram de Venezuela cambió su denominación comercial a Corporación Treat de Venezuela C.A., según consta en acta de Asamblea de Accionistas que fue inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Municipio Libertador y el Estado Miranda, el 29 de noviembre de 2002, bajo el n° 30 del tomo 191-A-Sgdo., la cual, a su vez, fue absorbida por Licorerías Unidas S.A., mediante fusión que ambas compañías acordaron, según consta en sendas actas de Asamblea de Accionistas que fueron inscritas en el mismo Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano y el Estado Miranda, el 25 de marzo de 2003, bajo los nos 59 del tomo 29-A-Sgdo. y 75 del tomo 29-A-Pro., respectivamente.
A través de sentencia distada el 17 de diciembre de 2003, se declaró la causa como de mero derecho.
El 24 de noviembre de 2004 y 11 de agosto de 2005, al apoderado judicial de la sociedad mercantil Licorerías unidas S.A., manifestó su interés en la continuación de la causa.
El 30 de marzo de 2006, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue retirado, publicado y consignado dentro del lapso legal correspondiente.
El 13 de julio de 2006, comenzó la relación y se fijó el 10 de agosto del mismo año para que se realizara el acto de informes.
El 31 de mayo de 2007, tuvo lugar el acto de informes y el 19 de julio del mismo año, se dijo “Vistos” en la presente causa.
El 21 de abril de 2009, se reasignó la ponencia el Magistrado doctor F.A.C.L., quien, con tal carácter, la suscribe.
Las recurrentes fundamentaron su pretensión anulatoria en los siguientes argumentos:
Que en el contexto del derogado artículo 96 de la Constitución de 1961, “…sólo se ha prohibido la publicidad de licores y cigarrillos a través de la radio y la televisión y, en el caso específico de éstos últimos, por razones de sanidad debe indicarse dentro de la publicidad una coletilla que indique ‘es nocivo para la salud’, pero en sí no hay prohibición expresa de publicitar los mismos. Por otro lado en materia de publicidad de licores ni siquiera hace falta mencionar coletilla alguna por razones de salud, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas del Tabaco…”.
Que su actividad comercial no puede limitarse más allá de lo establecido en el propio Texto Fundamental.
Que la norma impugnada no establece las razones de la limitación al ejercicio de su actividad económica.
Que la publicidad sobre bebidas alcohólicas no se encuentra referida a productos ilícitos.
Que en el presente caso se verifica una evidente situación de discriminación, pues sólo se limita su actividad comercial.
Que la “…desigualdad creada por la normativa hoy impugnada es palpable, por cuanto en cualquier otro medio publicitario masivo (revistas, periódicos), tal publicidad es perfectamente válida y lícita sin restricción legal alguna. Esta permisibilidad por demás, es demostrativa que no existen razones de seguridad, salud u otras de interés social que limiten la publicidad comercial de licores”.
Que no “…puede afirmarse que la publicidad es lesiva para la salud en un medio publicitario (vallas en las inmediaciones de las carreteras o autopistas) y en otros no (periódicos, revistas, etc)”.
Que dicha “…diferencia es inaceptable porque lo que es dañino para uno debe serlo para todos, entonces si es permitida la publicidad en otros medios es que ¿no surten el mismo efecto?”.
Que “…el parágrafo único del artículos 45, hoy impugnado, permite la instalación de cualquier otro tipo de publicidad en vallas, anuncios o carteles en las inmediaciones de carreteras y autopistas, siempre y cuando se respeten las distancias, densidades, tamaño de signos de la escritura, colores y combinaciones estatuidas, con excepción de las bebidas alcohólicas. Estos conlleva a concluir que una valla publicitaria que respete el retiro y las reglas impuestas por la ley, se encuentra dentro de los parámetros de seguridad permitidos, entonces ¿PORQUE EXCLUIR LA PUBLICIDAD DE LICORES?”.
Que el legislador asumió como un hecho cierto la conexión entre los accidentes de tránsito y la publicidad de licores, lo cual, en todo caso, resulta incierto.
Que la desigualdad alegada, parte del denominado test de racionalidad, conforme al cual, resulta ilógica la prohibición bajo examen.
Que el legislador partió de una premisa falsa que considera a los consumidores como incapaces de tomar decisiones frente al mensaje publicitario.
Que no se encuentra demostrada una relación de causalidad entre la publicidad de licores y los accidentes de tránsito.
Que la propia exposición de motivos de la Ley parcialmente impugnada omitió cualquier referencia a la necesidad de prohibir la colocación de publicidad de licores cerca de la vías de comunicación.
Que al mismo tiempo, el artículo atacado resulta lesivo del derecho a la libertad de expresión.
Que la limitación a la libertad de expresión, no soporta el test de racionalidad que debe hacerse para determinar su constitucionalidad.
Que “…la prohibición contenida en el parágrafo único del artículo 45 de la LTT no es idónea ni útil para lograr una disminución de los accidentes de tránsito en carreteras y autopistas ya que no existe una relación de causalidad entre vallas publicitarias colocadas en las inmediaciones de carreteras y autopistas que contienen mensajes que induzcan al consumo de bebidas alcohólicas y esos accidentes. En consecuencia, dicha prohibición carece de fundamento ya que no es útil para la protección de la salud pública, valor que justificaría esta restricción a la libertad de expresión”.
Que en el caso de marras, se verifica una limitación irracional al derecho a la libertad económica.
Que igualmente se encuentra menoscabado el derecho a la propiedad, por cuanto “…las empresas que producen y comercializan bebidas alcohólicas, utilizan con fines publicitarios marcas comerciales de su propiedad, las cuales distinguen sus productos, la prohibición que contiene el parágrafo único del artículo 45 de la LTT representa una restricción a la facultad de esas empresas de explotar dichas marcas…”.
Que la prohibición bajo análisis resulta tan injustificada como limitar “…la publicidad en vallas situadas en autopistas o carreteras de un automóvil deportivo, suponiendo que la misma incitaría a los conductor es a desarrollar velocidades más altas que las permitidas, la prohibición de la publicidad de cauchos para automóviles vanagloriándose del mayor poder de agarre de los mismos en caso de lluvia, suponiendo que este mensaje incitaría a los conductores no disminuir la velocidad en caso de condiciones atmosféricas desfavorables; la prohibición de la valla de un teléfono celular suponiendo que la misma incitaría a utilizarlo en la vía propiciando la desconcentración…”.
Que las estadísticas oficiales demuestran la baja incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito y, por tanto, la ausencia de base objetiva de la limitación.
Que se incurre en discriminación al atribuirle mayor fuerza publicitaria a las vallas de licores que a las que versan sobre otro tipo de productos.
Que “…es perfectamente lícita la publicidad de bebidas alcohólicas en medios impresos. Un periódico o revista pueden claramente ser vendidos en carreteras o autopistas. Una promoción a través de medios móviles, que no implica colocación de vallas o afiches, también estaría permitida. La circulación de un camión de bebidas con la marca de una bebida alcohólica, que no está colocado en la vía, también estaría permitida. Aquí también se demuestra la irracionalidad de la norma y la discriminación, cuando se le atribuye a ciertos medios (vallas, anuncios y carteles) un poder de > (sic) al consumo de bebidas alcohólicas que supuestamente no tendrían los otros (medios impresos, móviles y volantes)”.
Que la libertad de expresión sólo admite las limitaciones taxativamente establecidas en el Texto Fundamental.
Que raramente la publicidad puede aumentar el volumen de la demanda de un producto, sino que produce los denominados “…móviles selectivos del consumidor, con la finalidad de conferir a un producto una superioridad sobre los de sus competidores. En este sentido, no se crea una expansión de la demanda, sino que consolida eventualmente la marca de aquellos productos con mejores características particulares…”.
Que la publicidad de licores no estimula el consumo irracional e inmediato del producto, sino que trata de “…evocar al consumidor situaciones específicas de placer para que cuando se encuentre en esas circunstancias de descanso y relajación escoja la marca que se anuncia en forma moderada y consciente”.
Que no se determinó lo que debe entenderse por inmediación a una carretera o autopista, ni se distingue en áreas urbanas o extraurbanas.
Que la norma impugnada lesiona sus derechos marcarios sobre bebidas alcohólicas, que no pueden ser publicitadas en vallas, anuncios o carteles.
Que, al mismo tiempo, se vulnera el derecho de propiedad sobre los soportes físicos de las vallas, pues impide la libre disposición de los mismos.
Que la norma atacada presenta una forma de confiscación sobre las vallas y demás anuncios de bebidas alcohólicas.
Que, igualmente, se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, por cuanto la limitación sólo puede afectar a la publicidad nueva, pero en ningún caso, a la preexistente a la normativa impugnada.
Que la normativa atacada vulnera el derecho a la igualdad, pues no se ha limitado la actividad publicitaria respecto de otros productos.
Que se ha menoscabado el derecho a la libertad de expresión de las empresas de publicidad a expresar sus opiniones y a ejercer su actividad a través de cualquier medio de difusión.
Que la normativa impugnada conculca el derecho a desarrollar la actividad lucrativa de la preferencia de las empresas publicitarias.
Que la prohibición de publicidad que da lugar a la demanda de autos resulta violatoria del principio in dubio pro libértate.
Que de igual forma se encuentra menoscabado el derecho a la propiedad por cuanto se estaría limitando el uso de los soportes físicos sobre los cuales se imprimen las vallas publicitarias, limitación ésta, que no tiene justificación en causas de utilidad pública y social.
Que las privaciones del derecho de propiedad sólo pueden aplicarse previo pago de justa indemnización.
La representación de la actual Asamblea Nacional se opuso a la pretensión anulatoria formulada, sobre la base de los siguientes argumentos:
Que el carácter social del Estado de derecho y de Justicia venezolano, cambió la concepción absoluta del derecho a la libertad económica, sometiéndolo a limitaciones legales.
Que la norma impugnada no deja en indefensión a las accionantes, pues pueden utilizar otros métodos publicitarios.
Que la legislación bajo análisis busca proteger a la población frente a propagandas socialmente negativas.
Que no se verifica la desigualdad denunciada, por cuanto el artículo impugnado se justifica en un bien superior, como es la protección de la vida en las carreteras y autopistas nacionales, frente a una publicidad que por sus efectos sobre las personas, puede alterar los sentidos.
Que no debe dejar de observarse que el objeto de la publicidad es promocionar el consumo de bebidas que resultan nocivas para el ser humano.
Que la libertad de expresión es un derecho susceptible de limitación por razones de salud.
Que la disposición impugnada obedece a una política de Estado que busca la disminución del consumo excesivo.
Que el derecho a la propiedad tiene una dimensión social que permite restricciones como la de autos, donde se pretende la salvaguarda del interés general.
De manera preliminar, resulta necesario observar que la norma impugnada, esto es, el Único Aparte del artículo 45 de la Ley de T.T. de 1996, se encuentra derogada por la Ley de Transporte Terrestre, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.985 del 1° de agosto de 2008, la cual, en su artículo 92, reproduce la prohibición de publicidad sobre bebidas alcohólicas en las vías de comunicación en los siguientes términos:
Servicios profesionales prestados por personas que no posean o cumplan con los requisitos o condiciones exigidos por la ley.
Juegos de envite y azar que denigren del trabajo como hecho social y proceso fundamental para alcanzar los f.d.E., o en los cuales participen niños, niñas o adolescentes, salvo que se trate de rifas benéficas por motivo de ayuda humanitaria.
Bienes o servicios dirigidos a niños, niñas o adolescentes que muestren o utilicen elementos de violencia regulados en esta Ley.
Armas, explosivos bienes o servicios relacionados y similares" (destacado agregado).
Tal como se desprende de la disposición transcrita, la ley vigente mantiene la limitación que constituye el objeto de la pretensión anulatoria planteada y, por tanto, resulta patente el interés jurídico actual que subsiste en que se analice la supuesta inconstitucionalidad de la prohibición de instalar publicidad de licores en la vías de comunicación dispuesta en el artículo 92 de Ley de Transporte Terrestre, antiguamente establecida en el Único Aparte del artículo 45 de la derogada Ley de T.T.. Ello así, los accionantes de fundamentan su pretensión anulatoria en la eventual violación de los derechos a la libertad económica, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la propiedad, así como la prohibición de confiscación, el principio de irretroactividad de la ley, y finalmente, que la limitación impuesta parte de una premisa falsa que, como tal, no cumple con el denominado principio de racionalidad.
Ello así, debe a.s.e.c., la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas contenida en la norma impugnada, se enmarca o no, dentro de las circunstancias que constitucionalmente legitiman la restricción del derecho a la libertad económica y, al respecto, la publicidad de licores, es una actividad que materialmente tiene como objetivo principal promover el consumo de una bebida alcohólica en particular.
Por tanto, la prohibición de publicidad de licores en la infraestructura vial contenida en el derogado Único Aparte del artículo 45 de la Ley de T.T. de 1996 y actualmente recogida en el artículo 92 de la Ley de Transporte Terrestre, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.985 del 1° de agosto de 2008, constituye una legítima restricción a la libertad de empresa contenida en el artículo 112 del Texto Fundamental, pues, en los términos de la propia norma constitucional, el legislador puede condicionar el desarrollo de las libertades económicas por razones de seguridad y salubridad entre otras.
Por otra parte, los accionantes argumentaron que la disposición atacada vulnera el derecho a la igualdad y en este sentido, tal como señaló esta Sala en sentencia N° 1457 del 27 de julio de 2007, caso: P.J.M.Y., el derecho a la igualdad, es conjuntamente con la libertad, uno de los principios inherentes a la naturaleza del hombre y, por tanto, el ordenamiento jurídico debe reconocer una serie de derechos fundamentales derivados de este valor, que por su carácter supraconstitucional forma parte del elenco de postulados superiores del Estado.
Con ello, es uno de los f.d.E., que consiste en el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de lo que se concede a otro en iguales circunstancias, lo cual implica, que ante diferencias fácticas, la ley no puede establecer disposiciones uniformes.
En este contexto, G.M. afirma (Derecho Constitucional, 2000, p. 171), que es un derecho prototípicamente relacional, por cuanto antes de concebirlo de manera autónoma, se observa conjuntamente con otro derecho o en una determinada situación material, es decir, “no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación con – esto es en la regulación, ejecución o aplicación, ejercicio, etc.- el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia, el derecho al trabajo o la tutela judicial efectiva, por solo poner unos ejemplos” (G.M., ob. Cit., p. 174).
Este derecho, ha ido “superando cada vez más el concepto formal de igualdad ante la ley y adentrándose en el de igualdad material, esto es, igualdad dentro de la ley o en la ley. En cierta forma, ello ha supuesto la ruptura, al menos parcial, de los caracteres de universalidad, generalidad, abstracción y duración de la ley, al admitirse las leyes singulares o sectoriales –con destinatarios individuales o grupales concretos-, las leyes temporales –cuya validez se persigue sólo durante una época concreta- y las leyes diferenciadoras, que, aún siendo generales o duraderas, otorgan distintos tratamientos en función de sus características” (G.M., ob. cit., p. 172).
Actualmente, la igualdad se constituye en una situación jurídica de poder, que permite la “reacción frente a la posible arbitrariedad de los poderes públicos. No se trata ya de que éstos no puedan, en sus actuaciones, diferenciar entre individuos o grupos: se trata de que, si lo hacen, su actuación no puede ser arbitraria. Es, por lo tanto, un principio negativo, limitativo, que acota un ámbito de actuación de los poderes públicos, y reaccional, que permite a los particulares reaccionar frente a las actuaciones de aquellos cuando sean arbitrarias” (G.M., ob. Cit., p. 173).
De este modo, “la igualdad jurídica no implica un trato igual en todos los casos con abstracción de los elementos diferenciadores. Se prohíbe la discriminación, pero no toda desigualdad es una discriminación. Se prohíben las normaciones > (es decir arbitrarias o discriminatorias), pero no las normaciones diferenciadas, si corresponden a supuestos de hecho diferentes” (Molas, ob. Cit., p. 301). A mayor abundamiento, los dos corolarios de la noción de igualdad: a) no asimilar a los distintos y b) no establecer diferencias entre los iguales.
En este mismo sentido, el referido autor sostiene, que “la igualdad no exige tratar de manera igual situaciones diferentes” (Molas, ob. Cit., p. 301), sino, que prohíbe la discriminación, que consiste en la diferenciación “que se funda en un prejuicio negativo en virtud del cual los miembros de un grupo son tratados como seres no ya diferentes sino inferiores (en ciertos aspectos al menos). El motivo de la discriminación es algo más que irrazonable, es odioso, y de ningún modo puede aceptarse porque resulta humillante para quienes sufren esa marginación.” (Bilbao, La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Particulares, 1997, p. 398).
Al respecto, esta Sala, en sentencia del 17 de febrero de 2006, dictada en el caso J.G.C., señaló:
el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también sería violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ÍNTEGRA 1981-2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: ‘No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales,’ como se dijo ut supra
Sobre este particular, se pronunció la Sala en sentencia N° 165, del 2 de marzo de 2005, dictada en el (caso: J.I.R.), estableciendo que “es posible que el ordenamiento jurídico establezca diversas regulaciones de carácter particular que no sean violatorias de los preceptos constitucionales.”
Ahora bien, los accionantes sostienen, que el derecho supra a.s.v.c. por la norma impugnada, toda vez que limita la publicidad de licores en las vías públicas, aun cuando dicha publicidad si puede hacerse en otros medios de comunicación.
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa
Tal como se desprende de la norma transcrita, el constituyente de 1999 reconoce en el marco del principio de libertad y de autonomía de la voluntad, el derecho a la libertad de expresión como una de las facultades personales a través de las cuales una persona puede exteriorizar sus procesos intelectuales de acuerdo a sus aspiraciones y capacidades. En otras palabras, la posibilidad que tiene un sujeto de comunicar y compartir libremente sus temores y esperanzas (Duchacek citado por De E.J.G.-Trevijano P. (1993). Curso de Derecho Constitucional Español II. Madrid. Pág. 136).
En efecto, la actividad publicitaria, entendida como el proceso técnico destinado a atraer la atención del público, para informarlo de un producto, un servicio o una acción con el objetivo de convencer a una persona que adquiera o utilice algo, constituye una de las vías o formas específicas de expresión que, por su especificidad y, como afirma De E.J., y González-Trevijano (Ob. Cit. Pág. 142), debe ser regulada especialmente en razón de la propia naturaleza de la publicidad para evitar lesiones al bien común o a la salud.
Así, igualmente lo afirma L.Á., (et al. 1998. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Universidad Europea de Madrid-Cees. Pág. 90), al señalar que la actividad publicitaria, en cuanto a manifestación del derecho a la libertad de expresión, presenta una especificidad que exige la adopción de medidas destinadas a la protección de la moral pública, la juventud y la infancia, frente a expresiones de contenido sexual, violento o incluso ante mensajes que pudieran ser lesivos de la salud y la seguridad ciudadana.
La respuesta está en la doctrina que esta Sala ha desarrollado sobre el principio de interpretación constitucional (Vid. sentencia N° 23, del 22 de enero de 2003, caso: H.G.B. y otro), en la cual, se estableció que la actividad interpretativa del derecho debe realizarse de un modo sistemático, donde las normas deben ser analizadas a la luz de todo el ordenamiento jurídico, cuyo significado no resulta aislado de éste, ni tampoco del caso planteado a partir del cual debe afirmarse la interpretación para atender al significado de la norma y del caso
Así lo ratificó la Sala el 12 de julio de 2005, en la decisión N° 1581 (caso: Á.R.Á. y otros), en la cual reconoció que un Texto Fundamental, "...es un conjunto sistemático de valores, principios y normas racionalmente entrelazados, informados por una filosofía política determinada, según la cual se organizan los Poderes Públicos, se atribuyen competencias a los órganos del Estado y se fijan las metas de su actuación. Por ello, ninguno de sus preceptos debe considerarse de manera aislada, ni independiente de los demás, ya que su sentido y alcance se encuentra conectado con los restantes preceptos constitucionales. De este modo, la interpretación intrasistemática de la Constitución obliga a entender sus normas en armonía, sin magnificar el sentido de algunos preceptos, ni minimizar el de otros, con el propósito de compatibilizarlos positivamente para garantizar su homogeneidad, cohesión y coherencia".
Sobre el citado precepto constitucional se pronunció esta Sala en la sentencia N° 462, dictada el 6 de abril de 2001 (caso: M.Q.F.), en la cual se precisó, que de la norma transcrita puede inferirse una configuración individual o personalista del derecho, referida al poder subjetivo de imperio sobre un bien y la libre disposición que se tiene sobre una cosa y, por otra parte, la configuración social del derecho, referido al conjunto de deberes y obligaciones establecidos que puede imponer la ley atendiendo a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.
De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, la concepción constitucional del derecho a la propiedad en el ordenamiento venezolano, resulta muy lejana de la configuración decimonónica que lo reconocía como un derecho sagrado, inviolable e ilimitado, caracterizado por un individualismo impermeable al interés general, para evolucionar a una concepción donde se integran sus aspectos sociales y, de allí, que las limitaciones legítimas (constitucionales o legalmente impuestas por razones de utilidad pública o interés general) a las cuales se encuentra sometido el derecho bajo análisis, sean actualmente concebidas por la doctrina (De E.J., y González-Trevijano (Ob. Cit. Pág. 257), como parte integrantes del mismo y no como limites externos.
Ante la situación planteada, la prohibición de confiscatoriedad se encuentra vinculada al principio de razonabilidad que debe guiar el ajuste entre la actuación del Estado y la afectación a la esfera jurídica de un sujeto de derecho, para lo cual, debe cuidarse que la actividad no alcance formal o sustancialmente la confiscación de los bienes de la persona, lo cual ocurre ante el desapoderamiento total de los bienes o de su equivalente, pues ello provoca en términos de Valdés (Curso de Derecho Tributario. 1996. Ediciones De Palma. Pág. 128), un sacrificio económico excesivo.
Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea.
Entonces, tal como señaló esta Sala en la sentencia N° 902, del 1° de junio de 2001 (caso: L.C.P.J.), resulta contrario al principio de irretroactividad de la ley aplicar una norma jurídica a una situación fáctica anterior a su entrada en vigencia y, de allí, que la inconstitucionalidad de una norma legal por violación del principio in commento, devenga del hecho de establecer disposiciones que regulen situaciones jurídicas precedentes a su promulgación, lo cual, no ocurre en el presente caso. En efecto, la norma atacada, cuya vigencia se encuentra suspendida desde el 15 de junio de 1999, ni establece expresamente que regulará hechos acaecidos con anterioridad a su publicación, ni ha tenido efectividad práctica hasta la fecha y, tampoco, puede incidir de manera negativa en la actividad publicitaria que haya empezado a desarrollarse durante el tiempo que estuvo suspendida, pues, en tal caso, no estaríamos en presencia de la irretroactividad de la ley, sino de los actos o actuaciones que se pudieran desarrollarse conforme a un artículo que estaba suspendido.
En virtud de las consideraciones vertidas anteriormente, se revoca la medida cautelar de suspensión de los efectos de la norma impugnada, dictada el 15 de junio de 1999 y, se declara, la constitucionalidad de la prohibición de hacer publicidad tanto en vía pública como en las unidades de transporte terrestre, público y privado de personas y de carga que contengan mensajes sobre bebidas alcohólicas y demás especies previstas en la legislación sobre la materia, actualmente establecida en el artículo 92.2, de la Ley de T.T. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.985 del 1° de agosto de 2008, la cual, tiene plena vigencia y, debe ser acatada, tanto por los operadores publicitarios, como por la Administración, conforme a los principios de obligatoriedad e improrrogabilidad de la competencia.
- SIN LUGAR el recurso de nulidad incoado por las sociedades mercantiles CORPORACIÓN INDUSTRIAL CLASS LIGHT C.A., CLASS LIGHT PUBLICIDAD C.A., PUBLICIDAD VEPACO C.A., PUBLICIDAD VALLAS C.A., VALLALIGHT C.A., CORPORACIÓN ANOTA C.A., AFICHERAS NACIONALES C.A., ELECTRICIDAD TESTED C.A., ELECTRICIDAD TESTED DE OCCIDENTE C.A., GCA PUBLICIDAD C.A., AFFICHE PUBLICIDAD C.A., FUTURART C.A., IMAGEN PUBLICIDAD C.A., C.A. RON S.T. S.A.C.A. COMPAÑÍA ANÓNIMA PONCHE CREMA, SUCESORA DE H.G.P., SUCESORES, UNITED DISTILLERS DE VENEZUELA C.A., UNITED DISTILLERS CURIEL S.A., INDUSTRIAS PAMPERO C.A. Y DE CREATIVIDAD PAMPERO C.A., y C.A. SEAGRAM DE VENEZUELA y LICORERÍAS UNIDAS C.A., contra el Único Aparte del artículo 45 de la Ley de T.T. de 1996.
- REVOCA la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la norma impugnada, dictada el 15 de junio de 1999.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de julio dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
Exp. n° 00-1190