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Timestamp: 2019-01-19 00:51:42
Document Index: 184874570

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 34', 'artículo 88', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 88']

﻿ SENTENCIA AP-52001-23-31-000-2005-01549-01 DE OCTUBRE 16 DE 2007
SENTENCIA AP-52001-23-31-000-2005-01549-01 DE 16 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:ACCIÓN POPULAR. NO PUEDEN ALEGARSEN DERECHOS FUNDAMENTALES NI SUBJETIVOS MEDIANTE ACCIÓN POPULAR, RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHOS COLECTIVOS, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Sentencia 2005-01549 de octubre 16 de 2007
Rad.: AP-52001-23-31-000-2005-01549-01
A través de escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Nariño el 5 de octubre de 2.005, la ONG Fundación Jurídica Popular de Colombia —mediante apoderado— interpuso acción popular contra el municipio de Ipiales (Nariño) y el Fondo Rotatorio de Valorización Municipal, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, previstos en la Ley 472 de 1.998, los que afirma vulnerados por los demandados por el cobro por valorización municipal para adelantar una obra pública, sin que previamente el concejo municipal haya emitido acuerdo alguno para el cobro de este impuesto. Demanda que fue coadyuvada por Edelmilson Pablo Rosero y otros. Por lo anterior solicitó que se accediera a las siguientes pretensiones:
“(…) los derechos colectivos no pueden confundirse en su tutela judicial con los derechos individuales que pueden ser comunes a un grupo determinado de personas. Frente a los intereses subjetivos la ley estableció los recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que pueden pugnar por la integridad del orden jurídico (C.P., art. 89). No basta entonces con revestir de cierto tinte ‘colectivo’ cualquier causa petendi para dar lugar para su discusión en sede popular. Si algunos acreedores pudieron haberse visto afectados por las determinaciones del liquidador, ellos debieron recurrir a los recursos y acciones que el Código Contencioso prevé al efecto, tanto en su primera como en su segunda parte” (2) (se resalta).
Y aunque esta solo consideración bastase para tornar en improcedente el amparo popular impetrado, la Sala pasa a reiterar que esta acción no tiene un carácter reparatorio como en el fondo es lo que se pretende al exigir la suspensión del cobro de un tributo y la devolución de lo pagado.
‘Como se ve, se trata de dos instituciones distintas. Mientras que en el primer caso, nos encontramos, frente a una defensa del interés colectivo cuya consagración constitucional es conveniente para que se desarrollen las acciones que permitan a cualquier persona actuar en defensa de la comunidad, en el segundo estamos frente a un novedoso instituto procesal, interesante si, pero que ha generado no pocas dificultades al momento de determinar la integración de la clase, la notificación de los integrantes de la misma, la liquidación de las indemnizaciones que se decreten, etc.’ (3) .
“Con esta perspectiva, el legislador —al desarrollar lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional— dejó en claro que los fines, móviles o motivos de la acción popular son estrictamente preventivos e impeditivos (L. 472, arts. 2º, inc. 2º, 9º y 17) y solo excepcionalmente indemnizatorios. En efecto, según las voces del artículo 34 de la Ley 472, la sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá condenar al pago de perjuicios ‘cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo’, hipótesis excepcional que no es dable hacer extensiva a eventos distintos al señalado expresamente en la ley” (4) (se destaca).
“la declaratoria de una responsabilidad patrimonial de la administración, no es una de las finalidades buscadas por la acción popular, en tanto que para ello el ordenamiento jurídico ha previsto otro tipo de instrumentos procesales, tales como: la acción de grupo —artículo 88 C.P. y Ley 472 de 1998—, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho —artículo 85 Código Contencioso Administrativo—, la acción de reparación directa —artículo 86 Ibídem— y, la acción de controversias contractuales —artículo 87 Código Contencioso Administrativo—.
‘Ahora bien, la ley admite que la acción popular tiene un carácter indemnizatorio especial, que, por supuesto, está concebido dentro de su finalidad, que es la protección y garantía de los intereses colectivos: la indemnización es para reparar el daño que se causó de manera directa al derecho colectivo y no para reparar los daños que mediatamente se causaron a los derechos individuales de los miembros de la comunidad afectada, por eso, el dinero solo puede entregarse a la entidad que tiene a su cargo la protección del derecho. Entonces, si bien la acción popular es indemnizatoria, los eventos en que puede operar como tal se reducen a aquellos en que la entidad pública que debe velar por los intereses afectados no haya tenido culpa en la causación del daño, probablemente porque ese criterio asegura, en alguna medida, que el manejo del dinero, en pro de la recuperación del derecho afectado, sea adecuado y diligente’ (6) (resaltado fuera del original).
‘La acción popular tiene por objeto proteger y defender los intereses y derechos colectivos (L. 472/98, art. 4º). Y las conductas que ante esta jurisdicción dan lugar a su promoción están referidas, por regla general, a las de acción o de omisión de las personas en ejercicio de la función administrativa. La Carta Política de 1991 elevó, en el artículo 88, a categoría constitucional las acciones populares e indicó que la finalidad de las mismas y su regulación las hará el legislador; y este expidió la Ley 472 de 1998 la cual señala, en sus artículos 2º y 9º, que pueden ser objeto de protección todos los derechos e intereses colectivos, cuando las conductas de la administración o de los particulares -en función administrativa o por fuero de atracción- los amenazan o quebrantan. De esos mismos textos legales se advierte qué tipo de pretensiones pueden perseguirse en ejercicio de la acción: evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, o la amenaza o la vulneración sobre los derechos o intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Estas pretensiones tienen como propósito, la protección de derechos e intereses colectivos. Además, como lo ha dicho la Sala, el derecho colectivo no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es el que recae sobre una comunidad a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos’ (7) . (Subrayado fuera del original)” (8) .
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección, sentencia de 25 de octubre de 2006, Radicación AP-25000-23-24-000-2004-01843-02, actor: José Omar Cortés Quijano, demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(3) Asamblea Nacional Constituyente, Informe de ponencia para primer debate en Gaceta Constitucional 77 del 20 de mayo de 1991, pág. 8 y ss.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de septiembre 20 de 2001, Expediente AP-00182, C.P. Alier Hernández.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero 26 de 2006, Expediente AP-0057.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo 17 de 2007, Radicación 05001 23 31 000 2005 07442 01, actor: Vanessa Corella Ortiz., demandado: Municipio de Medellín, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(9) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2007, Radicación: AP-15001-23-31-000-2004-00798-01, actor: José Omar Cortes Quijano, demandado: Municipio de Somondoco, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.