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Timestamp: 2017-03-24 14:08:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 299', 'artículo 73', 'artículo 215', 'artículo 233', 'artículo 232', 'artículo 11', 'artículo 90', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 1113', 'artículo 1113']

DR. GUSTAVO ARAMBURU: septiembre 2011
A través de su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la ley que establece "de manera definitiva la mediación como procedimiento de resolución de conflictos obligatorio previo a la instancia judicial", un mecanismo apuntado a reducir la litigiosidad en los tribunales y arribar a acuerdos entre las partes que eviten la realización de un juicio.
La ley 26.589, promulgada el 3 de mayo de 2010, establece "con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial (…) que promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia". No obstante, excluye del procedimiento a las acciones penales, las de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción.
También quedan afuera las causas en las que los Estados o sus entidades descentralizadas sean parte, procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación, amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos, medidas cautelares, juicios sucesorios, concursos preventivos y quiebras, y conflictos de competencia de la justicia del trabajo, entre otros temas.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, que establecerá los aranceles y matrícula previstas para los mediadores y creará también un "procedimiento de mediación prejudicial obligatoria gratuita" para facilitar el acceso al mecanismo a los particulares que no dispongan de recursos económicos.
La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial de hoy mediante el decreto 1467/2011, determina que "en caso de que las partes no arribaren a un acuerdo o la mediación concluyere por incomparecencia de alguna de las partes, o por haber resultado imposible su notificación, el acta deberá consignar únicamente esas circunstancias, quedando expresamente prohibido dejar constancia de los pormenores de las audiencias celebradas".
CONCUBINOS - DERECHOS
INJURIA LABORAL- DESPIDO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que configura una injuria suficiente para producir el distracto, la circunstancia de que la empleadora no reconociera el derecho, conforme a lo previsto por el Estatuto Escalafón aplicable, al trabajador de interrumpir la licencia anual ordinaria y otorgarle el goce los días de licencia correspondientes por el fallecimiento de un familia.
En la causa “OSPLAD s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Fernandez Miguel Ángel”, la concursada apeló la resolución que admitió la pretensión revisora de la incidentista.
Los jueces que integran la Sala D explicaron que “la controversia principal es dilucidar cuál ha sido la razón de la ruptura de la relación laboral que vinculara a las partes, en tanto el incidentista sostiene que existió una injuria que dio lugar al despido indirecto y la concursada le atribuye exclusiva responsabilidad al dependiente en el distracto”.
Para ello, tuvieron en consideración que de acuerdo a lo surgido de las constancias de la causa, se había producido el fallecimiento de la madre del incidentista al día siguiente que el dependiente había iniciado su licencia anual ordinaria, por lo que solicitó licencia por cinco días hábiles por fallecimiento, y los efectos de que sea reconocida la interrupción de la licencia anual.
La empleadora rechazó dicha solicitud y le hizo saber al dependiente que debía reintegrarse al término de la licencia anual ordinaria.
Los magistrados determinaron que “la denegación de la licencia por fallecimiento de la madre del trabajador dio lugar al despido indirecto, ya que -de conformidad con lo previsto por el Estatuto Escalafón debió concederse cinco días hábiles de licencia por el fallecimiento de su familiar directo y considerar, además y a los fines de su cómputo, que esa situación es causal de interrupción de la licencia anual ordinaria”.
En base a ello, en la sentencia del 24 de junio pasado, la mencionada Sala concluyó que “la circunstancia de que la empleadora no reconociera tal derecho es injuria suficiente para producir el distracto”.
IGJ - DISPOSICIONES NUEVAS
Con el dictado de la resolución G 2/2011, con fecha 28 de junio de este año, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció un plazo final para presentar la declaración jurada de actualización de datos para "las sociedades comerciales, sociedades extranjeras y binacionales como así también para las asociaciones civiles y fundaciones".
Una vez más, y con el objetivo de concretar la normalización de las entidades inscriptas en el organismo, la IGJ resolvió prorrogar el plazo de vencimiento para el cumplimiento de la obligación de acompañar la declaración jurada. A tal fin, la resolución citada prevé un "esquema de cierre escalonado" en virtud del cual se establecen fechas límite para efectuar la presentación.
Conforme lo normado en su artículo 1, la resolución dispone, en el caso específico de las sociedades comerciales, que podrán presentar sus respectivas Declaraciones Juradas -en observancia de lo previsto por la resolución (G) Nº 1/2010- "hasta el 30 de noviembre inclusive para el envío vía Web del aplicativo, continuando vigente la solicitud on line de turnos para la presentación en soporte papel de la Declaración Jurada respectiva".
A priori, la medida constituye un acierto; en efecto, y habiendo transcurrido poco más de un año desde el dictado de la Resolución (G) 1/2010 (en cuyo texto se había establecido la obligación de actualizar los datos vía declaración jurada y las respectivas formalidades para su cumplimiento), esta "prórroga final" permite regularizar su situación a aquellas entidades que aún no han acompañado la documentación requerida.
Por otra parte, es indudable que la confección de un cronograma definitivo significa un paso en favor de la seguridad jurídica y la protección de los derechos de terceros.
No obstante, cabe destacar que la IGJ ha puesto especial énfasis en la necesidad de efectuar un óptimo control de las formalidades de presentación y cotejo de la información proporcionada por las entidades, en razón de lo cual ha estimado anteriormente la conveniencia de prorrogar el plazo para la presentación de la declaración.
Sin lugar a dudas, el acierto de la medida estará directamente vinculado con el aseguramiento de criterios de eficiencia y celeridad en la tramitación de las presentaciones; ello se erige como condición indispensable para que cobren vigor los lineamientos orientadores de la resolución.
Finalmente, la resolución establece las consecuencias que derivarán del cumplimiento de la presentación, así como los efectos de su incumplimiento. En el primer caso, la presentación de la declaración en la forma prevista por el organismo, "no adeudando tasas ni estados contables", será suficiente para la finalización del trámite.
Asimismo, se dispone que aquellas entidades que hubieran expuesto datos falsos en su declaración serán pasibles de sanción pecuniaria e intimadas a regularizar su situación. Ante la falta de presentación en los plazos previstos, la Resolución estipula -en remisión al artículo 7 de la resolución (G) IGJ Nº 1/2010- que no se dará curso a cualquier trámite que la entidad pretenda realizar ante el organismo.
Lo expuesto permite concluir que el cabal cumplimiento de la presentación de la declaración jurada, en conformidad con lo dispuesto por la Inspección General de Justicia en las citadas resoluciones, no sólo contribuirá a regularizar la situación de las respectivas entidades sino que también constituirá un recaudo insoslayable a fines de gestionar cualquier otro trámite futuro ante el organismo.
SOCIEDADES - S.A. O SRL ASPECTOS
Poner en marcha un negocio no es una tarea fácil. Sucede que existen muchos factores que evaluar antes de hacerlo, para poder arrancar "con el pie derecho" en el nuevo emprendimiento.
A la hora de constituir una compañía, suele prestarse mucha atención a los ingresos que se espera obtener y a minimizar los gastos. Pero esto no es lo único importante. Es necesario tener una visión global si el objetivo es perdurar en el tiempo.
En este sentido, puntualizó que "la SRL fue ideada para proyectos con pocos socios, por lo cual la utilización de una u otra estructura no es indistinta, y el tipo de actividad a realizar puede resultar más efectiva bajo determinada forma jurídica".
Para el experto, "en aquellos proyectos de naturaleza más simple, como puede ser el de un estudio de profesionales, un local de venta directa al público, o una industria manufacturera o artesanal, la constitución de una SRL puede ser la mejor opción".
"Por el contrario, en los emprendimientos cuyo desarrollo implica una mayor estructura, capital y dimensión, la mejor opción sin dudas es una SA", indicó Sasovsky y mencionó como ejemplos "a las compañías de seguros, los holdings, los desarrollos inmobiliarios y los emprendimientos industriales".
"Las SA permiten aumentar el límite de crecimiento de las sociedades", señaló el experto y lo graficó con el siguiente ejemplo: "Si tenés la posibilidad de adquirir un auto que corre a 180 km/h al precio de uno que sólo puede alcanzar los 120 km/h, porqué desaprovechar la oportunidad. No importa si después no superás los 120, lo importante es tener abierta la posibilidad futura de acelerar más".
Glikin indicó que, a su criterio, "lo ideal es armar una estructura con una SA principal que comercialice productos y servicios, y posea, además, otras sociedades que funcionen como unidades independientes y, al mismo tiempo, presten servicios matriciales necesarios para la principal".
En cambio, el consultor explicó que las SRL son mejores para negocios más pequeños. Al respecto destacó que "son adecuadas para los restaurantes de no más de cinco socios, con un control que se realiza sin problemas a fin de mes, con un ajustado nivel de pagos y gastos".
Asimismo, con respecto a las SRL, advirtió sobre la existencia de algo que se denomina "conflicto de denominaciones".
"La palabra Gerente, que acompaña a ciertos socios, puede generar una obturación en el pensamiento, que no permite la creación de espacios para la reflexión y la planificación e, incluso, provoca que quienes no tengan ese `título´ se vean inhibidos para opinar", indicó el experto, quién destacó que esto no ocurre en las SA, ya que posee una estructura distinta.
Por el contrario, resaltó que "en las SA existen, por un lado, los accionistas, luego los directores que responden a estos y, por último, los gerentes. Así, hay distinción de tareas, donde los segundos son quienes piensan las estrategias y los que se encargan de realizar proyecciones a futuro".
En tanto, desde PricewaterhouseCoopers, Pablo González del Solar, Senior Manager de Tax & Legal - Business & Corporate Law Office, destacó algunos aspectos que pueden inclinar la decisión hacia las SRL.
En este sentido, señaló que este tipo societario "no se encuentra obligado a presentar balances anuales a la Inspección General de Justicia (IGJ), en la medida en que las sociedades no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo 299 de la Ley (siempre que el capital nominal sea superior a $10 millones y se hagan oferta pública de sus acciones, entre otros)".
Asimismo, resaltó que "según algunas interpretaciones, las SRL que no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo mencionado, podrían prescindir de la auditoría anual de sus estados contables, requerimiento que resulta obligatorio para las SA".
Por último, sostuvo que, "en este mismo sentido, las SRL no abonan la tasa anual de fiscalización ante el organismo de contralor".
Por otra parte, Glikin rompió con un mito creado alrededor de las SRL al indicar que "muchos creen que los costos de estas sociedades son menores a los de las SA, pero eso no es del todo cierto, ya que no tienen en cuenta que, si se produce algún cambio en la estructura societaria, cada cambio implica modificar el estatuto y realizar las correspondientes publicaciones de edictos que aumenta considerablemente los gastos asociados a ellos".
En este sentido, Rivero indicó que "en la SA, el mínimo es $12.000 y, en la SRL, no existe un mínimo estipulado por ley". Así, mientras en un caso es necesario sí o sí el valor indicado, en el otro, la sociedad puede funcionar con menos.
Y, para finalizar este punto, recordó que los aportes "pueden ser dinerarios o en especie, susceptibles de ejecución forzada", aunque "tanto en una SA como en una SRL puede integrarse un 25% al momento de la constitución y el saldo restante en el plazo de 2 años", si fueran dinerarios, mientras que "en el supuesto de aportes en especie, deben integrarse totalmente al tiempo de la constitución, en ambos casos".
A la hora de analizar la posibilidad de optar por uno u otro tipo societario, no caben dudas de que el aspecto impositivo no puede quedar de lado.
Federico Zambrano, socio del estudio López Toussaint & Asociados, destacó que "si bien la alícuota en Ganancias es la misma para ambos tipos societarios, una SA podría tener una mayor carga en el impuesto teniendo en cuenta cómo organice su negocio".
Según el experto, esto es así debido a que "si existen retiros de los socios, la AFIP puede aplicar intereses presuntos -de acuerdo a lo normado por el artículo 73 de la ley del tributo-, mientras que, para las SRL, dicha presunción no les aplica ya que el segundo párrafo del mencionado artículo las excluye taxativamente".
"De esta manera, una SA que adelanta fondos a sus accionistas o que los mismos los retiran de su `cuenta particular´ en la empresa, tendrá un mayor costo en Ganancias dado que deberá gravar los intereses presuntos, que los mismos generan, a la tasa para descuentos comerciales del Banco Nación, la cual -a la fecha y durante los últimos años- se han mantenido en torno al 19,60% anual", explicó Zambrano.
Y advirtió que "esto tiene el agravante de que los intereses, al ser presuntos, tampoco podrían ser deducibles en el impuesto por el receptor de los fondos, si se vincularan con transacciones gravadas".
Sin embargo, no son todas malas noticias. González del Solar sostuvo que "en el caso de inversores extranjeros, la transferencia de acciones es una operación que no tributa Ganancias gracias a la exención consagrada por el Decreto 2284/91".
"En cambio, la venta de cuotas de una SRL no está específicamente contemplada por la norma exentiva", explicó el especialista.
No obstante, resaltó que "en los últimos años, se ha tornado más común la utilización de SRL por parte de empresas de los EE.UU., principalmente en virtud de la normativa fiscal de dicho país que ofrece ciertas ventajas de planificación fiscal para entidades de este tipo (a diferencia de lo que ocurre con las SA)".
Adicionalmente, Rivero sostuvo que "una diferencia importante entre ambos tipos sociales, consiste en que la transmisibilidad de las acciones posee un procedimiento más simple".
En efecto, González del Solar indicó que "se hace en forma privada, mediante instrumento privado, y a través de una mera notificación de la transferencia al Directorio de la Sociedad en los términos del artículo 215 de la Ley de Sociedades. El Directorio procede a su registración en el Libro de Registro de Accionistas".
"Por su parte -continuó el experto-, la SRL requiere la registración de la transferencia ante el Registro Público de Comercio y, en su caso, reforma de estatutos, publicación de edictos, gastos conexos, entre otros, amén del tiempo insumido que puede exceder en algunos casos los tres meses".
Otra de las ventajas de las SA, según señaló González del Solar es "la posibilidad de emitir clases de acciones que otorga una flexibilidad incomparable frente a la SRL, permitiendo otorgar derechos políticos y económicos diferenciados a distintas clases de accionistas".
"Las cuotas de las SRL presentan una clara desventaja en este sentido ya que todas ellas otorgan igual cantidad de votos y derechos a utilidades", remarcó el especialista.
En este sentido, Rivero remarcó que, "en el supuesto de la SA, los accionistas la limitan a la cantidad de acciones que suscriben", mientras que, "en la SRL, los socios no solo responden por la integración del capital que suscriben sino que, además, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración del total del capital suscripto".
Asimismo, el experto de Lisicki, Litvin & Asociados, afirmó que "desde un enfoque en materia de responsabilidad de los integrantes del órgano de administración, en la SA los directores responden solidaria e ilimitadamente hacia la sociedad, accionistas y terceros, tanto por el mal desempeño de sus cargos como por la violación a la ley, estatuto o reglamento y todo daño ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave", mientras que "en la SRL son responsables individual o solidariamente, según sea la organización de la gerencia establecida en el contrato social".
Si de responsabilidad tributaria se trata, Sasovsky indicó que "la Ley de Procedimientos Tributarios no discrimina entre las SA y las SRL", de modo que "tanto los directores y gerentes de ambas estructuras resultan igualmente obligados a dar cumplimiento a los deberes impositivos que emerjan de los hechos efectuados por sus representadas".
Y no sólo eso, sino que advirtió que "pueden implicar una responsabilidad penal, en el ámbito de la Ley Penal Tributaria, ya que la ley corre el velo societario y radica la responsabilidad en quienes hubiesen intervenido en el hecho punible (delito), inclusive cuando el instrumento que hubiera dado origen a la representación sea ineficaz".
Por último, Sasovsky, sostuvo que, en materia laboral, "independientemente de la estructura adoptada, la responsabilidad se transparenta y recae de forma subsidiaria sobre los socios y directores".
Y agregó: "En efecto, se magnifica de esa forma la importancia relativa de los hechos, desdibujándose la personalidad societaria y las diferencias cualitativas entre sendas formas societarias".
Rivero explicó que "existen jurisdicciones donde los trámites administrativos para inscribir la constitución, tanto de SA como de SRL, son más simples en cuanto a requisitos, tal como la Provincia de Buenos Aires".
Por el contrario, el experto destacó que existen otras "como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implican un análisis profesional diferencial y que el cliente (sea local o del exterior) deberá tener presente".
En estos casos, Rivero señaló que "existen disposiciones sobre las sociedades comerciales del exterior que deciden ser accionistas de sociedades locales (documentación referida a la acreditación del volumen de negocios en el exterior respecto del que desarrollará en Argentina, Régimen Informativo Anual sobre su situación patrimonial en el exterior, entre otros aspectos), la pluralidad sustancial de socios, el régimen de aportes irrevocables, el régimen de garantía de los directores/gerentes, el sistema de presentación de estados contables anuales, entre otros", que deben ser considerados y deben ser estudiados especialmente.
La jueza Virginia Simari, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 75, ordenó a una médica y a la dueña de una clínica privada indemnizar al esposo -y a su hijo menor de edad- por el fallecimiento de su mujer, que se produjo durante una intervención quirúrgica de lipoaspiración.
Según la resolución difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), el 14 de septiembre de 2004 la mujer había concurrido al consultorio de las demandadas a fin de practicarse la cirugía, y en momentos en que la paciente estaba siendo intervenida se produjo una reacción vinculada a la anestesia, que le provocó un paro cardiorrespiratorio irreversible.
Asimismo, se indica que el consultorio no poseía habilitación municipal para funcionar como centro de atención y/o para realizar intervenciones de esa naturaleza, ni instrumental ni aparatos imprescindibles para controlar cualquier derivación o reacción adversa que pudiera presentarse durante una operación.
Según las consideraciones de la causa, las demandadas emprendieron la intervención pese a no contar con suficiente experiencia, sin dar cumplimiento al deber de exigir la realización de estudios prequirúrgicos, sin elaborar la historia clínica de la paciente, ni recabar su consentimiento informado en un consultorio que no se hallaba habilitado como tal y que carecía del equipamiento adecuado.
"No puedo dejar de reflexionar acerca de que el doloroso resultado no acaeció en el marco de una práctica médica tendiente a restablecer la salud, sino en una llevada a cabo sobre una paciente sana que asiste a un consultorio para mejorar su imagen", señaló la jueza.
Y agregó que "un mandato cultural parece imponer en estos tiempos especialmente a las mujeres, el culto a estándares establecidos socialmente, más no pueden irse en ello las vidas, ese imperativo que genera un nuevo ámbito de desarrollo profesional, debe ser llevado a cabo en todo caso bajo un patrón de gran responsabilidad acorde a la manda que conduce al creciente consumo de las nuevas prácticas quirúrgicas".
QUIEBRA- CLAUSURA POR FALTA DE ACTIVO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que resulta irrelevante la conducta profesional del deudor, su actividad de colaboración en el proceso de quiebra o la falta de antecedentes penales, al considerar que basta con la comprobación del presupuesto objetivo de inexistencia o insuficiente de activo, para tornar operativa la consecuencia de clausura del procedimiento por falta de activo y su remisión a sede penal.
En el marco de la causa “Barbieri Antonio Ambrosio s/ quiebra”, el fallido apeló la resolución mediante la cual el juez de primera instancia decretó al clausura del procedimiento por falta de activo, y ordenó la remisión de las actuaciones a la justicia penal, de conformidad con lo previsto por el artículo 233 de la Ley de Concursos y Quiebras.
El apelante se agravió al considerar que no correspondía presumir fraude, debido a que la quiebra, que data de 1996, había sido decretada a pedido de un acreedor que no habría sido reconocido en el pasivo concursal y que habiéndose subastado un bien de su propiedad, su producido resultó insuficiente para abonar los créditos reclamados por la AFIP y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al analizar el recurso presentado, los jueces de la Sala C remarcaron en primer lugar que “si bien no se desconoce la doctrina sentada por este tribunal en los autos "Pellene Blanca Perla s/ quiebra", del 4 de septiembre de 2009, -según la cual no pueden verse automatismos en la última parte del art.233, y la presunción de fraude que subyace allí debe extraerse de un examen integral de los hechos sub lite por parte del juez de la quiebra-, quienes suscriben la presente, no han firmado la referida resolución, ni comparten su criterio”.
En cambio, los magistrados consideraron que “basta con la comprobación del presupuesto objetivo del artículo 232 de la ley 24522 -inexistencia o insuficiencia de activo- para tornar operativa la consecuencia en ella prevista (clausura del procedimiento por falta de activo y remisión a sede penal), siendo irrelevante la conducta profesional del deudor, su actividad de colaboración en el proceso o la falta de antecedentes penales (v. esta Sala en "Morales De Loderer s/ quiebra", del 29/06/2007; cfr. Argeri, Saul A., "La quiebra y demás procesos concursales", La Plata, 1974, ed. Platense, t. III, pág. 108; Sala D, en autos: "Di Giacomo, Alfredo s/ quiebra", del 29.7.05)”.
Según los camaristas, ello se debe a que “la norma impone al juez del concurso el papel de mero ejecutor de la manda legal, sin que parezca viable que dicho magistrado formule un examen -siquiera "prima facie"- de la actuación del deudor desde la óptica penal, pues ese aspecto está reservado al juez competente en la materia (esta Sala, "García Kedinger Raúl Eugenio s/quiebra", 14/4/2010; Sala B, "Coviteco SA s/ quiebra s/ incidente de eximición", 23/04/1992)”.
En base a lo expuesto, en la sentencia del 7 de junio del presente año, los jueces decidieron confirmar la resolución apelada.
SOCIEDADES -DOMICILIO SOCIAL - VALIDEZ
La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró válida la notificación efectuada en el domicilio legal de una sociedad comercial, pese a que de la cédula agregada al expediente surgía que el domicilio en el cual se realizó la notificación no correspondía al destinatario.
El 12 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa “Acher, María Laura y otros c/ Aderir SA y otros s/ medida cautelar”, en la que se efectuó una interpretación restringida del artículo 11, inciso 2°, de la Ley de Sociedades Comerciales, que establece que “se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede social inscripta”.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones, por mayoría, había declarado la nulidad de todo lo actuado por la actora. Para hacerlo, se basó en que la notificación efectuada en el domicilio registrado por la sociedad ante la Inspección General de Justicia era inválida porque la actora sabía que la demandada no se domiciliaba allí.
La parte actora interpuso recurso extraordinario federal contra dicho pronunciamiento.
El recurso extraordinario interpuesto fue declarado procedente y dejó sin efecto la decisión apelada, con costas.
Para así resolver, la señora Procuradora Fiscal y, por lo tanto, la Corte entendieron que la notificación de la demanda debe ser cursada al domicilio real de la demandada. El dictamen sostuvo que el debate estriba en la validez que debe otorgársele a la notificación efectuada en el domicilio legal de la persona de existencia ideal, presunción que expresamente no admite prueba en contrario (artículo 90 del Código Civil) y ubica la carga de las consecuencias de su ineficacia a quien debe mantener actualizado el domicilio.
La Procuradora Fiscal de la Nación explicó que al tratarse de una sociedad comercial debe tenerse en cuenta que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta (v. artículo 11.2, párrafo 2° de la Ley N° 19.550). Es decir que el domicilio social inscripto es el lugar que la ley presume iure et de iure como lugar de residencia, el que subsiste hasta tanto no se modifique y se proceda a la correspondiente inscripción en el registro. En otras palabras, es en el domicilio inscripto donde debe cursarse el emplazamiento a juicio de una sociedad regularmente constituida (artículo 11, inciso 2°, de la Ley de Sociedades Comerciales).
En igual sentido, la normativa de la Inspección General de Justicia establece la obligación de mantener actualizada la ubicación precisa de la sede social.
En conclusión, el sistema registral implica, tanto para los terceros como para los responsables de la sociedad, que sólo el domicilio constituido será el que produzca consecuencias jurídicas para la sociedad. De ahí la importancia de mantener actualizado el domicilio social inscripto y las modificaciones que con respecto a éste se produzcan.
La Justicia ratificó la validez de los acuerdos extintivos del vínculo entre empresas y empleados
Cuando se produce la ruptura del vínculo laboral entre una empresa y un empleado, puede suceder que se plantee la intención de llegar a un acuerdo de partes respecto de la liquidación final.
En este marco, en el caso de que la compañía decidiera pagar algún tipo de gratificación resulta necesario tener presente que esto puede convertirse en un arma de doble filo porque la Justicia podría entender que, en realidad, se trató de un despido encubierto.
Ello podría llevar a la firma, ante un eventual reclamo judicial, a tener que abonar una indemnización por despido sin causa, además de diversas multas.
Sucede que el artículo 241 de Ley de Contrato de Trabajo (LCT) consagra las condiciones bajo las cuales el empleado y el empleador podrán convenir, por mutuo consentimiento, los términos y alcances del fin de la relación laboral. En consecuencia, es clave atenerse exactamente a lo que la normativa establece.
Que se celebre el acuerdo con la presencia personal del trabajador.
Que se instrumente mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. En esos casos, no se requiere la homologación del acuerdo ni la apreciación de los derechos de las partes.
Que el empleado acredite su voluntad al momento de suscribir la escritura pública, de modo que no se encuentre viciada -lo cual tiene en cuenta la gran mayoría de los tribunales-.
En este contexto, iProfesional.com tuvo acceso a una reciente sentencia de la sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo por la cual los magistrados entendieron que la voluntad del trabajador no se encontraba viciada al suscribir dicho acuerdo, de modo que no encontraron razones para hacer lugar a la demanda por diferencias indemnizatorias.
Los jueces indicaron que, a pesar de recibir una gratificación como consecuencia del acuerdo y que el dependiente hubiera sufrido un padecimiento psicológico, estos no eran indicios de un despido encubierto.
Las partes firmaron un acuerdo extintivo y la empresa le dio una suma de dinero al trabajador en concepto de gratificación. Al poco tiempo, el dependiente se presentó ante la Justicia para pedir que se desconociera el mencionado acuerdo argumentando que se trató de un despido encubierto.
Afirmó que, al momento de la firma del mismo, su voluntad se encontraba viciada ya que padecía una afección psicofísica que implicaba no encontrarse con posibilidad de discernir ni decidir libremente sobre el acto en cuestión.
También destacó que no contaba con representación letrada. En su demanda, explicó que el gerente le había dicho que no lo quería más en la compañía y que si no renunciaba "le inventaba una causa de despido".
Agregó que luego el gerente de recursos humanos le propuso firmar "una ‘renuncia' de común acuerdo para lo cual ‘debía' suscribir un contrato que tenían preparado y que se firmó en una escribanía".
Por último, señaló que la compañía lo amenazó con "dejarlo en la calle sin un peso y dar malas referencias laborales si no aceptaba el arreglo, por lo que debió firmar para que no se le dificulte la reinserción laboral".
En ese sentido, remarcó que el acuerdo era nulo ya que se suscribió "explotando su estado de necesidad e incapacidad laboral".
El juez de primera instancia entendió que no estaba probada la existencia del vicio de la voluntad invocado por lo que rechazó la demanda. Por este motivo, el dependiente se presentó ante la Cámara.
Los magistrados señalaron que, en la escritura pública cuestionada, las partes manifestaron que "de conformidad con lo autorizado por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo han decidido declarar extinguida por mutuo acuerdo la relación laboral que los vinculara...". Más adelante la empresa ofreció pagar al dependiente una gratificación especial por egreso, de la que debía deducirse el impuesto a las ganancias correspondiente. Además, destacaron que los involucrados acordaron que el dependiente: "nada más tendrá que reclamar a la empresa y/o sus directores por ningún concepto emergente de la referida relación laboral".
De esta manera, y luego de analizar los hechos y pruebas aportadas a la causa, los magistrados afirmaron que la situación encuadraba en la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, sin perjuicio de que las partes hayan convenido la entrega de una determinada suma a favor del trabajador con carácter de gratificación.
"Se trata de una modalidad prevista legalmente y, por ende, no es dable en principio, calificarla sin más como un despido encubierto. El requisito formal legalmente impuesto es que tal tipo de extinción se realice mediante escritura pública o bien ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo y en este caso se cumplió", agregaron los jueces.
Sobre la suma otorgada al dependiente, los camaristas indicaron que "el hecho de que se haya convenido el pago de una gratificación, de modo alguno por sí solo enerva aquella modalidad de extinción vincular, pues no resultan incompatibles".
Es decir, para los jueces, al tratarse de un modo expresamente previsto en la LCT para la disolución de las relaciones laborales, "no cabe invalidarlo sin más, sin una seria razón específica en el caso concreto que se esté juzgando -como sería desde ya, que la voluntad de una de las partes se hallare viciada por dolo, error, violencia o demás supuestos previstos en la normativa civil-".
Por otra parte, remarcaron que "estando prevista esa modalidad expresamente en la ley, no se trata ni de un despido efectuado por el patrono ni de una renuncia del trabajador sino, tal y como reza el propio texto legal, de una finalización por voluntad concurrente de las partes, por mutuo acuerdo".
En esta oportunidad, el empleado no pudo acreditar el haber sufrido algún vicio en su voluntad. Además, los testigos no dijeron nada al respecto ya que no se refirieron a coacciones, amenazas, engaños ni nada similar.
Si bien, la perito psiquiatra informó que el demandante sufría un cuadro de stress post traumático, que catalogó como trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo de tipo crónico de grado moderado, ello no implicaba en absoluto que éste hubiera carecido de discernimiento y libertad al momento de la firma del acuerdo de desvinculación. Si bien tenía una afección psicológica, esto no significaba que tuviera alterada su actividad volitiva.
Ofrecía a los clientes de la firma sus propios servicios, lo echaron y la Justicia avaló su despido con causa
El deber de no concurrencia implica que el empleado no pude ejecutar, por cuenta propia o ajena, distintas actividades que puedan perjudicar el negocio de su empleador. Es decir, no debe competir con él salvo que éste tenga conocimiento de la actividad particular de su dependiente.
En caso de que la empresa decida despedirlo porque se enteró de que era un trabajador"infiel" por desviar clientela, deberá demostrar la actividad "paralela" de éste.
En este contexto, sucede que la mayoría de los fallos sobre el tema condenan al empleador, cuando no pudo probar en juicio que advirtió -antes de desvincularlo al empleado sobre el correcto uso de las herramientas suministradas -por la empresa- para exclusivo uso laboral, como por ejemplo, las bases de clientes o el teléfono.
Por este motivo, hay un tema que, en los últimos años, creció en su importancia dentro del área de recursos humanos, no sólo en la gestión de personas sino también en el diseño de procesos: los manuales de conducta.
Los abogados consultados por iProfesional.com recalcaron la necesidad de que las empresas previsionen este tipo de contingencias mediante la confección de manuales internos -también conocidos como "de ética"-, donde quedan definidas qué conductas no podrán ser llevadas adelante por los empleados.
En caso de no contar con ellos, a la compañía le resultará muy difícil salir airosa del reclamo indemnizatorio de los trabajadores ya que deberán probar eficientemente que estos desarrollaban actividades que colisionaban con los intereses de la firma.
Hace pocos días, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió un fallo de primera instancia que había obligado a una empresa a indemnizar a un dependiente que desarrollaba paralelamente la misma actividad que su empleadora y se ofrecía a sus clientes. Los camaristas tuvieron en cuenta la declaración de los testigos que avalaron la postura corporativa.
La empresa decidió despedir al dependiente a través de una carta documento imputándole la violación del deber de no concurrencia debido a que, sin autorización y por cuenta propia, ofreció y prestó los mismos servicios que le brindaba a la firma pero a terceros. Además, sostuvo que el dependiente se ausentó injustificadamente durante varios días, lo que analizado en el contexto, para la firma era una falta gravísima.
La compañía se dedicaba al rubro de servicios de impresión heliográfica, fotocopias y otras formas de reproducción, diseño gráfico y venta de artículos de librería y afines.
La jueza de primera instancia hizo lugar al pedido del trabajador y ordenó abonarle las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa ya que la empresa no había demostrado que existió una colisión de intereses con la actividad del dependiente.
Entonces, la compañía se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para cuestionar la sentencia. Los camaristas hicieron lugar a su pedido para que se revocara la sentencia ya que sus afirmaciones "fueron corroboradas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya prueba no fue valorada en primera instancia".
"Esta prueba acredita las formalidades cumplidas por el trabajador para desempeñar por su cuenta la misma actividad que desarrollaban sus empleadores", se lee en la sentencia.
Los camaristas señalaron que los clientes de la firma explicaron que ésta se dedicaba a trabajos de imprenta, diseño y producción gráfica y que el trabajador cesanteado les habría comentado que estaba iniciando sus tareas de gráfica en forma independiente.
Otro cliente señaló que, cuando fue a efectuar un pedido, el empleado "le dijo que si en otra ocasión quería hacer otro trabajo que él se lo podía hacer por su cuenta y le dio una tarjetita con su nombre y su teléfono".
De esta manera, para los magistrados surgía que "el dependiente incurrió en el grave incumplimiento que le imputó la demandada" y justificaba la decisión de despedirlo (art. 88 LCT), "por lo que corresponde revocar lo decidido al respecto y rechazar los rubros derivados del despido".
Por último, además de revocar la sentencia de primera instancia, le ordenaron al dependiente que afrontara las costas del juicio
SUCESION - Amplían Declaratoria de Herederos del Causante que Contrajo Segundo Matrimonio en País Extranjero a su Cónyuge Supérstite
Al aplicar la doctrina de la Corte Suprema de los precedentes “Solá” y “Ullóa”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en el foro en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite.
En la causa “C., C. E. s/ sucesión ab intestato”, los coherederos C.E.C. y M.I.C. apelaron la resolución de primera instancia que consideró que la Sra. N. S. de C. reviste la cualidad de cónyuge supérstite del causante y a tenor de ello y lo establecido en los artículos 3565 y 3570 del Código Civil dispuso la ampliación de la declaratoria de herederos dictada.
En el caso bajo análisis, de la documentación agregada al expediente surge que quien en vida fuera Don C. E. C. contrajo matrimonio con la Sra. Nelly Lia Venancio hacia el 23/4/49 y con data del 18/8/69 se decretó el divorcio no dirimente de ambos cónyuges, mientras que el 1/9/70 Don C. E. C. se casó con N. S. en la República del Paraguay.
Los jueces de la Sala G remarcaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Solá” puso de resalto que “se trata de verificar, según el derecho internacional privado argentino, la satisfacción de los recaudos de validez de una situación creada en el extranjero y que es llamada a desplegar efectos en el foro y – con sustento en el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (Dec. Ley 771/56) y el art. 4° del Protocolo Adicional- sostuvo que el segundo matrimonio del causante queda sujeto a la ley del lugar en donde se celebre y, a su vez, faculta a los estados signatarios a no reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados, entre ellos, el matrimonio anterior no disuelto legalmente (inc. e);; destacando que ello no impone a los otros países contratantes la obligación internacional de desconocerle validez sino que deja librado al orden público internacional del Estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación (Considerandos III, IV y V)”.
Los camaristas destacaron que “sobre la base de dar prevalencia al criterio de actualidad del orden público internacional – erigiendo a este parámetro como esencial a los fines de juzgarse la cuestión - ante el principio de disolubilidad del matrimonio civil introducido en Fallos 308:2268 y luego consagrado por la ley 23515”, la Corte ponderó “los nuevos criterios de valoración adoptados por la ley sustancial y cuya modificación – en cuanto a los principios que informan a la legislación matrimonial argentina- consideró relevantes, y en virtud del aludido criterio de actualidad del orden público internacional, concluyó que el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en el foro en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite”.
En tal sentido, en la sentencia del 8 de agosto pasado, la mencionada Sala destacó que “ese parecer en cuanto fue reiterado en Fallos 330:1572, 328:3099, Z. 153. XXXVIII (Consid. V y VI) del 16/8/05; U.4.XLII "Ulloa, Alberto s/ sucesión" del 10/4/07; B.139.XLIV "Boo, Héctor José s/ sucesión testamentaria"del 14/9/10) mantiene en plenitud su vigencia y da acabada respuesta a las protestas vertidas por los coherederos precisamente por ser compatible con el espíritu actual del régimen matrimonial, ni comporta el otorgamiento de privilegio de índole alguna (art. 14 inc. 2° y 3° del Código Civil) y el derecho convencional”.
En base a lo expuesto, los magistrados resolvieron que corresponde hacer aplicación de la mencionada doctrina en la presente causa y mantener lo decidido en este aspecto por el juez de primera instancia.
MOTOQUEROS - ACTIVIDAD RIESGOSA
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó una sentencia de primera instancia que consideró a las actividades realizadas por el trabajador como mensajero en motocicleta, como actividad riesgosa en los términos del artículo 1113 del Código Civil.
En los autos caratulados “Ibañez Gonzalez Hugo Orlando c/Consolidar A.R.T. S.A. y otro s/ despido”, la codemandada Trámites Urgentes S.A. apeló la sentencia del juez de primera instancia a raíz de la imputación a su parte con sustento en el artículo 1113 del Código Civil.
Los magistrados que componen la Sala VI rechazaron dicha apelación, al considerar que el fallo del juez de grado “se ajusta a la actividad riesgosa desempeñada por el accionante como mensajero en motocicleta en el radio urbano de Capital Federal, tareas y categoría reconocida por la accionada conforme los recibos de haberes obrantes en la causa”.
En tal sentido, los jueces entendieron que “también las actividades riesgosas ingresan en el ámbito del art. 1113, quedando así equiparadas a las “cosas” a que esa norma se refiere”, por lo que “el vocablo “cosa” se extiende para abarcar, en la actualidad, las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral toda”, por lo que confirmaron la sentencia de primera instancia en este sentido.
Por otro lado, la recurrente también había apelado la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditadas las causas invocadas por el accionante para considerarse en situación de despido indirecto.
En la sentencia del 21 de junio pasado, los magistrados rechazaron dicho recurso, debido a que quedaron firmes “las irregularidades registrales en materia de ingreso y remuneración la decisión del trabajador resulta motivada”.
Por su parte, el actor se agravió en cuanto al monto de la remuneración y porque no se le librara la prueba informativa a FAECYS para que informara la remuneración correspondiente a la categoría del actor denunciada en demanda.
En cuanto a ello, los camaristas también rechazaron dicho agravio, y confirmaron “la decisión de la Sra. Juez de basarse en el informe contable por razones incluso de economía procesal”, agregando a ello que “consultada la pagina web de los empleados de comercio resulta coincidente con los valores estimados por la sentencia apelada”.
En promedio, cobran $250 por sacarlo de las bases de datos privadas en sólo cinco días, y otros $ 250 por borrarlo de los registros del Banco Central, aunque ese trámite demora un mes. Si la deuda contraída tiene más de cinco años, la ley nacional de Protección de Datos (25.326) establece que ya debe desaparecer de los registros si no hizo frente al pago. En cambio, si la abonó, la eliminación tarda dos años.
Según el matutino, el mencionado profesional ofrece un paquete por $690 por limpiar al deudor de las cinco empresas privadas más consultadas por los bancos. El trámite consiste en intimar al departamento de legales de cada una de las compañías para que saque al moroso de sus registros. Con el BCRA el funcionamiento es distinto, ya que el interesado -de manera personal- es el encargado de llevar a cabo el trámite, por lo que el estudio le entrega una carta documento para que se la envíen. Hay que destacar que esto no implica haber saldado la deuda con el acreedor. Para eso, deben haber transcurrido diez años sin que se hayan iniciado acciones legales en contra, consigna El Cronista.
RENUNCIA DE UN TRABAJADOR
La renuncia es el acto unilateral por el cual el trabajador da por terminado el contrato de trabajo por su exclusiva decisión sin derecho a indemnización alguna.
En la actualidad, la inseguridad y los temores que han generado las recientes crisis financieras llevan a que mucha gente elija resguardar su dinero y objetos de valor en cajas de seguridad.
En este escenario, si la víctima de un robo es la propia entidad bancaria, cuya obligación es custodiar esos bienes, cabe la pregunta de hasta dónde debe responder frente a sus clientes a raíz del ilícito.
Ésta es una cuestión que preocupa a todo aquel que, además de sus pertenencias, depositó su confianza en dicha entidad.
Según los expertos consultados por iProfesional.com, no son pocos los reclamos de damnificados que, por estos motivos, llegan a la Justicia. No obstante, advirtieron que la falta de una regulación específica de los contratos de caja de seguridad genera incertidumbre sobre cuál será sentencia.
Pese a este "vacío" normativo, los magistrados suelen mostrar un criterio unánime al sostener que el banco debería resarcir a los clientes perjudicados, salvo que ocurran determinadas situaciones imputables a los usuarios.
En este contexto, recientemente se dio a conocer un caso en el que la Justicia rechazó el reclamo de una clienta quien afirmó que le faltaban pertenencias de su caja de seguridad.
La razón de esta decisión fue que la usuaria tardó en impulsar su queja y, por lo tanto, ya se habían perdido pruebas. Además, consideró que la entidad cumplía con todas las medidas de seguridad.
Un descuido con consecuencias
La clienta de un banco advirtió un faltante en su caja de seguridad cuando concurrió junto con su hijo a retirar parte del dinero para hacer frente a diversos gastos.
La mujer relató que el joven no pudo abrir el cofre, por lo que tuvieron que solicitar a la encargada de la bóveda que los ayudara. Ésta utilizó una copia de la llave que poseía, y al abrir la caja advirtieron que algo no estaba en su lugar.
De acuerdo con la víctima, guardaba un total de u$s36.000 que provenían de la venta de los inmuebles integrantes de la sucesión de su esposo.
Tiempo después, concurrió a la Justicia donde pidió ser resarcida por los daños y perjuicios que dijo haber padecido como consecuencia del robo de la caja de seguridad de la cual era titular.
En la demanda, mensuró el reclamo en u$s10.000 por daño material, más una pretendida indemnización por daño moral, daño psíquico, lucro cesante e intereses. En tanto, especificó dos de estos rubros al estimar como "piso" un resarcimiento de u$s5.000 por daño moral y de u$s3.000 por daño psíquico.
El banco respondió a la demanda e indicó que la clienta recibió la caja con las llaves en perfecto estado.
La entidad negó que dicha gaveta hubiera sido objeto de un robo, hurto o sustracción, o que hubiese sido violentada u objeto de alguna anomalía, por lo que pidió el rechazo total del reclamo.
El juez de primera instancia denegó la demanda porque consideró que no se había acreditado debidamente la existencia del ilícito, como tampoco el daño.
La damnificada, entonces, se presentó ante la cámara para quejarse del rechazo de su pretensión.
Los magistrados explicaron que "la clienta sostuvo que su caja fue violada pero no aportó ninguna prueba que así lo corroborara". En ese aspecto, tomaron en cuenta que la denuncia penal que ella efectuó no arrojó resultados positivos.
Además, sostuvieron que, en ese caso, no se produjeron pruebas tales como una pericia de cerrajería para verificar si la caja había sido forzada. Además, remarcaron que la denuncia se produjo a casi quince días del descubrimiento del supuesto ilícito.
"Aún cuando hubiera correspondido al Fiscal instar tal medida de investigación, a efectos de verificar la existencia del delito denunciado, la damnificada tampoco promovió su realización, a pesar de encontrarse asistida por un abogado", remarcaron los jueces.
"El peritaje técnico no constató algún signo de ataque al cofre así como tampoco lo hizo la filmación realizada entre la penúltima visita de la reclamante y su hijo al recinto y en la que habría advertido la falta, que se hubiere operado de algún modo en la mentada caja", agregaron.
Por ello, los camaristas rechazaron la querella dado que "la entidad bancaria aportó las grabaciones de video correspondientes al período que transcurrió entre la última visita sin reclamos de la presunta víctima y la que justificó la demanda".
"Estas imágenes resultan claras y sirven para corroborar que, en caso de haber tenido algún problema con la cerradura, ello habría sido después de haber abierto y sacado el cofre y una vez que lo volvieron a guardar, pues la secuencia de imágenes muestra que no tuvieron problemas en esa primera etapa", enfatizaron.
En este caso, se comprobó que el banco contaba con los dispositivos y sistemas de seguridad exigidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se encontraban en correcto funcionamiento al momento de los hechos denunciados.
La jurisprudencia entiende al "contrato de caja de seguridad" como un convenio, mediante el cual, un banco otorga al cliente un espacio ubicado en un lugar especializado, para que éste guarde bienes, de cuya custodia queda encargada la entidad.
En resguardo de la seguridad de dichos bienes, el BCRA exige una determinada composición en las puertas blindadas de la sala principal de las cajas -y también de éstas- y de las cerraduras -que deben ser combinadas, es decir, que el sistema se active cuando se inserten dos llaves, una en manos de la entidad y otra en manos del cliente-.
Para Martín Lepiane, asociado de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), "el incumplimiento de esta obligación de custodia engendra la responsabilidad contractual del banco".
Lepiane aclaró que "la demostración del cumplimiento de las exigencias en materia de seguridad, no es suficiente para desestimar los reclamos de las víctimas. Por el contrario, si se demostrara que no se cumplieron estas normas, esto podría agravar la responsabilidad de la entidad".
Luego destacó que "la entidad sólo podría liberarse probando la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la culpa de la propia víctima o de un tercero por el que la entidad no debe responder".
"A los fines de encauzar su reclamo resarcitorio, la clienta tiene la carga de agotar las vías probatorias que puedan conducir a la acreditación de los extremos que invoca. La falta de articulación de estos medios de prueba, sin duda alguna, conspira contra el éxito de su pretensión", agregó Gabriel Martinez Niell, abogado del estudio Grispo & Asociados.
"En el caso concreto, la entidad bancaria efectivamente aportó el material obtenido en función de su tarea de supervisión del ámbito protegido, lo cual queda visiblemente materializado en las grabaciones de video correspondientes al período que transcurrió entre la última visita sin reclamos por parte de la cliente, y la que justificó la demanda en cuestión", concluyó el especialista.
VIVIENDA DIGNA - CORTE SUPREMA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó en el día de ayer una audiencia pública en una causa donde se discute el derecho a la vivienda digna a partir de una acción de amparo presentada en 2008 contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Sala de Audiencias del Tribunal se llevó a cabo la audiencia sobre la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, la que contó con la presencia de todos los integrantes de la Corte Suprema y los representantes de las partes.
Por la parte actora comparecieron la defensora general adjunta que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Christe y Julián Horacio Lavengin, el defensor oficial ante la Corte Suprema, mientras que en nombre de la demandada se presentaron Ramiro Ricardo Monners Sans, Procurador General del Gobierno de la Ciudad y María Eugenia Vidal, la ministra de desarrollo social porteño.
Es importante destacar que en la causa que se trató en el debate, los jueces del Máximo Tribunal evalúan la invocación del derecho a obtener una vivienda digna realizado por una señora que vive en situación de calle y su hijo discapacitado que padece una afección derivada de una encefalopatía crónica. Ambos recibían un subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dentro del marco normativo vigente por el cual se otorgan planes sociales con un tope de $450 por un máximo de 10 meses, una medida que en este caso se prorrogó hasta la fecha.
En el presente caso, la peticionaria obtuvo una sentencia favorable en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual fue confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, motivando así la apelación del GCBA el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo revocó motivando que el pedido buscara su curso hacia la Corte por vía de recurso extraordinario.
Cabe recordar que la actora había solicitado para sí y para su hijo que se les garantice su derecho a la vivienda digna, o bien un la concesión de importe que les permita abonar íntegramente el costo de una morada adecuada con este fin, ha impugnado la validez de las limitaciones temporales y cuantitativas del plan social vigente, Atención a las Familias en Situación de Calle
NEGATIVA DE TRABAJO - IUS VARIANDI- EJERCICIO IRRAZONABLE
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que la inexistencia del establecimiento asignado por la empresa de servicios eventuales para desempeñarse, equivale a una negativa a prestar tareas, por lo que resultó justificado el despido indirecto decidido por el trabajador.
La sentencia de primera instancia había establecido en la causa “Loriente Jose Maria c/ Excelencia S.R.L s/ despido“, que resultó justificado el despido indirecto en que se había colocado el actor, debido a que había podido acreditar mediante pruebas testimoniales, que en la fecha indicada por la empresa de servicios eventuales para la que se desempeñaba, había concurrido al establecimiento con la finalidad de prestar tareas, y en efecto no existía el domicilio indicado.
Dicha resolución fue apelada por la demandada, quien consideró que el magistrado de grado se fundó en la valoración de las declaraciones de dos testigos preconstituidos.
Los jueces que integran la Sala VI entendieron que si bien el trabajador presentó una prueba preconstituida, debido a que le había pedido a dos testigos que lo acompañaran a un puesto nuevo que le habían asignado, logró acreditar el hecho de que le habían asignado tareas en un domicilio inexsitente.
“Si bien es cierto, como señala la apelante, que se trata de una prueba preconstituida, luego de un cuidadoso análisis y junto con el resto de la prueba de autos, llego a la conclusión que ellas logran acreditar las situaciones denunciadas en el escrito de inicio”, remarcaron los camaristas.
Tras resaltar que “los testigos analizados relataron con certeza la serie de circunstancias que acontecieron y que cayeron bajo sus sentidos”, los jueces entendieron que “a pesar de ser testigos que se encontraban allí con una finalidad específica, sus declaraciones son precisas, coincidentes y que logran acreditar la situación denunciada por el actor”.
Los camaristas entendieron que como “no hay prueba que demuestre que la nueva usuaria hubiera funcionado en el lugar denunciado por la demandada, no puede tenerse por cumplida la obligación de la empleadora de asignar un nuevo destino laboral”.
En la sentencia del 15 de julio pasado, los magistrados concluyeron que resultó justificado el despido en que se colocó la actora, debido a que “la asignación de nuevo destino laboral inexistente, equivale a una negativa de tareas, incumplimiento grave a una de las principales obligaciones del empleador (art. 78 de la L.C.T.), que no consiente la prosecución de la relación”, por lo que confirmaron la sentencia apelada.
OBRAS SOCIALES - ENTREGA HISTORIAS CLINICAS
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumple este jueves tres años de funcionamiento.
En ese marco, la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, a cargo de aquella dependencia, aseguró que “hay mayor visibilidad de que la violencia doméstica es un problema público y no privado. No es una vergüenza que a alguien le suceda. Pero debe salir a la luz, y la familia no debe ayudar a ocultar el caso, sino que debe ayudar a la víctima, que es una persona muy vulnerable”.
Asimismo, la magistrada destacó que “también hay una gran visibilidad y conciencia de los jueces penales, que han empezado a investigar y a procesar. Ahora dictan medidas, como las de no acercamiento u otras. Antes lo único que hacían, cuando llegaba el caso, era mandarlo al juzgado de familia”.
Con respecto al funcionamiento de la OVD, la vicepresidenta de la Corte remarcó que “hemos atendido 21 mil casos en tres años. Es la única Corte del mundo que tiene esta oficina, somos pioneros y estamos orgullosos de serlo, en el marco de una política pública de acceso a Justicia”.
En relación con los casos atendidos, Highton dijo que “las víctimas son en su mayoría mujeres, y cuando son varones, se trata mayormente de niños. Sólo un 6 por ciento de las denuncias corresponden a varones mayores y capaces”.
Asimismo, aseguró que “el 85 por ciento de los casos están vinculados con relaciones de pareja. Y además, la violencia no termina cuando finaliza la relación de pareja”.
Sobre el trabajo de la OVD con el resto de los tribunales del país, la jueza dijo que “nosotros ya tenemos convenio con las 23 provincias, y ya se abrieron oficinas similares en Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Nosotros colaboramos y aportamos software y capacitación".
Finalmente, expresó que “todo el cuadro de violencia doméstica es muy triste. Lo que sí es para celebrar es el tercer cumpleaños de la OVD, que va creciendo por la confianza de la gente en la confidencialidad de la información”.
SOCIEDADES ENTRE AMIGOS- LAS MEJORES MODALIDADES
¿Por qué conviene elegir una Sociedad de Hecho? A la hora de llevar adelante un pequeño proyecto, las SH pueden ser una de las mejores opciones en materia societaria.