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Timestamp: 2018-04-19 21:22:17
Document Index: 289105818

Matched Legal Cases: ['artículo 203', 'artículo 324', 'artículo 994', 'artículo 197', 'artículo 8', 'artículo 197', 'artículo 54', 'artículo 19']

Daños en el Derecho de Familia: ¿Procedencia o “mito”? | LexWeb
Primeramente debemos referirnos al derecho de familia propiamente tal y sus consecuenciales características que lo
vuelven un ámbito especial dentro del derecho privado.
El profesor Enrique Rossel define el derecho de familia como “las vinculaciones jurídicas establecidas por la ley respecto de los individuos que han contraído matrimonio o que se han conocido carnalmente o que están unidos por parentesco”. Agregando que el objeto de estas vinculaciones muchas veces es moral más que patrimonial. Es cierto que el derecho de familia está estructurado en base a deberes morales y éticos que han sido establecidos por el legislador en pos de regular la convivencia social de un país, dicha tarea no ha estado exenta de la influencia religiosa.
Nuestro ordenamiento jurídico se estructura en base a principios, los cuales informan toda nuestra normativa y dentro de dichos principios encontramos “alterum non laedere”, el cual significa no dañar a otro, y es en base a mencionado principio en que se funda nuestro sistema de responsabilidad civil en materia patrimonial sea contractual en virtud del incumplimiento de una obligación contractual como extracontractual en el caso de incumplir deber general de no dañar a otro. Además el derecho civil patrimonial se estructura en base a los principios de autonomía de la voluntad y libertad para la adquisición de bienes, lo que nos da entender que se hace un tanto imposible extrapolar dichos principios al ámbito de las relaciones de familia las cuales se fundan en principios como los de igualdad entre los miembros de la familia, solidaridad familiar, respeto reciproco respecto de los cónyuges, como para con los demás integrantes del vinculo familiar y por tanto uniones basadas en el afecto y el vinculo biológico.
Distinto es lo que ocurre en el ámbitopatrimonial ya que en virtud del trafico jurídico nos lleva a vincularnos con otros en razón de alcanzar un provecho propio, en la satisfacción de una necesidad que generalmente logramos realizar por medio de la celebración de actos jurídicos de distinta naturaleza y que se ajustan a nuestras antes mencionadas necesidades. Entonces viendo las cosas desde esta perspectiva podríamos concluir que tanto las relaciones de familia como el derecho patrimonial son diametralmente opuestos, provistos de distintos ideales y esencia, lo que llevaría a establecer que no es aplicable los mismos mecanismos de resarcimiento ante un escenario similar en materia de daños. Pero también no debemos ser tan radicales y encubrir nuestra vista ante algo que es muy evidente y notorio que en la practica en las relaciones de familia si está presente el daño, ya sea por ejemplocuando estamos en presencia del término del vínculo matrimonial, contrato que nace con la convicción de que será de por vida de los contrayentes, y más aun si ese vinculo se ha disuelto por una infidelidad o malos tratos de unos sobre los otros, daño en el no reconocimiento voluntario de un hijo y tener que concurrir a la justicia para establecer la declaración de dicha situación legal, lo que genera un daño evidente tanto en el menor como la madre. Somos partidarios de que el daño si se encuentra presente en las relaciones de familia y que ese daño debe ser reparado y es el legislador quien ha establecido sanciones que debemos entender con carácter indemnizatorias, pero la pregunta que debemos hacernos, ¿es suficiente reparación la que nos presenta el legislador?.
Para poder responder esta pregunta siguiendo en la línea de realizar un paralelo entre el ámbito patrimonial como el derecho de familia me referiré a las sanciones que establece el legislador en uno y otro ámbito y así poder esclarecer la interrogante antes planteada. En primer lugar en relación a la infracción de las obligaciones patrimoniales respecto de los contratos encontramos la resolución del contrato, el cumplimiento forzado del mismo y la indemnización de perjuicios correspondiente o la nulidad por defectos de origen. Respecto de los ilícitos civiles encontramos como sanción la responsabilidad civil extracontractual (entendida como función reparatoria más que sancionatoria), respecto del enriquecimiento sin causa tenemos la acción de restitución de lo obtenido injustamente.
En el ámbito familiar respecto de los deberes conyugales, la sanción a la infracción del deber de cohabitación o fidelidad es el divorcio o la separación judicial, siempre que constituya una violación “grave” de tales imperativos. Respecto a la filiación extramatrimonial cuando ha sido determinada con la oposición del padre, la ley de familia establece las siguientes consecuencias jurídicas: el padre pierde la patria potestad y el derecho al cuidado personal del hijo como lo dispone el artículo 203 del CódigoCivil, pierde el derecho a pedir alimentos en su ancianidad respecto de ese hijo artículo 324, queda también inhabilitado para ejercer la tutela o curaduría del hijo artículos 357 inc. 2º, 448 Nº 1 y 462 del Código Civil y no podrá suceder intestadamente respecto de su hijo artículo 994.
Debemos agregar que en el ámbito del derecho de familia no existe una remisión general a las normas del derecho patrimonial para poder así establecer sus mecanismos resarcitorios pero encontramos algunos casos en que si se remiten expresamente a normas del derecho patrimonial las cuales por tanto seria de derecho estricto, así ocurre con el artículo 197 del Código Civil, que establece la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios contra el que de mala fe interponga una acción de filiación para lesionar la honra de la persona demandada, y con el artículo 8 Nº 3 de la ley 19.947, que declara expresamente aplicable al matrimonio la definición de fuerza del derecho común como vicio del consentimiento. Por lo demás, en el caso del artículo 197 del Código Civil, se trata de una acción de indemnización de perjuicios que no está fundada en la infracción de un derecho del espectro familiar, sino que en la lesión deliberada de un derecho a la personalidad como lo es la honra.
En el derecho nacional se ha entendido que daño no solo se refiere al menoscabo de un derecho, sino también a la lesión de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima. La Ley 19.947 sobre matrimonio civil, consagra en sus artículos 61 y siguientes, la compensación económica, que establece que uno de los cónyuges sufra un menoscabo económico por causa de divorcio, y esta figura se solicita en juicio conjuntamente a otras indemnizaciones que pudo haber sufrido el cónyuge demandante durante el matrimonio. Pero la pregunta que debemos formularnos es ¿De qué naturaleza jurídica son las relaciones de familia?.
En la relaciones de familia existe un vínculo jurídico previo, pero dicho vinculo no es como lo que ocurre en materia
patrimonial sino que son de carácter institucional, las obligaciones que de él derivan son de orden público y por tanto no son obligaciones estipuladas por ambas partes, sino que la autonomía de la voluntad la alcanza en el momento en
que deciden someterse al estatuto familiar y luego es la ley quien establece régimen de obligaciones que deben cumplir, más claro ejemplo es el contrato de matrimonio. Debido a esta especial característica que reviste este tipo de
relaciones consideramos que lo más acertado es aplicar el estatuto de responsabilidad extracontractual en materia de daños que se deriven de este tipo de relaciones. Pero lo que debemos plantearnos es la interrogante de qué clase de responsabilidad es aplicable al estatuto familiar en nuestro ordenamiento jurídico, Régimen Contractual o quiliana?.
Para poder desentrañar dicha cuestión, será necesario analizar y establecer cuáles son las fuentes generadoras de responsabilidad civil en materia de Derecho de Familia y posteriormente establecer cuál es su régimen de responsabilidad aplicable y como ha sido su tratamiento jurisprudencial por nuestros tribunales de familia.
Primeramente nos referiremos a la Ley 19.947, “Ley de Matrimonio Civil”, la cual entra en vigencia el 17 de noviembre del año 2004, hace ya 11 años, la cual constituyó un gran avance en el ámbito del estatuto familiar, incorporando dentro de sus disposiciones el término del matrimonio vía divorcio de los cónyuges, institución que a su vez resiste una clasificación al interior de ella atendiendo a los requisitos de procedencia y procesabilidad de dicha institución.
En primer lugar encontramos el divorcio de “mutuo acuerdo o consensual”, que consiste en poner término al vínculo matrimonial de común acuerdo y cuando haya cesado vuestra convivencia por el lapso de tiempo de un año, podrán concurrir al tribunal de familia respectivo para que declare disuelto dicho vínculo. Por otro lado tenemos la figura del divorcio “remedio”, el cual se presenta cuando no existe mutuo acuerdo entre los cónyuges de poner fin al vínculo matrimonial y ha cesado la convivencia común por un lapso de tiempo por más de tres años, en este escenario cualquiera de los cónyuges puede solicitar en forma unilateral que disuelva el mencionado vínculo.
Finalmente tenemos la figura del divorcio “sanción o culpa”, regulado en el artículo 54 de la ley de matrimonio, disposición que consagra las causales en virtud de las cuales uno de los cónyuges podrá demandar al otro en razón de que este último haya cometido una falta imputable a él y que constituya una violación grave a los deberes y obligaciones que impone el matrimonio. En esta clase de divorcio encontramos causales como “atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de algunos de los hijos”.
Deteniéndose a analizar esta sola causal de divorcio sanción, podemos apreciar que en la sola redacción de la disposición en comento encontramos conductas que directamente podremos relacionar y concebir como fuentes generadoras de responsabilidad civil como lo son los atentados contra bienes jurídicos como la vida, integridad física o psíquica del otro cónyuge o de sus descendientes, los cuales en primer lugar sería una vulneración de garantías constitucionales consagradas en nuestra carta fundamental en su artículo 19 Nº1, en cuanto al ámbito civil darían lugar a la responsabilidad extracontractual en razón que se está incumpliendo un deber general de no dañar a otro y así poder solicitar la reparación e indemnización de daños patrimoniales como moral, pero a su vez nos damos cuenta que esas otras personas están unidas por un vínculo legal y por tanto podríamos plantear perseguir el resarcimiento de dicho daño tanto patrimonial como moral vía contractual, en razón que recientemente ha tenido acogida que por vía contractual se repare el daño moral, lo cual encuentra fundamento en las garantías constitucionales que aparecen vulneradas en el caso en comento y lo cual podría ser procedente en el mismo.
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