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Timestamp: 2018-04-19 12:03:01
Document Index: 286356357

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 69', 'artículo 12', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 61', 'artículo 51', 'artículo 62', 'Artículo 61', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 67', 'artículo 53']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-4957
Documento BOE-A-2018-4957
Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior.
«BOE» núm. 89, de 12 de abril de 2018, páginas 37737 a 37772 (36 págs.)
BOE-A-2018-4957
Los Estatutos para el Régimen y Gobierno de los Colegios de Arquitectos fueron aprobados por Decreto de 13 de junio de 1931. El Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior, actualizó la normativa estatutaria para adaptarla a las determinaciones de la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales, y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, sobre medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al orden constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Posteriormente, el Real Decreto 523/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y de su Consejo Superior, aprobados por el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, añade una disposición adicional tercera al citado Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, con el fin de corregir la aplicación de los artículos 67 y 53 de la citada norma a los Colegios de Ceuta y Melilla, que producía una notable desproporción, tanto en lo relativo a las aportaciones económicas de los Colegios al presupuesto del Consejo Superior, como en lo tocante a su representación en la Asamblea General del Consejo Superior.
La adopción de estos nuevos Estatutos Generales responde fundamentalmente a la necesidad de adaptar los Estatutos vigentes a los cambios operados en el marco regulador de los Colegios Profesionales por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al Derecho Interno a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Estos cambios legislativos obligan a los Colegios Profesionales a adaptar sus normas estatutarias a la nueva regulación y, en particular, a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley 25/2009, de 22 de noviembre, que introduce importantes modificaciones en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, incidiendo en la simplificación de procedimientos, la reducción de cargas administrativas, el refuerzo de las garantías de consumidores y usuarios y diversas medidas que amplían la transparencia en la actuación de dichas corporaciones públicas y de sus colegiados.
Además, se introducen aquellas modificaciones necesarias para adecuar el marco estatutario a la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades profesionales y otras reformas dirigidas a conseguir que la estructura colegial se haga más representativa en sus órganos esenciales de gobierno y en su funcionamiento.
El proyecto normativo se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La aprobación de estos Estatutos corresponde al Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de marzo de 2018,
Se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior cuyo texto se inserta a continuación.
Queda derogado el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior.
La regulación contenida en los Estatutos aprobados mediante este real decreto se entenderá sin perjuicio de la que, al amparo de sus competencias en la materia, aprueben las comunidades autónomas para los Colegios y Consejos que se constituyan en sus respectivos ámbitos territoriales.
Disposición final tercera. Revisión y adaptación de normativa.
b) El Consejo Superior de Colegios procederá a adaptar en lo necesario el Código Deontológico de Actuación Profesional de los Arquitectos y la restante normativa de su competencia.
Dado en Madrid, el 16 de marzo de 2018.
Título preliminar. La organización colegial.
Título I. Los Colegios Oficiales de Arquitectos.
Sección 2.ª Órganos generales.
Sección 3.ª Órganos territoriales.
Sección 4.ª Régimen electoral.
Sección 5.ª Otras organizaciones profesionales.
Capítulo III. Incorporación a los Colegios.
Capítulo IV. Derechos y deberes de los colegiados.
Capítulo V. Competencias colegiales en relación con la actividad profesional.
Capítulo VII. Régimen económico y patrimonial.
Título II. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Capítulo III. Régimen del Consejo Superior.
Sección 1.ª Régimen jurídico.
Sección 3.ª Régimen de gestión administrativa.
Sección 4.ª Ventanilla única.
Título III. Otras disposiciones.
1. Los Colegios Oficiales de Arquitectos son corporaciones de derecho público constituidas con arreglo a la Ley e integradas por quienes ejercen la profesión de arquitecto, así como por los titulados que, sin ejercerla, se hallen voluntariamente incorporados a los mismos.
b) Ordenar, en el marco de las leyes y la normativa reglamentaria de aplicación, el ejercicio profesional, garantizando el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
d) Representar con exclusividad a nivel institucional a la profesión, atendiendo a su colegiación obligatoria, y defender los intereses generales de la profesión, en particular en sus relaciones con los poderes públicos.
g) Proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.
1. La estructura colegial se fundamenta en el principio general de coincidencia y ajuste con la organización territorial del Estado, en Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. El ámbito territorial de cada Colegio será el que determine la norma de su creación dentro de los límites previstos en la legislación autonómica o, en su defecto, con ámbito provincial o insular como mínimo. Los distintos Colegios de Arquitectos serán únicos en sus respectivos ámbitos territoriales.
3. Cuando se trate de un Colegio con demarcación superior a la de una Comunidad Autónoma, la segregación del ámbito correspondiente al de una de ellas para constituir el Colegio respectivo requerirá únicamente, por lo que al régimen interno corporativo se refiere, el acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los colegiados residentes en dicho ámbito reunidos en Asamblea convocada a este efecto previa comunicación al Colegio para su conocimiento.
4. Salvo otros requisitos en su caso dispuestos por la legislación aplicable, los nuevos Colegios se entenderán constituidos con la toma de posesión de sus órganos de gobierno debidamente elegidos.
d) Fijar el Código Deontológico general de la profesión de Arquitecto, en el marco de la normativa aplicable.
e) Proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de arquitectura.
a) Llevar la relación al día de sus colegiados donde constará como mínimo el testimonio auténtico del título, la fecha de alta, el domicilio profesional y el de residencia, la firma actualizada y cuantas incidencias o impedimentos afecten a la habilitación para el ejercicio profesional. El Registro General Consolidado de Arquitectos será de acceso público para los usuarios.
b) Llevar el registro de las sociedades profesionales de Arquitectos con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Profesionales.
c) Recabar de los colegiados y demás ejercientes en su ámbito territorial los datos necesarios para el ejercicio de las competencias contempladas en el capítulo V del presente Título.
d) Certificar los datos del registro a petición de los interesados o a requerimiento de las autoridades competentes.
e) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y de las Administraciones públicas, conforme a las Leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos o designarlos directamente, según proceda.
d) Informar, con arreglo a las leyes y cuando no corresponda al Consejo Autonómico, los proyectos de disposiciones de ámbito autonómico que regulen o afecten directamente a las atribuciones profesionales o a las condiciones de actividad de los arquitectos, sin perjuicio de las competencias básicas del Estado en esta materia.
c) Adoptar medidas conducentes a evitar y perseguir ante los Tribunales el intrusismo profesional.
d) Visar los trabajos profesionales de los arquitectos, cuando así se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, y en aquellos trabajos contemplados en el Real Decreto 1000/2010, de 5 agosto, de visado colegial obligatorio.
e) Adoptar las medidas conducentes a impedir la competencia desleal entre los arquitectos.
f) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los arquitectos y en su caso sobre las sociedades profesionales que incumplan sus deberes colegiales o profesionales, tanto legales como deontológicos.
g) Velar por el respeto a los derechos de propiedad intelectual de los arquitectos.
h) Establecer, en el ámbito de su competencia, normativas sobre la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
d) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, en el ámbito nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
f) Elaborar criterios orientativos para el cálculo de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de costas judiciales.
k) Establecer un servicio de atención para la tramitación y resolución de cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier usuario que contrate los servicios profesionales, así como por otros colegiados, las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
A través de este servicio los Colegios resolverán sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
l) Disponer en su página Web del acceso al servicio de Ventanilla Única, previsto en el capítulo III del título II de los presentes Estatutos (artículos 70, 71 y 72), para posibilitar que los arquitectos puedan realizar todos los trámites necesarios para las altas y bajas de colegiación y su ejercicio profesional y ofrecer a los clientes y usuarios la información que soliciten.
m) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
n) Prestar servicios de asesoramiento individual y voluntario sobre las condiciones de contratación de los servicios profesionales de los arquitectos, procurando la mejor definición y garantía de las obligaciones y derechos.
a) Elaborar los Estatutos particulares y sus modificaciones previo informe del Consejo Superior de Colegios acerca de su compatibilidad con los presentes, y con la intervención que, en su caso, proceda por parte del Consejo Autonómico respectivo.
a) Elaborar los Estatutos particulares y toda disposición colegial de carácter general.
c) Elaborar y publicar la memoria anual, que deberá contener al menos la información legalmente exigida, a la que hace referencia el artículo 69 de estos Estatutos.
d) Acordar las altas, bajas y suspensiones de colegiación y ordenar o autorizar la anotación de cuantas otras incidencias deban constar en el registro.
e) Resolver los expedientes disciplinarios, así como los recursos que se interpongan contra actos colegiales.
f) Organizar todas las elecciones para la provisión de cargos.
g) Ejercer la representación general del Colegio concediendo, en su caso, las oportunas delegaciones en favor de los órganos territoriales.
h) Las funciones de control colegial sobre la actividad profesional de los arquitectos, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación en los órganos territoriales.
1. La Asamblea General, integrada por los Arquitectos colegiados, es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio. La participación en la Asamblea será personal, pudiendo ser por representación si así se establece en el Estatuto particular.
c) Solo podrán tomarse acuerdos sobre los asuntos que figuren en el orden del día. En el punto de ruegos, preguntas y proposiciones podrá acordarse, en su caso, la toma en consideración de asuntos para su incorporación al orden del día de una futura Asamblea.
a) Reconocimiento explícito del Código Deontológico de los Colegios de Arquitectos, sin perjuicio de las precisiones que en desarrollo de la misma puedan adoptar en atención a sus específicos fines, y sujeción a la autoridad de los órganos de gobierno del Colegio.
3. Los Colegios podrán designar a un miembro de entre sus colegiados por acuerdo de su Junta de Gobierno para formar parte de los órganos directivos de las Uniones de ámbito estatal en el caso de que no tengan constituidas la agrupación correspondiente.
1. El deber de colegiación, cuando venga establecido por ley estatal para el ejercicio de la profesión, exige la incorporación del arquitecto como colegiado en el Colegio en cuyo ámbito tenga su domicilio profesional, único o principal, para ejercer en todo el territorio español. Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación ninguna.
2. En el caso de Arquitectos que se desplacen en libre prestación de servicios y estén legalmente establecidos en Estados miembros de la UE u otros países europeos en los que sea aplicable la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el régimen aplicable será el que se especifica en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que constituye la Trasposición en el ordenamiento español de dicha Directiva. Concretamente, en el caso de desplazamiento de estos Arquitectos, la remisión por la autoridad competente, fijada en dicho Real Decreto, de la declaración previa del Arquitecto y su documentación adjunta al Consejo Superior y al Colegio de destino constituirá una inscripción temporal automática en dicho Colegio y supondrá el sometimiento del Arquitecto interesado a las disposiciones disciplinarias vigentes, siempre que tal desplazamiento llegue finalmente a realizarse.
a) Poseer la titulación legalmente requerida para el ejercicio en España de la profesión de arquitecto, adecuados a la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto; así como aquellos verificados al amparo de la Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, y por el Real Decreto 4/1994, de 14 de enero, por el que se establece el título universitario oficial de Arquitecto y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél y por otras disposiciones anteriores en vigor.
d) Abonar la correspondiente cuota de inscripción o colegiación.
La condición a), cuando no fuere accesible para el Colegio su verificación por los medios de cooperación interadministrativa, deberá acreditarla el interesado mediante certificación que acredite la superación por el interesado de los estudios correspondientes y el pago de los derechos de expedición del título. En caso de tratarse de titulación extranjera se aportará, además, la documentación acreditativa de su homologación o reconocimiento en España a efectos profesionales. Si se tratase de nacionales de terceros países la colegiación se entenderá sin perjuicio de la necesidad de cumplir los requisitos exigidos por la normativa sobre extranjería e inmigración para el establecimiento y trabajo de los extranjeros en España.
Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática.
2. Las Juntas de Gobierno resolverán las solicitudes de colegiación en el plazo de un mes, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan las condiciones fijadas en el apartado anterior. El transcurso del plazo para resolver podrá dejarse en suspenso, por una sola vez y durante un plazo máximo de un mes, en virtud de requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud presentada o para efectuar las comprobaciones que fueran necesarias a fin de verificar la legitimidad y suficiencia de la documentación aportada. Las solicitudes efectuadas por profesionales con nacionalidad o titulación de Estados terceros requerirán informe del Consejo Superior, en estos supuestos el plazo máximo de resolución será de un mes. En este trámite de informe, el Consejo Superior verificará que la documentación aportada corresponde a la requerida por la normativa aplicable.
La colegiación se entenderá producida por acto presunto, respecto de las solicitudes deducidas en debida forma, una vez transcurrido el plazo máximo previsto en el párrafo anterior sin que haya recaído y sido notificada resolución expresa alguna.
3. Los Colegios no podrán exigir a los arquitectos colegiados que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquéllas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.
La incorporación a los Colegios de titulados procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea se atendrá a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el régimen aplicable será el que se especifica en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que constituye la trasposición en el ordenamiento español de dicha Directiva; o bien teniendo en cuenta el procedimiento para la homologación establecido en el Real Decreto 976/2014, de 21 de noviembre.
Los arquitectos pierden la condición de colegiado causando baja en el Colegio correspondiente:
La baja voluntaria en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída por hechos acaecidos durante el período de alta. En tal supuesto deberá seguir tramitándose el expediente disciplinario hasta su resolución y la sanción que eventualmente pueda imponerse, quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en el Colegio.
1. La incorporación a un Colegio confiere a todo arquitecto los derechos y le impone los deberes inherentes a la condición de colegiado.
3. La condición de colegiado, que se adquiere por la incorporación a un Colegio, es una categoría única, teniendo todos los colegiados los mismos derechos y deberes. Los Colegios podrán establecer distintas modalidades de pago de las cuotas colegiales, en función de las singularidades del ejercicio profesional. La cuota de inscripción o cuota de primera colegiación, no podrá superar, en ningún caso, los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
4. Los Estatutos Particulares de los Colegios, podrán regular situaciones de relación al Colegio, distintas de la colegiación, tales como: la del precolegiado, referida a estudiantes de Arquitectura, o similares; así como con personas físicas o jurídicas, que contribuyan a la defensa y promoción de la Arquitectura. En ningún caso estas situaciones supondrán adquirir la condición de colegiado, ni los derechos y deberes correspondientes.
b) El colegiado tiene derecho a dirigirse a los órganos de gobierno formulando peticiones o quejas, sin perjuicio de presentar las quejas o reclamaciones a través del servicio creado al efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
1. Son deberes de todo arquitecto colegiado:
e) Presentar los documentos profesionales que autorice con su firma para su visado, cuando ello sea preceptivo de acuerdo con la normativa vigente o, en otro caso, cuando lo soliciten expresamente los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales.
f) Observar las incompatibilidades profesionales y causas de abstención legal o deontológicamente establecidas. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, serán solo los que se establezcan por ley.
2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y colegial del arquitecto, constituyendo su observancia el objeto propio de las potestades colegiales reguladas en los capítulos V y VIII.
Artículo 28. Gestión colegial de cobro.
2. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria, que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español.
Artículo 30. Visado.
1. Corresponde a los Colegios de Arquitectos, en su ámbito territorial, la función de visado colegial, en los términos y conforme a lo dispuesto en los artículos 5.q) y 13 de la Ley de Colegios Profesionales, el RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio y demás normativa aplicable.
2. Cuando se trate del visado de trabajos profesionales a cargo de una sociedad profesional debidamente inscrita en el Registro colegial de Sociedades Profesionales, el mismo podrá expedirse, a elección de la sociedad profesional, bien a favor de ésta, bien a favor del arquitecto o arquitectos colegiados que se responsabilicen del trabajo.
Artículo 31. Control técnico de proyectos.
Los Colegios podrán establecer servicios de carácter voluntario a disposición de los arquitectos y de sus clientes para el control de calidad técnica de los trabajos profesionales.
Asimismo, los Colegios podrán establecer con las Administraciones Públicas convenios o contratos de servicios de comprobación documental, técnica o sobre cumplimiento de normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.
Artículo 32. Sustitución de arquitectos.
La sustitución de un arquitecto por otro en la realización de un mismo trabajo profesional requiere la comunicación al Colegio en el momento en que se produce. Cuando lo sea en la dirección facultativa de una obra en curso de ejecución, la comunicación del arquitecto cesante deberá acompañarse de certificación que refleje el estado de las obras realizadas bajo su dirección y la documentación técnica correspondiente.
Artículo 33. Ejercicio profesional bajo forma societaria.
1. Los Arquitectos podrán ejercer su profesión conjuntamente con otros colegiados bajo cualesquiera formas lícitas reconocidas en Derecho. También podrán, en su caso, ejercer conjuntamente su profesión con profesionales de otras disciplinas. Si la actividad profesional se desarrolla bajo forma societaria, estará sujeta a los términos prevenidos en la vigente Ley de Sociedades Profesionales y en el resto de la legislación societaria mercantil.
2. Las sociedades profesionales de las que formen parte Arquitectos como socios profesionales, se inscribirán obligatoriamente, después de su inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Arquitectos correspondiente. La sociedad profesional deberá estar inscrita en dicho registro para poder realizar actividades profesionales bajo su razón o denominación social. Únicamente podrá ejercer la Sociedad profesional las actividades profesionales que constituyen su objeto social a través de personas colegiadas en el Colegio de la profesión correspondiente.
Los Colegios comunicarán al Consejo Superior todas las inscripciones practicadas a los efectos de su anotación en el Registro Central de Sociedades Profesionales.
3. La inscripción de la sociedad profesional en el Registro colegial correspondiente supone la incorporación de la Sociedad al Colegio y su sujeción a las competencias que la Ley de Colegios Profesionales y los presentes Estatutos Generales atribuyen a los Colegios sobre los profesionales incorporados a los mismos.
4. Los Registros colegiales de sociedades profesionales se regirán por las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades Profesionales y los presentes Estatutos Generales y, en desarrollo de éstos, por la normativa común aprobada por el Consejo Superior de Colegios.
5. Las sociedades profesionales constituidas como tales de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea serán reconocidas en España en los términos y a los efectos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
6. La baja de la sociedad profesional en el Registro colegial, salvo si se debe al traslado de su domicilio a otra demarcación colegial, irá precedida de la acreditación ante el Colegio correspondiente de la baja en el Registro Mercantil como tal sociedad profesional o la acreditación de un cambio del objeto social que excluya el ejercicio de la Arquitectura.
Artículo 34. Derechos y obligaciones de las sociedades profesionales.
La sociedad profesional debidamente inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales será titular de los derechos y obligaciones que reconoce el capítulo IV del título I de estos Estatutos Generales, con excepción de los derechos electorales y de participación en órganos colegiales que se reservan exclusivamente a los colegiados personas físicas.
b) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto resulte aplicable.
c) Los presentes Estatutos Generales.
d) Sus Estatutos particulares, Reglamentos de régimen interior y acuerdos de alcance general que se adopten para su desarrollo y aplicación.
Salvo exención legal, los acuerdos, decisiones o recomendaciones de los Colegios deberán observar los límites establecidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
c) Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos o documentos obrantes en sus archivos, o de copias de documentos por ellos producidos. Los ingresos derivados del ejercicio de la función de visado, tanto en el caso del visado obligatorio como del visado voluntario o de otras funciones encomendadas al Colegio por disposiciones legales o reglamentarias.
e) Las contribuciones económicas de los arquitectos y de las sociedades profesionales con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
a) Las cuotas de inscripción o colegiación, que no podrán superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación correspondiente.
c) Las cantidades que en su caso se establezcan por el uso individualizado de los servicios colegiales. El cobro por servicios deberá hacerse con arreglo a condiciones aprobadas por la Asamblea General.
2. A los ejercientes pertenecientes a otro Colegio no podrán imponérseles cuotas fijas ni asignárseles contribuciones económicas distintas a las de los colegiados por ningún otro concepto.
1. Los Colegios sancionarán disciplinariamente las acciones y omisiones de los colegiados y, en su caso, de las sociedades profesionales que vulneren las disposiciones reguladoras de la profesión, los Estatutos y Reglamentos colegiales o del Código Deontológico de actuación profesional. Para la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo se tendrá en cuenta la regulación del procedimiento sancionador general, previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de la colegiación, la potestad disciplinaria corresponderá al Colegio del territorio en el que se realice la actuación profesional.
4. Corresponde al Consejo Superior de Colegios la imposición de sanciones por cualquier causa a los miembros del Pleno de Consejeros mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos, aun cuando los expedientes se hubiesen incoado con anterioridad al inicio de sus mandatos. Serán también de la competencia del Consejo los expedientes que se iniciaren o hubieren de resolverse una vez concluidos los mandatos, siempre que tengan por objeto actuaciones relacionadas directamente con el ejercicio de las respectivas funciones.
2. El órgano titular de la función disciplinaria, a la vista de los antecedentes disponibles, y previa, en su caso, la información sucinta que se precise, podrá acordar el archivo de las actuaciones o disponer la apertura de expediente designando, en este caso, a un instructor. El acuerdo de apertura de expediente se notificará al arquitecto o arquitectos expedientados.
a) Ejercicio de la profesión sin cumplir los requisitos para realizar actuaciones profesionales encontrándose inhabilitado o suspendido en dicho ejercicio.
c) Realización de actividades profesionales que incurran en incompatibilidad por razón del cargo o función desempeñados, o en asociación o colaboración con quienes se encuentren afectados por dicha incompatibilidad.
d) Actuaciones con infracción de la normativa legal reguladora de la leal competencia entre los profesionales, cuando hayan sido establecidas por sentencia judicial firme.
e) Sustitución de compañeros en trabajos profesionales sin cumplimentación de comunicación al Colegio en el momento que se produce.
g) Incumplimiento de los deberes profesionales del arquitecto.
j) Actuaciones públicas en notorio desprestigio de la profesión o de otros profesionales, o con menosprecio de la autoridad legítima del Colegio. Se entiende por actuación pública la que tiene como destinatarios a un conjunto indeterminado de receptores, valiéndose para ello de cualquier medio, ya sea telemático, escrito u oral.
l) Incumplimiento de la obligación de poner a disposición de los destinatarios del servicio profesional la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
m) Actuaciones profesionales, salvo por mandato judicial expreso o acuerdo entre las partes afectadas, en obras de reparación o subsanación derivadas de causas litigiosas en las que hubiera actuado como perito.
n) La actuación de una sociedad profesional en la que participen arquitectos sin estar inscrita en el Registro de Sociedades profesionales del Colegio correspondiente o incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa de los Registros de Sociedades profesionales.
ñ) Ofertar, difundir o establecer relaciones laborales con otros arquitectos cuando incumplan la legislación vigente en materia laboral, y sea determinado por resolución firme de los órganos competentes. No podrán encubrirse relaciones laborales bajo otras formas de contratación.
4. Son infracciones leves las infracciones comprendidas en el apartado 2 de este artículo que revistan menor entidad por concurrir conjuntamente falta de intencionalidad, escasa importancia del daño causado y ánimo diligente de subsanar la falta o remediar sus efectos. Por el contrario, las faltas calificables en principio como leves, serán graves cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 3 de este artículo.
En concreto, serán consideradas como infracciones leves:
a) Ofender levemente en cualquier comunicación privada oral o escrita a un arquitecto siempre que no haya trascendido la ofensa.
b) Ofender en comunicaciones y manifestaciones públicas al cliente que puedan causarle daño en sus intereses o desprestigio.
c) No atender con la debida diligencia los requerimientos colegiales, comunicaciones y visitas de otros compañeros o clientes.
d) No comunicar oportunamente al Colegio el cambio de domicilio profesional o cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquél.
e) No consignar adecuadamente en los expedientes administrativos la identificación personal, el Colegio al que estuviese incorporado y el número de colegiado.
f) No atender a los requerimientos derivados de la obligación de visado colegial con la diligencia debida cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.
g) Cualesquiera otros incumplimientos de lo previsto en el presente Estatuto General o en el Código deontológico, cuando no constituyan infracción grave o muy grave.
3.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta seis meses o, en su caso, inhabilitación por el mismo plazo para el desempeño de cargos colegiales.
4.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo entre seis meses y un día y un año o, en su caso, inhabilitación por el mismo plazo para el desempeño de cargos colegiales.
5.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo entre un año y un día y dos años o, en su caso, inhabilitación por el mismo plazo para el desempeño de cargos colegiales.
6.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo entre dos años y un día y cuatro años o, en su caso, inhabilitación por el mismo plazo para el desempeño de cargos colegiales.
7.ª Expulsión del Colegio o, en su caso, inhabilitación permanente para el desempeño de cargos colegiales.
2. Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones descritas en el apartado anterior con las siguientes especialidades:
a) Las sanciones 3.ª a 6.ª conllevarán simultáneamente la baja de la sociedad en el Registro de Sociedades Profesionales por el mismo período de su duración;
b) La séptima de las sanciones consistirá en la baja definitiva del Registro de Sociedades Profesionales con prohibición indefinida de ejercicio profesional; y
c) No resultará de aplicación la sanción accesoria descrita en el artículo 49.2 de estos Estatutos.
3. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1.ª y 2.ª, a las graves las sanciones 3.ª, 4.ª y 5.ª, y a las muy graves, las sanciones 6.ª y 7.ª.
4. Las sanciones que se impongan a los arquitectos por cualquier Colegio de Arquitectos, surtirán efectos en todo el territorio español.
5. Todas las sanciones impuestas, una vez firmes, habrán de llevarse al Registro de colegiados, a los efectos de la constancia de la situación de la habilitación profesional del arquitecto.
Para el cumplimiento de los fines que se le asignan en el artículo 6, el Consejo Superior, en el ámbito de sus competencias, y sin menoscabo de las que corresponden a los Colegios y Consejos Autonómicos, ejercerá las siguientes funciones:
e) Elaborar y aprobar normativas comunes en los supuestos previstos en los artículos 20.3 y 33 de estos Estatutos, así como en aquellos otros, pertenecientes a las funciones de ordenación de los Colegios, en que así se decida con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los fines esenciales del propio Consejo.
h) Ejercer la potestad disciplinaria en los supuestos que se contemplan en el artículo 44.4.
i) Informar las solicitudes de incorporación a los Colegios que se produzcan con base en titulaciones expedidas por Estados no miembros de la Comunidad Europea, en función de la normativa aplicable y acordar las directrices generales sobre los medios para facilitar el conocimiento del Código Deontológico y de la legislación en materia de edificación por parte de dichos titulados.
a) Llevar el Registro General de Arquitectos y el Registro Central de Sociedades Profesionales formados por consolidación de los Registros colegiales debidamente actualizados.
e) Elaborar estadísticas y estudios sobre la profesión con base en los datos proporcionados por los Colegios. Las estadísticas deberán incluir la variable sexo.
g) Asegurar la debida comunicación y cooperación entre los Colegios para el mejor ejercicio de sus funciones, en particular respecto de las actuaciones profesionales de los arquitectos en ámbitos territoriales distintos al de su colegiación.
h) Coordinar y mantener el servicio de Ventanilla Única previsto en los artículos 70 y 71 de los presentes Estatutos.
Son órganos del Consejo Superior:
5. Los Colegios constituidos que no sean coincidentes en su ámbito territorial con el de sus respectivas Comunidades Autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía, conservarán su propia representación en el Consejo Superior, mientras no se constituya el Consejo Autonómico de Colegios.
d) Por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria del mes de noviembre, en cuyo caso se celebrará la misma en el mes de marzo siguiente, que no tendrá carácter resolutivo, al no poderse adoptar acuerdos o resoluciones con eficacia jurídica.
c) Aprobar el Código Deontológico General de la Profesión.
g) Otorgar el refrendo a las candidaturas que se presenten para los cargos electivos del Consejo Superior, referidos en el artículo 61.1.
1. La Asamblea General será convocada y presidida por el Presidente del Consejo o quien le sustituya estatutariamente y formarán parte de la Mesa los miembros del Pleno de Consejeros. Quedará constituida en primera convocatoria con la asistencia de la mayoría de sus miembros, o de un 20 por 100 de los mismos en segunda convocatoria, media hora después de la primera.
2. Precisarán quórum de presencia de un tercio de los miembros de la Asamblea, los asuntos que supongan la modificación de Estatutos o del Código Deontológico de la Profesión.
3. Abierta la sesión se procederá a la aprobación del acta de la sesión anterior. Solo podrán formular objeciones quienes hubiesen intervenido en la sesión correspondiente. Las objeciones deberán presentarse por escrito antes del inicio de la sesión, salvo que el acta no hubiera sido repartida con antelación mínima de veinticuatro horas, en cuyo caso se podrán expresar en el mismo acto.
1. El Pleno de Consejeros es el órgano de Gobierno y de dirección del Consejo Superior y titular de sus competencias, salvo las expresamente atribuidas a los demás órganos por estos Estatutos.
2. El Pleno está integrado por miembros electivos: el Presidente, el Secretario General, el Vicepresidente y el Tesorero; y por miembros natos: los Decanos de los Colegios de ámbito autonómico o pluriprovincial y los Presidentes de los Consejos Autonómicos. El Secretario General se integra en el Pleno de Consejeros con voz pero sin voto. Todos ellos, salvo el Secretario General, tendrán la condición de Consejeros. El Vicepresidente y el Tesorero, cuando no tengan la condición de Decanos de Colegios o Presidentes de Consejos Autonómicos de Colegios, se integrarán en el Pleno de Consejeros con voz pero sin voto y sin la condición de Consejeros.
3. Los cargos de Presidente y Secretario General son incompatibles con los de Decano o Presidente de Consejo Autonómico de Colegios. Los cargos de Vicepresidente o Tesorero son compatibles con la condición simultánea de Decano o Presidente de Consejo Autonómico.
4. Los cargos de Presidente, Secretario General, Vicepresidente y Tesorero del Consejo Superior tendrán una duración de mandato de 4 años, iniciándose el 1 de enero y no pudiendo ser reelegidos consecutivamente más de una vez. Las vacantes que se produzcan con anterioridad a la expiración del mandato se proveerán mediante elección del Pleno de Consejeros por el tiempo que reste hasta la renovación ordinaria que corresponda.
5. En los casos de ausencia justificada, los Consejeros podrán otorgar su representación al miembro de sus respectivas Juntas de Gobierno que expresamente designen al efecto.
6. Los Decanos de los Colegios integrados en Consejos Autonómicos de Colegios, tienen el derecho de asistir e intervenir en las sesiones del Pleno de Consejeros, con voz pero sin voto.
Cada Consejero podrá hacerse asistir en las reuniones por un adjunto designado por él entre los miembros de su Junta de Gobierno. El adjunto consumirá turno de intervención en los debates cuando el Consejero renuncie en su favor. También podrá hacerse acompañar para determinados temas, por un experto que únicamente podrá intervenir en el debate si es autorizado expresamente por el Presidente.
7. Un Reglamento regulará, en primer lugar, el régimen y funcionamiento de las sesiones del Pleno de Consejeros, en el que se incluirá la participación de Decanos de Colegios, adjuntos y expertos y, en segundo lugar, el régimen de votaciones.
4. La sesión se iniciará con la aprobación del orden del día, que podrá ser ampliado con aquellos asuntos que revistan urgencia apreciada por dos tercios de los presentes. No obstante, si se tratase de temas que afecten específicamente a un Colegio o Consejo Autonómico, la ampliación del orden del día requerirá la presencia y conformidad del Consejero afectado o su representante. El Presidente podrá alterar el orden de tratamiento de los asuntos.
6. Tendrán derecho de voto todos los miembros del Pleno presentes o debidamente representados, salvo el Secretario General que intervendrá con voz pero sin voto. El Vicepresidente y el Tesorero, cuando no tengan la condición de Consejeros, podrán intervenir con voz pero sin voto.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que a petición de un Consejero se solicite que el recuento contemple una doble mayoría, que requerirá, en primer término, la mayoría simple de los Consejeros; y una vez que se produzca dicha mayoría, será necesario que concurra la mayoría de asambleístas conforme a la representatividad correspondiente a cada uno de los Colegios y Consejos Autonómicos que viene materializada en sus respectivos Consejeros.
Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, los acuerdos relativos a las funciones relacionadas en los apartados 2.a), 2.d) 2.e) y 2.f) del artículo 51 o al supuesto contemplado en el artículo 62, para los que se requerirá el voto favorable de los 2/3 de los miembros del Pleno.
2. La elección para renovación ordinaria del Presidente se convocará en el mes de septiembre del año anterior al de inicio del mandato.
3. El cargo de Presidente estará remunerado con la asignación que se fije en los presupuestos del propio Consejo.
4. En ausencia, enfermedad o vacante del Presidente, le suplirá provisionalmente en sus funciones el Vicepresidente o Vicepresidentes por su orden, o, en su defecto, el Consejero de mayor edad salvo que el Pleno designe expresamente a otro Consejero. El Presidente podrá delegar su representación en otros miembros del Pleno con carácter temporal y para fines específicos.
f) Ejercer las funciones de autoridad competente y de gestión de la ventanilla única en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Los requisitos de los candidatos y el régimen de incompatibilidades y vacante serán idénticos a los del Presidente, salvo la antigüedad mínima en el ejercicio profesional que será de cinco años y la suplencia provisional de sus funciones que corresponderá al Consejero presente más joven.
Artículo 61. Procedimiento electoral para la provisión de cargos electivos del Consejo Superior.
1. Los cargos de: Presidente, Secretario General, Vicepresidente y Tesorero, serán elegidos por los Decanos de los Colegios de ámbito autonómico y pluriprovinciales y Presidentes de los Consejos Autonómicos de Colegios que forman parte del Pleno de Consejeros.
2. Para la provisión de los expresados cargos del Consejo Superior por elección, deberán formalizarse candidaturas que incluyan todos los cargos mencionados, en candidaturas completas, cerradas y bloqueadas. No podrá ser admitida una candidatura que no contemple la provisión de todos los cargos de Presidente, Secretario General, Vicepresidente y Tesorero.
3. Las candidaturas deberán venir avaladas por, al menos, dos Colegios y ser refrendadas por la Asamblea General mediante el oportuno acuerdo y siempre que los candidatos acepten su candidatura y cumplan los requisitos de: ser nacionales de un país de la Unión Europea y arquitectos colegiados en España, con 10 años de antigüedad como mínimo para el cargo de Presidente y de 5 años de antigüedad para los cargos de Secretario General, Vicepresidente y Tesorero; y no haber sufrido sanción disciplinaria, salvo que hubiera sido cancelada.
4. La Asamblea General se constituirá para proceder al refrendo de las candidaturas. En dicha sesión las candidaturas deberán exponer sus propuestas y programas, que serán objeto de debate por la Asamblea. Las propuestas y programas habrán de ser remitidas, con una antelación de 15 días, a los asambleístas que podrán formular observaciones a los candidatos sobre sus programas y condiciones de idoneidad. Para que se pueda entender refrendada por la Asamblea una candidatura deberá obtener, al menos, el voto afirmativo del 1/3 parte de los miembros de la Asamblea General.
5. La elección tendrá lugar el mismo día de la sesión de la Asamblea General, participando en la votación los Decanos de los Colegios Autonómicos y pluriprovinciales y los Presidentes de Consejos Autonómicos de Colegios. La elección se efectuará por votación secreta requiriéndose mayoría absoluta en primera vuelta. De no alcanzarse se procederá a una segunda vuelta entre las dos candidaturas que hubiesen obtenido más votos, bastando entonces la mayoría simple. Los empates que se produjesen en cualquiera de ambas vueltas se dirimirán mediante votaciones adicionales por mayoría simple.
El cómputo de las mayorías requeridas, tanto para la primera vuelta, como en su caso para la segunda o sucesivas vueltas, contemplará el recuento de doble mayoría: mayoría simple; y la concurrencia asimismo de mayoría en la representación de asambleístas que ostente y correspondan a cada uno de los Colegios y Consejos Autonómicos, que se materializa en los Decanos de los Colegios Autonómicos y Pluriprovinciales y Presidentes de Consejos Autonómicos.
a) La legislación estatal en materia de Colegios Profesionales.
b) El resto del ordenamiento jurídico que le resulte aplicable.
c) Estos Estatutos Generales y el Reglamento de régimen interior que, en su caso, se apruebe para el desarrollo del presente Título II.
2. Los recursos contemplados en este artículo se interpondrán en el plazo de un mes desde la publicación o notificación de los acuerdos y deberán ser resueltos, en el caso del recurso de alzada, en el término de tres meses y en el caso del recurso de reposición, en el plazo de un mes desde su interposición, salvo las dilaciones que su debida tramitación justifique. Transcurrido dicho término sin que se hubiese producido resolución, podrán los interesados entender desestimados sus recursos salvo en aquellos supuestos en que, con arreglo a la legislación general sobre procedimiento administrativo, proceda entender su estimación presunta.
2. Podrá acumularse la totalidad o parte del superávit presupuestario, una vez aprobado, en un Fondo de reserva para contingencias extraordinarias o agilización de pagos corrientes. El superávit no incorporado al Fondo de reserva y el déficit presupuestario, en su caso, una vez aprobados, se incluirán en los estados de ingresos y gastos del presupuesto siguiente a su aprobación.
3. Un reglamento regulará el funcionamiento y los criterios para la disposición del Fondo de reserva.
Sección 3.ª Régimen de gestión administrativa
Artículo 69. Memoria anual.
1. Los Colegios y el Consejo Superior están sujetos al principio de transparencia en su gestión. Para ello, el Pleno de Consejeros del Consejo Superior deberá elaborar una Memoria anual que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios y cargos electos del Consejo Superior en razón de su cargo.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios o sus organizaciones representativas, así como su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno o del Pleno del Consejo Superior.
g) Información estadística sobre la actividad de visado. Los datos se presentarán desagregados territorialmente por Colegios.
3. El Consejo Superior hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el apartado 1 de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.
4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Colegios y los Consejos Autonómicos de Colegios facilitarán al Consejo Superior la información necesaria para elaborar la Memoria Anual.
Sección 4.ª Ventanilla única
Artículo 70. Ventanilla única. Organización.
1. Corresponde al Consejo Superior mantener en funcionamiento la ventanilla única a través de sus medios telemáticos, para asegurar el servicio a los arquitectos colegiados y la información que soliciten los usuarios estableciendo y manteniendo para ello el sistema operativo más idóneo y la plataforma tecnológica que garantice la interoperabilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad.
2. El sistema elegido deberá asegurar la interacción de todos los Colegios y del Consejo Superior y procurar la interoperabilidad con el resto de autoridades competentes previstas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Artículo 71. Ventanilla única. Funciones.
1. Las funciones de la Ventanilla Única, que el Consejo Superior debe mantener y coordinar a través del sistema operativo elegido, se clasifican en dos grupos de servicios, los de información y los de gestión de trámites colegiales. El sistema operativo coordinado por el Consejo Superior debe asegurar la operatividad de todas esas funciones y en particular las de gestión que se refieren a colegiación y visado colegial.
2. El Consejo Superior, a través de la ventanilla única, garantizará la debida coordinación con los Colegios para ofrecer a los arquitectos colegiados la realización de todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto por vía electrónica y a distancia.
3. Concretamente, el Consejo Superior hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los arquitectos colegiados puedan de forma gratuita:
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan consideración de interesados y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Consejo Superior y los Colegios, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Recibir las convocatorias a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y tener conocimiento de la actividad pública y privada del Consejo Superior y de los Colegios.
4. A través de la referida ventanilla única, el Consejo ofrecerá la siguiente información a los usuarios, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al Registro General Consolidado de Arquitectos, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, titulaciones universitarias que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el cliente o usuario y un colegiado o entre el cliente o usuario y los Colegios o el Consejo Superior.
Artículo 72. Desarrollo reglamentario.
El sistema de interconexión entre el Consejo Superior y los Colegios de Arquitectos su estructura y funciones se concretará mediante norma aprobada por el Consejo Superior.
Artículo 73. Principio de no discriminación por razón de género.
1. Se velará por la observancia del principio informador sobre igualdad de trato entre mujeres y hombres, tal y como está establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2. Se hace constar que el lenguaje utilizado en el texto de los presentes Estatutos aplica el género masculino como genérico para designar a ambos sexos.
Artículo 74. Colegios Oficiales de Arquitectos de Ceuta y de Melilla.
1. Las contribuciones económicas a los presupuestos del Consejo Superior de Colegios correspondientes a los Colegios de Ceuta y de Melilla, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 67.2, serán abonadas con arreglo al siguiente criterio:
a) Con cargo a cada uno de dichos Colegios, la cantidad equivalente a una contribución por colegiado igual a la que corresponda, entre los restantes Colegios de Arquitectos, al de menor número de colegiados.
b) Con cargo a los restantes Colegios o Consejos Autonómicos de Colegios, en proporción a sus contribuciones respectivas y como complemento de éstas, el resto de la cantidad adeudada.
2. La representación en la Asamblea General del Consejo Superior correspondiente a dichos Colegios, a tenor del artículo 53.2 b), será de un miembro por cada uno de ellos.
Fecha de disposición: 16/03/2018
DEROGA el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril (Ref. BOE-A-2002-7587).