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Timestamp: 2016-10-21 18:59:13
Document Index: 235494591

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 30', 'Artículo 32', 'artículo 40', 'Artículo 33', 'artículo 10', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 33', 'Artículo 36', 'artículo 34', 'Artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 35', 'Artículo 38', 'artículo 36', 'artículo 37', 'Artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 32', 'artículo 41', 'artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 59', 'artículo 56', 'Artículo 60', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 57', 'artículo 5', 'artículo 59', 'artículo 65', 'artículo 60', 'artículo 67', 'artículo 61', 'artículo 68', 'artículo 62', 'artículo 69', 'artículo 63', 'artículo 70', 'artículo 37', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 149']

LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social	LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Mis Leyes
LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Estado	:
Artículo Primero. Reforma del articulado de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Artículo Segundo. Reforma de la disposición adicional única de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, e introducción de una nueva disposición adicional.
Artículo Tercero. Reforma de Títulos, capítulos y artículos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Código Penal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Validez de los permisos vigentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Normativa aplicable a procedimiento en curso.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Tasas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Artículos con rango de Ley Orgánica.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Reglamento de la Ley.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Información sobre la Ley a organismos y organizaciones interesados.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Habilitación de créditos.
El 12 de enero de 2000 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, habiéndose detectado durante su vigencia aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma.
Al mismo tiempo nuestra normativa debe ser conforme con los compromisos asumidos por España, concretamente, con las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Por otra parte, esta normativa forma parte de un planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio en España que contempla desde una visión amplia todos los aspectos vinculados al mismo, y, por ello, no sólo desde una única perspectiva, como pueda ser la del control de flujos la de la integración de los residentes extranjeros, o la del codesarrollo de los países de origen, sino todas ellas conjuntamente.
La presente Ley Orgánica contiene tres artículos dedicándose el primero a la modificación del articulado de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, mientras que el artículo segundo modifica la disposición adicional única, añadiendo una nueva disposición adicional y el tercero adecua los Títulos y capítulos de la misma a la reforma efectuada.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, conserva su estructura articulada en torno a un Título preliminar dedicado a disposiciones generales y donde aparece concretado el ámbito de aplicación de la misma, cuatro Títulos y se cierra con las oportunas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El Título I recoge los artículos dedicados a los Derechos y libertades de los extranjeros, Título II sobre Régimen Jurídico de los Extranjeros, Título III De las Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionadora y finalmente el Título IV relativo a la Coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración.
La modificación del Título preliminar es una mera mejora gramatical en la definición de los extranjeros conservándose las exclusiones del ámbito de la ley que se establecían en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Respecto a la modificación del Título I, cuyo contenido es especialmente importante, se ha perseguido cumplir el mandato constitucional del artículo 13 que establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I de la misma, en los términos que establezcan los Tratados y la Ley, así como la Jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre; 99/1985, de 30 de septiembre; 115/1987, de 7 de julio, etc.). Se ha conjugado este mandato constitucional con los compromisos internacionales adquiridos por España, especialmente como país miembro de la Unión Europea.
Las modificaciones introducidas a este Título I de la Ley destacan por la preocupación en reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos y libertades.
En el apartado 1 del artículo 3 se establece que, como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.
Con relación al Título II de la Ley Orgánica, relativo al régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros la premisa que ha informado las modificaciones efectuadas sobre su articulado ha sido la de establecer un régimen de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país dentro del marco de la regularidad, frente a la entrada y estancia irregular.
Se ha mantenido la situación de residencia temporal y residencia permanente de los extranjeros introduciéndose la posibilidad de concesión de un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias o circunstancias excepcionales.
Finalmente, se ha modificado para adecuarlo a la normativa vigente sobre tasas, el capítulo IV de este Título, relativo a las tasas por autorizaciones administrativas. El texto de la Ley Orgánica 4/2000 solamente hacía referencia a las tasas por autorizaciones administrativas para trabajar en España.
Respecto al primer punto es necesario destacar dos cuestiones distintas como son las sanciones a las compañías de transporte y las sanciones que van dirigidas contra quienes organizan redes para el tráfico de seres humanos.
Por otra parte, partiendo de que en un Estado de derecho es necesario establecer los instrumentos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las normas, en este caso, de aquéllas que rigen la entrada y permanencia en territorio español, se ha introducido como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en el territorio español, pretendiéndose, con ello, incrementar la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración ilegal, al nivel de otros Estados miembros de la Unión Europea, que cuentan en sus ordenamientos jurídicos con la posibilidad de expulsar a los extranjeros que se encuentran en esta situación, un criterio que se refleja en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere.
Finalmente, respecto al Título IV de la Ley Orgánica relativo a la coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración, se ha revisado la definición del Foro para la Integración Social de los inmigrantes, enfocando la función de consulta, información y asesoramiento de este órgano hacia la integración de los inmigrantes que se encuentran en España, que es uno de los principales objetivos de la Ley.
Los artículos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:
1. El artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:
2. El apartado 1 del artículo 3 se modifica como sigue:
3. El apartado 2 del artículo 5 queda redactado como sigue:
2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.
4. El artículo 6 queda redactado como sigue:
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles residentes en los países de origen de aquellos.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que dispongan los reglamentos de aplicación.
3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio.
5. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado como sigue:
1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.
6. El artículo 8 queda redactado como sigue:
Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.
7. El artículo 9 queda redactado como sigue:
1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite.
3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas.
4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su identidad cultural.
5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación científica de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.
8. El artículo 10 queda redactado como sigue:
1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.
2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las Administraciones públicas.
9. El artículo 11 queda redactado como sigue:
1. Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.
2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer el derecho de huelga.
10. El artículo 13 queda redactado como sigue:
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles.
11. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos con carácter general a los mismos impuestos que los españoles.
12. Los apartados 2 y 3 del artículo 16 quedan redactados como sigue:
13. Se añade un segundo apartado al artículo 17 y el primer apartado del artículo 17 queda redactado como sigue suprimiéndose las letras e) y f) de este artículo, y se añaden dos nuevos artículos con los números 18 y 19:
Los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando esten a su cargo y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.
2. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación y, en especial, del que corresponda a quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación.
1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho deberán solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deberán aportar la prueba de que disponen de un alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia suficientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada.
2. Podrán ejercer el derecho a la reagrupación con sus familiares en España cuando hayan residido legalmente un año y tengan autorización para residir al menos otro año.
3. Cuando se acepte la solicitud de reagrupación familiar, la autoridad competente expedirá a favor de los miembros de la familia que vayan a reagruparse la autorización de residencia cuya duración será igual al período de validez de la autorización de residencia de la persona que solicita la reagrupación.
4. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación por quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación.
1. El cónyuge podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando:
Obtenga una autorización para trabajar.
Acredite haber vivido en España con su cónyuge durante dos años. Este plazo podrá ser reducido cuando concurran circunstancias de carácter familiar que lo justifiquen.
2. Los hijos reagrupados obtendrán una autorización de residencia independiente en los casos siguientes:
Cuando alcancen la mayoría de edad.
Cuando obtengan una autorización para trabajar.
14. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 18, añadiéndose un nuevo apartado y quedando redactados como sigue, en un artículo que pasa a ser 20:
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley.
15. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado como sigue, en un artículo que pasa a ser 21:
16. El artículo 20 queda redactado como sigue, pasando a ser 22:
1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo.
2. Los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan.
17. El artículo 21.2.e) queda redactado en los siguientes términos, pasando a ser artículo 23:
Artículo 23.2.e)
Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
18. El apartado 1 del artículo 23 queda redactado como sigue, pasando a ser 25:
19. El artículo 24 queda redactado como sigue, pasando a ser 26:
2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo y de su derecho a la asistencia letrada que podrá ser de oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo.
20. El artículo 25 queda redactado como sigue, pasando a ser 27:
1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España y habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada.
Excepcionalmente, los visados de estancia podrán ser solicitados y expedidos en el puesto habilitado para la entrada.
3. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana.
4. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados.
5. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio.
La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
21. El apartado 3.c) del artículo 26 queda redactado como sigue, pasando a ser 28:
3.c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.
22. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 27, que figuran como 2 y 3, como sigue, quedando la redacción original de este artículo como apartado 1 del mismo, pasando a ser 29:
2. La residencia temporal y permanente, así como la prórroga de estancia, deberán ser autorizadas por el Ministerio del Interior.
3. Son extranjeros residentes los que hayan obtenido un permiso de residencia temporal o de residencia permanente.
23. Se modifica el apartado 3 del artículo 28 como sigue, introduciéndose un nuevo apartado a este artículo, que figura como 4, pasando a ser 30:
3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses.
24. Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 29, como sigue añadiéndose dos nuevos apartados, con la numeración que corresponde, pasando a ser 31:
2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, o sea beneficiario del derecho a la reagrupación familiar.
Reglamentariamente se establecerán los criterios a los efectos de determinar la suficiencia de los medios de vida a que se refiere el presente apartado.
3. La Administración podrá conceder el permiso de residencia temporal a los extranjeros que en su momento hubieran obtenido tal permiso y no lo hubieran podido renovar, así como a aquellos que acrediten una permanencia en territorio español durante un período mínimo de cinco años.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos para acceder a la residencia temporal por esta vía, en especial por lo que se refiere a la justificación de medios económicos de subsistencia, y permanencia de forma continuada en el territorio español.
4. Podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente.
5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar el permiso de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena.
6. Los extranjeros con permiso de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad y domicilio.
7. Excepcionalmente, por motivos humanitarios o de colaboración con la Justicia podrá eximirse por el Ministerio del Interior de la obligación de obtener el visado a los extranjeros que se encuentren en territorio español y cumplan los requisitos para obtener un permiso de residencia.
Cuando la exención se solicite como cónyuge de residente, se deberán reunir las circunstancias de los artículos 17 y 18 y acreditar la convivencia al menos durante un año y que el cónyuge tenga autorización para residir al menos otro año.
25. El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue, pasando a ser 32:
Artículo 32. Residencia permanente.
2. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque por períodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente hayan abandonado el territorio nacional temporalmente. Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España.
26. El artículo 40 queda redactado como sigue, pasando a ser 33:
Artículo 33. Régimen especial de los estudiantes.
1. Tendrá la consideración de estudiante el extranjero cuya venida a España tenga como fin único o principal el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados laboralmente, en cualesquiera centros docentes o científicos españoles, públicos o privados, oficialmente reconocidos.
2. La duración de la autorización de estancia por el Ministerio del Interior será igual a la del curso para el que esté matriculado.
3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos por el centro de enseñanza al que asiste, habiéndose verificado la realización de los estudios.
No obstante lo dispuesto en el artículo 10.2 de esta Ley, los extranjeros admitidos con fines de estudio podrán ser contratados como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en los términos y condiciones previstos en este artículo.
27. El artículo 31 queda redactado como sigue, pasando a ser 34:
1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine.
2. El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que por cualquier causa insuperable distinta de la apatridia, no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, después de practicada la pertinente información, podrá excepcionalmente obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en algunos de los supuestos del artículo 26.
Los extranjeros que hayan obtenido dicha inscripción y deseen permanecer en España deberán instar la concesión de permiso de residencia válido durante la vigencia del citado documento. También podrán solicitar la concesión de permiso de trabajo por el tiempo señalado, en las mismas condiciones que los demás extranjeros.
Los que deseen viajar al extranjero serán además provistos de un título de viaje.
3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.
28. El artículo 32 queda redactado como sigue, pasando a ser 35:
Artículo 35. Residencia de menores.
1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.
3. La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España.
29. El artículo 33 queda redactado como sigue, pasando a ser 36:
Artículo 36. Autorización para la realización de actividades lucrativas.
1. Los extranjeros mayores de dieciséis años para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, deberán obtener, además del permiso de residencia o autorización de estancia, una autorización administrativa para trabajar.
3. Los empleadores que deseen contratar a un extranjero no autorizado para trabajar deberán obtener previamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La carencia de la correspondiente autorización por parte del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero.
4. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad.
30. El artículo 34 queda redactado como sigue, pasando a ser 37:
Artículo 37. Permiso de trabajo por cuenta propia.
Para la realización de actividades económicas por cuenta propia, en calidad de comerciante, industrial, agricultor o artesano, habrá de acreditar haber solicitado la autorización administrativa correspondiente, cuando proceda, y cumplir todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada y obtener del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la autorización prevista en el artículo 36 de esta Ley.
31. El artículo 35 queda redactado como sigue, pasando a ser 38:
Artículo 38. El permiso de trabajo por cuenta ajena.
1. Para la concesión inicial del permiso de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.
2. El permiso de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio sector o actividad.
3. El permiso de trabajo se renovará a su expiración su
Persiste o se renueva el contrato u oferta de trabajo que motivaron su concesión inicial, o cuando se cuente con una nueva oferta de empleo en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha prestación.
Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma.
Cuando concurran las circunstancias que se establezcan reglamentariamente. A partir de la primera concesión los permisos se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico, sector o actividad.
El artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000, queda sin contenido.
32. El artículo 37 queda redactado como sigue, pasando a ser 39:
El Gobierno, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, las propuestas que le eleven las Comunidades Autónomas y previa audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, establecerá anualmente, siempre que exista necesidad de mano de obra, un contingente para este fin en el que se fijará el número y las características de las ofertas de empleo que se ofrecen a trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España, con indicación de sectores y actividades profesionales. A estos efectos, las propuestas que pueden elevar las Comunidades Autónomas incluirán el número de ofertas de empleo y las características profesionales de los trabajadores.
33. Se añade un nuevo artículo con el número 40 que queda redactado como sigue:
Artículo 40. Supuestos específicos.
No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a:
La cobertura de puestos de confianza en las condiciones fijadas reglamentariamente.
El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con un permiso renovado.
Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.
Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos.
Los que hubieran gozado de la condición de refugiados durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de refugiados por los motivos recogidos en su artículo I.C.5.
Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española.
Los menores extranjeros en edad laboral con permiso de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
Los extranjeros que obtengan el permiso de residencia por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley. Dicho permiso tendrá la duración de un año.
El artículo 38 de la Ley Orgánica 4/2000 queda sin contenido
34. El artículo 39 queda redactado como sigue, pasando a ser 41:
Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados por el Estado, las Comunidades Autónomas o los Entes locales.
Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española.
El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.
Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española.
Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados para el ejercicio de la actividad informativa.
Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado.
Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada.
Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias y confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas.
Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales.
2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción.
3. Asimismo, no tendrán que solicitar la obtención del permiso de trabajo los extranjeros en situación de residencia permanente establecida en el artículo 32 de esta Ley Orgánica.
35. El artículo 41 queda redactado como sigue, pasando a ser 42:
1. El Gobierno regulará reglamentariamente el permiso de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren las Comunidades Autónomas donde se promuevan.
2. Para conceder los permisos de trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.
36. El artículo 42 queda redactado como sigue, pasando a ser 43:
Artículo 43. Trabajadores transfronterizas y prestación transnacional de servicios.
1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para el permiso de trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente.
37. El artículo 43 queda redactado como sigue, pasando a ser 44:
1. Las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Constituye el hecho imponible de las tasas la concesión de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como sus prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:
La expedición de visados de entrada en España.
La concesión de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España.
La concesión de permisos de residencia en España.
La concesión de permisos de trabajo.
La concesión de tarjetas de estudios.
La expedición de documentos de identidad de indocumentados.
38. Se añade un nuevo con el número 45, que queda redactado como sigue:
Las tasas se devengarán cuando se conceda la autorización, prórroga, modificación, o renovación, o cuando se expida el documento.
39. El artículo 44 queda redactado como sigue, pasando a ser 46:
1. Serán sujetos pasivos de las tasas las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44 salvo en los permisos de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario.
2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas por la concesión, renovación, modificación o prórroga del contrato de trabajo.
40. Se añade un nuevo artículo con el número 47, que queda redactado como sigue:
No vendrán obligados al pago de las tasas por la expedición de los permisos de trabajo los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.
41. El artículo 45 queda redactado como sigue, pasando a ser 48:
1. El importe de las tasas se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos competentes.
En la expedición de los visados de entrada en España, la limitación de los efectos del visado al tránsito aeroportuario, la duración de la estancia, el número de entradas autorizadas, así como, en su caso, el hecho de que se expida en frontera. También se tendrán en cuenta en la determinación del importe de esta tarifa los costes complementarios que se originen por la expedición de visados cuando, a petición del interesado, deba hacerse uso de procedimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo urgente, telefax, telegrama o conferencia telefónica.
En la concesión de autorizaciones para la prórroga de estancia en España, la duración de la prórroga.
En la concesión de permisos de residencia, la duración del permiso, así como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estos últimos, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.
En la concesión de permisos de trabajo la duración del permiso, su extensión y ámbito el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario pactado.
En la concesión de tarjetas de estudios, la duración del permiso y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.
En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el carácter individual o colectivo de los permisos, prórrogas, modificaciones o renovaciones.
4. Los importes de las tasas por expedición de visados se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del Derecho comunitario. Se acomodarán asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad.
42. Se añade un nuevo artículo 49, que queda redactado como sigue:
1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes en los distintos Departamentos ministeriales para la concesión de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, y para la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44.
43. El artículo 46 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre la potestad sancionadora, cambia su numeración, convirtiéndose en el artículo 50.
44. El artículo 47 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre tipos de infracciones, cambia su numeración convirtiéndose en el artículo 51.
45. El artículo 48 queda redactado como sigue, pasando a ser 52:
La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.
Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal.
46. El artículo 49 queda redactado como sigue, pasando a ser 53:
Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente.
Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio.
El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
47. El artículo 50 queda redactado como sigue, pasando a ser 54:
Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español siempre que el hecho no constituya delito.
La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.
La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.
El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros.
El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España.
Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto por medio de otra empresa de transporte con dirección al Estado a partir del cual le haya transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión.
3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de asilo ésta le es admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
48. El artículo 51 queda redactado como sigue, pasando a ser 55:
Las infracciones leves con multa de hasta 50.000 pesetas.
Las infracciones graves con multa de 50.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
Las infracciones muy graves con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
En los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c, grave del artículo 53.b, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1.d, el procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo anterior.
5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el supuesto de la letra b del apartado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción.
49. El artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre prescripción de las infracciones y de las sanciones, cambia su numeración, convirtiéndose en el artículo 56.
50. El artículo 53 queda redactado como sigue, pasando a ser 57:
1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b) c) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
2. Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado.
Los que tengan reconocida la residencia permanente.
6. Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, ascendientes e hijos menores o incapacitados a cargo del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y hayan residido legalmente en España durante más de dos años ni las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.
7. Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento por delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, el Juez podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, su salida del territorio español siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si ésta resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador.
No serán de aplicación las previsiones contenidas en el párrafo anterior cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 del Código Penal.
8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.
51. El artículo 54 queda redactado como sigue, pasando a ser 58:
Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.
Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.
5. La devolución acordada en aplicación de la letra a del apartado 2 conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la orden de expulsión quebrantada. Asimismo en este supuesto cuando la devolución no se pudiera ejecutar en él plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.
52. El artículo 55 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre colaboración contra redes organizadas, cambia su numeración, convirtiéndose en el artículo 59.
53. El artículo 56 queda redactado como sigue, pasando a ser 60:
Artículo 60. Retorno.
1. Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible.
La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el momento del retorno.
2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio.
54. El artículo 57 queda redactado como sigue, pasando a ser 61:
1. Durante la tramitación del expediente sancionador en el que se formule propuesta de expulsión, la autoridad gubernativa competente para su resolución podrá acordar, a instancia del instructor y a fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, alguna de las siguientes medidas cautelares:
Residencia obligatoria en determinado lugar.
Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado de resguardo acreditativo de tal medida.
Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas, previas a la solicitud de internamiento.
En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a setenta y dos horas.
Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.
55. El artículo 58 queda redactado como sigue, pasando a ser 62:
1. Cuando el expediente se refiera a extranjeros por las causas comprendidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f) del artículo 53, en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad gubernativa podrá proponer al Juez de Instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto motivado previa audiencia del interesado.
3. Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores. El Juez de Menores previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando también lo estén sus padres o tutores, lo soliciten éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar.
4. La incoación del expediente las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.
56. Se añade un nuevo artículo con el número 63, que queda redactado como sigue:
1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54 así como las a), d) y f) del artículo 53, tendrá carácter preferente.
2. Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado de la propuesta motivada por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
3. En el supuesto de la letra a del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad permiso de residencia temporal por situación de arraigo, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.4 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión continuará la misma, si procede, por el procedimiento establecido en el artículo 57.
57. Se añade un nuevo artículo con el número 64, que queda redactado como sigue:
3. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de asilo hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de asilo.
4. No será precisa la incoación de expediente de expulsión para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la letra e) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud.
58. El artículo 59 queda redactado como sigue, pasando a ser artículo 65:
2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes tanto en vía administrativa como jurisdiccional a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente.
59. Se añade un nuevo artículo con el número 66 que queda redactado como sigue:
Toda compañía empresa de transporte o transportista estará obligado a:
Realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los extranjeros.
Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera aérea marítima o terrestre correspondiente del territorio español, si a éste se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras.
Transportar a ese extranjero bien hasta el Estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión.
60. El artículo 60 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre coordinación de los órganos de la Administración del Estado, cambia su numeración convirtiéndose en el nuevo artículo 67.
61. El artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre el Consejo Superior de Política de Inmigración, cambia su numeración, convirtiéndose en el nuevo artículo 68, añadiéndose un apartado 3 que queda redactado como sigue:
3. El Gobierno complementará y regulará, mediante Real Decreto, la composición funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Superior de Política de Inmigración.
62. El artículo 62 queda redactado como sigue, pasando a ser artículo 69:
63. El artículo 63 queda redactado como sigue, pasando a ser artículo 70:
La disposición adicional única de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que a continuación se relaciona, quedará redactada como sigue, añadiéndose además una disposición adicional segunda:
1. Se añade un nuevo apartado a la disposición adicional única, que, además, pasa a ser la disposición adicional primera:
1. El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de permisos que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse desestimadas.
2. Las solicitudes de prórroga del permiso de residencia, así como la renovación del permiso de trabajo, que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.
2. Se añade una nueva disposición adicional, redactada como sigue:
En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y a las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía en materia de ejecución laboral y en materia de asistencia social, y en concordancia con los mismos se podrán constituir subcomisiones en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en concordancia con lo que prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y residencia de extranjeros que les afecten directamente.
En particular en atención a la situación geográfica del archipiélago canario, a la fragilidad de su territorio insular y a su lejanía con el continente europeo de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía de Canarias, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de extranjeros.
Se modifican los siguientes Títulos, capítulos y artículos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social:
1. El Título I Derechos y libertades de los extranjeros, comprende artículos 3 a 24. El capítulo I, Derechos y libertades de los extranjeros, comprende los artículos 3 a 15. El capítulo II, Reagrupación familiar, comprende los artículos 16 a 19. El capítulo III, Garantías jurídicas, comprende los artículos 20 a 22. El capítulo IV, De las medidas antidiscriminatorias, comprende los artículos 23 y 24.
2. El Título II, Régimen jurídico de los extranjeros, comprende los artículos 25 a 49. El capítulo I, De la entrada y salida del territorio español, comprende los artículos 25 a 28. El capítulo II, Situaciones de los extranjeros comprende los artículos 29 a 35. El capítulo III, Del permiso de trabajo y regímenes especiales, comprende los artículos 36 a 43. El capítulo IV, cuya rúbrica se modifica por la siguiente De las tasas por autorizaciones administrativas, comprendiendo los artículos 44 a 49.
3. El Título III De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, comprende los artículos 50 a 66.
4. El Título IV Coordinación de los poderes públicos, comprende los artículos 67 a 70.
5. El artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000 pasa a ser artículo 24.
Los Ministerios de Justicia y del Interior adoptarán las medidas necesarias para que la Comisión Técnica, constituida en el seno del Ministerio de Justicia para el estudio de la reforma del sistema de penas del Código Penal, examine las modificaciones necesarias en relación con los delitos de tráfico ilegal de personas, en particular en los casos en los que intervengan organizaciones que con ánimo de lucro, favorezcan dicho tráfico.
Se modifica el artículo 89 del Código Penal mediante la adición de este nuevo apartado:
4. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 del Código Penal.
1. Los distintos permisos o tarjetas que habilitan para entrar residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas.
2. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de la solicitud, salvo que el interesado solicite la aplicación de lo previsto en la presente Ley.
3. En su renovación, los titulares de permiso de trabajo B inicial podrán obtener un permiso de trabajo C, y los permisos de trabajo B renovado o C, un permiso permanente. Reglamentariamente se establecerá la tabla de equivalencias con los permisos anteriores a la Ley.
Hasta tanto no se desarrollen las previsiones establecidas en el capítulo IV del Título II, seguirán en vigor las normas reguladoras de las tasas por concesión de permisos y autorizaciones de extranjería, así como sus modificaciones, prórrogas y renovaciones.
El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá los requisitos que permitan sin necesidad de presentar nueva documentación, la regularización de los extranjeros que se encuentren en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley y, en especial, el apartado 4 del artículo único del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2. Queda igualmente derogado el apartado D del artículo 5.III de la Ley 7/1987, de 29 de mayo, de tasas consulares.
1. Tienen carácter orgánico los siguientes preceptos de la Ley 4/2000, según la numeración que establece esta Ley, los contenidos en el Título I, salvo los artículos 10, 12, 13 y 14; del Título II los artículos 25 y 31.2 y del Título III los artículos 53, 54.1 y 57 a 64. Asimismo tienen carácter orgánico las disposiciones adicional segunda, derogatoria y el apartado primero de esta disposición final primera de la presente Ley así como las disposiciones finales primera a tercera de la Ley 4/2000.
2. Los preceptos de la presente Ley, que no tengan carácter orgánico se entenderán dictados al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1 y 2 de la Constitución.
El Gobierno en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley Orgánica, aprobará el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar sobre la aplicación de la normativa anterior que supone la aprobación de esta Ley Orgánica.
Esta Ley Orgánica entrará en vigor al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Disposición derogatoria única (apdo. 1):
Redacción según Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Admitidos a trámite los recursos de inconstitucionalidad nº 1.640/2001, 1.644/2001, 1.668/2001, 1.669/2001, 1.670/2001, 1.671/2001, 1.677/2001, 1.679/2001 y 1.707/2001, promovidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el Parlamento Vasco, el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Diputación General de Aragón, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el Parlamento de Navarra respectivamente. (B.O.E. nº 131, de 1 de junio de 2001).
Se declara extinguido el proceso que fue admitido a trámite por providencia de 22 de mayo de 2001 (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1.670-2001) (BOE nº 44, de 21 de febrero de 2006).
Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de caducidad de expedientes administrativos de expulsión del territorio nacionalEdicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de caducidad de expedientes administrativos de expulsión del territorio nacionalEdicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de expedientes administrativos de sanción pecuniariaEdicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de expedientes administrativos de sanción pecuniariaEdicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de propuestas de resoluciones de expedientes adminis-trativos de sanción pecuniariaOrden 3/2008, de 14 de abril, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se aprueba la relación de ficheros de datos de carácter personal de esta ConsejeríaBases de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Cabo de la Policía LocalConvocatoria pública para cubrir, en régimen de funcionarios de carrera, dos plazas de la categoría de cabo del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante promoción interna y movilidad vertical, vinculada a la Oferta de Empleo Público 2007 del Ayuntamiento de TorrelodonesConvocatoria pública para cubrir dos plazas de cabo del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante promoción interna, vinculada a la Oferta de Empleo Público 2008Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de archivo de expedientes administrativos de expulsión del territorio nacionalModificació número 2 del reglament de les normes de constitució i funcionament de les borses de treball per a la contractació temporal de personal laboral/funcionari interíRESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la Direc ción General de Ordenación y Centros Docentes, sobre el alumnado extranjero en la educación de naturaleza no obligatoriaCorrección de errores de las Bases Generales de Convocatoria para la cobertura de una plaza de la categoría de cabo del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de AjalvirEdicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de resoluciones de caducidad de expedientes administrativos de expulsión del territorio nacionalOrden 1/2011, de 7 de febrero, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se modifica la Orden 3/2008, de 14 de abril, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se aprueba la relación de ficheros de datos de carácter personal de esta ConsejeríaI Plan municipal de convivencia e integración de
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LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social	Trámites