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Timestamp: 2019-11-22 23:56:08
Document Index: 317043529

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 12', 'artículo 5', 'Artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14']

Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común
Publicado en BOIC núm. 103 de 08 de Agosto de 2001 y BOE núm. 207 de 29 de Agosto de 2001
Vigencia desde 08 de Agosto de 2001. Revisión vigente desde 06 de Marzo de 2010 hasta 22 de Abril de 2019
TÍTULO I. DEL DIPUTADO DEL COMÚN Y DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO DEL DIPUTADO DEL COMÚN
Artículo 1 Del Diputado del Común
Artículo 3 Elección
Artículo 4 Propuesta de candidatos y elección del Diputado del Común
Artículo 5 Publicación del nombramiento y toma de posesión
Artículo 6 Relaciones con los órganos del Parlamento
Artículo 7 Estatuto personal del Diputado del Común
Artículo 8 Régimen de incompatibilidades
Artículo 9 Causas de cese
Artículo 10 Suplencia
CAPÍTULO II. DE LOS ADJUNTOS
Artículo 11 Carácter, requisitos, prerrogativas y funciones
Artículo 11-bis (nuevo) De la Adjuntía especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género
CAPÍTULO III. DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE LA JUNTA ASESORA
Artículo 14 De la Secretaría General
Artículo 15 De la Junta Asesora
TÍTULO II. FUNCIONES Y RÉGIMEN DE ACTUACIÓN
Artículo 17 Ámbito de supervisión de la Administración
Artículo 18 Coordinación con el Defensor del Pueblo y otras Instituciones similares
Artículo 19 De la relación del Diputado del Común con la Administración de Justicia
Artículo 20 Exigencia de responsabilidad a autoridades y funcionarios
Artículo 21 Recursos ante el Tribunal Constitucional
CAPÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN
Artículo 22 Inicio de actuaciones
Artículo 23 Continuidad de las funciones
Artículo 24 Requisitos de los escritos de queja
Artículo 25 Admisión de las quejas
Artículo 26 Asuntos pendientes de resolución judicial
Artículo 27 Peticiones y recursos formulados a la Administración
Artículo 29 Impulso de las actuaciones
CAPÍTULO IV. DE LOS ADJUNTOS O LAS ADJUNTAS
Artículo 30 Obligación de colaborar
Artículo 31 Comunicación al afectado y a la Administración
Artículo 32 Denuncia de hechos presuntamente delictivos
Artículo 33 Documentos reservados
Artículo 34 Falta de colaboración
Artículo 35 Informes dirigidos al personal al servicio de la Administración
CAPÍTULO V. DE LAS RESOLUCIONES DEL DIPUTADO DEL COMÚN DE CANARIAS
Artículo 36 Propuestas de modificación de normas o de criterios de producción de actos administrativos
Artículo 37 Sugerencias, advertencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales
Artículo 38 Adopción de medidas por parte de la Administración
CAPÍTULO VI. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Artículo 39 Comunicación a los interesados
Artículo 40 Relaciones con las administraciones y otras entidades u órganos sometidos a supervisión
TÍTULO III. DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
CAPÍTULO I. MEDIOS PERSONALES
Artículo 41 Régimen de personal
Artículo 42 Selección de personal. Nombramiento de asesores
CAPÍTULO II. DOTACIÓN ECONÓMICA E INDEMNIZACIÓN A PARTICULARES
Artículo 44 Dotación económica
Artículo 45 Indemnización a particulares
TÍTULO IV. INFORMES AL PARLAMENTO
Artículo 46 Informe anual
Artículo 47 Contenido del informe
Artículo 48 Presentación de los Informes
Artículo 49 Informes extraordinarios
Artículo 50 Publicación
Artículo 51 Anonimato de los interesados
Artículo 12 redactado por el artículo 5 de la Ley [CANARIAS] 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley [CANARIAS] 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición («B.O.I.C.» 22 abril).
Título del Capítulo IV redactado por el número 1) de la disposición adicional cuarta de la Ley [CANARIAS] 1/2010, 26 febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres («B.O.I.C.» 5 marzo). Artículo 11 bis introducido por el número 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley [CANARIAS] 1/2010, 26 febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres («B.O.I.C.» 5 marzo).
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley
Por Ley de 12 de febrero de 1985 se reguló por primera vez la Institución del Diputado del Común desarrollándose, a esos efectos, lo previsto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. Dicho precepto disponía la existencia de esta figura para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Se expresaba en aquella ocasión en la Exposición de Motivos de la Ley que la Institución del Diputado del Común «entronca directamente con nuestra historia colectiva. Los Procuradores del Común y Personeros de los siglos XVI, XVII y XVIII, como representantes directos de los vecinos en los Cabildos iniciales del sistema de autonomía municipal devendrán en Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5 de mayo de 1766 para las Islas Realengas y de 14 de enero de 1772 para las restantes.
Esta última denominación, la más cercana en el tiempo a la inicial andadura de autogobierno canario, ha sido acogida certeramente en el texto estatutario, entroncando con la tradición histórica más genuina de los albores del régimen especial canario, que tuvo en los Cabildos a su institución más significativa y de mayor raigambre».
Se recordaba también en dicha Exposición de Motivos que «La Ordenanza que concedieron los Reyes Católicos a Gran Canaria en 1494 dispone expresamente la elección de dos Procuradores del Común. En las islas la figura del Personero pugna por mantener su independencia y servir a los intereses generales, aun en conflicto con los Regidores y Alcaldes ordinarios», así como que «Este signo liberal y regionalista de las islas en sus instituciones históricas hace que entronque con la nueva institución sin desvirtuar esa acepción de una visión más amplia que pueda servir por su independencia como mediador entre Administración y administrados, e incluso en derecho comparado de ser intermediario entre los Parlamentarios y los ciudadanos electores».
A la luz de aquella Exposición de Motivos se configuraba una Institución «destinada a servir los intereses del pueblo canario y al desempeño de una función de gran responsabilidad en la tarea institucional del control de los derechos y libertades públicas».
Hasta aquí la cita de la Ley de 12 de febrero de 1985. Mucho tiempo ha transcurrido desde la aparición de dicho texto legal. La Institución fue efectivamente constituida y comenzó su andadura para cumplir el encargo que Estatuto y Ley en su desarrollo le hacían. Las múltiples experiencias y enseñanzas que la gestión realizada han proporcionado podrían ser por sí mismas ocasión para plantear una reflexión sobre la idoneidad de todos los preceptos de la Ley de 12 de febrero de 1985 y sobre la oportunidad de propiciar su cambio. Pero ese cambio viene, además, potenciado y fomentado por la reforma del Estatuto de Autonomía realizada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, que ha afectado a la configuración de la Institución del Diputado del Común que ahora viene definida en el apartado primero del artículo 14, como «el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y supervisará las actividades de las administraciones públicas canarias de acuerdo con lo que establezca la Ley».
El texto estatutario viene, pues, a precisar efectivamente el ámbito objetivo de actuación del Diputado del Común pues, además de la defensa de los derechos y las libertades constitucionales, se señala su capacidad de supervisión de las administraciones públicas canarias en relación con tales cuestiones, amplia expresión evidentemente superior a la del Estatuto original, que venía referida solamente a la administración autonómica y de la que deben sacarse las pertinentes consecuencias legales.
Este texto viene, pues, a profundizar, siguiendo la vía estatutaria marcada, en la capacidad de actuación del Diputado del Común señalándose cuál es el entendimiento de la expresión administraciones públicas canarias, en la línea de lo que el ordenamiento jurídico canario, en general, postula para la misma. La capacidad de defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas anima, además, a incluir en su facultad de supervisión también la actividad de cuantos organismos de derecho público y de derecho privado dependan de las distintas administraciones públicas canarias, incluyendo el supuesto de desempeño por particulares, por concesión o cualquier otro título, de la gestión de servicios públicos todo ello para proteger los derechos reconocidos en la Constitución.
Por otra parte, en la actualidad hay una «densidad» mayor de regulación en el Estatuto que en su texto original, pues se contienen referencias a la mayoría reforzada para la elección del Diputado del Común y a la necesidad de coordinación con el Defensor del Pueblo. Ello, obviamente, debe traer consigo también las consecuencias legales específicas.
La Ley lleva a cabo una serie de perfeccionamientos en lo relativo a la estructura institucional del Diputado del Común y al procedimiento específico que sigue para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, proceso de perfeccionamiento en el que tiene mucho que ver la experiencia de funcionamiento de la Institución durante los pasados años. Toda la regulación está orientada a la finalidad de cumplimiento eficaz de la función encomendada por el Estatuto de Autonomía y, a la vez, por la necesidad de dar todas las garantías de seguridad jurídica a las autoridades y órganos que puedan resultar afectados por la actividad supervisora del alto comisionado parlamentario.