Source: http://www.slideshare.net/abaytelman/historia-ley-20393-resp-penal-ps-jcas
Timestamp: 2016-05-28 03:33:11
Document Index: 120226394

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 250', 'artículo 9', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 9', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 31', 'Artículo 22', 'artículo 3', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 235', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 157', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 170', 'Artículo 30', 'artículo 4', 'Artículo 31', 'artículo 9', 'Artículo 32', 'artículo 9', 'Artículo 33', 'artículo 9', 'Artículo 34', 'artículo 287', 'Artículo 35', 'artículo 3', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 18', 'Artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 44', 'artículo 77', 'artículo 16', 'artículo 287', 'artículo 35', 'artículo 77', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo58', 'artículo 559', 'artículo 103', 'artículo 30', 'artículo 6']

Historia ley 20.393 (resp. penal ps. jcas.)
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Actas legislativas completas de la historia fidedigna de la ley de responsabilidad penal de la empresa (L. 20.393)
Historia de la Ley N° 20.393 Establece la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos,financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. 02 de diciembre de 2009
Téngase presenteEsta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacionala partir de la información proporcionada por el Sistema de Tramitación deProyectos del Congreso Nacional (SIL).Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso deformación de la ley, en ambas Cámaras.Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que noproporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, comopor ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias.Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, allado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginascorrespondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF.La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones,transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son deexclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan.
INDICE1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 41.1. Mensaje Presidencial 41.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema 251.3. Informe Comisión de Constitución 261.4. Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen 1201.5. Discusión en Sala 1231.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 1502. Segundo Trámite Constitucional: Senado 1662.1. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema 1662.2. Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen 1672.3. Informe Comisión de Constitución 1702.4. Discusión en Sala 3562.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 3733. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 3923.1. Discusión en Sala 3923.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 4044. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados 4054.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 4055. Publicación de Ley en Diario Oficial 4235.1. Ley N° 20.393 423
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 4 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL1. Primer Trámite Constitucional: Cámara deDiputados1.1. Mensaje del EjecutivoMensaje de S.E. EL Presidente de la República. Fecha 16 de marzo de 2009.Cuenta en Sesión 06, Legislatura 357MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE SEINICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA RESPONSABILIDADLEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DEACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DECOHECHO QUE INDICA.Santiago, marzo 16 de 2009.-M E N S A J E Nº 018-357/A S.E. ELPRESIDENTEDE LA H.CÁMARA DEDIPUTADOS.Honorable Cámara de Diputados:Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley queestablece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos delavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho queindica.I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.Prevención y detección del delito de lavado de activos, financiamientodel terrorismo y cohecho.La prevención y la detección del delito de lavado de activos y una permanentepersecución del delito de financiamiento del terrorismo, como asimismo de losdelitos de cohecho nacional e internacional, constituye una labor continua querequiere de una constante actualización de los métodos y procedimientos con quecuenta el Estado para perseguir y castigar estos delitos. Ello toma mayor relevanciacuando los bienes jurídicos colectivos que se protegen se ven afectados por personasjurídicas que actúan como agentes delictuales, lo que produce un impacto socialprofundo, frecuentemente mayor al que resulta del actuar de personasnaturales.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 5 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALLa presente iniciativa pretende dar un paso significativo en la potestadsancionatoria del Estado respecto de la responsabilidad que les cabe a laspersonas jurídicas en los delitos que se cometen por parte de quienes cumplenfunciones de relevancia al interior de éstas.Tendencia internacional y compromisos asumidos por Chile.En el derecho comparado se observa una clara tendencia, tanto doctrinariacomo normativa, hacia la consagración de la responsabilidad de las personasjurídicas derivada de la comisión de determinados delitos.En este sentido, los países desarrollados han llegado al convencimiento encuanto a la necesidad de responsabilizar, a nivel legal, a las personas jurídicaspor hechos que producen un daño significativo a los bienes jurídicos másrelevantes para la sociedad. Es el caso de Inglaterra, Australia, Canadá,Estados Unidos, Irlanda, Francia, España y Holanda, entre otros países.En tanto, en el ámbito del Derecho Internacional Público, esta tendenciadoctrinaria y normativa se constata en diversas Convenciones Internacionalesadoptadas en el último tiempo, y ratificadas por Chile. En ese sentido,podemos mencionar los siguientes:a. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción;b. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional;c. El Convenio internacional para la Represión de la Financiación delTerrorismo;d. La Convención para combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros enTransacciones Comerciales Internacionales, de la Organización de Cooperación para elDesarrollo Económico;e. La Resolución N°1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;f. Las 40+9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.En términos generales, de estos instrumentos se deriva para los Estados Partes laobligación de imponer, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, sanciones a laspersonas jurídicas que sean eficaces, proporcionadas y disuasivas.En consecuencia, la incorporación de estas normas en nuestro sistema jurídico, através de la presentación de esta iniciativa legal, responde precisamente alcumplimiento de compromisos adquiridos en el ámbito internacional, los cualesconsideran expresamente el establecimiento de responsabilidad a las personasjurídicas producto de la comisión de determinados delitos.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 6 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALII. CONVENCIÓN PARA COMBATIR ELCOHECHO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LASTRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE).La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), surgióhace más de 30 años, contando en la actualidad con 30 países miembros. Supropósito es ayudar a los gobiernos a comparar las experiencias de suspolíticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticasy coordinar políticas.Entre sus objetivos se destacan apoyar el crecimiento económico, aumentar elempleo, mejorar la calidad de vida de las personas, mantener la estabilidadfinanciera, asistir a otros países en su desarrollo económico y contribuir alcrecimiento de la economía mundial.Chile, además de ser parte de la Convención de la OCDE contra el Cohecho, haparticipado en varios de los comités de esa organización internacional desdehace 10 años. En mayo de 2007, nuestro país recibió una invitación formalpara ingresar como miembro pleno, junto a Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia.No obstante ello, el ingreso a la OCDE solo se materializará una vez que Chilecumpla con las diversas normas impuestas por la OCDE, entre las cuales seencuentra la Convención para combatir el Cohecho a Funcionario PúblicoExtranjero.Ventajas de ser miembro de la OCDE.Las ventajas de acceder a la membresía plena de la OCDE, son numerosas.En primer lugar, podemos mencionar el ser partícipe directo de las acciones enapoyo del crecimiento económico, aumento del empleo, mejoramiento de lacalidad de vida, mantenimiento de la estabilidad financiera, que forman partede los objetivos de la OCDE.En segundo lugar, produce un impacto positivo en la imagen internacional deChile, por cuanto la OCDE, originalmente integrada solo por paísesdesarrollados, ha comenzado a acoger en los últimos años a un grupo muyselecto de países con economías emergentes. Chile, a los ojos del mundointernacional, quedaría comprendido en este último grupo.Por último, el acceso a la OCDE permitirá contar con un análisis riguroso,objetivo y periódico de las políticas públicas desarrolladas por Chile y de laevolución de las principales variables económicas, como también de lacompetitividad en un ámbito global, acorde a la teoría económica moderna.Pertenecer a este organismo tiene especial connotación para los financistasnacionales e internacionales y los agentes que comercian con Chile, debido aque nuestro país se presentaría como menos riesgoso y con mayortransparencia, fomentándose con ello la inversión en Chile.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 7 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALImportancia del cumplimiento de las recomendaciones que la OCDE haefectuado a Chile, para el cumplimiento de la Convención.El cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, en el marco de laConvención para combatir el Cohecho a los Funcionarios Públicos Extranjerosen las Transacciones Comerciales Internacionales, adquiere una especialrelevancia para el proceso de acceso de Chile a dicho organismo económicointernacional. En efecto, para ser admitido como miembro en la OCDE, seevalúa si Chile comparte sus valores y principios fundamentales y si existe lavoluntad y capacidad de cumplir con las obligaciones legales y políticas de unmiembro pleno.La completa y total implementación de la Convención para Combatir elCohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones ComercialesInternacionales constituye uno de los criterios fijados por la OCDE para evaluarla voluntad y capacidad para ser miembro pleno de la misma.La Convención y la responsabilidad de las personas jurídicas.El 17 de diciembre de 1997, Chile suscribió la “Convención para Combatir elCohecho a los Funcionarios Públicos Extranjeros en las TransaccionesComerciales Internacionales”, en adelante, también, la “Convención”, de laOCDE. La Convención fue aprobada por ese H. Congreso Nacional ypromulgada mediante decreto supremo N° 496, de 2001, del Ministerio deRelaciones Exteriores. Su instrumento de ratificación fue depositado el 18 deabril de 2001.Con fecha 8 de octubre de 2002 se publicó la ley N° 19.829, que sanciona eldelito de cohecho a un funcionario público extranjero en transaccionescomerciales internacionales, que modificó el Código Penal incorporando losartículos 250 bis A y 250 bis A, con el objeto de cumplir con las obligacionesasumidas por Chile al adoptar la Convención.En lo referido a la responsabilidad de las personas jurídicas, la Convenciónimpone a los Estados la obligación de sancionar a las personas jurídicas queintervienen en el delito de cohecho a funcionario público extranjero entransacciones internacionales. Lo anterior, por cuanto los principales delitos enlos cuales se ven involucradas las personas jurídicas, dicen relación con lacorrupción a los funcionarios públicos, lo que produce un impacto socialprofundo, usualmente superior al que resulta del actuar de personas naturales.Para cumplir con dicho objetivo, los Estados Parte deben tomar las medidasnecesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, con lafinalidad que se encuentren sujetas a sanciones efectivas, proporcionales ydisuasivas.En la actualidad, la OCDE solicita a los Estados Parte que establezcan laresponsabilidad de las personas jurídicas como la medida más eficaz yuniforme para combatir el delito. Esta medida se encuentra pendiente deimplementar en nuestro país, y constituye precisamente el objetivo delpresente proyecto de ley. Al respecto, el Grupo de Trabajo de OCDE sobreCohecho a Funcionario Público Extranjero en Transacciones Comerciales
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 8 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALInternacionales ha expresado su preocupación porque Chile aún no haadoptado medidas para tratar las recomendaciones de la Primera Fase,relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas. A juicio del grupo detrabajo, Chile debe modificar prontamente su normativa con el objeto decumplir con las exigencias de la Convención.III. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.De este modo, mediante este proyecto de ley que someto a vuestraconsideración, se pretende cumplir con una multiplicidad de objetivos, conespecial énfasis en la satisfacción de los compromisos internacionalesadoptados por Chile y en el perfeccionamiento de nuestro ordenamientojurídico, para situarnos al nivel de los países más desarrollados. Elestablecimiento de una normativa que permita responsabilizar a las personasjurídicas por los delitos señalados servirá como un verdadero aliciente para queéstas adopten medidas de autorregulación, logrando de esta forma armonizarlos principios de libertad empresarial y económica, con el de responsabilidad enla preservación de los valores sociales y del orden público.Es con miras a lograr estas finalidades, que el Ejecutivo se ha dado a la tareade elaborar un estatuto de responsabilidad de las personas jurídicas, el que nopretende instituir un sistema general de sanciones, sino que sólo contemplaaquellos delitos que a nivel internacional son considerados especialmentedañosos. Lo anterior, por cuanto existe plena conciencia en torno a lanecesidad de respetar la tradición imperante en nuestro país. Se plantea, portanto, una normativa que utiliza las herramientas presentes en nuestrosistema, pero considerando la especial naturaleza de la persona jurídica.IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.De esta forma, y de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, elproyecto de ley aborda la responsabilidad de las personas jurídicas, teniendoen cuenta los siguientes aspectos:Alcance de la responsabilidad.Se aplica a personas jurídicas de derecho privado y a empresas del Estado.Delitos en los que se aplica la responsabilidad legal de las personasjurídicas.La responsabilidad de las personas jurídicas no se aplica respecto de todos losdelitos, sino que sólo de algunos. Estos son:a. Delito de lavado de activos, previsto en el artículo 27 de la ley Nº 19.913,b. Delito de financiamiento del terrorismo, contemplado en el artículo 8° de laley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad; yc. Delitos de cohecho a funcionario público nacional y de cohecho a funcionariopúblico extranjero, tipificados en los artículos 250 y 250 bis A del Código Penal,respectivamente.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 9 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALAtribución de responsabilidad legal de las personas jurídicas.La atribución de responsabilidad legal de las personas jurídicas descansa sobrelos siguientes presupuestos:a. La existencia de un hecho punible cometido por alguna de las personasque realicen actividades de administración de dicha persona jurídica o por unapersona natural que esté bajo la dirección o supervisión de alguno de estossujetos.b. Comisión del delito en interés o para el provecho de la persona jurídica.c. Incumplimiento, por parte de la persona jurídica, con su deber dedirección y supervisión, y que ello haya sido lo que hizo posible la comisión deldelito.Sanciones.Las sanciones consideradas aplicables a las personas jurídicas por el Tribunalcompetente son de distinta índole. Entre ellas se encuentran las penas demulta, prohibiciones y la disolución de la persona jurídica. Para ladeterminación de la sanción aplicable se dan una serie de reglas tanto paradeterminar la naturaleza de la sanción, como su extensión o cuantía.Normas procesales.Investigación a cargo del Ministerio Público.Dado el modelo de atribución de responsabilidad contemplado en esteproyecto, estructurado sobre la base de la concurrencia de determinadospresupuestos, el organismo naturalmente competente para investigar taleshechos y, por tanto, iniciar las acciones tendientes a determinar laresponsabilidad legal de una persona jurídica producto de la comisión de undelito por parte de una persona natural es, precisamente, el Ministerio Público.Ello, debido al diseño de su orgánica, las atribuciones concedidas por nuestrolegislador, la interrelación con los organismos auxiliares, en especial con lapolicía, así como la experiencia, eficacia y eficiencia lograda en su labor.Así, se señala que si durante la investigación de alguno de los delitos previstosen este estatuto, el Ministerio Público advirtiere la eventual participación dealguna de las personas indicadas precedentemente, éste deberá iniciar dichainvestigación con el fin de determinar la responsabilidad legal de la personajurídica correspondiente.Para ello, el Ministerio Público contará con todas las herramientasinvestigativas y procesales que le proporciona tanto este proyecto, como lasnormas contenidas en las leyes especiales que regulan la persecución de cadauno de los delitos de que trata esta iniciativa legal, así como las normas delCódigo Procesal Penal que por expresa mención del proyecto se aplicansupletoriamente.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 10 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALTribunal Competente.Serán los tribunales con competencia en materia penal, quienes conocerán yresolverán todas las cuestiones y asuntos que a través de este proyecto de leyse les encomienda. Tal determinación fue adoptada, en especial atención a queel hecho que origina la responsabilidad legal de las personas jurídicasconstituye precisamente un hecho punible.Así, ha sido necesario incluir, dentro de esta iniciativa legal, modificaciones alCódigo Orgánico de Tribunales, explicitando la competencia que tendrán estostribunales en la determinación de la responsabilidad legal de las personasjurídicas.La persona jurídica como sujeto imputado.Para efectos de mantener la sistemática del Código Procesal Penal, se haestimado apropiado construir el modelo de persecución de la responsabilidadlegal de las personas jurídicas sobre la base del tratamiento que en nuestralegislación procesal legal recibe el sujeto imputado, haciéndolassupletoriamente aplicables a las personas jurídicas, siempre que tales normasresulten compatibles con la especial naturaleza de éstas.En cuanto a la forma de participación de la persona jurídica, tanto en lainvestigación como en el correspondiente procedimiento, se realizará a travésdel representante legal de la misma. Sin embargo, si este a su vez fuereformalizado como persona natural por la comisión del hecho punible queorigina la responsabilidad legal de la persona jurídica, cesará de inmediato talrepresentación, pudiendo la persona jurídica nombrar un nuevo representanteen su reemplazo, dentro del plazo que le señale el tribunal. Si tal nuevarepresentación no se hiciere efectiva, se considerará a la persona jurídica comorebelde para todos los efectos legales.Se hace necesario destacar que, atendida la especial naturaleza de la personajurídica, la rebeldía en este proceso tiene una regulación especial, diferente ensus efectos a la señalada a propósito del imputado por el Código ProcesalPenal. En efecto, este proyecto de ley establece que la declaración de rebeldíano suspende la investigación ni las audiencias del procedimiento, noconstituyendo, en consecuencia, un obstáculo para el normal desarrollo deljuicio ni la imposición de una eventual sentencia condenatoria en su contra.Procedimiento aplicable.En cuanto a la determinación del procedimiento aplicable, y sin perjuicio de lasfacultades que a su respecto conserva en Ministerio público, el presenteproyecto de ley ha optado por atender a las penas que solicite el fiscalrespectivo, para determinar el procedimiento aplicable. Así, si el fiscal en suacusación o requerimiento solicitare la aplicación de alguna de las sancionesseñaladas en las letras c) y d) del artículo 9º de este proyecto, o ambas, elconocimiento y fallo de aquéllas se realizará conforme a las normas delprocedimiento simplificado. En cambio, si solicitare alguna de las restantes
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 11 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALsanciones, su conocimiento y fallo se realizará conforme a las normas del juiciooral.No obstante lo anterior, si el fiscal requiriere o acusare por escrito y en unmismo acto a la persona jurídica y a la persona natural responsable del delito,serán juzgadas ambas de acuerdo al procedimiento que se establezca para lapersona natural.Respecto de la responsabilidad legal de las personas jurídicas, se estableceexpresamente que no serán procedentes el procedimiento abreviado, ni elprocedimiento monitorio.Sin perjuicio de aquello, se introduce una nueva figura que permite una salidaalternativa a la sentencia definitiva, basada en un acuerdo de aceptación deresponsabilidad legal efectuado entre el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y lapersona jurídica. Este acuerdo deberá ser presentado ante el juez de garantíapara su aprobación y versará sobre la aceptación de la responsabilidad legalrespecto de la persona jurídica y la aplicación de una determinada sanción ensu contra. En caso de que exista querellante, en el mismo acuerdo se podráacordar con el imputado el pago de una suma de dinero a título deindemnización.En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esaHonorable Cámara, el siguiente:P R O Y E C T O D E L E Y:“TÍTULO PRELIMINARDISPOSICIONES GENERALESArtículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula laresponsabilidad legal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstosen el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y enlos artículos 250 y 250 bis A del Código Penal; el procedimiento para laaveriguación y establecimiento de dicha responsabilidad legal, la determinaciónde las sanciones procedentes y la ejecución de éstas. En lo no previsto por esta ley serán aplicables,supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal yel Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente. Asimismo, las leyesespeciales señaladas en el inciso anterior serán aplicables, supletoriamente, alos delitos mencionados, según corresponda.Artículo 2°.- Alcance. Las disposiciones de esta ley serán aplicables alas personas jurídicas de derecho privado y a las empresas públicas, creadaspor ley.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 12 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALTÍTULO I.RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.§ 1. De la atribución de responsabilidad legal de las personas jurídicas.Artículo 3º.- Atribución de responsabilidad legal. Las personasjurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1°cometidos en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores,responsables, representantes o administradores, así como por personas querealizan, inclusive de hecho, actividades de administración y supervisión dedicha persona jurídica, siempre que la comisión del delito se haga posible porel incumplimiento por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión. Bajo los mismos presupuestos, serán tambiénresponsables dichas personas jurídicas por los delitos cometidos por personasnaturales que estén bajo la dirección o supervisión de alguno de los sujetosmencionados en el inciso anterior. Se considerará que los deberes de dirección y supervisiónse han cumplido cuando, anteriormente a la comisión del delito, la personajurídica haya adoptado e implementado eficientemente modelos deorganización, administración y supervisión para prevenir delitos como elcometido. Las personas jurídicas no serán responsables en los casosque las personas naturales indicadas en los incisos anteriores hayan cometidoel delito exclusivamente en ventaja propia o en favor de un tercero.Artículo 4º.- Modelos de organización, administración ysupervisión. El diseño y supervisión de los modelos para prevenir los delitosseñalados en esta ley, a que hace referencia el inciso tercero del artículoanterior, se regulará en un reglamento dictado por Decreto Supremo expedidopor el Ministerio de Hacienda, el que podrá realizar distinciones por categoría,tamaño y complejidad organizativa de las distintas personas jurídicas. Dicho reglamento establecerá los estándares yprocedimientos para prevenir y detectar la conducta delictiva; el ejercicio deuna supervisión eficiente por parte de la dirección de la persona jurídica; laevaluación permanente del cumplimiento de la finalidad y los mecanismos quepermitan el anonimato y la confidencialidad, a objeto de asegurar que losmiembros de la persona jurídica puedan informar respecto de conductasdelictivas presentes o potenciales.Artículo 5º.- Responsabilidad legal autónoma de la personajurídica. La responsabilidad de la persona jurídica es independiente de laresponsabilidad penal de la persona natural y subsiste aun cuando:
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 13 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL 1. La responsabilidad penal individual se haya extinguidoconforme a lo dispuesto en el artículo 93 del Código Penal. 2. No haya sido posible establecer la participación de el olos responsables individuales. 3. Concurrieren respecto de la persona natural alguna delas eximentes contempladas en el artículo 10 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior, si concurriere lascircunstancias N°1 y N°9 del artículo 10 del Código Penal, se excluirá asimismola responsabilidad legal de la persona jurídica, salvo que ésta hubiera podido ydebido evitar su aparición.§ 2. De las circunstancias que eximen de responsabilidad legal.Artículo 6|- Circunstancias eximentes. Las personas jurídicas estánexentas de la responsabilidad legal que establece el artículo 3°: 1) Cuando la persona jurídica tuviere menos de veinticincoempleados y cuyas ventas anuales netas de Impuesto al Valor Agregado, noexcedieren de veinticinco mil unidades de fomento en los dos años calendariosanteriores a la comisión del delito del cual emana la responsabilidad, o, en elcaso de las exportadoras, cuyo monto exportado haya sido en los dos añoscalendarios anteriores a la comisión del delito del cual emana laresponsabilidad, en promedio, de un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000 reajustado anualmente en el porcentaje de variación que en el añoprecedente haya experimentado el índice de precios promedio relevante parael comercio exterior de Chile, según lo certifique el Banco Central de Chile. Enestos casos, el juez ordenará el nombramiento de un interventor para lapersona jurídica, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a losresponsables individuales. 2) Cuando la persona jurídica tuviere como única finalidadla comisión de hechos delictivos. En estos casos, el juez ordenará la disoluciónde la empresa, como consecuencia accesoria de la pena impuesta a losresponsables individuales.§ 3. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad legal.Artículo 7º.- Circunstancias atenuantes. Son circunstanciasatenuantes de la responsabilidad legal de la persona jurídica: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimientojudicial se dirige contra ella, a poner el delito en conocimiento de lasautoridades, a través de sus representantes legales.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 14 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL b) Haber colaborado en la investigación del hechoaportando antecedentes, en cualquier momento del proceso, que sean nuevosy decisivos para establecer los hechos investigados. c) Haber reparado el mal causado o disminuido los efectosdañosos ocasionados por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio,medidas eficaces para prevenir y descubrir la misma clase de delitos objeto dela investigación que en el futuro pudieran cometerse.§ 4. De las circunstancias que agravan la responsabilidad legal.Artículo 8º.- Circunstancia agravante. Es circunstancia agravante dela responsabilidad legal de la persona jurídica el que ésta haya sido sancionadadurante los cinco años anteriores a la comisión del delito respecto del cualactualmente se le atribuye responsabilidad.TÍTULO IICONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGALDE LA PERSONA JURÍDICA§ 1. De las sanciones en general.Artículo 9º.- Sanciones. Serán aplicables a las personas jurídicascondenadas según esta ley una o más de las siguientes sanciones: a) Disolución de la persona jurídica o cancelación de lapersonalidad jurídica. b) Sanciones prohibitorias. c) Sanciones consistentes en pérdidas de beneficios. d) Multa. e) Sanciones accesorias. Las sanciones señaladas en las letras a) y b) no seaplicarán a las empresas del Estado ni a las personas jurídicas de derechoprivado que presten un servicio de necesidad pública cuya interrupción puedecausar daños serios a la comunidad ni a aquéllas que presten un servicio que,por la aplicación de dichas sanciones, su interrupción pudiera causar gravesconsecuencias sociales y económicas.Artículo 10º.- Disolución de la sociedad o cancelación de lapersonalidad jurídica. La disolución o cancelación producirá la pérdidadefinitiva de la personalidad jurídica.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 15 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL La conclusión de toda actividad se hará sin perjuicio de larealización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El Juezdesignará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas lasobligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive lasresponsabilidades derivadas del delito, observando las disposiciones legalessobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidadobjeto de la liquidación.Artículo 11.- Escala de las sanciones prohibitorias. a) Paralización parcial de la actividad de laempresa. Ésta implica la suspensión de toda actividad, salvo aquéllasimprescindibles para mantener el giro básico de los negocios, la continuidad dela persona jurídica o el mantenimiento de las fuentes de trabajo por un plazoque no podrá exceder de tres años. Durante la suspensión total, el tribunaldeberá designar un administrador, quien rendirá cuenta de su administraciónal tribunal con la periodicidad que éste determine. b) Prohibición de realizar actividades u operacionesmercantiles o negocios de la clase de aquéllos en cuyo ejercicio se hayacometido el delito del cual deriva la responsabilidad legal de la personajurídica, por un mínimo de uno y un máximo de cinco años.Artículo 12.- Escala de las sanciones consistentes en pérdida debeneficios. a) Pérdida perpetua y total de beneficios fiscales.Consiste en la pérdida del derecho de la persona jurídica a participar comoproveedor de bienes y servicios de los órganos de la Administración del Estado,pérdida de licencias, subsidios, créditos fiscales y cualquier otro beneficio quela persona jurídica reciba del Estado. b) Pérdida temporal de beneficios fiscales. Consisteen la pérdida del derecho de la persona jurídica de participar como proveedorde bienes y servicios de los órganos de la Administración del Estado, subsidiosy créditos fiscales y de cualquier otro beneficio que la persona jurídica recibadel Estado por un período de tiempo que no podrá ser inferior a un año nisuperior a cinco.Artículo 13.- Multa. Multa a beneficio fiscal entre doscientas a dos milunidades tributarias mensuales. El pago de la multa podrá ser fraccionado hasta el períodode un año, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la existencia dela persona jurídica, la estabilidad de los puestos de trabajo existentes en lamisma, o cuando lo aconseje el interés social.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 16 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL En la aplicación de la multa, el juez deberá tener enespecial consideración, el tamaño de la empresa en relación con la penaaplicada a la persona natural por el mismo delito. El Tribunal correspondiente, una vez que se encuentreejecutoriada la sentencia condenatoria, comunicará la aplicación de la multa ala Tesorería General de la República.Artículo 14.- Sanciones accesorias. Se aplicará, accesoriamente a lassanciones señaladas en los artículos anteriores, las siguientes: a) Publicación del fallo. La publicación de la sentenciacondenatoria se ordenará en forma de extracto o por completo, según lodetermine el juez en la misma. Su publicación se realizará en el Diario Oficial yen un diario de circulación nacional. La persona jurídica asumirá los costos de la publicación delfallo. b) Comiso. El comiso de las ganancias obtenidas por lapersona jurídica como resultado del delito y demás efectos, objetos,documentos e instrumentos del mismo, según lo dispone el Código Penal.§ 2. De la determinación de las sanciones.Artículo 15.- Reglas de determinación de la naturaleza de lasanción. Si el delito por el cual se responsabiliza a la personajurídica, en caso de comisión por persona natural, contempla una sanción depresidio o reclusión menor, se le podrá aplicar sólo las sanciones de multa,pérdida de beneficios y sanciones prohibitorias. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del delitocontemplado en el artículo 250 bis A del Código Penal, atendidas lascircunstancias y la entidad de los montos de dinero involucrados, el juez podráaplicar cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo 9 de esta ley. Si el delito por el cual se responsabiliza a la personajurídica, en caso de comisión por persona natural, contempla una pena depresidio o reclusión mayor, se le aplicará con preferencia las sanciones dedisolución o cancelación, y prohibitorias, sin perjuicio de la imposición decualquiera de las sanciones que esta ley dispone. En caso de concurrir una circunstancia atenuante yninguna agravante, no se podrá aplicar la sanción más gravosa de aquellas quese contemplan conforme a esta disposición. En caso de concurrir una circunstancia agravante yninguna atenuante, no se podrá aplicar únicamente la sanción de multa.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 17 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL De concurrir dos o más circunstancias atenuantes yninguna agravante, no se podrán aplicar las dos sanciones más gravosas, deaquellas que resultaren de acuerdo a la aplicación de los incisos anteriores. De concurrir varias atenuantes o agravantes, éstas secompensarán racionalmente.Artículo 16.- Reglas de determinación judicial de la sanción. Pararegular la cantidad y naturaleza de las sanciones a imponer, la extensión de lassanciones temporales y la cuantía de la multa, el Tribunal deberá atender,dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios: a) Incidencia de la ausencia de medidas o de sudefectuosa implementación en la comisión del delito; b) La cuantía de los montos de dinero involucrados en lacomisión del delito. c) Tamaño y naturaleza de la persona jurídica. d) Capacidad económica de la persona jurídica. e) Grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legaly reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en elejercicio de su giro o actividad habitual.Artículo 17.- Imposición conjunta de más de una sanción. ElTribunal podrá imponer de manera conjunta dos o más de las sancionesseñaladas en el artículo 9, siempre que la naturaleza de éstas permita sucumplimiento simultáneo.Artículo 18.- Subsistencia de la responsabilidad legal antesituaciones que modifican la existencia legal de la Persona Jurídica. Enel caso de transformación, fusión, absorción o división, persistirá laresponsabilidad derivada de los delitos anteriores al momento de lamodificación, en la persona jurídica o personas jurídicas resultantes si lashubiere, de acuerdo a las reglas siguientes, sin perjuicio de los derechos deterceros de buena fe: Si se impone la sanción de multa, en los casos detransformación, la persona jurídica resultante responderá por el total de lacuantía. En el caso de división, las personas jurídicas resultantes sonresponsables solidariamente del pago de la misma. En los casos de disolución o cancelación, la multa setransmitirá a los socios y partícipes, en el capital que responderánsolidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se leshubiera asignado.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 18 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL Si se trata de cualquier otra sanción, el juez valorará,atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguen, su conveniencia.Para adoptar esta decisión debe atender sobre todo a la continuidadsubstancial de los medios materiales y humanos y en la actividad desarrollada.§ 3. Del quebrantamiento y de la extinción de la responsabilidad legalde la persona jurídica.Artículo 19.- Quebrantamiento. Si la persona jurídica incumpliere,total o parcialmente, las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, elTribunal competente podrá imponer, en audiencia citada al efecto, con lapresencia de todos los intervinientes, una sanción más grave que la establecidaen la sentencia quebrantada.Artículo 20.- Extinción de la responsabilidad legal. Laresponsabilidad legal de la persona jurídica se extingue: 1° Por el cumplimiento de la condena. 2° Por la prescripción de la acción. 3° Por la prescripción de la sanción.Artículo 21.- Prescripción. Las acciones para perseguir laresponsabilidad legal de la persona jurídica prescribirán en el plazo de cincoaños contado desde el día de la comisión del crimen o simple delito de loscontemplados en el artículo 1°. Las sanciones impuestas a las personas jurídicas por laresponsabilidad atribuidas en virtud de esta ley prescribirán en el plazo decinco años contados desde la fecha de la sentencia de término, la aprobaciónjudicial del acuerdo a que se refiere el artículo 31, o el quebrantamiento de lasanción. Esta prescripción se interrumpe, quedando sin efecto eltiempo transcurrido, cuando la persona jurídica, durante dicho plazo, fuereresponsable de un nuevo delito de acuerdo a la presente ley, sin perjuicio deque comience a correr otra vez.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 19 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALTÍTULO IIIPROCEDIMIENTO§ 1. Inicio de la investigación de la responsabilidad legal de la personajurídica.Artículo 22.- Investigación de la responsabilidad legal de laspersonas jurídicas. Si durante la investigación de alguno de los delitosprevistos en esta ley, el Ministerio Público advirtiere la eventual participaciónde alguna de las personas indicadas en el artículo 3, ampliará dichainvestigación con el fin de determinar la responsabilidad legal de la personajurídica correspondiente.Artículo 23.- Aplicación de las normas relativas al imputado. En lono regulado en esta ley, serán aplicables a las personas jurídicas lasdisposiciones relativas al imputado, al acusado y al condenado, establecidas enel Código Procesal Penal y en las leyes especiales respectivas, siempre queaquéllas resulten compatibles con la especial naturaleza de las personasjurídicas.Artículo 24.- Formalización de la investigación de la personajurídica. Cuando el fiscal considere oportuno formalizar el procedimientodirigido en contra la persona jurídica, por medio de la intervención judicial,solicitará al juez de garantía la citación del representante legal de aquélla. Dicha solicitud deberá contener la individualización de lapersona jurídica y de su representante legal, como asimismo la indicación delos hechos que se le atribuyeren y el delito del cual se originare suresponsabilidad. Si el fiscal formalizare a la persona natural y a la personajurídica imputada en la misma audiencia, podrá además formular verbalmentesu acusación y ofrecer prueba conforme a lo prescrito en el artículo 235 delCódigo Procesal Penal.Artículo 25.- Representación judicial de la persona jurídica. Lapersona jurídica será representada en todas las actuaciones y audiencias através de su representante legal. En consecuencia, cada vez que la ley exija laindividualización del imputado, se entenderá que debe individualizarse tanto ala persona jurídica como a su representante legal, o en su caso, a quien seseñale conforme a lo dispuesto en el inciso siguiente. Si dicho representante fuere formalizado por el mismohecho punible por el cual se investiga la responsabilidad legal de la personajurídica, cesará su representación, y el tribunal solicitará al órgano competentede aquélla la designación de un nuevo representante, dentro del plazo que le
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 20 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALseñale. Si transcurrido el tiempo fijado por el tribunal, no se notifica de ladesignación ordenada, se considerará a la persona jurídica como rebelde.Artículo 26.- Rebeldía de la persona jurídica. Si citado paracomparecer a una audiencia ante el tribunal, el representante legal de lapersona jurídica imputada no se presentare injustificadamente, el tribunalpodrá ordenar que sea arrestado hasta la realización de la audiencia, la quedeberá realizarse dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. Si elrepresentante legal no fuere habido, el fiscal solicitará al tribunal que cite auna audiencia, citación que será notificada al órgano competente de la personajurídica, a fin de que designe a un nuevo representante. Si a dicha audienciano compareciere ningún representante de la persona jurídica, el tribunal ladeclarará rebelde, entendiéndose notificadas las resoluciones que se dictarenen el procedimiento, respecto de la persona jurídica imputada en la mismafecha en que éstas se pronunciaren. La declaración de rebeldía no suspenderá la investigaciónque se desarrollare en contra de la persona jurídica ni impedirá la realizaciónde ninguna de las audiencias que se puedan llevar a cabo conforme a losprocedimientos señalados en la presente ley. En este caso, la comparecenciadel defensor de la persona jurídica no constituirá requisito de validez de lasaudiencias.Artículo 27.- Medidas cautelares reales. Para efectos de lo dispuestoen el artículo 157 del Código Procesal Penal, podrá solicitarse al juez degarantía que decrete medidas cautelares reales en contra de la personajurídica imputada, sin comunicación previa, y aun antes de la audiencia deformalización.Artículo 28.- Archivo Provisional. Respecto de las personas jurídicas,el fiscal deberá someter siempre la decisión sobre archivo provisional de lainvestigación a la aprobación del Fiscal Regional, quien podrá autorizarlo aúncuando se haya producido la intervención del juez de garantía en elprocedimiento.Artículo 29.- Improcedencia de la aplicación del principio deoportunidad. Lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal noserá aplicable respecto de la responsabilidad legal de la persona jurídica.Artículo 30.- Suspensión condicional del procedimiento. Lasuspensión condicional del procedimiento podrá decretarse siempre que lapersona jurídica no hubiere sido sancionada o suspendida condicionalmentecon anterioridad, por alguno de los delitos contemplados en esta ley. El juez de garantía dispondrá, según correspondiere, quedurante el período de suspensión, el que no podrá ser inferior a seis meses nisuperior a tres años, la persona jurídica esté sujeta al cumplimiento de una omás de las siguientes condiciones:
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 21 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL a) Pagar una determinada suma, a título deindemnización de perjuicios, a favor de la víctima. b) Pagar una determinada suma a beneficio fiscal. c) Prestar un determinado servicio a favor de lacomunidad. d) Informar periódicamente, a la institución que sedeterminare, su estado financiero. e) Prohibición de realizar determinadas operacionesmercantiles. f) Paralización parcial de las actividades de la empresa. g) Implementación de un programa para hacer efectivoel modelo de organización, administración y supervisión a que se refiere elartículo 4º. h) Cualquier otra condición que resulte adecuada enconsideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuerepropuesta, fundadamente, por el Ministerio Público, salvo la disolución ocancelación de la persona jurídica. En los casos en que el juez impusiere como una de lascondiciones la señalada en la letra b) del inciso anterior, deberá comunicarlo ala Tesorería General de la República.Artículo 31. Aceptación de responsabilidad legal. Desde la formalizaciónde la investigación y hasta la audiencia de preparación del juicio oral, el fiscal,el querellante si lo hubiere y la persona jurídica imputada, podrán presentar aljuez, en audiencia celebrada al efecto, un acuerdo que contendrá la aceptaciónde la responsabilidad legal respecto de la persona jurídica y la aplicación deuna determinada sanción. En este mismo acto, el querellante y el imputado podránacordar el pago de una suma de dinero a título de indemnización. Para la aprobación del acuerdo el juez de garantía deberáverificar que éste hubiere sido prestado por el imputado con conocimiento desus derechos y que la sanción acordada sea de alguna de las señaladas en lasletras c) y d) del artículo 9. Si el juez estimare que no concurren estos requisitos,negará su aprobación al acuerdo y la causa continuará en el estado en que seencontraba. La resolución que rechazare la aprobación al acuerdo será apelableen ambos efectos. El Tribunal correspondiente, una vez que se encuentreejecutoriada la resolución que aprueba el acuerdo, comunicará la sanción a laTesorería General de la República.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 22 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALArtículo 32.- Determinación del procedimiento aplicable a laresponsabilidad legal de la persona jurídica. Si el fiscal al acusar orequerir solicitare la aplicación de alguna de las sanción señaladas en las letrasc) y d) del artículo 9º o ambas, el conocimiento y fallo de aquéllas se realizaráconforme a las normas del procedimiento simplificado. En los casos en que el fiscal acusare solicitando alguna delas restantes sanciones, su conocimiento y fallo se realizará conforme a lasnormas del juicio oral. Con todo, si el fiscal requiriere o acusare, por escrito, a lapersona natural y jurídica en el mismo acto, se seguirá conforme alprocedimiento aplicable a la persona natural. Respecto de la responsabilidad legal de las personasjurídicas no serán procedentes el procedimiento abreviado, ni el procedimientomonitorio.Artículo 33.- Requerimiento en procedimiento simplificado. Sinperjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior, si el fiscaldecidiere requerir la aplicación de alguna de las sanciones señaladas en lasletras c) y d) del artículo 9, aún cuando hubiere formalizado, podrá solicitar aljuez de garantía competente la citación inmediata a audiencia.Artículo 34.- Presencia del defensor de la persona jurídica. Si a laaudiencia del juicio oral compareciere el representante legal de la personajurídica imputada, la ausencia de su defensor dará lugar a la suspensión de laaudiencia por un plazo que no excederá de cinco días, sin perjuicio de lodispuesto en el artículo 287 del Código Procesal Penal.Artículo 35.- Convicción del tribunal. Ninguna persona jurídica podráser condenada por alguno de los delitos de esta ley sino cuando el tribunal quelo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de querealmente existiere responsabilidad de la persona jurídica objeto de laacusación y que en él le fuere atribuible responsabilidad legal en los términosestablecidos en el artículo 3º de esta ley. El tribunal formará su convicción sobre la base de laprueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una personajurídica con el sólo mérito de las declaraciones que a su nombre realice surepresentante.Artículo 36.- Defensa de las personas jurídicas. Toda personajurídica que no pudiere procurarse defensa por sus propios medios tendráderecho a solicitar al juez la designación de un defensor penal público.Asimismo, si durante el transcurso del proceso el tribunal advirtiere que laausencia de defensor perjudicare la eficacia de la defensa podrá designarle undefensor público.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 23 de 441 MENSAJE PRESIDENCIALArtículo 37.- Jurisdicción extraterritorial. Los tribunales chilenosserán competentes para conocer de la responsabilidad legal de las personasjurídicas, cuando todo o parte del delito correspondiente sea cometido enterritorio de la República, o cuando las personas jurídicas tengan nacionalidadchilena.TÍTULO IVDISPOSICIONES FINALES.Artículo 38.- Introdúcense las siguientes modificaciones al CódigoOrgánico de Tribunales: 1) Modifíquese el artículo 14, del siguiente modo: a) Sustitúyase en la letra g), la coma por unpunto y coma (;) y elimínese la voz “y”. b) Intercálese la siguiente letra h), nueva,pasando la actual a ser i): “h) Conocer y resolver todas las cuestiones yasuntos que la ley que establece la responsabilidad legal de las personasjurídicas respecto de los delitos de lavado de activos, financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho que indica, les encomienden, y”. 2) Modifíquese el artículo 18, de la siguiente manera: a) Sustitúyase en la letra d), la coma por unpunto y coma (;) y elimínese la voz “y”. b) Intercálese la siguiente letra e), nueva,pasando la actual a ser f): “e) Conocer y resolver todas las cuestiones yasuntos que la ley que establece la responsabilidad legal de las personasjurídicas respecto de los delitos de lavado de activos, financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho que indica, les encomienden, y”.Artículo 39.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.640, que establece Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público: 1) Sustitúyase en el artículo 1°, la frase “acrediten lainocencia del imputado y, en su caso” por la siguiente: “acrediten la inocenciadel imputado, los que determinen la responsabilidad legal de las personasjurídicas y, en su caso” 2) Intercálese en el artículo 18°, entre la frase“estimaren constitutivos de delitos” y la coma que la precede (,), la siguienteoración: “así como de aquellos que se estimaren constitutivos de laresponsabilidad legal de las personas jurídicas”
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 24 de 441 MENSAJE PRESIDENCIAL 3) Intercálese en el artículo 44°, entre la frase “hechosconstitutivos de delitos” y la conjunción “y” que la precede, la siguiente frase:“, de los hechos constitutivos de la responsabilidad legal de las personasjurídicas.”.”.Dios guarde a V.E. EDMUNDO PÉREZ YOMA Vicepresidente de la República PATRICIO ROSENDE LINCH Ministro del Interior (S) ANDRÉS VELASCO BRAÑES Ministro de Hacienda MARIANO FERNÁNDEZ AMUNATEGUI Ministro de Relaciones Exteriores CARLOS MALDONADO CURTI Ministro de Justicia
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 25 de 441 OFICIO A CORTE SUPREMA1.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte SupremaOficio de consulta. Fecha 31 de marzo de 2009 Oficio Nº 7982 VALPARAÍSO, 31 de marzo de 2009 pog/meg S.6ª En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero delartículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con elartículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional,tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece la responsabilidad legal de las personasjurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo ydelitos de cohecho que indica. Boletín N° 6423-07. Dios guarde a V.E.RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO Presidente de la Cámara de Diputados CARLOS LOYOLA OPAZO Secretario General de la Cámara de Diputados A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 26 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN1.3. Informe Comisión de ConstituciónCámara de Diputados. Fecha 07 de julio de 2009. Cuenta en Sesión 55,Legislatura 357INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN YJUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LARESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOSDELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA. BOLETÍN N° 6423-07HONORABLE CÁMARA: La Comisión de Constitución, Legislación y Justiciaviene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, elproyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de laRepública. Durante el estudio de esta iniciativa la Comisióncontó con la colaboración de don José Antonio Viera Gallo Quesney, MinistroSecretario General de la Presidencia; don Edgardo Riveros Marín, Subsecretariode esa Cartera; don Jorge Frei Toledo, Subsecretario de Justicia, doña NellySalvo Ilabel, Jefa del Departamento de Asesoría y Estudios de la DivisiónJurídica del mismo Ministerio; don Ignacio Castillo Val, Jefe del Departamentode Adultos del Ministerio; doña Tamara Agnic Martínez, doña ConsueloEspinoza Marty, don Adrián Fuentes Campos y don Manuel Brito Viñales,asesores del Ministerio de Hacienda; don Víctor Ossa Frugone, Director de laUnidad de Análisis Financiero; don Álvaro del Barrio Reyna, Fiscal de la Unidad;doña Marta Herrera Seguel, Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica de laFiscalía Nacional del Ministerio Público; don Roberto Morales Peña, abogado dela Unidad Anticorrupción de la Fiscalía; don Antonio Segovia Arancibia,abogado de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y CrimenOrganizado de la misma Fiscalía; doña María Teresa Muñoz Ortúzar, abogadaprocurador fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado; doña ClaraSzczaranski Cerda, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor;don René Abeliuk Manasevich, profesor de Derecho Civil en la Universidad deChile; don Fernando Londoño Martínez, profesor de Derecho Penal en laUniversidad de Talca; don Miguel Soto Piñeiro, profesor de Derecho Penal en laUniversidad de Chile, don Jean Pierre Matus Acuña, profesor de Derecho Penalen la Universidad de Talca; don Juan Carlos Dörr Zegers, profesor de DerechoCivil en la Universidad Católica de Chile; don Gonzalo Medina Schulz, profesorde Derecho Penal en la Universidad de Chile y don Jorge Bofill Genzsch,profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 27 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN La Comisión, asimismo, tuvo a la vista dos artículosdel profesor don Juan Bustos Ramírez sobre la “Responsabilidad Penal de lasPersonas Jurídicas” y sobre las “Perspectivas actuales del Derecho PenalEconómico”; unos apuntes en que emite opinión sobre el proyecto del profesorseñor Luis Ortiz Quiroga, y cinco artículos de la profesora señora ClaraSzczaranski Cerda sobre “Antecedentes Generales de la O.C.D.E.”; “Delincuencia moderna. Corrupción y nuevos sujetos peligrosos.”, “Temas másrelevantes (capacidad de culpabilidad de la persona jurídica)” y “Eurodelitos,Derecho Penal Económico en la Unión Europea.”. Para el despacho de esta iniciativa la señora Jefa delEstado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de suma para todossus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazode diez días para afinar su tramitación, término que vence el 24 de julio encurso por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 14 del mismomes.I.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES La idea central del proyecto tiene por objeto crear unestatuto que, en cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos porel país, establezca la responsabilidad legal de las personas jurídicas por lacomisión de determinados delitos, considerados especialmente dañosos a nivelinternacional.II.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS Para los efectos de lo establecido en los números 2°,4° y 5° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejóconstancia de lo siguiente: 1.- Que el artículo 35 tiene rango de ley orgánicaconstitucional por entregar competencia a los tribunales nacionales paraconocer de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando todo oparte del delito correspondiente sea cometido en el territorio de la República, ocuando las personas jurídicas tengan nacionalidad chilena, conforme lo disponeel artículo 77 de la Constitución Política. 2.- Que el proyecto no contiene disposiciones quesean de la competencia de la Comisión de Hacienda. 3.- Que se aprobó la idea de legislar por unanimidad(participaron en la votación los Diputados señora Soto y señores Araya,Burgos, Cardemil, Ceroni, Marcelo Díaz y Eluchans).
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 28 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNIII.- DIPUTADO INFORMANTE. Se designó Diputado Informante al señor JorgeBurgos Varela.IV.- ANTECEDENTES. El Mensaje parte señalando que la prevención ydetección del delito de lavado de activos y la permanente persecución delfinanciamiento del terrorismo como también del cohecho nacional einternacional, constituye una labor continua que requiere una constanteactualización de los métodos y procedimientos que aplica el Estado paraperseguir y castigar tales delitos. Agrega que ello adquiere mayor relevanciacuando tales ilícitos son cometidos por personas jurídicas que actúan comoagentes delictuales, lo que normalmente produce un impacto social profundo,frecuentemente mayor que el generado por el actuar de personas naturales.Por ello, esta iniciativa buscaría dar un importante paso en la potestadsancionadora del Estado, destinado a hacer efectiva la responsabilidad de laspersonas jurídicas por los delitos que cometen quienes cumplen funciones derelevancia al interior de ellas. Agrega el Mensaje que en el derecho comparado seobserva una clara tendencia, tanto doctrinaria como normativa, aresponsabilizar a las personas jurídicas como consecuencia de la comisión dedeterminados delitos, como sería el caso de países desarrollados comoInglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Francia, España yHolanda que sancionan a dichas personas por la realización de hechos queproducen daños significativos en bienes jurídicos de la mayor relevancia parala sociedad. Añade, asimismo, el Mensaje que esta tendenciadoctrinaria y normativa, se refleja en las distintas convenciones internacionalesratificadas por Chile en el último tiempo, como la Convención de NacionesUnidas contra la Corrupción; la Convención de las Naciones Unidas contra laDelincuencia Organizada; la Convención para Combatir el Cohecho aFuncionarios Públicos Extranjeros en Transacciones ComercialesInternacionales, de la Organización de Cooperación para el DesarrolloEconómico (O.C.D.E.), entre otras. Las disposiciones de estos instrumentos obligarían alos Estados parte a imponer en sus respectivos ordenamientos internos,sanciones a las personas jurídicas que sean eficaces, proporcionadas ydisuasivas, por lo que la incorporación de normas de esta naturaleza en elordenamiento nacional, surgiría de la necesidad de dar cumplimiento acompromisos internacionales.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 29 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN Efectúa, en seguida, el Mensaje una breve reseña delo que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico(O.C.D.E.), señalando que surgió hace más de treinta años, contando en laactualidad con treinta países miembros. Sus propósitos serían orientar a losgobiernos a comparar las experiencias de sus políticas, buscar respuestas aproblemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas, teniendocomo objetivos apoyar el crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorarla calidad de vida de las personas, mantener la estabilidad financiera, asistir aotros países en su desarrollo económico y contribuir al crecimiento de laeconomía mundial. Agrega que Chile, además de ser parte de laConvención contra el Cohecho de esta Organización, ha participado en variosde sus comités y en el año 2007 recibió una invitación formal para integrarsecomo miembro pleno junto a Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia, no obstante locual sólo podrá concretar tal membresía una vez que cumpla con las diversasnormas que la Organización impone, entre las cuales se encuentran las queestablece la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionario PúblicoExtranjero. En lo que se refiere a las ventajas para el país deincorporarse como miembro pleno de la O.C.D.E., enumera el Mensaje enprimer lugar, el ser partícipe directo de las acciones en apoyo del crecimientoeconómico, el aumento del empleo, el mejoramiento de la calidad de vida y elmantenimiento de la estabilidad financiera, los que son los objetivos de laOrganización, como también mejorar positivamente la imagen internacional delpaís puesto que la O.C.D.E., integrada originalmente por países desarrollados,se ha abierto en el último tiempo a un grupo selecto de economíasemergentes, que sería la categoría con que el mundo percibiría al país. Otra ventaja de la membresía plena, significaríacontar con análisis rigurosos, objetivos y periódicos de las políticas públicasdesarrolladas por Chile, la evolución de las principales variables económicas yde la competitividad en un ámbito global, acorde a la moderna economía.Asimismo, sería un factor de incremento de la inversión, toda vez que losfinancistas chilenos y extranjeros verían al país como menos riesgoso y mástransparente. Señala el Mensaje que el cumplimiento de lasrecomendaciones de la O.C.D.E., en el marco de la Convención para Combatirel Cohecho, tendría especial relevancia para la incorporación de Chile comomiembro pleno, por cuanto para ser admitido se evalúa si el país comparte losprincipios y valores de la Organización y si tiene la capacidad y voluntad decumplir con las obligaciones legales y políticas propias de esa condición,
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 30 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNsiendo, precisamente, la completa y total implementación de la Convención,uno de los criterios para determinar esa voluntad y capacidad. Agrega el Mensaje que Chile ratificó la “Convenciónpara Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en lasTransacciones Comerciales Internacionales” mediante el depósito delcorrespondiente instrumento de ratificación el 18 de abril de 2001 y, luego,mediante la ley N° 19.829, introdujo modificaciones en el Código Penal paracumplir con las obligaciones asumidas por el país como parte de la Convención. En lo que se refiere a las personas jurídicas, laConvención obliga a sancionarlas cuando intervienen en el delito de cohecho afuncionario público extranjero, fundamentalmente porque los principalesdelitos en que se ven involucradas las personas jurídicas dicen relación con lacorrupción de tales funcionarios, lo que genera un profundo impacto social,normalmente superior al que resulta del actuar de las personas naturales. Porello, para cumplir con esta obligación, los Estados deben establecer laresponsabilidad de estos entes, sujetándolos a sanciones efectivas,proporcionales y disuasivas, medida que la Organización considera como lamás eficaz para combatir este delito y que es, precisamente, la que seencuentra pendiente de implementar y es lo que constituye el objeto de estainiciativa. Por ello, concluye el Mensaje, con este proyecto sebusca cumplir con una serie de objetivos, especialmente en lo que dice relacióncon los compromisos internacionales del país y el perfeccionamiento de nuestroordenamiento jurídico. Con el establecimiento de disposiciones que permitanresponsabilizar a las personas jurídicas por tales delitos, se las incentivará paraque adopten medidas de autorregulación, que permita armonizar los principiosde libertad empresarial y económica con el de la responsabilidad en lapreservación de los valores sociales y el orden público. En todo caso, elestatuto que se propone no establece un sistema general de sanciones sinoque solamente contempla aquellos delitos considerados especialmente dañososa nivel internacional. En lo que se refiere al contenido mismo del proyecto,señala que de acuerdo a lo expuesto, la iniciativa aborda la responsabilidad delas personas jurídicas sobre la base de los siguientes aspectos: a) se aplica a las personas jurídicas de derechoprivado y a las empresas del Estado. b) la responsabilidad se aplica sólo respecto de losdelitos de lavado de activos, previsto en el artículo 27 de la ley N° 19.913; elde financiamiento del terrorismo, descrito en el artículo 8° de la ley N° 18.314,
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 31 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNy el de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, previstos en losartículos 250 y 250 bis A del Código Penal, respectivamente c) los presupuestos que permiten atribuir laresponsabilidad de las personas jurídicas se basan en: 1.- la existencia de unhecho punible cometido por alguna de las personas que realizan actividades deadministración de la persona jurídica o por una persona natural que esté bajola dirección o supervisión de las personas nombradas; 2.- que la comisión deldelito ceda en interés o provecho de la persona jurídica, y 3.- que la personajurídica incumpla con su deber de dirección y supervisión y que tal conductahaya hecho posible la comisión del delito. d) las sanciones aplicables son de distinta índoleentre las que se encuentran la disolución de la persona jurídica, lasprohibiciones y la multa sobre las cuales se establecen reglas para determinarsu naturaleza y su cuantía. e) en cuanto a la entidad a cargo de lasinvestigaciones, estima el Mensaje que el organismo naturalmente competentepara ello es el Ministerio Público, puesto que se trata de determinar laresponsabilidad de una persona jurídica como producto de la comisión de undelito por parte de una persona natural. Además de lo anterior, se considerapara ello la orgánica del Ministerio, las atribuciones que le confiere la ley, lainterrelación con los organismos auxiliares, especialmente las policías y laexperiencia y eficacia lograda en su labor. Para lo anterior, el Ministerio contará con lasherramientas investigativas y procesales que le asigna este proyecto, las leyesespeciales que regulan la persecución de cada uno de los delitos señalados enla letra b) y las normas del Código Procesal Penal las que tienen el carácter desupletorias. f) serán tribunales competentes para conocer deestas cuestiones, los con competencia en materia penal, especialmente por elhecho que lo que lleva a responsabilizar a una persona jurídica es el accionarpunible de una persona natural. g) en cuanto al modelo de persecución de laresponsabilidad legal de las personas jurídicas, éste se funda en el tratamientoque en nuestra legislación procesal penal recibe el imputado, el que se aplicasupletoriamente a dichas personas, siempre que tales normas resultencompatibles con la especial naturaleza de estas últimas. La participación de la persona jurídica, tanto en lainvestigación como en el procedimiento, se realizará por medio de surepresentante legal, salvo que éste fuere imputado por su responsabilidad en
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 32 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNel hecho punible que, a su vez, origina la de la persona jurídica, caso en el cualcesara su representación, pudiendo la persona jurídica nombrar un nuevorepresentante en el plazo que le señale el tribunal. Si no efectuare estenombramiento, se la considerará rebelde, pero, contrariamente a lo quesucede con el imputado de acuerdo a las normas procesal penales, ladeclaración de rebeldía no suspende la investigación ni las audiencias delprocedimiento, no constituyendo, en consecuencia, un obstáculo para lacontinuación del juicio y la eventual imposición de una sentencia condenatoria. h) en lo que se refiere al procedimiento aplicable, elproyecto atiende a las penas que solicite el fiscal respectivo. Así, si solicita, deacuerdo al artículo 9°, la suspensión de beneficios o la aplicación de multas, oambas, el procedimiento a aplicar será el simplificado, pero si solicita algunade las otras sanciones que señala el mismo artículo 9°, se aplicarán las normasdel juicio oral. Esta regla tiene como excepción que en el caso deque el fiscal requiriere o acusare por escrito, en un mismo acto, a la personajurídica y a la persona natural responsable del delito, el procedimientoaplicable será el que corresponda para la persona natural. En todo caso,respecto de la determinación de la responsabilidad legal de las personasjurídicas, no serán aplicables los procedimientos abreviado ni monitorio. Se establece una salida alternativa a la sentenciadefinitiva, consistente en la aceptación de responsabilidad legal efectuadoentre el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y la persona jurídica. Este acuerdo,que debe contener la aceptación de responsabilidad por la persona jurídica,debe ser aprobado por el juez de garantía y se traducirá en la aplicación deuna sanción en contra de la persona jurídica y, de haber querellante, en elpago de una indemnización.V.- OPINIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN. a) La señora Clara Szczaranski Cerda, Decano de laFacultad de Derecho de la Universidad Mayor. Inició su intervención asegurando que nuestralegislación contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas,aunque en forma fragmentada en distintos cuerpos legales y no directamenteen el Código Penal como sucede en otros países. En efecto, apareceríaconsiderada en el Código de Comercio, en la ley de bancos, en la de mercadode valores, todas las que tipifican delitos e imponen penas. Agregó que lamayoría de los países europeos recoge directamente la responsabilidad,señalando que Francia y Holanda aplican la modalidad propia y directa, queconsiste en que se aplican penas a las personas jurídicas con independencia dela persecución y sanción de la persona física que resulte involucrada. En los
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 33 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNcasos de Bélgica, España e Italia rige la modalidad impropia en que se aplicansanciones económicas a la persona jurídica en cuyo interés operó la personanatural considerada como autora directa. Señaló que en Chile se encontraba pendiente elhacerse cargo de la responsabilidad atribuible a las personas jurídicas por susilícitos, por cuanto las penas se aplican a los representantes legales yadministradores haciéndoles responder por la culpabilidad ajena, circunstanciaque genera un problema de derecho y de constitucionalidad, por cuanto elartículo 19 N° 3 de la Constitución Política dispone que la ley no podrápresumir de derecho la responsabilidad penal, lo que concuerda con el principiodel Derecho Penal en el sentido de que sólo se responde de la propiaculpabilidad, siendo inadmisible la responsabilidad penal por la culpabilidadajena. En cuanto a la capacidad de culpa de las personasjurídicas, explicó que se delinquía por acción u omisión y que los delitos nosiempre se perpetraban de propia mano sino que también por medio deautorías mediatas, empleando instrumentos inteligentes, como sería unejecutor que actúa también con dolo, o meros ejecutores, es decir, que actúanpor error o forzados, conservando el autor mediato el dominio de la acción. A su parecer, las personas jurídicas tenían voluntadpropia por cuanto el modo de conocer y aprender del sistema psicológicohumano podía proyectarse a las empresas y organizaciones de las personas.Reconoció que muchas sociedades o empresas no contaban con el nivel dedesarrollo organizacional que les permitiría conocer y resolver por sí mismascomo tampoco dentro de sus objetivos reales se encontraría la capacidad o laintención de optar por sí mismas, como sucedía con las llamadas sociedades depantalla, las que si bien tenían responsabilidad civil, no podían tenerla en lopenal, por no ser responsables de sus actos, ejecutados respondiendo a losdesignios de un poder diferente. No era éste el caso de las sociedades queoperan en bolsa o que administran bienes ajenos, como los fondos depensiones o las instituciones bancarias, las que están debidamente organizadascomo para responder de sus actos y dotadas de las sinergias internas que danrealidad a la identidad y a la voluntad corporativas. Luego de explayarse sobre las opiniones de distintostratadistas acerca de la capacidad de culpa de una persona jurídica, concluyóque lo lógico era fundar la culpabilidad penal de éstas de un modo análogo a lade los humanos, como también que la responsabilidad penal de un ente moralno podía confundirse con la de sus miembros. Finalmente, partiendo de la base que el derechodebía adaptarse a la realidad social y a los cursos socioeconómicos mundiales,señaló que en el actual contexto de integración económica, las personas
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 34 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNjurídicas eran los principales agentes del desarrollo económico y, por lo mismo,fuente posible de riesgo social. En lo que se refiere al proyecto en sí, señaló disentirdel criterio del Ministerio de Justicia porque para que una responsabilidad secalificara de penal, bastaba que se tipificara un delito y se le aplicara una pena.A su parecer, el Ministerio Público carecía de atribuciones para perseguir unaresponsabilidad innominada, pero le parecía aún más grave que por no calificardicha responsabilidad de penal, se dispusiera su conocimiento por instanciasadministrativas, por la vía de la formación de comisiones especiales, lo queatentaría contra la Constitución Política. 2.- La señora Marta Herrera Seguel, Directora de laUnidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Manifestó estar de acuerdo con el proyecto,especialmente por la necesidad de cumplir con compromisos internacionalesadquiridos por el país, entre ellos la normativa que exige la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económicos ( O.C.D.E.) para que Chile seincorpore a esa Organización. Consideró que el sistema penal debía adecuarse a lasnuevas demandas que surgieran, haciendo presente que el crecimiento y eldesarrollo económico y las nuevas formas, cada vez más complejas, habíanfortalecido la existencia de las personas jurídicas. Agregó que la corrupción eraun fenómeno complicado al que recurrían individuos conocedores del sistema yde sus debilidades y que iba de la mano con la mayor complejidad de lasrelaciones humanas, fundamentalmente las de carácter económico, fenómenoal que Chile no era ajeno. Sostuvo que las relaciones de intercambio llevabanconsigo el peligro latente de la contaminación e incluso, el de creación de focospropios de corrupción, como bien lo reconocía el preámbulo de la Convenciónpara Combatir el Cohecho, el que de acuerdo a lo señalado por la O:C:D:E:, setrataría de un fenómeno ampliamente difundido en las transaccionescomerciales internacionales, incluido el comercio y las inversiones. Añadió que uno de los mecanismos más utilizadospara eludir la responsabilidad por los actos de corrupción, era traspasarla a lossubalternos, alegando que no se tenía conocimiento de los actos de losdependientes, quienes se autoinculpaban y asumían una responsabilidad pordecisiones que no podrían haber adoptado sin el consentimiento de laautoridad. Señaló que estas cosas podían suceder porque la penalidadaplicable a este tipo de delitos era demasiado baja y no tenía un carácterdisuasivo.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 35 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN Indicó que la prevención y la detección del delito delavado de activos, la permanente persecución del financiamiento del terrorismoy de los delitos de cohecho nacional e internacional, constituían una laborcontinua que requería una constante actualización de los métodos yprocedimientos empleados por el Estado para combatirlos. Agregó que en el derecho comparado se observabauna clara tendencia hacia la consagración de la responsabilidad de las personasjurídicas por la comisión de determinados delitos. Observó que el proyecto no se refería a laresponsabilidad penal de las empresas, lo que no sólo constituía un escollopara el accionar del Ministerio Público, sino que podía afectar también elsistema de responsabilidad de las personas jurídicas en general. Recordó queel Ministerio Público había sido establecido con rango constitucional y con laexclusividad para la investigación de los hechos constitutivos de delito, esdecir, ello circunscribía su acción solamente al ámbito penal. Por lo mismo,como en materia de derecho público, solamente se puede hacer aquello queestá expresamente permitido, la actuación del Ministerio en esta materiacorrería el riesgo de incurrir en una inconstitucionalidad. Señaló que le parecíanecesario se determinara la naturaleza penal de esta responsabilidad, a fin deevitar que la actuación del Ministerio pudiera ser impugnada por cualquierdefensor que alegara su incompetencia, ya que sólo es competente en materiapenal. Por último, señaló que el proyecto contemplaba laresponsabilidad por tres delitos: lavado de activos, financiamiento delterrorismo y cohecho nacional e internacional. Al respecto, pensaba que podíaestudiarse la posibilidad de incluir otras áreas como la salud pública y el medioambiente y, en el ámbito de la corrupción, incluir las figuras del fraude alFisco, la negociación incompatible y la violación de secretos. 3.- El señor René Abeliuk Manasevich, profesor deDerecho Civil en la Universidad de Chile. Comenzó su intervención señalando que le llamaba laatención que el proyecto no diera la denominación de penal a laresponsabilidad que se pretende establecer para las personas jurídicas, por losdelitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, sino quelegal. Precisó que en el Derecho la responsabilidad puede ser civil, penal,administrativa y política y toda responsabilidad, con o sin ley, tiene el carácterde legal. En lo que se refiere a la posibilidad de responsabilizarpenalmente a las personas jurídicas, señaló que había quienes rechazabanconceptualmente este tipo de penalidad, optando por aplicar sanciones
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 36 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓNadministrativas, la multa civil o la multa de la autoridad o la sumisión a lostribunales. Señaló que no obstante lo que establece el artículo58 del Código Procesal Penal, cuyo inciso segundo señala que laresponsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales yque por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el actopunible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación,creía que, sobre la base de sus estudios efectuados con ocasión de esteproyecto, que las personas jurídicas eran capaces de todas lasresponsabilidades que consagraba el derecho, salvo la política. Les eranaplicables sanciones administrativas, las que no parecían muy claras dada lafalta de reglas especiales sobre ellas; la disolución por resolución de laautoridad a que se refiere el artículo 559 del Código Civil; la ley N° 18.046sobre Sociedades Anónimas en cuyo artículo 103 se contempla su disoluciónpor revocación de la autorización de existencia y por sentencia ejecutoriada; laLey General de Bancos que en su artículo 30 prescribe su liquidación forzosa olas sanciones que aplican los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de ObrasPúblicas que consisten en la eliminación de sus registros, con lo cual lesimpiden competir en futuras licitaciones, lo que equivale casi a una pena demuerte, sanciones todas éstas de naturaleza claramente penal. Sostuvo que el hecho de negar la responsabilidad delas personas jurídicas porque, por ejemplo, no pueden ser encarceladas,significaba negar la calidad de pena a las multas. Por lo demás, creía quedesconocer este tipo de responsabilidad no era consistente con la importanciaque actualmente revisten estos entes en el mundo económico, financiero yproductivo, por cuanto se generaba un espacio de inmunidad que no teníajustificación a la luz de las conductas que las sociedades pueden adoptar enperjuicio de terceros, comprometiendo valores que la ley penal tutela por la víade establecer una sanción. Agregó que desde el punto de vista doctrinario, noparecía extraño que las personas jurídicas fueran pasibles de sanción penal,como lo demostraba el hecho de la formación de asociaciones ilícitascamufladas bajo las formas de una persona jurídica. Dijo considerar positivo el proyecto porque respondíaa la evolución de la sociedad y al fenómeno de la globalización, por cuanto losdelitos que sancionaba guardaban relación con dicho fenómeno, toda vez queimplicaban relaciones económicas y financieras entre países. Agregó que nocreía que en el país existieran grandes organizaciones dedicadas al lavado dedinero o al narcotráfico, sino que éste sería más bien un pasadizo de drogas;de ahí entonces que este último delito, normalmente ligado al financiamientodel terrorismo, no fuera de gran importancia.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 37 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN Señaló creer, igualmente, que el proyecto resolvía unvacío legal en torno a la normativa aplicable en materia de responsabilidad,por cuanto, en la actualidad, a falta de claridad en lo que dice relación con laresponsabilidad administrativa, se aplicaban normas de derecho civil. A sujuicio, debería sancionarse desde el ámbito penal por cuanto una multaimpuesta por la autoridad competente y ratificada luego por los tribunales, eraclaramente más cercana al derecho penal. Finalmente, ante la consulta acerca de si para evitarlas discordancias con el sistema nacional, no sería preferible perfeccionar lalegislación sobre esta materia en los ámbitos civil y administrativo, señaló quelo que parecía obvio y mejor sería establecer una responsabilidadadministrativa, pero para ello se requería la creación de los tribunalesadministrativos o la modernización de la Contraloría General de la República,todo lo cual requeriría de importantes recursos por lo que no sería viable y nopasaría de ser una aspiración programática. 4.- El señor Fernando Londoño Martínez, profesor deDerecho Penal en la Universidad de Talca. Inició su intervención resaltando que la graninnovación que se proponía respecto del régimen de responsabilidad de laspersonas jurídicas, decía relación con los incentivos para que se organizaranadecuadamente, de forma de prevenir los delitos. Se trataría de un sistemaproveniente de los Estados Unidos y recogido por la ley italiana en el año 2001,sobre la que entendía se basaba este proyecto. Señaló que el proyecto decía relación con el delito deempresa como delito estructural. La empresa, a su vez, plantearía tres tipos dedesafíos al derecho penal. 1.- Problemas de imputación como resultado de ladivisión del trabajo, la distribución de las funciones, la delegación de funciones,las jerarquizaciones, los principios de confianza propios del trabajo en equipodificultaban la identificación de los responsables. 2.- La incidencia del grupo/empresa en el planoindividual por cuanto estos grupos pueden tener un impacto criminógeno,puesto que una persona puede ser mejor o peor según el grupo a quepertenezca. 3. Problemas informativos por la complejidad de lasempresas, de las que fluye mucha información y se dificulta pesquisar losdelitos.
Historia de la Ley Nº 20.393 Página 38 de 441 INFORME COMISIÓN CONSTITUCIÓN En cuanto a la procedencia de la responsabilidadpenal de las personas jurídicas, señaló que la doctrina clásica que concebía elsistema penal como retribucionista, es decir, se pagaba por lo que se hacía,tornaba imposible tal responsabilidad porque al no estar dotadas de dolo ni deculpabilidad, no era posible efectuarles un reproche ético. La influenciaanglosajona, en cambio, de orientación más pragmática, buscaba identificar losproblemas y, en lo posible, darles solución. Se trataba de mejorar lo quevendría, en otras palabras, evitar el crimen, ciñéndose a una lógica máspreventiva. Reseñó, en seguida, las principales argumentacionescontrarias a la responsabilidad de los entes morales, como la que se funda ensu incapacidad de acción, lo que haría que la culpabilidad por defecto deorganización fuera una culpabilidad sin tipicidad, porque los hechos sonejecutados por los órganos o representantes y no por la empresa; la queseñala que tal responsabilidad sería contraria al principio de la personalidad dela pena, porque aquellos socios que no tuvieron ingerencia alguna en eldesarrollo de las actividades delictivas, verían afectados su patrimonio, o laque indica que tal responsabilidad al sancionar a quien dirige la sociedad o alaccionista mayoritario y, además, castigar a la empresa misma, estaríaviolando el principio de que nadie puede ser sancionado dos veces por unmismo hecho. Al respecto, señaló que el paradigma de laresponsabilidad penal de las personas jurídicas, suponía distinguir una personanatural de una entidad dotada de cierta vida, como eran los entes morales,cuestión que el proyecto enfrentaba en el artículo 6°, referido a las pequeñas ymedianas empresas y a aquellas constituidas con la única finalidad dedelinquir. Agregó, asimismo, que quienes se oponían aresponsabilizar penalmente a las personas jurídicas, señalaban que ello erainútil desde el punto de vista preventivo, porque para disuadir la comisión deconductas delictivas bastaba la sanción que se establecía para las personasnaturales, puesto que las personas jurídicas no podían ser disuadidas desde elmomento que carecían de libertad. Sobre esta última objeción, señaló que la respuestaque entregaba el proyecto constituía el principal aporte del mismo, por cuantoresponsabilizar a las personas jurídicas constituía una coacción a la autoresponsabilidad, en otras palabras, constituía un incentivo para la generaciónde modelos idóneos de organización, un llamado a la empresa para que seorganizara y auto regulara a fin de actuar como un ciudadano correcto. Lalógica de esta normativa sería llamar a que todos cooperaran para evitar quese cometieran determinados hechos y no para reaccionar una vez que taleshechos sucedieran. Recordó que en el ámbito laboral ya existía este tipo de