Source: http://librosdederechoperuano.blogspot.com/
Timestamp: 2018-06-20 03:13:39
Document Index: 198430140

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1969', 'artículo 1970', 'artículo 1985', 'artículo 2001', 'artículo 1993']

El contrato de compra- venta es el acto mediante el cual una persona denominada vendedor, se obliga a transferirles a otro denominado comprador la propiedad de un bien a cambio del pago de su precio en dinero.
Elementos necesarios de un contrato de compraventa
De la definición expuesta en las líneas anteriores podemos deducir que el contrato de compraventa está constituido por una serie de elementos de concurrencia obligatoria y que evidentemente no pueden ser perdidos de vista por todo aquel que pretenda redactar uno. Estos elementos son:
Los sujetos. Son los titulares de las obligaciones y derechos recíprocos. Para el caso del contrato compraventa, los sujetos son el comprador y el deudor. En ningún caso podemos olvidarnos hacer constar los nombres de los sujetos en un contrato.
El objeto. En el contrato de compraventa el objeto lo constituyen las cosas o bienes que se van a transferir en la operación económica. Estos pueden ser materiales o incorporales
La transferencia de la propiedad del bien. Es una las principales obligaciones del contrato. En el contrato deberá consignarse el momento que se realice la entrega. Así también deberán consignarse todas las obligaciones accesorias.
El precio. Junto a la transferencia del bien se constituye como una de las principales obligaciones de contrato. El monto del precio del bien también deberá consignarse obligatoriamente en el contrato.
Una cuestión previa: la formalidad del contrato
Muchas veces se confunde o se identifica al contrato con la forma en la que este ha sido expresado. Nos explicamos:
Ocurre que el contrato no es el papel en el que constan las obligaciones reciprocas de las partes, sino que, es simple y llanamente el acuerdo en virtud del cual las partes se obligan a realizar determinadas acciones; todo ello al margen de la forma en la que se haya expresado dicho acuerdo.
Siendo así, los acuerdos pueden manifestarse en un papel o, simplemente de manera verbal. En el primer caso el contrato tendrá FORMA ESCRITA y en el segundo FORMA ORAL.
Ahora bien, por regla general la forma en la que se manifiesten los acuerdos entre las partes no condiciona su validez. El código civil peruano, se rige bajo un principio llamado “libertad de forma”.
Sin embargo, existen algunas excepciones a la regla general. Hay algunos casos para los cuales la ley exige que se respete una forma determinada. Este es el caso de la compra venta de bienes inmuebles, los cuales deben celebrarse por escrito, necesariamente, y por escritura pública.
Habiendo hecho estas aclaraciones, a continuación brindaremos algunas pautas generales para la redacción de un contrato de compraventa.
La idea matriz de la redacción del contrato de compraventa es que en él deben constar, obligatoriamente todos los elementos configuradores del contrato: los sujetos, el objeto y las obligaciones (la transferencia de la propiedad y el pago del precio).
Siendo así, el primer paso en la redacción del contrato – obviamente, luego de colocarle el titulo – es la identificación de cada uno de los sujetos intervinientes. Se debe indicar el nombre, documento de identidad y de ser el caso, el domicilio del comprador y el vendedor.
El segundo paso consistirá en describir con la mayor precisión posible el bien que será objeto de transferencia. En caso de que sea un bien inmueble la carga se hace mayor ya que deberá indicarse todos los servicios (agua, luz, alcantarillado, etc.) y demás condiciones en las que se encuentra el inmueble.
El tercer paso es describir las principales obligaciones del contrato, estas son: i) la transferencia del bien y ii) el pago de precio del bien.
Sobre el segundo asunto, sobre el pago del precio del bien, deberá indicarse el monto del precio del bien y la modalidad de pago de dicho monto.
Como lo hemos dicho, un contrato es un acuerdo en el que las partes se comprometen a cumplir recíprocamente con determinadas obligaciones de carácter patrimonial. Ahora bien, dicho acuerdo puede tener el contenido que ellas quieran.
En ese marco, el contrato preparatorio es el acuerdo por el que las partes PREPARAN la celebración de un contrato futuro y definitivo. Mediante este contrato ambas partes una de ellas se compromete a celebrar en el futuro un contrato que por alguna razón no lo quieren celebrar de manera actual.
El contrato de promesa de contraventa
No debemos confundirnos, por la palabra “promesa” no debemos a entender a un compromiso susceptible de ser incumplido. La promesa de venta es un acuerdo de cumplimiento obligatorio, cuya inobservancia esta sancionada con el pago de una indemnización por daños y perjuicios.
La promesa de compraventa debe tener plazo determinado o determinable, el código señala, que en caso de que no se establezca un plazo se asumirá el de 1 año. A si también, en caso de que las partes, no quieran todavía celebrar el contrato, podrán extender la duración del mismo por un plazo no mayor que el indicado en la promesa anterior.
La resolución de un contrato opera cuando después de celebrado sobreviene alguna causal de resolución. A diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la nulidad, nuestro código no regula las causales específicas de la resolución de un contrato.
La acción de resolución le corresponde al acreedor y por lo tanto la causa más común de la resolución de los contratos es el incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas de los mismos. Para el caso de la compraventa, la principal causa de resolución es el incumplimiento o bien de la transferencia del bien o del pago de la suma del precio o la garantía que recae sobre el producto. En caso de que el contrato se resuelva por falta de pago, el acreedor tendrá derecho a una indemnización según las reglas establecidas en el código.
Otra causal de resolución se manifiesta cuando la compraventa se realiza sobre la base de una muestra. En ese caso, el acreedor tendrá derecho a resolver el contrato cuando la calidad del bien no es la misma que la ofrecida en la muestra.
Porque es mejor pasar por un abogado experto para su contrato
Es cierto que el objetivo del presente artículo ha sido brindarle al lector algunas a pautas de carácter general que no debe perder de vista al momento de redactar un contrato. Con ello se ha buscado darle una orientación básica y elemental sobre el tema. Sin embargo, ello no puede llevarnos a concluir que ya no necesitamos a un abogado con experiencia para emprender la redacción de un contrato.
De hecho siempre lo más recomendable es acudir a abogados especialistas en contratos, para que pueda asesorarnos.
Ahora bien, la necesidad se hace mucho más patente cuando la transacción económica es más grande. No es lo mismo comprar o vender un televisor que comprar o vender un inmueble. En el primer caso la obligación es bastante simple y por general no representa problema alguno para nadie; en cambio en el segundo caso la operación es mucho más compleja y la compraventa no comprende una sola obligación sino varias que deben estar necesariamente incluidas en el contrato.
Modelo de contrato de compraventa (ejemplo de modelos)
Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de Compra Venta que celebran de una parte, don_____________, peruano, soltero, de ocupación empleado, identificado con _______con domicilio en Calle ___________________, a quien en adelante se le denominará EL VENDEDOR y de la otra parte _______________, peruana, de ocupación empleada, identificada con _____________ de estado civil soltera, con domicilio en_______________, Departamento y Provincia de Lima, a quien en adelante se le denominara LA COMPRADORA; en los términos y condiciones siguientes: ————–
ANTECEDENTES: EL VENDEDOR es propietario del inmueble ubicado en _____________________. El derecho de propiedad, área, Linderos y Medidas Perimétricas del Inmueble antes mencionado se encuentra debidamente inscrito en la Partida __________________ del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona ______________ Sede Lima Oficina Registral Cañete.
SEGUNDO.-TRANSFERENCIA:
Por el mérito de este contrato EL VENDEDOR da en venta real y enajenación perpetua a favor de LA COMPRADORA, el inmueble descrito en la cláusula anterior; comprendiéndose en dicha venta, todo lo inherente y accesorio a las propiedades materia de compra venta, como son los servicios, e instalaciones de agua, luz, desagüe, y otras; la fábrica, aire, entradas, salidas, usos y costumbres, servidumbres, y todo cuanto de hecho o por derecho le corresponda a dicho inmueble, sin reserva ni limitación alguna.————
TERCERO.- PRECIO:
El precio total de venta por el inmueble antes descrito y pactado de común acuerdo es de _______________que serán cancelados en su totalidad por LA COMPRADORA a la firma de la Escritura Pública, mediante cheque de Gerencia de una entidad financiera, girado a favor del VENDEDOR, sin más constancia de entrega y recepción de dicha suma que las rúbricas puestas por ambas partes en la respectiva Escritura Pública, quienes a su vez declaran que la entrega del referido cheque tendrá efecto cancelatorio conforme a ley.——————————————————-
CUARTO.- EQUIVALENCIA DE PRECIO Y BIEN :
Ambas partes declaran que la venta se realiza AD CORPUS y que existe la más justa y perfecta equivalencia entre el precio pactado y el valor real del inmueble, materia de venta, y que si alguna diferencia hubiere de más o de menos que al momento no se advierte se hacen de ella mutua gracia y recíproca donación, renunciando desde ahora en forma expresa a toda acción o excepción que por error, dolo, u otra causa cualquiera tienda a invalidar este contrato, así como a los plazos para interponerlas.-
QUINTO.– SANEAMIENTO DE LEY:
EL VENDEDOR declara que sobre el inmueble que enajena no pesa carga, embargo, medida judicial o extrajudicial, ni gravamen alguno que en cualquier forma afecte o limite el derecho de su libre uso y disposición. En todo caso EL VENDEDOR, se obliga al saneamiento de ley en caso de evicción.
SEXTO.- CARGAS DEL INMUEBLE:
EL VENDEDOR asume en forma exclusiva cualquier adeudo que estuviere pendiente de pago respecto a tributos fiscales y/o municipales, arbitrios, gabelas, consumo de agua y energía eléctrica, especialmente en lo que se refiere al Impuesto al Valor del Patrimonio Predial, con anterioridad a la fecha de suscripción de la presente minuta. Todos estos conceptos, que se generen con fecha posterior a la suscripción de dicho documento, serán de cargo exclusivo de LA COMPRADORA.
SÉPTIMO.- COMPETENCIA:
Los contratantes se someten expresamente a la competencia y la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima, para el caso improbable de un litigio derivado de cualquier efecto producido como consecuencia de la celebración del presente contrato, renunciando de este modo a otro posible fuero que en el futuro pudiera invocarse.——
OCTAVO.- GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES:
Todos los gastos que en su oportunidad irrogue la elevación a Escritura Pública de la respectiva minuta de compra venta, tales como derechos notariales y derechos registrales, serán asumidos exclusivamente por LA COMPRADORA.———————————————————————————————-
Sírvase Ud. Señor Notario, agregar lo que fuera de ley, y enviar los partes correspondientes al Registro de la Propiedad Inmueble para su correspondiente inscripción.————————-
Lima, _____________
Paso 1: ¿Quién puede denunciar?
La víctima o cualquier persona que conozca de la violencia. La denuncia puede ser presentada en forma verbal o escrita. Es importante que lleve su documento de identidad (DNI).
Defensores de las DEMUNAS y Directores de colegios tienen la obligación de poner en conocimiento a las autoridades policiales y judiciales los casos de violencia sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes de los que tengan conocimiento.
Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia gaves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
Paso 2: ¿Dónde se denuncia?
En la Policía Nacional:
A través de cualquier comisaría, de preferencia del sector en el que vive o donde han ocurrido los hechos. La comisaría recibe las denuncias por violencia familiar y realiza las investigaciones preliminares y las notificaciones correspondientes. Está facultada para allanar el domicilio del agresor en caso de flagrante delito o de muy grave peligro.
Ante el Fiscal Provincial de Familia o Mixto que corresponda. Tramita las peticiones escritas o verbales o por emisión del atestado policial. También puede actuar de oficio ante el conocimiento de los hechos.
El Juez de Familia Mixto o de Paz, según sea el caso, es el que recepciona las acciones por violencia familiar.
*Recuerde que es importante que detalle los hechos en forma ordenada y clara a fin de facilitar la investigación. Proporcione el nombre del agresor si lo conoce, así como las señas y direcciones que hagan posible su detención.
Paso 3: Certificados de salud física y mental
Una vez registrada la denuncia deberá prestar su manifestación o declaración con presencia del Fiscal Penal de turno y, con el Oficio que le entregan, deberá concurrir a los servicios señalados para los exámenes correspondientes con un médico legista o un psicólogo.
En caso de violencia sexual se recomienda a la víctima que no se cambie de ropa, ni se bañe antes de pasar los exámenes médicos, ya que algunas evidencias del delito podrían perderse, por el mismo motivo es importante que la denuncia sea interpuesta lo antes posible.
Los certificados son otorgados de forma gratuita por los médicos del Ministerio de salud, el Seguro social, el Instituto de medicina legal y los Municipios.
Paso 4: Medida de protección inmediata
Recibida la petición u oficio de los hechos, el Fiscal deberá dictar las medidas de protección inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de la víctima.
Impedimento de acoso a la víctima.
Suspensión temporal de visitas.
Esta es la sentencia del TC que declaró nulo indulto humanitario a Enrique Crousillat
A dos días para terminar el año 2017, el Equipo Especial encargado de las pesquisas del caso Odebrecht presentó hoy el requerimiento de extradición contra el expresidente, Alejandro Toledo , ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
¿Cuál será el siguiente paso? Al respecto, la Fiscalía detalló que tras la presentación formal del requerimiento de extradición, el juez - previa evaluación - deberá formular el requerimiento ante la Corte Suprema de la República para su aprobación y posterior remisión a las autoridades competentes de los Estados Unidos. (Gestion.pe)
Tiembla la democracia: PPK negocio concediendo indulto humanitario a Alberto Fujimori
"El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición siendo las 18:00 horas del 24 de Diciembre del 2017" (Diario.La republica)
Video: Curso sobre la Postulación del Proceso y Reconvención" - Derecho Procesal Civil
Fuente: Youtube - EFAJA Corte de Lima
Video: Medios de Prueba Típicos - Dr. Jorge Rosas Yataco
Visualización del vídeo sobre los medios de Prueba típicos
Fuente: Youtube - Canal de Amag
Diapositiva: El rol del fiscal en el nuevo código procesal penal
Por otro lado, los magistrados reiteraron que la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema es el órgano con jurisdicción constitucional para conocer con exclusividad el control concentrado de normas infralegales y cuenta con competencia exclusiva para absolver las consultas por ejercicio de los jueces del control difuso de normas legales e infralegales en general.
Diapositiva: El delito flagrante y la Policía Nacional del Perú
Casuistica: Establecen pautas para el despido por embriaguez del trabajador
La causal de despido por «embriaguez» solo se aplicaría mientras el trabajador desempeñe labores efectivas en una comisión de servicios, pero no al haber cumplido con reportar la conclusión de la jornada laboral.
CASACIÓN LABORAL N° 10757-2016, DEL SANTA
Lima, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTA; la causa número diez mil setecientos cincuenta y siete, guion dos mil dieciséis, guion DEL SANTA, en audiencia pública de la fecha; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Fermín Trujillo Domínguez mediante escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos cuarenta y uno, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución número nueve de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintiocho, que revocó la Sentencia apelada contenida en la resolución número tres de fecha ocho de junio de dos mil quince, que corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y nueve, que declaró fundada la demanda; reformándola declararon infundada la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima (HIDRANDINA S.A.), sobre nulidad de despido.
Por resolución de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, que corre en fojas cincuenta a cincuenta y tres del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa por interpretación errónea del literal e) del articulo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
Conforme se advierte del escrito de demanda que corre en fojas setenta y seis a ochenta y cinco, el actor pretende se declare su despido como nulo, por la causal prevista en el inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, esto es, interponer una demanda judicial en contra de su empleadora; y en consecuencia, que se ordene su reposición en el puesto de trabajo en el que se venía desempeñando antes del despido: asimismo, solicita se ordene a la entidad demandada que cumpla con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha efectiva de reposición, más intereses legales, con costas y costos del proceso.
El Juez del Segundo Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior de Justicia Del Santa, mediante Sentencia de fecha ocho de junio de dos mil quince, declaró fundada la demanda; ordenaron a la demandada que cumpla con reponer al actor en su puesto de trabajo, con el mismo nivel remunerativo y en ejecución se sentencia liquídese las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la reposición, más intereses legales, con costas del proceso. Además, dispone el pago de dos mil soles (S/.2,000.00) por concepto de costos del proceso a favor de los señores abogados del demandante, que incluye el 5% para el Colegio de Abogados.
Por su parte, el Colegiado de la Sala Laboral de la referida Corte Superior, revocó la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola se declara infundada, luego de considerar que no es suficiente acreditar la existencia de un proceso judicial del nexo – causal entre el despido y la causa alegada, sino que debe demostrarse la existencia de actitudes o conductas procedentes de este último que evidencien el propósito de impedir el reclamo del trabajador y en el caso de autos ha transcurrido más de un año desde que se interpuso la demanda en el proceso anterior y porque además el estado de embriaguez del demandante se suscitó cuando estaba en comisión de servicios.
En el caso de autos se declaró procedente el recurso interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa por interpretación errónea del literal e) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR, que establece:
e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo;».ç
Debe tenerse en cuenta que, en principio, que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ha establecido un sistema general de protección al trabajador contra el despido arbitrario, entendiendo por tal aquél que carece de causa justa o que se materializa sin expresión de ésta y establece la nulidad del despido que no se funda en alguno de los motivos específicos que dicha Ley establece en el artículo 29° todos vinculados a conductas lesivas a determinados derechos del trabajador, por lo que el sustento de esta norma radica en garantizar su pleno ejercicio sin que la situación de subordinación o dependencia que deriva de la relación de trabajo pueda limitarlos o restringirlos, lo cual encuentra fundamento en el tercer párrafo del artículo 23° de la Constitución Política del Perú que señala que la relación no puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Sin embargo, como contraparte, el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ha previsto la figura del despido disciplinario el cual es considerado como la «resolución unilateral del contrato de trabajo por decisión del empresario, fundado en un incumplimiento previo del trabajador»; no obstante, dicha figura no puede ser invocada de manera arbitraria, sino que debe fundarse en causa justa, grave y evidente, caso contrario, nos encontraríamos frente a alguna modalidad de despido pasible de ser sancionada mediante la reposición o indemnización prevista en la legislación vigente.
QUINTO: Marco jurídico de la falta grave
El artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ha definido a la falta grave como aquella «infracción cometida por el trabajador contra los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal intensidad que haga irrazonable la continuidad de la relación laboral».
Debemos considerar que esta infracción debe revestir tal gravedad que suponga «(…) una lesión irreversible al vínculo laboral, producida por acto doloso o culposo del trabajador que hace imposible o indeseable la subsistencia de la relación laboral (…)».
SEXTO: Ahora bien, la determinación de la gravedad dependerá de cada supuesto de despido previsto en la norma legal antes citada, pero en suma el hecho sustentatorio de un despido debe ser de tal gravedad que no permita la continuación del contrato de trabajo y que resulte imperativa la extinción del mismo, por ello conviene tener en cuenta que «(…) ha de graduarse lo más estrictamente posible la conducta incumplidora del trabajador, de modo que el despido, que es la sanción más importante y de mayor intensidad, sea una sanción proporcional al incumplimiento del trabajador»:
Entre los diversos elementos debe considerarse que se tiene en cuenta toda una serie de circunstancias, «en primer lugar, relacionadas con el propio trabajador, como su antigüedad del trabajador, el hecho de que no haya sido sancionado con anterioridad; los elementos que caracterizan el incumplimiento imputado al trabajador, tales como la existencia o no de advertencias previas al trabajador, la habitual tolerancia a ciertas conductas, la reiteración en el incumplimiento, las circunstancias personales del trabajador en el momento del incumplimiento; y también las consecuencias del incumplimiento del trabajador, como las repercusiones económicos del mismo, el hecho de que el incumplimiento se haya escenificado públicamente o no, etc.».
SÉTIMO: En el caso en concreto.
En el caso de autos, el despido del trabajador se ha producido bajo el amparo del inciso e) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; el mismo que establece como falta grave:
«e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo;».
OCTAVO: El demandante alega que el despido se ha producido por cuanto que interpuso con anterioridad al presente proceso, una demanda contra la empleadora, pretendiendo su reposición, originándose la apertura del Expediente N° 2752-2006-0-2501-JR-LA-01, el mismo que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Corte Suprema; sin embargo, mediante medida cautelar otorgada el veinticinco de julio de dos mil trece, se dispuso su reposición al trabajo, la misma que se hizo efectiva el quince de agosto de dos mil trece, siendo por ello esta causa la verdadera razón de su despido y no la alegada falta grave que se le imputó.
NOVENO: Para la Sala Superior la demanda es infundada por cuanto: i) la comisión de servicio para la cual fue designado el actor -y otros trabajadores- no concluyó a las dieciséis horas con treinta minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, debido a que los viáticos fueron reconocidos por los días completos de comisión; ii) la falta imputada se produjo durante la comisión del servicio y en circunstancias en que el demandante se encontraba trasladándose en el vehículo de la empresa demandada, por lo que concluyen que la falta cometida se encuentra enmarcada dentro del supuesto establecido en el literal e) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; iii) el hecho de que exista un proceso judicial en trámite, sobre nulidad de despido contra la emplazada no enerva la falta grave cometida por el actor.
DÉCIMO: La demandada, despide al demandante por haberse encontrado en estado de embriaguez durante la comisión del servicio que le fue encomendado, y que el hecho reviste excepcional gravedad por el cargo desempeñado como técnico electricista del área de Proyectos y Obras de la Unidad de Negocios Chimbote, tal como se infiere de la carta de pre-aviso de despido de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis, y la carta de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante en fojas cuarenta y nueve.
DÉCIMO PRIMERO: Sostiene el recurrente que la demandada lo designó -junto a otros trabajadores- para que efectuaran una comisión de servicios en la Ciudad de Cajamarca desde el diecisiete al veintiuno de noviembre de dos mil catorce, y que el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, laboró hasta las dieciséis horas con treinta minutos, siendo con posterioridad al cumplimiento de la jornada de trabajo su compañero Faustino Lescano procediera a entregar las ordenes de servicios, y aproximadamente a las seis de la tarde, en compañía de sus compañeros se dispusieron a retornar a la ciudad de Trujillo en la camioneta de la emplazada, ingiriendo en el trayecto «un trago macerado» debido al frio intenso. Refiere que el vehículo en el cual se transportaban fue impactado por la parte posterior y si bien es cierto a la hora del accidente se encontraba en el vehículo de la empresa demandada, la comisión del servicio había concluido a las dieciséis horas con treinta minutos, conforme lo acredita con el permiso de trabajo de altura, reporte de orden de mantenimiento ejecutada y notas de salidas de materiales.
DÉCIMO SEGUNDO: Esta Sala Suprema advierte que si bien es cierto el actor reconoce en su carta de descargo y en el decurso del proceso que el día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, ingirió bebidas alcohólicas y que se encontraba en estado de embriaguez cuando se trasladaba en el vehículo de propiedad de la empresa hacia la Ciudad de Trujillo; sin embargo, no resulta menos cierto que cumplió con ejecutar el servicio encomendado, entregando las ordenes al supervisor encargado, sin que tal ejecución lo hubiera realizado en estado de embriaguez, versión que no ha sido rebatida por la demandada; por tal motivo, al haberse cumplido con reportar la ejecución del servicio, con tal acto se entiende que concluyó con la jornada de trabajo; y en cuanto al estado de embriaguez del demandante, debe tenerse en cuenta que el cargo desempeñado por el actor era el de Técnico de reparación de líneas, resultando irrazonable que la comisión de servicio se extendiera hasta la llegada a la sede de la empresa demandada, cuando el objetivo de la comisión encargada ya había sido cumplido, por lo tanto, no puede imputársele falta grave que amerite su despido.
DÉCIMO TERCERO: De otro lado, de autos se advierte que no obra en autos medio de prueba que permita inferir que el actor haya incurrido en faltas anteriores en el ejercicio de sus funciones, ni que haya sido sancionado con anterioridad, ni prueba que acredite la existencia o no de advertencias previas al trabajador, ni que se haya producido una habitual tolerancia a ciertas conductas, ni una reiteración en el incumplimiento de sus funciones, ni que hayan existido circunstancias personales del trabajador que hayan motivado el incumplimiento de las labores encomendadas, tampoco se advierte que la presunta falta haya generado un perjuicio económico a la emplazada.
DÉCIMO CUARTO: Que la conducta del demandante no resulta sancionable con el despido, pues, no conducía la unidad móvil con que se transportaban los trabajadores, ni operó ninguna máquina originando con ello peligro para sí o sus compañeros.
DÉCIMO QUINTO: En tal sentido, las circunstancias descritas permiten advertir que el Colegiado Superior ha incurrido en una infracción normativa del artículo 25° inciso e) del Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003- 97-TR, deviniendo la causal denunciada en fundada.
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Fermín Trujillo Domínguez, mediante escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos cuarenta y uno; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintiocho; y actuando en sede se instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha ocho de junio de dos mil quince, que corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y nueve, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con reponer al actor en su puesto de trabajo, con el mismo nivel remunerativo, y en ejecución de sentencia se liquiden las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de despido hasta la reposición efectiva; más intereses legales, con costas y costos del proceso; ORDENARON la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial «El Peruano» conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima (HIDRANDINA S.A.), sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron.
Indemnización por daños y perjuicios en el Código Civil
La indemnización por daños y perjuicios en el código civil Peruano resulta una pretensión en la que el demandante persigue obtener en sede judicial un resarcimiento económico por un perjuicio que alega le ha sido causado por el demandado.
Cuando dicho pedido indemnizatorio involucra a personas naturales o jurídicas de derecho privado antes de la interposición de la respectiva demanda se debe cumplir con el requisito de procedibilidad previo del intento conciliatorio a nivel extrajudicial salvo las excepciones de ley, aunque exista la posibilidad de llegar de mutuo acuerdo a un acuerdo conciliatorio y evite un proceso judicial.
Indemnización por daños y prejuicios qué función persigue, en materia de responsabilidad civil, nuestro Código civil Peruano.
Encargados de regular la Responsabilidad civil desde dos perspectivas: La contractual y la extracontractual, en el texto se tratara de esbozar su función desde una perspectiva general de todo el sistema de Responsabilidad civil peruano.
En el artículo 1969 del Código civil dispone que: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor” y el artículo 1970 del mismo Código señala: “Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo“ mientras que la primera parte del artículo 1985 de la misma norma precisa: “La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral”.
Verificamos que nuestro Código civil Peruano usa indistintamente el termino indemnización y reparación del daño como si fuesen términos de similar alcance, más preocupante, es comprobar cómo se materializa esta indebida asimilación, dentro de las dos clausulas normativas generales del sistema de responsabilidad civil extracontractual que adopta nuestro sistema jurídico: La primera clausula normativa general representada por la culpa y el dolo (Art. 1969 del CC) no habla de que el daño debe indemnizarse, mientras que la segunda representada por el riesgo o exposición al peligro (Art. 1970 del CC) no dice que el daño deber reparase.
NATURALEZA JURÍDICA DEL PEDIDO INDEMNIZATORIO.
La responsabilidad civil es una realidad diversa de la obligación y pertenece al ámbito de la “tutela civil de los derechos” por el que por la ruptura del orden surge “el costo de un daño se transfiere del sujeto, que históricamente lo ha sufrido, a otro sujeto, a través de la imputación al segundo de una obligación, la cual tiene como contenido el resarcimiento del daño”. De ello, se puede colegir que, sea por incumplimiento de las obligaciones, sea por lesionar un derecho o un legítimo interés y, por ello, se ocasionan daños, la sanción que impone el Código Civil al “responsable” es la de indemnizar. Así, se puede definir a la responsabilidad civil como una técnica de tutela (civil) de los derechos que tiene por finalidad imponer al responsable) la obligación de reparar los daños que éste ha ocasionado.
LA INDEMNIZACIÓN COMO DERECHO DISPONIBLE Y MATERIA CONCILIABLE OBLIGATORIA.
Es importante conocer la relación de causalidad entre la pretensión indemnizatoria señalada en la demanda y el daño producido al demandante por el demandado. Lo cual quiere decir que, la actividad probatoria no solamente estará dirigida a acreditar el perjuicio sufrido por el accionante sino que ésta además deberá acreditar el nexo causal que une hecho dañoso generado por el demandado con la obligación de indemnizar de aquel por ser responsable de los daños ocasionados.
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN.
El plazo de dos años para prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual, conforme a lo señalado por el artículo 2001° numeral 4 del Código Civil. El inicio del cómputo de dicho plazo se inicia cuando el daño o las consecuencias del daño son conocibles por la víctima, de conformidad con lo señalado en el artículo 1993° del Código Civil, que señala que el cómputo del plazo prescriptorio tiene como inicio el día en que pueda ejercitarse la acción, resultando obvio que la acción no se podrá ejercitar si antes no se ha producido el efecto del daño que se solicita sea reparado, y es difícil que se exija demandar si la víctima no conoce el daño que quiere que se indemnice.
Las demandas judiciales conteniendo pretensiones indemnizatorias deben cumplir con el requisito de procedibilidad de acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, bajo sanción de ser declaradas improcedentes.
En nuestro Código civil, de acuerdo a los artículos 1969 y 1970, un primer punto de partida para que opere la Responsabilidad civil es el daño.
El sujeto responsable debe responder por el daño causado.
El daño comprende toda consecuencia económica que genere, ya sean daños no económicos o extra patrimoniales y daños de naturaleza económica.
En el Código civil peruano, no existe norma, que habilite incluir dentro de la cuantificación del daño, criterios sancionadores o preventivos.
El daño en consecuencia, solo debe comprender las consecuencias directas económicas o no, que genere, más no otros conceptos ajenos a la Función reparadora de la Responsabilidad civil.