Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63624
Timestamp: 2018-01-24 05:42:10
Document Index: 336837616

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 53', 'artículo 69', 'artículo 14', 'artículo 69', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 50', 'artículo 31', 'artículo 241', 'artículo 69', 'artículo 31', 'artículo 150', 'artículo 74', 'artículo 31', 'e contrario', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 69', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 35', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 228', 'artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 69', 'artículo 14', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 144', 'artículo 31', 'artículo 50', 'artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 69', 'artículo 121', 'Artículo 50']

Sentencia C-424 de 2015 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 08/07/2015
SENTENCIA C-424 DE 2015
CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO-Procedencia de la consulta de sentencias de primera instancia adversas a las pretensiones del trabajador
CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Adopción de medidas de descongestión de la jurisdicción ordinaria laboral por Legislador en la formación de la ley que lo modificó mediante la implementación de la oralidad/CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Procedencia de la oralidad frente a sentencias de primera instancia que no fueren apeladas
Se resalta que: (i) el legislador por mandato constitucional puede definir los procedimientos judiciales con fundamento en la cláusula general de competencia para la expedición de las leyes, la cual, en todo caso no es absoluta; (ii) si decide consagrar un medio procesal en relación con ciertas situaciones de hecho y excluye del mismo a otras, puede hacerlo según su estimación de la necesidad y conveniencia de instituir dicha diferenciación, pues ello, corresponde a la función que ejerce, siempre que no vulnere principios constitucionales de obligatorio cumplimiento; (iii) y en todo caso, las reglas, valores y principios constitucionales, en acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, son límite de validez de tal potestad configurativa. La Constitución en el artículo 31 dispone en lo atinente al control de legalidad bajo estudio que "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". No obstante, la libertad configurativa no es absoluta, pues encuentra su límite en la no vulneración principios constitucionales de obligatorio cumplimiento. Si bien la norma Superior autoriza al Legislador para establecer el grado de consulta, a su vez, la jurisprudencia constitucional advierte que dentro del diseño procesal de la figura no puede existir arbitrariedad o disminución de las garantías fundamentales para asegurar el pleno ejercicio del acceso a la administración de justicia, y es en este punto en el que al tratarse de los derechos de la parte más débil de la relación laboral, que la Constitución en distintas disposiciones establece un tratamiento tuitivo para el trabajador, por lo que deberá examinarse, si dentro de la exclusión del control de legalidad para los trabajadores con menores ingresos resulta proporcionada y razonable con la libertad de configuración.
DERECHO A LA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FRENTE A LOS DERECHOS MÍNIMOS E IRRENUNCIABLES DE LOS TRABAJADORES-Limites y restricciones
ACCESO A LA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Desconocimiento por exclusión de la garantía del control de legalidad del fallo por parte del superior funcional
El inciso final del artículo 53 constitucional, dispone que "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". De la lectura de dicho mandato que se extrae que está vedado al legislador emplear la ley para disminuir aquellos derechos consagrados a favor de los trabajadores, dentro de los cuales, naturalmente se encuentran las garantías de una efectiva administración de justicia. En este sentido, el apartamiento de los fallos totalmente negativos a las pretensiones del trabajador de un control de legalidad, se reduce a una barrera de acceso a una efectiva administración de justicia a través de un fallo justo, pues teniendo en cuenta que la parte vencida no dispone de su voluntad para solicitar el control de legalidad, sino que este procede ope legis dentro del grupo de los trabajadores se logra evidenciar una categoría mayormente desprotegida, pues aquellas personas cuyas acreencias laborales no superan los 20 smlv, además de estar desprovistos de la garantía de la doble instancia y del recurso extraordinario de casación, se les restringe aún más con la exclusión de la garantía de control de legalidad de fallo por parte del superior funcional.
La diferenciación en razón del valor de las pretensiones de los derechos mínimos e irrenunciables consagrados en la constitución entraña un trato desproporcionado, por lo que se considera que la expresión "De primera instancia" vulnera el derecho a la igualdad (CP, 13) de los trabajadores que resuelven sus conflictos en un juicio de única instancia, y con ello, se desconocen las garantías mínimas que deben regir toda relación laboral (CP, 53). En consecuencia la norma analizada será exequible, bajo el entendido que también son susceptibles del grado de consulta, las sentencias de única instancia totalmente adversas a los derechos del trabajador, afiliado o beneficiario.
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "Las sentencias de primera instancia", contenida en el artículo 69 Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.
La ciudadana Katherine Alejandra Rodríguez Puerto, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad de una expresión contenida en el artículo 69 del Código procesal del Trabajo1, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, cuyo texto -con lo demandado en subrayas- es el siguiente:
ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de "consulta".
2.2.1. Vulneración del derecho a la igualdad (CP, 13). La consulta "[s]e utiliza como mecanismo para la protección de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador toda vez que éstos se ven afectados o vulnerados por una sentencia judicial adversa a la totalidad de sus pretensiones". A partir de la interpretación que hace de esta institución, afirma que la expresión demandada, al limitar la consulta a las sentencias de primera instancia, brinda un trato discriminatorio a los fallos de única instancia, en los cuales también se pueden vulnerar las garantías y los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores. Considera que la diferencia de cuantía, que determina si un proceso es de única instancia o de dos instancias, no es suficiente para justificar la discriminación, pues "al ser la consulta un mecanismo tan importante para la protección de los derechos a (sic) los trabajadores y siendo su objetivo el restablecimiento de los derechos que se ven vulnerados, la consulta no puede depender de la cuantía". En sustento de su argumento, cita la Sentencia C-662 de 1998, en la cual este Tribunal declaró inexequible la expresión "de primera instancia", contenida en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, por considerar que:
3.1.1. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo indica en su intervención que el grado de consulta no constituye propiamente un recurso, al respecto, la H. Corte Constitucional ha indicado que se trata de "una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer la revisión del asunto una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida."2
3.3.2. El tema que se plantea con la demanda, resulta interesante en la medida que, si el trabajo es un derecho fundamental que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado -art. 25 CP- y si el fin del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos, ¿qué justifica que a un trabajador que reclama los mismos derechos que otro pero con un salario más bajo, por razón de la cuantía de sus pretensiones no tenga derecho a la doble instancia y menos a la revisión del superior por medio de la consulta?
4.1.3. Es cierto que la disposición acusada no constituye un imperativo constitucional absoluto, pues el artículo 31 Constitucional enuncia que "toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley", que el legislador cuenta con la facultad de regular los procedimientos de conformidad con la Constitución, y que la Corte Constitucional en la sentencia C-090 de 2002 declaró exequible el grado de consulta en materia administrativa regulada en la Ley 446 de 1998, en la medida que no era posible comparar a los trabajadores y los empleados del Estado, al estar sometidos a situaciones jurídicas distintas.
La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada contra la expresión "Las sentencias de primera instancia" contenida en un artículo vigente del Código Procesal del Trabajo. Por lo cual, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional entrará a determinar ¿si la previsión legislativa de Consulta para las sentencias laborales desfavorables al trabajador e inapeladas de primera instancia, y no para las de única instancia, constituye (i) trato legal diferenciado injustificado hacia los derechos de los trabajadores -CP, 13-, y (ii) una disminución de las garantías propias de toda relación de trabajo para con los derechos laborales mínimos e irrenunciables de inferior cuantía que se tramitan en única instancia –CP 53-?
3.1.1. El Texto original de Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su artículo 69, dispuso que "Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal del Trabajo, si no fueren apeladas". La reforma legal posterior introdujo una ampliación de los sujetos pasivos del grado jurisdiccional, extendiéndolo a los afiliados y beneficiarios.
3.1.2. En el curso de la formación de la ley que modificó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme a la correspondiente exposición de motivos3, el Legislador tuvo como designio la adopción de medidas de descongestión de la jurisdicción ordinaria laboral, principalmente mediante la implementación efectiva de la oralidad. Con fundamento en la necesidad de mejorar el acceso a la administración de justicia, el Legislador introdujo una serie de modificaciones al Decreto 2158 de 1948. En todo caso, la norma mantuvo la restricción original relativa a su procedencia frente a las sentencias de primera instancia que no fueren apeladas.
3.2.1. La consulta, como institución procesal, no está consagrada como un medio de impugnación o recurso ordinario al alcance de las partes. Opera como una especie de revisión por ministerio de la ley, tanto desde su consagración original en el Decreto 2158 de 19484 como actualmente. El entonces Tribunal Supremo de Justicia, consideró respecto de este mecanismo procesal, en Sentencia de julio 30 de 1985, Sala de Casación en lo Civil, lo siguiente:
"La consulta, que no es ciertamente un recurso, sino un segundo grado de competencia funcional, está destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, en determinados negocios y según la índole de la decisión tomada. Aunque la consulta procede en las hipótesis precedentes, no hay lugar a ella cuando la parte, en cuyo beneficio se ha consagrado, ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia del a quo, porque si el objetivo de aquélla es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisión oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposición del recurso de alzada." (Subraya fuera de texto)
"Cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda instancia modificar la decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin violar por ello norma constitucional alguna. La autorización que se otorga en el precepto demandado al superior para que al decidir la consulta se pronuncie "sin limitación" alguna sobre la providencia dictada por el inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia esencia se deriva la capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar íntegramente la providencia consultada con el único objetivo de corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia. De esta manera se busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado con el delito. El propósito de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin esencial del Estado." (Subrayas fuera de texto)
La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado." (Subraya fuera de texto)
3.3.1. Tratándose de la función legislativa, es sabido, que la Carta Política, prevé en el artículo 150.2 de la C.P., que le corresponde al Congreso de la República "expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones". Con base en dicha competencia, el Legislador está dotado por mandato constitucional, de una gran libertad -más no absoluta-, para definir el procedimiento a surtirse en las actuaciones tramitadas ante la administración de justicia, así como las acciones correspondientes. En la sentencia C-248 de 2013, al declarar exequible el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, relativo a los recursos contra los actos administrativos, la Corte expresó:
"La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme en señalar que el Legislador tiene un amplio margen de libertad de configuración en la forma de establecer procedimientos, sin embargo, la Corte ha sido clara en señalar que si bien existe un amplio margen de libertad de configuración del legislador en lo relativo a la fijación del procedimiento, esta facultad debe ser ejercida con respeto a los principios y valores constitucionales y debe ser razonable y proporcional.
5.2.1.6. Frente a la definición de los recursos, se ha dicho que "puede instituir recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso". De tal suerte, "si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política". (Subraya fuera de texto)
3.3.3. La Constitución en el artículo 31 dispone en lo atinente al control de legalidad bajo estudio que "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". No obstante, como se vio en el punto anterior, la libertad configurativa no es absoluta, pues encuentra su límite en la no vulneración principios constitucionales de obligatorio cumplimiento, en ese sentido esta Corporación en la sentencia C-319 de 2013 indicó que las restricciones de dicha potestad se resumen en las siguientes:
"A pesar de la amplitud del margen de configuración normativa analizado, la jurisprudencia también ha señalado que la potestad del legislador para definir los procedimientos judiciales está sometida a límites precisos, que si bien son igualmente amplios, en todo caso permiten hacer compatibles al proceso judicial con la Constitución. Estos límites pueden agruparse en cuatro categorías, a saber: (i) la fijación directa, por parte de la Constitución, de determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administración de justicia; (iii) la satisfacción de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la administración de justicia."
El procedimiento judicial es el escenario estatal que, por definición, debe estar conformado de manera que garantice los derechos constitucionales y sirva de espacio para su realización. Esto conlleva que cuando la legislación que regula dicho trámite, en vez de propiciar esa eficacia se configura como barrera para su ejercicio efectivo, resulte contrario a los principios y valores previstos en la Carta. Sobre el tópico, este Tribunal ha indicado que el legislador no está facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, pues no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta." (Subrayas fuera de texto)
Como puede apreciarse, la consulta se halla instituida para la protección de los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador que, a manera de principios básicos, contiene el artículo 53 de la Carta Política, pues este grado jurisdiccional opera cuando las sentencias de primera instancia "fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador", siempre y cuando dichas providencias no hayan sido apeladas. Así mismo, la consulta persigue la defensa de los bienes públicos ya que procede frente a esas mismas providencias cuando fueren adversas, total o parcialmente, a la Nación, al departamento y al municipio, evento en el cual no está condicionada a que se haya interpuesto el recurso de apelación.
Así regulada la consulta en materia laboral, se erige como un instituto procesal independiente de los recursos propiamente dichos, tanto que puede llegar a afirmarse que representa algo más que un factor de competencia, ya que propende por la realización de objetivos superiores como son la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional al afirmar que "si la consulta la ubica el legislador dentro de la jurisdicción y no dentro de la competencia, quiere decir eso que la integra como elemento esencial de la administración de justicia, de la potestad de juzgar, con los elementos propios de la jurisdicción uno de los cuales es la NOTIO, es decir la flexibilidad necesaria para ordenar y dirigir la actuación, "ordenatio judicii". Dentro de la actual Constitución Política, ello significa la búsqueda de un orden justo y la prevalencia de lo sustancial sobre lo simplemente procesal. Se puede afirmar también que al quedar ubicada la consulta en materia laboral dentro de la jurisdicción, eso implica un verdadero amparo para determinadas entidades de derecho público y para el trabajador a quien la decisión de un juez de primera instancia le desconoce la totalidad de la "causa petendi". (Subrayas fuera de texto)
"Naturaleza de la consulta.
6. La consulta, como lo ha entendido esta Corporación, es una institución que en muchos casos tiene por objeto garantizar los derechos de las personas involucradas en un proceso. El artículo 31 de la Constitución la prevé como una de las manifestaciones de la doble instancia, y por tanto puede decirse que ésta establece un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa. (…)" (Subraya fuera de texto)
7. (…) Tal cosa sucede entre los tipos de consulta establecidos en el procedimiento laboral y en el contencioso administrativo. En el primero de ellos, el artículo 69 del código de procedimiento laboral dispone que cuando las sentencias de primera instancia sean totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, el superior jerárquico cuenta con la facultad para revisar o examinar oficiosamente las providencias o decisiones adoptadas, buscando corregir o enmendar los yerros en que el primero pudo haber incurrido. Su finalidad en estos casos, consiste en proteger los derechos ciertos del trabajador, asegurando la aplicación real de justicia en los casos concretos" (…) (Subrayas fuera de texto)
3.4.1. La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática y reiterativa al establecer las características del derecho a la igualdad como derecho, valor y principio5, por lo que en esta oportunidad, se destacan los pasos para el juicio integrado de igualdad, mediante la determinación de ciertas etapas en su análisis y la modalidad del test a aplicar según el grado de intensidad. Al respecto, la sentencia C-811 de 2014 realizó una copiosa sistematización de la materia, resumida en los siguientes puntos:
"4.5.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.
4.5.3. La regla es la de que al ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este test se limita a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero, valga decir, a verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la "presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas". El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. El test leve ha sido aplicado por este tribunal en casos en los cuales se estudian materias económicas, tributarias o de política internacional, o en los cuales está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o en los cuales se trata de analizar una normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente, o en los cuales, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión. (…)
"Test intermedio, en el cual ya no sólo se requiere que el fin sea legítimo sino además constitucionalmente importante, en tanto la medida enjuiciada promueve intereses públicos que gozan de protección constitucional. Adicionalmente se exige que el medio, no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control judicial y que la medida no resulte evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado del bien constitucional perseguido respecto del bien constitucional sacrificado. Dicho estándar ha de aplicarse, según lo establecido por esta Corte: 1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia."
"El test intermedio ha sido empleado por la Corte para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, en especial 1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia y 3) cuando la medida prime facie genera serias dudas respecto de la afectación del goce de un derecho fundamental." (Subraya fuera de texto)
No obstante, para la jurisprudencia constitucional, la determinación de la intensidad del juicio procede una vez se ha constatado la existencia de un trato legal diferenciado frente a iguales, o un trato igualitario ante sujetos divergentes6.
4.1.2. Agrega que la anterior distinción entre la garantía de los derechos a través de los procesos de única o doble instancia, depende exclusivamente de la cuantía de las pretensiones, y en sustento de su argumento, cita la sentencia C-662 de 1998, en la cual este Tribunal declaró inexequible la expresión "de primera instancia", contenida en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, por considerar que: "De esta manera, el criterio diferenciador utilizado, como es el de la cuantía de las pretensiones reclamadas, se constituye en un factor de trato desigual para aquellos que tramitan sus litigios por la vía procesal de la única instancia frente a los que pueden hacerlo por el camino de la doble instancia, a pesar de la identidad material que presentan con respecto al contenido de sus reclamaciones. El sustento de la diferencia para acudir a esas instancias anotadas, se repite, estaría en el monto de la pretensión, lo cual no configura un elemento razonable y justo para convalidar el tratamiento diferente y discriminatorio de situaciones fácticas equiparables, como ocurre en el presente caso.
En lo que atañe al antecedente jurisprudencial citado por la demandante -C 662 de 1998-, es necesario aclarar que la norma declarada inexequible en dicha oportunidad, se refería a la limitación de los poderes del juez de primera instancia en la aplicación de las facultades extra y ultra petita. Esta Corporación declaró inexequible la expresión "de primera instancia", contenida en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo7, por considerar que:
"Esta medida regresiva no fue justificada en los términos que exige la jurisprudencia constitucional. Como se indicó anteriormente, no toda medida regresiva es proscrita por el ordenamiento constitucional, pero para que pueda ajustarse a la Carta debe ser justificada en términos de realización de otros derechos fundamentales y después de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles. En el presente caso y como se determinó en el juicio de proporcionalidad, no se vislumbra que la medida promueva la realización de otros derechos fundamentales. Además, no fue acompañada de ninguna justificación de porqué una medida menos lesiva no podía emplearse para el propósito de descongestión judicial.
La Sala advierte que lo anterior no significa que el legislador no pueda hacer cambios en la determinación de la cuantía para acceder a un recurso, sino que al hacerlo debe justificar la necesidad de la medida y tener en consideración la naturaleza del recurso que pretende regular y que la finalidad de la reforma esté dirigida a la protección de otros derechos fundamentales. En este sentido, es preciso recordar que al juez constitucional no le corresponde determinar qué cuantía sí es proporcionada, sino analizar las justificaciones dadas en cada caso por el Congreso y los demás órganos que participan en la elaboración de las leyes, para determinar si en el caso concreto se ajustan a la Carta." (Subrayas fuera de texto)
4.4.1. La Corte en la sentencia C-070 de 2010, al declarar "EXEQUIBLE la expresión "así como la decisión de autos apelados", contenida en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación, tratándose de autos, incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador". Si bien analizó los efectos del principio de consonancia en las decisiones que resuelven la apelación, tuvo en consideración para declarar el condicionamiento de la norma, los siguientes tres criterios para verificar que no se desprotegieran los derechos mínimos de los trabajadores, así:
"(…) al respecto encuentra que el primer criterio está dado por el carácter irrenunciable que, a juicio de la Corte, "refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el derecho laboral", de modo que "los logros alcanzados en su favor, no pueden ni voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia obligatoria". De conformidad con el artículo 48 de la Constitución ese carácter también se predica de la seguridad social, pues según su tenor literal "se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social", luego al cumplirse el presupuesto enunciado en la Sentencia C-968 de 2003 no existe razón para negarle la protección allí dispuesta a favor de los derechos irrenunciables del trabajador.
Otro criterio que ayudó a corroborar la protección brindada a los derechos establecidos en el artículo 53 de la Constitución se funda en la condición del sujeto titular de estos derechos, dado que, de acuerdo con la Corte, el principio de irrenunciabilidad "se inspira en el carácter esencialmente tuitivo de la normatividad laboral, orientada como ninguna otra, a proteger al trabajador de los eventuales abusos de que pueda ser objeto, para lo cual lo rodea de una serie de derechos y garantías que se consideran indispensables a fin de asegurarle un mínimo de bienestar individual y familiar que consulte la dignidad humana". La Corporación estima que el mismo carácter tuitivo justifica la inclusión del derecho a la seguridad social dentro de los derechos que no pueden ser objeto de menoscabo al resolver la apelación, pues el afiliado o el beneficiario de los sistemas de seguridad social también merece protección especial y advierte que a favor de esta tesis procede aducir que, según las reformas últimamente efectuadas y en particular las introducidas por la Ley 1149 de 2007, el Código Procesal ya no lo es exclusivamente del trabajo, puesto que también lo es de la seguridad social.
Lo anterior resulta confirmado por el tercer criterio utilizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-968 de 2003, conforme al cual, sin desconocer las diferencia entre el recurso de apelación y la consulta, "la facultad de reconocimiento de beneficios mínimos irrenunciables del trabajador no concedidos en primera instancia no puede ser una facultad exclusiva de la consulta", por cuya virtud "el superior adquiere plena competencia para revisar íntegramente la actuación con el fin de reparar los posibles yerros en los que ha incurrido el a quo, y por lo tanto debe emitir un pronunciamiento como si fuese el juez de primera instancia".
En conclusión, sería inconstitucional una interpretación del principio de consonancia que excluyera la protección de derechos mínimos irrenunciables del trabajador como los previstos en los artículos 48 y 53 de la Carta y, por ello, a su protección debe acceder el juez, aún cuando los motivos de su violación no hayan sido sustentados al interponer el recurso de apelación, pues, se reitera, su desconocimiento constituiría una flagrante violación del principio de irrenunciabilidad que, de acuerdo con el artículo 53 superior, ampara los derechos mínimos del trabajador, del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal establecido en el artículo 228 de la Constitución y del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Carta con el carácter de derecho irrenunciable." (Subrayas fuera de texto)
Conforme al mandato del artículo 31 de la Constitución que reza "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". Es claro que no existe un deber en cabeza del órgano legislativo de consagrar el grado de consulta en todas las sentencias judiciales proferidas por los jueces de cada jurisdicción; o a contrario sensu, la Norma Superior no establece una prohibición en cuanto a su limitación, tanto así, que esta Corporación lo avaló en las sentencias C-090 de 2002 y C-055 de 1993, tal y como se vio en punto 3.3.3, en las cuales, se resaltó que el Congreso de la República cuenta con la discrecionalidad para determinar bajo qué circunstancias debe operar la consulta y determinar en qué procesos resulta necesaria, ya que en principio no impera su establecimiento en todos los fallos judiciales. No obstante, deberá verificarse si tratándose de los derechos de los trabajadores, está constitucionalmente justificada la exclusión del control de legalidad del fallo para aquellos cuyas pretensiones son inferiores a los 20 Sml/v, dado que por mandato constitucional los derechos reclamados tienen la connotación de irrenunciables -CP, 48- y de beneficios mínimos -CP. 53-.
"Art. 12 Competencia por razón de la cuantía. Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía (no) exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás.
Los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existen conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente."
Ahora bien, por virtud del artículo 15 del Decreto Ley 2158 de 19488, el juez competente para surtir el grado de consulta, son las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de lo que se evidencia que el juez natural que surte la consulta de las sentencias de primera instancia son las Salas Laborales del respectivo Tribunales Superiores del respectivo Distrito Judicial, y sólo las proferidas por los jueces laborales en primera instancia. Por lo que excluir de su carga laboral aquellas inferiores a 20 Sml/v proferidas por los jueces laborales en única instancia, los municipales de pequeñas causas y de competencia múltiple y donde no hay juez laboral el del circuito civil, efectivamente contribuye en algún grado a la descongestión de los Tribunales Superiores en lo que respecta a sus salas laborales. Lo cual, cumple con el propósito de ser un medio adecuado y efectivamente conducente para la descongestión de la jurisdicción ordinaria laboral.
4.6.5. Frente a la constatación de la desproporción de la medida, en principio sería procedente declarar la inconstitucionalidad de la expresión acusada, al verificarse la desigualdad de trato alegada por la demandante. No obstante, la inexequibilidad de "Las sentencias de primera instancia,…" conduciría a la pérdida de sentido de la disposición jurídica, puesto que al expulsarlo del ordenamiento tal y como fue solicitado en la demanda, el contenido restante "cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas", carecería de una estructura lógica, perdiendo contenido y aplicabilidad.
Por otro lado, en el evento de suprimir las palabras "de primera instancia" tampoco se subsanaría la diferencia de trato antes anotada, puesto que la parte final sigue haciendo referencia a las providencias inapeladas. Por lo antes dicho, lo más técnico es el condicionamiento de la exequibilidad de la norma, y con ello, preservar el objetivo del grado de consulta y, a su vez enmendar la desigualdad de trato legal frente a los trabajadores, afiliados y beneficiarios cuyos procesos se tramitan en única instancia. Tal y como ocurrió en el caso de la sentencia C-020 de 2015 al declararse "EXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 ‘por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’,EN EL ENTENDIDO de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda la población joven conforme a los fundamentos jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de esta sentencia.", con el fin de subsanar el déficit de protección evidenciado, en dicha oportunidad esta Corporación consideró lo siguiente:
"Por lo cual, para remediar el déficit de protección, la Corte declarará exequible la norma acusada, con la condición de que se extienda lo allí previsto en materia de pensiones de invalidez hacia toda la población joven, definida esta última razonablemente conforme lo señalado en esta sentencia, y en la medida en que resulte más favorable al afiliado. En los casos concretos, sin embargo, mientras la jurisprudencia constitucional no evolucione a la luz del principio de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado hasta el momento la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional; es decir, se debe aplicar a la población que tenga hasta 26 años de edad, inclusive."
i. Si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y;
ii. Cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación.
5.2. Ahora bien, el inciso final del artículo 53 constitucional, dispone que "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". De la lectura de dicho mandato que se extrae que está vedado al legislador emplear la ley para disminuir aquellos derechos consagrados a favor de los trabajadores, dentro de los cuales, naturalmente se encuentran las garantías de una efectiva administración de justicia. En este sentido, el apartamiento de los fallos totalmente negativos a las pretensiones del trabajador de un control de legalidad, se reduce a una barrera de acceso a una efectiva administración de justicia a través de un fallo justo, pues teniendo en cuenta que la parte vencida no dispone de su voluntad para solicitar el control de legalidad, sino que este procede ope legis dentro del grupo de los trabajadores se logra evidenciar una categoría mayormente desprotegida, pues aquellas personas cuyas acreencias laborales no superan los 20 smlv, además de estar desprovistos de la garantía de la doble instancia y del recurso extraordinario de casación, se les restringe aún más con la exclusión de la garantía de control de legalidad de fallo por parte del superior funcional.
5.4. Corolario de lo anterior, la diferenciación en razón del valor de las pretensiones de los derechos mínimos e irrenunciables consagrados en la constitución entraña un trato desproporcionado, por lo que se considera que la expresión "De primera instancia" vulnera el derecho a la igualdad (CP, 13) de los trabajadores que resuelven sus conflictos en un juicio de única instancia, y con ello, se desconocen las garantías mínimas que deben regir toda relación laboral (CP, 53). En consecuencia la norma analizada será exequible, bajo el entendido que también son susceptibles del grado de consulta, las sentencias de única instancia totalmente adversas a los derechos del trabajador, afiliado o beneficiario.
1. La demanda. La ciudadana Katherine Alejandra Rodríguez Puerto en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad solicita sea declarada inexequible la expresión "Las sentencias de primera instancia", contenida en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, artículo 69 del Decreto 2158 de 1948, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, por la vulneración del (i) derecho a la igualdad (CP, 13) de los trabajadores cuyas pretensiones se tramitan en un juicio de única instancia frente a aquellos cuyo quantum los clasifican como de doble instancia y por ende tienen derecho a que las sentencias que les sean adversas y no apeladas, sean consultadas por el Superior Jerárquico; (ii) derecho a las garantías mínimas que cobijan a las relaciones de trabajo (CP, 53) se acusa la misma norma de vulnerar los derechos mínimos de los trabajadores en razón de la cuantía de su pretensión.
2. Problema jurídico constitucional. ¿La previsión legislativa de Consulta para las sentencias laborales desfavorables al trabajador e inapeladas de primera instancia, y no para las de única instancia, constituye (i) trato legal diferenciado injustificado hacia los derechos de los trabajadores -CP, 13-, y (ii) una disminución de las garantías propias de toda relación de trabajo para con los derechos laborales mínimos e irrenunciables de inferior cuantía que se tramitan en única instancia –CP 53-?
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión "Las sentencias de primera instancia" contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario.
A LA SENTENCIA C-424 DE 2015
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "Las sentencias de primera instancia", contenida en el artículo 69 Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 144 de la Ley 1149 de 2007.
"…La consulta, como lo ha entendido esta Corporación, es una institución que en muchos casos tiene por objeto garantizar los derechos de las personas involucradas en un proceso. El artículo 31 de la Constitución la prevé como una de las manifestaciones de la doble instancia, y por tanto puede decirse que ésta establece un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa…" Subraya fuera del texto.
Por ende resulta a todas luces exótico que en un proceso de única instancia se admita la consulta por cuanto esas categorías no compatibilizan, pues si en este caso se hace indispensable la consulta en determinados supuestos (como cuando el fallo resulta totalmente adverso al trabajador) el concepto de la única instancia queda por completo desvirtuado, pues en los procesos de única instancia, totalmente adversos al trabajador, habrá dos fallos, el de la instancia y el confirmatorio o el revocatorio parcial o total que inclusive podría incluir nuevas condenas si se tiene en cuenta que ya esta Corte declaró inexequible la norma del artículo 50 del Código Procesal Laboral que circunscribía el ejercicio de las facultades extra y ultra petita a los procesos de primera instancia (sentencia C-662 de 1998). De modo que nada obsta para que el Tribunal que conoce la consulta de los procesos de única instancia pueda hacer uso de dichas atribuciones. Panorama este frente al cual no deja de gravitar la inquietud sobre si los llamados procesos de "única" instancia en realidad siguen conservando esa condición cuando la sentencia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, pues la consulta que se impone en estos casos, en la práctica, parece indicar otra cosa. En efecto, ¿cómo se explica que un proceso de "única instancia" frente a la hipótesis que la mayoría avala, deba ser dirimido mediante dos sentencias, la del a-quo y la del superior jerárquico respectivo?. Tal particularidad solo ocurre en tratándose de los procesos de doble instancia, Por el contrario, lo que el sentido común indica es que el proceso de única instancia, según se desprende de su denominación y del rasgo que le resulta mayormente característico, debe estar sometido o finiquitarse a través de una sola decisión. Vistas así las cosas, hubiese resultado menos traumático, desde el punto de vista de la lógica, que previa la debida integración, se hubiese declarado inexequible la norma que consagra la procedencia de los procesos de única instancia a efectos de que todos los procesos laborales, con independencia del monto de las pretensiones, se tramitaran en "primera instancia" y así igualar con mayor racionabilidad a los trabajadores frente a los mecanismos procesales que tienen a su alcance. Tal proceder, a todas luces, habría resultado mucho más coherente, frente a la ratio decidendi que informa la inexequibilidad declarada.
La no coherencia de la decisión se evidencia aun más cuando en ella se asigna competencia al "superior jerárquico" para tramitar la consulta de decisiones totalmente desestimatorias de jueces "civiles municipales o jueces de pequeñas causas que, excepcionalmente, conocen causas laborales de menos de veinte salarios mínimos. No obstante, que es evidente que la norma demandada claramente asigna a los "Tribunales Superiores, Sala Laboral", "y no a otra autoridad" la competencia para asumir de dicho grado de jurisdicción. Precisión normativa que se mantiene incólume y sobre la cual nada se advierte en el fallo. En otras palabras, sigue vigente el aparte normativo que circunscribe el conocimiento de la consulta a los Tribunales, no obstante lo cual la Corte, sin referirse el tema, crea una nueva competencia que radica en el superior jerárquico que pueden ser "jueces del circuito", en contravía de lo que viene expresamente regulado y queda vigente.
1 Este decreto legislativo fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, que regulaba el estado de sitio, y se adoptó como legislación permanente por el artículo 1 del Decreto Ley 4133 de 1948. Fue modificado en el artículo 69 por la Ley 1149/07.
2 Sentencia C-968 de 2003.
3 Gaceta del Congreso No. 269 del 4 de agosto de 2006, páginas 16 y 17 "Urge satisfacer una demanda de justicia para la ciudadanía sin dilación, con medidas que aseguren no sólo el efectivo acceso a la administración de justicia, puesto que toda postergación significa un alto costo social, económico y fiscal y sin duda alguna afecta el orden público. La oralidad requiere de medidas integrales que aseguren los principios de publicidad, inmediación y concertación, para lo cual se deben adoptar medidas en las siguientes dimensiones: (…)"
4 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional de 1986, expidió el Código Procesal del Trabajo, considerando:
5 C-811 de 2014 "La igualdad tiene un triple rol en el ordenamiento constitucional: el de valor, el de principio y el de derecho
. En tanto valor, la igualdad es una norma que establece fines, dirigidos a todas las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; en tanto principio, la igualdad es una norma que establece un deber ser específico y, por tanto, se trata de una norma de mayor eficacia que debe ser aplicada de manera directa e inmediata por el legislador o por el juez; en tanto derecho, la igualdad es un derecho subjetivo que "se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para los grupos que se encuentran en debilidad manifiesta. La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles".
6 C-336 de 2014 "El derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea conforme con la Constitución, se requiere que sea ponderada o proporcional stricto sensu.
7 CPT, Artículo 50. Extra y ultra petita. El juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas."
8 Art. 15 del Decreto ley 2158 de 1948