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Timestamp: 2019-01-16 16:50:39
Document Index: 398527950

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 271', 'artículo 19', 'artículo 217', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA 2013-04798/1982-2014 DE AGOSTO 8 DE 2017
SENTENCIA 2013-04798 DE 08 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL QUE TIENEN LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA. SE SEÑALÓ QUE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ES EL MEDIO DEL CUAL DISTINTAS INSTITUCIONES Y FIGURAS PROPIAS QUE GARANTICEN LA DIGNIDAD DE SUS AFILIADOS, EN TODO CASO A TIENDA A LAS PARTICULARIDADES ESPECIALES QUE RODEAN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CASTRENSE CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ASÍ LAS COSAS, SE SEÑALÓ QUE LA PRESTACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, CONOCIDA COMO ASIGNACIÓN DE RETIRO, NO TIENE OTRA FINALIDAD DISTINTA A LA DE GARANTIZAR LA DIGNIDAD DE LOS OFICIALES O SUBOFICIALES QUE CON POSTERIORIDAD A AÑOS DE SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ALTÍSIMO RIESGO, SE ENFRENTAN A LA CESACIÓN EN SUS ACTIVIDADES LABORALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO DE SEGURO SOCIAL, ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia 2013-04798/1982-2014 de agosto 8 de 2017
Rad. 250002342000201304798 01
Nº Interno: 1982-2014
Actor: Juan Carlos Forero Linares.
Demandados: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Bogotá D.C. ocho de agosto de dos mil diecisiete.
De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si es procedente reajustar la asignación de retiro del señor Juan Carlos Forero Linares, teniendo en cuenta para el efecto, la asignación básica mensual de un Coronel en retiro que hubiese obtenido por sentencia judicial el reajuste de aquella con fundamento en el índice de precios al consumidor —IPC—.
I. De la naturaleza jurídica de la asignación de retiro
Sobre este particular, advierte la Sala que en vigencia de la Constitución Política de 1886 el derecho a la seguridad social, en los términos en los que hoy se comprende, no encontraba consagración expresa en su texto. En efecto, debe decirse que, solo el artículo 19(11) ibídem hacía referencia al concepto de asistencia pública entendido como la “función del Estado que debería prestarse a quienes careciendo de medios de subsistencia y del derecho a exigirlas de otras personas estuvieran físicamente incapacitados para trabajar” atribuyéndole, en todo caso, al legislador la facultad de establecer los eventos en que el Estado debía conceder dicha asistencia.
Por el contrario, la anotada exclusión propende por el establecimiento de un Sistema de Seguridad Social Integral que, si bien a través de distintas instituciones y figuras propias garantice la dignidad de sus afiliados, en todo caso atienda a las particularidades especiales que rodean el ejercicio de la actividad castrense en los términos del artículo 217(12) de la Constitución Política.
“(…) ART. 169.—Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.
PAR.—Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales Generales y de Insignia, Coroneles y Capitanes de Navío, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.(…)”.
En este sentido, advierte la Sala que fue con ocasión de estos reclamos, en sede judicial, que la Sección Segunda de esta Corporación en pleno, mediante sentencia de 17 de mayo de 2007, Rad. 8464-2005 M.P. Jaime Moreno García, abordó el problema jurídico en ese caso concreto, desde la perspectiva de la competencia del legislador para expedir la Ley 238 de 1995, en contraposición a la prevalencia y mandato expreso de la Ley 4ª de 1992, en cuanto señala que es al Presidente de la República a quien le está dada la competencia para regular el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública.
Lo anterior, afirmó el referido pronunciamiento de Sección, encontraba sustento adicional en el hecho de que la Corte Constitucional en Sentencia C-432 de 2004 rectificó su criterio en relación con las asignaciones de retiro, al reconocer que estas se asimilaban a las pensiones de vejez o de jubilación, según fuera el caso.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la referida sentencia(13), la Sala de Sección accedió a las súplicas de la demanda, ordenando el reajuste de la asignación de retiro con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, sin perjuicio de la prescripción sobre las diferencias a que hubiera lugar, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1212 de 1990.
Y de manera expresa se precisó en relación con el “límite del derecho” que el reajuste reconocido debía “liquidarse hasta el reajuste dispuesto por el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la vigencia del Decreto 1212 de 1990, o sea es decir teniendo en cuenta la oscilación de las asignaciones del personal en actividad”.
Por su parte, en sentencia de 27 de enero de 2011. Rad. 1479-2009. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, la Subsección A de esta Sección, en consonancia con lo expuesto en la providencia antes reseñada, precisó la tesis de que “una cosa es que se haga un incremento con fundamento en el índice de precios al consumidor, IPC, a la base de liquidación de la mesada pensional y otra muy distinta que se aplique el principio de oscilación para realizar los incrementos anuales”. En efecto, se sostuvo en esa oportunidad que teniendo claro el carácter de prestación periódica de que goza la asignación de retiro, no había duda que el hecho de que se haya ordenado reliquidar la base de la asignación de retiro hace que su monto se vaya incrementando de manera cíclica y a futuro de manera ininterrumpida.
Bajo las consideraciones que anteceden, debe decirse, que la tesis expuesta por esta Sección en sus Subsecciones A y B, en relación con el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, ha estado orientada en un solo sentido, esto es, a que el referido reajuste incide directamente en la base de la respectiva asignación de retiro, con una clara proyección hacia el futuro, lo que supone que a partir del 1º de enero de 2005, el reajuste efectuado con fundamento en el principio de oscilación, en virtud del Decreto 4433 de 2004, en todo caso parte del aumento que ha debido experimentar la base de la asignación de retiro, durante los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrar en vigencia el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no pueden desconocer que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se haya ordenado, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, sobre el cual en todo caso deberá incrementarse a futuro, en virtud del principio de oscilación. Una interpretación en contrario desconocería el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, consagrado en dos enunciados normativos distintos de la Constitución Política, esto es, en el inciso sexto del artículo 48(14) y en el inciso tercero del artículo 53(15), derecho que a juico de la Sala constituye una expresión del principio de Estado Social de Derecho, de la protección especial que establece la carta Política a las personas de la tercera edad y de los derechos a la igualdad y al mínimo vital y móvil.
Referido el anterior marco normativo y jurisprudencial debe determinar la Sala si es dable ordenar la reliquidación solicitada por el demandante, esto es, teniendo en cuenta para la asignación básica mensual de un Coronel en retiro que hubiese obtenido por sentencia judicial el reajuste de aquella con fundamento en el índice de precios al consumidor —IPC—.
Con miras a resolver el punto objeto de controversia, lo primero que se debe advertir es que está plenamente demostrado dentro del expediente que el señor Juan Carlos Forero Linares: (i) ingresó al servicio del Ejército Nacional el 6 de junio de 1978; (ii) fue retirado del servicio por voluntad propia el 19 de marzo de 2009 ostentando el grado de Coronel; y, (iii) por medio de la Resolución 155 de 9 de febrero de 2009 le fue reconocida la asignación de retiro a partir del 20 de marzo de 2009 en cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente a su grado en todo su tiempo, incluyendo dentro de la liquidación las partidas computables de acuerdo a la ley(16).
También está acreditado que el ente demandado le negó la reliquidación de la asignación de retiro al señor Juan Carlos Forero Linares “(…) teniendo en cuenta la base de liquidación que la Caja de Retiro viene aplicando para liquidar las asignaciones de retiro de los Coroneles a quienes les fue reconocida la prestación antes de 1997 (…)” por considerar que el reajuste de estas se efectuaban con fundamento en los incrementos de los sueldos básicos del personal en actividad, razón por la que si se utilizaba un mecanismo diferente, equivaldría a aplicar un sistema prestacional distinto al establecido en el régimen especial de la Fuerza Pública(17).
Bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante en el Ejército Nacional, entonces, es válido afirmar que no hay lugar a ordenar la reliquidación solicitada por el demandante, toda vez que de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia citada en el anterior acápite, el reajuste de las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública se efectúa conforme al principio de oscilación, esto es, con fundamento en el incremento que realiza el Gobierno Nacional a los sueldos del personal en actividad cuyo aumento porcentual a su vez depende del 100% de lo que devenga el Coronel en servicio activo y no con base en la prestación reconocida a un Coronel en situación de retiro.
Por la misma razón, considerar que se puede reliquidar la prestación del demandante a partir a la de un Coronel que por orden judicial fue beneficiado por el reajuste del índice de precios al consumidor —IPC—, es tanto como querer equipararse a una situación particular y concreta que fue definida por una autoridad judicial competente, situación que no es viable en atención a los efectos inter-partes(18) de las sentencias en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además, porque entre otras, durante los años 1997 a 2004 aquel se encontraba en servicio activo y, por lo mismo, su prestación no había sufrido ninguna pérdida de la capacidad adquisitiva.
Ahora bien, para efectos de establecer si al señor Juan Carlos Forero Linares le fue vulnerado su derecho a la igualdad, es necesario señalar que el artículo 13(19) de la Constitución Política reguló la igualdad frente a la ley y, además, el derecho que tienen las personas a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades, sin ser discriminadas por razón de características tales como sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otras.
En tal sentido, con el fin de evaluar la afectación de dicho principio por normas incluidas en el ordenamiento jurídico, es necesario hacer un estudio de las situaciones frente a las cuales se plantea la existencia de un trato diferente, para lo cual la Corte Constitucional(20) en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, ha acudido a herramientas metodológicas especiales tales como el test de igualdad(21), que permite definir si la diferencia de trato hacia algún sector de la población está constitucionalmente justificada, proceso que se surte en las siguientes etapas:
En virtud de lo anterior, se evidencia de las pruebas obrantes en el proceso, que no existe certeza sobre la vulneración del derecho a la igualdad del demandante, ya que no está acreditado que a otra persona en la misma situación a la que se encuentra aquel se le hubiese brindado un trato diferente. Lo cual supone, a su vez, la imposibilidad de establecer el tertium comparationis(22) que menciona la Corte Constitucional, como uno de las etapas para definir la vulneración alegada.
Es más, si bien el apoderado del demandante allegó un informe de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el que se relacionan los sueldos básicos reajustados al personal militar con ocasión de las sentencias de IPC(23), esta información no arroja datos acerca de los casos particulares que dieron lugar a ello que permitan establecer si el señor Juan Carlos Forero Linares sufrió un trato discriminatorio.
En consecuencia, el acto administrativo demandado no está inmerso en ninguna de las causales de nulidad alegadas por el demandante, pues su asignación de retiro le fue reconocida con fundamento en el marco legal aplicable, de acuerdo con los valores devengados por el actor en servicio activo, razón por la que la Sala confirmará la Sentencia del A - quo que negó las súplicas de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 19 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Juan Carlos Forero Linares en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
11 “(…) ART. 19.—Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos (…)”.
12 “(…) ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
13 Consejo de Estado, sentencia de 17 de mayo de 2007, radicado 8464-2005 C. P. Dr. Jaime Moreno García.
14 “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.
15 “El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
16 Información tomada de la Resolución 155 de 2009 visible a folios 12 a 14 del expediente.
17 Información tomada del Oficio 40980 de 29 de agosto de 2012, suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de las funciones de Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, visible a folio 9 del expediente.
18 “Ley 1437 de 2011.
19 “ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
20 Sentencia C-015 de 2014.
21 Sobre el test de igualdad, entre otras, ver las sentencias de la Corte Constitucional C-093 de 2001, C-250 de 2012 y C-015 de 2014.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-862 de 2008.
23 Visible a folio 19.