Source: https://boe.vlex.es/vid/liberalizacion-telecomunicaciones-15388807
Timestamp: 2019-07-23 22:25:57
Document Index: 90904519

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 33', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 11', 'Artículo 4', 'artículo 124', 'artículo 4', 'artículo 157', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

REAL DECRETO-LEY 6/1996, de 7 de Junio, de Liberalizacion de las Telecomunicaciones. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15388807
REAL DECRETO-LEY 6/1996, de 7 de Junio, de Liberalizacion de las Telecomunicaciones.
Marginal: BOE-A-1996-13001
Artículo 3. Modificación de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
Norma citada en: 297 sentencias, 40 artículos doctrinales, 32 disposiciones normativas, 21 resoluciones administrativas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La exigencia inaplazable de salvaguardar el cumplimiento efectivo por todos los partícipes en el mercado de las telecomunicaciones de los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato hace imprescindible la creación de una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como órgano independiente encargado de velar por la aplicación de tales principios y de arbitrar los conflictos entre los operadores del sector.
Asimismo, la necesidad de acomodar la legislación española a la normativa comunitaria europea que, respecto de los servicios finales, prevé unos plazos máximos para su liberalización, obliga a la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. En esta línea, y por lo que se refiere a los servicios finales y portadores, se impone crear, de forma inmediata, las condiciones que garanticen la libre concurrencia en el mercado y la igualdad de trato a los operadores del sector tal como se ha indicado. El objetivo, a corto plazo, no es otro que constituir una importante fuente de riqueza para la economía española que incida positivamente en la creación de puestos de trabajo.
Las razones expuestas hacen que se considere también imprescindible introducir modificaciones en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por cable, antes de la convocatoria de los procedimientos para el otorgamiento de los oportunos títulos habilitantes, a fin de adaptarla al nuevo marco de ordención de las telecomunicaciones.
Artículo 1 Creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Para el cumplimiento de este objeto, la Comisión desarrollará las siguientes funciones en los términos que reglamentariamente se determinen:
Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre operadores de redes y servicios del sector de las telecomunicaciones, así como en aquellos otros casos que puedan establecerse por vía reglamentaria, cuando los interesados lo acuerden.
Informar las propuestas de tarifas de los servicios de telecomunicaciones prestados en exclusiva y en aquellos casos en los que exista una posición de dominio en el mercado, a fin de salvaguardar el principio de competencia efectiva entre los operadores.
Asesorar al Gobierno y al Ministro de Fomento, así como a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a petición de éstas, en los asuntos concernientes al mercado de telecomunicaciones, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. En el ejercicio de esta función la Comisión actuará a solicitud de los citados órganos o por propia iniciativa.
Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la libre competencia en el mercado, en particular en lo que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios, al acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores y a la interconexión de las redes, dictando al efecto instrucciones para las entidades que operen en el sector, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». El incumplimiento de estas instrucciones se considerará infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Denunciar ante los servicios de inspección de las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento las conductas contrarias a la legislación de ordenación de las telecomunicaciones, y, en su caso, instar la actuación de los órganos de defensa de la competencia.
Cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le encomiende el Gobierno o el Ministro de Fomento.
Un Presidente y un Vicepresidente, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida competencia profesional relacionada con el sector de las telecomunicaciones.
Cinco consejeros nombrados por el Ministro de Fomento entre las personas a que se refiere la letra anterior.
Artículo citado en: 3 sentencias, 4 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 2 Modificación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, reformada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre.
Los servicios finales de telecomunicación se podrán prestar, en las condiciones que se determinen por los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, mediante su gestión directa por las entidades públicas a las que el Gobierno faculte por Real Decreto y mediante gestión indirecta a través de cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación vigente.
Los servicios portadores de telecomunicación se podrán prestar, en las condiciones que se determinen por los correspondientes reglamentos técnicos y de prestación de los servicios, mediante su gestión directa por las entidades públicas a las que el Gobierno faculte por Real Decreto y mediante gestión indirecta a través de cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación vigente.
Las entidades que sean explotadoras de servicios portadores estarán obligadas a proveer éstos con sujeción a los principios de neutralidad, publicidad y no discriminación en las condiciones de uso, tarifas y plazos de entrega en la prestación de dichos servicios.
Reglamentariamente y para garantizar el cumplimiento de estos principios, podrán establecerse condiciones distintas para los diferentes prestadores de servicios portadores en razón de la posición que cada uno de ellos ocupe en el mercado, así como para salvaguardar la seguridad en el funcionamiento de la red, mantener su integridad y posibilitar la interoperatividad de los servicios.
El Gobierno, en ejecución de acuerdos internacionales suscritos por España o por la Unión Europea, podrá variar el citado porcentaje en aplicación del principio de reciprocidad.
El área de cobertura será la que establezca el correspondiente título habilitante.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, establecerá por Real Decreto los supuestos de aplicación de tarifas fijas, máximas y mínimas y los de simple regulación de precios, así como los criterios para la fijación de éstos, en función del grado de concurrencia en el mercado en los distintos servicios, de forma tal que se garantice la competencia, el control de las situaciones de abuso de posición dominante y la accesibilidad a los servicios públicos de telecomunicación por los ciudadanos
Los titulares de redes facilitarán el acceso a éstas por parte de todos los operadores de servicios que lo deseen para permitir la interconexión de circuitos con la interoperabilidad de servicios. La interconexión se facilitará en condiciones no discriminatorias, incluyendo las condiciones de que disfruta el propio titular de la red o las empresas por él participadas si son proveedores de servicios.
Los precios por la utilización de redes se definirán sobre criterios de costes hasta la existencia de una competencia efectiva.
El derecho y la obligación de interconexión de redes incluye el derecho y la obligación de aportar información suficiente para que todos los operadores puedan ofrecer servicios de guía telefónica u otro tipo de servicios de información asociado a los abonados de las redes.
El acuerdo de interconexión será negociado entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo satisfactorio para ambos operadores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá resolver sobre los aspectos objeto de conflicto
A partir del 1 de enero de 1998, desaparecerá la figura del Delegado del Gobierno en "Telefónica de España, Sociedad Anónima", correspondiendo al Ministerio de Fomento las funciones propias de la Administración que le confiere a aquél la disposición adicional segunda de esta Ley
Artículo citado en: 8 sentencias, 4 disposiciones normativas, 4 resoluciones administrativas
Artículo 3 Modificación de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
La alteración del ámbito de las demarcaciones ya constituidas y en las que existan concesiones otorgadas se llevará a cabo, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, por los Ayuntamientos que hayan aprobado aquéllas, que deberán notificarlo al órgano competente para otorgar la concesión a los efectos que procedan en relación con las concesiones vigentes.
Respecto de las demarcaciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, la modificación se llevará a cabo por éstas, estando obligadas a realizar la notificación a la que se refiere el párrafo anterior.
Si la demarcación incluyera Municipios de distintas Comunidades Autónomas, la aprobación corresponderá al Ministerio de Fomento, previo informe vinculante de las Comunidades Autónomas a las que pertenezcan los Ayuntamientos afectados.
Las demarcaciones resultantes de este proceso no estarán sujetas a los límites establecidos en el apartado dos de este artículo
«El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en la que se determinen los criterios que definan la posición de dominio o de abuso en el mercado, podrá suprimir o modificar las prohibiciones establecidas en el apartado anterior«.
Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 25 años, que se determinará en función de las inversiones que sean necesarias para la explotación de los servicios, y podrán renovarse por períodos sucesivos de cinco años, previa petición del concesionario un año antes de su expiración, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.
1. En el párrafo primero del apartado 2, la expresión con carácter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el artículo 6, una vez aprobados (...) se sustituye por con carácter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el artículo 6, y en el plazo máximo de un mes una vez aprobados (...).
2. En el párrafo segundo del apartado 2, la expresión la contestación de "Telefónica de España Sociedad Anónima", será vinculante (...) se sustituye por la contestación de "Telefónica de España Sociedad Anónima", que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, será vinculante (...)
El párrafo primero del apartado tres queda redactado de la siguiente forma:
Obtenido el título habilitante, "Telefónica de España, Sociedad Anónima", podrá iniciar la prestación del servicio transcurridos veinticuatro meses a contar desde la resolución del concurso de concesión del servicio de telecomunicaciones por cable en esa demarcación, o inmediatamente después de la resolución del concurso en caso de declararse éste desierto. El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá reducir el indicado plazo a la vista de las condiciones del mercado en la demarcación de que se trate
Se suprime el párrafo segundo del apartado 3.
Se modifica el párrafo primero del apartado 5, que queda redactado de la siguiente forma:
5. "Telefónica de España, Sociedad Anónima", prestará el servicio en las demarcaciones para las que obtenga el correspondiente título habilitante a través de una sociedad en cuyo capital participe en más del 50 por 100. Estas participaciones sociales se aportarán a una filial al 100 por 100 propiedad de "Telefónica de España Sociedad Anónima", en la que no podrán integrarse otros servicios de telecomunicaciones en cuya prestación, bien "Telefónica de España Sociedad Anónima", bien algunas de sus filiales, detente algún tipo de derecho exclusivo. A esas sociedades les será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la presente Ley, en igualdad de condiciones con el resto de los operadores de cable
Reglamentariamente, podrá establecerse la posibilidad de prestar el servicio regulado por la presente Ley mediante sistemas distintos al del cable, de forma transitoria hasta la puesta en servicio de la actividad a través del cable, o permanentemente en tramos de la demarcación, atendiendo a las dificultades derivadas del grado de dispersión de la población y de la topografía del terreno, o para atender a áreas no cubiertas de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1, a) de esta Ley.
Artículo 4 Segundo operador de telecomunicaciones.
Dos. El Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISIÓN) constituirá una sociedad anónima a la que aportará la totalidad de los bienes y derechos que integran la red pública de telecomunicaciones. A estos efectos, el Estado integra por el presente Real Decreto-ley en el patrimonio del Ente Público RETEVISIÓN los bienes y derechos pertenecientes al Estado, que actualmente gestiona RETEVISIÓN en régimen de adscripción, que dejen de tener la consideración de bienes de dominio público.
Cinco. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda la nueva sociedad tendrá por objeto la prestación de los servicios de telecomunicaciones que tenía atribuidos el Ente Público RETEVISIÓN, así como el desarrollo, implantación, explotación y comercialización de otros servicios de telecomunicación para los que de acuerdo con la legislación vigente, obtenga título habilitante.
Seis. El personal del Ente Público RETEVISIÓN quedará integrado en la nueva sociedad, conservando los derechos que tuvieran en el momento de la integración.
Ocho. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para la aplicación de lo previsto en el presente Real Decreto-ley, así como para adaptar al mismo el artículo 124 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, por el que se creó el Ente Público RETEVISIÓN.
Nueve. Una vez constituida la sociedad a que se refiere el número dos y previa aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros de la valoración de esta compañía, el Ente Público RETEVISIÓN adjudicará por procedimiento restringido, mediante concurso, el 51 por 100, como mínimo, del capital social de aquélla. El concurso garantizará las reglas de objetividad en la selección entre los licitadores concurrentes. Particularmente, se observarán las siguientes: la aportación de infraestructuras y derecho de paso; la experiencia del licitador en la explotación de redes; su situación patrimonial; la oferta económica, las inversiones comprometidas y la maximización de las aportaciones a la economía nacional.
Artículo citado en: 6 sentencias, 7 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
La transformación de la habilitación otorgada al Ente Público RETEVISIÓN, en régimen de gestión directa en un título habilitante para la gestión indirecta del servicio por la sociedad a que se refiere el apartado segundo del artículo 4 de este Real Decreto-ley, se realizará mediante el correspondiente contrato de gestión de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria primera Telecomunicaciones.
Las empresas y entidades que hayan resultado o resulten adjudicatarias en un concurso convocado por un Ayuntamiento para la instalación y explotación de una red de telecomunicaciones por cable, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que no se encontrara en explotación comercial el 24 de diciembre de 1995, deberán participar en el primer concurso que se convoque por el Ministerio de Fomento, en los términos regulados en la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable, para la adjudicación de la correspondiente concesión. Dichas empresas y entidades, de no resultar adjudicatarias en el concurso, tendrán derecho a obtener no obstante una concesión especial y no renovable, para la prestación del servicio de televisión por cable, por un plazo de hasta diez años, a partir del término fijado para completar la instalación de la red, que se determinará en cada caso atendiendo a la inversión prevista y demás circunstancias concurrentes que se concretarán reglamentariamente. La no participación en el concurso se entenderá como renuncia a los derechos derivados de la presente disposición transitoria.
Disposición citada en: 112 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 8 resoluciones administrativas
Disposición transitoria segunda Servicios portadores de telecomunicaciones.
A estos efectos, el servicio portador de los servicios de difusión incluye los aspectos señalados en los párrafos a) y b)del artículo 4 de la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite.
El Ente Público RETEVISIÓN continuará prestando dichos servicios portadores hasta la finalización del indicado plazo. Para ello, suscribirá en el ámbito del derecho privado los correspondientes contratos con la sociedad a que se refiere el apartado dos del artículo 4 de este Real Decreto-ley, de acuerdo con las bases que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno para la utilización por el Ente Público RETEVISIÓN de la red cedida a dicha sociedad. Disposición transitoria tercera. RETEVISIÓN.
El Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISIÓN) continuará en el ejercicio de las funciones que legalmente venía desempeñando en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta la efectiva transmisión de los activos, títulos habilitantes, bienes y derechos a favor de la sociedad a que se refiere el apartado dos del artículo 4 de este Real Decreto-ley.
Disposición citada en: 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa
REAL DECRETO 2276/1996, de 25 de Octubre, por el que se desarrolla el Real decreto-ley 6/1996, de 7 de Junio, de Liberalizacion de las Telecomunicacion...