Source: https://ajudicuba.wordpress.com/tag/ley-de-procedimiento-penal/
Timestamp: 2020-08-09 18:36:41
Document Index: 269469462

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 122', 'artículo 263', 'artículo 357', 'Artículo 350', 'artículo 85', 'artículo 45']

Tag: Ley de Procedimiento Penal
Publicado el 16 de julio de 2014 9 de julio de 2014 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, Cuba, Ley de Procedimiento Penal, presunción de inocencia. 2 comentarios
Otro comentario sobre el Decreto Ley No. 310
En un artículo anterior había valorado las cuestiones positivas introducidas a través del Decreto Ley 310 como modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. En este breve texto me limitaré a relacionar aquellas cuestiones que quedaron intactas en la legislación y, a mi modo de ver, merecen prioridad.
.- Se mantiene en Ley lo relativo a las medidas de seguridad pre delictiva por conducta antisocial aplicable a individuos que por su modo de vida se asume que son proclives a cometer delitos. Se impone una medida coercitiva con rango de sanción a alguien que podría en el futuro quebrantar las normas penales, ¿Qué hay de la presunción de inocencia
.- El momento para contar con la presencia de un defensor en el proceso continúa condicionado a la imposición de una medida cautelar generalmente impuesta al séptimo día de detención ¿Por qué no regularla desde el momento de la detención o instrucción de cargos?
.- No está regulada expresamente en la Ley de trámites la intervención o presencia del defensor en las diligencias de instrucción donde se obtiene la mayoría de los medios de pruebas que se valorarán en el juicio oral.
.- La situación procesal del acusado durante la fase preparatoria y parte de la intermedia la determina una de las partes: el fiscal. La libertad o prisión en espera de juicio oral debe establecerse mediante el debate por un tribunal u otra institución imparcial.
.- No se encuentra regulado expresamente en la Ley el principio de Prohibición de la Reformatio in peius que impide al Tribunal agravar la situación procesal del acusado cuando el medio de impugnación fue interpuesto únicamente como consecuencia de su voluntad. La práctica ha demostrado no ser necesaria en el texto procesal.
.- No existe un mecanismo de control eficiente o contrapartida en la práctica de la prueba pericial, en especial las de corte criminalística, lo que conlleva en la práctica al carácter tasado de este medio probatorio.
Los puntos relacionados son solo algunos aspectos, que deben reformularse para lograr una evolución objetiva de nuestra legislación en materia penal.
Publicado el 14 de febrero de 2014 28 de febrero de 2014 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, Código Penal, Cuba, Ley de Procedimiento Penal. 2 comentarios
La conexión de delitos. Regulación en la Ley penal cubana (II)
Publicado el 10 de mayo de 2013 6 de mayo de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, conexidad procesal, Cuba, Ley de Procedimiento Penal. Deja un comentario
La conexión de delitos. Regulación en la Ley penal cubana (I)
No obstante, la conexión de delitos o conexidad procesal se concibe como un supuesto de excepción a la regla general del artículo 108 de la vigente LPP y que plantea que cada delito que conozca el Instructor, será objeto de un expediente separado…
Publicado el 8 de mayo de 2013 3 de mayo de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, Cuba, delitos conexos, Ley de Procedimiento Penal. Deja un comentario
Publicado el 21 de marzo de 2013 8 de marzo de 2013 por ajudicubaPublicado en Defensa de los Derechos Humanos, opinionesEtiquetado AJC, Cuba, Derecho, detención, legalidad, Ley de Procedimiento Penal. Deja un comentario
El controvertible aspecto de la formalidad jurídica de dejar en estado de indefensión a los acusados ante una sanción superior a la solicitada, deja claro que no hay seguridad jurídica, pues con relación a determinados hechos y la calificación de estos como delito, se solicita una sanción penal por el Fiscal, sin embargo el Tribunal impone una sanción superior, no en el tipo, pero si en la cuantía de la solicitada.
El Tribunal se subroga en lugar de una parte, en detrimento de la otra a la que deja en estado de indefensión, no responde a los intereses del propio estado y la sociedad, mancilla su autoridad judicial y en muchos casos, impone sanciones irracionales.
Violar el principio de igualdad de las partes en el ejercicio penal constituye una ilegalidad, en estos casos, personas con poder de decisión respecto a los operadores del derecho, parecen “cumplir orientaciones”. Eso lacera la buena administración de justicia, lo que también es un vicio que se practica en una franca contradicción con el artículo 122 de la Constitución de la República de Cuba: Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.
El Tribunal tiene mecanismos como el artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal, si considera que la sanción no es la adecuada, puede devolver la acusación y solicitar al Fiscal que reconsidere la pena solicitada, Auto que al serle notificado a las partes, los alerta de tal pretensión.
De manera sucinta, trataré de explicar por qué es controvertible el asunto.
Sí, es legal que el Tribunal imponga una sanción superior a la solicitada, si tenemos en consideración lo que establece la ley de Procedimiento Penal en su artículo 357:
En la sentencia, el Tribunal no puede sancionar por un delito más grave que el que haya sido calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, ni tampoco la participación de un acusado en concepto que lleve consigo mayor gravedad que el que la acusación haya sostenido; agravar el concepto de la acusación en cuanto al grado de realización del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada por la acusación. No obstante, si el Tribunal hubiese hecho uso de la formula a que se refiere el Artículo 350, podrá dictar sentencia conforme al contenido de la misma.
Pero, también es cierto que en esa instancia al defensor la ley no le franquea mecanismo alguno para resolver lo dispuesto, y solo lo pudiera hacer en un recurso a otra instancia, que en la práctica resulta pura complacencia, pues los resultados confirman las sentencias dictadas en la instancia inferior.
Para un sistema de justicia que se precie de cumplir lo legalmente establecido, deberían realizarse las modificaciones pertinentes, que limiten las imposiciones de sanciones superiores a las solicitadas, que hoy constituyen un abuso judicial.
Publicado el 15 de marzo de 2013 1 de marzo de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislación, opinionesEtiquetado AJC, Cuba, legalidad, Ley de Procedimiento Penal, sanción superior a la solicitada. 1 Comentario
¡Ay, Fela!
Hace casi cuatro años, a Rafaela Cuba, vecina del Cotorro, La Habana, se le celebró un juicio en la Sala 5ta. Del Tribunal Provincial de La Habana. A dicho acto de justicia compareció junto a otros acusados en la misma causa.
Terminado el referido juicio, se anunció que el proceso estaba concluso para sentencia la que le sería notificada por medio de sus abogados o personalmente a los que así lo prefirieron.
Transcurrieron más de tres años y nuca se notificó la sentencia a ninguno de los acusados, que con la tensión psicológica de tan desmedida espera, preguntaban qué estaba pasando. Los abogados no tenían respuesta pues a ellos tampoco les dieron explicación alguna.
Es frecuente que, por causas justificadas como puede ser el exceso de sentencias para redactar y firmar, éstas resoluciones se notifiquen fuera del término legalmente establecido, lo que no crea mayores complicaciones, pero no creo recordar una demora de más de tres años para hacerle saber al sancionado su condena.
Nunca se notificó la expresada resolución judicial.
A mediados de 2012, los acusados recibieron citación de la Sala 5ta. Para celebrar el juicio oral por la misma causa antes juzgada. La explicación a los letrados fue muy sencilla: por el tiempo transcurrido sin notificar la sentencia que obraba en la causa, se dispuso realizar nuevamente el juicio.
Debo aclarar que los acusados estuvieron siempre confesos.
Celebrado el nuevo juicio, quedó otra vez concluso para sentencia, pero terminó al año y tampoco se le había notificado a Fela la resolución judicial.
El artículo 85 de la Ley Procesal Penal establece un término de cinco días hábiles a partir de la firma de la sentencia para notificarla, y el artículo 45 de la propia ley concede un término de hasta 12 días hábiles para dejar la sentencia firmada. Este término, como antes expresé siempre se extiende por causas justificadas que se exponen en la propia sentencia, pero nunca debe llegar a varios meses o años como en el caso curioso que les he narrado.
Si sumamos los tres años y meses de espera de la primera vista oral con los casi cinco meses de la segunda, resultan cerca de cuatro años de inquietud, desasosiego y otras secuelas y afectaciones colaterales lógicas de ese estado expectante de espera de la sentencia.
Cuando se realizó el primer juicio, Rafaela trabajaba. Hoy es jubilada y aún no conoce la sanción que le impusieron.
Publicado el 28 de enero de 2013 8 de marzo de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, Cuba, legalidad, Ley de Procedimiento Penal. Deja un comentario
Publicado el 12 de octubre de 2012 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislación, opinionesEtiquetado AJC, Angel Carromero, Cuba, Harold Cepero, juicio, justicia, Ley de Procedimiento Penal, Oswaldo Payá. 2 comentarios