Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25820
Timestamp: 2020-04-01 10:57:56
Document Index: 233042094

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 34', 'artículo 161', 'artículo 30', 'artículo 88', 'artículo 14', 'artículo 71', 'artículo 149', 'artículo 14', 'artículo 149', 'artículo 123', 'artículo 85', 'artículo 149', 'Artículo 14', 'Artículo 22', 'Artículo 85', 'Artículo 85', 'Artículo 85', 'Artículo 85', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 1', 'Artículo 71', 'Artículo 23', 'Artículo 11', 'Artículo 14']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 137/2018
SENTENCIA 137/2018, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:2018:137
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4449-2018, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 14.1 u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. Han comparecido y formulado alegaciones las Cortes de Aragón y el Gobierno de Aragón. Ha sido ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Con fecha 3 de agosto de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 14.1 u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. La demanda considera que el citado precepto, al atribuir al Gobierno de Zaragoza “la formación de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones de la junta general”, vulnera las normas que componen el marco general diseñado por la Constitución y la legislación básica del Estado de régimen local, dictada al amparo del artículo 149.1.18 CE, en conexión con las normas sobre formación de la voluntad de los órganos colegiados de sociedades mercantiles locales unipersonales.
Esta es la interpretación coherente con la consideración del pleno como órgano cuya competencia abarca originariamente el Gobierno y la administración municipal (art. 19.1 LBRL), y como órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal (art. 122.1 LBRL). La doctrina constitucional ha confirmado que corresponde al legislador básico estatal fijar los principios o criterios básicos en materia de organización y competencia de las entidades locales (SSTC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1; 161/2013, de 26 de septiembre; 154/2015, de 9 de julio, y 111/2016, de 9 de junio). La preservación del principio constitucional de autonomía local (arts. 137 y 140 CE) a través del ejercicio de la competencia estatal ex artículo 149.l.18 CE es la idea central que debe prevalecer para apreciar la inconstitucionalidad del precepto recurrido, pues esa configuración del principio democrático y su conexión con el de autonomía local permite considerar que, dado el carácter representativo del pleno de la corporación municipal, no deba sustraerse a este por una ley autonómica la facultad de determinar cuál es el órgano llamado a ejercer las competencias de la junta general en aquellas sociedades mercantiles en las que la corporación local sea el socio único.
2. Por providencia de 6 de septiembre de 2018, el pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó: admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; conforme a lo establecido por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Diputación General de Aragón y a las Cortes de Aragón, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y de conformidad con el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado, y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y el “Boletín Oficial de Aragón”.
3. Por sendos escritos registrados en el Tribunal Constitucional los días 13 y 20 de septiembre de 2018, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron los acuerdos de las Mesas de sus respectivas Cámaras de personarse en este procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
4. Con fecha 2 de octubre de 2018 tuvo entrada escrito del Letrado de las Cortes de Aragón por el que la Cámara se persona en el proceso y formula las alegaciones que seguidamente se resumen.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de octubre de 2018, la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, en representación del Gobierno de Aragón, presenta sus alegaciones interesando la desestimación del recurso y, mediante otrosí, la apertura del incidente a efectos del levantamiento de la suspensión del precepto impugnado. En cuanto al fondo de la controversia, las alegaciones formuladas se resumen en lo siguiente:
6. En el plazo conferido al efecto mediante diligencia de ordenación de 4 de octubre de 2018, el Abogado del Estado interesó el mantenimiento de la suspensión mediante escrito registrado con fecha 15 de octubre de 2018. Por su parte, los representantes procesales del Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón solicitaron el levantamiento de la suspensión mediante escritos registrados los días 16 y 17 de octubre de 2018, respectivamente.
7. Por providencia de 11 de diciembre de 2018, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
1. El Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, impugna en este recurso de inconstitucionalidad el artículo 14.1 u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que atribuye al Gobierno de Zaragoza las funciones propias de la junta general en las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio.
2. El análisis del reproche de inconstitucionalidad mediata o indirecta que se dirige al precepto impugnado requiere constatar “que concurran dos condiciones; por un lado, que la norma estatal infringida por la Ley autonómica sea, en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado; y, por otro, que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa” (por todas, STC 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4).
La presente controversia queda pues regida por lo establecido en los artículos 149.1.18 CE y 71.5 EAAr, que atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de régimen local, “respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución”. Entre las submaterias enumeradas en el artículo 71.5 EAAr, figura la relativa a “las modalidades de prestación de los servicios públicos locales”. La STC 161/2013, de 26 de septiembre, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, recuerda que “las competencias autonómicas en materia de régimen local son de desarrollo de las bases estatales, y el título que en esta materia otorga al Estado el artículo 149.1.18 CE no ha desaparecido por la modificación estatutaria y la calificación de la competencia como exclusiva” (FJ 3).
3. Corresponde pues examinar si el artículo 14.1 u) de la Ley de Aragón 10/2017 entra en contradicción efectiva e insalvable con las citadas disposiciones estatales, dictadas por el Estado ex artículo 149.1.18 CE.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 4449-2018
Se enjuicia la constitucionalidad del precepto de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que atribuye al gobierno de Zaragoza las funciones propias de la junta general en las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio.
Se estima el recurso. Se declara inconstitucional y nulo el precepto examinado ya que, al predeterminar la composición y funcionamiento de la junta general de las sociedades mercantiles locales, priva al pleno municipal de un ámbito de decisión reservado a este por la legislación básica estatal en materia de régimen local. De acuerdo con la referida normativa básica, en cuyo desarrollo se dicta la regulación autonómica, corresponde al pleno de las corporaciones municipales la determinación de las formas de gestión de los servicios públicos de su competencia, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles para la gestión de los mismos. De igual forma, se establece que dicho acuerdo del pleno se formalizará mediante escritura pública y contemplará, entre otros extremos fijados legalmente, los estatutos sociales; que, a su vez, deberán determinar la forma de designación y el funcionamiento de los órganos sociales. Así, la norma autonómica de desarrollo entra en una contradicción material insalvable con la normativa básica porque, al reducir el acuerdo de creación de estas sociedades a un acto carente de parte del contenido fundacional que le es propio, invade el espacio de autoorganización garantizado a las corporaciones municipales.
La Comunidad Autónoma de Aragón, al regular el régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, ejerce una competencia de desarrollo de las bases estatales en materia de régimen local, debiendo respetar lo establecido por los artículos 85 ter y 123.1 LBRL, cuyo carácter formal y materialmente básico viene confirmado por la doctrina (STC 103/2013) [FJ 2].
En las sociedades mercantiles locales unipersonales, el fundador de la sociedad es el Ayuntamiento, socio único que expresa su voluntad a través del pleno, constituyendo los estatutos societarios la manifestación más acabada de la voluntad del fundador. El ordenamiento jurídico estatal, tanto público (y básico) como privado, encomienda esta decisión a la voluntad del socio fundador, que en las sociedades mercantiles locales de carácter unipersonal no es otro que el pleno del ayuntamiento, a través del acuerdo de creación que le atribuye el artículo 123.1 k) LBRL [FJ 3 a)].
El precepto impugnado contradice lo dispuesto por el artículo 85 ter.3 LBRL, al impedir que el pleno decida, al aprobar los estatutos de la sociedad, cuál es la forma de designación y el funcionamiento de la junta general y del consejo de administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. La ley autonómica, al desapoderar al pleno de este ámbito de decisión, invade el espacio de autoorganización local garantizado por la normativa básica estatal, e incurre con ello en vulneración del artículo 149.1.18 CE [FJ 3 b)].
Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre. Régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón
Artículo 14.1 u) (anula)
Título X (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 22.2 f) (redactado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), f. 3
Artículo 85 bis (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 85 ter (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 85 ter 1 (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 3
Artículo 85 ter 3 (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), ff. 1, 3
Artículo 123 (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 123.1 (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 123.1 k) (redactado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), ff. 1, 3
Artículo 1.4, ff. 1 a 3
Artículo 71.5, ff. 1, 2
Artículo 23 e), f. 3
Artículo 11.1 k), f. 3
Artículo 14.1 u), ff. 1 a 3
Municipios de gran poblaciónMunicipios de gran población, f. 2, 3
Plenos municipalesPlenos municipales, f. 2, 3
Sociedades mercantiles municipalesSociedades mercantiles municipales, f. 2, 3
Servicios públicos municipalesServicios públicos municipales, f. 2