Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A196-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 11:57:42
Document Index: 190303662

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 374', 'artículo 37']

A196-01
Auto 196/01
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Suspensión del decreto que establece reglas de competencia para reparto de la acción de tutela
Referencia: expediente I.C.C.-311
Conflicto de competencias entre el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta.
José Danilo Salazar Suárez.
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le conceden los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes
1. El 20 de febrero de 2001, el demandante José Danilo Salazar Suárez, presentó acción de tutela contra la Administración Local de Aduanas de Cúcuta, División Jurídica, pues considera que dicha autoridad mediante la resolución 2497 de noviembre siete (7) de 2000 vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
2. El demandante interpuso la acción ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual mediante proveído de febrero veintidós (22) de 2001 decidió no asumir el conocimiento de la demanda por carecer de competencia, conforme al Decreto 1382 de 2000 y ordenó remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial.
3. Efectuado el reparto, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, el cual mediante decisión de febrero veintiséis (26) de 2001, inaplicó el Decreto 1382 de 2000, planteó un conflicto negativo de competencias y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que lo dirimiera.
1. Para resolver el conflicto de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, se reitera que, mediante innumerables autos, la Sala Plena de la Corte Constitucional[1] ha establecido que la aplicación del Decreto 1382 de 2000 resulta inconstitucional.
2. Esta Corporación, mediante providencia de 26 de septiembre de 2000, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, expresó sobre el particular:
“Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la república conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela …”
“Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la ‘acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar’ para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en todo momento y lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
“Siendo ello así surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación del Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículo 374 a 379).”
3. En esta medida, siguiendo el criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional, el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 tampoco es aplicable al caso presente, por cuanto modifica lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991, restringiendo irrazonablemente el derecho de acceso a la administración de justicia. Conforme lo ha dicho esta Corporación, la norma aplicable para efectos de determinar la competencia en sede de tutela es el citado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
4. Adicionalmente, el Presidente de la República mediante Decreto 404 del 14
de marzo del año en curso, decidió suspender por un año la vigencia del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, razón por la cual a la fecha de expedición de ésta providencia no se puede aplicar para efectos de la regulación del proceso de tutela.
5. Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia fue presentada ante el juez del lugar donde ocurrieron los hechos, la Corte declarará que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander es el competente para darle trámite, de conformidad con lo dispuesto en la norma antes citada.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
PRIMERO. Decidir el conflicto planteado, en el sentido que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, es competente para conocer el proceso de tutela de la referencia.
SEGUNDO. Remitir, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para lo de su competencia.
[1] Ver entre otros, Autos I.C.C.-119 octubre 4 (M.P. Martha V. Sáchica Méndez), I.C.C.-120 octubre 4 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) e I.C.C.-117 octubre 4 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).