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Timestamp: 2020-01-23 20:03:16
Document Index: 20762640

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA T-66 DE FEBRERO 7 DE 2002
SENTENCIA T-66 DE 07 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:EL DEBIDO PROCESO. NO SE DEBE ACUDIR A LA ACCIÓN DE TUTELA SOBRE LA BASE DE ACTOS QUE NO SE HAN PROFERIDO, ESTO NO SOLO VIOLA EL DEBIDO PROCESO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, SINO ATENTA CONTRA UNO DE LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO, CUAL ES EL DE ASEGURAR LA VIGENCIA DE UN ORDEN JUSTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, ENTIDAD PÚBLICA, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FINALIDAD DEL ESTADO, CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, DERECHO A LA IGUALDAD
Sentencia T-66 de febrero 7 de 2002
SENTENCIA NÚMERO T-066 DE 2002
Exp. T-516732
Bogotá, D.C., febrero 7 de 2002
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que se hizo en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección Número Once ordenó la selección del mencionado expediente por auto de 7 de noviembre de 2001.
1. Que el doctor Carmelo Cayetano Martínez Conn, fue Consejero de Estado durante muchos años obteniendo derecho a la pensión, la cual fue reconocida mediante la Resolución 040854 de 16 de noviembre de 1993, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social. Aduce el representante judicial del actor, que por medio de la Resolución 003315 del 25 de febrero de 2000, la entidad mencionada, le negó la reliquidación de la pensión en lo relacionado con una prima especial de servicios.
2. El ciudadano demandante, en la actualidad devenga una pensión mensual bruta de $ 6.457.325, según el cupón del Fopep del mes de mayo de 2001.
3. Aduce el apoderado del actor, que a través de la acción pública de la tutela, se les ha reconocido en forma sistemática a los ex magistrados de las altas cortes, el derecho al reajuste de la pensión de jubilación, equiparándolas con el régimen de los congresistas. Agrega, que adicionalmente ejercieron el derecho de petición ante Cajanal, con el objeto de agotar la vía gubernativa y poder acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Luego de hacer una extensa relación de la normatividad legal que regula el derecho que por vía de tutela se reclama, así como de citar las distintas providencias proferidas por esta corporación, y por los distintos despachos judiciales en las cuales se ha reconocido el derecho ahora solicitado, a ex magistrados que se encuentran en las mismas circunstancias del accionante, expresa el apoderado del demandante que la irremediabilidad del perjuicio consiste en que por la edad y condición del solicitante, la duración del proceso contencioso, más o menos entre seis o siete años, haría inane el derecho del actor, comprometiendo no sólo su subsistencia sino su derecho a condiciones de vida digna.
Manifiesta el a quo, que en el presente caso no se vislumbra vulneración de ningún derecho fundamental, razón por la cual la acción de tutela impetrada debe negarse.
El apoderado del accionante manifiesta que el fallador de primera instancia no hizo ninguna alusión al derecho constitucional consagrado en el artículo 13 de la Carta, pues resulta evidente la vulneración de este derecho y la discriminación a que ha sido sometido el actor por parte de Cajanal.
Expresa el apoderado del demandante que el a quo, no tuvo en cuenta las providencias citadas en el escrito de tutela, proferidas por esta corporación, en las cuales se pone de presente la doctrina constitucional en relación con el reajuste de las pensiones de los ex magistrados de las altas cortes, desconociendo por ende, el derecho a la igualdad, único cargo esgrimido en la tutela.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, confirmó el fallo proferido por el Tribunal de Bogotá en primera instancia, argumentando la clara improcedencia de la acción impetrada, por cuanto el asunto planteado no es susceptible de definición mediante la acción pública interpuesta, pues además de carecer de competencia para ello, no se cuenta con los elementos de juicio necesarios para resolver sobre los derechos "por cuyo reconocimiento y efectividad se propende".
Ante la afirmación hecha por el apoderado del demandante en el numeral 4º de los hechos narrados en el escrito de tutela, en el sentido de que el día 17 de julio del año 2001 (el mismo día de presentación de la acción de tutela), se elevó derecho de petición ante Cajanal, solicitando el reajuste de la pensión y el pago retroactivo de dicho reajuste, el magistrado sustanciador solicitó a la entidad demandada, copia de la respuesta dada al peticionario o, en su defecto, información sobre el trámite dado a la misma.
La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, informó a esta corporación que la solicitud a que se ha hecho referencia se encuentra radicada bajo el número 18491 de 5 de septiembre de 2001, pendiente de reparto para su correspondiente estudio.
2.1. El doctor Carmelo Cayetano Martínez Conn, actuando a través de apoderado solicita a esta corporación que se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, que le reconozca una pensión de jubilación equivalente a una suma que en conjunto con la actualmente liquidada a su favor, no sea inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año devenguen los congresistas en ejercicio. Aduce como fundamento de su solicitud, la equiparación de la remuneración de los ex magistrados de las altas corporaciones con la de los congresistas, establecida en la Ley 4ª de 1992 y los decretos expedidos en desarrollo de la misma, pero especialmente, el reconocimiento que por vía de tutela se ha hecho a algunos ex magistrados de las altas cortes, del derecho al reajuste de la pensión de jubilación, equiparándolas con el régimen de los congresistas. Al efecto, cita varias sentencias proferidas por esta corporación y, por ello, solicita la protección del derecho fundamental a la igualdad.
2.2.1. El artículo 86 de la Constitución Política, consagra la acción pública de tutela como un mecanismo al cual tiene acceso toda persona para reclamar en cualquier momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales en el evento de que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares que presten un servicio público y respecto de los cuales el afectado se encuentre en circunstancias de subordinación o indefensión.
Así las cosas, quien considere que se encuentra en una situación que afecte sus derechos fundamentales, puede acudir a la acción de tutela en procura de la protección de sus derechos, siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Como se sabe, la acción de tutela se caracteriza por su informalidad ya que puede ser presentada por cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, raza, condición económica o profesional, en fin, no se requiere de ningún requisito formal o fórmulas exactas, ni siquiera requiere de un escrito, pues puede ser presentada en forma verbal ante cualquier autoridad judicial, quien se encuentra en la obligación de darle el trámite establecido en la ley.
Con todo, ello no significa que los ciudadanos puedan desconocer los procedimientos establecidos por la ley en los diversos ordenamientos jurídicos, que para el caso que nos ocupa es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, acudir a la acción de tutela bajo la suposición o conjetura de que se vulnerarán derechos fundamentales por actos negativos de la administración, sin darle a ésta siquiera la oportunidad de pronunciarse en ese o en otro sentido. No se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no sólo viola el debido proceso de las entidades públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen, sino que, atentaría contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo.
Como lo ha sostenido esta corporación "[e]n lo que se refiere a las actuaciones administrativas, éstas, deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas. El debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien, y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables" (1) (negrillas fuera de texto).
2.2.2. Analizado con detenimiento el escrito de tutela, se observa que al momento de la presentación de la misma, no existía la vulneración del derecho a la igualdad que reclama el apoderado del actor, por la sencilla razón, de que la solicitud de reajuste de la pensión de jubilación del accionante para que sea equiparada con el régimen que cobija a los congresistas, no se había presentado, entonces, el apoderado del actor instauró una acción de tutela contra un acto administrativo inexistente. Ni siquiera se podía predicar el silencio administrativo negativo, pues, como el mismo afirma “ejercimos hoy derecho de petición ante Cajanal, solicitando el reajuste de la pensión y el pago retroactivo de dicho reajuste”.
Una de las formas en que la administración se pronuncia es a través de actos administrativos, por medio de los cuales expida resoluciones ya sea de carácter general o particular, cuya validez y eficacia se encuentra condicionada a los requisitos de publicidad o notificación, de suerte que puedan producir efectos jurídicos (2) . Pero, para que produzcan esos efectos, los actos administrativos deben jurídicamente existir y, en esa medida, afectar una situación jurídica concreta, para que, en el evento de que el particular la considere lesiva de sus derechos, se pueda por vía de tutela realizar un pronunciamiento sobre la vulneración de tales derechos. Ciertamente, como lo afirma el apoderado del actor, el agotamiento de la vía gubernativa no es requisito necesario para acudir a la acción de tutela, pero lo que sí debe existir es un acto administrativo del cual se pueda deducir por parte del juez constitucional la violación que se alega. Por otra parte, no resulta cierta la afirmación del apoderado del actor, en el sentido de que el artículo 9º del Decreto Ley 2591 de 1991 no exige la configuración previa de una negativa o renuencia de una autoridad administrativa, en el caso que nos ocupa de Cajanal, para interponer la acción de tutela, pues, la finalidad de la norma mencionada es proteger a las personas naturales o jurídicas de la posible arbitrariedad o abuso que contra ellas se pueda cometer en la expedición de un acto administrativo que vulnere o amenace seriamente vulnerar sus derechos fundamentales y, es en ese orden de ideas, que el artículo 9º en cuestión autoriza la interposición de la acción de tutela sin que sea necesario agotar previamente la vía gubernativa.
Así las cosas, no puede la Sala de Revisión entrar a decidir sobre la discriminación alegada por el demandante, en relación con otros ex magistrados de las altas cortes en cuanto al reajuste de su pensión de jubilación, porque la violación del derecho a la igualdad invocado por el apoderado del actor como "cargo único", resulta ser incierta e hipotética, no se ha dado y, como se señaló, según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico la vulneración al demandante de un derecho fundamental o, por lo menos, la amenaza seria y actual de su vulneración, circunstancia que en el caso concreto hasta ahora no se ha presentado.
3. Ahora bien, se afirma en la acción de tutela que en la misma fecha de presentación de dicha acción, se ejerció el derecho de petición ante Cajanal, solicitando el reajuste de la pensión y el pago retroactivo de la misma (jul. 17/2001), y se afirma a su vez, que dicha entidad cuenta con un plazo de cuatro meses para resolver dicha petición, razón por la cual, al momento de la presentación de la tutela, no podía predicarse una vulneración del derecho fundamental de petición.
Sin embargo, en oficio enviado a esta corporación, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, afirma que en esa entidad se encuentra una solicitud de revisión pensional a nombre del doctor Carmelo Cayetano Martínez Conn, radicada bajo el número 18491 de 5 de septiembre de 2001, en espera de ser repartido para su correspondiente estudio. Teniendo en cuenta que a la fecha en que se profiere esta decisión, ya han transcurrido más de los cuatro meses con que cuenta la entidad demandada (3) , se ordenará a dicha entidad que de no haber emitido decisión de fondo en el asunto de la referencia, lo haga en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia.
(3) Cfr. Sentencia T-170 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
1. CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de septiembre de 2001, dentro de la acción de tutela instaurada por Carmelo Cayetano Martínez Conn contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
2. Si al momento de la notificación de esta sentencia, la Caja Nacional de Previsión Social no ha proferido decisión de fondo, en relación con la solicitud de reajuste pensional presentada por el doctor Carmelo Cayetano Martínez Conn, ORDÉNASE a esa entidad dar respuesta en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la respectiva notificación.