Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-800-de-agosto-2-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420c30f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-24 01:21:04
Document Index: 111701516

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 509', 'artículo 509', 'artículo 140', 'artículo 38', 'artículo 72', 'artículo 509', 'artículo 694', 'artículo 694', 'artículo 694', 'artículo 229', 'artículo 116', 'e contrario', 'artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 694', 'artículo 38', 'artículo 72', 'artículo 509']

﻿ SENTENCIA C-800 DE AGOSTO 2 DE 2005
SENTENCIA C-800 DE 02 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA LOS LAUDOS ARBITRALES NACIONALES E INTERNACIONALES. SE INHIBE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 38 DEL DECRETO 2279 DE 1989, DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 80 DE 1993 Y DEL ARTÍCULO 509 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA EL LAUDO ARBITRAL, EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Sentencia C-800 de agosto 2 de 2005
Sentencia C-800 de 2005
Ref.: Expediente D-5621
Actores: Hugo Palacios Mejía y Francisco Arturo Pinilla Vera.
Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil cinco.
A continuación se transcriben los textos de las disposiciones acusadas:
“Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan disposiciones”.
3. (derogado L. 446/98, art. 167).
ART. 72.—Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.
El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia”.
ART. 50.—El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.
Los demandantes consideran que las disposiciones acusadas deben ser declaradas inconstitucionales por omisión, ya que violan los artículos 13, 9º, 226 y 229 de la Carta. En consecuencia, en guarda de la integridad de la Constitución, la Corte debe proferir una sentencia integradora que declare que “la violación de leyes y disposiciones de orden público es una causal de anulación de los laudos que producen los tribunales de arbitramento nacionales, que debe entenderse añadida al artículo 38 del decreto 2279 de 1998 y al artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (así como a los arts. 163 y 230 del D. 1818/98 en cuanto incorporan los anteriores); y es una de las excepciones que pueden proponerse en el proceso ejecutivo que debe entenderse añadida al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil” (lo subrayado está así en el original).
El concepto de violación lo exponen los actores a través de los puntos que desarrollan de la siguiente manera:
Primer cargo: violación de los artículos 13, 9º y 226 de la Carta.
Los demandantes consideran que se presenta violación del principio de igualdad, porque las omisiones que se presentan en las disposiciones acusadas implican que las personas que no tienen acceso al arbitramento internacional y que resulten afectadas con un laudo nacional, no pueden hacer valer en su favor ante los jueces colombianos, las leyes y disposiciones de orden público que hubieren sido desconocidas en ese laudo. En cambio, el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, que incorpora varias normas del derecho internacional, sí permite a las personas que son partes en un arbitramento internacional y que resulten afectadas con un laudo extranjero, que los jueces colombianos verifiquen su conformidad con las leyes y disposiciones de orden público nacional.
Señalan que el contenido del numeral 2º artículo 694 en mención “no se refiere a los problemas in procedendo de que pueda adolecer el aludo extranjero. El numeral se refiere, en forma explícita, al contenido material del laudo, es decir, a la oposición in judicando que pueda existir entre ese laudo extranjero y las normas colombianas de orden público” (fl. 6).
Afirman que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe ninguna norma que subsane esta omisión legislativa. Ni siquiera el recurso de revisión contiene una causal que proteja las normas de orden público contra las decisiones de un laudo arbitral proferido en el país.
En materia de arbitramento y orden público, los actores consideran que se presenta un desconocimiento en el orden interno de los principios del derecho internacional, pues el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil al señalar que los laudos extranjeros se sometan al exequátur, no lo hace con el propósito de obstaculizar las relaciones internacionales de Colombia, sino que es manifestación del respeto de la soberanía nacional expresada en la prevalencia de las leyes y disposiciones de orden público colombiano, sobre los laudos extranjeros, en apoyo de esta tesis, transcriben los artículos 9º y 226 de la Carta.
Concluyen este primer cargo así “las omisiones a las que se refiere esta demanda crean una discriminación contra las personas que se someten a los tribunales de arbitramento nacionales, y a favor de quienes son partes en procesos frente a tribunales de arbitramento que dictan laudos “extranjeros”. Esa discriminación no tiene sustento en situaciones de hecho, ni tiene una finalidad protegida en la Constitución, ni se inspira en valor constitucional alguno, ni es proporcional a una situación diferenciadora” (fl. 18).
Segundo cargo: Violación del artículo 229 de la Carta.
Concluyen este segundo cargo así: “se vulnera el derecho de acceso a la justicia cuando se niega a un grupo de personas residentes en Colombia la posibilidad de pedir a los jueces del Estado que hagan prevalecer las normas de orden público sobre las decisiones arbitrales nacionales, y, en cambio, se permite a otras pedir a los jueces que apliquen esa prevalencia cuando se trata de conseguir el “exequatur” de laudos extranjeros” (fl. 20).
a) El doctor Fernando Gómez Mejía, apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, se refirió al exequátur o “equivalente jurisdiccional”, como la autorización para que en un país se apliquen sentencias o laudos arbitrales dictados en el extranjero. Señaló que en Colombia, las sentencias, los laudos arbitrales y otras providencias judiciales extranjeras, en principio, no tienen validez en el derecho interno, salvo que tratados internacionales las reconozcan o que exista un tratamiento equivalente de las sentencias colombianas en el país de donde proviene el pronunciamiento. En la doctrina, la figura se justifica por las siguientes razones: ausencia de poder coercitivo de las autoridades judiciales extranjeras para aplicar o ejecutar sus providencias en el territorio de otros Estados; en el incremento de la globalización del comercio y del tráfico jurídico; en la necesidad de reconocer y amparar situaciones jurídicas que tienen origen por fuera de los límites territoriales; y, para perseguir y sancionar el delito sin que importe el lugar donde se cometa.
Además, una cosa es establecer causales de anulación para laudos nacionales, cuando los árbitros se encuentran transitoriamente investidos de la función de administrar justicia —artículo 116 de la Carta—, y otra, muy distinta, la de establecer los requisitos que debe cumplir un laudo proferido en el exterior, por árbitros de los que no puede predicarse el cumplimiento del ordenamiento colombiano.
Trae lo dicho por la Corte Constitucional, sentencia C-063 de 1997, respecto al derecho a la igualdad y el trato diferencial no implica automáticamente violación a la igualdad. Explica que ante la ausencia de poder coercitivo de las autoridades judiciales extranjeras para aplicar o ejecutar sus providencias en otros Estados, se genera la necesidad de reconocer y amparar situaciones jurídicas que se originan fuera de los límites territoriales. Cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 13 de agosto de 1999, M.P. Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles.
Pone de presente que Colombia ha suscrito y ratificado las Convenciones de New York y Panamá sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, y en ambas convenciones (art. V, num. 2º, ord. b) se expresa que el juez estatal puede denegar el exequátur cuando el reconocimiento y ejecución del laudo, sean contrarios al orden público.
No se desconoce el principio de igualdad porque si bien el tratamiento a los laudos arbitrales nacionales difiere de los proferidos en el exterior, entre unos y otros hay una diferencia sustancial que la justifica. Explica que:
“los laudos nacionales son emanación de la soberanía nacional en cuanto son proferidos por autoridades asimiladas a los jueces de la República dado que están sometidos íntegramente al derecho colombiano, están obligados a observar el ordenamiento jurídico interno, son responsables por el desconocimiento de las normas nacionales y sus actos están sometidos a control por parte de los jueces nacionales, en tanto que los laudos extranjeros son emitidos por tribunales que no están sometidos al ordenamiento nacional, que no están obligados a aplicar el derecho colombiano, que no están sujetos a control por la autoridad colombiana y, por consiguiente no responden por la inobservancia de las reglas jurídicas colombianas”.
Afirma que en los laudos extranjeros están descartadas estas posibilidades de control, inclusive cuando resultare ostensible el contraste entre el contenido de la decisión y el orden jurídico colombiano, porque “nadie pretendería racionalmente atribuir responsabilidad al juez extranjero o a los integrantes de un tribunal de arbitramento extranjero por inobservancia de preceptos de orden jurídico colombiano, o privar de efectos a un laudo arbitral extranjero con el argumento de que es evidentemente contrario al sistema normativo colombiano”.
Sobre las causales de anulación de los laudos arbitrales y el exequátur no hay la equivalencia que presentan los demandantes, por las siguientes razones:
El hecho de que la finalidad del recurso de anulación sea distinto del exequátur explica que las razones que impiden hacer ejecutable el laudo extranjero en Colombia, no sean causales de anulación del laudo nacional. A decir verdad, los mecanismos de control existentes en Colombia respecto de los laudos nacionales (recurso de revisión, acción de tutela y recurso de anulación) en conjunto garantizan racionalmente la observancia de la normatividad del país, en especial la de orden público, y por consiguiente, hacen innecesario establecer otro control. Los laudos extranjeros, en el lugar en donde se producen también están sometidos a controles que garantizan la conformidad con el respectivo sistema normativo, pero no aseguran que guarden coherencia con el orden jurídico colombiano. Por eso, cuando el laudo extranjero se somete al escrutinio del juez colombiano, éste no examina la juridicidad del laudo, sino que se limita a determinar si su cumplimiento en Colombia no es contrario al orden público interno”.
El señor Procurador General de la Nación, en Concepto 3793 de fecha 6 de abril de 2005, le solicitó a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas por los cargos estudiados.
Lo que significa que si el tribunal de arbitramento constituido por particulares incurre en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo citado y no es saneada o convalidada durante el proceso arbitral, puede ser alegada como causal de anulación del laudo nacional de conformidad con el artículo 38 en mención. Lo propio ocurre en materia contencioso administrativa, ya que por mandato expreso del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, las causales de nulidad son además de las allí enunciadas, las establecidas en el derecho común, lo que conduce que por interpretación sistemática de este artículo, el 72 de la Ley 80 y 140 del Código de Procedimiento Civil se puede alegar como causal de anulación del laudo, la violación de normas de orden público.
Señala que debe descartarse la violación de los artículos 13, 9º y 226 de la Carta por parte de las disposiciones acusadas, pues el desconocimiento de las normas de orden público debe entenderse contenida en la causal 1 de anulación de los laudos arbitrales, la que puede darse en el curso del proceso arbitral, evento en el que debe alegarse en el mismo trámite o en el laudo mismo.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numerales 4º y 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra disposiciones contenidas en dos leyes y un decreto ley.
2.1. Para los demandantes, la Corte debe declarar que en las disposiciones acusadas se incurrió en una omisión legislativa relativa, por vulneración de los artículos 13, 9º, 226 y 229 de la Carta. Explican que esta omisión surge al comparar lo que ocurre en el laudo proferido en un arbitramento internacional y uno nacional. Porque el afectado con un laudo arbitral pronunciado en el exterior puede alegar que la decisión se opone a leyes u otras disposiciones de orden público interno, tal como lo prevé el numeral 2º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, lo que implica que existe competencia por parte de los jueces de la República de examinar el fondo de la decisión arbitral. En cambio, si el laudo es nacional, la violación de leyes y disposiciones de orden público interno no está prevista como causal de anulación, como se desprende de los artículos acusados.
Esto significa que el afectado con el laudo proferido en el exterior puede oponerse al mismo por su contenido material —in judicando. En cambio, en los laudos nacionales, según las causales taxativas de nulidad, éstas sólo se pueden alegar por su contenido formal: in procedendo. Lo que lleva, además, a desconocer el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia para los nacionales.
2.2. Quienes intervinieron en esta acción pública se opusieron a la misma. Sus argumentos coinciden en explicar que la ley previó las reglas propias para dos situaciones distintas, como son el laudo arbitral nacional y el laudo proferido en el exterior. Los proferidos por autoridades nacionales están íntegramente sometidos al ordenamiento jurídico interno y los árbitros son responsables por el desconocimiento de las normas nacionales. En cambio, en el laudo arbitral extranjero, los árbitros no están sometidos al ordenamiento nacional, ni están obligados a aplicarlo, por consiguiente, antes de que surta efectos en Colombia, debe ser objeto de pronunciamiento por los jueces colombianos, a través del exequátur. De allí el tratamiento legal diferente.
2.3. Planteado así el objeto de la presente acción, se examinará si se está ante la alegada omisión legislativa relativa, y, por consiguiente, si así debe declararla la Corte.
3.1 Es suficientemente sabido que cuando la acción pública de inexequibilidad pretende la declaración de inconstitucionalidad por omisión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha distinguido entre la omisión legislativa absoluta y la relativa. En cuanto a la primera, ha indicado que no existe competencia de esta corporación para pronunciarse y, sobre la segunda, ha dicho que, bajo ciertas condiciones, puede admitirse y decidirse sobre una demanda de estas características. Este tema ha sido tratado en forma amplia en sentencias tales como las C- 427 de 2000; C-1255 de 2001; C-041 de 2002; C-185 de 2002, entre muchas otras, que ahora deben reiterarse. Los criterios para la procedencia excepcional de esta clase de demandadas, han sido resumidos así:
“Ahora bien, para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador” (1) (sent. C-185/2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil).
Así mismo, la Corte ha señalado que debe tenerse también como criterio para considerar, que cuando se presenta el cargo de esta clase de omisiones, si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta o si se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficientes, que regulan situaciones distintas. Este es el caso examinado en la sentencia C-371 de 2004, que dijo:
Así mismo, que “el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (2) ” (3) (sent. C-371/2004, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño).
3.2. Es de recordar que la competencia limitada de la Corte para declarar que el legislador incurrió en una omisión legislativa se encuentra en el respeto estricto del principio de la separación de las ramas del poder público, establecido en la Constitución (art. 113), pues, de lo contrario, se abriría un fácil camino para que bajo la excusa de la existencia de la omisión legislativa relativa y la posibilidad de la modulación de las sentencias por parte de la Corte Constitucional, los ciudadanos inconformes con la manera como quedó regulada determinada materia por la ley, acudirían directamente a la Corte, sin tener que someterse al procedimiento de formación de las leyes en el Congreso de la República, previsto en la Constitución Política.
3.3. El examen correspondiente lo hará la Corte a partir de analizar si existe violación del principio de igualdad, pues, los laudos nacionales y los no nacionales se encuentran en la misma situación material de hecho, en los que el legislador omitió incluir elementos que resulten esenciales con los principios constitucionales como lo consideran los demandantes, lo cual es esencial para verificar si se cumplieron los requisitos mínimos para la procedencia de esta clase de acciones públicas por omisión.
En el caso sub examine, los actores plantearon la vulneración del principio de igualdad desde la siguiente visión: un afectado por un laudo arbitral nacional se encuentra en desventaja frente a un afectado por un laudo arbitral proferido en el exterior pues, éste último, antes de que el laudo produzca efectos en el país, tiene derecho a que los jueces colombianos verifiquen, a través del exequátur, que la decisión no se opone a leyes o a disposiciones de orden público interno, es decir, el juez colombiano adquiere competencia para examinar el fondo del asunto que debatieron los árbitros. En cambio, el afectado por un laudo arbitral nacional, no obstante que la decisión puede oponerse a las leyes o disposiciones colombianas, no puede invocar tal circunstancia ante los jueces de la república como causal de anulación del laudo, porque las disposiciones acusadas no lo permiten.
Para la Corte, tal visión de lo que ocurre no es así, y para entenderlo bastará precisar que una cosa es un laudo arbitral nacional y otra un laudo no nacional y el trámite del exequátur. El primero, se rige por la Ley 446 de 1998 y normas complementarias, y el segundo, por la Ley 315 de 1996 “Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras disposiciones”. A su vez, en el procedimiento relacionado con los laudos no nacionales está previsto que deben someterse al trámite del exequátur, consagrado en los artículos 693, 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil. Hay que recordar que los laudos arbitrales proferidos en el exterior, por razones de soberanía del Estado, en principio, no tienen valor en el país. Sin embargo, como es suficientemente sabido, esto afectaría en materia grave las relaciones internacionales, por lo que el legislador previó un sistema que permite, por vía de excepción, conceder efectos jurídicos a decisiones emitidas fuera del país, mediante la figura del exequátur.
De lo anterior, salta a la vista con claridad que los demandantes plantearon la supuesta omisión legislativa relativa con base en la comparación de dos regímenes jurídicos diferentes, sobre los cuales no es posible formular un cargo de violación del principio de igualdad: el laudo nacional y el trámite del exequátur.
Sobre el principio de igualdad, son pertinentes los numerosísimos pronunciamientos de la Corte y los criterios que a lo largo de 14 años ha desarrollado, porque, téngase en cuenta que la violación del principio de igualdad es uno de los argumentos que con más frecuencia se esgrime en las acciones públicas de constitucionalidad que conoce esta corporación. De allí que la Corte ha resumido su criterio, para casos como el presente, en el sentido de que le corresponde al legislador “otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles” (4) (sent. C-043/2002).
Es más, también ha señalado la Corte que el legislador puede establecer inclusive tratos diversos para situaciones de hecho semejantes, siempre y cuando exista una justificación objetiva y razonable (sent. C-516/2004)
Respecto de la razonabilidad y proporcionalidad como guía para proteger el principio de igualdad, la sentencia C-337 de 1997 expuso de fondo los criterios a tener en cuenta. Así mismo advirtió, en la misma providencia, que en la evaluación respectiva no puede excluirse la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto: “En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo” (sent. C-337/97)
Esto significa que los demandantes, si bien señalaron las disposiciones legales sobre las que recae la acusación y explicaron la supuesta desigualdad negativa para los excluidos con las normas, es decir, para los afectados con un laudo nacional, la demanda no reunió los demás requisitos señalados por la jurisprudencia para que se pudiere decidir de fondo sobre la existencia o no de la omisión legislativa relativa, pues, como se indicó, no hay una real asimilación entre los laudos nacionales y los no nacionales y el posterior trámite del exequátur. Esto significa que no se demostró que la supuesta omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por la Constitución al legislador, ni se observa omisión sino más bien, que se está ante “disposiciones completas, coherentes y suficientes, que regulan situaciones distintas” (sents. C-371/2004; C-185/2002; C-427/2000, entre muchas otras, a las que se hizo alusión al inicio de estas consideraciones).
Por otra parte, si no hay la omisión legislativa en mención, la Corte no puede acceder a la solicitud de que se profiera una sentencia integradora pretendida en la demanda, en la que se declare que “la violación de leyes y disposiciones de orden público es una causal de anulación de los laudos que producen los tribunales de arbitramento nacionales, que debe entenderse añadida al artículo 38 del Decreto 2279 de 1998 y al artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (así como a los arts. 163 y 230 del D. 1818/98 en cuanto incorporan los anteriores); y es una de las excepciones que pueden proponerse en el proceso ejecutivo que debe entenderse añadida al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil”. (lo resaltado está así en el original, fls. 1 y 2).
Magistrados: Manuel José Cepeda Espinosa, Presidente—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil, con salvamento de voto—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis, con salvamento de voto—Clara Inés Vargas Hernández, en comisión.
Que la honorable magistrada doctora Clara Inés Vargas Hernández, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.
(2) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
(3) Corte Constitucional, sentencia C-1052-01, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido, ver la sentencia C-157-04, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.