Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-57731-de-abril-10-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_dd55eba1b5670082e0430a0101510082&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-28 03:56:04
Document Index: 234319802

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 450', 'artículo 2', 'artículo 450', 'artículo 65', 'artículo 450', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 429', 'artículo 446', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 448', 'artículo 450', 'artículo 32', 'artículo 448', 'artículo 60', 'artículo 56', 'artículo 8', 'artículo 450']

SENTENCIA 57731 DE 10 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:LA HUELGA NO REALIZADA PACÍFICAMENTE DEBE SER DECLARADA ILEGAL. AUNQUE LA HUELGA ES UN MECANISMO LEGÍTIMO DE PRESIÓN Y COACCIÓN USADO POR LOS TRABAJADORES, ESTO NO EXCLUYE QUE SEA PACÍFICA. ASÍ LAS COSAS, EL CESE DE ACTIVIDADES QUE NO SE ADELANTE DE TAL MANERA DEBE SER DECLARADO ILEGAL, DE ACUERDO CON EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 450 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. EN ESE SENTIDO, LA HUELGA ESTÁ LIMITADA POR EL INTERÉS GENERAL, LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS Y EL ORDEN PÚBLICO, Y NO ES UN DERECHO ARBITRARIO, SINO REGULADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE HUELGA, HUELGA, HUELGA ILEGAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:498 DE JUNIO DE 2013, PG.968
Sentencia 57731 de abril 10 de 2012
Radicación 57731
Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil doce.
De conformidad con el artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1210 de 2008, esta Sala de la Corte, es competente para conocer, en segunda instancia, de los asuntos relacionados con la legalidad o no del cese de actividades, decretado por los sindicatos en ejercicio del derecho de huelga.
La causal invocada por la empresa accionante para procurar la calificación de ilegalidad de la huelga legalmente decretada por la organización sindical denominada Sintramienergética, es la establecida en el literal f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que señala que la suspensión colectiva de trabajo es ilegal “f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo”.
Bajo esta premisa legal fue que el tribunal acometió todo el análisis probatorio para tomar su determinación, llegando esencialmente a las siguientes conclusiones: que, de acuerdo con las actas de verificación elaboradas por las inspectoras del trabajo, el cese se desarrollaba en forma pacífica; que, igualmente, conforme a las actas levantadas por las inspectoras del trabajo, se observaba el interés del sindicato de adoptar el plan de contingencia presentado; que no era posible establecer la invasión por parte de los huelguistas de los predios pertenecientes al Consorcio Minero Unido (CMU), toda vez que las actividades desarrolladas por esta entidad y por Carbones de la Jagua (CDJ) era conjunta, utilizando indistintamente la maquinaria y el personal por ambas, lo que impedía a los trabajadores distinguir las labores de una u otra; que si bien se habían presentado altercados y situaciones de tensión en la hora cero de la huelga ello era normal por ser la huelga un instrumento de presión que podía presentar ese tipo de enfrentamientos; que la permanencia de algunos trabajadores en las instalaciones del proyecto La Jagua, tampoco permitía calificar de ilegal la huelga, pues no se había impedido el ingreso del personal directivo y no se habían producido actos de agresión encausados por el sindicato, además que estaba justificada por no haberse concertado el plan de contingencia.
Lo primero que surge de los fundamentos del fallo apelado, es que en ningún momento el tribunal desplegó análisis jurídico alguno en torno a la figura de la unidad de empresa, como lo asevera la recurrente, sino que encontró justificado que eventualmente se hubieran invadido predios del Consorcio Minero Unido (CMU) por parte de los trabajadores de Carbones de la Jagua (CDJ), en el hecho de que ambas entidades adelantaran una operación conjunta en la zona de explotación que implicaba la utilización indistinta de maquinaria y personal, y de que existiera una deficiente delimitación de las zonas de propiedad de una u otra empresa. Situación que se hace patente en las actas 1 a 3, levantadas por funcionarios del Ministerio de Protección Social (fls. 36 - 50), en donde consta todo el procedimiento adelantado para efectos de verificar y demarcar los linderos y maquinaria de ambas empresas, para proceder al sellamiento de los bienes de la accionante. Consta allí claramente que, una vez verificados los linderos, el personal del sindicato abandonó los terrenos ocupados de propiedad de CMU.
En cuanto a los actos de violencia, lo que señaló el tribunal es que no había prueba suficiente de se hubieren presentado el primer día de la huelga; que las versiones del personal que tenía una vinculación estrecha con las empresas afectadas, no era suficiente para dar por sentado que lo relatado por ellos había ocurrido, máxime cuando no encontraban respaldo en otras pruebas; que si bien se había informado que se disponía de pruebas fílmicas y fotográficas que demostraban la violencia ejercida por los miembros de la agremiación sindical, ellas no habían sido aportadas, y solo se contaba con el vídeo que demostraba la salida de algunos trabajadores por debajo de una reja o portón y el bloqueo de un acceso, lo que si bien no era admisible, de allí no podía derivarse la violencia que se exigía para configurar la ilegalidad de una huelga; que tampoco podía atribuírsele a la huelga un carácter violento porque se apreciara en unas fotografías unos vehículos ubicados en lo que, al parecer, eran las instalaciones de la mina y sin que se conociera el momento en que habían sido tomadas, ni la razón por la que tales automotores se encontraban en ese lugar; que en el aludido vídeo tampoco se observaban actos de violencia y agresión hacia el personal operativo de CMU o de CDJ, tan solo un intercambio de palabras; que era evidente que, de manera alguna, se había acreditado que alguna persona haya resultado golpeada; y que, si bien el 19 de julio de 2012, hora cero de la huelga, probablemente se habían presentado altercados y situaciones de tensión, apenas se trataba de momentos de inevitable ocurrencia, si se tenía en cuenta que la huelga era un instrumento de presión reconocido legal y constitucionalmente y que es consustancial a este mecanismo que se presentaran actos que, con vehemencia, ponían de manifiesto la inconformidad que se tenía sobre las actuales condiciones de trabajo.
De acuerdo con ello es claro que el tribunal, en principio, no justificó actos de violencia por parte de los trabajadores sindicalizados, durante el primer día de la huelga, sino que apenas dio por sentado que se habían presentado altercados y situaciones de tensión, que eran normales en estos casos, de donde no asiste razón al apelante en cuanto cuestiona al tribunal por haber justificado que estos se hubieren presentado tan solo durante la hora cero de la huelga.
Ahora bien, antes de entrar a verificar si, conforme al material probatorio allegado, se encuentra demostrado que la huelga adelantada por Sintramienergética en la empresa Carbones de la Jagua S.A., no se limitó a la suspensión pacífica del trabajo, tal como lo aduce la apelante, debe la Corte precisar el alcance de la expresión “cuando no se limite al suspensión pacífica del trabajo”, que emplea el literal f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, para establecer uno de los eventos en que la suspensión colectiva de trabajo es ilegal, y que, como se dijo, es la invocada por la empleadora en este asunto.
El derecho de huelga contemplado en el artículo 56 de la Constitución Nacional, ha dicho la Corte Constitucional, no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio requiere de reglamentación legal (C-432-96), además que no es absoluto sino relativo, pues puede ser restringido por el interés general, los derechos de los demás y cuando de su ejercicio se derive alteración del orden público (C-122-12) y hace parte del sistema constitucional del derecho colectivo del trabajo el cual comprende: la libertad de asociación sindical (C.P., art. 39); la institución sindical (inc. 2º del mismo art.); el derecho de negociación colectiva (C.P., art. 55); y el fuero sindical (C.P., art. 39, inc. 3º). Se encuentra reforzado, particularmente, por los Convenios 87 y 98 de la Organización internacional del trabajo, que forman parte del bloque de constitucionalidad, los cuales fueron aprobados por Colombia según las leyes 26 y 27 de 1976 (C-271-99).
Igualmente ha señalado la Corte Constitucional (C-858-08) que de la institucionalización de la huelga en la Carta Política, se deducen las siguientes consecuencias:
i) La huelga es un derecho regulado y nunca un hecho librado a la arbitrariedad de quienes lo ejercen.
ii) Es un derecho de índole laboral, pues ha sido concebido para la solución de las controversias que surjan entre trabajadores y empleadores, con el fin de definir las condiciones económicas que regirán las relaciones de trabajo.
iii) El derecho a la huelga no es fundamental y para su ejercicio requiere reglamentación legal.
iv) Solo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador.
v) El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general, los derechos de los demás y cuando de su ejercicio se derive alteración del orden público.
vi) Su reconocimiento no entraña necesariamente el de todas las formas y modalidades, sino de las que busquen reivindicar mejoras en las condiciones económicas de una empresa específica o lograr avances de las condiciones laborales de un determinado sector y, en general, la defensa de los intereses de los trabajadores.
vii) Es un derecho colectivo, siendo sus titulares un número plural de trabajadores, estén o no sindicalizados.
viii) No es un derecho universal, ya que de su ejercicio están excluidos los trabajadores que laboran en empresas de servicios públicos definidos como esenciales por el legislador.
ix) Es un derecho relativo, pues está limitado en función de las finalidades que le son connaturales y las que determine el bien común.
x) Es un medio pacífico para la solución de conflictos colectivos laborales, no obstante su caracterización como mecanismo legítimo de presión y coacción de los trabajadores.
xi) Solo puede ser ejercido por los trabajadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo, suponiendo un grave desequilibrio en las relaciones con los empleadores y la necesidad de una solución equitativa.
xii) La huelga reconocida como derecho en la Constitución es la que tiene por fin la defensa de intereses económico-profesionales de los trabajadores y, por lo tanto, las huelgas por intereses no económicos están fuera de la previsión del artículo 56 superior.
Conforme con ello, al constituir la huelga un medio pacífico para la solución de conflictos colectivos laborales, es apenas lógico que, en la medida que ella se desarrolle de manera pacífica, es que merece protección del Estado, pues su ejercicio está limitado por el interés general, los derechos de los demás y el orden público, de ahí que solo constituye huelga, como derecho protegido por el legislador, conforme al artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, “...la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites establecidos...”.
Es por ello que el artículo 446 ibídem, señala expresamente que la huelga, una vez cumplidos los procedimientos previos de arreglo directo y conciliación, si es declarada “... esta debe efectuarse en forma ordenada y pacífica.”; y que el artículo 450, en su literal f) establece como causal para determinar si la suspensión colectiva de trabajo es ilegal, el que “... no se limite a la suspensión pacífica del trabajo”.
Legislación nacional que, por demás, encuentra apoyo en los principios y recomendaciones del comité de libertad sindical del consejo de administración de la OIT, especialmente los 649, 650 y 651, sobre “piquetes de huelga”, que pregonan su legitimidad en la medida que la huelga se desarrolle pacíficamente (649) y solo se limite la actividad de estos a incitar pacíficamente a los trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo (651), proscribiendo en ellos las actividades encaminadas a “...perturbar el orden público y amenazar a los trabajadores que continúan trabajando.” (650) o cuando su actuar “...va acompañado de violencias o de obstáculos a la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas...” (651); o la 667 que claramente expresa que “Los principios de la libertad sindical no protegen extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga que consistan en acciones de carácter delictivo.”; y las 671, 672 y 673 que proscriben las medidas de detención y encarcelamiento en los casos de organización o participación en una huelga pacífica. Principios y recomendaciones de los cuales se percibe la clara orientación del comité en proteger el derecho de huelga únicamente en los casos en que este se ejerza de manera pacífica.
Por su parte, esta Sala de la Corte al fijar el alcance y finalidades del literal f) del artículo 450 del CST, en sentencia del 12 de diciembre de 2012, radicación 55497, señaló:
“En consecuencia, corresponde a la Corte examinar la anterior cuestión, para lo cual es menester hacer una primera aproximación al alcance de la expresión “cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo” utilizada en el literal f) del artículo 450, con el fin de determinar cuál es su alcance y el propósito y la intención del legislador al establecerla. En este análisis no hay que perder de vista que el ejercicio interpretativo debe considerar que el vocablo se encuentra inmerso en el marco de la regulación del derecho de huelga el que encierra por antonomasia la ejecución de medidas de presión y en cierta forma un acto hostil y de fuerza de los trabajadores contra el empleador, legitimado por la ley, y uno de los momentos de mayor tensión y distanciamiento entre estos dos sectores del mundo del trabajo e incluso en algunas ocasiones entre los mismos trabajadores, sin dejar de lado que es evidente que el cese de actividades supone igualmente la causación de perjuicios al empresario en tanto entraña la parálisis total del trabajo. Así entonces, en ese contexto la anotada prohibición no excluye la posibilidad de que se presenten fricciones y roces con los directivos o con los compañeros de labores, ni significa que le esté vedado a los huelguistas el adelantamiento de acciones para mantener la firmeza del movimiento y evitar su resquebrajamiento por conductas indebidas del empleador o de los otros trabajadores, pero así mismo debe aclararse que ello no habilita a aquellos a promover o realizar actos que sobrepasen la finalidad jurídica de la huelga o que impliquen el ejercicio de una fuerza o presiones más allá de lo prudencialmente permitido. En orden a precisar el alcance del enunciado normativo que se viene analizando conviene echar mano de algunas consagraciones y definiciones normativas, algunas vigentes, y otras ya inexistentes pero que de todas formas es importante tenerlas en cuenta en cuanto delimitan el alcance de la expresión legal, que contribuyen al propósito de auscultar cuáles son las conductas explícitamente proscritas en el desarrollo de una huelga de cualquier naturaleza, incluida la que ahora es objeto de examen. Así por ejemplo, cabe citar el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo que impone a las autoridades de policía el deber de vigilar el curso pacífico del movimiento a fin de evitar que los huelguistas, los empleadores o cualesquiera personas en conexión con ellos “excedan las finalidades jurídicas de la huelga, o intenten aprovecharla para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos”. De igual forma corresponde recordar que la Ley 78 de 1919, que fue una de las primeras regulaciones sobre el derecho de huelga en Colombia, luego de referirse a la huelga como abandono pacífico del trabajo, preceptuaba “las reuniones tumultuarias que se efectuaren con nombre o pretexto de huelga, sin los caracteres legales, quedan sometidas al derecho común”. De modo que siguiendo esas pautas, se examinará si los hechos denunciados por la empresa como violadores del literal f) del artículo 450, se acomodan a los supuestos normativos reseñados”.
Sentado el marco legal y jurisprudencial necesario para tomar la decisión, es del caso verificar, si conforme con el tribunal, el desarrollo de la huelga fue normal y ajustado a derecho y lo que se presentó a su inicio apenas consistió en algunos altercados y situaciones de tensión, normales en estos casos, o si, como lo aduce el apelante, se dieron verdaderos casos de violencia que deslegitiman el movimiento por no haberse limitado a la suspensión pacífica del trabajo.
Ahora bien, en cuanto a la prueba testimonial practicada por solicitud de la accionante, que fue desestimada por el tribunal, se tiene que el señor Héctor Fabio López Vera, según su propia afirmación, ostentaba el cargo de superintendente de mantenimiento y, en el momento de declarar, se desempeñaba como gerente encargado, condición en la cual, según el propio certificado de la cámara de comercio que fue aportado al expediente, fungía como representante legal de la compañía, de donde sus declaraciones provienen de parte interesada y solo pueden tenerse en cuenta en la medida que contengan prueba de confesión.
Igual acontece con el testimonio de Francisco Herrera, quien, según el certificado de la cámara de comercio, es miembro de la junta directiva de la accionante, por lo que igualmente sus declaraciones provienen de parte interesada.
En cuanto Levis Humberto Alvares Castro, técnico en protección industrial, y Andrés Alberto Tres Palacios Gutiérrez, supervisor de operaciones de protección industrial, no aparece que las funciones desempeñadas por estos fueran de dirección o confianza, que permitiera clasificarlos como representantes del patrono, conforme al artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, de los cuales se infiera parcialidad en su declaración, de manera que no existían motivos para que el tribunal los desechara sin mayores consideraciones, por lo que se procederá a su ponderación, conforme a las reglas de la sana crítica, sin aceptarse la tacha por sospecha formulada en contra del segundo de los mencionados.
Ahora bien, aunque ambos testigos manifiestan que no se ejerció violencia física en su contra, de sus afirmaciones sí aparece que el desarrollo de la huelga no se limitó a la suspensión pacífica del trabajo, sino que se procedió a la toma por la fuerza de personal sindicalizado de las instalaciones, vehículos y maquinaria no solo de la demandada sino de otras empresas contratistas en la zona, y se procedió al bloqueo de los accesos al sitio de trabajo, sin que los trabajadores procedieran al desalojo de las instalaciones.
Es así como el testigo Levis Humberto Álvarez Castro narra que el día 19 de julio, estando cumpliendo labores de vigilancia y control en un puesto limítrofe de CDJ y CMU, llegó un grupo de personal sindicalizado liderado por José de los Santos Jiménez, con una motoniveladora, un tractor y tres camiones de referencia, y le solicitó que evacuara el lugar porque eso lo iban a romper para incursionar para la mina CMU; que se retiró y comenzó a filmarlos; que se dieron cuenta que los estaba filmando y procedieron a quitarle su cámara a la que le extrajeron la memoria que no le habían devuelto; que en el sitio donde se encontraba era un límite y habían unas bermas de material estéril que rompieron con la maquinaria e ingresaron hacia la mina CMU; que durante su evacuación fue interceptado por el señor Carlos Aroca y se les vino un grupo de 30 o 40 personas, quienes comenzaron a gritar arengas diciendo que “fuera protección de aquí, que no los queremos”, que los acorralaron y los sacaron por la portería; que ellos no lo agredieron ni física ni moralmente; que en el momento en que evacuaba, se habían presentado los ingenieros, supervisores de producción, para impedir que los sindicalizados incursionaran con la maquinaria en CMU, pero esto fue fallido porque el señor José de los Santos Jiménez procedió a quitarlos y a bajarlos y quitarles a la fuerza las llaves de los vehículos de las manos, entre ellos a un ingeniero que se llamaba Carlos Grijalba, y asumiendo los vehículos que ellos operaban; que observó varios trabajadores con la cara tapada; que él no había podido sacar sus pertenencias; que habían bloqueado la entrada principal al campamento de CMU donde se encontraba personal contratista como Gecolsa y Sodexo, echaron un camión de material estéril en la puerta para impedir el ingreso y salida de vehículos y la gente tuvo que salir por debajo de las rejas.
De manera más concreta Andrés Alberto Tres Palacios Gutiérrez, Sobre los hechos acaecidos el 19 de julio de 2012, narró lo siguiente:
“Ok, siendo las 5: 45 am yo era la persona encargada de tomar los registros de asistencia del personal de CDJ entrante, faltando 2 buses por hacerse el registro se dio inicio a la huelga por parte del personal de Sintramienergética, inicialmente me piden la llave del vehículo que estaba parqueado el cual tenía asignado, habían visto que yo había llegado en ese vehículo, a lo cual les dije que no tenía la llave que no se las iba a entregar, intentaron revisarme los bolsillos, el señor Wilder Martínez, a lo que le dije que no que la llave no las tenía y hasta ahí, dio inicio a la huelga, posteriormente, la luz se fue, desconozco en el momento el motivo por el que la luz se fue de las instalaciones, pasada media hora, recibo una llamada de Beatriz Uribe Echeverry, que es la jefe de protección de CDJ y me dice, de que en el área de mantenimiento se encontraba el señor Héctor Fabio López gerente de mantenimiento y el señor Mario Martínez jefe de gestión humana de la compañía los cuales se encontraban solos, en compañía del supervisor José Luis Thomson me dirigí hacia el sitio caminando alrededor de 2 kilómetros y medio me preguntan que con que autorización llegué yo hasta el sitio, le manifesté, que mi obligación era la de velar por la seguridad del señor Mario Martínez y del señor Héctor Fabio López, por lo tanto iba a permanecer en el sitio. Pasados 5 minutos el señor William Martínez y el señor Álvaro Rincón trabajadores de CDJ afiliados a Sintramienergética me dicen que tenemos que desalojar el sitio, que tenemos que salir, que ellos respondían por el señor Mario y el señor Héctor Fabio, en ese mismo instante el vigilante que estaba en el taller, lo pensaban sacar con nosotros, a lo que el señor Álvaro Rincón por una llamada que hizo al señor Ricardo machado, al parecer el señor Ricardo le Dijo que no, que dejara la vigilancia quieta, que debíamos nosotros salir acompañados de unos 5 trabajadores. Habíamos caminado unos 100 metros los señores de Sintramienergética dejaron de seguirnos a lo que decidimos subirnos a un cerro a esperar instrucciones teniendo en cuenta que nuevamente teníamos que velar por la seguridad del señor Héctor Fabio y el señor Mario Martínez , pasados 10 minutos como a las 6: 40 observamos que un grupo de trabajadores venía hacia el cerro en que nosotros estábamos, pero no nos veían donde lanzaban improperios en contra del señor José Luis Thomson, que eran el que identificaban porque yo no me había dado cuenta que ellos nos habían visto, ¡¡ salgan, salgan que ya sabemos dónde están !! No respondemos por ustedes !!; ellos no estaban hablando a nosotros pero no nos tenían ubicados. Luego en compañía de otro grupo de trabajadores entre esos alcanzo a reconocer al señor Jaime pinto trabajador de CDJ afiliado a Sintramienergética, en el cual llegan al sito que estábamos y nos dicen o le dicen al compañero José Luis Tontón: acaba de violar nuestra confianza, mira lo que estás haciendo, es mejor que salgan por las buenas, decidimos entonces caminar y ellos venían detrás de nosotros, nuevamente nos devolvimos hasta la portería principal y en esos momentos el señor Jaime Pinto de manera intempestiva y a la fuerza me arrebató el bolso que traía en la mano aduciendo de que yo los estaba filmando, algo que no pudo ser corroborado por qué una vez de revolcar todas mis cosas me devolvió el bolso, posteriormente en seguida el señor Juan Carlos Gil trabajador de CDJ y directivo sindical de Sintramienergética me arrebató el morral y me sacaron una cámara personal que yo tenía al lado y me revisaron la cámara para ver si yo tenía algún video o algo que los comprometiera a ellos, me devolvieron la cámara y me hice con el resto de personal que estaban en la portería , en ese lapso transcurrieron unas 2 horas luego a las 10:30 se acerca y se dirige a mí el señor José de los Santos Jiménez trabajador CDJ afiliado a Sintramienergética y me dice que debemos desocupar las instalaciones, a lo cual le dije que no iba a desocupar las instalaciones porque no he recibido esa instrucción de mi gerente y yo debo velar por la seguridad de los funcionarios que se encuentran en las instalaciones; 5 minutos más tarde se regresa el señor José Jiménez me dice lo mismo y viene con 2 trabajadores más, y le dije que no iba a desocupar porque mi función era estar aquí hasta que alguien me definiera que debía salir o hasta que el último funcionario de la compañía saliera, salió de las instalaciones y se reunió en la parte externa con un grupo determinado de trabajadores alrededor de unos 40 entre ellos el señor Eduardo Negrete , entraron a la mina y llegaron hasta un sitio que era un Rincón y nos dijeron que debíamos salir y les dije que no íbamos a salir, posteriormente el señor José nos dijo que saliéramos que porque no respondían por nosotros ya que no tenía el control de todo este personal, hice una llamada a mi superior con el cual se decidió salir por la integridad de todos salir de las instalaciones, a esto tengo que agregar que el día 23 de julio en horas de la tarde, cuando en la buseta de la compañía nos acercamos a la portería principal, en la buseta iba el señor Mario Martínez, el señor Héctor Fabio López y dos señoras creo que la doctora Wallys y la doctora Tisia y también iba un funcionario del ministerio, creo que se llama el señor José Joaquín Gutiérrez él iba a notificarles algo. En el momento que íbamos a ingresar por la portería 22 que es una portería alterna a la principal que lo estábamos haciendo hasta ese día por ahí, nos argumentaron que la llave se había perdido y nos obligaron prácticamente dirigirnos a la portería 21, aparte de la buseta yo me encontraba en el vehículo que estaba escoltando a los funcionarios que es mi deber, íbamos en compañía del señor José Luis, empezaron a gritar de la buseta fuera funcionarios corruptos del ministerio, al parecer iban dirigidos al doctor José Joaquín, en ese momento, estábamos parqueados a unos 20 metros fuera de la compañía, cuando el señor Wilder Martínez en compañía del señor Óscar y otros trabajadores de CDJ, se acercan y me dicen que debo retirarme de ahí, a lo que dije que no porque mi función es la de velar por la seguridad de las personas que están aquí, cuando la buseta ingrese yo me voy, entonces el señor Wilder Martínez, váyanse que no respondemos por ustedes, se dirigió a 4 personas y pude verificar que eran menores de edad, abrió el baúl del carro de él, no vi que sacó, pero dio unas instrucciones, los muchachos se pusieron unas capuchas y empezaron a intimidar, que ven acá que no sé qué, que necesitamos hablar contigo; con el compañero Thomson le dimos la vuelta en la camioneta y nos parqueamos 10 metros más adelante, donde yo tenía forma de apartarme de correr, no tengo más que decir en el momento”.
Agregó este testigo que el día 19 de julio no había sido objeto de agresiones físicas pero sí verbales; que había sido bloqueado un punto de acceso con material estéril; que desconocía el motivo por el cual ese día se había ido la energía y las comunicaciones y que la motobomba funcionaba con ACPM; que en el último intento cuando los hicieron salir había trabajadores de CDJ que tenían palos y machetes en sus manos que se les habían acercado, pero no podía decir que lo hubieran intimidado para hacerles daño; que algunas personas tenían capuchas distintas a las de dotación de la empresa, dispersas entre la multitud; que pudo observar que personal sindicalizado había tomado vehículos para ingresarlos al área de CMU; que en el momento en que estaban en la portería solo habían lanzado arengas, que cuanto estaban en el cerro si le habían arrojado piedras; que su superior jerárquico trabaja para Prodeco; que cuando los menores encapuchados lo intimidaron estaban afuera de las instalaciones.
Es de resaltar que, no obstante señalar ambos testigos que no habían sido objeto de violencia física, sí reconoce el primero, que fue despojado a la fuerza de su cámara fotográfica a la que se le extrajo la memoria, y obligado a abandonar las instalaciones, y, el segundo, no solo que fue agredido con piedras, le fue arrebataba su cartera y morral y requisado e intimidado por encapuchados, además de que se trató de despojarlo de las llaves de su camioneta a la fuerza.
Además se indica por el primero que fueron destruidas las bermas que eran linderos con otro contratista CMU y se había procedido a invadir los predios de este con maquinaria de la empresa y que había presenciado cómo eran bajados de sus vehículos los ingenieros y despojados de las llaves de los mismos.
El segundo, además de corroborar que los ingenieros fueron despojados a la fuerza de sus vehículos, asegura haber visto entre la multitud personas armadas con machetes y con palos y algunos encapuchados; que se obligó a la gente abandonar las instalaciones y que se obstruyeron las vías de acceso.
Por su parte declararon como testigos citados por Sintramienergética, Alfredo Manuel Tovar Pérez, operador de camión minero, miembro del sindicato a nivel nacional, en el cargo de Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales; Álvaro Rincón, eléctrico industrial; Rafael Reyes Valenzuela, trabajador de Ecopetrol, mantenedor de superficie, fiscal de la federación, órgano de segundo grado al cual está afiliado Sintramienergética; y Wilder Martínez, electricista industrial.
Declaró el primero, Alfredo Manuel Tovar Pérez, que el 19 de julio de 2012 desarrollaron las actividades en forma pacífica; que hablaron con unas personas que estaban en la entrada a quienes les dijeron que debían salir de las instalaciones ya que se había declarado la hora cero; que incluso con un vehículo le ayudaron a unos de los señores de protección a que saliera y se trasladaron a la entrada de la mina; que las demás personas salieron en una buseta y otras a pie; que no tuvo conocimiento que se hubiere agredido a personas; que no existe barrera física que establezca lindero entre CDJ y CMU; que no conoce que se hubieren bloqueado vías que simplemente fue informado que habían quedado equipos en las vías cuando se declaró la hora cero; que no conoce si compañeros irrumpieron en las bermas, que nunca ha visto linderos ni bermas; que tuvo conocimiento que ese día hubo un corte de fluido eléctrico pero no sabe por qué, que esporádicamente se dan cortes eléctricos por parte de Electricaribe; que en el sitio Las Flórez donde se encontraba, había ejército y al frente de la trituradora; que en el sitio de las instalaciones permanecen trabajadores afiliados a Sintramienergética, porque no se ha establecido plan de contingencia y tienen que cuidar la maquinaria que esté allá, para que no haya problemas ni ningún acto vandálico; que no se ha podido concertar el plan de contingencia porque cada día “es más por parte de la empresa” que vienen dilatando, indicando trabajadores ya contratados pero al otro día los cambian, pero que ellos les dicen que deben respetar los que acordaron; que no tuvo conocimiento que el 19 de julio se hubieren transportado personas encapuchadas en vehículos de la empresa; que no tuvo conocimiento que se hubieren forzado candados o mecanismos de seguridad; que no ha visto vías bloqueadas, se mantiene en el sitio de entrada, que entran camiones del ejército hasta 5 o 6 veces en el día, lo que le indica que las vías no está bloqueadas; que las vías están despejadas para personas como el ejército; que si la empresa “...si quisiera entrar estaríamos rompiendo la huelga que estamos haciendo pacíficamente y por eso los trabajadores nos oponemos a que la empresa entre a rompernos la huelga que iniciamos los líderes sindicalizados de CDJ”; que “se utilizan dos camionetas para suministrarle alimentos y agua a las personas que se encuentran dentro de la mina, para eso se utilizaron”; que esas camionetas “nadie nos autorizó, nosotros las tomamos porque las necesitábamos y porque sabíamos que la empresa no las iba a prestar.”; que esas camionetas las vienen tanqueando “con combustible que se encuentra en las instalaciones, sabiendo que propiedad de la empresa pero la utilizamos porque la necesitamos”.
Álvaro Rincón, dijo que el día 19 de julio le correspondió en el área de mantenimiento dar la hora cero, informando que la compañía entraba en huelga y que debían recoger sus pertenencias y debían abandonar; que quedaron Héctor Fabio López y Mario Martínez, que aducían que eran representantes de la compañía y que se quedarían “...y se les brindó el acompañamiento mientras llegaba el ministerio para efectuar el procedimiento correcto que indica la ley.”; que él se encargó de ese sector y los “...otros compañeros utilizaron los carros en los cuales se trasladan comúnmente en los cuales se trasladan de un sector a otro.”; que fue informado vía telefónica que algunas personas como Aldemar, Alejandro Mena y Francisco Herrera se opusieron a salir de las instalaciones de la mina, pero que posteriormente se reunión con los trabajadores, como en un video se evidenciaba, “...que solucionaron el problema y se retiro sin inconvenientes.”; que en ningún momento se ejerció violencia, que habían sido claros con el personal sindicalizado que eso era una toma pacífica y en ningún momento se iba a agredir a nadie, que es más Héctor Fabio López y Mario Martínez se quedaron 5 días dentro de las instalaciones y se les respetó; que no vio ningún trabajador con palos, que los machetes los da la empresa como dotación, pero no vio a nadie agredir con ellos; que la empresa da como dotación capuchas para protección de las personas que trabajan expuestas al sol y también se utilizan mascarillas o tapa bocas; que “Cuando se dio la huelga de CMU porque la compañía se preparó para que la organización sindical los trabajadores sindicalizados no entraran al área donde ellos normalmente laboraran, sino que la compañía estratégicamente montó unas barricadas a la entrada del acceso a la mina del mismo estéril que se extrae, no había acceso a los trabajadores sindicalizados los dejaron acá ya los últimos días de la huelga parados, no alcanzaban los equipos para trabajar, como consta en una de las actas del ministerio del 14 de julio donde la compañía paralizó actividades en CDJ, entonces nosotros cuando realmente llegamos a CMU ya eran más de las 8 de la mañana ya se hizo tarde porque ya hubo que atravesar unas barricadas que la compañía nos colocó para que no llegáramos a nuestros puestos de trabajo, para sacarnos de nuestros puestos de trabajo porque nuestros puestos de trabajo es toda el área de la compañía y la compañía cerró el acceso a la mina con unas barricadas”; que el 19 de julio se cayó el circuito de electricidad como a las 7:30 a. m. y a eso de las 10:00 a.m. se les solicitó a los técnicos que fueran a revisar y se encontró que un circuito se había caído, lo que es normal; que las motobombas sí se afectan pero igual el servicio se reactivó a las dos o tres horas; que saben que dejar de bombear afectaría la mina y que dejar de prender los equipos los afectaría y lo que han tratado esos 27 días es, como no se ha podido iniciar un plan de contingencia, proteger que la mina no se vaya a inundar; que se han dejado unos trabajadores que hacen de vigilantes porque los ladrones aprovechan la huelga; que en esos momentos desde el 19 de julio la entrada la mina, la vía de acceso tenía una barricada que estaba bloqueada con material estéril.
Rafael Reyes Valenzuela, dijo que el 19 de julio no se encontraba presente, que ingresó posteriormente dentro de las comisiones de inspección con las inspectoras del trabajo y estuvo desde el 20 como hasta el 26 0 27; que las condiciones del paro eran normales, que han ingresado en vehículos las diferentes comisiones y han podido desplazarse por toda el área sin problema; que se han atendido los puntos críticos por los trabajadores sindicalizados mientras es concertado el plan de contingencia.
Wilder Martínez, señaló que el 19 de julio se encontraba en el punto 226; que para conservar la integridad de la empresa le ha tocado prestar labores de vigilancia para que no haya inundaciones en la mina o que personas extrañas dañen las máquinas; que algunas personas les tocó salir por debajo de la puerta porque el señor Vladimir Garcés de protección industrial cerró la puerta con candado y la parte sindicalizada no tenía las llaves; que en el momento que se fue a sacar al personal fue pacífico; que no vio que nadie se opusiera, solo dos o tres personas, Francisco Herrera; que en ese sitio era el señor Luis Galván que era el que hablaba con él; que cuando se dio la hora cero todos los compañeros llegaron a coger el sitio de trabajo para ejercer vigilancia y en ese momento se empezó a hablar para que salieran los compañeros no sindicalizados; que los pasamontañas son de dotación de la empresa, que él cuando está trabajando permanentemente está encapuchado porque tiene que cubrir la piel; que a la hora cero había personas con escafandra, que los que laboran de 6 de la tarde a 6 de la noche la usan para protegerse de la carbonilla, que es algo que se incrusta en la piel; que lo primero que se le decía a las personas es que debían coger sus pertenencias y colaboraran para que salieran; que siempre ha sido una persona respetuosa, que desconoce haber intimidado a un personal en compañía de unos menores; que en ningún momento le quitaron nada a la fuerza a sus compañeros; que había un turno que tenía las camionetas, estaba adentro y era personal sindicalizado, por lo que para preservar la maquinaria tenían que quedarse con las camionetas; que sí vio vías bloqueadas con material estéril al interior de la empresa; que no vio que se hubieran violentado las divisiones que colocó la empresa entre las instalaciones de CDJ y CMU.
Aunque en general este grupo de testigos, manifiesta que el desarrollo de la huelga, en la hora cero y posteriormente, ha sido pacífico y que no se ha producido el abandono del sitio de la mina porque se deben efectuar labores de vigilancia y mantenimiento mientras no se apruebe el plan de contingencia, sí reconoce Alfredo Manuel Tovar Pérez que las vías de la mina están despejadas para personas como el ejército, pero no para la Empresa porque “...si quisiera entrar estaríamos rompiendo la huelga que estamos haciendo pacíficamente y por eso los trabajadores nos oponemos a que la empresa entre a rompernos la huelga que iniciamos los líderes sindicalizados de CDJ”, de lo que se desprende que su permanencia en la mina no solo tiene como fin hacer labores de mantenimiento y vigilancia, sino además la de impedir el acceso de la empresa, lo que no tiene justificación, si se tiene en cuenta que conforme al ordinal segundo del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 63 de la Ley 50 de 1990, esa función le corresponde a las autoridades, debiendo el sindicato en este sentido apenas prestarle la colaboración necesaria, pero sin abrogarse tal función.
Además, debe decirse que, en este caso, las labores de mantenimiento y vigilancia que asumió el sindicato, no se dieron como fin perseguido por la toma de los terrenos propios de la mina por parte de los trabajadores sindicalizados, sino como consecuencia de esta, pues precisamente a su decisión de permanecer en los terrenos de la mina, en contravención a lo dispuesto en el numeral 40 del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, es que se debe a que hayan tenido que asumir dichas labores bajo su responsabilidad, pues de haber procedido al desalojo que prescribe la ley es a las autoridades a quienes compete asumir la prevención de infracciones o delitos, la de impedir el ingreso de grupos minoritarios de trabajadores (CST, art. 448) y determinar las labores indispensables para evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos (art. 449 ib.).
Tal determinación del sindicato, contraria a la ley, según se desprende de lo declarado por el propio testigo, llevó a que se utilizaran bienes de la empresa, sin autorización de esta, como es el caso de las dos camionetas que manifiesta el declarante se están utilizando para suministrarle alimentos y agua a las personas que permanecen al interior de la mina, que simplemente se tomaron porque las necesitaban y sabían que la empresa no las iba a prestar, las cuales además están “tanqueando” con combustible de propiedad de esta, lo que ciertamente, como la anterior, indica medidas de fuerza incompatibles con el desarrollo pacífico del movimiento.
Álvaro Rincón, por su parte, ratifica que los “...otros compañeros utilizaron los carros en los cuales se trasladan comúnmente en los cuales se trasladan de un sector a otro.” y, además, señala que desde el 19 de julio la vía de acceso de entrada la mina tenía una barricada que estaba bloqueada con material estéril.
Wilder Martínez, igualmente, reconoció que había un turno que tenía las camionetas, por lo que para preservar la maquinaria tenía que quedarse con ellas y ratificó que sí vio vías bloqueadas con material estéril al interior de la empresa.
Tal como se desprende de lo anterior, no es cierto, como lo dedujo el tribunal que al inicio de la huelga simplemente se hubieren presentado altercados y situaciones de tensión, normales en estos casos, sino que realmente se presentó un caso de desalojo por la fuerza del personal de la empresa, se cometieron actos de violencia contra algunos empleados, se tomó por la fuerza el control de algunos vehículos y se pusieron al servicio del movimiento, utilizando combustible de la propia empresa, se bloquearon vías de acceso y se impidió el ingreso de la empresa al sitio de trabajo y no se procedió al desalojo de las instalaciones, que, después de varios días permanecían en poder de ellas.
No es cierto que a la luz del artículo 56 de la Constitución Nacional y de las recomendaciones del comité de libertad sindical del consejo de administración de la OIT, se pueda pensar, como lo hace el apoderado de la organización sindical, que existe una definición más abierta de huelga, en donde se contemple la modalidad de la huelga con ocupación del lugar de trabajo, pues en este caso no aparece una justificación plausible para ello, toda vez que como ya se estimó anteriormente, la razón esgrimida por el sindicato de la necesidad de hacer labores de vigilancia y mantenimiento, antes que una justificación se convierte en una consecuencia de la misma ocupación, en tanto que aquellas son funciones propias de las autoridades establecidas por el legislador, que bajo su propia responsabilidad ha decidido directamente asumirlas la organización sindical, en contravía de lo dispuesto por la ley.
Así el comité de libertad sindical del consejo directivo de la OIT en el 323 informe, caso 2021, párrafos 324 y 325, consideró “...que la ocupación de fincas por trabajadores y otras personas, sobre todo cuando concurren actos de violencia, es contraria al artículo 8º del convenio 87. Por consiguiente, el comité pidió al gobierno que en el futuro de cumplimiento a las órdenes de desalojo que pronuncie la autorizad judicial cuando se produzcan actos delictivos en las fincas o centros de trabajo con motivo de conflictos laborales”.
Aunque es cierto que varios hechos de violencia apenas se dieron el día cero de la huelga y que en fechas posteriores se observó por las autoridades del trabajo un desarrollo normal y pacífico del cese de actividades, lo cierto es que ello no exculpa la actuación inicial, además que, como se dejó visto, aún en el momento en que declararon los testigos permanecía la toma ilegal de las instalaciones por parte de los trabajadores sindicalizados y la utilización indebida de algunos elementos de propiedad de la empresa.
En sentencia de esta Sala del 12 de diciembre de 2012, radicación 55497, ya mencionada, al respecto se dijo:
“...pero ello en ningún caso disipa, disculpa ni exculpa la conducta desplegada por los huelguistas antes de esos momentos, porque la ley en ningún caso dispone que las amenazas o las expresiones intimidantes tengan que ser permanentes, ni que pierdan su gravedad por el hecho de que solamente se hayan presentado al inicio del cese de actividades. Tampoco es óbice para que se califique como reprochable el comportamiento de los huelguistas, el hecho de que no haya habido agresiones físicas evidentes, lesionados o contusos, o daños a los bienes o cosas de la empresa (distintos desde luego a los perjuicios que provoca “lícitamente” el paro), pues para que el cese de actividades sea considerado ilegal por no limitarse a la cesación pacífica del trabajo no es estrictamente necesario que se produzca alguno de estos resultados”.
Teniendo en cuenta lo anterior, toda vez que la huelga legalmente declarada por Sintramienérgetica no se ha limitado a la suspensión pacífica del trabajo, debe ser declarada ilegal, al tenor de lo dispuesto en el literal f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
En consecuencia, se revocará la decisión apelada y, en su lugar, de accederá a las pretensiones impetradas por la accionante.
Las costas serán a cargo de la accionada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada el 27 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, seguido por Carbones de la Jagua S.A. —CDJ— contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética, Sintramienergética. En su lugar, DECLARA ilegal la cesación colectiva de labores que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética, Sintramienergética, adelantó a partir del 19 de julio de 2012, en las instalaciones de la demandante ubicadas en el municipio de la Jagua de Ibirico. Comuníquese esta determinación al Ministerio de la Protección Social.
Costas en la instancia a cargo de la parte demandada.