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Timestamp: 2017-06-25 19:06:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 40', 'artículo 185', 'artículo 241', 'artículo 21', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 241', 'artículo 12', 'artículo 48']

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[Sentencia T-0211-13] – Tutela contra sentencia judicial – Pensión de sobrevivientes
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Sentencia T-211/13
Referencia: expediente T-3.702.581
Acción de tutela instaurada por la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas, contra la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá.
En la revisión del fallo de segunda instancia proferido en octubre 24 de 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela incoada por la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas contra la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá.
El asunto llegó a la Corte por remisión que realizó la secretaría de la referida Sala de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2° de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Once de Selección, mediante auto de noviembre 29 de 2012, lo eligió para revisión.
La señora Diana Patricia Jiménez Cuartas, mediante apoderado judicial, promovió en agosto 27 de 2012 acción de tutela contra la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, aduciendo la violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, por los hechos que a continuación son resumidos.
1- La parte demandante señaló que presentó en octubre 9 de 2008 una petición a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. (en adelante BBVA Horizonte), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, a su favor y de sus hijos Jhonatan Andrés Bedoya Jiménez y Sara Lucía Bedoya Jiménez, ambos mayores de edad, a raíz del fallecimiento del esposo y padre Rogelio Antonio Bedoya González, ocurrido en marzo 8 de 2008.
2- Indicó que no obstante a que el BBVA Horizonte certificó que su esposo aportó 124.28 semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso y que junto con su hijo Jhonatan Andrés Bedoya Jiménez (estudiante) tenían la calidad de beneficiarios de la pensión solicitada, dicha entidad negó el reconocimiento, aduciendo el incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, establecido en el literal b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma que adujeron se hallaba vigente para el momento de la causación, de manera que solo podrían reconocerles una indemnización sustitutiva. 3- Debido a lo anterior, fue presentada demanda laboral ordinaria contra el BBVA Horizonte, a fin de lograr el reconocimiento y pago de la prestación referida, lo que acogió en primera instancia el Juzgado 3° Laboral del Circuito Adjunto 1º de Pereira, mediante fallo de septiembre 30 de 2011, ordenando el pago de la pensión de sobrevivientes a su favor y de su hijo Jhonatan. 4- Al apelar el BBVA Horizonte contra tal decisión, en segunda instancia la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo de mayo 31 de 2012, la revocó, al considerar que para el momento en el que ocurrieron los hechos se encontraba vigente la exigencia del requisito de fidelidad al sistema de seguridad en pensiones, para lo cual no se compartió la tesis del a quo, que reconoció efecto retroactivo a la sentencia C-556 de agosto 20 de 2009 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla); por el contrario, se reseñó que las sentencias constitucionales “tienen efectos hacia el futuro y de manera excepcional efectos retroactivos, siempre y cuando la misma providencia así lo disponga, situación que en la referida sentencia no sucedió” (f. 5 cd. inicial). 5- Manifestó la parte actora que la cuantía de la pretensión no hace procedente el recurso extraordinario de casación contra ese fallo, por lo que, en consecuencia, la acción de tutela es el único medio para defender su derecho.
De tal manera, la actora demandó protección a sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, y que a partir de ello, se deje sin efecto la sentencia de mayo 31 de 2012, proferido por la referida Sala del Tribunal Superior de Bogotá, confirmando el fallo del a quo.
A la demanda de tutela fueron anexadas copias de las sentencias del proceso ordinario laboral incoado por la señora Diana Patricia contra el BBVA Horizonte, la de primera instancia proferida en septiembre 30 de 2011 por el Juzgado 3° Laboral del Circuito Adjunto 1º de Pereira, y la de segunda instancia dictada en mayo 31 de 2012, por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá (fs. 35 a 42 y 43 a 52 ib. respectivamente).
Mediante auto de septiembre 3 de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la tutela y ofició a la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, al Juzgado 3º Laboral del Circuito Adjunto 1º de Pereira, al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Pereira, a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, a Jhonatan Andrés Bedoya Jiménez y a Sara Lucia Bedoya Jiménez, para que se pronunciaran sobre los hechos. E. Respuesta del Tribunal accionado
Mediante escrito radicado en septiembre 5 de 2012, la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá contestó la acción constitucional, señalando que la actora no invocó ninguna de las causales especificas para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Señaló además “que el problema jurídico planteado por el apelante, fue determinar si le asistía razón en cuanto a que el Juez erró al dar efectos retroactivos a la sentencia C-556 de 2009, que declaró inexequible el artículo 12 de la ley 797 de 2003, que permitió reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante” (fs. 17 y 18 cd. Sala de Casación Laboral), lo cual conllevó que la decisión fuera favorable a la administradora de pensiones, pues en la referida sentencia no se consagró dicho efecto, de manera que para el reconocimiento de la prestación es preciso cumplir con el requisito de fidelidad al sistema.
F. Intervención por parte de BBVA Horizonte
En respuesta al requerimiento efectuado mediante oficio de septiembre 3 de 2012, dicha administradora de pensiones, después de hacer un recuento de lo sucedido en el proceso ordinario y de considerar atinada la motivación expuesta por el referido Tribunal para revocar el fallo de primera instancia, pidió que se desestimara la pretensión de tutela, “teniendo en cuenta que BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías no le ha vulnerado derecho fundamental alguno a la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas” (fs. 21 a 26 ib).
Con la contestación allegó la petición manuscrita de la accionante de que el dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva le fuese enviado mediante un giro, al igual que la respuesta a la petición de la actora para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que fue negada por la entidad (fs. 27 a 31 ib).
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de septiembre 10 de 2012, resolvió “denegar el amparo solicitado”, al anotar que, según admite la misma accionante, no se interpuso el recurso extraordinario de casación “frente a la sentencia por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, revocó en su integridad el fallo de primer grado que, a su vez, había reconocido la pensión de sobrevivientes, generando así la oportunidad de plantear los mismos argumentos que aquí saca a relucir” (fs. 36 a 39 ib), por medio de ese recurso extraordinario que sí procedía, pues aunque se parta de un salario mínimo, sumado a la probabilidad de vida de la demandante, resultaba superada la cuantía de los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El apoderado de la actora impugnó la sentencia, discrepando de la consideración en torno a la procedibilidad del recurso extraordinario de casación, pues el monto de lo pretendido no superaba la referida cuantía, mientras lo expuesto por el ad quem frente a la carencia de efecto retroactivo de la sentencia C-556 de 2009, es contrario al precedente reiterado por la Corte Constitucional, que desde antes de expedir el citado fallo inaplicaba el requisito de fidelidad al Sistema General de Pensiones, acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad.
Mediante fallo de octubre 24 de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó lo decidido por su homóloga Laboral, anotando que la decisión del Tribunal accionado contiene un criterio razonable frente a la interpretación de las normas pertinentes y no configura una violación de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, que debió aprovechar la oportunidad que tenía de interponer el recurso extraordinario de casación, situación que pretende emendar por vía de tutela.
Por otro lado, consideró la Sala de Casación Penal que no es procedente que el juez de tutela, en cualquiera de sus instancias, habilite o reabra la discusión ya finiquitada por la jurisdicción ordinaria, cuando a las partes les asista inconformidad con la tesis planteada, simplemente debido a que les resulte adversa, dado que ello implicaría que la acción de tutela se convirtiese en una instancia adicional.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, vulneró los derechos fundamentales de la accionante a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso, al revocar el fallo de primera instancia dictado dentro de un proceso ordinario y, en consecuencia, negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, al considerar que la sentencia C-556 de agosto 20 de 2009 no tiene efecto retroactivo y en esa medida sí aplicaba la norma que estipulaba el requisito de fidelidad al sistema de seguridad en pensiones, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.
Para ello, se abordarán los siguientes temas: (i) la improcedencia, por regla general, de la acción de tutela para rebatir decisiones judiciales; (ii) el carácter vinculante del precedente constitucional; y (iii) el principio de progresividad en materia de seguridad social. Con estas bases, será decidido el caso concreto.
3.1. Debe recordarse que mediante fallo C-543 de octubre 1° de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que terminen un proceso, cuya inexequibilidad derivó de afirmarse su improcedencia contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
En el referido pronunciamiento C-543 de 1992, se expuso (en el texto original sólo está en negrilla la expresión “de hecho”, del primer párrafo que se cita):
Del mismo fallo C-543 de 1992, puede recordarse que “si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
3.6. En la jurisprudencia de esta corporación se ha venido desarrollando así, desde 1993 hasta sus más recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho, al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad.
3.7. A su vez, es necesario observar que si bien la jurisprudencia constitucional ha admitido paulatinamente la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la claridad y al efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.) que es inmanente a las decisiones enfocadas en el fallo C-543 de 1992, antes referido, deben siempre ser acatados los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el constituyente de 1991 enmarcó la procedencia del amparo.
3.8. De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra sentencias de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de fijar el ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones judiciales.
Cuarta. El carácter vinculante del precedente constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. En reiteradas ocasiones, esta Corte ha reconocido el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho que tienen sus fallos de constitucionalidad, reconocimiento que si bien, en un principio, no siempre fue tan claro, hoy en día es incuestionable. Se ha entendido que el precedente constitucional, justificado en los principios de primacía de la Constitución, de igualdad, de confianza legítima y de debido proceso, entre otros, es indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia de los sistemas jurídicos.
– Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta… … ….
– Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material a las sentencias de la Corte Constitucional.”
Reiterando la obligatoriedad de los fallos de control constitucional, el inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, estatuyó: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares.”
4.2. Ahora bien, tratándose de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional en una Sala de Revisión de Tutelas, es claro que dichos fallos tiene efectos inter partes. Empero, también se ha precisado reiteradamente “que en el caso de las sentencias de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación de jurisprudencia”.
En la sentencia T-260 de junio 20 de 1995 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), esta Corte explicó (no está en negrilla en el texto original):
“Las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar. … … …
Resaltando la fuerza vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, esta corporación en fallo T-292 de abril 6 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), resaltó:
La razón del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como se dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica. Precisamente, sobre el tema ya se había pronunciado también la sentencia C-104 de 1993 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), en la que se comentó que con respecto al acceso a la justicia, el artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el entendido de que ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y tribunales ante decisiones similares’. Por las razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, – cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en los casos concretos, que no es otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales’ a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.”
De tal manera, mientras los efectos inter partes proyectan entre los involucrados en la acción la aplicación cabal de lo dispuesto en la parte resolutiva de la providencia, la ratio decidendi constituye un precedente constitucional que, por regla general, ha de ser observado por todas las autoridades y por la comunidad, so pena de contrariar la Constitución.
Quinta. Principio de progresividad en materia de seguridad social y requisito de fidelidad al sistema. Reiteración de jurisprudencia 5.1. El principio de progresividad, definido como una carga impuesta al Estado por la Constitución Política y por diferentes instrumentos internacionales, consiste en propender hacia reformas cada vez más incluyentes y que amplíen los niveles de cobertura y calidad de la seguridad social en el país, por lo cual, en virtud de dicho principio, no pueden disminuirse derechos ganados en materia de seguridad social.
Bajo ese tamiz, esta corporación estudió las modificaciones incluidas por los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que introdujeron en el Sistema General de Pensiones, entre otros, el requisito de “fidelidad al sistema” para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con el pretendido fin de promover la cultura de afiliación y desestimular el fraude.
5.2. Del estudio referido surgió la sentencia C-556 de agosto 20 de 2009, con ponencia de quien ahora cumple igual función, que en su momento declaró la inexequibilidad del requisito de “fidelidad al sistema”, al determinar que los literales acusados aumentaron las exigencias de la Ley 100 de 1993, concluyendo que tal exigencia debía ser retirada del ordenamiento jurídico al constituir una medida regresiva para el derecho a la seguridad social.
Agregó esta Corte que la justificación no superó la racionalidad y la proporcionalidad exigidas para superar la aducida presunción de regresividad, “puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios”.
5.3. Como se desprende de lo reseñado, en la sentencia se estableció que el requisito de “fidelidad al sistema” constituye una medida regresiva en materia de seguridad social, pues disminuye la posibilidad de los afiliados de obtener la prestación, sin justificación jurídica para que se efectuara dicha enmienda negativa, lo cual evidenció su contrariedad con la Constitución.
Así, según lo explicado en el acápite anterior de esta providencia, el fallo C-556 de 2009 generó cosa juzgada material, lo que significa, entre otros aspectos, que:
•	Es de obligatorio cumplimiento para todos los fondos administradores de pensiones, públicos o privados, en cualquiera de los dos regímenes.
•	Tiene efecto erga omnes.
•	Aplica para todas las solicitudes que se presenten con posterioridad.
•	Todos los jueces, autoridades y particulares quedan obligados a aplicar los contenidos materiales de dicha sentencia, en especial su parte resolutiva, es decir, a asumir la inexequibilidad del requisito en estudio. 5.4. Ahora bien, ¿qué sucede con las solicitudes de pensión en las cuales la fecha en que surgieron los derechos pensionales es anterior a ese fallo?
Para dar solución a este interrogante, debe acudirse a lo anteriormente explicado sobre la fuerza vinculante de las sentencias dictadas por Salas de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, cuya ratio decidendi constituye precedente constitucional, que debe observarse al atender casos equivalentes.
Cabe recordar que en muchas ocasiones, con antelación al proferimiento de la citada sentencia C-556 de 2009, se aplicó la excepción de inconstitucionalidad al requisito de “fidelidad al sistema”, precisamente por transgredir el artículo 48 superior, que consagra el principio de progresividad en la cobertura de la seguridad social. Así, siempre se reiteró en la jurisprudencia constitucional que exigir tal “fidelidad”, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, deviene inadmisible, al constituir una exigencia que hace más riguroso el acceso a la prestación.
Desde esta perspectiva, por ejemplo en la sentencia T-730 de octubre 15 de 2009 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), se indicó que la sentencia C-556 de 2009 corrigió, ya por vía de acción de inconstitucionalidad, “una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y no constitutivo” (no está en negrilla en el texto original).
En ese mismo fallo T-730 de 2009, se estableció que no habría lugar a objetar el reconocimiento de la pensión porque la ocurrencia del hecho generador de la misma fuera anterior a la declaratoria de inexequibilidad:
“Si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales.”
Alegar que no se puede dar aplicación a la sentencia C-556 de 2009 en los eventos en que el hecho generador del derecho pensional ocurrió antes de la fecha de su expedición (agosto 20 de dicho año) no es jurídicamente válido, debido a que tal requisito desde siempre fue inconstitucional y por ello se inaplicaba, al contrariar ostensiblemente el principio de progresividad que rige todo el Sistema General de Seguridad Social, por injustificadamente disminuir derechos. Además, admitir dicha opción sería actuar en flagrante contraposición con los principios de igualdad, favorabilidad laboral y no regresividad de los derechos de lo trabajadores, estatuidos en la preceptiva nacional e internacional. De tal manera, nunca fue exequible que se le negara a una persona el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentándole no haber cumplido el referido requisito de fidelidad.
5.5. Sintetizando, el precedente constitucional permite concluir que: (i) En ningún caso resulta admisible exigir la “fidelidad”, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
(ii) Por ello, mal pueden argüir las administradoras de fondos de pensiones que el hecho generador del derecho pensional sea anterior a la expedición de la sentencia C-556 de agosto 20 de 2009, por la inexequibilidad congénita de tal “fidelidad”, además de que lo impedía el carácter vinculante de la ratio decidendi de los múltiples fallos previos de inaplicación por vía de tutela.
6.1. La señora Diana Patricia Jiménez Cuartas, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que con la sentencia que profirió en mayo 31 de 2012, revocando la de primera instancia que, junto con su hijo Jhonatan Andrés Bedoya Jiménez, la había reconocido como beneficiaria de la pensión de sobreviviente de su esposo Rogelio Antonio Bedoya González conculcó sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso.
La parte actora hizo notar que, a pesar de que el causante cotizó 124.28 semanas en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento y de haberse declarado inconstitucional el requisito de fidelidad al Sistema General de Seguridad Social, exigido para acceder a la pensión de sobrevivientes, el Tribunal absolvió a BBVA Horizonte, basando su decisión en que el hecho generador de la pensión fue anterior a la sentencia C-556 de 2009 de la Corte Constitucional, pronunciamiento que no tiene efectos retroactivos, por lo cual, según el ad quem, se debía acreditar el cumplimiento del tiempo de “fidelidad”.
6.2. Como se recordará, en primera instancia de esta acción de tutela la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó lo solicitado, argumentando incumplimiento al principio de subsidiariedad, dado que no se interpuso el recurso extraordinario de casación, posibilidad que “ofrecían los artículos 86 y 87 del C. de P. L. y S. S., pues contrario a lo dicho por la promotora de esta acción, sí le asiste interés económico, aún si se parte de la base que el monto de la pensión ascendiera a un salario mínimo legal mensual vigente ya que, además, del tiempo considerado por ella para efectos de establecerlo, debe sumarse el correspondiente al de su probabilidad de vida” (fs. 37 y 38 cd. Sala de Casación Laboral).
Esa decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal, anotando igualmente que se dejó vencer la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de casación, pero se permitió “que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza” (f. 14 cd. Sala de Casación Penal), situación que no se puede enmendar por vía de tutela, a la que el constituyente no le otorgó “el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial” (f. 17 ib.).
Ciertamente, la acción de tutela solamente procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (art. 86 Const.), pero como lo ha reiterado ampliamente esta corporación, tal medio tiene que ser apto, expedito y oportuno, lo cual notoriamente no está ocurriendo con la casación laboral, trámite que al tener “una duración aproximada de 3 a 5 años… no es idóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata” de derechos fundamentales.
Tanto es así, que se ha proyectado que a la Sala de Casación Laboral le sea adscrita “una sala transitoria de descongestión, por ocho años”, compuesta por seis nuevos magistrados.
Téngase en consideración, de otra parte, que “la señora Jiménez Cuartas dependió económicamente del señor Bedoya González” (f. 35 cd. inicial), y quedó viuda el 8 de marzo de 2008; adicionalmente, entre los derechos reclamados se incluye el mínimo vital, sustento apremiante contra el cual nada arguye BBVA Horizonte, ni refuta la corporación judicial accionada.
Esta corporación ha concebido que el objeto del fundamento de tal derecho al mínimo vital, es “garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia”, anotando luego que “es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana”, apuros que palmariamente chocan con imponerle a una señora viuda esperar más de tres años, adicionales al tiempo perdido en el frustrado anhelo de que la empresa administradora de pensiones le reconociera la sustitución, como ha debido hacer de manera expedita, y que las instancias de la jurisdicción laboral ordinaria declararan el patente derecho, acertadamente reconocido en la primera pero desestimado por la segunda.
6.3. En todo caso, se ha constatado que el señor Rogelio Antonio Bedoya González, esposo de la demandante, había cotizado más de 50 semanas al sistema dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su deceso, no obstante lo cual a la accionante no le fue reconocida por BBVA Horizonte la pensión de sobrevivientes, negativa que luego acogió el Tribunal demandado, al considerar que no se había cumplido el pretextado requisito de “fidelidad al sistema”, bajo la aducción de que la sentencia C-556 de 2009, mediante la cual esta Corte declaró inexequible tal requisito, no contempló efecto retroactivo.
Resulta inadmisible que aún se niegue, por parte de las administradoras de pensiones y de algunos estrados judiciales, el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, por no satisfacerse el artificio de la “fidelidad al sistema”, siendo ostensiblemente indiferente que el hecho generador haya ocurrido con anterioridad a ser dictado el fallo C-556 de 2009, que declaró la palmaria inexequibilidad de una disposición que desde siempre fue contraria a la carta política, tanto que venía siendo inaplicada, por la notoria incompatibilidad.
Aún más, en la sentencia T-453 de mayo 23 de 2011, con ponencia de quien ahora cumple igual función, se dispuso solicitar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura difundir entre todos los despachos judiciales del país los anteriores razonamientos, reiterados en esa providencia, para que en lo sucesivo evitaran desconocer una pensión en razón al supuesto requerimiento de “fidelidad al sistema”, a quienes hayan adquirido el derecho respectivo.
6.4. Claro resulta entonces que la sentencia proferida en mayo 31 de 2012 por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, es flagrantemente contraria a la preceptiva superior, con adicional desconocimiento de los precedentes constitucionales, además de evidenciar carencia de “fundamentación suficiente sobre la cual se justifique la disminución del nivel de protección del derecho”; así, no obstante que la presente acción de tutela fue dirigida contra una providencia judicial, con ella se incurrió en una vía de hecho, en lo que constituye un defecto sustantivo en los términos de la sentencia C-590 de 2005, tal como se especificó en la precedente consideración tercera de esta providencia que se ha de enmendar por el amparo constitucional, vía indispensable y expedita para proteger los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la seguridad social, bajo el apremio de solventar el mínimo vital.
Lo expuesto conduce a que se revoque el fallo proferido en octubre 24 de 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó el dictado en septiembre 10 de 2012 por la Sala de Casación Laboral de la misma Corte, que había resuelto “denegar” el amparo que había pedido la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas, frente a la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá.
En su lugar, serán tutelados los indicados derechos fundamentales de la referida señora, dejando sin efecto la sentencia dictada en mayo 31 de 2012 por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por dicha señora contra la sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a la cual, vinculada como fue por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (f. 4 cd. respectivo), se ordenará, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado profiera una resolución mediante la cual reconozca a favor de Diana Patricia Jiménez Cuartas y continúe pagando en la periodicidad debida la pensión completa de sobrevivientes, que le corresponde en su condición de cónyuge del señor Rogelio Antonio Bedoya González, cuyo deceso acaeció el 8 de marzo de 2008, fecha desde la cual deberá computarse el importe ya causado, que BBVA Horizonte pagará dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, compensado lo que se le haya entregado como devolución de saldos.
6.5. Es de aclarar que en esta sentencia ninguna determinación puede tomarse frente a Jhonatan Andrés Bedoya Jiménez, mayor de edad que no acudió a esta acción, ni allegó información alguna sobre si continúa estudiando, o si no ha cumplido 25 años de edad, condiciones que de darse aún, conducirían a que su progenitora le reconozca lo correspondiente.
Primero. REVOCAR el fallo proferido en octubre 24 de 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, que en su momento confirmó el dictado en septiembre 10 de 2012 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negando la tutela que la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas había solicitado, contra la Sala Laboral de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Segundo. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Diana Patricia Jiménez Cuartas y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia dictada en mayo 31 de 2011 por la Sala de Descongestión Laboral con sede en el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por dicha señora contra la sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a la cual se ORDENA, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, profiera una resolución mediante la cual reconozca a favor de Diana Patricia Jiménez Cuartas y pague en la periodicidad debida la pensión completa de sobrevivientes, que le corresponde en su condición de cónyuge del señor Rogelio Antonio Bedoya González, cuyo deceso acaeció el 8 de marzo de 2008, fecha desde la cual deberá computarse el importe ya causado, que la mencionada sociedad pagará dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, compensado lo que se le haya entregado como devolución de saldos.