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Timestamp: 2017-10-22 12:57:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 36', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 143', 'artículo 66', 'artículo 10', 'artículo 10']

Libro Acuerdos Pueblos Indígenas by sndp gt - issuu
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Se reunieron, juntaron su palabra, dialogaron y se pusieron de acuerdo. Xkimulij kib, xkinuk ri kitzij, xetzijonik je ne xkijunamirisaj ri kichombal. (Kiche tzij / idioma Kiche)
Hacia un encuentro con la fe. Invocación Índice de siglas El diálogo: una alternativa para la democracia y la paz en Guatemala. Presentación Visión del camino recorrido. Antecedentes Una mirada hacia la realidad guatemalteca. Contextualización general de las propuestas Propuestas para un cumplimiento renovado del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: Identidad y discriminación Idiomas Espiritualidad Trajes Ciencia y tecnología Educación Medios de comunicación Nación y participación Justicia Tierra Conclusiones generales Recomendaciones generales a los actores Listado de participantes y sus organizaciones Anexo: Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas Bibliografía
Hacia un encuentro con la fe
UCHABALIL MAYIB Loqlaj Ajaw Bitol-Tzaqol, lal Ukux Kaj, lal Ukux Ulew, lal Ukux kqiq, lal Ukux ja, lal Ukux Qaq. Tepew, loqlaj quq rij, loqlaj quq uwach, qnan Ixmukane, qtat Ixpiyakok, kalpul Jun Ajpú, ri Wuqub Junajpú, Ixbalamke. Ajaw ko la pa ri relebal qij, lal Ajaw ko la pa ri uqajibal qij, lal Ajaw ko la pa ri rukaqab qij, lal Ajaw ko la pa ri umox qij. Lal Ajaw ko la pa ri raqan ri loqlaj qij, lal Ajaw ko la pa ri ukux qij. Kaqmaltyoxij che la Ajaw we qakaslemal yaom la chaqech che we jun qij kamik Ajaw Bitol, Tzaqol. Kaqta che la Ajaw ri qkaslemal qonojel. Ujko pa we wokaj chi kuk we qajil qatzaqat, chi pa PROPAZ, chtewchij la Ukux Kaj le qaqab, chtewchij la le qaqan, chtewchij la le qbe Ajaw. Che we jun qij kujesaj la Ajaw pa ri kaxkol, mat ko ba kaqraq pa ri be, mat ko ba ri mayoj, mat ko kex karaqtajik, mat ku kuban keb ukux ri siwan tinamit pa ri ujkowi che nimlaj qonojel. Mat chujtzaq pa siwan, mat chetzaq pa kex ri qalkwal, qxumal, qkotzijal, che nimalaj qonojel, ujko pa qab la BitolTzaqol. Loqlaj qij, Ajaw, chya la chqech ri utzilal, le qjolom, chya la Ajaw ri utzilal, ri qachomabal. Ma moxar le qchomabal, ma moxar le qbe, ma moxar le qajok. Kya la Ajaw ukolmal ri qanaoj, kya la Ajaw ri utzilal pa ri qchomabal, chqe nimalaj qonojel ri uj ujalkwal la Bitol-Tzaqol. Kya la qachuqab, kya la suk be chke le qachibil uj ko chuwach la Ajaw. Ajqij Pero Ixchop Soc Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala (ADSMG)
(Idioma Kiche)
Oh, divino Dios, Creador-Formador, que está en el Corazón del Cielo, está en el Corazón de la Tierra, está en el aire, está en el agua, está en el fuego. Divino sagrado manto, Ajaw, protégenos. Madre Ixmukane, padre Ixpiyakok. Kalpul, oh profetas Jun Ajpú y wuqubAjpú, Ixbalamke. Oh, Dios divino en la salida del sol, Dios divino en la bajada del sol, Dios divino a la derecha del Sol, Dios divino a la izquierda del sol, Dios divino más allá del Sol, Dios que está antes y después del sol, Dios divino en el centro del astro rey, que alumbra nuestro camino, a nosotros las criaturas. Le damos gracias divino Dios, que nos ha dado nuestras vidas por igual, en este día de hoy divino Ajaw, Formador-Creador. Le pedimos divino Ajaw que nos dé vida, a todos los que estamos reunidos o congregados en esta Mesa facilitada por Fundación ProPaz, le agradecemos al Corazón del Cielo, por su bondadosa ayuda, que proviene de sus manos y de sus pies, le agradecemos por los buenos caminos, Ajaw. Que nos libere divino Ajaw de todo sufrimiento, que no haya desventura en nuestro camino, que se desvanezca la preocupación, que no haya espinas que nos lastimen, que no seamos golpeados por los sufrimientos, que no se desespere el pueblo de Guatemala, donde estamos, aquí estamos todos en su presencia Creador- Formador. Concédanos equilibrio en nuestros pensamientos. Concédanos divino Ajaw el equilibrio en nuestra inteligencia. Infúndanos divino Ajaw el equilibrio en nuestro pensamiento, para todas sus criaturas sobre la faz de la tierra, para que haya paz y amor entre todos los pueblos. Fortifíquenos con su energía, a nosotros sus hijos, a nosotras sus hijas. Concédanos fuerza divino Dios del equilibrio, para que sea recto nuestro camino en su presencia divino Dios. Sacerdote Pedro Ixchop Soc Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala (ADSMG)
INDICE DE SIGLAS ADSMG
Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala
Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales
ASOMUGAGUA
Asociación de Mujeres Garífunas Guatemaltecas
Comunidades Étnicas Ronojel Junam
CNPS
Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa
Comisión Nacional Permanente de Tierras
COLUSAG
Comisión Especial de Lugares Sagrados
Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar
Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra
Consejo Pro-Acuerdo Indígena
Comisión Paritaria sobre los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas
Comisión Presidencial para los Derechos Humanos
COPXIG
Consejo del Pueblo Xinca de Guatemala
Comisión Paritaria de Reforma y Participación
CPSDSA
Comité pro Seguridad y Desarrollo, Santiago Atitlán
Centro Universitario del Norte, Universidad de San Carlos de Guatemala
Familiares y Amigos de Desaparecidos de Guatemala
FEVEMEGUA
Federación de Vendedores de Mercados de Guatemala
Fideicomiso Fondo de Tierras
Instituto de Estudios Interétnicos, Universidad de San Carlos de Guatemala
MIDPI
Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas
OGAGUA
Organización Garífuna de Guatemala
Organización Negra de Guatemala
Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo
Programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar
RAC-OJ
Resolución Alternativa de Conflictos - Organismo Judicial
Unidad de Acción Sindical y Popular
UTJ-PROTIERRAS
Unidad Técnico Jurídica - Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra
El diálogo: una alternativa para la democracia y la paz en Guatemala PRESENTACIÓN
El diálogo es, además de un valor y una práctica social que dignifican al ser humano, una herramienta fundamental que permite compartir visiones, intercambiar ideas y emociones, arribar a consensos, explicitar disensos y formular propuestas que, dado el mecanismo participativo del cual surgen, tienen mayores posibilidades de convertirse en propuestas viables y sostenibles. Bajo esa visión compartida sobre el diálogo y su importancia fundamental para la consolidación de la democracia y la paz en Guatemala, se inició en el Waqib Aqabal (27 de noviembre de 2002) el esfuerzo de la denominada Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas (MIDPI). Esta Mesa fue convocada por el sistema de las Naciones Unidas para Guatemala (SNU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de las acciones de seguimiento a las recomendaciones surgidas de la reunión del Grupo Consultivo para Guatemala, efectuada en Washington, D.C., en febrero de 2002. Ambos organismos internacionales consideran que resulta fundamental abordar el tema indígena para consolidar una democracia plural e incluyente, en la que se haga efectivo el anhelo de contar con una nación que vea en las diversas aristas de su multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo una fortaleza y un enorme potencial de desarrollo. Inicialmente, la facilitación de este proceso de diálogo en torno al tema indígena fue encomendada al Programa Cultura de Diálogo: Desarrollo de Recursos para la Construcción de la Paz (OEAPROPAZ), Programa que en marzo de 2003 fue institucionalizado como Fundación ProPaz. El sentido general de este proceso de diálogo radica en el reconocimiento de la urgencia que reviste para Guatemala el abordaje del tema indígena, tema que, como se sabe, se encuentra vinculado indisolublemente con el desequilibrio de poder y las grandes desigualdades sociales y económicas que caracterizan al país. Estos hechos de exclusión social e injusticia han fomentado polarización, desconfianza entre individuos y segmentos poblacionales, así como una comunicación estereotipada y cargada de supuestos y prejuicios, lo cual se encuentra en la base de numerosos hechos violentos que han aquejado a la nación guatemalteca. Cabe indicar que previo al Primer Encuentro de Diálogo Intersectorial efectuado en noviembre de 2002 se realizó una serie de encuentros preparatorios que permitieron arribar a una dinámica de diálogo y encuentro que ha ido consolidándose paulatinamente, en aras de lograr que tales situaciones de inequidad e injusticia puedan subsanarse. En efecto, desde esa fecha, la MIDPI ha realizado diversas actividades tanto intrasectoriales como intersectoriales, que han permitido un diálogo amplio, plural e incluyente entre una gran cantidad de personas representativas y también representantes de organizaciones de los Pueblos Indígenas, instituciones de los tres poderes del Estado Guatemalteco y de otros órganos administrativos de control, Partidos Políticos y entidades de la Sociedad Civil. Cada una de las instituciones, organizaciones y personas individuales que forman parte de la MIDPI han aportado su esfuerzo desde diferentes mecanismos y procesos de representación. También ha sido diversa su procedencia geográfica, ya que una gran cantidad de personas que asisten regularmente a los encuentros de diálogo provienen del interior de la República, ya sea representando a organizaciones locales o a diferentes pueblos y grupos étnicos. De esa cuenta, algunas personas participan como delegadas formales de las instituciones de las que forman parte; otras personas asisten porque han sido nombradas por asambleas o comunidades para tal efecto; y, otras más, lo hacen como ciudadanos y ciudadanas individuales con interés de aportar. Desde esta diversidad, priva en todos y todas el interés por contribuir a la conformación de una nación más justa, plural e incluyente. En particular, destaca el interés por efectuar recomendaciones que permitan la consolidación del proceso de paz guatemalteco. El libro que ahora presentamos es, entonces, producto de las diversas jornadas de diálogo efectuadas desde que se iniciara la MIDPI. Es, como tal, el reflejo de lo que las y los participantes de los cuatro sectores convocados consideran importante para lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, en general, y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular. Para la elaboración de este documento la MIDPI estableció un comité de redacción integrado por dos delegados de cada uno de los seis grupos conformados para analizar los temas que contempla el AIDPI. Este comité tuvo el cuidado de preservar el contenido de las propuestas de cada uno de los grupos. En ese sentido,
los cambios efectuados obedecen a la necesidad de darle mayor cohesión y coherencia interna al texto, además de velar por una presentación formal del mismo. Con la publicación y difusión de este documento esperamos no sólo ampliar las fronteras del diálogo sobre tan importante tema. También es nuestro interés presentar las diversas propuestas intersectoriales que, según la MIDPI, permitirán el relanzamiento y revitalización de la agenda de paz relativa a los Pueblos Indígenas. Lograr ambos propósitos es, sin duda alguna, un paso firme para construir una nación más justa y solidaria, en la que el sentido de la dignidad humana se derrame para todas y todos.
Visión del camino recorrido Antecedentes
Desde el punto de vista de sectores, instituciones y personas conocedoras de los Acuerdos de Paz, resulta casi unánime el reconocimiento de que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) es el más atrasado en su cumplimiento e implementación. Este retardo obstaculiza la unidad nacional, la armonía social y el desarrollo pleno de las potencialidades económicas, políticas y culturales de los Pueblos Indígenas, en particular, y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. El conocimiento de la realidad de desigualdad, exclusión e injusticias en las que históricamente han vivido los Pueblos Indígenas de Guatemala ha demandado acciones efectivas y conjuntas que permitan al país superar brechas y dificultades, en aras de asumirse a sí mismo como un país multiétnico, pluricultural, y multilingüe. Cabe resaltar que en el despliegue de muchas de esas acciones, los Pueblos Indígenas de Guatemala y del mundo han desempeñado un papel fundamental. Destaca, particularmente, la lucha efectuada a nivel nacional e internacional por diversas organizaciones y comunidades de los Pueblos Indígenas que han debido pronunciarse para denunciar el racismo y la discriminación de que han sido víctimas. Históricamente han tenido la valentía de expresar su descontento, sus demandas y propuestas, velando desde distintos espacios para el logro de una sociedad más incluyente y justa. La historia nos revela que, en el camino de esa lucha, la cuota de dolor y sacrificio de los Pueblos Indígenas ha sido, en ocasiones, muy alta. En esta realidad compleja, dinámica y de profundas aristas históricas, es necesario señalar que todo cuanto atañe a las identidades y derechos de los Pueblos Indígenas adquiere una dimensión transversal. Dicha transversalidad implica, en particular, la necesidad vital del involucramiento de todos los sectores de la sociedad guatemalteca en el abordaje y resolución de una situación que, dada su esencial naturaleza injusta, es fuente permanente de conflictos y violencia. Inmersos en este panorama, resulta imprescindible destacar la importancia del diálogo como proceso y mecanismo para que la sociedad guatemalteca aborde sus problemas e inicie un camino hacia soluciones posibles, viables y sostenibles. Entre los distintos espacios de coordinación, análisis, formulación de propuestas e incidencia, se desarrollan en la actualidad algunas iniciativas que, a manera de ejemplo, ilustran el desempeño de los Pueblos Indígenas por alcanzar una solución a sus demandas. Entre ellas, el Consejo Nacional Indígena (CNI), el cual fue conformado a partir del Seminario de Panajachel efectuado en el año 2002. También puede mencionarse al Comité Pro Acuerdo Indígena (COPAI), que tiene representación municipal por áreas lingüísticas; la Asamblea de Representantes del Pueblo Maya, promovida por la Comisión Consultiva Maya, y la Coordinación Nacional de las Comisiones establecidas por el AIDPI, entre otros esfuerzos. Inmersos en este contexto, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocaron en septiembre de 2002 un proceso de acercamiento y diálogo amplio, plural e incluyente, el cual se conoce en la actualidad como Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas (MIDPI). Desde sus inicios, la conducción de esta Mesa fue delegada a OEA-PROPAZ, Programa de la OEA que en marzo de 2003 fue institucionalizado como una entidad guatemalteca, denominada Fundación ProPaz. Cabe destacar, asimismo, que además de esta Mesa, SNU / OEA implementaron hacia la misma fecha otros esfuerzos en materia de diálogo sobre temáticas relevantes de interés nacional. Ello devino en la convocatoria a la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Cultura de Paz y Reconciliación, la Mesa sobre Política de Defensa; la Mesa de Desarrollo Rural; la Mesa de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad y, más adelante, la Mesa de Desarrollo Económico. Con el propósito de intercambiar visiones y perspectivas sobre el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, buscando crear así mejores condiciones de interlocución para reflexionar, intercambiar y dialogar, la MIDPI ha generado un amplio y abierto proceso de acercamiento y diálogo entre Pueblos Indígenas, expresiones organizadas de la Sociedad Civil incluido el sector empresarial, Partidos Políticos e instituciones del Estado guatemalteco. Asimismo, se ha buscado propiciar un proceso de sensibilización de amplios sectores sociales e instituciones estatales, que permita visibilizar y viabilizar la agenda de los Pueblos Indígenas y su conversión en políticas públicas.
Alcanzar los propósitos por los cuales fue creada la MIDPI es, sin duda, una tarea que habrá de lograrse únicamente de forma conjunta, informada y participativa. Sólo de esta manera se redundará en la formulación de políticas públicas que asuman efectiva y eficazmente la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Igualmente, de esta forma se estarán generando mejores condiciones para que la sociedad en general se apreste al cambio de visión y al afincamiento de sensibilidades proclives a las necesidades y demandas de los Pueblos Indígenas del país. Para viabilizar estos logros, la MIDPI se propuso iniciar un proceso de diálogo público que permitiera la apertura de un espacio de intercambio para formular propuestas procesales tanto sobre el cumplimiento renovado del AIDPI (más allá de la lógica incumplimiento-recalendarización), como sobre otros temas en torno a la construcción de una cultura más incluyente y plural. Por encima de las confrontaciones y la primacía de intereses sectoriales, la MIDPI ha buscado consensos  tanto como el reconocimiento y respeto a los disensos, así como el intercambio de visiones y propuestas mediante las cuales pueda arribarse a algunos acuerdos cuando fuere el caso, o bien, lograrse la apertura hacia sensibilidades diferentes y renovadas en torno a la comprensión y el respeto mutuos. Tal como se ha referido, el proceso de diálogo público dio inicio en septiembre de 2002. En esa fecha se comenzó la realización de una serie de sondeos y encuentros intrasectoriales que permitieron, el 27 de noviembre del mismo año, la apertura oficial de la MIDPI mediante el denominado Primer Encuentro Intersectorial de Diálogo. Durante ese evento se realizó, además, un foro en el que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), en tanto instancia verificadora del cumplimiento de los Acuerdos de Paz; la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (SEPAZ), en representación del Gobierno; la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en su calidad de signataria de los Acuerdos de Paz, y organizaciones referentes de los Pueblos Indígenas, presentaron un balance sobre el estado de cumplimiento del AIDPI. El producto de dicho encuentro fue sistematizado y publicado posteriormente, en lo que constituyó el Primer Cuaderno de Trabajo de la Mesa. Conscientes de que un proceso de diálogo público es, por naturaleza, un proceso flexible, que se construye en conjunto por las instituciones y personas que participan en él, después de dicho Primer Encuentro se consideró necesario hacer un alto en el camino con el propósito de que los diferentes sectores que forman parte de la MIDPI analizaran el proceso hasta ese momento realizado. Esto posibilitó la incorporación de cambios y ajustes en la propuesta metodológica inicial, y sentó las bases para la realización de nuevos encuentros intrasectoriales cuatro en total efectuados en febrero de 2003. Como resultado de los cuatro encuentros intrasectoriales efectuados en el presente año, se conformó un equipo de trabajo intersectorial que preparó una propuesta metodológica y agenda temática de la MIDPI. Durante el Segundo Encuentro Intersectorial de la MIDPI, efectuado el 3 de abril, dicha propuesta fue avalada en plenaria; igualmente, se elaboraron normas de convivencia del proceso, las cuales fueron afinadas días después por un grupo de trabajo intersectorial. Posteriormente, durante el Tercer Encuentro Intersectorial, efectuado el día 10 de abril, se validaron las normas de convivencia de la MIDPI, las cuales, según la plenaria, no están escritas en piedra, pero tampoco en hielo, lo cual refleja el espíritu de apertura y flexibilidad que priva en el proceso. Uno de los aspectos más destacados de esa reunión fue la integración del Consejo de la MIDPI, el cual se encuentra conformado por 13 personas, de la siguiente manera: seis personas referentes de organizaciones de los Pueblos Indígenas, dos representantes de los partidos políticos, dos representantes de instituciones del Estado, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil y una representante de las mujeres que asisten a la Mesa. Después de su conformación, el Consejo ha acompañado a la Fundación ProPaz y a la MIDPI, con particular énfasis en los diversos momentos del proceso que así lo han requerido. Este Consejo también recibió del pleno de la MIDPI el mandato de sugerir diversas estrategias de incidencia que habrán de ser implementadas para arribar al cumplimiento de las propuestas presentadas por la Mesa. La agenda temática de la MIDPI está compuesta por cuatro temas fundamentales cuyo abordaje resulta de indudable importancia para el país: Análisis de mecanismos y elaboración de propuestas para el cumplimiento integral del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; Participación de los Pueblos Indígenas a todo nivel, en el marco de los Acuerdos de Paz; Racismo y discriminación y La construcción del Estado-Nación pluricultural, multiétnico y multilingüe.
El primero de estos temas ha sido abordado en sucesivos encuentros intersectoriales un número de 10 en total efectuados entre abril y agosto de 2003. Cada reunión contó con la participación, en promedio, de unas cien personas representativas de los cuatro sectores convocados. Es necesario destacar que las diversas reuniones de diálogo se han llevado a cabo con intervalos de quince días entre cada una de ellas. Igualmente, el proceso ha demandado la conformación de grupos ad hoc que contribuyen y apoyan a la Fundación ProPaz en el diseño de procesos o tareas específicas que han permitido, entre otros, la realización de ajustes metodológicos y el afinamiento de propuestas. Entre dichos grupos, además de la labor del Consejo de la MIDPI, destaca la conformación inicial de un grupo intersectorial que contribuyó a la definición de la agenda temática general de la Mesa, así como la integración de un Comité de Redacción que ha apoyado decididamente la elaboración del documento final que ahora presentamos. Hasta la fecha, el proceso generado ha implicado la apertura de un espacio en donde convergen en una convivencia respetuosa y armónica personas que pertenecen a unas cincuenta y ocho organizaciones del país. Cabe destacar, en ello, la presencia de personas representativas de organizaciones del interior del país, de los cuatro pueblos que conforman la nación guatemalteca (Mayas, Garífunas, Xinkas y Ladinos o Mestizos). La dinámica de diálogo generada por quienes participan ha permitido un intercambio enriquecedor de visiones y ha sentado importantes bases de confianza interpersonal, intersectorial e interinstitucional. En la variedad, riqueza, multisectorialidad y dinamismo del espacio generado radica, según creemos, la validez del espacio mismo, así como el valor de las propuestas contenidas en este Segundo Cuaderno de Trabajo de la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas. En ese sentido, dado el valor que le imprime a estas propuestas el hecho de que surjan desde una dinámica intersectorial de diálogo y búsqueda de consensos, la MIDPI ha considerado necesario iniciar procesos y dinámicas que permitan precisamente la implementación de las propuestas a las que se arribó. De esa cuenta, durante la próxima fase de la Mesa, además de continuarse el abordaje de los tres temas restantes de la agenda, también se iniciarán procesos de incidencia que contribuyan al cumplimiento renovado del AIDPI. Finalmente, es imprescindible puntualizar que todo este proceso ha sido posible gracias al compromiso financiero asumido por el Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos en Centroamérica (PRODECA). También cabe mencionar que la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) han comprometido su apoyo decidido a la Fundación ProPaz. Sin el concurso de estas tres entidades donantes, no hubiera sido posible implementar la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas. Va, a ellos, nuestro agradecimiento.
Una mirada hacia la realidad guatemalteca Contextualización general de las propuestas
Redefinir el Estado guatemalteco, transformándolo de un Estado neocolonial, racista, discriminador, excluyente y elitista a un Estado democrático, incluyente, participativo y moderno, que refleje el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de su población, constituye la visión y el propósito fundamental de los Acuerdos de Paz, y en particular del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). Para lograr dicho objetivo, el AIDPI contempla una serie de mecanismos (jurídicos, institucionales y políticos) que sugieren y facilitan el abordaje de temas fundamentales que por muchos siglos se han venido postergando en el país. Temas que están directamente relacionados al derecho a la libertad, dignidad y autodeterminación de los individuos y de los pueblos. Ello conlleva necesariamente el cambio de esquemas y paradigmas, propiciando la democratización de la participación política y de la configuración y del ejercicio del poder en Guatemala. Desde esta perspectiva, hablar de la refundación del Estado obliga a repensar la Nación, que puede entenderse como la expresión del consenso político, económico, social y cultural bajo una visión compartida por una sociedad multietnica, pluricultural y multilingue, pero que al final comparte elementos comunes como el territorio y la historia, entre otros. Unidad y complementariedad en la diversidad es el ideal. Igualdad en dignidad, en derechos y obligaciones, pero con respeto al derecho a la diferencia, es el reto fundamental en esta nueva era. Pese a los aportes del AIDPI en el reconocimiento de la importancia de dichos temas, y pese a que el Acuerdo establece la necesidad de crear algunos mecanismos concretos para la democratización del país, en la actualidad se han visto muy pocos avances en esta tarea y, más bien, en algunos casos, se han experimentado estancamientos y hasta retrocesos. El AIDPI es uno de los Acuerdos más atrasados en su cumplimiento, fue la conclusión unánime de los distintos sectores sociales que participan en la MIDPI, lo cual sirvió como punto de partida para el diálogo y el análisis de propuestas y mecanismos. En esta realidad de incumplimiento existe mucha responsabilidad del Estado guatemalteco, así como de la sociedad en general, pues es importante reconocer que la ciudadanía no conoce suficientemente los Acuerdos (el AIDPI en particular), lo cual dificulta la asimilación y apropiación de su contenido, con las consecuentes dificultades para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos. Destaca, en particular, que desde la firma de los Acuerdos de Paz, los distintos gobiernos han demostrado poca voluntad política para tomar los Acuerdos como agenda prioritaria de Nación. De esa cuenta, en la actualidad las identidades y los derechos (individuales y colectivos) de los Pueblos Indígenas de Guatemala siguen siendo ignorados por la mayoría de la sociedad. Se ha logrado, en conjunto, únicamente pequeños avances en aspectos de menor trascendencia para los Pueblos Indígenas, postergándose asuntos más relevantes que tienen el potencial de satisfacer las demandas más sentidas de la población indígena. El AIDPI contempla medidas para el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas; para luchar contra la discriminación (enfatizando los derechos de la mujer indígena); para promover los derechos culturales (idioma, nombres, apellidos y toponimias, espiritualidad, templos, centros ceremoniales y lugares sagrados, uso del traje, ciencia y tecnología, reforma educativa, medios de comunicación masiva); para promover los derechos civiles, políticos, sociales y económicos (reformas constitucionales, regionalización, participación a todos los niveles, derecho consuetudinario, derechos relativos a la tierra). También contempla la creación de Comisiones Paritarias integradas por representantes del Gobierno y de las Organizaciones Indígenas. Las comisiones paritarias y especiales y algunas entidades estatales que fueron creadas e instaladas por mandato del AIDPI, a pesar de que han hecho todo lo posible por cumplir las funciones que les corresponden,
han tenido pocos avances, situación que obliga a revisar cuáles han sido las debilidades para poder subsanarlas y poder así aprender de los errores. En síntesis, en relación a los temas del AIDPI y los compromisos que se desprenden de ellos, la MIDPI considera la inexistencia de avances significativos. Este incumplimiento evidencia el racismo y la discriminación étnica que aún imperan en la sociedad. Es decir, muchos de los compromisos asumidos no se han cumplido, se han estancado o, incluso, han sufrido notables retrocesos, debido fundamentalmente a lo difícil que resulta romper esquemas y paradigmas racistas y discriminadores. En todo caso, el panorama actual de letargo coloca al país en un riesgo latente, dado que la injusticia, desigualdad e inequidad que aún persisten son fuente permanente de conflictos y violencia. Con ello se hace referencia a la necesidad fundamental de no sólo considerar el Acuerdo como un listado de temas y compromisos que se deben alcanzar de un modo exclusivamente cuantitativo. El potencial transformador del AIDPI propone, esencialmente, un cambio cualitativo, un viraje profundo hacia el sentido más significativo y permanente de la dignidad humana. De esto nos resulta oportuno recordar que la paz es un modo de vida, es una cultura de vida. Y lograrla implica cambiar mentalidades y actitudes; se sabe que para poder cambiar al mundo debe empezarse por nosotros mismos. He ahí el reto. A continuación, entonces, y siguiendo un orden temático, se presenta el análisis sobre los mecanismos que establece el AIDPI; asimismo, se enfatizan las diferentes propuestas de los seis grupos de trabajo de la MIDPI creados para tal fin. Todas las propuestas son producto del intercambio entre distintos sectores que confluyen en la Mesa. Según creemos, la implementación de las propuestas propiciaría el relanzamiento integral del AIDPI, especialmente de cara al próximo Gobierno de Guatemala (2004-2008).
Propuestas para un cumplimiento renovado del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblo Indígenas Tal como se ha referido, uno de los propósitos generales de la MIDPI es contribuir al relanzamiento integral del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En aras de alcanzar tal objetivo, se presentan a continuación las propuestas de la MIDPI sobre cada uno de los temas que contiene el Acuerdo; cada una de dichas propuestas es producto del consenso al que arribó la Mesa, después de diversas jornadas de diálogo multisectorial.
IDENTIDAD Y DISCRIMINACIÓN La identidad es un conjunto de características (idiomáticas, culturales, de pertenencia territorial, valores, principios, género, y otras) que definen a los grupos sociales. Es un proceso en permanente construcción, dinámico, cambiante, y que depende en gran medida de la autoidentificación. La discriminación étnica y el racismo, por otro lado, se traducen en actitudes mediante las cuales un grupo rechaza y excluye al otro, sobre la base de una supuesta preeminencia de unos sobre otros. El racismo y la discriminación se alimentan de relaciones no equitativas de poder y se nutren de estereotipos y prejuicios que, en muchos casos, han sido cimentados históricamente. El AIDPI afirma que los Pueblos Indígenas han sido sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia, por su origen, cultura y lengua; también establece que será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen las identidades y derechos de los Pueblos Indígenas que habitan en el país. No obstante esta recomendación, en el país aún persisten el racismo y la discriminación étnica hacia los indígenas (con mayor énfasis hacia las mujeres indígenas). Por esta razón, la MIDPI, procurando retomar los compromisos pendientes, propone: 1. Reformas Constitucionales: 1.1. Promover una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, con el propósito de que la Carta Magna reconozca de manera oficial la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del Estado. Mediante dicha reforma deberán derogarse aquellos artículos que denoten racismo y discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 2. Leyes Ordinarias y Reglamentarias: 2.1 Revisar la legislación nacional, derogando todas aquellas leyes que admitan discriminación y racismo. 2.2 Que se revise la reforma al Código Penal en la tipificación del delito de discriminación; si bien esta reforma es un avance en materia legislativa, no toma en cuenta las demandas del punto II, inciso c), numerales 1 y 2 del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.1 2.3 Iniciar una campaña de difusión masiva sobre las leyes. Tomar en cuenta que la Ley de Difusión establece un tiempo obligatorio de 15 minutos destinado a la difusión de las leyes del país. La difusión sobre el contenido y sobre el significado de las leyes debe ir más allá de los aspectos puramente jurídico-formales. El Estado de Guatemala tiene mayor responsabilidad en difundir estas leyes, pero también la sociedad 1 Véase anexo: Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
civil interesada debe involucrarse. También es fundamental que se involucren el magisterio, los servidores públicos y los líderes religiosos. Las campañas de difusión deben hacerse a través de diferentes medios masivos de comunicación y de acuerdo con los distintos idiomas según la comunidad lingüística, con especial atención en aquellos que llegan a las comunidades del país (radio, prensa escrita, TV y radios comunitarias). El Ministerio de Educación y las Universidades deben incorporar mecanismos de difusión de las leyes y los Acuerdos de Paz. También deben utilizarse otros mecanismos alternativos (cursos por correspondencia, calendarios, y otros). 2.4 Que se reformen los decretos 54-86 y 32-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, en su artículo 11, relativo a los Procuradores Adjuntos, con el propósito de que se nombre a un Procurador(a) Adjunto(a) de los Pueblos Indígenas. Las calidades de dicho Procurador(a) no serán las mismas requeridas para el cargo de Procurador, debiéndose establecer el mecanismo oficial para que su elección se realice a través de consulta con los Pueblos Indígenas, para que los derechos de estos pueblos tengan un representante ante tan honorable institución. De esta manera, el referido artículo quedaría así: Artículo 11. Procuradores Adjuntos. El Procurador, para el cumplimiento de sus funciones, tendrá dos Procuradores Adjuntos, quienes además le sustituirán por orden de nombramiento, en caso de impedimento o de ausencia temporal, y ocuparán el cargo en caso quedare vacante mientras se elige al nuevo titular. Un Adjunto deberá reunir las mismas calidades requeridas para el cargo del Procurador, otro Adjunto será Indígena, no requiriéndosele las mismas calidades para el cargo de Procurador, y será propuesto por los Pueblos Indígenas por medio de un proceso de consulta que se realice de manera directa con organizaciones de dichos pueblos. El Procurador nombrará de esta manera a sus Adjuntos. 3. Normas Internacionales: 3.1 Exigir la ratificación del Artículo 14 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Mediante este Artículo el Estado de Guatemala se vería obligado a la creación de un Comité contra la Discriminación Racial, cuyas decisiones serían vinculantes y, dada la naturaleza misma del Comité, adquirirían relevancia tanto a nivel nacional como internacional. 3.2 Promover el conocimiento y la aprobación del Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 3.3 Aprobar la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas según la demanda que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mediante esta Ley podrá garantizarse en mayor grado que el Estado cumpla con lo acordado en el referido Convenio.
4. Interculturalidad y Género: 4.1 Modificar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar a efecto de que dicha Ley contemple sanciones. También es importante que esta Ley tome en cuenta la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas. 4.2 Realizar periódicamente campañas y programas de capacitación y sensibilización tendientes a que la población conozca los procedimientos para poner las denuncias y orientar sobre qué tipo de documentación se requiere. Este tipo de actividades podrían ser asumidas por la Defensoría de la Mujer
Indígena, la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Foro Nacional de la Mujer, la Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia del Congreso de la República, y otras. 4.3 Tomar en cuenta los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer, ya que la violencia no es únicamente de naturaleza física o sexual. La discriminación por género, en todas sus manifestaciones, inflige violencia. En ese sentido, deben generarse programas y proyectos de sensibilización para la sociedad, especialmente en otros idiomas (mayas, garífuna, xinca). En particular, estos programas deben sensibilizar y capacitar a padres y madres de familia, así como a las y los operadores de justicia. 4.4 El Programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI) debe tener cobertura a nivel nacional. Ello requiere un incremento al presupuesto que dicho Programa maneja. Se sugiere la posibilidad de que el teléfono de atención a la víctima de PROPEVI funcione las 24 horas y que el número correspondiente sea conocido por la mayoría de la población. 4.5 La Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI) debe elaborar su plan de acción, de preferencia en consulta con organizaciones de la sociedad civil (mesas intersectoriales, mesas de concertación, organizaciones de los Pueblos Indígenas y de mujeres, y otras). 4.6 Es importante fortalecer a la Defensoría de la Mujer Indígena, dotándola de fondos y de mayor autonomía administrativa. 4.7 Exigir la aprobación de la Ley de Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso y Hostigamiento Sexual, incluyendo como agravante la comisión del delito contra mujer indígena y la acción penal pública. 4.8 Legislar a efecto de que en los medios masivos de comunicación y en los diferentes medios publicitarios se respete la dignidad de las personas, en particular de las mujeres. 4.9 Se propone que el próximo gobierno vuelva a ratificar el Convenio 169, y que procure por todos los medios a su alcance su debida aplicación.
IDIOMAS Este tema fue afectado al no aprobarse los cambios constitucionales que fueron propuestos a la población a través de la Consulta Popular efectuada en 1999. Sin embargo, la reforma constitucional en el tema de los idiomas indígenas es indispensable para la conformación de un Estado multilingüe. Se reconoce, sin embargo, la labor que ha desarrollado la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) a partir de 1995 y algunas acciones que ha impulsado el Ministerio de Educación en este sentido, tales como las propuestas de un currículum intercultural para la pre-primaria y primaria, y la existencia de escuelas normales de educación bilingüe intercultural. Recientemente, en las vísperas de la Reunión del Grupo Consultivo para Guatemala, en mayo de este año, el Gobierno aprobó el Decreto No. 19-2003, Ley de Idiomas, legislación que podría apuntalar el cumplimiento de algunos compromisos que, en este sentido, establece el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI). En lo referente al tema de idiomas han existido algunos avances, como por ejemplo: Dirección Genera de Educación Bilingüe (DIGEBI) en 1995. Propuestas de currículum intercultural para la pre-primaria y primaria. El programa de profesionalización en marcha (junio 2002) involucra a 60,000 maestros e incluye aspectos de educación bilingüe e interculturalidad.
Escuelas normales de educación bilingüe para ampliar la cobertura de la carrera de magisterio.2 Ley de idiomas. Sin embargo, falta mucho por hacer y, ante esta situación, la MIDPI propone: 1. Con respecto a la Ley de Idiomas, se requiere al Estado cumpla con su obligación de la realización del bien común, asignando efectivamente recursos que viabilicen la promoción, utilización y desarrollo de los idiomas indígenas. 2. Promoción del uso del idioma materno en la educación de primera edad, los primeros años de educación primaria y en la educación de adultos(as), creando así un vínculo entre el desarrollo personal y el patrimonio cultural del alumno(a), por ende, esto contribuiría a fortalecer su confianza en si mismo(a).
ESPIRITUALIDAD La espiritualidad es un rasgo esencial de la cultura y la cosmovisión de los Pueblos Indígenas. Aunque por muchos años ha sido incomprendida e inaceptada por la sociedad, la espiritualidad indígena forma parte de la riqueza cultural, filosófica e intelectual de la sociedad multicultural guatemalteca. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 36, garantiza la libertad de culto, tanto en público como en privado, estableciendo como única condición el mantenimiento del orden público. Sin embargo, dicha libertad no se aplica en su totalidad a la espiritualidad de los Pueblos Indígenas. Un ejemplo de esto es que hasta ahora las y los guías espirituales mayas no tienen libre acceso a los lugares sagrados, tanto para la práctica de la espiritualidad como el control y cuidado de dichos lugares. Ante esta problemática, el AIDPI establece la creación de la Comisión Paritaria Especial de Lugares Sagrados. Desde 1998 hasta la actualidad, la Comisión de Lugares Sagrados ha tenido como avances la definición y categorización de los lugares sagrados, además de la disposición de una propuesta sobre mecanismos de administración, que en su primera etapa consiste en la creación e instalación de un ente autónomo y propio de los Ancianos y Ancianas y guías espirituales mayas, regido por la Ley del Consejo Nacionales de Lugares Sagrados. Para complementar las diversas acciones efectuadas hasta la fecha, la MIDPI propone: 1. Que el próximo Gobierno reestructure, a inicios del año 2004, la Comisión Especial de Lugares Sagrados (COLUSAG) mediante reactivación o reforma del Acuerdo Gubernativo que le da vida. Asimismo, que la participación de las y los delegados gubernamentales sea constante. 2. Que la Comisión de Lugares Sagrados discuta el tema de la administración de dichos lugares y no sólo su definición, tomando en cuenta la posibilidad de implementar propuestas y mecanismos alternativos para ello. 3. Que los representantes del Gobierno en la COLUSAG llenen los siguientes requisitos: a) Que sean personas conocedoras del tema. b) Que sean sensibles a la temática. c) Flexibles. d) Respetuosas. e) Que formen parte de instituciones del Estado vinculadas al tema. 2 OEA / SNU: Acto de Instalación de la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Pueblos Indígenas. Guatemala, 27 de noviembre de 2002, p. 44.
4. Que el Congreso de la República apruebe la propuesta de ley presentada por la Comisión para la definición de los lugares sagrados, denominada Ley del Consejo Nacional de Lugares Sagrados y de la práctica de la espiritualidad de los Pueblos Maya, Garifuna y Xinca. Esta contempla la administración de dichos lugares con la participación de los Pueblos Indígenas, tal como lo establece el AIDPI. Asimismo, que se efectúe Reformas al Decreto 81 - 98, al Ministerio de Energía y Minas, INAP, CONAP, INGUAT, entre otras. 5. Que la Comisión de Lugares Sagrados: a) Tenga poder de decisión. b) Que las decisiones consensuadas por la Comisión redunden en acciones concretas del Gobierno, constituyendo la base de políticas públicas eficaces y efectivas en el respeto de las prácticas espirituales de los Pueblos Indígenas. 6. Con el propósito de no estancar los trabajos de la COLUSAG, se propone implementar actividades de conocimiento y sensibilización dirigidas a los representantes de Gobierno ante dicha Comisión. Esta propuesta se realiza en virtud de que algunos de los representantes de Gobierno ante la COLUSAG no manejan suficientemente el tema de la espiritualidad de los Pueblos Indígenas, y a veces no comprenden a cabalidad el lenguaje de los guías espirituales y lo que realmente significan para ellos los lugares sagrados y otras manifestaciones de la espiritualidad. 7. Que la COLUSAG cuente con recursos (materiales y humanos) necesarios para efectuar sus funciones (asesoría técnica y jurídica, así como fondos suficientes para implementar sus actividades y alcanzar sus objetivos). 8. Que la COLUSAG cuente con un Coordinador(a) Ejecutivo(a) que realice sus funciones a tiempo completo. Dicho Coordinador(a) deberá ser seleccionado o nombrado por el Consejo de Ancianos y Lugares Sagrados. 9. Que los resultados de la COLUSAG sean socializados, para que sean conocidos en el ámbito público.
TRAJES Para las y los indígenas de Guatemala el traje es una de las expresiones materializadas del pensamiento, la cosmovisión, la filosofía, la historia, la cultura misma. El traje ancestral encierra conceptos, visiones, creencias, sabiduría. Sin embargo, debido a la discriminación étnica y el racismo que aún imperan en el país, el uso del traje indígena en generalmente restringido, principalmente en espacios públicos. Así, por ejemplo, en los diversos niveles de la educación formal, las y los maestros suelen prohibir al alumnado el uso del traje indígena. Ante estas situaciones, el AIDPI plantea la necesidad de efectuar programas de sensibilización de la sociedad en general en relación al significado y utilidad de los trajes indígenas. Hasta ahora, este compromiso, al igual que muchos, sigue siendo una tarea pendiente, por lo que se propone: 1. El Ministerio de Educación debe llevar a cabo un programa de sensibilización a toda la sociedad sobre el significado e importancia del vestuario original de los Pueblos Indígenas; también debe promover el respeto a su uso tanto en centros educativos públicos como privados, en todas las instancias y niveles, con base a lo establecido en el Convenio 169, la Constitución Política de la República y el AIDPI. 2. Se propone divulgar el AIDPI tanto entre jóvenes como entre padres y madres de familia, para que las personas conozcan sus derechos y puedan hacerlos efectivos.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA En este tema, el incumplimiento de los compromisos derivados del AIDPI es total. Es decir, el Estado guatemalteco no ha hecho prácticamente nada para promover el reconocimiento, investigación y divulgación de los conocimientos en materia de ciencia y tecnología indígenas. Uno de los compromisos que el ADIPI establece con relación a este tema insta a las universidades, centros académicos, medios de comunicación, organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional, a reconocer y divulgar los aportes científicos y tecnológicos de los Pueblos Indígenas. Para contribuir a cambiar este panorama tan desmotivador, la MIDPI propone: 1. Crear un Instituto de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología de los Pueblos Indígenas, el cual se encargaría de investigar y promover la difusión y aprovechamiento de conocimientos en este sentido. 2. Que la difusión de estos conocimientos se lleve a cabo en la educación formal, desde el nivel primario y, además, se difundan al resto de la población por otros medios de comunicación masivos.
3. Se exige al Estado garantizar a los Pueblos Indígenas el derecho a ejercer la propiedad intelectual de sus conocimientos ancestrales, y sancionar a quien usurpe los conocimientos de los Pueblos Indígenas de Guatemala, creando para ello una Comisión de Alto Nivel. Además, se recomienda a los Pueblos Indígenas el registro de la propiedad intelectual de sus conocimientos. 4. Revisar y reformar la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual para que tome en cuenta los conocimientos y la propiedad indígenas. 5. Se insta al Ministerio de Salud Pública a respetar y promover el uso y desarrollo de la medicina tradicional de los Pueblos Indígenas, así como a los portadores naturales de estos conocimientos, eliminando toda actitud y política integracionista y asimilacionista. Es decir, respetar el desenvolvimiento y prácticas de los médicos naturales en las comunidades indígenas, en los distintos campos, tales como la fisioterapia, la telequinesis, la psicología, ginecología, dermatología, entre otros.
EDUCACIÓN La MIDPI valora en alto grado el tema de la educación, sobre todo la pertinencia cultural de la misma en el seno de una nación multicultural. Se hizo un amplio análisis del proceso de Reforma Educativa, en el cual se reconocieron algunos avances y, a la vez, se generaron varias propuestas para impulsar con renovado empuje este proceso. Es un tema bastante complejo y que requiere de profundos cambios, tanto en la estructura institucional de la administración pública guatemalteca como cambios de mentalidad en varios sectores del país. Quizá una de las conclusiones más relevantes en este tema es que el proceso de la Reforma Educativa requiere un amplio financiamiento y una base legal adecuada para su desarrollo. Y, dado que el Estado guatemalteco aún no cumple con estos dos rubros, se presentan también propuestas al respecto. En el tema de educación existen algunas acciones positivas, siendo éstas: 1. Elaboración de Propuesta de Reforma Educativa desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas (CNPRECOPMAGUA, 1997). 2. Se cuenta con el Diseño de la Reforma Educativa. 3. Comisión Consultiva para la Reforma Educativa vigente. 4. Carrera de educación bilingüe en 18 Escuelas Normales Oficiales. 5. Ley de Idiomas. 6. Sistema de Consejos de Educación. 7. Definición de currículas y textos escolares.
8. Programa de Desarrollo Profesional (PDP), el cual, hasta el momento sólo está dirigido a docentes en servicio. 9. Programa de Superación Profesional (PSP), dirigido hasta este momento sólo a docentes de escuelas normales. 10. Creación de subcomisión de género en la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa (CCRE). 11. Solidaridad de países amigos, ya que la Reforma Educativa ha sido ampliamente apoyada por la comunidad internacional. 12. Vigencia de la Reforma Educativa en la Agenda Nacional de la Paz, es decir, pese a las dificultades, se ha facilitado la discusión del proceso en la sociedad civil e instancias gubernamentales, y el tema ya es tratado en los discursos de Gobierno a nivel nacional e internacional, lo que ha provocado compromisos para el mismo. 13. Iniciativa del anteproyecto de Ley de Reforma Educativa. Es importante resaltar que esta iniciativa fue aprobada por la Comisión Consultiva y próximamente será presentada al Congreso de la República. 14. Elaboración del Plan de Educación de Largo Plazo, 2004-2023. Este plan también fue aprobado por la Comisión Consultiva y será presentado próximamente, con el propósito de que sea asumido como política de Estado y compromiso de gobiernos. 15. Realización de un proceso de diálogo y consenso nacional sobre la Reforma Educativa. 16. La creación de las comunidades lingüísticas. Para seguir fortaleciendo esta dinámica, la MIDPI propone: 1. Aprobar la Ley de Reforma Educativa. Es necesario que la Reforma Educativa tenga un sustento legal y que, de esta manera, se constituya en una política pública estatal. 2. Implementación del Plan Nacional de Educación de Largo Plazo, 2004-2023. Es necesario transformar participativamente el sector de la educación y el sistema educativo nacional escolar y extra-escolar para que respondan con criterios actualizados a las necesidades de desarrollo integral de una población social, cultural y lingüísticamente diferenciada. De esta manera, se harían más eficientes y eficaces los procedimientos financieros, administrativos y pedagógicos a través del sistema, el cual implica desconcentrar las responsabilidades, funciones y toma de decisiones a los ámbitos departamentales, municipales y local. 3. Financiamiento de la educación. Es necesario tomar en cuenta la propuesta elaborada por la Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa (CNPRE), titulada Bases y Expectativas del Presupuesto del Ministerio de Educación (Primera Parte, Junio 2003). 4. Fortalecimiento de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), a través de la asignación de un financiamiento propio y creación de nuevas plazas para técnicos en la materia 5. Fortalecimiento de los Consejos de Educación: Asignarles financiamiento para su funcionamiento. Inclusión de otros sectores, tales como padres y madres de familia, estudiantes, líderes comunitarios y espirituales, autoridades, miembros de organizaciones de la sociedad civil, iglesias, e interesados(as). 6. Que el Ministerio de Educación (MINEDUC) tome en cuenta sus propuestas y, o recomendaciones en cuanto a políticas educativas en el ámbito local. 7. Formación permanente de docentes. La actualización de las y los docentes es de suma importancia, ya que ellas y ellos son el vehículo para ejecutar la Reforma Educativa en las aulas, garantizando una
formación docente orientada a una formación multiétnica, pluricultural y multilingüe, con desarrollo humano sostenible, paz y democracia. 8. Difusión de la Reforma Educativa. Es importante promocionar y divulgar los alcances de la Reforma Educativa para que todos los sectores de la sociedad se comprometan en el esfuerzo nacional por adecuar el sistema educativo a las demandas y compromisos que se generaron en los Acuerdos de Paz. 9. Establecer un Sistema Nacional de Investigación Educativa. Las necesidades nacionales en el ámbito educativo son múltiples y variadas. Si se toma en cuenta el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación, se destaca aún más la necesidad de contar con un ente que se dedique permanentemente a investigar aspectos educativos que coadyuven al proceso en marcha de la Reforma Educativa. 10. Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). Se propone que el Programa se traslade al MINEDUC con todo lo que ello implica (maestros por contrato pasarían a ser presupuestados, etc.). Que, además, se evalúen sus logros y limitaciones y el Programa se enmarque en la filosofía de la Reforma Educativa. 11. Producción de material educativo: Crear un Centro de Producción de Material Educativo, enmarcado en la filosofía de la Reforma Educativa. Que el mismo tenga una composición multiétnica y multidisciplinaria, con presencia de todas las comunidades lingüísticas. 12. Universidad de los Pueblos Indígenas: Se reconoce que la expresión Universidad Maya es excluyente, por lo que se recomienda el nombre de Universidad de los Pueblos Indígenas, entendiendo ésta como una universidad abierta a todos los grupos étnicos, a los conocimientos científicos y tecnológicos de los Pueblos Indígenas de Guatemala y a la ciencia universal. Que este centro educativo contribuya a la creación de la Nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Que responda a las necesidades de las poblaciones indígenas y, eventualmente, desarrolle nuevas carreras que respondan a la problemática de las mismas. Que sea descentralizada, aumentando la cobertura, calidad y equidad con pertinencia cultural. Se propone que, inicialmente, podría ser una universidad privada pero que cuente con algún tipo de subsidio estatal y que tenga posibilidades de percibir fondos de la cooperación internacional. Dejar abierta la posibilidad de que sea reconocida como universidad pública en el mediano o largo plazo. 13. Magisterio nacional. Que el magisterio nacional explicite su adherencia a los Acuerdos de Paz frente a la sociedad guatemalteca. 14. Ampliar la cobertura e implementación de la Reforma Educativa con calidad y pertinencia cultural, de manera que a partir de procesos educativos puedan eliminarse situaciones de discriminación y racismo. Es imprescindible retomar el diseño original de la Reforma, procurando que el Magisterio Nacional se apropie de ella; también deberá tomarse en cuenta a padres y madres de familia para su discusión e implementación. 15. Además de tomar en cuenta a los diferentes sectores de la llamada comunidad educativa, es imprescindible que los diversos sectores religiosos se involucren activamente en la implementación de la Reforma Educativa. Las iglesias deben formar parte activa de diversos programas y proyectos tendientes a la eliminación del racismo y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, siempre y cuando las mismas respeten las diversas concepciones espirituales indígenas.
16. Que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura implementen, en coordinación con las organizaciones de los Pueblos Indígenas, diversos programas de intercambio cultural que permitan la difusión y el reconocimiento de las distintas prácticas culturales que identifican a los Pueblos.
17. Fortalecer los diversos espacios y esfuerzos que se realizan en torno al conocimiento, difusión, investigación y estudio de la historia nacional. Ello, porque se reconoce que mediante el conocimiento de la historia del país se podrá fortalecer el reconocimiento de las identidades nacionales. 18.
Que el MINEDUC aplique los compromisos del Estado ratificados a nivel Internacional.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Los medios de comunicación, principalmente los de carácter masivo, son instrumentos capaces de reproducir esquemas y patrones culturales, además de trasladar noticia y opinión. Durante muchos años, la tendencia de los medios de comunicación se ha plasmado en una reproducción del racismo y la discriminación, especialmente contra los Pueblos Indígenas. El AIDPI establece la necesidad de buscar mecanismos para que las y los indígenas tengan acceso a los medios de comunicación, y que se les facilite la obtención de frecuencias. Esto, con el propósito de desmonopolizar la tenencia de los medios, dándoles así un carácter y sentido más social. Para el logro de esto propósitos, se propone: 1.
Que el Congreso apruebe la Ley sobre Radios Comunitarias presentada por el Consejo Nacional de Radios Comunitarias.
Que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) respete el derecho de los Pueblos Indígenas de poder obtener concesiones de frecuencias radiales y televisivas, para que éstas puedan contribuir a la difusión de las culturas indígenas, tal como lo establece el AIDPI. Se propone, para el efecto, la creación de una Comisión de Alto Nivel que esté integrada por representantes del Estado, universidades y Pueblos Indígenas.
Que el Estado en cumplimiento a los compromisos en relación al tema Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas otorgue frecuencias radial y televisiva, en forma gratuita a los Pueblos Indigenas, para la difusión cultural (independiente o sin interferencia alguna), y que se reforme la Ley de la Superintendencia de Telecomunicaciones SIT-para que realmente existan igualdad de oportunidades para los cuatro pueblos.
NACIÓN Y PARTICIPACIÓN El proyecto de creación de la nación guatemalteca a futuro inicia con el reconocer, aceptar y asumir el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la realidad del país. Se podrá hablar de esa nación cuando todas y todos participen activamente con los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades, sin discriminación y exclusiones; cuando todas y todos los guatemaltecos se acepten y respeten dentro de la
diversidad y acepten vivir en la interculturalidad. La unidad nacional, hoy inexistente, surgirá entonces y con ella se podrá avanzar hacia un Estado democrático, incluyente y plural. Por lo anterior, se puede afirmar que el tema nación desde la perspectiva del AIDPI está incumplido, ya que depende, entre otros aspectos, de las reformas a la Constitución Política. En lo que corresponde al tema participación, hay unos compromisos en los que se han dado ciertas acciones, algunas más sustanciales que otras. Por ejemplo, la MIDPI considera que el trabajo realizado por la Comisión Paritaria de Reforma y Participación ha sido efectivo; producto de ello son las nuevas leyes: de Consejos de Desarrollo, Descentralización y Código Municipal. Respecto a este tema, la MIDPI propone: 1. Que la Comisión Paritaria de Reforma y Participación (CPRP), por no tener un límite especifico de temporalidad, mantenga su vigencia y que sea fortalecida por parte del Estado, Pueblos Indígenas, Sociedad Civil, Partidos Políticos y la Cooperación Internacional. 2. Que no se interrumpa el trabajo iniciado en el seno de la Comisión y que en la transición de un gobierno a otro el cambio de la representación gubernamental sea ordenado, sistematizado y legitimado por nombramientos reales y por los acuerdos correspondientes. 3. La Comisión debe desarrollar un plan prudente de transición intergubernamental para no generar vacíos institucionales. 4. Que la Comisión considere el uso de consultorías y/o asesorías por parte de ex miembros de la misma, tomando en cuenta sus aportes, experiencia y capacidad. 5. Que la SEPAZ respete la demanda presupuestaria presentada por la Comisión para facilitar la ejecución de sus planes operativos y programas. De haber algún recorte, que éste sea debidamente consultado con la misma para no afectar los programas de trabajo y responsabilidades asumidas. 6. Que se implementen y fortalezcan los mecanismos de coordinación y comunicación entre la SEPAZ y la Comisión, a fin de facilitar un diálogo constructivo y la ejecución de sus respectivos planes de trabajo. 7. Que la Comisión cumpla con su reglamento, especialmente en lo relacionado con la comunicación y difusión de sus logros y dificultades a la ciudadanía en general. 8. La representación indígena ante la Comisión debe surgir de los Pueblos Indígenas. Para tales efectos, se recomienda la elaboración de un estudio que dé cuenta de los mecanismos de consulta y propuestas más idóneas para que la representación indígena sea más representativa, incluyente y con equidad de género. 9. Que los recursos monetarios destinados a los fondos sociales se focalicen y se destinen prioritariamente al logro de los objetivos que se proponen las denominadas leyes sociales (Desarrollo Social, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Descentralización), el Código Municipal y otras leyes que faciliten la erradicación de la pobreza y la exclusión social. 10. Que se creen programas que faciliten la capacitación de líderes comunitarios sobre participación ciudadana y una adecuada aplicación de las leyes sociales, la Ley General del Presupuesto y el Código Municipal. 11. Que se fortalezca la red institucional en todos los niveles, micro-regional, municipal, departamental, regional y nacional, como mecanismo de fortalecimiento de los Acuerdos y la institucionalidad de la paz.
12. Que como consecuencia de la experiencia en su aplicación, la Comisión monitoree las distintas modificaciones que se realicen en los reglamentos de las leyes sociales y el Código Municipal, a efecto de que prevalezcan los fines y objetivos previamente establecidos. 13. Que la CPRP para su trabajo futuro tome en cuenta las iniciativas que han surgido desde los Pueblos Indígenas y la sociedad civil. Entre otras, las propuestas sobre: La participación política de los pueblos indígenas en los partidos políticos y comités cívicos, surgida del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas; la Ley de Participación y de Consulta a los Pueblos Indígenas del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG); la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya proyecto Kemon Tzil, de la Defensoría Maya; la Ley de Nacionalidades Indígenas, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC); y la propuesta de modificación a la Ley que tipifica el acoso sexual, sustentada por distintas organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. 14. Que los gobernadores administren los recursos del Fondo Departamental para la Paz y el Desarrollo con base en la ejecución aprobada por los Consejos de Desarrollo sobre la base de los programas y proyectos priorizados por los Consejos de Desarrollo Comunitarios y Municipales, las prioridades departamentales y la capacidad presupuestaria. 15. Que la Ley del Presupuesto se modifique y se incluya en ella que todos los proyectos de inversión aprobados en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo se canalicen a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Todo esto para lograr que se les asignen recursos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación. 16. Que esas prioridades sean respetadas por el Congreso de la República. 17. Que la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación sea socializada y llegue a los Consejos de Desarrollo. SEGEPLAN debe responsabilizarse de los niveles que, de conformidad con la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, le corresponden. 18. Que se emita un decreto legislativo que legalice la obligatoriedad de incluir en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación los recursos financieros necesarios para la ejecución de programas que den pleno cumplimiento a los Acuerdos de Paz.
El sistema de justicia en Guatemala se caracteriza por tener serias limitaciones para responder de forma eficiente y eficaz frente a las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas, siendo, por consiguiente, un sistema excluyente y discriminatorio. Esto, sumado a la corrupción e impunidad que existen en algunos ámbitos de dicho sistema, lamentablemente no permite el cumplimiento de la ley y limita el pleno goce de los derechos de los Pueblos Indigenas. El panorama se agrava aún más porque las y los ciudadanos indígenas, también debido a circunstancias históricas de exclusión social, suelen desconocer sus propios derechos. Es de hacer notar que: a) En el marco del sistema de justicia, se hace necesario el reconocimiento de la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas. b) Es evidente la falta de voluntad política, de recursos, y de capacidades por parte del Estado en función de la configuración de un sistema de justicia equitativo. c) Es importante la construcción de una nueva relación entre Estado y Sociedad Civil, desde el enfoque de la complementariedad e inclusión social, el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas y de los derechos políticos y sociales en general y, en particular, del derecho a la justicia pronta y cumplida. En el marco del cumplimento de los Acuerdos de Paz las demandas de los Pueblos Indígenas con relación a la justicia son dos: 1. El reconocimiento del sistema jurídico indígena y sus autoridades. 2. El derecho de los Pueblos Indígenas al acceso a la justicia, por medio de la aplicación pronta y cumplida en su propio idioma (intérpretes jurídicos), tomando en cuenta sus normas y costumbres cuando el caso así lo amerite (peritaje cultural). Además, el Convenio 169 de la OIT, en su Artículo 8, incisos 1 y 2, establece: i. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 3
Para el efecto, se toman en cuenta las siguientes definiciones conceptuales, aportadas a la MIDPI por Guisela Mayén, integrante del Grupo Job, al cual correspondió abordar este tema: Derecho Indígena o sistema jurídico indígena es un sistema de regulaciones sociales que se fundamenta en los valores y principios filosóficos resultantes de la cosmovisión indígena, cuya práctica permite la construcción de la unidad, el equilibrio y la armonía, no solo en las relaciones humanas de una sociedad determinada, sino en las relaciones de los seres humanos con la madre naturaleza y con el cosmos. Consiste en códigos normativos no escritos para ordenar la vida social, define las acciones perjudiciales o delictuosas, sanciones a estas acciones, formas de aplicar dichas sanciones y procedimientos para juzgar el comportamiento del transgresor. Cuenta con un cuerpo de autoridades, con facultades de imponer sanciones y de censurar la conducta de quienes no actúen conforme a dichas normas jurídicas. Derecho consuetudinario: de acuerdo con la teoría del Derecho, el derecho consuetudinario se basa en el tácito consenso del pueblo revelado por larga y constante práctica, es decir por la costumbre. Se trata de reglas que valen y se aceptan porque las ha impuesto la tradición y no la autoridad del legislador. Consuetudinario viene del latín consuetudo-dinis que significa acostumbrar o tener la costumbre de. Pluralismo jurídico: de una sociedad a otra varían el sistema de normas y la definición de lo que se considera una falta o delito. Cada cultura ha diseñado sistemas propios para dirimir conflictos personales, familiares o comunitarios y las maneras de resolver las controversias. En casos de delitos o faltas contra personas o la sociedad existen diversas modalidades de impartir justicia, así como también son diversas las formas de reparar los daños y sancionar a los transgresores. Estas formas diversas constituyen el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico en un Estado como Guatemala consiste en la existencia de diversidad de sistemas que los distintos grupos sociales culturalmente diferenciados tienen para normar su vida comunitaria. Estos sistemas son vigentes y legítimos. Su práctica se da paralela al derecho oficial y continuará existiendo con o sin el reconocimiento constitucional. Sin embargo, desde un punto de vista político su reconocimiento implica que se considere al Derecho Indígena como un sistema con una jurisdicción propia.
ii. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. No existe en la actualidad una política de Estado a través de la cual los Órganos de Control articulen su accionar en función de la aplicación de la justicia tomando en cuenta el respeto a la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas; ello, pese a la iniciativa de algunas instituciones del sector justicia de crear unidades para la atención a los Pueblos Indigenas. En virtud a lo anterior, la MIDPI presenta las siguientes propuestas sobre este tema: 4
Propuestas en función del lanzamiento integral del AIDPI en el marco de la configuración de un sistema de justicia desconcentrado e incluyente
A CORTO PLAZO 1.
Impulsar un Plan de formación para el conocimiento, capacitación, sensibilización, respeto y valoración del Sistema Jurídico Maya; la aplicación del AIDPI, Convenio 169 y tratados y convenios internacionales relativos a Pueblos Indígenas que hayan sido firmados y ratificados por el Estado de Guatemala, en operadores(as) de justicia, Pueblos Indígenas, Sociedad Civil e instituciones del Estado en general. Impulsar Programas de enseñanza sobre la cultura de los Pueblos Indígenas, en el idioma regional, en el sistema educativo nacional, sobre todo en el campo universitario.
Facilitar y dinamizar el acceso de los Pueblos Indígenas al sistema de justicia estatal, tomando como base el Proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas. (Artículos 6 y 7 del Convenio 169).
Apoyo legal y financiero para la difusión-divulgación, implementación y aplicación del AIDPI, Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política de la República, en los idiomas propios de la región.
Asignación de recursos económicos a PNC, MP, IDPP, OJ, PDH, Sistema Penitenciario (SP), ALMG, en el marco del cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Fortalecer y ampliar la cobertura de los centros regionales de intérpretes, los centros de mediación del OJ, las fiscalías de derechos de los Pueblos Indígenas del MP, defensorías indígenas del IDPP, Defensoría de Pueblos Indígenas de la PDH, Defensoría de la Mujer Indígena, los centros de administración de justicia, las Unidades de resolución alternativa de conflictos (RAC-OJ), el departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Previsión
Fortalecimiento al Sistema de Justicia Estatal e Indígena
4 Se utiliza el formato de un cuadro que permite ubicar el término del tiempo en el cual las propuestas deben impulsarse (corto, mediano y largo plazo). Asimismo, el cuadro ubica las áreas específicas dentro de las cuales se impulsarán las propuestas; ello permite determinar las instancias, tanto del Estado como de la Sociedad Civil, que deberán incidir en la concreción de las mismas.
Social, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), todo ello en el marco del respeto a la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas.
Fortalecer a la Comisión Nacional de Justicia y a la Comisión Nacional de Seguimiento de la Justicia.
Aumentar el número de intérpretes judiciales.
Fortalecimiento del Derecho Indígena.
A MEDIANO PLAZO 8.
Política de desconcentración del sistema de justicia estatal en el marco del reconocimiento de las autoridades indígenas y del sistema jurídico indígena.
Articulación de los órganos de control en una política de desconcentración e inclusión para el respeto a la identidad y derechos de los Pueblos Indígenas.
10. Que la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia desempeñe un papel de coordinación en la articulación de los órganos de control del Estado, en el marco de la configuración de un sistema de justicia desconcentrado e incluyente.
11. Crear una instancia multisectorial que promueva, desarrolle y reconozca el manejo de los asuntos internos de acuerdo al sistema jurídico indígena.
A LARGO PLAZO 12. Promover reformas a la Constitución Política de la República, a la Ley del Organismo Judicial, a los Códigos Penal y Procesal Penal en función del reconocimiento y aplicación real del pluralismo jurídico.
13. Reconocimiento y fortalecimiento del SISTEMA JURÍDICO INDIGENA, mediante la creación de una Ley que valide su administración de justicia y promueva y garantice el respeto por parte del sistema de justicia estatal a las resoluciones emitidas.
14. Reforma y modernización del sector justicia, en el marco de la configuración del pluralismo jurídico.
SISTEMA JURÍDICO ESTATAL
TRANSICIÓN Mejorar el servicio de acceso a la Reconocimiento real y objetivo Fiscalía de derechos de los Pueblos justicia con pertinencia cultural. jurídicamente del Derecho Indígena, Indígenas  Ministerio Público. sus autoridades y resoluciones. Reconocimiento y aplicación del peritaje No exclusividad de la función cultural, jurisdiccional. Defensorías Indígenas  Instituto de la Defensa Pública Penal. Sistema Penitenciario (SP) Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de Pueblos Indígenas, se deberá tomar en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (Artículo 10, numerales 1 y 2 del Convenio 169).
Componente Indígena en el Organismo Fortalecimiento y consolidación del Judicial. Derecho Indígena. Promoción y difusión del Derecho Defensoría de los derechos de los Indígena en toda la sociedad y sobre Pueblos Indígenas del Procurador de los todo en los centros educativos. Derechos Humanos.
TIERRA Resulta ineludible hablar de los Pueblos Indígenas sin abordar sus derechos relativos a la tierra. En este sentido, los Acuerdos de Paz desarrollan el tema y establecen una serie de acciones complementarias que, en su ejecución, sentarían las bases para un proceso transformador de estructuras legales, económicas y sociales, las cuales representan en la actualidad significativas dificultades para el desarrollo de amplios sectores de la sociedad guatemalteca. No obstante, algunos pasos se han dado y algunos resultados se han obtenido. A partir de 1997, hemos asistido a la creación de instituciones y leyes que buscan dar respuesta a la problemática, tal el caso de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), la Unidad Técnico Jurídica - Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra (UTJ-PROTIERRA), el Programa de Registro e Información Catastral, la Secretaría de Asuntos Agrarios, etc. Leyes e instancias creadas constituyen importantes avances, sin embargo, adolecen de muchas deficiencias, sea por su marco legal, sea por sus limitados recursos, o bien, sea por falta de voluntad política de los Gobiernos de turno. Si bien es positiva la existencia de una nueva institucionalidad estatal para abordar la conflictividad agraria, las deficiencias operativas de algunos de los esfuerzos institucionales y la ausencia formal y, o la falta de manejo global de una política agraria, impiden que se alcancen resultados más significativos. Algunas deficiencias podríamos ubicar también en las organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas al tema tierra, principalmente aquellas derivadas de dificultades para la articulación y coordinación de sus acciones y propuestas, y para el monitoreo del accionar de las instituciones del Estado. Bajo este panorama, y tomando en cuenta que la situación sobre el uso y tenencia de la tierra es una de las más agudas problemáticas que enfrenta Guatemala, la MIDPI propone: 1. En la resolución de conflictos de tierra, el manejo de información integral sobre las partes (por ejemplo, su conformación social, cultural, información técnica sobre documentos históricos y lo jurídico legal) es un instrumento clave para CONTIERRA. Por lo tanto, deben crearse canales de comunicación interinstitucional que promuevan un constante intercambio de información. Dicho intercambio debe ser claro e inmediato, con instituciones precisas: UTJ- PROTIERRAS y Fondo de Tierras. 2. Al hacer análisis de casos y asistir a partes involucradas en conflictos agrarios, las y los operadores de CONTIERRA y de otras instituciones vinculadas con la búsqueda de soluciones satisfactorias deben tomar como referente inmediato lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT. 3. Es necesaria y urgente la aprobación de la Ley de Catastro Nacional por parte del Congreso de la República, con lo que se contribuiría a la implementación del plan de catastro a nivel nacional. Con esto, CONTIERRA
contaría con más y mejores recursos e instrumentos para la asistencia legal y resolución de conflictos relacionados a la tierra. 4. Es necesario que el Estado impulse la creación de un Ministerio de Asuntos Agrarios, cartera gubernamental que vendría a coordinar el quehacer de las instituciones que hasta ahora existen (CONTIERRA, FONTIERRAS, UTJ-PROTIERRAS). Este Ministerio facilitaría la elaboración, formulación y ejecución de una política agraria coherente, sostenible y consecuente con la realidad nacional, además de viable desde el punto de vista político. Con la creación de dicho Ministerio, el MAGA tendría funciones más específicas (ejecución de proyectos productivos), lo que podría redundar en eficiencia administrativa. Que la Comisión Paritaria sobre los Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas (COPART) agilice la elaboración y formulación del Anteproyecto de Ley sobre un Código Agrario y un Código Procesal Agrario, tal y como lo establecen los Acuerdos de Paz. Esto, sumado a la creación de un Ministerio de Asuntos Agrarios, contribuiría al funcionamiento de un ente rector de las otras entidades, ente que además formularía y se haría responsable general de la ejecución de la política agraria. 5.
6. Creación de Tribunales Agrarios. 7. En estrecha relación con la propuesta de creación de un Código Agrario, se reconoce la necesidad de que se modifiquen las funciones de CONTIERRA para que esta Dependencia tenga la potestad de remitir conflictos a procesos de mediación arbitral obligatorios, siempre y cuando no exista acuerdo satisfactorio entre las partes. Es necesario también que las resoluciones de CONTIERRA puedan tener carácter vinculante para las partes y que sean aceptadas como medios de prueba cuando las disputas lleguen a los tribunales competentes. 8. CONTIERRA debe ser fortalecida inmediatamente con la asignación de un mayor presupuesto para su funcionamiento eficaz. 9. Es urgente que se impulse una estratégica y masiva campaña de divulgación sobre las funciones de CONTIERRA, FONTIERRAS y las otras instituciones creadas por ley para atender la problemática agraria, de manera que la población en general pueda superar desconocimientos, percepciones equivocadas y falsas expectativas sobre la función de las mismas. De esta manera estaría contribuyéndose, igualmente, a superar algunas dificultades operativas de estas instituciones. 10. Se plantea la profesionalización, respaldo y monitoreo periódico a las y los operadores de CONTIERRA, desde el director hasta el último funcionario, para promover la eficiencia, el compromiso y la ética en el desempeño de sus funciones. La profesionalización debe ser en temas tales como análisis y transformación de conflictos, comunicación, negociación y mediación, políticas agrarias y toma de decisiones por consenso. 11. Que las organizaciones de la Sociedad Civil se comprometan a la ejecución de campañas particulares y complementarias a la del FONTIERRAS, para la divulgación y sensibilización de la población en cuanto a su existencia, funciones y objetivos. 12. Que las organizaciones campesinas, indígenas, no indígenas y cooperativistas, representadas dentro del Consejo Directivo del FONTIERRAS, sean más proactivas en la toma de decisiones inherentes a las facultades otorgadas por su normativa legal. 13. Que las organizaciones que integran el Consejo Directivo del FONTIERRAS se comprometan a aplicar el principio de alternabilidad en sus delegados, a modo de oxigenar, en un tiempo prudencial, la conformación y accionar del Consejo Directivo. 14. FONTIERRAS debe coordinar con otras instituciones afines del Estado y organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas al tema tierra, para el impulso integral de la agenda agraria emanada de los Acuerdos de Paz.
15. FONTIERRAS debe promover la participación y el apoyo técnico de las Universidades, dependencias del Estado, Sociedad Civil y Comunidad Internacional, para la realización de los estudios de prefactibilidad y vocación de las tierras, en beneficio de la población campesina. 16. FONTIERRAS deberá fomentar dentro de sus usuarios una cultura de conservación y forestación, para evitar el aumento de la frontera agrícola y promover estudios ambientales y ecológicos que coadyuven a la sostenibilidad de la vida humana y su desarrollo. 17. FONTIERRAS deberá tutelar las propiedades brindando asesoría técnica y acompañamiento por un lapso de 5 a 10 años, mediante la evaluación periódica de la producción de la tierra, con el propósito de fortalecer a las organizaciones campesinas y promover el desarrollo sostenible y sustentable de las mismas. 18. Abrir una oficina de denuncia de actos ilícitos para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del FONTIERRAS. 19. Formar una comisión multisectorial de los Pueblos Indígenas para revisar, verificar y dar recomendaciones a una reforma de la Ley del FONTIERRAS. 20. Que el FONTIERRAS establezca programas y procesos de capacitación dirigidos a las organizaciones campesinas, indígenas, no indígenas y cooperativistas, sobre su normativa legal. 21. Las instituciones encargadas del tema tierra, al momento de aplicar su normativa legal, deben de aplicar supletoriamente las figuras jurídicas contempladas en los preceptos sustantivos o leyes conexas: Decreto Ley 106 (Código Civil) y Decreto 49-79 (Ley de Titulación Supletoria). 22. Que el FONTIERRAS cumpla con los compromisos emanados de los Acuerdos de Paz, planteando lo que debe de ser un modelo de desarrollo agrario en Guatemala. 23. Crear en la Institución del Procurador de los Derechos Humanos una Unidad especializada en la mediación y conciliación de la conflictividad agraria, que tenga presencia permanente en las regiones que poseen altos índices de esta problemática. 24. Que se apruebe la política de desarrollo integral rural, con base en las propuestas presentadas en la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo Rural.
CONCLUSIONES GENERALES Al finalizar una fase importante de la MIDPI (el abordaje del primero de los temas de su agenda sustantiva), se llegó a consenso sobre las principales propuestas que deben de ser implementadas, en distintos ámbitos de la vida nacional, para el relanzamiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La fortaleza y el valor de las propuestas construidas radica en que ellas son producto del diálogo multisectorial, participativo e incluyente. Asimismo, tanto el proceso como las propuestas presentadas ofrecen un valor agregado particular, en tanto no son producto de estudios o diagnósticos académicos, sino más bien surgen del análisis de los temas abordados desde la experiencia vital de las personas que han participado en el proceso. En muchas de las propuestas planteadas se retoman puntos comunes que se plantean como los ejes centrales para que el AIDPI sea cumplido integralmente, de manera intersectorial, como parte fundamental de la agenda prioritaria de Nación. Uno de los ejes consiste en el consenso que se ha generado sobre la necesidad impostergable de producir una verdadera socialización de la información, en donde ésta sea construida a través de una comunicación clara para los distintos sectores de la sociedad. En esto se subraya, como punto de partida, la necesidad de generar una difusión tanto de leyes, como de reformas y acuerdos. Con esto la ciudadanía estaría en mejores condiciones para apropiarse de la información que les rodea y, por consiguiente, involucrarse de manera más activa en la implementación de propuestas y en la búsqueda del cambio social. Es importante destacar que la socialización de información a la que hace referencia la MIDPI no consiste solamente en la mera divulgación de leyes, reformas y acuerdos. Consiste, sobre todo, en la generación de procesos comunicacionales más amplios que permitan a las grandes mayorías de la sociedad particularmente a los Pueblos Indígenas, apropiarse efectivamente de todas aquellas herramientas y mecanismos jurídicoformales que les faciliten una mejor transformación de su propio entorno. Se destaca también la importancia de generar procesos y programas de sensibilización y capacitación, sobre todo en aquellas áreas en donde existen vacíos sustanciales. Además de la implementación de procesos no formales, la MIDPI destaca la necesidad impostergable de fortalecer el sistema educativo nacional, tomando en cuenta especialmente la necesidad vital de retomar la Reforma Educativa. Todos estos procesos podrían contribuir a la apertura de espacios de consulta a la población afectada por las diversas problemáticas que plantea el AIDPI, las cuales aún no han sido superadas. Esto, con el fin de construir efectivamente una sociedad incluyente, abierta a la búsqueda de consensos y proclive al diálogo. En una sociedad de esta naturaleza el intercambio se consideraría como un punto neurálgico de los distintos procesos de toma de decisiones y formulación de políticas públicas. Según la MIDPI, en ello radica la importancia de retomar los Acuerdos de manera intersectorial, pues dichos documentos establecen no sólo compromisos y obligaciones que corresponden directamente al Gobierno, sino también acciones y responsabilidades que competen a la sociedad en su conjunto. Es preciso también resaltar que en los Acuerdos de Paz se plantean cambios sustanciales en la configuración del Estado, los cuales lograrían efectuarse únicamente si se hacen reformas a la legislación vigente. Surge entonces, con unanimidad en la MIDPI, la propuesta de retomar el tema de las reformas constitucionales como condición imprescindible para el logro efectivo de muchas de las transformaciones que plantean los Acuerdos. Además de las leyes constitucionales, se plantea la transformación de algunas leyes ordinarias, en la búsqueda de crear una legislación más adaptada a la realidad del país. Entre estas modificaciones cabe resaltar la necesidad de transformar, fortalecer y articular las acciones que realizan ciertas instituciones del Estado, con el fin de dar una mayor coherencia al sistema mismo.
Los cambios que proponen los Acuerdos de Paz en general, y el AIDPI, en particular, demandan, además de cambios y transformaciones sustantivas en el plano jurídico-institucional, la posibilidad de contar con el financiamiento adecuado que los haga viables, sostenibles y sustentables. En tal virtud, la MIDPI propone que se retome el Pacto Fiscal como una de las posibles vías que hagan realidad el financiamiento necesario para cumplir con los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz. En lo relativo al despojo de tierras comunales, conforme a nuestra historia y tomando en cuenta el conflicto armado interno, el Estado, las instituciones gubernamentales que trabajan en el tema tierra y de Derechos Humanos, y la Sociedad Civil, deben realizar un análisis de tipo histórico, jurídico y político para encontrar soluciones apegadas a Derecho, a través del diálogo, negociación y conciliación, tomando como base los acuerdos: Socioeconómico y Situación Agraria y el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, la MIDPI concluye que para la consolidación de la paz es indispensable fortalecer de manera efectiva a los actores sociales, quienes deben ser más sensibles al diálogo, la participación ciudadana responsable, la búsqueda de consensos y el respeto a los disensos. Para lograr el desarrollo humano integral, una nación cuenta, esencialmente, con las y los ciudadanos que forman parte de ella. Por tal motivo, la MIDPI plantea todas estas propuestas, pero también las toma para sí en un camino de mutuas responsabilidades compartidas. Se enfatiza, de esta manera, nuestra opción por el camino del diálogo.
RECOMENDACIONES GENERALES A LAS y LOS ACTORES Al Estado Que asuma efectivamente los Acuerdos de Paz como un proyecto de nación, evitando limitarse al discurso populista. Por el contrario, bajo la mirada vigilante de la Sociedad Civil el Estado debe concretar el cumplimiento de los compromisos emanados de los Acuerdos mediante políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas, dando lugar a la plena participación de todos los sectores sociales del país. En particular, se propone el cumplimiento integral del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, tomando en cuenta para ello las propuestas que ahora surgen de la MIDPI. Al Gobierno Que fomente sensibilidades proclives a la problemática de los Pueblos Indígenas en todos los funcionarios(as) públicos, a través de procesos y programas de capacitación. De esta manera se generarán mejores condiciones para que las y los servidores públicos conozcan, asuman y fomenten los Acuerdos de Paz, principalmente en lo que respecta a las identidades y derechos de los Pueblos Indígenas. Que el Gobierno formule políticas públicas para atender las demandas y propuestas de los Pueblos Indígenas. El proceso de formulación de dichas políticas debe ser participativo e incluyente. Que se retome con decisión y firme voluntad el Pacto Fiscal como uno de los mecanismos que permita el financiamiento de todos aquellos procesos mediante los cuales podrán hacerse efectivos los cambios propuestos en los Acuerdos de Paz. A la Sociedad Civil Que busque informarse y apropiarse de los Acuerdos de Paz y de otros instrumentos internacionales que velan por los derechos de los Pueblos Indígenas. Que tome en cuenta que muchos de los cambios sociales por los que se trabaja activamente dependen, en buena medida, de un cambio individual de actitudes que favorezcan el respeto a las diferencias, el aprecio por la diversidad y la equidad de género. A las organizaciones de los Pueblos Indígenas Se les exhorta a que construyan niveles de coordinación más amplios, armónicos e incluyentes para que su capacidad de incidencia e interlocución con el Estado y otros sectores sociales sea más efectiva. En particular, se les recomienda que coordinen mejor sus esfuerzos e iniciativas, y construyan consensos efectivos en torno al tema del Ente de Consulta a los Pueblos Indígenas. Ello destaca la necesidad de evitar luchas por protagonismos individuales, respetando el espíritu de unión y pertenencia a una sola comunidad. A las iglesias Que contribuyan a la consolidación de una nación multiétnica, pluricultural y plurilingüe desde su posición privilegiada como entes reproductores de valores y principios. Al Magisterio Nacional Que manifiesten públicamente su adherencia a los Acuerdos de Paz y que expresen mayores compromisos con la propuesta de Reforma Educativa. Al Sector Privado
Que manifiesten públicamente su adherencia a los Acuerdos de Paz. Esto debe entenderse como una manifestación de voluntad por la paz y el desarrollo con equidad del país. A los medios de comunicación Se les recomienda no excluir la problemática indígena de sus agendas; por el contrario, se propone que los diversos medios de comunicación masiva contribuyan a la visibilización tanto de la agenda de la paz como de la realidad indígena del país. Al Organismo Legislativo y los partidos políticos Como operadores de la representatividad social, se espera que las y los diputados al Congreso de la República sean más sensibles frente a las necesidades expresadas por la ciudadanía, en especial por los Pueblos Indígenas. En tal virtud, se recomienda que estos dos sectores adopten de manera prioritaria los Acuerdos de Paz en sus agendas de trabajo. Al Poder Judicial Que ejerza vigorosamente su papel en lo relativo a sancionar y no dejar impune los delitos y, o faltas que se cometan contra los derechos de los Pueblos Indígenas, utilizando para su desempeño la legislación nacional y los instrumentos internacionales en vigor. Asimismo, se le recomienda que continúe y amplíe su modernización en lo referente a aquellos compromisos que le corresponden, según los Acuerdos de Paz. A la cooperación internacional Que adecue sus programas a las necesidades y estrategias nacionales de desarrollo, minimizando los criterios de condicionamiento, para una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que se emplean en la construcción de la paz, el desarrollo y la participación ciudadana.
LISTADO DE PARTICIPANTES Y SUS ORGANIZACIONES5 NOMBRE
Alberto Pereira Orozco
Proyecto Atanasio Tzul, USAC
Amado Solís Montes de Oca
Najxit - Red Utzil
Amber Martín
Ana Saubin
Anastacia Xajil López
CNP / DMI
Angélica Macario Quino
Antonio René Argueta Beltrán
Antonio Vicente Cochoi
CNI / Sololá
Aquilino Marciano Sucuqui Mejía
COPART / CNPT
IDEI / USAC
Arturo Díaz Córdova
Bencina del Rosario Véliz
Comité de Comadronas, San Luis Petén
Benedicto Méndez
Pueblos Indígenas de San Marcos
Sub-Comisión de Acceso a la Justicia
Carlos Castillo y Castillo
RAC - OJ
Carlos Ximin
UDEM / Quetzaltenango
Catarina Lucía Cruz de la Cruz
Cleotilde Cu Caal
Defensoría Pueblos Indígenas de la PDH
En aras de la inclusividad que ha privado en el proceso, se incluye en este listado a todas las personas que participaron en los grupos de trabajo conformados para analizar los temas del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cricia Urízar
Dania Roldán
Mesa de Concertación de Izabal
Mesa de Concertación de Petén
Demetrio López León
ASOBCE Balam Kiche
Domingo Chalí
Domingo Sánchez Brito
CNPRE / CCRE
Asoc. Belejeeb Kej
Eduardo Antonio Pezzarossi
MR - GANA
Efraín C. Ajú Godoy
Pueblos Indígenas de Sololá
Efraín Chacón
Mesa de Concertación de Chimaltenango
Efraín López Rancho
Asociación Cultural Pokoman Qawinaqel
Elena Chiquibal
Mesa de Concertación de Retalhuleu
Ernesto Ic
Asociación Civil del Pueblo Maya Elías Manuel
Erwin Leonel Ponce Leal
CUNOR / USAC (estudiante)
Erwin Orrego
Esteban Reguán Auuchan
Eufemia López
Felipe de la Cruz López
Fermina López Castro
Flaviano Martínez
Unidad de Pueblos Indígenas de MINUGUA
Froilán Herrera Velásquez
Facultad de Ciencias Políticas / URL (estudiante)
Gaspar Guarcas Churunel
Desmovilizados URNG
Guadalupe Chutá
ASIES / Defensoría Maya
Hans Christian Beeck Cazali
UFM (estudiante)
Herlinda Zapeta
Mujeres Kaqla
Hermelinda Tum Xinico
Inocente Sequee
Equipo Multidisciplinario de la Ley contra el Acoso Sexual
Jorge Vásquez Bautista
José Antonio Quino Sacuj
Mesa de Concertación de Sololá
José Antonio Xicay
FEVEMEGUA / UASP / Quetzaltenango
Facultad de Ciencias Políticas, URL (estudiante)
Jose F. Chaverri
José Luis Javier López
Juan Antonio Chen Dubón
Juan Antonio Fernández Gamario
Julia Aurora Guzmán Sandoval
Julia Chay
Julian Xep Julajuj
Julio Aníbal Delgado Guillén
Defensorías Indígenas, IDPP
Julio César Cuyuch García
Amanecer Sak A rik
Leocadio Arana
Lesbia Tevalán
Lesbia Gudiel Rodríguez
Mesa de Concertación de Jutiapa
Lorena de Dunn
Lorenzo Coc Choc
CPR / Ixcán
Lourdes Janeth Núñez
ASOMUGAGUA) / Sector Mujeres
Luis Berreondo Rosales
Magdalena López García
Cotzal Promujer
Marco Choc Yaxcal
Marco Tulio de la Cruz
María Ulín
Mariana Herrarte
Mariano Cox Chavajay
Mario David Peña Tobar
Marta Alicia Mulul Pajarito
Marta Zapeta
Marvín Martínez
OGAGUA / ONEGUA
Mauricio Ambrosio
Waqxaqib Batz
Mauro Donaldo G.
Asociación Ajchmol
Miguel A. Boche
Miguel Sisay
Mireya Guiarte
Comisión para la Consolidación de la Paz y la Democracia, USAC
Miriam Chavajay
Mirna Suc Xoc
Defensoría de los Pueblos Indígenas de la PDH
Modesto Baquiax
Mónica M. Rosas de Zelaya
Narciso Asij C.
Comunidad Lingüística Mopán
Fundación Xajil / Defensoría de Pueblos Indígenas
Nardy Hernández
USAC (estudiante)
Nicolás Ajchomajay
Noel Benjamín Elías Zacarías
Xekikel CNP / Tierra
Obispo Rosales
Movimiento Tzukim Pop
Odilia Chavajay
Ofelia Asís
Comité de Mujeres Mopanes de San Luis Petén
Ofelia Cristina Baltazar García
ASOMUGAGUA / Sector Mujeres
Olga Lidia Roldán
Orlando Oliva Muralles
UTJ / PROTIERRA
Oscar Cruz Ramírez
Mesa de Concertación de Escuintla
Osmín Castro
Oswaldo Jom Quej
Otto Haroldo Cú
CUNOR - USAC (estudiante)
Otto Peralta
CNP / TIERRA
Pedro Ichiu García
Pedro Ixchop
Pedro Martín García Morales
Mesa de Concertación de Sacatepéquez
Raúl Mejicano Díaz
CUNOR  USAC (estudiante)
Raxché Demetrio Rodríguez
Roberto Chún Caal
Rolando Gómez Caal
Sandra A. Ixpertay Macario
Wuqub Noj / m.t.p.
Santiago Cuxil
SOCIDICO
Santos Tzorin J.
IDEI, USAC
Sara Susana Asij Cajbón
Foro Nacional de la Mujer, Comunidad Lingüística Mopán
Sebastián González Mateo
Sóstenes Salazar
Mesa de Concertación de Parramos, Chimaltenango
Sotero Chunuj Reyes
Tania Chaluleu Zúñiga
Teresa López Cruz
Teresa Macario Algua
Mesa de Concertación de Jalapa
Tomás Chumil Méndez
CONCODIG - UASP
Tomás Guarcas Pérez
Ulises Quijivix Yax
Venancio Olcot Cocón
Vicente Jumay
Vicente Sotoy Ajcalón
Municipalidad Indígena, Sololá
Víctor Ajú
Partido Político Transparencia
Víctor Leonel Ayala Orellana
Área de Derechos Humanos, MP
Victoria Aurora Tabín
Walter Canú
ANEXO Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas Considerando Que el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala; Que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común; Que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe; Que las partes reconocen y respetan la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la Nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco, como componentes de dicha unidad; Que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social; Que esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y participación política, y entorpeciendo la configuración de un unidad nacional que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de Guatemala; Que en tanto no se resuelva este problema de la sociedad guatemalteca, sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud, y ocupar en el concierto mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos; Que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido; Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas, en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos; Que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, y las agencias y programas de su sistema, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos e instrumentos internacionales, ha reconocido las aspiraciones de los pueblos indígenas para lograr el control de sus propias instituciones y formas de vida como pueblos; El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (en adelante las partes) acuerdan lo siguiente:
I. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1.
El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. 46
La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, a su vez, los hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales: a)
La pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que incluyen los Achi, Akateko, Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteko, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Qeqchi, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil y Uspanteko, no han alterado la cohesión de su identidad.
Se reconoce la identidad del pueblo maya así como las identidades de los pueblos garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación guatemalteca, y el Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma de la Constitución Política de la República en este sentido.
II. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A. Lucha contra la discriminación legal y de hecho 1.
Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica.
Por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el Gobierno tomará las siguientes medidas: a)
Promover la defensa eficaz de dichos derechos. Con este fin, promover la creación de defensorías indígenas y la instalación de bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos en las municipalidades donde predominan las comunidades indígenas. Asimismo, se insta a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos a que presten una atención especial a 47
la defensa de los derechos humanos a que presten una atención especial a la defensa de los derechos de los pueblos maya, garífuna y xinca. B. Derechos de la mujer indígena 1.
Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante de una situación social de particular pobreza y explotación. El Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas: a)
Promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido contra una mujer indígena;
C. Instrumentos internacionales Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial 1.
Siendo Guatemala parte de la Convención, se compromete a agotar los trámites tendentes al reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tal como lo establece el artículo 14 de dicha Convención.
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Convenio 169 de la OIT) 3.
El Gobierno ha sometido al Congreso de la República, para su aprobación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, por lo tanto, impulsará su aprobación por el mismo. Las partes instan a los partidos políticos a que agilicen la aprobación del Convenio.
Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas 1. El Gobierno promoverá la aprobación del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en las instancias apropiadas de la Organización de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas de Guatemala. III. DERECHOS CULTURALES 1.
La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y, junto con las demás culturas indígenas, constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca.
Por lo tanto, es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la política educativa y cultural debe orientarse con un enfoque basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas. Con base a este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe promover los aportes e intercambios que propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca. 48
Los pueblos maya, garífuna y xinca son los autores de su desarrollo cultural. El papel del Estado es de apoyar dicho desarrollo, eliminando los obstáculos al ejercicio de este derecho, tomando las medidas legislativas y administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos correspondientes al Estado y asegurando la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias.
A. Idioma 1.
Para este fin, el Gobierno tomará las siguientes medidas: a)
Informar a las comunidades indígenas en sus idiomas, de manera acorde a las tradiciones de los pueblos indígenas y por medios adecuados, sobre sus derechos, obligaciones y oportunidades en los distintos ámbitos de la vida nacional. Se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación masiva en los idiomas de dichos pueblos;
Promover los programas de capacitación de jueces bilingües e intérpretes judiciales de y para idiomas indígenas;
Propiciar la valorización positiva de los idiomas indígenas, y abrirles nuevos espacios en los medios sociales de comunicación y transmisión cultural, fortaleciendo organizaciones tales como la Academia de Lenguas Mayas y otras instancias semejantes; y
Promover la oficialización de idiomas indígenas. Para ello, se creará una comisión de oficialización con la participación de representantes de las comunidades lingüísticas y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala que estudiará modalidades de oficialización, teniendo en cuenta criterios lingüísticos y territoriales. El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma del artículo 143 de la Constitución Política de la República de acuerdo con los resultados de la Comisión de Oficialización.
B. Nombres, apellidos y toponimias El Gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Se reafirma asimismo el derecho de las comunidades de cambiar los nombres de lugares donde residen, cuando así lo decida la mayoría de sus miembros. El Gobierno tomará las medidas previstas en el capítulo II literal A del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el ejercicio de este derecho. 49
C. Espiritualidad 1.
El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma al artículo 66 de la Constitución Política de la República a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca.
D. Templos, centros ceremoniales y lugares sagrados 1.
Templos y centros ceremoniales situados en zonas protegidas por el Estado como arqueológicas 2. De conformidad con la Constitución Política de la República, forman parte del patrimonio cultural nacional los templos y centros ceremoniales de valor arqueológico. Como tales, son bienes del Estado y deben ser protegidos. En este contexto, deberá asegurarse que no se vulnere ese precepto en el caso de templos y centros ceremoniales de valor arqueológico que se encuentren o se descubran en propiedad privada. 3.
Se reconoce el derecho de los pueblos maya, garífuna y xinca de participar en la conservación y administración de estos lugares. Para garantizar este derecho, el Gobierno se compromete a impulsar, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legales que aseguren una redefinición de las entidades del Estado encargadas de esta función que haga efectivo este derecho. Se modificará la reglamentación para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas a efecto que dicha reglamentación posibilite la práctica de la espiritualidad y no pueda constituirse en un impedimento para el ejercicio de la misma. El Gobierno promoverá, conjuntamente con las organizaciones espirituales indígenas, un reglamento del acceso a dichos centros ceremoniales que garantice la libre práctica de la espiritualidad indígena dentro de las condiciones de respeto requeridas por los guías espirituales.
Lugares sagrados 5. Se reconoce la existencia de otros lugares sagrados donde se ejerce tradicionalmente la espiritualidad indígena, y en particular maya, que deben ser preservados. Para ello, se creará una comisión integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas, y de guías espirituales indígenas para definir estos lugares así como el régimen de su preservación. E. Uso del traje 1. 2. F.
Debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. El Gobierno tomará las medidas previstas en el capítulo II, literal A, del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el uso del traje indígena. Asimismo, en el marco de una campaña de concientización a la población sobre las culturas maya, garífuna y xinca en sus distintas manifestaciones, se informará sobre el valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y su debido respeto. Ciencia y tecnología 50
G. Reforma educativa 1.
Para ello, el Gobierno se compromete a impulsar una reforma del sistema educativo con las siguientes características: a) b)
Ser descentralizado y regionalizado a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales; Otorgar a las comunidades y a las familias, como fuente de educación, un papel protagónico en la definición de las currícula y del calendario escolar y la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales; Integrar las concepciones educativas maya de los demás pue-blos indígenas, en sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y político-sociales, como una vertiente de la reforma educativa integral;
Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida de las comunidades, a través del desarrollo de los valores, contenidos y métodos de la cultura de la comunidad, la innovación tecnológica y el principio ético de conservación del medio ambiente;
Contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo;
Perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos; e
En el contexto de la reforma educativa, se tendrá plenamente en cuenta las distintas experiencias educativas mayas, se seguirá impulsando las Escuelas Mayas y se consolidará el Programa Nacional 51
de Educación Bilingüe Intercultural para los pueblos indígenas y la Franja de Lengua y Cultura Maya para toda la población escolar guatemalteca. Asimismo se promoverá la creación de una Universidad Maya o entidades de estudio superior indígena y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya. 4.
H. Medios de comunicación masiva 1.
Por su parte, a fin de favorecer el más amplio acceso a los medios de comunicación por parte de las comunidades e instituciones mayas y de los demás pueblos indígenas, y la más amplia difusión en idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular maya, así como del patrimonio cultural universal, el Gobierno tomará en particular las siguientes medidas: a)
Promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual Ley de Radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no-discriminación en el uso de los medios de comunicación. Promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad; y
IV. DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS A. Marco constitucional El Gobierno de la República se compromete a promover una reforma de la Constitución Política de la República que defina y caracterice a la Nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe. B. Comunidades y autoridades indígenas locales 1.
Se reconoce la proyección que ha tenido y sigue teniendo la comunidad maya y las demás comunidades indígenas en lo político, económico, social, cultural y espiritual. Su cohesión y 52
dinamismo han permitido que los pueblos maya, garífuna y xinca conserven y desarrollen su cultura y forma de vida no obstante la discriminación de la cual han sido víctimas. 2.
Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas formas de organización propias de las comunidades indígenas, se reconoce el papel que corresponde a las autoridades de las comunidades, constituidas de acuerdo a sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos. Reconociendo el papel que corresponde a las comunidades, en el marco de la autonomía municipal, para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, y en particular con relación a la educación, la salud, la cultura y la infraestructura, el Gobierno se compromete a afirmar la capacidad de dichas comunidades en esta materia.
Para ello, y para propiciar la participación de las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten, el Gobierno promoverá una reforma al Código Municipal.
Dicha reforma se promoverá de acuerdo con las conclusiones que la comisión de reforma y participación, establecida en el presente capítulo, literal D, párrafo 4, adoptará sobre los siguientes puntos, en el contexto de la autonomía municipal y de las normas legales reconociendo a las comunidades indígenas el manejo de sus asunto internos de acuerdo con sus normas consuetudinarias, mencionadas en el presente capítulo, literal E, párrafo 3: a)
Definición del estatus y capacidades jurídicas de las comunidades indígenas y de sus autoridades constituidas de acuerdo a las normas tradicionales;
Definición de formas para el respeto del derecho consuetudinario y todo lo relacionado con el hábitat en el ejercicio de las funciones municipales, teniendo en cuenta, cuando sea el caso, la situación de diversidad lingüística, étnica y cultural de los municipios;
Definición de formas para promover la equitativa distribución del gasto público, incluyendo el porcentaje del presupuesto ge-neral de ingresos ordinarios del Estado trasladado anualmente a las municipalidades, entre las comunidades indígenas y no indígenas, integrantes del municipio, fortaleciendo la capacidad de dichas comunidades de manejar recursos y ser los agentes de su propio desarrollo; y
C. Regionalización Tomando en cuenta que procede una regionalización administrativa basada en una profunda descentralización y desconcentración, cuya configuración refleje criterios económicos, sociales, culturales, lingüísticos y ambientales, el Gobierno se compromete a regionalizar la administración de los servicios educativos, de salud y de cultura de los pueblos indígenas de conformidad con criterios lingüísticos; asimismo se compromete a facilitar la participación efectiva de los representantes de las comunidades en la gestión educativa y cultural a nivel local a fin de garantizar su eficiencia y pertinencia. D. Participación a todos los niveles 1.
Se reconoce que los pueblos indígenas han sido marginados en la toma de decisiones en la vida política del país, haciéndoseles extremadamente difícil, si no imposible, su participación para la libre y completa expresión de sus demandas y la defensa de sus derechos. 53
En este contexto, se reitera que los pueblos maya, garífuna y xinca tienen derecho a la creación y dirección de sus propias instituciones, al control de su desarrollo y a la oportunidad real de ejercer libremente sus derechos políticos, reconociendo y reiterando asimismo que el libre ejercicio de estos derechos les da validez a sus instituciones y fortalece la unidad de la nación.
En consecuencia, es necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas en los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre participación en el proceso de toma de decisión en los distintos ámbitos de la vida nacional.
El Gobierno se compromete a promover las reformas legales e institucionales que faciliten, normen y garanticen tal participación. Asimismo se compromete a elaborar dichas reformas con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, mediante la creación de una comisión paritaria de reforma y participación, integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.
Sin limitar el mandato, la comisión podrá considerar reformas o medidas en los siguientes ámbitos: a)
Mecanismos obligatorios de consulta con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos maya, garífuna y xinca;
Formas institucionales de participación individual y colectiva en el proceso de toma de decisión tales como órganos asesores, consultivos y otros que aseguren la interlocución permanente entre los órganos del Estado y los pueblos indígenas.
E. Derecho consuetudinario 1.
En aquellos casos donde se requiera la intervención de los tribunales, y en particular en materia penal, las autoridades correspondientes deberán tener plenamente en cuenta las normas tradicionales que rigen en las comunidades. Para ello, el Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas: 54
Proponer, con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que otorguen atribuciones a las autoridades comunitarias para que señalen las costumbres que constituyen su normatividad interna; e
Impulsar, en coordinación con las universidades de Guatemala, las asociaciones profesionales y las organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el conocimiento de sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria.
Para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, el Gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoría gratuita para personas de bajos recursos económicos y reitera su obligación de poner gratuitamente a disposición de las comunidades indígenas intérpretes judiciales, asegurando que se aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser juzgado sin haber contado con el auxilio de interpretación en su idioma.
Derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas
La desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas es parte de una problemática muy amplia que se debe entre otras razones a que los campesinos indígenas y no indígenas difícilmente han podido legalizar sus derechos mediante titulación y registro. Cuando excepcionalmente han podido legalizar sus derechos, no han tenido acceso a los mecanismos legales para defenderlos. Al no ser exclusiva de la población indígena, aunque ésta ha sido especialmente afectada, esta problemática deberá abordarse al tratarse el tema Aspectos socioeconómicos y situación agraria, como parte de las consideraciones sobre reformas en la estructura de la tenencia de la tierra.
Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas 55
Tenencia de la tierra y uso y administración de los recursos naturales 6.
El Gobierno adoptará o promoverá las medidas siguientes: a)
Reconocer y garantizar el derecho de acceso a tierras y recursos que no estén exclusivamente ocupados por las comunidades, pero a las que éstas hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia (servidumbres, tales como paso, tala, acceso a manantiales, etc., y aprovechamiento de recursos naturales), así como para sus actividades espirituales;
Restitución de tierras comunales y compensación de derechos 7.
Reconociendo la situación de particular vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que han sido históricamente las víctimas de despojo de tierras, el Gobierno se compromete a instituir procedimientos para solucionar las reivindicaciones de tierras comunales formuladas por las comunidades, y para restituir o compensar dichas tierras. En particular, el Gobierno adoptará o promoverá las siguientes medidas: a)
Sin embargo, cuando los plazos de prescripción hayan vencido anteriormente, establecer procedimientos para compensar a las comunidades despojadas con tierras que se adquieran para el efecto.
Adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas 8.
Protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas 9.
Para facilitar la defensa de los derechos arriba mencionados y proteger las comunidades eficazmente, el Gobierno se compromete a adoptar o promover las siguientes medidas: a)
Promover el aumento del número de juzgados para atender los asuntos de tierras y agilizar procedimientos para la resolución de dichos asuntos; 56
Crear servicios competentes de asesoría jurídica para los reclamos de tierras; Proveer gratuitamente el servicio de intérpretes a las comunidades indígenas en asuntos legales;
Promover la más amplia divulgación dentro de las comunidades indígenas de los derechos agrarios y los recursos legales disponibles; y g) Eliminar cualquier forma de discriminación de hecho o legal contra la mujer en cuanto a facilitar el acceso a la tierra, a la vivienda, a créditos y a participar en los proyectos de desarrollo. 10. El Gobierno se compromete a dar a la ejecución de los compromisos contenidos en este literal F la prioridad que amerita la situación de inseguridad y urgencia que caracteriza la problemática de la tierra de comunidades indígenas. Para ello, el Gobierno establecerá, en consulta con los pueblos indígenas, una comisión paritaria sobre derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, para estudiar, diseñar y proponer los procedimientos y arreglos institucionales más adecuados. Dicha comisión será integrada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas.
V. COMISIONES PARITARIAS Con respecto a la composición y el funcionamiento de la comisión de reforma educativa mencionada en el capítulo III, literal G, párrafo 5, la comisión de reforma y participación mencionada en el capítulo IV, literal D, párrafo 4 y la comisión sobre derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, mencionada en el capítulo lV, literal F, párrafo 10, las partes acuerdan lo siguiente: a) b)
Las comisiones estarán integradas por igual número de representantes del Gobierno y de representantes de las organizaciones indígenas; El número de miembros de las comisiones se fijará en consultas entre el Gobierno y los sectores mayas miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil;
Los sectores mayas miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil convocarán a las organizaciones mayas, garífunas y xincas interesadas a participar en dichas comisiones para que designen los representantes indígenas en las comisiones;
VI. RECURSOS Teniendo en cuenta la importancia de las medidas contenidas en el presente acuerdo, el Gobierno se compromete a hacer todos los esfuerzos necesarios para movilizar los recursos indispensables para la ejecución de sus compromisos en dicho acuerdo. Además del Gobierno, amplios sectores de la comunidad nacional pueden tener un papel activo en promover el respeto de la identidad de los pueblos indígenas y el pleno ejercicio de sus derechos. Se insta a dichos sectores a que contribuyan con los recursos a su alcance al cumplimiento del presente acuerdo en los ámbitos que les corresponden. La cooperación internacional es indispensable para complementar los esfuerzos nacionales con recursos 57
técnicos y financieros, en particular en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004). VII. DISPOSICIONES FINALES Primera. De conformidad con el Acuerdo Marco, se solicita al Secretario General de las Naciones Unidas verifique el cumplimiento del presente acuerdo, sugiriéndole que, en el diseño del mecanismo de verificación, tenga en cuenta las opiniones de las organizaciones indígenas. Segunda. Los aspectos de este acuerdo que correspondan a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia de los que Guatemala es parte, tienen vigencia y aplicación inmediatas. Se solicita su verificación por la Misión de verificación de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala (MINUGUA). Tercera. El presente acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y, salvo lo acordado en la disposición anterior, entrará en vigencia en el momento de la firma de éste último. Cuarta.
Se dará la más amplia divulgación del presente acuerdo, tanto en español como en los principales idiomas indígenas, para lo cual se solicitará la cooperación financiera internacional. Nota: Los planteamientos contenidos en el documento de consenso de la Asamblea de la Sociedad Civil sobre el presente tema que corresponden más directamente a puntos pendientes del temario de la negociación serán discutidos en su oportunidad. México, D.F. a 31 de marzo de 1995. POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA:
General de Brigada HÉCTOR ROSADA GRANADOS CARLOS ENRIQUE PINEDA CARRANZA General de Brigada ANTONIO ARENALES FORNO JULIO ARNOLDO BALCONI TURCIOS
General de Brigada JOSÉ HORACIO SOTO SALÁN
POR LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA: Comandancia General: Comandante GASPAR ILOM
CARLOS GONZALES 58
COMISIÓN POLÍTICO-DIPLOMÁTICA: LUIS FELIPE BECKER GUZMÁN
ASESORES: MARCO VINICIO CASTAÑEDA MIGUEL ÁNGEL REYES
POR LAS NACIONES UNIDAS: GILBERTO BUENO SCHLITTLER-SILVA Director de la Unidad de Guatemala JEAN ARNAULT Moderador
Bibliografía Acuerdos de Paz, 3ª. Edición, Universidad Rafael Landívar. (1998). Guatemala. Acuerdo Gubernativo No. 309-2002.Vigencia indefinida a la Comisión Paritaria de Reforma y Participación. Acuerdo Gubernativo No. 390-2002. Creación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas. (2002). Acuerdo Gubernativo No. 261-97. Creación de la Comisión Paritaria de Espiritualidad y Lugares Sagrados. (1997) Acuerdo Gubernativo No. 262-97. Creación de la Comisión Paritaria de Reforma Educativa. (1997) Acuerdo Gubernativo No. 748-97. Creación de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. (1997) Acuerdo Gubernativo No. 649-97. Creación de la Comisión Paritaria de Reforma y Participación.(1997). Acuerdo Gubernativo No. 307-97. Creación de la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra (PROTIERRA). (1997). Acuerdo Gubernativo No. 452-97. Creación de la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA). (1997). Acuerdo Gubernativo No. 515-97. Creación de la Comisión Paritaria de Derechos relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas. (1997). Acuerdo Gubernativo No. 24-99. Ley del Fondo de Tierras (FONTIERRAS).(1999). Acuerdo Interno No. 072-2003. Creación del Consejo de Multiculturalidad de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). (2003). Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 1904: Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. (1963) Vigente en Guatemala desde el 4 de enero de 1969. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 34/180: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (1979). Vigente en Guatemala desde el 3 de septiembre de 1981. 60
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Tierras: Del Mito a la Realidad. (2003). Guatemala. Comisión Paritaria de Reforma y Participación. Plan Estratégico. (2002). Guatemala. Congreso de la República. Constitución de la Secretaría de Asuntos Agrarios SAA- Decreto No. 1362002. Congreso de la República. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto No. 01-2002 Congreso de la República. Ley de Descentralización del Estado, Decreto No. 014-2002. Congreso de la República. Ley de Idiomas. Decreto No. 19-2003.. Congreso de la República. Código Municipal, Decreto No. 012-2002. Congreso de la República. Código Penal, Decreto No. 17-73. Congreso de la República Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92. Congreso de la República. Reforma el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Decreto No. 66-2002 Congreso de la República. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Decreto No. 97-96. Constitución Política de la República de Guatemala (1985). Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. (1989). Aprobado por el Gobierno de Guatemala mediante el Decreto No. 9-96, el 5 de marzo de 1996 y ratificado el 10 de marzo del mismo año. Convención BELÉM DO PARA. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, (1995). Fondo de Tierras. Reglamento del Fondo de Tierras. Grupo Consultivo para Guatemala. Resumen de la Sesión Plenaria y Palabras de Clausura del Presidente de la Reunión, Dr. Migue E. Martínez, Gerente del Departamento Regional de Operaciones para México, Istmo Centroamericano, Haití y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo. (2003). Guatemala. 61
Kenom Tzij  Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya. Un Estado y una Nación para Todos. Documento en consulta, s.f.
INDICE Hacia un encuentro con la fe. Invocación Indice de siglas El diálogo: una alternativa para la democracia y la paz en Guatemala. Presentación Visión del camino recorrido. Antecedentes Una mirada hacia la realidad guatemalteca. Contextualización general de las propuestas Propuestas para un cumplimiento renovado del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: Identidad y discriminación Idiomas Espiritualidad Trajes Ciencia y tecnología Educación Medios de comunicación Nación y participación Justicia Tierra Conclusiones generales Recomendaciones generales a los actores Listado de participantes y sus organizaciones Anexo: Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas Bibliografía
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Libro Acuerdos Pueblos Indígenas