Source: https://vlex.com.pa/vid/accion-inconstitucionalidad-suprema-pleno-31633019
Timestamp: 2020-07-07 19:34:31
Document Index: 290573704

Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 190', 'artículo 56', 'artículo 237', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 190', 'artículo 56', 'artículo 190', 'artículo 190', 'Artículo 1', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 60', 'Artículo 190', 'artículo 60', 'Artículo 60', 'artículo 4', 'artículo 60', 'artículo 190', 'Artículo 806', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 693', 'Artículo 779', 'Artículo 812', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 779', 'artículo 693', 'artículo 693', 'artículo 693', 'artículo 56', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 60', 'artículo 190', 'artículo 60']

Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3 de Abril de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 31633019
El Licenciado MARTÍN JESÚS MOLINA, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad en contra de la oración "a la salvaguardia de derechos legitimarios", contenida en el artículo 190 del Capítulo III del Contrato sobre Bienes con ocasión del Matrimonio, del Título Cuarto de Las Obligaciones y Contratos, de la Ley No.15 de 16 de septiembre de 1928 o Código de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial No.5428 de 7 de enero de 1929.
Admitida la demanda se procedió a correrla en traslado al Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto sobre la misma. Luego de surtido dicho trámite se concedió el término de diez (10) días, para que se presentaran argumentaciones escritas, término este que no fue aprovechado, por los interesados.
De foja 1 a la 5 del presente cuadernillo se aprecia la demanda de Inconstitucionalidad, donde el recurrente expone lo que demanda de la siguiente manera:
"Lo que se demanda guarda relación con la oración > contenido en el artículo 190 del Capítulo III - Del Contrato sobre Bienes con ocasión del Matrimonio - del Título Cuarto - De Las Obligaciones y Contratos - de la Ley No.15 de 16 de septiembre de 1928 o Código de Derecho Internacional Privado, por contravenir expresamente el texto del artículo 56 de la Constitución Nacional, el cual contempla el principio constitucional de que todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas, habida consideración de que lo relativo a derechos legítimos implica la distinción de legítimos e ilegítimos que podría dejar un compás abierto para suponer incluidos a los hijos en esta categoría."
Manifiesta el demandante que el artículo 56 (ahora artículo 60) de la Carta Magna seZala que "los padres tienes para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes de los nacidos en él" y que "todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas".
Sigue seZalando que la oración tachada de inconstitucional del artículo 190 del Código de Derecho Internacional Privado, establece una diferencia implícita entre derechos legitimarios, pues los califica de derechos legitimarios o legítimos, término este que, al tenor del artículo 56 de la Constitución debe ser abolido.
Expone que el artículo 237 del Código de la Familia, establece que "todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes con respecto a sus padres ...", derechos estos que se deben recibir sin distinción alguna.
De igual forma, indica que el artículo 56 (ahora artículo 60)de la Constitución Política es diáfano al seZalar la igualdad de los hijos ante la ley. De allí, que la Corte Suprema de Justicia sistemáticamente ha sido reiterativa al destacar que cualquier diferenciación en cuanto al status jurídico de los hijos, o cualquier calificativo que distinga la naturaleza de la filiación, como lo es mención de descendentes legítimos, para diferenciarlos de los llamados descendientes ilegítimos o naturales, debe ser abolida o eliminado de nuestro ordenamiento jurídico, por infringir los artículos 56 y 57 del Texto Fundamental, (hoy 60 y 61) principio aplicable por consiguiente en materia de herederos legítimos.
Refiere que el artículo 190 del Código de Derecho Internacional Privado, dispone la voluntad de las partes a regular el derecho aplicable a las donaciones por razón del matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, "a la salvaguardia de derechos legitimarios" y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, siempre que no afecte el orden público internacional, a propósito del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio.
Ahora bien, en cuanto a la explicación del concepto de la trasgresión Constitucional, manifiesta que la norma constitucional contenida en el artículo 56, (hoy art.60) ha sido violentada por la oración "a la salvaguardia de derechos legitimarios" contenida en el artículo 190 del Código de Derecho Internacional Privado, ya que la contraviene en forma directa por comisión al disponer una situación contraria a lo establecido claramente en dicha norma jerárquicamente superior, donde se consagra el principio de la igualdad de todos los hijos ante la Ley y que éstos tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas, en contraste con la oración censurada, la cual guarda relación con la distinción entre derechos legitimarios o bienes con ocasión del matrimonio, y el cual podría entraZar también una distinción entre los hijos que afectaría directamente el principio constitucional de igualdad de los hijos ante derechos legitimarios o legítimos y derechos ilegitimarios o ilegítimos contenida de manera implícita en el artículo impugnado, habida consideración de que lo relativo a derechos legitimarios implica la distinción de legítimos e ilegítimos que podría dejar un compás abierto para suponer incluidos a los hijos en esta categoría.
Plantea que el principio de igualdad de todos ante la Ley que se desprende de la Constitución Nacional, implica la no-discriminación y la aplicación uniforme de la Ley ante circunstancias similares o supuestos fácticos iguales o semejantes, en su acepción objetiva, y desde la óptica subjetiva consiste o se traduce en la prohibición de que no se establezcan tratos desfavorables, fueros, excepciones o privilegios que excluyan a unos, de lo que se concede a otros en iguales circunstancias que fueran entronizados en el pasado, todo lo cual condiciona nuestro ordenamiento jurídico.
Antes de continuar, cabe seZalar que a través del Acto legislativo No.1 del 27 de julio de 2004, la hasta ese entonces Asamblea Legislativa introdujo a nuestra Carta Magna nuevos artículos y modificó el contenido de algunos otros, por la cual absolveremos la presente demanda de inconstitucionalidad utilizando la numeración actualmente contenida en la Constitución Nacional vigente.
Mediante Vista No.5 de 24 de marzo de 2003, el Procurador General de la Nación se refiere a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado M.M., contra la oración "a la salvaguardia de derechos legitimarios", contenida en el artículo 190 de la Ley No.15 de 26 de septiembre de 1928 o Código de Derecho Internacional Privado, en los siguientes términos:
"Es importante aclarar que estamos en presencia de un tratado internacional multilateral, que de acuerdo con las normas de la O.N.U., que rige igual para la O.E.A., la modificación o exclusión de un tratado o de una norma específica del mismo, se realizará mediante el mecanismo de "denuncia del tratado" o "de la norma impugnada". Es decir, que cuando un Estado desea suspender la vigencia de un tratado ratificado o parte de éste, lo hará por vía de la Cancillería que presentará a la Secretaría General de la O.N.U. (En este caso la Secretaría General de la O.E.A.), una denomina "DENUNCIA DEL TRATADO O PARTE DE ÉL, para que mediante un trámite interno de la organización, se proceda a la consulta a los otros países firmantes del Tratado y se procederá a la suspensión o exclusión del país denunciante o de la cláusula denunciada, del Protocolo de Ratificación y cuyo efecto entran en vigencia varios aZos después (1 ó 2 aZos).
En consecuencia, no son viables el proceso de declaratoria de inconstitucional, escogido por el demandante, lo cual ES IMPROCEDENTE, toda vez que las normas impugnadas NO SON DE OBLIGATORIA APLICACIÓN EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, porque dada la flexibilidad del propio Tratado, (el Código de B., adoptado por la Ley 15 de 26 de septiembre de 1928, contiene un sin número de disposiciones que protegen a los Estados firmantes, en contra de normas extranjeras que sean lesivas o contradictorias al régimen constitucional y legal del país. En otras palabras, Panamá (y los otros Estados signatarios), se reserva el derecho de aplicar o no una sentencia extranjera o de reconocer o no un derecho de un nacional de otro país contratante, según el segundo párrafo del Art.1º, 3º y 7º de dicho Código de B..
"Artículo 1º. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales.
Cada Estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de lo demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero". (Las negrillas son nuestras).(sic)
"Art. 3º. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante, se estiman divididas en las clases siguientes:
Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden público interno. (Las negrillas son nuestras) (sic)
Las que obligan por igual a cuantos residan en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. (Las negrillas son nuestras)
Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de orden privado." (Las negrillas son nuestras)
"Art.7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior". (Las negrillas son nuestras) (sic)
Al entrar en materia, considero que es conveniente referirme a las normas y conceptos arriba mencionados que me lleva a conceptuar que toda la demanda de inconstitucionalidad ES IMPROCEDENTE , por tratarse de un convenio o tratado internacional multilateral, como lo es el Código de B., cuyas normas sólo son aplicables en Panamá, con las excepciones y reservas establecidas en el propiotratado". (sic)
Es por las consideraciones expuestas que el Procurador concluyó que la demanda de inconstitucionalidad que impugna el artículo 190 de la Ley 15 de 26 de septiembre de 1928, no es procedente porque no son normas de forzosa aplicación en territorio de la República de Panamá y, por tanto, no es viable la demanda.
Una vez examinadas las consideraciones planteadas, tanto por el recurrente de la demanda, como por el Procurador General de la Nación, le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitir su decisión en cuanto al tema que nos ocupa.
El demandante plantea la presente demanda de inconstitucionalidad, haciendo referencia a que la oración "a la salvaguardia de derechos legitimarios" contenida en el artículo 190 de la Ley No.15 de 1928 ó Código de Derecho Internacional Privado, infringe el principio de igualdad de todos los hijos ante la Ley, contenido en el artículo 60 de la Constitución Política. Para una mayor ilustración pasaremos a transcribir las normas en conflicto.
"Artículo 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las donaciones por razón del matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, siempre que no afecte el orden público internacional". (lo resaltado es nuestro)
Por su parte el artículo 60 de la Constitución, norma presuntamente infringida, es del tenor siguiente:
"Artículo 60. Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecta de los nacidos en él. Todos los hijos son iguales ante la Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas. La Ley reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos en las sucesiones testadas."
Una vez citadas las normas que son objeto de discusión en la presente demanda de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte, debe advertir que la frase impugnada se encuentra inserta en un artículo de la Ley No.15 de 26 de septiembre de 1928, "Por la cual se aprueba la Convención Aprobatoria del Código de Derecho Internacional Privado" o Código de B., y que por ende, nos encontramos frente a una norma de Derecho Internacional.
En cuanto a este punto, debemos traer a colación lo esgrimido por el Procurador General de la Nación, y es que en su Vista No.5 de 24 de marzo de 2003, (v.f.28) seZala lo siguiente: "estamos en presencia de un tratado internacional multilateral, que de acuerdo con las normas de la O.N.U., que rigen igual para la O.E.A., la modificación o exclusión de un tratado o de una norma específica del mismo, se realizará mediante el mecanismo de "denuncia del tratado" o "de la norma impugnada", por lo que en su opinión la demanda es improcedente, y por ende, debe declararse no viable.
En relación a lo antes planteado, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe indicar que no comparte la opinión emitida por el Procurador, puesto que los convenios y tratados internacionales ratificados por la República de Panamá, son aprobados por la Asamblea Legislativa mediante ley orgánica, los cuales pasan a tener rango de ley, situación esta que nos lleva a darle el tratamiento que se le dispensa a toda ley de la República, (ver numeral No.1, art. 206 C.N.) y como tal, no se puede desconocer la supremacía de la Constitución sobre las leyes que rigen en el Estado, sin distinción de la naturaleza de la materia que regula. Y es que, en reconocimiento del poder soberano de los Estados, poder que está sustentado precisamente en la constitución que lo rige, las leyes del orden internacional no pueden contrariar ni estar por encima del orden constitucional, pues tal supuesto significaría el desconocimiento de la Ley Suprema y de nuestra propia soberanía.
Si bien el artículo 4 de la Constitución seZala que: "La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional", ello no significa de manera alguna, que las normas de derecho internacional están por encima del derecho interno, específicamente por encima de la Constitución, sino que la República de Panamá acata el orden internacional a través de su voluntad soberana en los Convenios o Tratados Internacionales, mediante la dictación de la ley que aprueba los mismos, haciéndola parte de su derecho interno, como ya lo ha sentenciado la Corte suprema de Justicia con anterioridad. De allí que debemos entender que si bien los Convenios o Tratados Internacionales, prevén procedimientos previamente establecidos para modificar o excluir alguna disposición o norma que lo rigen, cuando pasan a formar parte del derecho positivo de un país, a través de la ley que los aprueban, como ocurre en el nuestro, este tipo de leyes tienen necesariamente que quedar sujeta al orden constitucional y en consecuencia, en caso de contrariar la constitución, haciendo abstracción del procedimiento de los Tratados y en ejercicio del poder soberano, pueden ser sometidos al igual que toda ley, al procedimiento previsto para el control constitucional y la guarda de la integridad de la constitución, esto es, a la demanda de inconstitucionalidad.
Explicado lo anterior y al adentrarnos al análisis constitucional de la norma legal demandada, observamos que el significado atribuido por el demandante al término "a la salvaguardia de los derechos legitimarios", no guarda relación con aquellas normas que contenían los términos "hijos legítimos" o "parientes legítimos", "hijos naturales" o "parientes naturales" al referirse a la filiación, los cuales sí eran contrarios al artículo 60 de la Carta Política. Y, es que, el artículo 190 del Código de B., se encuentra dentro del Título Cuarto, De las obligaciones y contratos, II Capítulo, Del Contrato sobre Bienes con ocasión del matrimonio, saltando a la vista que no se esta hablando en ningún momento de los derechos de igualdad que poseen las desfasadas definiciones de "hijos legítimos" o "hijos ilegítimos". Muy por el contrario, se habla es del derecho aplicable a la voluntad de las personas en relación a la disposición de los bienes que poseen en favor de uno de los futuros esposos o ambos, antes de la celebración del matrimonio y la limitación a la voluntad del donante, en cuanto a los derechos sucesorios que sus herederos puedan tener en la sucesión intestada, como legitimarios de los bienes donados, los cuales de acuerdo a la norma legal que se analiza quedan excluidos de las regulaciones que las partes acuerden en las donaciones de bienes, por razón del matrimonio.
Como es obvio, la norma no se refiere a los hijos legítimos o ilegítimos, como parece haberlo entendido el demandante constitucional, sino a lo que en materia de sucesiones se conoce como "Legitima" o sucesión forzosa y que el Código Civil EspaZol, del cual nuestro Código Civil la recoge en algunos de sus artículos, la define de la siguiente manera:
"Artículo 806. Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por estos herederos forzosos."
Como seZaláramos, nuestro Código Civil recoge el término y concepto de la "legitima" o sucesión forzosa o herederos forzosos en algunos artículos, que para mayor claridad transcribimos a continuación:
"Artículo 25. ...
En consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores a la muerte del testador las que al tiempo en que murió regulaban la capacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, mejoras, porción conyugal y desheredamientos."
"Artículo 27. En las sucesiones forzosas o intestadas el derecho de representación de los llamados a ellas se regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura".
Artículo 693e. En la sucesión testamentaria cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del instituto, a quien no se hubiese designado sustituto, pasará a los herederos legítimos del testador, los cuales la recibirán con las mismas cargas y obligaciones.
Artículo 779. El testamento será válido aunque no contenga institución de heredero o ésta no comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.
En estos casos se cumplirán las disposiciones testamentarias hechas con arreglo a las leyes y el remanente de los bienes pasará a los herederos legítimos.
Artículo 812. Será válida la designación de día o de tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de herederos o del legado.
En ambos casos, hasta que llegue el término seZalado, o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas, en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido.
En ocasiones anteriores la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en iguales términos respecto a esta materia, precisamente en ocasión de demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el mismo abogado MOLINA, dejando sentado en aquél entonces, lo que a continuación se transcribe:
"Por lo tanto, es el criterio de esta Corporación Judicial que el significado jurídico y verdadero del término "las legítimas", contenido en el segundo párrafo del artículo 25 del Código Civil, no es el atribuido por el demandante ni por el Ministerio Público.
En segundo lugar, es necesario enfatizar a lo ya expuesto que, no obstante aparecer el término impugnado en el artículo 25 del Código Civil, dicha Institución no tiene cabida en nuestro derecho positivo, de donde debemos concluir que por error debió ser copiado de legislaciones que nos sirvieron de modelo y que regulan "las legítimas", como el Código Civil EspaZol y el Colombiano.
Para mayor aclaración sobre la inaplicación del término "las legítimas", el Pleno considera importante destacar la Nota puesta al pie del artículo 25 del Código Civil, Edición de 1960, ya mencionada, publicada por la Universidad Nacional, la cual, acorde con lo aquí expuesto, seZala muy atinadamente:
"Las referencias que hace el párr. 2º a las legítimas, mejoras, porción conyugal y desheredamientos, no tienen aplicación en nuestro C.C. por no existir tales instituciones".
No hay que perder de vista que la materia relativa a los testamentos y la libertad de testar, está regulada de manera especial por los artículos 694 a 873 del Código Civil que son posteriores a la norma analizada, por lo que lo anterior no es más que la aplicación de los principios que sobre "Interpretación y Aplicación de la Ley" se encuentran contenidos en el Capítulo III, Título Preliminar del Código Civil, específicamente en el artículo 14, ordinal 1º que seZala:
"Artículo 14. Si en los códigos de la República se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
La disposición relativa a un asunto especial, o a negocios o casos particulares, se prefiere a la que tenga carácter general.
(Ver Fallo 9 de enero de 2002).
"Antes de arribar a determinada decisión, es de lugar recordar que lo que se impugna de inconstitucional, es la palabra "legítimos", contenida en el artículo 779 del Código Civil.
De la lectura del artículo antes citado, donde se encuentra contenida la palabra impugnada, se puede constatar que en este caso en particular el sentido de legítimos, es distinto al de otros casos, como el de los hijos legítimos y naturales. El término que se impugna a través de este medio, no se refiere en forma alguna a aquellas distinciones o diferencias que en materia de filiación existen en nuestras normas legales y que se han ido aboliendo en virtud de acciones constitucionales como la presente.
No se observa que con la inclusión del citado término, se de lugar al establecimiento de una distinción o diferencia, donde existan distintas clases de herederos, en que unos puedan heredar de manera distinta que otros.
Se concluye pues, que al hablar de herederos legítimos no se está imponiendo una diferencia, sino que a través de dicho término se está haciendo referencia a aquellos herederos así declarados dentro de un proceso sucesorio, es decir, que han sido declarados conforme a derecho, obteniendo con ello la calidad herederos propiamente tales, en base a un auto de declaratoria de herederos dictado en un juicio sucesorio, o sea en virtud de un llamamiento legal. No se trata pues, de aquella clasificación que se hacía en materia de filiación, es decir de hijos legítimos y naturales.
Cuando se habla de herederos declarados como legítimos por medio de la Ley, se refiere a aquellos que por línea directa, recibirán determinada parte de la herencia y dentro de los que se entienden incluídos tanto 'hijos habidos dentro y fuera del matrimonio', es decir, que la ley determinará a través de un juicio "ab intestato" aquellos parientes que tienen derecho a determinada parte de la herencia, o sea, los legítimos."
(Ver Fallo 31 de diciembre de 2004)
"El artículo 693e del Código Civil versa sobre la sucesión testamentaria, misma que surge de la voluntad expresa del testador, quien determina por escrito los herederos y las porciones que a estos corresponde de la masa herencial.
La precitada norma estipula, en caso que no se hubiese designado sustituto, que la porción vacante del instituto pasará a los herederos legítimos del testador.
Si bien es cierto, como lo alega el demandante, que esta Superioridad ha manifestado en reiteradas ocasiones que cualquier diferenciación en cuanto al estatus jurídico de los hijos o cualquier calificativo que distinga la naturaleza de la filiación, debe ser abolido, ello se aplica al presente caso, toda vez que la norma demandada no pretende una diferenciación entre hijos naturales y legítimos.
En el caso subjúdice, la palabra "legítimos" contenida en el artículo 693e del Código Civil, es una referencia exclusiva a determinados herederos (forzosos) que protege la ley en sucesiones testamentaria.
Dado lo anteriormente expuesto, el Pleno considera que la palabra "legítimos" contenida en el artículo 693e del Código Civil para referirse a los herederos del testador, como las personas a quienes debe pasarse la porción vacante en una sucesión testamentaria cuando no haya lugar al derecho de acrecer, no viola los artículo 56 y 57 de la Constitución Política Nacional que establece el principio de igualdad de los hijos ante la Ley y estipula la abolición de toda calificación sobre la naturaleza de la filiación. Por tanto, es improcente (sic), la declaración de inconstitucional solicitada por el demandante." (Ver Fallo 29 de julio de 2005)
En otras palabras, la "legítima" o "derechos legitimarios", a que se refiere el artículo 190 del Código de B. demandado por el Licenciado M.J.M., no se refiere a diferenciación alguna entre hijos legítimos e ilegítimos sino que se refiere a los derechos hereditarios sobre bienes que el testamento o donante en este caso, no puede disponer y que quedan protegidos por corresponderles, de acuerdo a la Ley, a determinados herederos denominados forzosos, protección y limitación que en el caso del artículo 190 ibídem, se extiende a las regulaciones que en materia de donaciones realizan las personas por razón del futuro matrimonio.
Realizada la anterior aclaración, esta Corporación de Justicia es del criterio que la frase o la oración atacada de inconstitucional no infringe el artículo 60 de nuestra Carta Magna.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la oración "a la salvaguardia de derechos legitimarios", contenida en el artículo 190 de la Ley No. 15 de 26 de septiembre de 1928 ó Código de B., por cuanto no infringe el artículo 60 de la Constitución Nacional.
COPÍESE, Notifíquese Y PUBLÍQUESE.
(fdo.) A.A.A. L.
(fdo.) ESMERALDA AROSEMENA
DE TROITIÑO
(fdo.) ALBERTO CIGARRUISTA
(fdo.) G.J.D.C.
(fdo.) HARLEY J. MITCHELL D.
(fdo.) A.S. CÉSPEDES
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 19 de Octubre de 2006 (caso Demanda contencioso administrativa de nulidad de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 19 de Octubre de 2006)