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Timestamp: 2017-09-20 11:20:42
Document Index: 306965877

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 54', 'artículo 24', 'Artículo 29']

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ ÁREA TEMÁTICA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - PDF
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ ÁREA TEMÁTICA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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María Mercedes Quiroga Vargas
1 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ INFORME AL PARLAMENTO 2010 ÁREA TEMÁTICA INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE 2010 Este texto es una recopilación de cuestiones relativas al área temática de Trabajo y Seguridad Social que se desarrollan a lo largo del Informe Anual al Parlamento de El contenido íntegro de dicho Informe se puede consultar y descargar en nuestra página Web. Andalucía 2011
3 ÍNDICE SECCIÓN SEGUNDA:... 5 ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS... 5 VII INTRODUCCIÓN ANÁLISIS DE LAS QUEJAS ADMITIDAS A TRÁMITE Empleo Medidas de fomento del autoempleo Programas de promoción del empleo Plan de Mejora de la Empleabilidad (Plan MEMTA) Formación Profesional para el empleo Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo Gestión administrativa Programa de Solidaridad Seguridad Social Pensiones no contributivas Familia Numerosa SECCIÓN CUARTA: QUEJAS NO ADMITIDAS Y SUS CAUSAS I.- DE LAS QUEJAS REMITIDAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES II.- DE LAS QUEJAS RECHAZADAS Y SUS CAUSAS TEMAS TRATADOS EN OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS I. PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Red de Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo VI. JUSTICIA, PRISIONES Y EXTRANJERÍA Juzgados de lo Social: la repercusión de la crisis económica XIII. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Empleo Conciliación y Corresponsabilidad
5 SECCIÓN SEGUNDA: ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS QUEJAS
7 VII. 1. Introducción. La gravedad y persistencia de la actual crisis económica (que tuvo su inicio en el cuarto trimestre de 2007), en la medida que afecta de forma directa al empleo, con destrucción de puestos de trabajo y consecuente aumento de desempleo (una pérdida acumulada de puestos de trabajo que se aproxima a los dos millones de personas en este periodo situándose el nivel del desempleo alrededor del 20% en el 2010), explican el incremento del número de quejas que nos trasladan no sólo este particular (expedientes de regulación de empleo, etc.) como también su contrapartida sobre las dificultades para acceder al mercado de trabajo, situación que esta llevando a amplias capas sociales a un progresivo empeoramiento de su bienestar social, cuando no a la exclusión de aquellos que ya se encuentran en situación de riesgo social. Esta situación viene abordándose desde el ámbito estatal con drásticas medidas de corte y recorte presupuestario para la sostenibilidad de las finanzas públicas a la vez que con reformas del mercado del trabajo, impulsando, entre otras, medidas de promoción del empleo estable, flexibilidad interna de las relaciones laborales y políticas de bonificaciones de la contratación indefinida, sin olvidar las políticas pasivas de empleo a través de la prestaciones de desempleo. A la par el Gobierno asumiendo las recomendaciones adoptadas por la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados viene promoviendo un pacto para la sostenibilidad del sistema de pensiones con propuestas que pasan por el alargamiento gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años, o ajustar al alza los periodos de cálculo de la pensión. Por su parte la acción pública de la Junta de Andalucía abarca todos los sectores de actividad, desde las de carácter financiero (de reactivación económica y reducción del déficit público) a las de creación y mantenimiento de empleo, intentando preservar cada vez con mayor dificultad el actual nivel de protección social. En lo que a las políticas activas de empleo se refiere, cuya competencia normativa corresponde al Estado y las de ejecución a las Comunidades Autónomas, también vienen siendo objeto de reforma (reorientación) por parte del Gobierno, tal y como se pone de manifiesto el Informe Económico de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno de Diciembre de Las cuatro grandes categorías de las políticas activas de empleo están presentes en nuestra Autonomía: las bonificaciones al empleo a través de las cotizaciones de la Seguridad Social, la Formación Profesional para el Empleo (tanto para trabajadores ocupados como desempleados), los Programas de empleo y formación-empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios) y los Programas de inserción laboral de personas con discapacidad (en mercado ordinario y Centros Especiales de Empleo). medidas: En este sentido, a lo largo del año 2010 podemos destacar las siguientes 7
8 a) Medidas tributarias, fiscales y de austeridad presupuestaria. Mediante Decretos- Leyes 1/2010, de 4 de Marzo y 4/2010, de 6 de Julio, se adoptan medidas tributarias de reactivación económica y fiscales de reducción del déficit público y para la sostenibilidad (posteriormente Ley 11/2010, de 3 de Diciembre). b) Programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales (Orden de 5 de Noviembre de 2008) y de incentivos a empresas (Orden de 9 de Diciembre de 2008). c) Incentivos a la contratación indefinida y al mantenimiento de contratos de discapacitados en Centros Especiales de Empleo (Decreto 149/2005, de 14 de Junio y Orden de 20 de Octubre de 2010). d) Plan Extraordinario de Medidas para la Mejora de la Empleabilidad del Mercado de trabajo de Andalucía (Plan MEMTA). Orden de 31 de Octubre de 2008, consistentes en ayudas a acciones formativas a favor de personas desempleadas. e) Incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo (Orden de 26 de Abril de 2010) (ticket de autónomos). Medidas que facilitan la puesta en marcha de iniciativas económicas de trabajo autónomo (especialmente a favor de personas desempleadas) y de incentivos directos y bonificaciones de tipo de interés que priman la inversión en activos. f) Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Plan PROTEJA). Ley 3/2009, de 28 de Mayo, modificada y ampliada por Decreto-Ley 3/2010, de 8 de Junio, por el que se desarrolla la financiación de inversiones municipales y el desarrollo de acciones formativas en las que los participantes una beca durante tres meses por le importe del IPREM. g) Fomento de la contratación laboral (Orden de 23 de Octubre de 2009), a través de subvenciones para el desarrollo de programas de Formación para el Empleo con compromiso de contratación. Se trata de una formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados a través de acciones formativas relacionadas con las familias profesionales detectadas en casa Area Territorial, las cuales podrán percibir becas de asistencia, de transporte y de manutención y alojamiento. h) Programas de orientación profesional, itinerarios de inserción, acciones experimentales, estudios y difusión sobre el mercado de trabajo (Decreto 85/2003, de 1 de Abril y Orden de 26 de Diciembre de 2007). Otros aspectos normativos a destacar en este ejercicio viene dado por los Decretos 307/2010, de 15 de Junio, sobre órganos competentes para la imposición de sanciones en el orden social y el 193/2010, de 20 de Abril sobre calificación y creación de Empresas de Inserción Social en Andalucía. Este amplio abanico de medidas complementan otras medidas legislativas estatales de la misma naturaleza de las que podemos destacar las siguientes: 8
9 i) Prorroga del programa temporal de protección por desempleo e inserción laboral (Real Decreto 133/2010, de 12 de Febrero y Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de Agosto) y de ayudas a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (Real Decreto 196/2010, de 26 de Febrero) y de protección de los trabajadores autónomos (Ley 32/2010, de 5 de Agosto) y del subsidio de desempleo / renta agraria (Real Decreto-Ley 2/2010, de 19 de Marzo). j) Reforma del mercado de trabajo (Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, procedente del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de Junio). k) Medidas de reducción del déficit público (Real Decreto-Ley 4/2010, de 26 de Marzo, de racionalización del gasto farmacéutico y Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de Mayo, de reducción del déficit público reducción de las retribuciones de los empleados públicos-). l) Medidas de impulso de la actividad económica y el empleo (Real Decreto-Ley 4/2010, de 26 de Marzo y Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de Marzo). El conjunto de quejas presentadas en esta materia han dado lugar a un total de 17 resoluciones, destacando a continuación las resoluciones dictadas por el Defensor que no han obtenido la respuesta colaboradora de las Administraciones Públicas a tenor del artículo 29.1 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz: - Resolución relativa a la Demora en resolución de expediente de ayuda de autoempleo dirigida al Director Gerente del SAE en el curso de la queja 09/ Resolución relativa a la Baja en programa MEMTA por inasistencia a sesiones de grupos de búsqueda de empleo dirigida al Director Gerente del SAE en el curso de la queja 09/4668. Por el contrario, sí fueron asumidas las siguientes resoluciones: - Resolución relativa a la Regulación de las plazas de las Residencias de Tiempo Libre y Contestación a reclamaciones dirigidas a la Consejería de Empleo e Inspección General de Servicio en el curso de la queja 08/ Resolución relativa a la Denegación de ayuda de autoempleo por error informático dirigidas a la Consejería de Empleo en el curso de la queja 09/ Resolución relativa a la Denegación de información en expediente de incentivo para el empleo dirigidas a la Consejería de Empleo en el curso de la queja 09/ Resolución relativa al Incumplimiento de compromiso de empleabilidad dirigidas a la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional en el curso de la queja 09/
10 - Resolución relativa al Incumplimiento de condiciones de contratación en curso de FPO dirigidas a la Dirección Provincial del SAE en Cádiz en el curso de la queja 09/ Resolución relativa a la Exclusión de curso de Taller de Empleo dirigidas a la Dirección Provincial del SAE en Sevilla en el curso de la queja 10/ Resolución relativa a la Transparencia de criterios de selección en Talleres de Empleo dirigidas a la Dirección Provincial del SAE en Sevilla en el curso de la queja 10/ Resolución relativa al Reintegro de subsidio de Renta Activa de Inserción (RAI) por error de inscripción en Oficina del SAE dirigidas a la Dirección Provincial del SAE en Cádiz en el curso de la queja 10/ Resolución relativa a la Denegación de pensión no contributiva por rigurosidad sobre compulsa de documentos dirigidas a la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla en el curso de la queja 10/ Análisis de las quejas admitidas a trámite Empleo Medidas de fomento del autoempleo. Las distintas líneas de ayudas e incentivos a la promoción del autoempleo y ayudas a la creación de empresas han dado lugar a convocatorias a las que han acudido un elevado número de solicitudes y sus correspondientes expedientes administrativos que, en su tramitación y resolución, han sido objeto de distintas incidencias (demoras, falta de información, etc.), dando lugar a reclamaciones planteadas por los afectados en las instancias administrativas y ante esta Institución. Un buen ejemplo ilustrativo de lo anterior lo tenemos en la queja 09/2067, referida a un conjunto de quejas con idéntico planteamiento relativa a demoras en la tramitación y resolución de los expedientes concernientes a las ayudas enmarcadas en el programa denominado Plan Mas Autónomos (Decreto 175/2006, de 10 de Octubre y Orden de 15 de Marzo de 2007 por las que se regula el plan y las bases de la convocatoria relativas al Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía). En el planteamiento de todas ellas es una constante la referencia a la defraudación de las legítimas expectativas y a la confianza en las instituciones de la ciudadanía que había acudido a dichas convocatorias como consecuencia de su interés en iniciar o proseguir una actividad empresarial contando con la previsible ayuda pública que las mismas promovían, máxime en el contexto de crisis económica en que se desenvolvían estas iniciativas. En los relatos que nos acompañan estas quejas se hace una expresa referencia a los distintos peregrinajes administrativos por los que se han visto afectados estos 10
11 expedientes, pasando los expedientes de una Consejería a otra, así como cambio en las entidades colaboradoras en la instrucción, presentación de múltiples documentos, dificultades de obtener información telefónica sobre el estado de situación de los expedientes y un sin fin de gastos, molestias e incertidumbres a lo largo del dilatado discurrir administrativo, que finalmente se ve truncado mayoritariamente con una tardía resolución denegatoria fundamentada en la lacónica referencia al carácter limitativo de las dotaciones presupuestarias. Buen ejemplo de lo dicho se resume en el repetitivo informe administrativo que se nos remite con ocasión de esta quejas en las que se expresa lo siguiente: En virtud del artículo 30.1 de la Ley 30/2004 (...) las normas reguladoras de las subvenciones deberán contener la especificación de que la concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes. (...) Por Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de Abril, se transfieren las competencias en materia de autoempleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Mediante Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de Abril, se vuelven a transferir de nuevo las competencias en esta materia a la Consejería de Empleo. Analizado el expediente en su totalidad se ha procedido a denegar por falta de dotación presupuestaria el expediente de referencia con fecha (...) en base a los artículos anteriormente mencionados. Dos son las cuestiones que sobresalen en la tramitación y resolución de estos expedientes, que son los que destacan con no poca indignación los afectados. En primer lugar la excesiva demora en la tramitación de los expedientes, a la que se a añadido una escasa o nula información sobre los distintos avatares administrativos que, en mayor o menor medida, han incidido en la excesiva dilación en la instrucción y resolución, como pueden ser los relativos a los cambios competenciales en el conocimiento y resolución de estos expedientes, que han alcanzado tanto a los órganos competentes para resolver (con idas y venidas competenciales de una Consejería a otra) como a las entidades colaboradoras en la instrucción de los mismos (finalmente residenciadas en las correspondientes Cámaras de Comercio Industria y Navegación), peregrinaje competencial que no siempre se correspondía simultáneamente con el del traslado físico de los expedientes y aún menos con el de las transferencias de las asignaciones presupuestarias. Este aspecto llegó a tener tal magnitud, que la propia Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se vio obligada a trasladar a los afectados una comunicación exponiendo las dificultades de gestión que rodeaban estos expedientes, la imposibilidad de financiación de dos de las tres medidas que se incluían en el programa y el compromiso de dar una respuesta expresa y pronta a todos ellos, trasladando lo siguiente: La Instrucción de 30 de junio de 2008 de esta Dirección General de Economía Social y Emprendedores establece el siguiente orden de preferencia en la resolución de concesión de los expedientes presentados: 11
12 1ª Preferencia: Ticket de autónomo para el inicio de la actividad. 2ª Preferencia : Financiación para el inicio de la actividad de trabajo autónomo. 3ª Preferencia: Medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica. Resueltos todos los expedientes correspondientes a la 1ª Preferencia, si las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio lo permiten, se resolverán en el orden establecido, los expedientes correspondientes a la 2ª y 3ª preferencia. De conformidad con lo anteriormente expuesto, los expedientes de la medida del ticket del autónomo para el inicio de la actividad concedidos han agotado todo el presupuesto asignado, por lo que no se podrán resolver en sentido favorable los expedientes de solicitud de la medida de financiación para el inicio de la actividad de trabajo autónomo y la medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica. A la fecha de hoy no se ha dictado resolución expresa de denegación del expediente, si bien desde esta Dirección general de Economía Social y Emprendedores ya se ha iniciado el proceso que permita dictar la correspondiente resolución. El segundo aspecto que se destaca es el motivo que se aduce para la denegación de las ayudas, que se circunscribe a la falta de dotación presupuestaria, que según los informes administrativos tuvo su causa en el agotamiento de la totalidad del presupuesto para la medida del denominado ticket autónomo, quedando sin financiación las otras medidas previstas en el Plan, como eran la relativa a la financiación para el inicio de actividad de trabajo autónomo, y la medida para el apoyo y gestión necesarios en el ejercicio de la actividad económica. En este sentido, si bien el supuesto de agotamiento de la dotación presupuestaria tiene el amparo legal y jurisprudencial que le es propio, no es menos cierto que una resolución tardía (en muchos de los casos alcanzan la veintena de meses frente a los dos establecidos reglamentariamente para resolver constados a partir del informe sobre el plan de viabilidad-), con dicha argumentación no puede percibirse por los afectados sino como pretexto de la pésima gestión de un programa vacío parcialmente de contenido desde su inicio, con sus continuos vaivenes competenciales y trasiego de miles de expedientes, para finalmente dejar varadas las esperanzas de muchos de los solicitantes. Todo un auténtico dislate que tristemente trastoca las virtudes de un Programa que, sin duda habrá beneficiado a un significativo número de autónomos, pero también ha dado un maltrato administrativo a un conjunto más numeroso de solicitantes, extremos de sobra son conocidos por esa Consejería a través de los múltiples recursos y reclamaciones que con ocasión de los mismos se le han planteado. Desde la perspectiva de esta Defensoría esta actuación administrativa solo cabe tacharla de mala administración en el sentido de que todo lo concerniente a las convocatorias de las ayudas referidas se han desenvuelto en buena parte a espaldas y en contravención con lo que debe entenderse como derecho de la ciudadanía a una buena 12
13 administración conforme a lo establecido en el artículo 31 de Estatuto de Autonomía y 5 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, ambas de Llegados a este punto, sin perjuicio de las acciones instadas por los afectados en cada caso particular a través de los recursos administrativos y jurisdiccionales que existan en curso, lo cierto es que la revisión de la actuación administrativa resulta del todo imposible al tratarse de convocatorias de ayudas y ejercicios presupuestarios finiquitados, sólo nos cabe sugerir que en las próximas convocatorias se adopten las medidas administrativas necesarias para que estos procedimientos se resuelvan con la prontitud y transparencia que es exigible a la actuación de los poderes públicos y, en la medida de lo posible, dando un trato favorable a aquellas solicitudes frustradas por el proceso aquí descrito. En su virtud, a tenor de las consideraciones expuestas formulamos a la Consejería de Empleo la siguiente Sugerencia: Que se adopten las medidas necesarias en orden a la agilización de los procedimientos administrativos dimanantes de las convocatorias de ayudas y subvenciones promovidos por esa Consejería, especialmente en los aspectos que atañen al cumplimiento de los plazos establecidos y facilitando la información sobre el estado de tramitación de los expedientes. Que en las futuras acciones de fomento de la Consejería se estudie la viabilidad de dar un carácter preferente a aquellas solicitudes, que reuniendo los requisitos de las convocatorias del programa Mas Autónomos, fueron objeto de resolución tardía y desestimatoria por insuficiencia del crédito presupuestario. De ambas sugerencias fue aceptada la primera de ellas aduciendo impedimentos legales respecto a la segunda. Otro caso lo tenemos en la queja 09/2733 en la que la interesada manifestaba que solicitó la medida del ticket de autónomo para el inicio de la actividad a principios del año Posteriormente se la denegaron alegando que en dicha fecha se encontraba empleada, resultando lo contrario de acuerdo con la documental relativa a su vida laboral. El Servicio Andaluz de Empleo reconocía en escrito del año 2009 que se trata de un error informático al cruzar los datos de la Seguridad Social y los del Consejo Andaluz de las Cámaras de Comercio. Seguidamente se requirió el oportuno informe a la Consejería de Empleo y a la Cámara de Comercio. No obstante, a instancia de la interesada se nos remitió la resolución dictada por la Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento en el Empleo, en la que se deniega la ayuda solicitada por falta de dotación presupuestaria. A la vista de los datos aportados, esta Defensoría hace las siguientes consideraciones: El artículo 7.2 de la Orden de 15 de Marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria, al amparo del Decreto 175/2006, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del trabajo Autónomo en Andalucía, según el cual, el plazo máximo para resolver y notificar al interesado la resolución de las ayudas contenidas en el presente programa será de dos 13
14 meses contados a partir de la emisión del informe relativo al plan de viabilidad por la entidad asesora. El artículo 133 de la mencionada Orden de 15 de Marzo de 2007, dispone que la concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas en cada ejercicio. De acuerdo con el relato fáctico expuesto, la interesada presentó su solicitud para la obtención del ticket de autónomo el 09/01/08. La resolución denegatoria tiene fecha de salida de 26/11/09, más de un año y diez meses después de su presentación. Según la Orden de 15 de Marzo de 2007, las resoluciones relativas a la concesión o no del ticket de autónomo deben dictarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la emisión del informe elaborado en relación con el plan de viabilidad por parte de la entidad asesora, que en el presente caso es el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. A esta Institución no le consta la fecha de evacuación del citado informe, pero no deja ser llamativo que la Consejería no haya resuelto acerca de solicitud hasta más de veintidós meses después de haber sido presentada. Además, esta inicial indefinición acerca del plazo máximo de resolución del procedimiento en ningún caso debe redundar en perjuicio del ciudadano, máxime cuando en la ya varias veces citada Orden de 15 de Marzo de 2007 se señala con carácter general como plazo máximo para la resolución de las restantes ayudas el de cuatro meses desde la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente. A la vista de tan dilatada demora, esta Institución se encuentra en la obligación de denunciar el evidente incumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos a recibir una contestación a sus reclamaciones dentro de un plazo razonable, el cual dista con mucho del que se ha empleado en la presente ocasión para contestar a la interesada. Otro punto que estimamos pertinente analizar es la insuficiente motivación que reúne la resolución de la solicitud de la concesión de la ayuda al ticket de autónomo. La Administración se limita a mencionar escuetamente que ello obedece a falta de dotación presupuestaria para su concesión, mencionando al efecto el artículo 133 de la Orden reguladora de la convocatoria. En primer lugar, resulta necesario señalar que el deber de motivar los actos administrativos se encuentra reflejado en el artículo 54.1 f) de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de que los mismos sean consecuencia del ejercicio de potestades discrecionales, como sucede en el presente caso teniendo en cuenta que la Administración puede optar entre diversas alternativas en el ámbito de la concesión de subvenciones públicas, sin estar obligada por el ordenamiento a seguir una única solución conforme a Derecho, lo cual implica un especial esfuerzo en la motivación para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad. En este sentido, para la materia de denegaciones por falta de disponibilidad presupuestaria, hemos de citar la sentencia del mismo tribunal de 25 de Enero de 2000 (RJCA 2000\337), en sus Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto: 14
15 «Mas a lo que si puede aspirar el interesado, administrado sujeto de derechos, es que la Administración resuelva en el plazo que la propia norma establece, y sobre todo que la resolución incorpore una justificación real y sería apoyada en datos objetivos que avalen la decisión tomada, siendo exigible que si se deniega por motivos de inexistencia de crédito presupuestario la propia resolución incorpore los datos que así lo acrediten, mediante, al menos, relación de con qué cantidad estaba presupuestada al efecto y, dado que consta que sí se han subvencionado a otras entidades, qué criterios o causas fueron los determinantes para concedérsela a ciertos peticionarios en detrimento de otros; la omisión de dichas garantías conlleva las consecuencias que se dirán a continuación y que debe de soportar la Administración no respetuosa con las obligaciones legales, de suerte que la omisión de una justificación sería y real convierte su decisión en arbitraria (...)». «La justificación seria y real, una vez que no se pone en cuestión la existencia de los requisitos para acceder a la ayuda solicitada, resulta esencial e insoslayable, y su falta va a determinar la nulidad de la actuación. (...) Es a la Administración, sometida a la ley y al Derecho a la que le corresponde aportar en el expediente administrativo los datos que justifican su decisión, pues es a la misma a la que corresponde demostrar que su decisión no es arbitraria; la Administración viene obligada a motivar su decisión, por lo que en primer término es a la misma a la que corresponde la carga de la prueba. Por tanto, si la Administración ha basado en exclusividad su denegación en la carencia presupuestaria, es a la misma a la que corresponde acreditar tal aserto, que se constituye en la causa primera y única de la denegación, la que legitima y da validez al contenido del acto». De acuerdo con el tenor expresado en las antedichas resoluciones judiciales, entendemos que en el presente caso la motivación que se ha dado por parte de la Consejería para la denegación de la subvención es absolutamente insuficiente y genera una clara indefensión en la interesada, la cual no llega a saber a ciencia cierta las razones por las cuales se le ha denegado su solicitud, con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución, ya que la genérica referencia a la falta de disponibilidad presupuestaria no determina claramente ni los límites en cuanto a su cuantía, ni los criterios seguidos para su concesión a otros ciudadanos que al amparo de la misma convocatoria sí la obtuvieron. Es más, tan insuficiente motivación tampoco permite conocer si dicha denegación se encuentra fundada en criterios de temporalidad, supuesto en el que resultaría doblemente inadmisible dicha resolución, habida cuenta de que la inicial denegación que se realizó a la interesada estaba fundada en un error de carácter administrativo respecto al cruce de datos, reconocido por la propia Consejería en escrito de 06/03/09. En este punto nos asalta la duda de si la ayuda podría haber sido concedida de no haberse demorado la tramitación por el error administrativo, toda vez que al momento posterior de denegación el crédito presupuestario ya había sigo agotado con anterioridad, máxime cuando la solicitud es resuelta en un ejercicio presupuestario posterior al de la convocatoria. En todo caso, el peregrinaje competencial que se produce como consecuencia de los Decretos del Presidente 10/2008 y 3/2009 pueden servir de excusa para justificar la 15
16 excesiva demora en la resolución de estos expedientes, ganándonos la impresión de que la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias en relación al número de solicitudes. Por todo ello, venimos en formular a la Consejería de Empleo la siguiente Recomendación (aceptada): Que se adopten las medidas concretas necesarias en orden a que la notificación de las resoluciones recaídas en los procedimientos incoados en materia de subvenciones sean resueltos en el plazo reglamentariamente establecido, y en todo caso, dentro de un plazo razonable. Que se proceda a elaborar una nueva resolución, debidamente motivada en los términos fijados por la jurisprudencia, acerca de la concesión o denegación de la ayuda para el ticket de autónomo solicitado por la interesada. Por último, en el expediente de queja 09/3382 el interesado nos exponía que habiendo ejercitado el derecho de petición ante la Presidencia de la Junta de Andalucía en relación a una ayuda o incentivo económico al empleo estable, tras su denegación requirió determinada información relativa al mismo sin obtener respuesta sobre los extremos pretendidos, viéndose obligado a instarla en vía de petición, en la que tampoco obtuvo respuesta. En este sentido exponía el amplio peregrinaje administrativo como consecuencia de una denegación de ayuda económica que solicitó en el año 2002 sobre incentivo al empleo estable en empresas o entidades de lucro de hasta 250 trabajadores, que fue objeto de un recurso de reposición (desestimatorio en enero de 2007) y de recurso extraordinario de revisión (estimado parcialmente en mayo de 2007), consecuencia de lo cual la solicitud fue objeto de nueva tramitación (en base a un capítulo diferente de la norma convocante: como ayuda a la primera contratación indefinida del autónomo), que es objeto de denegación (por haber tenido la empresa en plantilla, con anterioridad, trabajadores con carácter indefinido), que nuevamente es recurrida en reposición y denegación expresa ulterior. Ante este estado de la cuestión, el interesado plantea ante la Presidencia de la Junta de Andalucía derecho de petición sobre dos extremos que fueron fundamento de la denegación del incentivo, y que concretaba en los siguientes términos: Que se le informara de qué fecha de realización de contratos se dio por agotado el presupuesto de la ayuda prevista en la Orden de Convocatoria de Que se le dijera en qué fecha y a qué persona, efectuó una contratación indefinida anterior a la solicitud de ayuda. Admitida a trámite la queja y recabando los correspondientes informes a la Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Empleo se informa lo siguiente: Por la Oficina del Presidente de la Junta de Andalucía se dice que por la Oficina del Presidente se dio traslado del escrito de petición del interesado al Consejero de Empleo al ser asunto de su competencia, que contesta remitiendo copia del informe remitido al DPA 16
17 indicando la justificación de la denegación de la solicitud (de ayuda) y la desestimación del último recurso de reposición interpuesto contra esta. Por su parte la Consejería de Empleo remite un índice-informe con todo el iter procedimental relativo a los distintos avatares acaecidos con relación a la ayuda solicitada, pero nada en absoluto en relación a los dos extremos peticionados a que nos hemos referido. Ante este estado de la cuestión caben hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, con independencia del órgano a que se dirija la petición, corresponde al órgano para conocer de ella el obligado a atenderla, órgano que en el presente caso se circunscribe a la Consejería de Empleo dada la naturaleza de los extremos peticionados, conforme a lo dispuesto en el art de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del derecho de petición «Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad...», obligación administrativa para la que el mismo precepto establece un plazo máxime de tres meses a contar desde la fecha de presentación. En segundo lugar, con independencia del cumplimiento de los plazos, en ningún momento se produce la contestación a los extremos planteados, ni por la Consejería de Empleo ni por la Oficina o Gabinete del Presidente, toda vez que el trámite parece que se da por cumplido por la Consejería de Empleo con la resolución desestimatoria del último recurso de reposición interpuesto por el interesado. Entrando en el fondo de la cuestión planteada por el interesado en el ejercicio de su derecho de petición, ésta se circunscribe a dos cuestiones, ambas íntimamente relacionadas con el expediente de subvención de las que traen causa, la primera referente a la fecha en que se dio por agotada la aplicación presupuestaria relativa a la subvención (extremo conocedor por el órgano gestor o por la Intervención sustraible del Sistema integrado de Gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta de Andalucía, (denominado Júpiter ), y la segunda que se le especifique la contratación indefinida que fundamenta la denegación de la subvención, extremo que motivando dicha resolución debe obrar en el correspondiente expediente (bien porque obra la documentación relativa a dicha contratación o bien porque esta se deduce de otra documentación relacionada -fe de vida laboral, doc. cotización,...etc.-). Así pues, sólo cabe concluir a este respecto que el derecho de petición ejercitado por el interesado no ha sido debidamente atendido en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición, por lo que al amparo del art de la Ley reguladora de esta Institución (Ley 9/83, de 1 de diciembre), se procede a formular a esa Consejería de Empleo Recordatorio de deberes legales, por entender vulnerado el siguiente precepto: Artículo 29 de la Constitución. Con idéntico fundamento normativo también elevamos la siguiente Recomendación (aceptada): 17
18 Que se atienda la petición del interesado en relación a los extremos que se plantea en la misma Programas de promoción del empleo Plan de Mejora de la Empleabilidad (Plan MEMTA). Sin duda la Formación para el Empleo se esta convirtiendo en el eje de las políticas activas de empleo como elemento estratégico de salida de la crisis económica. En este sentido, determinadas ayudas de promoción del empleo van unidas a la obligada participación de sus beneficiarios en acciones de búsqueda de empleo o a la asistencia a cursos de formación que requieren la asistencia a los mismos, sancionándose el incumplimiento de esta obligación con la exclusión de los mismos, circunstancias que se nos plantea por los afectados en múltiples quejas. En otros casos el incumplimiento se atribuye a la entidad promotora del proyecto formativo, al incumplir los compromisos de contratación exigidos en la normativa vigente. Así en el expediente de queja 09/4668 acudió a esta Institución el interesado exponiendo su discrepancia con la sanción de exclusión del Plan MEMTA aplicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y de la pérdida de los derechos correspondientes al mismo, por entender que la misma no se ajustaba a derecho. En este sentido aludía que habiendo obtenido la inclusión en el citado plan y suscrito la correspondiente Carta de Compromisos, vino participando en las acciones de orientación con la sola ausencia injustificada a las sesiones de dos días de los programados, motivo por el cual se le comunicó telefónicamente que causaba baja en el plan a la vez que le conminaban a no seguir asistiendo a la formación y sesiones de búsqueda de empleo. Planteada por el interesado la correspondiente reclamación en base a que no se han dado los supuestos previstos en la norma reguladora del Plan para causar baja en el mismo (Orden de 31 de octubre de 2008) y en la Carta de Compromisos, es decir tres faltas no justificadas, por esa Dirección Provincial se ratifica la decisión adoptada por la oficina del SAE (25 de Septiembre de 2009) aseverando que toda vez que las sesiones de los grupos de búsqueda específica de empleo tienen lugar una vez en semana en sesiones de dos horas y en base a Instrucciones para el seguimiento de la asistencia en el que textualmente se dice que se considera para el cómputo de las faltas de asistencia que una falta equivale a una hora de no asistencia, o lo que es lo mismo, que dichas dos inasistencias computan como cuatro faltas, excediendo de las tres que dan lugar a la baja del interesado en el referido plan. Sentado el planteamiento de la cuestión en estos términos, caben hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar hay que decir que el marco normativo del denominado Plan MEMTA viene conformado por la Orden de 31 de octubre de 2008 (modificada posteriormente por Orden de 23 de Marzo de 2009) por el que se establece el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo 18
19 en cuyo art. 3.6 se dispone: «La Carta de compromiso para la empleabilidad, entrará en vigor desde el momento de la firma de la misma y finalizará con la inserción laboral de la persona desempleada. Así mismo, quedará sin efecto cuando la persona demandante incurra en alguna de las siguientes situaciones: ( ) b) La no asistencia o participación en las actuaciones previstas en la Carta de acuerdo con lo siguiente: si la acción tiene una duración de hasta tres meses, dicho incumplimiento se apreciará con tres faltas no justificadas; si la acción tiene una duración superior a tres meses dicho incumplimiento se apreciará con cinco faltas no justificadas». En el mismo sentido la Carta de Compromisos al reiterar como supuesto de incumplimiento la comisión de tres faltas no justificadas (si la acción no tiene una duración superior a tres meses). Por otro lado en desarrollo de la Instrucción 4/2008, de 23 de Diciembre, de la Dirección Gerencia del SAE (que nada añade a este particular), por la que se establecen directrices para la aplicación e interpretación del Plan MEMTA, se ha elaborado el documento denominado El seguimiento de la asistencia a los grupos de búsqueda de empleo: faltas de asistencia y planes bloqueados: 2ª Edición: Marzo de 1009, documento que en su apartado 10 relativo al Seguimiento de la participación en el Plan Memta viene a establecer respecto a las acciones específicas de búsqueda de empleo, que la participación en los mismos requiere una asistencia mínima de dos horas semanales, añadiendo que la la acumulación de faltas de asistencia repercutirá en la participación de la persona demandante en el Plan MEMTA de la siguiente manera: ( ) Mas de tres horas de faltas de asistencia no justificada acumuladas en distintas semanas ( ) Se considera para el cómputo de las faltas de asistencia que una falta equivale a una hora de asistencia. Lo anterior viene a significar que dos faltas injustificadas de asistencia a dichas sesiones, de dos horas de duración cada una de ellas, vienen a equivaler a cuatro faltas, excediendo las tres faltas que se establece en la Orden reguladora del Plan como límite para causar baja del demandante de empleo en el plan, interpretación que en modo alguno se comparte por esta Institución, máxime cuando de esta interpretación restrictiva se deducen perjuicios para los interesados como es el caso planteado. Cabe destacar en este aspecto que si bien la norma de cobertura del referido Plan es una norma jurídica publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no así la referida Instrucción 4/2008, que si bien fue objeto de publicación solo tiene el valor interpretativo que le es propio, nada dispone en este punto, pero en modo alguno el citado documento de seguimiento de la asistencia, que sin tener esta naturaleza (norma jurídica y publicidad) puede contravenir el marco jurídico habilitante descrito. A este respecto cabe decir que frente a la literalidad de la norma de cobertura, la Orden de 31 de octubre de 2008, que no admite interpretación alguna que la desvirtúe o contraríe, lo cierto es que el documento de seguimiento de la asistencia al fijar la periodicidad (semanal) y la duración de las sesiones (dos horas cada una de ellas) introduce ex novo el cómputo de inasistencia a una de ellas como una doble falta en razón a la equivalencia de una falta a una hora de no asistencia, viniendo así a duplicar contra legem la severidad del régimen sancionador, que si en la Orden viene referido a tres faltas de asistencia (a tres sesiones), este documento lo reduce a una falta y media de asistencia (1,5), o lo que es lo mismo, basta la inasistencia a una sola sesión y a media de otra 19
20 (sesión) para que el afectado sea objeto de baja en el citado plan como ha sido el caso, conforme a la interpretación que expresa el documento de seguimiento. Desde esta perspectiva esta Defensoría no puede compartir esta torticera interpretación de la norma habilitante, que mas allá de una errónea interpretación introduce una tipificación de las conductas carente de cobertura jurídica, y ello se acomete en un documento sin valor jurídico ni publicidad oficial alguna, documento que en última instancia es el que ha prevalecido a la hora de aplicar la sanción de exclusión del plan. Por lo anteriormente expuesto, se formuló formular a la Dirección Gerencia del SAE la siguiente Recomendación: Que se revise el documento de seguimiento de la asistencia a los grupos de búsqueda de empleo en orden a que el régimen de faltas por inasistencia a las sesiones de búsqueda de empleo se adecue al establecido en la Orden reguladora del Plan. Igualmente y con el mismo fundamento se formula a la Dirección Provincial del SAE en Almería la siguiente Recomendación (no aceptada): Que previo los trámites pertinentes, se proceda a la revocación de la exclusión del afectado en el Plan MEMTA, retrotrayendo las actuaciones al momento procedimental que corresponda así como a resarcir los perjuicios que hayan podido causarse al mismo Formación Profesional para el empleo. En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, la normativa reguladora de estas líneas de acción supeditan el otorgamiento de las subvenciones a la realización de cursos de formación conjuntamente con el establecimiento de compromisos de contratación de sus promotores en un determinado porcentaje de los participantes a los mismos y durante un determinado periodo de tiempo u otro tipo de condicionantes, que al no ser objeto de cumplimiento provocan reclamaciones de los participantes perjudicados por dichos incumplimientos. Así en el expediente de queja 09/5419 varios interesados denunciaban el incumplimiento del compromiso de contratación dimanante del curso de F.P.O. de Programador de Aplicaciones Informáticas impartido por una determinada empresa de Formación. En este sentido nos señalaban que tras finalizar el referido curso, el compromiso de contratación (del 60% de los participantes) no se había cumplido en su totalidad por la empresa promotora, y ello a pesar de las distintas vicisitudes y de las múltiples gestiones y reuniones llevadas a cabo por las partes implicadas en cuestión. Por la Dirección General de Empleabilidad y Formación profesional se nos informa que en el curso del seguimiento de dicho compromiso de contratación se constata que éste no se estaba cumpliendo por la citada empresa, señalando las consecuencias que para dicha circunstancia establece la normativa específica (Decreto 204/1997, de 3 de Septiembre y Orden de 12 de Diciembre de 2000). 20