Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-025-14.htm
Timestamp: 2018-07-16 20:31:19
Document Index: 345091555

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 86', 'artículo 20', 'artículo 83', 'artículo 2', 'artículo 177']

T-025-14
SUMINISTRO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS NO INCLUIDOS EN POS-Casos en que EPS niegan el suministro de insumos como pañales desechables, sillas de ruedas y tratamiento integral entre otros
La salud es un derecho fundamental autónomo que, además, “comprende, entre otros, el derecho a acceder a servicios (…) [médicos] de manera oportuna, eficaz y con calidad”, lo que lo convierte en una garantía que debe proveerse a los usuarios del Sistema de Salud, dentro de los más altos estándares, cuidando la observancia del principio de integralidad que lo caracteriza. Por tal motivo, el juez constitucional está llamado a conjurar su vulneración, cuando quiera que, por medio de la acción de tutela, tenga conocimiento tal circunstancia. Tratándose de personas que se encuentran en un particular estado de indefensión, vulnerabilidad, o debilidad manifiesta, es menester que el amparo que, a sus derechos fundamentales, imprima el juez constitucional se encuentre reforzado, toda vez que los sujetos sobre los que han de recaer sus medidas tuitivas demandan una especial protección constitucional.
Cuando el correspondiente profesional determina que un paciente demanda la prestación de servicios médicos, la realización de procedimientos, o el suministro de medicamentos e insumos, sin importar que estén o no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, la respectiva prestadora está en la obligación de proveérselos. Cuando se trate de aquellas cosas excluidas del mencionado plan de beneficios, deben verificarse una serie de reglas, establecidas copiosamente por la Corte: (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.
DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL-Suministro de elementos e insumos indispensables no incluidos en el POS sin fórmula u orden médica que los prescriba
En circunstancias excepcionales, ante la inexistencia de una orden, o cualquier otro documento que permita colegir, técnica o científicamente, la necesidad de lo que reclama un usuario, surge diáfana la intervención del juez constitucional con miras a impartir un mandato en uno u otro sentido. Dentro de esa gama de posibilidades, emergen los pacientes cuyas patologías conllevan síntomas, efectos y tratamientos que configuran hechos notorios;tal es el caso de quienes han sido diagnosticados con pérdida del control de sus esfínteres. Las reglas de la experiencia han demostrado que, generalmente, estos se ven expuestos a cuadros de incontinencia urinaria o fecal. Ante esa eventualidad, la solución suele ser paliativa, y se circunscribe al uso de pañales desechables, con el fin de tornar menos gravosa una perturbación funcional, difícilmente reversible, como la mencionada.
Todos los usuarios del Sistema de Salud tiene [sic] derecho a que la entidad de salud responsable, les realice las valoraciones médica [sic] tendientes a determinar si un servicio médico, por ellos solicitados, y que no ha sido ordenado por el médico o especialista tratante, debe ser autorizado o no. Ante ese tipo de solicitudes –que no cuentan con el respaldo de una orden médica, o que su prosperidad está limitada a la cobertura del Plan Obligatorio de Salud–, lo correcto no sería descartarlas ipso facto, sino darles un trámite oportuno y diligente, lo cual le implica a las referidas prestadoras abrir un abanico de posibilidades, haciendo uso de las herramientas técnicas y científicas de las que disponen, para dotarse de los elementos cognitivos pertinentes, de cara a la solución que demande el caso, ya sea que esta coincida o no con lo pedido.
ACCION DE TUTELA CONTRA EPS-Improcedencia para ordenar suministro de pañales y otros servicios excluidos del POS, por cuanto familiares tienen capacidad económica y no se afecta mínimo vital
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE ADULTO MAYOR-Orden a EPS suministro de silla de ruedas, pañales desechables y tratamiento integral correspondiente a sus patologías
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos en única instancia por: (i)el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, dentro del expediente T-4.030.138, en el trámite de la acción de amparo promovida por José Everardo Rueda, actuando como agente oficioso de su hijo, Nelson Rueda Artunduaga, contra la Nueva EPS; (ii) el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Neiva, dentro del expediente T-4.032.438, en el trámite de la acción de amparo promovida por Susana Perdomo Losada, actuando como agente oficiosa de su hermana, Luisa Rita Perdomo Losada, en contra de Comfamiliar EPS-S y la Secretaría de Salud Departamental del Huila; (iii)el Juzgado Civil Municipal de Madrid-Cundinamarca, dentro del expediente T-4.036.223, en el trámite de la acción de amparo promovida por Ana Rosa Quevedo Herrera, actuando como agente oficiosa de su hijo, Alfreidy Quevedo Quevedo, contra Famisanar EPS y; (iv) el Juzgado Sesenta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, dentro del expediente T-4.043.688, en el trámite de la acción de amparo promovida por Mauricio Andrés Umbarila Figueroa, actuando como agente oficioso de su padre, Hernando Umbarila Barbosa, contra Famisanar EPS.
1.2.2. Debido a que cuenta con 33 años de edad, padece “parálisis cerebral infantil, epilepsia, no habla, no camina”[1]y presenta una pérdida de capacidad laboral de 93,55%, su médico tratante le prescribió el uso de pañales desechables, en la forma y cantidad señalada en la respectiva orden.
José Everardo Rueda depreca el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad física, a la seguridad social y a la igualdad de su hijo discapacitado, Nelson Rueda Artunduaga y, como consecuencia, que se le ordene a la Nueva EPS que autorice el suministro de los pañales requeridos, con cargo a los recursos del Fosyga[2], así como el tratamiento integral de sus patologías.
- Copia simple de la orden médica del 11 de febrero de 2013, en la que se prescribe a Nelson Rueda Artunduaga el uso de 3 pañales desechables diarios por 3 meses (folio 3 del cuaderno 2 del expediente T-4.030.138).
- Copia simple del dictamen de 29 de mayo de 2008, mediante el cual el Instituto de Seguros Sociales –ISS– atribuye a Nelson Rueda Artunduaga una pérdida de capacidad laboral de 93,55% (folio 5 del cuaderno 2 del expediente T-4.030.138).
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de José Everardo Rueda (folio 6 del cuaderno 2 del expediente T-4.030.138).
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Nelson Rueda Artunduaga (folio 7 del cuaderno 2 del expediente T-4.030.138).
Atendiendo a lo anterior, en diligencia del 3 de julio de 2013, manifestó que es pensionado desde el año 2000 y que, por tal concepto, recibe una mesada de $1’373.145, una vez descontado el aporte a salud. Así mismo, refirió que vive en casa propia, junto a su esposa –ama de casa–, una hija –profesora de informática por contratos, de 40 años de edad– y el agenciado. En igual sentido, afirmó que “desde hace más o menos quince años”[3]ha asumido el costo de los pañales de su hijo, y que, en caso de no prosperar la tutela, tendría que seguir comprándolos, “haciendo rendir entonces la pensión que es el único sustento”[4].
2. Expediente T-4.032.438
Susana Perdomo Losada pretende que, a través de esta acción, sean amparados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad y a la seguridad social de su hermana y, en tal virtud, se ordene a Comfamiliar EPS-Sel suministro de 90 pañales desechables para adulto por mes, así como una valoración por fisiatría, para que, a través de esa especialidad, se determine, autorice y entregue la silla de ruedas más adecuada para ella, junto al tratamiento integral que amerita su condición.
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Susana Perdomo Losada(folio 4 del cuaderno 2 del expediente T-4.032.438).
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Luisa Rita Perdomo Losada(folio 5 del cuaderno 2 del expediente T-4.032.438).
- Copia simple del carné de afiliación a Comfamiliar EPS-S de Luisa Rita Perdomo Losada(folio 5 del cuaderno 2 del expediente T-4.032.438).
- Copia simple del formato No. 1 del Programa de Protección al Adulto Mayor, de 19 de abril de 2012, que contiene un concepto médico de la discapacidad de Luisa Rita Perdomo Losada (folios6a 8 del cuaderno 2 del expediente T-4.032.438).
- CD con fotografías de las extremidades de Luisa Rita Perdomo Losada (adherido al folio 8 del cuaderno 2 del expediente T-4.032.438).
Así mismo, refirió que los pañales y la silla de ruedas a los que aspira la accionante se encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Luego, como la agenciada pertenece al régimen subsidiado, corresponde a la Secretaría de Salud Departamental del Huila proveerlos. Por tal motivo, solicitó que se declarara la improcedencia del amparo deprecado o,en su defecto, que se le ordenara al mencionado ente territorial reembolsar los gastos en los que pudiera incurrir por tal concepto.
2.5.2.Respuesta de la Secretaría de Salud Departamental del Huila
La Secretaría de Salud Departamental del Huila se limitó a indicar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es responsabilidad de las Entidades Prestadoras de Salud brindarle a sus pacientes una atención integral, por lo que pidió ser exonerada de toda responsabilidad, de cara al posible menoscabo de los derechos fundamentales de Luisa Rita Perdomo Losada. Al mismo tiempo, sugirió que se obligara a Comfamiliar EPS-S a “cumplir tanto con las obligaciones de acompañamiento, como de prestación de servicios de salud a la usuaria”[5].
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Alfreidy Quevedo Quevedo (folio 1 del cuaderno 2 del expediente T-4.036.223).
- Copia simple de historia clínica No. 38.866, correspondiente a Alfreidy Quevedo Quevedo, expedida por el Instituto Colombiano de Rehabilitación F. D. Roosvelt (folio 2 a 5 del cuaderno 2 del expediente T-4.036.223).
- Copia simple del dictamen de pérdida de capacidad laboral de Alfreidy Quevedo Quevedo, expedido por Colsubsidio el 9 de diciembre de 2006(folio 6a 7 del cuaderno 2 del expediente T-4.036.223).
- Copia simple de respuesta del ISS a Ana Rosa Quevedo Herrera en la que le comunica el resultado de la calificación de invalidez de Alfreidy Quevedo Quevedo (folio 8 del cuaderno 2 del expediente T-4.036.223).
4. Expediente T-4.043.688
4.2.1. Su padre se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro del régimen contributivo –en calidad no especificada–, a través de Famisanar EPS.
4.2.2. Cuenta con 75 años de edad y fue diagnosticado con “secuelas de infarto cerebral, demencia vascular, hiperplasia prostática y con inmovilismo crónico”[8]. Además, padece incontinencia urinaria y fecal, razón por la cual su galeno tratante le sugirió el uso permanente de pañales desechables.
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Hernando Umbarila Barbosa(folio 4 del cuaderno 2 del expediente T-4.043.688).
- Copia simple de la cédula de ciudadanía de Mauricio Andrés Umbarila Figueroa(folio 5 del cuaderno 2 del expediente T-4.043.688).
- Copia simple de la historia clínica de Hernando Umbarila Barbosa, con último evento registrado el 26 de junio de 2013, expedida por Clínica Nueva(folios6a 9 del cuaderno 2 del expediente T-4.043.688).
- Copia simple de la petición enviada, el 30 de abril de 2013, por Mauricio Andrés Umbarila Figueroaa la entidad accionada, en la que le solicita autorizar el servicio de transporte y pañales (folio 10 del cuaderno 2 del expedienteT-4.043.688).
- Hoja de evolución del estado de salud de Hernando Umbarila Barbosa, expedida por Cafam Salud el 12 de julio de 2013 (folios12 a 13 del cuaderno 2 del expediente T-4.043.688).
Vencido el término legal para intervenir, Famisanar EPS guardó silencio frente a la demanda de tutela; pero, se advierte que, con posterioridad al correspondiente fallo, allegó contestación en la que afirmó que el actor no le ha solicitado el suministro de pañales, por lo que “mal haría (…) en acceder a las pretensiones de la tutela sin mediar un concepto médico [que indique] la pertinencia de los mismos”[9]. Por tal motivo, consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Hernando Umbarila Barbosa, razón por la cual debía declararse improcedente el amparo. No obstante, pidió que, en caso de prosperar, se le concediera la facultad de recobrar al Fosyga los gastos en los que pudiera incurrir para dar cumplimiento a tal providencia.
El Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, en sentencia de única instancia, proferida el 8 de julio de 2013, resolvió no conceder el amparo deprecado por José Everardo Rueda, luego de señalar que “recibe un valor neto mensual de $1.373.145”[10] y que, desde hace más de quince años, ha comprado los pañales que necesita su hijo, por lo que “está en condiciones económicas de seguir costeando tal insumo”[11]. Pero, ordenó a la Nueva EPS brindar el tratamiento integral a las patologías de parálisis cerebral infantil y epilepsia que aquejan al agenciado, Nelson Rueda Artunduaga.
“PRIMERO.- Por Secretaría General, oficiar al ciudadano José Everardo Rueda, para que en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala:
Y del mismo modo, se sirva allegar copia de las prescripciones médicas proferidas por profesionales de la salud (particulares o adscritos a la EPS a la que se encuentra afiliado), con relación a las patologías que presenta su hijo y la correspondiente historia clínica –si la tiene–.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos Susana Perdomo Losada, Ana Rosa Quevedo Herrera, Mauricio Andrés Umbarila Figueroa, respectivamente, para que en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
Y del mismo modo, en caso de que no lo hubieran hecho en la correspondiente instancia, se sirvan allegar las copias de las prescripciones médicas proferidas por profesionales de la salud (particulares o adscritos a la EPS a la que se encuentran afiliados) y la historia clínica –si la tienen–, con relación a las patologías que presenta su agenciado(a).
No obstante, vencido el término otorgado a las partes para absolver los requerimientos solicitados en el citado auto, en la Secretaría General de esta corporación, solo se recibió respuesta por parte de Susana Perdomo Losada[12], a través de la cual dio cuenta de su condición socioeconómica, de la conformación de su núcleo familiar, y de su relación de ingresos y egresos mensuales.
En dicho escrito, señaló que no está en posición de laborar, pues, además de proveerle los cuidados a su hermana discapacitada, Luisa Rita Perdomo Losada, también hace lo propio con su madre, Clotilde Losada de Perdomo, quien cuenta con 85 años de edad y padece una serie de enfermedades de alta complejidad, que demandan atención constante. Así mismo, manifestó que los gastos del hogar, con mucha dificultad, los asume su esposo, quien devenga apenas un salario mínimo mensual, del cual debe destinar: $400.000 para alimentación, $60.000 para “dos tarros”[13]del suplemento alimenticio Ensure, $150.000 a servicios públicos, $100.000 a utensilios de aseo –talcos, guantes, cremas humectantes, Rifamicina y otros–, y $70.000 por cada servicio de ambulancia que requiera para trasladar a sus mencionadas parientes a un establecimiento de salud, en el que puedan recibir atención médica de urgencias, y viceversa.
Para efectos de sustentar sus afirmaciones, igualmente, remitió a la Corte: (i)el Formato No1. del Programa de Protección Social al Adulto Mayor[14], del 19 de abril de 2012, que contiene un concepto médico de la discapacidad de Luisa Rita Perdomo Losada; (ii) copia simple de la cédula de ciudadanía de Luisa Rita Perdomo Losada[15]; (iii)Epicrisis de su madre[16], Clotilde Losada de Perdomo, que da fe de las patologías que le aquejan –síndrome convulsivo, ACV multiinfarto, fibrilación auricular persistente, insuficiencia cardiaca, infección en vías urinarias y desnutrición, entre otras–;(iv) formato de “Registro Diario de Atención Domiciliario”[17]de su madre y,(v) recibos de caja por concepto de traslado en ambulancia de la mencionada progenitora[18].
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991[19].
En esta oportunidad, las acciones de tutela fueron presentadas por José Everardo Rueda, Susana Perdomo Losada, Ana Rosa Quevedo Herrera, y Mauricio Andrés Umbarila Figueroa, actuando como agentes oficiosos de sus respectivos familiares, dado que aquellos no están en condiciones de promover su propia defensa[21], razón por la cual los actores se encuentran legitimados en la causa por activa.
La Nueva EPS, Comfamiliar EPS-S, la Secretaría de Salud Departamental del Huila y Famisanar EPS están legitimadas en la causa como parte pasiva, en la medida en que se les atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se demanda. Por tratarse de una autoridad pública y de entidades de carácter privado encargadas de la prestación del servicio público de salud, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 y el numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[22], esta acción es procedente en su contra.
Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala abordará, desde la jurisprudencia de esta corporación, los siguientes tópicos: (i)el derecho fundamental a la salud de las personas con discapacidad y los adultos mayores; (ii)requisitos para que las entidades prestadoras de salud autoricen servicios e insumos excluidos del Plan Obligatorio de Salud; (iii)autorización de servicios e insumos reclamados sin orden médica, cuya necesidad configura un hecho notorio; (iv)la faceta de diagnóstico en el derecho fundamental a la salud y; (v) el estudio de los casos concretos.
4. El derecho fundamental a la salud de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 49 de nuestra Constitución Política –que el Constituyente enlistó dentro del título de derechos económicos sociales y culturales– señala que “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
Al tiempo, el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud[23] –OMS–, decantando los “principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos”, define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Luego, este tribunal convino que era susceptible de ser protegido mediante el mecanismo constitucional, en forma directa, cuando la persona sobre quien recaía la vulneración era sujeto de especial protección constitucional[25], debido a sus condiciones de debilidad manifiesta[26].
No obstante, en la actualidad, se establece que el instrumento de amparo consagrado en el artículo 86 superiores idóneo para salvaguardar el derecho a la salud, sin mediar consideraciones externas, ya que, por su naturaleza, debe ser comprendido como fundamental en sí mismo, teniendo en cuenta la relación inescindible que guarda con la vida y la dignidad del ser humano. Tal posición cobra vigencia, si se asume que “se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional innegable”[27].
Así las cosas, para esta Corte, la salud es un derecho fundamental autónomo[28] que, además,“comprende, entre otros, el derecho a acceder a servicios (…) [médicos] de manera oportuna, eficaz y con calidad”[29], lo que lo convierte en una garantía que debe proveerse a los usuarios del Sistema de Salud, dentro de los más altos estándares, cuidando la observancia del principio de integralidad[30] que lo caracteriza. Por tal motivo, el juez constitucional está llamado a conjurar su vulneración, cuando quiera que, por medio de la acción de tutela, tenga conocimiento tal circunstancia.
Como se indicó, a dicho derecho le subyace un vínculo indisoluble con la vida, frente a la cual la protección por vía de tutela no solo procede en su acepción de “simple existencia biológica, sino (…)[también] dentro de una dimensión más amplia, que comprenda una vida digna”[31],lo cual implica que el Estado tiene el deber de articular políticas encaminadas a preservar y recuperar la salud de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad, promoviendo que, en ciertos casos, las entidades prestadoras de salud concedan servicios e insumos que no sean médicos en estricto sentido, como es el caso de los pañales.
“La verificación de estos requisitos debe ser efectuada por los jueces en forma estricta, por virtud del referido carácter subsidiario de la tutela; no obstante, en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuandoquiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.
Ese tratamiento diferencial encuentra soporte en lo preceptuado por los artículos 13 inciso tercero[33],46[34] y 47[35] de la Carta Política, entre otros, y con miras a materializarlo en los adultos mayores, este tribunal, en reiteradas oportunidades, ha sostenido:
“Las personas de la tercera edad han sido señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación como sujetos de especial protección por parte del Estado y en consecuencia deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Así, ante el amparo de los derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el estado de salud y la edad de la persona que ha llegado a la tercera edad…”[36].
Así las cosas, cuando el operador jurídico se enfrenta a un asunto de tal envergadura, no siempre hace falta que el afectado pida –al fallador de instancia o a la entidad demandada– los procedimientos, servicios, o insumos que requiera para superar el hecho vulnerador, por cuanto es una obligación del Estado proveérselos en tanto lo advierta, sin importar el canal a través del cual se entere, o el escenario en el que deba tomar las determinaciones a que haya lugar. Si existe una persona con cualquiera de las limitaciones antedichas, lo propio es que el juez constitucional, como garante de los valores, principios y normas de la Constitución, concurra a brindarle la protección que impone dicho Estatuto, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Se trata de un deber ineludible que sobre él se erige, en virtud de un mandato supralegal que lo obliga a no permanecer impávido ante tal suceso[38]; máxime, cuando derive de la eventual conculcación del derecho fundamental a la salud.
5. Requisitos para que las entidades prestadoras de salud autoricen servicios e insumos excluidos del Plan Obligatorio de Salud
“(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo”[40].
6. Autorización de servicios e insumos reclamados sin orden médica, cuya necesidad configura un hecho notorio
En uno de esos casos, la Corte señaló que,“si bien los pañales no fueron ordenados por el médico tratante, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la necesidad de los mismos para quien padece incontinencia, ‘es un hecho notorio que no necesita de una orden médica que respalde la necesidad del suministro’”[43].
De lo anterior se desprende, claramente, que hay situaciones en las que el juez de tutela puede prescindir de la prescripción médica para procurarle a un paciente el acceso a una prestación que necesita, pues, en el caso particular, salta a la vista que, de no proveérsele, las consecuencias negativas para este serían apenas obvias; principalmente, en situaciones en las que el riesgo de sufrirlas se potencializa en razón de factores socioeconómicos, cuando los recursos de los que dispone –él, o su núcleo familiar– carecen de la entidad suficiente para mitigar el daño ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, tenga o no carácter medicinal.
A lo dicho, se suma que el componente tuitivo, reconocido por este tribunal a este tipo de asuntos, no claudica ante el agotamiento de las alternativas vigentes de cara al derecho fundamental a la salud, sino que se extiende a la protección de otras garantías, también de rango superior, como es el caso de la vida en condiciones dignas. Así lo ha cristalizado en sus pronunciamientos, disponiendo, en reiteradas oportunidades, “el cumplimiento de ciertas prestaciones que no han sido prescritas por los médicos tratantes adscritos a las EPS, al considerar que los padecimientos son hechos notorios que vuelven indigna la existencia de una persona, puesto que no le permite gozar de la óptima calidad de vida que merece, y por consiguiente, le impide desarrollarse plenamente”[44].
Luego, si un paciente en condiciones de debilidad manifiesta, por ejemplo, por sus extremas condiciones de pobreza, o limitada en sus funciones psicomotoras, o disminuida física o mentalmente en razón de su avanzada edad– o de cualquier otro factor–, o carente de apoyo familiar y en estado de postración demanda la entrega de pañales y una silla de ruedas para acceder a una calidad de vida, si bien no ideal, por lo menos aceptable, el juez de tutela está en la obligación de procurar los medios, materiales y legales, para suministrárselos, sea mediante una orden perentoria o impartiendo a las entidades responsables de tal servicio los lineamientos debidos.
7. La faceta de diagnóstico en el derecho fundamental a la salud
En tal sentido, que no exista una prescripción expresa de un profesional de la salud, no significa que aquellas puedan desatender, de forma tajante, cualquier requerimiento que le haga un paciente –o quien acuda en su nombre– para mejorar su salud, o acceder a las prestaciones debidas, pues el derecho fundamental a la salud comprende también el derecho al diagnóstico[46]. De Conformidad con este, “todos los usuarios del Sistema de Salud tiene [sic] derecho a que la entidad de salud responsable, les realice las valoraciones médica [sic] tendientes a determinar si un servicio médico, por ellos solicitados, y que no ha sido ordenado por el médico o especialista tratante, debe ser autorizado o no”[47].
Por lo anterior, resulta contrario a la posición de esta Sala que se exija a las personas que demandan el suministro de prestaciones médicas y asistenciales, como única alternativa para autorizarlos, que alleguen un soporte clínico, o que lo pretendido se encuentre cobijado por el correspondiente plan de beneficios, habida cuenta que “es deber de la entidad [prestadora de salud] contar con todos los elementos de pertinencia médica necesarios para fundamentar adecuadamente la decisión de autorizar o no el servicio”[48], lo que permite colegir que, antes de negarlo, tiene el deber de contar con los elementos de juicio suficientes, ya sean exámenes, estudios, evaluaciones, o conceptos, pues, de lo contrario, trasgredirían el derecho fundamental a la salud del paciente.
Siguiendo ese orden de ideas, ante ese tipo de solicitudes –que no cuentan con el respaldo de una orden médica, o que su prosperidad está limitada a la cobertura del Plan Obligatorio de Salud–, lo correcto no sería descartarlas ipso facto, sino darles un trámite oportuno y diligente, lo cual le implica a las referidas prestadoras abrir un abanico de posibilidades, haciendo uso de las herramientas técnicas y científicas de las que disponen, para dotarse de los elementos cognitivos pertinentes, de cara a la solución que demande el caso, ya sea que esta coincida o no con lo pedido.
José Everardo Rueda, agenciando los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad física, a la seguridad social y a la igualdad de su hijo de 33 años de edad, Nelson Rueda Artunduaga, quien padece parálisis cerebral infantil y otras enfermedades que limitan sus funciones psicomotoras, instauró demanda de tutela en contra de la Nueva EPS –a la cual se encuentran afiliados–, a efectos de obtener los pañales desechables prescritos por su médico tratante, luego de que dicha entidad, por conducto del Comité Técnico Científico, se los negara.
El actor manifiesta que su hijo depende económicamente de él y que requiere que el Estado, con cargo a los recursos del Fosyga[49], le provea los mencionados insumos, pues su mínimo vital lo obtiene apenas de la pensión que devenga[50].
Aunque la Sala no desconoce que el agenciado es sujeto de especial protección constitucional, en razón de su discapacidad, así como también lo es el propio accionante, debido a su avanzada edad –73 años[53]–, no se puede perder de vista que, en virtud del principio de solidaridad[54] que rige al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el deber de asistencia y cuidado de los pacientes– que implica asumir el costo de las atenciones que no estén cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud– está, primero, a cargo de la familia, por lo cual, el Estado tiene el deber de suplirla solo cuando es imposible atribuirle esa carga a aquella, sea porque el paciente no cuente con familiares o porque, existiendo, estos carecen de recursos para atender tales costos.
En ese orden de ideas, no es procedente reconocer por vía de tutela el suministro de pañales para el agenciado, teniendo en cuenta que su padre –el accionante– goza de capacidad económica para atender dicha necesidad, pues se encuentra pensionado desde el año 2000, devengando una mesada que, en la actualidad, asciende a $.1’549.145[55], menos aportes a salud, con la cual, como él mismo afirmó, desde hace más de quince años, los ha estado comprando de manera particular[56], sin que sea posible establecer la forma en que ese y otros gastos impacten sus ingresos, ni tampoco el advenimiento de circunstancias que hayan hecho variar su situación económica, toda vez que, pese al requerimiento efectuado en esta Sede, el demandante no relacionó la forma en la que distribuye su mesada[57].
A lo anterior, se suma que el referido accionante afirmó que su núcleo doméstico está conformado por su esposa y su hija mayor, y que esta última “da clases de informática en un Colegio (…) y (…) no tiene hijos”[58], por lo que se entiende que sus haberes entran a formar parte de los recursos con los que cuenta la familia, la cual, valga decir, vive en un inmueble de propiedad del actor, con lo cual se descarta el eventual pago de cánones de arrendamiento, que puedan mermar su capacidad para destinar libremente los medios económicos disponibles.
Susana Perdomo Losada, agenciando los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad y a la seguridad social de su hermana de 70 años de edad, Luisa Rita Perdomo Losada, impetró acción de tutela en contra de Comfamiliar EPS-S –a la cual se encuentra afiliada– y la Secretaría Departamental de Salud del Huila, procurando el reconocimiento de los pañales desechables y la silla de ruedas, previa valoración médica, que, estima, necesita con urgencia su hermana.
De los documentos que obran en el expediente, esta Sala advierte que, tal como lo señaló la demandante, su hermana cuenta con 70 años de edad[59] y atraviesa por una situación muy compleja, pues, está médicamente certificado que se trata de una “paciente [que] presenta de manera crónica, secuelas motoras por meningitis en la infancia, esta [sic] en tratamiento por hipertensión, no camina porque no mueve sus extremidades (…), no se comunica, es analfabeta, depende exclusivamente de otra persona para su alimentación, movilización y manutención”[60], y aunque no sea posible precisar si el médico que emitió tal concepto pertenece a la red de prestadores de servicios de salud de la principal demandada, no puede ser desconocido por la Sala lo que allí se percibe, teniendo en cuenta que reposa en un documento expedido por una entidad que merece total credibilidad, como lo es el Ministerio de la Protección Social, a través de su Programa de Protección Social al Adulto Mayor; el cual, además, no fue desvirtuado por Comfama EPS-S.
Para esta Sala, también surge diáfano que los miembros del núcleo familiar no cuentan con los recursos para adquirir tales insumos, dado que su situación económica es precaria, pues la agenciada, su madre y la propia actora dependen de los ingresos del esposo de esta última, los cuales se tornan exiguos frente a las cargas que tiene que enfrentar, obviamente, en razón de las patologías de las primeras, ya que estos no superan el salario mínimo legal vigente, según el relato de la demandante, sobre el cual se levanta una presunción de veracidad, al tratarse de una negación indefinida que no fue objeto de contradicción[61].
Igualmente, debe tenerse en cuenta que la madre de la demandante y su agenciada, Clotilde Losada de Perdomo, también atraviesan por una situación delicada, pues, a sus 85 años de edad, soporta un complejo cuadro clínico[62] –que integra un síndrome convulsivo, hipertensión, fibrilación auricular persistente, insuficiencia cardiaca, infección de vías urinarias, secuelas de infarto y desnutrición, por mencionar solo algunas–; tales factores, además de convertirla en sujeto de especial protección constitucional, al mismo tiempo, imponen a la accionante y a su esposo, una serie de gastos que difícilmente pueden asumir, los cuales incluyen traslados en ambulancia[63] y atenciones especializadas, que se suman a la lista de obligaciones que derivan de las limitaciones y patologías de la agenciada.
En similar sentido, se resalta que Luisa Rita Perdomo Losadas e encuentre afiliada al régimen subsidiado en Salud, y categorizada en el nivel 1 del Sisbén[64], lo cual constituye un importante indicio de su situación socioeconómica, toda vez que en ese rango, de acuerdo con las encuestas realizadas por el Departamento Nacional de Planeación, se ubica a uno de los grupos poblacionales más vulnerables, en razón de su carencia, casi absoluta, de medios de subsistencia.
Ana Rosa Quevedo Herrera, actuando como agente oficiosa de su hijo, Alfreidy Quevedo Quevedo, mayor de edad, solicitó al juez de tutela que ordenara a Famisanar EPS el suministro de los pañales desechables a su agenciado, ya que, debido al retraso mental severo que este padece– por secuelas de meningitis y otros factores–, no controla sus esfínteres. Ello, por cuanto carece de recursos económicos para comprarlos por sus propios medios.
A pesar de conocer el reclamo constitucional, la entidad demandada guardó silencio frente a los hechos y pretensiones de la demanda, razón por la cual la Sala aplicará a las declaraciones de la accionante la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[65].
Ahora, de los distintos elementos y soportes que obran en el expediente, se advierte que Alfreidy Quevedo Quevedo cuenta con 34 años de edad[66], que se encuentra afiliado al régimen contributivo en salud[67] y que presenta una pérdida de capacidad laboral del 75% por retraso mental y secuelas de meningitis, estructurada el 5 de enero de 1981, según se desprende de la certificación emitida por el Instituto de Seguros Sociales el 30 de mayo de 2007[68].
Es menester precisar que en el Formulario de Dictamen para Valoración por Medicina Laboral de Colsubsidio, emitido el 9 de diciembre de 2006, en el acápite de estado actual del paciente –Alfreidy Quevedo Quevedo–, se consigna lo siguiente: “vive con los padres, una hermana y un tío, (…) padre labora como oficial de construcción, madre ama de casa, dependiente en actividades básicas cotidianas: baño, alimentación líquida en biberón, sopa se la suministra la madre, (…) no control de esfínteres, dependiente en actividades de la vida diaria”[69](negrillas propias).
Bajo ese entendido, la Sala revocará el fallo del Juzgado Civil Municipal de Madrid-Cundinamarca, proferido el 15 de julio de 2013, que, en única instancia, negó las pretensiones de la demanda de tutela incoada por Ana Rosa Quevedo Herrera en favor de su hijo, Alfreidy Quevedo Quevedo. En su lugar, amparará los derecho fundamentales a la salud y a la vida digna del agenciado y, en tal sentido, ordenara a Famisanar EPS que,(i)previa valoración del médico tratante, le suministre los pañales desechables que necesita, en la cantidad, calidad y frecuencia que dicho profesional indique y (ii) le brinde el tratamiento integral correspondiente a sus patologías.
Con respecto a lo esgrimido por las partes y las pruebas aportadas al proceso, la Sala encuentra acreditado que Hernando Umbarila Barbosa cuenta con 75 años de edad[72]; está afiliado al régimen contributivo en Salud[73]; que padece “enfermedad cerebrovascular no especificada”, “síncope y colapso”, “arritmia cardiaca no especificada”, “trastornos del equilibrio de los electrolítos y de los líquidos no clasificado” e “infección de vías urinarias y convulsiones”, entre otras afecciones, según consta en la historia clínica del 26 de junio de 2013[74]. Todas esas circunstancias lo convierten en sujeto de especial protección constitucional.
En la misma forma, la Sala advierte que, el 30 de abril de 2013, el demandante elevó petición a Famisanar EPS[75] solicitándole “transporte para el paciente y acompañante” y pañales desechables, aclarando que no cuenta con los recursos económicos para asumir tales gastos; ante lo cual, dicha entidad le respondió que ninguna de las cosas pedidas se encuentran contempladas en el Plan Obligatorio de Salud, razón por la cual le señaló el horario en el que el paciente debería tramitarlas ante el Comité Técnico Científico de la entidad.
Con relación a tal respuesta, es necesario indicar que “El servicio de transporte se encuentra incluido dentro de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes…”[76], pero corresponde a las entidades prestadoras de salud determinar su necesidad de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. En ese sentido, aquellas no pueden descartar de plano la posibilidad de autorizarlo, pues el derecho al diagnóstico les impone la obligación de evaluar objetivamente todo lo que pueda requerir el paciente, para, de esa forma, garantizarle el acceso efectivo a la atención en salud. Similar consideración debe hacerse ante la solicitud de pañales que estos efectúen sin contar con la respectiva orden médica, aunque, en principio, se trate de un insumo que no haga parte de la cobertura mínima que deben brindar.
Por otro lado, la Sala advierte que, aun cuando los pañales no le hayan sido ordenados a través de una fórmula médica, con el ritualismo que le suelen dar las prestadoras de salud, en la epicrisis del agenciado se lee: “… paciente con secuelas de infarto cerebral (…) demencia vascular (…) con inmovilismo crónico, desacondicionamiento, quien por patologías de base requiere el uso permanente de pañal”[77].
De lo anterior, se infiere que para los médicos tratantes es claro que el señor Hernando Umbarila Barbosa necesita el mencionado elemento de aseo, razón por la cual, ellos mismos, debieron adelantar el trámite respectivo –ante el Comité Técnico Científico– para que la Entidad Prestadora de Salud se lo autorizara, y no trasladarle esa carga a él, o esperar a que el demandante acudiera a la acción de tutela para reclamarlo.
“…corresponde al médico tratante solicitar al Comité Técnico Científico, la autorización de los servicios de salud no incluidos dentro del plan obligatorio de salud respectivo [sic] es decir, la realización de un trámite al interior al Sistema de Salud, la jurisprudencia constitucional considera que una EPS viola el derecho a la salud de una persona, cuando se le niega el acceso al servicio con base en el argumento de que la persona no ha presentado la solicitud al Comité”[78](sin los pies de página del texto original).
Finalmente, en lo que respecta a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, la Corte ha dicho que esta es viable solo en casos muy puntuales, “… uno de ellos está relacionado con la ausencia de capacidad de pago de un paciente que requiera un servicio médico sujeto a [tal exigencia]”[79] y, así mismo, ha puntualizado que “en materia de incapacidad económica (…): (i) no existe una tarifa legal para su prueba, pues, para la Corporación, ésta puede verificarse a través de cualquier medio probatorio, incluyendo la presunción judicial de la incapacidad, y (ii) se aplica la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de nuestra Carta Política”[80].Luego, habida cuenta que el accionante reiteró a la prestadora accionada su falta de capacidad económica –tanto en la petición que le envió el 30 de abril de 2013[81], como en la demanda de tutela–, sin que está hubiese desvirtuado tal argumento, pese a contar con los medios para ello, se dará por cierta.
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, proferida el 8 de julio de 2013, que, en única instancia, resolvió no conceder el amparo deprecado por José Everardo Rueda en nombre de su hijo, Nelson Rueda Artunduaga; sin que ello obste para que, en caso de que varíe su situación socioeconómica, pueda acudir, nuevamente, a la acción de tutela para reclamar las mismas prestaciones del caso que ahora se examina.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Neiva, proferida el 15 de julio de 2013, que, en única instancia, resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados por Susana Perdomo Losada en nombre de su hermana, Luisa Rita Perdomo Losada. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad y a la seguridad social de Luisa Rita Perdomo Losada y, en tal sentido, ORDENAR a Comfamiliar EPS-S, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia:(i) previa valoración del médico tratante, le suministre los pañales desechables que necesita, en la cantidad, calidad y frecuencia que dicho profesional indique, así como la silla de ruedas que más se ajuste a su condición y (ii) le brinde el tratamiento integral correspondiente a sus patologías, sin perjuicio de que pueda repetir contra la respectiva Secretaría de Salud Departamental por el costo de aquellas prestaciones excluidas del Plan Obligatorio de Salud.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia del Juzgado Civil Municipal de Madrid-Cundinamarca, proferida el 15 de julio de 2013, que, en única instancia, negó las pretensiones de la demanda de tutela incoada por Ana Rosa Quevedo Herrera en favor de su hijo, Alfreidy Quevedo Quevedo. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Alfreidy Quevedo Quevedo y, en tal sentido, ORDENAR a Famisanar EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia: (i) previa valoración del médico tratante, le suministre los pañales desechables que necesita, en la cantidad, calidad y frecuencia que dicho profesional indique y (ii) le brinde el tratamiento integral correspondiente a sus patologías.
CUARTO.- REVOCAR la sentencia del Juzgado Sesenta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, proferida el 25 de julio de 2013, que, en única instancia, decidió no acceder al amparo deprecado por Mauricio Andrés Umbarila Figueroa en nombre de su padre, Humberto Umbarila Barbosa. En su lugar AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de Humberto Umbarila Barbosa y, en tal sentido, ORDENARa Famisanar EPS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia:(i) previa valoración del médico tratante, le suministre los pañales desechables que necesita, en la cantidad, calidad y frecuencia que dicho profesional indique, (ii) le brinde el tratamiento integral correspondiente a sus patologías y (iii) lo exonere de copagos y cuotas moderadoras por las atenciones que llegue a necesitar.
[21] Aunque ello no se manifieste en las correspondientes solicitudes, de la exposición de los hechos resulta evidente. Ver Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Ver, entre otras, las sentencias: T-491 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-062 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-976 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y; T-560 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[25] La Sentencia T-486 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, define a esta población como la conformada por “aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”.
[26] Ver Sentencia T-1081 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra.
[27] Sentencia T-016 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] Ver Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Ver, entre otras, la Sentencia T-548 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[31] Sentencia T-283 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
[33] “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[34]“El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.//El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral…”.
[35]“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
[36]Sentencia T-485 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37]M.P. Adriana María Guillén Arango.
[38] Al respecto, resulta oportuno citar un aparte de la Sentencia T-464 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, que sugiere que “dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho”.
[39]La salud es un derecho fundamental de los individuos y un deber del Estado, que se ha reconocido y amparado en el ámbito nacional e internacional, y, que se constituye en una expresión de bienestar para el ser humano, sin la cual se imposibilita el goce de otros derechos de rango constitucional, como la vida digna. Ahora, el derecho a la salud, debido a los diferentes ámbitos de la vida humana que protege, ha sido considerado por la Corte como un derecho de naturaleza compleja, que para su efectiva realización necesita de condiciones económicas, jurídicas y fácticas, sin que ello implique que deje de ser un derecho fundamental y que no pueda gozar de una debida protección a través de la tutela. (Sentencia T-846 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[40] Sentencia T-970 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Ver también las sentencias: T-036 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-020 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y; T-471 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo, ente otras.
[41] Ver, entre otras, la Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] “para determinar el significado de esta figura, se debe recurrir a la definición de ‘hecho’ en términos jurídicos, lo cual indica una modificación del mundo exterior que produce la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones (…). Por su parte ‘notorio’ significa, según la real academia de la lengua, ‘Público y sabido por todos – Claro, evidente’(…). Así, este concepto se traduce, en virtud de la prescripción dada por la legislación colombiana en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en que este tipo de hechos no requieren prueba dada la claridad con la que se presentan” (T-589 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería).
[43]Sentencia T-790 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.
[44] Sentencia T-073 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Al respecto, ver, entre otras, las sentencias: T-1048 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-555 de 2006, T-1182 de 2008, T-148 de 2007 y T-452 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y; T-754 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia T-023 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[54] Ver Sentencia T-730 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[61] Al respecto, ver, entre otras, las sentencias: T-464 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-122 de 2009, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y, T-212 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[76] Sentencia T-149 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[78] Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[79] Sentencia T-036 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[80] Sentencia T-042 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería.