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Timestamp: 2018-04-21 13:53:30
Document Index: 126498337

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 13']

Ley Nº 1.048/1997 - Que aprueba el Convenio de Unidroit.
LEY N° 1.048/97
QUE APRUEBA EL CONVENIO DE UNIDROIT
Artículo 1°.- Apruébase el "Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente", hecho en Roma el 24 de junio de 1996, cuyo texto es como sigue:
REUNIDOS en Roma por invitación del Gobierno de la República Italiana del 7 al 24 de junio de 1995 para celebrar una conferencia diplomática con miras a la aprobación del proyecto de convenio de Unidroit sobre la restitución internacional de bienes culturales robados o exportados ilícitamente;
CONVENCIDOS de la importancia fundamental de la protección del patrimonio cultural y de los intercambios culturales para promover la comprensión entre los pueblos y de la difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad y el progreso de la civilización;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por el tráfico ilícito de los bienes culturales y por los daños irreparables que a menudo produce tanto a los propios bienes como al patrimonio cultural de las comunidades nacionales, tribales, autóctonas u otras y al patrimonio común de todos los pueblos y deplorando en particular el saqueo de lugares arqueológicos y la consiguiente pérdida de información arqueológica, histórica y científica irremplazable;
DECIDIDOS a contribuir con eficacia a la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales estableciendo un cuerpo mínimo de normas jurídicas comunes con miras a la restitución y al retorno de los bienes culturales entre los Estados contratantes, a fin de favorecer la preservación y protección del patrimonio cultural en interés de todos;
DESTACANDO que el presente Convenio tiene por objetivo facilitar la restitución y el retorno de los bienes culturales, y que el establecimiento en ciertos Estados de mecanismos, como la indemnización, necesarios para garantizar la restitución o el retorno, no implica que esas medidas deban ser adoptadas en otros Estados;
AFIRMANDO que la aprobación de las disposiciones del presente Convenio para el futuro no constituye en modo alguno una aprobación o legitimación de cualquier tráfico ilícito que se haya producido antes de su entrada en vigor;
CONSCIENTES de que el presente Convenio no resolverá por sí solo los problemas que plantea el tráfico ilícito, pero iniciará un proceso tendiente a reforzar la cooperación cultural internacional y a reservar su justo lugar al comercio lícito y a los acuerdos entre Estados en los intercambios culturales;
RECONOCIENDO que la aplicación del presente Convenio deberá ir acompañada de otras medidas eficaces en favor de la protección de los bienes culturales, como la elaboración y utilización de registros, la protección material de los lugares arqueológicos y la cooperación técnica;
RINDIENDO homenaje a la actividad llevada a cabo por diversos organismos para proteger los bienes culturales, en particular la Convención de la UNESCO de 1970 relativa al tráfico ilícito y a la elaboración de códigos de conducta en el sector privado
HAN APROBADO las disposiciones siguientes:.
CAMPO DE APLICACION Y DEFINICION
El presente Convenio se aplicará a las demandas de carácter internacional:.
a) De restitución de bienes culturales robados; y,
b) De devolución de bienes culturales desplazados del territorio de un Estado Contratante infringiendo sus normas jurídicas relativas a la exportación de bienes culturales con miras a proteger su patrimonio cultural (en adelante denominados "bienes culturales exportados ilícitamente").
A los efectos del presente Convenio por bienes culturales se entiende los bienes que, por razones religiosas o profanas, revisten importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenecen a alguna de las categorías enumeradas en anexo al presente Convenio.-
RESTITUCION DE BIENES CULTURALES ROBADOS
2) A los efectos del presente Convenio, se considera robado un bien cultural obtenido de una excavación ilícita, o de una excavación lícita pero conservando ilícitamente, si ello es compatible con las normas jurídicas del Estado donde se han efectuado las excavaciones.
3) Toda demanda de restitución deberá presentarse en un plazo de tres años a partir del momento en que el demandante se enteró del lugar en que se encontraba el bien cultural y de la identidad de su poseedor y, en cualquier caso, dentro de un plazo de cincuenta años desde el momento en que se produjo el robo.
4) Sin embargo, una demanda de restitución de un bien cultural que forme parte integrante de un monumento o de un lugar arqueológico identificado, o que pertenezca a una colección pública, no estará sometida a ningún plazo de prescripción distinto del plazo de tres años a partir del momento en que el demandante haya conocido el lugar donde se encuentra el bien cultural y la identidad del poseedor.
5) No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, todo Estado contratante podrá declarar que una demanda prescribe en un plazo de setenta y cinco años o en un plazo más largo previsto en sus disposiciones jurídicas. Una demanda de restitución de un bien cultural desplazado de un monumento, de un lugar arqueológico o de una colección pública situada en un Estado contratante que haya hecho esa declaración, prescribirá en el mismo plazo aunque se haya presentado en otro Estado contratante.
7) A los efectos del presente Convenio, por "colección pública" se entiende todo conjunto de bienes culturales inventariados o identificados de otro modo que pertenezcan a:.
1) El poseedor de un bien cultural robado, que deba restituirlo, tendrá derecho al pago, en el momento de su restitución, de una indemnización justa a condición de que no supiera o hubiera debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiera demostrar que había actuado con la diligencia debida en el momento de su aplicación.
3) El pago de la indemnización al poseedor por el demandante, cuando éste se exija, no menoscabará el derecho del demandante a reclamar su reembolso a otra persona.
4) Para determinar si el poseedor actuó con la diligencia debida, se tendrán en cuenta todas las circunstancias de la adquisición, en particular la calidad de las partes, el precio pagado, la consulta por el poseedor de cualquier registro relativo a los bienes culturales robados razonablemente accesible y cualesquiera otra información y documentación pertinentes que haya podido razonablemente obtener, así como la consulta de organismos a los que podía tener acceso o cualquier otra gestión que una persona razonable habría realizado en las mismas circunstancias.
5) El poseedor no gozará de condiciones más favorables que las de la persona de la que obtuvo el bien cultural por herencia o de cualquier otra manera a título gratuito.
DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES EXPORTADOS ILICITAMENTE
1) Un Estado contratante podrá solicitar al tribunal o cualquier otra autoridad competente de otro Estado contratante que ordene la devolución de un bien cultural exportado ilícitamente del territorio del Estado solicitante.
2) Un bien cultural, exportado temporalmente del territorio del Estado solicitante, en particular con fines de exposición, investigación o restauración, en virtud de una autorización expedida de acuerdo con las normas jurídicas que regulan la exportación de bienes culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural y que no haya sido devuelto de conformidad con las condiciones de esa autorización, se considerará que ha sido exportado ilícitamente.
3) El tribunal o cualquier otra autoridad competente del Estado demandante ordenará la devolución del bien cultural cuando el Estado demandante demuestre que la exportación del bien produce un daño importante con relación a alguno de los intereses siguientes:.
c) La conservación de la información, en particular de carácter científico o histórico, relativa al bien; y,
d) La utilización tradicional o ritual del bien por una comunidad autóctona o tribal, o que el bien reviste para él una importancia cultural considerable.
4) Toda demanda presentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo deberá ir acompañada de cualquier información de hecho o de derecho que permita al tribunal o a la autoridad competente del Estado demandado determinar si se cumplen las condiciones de los párrafos 1 a 3.
5) Toda demanda de devolución deberá presentarse dentro de un plazo de tres años a partir del momento en que el Estado demandante se enteró del lugar donde se encontraba el bien cultural y de la identidad del poseedor y, en cualquier caso, en un plazo de cincuenta años a partir de la fecha de la exportación o de la fecha en la que el bien habría debido devolverse en virtud de la autorización a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.
1) El poseedor de un bien cultural que haya adquirido ese bien después de haber sido exportado ilícitamente tendrá derecho, en el momento de su devolución, al pago por el Estado demandante de una indemnización equitativa, a condición de que el poseedor no supiera o hubiera debido razonablemente saber, en el momento de la adquisición, que el bien se había exportado ilícitamente.
2) Para determinar si el poseedor sabía o habría debido razonablemente saber que el bien cultural se había exportado ilícitamente, se tendrán en cuenta las circunstancias de la adquisición, en particular la falta del certificado de exportación requerido en virtud de las normas jurídicas del Estado demandante.
3) En lugar de la indemnización, y de acuerdo con el Estado demandante, el poseedor que debe devolver el bien cultural al territorio de ese Estado, podrá optar por:.
b) Transferir su propiedad, a título oneroso o gratuito, a la persona que elija siempre que resida en el Estado demandante y presente las garantías necesarias.
4) Los gastos derivados de la devolución del bien cultural de conformidad con el presente artículo correrán a cargo del Estado demandante, sin perjuicio de su derecho a hacerse reembolsar los gastos por cualquier otra persona.
5) El poseedor no gozará de condiciones más favorables que la persona de la que obtuvo el bien cultural por herencia o de cualquier otro modo a título gratuito.
1) Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán cuando:.
a) La exportación del bien cultural no sea ilícita en el momento en que se solicite la devolución, o;
b) El bien se ha exportado en vida de la persona que lo creó o durante un período de cincuenta años después del fallecimiento de esa persona.
1) Se podrá presentar una demanda fundada en los Capítulo II o III ante los tribunales o ante cualesquiera otras autoridades competentes del Estado contratante en el que se encuentre el bien cultural, así como ante los tribunales u otras autoridades competentes que puedan conocer el litigio en virtud de las normas en vigor en los Estado contratantes.
2) Las partes podrán convenir someter el litigio a un tribunal o a otra autoridad competente, o a arbitraje.
3) Las medidas previsionales o preventivas previstas por la ley del Estado contratante en que se encuentre el bien podrán aplicarse incluso si la demanda de restitución o de devolución del bien se presenta ante los tribunales o ante cualesquiera otras autoridades competentes de otro Estado contratante.
1) El presente Convenio no impide a un Estado contratante aplicar otras reglamentaciones más convenientes para la restitución o devolución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, distintas de las que se estipulan en el presente Convenio.
2) El presente artículo no debe interpretarse en el sentido de que crea una obligación de reconocer o de dar fuerza ejecutiva a la decisión de un tribunal o de cualquier otra autoridad competente de otro Estado contratante que se aparte de lo dispuesto en el presente Convenio.
1) Las disposiciones del Capítulo II se aplicarán a un bien cultural que haya sido robado después de la entrada en vigor del presente Convenio con respecto al Estado en el que se presenta la demanda, a reserva de que:
2) Las disposiciones del Capítulo III no se aplicarán a un bien cultural exportado ilícitamente después de la entrada en vigor del Convenio con respecto al Estado demandante así como con respecto al Estado en el que se presenta la demanda.
3) El presente Convenio no legitima en modo alguno una actividad ilícita de cualquier tipo que sea que se llevara a cabo antes de la entrada en vigor del presente Convenio o que quede excluida de la aplicación del Convenio en virtud de los párrafos 1) ó 2) del presente artículo, ni limita el derecho de un Estado o de otra persona a intentar, fuera del marco del presente Convenio, presentar una demanda de restitución o de devolución de un bien cultural robado o exportado ilícitamente antes de la entrada en vigor del presente Convenio.
1) El presente Convenio quedará abierto a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia diplomática convocada con miras a la aprobación del proyecto de Convenio de Unidroit sobre la restitución internacional de bienes culturales robados o exportados ilícitamente y quedará abierta a la firma de todos los Estado en Roma hasta el 30 de junio de 1996.
1) El presente Convenio entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3) En sus relaciones mutuas los Estados contratantes, miembros de organizaciones de integración económica o de entidades regionales, podrán declarar que aplican las normas internas de esas organizaciones o entidades y que no aplican, por tanto, en esas relaciones las disposiciones del presente Convenio cuyo ámbito de aplicación coincida con el de esas normas.
1) Todo Estado contratante que abarque dos o varias unidades territoriales, posean o no éstas sistemas jurídicos diferentes aplicables a las materias reguladas por el presente Convenio, podrá, en el momento de la firma o del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que el presente Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o varias de ellas y podrá en todo momento sustituir esa declaración por otra nueva.
3) Si en virtud de una declaración formulada de conformidad con este artículo, el presente Convenio se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado contratante, pero no a todas, la mención:.
b) Del tribunal o de otra autoridad competente del Estado contratante o del Estado demandante se refiere al tribunal o a otra autoridad competente de una unidad territorial de ese Estado;
c) Del Estado contratante en el que se encuentra el bien cultural a que se alude en el párrafo 1 del Artículo 8 se refiere a la autoridad territorial del Estado en el que se encuentra el bien;
d) De la ley del Estado contratante en el que encuentra el bien a que se alude en el párrafo 3 del Artículo 8 se refiere a la ley de la unidad territorial del Estado donde se encuentra el bien; y,
e) De un Estado contratante a que se alude en el Artículo 9 se refiere a una autoridad territorial de ese Estado.
1) Todo Estado contratante deberá, en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, declarar que las demandas de devolución o restitución de bienes culturales presentadas por un Estado en virtud del Artículo 8 podrán sometersele según uno o varios de los procedimientos siguientes:.
b) Por intermedio de una o varias autoridades designadas por ese Estado para recibir esas demandas y transmitirlas a los tribunales u otras autoridades competentes de ese Estado; y,
2) Todo Estado contratante podrá igualmente designar a los tribunales o a otras autoridades competentes para que ordenen la restitución o la devolución de los bienes culturales de conformidad con las disposiciones de los Capítulo II y III.
Todo Estado contratante, en un plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, remitirá al depositario una información por escrito en alguno de los idiomas oficiales del Convenio sobre la legislación que regula la exportación de bienes culturales. Esta información se actualizará, si procede, periódicamente.
2) Una denuncia surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario. Cuando en el instrumento de denuncia se indique un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta surtirá efecto a la expiración del período indicado después del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario.
2) El Gobierno de la República Italiana:.
a) Comunicará a todos los Estados signatarios del presente Convenio o que se hayan adherido a él y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit);
i) Toda firma nueva o todo depósito de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha de esa firma o depósito;
v) Los acuerdos previstos en el Artículo 13; y,
b) Transmitirá copia certificada del presente Convenio a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se adhieran a él, y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit); y,
HECHO en Roma, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cinco, en un solo original, en los idiomas francés e inglés, siendo lo dos textos igualmente auténticos.
c) El producto de las excavaciones arqueológicas (tanto autorizadas como clandestinas) y de los descubrimientos arqueológicos;
f ) El material etnológico;
g) Los bienes de interés artístico tales como:.
iii) Grabados, estampas y litografías originales; y,
iv) Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier materia;
j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; y,
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el treinta y uno de octubre del año un mil novecientos noventa y seis y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el diez de abril del año un mil novecientos noventa y siete.
Asunción, 22 de marzo de 1997