Source: http://oas.org/juridico/spanish/agendas/estudio_final_bolivia.htm
Timestamp: 2018-01-17 19:34:31
Document Index: 404960317

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'Artículo 4', 'artículo 165', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 3', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 53', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'artículo 21', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'artículo 142', 'artículo 142', 'Artículo 143', 'artículo 145', 'artículo 147', 'artículo 147', 'artículo 147', 'Artículo 148', 'artículo 150', 'artículo 151', 'artículo 158', 'artículo 158']

Estudio Final: Bolivia
El objeto del presente trabajo es el de desarrollar una propuesta de adecuación de la legislación penal boliviana a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a ese efecto se ha procedido a la identificación, análisis y comparación de la legislación nacional que tiene que ver con la Administración Pública y el sistema punitivo (Derecho Penal Material y Derecho Procesal Penal), en el marco de los alcances de la Consultoría, se ha presentado un primer informe borrador tanto a la OEA como a la U.C.B., con el visto bueno de ambas entidades se ejecutó el taller programado para la socialización del producto, mismo que se celebró en la ciudad de La Paz, el día 9 de noviembre.
El evento contó con la presencia y participación de autoridades de la OEA, la UCB, Ministerio de RR. EE., Ministerio de Justicia y DD. HH., Consejo de la Judicatura, Fiscalía General de la República, Tribunal Constitucional, autoridades jerárquicas y operativas de la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público y Policía Nacional, docentes del sistema universitario público y privado.
Las sugerencia y recomendaciones emergentes del taller han sido incorporados en el presente informe final. La metodología aplicada en el evento ha sido interactiva, en organización de tres mesas de trabajo, cuyas conclusiones se anexan al informe.
Muchos elementos del informe, han sido redactados para luego aplicarlos a la exposición de motivos que fundamentan las proposiciones emergentes de la investigación.
Bolivia encara un profundo proceso de reformas al sistema de administración de Justicia, se desarrollan acciones de implementación para la aplicación plena del nuevo Código de Procedimiento Penal, hoy en período parcial de "vacatio legis", habiéndose definido su plena aplicación para el 31 de mayo del año 2001, por ello que la parte relativa a los procedimientos pone énfasis en esa nueva normativa.
Se hace referencia también, a encuestas sobre percepción ciudadana acerca de la corrupción, que demuestran un grado de desarrollo notable, respecto al fortalecimiento de los niveles de censura pública sobre el fenómeno.
La Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en fecha 29 de marzo de 1996 en Caracas - Venezuela, y ratificada por el Estado boliviano por Ley de la República Nro. 1743, promulgada en fecha 15 de enero de 1997, habiéndose procedido al depósito del instrumento ratificado ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en fecha 04 de febrero de 1997, se constituye en una norma internacional que es compatible con los fines del Estado de Derecho que Bolivia consolida en la actualidad, su plena armonización con la legislación penal interna tiene como ventaja el hecho de que se generan corrientes de pensamiento social y político, que cada vez y con mayor fuerza, reflejan la aspiración ciudadana de contar con una administración pública, no sólo eficiente y responsable, sino también honesta.
APROXIMACION DEL MARCO TEORICO REFERENCIAL
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-
La actividad pública está regulada jurídicamente, en su quehacer rigen ciertos principios como el de legalidad, de raíz constitucional, que rige la actuación de todo el Estado de derecho. Este asegura el respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica, consecuencias todas del Estado democrático como modelo adoptado para la organización pública.
La legalidad, conformadora y limitadora de la actuación pública, asegura a los administradores a la disposición de la variedad de remedios sustantivos y vías formales para efectivizar la fiscalización y el control de la Administración Pública. La Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público, y a ella debe sujetarse su ejercicio, que debe estar también imbuido de un alto sentido de responsabilidad.
En términos generales, funcionario público, es la persona que desempeña funciones públicas, la extensión de este concepto plantea dificultades, por esta razón se hace imprescindible una conceptualización más precisa, al respecto el Dr. Santamaría de Paredes considera como funcionarios a los órganos encargados de actuar los poderes públicos.
Aunque la palabra funcionario es muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca de su amplitud, cabe establecer que el funcionario es toda persona que desempeñe una función o servicio, por lo general estables y públicos. La Academia se inclina resueltamente a la equiparación de funcionario con empleado público, en esa misma línea se inscribe el Código Penal boliviano, que equipara ambos términos. Sin embargo, esa sinonimia merece serios reparos. Más de acuerdo con la palabra funcionario, está su asimilación al desempeño de una función pública, aún sin ser empleado, como ocurre en ciertos cargos municipales electivos: un concejal es funcionario público, y no empleado público.
Además, entre empleado y funcionario se suelen trazar diferencias: la primera, el carácter profesional del empleado, inferior en la jerarquía; y la índole de la directiva y menos estable del funcionario. Por eso, un Ministro de Estado es funcionario. El empleado ha de estar forzosamente retribuido, por lo general con sueldo mensual, aunque cada vez más excepcionalmente, hay funcionarios que carecen de retribución, o solo perciben determinadas dietas.
En cuanto a su relación con el Estado, algunos enfatizan la naturaleza contractual, determinada por el voluntario ingreso del funcionario, pero la mayoría se inclina a destacar el carácter unilateral o privilegiado que el Derecho Público concede al Estado. Así, Krotoschin afirma que: "las relaciones jurídicas entre Estado y sus Funcionarios no nacen de un acto jurídico del Derecho Civil o del Derecho (convencional) del Trabajo, sino de un acto de imperio o de mando que consiste en el nombramiento, el cual se halla regido por el Derecho Administrativo, procediendo el Estado como Poder Público y no como persona jurídica".
El hecho de que a los funcionarios públicos no se les reconozcan ciertos derechos, como los de huelga y sindicación, revela precisamente la existencia especial de una situación distinta, por lo que muchos países, recientemente Bolivia (a través de la Ley del Estatuto del Funcionario Público) entre ellos, adoptan una legislación especial, para determinar los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos.
Sin embargo, en ciertas ocasiones, la relación entre el Estado y sus funcionarios adopta la normal relación entre patrono y trabajador, porque entonces no desempeñan aquellos funciones públicas, sino que ejecutan obras o tareas de utilidad pública, cosa muy distinta.
Toda vez que cualquier acto de corrupción pública, para ser considerado como tal, exige la participación dolosa de por lo menos un funcionario público, que atenta contra la Administración Pública. En ese sentido precisaremos que dentro de esa denominación de funcionario público-, tomando en cuenta ya la CICC y la Ley del estatuto del Funcionario Público se considerará también las denominaciones de Servidor Público y/o Oficial Gubernamental, aclarando que éste último término carece de uso en Bolivia.
LA CORRUPCION PUBLICA. BASES DE UNA DEFINICION
Etimológicamente la palabra corrupción procede de la voz latina corrompiere a su vez está formada a partir de la partícula "cum" y del verbo "rumpo, rumpere, rupsi, ruptum", que literalmente significa romper. . Sin embargo, en la realidad se le da el significado de "echar a perder" o "podrir".
La forma más común de infracción a la ley penal en a que incurren los funcionarios públicos y los particulares es el cohecho. A partir de cuyo análisis, destacaremos la naturaleza del conjunto de actos sancionados por la ley penal como delitos que atentan contra la función pública y la economía del Estado.
El término cohecho proviene del verbo cohechar, el que, a su vez, deriva del latín coactare, es decir, forzar, obligar.
El cohecho es un delito que desde los romanos, fue considerado como la acción o efecto de sobornar o corromper al funcionario o magistrado.
El Maestro Carrara señalaba que cohecho: "es la venta concluida entre un particular y un oficial público, de un acto perteneciente al ministerio de éste, que por regla debería ser gratuito".
El Profesor Manzini no expresa un concepto unitario, aunque lo insinúa al distinguir este delito de la concusión, diciendo: "En la corrupción lo que viene a consideración es la ilícita relación consensual entre el oficial público y el extraño interesado".
En cambio, Garraud sostiene que la corrupción, en directa alusión al cohecho pasivo propio y al cohecho activo, en un sentido general, es, de una parte, la oferta, de otra la aceptación de una ventaja cualquiera para hacer o abstenerse de un acto de la función o cargo.
Tradicionalmente se ha enfocado el estudio de la corrupción a partir del análisis del delito de cohecho pasivo propio, sin embargo el desarrollo del fenómeno de la corrupción engloba otra serie de conductas igualmente censurables y que atentan contra la administración publica, conductas que sistematiza la CCCI, desde la perspectiva de que si el sujeto activo es funcionario público o particular.
La gran mayoría de los códigos penales, entre ellos el boliviano, ni siquiera mencionan la palabra "corrupción", pues sólo contienen capítulos generales con diferente terminología: delitos contra la función pública, delitos de los funcionarios públicos, abuso de autoridad, infidelidad en la función pública y, sólo algunos sistemas jurídicos emplean el término "corrupción" de funcionarios.
En tales capítulos, se tipifican muchos actos generalmente considerados "corruptos"; que están lejos que cubrir el espectro total del fenómeno y que revelan la falta de comprensión del problema por que parte de los legisladores. Los delitos generalmente tipificados y que podrían ser considerados como actos de corrupción son: prevaricato, cohecho, malversación, exacción, concusión encubrimiento, nepotismo, desfalco, retardación de Justicia, omisión de deberes públicos, tráfico de influencias y otros, con algunas diferencias en la terminología.
En resumen, el delito de corrupción en Bolivia no esta tipificado, y entonces no existe como tal, es decir, como tipo penal, puede englobar muchas conductas típicas, antijurídicas, culpables y sancionables, pero en sí mismo no es un delito. Así, "corrupción" no pasa de ser una palabra del lenguaje standard y sin sustento legal, que se emplea para englobar a diferentes actos presuntamente inmorales, uno que están tipificados como delitos de otro que no lo están.
Aunque fuera posible lograr una tipificación completa, acopiando así la completa gama de hechos, conductas y actos que pudieron considerarse corruptos, el espectro es tan vasto, que es preciso tipificar distintas conductas independientes. Y es que las formas de la corrupción cambian constantemente su aspecto exterior y cada día surgen otras formas al compás de las nuevas realidades sociales emergentes.
El fenómeno de la corrupción, es universal, es común a todos los países del planeta, por ello que cada legislación particular adopta diversos sistemas de lucha contra este flagelo, de los que se distinguen, entre otros, básicamente dos: El anglosajón y el denominado continental.
Un instrumento para la lucha es el sistema penal, es preciso puntualizar que una adecuada sistematización y actualización de los tipos penales debe tener su correlato en un sistema de administración de justicia penal ágil y eficiente mediante el cual debe demostrarse que los actos de corrupción no quedan impunes.
La corrupción es, sin duda, el fenómeno más característico de la vida política en las sociedades contemporáneas, no obstante, es preciso puntualizar que no existe un concepto universal e invariable de lo que es la corrupción, aunque en términos simples se la entienda como "el abuso del poder público para obtener beneficio particular". La corrupción implica siempre la violación del interés público para favorecer el interés personal o de grupos.
Para Robert Klitgaard la Corrupción es "una conducta que se desvía de los deberes formales del rol público por ganancias de interés privado (personal, familiar, grupal), pecuniarias o relacionadas con el status o, que viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de conducta de interés privado".
Poniendo énfasis en el autor del o los actos de corrupción Jean Francois Revel, señala; "Ser corrupto es utilizar con forma cualquiera, directa o indirecta, el poder político o administrativo fuera de su campo legítimo para procurarse ventajas, en dinero o en especie o para distribuirlas a amigos, servidores parientes o partidarios".
La forma más pura y simple de corrupción es aquella en que el corruptor entrega dinero al corrupto, y éste hace una concesión administrativa cualquiera. Es una forma burda de trueque: pagar por un favor ilícito, delito que además esta tipificado en todos los códigos penales del mundo. Pero hay otras formas que van desde las más descaradas y simples hasta las más sutiles y enmarañadas: uso de influencias con autoridades o funcionarios públicos, solicitud de dádivas, presentes o cualquier forma de remuneración para cumplir o dejar de cumplir deberes formales, influir en otros funcionarios públicos y autoridades, revelar secretos o informaciones privilegiadas, utilizar los mismos para obtener beneficios personales, etc.
Para Josept S. Nay la corrupción se trata de una conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales, debido a intereses personales (Familiares o allegados), o beneficios monetarios de orden social o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales; en esta definición se incluyen los tipos de cohecho, nepotismo y malversación de fondos.
Según Transparencia Internacional, se considera corrupción al abuso del poder público para el beneficio del particular y como el incumplimiento del principio de prudentes distancias. Este principio debe ser entendido en el sentido de que las relaciones familiares o personales no deben influir en la toma de decisiones por parte de los agentes, tanto privados como gubernamentales.
Ahora se hará referencia a la Convención Interamericana contra la corrupción, que en su Artículo VI define:
El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas a ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y
La participación como autor, coautor, investigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
De esta breve relación de opiniones doctrinales surge claro que el delito en estudio no ha podido ser concretado en un concepto preciso, sino aproximado, esa dificultad puede ser superada continentalmente con la aplicación interna de la CCCI.
LESION AL BIEN JURIDICAMENTE PROTEGIDO.-
En cualquier acto de corrupción pública el bien jurídico protegido que se lesiona es la administración pública, la que reclama el honesto desenvolvimiento y accionar de sus funcionarios.
La expresión administración pública, en este marco, no debe utilizarse en el restringido concepto jurídico del Derecho Administrativo, sino en contraposición a la actividad desplegada por los particulares.
Al respecto señala con propiedad el Profesor argentino Sebastián Soler que la expresión aludida designa más que la "administración", el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, en todas las ramas de sus tres poderes.
El sujeto pasivo del cohecho y de los demás actos de corrupción pública es siempre el Estado, y siendo éste el lesionado, lo es también la sociedad toda por él representada, aunque puede resultar. también como sujeto pasivo un particular.
El interés protegido es el inherente a la normal prosecución de los fines de la administración pública.
LA BILATERALIDAD EN EL ACTO DE CORRUPCIÓN, A PARTIR DEL ANALISIS EJEMPLIFICATIVO DEL COHECHO.-
Se sostiene que el cohecho es un delito bilateral, es decir, que presupone la acción, por lo menos, de dos personas igualmente responsables, que se denominan codelincuentes o co-autores. Uno de ellos es el funcionario y el otro un particular u otro funcionario público. Por ello es que los autores, expresan que el delito en consideración es de los llamados bilaterales.
Pero, para otros autores no siempre se da la bilateralidad en la corrupción, toda vez que para el corruptor no cuenta para nada que su acción sea seguida o no por la del oficial público para que su delito esté consumado. No es necesario el acuerdo entre el particular corruptor y el funcionario, por que éste si rechaza (no acepta) la propuesta, el delito está consumado igualmente. La responsabilidad lógicamente, es exclusiva del particular, toda vez que el servidor público ninguna acción criminosa ha desarrollado.
De esto, surge claro que el cohecho es un delito bilateral solo cuando el funcionario público se deja corromper (acepta), es decir, cuando estamos frente al cohecho pasivo.
Para el cohecho activo, es decir, para la acción delictuosa del cohechante, no se da el delito bilateral, toda vez que es irrelevante, para tener al particular como autor del cohecho consumado, la actitud que asuma el oficial público.
ADMINISTRACION PUBLICA Y SISTEMA PENAL BOLIVIANO
LA CORRUPCION EN BOLIVIA.-
Toda sociedad se halla en constante cambio y evolución, la sociedad boliviana no ha quedado al margen de esa realidad, desde su fundación el 6 de agosto de 1825 se han ido sucediendo una serie de hechos económicos, sociales y políticos, en un marco de una siempre frágil democracia, interrumpida por recurrentes golpes de Estado, aunque el sistema democrático y republicano de gobierno es reconocido desde la primera Constitución como la forma de gobierno que adopta el Estado Boliviano, sin embargo la Historia nacional nos informa de un denominador común: la corrupción.
La opinión pública en Bolivia, respecto a la corrupción, avanza de una actitud tolerante y permisiva una de frontal rechazo.
En la encuesta realizada sobre "Seguridad Humana" por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Vicepresidencia de la República y el ILDIS de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, que se llevó a cabo en 1995, esta encuesta establece que un 72% de la población encuestada opina que la corrupción en nuestro país ha empezado desde 1985, un 21.6% piensa que esta igual que en 1985 y finalmente un 2.6% cree que en nuestro país el problema de la corrupción ha mejorado con respecto a 1985.
Por otro lado, la pregunta ¿Dónde cree que existe corrupción?, el 91% respondió que en los Partidos Políticos, el 81% en el Poder Ejecutivo, el 77% en el Parlamento, el 76% en el Poder Judicial, el 70% en las Fuerzas Armadas y el 65% en los sindicatos.
Otra consulta fue realizada por la Empresa Encuestas & Estudios a 875 personas de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, arrojó los siguientes resultados en relación a esta pregunta: ¿Usted diría que en los siguientes grupos hay mucha corrupción, algo de corrupción, poca corrupción o nada de corrupción?.
Los resultados obtenidos fueron, que la sociedad en general adolece de un alto grado de corrupción, sobre todo en las esferas del poder, estableciéndose los lugares de esta manera:
Gente en general
El cuestionario fue distribuido a los participantes de la Tercera Conferencia Interamericana sobre problemas de Fraude y Corrupción en el Gobierno (RESPONDACOM III), celebrada el 13 de junio de 1996.
En dicha conferencia participaron 22 países, de los cuales 16 participaron llenando un cuestionario cuyo objetivo fue obtener opiniones de los participantes para poder mejorar el enfoque de futuras conferencias, de acuerdo a los intereses y necesidades de los países participantes, además la información vertida por los cuestionarios es compartida, lo que permite a los ciudadanos comparar sus puntos de vista con ciudadanos de otros países.
Aquí menciono algunas de las preguntas incluidas en el cuestionario mencionado:
¿Comparando con la situación en otros países, usted piensa que los actos de corrupción en su país son más frecuentes, tan frecuentes o menos frecuentes?
En ocho países (incluyendo Bolivia), el 60% o más de las personas afirmaron que en su país el nivel de corrupción en "tan frecuente" como en otros países, siendo las cifras más altas en Guatemala (76%) y Ecuador (68%); Argentina (60%) y México (53%) piensan que en la incidencia de la corrupción es "Más frecuente" que en otros países.
Seleccione la fase que mejor representa su percepción de la corrupción en su país:
No es un asunto importante;
es un asunto de menor cuantía;
es un asunto importante;
es uno de los asuntos nacionales más importantes.
El 60% o más de los que respondieron el cuestionario en 12 países, piensan que la corrupción "Es uno de los asuntos nacionales más importantes", en contraste con un mínimo porcentaje que respondieron que "no es un asunto importante". En Bolivia el 54% cree que se trata de un asunto nacional de los más importantes.
¿Si la corrupción es un asunto de cierta envergadura en su país, que importancia le asignaría usted a sus causas?
Las sanciones legales contra la corrupción son débiles
Los ciudadanos no quieren involucrarse.
Se tolera como parte de nuestra tradición cultural.
Los funcionarios públicos tienen que complementar sus bajos salarios.
La cooperación internacional para limitar los actos corruptos (como el lavado de dinero)= es ineficaz.
Los medios de comunicación no investigan o no informar sobre acusaciones de actos corruptos.
Las empresas extranjeras corrompen funcionarios públicos.
En 14 de los países (incluyendo Bolivia), la causa principal identificada es que "Las sanciones legales contra la corrupción son débiles". Sin, embargo, en Trinidad y Tobago fue segunda, teniendo como primera "Los ciudadanos no quieren involucrase". Esta razón fue clasificada en séptimo lugar en Argentina, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, mientras que en Bolivia fue quinta.
Para Argentina, Honduras, México, Panamá, la razón clasificada como segunda es que "Se tolera como parte de nuestra tradición cultural", esta misma ocupa el 3er. lugar en Costa Rica, Ecuador, antepenúltimo en Bolivia y Guatemala y último en Nicaragua.
Por otro lado, en Bolivia y Venezuela la opción "Los funcionarios públicos tienen que complementar sus bajos salarios" queda en 2do lugar de importancia, mientras que en otros países no fue muy considerado.
Para el Perú, la segunda causa fue "La cooperación internacional para limitar los actos corruptos es inefectiva", esta misma surgió en 3er. lugar para Bolivia y Colombia.
Las menores clasificaciones fueron las asignadas a las causas "Los medios de comunicaciones no investigan o no informan sobre acusaciones de actos corruptos" y "Empresas extranjeras corrompen a nuestros funcionarios públicos".
En una anterior medición realizada en Octubre de 1996, la ciudadanía ubicó a la corrupción como el sexto principal problema del país, se consigna el cuadro respectivo:
Bajos Salarios / Ingresos
Inflación / Aumento de precios
Violencia / Crimen
Sin embargo en una encuesta realizada a principios de 1998, da cuenta de que esta percepción se ha agravado notoriamente:
La sociedad boliviana, plantea un creciente rechazo a los actos de corrupción, pues percibe que la directamente afectada, por lo que la visión que tiene el mismo sobre el nivel de corrupción imperante en el país, es de importancia gravitante.
Es en mérito a esta situación que se crea el Plan Nacional de Integridad, que tiene con objetivo central el de prevenir y combatir la corrupción a través del fortalecimiento de la institucionalidad de las entidades estatales, para lograr servicios más eficientes y resultados más eficaces para la colectividad y en el marco de un Estado de Derecho, promover la seguridad jurídica plena a través de una efectiva protección de los derechos y garantías ciudadanas mediante un sistema judicial accesible e independiente.
Este fenómeno, a partir de sus causas ha pretendido ser explicado desde diversos enfoques, sin embargo el estudio de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, sintetiza tipológicamente la etiología de la corrupción, señalando 3 tipos de causas:
- Causas Formales:
Falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado.
La existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional.
La inoperancia práctica de las instituciones públicas.
- Causas Culturales:
La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad de lucro privado sobre la moralidad cínica.
La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "La ley no cuenta para ellos", fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella.
La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción.
Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.
Las consecuencias que trae la corrupción, aparte de ser económicas, son sociales y políticas; en este punto, tomaremos en cuenta los casos citados por Transparencia Internacional como parte de los costos que trae consigo una práctica corrupta.
Impide alcanzar los objetivos del gobierno.
Deteriora el campo de acción del sector privado
Determina un alza del precio de un servicio.
Deteriora la moral.
Deteriora el respeto del pueblo hacia sus autoridades y estas son vistas como corruptas, el pueblo puede seguir su ejemplo.
Por su parte, Robert Klitgaard establece las siguientes consecuencias, que este fenómeno consiguió, en cuanto a 4 aspectos fundamentales: Eficiencia, distribución, incentivos y política.
Desperdicia recursos
Crea malos funcionarios públicos
Distorsiona políticas
Reasigna recursos a aquellos con poder militar, policial o monopolítico.
Desvía energía de funcionarios y ciudadanos hacia la búsqueda socialmente improductiva de rentas corruptas.
Crea riesgo, índice medidas preventivas improductivas, aleja inversiones de las áreas con elevada corrupción.
Engendra alienación y cinismo popular
Crea inestabilidad en el régimen.
Finalmente tomaremos en cuenta el criterio de la Oficina del Secretario General de la OEA, quienes establecen las siguientes consecuencias de un acto corrupto:
Desde un punto de vista político, genera pérdida progresiva de la legitimidad del sistema que puede llevar hasta el colapso mismo.
Desmoraliza a la sociedad civil y provoca tensiones entre ésta y los poderes públicos.
Desestimula el trabajo honesto e impide el ascenso social de acuerdo con los méritos de cada persona.
Genera desigualdades, pues lleva a que los recursos oficiales se desvíen hacia particulares.
Aumentan los costos de los servicios públicos y obstaculiza o impide su prestación.
Disminuye los ingresos del Estado, da lugar a aumentos injustificados del gasto público y aumenta el déficit fiscal.
Genera competencia desleal, aumenta los costos de los productos y produce otras distorsiones en el mercado.
La incorporación de los contenidos y alcances de la CCCI, puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, aunque es preciso reconocer que las acciones no sólo atañen al área legislativa deben ir aparejadas con difusión a la sociedad y una intensiva capacitación a los operadores que Justicia que deben aplicar las reformas penales, con firmeza y eficacia y en el marco del respeto de los derechos humanos.
NORMATIVA CONSTITUCIONAL APLICABLE A LA MATERIA.-
La Constitución Política del Estado, desde la que redactó el Libertador Simón Bolívar y fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 6 de noviembre de 1826 y promulgada el 19 de noviembre del mismo año, hasta la Reforma Constitucional de 1995, en espíritu y esencia es un solo instrumento que ha sufrido en total de 16 Reformas, siendo las más importantes "la de 1880, que se inspiró en los principios de la doctrina liberal, la de 1938 que propugnó las ideas del constitucionalismo social, la de 1967, fuertemente influida por el pensamiento nacionalista revolucionario, y la de 1995, en actual vigencia que fue reformada al influjo de las reivindicaciones democráticas y de transformación de la justicia". El pensamiento constitucional boliviano, página 8, Hernando Vaca Diez.
La Constitución Política del Estado, como Ley Fundamental de la República, si bien en términos generales es catalogada como desarrollada, tanto en su parte dogmática como orgánica, en cuanto al objeto de estudio que nos ocupa, se anota como un vacío o deficiencia del texto constitucional, las responsabilidades del Estado y sus funcionarios, otro aspecto fundamental que debe prever toda norma constitucional es la responsabilidad del Estado para con los gobernados, o sea, la responsabilidad que debe asumir el Estado por las acciones u omisiones de sus autoridades o funcionarios que infrinjan la Constitución y las Leyes.
Respecto al proceso penal, la Constitución Política del Estado, diseña un sistema democrático de enjuiciamiento criminal basado en principios y garantías constitucionales de presunción de inocencia, proceso debido, juez natural y licitud de la prueba, sin embargo, por encima de la Constitución, se han instaurado sistemas procesales que perfilaban formas autoritarias para la resolución del conflicto jurídico penal, actualmente Bolivia implementa un proceso de transformación estructural de su sistema de administración de justicia y muy particularmente la penal, con la próxima vigencia plena del nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970, publicada en fecha 31 de mayo de 1999, que establece un periodo de vacatio legis de dos años, hasta su aplicación plena.
LA APLICACIÓN DE LA PENA DE CONFISCACIÓN.-
Constitucionalmente se limita la aplicación de la pena de confiscación como castigo político, (art. 23), sin embargo en materia de sustancias controladas se la consigna como pena accesoria (art. 71, Ley 1008 de 25 de julio de 1988), esto implica que la confiscación podría aplicarse como pena accesoria a otros ámbitos, como al de la lucha contra la corrupción, esta es una conclusión mayoritaria del taller, sin embargo, han surgido posiciones que con fundamento jurídico señalaron que la confiscación al ser un resabio del abuso de poder feudal, de sistemas autocráticos, tiene vicios de inconstitucionalidad en el estado de derecho, sin embargo la mayoría de participantes del taller, considera que la aplicación de la pena de confiscación siempre y cuando no sea como castigo político, es constitucional si responde al principio de legalidad, además que tendría un efecto positivo en la lucha contra la corrupción, pues la finalidad que persigue el autor de un hecho de corrupción esta directamente relacionada al logro de una beneficio personal propio de orden económico, para un sí o un tercero, en ese marco el carácter de prevención general de la ley penal material tendría un más alto impacto.
EL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO.-
La Constitución Política del Estado, en su art. 43 establece que: "Una ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre el principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno". Esa norma especial es, precisamente, la Ley del Estatuto del Funcionario Público de fecha 27 de octubre de 1999, que por mandato del art. 44 del texto constitucional contiene disposiciones que garantizan la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública.
La declaración jurada de bienes, como obligación previa a asumir el cargo de funcionario público, establecida en el art. 45 de la Constitución Política del Estado, se ha convertido en un mero formalismo por ausencia de un sistema legal que permita confrontar la declaración con la realidad patrimonial del declarante a tiempo de la misma y de la conclusión en el ejercicio del cargo, "se trata del artículo de más larga data en la Constitución Política del Estado, pero el crecimiento de la corrupción y la impunidad han mostrado sus limitaciones en función al fin que persigue, por lo que su cumplimiento parece haberse reducido a un acto meramente formal, pues, entre otros aspectos, no existe la ley correspondiente ni otras concomitantes como la referida al control de fortunas, que permitan cumplir con los objetivos que se persigue".
Respecto al ejercicio de funciones de senadores y diputados, el artículo 52, establece una amplia inmunidad, señalándose un procedimiento por el que, en la Cámara respectiva debe organizarse un verdadero antejuicio, que requiere 2/3 de votos para que vía licencia se autorice el enjuiciamiento del parlamentario, "contrariamente al fuero de validez ilimitada, la protección de la inmunidad cesa al concluir el mandato", sin embargo no existiendo límite a la posibilidad de reelección de los miembros del Poder Legislativo esta institución ha facilitado la impunidad, de muchos ex-funcionarios públicos que han accedido a cargos de senadores y/o diputados.
LAS DEFINICIONES LEGALES DE FUNCIONARIO PUBLICO.-
En la normativa interna no existe uniformidad en la definición de funcionario público, algunas disposiciones legales emplean el término de servidor público, otras equiparan como sinónimos los términos empleado y funcionario público.
Así, la Ley Nº 1178 publicada en fecha 20 de julio de 1990 del Sistema de Administración y Control Gubernamentales,, conocida en nuestro medio como Ley SAFCO., en su art. 28 Señala que "Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto:
La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.
Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.
El término "servidor público" utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que presente servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
Los términos "autoridad" y "ejecutivo" se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que formen parte."
Por su parte, la Ley Nº 2027, de fecha 27 de octubre de 1999, Ley del Estatuto del Funcionario Público en su Artículo 4.- , señala "Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración".
El Código Penal en su art. 165, equipara, los términos de empleado y funcionario público: "Significación de términos empleados.- Para los efectos de aplicación de este Código, se designa con los términos "funcionario público" y "empleado público" al que participa, en forma permanente o temporal, del ejercicio de funciones públicas, sea por elección o por nombramiento.
Se considera "autoridad" al que por sí mismo o como perteneciente a una institución o tribunal, tuviere mando o ejerciere jurisdicción propia.
Si el delito hubiere sido cometido durante el ejercicio de la función pública, se aplicarán las disposiciones de este Código, aún cuando el autor hubiere dejado de ser funcionario."
Por lo que considero necesario redefinir, por lo menos en el ámbito de aplicación de la ley penal reformar el artículo 165, en los términos contenidos en anexo.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA LEGISLACION NACIONAL.-
La Ley SAFCO, señala tres tipos de responsabilidades del servidor o funcionario público: la civil, la ejecutiva y la penal.
La civil se determina cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero, Su determinación se sujeta a los siguientes preceptos:
Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno factibles de ser implementados en la entidad.
Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales y jurídicas que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus Entidades.
Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables.
Esta norma, respecto a la responsabilidad penal, establece lo obvio: "La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal".
Si los actos o hechos examinados, en los sistemas de control, presenten indicios de responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor debe poner los antecedentes a conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos ante el Ministerio Público, que debe proseguir la acción penal pública de oficio.
Sin embargo de la remisión al Código Penal para la determinación del ilícito penal, el art. 77 de la norma analizada, en su inciso a) define sin asignar pena, lo que es el delito de defraudación:
Defraudación de fondos públicos. Comete delito de defraudación quien mediante simulación, ocultación o engaño, se apropia indebidamente de fondos fiscales o retención indebida de fondos fiscales. Se considera así mismo defraudación, la apropiación o retención indebida de fondos fiscales y de beneficencia pública recolectados por instituciones privadas con tal fin.
Esta previsión legal no puede constituir delito, por cuanto no se le asigna pena.
El Código Penal en su Libro Segundo (Parte Especial), Título II "Delitos contra la función pública", tipifica y sanciona las siguientes conductas:
Artículo 142.- (Peculado).- El funcionario público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a doscientos días.
Artículo 143.- (Peculado culposo).- El funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de vente a cincuenta días.
Artículo 144.- (Malversación).- El funcionario público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, incurrirá en reclusión de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días.
Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un tercio.
Artículo 145.- (Cohecho pasivo o propio).- El funcionario público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de cien a quinientos días.
Artículo 147.- (Beneficios en razón del cargo).- El funcionario público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con reclusión de uno a tres años y multa de sesenta a doscientos días.
Artículo 148.- (Disposición común).- Las disposiciones anteriores se aplicarán, en los casos respectivos, a los personeros, funcionarios y empleados de las entidades autónomas, autárquicas, mixtas y descentralizadas, así como a los representantes de establecimientos de beneficencia, de instrucción pública, deportes y otros que administraren o custodiaren los bienes que estuvieren a su cargo.
Artículo 149.- (Omisión de declaración de bienes y rentas).- El funcionario público que conforme a la ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión de su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de treinta días.
Artículo 150.- (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas).- El funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años y multa de treinta a quinientos días.
Esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales, por razón de su oficio, intervinieren y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y actos análogos.
Artículo 151.- (Concusión).- El funcionario público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u ora ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con presidio de dos a cinco años.
Artículo 152.- (Exacciones).- El funcionario público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública será sancionado con reclusión de un mes a dos años.
Si se usare de alguna violencia en los casos de los dos artículos anteriores, la sanción será agravada en un tercio.
Artículo 153.- (Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes).- El funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u ordenes contrarias a la Constitución o las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años.
Artículo 154.- (Incumplimiento de deberes).- El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año.
Artículo 155.- (Denegación de auxilio).- El funcionario encargado de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.
Artículo 156.- (Abandono de cargo).- El funcionario o empleado público que, con daño del servicio público abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño de éste, será sancionado con multa de treinta a sesenta días.
Artículo 157.- (Nombramientos ilegales).- Será sancionado con multa de treinta a cien días, el funcionario público que propusiere en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño.
Artículo 158.- (Cohecho activo).- El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del art. 145, disminuida en un tercio.
Artículo 159.- (Resistencia a la autoridad).- El que resistiere o se opusiere, usando la violencia o intimidación, a la ejecución de un acto realizado por un funcionario público o autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquellos o en virtud de una obligación legal, será sancionado con reclusión de un mes a un año.
Artículo 160.- (Desobediencia a la autoridad).- El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrirá en multa de treinta a cien días.
Artículo 161.- (Impedir o estorbar el ejercicio de funciones).- El que impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de sus funciones, incurrirá en reclusión de un mes a un año.
Artículo 162.- (Desacato).- El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.
Artículo 163.- (Anticipación o prolongación de funciones).- El que ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley, será sancionado con prestación de trabajo de dos a seis meses.
En la misma pena incurrirá el que después de habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de un cargo público, continuare ejerciéndolo en todo o en parte.
Artículo 164.- (Ejercicio indebido de profesión).- El que indebidamente ejerciere una profesión para la que se requiere título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con privación de libertad de uno a dos años.
Artículo 165.- (Significación de términos empleados).- Para los efectos de aplicación de este Código, se designa con los términos "funcionario público" y "empleado público" al que participa, en forma permanente o temporal, del ejercicio de funciones públicas, sea por elección o por nombramiento.
Se considera "autoridad", al que por sí mismo o como perteneciente a una institución o tribunal, tuviere mando o ejerciere jurisdicción propia.
Si el delito hubiere sido cometido durante el ejercicio de la función pública, se aplicarán las disposiciones de este Código, aún cuando el autor hubiere dejado de ser funcionario.
De la relación de tipos penales que establece el Código Penal y las conductas que describe la CICC, existen varias similitudes que requieren una readecuación, por otra parte la normativa interna no tipifica conductas definidas por la CICC, por lo que éstas deberán incorporarse.
LAS NORMAS NACIONALES QUE RIGEN LA EXTRADICIÓN.-
"La creciente integración del comercio y de los mercados financieros globalizaron el problema de la corrupción, de allí que muchas veces se considera que la única forma de combatirla eficazmente es por medio de la coordinación de acciones a nivel internacional," en ese marco la extradición es un instituto de cooperación judicial penal internacional, muy útil para garantizar la realización del poder penal del Estado, no sólo en el ámbito de la lucha contra la corrupción sino sobre diversos grupos delictivos como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo.
La Extradición se regula en Bolivia, por normas penales tanto materiales como procesales, así el Código Penal en su Artículo 3.- , establece: "(Extradición).- Ninguna persona sometida a la jurisdicción de las leyes bolivianas podrá ser entregada por extradición a otro Estado, salvo que un tratado internacional o convenio de reciprocidad disponga lo contrario."
El Código de Procedimiento Penal vigente desde 1973, cuya vigencia, por disposiciones finales y transitorias del Nuevo Código de Procedimiento Penal, se establece hasta el 31 de mayo de 2001, señala, en su Artículo 44.- "(Casos en que procede la entrega del acusado o condenado).- El ejecutivo podrá entregar a los gobiernos de países extranjeros que solicitaren, bajo protesta de reciprocidad, a todo individuo acusado o condenado por los juzgados o tribunales del país requirente, siempre que se trate de un delito cometido en su territorio y que permita la extradición conforme a los tratados internacionales."
Artículo 45.- (Trámite y Resolución).- Presentada la solicitud de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores, éste la remitirá a la Corte Suprema de Justicia para que, previo requerimiento del Fiscal General de la República y de acuerdo a lo previsto en el inc. 21) del artículo 53 de la Ley de Organización Judicial resuelva la procedencia o improcedencia de la extradición. El Poder Ejecutivo en vista de la resolución que se pronuncie, hará efectiva o no la entrega de la persona requerida.
Nuevo Código de Procedimiento Penal..- El trámite que señala la nueva forma procesal está contenida en los siguientes artículos:
Artículo 149.- (Extradición).- La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable.
Artículo 150.- (Procedencia).- Procederá la extradición por delitos que en la legislación de ambos Estados, se sancionen con penas privativas de libertad cuyo mínimo legal sea de dos o más años y tratándose de nacionales cuando el mínimo legal sea superior a dos años.
La extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el Estado requirente, será procedente cuando quede por cumplir por lo menos un año de la condena.
Artículo 151.- (Improcedencia).- No procederá la extradición cuando:
Existan motivos fundados que hagan presumir que la extradición se solicita para procesar o castigar a una persona por causa de sus opiniones políticas, raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, o que será sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
En la República haya recaído sentencia ejecutoriada, por el delito que motiva la solicitud de extradición; y
De conformidad con las leyes del Estado requerido o requirente, el delito que motiva la solicitud de extradición haya prescrito o haya sido amnistiado, o la persona requerida haya sido indultada.
Artículo 152.- (Pena más benigna).- Si se encuentra prevista pena de muerte o pena privativa de libertad perpetua en el Estado requirente para el delito que motiva la solicitud de extradición, ésta sólo podrá concederse si dicho Estado se compromete a conmutarlas por una pena privativa de libertad no superior a treinta años.
Artículo 153.- (Ejecución diferida).- Se diferirá la ejecución de la extradición concedida cuando:
La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiera solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la pena impuesta, salvo el caso previsto en el numeral 5) del artículo 21 de este Código;
Se trate de una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de un año al momento de ejecutoriarse la resolución de extradición; y
El extraditable se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecución de la extradición ponga en peligro su vida, según el dictamen médico forense.
Cuando cesen estas circunstancias, la extradición se hará efectiva inmediatamente.
Artículo 154.- (Facultades del tribunal competente).- La Corte Suprema de Justicia al resolver los pedidos de extradición, tendrá la facultad de:
Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención;
Ordenar la detención provisional del extraditable por un plazo máximo de noventa días cuando no se hayan presentado todos los documentos exigidos para la procedencia de la extradición; y,
Disponer la entrega al Estado requirente, de todo o parte de los bienes muebles instrumentos del delito, incautados o secuestrados al extraditable.
Artículo 155.- (Concurso de solicitudes).- Cuando dos o más Estados soliciten la extradición de una misma persona, se atenderá con preferencia la solicitud del Estado donde se haya cometido el delito más grave y siendo de igual gravedad, la del que lo haya solicitado primero.
Artículo 156.- (Extradición activa).- La solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal del proceso, a petición del fiscal o del querellante, cuando exista imputación formal del delito y, también de oficio, cuando exista sentencia condenatoria.
Artículo 157.- (Extradición pasiva).- Toda solicitud de extradición será presentada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, acompañada de la identificación más precisa de la persona extraditable, de los datos que contribuyan a determinar el lugar en el que se encuentre y del texto autenticado de la disposición legal que tipifica el delito. Toda la documentación exigida deberá acompañarse de una traducción oficial al idioma español.
Cuando la persona esté procesada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la resolución judicial de imputación que contenga la tipificación del delito, incluyendo una referencia al tiempo y lugar de su comisión y del mandamiento de detención emitido por una autoridad judicial competente.
Cuando la persona haya sido condenada, deberá acompañarse además el original o copia autenticada de la sentencia condenatoria y la certificación correspondiente a su ejecutoria señalando, en su caso, el resto de la pena que quede por cumplir.
Artículo 158.- (Procedimiento).- Radicada la solicitud de extradición en la Corte Suprema de Justicia, los antecedentes se remitirán a conocimiento de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de diez días, requiera sobre su procedencia o improcedencia. La Corte Suprema de Justicia, dentro de los veinte días siguientes a la recepción del requerimiento, resolverá concediendo o negando la extradición solicitada.
Artículo 159.- (Preferencia).- En caso de contradicción entre las normas previstas en este Código y las estipuladas en una Convención o Tratado de extradición, serán de aplicación preferente estas últimas.
El nuevo Código de Procedimiento Penal, regula con mayor amplitud y precisión la extradición, equilibrando racionalmente los intereses de una persecución penal internacional efectiva y el respeto de derechos y garantías de la persona.
Las actuaciones se sujetan a plazos, garantizando una más pronta decisión sobre el pedido, que es en muchos casos, determinante para el requirente.
EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.-
El reconocimiento de derechos, libertades y garantías de la persona humana sin distinción de sexo, origen, raza, condición social o económica, preferencia política o religiosa, la inviolabilidad de la dignidad y libertad de la persona, expresados en las constituciones democráticas contemporáneas, es el resultado del largo proceso de evolución histórica del hombre y sus instituciones políticas y jurídicas.
La Constitución Política de Bolivia, catalogada en términos generales como desarrollada, establece como no podía ser de otra manera, derechos y garantías de la persona y consagra principios que deben regir el proceso penal, que se constituyen en verdaderas limitantes del poder punitivo del Estado, son presupuestos básicos de la función represiva del Estado: debido proceso, juez natural e independiente, principio de legalidad, principio de presunción de inocencia, inviolabilidad de la defensa. En síntesis la Constitución formal vigente persigue la consolidación de un Estado de Derecho, entendiéndose por éste a todos aquellos "principios y procedimientos que garantizan la libertad individual y la participación en la vida política" 1.
Sin embargo, de los propósitos constitucionalmente planteados, el sistema procesal penal establecido por el Código de Procedimiento Penal promulgado según D.L. No. 10426 de 23 de agosto de 1972 y puesto en vigencia el 23 de agosto de 1973, que se inscribe dentro del sistema procesal penal denominado mixto o inquisitivo reformado, no ha sido el instrumento idóneo para la realización de la primacía constitucional, el divorcio entre Constitución y proceso penal ha sido tal, que por más de 25 años el Estado boliviano "administró justicia penal", con criterios que desconocen la presunción de inocencia y condición natural de libertad y dignidad del hombre, no obstante que el sistema aún vigente, obliga al imputado a demostrar su inocencia y destruir la presunción de culpabilidad que sobre él pesa, hipótesis sobre la que actúan policías, fiscales y jueces, que reúnen en sí funciones: represivas, de investigación, de acusación y de decisión, es un sistema procesal penal ineficiente, incapaz de haberse constituido en un instrumento eficaz de lucha contra la delincuencia, por el contrario ha generado una retardación de justicia alarmante, ha superpoblado las cárceles con personas detenidas sin condena ejecutoriada y ha facilitado el crecimiento de la corrupción, por su falta de transparencia.
Todo con la agravante de que se reproducen formas de tramitación de las causas excesivamente formalistas, casi ritualistas, sin que se dé lugar a la aplicación de los principios de celeridad, concentración e inmediación. El resultado: Un sistema que no responde al diseño constitucional, que no genera confianza, que es inaccesible, que no valora ni respeta la condición humana de las partes, que obvia por completo a la víctima, que es ineficiente en la persecución penal y sin capacidad de responder los anhelos ciudadanos de justicia pronta y transparente, sin posibilidad real de constituirse en un instrumento de seguridad ciudadana en la lucha contra el crimen.
El actual sistema de administración de Justicia penal, además de oneroso, es selectivo, se ensaña en la inquisitiva persecución de crímenes menores, sin capacidad de haber sancionado la delincuencia de cuello blanco, la corrupción y el narcotráfico organizado.
Este sistema no podía ser sostenido por más tiempo, por ello Bolivia asumió la histórica decisión de transformar radicalmente la administración de Justicia Penal.
El nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), publicado según Ley 1970 en fecha 31 de mayo de 1999 pretende la realización de la Constitución formal, es decir, busca instrumentar una Constitución real, a través de un sistema que diferencia claramente las funciones de acusación, defensa e investigación, generando mecanismos de control jurisdiccional de la investigación, permite una amplia participación ciudadana, busca eficiencia en la solución del conflicto jurídico penal.
El nuevo instrumento legal que regula el proceso penal establece una reforma estructural del sistema de justicia penal en Bolivia, por ello engloba muchos aspectos relevantes que de forma aislada no pueden ser adecuadamente comprendidos, las instituciones que reforma radicalmente, como las medidas cautelares, las novísimas que incorpora, como las de salidas alternativas y la conformación de tribunales escabinos, como las que nos resultan familiares, cuando menos en la redacción de los textos legales, (publicidad, celeridad, continuidad y oralidad del plenario), se sustentan en principios que coherentemente han sido estructurados en el nuevo instrumento procesal, que consagra el sistema procesal penal acusatorio, público y contradictorio.
Toda sociedad humana produce conflictos entre sus miembros, la mayoría de los cuales, se resuelven sin la participación del Estado, sin embargo cuando el conflicto es de índole jurídico penal, el Estado para resolverlo se arroga el monopolio del poder punitivo. Los alcances y límites del derecho de penar del Estado, en un tiempo y lugar determinado, responden, necesariamente a la naturaleza y esencia del sistema político imperante, si el régimen es autoritario su sistema penal también lo será, por el contrario si el sistema político es democrático sus instituciones jurídicas también lo serán o tendrán como meta serlo.
Bolivia ha tomado la soberana decisión de establecer un régimen procesal penal de contenido democrático, cuyo eje central es la persona humana, en un delicado y adecuado equilibrio entre los intereses de una persecución penal efectiva y el respeto de los derechos y garantías
Equipara los poderes y facultades procesales del imputado y de la víctima.
El establecimiento de criterios de aplicación restringida de las medidas cautelares, ya en lo que al imputado respecta, a mas de dar un giro radical a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal vigente desde 1973, que dispone la aplicación irrestricta y con fines extra procesales de medidas restrictivas de derechos de la persona sometida a la jurisdicción penal, tiene su base esencial en el respeto de la personalidad y dignidad del ser humano, cuyo estado natural de vida y de realización es el de la libertad y del goce pleno de sus derechos fundamentales y en ese marco se regula el nuevo régimen cautelar.
En busca de consolidar el necesario equilibrio entre la necesidad de materializar el poder punitivo del Estado y los derechos individuales del imputado, el nuevo Código reconoce la posibilidad de aplicar la incautación de bienes, en los casos donde sea procedente el decomiso y la confiscación, según lo establecido por el art. 253 de ese texto legal, correspondiendo en consecuencia a las leyes penales materiales (Código Penal y Ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas), la definición para la aplicación de la confiscación como pena accesoria, en concordancia con la Constitución política del Estado, que prohibe la aplicación de la confiscación como castigo político. En síntesis es posible, si la ley penal material así lo dispone, aplicar la confiscación de bienes como pena accesoria en los delitos de corrupción pública.
Como medida preventiva o cautelar que efectivice la ejecución de la confiscación de bienes, se tiene a la incautación de bienes, la que podrá autorizarse desde la imputación formal del delito.
En un sistema social y político como el boliviano, donde el ciudadano, se siente marginado de las decisiones, donde la persona se siente excluida del sistema, se siente utilizado mediante el voto; siente ser mero elector y no partícipe en la toma de decisiones públicas, que se hable de un sistema procesal penal que le brinda al imputado todos los derechos y garantías, que se establezca obligaciones del Estado para con la víctima a quien se la dimensiona con justicia en toda su magnitud humana, en esa lógica consecuente, la incorporación de jueces legos en el proceso penal constituye una variante de tal impacto que el tema llama a las más acaloradas discusiones, Sin embargo el legislador del NCPP, tomó la decisión de incorporar a través de los Tribunales de Sentencia constituido por Jueces y ciudadanos legos.
Es que no sería coherente el nuevo sistema, sin un control ciudadano claramente establecido, lo que no destaca únicamente el reconocimiento a la valía de nuestra población y el fundamental aporte que pueden brindar a la Justicia sino que también "se acerca la justicia penal a la realidad social, pues al generar el tránsito del lenguaje estrictamente técnico y hermético del jurista hacia el lenguaje común, no sólo se facilita la comprensión y significación del orden jurídico, sino que se facilita también la labor educativa que debe cumplir la administración de justicia, labor que únicamente es posible, en la medida en que esa función, pueda ser comprendida por la sociedad toda"3, además de que la actividad probatoria debe realizarse en audiencias públicas, abiertas a todo ciudadano que desee presenciar el juicio, se tratan de mecanismos de control social más efectivos que garantizan una participación ciudadana que responde a un Estado sustentado en principios y valores democráticos.
SINTESIS DE LAS ETAPAS PROCESALES DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL
El conjunto de pasos o procedimientos que forman el proceso penal, establecidos en el nuevo sistema, son coherentes para el logro de los fines del mismo como: la averiguación de la verdad histórica de los hechos para decidir sobre una sospecha con notas de caracteres jurídico-penales, implica la realización del Derecho Penal material a través del Derecho Procesal Penal. La "conversión de una disposición abstracta en una reacción penal concreta no se produce automáticamente y requiere de un proceder" . Ese conjunto de "procederes" o procedimientos se hallan regulados por el nuevo Código de Procedimiento Penal, en su Libro Segundo, identificándose cuatro etapas claramente definidas: preparatoria, del juicio, de los recursos y de la ejecución penal.
Un avance significativo en la democratización de la Justicia, en la construcción de un sólido y confiables sistema de enjuiciamiento criminal, constituye sin duda, que ya se establecen procedimientos especiales, conocidos como casos de corte, es decir que Notarios, Jueces, Alcaldes, Concejales, Prefectos y Fiscales que incurran en actos delictivos en ejercicio de sus funciones serán sometidos al juzgamiento común u ordinario, rompiendo una cultura de proteccionismo generada por formas de antejuicio o procedimiento especial.
Cuya FINALIDAD es la preparación al Juicio Oral y Público a través de la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación y la defensa. (art. 277 NCPP); está a cargo de los órganos especializados de la Policía Nacional, del Instituto de Investigaciones Forenses, bajo la dirección del Ministerio Público y sujetos a control jurisdiccional. (art. 279 NCPP)
Desarrollo de la etapa preparatoria
Acusación.-
Solicitud de aplicación de salida alternativa
1.- Está a cargo de la Policía Nacional a través de sus órganos especializados y el Instituto de Investigaciones Forenses bajo la dirección funcional del Ministerio Público y el control jurisdiccional a cargo del juez de instrucción en lo penal.
En esta etapa el Ministerio Público es:
- Titular del ejercicio de la acción penal pública
- Parte Objetiva en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
El Fiscal debe promover las diligencias necesarias para la averiguación del hecho penal que motiva la investigación y asegurar las fuentes de prueba y objetos de la perpetración del delito.
Por el principio de oportunidad reglada, el Ministerio Público tiene la obligación de ejercitar la acción penal pública y sólo excepcionalmente puede prescindir de la acción (Principio de Oportunidad). (art. 21).
El fiscal puede solicitar al juez prescinda de la acción penal en los siguientes casos:
Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídicamente protegido.
Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena a imponerse.
Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración de una pena ya impuesta por otro delito.
Cuando sea previsible el perdón judicial.
Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada. (arts. 21-22 NCPP).
La acción penal pública podrá convertirse en acción privada a petición de la víctima, en los siguientes casos:
Cuando se trate de un delito que requiera instancia de parte, siempre que no exista un interés público gravemente comprometido;
Cuando se haya dispuesto el rechazo, por resolución fundamentada del fiscal de la causa, de la denuncia, querella o actuaciones policiales o la aplicación del principio de oportunidad reglada por escasa relevancia del hecho y afectación mínima del bien jurídico protegido y la víctima o el querellante hayan formulado oposición.
Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o de delitos culposos que no tengan por resultado la muerte siempre que no exista un interés público gravemente comprometido. (art. 22)
El nuevo Código, establece la posibilidad de que se suspenda condicionalmente el proceso cuando:
Sea previsible la suspensión condicional de la pena.
El imputado haya reparado el daño o suscrito un compromiso con ese fin.
La víctima preste su conformidad para la suspensión condicional del proceso.
La suspensión condicional del proceso debe ser autorizada el Juez de Instrucción, antes de finalizada la etapa preparatoria.
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO SISTEMA.-
Si la denuncia se presenta ante la Policía, ésta deberá informar al fiscal sobre la misma dentro de las 24 horas siguientes. (art. 286 NCPP)
Las investigaciones preliminares iniciadas por la policía deberán concluir en el plazo máximo de cinco días de iniciada la prevención, debiendo remitir los actuados al fiscal en las siguientes 24 horas, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite antes.
La etapa preparatoria deberá concluir en el término de seis meses, sólo en casos excepcionales en los que concurran elementos de complejidad en la investigación de organizaciones criminales, previa autorización judicial el término se podrá ampliar impostergablemente hasta por 18 meses. Si los plazos se extienden operará la extinción de la acción (art. 135 NCPP).
ACTOS PROPIOS DE LA ETAPA PREPARATORIA.-
Una de las modificaciones más importantes que se introducen en el nuevo sistema procesal, que tiene que ver con una investigación eficiente, la redefinición de las funciones procesal penales de investigación y control de la investigación, es la de establecer de forma unívoca la investigación preliminar a cargo del Ministerio Publico, con esto "no se pretende, de ninguna forma, que desaparezca el control jurisdiccional en la instrucción, sino que, más bien, se busca su fortalecimiento, puesto que el juez no estará comprometido, de ninguna manera, con la investigación; su compromiso se circunscribirá, exclusivamente, a garantizar el respeto a los derechos del acusado, impidiendo cualquier exceso del ente encargado de la investigación."
Se recolecta los elementos probatorios que fundamentan la acusación o defensa del imputado: (Actuaciones reservadas a los terceros, sólo intervendrá el imputado, su defensor y el acusador particular, si se hubiere constituido, quienes pueden proponer diligencias probatorias al fiscal que debe aceptarlas. Intervienen también personas a quienes se les acuerde intervención (peritos expertos, estos deben guardar secreto).
Puede realizar pruebas anticipadas (Testigos enfermos, turistas).
Resolver incidentes, excepciones y otras peticiones de las partes.
ACTOS CONCLUSIVOS DE LA INVESTIGACION.-
Cuando la investigación concluye, el fiscal podrá:
Presentar ante el juez o Tribunal de Sentencia, la acusación fundamentada y acompañada de actuaciones y evidencias, si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del o los imputados.
Requerir ante el Juez Instructor, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, la aplicación de un criterio de oportunidad reglada o que se promueva la conciliación. (salidas alternativas al juicio oral, público y contradictorio). En cualquiera de estos casos debe remitir actuaciones y evidencias.
Decretar de manera fundamentada, el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en el hecho y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar acusación. (art. 322 NCPP)
EL JUICIO ORAL PUBLICO Y CONTRADICTORIO.- Es el momento cumbre del proceso, denominado también juicio por audiencias públicas, orales, contradictorias y continuas que se verifican ante el Juez de Sentencia o Tribunal de Sentencia (compuesto por tres jueces ciudadanos y dos jueces técnicos, uno de ellos funge como Presidente.
Las características del juicio oral, publico y contradictorio, son las siguientes:
El debate debe realizarse en audiencia - Principio de Concentración.
Integrado el tribunal se decretará la fecha de la Audiencia Pública Selección y designación e Identificación de los Jueces Ciudadanos Notificación de las partes. Testigos y peritos.
El Juez Presidente dirige el debate: Velará por el orden y respeto en la sala: puede limitar el tiempo en el uso de la palabra.
Instalada la audiencia y verificada la presencia de partes, expertos, intérpretes, testigos, el Juez iniciará el Debate advirtiendo al Imputado, a las Partes y al Público que deben estar atentos. Ordena la lectura de la acusación y concede la apalabra al fiscal y/o acusador particular para que fundamente su acusación.
Da la palabra al imputado quien puede declarar o abstenerse: Si decide declarar se identifica; El Juez le explica el hecho: El imputado declara libremente y luego puede ser interrogado primero por el Fiscal, el acusador si se hubiera constituido y luego por el Defensor.
Luego se reciben las pruebas de Expertos, Intérpretes, Peritos, Testigos (Se les recibe juramento, se identifican y exponen espontáneamente). Después, serán interrogados primero por la parte que los promovió; y luego por la otra parte y por el tribunal. Se reciben las pruebas comenzando por las del Fiscal y luego las del Imputado; luego se exhibirán o leerán las pruebas permitidas (prueba anticipada, documentos, fotografías, etc.).
Inmediatamente se oirán las conclusiones: Primero el Fiscal y luego el Defensor; puede haber réplica entre ellos. Concluidas las exposiciones el Juez dará la última palabra al Imputado.
El tribunal se retira a deliberar. La mencionada deliberación será secreta, sólo participarán los Jueces y el Secretario. Se analizarán los hechos y se le dará validez a las pruebas (libre convicción motivada).
En la misma Audiencia se dictará la sentencia; cuando el asunto es complejo o por lo avanzado de la hora, sólo se dictará la dispositiva expuesta por el Juez Presidente con los fundamentos de hecho y de derecho que soportaron la absolución o la culpabilidad. Si es culpable se indicará la pena impuesta. El Juez Presidente tendrá 10 días para redactar la parte considerativa de la Sentencia debiendo indicar día y hora de su lectura.
Esa forma de proceder establecida en el NCPP, para resolver el conflicto jurídico-penal, se halla revestida, como no podía ser de otra manera, de todas las garantías procesales, en un escenario que haga viable realmente el cumplimiento de los principios fundamentales del juicio: oralidad, inmediación, publicidad y concentración.
EL SISTEMA DE RECURSOS.- Ha sido diseñado para fortalecer el juicio oral público y contradictorio, por lo que se reconocen los siguientes actos de impugnación:
Apelación restringida (contra Sentencias donde el Tribunal Superior sólo analiza derecho)
Casación (Sobre precedentes contradictorios para genera una verdadera jurisprudencia)
EJECUCION PENAL.- Se judicializa el control de la ejecución penal, hoy a cargo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TIPOS DESCRITOS EN LA CCCI Y EL CODIGO PENAL BOLIVIANO.-
LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL ART. VI DE LA CCCI Y LA NORMATIVA PENAL INTERNA.-
Varios de los actos de corrupción descritos en el Art. VI de la CCCI, básicamente están contenidos en el Código Penal en el Libro Segundo, Título II, Delitos contra la función Pública, aunque para una armonización completa, el consultor propone las modificaciones a la legislación interna y la introducción o creación de los tipos no consignados en la norma penal interna, que se anexan al presente informe.
El Art. VI inc. A) de la CCCI, tiene su correlato en la legislación nacional interna, salvando las diferencias que se comentan luego, en el delito tipificado por el Código Penal en su art. 145 (Cohecho pasivo propio).
De acuerdo a la norma nacional se consuma el delito, cuando el funcionario público recibe o acepta para sí o para un tercero dádivas o cualquier otra ventaja para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones, mientras que en la lógica de la CCCI, el delito se consuma también con el requerimiento de parte del funcionario de cualquier objeto de valor u otros beneficios, para hacer o dejar de hacer lo que a su función concierne, a esa solicitud o requerimiento ilícito del fenómeno público, el Código Penal lo tipifica como concusión (Art. 151).
El tipo establecido en el inc. b) del Art. VI. De la CCCI., se sanciona y tipifica en el Código Penal Nacional bajo el nomen juris de cohecho activo, regulado por el Art. 158 de la norma interna, la mayor diferencia estriba en la exención de pena contenida en el segundo párrafo del art. 158, exención que no es considerada en la CCCI.
El tipo establecido en el Art. VI, inc. C) de la CCCI, es tipificado en Bolivia como uso indebido de influencias (Art. 146 Código Penal).
EL SOBORNO TRANSNACIONAL.-
Con relación al soborno transnacional, tipificado en el Art. VII de la CCCI, si bien la conducta podría subsumirse genéricamente en el tipo sancionado en el Art. 158 del Código Penal nacional (cohecho activo propio), el soborno transnacional, sin embargo, circunscribe el cohecho a la relación que tenga la conducta con transacciones de naturaleza económica o comercial, especificación que puede ser considerada, además de los elementos de carácter internacional como agravante, posibilidad que se desarrolla en propuesta contenida en Anexo.
EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
El tipo de enriquecimiento ilícito contenido en la CCCI., Art. IX, no tiene correlato en la legislación interna, pues la posición legal contenida en el art. 147 del Código Penal (beneficios en razón del cargo), si bien darían como resultado un incremento (significativo o no), en el patrimonio del funcionario público prohibe bajo la alternativa de sanción penal la posibilidad de justificar el incremento de su patrimonio por la recepción de regalos u otros beneficios, resulta un delito propio e independiente del cohecho pasivo propio, porque no condiciona la recepción de beneficios u otras ventajas al hecho de hacer o dejar de hacer actos inherentes a su función pública.
Las normas nacionales, así como el repudio colectivo generalizados de la sociedad boliviana a hechos de corrupción, que se ven reflejados en la ilícita acumulación de riqueza de parte de funcionarios inescrupulosos, como la obligación emergente para el Estado boliviano de introducir en su normativa interna este delito, generan las condiciones necesarias para introducir este ilícito penal en la normativa interna. Por lo que el consultor plantea la propuesta contenida en Anexo , puesto que el hecho que genere el enriquecimiento ilícito puede ser producto también de la comisión de los delitos de cohecho pasivo propio (art. 145 CP), Peculado (Art. 142 CP), Uso Indebido de Influencias (Art. 146 CP), Beneficios en razón del cargo (Art. 147 CP), Negociaciones incompatibles con el cargo (Art. 150 CP) o Concusión (Art. 151 CP). La persecución penal sería más efectiva, toda vez que la etapa de investigación se facilitaría al establecer la existencia cuantificada del incremento del patrimonio del funcionario público.
LOS TIPOS DEL ART. XI DE LA CCCI.
El tipo descrito en el inc a) del Art. XI de la CCCI, no tiene previsión similar en la legislación interna que contengan siquiera similitud con la infidencia, descrita en el referido inciso, por lo que se propone la incorporación correspondiente del delito .
El uso abusivo e indebido de bienes del Estado, descrito en el inc. B) del Art. XI de la CCCI, tampoco se encuentra tipificado en la legislación nacional, por lo que plantea propuesta contenida en la Cuarta Parte de este trabajo.
Ibidem parta el inc. C) del Art. XI de la CCCI.
Los niveles de rechazo a la corrupción en Bolivia, van creciendo sostenidamente, de una actitud contemplativa y hasta tolerando hasta la década del 90, a finales de ésta, según diferentes estudios y encuestas nacionales y extranjeras, la corrupción no sólo se inscribe como uno de los problemas nacionales de mayor importancia, sino también como un factor del poco desarrollo nacional y de inseguridad jurídica.
El sistema penal se constituye, sin duda, en un medio que puede contribuir eficazmente en la lucha contra la corrupción en Bolivia.
Los bienes y valores que protegen el Derecho penal material, responden a realidades histórico-político-sociales concretas, la administración pública en Bolivia requiere de una protección penal actualizada, en cuanto al derecho sustantivo y procesal.
Del estudio comparativo de la legislación penal interna y la CICC emergen las siguientes conclusiones:
Primera: En la legislación penal interna, no se describen o tipifican todas las conductas consideradas en la CICC.
Segunda: El Estado Boliviano, según las obligaciones asumidas respecto la CICC, debe incorporar paulatina y gradualmente los alcances de CICC a su normativa interna.
Tercera: Constitucionalmente, salvo como castigo político, la pena de confiscación no está prohibida en Bolivia, se la aplica ya y desde julio de 1988, como pena accesoria en materia de narcotráfico.
Cuarta: La reforma constitucional de 1995 y la legislación especial que genera, respecto del funcionario público, son compatibles con los objetivos y alcances de la CICC.
Quinta: La protección penal eficaz del honesto desempeño de la función pública o protección penal de la administración pública, debe complementar la armonización de tipos penales descritos en la CICC y la ley penal interna y el desarrollo y consolidación de un sistema de administración de justicia penal ágil, oportuna y transparente.
Sexta: Con la próxima vigencia plena del Nuevo Código de Procedimiento Penal, a partir del 31 de mayo de 2001, los mecanismos de cooperación judicial internacional que genera la reforma Procesal Penal facilitará la persecución penal internacional de las personas que hayan incurrido en delitos de corrupción y se hallen dentro de las fronteras bolivianas.
En mérito a los alcances de la consultoría, la relación analítica del Derecho Positivo Interno y la CICC, se recomienda:
Primero: Impulsar una reforma del Código Penal en la Parte Especial, Título II, Capítulo I, armonizando los tipos penales existentes con las conductas que establece la CICC e incorporando nuevos tipos penales considerados por la CICC.
Segunda: Incorporar en los delitos de corrupción pública como pena accesoria la confiscación de bienes.
PROPUESTA DEL CONSULTOR
De acuerdo al Manual de Técnicas Normativas vigente, según D.S. 25350 de 8 de abril de 1999, los alcances de la Consultoría, lo que corresponde es, elaborar una Propuesta de Anteproyecto de Ley modificatorio del Código Penal, que me permito formular en los siguientes términos:
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE ADECUACION DEL CODIGO PENAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
NECESIDAD.- Que, mediante Ley No. 1473 de fecha 15 de enero de 1997, el Estado Boliviano ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en fecha 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela.
Que, por la previsión contenida en el Art. VII de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el Estado Boliviano debe adecuar su legislación penal material interna a los actos de corrupción descritos en el dicho instrumento internacional.
Que, de la Exhaustiva revisión de la legislación penal interna, se establece la necesidad de readecuar algunos tipos ya existentes en la Parte Especial, Título II, Capítulo I del Código Penal en vigencia e incorporar otros que no se hallan tipificados en Bolivia.
Que, es necesario derogar el Capítulo de los Delitos contra Función Pública del Código Penal, generando una más efectiva tutela jurídica de la Administración Pública que reclama de sus funcionarios no sólo un servicio eficiente, sino también honesto y respetuoso del bien común.
Que, es preciso combatir la corrupción generando una base legal que abarque todas las conductas que los Estados Modernos en América consideran como actos de corrupción.
POR TANTO EL H.CONGRESO NACIONAL RESUELVE:
Articulo primero.- Modifícase el Código Penal en la forma siguiente:
Modificase el artículo 142 en la forma siguiente:
(SIGNIFICACIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS).- Para los efectos de aplicación de este Código se considera función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en consecuencia, se designa con los términos funcionario público o servidor público a cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
A los efectos de este Código se denomina actos de corrupción o delitos contra la función pública a toda conducta descrita en este Código Penal o norma especial que atente contra la Administración Pública y se considerará consumado el delito, aunque éste no haya producido perjuicio patrimonial al Estado.
Incluyese como artículo 142 bis del Código Penal el siguiente:
(ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO).- El funcionario público o servidor público que incremente su patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones y hasta los dos años de haber cesado en las mismas, será sancionado con pena de privación de libertad de dos a ocho años y la confiscación de los bienes no justificados.
Modifícase el Artículo 143 en la forma siguiente:
(PECULADO).- El funcionario público o servidor público que, aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
Si el funcionario público actuare culposamente dando lugar a que otro funcionario público o persona particular se apropiare del dinero, valores o bienes de cuya administración cobro y custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años.
Modifícase el art. 144 en la siguiente forma:
(MALVERSACIÓN).- El funcionario público que diere a los bienes muebles o inmuebles, dinero o valores que administra o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años.
Modifícase el artículo 145 en la siguiente forma:
(COHECHO PASIVO PROPIO).- El funcionario público o servidor público, que para hacer o dejar de hacer un acto relativo al ejercicio de sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, cualquier objeto de valor pecuniario, dádivas, promesas o cualquier otra ventaja, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años.
Si lo recibido por el funcionario público o servidor público fuere a cambio de la realización de un acto contrario a los deberes de su cargo, la pena será agravada en un tercio.
Modifícase el artículo 147 en la siguiente forma:
(BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO).- El funcionario público o servidor público que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.
Incluyese como artículo 147 bis del Código Penal, el siguiente:
(USO INDEBIDO DE BIENES DEL ESTADO).- El funcionario público que utilice o aproveche indebidamente en beneficio propio o de un tercero, bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, a los que ha tenido acceso en ejercicio de su función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.
Incluyese como artículo 147 ter. del Código Penal el siguiente:
(INFIDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA).- El funcionario público que aproveche indebidamente en beneficio propio o de un tercero cualquier tipo de información reservada o privilegiada, de la cual tiene conocimiento en el ejercicio de su función pública, será sancionado con pena de privación de libertad de uno a tres años.
Modifícase el Artículo 148 en la siguiente forma:
(APROVECHAMIENTO U OCULTACION DE BIENES PRODUCTO DE CORRUPCION).- El funcionario público o particular que aproveche dolosamente u oculte bienes provenientes de la comisión de cualquier delito contra la administración pública será sancionado con pena de privación de libertad de dos a ocho años más la confiscación de bienes de origen ilícito.
Modifícase el artículo 150 en la siguiente forma:
(OBTENCIÓN DE BENEFICIOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA U OTRA ANALOGA).- El funcionario público o servidor público que realice cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, o use indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de la función pública, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.
Si por acto simulado se interesare u obtuviere para sí o para un tercero beneficio ilícito en cualquier contrato, negociación, suministro, subasta u operación en que interviene o tiene conocimiento en razón de la función pública que ejerce la pena será agravada en un tercio.
Estas disposiciones son aplicables a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales, pro razón de su oficio intervinieren y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarías, concursos, liquidaciones y actos análogos.
Modifícase el artículo 151, en la siguiente forma:
(CONCUSIÓN).- El funcionario público o servidor público que para la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas requiriere o exigiere para sí o un tercero dinero, o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores o ventajas, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.
Si la exigencia o requerimiento está condicionada a realizar un acto u omisión contraria a sus funciones, será sancionado con privación de libertad de dos a cinco años.
Si a consecuencia del requerimiento o exigencia, el funcionario público recibe para sí o un tercero lo requerido, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.
Si el ofrecimiento se concreta, la pena será agravada en un 50%.
Modifícase el artículo 158 en la siguiente forma:
(COHECHO ACTIVO).- El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público para sí o para un tercero, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto relativo a sus funciones públicas, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años.
Insertase el artículo 158 bis, en el tenor siguiente:
(SOBORNO TRANSNACIONAL) La persona nacional o extranjera que sin tener residencia en la República, directa o indirectamente , ofrezca dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público para que haga o deje de hacer algún acto relativo a su función pública relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial será sancionado con pena privativa de libertad de dos a ocho años.
Modifícase el art. 185 bis. en la siguiente forma:
(LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS).- El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos que procedan de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o de delitos cometidos por organizaciones criminales, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad verdadera, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años y con la confiscación de los bienes determinados como ganancia ilícita.
Si el Autor del delito fuera funcionario público, la pena será agravada en una mitad.
Este tipo penal se aplicará a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas, hayan sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países.
1. LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- *
1.1. FUNCIONARIO PUBLICO *
1.2. LA CORRUPCION PUBLICA. BASES DE UNA DEFINICION *
1.2.1. LESION AL BIEN JURIDICAMENTE PROTEGIDO.- *
1.2.2. LA BILATERALIDAD EN EL ACTO DE CORRUPCIÓN, A PARTIR DEL ANALISIS EJEMPLIFICATIVO DEL COHECHO.- *
2.1 LA CORRUPCION EN BOLIVIA.- *
2.2 NORMATIVA CONSTITUCIONAL APLICABLE A LA MATERIA.- *
2.3 LAS DEFINICIONES LEGALES DE FUNCIONARIO PUBLICO.- *
2.4 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA LEGISLACION NACIONAL.- *
2.5 LAS NORMAS NACIONALES QUE RIGEN LA EXTRADICIÓN.- *
2.6 EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.- *
SINTESIS DE LAS ETAPAS PROCESALES DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL *
ETAPA PREPARATORIA: *
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: *
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO SISTEMA.- *
ACTOS PROPIOS DE LA ETAPA PREPARATORIA.- *
ACTOS CONCLUSIVOS DE LA INVESTIGACION.- *
3.1 LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL ART. VI DE LA CCCI Y LA NORMATIVA PENAL INTERNA.- *
3.2 EL SOBORNO TRANSNACIONAL.- *
3.3 EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO *
3.4 LOS TIPOS DEL ART. XI DE LA CCCI. *
4.1 CONCLUSIONES *
PROPUESTA DEL CONSULTOR *
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE ADECUACION DEL CODIGO PENAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION *