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Timestamp: 2018-09-21 22:19:59
Document Index: 166595039

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2000-00672/45999 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA 2000-00672 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EN LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE QUIEN BRINDABA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE UN GRUPO ARMADO INSURGENTE. EN EL CASO BAJO ESTUDIO SE INICIÓ INVESTIGACIÓN PENAL Y SE CAPTURÓ AL DEMANDANTE POR EL DELITO DE REBELIÓN. ASÍ, AUNQUE EN EL PROCESO PENAL SE DIO LA ABSOLUCIÓN EN FAVOR DEL HOY DEMANDANTE, ELLO NO ES AUTOMÁTICAMENTE UN HECHO CONFIGURADOR DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PUES SE DEDUJO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS RELACIONADOS, QUE ÉSTE SE ENCONTRABA EN SU LUGAR DE HABITACIÓN BRINDANDO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE UN GRUPO ARMADO INSURGENTE, A SABIENDASY NO SOLO ESO, PUES SE ENCONTRÓ EN EL DOMICILIO UNA TABLA CON LAS CLAVES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN. ASÍ LAS COSAS, ES CLARO QUE ACTOR ESTABA AL TANTO DE LOS HECHOS QUE SE ESTABAN COMETIENDO, Y CON SU CONDUCTA, EL MISMO SE PUSO EN UNA SITUACIÓN EN LA CUAL ERA IMPERATIVO PARA LAS ENTIDADES DEMANDADAS IMPONER UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, COMO BIEN SE HIZOPUES SE OBSERVA QUE LA CONDUCTA DEL HOY DEMANDANTE IMPUSO LA CARGA DE LA INVESTIGACIÓN Y SU CONSECUENTE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, PUES RESGUARDAR OBJETOS DEL GRUPO ARMADO INSURGENTE, TALES COMO ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, Y EN ESPECIAL LAS CLAVES PARA SU UTILIZACIÓN, ES UNA CONDUCTA QUE CONFIGURA LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, MIEMBROS DEL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia 2000-00672/45999 de noviembre 27 de 2017
Rad.: 41001-23-31-000-2000-00672-01 (45999).
Actor: Tobías Cleves Castro y Otros.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Tobías Cleves Castro, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, María Nelly Perdomo Medina (cónyuge), Wilson Jaider Cleves Perdomo, Javier Alfonso Cleves Perdomo, Sandra Milena Cleves Perdomo, Gustavo Adolfo Cleves Perdomo, Jorge Leonardo Cleves Perdomo, Tobías Cleves Perdomo, Edna Rocío Cleves Perdomo (hijos), Pedro Antonio Cleves Ramírez (padre), Jairo Cleves Castro, José Fernando Cleves Castro, Obeimar Cleves Castro, Gladis Cleves Castro, Libardo Cleves Castro, y Alba Doris Cleves Castro (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 14 de mayo de 1998 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 15 de marzo del 2000, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(20)
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(21)(22), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(23).
En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(24).
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la Rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa (…)”. (Subraya fuera del texto).
Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(25).
En el caso concreto se alzaron las dos entidades demandadas. La Rama judicial adujo que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituían indicios sobre la participación del demandante en el delito de rebelión; a su turno, la Fiscalía General de la Nación, sostuvo que actuó en cumplimiento de las normas legales y constitucionales. Por lo anterior le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, descartando que no se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad a favor del demandado, o si, por el contrario, se debe revocar la decisión del a quo, y condenar a las entidades demandadas.
Al respecto se encuentra demostrado que el señor Tobías Cleves Castro estuvo privado de si libertad desde el 15 de junio de 1995 hasta el 11 de marzo de 1998, de acuerdo con el certificado del tiempo de reclusión suscrito por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec(26) y con la boleta de libertad aportada con la demanda(27).
También se encuentra acreditado que el 7 de noviembre de 1997 el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá resolvió condenar al señor Cleves Castro por el delito de rebelión(28). Y que mediante sentencia del 9 de marzo de 1998 el Tribunal Nacional, en Sala de Decisión, resolvió absolver al hoy actor y ordenó su libertad inmediata; para lo cual, luego de analizar el material probatorio obrante en el proceso penal, consideró:
“[…] Así, el procesado suministra una versión que nadie se atreve a contradecir por la realidad vivida. Llegaron a su vivienda, situada en un paraje aislado del núcleo social, unos individuos armados, en procura de comida y alojamiento durante la noche; no teniendo otra alternativa que acceder, arriban los militares cuando los delincuentes se hallaban en el interior de la casa; los guerrilleros para evitar ser cogidos, accionan sus armas contra la tropa y así logran escapar dejando abandonados el proveedor, los cartuchos y la tabla con las claves.
[…] El acto mismo de la presencia de sujetos portando armas y uniformes de la fuerza pública en una vivienda campesina, en horas de la noche, así no se hagan manifestaciones de amenazas, crea pánico, temor, de que si no cumple con lo exigido sufrirá un mal, porque ante quién acude? (sic) […]”.
Pues bien, de las probanzas anteriormente relacionadas, y del relato de los hechos de la demanda, esta Sala de Subsección observa que aunque en el proceso penal se dio la absolución en favor del hoy demandante, ello no es automáticamente un hecho configurador de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, pues como bien se deduce de los elementos probatorios relacionados, el señor Tobías Cleves Castro se encontraba en su lugar de habitación brindando alojamiento y alimentación a miembros de un grupo armado insurgente, a sabiendas; y no solo eso, pues se encontró en el domicilio del hoy demandante una tabla con las claves para la utilización de los equipos de comunicación.
Así las cosas, es claro que el señor Cleves Castro estaba al tanto de los hechos que se estaban cometiendo, y con su conducta, el mismo se puso en una situación en la cual era imperativo para las entidades demandadas imponer una medida de aseguramiento, como bien se hizo; pues se observa que la conducta del hoy demandante impuso la carga de la investigación y su consecuente privación de la libertad, pues resguardar objetos del grupo armado insurgente, tales como armas, equipos de comunicación, y en especial las claves para su utilización, es una conducta que configura la culpa exclusiva de la víctima. Sea dicho de paso que esta valoración se encuentra dentro de la órbita de análisis del juez administrativo, independientemente del motivo de la absolución en el proceso penal, esta Sala resalta que no se trata de una nueva valoración de la conducta penal, pues esta corporación no competente para ello, pero tampoco puede dejar pasar que la conducta de la víctima generó la investigación y su consecuente privación de la libertad.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Tribunal Nacional, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria, decidiera revocar la sentencia condenatoria de primera instancia, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
REVOCAR la sentencia del 9 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, y en su lugar dispone:
11 Corte Constitucional, Sentencia C-965 de 2003.
12 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).
13 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.
14 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.
15 Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40324.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 10923.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp. 15989.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.
24 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014, Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017, Exp. 41326.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27577.
26 Fl. 186 del c. 1.
27 Fl. 27 del c. 1.
28 Fls. 38 a 52 del c. 1.