Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3190-de-noviembre-11-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204213a5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 20:32:38
Document Index: 6071124

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 90', 'artículo 94', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 261', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 136', 'artículo 4', 'artículo 137', 'artículo 163', 'artículo 68', 'artículo 137', 'artículo 136', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 230', 'artículo 66', 'artículo 267', 'artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 137', 'artículo 123', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 137', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 223', 'artículo 17', 'artículo 134', 'artículo 135', 'artículo 136', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 4', 'artículo 316', 'artículo 1', 'artículo 316', 'artículo 84', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 84', 'artículo 316', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 223', 'artículo 316', 'artículo 4', 'artículo 316', 'artículo 265', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 213', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 3190 DE NOVIEMBRE 11 DE 2005
SENTENCIA 3190 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:EFECTOS DEL SECUESTRO SOBRE LA INHABILIDAD POR PARENTESCO. ELECCIÓN DEL HERMANO DE UN FUNCIONARIO QUE NO PODÍA EJERCER AUTORIDAD PORQUE SE ENCONTRABA SECUESTRADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELECCIÓN DEL GOBERNADOR, INHABILIDADES DEL GOBERNADOR, SECUESTRO, SECUESTRADO, INHABILIDAD POR PARENTESCO, EJERCICIO DE AUTORIDAD PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:410 DE FEBRERO DE 2006, PG.261
Sentencia 3190 de noviembre 11 de 2005
Exps.: 110010328000200400001-01, 110010328000200400002-01
Números internos: 3190 y 3192
Accionante: Rubén Darío Quintero Villada
Demandado: Gobernador departamento de Antioquia
Acción: Electoral-Fallo única instancia
Esta Sala es competente para conocer y decidir en única instancia las demandas acumuladas de la referencia, por así disponerlo el artículo 128, numeral 13 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 36.
Al informativo se aportó copia auténtica del Acuerdo 1 expedido el 10 de diciembre de 2003 por el Consejo Nacional Electoral, en cuyo artículo 8º de su parte resolutiva se decidió: “Declarar electo gobernador del departamento de Antioquia al ciudadano Aníbal Gaviria Correa, identificado con la cédula de ciudadanía 70.566.243”, y en su artículo 9º se dispuso: “Expedir la respectiva credencial de gobernador del departamento de Antioquia”. Del mismo documento se desprende que el gobernador electo obtuvo en total 520.068 votos, en tanto que el candidato que le siguió en votos, doctor Rubén Darío Quintero Villada obtuvo 515.878 votos (exp. 3190, fls. 113 a 202, cdno. 1 A).
3. Demanda 2004-0001 (3190).
El ciudadano Rubén Darío Quintero Villada demandó la nulidad del acto de elección del señor Aníbal Gaviria Correa, como Gobernador del departamento de Antioquia, para el periodo constitucional 2004-2007, contenido en el Acuerdo 1 expedido el 10 de diciembre de 2003 por el Consejo Nacional Electoral, invocando la causal contenida en el artículo 223 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo (6) , modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17, tras señalar que el demandado tanto para la fecha de inscripción como el día de las elecciones, estaba incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, precisamente por el parentesco que en segundo grado de consanguinidad (hermanos), tuvo con el doctor Guillermo Gaviria Correa, quien ejerció como gobernador del mismo departamento para el período inmediatamente anterior.
De igual forma se incorpora al debate la necesidad de establecer la incidencia que en la configuración de dicha causal de inhabilidad haya podido tener la retención ilegal o el secuestro de que fuera objeto el doctor Guillermo Gaviria Correa por grupos armados al margen de la ley; así como la viabilidad de la tesis de algún sector de los coadyuvantes admitidos en el proceso, que propone la atipicidad de la inhabilidad por haber sobrevenido la muerte violenta de este último, con lo que se produjo la extinción de su personalidad jurídica y por tanto del parentesco que demanda la normatividad para que se produzca la inelegibilidad.
Antes de abordar la temática envuelta en la demanda examinada, conviene citar en el acápite siguiente las pruebas de mayor trascendencia para el estudio del cargo.
3.2. Pruebas relevantes.
1. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del doctor Guillermo Gaviria Correa, hijo de Guillermo Gaviria E., y Adela Correa de G., expedida por el Notario Tercero del Círculo de Medellín (exp. 3190, fl. 250, cdno. 1 A).
2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del doctor Aníbal Gaviria Correa, hijo de Guillermo Gaviria Echeverri y Adela Correa Uribe, expedida por el Notario Tercero del Círculo de Medellín (exp. 3190, fl. 251, cdno. 1 A).
3. Certificado de defunción del doctor Guillermo Gaviria Correa, expedido por el Notario Único de Urrao-Antioquia, cuyo deceso acaeció el 5 de mayo de 2003 (exp. 3190, fl. 251 A, cdno. 1 A).
4. Copia auténtica del acta de posesión del doctor Guillermo Gaviria Correa como gobernador de Antioquia por el período constitucional 2001-2003, surtida ante el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín el 1º de enero de 2001 (exp. 3190, fls. 258 y 259, cdno. 1 A).
5. Copia auténtica del acta de sesión ordinaria 24 cumplida el 25 de abril de 2002, de la asamblea departamental de Antioquia, por medio de la cual, entre otras cosas, se dio posesión al doctor Eugenio Prieto Soto como gobernador (e) del departamento de Antioquia, provocada por la ilegal retención del gobernador titular doctor Guillermo Gaviria Correa (exp. 3190, fls. 260 a 392, cdno. 1 A).
6. Copia auténtica del fallo proferido el 3 de julio de 2003 por esta sección dentro del expediente radicado bajo el número 050012315000200202228-02 (3094), por medio del cual se revocó la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2002 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para en su lugar decidir: “...declárase nulo el acto contenido en comunicación de 16 de abril de 2002 suscrita por el señor Guillermo Gaviria Correa, Gobernador del departamento de Antioquia, por el cual encargó de la gobernación al señor Eugenio Prieto Soto durante su ausencia temporal” (exp. 3190, fls. 29 a 63, cdno. 1 A).
7. Oficio 464 UDH-DIH (rad.: 1214) del 3 de agosto de 2004, expedido por el fiscal coordinador UDH-DIH Medellín de la Fiscalía General de la Nación, con el que se informó:
“1. El doctor Guillermo Gaviria Correa, ex gobernador de Antioquia, fue secuestrado el día domingo veintiuno (21) de abril del año dos mil dos (2002), en jurisdicción del municipio de Caicedo, Antioquia, por parte de miembros del frente 34 de las FARC.
2. El doctor Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado el día lunes cinco (5) de mayo del año dos mil tres (2003), en jurisdicción del municipio de Urrao, Antioquia, por guerrilleros del frente 34 de las FARC, instantes en que se producía un intento de rescate por parte de las Fuerzas Militares-Fudra” (exp. 3190, fl. 600, cdno. 1 A).
8. Copia auténtica del Decreto 2556 del 8 de noviembre de 2002, expedido por el Presidente de la República, y a través del cual dispuso “encargar de las funciones del despacho del gobernador del departamento de Antioquia, al señor Eugenio Prieto Soto, identificado con la cédula de ciudadanía 71.621.122 expedida en Medellín, quien se desempeña en el cargo de gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, mientras puede reintegrarse a sus labores el titular de dicha entidad, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto” (exp. 3190, fls. 603 y 604, cdno. 1 A).
3.3. De las excepciones de mérito.
La parte demandada, con su escrito de contestación, formuló como excepciones: 1. “La interpretación de las normas de inhabilidad en un régimen democrático”, 2. “Los insostenibles argumentos del demandante”, 3. “La inhabilidad para ser elegido gobernador del artículo 30-5 de la Ley 617 de 2000”, todas basadas en razones inherentes al fondo del asunto en discusión, razón por la cual su estudio se hará conjuntamente con el problema central de la acusación.
3.4. De la inhabilidad frente al caso concreto.
Según se dijo arriba, la nulidad del acto de elección del doctor Aníbal Gaviria Correa, se demanda con fundamento en que para la fecha de su inscripción, así como para el día de las elecciones (oct. 26/2003), pesaba sobre él la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, publicada en el Diario Oficial 44.188 del 9 de octubre de 2000, y que en lo pertinente señala:
5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento”.
Sostiene la acusación que su configuración opera debido a que el doctor Guillermo Gaviria Correa fungió como Gobernador del departamento de Antioquia para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, no obstante haber sido secuestrado por el frente 34 del grupo subversivo FARC, el 21 de abril de 2002, situación que se prolongó hasta el 5 de mayo de 2003, cuando perdió la vida en una operación de rescate fallida adelantada por fuerzas del orden (Fudra), puesto que aun desde el cautiverio y a través de misivas que hizo llegar a sus familiares y allegados, expidió directrices de gobierno que su cónyuge y primera dama del departamento, estuvo atenta a hacer cumplir; además, porque el encargo o delegación que recayó en el doctor Eugenio Prieto Soto, primero por decisión de la Asamblea Departamental de Antioquia y luego por decreto expedido por el Presidente de la República, no hacía más que reconocer su titularidad como Gobernador del departamento de Antioquia.
Ahora, por razones metodológicas la Sala abordará en primer lugar el alcance de la tesis de alguno de los coadyuvantes, para quien la muerte del ex gobernador doctor Guillermo Gaviria Correa impide tener por acreditado el parentesco requerido por la causal de inhabilidad, para enseguida ocuparse de la inhabilidad en concreto.
3.4.1. De los efectos resolutorios de la muerte frente al parentesco exigido en materia electoral para configurar causales de inelegibilidad.
Un sector de los intervinientes plantea la imposibilidad de configuración de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, cuando el pariente respecto del cual ella se materializa por haber ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar dentro del año anterior a las elecciones, ha fallecido antes de esa jornada electoral. En su opinión, porque la muerte pone fin a la personalidad jurídica y con ello al parentesco que se hubiera podido tener, situación que operó en el caso en estudio porque el ex gobernador doctor Guillermo Gaviria Correa falleció el 5 de mayo de 2003, momento a partir del cual desapareció el parentesco de hermanos que existió con el doctor Aníbal Gaviria Correa.
La existencia legal de la persona humana, como así lo prescribe el artículo 90 del Código Civil, “... principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”, y “... termina con la muerte” como igual lo define el artículo 94 de la misma codificación, subrogado por el artículo 9º de la Ley 57 de 1887. Es decir, la persona humana adquiere reconocimiento de su personalidad jurídica, de su identidad, al momento de nacer y lo conserva hasta el día de su óbito, de curso en el cual se hace sujeto de derechos y obligaciones, entre los que interesa el estado civil, entendido como su situación jurídica en la familia y la sociedad, al tiempo que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y adquirir ciertas obligaciones (7) .
Entonces, el parentesco, que es la expresión más clara de la pertenencia a una familia, como claramente lo define el estatuto del registro del estado civil de las personas, permite a las personas identificarse en el seno de una familia, saber su posición, al paso que los derechos y obligaciones que puede demandar y le pueden ser exigidos por virtud de esa situación relacional. Sin embargo, aunque el parentesco que surge de la pertenencia a una familia exige como requisito fundamental la condición de “persona”, es claro para la Sala que la muerte que sobrevenga a alguno de los miembros de la familia no interrumpe o termina con el parentesco, en contrario lo reafirma.
En efecto, piénsese, por ejemplo, en los efectos patrimoniales del deceso. La muerte de una persona desencadena, entre otras cosas, la existencia de un patrimonio autónomo como es la masa sucesoral, frente a la cual, en principio, solamente pueden reclamar sus derechos los miembros de la familia de la que hizo parte el decujus, con base precisamente en el parentesco existente con el titular de esos bienes. Además, de ser cierto que la muerte de la persona extingue el parentesco, tendría que aceptarse que ese hecho generaría una ruptura filial en el seno de la familia, de suerte que al desaparecer el parentesco con el interfecto, de igual forma debería tenerse por extinguido el parentesco entre sus ascendientes y descendientes que le sobreviven, lo que en el contexto jurídico que rige la materia no opera, pues como se sabe el parentesco entre unos y otros se mantiene intacto.
La improsperidad del argumento ya fue definida por la Sala en jurisprudencia que al respecto puntualizó:
“El tercero interviniente sostiene que los atributos de la personalidad terminan con la muerte del titular de los mismos y que, por lo tanto, la muerte del señor Juvenal Osorio Lemus crea una situación jurídica nueva con respecto a Manuel Ángel Osorio Lemus, porque los derechos de la personalidad no se pueden heredar, son derechos intuitu personae y si se rompe el vínculo de la consanguinidad, el derecho no existe, no se puede acceder a él.
Sobre este aspecto la Sala precisa que si bien es cierto el hecho de lamuerte genera unas consecuencias que tienen trascendencia jurídica como son la extinción de la personalidad del fallecido y con ella sus derechos a la vida, la salud, la libertad, la igualdad, la seguridad, el honor, la vida privada, etc., estas circunstancias, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, no eliminan las relaciones de parentesco; por el contrario, del hecho de la muerte de una persona se origina la transmisión de sus derechos patrimoniales con fundamento precisamente en la filiación natural, que es el conjunto de regulaciones jurídicas a través de las cuales se accede a la herencia. Por el hecho de la muerte no se deja de ser hijo o hermano del causante, tal condición es la que precisamente persiste porque el Estado le ha atribuido la trascendencia jurídica de determinar los derechos sucesorales.
La doctrina ha expresado al respecto: “El parentesco genera derechos, deberes, poderes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades”; “sin duda alguna, el efecto más importante del parentesco es la vocación hereditaria, ya que por ella se llama a heredar a los parientes más próximos” (8) .
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (9) se ha pronunciado sobre el particular en los siguientes términos: “La filiación, ... no es cosa distinta que la “afirmación jurídica” de un nexo biológico entre el padre o la madre y el hijo. ... o lo que es lo mismo, “el estado jurídico que la ley le asigna a determinada persona, deducido de la relación natural de procreación que lo liga a otra”, y que en cuanto tal, origina un conjunto de derechos y obligaciones entre ellos. Se trata, pues, de un vínculo jurídico establecido a partir de un enlace de carácter genético entre una ascendiente y su descendiente...”.
Un vínculo jurídico de la misma naturaleza se establece entre todos los que provienen de un tronco común. Se concluye entonces que en el ordenamiento jurídico que nos rige el parentesco no se extingue por el hecho de la muerte. Por lo mismo la interpretación gramatical del aparte del precepto “Quien tenga vínculos por ... o de parentesco...” no exige que el pariente de que se trate se encuentre en vida porque la conducta proscrita se circunscribe a tener parentesco en los grados que determina la ley “...con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio...”” (10) .
Adicional a lo expuesto debe decirse que de configurarse la inhabilidad, la muerte que a futuro se pueda presentar de quien dentro del año anterior a la elección ejerció autoridad civil, política, administrativa o militar, pero en todo caso antes del certamen electoral, no elimina la materialización de esa causal de inelegibilidad, ciertamente porque el legislador no previó frente a ella ninguna causal de saneamiento, extinción o como quiera llamársele, de modo que se conserva como antecedente indeleble que ni la muerte de su pariente logra eliminar. En consecuencia, el planteamiento no es de recibo.
3.4.2. De los efectos del secuestro frente a la causal de inhabilidad en el caso debatido.
Volviendo sobre la causal de inhabilidad invocada con la demanda, correspondiente a la prevista en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, señala la Sala que su configuración está sujeta a la demostración de los siguientes presupuestos: 1. La existencia del parentesco en segundo grado de consanguinidad entre el ex gobernador de Antioquia doctor Guillermo Gaviria Correa y el demandado doctor Aníbal Gaviria Correa, y 2. El ejercicio de autoridad civil, política o administrativa, en calidad de funcionario, por parte del ex gobernador doctor Guillermo Gaviria Correa en el departamento de Antioquia, dentro de los 12 meses anteriores a la elección acusada.
En cuanto al primer presupuesto encuentra la Sala que dentro del plenario hay prueba idónea de ello; para verificarlo resulta suficiente consultar los registros civiles de nacimiento relacionados en los numerales 1º y 2º del capítulo 3.2 “pruebas relevantes” de la parte motiva de esta providencia, documentos públicos que no fueron tachados de falsos y con cuyo contenido estuvieron de acuerdo todos los sujetos procesales; registros que revelan que los doctores Guillermo Gaviria Correa y Aníbal Gaviria Correa son hermanos entre sí, comoquiera que provienen de unos mismos padres, los señores Guillermo Gaviria Echeverri y Adela Correa Uribe.
Ahora, la demostración de que el doctor Guillermo Gaviria Correa ejerció autoridad civil, política o administrativa dentro del año anterior a la elección de su hermano el doctor Aníbal Gaviria Correa como Gobernador del departamento de Antioquia, debe trabajarse bajo dos ítem, uno referido a si ejerció tal tipo de autoridad, y el otro atinente a si ello se cumplió dentro del tiempo previsto en la causal de inhabilidad, separación que se hace necesaria ante la existencia del secuestro de que fue objeto.
Sobre lo primero, referido al ejercicio de autoridad civil, política o administrativa por parte del doctor Guillermo Gaviria Correa, resulta palmar que esta persona contó con esas facultades. Ello se deriva del hecho de que fue elegido y se posesionó como Gobernador del departamento de Antioquia para el período constitucional 2001-2003, calidad que le confería el ejercicio de esas prerrogativas, según se puede constatar con lo dispuesto en los artículos 303 y 305 de la Constitución Política, que respecto de la figura del gobernador de departamento dispone:
“ART. 303.—Modificado A.L. 2/2002, art. 1º. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente (...)”.
“ART. 305.—Son atribuciones del gobernador: ... 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. ... 4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. 5. Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del departamento... 7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas...”.
Además, el ejercicio de la autoridad en cabeza del gobernador resulta innegable, pues como lo ha definido la jurisprudencia de la Sala Plena:
“Con este concepto podría decirse que la autoridad política es la potestad que pertenece al pueblo y que ha sido encomendada a una persona para conducirlo en la realización de los fines del Estado, integrando sus habitantes, organizando su actividad, vinculando entre sí sus distintas autoridades, con el privilegio de hacerse obedecer. Por ello, al lado del artículo 2º de nuestra Carta, el artículo 3º ídem consagra: “ART. 3º—Democracia directa y democracia participativa. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. En el caso de los alcaldes, gobernadores o presidente, es más fácil su ubicación en el concepto de autoridad política, pues al respecto y concretamente en relación con el alcalde, el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, dispone: artículo 189. Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política. Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo” (11) (resalta la Sala).
Así las cosas, tanto desde el punto de vista orgánico como desde la óptica funcional, el cargo de gobernador confiere a su titular la potestad de ejercer autoridad civil, política y administrativa, no solo porque se trata de la primera autoridad administrativa a nivel seccional sino porque dentro de sus atribuciones están aquellas relacionadas con la conducción de los destinos departamentales, a través del trazado y diseño de políticas económicas o sociales armónicas con las dictadas por el Gobierno Nacional, y por contar con la facultad de fijar la estructura de la administración pública departamental, así como el manejo presupuestal y de contratación estatal que le corresponde.
En síntesis, el ejercicio de autoridad por parte del doctor Guillermo Gaviria Correa en su calidad de Gobernador del departamento de Antioquia está probada.
Resta, entonces, por establecer si el doctor Guillermo Gaviria Correa ejerció esa autoridad dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones del 26 de octubre de 2003, jornada en la que resultó elegido su hermano el doctor Aníbal Gaviria Correa, para lo cual es necesario tener presente que el primero cayó en poder de las FARC el 21 de abril de 2002, al ser secuestrado en jurisdicción del municipio de Caicedo, Antioquia, hecho que se prolongó hasta el 5 de mayo de 2003 cuando en un rescate fallido resultó muerto en inmediaciones del municipio de Urrao, Antioquia. Ahora, como resulta evidente que el ex gobernador doctor Guillermo Gaviria Correa estuvo secuestrado dentro de los 12 meses anteriores a la elección, debe examinarse la consistencia de la tesis del accionante, sobre que aun en cautiverio siguió ejerciendo autoridad.
El secuestro, en tanto hecho ilícito que afecta uno de los derechos más preciados del ser humano, como es su libertad personal, ha sido objeto de los más severos reproches y sanciones por parte del ordenamiento jurídico (12) , debido a la grave afectación que sufre la dignidad del ser humano que se ve sometido a tan degradante condición; a través del secuestro la privación de la libertad personal es total, al punto que pudiera afirmarse que la persona sufre una capitus deminutio máxima, pues aunque titular de derechos y obligaciones, en razón de la retención ilegal todos ellos resultan suprimidos, al ser llevado a la clandestinidad donde sus voces no son escuchadas o donde sus manifestaciones de voluntad dejan de ser transparentes y auténticas, fruto de la coacción que por el cautiverio se le inflige o por la disminución de la capacidad volitiva que necesariamente experimenta el ser humano.
Así, cuando un servidor público es víctima del secuestro, se produce involuntaria y forzadamente la separación del ejercicio de las funciones constitucional y legalmente asignadas, que le impide, en absoluto, el ejercicio de sus funciones, lo que por supuesto no equivale a que se trate de una falta absoluta del titular del cargo, ya que a salvo queda su derecho a retornar al ejercicio de sus labores en cuanto recupere su libertad, siempre que en los cargos o corporaciones públicas de elección popular no se haya terminado el período para el que fueron elegidos.
Ahora, analógicamente encuentra fundamento lo anterior, respecto de los gobernadores, en lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 3 de 1993 artículo 2º, al señalar que “Son faltas temporales las causadas por: la suspensión del ejercicio de la investidura popular, en virtud de decisión judicial en firme; la licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad certificada por médico oficial; la calamidad doméstica debidamente probada y la fuerza mayor”; circunstancia esta que se reitera en la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, que en su artículo 99 al tratar las faltas temporales de los alcaldes, enuncia entre ellas “la ausencia forzada e involuntaria” (lit. g).
Por tanto, la ausencia forzada e involuntaria del titular del cargo, no puede recibir el mismo tratamiento que se brinda a faltas temporales como las derivadas de una licencia por incapacidad médica o enfermedad general, o las vacaciones o en fin cualquier otra situación administrativa que separe transitoriamente al servidor público del desempeño de sus funciones. Entre estas y la anterior existe una diferencia notoria; la condición de secuestrado, según se dijo, suprime por completo en el servidor público el ejercicio de sus funciones, sin que a su libre albedrío esté la decisión de regresar al desempeño de sus funciones, como sí ocurre para el caso de las licencias no remuneradas, las vacaciones o cualquier otra forma de separación transitoria y voluntaria de un cargo; es decir, en las faltas temporales distintas a la ausencia forzada, por regla general, el servidor público conserva además de la titularidad del cargo, la facultad de decidir en qué momento retorna a él, en tanto que en el secuestro si bien la víctima continúa siendo el titular del cargo, su capacidad volitiva está disminuida, al punto que voluntariamente no puede adoptar esa decisión.
Lo anterior, para significar que quien sufre el flagelo del secuestro, aunque siga siendo titular de unos derechos laborales, carece de la potencialidad de ejercer cualquier tipo de autoridad aneja al cargo mientras siga en cautiverio. La configuración de la inhabilidad no solo es posible con el ejercicio material de las facultades inherentes al cargo revestido de autoridad, sino también con la potencialidad de su ejercicio en el ámbito territorial al cual están adscritas (13) ; empero, la condición de secuestrado arrebata a quien lo padece no solo su libertad personal, sino que de paso le quita la posibilidad de ejercer la autoridad civil, política o administrativa que acompaña al cargo que ejerce, de donde se puede afirmar que en cautiverio ningún servidor público puede ejercer autoridad y menos contar con la potencialidad de llegar a hacerlo, siendo inocua, a los fines de la inhabilidad en estudio, que se siga conservando la titularidad del cargo.
La afectación de la capacidad volitiva del secuestrado y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones propias del cargo que ejerce un servidor público, fue advertido por la Corte Constitucional, que sobre el particular acotó:
“Considera la Corte que la naturaleza misma de este abominable y atroz delito coloca a la víctima del secuestro frente a un estado de indefensión, imposibilitándolo para expresar su voluntad, y por ende, para el cumplimiento de sus obligaciones laborales en relación con el patrono, en virtud de una situación que configura la fuerza mayor. Como consecuencia de ello, el secuestro mal puede conducir a la terminación de la relación laboral, ni puede afectar el derecho que este tiene a percibir en cabeza de su cónyuge y demás beneficiarios, los salarios y prestaciones correspondientes” (14) .
A raíz de la imposibilidad a que se ve sometido el secuestrado para seguir desempeñándose en el cargo de que es titular, se ha requerido la intervención de la doctrina constitucional para poner a salvo sus derechos laborales; también han sido salvaguardados con la expedición de la Ley 282 del 6 de junio de 1996 (D.O. 42.804, jun. 11/96) “por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones”, que en su artículo 22 previó la manera de garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de los secuestrados, medida que se reproduce en el artículo 15 de la Ley 986 del 26 de agosto de 2005 (D.O. 46.015, ago. 29/2005) “por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”. Esta protección que se brinda a favor de las víctimas del secuestro y de sus familias, se hace como un desarrollo del principio constitucional de la solidaridad, que viene a materializar los alcances de la concepción de Estado social de derecho que rige en la Constitución Política de 1991, a través del cual se privilegia la necesidad de amparar a las víctimas del secuestro por encima de cualquier postulado de índole económico, como el referido al no pago de más de una asignación salarial por un cargo. Así lo precisó la doctrina constitucional:
También ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-1337 del 7 de diciembre de 2001, con ponencia del magistrado doctor Rodrigo Uprimny Yepes, que:
“Desde este punto de vista, resulta más razonable que ceda un principio constitucional que no tiene como expresión directa un derecho fundamental, si llegado el caso, está enfrentado con otros que efectivamente sí lo hacen. Lo anterior en virtud de una prioridad prima facie de estos últimos sobre cualquier otra disposición. En este caso, si bien una de las expresiones del principio de legalidad del gasto consiste en la prohibición de pagar dos emolumentos sobre un mismo cargo —elemento vital para la adecuada racionalización del gasto público— gracias al principio de solidaridad puede llegar a afirmarse que la prohibición, en este caso concreto, admite una excepción. Más aún si ese principio no tiene conexión conceptual alguna con un derecho fundamental sino que por el contrario, su morigeración será la que permita proteger al mismo tiempo los derechos fundamentales de los ciudadanos, cumpliendo así con los fines que impone el Estado social de derecho. Además, como ya se señaló, este principio admite excepciones en nuestro ordenamiento“ (15) .
Ahora bien, del hecho que a las víctimas del secuestro el ordenamiento jurídico los proteja brindando la posibilidad de seguir percibiendo, al menos temporalmente, los salarios y prestaciones sociales que estaba devengando el servidor público puesto en cautiverio, no puede seguirse que el secuestrado continúa ejerciendo autoridad, cuando el cargo legalmente se lo permitía. La percepción de esos emolumentos no se hace en reconocimiento del ejercicio del cargo o del desempeño de las funciones propias al mismo, pues en sana lógica es palmar que no es así; ello corresponde, como ya se dijo, al desarrollo del principio de solidaridad, que convoca a la sociedad a rodear, al menos, de garantías económicas a las víctimas del secuestro, a fin de que la angustia generada por ese flagelo no se vea aumentada por los apuros económicos que sin duda llegarían con la falta de percepción de la remuneración del secuestrado.
Ninguna incidencia, frente al infundado ejercicio de autoridad por parte de un secuestrado, tiene el hecho de que su sucesor en el cargo lo ejerza a título de encargo (16) o cualquier otra figura jurídica afín. Es cierto que con el encargo se reconoce implícitamente la titularidad del cargo en cabeza de la persona que temporal o definitivamente se separa del mismo, pero si la separación temporal obedece a la ocurrencia del secuestro sobre quien lo ejerce, no puede colegirse que por esa provisión excepcional la víctima recobre las facultades inherentes al cargo o el ejercicio de la autoridad correspondiente; mucho menos es de recibo, que en los cargos públicos de elección popular, por el solo hecho de que se continúe con el programa de gobierno propuesto por el candidato vencedor, en él continúen vigentes esas potestades.
Pues bien, los anteriores planteamientos permiten a la Sala inferir que si bien el doctor Guillermo Gaviria Correa tuvo la calidad de Gobernador del departamento de Antioquia hasta el día de su muerte, ocurrida el 5 de mayo de 2003, no ejerció autoridad civil, política o administrativa dentro del año anterior a la elección de su hermano el doctor Aníbal Gaviria Correa, precisamente porque entre el 21 de abril de 2002 y el 5 de mayo de 2003, estuvo en poder de grupos subversivos al margen de la ley, hecho que si bien le permitió conservar la titularidad del cargo, impidió por completo que activa o potencialmente pudiera ejercer todo tipo de autoridad relacionada con el cargo de Gobernador del departamento de Antioquia.
Conduce igualmente lo anterior a colegir que el encargo recaído en la persona del doctor Eugenio Prieto Soto, ni las misivas que desde el cautiverio envió el doctor Guillermo Gaviria Correa, ni la continuidad de su programa de gobierno, ni la permanencia como “Primera dama” de la doctora Yolanda Pinto de Gaviria, pueden llevar a sostener que el ex gobernador doctor Guillermo Gaviria Correa ejerció autoridad civil, política o administrativa mientras estuvo privado de la libertad en manos de grupos subversivos, pues como se ha dicho con insistencia, padeciendo esa condición no es posible hacerlo. Por tanto, la Sala encuentra infundado el cargo e impróspera la demanda en estudio.
4. Demanda 2004-0002 (3192).
En esta oportunidad la demanda la formula el ciudadano Rubén Darío Quintero Villada contra el acto de elección del Dr. Aníbal Gaviria Correa, como Gobernador del departamento de Antioquia, para el período constitucional 2004-2007, invocando como causal de nulidad la prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17 (17) , ya que la falsedad en los registros electorales ocurrió por la presencia de alteración en los registros electorales contenidos en los formularios E-11 y E-14, suplantación de electores, trashumancia electoral y por la desaparición de los formularios E-11; adicionalmente considera vulnerado el debido proceso al no haberle sido expedida copia auténtica de la documentación electoral, en especial el formato E-11, pretextando la organización electoral “...secretos de Estado o que tienen que ver con la seguridad nacional, constituyendo esas decisiones un abuso de poder y en otras una desviación del mismo valiéndose para ello de una falsa motivación”.
Por tanto, corresponde a la Sala examinar si las causas de falsedad denunciadas están comprobadas, pero antes de ello debe estudiar la excepción de ineptitud de la demanda formulada con la contestación, así como la caducidad planteada por la defensa y el colaborador fiscal respecto de las pretensiones y los cargos formulados con la corrección de la demanda, respecto de los cuales se dice haber sido presentados por fuera del término previsto en el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
4.2. De la excepción de inepta demanda.
Para el apoderado judicial de la parte demandada se incumplió lo normado en el artículo 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, al no haberse precisado las normas violadas y el concepto de violación, y porque los hechos y las pretensiones aluden a unos temas diferentes a los tratados en el concepto de la violación.
Este tipo de excepciones, que no tienen el carácter de fondo, dado que atacan la demanda en su aspecto formal, carecen de consagración legal en el Código Contencioso Administrativo al haber sido derogado su artículo 163 por el Decreto 2304 de 1989 artículo 68, lo cual equivale a que sobre su decisión se provea en la sentencia, junto con las de mérito que hubieren sido planteadas; pero se diferencian en que son impedimentos procesales para fallar en el fondo el proceso estudiado.
Para el excepcionante la demanda no atiende lo previsto en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, por falta de precisión entre las normas violadas y el concepto de la violación, ya que entre lo uno y lo otro no existe correspondencia conceptual. Antes de determinar la solidez de la excepción, recuerda la Sala que la demanda inicial está contenida en el cuaderno 1 A del expediente 3192, de folios 93 a 111, en la que las normas violadas y el concepto de la violación se desarrollan bajo el capítulo “V. Fundamentos de derecho de las pretensiones”, que abarca los folios 98 a 108; y, su corrección contenida en el mismo cuaderno, aparece de folios 120 a 719, en el que ninguna modificación se introdujo el capítulo en cuestión. Por tanto, el estudio de las normas violadas y el concepto de la violación recae sobre lo contenido en la demanda inicial, que en esa parte impera.
Pues bien, la Sala no encuentra de recibo el cuestionamiento que a través de este medio exceptivo hace la parte demandada al libelo introductoria de la acción. Basta consultar las distintas normas citadas por el demandante y los argumentos dados para explicar la violación, para colegir que, primero, sí se citaron las normas violadas y el concepto de la violación, y segundo, las razones dadas sí coinciden con los distintos cargos formulados por el actor, razones que hablan de la supuesta violación del debido proceso electoral y de la ocurrencia de la falsedad en los registros electorales, por fenómenos como la diferencia entre los datos finales consignados en los formularios E-11 y E-14, así como por trashumancia electoral y suplantación de electores. Por tanto, no prospera la excepción.
4.3. De la caducidad de los cargos propuestos por primera vez con la corrección de la demanda.
Sostienen la parte demandada y el Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado que con la corrección de la demanda se presentaron nuevos cargos, consistentes en: a. La pretensión 1.1 por falsedad en los registros electorales al presentarse diferencias numéricas entre los formularios E-11 y E-14 (fls. 121 y ss); b. La pretensión 1.5 igualmente por falsedad respecto de las mesas donde desaparezca, sin justa causa, el formulario E-11 (fl. 446); y c. La pretensión envuelta en el hecho 2.27 por supuesta doble votación de algunos jurados de votación, personas que “...serán precisadas en el devenir de este proceso...”. Frente a los mismos plantea la caducidad de la acción, porque, siendo nuevos, fueron presentados por fuera del término de caducidad previsto en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 23 y la Ley 446 de 1998 artículo 44, que en lo pertinente señala:
“La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declare la elección...”.
Es cierto, como se afirma por los solicitantes, que con la corrección de la demanda (18) se formularon nuevos cargos, pero esa circunstancia no es suficiente para inferir la caducidad de los mismos según pasa a explicar la Sala.
La caducidad, como fenómeno extintivo que es, se predica únicamente de la “acción electoral”, la que a su vez se define por su objeto, vale decir por la pretensión. Distinta de la pretensión son los cargos formulados con la acción, que en concreto corresponden a las razones por las cuales se pide la anulación de un acto administrativo electoral. Así, la caducidad solamente es oponible a la acción, pero no en cuanto a los cargos que oportunamente hayan sido formulados, lo cual puede ocurrir tanto al presentar la demanda inicialmente como dentro de la oportunidad procesalmente prevista para introducir modificaciones al libelo inicialista.
La figura de la corrección de la demanda electoral se consagra en el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 96 de 1985 artículo 66, y señala que ella “...puede ser corregida antes de que quede en firme el auto que la admita y sobre la corrección se resolverá dentro de los dos (2) días siguientes”. Como la anterior norma no fija los límites dentro de los cuales es factible hacerle modificaciones a la demanda, aplicando el principio de integración normativa consagrado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se recurre al artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, modificación 40, que dentro de las reglas que orientan la reforma de la demanda señala: “2. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como también cuando, en aquélla, se piden nuevas pruebas. Las demás aclaraciones o correcciones podrán hacerse las veces que se quiera, en las oportunidades y términos de que trata el numeral anterior. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas”.
Implica lo anterior, que la reforma de la demanda, en tanto no sustituya todas las pretensiones, ni las personas demandantes o demandadas, está autorizada; ello se explica en que el sustrato de la acción se conserva, pudiendo extenderse, en el caso de los cargos, a nuevos planteamientos, siempre que se dirijan contra el mismo acto administrativo objeto de anulación.
Ahora, en lo atinente al capítulo de pretensiones encuentra la Sala que entre la demanda inicial y su reforma existe perfecta coincidencia, esto es no se introdujeron nuevas pretensiones. Así, la demanda inicial se caracteriza por contener tres pretensiones: en la primera se solicita la anulación del Acuerdo 1 de 2003 expedido por el Consejo Nacional Electoral, y a través del cual se produjo la declaración de la elección acusada; en la segunda, se solicita la práctica de nuevos escrutinios; y en la tercera, se pide la expedición de la credencial a quien resulte victorioso. Con el escrito de corrección esas pretensiones conservaron su identidad, la variante está en los nuevos cargos de anulación, que si bien se enlistan dentro de la pretensión primera y en los hechos, no le quitan identidad al libelo demandatorio y tampoco dan pie a sostener que se trata de nuevas pretensiones; para la Sala se trata de cargos nuevos, cuya ampliación es posible a través de la corrección de la demanda.
Así las cosas, y comoquiera que la corrección de la demanda se presentó en tiempo, para la Sala no es de recibo la tesis planteada por la parte demandada y por el colaborador fiscal, razón por la que se niega lo pedido.
4.4. Del examen de los distintos cargos formulados con la demanda.
4.4.1. De la necesidad de determinar el cargo por trashumancia electoral y suplantación de electores.
Esta jurisdicción, en lo que respecta al control de legalidad de los actos administrativos, se rige por el principio de la justicia rogada, consagrado en el artículo 137 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo, que dispone: “Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: ... 4º) Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación;...”. Lo anterior encuentra eco en la consagración constitucional de la presunción de legalidad de los actos de la administración pública, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, según la cual los servidores públicos “...ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
Por tanto, cuando se demanda la ilegalidad de un acto administrativo electoral, la parte demandante no solo debe indicarle al juez cuáles son las normas que en su opinión fueron violadas, sino que igualmente debe explicar, de manera razonada y clara, cómo se produjo la vulneración de esas disposiciones. Pero, si la censura se estructura con base en la causal de nulidad consignada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17, esto es “Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”, derivada de la ocurrencia de fenómenos como la adulteración de los registros electorales, la trashumancia electoral o la suplantación de electores, entre otros, la parte demandante tiene el deber de indicarle al juez, con toda precisión, cómo se produjo esa anomalía, lo cual no admite señalamientos vagos o imprecisos, revestidos de generalidad y abstracción.
No se puede, entonces, admitir la acusación de actos administrativos de naturaleza electoral, por la ocurrencia de tales distorsiones, con la sola afirmación de que el fenómeno se produjo masivamente en una circunscripción electoral determinada o en parte de ella, puesto que ello implica una acusación inasible que impide el ejercicio del derecho a la defensa, al tiempo que pretende imponer a la administración de justicia una carga que en manera alguna le asigna el ordenamiento jurídico, consistente en investigar oficiosa e indiscriminadamente, voto a voto y mesa a mesa, las probables irregularidades que en torno de ellas hayan podido surgir en un certamen electoral, porque al contrario únicamente corresponde al juez verificar los hechos que puntualmente debe precisar el demandante en su libelo; ello forma parte de la explicación del concepto de la violación y de la carga de la prueba que incumbe a la parte actora (CPC, art. 177), si en verdad aspira a despojar de la presunción de legalidad el acto administrativo que declara una elección a un cargo o corporación pública de elección popular.
De igual forma, la necesidad de individualizar cada cargo, trátese de suplantación o de trashumancia electoral, etc., se explica en que el derecho al voto, como clara manifestación del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), es un derecho que se ejerce en forma individual, un voto por cada ciudadano, de modo que si la acusación se sustenta en que por determinada persona sufragó otra, usurpando su derecho y lugar, o en que en las urnas depositaron su voto personas que no podían participar en la elección de autoridades locales por no formar parte del censo, la parte demandante está obligada a individualizar cada caso, ya que el reproche en masa está descartado porque cada caso debe ser identificado plenamente en la demanda y probado dentro del proceso, para que pueda ser examinado en concreto. Si la acusación se presenta sin atender a esos parámetros de determinación e individualización, el juez administrativo carecería de elementos fácticos necesarios y de las pruebas requeridas para efectuar su juicio de valor respectivo, y además ello implicaría la violación del principio de la congruencia de los fallos judiciales (CPC, art. 305 mod. D. 2282/89, art. 1º num. 135), al tiempo que la búsqueda de una prueba diabólica, al tener que escudriñar, sin límites, el total de la votación, lo que a su vez acarrearía la violación del derecho a la defensa de la parte contraria.
La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del principio de la justicia rogada contenido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, consideró ajustada al ordenamiento superior la existencia de esa disposición, discurriendo al respecto:
“La exigencia que contiene el segmento normativo acusado, cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación. Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada. Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación” (19) .
Por su parte, la hermenéutica de esta sección en torno al punto ha sido enfática en señalar:
“El anterior análisis muestra que la declaratoria de nulidad electoral por trasteo de votos depende del análisis de los hechos que la determinan. Por esta razón, la prosperidad de la pretensión dependerá de dos supuestos determinantes: i) la correcta estructuración del reproche, esto es, de la identificación plena de la situación fáctica que se pretende demostrar. De ahí que, si el demandante no identifica claramente los hechos y las circunstancias objeto de investigación el juez no puede entrar a analizar el cargo y, por lo tanto, no prosperan las pretensiones y ii) la plena demostración de las condiciones necesarias para que se configure la prohibición constitucional.
En relación con el primer supuesto, es necesario precisar que el cargo por violación del artículo 316 de la Constitución debe tener la potencialidad de desvirtuar la presunción de validez del voto, para lo cual debe señalar de manera precisa, puntual y clara cuáles y cuántos son los votos que acusa como irregulares. De hecho, no debe olvidarse que el análisis del trasteo de votos no puede limitarse al aspecto numérico de los mismos sino que es fundamental identificar los votos irregulares, lo cual, obviamente, no puede dirigirse al sentido del sufragio sino a la individualización del reproche. Por ello, el cargo por violación del artículo 316 de la Constitución nunca puede analizarse en un plano abstracto y general, sino que requiere que se desvirtúe, uno a uno, la presunción de validez del voto.
Conforme a lo anterior, la Sala considera que la correcta formulación del cargo por violación del artículo 316 de la Constitución requiere que: i) se señale el número de votos que se acusan como irregulares —determinación numérica del voto— y ii) se identifiquen plenamente los votantes cuya presunción de residencia electoral se reprocha —determinación cualitativa del voto. Significa, entonces, que el ataque generalizado no prospera sino que requiere que se identifique el titular de la cédula de ciudadanía que votó irregularmente, esto es, que sufragó en un municipio que no reside.
Lo anterior no solo se justifica por la esencia misma del reproche por violación del artículo 316 de la Constitución, sino también por la naturaleza de los controles de legalidad y constitucionalidad de los actos de elección popular. De hecho, no debe olvidarse que no existe un control general, automático u oficioso de los actos administrativos de contenido electoral sino que únicamente proceden por vía de acción, esto es, que requieren de la demanda que señale un reproche, claro, concreto y capaz de generar una confrontación objetiva entre el supuesto fáctico y la norma que se invoca como vulnerada. De ahí que corresponda al demandante identificar cuantitativa y cualitativamente los votos irregulares por violación del artículo 316 superior” (20) .
Resulta innegable, entonces, que si la parte accionante demanda la nulidad del acto de elección de una autoridad local por falsedad en los registros electorales, derivada de la ocurrencia de los fenómenos arriba descritos, es necesario que con la acusación se surta la determinación cuantitativa y cualitativa de los casos, indicando la cantidad de casos en que ello se presentó e individualizándolos uno a uno, precisándolos por los elementos que permitan al juez el estudio del cargo, pero primordialmente para que la parte demandada pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
De manera grave se compromete el derecho fundamental a la defensa del demandado cuando la demanda se acompaña de cargos defectuosos en su formulación, cuando si bien se citan algunos datos, se dice que cada uno de ellos será determinado en el curso del proceso, a lo largo de la etapa probatoria, pues ahí cabe preguntar: ¿De qué se defiende el demandado? Es claro que para el sujeto pasivo de la acción electoral la defensa se hace casi imposible, debido a que la única oportunidad con la que él cuenta para oponerse a la demanda y solicitar la práctica de pruebas es la contestación, circunstancia que lleva a inferir que los cargos a determinar en el curso de la actuación van a impedir al demandado ejercer cabalmente su defensa, pues para cuando ello ocurra no va a tener posibilidad ninguna de solicitar pruebas para redargüir lo que eventualmente resulte en el curso de la fase probatoria.
Siguiendo estas orientaciones, la Sala examinará la viabilidad de los distintos cargos presentados con la demanda.
4.4.2. De la alteración de resultados electorales por diferencias en los formularios E-11 y E-14.
En este, el primer cargo de la demanda, se afirma que en un número considerable de mesas de votación, de distintos municipios del departamento de Antioquia, se registró “...un número mayor o menor de votos a los que realmente pudieron haber sido depositados por los sufragantes que concurrieron a votar en las elecciones del pasado 26 de octubre del año 2003, para la Gobernación del departamento de Antioquia...”, lo cual concreta el accionante en “diferencias numéricas entre el formulario E-11 y el formulario E-14”, casos que se precisan indicando el nombre del municipio, la zona, puesto y mesa donde ello ocurrió, sin que la supuesta diferencia numérica suceda respecto de algún candidato en particular, puesto que se denuncia es en cuanto al total de votos anotados por los jurados de votación al realizar el escrutinio de la mesa respectiva, sin siquiera precisarlas.
Tal como lo dijo la parte demandada al contestar la demanda, el número menor de votos computados respecto del número de personas que concurrieron a sufragar no puede ser constitutivo de falsedad en los registros electorales, puesto que en la jornada electoral del 26 de octubre de 2003, los ciudadanos concurrieron a votar no solo para escoger gobernador del departamento, sino también para elegir diputados a la asamblea departamental, alcaldes y concejales de los distintos municipios, por lo que es muy posible que la diferencia numérica inferior obedezca a la abstención que el elector haya decidido en el momento de depositar el voto para escoger candidato a la gobernación, circunstancia que por supuesto no es constitutiva de fraude electoral sino del ejercicio legítimo de un derecho político del que el ciudadano puede usar o no según sus convicciones, máxime cuando el voto no está concebido con carácter obligatorio.
Ahora, subsiste en el cargo la mayor diferencia en votos para gobernación respecto del total de sufragantes que aparecen registrados en el formulario E-11 o lista y registro de sufragantes, que para el libelista es constitutiva de falsedad electoral al no poderse registrar un mayor número de votos al de electores concurrentes a la mesa de votación respectiva. Como el fenómeno se predica, únicamente, de los escrutinios practicados por los jurados de votación, debe la Sala entrar a determinar si ello puede constituir un error aritmético, que debió reclamarse en sede administrativa, o si por el contrario asume las características de una falsedad electoral.
Según la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17, las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas “cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”; lo falso se concibe como aquello que contraría o deforma la realidad, algo que no es cierto y que en materia electoral, en cuanto al proceso de escrutinio se refiere, ocurre al pasar de una etapa del escrutinio a otra, puesto que es allí donde la auténtica voluntad del electorado puede ser sustituida por maniobras fraudulentas que respecto de candidatos en particular suprimen o adicionan votos a los candidatos sin respaldo material en las urnas. El error aritmético, por su parte, se caracteriza por ser de fácil advertencia, y ocurre, por ejemplo, cuando dentro de la misma acta de escrutinio los miembros de la comisión escrutadora incurren en sumatoria indebida de votos.
Sobre el particular la jurisprudencia de la sección tiene dicho:
“El error aritmético en las actas de escrutinio se refiere a la equivocación en la suma de los votos. A su turno, la falsedad de los registros se presenta cuando se altera la verdad electoral. Ahora bien, si la base del escrutinio de la comisión escrutadora es el escrutinio adelantado por los jurados de votación (Cód. Elect., art. 163) y no se expresa ninguna modificación al mismo, pero se cambia el número de votos, lo que sucede no es un error en la suma de votos sino un total desconocimiento de aquellos; ello genera ocultación de la verdad. Si bien es cierto que tanto el error aritmético como la falsedad por omisión producen una modificación de las cifras electorales, no es menos cierto que su alegato no se presenta con la misma facilidad, pues mientras el primero salta a la vista y, por eso mismo, puede ser discutido inmediatamente a través de una reclamación, la falsedad requiere de ejercicios de constatación y comparación entre varios documentos electorales y, específicamente, de cifras concretas de votación. De ahí que el análisis de la falsedad por omisión no solo es posterior (no concomitante, como el error aritmético) al escrutinio, sino que exige un estudio más minucioso que la agilidad del escrutinio no lo permitiría. La diferencia entre el error aritmético y la falsedad por omisión de registros radica, básicamente, en que el primero suma indebidamente votos que aparecen en el escrutinio, mientras que la omisión del registro se presenta porque se esconden y, por ello no se tienen en cuenta, en el total de votos registrados por los jurados de votación” (21) (resalta la Sala).
La anterior posición hermenéutica fue ratificada por la Sala bajo las siguientes reflexiones:
“En síntesis, un registro es falso cuando contiene un dato ajeno a la realidad electoral. Significa lo anterior que ¿no existe diferencia entre los conceptos de error aritmético y falsedad? Para responder ese interrogante, en anterior pronunciamiento la Sala dijo que si bien es cierto, tanto el error aritmético como la falsedad producen una modificación de las cifras electorales, no es menos cierto que su alegato no se presenta con la misma facilidad, pues mientras el primero salta a la vista y, por eso mismo, puede ser discutido inmediatamente a través de una reclamación, la falsedad requiere de ejercicios de constatación y comparación entre varios documentos electorales y, específicamente, de cifras concretas de votación. De ahí que el análisis de la falsedad no solo es posterior (no concomitante, como el error aritmético) al escrutinio, sino que exige un estudio más minucioso que la agilidad del escrutinio no lo permitiría. Luego, los dos conceptos son diferentes. Pero, incluso, para precisar más la diferencia entre el error aritmético y la falsedad de registros, también debe tenerse en cuenta que el primero implica la suma o resta indebida de votos que aparecen en el escrutinio, mientras que la falsedad del registro se presenta porque se esconden votos válidos o se contabilizan votos que no existieron” (22) (resalta la Sala).
Ahora bien, para entender si lo denunciado por el demandante corresponde a un error aritmético o a una falsedad en los registros electorales, la Sala hará una breve exposición de cómo se practica el escrutinio por parte de los jurados de votación. Según lo dispuesto en el artículo 134 del Código Electoral, cerrada la votación, uno de los miembros del jurado informará en voz alta el número total de sufragantes, dato que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes; este documento corresponde al formulario E-11 preimpreso por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que aparecen preimpresas las cédulas de ciudadanía de las personas habilitadas para sufragar en la mesa, quienes al presentarse e identificarse ante los jurados de votación con su documento de identidad, son allí registrados. Ahora, según lo dispuesto en el artículo 135 ibídem, surtido lo anterior se procede a abrir públicamente la urna para que uno de los jurados cuente voto a voto los que fueron allí depositados, y de encontrar un mayor número al de sufragantes, los devolverá a la urna para que a la suerte se extraigan los sobrantes a fin de ser quemados inmediatamente, de lo cual se dejará constancia en el acta. Posteriormente, y tal como lo prescribe el artículo 136 ejusdem, con las papeletas excedentes, en caso de haberse acudido al anterior procedimiento por supuesto, los jurados harán el escrutinio y anotarán en la correspondiente acta “...el número de votos emitidos a favor de cada lista o candidato”.
Con el anterior recuento normativo se pone de presente que el defecto denunciado por la parte demandante, por supuesta diferencia entre el total de personas registradas en el formato E-11 o lista de sufragantes, y el total de personas anotadas en el formulario E-14 o acta de escrutinio por parte de los jurados de votación, puede ser constitutivo de falsedad en los registros electorales, siempre que el cargo se formule de manera detallada, dando a la jurisdicción datos puntuales como cuál fue la votación que se alteró y respecto de qué candidatos, pues si el cargo se presenta de manera genérica, apenas indicando que se presentan diferencias entre uno y otro, la Sala no puede entrar a examinarlo puesto que ello implicaría entrar al estudio oficioso de puntos no determinados por la acusación, con grave detrimento para el derecho a la defensa del demandado.
A manera de ejemplo se tiene que en el folio 121 del cuaderno 1 A del expediente 3192, el cargo se presenta en un cuadro que se caracteriza así:
“Mesas de votación de distintos municipios del departamento de Antioquia que presentan diferencias numéricas entre el formulario E-11 y el formulario E-14
Municipio Zona Puesto Mesa
Antioquia Abejorral 0 0 1
Antioquia Abejorral 0 0 2
Antioquia Abejorral 0 0 3
Antioquia Abejorral 0 0 4
................ .............. .............. ...................... ......................”
La formulación del cargo pone de presente su falta de determinación, puesto que para la Sala no es suficiente con indicar el municipio, la zona, el puesto y la mesa donde supuestamente se presentó esa distorsión al pasar la información contenida en el formulario E-11 al formulario E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación, era necesario que además se precisara respecto de cada candidato cuál fue la cantidad de votos que fueron adicionados o suprimidos, que es donde realmente se puede concretar el fraude en la modalidad estudiada, ya que por el carácter rogado de esta jurisdicción, no puede esperar la parte demandante que el juez asuma su posición y entre a verificar elementos que solo la parte accionarte debe hacer al presentar su demanda. Por tanto, el cargo no prospera.
4.4.3. De la suplantación de electores.
En los ítem 1.2 (fls. 222 a 321) y 1.3 (fls. 322 a 367) de la demanda se formulan cargos por suplantación de electores; en el primero, porque los jurados lo patrocinaron al registrar nombres falsos frente a los cupos numéricos indicados o porque ellos votaron en más de una ocasión, y en el segundo, porque se permitió la votación en el cupo numérico asignado a personas fallecidas. En uno y otro caso la demanda adolece del mismo defecto identificado en el apartado anterior, es decir la falta de determinación del cargo.
En cuanto a lo atinente a la suplantación de electores denunciada en el acápite 1.2 de las súplicas de la demanda, porque la formulación se hizo de la siguiente manera:
“Mesas de votación del departamento de Antioquia en donde existen suplantaciones de votantes
Además, de la información anterior, era necesario que la parte actora precisara el cupo numérico frente al cual se produjo el fenómeno, su titular y cuál fue el nombre que se puso en reemplazo, en caso de ser legible. El simple señalamiento de que la suplantación se presentó, por ejemplo, en la mesa 1 de la zona 0 puesto 0 del municipio Abejorral, Antioquia, no es suficiente para determinar el cargo, puesto que ello implicaría que el juez tuviera que entrar a examinar cada uno de los registros efectuados en el formulario E-11 de la mesa para luego confrontarlos con el titular de la respectiva cédula y así poder establecer si en verdad se presentó la suplantación, lo que desde luego no es competencia del fallador sino de quien demanda la legalidad del acto de elección, al ser de su resorte identificar, a plenitud, las supuestas irregularidades advertidas.
Al revisar el hecho 2.26 de la corrección de la demanda (fls. 650 y 651), encuentra la Sala que la parte demandante determinó este cargo, únicamente en 23 casos, los que aun admitiéndolos hipotéticamente como verdaderos eventos de suplantación, son notoriamente nimios o irrelevantes frente al acto de elección acusado, puesto que el Gobernador Dr. Aníbal Gaviria Correa aventajó a su inmediato seguidor, el Dr. Rubén Darío Quintero Villada, por 4.190 votos, razón por la cual debe aplicarse el principio de la eficacia del voto (23) para, de todas formas, colegir la improsperidad del cargo.
La falta de determinación del cargo igualmente se presenta en cuanto al cargo contenido en el numeral 1.3 de la pretensión primera de la demanda, relativo a la suplantación de las personas que según el actor habían fallecido y que el actor quiso precisar a través de un cuadro que, a manera de ejemplo, contiene la siguiente información:
“Relación de cédulas de personas fallecidas en los distintos municipios del departamento de Antioquia y su ubicación donde podían sufragar en las pasadas elecciones del 26 de octubre del año 2003
Departamento Municipio Zona Puesto Cédula
01 001 11 01 21200
01 001 02 05 63396
01 001 13 05 111014
01 001 12 04 118940
......................... ........................ ........................ ....................... .......................”
La información anterior resulta insuficiente para determinar el cargo y por tanto impide a la jurisdicción abordar su estudio. Se requería de la parte actora que precisara en qué mesa se produjo el fenómeno denunciado, así como el nombre o la inscripción que se puso para identificar al votante suplantador, e igualmente el titular de las cédulas relacionadas en el cuadro en mención, y sobre todo probar el hecho del deceso de cada una de las personas citadas. Esta presentación del cargo impide a la jurisdicción abordar su estudio, puesto que ello implicaría que la jurisdicción se diera a la tarea de buscar en las distintas mesas instaladas en el respectivo municipio, la cédula denunciada, para luego entrar a verificar el nombre de su titular y el nombre de la persona que supuestamente allí sufragó en forma fraudulenta, cuando todo ello debe estar comprendido en la demanda, por recaer en él la carga de identificar los distintos elementos que componen el cargo. Además, entrar a precisarlos en el curso del proceso, es propiciar la violación del derecho fundamental a la defensa del demandado, quien como ya se explicó, no tendría oportunidad de refutar los hallazgos que al momento de fallar se detectaran en el material probatorio.
De otro lado, aunque el cargo se determinó en el hecho 2.30 de la corrección de la demanda (fls. 652 a 671), adicionando a los datos anteriores la mesa donde ello se produjo, la conclusión de improsperidad del mismo se conserva. En primer lugar porque apenas se hizo en cuanto a 422 casos, los que en aplicación del principio de la eficacia del voto carecerían de eficacia para anular el acto de elección demandado, por la diferencia registrada entre los candidatos (4.190 votos). En segundo lugar, porque de acuerdo con el cuadro que sigue, de esos 422 casos, 133 corresponden a cédulas repetidas, 281 cédulas están vigentes, 2 no fueron probadas y apenas 6 aparecen canceladas por muerte. Es decir, la nimiedad del cargo se agudiza porque el supuesto del deceso de los votantes apenas se comprueba en 6 electores. Por ende el cargo no prospera.
Cuadro comparativo entre las cédulas denunciadas por el actor como dadas de baja por muerte del titular y el listado de cédulas vigentes y canceladas por el mismo motivo, suministrado por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Antioquia (exp. 3192, fls. 1015 a 1056, cdno. 1 B)
Nombre Cédula Vigente Cancelada
1. Ramos Villadiego Edgardo Daniel 70.526.640 X
2. Bustamante Valencia Luis Enrique 3.397.339 X
3. Jaramillo de Sierra Teresa 21.524.018 X
4. Peña Martínez Benjamín José 6.661.545 X
5. Sánchez Montoya Luis Avelio 8.370.269 X
6. Soto García Alirio de Jesús 3.416.526 X
7. Uribe Henao Jorge Orlando 15.308.907 X
8. Peña de Monterosa Rafael Antonio 3.938.059 X
9. Velásquez Ibáñez Elkin David 15.672.054 X
10. Valencia Alzate Miguel Ángel 3.358.127 X
11. Vélez Molina Crispuo Antonio 3.517.102 X
12. Gutiérrez Rico Magdalena de Jesús 32.476.127 X
13. Álvarez Jiménez Ana Cecilia 21.279.436 X
14. Molina Luis Felipe 655.922 X
15. Ramírez de Osorio Cristina 21.824.860 X
16. Ospina de Obando Augusto 70.000.253 X
17. Lucumí Gallego José Elías 10.553.195 X
18. López Bohórquez Pablo Nicolás 8.371.165 X
19. Vanegas Salcida Falmer Fernando 8.373.682 X
20. Álvarez Vélez Alfredo 756.902 X
21. Botero de Botero Fabiola 22.099.912 X
22. Valencia Martínez José Aldemar 3.614.431 X
23. Velásquez Lagares José María 2.819.544 X
24. Cadavid Vásquez William Alexander 98.610.906 X
25. Castaño López Luis Alonso 659.747 X
26. Cortés Cortés José Idelfonso 1.394.974 X
27. Gildaro Torres José Octavio 507.931 X
28. Patiño Cañas Ernesto Emilio 825.631 X
29. Villanueva María Emile 32.535.465 X
30. Patiño Jiménez Luis Alfonso 4.285.305 X
31. Campusano Castaño Baurnex 71.580.509 X
32. Arango Cuartas Cecilia 21.254.406
33. Muñoz Flórez Luis Bertulfo 500.437 X
34. Arroyave Restrepo Luis Darío 8.151.812 X
35. Díaz Correa Juan Esteban 3.482.325 X
36. Montoya Soto Gladys Stella 43.258.578 X
37. Montoya Quintero Miguel Ángel 71.265.258 X
38. Ortiz Arias Adelaida María 43.540.001 X
39. Hengo Román José Libardo 3.590.130 X
40. Rojas de Rodríguez Luz Marina 21.330.381 X
41. Loaiza Cárdenas Silvia Inés 32.344.034 X
42. Velásquez Zuleta Gildardo 8.398.959 X
43. Toro Ospina Luis Enrique 752.762 X
44. Jurado Jurado José Alfredo 15.538.041 X
45. Zapata Chavarro Luis María 721.456 X
46. Correa Acevedo José Libardo 15.525.022 X
47. Pérez Restrepo Rafael Iván 543.782 X
48. Sepúlveda Luis Enoc 71.654.415 X
49. Lina María Arenar Ceballos 43.203.897 X
50. Zapata Restrepo Humberto Luis 15.531.610 X
51. García de Vallejo Teresa 22.185.905 X
52. Villamizar Corso Humberto 13.436.257 X
53. Pérez González Liliana María 43.594.246 X
54. Correa Arango Antonio Jesús 502.282 X
55. Mendoza Baena Roberto de Jesús 503.513 X
56. Aguilar Escobar Carlo 2.273.078 X
57. Vásquez Arango Ricardo Elías 8.266.854 X
58. Martha Elena Ospina Ríos 32.488.828 X
59. Muñoz Durango Silvia 24.298.892 X
60. Escobar Uribe Pedro María 21.200 X
61. Aragón de Restrepo Gloria Mered 32.418.898 X
62. Vásquez Vaquero Rafael Alberto 70.050.659 X
63. Torres Salazar Patricia de Jesús 32.435.201 X
64. Pérez González Rodolfo 8.340.388 X
65. Gallo Espinosa Margarita del Carmen 32.505.123 X
66. Yépez Duque Marcelo Eladio 71.797.425 X
67.Santa Ruiz Beatriz Elena 21.610.268 X
68. Rengifo Henao Ruby 20.621.239 X
69. Galvis Rojas Mario Antonio 118.940 X
70. Vélez Morales Silvio 8.210.184 X
71. Henao Ospina José Rafael Heliodoro 8.287.288 X
72. Arroyave Zuluaga Myriam Catalina 43.113.213 X
73. Restrepo Salazar Mauricio Auber 8.300.468 X
74. Montoya Gayicia Jesús Amayo 3.307.049 X
75. Gaviria de Upegui Beatriz 21.262.749 X
76. Restrepo Quintero Yolanda 21.360.486 X
77. Gildardo Hoyos Gloria Amparo 21.779.268 X
78. Vergara González Alfonso 71.596.106 X
79. Charles Guzmán Ismael 70.075.720 ? ?
80. Baena de Rodríguez Gilberto de J. 3.657.960 X
81. Tabares Barrera Vicente Antonio 70.503.201 X
82. Gómez Herrera Javier Humberto 98.530.025 X
83. Duque de Ángel Lucía 41.317.035 X
84. Muñoz Cano Hugo 2.853.980 X
85. González González Libia 24.250.375 X
86. Roldán de Arroyave Inés 24.920.498 ? ?
87. Patiño Gallego Juan Fernando 71.706.774 X
88. Hernández Luis Horacio 3.475.015 X
89. Ortiz Bermúdez José Lisandro 3.416.556 X
90. Oscar Alfredo López Cifuentes 8.247.247 X
91. Escobar Botero Felipe 10.249.525 X
92. Rivera González Omaira 24.410.176 X
93. Higuita Castillo Francisco Javier 98.636.650 X
94. Velquez Gallo Jairo Arturo 8.261.286 X
95. Estaba de Álvarez María Consuelo 37.239.005 X
96. Gómez Gómez José Omar 3.340.401 X
97. Víctor Hugo Rivera Ciro 15.373.088 X
98. Hernández Vera Diego Alberto 71.311.358 X
99. Cardona Yépez Edwin Herney 71.777.664 X
100. Cardona Ariza Ana Cecilia 21.399.206 X
101. Quiroz Rosa Elisa 51.766.803 X
102. Urrea Upegui Jaime Humberto 10.168.164 X
103. Martínez Salgado Juan Antonio 15.504.469 X
104. Conrado Agudelo Zuluaga 558.893 X
105. Valencia Franco Martha Elena 21.421.213 X
106. Gallego López Edilia 21.426.342 X
107. Jaramillo Jaramillo Margarita 32.090.806 X
108. Quintana Julio 71.664.393 X
109. Pabón de Herrera Teresa de Jesús 21.515.336 X
110. Arcila Agudelo Edinson Faber 8.324.486 X
111. Jaramillo Gutiérrez Darío Giovanni 71.945.449 X
112. Ramos Villadiego Edgardo Daniel 70.526.640 X
113. Buitrago Alzate María Leticia 22.108.214 X
114. Restrepo Quiroz Benigno Antonio 3.394.675 X
115. Cañas Restrepo Francisco Luis 3.395.647 X
116. Bustamante Valencia Luis E. 3.397.339 X
117. Restrepo Agudelo Mariela 21.524.018 X
118. Lopera Gutiérrez Araceli 32.310.651 X
119. Cifuentes Giraldo José Aníbal 3.581.249 X
120. Aguirre Larrea Francisco Antonio 511.189 X
121. Ruiz Martínez Ramiro 7.448.328 X
122. López María Adalby 40.276.770 X
123. Rivera Díaz Raúl Humberto 78.741.608 X
124. Patiño Usuaga Luis Carlos 8.406.159 X
125. Correa Correa María de los Ángeles 32.456.253 X
126. Guisado Holguín Alveiro Alonso 98.496.234 X
127. Cano Villa Juan José 570.557 X
128. Zapata Sepúlveda Jesús Otulario 71.226.630 X
129. Arboleda Villa Marlon Alberto 98.643.245 X
130. Londoño Erika Sirley 21.589.895 X
131. Vargas de Cardona Helva 20.518.615 X
132. Sánchez Montoya Luis Evelio 8.370.269 X
133. Soto García Alirio de Jesús 3.416.526 X
134. Uribe Henao Jorge Orlando 15.308.907 X
135. Peñate Monterosa Rafael Antonio 3.938.059 X
136. Velásquez Ibáñez Elkin David 15.672.054 X
137. Henao Ezequiel 3.444.615 X
138. Henao Vásquez Próspero Eliécer 71.171.386 X
139. Villegas Gallego Rosa Ángela 21.658.850 X
140. María Sánchez José de Jesús 3.398.293 X
141. Arboleda Gómez Diego A. 3.399.953 X
142. Bedoya Jaramillo Carlos Antonio 716.066 X
143. Cortés López Hugo Antonio 520.125 X
144. Pineda Jaramillo Orlando 8.350.203 X
145. Álvarez Libardo Antonio 580.742 X
146. Montaño Gaviria José Arturo 588.196 X
147. Restrepo Salas Iván de Jesús 3.468.788 X
148. Camaño Cogullo Elvia María 22.247.713 X
149. Tiboa Páez Cerri de Jesús 3.469.290 X
150. Villo Jaramillo Jaque Adolfo 3.469.291 X
151. Parra Maya Conrado Antonio de los M 3.469.292 X
152. Garzón Monsalve Pedro Jairo 3.469.293 X
153. Palacios Peña Carlos Enrique 3.469.296 X
154. Monsalve Londoño Pedro Nel 3.469.297 X
155. Pérez Álvarez Luis María 3.469.299 X
156. Vélez Uziba Mar Albaroo 3.599.456 X
157. Flórez Lopera Mariano de Jesús 500.986 X
158. Velásquez Zuleta Gildardo 8.398.959 X
159. Londoño Iván José 528.061 X
160. Rendón Hincapié Martiniano de Jesús 6.785.681 X
161. Cuervo Ramírez G. Sergio 8.164.208 X
162. Restrepo Sánchez Eusebio de Jesús 8.341.502 X
163. López Zuluaga José Vidal 8.344.440 X
164. Jaramillo Quintero Álvaro de Jesús 8.344.841 X
165. González Corrales Luis Felipe 10.287.334 X
166. Vanegas Restrepo Carmen 21.718.135 X
167. Garcés Ospina Gloria de Jesús 32.426.565 X
168. Vallego Luz Helena 42.873.350 X
169. Ronaldo de Jesús Rivera Ramírez 70.550.280 X
170. López Carvajal José Albeiro 70.555.954 X
171. Cardona Vitha José Luis 70.556.386 X
172. Sánchez B. Diego Alberto 98.556.790 X
173. Jaramillo Muñoz Edgar Augusto 15.320.296 X
174. Marco Higuita José Alfredo 653.963 X
175. Hidalgo Marco Olga Inés 21.759.239 X
176. Molina Luis Felipe 655.922 X
177. Casas Ochoa Rubén Darío 3.487.315 X
178. Álvarez Jiménez Ana Cecilia 21.279.436 X
179. Ossa de Gómez Herminia Rosa 21.773.868 X
180. Salazar de Hoyos María del Socorro 21.774.326 X
181. Puerta Zapata Rafael Ángel 3.495.510 X
182. Hincapié Herrera Gilberto 3.495.908 X
183. Cardona López Víctor Tulio 3.594.510 X
184. Zapata de Londoño Carmen Tulia 21.783.776 X
185. Bedoya Valencia Argemiro 664.376 X
186. Muñoz Baena Jenny Airo 3.498.491 X
187. José Nicas Tabares Correa 15.528.569 X
188. Carmona Ríos Martha Cecilia 21.556.151 X
189. Ortiz Bustamante Octavio Jesús 572.065 X
190. Jiménez Forero Bogoberto 2.354.183 X
191. Jiménez J. Bernardo Antonio 3.416.653 X
192. Montoya García Gregorio Naciano 8.246.830 X
193. Naranjo Rodríguez Bernardo Javier 8.346.699 X
194. Estrada Londoño Luis Fernando 8.432.812 X
195. David vda. de Nrda Gilma del S. 21.580.458 X
196. Peláez de Cano Berta Ligia 21.799.662 X
197. Betancour Mejía Benencie del S. 22.068.585 X
198. Duque Rodas Martha Lucía 24.309.808 X
199. Rendón Pérez Jaime Oliverio 70.508.155 X
200. Garcés Herman 71.270.833 X
201. Luis Carlos Villegas Díaz 71.576.343 X
202. Ospina Arias Carlos María 71.652.284 X
203. Juan Fernando Rojas Agudelo 71.760.737 X
204. Arango Meriño Ramón Eusebio 98.627.372 X
205. Velásquez Bolívar Iván Alonso 98.629.224 X
206. López Puerta Luis Alejandro 98.637.094 X
207. Velásquez Gil Antonio José 596.681 X
208. Moncada Sánchez Justo Pastor 675.141 X
209. Ramírez de Osorio Cristina 21.824.860 X
210. Ospina Obando Augusto 70.000.253 X
211. Vélez Molina Críspulo Antonio 3.517.102 X
212. Gutiérrez Rico Magdalena de J. 32.476.127 X
213. Basca Calderón Ricardo Emilio 3.552.961 X
214. Amariles Mesa Fernando A. 15.355.325 X
215. Rondón Jaramillo Libia del Socorro 21.848.331 X
216. Octavio Maza 514.826 X
217. Odvez Salazar Iván de Jesús 3.527.532 X
218. Duque Duque José 3.528.571 X
219. Castro Giraldo Shana María 21.481.750 X
220. Lucumí Gallego José Elías 10.553.195 X
221. Hincapié Gil José Heriberto 3.541.486 X
222. López Gil Evelio de Jesús 70.952.725 X
223. Quintero Ramírez Oscar Ángel 70.954.726 X
224. Muñoz Augusto 703.456 X
225. Valencia López José Luis 13.892.731 X
226. Cataño Alzate Hernán de Jesús 70.600.696 X
227. Rivas Ramírez Abelardo 3.561.278 X
228. Velásquez Álvarez Hernando 6.788.585 X
229. Muñoz Mejía Aníbal de Jesús 8.243.037 X
230. Londoño Luis Carlos 15.426.000 X
231. Arbeláez Gómez Jhon Elí 15.433.678 X
232. Jhoany Elías García V. 15.436.029 X
233. Aguirre Gómez Jorge Iván 15.440.176 X
234. Martínez Cardona Rosa E. 21.955.040 X
235. Ravé de Buitrago María Aurora 21.958.929 X
236. Blandón Villa Orlando Antonio 71.525.021 X
237. Guzmán Guzmán Ricardo Alonso 98.464.000 X
238. Zapata Vélez María Lucelly 21.976.833 X
239. Chavarría Muñoz Lba Eusidia 21.991.763 X
240. Agudelo Arrego Libia Rosa 22.004.694 X
241. Orrego Maza Martha Cecilia 21.994.653 X
242. Lopera Velásquez Luis Orlando 71.825.992 X
243. Iglesias Herrera María E. 22.166.199 X
244. Díaz de Martínez Aurora 22.166.269 X
245. Donado Ramos Dagoberto Antonio 6.877.439 X
246. Hernández Padilla Emiro Antonio 8.515.017 X
247. Bekona de Galindo Lucila 25.831.754 X
248. José Abraham González Morales 730.213 X
249. Castaño Osorio Evelio de Jesús 98.470.564 X
250. Alzate de Orrego María Débora 22.049.418 X
251. Gómez de Martínez María Inés 22.050.565 X
252. Vélez Blandón José Ubeimar 3.396.727 X
253. Mario de Jesús Guerra 742.224 X
254. Pérez Rojo Celso Rafael 3.598.414 X
255. Guerra Zapata Esneider Woldo 8.156.772 X
256. Ardila Rodríguez Jesús David 8.156.860 X
257. Sánchez de J. Ligia Bahanera 21.484.877 X
258. Pérez Berta Elena 22.054.547 X
259. Salazar Giraldo María Nelda 22.081.411 X
260. Gallego Gallego María Herminia 22.081.662 X
261. Giraldo Marulanda Doly de Jesús 22.104.498 X
262. Giraldo Zuliaga María Rosalba 43.403.644 X
263. Álvarez Vélez Alfredo 756.902 X
264. Muñoz Alzate Libardo de Jesús 1.386.360 X
265. Valencia Martínez José Aldemar 3.614.431 X
266. Botero de Botero Fabiola 22.099.912 X
267. Lora Londoño José Arcenio 504.599 X
268. Sinitare Bedoya Jorge Iván 3.621.416 X
269. Quintero Londoño Norely de Jesús 22.117.872 X _
270. Idárraga Montoya Jorge Iván 766.264 X
271. Acevedo de García Rosa Margarita 22.185.892 X
272. Lascano de Alzate R. Elvira 22.186.392 X
273. Velásquez Lagarez José María 2.819.544 X
274. Sepúlveda Urrego Diógenes 3.416.543 X
275. Vergara Roldán Jorge Javier de Jesús 3.649.514 X
276. Barrientos Gómez Fredy Alberto 3.650.111 X
277. Roa Castrillón José Isaac 794.161 X
278. Durango Jiménez Santiago 550.132 X
279. Henao de Mejía Blanca Libia 22.198.999 X
280. Villegas Oscar William 3.385.819 X
281. Maya Rojo Ernesto de Jesús 8.273.216 X
282. Hincapié Tamayo Iván Darío 15.315.530 X
283. Moreno Londoño Carlos Mario 15.327.314 X
284. Pulgarín Pulgarín María Luz Alba 22.230.000 X
285. Cifuentes Pérez Miriam 39.325.661 X
286. Rodríguez Ricaurte Manuela 23.080.195 X
287. Manuel 91.422.892 X
288. Hernández Mercado Antonio Julio 3.670.131 X
289. Domico de Zapata Rosa Elena 22.237.069 X
4.4.4. De la trashumancia electoral.
Otro de los cargos de la demanda corresponde al relacionado con el fenómeno de la trashumancia de electores, el cual aparece consignado en el numeral 1.4 de la pretensión de primera de la demanda con 303 casos en el municipio de Giraldo, 217 casos en el municipio de Yarumal, 132 casos en el municipio de Buriticá, 5 casos en el municipio de Entrerríos, 298 casos en el municipio de Valdivia, 199 casos en el municipio de Ciudad Bolívar, 173 casos en el municipio de Guataque, 28 casos en el municipio Andes, y 2.284 casos en el municipio de Sabaneta, para un total de 3.639 casos de trasteo de electores. Sin embargo, desde ya la Sala encuentra que el cargo igualmente está llamado a fracasar, debido a las siguientes razones:
1. Al igual que los cargos anteriores, el que ahora ocupa la atención de la Sala también está afectado por la indeterminación, puesto que entre las páginas 368 y 445 del escrito de corrección de la demanda, la parte actora se limitó a suministrar el número de cédula de ciudadanía, el nombre del titular y el municipio donde al parecer se registró el fenómeno. A manera de ejemplo el cuadro respectivo revela:
Nº Cédula Apellidos y nombres
1 98490414 Acevedo López Luis Alfredo
2 15402380 Acevedo Pérez Jesús Alberto
3 43670421 Aguiar Padilla Nuvia Estala (sic)
4 43036257 Aguire (sic) Hidalgo Luz Amanda
5 3486768 Arango López Luis
......... ................................. ......................................................
La indeterminación del cargo se refleja en que el accionante omitió suministrar datos relevantes, como la zona, puesto y mesa donde supuestamente sufragaron esas personas, ya que sin esa información el examen del cargo resulta imposible, pues tendría el juez que entrar a analizar toda la información electoral de cada uno de los municipios señalados en el cargo, cuando es claro que uno de los deberes del accionante es precisarlo a través de tan importantes elementos. Recuérdese que la carga de la prueba incumbe al actor, a quien corresponde “...probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (CPC, art. 177), de suerte que es al demandante a quien compete probar sus cargos, los que por supuesto deben ser precisos y determinados, sin que sea el juez quien deba fijar el alcance del libelo demandatorio, pues como con insistencia se ha dicho en esta providencia, ello es atentatorio del derecho a la defensa del demandado.
Ahora bien, en el hecho 2.31 de la corrección de la demanda (fls. 671 a 713), el actor precisó el cargo en 1.949 de los casos denunciados en la pretensión respectiva, lo que de suyo no da para abordar su estudio por la insignificancia de ese guarismo frente a la diferencia que en votos separó al candidato vencedor y demandado, respecto del candidato que le siguió en votos (4.190), pues como se tiene decantado, en aplicación del principio de la eficacia del voto, de admitirse esos casos como verdaderas irregularidades, se trataría de un hecho inocuo frente a la legalidad del acto acusado, al carecer de la capacidad requerida para modificar el resultado electoral.
2. Aun omitiendo hipotéticamente las precedentes consideraciones, el cargo por trashumancia electoral carece de vocación de prosperidad por lo siguiente:
El artículo 316 de la Constitución Política establece que “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”, prohibición constitucional que por estar dirigida a limitar el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, debe ser interpretada restrictivamente, en armonía con el principio de la capacidad electoral (Cód. Elect., art. 1º num. 4º), de tal manera que en tanto se trate de la elección de autoridades locales, allí solamente pueden participar los residentes del respectivo municipio, limitante que no puede ser empleada para deducir que la cancelación de la inscripción de una cédula para intervenir en las elecciones locales, igualmente impida participar en las votaciones del plano seccional o departamental; es decir, la cancelación de la inscripción de cédulas para intervenir en elecciones municipales tiene efectos jurídicos frente a ese tipo de elecciones, no respecto de las elecciones para diputados a la asamblea departamental o para escoger gobernador de departamento.
Ahora, si se revisa con detenimiento el desarrollo normativo expedido para regular el artículo 316 de la Constitución Política, se advertirá que el procedimiento establecido para cancelar la inscripción de cédulas irregulares está dirigido única y exclusivamente a dejar sin efecto esa inscripción para participar en elecciones locales, mas no en las seccionales. En efecto, el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, expedida en desarrollo de lo normado en el artículo 316 constitucional, se ocupó de definir el concepto de residencia electoral, y frente a la inscripción y su eventual cancelación estableció:
“...Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio.
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción (...)” (resalta la Sala).
Además, la Resolución 424 del 28 de junio de 2000 expedida por el Consejo Nacional Electoral, para regular el procedimiento en inscripción irregular de cédulas para elección de autoridades locales, dispone en su artículo 1º “Señalar el siguiente procedimiento breve y sumario para declarar sin efecto la inscripción de cédulas en la elección de autoridades locales o para la decisión de asuntos del mismo carácter...” (se destaca).
Así, no puede invocarse con éxito la supuesta violación del artículo 316 cuando se pone en tela de juicio la legalidad del acto de elección de un gobernador de departamento, pues si bien uno de los motivos de anulación de los actos electorales, es la causal por violación de normas superiores consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, resulta innegable que como se plantea el cargo no puede aceptarse la violación del artículo 316 constitucional entratándose de elecciones seccionales, dado que la prohibición se extiende únicamente a las autoridades locales o a los asuntos del mismo nivel.
En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la sección, que ha puntualizado:
“Mediante el artículo 316 de la Constitución, ya se dijo, se estableció que en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales solo pueden participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. Entonces, los votos cumplidos contra esa prohibición constitucional son nulos, y son nulos, en consecuencia, la elección correspondiente y el acto que la declare, a condición de que el número de votos nulos sea determinante de la elección, pues en caso contrario la nulidad de esos votos resultaría inocua para esos efectos.
La prohibición del artículo 316 está expresamente referida a la elección de autoridades locales, solamente, no de otras autoridades.
La violación de esa disposición constitucional es, desde luego, motivo de nulidad del voto, de la elección correspondiente y del acto que la declare, según lo expresado. En general, son causas de nulidad de los actos de elección y de nombramiento, como lo son de la generalidad de los actos administrativos, las señaladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en que se encuentra establecida la acción de nulidad, y entre otras la infracción de las normas en que deberían fundarse. Desde luego, hay causas de nulidad especiales, referidas a la materia electoral.
La acción electoral es modalidad de la acción de simple nulidad, pero en su ejercicio se controvierte solo la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un nombramiento, como resulta de lo establecido en los artículos 128, numeral 1º, 132, numeral 8º, 134A, numeral 9º, 136, numeral 12, 227, 228, 229 y 231 del Código Contencioso Administrativo, principalmente.
Por otra parte, sin perjuicio de la prohibición del artículo 316 constitucional, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad de que trata el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, declare sin efecto la inscripción cuando compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, para evitar que vote, pero, si así no ocurre, no por lo mismo puede entenderse autorizado para votar quien no resida en el municipio de que se trate.
Ahora bien, la facultad del artículo 4º de la Ley 163 de 1994 solo permite al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto inscripciones para las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales, no para la elección de otras autoridades, referida como está esa facultad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución” (24) .
Esta posición fue luego ratificada por la sección:
“De todo lo anterior resulta que se viola el artículo 316 de la Constitución cuando, tratándose de elecciones de autoridades municipales, se vote en lugar distinto de aquel en que se resida, y que, además, son falsos, en lo que corresponda, los registros formados con base en las inscripciones de quienes no residan en el lugar.
7. Pero, cuando se trate de votaciones para la elección de diputados, no se viola el artículo 316 de la Constitución si se vota en municipio distinto de aquel en que se reside, ni son falsas o apócrifas las actas o registros correspondientes, en los términos del artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo, por razón de la inscripción para la elección de diputados, porque la declaración de residir en un determinado municipio se hace solo para los efectos del artículo 316 constitucional, esto es, para las votaciones de autoridades municipales, pero resulta intrascendente para otros efectos.
Por otra parte, mediante el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 se dio facultad al Consejo Nacional Electoral para dejar sin efecto inscripciones para las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales, no para la elección de otras autoridades, referida como está esa facultad a los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución” (25) .
Las pruebas recaudadas al respecto dan cuenta de la cancelación de inscripción de cédulas para participar en elecciones locales, pero no para intervenir en elecciones del nivel departamental; prueba documental que corresponde a distintas resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 265 numeral 5º de la Constitución Nacional, en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 y en la Resolución 424 del 28 de junio de 2000, a saber:
a) Resolución 5327 del 23 de septiembre de 2003, por medio de la cual se resolvió la solicitud de dejar sin efecto la inscripción de cédulas en el municipio de Sabaneta (fls. 1 a 109, cdno. de pruebas 2).
b) Resolución 5325 del 23 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el corregimiento de Puerto Valdivia del municipio del mismo nombre (fls. 110 a 139, cdno. de pruebas 2).
c) Resolución 5322 del 23 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Caramanta (fls. 140 a 157, cdno. de pruebas 2).
d) Resolución 4899 del 21 de agosto de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Giraldo (fls. 140 a 157, cdno. de pruebas 2).
e) Resolución 4959 del 10 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Carolina del Príncipe (fls. 186 a 205, cdno. de pruebas 2).
f) Resolución 4989 del 15 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Itagüí (fls. 206 a 295, cdno. de pruebas 2).
g) Resolución 4962 del 10 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Entrerríos (fls. 296 a 303, cdno. de pruebas 2).
h) Resolución 4968 del 10 de septiembre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Andes (fls. 304 a 316, cdno. de pruebas 2).
i) Resolución 5573 del 17 de octubre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Bello (fls. 12 a 294, cdno. de pruebas 1).
j) Resolución 5568 del 17 de octubre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Bello (fls. 295 a 338, cdno. de pruebas 1).
k) Resolución 5541 del 15 de octubre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Ciudad Bolívar (fls. 339 a 362, cdno. de pruebas 1).
l) Resolución 5391 del 1º de octubre de 2003, que dejó sin efecto la inscripción de algunas cédulas en el municipio de Yarumal (fls. 363 a 373, cdno. de pruebas 1).
Recapitulando, arriba la Sala a la conclusión de que el cargo por trashumancia electoral resulta impróspero por tres razones. Primero, porque el cargo no fue determinado en la magnitud denunciada en el capítulo de pretensiones; segundo, porque los cargos que fueron determinados, cuantitativamente carecen de entidad suficiente para modificar el resultado electoral; y tercero, porque la cancelación de inscripción de cédulas invocada por la parte actora, resulta ineficaz para demostrar la ilegalidad del acto, puesto que ella fue ordenada respecto de elecciones del nivel local y el acto acusado corresponde a la elección de la primera autoridad del nivel seccional, como es el Gobernador del departamento de Antioquia.
4.4.5. Del cargo por la eventual pérdida de formularios E-11.
En el acápite 1.5 de la pretensión primera de la corrección de la demanda (fl. 446), se solicita la nulidad de “...las actas de escrutinio de los jurados de votación de cualquiera de las mesas de votación de las relacionadas y solicitadas en la pretensión segunda de esta corrección de demanda, cuando sin justa causa se hubieren extraviado o perdido los formularios E-11 o lista y registro de votantes de cualquiera de las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de los municipios del departamento de Antioquia, ...”. Este cargo, al igual que los anteriores, no tiene visos de prosperidad por la extrema indeterminación en que se sume, ya que la parte accionante pretende la anulación de la elección por la pérdida de los formularios E-11 o lista de sufragantes, que llegare a detectar esta corporación al momento de examinar la documentación electoral recabada dentro del plenario, cuando dentro de sus deberes procesales está el de indicarle al fallador frente a qué mesas se presentó esa situación, lo cual no se subsana con la mera remisión a las mesas señaladas en la pretensión segunda, puesto que una acusación tan genérica solo refleja falta de precisión en lo demandado.
Además, la sola ausencia del formulario E-11 de una mesa de votación no conlleva a tener por viciada la votación registrada en la misma, debido a que el proceso electoral se compone de una serie de documentos electorales que se encadenan unos con otros a medida que se va desarrollando el proceso de escrutinio, de modo que la prosperidad de la acusación no se sujeta al insular evento de no contar con el formato E-11 o lista y registro de votantes, sino que es necesario que la parte interesada desvirtúa la presunción de legalidad impresa en la documentación electoral obtenida de ahí en adelante. Sobre el particular la jurisprudencia de la sección tiene dicho:
“Para la jurisprudencia de la sección la desaparición de los formularios E-10 y E-11 carece de entidad suficiente para demostrar falsedad en los registros electorales.
“En cuanto a la irregularidad que se reprocha en las mesas de votación 22 y 23 del puesto San Juan de Córdoba, la Sala también lo desestima, en tanto que en el expediente no fue demostrada la desaparición de los formularios E-10 y E-11. Además, de acuerdo con lo expresado por el mismo demandante, los votos depositados en esas mesas de votación fueron contabilizados, por lo que la desaparición de los documentos electorales no repercute en la verdadera expresión de la voluntad popular. De todas maneras, si ese supuesto podría conducir a la alteración o simulación del resultado electoral, debía desvirtuarse la presunción de certeza de los documentos electorales y, eso no se hizo. De consiguiente, el argumento no prospera” (26) .
De igual forma, los hechos de que da cuenta este cargo, relacionados con la supuesta falsedad electoral derivada de la diferencia en votos entre los formularios E-11 y E-14 de las citadas mesas, eventualmente pueden afectar la validez de la elección, pero en el sub lite corresponden a una irregularidad inocua. Es claro para la Sala que la diferencia la deduce el demandante, en el caso de la mesa 7, de los votos faltantes en las hojas extraviadas del formulario E-11, y en el caso de la mesa 21, de la totalidad de votos que fueron registrados en el formulario E-11. Sin embargo, se trata de una irregularidad desprovista de la fuerza necesaria para viciar esos registros electorales, pues como se explicó, el extravío de esa documentación electoral no afecta, per se, la validez de la elección, y la diferencia es apenas aparente, debido a que fue superada durante el proceso de escrutinio por la verificación realizada por la comisión escrutadora municipal.
Ante la sola acreditación de la pérdida o extravío de los formularios E-10 y E-11 de las mesas 7 y 21 de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico, colige la Sala que no hay lugar a decretar la nulidad, puesto que ello no prueba, de paso, la existencia de falsedad en los registros electorales, ítem respecto del cual se presenta orfandad probatoria. Por lo mismo el planteamiento no prospera” (27) .
En este orden de ideas, el cargo resulta impróspero por la falta de determinación y porque la sola ausencia del formato E-11 no es razón suficiente para aceptar la falsedad de los registros electorales.
4.4.6. De la supuesta violación del debido proceso por la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil a expedir copia de la documentación electoral empleada en las elecciones.
El último cargo de la demanda alude a la supuesta nulidad del acto de elección acusado, con fundamento en que la organización electoral se negó a expedir copias del material electoral, solicitadas por la parte accionarte respecto de los formularios E-3, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-17, E-19, E-20 y E-24.
Según lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 14, la nulidad de los actos administrativos “procederá... cuando...infrinjan las normas en que deberían fundarse, ...”, con lo cual se está desarrollando el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y por virtud del cual queda en claro que si en la formación de los actos administrativos se desatienden las normas jurídicas en que debe apoyarse, el acto que así sea expedido llega al mundo jurídico viciado de nulidad.
Ninguna de las normas del Código Electoral expedido a través del Decreto 2241 de 1986, establece como una etapa o como un requisito para la formación del acto administrativo por medio del cual se declara una elección, que a los interesados se deba expedir previamente copia auténtica de los documentos electorales empleados en el respectivo certamen electoral. Aunque el demandante señala que esa conducta viola los preceptos consagrados en los artículos 134 a 193 de esa codificación, formulación por demás genérica y ambigua, ninguna de esas normas contiene la obligación de expedir copias de los documentos electorales, menos que ello constituya un paso previo e indispensable en la formación del acto de elección con que culmina la jornada electoral; por el contrario en el artículo 213 se establece la reserva para algunos documentos electorales al precisar:
“Toda persona tiene derecho a que la registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros.
Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso en los archivos de la registraduría.
Cualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos”.
En este orden de ideas y dado el carácter reservado que ostentan algunos documentos electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil no estaba obligada a expedir copias de los documentos revestidos de esa especial protección, en tanto que la negativa a entregar copia de los que son de conocimiento público, no tiene la entidad suficiente para configurar nulidad de un acto de elección, eventualmente podrían dar lugar a investigaciones de tipo disciplinario. Por tanto, el cargo tampoco prospera.
Emerge del análisis efectuado a las demandas, que sus pretensiones no prosperan, en gran parte porque incurrió el actor en indeterminación de los cargos, y porque el Dr. Aníbal Gaviria Correa no estaba incurso en la causal de inhabilidad que se le endilgó. Por tanto, así serán despachadas.
1. DENIÉGANSE las pretensiones de las demandas acumuladas, radicadas bajo los números 3190 y 3192, formuladas por el ciudadano Rubén Darío Quintero Villada, contra el acto de elección del doctor Aníbal Gaviria Correa como Gobernador del departamento de Antioquia, para el periodo constitucional 2004-2007.
2. En firme esta providencia archívese el expediente, dejando las anotaciones pertinentes.
(6) De acuerdo con esta normativa “las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: ... 5º) Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos.
(7) Así lo define el artículo 1º del Decreto 1260 del 27 de julio de 1970 “Por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas” norma publicada en el Diario Oficial 33.118 del 5 de agosto de 1970.
(8) Valencia Zea, Ortiz Monsalve; Derecho de Familia, Séptima Edición, pág. 101 c.
(9) Sentencia 68 de 8 de junio de 2000 expediente 5450.
(10) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 12 de diciembre de 2002. Expediente: 2984. Actor: Jaime René García Casadiego. Demandado: Alcalde municipal de González.
(11) Consejo de Estado-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de mayo de 2002. Expediente PI-039. Actor: Carlos Alfaro Fonseca. Demandado: Miguel Ángel Santos Galvis. Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié.
(12) El Código Penal expedido a través de la Ley 599 de 2000 consagra penas severas para las distintas modalidades del secuestro en sus artículos 168 (mod. L. 733/2002, art. 1º, y L. 890/2004, art. 14), 169 (mod. L. 733/2002, art. 2º, y L. 890/2004, art. 14), y170 (mod. L. 733/2002, art. 3º, y L. 890/2004, art. 14).
(13) En este sentido se puede consultar el fallo proferido por la sección el 2 de septiembre de 2005, dentro del expediente 3650, promovido por Diomar Claro Márquez y otros contra el Alcalde municipal de Gamarra.
(14) Corte Constitucional. Sentencia T-015 del 23 de enero de 1995, magistrado ponente: doctor Hernando Herrera Vergara.
(15) Corte Constitucional. Sentencia T-1337 del 7 de diciembre de 2001, con ponencia del magistrado doctor Rodrigo Uprimny Yepes.
(16) El Decreto Reglamentario 1950 de 1973 en su artículo 34 dispone sobre el encargo: “Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”.
(17) De acuerdo con esta disposición “Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: ... 2º) Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación; ...”.
(18) La Sala, con auto del 27 de mayo de 2004, revocó el auto del 24 de febrero del mismo año, que había rechazado por extemporánea la corrección de la demanda, y dispuso que la consejera ponente dispusiera lo pertinente, razón por la que a través del auto del 9 de junio se admitió la corrección.
(19) Corte Constitucional. Sentencia C-197 del 7 de abril de 1999.
(20) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2002. Radicación: 68001-23-15-000-2000-3583-01 (2894). Actor: José María Fajardo Rueda. Demandado: Alcalde del municipio de San Gil. Esta tesis ha sido reiterada por la jurisprudencia de la sección en las sentencias de abril 18 de 2005 expediente 3546, abril 21 de 2005 expediente 3509 y agosto 24 de 2005 expedientes acumulados 3229, 3230 y 3231.
(21) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 29 de junio de 2001. Expediente: 2477. Actor: Juan David Duque Botero. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
(22) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 7 de noviembre de 2002. Expediente: 2947. Actor: Javier Alfonso Gutiérrez Miranda. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
(23) El Código Electoral define en su artículo 1º numeral 3º el principio de la eficacia del voto de la siguiente manera: “Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector”.
(24) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 8 de julio de 1999. Expediente 2285. Actor: César Jattin Feris. Demandado: Diputado Asamblea Departamental de Córdoba. C.P. Dr. Mario Alario Méndez.
(25) Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 31 de mayo de 2002. Expediente 2846. Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar y otros. Demandado: diputados de la Asamblea Departamental de La Guajira. C.P. Dr. Mario Alario Méndez.
(26) Sentencia de agosto 9 de 2002. Expediente 2928. Actor: José Antonio Fernández de Castro del Castillo. Demandado: Alcalde municipal de Ciénaga. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
(27) Sentencia del 6 de octubre de 2005. Expediente 3557. Actor: Unaldo José Rocha Ojeda y otros. Demandado: Alcalde municipal La Jagua de Ibirico.