Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1175078
Timestamp: 2018-09-18 16:16:57
Document Index: 61657109

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 50', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 119', 'artículo 13', 'artículo 72']

Concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España
Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018 (BOE de 13 de marzo de 2018). Texto completo.
La Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita, establece que los servicios de asistencia jurídica se financiarán a través de fondos públicos y para ello, las Administraciones Públicas subvencionarán con cargo a su dotación la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.
La Ley 1/1996, de 10 de enero , configura la prestación de la asistencia jurídica gratuita, consistente en la asistencia letrada, defensa y representación gratuita, como un servicio público organizado por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.
Al igual que ocurre con la asistencia jurídica gratuita, la asistencia a las víctimas de delitos viene a paliar el tradicional abandono que las víctimas habían sufrido. La Ley 35/1995, de 11 de diciembre , de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, pretende reparar, por primera vez, el daño padecido por las víctimas y lo hace desde una aproximación social.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre , en su artículo 16 apartado 1 establece la obligación del Ministerio de Justicia de implantar, de conformidad con las previsiones presupuestarias, Oficinas de Asistencia a las Víctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan. Igualmente, se recoge en la exposición de motivos de esta Ley que a través de las oficinas se pretende generalizar la atención psicológica a las víctimas de delitos de todo tipo.
Por otro lado, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre , de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, en su artículo 50 contempla el establecimiento por parte del Ministerio de Justicia de una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
Y, finalmente, la Ley 4/2015, de 27 de abril , del Estatuto de la víctima del delito, ha supuesto el reconocimiento de un catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delito. Así, en su artículo 10, dispone que toda víctima tiene derecho a acceder de forma gratuita a los servicios de asistencia y apoyo que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
Por su parte, el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre , por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, establece en su artículo 15 que el Ministerio de Justicia determinará la regulación, organización, dirección y control de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes en su ámbito territorial, que se configurarán como unidades administrativas.
Por todo lo anterior, las excepcionales circunstancias en las que se encuentran los ciudadanos que son víctimas de delitos a los que se les presta asistencia jurídica gratuita y atención psicológica, en este segundo caso, en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, la necesidad de garantizar para las víctimas de delitos la continuidad en la prestación de este servicio público, y la obligación de las Administraciones Públicas de procurar el acceso de todos los ciudadanos a la justicia, justifican que la opción más adecuada para que los beneficiarios directos de estos servicios, que son todos los ciudadanos, no vean obstaculizados sus derechos como usuarios de los mismos, sea la subvención directa prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio . Esta opción permite conceder subvenciones de forma directa y con carácter excepcional siempre que concurran razones de interés público, social, económico o humanitario. Las excepcionales circunstancias en las que han de realizarse las actividades descritas, la urgencia en el desarrollo de las mismas y su carácter manifiestamente social y humanitario determinan la improcedencia de una convocatoria pública.
La norma se adecua al principio de seguridad jurídica debido a que requiere, en suma, aplicar lo previsto principalmente en la Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita y en la regulación sobre víctimas de delito, y de eficiencia, en tanto que la misma cumple estrictamente el mandato establecido en el artículo 119 de la Constitución y de la citada regulación.
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2018, tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales previstas por la Ley 1/1996, de 10 de enero , de Asistencia Jurídica Gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita, por su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 996/2003, de 25 de julio ; por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre , de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; por la Ley 4/2015, de 27 de abril , del Estatuto de la víctima del delito y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre , por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
5. La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Asimismo, se financiará el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero , y su normativa de desarrollo.
3. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, con carácter previo a la concesión de la subvención, deberán acreditar, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , así como no ser deudores por procedimiento de reintegro.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , así como de no ser deudor por procedimiento de reintegro.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre . En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores o de Psicólogos, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
Legislación: Acceso universal al Sistema Nacional de Salud
Legislación: Asunción de las funciones en materia de protección de datos