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Timestamp: 2018-01-24 12:33:46
Document Index: 234329362

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 39', 'artículo 60', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 73']

Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la Vivienda
Vigencia desde 04 de Febrero de 1992. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2002
Artículo 2 Definición de vivienda
Artículo 3 Promotor
Artículo 4 Constructor
Artículo 5 Industriales colaboradores
TÍTULO PRIMERO. Ubicación y construcción de las viviendas
CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS CONTORNOS DE LAS VIVIENDAS
Artículo 6 Ubicación
Artículo 7 Determinaciones del planeamiento
Artículo 8 Medidas administrativas
CAPÍTULO II. DE LOS REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS
Artículo 10 Condiciones de capacidad y habilitación
Artículo 11 Calidad de la vivienda
Artículo 12 Licencia de primera ocupación
Artículo 13 Requisitos de construcción y habitabilidad
Artículo 14 Garantías para la inscripción
TÍTULO II. La transmisión de la vivienda
CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS GARANTÍAS
Artículo 15 Garantías
CAPÍTULO II. DE LA PUBLICIDAD, DE LA INFORMACIÓN Y DE LA OFERTA
Artículo 17 Superficie
Artículo 18 Oferta económica
Artículo 19 Información en la oferta para la venta
Artículo 20 Información en la oferta para alquiler
CAPÍTULO III. DE LOS RESPONSABLES Y DE LA PRESCRIPCIÓN
Artículo 22 Anticipos
CAPÍTULO IV. DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA VENTA Y EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS TERMINADAS
Artículo 23 Enajenación de viviendas construidas
Artículo 24 Alquiler de viviendas
CAPÍTULO V. DE LA DOCUMENTACIÓN
Artículo 26 Enajenación de nuevos edificios
Artículo 27 Transmisiones ulteriores
Artículo 28 Cesión de uso
Artículo 29 Disposición común
TÍTULO III. El uso, la Conservación y la rehabilitación y adaptación de la vivienda
CAPÍTULO PRIMERO. DEL USO Y DE LA CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA
Artículo 30 Conservación y uso
CAPÍTULO II. DE LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA
Artículo 31 Rehabilitación
Artículo 32 Obras de rehabilitación
Artículo 33 Autorización de obras de rehabilitación
Artículo 34 Ordenes de ejecución
CAPÍTULO III. DE LA ADAPTACIÓN ESPECIAL DE LA VIVIENDA
Artículo 35 Realización de obras de adaptación
Artículo 36 Autorización administrativa
TÍTULO IV. Fomento público de la vivienda
Artículo 37 Medidas de fomento
Artículo 38 Consejo Asesor de la Vivienda de Catalunya
Artículo 40 Periodicidad de las reuniones
CAPÍTULO II. DE LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE SUELO
Artículo 42 Promoción de suelo de la Generalitat
CAPÍTULO III. DE LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS
Artículo 45 Programas de promoción de vivienda
Artículo 46 Promoción de vivienda por la Generalitat
Artículo 47 Modalidades de cesión
Artículo 48 Adjudicación de viviendas
CAPÍTULO IV. DE LOS BENEFICIOS Y AYUDAS ECONÓMICAS A LA VIVIENDA
Artículo 49 Modalidades
CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Artículo 50 De los derechos de opción de compra, tanteo y retracto
Artículo 51 Procedimiento para el ejercicio del derecho de opción de compra
Artículo 52 Procedimiento para el ejercicio del derecho de tanteo
Artículo 54 Garantías de procedimiento
Artículo 55 Precio de venta
CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS INFRACCIONES
Artículo 60 Régimen de defensa del consumidor
Artículo 61 Calificación de infracciones
CAPÍTULO II. DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN Y SANCIÓN
Artículo 62 Principios generales
Artículo 63 Instrucción de causa penal
Artículo 65 Graduación de las multas
Artículo 66 Expropiación, desahucio y pérdida del derecho de uso
Artículo 67 Revocación de la cédula de habitabilidad
Artículo 68 Medidas complementarias
Artículo 69 Publicidad de las medidas administrativas
Artículo 71 Órganos competentes para la imposición de sanciones
Artículo 72 Responsables
L 18/2007 de 28 Dic. CA Cataluña (derecho a la vivienda)
R PTO/586/2002 de 8 Mar. CA Cataluña (conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas)
Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.i) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo). Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.j) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo). Cuantías expresadas en los términos que contiene el apartado 2.j) del Anexo de la Res. [CATALUÑA] PTO/586/2002, 8 marzo, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los importes de las tasas, sanciones y otras cantidades correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 25 marzo).
Artículo 39 redactado por el artículo 60 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 6 febrero 2002).
L 7/1998 de 8 Jun. (modificación del art. 39 de la L 24/1991 de 29 Nov., vivienda)
Artículo 39 redactado por Ley [CATALUÑA] 7/1998, 8 junio, de modificación del artículo 39 de la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la vivienda («D.O.G.C.» 11 julio).
L 13/1996 de 29 Jul. CA Cataluña (registro y depósito de fianzas de los contratos de fincas urbanas y modificación de la L 24/1991 de 29 Nov., de la vivienda)
DLeg. 16/1994 de 26 Jul. CA Catuluña (de adecuación a la L 30/1992 de 26 Nov., de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las leyes que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas)
Número 3 del artículo 72 introducido por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto). Número 1 del artículo 56 redactado por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto). Número 2 del artículo 73 redactado por D Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas («D.O.G.C.» 1 agosto).
Ley [CATALUÑA] 24/1991, 29 noviembre, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 18/2007, 28 diciembre, del derecho a la vivienda («D.O.G.C.» 9 enero 2008) el 9 de abril de 2008.
Todas las personas tienen constitucionalmente reconocido el derecho a una vivienda digna. El ejercicio de este derecho motiva, a la mayoría de las familias, uno de los gastos más importantes a lo largo de su vida. Por tanto, las administraciones públicas tienen el deber de velar por la calidad de las viviendas y por las condiciones en las que se accede a las mismas, dedicando una atención especial a las formas de acceso de las familias económicamente menos dotadas.
En buena parte, la mejora generalizada de la calidad de vida para por conseguir unas viviendas ubicadas en lugares aptos pasa uso residencial y edificadas con los requisitos de construcción y habitabilidad.
Velar por la consecución de estas finalidades es una clara competencia de la Generalidad de Cataluña y de los entes locales.
Por otra parte, la normativa general de defensa del consumidor y del usuario impone la necesaria claridad informativa en el arrendamiento y la transmisión de viviendas.
El papel de la Administración pública en materia de vivienda debe ser, además, activo y protagonista, dado que le corresponde impulsar el sector y tomar las medidas oportunas para hacer efectivo el ejercicio de este derecho.
Corresponde finalmente a la Administración establecer las medidas necesarias de protección y sanción.
Con este objetivo, la Ley se refiere al proceso edificador desde su previsión en el planeamiento hasta su incorporación en el tráfico jurídico. La Ley define al promotor como agente principal del proceso de la vivienda y refuerza la necesidad de garantizar una fórmula ágil para que el consumidor o el usuario de la vivienda estén protegidos respecto a los vicios y defectos de la construcción.
La Ley vela para que la información referente a la vivienda no implique confusión ni engaño para los destinatarios y pone especial énfasis en los requisitos previos de los diferentes tipos de convenios translativos del dominio o del uso de las viviendas, y en la documentación a entregar a los adquirentes o cesionarios.
El Libro del Edificio se perfila como el documento básico para la identificación de los edificios y el seguimiento de su vida o desarrollo. Uno de los documentos del Libro del Edificio, el DET (Documento de Especificaciones Técnicas) dará las pautas para el uso y la conservación de las viviendas.
Para que el uso de la vivienda sea posible, debe contar con unas acreditaciones ya existentes que la Ley afianza: por un lado, la cédula de habitabilidad, cuyo alcance se amplía a los requisitos de construcción, y, por otro, la licencia de primera ocupación o utilización que apoya el cumplimiento de las condiciones impuestas a las licencias de obras otorgadas por las corporaciones locales.
Las operaciones físicas para conseguir la adecuación constructiva o funcional de las viviendas constituyen la rehabilitación, que se refiere también a su adaptación para superar las barreras que impiden un uso adecuado por las personas con movilidad reducida.
La Ley configura la intervención administrativa como un título para poder proceder a la rehabilitación o adaptación, en defecto de acuerdo entre propietarios y usuarios, sin alterar las repercusiones civiles de las inversiones necesarias.
La política de vivienda de la Generalidad de Cataluña requiere el establecimiento de toda una serie de medidas para el fomento público de la vivienda, política que tendrá que coordinarse con las actuaciones de los entes locales en esta materia.
La Ley distingue dos regímenes en la promoción pública de viviendas, el que comporta la ulterior gestión pública y el de promoción para la enajenación, a fin de atender a todo el abanico de ciudadanos que, de otra manera, se verían cada vez más lejos de hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y adecuada.
Estos regímenes no alteran las determinaciones de la legislación estatal en este ámbito, sino que la complementan, y han de permitir la plena configuración de la política catalana en materia de vivienda.
Finalmente, la Ley tipifica los diferentes supuestos de vulneración de las prescripciones legales, siguiendo la sistemática de su propia estructura, y establece las reglas para la calificación de las infracciones, para proteger la legalidad y para sancionar a los responsables.
La Ley, en definitiva, diseña las bases jurídicas que deben permitir hacer frente en Cataluña, en los próximos años, a los cambios profundos en el mercado inmobiliario. La experiencia alcanzada desde las transferencias de competencias y servicios en materia de vivienda en favor de la Generalidad de Cataluña es la mejor garantía de la ejecución de una estrategia política en vivienda que ha de dar más transparencia al mercado y más contundencia al sector público para conseguir un equilibrio de seguridad jurídica y eficacia administrativa, en el marco de los objetivos constitucionales respecto a la vivienda.