Source: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5581
Timestamp: 2019-11-18 07:20:47
Document Index: 81427868

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 71', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 22', 'Artículo 29', 'artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2019-5581
Documento consolidado BOE-A-2019-5581
«BOIB» núm. 36, de 19/03/2019, «BOE» núm. 89, de 13/04/2019.
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2019/03/12/12/con
Por todo ello, se ha llevado a cabo el desarrollo normativo necesario para poder realizar consultas refrendarias en el ámbito municipal y se han diseñado, al mismo tiempo, distintas figuras de democracia participativa, entre las cuales está la consulta ciudadana, configurada como consulta no refrendaria, además del Consejo de Participación, la Audiencia Pública Ciudadana, el foro de participación y los presupuestos participativos. En todas ellas está presente, como título competencial general, el derecho de participación del artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears cuando preceptúa que: «Todos los ciudadanos de las Illes Balears tienen derecho a participar de forma individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social de la comunidad autónoma. Los poderes públicos promoverán la participación de los agentes económicos y sociales del conjunto de la sociedad civil en los asuntos públicos»; y en especial cuando puntualiza que: «2. Los ciudadanos de las Illes Balears tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, en los términos que establecen la Constitución, este estatuto y las leyes. Este derecho comprende: (...) c) El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por el Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares o los ayuntamientos en los términos que establecen la Constitución Española y las leyes».
2. A efectos de esta ley, se consideran procesos de participación ciudadana el conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las administraciones públicas de las Illes Balears en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho a la participación en la elaboración de disposiciones normativas reglamentarias, la gestión y decisión de los asuntos públicos, la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos, y la confección de presupuestos participativos.
3. Los procesos participativos no refrendarios regulados en la presente ley no podrán menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos, ni las que correspondan legalmente al gobierno autonómico, insular o local, pero en el supuesto de que su resultado no sea asumido total o parcialmente, el órgano competente para adoptar la decisión sobre la materia de la consulta estará obligado a motivarla.
1. Los preceptos de esta ley que regulan las consultas ciudadanas y otros instrumentos de participación ciudadana son aplicables en el ámbito de la administración autonómica, insular y local, sin perjuicio del desarrollo normativo que puedan hacer los municipios y las islas, en virtud de su capacidad de autoorganización.
2. Los preceptos de esta ley que regulan los referéndums municipales son aplicables a todos los municipios y entidades locales menores de las Illes Balears.
Artículo 3. Entidades ciudadanas.
1. Son principios orientadores de la participación ciudadana:
f) Transparencia. Se ejercerá una gestión transparente de órganos y procesos de participación. Con este objetivo se pondrá a disposición de la ciudadanía información veraz, suficiente, accesible y comprensible.
g) Capacitación para la ciudadanía plena.
h) Transversalidad. El derecho de participación ciudadana tiene que constituir un eje transversal de actuación en todos los niveles del ámbito de aplicación de esta ley.
i) Eficacia de la participación ciudadana, que tiene que ser útil y viable, contribuyendo a una mejor gestión de los asuntos públicos.
j) Perdurabilidad. La participación ciudadana tiene que concebirse como un proceso permanente, y ser continua y sostenida en el tiempo.
k) Facilidad y comprensión. En los procesos de participación ciudadana, la información se facilitará de forma sencilla y comprensible para la ciudadanía.
l) Accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes. Los canales y medios habilitados para la participación no tienen que constituir un factor de exclusión para determinados sectores de la ciudadanía.
2. Los órganos colegiados previstos en los instrumentos de participación ciudadana tienen que contar, siempre que sea posible, con una representación equilibrada de mujeres y hombres, en los términos que recoge la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres; participación equilibrada que tendrá que ser fomentada por la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de dicha ley, al mismo tiempo que también tiene que fomentar la participación efectiva de las mujeres en todos los instrumentos de participación previstos en esta ley.
3. El funcionamiento de estos instrumentos tiene que asegurar, igualmente, condiciones de inclusión social y ciudadanía plena, favoreciendo la participación de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de la juventud.
a) La iniciativa para promover los procesos de participación ciudadana en los supuestos y términos contemplados en la presente ley.
b) El derecho a recibir de las administraciones públicas, en los términos previstos en la normativa aplicable sobre transparencia y buen gobierno, la información pública sobre la materia objeto de participación, con objeto de disponer de elementos de juicio fundados para su ulterior intervención.
c) La posibilidad de recabar la colaboración de las administraciones públicas en las iniciativas de participación ciudadana, de conformidad con lo previsto en esta ley.
2. Obligaciones de las administraciones públicas respecto a la participación ciudadana.
a) Integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones.
b) Promover la formación en participación ciudadana del personal al servicio de la administración.
c) Promover la formación de la ciudadanía en la participación.
d) Promover el ejercicio efectivo del derecho de participación ciudadana, especialmente en relación con colectivos de mayor nivel de desigualdad económica, educativa y cultural, y facilitar varias modalidades de participación para evitar que la brecha digital constituya un obstáculo para la participación ciudadana.
e) Disponer de partidas presupuestarias de los respectivos presupuestos generales que serán destinadas a procesos de presupuestos participativos.
f) Establecer formas de participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas.
g) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en los procesos de participación ciudadana.
1. Los datos personales que las personas proporcionen a la administración en el ejercicio de los derechos garantizados en esta ley serán utilizados con las finalidades y los límites que se establezcan y con un respeto total a la normativa específica de protección de datos de carácter personal.
2. No se considera cesión de datos el acceso de las corporaciones municipales e insulares al Registro Único de Participación Ciudadana, ya que la solicitud de alta en este registro tiene únicamente el objeto específico de ejercer el derecho a participar en los procesos y las consultas ciudadanas que puedan llevar a cabo, indistintamente, no solo el Gobierno de las Illes Balears, sino también los consejos y los ayuntamientos.
Artículo 7. Apoyo institucional.
Artículo 8. Medidas de fomento para la participación ciudadana.
1. Las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que adoptar las medidas necesarias para desarrollar una cultura participativa en el conjunto de la sociedad balear, y velar para que los principios básicos de esta ley sean respetados en sus actuaciones.
a) Programas de formación para la participación ciudadana.
c) Medidas de participación de la infancia a través de la instauración de órganos de participación integrados por niños y niñas.
e) Medidas de sensibilización y difusión, especialmente entre jóvenes, personas de la tercera edad y personas en situación de vulnerabilidad, tanto respecto a procesos participativos concretos como al derecho de participación desde su vertiente de democracia participativa.
f) Medidas para la accesibilidad física, sensorial y cognitiva, y de adaptación de medios y lenguajes a las diferentes capacidades, especialmente en cuanto a nuevas tecnologías.
Artículo 9. Fomento del asociacionismo.
a) Facilitar la cesión de uso de espacios y equipamientos públicos para su funcionamiento y actividades.
b) Dotar de recursos económicos, en los términos legalmente establecidos.
c) Facilitar asistencia técnica y metodológica, personal o a través de herramientas tecnológicas, programas informáticos, portales y plataformas de participación virtual.
1. El referéndum municipal es el instrumento de democracia directa para conocer la voluntad de las personas mayores de edad, censadas en un municipio, expresada mediante votación, sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de una especial relevancia para los intereses de la población, a través de un proceso que goce de las garantías del proceso electoral.
3. El resultado de este tipo de consulta, siempre y en todo caso, será vinculante para la autoridad convocante.
Artículo 11. Sufragio.
1. El referéndum municipal se decide por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
2. Pueden expresar su decisión en el referéndum municipal las personas residentes en el municipio que, en el tiempo de la convocatoria del referéndum, gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
Artículo 12. Circunscripción del referéndum municipal.
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Sección 1.ª De la iniciativa
Artículo 13. Formas de iniciativa.
1. El procedimiento del referéndum municipal se puede iniciar de dos formas:
2. La iniciativa institucional se puede llevar a cabo a solicitud de un grupo municipal, de la mayoría simple del Pleno municipal o por decisión de la Presidencia de la corporación.
3. La iniciativa popular será suscrita por un número de personas que tengan derecho a sufragio en el ámbito de la consulta, debidamente identificadas, que, como mínimo, sea igual:
Artículo 14. Comisión promotora del referéndum por iniciativa popular.
1. La comisión promotora es el instrumento para llevar a cabo un referéndum por iniciativa popular, y estará formada por un mínimo de diez personas, mayores de edad, que estén inscritas en el censo electoral del municipio respectivo y que no estén privadas de sus derechos políticos.
2. No pueden formar parte de la comisión promotora los miembros electos de la corporación municipal en cuyo ámbito territorial se quiera llevar a cabo la consulta.
3. Las personas que forman la comisión promotora designarán y apoderarán, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, a uno de sus miembros, que será la persona que se dirigirá a la administración y la que recibirá las notificaciones y comunicaciones en nombre de la comisión promotora.
4. La comisión promotora quedará disuelta de forma automática una vez proclamados los resultados definitivos de la consulta.
Artículo 15. Inicio del procedimiento en caso de iniciativa popular.
1. El procedimiento para llevar a cabo un referéndum por iniciativa popular se inicia mediante la presentación de una solicitud dirigida al presidente o presidenta de la corporación, firmado por la persona representante de la comisión promotora.
2. La solicitud tendrá el contenido siguiente:
a) Nombre, apellidos, documento nacional de identidad (de ahora en adelante, DNI) o número de identidad de extranjero (de ahora en adelante, NIE) y domicilio de la persona representante de la comisión.
b) Identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que se quiere que se practique la notificación. Adicionalmente, el interesado puede aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivos electrónicos para que la corporación municipal le avise del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Nombre, apellidos, DNI o NIE y domicilio de los otros miembros de la comisión promotora, además del resto de datos personales que consideren oportunos.
d) El texto exacto de la pregunta, que debe poder ser respondida con uno sí o uno no.
3. La solicitud irá acompañada, en su caso, de los documentos acreditativos del apoderamiento de la persona representante, a no ser que ya consten en poder de la administración.
Artículo 16. Valoración de la solicitud de referéndum.
1. En el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud a que hace referencia el artículo anterior, el secretario o secretaria de la corporación la examinará, emitirá un informe motivado sobre su admisibilidad o no, el alcalde o alcaldesa dictará la pertinente resolución y se notificará a la persona que represente a la comisión promotora. La falta de notificación de la resolución en el plazo indicado tiene los efectos del silencio positivo.
b) Que ya haya en trámite en la misma corporación municipal una consulta con el mismo objeto o esencialmente parecida.
c) Que no cumpla alguno de los requisitos que determina esta ley. En este caso, si el defecto es subsanable, se concederá un plazo de treinta días a los proponentes para subsanarlo.
3. La resolución de admisión o inadmisión de la solicitud se notificará a la persona representante de la comisión. En caso de admisión, se indicará expresamente que se puede iniciar el proceso de recogida de firmas. También se pondrá en conocimiento del Pleno de la corporación en la primera sesión plenaria que se celebre, posterior a la fecha en que se haya dictado la resolución.
4. Contra la resolución que resuelve la solicitud se puede interponer un recurso de alzada ante el Pleno de la corporación municipal en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación, que se hará constar expresamente en la resolución. El acuerdo del Pleno agota la vía administrativa y contra este cabrán los recursos que prevean las pertinentes leyes de procedimiento.
Artículo 17. Formato de los pliegos de recogida de firmas.
1. Los pliegos de recogida de firmas reproducirán en la cabecera el texto íntegro de la pregunta a formular. Al lado de la firma de la persona que le da apoyo se indicará, necesariamente, su nombre y apellido o apellidos y el número del DNI o NIE.
2. El cuerpo del documento se estructurará en seis columnas con el contenido siguiente: número de orden de las firmas que tendrá que ser correlativo; nombre; primer apellido; segundo apellido; DNI o NIE; y, por último, la firma.
3. En los pliegos de recogida de firmas se hará constar que los firmantes manifiestan tener derecho a sufragio activo en el ámbito de la consulta.
Artículo 18. Proceso de recogida de firmas.
1. La comisión promotora, una vez que haya recibido la notificación de la resolución, puede iniciar el proceso de recogida de firmas. Este proceso tiene una duración máxima de cuatro meses, a contar desde la notificación de la resolución.
2. Las firmas serán autenticadas por notario o notaria, por el secretario o secretaria de la corporación del municipio donde se tenga que hacer la consulta, o por fedatarios especiales designados por la comisión promotora.
3. Pueden adquirir la condición de fedatarios especiales las personas que, en plena posesión de sus derechos civiles y políticos, juren o prometan ante el secretario o secretaria de la corporación municipal dar fe de la autenticidad de las firmas de los signatarios de la propuesta.
4. Para hacer constar la autenticación se indicará la fecha, que puede ser colectiva, pliego por pliego. En este caso, al lado de la fecha se consignará el número de firmas contenidas en el pliego.
[Bloque 27: #se-2]
Sección 2.ª De la convocatoria
Artículo 19. Acuerdo de celebración.
1. La propuesta de referéndum municipal, en cualquiera de las dos formas indicadas en el artículo 13 de esta ley, se incluirá en el orden del día de la primera sesión plenaria de la corporación que se tenga que celebrar; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, el acuerdo de celebración debe ser aprobado aprobado por mayoría absoluta del Pleno.
2. El acuerdo contendrá los términos exactos de la consulta, que consistirá en una o varias preguntas, redactadas de una manera inequívoca y que no predetermine el sentido de la respuesta, a fin de que el cuerpo electoral se pueda pronunciar en sentido afirmativo o negativo.
Artículo 20. Tramitación de la autorización.
a) Los términos exactos de la consulta.
c) La duración de la campaña de información.
d) La información de las funciones de control y seguimiento del proceso electoral que corresponden a la Junta Electoral de Zona.
1. El decreto de convocatoria se publicará en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», como mínimo con dos meses de antelación a la fecha prevista para la votación.
2. Además, se publicará en el web de la institución, y se difundirá a través de edictos del ayuntamiento, de los tablones de anuncios de las oficinas municipales, y a través de todas las redes sociales que, de manera ordinaria, utilice la corporación municipal.
Artículo 23. Administración electoral.
Artículo 24. Junta Electoral de Zona.
1. La Junta Electoral de Zona tiene la sede en la localidad que es cabeza del partido judicial al cual pertenece el municipio convocante, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. La Junta se constituirá con los vocales judiciales el tercer día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», y con todos los vocales, el décimo día hábil siguiente.
2. La Junta Electoral de Zona tiene la composición establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, si bien la designación de los vocales no judiciales la realizará la Junta Electoral Provincial a propuesta conjunta de los grupos políticos con representación municipal. Si la propuesta no tiene lugar antes del octavo día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», la Junta Electoral Provincial llevará a cabo la designación.
3. Los acuerdos de la Junta Electoral de Zona se pueden recurrir ante la Junta Electoral Provincial, que resolverá sobre los recursos en el plazo de cinco días hábiles desde la interposición del recurso. La interposición tendrá lugar en las veinticuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo y ante la Junta Electoral de Zona, que, con su informe, remitirá el expediente en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Junta Electoral Provincial. Contra la resolución de esta última no se puede interponer ningún recurso administrativo.
Artículo 25. Papeletas y actas de un referéndum municipal.
1. La Junta Electoral de Zona aprobará con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha indicada para la votación el modelo de papeletas, así como el de las actas de las mesas electorales.
2. En cualquier caso, en la papeleta figurará la pregunta o preguntas que se formulen. Asimismo, constará la indicación de los monosílabos «sí» y «no» con una casilla al lado de cada uno, de manera que el votante pueda expresar su decisión marcando la casilla que considere oportuna o dejar en blanco el espacio reservado a este efecto.
3. La corporación municipal organizadora entregará las papeletas de votación en un número suficiente a las mesas electorales, al menos una hora antes del momento en que se tenga que iniciar la votación, las cuales serán las únicas válidas.
Artículo 26. Medios personales, materiales y económicos.
1. El municipio convocante del referéndum pondrá a disposición de la Junta Electoral de Zona los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. A este efecto puede solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
Artículo 27. Censo electoral.
Artículo 28. Secciónes, locales y mesas electorales.
1. La corporación municipal es la responsable de relacionar el número y los límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada una.
2. La relación prevista en el apartado anterior se hará pública de la misma manera y en los plazos previstos en el artículo 22 anterior.
Artículo 29. Formación de las mesas electorales.
1. La formación de las mesas electorales corresponde a la corporación municipal, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 26.1 de la Ley Orgánica del régimen electoral general.
2. Los sorteos para la designación de las personas que ocupen las presidencias y vocalías de las mesas se llevarán a cabo entre el décimo y decimoquinto días posteriores a la publicación del decreto de convocatoria.
3. Los cargos de presidente o presidenta y vocales de las mesas electorales son obligatorios. Para la designación de estos cargos es aplicable lo que prevén los apartados 2, 3 y 4 del artículo 27 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, excepto el último inciso del apartado 3.
Artículo 30. Duración de la campaña de información.
Artículo 31. Espacios y lugares públicos de información.
1. Tienen derecho a los espacios gratuitos de información todos los grupos políticos con representación municipal y la comisión promotora de la consulta.
3. La corporación municipal reservará lugares gratuitos para la colocación de la información y facilitará locales oficiales o lugares públicos, también gratuitos, para actos de la campaña, que serán comunicados a la Junta Electoral de Zona en el plazo de los diez días siguientes al de la publicación de la convocatoria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
4. La Junta Electoral de Zona distribuirá los espacios y lugares gratuitos atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, al número de votos que obtuvo en las últimas elecciones municipales cada grupo político con representación municipal, y los distribuirá según las preferencias manifestadas por estos grupos, garantizando el respeto al pluralismo durante la campaña. En caso de que la consulta haya sido promovida por iniciativa popular, se tendrán en cuenta: en primer lugar, las preferencias manifestadas por la persona representante de la comisión promotora, a la cual corresponderá el 30% de los espacios y lugares gratuitos para hacer la campaña informativa; y, a continuación, las de los grupos políticos, según los criterios señalados anteriormente, a los cuales corresponderá el 70% restante de los espacios y lugares para hacer campaña.
Artículo 32. Campaña institucional.
1. Desde el momento de la convocatoria y hasta la finalización de la campaña de información, la corporación municipal afectada por la consulta llevará a cabo una campaña de carácter institucional, con el objeto de informar sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar, los requisitos y trámites del voto anticipado y el texto de la pregunta o preguntas objeto de la consulta, sin que en ningún caso se pueda influir sobre la orientación del voto.
2. El diseño, el contenido y la forma de ejecución de dicha campaña serán aprobados por el Pleno.
Artículo 33. Acreditación y ejercicio del derecho de sufragio.
1. El derecho al voto se acreditará mediante la exhibición, por parte del elector, del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir, donde conste la fotografía del titular. Y, si se trata de extranjeros, además del pasaporte se deberá exhibir la tarjeta de residencia.
2. Para ejercer el derecho de voto se debe estar incluido en la lista de electores que consta en el censo electoral y en la lista de la mesa correspondiente. También será posible el ejercicio del derecho al voto con la aportación de un certificado expedido por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral acreditativo de su derecho a estar incluido en las listas del censo electoral vigente en la fecha de la convocatoria.
Artículo 34. Voto anticipado.
1. Se puede emitir el voto con carácter anticipado ante el secretario o secretaria de la corporación, o ante el funcionario o funcionarios del mismo ayuntamiento en quienes aquellos hayan delegado esta función, los cuales tendrán que facilitar a la persona interesada la documentación necesaria. El voto quedará custodiado en la Secretaría de la corporación, bajo la responsabilidad de su secretario o secretaria, en la forma que decida, en un sobre cerrado por el mismo elector, hasta el día de la votación.
2. Una vez emitido el voto anticipado, el secretario o secretaria de la corporación lo anotará en la relación de electores que se remitirá a la mesa electoral el día de la votación, antes de la apertura de los colegios electorales, para evitar el sufragio duplicado, junto con todos los votos anticipados emitidos.
3. Para emitir el voto anticipado no es necesario alegar ninguna razón o excusa.
4. El voto anticipado se puede emitir a partir de un mes después de la publicación del decreto de convocatoria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears hasta el segundo día previo al día de la votación.
Artículo 35. Constitución de las mesas electorales, votación y escrutinio.
1. Los miembros de la mesa electoral se reunirán a las 8.00 horas del día fijado para la votación en el local correspondiente. La votación se iniciará a las 9.00 horas y se llevará a cabo sin interrupción hasta las 20.00 horas del mismo día, mediante el depósito de las papeletas dentro de la urna, con un pliegue o dos, y sin sobre. Una vez acabada la votación, el presidente o la presidenta de la mesa abrirá, de uno en uno, los sobres del voto anticipado y, sin desplegarlas, introducirá las papeletas dentro de la urna. Finalmente, emitirán el voto, si quieren, los miembros de la mesa.
2. Una vez finalizada la votación, se realizará el escrutinio, siempre público. Y una vez hecho el recuento de los votos, se rellenará un acta en la cual se harán constar el nombre y los apellidos de los miembros de la mesa electoral, con indicación del DNI, número de identificación fiscal (de ahora en adelante, NIF), NIE o pasaporte, las incidencias de interés que pueden haber ocurrido durante el día, el número de electores, el de votantes, el de votos a favor, en contra, en blanco y los nulos. Seguidamente, la mesa, a través del presidente o la presidenta, enviará toda la documentación a la Junta Electoral de Zona. De este acta, se facilitará una copia a una persona representante de la corporación municipal.
3. Solo son válidas las papeletas distribuidas por la administración convocante, y además, son nulas las que:
b) Induzcan a error sobre la opinión expresada o la condicionen.
d) Lleven preimpresa la respuesta del sí o del no.
Artículo 36. Escrutinio general y proclamación del resultado.
1. El escrutinio general es público y lo lleva a cabo la Junta Electoral de Zona el tercer día posterior al de la votación.
2. En el plazo de un día desde la realización del escrutinio general, los grupos políticos con representación municipal y las personas representantes de los grupos promotores de la consulta, en su caso, pueden formular reclamaciones contra este escrutinio ante la Junta Electoral de Zona, que resolverá sobre estas en el plazo de un día.
3. Una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones planteadas, la Junta Electoral de Zona proclamará los resultados de la consulta, remitiendo dos copias del acta de proclamación: una, al Gobierno del Estado –para que tome conocimiento–, y otra, al ayuntamiento afectado para que tome también conocimiento, la fije en el tablero de edictos de la corporación y ordene su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Artículo 37. Ámbito objetivo de aplicación.
1. El presente título tiene por objeto establecer y regular las condiciones que permitan promover y garantizar la participación real y efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos autonómicos, insulares y locales de las Illes Balears, tanto de manera individual como colectiva, a través de diferentes figuras de democracia participativa, de forma que, con los resultados de estas consultas, los poderes públicos puedan tomar las decisiones más acertadas y ajustadas al interés público.
2. Las acciones destinadas a canalizar la participación ciudadana se desarrollan a través de los instrumentos previstos en los capítulos siguientes, así como a través de los que se establezcan en otras normas sectoriales.
3. Teniendo en cuenta que los sectores de la ciudadanía consultados no representan ni pueden representar al conjunto de personas que conforman el cuerpo electoral, el resultado de los procesos participativos que se desarrollan en este título no tienen carácter vinculante para la administración convocante.
4. Los instrumentos de participación ciudadana promoverán la igualdad de representación de mujeres y hombres en los términos que recoge la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, para que todo el mundo pueda intervenir plenamente en los asuntos públicos en igualdad de condiciones.
5. El funcionamiento de estos instrumentos asegurará igualmente condiciones de inclusión social y de ciudadanía plena, favoreciendo la total implicación de las personas con discapacidad y de los sectores más desfavorecidos.
6. Las administraciones públicas, movidas por la necesidad de mantenerse próximas a la ciudadanía, así como por su interés en promover la transparencia administrativa, y en la defensa del interés general, fomentarán el acceso de la ciudadanía a la información y a los procesos participativos, a través de medios electrónicos, y eliminarán las barreras que limiten este acceso.
Artículo 38. Proceso participativo.
1. Los instrumentos normativos de carácter reglamentario –cuándo no se refieran a materias excluidas de las iniciativas legislativas– se someterán con carácter general a un proceso de participación ciudadana en su fase de elaboración.
2. Sin perjuicio de lo que establezca la normativa general o sectorial sobre procesos participativos, cuando así lo considere la administración pública, cualquier iniciativa de actuación puede ser sometida a un proceso participativo, a través de los instrumentos previstos en este título u otros de naturaleza análoga.
3. El resultado del proceso participativo se plasmará en un informe de participación ciudadana elaborado por el órgano competente en la actuación que se prevé llevar a cabo, en el cual se indicarán:
c) La evaluación por parte del órgano proponente del proceso de participación, especificando que las sugerencias o recomendaciones de la ciudadanía, en su caso, han sido incorporadas en el texto o iniciativa de actuación.
Artículo 39. Fomento de la participación ciudadana.
1. Las administraciones de las Illes Balears llevarán a cabo programas de sensibilización y formación tanto para la ciudadanía en general como para el personal a su servicio, con el objetivo de dar a conocer la finalidad y el funcionamiento de los diferentes procedimientos e instrumentos de participación previstos, así como de promover su uso.
2. Las administraciones fomentarán la participación a través de medios electrónicos. A este efecto, impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que resulten idóneas, además de los instrumentos deliberativos presenciales.
Artículo 40. Registro Único de Participación Ciudadana.
1. Se crea el Registro Único de Participación Ciudadana, en el que se puede inscribir cualquier persona que esté empadronada en un municipio de las Illes Balears, siempre que haya cumplido dieciséis años. También se pueden inscribir, a través de la sección de las entidades ciudadanas, las personas jurídicas sin ánimo de lucro.
2. La inscripción en el Registro otorga el derecho a ser parte activa en los instrumentos de participación ciudadana, de acuerdo con las previsiones de esta ley y su desarrollo reglamentario. Al mismo tiempo, sólo las personas inscritas pueden participar en estos procesos participativos.
3. El Registro depende y es gestionado por la dirección general competente en materia de participación ciudadana, de la consejería que corresponda del Gobierno de las Illes Balears.
4. La administración competente quedará obligada a establecer fórmulas y medios de inscripción sencillos y accesibles para la ciudadanía en el Registro Único de Participación Ciudadana, y a garantizar que se facilitará ayuda para la realización del trámite tanto a través de medios personales para asesorar a los ciudadanos que acudan a las dependencias administrativas como a través de medios telemáticos.
Artículo 41. Estructuración.
1. El Registro Único de Participación Ciudadana se subdivide en cuatro secciones:
2. Tanto la sección de las personas físicas como la sección de las entidades ciudadanas se subdividirán en tantas subsecciones como competencias resulten atribuidas estatutariamente a la comunidad autónoma.
Artículo 42. Sección de las personas físicas.
1. La sección de las personas físicas es la base de datos en que están inscritas las personas que reúnan los requisitos legales y que lo hayan solicitado o hayan dado su consentimiento expreso.
2. La persona que voluntariamente se dé de alta en el Registro además de comunicar sus datos personales, indicará, al mismo tiempo, en cuál o cuáles subsecciones quiere participar.
3. Los datos que las personas deben ceder necesariamente al Registro son el nombre, los apellidos, el número de DNI, NIF, NIE o pasaporte, el municipio de residencia, el código postal, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil. En caso de no tener correo electrónico ni teléfono móvil, deberá ceder una dirección postal.
4. Las comunicaciones con las personas inscritas en el Registro Único se harán a través del correo electrónico o número de teléfono móvil cedido a la administración. Y, excepcionalmente, en caso de no ser posible a través de las formas indicadas anteriormente, la comunicación será a través de la dirección postal.
Artículo 43. Sección de las entidades ciudadanas.
1. La sección de las entidades ciudadanas es la base de datos en que están inscritas las personas jurídicas sin ánimo de lucro, con voluntad de ejercer colectivamente su derecho de participación ciudadana, previamente inscritas en los registros legalmente exigidos para tener capacidad de obrar.
2. Para conseguir el alta en el Registro Único en la sección de las entidades ciudadanas, la persona que tenga la representación legal de la persona jurídica presentará a la dirección general competente en materia de participación ciudadana una solicitud en el Registro donde consten los datos siguientes:
a) En relación con la persona jurídica: el nombre social, el número de identificación fiscal, el número de inscripción en el registro de asociaciones, el de fundaciones o el de colegios profesionales, el municipio de la sede social, el código postal, el correo electrónico y el número de teléfono móvil. Asimismo tendrá que indicar en cuál o cuáles subsecciones quiere darse de alta.
b) En relación con las personas representantes legales: el nombre, los apellidos, el número de DNI, NIF, NIE o pasaporte, el código postal, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil y, en su caso, los datos de su inscripción en el registro de apoderamientos. En caso de no tener correo electrónico ni teléfono móvil, tendrá que ceder una dirección postal.
3. La dirección general responsable del Registro Único de Participación Ciudadana, de oficio, consultará la efectiva inscripción en estos registros y si el objeto social coincide con las secciones en las cuales se ha solicitado el alta.
Artículo 44. Sección del Consejo de Participación.
1. La sección del Consejo de Participación, regulado en los artículos 89 a 95 de esta ley, es la parte del Registro Único de Participación Ciudadana en la cual se pueden inscribir todas las personas físicas que quieran formar parte de la misma.
2. En ningún caso pueden formar parte de un consejo de participación los diputados y las diputadas del Parlamento de las Illes Balears y del Parlamento Europeo, los miembros electos de las Cortes Generales, de los consejos insulares y de los ayuntamientos, los miembros del Gobierno de las Illes Balears, del gobierno de los consejos insulares, así como los altos cargos y el personal de confianza de las administraciones públicas en las Illes Balears.
Artículo 45. Sección de los foros de participación ciudadana.
Artículo 46. Inscripción en el Registro Único de Participación Ciudadana.
1. La inscripción y el acceso al Registro son voluntarios y se deben poder hacer de forma electrónica. En caso de que esto no fuera posible, se facilitarán modelos unificados en los webs oficiales y en las oficinas de atención y registro de las diferentes administraciones públicas.
2. Se garantiza, en todo caso, el acceso al Registro de las personas con algún grado de discapacidad, siempre que no tengan limitada su capacidad de obrar por sentencia judicial.
Artículo 47. Baja del Registro Único de Participación Ciudadana.
1. La baja del Registro Único de Participación Ciudadana se puede llevar a cabo, de manera voluntaria, por la simple manifestación de la persona o entidad interesada, o de oficio.
2. Se producirá la baja de oficio:
Artículo 48. Información individualizada.
1. El tratamiento de los datos que ceden las personas se rige por la normativa de protección de datos y, en especial, por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como por el reglamento que la desarrolla. El nivel de seguridad de estos datos es el correspondiente al nivel medio.
2. El titular del Registro Único de Participación Ciudadana es la dirección general competente en materia de participación ciudadana del Gobierno de las Illes Balears. Este es el órgano ante el cual se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin perjuicio de los derechos que se puedan ejercer por la vía judicial.
[Bloque 64: #ci-9]
[Bloque 65: #se-3]
Artículo 51. Límites personales, materiales y temporales de las consultas ciudadanas.
2. No se pueden formular consultas ciudadanas en las que se pida una opinión al grupo de ciudadanos consultados relativa a la posibilidad de reducir, limitar o restringir los derechos y las libertades fundamentales de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución Española ni los que afecten al título I del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
3. Los asuntos relativos a los deberes tributarios en ningún caso pueden ser objeto de consulta ciudadana.
4. La consulta ciudadana no puede ser convocada ni tener lugar en el periodo comprendido entre la convocatoria y la celebración de elecciones de diputados y senadores a las Cortes Generales, al Parlamento de las Illes Balears, de los miembros de las entidades locales o de los diputados del Parlamento Europeo, o de un referéndum, cuando estos se efectúen en el ámbito territorial afectado por la consulta popular.
5. Cuando las elecciones o referéndums mencionados en el apartado anterior se convoquen con posterioridad a la convocatoria de una consulta ciudadana, esta quedará automáticamente sin efecto, y se realizará una convocatoria nueva después del desarrollo de aquellos.
[Bloque 68: #ar-52]
Artículo 52. No vinculación de los poderes públicos al resultado de la consulta.
[Bloque 69: #ar-53]
Artículo 53. Personas legitimadas.
1. Pueden participar en una consulta ciudadana y están, también, legitimadas para firmar un pliego de solicitud de consulta ciudadana sólo las personas inscritas en la subsección pertinente del Registro Único de Participación Ciudadana, relativa a la materia objeto de la consulta, que lo hayan manifestado expresamente dándose de alta, y que sean residentes en el territorio sobre el cual tenga competencia la autoridad convocante.
2. La participación de estas personas en cualquier consulta ciudadana es libre, igual, directa y el voto que emitan es secreto.
[Bloque 70: #ar-54]
Artículo 54. Ámbito de la consulta ciudadana.
[Bloque 71: #se-4]
Sección 2.ª De la iniciativa
Artículo 55. Formas de iniciativa.
Artículo 56. Iniciativa de ámbito autonómico.
b) Por acuerdo de la mayoría simple del Pleno del Parlamento de las Illes Balears.
c) Por acuerdo de la mayoría simple de los plenos de dos de los consejos insulares de las Illes Balears.
d) Por acuerdo de la mayoría simple de los plenarios de las corporaciones municipales que representen un 10% de los ayuntamientos de las Illes Balears.
e) Por iniciativa ciudadana suscrita por un mínimo de 2.400 personas más el 1% de la población que exceda de las 100.000, debidamente identificadas, inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana de la comunidad autónoma.
Artículo 57. Iniciativa de ámbito insular.
b) Por acuerdo de la mayoría simple del Pleno del consejo insular.
c) Por acuerdo de la mayoría simple de los plenarios de las corporaciones municipales que representen, en el caso de Mallorca, un 10% de los ayuntamientos de la isla; y para el caso de las islas de Menorca y Eivissa, por acuerdo de la mayoría simple de los plenarios de dos ayuntamientos de la isla.
d) Por iniciativa ciudadana suscrita por un mínimo de, en el caso de las islas con una población de menos de 100.000 personas, 500 de ellas más el 2% de la población que exceda las 5.000; y, en el caso de las islas con una población de más de 100.000 personas, 2.400 de ellas más el 1% de la ciudadanía que exceda de las 100.000. Todas las personas firmantes tienen que estar debidamente identificadas e inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana de la comunidad autónoma.
Artículo 58. Iniciativa de ámbito municipal.
a) Por convocatoria de la Presidencia del ayuntamiento mediante un decreto de alcaldía.
b) Por acuerdo de la mayoría simple del Pleno del ayuntamiento.
c) Por iniciativa ciudadana suscrita por un número de personas, debidamente identificadas, inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, que representen:
Artículo 59. Iniciativa ciudadana.
1. La consulta por iniciativa ciudadana se inicia mediante un escrito firmado por la persona apoderada por la comisión promotora, debidamente identificada, que contendrá el texto exacto de la pregunta, que debe poder ser respondida con un sí o un no, y la relación de miembros de la comisión promotora, debidamente identificados con todos sus datos personales. La solicitud irá acompañada de los pertinentes apoderamientos de los miembros de la comisión promotora.
2. Las consultas de ámbito autonómico se dirigirán a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears; las de ámbito insular, a la Presidencia del consejo insular; y las de ámbito municipal, a la Presidencia de la corporación municipal. En el caso de Formentera, el escrito se dirigirá a la persona que, a la vez, ostenta la Presidencia del consejo y la Alcaldía del ayuntamiento.
Artículo 60. Comisión promotora para llevar a cabo una consulta por iniciativa ciudadana.
1. La comisión promotora es el instrumento para impulsar un proceso participativo de consulta ciudadana por iniciativa popular, formada por un mínimo de diez personas, mayores de edad, inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, y no privadas de sus derechos políticos.
2. No pueden ser miembros de la comisión promotora las personas que ejerzan cargos electos en el ámbito territorial concreto en que se quiera llevar a cabo la consulta.
4. La comisión promotora queda disuelta de forma automática en el momento en que se formalice la presentación del pliego de firmas.
Artículo 61. Valoración de la solicitud.
1. Son competentes, para el examen de la petición y resolución, en el ámbito autonómico, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, y en los ámbitos insular y municipal, los correspondientes plenarios de las corporaciones.
2. En el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud a que hace referencia el artículo anterior se examinará y se declarará si es admisible o no lo es. Son causas de inadmisión:
a) La falta de competencia en relación con la materia objeto de consulta.
c) La coincidencia con la tramitación de una consulta con el mismo objeto o esencialmente parecida.
d) Que se haya celebrado una consulta por una cuestión igual o parecida en los 24 meses anteriores a la presentación de la nueva propuesta.
e) La no presentación o la presentación fuera de plazo de las enmiendas de las deficiencias.
3. En el supuesto de que la solicitud tenga algún defecto que sea subsanable, se concederá un plazo de un mes a los proponentes para corregir las deficiencias. Se considera defecto subsanable la presentación de una pregunta con una redacción poco clara o comprensible, lo cual, si sucediera, posibilitará la reformulación de la pregunta. En el caso específico de Formentera, en caso de que el defecto consista en una cuestión de competencia, por el hecho de que la consulta trate sobre una materia de competencia insular y el escrito se haya dirigido a la Presidencia del ayuntamiento, o por el hecho de que la consulta trate sobre una materia de competencia municipal y el escrito se haya dirigido a la Presidencia del consejo, este defecto será subsanado de oficio, de tal manera que la decisión sea tomada por el órgano competente en razón de la materia a consultar.
4. La decisión se notificará a la persona que actúe en representación de la comisión, indicando, en caso de admisión, que se puede iniciar el proceso de recogida de firmas. También se pondrá en conocimiento:
a) En caso de consulta de ámbito municipal, a la Secretaría del consejo insular al cual pertenece el municipio y a la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación.
b) En caso de consulta de ámbito insular, a la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación.
c) En caso de consulta de ámbito autonómico, al Pleno del Parlamento de las Illes Balears.
5. El transcurso de un mes desde la presentación de la petición sin que se haya adoptado acuerdo de admisión o inadmisión tiene efectos de admisión. A petición de las personas solicitantes, el secretario o secretaria de la corporación, en los casos municipal e insular, y el secretario general de la consejería competente en materia de participación, en caso autonómico, entregarán un certificado a tal efecto, que se pondrá en conocimiento en la forma establecida en el apartado anterior.
Artículo 62. Formato de los pliegos de recogida de firmas.
f) Rúbrica del firmante.
Artículo 63. Proceso de recogida de firmas.
1. Una vez recibida la notificación de admisión de inicio del proceso de recogida de firmas, la comisión promotora puede iniciar el proceso, que tendrá una duración máxima de cuatro meses, a contar desde la fecha de notificación de la resolución. El plazo previsto para la recogida de firmas es de caducidad.
2. Las firmas serán autenticadas por notario o notaria, por los secretarios o secretarias de las corporaciones insulares o municipales, por las personas en las cuales los anteriores hayan delegado la función, o por fedatarios especiales designados por la comisión promotora.
3. Pueden adquirir la condición de fedatarios especiales las personas que, estando inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, declaren responsablemente dar fe de la autenticidad de las firmas de los signatarios de la propuesta, ante el secretario o secretaria de la corporación municipal, insular o la persona titular de la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación del Gobierno de las Illes Balears, dependiendo del ámbito territorial en que se quiera llevar a cabo la consulta.
4. Para hacer constar la autenticación, se indicarán la fecha y el nombre de la persona fedataria, que estampará la firma. Y si la autenticación es colectiva, pliego por pliego, también se consignará el número de firmas contenidas en el pliego.
5. Una vez que la comisión promotora haya presentado los pliegos, debidamente cumplimentados y con las firmas autenticadas, se realizarán su comprobación y recuento. Si el ámbito de la consulta ciudadana es municipal, estas tareas corresponden a la Secretaría de la corporación. Si es insular corresponden a la Secretaría del consejo. Y si es de ámbito autonómico, a la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación del Gobierno de las Illes Balears.
6. Se declararán no válidas las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta ley y no se computarán.
7. En caso de que se supere el número de firmas válidas establecido en esta ley, el secretario o secretaria tiene que enviar un informe a la Presidencia de la corporación o a la Presidencia del Gobierno con una explicación del proceso y poniendo de relieve que se ha superado el número de firmas válidas, adjuntando el expediente administrativo completo, excepto los pliegos de firmas, que serán destruidos, sin que se pueda conservar ningún tipo de información personal de estos con el objeto de asegurar el secreto y el sentido de la votación.
[Bloque 81: #se-5]
Sección 3.ª De la convocatoria
[Bloque 82: #ar-64]
Artículo 64. Convocatoria de la consulta ciudadana.
1. La convocatoria de una consulta ciudadana, o diversas conjuntamente, corresponde, mediante decreto, a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, del consejo o del ayuntamiento. La convocatoria será acordada previamente por el Consejo de Gobierno o por el pleno del consejo o del ayuntamiento, siempre que las solicitudes cumplan los requisitos establecidos por esta ley y de acuerdo con lo que disponga la normativa específica de ámbito local.
2. La consulta ciudadana será convocada en el plazo de cinco días y se llevará a cabo en un plazo de tres meses, a contar desde la recepción de la petición por parte de la Presidencia o de la validación de las firmas, en caso de iniciativa ciudadana.
3. La celebración de una consulta ciudadana, con una o más cuestiones a responder, se llevará a cabo en domingo o día festivo en el ámbito territorial en el cual se circunscriba, para facilitar la participación y la constitución de las mesas de consulta.
[Bloque 83: #ar-65]
Artículo 65. Contenido del decreto de convocatoria.
a) Los términos exactos de la consulta, que consistirá en una o varias preguntas, redactadas de forma inequívoca, a fin de que las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana puedan expresarse en sentido afirmativo o negativo.
d) La información sobre a quién corresponden las funciones de administración, control y seguimiento del proceso de participación ciudadana, para que se pueda llevar a cabo con las debidas garantías de transparencia, igualdad y respeto de los derechos de toda la ciudadanía.
2. El decreto de convocatoria se publicará en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», como mínimo con dos meses de antelación a la fecha prevista para la votación. Además, se publicará en el web de la institución convocante, y se difundirá a través de los tablones de anuncios de las oficinas de atención al público y a través de todas las redes sociales que, de manera ordinaria, utilice la institución.
[Bloque 84: #ar-66]
Artículo 66. Sistema de administración, control y seguimiento de la consulta y garantías.
1. El sistema de administración, control y seguimiento de la consulta tiene como objetivo asegurar la fiabilidad, la transparencia, la neutralidad y la objetividad del proceso de consulta, así como también el cumplimiento del régimen jurídico que le es aplicable.
2. El sistema está integrado por la autoridad convocante, un consejo de participación regulado en los artículos 89 a 95 de esta ley y las mesas de consulta.
[Bloque 85: #se-6]
Sección 4.ª De las mesas de consulta ciudadana
[Bloque 86: #ar-67]
1. Las mesas de consulta ciudadana son los órganos ante los cuales se efectúa la votación en sus modalidades de votación presencial ordinaria o de votación electrónica presencial.
2. La administración convocante es la responsable de determinar el número de mesas de consulta. La relación de estas se tiene que publicar en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y en el web institucional.
[Bloque 87: #ar-68]
1. Cada mesa de consulta está formada por un presidente o presidenta y dos vocales, designados a través de sorteo público por la dirección general competente en materia de participación ciudadana, de entre las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, y residentes en el municipio donde se tenga que instalar la mesa de consulta.
2. En el mismo sorteo también se eligen y designan un suplente primero, un suplente segundo y un suplente tercero.
3. Los sorteos para designar a los miembros de las mesas de consulta se celebrarán en el plazo máximo de un mes desde la convocatoria.
4. Las designaciones se notificarán, junto con el decreto de convocatoria, a las personas interesadas y al Consejo de Participación para la consulta ciudadana, designado a tal efecto.
5. Las personas escogidas por sorteo como miembros de las mesas de consulta, tanto titulares como suplentes, pueden renunciar a formar parte en el plazo de dos días a contar desde la notificación. La renuncia se comunicará mediante un escrito dirigido a la dirección general competente en materia de participación ciudadana, que, en el plazo de 24 horas, designará a otro miembro, por sorteo público, que pasará a ocupar el lugar de la persona renunciante.
6. En el supuesto de que en el momento de la constitución de la mesa no haya personas suficientes, entre titulares y suplentes, para constituirla, se comunicará la cuestión al Consejo de Participación y este decidirá lo que considere conveniente para que se pueda llevar a cabo la consulta.
7. Los miembros de las mesas tienen derecho a ser indemnizados económicamente por su tarea, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa de desarrollo.
[Bloque 88: #ar-69]
Artículo 69. Funciones de las mesas de consulta.
a) Dar apoyo a las personas participantes para que puedan ejercer adecuadamente el derecho de participación que les reconoce esta ley.
c) Custodiar la lista de personas llamadas a participar, autorizar la emisión del voto y registrar los y las participantes.
d) Hacer públicamente el recuento provisional de las respuestas y hacerlo constar en el acta correspondiente, junto con las incidencias producidas.
f) Las otras funciones que le encomienden el Consejo de Participación y la autoridad convocante.
2. El presidente o presidenta de la mesa de consulta tiene la condición de máxima autoridad pública dentro de su ámbito de actuación.
[Bloque 89: #se-7]
Sección 5.ª De la documentación y los medios para la consulta
Artículo 70. Papeletas y actas de una consulta ciudadana.
1. El Consejo de Participación aprobará con un mes de antelación, como mínimo, el modelo de papeletas, así como el de las actas de las mesas de consulta que dan fe del desarrollo de la jornada.
2. En cualquier caso, en la papeleta figurará impresa la pregunta o preguntas que se formulen. En la papeleta constará también la indicación de los monosílabos «sí» y «no» con una casilla al lado, para que el votante pueda expresar su decisión marcando la casilla que considere oportuna o dejando en blanco el espacio reservado a este efecto.
3. La autoridad convocante es la responsable de la impresión de las papeletas y modelos de acta. También se asegurará la entrega en número suficiente a las mesas de consulta, al menos una hora antes del momento en que se tenga que iniciar la votación.
4. Las papeletas impresas por la autoridad convocante son las únicas válidas para emitir el voto.
Artículo 71. Medios personales, materiales y económicos.
1. La autoridad convocante pondrá a disposición del Consejo de Participación y de las mesas de consulta los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. A este efecto puede solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las otras administraciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
2. Corresponde también a la autoridad convocante hacerse cargo de los gastos necesarios para el desarrollo del proceso y poner a disposición de los miembros del Consejo de Participación los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, siempre de acuerdo con la regulación y los mecanismos de autorización de gastos y de rendición de cuentas que establece la legislación.
3. La autoridad convocante puede fijar en el decreto de convocatoria indemnizaciones económicas para las personas participantes en las mesas y en el Consejo de Participación.
Sección 6.ª De la campaña informativa
Artículo 72. Duración de la campaña de información.
Artículo 73. Espacios y lugares públicos de información.
1. Todos los partidos políticos y, en su caso, los promotores de la consulta tienen derecho a los espacios gratuitos de información.
2. La autoridad convocante, en colaboración con las otras administraciones, reservará lugares gratuitos para la colocación de la información y facilitará locales oficiales o lugares públicos, también gratuitos, para actos de la campaña, que serán comunicados al Consejo de Participación.
3. El Consejo de Participación, en cumplimiento de los principios de pluralismo y de igualdad de oportunidades, distribuirá los espacios y lugares gratuitos de una manera equitativa y procurando atender a las preferencias de los grupos políticos con representación municipal, insular o en el Parlamento –dependiendo del ámbito de la consulta–, y proporcionalmente al número de votos obtenidos por estos. En caso de que la consulta haya sido promovida por iniciativa popular, se tendrán en cuenta, en primer lugar, las preferencias manifestadas por la persona representante de la comisión promotora, a la cual corresponderá el 30% de los espacios y lugares gratuitos para hacer la campaña informativa; y a continuación, las de los grupos políticos, según los criterios señalados anteriormente, a los cuales corresponderá el 70% restante de los espacios y lugares para hacer campaña.
Artículo 74. Campaña institucional.
1. Desde el momento de la convocatoria y hasta la finalización de la campaña de información, la autoridad convocante de la consulta realizará una campaña de carácter institucional con el objeto de informar sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar, los requisitos y trámites del voto anticipado y el texto de la pregunta o preguntas objeto de la consulta, sin que, en ningún caso, se pueda influir sobre la orientación del voto.
2. Durante el periodo de consulta, los medios de comunicación de titularidad pública respetarán los principios de pluralismo político y social, neutralidad e igualdad de oportunidades con respecto a las posiciones defendidas sobre la consulta. Contra las decisiones de los órganos de administración de estos medios se puede recorrer ante el Consejo de Participación.
[Bloque 96: #se-9]
Sección 7.ª De la votación y el escrutinio
Artículo 75. Modalidades de votación.
1. La participación en las consultas ciudadanas se puede llevar a cabo a través de votación telemática o presencial.
2. La votación presencial puede ser de dos tipos: anticipada y ordinaria.
Artículo 76. Voto telemático.
Artículo 77. Voto presencial anticipado.
1. Todas las personas que, estando inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, en la subsección pertinente a la materia objeto de consulta, estén interesadas en participar pueden emitir el voto con carácter presencial anticipado en la Secretaría del ayuntamiento de la residencia habitual del participante. La Secretaría facilitará a la persona interesada la documentación necesaria para emitir el voto. Si la emisión del voto es en papel, quedará custodiado en la Secretaría de la corporación, bajo la responsabilidad de su secretario o secretaria, en la forma que decida, dentro de un sobre cerrado por el mismo elector, hasta el día de la votación. Si el voto es electrónico, la Secretaría facilitará el pertinente aparato de votación.
2. Una vez emitido el voto anticipado, se anotará en la relación de personas participantes.
3. Para emitir el voto presencial anticipado, no es necesaria la alegación de ninguna razón o excusa.
4. El voto presencial anticipado se puede emitir a partir de un mes después de la publicación del decreto de convocatoria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» hasta el segundo día previo al de la votación.
5. Todos los votos emitidos en papel de una manera anticipada, junto con la relación de personas que hayan elegido esta forma de participación, se entregarán a la Presidencia de la mesa de consulta correspondiente, antes del inicio de la votación, para evitar el sufragio duplicado.
Artículo 78. Formas de voto presencial ordinario.
a) Por medios electrónicos, a través de una urna virtual.
b) Depositando una papeleta dentro de una urna física.
Artículo 79. Votación presencial ordinaria por medios electrónicos.
1. De conformidad con esta ley se entiende por voto presencial ordinario por medios electrónicos el voto emitido por un participante en una consulta ciudadana, de una manera presencial y el día previsto para la consulta, a través del dispositivo informático o electrónico situado en el mismo local de consultas y bajo el control y la custodia de la mesa de consulta.
2. Para garantizar el secreto del voto, la mesa identificará al participante, haciendo las anotaciones pertinentes en la documentación de la consulta y, seguidamente, permitirá la emisión del voto a través del dispositivo electrónico, en el cual no constará, en ningún caso, la identificación del participante.
3. La identificación del participante y la emisión del voto son dos procesos totalmente independientes.
4. La mesa no puede hacer constar, en ningún caso, la hora ni el orden en que han acudido a votar los y las participantes.
[Bloque 102: #ar-80]
Artículo 80. Constitución de las mesas de consulta.
1. Los miembros de la mesa de consulta se reunirán a las 9.00 horas del día fijado para la votación en el local correspondiente.
2. Seguidamente, anotarán en la lista de personas con derecho a votar las que lo hayan hecho de una manera anticipada.
3. A las 10.00 horas se iniciará la votación, que se llevará a cabo sin interrupción hasta las 19.00 horas del mismo día.
[Bloque 103: #ar-81]
Artículo 81. Emisión del voto presencial ordinario.
1. El derecho a participar en la consulta ciudadana de una manera presencial se acreditará mediante la exhibición de cualquier documento oficial en el que conste el nombre, los apellidos, el número de DNI, NIF, NIE o pasaporte y una fotografía.
2. Si la persona interesada está incluida en la lista extraída del Registro Único de Participación Ciudadana que consta en la mesa de consulta, o bien si aporta un certificado expedido por la dirección general competente en materia de participación ciudadana acreditativo de estar incluido en este registro en la fecha de la convocatoria, puede emitir el voto.
3. Si la mesa dispone de urna virtual, el participante emitirá el voto en la forma en que esté reglamentariamente determinada. Si la mesa no dispone de urna virtual, el participante emitirá el voto depositando la papeleta dentro de la urna, con uno o –como máximo– dos pliegues y sin sobre, previa autorización del presidente o presidenta de la mesa.
[Bloque 104: #ar-82]
Artículo 82. Cierre de la mesa de consulta.
1. Una vez cerrada la mesa de consulta para el voto presencial, se procesarán los votos emitidos anticipadamente, si han sido emitidos con papeleta. Este acto es público.
2. En caso de que la mesa disponga únicamente de una urna física, para garantizar el secreto del voto anticipado, el presidente o presidenta de la mesa introducirá las papeletas de los votos emitidos anticipadamente y, seguidamente, introducirán el voto, si quieren, los miembros de la mesa. A continuación, se abrirá y se mezclarán los votos que haya depositados y, después, se desplegarán, de una en una, las papeletas que haya.
[Bloque 105: #se-10]
Sección 8.ª Del escrutinio
[Bloque 106: #ar-83]
Artículo 83. Principios que deben regir el escrutinio.
1. Tanto la emisión del voto presencial como la del telemático estarán presididas por los principios siguientes:
a) El de seguridad en la identificación del participante.
b) El de no duplicidad de participación de una misma persona.
2. Sólo se pondrán en marcha los tipos de votación telemática y electrónica si se aseguran los principios indicados anteriormente.
3. El recuento del escrutinio de los votos efectuados por medios electrónicos, sea de forma presencial o telemática, lo llevará a cabo la misma plataforma tecnológica, que garantizará, en el diseño y en la implementación, la veracidad de los recuentos de manera fiable e inequívoca.
[Bloque 107: #ar-84]
Artículo 84. Validez de las papeletas.
c) Que lleven preimpresa la respuesta del sí o del no.
d) Que tengan alguna anotación diferente a la marca que determine el sentido del voto.
[Bloque 108: #ar-85]
Artículo 85. Escrutinio provisional.
[Bloque 109: #ar-86]
Artículo 86. Información de los resultados provisionales.
1. La autoridad convocante, una vez cerradas las mesas de consulta, tan pronto como sea posible, informará del resultado de la votación telemática, como mínimo a través del web institucional.
2. A medida que vayan llegando los resultados provisionales de voto presencial desde las distintas mesas de consulta, se irá también informando a través del web institucional, como mínimo.
[Bloque 110: #ar-87]
Artículo 87. Escrutinio definitivo.
1. El Consejo de Participación es el encargado de llevar a cabo el recuento definitivo. Este tendrá lugar en un acto público, al día siguiente de haber finalizado el escrutinio provisional. En primer lugar, se contabilizarán los votos presenciales y se revisarán las actas y los sobres cerrados con las papeletas de cada mesa. En segundo lugar, se accederá a la plataforma tecnológica de participación ciudadana para contabilizar los votos telemáticos.
2. Al día siguiente, los partidos políticos y, en su caso, la comisión promotora de la consulta pueden formular reclamaciones contra este escrutinio definitivo ante el Consejo de Participación, que resolverá sobre estas en el plazo de 72 horas.
[Bloque 111: #ar-88]
Artículo 88. Escrutinio final y proclamación del resultado.
1. Una vez resueltas las eventuales reclamaciones planteadas, el Consejo de Participación llevará a cabo la proclamación del recuento final con el resultado de la consulta, y remitirá una copia del acta de proclamación a la autoridad convocante para que tome conocimiento, ordene su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y la haga pública, también, a través de todas las redes sociales que habitualmente utilice la autoridad convocante, a través del web institucional, en todos los tablones de anuncios de todas las oficinas de la autoridad convocante, así como mediante cualquier otra forma que esta considere oportuna.
2. Después de haber proclamado el resultado, se destruirán de una manera segura y respetuosa con el medio ambiente y con la normativa de protección de datos todas las papeletas de votos y los archivos de datos que contengan los votos electrónicos y telemáticos, para que nunca, y en ningún caso, puedan volver a ser revisados, y se procesará y archivará, de la manera que reglamentariamente se determine, la documentación generada en la consulta ciudadana.
[Bloque 113: #ar-89]
Artículo 89. Definición.
[Bloque 114: #ar-90]
Artículo 90. Composición.
1. El Consejo de Participación está compuesto por cinco miembros que son elegidos mediante un sorteo por la dirección general competente en materia de participación ciudadana, de entre las personas inscritas en la subsección pertinente del Registro Único de Participación Ciudadana, relativa a la materia objeto de la consulta, y, al mismo tiempo, en la sección del Consejo de Participación, residentes en el ámbito territorial de la consulta.
2. La elección de los miembros del Consejo de Participación se llevará a cabo al día siguiente al de la publicación del decreto de la convocatoria de la consulta ciudadana.
3. Su mandato se corresponde con la duración del proceso de la consulta. Sus tareas se inician en el momento en que son nombrados y finalizan una vez que han proclamado el recuento final.
4. A través del web institucional de la autoridad convocante de la consulta se hará pública la composición del Consejo de Participación, con identificación de sus miembros.
[Bloque 115: #ar-91]
[Bloque 116: #ar-92]
b) Dictar instrucciones y criterios interpretativos, públicos, para las mesas de consulta.
c) Supervisar las actuaciones de la administración de apoyo del órgano convocante con respecto a la lista de personas llamadas a participar y a la utilización de medios electrónicos.
d) Nombrar delegados y delegadas, a propuesta de las asociaciones, las organizaciones y los partidos políticos interesados, para que estén presentes en los actos de constitución de las mesas de consulta, en la votación y en los recuentos provisional y final.
e) Hacer las operaciones de recuento final, levantar acta de proclamación de resultados que le corresponden e informar a la autoridad convocante.
[Bloque 117: #ar-93]
Artículo 93. Constitución del Consejo de Participación.
1. La dirección general competente en materia de participación ciudadana comunicará a las personas que hayan resultado elegidas para formar parte del Consejo de Participación el resultado de la elección, para que, en los cinco días hábiles siguientes, se reúnan en sesión constitutiva. Esta comunicación incluirá:
a) Toda la información necesaria en relación con cuáles son las tareas que les corresponden y cuáles son sus competencias.
b) La documentación y normativa necesarias por poder llevar a cabo su función.
c) La indemnización que les corresponde de acuerdo con el decreto de convocatoria.
2. La tarea del Consejo de Participación se inicia en el momento de la sesión constitutiva, en la cual designará, por mayoría simple, a la persona que tiene que ejercer la Presidencia y a la que tiene que ejercer la Secretaría. En caso de que no haya acuerdo, la Presidencia corresponde a la persona de más edad y la Secretaría a la de menos edad.
[Bloque 118: #ar-94]
Artículo 94. Resolución de las cuestiones que se vayan planteando durante el proceso de la consulta ciudadana.
1. El Consejo de Participación es competente para resolver las cuestiones que se vayan planteando en relación con el proceso de la consulta ciudadana. Para cada una de las cuestiones se abrirá un expediente, numerado por orden de entrada, en el que se archivarán la consulta presentada, que en el caso de haberse planteado de manera oral se transcribirá, los documentos aportados y la decisión fundamentada que finalmente se adopte.
2. Las decisiones se comunicarán el mismo día a la persona interesada y a la autoridad convocante de la consulta.
3. Las decisiones del Consejo se toman por mayoría simple de los miembros que lo componen. En caso de empate, porque en la sesión haya faltado alguno de sus miembros, el voto del presidente o presidenta es de calidad, de manera que tendrá la capacidad de deshacer el empate.
[Bloque 119: #ar-95]
Artículo 95. Informe final.
1. Una vez acabado el proceso participativo de consulta ciudadana y acabadas las tareas encomendadas al Consejo de Participación, sus miembros elaborarán un informe en el cual describirán de una manera sucinta la tarea desarrollada, así como las incidencias a que han tenido que hacer frente. Si lo consideran oportuno, también pueden sugerir a la autoridad convocante propuestas para la mejora del sistema para futuras consultas.
2. El informe se hará público en el web institucional de la administración convocante de la consulta.
[Bloque 121: #ar-96]
1. La audiencia pública ciudadana es el instrumento de participación por medio del cual la autoridad y la ciudadanía debaten de una manera pública, previa convocatoria, los temas de interés general que, debidamente propuestos y después de seguir los trámites que regulan los artículos siguientes, hayan sido elegidos por las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.
2. Se pueden proponer audiencias públicas al presidente o presidenta de la comunidad autónoma, al presidente o presidenta de cualquiera de los consejos insulares y a los alcaldes o alcaldesas de los ayuntamientos de las Illes Balears.
[Bloque 122: #ar-97]
Artículo 97. Solicitud de la audiencia pública ciudadana.
1. El proceso de audiencia pública ciudadana se iniciará a solicitud de cualquier persona o entidad ciudadana inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.
2. La petición de audiencia pública ciudadana hará mención del asunto a tratar con una breve explicación de la cuestión.
3. En los webs del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos insulares y de los ayuntamientos habrá un espacio específico, visible para terceros, para dirigir la petición.
[Bloque 123: #ar-98]
1. En el plazo de siete días hábiles, la administración valorará si el objeto de la solicitud es competencia de la institución que ha recibido la petición.
2. En caso de que se entienda que la petición está dirigida a la autoridad competente, se publicará en el web pertinente, para que las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana puedan expresar su apoyo.
3. En el supuesto de que se reciban varias peticiones de personas diferentes que coincidan en el objeto o que este sea parecido, la autoridad las publicará de manera conjunta, a fin de que el apoyo que reciban sea de manera conjunta, y no se divida indebidamente el voto.
4. Si la materia objeto de la solicitud no es competencia de la autoridad a la cual se dirige el escrito, esta comunicará tal circunstancia, en el plazo de siete días hábiles, a la persona solicitante, y remitirá, en el mismo plazo, la solicitud a la autoridad competente, la cual, una vez recibida la comunicación, actuará de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior.
[Bloque 124: #ar-99]
Artículo 99. Convocatoria de audiencia pública ciudadana.
1. Cada autoridad competente convocará, como mínimo, dos audiencias públicas al año, con el objeto de debatir, al menos, las tres propuestas que hayan recibido más apoyo ciudadano. En el caso de Formentera, la persona que ostente, al mismo tiempo, la Presidencia del consejo y la Alcaldía del municipio podrá decidir si celebrar, de manera conjunta o separada, con convocatoria independiente, las audiencias públicas relativas a la materia de competencia insular y las que son materia de competencia municipal.
2. Se comunicarán personalmente a la persona solicitante, por escrito y, siempre que sea posible, por vía telemática, la convocatoria, el día, la hora y el lugar de la realización de la audiencia.
3. En caso de que corresponda llevar a cabo una audiencia pública de una cuestión sobre la cual se habían recibido varias propuestas, la comunicación a la que se refiere el apartado anterior se realizará a todos los proponentes y la audiencia pública ciudadana se celebrará de manera conjunta, con todas las propuestas coincidentes.
4. En el web de la autoridad convocante se publicarán las convocatorias de audiencia ciudadana con indicación sucinta de los temas a tratar.
[Bloque 125: #ar-100]
Artículo 100. Desarrollo de la audiencia pública ciudadana.
1. La audiencia pública se llevará a cabo de manera oral y en una sola jornada.
2. La autoridad convocante, después de haber escuchado los planteamientos y las peticiones de las personas asistentes a la audiencia, debe exponer:
a) Si tomará o no en consideración el asunto tratado.
b) En caso de que no lo tome en consideración o que lo tenga presente en un futuro, la cuestión quedará cerrada sin más trámites.
c) En caso de que la autoridad convocante decida tomarlo en consideración, en el mismo acto indicará:
3. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, la autoridad convocante, si así lo considera oportuno, instrumentará lo necesario para resolver de una manera inmediata el asunto planteado. Con la misma finalidad, en la misma audiencia pública ciudadana se designará el órgano responsable para impulsar la ejecución de las acciones decididas, de acuerdo con sus atribuciones.
[Bloque 126: #ar-101]
Artículo 101. Actas de las audiencias públicas ciudadanas.
1. De cada audiencia pública, se extenderá un acta, donde consten el desarrollo de toda la sesión así como las propuestas o los compromisos adoptados por la autoridad.
2. Estas actas se publicarán en el web institucional en el plazo máximo de siete días.
3. Siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios, las sesiones se grabarán y se publicarán en el mismo web.
[Bloque 127: #cv-2]
[Bloque 128: #ar-102]
1. Los foros de participación ciudadana son los espacios de discusión y análisis formados, a instancia de la autoridad convocante, por personas físicas, que pueden actuar en nombre propio o como representantes de entidades ciudadanas, con la función de obtener opiniones, propuestas o críticas en relación con los temas que resulten objeto de debate, así como analizar y evaluar el resultado de una actuación pública concreta ya ejecutada o llevada a cabo por la administración convocante.
2. Los foros pueden ser abiertos a todas las personas y entidades inscritas en la sección pertinente del Registro de Participación Ciudadana o estar dirigidos, en razón de su objeto o ámbito territorial, a un determinado o a unos determinados colectivos de personas, también inscritas en la subsección pertinente del Registro.
[Bloque 129: #ar-103]
Artículo 103. Objeto y finalidades.
a) En relación con una propuesta de iniciativa de actuación o política pública, así como de cualquier otro tema de interés público, deliberar sobre su idoneidad, valorar los efectos que podría tener y prever sus resultados.
b) En relación con una política pública concreta que se lleva a cabo, hacer su seguimiento y proponer medidas para mejorarla.
c) En relación con un problema concreto, debatir sobre este y proponer soluciones o fórmulas para minimizarlo.
d) En relación con una iniciativa pública ya llevada a cabo, analizar y evaluar el resultado, proponiendo, en su caso, alternativa de mejora o cambio.
[Bloque 130: #ar-104]
Artículo 104. Composición.
1. Los foros de participación ciudadana están compuestos por cinco, siete o nueve personas, que actúan en nombre propio o en representación de entidades ciudadanas que forman parte del sector o colectivo directamente afectados por la iniciativa o política pública, seleccionadas por sorteo por la dirección general competente en materia de participación ciudadana.
3. Tanto las personas físicas, individualmente consideradas, como las entidades ciudadanas, para poder participar en estos foros, tienen que estar inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, sección de los foros de participación ciudadana, igual que las personas que las entidades envíen al foro en su representación.
4. El órgano convocante, de oficio o a petición de la mayoría de los miembros del foro, puede invitar a participar a personas expertas en la materia para que aporten sus conocimientos y enriquezcan el debate. No se requiere que estas personas estén inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.
5. La convocatoria de los foros dirigidos a colectivos específicos determinará con precisión el colectivo o colectivos llamados a participar y se velará especialmente por la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, tanto en la selección de los colectivos llamados en función del objeto del proceso como en los mismos colectivos.
[Bloque 131: #ar-105]
Artículo 105. Organización de los foros de participación ciudadana.
a) Trámites de inicio del procedimiento.
b) Selección de los miembros del foro ciudadano.
d) Aportación de propuestas.
e) Deliberación, valoración de las propuestas e informe.
[Bloque 132: #ar-106]
Artículo 106. Trámites de inicio del procedimiento.
[Bloque 133: #ar-107]
Artículo 107. Selección de los miembros del foro de participación ciudadana.
[Bloque 134: #ar-108]
Artículo 108. Contenido de la convocatoria.
1. La convocatoria del foro ciudadano incluirá toda la información necesaria en relación con:
b) Los objetivos del proceso, que especificarán claramente cuál es la actuación pública que se somete a la consideración ciudadana, y estará acompañada de la documentación necesaria para analizarla y valorarla.
c) Las diversas alternativas que plantea la institución convocante, si procede.
d) La documentación y la información necesarias para poder formarse una opinión.
g) Concretar las formas de difusión pública de la convocatoria.
h) La indemnización que deban percibir los y las participantes en el foro, en la forma que se establezca en el decreto de convocatoria.
2. La convocatoria y la información a que hace referencia el apartado anterior se comunicarán, en primer lugar, a las personas y al colectivo o colectivos invitados a participar, preferentemente por vía telemática. Simultáneamente, se difundirán públicamente de una manera clara y fácilmente inteligible y serán también accesibles por medio del web institucional correspondiente y, en su caso, del portal de participación de la administración autonómica, sin perjuicio de hacer difusión a través de otros medios.
[Bloque 135: #ar-109]
Artículo 109. Aportación de propuestas.
[Bloque 136: #ar-110]
Artículo 110. Fase de debate y valoración de las propuestas.
1. La administración competente convocará a los miembros elegidos para formar el foro de participación ciudadana para que, en el plazo que considere oportuno, inicien el debate sobre la cuestión, teniendo en cuenta toda la información que se les haya puesto al alcance y toda la que, por cuenta propia o con ayuda de terceros, hayan recopilado. Con esta finalidad, el foro podrá solicitar informes o documentación relativa a la actuación pública que se analice en el órgano que corresponda.
2. Una vez acabada la fase de debate, los miembros del foro emitirán un informe en el que describirán el proceso y sus fases, las relacionarán y explicarán de una manera breve cada una de las iniciativas y propuestas, las distintas visiones y opiniones de los miembros, se valorarán las propuestas y se concretarán cuáles de estas consideran oportuno tomar en consideración y son elegidas, así como la manera como se tendría que concretar la actuación de la administración; y en caso de tratarse de una actuación pública ya llevada a cabo, la conclusión o las conclusiones alcanzadas y las alternativas que se proponen. Respecto a cada decisión, se indicará si ha tenido el apoyo mayoritario o por unanimidad de los miembros del foro.
3. El informe, que en ningún caso será vinculante para la autoridad convocante, se hará público en el web institucional de la administración convocante y en el portal de participación de la administración autonómica, sin perjuicio de la difusión que se pueda hacer a través de otros medios.
[Bloque 137: #cv-3]
[Bloque 138: #ar-111]
[Bloque 139: #ar-112]
Artículo 112. Objeto y finalidad.
[Bloque 140: #ar-113]
Artículo 113. Inicio del proceso.
1. Cuando la autoridad municipal o insular establezca que una parte de su presupuesto tiene que ser decidida a través de un proceso participativo, fijará, en relación con los recursos propios, qué partida o partidas se destinarán a presupuestos participativos y concretará la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales la ciudadanía puede hacer propuestas y decidir el destino de estas partidas.
2. El Gobierno de las Illes Balears destinará a presupuestos participativos una parte de los recursos propios estableciendo la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales la ciudadanía puede hacer propuestas y decidir el destino de estas partidas para los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año siguiente.
3. La resolución que determine los apartados anteriores también indicará los plazos de cada una de las fases que se relacionan en los artículos siguientes, a fin de que sea posible su incorporación a los presupuestos del año siguiente.
[Bloque 141: #ar-114]
Artículo 114. Información del proceso de presupuestos participativos.
1. Todas las consejerías del Gobierno de las Illes Balears, así como los ayuntamientos y consejos que hayan decidido permitir a la ciudadanía participar en la elaboración de los presupuestos anuales, informarán a todas las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana sobre qué partida o partidas se destinarán a presupuestos participativos y concretarán la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales pueden hacer propuestas y presentar proyectos y los plazos para presentarlos.
2. En los ámbitos insular y municipal, estas informaciones se harán públicas en los webs institucionales respectivos. La información de las consejerías se hará pública a través del portal de participación del Gobierno de las Illes Balears.
[Bloque 142: #ar-115]
Artículo 115. Presentación y contenido de las propuestas o proyectos.
1. Las propuestas o proyectos se presentarán en todo caso a través de cualquiera de las personas o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.
a) Una presentación de la propuesta o proyecto que indique la partida presupuestaria a que pertenece y que explique su utilidad pública y los beneficios que puede obtener la ciudadanía o que razone la necesidad de que se lleve a cabo la actuación concreta que se propone.
b) La información de si se pretende que la propuesta la lleve a cabo personal de la misma administración o si se prevé que se tenga que hacer una contratación para llevarla a cabo.
c) La cuantificación del gasto que puede implicar la propuesta o proyecto.
[Bloque 143: #ar-116]
Artículo 116. Valoración de las propuestas o los proyectos y publicación.
1. Las propuestas o los proyectos presentados serán sometidos a un control inicial por parte de la autoridad competente, consistente en determinar si se ajustan a los requisitos de la convocatoria de presupuestos participativos. Quedan automáticamente excluidos:
a) Los que no cumplan alguno de los requisitos referidos en el artículo anterior.
b) Si la cuantía prevista para la ejecución supera la de la misma convocatoria.
c) Si ya está previsto en los presupuestos en la parte que no corresponde a participación ciudadana.
2. La autoridad competente unificará las propuestas o proyectos que sean esencialmente parecidos, de manera que sólo aparezca un proyecto o una propuesta para ser votado.
3. Las propuestas o los proyectos que cumplan los requisitos legalmente establecidos se publicarán en el portal de participación ciudadana de la autoridad correspondiente.
[Bloque 144: #ar-117]
Artículo 117. Votación de los proyectos y las propuestas publicados.
1. En relación con los presupuestos participativos en los ámbitos municipal e insular, pueden votar los proyectos o las propuestas todas las personas físicas empadronadas en el municipio o en la isla y entidades que estén inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana y que tengan fijado el domicilio habitual en el municipio y la isla en cuestión.
2. En relación con los presupuestos participativos en el ámbito autonómico, pueden votar a favor de los proyectos o las propuestas todas las personas y entidades inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.
3. La autoridad competente determinará, en la convocatoria, si se permite el voto múltiple a favor de más de un proyecto o si sólo es posible votar a favor de un proyecto.
[Bloque 145: #ar-118]
Artículo 118. Publicación de los resultados de la votación.
[Bloque 146: #ar-119]
Artículo 119. Capacitación.
[Bloque 147: #da]
Disposición adicional primera. Régimen singular de Formentera.
[Bloque 148: #da-2]
Disposición adicional segunda. Fomento para la inscripción en el Registro Único de Participación Ciudadana.
[Bloque 149: #da-3]
Disposición adicional tercera. Plataforma tecnológica de participación ciudadana.
[Bloque 150: #da-4]
[Bloque 151: #da-5]
Disposición adicional quinta. Impacto social de la ley.
[Bloque 152: #da-6]
Disposición adicional sexta. Memoria económica.
[Bloque 153: #da-7]
Disposición adicional séptima. Aplicabilidad de la ley.
[Bloque 154: #da-8]
Disposición adicional octava. Observatorio de la Participación Ciudadana de las Illes Balears.
1. El Gobierno de la comunidad autónoma creará el Observatorio de la Participación Ciudadana de las Illes Balears, que tendrá formato electrónico, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.
a) Visualizar y poner en valor las actuaciones y los instrumentos de participación contemplados en la presente ley.
b) Profundizar en el concepto de participación ciudadana a través de la reflexión, el análisis y la promoción de proyectos.
c) Promover la creación de mecanismos y sistemas de evaluación en beneficio de una excelencia en la gestión.
2. Su contenido mínimo –que deberá actualizarse permanentemente– será el siguiente:
a) La recopilación de información sobre todos los referéndums y procesos participativos que se desarrollen en aplicación de la ley.
b) La recopilación de información legal sobre participación ciudadana, de naturaleza normativa, jurisprudencial o doctrinal, de ámbito estatal, autonómico o local.
c) Bibliografía sobre participación ciudadana.
d) Directorio de páginas web sobre participación ciudadana.
e) Directorio de audiovisuales sobre participación ciudadana.
f) Recopilación de otras experiencias de democracia participativa en el Estado español o en el ámbito internacional.
g) Buenas prácticas en materia de participación.
h) Noticias de actualidad sobre participación ciudadana, entrevistas, artículos, etc.
[Bloque 155: #dt]
Disposición transitoria primera. Suspensión de la participación electrónica y telemática.
[Bloque 156: #dt-2]
Disposición transitoria segunda. Acceso a los datos del Registro de Población.
[Bloque 157: #dt-3]
Disposición transitoria tercera. Acceso a los datos del padrón municipal.
[Bloque 158: #dd]
[Bloque 159: #df]
[Bloque 160: #fi]