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Timestamp: 2020-08-05 05:00:47
Document Index: 243425093

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 49', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 30', 'artículo 30']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 205, de 22/02/2005
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 205
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CISCAR CASABÁN
celebrada el martes, 22 de febrero de 2005
Comparecencia del señor presidente del Consejo Económico y Social (Montalvo Correa) para presentar el informe de dicho organismo sobre la situación de las personas con discapacidad en España. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000024.) ... (Página 2)
- Para hacer efectiva la exención de tasas para estudiantes con discapacidad en la enseñanza universitaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000106.) ... (Página 14)
- Sobre medidas para impulsar en España el turismo accesible a todos y aprobar un plan nacional de accesibilidad turística. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000107.) ... (Página 15)
- Sobre la eliminación inmediata de barreras arquitectónicas en la oficina de Correos y Telégrafos de Sueca (Valencia), requerida desde el año 1995 por la Asociación de minusválidos físicos y psíquicos de Sueca y Comarca (Amisuco). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000313.) ... (Página 18)
- Para hacer accesibles las oficinas de Correos a los minusválidos con movilidad reducida. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000372.) ... (Página 18)
- Relativa a la aprobación de un plan de accesibilidad cultural.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000473.) ... (Página 20)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (MONTALVO CORREA) PARA PRESENTAR EL INFORME DE DICHO ORGANISMO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA­PACIDAD EN ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVÈRGENCIA I UNIÓ. (Número de expediente 212/000024.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión.
Como bien conocen está, en primer lugar, la comparecencia del señor presidente del Consejo Económico y Social, para presentar el informe de dicho organismo sobre la situación de las personas con discapacidad en España y, a continuación, vamos a tratar, debatir y votar las proposiciones no de ley que ven reflejadas en esta propuesta de orden del día. Las votaciones se producirán en torno a las doce y cuarenta y cinco.
Hasta las doce y cuarenta y cinco vamos a estar en el debate, con la comparecencia y posterior debate de las proposiciones.
Para dar comienzo al primer punto del orden del día, tiene la palabra el presidente del Consejo Económico y Social, a quien doy la bienvenida a esta Comisión de Discapacidad, en la que va a presentar el informe que el citado organismo ha elaborado con relación a la discapacidad. Tiene, por tanto, la palabra don Jaime Montalvo, presidente del Consejo Económico y Social.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Montalvo Correa): Señoras y señores diputados, como representante del Consejo Económico y Social de España, comparezco con enorme satisfacción ante esta Comisión especial para analizar el informe que recientemente aprobara el Consejo Económico y Social, que tiene que ver directamente con la situación del empleo de las personas con discapacidad y, añade el título, propuestas para su reactivación. Yo creo que el título, en sí mismo, es extraordinariamente expresivo. En todo caso, en primer lugar, me gustaría agradecer a esta Comisión darme ocasión de comparecer ante ustedes, darme ocasión de volver a ver a queridas amigas y queridos amigos de tantos años en esta Comisión que, sin duda, expresa la sensibilidad de nuestro Parlamento hacia la situación de un importante colectivo de ciudadanos y ciudadanas españoles que están afectos de algún tipo de discapacidad, sensibilidad que se manifestó desde los primeros momentos de nuestro régimen democrático, desde aquella Comisión especial que elaboró la proposición de ley que está en la base de la Lismi de comienzos de 1982.
De manera que a esa sensibilidad del Parlamento, en la cual me siento entusiásticamente representado, quiere sumarse la particular percepción que tiene el Consejo Económico y Social, como órgano en el que están presentes las organizaciones sindicales, empresariales y de otros grupos de la sociedad civil más representativas de nuestro país.
El Consejo, al poco tiempo de su creación, en el año 1995, realizó un informe sobre esta importante cuestión bajo el título: La situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación, que exploraba en profundidad la integración laboral de los discapacitados. La idea central era que el elemento fundamental de integración social es, precisamente, la integración laboral de este importante colectivo. En el informe hicimos un análisis exhaustivo y cuantitativo sobre la participación en el mercado de trabajo y analizamos las medidas legislativas que se habían tomado al respecto. Este informe ya puso de manifiesto que en este grupo de población existen graves problemas de integración laboral y presentamos algunas propuestas para eliminar las barreras que tenían que ver con el acceso al empleo. Hace casi 10 años, en un estudio que tuve ocasión de realizar sobre los discapacitados y el derecho del trabajo, decía que si, desde el
punto de vista estrictamente prestacional, nuestro progreso, sobre todo en los últimos años ha sido apreciable, no tanto puede decirse desde la, sin duda, más difícil perspectiva, más activa, de la ocupación y el empleo, desde la inserción social, en definitiva, de las personas discapacitadas, en la convicción, que antes señalaba, de que la inserción laboral es el componente más determinante de las políticas de inserción social. En todo caso, transcurridos varios años, y sin perjuicio de manifestaciones repetidas con respecto al tema de la discapacidad, contenidas tanto en las memorias que anualmente -como saben sus señorías- realiza el Consejo Económico y Social como en algunos informes y dictámenes sobre los planes de empleo del Reino de España y otros documentos remitidos por el Gobierno, el Consejo había tenido ocasión de manifestarse sobre la discapacidad después del año 1995. En todo caso, en el año 2003 se decidió, coincidiendo con la proclamación de ese año como Año europeo de la discapacidad, que el Consejo hiciera una revisión de aquel informe que había hecho ocho años antes para poder cotejar cuáles eran los progresos y si íbamos encaminados en buena dirección. El Consejo, a este respecto, celebró a través de su comisión correspondiente los debates y fue aprobado por el pleno -afortunadamente hicimos el esfuerzo de llegar en el año- el 17 de diciembre del año 2003.
Este nuevo informe, cuyos resultados fundamentales vengo a exponer ante sus señorías, da continuidad a trabajos previos, actualiza los informes y adopta o pretende adoptar un análisis más plural al abordar el problema de la integración social de los discapacitados en varias de sus dimensiones y no exclusivamente en la laboral, como el informe de 1995.
No obstante, conviene señalar que el informe se limita a analizar las políticas enmarcadas en el ámbito competencial del Consejo, es decir, económico, social o laboral, y no en otros aspectos tan fundamentales como pueden ser los ámbitos familiares o los ámbitos que tienen que ver con cuestiones relacionadas con el estado civil, etcétera. Mediante la elaboración de este nuevo informe, el Consejo pretende, en última instancia, contribuir a la creación de un marco de inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad en nuestro país. Por ello, la presentación de sus resultados ante esta Comisión entendemos que puede ser de gran relevancia para las organizaciones representadas en el Consejo, relevancia que, evidentemente, viene vinculada a la significación de la Comisión ante la que tengo el honor de comparecer.
El informe se divide en cuatro partes. La primera es una parte sobre todo informativa, diagnostica la situación sociodemográfica de la población discapacitada en nuestro país, con un elemento que, yo creo, es importante, que es la existencia de esa nueva y relevante base de datos que es la encuesta sobre deficiencias, discapacidad y estado de salud que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística en el año 1999, el conocido como EDES. La segunda parte del informe analiza políticas de integración en el ámbito sanitario, en el educativo, en el laboral y en el de acceso a prestaciones económicas y prestaciones de servicios sociales. La tercera parte del informe aborda otras políticas de integración, muy relevantes, que tienen que ver con la accesibilidad, con la política fiscal de apoyo a las personas discapacitadas y de protección a las familias que tienen en su seno situaciones de discapacidad. La cuarta parte del informe, y última, da cuenta del grado de participación de la sociedad, del movimiento asociativo y de las organizaciones sociales en la elaboración de políticas dirigidas a la población discapacitada. Finalmente, se ofrecen una serie de conclusiones y propuestas que, también sintéticamente, mencionaré.
Me van a permitir sus señorías que con relación a este perfil, a ese análisis socio-demográfico, haga simplemente algunas consideraciones. En primer lugar, estamos ante un tema complejo, complejo por la identificación de la situación, por la definición de qué es o qué no es discapacidad. Todos recordamos el esfuerzo que hizo la Lismi, creo recordar que en su artículo 7, para definir lo que era situación de discapacidad, vinculada a una serie de circunstancias que tenían que ver con la dificultad para relacionarse con normalidad y llevar a cabo procesos de integración con esa normalidad. Pero al mismo tiempo, el informe señala que, además de la complejidad de la definición del colectivo, en todo caso es un tema de enorme relevancia social. En España, aproximadamente tres millones y medio de personas pueden ser identificados como personas con discapacidad, es decir, aproximadamente un 9 por ciento de la población. Y es curioso porque en el informe nuestro del año 1995 los números eran mucho más altos, era casi un 15 por ciento de la población. Evidentemente eso tiene que ver, en definitiva, con la identificación, desde el punto de vista estadístico, de que estábamos en algunos casos -en el caso del informe de 1995, porque eran los datos estadísticos de que se disponía-, por ejemplo, sumando discapacidades en una misma persona y, en todo caso, identificando situaciones que en este momento no se tienen en cuenta en la medida en que a través de procedimientos normales, no particularmente costosos, permiten que esa discapacidad no conlleve limitaciones de ningún orden.
En todo caso, lo que sí es importante es que este es un fenómeno que, desde el punto de vista cuantitativo, puede y debe ir a más, sobre todo si tenemos en cuenta que casi dos tercios de nuestros discapacitados son personas mayores de 65 años. En consecuencia, el incremento de la expectativa de vida, la mejora de la medicina, está favoreciendo muchísimo la prolongación de la vida y puede que, en ciertos aspectos, la calidad de vida. Pero, en todo caso, al prolongarse muchísimo la vida de las personas, evidentemente se incrementan las personas afectadas de algún tipo de discapacidad. Bien es verdad que la cuestión es diferente, si hablamos desde la estricta inserción laboral, porque entonces
estaríamos hablando de personas en segmentos de edad distintos. Fíjense que, por ejemplo, de estos tres millones y medio, el número es sustancialmente más numeroso entre mujeres y es un dato que tiene que ver, casi con toda seguridad, con la mayor longevidad. Por ejemplo, hasta 29 años apenas hay 300.000 discapacitados y de esos discapacitados hay bastantes más hombres que mujeres -hasta 29 años-. Es decir, en las edades más jóvenes es evidente que los varones tenemos más fragilidad o más posibilidad de acceder a estas situaciones. Pero, sin embargo, hasta 49 años tenemos casi 800.000 discapacitados -es un número importante- y ya hay un número mayor de mujeres. Todavía estamos en la franja de hasta 49 años, y ya se empieza a ver que se equilibra, pero ya empieza a haber más de mujeres. Y ya no digamos nada de 80 años -a partir, sobre todo de los 50 años-, en que el número de discapacitados mujeres es incomparablemente mayor. También, en esta estadística EDES, se diferencia por la severidad de las incapacidades, en cuatro posiciones: sin ninguna dificultad, con dificultad moderada, con dificultad grave y con imposibilidad de realizar actividad. La verdad, y ese es un dato importante y negativo, de los tres millones y medio casi un millón y medio tiene una ­dificultad grave o imposibilidad de realizar alguna ­actividad.
Hay otro dato importante, que tiene que ver con la causa de la deficiencia. Fíjense, en la vinculación con el tema de la edad, que las discapacidades osteoarticulares suponen más de 1.250.000 y luego las sensoriales, que son importantes, tanto las que tienen que ver con la vista, como con el oído, prácticamente las dos son ochocientas y pico mil personas. Pero con un dato que es importante: la ceguera total, de los 840.000 que hay de discapacidades que afectan a la visión, afecta a 48.000. Y lo mismo la sordera total, afecta a un número relativamente poco importante de las también 830.000 personas afectadas de defectos graves de audición. Hay deficiencias mentales, que son quinientos y pico mil, y un colectivo muy relevante de tetrapléjicos y parapléjicos que suponen unas 30.000 personas. No hace falta decir, sobre todo con relación a esta discapacidad y a otras, que algunas están vinculadas también, no sólo a la mayor edad, sino a problemas de la mayor accidentabilidad que con frecuencia existe en nuestros países que asumen más riesgos, de manera que muchos de los casos de tetraplejias y paraplejias tienen que ver con estos supuestos. También el informe pone de manifiesto que la discapacidad es mayor en el medio rural. Es decir, el porcentaje de discapacitados en el medio rural es más elevado que el porcentaje, por mil personas, en el medio urbano y, evidentemente, la discapacidad se concentra más entre personas con rentas más bajas.
En definitiva, lo que es evidente es que cuatro de cada diez personas afectadas de discapacidad precisan de algún apoyo familiar o de otra persona. Nosotros, durante mucho tiempo -y ese es un gran debate que está abierto en España, mucho más genérico, que afecta a este colectivo y a otros, que es el gran debate de la dependencia, gran asignatura pendiente de nuestro Estado del bienestar y de cualquier Estado del bienestar que se precie- estamos hablando permanentemente de que tenemos la gran suerte, la gran casi bendición, de que tenemos las familias como gran soporte de estas situaciones de dependencia, en este caso de discapacidad. Y eso yo creo que, efectivamente, tiene una dimensión positiva, pero una que no debemos escamotear, que no debemos ocultar es que, cuando estamos hablando de familias, si fuéramos más precisos, estaríamos hablando de mujeres, que mayoritariamente están atendiendo esta situación. No hablo ya de los mayores, los padres, los suegros, la vía política funciona intensamente en esta dirección también, pero algo parecido ocurre en la atención familiar, entre comillas, a las personas con discapacidad. Yo creo que este es un dato importante porque, en definitiva, significa que las políticas de atención a la dependencia tienen dos fundamentos: primero la adecuada atención de personas que necesitan de determinadas prestaciones sociales pero, además, la adecuada liberación de un colectivo muy importante, como son las mujeres, de la obligación social de desarrollar determinadas cargas, que ojalá se puedan desarrollar -no por las mujeres, por las mujeres y por los varones- pero sin que eso sea absolutamente irremplazable por o sin que disponga de una asistencia fundamental.
El informe del Consejo abordaba una serie de políticas de integración. En primer lugar, políticas sanitarias que son esenciales sobre todo en lo que hace referencia a la prevención de la discapacidad, también en la calidad de vida de los discapacitados y, desde luego, también en su integración social. El informe del Consejo pone de manifiesto que, sin embargo, siguen existiendo carencias importantes sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas sanitarias dirigidas a prevenir la discapacidad y a garantizar el acceso a la sanidad de las personas que ya la padecen. En ese sentido cabe destacar las siguientes. Lo primero que llama la atención es que hasta el momento no se hayan conseguido articular políticas sanitarias específicamente dirigidas a abordar la discapacidad. Se han tratado, más bien, de actuaciones parciales y fragmentarias y no siempre acompañadas de los recursos suficientes.
Respecto a la cobertura actual de las demandas sanitarias específicas de personas con discapacidad, se constata un porcentaje, nada despreciable, de servicios sanitarios que han de financiarse de manera privada, especialmente en el caso de los servicios de rehabilitación funcional y de algunos relacionados con la atención a la salud mental, lo que indica evidentes carencias en estos ámbitos. Asimismo se detecta la insuficiencia de estructuras intermedias de apoyo a la rehabilitación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, hospitales de día o las llamadas comunidades terapéuticas. También se llama la atención sobre la necesidad de adaptación de los equipos médicos, tanto de diagnóstico como de tratamiento de
las personas discapacitadas. Se llama también la atención sobre el reconocimiento al papel asistencial de las familias, con la pequeña puntualización que he llevado a cabo antes. También la falta de coordinación efectiva entre las diferentes redes y servicios de atención y la escasez de unidades para atención de enfermos crónicos. Y en lo que hace referencia a la prestación farmacéutica, llamábamos la atención sobre la necesidad de actualizar el listado de enfermedades clasificadas como crónicas, porque la falta de esa actualización no permite la aplicación de la aportación reducida a personas afectadas de enfermedades raras o de lo que podríamos llamar síndromes minoritarios, no tan conocidos.
Las políticas de integración tienen muchísimo que ver con el ámbito educativo, pues la educación es elemento fundamental para la integración social plena de los discapacitados. En primer lugar, les ayuda a desarrollar su propia vida de forma autónoma e independiente, condición esencial de la integración, y es además un requisito fundamental para la incorporación y permanencia de los discapacitados en el mercado laboral.
El informe del Consejo demostraba que el perfil educativo en general de los discapacitados es sustancialmente inferior al de las personas sin discapacidad. En segundo lugar, que la infrarrepresentación de este colectivo en el sistema educativo es mayor conforme aumenta el nivel educativo y el grado de discapacidad. Es decir, según subimos en el ámbito educativo, hay menos presencia de discapacitados. Lo que más llama la atención es que España, con Portugal, somos los países que tenemos un perfil educativo de personas con discapacidad severa y moderada más bajo de la Unión Europea, y ese es un dato muy relevante. En todo caso, en España es particularmente amplia, particularmente grande, casi exagerada, la diferencia entre el perfil educativo de las personas con discapacidad o sin ella. Y hay además una cuestión sobre la que, con el permiso del presidente, quisiera hacer una puntualización. En muchísimos casos de determinados tipos de discapacidad -sobre todo discapacidades sensoriales o neurológicas que tienen que ver con la motricidad, pero para nada con la capacidad intelectual- la integración laboral precisamente exige un nivel educativo superior. Voy a poner un ejemplo: es muy difícil que una persona con una gran ceguera o aquejado de un problema de motricidad grave, severo también, pueda trabajar de alicatador o pueda trabajar en una obra de construcción, pero sin embargo, a lo mejor, puede ser un extraordinario economista o un extraordinario analista financiero, abogado, historiador o bioquímico. Eso significa que, precisamente, más que ningún otro colectivo, en el colectivo de los discapacitados deberían establecerse sistemas de promoción a la educación superior, a determinadas tipologías de educación superior. Y, por cierto, permítanme -creo que no es abusar- decir a las señoras y señores consejeros, que en mi feliz etapa de rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, universidad de todos, del Estado, tratamos de poner en marcha un importante programa que dio como resultado el que más de 200 personas afectadas de tetraplejia estuvieran siguiendo estudios superiores. Y creo que estoy legitimado para decir que la significación para estas personas, por lo pronto ya de marcarse objetivos para la realización, como elemento de superación personal y como elemento de expectativa de integración, tuvo unos resultados absolutamente espectaculares en su rendimiento que, además, venían a demostrar algo que parece que no siempre nos damos cuenta y es escandalosamente obvio, que es que nada tiene que ver la pérdida de motricidad con la existencia de una gran capacidad intelectual, de una gran capacidad de concentración intelectual. Creo que ahí hay un tema muy relevante en el que se debería poner énfasis: la importancia de la educación superior o de un determinado tipo de educación desarrollada precisamente para determinados colectivos de discapacitados que, desde luego, no tienen espacio en educación para oficios que comportan un esfuerzo manual mayor. Es preferible el esfuerzo intelectual.
Como es obvio, uno de los componentes fundamentales de la política de integración es la política de empleo. El informe del Consejo decía en sus conclusiones que España es uno de los países europeos en los que se observa una menor proporción de personas con discapacidad que trabajan, que están dentro del mercado de trabajo. Y es especialmente preocupante la altísima tasa de desempleo y de inactividad de las mujeres y de los mayores de 45 años que, si en general es alarmante, en el caso de los discapacitados ya es realmente impresionante. El empleo de trabajadores con discapacidad en las administraciones públicas, primer ámbito en el que parece que podríamos expresar una cierta política de ejemplaridad, sigue ofreciendo un panorama desalentador, agravado por el hecho de que en las ofertas públicas de empleo no se cubren los puestos reservados a personas con discapacidad. Y hay que tener presente que la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, modificó la Ley de medidas, la Ley 30/1984, con relación al empleo público, reservando el 5 por ciento de las vacantes que se creen en la administraciones públicas precisamente para ser cubiertas con discapacitados, siempre, obviamente -nadie pretende otra cosa-, que a través de procedimientos sencillos puedan sustituirse las pruebas normales por pruebas que acrediten exactamente igual el mérito y capacidad y que acrediten la capacidad del discapacitado que se presente, que aspire a ella, para poder desempeñar las tareas fundamentales del puesto de trabajo seleccionado. Ya la Lismi señalaba, seguro que todas las señoras y señores diputados lo recuerdan, en el artículo 38, ese cupo del 2 por ciento, tanto en el sector público, como en el privado. En todo caso, la Lismi fue reformada en el año 2003 por la Ley 62/2003 precisamente para poner énfasis en este aspecto. Todos saben que en el sector empresarial esta cuota de reserva, que afecta a las empresas con más de 50 trabajadores, del 2 por ciento de sus puestos de
trabajo para discapacitados, se puede corregir, se puede revisar, según una reciente modificación legislativa del año 1983, a través de la negociación colectiva sectorial o de la negociación colectiva de comunidad autónoma, pero siempre -como garantía de que no se abuse- que se ofrezcan medidas alternativas a la no contratación en la cuota de reserva, de manera que la empresa, que por las circunstancias que puedan ser justificadas, no contrate a estos trabajadores, puede recurrir a otros procedimientos, como por ejemplo, la adquisición de productos de centros especiales de empleo o el establecimiento de mecanismos de compensación. En todo caso también se detecta el deficiente funcionamiento de los servicios públicos de empleo, en materia de empleo de discapacitados. Acaso sería bueno unidades especializadas para empleo de discapacitados. Y también, en nuestro informe, se llamaba la atención sobre la insuficiente -se decía falta, yo quiero suavizarlo con insuficiente- intervención de la Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento de los mandatos normativos.
Componente fundamental de las políticas de empleo en esta materia, evidentemente son los centros especiales de empleo con sus distintas tipologías. En todo caso, éstos han experimentado un importante crecimiento en los últimos años, tanto ellos, como sus plantillas. En este momento estamos todavía con menos de 40.000 personas contratadas en centros especiales de empleo, que no es un número excesivo pero juegan un importante papel. Llama la atención la elevada tasa de temporalidad.
Parece que ese mal que aqueja a nuestro mercado de trabajo, aqueja particularmente a estos colectivos más débiles. No obstante, el Consejo apoya los centros especiales de empleo siempre que mantengan un carácter social -como luego veremos-, y con las exigencias a las que luego me referiré a la hora de las propuestas. También en materia de empleo se llama la atención en un tema que yo creo que es importante, que es la dificultad de interlocución. Vamos a ver, yo creo que es rigurosamente cierto -y no me gustaría ser injusto y menos con los agentes sociales que están presentes, que estructuran el Consejo- ­que seguramente desde los ámbitos empresariales y sindicales no ha habido la suficiente capacidad de percibir y representar el movimiento de discapacitados. Pero también es verdad que desde el movimiento asociativo de los discapacitados no ha habido particular querencia a conectar y a llamar a la representación de las organizaciones sindicales y empresariales. Yo creo que juega un cierto prurito: bueno, ya que ustedes nos ignoran... Claro, le ignoro si no me deja usted no ignorarle. Hay ahí un tema complejo. En todo caso, lo relevante -no se trata de establecer críticas, sino de mirar las cosas cara al futuro- es que haya una mayor conexión entre los agentes económicos y sociales, de representaciones sindicales y empresariales y de las autoridades públicas también, para poder negociar, para poder definir, para poder verificar y controlar el cumplimiento de las normas en materia de discapacidad. Del consejo estatal de discapacitados, por ejemplo, no forman parte ni sindicatos, ni empresarios. Están las autoridades ministeriales y una serie de asociaciones, sin duda relevantes, desde el Cermi y otras, que además juegan un papel estupendo, pero acaso hay que buscar fórmulas que faciliten una mayor incorporación.
Es muy difícil, en un país como el nuestro en el que las organizaciones sindicales y empresariales acaso son o han representado como ningún otro una auténtica voluntad, casi modélica, de auspiciar marcos de entendimiento, de negociación, de promoción de políticas sociales, pues no es positivo para nadie el que queden orillados o que ellos se sientan poco legitimados en este ámbito, lo cual no se justifica. En todo caso lo que es evidente es que, en el ámbito del empleo, ya en los planes de empleo que se definen, sobre todo a partir de la estrategia de Lisboa en el ámbito comunitario, uno de los pilares, de las directrices -la séptima-, es la integración de las personas desfavorecidas que incluye, como capítulo fundamental, las personas con discapacidad, estableciendo incluso posibles fórmulas de discriminación positiva que tienen que ver con las políticas de fomento o las políticas de regulación del llamado empleo con apoyo, que quizá es un ámbito en el que conviene seguir profundizando. Esta directriz séptima -no esta directriz, sino en general-, en la medida en que se marcan políticas de discriminación positiva, ha podido dar lugar a dudas, ha podido suscitar dudas sobre su constitucionalidad, dudas que fueron inequívocamente resueltas por una importante sentencia del Tribunal Constitucional del año 1994, de 3 de octubre de 1994, que precisamente tenía que ver con la discriminación positiva de personas con discapacidad y que se fundamentaba, inequívocamente, tanto en las previsiones del artículo 49 de nuestra Constitución -que habla de la adopción de medidas que faciliten...- como, en definitiva, con el propio artículo 9.2 de nuestra Constitución que, no hace falta recordarlo, señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo,... Es decir, compromiso de los poderes públicos para hacer posible que sean reales y efectivas determinadas medidas, en este caso de integración y de reconocimiento de la dignidad de este importante colectivo de personas.
También existen una serie de prestaciones de carácter económico en las que se han producido, lo decía antes, mejoras importantes: en el acceso a la jubilación anticipada, en la pensión por discapacidad. En este sentido nos preocupan los efectos negativos que implica la reforma del decreto de baremos, llevado a cabo mediante Real Decreto 1971/1999, de Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que en algunos casos puede suponer la reducción de calificación del grado de minusvalía, conllevando la pérdida de la pensión no contributiva, con ese baremo vinculado al 65 por ciento.
Si las señoras y señores diputados lo desean, luego podemos ver, cómo, por ejemplo, en el ámbito de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, es decir, aquellas personas que han devenido, que se han convertido en inválidos -tenemos casi 800.000 inválidos en el sistema contributivo de la Seguridad Social- la media de las pensiones, casi el 98 por ciento son permanente total y permanente absoluta. La parcial es poco relevante y la gran invalidez también es poco relevante. En el caso de la permanente total es de casi 500 euros de media y en el caso de la absoluta de unos 725 euros de media como pensiones contributivas.
También en el informe se abordan una serie de prestaciones sociales.
Partimos de la idea de que se detectan carencias en cobertura debido a falta de provisión de recursos suficientes, tanto humanos, como de equipamiento. En todo caso, existen distintos niveles competenciales al respecto y llamamos la atención sobre cómo la insuficiencia de coordinación está produciendo conflictos, sobre todo entre comunidades autónomas y corporaciones locales, dentro de los ámbitos autonómicos, lo que nos lleva a hacer una llamada a un mayor esfuerzo en esta política de coordinación. Es fundamental, desde luego, en este ámbito.
Decía que también en el informe del Consejo, en su capítulo tercero, abordaba otras políticas. Una es la importantísima política de accesibilidad. ¿Por qué? Porque aunque la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad contenía una serie de estrategias de intervención que aparecen simultáneamente sobre condiciones, personales y ambientales, como rezaba su exposición de motivos, la verdad es que existe un gran incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, empezando por las propias administraciones públicas. Es como aquel viejo dicho colonial: Acátese, pero no se cumpla. Me van a permitir, que, como pequeña autoconfesión personal, les diga que, aunque yo llevo una serie de años, por militancia convencida, en que la calidad y la dignidad de un sistema democrático se mide, en buena medida, por la calidad de servicios y dignidad que se reconoce a un colectivo importante de nuestra sociedad, después de haber dedicado al estudio estos temas y algunas publicaciones tuve la ocasión -una triste ocasión, pero ocasión- de verificar el tema de la accesibilidad en una situación familiar concreta -de un hermano afectado entonces de una ELA- y entonces uno se da verdaderamente cuenta de que eso de la accesibilidad, que parece que es un divertimento, es un tema realmente tremendo. La falta de existencia, por ejemplo, de ascensores en los que tengan cabida las sillas de ruedas, condenan a una persona, que necesita silla de ruedas, a quedar perfectamente enclaustrado, a no poder salir de su casa. Las aceras altas condenan a mucha gente a no poderse mover o desplazar por la ciudad. En fin, hay una serie de temas... El tema de la accesibilidad (se elaboró un Plan nacional de accesibilidad, a finales de 2003, para los años 2004-2012) no es sólo de supresión de barreras arquitectónicas. Es otra serie de normas que tiene que ver con accesibilidad de otra naturaleza, no simplemente física, sino accesibilidad por dificultades de acceso a determinados ámbitos de las personas con discapacidad. Después, si quieren, entramos más detenidamente a ello.
Otra de las políticas, para nada accesoria pero sí complementaria, tiene que ver con la protección a la familia. Decíamos antes que dos de cada tres personas tienen su referente fundamental asistencial en la familia, con las consideraciones que antes hacíamos de cómo debemos interpretar adecuadamente la familia. El Consejo entiende que esta realidad ha de asumirse porque si no, insisto, estamos añadiendo una carga suplementaria tremenda a determinados colectivos en la atención de esta situación que también nos debe afectar a todos.
Hacía una consideración importante el Consejo, en el capítulo final, sobre la participación de la sociedad en la elaboración de estas políticas. En primer lugar, la función consultiva que deben desarrollar las asociaciones de personas con discapacidad y, desde luego, los agentes sociales, adolece en este momento de adecuados criterios de representatividad. La representatividad es uno de los grandes temas en el presente, sobre todo cuando hablamos -que nadie se escandalice que lo diga, precisamente, el presidente del Consejo Económico y Social- de la llamada sociedad civil. Concepto con suficientes perfiles indeterminados como para que no siempre podamos saber muy bien a qué se refiere.
Recuerdo que en un debate importante en Bruselas sobre la sociedad civil, un joven finlandés decía que representaba a cinco millones de ciberecologistas, porque tenía una base de datos con la que se conectaba.
El gran problema en este momento, de esto que llamamos la sociedad civil, es la definición de criterios de representatividad que en algunos casos, como en el de las organizaciones sindicales y empresariales, es muy claro, muy preciso y muy acreditado en el tiempo y en otros casos, está, sobre todo, por verificar e identificar. Yo en aquel momento reivindicaba que, según el criterio de este caballero, elemento fundamental de la sociedad civil -y que no se me escandalice ninguna diputada ni ningún diputado- podía ser el Real Madrid. Hago aclaración que yo soy atlético y eso lo digo como mortificación.
Existe el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, en el que decíamos que no están los agentes sociales; el Real Patronato de la Discapacidad, en el que tampoco están los agentes sociales; el Consejo Estatal de ONG, en el que tampoco; las coordinadoras, en que tampoco. Pero es que el tema de la discapacidad no es un tema de ONG. Puede ser un tema de ONG, como cualquier otro tema puede ser un tema de ONG. Es un tema de responsabilidad de la sociedad y, en consecuencia, de las organizaciones que cree la sociedad y de
aquellas otras privadas sobre las que la sociedad entienda que, en razón de su representatividad, debe encomendarles tareas también de opinión, de seguimiento, de tutela, en definitiva, de participación en este cometido.
Hasta el momento no se ha desarrollado un ámbito de encuentro, de participación transversal de todos los agentes intervinientes en la inserción de personas con discapacidad y, evidentemente, estoy llamando, por ejemplo, al ámbito empresarial y, claro está, al sindical. Todo ello impide la realización, análisis y seguimiento del impacto de las políticas implementadas y de los recursos destinados a la inserción social de los colectivos con discapacidad. Yo creo que ahí hay un terreno en el que con buen criterio podríamos seguir progresando. Sí que quiero decir que cuando en esta sociedad nuestra, acaso por una cierta crisis de los mecanismos de representación política, a veces se busca esta sociedad civil como una especie de huida hacia delante, yo con mucha frecuencia he preguntado: si tenemos que crear un grupo con decisión para las viudas, discapacitados, menores, mayores, al final la pregunta es ¿pero es que no es el Parlamento quien representa a todos estos colectivos? Evidentemente. El Parlamento representa a todos los colectivos sin perjuicio de la audiencia, sin perjuicio de la consulta a organizaciones que puedan estar particularmente sensibilizadas por razón de su representatividad.
En el informe del Consejo se hacían una serie de propuestas, sobre cómo podemos -que se puede- mejorar la integración en la sociedad de las personas discapacitadas. Como pueden comprender las señoras y señores diputados, no puedo exponer todas de manera detallada. En todo caso disponen SS.SS. del informe y pueden mirarlas. Pero voy a centrarme en algunas de las más importantes.
En primer lugar, en las políticas sanitarias, en la necesidad de que estas políticas contemplen la situación específica, desde el punto de vista sanitario, en que están las personas con discapacidad. Lo cual significa poner en marcha políticas diversificadas para las distintas deficiencias o discapacidades. Es preciso que se articulen políticas sanitarias dirigidas a abordar la discapacidad y acompañadas, claro está, de recursos suficientes. Y, desde luego, la articulación de estrategias dirigidas a la prevención de discapacidades, que tienen que ver con el fomento de la investigación, con el reforzamiento de actuaciones dirigidas a reducir los accidentes laborales y de tráfico, con la mejora de la atención a la salud mental, con la formación, información y actualización del personal sanitario en materia de asistencia a personas con discapacidad y atención a sus familias, en la atención especializada, para lo cual hay que articular mejor el sistema de rehabilitación integral, una mayor coordinación entre todas las administraciones y ámbitos competenciales.
En el ámbito educativo es preciso la escolarización del alumnado con discapacidad en régimen de integración en los centros ordinarios, lo que somos conscientes requiere un particular esfuerzo por parte de los poderes públicos. Es obvio que tendrá que ver con la naturaleza y el grado de la discapacidad, pero en muchos de los casos, con un esfuerzo razonable, ya sea de accesibilidad, ya sea de atención, ya sea de estudio con apoyo, es posible la escolarización en centros ordinarios, y eso es muy importante desde el punto de vista de la integración social. Además, no puede perderse de vista, precisamente con este colectivo, la necesidad de garantizar el aprendizaje permanente durante toda la vida profesional y laboral y, en este caso, incluso para seguir manteniendo el grado de autonomía e independencia del discapacitado. El fomento, aprendizaje y formación para las nuevas tecnologías y para el desarrollo en titulaciones compatibles, que suelen ser de grados, desde luego de tareas no manuales que sean incompatibles con la discapacidad. Con la eliminación de las barreras urbanísticas, arquitectónicas, tecnológicas, de transporte, de todo tipo que dificultan la accesibilidad a la educación. Y permítanme de nuevo que añada un mensaje pro mi propia universidad, acaso la UNED es un modelo educativo particularmente adecuado para este tipo de situaciones. Y asimismo un aumento de la flexibilidad en la escolarización del alumnado con discapacidad, en función de sus necesidades, para que las diferencias en los ritmos de aprendizaje no tengan consecuencias en la certificación de las cualificaciones y competencias del discapacitado.
En materia de política de empleo, el informe mantiene que la vía para la mejor integración del discapacitado en la sociedad es el impulso del empleo ordinario. Eso supone la mejora, primero, además de la formación a la que antes nos referíamos, de la información estadística, una mayor contribución e implicación -esto es una llamada respetuosa pero firme a los agentes económicos y sociales- en la negociación colectiva y el diálogo social. Por cierto, en los últimos acuerdos nacionales de negociación colectiva se hace mención específica al compromiso con estos sectores. Una mayor coordinación y cooperación entre las distintas administraciones públicas con los interlocutores sociales y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad que siguen siendo esenciales. Asimismo la potenciación a la que antes nos referíamos de los servicios de empleo, dándoles una cierta especialización y, sobre todo, con el fomento y aseguramiento del cumplimiento de la cuota de reserva.
Con relación al empleo llamado protegido, el Consejo apoya los centros especiales de empleo siempre que mantengan su carácter social, es decir, pueden ser perfectamente privados pero sociales, que no estén llevados exclusivamente por la contratación de una mano de obra baratísima, que desempeñe funciones de una gran simplicidad y que, en consecuencia, pueda dar objeto a unos rendimientos que en este caso serían particularmente escandalosos. En todo caso, en los centros especiales de empleo hay que poner énfasis en su carácter como puente para el empleo ordinario y hay que diseñarlos
con un cierto criterio de viabilidad económica. En todo caso hay que insistir en la regulación del llamado empleo con apoyo que, en muchos casos, sobre todo durante una etapa profesional, puede ser bastante útil.
Asimismo, el Consejo defiende la creación de un registro de centros especiales de empleo que permita conocer su implantación, su evolución y, lo que es más importante, su incidencia en el empleo de los discapacitados.
En materia de prestaciones económicas, el Consejo plantea la posibilidad de que la pensión no contributiva de invalidez se referencie, en cuanto a los requisitos de acceso, a las rentas o ingresos exclusivamente percibidos por el beneficiario, al objeto de poder garantizar la vida independiente de los mismos. Si estamos teniendo en cuenta siempre los ingresos familiares, probablemente estaremos dificultando cualquier posibilidad de vida independiente o con una cierta independencia. También hay que dar alguna cobertura al grupo de discapacitados, que por representar un grado de discapacidad entre el 33 y el 65 por ciento -que no está mal- se ven excluidos de cualquier tipo de prestación no contributiva.
También el Consejo ponía énfasis en medidas esenciales en materia de servicios sociales. Este es otro de los grandes ámbitos en el que tantos esfuerzos se hicieron -y algunas de las señoras y señores diputados los conocen bien-, pero que tenemos todavía un gran camino por delante. En primer lugar, hay que solventar déficit de cobertura, por escasez de recursos, por la insuficiencia de la coordinación entre los ámbitos competenciales diferenciales, la ausencia de normativa básica que garantice unos mínimos vitales y desarrolle una red de servicios sociales en todo el Estado y la necesidad de adecuación del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales a las demandas reales del colectivo de los discapacitados. Claro está, y no quiero entrar en un tema particularmente delicado, que en este, como en tantos temas, el Estado tiene una cierta responsabilidad en garantizar condiciones esenciales de homogeneidad en la percepción de estos servicios. No es razonable, en un Estado que se define como social y democrático de derecho, que por razón del tipo que sea haya discapacitados que disponen de 3.000 o incluso 4.000 euros al año de apoyo para la prestación de sus servicios sociales y otros que disponen de 300 ó 400. A este modesto interviniente no le parece razonable en un Estado social y democrático de derecho.
En cuanto a las políticas de accesibilidad, que se cumplan las normas. Las normas están bien, la ley del año 2003 está bien, pero que se cumplan las normas. Y, sobre todo, tratar de ampliar el consenso social sobre la ejecución y desarrollo del Plan Nacional de Accesibilidad, llamando para ello también a las organizaciones empresariales, sindicales y otras organizaciones sociales representativas.
En materia de políticas familiares, en cuanto a los permisos por maternidad, en el caso del nacimiento de un hijo discapacitado debería darse un trato semejante al vigente en el caso de parto múltiple, para completar la regulación de conciliación de la vida laboral y familiar en personas con discapacidad. Es verdad que recientemente se modificó el artículo 46, creo que es, del Estatuto de los Trabajadores, que tiene que ver con la posibilidad de excedencias también por hijos discapacitados -hasta de un año-, pero espero que esto se consolide. En los planes de fomento de empleo se deberían incluir, especialmente también, a las personas -que suelen ser mujeres- que se reincorporen a la vida laboral después de la dedicación al cuidado de un hijo o familiar discapacitado, como grupo especialmente protegido.
En lo que se refiere a la participación de la sociedad en estas políticas, hacemos una llamada a los interlocutores sociales para que estén presentes también en la negociación de los acuerdos políticos que atañen a estos colectivos. Se propone por el Consejo la creación de adecuados criterios de representatividad y de funcionamiento en los diferentes órganos existentes y el Consejo defiende la configuración del Consejo Nacional o Estatal de la Discapacidad como un órgano en el que, junto a los actuales participantes, se incorporen también representaciones empresariales y sindicales.
Como conclusión final, que este conjunto de conclusiones relativas a las dimensiones de vida de las personas con discapacidad, al igual que todas las medidas que fomenten la inclusión social de este colectivo, deben formar parte de un cambio sociocultural más amplio. Se trata de un proceso que debe ser impulsado, desde luego por los poderes públicos -en cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución-, pero también por las buenas prácticas que se generen en el tejido social y productivo. Estamos seguros que este Parlamento, el Parlamento nacional, y que las instituciones públicas están acreditando ese compromiso; intensifiquémoslo y hagamos toda esa tarea de promoción y toda esa tarea de contagio a las distintas instituciones sociales para que se sientan comprometidos, en definitiva, con la profundización de lo que realmente significa vivir, tener la satisfacción y el honor de vivir, en un sistema plenamente democrático, respetuoso -como valor esencial de la dignidad- de todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montalvo, por la información ofrecida a la Comisión.
No hallándose presente la representación del grupo solicitante, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene en primer lugar la palabra, y en representación del Grupo Popular, el señor Vañó Ferre.
El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias, señor compareciente. Bienvenido y, sinceramente, muy agradecido
por la exposición amplia y con detalle sobre la situación de la discapacidad en nuestro país.
Aparte de agradecer su asistencia y la información que nos ha proporcionado, sin duda un magnífico trabajo el que se presentó, quiero decirle que compartimos la mayoría de las conclusiones y de las recomendaciones que de él se desprenden. Así lo ha puesto de manifiesto mi grupo parlamentario a través de numerosas iniciativas que hemos presentado en esta Cámara. Sin embargo, parece que el Gobierno, en algunas, encuentra dificultades para poner en marcha algunas de las medidas. Por ejemplo, algún incumplimiento de algunos plazos, como ocurrió en el caso de la creación del Consejo Nacional de Discapacitados, de tanta utilidad y tan recomendado en su informe.
En relación con el empleo de los discapacitados, efectivamente se hace necesario facilitar la transición al empleo ordinario -creemos que es la mejor manera de integrarse socialmente-, y para conseguir esa integración social y poder pasar a ese empleo ordinario habrá que recurrir a métodos puente que hoy en día están en vigor y que debemos cuidar y fomentar para conseguirlo. Para ello es necesario desarrollar normativamente el empleo con apoyo y la modernización de los servicios de ajuste de personal y social en los centros especiales de empleo, tal y como establece el Plan de Empleo firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Minusválidos en el año 2002, el Plan 2002-2004. Esta petición la hemos reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno y, hasta la fecha, no se ha puesto en marcha y quiero recordar que el plazo finalizaba el 31 de diciembre. Esperemos que de verdad se ponga en marcha porque, efectivamente, esos cauces para llegar a ese empleo ordinario son necesarios y el empleo ordinario -como decíamos y quiero reiterar- es el mejor procedimiento para conseguir esa integración social, que es la que se busca para los discapacitados.
Asimismo abogamos por que las pensiones no contributivas sean plenamente compatibles con la posibilidad de realizar cualquier trabajo remunerado.
En este sentido se acaba de aprobar esta semana, con unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley para compatibilizar las pensiones no contributivas y el trabajo remunerado porque, en el fondo, esto estaba siendo una forma de disuadir a los discapacitados a no trabajar. Lamentamos no haber conseguido el voto de los socialistas a nuestra enmienda con la que pretendíamos compatibilizar las asignaciones familiares por hijo a cargo, que también creemos que puede ser otro motivo disuasorio para que no trabajen los discapacitados.
En relación con la educación de los discapacitados, mi grupo siempre ha mostrado una gran preocupación. Prueba de ello son las proposiciones no de ley presentadas en esta Cámara, una sobre la exención de tasas universitarias, de tasas de matrícula para estudiantes universitarios, que como muy bien usted apuntaba, efectivamente, en algunos casos es la formación adecuada para poder ejercer trabajos que no tienen otro tipo de posibilidades debido a sus circunstancias. Estamos hablando de personas con unas limitaciones de motricidad grave o algunas limitaciones sensoriales, pero que no afectan, por supuesto, a la capacidad mental y que les permita realizar, quizá mejor, ese tipo de trabajos que requieren más formación universitaria. Sobre la adecuación de la formación profesional a las necesidades de la empresa, es otro tipo de iniciativa que hemos presentado.
Como verá, coincidimos en muchos aspectos. Por una parte, el escaso cumplimiento de la normativa dedicada a la accesibilidad, que ustedes ponen de manifiesto también, por supuesto la compartimos. El Gobierno del Partido Popular puso en marcha el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 y también hemos de decir que es necesario acortar esos plazos, como dijimos en nuestro programa, puesto que en algunas ocasiones se excedían en el tiempo. El Gobierno se comprometió, a través de una moción que presentó mi grupo en Pleno, a estudiar la reducción de los plazos.
Por lo tanto, estamos atentos y esperamos que el Gobierno haga sus deberes en este campo, tal y como se comprometió.
Otro tema de enorme importancia es la política fiscal aplicada en el ámbito de la discapacidad. La Ley de protección patrimonial de personas con discapacidad, elaborada por el Gobierno del Partido Popular, creemos que ha sido un paso importante a la hora de regular el patrimonio protegido de los discapacitados, como ustedes mismos ponen de manifiesto; esa inquietud, como siempre hemos pensado todos, de los padres de hijos con una discapacidad severa, para que el día de mañana puedan formar un patrimonio que les permita vivir con holgura y con tranquilidad. Sin embargo, se hace necesario su desarrollo y queremos recordar que el plazo finalizó en mayo.
En cuanto a los servicios sociales, su informe plantea la necesidad de solventar una serie de déficit que presenta el modelo español. Hay una ausencia de normativa básica que garantice los mínimos vitales y desarrolle una red de servicios sociales en todo el Estado. A pesar de que el Gobierno se ha mostrado a favor de su regulación, existen ya numerosas contradicciones e incumplimientos que nos obligan a estar atentos.
Un gran tema que nos ocupa y nos preocupa a todos es el de la dependencia.
Primero el Gobierno afirmó, en numerosas ocasiones, que la ley de dependencia se aprobaría durante el primer semestre de 2005. Parece que se ha retrasado a septiembre u octubre. Asimismo, e inicialmente, los Presupuestos Generales del Estado de este año no presentan ninguna partida presupuestaria para la dependencia. Después de forzar una enmienda de los socios del Gobierno, hubo una partida de 50 millones de euros, pero que aún así está muy lejos de los mil millones que se comprometió el Gobierno en su programa electoral. Nosotros siempre hemos pensado, y creo que coincidimos con todos, que aquí hace falta
un gran consenso porque el cuarto pilar del bienestar social, que es la dependencia, requiere un acuerdo entre todos los grupos políticos, sindicales y organizaciones de todo tipo para llevarlo a efecto.
Por todo ello -y paso a la exposición de su informe sobre la situación de las personas con discapacidad-, nosotros vamos a seguir trabajando para que sus recomendaciones, que son compartidas por nuestro grupo y por todas las personas con discapacidad, se hagan realidad.
Quiero añadir dos cosas. En cuanto a la interlocución del grupo de los discapacitados, del colectivo de discapacitados, nos consta la intención del Comité Español de Representantes de Minusválidos de formar parte del Consejo Económico y Social del que usted es presidente. Nos gustaría saber para cuándo esa representación del Cermi en el Consejo Económico y Social. Y luego sugerirle que quizá la discapacidad, que hasta hace unos cuantos años era una cosa casi ajena a mucha gente y, por lo tanto, desconocida y no tenía oportunidad de mostrarse, a medida que el país ha ido evolucionando y es más moderno se ha hecho más patente. A partir de la publicación en el año 2000 de la primera encuesta a la que usted ha aludido, por primera vez tenemos un diagnóstico sobre la cantidad de gente que puede estar afectada por una discapacidad. Tres millones y medio de personas creo que es un grupo de gente importante, con sus familias. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que dediquen más atención a la discapacidad porque desde el informe de 1995 hasta este último del año 2003, del año de la discapacidad, no había habido informes específicos dedicados a ello.
Por último, una sugerencia y es que elaboren informes de asuntos emergentes que afecten a la discapacidad porque será una manera de adelantarnos un poco. Por ejemplo, por sugerirle algo, discapacidad y medio rural o inmigración y discapacidad o la que usted ha aludido, educación superior y discapacidad. Es decir, cosas que creemos interesantes para ir mejorando estas condiciones de vida y que, por supuesto, estas recomendaciones que ustedes hacen se transformen en dictámenes que sean preceptivos, tal y como dice el Consejo Económico y Social, para el Gobierno y las lleve adelante.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Quiero agradecer la presencia del presidente del Consejo Económico y Social y felicitarle por este magnífico informe sobre la discapacidad en nuestro país; un informe que se presentó públicamente el 24 de mayo de 2004, un mes después de que los socialistas ganásemos las elecciones. Y el balance del informe coincide con la finalización de ocho años de Gobierno del Partido Popular y, sin duda, es claramente desalentador en algunos aspectos.
La recién elegida, en aquellos momentos, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, la señora Amparo Valcarce, asistió a la presentación del citado informe y allí asumió el compromiso de cambiar la situación para que las personas con discapacidad formen parte de la vida social. Para ello, en ese acto, manifestó que se iba a aplicar una política transversal y anunció cuáles iban a ser los principales ejes estratégicos: establecimiento de una red pública de ­servicios sociales, un plan de acción para las mujeres con discapacidad, la mejora de la accesibilidad arquitectónica y virtual, el plan integral de apoyo a las familias, el programa de alfabetización digital, así como medidas que favorezcan la contratación dentro de un plan estatal para la formación y la creación de empleo. La prensa de aquellos días incluso llegó a afirmar que la ambición de la estrategia propuesta por el nuevo Gobierno socialista contrastaba con el panorama que presentaba las conclusiones del documento del Consejo Económico y Social. El sólido compromiso del nuevo Gobierno fue reiterado en esta misma Comisión un mes después, el 29 de junio, cuando la secretaria de Estado de Discapacidad compareció ante ella. En la misma incidió en las conclusiones del informe del Consejo Económico y Social, especialmente en las relativas a la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, el inaceptable nivel de formación, las barreras físicas, psicológicas y virtuales a las que se tienen que enfrentar a diario, como usted muy bien ha reflejado en su intervención. Esto no es casual. De hecho está relacionado con la cifra de gasto social que hay que recordar que en 1993 era del 24 por ciento y que en 2003, último año de Gobierno del Partido Popular, era sólo del 19 por ciento. Cinco puntos menos en políticas sociales durante ocho años de Gobierno del Partido Popular, mientras que en Europa, en ese mismo momento, era superior al 27 por ciento.
La secretaria de Estado, quiero también recordar, confirmó el compromiso con el ámbito de la discapacidad, siempre sobre la base del diálogo permanente, estable y fluido con las organizaciones del sector y lo concretó en tres líneas de actuación: la primera, emprender las medidas legislativas necesarias, el desarrollo legislativo de la Liondau, constituir como paso previo el Consejo Nacional de la Discapacidad, establecer el sistema arbitral, crear el sistema estatal de documentación e información, constituir el observatorio de la discapacidad, desarrollar la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad e introducir mejoras en relación con la accesibilidad en normas como la Ley Electoral, la Ley de Seguridad Aérea, Transportes Terrestres, General de Ferrocarriles, Ley de Edificación, regulación de las prestaciones para las familias que tengan hijos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad.
La segunda gran línea de actuación es mejorar la situación del empleo de las personas discapacitadas. Para ello, el compromiso que asumió la secretaria de
Estado fue elaborar el Plan estatal de promoción de la formación y empleo de las personas con discapacidad, en el marco del Plan de Empleo de España, asegurándose el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo y elaborándose un plan de acción para la mujer con discapacidad.
El tercer gran eje iba a ser lograr la accesibilidad universal, para que puedan superarse las barreras que en la actualidad discriminan a las personas con discapacidad.
En el momento de esa comparecencia, como digo en el mes de junio, ya se había puesto en marcha el Plan de Moncloa y la secretaria de Estado anunció la voluntad del Gobierno de ejecutar el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, así como desarrollar un proyecto de accesibilidad virtual, la regularización de la lengua de signos y la creación de un centro español de subtitulado. Para aquellas personas afectadas por graves discapacidades, anunció que se estaba trabajando en la Ley de la Dependencia.
Esto, como digo, fue la intervención de la secretaria de Estado el 29 de junio. La última comparecencia, también en esta Comisión, fue el 24 de noviembre. Sólo habían transcurrido cinco meses. En ese corto plazo considero que se ha llevado a cabo una intensa labor que ha empezado a dar sus primeros frutos. Ya está en marcha el Plan Moncloa, con importantes medidas de supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad virtual y se está elaborando el profesiograma necesario para alcanzar el porcentaje establecido de puestos de trabajo cubiertos con personas con discapacidad. El portavoz del Partido Popular ha planteado que es necesario acortar los plazos para la eliminación de barreras arquitectónicas, pero yo quiero recordarle que la ley la elaboraron ellos mismos y no vale decir, puesto que la ley se había aprobado pocos meses antes de las elecciones, que en su programa electoral ellos planteaban recortar los plazos. Si realmente se planteaban recortar los plazos, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad en esa ley? Quiero recordar que este Gobierno, en julio de 2004, firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE para desarrollar un programa de accesibilidad universal.
También ha hablado el portavoz del Partido Popular de un cierto retraso en la constitución del Consejo Nacional de la Discapacidad. Quiero recordarle que fue aprobado en septiembre de 2004, llevábamos sólo cinco meses en el Gobierno. Ese Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial consultivo, gracias al cual se están potenciando los cauces de participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. En esa comparecencia -como digo, de noviembre- se anunció la aprobación, en la semana siguiente, de un real decreto por el que se regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y la modificación del Real Decreto 177/2004, que desarrolla la comisión de seguimiento prevista en la Ley 41/2003, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Respecto al desarrollo reglamentario de la Liondau, confirmó que se van a aprobar los reales decretos que regulen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y que se está trabajando en el establecimiento de un sistema arbitral previsto en el artículo 17. Y otra importante decisión es que se va a regular por ley la lengua de signos.
En cuanto al plan de empleo, uno de los elementos esenciales, de fecha 30 de septiembre, contiene una directriz enfocada a promover la integración de las personas con discapacidad. El 6 de octubre se celebró la segunda reunión de la Comisión mixta para el seguimiento del segundo acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Cermi con importantes conclusiones.
También hay que recordar que el pasado 3 de noviembre se aprobó la modificación del Real Decreto 27/2003, de medidas alternativas a la cuota de reserva del 2 por ciento. Es decir, lo que se pretende es que en las administraciones públicas se incremente el número de personas discapacitadas.
El portavoz del Partido Popular ha dicho que hubo un compromiso por parte -creo recordar- de la secretaria de Estado de traer en este periodo de sesiones la Ley de Dependencia. No. El compromiso era de traerlo aquí, a las Cortes, no que iba a presentarse definitivamente esa Ley de la Dependencia. De hecho eso ya se ha realizado. Hace un par de semanas, en el Congreso, se trajo el libro blanco de la dependencia y se presentó en la Comisión del Pacto de Toledo, un libro blanco que va a beneficiar a las personas mayores, así como a un importante número de personas discapacitadas y de su familia.
En definitiva, cabe destacar que en el periodo de tiempo transcurrido desde la publicación del informe del Consejo Económico y Social -por el cual vuelvo a felicitarle- hasta la actualidad, que viene a coincidir con los primeros meses de Gobierno socialista, a pesar de que se trata de un breve espacio de tiempo, es posible detectar un conjunto significativo de mejoras, así como la existencia de perspectivas muy positivas derivadas de compromisos en firme del Gobierno, muchos de los cuales ya están en marcha.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los distintos portavoces, tiene la palabra el señor presidente del Consejo Económico y Social.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (Montalvo Correa): Con brevedad. En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de los dos señores diputados y voy a hacer alguna consideración.
Me satisface profundamente que en este ámbito, el ámbito sin duda más relevante de la soberanía, se vean con todo interés las consideraciones de los representantes
de los agentes económicos y sociales y de otros grupos de la sociedad civil. Este organismo, en definitiva, no tiene más cometido, más función que generar opinión y consulta, evidentemente, con carácter legal de consulta directa del Gobierno, pero obviamente con particular ilusión y vocación de poder transmitir la opinión en actos como este ante sus señorías.
Celebro mucho el tema que ha señalado el señor Vañó. Debo decirle que es verdad que en España el mandato constitucional tiene mucho recorrido; todos los mandatos constitucionales tienen mucho recorrido. Un ilustre italiano, maestro mío de derecho del trabajo, el profesor Mancini, decía que las constituciones que como la española dicen: corresponde a los poderes públicos... para que las condiciones de libertad, igualdad, justicia y pluralismo sean reales y efectivas... son constituciones sinceras, porque lo que viene a afirmar es que no son reales y efectivas, sino que se pretende que lo puedan llegar a ser y que, en definitiva, hay que recorrer ese camino. Yo creo que ese camino se está recorriendo.
Estoy seguro que en la legitimidad del debate político, que, en definitiva, no es sino expresión de grupos de opinión ideológica, cada cual tiene sus prioridades y tiene sus acentos y esa es la esencia de la democracia. Pero sí es cierto también que estamos en áreas de una cierta estabilidad con matices, pero estabilidad. Yo he dicho en alguna ocasión que quizá también -y que me perdonen las personas que conocen y que han trabajado en el Imserso porque es casi una orden religiosa-, el peso del Imserso en las políticas realmente ha sido tremendo siempre, a lo largo de los años. Y es curioso, por ejemplo, que el cambio de Gobierno que todos vivimos, en el Imserso quedó íntegramente el mismo equipo, con el mismo director general, por cierto un antiguo dirigente de Comisiones Obreras, sector Maravall, que había sido situado allí en el Gobierno del Partido Socialista. De manera que hay una cierta estabilidad en las políticas.
A mí me satisface extraordinariamente -me permitirán SS.SS. que haga una reflexión a las dos importantes intervenciones- y me parece muy positivo que se haya creado una Secretaría de Estado en este área, porque yo creo que eso sí expresa una voluntad de potenciar estas políticas. Temo que sólo sea como gesto, pero también lo digo con toda franqueza. Yo creo que la etapa de 1996 al presente (estoy deseando que se mejore en esta etapa, como todos los diputados que están aquí, y creo que tenemos razonables esperanzas y expectativas de que así va a ser) ha sido la más importante en el crecimiento y en la mejora de la situación de las personas con discapacidad. Es decir, los acuerdos que elaboró el Cermi y que acordó con el Ministerio de Trabajo, con el señor Arenas, yo no sé si fue un éxito enorme de los negociadores (digo los negociadores del Cermi, que fueron allí y acreditaron un gran talento o también una cierta voluntad, que no hay por qué presumir que no existiera por parte del Gobierno), pero fueron realmente importantísimos y yo tuve ocasión de comentarlos.
En todo caso yo creo que es muy bueno que cada cual ponga sus acentos.
Esto se entendería mal en la España de hoy. Es quizá aquello de los signos externos. Es un signo externo de democracia, de profundización democrática, cómo se aborda esta cuestión.
Sus señorías hablaban del tema de la dependencia. Si me lo permite, pero además con todo respeto y con afecto, señor Vañó, yo creo que es un tema tan importante que se hace bueno el refrán ese de Vísteme despacio que tengo prisa. Yo creo que es bueno que haya un informe que se debata, que se consensúe mucho porque, no nos engañemos, es un tema tan importante como costoso. Lo que va a ser muy difícil es soportar esas responsabilidades sin pensar que va a costarnos a todos muchos recursos y que los recursos, en buena medida, tienen que ver con las políticas fiscales. Ahí tenemos también una tarea que nos va a comprometer a todos y que puede ser muy importante. Yo estoy seguro que el debate, al final, donde tendrá toda su plenitud es precisamente en esta casa. Creo que la sociedad española va a estar en el fondo y en la forma muy pendiente de lo que se debata aquí, porque va a ser enormemente relevante para el futuro de nuestro país.
Quiero hacer una consideración al señor Vañó. Sobre el tema de cuándo va a estar el Cermi en el Consejo Económico y Social yo contestaría, y no me mojo en ninguna dirección, que cuando quieran sus señorías. El que define quién está en el Consejo Económico y Social es este Parlamento y no este modesto presidente que se encuentra con el esquema perfectamente hecho.
Lo que sí le digo es que para S.S. y para mí cualquier reflexión, cualquier llamada de atención sobre el tema de la discapacidad, estoy seguro que por más que sean resulta insuficiente. Para mí son insuficientes, porque no me satisface la situación en la que estamos al día de hoy, como supongo que a ninguna de sus señorías. Como señalaba antes, no recuerdo ni un solo tema en el que hayamos hecho dos informes.
En todas las evaluaciones de los planes de empleo del Reino de España, en casi todos los temas, en todas las memorias, estamos mencionando el tema.
El Consejo tiene algunos defectos, sobre todo los que son imputables a su presidente, pero no se puede decir que no sea particularmente sensible a este tema. Los informes, en su resultado, de alguna manera son, sin duda, mejorables. Pero se ve que son informes hechos con una gran participación y con una gran aplicación por todos.
Veo que el diputado señor Heredia, por su acento, es andaluz -no sé si granadino- en donde hice yo mis armas de muchas cosas, entre otras de profesor en la universidad. Creo que es verdad que se trata de una etapa muy relevante, muy importante, llena de expectativas. Recuerden lo que yo decía al final: que además de las políticas que seamos capaces todos de llevar adelante, estoy seguro que la voluntad y la decisión existe por parte de todos. Tenemos que tratar de impulsar esa política de sensibilidad colectiva en que este es un tema de
estricto respeto a la dignidad y de máximo aprovechamiento de nuestras capacidades como país. Porque cuando estamos facilitando la integración laboral de los discapacitados y la integración profesional, y cuando decimos que se integren en no sé qué puestos de responsabilidad, en definitiva, también estamos diciendo que es intolerable y que es irresponsable el desperdicio de capacitación de capital humano enorme que tenemos en esos colectivos y que nuestra sociedad debe ser también capaz de percibirlo. De manera que es un gesto de dignidad democrática, de racionalidad y de sentido común. Y en esa tarea, que nuestra joven democracia yo creo que se siente unánimemente comprometida, todos tendríamos que hacer el mayor esfuerzo. Yo estoy seguro que desde las áreas de las administraciones, no sólo del Estado, sino las autonómicas, tienen un importante papel que jugar, de las corporaciones locales, de todos los ámbitos competenciales, el compromiso cada día se percibe más claro en esa doble dimensión: compromiso con la democracia, con la dignidad democrática, y compromiso con la racionalidad y el sentido común de un sistema, de unas exigencias, de un crecimiento y de una sociedad que justifica con creces este esfuerzo.
Reitero las gracias a todos los señores diputados por su paciencia, al señor presidente y a los señores intervinientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Consejo Económico y Social, por su presencia hoy en esta Comisión, por su precisa información que nos ha ofrecido.
Vamos a hacer una pequeña pausa de tres minutos.
- PARA HACER EFECTIVA LA EXENCIÓN DE TASAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000106.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la proposición no de ley para hacer efectiva la exención de tasas para estudiantes con discapacidad en la enseñanza universitaria.
Por el grupo autor de la proposición tiene la palabra el señor Oreiro Rodríguez.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Señorías, después de haber escuchado la intervención del presidente del Consejo Económico y Social, tengo la sensación de que se hace más pertinente la proposición no de ley que hoy vamos a defender. El señor presidente del Consejo Económico y Social ha puesto de manifiesto algo que no por evidente deja de ser importante, que es la necesidad de la formación superior de los discapacitados de cara a su incorporación al mundo laboral. De hecho, ha hablado de impulsar las medidas encaminadas a facilitar el acceso a estudios superiores para discapacitados.
Permítanme que comience la defensa de esta proposición no de ley de una forma análoga a como la hacía la portavoz del PSOE el 22 de diciembre de 2003, en la que hacía una mención especial a la Constitución española, que en su artículo 49 encomienda a los poderes públicos la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título de la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
En el ámbito de la educación superior, la Ley Orgánica 6/2001, de 2 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 46 el derecho de los estudiantes con discapacidad a la igualdad de oportunidades y a no ser discriminados en el acceso a la universidad, ingreso en los centros permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos.
Este mismo texto legal, en su disposición adicional vigésima cuarta dispone que las universidades, en el desarrollo de la ley, tendrán en cuenta, entre otras, las disposiciones de la Ley 1/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. La citada Lismi, dictada en desarrollo del artículo 49 de la Constitución, consagra en su artículo 30 la gratuidad de la enseñanza para los estudiantes con discapacidad en todas las etapas del sistema educativo.
El informe de la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro, aprobado en diciembre de 2003, recomienda que dentro del respeto a la autonomía universitaria y en el marco del Consejo de Coordinación Universitaria, deberán mantenerse criterios favorables para facilitar el acceso de las personas discapacitadas al sistema educativo superior, siendo una de las principales medidas a adoptar la exención generalizada de las tasas en dicho ámbito universitario.
Señorías, he sido testigo de múltiples casos de estudiantes universitarios que por razón de discapacidad han tenido que hacer un sobreesfuerzo, no solo de voluntad superando desánimos sino también económico, para desplazamientos, ayudas técnicas, etcétera. Alguno de ellos decía que la discapacidad se acrecienta con las carencias económicas. En la actualidad se produce una ausencia de criterios y prácticas uniformes en esta materia dándose el caso de universidades que reconocen el derecho a la exención de tasas para los estudiantes con discapacidad y otras que no tienen en cuenta este mandato legal. De igual modo, hay administraciones educativas territoriales que han regulado esta exención mediante norma autonómica. Esto provoca situaciones de trato desigual por razón del centro de educación superior donde se cursen los estudios, dando
la enseñanza superior respuestas distintas a situaciones idénticas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha negociado y transaccionado una enmienda que a nuestra proposición no de ley presentaba el Grupo Socialista y hemos llegado a un acuerdo. En todo caso, la portavoz del Grupo Socialista explicará dicha enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Como bien es sabido por todos y por todas, en las últimas décadas las personas con discapacidad y tanto sus familias como las asociaciones que las representan han realizado un enorme esfuerzo para defender su derecho fundamental a la plena participación social y a una vida autónoma y normalizada, pero todavía se siguen enfrentando a distintas formas de discriminación, y una de las más preocupantes son los niveles inaceptablemente bajos de educación y empleo, que impiden una mejora real de los niveles de acceso y una igualdad efectiva de los derechos.
Tal y como nos ha expuesto en su comparecencia el presidente del Consejo Económico y Social, hay una necesidad urgente de promover la educación superior de las personas con discapacidad. De todos es sabido que cuando se ofertan plazas por parte de la Administración para personas con discapacidad se cubren los niveles más bajos, pero los niveles de los grupos A y B resultan más difíciles de cubrir por ese problema de acceso a la enseñanza universitaria de las personas con discapacidad. No se ha potenciado lo suficiente la capacidad intelectual de las personas con discapacidad, tal y como reconocía anteriormente el presidente del CES.
Especialmente grave es el caso de las mujeres discapacitadas. De todos es sabido que ya existen más universitarias mujeres que hombres, en general, no así en lo que se refiere a las mujeres con discapacidad, que están en clara minoría, lo que pone en evidencia esa doble discriminación a que la mujer se somete en el momento en que tiene algún tipo de discapacidad, y en materia de educación universitaria en particular es evidente esta doble discriminación.
La preocupación por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad fue clave en el programa electoral del Partido Socialista en las elecciones generales y refiere expresamente a la discapacidad como un déficit de la ciudadanía que nos concierne a todos. Uno de sus puntos dice: Desarrollaremos programas de atención educativa y universitaria para las personas con discapacidad, incluida la gratuidad de las tasas.
Como bien ha comentado antes el portavoz del Partido Popular, una proposición no de ley precisamente defendida por la actual secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad fue en su momento rechazada por el Partido Popular, quizá por la complejidad competencial de nuestro país, en el que existen unas competencias comunes, concurrentes en algunas materias y en materia educativa igualmente. Por eso nosotros debemos hacer las siguientes consideraciones.
La disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece que las universidades, en el desarrollo de la propia ley, habrán de tener en cuenta, entre otras, las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. La referida ley, la Lismi, se remite a su vez, en materia de gratuidad de la enseñanza de los estudiantes con discapacidad, a lo que dispongan las oportunas leyes que desarrollen los preceptos constitucionales. En la actualidad y con la sola excepción de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Menéndez y Pelayo, es exclusiva competencia de las comunidades autónomas la regulación de las universidades ubicadas en su ámbito territorial y, por ende, el reconocimiento de los beneficios fiscales, las tasas o exoneración de los precios públicos que estas tuvieran establecidos.
En este sentido y dado el compromiso que tanto el Grupo Parlamentario Socialista tiene en esta materia, también el compromiso adquirido con la iniciativa social representante de este sector, como la sensibilidad del Gobierno a través de la secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, hemos presentado una enmienda, que como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, hemos transaccionado para matizarla en el siguiente tenor. El Congreso instaría al Gobierno a que, en coordinación con las comunidades autónomas y con el Consejo de Coordinación Universitaria, impulse todas las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, respecto a la exención de tasas en la enseñanza universitaria para las personas con discapacidad.
Yo creo que todos los grupos parlamentarios estaremos en la línea de llegar a acuerdos en una materia de tanta sensibilidad, y el colectivo de personas con discapacidad no entendería que no fuera así. Por lo tanto, démonos la enhorabuena todos en este sentido.
El señor PRESIDENTE: A los efectos formales de constancia, ¿la enmienda transaccional es aceptaba por el grupo proponente, el Grupo Popular? (Asentimiento.)
- SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR EN ESPAÑA EL TURISMO ACCESIBLE A TODOS Y APROBAR UN PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000107.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, punto 3, sobre medidas para impulsar en España el
turismo accesible a todos y aprobar un plan nacional de accesibilidad turística.
Tiene la palabra el señor González López en representación del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: España es el segundo país receptor de turismo en el mundo. Ello supone que el turismo constituye la primera industria nacional y nos convierte, a su vez, en un referente respecto al resto de los países. Por otra parte, España cuenta con cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad, según la encuesta del año 1999 sobre discapacidad, deficiencias y estado de salud. A esto podemos añadir que sólo en la Unión Europea, de donde procede la mayor parte de los turistas que acceden a España, hay cerca de 50 millones de personas con discapacidad. El turismo es un bien social de primera magnitud que debe estar al alcance de todos los ciudadanos sin que nadie pueda quedar excluido, con independencia de sus circunstancias personales, sociales, económicas o de cualquier índole que concurran en sus componentes.
Las personas con discapacidad, que en la Unión Europea suponen un 10 por ciento de la población global total, como consecuencia de su creciente grado de integración económica y social, participan cada vez más en actividades turísticas. No obstante, aún persisten impedimentos, barreras y dificultades de todo tipo que les impiden el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios turísticos. La supresión o atenuación de las barreras que limitan la práctica del turismo por parte de las personas con discapacidad viene exigida no solo por los principios de igualdad de derechos y oportunidades y no discriminación que rigen en el ámbito de la Unión Europea y en sus Estados miembros, sino que representa también una medida eficaz para incorporar a nuevos grupos de ciudadanos a las actividades relacionadas o derivadas del turismo contribuyendo así al crecimiento de un sector económico que sobre todo en España tiene una directa incidencia en la generación de riqueza y empleo para toda la sociedad.
Teniendo presente los esfuerzos realizados por el Gobierno desde el año 1996, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, destacando el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y el Cermi, donde se fomenta el acceso de las personas con discapacidad a los servicios turísticos, el Grupo Parlamentario Popular considera conveniente seguir avanzando en este ámbito. Por eso presenta la siguiente proposición no de ley que obra en conocimiento de todos los miembros de esta Comisión.
Quiero decir que leída la enmienda del Grupo Socialista a la misma, en primer lugar, el Grupo Popular siempre intenta aproximar todo tipo de posturas de cara a lo que puedan ser avances o mejoras con respecto a las personas con discapacidad y de esta forma tratar de buscar cualquier tipo de transacción para conseguir una mejora. La cuestión es que la enmienda presentada por el Grupo Socialista carece de todo tipo de imaginación, dado que es idéntica a la presentada en la proposición no de ley que viene a continuación, la 161/473, con la única modificación de lo que es el turismo accesible por la cultura, y además lo que pretende es acudir al número 2 de la disposición final sexta de la Ley 51/2003, que conocemos bien, dado que fue una ley redactada por el Gobierno del Partido Popular. Precisamente este punto 2 dice que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se considere más relevantes, desde el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal.
Nosotros no solicitamos un estudio, que por supuesto está incluido en esta ley. Nosotros lo que solicitamos es un plan, que nada tiene que ver con un estudio. Solicitamos un plan como el que ya se uso en marcha mientras gobernaba el Partido Popular, como el del Ministerio de Medio Ambiente sobre playas accesibles, en el que, precisamente, lo que se pretende es facilitar el turismo accesible a todas las personas en las playas españolas atendiendo a una parte importante de las costas, a 770 kilómetros, y a 600 playas. Pero de la misma forma que existió este plan de accesibilidad a playas, lo que pretende esta proposición no de ley es precisamente hacer un Plan de turismo accesible que nos permita ser pioneros y líderes en el turismo -como somos hasta ahora- en Europa, pero ser también líderes en el turismo para las personas con discapacidad, para estos 50 millones de potenciales clientes del turismo en España. Por tanto, no podemos aceptar bajo ningún concepto una enmienda de sustitución en la que no se menciona en absoluto la elaboración o la puesta en marcha de este plan, redactándolo efectivamente con las personas afectadas, como pueden ser el Cermi o las personas con discapacidad, siguiendo el principio de: Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad; por tanto, no podemos aceptar la sustitución de la proposición no de ley mediante esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Cedrés Rodríguez.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Existen distintas iniciativas y disposiciones internacionales orientadas a la consideración del turismo como un derecho social que concierne a toda la ciudadanía, con especial referencia a los colectivos de personas mayores y discapacitados. Entre ellas, voy a citar las siguientes: la conferencia ministerial de turismo para todos, Brujas 2001, cuyo objetivo era extraer nuevas ideas para desarrollar al máximo la contribución del turismo al crecimiento y al empleo, y se reforzaría así la competitividad y el desarrollo sostenible del turismo, especialmente acelerando la adopción de nuevas tecnologías y poniendo los servicios turísticos al alcance de
toda la población, especialmente de las personas con discapacidad. La decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año ­europeo de las personas con discapacidad 2003 y la resolución también del Consejo, de 21 de mayo de 2002, sobre futuro del turismo europeo. En esta disposición se invitaba expresamente a la industria europea del turismo y a otros interesados del sector a participar activamente y a apoyar los esfuerzos emprendidos por la Comunidad Europea y los Estados miembros para mejorar la sensibilidad, competitividad y calidad del turismo europeo. Asimismo se invitaba a la Comisión, a los Estados miembros y a otras partes interesadas del sector a incrementar sus esfuerzos para facilitar a las personas discapacitadas el acceso al turismo. Estas serían las directrices del contexto europeo que enmarcan el tema presente en esta proposición no de ley y, acorde con las mismas la preocupación por la accesibilidad es clave en el programa electoral que hizo el PSOE con el que ganó estas elecciones generales. El punto número 3 de dicho programa, titulado Un nuevo impulso a la sociedad del bienestar, contiene un apartado, el 5, que se denomina La discapacidad: un déficit de ciudadanía que nos concierne a todos, dentro del cual se desarrolla el concepto de la accesibilidad universal como derecho de las personas con discapacidad.
La accesibilidad universal es también uno de los objetivos fundamentales que persigue la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Liondau, cuyas disposiciones finales sexta, octava y novena guardan estrecha conexión con la sensibilidad turística.
Por su parte, el I Plan Nacional de Accesibilidad, contiene varias estrategias y actuaciones relacionadas con el turismo. La actuación, por ejemplo, 1601, se denomina Programa de accesibilidad en establecimientos de ocio y turismo, que se remite, en lo que se refiere a los plazos, al calendario previsto en la Liondau, que fue aprobada por el Gobierno popular, por si a alguien se le olvida. Destaca también la estrategia número 17 de Incorporación de accesibilidad en los medios de transporte público, que igualmente se remite al calendario previsto en dicha ley.
A mi grupo le llama la atención que sea el Grupo Popular quien pretenda instar al Gobierno a aprobar plan nacional de accesibilidad turística en el plazo de seis meses, cuando en los ocho años en los que estuvo en el gobierno el Partido Popular poco avanzó en esta materia. El actual Gobierno ha expresado en reiteradas ocasiones su interés en acabar con el déficit de ciudadanía al que se ven sometidos los discapacitados y además lo ha demostrado con actuaciones concretas. Sin embargo, diez meses es un periodo demasiado breve, si se tiene en cuenta que está prácticamente todo por hacer. En segundo lugar, esta materia constituye uno de tantos aspectos contemplados en la Liondau que requieren desarrollo reglamentario, y no hay que olvidar que la propia ley establece plazos para las diferentes acciones que requiere su desarrollo y que van desde los dos hasta los diecisiete años.
El pasado día 24 de noviembre de 2004 compareció en la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, doña Amparo Valcarce García, que refiriéndose a la Liondau afirmó: Tiene un calendario de aplicación y se cumplirá en todos sus términos. No retrasaremos ningún plazo previsto. Al contrario, es nuestra voluntad anticipar buena parte de ellos, como ya hemos hecho. También es relevante recordar que la ley se aprobó en su momento sin ningún fondo, por lo que ha sido el Gobierno socialista quien ha tenido que realizar un esfuerzo presupuestario que se ha materializado en la firma del acuerdo para poner en marcha los planes de accesibilidad, mediante la inversión de 54 millones de euros en tres años.
La referencia que hace el texto de la proposición no de ley acerca de dar participación a todos los agentes y administraciones implicadas y a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias parece ignorar la realidad de que precisamente la participación es la línea que está marcando la actuación de este Gobierno, del Gobierno socialista, lo cual se aprecia fácilmente a través de hechos concretos.
Se ha reintegrado al Real Patronato de la Discapacidad a los representantes de las personas discapacitadas; se ha desarrollado el Real Decreto que regula el Consejo Nacional de la Discapacidad para incorporar a las personas discapacitadas; se ha firmado un convenio de colaboración entre la Presidencia del Gobierno y el Cermi; se ha puesto en marcha el II acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Cermi sobre el empleo de las personas con discapacidad; se ha suscrito un acuerdo entre dicho ministerio, el Cermi, las asociaciones más representativas de personas sordas o con deficiencias auditivas y los medios audiovisuales para poner en marcha el centro español del subtitulado; se ha consensuado un borrador para elaborar un real decreto dirigido al fomento del acceso al empleo público, entre otros logros.
Hay que reincidir en que la Ley 51/2003, la Liondau, estableció la obligación para el Gobierno de la aprobación de un plan nacional de accesibilidad, en el cual se concretasen, en este ámbito del turismo, los responsables, recursos, costes y calendarios. Por ejemplo, la primera fase de dicho plan es la de promoción, que abarca el periodo 2002-2006, en la que se prevé unas inversiones de 626,1 millones de euros, que serán aportados por las administraciones y los agentes sociales que se determinen. Por tanto, lo que creo que su grupo expone aquí hoy ya está recogido y no sé a quién le faltará más imaginación, si no es a quien pide lo que ya se recoge. Por todo lo expuesto, no veo posible que mi grupo pueda votar a favor de la proposición no de ley que su señoría presenta hoy en esta Comisión, si tenemos en cuenta que la demanda de la misma viene a redundar sobre aspectos que el Gobierno
de Rodríguez Zapatero no ha descuidado. Al contrario, se está avanzando en la consecución de objetivos relativos a la igualdad de oportunidades con respecto a las personas con discapacidad. Por tanto, y ya que el Gobierno está trabajando en el sentido de lo que propone su iniciativa, le pido a su grupo que acepte la enmienda de sustitución que se le ofrece y que creo que habrán leído.
El señor PRESIDENTE: A los solos efectos de aceptación o rechazo, el señor González López tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Nosotros lo que presentamos no tiene en absoluto nada que ver con la enmienda que propone el Grupo Socialista. Creo que tenía redactado ya lo que tenía que leer. Por eso no está en absoluto influido por lo que acabamos de oír en la comparecencia respecto a lo que hizo el Grupo Popular durante sus años de Gobierno y además creo que no entendió bien el Grupo Socialista, por eso quiero reiterárselo, que lo que se pretende es un plan que no aparece en absoluto reflejado en la enmienda. Creo que esa enmienda sería adecuada para otra proposición no de ley y no para la que se presenta.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN INMEDIATA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DE SUECA (VALENCIA), REQUERIDA DESDE EL AÑO 1995 POR LA ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS DE SUECA Y COMARCA (AMISUCO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000313.)
El señor PRESIDENTE: El cuarto punto del orden del día ha sido retirado por el grupo proponente y, por lo tanto, no vamos a considerarlo. Era sobre la eliminación inmediata de barreras arquitectónicas en la oficina de Correos y Telégrafos de Sueca. El grupo proponente, Esquerra Republicana de Cataluña, ha retirado porque, según han manifestado, había sido ya cumplido el objetivo de la misma.
- PARA HACER ACCESIBLES LAS OFICINAS DE CORREOS A LOS MINUSVÁLIDOS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000372.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5, proposición no de ley para hacer accesibles las oficinas de Correos a los minusválidos con movilidad reducida. por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bertrand de la Riera.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: Nos encontramos ante una proposición no de ley que insta al Gobierno de la nación a hacer accesibles las oficinas de Correos y Telégrafos de las distintas ciudades y pueblos de España a todas aquellas personas que tengan una movilidad reducida, y como todas o casi todas las oficinas de Correos, principales o no principales, de las diversas localidades de España cuentan con una serie de barreras arquitectónicas, nos encontramos ante una proposición no de ley que se extiende prácticamente a casi todas las oficinas de Correos de España. Un ejemplo fue la oficina de Correos de Valencia, Sueca, problema que al parecer ya ha sido solucionado y que traía hoy aquí Izquierda Republicana. Izquierda Republicana también presentó en el año 2004 una proposición no de ley para hacer accesible la oficina de Correos de Mongoda, Barcelona. Posiblemente esta también haya sido ya realizada. Hay otro ejemplo de una oficina de Correos de Murcia, que está en la plaza Circular, sobre la cual hay un estudio muy amplio con dibujos y textos de todas las barreras arquitectónicas que tiene dicha oficina de Murcia.
Incluso dice que hay un ascensor -para ser practicable debería tener unas dimensiones de 1,20 por 0,90-, cuyas dimensiones son 1,05 por 1,20, es decir, más ancho que profundo, al revés de como debía ser. Hay otro caso muy claro en Zaragoza -yo pasé por ahí el 9 ó 10 de diciembre-, en la calle de la Independencia, una calle renovada recientemente y que quedó francamente bien. Yo entré en la oficina de Correos, subí del orden de 16 ó 20 escalones, pasé al patio y una chica me preguntó: ¿Qué hace usted? Yo le dije: Buscando el ascensor. Me dijo: Aquí no hay ascensor. Para más inri, las cabezas de león, que son unos muy bonitos buzones que tienen fuera, en la calle, están muy altos y son inaccesibles para toda la gente que va en silla de ruedas, incluso para una persona bajita. Ninguna de las oficinas de Correos de Gijón, que es mi pueblo, es accesible en su totalidad. En la que yo uso más frecuentemente, que es la oficina sucursal número 3, los accesos no son accesibles, el mobiliario interior es accesible con acompañante y los aseos públicos no son accesibles. La oficina principal también tiene unos bonitos leones en la fachada que son totalmente inaccesibles por estar a demasiada altura y tener que subir tres y cuatro escalones. Para acceder hay cinco escalones, después hay una plataforma y luego hay 13 peldaños más. Todo eso sin ascensores y sin rampas. En la vida hay que tener esperanza y esto parece que se presenta bien, porque el 14 de octubre de 2004, el presidente de Correos, José Damián Santiago, compareció aquí, en el Congreso de los Diputados, y entre otras muchas cosas, ofreció 99 millones de euros para el año 2005 para ofrecer mejores condiciones de accesibilidad a las oficinas de Correos de todas
las ciudades españolas. Esperemos que así se cumpla y que pronto tengamos accesibilidad.
Hay una serie de leyes que regulan todo lo anterior y que fueron largamente comentadas aquí por el presidente del Consejo Económico y Social, que dijo: Existe un algo grado de incumplimiento, empezando por las administraciones. Son la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley Básica de Dependencia, etcétera, que no viene a cuento ahora.
Es una realidad que nuestras ciudades no son, en general, accesibles.
Hasta hace pocos años no sentíamos ninguna preocupación por la accesibilidad y nos olvidábamos de un porcentaje elevado de población con limitaciones de movilidad. De tres millones y medio a cuatro millones de personas de la sociedad española son personas con discapacidad. De éstas, 1,5 millones están clasificadas como dependientes y de esas dependientes, un millón presenta una dependencia severa. En Asturias contamos con 100.000 personas con discapacidad, entre 6 y 64 años, y de 64 en adelante, ojo al dato, ya son 150.000. Lo más frecuente -como estuvimos viendo a lo largo de la mañana- es la discapacidad para desplazarse. Un 60 por ciento de las personas con discapacidad mayores de 16 años, tienen ese tipo de discapacidad. Estamos ante un núcleo de 2,4 millones de personas. Mientras continúen los avances médicos aumentará la esperanza de vida de los españoles y este grupo de personas de tercera edad o de juventud madura, se convertirá en el grupo más numeroso del país con dificultad de movilidad. Estas personas de la tercera edad son sin duda las que más frecuentemente acuden a las oficinas de Correos, a las delegaciones de Hacienda, a bibliotecas, a iglesias, o a viejos casinos o cafés, que por lo general no cuentan con rampas ni con ascensores. Sin duda, cada anciano que se va transformando, vamos formando un discapacitado, acabamos creando un discapacitado. Porque la discapacidad no radica en el individuo, sino en el resto de la sociedad, que no es capaz de encarar y superar las barreras sociales, culturales, físicas, económicas e incluso políticas. No debemos nunca hablar de discapacitados, sino de personas con necesidades especiales. El acento está más cerca en la falta que en la posibilidad. Estamos fallando en la accesibilidad. España está fallando en la accesibilidad. Y sin ninguna duda, día a día estamos creando discapacitados.
Estos nuevos individuos, los de esta juventud madura que llamo yo, van engordando la lista que a finales del siglo pasado se estimaba en un tercio de la población nacional. Un tercio de la población española está constituida por personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Y nada más y nada menos que alcanzamos el entorno de 10 a 12 millones de personas. Tenemos que tener muy presente los que estamos aquí, que veinte años no son nada. Por lo tanto, sería tonto pensar que de esta agua no vamos a beber. Yo me pregunto qué pasaría si dentro de algunos años, uno cualquiera de nosotros no pudiera echar en su oficina de Correos una felicitación de Navidad a su nieto o consultar nuestra declaración en la Delegación de Hacienda, porque ni uno ni otro edificio público cuentan con rampas ni escaleras eléctricas ni elevadores. ¿Qué pensaremos mañana los que hoy estamos aquí? Estas trabas las sufren a diario los discapacitados, pero ni los políticos ni la población en general somos plenamente consciente de ello. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Norberto. Norberto es un joven gijonés que en los años cincuenta o sesenta -bueno, ya no es tan joven- fue víctima de la polio, enfermedad muy frecuente en aquellos años, llamada poliomelitis. En Gijón no nos dejaban bañarnos en una parte del río porque nos decían que cogíamos la polio. Este chico, Norberto, cogió la polio y nos da el siguiente testimonio: Una de las mayores complicaciones con la que se enfrentan quienes están en mi misma condición es transitar por las aceras sin rampas o con rampas pero con escalón en su comienzo, o bien tapadas estas por un coche mal aparcado. Otro problema serio lo constituyen las entradas a determinados edificios con puertas giratorias, con ascensores de tamaño inadecuado, donde no entra una silla de ruedas y ni hablar de la oficina de Correos o de la Delegación de Hacienda, donde más de quince escalones separan las aceras de las puertas de entrada y, por supuesto, sin rampas ni elevadores. Se refiere a la oficina de Correos y a la Delegación de Hacienda de Gijón.
La integración social -y voy terminando- no será una realidad si no modificamos, transformamos o adaptamos nuestro entorno vital para que pueda ser utilizado por todas las personas. Nos queda aún un larguísimo camino por recorrer hasta conseguir una ciudad para todos. De ahí la importancia de esta Comisión no permanente -y subrayo no permanente- de la Discapacidad. Importancia que debe de llevarnos a trabajar y a trabajar, a unir esfuerzos e ideas y, por supuesto, a menos discursos autocomplacientes y defensivos. De ahí también la importancia de esta PNL que insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para hacer accesibles todas las oficinas de Correos de España a las personas con una determinada discapacidad, pues acceder es existir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pin Arboledas.
La señora PIN ARBOLEDAS: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley que creo que todos compartimos. A las socialistas y a los socialistas nos parece que eliminar las barreras arquitectónicas, no solamente de los edificios públicos, sino también de los privados, y que desaparezcan de una vez por todas las barreras que impiden a las personas con minusvalía y a las personas con discapacidad el acceder con la misma libertad y con la misma facilidad como cualquier otra persona puede acceder a cualquier edificio, es absolutamente imprescindible para que una sociedad sea considerada digna e igualitaria.
Por tanto, compartimos plenamente la letra y el espíritu de la proposición no de ley. Ahora bien, en relación con este tema es preciso tener que en fecha 22 de junio de 2004, se presentó en la Mesa del Congreso de los Diputados, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), una proposición no de ley relativa a las mejoras de accesibilidad en las oficinas de Correos, que fue objeto de discusión en la Comisión de Fomento y Vivienda el pasado día 5 de octubre. Como resultado de esta discusión, se recogió la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que dio lugar a la modificación del texto inicialmente propuesto y cuya redacción fue aprobada por unanimidad -y digo por unanimidad- y publicada en el Boletín Oficial del Congreso del 27 de octubre de 2004, serie D, número 90, quedando como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a: Primero, realizar, antes de finalizar el mes de julio de 2005, un estudio sobre el estado de adaptación a los criterios de accesibilidad de todas las oficinas postales -digo de todas, teniendo en cuenta que España se compone de más de 8.000 municipios-. Y segundo, establecer conjuntamente con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos un plan de supresión de las barreras arquitectónicas en las oficinas que prestan el servicio postal, en donde se establecerá el año 2008 como plazo máximo de ejecución del plan.
Durante los ocho años que ha gobernado el Partido Popular ha habido planes, pero las realizaciones han sido bien escasas en este tema que nos ha traído hoy aquí. No ha existido un plan desde el Ministerio de Fomento para eliminar las barreras arquitectónicas y no se ha realizado, que sepamos, ninguna propuesta en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Ahora, el Gobierno socialista, está empeñado en realizar ese estudio que es complejo, en la medida en que la propia ley, la Ley 5/2003, de 2 de diciembre -de la que hoy tanto se ha hablado aquí, tanto por el presidente del Consejo Económico y por los portavoces que me han precedido- de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, prevé, en el punto primero de su disposición sexta, que el Gobierno apruebe unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, en un plazo que finaliza el 3 de diciembre de 2005, no habiéndose efectuado su desarrollo hasta esta fecha. Por lo tanto, para realizar el estudio sobre el estado de adaptación a los criterios de accesibilidad de todas las oficinas postales que debe finalizar antes de julio de 2005, en primer lugar, habría de definirse unas condiciones de accesibilidad y, en segundo lugar, habría que priorizar las actuaciones correspondientes.
Por otra parte, no comprendemos, después de haber aprobado por unanimidad -repito otra vez, por unanimidad- la proposición no de ley relativa a este tema el 5 de octubre de 2004, que el Grupo Parlamentario Popular vuelva a traer el tema a esta Comisión. Además, en la exposición de motivos de la proposición no de ley que nos ocupa se indica, a título de ejemplo, que la oficina principal de Correos y Telégrafos de Gijón dispone de una entrada inaccesible para personas con movilidad reducida, ya que la entrada al portal tiene cinco escalones y seguidamente hay una escalera de 13 peldaños, y que los buzones exteriores también son inaccesibles por estar a demasiada altura, sin que las personas con movilidad reducida puedan acceder a ellos. Visitada por esta portavoz dicha oficina, se constata que nos encontramos con un edificio catalogado al que las personas con discapacidad pueden acceder a través de la calle Fernández Paguín, desde donde se accede a un mostrador habilitado para tal fin. Siento hoy -y acaba ahora de entrar el portavoz del Grupo Popular señor Vañó- que el Grupo Socialista, en esta Comisión, tenga que votar en contra de esta proposición no de ley porque ya se ha aprobado con unas medidas mucho mejores, más claras y además con fechas concretas.
Por lo tanto, por lo anteriormente dicho, y teniendo en cuenta que la oficina que se menciona a título de ejemplo ya cuenta con una solución que facilita el acceso de personas con minusvalía y que la accesibilidad de todas las oficinas postales va a ser objeto de un estudio más general, ya aprobado por la Comisión de Fomento y Vivienda de este Congreso el pasado día 5 de octubre de 2004, como he dicho repetidas veces, en el que se señaliza su estado de adaptación y los criterios de accesibilidad, consideramos que esta proposición no de ley no tendría que haber venido a esta Comisión. Como portavoz del Grupo Socialista, no sé si los parlamentarios del Grupo Popular no se coordinan y no saben lo que se hacen en otras comisiones, porque no tiene sentido traer aquí hoy una proposición no de ley que rebaja las exigencias que desde el Parlamento se le están haciendo al Gobierno. Por tanto, cuando el Grupo Socialista me pidió que defendiera esta proposición no de ley, me quedé -como dicen en la Comunidad Valenciana- como una bachoqueta, porque no sabía cómo responder, puesto que esta proposición no de ley de alguna forma deshacía el camino que en la Comisión de Fomento y Vivienda se había avanzado para que hasta el mes de julio de 2005 se haga un estudio de todas las oficinas postales del Estado español y que en 2008 todas aquellas oficinas que tienen problemas de accesibilidad lo hayan solucionado. Por lo tanto, comprenderán los diputados y diputadas del Grupo Popular que el Grupo Socialista vote en contra de la proposición no de ley presentada hoy por su grupo.
- RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UN PLAN DÉ ACCESIBILIDAD CULTURAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000473.)
El señor PRESIDENTE: Por último, proposición no de ley relativa a la aprobación de un plan de accesibilidad
cultural, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Caracuel del Olmo.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Señorías, me temo muy mucho que la proposición no de ley que me toca presentar hoy en representación de mi grupo va a correr la misma suerte que han tenido las de mis compañeros que han intervenido con anterioridad. Si por algo lo lamento, y lo lamento de corazón, es precisamente por el colectivo de los discapacitados. No obstante, no voy a desistir y voy a hacer el intento a ver si mientras hago la exposición de mi proposición no de ley, ustedes cambian de opinión, ya que la proposición que voy a presentar apuesta por un plan de accesibilidad cultural necesario para afrontar el futuro con mejores perspectivas para las personas discapacitadas, así como para dar respuesta al propio informe de la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro, del Congreso de Diputados, de diciembre de 2003. Entre otras conclusiones, nos venía a decir que las políticas de sensibilidad y de desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deben orientarse también a organizar la efectiva participación de las personas discapacitadas al acceso a los bienes y servicios culturales. Asimismo, señorías, el acceder a las actividades de ocio, deportivas, culturales, etcétera, es algo que debe poder formar parte del programa existencial de cualquier ser humano.
La progresiva accesibilidad arquitectónica y urbanística, y un cambio de actitudes y expectativas a nivel social, han de facilitar que las personas con discapacidad disfruten del entorno, desarrollen sus ámbitos de interés y aporten a la sociedad su creatividad, su personalidad y su estilo de vida. Señorías, el mismo informe de la subcomisión dice que para ello es imprescindible una eficaz política de sensibilización social, que permita seguir avanzando en la eliminación de barreras físicas, sociales y emocionales, para que también en estos ámbitos de la vida social la participación activa de las personas con discapacidad sea algo natural y cotidiano.
A finales de la legislatura anterior, el Gobierno del Partido Popular aprobó tanto la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, como el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Ambas iniciativas contemplan la adaptación de bienes y servicios públicos a las personas discapacitadas. Además, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo numerosas actuaciones en materia de cultura y discapacidad, tales como la accesibilidad al Museo del Prado en las obras de ampliación y la adaptación de itinerarios para el uso de las personas discapacitadas en archivos de nueva creación. Ahí están otras actuaciones llevadas también a cabo por el Gobierno del Partido Popular, aunque después representantes del Grupo Socialista con su intervención quieran dejarlas anuladas. Estas otras actuaciones fueron: estudios de normas para la accesibilidad en bibliotecas; ayudas en el sector de la cinematografía para aquellos proyectos que faciliten el acercamiento de las películas a personas con discapacidad; ayudas financieras para la accesibilidad de las salas de exhibición mediante un convenio con el ICO en las reformas de teatros, se ha llevado también a cabo la implantación al Teatro María Guerrero y existían también proyectos en otros teatros para la traducción simultánea para ciegos o deficientes visuales; y convocatorias públicas de ayudas de teatro a los que podían acceder discapacitados.
No obstante, señorías, antes creíamos y ahora también seguimos creyendo que tenemos que seguir avanzando, y hay que hacerlo en dos sentidos. En primer lugar, para alcanzar una accesibilidad de los discapacitados en un sentido amplio: arquitectónico, urbanístico, de transporte, incluso de la comunicación o comprensión. Y en segundo lugar, hay que incrementar los programas pedagógicos y de difusión para estas personas con necesidades especiales. Por ello, desde aquí instamos al Gobierno y espero -aunque creo que no va a ser así- que todos los grupos se sumen a esta instancia, ya que esta proposición no de ley solo pretende la aprobación de un plan de accesibilidad y difusión cultural que acuerde, en primer lugar, establecer convenios con el sector de discapacitados, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y los agentes culturales, que contemplen la superación de las barreras de toda índole para los discapacitados en materia cultural y que puedan servir de referente para comunidades autónomas y municipios en los siguientes ámbitos: tanto en los proyectos de nueva ampliación y proyectos de reforma en las infraestructuras culturales, como museos, auditorios, archivos, bibliotecas y otros, como también, señorías, en el ámbito de las programaciones o servicios culturales en todas sus manifestaciones, ya sean permanentes o temporales, en calidad de beneficiarios de convocatorias de ayudas públicas como artistas, intérpretes, profesionales del sector, estudiantes, investigadores o en su calidad de espectadores, visitantes o usuarios, y desde su difusión o promoción, su utilización, su exhibición y su proyección. Un segundo punto de este plan debería ser desarrollar programas y actividades pedagógicas y de difusión. Y, por último, acelerar los plazos establecidos en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y a accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, para que todas las personas puedan acceder a los bienes y servicios públicos. De esta forma -estoy segura, señorías-, estaríamos contribuyendo a que las personas discapacitadas puedan afrontar el futuro con mejores perspectivas.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, he decirles que nosotros hemos presentado un plan con medidas concretas en el que podría tener
cabida cualquier otra medida que ustedes pudieran aportar. Hay que sumar, nunca restar, menos sustituir por la enmienda que ustedes presentan, que además de considerarla genérica, como el hecho de hacer un estudio, permítanme que les diga que está también vacía. Y, lo lamento, porque las cosas se presentan de una forma vacía cuando no tienen nada que aportar.
Luego el futuro de los discapacitadas en esta legislatura lo estoy viendo bastante negro.
He de decirles lo mismo que mi compañero apuntaba: ustedes han hecho su enmienda con desgana porque la han duplicado en dos proposiciones no de ley, siendo la finalidad la misma, ayudar a los discapacitados. Sin embargo, ustedes lo han hecho con una desgana tal que simplemente se han limitado a cambiar una letra para hacer alusión al tema cultural o al tema turístico. Por eso, señorías, no podemos aceptar la enmienda que ustedes presentan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Corral Ruiz.
La señora CORRAL RUIZ: Lamento la actitud del Grupo Popular en cuanto al planteamiento de nuestra enmienda.
La respuesta que damos al plan de accesibilidad cultural que presenta el Partido Popular es que lo que ellos proponen ya lo estamos haciendo. Lo que ellos proponen está recogido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, muy nombrada en esta Comisión, que se propone como objetivo la igualdad real de oportunidad de todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Y cuando digo en todos los ámbitos incluyo también el aspecto cultural, la integración de las personas que tienen dificultades, de las personas con discapacidad, integrarlas y acercarlas a los servicios de la cultura. Con este fin, la ley hace dos propuestas muy claras en cuanto a sus principios. Por una parte, la no discriminación, aprovechar y facilitar que los discapacitados se integren en servicios normalizados.
Y, por otra parte, las medidas de acción positiva. El Gobierno y el Ministerio de Asuntos Sociales están dando una verdadera prioridad a la no discriminación de los discapacitados en todos los ámbitos y también en el ámbito cultural, facilitándoles su accesibilidad. En esta dirección está firmando convenios con las comunidades autónomas para mejorar la accesibilidad en los edificios, en todo lo que tiene que ver con el ámbito del urbanismo, del transporte y de las comunicaciones. El Ministerio siempre tiene en cuenta cuáles son las prioridades de las comunidades autónomas. Tiene muy avanzados todos estos convenios y ya se están llevando a cabo en todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, el ministerio, para seguir avanzando en el ámbito de la accesibilidad, del I Plan Nacional de Accesibilidad y del II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, ha firmado un convenio con la Fundación ONCE. Supongo que al Grupo Popular le va a interesar saber -quizá no tenga conocimiento de ello-, que el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo con la Dirección General de Bellas Artes y de Bienes Culturales, a fin de estudiar y valorar las actuaciones que corresponden adoptar específicamente para facilitar y acercar la cultura al colectivo de discapacitados, con proyectos también específicos de mejora de accesibilidad a los centros.
No me quiero alargar, pero quiero añadir algo en relación a la propuesta que presenta el Grupo Popular. Tengo que decir que estamos de acuerdo con sus objetivos y con sus contenidos, pero creemos que ya se están llevando a cabo, como anteriormente comentaba. También creemos que tiene carencias. Su plan no refleja la participación de las comunidades autónomas ni de los colectivos afectados, lo cual nos parece grave porque es una obligación de la ley que hemos aprobado, de la Liondau. Y también me pueden permitir que su redacción me parezca engorrosa, compleja y quizá poco clara. Olvidaba decir que el Ministerio de Asuntos Sociales también está profundizando y avanzando actualmente -tiene un plan en esa dirección- ­para acercar las telecomunicaciones y la sociedad de la información a este colectivo.
Reitero otra vez que lamento la actitud del Grupo Popular ante esta moción y le pido que considere la enmienda que presentamos, que intenta mejorar de alguna manera la situación actual, instando al Gobierno o a que profundice, con un grupo de estudio, en cuáles son las medidas de apoyo, de fomento, para la no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los bienes y servicios de la cultura. Siempre está bien la reflexión, que nos puede ayudar a avanzar más deprisa. Y pido al Grupo Popular que vote a favor de nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Aunque sea a los solos efectos formales, pregunto a la portavoz del Grupo Popular, señora Caracuel, si acepta o rechaza la enmienda que se formula a su proposición no de ley.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Ya he expuesto en mi intervención nuestra opinión sobre la enmienda del Grupo Socialista. Vuelvo a repetir lo que decía mi compañero, que la proposición que tendríamos que votar sería la nuestra. La enmienda, por supuesto, quedó más que rechazada.
Si me gustaría decir que van a estar ustedes, en el Grupo Socialista, muy descansados en esta legislatura, porque al parecer todo lo tienen hecho.
Pero lo lamento una vez más y siento decirlo, por el colectivo de los discapacitados.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley.
La primera es la proposición no de ley para hacer efectiva la exención de tasas para estudiantes con discapacidad en la enseñanza universitaria, en los términos de la enmienda transaccional presentada y aceptada.
El señor PRESIDENTE: Por 32 votos a favor, es decir, por unanimidad, queda aprobada la proposición no de ley con la enmienda transaccional aceptada.
Punto dos: proposición no de ley sobre medidas para impulsar en España el turismo accesible a todos y aprobar un plan nacional de accesibilidad turística, en sus propios términos.
Proposición no de ley para hacer accesibles las oficinas de Correos a los minusválidos con movilidad reducida, en sus propios términos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Proposición no de ley relativa a la aprobación de un plan de accesibilidad cultural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; abstenciones, 18.
Y no habiendo más asuntos que tratar, vamos a levantar la sesión.
Previamente les anuncio que el próximo día 9 tendremos una nueva sesión a las diez horas.
La señora CORRAL RUIZ: Perdón, señor presidente. Es que hemos cometidos un error en la votación anterior. ¿Era lo de Correos? Y además falta la de la accesibilidad.
El señor PRESIDENTE: Sí. Hemos hecho cuatro votaciones. La que no hemos realizado es la retirada, que es la quinta, pero ha habido cuatro votaciones. Es probable que haya habido alguna confusión en la votación, pero aquí se han hecho cuatro votaciones. La primera se refiere a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 2; la segunda votación, a la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 3; la cuarta no se ha realizado porque había sido retirada; la que figura en el orden del día como quinta ha sido nuestra tercera votación y la que figura en el orden del día como 6 ha sido la cuarta votación. Ha habido cuatro votaciones y en cada una de ellas se ha producido el resultado que anteriormente hemos indicado.
La señora CORRAL RUIZ: Perdone. Yo lamento haberme equivocado por la retirada de la cuarta. No sé si se puede repetir la última votación.