Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/543255290
Timestamp: 2020-07-12 16:27:11
Document Index: 45876481

Matched Legal Cases: ['Artículo 233', 'artículo 36', 'artículo 411', 'artículo 5', 'artículo 234', 'artículo236', 'artículo 239']

Sentencia de Tutela nº 685/14 de Corte Constitucional, 11 de Septiembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 543255290
Se Pretende Con La Acción De Tutela Que Las Demandadas, En Su Condición De Hijas De La Accionante, Cumplan Con El Pago Mensual De La Cuota Alimentaria Que Fue Acordada Mediante Acta De Conciliación Por Alimentos Suscrita En Una Comisaría De Familia, En La Que Se Pactó Que Cada Una De Las Hijas Le Suministraría Mensualmente A Su Progenitora, Una Suma Equivalente A $50.000. La Accionante Tiene Setenta Años De Edad, Se Encuentra Afiliada En El Régimen Subsidiado De Salud, Está Clasificada En El Nivel I Del Sisbén, Presenta Problemas De Salud Que Le Impiden Trabajar Y Según Su Criterio, Vive ³arrimada En Casa De Una Recicladora. Se Analiza La Siguiente Temática: 1º. Presupuestos Procesales De La Acción De Tutela Contra Particulares. 2º. La Pensión De Alimentos O Cuota Alimentaria En Adultos Mayores. 3º. La Conciliación Extrajudicial Como Medio Eficaz Para Ordenar La Cuota Alimentaria De Un Adulto Mayor. 4º. La Afectación Al Mínimo Vital Cuando Se Omite El Pago De La Cuota Alimentaria En Personas Adultos Mayores Y, 5º. La Protección Constitucional A Las Personas Adultos Mayores. Se Tutelan Los Derechos Fundamentales Al Mínimo Vital Y A La Vida Digna. Se Ordena A Las Accionadas Pagar Las Cuotas Pactadas Voluntariamente Y Dejadas De Cancelar Y, Se Les Recuerda El Deber Legal Y Moral Que Tienen Frente A Su Señora Madre, En Virtud De La Cual Deben Cumplir De Manera Oportuna Con El Valor Acordado. Se Ordena A La Alcaldía De Bogotá Realizar Una Evaluación Socioeconómica A La Actora, E Incluirla Como Beneficiara De Los Centros De Vida Y En Los Programas De Subsidio Para Adultos Mayores.
Sentencia citada en: 9 sentencias, 4 artículos doctrinales
Acción de tutela presentada por la señora M.R. de M., contra sus hijas las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R..
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.C. - quien la preside -, M.V.S.M. y L.E.V.S., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
La señora M.R. de M., formuló acción de tutela contra sus hijas B.A.M.R. y L.M.R., invocando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por las demandadas al no cumplir con el pago mensual de la cuota alimentaria acordada por ellas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá. Basa su solicitud en los siguientes:
1.1.1 Indica la señora M.R. de M., que actúa a nombre propio, que es una persona adulta mayor con 70 años de edad, y se encuentra afiliada en el régimen subsidiado en salud a CAPRECOM del S. Nivel 1.
1.1.2 Manifiesta que mediante dos audiencias de conciliación suscrita entre ella y sus hijas B.A.M.R., D.R.R. y F.Á.P.R., el día 3 de septiembre de 2013, y con L.M.R., el día 26 de septiembre de 2013, realizadas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, se acordó que le sería entregada una cuota por concepto de alimentos de cincuenta mil ($50.000) pesos, que deberían pagar cada una de sus hijas los cinco primeros días del mes, la cual le ayudaría para sobrellevar su mínimo vital.
1.1.3 Asegura que sus hijas B.A.M.R. y L.M.R. nunca han cumplido dicho acuerdo, a pesar de recordárselo todos los meses, encontrándose en una situación precaria y sin medios para alimentarse. Asegura que actualmente vive arrimada a una recicladora de materiales, ya que no posee pensión ni vivienda, constituyéndose dicha cuota alimentaria en su único sustento para sobrevivir.
La señora M.R. de M., solicita se amparen sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital y se ordene a sus hijas, las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R., que cumplan con el pago mensual de la cuota alimentaria que fuera acordada mediante Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13, suscrita en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013.
Mediante fallo único de instancia del 1 de abril de 2014, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, negó el amparo solicitado por improcedente, al considerar que no se cumplía con el principio de la subsidiariedad, toda vez que existen otros medios de defensa judicial, que en este caso no logró demostrarse un perjuicio inminente e irremediable por parte de la señora M.R. de M..
1.5.1 Copia del Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13 suscrito en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013, entre la señora M.R. de M., y sus hijas, B.A.M.R. y L.M.R., donde consta que se les asigna una cuota de cincuenta mil ($50.000) pesos que deben aportar cada una a su progenitora dentro de los cinco (5) primeros día de cada mes (folios 5 y 6).
1.5.3 Copia del carné No. 11001002105 de CAPRECOM donde consta que la señora M.R. de M. pertenece al nivel socioeconómico 1 del S. (folio 9).
1.5.4 Copia de la cédula de ciudadanía de la señora M.R. de M. donde consta que nació el 4 de diciembre de 1944, es decir, cuenta con 70 años de edad (folio 10).
2.1.1 A las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R., para que informaran y aportaran pruebas sobre los motivos por los cuales no han cumplido con el acuerdo por alimentos de adulto mayor que suscribieron en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013, especificando además: (i) su actual situación económica; (ii) situación laboral; (iii) situación familiar; (iv) personas a cargo; y, (v) a que régimen de seguridad social pertenecen, contributivo o subsidiado.
2.1.2 A la señora M.R. de M. para que informara si sus hijas B.A.M.R. y L.M.R. están cumpliendo con la cuota alimentaria acordada en la Comisaría Décima de Familia de Engativá los días 3 y 26 de septiembre de 2013, y si considera pertinente la ampliación de los hechos expuestos en la presente acción de tutela.
Corresponde a la Sala decidir sobre la solicitud de amparo solicitado por la señora M.R. de M. contra sus hijas B.A.M.R. y L.M.R.. Con tal propósito, deberá resolverse si la omisión de las demandadas en cumplir con la cuota alimentaria pactada a favor de su progenitora, vulnera sus derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, teniendo en cuenta que dicha cuota es el único sustento para su supervivencia.
“ARTICULO 411. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTO). Se deben alimentos: 1o) Al cónyuge 2o) A los descendientes. 3o) A los ascendientes. 4o) A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa. 5o) A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. 6o) A los Ascendientes Naturales.7o) A los hijos adoptivos. 8o) A los padres adoptantes. 9o) A los hermanos legítimos.” (Subrayado nuestro).
“Artículo 233. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”(N. fuera del texto)
La Ley 29 de 1975[43] donde se aprobaron normas específicas para garantizar algunos derechos prestacionales a las personas de la tercera edad y se creó el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida.
El Decreto Ley 2011 de 1976[44] el cual ordenó denominar a los hogares y ancianatos como Centros de Bienestar del Anciano (CBA).
La Ley 48 de 1986[45] que autorizó a las asambleas departamentales, concejos intendenciales, comisariales y del Distrito Capital, para la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano.
El Decreto 77 de 1987[46] que establece que los Centros de Bienestar del Anciano quedan a cargo de los municipios y distritos.
La Ley 687 de 2001[47] se crean los Centros de Vida para la tercera edad.
La Ley 1251 de 2008[48] que define algunos conceptos importantes en materia de protección y garantía de derechos de personas de la tercera edad y enuncia los derechos de los ancianos y los deberes de la sociedad para con ellos.
La Ley 1276 de 2009[49] que modificó la Ley 687 de 2001 y definió los Centros de Protección Social para el Adulto Mayor, Centros de Día e Instituciones de atención.
Por último, la Ley 1315 de 2009[50] la cual, conserva las definiciones dadas por la ley 1251 de 2008, pero impone algunos requisitos formales para el funcionamiento de los centros de día y de protección social.
En el asunto en estudio, la señora M.R. de M., acude a la acción de tutela solicitando que sus hijas demandadas cumplan con el aporte de la cuota alimentaria a la que se comprometieron en la conciliación judicial legalmente realizada en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013.
Como ya fue puesto de presente, el problema jurídico a solucionar consiste en determinar si el no pago de las cuotas alimentarias por parte de las hijas de la señora M.R. de M., constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital a la vida digna, toda vez que, como se dijo en el acápite pertinente, cuenta con 70 años de edad[55], se encuentra afiliada en el régimen subsidiado en salud a CAPRECOM del S. Nivel 1[56], presenta problemas de salud que le impiden trabajar y vive “arrimada” en casa de una recicladora.
Para el efecto se advierte que la señora M.M. de Rojas suscribió, en dos audiencias de conciliación, una con sus hijas B.A.M.R., D.R.R. y F.Á.P.R., el día 3 de septiembre de 2013, y la otra con L.M.R., el día 26 de septiembre de 2013, ambas realizadas en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, un acuerdo de cuota alimentaria para adulto mayor de cincuenta mil ($50.000) pesos, que debían pagar cada una de ellas los cinco primeros días del mes, la cual le ayudaría para sobrellevar sus necesidades básicas, según consta en el expediente a folios 5 y 6.
Sin embargo, sus hijas B.A.M.R. y L.M.R., no han cumplido dicho acuerdo a pesar del conocimiento de la situación precaria y sin medios que tiene su madre para sostenerse.
Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991, la señora M.R. de M. instauró de manera personal la acción como titular de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital, por lo que se cumple con este requisito de procedibilidad.
De esa forma y teniendo en cuenta los supuestos fácticos reseñados con anterioridad, la señora M.R. de M. se halla en estado de indefensión respecto de sus hijas, por cuanto no puede proveerse por sí misma el sustento que necesita para satisfacer su mínimo vital y requiere de una cuota de alimentos que las accionadas se comprometieron a entregarle cada mes mediante un acta de conciliación debidamente constituida, la cual han incumplido, al parecer, sin justificación alguna, faltando a sus obligaciones legales y morales y comprometiendo seriamente sus derechos fundamentales dadas las condiciones precarias en que se encuentra.
4.4.2 Ahora bien, el caso bajo estudio se refiere al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria a favor de la señora M.R. de M., por parte de sus hijas Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R., quienes mediante Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13, suscrita en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013, se comprometieron a entregar, cada una, a su progenitora una cuota de $50.000 pesos dentro de los 5 primeros día de cada mes.
(ii) Carece de un ingreso económico regular que le permita brindarse autónomamente una vida en condiciones mínimas de dignidad,[69] pues ni siquiera está en capacidad de laborar normalmente y así lograr procurarse el cubrimiento de las necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. En efecto, la Sala encuentra que la actora pretende que sus hijas B.A.M.R. y L.M.R., cumplan con la cuota de alimento que mediante Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13, suscrito en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013, se comprometieron en asignarle cada una a su progenitora una cuota de $50.000 pesos que deben aportar dentro de los 5 primeros día de cada mes. Adicionalmente, sus ingresos económicos provienen de la colaboración que le prestan sus hijos, no posee bienes inmuebles, vehículos automotores y no devenga ninguna prestación económica periódica, debido a que no puede trabajar por presentar problemas delicados de visión.
En esta oportunidad, teniendo en cuenta las consideraciones particulares de la señora M.R. de M., la Sala considera que los derechos invocados se han visto violentados con la renuencia de las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R. -hijas de la petente - a cumplir el acuerdo conciliatorio, por las razones que a continuación se enuncian.
En efecto, al examinar los documentos se advierte que la accionante es una mujer de 70 años, de escasos recursos económicos, perteneciente al nivel 1 del S. tal como consta a folio 9 del expediente de tutela, el carné No. 11001002105 expedido por CAPRECOM.
4.6.2 En segundo lugar, se observa folios 5 y 6 del expediente la copia del Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13 suscrita en la Comisaría Décima de Familia de Engativá el 26 de septiembre de 2013, entre la señora M.R. de M., y sus hijas, B.A.M.R. y L.M.R., donde consta que se les asigna una cuota de cincuenta mil ($50.000) pesos que deben aportar, cada una, a su progenitora dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la cual se presume que fue acordada en forma voluntaria y atendiendo su capacidad económica.
4.6.6 Por otro lado, teniendo en cuenta las condiciones en que vive la accionante, las cuales no fueron desvirtuadas, la Sala no puede pasar por alto el grado de vulnerabilidad en que se encuentra y la necesidad de atención integral que requiere para mejorar su calidad de vida. Por ese motivo, ordenará a la Alcaldía de Bogotá, que previa evaluación socioeconómica, la incluya como beneficiaria de los Centros de Vida y en los programas de subsidio para adultos mayores y contribuyendo así, a mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la señora M.R. de M..
4.7.4 En el caso concreto, la Sala encontró que se cumplían con las exigencias establecidas por esta Corporación para reclamar la cuota de alimentos, a saber: (i) que la señora M.R. de M. carezca de bienes y, por consiguiente, requiera los alimentos que demanda; (ii) que las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R., no demostraron que no tienen los recursos económicos para proporcionarlos y (iii) que la relación de la peticionaria con las demandadas, es de madre e hijas, existiendo un vínculo de parentesco que contiene la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos.
4.7.5 De acuerdo con lo anterior, la Sala de Revisión revocará el fallo único de instancia proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el 1 de abril de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora M.R. de M., y en consecuencia, se concederá la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de la accionante.
4.7.6 Por lo tanto, ordenará a sus hijas B.A.M.R. y L.M.R., que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación paguen las cuotas dejadas de cancelar a partir de la fecha en que suscribieron el Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13 en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, la cual se presume que fue acordada en forma voluntaria y atendiendo sus capacidades económicas. Así mismo, se les recuerda el deber legal y moral que tienen frente a su señora madre, en virtud del cual, deben cumplir de manera oportuna con la cuota asignada a su progenitora por el valor de cincuenta mil ($50.000) pesos que deben aportar cada una dentro de los cinco (5) primeros día de cada mes.
4.7.7 Por tanto, teniendo en cuenta las condiciones en que vive la accionante, las cuales no fueron desvirtuadas, la Sala no puede pasar por alto el grado de vulnerabilidad en que se encuentra y la necesidad de atención integral que requiere para mejorar su calidad de vida. Por ese motivo, ordenará a la Alcaldía de Bogotá, que previa evaluación socioeconómica, la cual deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días (15) contados a partir de la notificación de la presente tutela, la incluya como beneficiaria de los Centros de Vida y en los programas de subsidio para adultos mayores y contribuyendo así, a mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la señora M.R. de M..
4.7.8 Adicionalmente, pondrá en conocimiento de la presente decisión, a la Defensoría del Pueblo en su condición de defensor de los derechos humanos, para que haga el respectivo seguimiento y asesore a la señora M.R. de M., en lo que considere pertinente.
PRIMERO: REVOCAR el fallo único de instancia proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el 1 de abril de 2014, que negó el amparo solicitado por la señora M.R. de M.. En su lugar, TUTELAR la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de la accionante.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR las señoras Blanca Aurora M. Rojas y L.M.R., para que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación paguen las cuotas dejadas de cancelar a partir de la fecha en que suscribieron el Acta de Conciliación por Alimentos Adulto Mayor No. R.U.G. 10-4730-13 en la Comisaría Décima de Familia de Engativá, la cual se presume que fue acordada en forma voluntaria y atendiendo sus capacidades económicas. Así mismo, se les recuerda el deber legal y moral que tienen frente a su señora madre, en virtud del cual, deben cumplir de manera oportuna con la cuota asignada por el valor de cincuenta mil ($50.000) pesos que deben aportar cada una dentro de los cinco (5) primeros día de cada mes.
TERCERO: ORDENAR a la Alcaldía de Bogotá, que previa evaluación socioeconómica, la cual deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días (15) contados a partir de la notificación de la presente tutela, la incluya como beneficiaria de los Centros de Vida y en los programas de subsidio para adultos mayores contribuyendo así, a mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la señora M.R. de M..
CUARTO: PONER en conocimiento, a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo en su condición de defensor de los derechos humanos, para que haga el respectivo seguimiento y asesore a la señora M.R. de M., en lo que considere pertinente.
QUINTO: L. por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[2] Sentencia T-1095 de 2007 MP. N.P.P..
[3] Sentencia T-920 de 2002. MP. R.E.G..
[6] MP. A.B.C..
[7] Sentencias T-036 de 1995 M.P.C.G.D., T-379 de 1995 M.A.B.C. y T-375 de 1996 M.P.E.C.M., entre otras.
[8] Sentencia T-605 de 1992 MP. E.C.M..
[9] Sentencia T- 172 de 1997 MP C.G.D.
[10] MP. L.G.G.P..
[11] En la Sentencia C-919 de 2001 (M.J.A.R., la Corte señaló que “la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad (…).”
[12] Sobre estos aspectos, la Sentencia C-237 de 1997 (M.C.G.D.) dispuso: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.”
[13] MP. J.G.H.G..
[14] MP. A.B.C..
[16] Véase la Sentencia C-184 de 1999 MP. A.B.C..
[17] Sentencia T-203 de 2013 MP. L.G.G.P..
[18]Sentencia T-203 de 2013 MP. L.G.G.P..
[20]ARTICULO 411. >. Se deben alimentos: 1o) Al cónyuge 2o) A los descendientes. 3o) A los ascendientes. 4o) A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa. 5o) A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. 6o) A los Ascendientes Naturales.7o) A los hijos adoptivos. 8o) A los padres adoptantes. 9o) A los hermanos legítimos.
[22] Sentencia T-203 de 2013 MP. L.G.G.P..
[23] Entre otras, las sentencias T-506 de 2011 MP. H.A.S.P. y la T-203 de 2013 MP. L.G.G.P..
[24] MP. C.G.D..
[25] MP. J.A.R..
[26] M.J.C.T..
[27] MP. R.E.G..
[30] Corte Constitucional, sentencia T-1139 de 2005 (M.A.B.S.). Al respecto también se pueden estudiar las consideraciones hechas por esta Corporación en la sentencia T-746 de 2008 (M.J.A.R.).
[32] En relación con dicho tema, en la Sentencia T-096 de 2008 (M P.H.A.S.P.) se explicó que: “(…) la configuración del derecho de acceso a la justicia incorpora el impostergable compromiso de llevar a cabo la materialización de la cláusula de prevalencia de los derechos fundamentales (artículo 5° superior) en el particular contexto de las actuaciones jurisdiccionales. En tal sentido, la administración de justicia no puede ser concebida como un ejercicio irreflexivo en el cual el operador jurídico se encuentra llamado a dar aplicación automática e inopinada a las normas que encuentra en el ordenamiento jurídico, pues el objetivo fundamental perseguido mediante la iuris dictio consiste en la realización de un orden ‘político, económico y social justo’, tal como se encuentra descrito en el preámbulo de la Carta. En consecuencia, la labor judicial ha de tener como prisma de las disposiciones… el articulado vertido en el texto constitucional, pues sólo a través de su consideración en la esfera judicial es posible garantizar que la expedición de providencias judiciales sea, en realidad, un ejercicio material de administración de justicia.”
[33] MP. F.M.D..
[35] MP. J.I.P.C..
[36] Sentencia T-413 de 2013. M.N.P.P.
[37] Sentencia T-225 de 2005. M.C.I.V.H.
[38] Sentencia T-413 de 2013. M.N.P.P.
[39] Sentencia T-413 de 2013. M.N.P.P.
[40] Sentencia T-658 de 2013. M.M.V.C. Correa
[41] Sentencia T-149 de 2002. M.M.J.C.E.
[52] Sentencia C-503 de 2014 MP. J.P.C..
[57] Textualmente dice: “La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”(N. fuera del texto).
[60] Sentencia T-1140 de 2005 MP. Marco G.M.C..
[61] Sentencia T-896 de 2010 MP. N.P.P..
[62] Respecto a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios la Corte, en Sentencia T- 453 de 2009 (MP. J.C.H.P., señaló que: “Fue así como la Constitución Política dispuso un sistema jurídico al que todas las personas tienen derecho a acceder, con el fin de que, en el mismo, todos los conflictos jurídicos fueren resueltos en derecho en virtud de normas sustanciales y procesales preexistentes, erigiendo diversas jurisdicciones (ordinaria -artículo 234-, contencioso administrativa -artículo236-, constitucional –artículo 239-) y en cada una de éstas determinando la competencia material, las autoridades y las acciones y procedimientos para su acceso.// De esta forma, el ordenamiento jurídico ofrece normas procesales y sustanciales ejecutadas por autoridades previamente instituidas, para que sean resueltos todos los conflictos que en él sucedan. (…)// Así, la acción de tutela es un mecanismo efectivo para el amparo de los derechos fundamentales cuyo ejercicio ante la existencia de otros medios de defensa judicial, no significa el remplazo de éstos, sino el desarrollo mismo de su finalidad, esto es, que en interés de la salvaguarda de los derechos fundamentales afectados, la acción de tutela procederá de manera excepcional y subsidiaria ante la inexistencia de un medio de defensa judicial o ante la amenaza de configuración de un perjuicio irremediable”.
[63] Ver, entre otras, las sentencias T-708 de 2009 (MP. J.C.H.P., T-595 de 2011(MP. J.I.P.P.) y SU-189 de 2012 (MP. G.E.M.M..
[65] Ver, entre otras, las sentencias T-456 de 1994 (MP. A.M.C., T-076 de 1996 (MP. J.A.M., T-160 de 1997 (MP. V.N.M., T-546 de 2001 (MP. J.C.T., T-594 de 2002 (MP. M.J.C.E., T-522 de 2010 (MP. J.I.P.C., T-1033 de 2010 (MP. J.I.P.P.) y T-595 de 2011(MP. J.I.P.P.).
[66] Sobre las características del perjuicio irremediable, en la sentencia T-225 de 1993 (MP. V.N.M., se sostuvo que: “[a]l examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente: A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. (…) B) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (…) C) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. (…) D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (…)”.
[68] (MP. Clara I.V.H.) En aquella oportunidad la Corte examinó el caso de una persona a la cual el Ministerio de Defensa Nacional le había dejado de pagar la cuota alimentaria a cargo de la pensión de uno de sus afiliados, bajo el entendido de que éste había muerto y la pensión se sustituyó en cabeza de otra persona. Dado que el asunto revestía importancia constitucional y la accionante se hallaba en estado de debilidad manifiesta, la Sala Novena de Revisión decidió declarar procedente la acción de tutela y estudiar de fondo el caso.
[73] Véase la Sentencia C-184 de 1999 MP. A.B.C..