Source: https://es.scribd.com/document/340479767/Amicus-Curiae-2
Timestamp: 2017-06-26 12:27:32
Document Index: 100364582

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'Artículo\n141', 'artículo 141', 'artículo 41', 'artículo 105', 'Artículo 141', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'in fine', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 146', 'Artículo 198', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 109']

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Amicus Curiae (2) Cargado por Gerardo ÁlvarezRelated InterestsCapital PunishmentCriminal LawPunishmentsFelonyPrisonRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarDescripción: Fundamento de la inconstitucionalidad del artículo 141, fracción VII de la LNEP.Ver másFundamento de la inconstitucionalidad del artículo 141, fracción VII de la LNEP.Copyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentAcción de inconstitucionalidad61/2016
Promovente: Presidente de la Comisión
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María
Aguilar Morales.
Las que suscribimos, Iliana Pamela Martínez López y Lucía Isabel Mota Casillas,
por nuestro propio derecho, con domicilio para recibir notificaciones en el
Departamento Académico de Derecho del ITAM, ubicado en Río Hondo Número 1,
Colonia Progreso Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P 01080, en esta Ciudad
de México; con direcciones de correo electrónico imartinel@itam.mx y
lmotacas@itam.mx, nos dirigimos a usted, con copia a cada uno de los diez
ministros que forma el Pleno de este Alto Tribunal, en relación con el procedimiento
citado en el rubro, listado presentarle nuestra opinión mediante el siguiente
l. Interés de las suscritas en relación con el caso planteado
Como su expresión en latín manifiesta, amicus curiae “amigos de la corte”, venimos
a aportar argumentos en relación con las consecuencias que se deben seguir de
declararse inconstitucionalidad del artículo 141, fracción VII de la Ley Nacional de
Ejecución Penal (LNEP), en términos del cuarto concepto de Invalidez formulado por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Acción de Inconstitucionalidad
citada al rubro y del Amicus Curiae presentado el dieciséis de febrero del año en
curso por nuestra Representación estudiantil.
II. Cuestión procesal previa: inversión del orden en el examen de los
conceptos de invalidez planteados
Del cuarto concepto de invalidez es la figura principal se deriva la inoperancia
de la libertad condicionada regulada en la LNEP y, a su vez, la subsistencia de las
normas impugnadas en los segundo y tercero conceptos de invalidez, en tanto que
éstos se refieren a la regulación especial para la libertad condicionada, por lo que
respetuosamente sugerimos modificar el orden para el estudio de los conceptos de
En efecto, al declararse la inconstitucionalidad de la fracción VII del Artículo
141 señalado, no subsistirá la figura de la libertad condicionada, ya que ninguna
persona sentenciada tendría que someterse a dicho periodo de vigilancia antes de
acceder a la libertad anticipada, por lo que considerando que los preceptos
normativos impugnados en los conceptos de invalidez segundo y tercero deben
considerarse insubsistentes como consecuencia de la invalidez del artículo 141
fracción Vll de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como se ilustra a continuación
lIl. Efectos de la declaración de invalidez del artículo impugnado en el
concepto cuarto de invalidez
El artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
esta necesidad de preservar la coherencia de las normas en el ordenamiento
jurídico, por lo que exige que al resolverse una acción de inconstitucionalidad la
sentencia correspondiente debe definir claramente los alcances y efectos de la
En consecuencia de lo anteriror, la declaración de inconstitucionalidad de la
fracción VII del Artículo 141: “Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena
impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos
culposos.”, impugnada tendría como consecuencia la necesidad de eliminar no
únicamente los preceptos impugnados en los conceptos de invalidez segundo y
tercero, sino todo lo relativo a la figura de la libertad condicionada, lo que implica la
expulsión de las siguientes normas y porciones normativas de la LNEP:
LNEP Porción normativa Análisis
Artículo 3, fracción “Glosario. Del glosario deberá eliminarse
XXVI Para los efectos de esta Ley, la figura de supervisor de
según corresponda, debe libertad condicionada, pues
entenderse por: esta figura no existirá sin un
[…] régimen de libertad
XXVI. Supervisor de libertad condicionada.
condicionada: A la autoridad
administrativa que depende del
Poder Ejecutivo Federal o de los
poderes ejecutivos de las
entidades federativas, que da
seguimiento a las personas
sentenciadas que gozan de
libertad condicionada, y
“Derechos de las personas
Artículo 12 sentenciadas que gocen de Al dejarse sin efectos la
libertad condicionada. libertad condicionada no
Las personas sentenciadas que tendría sentido regular los
gozan de libertad condicionada, derechos de los que gozan las
tendrán los siguientes derechos: personas en libertad
I. Ser informados de su condicionada, puesto que
situación jurídica cuando lo nadie se encontraría en ese
soliciten o cuando ésta se supuesto.
II. Solicitar modificaciones a
sus obligaciones, conforme
III. Solicitar la intervención del
Juez de Ejecución cuando
exista una irregularidad por
parte del supervisor de
libertad en el desarrollo o
obligaciones derivadas de
la medida otorgada,
IV. Los demás que esta Ley u
“Obligaciones de las personas
Artículo 13 sentenciadas que gocen de Al eliminarse la libertad
libertad condicionada. condicionada, no tendría
Las personas sentenciadas que sentido regular las obligaciones
hayan obtenido alguna medida de que tendrán las personas en
libertad condicionada, tendrán las libertad condicionada, puesto
siguientes obligaciones: que nadie se encontraría en
I. En caso de necesitar ese supuesto.
II. Cumplir con las
resoluciones y medidas de
seguimiento impuestas por
el Juez de Ejecución para
su liberación;
III. Usar, conservar y
mantener en óptimas
condiciones todas las
y recursos materiales que
se les proporcionen para el
control y seguimiento de su
IV. Colaborar con los
supervisores de libertad a
fin de darle cumplimiento a
V. Presentar los documentos
que le sean requeridos por
el Juez de Ejecución;
VI. Las demás que
establezcan esta Ley u
aplicables.”
“Competencias del Juez de
Artículo 25, Ejecución. La competencia aquí regulada
fracción VII En las competencias a que se debe quedar limitada sólo a la
refiere el artı́culo anterior, el Juez sustitución de penas y
de Ejecución deberá observar lo permisos especiales. En lo que
siguiente: se refiere a la libertad
[...] condicionada es una
VII. Establecer las modalidades competencia que no tendría
sobre las condiciones de materia.
supervisión establecidas para los
supuestos de libertad
condicionada, sustitución de penas
y permisos especiales;
“Autoridades supervisoras de
Artículo 26 libertad Todas las competencias
La autoridad para la supervisión atribuidas a las Autoridades
de libertad condicionada, deberá supervisoras de la libertad
ser distinta a la Autoridad tendrán que invalidarse en
Penitenciaria o instituciones razón de la insubsistencia de la
policiales, dependerá materia que regulan, es decir,
orgánicamente del Poder Ejecutivo la supervisión de la libertad.
federativas, y tendrá las siguientes
l. Dar seguimiento a la ejecución
de las sanciones penales, medidas
de seguridad y restrictivas
impuestas por el Juez de
Ejecución fuera de los Centros con
motivo de la obtención de libertad
ll. Realizar los informes relativos al
Ejecución en los términos del
artı́culo 129 de la presente Ley;
lll. Coordinar y ejecutar la
aplicación del seguimiento de los
programas para las personas que
gozan de la medida de libertad
condicionada en términos de lo
que disponga la sentencia;
lV. Las demás que determine el
Juez de Ejecución.
La autoridad para la supervisión
de libertad podrá celebrar
convenios de colaboración con
sin fines de lucro y certificadas.
Para tal efecto, el Poder Ejecutivo
federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias
establecerán el proceso de
certificación para que una
organización de la sociedad civil
pueda coadyuvar en la supervisión
“Libertad condicionada.
Artículo 136 El Juez de Ejecución podrá La competencia que tiene el
conceder a la persona sentenciada Juez de Ejecución para
el beneficio de libertad conceder a una persona
condicionada bajo la modalidad de sentenciada el beneficio de la
supervisión con o sin monitoreo libertad condicionada bajo la
electrónico.” modalidad de supervisión, con
o sin monitoreo electrónico,
deja de ser aplicable al no
existir la propia figura de
Artículo 137 “Requisitos para obtener la Los requisitos relativos a la
libertad condicionada. obtención de la libertad
Para la obtención de alguna de las condicionada no tienen
medidas de libertad condicionada, sustento al no subsistir la figura
el Juez deberá observar que la de la libertad anticipada, dichos
persona sentenciada cumpla los requisitos quedan sin
siguientes requisitos: referencia aplicable .
l. Que no se le haya dictado
diversa sentencia condenatoria
ll. Que no exista un riesgo objetivo
y razonable en su externamiento
para la víctima u ofendido, los
testigos que depusieron en su
contra y para la sociedad;
lll. Haber tenido buena conducta
durante su internamiento;
lV. Haber cumplido
satisfactoriamente con el Plan de
Actividades al día de la solicitud;
V. Haber cubierto la reparación del
daño y la multa, en las
modalidades y con las
excepciones establecidas en esta
Vl. No estar sujeto a otro proceso
penal del fuero común o federal
por delito que amerite prisión
preventiva, y
Vll. Que se haya cumplido con la
mitad de la pena tratándose de
La Autoridad Penitenciaria tendrá
adquisición, mantenimiento y
seguimiento de los sistemas de
Excepcionalmente, cuando las
familiares del beneficiario lo
permitan, éste cubrirá a al
Autoridad Penitenciaria el costo
La asignación de la medida de
libertad bajo supervisión con
monitoreo electrónico, así como la
asignación de dispositivos, deberá
responder a principios de
necesidad, proporcionalidad,
igualdad, legalidad y no
No gozarán de la libertad
condicionada los sentenciados por
delitos en materia de delincuencia
organizada, secuestro y trata de
La persona que obtenga libertad
condicionada, deberá
comprometerse a no molestar a la
víctima y ofendido y a los testigos
que depusieron en su contra.”
Artículo 138 “Suspensión de obligaciones. El precepto normativo regula
Una vez otorgada la medida de la una situación, la suspensión de
libertad condicionada, la autoridad obligaciones, que depende de
de supervisión dará seguimiento a la presencia de la libertad
las obligaciones y condiciones condicionada como medida
establecidas en la resolución e previa para poder otorgarse.
informará al Juez de Ejecución de
Procedimientos Penales para la
autoridad de supervisión de
medidas cautelares y en las
Esta obligación quedará a cargo
de las autoridades encargadas de
llevar a cabo las funciones de
supervisión de las personas
beneficiadas con alguna de las
medidas de libertad condicionada
establecidas en esta Ley.”
Artículo 139 “Reducción de obligaciones en La posibilidad de solicitar
el régimen de supervisión. reducción de obligaciones en el
Las personas sentenciadas que se régimen de supervisión implica
encuentren en los supuestos de el supuesto de que existen
libertad condicional podrán individuos en el régimen de
solicitar la reducción de supervisión. La eliminación de
obligaciones en el régimen de la libertad condicionada implica
supervisión, siempre y cuando se la eliminación de todo lo
hubieren dedicado de forma relativo al régimen de
exclusiva a actividades supervisión.
productivas, educativas, culturas o
deportivas no remuneradas. En el
caso de las actividades culturales
y deportivas, el sentenciado
deberá acreditar participar en la
difusión, promoción,
representación y en su caso,
competencias en dichas
actividades. En el caso de
actividades educativas, se deberá
acreditar la obtención de grados
académicos.”
Artículo 140 “Cancelación de la libertad La cancelación de la libertad
condicionada. condicionada es un supuesto
La medida de libertad normativo que resulta
condicionada terminará por insubsistente al quedar
revocación en los casos de invalidada la figura de la
violación reiterada a los términos libertad condicional.
establecidos por el Juez de
Ejecución, por sustitución, por la
extinción de la pena en su
totalidad o por el otorgamiento de
la libertad anticipada, o cometa un
nuevo delito en el plazo que resta
para el cumplimiento de la pena
originalmente impuesta.”
Artículo 146 “Solicitud de pre-liberación. Entre las solicitudes que puede
“La Autoridad Penitenciaria, con presentar la Autoridad
opinión de la Procuraduría, podrá Penitenciaria ante el Poder
solicitar al Poder Judicial de la Judicial de la Federación o el
Federación o ante el Tribunal Tribunal Superior de Justicia
Superior de Justicia que correspondiente.
corresponda, la conmutación de
pena, liberación condicionada o
liberación anticipada de un grupo
determinado de determinado de
personas sentenciadas de acuerdo
a alguno de los siguientes
criterios: [...]”
Artículo 198 “Reparación del daño Debe eliminarse la porción
Toda persona sentenciada, normativa “libertad
candidata a disfrutar de alguna condicionada”, dejando
medida de libertad condicionada aplicable la normatividad
o libertad anticipada; [...]” referente a la reparación del
daño únicamente a las
personas candidatas a disfrutar
libertad anticipada, sustitución
o suspensión temporal de la
lV. Consideraciones sobre la expulsión de las normas referentes a la
a) Aplicación extralógica de elementos de sistemas jurídicos
distintos que mantienen el Derecho penal de autor
En los años recientes, México ha experimentado una serie de cambios en el
sistema de justicia penal. Entre estos cambios se han adoptado elementos del
sistema acusatorio anglosajón, particularmente en lo relativo a el sistema de
interrogatorios, entre ellos las técnicas de debate como el cross-examination.
En la LNEP se buscó introducir otros elementos del sistema anglosajón que
resultan inaplicables a la nueva justicia de ejecución penal mexicana. Este es el caso
de la figura de la libertad condicionada, que si bien ya existía de alguna manera
similar bajo las figuras de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria
en el sistema regido por la abrogada Ley que Establece las Normas Mínimas para la
Readaptación Social de Sentenciados y el Código Penal Federal (en las
disposiciones relativas que también han sido abrogadas), ahora se pretende
institucionalizar bajo la figura anglosajona del supervisor en libertad que junto con
otros antecedentes españoles deriva de las figuras de probation y parole officer, tal y
como lo explica Sergio García Ramírez:1
“La libertad condicional, denominada ‘preparatoria’ desde el Código Penal de
1871 (on parole, en el sistema anglosajón), tiene raíz en el régimen
penitenciario progresivo, como última fase del proceso de ejecución. Permite
la libertad anticipada (‘preparatoria’ de la definitiva) y precaria (condicional).
La remisión tiene raíz en el Código Penal español de 1822; se recogió en
algunos proyectos y ordenamientos de nuestro derecho histórico. En cuanto al
fondo, se apoya en la idea moral del delito, que supone –en descargo— el
arrepentimiento y la enmienda. De éstos dependió la reducción de la pena;
fueron el equivalente de lo que ahora denominamos readaptación social;
estuvieron cerca del concepto que empleó la Constitución hasta 1964: la
regeneración del reo.
La remisión parcial se basa también en un ‘juicio de personalidad’ para estimar
la readaptación social. Ingresa en nuestro derecho moderno por conducto de
la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, del
Estado de México, primero, y de la Ley de Normas Mínimas, después; ésta le
Sergio García Ramírez, Derecho penal. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990.,
pp. 404-406. Sergio García Ramírez, Derecho penal. Universidad Nacional Autónoma de México,
México 1990., pp. 94-96. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=282
(Capítulo V, Sanciones).
dedica el artículo 16, constitutivo del capítulo V. Tiene, como la libertad
preparatoria, una referencia temporal y otra instrumental: “Por cada dos días
de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe
buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se
organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación
social”. El sistema “empírico” carga el acento en los datos externos:
consideración matemática de tiempo, trabajo, actividades educativas y
conducta. En cambio, el sistema “lógico” pone énfasis en la readaptación
social. La Ley de Normas Mínimas subraya la readaptación social “será en
todo caso el factor negativo para concesión o negativa de la remisión parcial
de la pena; no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la
participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del
sentenciado.”
De lo aquí citado se hace evidente que la incorporación del supervisor de
libertad, al que se le da entrada a partir de la distinción de los delitos culposos y
dolosos es propia de sistemas que permanecen permeados por el derecho penal de
autor, que se distingue del derecho penal de acto, propio de los modelos de justicia
penal modernos en los términos que marcan la tesis de jurisprudencia emitida por la
Primera Sala con número 1a./J. 19/2014 (10a.), y 1a./J. 21/2014 (10a.),
respectivamente, de rubro y texto siguientes:
DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS
CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS. De la interpretación sistemática de los
artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que
nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como "derecho
penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". Entender
las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y
compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características
personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la
imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser
llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada,
enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización
no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el
decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades
morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad.
Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar,
rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad
del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo
"peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su
beneficio. Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad
que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que
existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para
asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la
personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un
acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado
-actuando a través de sus órganos- está legitimado para castigar la ausencia de
determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en
su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de
la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo
asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y
debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo
lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del
ámbito sancionador del Estado.
DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO
PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14,
TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de
determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra
protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos
constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para
ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues
como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad
humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos
humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier
modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos
de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho
penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la
personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que
necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por
el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta
disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el
derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas
(no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal,
clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18
constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de
"reinserción", a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que
la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya
eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que
alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se
decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades.
Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del
constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal
de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta
conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el
artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que
cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga
incidencia en la punición.
Como demuestran las jurisprudencias citadas, diversos principios
constitucionales respaldan el derecho penal de acto, entre ellos el derecho a la
dignidad humana, el principio de legalidad y la autonomía individual. Además,
en un Estado Constitucional de Derecho que ha superado ideas como las que
califican al Estado como un guía moral, no se puede permitir que las personas
sean sancionadas por aspectos personales, sino sólo por sus conductas
perjudiciales y de acuerdo a criterios objetivos.
b) Negación de los principios de reinserción social y no discriminación
Como establece la propia LNEP, el sentido de la reinserción social es el de
restituir al individuo que ha complido una pena de prisión (o incluso a quien ha
estado sujeto a prisión preventiva) en el pleno ejercicio de sus derecho y libertades.
Esta finalidad se ve contradicha cuando el Estado interpone obstáculos a las
personas que han sido liberadas, colocándolas en una situación en la que no pueden
ejercer plenamente sus derechos, principalmente el derecho a la educación y al
trabajo, siendo que, al mismo tiempo, el Estado no les provee de satisfactores, como
lo debe hacer en prisión.
Es necesario atender a factores fuera de los económicos para justificar un
régimen de libertad condicionada. Respecto al factor social se puede ver que en
ocasiones el mismo hecho de que una persona esté en libertad condicionada lo
sujeta a necesidades adicionales, como la atención de su familia, por lo que se hace
necesario que cuente con un trabajo bien remunerado para poder subsistir. Sobre
este punto la autoridad judicial también debería proponer medidas de control, para
vigilar que se cumplan las condiciones mínimas de la ley laboral y no se encuentre la
persona en riesgo de volver a delinquir por no poder subsistir. Igualmente, si la
persona cuenta con un trabajo, no será práctico sujetarlo a controles de asistencia a
firmar en el juzgado, pues con ello se vería forzado a solicitar permisos o
inasistencias en su fuente de trabajo, además de generar suspicacia entre sus
compañeros de trabajo y el propio patrón, quienes podrían tender a discriminarlo por
su forzosa relación con la prisión.
La organización Documenta, A.C. produjo un cortometraje que retrata la vida
de Iven, un joven sentenciado a prisión que obtuvo el beneficio de libertad
condicionada, quien menciona que le “estorban muchas cosas” en el ejercicio de su
libertad: el tener que ir a firmar obligatoriamente y la retención de su credencial de
elector, entre otras, que constituyen obstáculos en su vida y que no lo dejan
desarrollarse. No podemos olvidar, como se señala en este cortometraje que “La
reincidencia delictiva está directamente relacionada a los obstáculos y a la falta de
oportunidades para la reinserción que enfrentan los recién liberados.” 2
En este sentido, la “supervisión” de la libertad es inaplicable, no sólo por la
distinción que hace entre delitos culposos y dolosos, sino también por las inevitables
consecuencias discriminatorias de su aplicación, como lo es el sesgo que se crea
entre las personas con menos recursos, puesto que evidentemente serán quienes
resentirán las molestias de un supervisor, ya que las personas que cuentan con
recursos muchas veces no tienen la necesidad de salir de su casas o de realizar
actividades en el exterior que sean objeto de supervisión judicial.
c) Ineficiencia en términos de utilidad social
Si bien una demanda de acción de inconstitucionalidad como la que se
examina no tiene por objetivo establecer políticas públicas, ello no obsta para
vincular los aspectos de inconstitucionalidad ya hechos valer con la exigencia,
también constitucional, de eficiencia, en términos del artículo 109 fracción lll de
Si consideramos la alta cifra de impunidad en nuestro país3, aunada a los
cuantiosos recursos empleados en la supervisión de personas que se encuentran en
libertad condicionada, es evidente el desatino de dirigir la atención a las últimas, en
tanto que hay más del 90% de delitos que no son perseguidos. En lugar de agravar
la situación de quienes por lo menos han sido juzgados y condenados, hasta cumplir
http://documenta.org.mx/material-audiovisual/#cbp=cortometraje-documental-iven.php
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone de relieve la gravedad de la cifra
negra, expresión que se refiere al número de delitos que no son denunciados, sumados a los que lo
fueron pero no pasaron a la etapa de averiguación previa. En el 2016 la cifra negra constituyó el
93.7% de los delitos, lo que hace evidente el grave problema de impunidad al que nos enfrentamos
Boletín de prensa 399/2016, visible en:
satisfactoriamente parte de su pena o lo suficiente como para tener acceso a este
beneficio, dichos recursos deberían emplearse para atender problemas mayores
como es el de la impunidad.
Al resolver la demanda de acción de inconstitucionalidad planteada este
Alto Tribunal contribuirá a garantizar los derechos humanos y, a la vez,
reducir gastos innecesarios para el erario público.
Ciudad de México, a veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.
Iliana Pamela Martínez López Lucía Isabel Mota Casillas
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