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Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. TÍTULO III. DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS (Vigente hasta el 08 de Agosto de 2014).
Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias (Vigente hasta el 08 de Agosto de 2014).
Publicado en BOIC núm. 243 de 18 de Diciembre de 2006 y BOE núm. 46 de 22 de Febrero de 2007
Vigencia desde 18 de Marzo de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Julio de 2012 hasta 08 de Agosto de 2014
TÍTULO IIIDE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
De las reclamaciones económico-administrativas 1. El conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas, tanto si en las mismas se suscitan cuestiones de hecho como de derecho, se atribuye a los órganos expresados en el artículo 30 de la presente Ley cuando versen sobre actos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del artículo 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con las materias siguientes:
a) La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración Tributaria Canaria y demás órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tanto respecto de los tributos propios como de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con exclusión expresa de los referidos a los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de los recargos que se establezcan por ésta sobre tributos estatales.
b) Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso.
2. Igualmente serán reclamables las siguientes actuaciones u omisiones de los particulares en las materias a que hace referencia el apartado anterior:
b) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumben a los empresarios y profesionales.
c) Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.
Artículo 29 redactado por el número uno del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Órganos económico-administrativos 1. En el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, serán órganos competentes para el conocimiento y resolución de las cuestiones relativas a las reclamaciones económico-administrativas los siguientes:
a) La Junta Central Económico-Administrativa de Canarias.
b) Las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
2. El funcionamiento de estos órganos, integrados en la Administración Tributaria Canaria, se basará en criterios de independencia funcional, celeridad y gratuidad.
Artículo 30 redactado por el número dos del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
De la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias 1. La Junta Central Económico-Administrativa de Canarias, que tendrá su sede en la capital donde radique la de la consejería competente en materia de Hacienda, estará compuesta por el presidente, los vocales y un secretario, todos ellos con voz y voto.
2. El presidente, que tendrá que ser licenciado en Derecho, ostentará la categoría de director general y será nombrado y separado por el consejero competente en materia de Hacienda, de entre funcionarios de grupo A, de cualquier Administración Pública, de reconocida competencia en materia tributaria y con más de diez años de ejercicio.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vocal más antiguo del Pleno.
3. Los vocales serán nombrados de entre funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado, de las demás comunidades autónomas o entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que reúnan los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. El secretario, que tendrá categoría de jefe de servicio, habrá de ser licenciado en Derecho y será nombrado y separado de entre funcionarios de reconocida competencia en materia tributaria y con más de diez años de ejercicio público de los cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que se indiquen en la respectiva relación de puestos de trabajo.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el secretario será sustituido por el vocal de menor antigüedad que reúna la condición de licenciado en Derecho; cuando la antigüedad sea la misma, prevalecerá la menor edad.
5. La Junta Central funcionará en Pleno o en Salas de reclamaciones. El reparto de atribuciones entre el Pleno y las Salas se fijará reglamentariamente. Asimismo podrá actuar de forma unipersonal, en los términos que reglamentariamente se establezcan, para declarar la inadmisibilidad de los recursos extraordinarios de revisión.
6. El Pleno estará compuesto por el presidente, los vocales y el secretario.
7. Se crean dos Salas de reclamaciones, una en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y otra en la de Santa Cruz de Tenerife.
8. Cada una de las Salas de reclamaciones estará compuesta por el presidente, un vocal y el secretario. El secretario de la Junta lo será de ambas Salas de reclamaciones, salvo que el número de reclamaciones lo imposibilite, en cuyo caso, actuará como secretario el miembro de la Junta que, reuniendo la condición de licenciado en Derecho, designe el presidente.
Artículo 31 redactado por el número tres del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Véase D [CANARIAS] 125/2007, 24 mayo, por el que se constituyen la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife («B.O.I.C.» 12 junio).
De las Juntas Territoriales Económico-Administrativas 1. Las Juntas Territoriales Económico-Administrativas serán órganos unipersonales integrados por su titular. Dependiente de cada una de las Juntas Territoriales existirá una unidad administrativa.
2. Los titulares de las Juntas Territoriales serán nombrados de entre funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado, de las demás comunidades autónomas o de entre funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo que se indique en la respectiva relación de puestos de trabajo.
Serán sede de las Juntas Territoriales Económico-Administrativas las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.
3. La unidad administrativa a que se refiere el apartado 1 del presente artículo estará a cargo de un funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias, licenciado en Derecho, nombrado y separado en los términos que se indiquen en la respectiva relación de puestos de trabajo.
Artículo 32 dejado sin contenido por el número cuatro del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Competencia de los órganos económico-administrativos de Canarias 1. La competencia de los órganos enumerados en el artículo 30 de esta Ley será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.
2. La Junta Central Económico-Administrativa de Canarias actuará como Sala para la unificación de doctrina, resolverá los conflictos de atribuciones que se susciten entre las Juntas Territoriales Económico-Administrativas y conocerá:
a) En única instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales de la consejería competente en materia de Hacienda o de otras consejerías y de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de aquellas en que deba oírse como trámite previo al Consejo Consultivo de Canarias.También en única instancia, de las reclamaciones que, siendo susceptible de recurso de alzada ordinario la resolución de las mismas, se presenten directamente ante la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y no ante la Junta Territorial Económica-Administrativa correspondiente.
b) En segunda instancia, de los recursos de alzada que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Juntas Territoriales Económico-Administrativas.
c) De los recursos extraordinarios de revisión y para la unificación de doctrina y de los de alzada que se interpongan para unificación de criterio.
d) De la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos en los que incurran sus propias resoluciones.
3. Las Juntas Territoriales Económico-Administrativas conocerán en primera o única instancia, según la cuantía exceda o no del importe que se señale reglamentariamente, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por los órganos territoriales de la Administración Tributaria Canaria, otros órganos territoriales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por los de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma, así como contra las actuaciones de los particulares susceptibles de reclamación.
Igualmente, las Juntas Territoriales Económico-Administrativas conocerán de la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos en los que incurran sus propias resoluciones.
4. El ámbito territorial de la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias coincide con el de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, el ámbito territorial de las Salas de reclamaciones sitas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife coincidirá, respectivamente, con el de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Las competencias de cada una de ellas se determinarán reglamentariamente.
5. El ámbito territorial de las Juntas Territoriales Económico-Administrativas coincide con el de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, determinándose la competencia de cada una de ellas conforme a la sede del órgano administrativo que hubiera dictado el acto objeto de la reclamación. No obstante, cuando se trate de las actuaciones u omisiones de los particulares a que se refiere el artículo 29.2 de la presente Ley, será competente el órgano económico-administrativo de la provincia donde radique el domicilio fiscal o establecimiento permanente principal del reclamante. En el supuesto de que el reclamante no tuviera ni domicilio fiscal en Canarias ni actuase en este territorio mediante establecimiento permanente, será competente el órgano económico-administrativo de la provincia donde tenga su sede la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias.
Artículo 33 redactado por el número cinco del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Recurso de alzada ordinario 1. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Juntas Territoriales Económico-Administrativas podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.
3. Estarán legitimados para interponer este recurso los interesados, el director general competente en materia de tributos, así como los directores generales competentes por razón de la materia, en los supuestos a los que se refiere la disposición adicional primera de esta Ley.
4. En la resolución del recurso de alzada ordinario será de aplicación lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 34 dejado sin contenido por el número seis del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio 1. Las resoluciones dictadas por las Juntas Territoriales Económico-Administrativas que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario podrán ser impugnadas ante la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, por el director general competente en materia de tributos, así como los directores generales competentes por razón de la materia en los supuestos a los que se refiere la disposición adicional primera de esta Ley, cuando estimen gravemente dañosas y erróneas dichas resoluciones, cuando no se adecuen a la doctrina de la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias o cuando apliquen criterios distintos a los empleados por la otra Junta Territorial Económico-Administrativa.
4. Los criterios establecidos en las resoluciones de estos recursos serán vinculantes para los órganos económico-administrativos de la Administración Tributaria de Canarias y para el resto de la Administración Pública autonómica.
Artículo 35 dejado sin contenido por el número siete del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Recurso extraordinario para la unificación de doctrina 1. Contra las resoluciones en materia tributaria dictadas por la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias podrá interponerse recurso extraordinario para la unificación de doctrina por el director general competente en materia de tributos cuando esté en desacuerdo con el contenido de dichas resoluciones.
2. Será competente para resolver este recurso la Sala Especial para la Unificación de Doctrina de la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias, que estará presidida por el presidente de dicha junta y cuya composición se determinará reglamentariamente.
5. La doctrina establecida en las resoluciones de estos recursos será vinculante para todos los órganos de la Administración Tributaria Canaria, incluidos los económico-administrativos.
Artículo 36 redactado por el número ocho del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Recurso extraordinario de revisión 1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración Tributaria Canaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos de la misma cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
2. Estarán legitimados para interponer este recurso los interesados, el director general competente en materia de tributos, así como los directores generales competentes por razón de la materia en los supuestos a los que se refiere la disposición adicional primera de esta Ley.
3. Se declarará la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado 1 de este artículo.
4. Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias.
6. En la resolución del recurso extraordinario de revisión será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 37 redactado por el número nueve del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Incompatibilidades Sin perjuicio de lo establecido en el régimen general de incompatibilidades, no podrán ser miembros de los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias quienes hubieran desempeñado un alto cargo en la consejería competente en materia de Hacienda dentro de los cuatro años anteriores.
Artículo 38 redactado por el número diez del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Reclamaciones económico-administrativas en otras materias Podrá interponerse reclamación económico-administrativa contra actos en relación con el reconocimiento o la liquidación por la consejería competente en materia de Hacienda de obligaciones de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por los órganos de la citada consejería con cargo al Tesoro.
Tasación pericial contradictoria En la tramitación del procedimiento de tasación pericial contradictoria, el perito designado por el obligado tributario dispondrá de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a aquel en que la Administración Tributaria le entregue la relación de los bienes y derechos, para formular la hoja de aprecio que deberá estar fundamentada.
Transcurrido el plazo citado sin presentar la hoja de aprecio se dará por terminado el procedimiento de tasación pericial contradictoria quedando confirmado el valor comprobado por la Administración Tributaria.
Véase la disposición derogatoria única de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio).
Requisitos formales en la aplicación de los tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de viviendas habituales ...
Disposición adicional tercera derogada por Letra d) del número 1 de la disposición derogatoria única del D. Legislativo [CANARIAS] 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos («B.O.I.C.» 23 abril).Vigencia: 23 abril 2009
Convenios de colaboración En los términos previstos en el artículo 7.3 de la presente Ley, la Administración Tributaria Canaria promoverá convenios de colaboración en materia tributaria con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. De modo especial, se promoverá que la presentación de las declaraciones censales a que se refiere el artículo 27 de esta Ley pueda efectuarse a través de las declaraciones censales a que alude la disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como la presentación de una única declaración anual de operaciones económicas con terceras personas, con trascendencia para ambas administraciones. Por último, de manera preferente, se promoverá la formulación de una única declaración para efectuar los despachos aduaneros y de importación o exportación de bienes en Canarias.
Participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los tribunales económico-administrativos estatales A los efectos de lo establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerará órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias.
Disposición adicional quinta redactada por el número once del artículo 7 de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Oficinas liquidadoras A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley continuarán en funcionamiento las oficinas liquidadoras existentes a dicha fecha.
Delegación legislativa para refundición de normas tributarias Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y a propuesta del consejero competente en materia de Hacienda, proceda a la elaboración de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias y proceda a su sistematización, regularización, aclaración y armonización en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de cesión de los tributos del Estado a las mismas.
Obtención de datos tributarios En los casos en que se establezca como condición para la obtención de subvenciones o ayudas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la justificación de determinados datos de carácter tributario de los solicitantes, deberá establecerse en las bases reguladoras de las mismas que será el órgano gestor quien, con el previo consentimiento de la persona interesada, obtenga directamente el certificado tributario correspondiente vía telemática a través de la Administración Tributaria Canaria por lo que se refiere a los tributos gestionados por la misma.
Asistencia a la Administración Tributaria Canaria del Cuerpo General de la Policía Canaria
El Cuerpo General de la Policía Canaria podrá prestar asistencia a la Administración Tributaria Canaria en el ejercicio de las competencias que ésta tiene atribuidas, y en especial en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal
Disposición adicional novena introducida por el número diez del artículo 62 de Ley [CANARIAS] 4/2012, 25 junio, de medidas administrativas y fiscales («B.O.I.C.» 26 junio).Vigencia: 1 julio 2012
Disposición adicional décima introducida por el número uno de la disposición final undécima de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Reclamaciones económico-administrativas Lo dispuesto en la letra a) del artículo 29.1 de esta Ley, relativo a las reclamaciones económico-administrativas correspondientes a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, entrará en vigor una vez que por la Ley Orgánica de las Cortes Generales se transfieran o deleguen a la Comunidad Autónoma de Canarias el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas en materia de la aplicación y de la imposición de sanciones de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Juntas Central y Territoriales Económico-Administrativas 1. Hasta tanto se constituyan por decreto del Gobierno de Canarias la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, corresponderá al consejero competente en materia de Hacienda el conocimiento y resolución de las reclamaciones que se susciten en el ámbito al que se refiere el artículo 29 y la disposición adicional primera de la presente Ley. En el decreto citado se adaptará la relación de puestos de trabajo de la consejería competente en materia de Hacienda en los términos previstos en la presente Ley.
2. En tanto la Comunidad Autónoma de Canarias no apruebe un reglamento de procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas se aplicará la normativa estatal en esta materia con las adaptaciones que procedan conforme a lo previsto en la presente Ley y demás legislación territorial.
3. Las reclamaciones económico-administrativas que al tiempo de la constitución de la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias y de las Juntas Territoriales Económico-Administrativas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife estén en trámite pasarán al conocimiento del órgano que corresponda según las reglas de atribución de competencias de la presente Ley, conservándose las actuaciones y siguiendo las mismas en la fase en que estuvieren.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma y, entre otras, las siguientes normas:
- Los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54-bis, 54-ter y la disposición transitoria decimotercera de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- El artículo 54 de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2000.
- El artículo 3.Primero.1 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.
- El artículo 17 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.
- Los artículos décimo, undécimo, decimotercero y la disposición transitoria de la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias.
- El artículo 62 de la Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005.
- El Capítulo VII del Título III y el artículo 54-ter del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.
- El Decreto 200/2002, de 20 de diciembre, por el que se fija la cuantía de la tasa correspondiente al modelo 455 de declaración resumen anual, relativo al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).
- El Decreto 64/2002, de 20 de mayo, por el que se establece la cuantía de las tasas correspondientes a la entrega de los modelos de declaración-liquidación tributaria 450 y 451, relativos al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM).
- El Decreto 65/2002, de 20 de mayo, por el que se establece la cuantía de la tasa por la entrega del impreso de declaración correspondiente al modelo 615, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el pago en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos que lleven aparejada acción cambiaria o sean endosables a la orden.
- El Decreto 54/2004, de 12 de mayo, por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al modelo de declaración tributaria 452 de declaración de entregas de combustibles exentas del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
- El Decreto 55/2004, de 12 de mayo, por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al modelo de declaración-liquidación tributaria 413 «Entidades Zona Especial Canaria-Declaración Mensual» del Impuesto General Indirecto Canario.
- El Decreto 37/2005, de 16 de marzo, por el que se establece la cuantía de la tasa correspondiente al modelo de declaración tributaria 416 «Declaración anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario» por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio.
Modificación de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias El artículo 20 quedará redactado del modo siguiente:
1. La administración de los derechos económicos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponde, según su titularidad, a la consejería competente en materia de Hacienda y a los organismos autónomos, sin perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyen a otras consejerías o entidades del sector público.
2. La recaudación de tales derechos económicos de naturaleza pública podrá realizarse en período voluntario o en período ejecutivo, siendo de aplicación las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.
3. La providencia de apremio respecto de los derechos económicos de naturaleza pública distintos de los tributos se dictarán por los titulares de los Servicios de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria. No obstante, el responsable de la recaudación de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias dictará las providencias de apremio respecto de los derechos económicos que deriven del ejercicio de las potestades administrativas de tales organismos autónomos.
4. Contra los actos recaudatorios de los derechos económicos de naturaleza pública, distintos de los tributos, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante los órganos económico-administrativos competentes.
5. Dependerán funcionalmente de la consejería competente en materia de Hacienda o del correspondiente organismo autónomo las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de ingresos respecto a la gestión, libramiento y rendición de cuentas de los mismos.
El manejo y custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrán encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.»
Téngase en cuenta que, conforme establece la disposición final séptima de la presente Ley, la misma entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, salvo el Capítulo III del Título II, la disposición adicional tercera, la disposición final primera y la disposición final tercera, que entran en vigor al día siguiente de dicha publicación.
Modificaciones tributarias en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Uno. Las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de las competencias normativas atribuidas por el artículo 2 de la Ley 27/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, podrán modificar los siguientes elementos de los tributos que se citan a continuación:
a) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tipos de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
b) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las reducciones de la base imponible, la tarifa del Impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
c) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, las deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta y los aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual.
d) En el Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
e) En los Tributos sobre el Juego, las exenciones, la base imponible, tipos de gravamen y cuota fija, las bonificaciones y el devengo.
Número uno de la disposición final segunda redactado por el número dos de la disposición final undécima de la Ley [CANARIAS] 9/2014, 6 noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias («B.O.I.C.» 10 noviembre).
Dos. Las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de la atribución de competencias normativas establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 27 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, podrán modificar los tipos de gravamen del Impuesto General Indirecto Canario dentro de los límites fijados por el artículo 27 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias Uno. El apartado 4 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«4. Las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán modificar las cuantías de las tasas, el establecimiento, modificación y supresión de exenciones y bonificaciones.»
«3. En la regulación propia de cada tasa podrán establecerse exenciones subjetivas a favor del Estado y sus organismos autónomos, la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos administrativos, las entidades locales canarias y sus organismos autónomos administrativos, las entidades gestoras de la Seguridad Social y las fundaciones a las que se refiere la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.»
Tres. Se añade una nueva letra, la e), al apartado 1 del artículo 25, que quedará redactado del modo siguiente:
«e) Obtención de copias de los documentos que figuran en un expediente.»
Cuatro. Se añade una nueva tarifa, la 5, al artículo 28, que quedará redactado del modo siguiente:
«5. Por la obtención de copias de los documentos que figuran en un expediente: 0,06 euros por cada página fotocopiada.»
Cinco. La letra d) del artículo 29 queda redactada del modo siguiente:
«d) La expedición de certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de contratar con las administraciones públicas, así como los exigidos para la percepción de subvenciones o ayudas y para la obtención de las autorizaciones de transporte público o privado complementario de viajeros o mercancías.»
Seis. Se añade una nueva letra, la e), al artículo 29, que quedará redactado del modo siguiente:
«e) La obtención de copias de documentos de un expediente cuando el número de páginas del expediente sea igual o inferior a diez. Cuando el número de páginas del expediente sea superior, se encontrará exenta la obtención de las diez primeras fotocopias.»
Siete. Se añade un nuevo apartado con el número 3 en la Tarifa 4 del artículo 62 con la siguiente redacción:
«3. En plantaciones de viñedos, según la superficie afectada:
Menos de 50 áreas
De 50 a 99 áreas
De 1 ha. a 3,9 ha.
De 4 ha. a 7,9 ha.
De 8 ha. a 9,9 ha.
Por cada ha. de más o fracción 8,00
Por visitas de inspección complementarias a las primeras visitas de comprobación de plantaciones, reflejadas en la tarifa
28,00»
Ocho. Se introducen un nuevo Capítulo IV y artículo 90-bis, en el Título V, con el siguiente tenor:
«CAPÍTULO IVTASAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA
Hecho imponible. Constituirá el hecho imponible de dichas tasas la prestación de los servicios o realización de actividades administrativas con motivo de la actividad docente desarrollada por los Conservatorios Profesionales de Música, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que se detallan en las tarifas.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos de las tasas quienes soliciten dichos servicios o actividades, o los que se beneficien de los mismos.
Devengo. Las tasas se devengarán en el momento de la prestación de los servicios correspondientes, sin embargo, se exigirán por anticipado en el momento de formalizar la matrícula o solicitar la prestación de que se trate.
Forma de pago. Las tasas podrán abonarse en un solo pago en el momento de formalizar la matrícula o bien de forma fraccionada en los términos que reglamentariamente se determinen.
Exenciones y bonificaciones. A los miembros de familias numerosas les serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas en la legislación vigente relativa a la protección de dichas familias.
Tarifas. Las cuotas de las tasas se ajustarán a las siguientes tarifas:
Plan LOGSE. Grado elemental
Plan LOGSE. Grado medio
Expedición de Certificado Elemental (Plan LOGSE)
El importe de las asignaturas sueltas para aquellos alumnos acogidos al Plan Logse se determinará dividiendo el precio del curso completo por el número de asignaturas de que consta dicho curso.
7. Los supuestos de convalidación de asignaturas en el Plan de estudios correspondiente a las enseñanzas musicales establecidas en la Logse se tendrán en cuenta en el momento de formalizar la matrícula mediante el descuento en la tasa para curso completo de la cantidad resultante de dividir el importe total de esta tasa entre el número de asignaturas que tenga el curso y especialidad en los que se formalice la convalidación solicitada.»
Autoliquidaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones La Administración Tributaria Canaria establecerá el adecuado servicio de asistencia al contribuyente para la implantación del régimen de autoliquidación obligatorio en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Habilitación normativa Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley, sin perjuicio de la competencia atribuida en esta Ley al consejero competente en materia de Hacienda.
Referencias normativas Todas las referencias que en la presente Ley se hacen a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderán igualmente hechas a la ley que en el futuro la sustituya en sus contenidos.
Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, salvo las siguientes normas que entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial de Canarias:
- El Capítulo III del Título II.
- La Disposición adicional tercera.
- La Disposición final primera.
- La Disposición final tercera.