Source: https://www.asesoriaparainfluencers.com/real-decreto-ley-8-2020/
Timestamp: 2020-05-26 09:45:33
Document Index: 243533052

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 139', 'artículo 37', 'artículo 12', 'artículo 346', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 62', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 100', 'artículo 33']

Real Decreto-ley 8/2020 | Crisis Covid-19 2020, medidas del gobierno
marzo 20, 2020 marzo 18, 2020 por admin
Suministro de agua y energía garantizado
Trabajo a distancia (Tele trabajo)
Adaptación de horarios y reducción de jornada
La buena fe de ambas partes una de las claves para adaptar la jornada
Plazos de comunicación de las medidas de reducción de jornada
Real Decreto-ley 8/2020 Moratorias en las hipotéticas
Las condiciones y supuestos requeridos para la moratoria económica
Garantías para hipotencantes y avalistas NO deudores
No podrán exigir ni pago de la cuota ni intereses durante la moratoria
Interrupción en el plazo de devolución de productos
Medidas de ajuste temporal de empleo
La entrada en acción de los ERTES
Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, más medidas extraordinarias
Real Decreto-ley 8/2020 Lineas de avales
Medidas aplicables a las entidades de derecho privado Real Decreto-ley 8/2020
Otras medidas por el covid-19 recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020
Real Decreto-ley 8/2020 certificados tributarios
A raíz de la crisis del coronavirus 2020, el gobierno a establecido una serie de medidas urgentes y extraordinarias recogidas en Real Decreto-ley 8/2020 para intentar hacer frente al impacto social y económico producido por el COVID-19.
Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley las empresas que suministran la energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el mismo a aquellos clientes que entren en la condición de consumidor vulnerable, de vulnerabilidad severa o en riesgo de exclusión social, las cuales están definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, del 6 de octubre.
Se efectuará una prórroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 de la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto en el artículo 9.2 del mismo real decreto.
En aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y con carácter excepcional, a través de una autoevaluación que realizará voluntariamente el propio empleado.
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho al beneficio de la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
Se entenderá que se dan dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas anteriormente que por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.
Asimismo, se considerará que se cumplen estas circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19, cuya consecuencia sea el cierre de centros educativos o de cualquier otro tipo que proporcionaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
También se considerará que se dan estas circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.
Este derecho previsto en el Real Decreto-ley 8/2020 es individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como objetivo el reparto responsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, sobre todo en caso de que sean varios los empleados afectados en la misma empresa.
Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación de lo amparado en el Real Decreto-ley 8/2020 serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos.
El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y empleado deberán hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo.
La adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado necesario para salvaguardar las condiciones humanas en su entorno familiar.
Los cambios o adaptaciones son diversos, pudiendo consistir en cambios de turno, alteración y flexibilidad de horario, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, desempeño de otras funciones, nuevas fórmulas en la forma del en que se realiza el trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período mientras dure COVID-19 y por lo tanto son de forma excepcional.
En el caso de que la persona trabajadora se encontrara realizando ya una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo.
La solicitud deberá limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.
Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación similar a un accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda hipotecaria por la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.
Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de exclusión.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este Real Decreto-ley 8/2020.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en este real decreto ley
Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 de este Real Decreto-ley 8/2020, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.
Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley 8/2020.
El deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado de las medidas de moratoria en este real decreto-ley sin reunir los requisitos previstos, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar.
También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito
Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas.
En virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto-ley 8/2020, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías.
La falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada,deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este Real Decreto-ley 8/2020, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley 8/2020.
Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 8/2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 8/2020 y hasta el día 30 de abril de 2020.
El período comprendido desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 8/2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (prescripción) , ni a efectos de los plazos de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley 8/2020 y el 30 de abril de 2020.
Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 8/2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 8/2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Aunque los estatutos no lo tuvieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto-ley 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en los artículos 24, 25, 26 y 27 serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 8/2020, siempre que deriven directamente del COVID-19.
Lo dispuesto en el artículo 33 (suspensión de plazos en el ámbito tributario) será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.».
Este Real Decreto-ley 8/2020 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real Decreto-ley 8/2020 que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
2 comentarios en “Real Decreto-ley 8/2020”
Pingback: Coronavirus economía | Como nos está efectando a nivel económico