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Timestamp: 2015-12-01 11:02:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'Artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 1438', 'artículo 61', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 21', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 47', 'Artículo 215', 'artículo 206', 'Artículo 206', 'Artículo 216', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 221', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'Artículo 222', 'artículo 844', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 179']

Legislación y Comercio
EL EMPLAZAMIENTO SEGÚN EL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL1. Los actos de Comunicación1.1 DefiniciónEn el desarrollo de cualquier tipo de proceso sea este de índole administrativo o judicial constitucionalmente se ha garantizado en el Art. 18 que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se haga saber lo resuelto.Es decir, que a la luz de la disposición constitucional, no basta con resolver lo solicitado, sino que se debe hacer saber lo resuelto al peticionario y esto se realiza a través de los denominados Actos de comunicación procesal.Los actos de comunicación procesal son aquellos por medio de los cuales la autoridad judicial hace del conocimiento de las partes que intervienen o de los interesados en un proceso lo que en éste acontece .Mantener informadas en todo momento a las partes, no sólo les permite conocer el desenvolvimiento del proceso y las respuestas judiciales a cada petición; sino además, abre a las partes la posibilidad para un ejercicio real del derecho de defensa y audiencia ante contingencias desfavorables, conforme al contenido de las resoluciones judiciales. En ese sentido la jurisprudencia ha establecido que “la relevancia constitucional se deriva del hecho que los actos procesales de comunicación, al asegurar la comparecencia e intervención de las partes en el proceso, deben orientarse en todo momento por la finalidad perseguida, que no es otra que la decisión judicial llegue efectivamente al interesado a efecto de que tenga una oportunidad real de defensa,…” . Es decir que los actos procesales de comunicación no poseen sustantividad propia, si no que constituyen manifestaciones específicas del derecho de audiencia que, como su nombre lo indica, tienen por finalidad dar a conocer a las partes que intervienen en un proceso lo que en él sobreviene, a efecto de que puedan hacer un uso adecuado de los mecanismos de defensa que la ley pone a su disposición; es decir, constituyen la herramienta de la que se vale la autoridad para hacer saber a las partes lo que está ocurriendo dentro de un proceso, permitiendo así su intervención y el ejercicio de sus derechos constitucionales.1.2 ClasificaciónEl Código de Procedimientos Civiles derogado contenía en el TITULO IV “DE LAS PARTES PRINCIPALES DEL JUICIO”, el CAPITULO II denominado “DE LA CITACION, DEL EMPLAZAMIENTO Y DE LA NOTIFICACION”, haciendo una clara diferencia entre ellas y a continuación en los artículos 204, 205 y 206, respectivamente expresaba que:Citación es la orden del Juez comunicada a alguno para que intervenga o asista a algún acto judicial. Emplazamiento es el llamamiento que hace el Juez al demandado para que comparezca a manifestar su defensa. Notificación es el acto de hacer saber a la parte las providencias del Juez. En ese orden de ideas la clasificación respondía a la calidad del sujeto procesal a quien se realizaba el acto de comunicación; pues el emplazamiento correspondía exclusivamente al demandado, la notificación a las partes intervinientes en el proceso y la citación con un carácter más genérico se aplicaba para alguno que interviniera en el proceso o asistiera a algún acto judicial, sin tener el carácter de parte ni específicamente el de demandado.Jurisprudencialmente los actos procesales de comunicación son de una de cuatro clases: la citación, la notificación, el emplazamiento y el emplazamiento para contestar la demanda . La distinción entre emplazamiento y emplazamiento para contestar la demanda puede tener su origen en el criterio jurisprudencial adoptado al momento de emitir la sentencia y según el Código de Procedimientos Civiles ahora derogado, pues la nueva legislación Procesal Civil y Mercantil ofrece como principales actos de comunicación dirigidas a los sujetos procesales, los siguientes: a) La notificación hacia las partes; b) El emplazamiento destinado al demandado; y, c) La citación dirigida a cualquier sujeto que se deba internar en el proceso judicial. Es de aclarar, a pesar que este último acto de comunicación no fue incluido decididamente por la legislación en el apartado respectivo, que corresponde al Capítulo IV, de las “Comunicaciones Judiciales”, si es mencionado en normas dispersas en el nuevo código procesal, como es el caso del Art. 151, en donde al referirse a las actuaciones de mero trámite establece que para la realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero, como notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como para la recepción y obtención de pruebas e informes, los tribunales librarán exhortos y cartas rogatorias. 1.2.1 La NotificaciónLa notificación tiene por finalidad, sostiene un sector doctrinario, además de garantizar la vigencia del principio de bilateralidad, el determinar el punto de comienzo de los plazos procesales .La notificación, en términos generales, se define como el acto administrativo de comunicación mediante el cual se da a conocer una resolución al administrado, posibilitando con ello la defensa de sus derechos e intereses .La nueva legislación procesal civil y mercantil en el art. 169 C.P.C.M, propone como regla orientadora, “El principio general de notificación”, el cual resalta la urgencia de comunicar toda resolución judicial en el más breve plazo a las partes y a los interesados. Véase que en tal principio no fue consignado expresamente plazo legal alguno para la realización de la notificación. De la premisa anterior, se resaltan tres elementos a considerar para el cumplimiento del principio enunciado, estos son los siguientes: a) La comunicación de toda resolución judicial; b) La ejecución de la comunicación se hará en el más breve plazo; y c) el destinatario de la notificación son las partes e interesados. La orden de comunicar toda resolución judicial no distingue el procedimiento en que hayan sido pronunciadas, sea un proceso principal, durante un incidentes, o bien en la tramitación de los recursos judiciales. Asimismo, no se distingue la clase de resoluciones comunicables; pero de acuerdo al cuerpo normativo se sobreentiende que se refieren a los decretos, los autos simples, los autos definitivos y las sentencias. Por tanto, deberán de aplicarse a todo tipo de resolución el principio general de notificación, dada en cualquier trámite.Respecto, a la expresión legislativa, “se notificará en el plazo más breve”, se entenderá que de fácil cumplimiento resulta trasladar la información sobre las decisiones adoptadas en las audiencias, en virtud del contenido del art. 174 C.P.C.M., pues del tenor literal se extrae lo siguiente: “se tendrán por notificadas a los que estén presentes o hubieran debido concurrir en ella”. Por otro lado, el mandato de practicar la notificación en el plazo más breve, se dificulta para aquellas resoluciones pronunciadas por escrito y fuera de las audiencias; pues se sujetan al tiempo de disponibilidad de la persona autorizada a darle cumplimiento a la orden judicial de comunicación. Cuando la nueva legislación procesal civil y mercantil se refiere a que los destinatarios de la notificación son las partes e interesados, se reconoce para los primeros que el contenido de la resolución comunicable es de exclusivo conocimiento al resultar vinculados por aquellas resoluciones; de ahí que la legislación se refiera a las partes como destinatarios principales de las notificaciones. Podría ofrecer una aparente confusión, la utilización de la expresión legal de “interesados”, como destinatarios de las notificaciones. Esto no significa aceptar una amplitud conceptual, sino más bien una perspectiva limitada; pues se refiere a la notificación de resoluciones para aquellos destinatarios indeterminados, quienes eventualmente puedan demostrar algún interés en la intervención, momentánea o permanente en el proceso. Tal es el caso de la notificación sobre los supuestos herederos en la sucesión procesal de una persona natural, según el art. 86 ordinal 2° C.P.C.M. En general, los interesados pueden eventualmente ser partes o bien los interesados en la adquisición del objeto litigioso en la etapa de ejecución de un proceso .1.2.2 La Citación La citación tiene su fundamento desarrollado en la legislación secundaria el que siendo una de las especies de los actos de comunicación, pretende hacer saber las resultas de la sustanciación de un proceso .1.2.3 El emplazamiento1.2.3.1 Definición y GeneralidadesDentro de las clases de comunicaciones judiciales, el emplazamiento es un acto cuyo destinatario único será el demandado , sea individuo o una pluralidad de ellos – supuesto de codemandados –; cuya intención es la de informar al destinatario la admisión de una demanda en su contra, con la finalidad que prepare la defensa de sus derechos patrimoniales. A pesar que la legislación se refiere pluralmente a los emplazamientos, esta comunicación sucede una sola vez en el proceso, con la única y principal finalidad antes resaltada. Para la jurisprudencia constitucional salvadoreña, el elemento informativo del emplazamiento más que un aviso, constituye un llamamiento a ejercer sus derechos procesales . El emplazamiento se relaciona con otro derecho consagrado en la normativa constitucional, el derecho de defensa, de tal modo que debe dárseles a las partes del juicio la oportunidad de ser oídos, ya que nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad procesal de alegar sus pretensiones .El Art. 181 del Código Procesal Civil Mercantil contempla el Principio de Emplazamiento y literalmente establece que: “Todo demandado debe ser debidamente informado de la admisión de una demanda en su contra, a fin de que pueda preparar la defensa de sus derechos o intereses legítimos. A tal efecto, el demandante deberá indicar la dirección donde puede ser localizado el demandado. Si manifestare que le es imposible hacerlo, se utilizarán los medios que el juez considere idóneos para averiguar dicha circunstancia, pudiendo dirigirse en virtud de la obligación que tiene toda persona o autoridad de colaborar, a registros u organismos públicos, asociaciones, entidades o empresas que puedan dar razón de ella, quienes deberán rendir el informe respectivo en un plazo que no excederá de diez días, el cual será determinado a juicio prudencial del juez. Si se obtuviere el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación en la forma ordinaria. En caso contrario el emplazamiento se realizará en la forma prevista en este Código”. Para que el demandado sea debidamente informado del proceso que se ha iniciado en su contra y que pueda ejercer efectivamente el derecho de defensa que le asiste de rango constitucional, se convierte en una carga procesal de la parte demandante proporcionar el lugar físico en el cual puede ser localizado el demandado, lo cual no implica mayor dificultad, pero puede ocurrir que el demandante no posea tal información y le sea imposible obtenerla, por lo que la nueva legislación plantea la solución a tal situación en un trámite preliminar que puede denominarse “Diligencias de localización del demandado”, según el art. 181 inciso 2º C.P.C.M, pues se le otorga la facultad al juez para que utilice los medios que considere idóneos para indagar dicha circunstancia, acudiendo a instituciones que por su naturaleza puedan contener en sus archivos los datos necesarios para informarle la demanda en su contra y aún con el fin de resguardar su derecho de defensa según lo establecen los Artículos 493 y 494 del Código Civil, pude existir la posibilidad de nombrar un curador para pleito o Ad litem .Las instituciones a las que se pueden acudir dependiendo del caso concreto son el Registro de Comercio de acuerdo a los Arts. 367, 465 romano II del Código de Comercio, 13 No. 3 de la Ley de Registro de Comercio, solicitando constancia de si existe presentación o inscripción de representante, factor o gerente nombrado por la sociedad demandada o poder inscrito otorgado por la Sociedad demandada para los efectos legales correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda solicitando constancia de haberse o no presentado informe de ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES por parte de la demandada; pues la presentación de dicho informe es de carácter obligatorio para todas las personas jurídicas, estén inscritas o no y personas naturales contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Código Tributario. Las instituciones en el caso de recibir solicitud de información por parte del Juez de la causa, se encuentran en la obligación de prestar Auxilio y colaboración en la Administración de Justicia.1.2.3.2 Diligenciamiento del Emplazamiento Es de tener en cuenta que no basta con el aviso al demandado que existe un proceso en su contra, sino que el emplazamiento debe estar conforme a derecho dando cumplimiento a los requisitos procedimentales establecidos y así ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional al expresar: “… La ley crea una mecánica a través del emplazamiento, señalando determinados formalismos y requisitos sin los cuales el emplazamiento no es válido y puede en un momento determinado acarrear la nulidad de todo lo actuado siempre y cuando la omisión o infracción le haya producido perjuicios a la parte en cuyo favor se establece la nulidad…” . En cuanto a su diligenciamiento a la luz del Art. 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, en primer lugar el emplazamiento se practicará por el funcionario o empleado judicial competente, es decir quien se encuentre revestido de la potestad para realizarlo que de acuerdo a las leyes orgánicas la práctica del emplazamiento es a cargo del secretario judicial y el notificador del Juzgado o tribunal competente, según los arts. 70, 71 y 78 L.O.J.; dichos auxiliares judiciales, sean funcionarios los primeros y empleados los segundos, se encuentran facultados para practicar el emplazamiento, así como cualquier acto de comunicación. Pero son los notificadores a quienes especialmente se les encarga la búsqueda del destinatario del emplazamiento, trasladándose fuera de la oficina judicial hasta la dirección indicada en la demanda como domicilio o residencia del demandado. El emplazamiento se realizará en la dirección señalada por el demandante para localizar al demandado; y si lo encontrare, le entregará la esquela de emplazamiento y sus anexos. Si la persona que debe ser emplazada no fuere encontrada pero se constatare que efectivamente se trata de su lugar de residencia o trabajo, se entregará la esquela de emplazamiento y sus anexos a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar y que tuviere algún vínculo o relación con aquélla. Como se aprecia de la lectura íntegra de los arts. 182 y 183 C.P.C.M., el diligenciamiento del emplazamiento es similar al ordenado en el C.P.C./1882, con la introducción de algunas variantes que facilitan el cumplimiento de aquella, entre estas: a) Supresión de características especiales de la persona a quién puede entregársele la esquela de emplazamiento, cuando no fuere encontrado momentáneamente el demandado en su domicilio; bastará que sea una persona mayor de edad, se halle en el lugar y tenga algún vinculo o relación con aquella; b) Exigencia rigurosa en la información contenida en el acta levantada con ocasión de la práctica del emplazamiento; (e) c) Inclusión del señalamiento del plazo de vencimiento para contestar la demanda, con apercibimiento al demandado que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia, entre otras .El diligenciamiento del emplazamiento se hará constar en acta levantada a tal efecto por el funcionario o empleado judicial competente que lo llevó a cabo, con indicación del lugar, día y hora de la diligencia, nombre de la persona a la que se entrega la esquela correspondiente, y vínculo o relación de ésta con el emplazado, en su caso. El acta será suscrita por el emplazado o por la persona que recibió la esquela, salvo que ésta no supiera, no pudiera o se negara a firmar, de lo cual se dejará constancia. Literalmente el Art. 182 expresa los requisitos debe contener de la siguiente forma:1°. Identificación del tribunal. 2°. Identificación del demandado. 3°. Identificación del proceso, con indicación del nombre y dirección del demandante, número del expediente y nombre y dirección del procurador de aquél. 4°. Indicación del plazo para contestar la demanda, apercibiendo al demandado que de no hacerlo el proceso continuará sin su presencia. 5°. Relación de los documentos anexos. 6°. Fecha de expedición. 7°. Nombre y firma de quien expidió la esquela.A tal esquela se acompañarán copias de la demanda y de la resolución de admisión de ésta, así como de los documentos anexos a aquélla. 1.2.3.3 Calidad del demandado Demandado esquivo Art. 187 CPCM.- “Si la persona que ha de ser emplazada fuera encontrada pero esquivase la diligencia y no hubiera persona mayor de edad que acepte recibir la esquela y sus anexos, el funcionario o empleado judicial competente pondrá constancia de ello en los autos y hará el emplazamiento conforme a lo dispuesto en este código”. La modalidad de emplazamiento en caso del demandado esquivo viene a constituir la solución ante el problema de la renuencia demostrada por el destinatario a recibir la documentación relacionada al acto comunicable. Bajo este supuesto, una vez el auxiliar judicial se haya cerciorado que se entrevista con el demandado, porque el mismo reconoció ser la persona que buscaba o en el mejor de los casos porque lo identifico, pero este último se niega a recibir el emplazamiento. A pesar esa actitud esquiva de quién debiera ser emplazado, se deberá hacer constar aquella actitud, de acuerdo a lo consignado en el art. 187 con relación al art. 183 inciso 3° C.P.C.M. Sobresale un detalle interesante en la presente modalidad de emplazamiento, siendo este la omisión legislativa en admitir la utilización de fijar una constancia en la puerta de la casa del demandado esquivo, una vez se agote la posibilidad de dejarla con una persona mayor de edad, quién se encuentre vinculada o relacionada con el destinatario. Dicho supuesto era solucionado por el C.P.C./1882 en el art. 208 inciso 2° con relación al art. 210 inciso 2°, parte final. Aquella normativa permitía la fijación de la esquela en la puerta de la casa del demandado, tal supuesto es omitido expresamente en el art. 187 C.P.C.M. Planteada la aparente omisión de la nueva ley procesal civil y mercantil respecto del tema en estudio; ahora, puede elaborarse una respuesta concluyente de la manera siguiente: Si es posible realizar el emplazamiento mediante aviso fijado en lugar visible del domicilio del demandado esquivo, el fundamento legal de la afirmación se halla en la aplicación analógica al supuesto planteado, regulada en el art. 19 C.P.C.M.; integrando las normas procesales del art. 177 inciso 2° y el art. 187 ambas normas del C.P.C.M. Emplazamiento de un menor Art. 188 CPCM.- “Cuando se demandare a un menor de edad, la entrega de la esquela y sus anexos se hará a sus representantes”. Para el emplazamiento de un menor de edad, vale decir, se incluyen como representantes, según el art. 188 C.P.C.M., no sólo a los Padres de familia del menor. En supuestos especiales ejercen tal facultad el Procurador General de la República respecto a los menores de edad huérfanos de Padre y Madre o de filiación desconocida o abandonados; y, el Tutor a favor de los menores de edad no sometidos a autoridad parental, de acuerdo a los arts. 223, 224 y 314 C. F. Se retoman los dos últimos cargos para el caso de las personas mayores de edad declarados incapacitados y siempre que no se encuentren bajo autoridad parental prorrogada o restablecida, puesto que, la legislación familiar se les otorga iguales facultades de representación; todo de conformidad a los arts. 224 y 290 C. F. Persona jurídica Art. 189 CPCM.- “Cuando se demandare a una persona jurídica, pública o privada, la entrega se hará al representante, a un gerente o director, o a cualquier otra persona autorizada por ley o por convenio para recibir emplazamientos”. Es de considerar, en el caso de las personas jurídicas se habilita a quién usualmente ejerce la función de representante, abriéndose por disposición de ley, la oportunidad de emplazar a otras personas, o por convenio para ejercer tales facultades, art. 189 C.P.C.M. Para ello, la designación deberá inscribirse para el ejercicio de las facultades de representación en el registro público de acuerdo a la naturaleza de aquellas. Emplazamiento del Estado Art. 190 CPCM.- “Cuando se demandare al Estado de El Salvador, el emplazamiento se diligenciará entregando la esquela de emplazamiento y sus anexos al Fiscal General de la República o a un agente designado por éste”. De acuerdo a la nueva legislación procesal, el emplazamiento dirigido al Estado como demandado será realizado al Fiscal General de la República, según lo indica el art. 190 C.P.C.M., constituye una reiteración del contenido de la norma fundamental en el art. 193 ordinal 5° Cn. Por tanto, es indiscutible que el representante de la República de El Salvador sea dicho Órgano del Estado. Aquellas personas designadas por la ley procesal civil y mercantil son las directamente responsables en la intervención de los procesos en defensa de sus representados, debiendo ejercer sus facultades de representación con la debida diligencia que su cargo impone; caso contrario deberán responder por los perjuicios causados en el ejercicio de sus facultades. Persona no domiciliada en El Salvador Art. 191 CPCM.- “Si se demandare a persona no domiciliada en el país, el emplazamiento podrá hacerse en la persona encargada de la oficina, sucursal o delegación que aquélla tuviera abierta en El Salvador. A petición de parte y a su costo, y sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales, el diligenciamiento del emplazamiento se podrá encargar a persona autorizada para la práctica de dicha diligencia en el país donde el emplazamiento deba practicarse según indicación del demandante”. Para realizar el emplazamiento dirigido a personas no domiciliadas en el país, se plantea un procedimiento que involucra reglas distintas de aquellas de aplicación general, así se desprende de la lectura del art. 191 C.P.C.M. Bajo este supuesto se distinguen los siguientes: a) Persona con domicilio en el extranjero. Debe poseer el demandado un establecimiento en marcha dentro del territorio salvadoreño; esto es, cuando el destinatario posea una oficina, sucursal o delegación y aquélla estuvieran abiertas en El Salvador. En el caso que se trate de una persona con domicilio únicamente en el extranjero se podrá encargar a persona autorizada para diligenciar el emplazamiento en el país que deba practicarse el emplazamiento, según la indicación del demandante. Para este segundo supuesto se tienen en cuenta los procedimientos fijados en el tema de la cooperación judicial internacional, de acuerdo a los arts. 149, 150 y 151 C.P.C.M. 1.2.3.4 Tipos de Emplazamiento Emplazamiento por apoderado Art. 184 CPCM.- “El emplazamiento podrá hacerse por medio de la persona del apoderado del demandado, cuando no pueda hacérsele directamente a éste. A tal efecto, el demandante expresará las razones por las cuales se hace necesario el emplazamiento en esa forma”. En tal caso, el apoderado deberá tener poder especial para tal fin, y al momento del emplazamiento deberá manifestar si es o no apoderado de la parte que se está emplazando por su medio; y si se demostrare que no lo es pese a su dicho, incurrirá en las costas, daños y perjuicios correspondientes, y el funcionario que conozca del asunto informará a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos de ley. La modalidad de emplazamiento por apoderado es subsidiaria; es decir a falta del demandando, cuando no pueda hacérsele directamente al destinatario; debiendo expresar el abogado demandante son las razones por las cuales se hace necesario el emplazamiento de esa forma. Diligenciamiento por notario Art. 185 CPCM.- “A petición de parte y previa autorización del tribunal, el emplazamiento podrá practicarse mediante notario que designe aquélla y a su costo. En tal caso, el tribunal entregará al notario designado la esquela de emplazamiento y sus anexos. Esta forma de emplazamiento deberá diligenciarse a más tardar en el plazo de cinco días después de la entrega de la esquela. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por lapso igual, por una sola vez si el demandante alega y prueba causa razonable para la prórroga y solicita ésta dentro del plazo original. Vencido el plazo original o su prórroga sin que se hubiere diligenciado el emplazamiento, se dejará sin efecto la autorización y éste sólo podrá practicarse por el empleado judicial competente”. La intervención del notario en la práctica del emplazamiento posee innovaciones respecto a la regulación del Código de Procedimientos Civiles.; pues durante la vigencia del cuerpo normativo mencionado solamente era posible, en supuestos de impedimento legal o de incapacidad del Juez inferior, de acuerdo al art. 27 de aquella legislación.El diligenciamiento por notario en la nueva ley procesal civil y mercantil generaliza la intervención del profesional fedatario sin ningún condicionamiento, más que la petición de parte en utilizar ese medio, la previa autorización del tribunal y el costo a cargo del solicitante, así se entiende de la lectura del art. 185 inciso 1° C.P.C.M.Las formalidades del diligenciamiento son las mismas a las indicadas para el auxiliar judicial, tanto en la documentación como en la entrega de legajo de anexos al destinatario. Eso sí, para tal práctica se fija el plazo de cinco días para el diligenciamiento notarial; frente al eventual incumplimiento del plazo, podrá prorrogarse una sola vez por igual período, si se alega y prueba causa razonable para la prórroga, solicitándolo dentro del plazo original, art. 185 inciso 2° C.P.C.M. De no cumplirse tales requisitos, quedará sin efecto la autorización de utilizar esta forma de emplazamiento y deberá realizarse por el empleado respectivo Emplazamiento por edictos Art. 186 CPCM.- “Si se ignorare el domicilio de la persona que deba ser emplazada o no hubiera podido ser localizada después de realizar las diligencias pertinentes para tal fin, se ordenará en resolución motivada que el emplazamiento se practique por edicto. El edicto contendrá los mismos datos que la esquela de emplazamiento y se publicará en el tablero del tribunal. Así mismo, se ordenará, su publicación por una sola vez, en el Diario Oficial, y tres en un periódico impreso de circulación diaria y nacional. Efectuadas las publicaciones, si el demandado no comparece en un plazo de diez días el tribunal procederá a nombrarle un curador ad litem para que lo represente en el proceso. Si posteriormente se comprobare que era falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar la dirección del demandado, o que pudo conocerla con emplear la debida diligencia, el proceso se anulará, condenándose al demandante a pagar una multa de entre dos y diez salarios mínimos urbanos, más altos, vigentes, según las circunstancias del caso”. El emplazamiento por edictos busca la continuidad de la tramitación del proceso, al no haber localizado al demandado a pesar de los esfuerzos combinados del demandante y el tribunal. Este trámite pretende garantizar el derecho de defensa al demandado a quién se le desconoce su domicilio, tras el agotamiento de las diligencias de localización del demandado.La denominación legal de “Emplazamiento por edictos” se deriva de la consecuencia, de no encontrar al demandado en la dirección proporcionada por el demandante. En el anteproyecto del C.P.C.M. presentado a la discusión de la Asamblea Legislativa, dicho trámite se limitaba a ordenar publicaciones mediante edictos insertos una sola vez en el Diario Oficial y tres en un periódico de circulación diaria y nacional, tras las mismas el proceso civil y mercantil seguía su tramitación, únicamente con la intervención del demandante, nada más.
Rony Rivas Abarca
Andrade Morataya Isabel CJSS100117
Álvarez Hernández Evelyn CJSS088045
Carbajal Flor de María CJSV010003
Cañas Coca Mirna E. CJSS080500
Casoverde Trujillo Arturo Elías CJAH020065
Cornejo Manuel Antonio CJSV080113
Cruz Pérez Carlos CJSS080019
Escobar Rosales Israel Ernesto CJSS100107
Hernández Torres José David CJSS080028
Pérez Carranza Antonio CJSS080168
Rivas Abarca José Rony CJSS080010
Rodríguez José Armando CJSS070169
Valdez Posada Oscar Edgardo CJSS080164
Vásquez Adrián Javier CJSV080101
Murcia Matute Reina CJSS088079
Ramírez González Oscar Reynaldo CJSS088072
Rivera Acevedo Wilmer Antonio CJSS040108
Vásquez Patricia Carolina CJSV060135
Raymundo Jaime Alberto CJSS080510
Zelaya Lozano René Efrén CJSS080016
El Derecho evoluciona junto a la realidad adecuando la legislación existente a las nuevas formas de contratación o regulándolas de una manera especial. Cuando surgen nuevos hechos económicos (aunque no sean imprescindibles), es necesario y conveniente que el derecho los acompañe en su desarrollo, como dice Ernesto C. Wayar “Cuando el derecho no se adecua a los cambios económicos tiende irremediablemente a depreciarse, a convertirse en inservible, en material no utilizable” y ante el incremento de esos hechos es imposible permanecer indiferentes, entonces, al introducirnos en la investigación y elaboración del presente trabajo se busca que así como el Derecho se actualiza constantemente, las personas que de forma directa e indirecta se ven involucradas en esta actividad se encuentren informadas de las novedades del Derecho Mercantil, pues su ámbito se vuelve muy importante porque representa realizar transacciones que por su misma naturaleza conlleva el ánimo de lucro y la agilización del tráfico mercantil para que tanto la inversión de los recursos como la obtención de utilidades se realicen en forma expedita.
Se espera además con este estudio beneficiar a diferentes sectores de la sociedad, pues cada día los Contratos Bancarios alcanzan mayor cobertura a nivel mundial y El Salvador no es la excepción. Entre estos sectores tenemos a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, pues son quienes al igual que los profesionales, deben permanecer a la vanguardia de nuevos comportamientos como la innovación en el intercambio de bienes y servicios. Por todo lo anterior se espera que el presente contribuya a la formación e información de la comunidad jurídica y económica.
I TARJETAS DE CREDITO…………………………………………………. 4
II. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO…………………………… 30
11I. INTEGRACIÓN MONETARIA EN EL SALVADOR…………………. 51
IV APERTURA DE CREDITO………………………………………………. 82
V LOS BONOS BANCARIOS……………………………………………….. 111
VI. ESTUDIO DE LA DISPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRÉSTAMOS MERCANTILESY SU FUNDAMENTACION EN NUESTRA LEGISLACION. 125
VII CARTA DE CREDITO…………………………………………………….. 135
VIII CEDULAS HIPOTECARIAS…………………………………………….. 161
IX LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN……………………………. 177
X CREDITOS DOCUMENTARIOS EN EL SALVADOR…………………… 187
XI HISTORIA DE LOS BANCOS EN EL SALVADOR…………………….. 211
XII CONTRATO DE DEPÓSITO……………………………………………… 224
XIII EL REPORTO…………………………………………………………….. 254
XIV EL ANTICIPO……………………………………………………………. 272
XV FIDEICOMISO…………………………………………………………….. 275
XVI SERVICIO DE CAJAS DE SEGURIDAD………………………………. 284
XVII CONTRATO DE FIANZA………………………………………………. 300
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………. 325
I. TARJETAS DE CREDITO
La masificación de las operaciones mercantiles a causa del complejo desarrollo de las formas de prácticas del comercio, generó la necesidad de contar con medios de pagos que simplificaran las transacciones.
En los Estados Unidos de América de 1914 General Petroleum Corporation of California, emitió una tarjeta para sus empleados y clientes especiales con la que podían adquirir bienes y servicios, a cuenta de sus cuotas de crédito concedidos. En 1915 Western Unión emito tarjetas pares para identificar a sus clientes y autenticar los telegramas. Durante la década de los 20s prolifero la emisión y uso de tarjetas de crédito, especialmente en hoteles, compañías petroleras y grandes almacenes de venta al por menor. A pesar de la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial la tarjeta de crédito tuvo oportunidad de evolucionar de un sistema de débitos (el crédito era fijo y debía renovarse al estar saldado en su totalidad) a un sistema de crédito rotativo, muy semejante al funcionamiento operativo de un cuenta corriente, donde el límite del crédito se mantenía invariable y a disposición del cliente mediante el sistema de cargos y abonos. Además, en su proceso de evolución, el rol del financista pasó a formar parte de las relaciones contractuales, debido a que el financiamiento se desligo del oferente de bienes servicios. Entonces aparecieron los emisores financieros especializados, como Diners Club, que en 1951 emitió su primera tarjeta de crédito, por iniciativa de Frank McNamara y Alfred Bloomingdale. American Express Company emito su primera tarjeta de Crédito en 1958, y en el mismo año apareció la tarjeta del grupo Sears Roebuck Co que se convirtió en el mayor emisor de tarjetas de crédito. El desarrollo de las tarjetas de crédito fue tan grande que en 1968 se creó una comisión especial Nation Standrds Institute, para que dispusiera las especializaciones, procedimientos y normas aplicables a las tarjetas de crédito. En 1977 surgieron Visa USA y Visa Internacional aunque desde 1969 era compañía muy fuerte que emitía tarjetas mediante la asociación de muchas entidades comerciales y financieras. Si bien la letra de cambio, el cheque y el pagare tienen 500 años o más de ser herramientas para comercial sin dinero en efectivo, las tarjetas de crédito tienen un historial más modesto pero cuyo resultados demuestran que ha superado a todos los instrumentos de pago que aparecieron antes que ella. Quizá en el futuro solo se vea superada por las transacciones por internet, cuando todo se reduzca a claves o códigos de barra.
Considero importante investigar sobre este tema, ya que un alto número de personas de este país, recurren al uso de este instrumento de crédito para sus transacciones, según estadísticas hay más de 600 mil personas que poseen tarjetas de crédito a nivel nacional . 1.2 Definición de tarjeta de crédito
Una tarjeta de créditoes una tarjeta de plástico con una banda magnética, a veces un microchip, y un número en relieve que sirve como medio de pago impuesto como norma habitual en todo el mundo y permite el pago aplazado de lo adquirido . Entre las más conocidas del mercado están: Visa, American Express, MasterCard, Diners Club, JCB, Discover, entre otras. Las grandes tiendas y almacenes del mundo también emiten tarjetas de crédito para sus clientes. Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar, pero no se les requiere que paguen la cantidad total cada mes. En lugar de esto, el saldo (o "revolvente") acumula interés. Se puede hacer sólo un pago mínimo así como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se paga el saldo total, no se pagan intereses. Es un medio o documento privado, firmado, nominativo e intransferible, resultante de un contrato de apertura de crédito que permite al titular o tarjetahabiente utilizarlo como medio de pago para adquirir bienes y servicios en comercios o instituciones afiliadas o retirar dinero en efectivo en instituciones financieras y en dispensadores autorizados por el emisor .
1.3 Elementos de las tarjetas de crédito
Concepto Legal (Art.2 LSTC): Entidad o institución que emite u opera en el país, tarjetas de crédito a favor de personas naturales o jurídicas.
Coemisor
Concepto Legal (Art 2 LSTC): Administrador o gestor de tarjetas de crédito: Persona jurídica que, en virtud de un contrato, efectúa la administración o gestión de las operaciones con tarjetas de crédito, quien podrá encargarse, por cuenta del emisor de la colocación, contratación y cobro de las mismas.
Concepto Legal (Art. 2 LSTC) Persona natural o jurídica habilitada para el uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo.
Concepto según algunos autores: (Es sinónimo de comprar, por lo que en ocasiones podrá significar lo mismo, pero también tiene este otro significado): Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción.
Concepto Legal (Art 2 LSTC): Es la entidad que brinda el servicio de autorización y liquidación de operaciones a los comercios o instituciones afiliadas.
Derechos Difusos:
Concepto según algunos autores:Son aquellos intereses protegidos por una norma, que afectan directamente a los individuos de una colectividad y tienen carácter no excluyente, no conflictivo y no distributivo .
Concepto Legal (Art. 2) Aquellos que son comunes a un conjunto indeterminado de tarjetahabientes afectados en sus intereses.
1.4 Naturaleza jurídica
Dentro de la gran calificación de los contratos Bancarios y Financieros se encuentra los contratos por adhesión, característica que cumple a cabalidad los contratos de las tarjetas de crédito, la que el usuario se limita a estampar la firma en el contrato que en la mayoría de las veces no lee, sin saber las clausulas a las cuales queda sujeto.
En la tarjeta de crédito el titular se legitima como adherente a la casa emisora y con derecho al crédito que esta le abre; por lo que se puede afirmar que ese documento legitima activa y pasivamente a su titular, pues le permite acceder sin pago inmediato a la correspondiente prestación por parte del comerciante adherido, quien cuenta con la garantía del pago que le efectuara a la entidad emisora de la tarjeta. Existen dos teorías que explican la naturaleza de las tarjetas de crédito, las cuales son:
 Considerada como un titulo valor
 Considerada como un contrato
Como un titulo valor:
Explica que la tarjeta de crédito es un titulo valor impropio que tiene origen en un negocio financiero unilateral, por lo que puede considerarse un titulo de identificación y de crédito. Intransferible pero incompleto e insuficiente, con las características comunes a todo papel de comercio.
“La Tarjeta de crédito es un documento nominativo, legítimamente, intransferible, cuya finalidad es permitir al usuario beneficiarse con las facilidades de pago pactada con el emisor y las resultantes del contrato celebrado entre este y el proveedor del bien o servicio requerido por aquel .”
Como un contrato:
Esta critica la primera posición doctrinaria anterior, debido a que la tarjeta de crédito, es decir, el plástico, solo es una herramienta de identificación de acreditando, que carece de “incorporación” de derechos, los cuales, aunque existen, no se originan en la emisión del “plástico” sino en la celebración de un contrato especial de tarjeta de crédito (si así lo regula el marco legal) o un contrato de apertura de crédito rotativo (si se lo aplica el derecho mercantil común). Si la tarjeta de crédito puede ser cancelada unilateralmente por el emisor en cualquier momento, está sujeta a un plazo que puede renovarse automáticamente y la tarjeta misma generalmente se entrega a los acreditados en calidad de depósito, es indudable que la tarjeta de crédito como un contrato no es un titulo valor de ninguna clase.
“La Tarjeta de Crédito es un contrato complejo de características propias que establece una relación triangular entre el comprador, un vendedor y una entidad financiera, posibilitando al primero la adquisición de bienes y servicios que ofrece el segundo, mediante la promesa previa formulada a la entidad emisora de abonar el precio de sus compras en un plazo dado por esta última , la que se haga cargo de la deuda abonando inmediatamente el importe al vendedor previa deducción en las comisiones que hayan estipulado entre ambos” .
En El Salvador ya dispone de una regulación especial para las transacciones realizadas con estos documentos, tal regulación en la Ley de Sistemas de Tarjetas de Crédito
Esto ha permitido que las instituciones financieras puedan ofrecer servicios a través de Cajeros Electrónicos (ATM o Automated Teller Machine), para que los usuarios puedan realizar pagos de todo tipo, inclusive de servicios públicos, y retirar dinero en efectivo. De igual manera, los comercios han podido hacer uso de herramientas electrónicas como los Puntos de Venta (POS o Poin of Sale Systems) para recibir patos de sus clientes a través de tarjetas de crédito o débito.
Ahora bien, por la naturaleza especial de las operaciones de comercio electrónico, los medios de pago están restringidos al pago electrónico, que puede definirse como cualquier operación de pago efectuada con una tarjeta mecánica o con un microprocesador incorporado, en un equipo Terminal de pago electrónico o Terminal de punto de venta. En otras palabras, el dinero en efectivo, aun cuando disponga de la cantidad suficiente para cubrir el valor de los bienes y servicios, no es el medio de pago en el comercio electrónico. Para tales efectos, los consumidores del ciberespacio utilizan las tarjetas de crédito, de manera que puedan cargar el valor en ella, para que el emisor pague al proveedor ubicado en cualquier parte del mundo y luego el usuario paga al emisor el valor de los bienes o servicios junto con los costos de la transacción.
Si bien la tarjeta de crédito ha suplido con suficiencia la necesidad de un medio de pago para el comercio electrónico, las nuevas tecnologías han generado las tarjetas inteligentes que llevan microchips incorporados, diseñados específicamente para comprar a través de Internet. 1.5 Análisis de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito de El Salvador El capítulo I de la referida Ley establece las disposiciones fundamentales, entre estas encontramos: objeto de la ley (art. 1 LSTC), definiciones (art.2 LSTC), encargados de la emisión y ente fiscalizador (arts. 3 y 4 LSTC., respectivamente).
De este capítulo podemos realizar las siguientes acotaciones, con respecto al objeto de la Ley, articulo uno Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, se puede decir que el legislador estable el concepto de sistema de tarjetas de crédito, siendo este tal como lo dice la ley el conjunto de contratos individuales, es decir sistema será el conjunto de relaciones jurídicas de carácter individual que existen entre los emisores y los usuarios de las tarjetas, es de hacer notar que por mandato de ley se establece que los encargado de la emisión de tarjetas serán los mismos que deberán encargarse de la relación que exista entre las instituciones afiliadas y los usuarios del sistema, otro punto importante a destacar es esta definición es que la tarjeta de crédito, no solo funcionara como tal, pues el este mismo artículo establece que una de las funciones de dichas tarjetas será posibilitar a los tarjetahabientes el anticipo de dinero en efectivo ya sea por medio de instituciones financieras afiliadas al sistema o por medio de dispensadores autorizados por el emisor, se sobre entiende además que los contratos individuales que generan el sistema de tarjetas deberán contener el lugar y la forma de pago de forma individual, señalando además que se entenderá por tarjeta de crédito, aquellas tarjetas que no funciones si no solo para un solo establecimiento (tarjetas de almacenes comerciales).
Definiciones establecidas en la ley
Artículo 2 LSTC establece las siguientes definiciones:
Emisor: Es la entidad o institución que emite u opera en el país, tarjetas de crédito a favor de personas naturales o jurídicas. En este sentido la ley es muy vaga pues hace una definición que el sentido común permite discernir sin acotar nada. Coemisor: administrador o gestor de tarjeta de crédito: Persona jurídica que, en virtud de un contrato, efectúa la administración o gestión de las operaciones con tarjetas de crédito, quién podrá encargarse, por cuenta del emisor, de la colocación, contratación y cobro de las mismas. Aquí la Ley distingue entre el administrador, es decir aquel que se encarga de efectuar todo lo concerniente a su promoción, difusión y representación en nombre del emisor, lo que nos indica que la simple administración o el cumplimiento de los requisitos para administrar no faculta a una institución a ser emisor. Titular de la tarjeta o tarjetahabiente: La persona natural o jurídica habilitada para el uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los autorizados por el mismo. Se deberá entender como tarjetahabiente aquel que firma contrato con el emisor y es el jurídicamente responsable ante en emisor o el coemisor. Titular adicional, o beneficiario de extensiones: Es la persona autorizada por el titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito, a quien el emisor o coemisor le entrega un instrumento de similares características que al titular. Este es aquel que posee las mismas facultades de uso que el tarjetahabiente, quien debe ser previamente autorizado por este ante el emisor u coemisor de conformidad al caso, pero no posee responsabilidad jurídica ante estos.
Tarjeta de crédito: Es un medio o documento privado, firmado, nominativo e intransferible, resultante de un contrato de apertura de crédito que permite al titular o tarjetahabiente utilizarlo como medio de pago para adquirir bienes y servicios en comercios o instituciones afiliadas o retirar dinero en efectivo en instituciones financieras y en dispensadores autorizados por el emisor. Se entenderá que la tarjeta es aquel identificativo que el emisor entrega al tarjetahabiente, con la finalidad que este haga valido todos aquellos beneficios, así como aquellas obligaciones que se han pactado frente al emisor. Comercio o institución afiliada: Es el ente que en virtud del contrato celebrado con el Adquiriente, proporciona bienes y servicios o dinero en efectivo al tarjetahabiente aceptando percibir el importe de éstos mediante el sistema de tarjeta de crédito. Es el tercero interviniente aquel que hace posible la obtención de beneficios a los tarjetahabientes. Adquiriente: Es la entidad que brinda el servicio de autorización y liquidación de operaciones a los comercios o instituciones afiliadas. Intermediario entre los emisores u coemisores, que hacen efectivo el convenio entre los afiliados y estos. Intereses: Precio que se cobra por la utilización de la disponibilidad de crédito sobre el saldo de capital desembolsado, ya sea por la adquisición de bienes o servicios, o por retiro de dinero en efectivo. Lo que ha de llamar aquí la atención es que el interés debe entenderse como aquel precio que se cobra sobre el saldo del capital desembolsado, es decir no se cobra sobre el total del crédito solo sobre lo utilizado por el tarjetahabiente, en cualquiera de los rubros que este tenía para su uso.
Comisión: Es la remuneración que paga el comercio afiliado por su participación en el sistema de tarjetas de crédito, en razón de los bienes y servicios o dinero en efectivo que proporciona al tarjetahabiente; así como también, el importe que tratándose del tarjetahabiente, se cobra por un servicio adicional efectivamente prestado por el emisor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el cliente y deberá estar previamente pactado en los contratos de apertura de crédito. Este concepto se divide en dos aspectos el precio que paga el afiliado al sistema por pertenecer a este y el que pagan los tarjetahabientes con la diferencia que el tarjetahabiente, solo estará sujeto al pago de este cuando el servicio prestado no sea inherente al uso pactado, de este concepto podemos deducir que las comisiones cobradas a los tarjetahabientes por el retiro de efectivo en cajeros o en instituciones, es un cobro no fundamentado, pues este servicio es inherente al uso, si tomamos como base el concepto que la misma ley nos da sobre tarjeta de crédito, pues este señala que la tarjeta está diseñada para el retiro de efectivo, por lo cual convierte el retiro de efectivo en una operación inherente al uso, la salvedad a esta disposición viene dada al final del concepto, pues este mismo manifiesta que podrá existir un pacto entre las partes para el cobro de comisiones.
Recargo: Es una sanción de carácter económico que aplican los emisores o coemisores a sus tarjetahabientes por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El cual deberá estar previamente pactado en el contrato de apertura de crédito para que sea conocido y aceptado por los tarjetahabientes. La ley en este aspecto vuelve hacer muy amplia pues establece incumplimiento de obligaciones pactadas, es entonces que se deberá de revisar cada uno de los contratos individuales, para poder establecer así, las obligaciones pactadas entre las partes.
Número de Cuenta o número interno de inscripción: Es el asignado a la cuenta principal del tarjetahabiente, pudiendo ser éste igual o diferente en la tarjeta de crédito, asegurando una mejor identificación de la tarjeta con el usuario. Es la forma en que los emisores u coemisores identificaran a sus clientes de manera individual. Derechos colectivos: Aquéllos que son comunes a un conjunto determinado o determinable de tarjetahabientes, vinculados con un emisor o coemisor por una relación contractual. Se beberá entender que son el conjunto de cláusulas contractuales que tienen en común cada uno de los contratos individuales. Derechos difusos: Aquellos que son comunes a un conjunto indeterminado de tarjetahabientes afectados en sus intereses. Serán todos aquellos derechos comunes a los usuarios de las tarjetas de crédito independientemente quien sea su contraparte.
Tasa de interés efectiva: Costo anual total de financiamiento sobre el capital prestado, expresado en términos porcentuales anuales; que para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los cargos inherentes al financiamiento recibido. Incluye intereses, comisiones y recargos que el tarjetahabiente está obligado a pagar conforme al contrato. Será el porcentaje total de dinero sobre el monto usado, que deberá pagar un tarjetahabiente el cual incluye todos los conceptos que generan un precio en el uso del servicio, esto será calculado sobre año calendario. Intereses Bonificables: Son los Intereses generados desde la última fecha de corte a la fecha de corte actual, los cuales son dispensados por el emisor o coemisor al pagarse el saldo de contado. Serán los interés que el tarjetahabiente deberá pagar de la tasa efectiva dividida en los doce meses del año.
Autorización para emitir o coemitir tarjetas de crédito. El articulo 3 LSTC establece quienes pueden ser los entes encargados de la emisión de tarjetas de crédito, la regulación vuelve a ser vaga y solo establece que deberán ser personas jurídicas domiciliadas en el país, que deberán estar constituidas de la forma prevista por la Ley de Bancos en su artículo 24, y por las empresas extranjeras previamente autorizadas por el ente fiscalizador, lo que deberá entenderse que será la Súper Intendencia del Sistema Financiero, lo que queda en vilo es, que sucede con los permisos emitidos por los entes reguladores extranjeros, son solo documentos que serán vistos como anexos o deberán ser parte de los requisitos que pida el ente fiscalizador antes de autorizar. Como un requisito extra que no tiene que ver con la constitución, sino con el funcionamiento se encuentra el depósito de los contratos individuales que conforman el sistema, lo cual nos hace presumir que la falta de este depósito de contratos será una causal de invalidación de la entidad emisora.
El artículo cuatro establece quien es ente regulador, haciendo recaer esta labor en la Superintendencia del Sistema Financiero, cuando estos sean entidades sometidas a su fiscalización de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del sistema financiero, asimismo aquellas entendidas que conforme a la ley se autoricen para la emisión de tarjetas de crédito y no sean las previstas para la fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero, serán vigiladas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la cual es una dependencia del ministerio de economía , de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la Superintendencia de obligaciones mercantiles. Esta vigilancia establecida para la superintendencia de Obligaciones mercantiles, está basada en principios de actos mercantiles y no en principios de funcionamiento tal como los de la Superintendencia del sistema financiero
El Capítulo II Trata sobre los contratos y hace referencia a los contratos de apertura y requisitos de la tarjeta y estos estarán regulados del artículo cinco al veintidós de la ley del sistema de tarjetas de crédito.
Contenido de la tarjeta de crédito
El Articulo 5 LSTC., establece los requisitos de forma de la tarjeta de crédito, así como cualquier otro medio que sirva al emisor para identificar al tarjetahabiente entre estos encontramos: Nombre y firma cuando el titular sea persona natural; razón o denominación social cuando el titular sea persona jurídica; en este caso deberá adicionarse el nombre y firma de la persona natural autorizada para su uso; marca de la tarjeta; fecha de emisión y vencimiento; denominación de la institución emisora, coemisora o ambas de la tarjeta de crédito. Cláusulas del contrato de apertura de crédito
El articulo 6 LSTC es básicamente al que cada individuo deberíamos de tener en cuenta a la hora de la adquisición de una tarjeta de crédito, pues la falta de una de estas cláusulas estipuladas en este artículo debería ser alegada como causal de nulidad de contratos estos requisitos indispensables son los siguientes:
c) Finalidad, disposición, ámbito geográfico de uso y límite del crédito.
d) Plazo del contrato y del financiamiento.
e) Determinación precisa y clara de la tasa de interés, así como, recargos y comisiones; o, la tasa de interés moratorio cuando así se aplicare.
f) Forma de pago.
g) Derechos y obligaciones de la entidad emisora y del tarjetahabiente.
h) Reglas relativas a los estados de cuenta, incluyendo las reglas sobre la fecha de corte y la fecha de vencimiento de pago mensual.
i) Cláusulas relativas a las tarjetas de crédito adicionales: emisión, límites, funcionamiento y responsabilidad.
j) Manera de proceder en caso de robo, sustracción, perdida o fraude de la tarjeta.
k) Causales de terminación o caducidad del contrato.
l) Solicitud de suspensión temporal del uso de la tarjeta o terminación del crédito por parte del tarjetahabiente.
m) Solicitud de suspensión temporal por parte del emisor.
n) Las demás establecidas en las leyes vigentes.
Esta aseveración la hacemos basada en lo tipificado en los artículos 1322 y 1324 CC., ya que la nulidad no ha sido expresa, pero si adopta las ser derecho positivo los principios del Código Civil. Condiciones para la elaboración de los contratos
El articulo 7 LSTC hace referencia a las condiciones que deberá tener el contrato, no habrá que confundir las cláusulas contractuales con las condiciones contractuales; para poder distinguir de una forma sencilla la diferencia entre esta entenderemos que las primeras hacen referencia a el fondo del contrato, es decir las condiciones que regirán la relación jurídica; en cambio las segundas hacen referencia a la forma en que deberán elaborarse los contratos, son pues requisitos de forma y no de contenido, entre los requisitos formales la ley estipula los siguientes: a) Ser redactado en idioma castellano.
b) Redactarse claramente y con una sola tipografía fácilmente legible a simple vista, como mínimo en un tamaño de letra 10.
c) El emisor deberá entregar tantas copias del contrato y sus anexos como partes intervengan en el mismo. El tarjetahabiente recibirá previamente las copias respectivas antes de celebrar el contrato.
d) Los contratos que utilice el emisor o coemisor deberán ser los contratos modelos autorizados y depositados en la Superintendencia del Sistema Financiero, en la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles o en el Instituto Salvadoreño de fomento Cooperativo según corresponda.
e) En ningún caso podrá contener remisiones a textos o documentos que no se entreguen al tarjetahabiente previa a la celebración del contrato.
f) Todo seguro que el tarjetahabiente desee contratar, deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Sociedades de Seguros y la Ley de Protección al Consumidor. Dicho seguro deberá cubrir totalmente las obligaciones y los daños ocasionados al tarjetahabiente de acuerdo a la cobertura contratada. El tarjetahabiente deberá recibir una copia del contrato del seguro adquirido en el momento de su suscripción.
Contratación indiscriminada
El articulo 8 LSTC., hace referencia a la contratación indiscriminada, es decir aquella contratación que harán los emisores y coemisores, sin cumplir con requisitos de análisis individual, se deberá realizar de esta forma pues la misma ley señala que los contratos son de forma individual, no habrá entonces que confundir el termino de contratación indiscriminada, con de contratación masiva, pues el primero como ya se dijo hace referencia al requisito de estudio previo e individual de cada caso, y el segundo hace referencia a una contratación colectiva que es nada mas una forma de mercadeo, que estará encaminada a la distribución del producto de conformidad con el diseño de este y el sector al que este dirigido; este articulo además señala la sanción en la cual se incurrirá para los emisores y coemisores por el incumplimiento del análisis respectivo de cada uno de sus clientes, el cual será la multa máxima prevista en presente ley en su artículo 45 la cual es una multa de ochocientos salarios mínimos urbanos del sector comercio ( siendo el salario mínimo en el sector comercio e industria el de $ 224.21 la multa será equivalente a $179,368.00).
Firma del contrato y su modificación
El articulo 9 LSTC, estipula que los contratos se perfeccionaran solo con la firma de las partes, doctrina generalizada para los contratos tanto en el ámbito civil como en el mercantil, la parte que torna interesante este artículo es lo referente a la modificación de cláusulas contractuales, pues establece que la modificación no podrá ser de forma unilateral, pues deberá constar por escrito el consentimiento de ambas partes para la modificación, estableciendo plazos tanto para la notificación de las modificaciones como para su entrada en vigencia, el primero cuarenta cinco días antes y el segundo treinta días después de su aceptación, la no contestación de la notificación de modificación, señala presunción de no aceptada por parte del tarjetahabiente, señalando esta como una causal de terminación de contrato, y acota este mismo artículo como un plus que la modificación de lo contratado no podrá hacerse unilateralmente, cabe señalar que desde mi punto de vista este artículo es quizá una de los que más se incumplen de la presente ley pues en la práctica, basta con la notificación de parte de los emisores y coemisores para que se dé por modificada la relación contractual en especial en lo relativo a tasas de interés. Compensación de deudas
El articulo 10 LSTC., establece como improcedente la compensación de deudas es decir el cobro por parte del emisor o coemisor por medio de otro servicio financiero que el tarjetahabiente tenga con este; dejando a salvo esta posibilidad por medio del avenimiento escrito del tarjetahabiente. Regulación que se estipula en el artículo 12 de la Ley en comento. Certificación de saldo adeudado
Articulo 13 LSTC., señala que la certificación extendida por el emisor sobre el saldo produce prueba, con las condiciones que establece para esta certificación que sea emitida por auditor externo de la institución entiéndase emisor o coemisor y con el visto bueno del gerente de este; es de observar que esta ley presenta una estipulación que a mi parecer él la única que lo señala extendiendo como una prohibición tacita la firma en blanco de títulos valores que sirvan como garantía del contrato Terminación de la relación contractual
Este articulo 14 LSTC, señala como causal de terminación la ya vista en el articulo 9 LSTC ., correspondiente a la notificación de las modificaciones, señal además un procedimiento especial, para la terminación de contrato por parte del tarjetahabiente en cual consiste en que una vez notificada la voluntad de terminar el contrato por parte del tarjetahabiente el ente emisor no podrá aplicar nuevos cargos a este salvo los pendientes, que existan al momento de la notificación, entendiéndose con esto que la notificación por parte del tarjetahabiente podrá hacerse aun cuando existan saldos pendientes, teniendo el tarjetahabiente el periodo establecido en el contrato para el pago de los saldos pendientes, teniendo la obligación el emisor y coemisor la obligación de inhabilitar la tarjeta, salvo este procedimiento y la causal señalada en el artículo 9 LSTC., la terminación del contrato se regirá por las reglas generales de las causas de extinción de las obligaciones reguladas en el artículo 1438 CC. Cláusulas sin efecto legal
El articulo 15 LSTC, no necesita mayor análisis pues muy simple establece cláusulas contractuales carentes de valor, de forma expresa sin necesidad de pronunciamiento judicial, hay nada más que acortar que estas cláusulas no son causas de nulidad del contrato, sino que solo genera la nulidad de la cláusulaespecífica y estas con las siguientes: a) Las que dispongan la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la Constitución de la República, las leyes de la República y los tratados internacionales ratificados por El Salvador; y, las que impliquen exoneración de responsabilidad de cualquiera de las partes que intervengan directa o indirectamente en la relación contractual.
b) Las que faculten al emisor o coemisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato.
c) Las que impongan doble cargo por el mismo hecho generador, como por ejemplo imponer doble penalidad por mora, por gestión de cobro administrativo o extrajudicial en caso de mora y costas procesales.
d) Las que impongan costos al tarjetahabiente por las gestiones que el emisor o coemisor lleve a cabo como medida de seguridad en caso de pérdida, sustracción o caducidad de la tarjeta.
e) Las que comprometan al tarjetahabiente a la adquisición de otro bien o servicio, que no sea complementario al uso de la tarjeta de crédito.
f) Las adicionales no autorizadas en el contrato modelo por la
Superintendencia del Sistema Financiero, por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles o por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo según corresponda.
El articulo 16 LSTC, establece la forma de cobro de comisiones, fijando por producto, omitiendo en porcentaje que el emisor o coemisor pueda cobrar por cada producto, es decir hace referencia a un trato igualitario para todos los usuarios del mismo producto, mas no señala techo alguno para el porcentaje de la comisión que la institución pueda cobrar, dejando este techo al libre convenio de las partes . Condiciones de los intereses
El articulo 18.- LSTC., este articulo como se entiende señala nada mas el procedimiento por medio del cual las emisoras y coemisores deberán cobrar los interese que como ya se ha señalado con anterioridad no podrán ser diferente a los pactados entre las partes. Estipulando la correlación que deberá tomarse en cuenta a la hora de efectuar el pago por parte del tarjetahabiente siendo esta intereses, comisiones y recargos; el remanente, si lo hubiere, a capital.
Señala el artículo Art. 19 LSTC., la forma en que deberán ser calculados los intereses aplicables a cada producto dando como regla técnica “será definido la metodología y los parámetros en norma técnica emitida por la Superintendencia del Sistema Financiero para tal efecto” . Es decir esta será fijada por el emisor o coemisor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61de la Ley de Bancos. No existiendo límite porcentual fijo más que el pacto entre partes, este artículo establece la libertad de modificación de tasas de forma unilateral, quedando en contradicción con el artículo nueve de este mismo cuerpo de Ley que establece la notificación al tarjetahabiente para cualquier modificación, ya que este señala que la modificación de tasa de interés bastara con la publicación de dicha modificación para que surta efecto. Estableciendo como entes verificadores de dicho procedimiento con la finalidad que la tasa no sea de tipo leonino a las disposiciones previstas en Ley de Protección al Consumidor, en la Ley de Competencia y en las demás leyes de la República.
El articulo 20 LSTC., señala dos tipos de recargo uno es por pagos realizador inferiores al mínimo establecido en el estado de cuenta y el otro por pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de pago establecido en el mismo instrumento. El cálculo de acuerdo a este artículo se realizara sobre el monto del capital de la cuota en mora, no sobre el saldo, del crédito. Además establece que en caso de fechas de vencimiento en los supuestos siguientes un día de cierre bancario, un día feriado, un día de asueto nacional, fines de semana, o que no existiere el sistema informático o la posibilidad para poder efectuar el pago, la fecha de pago se prorroga al siguiente día hábil.
En el Capítulo IIIse regula lo concerniente al estado de cuenta su forma y contenido. Envío del estado de cuenta
Señala el artículo 23 LSTC., la forma y tiempo del envió del estado de cuenta y los métodos alternos por medio del cual el tarjetahabiente podrá disponer de la información en casos de incumplimiento del envió de dicho documento
Contenido del estado de cuenta
El artículo 24 LSTC es claro estableciendo los requisitos que deberá contener el estado de cuenta, no señalando sanción alguna a la falta de estos requisitos, siendo estos: a) Nombre y número que identifique la cuenta del tarjetahabiente.
b) Identificación de la entidad emisora o coemisora.
c) Fecha de corte del estado de cuenta.
d) Saldo anterior, importes de las operaciones de abonos y cargos del período y saldo actual.
e) Monto y fecha en que se realizó cada operación.
f) Tasa de interés aplicada al período.
g) Identificación del comercio afiliado, donde se realizó la operación.
h) Fecha de vencimiento del pago, el monto del pago mínimo estimado y el plazo al vencimiento, indicando las cantidades destinadas a capital, intereses, comisiones y recargos.
i) Límite autorizado y monto disponible del crédito.
j) Los cargos y abonos del período, detallando los valores aplicados a capital, intereses, comisiones y recargos.
k) Identificación de operaciones realizadas en moneda extranjera con designación del país de origen de la operación, así como el número de identificación de la orden de pago con que se autorizó la operación.
l) Lugar y forma para efectuar el respectivo pago.
m) Tasas de interés nominal, efectiva y moratoria aplicadas.
Los artículos 25 y 26 LSTC., señalan la forma en que deberán hacerse los reclamos sobre incumplimiento del articulo 24 LSRC., y señalan además los plazos para interposición del reclamo, como para la contestación de este. Es de hacer notar que como una posibilidad abierta y concreta señal que cuando el reclamo este señalando derechos difusos o colectivos y haya resolución favorable al tarjetahabiente esta será vinculante para el resto de usuarios del sistema, opera en estos artículos la segunda presunción favor del tarjetahabiente pues el incumplimiento del plazo para resolver por parte de las instituciones, se deberá entender como resolución favorable al tarjetahabiente, fijando el plazo para respuesta en treinta días siguientes a la interposición del reclamo, entendiendo este como un término y no como plazo.
Obligaciones del emisor o coemisor
Este artículo señala los derechos a que el tarjetahabiente se hace acreedor cuando interpone un reclamo, tratando con esto la Ley de impedir represalias por parte del emisor o coemisor por la interposición de este, siendo estos derechos los siguientes: a) No podrá impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la tarjeta de crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite disponible de crédito establecido por el emisor o coemisor, o en los casos en que se presente una actividad fraudulenta, sospechosa o inusual o a petición del tarjetahabiente.
b) Podrá exigir el pago del mínimo correspondiente a los cargos no cuestionados de la liquidación.
c) No podrá cobrar los intereses, comisiones y recargos de las operaciones impugnadas por el tarjetahabiente mientras dure el procedimiento; quedando facultado para cobrarlos en caso de que el reclamo resultare improcedente.
d) Deberá indicar en el reporte que envía a las entidades especializadas en la prestación de servicios de información de crédito, el monto del saldo que se encuentra en proceso de reclamo y que no ha reconocido el tarjetahabiente.
Reintegro de pago La resolución favorable de acuerdo con el artículo 28 LSTC., obliga al reintegro total del pago realizado, esto incluye la prelación establecida en el artículo 18 de la presente ley. Habilitación de la vía administrativa y judicial
No hay mayor comentario sobre el artículo 29 LSTC pues esta es clara en señalar que la resolución emitida por la institución crediticia no impide al tarjetahabiente el uso de las otras vías ya sean judiciales o administrativas para hacer valer su reclamo .
En el Capítulo IV señala los derechos y obligaciones de manera recíproca entre los emisores o coemisores y los comercios afiliados.
Básicamente se establece en los artículos 31, 32 y 33 LSTC., las normas por medio de las cuales se regirán los contratos entre las dos instituciones siendo esta la del contrato de afiliación, y que el control de los tarjetahabientes recaerá sobre el emisor o coemisor siendo estos quienes responderán ante el instituto afiliado al existir situación irregular, estableciendo además los canales de comunicación adecuados para la consulta de la situación de cada tarjetahabiente en caso de duda por parte del afiliado en la operación que se esté realizando Obligaciones de los comercios afiliados
Art. 35.- Son obligaciones de los comercios afiliados al sistema:
a) Verificar la identidad del tarjetahabiente y consultar la habilitación de la tarjeta a través de los medios que para tal efecto han sido provistos por el adquiriente.
b) Entregar al tarjetahabiente la copia del comprobante de la operación, excepto en las operaciones que no existe presencia física de la tarjeta.
c) Entregar al adquiriente las órdenes de pago debidamente autorizadas por eltarjetahabiente cuando lo requiera. d) No aumentar el precio del bien o servicio por compras con la tarjeta de crédito, ni tampoco diferenciar estos bienes o servicios por compras en efectivo.
No se fijan más obligaciones para los emisores y coemisores, que el responder por cada uno de sus tarjetahabientes que se encuentren en relación irregular, que por omisión de estos mismos no se hayan tomado las medidas preventivas necesarias para limitar la libre disposición del uso de la tarjeta de crédito. En el Capítulo V de la Ley se aborda lo referente a Infracciones, Sanciones y procedimientos para su imposición
El articulo 36 LSTC., es claro al mencionar quienes serán los entes encargados de la imposición de sanciones siendo estos, Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, según corresponda.
El articulo 38 LSTC., establece los tipos de infracciones en Leves, graves y muy graves. Infracciones leves
Art. 39.- Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
a) La utilización directa o por terceros contratados por el emisor o coemisores de medios injuriosos, difamatorios o trato abusivo, en perjuicio del tarjetahabiente, en la gestión de cobros.
b) Hacer cargos al recibir del tarjetahabiente pagos anticipados.
c) Engañar al tarjetahabiente por medio de promociones u ofertas dirigidas a su domicilio.
d) Incumplir la obligación relativa a proporcionar el historial crediticio del tarjetahabiente cuando sea solicitado por éste.
e) El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ley.
f) Incumplimiento de las obligaciones de los comercios afiliados que se establecen en la presente Ley.
g) Cualquier infracción a la presente Ley que no se encuentre tipificada como infracción grave o muy grave.
Art. 40.- Son infracciones graves, las acciones u omisiones siguientes:
a) Efectuar cobros indebidos, tales como cargos directos al tarjetahabiente a cuenta de bienes o servicios administrados o suministrados por el emisor o coemisor, cuando no hayan sido previamente autorizados o solicitados por el tarjetahabiente.
b) El rechazo del uso de la tarjeta de crédito del tarjetahabiente por parte del comercio afiliado, por razones imputables a la relación de éste con el Adquiriente.
c) El incumplimiento a cualquiera de las cláusulas de los contratos regulados por la presente Ley.
d) El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 24, 33, 34 y 35 literal d), todos de la presente Ley.
e) La reincidencia en infracciones leves.
Art. 41.- Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:
a) El incumplimiento de la resolución de reversión de la operación o cargo incorrectamente efectuado, emitida por las autoridades facultadas para ello.
b) Exigir al tarjetahabiente la firma de títulos valores o documentos en blanco para garantizar las obligaciones del tarjetahabiente.
c) Cobrar intereses, comisiones y recargos en contravención a las disposiciones de esta Ley.
d) Establecer cláusulas sin efecto legal.
e) Obstaculizar las funciones de información, vigilancia e inspección del ente supervisor respectivo, o negarse a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones.
f) Establecer cláusulas distintas, en los contratos, a las aprobadas y registradas por los entes supervisores, siempre que no se trate de contratos con personas jurídicas en los que se negocian cláusulas especiales o que no estén de acuerdo a las establecidas en la presente Ley.
g) La falta de cualquier requisito o condiciones que deba contener o reunir el contrato, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 7, de la presente Ley.
h) El incumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 10, 14, 25, 26, 55 y 56, todos de la presente Ley.
De conformidad al artículo 42 LSTC., y concordancia con el artículo 36 de la misma Ley los entes encargados de realizar el procedimiento sancionatorio y la imposición de sanciones serán los entes encargados de la supervisión siendo las sanciones imponibles las siguientes:
b) Suspensión de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito.
c) Cancelación de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito.
Multa para infracciones leves
Art. 43.- Las infracciones leves se sancionarán con multa desde veinticinco hasta cincuenta salarios mínimos mensuales urbanos establecidos para el sector comercio y servicios. Esto implica que la multa oscilara entre $ 5,605.25 y $11,210.50 .
Multa para infracciones graves
Art. 44.- Las infracciones graves se sancionarán con multa desde cincuenta y uno hasta doscientos salarios mínimos mensuales urbanos establecidos para el sector comercio y servicios. Esto implica que la multa oscilara entre $ 11,434.71 y $ 44,842.00 .
Multa para infracciones muy graves
Art. 45.- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde doscientos un hasta ochocientos salarios mínimos mensuales urbanos establecidos para el sector comercio y servicios. Esto implica que la multa oscilara entre $ 45,066.21 y $179, 368.00 .
Criterios para la determinación de la multa
Art. 47.- Para la determinación de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) el impacto en los derechos del tarjetahabiente.
b) el grado de intencionalidad del infractor,
c) el grado de participación en la acción u omisión.
d) beneficio obtenido y las circunstancias en que ésta se cometa
e) la reincidencia o incumplimiento reiterado.
Todas las multas impuestas tendrán como destino el fondo general de la nación de conformidad con el artículo 48 LSTC.
Suspensión de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito
Art. 49.- En caso de reincidencia de infracciones muy graves, deberá ordenarse la suspensión de la facultad de emitir o coemitir tarjetas de crédito por un plazo no mayor de un año. Y de conformidad con el artículo 47 LSTC se deberá entender por reincidencia como la comisión de una infracción después de haber sido sancionado en más de una ocasión por la misma infracción, dentro del plazo de un año.
Cancelación de la facultad para emitir o coemitir tarjetas de crédito
Art. 50.- En caso de reincidencia en la suspensión de la facultad de emitir o coemitir tarjetas de crédito se procederá a la cancelación de dicha emisión o coemisión. En ambos casos, tanto en la suspensión, como en la cancelación los emisores y coemisores, están obligados a seguir administrando los contratos existentes y vigentes hasta la finalización de los mismos. Procedimiento sancionatorio
Art. 52.- En lo referente al procedimiento para la imposición de sanciones contempladas en este capítulo se observará las disposiciones sobre los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, según corresponda; y a falta de disposiciones en estas leyes se aplicará lo dispuesto en el Derecho común.
El Capítulo VI de la presente ley estima las disposiciones comunes, es decir las reglas por las cuales deberán regirse los tarjetahabientes, emisores, coemisores y afiliados en caso de no existir disposición concreta en la presente ley.
En concordancia con este sentido, el articulo 53 LSTC., dispone que será el derecho común, entendiéndose por derecho común lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Confidencialidad
Art. 56.- La entidad emisora o coemisora deberá guardar confidencialidad de la información referente al tarjetahabiente, los negocios afiliados y a las transacciones que estos realicen, excepto aquella información que sea requerida por autoridad competente o que sea compartida por el emisor o coemisor con instituciones autorizadas por los entes supervisores para el procesamiento de información crediticia, o que el tarjetahabiente previamente haya autorizado proporcionar. Se hace referencia a un principio del derecho bancario, pues se deberá entender que la información proporcionada por los tarjetahabientes es de carácter privado. Primacía de la ley especial sobre la general. Art. 65.- Las disposiciones de la presente Ley, por su carácter especial prevalecerán sobre cualquiera otras que la contraríen. Principio del derecho común que se aplica por la especialidad de la norma. 1.6 Ventajas y desventajas de la tarjeta de crédito
El crédito tiene ventajas y desventajas pero utilizándolo con prudencia puede capitalizar las ventajas y disminuir las desventajas. Ventajas
 Posibilidad de comprar artículos que necesita a pesar de no contar con liquidez en ese momento.
 No tiene que llevar efectivo.  Crea un registro de las comparas.
 Consolida las cuentas en un solo pago. Desventajas
 Los artículos pueden costar más, por el interés y los cargos por financiamiento.
 Pueden surgir dificultades económicas si pierde el control de cuánto gasta cada mes.  Puede proporcionar oportunidades para gastar más por impulso. 1.7 Características
Las características más importantes se dan al momento en que se usa la tarjeta de crédito, entre ellas se puede mencionar:
* Se puede adquirir un bien o servicio hoy y pagarlo después.
* Se pagan todas las transacciones al banco o emisor de la tarjeta, no a cada tienda o lugar en el que compra
* Se posee flexibilidad para pagar ya sea todo de una vez o en partes más pequeñas, llamadas cuotas y que se cancelan mensualmente.
*Es un instrumento financiero de plástico, que cuenta con un número en relieve, un código CV de seguridad de tres dígitos y una banda magnética en donde se almacena la información del titular de la tarjeta.
* Es un instrumento que puede emplearse como medio de pago, mientras se encuentre dentro de la línea de crédito, este empleo está sujeto a diferentes tarifas: unas por el mismo objeto e la operación crediticia y representadas por los intereses y otras por situaciones que derivan de la operación, por ejemplo las comisiones y gastos.
* Las tarjetas de crédito son intransferibles y deben ser emitidas por entes financieros autorizados a nombre de un titular; sin embargo existe también la figura de tarjetas adicionales que se entregan a las personas que el titular designa.
1.8 Beneficios
* Compre ahora, pague después - puede usar su tarjeta de crédito para comprar ahora pagar el monto después (más intereses si no cancela el saldo total el primer mes)
* Conveniencia y seguridad del pago - no tiene que llevar una chequera ni grandes sumas de efectivo cuando va de compras.
* Amplia aceptación en establecimientos de comercio - las tarjetas de crédito son más aceptadas que los cheques-aun cuando se está de viaje-y le permiten hacer compras a través de Internet
* Proceso de pago fácil y rápido - Es un proceso fácil, sin embargo cuando se va a pagar con la tarjeta de crédito es necesario presentar alguna identificación
* Servicios de valor agregado para los tarjetahabientes - si se está fuera del país de origen se tiene una asistencia en viaje, se proporcionan beneficios de seguro de vida y seguro de auto.
I. ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
Hay opiniones en el sentido de que fue en Venecia donde se establecieron las primeras y circulando estos, al principio, en hermandades, o congregaciones pequeñas bodegas para el depósito de mercancía, expidiendo comprobando respecto de su recepción, y posteriormente, en la parte del mediterráneo oriental, en donde existían muchos puestos que, a la vez eran importantes centros de tráfico mercantil.
Los comprobantes servían para obtener muchas veces un préstamo sobre la mercancía depositada. Los banqueros de Lombardía (Italia Noroccidental) celebraban operaciones de crédito recibiendo como garantía los certificados sobre mercancías depositadas en almacenes, de aquí sale la expresión de “préstamo Lombardo”, en el que se exigía como garantía el titulo sobre mercancías embodegadas y que fue muy utilizado en cierta época.
En Francia las ordenanzas de 1664 y 1684, estas últimas conocidas como Ordenanzas de Colbert, reglamentaron los Depósitos en Almacenes Generales.
En Inglaterra a principios del siglo XVlll (1708), el tráfico marítimo era muy intenso y llegaron a los puertos de Londres y Liverpool numerosos cargamentos, los cuales era necesario guardad con mucha seguridad para prevenirlos no solo de las adversas condiciones climáticas, sino también de los robos, y fue así como en la fecha citada se fundaron en Liverpool los principales almacenes generales de depósito, conocidos como DOCKS que también fueron construidos a las orillas del Tamesis en Londres. En 1779 se fundó una compañía para la construcción del West Indian Dock, que fue integrada al comercio en 1802 y trajo aparejados infinidad de beneficios.
La construcción de estos almacenes facilito todo un sistema de carga y descarga, así como de almacenamiento y permitió también que el tráfico mercantil fuera más ágil al poder disponer de las mercancías por medio de los títulos expedidos.
Con el tiempo se generalizo esta clase de almacenaje en Inglaterra, en otros países de Europa, en América y en el resto del mundo.
Para Vivante, los almacenes generales son grandes emporios (almacén grande, lugar de extenso actividad comercial) de mercancías, abiertos específicamente a depósitos, dotados de un régimen aduanero favorable a quien se sirva de ellos, y que están autorizados para emitir títulos capaces de representar las mercancías depositadas, llenando los siguientes objetivos: a) Favorecer la venta de las mercancías mediante subastas públicas, o mediante la entrega de resguardos de depósitos que transmiten con su circulación, el derecho a disponer de las mercancías depositadas. b) Favorecer el crédito de los depositantes, quienes pueden ofrecer a sus acreedores la garantía de las mercancías depositadas, mediante el giro del documento de prenda; c) Hacer más económico, mas solicito, más seguro el depósito.
En opinión de Lorenzo Mozza, Los almacenes generales de depósito son entidades o empresas, por lo común en forma de sociedades, que tienen por objeto esencial, la custodia de las mercancías y frutos, cualquiera que sea el país de donde provengan y a aquel a que estén destinados; presentando además de la ventaja de la custodia, la de estar representadas las mercancías por títulos llamados CERTIFICADO DE DEPOSITO y BONO DE PRENDA, que aseguran el trafico sobre mercancía que pasan idealmente de mano en mano, sin necesidad de la entrega material de esta.
Los Almacenes Generales de Depósito son legislados por Código de Comercio y Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Evidentemente no captan fondos del público, ni su función es de intermediación en un crédito, es simplemente de Guarda y Conservación y en algunos casos, de transformación de los bienes que les entregan los depositantes y de emisión Certificados de Depósito y bonos en Prenda, títulos de crédito que circulan o pueden ser negociados y transferidos, ya sea por endoso (traslado del valor cambiario a otra persona), circulación cambiara o mediante cesión ordinaria de derechos.
Otra definición se refiere a Instituciones auxiliares de crédito Art. 215 LICOA, que tienen por objeto el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda, siendo éstos últimos opcionales, cuando a solicitud del depositante se emitan como no negociables los certificados de depósitos. Tendrán también, los almacenes generales de depósito, la posibilidad de realizar las siguientes actividades: a) transformar las mercancías depositadas para aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza; b) transportar mercancías que entren o salgan de su almacén, siempre que éstas vayan a ser o hayan sido almacenadas en éste; c) expedir certificados de depósito por mercancías en tránsito si el depositante y el acreedor prendario dan su conformidad y corren los riesgos inherentes, además de asegurar por conducto del almacén las mercancías.
Según la definición legal en el Art. 215 LICOA, Son las organizaciones auxiliares autorizadas para efectuar las operaciones de Guarda y custodia de mercancías, Cualesquiera otros servicios que por disposición de la ley califiquen a una empresa como organización auxiliar de crédito, tendrán por objeto principal encargarse de la guarda y conservación de mercancías depositadas a su cuidado, emitiendo certificados de depósito y bonos de prenda sobre dichas mercancías. También podrán realizar o vigilar, por encargo de los depositantes, operaciones de corte, armadura, desecación, embasamiento, transformación u otra forma de procesamiento de mercancías, a su cuidado.
2.3 Ingresos
Los ingresos que perciben los almacenes de depósito son por los servicios que prestan por la guarda y el almacenaje y algunos servicios adicionales, como contratación de seguros, verificación de mercancías, etc.; algunos almacenes piensan que pueden también cumplir algún servicio de avalúos o certificación de calidad de esas mercancías.
Los certificados de calidad, no son certificados de depósito, sino simplemente documentos acreditativos de que la mercancía reúne ciertos requisitos mínimos de calidad, más o menos genérica, conforme a ciertas normas de especificación y análisis de productos.
2.4 Obligaciones de las partes
• Obligación de custodia: Esta obligación se da en un gran número de contratos, pero es esencial para el contrato de depósito. Implica guardar y conservar en buen estado la cosa objeto del depósito.
• Obligación de restitución: Implica restituir la cosa cuando el depositante, sus herederos (en caso de fallecimiento) o la persona designada en el contrato lo soliciten. Si existiera plazo y en caso de no haber reclamado el depositante la devolución, ésta se hará al finalizar dicho plazo.
Aunque el depósito, por opinión mayoritaria de la doctrina, es unilateral y por ello sólo crea obligaciones para el depositario, a lo largo del período del contrato pueden surgir obligaciones para el depositante. Es esto lo que ha llevado a sectores doctrinales a reconsiderar la clasificación tradicional por la que un contrato real tal y como es el depósito es a su vez contrato unilateral, surgiendo la concepción de contrato bilateral imperfecto o ex post facto.
• Abonar al depositario los gastos en que haya incurrido para la conservación de la cosa objeto del contrato, e indemnizarle los perjuicios ocasionados por el depósito.
• Sólo en caso de que el depósito sea remunerado, deberá el depositante pagar la retribución al depositario.
2.5 Derechos de tenedor del certificado de deposito
El tenedor del certificado tiene pleno dominio sobre la mercadería o bines depositados; puede retirarlos en el momento que desea mediante la entrega del Certificado, pagando las obligaciones pendientes para con el Fisco y las que tengan con el Almacén General de Depósito.-
El Certificado acredita al tenedor la propiedad de la mercadería depositada y como dueño puede disponer libremente de ella; el tenedor del certificado es por ende el propietario de la mercadería depositada.
2.6 Contrato de depósito y Régimen legal
El contrato de depósito es un contrato mediante el cual el depositante cede la posesión de una cosa al depositario para que se encargue de custodiarla, debiendo éste restituirla cuando el depositante la reclame.
El Capital y Reserva de los Almacenes Generales de Depósito, deberán ser de acuerdo al Art. 218 LICOA el 2 ½ % del valor de la mercancía depositada. Sin perjuicio de garantizar seguro a mercancía o la emisión de crédito (Art. 221 LICOA).
También debe tener Depósito y fianzas de Garantía, cuando sus contratos sean con El Estado, Municipalidades y Banco Central de Reservas (Art. 210 LICOA)
Bodegas habilitadas
Ley de Almacenaje Art. 13
Señala la posibilidad de establecer lo que se conoce como Bodega Habilitada. Puede ser que los almacenes no tengan la capacidad necesaria para hacer frente a movimientos cíclicos de almacenamiento en relación a la producción o cosecha que son transitorios, y a través de la bodega habilitada hacer frente a las necesidades.
2.7 Clases de almacenes generales de depósito, clases de depósitos y su duración
Los Almacenes Generales podrán ser de tres clases:
1. Los que se destinen exclusivamente a granero o depósitos especiales para semillas y demás frutos o productos agrícolas, industrializados o no.
2. Los que además de estar destinados para recibir en depósito los frutos o productos a que se refiere el número anterior, lo estén también para admitir mercancías o efectos nacionales de cualquier clase o extranjeros, por los que se hayan pagado ya los derechos correspondientes.
3. Los que estén autorizados para recibir exclusivamente artículos por los que no se hayan satisfecho los derechos de importación que los graven
Según Art. 1098 C. Com. es Deposito Mercantil el realizado en Almacenes Generales de Depósito.
Los Depósitos pueden ser de Dos Clases: Depósitos de mercancías individualmente designadas, y depósitos de mercancías genéricamente designadas.
El Depósito de Mercancías Individuales Designadas, es un depósito regular simple. La obligación del Almacén se limita a la guarda de las mercancías objeto del depósito y a su restitución en el estado que las mercancías hayan tenido al ser constituido el depósito, salvo deterioros normales. Los almacenes responderán solo de la aparente conservación de las mercancías y de los danos derivados de culpa de los propios almacenes, o sea, si se llegan a perder por caso fortuito o fuerza mayor, los almacenes quedan liberados de toda responsabilidad.
El depósito de mercancías genéricamente designadas, en la práctica erróneamente se ha calificado de depósito irregular, traslativo de dominio, como si fuera un depósito bancario por el que se transmite la propiedad de los bienes al Depositario (Almacén General), los almacenes podrán en el caso de este se refiere a disponer, de los bienes o mercancías que hayan recibidos, aquí se permite que se reciban en depósitos bienes distinguidos por su género, dando lugar a que se confundan todos los géneros iguales que se encuentren depositados en el almacén. Este depósito de mercancías designadas se estableció con el fin de recibir en silos o bodegas, granos y semillas de igual genero por ser de los mismos agricultores, generalmente serian fungibles entre sí.
Estimamos que el legislador no tuvo la intención de crear un depósito traslativo de dominio, ya que por el simple depósito no se transmite la propiedad al almacén general. Si se observa determinadamente, En el caso de depósito de mercancías o bienes genéricamente designados, los almacenes solo están obligados a conservar una existencia igual, en calidad y cantidad a la que hubiere sido materia de depósito; se puede concluir con el Dr. Raúl Cervantes Ahumada: Su derecho de disposición solo deberá entenderse en el sentido de que cada Depositante o Titular del Certificado de Depósito, podrá retirar mercancías no individualizadas, antes del retiro. Luego se trata de un Deposito Colectivo, y la propiedad de las mercancías depositadas, no se transmite al almacén. Por tanto es un depósito regular. En el depósito Genérico a diferencia del Individual, existe la obligación para el almacén de tomar seguro contra incendio de las mercancías que se reciban en depósito por su valor corriente en el mercado, en la fecha de constitución del depósito.
A excepción de las mermas naturales, el almacén responde de los danos ocasionados a las mercancías y su monto debe quedar determinado expresamente en el Certificado de depósito correspondiente. Así también lo serán por cuenta del almacén, todas las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición de los bienes o mercancías, que se hayan depositado. Esto se entiende porque tratándose de un deposito colectivo, seria naturalmente imposible, si los bienes han sido revueltos, determinar a qué depositante debe atribuirse la pérdida o descomposición.
La duración del depósito de mercancías o bienes en los Almacenes Generales de Depósitos, será establecida libremente entre los almacenes y el Depositante, por regla general no excede de seis meses, conforme al uso mercantil del país, a excepción del término fiscal que no puede exceder del señalado, o el plazo de dos años, cuando no haya término señalado. (Doctrina)
2.8 Deposito fiscal y medidas de control
Los Almacenes Generales de Depósito, tienen la modalidad de estar facultados para recibir mercancías destinadas a régimen de depósito fiscal, en cuyo caso aquellos que tengan esta actividad, deberán sujetarse a disposiciones legales aduaneras, sobre mercancías que podrán ser objeto de depósito fiscal y las medidas de control que deben implantar para mantener una separación material completa de los lugares que se destinan para el deposito fiscal y el de aquellos otros en los que se almacenan mercancías no comprendidas dentro de este aspecto.
Los almacenes que reciben mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, solo podrán establecerse en los lugares donde existan aduanas, o en los demás que expresamente se autoricen.
Como modalidad en los Bonos de Prenda, se establece la posibilidad de que estos representan anticipos con garantía de los bienes y mercancías depositadas que se destinen a pago de empaques, fletes, seguros, impuestos de la importación o exportación y operaciones de transformación de esos mismos bienes y mercancías, haciendo constar el anticipo en los títulos relativos que expidan los almacenes.
Esto mejora la posibilidad de operar sobre los bienes depositados y dará más flexibilidad para pagar todos los conceptos a los que se refiere el comentario precedente.
Remate por deudas del depositante
Prevé procedimientos, para que los almacenes ya sea a petición del Tenedor del Bono de Prenda o cuando el Depositante adeude cantidades por almacenamiento, procedan al remate de mercancías, lo cual se efectuara de acuerdo a los términos establecidos por la ley; enunciando en la entrada principal del local y una vez en el diario oficial o de mayor circulación, con ocho días de anticipación a la fecha del remate, que se hará en la oficina o en las bodegas del Almacén en presencia de auditor externo de la sociedad; en el supuesto de no haber postor o que los almacenes no se adjudiquen la mercancía, se procederá a nuevas almonedas previo aviso respectivo fijando un descuento no mayor al 50% sobre el previo fijado como base para la almoneda anterior.
2.9 Responsabilidad de los almacenes generales de depósito. Art. 1099 C. Com.
Art. 1099 Inc. C. Com.El depositario debe custodiar la cosa con la diligencia más estricta y no podrá utilizarla o dejarla en depósito a otro, sin consentimiento del depositante. Si circunstancias urgentes le obligaren a custodiar la cosa en forma distinta a la pactada, deberá avisarlo inmediatamente al depositante. Se exceptúan los casos en que el depósito sea irregular, por su naturaleza legal o por convenio de las partes. Un Almacén General de Depósito puede ser propiedad de una persona natural o jurídica. En tal virtud, el propietario es responsable de ¡las operaciones de depósito que efectúa y consiguientemente de los 'certificados que emita para hacerlos constar. Responderá en todo caso, de la veracidad de las declaraciones estampadas en los documentos a que se refiere (emisión del certificado de depósito), aunque las especies depositadas se hayan perdido o deteriorado por caso fortuito o de fuerza mayor, sin perjuicio de que puedan perseguir las indemnizaciones que procedan, para lo cual se entenderá subrogados en los derechos del depositante contra terceros responsables.
En casos de deterioros provenientes de vicios propios de la cosa, el almacén queda exento de responsabilidad.
Igualmente también es responsable de la legitimidad del depósito ante las personas en cuyo favor estuvieren endosados los respectivos certificados de depósito y de prenda.
Por otra parte, a los Almacenes Generales de Depósito se les prohíbe anticipar fondos sobre sus propios certificados ni adquirir las especies dadas en prenda.
Tampoco efectuar compra-venta de frutos o productos de la misma naturaleza de aquellos a que se contraen los certificados que emitan.
La violación a esta prohibición puede conducir a que el Ejecutivo Nacional retire la autorización que le ha sido dada para constituir el almacén.
2.10 Marco legal
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, VIGENTE SOLO ESTE TITULO IV (DEROGADO POR LEY DE BANCOS Y FINANCIERAS)
Operaciones Artículo 215.- Las organizaciones auxiliares autorizadas para efectuar las operaciones a que se refiere el numeral II del artículo 206, tendrán por objeto principal encargarse de la guarda y conservación de mercancías depositadas a su cuidado, emitiendo certificados de depósito y bonos de prenda sobre dichas mercancías. Artículo 206
ll- Guarda y custodia de mercancías en ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 178 (derogado) de esta Ley; También podrán realizar o vigilar, por encargo de los depositantes, operaciones de corte, armadura, desecación, embasamiento, transformación u otra forma de procesamiento de mercancías, a su cuidado.- Clase de operaciones Artículo 216.- Las operaciones de los almacenes generales de depósito serán de dos clases: 1. La guarda y conservación de productos nacionales, lo mismo que de mercancías extranjeras introducidas legalmente al país, por las cuales se han pagado impuestos de importación, y 2. La custodia y conservación de mercancías extranjeras que aún se encuentren pendientes de registro y despacho aduanero, o por las cuales se adeuden impuestos de importación. Esta operación requiere de autorización regulada por ley especial. Instalaciones. Artículo 217.- Las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares autorizadas para prestar servicios de almacenes generales de depósito, podrán establecer las instalaciones que necesiten, en cualquier lugar de la República y destinarlas a distintas clases de almacenamiento. Dichas instalaciones podrán constituir en oficinas, bodegas, silos, graneros, tanques, frigoríficos o cualesquiera otros recintos que ofrezcan seguridad para la custodia y conservación de las mercancías. Requisitos de Capital. Artículo 218.- Cuando una institución de crédito establezca almacenes generales de depósito deberá crear un departamento especial y asignarle el capital mínimo correspondiente. Los almacenes generales de depósito estarán obligados a mantener constantemente un monto de capital pagado y reservas de capital que, juntamente con depósitos o fianzas constituidos y aprobados conforme se dispone en el Art. 210, representen cuando menos, el dos y medio (2 ½) por ciento del valor de las mercancías depositadas sin perjuicio del seguro a que se refiere el Artículo 221 de esta Ley. Colocación del Capital Artículo 219.- Los almacenes generales de depósito podrán invertir parte de su capital y reservas de capital en la adquisición y dotación de las oficinas y demás instalaciones que necesiten, lo mismo que en cubrir los gastos iniciales de organización y administración. El resto del capital y las reservas de capital podrá colocarse en anticipos de gastos sobre las mercancías que tengan en depósito, así como en depósitos bancarios, o en títulos de crédito emitidos o garantizados por el Estado, por una municipalidad o por el Banco Central. Mercancías Peligrosas. Artículo 220.- Los almacenes de depósitos no podrán recibir o guardar mercancías que por su naturaleza puedan poner en peligro otros bienes depositados, salvo que lo hagan en lugares adecuados especialmente destinados al efecto. Servicios a los Depositantes. Artículo 221.- Los almacenes generales de depósito deberán asegurar contra todo riesgo las mercancías depositadas por medio de compañías de seguros salvadoreñas. Podrán encargarse, por cuenta de sus clientes, de gestionar la obtención de préstamos a través de la negociación de bonos de prenda y de prestar los servicios necesarios para la preservación de los bienes depositados. Podrán también hacer anticipos para el pago de fletes, seguros, tasas, impuestos y operaciones de procesamiento de las mercancías. Certificados de Depósito, Bonos de Prenda y otras operaciones. Artículo 222. La emisión de Certificados de Depósito y bonos de prenda, y las demás operaciones que efectúen las instituciones u organizaciones a que se refiere este Capítulo, se regirán por el Código de Comercio. LEY DE BANCOS Y FINANCIERAS
Art. 23.-Los bancos y financieras podrán invertir en acciones de sociedades salvadoreñas de capital, sujeto a la aprobación de la Superintendencia, siempre que posean más del cincuenta por ciento de las acciones en forma individual o en conjunto y que se trate de casas de cambio de moneda extranjera, casas de corredores de bolsa, empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero, Almacenes Generales de Depósito.
Art. 623.- Son títulosvalores los documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Certificado de Depósito y Bono de Prenda.
Art. 839.- El certificado de depósito es un títulovalor representativo de bienes entregados a la institución emisora, que a la vez que incorpora la responsabilidad de ésta por la custodia y conservación de ellos, legitima al tenedor del certificado como propietario de los bienes depositados. El certificado de depósito sirve como instrumento de enajenación y transfiere al adquirente de él, por endoso, la propiedad de los bienes que ampara. Solamente podrán expedir esta clase de títulosvalores, los almacenes generales de depósito. Art. 840.- A todo certificado de depósito irá siempre unido un título accesorio denominado bono de prenda, el cual, desde el momento en que su tenedor lo negocia separadamente, acreditada la constitución de un crédito prendario sobre los bienes que se indican en el certificado de depósito correspondiente, en favor de cualquier tenedor legítimo. La constitución de la prenda se presume de derecho, siempre que haya sido negociado el bono separadamente del certificado de depósito y se haya hecho la anotación respectiva. Art. 841.-Los recibos, constancias o certificados que otras personas, instituciones de crédito u organizaciones auxiliares, diversas de los almacenes generales de depósito, expidan para acreditar depósitos de bienes, y la constitución de prenda sobre éstos, no producirán los efectos de títulosvalores. Art. 843.- Los certificados de depósito y los bonos de prenda pueden ser expedidos a favor del depositante o de un tercero. (Tenedor)
Cuando el depósito se haga a favor de tercera persona, el depositante tendrá derecho a exigir constancia de que lo ha verificado. DEPOSITO MERCANTIL
Art. 1098.- Es mercantil el depósito practicado en almacenes generales, el que los hoteleros y empresas similares reciben de sus clientes y el de dinero o títulosvalores hecho en establecimiento bancario.
De las operaciones de los almacenes generales de depósito, especialmente de los títulos que emiten, se trata en Art. 839 C. Com.
Art. 1099.- El depositario debe custodiar la cosa con la diligencia más estricta y no podrá utilizarla ni dejarla en depósito a otro, sin consentimiento del depositante. Si circunstancias urgentes le obligaren a custodiar la cosa en forma distinta a la pactada, deberá avisarlo inmediatamente al depositante. Se exceptúan los casos en que el depósito sea irregular, por su naturaleza legal o por convenio de las partes. Art. 1100.- En los depósitos de cosas fungibles, el depositante puede convenir con el depositario en que le restituya cosas de la misma especie y calidad. Art. 1101.- El depósito deberá ser restituido al depositante cuando lo reclame, a no ser que se hubiere fijado un plazo en interés del depositario. El depositario podrá por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Si no se hubiere fijado término, el depositario que quiera restituir la cosa deberá avisar al depositante con antelación no menor de un mes.
Art. 1102.- Si la cosa se depositare en razón del interés de un tercero, que haya comunicado su conformidad a depositante y depositario, no se podrá restituir la cosa sin su consentimiento. Art. 1103.- La restitución de la cosa supone la de sus frutos y accesorios
Art. 1140.- Si las mercancías están depositadas en almacenes generales de depósito, el anticipo sobre ellas se hará mediante negociación del bono de prenda. Si la prenda recae en mercancías que no estén depositadas en almacenes generales de depósito, los bienes pignorados (empeñados) deberán determinarse detalladamente, pudiendo depositarse en un tercero, por cuenta del acreedor prendario. Puede hacerse anticipo sobre títulosvalores de contenido crediticio, sobre títulos representativos de mercancías y sobre títulos de participación. El Código de Comercio de 1971 derogo La "LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO", promulgada por Decreto Legislativo de 11 de noviembre de 1938, publicado en el Diario Oficial del 16 de noviembre de 1938. LEY DE ALMACENAJE (ADUANAL, FISCAL)
Art. 13.- Las mercancías almacenadas en los Recintos Fiscales de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma que hayan caído enabandono, podrán venderse en pública subasta por la Aduana correspondiente, sujetándose a las condiciones de esta Ley.
Art. 24.- Los bancos podrán invertir en acciones de sociedades salvadoreñas de capital, sujeto a la autorización de la Superintendencia, siempre que posean más del cincuenta por ciento de las acciones en forma individual o en conjunto con otros bancos o sociedades controladoras de finalidad exclusiva y que se trate de casas de cambio de moneda extranjera, casas de corredores de bolsa, empresas emisoras de tarjetas de Crédito, almacenes generales de depósito, CONGLOMERADOS FINANCIEROS
Art. 113.- El conglomerado financiero o conglomerado a que se refiere la presente Ley, es un conjunto de sociedades caracterizado por el hecho que más de un cincuenta por ciento de sus respectivos capitales accionarios, es propiedad de una sociedad controladora, la cual es también miembro del conglomerado.
Inc. 6°. En adición a la sociedad controladora de finalidad exclusiva, en su caso, las sociedades que integran un conglomerado son un banco constituido en el país y una o más entidades del sector financiero tales como sociedades de seguros, almacenes generales de depósito.
2.11 bancos y otras empresas que se dedican a esta actividad
BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR.
Organizaciones Auxiliares - Almacenes Generales de Depósito Tienen por objeto principal encargarse de la custodia y conservación de mercancías depositadas a su cuidado, emitiendo certificados de depósito y bono de prenda sobre dichas mercancías.
a) El Gremio de Almacenes Generales de Depósito ASOLA, el cual está conformado por las siguientes empresas:
AGDOSA: Almacenes Generales de Depósito de Occidente, S.A.
Ubicada en Calle L-1, número 44-C, Boulevard Bayer, Ciudad Merliot
ALDESA: Almacenes de Desarrollo, S.A.
Ubicada en Kilómetro 6 1/2, Boulevard del ejército.
ALMASAL: Almacenadora Salvadoreña
Ubicada en Antiguo Cuscatlán, Antiguo edificio de La Universal
BODESA: Bodegas Generales de Depósito, S.A.
Ubicada, en kilómetro 12, carretera al puerto de La Libertad
b) Empresas Consolidadoras del Área Metropolitana de San Salvador.
c) Usuarios del servicio de Desconsolidación de carga ubicados en el área
Metropolitana de San Salvador, el cual está conformado por 250 importadores.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO, NATURALEZA JURÍDICA Y REQUISITOS
Según Art. 839 Cód. Com. el certificado de depósito es un títulovalor representativo de bienes entregados a la institución emisora, que a la vez que incorpora la responsabilidad de ésta por la custodia y conservación de ellos, legitima al tenedor del certificado como propietario de los bienes depositados. El certificado de depósito sirve como instrumento de enajenación y transfiere al adquirente de él, por endoso, la propiedad de los bienes que ampara. Solamente podrán expedir esta clase de títulosvalores, los almacenes generales de depósito. Recibida la mercancía por el almacén, la propiedad o dominio de la misma se acredita por un certificado que dicho almacén emite.
En este sentido la Ley establece: "El dominio de las mercancías y productos recibidos en los Almacenes Generales se acreditará por medio de un certificado de depósito, expedido por el dueño de la empresa o su representante debidamente autorizado.
Este certificado llevará anexo otro de garantía, que se denominará bono de prenda. Ambos certificados no podrán ser emitidos a un plazo mayor de seis meses".
Estos certificados de depósito y el bono de prenda pueden ser (transmitidos mediante endoso a favor de distintas personas o de una misma.
Si se endosaren por separado a favor de distintas personas, las (especies depositadas continuarán afectadas al crédito prendario.
Se significa de esta manera, que dichos certificados o bonos, constituyen títulos de crédito a la orden, representativos de mercancías u otros objetos y cuya transmisión se hace de acuerdo con la propia ley de circulación de dichos títulos y la tenencia de los mismos acreditan a su propietario el dominio de las cosas que ellos representan.
El Certificado de Depósito conocido o identificado como CD ó CeDe, es un documento financiero que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que lo emite.
Las constancias, recibos o certificados que otras personas o instituciones expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos como títulos de crédito. Este documento puede ser transmitido por vía endoso, y otorga al tenedor del mismo, derechos sobre la mercancía que apara el documento.
Los requisitos de forma del Certificado de Depósito son los siguientes: Art. 844. Cód. Com.
Art. 844.Cod. Com.- El certificado de depósito y el bono de prenda deben contener: I.- Mención de ser "certificado de depósito" o "bono de prenda", respectivamente. II.- Número de orden, que debe ser igual para el certificado de depósito y para el bono o bonos de prenda relativos; además, el número progresivo de éstos, cuando se expidan varios en relación con un solo certificado. III.- Nombre del almacén general de depósito emisor. IV.- Lugar y fecha del depósito. V.- Plazo fijo señalado para el depósito. VI.- Declaración del almacén de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de los respectivos bienes. VII.- Relación de los bienes depositados con mención de su naturaleza, calidad, cantidad, valor aproximado y cualquier descripción que fuere necesaria para su identificación. VIII.- Nombre de la persona a cuyo favor se expide. IX.- Mención de estar o no sujetos los bienes depositados al pago de responsabilidades fiscales. Cuando para la constitución del depósito sea requisito previo la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación. X.- Indicación del importe en que han sido aseguradas las mercancías y nombre de la firma aseguradora. XI.- Mención de los adeudos en favor del almacén o mención de no existir tales adeudos, según proceda, así como las demás expensas a favor del mismo. XII.- Fecha de expedición. XIII.- Firma autógrafa de dos miembros del personal del almacén, autorizados para ello.
Si los bines depositados están sujetos al pago de responsabilidad fiscales, o si están con adeudo a favor del Almacén, se debe hacer constar. Mencionar de que se trata de un Certificado de Bono de Prenda, es necesario, para saber efectivamente a que título valor se refiere tal como sucede con el cheque, la letra, etc.
Los números iguales para el Certificado y el Bono es por la razón de saber con exactitud de que determinado Bono corresponde a tal Certificado y nada más fácil que relacionarlos con un número igual.
Art. 1140 C. Com. Regula este títulovalor accesorio y en Inc. 3° faculta crédito sobre mercancía.
Es un título de crédito que comprueba la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente.
El Bono de Prenda es un documento financiero que acredita el vínculo o la existencia de un crédito prendario sobre las mercancías o los bienes indicados en el Certificado de Depósito al que el Bono de Prenda esta adherido. El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado o separados de él.
La ley dispone que, si el certificado no se expide como “no negociable”, deberá siempre expedirse anexo al mismo, un bono de prenda.
El bono de prenda acredita “la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente”.
Negociación y requisitos Si se negocia algún préstamo con garantía prendaría sobre la mercadería depositada amparada por el Certificado de Depósito, se hace la anotación respectiva en el Bono de Prenda, para lo cual el Bono debe contener: el nombre del endosatario, el importe del crédito que el Bono representa, intereses con su tanto por ciento pactado, fecha de la obligación que el Bono representa y fecha de vencimiento de dicha obligación, que no podrá ser posterior a la fecha de terminación del depósito.- Se debe mencionar de que en el Certificado se anota la negociación por medio del Bono.- También el bono debe contener la firma del tenedor del Certificado y del endosatario que la adquiere Art. 853 Com.
La anotación de la negociación es de importancia pues la ausencia de ello impedirá que el Almacén reconozca como acreedor prendario al tenedor del Bono, pues la falta de registro de la negociación hace que el Almacén no reconozca como acreedor prendario al tenedor del Bono.
Art. 853.Cod. Com.- Además de las menciones que previene el artículo 844 Cód. Com., el bono de prenda debe llevar indicaciones con renglón en blanco, para que, al ser endosado por primera vez, se consignen los siguientes datos: I.- Nombre del endosatario del bono. II.- Importe del crédito que el bono representa, comprendiendo los intereses caídos. III.- Tipo de interés convenido a que se haya ajustado el cálculo de los caídos y a que deberá serlo el de los moratorios que lleguen a causarse. IV.- Fecha del vencimiento, que no podrá ser posterior a la de terminación del depósito. V.- Mención de que en el certificado se anota esa primera negociación. VI.- Firmas autógrafas del tenedor del certificado puesta en el bono que aquél negocíe por primera vez, y del endosatario que lo adquiera. VII.- Mención, autorizada por el almacén o por la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono, de haberse hecho efectivamente en el certificado de depósito la anotación que exige el ordinal V. Cuando la mención sea autorizada por el almacén, deberá hacerse constar que el préstamo fue registrado.
11I. INTEGRACIÓN MONETARIA EN EL SALVADOR
3.1 Ideas Generales:
El propósito por el cual se crea una ley o normas financiera es indispensables puesto que mediante estas se regula la forma en que deben imperar todas las transacciones financieras de nuestro país, por lo tanto con la buena iniciativa del señor presidente de la republica de la mano con el ministerio de hacienda , a través de nuestros señores diputados hacen posible que se decrete “La ley de integración monetaria”; La cual está conformada por las disposiciones generales en las que se debe ejecutar dicha ley así como lo es el tipo de cambio entre colon y dólar de Estados Unidos , esto a partir de que entre en vigencia dicha ley, también se encuentra lo que son las disposiciones transitorias, Reformas , derogatorias y vigencia y los requisitos de liquidez. Con el propósito de evitar fenómenos inflacionarios y mantener estabilidad del tipo cambiario, se realizaron operaciones de mercado abierto con el fin de controlar y esterilizar el exceso de masa monetaria circulante, causando en términos reales que las tasas de interés domésticas permanecieran elevadas. Uno de los objetivos de la ley de integración monetaria, fue fortalecer las condiciones estables de la macroeconomía, eliminando el uso discrecional de la política monetaria y el riesgo cambiario, esto dio mayor certidumbre y credibilidad al sistema financiero salvadoreño en materia de inversiones de mediano y largo plazo.
Con relación a las operaciones activas y pasivas la LIM establece “Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en colones con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares al tipo de cambio establecido en esta ley. Normativa legal relacionada a los artículos 52 y 59 de La Ley de Bancos con relación a las operaciones en mención.
3.2 Antecedentes e Historia de la política monetaria en El Salvador:
Considerando una perspectiva integral de la situación del país y en un intento por sacar a la economía del proceso de recesión que se venía viviendo desde el año de 1996 y que se había agudizado en los últimos años, el Presidente de la República de El Salvador Lic. Francisco Flores; anunció el 22 de noviembre de 2000 la propuesta sobre la Integración Monetaria. La propuesta global se llama “El Programa de Integración”, cuya visión es integrar interna y externamente a El Salvador.
Este programa tiene tres fines: Uno, coyuntural, orientado a reactivar la economía. Otro, de mediano plazo, encaminado a convertir a nuestro país en un lugar atractivo para la inversión extranjera y nacional. De esta forma se estaría articulando la inversión con las posibilidades de crecimiento que se merecen todos los salvadoreños. Y finalmente, promover el desarrollo humano porque a través de mayor crecimiento y empleo, se mejoran las capacidades del ser humano abriendo nuevas oportunidades para resolver los problemas de marginalidad y exclusión Existentes en nuestro país.
En El Salvador durante el año de 1883, bajo la presidencia del Doctor Rafael Zaldívar , se decretó la Primera Ley Monetaria, adoptándose el peso como unidad y descartándose el sistema español de división del peso en 8 reales, estableciéndose por Ley el Sistema Métrico Decimal, donde el peso equivalía a 10 reales.
Los primeros billetes en El Salvador fueron emitidos por el Banco Internacional, fundado en 1880. Le fue otorgado el derecho exclusivo de emitir billetes que debían ser recibidos en oficinas públicas.
Posteriormente se establecieron otros dos bancos de emisión: el Banco Occidental y el Banco Agrícola Comercial de esa época. A finales del siglo pasado hay que mencionar dos hechos muy importantes: el primero, fue la inauguración de la Casa de la Moneda, el 28 de agosto de 1892 durante la presidencia del General Carlos Ezeta. El segundo, fue el 1 de octubre de 1892, cuando, como un homenaje a Cristóbal Colón en el IV Centenario del descubrimiento de América, el Poder Legislativo reformó la Ley Monetaria de 1883, cambiándole nombre a nuestra unidad monetaria, de peso a colón. Se decretó que su valor con respecto al dólar fuera del 2 x 1.
Aunque la introducción del papel moneda significaba un gran avance, la mayoría de personas se resistía al cambio. Para la gente de la época era difícil comprender que esos papeles llamados billetes valían, porque tenían un respaldo depositado en oro en los bancos emisores.
Los distintos gobiernos intentaron fomentar el uso de los billetes, pero siempre hubo resistencia por lo que la plata y las monedas metálicas siguieron siendo el principal medio de pago en el país.
El resto del mundo ya se había cambiado al papel moneda y cada vez la circulación de la moneda metálica era más limitada.
Era necesario modernizar el sistema de pagos en El Salvador, para poder competir en el nuevo concierto de naciones, que recién despertaban de la pesadilla de la Primera Guerra Mundial. Así, en 1919 en nuestro país se decretó la Segunda Ley Monetaria, que decía en su texto: “Serán retiradas las monedas desgastadas por el manejo diario. Las piezas recortadas o perforadas no serán de curso legal”. “Queda prohibido usar fichas, vales, etc. En sustitución de la moneda. Esta contravención será penada por la Ley y quien los aceptare no tendrá acción civil para su pago”. Y finalizaba diciendo: “el Ministerio de Hacienda tendrá el control de la circulación monetaria”. Gracias al alza de los precios del café, El Salvador, vivió un auge económico en la década de los años 20. Pero la fiesta no duraría mucho. La depresión mundial, la caída internacional de los precios del café y la falta de control en el sistema monetario salvadoreño, traería como consecuencia la mayor crisis económica de El Salvador. El Salvador no tenía una institución que técnicamente se dedicara a velar por la estabilidad monetaria, ni por las actividades financieras. Esto creó un gravísimo problema, llegó un momento que el dinero circulante era escaso. La crisis económica fue el detonante de todos los problemas sociales y políticos que culminaron en los trágicos sucesos de 1932. Fue hasta el 19 de junio de 1934 que, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, emitió la Ley de Creación del Banco Central de Reserva de El Salvador. El objetivo de la institución fue controlar el volumen del crédito y la demanda del medio circulante para asegurar la estabilidad del valor externo del Colón y regular la expansión del crédito y fortalecer la liquidez de los bancos comerciales mediante un fondo central de reserva bancaria bajo su control. Además, se le facultó para emitir moneda con carácter exclusivo. Es así como el 31 de agosto de 1934 el BCR pondría en circulación la Primera Familia de Billetes, en la historia de El Salvador, en las denominaciones de. Uno, dos, cinco, diez, veinticinco y cien colones .
El Banco funcionó durante 27 años en forma de sociedad anónima, manteniendo una imagen de austeridad y sanidad .
El 20 de abril de 1961, mediante la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, el Banco Central fue convertido en una entidad del Estado de carácter público, sufriendo una reorganización y modificando sus funciones originales. La Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador fue aprobada el 15 de diciembre de 1961 y en ella se establecieron los siguientes objetivos: Promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional; mantener la estabilidad monetaria del país, preservar el valor internacional del Colón y su convertibilidad; y coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del Estado. Dentro de la organización y administración del Banco se creó la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
El 17 de septiembre de 1970, se emitió la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, permitiendo a las autoridades regular las actividades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias. El 23 de agosto de 1973, se decretó la Ley de Creación de la Junta Monetaria, lo que significó la concentración de la formulación y dirección de las políticas financieras en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en ejecutor de las resoluciones. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dependía de la Junta Monetaria.
El 7 de marzo de 1980 se aprueba la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, cuyas acciones pasaron a ser propiedad del Estado. El 25 de marzo de 1982 se emitió la Ley del Régimen Monetario, considerándose como la consolidación del Estado en el manejo de las medidas monetarias, cambiarias y crediticias, por medio de la Junta Monetaria. No obstante, durante la década de los 80, la estatización de las instituciones financieras, la política económica inadecuada, la inestabilidad político-social durante el conflicto y la destrucción de la infraestructura económica llevaron a los bancos y financieras a una grave situación de insolvencia. El sistema financiero salvadoreño en 1989 estaba técnicamente quebrado.
Para revertir la situación de crisis en que se encontraba el sistema financiero y considerando la importancia que tiene éste para el desarrollo económico y social del país, en julio de 1989 se inició el Programa de Reformas del Sistema Financiero, el cual fue parte esencial del Programa Económico de Mediano Plazo que se ejecutó.
Los componentes del Programa de Reformas fueron: la política financiera y la modernización del sistema financiero. Dentro de la política financiera se estableció el nuevo papel del Banco Central y se redefinieron las políticas monetaria, crediticia y cambiaria.
Dentro de la modernización del sistema financiero, se readecuó el marco legal e institucional y se llevó a cabo el saneamiento, fortalecimiento y privatización de las instituciones.
La Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero fue aprobada el 22 de noviembre de 1990 y define a la Superintendencia como una institución con autonomía en lo administrativo, en lo presupuestario y en el ejercicio de sus atribuciones. Sus funciones son las de fiscalizar al Banco Central de Reserva, así como todas las instituciones integrantes del Sistema Financiero, autorizar la constitución, funcionamiento y cierre de los bancos, financieras, instituciones de seguros y otras entidades que las leyes señalen, y demás funciones de inspección y vigilancia de dichas entidades .
El 12 de abril de 1991, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador conceptuándolo como una institución pública, autónoma y de carácter técnico. Se fijó como objeto fundamental para la institución, velar por la estabilidad de la moneda y como su finalidad esencial, promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional .
Se modernizaron las funciones institucionales eliminando la facultad de controlar el destino del crédito y prohibiendo otorgar financiamiento al Estado y a las empresas públicas, permitiéndole cumplir de la mejor manera su propósito fundamental de mantener la estabilidad monetaria.
Por otro lado, la nueva Ley Orgánica aprobada en 1991, obligó al Banco Central a dar a conocer al público el Programa Monetario y Financiero, memoria de labores, informes económicos y estados financieros, propiciando una mayor transparencia en sus operaciones.
Con la aprobación de la Ley de Creación del Banco Multisectorial de Inversiones, aprobada el 21 de abril de 1994, se eliminó la responsabilidad de crédito para el sector privado ya que lo asumió la nueva institución.
Además, se eliminó la facultad del Banco Central de fijar las tasas de interés y el tipo de cambio y sólo puede influir sobre estas variables a través de operaciones de mercado abierto.
El 1 de enero de 2001, El Salvador entró en un proceso de integración monetaria. Ese día, entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria (LIM) aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2000.
Con la emisión de esta Ley, se le retiró al Banco Central la potestad exclusiva de emitir especies monetarias, así como la función de coordinar la política monetaria con las restantes políticas económicas que establece el Gobierno de la República.
3.3 Ambiente monetario antes de la Ley de Integración Monetaria (LIM):
Previo a la introducción de la Ley de Integración Monetaria la cantidad de dinero (colones) en la economía dependía de las decisiones públicas y privadas. Las primeras estaban relacionadas con las acciones de la autoridad monetaria al aumentar o restringir en forma autónoma la cantidad de dinero mientras que las segundas se originaban de la mayor o menor preferencia por moneda nacional que demandaban los diferentes sectores económicos.
Con la existencia de un tipo de cambio fijo el Banco Central de Reserva (BCR) se obligaba a entregar o recibir colones o dólares.
Un aumento en la demanda de colones, por los distintos sectores, por venta de dólares al BCR hacían que éste aumentara la oferta monetaria, por el contrario, una mayor demanda de dólares ante el BCR pagada o satisfecha en colones, restringía la cantidad de éstos y con ello se originaba una disminución de la oferta monetaria.
El aumento autónomo o discrecional de la oferta monetaria por el BCR puede catalogarse en la economía como un proceso exógeno mientras que variaciones de la oferta monetaria inducidos o provocados por cambios de los diferentes sectores pueden asociarse en la economía como un proceso endógeno. Ante la existencia de un tipo de cambio fijo resultaba limitado el control que podía ejercer el BCR sobre la cantidad de dinero, pues no la determinaba él, sino los diferentes sectores como se mencionó antes. El BCR únicamente reestructuraba sus cuentas de activo del Balance incrementando o disminuyendo las Reservas Internacionales Netas (RIN) a cambio de menores o mayores aumentos de los Activos Internos Netos (crédito). Según este escenario, la variable de control ante una meta o tope de las Reservas internacionales, lo constituían los Activos Internos Netos (AIN), es decir el crédito doméstico.
El no control de la cantidad de dinero por parte del BCR y por lo tanto su limitado impacto sobre el gasto agregado hacen de la política fiscal el instrumento clave para la conducción de la política económica.
De acuerdo con John Stanfor, en su libro “El dinero, la Banca y la Actividad Económica” , al dinero se le asignan tres usos principales: la de servir como medio de cambio o para realizar transacciones, servir como depósito de valor y usarse como unidad de cuenta.
El BCR era el único ente autorizado para emitir especies monetarias y orientar su control, facilitando con ello la creación de medios de pago e influyendo sobre la expansión o contracción de la cantidad de dinero en la economía.
Como se mencionó antes, la oferta de dinero era influida por decisiones públicas y privadas, es decir por las acciones discrecionales del BCR y por la demanda que realizaban los diferentes sectores de la economía, resultando de ello, la oferta y demanda de dinero eran analizados como fenómenos separados.
Reinaba siempre en la mente de los distintos sectores que la restricción de la oferta monetaria por parte del BCR, a través de la implementación de sus instrumentos de política, elevaba las tasas de interés y un relajamiento las disminuía, afectándose de igual manera los costos de transacción.
En el caso de El Salvador, el enfoque monetarista basado en el control o manejo de los agregados monetarios orientó la formulación del Programa Monetario (la formulación de éste instrumento se abolió también con la Ley de Integración Monetaria), pues éste tenía como objetivo adecuar las fuentes de recursos externos e internos a sus usos sin que ellos provocasen desajustes o desequilibrios que se reflejasen en pérdidas de Reservas Internacionales, aumentos de precios o impactos sobre otros precios claves de la economía. El Programa Monetario fue un instrumento de corto plazo y su cumplimiento estaba fuertemente influido por el desempeño de las finanzas públicas y las acciones del BCR.
Concepto de Integración Monetaria.
La Integración Monetaria utiliza la dolarización como un instrumento que facilita el intercambio de bienes y servicios, ya que ésta forma parte de una visión de integrar a la sociedad salvadoreña hacia el interior del país y con el mundo que avanza y progresa.
La moneda común con los mercados internacionales es uno de los varios instrumentos que el Programa de Integración usa para lograr dicho fin.
A continuación se mencionan algunas de las generalidades que conforman la Integración Monetaria:
Establece la libertad de contratar en cualquier otra moneda: euro, libras esterlinas, yen y otras monedas de calidad mundial, especificando que el pago tiene que hacerse en la moneda respectiva. Actualmente, el pago puede hacerse en moneda de curso legal en vez de la moneda especificada.
Con la integración monetaria, estos contratos deberán saldarse en la moneda establecida en ellos, a menos que las partes acuerden de otra forma. Fija permanentemente la tasa de cambio entre el colón y el dólar a 8.75 colones por dólar.
Dicha disposición la encontramos regulada en el artículo dos de la LIM en donde literalmente dice “Se permite la contratación de obligaciones monetarias expresadas en cualquier otra moneda de legal circulación en el extranjero. Dichas obligaciones deberán ser pagadas en la moneda contratada, aun cuando su pago deba hacerse por la vía judicial”.
Además el dólar será la unidad de cuenta del sistema financiero, y las instituciones financieras que manejan recursos del público podrán adquirir activos pasivos denominados en otras monedas siempre y cuando se cumplan los requisitos de calce, cuyo cumplimiento será asegurado por la superintendencia respectiva”.
3.4 Objetivos, ventajas, desventajas y costos de la implementación de la ley en El Salvador
- Disminuir el costo de capital, ya que aumenta la inversión de las empresas.
- Reducir las tasas de interés, lo cual estimulará la producción y la demanda.
- Disminuir el riesgo país, puesto que atrae más inversión extranjera y de largo plazo, las tasas de retorno exigidas para invertir son menores.
- Bajar los costos de transacción para hacer negocios en el país. Ventajas y Desventajas
El proceso de Integración Monetaria que se sigue en El Salvador, al igual que cualquier otro proceso, presenta ciertas ventajas y desventajas; las cuales se presentan a continuación:
- Mejores condiciones financieras
- Las tasas de interés reales disminuyen al eliminarse el riesgo moneda.
- Los plazos de los instrumentos financieros se alargan al estar protegidos contra devaluaciones.
- Permite una mayor gama de instrumentos financieros que son comunes en US$ pero inexistentes en moneda local.
- Una mayor estabilidad institucional tiende a disminuir el riesgo país.
- Un sistema financiero más competitivo y sano
- Mayor competencia por el lado de préstamos, se eliminan las barreras a la entrada creadas por la necesidad de captar colones para poder prestar, es decir se fomenta una mayor competencia por parte de entidades financieras, debido a que ya no será únicamente el colón la moneda para poder prestar, sino también el dólar. - Hace más atractiva la entrada de bancos extranjeros a El Salvador.
- La disminución en tasas mejora la calidad de cartera de los bancos, permitiendo un sistema financiero más sólido.
- Los salarios y los ahorros serán más seguros al estar protegidos contra las devaluaciones.
- Se contará con una mayor estabilidad para la inversión al eliminarse el riesgo cambiario, situación que hace más atractiva la inversión extranjera en el país y permite inversiones de mayor duración.
- Mayor estabilidad industrial al desaparecer la posibilidad del uso político de la política monetaria, además se elimina la crisis cambiaria, se disminuye el riesgo de una crisis de sistema financiero y las políticas son más transparentes.
- La libre circulación del dólar representa la legitimación del estancamiento económico que sufre el país, el paso dado va encaminado a llevar al país hacia una dolarización con los siguientes efectos:
• La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local,
• La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial suficientes de reservas internacionales.
- Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones.
- El Banco Central reestructura sus funciones tradicionales y adquiere nuevas funciones.
- La ley de integración monetaria no fue elaborada con la anuencia de sectores empresariales, y si el plan anunciado lo desarrollan empresas extranjeras, el beneficio no será para el empresario local.
- Lo que en el fondo hace El Salvador es renunciar a una política monetaria propia para tomar el dólar como soporte de cualquier golpe. Pero, lo hace cediendo la política monetaria a los Estados Unidos, sin que ese país esté dispuesto, a compartir su política monetaria con nadie, ni tampoco actuaría como prestamista ni supervisor de bancos ubicados fuera de su territorio.
- Hay una serie de actividades que el Banco Central no hará, tal es el caso del control de encajes y la emisión de la moneda, por lo que el estado queda maniatado en caso de crisis externa .
- El Gobierno o país debe mantener un saldo de moneda (en este caso el dólar) que respalde la demanda del mercado, en ese sentido es fundamental el incremento de la producción de los bienes exportables, de las remesas familiares y la manutención de la maquila.
- Al eliminarse las funciones de prestamista de última instancia del Banco Central a favor de las entidades bancarias y financieras, ya no habrá salvatajes.
- Se pierde el señoreaje el cual se define como la diferencia que existe entre el costo intrínseco del papel más su impresión como billete y el poder adquisitivo del mismo, en este sentido la pérdida del señoreaje se debe medir como el flujo anual que se dejaría de recibir por utilizar el dólar como medio de pago.
- Se perderá competitividad empresarial, es decir se producirá la quiebra de empresas débiles cuando se produzca “shoks” internos.
- En el proceso de transformación existen costos intangibles en la percepción de los ciudadanos, tal es el caso por ejemplo de que una vez dolarizada totalmente la economía se perderá uno de los símbolos nacionales y además no se ha considerado el tiempo que llevará a la población aprender a utilizar el dólar en lugar de la moneda nacional.
- A nivel de Gobierno:
• Al discutir los costos de la integración monetaria, los economistas han enfocado en la pérdida del señoreaje producto de reemplazar la moneda doméstica con una moneda extranjera. Este costo puede se debe medir con el flujo anual que se dejaría de percibir por utilizar el dólar como medio de pago el BCR.
• Disminución de las tasas de interés pasivas (en un 2% ó 3%) desincentivando el ahorro de los ciudadanos en el sistema financiero.
• Se puede generar una crisis de especulaciones en el precio de los productos básicos al no estar pendiente o no tener control del mercado nacional.
- A nivel de empresa:
• Los costos de transformación de las cuentas bancarias de las cajas registradoras o de los sistemas contables.
• El tiempo que llevó a la población aprender a utilizar el dólar, en lugar de la moneda local. • Los costos en que se incurrieron en el proceso de etiquetar y de mostrar todos los precios tanto en dólares como en colones.
• En resumen, el aumento de costo en la introducción y uso de controles contables, alza de costos por capacitación de personal; riesgo por circulación de dólares falsos y problemas de comercialización por la falta de comprensión por parte de los usuarios.
3.5 Características de la Ley de integración monetaria
Cabe mencionar que este proceso de integración monetaria presenta ciertas características que resultan importantes conocer:
• Que las instituciones financieras podrán hacer operaciones activas y pasivas en otras monedas, siempre que el riesgo cambiario en una moneda específica se cubra adecuadamente, de igual forma aplica para los deudores en una moneda determinada que comprueben ingresos en dicha moneda, o cubran su riesgo cambiario.
• Que las instituciones del sector público también podrán contratar en otras monedas, siempre que cubran su riesgo cambiario.
• El colón seguirá siendo de curso legal de manera permanente. Esta disposición legal la encontramos en la LIM en su artículo cinco en donde literalmente dice “Los billetes de colón y sus monedas fraccionarias emitidos antes de la vigencia de la presente ley continuarán teniendo curso legal irrestricto en forma permanente, pero las instituciones del sistema bancario deberán cambiarlos por dólares al serles presentados para cualquier transacción”.
• El Banco Central canjeará los colones por dólares a través del sistema bancario.
• Circularán los billetes y monedas de colón y dólar.
• Se prohibirá a los bancos cobrar comisión por el cambio de colones a dólares.
• Se contará con una reserva de liquidez que sirva como soporte ante choques externos y que tiene como lineamientos básicos los siguientes aspectos:
Cada banco deberá mantener una reserva de liquidez (depósitos en US$ en el BCR) proporcional a sus obligaciones, reserva que actualmente representan más del 20% de los depósitos, $1,300 millones disponibles para darle liquidez a los depósitos de las personas en el sistema financiero, monto que equivale a cerca del 13% del PIB y constituyen un “colchón” de liquidez de gran dimensión.
• Tres cuartas partes de las reservas internacionales que sirvan como soportes adicionales a cualquier problema de liquidez.
En este sentido, existen más de US$200 millones disponibles para acomodar necesidades de liquidez adicionales .
• Se contará con líneas contingentes de préstamos, tal es el caso de los Préstamos Stand-by FMI, los cuales son préstamos aprobados por un organismo internacional (en este caso FMI) en espera de ratificación por la asamblea legislativa y de otros préstamos contingentes, los cuales se refieren a préstamos que puede hacer el Gobierno sólo en caso de emergencias financieras del país, mediante la emisión de bonos, etc.
Cumplimiento de objetivos de la ley de integración monetaria.
Se puede mencionar que todo cambio implica resistencia, como se ha observado a inicios de la integración monetaria; ya que ésta produjo alteraciones en todos los sectores de la economía, pero uno de los cambios más difícil ha sido lograr adaptar a las personas a que se familiaricen con esta nueva normativa para que éstas sé potencialicen en oportunidades que les conducirán a su bienestar y desarrollo. En los consumidores del sector comercio sub-sector al pormenor (supermercados) la ley provocó confusión y malestar principalmente en el momento en que los consumidores pagaban sus compras ya que al hacer las conversiones o aplicar el redondeo existían dudas de cómo aproximar, pero éstos se tuvieron que adaptar al uso del dólar que comenzaba a circular en todo el país como moneda de curso legal. Pero a medida que el tiempo transcurre los consumidores ya se han adaptado satisfactoriamente a esta medida.
Desde inicios de la ley las autoridades impulsaron un plan de capacitación a la ciudadanía (publicidad masiva en radio, prensa y televisión.), para facilitar el uso de la moneda y así, los grandes y pequeños comerciantes comenzaron a tomar las precauciones necesarias para evitar ser sorprendidos por cualquier anomalía.
Objetivo territorial.
En el sector comercio sub-sector al pormenor (supermercados) expresa que la Ley de Integración Monetaria ha sido de incentivo y motivación para ser más competentes en el mercado, puesto que con la aprobación de esta ley la actividad económica ha sido más efectiva, ya que con los tratados de libre comercio ( TLC ) les ha permitido competir con los mercados extranjeros y de esta manera mejorar sus productos reactivando la actividad comercial.
El beneficio que esto traerá será disminuir los costos de transacción, para comercializar con el mundo y ya no se tendrá el riesgo de cambio de varias monedas; de esta manera se logrará el desarrollo y crecimiento que beneficiará a todos los salvadoreños creando más fuentes de empleo y más oportunidades, para que exista mayor capacidad de compra en la población. La finalidad de éste objetivo es conectar a El Salvador hacia afuera para incrementar la inversión pública y generar más fuentes de empleo.
Objetivo económico.
Operaciones (Transacción Comercial)
Los consumidores de este sector se vieron afectados al momento de realizar sus transacciones comerciales; ya que en algunos supermercados los precios de los productos aún no se establecían en ambas monedas, otro inconveniente que enfrentaron fue al momento de pagar sus compras, existía gran confusión debido a la mala aplicación del redondeo y precios sólo en colones y sólo en dólares, por todas estas anomalías que se presentaron; estas empresas decidieron desarrollar mecanismos que pudieran evitar todo tipo de especulación y que no deje ninguna duda al cliente de lo que tiene que pagar ya sea en colón o en dólar. Permitiendo establecer una forma práctica y funcional que facilite la compra y de esta forma mantener contentos y satisfechos a cada uno de los clientes. Este objetivo económico que pretende la ley de integración monetaria tiene el gran reto de aumentar la confianza de los inversionistas para que a pesar del reducido tamaño del territorio se instalen, inviertan y generen empleo en el país, para garantizar un sistema monetario que le otorgue más confianza a los salvadoreños; eliminando la posibilidad de una devaluación de la moneda, plasmando leyes que imposibilite manipulaciones cambiarias a favor de grupos y de intereses especiales, que serían él más cruel atropello contra el ahorro y el patrimonio de los salvadoreños.
Desarrollo de sectores:
El sector comercio sub-sector al pormenor (supermercados) tuvo el reto de enfrentar los cambios que trajo consigo la Ley de Integración Monetaria.
A un año de la implementación de ésta medida económica adoptada en el Salvador, este sector no ha tenido efectos negativos trascendentales, sus ventas no han sufrido ninguna disminución, se puede mencionar que la población consumidora siempre cuenta con disponibilidad para realizar sus compras a pesar de todos los acontecimientos que ha sufrido El Salvador como lo son: los terremotos y otros problemas económicos, políticos y sociales que trajeron consigo incertidumbre y tragedia a nuestro país.
Actualmente este sector se sigue desarrollando normalmente y los consumidores se adaptaron rápidamente al manejo y uso de las dos monedas (dólar-colón) por ende realizan sus transacciones comerciales con toda normalidad sin ningún problema; ya que lograron vencer cada obstáculo que se les presentó a inicios de la Ley de Integración
Opiniones vertidas públicamente sobre la Ley de Integración Monetaria en El Salvador.
En un sondeo realizado por la Prensa Gráfica el 30 de diciembre de 2001 en el sector informal, se confirmó que “si bien los comerciantes consultados aseguran estar aceptando ambas monedas, todavía hay quejas, sobre todo al momento de dar los vueltos, pues curiosamente tanto vendedores como compradores se acusan mutuamente de hacer jarana al momento de pagar o dar un vuelto.
La mayoría de las personas ya se acostumbraron a utilizar la moneda norteamericana, aunque todavía hay ciertas dificultades para hacer la conversión de las monedas”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) detalló luego de un monitoreo a empresas y personas “que uno de los principales beneficios de la utilización del dólar es la eliminación del riesgo cambiario, lo que crea un seguro contra la devaluación y contra la inflación. Ya que al sacar la moneda doméstica se tiene la certidumbre de que los precios estarán controlados, y que la inflación será igual o menor a la internacional.
Otro beneficio del nuevo régimen monetario son las bajas tasas de interés que se han generado. En noviembre de 2000, las tasas activas (que se cobraban) a un año eran de 12.5%. En septiembre de 2001 éstas habían caído a 8.8%, son cerca de cuatro puntos porcentuales que se han reflejado en los últimos meses”
Según la oposición política “consideran la ley como una dolarización de la economía y aseguran que lesiona la soberanía del país. A la población les están vendiendo mentiras, le dicen una serie de bondades...con esto se elimina cualquier sombra de soberanía nacional”.
Pero los políticos de la derecha de nuestro país defienden la propuesta del gobierno y aseguran que “la ley no se hizo a la carrera y ha sido bienvenida por los sectores. La medida por sí sola no viene a resolver todos los problemas, pero contribuye a devolvernos la confianza”.
Según analistas económicos “es demasiado prematuro hacer una evaluación del desempeño sobre el impacto de la integración monetaria en la economía salvadoreña, ya cuestionan que las tasas de interés sea; como dice el gobierno; resultado directo de la utilización del dólar”.
Entre las cosas que a juicio de los economistas se deben propiciar con la vigencia del dólar está la masiva inversión, no solo de empresarios locales sino también internacionales, lo cual todavía no se ha dado. Ya que es preocupante el hecho que aún con tasas promedio activas de aproximadamente un 8.5%, el crédito crece a paso lento y el impacto en la inversión, ha sido mínimo. También ponen en duda sobre el hecho de que las bajas tasas de interés hayan beneficiado a todos los sectores, ya que todavía existen productores, que están pagando intereses cercanos al 20%8”.
Según el analista microeconómico de CONAMYPE (Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa), para hablar de los efectos de la integración monetaria, es importante considerar antes los problemas de las empresas, cuyos orígenes están en el interior de ellas, ya que la ley en sí no soluciona los problemas fundamentales de tecnología, competitividad, estándares de calidad, capacitaciones, etc.; pero si coadyuva a un mejor desarrollo. Al existir el bimonetarismo, hay costos de transacción y esto conlleva a costos de información. En este sentido los exportadores e importadores tienen que hacer conversiones de la moneda, con diferenciales cambiarios, es decir, que todo lo que estorbe a la oferta y la demanda para hacer una transacción, se transforma en costos de transacción. Por el lado de los costos de información, que están relacionados con los flujos de información de los precios de mercados internacionales, hay que esperar para que las personas se familiaricen con el precio para saber si les afecta o no; razón por la cual se puede afirmar que la ley no viene a incrementar los problemas.
Implicaciones monetarias del nuevo régimen monetario
La Base Monetaria (BM) deja de ser creada por el BCR y pierde su sentido monetario. La BM era definida como la suma de la emisión monetaria más los depósitos de los Bancos, particularmente en concepto de encaje. De acuerdo al artículo 23 de la Ley de Integración Monetaria, se abolió la facultad del Banco Central de emitir dinero y se sustituyó el encaje por una reserva de liquidez (artículo 20 de la LIM), la que tiene un carácter prudencial y de solvencia, y no de instrumento de control monetario.
La Base Monetaria o dinero primario se denominaba así, pues constituía el fundamento de la multiplicación del dinero a través del proceso de intermediación financiera y en particular por el otorgamiento crediticio por parte del sistema bancario comercial.
Para el Banco Central, la base monetaria constituyó una variable operacional observable, dado que aquel podía influir en ella mediante sus acciones de política monetaria y con ello establecer niveles de oferta monetaria acordes con las necesidades de la economía.
Los aumentos o disminuciones en la Base Monetaria dependían de la monetización que se generaba mediante el otorgamiento o amortización del crédito así como de la mayor o menor acumulación de Reservas Internacionales Netas derivadas de la compra o venta de divisas.
En el nuevo régimen monetario, no se habla de cambios en las reservas de encaje sino de aumentos y/o disminuciones de las reservas de liquidez. Dichas reservas, aún cuando es exigida por la ley, su variación depende del comportamiento del Sistema Financiero, en particular de los bancos comerciales, al aumentar o disminuir la cuantía de sus depósitos, es decir, ahora son los bancos comerciales y no el Banco Central los que crean reserva, asumiendo esta última institución un papel pasivo. Para constituir las reservas de liquidez se establecieron coeficientes menores a los establecidos para el encaje, y los recursos para su constitución se originaron de los saldos de depósitos que dichas instituciones financieras mantenían en el BCR en concepto de encaje.
Los requisitos de liquidez exigidos a la banca, constituyen un requisito de solvencia al sistema de pagos promovido a través de los bancos del sistema comercial, y están cubiertos o respaldados por el BCR mediante dólares registrados en las Reservas Internacionales Netas.
La constitución de reservas de liquidez acordadas en la ley tienen por finalidad reducir los riesgos del sistema bancario ante problemas de iliquidez y de solvencia. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Integración Monetaria, la constitución de reserva de liquidez estará formada por tres tramos que son: dos tramos equivalentes, cada uno, al 25% de sus obligaciones y un tercero equivalente al 50% constituido por títulos valores. Los primeros facilitan equilibrar los desajustes temporales de caja que puedan tener el sistema bancario y el tercero, creado para cubrir problemas de solvencia financiera.
Aun cuando expresamente se abolió la facultad del BCR de otorgar préstamos directamente al sistema financiero para resolver problemas de solvencia o de corrida de depósitos, es decir actuar como prestamista de última instancia, la ley en su artículo 17 señala que “El Banco Central de Reserva de El Salvador podrá otorgar financiamiento al Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), para los propósitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Bancos” . Es decir, el IGD puede recibir financiamiento del BCR adicional a sus fondos acumulados e inversiones para hacer frente a pago de garantía de depósitos y acciones o medidas de reestructuración financiera.
Nuevo rol del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Con la implementación de la Ley de Integración Monetaria en el año 2001, las necesidades del entorno demandaron un cambio en el rol del Banco Central, y la consecuente readecuación de sus funciones y organización.
En cuanto al rol, se redefinió la Misión, la Visión y los principales productos y procesos del Banco, cuyos enunciados se presentan a continuación:
Consolidar la Integración Monetaria y promover la estabilidad y desarrollo del sistema financiero.
Ser reconocidos mundialmente como exitosos en consolidar:
• La Integración Monetaria • La estabilidad y desarrollo del sistema financiero.
La Misión del Banco se verá reflejada en los siguientes resultados principales:
• Servicios financieros a las instituciones financieras.
• Servicios de asesoría económica y financiera al Gobierno.
• Servicios de agencia financiera al Ministerio de Hacienda.
• Información económica y financiera.
• Estabilidad y desarrollo del sistema financiero.
Macroprocesos:
Estabilidad y desarrollo del sistema financiero El objetivo de este macroproceso es proporcionar información confiable en términos del desempeño y gestión de las instituciones financieras, así como sobre los riesgos globales e individuales de las instituciones financieras, a fin de proponer medidas de seguridad prudenciales que permitan su estabilidad y desarrollo.
Estadísticas y proyecciones económicas-financieras Este macroproceso se orienta a compilar, procesar, analizar y divulgar las estadísticas y proyecciones económicas y financieras para apoyar la toma de decisiones de los sectores público y privado, asesorar al Gobierno de El Salvador y facilitar la investigación económica.
Administración de inversiones y financiamiento externo El propósito de este macroproceso es proponer y ejecutar las políticas de administración de las reservas internacionales y contribuir a la formulación y ejecución de la política de financiamiento externo del país.
Asesoría e investigación económica y financiera
El análisis de las condiciones del entorno y el funcionamiento de la economía, contribuyen a interpretar y prever fenómenos que podrían afectar a la economía nacional, sirviendo como base para la toma de decisiones en materia económica y financiera.
Mediante este macroproceso se planea y controla la gestión financiera del Banco Central, procurando la asignación racional de los recursos financieros en armonía con el plan de acción y las proyecciones financieras de mediano plazo. Además, se genera información y se realizan análisis financieros que propician la toma de decisiones, orientadas a la sostenibilidad financiera. Sistema de pagos internos-externos
En el macro proceso de administra el eficiente funcionamiento del sistema de pagos del país. De igual forma, cabe destacar que estos macro procesos se apoyan en los componentes fundamentales del Modelo de Desarrollo Institucional, que son determinantes para el éxito de la gestión del Banco.
La orientación y coordinación del quehacer del Banco se realiza a través de este macroproceso. Proporciona la base de recursos y servicios institucionales que hacen posible la ejecución de los otros procesos y está integrado por componentes diseñados para atender las necesidades prioritarias de la institución, operando con un ciclo permanente de auto-evaluación y mejora.
Relevancia de la Reserva Federal para la Economía Salvadoreña:
El Sistema de la Reserva Federal es el ente emisor de los Estados Unidos, está conformado por doce bancos que representan a los estados y es la institución responsable de la política monetaria.
La Reserva Federal es un banco central independiente, lo que significa que es autónomo políticamente. Esto permite que la estabilidad monetaria se logre sin interferencias políticas o restricciones.
Con la vigencia de la Ley de Integración Monetaria las decisiones de política que tome la Reserva Federal afectarán directamente a la economía salvadoreña.
Además, debido a que el dólar tiene libre circulación en el país, la emisión y circulación de esta moneda estará regulada únicamente por la Reserva Federal de Estados Unidos, no por el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Las políticas monetarias expansivas bajarán la tasa de interés, reduciendo el costo de financiamiento internacional y local; fenómeno opuesto sucederá con políticas contractivas.
Reserva de Liquidez:
El manejo de la liquidez bancaria cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, ya que sustituyó el requerimiento de encaje legal que los bancos debían mantener en el Banco Central, por la constitución de una Reserva de Liquidez, que en forma proporcional a sus depósitos y obligaciones deberán mantener los bancos. Esta reserva puede ser utilizada por ellos para cubrir necesidades de liquidez.
La Ley establece que la reserva de liquidez de cada banco podrá estar constituida por depósitos en dólares, a la vista, en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma moneda.
También dispone que puede estar invertida en el exterior, en depósitos en bancos de primera línea o en títulos valores de alta liquidez y bajo riesgo, de acuerdo con las normas técnicas que al efecto emita la Superintendencia del Sistema Financiero.
Durante el año 2001, y tal como lo establece la Ley de Integración Monetaria, la reserva de liquidez estuvo constituida en depósitos a la vista en el Banco Central y en títulos valores emitidos por éste.
A diferencia del esquema anterior de encaje legal, la reserva de liquidez que se constituye en el Banco Central se remunera en su totalidad con el objeto de no incrementar los costos financieros de los bancos y de no presionar por dicha vía las tasas de interés.
Esta disposición se encuentra regulada en los artículos 44 al 50 de la LIM, en donde literalmente dice : “La reserva de liquidez de cada banco podrá estar constituida en forma de depósitos de dinero en dólares de los Estados Unidos de América, a la vista, en el Banco Central o en títulos valores emitidos por éste en la misma moneda, los cuales deberán mantenerse libres de todo gravamen. Dicha reserva también podrá estar invertida en el exterior, en depósitos en bancos de primera línea o en títulos valores emitidos de alta liquidez y bajo riesgo, todo ello de acuerdo con las normas técnicas que emita la Superintendencia del Sistema Financiero.
La reserva de liquidez deberá ser general para los distintos tipos de obligaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán establecer reservas de liquidez diferenciadas, atendiendo a la naturaleza de las obligaciones o depósitos. En todo caso, al reserva de liquidez promedio de los depósitos no deberá ser mayor del veinticinco por ciento de los mismos.
Remuneración de la reserva de liquidez.
La reserva de liquidez que se constituya en depósitos a la vista o títulos del Banco Central deberá ser remunerado. El Banco Central de Reserva de El Salvador cobrará una comisión por la administración de esta reserva.
Cálculo y uso de la reserva de liquidez.
La Superintendencia determinará la frecuencia con que se calculará la reserva de liquidez y señalará el período dentro del cual un banco podrá compensar el monto de las deficiencias de liquidez que tuviere en determinados días, con el excedente que le resultare en otros días del mismo período. Asimismo, dictará las normas técnicas necesarias para la aplicación de las disposiciones sobre la reserva de liquidez de que trata esta ley.
Cada banco podrá utilizar sus reservas para sus necesidades de liquidez, de conformidad a lo que se dispone en este capítulo y a las normas técnicas que para tal efecto emita la Superintendencia.
Para la elaboración de las normas técnicas antes referidas, la Superintendencia deberá observar lo siguiente:
a) Del total de la reserva de liquidez antes indicada, un veinticinco por ciento
Corresponderá al primer tramo y estará constituido por depósitos a la vista remunerados en el Banco Central o en el banco del exterior de que se trate. Este tramo será de acceso automático para el banco;
b) El segundo tramo corresponderá a un veinticinco por ciento de la reserva de liquidez y estará constituido por depósitos a la vista remunerados en el Banco Central o en el banco del exterior de que se trate, o títulos valores que para este efecto emita el Banco Central. Este tramo será de acceso automático para el banco. El Banco Central de Reserva de El Salvador cobrará un cargo proporcional a la cantidad retirada de fondos de este tramo; y
c) El tercer tramo constituirá un cincuenta por ciento de la reserva de liquidez y se constituirá en títulos valores que para ese efecto emita el Banco Central o según lo determine la Superintendencia; el uso de este tramo únicamente podrá realizarse con la previa autorización del Superintendente del Sistema Financiero.
Cuando el uso de la reserva de liquidez así lo requiera, el Banco Central podrá realizar operaciones de reporto con los títulos valores que constituyen la reserva de liquidez.
Para el cálculo de la reserva de liquidez que corresponde a un banco, se considerará el conjunto formado por su oficina principal y por las sucursales y agencias establecidas en la República.
Reserva de liquidez a otras entidades.
La Superintendencia podrá disponer requisitos de reserva de liquidez a otras entidades legalmente establecidas, que dentro del giro de sus negocios reciban habitualmente dinero del público a través de cualquier operación pasiva.
El Banco Central deberá informar diariamente a la Superintendencia la situación de liquidez de los bancos, durante el período en que éste sea el depositario de las mencionadas reservas de liquidez.
Cuando un banco utilice parte del tercer tramo de la reserva de liquidez para cubrir necesidades de esta naturaleza, la Superintendencia le requerirá un plan de regularización, de conformidad al Art. 79 de esta misma ley.
Dicho plan deberá ser aprobado por la Superintendencia y el banco de que se trate quedará sometido al régimen de supervisión especial a que se refiere esta ley.
Con el objeto de proteger la liquidez bancaria, el Banco Central podrá realizar operaciones de reporto con títulos valores emitidos en dólares de los Estados Unidos de América por el Estado, por el Banco Central mismo