Source: https://www.iberley.es/legislacion/decreto-99-2012-16-mar-galicia-regulan-servicios-sociales-comunitarios-financiacion-9660726
Timestamp: 2020-02-27 04:35:45
Document Index: 15001906

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 31', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 52', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 43']

Decreto 99/2012 de 16 de Mar Galicia (el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación) | Iberley
DECRETO 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. - Diario Oficial de Galicia de 30-03-2012
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 17 de Diciembre de 2014
La proximidad a las personas usuarias y sus familias.
La intervención social personalizada en un entorno normalizado y, en su caso, la prescripción técnica para la derivación al servicio social especializado más idóneo o a otros sistemas de protección social.
La promoción y organización de la solidariedad social en la comunidad en la que actúan.
CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
A ser tratadas con el respecto debido a su dignidad, intimidad y autonomía.
A acceder y utilizar los servicios en condiciones de igualdad y no discriminación.
A recibir una atención individualizada y adaptada a sus necesidades, con la calidad y duración determinadas en cada caso.
A recibir una información de forma ágil, suficiente, veraz y comprensible sobre los recursos y las prestaciones del sistema gallego de servicios sociales, así como a que sean asistidas y orientadas en los trámites necesarios de cara a su acceso a los demás sistemas de bienestar social.
A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora principal y asegure la coherencia de la intervención.
A conocer la organización y el reglamento del servicio.
Al tratamiento confidencial de sus datos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
A conocer la situación de su expediente.
A ser informadas, de manera clara y precisa sobre la intervención prevista y eligir libremente, dentro de la capacidad de oferta del sistema y previa valoración técnica, el tipo de medidas o de recursos adecuados para su caso, así como a participar en la toma de decisiones que modifiquen el proceso de intervención acordado.
A la calidad de los servicios recibidos y a presentar quejas y sugerencias y la persona coordinadora de los servicios sociales comunitarios.
Al respeto de sus derechos lingüísticos, garantizando, en todo caso, el desarrollo de la actividad de los servicios sociales comunitarios desde la práctica de una oferta positiva del idioma gallego.
Las personas usuarias, en el marco de los deberes que con carácter general se contemplan en el artículo 7 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, y, en su caso, en la legislación vigente sobre el procedimiento administrativo común, tendrán los siguientes deberes:
Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el acceso a los diferentes servicios.
Facilitar la información precisa y veraz sobre las circunstancias determinantes para el acceso y utilización de los servicios, así como comunicar al personal de referencia los cambios de circunstancias familiares, sociales o financieras que pudiesen resultar relevantes en la asignación, modificación, suspensión o extinción de las prestaciones o servicios.
Cumplir con las condiciones del servicio, facilitando y colaborando en la ejecución de las tareas del personal a su cargo y poniendo a su disposición, cuando se trate de un servicio realizado en el domicilio, los medios materiales necesarios.
Colaborar con el personal encargado de su caso, acudiendo a las entrevistas programadas, siguiendo las orientaciones y participando en el desarrollo de las actividades incluidas en el servicio, centro o programa en función de sus capacidades y en los términos acordados en cada caso.
Mantener una actitud positiva de colaboración con las personas profesionales de los servicios sociales comunitarios, participando activamente en el proceso pautado de mejora, autonomía personal e inserción social.
Facilitar y cooperar en el seguimiento, evaluación e inspección del servicio.
Respetar la dignidad personal y profesional de las personas que les presten el servicio, así como respetar los límites de sus obligaciones laborales.
Participar en el pago de los servicios en aquellos supuestos concretos que se establezcan en este Decreto y en las normas municipales reguladoras correspondientes que lo desarrollen.
A comunicar con diez días de antelación, en circunstancias ordinarias y previsibles, cualquier ausencia temporal que pudiese impedir o dificultar la ejecución de los servicios que, en su caso, se prestasen en su domicilio.
CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS BÁSICOS.
Contarán con un espacio separado que permita la privacidad en las entrevistas y reuniones necesarias para la intervención social individualizada.
Contarán con un espacio de reuniones proporcionado a las características y dimensiones de la población atendida.
Asegurarán la posibilidad de atención de personas con movilidad reducida.
Contarán con conexión telefónica y a la red internet.
Permitirán el archivo y custodia de los expedientes de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que se establecen en la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal.
2. A todos los efectos, serán centros de servicios sociales comunitarios los centros sociales de titularidad municipal que, desarrollando de manera principal actividades dirigidas a determinados colectivos, sirvan, además, de instalación de referencia para la atención al público que demanda los servicios sociales comunitarios básicos, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el apartado anterior.
3. El centro de servicios sociales comunitarios básicos podrá, asimismo, integrarse dentro de las dependencias municipales de la casa consistorial, siempre que se asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el apartado primero de este artículo.
La atención de las situaciones individuales y familiares, la información en relación con las demandas presentadas, el diagnóstico y la valoración técnica previa y la consecuente gestión del caso, que incluirá, cuando sea conveniente, la derivación hacia el recurso idóneo dentro del sistema gallego de servicios sociales o de otros sistemas de bienestar, así como la asistencia, la orientación y, de ser preciso, el acompañamiento, en el procedimiento de acceso normalizado a otros recursos existentes.
La gestión del servicio de ayuda a domicilio, así como la participación en la gestión de las prestaciones destinadas a garantizar la autonomía personal y la atención a la dependencia, en los términos establecidos en la normativa que resulte aplicable.
La cooperación con otras administraciones y poderes públicos en la remisión de información necesaria en los procedimientos que correspondan en relación con los servicios sociales comunitarios y sus personas usuarias, sin perjuicio de la observación de las garantías establecidas en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Programa de valoración, orientación e información en materia social a las personas, grupos o a la comunidad en general, que se desarrollará en todas las entidades locales titulares de servicios sociales comunitarios de Galicia.
Servicio de ayuda a domicilio (SAD), que tiene por objeto prestar un conjunto de atenciones a las personas o familias en su domicilio, desde una perspectiva integral y normalizadora, para facilitar su desarrollo personal y la permanencia en su entorno habitual, especialmente en aquellas situaciones en que tengan limitada su autonomía o en otras situaciones de riesgo social para las que resulte un recurso idóneo.
Servicio de educación y apoyo familiar, que integra el conjunto de proyectos y servicios de apoyo educativo y psicosocial dirigidos a las familias, con el objetivo de detectar, prevenir y superar las situaciones de dificultad, especialmente las eventuales situaciones de maltrato infantil o cualquier otra desprotección, así como promover procesos de cambio que favorezcan un adecuado ejercicio de las responsabilidades familiares, la mejora de la autonomía, de la integración y de la participación social de las familias y unidades de convivencia.
Programa básico de inserción social que procure valorar, dar respuesta o derivar al recurso idóneo a las personas en situaciones o riesgo de exclusión social, aplicando tanto proyectos de intervención social personalizados o de grupo como prestaciones económicas específicas. Se incluyen en esta categoría los proyectos expresamente dirigidos al desarrollo, promoción e integración de la comunidad gitana y otras minorías étnicas.
Programa de fomento de la cooperación y solidaridad social, que facilite la participación comunitaria en tareas colectivas, impulse el asociacionismo solidario y, en especial, la organización y coordinación del voluntariado social.
SECCIÓN II. DEL PROGRAMA DE VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN.
Proporcionar información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a las personas, a las familias y a los grupos sociales.
Realizar la valoración y el diagnóstico social de las demandas de la ciudadanía.
La intervención básica de trabajo social de caso y grupos, de acuerdo con los derechos sociales, necesidades, demandas y recursos disponibles.
Derivar hacia la intervención social, biopsicosocial o socioeducativa idónea para cada caso, que favorezca la adquisición o recuperación de funciones y habilidades personales y sociales y procure la mejora de la autonomía, de la convivencia social y familiar y de la inclusión social. Esta derivación podrá realizarse hacia los distintos programas de servicios sociales comunitarios, tanto básicos como específicos, y, en su caso, hacia los servicios sociales especializados.
SECCIÓN III. DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).
1. En el servicio de ayuda a domicilio, de conformidad con la valoración técnica realizada en cada caso, podrán prestarse los siguientes tipos de atenciones de carácter básico:
2. El servicio de ayuda a domicilio, una vez garantizado el nivel básico de atención, podrá incorporar, además, los siguientes tipos de atenciones y servicios de carácter complementario:
Modificación realizada (14 (apdos. 1 y 2)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
Modificación realizada (14 (apdo.2)) por DECRETO 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. (DOGA de 24-09-2013) en vigor desde 01-11-2013
Texto Original. Publicado el 30-03-2012 en vigor desde 31-03-2012
17/12/2014 (Vigente)
2. Las entidades privadas que presten el servicio de ayuda a domicilio mediante financiación total o parcial con fondos públicos, o que atiendan a personas usuarias derivadas del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia, atenderán a los requerimientos de coordinación efectiva con los servicios sociales comunitarios municipales. A tal efecto, y sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1720/2007, que la desarrolla, establecerán un protocolo de comunicación de altas en el servicio de cada persona usuaria dirigido a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento o entidad local que corresponda, así como información actualizada de la intervención llevada a cabo.
SECCIÓN IV. DISPOSICIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE EDUCACIÓN Y APOYO FAMILIAR.
Promover la adquisición, por parte de las familias, de competencias y habilidades para el correcto desarrollo de sus funciones parentales y educativas, fomentando la educación en igualdad y la corresponsabilidad.
Poner a disposición de las familias participantes atención psicológica, así como alternativas, recursos e itinerarios socioeducativos en relación con las posibilidades del entorno.
Prevenir y atender a las situaciones que provoquen vulnerabilidad o riesgo social a las familias o unidades de convivencia, o a alguno de sus miembros, con especial atención a los menores de edad.
Realizar el seguimiento y la intervención en las familias en las que se realizase derivación a los servicios sociales especializados de menores, de cara a su reintegración social y familiar.
SECCIÓN V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DEMÁS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS BÁSICOS.
Detectarán y valorarán las situaciones de personas, grupos o áreas territoriales en situación y riesgo de exclusión.
Participarán, de acuerdo con la normativa de aplicación, en el procedimiento de asignación de las prestaciones económicas de inclusión social referidas en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias básicas y a estimular la incorporación social y laboral. De manera particular analizarán el perfil sociolaboral de cada caso y expedirán los informes y propuestas de derivación e idoneidad del recurso que se establezcan en el procedimiento.
Favorecerán el desarrollo de los itinerarios personalizados de inclusión, coordinando su actuación profesional tanto con el servicio público de empleo como con los servicios sociales comunitarios específicos para la inclusión social, en especial con los equipos de inclusión sociolaboral que corresponda, bien de dependencia municipal o gestionados de manera consorciada de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de este Decreto.
Desarrollarán, en los términos que se establezcan en la normativa de aplicación sobre inclusión social, actuaciones en relación con el seguimiento y revisión de las prestaciones económicas establecidas.
CAPÍTULO IV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS ESPECÍFICOS.
La gestión de centros de inclusión y emergencia social tipificados reglamentariamente, tales como albergues, centros de acogida, comedores sociales, centros de atención continuada y centros de día de inclusión social.
La gestión de programas enfocados a la prevención y a la atención de personas en riesgo de exclusión mediante equipos de inclusión sociolaboral y proyectos específicos enfocados, entre otros, a personas perceptoras de rentas mínimas de inserción, personas sin hogar, inmigrantes, emigrantes retornados, comunidad gitana y otras minorías socialmente vulnerables.
La atención de personas mayores o con limitaciones en su autonomía mediante centros de día y otros servicios de atención diurna o nocturna.
La atención de personas con discapacidad a través de centros ocupacionales, así como el apoyo psicosocial y familiar vinculado a la atención temprana.
La atención de personas mayores en equipamientos y servicios que faciliten su socialización activa, la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal.
La atención de la primera infancia en centros e instalaciones que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar.
El asesoramiento, atención y orientación prestada a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
La atención a menores de edad en situación de riesgo o conflicto social, mediante equipamientos y programas orientados a atención psicosocial, intervención socioeducativa, actividades de tiempo libre, promoción de hábitos saludables, formación en habilidades sociales u otros que contribuyan a su integración familiar y comunitaria.
La gestión de cualquier otro equipamiento que favorezca un ámbito de convivencia alternativa en los casos de necesidad temporal técnicamente valorada.
La gestión de otros equipamientos sociales no residenciales destinados al desarrollo de programas para sectores de población con necesidades sociales diferenciadas que posibiliten el logro de los objetivos del sistema gallego de servicios sociales.
CAPÍTULO V. COMPETENCIAS Y COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GALLEGAS.
3. Las diputaciones provinciales apoyarán prioritariamente la financiación del SAD-básico a los ayuntamientos y corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, así como la financiación a dichas entidades para la contratación de personal técnico de los equipos municipales de servicios sociales comunitarios con perfiles profesionales diferentes y complementarios al del/de la profesional de referencia que se regula en el artículo 37.
Modificación realizada (31 (apdo. 3)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
La ordenación normativa de los servicios sociales comunitarios, tanto básicos como específicos.
La planificación territorial de las dotaciones y equipamientos de los servicios sociales comunitarios, la programación general de su actividad y la validación del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales que se regula en el presente Decreto.
El registro de entidades prestadoras de servicios sociales comunitarios.
La autorización y acreditación de centros y servicios sociales comunitarios de conformidad con este Decreto y con las normas específicas de desarrollo.
La formación en el campo de los servicios sociales comunitarios y la investigación social aplicada a estos servicios en el territorio gallego.
El asesoramiento y asistencia técnica a los profesionales y ayuntamientos titulares de los servicios regulados en este Decreto, así como a las demás entidades prestadoras de servicios sociales comunitarios.
El diseño, coordinación y gestión de los sistemas de información social básica relativa a las personas usuarias del sistema gallego de servicios sociales, así como de los sistemas de información y gestión de los servicios y prestaciones para la atención de personas en situación de dependencia.
La supervisión y evaluación de la calidad de los servicios sociales regulados en el presente Decreto.
La creación, el mantenimiento y la gestión de centros y programas de servicios sociales comunitarios específicos que, por su naturaleza, ámbito supramunicipal u otras circunstancias debidamente justificadas en el marco del Plan Estratégico de Servicios Sociales, asuma la Xunta de Galicia.
La valoración técnica de las situaciones que determine el reconocimiento del derecho a los servicios y a las prestaciones esenciales de carácter material o económico proporcionadas por el sistema gallego de servicios sociales.
La concesión de prestaciones o ayudas económicas de competencia autonómica destinadas a personas físicas, sin perjuicio de la colaboración de los servicios sociales comunitarios de titularidad municipal.
El ejercicio de las potestades inspectora y sancionadora en lo relativo a la prestación de servicios sociales comunitarios.
CAPÍTULO VI. DOTACIONES DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Unidades de trabajo social (UTS).
Unidades de trabajo y educación social (UTES).
Unidades interdisciplinares de intervención social (UNIS).
En las unidades de trabajo social se asegurará la presencia de un trabajador o trabajadora social.
En las unidades de trabajo y educación social, se integrarán personas tituladas en Trabajo Social y Educación Social.
En las unidadades interdisciplinares de intervención social, deberá asegurarse, además, la presencia de al menos una persona titulada superior o en posesión de grado universitario en Psicología, Sociología o materia relacionada con los programas desarrollados por los servicios sociales comunitarios.
CAPÍTULO VII. LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.
CAPÍTULO VIII. LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
Los créditos consignados en los presupuestos de las entidades locales titulares de los servicios.
Las aportaciones realizadas por las diputaciones provinciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de este Decreto.
Las aportaciones realizadas por la Xunta de Galicia.
Los recursos financieros generados por los ingresos en concepto de copago de los servicios que realicen las personas usuarias, de conformidad con la normativa sectorial de aplicación.
Cualquier otra aportación pública o privada destinada a ese fin.
5. Las transferencias de naturaleza corriente tendrán por objeto la cofinancición de los gastos derivados del normal funcionamiento y desarrollo de los servicios sociales comunitarios municipales en cada ejercicio presupuestario. Serán financiables los siguientes gastos:
b) Gastos derivados de las indemnizaciones por razones de servicio (desplazamiento) y de la formación del personal técnico empleado público adscrito a dichos servicios.
Modificación realizada (41 (apdo. 5.a y b)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
1. Una vez finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario y, en todo caso, con la fecha límite del 31 de marzo del ejercicio inmediatamente posterior, todas las corporaciones locales financiadas conforme al presente decreto deberán presentar ante el órgano de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia con atribuciones en materia de servicios sociales comunitarios lo siguiente:
Modificación realizada (43 (apdo. 1, primer párrafo)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
Certificación del órgano competente de la corporación local (intervención u órgano que tenga atribuidas las facultades de control de la toma de razón en contabilidad) acreditativa del gasto realizado para el desarrollo del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior. Se considera, asimismo, gasto imputable a la citada anualidad el de las cotizaciones a la Seguridad Social y facturas correspondientes al mes de diciembre del ejercicio certificado, abonadas en el ejercicio siguiente, siempre que tal abono se produzca antes de la fecha límite de presentación expresada en el artículo 43.1.
Declaración del conjunto de las subvenciones y ayudas solicitadas para la misma finalidad, tanto las efectivamente percibidas como las aprobadas y concedidas por las administraciones públicas competentes o por cualquiera de sus organismos, entes o sociedades, así como cualquier otro ingreso o recurso financiero para los mismos fines.
Certificación de los ingresos efectivamente recadados para la financiación de los servicios financiados, en concreto los ingresos por copago de los servicios por las personas usuarias.
Relaciones de personas usuarias.
Cualquier otro documento o informe que se considere necesario para acreditar la adecuada ejecución del proyecto financiado.
Modelo normalizado de resumen del proyecto.
Memoria técnica de organización del equipo o departamento de servicios sociales y memorias técnicas por programa firmadas por una persona técnica competente del equipo de servicios sociales comunitarios.
Certificación expedida por el órgano competente de la corporación local del acuerdo por el que se aprobó el proyecto presentado, incluyendo la mención a la cuantía total de la aportación de la corporación local destinada a la cofinanciación del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales.
Declaración del conjunto de las subvenciones y ayudas solicitadas para la misma finalidad, tanto las efectivamente percibidas como las aprobadas y concedidas, así como las pendientes de resolución, de las administraciones públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades, así como cualquier otro ingreso o recurso financiero para los mismos fines.
Relación certificada por el órgano competente de la corporación local, acreditativa de la naturaleza de la vinculación, laboral o funcionarial, del personal adscrito a los servicios sociales comunitarios municipales, y de su estabilidad laboral, especificando la procedencia de los fondos que financian sus retribuciones.
Ficha de solicitud de transferencia bancaria y certificación bancaria de las cuentas corrientes en que se ingresarán las transferencias que se regulan en este capítulo.
Adquisición de bienes inmuebles. Para esta modalidad será necesario presentar la siguiente documentación:
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se acredite su participación en el presupuesto de la adquisición.
Certificación del Registro de la Propiedad en que se acredite que el inmoble objeto de adquisición está libre de cargas, así como la titularidad de este por parte del vendedor.
Documento de opción de compra, en que se indicará la fecha de caducidad de dicha opción, así como su precio.
Memoria, firmada por la persona técnica del departamento de servicios sociales de la corporación, justificativa de la necesidad y viabilidad de la inversión proyectada para mejorar la prestación de los servicios sociales que le competen.
Construcción, reforma, ampliación, mejora o acondicionamiento (incluidos los proyectos de obra destinados a garantizar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas). Para esta modalidad resultará necesario acompañar los siguientes documentos:
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se acredite su participación en el presupuesto de la obra a realizar.
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se acredite el dominio sobre el inmueble en que se pretende realizar la obra o, si este es alquilado o cedido, certificación en que se hagan constar las condiciones de la cesión o alquiler, así como la conformidad del propietario con las obras que se pretenden realizar. Para la financiación de obras es necesario que la cesión o alquiler tenga una duración mínima de 20 años.
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se haga constar que los planes urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales en vigor permiten la realización de la obra que se proyecta.
Proyecto básico de las obras que se van a realizar o, en su defecto, cuando su redacción no resulte necesaria de acuerdo con las normas específicas aplicables en función de la propia envergadura de la obra, memoria valorada y presupuesto detallado, firmados por una persona técnica competente, debiendo justificar, en todo caso, la necesidad de las obras y el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de accesibilidad y de seguridad, así como del resto de la normativa de aplicación tanto de carácter general como específica para centros de servicios sociales. A estos efectos, los proyectos básicos o memorias valoradas de obras que afecten a centros de servicios sociales solo podrán ser objeto de valoración por la comisión de análisis y evaluación técnica citada en el artículo 42.3 de este Decreto si previamente fueron favorablemente informados por la unidad técnica de supervisión de proyectos y obras del órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia con competencias en el sistema gallego de servicios sociales. Los proyectos de obra deberán aportarse preferentemente en soporte informático.
Plano de la parcela, con indicación de superficie, topografía, orientación, servidumbres e infraestructuras existentes, que podrá aportarse en soporte informático.
Redacción o elaboración de proyectos de obra. Esta modalidad requerirá la presentación de los siguientes documentos:
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en la que se acredite su aportación en el presupuesto de la redacción del correspondiente proyecto de obra. Si el presupuesto de la redacción del proyecto excede del importe máximo fijado para el contrato menor de servicios en la normativa vigente en materia de contratación pública, deberán aportarse tres presupuestos elaborados por tres posibles redactores.
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se acredite el dominio del solicitante sobre el inmueble en que se pretende realizar la obra o, si este es alquilado o cedido, certificación en que se hagan constar las condiciones de la cesión o alquiler, así como la conformidad del propietario con las obras que se pretenden realizar. Para la financiación de proyectos de obra es necesario que la cesión o alquiler tenga una duración mínima de 20 años.
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local en que se haga constar que los planes urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales en vigor permiten la realización de la obra cuyo proyecto se propone redactar.
Memoria firmada por la persona técnica del departamento de servicios sociales de la corporación, justificativa de la necesidad y viabilidad de la inversión para mejorar la prestación de los servicios sociales que le competen.
Equipamiento mobiliario (incluidos los destinados a garantizar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas). Se acompañará la siguiente documentación:
Certificación de la corporación en que se acredite su aportación en el presupuesto del equipamiento mobiliario que proyecte adquirir.
Certificación del órgano correspondiente de la corporación local que acredite el dominio del solicitante sobre el centro o inmueble a equipar o, si este es alquilado o cedido, certificación en que se hagan constar las condiciones de la cesión o alquiler. Para la financiación de la adquisición del equipamiento mobiliario de un centro es necesario que la cesión o alquiler de este tengan una duración mínima de 5 años.
Presupuesto de las adquisiciones que se pretendan realizar elaborado por un posible empresario, empresa o entidad suministradora. Si el presupuesto de los suministros excede del importe máximo fijado para el contrato menor de suministros en la normativa vigente en materia de contratación pública, deberán aportarse tres presupuestos elaborados por tres posibles suministradores.
Memoria firmada por la persona técnica del departamento de servicios sociales de la corporación, justificativa de la necesidad del equipamiento mobiliario proyectado para mejorar la prestación de los servicios sociales que le competen.
2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través del órgano superior competente en el sistema gallego de servicios sociales, garantizará la renovación de la financiación básica para el funcionamiento de los servicios sociales comunitarios a cada una de las corporaciones locales de Galicia, tomando como referencia para cada anualidad los servicios sociales comunitarios financiados, efectivamente prestados y correctamente justificados en el ejercicio inmediatamente anterior. A estos efectos, y dentro de los conceptos de gasto corriente financiables conforme al artículo 41.5, se renovará cada anualidad, como financiación básica de los servicios sociales comunitarios, el correspondiente a los siguientes gastos:
c) Los gastos derivados de la retribución del personal empleado público de los centros de servicios sociales comunitarios específicos de las corporaciones locales de 20.000 o más habitantes.
En consecuencia, si una corporación local decidiera reducir la plantilla de sus servicios sociales comunitarios, esto implicaría una correlativa reducción de la financiación autonómica para gastos de personal de los dichos servicios susceptible de renovación.
4. Para la renovación de la financiación del servicio de ayuda a domicilio en su modalidad de prestación básica, de acuerdo con lo expresado en la letra b) del apartado 2 de este artículo, se asignará una cuantía proporcional al número de horas/mes de servicio efectivamente prestado y correctamente justificado en el ejercicio inmediatamente anterior.
Modificación realizada (47 (apdos. 2, 3 y 4)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
b) La calidad en el empleo, la estabilidad laboral de las personas profesionales de los servicios sociales comunitarios municipales y la implantación de medidas favorecedoras de la igualdad y de la conciliación de la vida familiar y laboral. La calidad en el empleo y la estabilidad laboral de las personas profesionales de los servicios sociales comunitarios municipales se valorarán calculando el porcentaje que supone el personal empleado público fijo e inamovible en relación con el total de la plantilla empleada pública adscrita a los servicios sociales comunitarios municipales. La implantación de medidas favorecedoras de la igualdad y de la conciliación de la vida familiar y laboral se valorarán por la acreditación o no de la existencia y de la aplicación de un plan local destinado a hacerlas efectivas en cada corporación.
- Su adecuación a las necesidades sociales, a las funciones y objetivos de los servicios sociales comunitarios y a la planificación general de la Xunta de Galicia, para lo que se tendrá en cuenta el anexo IV, expresivo de las prioridades de contenido de los programas de servicios sociales comunitarios de titularidad municipal.
- Su impacto, en términos de personas usuarias y unidades familiares beneficiadas, así como la intensidad de las problemáticas sociales atendidas.
- Su eficiencia, mediante la relación entre impacto y coste.
- Su carácter innovador, medido, entre otros criterios, por su metodología, su adaptación a nuevas necesidades y perfiles de usuarios y la incorporación de nuevas tecnologías.
- La implantación de sistemas de gestión de la calidad y la correcta utilización y participación en el sistema de información social de usuarios establecido y en los demás sistemas de información y gestión específicos que se establezcan en el marco del sistema gallego de servicios sociales.
Modificación realizada (48 (apdo. 3.b)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes: el 20% del presupuesto total del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales.
Ayuntamientos de 20.000 a 59.999 habitantes: el 25% del presupuesto total del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales.
Ayuntamientos de 60.000 o más habitantes: el 33% del presupuesto total del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales.
5. Las actuaciones que formen parte del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales, objeto de la financiación regulada en este capítulo, deberán ser realizadas dentro del ejercicio presupuestario corriente y pagadas por las corporaciones locales beneficiarias antes de la finalización del plazo de justificación establecido en el artículo 43.1. Cuando alguna de dichas actuaciones no se desarrolle en su totalidad, por circunstancias que se acreditarán en la justificación del proyecto financiado, los remanentes de crédito que pudiesen existir a la finalización del ejercicio quedarán adscritos al mismo programa de actuación de forma improrrogable para el ejercicio siguiente.
Ejecutar el proyecto, prestar los servicios y realizar las actividades que fundamentan la financiación recibida.
Justificar ante las administraciones cofinanciadoras el cumplimento de los requisitos y de las condiciones exigibles, así como la ejecución del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales, aportando la documentación acreditativa correspondiente y, en concreto, la enumerada en los artículos 44 y 45 de este Decreto.
Someterse a las actuaciones de comprobación que deba efectuar la Xunta de Galicia, así como a cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que realice la Intervención General de la Comunidad Autónoma, o Consejo de Cuentas y, en su caso, el Tribunal de Cuentas o los órganos de control de la Unión Europea, para lo que se aportará cuanta información le sea requerida en relación con los proyectos financiados y ejecutados.
Comunicar al órgano competente de la Administración general de la comunidad autónoma la obtención de subvenciones, ayudas o cualquier otro ingreso que se destine a las actividades financiadas, así como la modificación de las circunstancias que fundamentasen el cálculo de la cuantía asignada para la financiación de los servicios sociales comunitarios municipales de acuerdo con los criterios establecidos en este Decreto. Esta comunicación deberá efectuarse en el momento en que se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Disponer del sistema contable, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Incluir, en su caso, los equipamientos adquiridos con cargo a la financiación recibida de acuerdo con lo establecido en este Decreto en el inventario de bienes y derechos de la corporación local beneficiaria.
Realizar una difusión adecuada de la financiación recibida, para lo cual será preceptivo que todas las medidas de información general y publicidad de los centros, programas y servicios cofinanciados, incluida la señalización exterior de edificios y oficinas, incorporen los emblemas de las administraciones cofinanciadoras de acuerdo con las especificaciones que reglamentariamente se determinen.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo siguiente.
Tratar los datos de carácter personal a los que se tenga acceso en el desarrollo de las actuaciones financiadas según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Facilitar toda la información acerca de las personas usuarias de los centros, programas y servicios sociales financiados que les sea requerida por el órgano competente de la Xunta de Galicia, a efectos de acreditar el adecuado destino de las transferencias recibidas, así como a efectos de evaluación y planificación.
Registrar en el sistema de información de usuarios que se establezca para todo el sistema gallego de servicios sociales los datos correspondientes a las actividades desarrolladas de acuerdo con las instrucciones emanadas del órgano competente de la Xunta de Galicia, así como cumplir con los deberes de actualización de los datos de las personas usuarias de los servicios, especialmente del SAD en su modalidad de atención a personas en situación de dependencia valorada, en los sistemas de información y gestión específicos que se establezcan, comprobando especialmente la veracidad de los datos declarados para la determinación de la capacidad económica.
Aprobar las ordenanzas fiscales y dotarse de los demás medios e instrumentos necesarios para hacer efectiva la exigencia de la participación económica que, en concepto de copago, corresponda, en su caso, a cada persona usuaria en la financiación de los servicios que reciba.
a) Las afectadas por falseamiento u ocultación de información en la documentación justificativa incluida en la fase de evaluación de los proyectos anuales financiados.
b) Las no justificadas o insuficientemente justificadas, en los términos establecidos en el presente Decreto.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, siempre que las cantidades objeto de reintegro y demás circunstancias concurrentes lo permitan, la administración financiadora, por razones de celeridad y economía procesal, podrá aplicar en los supuestos citados la compensación de remanentes incorporados en el ejercicio siguiente que se establece en el artículo 52.5, para lo cual será requisito imprescindible que la corporación local haga constar en la correspondiente memoria financiera las citadas cantidades como remanentes no ejecutados.
Modificación realizada (55 (apdo. 2)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
4. La Xunta de Galicia liquidará y transferirá trimestralmente a las corporaciones locales las cantidades que correspondan en función de las horas de atención efectivamente prestadas y registradas en el mencionado sistema de información y gestión, una vez regularizadas las cuantías, en su caso, de acuerdo con las incidencias registradas en el período trimestral de referencia o derivadas de períodos anteriores.
6. Una vez finalizado el correspondiente ejercicio presupuestario y, en todo caso, con fecha límite de 31 de marzo del ejercicio inmediatamente posterior, las corporaciones locales financiadas conforme a este artículo deberán presentar, de manera integrada con la documentación correspondiente a la justificación y evaluación del proyecto anual de servicios sociales, la certificación del órgano competente de la corporación local acreditativa del gasto realizado para el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia y aportar los demás datos que se le requieran en relación con la gestión de este servicio.
Modificación realizada (58 (apdos. 4 y 6)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
La capacidad económica de las personas dependientes valoradas que tengan reconocido un derecho de atención mediante el servicio de ayuda en el hogar se calculará de acuerdo con las normas de valoración contenidas en el capítulo II del título III del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste.
Modificación realizada (59) por DECRETO 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. (DOGA de 24-09-2013) en vigor desde 01-11-2013
01/11/2013 (Vigente)
Se computará la renta de todas las personas residentes en la misma unidad de convivencia. A estos efectos se considera renta la suma de cualquiera de las modalidades de ingreso a que se refiere el artículo 6.2. de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Se computará asimismo el patrimonio neto de todas las personas residentes en la unidad de convivencia. A estos efectos se entiende por patrimonio neto el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sean titulares, determinados conforme a las reglas de valoración recogidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio, con deducción de las cargas y gravámenes de naturaleza real que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. Igualmente, para el cómputo del patrimonio neto deberán tenerse en cuenta las exenciones que prevé la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio, al respecto de la vivienda habitual y de otros bienes y derechos.
La capacidad económica se calculará sumando todas las rentas computables, modificadas al alza por la suma de un 5% del patrimonio neto en cómputo anual, y dividiendo el resultado de dicha suma entre el total de personas que convivan en el hogar.
1. Cada entidad local titular del servicio, para hacer efectiva la obligación de participar en el coste del servicio por parte de las personas usuarias dependientes valoradas con derecho de atención reconocido, aplicará la siguiente tabla, en la que se expresa el copago en términos de porcentaje sobre la capacidad económica de la persona usuaria y en función de la intensidad del servicio asignado:
(referenciada al IPREM)
=20 h
=45 h
=70 h
2. En los casos en que, por renuncia parcial expresa de la persona usuaria a su derecho de atención con el número de horas expresadas en el PIA, o cuando por tratarse de un supuesto de compatibilización del SAF con otro servicio o prestación del catálogo, las horas reales prestadas de servicio de ayuda en el hogar sean inferiores a la cantidad expresada en cada columna de la tabla anterior para el grado correspondiente, la cantidad a pagar será minorada proporcionalmente a la disminución de las horas efectivas de servicio.
3. En ningún caso el importe de la participación económica a ingresar por la persona usuaria en concepto de participación en el coste del servicio podrá exceder del 90 % del coste del servicio determinado en términos de precio/hora».
4. En el caso de que la entidad local asuma también la prestación, a las personas dependientes valoradas con derecho de atención reconocido, de las atenciones y servicios complementarios del nivel básico del servicio del servicio de ayuda en el hogar regulados en el artículo 14.2 de este decreto, a efectos hacer efectiva la obligación de participar en el coste del servicio por parte de las personas usuarias, aplicarán la siguiente tabla, en la que se expresa su participación en términos de porcentaje sobre la capacidad económica de la persona usuaria y en función de la intensidad y del tipo de atención o servicio asignado:
% Capacidad económica (referenciada al IPREM)
Adaptaciones funcionales del hogar, podología, fisioterapia
Actividades de acompañamiento, socialización y desarrollo de hábitos saludables
Modificación realizada (61) por DECRETO 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. (DOGA de 24-09-2013) en vigor desde 01-11-2013
1. Para el servicio de ayuda a domicilio en régimen de libre concurrencia para las personas que no tengan el reconocimiento de la situación de dependencia, o no les asista el derecho de acceso efectivo al catálogo de servicios de atención a la dependencia según el calendario de implantación que se establece en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la corporación local establecerá, mediante la correspondiente ordenanza, una regulación progresiva de la participación económica de la persona usuaria en el coste del servicio a través del copago en función de su capacidad económica, calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 60, y conforme a la siguiente tabla:
3. Para el caso de servicios distintos a los referidos en los apartados 1 y 2 de este artículo y susceptibles por su naturaleza de incorporar un copago, los ayuntamientos podrán establecer sistemas de participación de las personas o unidades de convivencia de conformidad con lo siguiente:
b) Para el resto de los supuestos cada ayuntamiento establecerá una regulación progresiva de la participación económica de la persona usuaria en el coste del servicio a través del copago en función de su capacidad económica, calculada de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.
d) Servicios sociales específicos de apoyo psicosocial y familiar vinculado a la atención temprana.
6. Se exceptúa del previsto en los apartados anteriores de este artículo el copago de los servicios de atención de la primera infancia en centros e instalaciones municipales que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar, como es el caso de las escuelas infantiles de cero a tres años y de los puntos de atención a la infancia. Las corporaciones locales titulares de estos servicios sociales comunitarios específicos podrán implantar en ellos el copago y, si así lo hacen, deberán establecer y aplicar, como mínimo, un régimen de copago equivalente al del régimen de precios públicos establecido por la Xunta de Galicia para las escuelas infantiles de titularidad autonómica que respete, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 18.4 y 56 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
Modificación realizada (62 (apdos. 1, 3 y 5; se añade apdo. 6)) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
2. Se autoriza a la persona titular de la consellería competente en el sistema gallego de servicios sociales para modificar, mediante orden, y actualizar los anexos I y II al presente Decreto cuando la evolución sociodemográfica determine la conveniencia de reajustar la tipificación de las áreas sociales y de los ayuntamientos que las constituyen, así como el anexo III y el anexo IV, con motivo de actualizar, respectivamente, el módulo económico de referencia para el servicio de ayuda a domicilio -prestación básica en libre concurrencia- y el listado y denominación de los programas complementarios financiables.
Para favorecer los objetivos generales del sistema gallego de servicios sociales, y de acuerdo con la disposición adicional quinta del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los contratos de servicios y suministros complementarios a la prestación de servicios sociales comunitarios se tendrá en cuenta la posibilidad de establecer reservas de participación en determinados procedimientos de adjudicación a los centros especiales de empleo, sin límite de cuantía, cuando al menos el 70 % de las personas trabajadoras sean personas con discapacidad. La citada reserva de participación podrá ampliarse a las empresas de inserción laboral a través de contratos menores o procedimientos negociados por razón de la cuantía, de conformidad con lo que se establece en los artículos 138.3 y 177.2 de dicho texto refundido de la Ley de contratos del sector público. En ambos casos será requisito que la finalidad o actividad de la entidad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Transferencias para inversiones de capital.
En tanto en cuanto no se aprueben el mapa gallego de servicios sociales y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, el procedimiento previsto en el capítulo VII en lo referente a inversiones de capital no será de aplicación. Hasta dicha aprobación, estas inversiones podrán seguir financiándose mediante la concesión de subvenciones o la formalización de convenios de colaboración.
En el primer ejercicio en que entre en vigor este Decreto el plazo para la presentación del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales, a que se refiere el artículo 43, se sustituirá por el plazo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto .
Alberto Núñez Feijóo Presidente Beatriz Mato Otero Conselleira de Trabajo y Bienestar
ANEXO I. Caracterización de áreas sociales para la planificación de referencia de las dotaciones de servicios sociales comunitarios. Sin perjuicio del desarrollo del título IV de la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, la planificación de la red de servicios sociales comunitarios básicos del sistema gallego de servicios sociales tendrá en cuenta lo expresado en este anexo.
Áreas urbanas: a efectos del presente Decreto tienen la consideración de áreas urbanas los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol.
Áreas metropolitanas: las áreas metropolitanas se caracterizan por su proximidad a determinadas áreas urbanas, existiendo una continuidad territorial con las mismas, o por situarse en su zona directa de influencia económica, demográfica y social.
Áreas semiurbanas: las áreas semiurbanas son aquellas que presentan caracteres análogos a las metropolitanas sin que exista una continuidad física o territorial con las áreas urbanas o por no encontrarse en su área de influencia.
Áreas rurales: estas áreas se delimitan teniendo en consideración los ámbitos territoriales que presentan características propias de los núcleos de población establecidos en el medio rural.
Áreas rurales de alta dispersión: caracterizadas como áreas rurales con un importante declive demográfico, alta dispersión poblacional y elevados índices de envejecimiento de su población.
Áreas N.º
Metropolitanas 4
Semiurbanas 9
Rurales 35
Rurales elevada dispersión poblacional 6
Urbana 1 Ferrol
Urbana 2 A Coruña
Urbana 3 Santiago
Urbana 4 Lugo
Urbana 5 Ourense
Urbana 6 Pontevedra
Urbana 7 Vigo
Metropolitana 1 Ares, Fene, Mugardos, Narón, Neda
Metropolitana 2 Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Sada
Metropolitana 3 Barro, Bueu, Marín, Poio, Vilaboa
Metropolitana 4 Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Redondela, Soutomaior, Nigrán, O Porriño
Semiurbana 1 Carballo, Coristanco, Laracha, Malpica, Ponteceso
Semiurbana 2 Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Vedra,
Semiurbana 3 Lousame, Noia, Outes, Porto do Son
Semiurbana 4 Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira
Semiurbana 5 Catoira, A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa
Semiurbana 6 Caldas de Reis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga
Semiurbana 7 Cambados, O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo
Semiurbana 8 A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño, Tui
Semiurbana 9 Barbadás, San Cibrao das Viñas, Toén
Rural 1 Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Ortigueira
Rural 2 A Capela, As Somozas, Moeche, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, Valdoviño
Rural 3 Cabanas, Monfero, Pontedeume, Miño, Vilarmaior
Rural 4 Aranga, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza dos Ríos, Paderne
Rural 5 Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo
Rural 6 Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Vilasantar
Rural 7 Arzúa, Boimorto, O Pino, Touro
Rural 8 A Baña, Negreira, Val do Dubra, Santa Comba
Rural 9 Cabana, Laxe, Camariñas, Vimianzo, Zas
Rural 10 Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía
Rural 11 Carnota, Mazaricos, Muros
Rural 12 Dodro, Padrón, Rois
Rural 13 Cervo, Ourol, O Vicedo, Viveiro, Xove
Rural 14 Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, O Valadouro
Rural 15 Barreiros, Ribadeo, Trabada
Rural 16 Muras, Xermade, Vilalba, Abadín
Rural 17 A Pontenova, A Pastoriza, Meira, Ribeira de Piquín, Riotorto
Rural 18 Begonte, Cospeito, Guitiriz, Outeiro de Rei, Rábade
Rural 19 Castroverde, O Corgo, Castro de Rei, Pol, Baralla
Rural 20 Friol, Guntín, Portomarín, Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei
Rural 21 O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria, Triacastela
Rural 22 Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra de Brollón, O Saviñao, Sober
Rural 23 Carballedo, Chantada, Taboada
Rural 24 Amoeiro, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Vilamarín
Rural 25 Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, San Amaro, San Cristovo de Cea, Punxín
Rural 26 Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Ribadavia
Rural 27 A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea
Rural 28 Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, Taboadela
Rural 29 Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, A Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia
Rural 30 Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Vilardevós
Rural 31 O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras
Rural 32 Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces
Rural 33 A Estrada, Forcarei, Cuntis, Cerdedo
Rural 34 Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas
Rural 35 Mondariz, Mondariz-Balneario, A Cañiza, O Covelo, Crecente, Ponteareas, Arbo, As Neves
Elevada dispersión 1 Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz
Elevada dispersión 2 Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro
Elevada dispersión 3 Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil
Elevada dispersión 4 Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira, Manzaneda, A Pobra de Trives, San Xoán de Río
Elevada dispersión 5 A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo, Vilariño de Conso
Elevada dispersión 6 Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños
ANEXO II. Dotación de las unidades de actuación de servicios sociales comunitarios básicos por tipo de áreas.
Dotación de las unidades de actuación de servicios sociales comunitarios básicos por tipo de áreas:
Modificación realizada (Anexo II) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
ANEXO III. Criterios para la financiación del servicio de ayuda a domicilio (SAD).
B) Criterio de referencia para la asignación de incrementos de financiación en el servicio de ayuda a domicilio -prestación básica en régimen de acceso por libre concurrencia-, en función de las disponibilidades presupuestarias.
Modificación realizada (Anexo III) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
ANEXO IV. Codificación y prioridades en el planteamiento de programas y proyectos de actuación anuales de los servicios sociales comunitarios municipales.
Modificación realizada (Anexo IV) por DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. (DOGA de 27-11-2014) en vigor desde 17-12-2014
DECRETO 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el regimen de registro, autorizacion, acreditacion e inspeccion de servicios sociales en Galicia.
Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomia y atencion a la dependencia, el procedimiento para la elaboracion del Programa Individual de Atencion y la organizacion y funcionamiento de los organos tecnicos competentes.
17/12/2014 Redacción Vigente
desde 01/11/2013 hasta 17/12/2014
desde 31/03/2012 hasta 01/11/2013