Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-514046522
Timestamp: 2020-07-14 19:35:35
Document Index: 47686792

Matched Legal Cases: ['artículo 155', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 154', 'Artículo 155', 'artículo 156', 'artículo 53', 'artículo 149', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 149', 'artículo 348', 'artículo 318', 'artículo 351', 'artículo 151', 'Artículo 59', 'artículo 57', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 142', 'artículo 149']

Sentencia de Tutela nº 891/13 de Corte Constitucional, 3 de Diciembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 514046522
En este asunto la sala de revisión se encargó de determinar sí existió la vulneración de derechos fundamentales de un trabajador que tiene a su cargo el mantenimiento de su familia, en cuanto su empleador, esto es el ejército nacional, permitió que se realizaran descuentos directos sobre su salario tales como embargos y créditos por libranza, superando los límites legales permitidos o el salario mínimo legal vigente. Se reitera jurisprudencia sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, se hace referencia a los derechos al mínimo vital y a la vida digna y se estudian precedentes de la corporación respecto a los límites del embargo y descuentos directos del salario del trabajador. Por último, se desarrolla lo relativo a la protección constitucional del salario mínimo. Se concede la tutela y se ordena a la accionada regular los descuentos realizados sobre el salario del actor.
Es labor del juez constatar que el medio sea idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho. Dicho de otra manera, eficacia significa que el recurso surta los efectos esperados oportunamente, e idoneidad sugiere que ese mecanismo en particular cumpla con los objetivos trazados por el titular del derecho. Que sea ese mecanismo y no otro el que sirva para proteger el derecho. Así, no es eficaz un recurso que por las condiciones particulares del caso, ofrezca la protección cuando ya el daño se ha consumado o el derecho se ha violado. Igualmente, no es idónea aquella herramienta que no tiene la virtualidad de perseguir ese fin en concreto que evitará la presunta violación de los derechos fundamentales del actor. En ese sentido, esta S. reitera que el juez está obligado a hacer un análisis mucho más amplio. No basta con verificar la existencia de otro mecanismo. Debe evaluar si ese mecanismo es eficaz e idóneo. En todo caso, ante la inminencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela será procedente transitoriamente para evitar los posibles efectos nocivos en los derechos del accionante por las actuaciones de hecho o de derecho de las autoridades públicas, o particulares según el caso.
El derecho al mínimo vital ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como una de las garantías más importantes en el Estado Social de Derecho. No solo porque se fundamenta en otros derechos como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.), sino porque en sí mismo es ese mínimo sin el cual las personas no podrían vivir dignamente. Es un concepto que no solo busca garantizarle al individuo percibir ciertos recursos, sino permitirle desarrollar un proyecto de vida igual que al común de la sociedad. De allí que también sea una medida de justicia social, propia de nuestro Estado Constitucional. En ese sentido, derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte como la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional. Es decir, la garantía mínima de vida.
La Corte ha entendido que en principio los descuentos sobre el salario del trabajador no son contrarios a los derechos fundamentales, siempre y cuando se respeten unos límites. Esos límites consagrados en las leyes colombianas, son normas de orden público que el empleador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley Dicho en otros términos, los descuentos sobre el salario de los trabajadores son permitidos siempre que se respeten los máximos legales.
Esta modalidad de descuentos es la más frecuente. Consiste en todos aquellos descuentos que realiza el empleador, con ocasión de disposiciones legales para cubrir, en buena parte, prestaciones sociales y otros beneficios para el trabajador. En relación con ellos, se incluyen, por ejemplo, conceptos como cuotas sindicales y de cooperativas, el pago de multas, retención en la fuente, etc., consagrados, entre otras normas, en los artículos 113, 150, 151, 152, 156, 440, del Código Sustantivo del Trabajo.
La protección relativa a la irrenunciabilidad del salario mínimo, implica entonces que por más presiones que existan o que por su propia iniciativa, el trabajador no podrá renunciar a su derecho. Este principio busca proteger al trabajador para evitar que su determinación quede librada a las fuerzas de la oferta y la demanda, como si fuese una mercancía o un simple factor de producción, sino también llegar a afectar su núcleo esencial, atentándose de esta manera contra los derechos fundamentales del trabajador. Dicho de otra forma, se protege al trabajador de su propia voluntad. En muchos casos, la voluntad de los trabajadores se ve alterada por sus condiciones económicas las cuales ocasionan que su móvil para adquirir distintas obligaciones financieras, se vea alterado por presiones socioeconómicas que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Por ello, el salario mínimo refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el derecho laboral. De suerte que los logros alcanzados en su favor, no pueden ni voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia obligatoria.
Acción de tutela instaurada por R.L.O. contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.
La S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados L.E.V.S. y M.G.C. y la Magistrada Marta Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
En el trámite de revisión del fallo expedido por la S. Tercera de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva que resolvió en primera y única instancia, la acción de tutela promovida por R.L.O. en contra del Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Colombia.
1.3. Como consecuencia de dos cobros ejecutivos adelantados en contra del tutelante por obligaciones distintas a los créditos adquiridos mediante libranza, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de A.H. y el Juzgado Segundo Civil Municipal de G.H., paralelamente, decretaron el embargo del cincuenta por ciento (50 %) del salario del señor R.L. y la quinta parte de lo que lo excede, respectivamente. Los dos embargos sumaron aproximadamente quinientos ochenta y cinco mil pesos ($ 585.000).
1.4. El veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012), el Juzgado Único Promiscuo de A.H., mediante oficio N° 1336 dirigido al tesorero y/o pagador del Ejército Nacional, hizo la aclaración según la cual el embargo (y como tal el descuento a practicar) debía ser de máximo la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo mensual vigente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Pese a ello, el empleador del accionante hizo el embargo del 50% del salario tanto en el mes de diciembre de dos mil doce (2012) como en enero de dos mil trece (2013).
1.7. Alega que su situación ha llegado a tal punto que por el salario recibido, no ha podido matricular a sus hijas al colegio pues prácticamente están subsistiendo de la caridad de sus amigos y compañeros de trabajo. Dice el actor que ha tenido que vender pan y gaseosa en su trabajo para poder sobrevivir. Pese a ello, por reglas internas de su trabajo, le han prohibido continuar con estas actividades.
1.8. El seis (6) de febrero de dos mil trece (2013), el señor R.L.O. interpuso acción de tutela solicitando que se le protegieran sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas en este trámite
Mediante comunicación recibida el doce (12) de febrero de dos mil trece (2013) el Teniente Coronel del Ejército J.H.C.V., manifestó que el Ejército como empleador del accionante no ha vulnerado sus derechos fundamentales. Sostuvo que cumplió con las obligaciones emanadas de las órdenes de autoridades judiciales. Dijo que la regulación de estos embargos debía discutirse en sede ordinaria y no por vía tutela.
Finalmente, sostuvo que para el mes de mayo de dos mil trece (2013), el señor L. percibía cuatrocientos ochenta mil novecientos trece pesos ($ 480.913), después de los descuentos por libranza ($ 1.374.961) y el embargo del Juzgado Segundo Civil Municipal de G.H. ($ 184.985).
Juzgado Único Promiscuo de A.H.
Luego de que en segunda instancia la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decretara la nulidad de todo lo actuado por indebida integración del contradictorio y ordenara la vinculación de este juzgado y del Segundo Civil Municipal de G.H., sostuvo que en efecto en su despacho cursa un proceso ejecutivo en contra del tutelante y que por este motivo decretó el embargo del salario del trabajador. Sin embargo, por error involuntario descontó el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos laborales del señor L.. Por ello, a través de orden impartida el veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012) al Ejército Nacional, modificó el monto del embargo y tan solo cauteló la quinta parte de lo que excede el salario mínimo.
Juzgado Segundo Civil del Circuito de G.H.
Extemporáneamente, remitió copia del proceso ejecutivo en contra del señor L.. En el expediente consta el embargo de la quinta parte de lo que excede el salario mínimo percibido por el tutelante.
Pruebas ordenadas en revisión
a) Copia legible de los últimos seis (6) desprendibles de pago del Señor R.L.O., identificado con cédula de ciudadanía número 16.802.821. b) Este desprendible debe contener con detalle la totalidad y monto de los descuentos realizados sobre el salario del S.R.L.O.. c) Adicionalmente, suministre con exactitud el nombre completo de las entidades o autoridades beneficiarias de los descuentos y su respectivo monto. Esta información debe contener la naturaleza de la entidad, especialmente, si se trata de una entidad financiera, c00perativa, u otra. Para el caso de las cooperativas, qué tipo de c00perativa es (de trabajo asociado, de economía solidaria, etc.). Cuando se trate de embargos, los juzgados en favor de quien se descuenta.a) Copia legible de los últimos seis (6) desprendibles de pago del Señor R.L.O., identificado con cédula de ciudadanía número 16.802.821. b) Este desprendible debe contener con detalle la totalidad y monto de los descuentos realizados sobre el salario del S.R.L.O.. c) Adicionalmente, suministre con exactitud el nombre completo de las entidades o autoridades beneficiarias de los descuentos y su respectivo monto. Esta información debe contener la naturaleza de la entidad, especialmente, si se trata de una entidad financiera, c00perativa, u otra. Para el caso de las cooperativas, qué tipo de c00perativa es (de trabajo asociado, de economía solidaria, etc.). Cuando se trate de embargos, los juzgados en favor de quien se descuenta.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto expedido el treinta (30) de julio de dos mil trece (2013) por la S. de Selección número siete.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la S. Novena de revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Existe vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de un trabajador que tiene a su cargo el mantenimiento de su familia, cuando quiera que su empleador permite que se realicen descuentos directos sobre su salario (como embargos o créditos por libranza) superando los límites legales permitidos o el salario mínimo legal vigente?
Para resolver este interrogante, la S. (i) reiterará su jurisprudencia sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela; (ii) hará referencia a los derechos al mínimo vital y a la vida digna; (iii) abordará el estudio de los precedentes en los que se ha discutido, en sede constitucional, los límites del embargo y descuentos directos del salario del trabajador; (iv) desarrollará lo relativo a la protección constitucional del salario mínimo y, finalmente; (v) resolverá el caso concreto.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Pese a ello, solo será procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De este último inciso nace el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Así lo ha dicho la Corte en varias oportunidades. Por ejemplo, en la Sentencia T-662 de 2013 esta Corporación sostuvo que el análisis de subsidiariedad no se agota con solo verificar la existencia de otro mecanismo[4]; este debe ser eficaz e idóneo para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. En todo caso, la acción de tutela procederá transitoriamente si se constata la existencia de un perjuicio irremediable. Aquella vez, este Tribunal dijo que de la mera existencia de otro mecanismo no se sigue la improcedencia de la acción. Así, el requisito de subsidiariedad se cumple si el juez encuentra que el actor pese a contar con otros recursos, no son idóneos ni tienen la virtualidad de producir los efectos esperados.
En este orden de ideas, es labor del juez constatar que el medio sea idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho[5]. Dicho de otra manera, eficacia significa que el recurso surta los efectos esperados oportunamente, e idoneidad sugiere que ese mecanismo en particular cumpla con los objetivos trazados por el titular del derecho. Que sea ese mecanismo y no otro el que sirva para proteger el derecho. Así, no es eficaz un recurso que por las condiciones particulares del caso, ofrezca la protección cuando ya el daño se ha consumado o el derecho se ha violado. Igualmente, no es idónea aquella herramienta que no tiene la virtualidad de perseguir ese fin en concreto que evitará la presunta violación de los derechos fundamentales del actor.
En ese sentido, esta S. reitera que el juez está obligado a hacer un análisis mucho más amplio. No basta con verificar la existencia de otro mecanismo. Debe evaluar si ese mecanismo es eficaz e idóneo. En todo caso, ante la inminencia de un perjuicio irremediable[7], la acción de tutela será procedente transitoriamente para evitar los posibles efectos nocivos en los derechos del accionante por las actuaciones de hecho o de derecho de las autoridades públicas, o particulares según el caso. Sobre el punto, esta S. hará un comentario adicional.
En este orden, retomando, el mecanismo con el que presuntamente cuenta el accionante no debe producir cualquier tipo de efecto. Su ejercicio debe proveer la misma o mayor protección que la acción de tutela. El otro recurso () ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.[11]En consecuencia, estas razones han llevado a la Corte a establecer que el otro medio de defensa judicial debe ser siempre analizado por el juez constitucional,a efectos de determinar su eficacia en relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional, podría otorgar
Así las cosas, el juez de tutela debe verificar si (i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[15]; (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración
Ahora bien, el análisis de subsidiariedad debe hacerse caso a caso. Los recursos judiciales no son idóneos y efectivos en abstracto. Dependerá del juez analizar detalladamente los elementos fácticos del asunto para determinar su procedencia. De lo contrario, el examen de subsidiariedad le restaría efectos a la acción de tutela, pues en la gran mayoría de casos los medios judiciales serían eficaces e idóneos en abstracto. Hipotéticamente, las personas siempre contarían con algún mecanismo judicial para defender sus derechos. En consecuencia, esta S. entiende que lo que es eficaz e idóneo para una persona, puede no serlo para otra aunque se trate de hechos similares.
El derecho al mínimo vital ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como una de las garantías más importantes en el Estado Social de Derecho[17]. No solo porque se fundamenta en otros derechos como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.), sino porque en sí mismo es ese mínimo sin el cual las personas no podrían vivir dignamente. Es un concepto que no solo busca garantizarle al individuo percibir ciertos recursos, sino permitirle desarrollar un proyecto de vida igual que al común de la sociedad. De allí que también sea una medida de justicia social, propia de nuestro Estado Constitucional.
En ese sentido, derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte como la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional[19]. Es decir, la garantía mínima de vida.
N. cómo el derecho al mínimo vital adopta una visión de la justicia constitucional en la que el individuo tiene derecho a percibir un mínimo básico e indispensable para desarrollar su proyecto de vida, el cual no se agota con medidas asistenciales que, aunque bienvenidas, son insuficientes[20]. Ello supone mirar a las personas más allá de la condición de individuo o de persona y entenderlas como sujetos activos en la sociedad. La interacción de estos, depende en buena medida de sus condiciones personales las que deben ser aseguradas mínimamente por el Estado.
Las necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del demandante y su grupo familiar. Igualmente debe recordarse que el derecho fundamental a la subsistencia de las personas, depende en forma directa de la retribución salarial, según lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, pues de esta manera también se estará garantizando la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social. En adición, la jurisprudencia ha explicado que el mínimo vital no es un concepto equivalente al de salario mínimo, sino que depende de una valoración cualitativa que permita la satisfacción congrua de las necesidades, atendiendo las condiciones especiales en cada caso concreto[21]
En materia internacional se ha resaltado el valor de esta regla. Por ejemplo, la Sentencia T-457 de 2011, aplicando estándares universales, sostuvo que [e]l artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla en su artículo 3° que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que se asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medio de protección. Esta norma, permite evidenciar que el derecho al mínimo vital protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su núcleo familiar y que, en principio, tal derecho se satisface mediante la remuneración de la actividad laboral desempeñada. Otro elemento que se desprende del mencionado artículo es que no se trata de cualquier tipo de subsistencia, sino que la misma debe revestirse de tales calidades que implique el desarrollo de la dignidad humana. Dicho de otra manera, a pesar que el salario sea un elemento muy importante en el análisis del derecho al mínimo vital, no quiere decir que signifiquen lo mismo. Mínimo vital supone calidades que desarrollan la dignidad humana.
el concepto de mínimo vital sobrepasa la mera noción de salario y cobija incluso el ámbito de la seguridad social. Esta concepción amplia ha sido fijada por la legislación internacional así: La misma Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, señala que () Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial [-que no exclusivamente-], la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (). Lo anterior, también se denota en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece en el artículo séptimo, así como en el undécimo, el derecho de toda persona a contar con unas condiciones de existencia dignas (), al igual que el derecho a () un nivel de vida adecuado () y a una mejora continua de las condiciones de existencia (). En el mismo sentido también debe tenerse en cuenta el artículo 7º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que establece el derecho a () una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias ().[22]
De conformidad con lo expuesto, si bien el salario mínimo no es igual a mínimo vital, en muchas ocasiones su afectación puede poner en riesgo derechos fundamentales. De allí que esta S. entienda que entre menos recursos obtenga una persona, existe mayor probabilidad de lesión al mínimo vital. Sin embargo, para evitar estas situaciones, tanto el Congreso de la República como la jurisprudencia constitucional, han fijado unos límites a ciertas prerrogativas de jueces, acreedores, empleadores y otros, de afectar o gravar el salario de una persona.
Como marco general, la Corte ha entendido que en principio los descuentos sobre el salario del trabajador no son contrarios a los derechos fundamentales, siempre y cuando se respeten unos límites[25]. Esos límites consagrados en las leyes colombianas, son normas de orden público que el empleador debe observar obligatoriamente y de las cuales los terceros interesados no pueden derivar ningún derecho más allá de lo que ellas permiten, de modo que si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes. Porque ni siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley.
Dicho en otros términos, los descuentos sobre el salario de los trabajadores son permitidos siempre que se respeten los máximos legales. No obstante, en algunos casos la situación no es tan clara. Por esta razón, esta S. abordará el estudio de esos límites para después fijar unas reglas a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, especialmente, del derecho al mínimo vital y a la vida digna.
Descuentos realizados con ocasión de una orden judicial. Embargo del salario.
En este orden de ideas, los artículos 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo, consagran los límites del embargo del salario de un trabajador. Así, el artículo 154 establece la regla general según la cual no es embargable el salario mínimo legal o convencional. En otras palabras, en principio, de ninguna manera es posible que se afecte el salario mínimo. En consecuencia, los jueces solo pueden embargar el excedente del salario mínimo mensual () en una quinta parte (Artículo 155 Código Sustantivo del Trabajo). Esto quiere decir que la protección no solo recae sobre el salario mínimo sino también en una porción de lo que lo excede pues solo la quinta parte es cautelable[26].
En este orden de ideas, hasta ahora, el juez solo podría ordenar el embargo de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Más de allí, la legislación laboral y la Sentencia C-710 de 1996 lo prohíben. No obstante, existen dos excepciones a estos mandatos que son deudas en favor de cooperativas y acreencias por alimentos. En efecto, el artículo 156 del código sustantivo del trabajo establece que todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%)en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos411 y concordantes del Código Civil.
Ahora bien, esta S. reitera nuevamente que esta modalidad de descuentos se da con ocasión de una orden judicial. Por tanto, es indispensable la mediación de un juez para que, a través de medidas cautelares, se pueda descontar más allá del salario mínimo. Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 53 superior, el trabajador no puede renunciar a un mínimo de derechos de los cuales es titular. Como se aprecia, en este tipo de descuentos, no media la voluntad del trabajador y por este motivo no se está renunciando a nada. Quien da la orden para realizar los cobros es un juez de la república[28].
Esta es quizá la modalidad de descuentos más frecuente. Consiste en todos aquellos descuentos que realiza el empleador, con ocasión de disposiciones legales para cubrir, en buena parte, prestaciones sociales y otros beneficios para el trabajador. En relación con ellos, se incluyen, por ejemplo, conceptos como cuotas sindicales y de cooperativas, el pago de multas, retención en la fuente, etc., consagrados, entre otras normas, en los artículos 113, 150, 151, 152, 156, 440, del Código Sustantivo del Trabajo[29]. Sobre este punto, esta S. considera que no existen mayores apreciaciones pues, en todo caso, el límite de estos descuentos, nuevamente, es el salario mínimo.
Como se puede apreciar, la restricción está dirigida a limitar la capacidad dispositiva del trabajador sobre algunos derechos; por ejemplo el salario mínimo. Si bien es posible que el trabajador autorice descuentos sobre su salario para distintos fines (por ejemplo, acuerdos con su empleador o atender acreencias comerciales etc.), estos tienen unos límites establecidos por el artículo 149 numeral segundo del Código Sustantivo del Trabajo el cual establece que no se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley.
Sobre este punto, la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades. Uno de los primeros fallos en revisar el tema de los descuentos sobre el salario del trabajador fue la Sentencia T-827 de 2004.En esa ocasión, la Corte estudió el caso de un trabajador que acudió a la jurisdicción laboral para reclamar dineros adeudados por su empleador. El juez de primera instancia le dio la razón y por tal motivo, su empleador tuvo que pagarle determinada suma de dinero. Tiempo después, en grado jurisdiccional de consulta, el superior revocó la sentencia y ordenó devolver los dineros recibidos por el trabajador, quien para esa fecha ya era pensionado. Como consecuencia, el pagador ordenó descontar directamente de la mesada pensional del accionante 19 cuotas mensuales por un valor de dos millones de pesos ($2.000.000). Adicional a ello, el actor había autorizado descuentos directos en favor de algunas cooperativas. En suma, el actor recibió como valor de su mesada pensional las sumas de: $335.128 en el mes de abril de 2003, y durante los meses de mayo y julio del mismo año, las sumas de $ 107.512.
Igualmente, la Corte sostuvo que es constitucionalmente viable que el trabajador pueda disponer de su salario. Pese a ello, esta facultad no es absoluta. De conformidad con el artículo 53 de la Constitución, el trabajador no puede disponer de ciertos derechos considerados como irrenunciables. Por ejemplo, el salario mínimo. En consecuencia, esas autorizaciones son permitidas en el marco de la Constitución de 1991, siempre y cuando no afecten el salario mínimo legal vigente[35]. Cuando ello suceda, el empleador deberá ajustar las acreencias y los respectivos descuentos.
En aquella Sentencia, la Corte, nuevamente, reiteró la jurisprudencia relativa a la prohibición de gravar o afectar el salario mínimo de una persona. Manifestó que la suma que reciba un pensionado como mesada no podrá, en ningún evento, ser inferior al 50 % del valor neto al que corresponde el total de su asignación. Adicionalmente, este monto, luego del descuento, tampoco podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Lo anterior, sobre la base de la protección y garantía de los derechos al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana de quienes han consolidado sus derechos pensionales, cumpliendo los requisitos previstos para el efecto en el correspondiente régimen, después de toda una vida de servicios.
Adicionalmente[37], esta Corporación señaló dos puntos adicionales que esta S. quisiera destacar. En primer lugar, asimiló los conceptos de salario y pensión para estos casos en concreto. Este Tribunal sostuvo que si bien las dos instituciones son de naturaleza diferente y tienen reglas diferentes, en el caso de los descuentos, particularmente, pueden convertirse en la única garantía con la que cuentan las personas para sobrevivir. En estos casos, la mesada y el salario se asimilan pues los dos garantizan el derecho fundamental al mínimo vital.
Ahora bien, a partir de la expedición de la Ley 1527 de 2012[39]el panorama cambió. De conformidad con el artículo primero de la mencionada ley, cualquier persona, natural asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una entidad c00perativa o prec00perativa, fondo de empleados o pensionada, podrá adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. Dicho de otra manera, un descuento directo sobre el salario del trabajador, pensionado o contratista, que es girado a un tercero beneficiario con el que previamente ha adquirido algún tipo de obligación financiera, específicamente, mediante libranza.
En este orden de ideas, gracias a esta nueva ley los límites establecidos por el código sustantivo del trabajo cambiaron. Aunque esos máximos se mantienen vigentes para cierto tipo de descuentos (por ejemplo, por descuentos autorizados por el trabajador en favor de su empleador), para el caso de las entidades operadoras, los topes a descontar serán aquellos consagrados en la ley 1527 de 2012.
Así las cosas, la pregunta inevitable es: ¿qué se entiende por entidad operadora? Pues bien, de conformidad con el artículo 2 de la ley de libranza, es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley. De este artículo, se pueden extraer varias conclusiones.
En primer lugar, (i) solo las personas jurídicas tienen la posibilidad de ser entidades operadoras y como tal, otorgar créditos bajo la modalidad de descuentos directos o libranza; En segundo lugar, (ii) entidades autorizadas por la ley para el manejo del ahorro y de los aportes o ahorros de sus asociados. En este grupo se enmarcan, entre otras, las entidades financieras, las cooperativas financieras o que ejercen actividades financieras con sus empleados, las cajas de compensación o incluso, los fondos de empleados; Finalmente, en tercer lugar, (iii) aquellas entidades que realicen operaciones de libranza con sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento previstos en la ley, por ejemplo, las instituciones de fomento y desarrollo, las sociedades comerciales o las sociedades mutuas. Por disposición expresa de la misma ley, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley, las cooperativas de trabajo asociado y sus trabajadores asociados[40].
Pues bien, dentro de los requisitos para otorgar un crédito en la modalidad de descuento directo, es indispensable que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Es decir, es posible descontar hasta la mitad del salario del trabajador, incluso, al tenor literal de esta disposición, del salario mínimo. Así mismo, de conformidad con el artículo tercero numeral quinto, esta clase de descuentos se encuentran excluidos de la regulación del código sustantivo del trabajo.
Es posible descontar directamente el cincuenta (50%) del salario del trabajador, pensionado, asalariado, etc. a través de créditos por libranza, siempre y cuando no se afecte el salario mínimo legal vigente en casos donde exista una afectación al derecho al mínimo vital.
Antes de continuar con las consideraciones del presente fallo, es pertinente aclarar que si bien no corresponde a esta S. realizar un control abstracto sobre la ley 1527 de 2012, se observa que a partir de su promulgación el escenario de los descuentos directos varió. Por esa razón, en busca de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales en los casos que existe una fuerte tensión entre los derechos fundamentales de un trabajador con la aplicación estricta o literal del artículo tercero de la ley 1527 de 2012, esta Corte se permitirá hacer algunas precisiones y fijar unos límites sobre los descuentos por libranza. En consecuencia, si bien es cierto que la ley 1527 de 2012 puede perseguir un fin constitucionalmente legítimo como lo es permitir que quienesdevenguen,por ejemplo, un salario mínimo legal vigente accedan a créditos de forma más fácil, para la S. esta posibilidad debe ser armonizada con la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna.
Esta Corte ha resaltado la importancia del salario mínimo en nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, es una garantía para los trabajadores e incluso un límite para su capacidad dispositiva. Es claro que quienes reciben esta clase de ingreso se encuentran en condición de vulnerabilidad, pues son aquellos sujetos que menos ingresos reciben en la sociedad y por tanto, es menester rodearlos de una protección superior a la que ordinariamente debe prodigarse a un trabajador en condiciones normales, medida que se justifica en razón de la función que cumple ese tipo de retribución en el Estado Social de Derecho, pues permite que el trabajador que la recibe pueda proyectar una vida digna y decorosa[41].
En este mismo sentido, el salario mínimo, expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades - materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa[42].
Para la Corte, el hecho que el legislador haya protegido particularmente el salario mínimo, demuestra que este órgano pretende menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o física se encuentran en situación de debilidad manifiesta[43].
Pues bien, esa protección que recibe el salario mínimo se da por distintas vías[45]. Una de ellas es su carácter de irrenunciabilidad. Así, el artículo 53 Superior establece que el legislador debe prever ciertos principios inquebrantables a la hora de regular derechos laborales. Uno de ellos es el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Lo anterior significa que el legislador reglamenta derechos laborales, debe definir cuales entiende como irrenunciables los cuales gozarán de una protección especial por parte de todos los órganos del Estado. Uno de ellos es el salario mínimo.
La protección relativa a la irrenunciabilidad del salario mínimo, implica entonces que por más presiones que existan o que por su propia iniciativa, el trabajador no podrá renunciar a su derecho. Este principio busca proteger al trabajador para evitar que su determinación quede librada a las fuerzas de la oferta y la demanda, como si fuese una mercancía o un simple factor de producción, sino también llegar a afectar su núcleo esencial, atentándose de esta manera contra los derechos fundamentales[46] del trabajador. Dicho de otra forma, se protege al trabajador de su propia voluntad.
En muchos casos, la voluntad de los trabajadores se ve alterada por sus condiciones económicas las cuales ocasionan que su móvil para adquirir distintas obligaciones financieras, se vea alterado por presiones socioeconómicas que lo llevan a tomar decisiones precipitadas. Por ello, el salario mínimo refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el derecho laboral. De suerte que los logros alcanzados en su favor, no pueden ni voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia obligatoria[47].
En este orden de ideas, el artículo tercero de la ley 1527 de 2012 establece que para poder acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la modalidad de libranza o descuento directo se deben cumplir las siguientes condiciones:. Seguidamente, el numeral quinto dispone que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, después de los descuentos de ley. Adicional a ello, consagra que las deducciones realizadas quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
Conforme a los hechos del caso, el señor R.L.O. solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, al considerar que su empleador, el Ejército Nacional de Colombia, está realizando descuentos directos sobre su salario superando los máximos permitidos por la ley. Los descuentos se dieron como consecuencia de créditos adquiridos en la modalidad de libranza y por embargos judiciales. Esta situación, sostiene, afecta su derecho al mínimo vital pues el saldo recibido no le alcanza para sobrevivir. En el mes de diciembre de dos mil doce (2012) y enero de dos mil trece (2013), el total pagado fue de veintisiete mil noventa pesos ($ 27.090) y cincuenta y un mil seiscientos dieciséis mil pesos ($ 51.616) respectivamente. Para el mes de mayo, una vez levantado un embargo, el accionante recibía cuatrocientos ochenta mil novecientos trece pesos ($ 480.913).
Sostiene el tutelante que el dinero que recibe no le alcanza para subsistir. Manifiesta que responde por el cuidado de dos hijas menores, quienes no pudieron ser matriculadas en su colegio por falta de recursos. Adicionalmente, dice, la situación ha llegado a tal punto que ha tenido que vender pan y gaseosa para adquirir recursos adicionales.
Bajo este panorama, esta S. decidirá el presente caso. Para tal fin, realizará el examen de procedibilidad formal de la acción de tutela (inmediatez y subsidiariedad), para después resolver el fondo del asunto.
Esta S. estima que respecto al principio o requisito de inmediatez, no existe ninguna duda que el señor R.L.O. interpuso la acción de tutela dentro de un tiempo prudencial. Revisado el expediente, encuentra la Corte que el accionante impetró la tutela el seis (6) de febrero de dos mil trece(2013). No había transcurrido ni un mes después de los hechos que dieron lugar a la presunta violación de sus derechos fundamentales. Por este motivo, esta S. no realizará pronunciamientos adicionales sobre este requisito.
Pues bien, esta S. advierte que el Tribunal Superior del Neiva aplicó indebidamente las reglas establecidas por esta Corporación en lo relativo al requisito de subsidiariedad. Así, estimó que el actor en sede ordinaria, específicamente en los procesos ejecutivos que cursaban en su contra, contaba con herramientas judiciales como las excepciones de mérito y recursos para debatir la gradualidad del embargo practicado sobre su salario. Sin embargo, no realizó ninguna clase de análisis de subsidiariedad ni tampoco señaló con exactitud por qué estos mecanismos eran los idóneos y eficaces para proteger sus derechos.
A continuación la S. realizará el examen de subsidiariedad. Solo si el caso supera este examen, se estudiará el asunto de fondo. Se reitera que el juicio se hará respecto de dos hipótesis. La primera de ellas, sobre las posibilidades jurídicas con las que cuenta el accionante en un proceso ejecutivo que decretó el embargo de su salario y, en segunda medida, aquellas herramientas jurídicas para limitar el monto de los descuentos por libranza.
En este orden de ideas, respecto al embargo causado con ocasión de los procesos ejecutivos en su contra, el accionante tiene la posibilidad de acudir al juez de conocimiento para que, a través del recurso de reposición o de apelación, solicite regular el monto del salario embargado. En efecto, el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 318 del Código General del Proceso) establece que el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen. Es decir, está diseñado para controvertir autos (particularmente) que dicten los jueces. La procedencia del recurso es la regla general pues procede contra cualquier clase de autos, salvo aquellos que, según la misma disposición, resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.
Así, la mencionada disposición establece que son apelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten en equidad y las que las partes convengan en recurrir en casaciónper saltum, si fuere procedente este recurso. Los siguientes autos proferidos en la primera instancia podrán ser apelables () 7. El que resuelva sobre una medida cautelar. 8. Los demás expresamente señalados en este Código. Naturalmente, se deben cumplir con obligaciones procesales adicionales.
Esta S. encuentra que el accionante, respecto de los embargos, si tenía posibilidades procesales para controvertir el monto del salario embargado. Incluso, los medios procesales también son idóneos pues efectivamente a través de estos recursos pudo debatir el embargo de su salario. Además, para el caso de la apelación, el artículo 351 establece expresamente su procedencia. Estos medios pueden ser la vía idónea para controvertir las decisiones judiciales.
Por otra parte, la afectación del salario del trabajador también se da por las libranzas. Por ello, debe hacerse el examen de subsidiariedad sobre este punto. Así, esta S. encuentra que para estos casos la situación es más complicada. Revisando la normatividad vigente, esta Corte encuentra que no existe en el ordenamiento jurídico un recurso para discutir la regulación del monto descontado directamente de los ingresos del trabajador en esta modalidad. Ello debido a que el artículo tercero numeral quinto de la Ley 1527 de 2012, excluyó de la regulación y límites del código sustantivo del trabajo los créditos adquiridos por libranza. Así, el código preveía (prevé para el caso de los demás descuentos) en su artículo 151 que cuando el empleador sobrepasara los límites establecidos por el código, podía acudir al inspector del trabajo para que este ordenara los respectivos ajustes[48]. Esa posibilidad quedó eliminada para el caso de los descuentos por libranza, dado que la disposición respectiva sustrajo esta figura de los límites establecidos en el código sustantivo del trabajo. Adicional a ello, la Ley 1527 de 2012 no consagró ningún recurso o trámite para ventilar estas controversias.
Antes de resolver el fondo del asunto, esta S. anota que mediante auto de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil trece (2013) se requirió al Ejército Nacional de Colombia como empleador del petente, para que suministrara la siguiente información: a) Copia legible de los últimos seis (6) desprendibles de pago del Señor R.L.O., identificado con cédula de ciudadanía número 16.802.821. b) Este desprendible debe contener con detalle la totalidad y monto de los descuentos realizados sobre el salario del S.R.L.O.. c) Adicionalmente, suministre con exactitud el nombre completo de las entidades o autoridades beneficiarias de los descuentos y su respectivo monto. Esta información debe contener la naturaleza de la entidad, especialmente, si se trata de una entidad financiera, c00perativa, u otra. Para el caso de las cooperativas, qué tipo de c00perativa es (de trabajo asociado, de economía solidaria, etc.). Cuando se trate de embargos, los juzgados en favor de quien se descuenta.
La jurisprudencia constitucional y las consideraciones propuestas por esta S., han establecido diferentes reglas aplicables al caso concreto. En primer lugar (i), los descuentos directos deben respetar los máximos legales autorizados por la ley. En segundo lugar (ii), existe un mayor riesgo de afectar el derecho al mínimo vital cuando (ii.1) entre el salario y la persona exista una relación de dependencia, es decir, que sea la única fuente de ingresos; (ii.2) cuando su familia dependa de sus ingresos y finalmente; (ii.3) cuando se trate de personas de la tercera edad. Adicionalmente (iii), de ninguna manera es posible descontar más allá del salario mínimo legal vigente, salvo que se trate de embargos por deudas con cooperativas y por alimentos. En esos casos, su máximo será del cincuenta por ciento (50%). Por su parte, (iv) el responsable de regular los descuentos es el empleador o pagador según el caso. Finalmente, (v) en los descuentos directos por libranza se puede descontar hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario (según el caso), siempre y cuando, si se afecta el salario mínimo, no se ponga en riesgo o lesionen los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la persona de acuerdo con las reglas fijadas por esta Corporación.
Bajo estos supuestos, la S. abordará el examen del asunto concreto. Así las cosas, de las pruebas aportadas al expediente se encuentra que el pagador no respetó ni los límites legales ni las reglas fijadas por la Corte. Lo anterior al menos por las siguientes razones.
Pues bien, para el mes de mayo de dos mil trece (2013), sobre el salario del señor R.L. se realizaban los siguientes descuentos[50]. Cabe recordar que para esa fecha ya se había levantado el embargo del Juzgado Promiscuo de A.H.:
Embargos Juzgado Segundo Civil Municipal de G.H.: $184.985,00
Descuentos por libranza $1´374.961,00
Total descontado $1´559.946,00
Pero como si esto fuera poco, al concurrir los descuentos, se afectó el salario mínimo del trabajador aun con las circunstancias particulares del caso. N. cómo, además de no respetarse los máximos legales, el trabajador recibía como pago por su trabajo, neto, después de los descuentos, $480.913,00, bastante menos del salario mínimo legal vigente[51]. Así, siguiendo las reglas fijadas por la Corte, si el máximo descontable por créditos de libranza era $1.020.430,00 y el embargo decretado fue de $184.985,00, el señor R.L. debe recibir mínimo $835.445,00. Suma bastante superior a la que está recibiendo actualmente. Por esta razón, el empleador debió oponerse a los descuentos autorizados del trabajador.
Por otra parte, el señor R.L. solo tiene como entrada económica el salario percibido por su trabajo en el Ejército (hecho que no fue controvertido) y al afectársele esos emolumentos, se lesiona su derecho al mínimo vital. Primero porque no cuenta con rentas adicionales que le permitan sufragar sus gastos, de tal manera que si se le cercena la posibilidad de recibir un salario que le permita subsistir, se le coloca en una situación muy complicada de sobrellevar. Los descuentos son excesivos, lo cual amerita la intervención del juez constitucional. Esta sala encuentra que en el caso concreto existe una relación de dependencia entre el salario y el trabajador.
Por tanto, esta Corte ordenará adecuar el salario del señor R.L.O. respetando estos límites. Lo mínimo que debe recibir, una vez realizados todos los descuentos, es $835.445,00. Para ello, el empleador deberá dar prioridad a los créditos por libranza autorizados primero en el tiempo hasta que se llegue a este límite. El resto de acreedores deberá esperar su turno hasta que con su salario y siguiendo las reglas establecidas por esta Corte, se garantice el cumplimiento de sus deudas.
En conclusión, en el presente caso el empleador no respetó las reglas fijadas por la Corte relativas a los límites de los descuentos directos. Por esta razón, esta S. encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario. Por tanto, esta S. revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, tutelará el derecho fundamental al mínimo vital y a la vida digna del señor R.L.O..
PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que resolvió en primera instancia la acción de tutela interpuesta por el señor R.L.O. en contra del Ejército Nacional de Colombia. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del señor R.L.O..
SEGUNDO.- ORDENAR al Ejército Nacional  Sección Nómina, que en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a regular los descuentos realizados sobre el salario del accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada M.G. CUERVO Magistrado Ausente con excusa
[2]Entre otras decisiones, Sentencia T-662 de 2013, Sentencia T-581 de 2011, Sentencia T- 211 de 2009, Sentencia T-580 de 2006, Sentencia T-972 de 2005, Sentencia SU-961 de 1999.
[6] En la Sentencia T-239 de 2008 se señaló: () será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales[6]. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007.
[17] En la Sentencia T-146 de 1996, la Corte dijo que: El derecho de las personas a la subsistencia ha sido reconocido por la Corte Constitucional como derivado de los derechos a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a la seguridad social (Art. 48 C.P.)
[18] Sentencia SU- 995 de 1999. MP  C.G.D..
[19] En la Sentencia T-146 de 1996, la Corte dijo que: El derecho de las personas a la subsistencia ha sido reconocido por la Corte Constitucional como derivado de los derechos a la vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a la seguridad social (Art. 48 C.P.), y como derecho fundamental, de la manera expuesta en la Sentencia T-015 del 23 de enero de 1995 (Magistrado Ponente H.H.V.):Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como un derecho, éste puede colegirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social, ya que la persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad.() El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP. art.1), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional, una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance
[22] Sentencia T- 457 de 2011. MP- L.E.V.S..
[23] Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. ARTICULO 59. PROHIBICIONES A LOS {EMPLEADORES}.Se prohíbe a los {empleadores}:1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: a). Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos113, 150, 151, 152 y 400. b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice. 2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el {empleador}. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. 6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.
[24] Sentencia C-710 de 1996. Así, no se desconoce precepto alguno de la Constitución, cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador, sobre los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe estar precedido de una serie de requisitos, que se erigen para proteger al empleado de abusos contra sus derechos
[25]Sentencia T-1015 de 2006. M.P.Á.T.G..
[27] Esta norma fue declarada exequible por la Sentencia C-589 de 1995 al considerar que las cooperativas son empresas que fortalecen la función social de la propiedad y por tanto, ameritan un trato diferencial y privilegiado por parte del Estado. Al respecto En lo que hace a la acusación que presenta el demandante contra la disposición del artículo 156 del C.S. del T., que viabiliza el embargo hasta del 50% del salario de un trabajador, en favor de cooperativas legalmente autorizadas, baste con decir que ella es concordante con los mandatos consignados en los artículos 58 y 333 de la C.P., que señalan para este tipo de empresas un tratamiento preferencial que las promocione y proteja. Así, las expresiones impugnadas por el demandante, contenidas en los artículos 3, 4 y 10 de la Ley 79 de 1988, y en el artículo 156 de la Ley 141 de 1961 C. S. del T., normas expedidas con anterioridad a la promulgación de la Constitución vigente, no sólo se ajustan al nuevo ordenamiento superior, sino que corresponden a la intención expresa del Constituyente de 1991, que consideró necesario promover, fortalecer y proteger las organizaciones de economía solidaria, dada su importancia y eficacia para el logro de los propósitos de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, entre las que se encuentran, ocupando un lugar de preeminencia por su tradición y contribución al desarrollo del país, las cooperativas
[30] Precisamente, el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo consagra esta prohibición para el trabajador, al considerar al salario mínimo como uno de aquellos derechos irrenunciables. ARTICULO 142. IRRENUNCIABILIDAD Y PROHIBICION DE CEDER EL SALARIO.El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso pero si puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determina la ley.
[31] Sentencia T-827 de 2004: a partir de la armonización de las disposiciones constitucionales, la interpretación que de ellas ha realizado esta Corporación y las disposiciones legales consagradas en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 994 de 2003, que la suma que reciba un pensionado por concepto de mesada pensional no podrá, en ningún caso, ser inferior al 50% del valor neto de la totalidad del valor que le fuera reconocido, ni tampoco podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, como protección de los derechos al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana de quienes después de toda una vida de labores, cumplen con los requisitos para acceder a su pensión de jubilación, de acuerdo con la normatividad vigente.
[32] Sentencia T-309 de 2006. Entonces, se reitera, no era válido a la luz de los principios constitucionales, embargar la totalidad de los ingresos mensuales con los que contaba una familia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, servicios públicos domiciliarios, etc.
[34] I.. Así mismo, respecto de los trabajadores del sector privado, el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe al empleador deducir suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Pero advierte que, en todo caso, la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, no podrá hacerse si afecta (i) el salario mínimo legal o convencional, (ii) la parte del salario declarada inembargable por la ley[34], o (iii) en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses. Por ello, respecto de la facultad del trabajador de autorizar descuentos a su salario, la Corte ha señalado que esa autonomía debe respetar los límites previstos en la ley, los cuales constituyen derechos irrenunciables sobre los cuales no se puede disponer libremente.
[35] Algo muy importante que fijo la Corte en dicha ocasión, fue resaltar que fijar límites legales no significa que los acreedores no vayan a tener la posibilidad de satisfacer sus deudas. En efecto, si por cualquier circunstancia el límite legal impide hacer los descuentos autorizados por el trabajador para cumplir sus compromisos patrimoniales, los acreedores estarán en posibilidad de acudir a las autoridades judiciales competentes y hacer valer sus derechos de acuerdo con las normas sustanciales y de procedimiento vigentes.
[36] En esa providencia, la Corte recapituló lo que la jurisprudencia había resaltado sobre los límites de los descuentos directos: la Corte Constitucional, avala la posibilidad de efectuar descuentos sobre las mesadas pensionales siempre que se cumplan con unas condiciones como son: (i) el límite máximo de descuento permitido a las mesadas pensionales por todo concepto, corresponde al 50% de la misma previas deducciones; (ii) como resultado de los descuentos un pensionado no podrá recibir una mesada inferior al salario mínimo; (ii) este derecho constituye una garantía al mínimo vital de los pensionados y de sus familias, que les permita percibir los recursos necesarios para subsistir de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas y personales, en tanto él ha visto disminuida su capacidad de trabajo; y (iv) esta es una garantía que se encuentra en íntima relación con derechos como la dignidad humana, el trabajo y la seguridad social.
[37] La posición adoptada por la Corte, resulta plenamente aplicable al tema pensional, en tanto la mesada, para el caso de los pensionados representa el concepto de salario, en cuanto es la suma que ellos reciben para satisfacer sus necesidades una vez ha finalizado su vida laboral, y ha cumplido los requisitos para consolidar su derecho prestacional. Por tanto, en este caso, la mesada del pensionado debe ser asimilada al salario del trabajador y por ello las normas que protegen a una y a otra, deben ser interpretadas como normas de orden público.
[38] Finalmente, debe la Corte resaltar que las disposiciones que regulan los límites máximos a los descuentos que se realicen sobre mesadas pensionales tienen un efecto de aplicación de doble vía. Por una parte establecen una garantía al mínimo vital de los pensionados en tanto fijan un límite a los descuentos máximos permitidos que se pueden efectuar a las mesadas por cualquier concepto. Y por otra parte conllevan una obligación para las entidades pagadoras de las mesadas, en el sentido de abstenerse de efectuar descuentos a las mismas, por encima de los límites que establece la ley.
[39]por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones
[43]Sentencia C-387 de 1994.
[44] Por ejemplo: En relación con el procedimiento concertado de fijación del salario mínimo, la ley, con un revelado espíritu proteccionista, dispone que si definitivamente no se logra consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, el Gobierno, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, lo determinará por decreto motivado,atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que c00rdina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos Sentencia C-781 de 2003.
[48]El empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la deuda. Cuando pese a existir el acuerdo, el empleador modifique las condiciones pactadas, el trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento, so pena de la imposición de sanciones.
[49]Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 19. INFORMES.El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.Los informes se considerarán rendidos bajo juramento.
[50] Como lo resaltó esta S., el Ejército Nacional no aportó la información requerida. Por ello, tomará como base la información que obra en el expediente, dentro de la cual, se aprecia que el último desprendible de pago que allí reposa es de mayo de 2013. Será con estos datos que se dará solución al caso concreto.
Sentencia de Constitucionalidad nº 1506/00 de Corte Constitucional, 8 de Noviembre de 2000