Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp4134-2016-42001-de-abril-6-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_3020ad44834b4d7ba902197842ce6875&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 16:20:52
Document Index: 331388134

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 232', 'artículo 238', 'artículo 145', 'artículo 409', 'artículo 232', 'artículo 67', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 68', 'artículo 4', 'artículo 145', 'Artículo 46']

﻿ SENTENCIA SP4134-2016/42001 DE ABRIL 6 DE 2016
SENTENCIA SP4134-2016 DE 06 DE ABRIL DE 2016
CONTENIDO:PARA CONCEDER EL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA SE DEBEN ANALIZAR LOS FINES DE LA PENA. LA VIABILIDAD DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS OBJETIVA Y SUBJETIVA CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO PENAL. TAMBIÉN SE INDICA QUE ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTA FIGURA, LOS CUALES SON QUE LA SENTENCIA IMPUESTA TENGA COMO PENA MÍNIMA CINCO AÑOS DE PRISIÓN O MENOS Y QUE EL DESEMPEÑO DEL CONDENADO A NIVEL LABORAL, FAMILIAR O SOCIAL PERMITA AL JUEZ DETERMINAR DE MANERA FUNDADA QUE ESTE NO PONDRÁ EN PELIGRO A LA COMUNIDAD Y CUMPLIRÁ LA CONDENA, SE DEBEN ESTUDIAR LOS FINES DE LA PENA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO PENAL. ES ASÍ COMO SE PRECISA QUE PARA IMPONER Y EJECUTAR LA PRISIÓN DOMICILIARIA SE TIENE QUE ANALIZAR LA PREVENCIÓN GENERAL Y LA RETRIBUCIÓN JUSTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES, FUNCIÓN DE LA PENA, RECLUSIÓN DOMICILIARIA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATO
Sentencia SP4134-2016/42001 de abril 6 de 2016
Rad.: 42001.
Aprobado acta 105.
Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil dieciséis
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2354 de la Constitución Política y 75-6 de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para emitir el pronunciamiento de fondo pertinente, toda vez que el procesado J.V.L.F., fue acusado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito interés indebido en la celebración de contratos en situación concursal, frente a hechos acecidos cuando desempeñaba el cargo de gobernador del departamento de Arauca.
ii) Problema jurídico
Es menester tener en cuenta que en términos del artículo 232 del estatuto procesal penal (Ley 600 de 2000), toda providencia debe sustentarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación y, concretamente, para dictar sentencia condenatoria, a la luz del inciso 2º Ibídem, es necesario llegar tanto a la certeza sobre la existencia o materialidad de la conducta punible objeto de investigación, así como de la responsabilidad del acusado en su comisión. Para tal efecto, se impone apreciar los medios de prueba en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo establece el artículo 238 del citado ordenamiento.
En este contexto, compete a la Sala de Casación Penal de esta corporación determinar si de la facticidad objeto de la presente investigación, de cara a las acreditaciones del plenario y a las exigencias típicas de las conductas que le vienen endilgadas al procesado en pliego de cargos, se acredita o no su existencia; y si el exgobernador de Arauca, J.V.L.F., debe ser declarado penalmente responsable por los mismos. Las resultas de tal examen, posibilitarán adoptar la decisión correspondiente en cuanto a su condena o absolución.
iii) Los cargos y su prueba
La fiscalía le atribuyó a J.V.L.F. la autoría del delito interés indebido en la celebración de contrato en situación concursal homogénea sucesiva, cuya estructura y demostración se procede a analizar.
3.1. Del delito de interés indebido (ilícito) en la celebración de contratos.
El artículo 145 del Decreto-Ley 100 de 1980, consagra esta conducta punible de la siguiente manera:
“Interés ilícito en la celebración de contratos: El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión (...)”.
Huelga precisar, que el vocablo ilícito, incluido en el nomen iure del otrora cuerpo normativo penal, y el de indebido, propio del artículo 409 de la novel ley sustantiva penal, que se presenta como texto diferenciador entre ambas titulaciones, denota más una diferencia lingüística que material, en la medida en que el contenido del tipo penal y sus elementos (sujeto activo, pasivo, ingrediente normativo, objeto), se destacan por su igualdad, solo que se modificó esa singularidad para evitar el entendimiento de que el tipo penal cobijaba únicamente contratos ilícitos, cuando perfectamente abrigaba también a los lícitos, pero de interés protervo. Así, independiente de qué palabra se utilice, la complexión del delito es la misma y apunta, en su demostración, a iguales requisitos de tipicidad objetiva.
Sobre el particular, La Corte Constitucional en Sentencia C-128 de 2003, señaló:
“Los artículos 145 del Decreto 100 de 1980 y 409 de la Ley 599 de 2000, describen de manera idéntica la conducta tipificada como interés ‘ilícito’ o ‘indebido’ en la celebración de contratos. Si bien la denominación del tipo penal es diferente, en la exposición de motivos de la Ley 599 de 2000, se señaló que el cambio de denominación tiene más un sentido pedagógico que una incidencia sobre la identificación del tipo penal estudiado. Allí se dijo el tipo penal ya no habla del interés ilícito sino indebido. Lo ilícito podría hacer pensar en infracción a la ley, lo cual no es cierto, puesto que el contrato puede incluso ser perfecto; empero se quebrantarían los deberes de transparencia, imparcialidad y moralidad’.
Ahora bien, la Corte llama la atención en este punto sobre el hecho de que bien puede suceder que un contrato se celebre sin que se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, taxativamente fijado en la Constitución y en la ley, cumpliendo igualmente los requisitos legales esenciales determinados específicamente para el tipo de contrato de que se trate, sin que esto impida que se vulnere el bien jurídico administración pública. En efecto, si la actuación del servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones en un contrato estatal está determinada por un interés ajeno al interés general que de acuerdo con la Constitución, la ley o los reglamentos es el que debe perseguir dicho servidor en ese caso concreto, en nada incide para la vulneración del bien jurídico el respeto del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o el cumplimiento de los requisitos legales esenciales aludidos, pues la desviación de la actuación del servidor en esas condiciones está desvirtuando la imagen de la administración pública, la transparencia y la imparcialidad en la celebración de los contratos y en fin la moralidad pública”.
Así, entonces, al detener la mirada en el delito en mientes, esta corporación ha señalado que la configuración típica de este delito debe reunir tres requisitos esenciales:
“El delito de interés indebido en la celebración de contratos se caracteriza porque el tipo objetivo exige la presencia de (i) un sujeto calificado que interviene en los hechos en calidad de servidor público, (ii) una operación contractual a nombre de cualquier entidad estatal, y (iii) un interés particular por el agente estatal diferente al de los fines de la función pública; el tipo subjetivo requiere que la acción sea desplegada a título doloso, esto es que el servidor público proceda con conocimiento y voluntad”(22).
Se trata entonces, el descrito, de un tipo penal de mera conducta que, por tanto, no exige un perjuicio a la administración pública en grado de consumación. Lo sancionable es la prevalencia del interés particular del servidor público que interviene sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación, contraviniendo los principios y fines que rigen la administración pública.
En base a lo anterior, corresponde establecer el elemento certeza respecto de la conducta y responsabilidad que se imputa al señor J.V.L.F., en su condición de exgobernador del departamento de Arauca, en el marco factico de los contratos de obra 0XXX, 0XXX y 0XXX de 1997.
3.1.1. De la calidad de servidor público, la existencia de un contrato estatal y la intervención de aquel en este.
Se encuentra demostrada plenamente la calidad de servidor público que ostentaba para la fecha de los hechos el aquí investigado, en su condición de gobernador del departamento de Arauca, para el periodo comprendido entre 1995 y 1997(23).
Asimismo, está demostrada la existencia de los contratos de obra 0XXX, 0XXX y 0XXX de 1997(24), y la participación en calidad de contratante, de la gobernación del departamento de Arauca, a través de sus secretarios, quienes por delegación del gobernador L. F., los suscribieron con el señor N. W. R. S., tal y como se aprecia en la literalidad de dichos instrumentos.
Resáltase, en punto a la responsabilidad penal del acusado, y de cara a la existencia de contratos no suscritos directamente por él, que ese será un tema que se abordará con detenimiento en acápite siguiente, bastando por ahora tener por satisfechas la calidad de servidor público y la relación entre el sujeto activo y los contratos cuestionados.
3.1.2. De la existencia de un interés diferente a los fines de la función pública.
En el presente capítulo se analiza, en primer lugar, el contenido documental que compone los tres contratos objeto de discusión y, luego, atendiendo circunstancias fácticas específicas, se aprecian al amparo de la prueba recaudada en sentido integral, conforme su valor suasorio.
Al examen de las foliaturas, comparte la Sala la apreciación que sobre los llamativos detalles advertidos dentro del proceso contractual a la que alude la acusación, pues se tratan de particularidades tan notorias, que su existencia no se cuestiona por la defensa.
Se tiene, referente al contrato XXXX de 1997, cuyo objeto fue la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario del barrio El Estero, en el municipio de Cravo Norte, celebrado entre el secretario de planeación del departamento de Arauca, J. E. M. S., y el señor N. W. R. S.(25), que (i) los señores L. E. N. M. y N. W. R. S. fueron los únicos que presentaron propuestas garantizando la seriedad de ellas con pólizas de la compañía Cóndor S.A., las cuales, —ciertamente— tienen números de identificación consecutivos, en tanto que la del primero responde al serial 025 973601XXX, y la segunda al 025 973601XXX; (ii) los formatos en ambas propuestas son iguales en su estilo mecanográfico y difieren únicamente en el nombre de los proponentes; (iii) la propuesta del competidor no favorecido, L. E. N. M., no contiene su firma; (iv) no coincide el presupuesto determinado en el banco de proyectos, con el que a la postre fue aprobado, al ser este último de $ 103.156.536(26), en tanto que en aquel se fijaba un monto de $ 200.000.000(27); y el documento análisis de tarifa horaria de equipo(28), está fechado “julio 28 de 1997”, data bastante anterior a la invitación a ofertar en agosto de ese mismo año.
En el contrato 0XXX de 1997, cuyo objeto fue la construcción del terraplén de la vía Puerto Rondón – Cravo Norte, suscrito entre el secretario de obras públicas del departamento en mientes, J. S. C., y N. R. S., se observa que: (i) las pólizas de la aseguradora Cóndor S.A. de proponentes diferentes(29), aparecen ambas signadas por N. R., pues lo hace, aún, en la que también rubrica como supuesto tomador el proponente A. Además, (ii) en los documentos de la propuesta del señor W. A., el AIU y el análisis de prestaciones sociales corresponden a N. R(30). Súmese, que (iii) el certificado de disponibilidad presupuestal está fechado el 14 de noviembre de 1997(31), y las propuestas fueron presentadas el 16 de octubre de ese mismo año(32); es decir, primero fueron las propuestas y, después, la exhibición del presupuesto de la obra. En este contrato, al igual que en el anterior, también se divisa (iv) la disparidad entre el presupuesto consignado en el banco de proyectos y el finalmente aprobado para la obra, al ser el último de $ 103.165.824(33) y en aquel aparece por el monto de $ 280.000.000(34). Agréguese finalmente a todo lo dicho, que (v) las propuestas son presentadas el mismo día, sin que coincidan con la fecha límite para ofertar, en tanto que esta era el 21 de octubre de 1997(35), y aquellas están adiadas el 16 de octubre de ese mismo año.
En el contrato 0XXX de 1997, cuyo objeto fue la pavimentación en concreto rígido de la carrera 21, entre calles 8ª y 9ª, y carrera 18, entre calles 6ª y 7ª, del municipio de Fortul, suscrito entre el secretario de obras públicas del departamento de Arauca, J. S. C., y N. R. S., al escrutar su contenido documental se encuentra que: (i) ambas propuestas tienen la misma fecha (18 de diciembre de 1997)(36). En esa misma labor de revisión, se halló que (ii) las pólizas de seriedad son consecutivas al tratarse de las numeradas 025 973601XXX(37) y 025 973601XXX(38); (iii) el memorando que sugirió contratar data del 26 de diciembre de 1997(39), y la orden de elaborar el contrato está adiada 24 de diciembre de ese mismo año. En la parte inferior de ese mismo documento se observa con sello manual el día 26 de ese mes y anualidad, lo que denota que el mismo, contentivo de la orden para contratar, tiene, por lo menos, una fecha contradictoria, en tanto que se anticipa al memorando del visto bueno, cuando la lógica imparte que primero en el tiempo es el visto bueno y, luego, la orden para contratar.
De los anteriores detalles advertidos en los tres procesos de contratación, analizadas en su individualidad, se desprende que, en efecto, por un lado no consultan a la regular presentación de propuestas y, mucho menos, a un adecuado modelo en el manejo de la documentación contractual. En efecto, abunda la similitud y entremezclamiento del contenido de propuestas en disputa, a la vez que contradicciones en las fechas de documentos que, por lógica, deberían responder a una cronología ascendente y no, como acontece, al contrario.
Ahora, cada detalle expuesto fue pretendidamente explicado por testigos en la etapa de juicio, lo que fuerza a efectuar un análisis de los mismos, en aras de encontrar su relativa o absoluta potencialidad justificatoria. Al asumir ese cometido, contamos con los testimonios ofrecidos por J. S. C., L. E. N. M., W. A. T.y J. E. M. S., quienes al explicar los detalles objetivos en cada contrato, coincidieron en afirmar que las pólizas consecutivas, así como la identidad de formatos respondía a la escasez tecnológica de la época, donde no había más de dos empresas aseguradoras, ni muchas personas que contaran con equipos de cómputo para hacer las propuestas, de ahí que reluciera el nombre de N. G., como el sujeto que por contar equipos tecnológicos, realizara los documentos de los aspirantes, con igualdad de formatos y, de contera, con los mismos errores de digitación.
En cuanto a las pólizas consecutivas, se dijo que la aseguradora Cóndor S.A., ofrecía un servicio económicamente insuperable en comparación con otras compañías y, por ello, los proponentes las tomaban en esa empresa, justificando así que se emitieran una seguida de la otra. También, se explicó que el presentar las ofertas el mismo día respondía a una costumbre de esperar la fecha límite para radicarlas, dado que se quería proteger su integridad y secreto hasta el último momento.
También señalaron los deponentes que la disparidad entre el presupuesto de cada proyecto aprobado y el relacionado en el banco de proyectos, se justificaba en que este no era definitivo, y solo alcanzaba tal carácter una vez aprobado por la Duma Departamental y que podía ser inferior al enlistado en aquel; de ahí que nunca coincidieran en los contratos analizados. Igualmente, las incompatibilidades entre fechas de los documentos al interior de cada proceso contractual, las soportan en errores de transcripción o digitación, desprovistos de interés malintencionado en trocar su secuencia cronológica.
Pues bien, ese esfuerzo coordinado por encontrar respuesta a cada detalle ofrecido por los ya mencionados declarantes, pretende sacar avante una primera hipótesis de explicación, traducida en la abundancia de coincidencias y de errores desprevenidos de transliteración; no embargante lo anterior, una mirada global a tales detalles documentales y su respectiva justificación, devela inconsistencias que, desde ya, van restando crédito a esa tesis, prohijada por la defensa.
Desglosando lo dicho, se tiene que aquella explicación, que forzosamente hace ver las propuestas como coincidentes en fechas, porque era común hacerlas el ultimo día, por razones de seguridad, cae por su propio peso al observar que en el caso de los contratos 0XXX y 0XXX, datan del mismo día —como siempre— pero no el último habilitado para tal fin, es decir, el común denominador no es que las propuestas coincidieran con el último día de plazo, como se dijo por parte de los anotados testigos, sino, que fueran de la misma fecha, lo cual va marcando no solo un desacierto en la explicación, sino un patrón de conducta en el que los proponentes no actuaban independientes entre sí, sino, con conocimiento coordinado de todo el proceso contractual.
Igualmente, en el contrato 0XXX de 1997, en el que se advierte que primero fue la orden de elaboración del contrato y después el visto bueno, se pretendió dar razonabilidad a esa incompatibilidad con el hecho de que en la parte inferior izquierda de aquel (orden de elaboración) se encontraba una fecha “26 diciembre 1997” que sí coincidía con la data del memorado de mejor proponente. Sobre el particular, la Sala califica de infructuoso el esfuerzo en hacer ver que se trata de un error de trascripción solamente, al tener en cuenta que esa fecha posterior que tiene el documento en su parte inferior, está superpuesta con un sello manual y sin ningún tipo de explicación literal, más coincidente con una marca de recibido que con el de su elaboración.
Por lo anterior, aquella razón invocada, que insiste en que coincidían memorando de visto bueno y orden de elaboración de contrato, se ubica como la posibilidad más remota, improbable e incoherente con lo hallado en la misiva, siendo más plausible, como lo afirma la fiscalía, que la orden de hechura del contrato fuera anterior a su visto bueno, conclusión que —desde ya— sigue abonando a la hipótesis delictiva del ente acusador, quien valga recordar, siempre ha sostenido que primero se daba la elección del contratista y después, se surtía el proceso de selección.
Hasta este punto, es palpable que algunas explicaciones ofrecidas por los testigos J. S. C., L. E. N. M., W. A. T.y J. E. M. S., tropiezan con la propia prueba documental aportada, pero otras no, así, razones como la igualdad de formatos por tratarse de un mismo elaborador; la consecutividad de pólizas por ser la aseguradora Cóndor S.A., la más concurrida y las contradicciones en algunas fechas, no tienen, desde la objetividad documental, contradicción alguna. No obstante, ello no significa que se den por sentadas por la Sala aquellas razones, pues, al integrar las diferentes piezas probatorias, aquellos efugios subrayados por la defensa riñen entonces, ya no con la prueba documental, sino con las declaraciones traídas del otrora proceso 26680, adelantado contra el hoy procesado por el delito de rebelión, e incorporadas en la fase de instrucción a este proceso, las cuales pasan a ser analizadas detenidamente.
Abordando tal cometido, nótese que en su declaración, el señor N. W. R. S.(40), oferente vencedor en los tres contratos por los que hoy se juzga al exgobernador L. F., refiere lo siguiente:
“Al señor J.V.L.F., lo conocí en el municipio de Puerto Rondón, aproximadamente en el año 1992, cuando él era alcalde del municipio de Saravena; durante la administración de este señor realice varios contratos orientados por el ELN”(41).
En otro aparte indicó:
“En el ámbito de la guerrilla se llama vikingo un documento pequeño, mediante al cual los comandantes guerrilleros envían comunicados y o órdenes a los funcionarios públicos y a las personas con las cuales ellos desean reunirse o dar instrucciones precisas sobre los intereses que les convengan al ELN.
A L. R. R., lo conocí en la posesión del señor gobernador J.V.L.F., me adjudicó aproximadamente en el año 1995, como lo dije anteriormente él era el enlace directo con los comandantes del ELN para la adjudicación de los contratos.
A la señora Z. E. N. la conocí aproximadamente en el año de 1995, época en la cual el gobernador J.V.L.F., me exigió pagarle un porcentaje político en efectivo a esta señora”(42).
Al concluir el declarante, sobre todos los antes mencionados dijo:
“Estas personas tienen vínculos con el grupo subversivo ELN, tal como lo manifesté anteriormente, unos sirviendo políticamente para defender los interese del ELN, ósea manejando las partidas y las adjudicaciones de los contratos a personas, contratistas avalados por el ELN. Otro grupo de personas son los grandes contratistas que contratan el personas indicado por el ELN y les cancelas las cuotas respectivas de cada contrato”(43).
En la declaración, al ser cuestionado sobre el conocimiento que poseía sobre “(…) si todos los contratos de las administraciones públicas que están representadas por personas del ELN, se adjudican directamente por los comandantes guerrilleros de esa organización terrorista.”, respondió que “Cuando se tenía conocimiento de las partidas aprobadas en los consejos municipales o en la asamblea departamental, era común ver desfile de contratistas con el fin de solicitarle a los jefes guerrilleros la asignación de los mismos”(44).
Sobre ese mismo tema, al requerírsele para que dijera si era posible que “(…) una empresa, compañía, firma o persona alguna pueda contratar o aspirar algún caro público en el departamento de Arauca, sin autorización de los grupos subversivos, que operan en ese departamento”, contestó: “Desde el punto de vista de la contratación de obra pública lo considero imposible que una persona, empresa, firma o compañía de común pueda ejecutar obras en el departamento de Arauca, más sabiendo que por los caminos controlados por la guerrilla transitan los diferentes insumos que vienen de diferentes partes del país. Lo relacionado con los empleados públicos de mando alto del departamento de Arauca, sé que deben cantar (sic) con el aval del grupo guerrillero”(45).
A su turno, T.R.(46), en su condición de reinsertado, afirmó que:
“Lo digo por los años 95, 96 cuando el gobernador era V. L., nosotros, es decir la organización le hicimos campana a él orientados por el mando de la comisión Ché Guevara y por lo tanto viajé yo a Arauca, con el fin de conseguir trabajo y así fue como me asignaron tres baterías sanitarias y un parque infantil, eso fue en el año 95; el año 96 continué viajando hacia Arauca con el fin de conseguir nueva contratación, fue cuando en una reunión con el secretario de educación se encontraba A. J. si no estoy equivocado en ese tiempo presidente de la CUT y E. D., fue cuando en ese tiempo A. J. se despedía de secretario de educación sacando del bolsillo un vikingo o nota y se la entregaba al secretario que ahí le mandaba el mando del frente para la asignación de un contrato, si no estoy equivocado era a nombre de A. P. y que era una orientación, así como eso fue como le mandaron una nota o vikingo al secretario de obras públicas en ese tiempo J. S. para que asignaran un contrato a mí personalmente y a dos personas más que andaban conmigo, es tal que ahí para entrar tenía que hacer una cola inmensa y como ya había allegado la nota nos pasaron sin hacer cola, luego en la administración de alcaldía eran manejadas u orientadas por el mismo mando del frente o comisión, así era como nadie tenía derecho a contratar si no tenía el aval de dicha organización”(47).
Igualmente, se hizo hincapié en la declaración de G. I. L. C.(48), quien en su condición de infiltrado en el área de sistemas del grupo guerrillero ELN, refirió cómo se manipulaba la contratación en el departamento de Arauca, expresando que:
“Como por ejemplo de tantos contratos podemos tomar los siguientes: Contratos que en mi empresa Data Office, en nuestros computadores hicimos los pliegos de condiciones, la invitación, las actas de inicio, actas de entrega y actas de liquidación, elaboramos la propuesta ganadora y las dos perdedoras, y el contratista correspondiente compraba las pólizas de seriedad de la oferta de los tres proponentes, documentación que solo la debe hacer la gobernación(49)“.
Y la esposa del anterior declarante, señora A. F. M.(50), dijo que:
“Data Office colaboró haciendo actas, bajas, liquidaciones de contrato y se les vendieron los equipos, cuando dicha documentación se tenía que laborar (sic) en las oficinas correspondientes de la Gobernación de Arauca
Esta empresa fue fundada más o menos en el año 1996, siendo una de las pequeñas empresas que iba a manejar todo lo relacionado con sistemas y suministros de papelería en general, muchas empresas que contrataban con la gobernación y la alcaldía, empezaron a comprarnos, conseguimos un socio para poder responder al mercado de Arauca, este socio era el señor F. D. J. P. V., esposo de la señora L. J. M. P. secretaria privada y de confianza del señor F. G. diputado de la asamblea de Arauca”(51).
Así, entonces, de las declaraciones recién extraídas en sus acápites puntuales, la vertida por N. R. y T.R. son coincidentes y unánimes en describir un maquinado acontecer delictivo, en el que la gobernación del departamento de Arauca respondía a los intereses del grupo guerrillero ELN a través de la adjudicación de contratos a quien estos le indicaran, hasta el punto que, era sumamente improbable, lejano, e inclusive descabellado pensar que existiera un contrato en Arauca que no estuviera bajo el dominio de los subversivos.
La declaración del señor N. R., es holgadamente merecedora de todo crédito, al explicar la ciencia de su dicho, en tanto que con generosidad de detalles y coherencia narra el cómo (contratación pública); dónde (en el departamento de Arauca); quién (el exgobernador J.V.L.F.); y el cuándo (en el periodo 1995 a 1997), de los hechos que le constan.
Súmese a lo dicho, que el señor N. W. R., dejó al descubierto un curso causal de hechos propios de la época, documentada por esta misma corporación en fallo que justamente condenó al hoy enjuiciado por el delito de rebelión(52), en el que, por el dominio de grupos guerrilleros en el departamento de Arauca, existía una cadena de eslabones inseparables entre candidato favorecido para un cargo público, y retribución a través de contratos de este último en pro de los intereses del grupo al margen de la ley. Esa realidad contribuye, desde luego, a otorgar mayor confiabilidad a la declaración en análisis, como quiera que se adecua al contexto demostrado en un proceso judicial de intima conexión con el que hoy se ventila.
No derruye lo hasta aquí dicho el que el declarante en mientes hubiese cometido imprecisiones en su relato, como cuando dijo conocer al hoy procesado cuando este era alcalde de Saravena aproximadamente en el año mil novecientos noventa y dos (1992), data en que el señor L. F. no ocupaba tal cargo, pues el señor R. fue claro en anteponer su duda en cuanto a la exactitud del año; itérese, que consideró que aproximadamente fue en el año 1992, denotando su falta de precisión y posibilidad de desacierto.
A su vez, el no haberse demostrado detalles propios de su declaración, como cuando aseguró la existencia de una señora llamada Z. E. como la encargada de transportar el dinero fruto de las comisiones, tampoco desmerece su dicho, pues la exigua prueba sobre ese tópico, no traduce necesariamente en mendacidad del declarante y, mucho menos, se constituye en un hecho determinante en su credibilidad pues, independientemente que se haya probado los pormenores de esa operación, en lo medular de su relato no titubeó en describir cómo la gobernación de Arauca estaba totalmente permeada por los intereses del grupo guerrillero.
Y es que la versión del señor R. S. no padece de aislamiento probatorio, pues se integra con la versión del señor T.R. como elementos probatorios complementarios. En el relato de este último, se hace notar idéntico proceder en la gobernación de Arauca para los años 1995 y 1996, para, al unísono, coincidir en el manejo que el ELN, tenía de la contratación de ese departamento para los años donde gobernada el aquí procesado. Si bien este testigo no menciona directamente al señor J.V.L.F., sí se ubica temporalmente en anualidades en que este era gobernador (1995 y 1996), haciendo ver cómo la contratación indebida era impartida por aquel mandatario —tal como lo dijera N. R.—, como también por sus secretarios, en este caso, de obras públicas, a quienes el ELN les enviaban “vikingos”(53), con total aceptación y acatamiento del funcionario.
De lo anterior se sigue el desacierto del abogado defensor, al pretender menguar el prestigio de las dos declaraciones que vienen analizándose, dado que su crítica apunta a detalles accidentales que en poco y nada infirman su crédito.
Ahora, en lo que sí acierta el defensor, es en la potencialidad probatoria de las versiones de G. L. y esposa, quienes hablaron de una empresa denominada Dataoffice, donde se realizaba el montaje documental. Encuentra la Corte que la mayoría de su relato se circunscribe al año 1998 en adelante —data en que ya no fungía como gobernador el acusado—, que su único valor es el de representar, como lo dijera la Fiscalía, un ejemplo de cómo se seguía elaborando la documentación gubernamental en oficinas privadas, sin que ello desdibuje la manipulación de documentos en los años anteriores y, mucho menos, a finales de 1997. Así, si bien no son útiles para demostrar los hechos nucleares de este asunto, tampoco se oponen a la versión de los anteriores declarantes.
De esa manera, el análisis conjunto de las piezas documentales, testimonios en audiencia pública y declaraciones de cargo traídas a este proceso, nos ubica en una lucha de opuestos en donde los múltiples detalles encontrados en los procesos de contratación, dejan de hallar eco en el haz de testimonios rendidos en el juicio y van, contrario a ello, adhiriéndose a la tesis delictiva que iza la fiscalía, sustentada por las declaraciones incorporadas y analizadas previamente.
En este escenario dialectico, el hecho demostrado que termina destrabando la tensión a favor de la hipótesis acusatoria, lo encontramos en la providencia SP CSJ, 16 sep. 2010. Rad. 26680, por medio de la cual esta corporación condenó al hoy procesado como autor responsable del delito de rebelión. En dicho fallo, se consignó el convencimiento de que:
“L. F. regentó los cargos de alcalde, diputado y gobernador, y en todos ellos aparentó obediencia a la Constitución Política y a la ley colombianas, no obstante su condición de afecto al grupo ilegal por suerte que la conducta oficial del ex funcionario tuvo por finalidad exclusiva la de promover económica e ideológicamente al grupo guerrillero, en la medida que fue la dirigencia de la organización ilegal la que promovió de manera permanente sus aspiraciones a cargos públicos (alcalde, diputado, gobernador), y que lo hacía con el propósito de abarcar espacios territoriales y de dominio político y social, de tal manera que el acusado ‘ejerció su función para el querer del grupo guerrillero’.
A partir de las declaraciones referidas por los testigos, es fundamental colegir de todas ellas que J.V.L.F., desde antes de ser gobernador ya se hacía partícipe de reuniones con los mandos del “ELN” y que en era el grupo guerrillero el que permanentemente avaló sus aspiraciones políticas, al menos hasta cuando alcanzó la gobernación del departamento, por suerte que entre el incriminado y el grupo rebelde existió un pacto permanente de contraprestación al apoyo político del grupo ilegal, con la finalidad de que una vez alcanzara las dignidades públicas favoreciera a los miembros del grupo ilegal, siendo tal comportamiento el que deja ver la actividad a la que se contrajo la acusación (cfr. testimonios de E. H. C. J.s y J. A. R., entre otros)(54)” (subrayado fuera del texto)
Con lo visto, es ya un lugar común la vinculación del encartado con el grupo guerrillero al margen de la ley ELN, hasta el punto que aquella alegación del defensor, inspirada en condecoraciones al procesado por su respuesta militar ofensiva contra las guerrillas de la zona, y su secuestro con parte de estas, son temas superados en aquel juzgamiento penal, cuya firmeza y acierto impiden si quiera tangencialmente ser retomados por esta corporación.
Así, la relación demostrada entre el ex mandatario L. F. y el grupo guerrillero del ELN, termina de manera avasallante por dar razón a la tesis incriminatoria, y se vuelve —consecuencialmente— refractaria a la hipótesis de la defensa, resolviendo el nudo gordiano entre las versiones opuestas de los testigos J. S. C., L. E. N. M., W. A. T.y J. E. M. S. y las declaraciones de N. W. R. S. y T.R.
Lo adverado porque, (i) los detalles puntuales subrayados en cada uno de los contratos, resumidos en: similitud de formatos, inconsistencias de fechas, falta de firmas, dualidad de firmas, ausencia de certificados presupuestales, y en suma, todo ese concierto de imperfecciones, al ser valorados junto a las (ii) declaraciones en etapa de instrucción, y a la (iii) condena por el delito de rebelión, permiten no solo derruir las defectuosas explicaciones de los testimonios de justificación, sino, más importante aún, llegar al convencimiento pleno de que los contratos 0XXX, 0XXX y 0XXX de 1997, respondieron a un avieso interés, alejado de los principios de la contratación pública, cual fue, satisfacer las directrices del grupo guerrillero ELN.
Es en este momento donde encajan —como ya se dijo— las piezas que han venido resaltándose del manojo probatorio sopesado, por cuanto los detalles señalados como común denominador en los tres contratos, apuntan a una misma lógica delictiva, al revelar una conciencia común entre los proponentes (como cuando se presentan ofertas de igual formato, del mismo día y con pólizas consecutivas), y una anticipada selección del contratista (notable cuando la orden de elaboración contrato antecede al visto bueno, o cuando los documentos de las propuestas tienen fecha anterior a la invitación), con lo cual se pretendía disfrazar a través de un proceso de aparente selección objetiva, el interés subyacente en favorecer a un proponente pre-escogido por el grupo subversivo.
Es por esa cohesión probatoria que, aunque los testigos y declarantes de cargo, no hubieran hecho referencia a los tres contratos sub examine, el análisis del contexto en el que se suscribieron y sus numerosos detalles que se repiten en serie en cada uno de ellos, permiten con total tranquilidad predicar —en grado de certeza— su inclusión en la masa de convenios celebrados con interés indebido.
Ante ello, la hipótesis de la defensa, sostenida por algunos testigos en el juicio, se torna, como ha venido haciéndolo, insular y sin fundamento probatorio, ya que, por mucho que se hubieran brindado explicaciones que, miradas en su individualidad se ofrecían algunas como razonables, la sumatoria de pruebas que se describieron atrás impide sostener con cordura una tesis contraria a la presentada por la fiscalía.
Ahora bien, la condena por el delito de rebelión, no solo da sentido delictivo a las pruebas documentales que fueron relievadas por esta Sala, sino, que despeja toda duda en torno a la responsabilidad del gobernador en los tres contratos firmados por sus secretarios, a pesar de la figura de la delegación que aquel hiciere mediante Decreto 553 del 29 de agosto de 1997.
Lo dicho es así, porque el mentado acto de delegación no desdibuja el interés indebido generalizado que la gobernación de Arauca, para los años 1995 a 1997, tenía en la contratación departamental, como respuesta al patrocinio político del grupo subversivo. De esa manera, los secretarios no hacían cosa distinta a dar continuidad a ese ingrediente que permeaba cada rincón de la gobernación, lo cual se hace más patente al observar detenidamente las declaraciones de N. R. S. y T.R., quienes describieron desde su punto de vista cómo eran impartidas y obedecidas las ordenes que venían de parte del ELN, ya sea por el mismo J.V.L.F. o, bien, por sus subalternos.
En ese sentido, no había distingo entre el exgobernador y sus empleados, pues, respondían al mismo patrón comportamental en acatamiento de las directrices del grupo guerrillero, siendo insustancial el funcionario receptor de la orden o el firmante del contrato, dado que dicho el interés nació desde el momento mismo de la victoria del gobernador L. F. en los comicios electorales para la gobernación de Arauca.
Por si ello fuera poco, no puede soslayarse que dentro de las obligaciones legales y constitucionales del ordenador del gasto y representante legal del departamento, está el deber de vigilar y supervisar el rol de los subalternos, sin que pueda eximirse de responsabilidad en aquellos casos que por delegación o descentralización de funciones, corresponda a aquellos llevar a cabo trámites previos a la adjudicación de los contratos.
De hecho, no desconoce la Sala que la administración pública es por esencia compleja y que requiere de la intervención de funcionarios de distintos niveles con competencias específicas, pero así mismo comprende que no por ello es posible desprenderse de ciertas responsabilidades, pues si así fuera quien es el supremo director de la administración siempre encontraría en ello una excusa para evadir los deberes que la Constitución y la ley le imponen.
No se pretende insinuar que en el marco de la organización funcional de una gobernación, el máximo mandatario deba responder objetivamente por todo lo que sus subalternos realicen; no, lo que quiere significarse es que el deber de responsabilidad que irradia la actuación del gobernador, aunado a las particularidades de este caso, le arrojan un saldo negativo a la pretensión exculpatoria bajo el manto de la delegación, en tanto que -insístase- la vinculación del procesado con el grupo subversivo del ELN, y los indicadores comunes de los contratos, permiten reposadamente afirmar que el mismo tenía conexión directa con lo adelantado por sus delegados, quienes en ultimas, respondieron a la política contractual indebida de su superior.
Por todo lo dicho, se halla plenitud en todos los elementos de la tipicidad del delito interés indebido en la celebración de contratos, ya que el sujeto activo (gobernador), tenía un interés diferente a los que guían la contratación pública, en los convenios 0XXX, 0XXX y 0XXX, cual era satisfacer las directrices del grupo subversivo que lo catapultó a la gobernación.
Satisfecho lo anterior, en este estado del análisis, debe señalarse que el comportamiento atribuido al señor J.V.L.F. es antijurídico, por cuanto implicó el ejercicio indebido de la función pública al desconocer de manera flagrante los principios constitucionales, omitir perseguir siempre y, por encima de cualquier provecho particular, el interés general y el respeto de los principios de selección objetiva que deben orientar la contratación estatal.
En punto de culpabilidad, bajo el entendimiento del código sustantivo anterior, en cuya exigencia, las condiciones del procesado le ofrecían elementos para conocer la ilegalidad del comportamiento que se le reprocha, de tal suerte que podía obrar acatando el ordenamiento jurídico y, sin embargo, no lo hizo. Dadas las condiciones anotadas, podía exigírsele un comportamiento distinto, respetuoso del ordenamiento jurídico constitucional y legal.
En este acápite, también se hace menesteroso demostrar la acción dirigida a la consumación de un hecho de características delictivas, con la plena intención de su realización. Asumiendo esa labor, el dolo del procesado J.V.L.F. se advierte nítido en la evaluación de los factores personales, antecedentes comportamentales y contexto en que se desarrollaron los hechos. Así, al desglose de tan comprometedora afirmación, tenemos que se trata de un funcionario público que comprometió su administración al servicio e intereses del grupo subversivo que lo apoyó para lograr su cargo, amarrando así la contratación pública de forma consiente y voluntaria, en tanto que, como se vio, era la forma en que el ELN, operaba en la zona, para cobrar su patrocinio político y robustecerse económicamente.
La secuencia, en su momento destacada como eslabones inseparables, representada en el apoyo del grupo guerrillero a un candidato y la retribución del mandatario por medio de la adjudicación de contratos en acatamiento del interés del grupo guerrillero, es patrón serial que desdibuja cualquier falta de voluntad del hoy enjuiciado, pues el haber sido impulsado por el ELN, para ocupar el cargo de gobernador, aunado a los detalles que se encontraron en los tres contratos sub examine, permite con certeza predicar su voluntad para cumplir la necesaria consecuencia de tal apoyo en esos convenios. De ahí que se haya dicho ya, ese interés particular por el agente estatal diferente al de los fines de la función pública, no es otro, en este caso, que acatar —exprofeso— las directrices señaladas por el mencionado grupo guerrillero.
En suma de lo adverado, a juicio de la Sala viene demostrada la materialidad del delito interés indebido en la celebración de contratos y, del mismo modo, la responsabilidad del señor J.V.L.F. en su comisión.
La fuerza de los argumentos expuestos, infirman —de paso— los alegatos esgrimidos por la procuraduría y abogado defensor, los cuales han sido contestados en el desarrollo de este fallo. Sin embargo, no está de más reiterar que la satisfactoria realización de las obras contratadas no desdice la tipicidad analizada, en tanto que, como se vio desde el inicio, el tipo penal de interés indebido en la celebración de contratos se adecúa en contratos legales e, inclusive, de satisfactoria ejecución, pero de intereses desviados a los que gobiernan la contratación pública, como en este caso aconteció, donde las pretensiones del grupo guerrillero se antepusieron al interés general.
Además de lo dicho, aquella crítica por incoherencias resaltadas en el testimonio de A. G. G., que hiciere el defensor, resulta inofensiva al recordar que lo dicho por ese testigo ya había sido compendiado en el fallo que por rebelión se dictara por esta misma Corte en contra del procesado de marras, sin que de esa versión pudiera sumarse algo a lo ya establecido; es así como, entonces, tales reproches carecen de la pretendida potencialidad infirmatoria.
iv) La Pena
Reunidos los presupuestos sustanciales que el artículo 232 del estatuto procesal exige para afectar al doctor J.V.L.F. con fallo condenatorio por su responsabilidad penal en el concurso de delitos objeto de acusación, procede la Sala a señalar las consecuencias jurídicas que a dichas conductas corresponden.
Lo primero que debe advertirse es que el método de dosificación punitiva varió del Decreto-Ley 100 de 1980 a la Ley 599 de 2000, sin que por ello se advierta desmejoría de un sistema en relación con otro; sobre el particular, esta colegiatura ha sostenido que:
“Ciertamente se tiene que si bien el artículo 67 del Decreto 100 de 1980 establecía la imposición del máximo de la pena previsto en el tipo penal cuando concurrieran solamente circunstancias de agravación punitiva y bajo la misma lógica, la atribución del mínimo de la pena cuando confluyeran exclusivamente circunstancias de atenuación, dicho precepto también predicaba la posibilidad de tasar una sanción distinta en presencia de los criterios consagrados en el artículo 61 del mismo Estatuto Penal, es decir: “la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente.
Con similar filosofía, pero esta vez, con la firme intención de reducir el grado de discrecionalidad de que gozaba el juzgador en vigencia del Código Penal de 1980, la Ley 599 de 2000 —artículo 61— construyó el sistema de cuartos como método racional y proporcional para tasar las penas, de tal suerte que ahora el fallador está sometido a respetar el ámbito de movilidad que cada cuadrante le otorga según se trate de la inexistencia de agravantes o atenuantes o la presencia exclusiva de circunstancias de atenuación —primer cuarto—, la concurrencia de atenuantes y agravantes —cuartos medios— y la deducción de solamente agravantes —último cuarto— y a fijar el guarismo correspondiente dentro del cuadrante escogido, haciendo la ponderación de “la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.
La diferencia es que con el sistema regido por el Decreto 100 de 1980 al aumento punitivo puede trasegar desde el mínimo hasta el máximo sin limitación alguna, mientras que en la Ley 599 de 2000, el juzgador está sometido a los límites impuestos por el extremo máximo de cada cuarto, según confluyan o no circunstancias de agravación específicas, en los términos precisados en el artículo 61 del Código Penal.
Así pues, cualquiera fuera el sistema punitivo aplicado, el juzgador bien podía acudir a los parámetros de graduación de la pena, sin que ello incidiera en términos de favorabilidad en la sanción penal definitiva a imponer (…)” (CSJ AP, 6 jun. 2011. Rad. 33751).
Ahora bien, aunque el sistema de dosificación propio del Decreto-Ley 100 de 1980 es viable y constitucional, en nada perjudica racionalizar su aplicación con los parámetros punitivos del actual código penal, concretamente, utilizando el característico sistema de cuartos, a efectos de revelar el proceso que sigue el juez para arribar a una pena especifica. Lo dicho es viable, en tanto que en ambos sistemas se debe ejecutar un proceso deductivo del operador judicial que, bien sea exteriorizado con el sistema de cuartos, o imprentado de manera ponderada, se sigue por parámetros de racionalidad y bastanteo comunes en tales compendios normativos.
Con ese entendimiento, se apresta la Sala a dosificar el delito de interés indebido en la celebración de contratos, que tiene prevista pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años, así como la de multa que oscila entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
En tal virtud, tenemos que el máximo de la pena (12 años) se sustrae al mínimo (4 años) para un total de ocho (8 años), que dividido entre 4 arroja 2 años. Así, el primer cuarto va de cuatro (4) a seis (6) años; el primer cuarto medio de seis (6) a ocho (8) años; el segundo cuarto medio entre ocho (8) a diez (10) años; y, el cuarto final, de diez (10) a doce (12) años de prisión.
Así, han de tenerse presente los artículos medulares de la dosificación punitiva en el Decreto-Ley 100 de 1980, el 67 y 61; este último establece que:
“Dentro de los límites señalados por la ley, el juez aplicará la pena según la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Además de los criterios señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo; en la complicidad, la mayor o menor eficacia de la contribución o ayuda; y en el concurso, el número de hechos punibles.
Y el canon 67 ejusdem: “podrá imponerse el máximo de la pena cuando concurran únicamente circunstancias de agravación punitiva y el mínimo, cuando concurran exclusivamente de atenuación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61”.
Luego entonces, teniendo en cuenta la gravedad y modalidades del hecho punible, pues se trata de un delito en el que se desprecia el interés general que debe guiar todo cargo público; el grado de culpabilidad, en el que se destaca la intensidad del dolo acentuado por el capricho y la sinrazón prevalente en el accionar del exfuncionario, a quien no le importaron los mandatos constitucionales y legales que debía observar; las circunstancias de atenuación o agravación, en cuyo caso no fueron imputadas, y la personalidad del agente, quien utilizó la figura de la legalidad y delegación para enmascarar su responsabilidad como máximo representante del departamento, se hace obligatorio ubicarnos en el primer cuarto e imponer una pena de seis (6) años de prisión.
En cuanto a la pena de multa, igual consideración habrá de hacerse, ponderando los distintos factores antes mencionados, el sentenciado se hace acreedor de una pena de veinte (20) SMLMV, por cada delito.
Como se trata de un concurso homogéneo sucesivo de conductas punibles, cometidas en tres oportunidades, atendiendo el limite punitivo en casos concursales(55), estima la Sala, atendiendo la capacidad ejemplarizante de la pena en este caso al tratarse del más alto dignatario departamental, que debe imponerse la pena de un (1) año y seis (6) meses para cada delito en concurso, para un total de tres (3) años correspondiente al otro tanto, sumatoria que arroja computada, desde luego, a la pena del delito base [6 años], una pena final de nueve (9) años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en la situación concursal acusada, monto este que en modo alguno supera la limitante de la suma aritmética de las penas. A su vez, atendiendo los parámetros que guían la imposición de pena de multa(56), se fija su total en sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Finalmente, la Sala condenará al doctor L. F. a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
v) La condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria.
Como quiera que la pena privativa de la libertad (9 años) no cumple el requisito objetivo que contemplaba el artículo 68 del Código Penal de 1980 (igual al 63 de la Ley 599 de 2000), no se concederá el sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
En ese sentido, se tiene que el tipo penal por el cual aquí se sentencia al doctor L. F., tiene pena mínima inferior a cinco (5) años, por lo que este requisito se cumple a cabalidad. Empero, es en cuanto al restante aspecto que deviene la improcedencia de beneficiar con la prisión domiciliaria al condenado, pues, además de existir en su contra el antecedente penal de haber sido sentenciado por esta misma corporación(57), se impone en estos casos, como lo ha decantado la jurisprudencia(58), efectuar un análisis más detenido, de los ámbitos integradores del factor cualitativo – normativo, con las funciones de la pena, contempladas en el artículo 4º del ordenamiento en cita, particularmente, las de prevención general y retribución justa, cuya observancia surge imperiosa no solo al momento de la individualización del castigo intramural, sino también en el de su ejecución como tal o, inclusive, bajo la figura de la reclusión domiciliaria.
Independientemente de las afinidades teóricas que se tengan sobre los conceptos básicos que integran las funciones de la pena, la decisión de política criminal del Estado Colombiano en cuanto a los principios y los fines de la pena es la adoptada en los artículos 3º y 4º del Código Penal. Desde esa óptica, la función de ‘retribución justa’ puede abordarse de manera general en dos estadios claramente diferenciados del proceso penal. Como criterio que influye en la determinación judicial de la pena, en cuanto es en tal momento que se define la medida de la retribución y se determina su contenido de justicia, de mano de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y, como función vinculada a la ejecución de la pena que no puede ser dejada de sopesar cuando vaya a enjuiciarse la adopción de providencias que anticipen material y condicionalmente una parte de la privación efectiva de la libertad o la subroguen por un periodo de prueba.
Igual cosa ocurre con la función de ‘prevención general’, a través de la cual se advierte a la sociedad de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se previene no solo por la imposición de la sanción, sino y sobre todo, desde la certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que ella genera (efecto disuasivo), así como desde el afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general positiva)”(59).
Siguiendo esos parámetros, la conclusión a la que se arriba no puede ser otra, entonces, que la inviabilidad de conceder al condenado la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural, toda vez que, como ya se había reseñado con antelación, su actuar alejado de la ley, causó un gran impacto en la comunidad al ver cómo un funcionario en quien se confió una exigente labor, no reparó en apartarse de los rectos caminos cuyo tránsito le resultaban obligatorios, para omitir dolosamente actos propios de las funciones que la ley y los reglamentos forzosamente le imponían, como los de propiciar la prevalencia del interés general en la contratación del departamento de Arauca.
De ahí que la magnitud del daño que el señor J.V.L.F., valiéndose de su calidad de gobernador propició a los asociados, en manera alguna se puede subestimar y debe conducir, inexorablemente, a la denegación del referido instituto
vi) Indemnización de perjuicios.
Dado que la sola comprobación de conductas que afectan la transparencia e imparcialidad del proceso contractual no genera, per se, menoscabo económico, y que no hay prueba alguna dentro de esta actuación de que se hubieran ocasionado perjuicios que requieran ser resarcidos, no resulta procedente la condena por tal concepto frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
1. DECLARAR penalmente responsable al doctor J.V.L.F., de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, como autor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos (artículo 145 del Código Penal de 1980), en situación concursal, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.
2. CONDENAR al doctor J.V.L.F. a las penas principales de nueve (9) años de prisión, multa de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, a la sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad.
3. NEGAR a J.V.L.F. la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
4. NO CONDENAR al resarcimiento de perjuicios, conforme lo expuesto ut supra.
5. En firme esta sentencia, remítase la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que corresponda, para lo de su cargo.
22 CSJ SP, 16 mayo 2007, Rad. 23915.
23 Folio 51 cuaderno principal de fiscalía 2.
24 Cuadernos de anexo 55, 56 y 58.
25 Cuaderno de anexo original 55.
26 Folio 108, cuaderno de anexo 55.
27 Folio 111, cuaderno de anexo 55.
28 28 Folio 44, cuaderno de anexo 55.
29 Folio 3 y 32, cuaderno de anexo 56.
30 Folio 52 y 53, cuaderno de anexo 56.
31 Folio 54, cuaderno de anexo56.
32 Folio 1 y 24, cuaderno anexo56.
33 Folio 54, cuaderno de anexo56.
34 Folio 58, cuaderno de anexo56.
35 Folio 31, cuaderno de anexo56.
36 Folio 1, cuaderno de anexo58.
37 Folio 4, cuaderno de anexo58.
38 Folio 30, cuaderno de anexo58.
39 Folio 50, cuaderno de anexo 58.
40 Folio 161, cuaderno anexo original 2.
41 Folio 169 ibidem.
42 Folio 170-172, ibídem.
43 Folio 171, ibídem.
44 Folio 171, ibídem.
45 Folio 171, ibídem.
46 Folio 281, cuaderno de anexo original 2.
47 Folio 283, cuaderno de anexo original 2.
48 Folio 180, cuaderno de anexo original 2.
49 Folio 180, ibídem.
50 Folio 194, ibídem.
51 Folio 194, ibídem.
52 SP CSJ, 16 sep. 2010. Rad. 26680: Folio 52. Los testimonios analizados revelan con crudeza que la forma como operaba el ELN en Arauca era mediante la escogencia de candidatos, a quienes presentaba a las comunidades y exigía el apoyo electoral mediante seudo-discursos de beneficencia social como el que presentó el acusado a la opinión pública en una carta abierta del 25 de junio de 2003, cuando promovía su nombre, de nuevo, a la gobernación del departamento (ib. folios 28 y 29 / c. 28); discursos performativos, mentirosos, en los que a la gente se le dice una cosa y se le presentan programas sociales de gobierno, pero ya en el ejercicio del cargo el político hace otra cosa diferente: beneficiar a la guerrilla, no obstante que desde el sillón del administrador simule el desempeño correcto de la función pública .
Folio 53: De esa manera, por acuerdos con el grupo insurgente, las designaciones de funcionarios tanto los de más alto nivel (secretarios de Despacho, gerentes de establecimientos públicos, de empresas industriales y comerciales, de loterías, de empresas de suerte y azar - chance, etc.), como a nivel operativo, eran impuestas por los comandantes guerrilleros y recaían en personas afectas a la organización; en fin, la táctica consistía en manipular la Administración de la región (departamento – municipio), para acceder al manejo de las nóminas y del presupuesto oficial del territorio, y de ese modo cristalizar el sueño ideológico del grupo rebelde, de “construir una verdadera república independiente dentro del territorio de la Nación”.
53 Memoriales en donde el grupo guerrillero se comunicaba e impartía órdenes a los funcionarios públicos.
54 SP CSJ, 16 sep. 2010. Rad. 26680, folios 54 y 56.
55 SP CSJ, 16 abr. 2008, Rad: 25304: El otro tanto no puede exceder del doble de la pena individualizada del delito caracterizado con la pena más grave.
56 Artículo 46 del Decreto-Ley 100 de 1980.
57 Fue condenado por el delito de Rebelión en SP CSJ, 16 sep. 2010. Rad. 26680.
58 AP CSJ, 17 feb. 2015. Rad. 367806.
59 CSJ SP, 28 Nov. 2001, Rad. 18285