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Timestamp: 2019-12-07 16:05:46
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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 697, de 13/11/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 697
celebrada el lunes, 13 de noviembre de 2006
-Sobre la política de inmigración, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Formulada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto. (Número de expediente 185/000024.) ... (Página 2)
-Proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. (Número de expediente 121/000090.) ...
-Proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real decreto-ley 5/2006, de 8 de junio). (Número de expediente 121/000091.) ... (Página 6)
-Proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real decreto-ley 5/2006, de 9 de junio). (Número de expediente 121/000091.) ... (Página 9)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales con el orden del día que está fijado, y las votaciones no serán antes de las doce y cuarto o doce y media del mediodía.
Para fijar una cuestión que no figura en el orden del día, se propone la ampliación del plazo de la subcomisión de Conciliación para presentar votos particulares hasta el día 17 a las dos de la tarde. Estaba a punto de concluir el plazo y los portavoces han pedido su extensión hasta el día 17, si no hay inconveniente. (Asentimiento.)
-SOBRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. FORMULADA POR LOS SIGUIENTES GRUPOS: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 158/000024.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos ya al primer punto del orden del día, solicitud de creación de una subcomisión sobre la Política de Inmigración en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Este asunto es a petición de varios grupos parlamentarios y, por tanto, intuyo que habrá grupos que quieran intervenir para fijar posición; si es así, ruego petición de palabra y las intervenciones serían de menor a mayor. ¿Grupos que desean intervenir?
Tiene la palabra para hacer su exposición el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros vamos a votar favorablemente la creación de esta subcomisión sobre la política inmigratoria, toda vez que existe en estos momentos un interés y un compromiso de buena parte de las fuerzas políticas para que esta subcomisión se ponga en marcha y avance.
En todo caso, no lo haremos únicamente como una cuestión retórica -creemos que hay que crear una subcomisión para un trabajo concreto- ni tampoco lo haremos para abundar en el alarmismo sobre la cuestión inmigratoria. No creemos que ninguna de estas dos alternativas sea la solución, ni la retórica que en definitiva impida la acción ni tampoco el alarmismo que, de la misma manera, instrumentaliza únicamente un problema para unos objetivos, sean estos los que sean, pero que no aborda realmente el problema. Creemos que la cuestión inmigratoria en nuestro país tiene muchos más aspectos positivos y que, por tanto, debe ser analizada de manera consensuada y de forma sopesada en una subcomisión como esta. Nosotros haremos nuestras aportaciones. Nuestras principales preocupaciones respecto a la cuestión inmigratoria no radican ni en los mecanismos de contención ni tampoco en las políticas de interior, nuestras principales preocupaciones están básicamente en los derechos y las libertades de todos los ciudadanos -también de los inmigrantes-, están asimismo en la cooperación internacional y en las medidas de acogida y de integración en nuestro país. Ahí es donde nosotros haremos hincapié en esta subcomisión sin negarnos a ninguna otra propuesta pero, como digo, nuestra intención es trabajar para que las medidas que se han venido adoptando a lo largo de esta legislatura, la más reciente de las cuales es
la que tiene que ver con el reglamento, no solamente no se corrijan -creemos que van en buena dirección-, sino que se profundicen. En ese sentido, nosotros no estamos a favor de esta subcomisión, como decía antes, para retórica, tampoco para el alarmismo, pero mucho menos para un giro conservador en la política inmigratoria. Creemos que es una política positiva en la que es necesario profundizar y no creemos que sean necesarias rectificaciones en un sentido conservador.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nosotros también vamos a votar favorablemente la creación de la subcomisión, de facto somos uno de los grupos proponentes de esta iniciativa que nos parece que se incardina en algo que nosotros recurrentemente venimos solicitando en esta Cámara, que es darle una impronta, un carácter, un perfil de política de Estado a uno de los problemas o de los fenómenos -puesto que se suele utilizar este eufemismo sustitutivo de lo que tiene aspectos problemáticos, sobre todo para los sujetos pasivos, para los extranjeros y los inmigrantes- con los que nos tenemos que encontrar; dar una impronta de política de Estado y recabar y concitar los mayores consensos posibles sobre algo que ni el Gobierno en exclusiva ni el Gobierno con la ayuda de las comunidades autónomas ni la institucionalidad en exclusiva, sino las instituciones públicas con las instituciones privadas pueden resolver. Desde esa perspectiva, el trabajo de esta subcomisión puede extender lo que en este momento no deja de ser una política puramente gubernativa e insuficiente para atender un problema que tiene una fenomenología -sé que la expresión a veces puede resultar un tanto petulante- poliédrica o, si prefiere la presidenta, con muchas aristas, con muchos aspectos, multidisciplinar, y solo desde la perspectiva de un consenso político amplio se pueden afrontar eficazmente este tipo de problemas. Desde ahí -y lo hacemos, además, señora presidenta, con entusiasmo- vamos a apoyar la creación de este grupo de trabajo o subcomisión y esperemos que sea eficiente porque no sería la primera vez que conozco -en una ya dilatada experiencia parlamentaria- la creación de órganos de trabajo, subcomisiones o ponencias de este estilo que luego acaban siendo mecanismos inertes de actuación. Esperamos, por tanto, señora presidenta, que no suceda eso con esta y que realmente podamos afrontar debidamente, desde la perspectiva que nos toca, un problema tan complejo y que seguramente va a ser el problema con mayúsculas con el que vamos a convivir en el futuro.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: De hecho, solamente quiero manifestar que como nuestro grupo parlamentario también es uno de los que solicitó la creación de la subcomisión, se entiende que estamos convencidos de que abrir el Parlamento al debate sobre el fenómeno de la inmigración es la única manera de superar cualquier veleidad y cualquier intención de convertir la problemática de la inmigración en bandera electoral. Siempre hemos considerado la acción pedagógica del debate en el Parlamento y creo que esto puede superarse abriéndolo al debate. Es una subcomisión que, a nuestro entender, no solamente debería reunir el entusiasmo de los diputados y diputadas sino que, además, tendría que acelerar los trabajos puesto que es evidente que el Poder Ejecutivo debería recibir del Parlamento las conclusiones necesarias para afrontar políticas progresistas respecto al fenómeno de la inmigración que, además, creo que a nadie se le escapa, es de una urgencia evidente.
Permítame decirle también -aunque no sé si procedimentalmente corresponde en este momento, pero en todo caso me arriesgo a que me corrija- que esta subcomisión cuya creación debatimos hoy puede solapar otra que nuestro grupo parlamentario, conjuntamente con el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Socialista, consideró que se tenía que crear también a raíz del debate de política general del año 2005. Me estoy refiriendo a la creación de una subcomisión que debatiera la problemática social y económica que pudiera derivarse de una implantación de la renta básica. Sé que esa subcomisión ha ido esperando que se fueran cerrando las otras y la verdad es que nos urge tanto su creación que pediría, si es posible, que pudiéramos debatir hoy la necesidad de hacer corresponder de forma paralela la creación de sendas subcomisiones aun cuando sé y comparto que el criterio general era el de no saturar los trabajos de los miembros de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: Quisiera hacer una matización a sus últimas palabras. Simplemente le diré que son acuerdos de Mesa y Portavoces y que en su momento se adoptará como se adoptó este.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, también Convergència i Unió es uno de los grupos proponentes de la creación de esta subcomisión, una propuesta que enlaza con las formulaciones que Convergència i Unió planteó durante este pasado mes de agosto a raíz del debate social y político que el fenómeno de la inmigración ha provocado en nuestra sociedad. Estamos convencidos de que efectivamente, como se ha comentado, abordamos una de las principales cuestiones que la sociedad española deberá saber resolver en los próximos años, abordamos también una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, no tan solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea: los
debates sobre la capacidad de los Estados para controlar y gestionar los flujos migratorios y, al mismo tiempo, acomodar e integrar a nuevos ciudadanos a nuestras sociedades. Estamos instalados desde hace unos cuantos años en una importante controversia política en esta materia; estamos instalados también en una eficacia más que discutible del conjunto de las políticas públicas en este ámbito, los ciudadanos tienen la convicción de que las administraciones, los gobiernos, son incapaces de regular y controlar los flujos migratorios y si observamos la evolución del debate inmigratorio en el resto de la Unión Europea debemos asumir también que hoy ya no existen modelos de referencia inequívocos que nos sirvan para construir nuestras políticas públicas. Los debates en Francia, en Holanda, en Gran Bretaña, en Suecia, en Dinamarca y en Alemania en los últimos dos años indican que la gestión de la diversidad cultural en las sociedades europeas es aún un reto pendiente. Todo ello justifica la creación de una subcomisión que, desde nuestro punto de vista, debe tener un objetivo claro: alcanzar una visión compartida sobre el problema que aborda la sociedad y proponer una política compartida para el conjunto de la sociedad. La idea de un pacto de Estado para la política de inmigración, que nos pueda permitir durante un plazo razonable de tiempo construir esa política pública que necesitamos, nos parece de una urgencia necesaria, nos parece una demanda de los ciudadanos y ahí es donde el sentido de esta subcomisión tiene su razón de existencia. Esta subcomisión no debe ser una manera de obviar, soslayar y evitar la discusión política sobre esta cuestión, no debe ser simplemente una fórmula para evitar las posiciones legítimas que los diversos grupos tenemos en relación con esta cuestión, sino que debe ser un ejercicio político de creación de una visión compartida, insisto, y de una política pública que podamos desarrollar en los próximos años. Ojalá esta subcomisión esté a la altura de las circunstancias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: La posición de nuestro grupo ante esta iniciativa presentada por todos los grupos de la Cámara, excepto el nuestro, es la misma postura que teníamos el 11 de febrero de este año cuando solicitamos la creación de una comisión mixta de inmigración, una comisión Congreso-Senado sobre la inmigración. Es la misma posición que teníamos también el pasado 12 de septiembre cuando presentamos una proposición no de ley para combatir la inmigración ilegal en España y entre las múltiples medidas que allí solicitábamos una de ellas era la creación de esta comisión específica mixta Congreso-Senado y es la misma que manteníamos el 6 de noviembre de este año cuando se presentó otra proposición no de ley para adoptar medidas que hicieran frente a la gestión de la inmigración donde nuevamente, y ante la situación existente, enumeramos, entre otras numerosas y múltiples medidas, la creación nuevamente de una comisión mixta Congreso-Senado sobre la inmigración. Por tanto, nuestra posición difiere de la que ahora se mantiene por los demás grupos porque consideramos que la materia es lo suficientemente importante como para que se contemple en una comisión específica sobre la inmigración y que lo fuera además mixta Congreso-Senado y no en una subcomisión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales rebajando la trascendencia de la materia.
Nuestra posición en este caso va a ser de abstención porque nosotros sí que trabajaremos lógicamente en esa subcomisión que se creará con los votos favorables de todos los grupos de la Cámara excepto el nuestro.
Nosotros lógicamente nos esforzaremos y trabajaremos en esa subcomisión, pero para nosotros es la prueba palpable del fracaso de un ministro, el ministro Caldera, que tenía que haber puesto las medidas suficientes para que esto no llegara a ocurrir. La inmigración es importante, y no lo decimos solo nosotros, lo dicen todos los ciudadanos españoles porque ha pasado a ser, según las encuestas últimas, el primer problema de los ciudadanos españoles según el reciente barómetro del CIS. Para hacer frente a este problema es necesario adoptar distintos tipos de medidas que contribuyan a que los flujos migratorios en España se desarrollen de forma adecuada, ordenada y razonable, teniendo en cuenta el funcionamiento y las necesidades del mercado de trabajo, la capacidad de acogida y la adaptación de los servicios sociales. Nunca hasta ahora el fenómeno de la inmigración en España había tenido estos rasgos de problema. Ahora se habla en todos los medios y ante los ciudadanos del problema de la inmigración cuando la inmigración es un fenómeno que puede tener muchos rasgos de carácter positivo.
El fenómeno de la inmigración bien gestionado es un valor que ayuda a los países de acogida a su crecimiento y además colabora o coopera a que cientos y miles de personas puedan desarrollar sus expectativas de vida de una forma más digna y enriquecedora que en sus países de origen. Sin embargo, este Gobierno no ha sabido gestionar eficientemente este desafío y, lejos de llegar a ser la envidia de Europa, como se atrevió el ministro Caldera a profetizar, hemos sido criticados por una política ineficaz y unilateral que está incluso originando el mayor drama humanitario en nuestras costas. Es una política frívola, de incumplimientos y desvaríos, que ha dado como consecuencia pésimos resultados, dramáticos para los propios inmigrantes, muchos de ellos perdiendo la vida, y otros tantos comprobando con desesperanza, cuando llegan, que esta no es la tierra prometida y resultados perversos también para la sociedad de acogida que, lejos de poder dirigir positivamente la inmigración con políticas integradoras, se ve desbordada y sufriendo, como nunca, problemas asistenciales y de seguridad.
Cerca de 24.000 inmigrantes ilegales han llegado a las costas canarias en lo que va de año, cinco veces más que el año anterior. Solo en el mes de agosto del presente año han llegado 4.925 inmigrantes. Las enormes avalanchas de subsaharianos que están llegando a las costas
canarias y la catástrofe humanitaria, que los informes del Centro Nacional de Inteligencia cifran en más de mil fallecidos, los informes de las ONG en más de 3.000 desaparecidos, llevan a que la inmigración ilegal cause una profunda alarma social. El Gobierno se ha mostrado incapaz de dar una respuesta clara y eficaz al problema de la inmigración. Primero generó la crisis con el proceso de regularización masiva de 2005, a pesar de las advertencias de los socios europeos, del sentido común y también de nuestro grupo parlamentario. Ahora declara que el problema es de la Unión Europea y que no está reaccionando. Hoy, confirmando estas afirmaciones, sabemos que hay más inmigrantes ilegales que cuando se inició el proceso de regularización. El Gobierno, sin pretender hacer frente a esta crisis de un modo real y sostenido, ha aprobado cuatro planes diferentes sin ningún tipo de resultado, de Europa no ha conseguido implicación real ni esfuerzo conjunto y ni medios ni recursos suficientes.
Termino, señorías, diciendo que tampoco existe una comunicación fluida y transparente con las comunidades autónomas a la hora de afrontar de un modo conjunto el problema de los inmigrantes irregulares. Muchas veces ni se les avisa de la llegada de inmigrantes o se les avisa el mismo día. No sabemos ni siquiera el criterio de reparto entre todas las comunidades autónomas, teniendo más llegadas aquellas comunidades autónomas que son de signo diferente al del Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Popular en una interpelación urgente al Gobierno en marzo pasado denunció esta situación y propuso medidas concretas que, de no haber sido rechazadas, podrían haber evitado la escalada de muertes y avalanchas masivas en las que nos encontramos. No ha sido la única iniciativa que realizó el Grupo Parlamentario Popular, ha habido bastantes mociones consecuencia de interpelación urgente, bastantes preguntas, tres o cuatro proposiciones no de ley e infinidad de medidas que nosotros solicitamos a la Cámara para que apruebe que el Gobierno las adopte y se pueda evitar así todo este problema que está ocasionando en nuestro país y también a aquellos inmigrantes que vienen a nuestras costas.
El problema de la inmigración ilegal requiere medidas previsoras y políticas eficaces y resolutivas por parte de este Gobierno y la creación de esta subcomisión es la prueba palpable del absoluto fracaso de un ministro sin capacidad para resolver problemas, puesto que es él mismo quien los crea. Podía haber sido el Consejo Superior de Política de Inmigración el que debería haber puesto en marcha medidas suficientes para acometer esta situación que ahora mismo nos desborda. No obstante, nosotros, lógicamente, como decía al principio, vamos a esforzarnos y vamos a trabajar en esa subcomisión que se creará como producto supongo del Pacto de Tinell, puesto que son todos los otros grupos parlamentarios los que solicitan esta subcomisión y ninguno de ellos ha visto la importancia de realizar una comisión específica sobre inmigración que nosotros creemos que era lo conveniente, ya que nos parece insuficiente la creación de una subcomisión en el momento en el que nos encontramos y con la situación que tenemos en España con respecto a la inmigración. Por tanto, señorías, anuncio la abstención de nuestro grupo, pero considerando que este problema se tendría que haber tratado de manera diferente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Después de oír a la portavoz del Grupo Popular sí que me gustaría trasladar a las ciudadanas y ciudadanos desde esta Comisión un mensaje de calma y de tranquilidad porque el Gobierno está trabajando con coherencia, con constancia y principalmente trabajando con todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que viven en el tercer mundo, a los que les separan solamente unas millas del primer mundo, donde viven las personas más empobrecidas, más olvidadas, más desatendidas y para las que tenemos que actuar inmediatamente.
Sí es cierto que todos sabemos que las migraciones son un fenómeno global, no lo vamos a descubrir hoy y, por tanto, constituyen un asunto de todos los países. Es uno de los grandes puntos de la agenda global y ha de ser abordado de manera integral como algunos de los portavoces que me han precedido han señalado. No obstante, la inmigración ha hecho cambiar la sociedad española y la convivencia en la misma, pero en sí ha sido positiva para España. De hecho, los últimos estudios señalaban que la inmigración ha sido uno de los factores más importantes para que España se sitúe en el noveno lugar en el ranking económico de todos los países.
La inmigración se ha convertido en un fenómeno prioritario, pero no solamente de la política española, sino de todas las políticas a nivel mundial, por tanto, hemos de abordarla de manera integral. Agradezco a todos los grupos que hayan firmado esta subcomisión, porque es para trabajar pero, señorías del Partido Popular, es muy difícil ganar cualquier batalla con ustedes a base de la palabra. Intentaré con la palabra que por lo menos caigan en la cuenta de que el fenómeno de la inmigración no puede ser constantemente confrontación, y no se puede decir que o todos los grupos aceptan las políticas que yo propongo o no voy a aceptar ninguna otra política. En democracia, el diálogo significa hablar, consensuar, significa que nadie tiene razón, sino que todos pueden aportar algo positivo a una política; eso es lo que significa el diálogo en democracia. No significa imposición ni decir que, como he presentado tantas proposiciones no de ley y tantas mociones, o aceptan la política inmigratoria que el Partido Popular quiere o no hay consenso. A lo largo de la subcomisión llegaremos a acuerdos importantes, porque estos se basan principalmente en eso, en dejar cada uno lo que considera más importante y, al final, hacer una política coherente, cohesionada e integral respecto al fenómeno inmigratorio. Los objetivos que el Grupo Parlamentario Socialista plantea que puede tener
esta subcomisión son principalmente: favorecer una inmigración legal y ordenada, establecer mecanismos suficientes para canalizar las migraciones y gestionar los flujos y propiciar la plena integración social. En cuanto a la integración, tenemos que hablar mucho todos los grupos políticos, porque los inmigrantes que viven con nosotros nos han enriquecido, pero hace falta dotar de más recursos humanos y técnicos, de más centros de internamiento y, por supuesto, abordarlo de una forma integral para que convivan con nosotros y aceptemos las reglas de convivencia, las normas y valores de unos y otros. Hay que luchar contra una inmigración ilegal, contra el tráfico de seres humanos y la explotación personal y laboral de los inmigrantes, combatir la exclusión social -lo decía el señor Llamazares-, la economía sumergida, el racismo y la xenofobia y, por supuesto, asegurar la dotación presupuestaria.
Sobre estos objetivos y sobre todos los que nos quedan, principalmente convertir la inmigración ilegal en una inmigración ordenada y legal en la canalización de los flujos, en el estudio de los centros de internamiento que ahora tienen los extranjeros que viven con nosotros. Además, tendremos que abordar el tema de los menores y el de los contingentes laborales en el mercado de trabajo. Por tanto, son muchos los temas que tendremos que abordar en esta subcomisión con coherencia y con trabajo.
Quiero insistir, y me gustaría que me escuchara la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en que la política del Gobierno no ha fracasado, sino que, como he dicho al principio, se está trabajando con coherencia y constancia, no con frivolidad. Frivolidad es no aportar, frivolidad es estar hablando sin escuchar, frivolidad es no proponer nada en la Comisión de Presupuestos sobre los temas de inmigración, frivolidad es tomarse esto como un elemento más de confrontación para desgastar al equipo de Gobierno. Sin embargo, doy las gracias por la seriedad que han manifestado todos los grupos políticos, porque lo único que se pretende en esta subcomisión es alcanzar un gran pacto de Estado, marcar las directrices y la planificación sobre la que todos los grupos vamos a tener que trabajar para que la inmigración no se convierta en un tema de confrontación, sino en un tema de convivencia a nivel global, en un fenómeno integral que tenemos que abordar todos los ciudadanos que estamos en España y que convivimos con los extranjeros y, por supuesto, dotar de más medios y recursos, humanos y técnicos, para que los inmigrantes que vivan con nosotros estén plenamente integrados, de forma que unos y otros tengamos una convivencia ordenada y una aceptación de las normas de la misma. Por tanto, agradezco a todos los grupos políticos su compromiso, pero le pido al Grupo Parlamentario Popular que venga a la subcomisión con la suficiente apertura y flexibilidad para acoger todas las opiniones que vengan de todos los grupos, para darse cuenta de que no solamente lo que yo pienso es la verdad, sino que en una política inmigratoria, que ha cambiado la convivencia en España, todas las voces son importantes, tanto de las administraciones como de las organizaciones sindicales y sociales que están trabajando con los inmigrantes y, por supuesto, la de todos los grupos políticos que representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles. Esa es la seriedad. Seriedad es la aceptación de que nadie lleva la razón, y con toda la humildad del mundo la portavoz de este grupo parlamentario agradece el inicio de un gran trabajo, porque al final de esta subcomisión estoy segura de que vamos a conseguir que este no sea un tema de confrontación, sino un tema de entendimiento y de convivencia.
-PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES. (Número de expediente 121/000090.)
-PROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000091.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a ratificar ahora las ponencias tanto del proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales como del proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo, que vamos a votar por asentimiento separadamente.
En cualquier caso, quería señalar una cuestión previa. En una sala próxima a esta se encuentran personas del colegio de educadores que van a seguir este debate en el que no hay enmiendas. Para no prolongar mucho su permanencia en el mismo, votaremos estos dos temas al final del debate sobre el colegio de educadores, si les parece bien. Hay tiempo suficiente para avisar a los grupos después de este debate.
Por tanto, ratificamos por asentimiento la ponencia designada para informar el proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales y ratificamos también por asentimiento la ponencia designada para informar el proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo, procedente del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del proyecto de ley de creación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores sociales. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo para felicitar a las educadoras y educadores sociales, en nombre de mi grupo parlamentario, por algo importante como es la creación del Consejo General Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Esta es una ley muy sencilla y, por razones de economía procesal, sobre esta materia poco más cabe hacer que autofelicitarse, sin perjuicio de que sí quiero indicar que alguna alocución de carácter semántico o gramatical, no carente de connotaciones políticas, como la consignada en la exposición de motivos, aquella que hace referencia a cuando estén constituidos varios colegios en la misma profesión en un ámbito inferior al nacional, le resulta discutible a mi grupo parlamentario, dada la configuración, incluso constitucional del Estado, y el carácter plurinacional que entendemos que este tiene. La continuidad en el uso de la alocución nacional sigue siendo perturbadora y no se ajusta a los requerimientos de un Estado compuesto; nosotros hubiésemos preferido la sustitución de la expresión nacional por estatal.
Sin perjuicio de estas cuestiones, que forman parte de debates ajenos a esta importante norma que aquí se aprueba, quiero felicitar a los educadores y educadoras sociales, ya que por fin poseen un colegio general que, como corresponde a toda corporación de derecho público que tiene esta finalidad, defenderá eficientemente sus intereses y protegerá sus problemas mediante los niveles de interlocución que la estatalización del ámbito de actuación del colegio siempre posibilita. Desde esta perspectiva, no hay presentada ninguna enmienda de ningún grupo parlamentario, lo cual quiero que conste en el "Diario de Sesiones", ya que es inédito que en esta legislatura, señora presidenta -usted llevará la cuenta mejor que yo-, nadie haya enmendado un proyecto de ley de estas características. A estos efectos, estamos en condiciones, con una ley con menos connotaciones o con menos profundidad ideológica que otras, de concitar el consenso universal de la Cámara, lo cual siempre es algo que merece ser objeto de la debida consideración.
El señor TARDÀ I COMA: En los mismos términos en que se ha expresado el compañero del Partido Nacionalista Vasco, quiero felicitar a los educadores sociales, pues con su iniciativa, que han trasladado a los grupos parlamentarios, se pone encima de la mesa la mayoría de edad de esta profesión. Estamos hablando de cerca de 8.000 colegiados en el Estado español, de colegios profesionales en diez de los territorios administrativos del actual Estado español y estamos convencidos de que esto refleja una realidad y es que esta profesión tiene un gran futuro en la medida en que su desarrollo económico exige superar muchos desequilibrios de carácter social. Mi grupo parlamentario tampoco ha presentado enmiendas, ya que su opinión es favorable al proyecto del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Cataluña. En la medida en que el contacto de mi grupo parlamentario con dicho colegio dio luz verde al proyecto de ley, mi grupo consideró que no era necesario presentar enmiendas, aun cuando en alguna ocasión hemos comentado que se hacía un uso terminológico que nos hubiera gustado, como decía el diputado Olabarría, que se expresara de otra forma. Es evidente que esta necesaria coordinación a nivel del Estado va a actuar en favor de la profesión y me ratifico en la idea de que en la sociedad actual, teniendo en cuenta el reto del incremento del Estado del bienestar y la superación de los desequilibrios sociales, y ante el reto de las nuevas inmigraciones, la exclusión social y la necesaria sociabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el contexto de la economía de mercado, que a veces impone desequilibrios que todavía claman en las conciencias, la creación del consejo general actuará en beneficio de la Administración, puesto que habrá un interlocutor válido de los profesionales y no solamente eso, sino que también actuará en beneficio de la sociedad.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a intervenir con brevedad.
Mi grupo también se congratula por la creación de este Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores. Se trata de una medida que consolida una profesión que, seguramente en términos históricos, es relativamente reciente, pero es evidente que desde la llegada a España de la democracia se ha ido consolidando como una realidad de profesionales que dan respuesta a nuevos y viejos problemas sociales. Con la creación de este consejo reforzamos la capacidad de interlocución de esta profesión. Es una profesión madura y es evidente que en el reto del proceso de modernización de nuestro Estado del bienestar las educadoras y los educadores sociales van a jugar en los próximos años un papel relevante. Los problemas son acuciantes y los profesionales de los servicios sociales deben tener un papel central en las respuestas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: El Grupo Popular dio su conformidad en la ponencia y vuelve a darla hoy en la Comisión. Hemos hablado con algunos de los representantes del futuro Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, los
cuales nos manifestaron la necesidad que tenían de que se aprobara con rapidez este consejo general, y hoy queremos darles nuestra más cordial enhorabuena y nuestro apoyo total. Hoy es un día importante para los educadores y las educadoras sociales, ya que la exposición de motivos dice que en la actualidad existen en España diez colegios y doce asociaciones de educadoras y educadores sociales, lo que pone de relieve la importancia y la trascendencia de la creación de este consejo. Su creación es una necesidad ineludible, pues va a actuar como coordinador, como articulador, y va a servir de estímulo a todas las actividades que lleven a cabo los diferentes colegios oficiales, contribuyendo de esta manera de forma decisiva al desarrollo de una profesión que cada día está más presente en nuestra vida cotidiana y profesional. Por otra parte, justificamos nuestro apoyo a la creación de este consejo porque con ello damos cumplimiento a la legislación vigente, a la Ley 2/1974, de 13 febrero, así como a sus posteriores modificaciones sobre las normas reguladoras de los colegios profesionales. Solo me queda reiterar una vez más la felicitación a este colectivo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora De la Cruz.
La señora DE LA CRUZ VALENTÍN: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los distintos representantes de los diferentes colegios profesionales del Estado español, que, aunque no se encuentran en esta sala por normas de funcionamiento interno de la Cámara, nos acompañan en una anexa a esta, cual es la Sala Argüelles. Así pues, doy la bienvenida a los representantes de esos colegios profesionales. Para ellos, para todos los educadores y educadoras sociales de nuestro país, un colectivo que en la actualidad cuenta con más de 8.000 colegiados, hoy es un día muy importante, pues con la elaboración de este proyecto de ley el Gobierno y hoy el Parlamento dan respuesta a las aspiraciones legítimas de estos profesionales, según establece la exposición de motivos del citado proyecto de ley. La creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales dotará a este colectivo de una organización y estructura adecuada capaz de velar por la defensa de sus intereses, asumiendo la representación de los mismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y ordenará de forma homogénea el ejercicio de su profesión, garantía para todos aquellos colectivos sociales con los que trabajan. Su creación ha sido motivada a instancia de parte y bien sabe el Grupo Parlamentario Socialista, que ha tenido la satisfacción de acompañarles en este camino, de los continuos desvelos y requerimientos por parte de los responsables de la asociación estatal, que ha trabajado por representar a este colectivo y conseguir uno de sus principales objetivos; la creación del consejo.
Señorías, siempre ha existido un gran movimiento asociativo por parte de estos profesionales, incluso mucho antes de ser reconocida su profesión mediante el correspondiente título universitario. Después, poco a poco, se fueron creando los colegios profesionales en el ámbito autonómico; alguno en este momento está en proceso de creación y ya son diez los que están constituidos formalmente. En febrero del año 2003, la Asamblea de la Asociación Estatal de Educación Social, Asedes, insta a la creación del consejo general; el 5 de octubre del año 2004 los colegios existentes presentan la solicitud oficial de creación y en noviembre de ese mismo año, a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se presenta la memoria justificativa de la solicitud. Todo este proceso nos lleva al momento y al día en que hoy nos encontramos. Creo que es justo hacer este merecido reconocimiento a todas aquellas personas y profesionales de este colectivo por esa lucha legítima que han mantenido durante todo este tiempo. Este es el fruto del trabajo continuo de educadores sociales, Gobierno y Parlamento. En una sociedad democrática en la que los servicios sociales se estructuran como respuesta a los derechos de los ciudadanos en el Estado del bienestar, los educadores sociales forman parte fundamental de esta respuesta que el Estado tiene que dar a los ciudadanos, con actuaciones específicas en los campos de la educación no formal, la educación de adultos, la inserción social de personas en proceso de desadaptación, la discapacidad física, psíquica y sensorial, así como la acción socioeducativa.
Un Gobierno Socialista que desde su inicio ha tenido en el desarrollo de las políticas sociales su principal referente -no es casualidad que se destine más del 50 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado a políticas sociales- no podía dejar de apoyar a este colectivo, constituyéndose la profesión de educador social como uno de los nuevos yacimientos de empleo, donde la demanda de estudios supera, y en mucho, a las plazas ofertadas por las universidades, la mayoría públicas, que son las que ofrecen este tipo de titulación universitaria. Por todo ello, señorías, señora presidenta, es para nosotros motivo de satisfacción que hoy se apruebe en el Parlamento este proyecto de ley con el apoyo de todos los grupos. Solamente me queda felicitar a este colectivo, porque, como he dicho al principio de la intervención, hoy es un día muy importante para ellos. A todos ellos muchísimas felicidades en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y felicidades a todos nosotros por este gran acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Si estamos en condiciones, votaríamos los dos puntos debatidos. (El señor Azpiroz Villar pide la palabra.)
Dígame, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Veo que ya se empiezan a incorporar algunos de los diputados que estaban en la reunión con los miembros y representantes del colectivo de la iniciativa que se va a aprobar, pero quería manifestar que, como anteriormente se expuso
que las votaciones no se iban a celebrar antes de las doce y cuarto, algunos de los compañeros del Grupo Parlamentario Popular no van a estar presentes y va a haber una cierta infrarrepresentación que no va a alterar el contenido final del voto, pero que queremos expresar porque ha sido en razón de este equívoco y no de ninguna otra cuestión por lo que no está el número de representantes del Grupo Parlamentario Popular que debiera estar.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, agradezco sus palabras. Suspendemos durante un minuto.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación con el primer punto del orden del día, que es la solicitud de creación de una subcomisión sobre la política de inmigración, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, nueve.
Proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Se vota en sus propios términos al no tener enmiendas. Como ha dicho el señor Olabarría, yo creo que es el único proyecto de ley de esta Comisión al que no se han presentado enmiendas, por lo que debemos felicitarnos.
La señora PRESIDENTA: Seguimos con el segundo punto del orden del día, que es el proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio). (El señor Membrado Giner pide la palabra.) Dígame, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, solicitamos un receso de una hora y cuarto aproximadamente.
La señora PRESIDENTA: ¿Hora y cuarto? La Presidencia y la Mesa podemos aceptar un receso de media hora o cuarenta minutos, pero hora y cuarto nos parece excesivo puesto que es un tema debatido en ponencia. Serán cuarenta minutos y reanudaremos a las once y diez.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión con la continuación del orden del día, proyecto de Ley para la mejora del crecimiento y del empleo. Iniciamos el debate con la intervención de los distintos grupos de menor a mayor, como es habitual. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, permítame que me ubique, porque no suele ser habitual que sea mi grupo el que comience las intervenciones, pero lo haremos gustosamente.
Mi grupo tiene vivas una serie de enmiendas, de la número 60 a la número 64, que hacen referencia a cuestiones que la norma que estamos debatiendo no resuelve bien en nuestra opinión, señora presidenta. En primer lugar, la enmienda 60 pretende denunciar una situación que es recurrente en esta Cámara como es que en materia de interlocución sindical siempre se excluye a sindicatos que ostentan la condición jurídica de mayor representatividad sindical y que, por tanto, deben ser llamados a la negociación de estos acuerdos interprofesionales de los que luego dimanan los reales decretos-leyes que cuando se tramitan como proyectos de leyes se convierten en proyectos de leyes y en leyes posteriormente. El artículo 6 y siguientes de la Ley Orgánica de Libertad Sindical establecen cuáles son los criterios para ostentar la condición de mayor representatividad sindical. En sindicatos de ámbito de actuación estatal basta con poseer el 10 por ciento del total de los representantes sindicales electos y los de ámbito de actuación inferior al estatal tendrían que obtener un 15 por ciento del total de representantes electos y 1.500. En esta situación hay varios sindicatos, está ELA-STV, ha estado LAB en algunas elecciones sindicales, está la Intersindical Gallega, y sin embargo nunca son llamados a la configuración de estos acuerdos interprofesionales, incorporando lo que en nuestra opinión se podría calificar como una especie de vicio de nulidad al acuerdo interprofesional del que luego dimanan todas estas normas que estamos negociando. A través de esta enmienda, señora presidenta, queremos denunciar esta situación, ya que vicia de legalidad a estas normas que son tan relevantes desde nuestra perspectiva.
La enmienda siguiente, la número 61, pretende la supresión entera, in toto, de la sección 1.ª del capítulo I. Nosotros creemos que hay una cuestión pendiente en el
ámbito de la estructura de un Estado compuesto como es el español, que son las transferencias en materia laboral y en relación particularmente a las políticas activas/pasivas de empleo, de las cuales no ha sido todavía recipiendaria la Comunidad Autónoma del País Vasco por la falta de voluntad negociadora, por la inflexibilidad de la Administración central a la hora de la transferencia. Por tanto, nos oponemos a la configuración en su totalidad de lo previsto en esta sección de este capítulo, porque entendemos que vulnera títulos competenciales que corresponden o que deben reconocerse a la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de las correspondientes transferencias de los servicios, de los medios personales y materiales, y el reconocimiento de sus capacidades normativas, que llegarían incluso hasta el nivel de las bonificaciones, a pesar de que hay jurisprudencia, lo reconozco, del Tribunal Constitucional que establece que las bonificaciones en materia de empleo podrían considerarse de una naturaleza jurídica afín o similar a las bonificaciones de Seguridad Social, siendo la Seguridad Social competencia exclusiva del Estado. Esto es discutible y la jurisprudencia es errática en esta materia. En todo caso, si nosotros, tal como está configurada esta sección de este capítulo -que pedimos su supresión en su totalidad- aceptamos esto, estamos aceptando la atribución ilegítima por parte de la Administración central del Estado y por la capacidad normativa de este Parlamento, que no le corresponde en su totalidad, y vulnerando los artículos 10 y 25 del Estatuto de Autonomía de Gernika, el artículo 12.2 del mismo Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el artículo 16 de dicho precepto. En definitiva, lo que nosotros queremos es que se resuelva el viejo contencioso de las transferencias de las políticas activas de empleo, de la transferencia del INEM en todas sus competencias, tanto en intermediación en el mercado de trabajo como de políticas promocionales del empleo incluidas las bonificaciones, porque la jurisprudencia constitucional, amén de los títulos y preceptos invocados, nos ampara en esta materia.
La siguiente enmienda es la número 62 y hace referencia a un tema importante que me gustaría que fuera objeto de la debida consideración o que afectase a la sensibilidad progresista, al fenotipo que el ministro Caldera atribuye a su grupo parlamentario de ser un grupo progresista.
Hace referencia a dos segmentos o dos sectores empresariales de lo que se denomina el ámbito de la economía social, las sociedades anónimas laborales y las cooperativas de trabajo asociado, y a la posibilidad de que cuando éstas se creen y capitalicen los recursos previstos en la legislación para incorporarlos a su capital social como mecanismo de garantía financiera para su viabilidad pro futuro, producida esta capitalización con fecha anterior al 8 de abril de 2001, todas las deudas que sigan vivas, que sobrevivan tras esta fecha con el Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, capitalizado para poder constituir, nada menos, y mantener una sociedad que hubiese quebrado, que hubiese desaparecido si no se hubiese producido esta capitalización de las deudas dimanantes u obrantes con el Fogasa, que éstas se condonen. Creo que este es un tema que está requerido reiteradamente en proposiciones no de ley en esta Cámara, algunas formalmente aprobadas y, por tanto, yo le pido al Grupo Socialista que lo analice con detenimiento y con la solvencia y el carácter progresista de sus políticas en materia social, porque estamos jugándonos nada menos que la supervivencia de un número no irrelevante de sociedades anónimas laborales y de cooperativas de trabajo asociado a las que, si se les ejecutaran estas deudas dimanantes o sobrevivientes desde 2001 con el Fondo de Garantía Salarial, las pondríamos en una situación de continuidad, en una situación de dudosa competitividad, dificultaríamos su mantenimiento, en definitiva, porque no son pequeñas las dificultades que tienen que arrostrar, con las que se tienen que enfrentar desde una perspectiva financiera tanto las sociedades anónimas laborales, que dimanan al fin y al cabo de una empresa en crisis, como las cooperativas de trabajo asociado, que muchas veces se constituyen también por trabajadores de una empresa que estaba en crisis antes de la constitución de la cooperativa. Que el Fondo de Garantía Salarial sea precisamente el que provoque un quebranto económico que dificulte la continuidad de estas empresas, sería verdaderamente imperdonable. Por eso hacemos nosotros una invocación o una apelación al carácter progresista del grupo mayoritario en esta Cámara y de todos los demás. Me estoy refiriendo a la enmienda 62 de mi grupo parlamentario e insto a todos los grupos parlamentarios a que la consideren en su debida dimensión y les pido que la voten favorablemente.
La enmienda 63 es congruente con la anterior y la doy por defendida en sus propios términos. La enmienda 64, que también es a su vez congruente con todo lo referido a las políticas de fomento del empleo, tal y como está previsto en este originariamente real decreto-ley y ahora proyecto de ley, hace referencia al Plan de modernización del servicio público de empleo estatal, pero también a cómo, además de la modernización, señor Membrado, tenemos que cumplir con los requerimientos constitucionales en materia de distribución de competencias; modernizar también es cumplir con los requerimientos del bloque de constitucionalidad y atribuir a las comunidades autónomas las competencias que les corresponden, que seguramente están en condiciones de modernizar estas cuestiones mucho mejor que la Administración central del Estado, y eso no es solo modernizar sino sencillamente, señora presidenta, cumplir con la legalidad. Con esto doy por defendidas las enmiendas de mi grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que el señor Llamazares y la señora Fernández Davila quieren intervenir también.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley y que están basadas en los argumentos que inicialmente expresamos en el Pleno de esta Cámara en el debate del real decreto.
Reconocemos -y así lo dijimos también en su momento- todos los aspectos positivos que se recogen en este proyecto de ley en lo que se refiere a medidas destinadas a fomentar el empleo, pero pensamos que en la cuestión de la temporalidad en concreto se perdió realmente una oportunidad de afrontar el debate del verdadero problema que causa la temporalidad, es decir, la descentralización productiva generalizada que provoca, desde nuestro punto de vista, los efectos de la desregularización.
Efectivamente, esta no es la única causa, pero sí es una causa principal que no se trata en esta reforma y, por tanto, tenemos dudas respecto a que las medidas tomadas sean todo lo positivas que deberían ser para eliminar la temporalidad, por lo menos en la cuantía que dichos contratos presentan en estos momentos. Por otro lado, al analizar la propuesta o el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo, hay realmente una diferencia que nosotros definimos como desequilibrio entre las medidas que se acuerdan, entre aquellas destinadas a abaratar los costes empresariales y las dirigidas a garantizar una mayor contratación indefinida. Desde nuestro punto de vista, esas medidas relativas a las bonificaciones o a las subvenciones deberían estar condicionadas a garantizar porcentajes de estabilidad y de calidad en el empleo que permitieran invertir, como decía anteriormente, la diferencia entre contratación indefinida y contratación temporal y eventual que existe actualmente.
Paso a defender las enmiendas que presentamos y que, como digo, están relacionadas con el análisis que acabo de exponer brevemente respecto a la propuesta que nos hace el Gobierno y que en su día fue apoyada en el Congreso como real decreto-ley. La enmienda número 65 al artículo 1, de acuerdo con cuestiones que dijimos anteriormente, tiene como objetivo que las empresas beneficiarias de las distintas medidas que se toman cuenten con un mínimo de compromiso previo con la contratación indefinida; en este caso la propuesta que hacemos es que, cuando menos, tengan que contar con el 50 por ciento de su plantilla como trabajadores fijos. La número 66 pretende que los empleadores beneficiarios de estas bonificaciones contraten indefinidamente mediante el contrato indefinido ordinario, por la razón de que el contrato que se plantea en la reforma es, desde nuestro punto de vista, perjudicial para los trabajadores contratados, entre otras razones por la reducción de días de indemnización en caso de despido. Así, también presentamos la enmienda número 67 porque tenemos en cuenta que la bonificación tiene por objeto impulsar la contratación indefinida. Un despido improcedente impediría el objetivo de la bonificación de crear un puesto de trabajo estable, produciéndose fraude de ley. Esto está en consonancia con esas garantías que decíamos al principio que deberían tener las empresas que van a ser susceptibles de obtener los beneficios que la ley les aporta, en el sentido de que, si van a estar subvencionadas o van a tener bonificaciones de la Seguridad Social -realmente se plantean ambas cosas-, tengan efectivamente que responder en caso de que hagan estas contrataciones y luego despidan a los trabajadores, de manera que no se utilice la contratación de trabajadores solamente para beneficiarse de las bonificaciones y subvenciones que aporta el Gobierno y que una vez que esto se acabe -concretamente aquellas que tienen duración por cuatro años- se pueda despedir al trabajador. La número 70 tiene relación -y creo que algún grupo parlamentario, si no está totalmente de acuerdo con nosotros, tiene alguna preocupación a este respecto- con las distintas bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales que se hacen en el proyecto de ley. Ya expusimos nuestra preocupación en este tema cuando defendimos nuestra posición en el real decreto. Reconocemos que existe en este momento una situación de bonanza económica que puede permitir lo que aquí se plantea, pero también tenemos en cuenta acuerdos y previsiones de crecimiento económico que se hacen desde fuentes estadísticas de la Unión Europea y que crean, cuando menos, una preocupación sobre el futuro y, por tanto, sobre lo que estas reducciones que se plantean en el proyecto de ley pueden significar o repercutir en la suficiencia tanto del Fogasa como del Fondo de Desempleo. Creemos que es necesaria la inclusión de los contratos formativos entre los tipos de contratos que se puedan beneficiar por las políticas de subvención de la ley, y por eso presentamos la enmienda 72, para que no se suprima este tipo de contratación. Asimismo, con el régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento en los contratos temporales que se propone en el proyecto de ley, la medida no sería efectiva, desde nuestro punto de vista, hasta dentro de treinta meses, un periodo demasiado lejano para que la medida entre en funcionamiento; de ahí la propuesta que hacemos en esta enmienda número 74 a la disposición transitoria segunda. La enmienda número 75 es de adición a la disposición final primera y tiene como objetivo que se permita a las comunidades autónomas participar en una cuestión tan relevante como la definición de los objetivos y programas del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, puesto que será de importancia para una buena definición de estas cuestiones tener en cuenta sus sensibilidades y sus aportaciones a este debate, dado que las cuestiones relacionadas con el empleo son competencia de las comunidades autónomas, si no en su totalidad sí parcialmente. Por tanto, entendemos que, en función de esas competencias de las comunidades autónomas, sería conveniente la participación en lo que sería la consulta entre los interlocutores sociales. Asimismo, nuestra enmienda número 77 va en la misma dirección de la anterior, aunque tiene una explicación diferente y razones distintas. Aunque en principio, según la propuesta del proyecto que hoy vamos a aprobar, se entiende que en esa consulta a las organizaciones sociales están incluidas todas aquellas que en el ámbito del Estado
tienen representación y que además así está reconocida por ley, nos preocupa que pueda continuarse con la falta de diálogo con las centrales sindicales de ámbito autonómico que tienen efectivamente ese rango de centrales sindicales representativas, y lo decimos por lo ocurrido hasta el momento concretamente con relación a este texto legal, además de otras cuestiones, ya que no fueron consultadas ni tenidas en cuenta las opiniones de las mismas. Por tanto, defendemos esta enmienda porque esto debe quedar suficientemente claro para que no vuelva a existir ninguna discriminación como las que ahora están existiendo con las centrales representativas de ámbito autonómico.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, mi grupo parlamentario es consciente de la situación en que se encuentra esta Comisión con respecto a una iniciativa que ha sido fruto de la concertación. Es decir, es una iniciativa que tiene un amplio respaldo por parte de los sujetos sociales y económicos, que ha llevado un largo periodo de negociación y finalmente a un acuerdo y, por tanto, que supone determinados equilibrios que en todo caso y dentro de la autonomía del Poder Legislativo nosotros tampoco queremos alterar. En todo caso, reconocemos las limitaciones y el margen de maniobra que tiene esta Comisión parlamentaria. Tenemos una discrepancia de fondo con respecto a esta iniciativa. Estamos convencidos de que en este periodo de crecimiento económico, pero también ante la magnitud del reto de nuestra baja calidad en el empleo, debería haber concluido este trámite y también el proceso de concertación con objetivos más ambiciosos. No atribuimos esa falta de objetivos ambiciosos a los agentes sociales, sino que creemos que ha habido cierto conservadurismo, por no decir mucho conservadurismo por parte de la patronal, y no ha habido un compromiso suficiente por parte del Gobierno que permita mover esta situación sociolaboral en el sentido más progresista. En ese sentido, mantenemos una discrepancia de fondo, como decía, porque en un momento en que las empresas tienen mayores crecimientos de los beneficios, en un momento de largo periodo de crecimiento económico y en un momento en que se produce la paradoja de un deterioro profundo del empleo tanto entre los jóvenes como en particular entre las mujeres, en nuestra opinión era el momento para tomar decisiones importantes, no digo drásticas, con respecto, por una parte, a la recuperación de la causalidad de la contratación, que en nuestro país está totalmente alterada y además de forma especialmente dramática en los últimos años con consecuencias en la precariedad y accidentabilidad laboral muy importantes y, por otra parte, a la recuperación también de algunos otros valores que parecen haberse perdido a lo largo de este periodo; es decir, el valor de la compatibilidad entre el trabajo y el ocio, la reducción de la jornada laboral, una serie de medidas que nos parece que deberían haberse incorporado a una reforma de fondo de nuestro modelo laboral, todo esto unido también a reformas económicas que deberían ser más intensas para sustituir un modelo de empresa que se basa en exceso, en nuestra opinión, en un modelo de competitividad del pasado, por un modelo de empresa que se base en la investigación, en la organización y en un modelo de competitividad del siglo xxi. Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario y en ese sentido van todas nuestras enmiendas, en el sentido de la rebaja de la jornada a 35 horas, el reconocimiento también de los días de vacaciones, de las horas extraordinarias, la filosofía de la reducción de jornada que hemos intentado trasladar a la Cámara en distintas ocasiones, la recuperación de la causalidad en la contratación, incluso suprimiendo algunos modelos de contratación que diciendo ser formativa en realidad es una contratación barata, que es el planteamiento de fondo y a veces precaria, y planteando también otros objetivos más ambiciosos en materia laboral que pueden parecer maximalistas, pero no menos maximalistas que los beneficios de las empresas o no menos maximalistas que la precariedad y la bajísima calidad del empleo entre los jóvenes mileuristas, entre las mujeres o entre los parados de larguísima duración. Ese es nuestro planteamiento de fondo, reconociendo los avances que se han producido en la negociación y también reconociendo que algunas de las enmiendas que se nos presentan por parte del grupo mayoritario y que se proponen como transacciones mejoran el texto inicial y, por tanto, suponen, aunque sean pequeños, avances singulares. Ese es el sentido de nuestras enmiendas y nuestra posición con respecto al resto de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En el debate en Pleno el día 29 de junio Esquerra Republicana ya se posicionó claramente a favor de que el decreto-ley fuera tramitado mediante proyecto de ley. Otros grupos mostraron también esta voluntad y gracias a ello hoy podemos estar debatiendo el conjunto de enmiendas presentadas que, en nuestro caso, suman 32. En aquel debate ya mostramos nuestro acuerdo respecto a distintas medidas contenidas en el decreto-ley, las propuestas en lo relativo a los trabajadores fijos discontinuos, la reducción de cotizaciones, la propuesta para Fogasa, la cotización por desempleo en sus términos generales, la propuesta de conversión tácita de contratos eventuales e indefinidos cuando hubieran superado los 24 meses en franja de 30 meses por medio de dos o más contratos y para un mismo puesto de trabajo, etcétera.
Ahora bien, ya mostramos nuestra disconformidad en los incentivos a la contratación de personas discapacitadas
que, a nuestro entender, deberían ser reconsideradas. En ese sentido, valoramos algunas transaccionales que se nos han hecho llegar, de hecho todavía hay que ultimar por razones de tiempo y por haber coincidido las últimas negociaciones con la necesidad de estar en la Junta de Portavoces, pero, en principio, valoramos los esfuerzos que se han hecho para transaccionar, y en concreto las relativas a modificar el artículo 2.2, que nuestro grupo enmendó concretamente a través de la enmienda número 93. De los 6.000 euros defendidos por Esquerra Republicana como indemnización anual de la cuota empresarial a la Seguridad Social a que debían tener derecho los empleadores, a los 3.000 contemplados en el proyecto de ley, entendemos aceptables los 4.500 de la transaccional, a no ser que haya habido cambios de última hora. Creemos que es razonable afrontar el reto de la ocupación de las personas en situación de exclusión social mediante la aprobación de una ley. Al parecer hemos coincidido en la aprobación de un real decreto-ley en el plazo de ocho meses, lo cual daría lugar a que en esta legislatura pudiéramos culminar los deberes con los que nos sentimos todos comprometidos. Es evidente que hay que garantizar un marco jurídico de las empresas de inserción que les permita afrontar el gran reto de su adecuación a las exigencias de los mercados y la necesidad de atender a las particularidades y singularidades que las caracteriza. Ahora bien, entendemos que a veces no haría falta, según qué, llamadas a la previa concertación, a la previa consulta. En todo caso, nosotros de esto no haremos caballo de batalla y me refería a la consulta a los agentes sociales. Lo damos por bueno. Aun cuando con la enmienda número 97 enmendamos el apartado e) del artículo 6, con la pretensión de sustituir el plazo de doce meses por el de veinticuatro, de manera que la redacción permitiera la incorporación de socios trabajadores de cooperativas o de sociedades laborales, cuando hayan mantenido un vínculo contractual previo con la sociedad superior a veinticuatro meses, la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la nueva redacción de supresión de la letra e) del punto 1 del artículo 6, en principio garantiza como beneficiarios de las bonificaciones a las sociedades laborales y cooperativas en el caso de transformación de contratos temporales en contratos indefinidos.
Ciertamente, esto aclara algunos equívocos, tal como el diputado que nos ha presentado la transaccional justifica en la misma enmienda. De hecho, con esto para nosotros sería suficiente.
Mantenemos vivas algunas enmiendas, en concreto, la número 119, en relación con la disposición adicional séptima, que hace referencia a la Comisión consultiva nacional de convenios colectivos. Coincido con el señor Olabarría en esta dura batalla de la terminología arcaica que todavía preside este Parlamento, por tanto debería llamarse Comisión estatal de convenios colectivos, que asumirá -nosotros creemos que debería incluir esta frase-, sin perjuicio de las competencias de los citados organismo autonómicos. De igual manera en el apartado 2 debe incluirse la garantía -tal y como pretende nuestra enmienda- de la representación también de las organizaciones empresariales y sindicales de todos los territorios o -llámenlas como quieran- de las que tienen una especificidad territorial. Queda justificado el hecho de que, además de no ser materia prevista en el acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales, la existencia o futura creación de organismos autonómicos con idénticas o similares competencias hace necesario reformularlas en el proyecto. Mantenemos la enmienda número 92, relativa al artículo 2.1.d), en el ámbito de aplicación e incentivos a la contratación, en concreto en el apartado relacionado con la contratación de mayores de 45 años, porque la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social debe ser de 150 euros al mes, frente a los 100 euros que recoge el proyecto de ley.
El incremento queda justificado con el objetivo de mantener de forma generalizada el montante de los incentivos existentes, dado que en la mayoría de los supuestos la cuota fija propuesta significa una reducción de las deducciones existentes hasta la fecha. Ya dijimos que introducir la bonificación para el colectivo de menores de 30 años -entro en el tema que es fundamental para nuestro posicionamiento- en el fomento de la contratación indefinida es solo resolver una pequeña disfunción. Nosotros deseamos, y de hecho postulamos, el reconocimiento de herramientas de transición que aseguren el empleo de los jóvenes y que garanticen su inserción laboral, y eso no aparece en el proyecto de ley. Por ello, debería valorarse nuestra enmienda número 102, relativa a la modificación del punto 1 del artículo 12. Tal como justificamos en la enmienda presentada, debería reformularse el contrato de formación, con el fin de que recayera sobre él una buena parte de las ayudas de los poderes públicos a favor de los reyes de la precariedad, que sin duda alguna son los jóvenes, favoreciendo además su transición al mercado de trabajo. Tal como estaba el contrato de formación lo hace poco adaptado a la realidad.
Esto queda demostrado con el hecho de que aumentó el desuso de este contrato, y en algún momento hemos expuesto cifras que lo demuestran: en el año 2005 solo se formalizaron 120.000 de un sumando de 17,5 millones de contratos, y de ese total 13,8 millones fueron realizados mediante contratos de obra y servicio, y de estos, repito, solo un 50 por ciento con jóvenes menores de 30 años. Estas son cifras que ayudan a entender que nuestra enmienda hace falta como un reconocimiento a la necesidad de un instrumento eficaz para la transición de los jóvenes al mundo del trabajo. Se intenta que los jóvenes no tengan que incorporarse al mundo del trabajo mediante contratos precarios. Con nuestra propuesta contribuiríamos a mejorar la calidad de la producción, que sin duda es el gran reto. Para ello es imprescindible apostar por la calidad del capital humano especializado; de hecho, nunca habíamos tenido jóvenes tan preparados como los de las nuevas generaciones, de ahí la necesidad de que las empresas puedan también apostar, utilizar y aprovechar esta formación sin
que ello conlleve mayores costes. Por todo ello, postulamos la creación del contrato de transición laboral -de hecho esto es fundamental para que nosotros apoyemos este proyecto de ley- para avanzar en la necesaria formación práctica y teórica del trabajador con el fin de poder desempeñar un determinado nivel de cualificación de forma adecuada; todo ello incardinado dentro del convenio colectivo, para fijar en cada una de las empresas un máximo de contratos y, de hecho, también regulando -tal y como plantea nuestra enmienda- que en las empresas de más de 50 trabajadores al menos un 10 por ciento sean contratos de transición para menores de 25 años. Evidentemente, planteamos en la misma enmienda una duración mínima de seis meses y un máximo de cuatro años. No voy a seguir hablando del contrato de transición ni de otras peculiaridades que también se plantean, porque ya se enciende la luz roja.
Ofrecemos una transaccional a nuestra enmienda, que podía ser de interés en la medida en que, reivindicando nuestra enmienda, se ajusta al consenso político que se desprende de aquellas transaccionales que también presenta el grupo mayoritario en la Cámara. La leo: Con el fin de facilitar el empleo de los trabajadores jóvenes y su transición al mercado de trabajo, el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, presentará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas -esto es stricto sensu la doctrina del grupo mayoritario, dejar siempre claro, explícito que requiere la previa consulta con los agentes sociales-, un proyecto de ley para regular un contrato con la intención de optimizar la transición laboral de los jóvenes al mercado de trabajo que sustituya al actual contrato para la formación. Esta es una enmienda que para nosotros es fundamental para entender cuáles son los objetivos de nuestro grupo parlamentario. Ustedes saben que nuestras enmiendas han intentado no tocar las paredes maestras del diálogo social; son enmiendas relacionadas con el contrato de transición, temas de discapacidad, centros especiales de trabajo y temas relacionados con la economía social. De hecho, de la misma manera que nuestra voluntad siempre ha sido buscar acuerdos con el Gobierno, con el grupo mayoritario en esta Cámara, en todos los temas relacionados con la reforma laboral, el Grupo Parlamentario Socialista debería hacer un esfuerzo para entender que nuestra posición se ajusta a lo necesario. Repito, los reyes de la precariedad son los trabajadores y este Parlamento tarde o temprano, a nuestro entender en esta legislatura, debería debatir cuál es la mejor manera de buscar fórmulas eficaces para hacer que los jóvenes puedan incardinarse en el mundo del trabajo a partir de sus propias potencialidades y de las del mercado, porque evidentemente la coyuntura económica en estos momentos lo permite.
La señora PRESIDENTA: Señor Tardá, le agradecería que hiciera llegar esa transaccional a la Mesa.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Tuvimos ocasión de expresar en el debate de convalidación de este proyecto de ley procedente de un real decreto la posición de fondo de Convergencia i Unió en relación con el mismo.
Pensábamos entonces que esta era una iniciativa legislativa que trasladaba a nuestro marco normativo un acuerdo social, un acuerdo que iba en la buena dirección respecto de las necesidades de nuestro mercado de trabajo, tanto desde la perspectiva de la flexibilidad que las empresas necesitan para acometer su crecimiento y el mantenimiento de los puestos de trabajo, hacer frente al escenario de los mercados globales, como desde la perspectiva de las seguridades que los trabajadores necesitan en ese mismo contexto. También decíamos que esa reforma laboral nos parecía claramente insuficiente respecto de las cuestiones de fondo que tiene planteadas nuestro mercado de trabajo y que más tarde o más temprano tendremos que volver a acometer reformas en profundidad precisamente para alcanzar esos dos objetivos: empresas más flexibles con empleos más seguros y con trabajadores con mayor capacidad de adaptarse a esos escenarios cambiantes.
En esta consideración de carácter global, las enmiendas de Convergencia i Unió han pretendido abordar cuestiones que el diálogo social acostumbra a ser incapaz de abordar con las condiciones adecuadas. Las políticas relacionadas con las personas con discapacidad, las medidas orientadas a mejorar el empleo de las personas en situación de exclusión social, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y las políticas relacionadas con la economía social son un paquete de cuestiones que el diálogo social nunca termina de abordar, y cuando lo aborda, como lo hace en esta reforma laboral, lo aborda mal. Efectivamente en esta reforma laboral se abordaba una modificación del programa de fomento del empleo, que implicaba un cambio sustancial de nuestra política de bonificaciones a la creación del empleo estable y en algunos supuestos a la creación del empleo temporal, que para las personas con discapacidad, tanto en el caso del empleo protegido como en el de la incorporación al empleo ordinario, suponía sin lugar a dudas una marcha atrás, porque se constituían políticas verdaderamente regresivas para facilitar el empleo de las personas con discapacidad. El esfuerzo que en la ponencia ha hecho el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Vasco, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, del Grupo Mixto, del BNG, permite hoy mejorar en algunos elementos esas cuestiones. Establecemos que en el año 2007 continúe siendo vigente el sistema de bonificaciones existente antes de la reforma del mercado de trabajo para los supuestos de contratación en los centros especiales de empleo, con un mandato para que ese diálogo no sea tan solo entre los agentes sociales convencionales, sino que también incluya a los representantes del sector. Esta enmienda, a pesar de que mantiene una incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder a partir del
año 2008, incertidumbre que siempre es mala en política de contratación, reconoce que los agentes sociales erraron en esa solución. Para la contratación en los supuestos de incorporación a la empresa ordinaria el texto de transacción que se somete a la consideración de los grupos introduce medidas específicas en los supuestos de contratación de personas con discapacidad mayores de 45 años, en los supuestos de contratación de mujeres y significativamente que en los supuestos de contratación de personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento y de personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento y en los supuestos de los colectivos con mayores dificultades de incorporación al mercado laboral esa bonificación sea de 4.800 euros al año. Esto va en la línea de mejorar las posibilidades de contratación de esos colectivos de personas con discapacidad en el empleo ordinario, de esas personas con mayores dificultades de incorporación al mercado de trabajo. Ahora bien, estas medidas que mi grupo valora de manera positiva y que afectan a las personas con discapacidad no han venido acompañadas de una solución a algunas cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; en concreto, la enmienda 160, que plantea la necesidad de compensar el incremento del salario mínimo interprofesional a los centros especiales de empleo que contraten personas con discapacidad psíquica. No sé en el resto del Estado, pero en el País Vasco y en Cataluña los centros especiales de empleo que contratan a personas con discapacidad intelectual, que tanto en Cataluña como en el País Vasco garantizan casi el cien por cien de la ocupación de estas personas, vienen demandando que sean compensadas por esas subidas del salario mínimo interprofesional en la parte del sueldo que esos centros especiales de empleo están cubriendo, porque hoy esas subidas del salario mínimo, que en términos de justicia son inequívocas, están gravando la capacidad de hacer viables estos centros que difícilmente pueden ser competitivos en el mercado de trabajo. Lamentablemente, al parecer esta enmienda número 160 va a ser rechazada, como también lo va a ser de manera lamentable la 157, enmienda que pretende actualizar las ayudas a la creación para los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo. Desde el año 1985, desde hace 21 años, mantenemos congelada la subvención para la creación de puestos de trabajo en los centros especiales de empleo. Lo hemos aprobado en diversas ocasiones en esta Cámara. Al menos en dos ocasiones se han aprobado mociones y proposiciones no de ley que han instado al Gobierno a proceder a la actualización de esas ayudas a la creación de puestos de trabajo. Incluso en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno, en cumplimiento de la estrategia de Lisboa, figura entre las tres o cuatro medidas específicas en relación con los centros especiales de empleo justamente la actualización de esas subvenciones y al mismo tiempo el establecimiento de un límite temporal de la amortización de estos puestos de trabajo. Es necesario, precisamente para introducir flexibilidad en los centros especiales de empleo, que se puedan amortizar estos puestos de trabajo por los que han recibido una determinada subvención hace 20, 18, 15, 12 ó 5 años. Nosotros proponemos un mecanismo de amortización de 8 años a la obligación de reintegro de las ayudas para la contratación en estos dos supuestos. Insisto en que se trata de dos enmiendas que mi grupo lamenta en esta materia de discapacidad que no seamos capaces de resolver y responden a demandas del sector.
Planteamos también un paquete de enmiendas vinculadas precisamente a uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad, las personas en situación de exclusión social, y lo hacemos justamente cuando se celebra el Día de las personas sin hogar. Cáritas ha puesto de manifiesto que en España hay cerca de 30.000 personas que viven en la calle. Presentamos dos tipos de enmiendas: mejoras de las bonificaciones a la contratación de las personas en situación de exclusión social -las bonificaciones de este real decreto para las personas en situación de exclusión social se sitúan en la banda baja de la política de bonificaciones, lo que no deja de ser sorprendente- y una regulación, con la enmienda 153, de las empresas de inserción. Esta es una vieja cuestión que se ha planteado en numerosísimas ocasiones en esta Cámara, desde la última legislatura de los gobiernos socialistas, con una iniciativa de Izquierda Unida, hasta las legislaturas que van del año 1996 a 2004, con diversas iniciativas de Convergencia i Unió y acuerdos con los gobiernos del Partido Popular que nunca terminaron de concretarse. Proponemos la regulación de las empresas de inserción, una demanda que se viene formulando desde hace tantísimos años y que pretende dar estabilidad y seguridad a quienes trabajan, a los colectivos que se sitúan al margen del mercado de trabajo, para quienes las políticas activas de empleo al uso son incapaces de articularse; a iniciativas sociales que muchas veces provienen precisamente del ámbito de las entidades que trabajan cerca de las personas en situación de exclusión social, al menos en Cataluña un tejido social enorme.
Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo con una transacción que ofrece el portavoz del Grupo Socialista por la que se comprometen en el plazo de seis meses a presentar una norma con rango de ley para regular el régimen de dichas empresas. Nos parece necesario, y nos parecería una estafa que en esta legislatura el Gobierno no cumpliese con este mandato legal. Mi grupo valora en su justa medida que hoy se haya producido esta incorporación.
Mi grupo planteaba cuestiones que nos preocupan, desde la exclusión de los familiares de los trabajadores autónomos para poder beneficiarse de la política de bonificaciones al empleo hasta mejoras para los trabajadores mayores de 55 años, en la enmienda número 140. Continuamos teniendo un problema de discriminación de los trabajadores maduros en nuestro mercado de trabajo. Alguna cosa deberemos aprender, una vez más, de las iniciativas del Gobierno de Tony Blair en esta materia. Hemos propuesto actualizar esta política de
bonificaciones, según la evolución del IPC. No deja de ser preocupante que estas bonificaciones no puedan actualizarse según el IPC, con lo que se produce una pérdida de capacidad efectiva como instrumento de bonificación de las políticas de empleo. Señalábamos también muy específicamente medidas que afectasen al tercer sector. La regla de concatenación de contratos, la regla que va a hacer que contratos temporales que se repitan durante el tiempo se conviertan en contratos fijos afecta negativamente a las entidades del tercer sector, especialmente a aquellas que pueden contratar personas en la medida que reciben subvenciones de las administraciones y cuando esos puestos de trabajo están garantizados en la medida que reciben esas subvenciones.
Previsiblemente en los próximos meses muchas entidades no van a poder beneficiarse de estas subvenciones y van a tener que asumir los costes de unos despidos, que van a ser declarados improcedentes y que van a suponer un coste elevado. Nosotros planteábamos a través de diversas enmiendas bien excluir a las entidades del tercer sector de esa regla o bien que el Fogasa asumiese esa política de cobertura de esos supuestos de despido.
También hablamos de regular la actividad de la recolocación en España en la enmienda 154; es una demanda que el sector de las empresas en este ámbito viene reclamando ante la necesidad de impulsar en los próximos años una política orientada claramente a favorecer que los trabajadores que estén inmersos en procesos de regulación de empleo piensen más en volver a encontrar empleo que en las posibles indemnizaciones que reciban. Esa nueva política laboral que necesitamos en los próximos años va orientada más a pensar en volver a encontrar empleo que en los costes del despido, en los costes de la indemnización por desempleo. Proponíamos también la necesidad de que la cobertura del Fogasa se ampliase a las empresas de menos de 50 trabajadores. Hoy el Fogasa cubre en determinados supuestos los costes del despido para las empresas de menos de 25 trabajadores. Planteamos ampliarlo a 50, incluso el Gobierno llegó a formular esta propuesta en el marco del diálogo social, pero no sabemos exactamente por qué razones tanto la patronal como los sindicatos excluyeron esa posibilidad. Nos parece un error y en este sentido hemos planteado una enmienda para ampliar la cobertura del Fogasa. Finalmente, hemos presentado enmiendas que eviten cualquier tipo de discriminación hacia las cooperativas, hacia las entidades de la economía social. Todo ello no ha podido ser asumido, aunque nos parecía que eran cuestiones que no afectaban al núcleo duro de ese acuerdo social, y el rechazo que hoy el grupo mayoritario va a expresar va muy ligado a esa visión de los agentes sociales que hoy por hoy son incapaces de expresar la pluralidad de nuestro mercado de trabajo y la pluralidad de nuestra economía. La economía social, el tercer sector, el mundo de la discapacidad, las empresas de inserción hoy no están siendo representadas por el diálogo social, y es lamentable que el Grupo Parlamentario Socialista no sea sensible a esas demandas de una sociedad plural que exige un reconocimiento a sus políticas y a sus necesidades. Espero que en próximas ocasiones lo hagamos mejor.
A efectos del señor letrado y de la señora presidenta, quiero comunicar que, debido a las transacciones existentes, retiramos nuestras enmiendas números 135, 136, 137, 153 y 156; el resto de enmiendas las mantenemos vivas para el debate.
(La señora Fernández Davila pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Dígame, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En mi intervención anterior, acuciada por el tiempo, no pude manifestar que doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por el diputado José Antonio Labordeta del Grupo Mixto.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, por el Grupo Popular tiene la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: Nosotros ya manifestamos en el debate en el Pleno sobre convalidación del Real Decreto-ley 5/2006 el núcleo de nuestra posición, que se puede definir en dos elementos fundamentales: por una parte, nuestra convicción de que esta no es la reforma que nosotros creemos necesaria, no creemos que sea la deseable para el mercado laboral actual, y, por otra parte, que esta reforma implicará un retroceso en los derechos de los discapacitados cara a su incorporación al trabajo. Ya manifestamos que era una reforma temporal sobre la temporalidad, que era una reforma limitada, reducida en su ámbito, escasa en definitiva y desde esta perspectiva insuficiente. También es verdad que nosotros valoramos -públicamente lo reconocemos- el valor que implica un acuerdo, aunque no tenga la extensión y la profundidad que nosotros demandamos, cual es un acuerdo entre intereses teóricamente confrontados, como lo son los de quienes representan los intereses de los trabajadores y quienes lo hacen en cuanto se refiere a los patronos o empresarios. Por tanto, fruto de ese diálogo social ha sido este cierto consenso constitutivo del real decreto-ley, ahora tramitado como proyecto de ley, que nosotros respetamos, valoramos positivamente y, como consecuencia de todo ello, que nos lleva a no ser lo expansivos como legisladores que nos gustaría para no intentar desvirtuar el contenido material del acuerdo al que han llegado las partes, que han sido los sindicatos, la patronal y también el Gobierno de la nación.
Lo que era motivo de nuestra clara oposición, y esta fue una de las razones fundamentales, no la única, porque tradicionalmente las reformas laborales, vía real decreto legislativo, luego han sido tramitadas bajo la forma de proyecto de ley, no solo era una cuestión de fuero sino -lo decía también entonces- de huevo, fue el derecho material que asiste o no asiste a las personas
que sufren minusvalía o discapacidad y que en este real decreto sufrían un retroceso en las cuantías de las bonificaciones a su contratación, por tanto pueda resultar un efecto negativo en cuanto a la contratación de estas personas en el trabajo. Todo ello porque se ha transformado el sistema de bonificación en un sistema porcentual y variable con relación al salario o retribución que percibe cada trabajador por uno de cuantía fija, que indudablemente lo que hace es que los salarios medios -no digo ya los salarios altos- se vean con una bonificación inferior al ser una cuantía fija media y que afecta a un determinado núcleo de los discapacitados, pero ni mucho menos a todos ellos. Nosotros dijimos ya en aquel momento en el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados que íbamos a presentar una serie de enmiendas que se iban a circunscribir fundamentalmente a este hecho y a la solución que desde el mundo de la discapacidad lógicamente precisan y también se nos demanda. Vimos con alegría cómo el Grupo Socialista cayó en la cuenta de que esto era así, por tanto ellos también reprodujeron el problema con la solución vía enmiendas que se ha incorporado en ponencia, y que muchas eran coincidentes con las del Grupo Parlamentario Popular y también con las de otros grupos. Por tanto, esta cuestión se rectificó, en parte, en ponencia y, en reuniones previas entre el debate en ponencia y el día de hoy, hemos conseguido que ahora en Comisión, como luego haré mención, mejoren de una forma suficiente los parámetros de la reforma en lo que atañe a los discapacitados y no solo a ellos, sino también a empresas como las de inserción social, a las que también nosotros habíamos formulado unas enmiendas a las que luego me referiré. Hacemos una valoración positiva del acuerdo en sí y una valoración positiva del trámite parlamentario en cuanto a la restitución, en buena medida, de los derechos que tenían los discapacitados para acceder al mercado de trabajo y a un puesto de trabajo digno, pero consideramos que la reforma no es suficiente e incluso los datos que vienen reflejándose en el mercado de trabajo nos hacen pensar que el objeto fundamental que se ha pretendido abordar y resolver, que es la temporalidad, no se está haciendo con el grado de eficacia que cupiera esperarse de la misma.
Me van a permitir que, dicho esto, entre en el análisis parcial de las enmiendas que tiene vivas el Grupo Parlamentario Popular que, en primera instancia, es la enmienda número 78, que ha sido objeto de una transaccional al artículo 2.2, que es el artículo más importante, que se refiere a las bonificaciones de los discapacitados para su contratación y que se ha subido de 3.000 euros al año a 4.500 euros e incluso, en determinados supuestos de discapacidad física o psíquica de determinada gravedad, hasta 4.800 euros al año. Nosotros habíamos propuesto 6.000, pero somos conscientes de que más vale que esta cuestión salga con el consenso que mayor quepa por la parte parlamentaria, por lo que damos conformidad a esta enmienda transaccional y, por tanto, retiramos la enmienda número 78.
Las enmiendas números 79, 80 y 81 se refieren a una cuestión a la que ya aludió el señor Campuzano en su intervención, que es la relativa a ofrecer un mecanismo objetivo de actualización anual de las bonificaciones a la contratación. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.) Cuando hemos tenido responsabilidades de Gobierno hemos procurado un exquisito cuidado en muchas cosas importantes, como ha sido por ejemplo en el tema de las pensiones públicas, para evitar que hubiera una dación unilateral, discrecional, generosa, bondadosa o electoral por parte del Gobierno de turno, diciendo: Ahora este año le subo a usted las pensiones con el IPC o con tal cuantía o yo le subo a usted las bonificaciones para la contratación, este año sí y al otro ya veremos. Lo razonable es señalar parámetros objetivos que establezcan un índice de actualización de estas bonificaciones. En este sentido, en relación con la enmienda número 80, coincidente con la enmienda número 145 de Convergència i Unió, podríamos hacer una rectificación in voce, si lo admite el resto de los grupos de la Cámara, en el sentido de allanar el camino al grupo que apoya al Gobierno, al grupo mayoritario de la Cámara, para que pudiera asumir una enmienda que de alguna forma resuelva este tema. Nosotros proponemos la siguiente redacción: La cuantía de bonificaciones mensuales y anuales se actualizará automáticamente con efectos del mes de enero de cada año, de acuerdo al IPC anual del mes de noviembre del año anterior. Sin embargo, estaríamos dispuestos a transigir en que sea de acuerdo con el IPC previsto por el Gobierno para cada ejercicio. Ustedes saben que el IPC que se prevé, salvo en contadas excepciones, es inferior al que realmente se genera en la práctica, pero por lo menos sería un parámetro que permitiría a los empresarios y a los trabajadores conocer con anticipación, ya cuando vienen los Presupuestos Generales del Estado, cuál es la cuantía actualizada de la bonificación a la que se van a poder acoger al año siguiente a la hora de contratar. Esto podría ser una salida y lo proponemos in voce, Si hace falta lo plantearemos por escrito a la Presidencia de la Comisión, pero evidentemente el resto de los grupos debe dar su anuencia y, como digo, hay al menos dos grupos que estamos defendiendo esta cuestión en términos más o menos similares.
La enmienda número 82 ha sido objeto de una disposición final tercera, en la que se ha hecho alusión a un tema importante que es el relativo a los centros especiales de empleo. En ponencia se incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y ahora hemos llegado a una transaccional por la que expresamos -nosotros lo hemos propuesto así- que quedara clara la entrada en vigor de la aplicación de estas bonificaciones, que va a ser desde el 1 de julio de 2006, para que todo el mundo sepa expresamente a qué atenerse.
Las enmiendas números 83, 85 y 87 se refieren al ámbito de los trabajadores en situación de exclusión social y a las empresas de inserción social. Esto ha sido objeto de una transaccional importante dentro de una
disposición adicional, en la que se establece que en un periodo de 6 meses se traerá una norma con rango de ley, previa consulta a los interlocutores sociales y a las empresas afectadas en el sector. Nos parece que quienes tienen una realidad, que conocen perfectamente, deben ser oídos y esperamos que, tras tanto requerimiento bajo todo tipo de formatos e iniciativas parlamentarias a lo largo de estos años, con la anuencia de los interlocutores sociales y de los más directamente implicados e interesados podamos tener una iniciativa del Gobierno con rango normativo de ley que dé satisfacción a esta importantísima cuestión en términos sociales.
La enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Popular, se refiere al artículo 6.1.b) y establece una supresión del límite temporal que se fija para la contratación de trabajadores autónomos cuando son familiares, que aquí se prevé que sean menores de 45 años. Le planteo al Grupo Parlamentario Socialista: ¿por qué menores de 45 años? ¿Acaso un padre con 53 ó 58 años no puede caer en el desempleo y ser contratado por el hijo, que tiene un negocio, para trabajar con él? ¿Esto es un fraude de ley? ¿Es que no nos encontramos de hecho en la realidad cotidiana de nuestra actividad social y económica a gente en situación de desempleo que lleva una larga vida laboral, por lo que no le es fácil reciclarse, y que, por otro lado, tiene un familiar o un hijo que tiene un negocio al que se puede incorporar, sin que por ello necesite estar en una situación de agravio comparativo con otros que sí se pueden bonificar y estas personas, por el hecho de tener más de 45 años, no? Les pedimos una reconsideración a tan justa enmienda de defensa de los autónomos. Se habla mucho del estatuto de los trabajadores autónomos, pero lo que hay que hacer es actuar con medidas reales y concretas. Hemos planteado iniciativas muy concretas en los Presupuestos Generales del Estado y ahora presentamos una que nos parece que es de entera justicia y que nada altera el marco ni el núcleo sustancial del acuerdo social que ha sido causa de este Real Decreto-ley 5/2006.
La enmienda número 86 pretendía traer a la Cámara un debate que entendemos es complicado y que simplemente voy a anunciar, en torno a las excepciones y al encadenamiento de contratos para que se consideraran de carácter indefinido, excluyendo aquellos contratos de obra que fueran consecuencia de planes del sistema público de empleo. ¿Por qué? Porque en la realidad cotidiana de nuestros ayuntamientos se dan situaciones de encadenamiento, cuando, en definitiva, el financiador no es el ayuntamiento empleador, sino el servicio público de empleo, de acuerdo con un programa, que al año siguiente repite o no, según los criterios generales y los intereses que tengan. Aquí estamos hablando de ayudas públicas, de la contratación de la Administración pública y, por tanto, estamos hablando de un programa complejo, pero que algún día tendremos que debatir con cierta profundidad en la Cámara. Voy a retirarla en este trámite, porque sabemos que es complejo y contribuiría a distorsionar el acuerdo social, ya que pretendemos formular enmiendas en lo esencialmente enmendable y fundamentalmente corregible y perfectible.
La enmienda número 82 es de carácter doctrinal. La doctrina ha puesto en tela de juicio la expresión puesto de trabajo y el estatuto, con más reiteración, se refiere a categoría profesional. Es un debate doctrinal que queda apuntado, por lo que vamos a dejar esta enmienda aparcada y la retiramos en aras a este amplio acuerdo que se ha conseguido.
La enmienda número 89 también se ha aceptado en una enmienda transaccional referida a las cooperativas y la enmienda número 90 es parcialmente coincidente con la enmienda número 157, de Convergència i Unió, relativa a la actualización que se debe reflejar dentro de los planes y proyectos generadores de empleo para discapacitados con especiales dificultades de inserción laboral. La enmienda de Convergència i Unió es más detallada, pero entendemos que daría satisfacción al conjunto y la vamos a mantener.
Por tanto, al margen de las enmiendas 79, 80 y 81, que están a expensas de la anuencia o no de la Comisión a efectos de su trámite como enmienda transaccional -específicamente, la 80; las otras dos tienen relación directa-, en este trámite quedan vivas por parte del Grupo Parlamentario Popular la 84 y la 90. El resto quedan retiradas, como consecuencia de las enmiendas transaccionales que hemos llegado a acordar.
En cuanto a la participación del resto de los intervinientes, hay enmiendas que compartimos pero, por las razones antedichas de no excedernos ni desbordar el ámbito del acuerdo social, en principio no vamos a apoyarlas y nos abstendremos. Por ejemplo, estamos parcialmente de acuerdo con la enmienda 160, de Convergència i Unió, aunque creemos que se va a solucionar con una de las adicionales que hemos planteado.
Sin embargo, nos parece ineludible asumir la enmienda 62, del Grupo Vasco, dada mi condición de vasco y guipuzcoano en particular -cuando estábamos en el Gobierno aprobamos medidas paliativas en esta materia-, para que se resuelva definitivamente el objeto de esas deudas, que traen causa lejana, por parte de las sociedades laborales especialmente, y de alguna cooperativa. Va a tener el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y esperamos que el del resto de los grupos de la Cámara. La enmienda 145, de Convergència i Unió, en la medida en que es idéntica a la enmienda 80 del Grupo Parlamentario Popular, si no hay transaccional, gozará también de nuestro apoyo.
Señora presidenta, termino diciendo que hemos hecho un ejercicio de coherencia y de responsabilidad, que lamentablemente no siempre se ve correspondido por quien tiene la llave mayoritaria de los votos. Somos muy conscientes de que en esta Comisión y en este trámite, igual que en otros proyectos de ley, algunos no lejanos sino recientes, como el proyecto de ley de subcontratación a la construcción, hemos procedido con responsabilidad y con coherencia en relación con la defensa de los intereses de la ciudadanía y de que no siempre encontramos
insisto- adecuado correlato ni corresponsabilidad ni reciprocidad en las acciones del grupo del Gobierno. Agradecemos al señor Membrado su ya habitual capacidad de hacer de la necesidad virtud y, por tanto, de llegar a consensuar. Yo le decía antes, iocandi causa, que voy a pedir que le cesen de diputado para que le pongan al frente de UGT y negocie mejor los acuerdos sociales. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Le rogaría al portavoz del Grupo Popular que, si mantiene para la votación la enmienda in voce que ha planteado en esta Comisión, nos la haga llegar redactada a la Mesa.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: En primer lugar, quiero pedir disculpas a la Comisión por haber hecho un receso y pasarnos de la hora marcada por la presidenta. No hemos podido correr mucho, debido no solo a los problemas de este ponente sino también al intento de ajustar las cosas hasta el último momento. Agradezco a toda la Comisión la paciencia que ha tenido con nosotros para que hoy podamos estar discutiendo la ley. Esperamos sacar este proyecto adelante. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Este real decreto que estamos debatiendo viene de largo. Nace el 8 de julio de 2004, cuando se plantea aquella famosa declaración del diálogo social que suscriben el presidente del Gobierno, el presidente de la patronal Ceoe-Cepyme y los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Fue un documento muy ambicioso, pero allí ya se esbozó la necesidad de hacer una reforma del mercado de trabajo. Este es uno de los 18 acuerdos suscritos por patronal, sindicatos y Gobierno a lo largo de dos meses y pico de negociación, que todavía continúa en un tema muy importante como es el de la prevención de riesgos y de salud laboral. Por tanto, no nace de cero ni es fruto de la imaginación de ninguno, sino de una discusión muy amplia -casi 18 meses- y de un documento exhaustivo de expertos, que puso blanco sobre negro cuáles eran los problemas de nuestro mercado de trabajo. Abordar este tema ha sido siempre complicado, tanto por el contenido como por el momento. Todas las reformas han tenido una enorme complicación. Desde la transición hasta hoy ha habido aproximadamente diez reformas del mercado de trabajo y ustedes saben muy bien que algunas de ellas han sido acordadas, otras contestadas y otras radicalmente confrontadas. Este es un tema importante para nosotros, no solo por el contenido sino también por el continente. Excepto esta reforma y la que se hizo en el año 1997 con el Partido Popular en el Gobierno, todas han sido reformas del mercado de trabajo defensivas y han tenido como objetivo generar empleo dentro de otro paquete de medidas de carácter económico para reactivar el mercado de trabajo. Esa es la realidad. Esta no tiene ese carácter defensivo y, además, la hacemos en un buen momento. Nadie dudará de que hay valentía por parte del Gobierno, de la patronal y de los sindicatos, que firman un acuerdo que habla de reformar el mercado de trabajo cuando tenemos un crecimiento del 3,8, un desempleo de prácticamente el 8 por ciento, por debajo de la media de la Unión Europea, la Seguridad Social está creciendo, aun en los meses en que baja el empleo, como es el caso de este mes de octubre, y estamos rozando los 20 millones de ocupados. Esto no es fruto exclusivo de la política de este Gobierno sino también de las anteriores y de la participación activa de los agentes económicos y sociales, que tendrán muchos errores, pero ya me gustaría que fuesen reflejo del movimiento sindical y del movimiento patronal de la Unión Europea. ¡Ya me gustaría que esto ocurriese en la mayoría de los países europeos! Tendríamos otra realidad en la Unión. Por tanto, hay que reconocer que tenemos una situación buena y, sin embargo, nos embarcamos en una reforma del mercado de trabajo. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque nuestro crecimiento en cantidad no va acompañado de calidad. Todos somos conscientes de que uno de los problemas que tenemos hoy no es el de crear, sino el de tener una enorme precariedad. ¿Dónde tenemos más del 30 por ciento de trabajo temporal? Fundamentalmente en dos grupos, en el de las mujeres y en el de los jóvenes, y en toda la actividad productiva -en el sector de la construcción, en el del metal, en el textil o en el de servicios- y en la Administración local, autonómica o estatal. Ese es uno de los problemas. No hay nada que no esté en estos momentos contaminado por la temporalidad. Queremos incidir en eso, de ahí que la base fundamental del proyecto sea potenciar el empleo estable. Todas las medidas del núcleo duro del acuerdo van a potenciar el empleo estable.
Quiero reconocer también que este acuerdo es fruto de la concertación social. Es un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Es la primera vez que se consigue un acuerdo en 25 años, porque el último fue el ANE, en el año 1981, después del 23-F, por cierto. Ese fue el último que se firmó a tres bandas. El de 1997 fue a dos bandas: lo bendijo el Gobierno pero no lo firmó; en aquel momento el señor Rato no tenía interés en firmarlo; pero pelillos a la mar.
La concertación ha sido positiva y el documento que se ha presentado ha sido bueno y ha sido difícil, aunque tengo que reconocer dos cuestiones.
El acuerdo ha sido difícil, los límites están muy afinados y las posibles modificaciones no deberían suponer alteraciones en el texto de consenso conseguido. Ese es un elemento fundamental. Señorías, estoy seguro de que hoy, en esta Comisión, seguiremos siendo un ejemplo de responsabilidad política, ya que siempre nos hemos caracterizado por que, a pesar de las numerosas propuestas y enmiendas que hemos planteado, el acuerdo haya tenido para nosotros un enorme valor. Lo mismo ocurre con el texto que hoy presentamos, que es un proyecto de ley fruto del acuerdo y que tiene un valor en el efecto multiplicador
del consenso. Si no, ¿cómo íbamos a haber cuadruplicado la contratación indefinida en estos cinco meses de vigencia del acuerdo? Lo hemos podido hacer porque hay un consenso detrás que avala el motor que permite que ese acuerdo tenga viabilidad. En la mayoría de los casos los empresarios no se leen el texto del acuerdo, se lo leen sus gerentes, pero si oyen que hay un amplio consenso sobre el mismo, confían en ese acuerdo, y ahí está el elemento fundamental de la concertación en nuestro país y también en este ámbito.
Hay un conjunto de medidas que tengo que reseñar, no solamente porque creo en ellas y las avalo, sino porque ninguno de los anteriores ponentes las ha reflejado, solamente han reflejado la parte que quedaba coja. Bien, pues yo me voy a referir a la parte que queda, porque creo que es mi obligación. Se impulsan las medidas para disminuir la temporalidad, objetivo fundamental, eje. ¿Bonificando qué? La contratación estable y la transformación de la temporal en fija. Eso es lo que se está haciendo. La transformación de la temporal en fija ya se hizo con el Partido Popular, ahora tenemos que dar un paso más y bonificar solamente la contratación estable, como decía el Bloque Nacionalista Galego anteriormente; pero es que el proyecto de ley ya lo lleva consigo limitando la contratación temporal. No habrá nuevas modalidades de contratos en este sentido. El Gobierno hizo la propuesta de introducir un nuevo contrato y la patronal también, pero al final no hubo acuerdo y se retiró. Por tanto, hemos limitado y hemos hecho que se caigan algunos contratos como el de inserción, que tenía enormes lagunas y se utilizaba para otra cosa distinta de aquella para la que surgió en aquel momento. Se limita el encadenamiento de contratos y se convierten en fijos automáticamente los contratos con 24 meses en tres años realizados. Creo que ese es un elemento positivo, aunque indudablemente tiene una parte negativa: que hay organizaciones no gubernamentales que ante esta situación van a tener problemas. ¡Ya se resolverán! La ley no tiene que decir que las ONG van a ser una excepción, ¡por Dios! Estamos hablando de un marco de ley, no estamos hablando de una reglamentación posterior, porque tanto la financiación, como la concesión de los convenios y la ejecución de los mismos tienen unas normas distintas de carácter puramente administrativo.
No mezclemos en estos momentos el culo con las témporas. (Rumores.) Se define de forma precisa la cesión ilegal de trabajadores. ¿Por qué? Porque había una laguna en el estatuto que ha habido que definir nuevamente. ¿Para qué? Para evitar que haya interpretaciones diferentes en el Tribunal de lo Social. Se mejora la protección por desempleo a algunos colectivos, a infinidad de colectivos que mejoran condiciones de prestaciones y al mismo tiempo de bonificaciones. Se mejora el derecho de información a los representantes sindicales, se crea el libro de registro y se mejoran sustancialmente las prestaciones del Fogasa, porque por un lado se rebajan las cotizaciones y por otro lado se da a los trabajadores que cobran del Fogasa algo tan sencillo como la paga extra, señorías, que no existía anteriormente.
De ahí que nuestro apoyo al proyecto sea claro y definido, sabiendo que quedan algunas lagunas y que hay temas que han quedado cortos o mal desarrollados, al igual que para la mayoría de los grupos que hemos enmendado tras conversaciones con las partes firmantes del acuerdo. Me refiero a las enmiendas 125 a 134, presentadas por mi grupo, que están recogidas ya en ponencia. Su parte sustancial hace referencia a las bonificaciones para las contrataciones a personas con discapacidad; se amplían las cuantías de las bonificaciones con una nueva transaccional presentada hoy mismo a nuestra enmienda y además se incluyen nuevos colectivos para ayudas, como los mayores de 45 años y mujeres. Por otro lado, se ha incluido la mejora de los centros especiales de empleo, que tendrán una bonificación a la contratación con el cien por cien de sus cuotas a la Seguridad Social. Hemos presentado ocho transaccionales que recogen fundamentalmente los centros especiales de empleo, la posibilidad de una ley -o en este caso una norma con rango de ley- de los centros de inserción, la mejora de la bonificación a las cooperativas y sales y las ayudas a las cooperativas y sales. Se añade una enmienda que no tiene mucho que ver con esto, que se refiere a la Expo social -no la pudimos meter en los Presupuestos Generales del Estado, pero como es para Zaragoza y no plantea grandes dificultades se ha incluido también-, y se hacen algunas modificaciones que desde nuestro punto de vista mejoran el texto de la ley. Estas modificaciones del artículo 2 recogen las enmiendas 78 del Grupo Popular; 93, 120 y 121 de Esquerra Republicana, y 137, 136 y 162 de Convergència i Unió. Por otro lado, respecto a las empresas de inserción, nuestra transaccional, que ha sido aceptada por todos los grupos, supone que las enmiendas 83, 85 y 87 del Grupo Popular decaigan, como ha dicho anteriormente el portavoz del Grupo Popular, y que las enmiendas 136, 137, 138, 139, 149 y 153 de Convergència i Unió también decaigan. Por tanto, creo que hemos hecho una buena faena de aliño.
Para terminar quiero referirme a dos cuestiones muy sencillas. El señor Tardà me planteaba la posibilidad de redactar un nuevo contrato de transición laboral para jóvenes. Yo estoy radicalmente en contra -lo digo sinceramente- de introducir en esta ley una nueva tipología de contrato, porque esta fue precisamente la gran batalla del acuerdo. Ahora bien, estoy de acuerdo en hablar de los jóvenes, de su contratación, de su vía de futuro, de la cualificación de los mismos, de la promoción empresarial y de la fijación a la empresa cuando se quiera, pero no en incluirlo en una ley de estas características, porque al final la vamos a convertir en una especie de ley escoba que va recogiendo todo lo que se nos va ocurriendo, con perdón.
La otra cuestión es el aumento de la bonificaciones y la actualización de las ayudas. Eso es algo en lo que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ningún inconveniente.
Claro que sabemos que hay que actualizarlo, estamos convencidos de que es necesario, pero si lo recogemos en este proyecto cuando otras bonificaciones, otros tipos de contrataciones y otros tipos de ayuda no tienen ese reconocimiento, parecería que hacemos una exclusión de aquellos que nos interesan. Esto tiene que recogerse en los Presupuestos Generales del Estado, pero no tendría sentido su encaje en una ley como esta, salida de la concertación. Señorías, si no hemos podido llegar al acuerdo sobre la actualización anual del salario mínimo interprofesional en razón del crecimiento del IPC después de tres años de vigencia, ¿cómo vamos a poner esto en un proyecto de ley? Esto es lo que se me plantea tras lo que ustedes me han dicho. No obstante, si ustedes son conscientes de que este es un tema delicado para ponerlo en la ley, pero que hay que mover, estaremos a la cabeza con todos los grupos para conseguir que las actualizaciones se marquen anualmente no solo según el IPC, sino también de las necesidades de algunos ámbitos sectoriales de estas características.
Por otro lado, quiero agradecer el trabajo realizado en ponencia. Estoy convencido de que esta es una ley valiente, ajustada y operativa, como ya se ha demostrado en el tránsito que lleva. En estos momentos es de ley hacer un reconocimiento a quienes han sido los artífices fundamentales de la misma, que son la patronal, los sindicatos y el Gobierno, y el mejor reconocimiento que se puede hacer ahora a ese trabajo es mejorar la ley en los huecos que tenía, que creo que lo hemos hecho, y apoyarla con el mayor consenso posible.
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder seguidamente a las votaciones, concediendo la Mesa un receso de cinco minutos para ordenar las enmiendas. No se ausenten de la sala, por favor. (Pausa.)
Señorías, damos comienzo a la votación de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, si bien, como ha habido una modificación a la transaccional repartida, la número 8, se va a dar lectura a la misma.
El señor LETRADO: La transaccional que se va a someter a votación, la nueva número 8, supone la incorporación de una disposición adicional nueva, bajo la rúbrica empleo de jóvenes, cuyo texto es el siguiente: Con el fin de facilitar el empleo de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, el Gobierno, en el plazo de nueve meses y previo acuerdo con los agentes sociales, presentará medidas encaminadas a regular formas de contratación que optimicen su transición al mercado de trabajo.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos, por tanto, la votación de las enmiendas.
Enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 15.
Enmiendas de la señora Fernández Davila. Primero, separadamente, las números 75, 76 y 77.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 17.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación separada, en primer lugar, de la enmienda 45.
Votación separada de la enmienda número 59.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación separada de la enmienda número 62.
Votamos las enmiendas números 61 y 63.
Votamos la enmienda número 60.
Votamos el resto, que es solamente la enmienda número 64.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Votación separada de las enmiendas número 93, 99, 102 y 115.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación separada de la enmienda número 145.
Votación separada de las enmiendas números 142, 144, 145, 152, 154 y 157.
Votamos las enmiendas vivas del Grupo Popular.
Pasamos a la votación de las enmiendas transaccionales que conocen SS.SS., las que han sido entregadas y la que se ha leído, que es la enmienda número 8 y que sustituía a la entregada.
Iniciamos la votación con las transaccionales presentadas por el Grupo Socialista de la enmienda número 1 a la 7.
Votamos la transaccional número 8 propuesta por Esquerra Republicana.
Finalmente votamos la enmienda número 9 del Grupo Popular.
Finalmente, votación del texto presentado por la ponencia con las modificaciones resultantes del debate que constituirán el dictamen de esta Comisión que, como saben, actúa con competencia legislativa plena.