Source: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0083_1946.htm
Timestamp: 2020-08-14 11:17:46
Document Index: 241114943

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 16', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 173', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 47', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 63', 'artículo 315', 'artículo 23', 'artículo 627', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'ARTÍCULO 68', 'ARTÍCULO 69', 'ARTÍCULO 70', 'ARTÍCULO 71', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'ARTÍCULO 76', 'artículo 47', 'ARTÍCULO 77', 'ARTÍCULO 78', 'ARTÍCULO 79', 'ARTÍCULO 80', 'ARTÍCULO 81', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 87', 'ARTÍCULO 88', 'ARTÍCULO 89', 'ARTÍCULO 90', 'ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 92', 'ARTÍCULO 93', 'ARTÍCULO 94', 'ARTÍCULO 95', 'ARTÍCULO 96', 'ARTÍCULO 97', 'ARTÍCULO 98', 'ARTÍCULO 99', 'ARTÍCULO 100', 'ARTÍCULO 101', 'artículo 61', 'ARTÍCULO 102', 'ARTÍCULO 103', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 104', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 106', 'artículo 97', 'ARTÍCULO 107', 'ARTÍCULO 108', 'ARTÍCULO 109', 'ARTÍCULO 110', 'ARTÍCULO 111', 'ARTÍCULO 112', 'ARTÍCULO 113', 'ARTÍCULO 114', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 117', 'ARTÍCULO 118', 'ARTÍCULO 119', 'ARTÍCULO 120', 'ARTÍCULO 121', 'ARTÍCULO 122', 'ARTÍCULO 123', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 125', 'ARTÍCULO 126', 'ARTÍCULO 127', 'ARTÍCULO 128', 'artículo 171', 'ARTÍCULO 129', 'ARTÍCULO 130', 'ARTÍCULO 131', 'ARTÍCULO 132']

Derecho del Bienestar Familiar [LEY_0083_1946]
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ç 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 t35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 t48 48 49 50 51 52 53 54 t55 55 56 57 58 t59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 t109 109 110 111 112 t113 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 t123 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Diario Oficial No. 26.363, de 24 de febrero de 1947
<NOTA DE VIGENCIA: Derogada por el Código del Menor>
Orgánica de la defensa del niño.
ARTÍCULO 4o. El Juez de Menores será nombrado por los Tribunales Superiores de las capitales de los respectivos Departamentos para un periodo de dos años, y gozará del mismo sueldo que tengan los Magistrados de los Tribunales
Superiores en el respectivo Distrito.
Cada Juez tendrá dos suplentes.
Durante las vacaciones judiciales desempeñará el Juzgado el respectivo suplente o un interino nombrado por el Gobernador, y devengará el mismo sueldo del principal.
b) Un Promotor-Curador de Menores, con trescientos pesos ($ 300) mensuales;
c) Un Secretario, con doscientos cincuenta pesos ($ 250) mensuales;
f) Dos Delegados de Estudio y Vigilancia, con ciento ochenta pesos ($ 180) mensuales cada uno, que serán escogidos por el Juez, de lista pasada por el Consejo Nacional de Protección Infantil.
El Promotor-Curador de Menores será nombrado por el Gobierno; el Secretario, el Oficial y el Escribiente serán de libre nombramiento y remoción del Juez de Menores.
Los Juzgados que hayan ventilado en el año de 1945 más de tres mil (3.000) casos, tendrán un Delegado de Estudio y Vigilancia más por cada quinientos (500) casos de exceso sobre la cifra de tres mil (3000), con la misma asignación. El Gobierno dictará el decreto correspondiente.
ARTÍCULO 6o. Son funciones del Médico Psiquiatra: estudiar los menores que le fueren enviados por el Juez, en estudio médico general y psiquiátrico, y proponer al Juez las medidas que estime más convenientes para la salud mental y física de tales menores, como el internamiento en la casa de observación, el envío a un hospital o centro de protección, la separación de la familia, etc., y hacer a las personas de la familia de los menores las visitas médicas que ordenare el Juez de Menores.
El Médico destinará diariamente, al servicio del Juzgado no menos de dos horas en la mañana.y dos en la tarde.
ARTÍCULO 7o. El Promotor-curador de Menores desempeñará en todas las actuaciones que ocurran en el Juzgado de Menores la defensa de los intereses del menor, ya presentando pruebas y razones a favor de su inocencia, o demostrativas de su culpabilidad, ya proponiendo las medidas que sean más convenientes para la salvación del menor.
ARTÍCULO 8o. El Oficial de Estadística tomará con el debido cuidado todos los datos referentes a los menores comparecientes al Juzgado, de acuerdo con la hoja elaborada en el Consejo Nacional de Protección Infantil y aprobada por la Contraloría General de la República, y hará mensual y anualmente las concentraciones de datos.
ARTÍCULO 9o. Los Delegados de Estudio y Vigilancia actuarán bajo la dirección del Juez de Menores, con el fin de vigilar y estudiar, a los menores que comparezcan en el Juzgado, en especial a los que hayan sido sometidos a libertad vigilada.
Los Delegados de Estudio y Vigilancia serán escogidos entre las personas de ambos sexos que exhiban ejemplar conducta moral y que hayan hecho estudios especiales en escuelas de servicio social, o que muestren señalada vocación social para la protección de la infancia, y hayan hecho estudios educativos en institución privada o pública.
ARTÍCULO 10. Podrán ser admitidos como Delegados de Estudio y Vigilancia voluntarios y gratuitos los individuos que mediante solicitud sean aceptados por el Juez.
ARTÍCULO 11. Los demás empleados del Juez desempeñarán las funciones que éste les asigne.
DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRACCIONES PENALES.
ARTICULO 12. <Ver Notas de Vigencia> En caso de que un menor de diez y ocho años sea sorprendido en flagrante delito, o aparezca plenamente comprobado el cuerpo del delito y resultare por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad conforme a las reglas de la crítica del testimonio, o graves Indicios de que el menor es el autor o participe del hecho que se investiga, será presentado ante el Juez de Menores en el menor tiempo posible si el hecho ocurrió en el Municipio en donde reside este funcionario.
Si el hecho ocurrió en otro Municipio o en cualquier Corregimiento, el funcionario de Policía iniciará inmediatamente la investigación de la infracción. En este caso deberá el funcionario:
1o. Dar noticia inmediata por medio del telégrafo, o si no lo hubiere, por correo, al Juez de Menores sobre la iniciación de las diligencias;
2o. Allegar a las diligencias la copia del acta de nacimiento;
3o. Asegurar la comparecencia del menor, al que nunca podrá detenerse en las cárceles comunes, sino que será depositado, bajo fianza, en poder de sus padres o parientes o de otras personas que quieran recibirlo;
4o Alojarlo convenientemente, si no fuere posible el depósito anterior, en lugar seguro e independiente de las cárceles comunes.
ARTICULO 13. En cualquier momento podrá el Juez de Menores avocar él mismo el conocimiento, o comisionar a los funcionarios de que trata el artículo 16 de la presente ley.
ARTICULO 14. <Ver Notas de Vigencia> Prohíbese detener a un menor de diez y ocho años en lugar distinto de los expresados en el artículo 12, o de los establecimientos especiales para menores. La violación de esta prohibición hará incurrir al funcionario que dé la orden de detención y al Alcalde o jefe del respectivo establecimiento, en la pérdida del empleo y en la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas durante un año, sanción que le será impuesta sumariamente por el superior respectivo, con la sola vista de la prueba de que se ha incurrido en la infracción.
Prohíbese conducir a los menores de que trata esta ley, con esposas, o amarradas, o usando de maltratamientos de obra. La violación de esta prohibición hace incurrir al infractor en la interdicción del ejercicio de funciones públicas durante un año, sanción que será impuesta sumariamente por el superior respectivo, de acuerdo con lo preceptuado en el anterior inciso.
ARTÍCULO 15. Si la infracción del menor ocurrió en otro Municipio o en cualquier Corregimiento, una vez perfeccionadas, las diligencias sumarias, serán enviadas al Juez de Menores, quien resolverá lo conveniente al menor.
En caso de que el Juez solicite la presencia del menor el funcionario de Policía podrá conceder fianza suficiente que garantice la comparecencia del menor, a fin de que no sea conducido por la Policía.
ARTÍCULO 16. Las autoridades de Policía, los Jueces de Instrucción, los Jueces Municipales y los Jueces de Circuito ejecutarán las diligencias y comisiones que les fueren confiadas por los Jueces de Menores.
ARTÍCULO 17. En las diligencias que se levanten con ocasión de la infracción legal de un menor de diez y ocho años, deberá investigarse todo lo relacionado con la materia de dichas diligencias, y especialmente:
1o. Si realmente se ha infringido la ley penal.
2o Quién o quiénes son los autores o partícipes de la infracción.
3o Los motivos determinantes y los demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.
4o El actual estado, físico-psíquico del menor y sus antecedentes de la misma especie, así como los de sus ascendientes y hermanos.
5o. La conducta anterior del menor en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc.
6o Las condiciones de vida del menor en la familia y en el medio, su ocupación y la de sus padres o personas con quienes viva o haya vivido y trabajado.
7o. La capacidad económica del menor y la de sus padres o parientes o personas de quienes legalmente dependa o deba depender el menor.
8o. Qué perjuicios de orden material o moral causó la infracción; y
9o Si se trata o no de un menor moralmente abandonado o en estado de peligro moral o físico.
ARTÍCULO 18. El Juez Menores es funcionario de instrucción. La investigación de los datos concernientes al menor, a su familia o al medio en que ha actuado el menor podrá hacerla el Juez por si mismo o por medio de los Delegados de Estudio y Vigilancia.
ARTÍCULO 19. El Juez resuelve, en cada caso, después de hablar personalmente con el menor, si lo somete a un examen médico-mental sumario, o si lo envía a la casa de observación; mas, para hacerlo en este último caso, es preciso que se trate de un menor en estado de abandono o de peligro moral o físico, o de un menor acusado de infracción penal y contra quien exista por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad conforme a las reglas de crítica del testimonio, o graves indicios de que es autor o partícipe de la infracción. En ningún caso podrá el Juez de Menores mezclar delincuentes con menores de simple protección.
ARTÍCULO 20. Cada Juzgado de Menores dispondrá de una casa de observación, cuya finalidad no es corregir al niño sino estudiarlo, que funcionará independientemente de las escuelas-hogares, escuelas de trabajo o reformatorios especiales.
En la casa de observación, y por un término máximo de noventa días, se estudiará al menor integralmente en sus aspectos fisiológico, mental y moral y en sus reacciones individuales y sociales, y se consignarán las observaciones en una ficha que habrá de terminar con un dictamen sobre el tratamiento médico-pedagógico que deba aplicarse al menor.
ARTÍCULO 21. Cuando se haya terminado la investigación referente a la comprobación de la culpabilidad del menor y esté levantada la encuesta sobre el mismo, sobre sus padres o personas de quienes dependa, sobre el ambiente en que ha vivido, y cuando hayan llegado los estudios de la casa de observación, en caso de que ésta se hubiere realizado, citará el Juez día y hora para que tenga lugar la audiencia en que se estudiará la suerte del menor.
La audiencia se verificará privadamente con la asistencia del médico del Juzgado, del Promotor-Curador de Menores, del delegado que hubiere sido encargado de la encuesta sobre el menor, y de los padres o parientes más próximos, si concurrieren, así como de las personas interesadas en la protección de menores, a juicio del Juez. También podrá asistir el director de la casa de observación.
El menor no asistirá a su propia audiencia.
ARTÍCULO 22. Antes de la celebración de la audiencia, el Juez ordenará que se practiquen todas las pruebas que estime convenientes, o que los interesados soliciten respecto de lo hechos que se investigan.
ARTÍCULO 23. Oído el concepto de las personas que asistan a la audiencia, en el mismo acto o dentro de los ocho días siguientes, dictará el Juez el fallo más conveniente para el menor.
ARTÍCULO 24. El procedimiento será breve y sumario, pero el Secretario llevará por escrito una relación sucinta de todo lo actuado. De las declaraciones de los testigos y peritos dejará un acta que se concretará a la identificación de las personas y a las respuestas sintéticas dadas por ellas. Lo mismo se hará con las respuestas del menor inculpado. Las actas serán firmadas por el Juez, por el Secretario y por las personas que intervengan en la diligencia.
ARTÍCULO 25. En la sentencia, el Juez establecerá, sin formulismos y con brevedad:
1o Los hechos que han quedado probados.
2o Las cuestiones de derecho que considere necesarias al caso, en especial la referente a la calificación legal del delito.
3o Las conclusiones sacadas de los estudios hechos sobre la personalidad del menor.
4o Las medidas pronunciadas contra mayores en los casos del artículo 51.
5o La orden de pasar al Juez ordinario lo que resulte contra mayores; y
6o Las medidas que se adopten para la salvación del menor.
ARTÍCULO 26. Todas las actuaciones relacionadas con menores sometidos a la jurisdicción del Juez de Menores serán secretas, y queda prohibida la información al público sobre tales actos.
ARTÍCULO 27. Cuando, un menor de diez y ocho años aparezca como autor, participe o víctima de un delito, queda prohibida cualquier información hecha por la prensa, por radio o por cualquier otro medio, en la que se dé el nombre del menor, o aun señales que traten de individualizarlo ante el público.
ARTÍCULO 28. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de esta ley serán sancionadas sumariamente por el Juez de Menores, con la sola prueba de que se ha incurrido en la infracción, con multas de $ 10 a $ 500 por cada vez, convertibles en arresto, a razón de un día por cada $ 5.
Contra las resoluciones dictadas por el Juez en virtud de este artículo no habrá otro recurso que el de reposición de la providencia.
Tales resoluciones serán comunicadas al Administrador de Hacienda Nacional del respectivo Departamento, para que las haga efectivas y envíe al Juzgado el comprobante respectivo.
ARTÍCULO 29. No podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas por el Juzgado de Menores en las actuaciones relacionadas con menores; pero los Juzgados Civiles podrán solicitar copia de la parte pertinente de una sentencia del Juzgado de Menores, en la que se declare autor o participe de una infracción penal a un menor, y con el solo objeto de fundamentar la acción civil correspondiente.
La acción civil no podrá ejercitarse ante el Juez de Menores, pero los interesados en ella podrán solicitar, por sí o por medio de abogados, al Juez de Menores, y por escrito, la práctica de pruebas.
ARTÍCULO 30. El menor comparecerá personalmente ante el Juez de Menores; podrán acompañarlo los padres o personas de quienes dependa. Este acto, así como todo lo relacionado con la defensa del menor, a excepción de los casos especiales preceptuados por esta ley, se llevará a cabo sin intervención de abogado.
ARTÍCULO 31. Cuando los que comparezcan ante el Juzgado de Menores falten, de palabra o por escrito, al respeto, consideración y obediencia debidos a la autoridad, después de amonestados, si insistieren, podrán ser sancionados en multa hasta de veinte pesos ($ 20) y con arresto hasta de cinco días.
ARTÍCULO 32. Cuando los que sean citados al Despacho para la práctica de alguna diligencia, no concurran sin causa justa, podrán ser conminados con multa hasta de $ 20, que se hará efectiva en caso de segunda desobediencia, sin perjuicio de hacerlos concurrir por medio de la Policía.
ARTÍCULO 33. Cuando en la investigación de un delito seguida por las autoridades ordinarias, resulte comprometido un menor, el funcionario ordenará sacar copia de lo pertinente para enviarla, si fuere el caso, de acuerdo con el artículo 15, inmediatamente ante el Juez de Menores. Esta diligencia tendrá prelación sobre cualquiera otra.
ARTÍCULO 34. Cada menor vendrá en el Juzgado de Menores una ficha médico-social. En ella figurarán el retrato y las impresiones dactiloscópicas, y se anotarán los datos y hechos más importantes de la personalidad del menor. Esta reseña tendrá el carácter de reservada y queda prohibida cualquier información sobre su contenido, mientras el menor no haya cumplido los diez y ocho años.
La violación de esta prohibición hace incurrir al funcionario en la pepa establecida en el artículo 173 del Código Penal.
Cundo un joven de diez y ocho a veintiún años comparezca ante las autoridades judiciales ordinarias por razón de algún delito, éstas no podrán solicitar los antecedentes de los Juzgados de Menores si no se llenan estos requisitos:
1o Que esté llamado el sindicado a juicio; y
2o Que el delito por el cual se le haya llamado a juicio merezca la pena de prisión o la de presidio.
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL JUEZ.
ARTÍCULO 35. El fallo del Juez de Menores puede consistir en las siguientes medidas:
1ª. Absolución plena, cuando el hecho delictuoso, no se hubiere comprobado.
2ª Simple amonestación, cuando la falta hubiere sido ocasional y el menor se hallare en un medio familiar sano y apto para su educación. La detención preventiva en este caso no tendrá lugar o será lo más breve, a fin de conservar el sentimiento del honor en el niño.
3ª Libertad Vigilada.
4ª Entrega del menor a una persona o Institución idónea, a fin de lograr su educación, bajo condiciones.
5ª Internamiento del menor en una escuela de trabajo, pública o privada, o en una granja agrícola especial para menores, pública o privada; y
7ª Internamiento del menor en un reformatorio especial para menores, por tiempo indeterminado, hasta cuando se obtenga la reeducación del menor o la formación de su sentido moral.
ARTÍCULO 36. El Juez podrá en cualquier tiempo reformar, sustituir y hacer cesar la medida impuesta a un menor; pero para hacerlo necesitará, en caso de que el menor se halle en un establecimiento de educación, del concepto favorable del director respectivo, o el del Consejo de Disciplina del establecimiento, si e tratare de un establecimiento de reeducación.
ARTÍCULO 37. La libertad, vigilada consiste en confiar el menor a su propia familia, o a una extraña honorable, o a un establecimiento industrial o agrícola, bajo las condiciones que el Juez señale, mediante caución suficiente, si lo juzga necesario, y bajo la vigilancia del Juez o de los Delegados de Estudio y Vigilancia.
ARTÍCULO 38. La vigilancia de los menores se ejercerá en forma tan discreta y. prudente, que no se ocasione ningún perjuicio al menor, ni se enajene su confianza.
ARTÍCULO 39. Cuando el joven, al cumplir los veintiún anos, se encuentre internado en un establecimiento de los contemplados en esta ley en virtud de infracción penal, se hubiere reformado, será puesto en libertad.
Si no se hubiere reformado, pasará a la penitenciaria o al establecimiento que determine el Ministerio de Gobierno, por el tiempo necesario para completar su reforma, el que no podrá pasar de la fecha en que el joven cumpla veinticinco años.
Las resoluciones respectivas serán dictadas por el Juez de Menores que conoció del asunto.
ARTÍCULO 40. La edad de diez y ocho a veintiún años constituye circunstancia de menor peligrosidad del delito.
ARTÍCULO 41. Para los efectos de esta ley se entiende que un menor se halla en estado de abandono físico cuando carece de las personas que según la ley deban suministrarle alimentos, o cuando existiendo éstas, no tengan capacidad para suministrárselos.
ARTÍCULO 42. Un menor se halla en estado de abandono total cuando sus padres o las personas de quienes el menor depende lo incitan a la ejecución de actos perjudiciales para su salud física o moral; cuando se dedica a la mendicidad o a la vagancia, o frecuenta el trato con gente viciosa o de mal vivir, o vive en casas destinadas al vicio; y cuando ejerce algún oficio que lo mantiene permanentemente en la calle o en lugares públicos, o que pone en peligro su salud física o moral.
ARTÍCULO 43. Un menor se halla en estado de peligro físico o moral cuando las personas con quienes vive padecen de grave enfermedad contagiosa, o cuando le brindan de manera habitual malos ejemplos.
ARTÍCULO 44. En caso de que el Juez de Menores deba absolver a un menor por carencia de pruebas, pero respecto del cual se hubiere comprobado en el juicio que se halla en estado de abandono o de peligro físico o moral, tomará el funcionario todas las medidas encaminadas a la preservación del menor.
ARTÍCULO 45. Siempre que el Juez de Menores considere que los padres no son aptos para ejercer la guarda de sus hijos menores y resuelva confiarla a otras personas o a establecimientos públicos o privados, determinará en la sentencia la cuota mensual con que deberán contribuir aquéllos, la que deberá fijarse teniendo en cuenta la culpabilidad de los padres y principalmente la capacidad económica de los mismos.
ARTÍCULO 46. Estas sumas ingresarán a las cajas de los respectivos establecimientos en donde el menor sea recluido.
ARTÍCULO 47. Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada al Habilitado de la oficina en que preste sus servicios el padre. El Habilitado o patrón de la oficina responderán personalmente si no cumplieren la orden respectiva.
Cuando hubiere que perseguir ejecutivamente el pago en bienes de los padres, adelantará la acción ante el Juzgado competente el Promotor-Curador de Menores.
La actuación se hará en papel común y servirá de título ejecutivo la copia autorizada por el Juez de Menores de la parte pertinente de la sentencia.
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE MENORES ABANDONADOS O EN PELIGRO.
ARTÍCULO 48. Siempre que el Juez de Menores tenga conocimiento, ya sea por denuncia, o de oficio, de que hay un menor moral o físicamente abandonado o en peligro, abrirá en el acto la investigación correspondiente y se informará, por sí o por medio de sus delegados, detalladamente de las condiciones que rodean al menor, del ambiente de moralidad en que viva, de los medios de subsistencia y de los antecedentes de todo orden personales y familiares.
ARTÍCULO 49. El Juez podrá hacer comparecer, a su Despacho a todas las personas cuyas informaciones juzgue necesarias, y podrá someter al menor a los estudios de observación preceptuados en esta ley.
ARTÍCULO 50. Tan pronto como se haya levantado la correspondiente investigación, el Juez citará a su Despacho a los padres del menor o a las personas de quienes éste dependa, y en su presencia dictará la correspondiente sentencia, de manera verbal, breve y sumaria, y de ella se dejará un resumen escrito.
ARTÍCULO 51. La sentencia puede consistir:
1o En una prevención a los padres o a las personas de quienes el menor dependa, a fin de que cumplan para con éste con los deberes de educación, de asistencia, de alimentación y vigilancia.
2o En una multa de $ 1 hasta de $ 100, convertible en arresto, a razón de un día por cada peso, impuesta a las mismas personas por incumplimiento de sus deberes.
3o. En la pérdida de la patria potestad, de la guarda o cuidado personal del menor, caso en el cual el Juez podrá:
a) Depositar al menor en poder de personas bondadosas para con el menor, de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica;
b) Internar al menor en un establecimiento de protección infantil, público o privado, o en una escuela-hogar pública o privada, o en una escuela de trabajo pública o privada.
Cuando sea el caso del anterior inciso, deberá el Juez determinar en su providencia la cuota mensual, que puede ser ínfima, con que deberán contribuir para la educación del menor los padres o personas que le deban alimentos. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia.
ARTÍCULO 52. En los casos del artículo anterior será aplicable el artículo 47 de esta ley.
ARTÍCULO 53. Siempre que sean depositados menores en poder de personas o entidades que no.tengan la guarda legal del menor, se extenderá una diligencia en la que se preceptúen las obligaciones especiales contraídas por el depositario, entre las cuales deberá figurar la de informar cada tres meses sobre el estado del menor y sobre el cambio de residencia; la de suministrar una educación adecuada; la de proporcionar alimentos y vestido convenientes, y la de permitir una discreta vigilancia de los delegados del Juzgado.
ARTÍCULO 54. En caso de que las personas encargadas de menores, de acuerdo con el artículo anterior, incumplan con sus obligaciones contraídas, el Juez de Menores podrá amonestarlas, de lo cual dejará constancia escrita en la diligencia primitiva. En caso de reincidencia, podrá aplicar multas hasta de $ 100, para lo cual dictará una resolución motivada y se seguirá el procedimiento preceptuado en el artículo 28 de esta ley.
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 55. Las escuelas-hogares son establecimientos de reeducación en que un pequeño número de corrigendos se confía a la dirección de un matrimonio experto en educación de anormales de carácter y en donde prima un régimen estrictamente familiar.
ARTÍCULO 56. Las escuelas de trabajo y las granjas agrícolas especiales para menores son establecimientos de reeducación en donde los menores destinados a ellas por los Jueces de Menores, están sometidos a un tratamiento de reforma, con una orientación hacia las industrias, o hacia la agricultura y la ganadería.
ARTÍCULO 57. Los reformatorios especiales para menores son establecimientos de reeducación a donde el Juez de Menores envía a los menores de notoria peligrosidad, o que se muestren díscolos a los medios ordinarios de reforma.
En tales establecimientos se buscará de preferencia el orientar moralmente a los menores y el suministrarles una ocupación adecuada para la vida.
ARTÍCULO 58. La alimentación, que se suministre a los menores internados en los establecimientos públicos de que habla esta ley, se dará de acuerdo con las prescripciones del Consejo Nacional de Protección Infantil.
Prohíbese celebrar contratos para el suministro de alimentación de los menores a que se refieren los anteriores artículos.
RELACIONES ENTRE EL JUZGADO Y LAS CASAS DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 59. Siempre que un menor haya de ser internado en alguna de las casas de educación de que trata esta ley, será enviada, junto con la orden de internamiento, una reseña acerca del menor, que comprenda la relación del motivo del internamiento, los antecedentes personales y familiares del menor, los estudios del médico y los de la casa de observación.
ARTÍCULO 60. Cada tres meses las casas de educación de que trata esta ley, a excepción de las casas de observación; rendirán al Juez de Menores un informe sobre el mejoramiento o retraso moral, mental y físico y sobre la orientación profesional de los menores, de manera que sobre él pueda fundar el Juez la revocación o reforma de la primitiva providencia.
ARTÍCULO 61. Los directores de las casas de que trata esta ley serán nombrados por el Gobierno, de ternas enviadas por el Consejo Nacional de Protección Infantil, pero las relaciones entre el Juez de Menores y tales directores se llevarán a cabo directa e independientemente.
En lo referente al régimen educativo y disciplinario de lo menores, los directores dependen del Juez de Menores.
ARTÍCULO 62. Los profesores y vigilantes de los menores internados en vía de reforma, serán maestros titulados y serán escogidos de preferencia entre los que hayan hecho estudios especiales sobre educación de menores díscolos y anormales.
Son nulos les nombramientos hechos en contravención a este artículo.
ARTÍCULO 63. El Juez de Menores visitará a los menores internados por su orden en los establecimientos de educación, por lo menos cuatro veces por año, y hablará personalmente con ellos, para oírlos sobre sus necesidades y resolver lo que sea del caso.
El Juez de Menores velará porque los menores que se reeduquen en los establecimientos organizados en virtud de la presente ley sean clasificados y separados por razón de su edad mental y moral.
DE LA GUARDA DE MENORES.
ARTICULO 64. La suspensión de la patria potestad o de la guarda de un menor podrá ser decretada por el tiempo indicado por el Juez de Menores, en virtud de las siguientes causales:
1ª En los casos del artículo 315 del Código Civil.
2ª Por la vagancia o mendicidad habituales del menor, en caso de que los padres y guardadores no empleen toda su diligencia para impedirlo; y
3ª Cuando el Juez de Menores lo crea conveniente para la salvación del niño o de la niña, o para evitarles grave peligro 'físico o moral.
<Inciso adicionado por el artículo 23 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> El defensor de Menores podrá de oficio o a petición de parte solicitar el cambio o suspensión de la patria potestad o de la guarda de un menor, en los términos aquí indicados, y además, respecto de los guardadores, por las causas contempladas en el artículo 627 del Código Civil.
ARTICULO 65. En cualquier tiempo podrán los representantes legales de los menores solicitar la rehabilitación de sus derechos. La demanda se presentará por escrito y en ella se establecerán los hechos en que la petición se funda, y se enumerarán las pruebas que deben practicarse. De la demanda se correrá, traslado al Promotor-Curador de Menores. Por el término de cinco días. Contestado el traslado, se decretarán y recibirán las pruebas pedidas por los interesados o por el Promotor-Curador de Menores, en el término de ocho días.
<Incisos adicionados por el artículo 24 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:>El Juez deberá celebrar audiencias para esclarecer la situación del menor desde el punto de vista del cuidado físico que esté recibiendo, de su educación, de la moralidad del medio en que vive, y de la seguridad de sus bienes.
Lo aquí establecido rige también para el caso de los menores que no hallándose bajo patria potestad ni bajo guarda, deben ser provistos de ésta a petición del Defensor de Menores o de otra persona.
ARTÍCULO 66. El Juez podrá decretar, además de las pruebas solicitadas, las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, así como ampliar prudencialmente el término probatorio, vencido el cual se da traslado para alegar a los interesados y al Promotor-Curador.
ARTÍCULO 67. Vencido el término de los traslados, el Juez dispone de diez días para fallar.
ARTÍCULO 68. Los interesados podrán hacerse representar por abogados titulados, en estas diligencias.
ARTÍCULO 69. Todo niño tiene derecho, por ministerio de la ley, a disfrutar de las condiciones necesarias para alcanzar su desarrollo corporal, su educación moral e intelectual y su bienestar social.
En consecuencia, los padres están obligados al sostenimiento de sus hijos. En caso de incumplimiento de estas obligaciones serán compelidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
ARTÍCULO 70. Cuando el padre de un menor de diez y ocho años se niegue a prestarle alimentos, la madre, o el pariente más cercano del menor, o el menor mismo, pueden acudir ante el juez de Menores, verbalmente o por escrito, en solicitud de que se obligue al padre al cumplimiento de su deber.
En caso de que no se presenten los documentos en que se funde el derecho invocado, se oirá a los interesados para que suministren los datos, necesarios para obtenerlos.
Los documentos serán solicitados por el Juez inmediatamente, y los encargados de de expedirlos no llevarán emolumento alguno por ello y los enviarán en papel común.
ARTÍCULO 71. Obtenidos los documentos de que habla el artículo anterior, serán convocadas las partes a una audiencia que tendrá lugar el día señalado por el Juez, dentro de los ocho días siguientes al de la notificación al padre.
Las partes pueden llevar en este término, y dentro de los ocho días siguientes al de la audiencia, las pruebas necesarias para la defensa de sus derechos.
ARTÍCULO 72. En la audiencia se recibirán las pruebas que se presenten, y se consignará en el acta respectiva un resumen de ellas y de lo alegado por las partes. Los testigos firmarán el acta, junto con las partes.
ARTÍCULO 73. Surtida la audiencia, el Juez falla, dentro de seis días.
ARTÍCULO 74. Desde el día de la presentación de la demanda, y mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el Juez ordenar que se den provisionalmente, siempre que aparezca en la actuación fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda obtiene sentencia absolutoria.
Cesa este derecho a la restitución contra el que de buena fe y con algún fundamento plausible haya intentado la demanda.
ARTÍCULO 75. No estando determinada la cuota alimenticia, el Juez la señala en proporción al caudal de quien deba prestarla y a las necesidades y circunstancias del que deba recibirla, y regula la forma en que hayan de prestarse los alimentos.
ARTÍCULO 76. En caso de ser el padre empleado público o privado, podrá el Juez hacer retener del respectivo pagador hasta un cincuenta por ciento de la suma devengada, todo de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 47 de esta ley.
El Juez tendrá en cuenta el número de hijos del obligado y el número de personas que de él dependan.
ARTÍCULO 77. La ocultación total o parcial de sueldos, jornales, o de bienes por parte del padre, patrón o empresario, será considerada como delito de estafa.
ARTÍCULO 78. El padre sentenciado a servir una pensión alimenticia y que pudiendo no la cumpla durante tres meses, será condenado a pagar una multa de diez pesos a trescientos pesos, o a sufrir prisión de un mes a un año.
ARTÍCULO 79. Para los efectos del artículo anterior, al ser presentada la queja sobre el incumplimiento del padre, el juez ordenará a éste que se presente dentro del octavo día después de efectuada la citación personal, a fin de que tenga lugar una audiencia, en la que se oirán sus descargos.
El Juez fallará dentro del tercero día, y si el que fuere condenado al pago de las pensiones no las consigna, se cumplirá la sentencia pronunciada.
ARTÍCULO 80. Iniciado el juicio de alimentos, el denunciado no podrá ausentarse del país sin dejar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO 81. En defecto del padre darán al menor alimentos, en su orden, las personas obligadas a ello, de acuerdo con el Código Civil.
ARTÍCULO 82. En las diligencias que hayan de surtirse con motivo de la petición de alimentos, o de investigación de la paternidad, las partes pueden estar representadas por abogados inscritos en el Juzgado.
Los intereses del menor serán defendidos por el Promotor-Curador de Menores, en caso de que éste no se hallare representado.
ARTICULO 83. <Artículo derogado por el artículo 39 de la Ley 75 de 1968>
ARTICULO 84. <Artículo derogado por el artículo 39 de la Ley 75 de 1968>
DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD.
ARTICULO 85. Todo niño tiene derecho a saber quienes son sus padres.
ARTICULO 86. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 721 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> En todos los juicios de filiación de paternidad o maternidad conocerá el juez competente del domicilio del menor, mediante un procedimiento especial preferente.
ARTÍCULO 87. El Consejo Nacional de Protección Infantil siempre que tenga conocimiento de que en su registro se haya inscrito un niño de padre desconocido, pasará aviso inmediato al Promotor-Curador de Menores respectivo para que proponga ante el Juez de Menores la correspondiente investigación.
Lo mismo hará el Promotor-Curador de Menores cuando tenga conocimiento de un niño de padre desconocido que comparezca ante el Juzgado.
ARTÍCULO 88. La actuación se llevará en este caso, así como en los demás que ante el Juzgado se ventilen, en papel común, sin costo alguno para la madre o para el niño.
ARTÍCULO 89. El Juez de Menores dará curso a la demanda siempre que sea iniciada por las personas que tienen derecho a ello, que dicha solicitud se presente por escrito, que se indique el nombre del presunto padre o algún principio de prueba en que se funde, el derecho invocado.
ARTÍCULO 90. Admitida la demanda, se notifica personalmente al presunto padre, quien dispone de ocho días para contestarla.
ARTÍCULO 91. Si el presunto padre contesta la demanda reconociendo al hijo como suyo, el Juez fijará el monto de la pensión alimenticia a que el hijo tiene derecho, observando lo preceptuado en el capítulo de los alimentos.
ARTÍCULO 92. Si el presunto padre contesta la demanda negando la calidad de padre, se abrirá a prueba el negocio por el término de veinte días, vencido el cual, las partes serán citadas para una audiencia en la que expondrán sus razones, de lo cual se levantará un acta, que será firmada por los que en el acto intervinieron.
ARTÍCULO 93. Surtida la audiencia, el Juez falla dentro de ocho días.
ARTÍCULO 94. Queda a salvo el derecho de las partes para establecer el juicio correspondiente ante los Jueces civiles, a cuyo resultado deberá estarse.
ARTÍCULO 95. En el juicio correspondiente que se promueva ante los Jueces civiles, los intereses del menor serán defendidos por un curador, que será nombrado por el respectivo Juez de Menores, funcionario a quien se notificará la demanda para efectos del nombramiento.
En caso de haber obtenido el padre en el Juzgado de Menores el pronunciamiento de la paternidad, deberá pagar en el juicio que se promueva ante los Jueces civiles los honorarios del curador.
Lo mismo será en el caso de haber obtenido pronunciamiento en su contra en el juicio de alimentos.
ARTÍCULO 96. La acción de las partes para presentarse en juicio ordinario, para efectos de los artículos anteriores, prescribe en dos años, contados desde el pronunciamiento de la sentencia por el Juez de Menores.
DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN INFANTIL.
ARTÍCULO 97. Créase el Consejo Nacional de Protección Infantil, integrado por cinco miembros, elegidos para un periodo de tres años, asÍ: uno nombrado por el Presidente de la República, que deberá ser abogado especializado en ciencias penales; uno nombrado por el Arzobispo Primado, que deberá ser sacerdote experto en sociología; uno por el Comité Nacional de la Cruz Roja, que deberá ser muy versado en cuestiones médico-sociales de la infancia; uno nombrado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, que deberá ser médico pediatra; y el quinto, por el Juez de Menores de Bogotá, que deberá ser especializado en ciencias de la educación y en educación de díscolos y anormales.
El Jefe del Departamento de Protección Infantil tendrá voz pero no voto en las deliberaciones.
Cada Consejero tendrá su respectivo suplente.
El Consejo podrá asesorarse temporal o permanentemente de las personas que juzgue necesarias.
ARTÍCULO 98. El Consejo, elegirá su Presidente, se reunirá por lo menos dos veces por semana, y sus miembros tendrán una asignación de veinte pesos ($ 20) por sesión o día de sesión.
El desempeño de las funciones de Consejero es compatible con cualquier otro cargo público.
El Consejo tendrá un Secretario General abogado, con cuatrocientos pesos ($ 400) mensuales de sueldo, un Oficial con doscientos cincuenta pesos ($ 250) mensuales de sueldo, y un Escribiente con ciento cincuenta pesos ($ 150) mensuales de sueldo, de su libre nombramiento y remoción.
ARTÍCULO 99. El Consejo, sea por medio de los Comités municipales, tendrá a su cargo todo lo referente a la prestación y organización de los servicios sociales que
en seguida se enumeran, sin perjuicio de la organización en materia de higiene materno-infantil, dependiente del Gobierno Nacional, con la cual deberá colaborar:
a) Asistencia de la mujer embarazada;
b) Asistencia de la madre y al recién nacido;
c) Asistencia a la madre soltera, desde los puntos de vista material, legal y moral;
d) Asistencia al niño lactante y al infante;
e) Asistencia al niño anormal y enfermo;
f) Asistencia al niño en edad preescolar, escolar y postescolar;
g) Asistencia y protección hasta la mayor edad, de los niños abandonados o en peligro;
h) Asistencia y protección a los niños infractores de las normas penales;
i) Asistencia y protección a la madre y al niño que trabajan.
ARTÍCULO 100. Todas las entidades oficiales, o que reciban auxilios del Estado, cooperarán, bajo la inmediata inspección del Consejo Nacional de Protección Infantil, en la obtención de los fines sociales que tales obras pretenden alcanzar.
El Consejo armonizará las iniciativas de tales instituciones, en forma que se preste al niño la debida protección.
Las decisiones del Consejo son obligatorias para estas entidades.
ARTÍCULO 101. El Consejo Nacional de Protección Infantil tiene además las siguientes funciones:
1ª Estudiar todas las medidas encaminadas a lograr la protección infantil y proponerlas al Gobierno;
2ª Aunar todas las iniciativas de entidades públicas o privadas encargadas de la protección del niño y de la madre, a fin de que se obtengan la protección y asistencia del niño desnutrido, enfermo, abandonado, en peligro, o delincuente;
3ª Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes o de protección infantil, en especial de las relacionadas con la instrucción, el trabajo, y la preservación moral y física de los menores;
4ª Crear los comités departamentales de protección infantil en las capitales de los Departamentos, dependientes del Consejo Nacional;
5ª Mantener relaciones con instituciones similares extranjeras, con el fin de adaptar a nuestro país los adelantos mundiales;
6ª Promover y dirigir publicaciones referentes a la crianza, alimentación vestido del niño y a su educación moral, física, familiar y social, con el fin de divulgar tales conocimientos entre el pueblo;
7ª Abrir concursos sobre temas relacionados con la protección infantil y los problemas colombianos del niño, y conceder premios a las mejores obras que se presenten.
8ª. Convocar a asambleas a los Jueces de Menores y a los directores de las casas de protección y de reeducación y a las personas cuya colaboración se estime conveniente, con el fin de estudiar las cuestiones que proponga el Consejo, con la debida anticipación.
9ª Realizar encuestas e investigaciones sobre asuntos referentes al niño, para lo cual puede requerir la cooperación de todas las autoridades de la República;
10. Hacer estudios estadísticos relacionados con la vida intelectual, moral y física de los niños colombianos, a fin de llegar a conclusiones concretas que permitan orientar en el futuro la campaña de defensa de los intereses del niño, y en especial la encaminada a disminuir la mortalidad infantil. Esto se hará de acuerdo con la Contraloría General de la República;
11. Procurar la fundación de establecimientos de educación para menores abandonados, delincuentes y anormales;
12. Obtener de los institutos particulares la aceptación de menores protegidos por el Consejo;
13. Organizar patronatos de menores de ambos sexos, encargados de dar amparo y ayuda a los jóvenes que salgan de los establecimientos de protección o de reeducación, y. a los niños hijos de presos y que queden abandonados o el peligro El Consejo Nacional podrá auxiliar los patronatos privados que se funden;
14. Estudiar la implantación de un seguro social familiar para el caso en que los padres se inhabiliten para el trabajo;
15. Pasar a los Jueces de Menores una lista que contenga un número doble del que deba ser elegido de nombres de delegados de estudio y vigilancia.
16. Adoptar y establecer la ficha del niño que en alguna forma tenga relaciones con el Consejo;
17. Pasar las ternas de que habla el artículo 61.
ARTÍCULO 102. A medida que se vayan organizando los trabajos podrá el Consejo Nacional de Protección Infantil abrir las secciones necesarias y hacer los nombramientos del caso, para lo cual fijará las asignaciones dentro de la partida destinada para el funcionamiento del Consejo.
ARTÍCULO 103. El Consejo Nacional de Protección Infantil puede requerir la cooperación de todas las autoridades de la República para el fiel cumplimiento de su misión.
En caso de renuencia a sus solicitudes, puede compeler a los renuentes con multas sucesivas hasta de doscientos pesos ($ 200), que se harán efectivas mediante resolución dictada por el Consejo, autenticada por el Secretario, y se seguirá el procedimiento preceptuado en el artículo 28 de esta ley.
En estos casos las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría ele votos.
ARTÍCULO 104. El Consejo Nacional de Protección Infantil puede suspender, mediante resolución motivada, adoptada por mayoría de votos, el pago de auxilios provenientes del Tesoro Público a las entidades que no cooperen en la obtención de los fines de la protección del niño.
Tales resoluciones pueden ser revocadas por el mismo Consejo.
ARTÍCULO 105. El Consejo Nacional de Protección Infantil tendrá franquicia postal, así como franquicia telegráfica, hasta por cincuenta (50) palabras por cada mensaje.
ARTÍCULO 106. El Consejo Nacional de Protección Infantil de que trata el artículo 97 de esta ley, ejercerá las funciones de Dirección Nacional de Establecimientos de Reeducación y Protección de Menores.
PARÁGRAFO. El Gobierno dotará al Consejo Nacional de Protección Infantil de locales, muebles y elementos de oficina para su correcto funcionamiento.
DE LOS COMITÉS DEPARTAMENTALES.
ARTÍCULO 107. En cada capital de Departamento, excepto en Cundinamarca, en donde actuará el Consejo Nacional, habrá un comité departamental de protección infantil encargado de desarrollar la obra de protección infantil que le sea encomendada por el Consejo Nacional.
Este comité estará integrado por cinco miembros, así: el Director de Educación del Departamento, el Juez de Menores, donde lo hubiere, o en su defecto, el Juez de Circuito Penal que designe el Tribunal Superior, uno nombrado por el respectivo ordinario diocesano y dos nombrados por el Consejo Nacional.
ARTÍCULO 108. En los Municipios en donde los comités departamentales lo estimen conveniente habrá un comité municipal de protección infantil, integrado por el Cura Párroco o la persona que él designe, el Alcalde y tres miembros nombrados por el comité departamental, entre los cuales habrá por lo menús una mujer.
Estos comités desempeñarán todas las labores que les sean encomendadas por los comités departamentales o por el Consejo Nacional.
DEL TRABAJO DE MENORES.
ARTÍCULO 109. Se prohíbe a los menores de diez y ocho años, todo trabajo que perjudique su salud, su vida o su moralidad, que sea excesivamente fatigante o que sobrepase sus fuerzas.
PARÁGRAFO. El decreto reglamentario precisará qué trabajos son insalubres o perjudiciales para la preservación física y moral del niño.
ARTÍCULO 110. Las funciones de protección de menores, contempladas en los artículos 44 y 46 de la Ley 15 de 1925, quedan adscritas al Consejo Nacional de Protección Infantil y a los comités departamentales designados por el Consejo Nacional.
ARTÍCULO 111. Cualquiera que sea su ocupación, queda prohibido trabajar a un niño en edad escolar, si con esto se disminuye en forma sensible el tiempo de estudio, o el tiempo de descanso necesario a su naturaleza física.
El decreto reglamentario precisará las excepciones.
ARTÍCULO 112. En materia de instrucción y de trabajo de menores, quedan vigentes las siguientes Leyes: 56 de 1927, 79 de 1926, 21 y 22 de 1926, 9ª de 1930 y la Convención de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptada por la Ley 129 de 1931.
PROTECCIÓN MORAL Y FÍSICA DE LOS MENORES.
ARTÍCULO 113. Queda prohibida la entrada de los menores de diez y ocho años a las casas de juego,.establecimientos en donde se expendan bebidas alcohólicas, prostíbulos y casas de libertinaje o de baile, o similares, y en general a todo establecimiento que en alguna manera pueda perjudicarlos.
ARTÍCULO 114. Queda prohibida la asistencia de niños menores de cinco años a los salones de cine.
Los niños de cinco a diez y seis años solo podrán asistir a funciones cinematográficas diurnas en las que se proyecten películas sobre ciencias, artes industriales, la naturaleza, o que sean recreativas, pero con previa aprobación del Consejo Nacional de Protección Infantil.
Los programas respectivos contendrán este anuncio: “Exhibición para menores”, aún cuando también puedan concurrir personas mayores.
ARTÍCULO 115. El Consejo Nacional de Protección Infantil gestionará ante quienes corresponda la supresión de todo aquello que en los diarios, en las revistas o en los programas difundidos por radio presente el crimen, el vicio o el suicidio en forma llamativa; o que cause perjuicio en alguna forma a la salud mental y moral de los niños y de los jóvenes.
En particular tratará de evitar la publicación de fotografías y relatos de crímenes o de suicidios.
ARTÍCULO 116. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores de diez y ocho años.
Se exceptúan los casos en que se comprobare que los menores efectúan la compra por cuenta de un tercero mayor de edad.
ARTÍCULO 117. Ninguna mujer pública podrá tener a su servicio menores de diez y ocho años.
En caso de que se trate de hijos, éstos serán considerados por el Juez de Menores como menores en peligro moral, desde la edad de cinco años. El Juez tomará las medidas del caso.
ARTÍCULO 118. En ningún establecimiento en donde se expendan bebidas alcohólicas podrán ser empleados menores de diez y ocho años.
ARTÍCULO 119. Las violaciones a lo dispuesto en este capítulo serán sancionadas por el Juez de Menores, en los Municipios en que hubiere este funcionario; o por los Alcaldes, en donde no lo hubiere, con multas de $ 10 a $ 500.
En caso de reincidencia se doblaran las sanciones, las que son convertibles en arresto, a razón de un día por cada peso.
ARTÍCULO 120. Con el fin de disminuir la mortalidad infantil, las personas enumeradas en este artículo tienen la obligación de comunicar el hecho del parto, dentro de las cuarenta y ocho horas siguiente al momento de acaecido, a los organismos de protección materno-infantil, y en los Municipios en donde existan estas entidades:
1o Los médicos, parteras, comadronas que atiendan el caso.
2o En su defecto, los parientes más Inmediatos del niño.
3o En defecto de las anteriores, las personas que vivan en la casa en donde sucedió el parto; y
4o En defecto de los anteriores, el Notario ante quien se denunció el nacimiento.
ARTÍCULO 121. Cuando el parto ocurriere en una clínica, sala de maternidad, cárcel u otro establecimiento semejante, la obligación de dar el aviso le corresponde al director o administrador del establecimiento.
ARTÍCULO 122. La infracción de esta disposición podrá ser sancionada por las autoridades de higiene con multas de un peso ($ 1) a cien pesos ($ 100), convertibles en arresto.
El aviso de que hablan los artículos anteriores se dará sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro civil en el Código Civil y en las leyes que lo reforman.
ARTÍCULO 123. Los Departamentos suministrarán locales para los establecimientos de reeducación y de protección de menores que en lo sucesivo se funden.
Ningún Departamento podrá acometer la construcción de estos edificios sin someter previamente los planos a la aprobación del Consejo Nacional de Protección Infantil.
ARTÍCULO 124. Es de cargo de la Nación el sostenimiento de las casas de reeducación, de protección y de observación de que habla esta ley, en lo referente a los gastos del personal docente y del personal de educandos.
ARTÍCULO 125. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio al cual adscriba el ramo de reeducación y protección de menores, nombra los directores de las casas, de ternas pasadas por el Consejo Nacional de Protección Infantil.
El resto del personal es de libre nombramiento y remoción del Gobierno.
ARTÍCULO 126. Queda facultado el Gobierno Nacional para celebrar contratos sobre la dirección de los establecimientos de que habla esta ley con comunidades religiosas o asociaciones especializadas en la educación o reeducación de menores.
ARTÍCULO 127. Queda facultado el Gobierno Nacional para celebrar los contratos necesarios a fin de enviar al Extranjero especialistas colombianos que estudien en los países más adelantadas la legislación adoptada sobre menores delincuentes y abandonados, la marcha y funcionamiento de tribunales de menores y casas de reeducación, y los problemas relacionados con nutrición, higiene y profilaxis infantil; y para enviar el personal colombiano a que se especialice en los anteriores asuntos.
Para estos efectos podrá el gobierno abrir los créditos y hacer los traslados necesarios.
ARTÍCULO 128. Los Gobernadores no sancionarán los presupuestos departamentales que no presenten partidas para la construcción o sostenimiento de los edificios que deben sostener o construir de acuerdo con lo preceptuado en esta ley.
En caso de que dieren la sanción sin este requisito, incurrirán en las penas establecidas por el artículo 171 del Código Penal.
ARTÍCULO 129. Anualmente se incluirá en el Presupuesto Nacional, además de las sumas necesarias para el cumplimiento de esta ley, la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000) destinada para el Consejo Nacional de Protección Infantil, a fin de que esta entidad pueda llenar las funciones que se le señalan en la presente ley.
Si en el proyecto de Presupuesto Nacional de Rentas Gastos no se apropian las sumas necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, el proyecto de Presupuesto será devuelto al Ministro de Hacienda para que subsane la omisión.
ARTÍCULO 130. Las normas establecidas por esta ley son de carácter general, y en su aplicación no se tendrá en cuenta condiciones de legitimidad, estado civil, diferencias sociales, raciales o religiosas.
ARTÍCULO 131. Quedan derogadas las disposiciones del Capítulo II del Título II del Libro 1o del Código Penal, en lo referente a medidas aplicables a los menores; los Capítulos II del Título V del Libro III, y III del Título II del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, junto con las demás leyes que sean contrarias a lo dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 132. Esta Ley comenzará a regir desde el 1o de enero de 1947.
Dada en Bogotá a trece de diciembre de mil novecientos
RICARDO BONILLA GUTIERREZ.
ARTURO SALAZAR GRILLO.
Bogotá, 26 de diciembre de 1946.
El Ministro de Correos y Telegrafos,
JOSE VICENTE DAVILA.