Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=182&p_consec=49694
Timestamp: 2018-01-22 18:27:29
Document Index: 98846016

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 45', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 59', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 42', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'artículo 11', 'Artículo 81', 'artículo 41', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'artículo 207', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'artículo 18', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'artículo 65', 'artículo 99', 'artículo 8', 'artículo 101', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 210']

PROYECTO DE LEY 182 DE 2017 CÁMARA.
por el cual se expide el Estatuto del Curador Urbano, se adoptan reglas relativas a la función pública de licenciamiento urbanístico y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por finalidad reglamentar el ejercicio del curador urbano, así como establecer los parámetros para el licenciamiento urbano en Colombia.
Artículo 2°. Principios rectores. Además de los principios establecidos para el ejercicio de la función pública, consagrados en la Constitución y las normas especiales, los curadores urbanos se regirán por los siguientes principios:
1. Autonomía. Los curadores urbanos son autónomos en el ejercicio de sus funciones, y responsables conforme a la ley por los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios, a terceros y a la administración pública, en ejercicio de sus funciones.
2. Rogación del servicio. Los Curadores solo procederán a ejercer sus funciones a solicitud de los interesados, quienes tienen el derecho de elegir libremente el Curador ante quienes deseen acudir siempre que se encuentren dentro del ámbito de jurisdicción.
Artículo 3°. Definición del curador urbano. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole.
Parágrafo 1°. Se denomina Curaduría Urbana, al despacho donde el curador urbano y su equipo interdisciplinario ejercen sus funciones, en ningún caso tendrá personería jurídica.
Artículo 4°. Naturaleza jurídica del curador urbano. El curador urbano es un particular que ejerce funciones públicas, de naturaleza administrativa encargado de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción dentro del ámbito de los municipios o distritos para los cuales fueron designados.
Artículo 5°. Actuaciones administrativas. Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una de estas actuaciones comprende procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas por normas urbanísticas.
Artículo 6°. Jurisdicción. Los curadores urbanos podrán desempeñar sus funciones exclusivamente dentro de los límites territoriales del municipio o distrito para el cual fueron elegidos, salvo aquellos lugares determinados por normas especiales como no aptos para llevar a cabo procedimientos urbanísticos.
Artículo 7°. Designación. Los curadores urbanos serán designados por los Alcaldes distritales o municipales, previo concurso público de méritos.
Artículo 8°. Requisitos. Los aspirantes, en el término de inscripción, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Presentar solicitud de inscripción en la forma y dentro de los términos previstos en el concurso.
3. Poseer título profesional de arquitecto o ingeniero civil.
4. |Acreditar una experiencia laboral mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión.
7. Acreditar un grupo interdisciplinario especializado que apoyará la labor del curador urbano, como mínimo en materia jurídica, contaduría, arquitectónica y de la ingeniería civil especializada en estructuras.
Artículo 9°. Número de curadores. Los alcaldes distritales y municipales designarán un (1) curador por cada doscientos cincuenta mil (250.000) habitantes, conforme con los registros del Dane o entidad que haga sus veces.
Parágrafo 1°. Los municipios cuya población sea inferior a los cien mil (100.000) habitantes, las Alcaldías municipales cumplirán con dicha función pública.
Parágrafo 2°. En todo caso siempre existirán mínimo 2 curadores urbanos por cada municipio.
Artículo 10. Periodo. Los curadores urbanos tendrán un periodo de cinco (5) años.
Artículo 11. Faltas temporales. Se consideran faltas temporales de los curadores urbanos, las siguientes:
1. Licencia temporal autorizada por el alcalde, hasta por noventa (90) días en el período que se desempeñe como curador.
2. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal.
3. La suspensión del ejercicio de las funciones como consecuencia de una sanción disciplinaria.
4. Incapacidad por enfermedad por menos de ciento ochenta (180) días.
Parágrafo 1°. Corresponderá al alcalde municipal o distrital designar al curador urbano Suplente como Provisional por el tiempo que dure la causal. Corresponderá al alcalde municipal o distrital, conforme a su criterio designar a una persona que cumpla a cabalidad con los requisitos señalados en la presente ley.
Parágrafo 2°. El curador provisional estará sujeto al mismo régimen de incompatibilidades, impedimentos y faltas disciplinarias de los curadores urbanos.
Artículo 12. Faltas absolutas. Se consideran faltas absolutas de los curadores urbanos, las siguientes:
1. La muerte del curador urbano
2. La incapacidad física permanente
3. La incapacidad por enfermedad por más de 180 días
4. La inhabilidad sobreviniente
5. La renuncia aceptada por el alcalde municipal o distrital
6. La destitución del cargo como sanción disciplinaria, penal o administrativa
7. Por cumplimiento de la edad de retiro forzoso
8. Abandono del cargo por más de 5 días sin causa justificada
9. Terminación del período del curador.
Parágrafo. En caso de falta absoluta del curador urbano, el Alcalde municipal o distrital designará en su reemplazo al siguiente candidato de la lista de elegibles, por el período de tiempo que le restaba al Curador saliente.
Artículo 13. Evaluaciones anuales. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentará los aspectos relacionados con las evaluaciones anuales del servicio de los Curadores urbanos.
Artículo 14. Prohibición de redesignación. Los curadores urbanos solo podrán ser redesignados por una sola vez.
Parágrafo. Esta prohibición aplicará para aquellas personas que hubieran sido curadores urbanos en propiedad, inclusive en un municipio diferente para el cual se quisieran hacer elegir.
Artículo 15. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentará los aspectos relacionados con los concursos de méritos de los curadores urbanos, a fin de ser realizados por entidades públicas o privadas expertas en selección de personal; y universidades legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.
Parágrafo. Estas Universidades deberán de tener aprobado dentro de su pensum académico facultad de derecho y arquitectura.
Ejercicio de la función
Artículo 16. Superior funcional. Para todos los efectos de la presente ley el alcalde municipal o distrital será el superior funcional de los c uradores urbanos.
Artículo 17. Equipo interdisciplinario. El grupo de apoyo a la función pública de licenciamiento urbano, será contratado de manera directa por el curador urbano con estricto cumplimiento a las normas laborales o civiles según corresponda.
Parágrafo 1°. El equipo técnico deberá estar conformado como mínimo por un Abogado, un Contador, un Arquitecto y un Ingeniero Civil especialista en estructuras.
Parágrafo 2°. Uno de los profesionales pertenecientes al Grupo de Apoyo deberá tener las mismas calidades del curador urbano, y podrá desempeñarse como curador provisional cuando se configure una falta temporal y previa designación del alcalde distrital o municipal.
Artículo 18. Naturaleza de los bienes muebles e inmuebles. La naturaleza pública o privada de los bienes que adquiera el curador urbano dependerá de la fuente de los recursos con que estos se adquieran; así, los bienes adquiridos por los curadores urbanos productos de las expensas tendrán el carácter de públicos y durante su vida útil estarán destinados a la prestación del servicio público, y harán parte del inventario de bienes muebles e inmuebles del correspondiente municipio o distrito.
Parágrafo 1°. Corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentar la destinación de las expensas causadas por el ejercicio de la Función pública.
Parágrafo 2°. Cuando se configure una falta absoluta, el curador urbano saliente deberá transferir los bienes muebles e inmuebles adquiridos o recibidos al iniciar su periodo, al Curador designado.
Régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos
Artículo 19. Inhabilidades. No podrán ejercer el cargo de curadores urbanos:
1. Quien por sentencia judicial haya sido declarado discapacitado mental relativo o absoluto.
2. Quien por enfermedades o discapacidad física o mental no pueda cumplir con las funciones propias del cargo.
3. Quien se encuentre en detención preventiva.
4. Quien haya sido privado de la libertad por sentencia condenatoria salvo cuando se trate de delitos culposos.
5. Quien haya sido sancionado disciplinariamente por conductas graves que falten a la ética profesional, o haya sido suspendido y/o excluido del ejercicio de su profesión.
6. Quien haya sido sancionado disciplinariamente con suspensión del ejercicio como funcionario público, o pérdida del cargo público.
7. Quien sea conyugue o compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del personal encargado de llevar a cabo el concurso de méritos para la elección del curador urbano.
8. Quien haya ejercido como servidor público con jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa en el respectivo municipio o distrito dentro del año anterior a la fecha de cierre de la convocatoria.
9. Quien se encuentre en edad de retiro forzoso.
Artículo 20. Incompatibilidades. Los curadores urbanos no podrán:
1. Desempeñar otro tipo de empleo o cargo público o privado salvo el ejercicio de la docencia siempre que no afecte la prestación del servicio encargado.
2. Realizar gestión particular u oficial directa o indirectamente de negocios ajenos
3. Licitar y/o contratar con el Estado en temas relacionados con el ejercicio de su función.
4. Ejercer la profesión de arquitecto, ingeniero o cualquier otra profesión liberal.
5. Realizar actividades de proselitismo político en el respectivo municipio o distrito.
Artículo 21. Impedimentos. Los curadores urbanos y el equipo interdisciplinario que apoye la función, deberán declararse impedidos cuando se presenten l as siguientes causales:
1. Tener él, su cónyuge o compañero permanente, o parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, interés alguno en el trámite solicitado.
2. Ser el solicitante de la licencia, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del curador o de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.
3. Haber intervenido en la elaboración del proyecto objeto del trámite solicitado.
4. Haber emitido en cualquier tiempo y por fuera de las funciones ordinarias de la Curaduría Urbana, conceptos o asesorías relacionadas directa o indirectamente con el predio objeto de la solicitud de licencia.
5. Ser él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados, tener un vínculo societario o ser Representante Legal del interesado.
Artículo 22. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a imposición de sanción la comisión de cualquiera de las conductas previstas en el Código Disciplinario Único.
Artículo 23. Responsabilidades. El curador urbano y su equipo técnico interdisciplinario responderán fiscal, civil, penal y disciplinariamente por los daños y perjuicios ocasionados al Estado y a los particulares en el ejercicio la función pública.
Artículo 24. Normas aplicables. Los curadores urbanos, en lo relativo al régimen disciplinario se les aplicará en lo pertinente el Libro III, Título I de la Ley 734 de 2002, o las leyes que la modifiquen, deroguen o complementen, sin perjuicio de las normas especiales consagradas en la presente ley.
Artículo 25. Órgano competente. El régimen disciplinario especial para los curadores urbanos y su equipo técnico será aplicado de manera general por la Procuraduría General de la Nación; esta atribución podrá ser delegada en los Personeros distritales o municipales según corresponda.
Artículo 26. Faltas graves. Constituyen faltas disciplinarias graves:
1. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
2. Solicitar, recibir, ofrecer dádivas, agasajos, préstamos, regalos y cualquier clase de lucros, directa o indirectamente, en razón de su cargo o con ocasión de sus funciones.
3. El empleo de propaganda de índole comercial o de incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus servicios.
4. Omitir el cumplimiento total o parcial de los requisitos esenciales en la prestación de sus servicios.
5. Dejar de asistir injustificadamente a la oficina, o cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las horas de despacho al público.
6. El cobro de expensas superiores o inferiores a las autorizadas por el Gobierno nacional.
7. Solicitar y/o recibir el pago de las expensas en especie.
8. La transgresión de las normas sobre prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades consagradas en la presente ley.
9. Incumplir sin justificación alguna, los plazos establecidos en la ley para llevar a cabo los trámites de licenciamiento urbanístico.
10. Crear Sucursales o lugares alternos al domicilio principal de la Curaduría Urbana.
11. Ejercer la Función Pública de Licenciamiento Urbanístico por fuera de la jurisdicción asignada.
12. Usar en beneficio propio o de un tercero la información detallada acerca de los proyectos de urbanismo y construcción, siempre y cuando dicha información haya sido obtenida en el ejercicio de sus funciones.
13. Omitir la exigencia del pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, asociados a la expedición de licencias.
14. El incumplimiento de los deberes y violación del régimen de prohibiciones previstas en la Ley 734 d e 2002 o las leyes que la modifiquen, deroguen o complementen.
Artículo 27. Sanciones. Serán aplicables las sanciones y graduaciones previstas en los artículos 56 y 57 de la Ley 734 de 2002.
Artículo 28. Vigilancia y control. El alcalde municipal o distrital, o su delegado permanente, será el encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los curadores urbanos.
Artículo 29. Coordinación y seguimiento del curador urbano. Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le corresponde coordinar y hacer seguimiento de los curadores urbanos, con el objetivo de orientar y apoyar su adecuada implantación al interior de las administraciones locales.
En desarrollo de las funciones de coordinación y seguimiento, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá recomendar a los alcaldes municipales o distritales la creación y designación de nuevas curadurías urbanas y deberá informar a los alcaldes y demás entidades competentes de control sobre la ocurrencia de hechos que ameriten investigaciones a los curadores por las presuntas faltas cometidas en el desempeño de sus funciones.
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO
Artículo 30. Obligatoriedad de la licencia urbanística. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforza-miento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá licencia para la intervención y ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.
Artículo 31. Definición de licencia urbanística. La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual de manera previa se autoriza específicamente a su titular para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción de obra nueva, ampliación, modificación, adecuación, refor-zamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolic ión de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público y para realizar la subdivisión de predios.
Las licencias urbanísticas en sus diferentes modalidades serán objeto de modificación, prórroga, revalidación y renuncia en los términos de la presente ley y en los que establezca el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional.
Artículo 32. Clases de licencias urbanísticas. Son clases de licencias urbanísticas las siguientes:
1. Licencia de urbanización.
2. Licencia de parcelación.
3. Licencia de subdivisión.
4. Licencia de construcción.
5. Licencia de intervención y ocupación del espacio público.
Artículo 33. Licencia de urbanización. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás reglamentaciones que en desarrollo de la presente ley expida el Gobierno nacional.
La licencia de urbanización en suelo de expansión urbana solo podrá expedirse previa adopción del respectivo plan parcial.
Artículo 34. Licencia de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios públicos y privados y la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. También se entiende que hay parcelación cuando se trate de unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural que se destinen a vivienda campestre.
La licencia de parcelación podrá proyectarse para ser destinada a unidades habitacionales, recreativas o productivas pudiendo acogerse al régimen de propiedad horizontal, pero para su otorgamiento se deberá acreditar la autoprestación de servicios públicos y obtener los permisos, autorizaciones y concesiones respectivas otorgadas por las autoridades competentes. En todo caso, para adelantar cualquier tipo de edificación en los predios resultantes se requerirá de la obtención de la respectiva licencia de construcción.
Artículo 35. Licencia de subdivisión. Es la autorización previ a para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable a las anteriores clases de suelo. El Gobierno nacional establecerá las modalidades de la licencia de subdivisión, las condiciones para su procedencia y los requisitos para su obtención, con sujeción a las siguientes reglas:
1. Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada mediante la respectiva licencia de urbanización o parcelación, no se requerirá adicionalmente de la licencia de subdivisión. Tampoco se requerirá licencia de subdivisión cuando se trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. En estos casos, la división material se realizará con fundamento en lo ordenado en la sentencia judicial o con el registro topográfico que elabore la entidad pública que ejecute la respectiva obra.
2. Las subdivisiones en suelo urbano solo serán procedentes cuando se pretenda dividir la parte del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural, o cuando existan reglas especiales para subdivisión previa al proceso de urbanización contenidas en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso, estas se sujetarán al cumplimiento de las dimensiones de áreas y frentes mínimos establecidos en los actos administrativos correspondientes. Los predios resultantes de la subdivisión y/o reloteo deberán contar con frente sobre vía pública vehicular o peatonal y no podrán accederse por zonas verdes y/o comunales.
3. Mientras no se adopte el respectivo plan parcial, los predios urbanizables no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), salvo los casos previstos en el artículo 45 de la Ley 160 de 1994. En ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Las excepciones a la subdivisión de predios rurales por debajo de la extensión mínima de la UAF previstas en la Ley 160 de 1994, serán autorizadas en la respectiva licencia de subdivisión por los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, y los predios resultantes solo podrán destinarse a los usos permitidos en el plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. En todo caso la autorización de actuaciones de edificación en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos, y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de población.
4. Las subdivisiones de predios hechas por escritura pública debidamente inscrita en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con anterioridad a la expedición de la Ley 810 de 2003, no requerirán de licencia de subdivisión, en cualquiera de sus modalidades, para adelantar ningún trámite. Los predios cuya subdivisión se haya efectuado antes de la entrada en vigencia de la menciona ley, y que cuenten con frente y/o área inferior a la mínima establecida por la reglamentación urbanística, podrán obtener licencia de construcción siempre y cuando sean desarrollables aplicando las normas urbanísticas y de edificación vigentes.
Artículo 36. Licencia de construcción. Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.
El Gobierno nacional establecerá las modalidades de la licencia de construcción, las condiciones para su procedencia y los requisitos para su obtención. Adicionalmente, podrá establecer sistemas de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción y sus modalidades en función de su complejidad, para lo cual se utilizarán como variables el área de construcción o área construida del proyecto y los requisitos generales de diseño estructural y construcción sismo resistente, en concordancia con las normas establecidas en la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Artículo 37. Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparán en una o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público que se prevean en la reglamentación que en desarrollo de la presente ley expida el Gobierno nacional.
Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
Artículo 38. Régimen especial para algunas actuaciones urbanísticas y de construcción. Para el trámite de estudio y expedición de licencias urbanísticas, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. No se requerirá licencia de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para:
a) La construcción, ampliación, adecuación, modificación, restauración, remodelación, reforzamiento, demolición y cerramiento de aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares, talleres, terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radio ayudas y demás edificaciones transitorias y permanentes, cuya autorización corresponda exclusivamente a la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el Decreto-Ley 2724 de 1993 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya.
b) La construcción, de proyectos de infraestructura de la red vial y férrea nacional, regional, departamental y/o municipal; puertos marítimos y fluviales; infraestructura para la exploración, explotación y distribución de recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minerales e hidroeléctricas.
c) La construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial destinada a la defensa y seguridad nacional así como para la infraestructura penitenciaria y carcelaria.
d) Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, formales y/o volumétricas. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hará responsable de cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios, de prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia y de cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.
e) Cuando se declare el estado de ruina de una edificación, en cuyo caso el acto administrativo que declare el estado de ruina hará las veces de licencia de construcción en la modalidad de demolición. Sin perjuicio de las normas de policía y de las especiales que regulen los inmuebles y sectores declarados como bienes de interés cultural, cuando una edificación o parte de ella se encuentre en estado ruinoso y atente contra la seguridad de la comunidad, el alcalde o por conducto de sus agentes, de oficio o a petición de parte, declarará el estado de ruina de la edificación y ordenará su demolición parcial o total.
El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, firmado por un ingeniero acreditado de conformidad con los requisitos de Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya quien se hará responsable del dictamen. Tratándose de la demolición de un bien de interés cultural también deberá contar con la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.
2. No se requerirá licencia de construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución de estructuras especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, torres o estaciones bases de telecomunicaciones, equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones convencionales.
Cuando este tipo de estructuras se contemple dentro del trámite de una licencia de construcción, urbanización o parcelación no se computarán dentro de los índices de ocupación y construcción y tampoco estarán sujetas al cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.
3. Solo requerirán licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, las edificaciones convencionales de carácter permanente que se desarrollen al interior del área del proyecto, obra o actividad de que tratan los literales b) y c) del numeral primero del presente artículo, con el fin de verificar únicamente el cumplimiento de las normas de sismo resistencia y demás reglamentos técnicos que resulten aplicables por razón de la materia.
Dichas licencias serán otorgadas por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente con fundamento en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan; y en todas aquellas disposiciones de carácter especial que regulen este tipo de proyectos. En ninguno de los casos señalados en este numeral se requerirá licencia de urbanización, parcelación ni subdivisión.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no excluye de la obligación de tramitar la respectiva licencia de intervención y ocupación del espacio público, cuando sea del caso, de acuerdo con la reglamentación que en desarrollo de la presente ley expida el Gobierno nacional.
Artículo 39. Expedición de licencias de urbanización y construcción con posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública. En el evento de declaración de situación de desastre o calamidad pública, se aplicará el régimen especial para la expedición de licencias de urbanización y construcción contenidos en el Decreto 2015 de 2001 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
En lo pertinente y en tratándose de proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender situaciones de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional, se aplicarán las disposiciones especiales del Decreto 4821 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Artículo 40. Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural. Cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona de influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificación que se adopten en el mismo. En caso de no haberse adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección al momento de la solicitud, las licencias se podrán expedir con base en el anteproyecto de intervención del bien de interés cultural aprobado por parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria, en el cual se señalará el uso específico autorizado.
El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la declaratoria del Bienes de Interés Cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, empates ni condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma entidad.
Artículo 41. Competencia. El estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura; en los demás municipios, distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponderá a la autoridad municipal o distrital competente.
El estudio, trámite y expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público será competencia exclusiva de los municipios, distritos y del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aun en aquellos en los que se haya adoptado la figura del curador urbano. No obstante, los curadores urbanos al expedir licencias de construcción para predios que se ubiquen en sectores urbanizados o desarrollados podrán autorizar la reconstrucción o rehabilitación de los andenes colindantes con el predio o predios objeto de licencia, la cual se otorgará siguiendo las normas y demás especificaciones de diseño, construcción y accesibilidad definidas por la reglamentación vigente para la intervención del espacio público. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se podrá desmejorar las condiciones existentes en el espacio público antes de la ejecución de la obra.
Artículo 42. Titularidad de las licencias urbanísticas. De las licencias urbanísticas podrán ser titulares:
1. De las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia, los fideicomitentes de las mismas fiducias de los inmuebles objeto de la solicitud y los propietarios comuneros. También podrán ser titulares de estas licencias las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les haya hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición, en los procesos de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los Capítulos VII y VIII de la Ley 388 de 1997.
En los casos de proyectos bifamiliares, será titular de la licencia de construcción el propietario o poseedor de la unidad para la cual se haya hecho la solicitud, sin que se requiera que el propietario o poseedor de la otra unidad concurra o autorice para radicar la respectiva solicitud.
Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de construcción y de los actos de reconocimiento; en este último evento, también podrán ser titulares los meros tenedores, siempre y cuando el acto o contrato del cual deriven la tenencia expresa e inequívocamente les autorice para tal efecto.
2. De las licencias de intervención y ocupación del espacio público podrán ser titulares las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y los consorcios o uniones temporales que precisen ocupar o intervenir el espacio público.
Artículo 43. Requisitos de las licencias urbanísticas y sus modalidades. El Gobierno nacional, en desarrollo de la presente ley, establecerá los requisitos que deben cumplirse y determinará los documentos que deben acompañar las solicitudes de licencias urbanísticas según su clase y modalidad, las actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural, la construcción de edificaciones para usos de gran impacto así como las solicitudes de modificación, prórroga y revalidación de las licencias. En todo caso, las licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados en la presente ley y por las normas nacionales que reglamenten su trámite, sin que en ningún caso los municipios y distritos puedan establecer ni exigir requisitos adicionales a los allí señalados.
Artículo 44. Normatividad aplicable. Al otorgamiento de la licencia urbanística le será aplicable la normatividad urbanística vigente al momento de presentación de la solicitud. Si durante el término que transcurre entre la presentación de la solicitud y la expedición del acto administrativo que otorgue la licencia, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el proyecto, el solicitante tendrá derecho a que la licencia se le conceda con base en la norma urbanística vigente al momento de presentación de la solicitud, siempre que la misma haya sido radicada en legal y debida. Si el solicitante decide acogerse a la nueva norma urbanística, deberá adecuar el proyecto y los términos para resolver la solicitud de licencia empezarán a contar a partir de la fecha de presentación de la adecuación del proyecto.
Las solicitudes de modificación de licencias vigentes y los trámites urbanísticos que se deban realizar con posterioridad a la expedición de una licencia urbanística se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición.
Artículo 45. Efectos de la licencia urbanística. El otorgamiento de la licencia urbanística confiere a su titular la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma.
En ningún caso la expedición de la licencia urbanística conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales o de posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. En tratándose de licencias de intervención y ocupación del espacio público, las mismas no conferirán derecho alguno distinto a la ocupación o intervención sobre bienes de uso público en los términos de la respectiva licencia.
Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados. Para el efecto, se tendrá por titular de la licencia, a quien esté registrado como propietario en el certificado de tradición y libertad del predio o inmueble o al poseedor solicitante en los casos de licencia de construcción. En el caso que el predio objeto de la licencia sea enajenado, no se requerirá adelantar ningún trámite de actualización del titular. No obstante, si el nuevo propietario así lo solicitare, dicha actuación no generará expensa a favor del curador urbano.
Procedimiento de licenciamiento urbanístico
Artículo 46. Legitimación. Estarán legitimados para presentar solicitudes de licencia urbanística en sus diferentes clases y modalidades aquellos que puedan ostentar la titularidad sobre las mismas de conformidad con el artículo 42 de la presente ley, a quienes se les denominará solicitantes. Estos podrán actuar directamente o por conducto de apoderado o mandatario debidamente constituido de acuerdo con la ley.
Artículo 47. Radicación de la solicitud. Las solicitudes de licencia urbanística serán radicadas por los solicitantes en legal y debida forma. Se entenderá que una solicitud de licencia está radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega la totalidad de los documentos exigidos en la reglamentación que en desarrollo de la presente ley expida el Gobierno nacional, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones, modificaciones o aclaraciones.
Presentada la solicitud de licencia, se radicará y numerará consecutivamente, en orden cronológico de recibo, dejando constancia de los documentos aportados con la misma. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación para completarla. Si el petic ionario insiste, se radicará a ruego dejando constancia de este hecho y advirtiéndole que deberá allanarse a cumplir dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presentando la documentación requerida para radicar en legal y debida forma.
Artículo 48. Reparto de las solicitudes de licencia en proyectos de las entidades estatales y de vivienda de interés social individual. Las solicitudes de licencias urbanísticas que presenten las entidades estatales o los particulares para proyectos de vivienda de interés social individual, deberán someterse a reparto entre los distintos curadores urbanos del municipio o distrito, en estricto orden de radicación de la solicitud ante el curador urbano responsable del reparto en los términos previstos en este artículo.
La entidad o el particular interesado solamente presentarán ante el curador urbano encargado del reparto el formulario de solicitud de licencia que en desarrollo de la presente ley y su reglamentación adopte el Gobierno nacional diligenciado, quien de manera inmediata hará el reparto, indicando el curador urbano ante quien debe radicar la solicitud.
El curador urbano responsable del reparto llevará dos libros con sus respectivos consecutivos, uno para el reparto de las solicitudes que presenten las entidades estatales y otro para el reparto de los proyectos de vivienda de interés social individual. En cada uno se consignará el número de folio de matrícula inmobiliaria del predio, la fecha y hora de recibo de la solicitud y la designación del curador urbano en razón al orden numérico que los identifica.
Si por cualquier causa se desiste del proyecto, la nueva o nuevas solicitudes sobre el mismo predio no requerirán reparto y se tramitarán ante el mismo curador. Las prórrogas, modificaciones y revalidaciones de licencias correspondientes a esta clase de proyectos se tramitarán ante el curador urbano que expidió la licencia o quien haya sido designado en su reemplazo provisional o definitivamente.
Parágrafo. Corresponderá a los curadores urbanos del municipio o distrito ejercer la función de reparto comenzando con el curador primero de cada municipio o distrito. Esta función se ejercerá por períodos anuales de enero a diciembre. Culminado el primer año se seguirá en orden consecutivo atendiendo a la numeración de los curadores urbanos.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el curador urbano que esté ejerciendo la función de reparto en cada municipio o distrito continuará con la misma hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha a partir de la cual se aplicará el sistema de rotación de que trata este parágrafo.
Artículo 49. Término para resolver las solicitudes de licencias, sus modificaciones y revalidación de licencias. Los curadores urbanos y la entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de licencias vigentes pronunciándose sobre su viabilidad , negación o desistimiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en legal y debida forma. Vencido este plazo sin que los curadores urbanos o las autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará el silencio administrativo positivo en los términos solicitados pero en ningún caso en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el curador urbano, a expedir las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado. La invocación del silencio administrativo positivo, se someterá al procedimiento previsto para el efecto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Las solicitudes de revalidación de licencias se resolverán en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud en legal y debida forma.
Parágrafo. En el evento en que el Gobierno nacional adopte el sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción y sus modalidades, podrán establecerse plazos indicativos para que el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, de acuerdo con la complejidad, se pronuncie acerca de la solicitud de licencia. Estos plazos serán de carácter indicativo y en el caso de los curadores urbanos se tendrán en cuenta para la evaluación anual sobre la calidad del servicio. En todo caso, cuando no sea posible cumplir con los plazos previstos en este artículo, los curadores urbanos dispondrán del término de cuarenta y cinco (45) días hábiles y de la prórroga de que el trata el presente artículo para resolver la solicitud de licencia.
Los curadores urbanos deberán presentar un informe trimestral a las alcaldías municipales y distritales o a las entidades que estas designen, en el que reporten la fecha de radicación en legal y debida forma de las solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades señalando la categoría de complejidad a la que pertenece cada una y la fecha en que se resolvió o desistió la solicitud, con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos indicativos de que trata este artículo.
Artículo 50. Citación a vecinos. El curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud para que, si a bien lo tienen, se hagan parte de la actuación. En la citación, que solo será enviada una vez la solicitud se encuentre radicada en legal y debida forma, se dará a conocer, por lo menos, el número de radicación y fecha, el nombre del solicitante de la licencia, la dirección del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o usos propuestos conforme a la radicación. La citación a vecinos se hará por correo certificado conforme a la información suministrada por el solicitante de la licencia.
Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios que tienen un lindero en común con el inmueble o inmuebles objeto de so licitud de licencia.
Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o nacional. En la publicación se incluirá la información indicada para las citaciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión local, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindantes, en el expediente se deberán dejar las respectivas constancias.
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de licencia urbanística no sea presentada por la totalidad de los propietarios comuneros o cuando la solicitud de licencia de construcción o el acto de reconocimiento sea presentado por un poseedor o un mero tenedor, deberá convocarse a los propietarios inscritos en el respectivo certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de la solicitud de la forma prevista en el presente artículo.
Parágrafo 2°. No será necesario agotar el procedimiento de citación a vecinos en las solicitudes de licencia de subdivisión, de construcción en la modalidad de reconstrucción, de intervención y ocupación de espacio público ni en las solicitudes de revalidación ni las solicitudes de modificación de licencia vigente siempre y cuando, en estas últimas, se trate de rediseños internos manteniendo la volumetría y el uso predominante aprobados en la licencia objeto de modificación.
Parágrafo 3°. Cuando el inmueble objeto de la solicitud de licencia se encuentre sometido al régimen de propiedad horizontal, no será obligatorio agotar este procedimiento respecto de aquellos copropietarios que ostentando la calidad de vecinos colindantes hubieren dado su autorización para la ejecución de las obras, de conformidad con las previsiones de la Ley 675 de 2001 o aquella que la modifique, adicione o derogue.
Artículo 51. Intervención de terceros. Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia urbanística, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud.
Para tal efecto, desde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y construcción e n cualquiera de sus modalidades, el solicitante de la licencia deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras, con una dimensión mínima de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número de radicación, fecha de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto.
Tratándose de solicitudes de licencia de construcción individual de vivienda de interés social, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros en lugar visible desde la vía pública.
Cuando se solicite licencia para el desarrollo de obras de construcción en las modalidades de ampliación, adecuación, restauración o demolición en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración.
Una fotografía de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información indicada se deberá anexar al respectivo expediente administrativo en los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, so pena de entenderse desistida.
Esta valla no generará ninguna clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta.
Artículo 52. Interés de vecinos, terceros intervinientes y propietarios inscritos. Los vecinos y demás terceros intervinientes que se hagan parte en el procedimiento, podrán presentar objeciones y observaciones a la solicitud de licencia, las cuales deberán fundamentarse en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podrían incurrir por los perjuicios que ocasionen con su conducta. Dichas observaciones y objeciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud y sin perjuicio de que sean tenidas en cuenta al momento de proferir el acta de observaciones y correcciones de que trata el artículo # de la presente ley.
En tratándose de solicitudes de licencia que no sean presentadas por la totalidad de los propietarios comuneros y de solicitudes de licencia de construcción o de actos de reconocimiento presentadas por un poseedor o un mero tenedor, si alguno de los propietarios inscritos que se haga parte del trámite se opone al otorgamiento de la licencia, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente dispondrá el archivo de la solicitud, mediante acto administrativo contra el cual solo procederá el recurso de reposición.
Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito acompañando las pruebas que se presentan hacer valer cuando a ello hubiere lugar, hasta antes de que se expida el acto administrativo que resuelva la solicitud y sin perjuicio de que ya se hubiere proferido el acta de viabilidad de que trata el artículo # de la presente ley.
El acto administrativo que resuelva la solicitud de licencia, solo podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de citación a los vecinos colindantes, a los propietarios inscritos cuando resulte procedente o de la publicación cuando esta fuere necesaria y, en el caso de los demás terceros, a partir del día siguiente a la fecha en que se radique la fotografía donde conste la instalación de la valla o aviso de que trata el artículo anterior.
Artículo 53. Comunicación a autoridades de vigilancia y control municipales y distritales. Toda solicitud de licencia urbanística en aquellos municipios y distritos donde exista la figura del curador urbano será comunicada a la autoridad municipal o distrital encargada de ejercer vigilancia y control a la actividad de los curadores urbanos, una vez haya sido radicada en legal y debida forma. El Gobierno nacional definirá los elementos que deberá contener esta comunicación.
La autoridad municipal o distrital encargada de ejercer vigilancia y control a la actividad de los curadores urbanos, podrá hacerse parte dentro del procedimiento haciendo las observaciones que estime pertinentes, solicitando informes o requiriendo al curador urbano para que exija al solicitante de la licencia la presentación de las aclaraciones a que hubiere lugar o efectúe las correcciones al proyecto en caso de ser necesarias.
En ningún caso, el acto administrativo que se pronuncie sobre la solicitud de licencia podrá ser proferido sin que hubiere transcurrido un término mínimo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la comunicación de que trata el presente artículo.
Artículo 54. Ineficacia. Con el fin de garantizar la publicidad y la participación de quienes puedan verse afectados con la decisión en ningún caso, so pena de ineficacia, se podrá expedir el acto administrativo mediante el cual se niegue o conceda la licencia sin que previamente se haya dado estricto cumplimiento a la obligación de citación a vecinos y propietarios inscritos cuando a ello hubiere lugar, sin que se hubiere garantizado la intervención a terceros y sin que se hubiere practicado la comunicación a las autoridades de vigilancia y control municipales y distritales en los términos de los artículos precedentes.
Artículo 55. De la revisión de la solicitud de licencia. La revisión de la solicitud de licencia por parte del curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas conlleva la práctica, entre otras, de las siguientes actuaciones: el suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables al predio o predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas aplicables se soliciten, la aprobación al proyecto urbanístico general y a los planos requeridos para acogerse al régimen de propiedad horizontal, la revisión del diseño estructural y la certificación del cumplimiento de las normas con base en las cuales se expedirá la licencia.
El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y del Reglamento Colombiano de Cons trucción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas urbanísticas y de edificación vigentes.
La revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la radicación, pero los términos para resolver la solicitud empezarán a correr una vez haya sido radicada en legal y debida forma.
Parágrafo 1°. Durante el estudio podrá modificarse el proyecto objeto de solicitud siempre y cuando no conlleve cambio del uso predominante inicialmente presentado, evento en el cual deberá presentarse una nueva radicación.
Parágrafo 2°. La revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, en los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurales puede ser realizada por el curador urbano o por la autoridad municipal o distrital encargada de expedir las licencias urbanísticas; o bien, a costa de quien solicita la licencia, por uno o varios profesionales particulares, calificados para tal fin de conformidad con los requisitos establecidos en el Capítulo 3, Título VI de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. El revisor o revisores de los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurales no puede ser el mismo profesional que los elaboró, ni puede tener relación laboral contractual o profesional con este, ni con la empresa que tuvo a su cargo la elaboración de cada uno de los diseños y estudios respectivamente.
Cuando se acuda a la modalidad de revisión por profesionales particulares, quienes efectúen la revisión deberán dirigir un memorial a la persona o entidad competente para expedir la licencia donde señalen el alcance de la revisión y certifiquen que los diseños y estudios propuestos se ajustan al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
El alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios se sujetará a las prescripciones que para el efecto defina la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 42 de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicha Comisión también definirá el alcance y procedimiento que deben seguir los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales encargadas de la expedición de licencias para constatar el cumplimiento de la revisión de los diseños y estudios cuando la hagan profesionales part iculares.
Parágrafo 3°. Hasta tanto la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes determine los procedimientos y mecanismos de acreditación de los profesionales que deben surtir este requisito para realizar labores de diseño estructural, estudios geotécnicos, diseño de elementos no estructurales, revisión de los diseños y estudios y supervisión técnica de la construcción, estos acreditarán su experiencia e idoneidad ante la autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de licencias, demostrando para el efecto un ejercicio profesional mayor de cinco (5) años cuando se trate de diseñadores estructurales, ingenieros geotecnistas, revisores de diseños y estudios y supervisores técnicos de la construcción y de tres (3) años cuando se trate de diseñadores de elementos no estructurales y directores de la construcción, lo cual harán con copia de la matrícula profesional o el instrumento que haga sus veces, donde aparezca la fecha de expedición de la misma y certificaciones del ejercicio de la profesión.
Parágrafo 4°. Cuando quiera que alguno de los profesionales a que se refiere el parágrafo anterior se desvincule de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, o de su supervisión cuando se trate de directores de construcción o supervisores técnicos, deberá informarlo al curador urbano o a la autoridad encargada de expedir las licencias, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que informe de su reemplazo. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que figura como tal en la licencia seguirá vinculado a la misma.
Artículo 56. Información de otras autoridades. Las licencias urbanísticas deberán resolverse exclusivamente con los requisitos fijados por las normas nacionales que reglamentan su trámite. No obstante, los curadores urbanos o las autoridades competentes para la expedición de licencias podrán solicitar a otras autoridades el aporte de información que requieran para precisar los requisitos definidos por la reglamentación nacional, la cual deberá ser remitida en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación del requerimiento, lapso durante el cual se suspenderá el término que tiene la autoridad competente para decidir.
En todo caso, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias deberá resolver la solicitud de licencia con la información disponible que sustente su actuación.
Artículo 57. Acta de observaciones y correcciones. Efectuada la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica del proyecto y recibidas las observaciones y objeciones por parte de quienes se hubieren hecho parte en el trámite, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias levantará, si a ello hubiere lugar, un acta de observaciones y correcciones en la que se informe al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud.
Artículo 58. Acta de viabilidad. Cuando se encuentre viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto de trámite que se comunicará al solicitante por escrito, en el que además se le requerirá para que aporte las constancias de pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la expedición de la licencia y para que realice el pago de las expensas correspondientes al cargo variable que se liquiden para el efecto. Lo anterior deberá ser cumplido por el solicitante de la licencia en un término máximo de treinta (30) días contados a partir del recibo de la comunicación. Durante este término se entenderá suspendido el término para la expedición de la licencia.
El curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, estará obligado a expedir el acto administrativo que conceda la licencia en un término no superior a cinco (5) días contados a partir de la entrega de los citados documentos. Vencido este plazo sin que el curador urbano o la autoridad municipal hubiere expedido la licencia operará el silencio administrativo positivo a favor del solicitante, siempre y cuando se cumpla el plazo máximo para la expedición de la misma.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar por el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1° del presente artículo, el curador urbano solamente debe verificar que el contribuyente acredite el pago de las obligaciones tributarias que se causen con ocasión de la expedición de la licencia.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los municipios y distritos establecerán los procedimientos para que los curadores urbanos suministren a la autoridad municipal o distrital competente, la información necesaria para facilitar el control oportuno de la declaración, liquidación y pago de las obligaciones tributarias asociadas a la expedición de licencias urbanísticas, sin que lo anterior comporte la presentación de nuevos requisitos, trámites o documentos por parte de quienes soliciten la respectiva licencia.
Artículo 59. Desistimiento de las solicitudes de licencia. El solicitante de una licencia urbanística podrá desistir de la misma mientras no se haya expedido el acto administrativo mediante el cual se concede la licencia o se niegue la solicitud presentada. Adicionalmente habrá desistimiento tácito de las solicitudes de licencia en los siguientes eventos:
1. Cuando el solicitante de la licencia no se allane a radicar en legal y debida forma dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación a ruego.
2. Cuando el solicitante de la licencia no haya dado cumplimiento a los requerimientos exigidos en el acta de observaciones y correcciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su comunicación o dentro de los quince (15) días hábiles adicionales en caso de que se hubiese solicitado prórroga.
3. Cuando el solicitante no acredite el pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones asociados a la expedición de la licencia o la cancelación de las expensas correspondientes al cargo variable que se liquiden para el efecto, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación del acta de viabilidad.
Parágrafo. El desistimiento será adoptado mediante acto administrativo frente al cual solo procederá el recurso de reposición y una vez en firme, el solicitante estará obligado a presentar una nueva solicitud de licencia. El solicitante contará con treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo por el cual se entiende desistida la solicitud, para retirar los documentos que reposan en el expediente o para solicitar su traslado a otro en el evento que se radique una nueva solicitud ante la misma autoridad. En estos casos se expedirá el acto de devolución o desglose y traslado, frente al cual no procede recurso alguno.
Artículo 60. Contenido de la licencia. La licencia se adoptará mediante acto administrativo de carácter particular y concreto y contendrá por lo menos:
b) Dirección o ubicación del predio con plano de localizació n.
9. Indicación del nombre, número de cédula y de tarjeta profesional de los profesionales responsables del diseño estructural, de los estudios geotécnicos, del diseño de elementos no estructurales y de la revisión de los diseños y estudios, cuando a ello hubiere lugar.
10. Señalamiento de si el proyecto objeto de la licencia debe contar o no con supervisión técnica.
11. La indicación de las obligaciones a cargo del titular de la licencia, conforme al artículo siguiente de la presente ley.
Parágrafo. En caso que sea viable la expedición de la licencia, el interesado deberá proporcionar dos (2) copias en medio impreso de los planos y demás estudios que hacen parte de la licencia, para que sean firmados por la autoridad competente en el momento de expedir el correspondiente acto administrativo. Si las copias no se aportan el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia podrá reproducir a costa del titular dos (2) copias impresas de los planos y demás estudios que hacen parte de la licencia.
Un juego de copias se entregará al titular de la licencia con el acto administrativo que resuelva la solicitud, la otra copia irá para el archivo y los originales de la licencia se entregarán a la autoridad municipal o distrital competente encargada del archivo y custodia de estos documentos.
Artículo 61. Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberá indicar a su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados y ex hibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el Certificado de Permiso de Ocupación al concluir las obras de edificación.
6. Someterse a una supervisión técnica en los términos que señalan las normas de construcción sismorresistentes, siempre que la licencia comprenda una construcción igual o superior a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
7. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismorresistentes, siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a dos mil (2.000) metros cuadrados de área.
10. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismorresistente vigente.
Artículo 62. Notificación de licencias. El acto administrativo que otorgue, niegue o declare el desistimiento de la solicitud de licencia será notificado al solicitante y a cualquier persona o autoridades que se hubieren hecho parte dentro del trámite, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cuando, a juicio del curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, la expedición del acto administrativo que resuel-va la solicitud de licencia afecte en forma directa e inmediata a terceros que no hayan sido convocados a intervenir en la actuación, se ordenará la publicación de la parte resolutiva de la licencia en un periódico de amplia circulación en el municipio o distrito donde se encuentren ubicados los inmuebles y en la página electrónica de la oficina que haya expedido la licencia, si cuentan con ella.
Artículo 63. Recursos. Contra los actos que concedan o nieguen las solicitudes de licencias procederán los recursos de reposición y apelación:
1. El de reposición, ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital que lo expidió , para que lo aclare, modifique o revoque.
2. El de apelación, ante la oficina de planeación o en su defecto ante el alcalde municipal, para que lo aclare, modifique o revoque. El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición.
Estos recursos se presentarán, tramitarán y decidirán en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, una vez presentados los recursos se dará traslado de los mismos por el término de cinco (5) días hábiles para que los intervinientes en la actuación se pronuncien sobre ellos. El acto que ordene el traslado no admite recurso y solo será comunicado.
Artículo 64. Revocación directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables las disposiciones sobre revocación directa establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con las precisiones señaladas en el presente artículo:
1. Son competentes para conocer de la solicitud de revocación directa de las licencias, el mismo curador que expidió el acto o quien haya sido designado como tal mediante acto administrativo de manera provisional o definitiva o el alcalde municipal o distrital o su delegado.
2. Podrán solicitar la revocación directa de las licencias los titulares de las mismas, los vecinos colindantes que se hicieron parte en la actuación o que habiendo debido ser citados no lo fueron, así como los terceros y las autoridades administrativas competentes que se hayan hecho parte en el trámite.
3. Durante el trámite de revocación directa el expediente quedará a disposición de las partes para su consulta y expedición de copias y se deberá convocar al interesado y a los terceros que puedan resultar afectados con la decisión, con el fin de que se hagan parte y hagan valer sus derechos. Para el efecto, desde el inicio de la actuación se pondrán en conocimiento, mediante oficio que será comunicado a las personas indicadas anteriormente, los motivos que fundamentan el trámite. Se concederá un término de diez (10) días hábiles para que se pronuncien sobre ellos y se solicite la práctica de pruebas.
4. Practicadas las pruebas decretadas y dentro del término previsto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para resolver el trámite, se adoptará la decisión. Vencido este término sin que se hubiere resuelto la petición, se entenderá que la solicitud de revocación fue negada.
5. No procederá la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.
Artículo 65. Información sobre licencias negadas. Cuando el acto que resuelva negar una solicitud de licencia se encuentre en firme, el curador urbano o la autoridad que la niegue pondrá en conocimiento de ello a las autoridades encargadas del control urbano, indicando las razones por las cuales fue negada.
Artículo 66. Obligación de suministrar información de licencias otorgadas. Las oficinas de planeación o la entidad que haga sus veces y los curadores urbanos, encargados de la expedición de licencias, en desarrollo de lo previsto en la Ley 79 de 1993 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, remitirán al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, la información de la totalidad de las licencias que hayan quedado en firme durante el mes inmediatamente anterior.
Adicionalmente, los curadores urbanos remitirán trimestralmente por escrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a más tardar el 30 de enero, el 30 de abril, el 30 de julio y el 30 de octubre de cada año, la información sobre las licencias expedidas por el respectivo curador, correspondientes al trimestre inmediatamente anterior. Dicha información será remitida en los formatos que para tal fin expida el Ministerio.
Artículo 67. Archivo del expediente de la licencia urbanística otorgada. Componen el expediente de la licencia urbanística otorgada, los originales de los actos administrativos que se expidan, los documentos presentados y expedidos durante el trámite y los planos definitivos.
El manejo, organización y conservación de los documentos de que trata el inciso anterior atenderá lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento y corresponde a las oficinas de planeación municipal o distrital, la preservación, manejo y custodia de los archivos remitidos por los curadores urbanos.
Artículo 68. Vigencia de las licencias. Las licencias de urbanización, parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas.
Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva licencia.
Artículo 69. Vigencia de las licencias en urbanizaciones por etapas y proyecto urbanístico general. Para las urbanizaciones por etapas, el proyecto urbanístico general deberá elaborarse para la totalidad del predio o predios sobre los cuales se adela ntará la urbanización y aprobarse mediante acto administrativo por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir la licencia. El proyecto urbanístico deberá reflejar el desarrollo progresivo de la urbanización definiendo la ubicación y cuadro de áreas para cada una de las etapas.
El proyecto urbanístico general y la reglamentación de las urbanizaciones aprobadas mantendrán su vigencia aun cuando se modifiquen las normas urbanísticas sobre las cuales se aprobaron y servirán de fundamento para la expedición de las licencias de urbanización de las demás etapas, siempre que la licencia de urbanización para la nueva etapa se solicite como mínimo treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la licencia de la etapa anterior. Las modificaciones del proyecto urbanístico general, en tanto esté vigente, se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y reglamentaciones con base en las cuales fue aprobado.
Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una licencia, siempre que cuente con la certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales o distritales competentes, acerca de la disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios objeto de la licencia, los accesos y el cumplimiento autónomo de los porcentajes de cesión.
En la ejecución de la licencia para una de las etapas y en el marco del proyecto urbanístico general, se podrán conectar las redes de servicios públicos ubicadas fuera de la respectiva etapa, sin que sea necesaria la expedición de la licencia de urbanización para el área a intervenir, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones técnicas definidas por la empresa de servicios públicos correspondientes y exista la aprobación del paso de redes por terrenos de los propietarios.
Artículo 70. Vigencia de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. La licencia de intervención y ocupación del espacio público tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas.
Parágrafo. Una vez en firme la licencia de intervención y ocupación del espacio público para la localización de equipamiento comunal, el solicitante dispondrá máximo de seis (6) meses para obtener la respectiva licencia de construcción si se requiere, en caso que esta no se obtenga, la licencia de intervención y ocupación del espacio público perderá automáticamente su vigencia.
Artículo 71. Prórroga de las licencias urbanísticas. Las licencias urbanísticas vigentes serán objeto de prórroga por el término previsto en las disposiciones precedentes, siempre y cuando la solicitud se formule dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento de la respectiva licencia y que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.
En tratándose de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, la solicitud de prórroga deberá presentarse durante los quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma.
Artículo 72. Revalidación de licencias urbanísticas. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia, ante la misma autoridad que la expidió, ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud.
Sin embargo, el interesado podrá solicitar, por una sola vez, la revalidación de la licencia vencida, entendida esta como el acto administrativo mediante el cual el curador urbano o la autoridad encargada de la expedición de licencias urbanísticas concede una nueva licencia, con el fin de que se culminen las obras y actuaciones aprobadas en la licencia vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar y que el constructor o el urbanizador manifieste bajo la gravedad del juramento que el inmueble se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. En el caso de licencias de urbanización o parcelación, que las obras de la urbanización o parcelación se encuentran ejecutadas en un cincuenta (50%) por ciento.
Artículo 73. Renuncia a las licencias urbanísticas. Mientras estén vigentes las licencias urbanísticas, los titulares de las mismas podrán renunciar por escrito a los derechos concedidos por ellas ante el mismo curador urbano, por quien lo reemplace en sus faltas absolutas o temporales o ante la autoridad municipal o distrital competente para su estudio, trámite y expedición. En estos casos no habrá lugar a devolución de las expensas y para tramitar una nueva licencia el solicitante deberá ajustarse a la reglamentación vigente al momento de radicar la nueva solicitud.
El curador urbano o la autoridad competente expedirá sin costo el acto que reconoce la renuncia, contra el cual no procederá recurso e informará por escrito de esta situación a los demás curadores urbanos del municipio y a la autoridad encargada de ejercer el control urbano.
Artículo 74. Otras actuaciones urbanísticas. Se entiende por otras actuaciones urbanísticas, aquellas relacionadas con la expedición de las licencias o vinculadas con el desarrollo de proyectos urbanísticos o arquitectónicos, que se pueden ejecutar independientemente o con ocasión de la expedición de una licencia urbanística, dentro de las cuales se pueden enunciar las siguientes:
2. Concepto de norma urbanística. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano, la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informa al interesado sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido La expedición de estos conceptos no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas.
4. Copia certificada de planos. Es la certificación que otorga el curador urbano o a autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de que la copia adicional de los planos es idéntica a los planos que se aprobaron en la respectiva licencia urbanística.
8. Modificación de planos urbanísticos. Son los ajustes a los planos y cuadros de áreas de las urbanizaciones aprobadas y ejecutadas, cuya licencia esté vencida. Esta actuación no conlleva nuevas autorizaciones para ejecutar obras, y solo implica la actualización de la información contenida en los planos urbanísticos, en concordancia con lo ejecutado. El Gobierno nacional definirá los casos y las reglas para que resulte procedente la modificación de los planos urbanísticos.
Artículo 75. Competencia. Son competentes para conocer de la solicitud de otras actuaciones urbanísticas de que trata el presente capítulo los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura y, en los demás municipios, distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias urbanísticas.
Artículo 76. Requisitos. El Gobierno nacional, en desarrollo de la presente ley, establecerá los documentos que deben ser presentados ante el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el otorgamiento de las otras actuaciones urbanísticas de que trata el artículo anterior.
Artículo 77. Término. El término para que el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente decida sobre las otras actuaciones urbanísticas será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de radicación de la solicitud.
Artículo 78. Cobro de expensas. La expedición por parte del curador urbano de otras actuaciones urbanísticas dará lugar al cobro de un cargo único a título de expensas a su favor, en el monto que para el efecto señale el Gobierno nacional. Sin embargo, cuando estas se presenten dentro del trámite de una licencia urbanística, se considerarán como parte de la misma y no darán lugar al cobro de expensas adicionales en favor del curador urbano distintas a las que se generan por el estudio, trámite y expedición de la respectiva licencia.
Disposiciones complementarias asociadas a la expedición de licencias urbanísticas
Artículo 79. Certificado de permiso de ocupación. Es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra, certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:
2. Las obras de adecuación a las normas de sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento, en los términos de que trata el Título III de la presente ley.
Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá el Certificado de Permiso de Ocupación del inmueble. Cuando el proyecto deba cumplir con la supervisión técnica que trata el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, se adicionará la constancia de los registros de esa supervisión.
Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud para realizar la visita técnica y expedir sin costo alguno el certificado de permiso de ocupación cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 80. Materiales y métodos alternos de diseño y de construcción. En el evento de que la solicitud de la licencia de construcción incluya el uso de materiales estructurales, métodos de diseño y métodos de construcción diferentes a los prescritos por las normas de construcción sismorresistente s vigentes, deberá cumplirse con los requisitos y seguirse el procedimiento establecido en el Capítulo 2 del Título III de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Para permitir la utilización de métodos alternos de construcción y de materiales cubiertos, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.
Artículo 81. Exigencias técnicas de construcción. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 41 de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, la aprobación de condiciones de diseño y técnicas de construcción, corresponderán exclusivamente a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes.
Los curadores urbanos no podrán exigir el cumplimiento de normas técnicas o cualquier otra norma de construcción establecida por los municipios y distritos, salvo que exista expresa atribución legal que permita a las autoridades locales la definición de aspectos de orden técnico en la construcción de obras.
Artículo 82. Determinación de áreas de cesión. Sin perjuicio de las normas nacionales que regulan la materia, los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen determinarán las especificaciones para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas destinadas a vías, equipamientos colectivos y espacio público en general. Cuando las zonas de cesión presenten áreas interiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio o distrito, se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o distrital. Estas previsiones se consignarán en las respectivas licencias de urbanización o parcelación.
3. No localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo.< /span>
Parágrafo. Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero, ni canjeado por otros inmuebles.
Artículo 83. Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante de los procesos de urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.
En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al municipio o distrito. Igualmente se incluirá una cláusula en la que se manifieste que el acto de cesión está sujeto a condición resolutoria, en el evento en que las obras y/o dotación de las zonas de cesión no se ejecuten en su totalidad durante el término de vigencia de la licencia o su revalidación. Para acreditar la ocurrencia de tal condición bastará la certificación expedida por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público acerca de la no ejecución de las obras y/o dotaciones correspondientes. En este caso se entenderá incumplida la obligación de entrega de la zona de cesión y, por tanto, no se tendrá por urbanizado el predio.
La condición resolutoria se hará efectiva una vez verificado el procedimiento previsto en el artículo siguiente de la presente ley.
El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público acerca del otorgamiento de la escritura de constitución de la urbanización. El Registrador de Instrumentos Públicos abrirá los folios de matrícula que correspondan a la cesión en los que figure el municipio o distrito como titular del dominio.
Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás condiciones y procedimientos para garantizar que a través de la correspondiente escritura pública las áreas de terreno determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen al inventario inmobiliario municipal o distrital.
Artículo 84. Entrega material de áreas de cesión. La entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público.
La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público, levantando un acta de la inspección suscrita por el urbanizador y la entidad municipal o distrital competente. La solicitud escrita deberá presentarse por el urbanizador y/o el titular de la licencia a más tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes al ve ncimiento del término de vigencia de la licencia o de su revalidación, y se señalará y comunicará al solicitante la fecha de la diligencia, dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la fecha de radicación de la solicitud.
El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas cedidas, y será el medio probatorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador establecidas en la respectiva licencia. En el evento de verificarse un incumplimiento de las citadas obligaciones, en el acta se deberá dejar constancia de las razones del incumplimiento y del término que se concede al urbanizador para ejecutar las obras o actividades que le den solución, el que en todo caso no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles. Igualmente se señalará la fecha en que se llevará a cabo la segunda visita, la que tendrá como finalidad verificar que las obras y dotaciones se adecuaron a lo establecido en la licencia, caso en el cual, en la misma acta se indicará que es procedente el recibo de las zonas de cesión.
Si efectuada la segunda visita el incumplimiento persiste, se hará efectiva la condición resolutoria de que trata el artículo anterior y se dará traslado a la entidad competente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para iniciar las acciones tendientes a sancionar la infracción en los términos de la Ley 810 de 2003 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo 1°. En el acto que otorgue la licencia se dejará manifestación expresa de la obligación que tiene el titular de la licencia de solicitar la diligencia de inspección de que trata este artículo.
Parágrafo 2°. En las urbanizaciones por etapas, la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador se hará de manera proporcional al avance del proyecto urbanístico. Los municipios y distritos establecerán los mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador.
Artículo 85. Entrega anticipada de cesiones. Los propietarios de predios sin urbanizar podrán proponer a los municipios o distritos, o estos a aquellos, la cesión de porción o porciones de dichos predios que se recibirán a título de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos futuros, siempre y cuando, resulten convenientes para proyectos de interés general o utilidad pública contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
Artículo 86. Identificación de las obras. El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya s ido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.
Artículo 87. Aplicación de las normas de accesibilidad al espacio público, a los edificios de uso público y a la vivienda. Los proyectos de urbanización, construcción e intervención y ocupación del espacio público, deben contemplar en su diseño las normas vigentes que garanticen la accesibilidad y desplazamiento de las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.
Artículo 88. Definición. El acto de reconocimiento es la actuación por medio de la cual se declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener previamente la licencia de construcción, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa.
En los actos de reconocimiento se establecerán, si es del caso, las obligaciones para la adecuación o reforzamiento estructural de la edificación a las normas de sismo resistencia que les sean aplicables en los términos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Parágrafo 1°. El acto de reconocimiento se otorgará sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar.
Parágrafo 2°. Las construcciones declaradas Monumentos Nacionales y los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departa-mental o nacional, se entenderán reconocidos con la expedición del acto administrativo que haga su declaratoria. En estos casos, el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas se sujetará a lo dispuesto en la presente ley.
Parágrafo 3°. Los municipios, distritos y el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establecerán las condiciones para el reconocimiento de las edificaciones públicas con uso dotacional ubicadas en zonas de cesión pública obligatoria, que se destinen a salud, educación, bienestar social, seguridad ciudadana y defensa y justicia de las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital. Estas normas también se aplicarán para el reconocimiento de equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones religiosas.
Artículo 89. Improcedencia del acto de reconocimiento. El acto de reconocimiento no será procedente cuando la edificación o parte de ella se encuentren localizados en:
Artículo 90. Competencia. Serán competentes para con ocer de las solicitudes de actos de reconocimiento los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura; en los demás municipios, distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina corresponderá a la autoridad municipal o distrital competente.
Artículo 91. Titulares del acto de reconocimiento. Podrán ser titulares del acto de reconocimiento las mismas personas que pueden ser titulares de las licencias de construcción.
Artículo 92. Requisitos. El Gobierno nacional, en desarrollo de la presente ley, establecerá los requisitos que deben cumplirse y determinará los documentos que deben acompañar las solicitudes de actos de reconocimiento. En todo caso, en tratándose de actos de reconocimiento sobre inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, no será exigible la autorización de los copropietarios de que trata la Ley 675 de 2001 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Artículo 93. Procedimiento. El procedimiento y el término para resolver las solicitudes de reconocimiento, en lo que fuere aplicable, será el previsto en la presente ley para la expedición de las licencias urbanísticas.
Artículo 94. Efectos del acto de reconocimiento. La expedición del acto de reconocimiento tendrá los mismos efectos legales de una licencia de construcción y causará los mismos gravámenes exigibles a estas.
Parágrafo 1°. Para efectos de la declaratoria de elegibilidad de los planes de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento de que trata el Decreto 2190 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, el acto de reconocimiento hará las veces de licencia de construcción.
Parágrafo 2°. Cuando fuere necesario adecuar la edificación al cumplimiento de las normas de sismo resistencia, el acto de reconocimiento otorgará un plazo máximo de veinticuatro (24) meses improrrogables, contados a partir de la fecha de su ejecutoria, para que el interesado ejecute las obras de reforzamiento. Este mismo término se aplicará al acto que resuelva conjuntamente las solicitudes de reconocimiento y de licencia de construcción.
Tratándose de programas de legalización y regularización urbanística de asentamientos de vivienda de interés social debidamente aprobados, o de programas de vivienda, los municipios y distritos podrán ampliar el plazo de que trata el inciso anterior hasta un máximo de seis (6) años, siempre y cuando se asista técnicamente al interesado en el proceso de adecuación de la edificación al cumplimiento de las normas de sismorresistencia que les sean aplicables.
Artículo 95. Cobro de expensas. La expedición de los actos de reconocimiento por parte del curador urbano dará lugar el cobro de expensas a su favor en el monto que para el efecto señale el Gobierno nacional.
Artículo 96. Compensaciones. En el evento en que las normas municipales o distritales exijan compensaciones por concepto de espacio público y estacionamientos debido al incumplimiento de las cargas urbanísticas asociadas al proceso de edificación, correspon derá a los municipios, distritos y al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina establecer las condiciones para hacer efectiva la compensación que deberá asumir el titular del acto de reconocimiento.
Artículo 97. Naturaleza de las expensas. El cumplimiento de la función pública asignada a los curadores urbanos en virtud de la presente ley generará expensas a su favor que serán retribuidas por los solicitantes del respectivo trámite.
El Gobierno nacional establecerá las tarifas y fórmulas de cobro que generarán las solicitudes de licencias urbanísticas en sus diferentes clases y modalidades, los actos de reconocimiento y las otras actuaciones urbanísticas asociadas a la expedición de licencias urbanísticas.
En todo caso, las solicitudes de licencias urbanísticas en sus diferentes clases y modalidades y las de los actos de reconocimiento se liquidarán teniendo en cuenta un cargo fijo ¿Cf¿ y un cargo variable ¿Cv¿, mientras que las expensas por las otras actuaciones urbanísticas asociadas a la expedición de licencias urbanísticas generarán un cargo único ¿Cu¿ en favor del curador urbano.
Parágrafo. Cuando el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas en sus diferentes clases y modalidades, los actos de reconocimiento y las otras actuaciones urbanísticas asociadas a la expedición de licencias urbanísticas, se realice ante las respectivas autoridades municipales o distritales competentes dichas actuaciones no generarán el cobro de expensas.
Artículo 98. Improcedencia de pagos en especie o cualquier otro tipo de compensaciones. En ningún caso el valor de las expensas a favor de los curadores urbanos podrá ser pagado en especie o retribuido mediante cualquier otra forma de compensación entre el curador urbano, el solicitante o titular de la respectiva licencia urbanística o un tercero.
El incumplimiento de esta prohibición por parte del curador urbano constituirá causal de falta disciplinaria gravísima sancionable conforme al régimen disciplinario vigente.
Artículo 99. Destinación de la expensas. Las expensas percibidas por los curadores urbanos se destinarán a cubrir los gastos que demande la prestación del servicio, incluyendo el pago de su grupo interdisciplinario de apoyo y la remuneración del curador urbano.
En todo caso, el curador urbano deberá reflejar en su contabilidad qué porcentaje de los ingresos provenientes de la liquidación del cargo variable ¿Cv¿ corresponde a los gastos que demanda la prestación del servicio y cuánto a la remuneración del respectivo curador.
Parágrafo 1°. El pago al curador urbano del cargo fijo ¿Cf¿ siempre se destinará a cubrir los gastos que demande la prestación del servicio.
Parágrafo 2°. En ningún caso, los curadores urbanos podrán incluir dentro de los gastos para la prestación del servicio, el pago de honorarios a su favor distintos de lo que les corresponde a título de remuneración.
Artículo 100. Obligatoriedad de revisor fiscal. El curador urbano estará obligado a contar con un revisor fiscal que, sin hacer parte del grupo interdisciplinario de apoyo y en lo que resulte pertinente, cumplirá las funciones asignados a este por el artículo 207 del Código de Comercio o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Artículo 101. Régimen especial para la liquidación de ciertas expensas. Las expensas serán liquidadas al cincuenta por ciento (50%) de los valores que para el efecto establezca el Gobierno nacional en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de solicitudes de licencia de vivienda de interés social o prioritario.
2. Para todas las modalidades de licencia de construcción y actos de reconocimiento de dotacionales públicos destinados a salud, educación y bienestar social en el caso de proyectos cuya titularidad sea de las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital.
CONTROL Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
Artículo 102. Competencia del control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.
Artículo 103. Constitución de póliza. Los solicitantes de todo tipo de licencias estarán obligados a constituir una póliza para garantizar la estabilidad y la buena calidad de la vivienda.
Para el caso de viviendas nuevas, los notarios públicos ante quien se efectúe la venta exigirán para su trámite una copia de la póliza en la escritura correspondiente. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 104. Obligatoriedad de supervisión técnica. En aquellas construcciones de edificaciones que de conformidad con el Título V de la Ley 400 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, sea obligatorio contar con supervisión técnica, dicha actividad será ejercida por un profesional independiente del constructor, propietario de la obra o titular de la licencia, que cumpla con los requisitos previstos para el efecto en el Título VI, Capítulo V de la Ley 400 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. En todo caso, será responsabilidad del respectivo municipio o distrito donde se ejecute la obra verificar la existencia del supervisor de obra en aquellos proyectos que lo requieran.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones técnicas, alcance, valores y demás aspectos relacionados con las labores de la supervisión técnica.
Artículo 105. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así:
Parágrafo 3°. En ningún caso los curadores urbanos o las oficinas o dependencias distritales o municipales competentes para otorgar licencias de construcción o ejercer el control urbanístico, podrán exonerar de la obligación de supervisión técnica a los constructores de edificaciones que de conformidad con este artículo se encuentren obligados a tenerla.
Artículo 106. Banco de supervisores técnicos. Los municipios y distritos, en las condiciones que fije el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional, conformarán bancos de supervisores técnicos para garantizar la supervisión técnica de todas aquellas construcciones que de conformidad con el Título V de la Ley 400 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya deban contar con ella.
El reglamento establecerá, además, las tarifas que a título de honorarios deberá pagar el titular de la licencia urbanística al supervisor técnico.
Para tal efecto, una vez otorgada la licencia y antes de dar inicio a le ejecución de las obras, el titular de la misma solicitará a la autoridad municipal o distrital competente la designación del supervisor técnico dentro del banco de supervisores previamente conformado.
En todo caso, el supervisor técnico asignado deberá cumplir con los requisitos exigidos para el efecto en el Título VI, Capítulo V de la Ley 400 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
Artículo 107. Vigencia. La presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación.
Artículo 108. Reglamentación. Concédasele al Gobierno nacional un término de seis (6) meses para que reglamente todos los aspectos necesarios para la cabal aplicación y puesta en marcha de la presente ley.
Artículo 109. Régimen de transición. Las solicitudes de licencias urbanísticas, actos de reconocimiento y otras actuaciones urbanísticas que hubieren sido radicadas en legal y debida forma antes de la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento de su radicación.
Artículo 110. Derogatoria. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deróguense el artículo 65 de la Ley 9ª de 1989; los artículos 49, 55, 58, 59, 60 y 61 del Decreto-ley 2150 de 1995; el artículo 99 de la Ley 388 de 1997; el artículo 8° de la Ley 810 de 2003; los artículos 182, 186, 191 y 192 del Decreto-ley 019 de 2012 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Uno de los elementos característicos del modelo estatal colombiano, parte de la premisa que las funciones públicas no son atribuciones exclusivas de sus autoridades, sino por el contrario, se deja abierta la posibilidad de que el ejercicio de las mismas sea desarrollado por parte de los particulares. Aunque bajo los mismos preceptos constitucionales y sin perjuicio del control y vigilancia estatal.
La constitución política colombiana en los artículos 209, 210 y 365 prescribe que los particulares pueden cumplir funciones públicas en las condiciones que señale la ley.
En igual sentido la Ley 489 de 1998 precisó las condiciones para el ejercicio de las funciones administrativas por parte de los particulares, los requisitos y procedimientos para conferirlas.
Los curadores urbanos son particulares a los cuales les está atribuida una serie de funciones públicas, propias del ejercicio, regulación y desarrollo del ordenamiento territorial de los municipios colombianos.
El artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9° de la Ley 810 de 2003, establecen que las labores desarrolladas por las Curadurías Urbanas implican el ejercicio de la función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanismo.
La delegación de funciones públicas del Estado en entidades o personas de derecho privado, hace que el mismo Estado cumpla sus fines esenciales consagrados en el artículo 2 constitucional.
El artículo 209 de nuestra Constitución Política establece que: ¿La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.¿
Adicionalmente, en el artículo 210 constitucional, considera que ¿Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.¿.
Esta posibilidad de delegación, se hizo extensiva al campo urbano, en materia relacionada con la expedición de Licencias de Urbanismo, según lo establece la Ley 388/97.
La Constitución de 1991 dio un viraje importante en cuanto al tratamiento de los temas relacionados con la propiedad, su uso y distribución; y consagró tres principios relativos al desarrollo territorial:
a) La función social y ecológica de la propiedad.
b) La prevalencia del interés general sobre el particular.
c) La participación de los municipios en las plusvalías generadas en el desarrollo urbano, con miras a una distribución equitativa de cargas y beneficios.
El derecho urbanístico regula el uso del suelo por parte de los propietarios de inmuebles tanto urbanos como rurales, con el fin de hacer efectivos los derechos a la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, velando por la creación y defensa del espacio público y la protección del medio ambiente, así como el desarrollo ordenado de los municipios y distritos; de ahí que la organización del territorio se conciba como una función pública en donde el interés general prevalece sobre el particular, en consonancia con el respeto por los derechos de los particulares.
La Ley 9ª de 1989 de reforma urbana dispuso normas sobre planificación urbana; la obligación de los municipios de elaborar planes de desarrollo; la definición y defensa del espacio público, proceso de enajenación voluntaria y expropiación; afectación de inmuebles, legalización de vivienda, bancos de tierras, normatividad sobre expedición de licencias y sanciones urbanísticas, entre otros.
Por su parte, la Ley 388 de 1997, complementó, reformó y adicionó disposiciones de la Ley 9ª de reforma urbana.
La evolución normativa demostró que las carencias suscitadas en el modelo precedente, a cargo de las oficinas de planeación municipal, dieron como resultado la ausencia de agilidad de las administraciones locales en lograr satisfacer un pleno desarrollo urbano, por esa razón, a partir de la superación de dicho estadio, se trabajó en la formulación de un sistema que permitiera la conformación de un esquema con personas capacitadas y especializadas en procura de satisfacer las necesidades de los administrados. Este escenario subsiguiente, se desarrolló a partir de la expedición del Decreto-ley 2150 de 1994, al amparo del mandato de los artículos 123 y 210 Constitucional, el cual fue posteriormente adicionado por las Leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, pero que encontró en el Decreto 564 de 2006 la consolidación que requería para definir un sistema coherente y articulado con definiciones claras y precisas de las condiciones para ejercer la curaduría urbana.
Desde el año 2010, el citado Decreto 564 de 2006, fue derogado en su integralidad por el Decreto Nacional 1469 del 30 de abril de 2010; normatividad que se encuentra hoy vigente y rige todos los aspectos concernientes con los procesos de evaluación anual del servicio, calificación del desempeño de su período legal, y Concurso de méritos.
El citado decreto nacional, recoge en su articulado una serie de reglas por las cuales se regirá los procesos de Concursos de méritos, que para sus efectos realicen los alcaldes o sus delegados directamente, o a través de entidades privadas expertas en selección de personal.
Se hace necesario expedir un estatuto reglamentario de la figura del curador urbano y su actividad de licenciamiento; además, hacer un cambio sobre algunos aspectos legislativos entre los cuales se encuentran principalmente:
1. Los curadores urbanos serán designados por los alcaldes municipales o distritales, producto del concurso de méritos.
2. Se designará un (1) curador por cada (250.000) habitantes, conforme con los registros existentes en el DANE o entidad que haga sus veces.
Para aquellos municipios cuya población sea inferior a los (250.000) habitantes, las Alcaldías municipales cumplirán con dicha función pública.
En todo caso siempre existirán mínimo 2 curadores urbanos por cada municipio.
3. Se contempla un período cinco (5) años.
Los curadores urbanos solo podrán ser redesignados por una sola vez.
4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentará los aspectos relacionados con los concursos de méritos de los curadores urbanos, a fin de ser realizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección Territorial de la ESAP a la que corresponda el municipio o distrito.
5. Se deberá conformar un equipo técnico que apoyará la labor curador urbano, el cual deberá estar conformado como mínimo por un Abogado, un Contador, un Arquitecto y un Ingeniero Civil especialista en estructuras.
6. Los bienes adquiridos por los curadores urbanos productos de las expensas tendrán el carácter de públicos y durante su vida útil estarán destinados a la prestación del servicio público, y harán parte del inventario de bienes muebles e inmuebles del correspondiente municipio o distrito.
Corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentar la destinación y la forma de establecerse las expensas causadas por el ejercicio de la Función pública.
7. Se establece el régimen de inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades para los curadores urbanos.
8. Se Incorpora una SUPERVISIÓN TÉCNICA para proyectos cuya licencia comprenda una construcción igual o superior a tres mil (3.000) metros cuadrados de área.
Dicha SUPERVISIÓN TÉCNICA será reglamentada por el Gobierno nacional, y estará orientada a verificar el cumplimiento técnico de en las construcciones
Además, se crearán los bancos de supervisores técnicos para garantizar la supervisión técnica de todas aquellas construcciones que lo requieran.
10. No será posible que los curadores urbanos reciban pagos en especie, por concepto de expensas.
11. Todo vendedor de vivienda nueva estará obligado a constituir una póliza para garantizar la estabilidad y la buena calidad de la vivienda. El notario público ante quien se efectúe la venta exigirá la protocolización de una copia de la póliza en la escritura correspondiente. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
12. Finalmente se reglamentan los aspectos relacionados con las labores del licenciamiento urbanístico.
El día 31 de octubre del año 2017 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 182 de 2017 Cámara, con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Representante John Jairo Roldán Avendaño.