Source: http://jepjusticiatransicional.net/naturaleza-juridica-de-la-renuncia-a-la-persecucion-penal/
Timestamp: 2019-04-21 04:17:03
Document Index: 404092489

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 250', 'artículo 324', 'artículo 11', 'artículo 324', 'artículo 23', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 53', 'Artículo 150', 'artículo 201', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 250']

Naturaleza jurídica de la renuncia a la persecución penal – JEP Justicia Transicional
Con base en el estudio efectuado en los capítulos anteriores se demuestra, por una parte, que la herramienta de la renuncia a la persecución penal al ser consagrada en el Acuerdo Final de Paz y las normas que la desarrollan, no se la enmarcó en una figura jurídica concreta como podría ser la de amnistía, o bajo una causal del principio de oportunidad. Se hace un estudio de las figuras para aproximarnos a la identificación de su naturaleza jurídica.
Palabras claves: Amnistía, principio de oportunidad, extinción de la acción penal, naturaleza jurídica de la renuncia a la persecución penal.
El estudio efectuado en los capítulos anteriores demuestra, por una parte, que la herramienta de la renuncia a la persecución penal al ser consagrada en el Acuerdo Final de Paz y las normas que la desarrollan, no se la enmarcó en una figura jurídica concreta como podría ser la de amnistía o bajo una causal del principio de oportunidad y por ello tampoco se ha señalado su procedimiento para su aplicación. Y por otra, que los efectos de la renuncia a esta figura que se ha dispuesto en el acuerdo son los mismos que los de la amnistía, de extinción de la acción penal y la sanción. Lo anterior, nos lleva al estudio de las figuras del principio de oportunidad y la amnistía. En la Constitución Política se establece la renuncia como una de las modalidades del principio de oportunidad además de la suspensión e interrupción.
En este capítulo se abordará el estudio de las dos figuras, el principio de oportunidad y la amnistía, a fin de establecer si la renuncia a la persecución penal corresponde a una u otra figura, o si se trata de una herramienta autónoma y novedosa, diferente a las dos anteriores, que pueda compartir elementos de una y otra.
En este orden de ideas, en primer lugar, se reseñará lo concerniente al principio de oportunidad, su definición, su aplicación en el derecho comparado, tanto en el sistema continental europeo como en el sistema anglosajón hasta llegar a su consagración en Colombia, tanto en la Constitución como en la ley, incluidas las resoluciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación para su aplicación.
En segundo lugar, se tratará de identificar el concepto de amnistía, su implementación bajo los instrumentos internacionales, además de los periodos de aplicación en Colombia. Adicionalmente se realizará el análisis de la sentencia C- 577 de 2014, fallo que constituye la segunda decisión que ha proferido la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, en la cual se declara la constitucionalidad del artículo 67 transitorio. Tiene como elemento central la participación en política de los miembros de los grupos armados al margen de la ley desmovilizados en virtud del acuerdo de paz, lo anterior ligado a la aplicación del delito político y conexo. Esta sentencia es considerada un hito en materia de participación política.
La observación tiene como propósito aproximarnos a la identificación de la naturaleza jurídica de la medida renuncia a la persecución penal.
1.1. Definición del principio de oportunidad
En este capítulo se abordará, someramente algunos conceptos que se le ha dado al principio de oportunidad como instrumento jurídico-procesal de terminación extraordinaria del proceso. En palabras de Hassemer citado por el profesor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, “resulta poco inteligente, obligar de la misma manera e intensidad a las autoridades instructoras al esclarecimiento de todos los delitos, especialmente cuando se trate de los llamados delitos de bagatela en sentido amplio”[1].
Sobre el tema, el autor Jacobo López Barja de Quiroga, cuando refiere sobre los principios del proceso penal en particular, cita a Gimeno Sendra, quien sobre el principio de oportunidad plantea que es “la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”[2]. Expone que el principio del positivismo legal científico redujo el papel del juez a la de un “mero autómata aplicador de la ley”. A diferencia de que el fundamento del principio de oportunidad, se encuentra en razones de “utilidad pública o interés social”[3].
En ese marco, la Corte Constitucional define el principio de oportunidad como: “la antítesis del principio de legalidad, por cuanto no se inscribe en el deber y obligación estatal de investigar y sancionar cualquier comportamiento tipificado como delito”[4].
La ley colombiana (No. 1312 de 2009) describe el principio de oportunidad como la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, de suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la legislación con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el juez de control de garantías.
Desde otra perspectiva, algunos autores lo han rechazado fuerte y radicalmente como Fenech al señalar que “es preciso impedir que los funcionarios encargados de la persecución penal posean potestad discrecional para apreciar la oportunidad de iniciar un proceso penal (…) prohibiendo a sus funcionarios y a sus órganos jurisdiccionales el uso de ninguna facultad discrecional en este sentido[5].A su vez, Jiménez Asenjo afirma sobre el principio de legalidad “que representa el triunfo de los principios puros sobre las conveniencias prácticas, impera en todos los regímenes legales de tipo constitucional del siglo pasado (…) el principio de legalidad es propio de los regímenes constitucionales, mientras que el principio de oportunidad es propio de los países totalitarios”[6].
Otros admiten el principio de oportunidad reglada, como es el caso de Khune, para quien “las excepciones jurídicas al principio de legalidad, corresponden a su contrario, el principio de oportunidad. Oportunidad no significa campo abierto a la discrecionalidad en la obligación de la persecución. Más bien, la obligación de persecución se limita de conformidad con las normas legales”[7]. Así mismo, Maier plantea este principio como la posibilidad de que los órganos a los que se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, pese a la prueba sobre su comisión, por motivos de razones políticas criminales o utilidad social[8].
De lo anterior, se puede inferir que una vez se abordan los diferentes conceptos que se le ha dado al principio de oportunidad por parte de los doctrinantes como instrumento jurídico-procesal de terminación extraordinaria del proceso, puede constatarse en la actualidad una importante y consistente difusión del principio de oportunidad. De esta forma, se ha comprobado que la selección permite una persecución penal más eficaz al proporcionar mayor tiempo para el análisis de las causas importantes, dejando a un lado las cuestiones de escasa importancia. El reconocimiento de esta situación es la que lleva a pensar que es más adecuado racionalizar los criterios de selección conforme a unas pautas.
De igual manera, se comparte que este principio no se puede tomar por razones de oportunismo, capricho, arbitrariedad, selectividad, entendida como discriminación en el ejercicio de la persecución penal. En conclusión, no existe un concepto uniforme de oportunidad, su contenido y alcance dependen de la forma como en cada sistema se desarrolle. Lo único universal es que la oportunidad es sinónimo de discrecionalidad.
2. Principio de oportunidad en el sistema europeo
El derecho comparado ofrece valiosos elementos de juicio para el examen del principio de oportunidad. A continuación se revisa brevemente el tratamiento que se le da a esa temática en el modelo europeo.
2.1. Alemania. En este país desde la llamada reforma Emminger ocurrida en el año 1924, se autorizó al Fiscal a abstenerse de promover la acción penal en casos de poca importancia o que carezcan de interés público. Luego se dispuso que se podría omitir la persecución penal por no considerarla oportuna o conveniente[9]. Se argumenta que “el derecho a penalizar, a castigar, hoy en día es un derecho reservado al Estado”[10].
En este punto, en la ley procesal penal alemana, la Fiscalía estará obligada, en tanto estuviera determinado legalmente lo contrario, a intervenir todos los hechos punibles perseguibles, en caso de que existieran suficientes indicios facticos.[11] El principio de oportunidad se aplica frente a delitos menores. Se tienen como ejemplos de aplicación reglada en asuntos de bagatela, en casos de poca importancia, cuando se dieran los presupuestos bajo los cuales el tribunal podría prescindir de la pena, cuando se trate de hechos cometidos en el extranjero, por motivos políticos, en casos de arrepentimiento activo, de hechos punibles accesorios no esenciales, de chantaje, de cuestión prejudicial civil o administrativa, delitos de acción privada. Además, también hay un supuesto de aplicación del principio de oportunidad previsto en la ley de estupefacientes, en la cual permite al tribunal prescindir de la pena como atenuarla cuando sea privativa de la libertad y fuere inferior a un año y/o el autor hubiera contribuido de forma esencial con sus revelaciones a que el hecho pudiera ser descubierto.[12]
2.2.Francia. Desde 1817 se admitió implícitamente el principio de oportunidad, con la práctica de lo que se ha denominado clasificación sin seguimiento (classementssans suite), es decir, que una vez se tenía el conocimiento de la comisión de un delito, el Procurador (fiscal) puede decidir, perseguir o no, la acción penal.
En este ámbito, en el Código de Procedimiento Penal francés se consagra la facultad del Fiscal de recibir las quejas, las denuncias y decidir si debe o no darles curso.[13] La aplicación del principio de oportunidad se presenta cuando el autor es desconocido o los cargos presentados son insuficientes o se establece mediación entre el autor y la víctima. También cuando la víctima retira la denuncia o expresa su desinterés, o cuando se presentan consideraciones acerca de la actitud o personalidad del delincuente, o delitos de poca gravedad cometidos entre familiares o vecinos, igualmente cuando se suceden conductas punibles menores en contra de diversas regulaciones administrativas. Sin embargo hay limitaciones, como la imposibilidad de aplicar la discrecionalidad una vez ejercida la acción penal y el perjudicado se constituya como parte civil.
En ese marco, se afirma que “…la facultad de aplicar el principio de oportunidad, debe ser de todas formas, utilizada con inteligencia y prudencia”. Debe tener un referente ético y moral, evitando la arbitrariedad, la impresión de la impunidad y abandono de la víctima, además debe caracterizarse porque no haya “laxitud con sus ciudadanos en la administración de la misma.”[14]
2.3. Italia y España. El principio de oportunidad en la legislación de procedimiento penal tanto español como italiano no encuentra consagración expresa, taxativa o reglada; está unido al principio de legalidad formal y material. No se halla una específica o propia denominación de este principio, sino que se infiere su existencia del sustento constitucional y legal. Se encuentran sí algunos criterios legales – difusos-, en algunas normas jurídicas, desde las cuales se puede llegar a la inferencia de que el principio de oportunidad, considerado en su acepción tradicional (negativa), pueda llegar a ser aplicado, conforme con las específicas circunstancias que se encuentras señaladas específicamente en la codificación de Procedimiento Penal y en el Código Penal sustantivo.[15]
De lo anterior se infiere que, históricamente la acción penal ha estado vinculada al principio de legalidad, pues con posterioridad a la Revolución Francesa se debía preservar su garantía. De igual manera la búsqueda por garantizar este principio es una de las banderas de los movimientos reformistas que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los excesos cometidos por los regímenes autocráticos. Es entonces a través del derecho penal que se posibilita la adopción de un sistema acusatorio como medio válido para asegurar las garantías en el proceso penal, el cual se crea precisamente sobre el principio de legalidad.
3. Principio de oportunidad en el sistema anglosajón
3.1. Inglaterra. La indagación y la investigación en este país están orientados por la discrecionalidad del órgano encargado de iniciar las averiguaciones que en el derecho ingles ha sido tradicionalmente el cuerpo de Policía. Por lo tanto, la decisión acerca de qué delitos ameritan el inicio de una indagación o investigación, el análisis respecto de si hay suficiente material probatorio que justifique la persecución penal quedan, fundamentalmente, en el órgano policial que decidirá si es del caso remitir al servicio fiscal llamado Crown Prosecution Service, el cual termina por decidir si formula cargos, o define si existe un interés público, o si el caso debe cerrarse. En consecuencia, la presentación de cargos depende si existen suficientes evidencias para condenar, y si la investigación es necesaria para satisfacer el interés público.[16]
3.2. Estados Unidos. En el sistema norteamericano, la decisión de acusar y de proceder en la investigación es una facultad discrecional de la Fiscalía, que está limitada por lo consagrado en la Constitución. La oportunidad al interior del proceso penal es una regla y su no aplicación, la excepción.
En relación con el sistema discrecional seguido en Estados Unidos, el Fiscal no sólo posee el monopolio de la acción y la decisión de su ejercicio sino que puede ejercitarla sin acomodarse a los presupuestos legales exigidos por el caso y la verdad material. Este sistema da lugar a la institución del “bargaining” en el cual el acusador, acusado y su defensor, discuten, negocian los términos de la acusación y examinan las posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque este pase por acusar por un delito distinto y de menor gravedad, del cual se confesará culpable el acusado. No es otra cosa que la materialización de la justicia negociada o transaccional. Obtenido el acuerdo, el juez lo aprueba y dicta sentencia de conformidad con el mismo.
Puede ser aplicado antes del ejercicio de la acción penal paro lo cual es pertinente distinguir: los casos en los que el Fiscal precisa la aprobación del tribunal y los que corresponde tanto al Fiscal General Federal como a su delegado. Por otra parte, una vez ejercitada la acción penal en estos casos el tribunal puede archivar, pero de conformidad con la Fiscalía y el acusado, así como puede ser planteada por el propio tribunal o bien a instancia de la misma.
Así, a nivel del principio de oportunidad las normas responden a distintos criterios que se pueden buscar en función de la preponderancia de intereses, los cuales pueden ser: falta de interés público, preponderancia de otros intereses del Estado, satisfacción de intereses. De esta forma, sobre el principio de oportunidad en el derecho anglosajón se precisa que “constituye la regla y se traduce en las figuras del pleaguilty, confesión dirigida a evitar el juicio; y del pleabargaining[17], negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación en toda su extensión y, de este modo, reducir o mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado”[18].
Es opinión generalizada que dicho principio es la base de funcionamiento de la justicia de los Estados Unidos, a más del 90 por 100 de las condenas se llega sin proceso formal, pues son consecuencia de una acusación negociada. Por ello se afirma que si los fiscales o los reos resolvieran no celebrar más acuerdos sobre la acusación, la justicia penal del país quedara paralizada.[19]
Dentro de este contexto y en el ámbito del derecho anglosajón los fiscales gozan de una amplia discrecionalidad en el desempeño de sus funciones en tanto tienen la potestad de ejercer o no la acción penal. Es que la filosofía de este principio de oportunidad apunta a simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de la justicia penal, descongestionando la pequeña y mediana criminalidad con lo que se evitan penas cortas de privación de libertad, en otros casos se logra una reparación a las víctimas y se le otorga una oportunidad de reinserción social a la persona que perpetró una conducta punible.
A nivel de la tradición anglosajona se reconoce como principio de oportunidad a quien ejerce la acción penal en nombre de la sociedad porque puede disponer de ella sobre la base de un interés general y esto encierra una valoración política antes que jurídica, de ahí que se considere como principio que orienta la administración de justicia.
4. Justificación, consagración constitucional y legal en Colombia del principio de oportunidad
Nos adentramos en el tema del principio de oportunidad en Colombia a fin de precisar sus fundamentos constitucionales, desarrollos legales, estructura, parámetros y condiciones de su aplicación.
4.1. Fundamentos constitucionales y desarrollos legales. Mediante acto legislativo (03 de diciembre 19 de 2002), se consagró el principio de oportunidad en la Constitución Política colombiana, reglamentado por el Gobierno mediante decretos y resoluciones emanadas por la Fiscalía General de la Nación.[20]
Concretamente en el artículo 250 de la carta fundamental y en el Código de Procedimiento Penal (CPP) a partir del artículos 321 y siguientes se señalan las modalidades bajo las cuales se puede aplicar el principio de oportunidad, tales como suspensión, interrupción o renuncia, bajo unas causales taxativamente enumeradas.
4.2. Estructura. El constituyente optó por introducir este como excepción a la regla general de la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal y acogió la tesis de la oportunidad reglada, por lo cual le asigna al legislador determinar cuándo se aplica o no, siempre bajo razones de política criminal.
En este punto, a través de acto legislativo (03 de 2002), el constituyente optó por un sistema acusatorio de tendencia europea. El fundamento del ejercicio de la acción penal radica en el principio de la legalidad y queda sometido al control que ejerza el juez de garantías tanto en sentido formal como material. Por su parte, el fiscal está en la obligación de fundamentar su decisión, puede aplicarse en cualquier momento e incluso en fase de indagación para lo cual debe existir una prueba mínima en relación con la autoría y la tipicidad del comportamiento.
Al explicar los rasgos fundamentales que presenta el principio de oportunidad en el régimen jurídico colombiano, la Corte reseñó que se trata de una figura de aplicación excepcional, bajo causales precisas e inequívocas, aplicadas en un marco de política criminal y su ejercicio se somete al control de legalidad por un juez de garantías, quien determinará si se puede proceder a renunciar, suspender o interrumpir la acción penal. [21]
Entre las razones debatidas en el Congreso de la República justificando la necesidad de la incorporación de una figura como el principio de oportunidad a la legislación se tuvo en cuenta la ineficiencia e impunidad, lentitud y congestión de los despachos judiciales o lo que la doctrina llama “el mal estado del principio de legalidad”[22]. Además de factores como la íntima importancia, la culpabilidad disminuida y la retribución natural, entre otros[23].
De esta forma, se concluye que el principio de oportunidad en Colombia ha sido incorporado de manera particular, desligándose de la manera cómo surgió en el modelo anglosajón y asemejándose a los desarrollos que de él se han realizado en el sistema europeo.
Parámetros y condiciones de su aplicación. Para la aplicación del principio de oportunidad debe estar demostrada la ocurrencia de la conducta punible, solo ante delitos efectivamente cometidos se puede ejercer y deben existir elementos materiales probatorios que nos hagan inferir la posible responsabilidad del procesado. No debe existir duda sobre la responsabilidad. En todos los supuestos debe enmarcarse en los fines del sistema penal y en la racionalidad del Estado Social de Derecho.
Antes de pasar a referirnos a los tipos penales que le son aplicables, es preciso recordar que el principio de oportunidad está estrechamente vinculado a la política criminal del Estado entendida como un conjunto de estrategias, normativas o no, diseñadas para enfrentar fenómenos que se consideran eventualmente causantes de perjuicio social[24].
6. Tipos penales en los cuales es factible la aplicación del principio de oportunidad
La competencia para la aplicación del principio de oportunidad al interior de la Fiscalía General de la Nación está regulada por CPP y la Resolución No. 4155 del 29 de diciembre de 2016. Ahí se establecen los eventos y causales para su aplicación. A partir de los criterios establecidos se debe tener en cuenta:
Delitos sancionados con pena superior a seis años, será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para el efecto. En casos excepcionales el fiscal del caso tomará la decisión sobre la aplicación del principio de oportunidad por delegación especial del Fiscal General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación de manera exclusiva aplica el principio de oportunidad en eventos de transcendencia como la extradición, desarticulación de bandas, amenaza grave a la seguridad exterior del Estado, entre otros, y puede haber una delegación especial en el Vicefiscal General de la Nación.
Cabe agregar que inicialmente la norma no consagraba la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para conductas que no tuvieran prevista pena privativa de la libertad. Con la modificación de la Ley 1312 de 2009 es aplicable este principio cuando se trate de conductas punibles que tienen prevista pena de multa. Así mismo por la citada reforma se introdujo el segundo inciso, siendo aplicable en los eventos de concurso de conductas punibles cuya pena no supere los seis años, la cual podrá aplicarse sin la intervención del Fiscal General de la Nación o sus delegados. En tanto que en aquellos casos donde la pena supere el monto deberá intervenir el Fiscal General para dar aplicación al principio.
Se considera que como la mayoría de los casos de concurso suponen que la pena a imponer sea mayor a los 6 años, en la práctica existe dificultad para que se presente su aplicación debido a que frente a ellos se requiere la intervención del Fiscal General de la Nación
Cuando hay conexidad, será competente para adelantar el trámite el funcionario que corresponda de acuerdo con las normas que la regulan, o aquel que designe de manera especial el Fiscal General de la Nación.
Procede frente a delitos cuya pena mínima no exceda de cinco años, o sea, de mediana gravedad (causal séptima), en los casos de homicidio culposo. Nos parece acertado que el legislador haya limitado esta causal a bienes jurídicos que no superen la órbita personal del afectado, en tanto, el acuerdo restaurativo naturalmente puede implicar disposición o renuncias, y las mismas no podrían hacerse por una persona cuando se trate de la afectación de bienes colectivos, pues no podría disponer de los intereses de una colectividad.
En los delitos contra la administración pública y la recta y eficaz impartición de justicia, pero en un grado que no le interesa al Derecho Penal, en tanto, su sanción se presenta en otra área como la disciplinaria. El Fiscal analizará si resulta o no necesaria la imposición de una sanción penal. (Causal novena).
En delitos contra el patrimonio económico, de escasa antijuridicidad, de ahí que no se hacen merecedores a un reproche penal. (Causal décima).
Respecto a delitos culposos tales como: acciones punibles contra la vida y la integridad personal en lo que concierne a homicidio y lesiones personales culposas; delitos contra la administración pública como el peculado culposo; delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia, el favorecimiento en la fuga culposo; delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños a los recursos naturales y contaminación ambiental culposa; delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones en la modalidad culposa. (Causal once).
En los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública (causal trece). En el delito de testaferrato, pero sólo en determinados eventos (causal dieciséis).
Últimas resoluciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación que reglamentan el principio de oportunidad
Resolución No. 02370 de 2016, expedida por el Fiscal General de la Nación (e) José Fernando Perdomo Torres, por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se derogan las resoluciones anteriores (Nos. 0-6657 de 2004, 06658 de 2004, 0-6618 de 2008, 0-3884 de 2009,0-0692 de 2012,0-0919 de 2014, 1168 de 2014). En esta disposición se expresa que con fundamento en los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional[25] se hace “pertinente actualizar y unificar en un solo cuerpo normativo la regulación interna sobre la aplicación del principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación”.[26] En ese marco, se establecen los principios generales como los de proporcionalidad, discrecionalidad, oportunidad procesal, derechos de las víctimas, así como los lineamientos generales para su solicitud.
En la parte de los aspectos generales de la aplicación del principio de oportunidad se consagran las modalidades, enumerando la interrupción, suspensión o renuncia, previa autorización del juez de control de garantías.
Posteriormente, el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira dicta la Resolución No. 4155 del 29 de diciembre de 2016, en virtud de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se deroga la resolución anterior.
Proporcionalidad: se debe fundamentar en la técnica de la ponderación, analizando los intereses del Estado, la sociedad y los que intervengan en el proceso penal.
Causales: son taxativas, autónomas e independientes, consagradas en el artículo 324 del CPP.
Inmunidades: es “la consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad para quienes siendo autores o partícipes de unas o más conductas punibles, se comprometan a servir como testigos de cargo en contra de los demás procesados” (artículo cuarto). Esta puede ser total o parcial, dependiendo si son respecto a todos los hechos o sólo algunos que se adecuen a una conducta punible.
Discrecionalidad: no es obligatoria su aplicación por parte de la Fiscalía. Los acercamientos y las conversaciones adelantadas entre las partes así como su solicitud no tienen carácter vinculante.
Oportunidad procesal: en cualquier etapa del proceso podrá aplicarse, incluso en la fase de indagación.
Derechos de las víctimas: el fiscal debe probar que la víctima o su representante están enterados de su criterio frente a la aplicación del contenido, efectos y su celebración.
7.2. Modalidades
La aplicación del principio de oportunidad puede ser por interrupción, suspensión o renuncia. La primera se da cuando no se impone al investigado condición alguna para su aplicación. En la segunda, a diferencia de la primera, se imponen determinadas condiciones y para verificar su cumplimiento se solicita la suspensión; y la tercera, es cuando se “desiste definitivamente de la persecución penal de uno o varios hechos” que configuran una o más conductas punibles y de aplicarse se extingue la acción penal (artículo 11). También se da cuando habiéndose suspendido se verifica el cumplimiento.
En cualquiera de las modalidades citadas es el fiscal de la investigación quien decidirá mediante una resolución la aplicación del principio de oportunidad, la cual se someterá para su validez la legalización por parte del juez de control de garantías. Dicha resolución tiene la naturaleza de una orden judicial contra la que no procede recurso alguno y solo genera efectos una vez se haya legalizado y ejecutoriado.
La competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación para la aplicación del principio de oportunidad son las causales 2, 3, 4, 5, 8, 9,14 y 18 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 (artículo 23), la cual contempla también que puede haber una delegación especial en el Vicefiscal General, quien podrá aplicarlo con base en las causales 9 y 14.
La delegación especial es para todos los fiscales delegados ante los juzgados penales municipales del circuito, circuito especializado y ante el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia, fiscales de Infancia y Adolescencia en los casos de su competencia. En los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de seis (6) años. Además, puede ser delegado el Director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, en casos de conocimiento de los Fiscales Delegados a la Dirección de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, cuando invoquen la causal 16 del art. 324 del CPP.
En las conductas punibles sancionadas con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de seis (6) años, el fiscal de la investigación podrá aplicar el principio de oportunidad y luego legalizarlo ante el juez de control de garantías.
Además se cuenta con la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia Penal que propone la aplicación de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa.
Cuando la competencia sea exclusiva y preferente del Fiscal General de la Nación o haya sido delegada al Vicefiscal General, será el Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa la que junto con todos sus suportes envié al despacho del titular del ente acusador el formato del principio de oportunidad para la revisión y posterior suscripción. Luego de la validación, el fiscal del caso solicitará la audiencia de control de legalidad ante el juez de control de garantías y posteriormente remitirá copia del acta de la misma.
En el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (14 a 18 años), la aplicación será guiada por los principios generales del Código de la Infancia y la Adolescencia y por los instrumentos internaciones que integran el bloque de constitucionalidad. Es una aplicación preferente como mecanismo de terminación anticipada, en tanto es un principio rector del sistema que pretende materializar principios tales como el interés superior del niño, protección integral y prevalencia de sus derechos. Esta aplicación se hará preferentemente antes de formular imputación y se hace bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, suspensión o renuncia al ejercicio de la acción penal y por medidas de carácter pedagógico, formativas y reparadoras. Las personas que hayan conocido del trámite deben guardar la debida reserva con el fin de proteger el interés superior del menor.
Sobre la Ley de Justicia y Paz se dispone que puede aplicarse el principio de oportunidad al tercero que ostente la titularidad aparente de bienes que pertenecen a grupos organizados al margen de la ley.
Una vez se ha realizado un estudio general del principio de oportunidad pasamos a revisar la figura de la amnistía.
La amnistía es un instrumento jurídico que suspende la aplicación de la ley penal para determinados hechos y se concede de manera excepcional. Ha sido utilizada para facilitar la desmovilización de miembros de grupos armados; para promover la reconciliación nacional; y en otros eventos como mecanismo que desarrolla la justicia transicional de un país, como lo es en el caso colombiano en desarrollo del Acuerdo Final de Paz.
Referente al concepto de amnistía, son varios los autores que la han definido, por ejemplo, para Rodrigo Borja Cevallos, “es la condonación de la pena impuesta a quien ha cometido un delito político”[27]. Para Guillermo Cabanellas, por su parte, es “un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento”[28]. Se la entiende como expresión de una voluntad política donde se renuncia a una penalización.
A su turno el tratadista Juan Fernández Carrasquilla la describe como “institución que regía en el antiguo derecho como formas del ‘derecho de gracia’ -como tales dependientes del arbitrio y privilegio-, pero que ahora se puede explicar, en la medida en que sean justificables, como medidas de política criminal que dan prevalencia a los intereses de la paz social sobre los de la justifica legal inexorable de las penas”.[29] Además se habla de amnistía propia e impropia.[30]
En este marco definitorio, a la amnistía la relacionan con insurgencia y pactos de paz. Así Helmut Gropengiesser cita al filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su libro “Metafísica de la moral”, publicado en 1797 sostenía que como “la amnistía se relaciona con el acuerdo de paz ya está comprendida dentro del mismo concepto”[31] A su turno, Concepción Arenal afirma que “las rebeliones harán necesarias las amnistías como las enfermedades graves las operaciones cruentas”. [32]
A nivel de la doctrina algunos relacionan esta figura con impunidad. Para Jescheck, la amnistía consiste en “la concesión de la impunidad en virtud de una ley, para una multitud de casos de acuerdo con sus características generales”[33]. El profesor Karl Esmend citado por Gropengiesser describió la amnistía “como la lápida sobre la tumba del derecho”.[34]
Nathalia Chaparro la conceptúa como “una manera irresponsable de enfrentarse a las atrocidades sistemáticas y finalizar con un conflicto armado, toda vez que cubren con un manto de impunidad y olvido los crímenes cometidos por los actores involucrados, especialmente contra no combatientes.”[35]
Sobre este tema, a manera de conclusión, consideramos que la amnistía es una herramienta normativa excepcional mediante la cual se da por finalizada la acción penal por determinados delitos contra precisas personas o grupo, entendible como política criminal en aras de dar prevalencia a intereses como la paz social que se admite en justicias transicionales como la actual en Colombia. Esta medida de carácter general se concede por parte del poder legislativo y opera frente a delitos cometidos en el pasado, es decir, con anterioridad a la promulgación de la respectiva ley. Sin embargo su aplicación en la legislación internacional es excepcional como lo pasaremos a exponer.
Aplicación de la amnistía en los instrumentos internacionales
En el Derecho internacional se reconoce expresamente el instrumento jurídico de la amnistía[36], así:
Artículo 6 inciso 4 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966: “Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos”.[37]
Artículo 4 inciso 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 22 de noviembre de 1969: “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.[38]
Crímenes de guerra. Artículo 6 inciso 5 del II Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.[39] Articulado que ha sido interpretado no para aplicarse a los criminales de todos los rangos y de todos los crímenes porque “resulta evidente a partir del contexto que no pretende favorecer amnistías que representarían una violación del Derecho Internacional, como el perdón unilateral de crímenes que el Estado tiene el deber, de obligado cumplimiento, de perseguir (por ejemplo, el genocidio)”.[40]
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia sobre la amnistía en El Salvador expresó que la norma no es absoluta y precisa: “por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de hechos que (…) cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de crímenes contra la humanidad”.[41]
Así mismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja coincide que no aplican las amnistías en los crímenes de guerra. Al respecto refiere: “Cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello”.[42]
Tanto el Comité internacional de la Cruz Roja como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son coincidentes en afirmar que la concesión de amnistías no incluye los crímenes de guerra.
Por su parte, el Derecho Penal internacional que destaca como fin primordial la persecución y sanción de los crímenes más graves y de trascendencia para la comunidad internacional en aras de contribuir a la prevención de nuevos atentados, no valida las amnistías que buscan perdonar los principales responsables de crímenes contra la humanidad. Se cita como ejemplo el caso Kondewa sobre la amnistía del Acuerdo de Lomé.[43]
Así mismo, el Derecho Internacional ha rechazado las amnistías generales e incondicionales, como el ocurrido en Liberia en el año 2003. En este país de África Occidental se solicitó al Gobierno de transición la aplicación de una amnistía general; así como está el caso Gomes Lund en el Brasil durante una dictadura militar por delitos impetrados por funcionarios policiales y militares.[44] Tampoco es aceptada la amnistía que recoja crímenes cuya prohibición tenga el estatus de norma ius cogens[45] o las autoamnistías que se aplicaron en Chile y Perú[46].
Dentro de este contexto cabe resaltar el pronunciamiento de la CIDH en el caso de la Masacre de el Mozote en El Salvador, cuando declaró que la amnistía general dictada en el marco de un acuerdo de paz para la terminación de un conflicto armado interno en ese país carecía de efectos jurídicos. En dicho pronunciamiento, “le impuso al Estado la obligación de investigar y sancionar al menos graves violaciones de los derechos humanos que estableciera la Comisión de la Verdad, de modo tal que no quedarán impunes y se evitara su repetición (…) y la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la Convención”[47].
Sobre este tema, según el autor en cita, el Estatuto de Roma no reconoce amnistías que pretendan amparar crímenes enlistados en su articulado. “En general se admite que el otorgamiento de amnistías e indultos no puede ir a contravía de las obligaciones de criminalización o penalización impuestas al Estado por convenios o tratados internacionales que éste ha reconocido y ratificado”[48].
En este punto, otros autores admiten que el Estatuto de Roma, bajo ciertos presupuestos, otorga facultad a los Estados a renunciar a la acción penal frente a los crímenes de competencia de la CPI y precisan: “Así se desprende del artículo 17 (1) (b) que define como uno de los criterios de inadmisibilidad de un asunto el que este –haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y este haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento no pueda realmente hacerlo”[49]. Además citan el artículo 53 (1) (c) referido a cuando el Fiscal de la CPI “después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto”[50].
Ahora bien, Orentlicher sobre la aplicación del instituto de la amnistía en contextos de justicia transicional sostiene que “la verdad, la justicia y las reparaciones son respuestas complementarias, más que alternativas, a las violaciones manifiestas de derechos humanos y las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. Si bien algunos casos la revelación completa de la verdad acerca de las violaciones puede justificar una reducción de la sentencia de una persona, las medidas de justicia de transición, como el establecimiento y el funcionamiento de comisiones de la verdad, no deben exonerar a los autores de un juicio penal a cambio de su testimonio. Asimismo, la reparación otorgada a las víctimas por las violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario no reduce la obligación de los Estados de velar por el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y de las violaciones graves de los derechos humanos”[51].
De esta forma queda claro que los Estados tienen el poder de otorgar la amnistía, bajo su propio derecho interno de acuerdo a su carta fundamental, pero siempre respetando los estándares internacionales, con la obligación de investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad. Las amnistías no pueden aplicarse a favor de los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de las leyes humanitarias e internacionales.
Por tanto, su aplicación se ha presentado desde tiempo atrás como “medida de gracia (para quienes han sufrido ya algún castigo por sus crímenes), política (para poner fin a guerras civiles e insurrecciones), legal (para absolver a convictos que resultan ser inocentes), e incluso festiva (para celebrar el cumpleaños de un líder)”[52].
A continuación pasamos a explicar de manera resumida su aplicación en la historia reciente de Colombia.
Periodos de aplicación de la amnistía en Colombia
Sobre el instituto jurídico de la amnistía, Colombia ha utilizado esta herramienta en diferentes períodos históricos. La primera vez que tuvo aplicación fue durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), en desarrollo de un proceso aplicado a los rebeldes liberales se logró firmar la paz con guerrillas para ponerle fin a la violencia partidista. Cuando Rojas dio su –‘golpe de opinión’- y prometió que no se derramara más sangre a nombre de los partidos políticos, fue claro que el camino escogido tenía que ser el perdón judicial. Fueron pactos que inicialmente favorecieron a los alzados en armas que, a nombre del liberalismo, se habían constituido en grupos guerrilleros. Pero igualmente, los decretos de amnistía e indulto se extendieron a otros agentes promotores de la violencia política, tales como miembros de la Policía y jefes de los directorios políticos.
Luego en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) a través de la Ley 35 de 1982 se aprobó una amnistía general para delitos políticos y conexos con la esperanza de iniciar un proceso de paz en el cual participaron las FARC-EP, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Autodefensa Obrera (ADO). Durante este gobierno, la amnistía se pensó como una forma de inclusión de delincuentes políticos en la democracia electoral nacional, reconociendo las limitaciones y defectos del sistema político colombiano[53].
En otros períodos presidenciales, tales como los de Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), se expidieron leyes y decretos sobre indulto y extinción de la acción penal y la pena por delitos políticos y conexos[54].
En todos estos períodos hay ingredientes comunes, tales como la reintegración de los combatientes a la sociedad civil, poner fin a la violencia, desmovilizar a los grupos armados en conflicto, propiciar un dialogo político y reincorporación a la vida civil de diversos grupos armados.
Los procesos de desmovilización colectiva de grupos guerrilleros dados a finales de los años ochenta y noventa del siglo pasado en contextos de transición fueron de perdón y olvido; se llevaron a cabo bajo amnistías e indultos pero no se habló de verdad y reparación, en los cuales se encontraban algunas excepciones[55]. Destacando que en el contexto colombiano la amnistía y el indulto han servido como herramientas para la búsqueda de la paz.
La Constitución colombiana consagra la posibilidad de conceder amnistías e indultos cuando se trate de delitos políticos así:
Artículo 150, numeral 17, faculta al Congreso “conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos”. A su vez, el artículo 201 numeral 2 da esa atribución al Gobierno nacional de la siguiente manera: “Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad”.[56]
Ahora bien, en el Marco Jurídico para la Paz, en el artículo 66 transitorio de la Constitución, como lo anotábamos en capítulo anterior, se buscan establecer mecanismos que permitirían resolver la situación jurídico penal de los desmovilizados atendiendo los estándares internacionales. El artículo 67 transitorio de la Constitución, incorporado (por el artículo 3 del acto legislativo 1 de 2012) hace referencia a la libertad de configuración que el legislador tiene para definir mediante una ley estatutaria las conductas que podrán ser consideradas como conexas al delito político. Este artículo fue demandado en su totalidad y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 577 de 2014, la cual pasaremos a revisar.
Sentencia C-577 de 2014
Este fallo constituye la segunda decisión que ha proferido la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, en la cual se declara la exequibilidad del artículo 67 transitorio. Tiene como elemento central la participación en política de los miembros de los grupos armados al margen de la ley desmovilizados en virtud del acuerdo de paz, lo anterior ligado a la aplicación del delito político y conexo. Es considerada como sentencia hito en la materia de participación política.
Este fallo refiere de manera clara el marco de acción que tendrá el legislador para realizar la reformulación del delito político conexo. “Concluye que la jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido la libertad configurativa que tiene el legislador para establecer cuales delitos conexos al político podrán gozar de este beneficio”[57], para efectos de la posibilidad de participar en política. Pese a lo anterior, la misma Corte precisa unas excepciones refiriendo conductas graves como el terrorismo, secuestro y homicidio fuera de combate, entre otros. Aclarando el imperativo de respetar los estándares internacionales para que no se incluya delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática.
La sentencia, tal y como lo habíamos advertido en relación con la participación política, anota que los desarrollos jurisprudenciales han sido mínimos y no hay limitaciones de su aplicación, “lo que implica que el Estado goza de pleno margen de discrecionalidad en especial, cuando se trata de un contexto de justicia transicional que busca poner fin a un conflicto armado”[58].
Tal y como lo anotábamos en el primer capítulo del Marco Jurídico para la Paz, en el artículo 67 transitorio, se vinculó el delito político a la estrategia de la justicia transicional y lo ubica como herramienta a fin de reincorporar políticamente a los excombatientes. En términos de la Corte Constitucional, “en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena impuesta en el marco del proceso de justicia transicional y de las demás obligaciones que se impongan a quienes aspiren a esa participación”[59].
De esta manera, y en la labor de la implementación se expide la Ley 1820 ( 30 de diciembre de 2016), por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto, tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Su objeto además de regular estas materias es el de adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
Sobre esta ley y los capítulos consagrados, recordemos que se hizo énfasis en el apartado del Acuerdo de Paz, en el que se relacionan los correspondientes a contenidos, alcances, límites de la concesión de amnistías e indultos, así como otros tratamientos especiales y se hace referencia al procedimiento, los órganos y sanciones. Se precisan dos procedimientos, en primer lugar en caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad; y el segundo en caso de ausencia de reconocimiento.
En el Foro de Ley de Amnistía y Constitución, llevado a cabo en Bogotá el 24 de febrero de 2017 en la Universidad del Rosario, se analizaron los casos de El Salvador y Colombia. Durante la intervención que realizó el exministro de Justicia, Yesid Reyes Echandía explicó que la Ley de Amnistía en Colombia es parte de un proceso de justicia transicional más amplio, donde hay Comisión de Verdad, y reparación garantizada. Precisó además que esta herramienta tiene unas categorías precisas como son los delitos puramente políticos y los conexos sobre los que aplica de manera directa y en ningún caso como en los punibles de lesa humanidad. En su opinión, es una ley bastante regulada con limitaciones y la cual no deja a las víctimas independientes, pues resalta la reparación.
Una vez se abordan los diferentes conceptos que se le ha dado al principio de oportunidad por parte de los doctrinantes como instrumento jurídico-procesal de terminación extraordinaria del proceso, se puede inferir que en la actualidad es dable constatarse en el derecho comparado una importante y consistente difusión de este principio e incluso de institutos basados en él.
El derecho comparado ofrece valiosos elementos de juicio para el examen del principio de oportunidad, como por ejemplo, el modelo europeo y el sistema anglosajón. En línea general, se puede afirmar que el sistema europeo ha optado por partir del principio de legalidad como regla general y la excepción es el principio de oportunidad, con un listado de hipótesis de permisión. En Estados Unidos como principal representante del sistema anglosajón, la oportunidad al interior del proceso penal es la regla y su no aplicación la excepción.
En Colombia el principio de oportunidad ha sido incorporado de manera particular, desligándose de la manera cómo surgió en el modelo anglosajón y asemejándose a los desarrollos que de él se han realizado en el sistema europeo. El artículo 250 de la Constitución Política describe una situación clara de la oportunidad, entre el deber de persecución penal y la posible renuncia a esta potestad, conforma una relación regla-excepción. Es decir, que el principio de legalidad sigue siendo reconocido por la base del Estado de Social de Derecho y su aplicación es de acuerdo a las causales consagradas en el CPP. Vincula la aplicación del principio de oportunidad a la política criminal del Estado. Esa modalidad se asimila a la renuncia a la persecución penal, tema objeto de este estudio.
En Colombia tradicionalmente los procesos de paz han terminado con un acuerdo, en virtud del cual se han otorgado amnistías por los delitos perpetrados, considerados de naturaleza política. Se ha buscado clausurar una puerta de un doloroso pasado, y a la vez alcanzar la reconciliación entre las partes en conflicto para así posibilitar una convivencia pacífica en el futuro. La amnistía es considerada una manera de perdón oficial que impide la actuación de la administración de justicia sobre conductas punibles que acaecieron en un tiempo determinado y con ocasión de precisos hechos y sobre unos delitos. No sólo implica exención del castigo, sino también el reconocimiento y reparación de los perjuicios causados a las víctimas. Estas concesiones tienes excepciones o prohibiciones legales, tanto a nivel interno como internacional. Figura que en sus efectos se asimila a la renuncia a la persecución penal.
Ahora bien, como se pudo apreciar, la renuncia a la persecución penal que se encuentra en desarrollo en la legislación colombiana con ocasión del Acuerdo Final de Paz suscrito con las FARC EP, dogmáticamente tiene elementos que comparte con el principio de oportunidad y más exactamente como una de las modalidades de su aplicación y que de manera coincidencial tiene su misma denominación (renuncia a la persecución penal), también contempla elementos, especialmente en tanto sus consecuencias a la amnistía extingue la acción penal y las sanciones.
Por ello se puede concluir que la renuncia a la persecución penal inmersa en la actual justicia transicional en Colombia constituye una nueva figura jurídica, como hibrido producto del principio de oportunidad y de la amnistía, pero que resulta diferente a ellas, individualmente consideradas, que requiere con prontitud las normas, especialmente procedimentales que la enmarquen y desarrollen.
[1] HASSEMER. Citado por: GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. La Oportunidad como principio complementario del Proceso Penal. Bogotá: Ed. Nueva Jurídica, 2007, p.81.
[2] SENDRA, Gimeno. Citado por: LÓPEZ BARJA QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Navarra: Ed. Aranzadi, S.A. 2004, p. 497.
[3]Ibid, p.497.
[4] COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL (2013), Sentencia C- 873, Cepeda E., Manuel J.
[5] FENECH. Citado por: LOPEZ BARJA QUIROGA, ob.cit., p. 499.
[6] JIMÉNEZ ASENJO. Citado por: Ibíd. p.499.
[7] KHUNE. Citado por: BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio. El Proceso Penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Tomo I. ,2004. p. 184.
[8] MEIER. Citado por: ACUÑA VIZCAYA, José Francisco. El Principio de Oportunidad en el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2009, p. 42.
[9] BELING. Citado por: BERNAL CUÉLLAR, ob.cit. p 183.
[10] HORST SHNONMBOHM. Citado por: VILLANUEVA MEZA, Javier Antonio. El Principio de Oportunidad. Justicia Restaurativa, Transicional y Transaccional- Mediación Penal y Conciliación Civil. en el Sistema Penal Acusatorio. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. , 2011. p. 80.
[11] FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos. Aproximación al Estudio del Principio de Oportunidad. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2013. Explica el autor: “Ley procesal Alemana, art. 253: No persecución de asunto de poca importancia. Si proceso tuviera como objeto un delito castigado con pena privativa de la libertad mínima inferior a un año, podrá la Fiscalía prescindir de la persecución, con la aprobación del Tribunal competente para la apertura del procedimiento principal, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada ínfima y no existiere interés público en la persecución”… p. 101[11]
[12] VILLANUEVA MEZA, ob. cit., p. 81.
[13] Código de Procedimiento Penal francés. Citado por: FORERO RAMÍREZ, ob.cit. p. 98.
[14] Ibíd., p. 101.
[15] VILLANUEVA MEZA, ob.cit. p. 81.
[16] BERNAL CUÉLLAR, ob. cit. Se cuenta con la Police and Criminal EvidenceAct( llamada PACE de 1984) y con el Codes of Practice, donde están establecidas de forma minuciosa las pautas fundamentales para el ejercicio de la actividad policial en caso de sospecha a cerca de la comisión de hechos punibles. Algunas actividades policiales que implican la lesión de algunos derechos como la libertad y la propiedad en determinadas condiciones presuponen una orden judicial o una autorización por parte de un oficial de policía jerárquicamente superior”, p. 501.
[17] DIEZ, Diego. Citado por: FORERO RAMÍREZ, ob. cit. En este contexto, citando en su texto Juan Carlos Forero Ramírez a Diego Diez expresa: “El momento procesal en que el opera el fenómeno de la pleabargaining es el de la audiencia previa al juicio (arraignment) en la que, tras darse lectura al acta de acusación, el juez invita al acusado al pleading, esto es, expresarse acerca de su propia culpabilidad. La declaración se reduce a tres hipótesis: inocencia (plea of notguilt), culpabilidad (plea of guilty) o nolo contenderé (sistema de fianzas). Cabe también que el acusado guarde silencio, presumiendo entonces que se declara inocente”, p. 83
[18] FIERRO MÉNDEZ, ob.cit., p.258.
[19] LÓPEZ BARJA QUIROGA, ob.cit., p. 513.
Los decretos y resoluciones expedidas sobre el principio de oportunidad son: El decreto 2637 de 2004, norma que se transcribe literalmente en la ley 906 de 2004, en sus art. 66, 321 y 322 del C. de P.P. Así mismo, se reformó la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad en la Ley 1312 de 2009 y se dictaron las Resoluciones Nos. 6657 del 30 de diciembre de 2004, 6658 del 30 de diciembre de 2004 y la 3884 del 27 de julio de 2009 emanadas por la Fiscalía General de la Nación, por medio de las cuales se reglamenta, se adiciona y modifica la aplicación del principio de oportunidad. Las anteriores fueron derogadas por la Resolución No. 02370 de julio 11 de 2016 y actualmente es la Resolución No. 4155 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad.
[21] Corte Constitucional de Colombia. Citada por: FIERRO MÉNDEZ, ob. cit., p.255.
102 Ibíd., p.41.
[23] Colombia, Congreso de la República. Gaceta de julio 23 de 2003. Citada por: Gómez Pavajeau, ob. cit. En ese marco, en la Gaceta del Congreso de julio 23 de 2003 citada por el tratadista Carlos Arturo Gómez Pavajeau sobre la consagración del principio de oportunidad, se precisa estuvo determinada por: elementos como la adecuación social del hecho, la ínfima importancia, la culpabilidad disminuida, la retribución natural (pérdida de un hijo como el que se tiene relación de afecto actual en un siniestro provocado por culpa del imputado) o la revaluación del interés público en la persecución de la conducta; además de la posibilidad de prescindir de la persecución de un hecho de menor importancia, para aplicar los mayores esfuerzos a otros más graves; o la posibilidad de suspender la persecución de una conducta o parte de ella, para orientarse a otra más grave; y la posibilidad de suspender el proceso o la pena para someter a prueba al imputado o acusado” p.154
[24] Colombia, Código de Procedimiento Penal. Art.321. Citado por: Ibíd. p. 118.
[25] C- 673 de 2005, C-984 de 2005, C-095 de 2007 y C-396 de 2010.
[26] Resolución No. 02370 expedida el día 11 de julio de 2016, por el Fiscal General de la Nación (e) José Fernando Perdomo Torres. p. 3.
[27] BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1997. Sobre la amnistía refiere: “Generalmente la autoridad que lo hace es el parlamento, a través de una ley o un decreto. Se diferencia del indulto en que ella entraña el olvido de la infracción, la eliminación de la acción penal y la condonación de la pena. La raíz griega de amnistía es la misma que la de amnesia, que quiere decir olvido. Proviene de am-nestis, que significa sin recuerdo. El indulto sólo perdona total o parcialmente la pena impuesta o la conmuta por otra pero no olvida el delito ni la acción penal. Esto es muy importante para efecto de la figura jurídica de la reincidencia. En la amnistía, en la medida en que se olvida el delito, en que se borra toda huella de él, no cabe reincidencia; en el indulto sí porque se ha condonado o conmutado la pena pero no se ha olvidado la infracción.” p. 29.
[28] CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual A-B. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1996. p.275.
[29] FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Derecho Penal. Parte General. Teoría del delito y de la pena. Bogotá: Grupo editorial Ibañez, 2012. p. 1073.
[30] CABANELLAS, ob. cit. Sobre la amnistía impropia “Algunos penalistas califican de este modo la extinción de la pena que, por decisión legislativa o por acto ejecutivo, favorece a los condenados por delitos políticos y abusiva y repudiablemente a los comunes, que recuperan su libertad o recobran otros derechos de los que hubieren sido privados por la condena. En verdad, lo de impropia sorprende un tanto; pues esta modalidad configura la amnistía típica, especialmente por cambios políticos, electorales o revolucionarios, que invierten el concepto de delito y legalidad en la materia o al servicio de la apaciguación nacional.” Sobre la amnistía propia: “La que comprende a procesados por delitos políticos o asimilados. Un análisis estricto, en combinación con lo técnico, permite expresar que tal amnistía no lo es a veces; puesto que entra en lo posible que el proceso terminara con la absolución y que, en consecuencia, nada hubiera que perdonar. En esta especie, contrapuesta a la amnistía impropia (v).- de la cual cabe aplicar algunas consideraciones a la vez por antítesis y conexión-, más que liberar de condenas, no pronunciadas, lo que se lleva a término es una extinción del proceso por borrada la tipicidad o por una impunidad dispuesta para el caso.” p. 276.
[31] Vicepresidencia de la República de Colombia. Verdad, Justicia y Reparación. Corte Penal Internacional. Bogotá: 2002. p. 137.
[33] JESCHECK, Hans Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho penal general. Granada: Comares, 2002, p. 994.
[34] Vicepresidencia de la República de Colombia, ob. cit. p. 137.
[35] http://bit.ly/2uT6C8n Consultado 5 de junio de 2017. Tesis Amnistía e Indulto en Colombia – Universidad Nacional. Natalia Chaparro Castañeda. Bogotá. 2013. p. 2.
[36] Op. cit. p. 138.
[37] SAAVEDRA ROJAS, Edgar y GORDILLO LOMBANA, Carlos. Derecho Penal Internacional. Ediciones jurídicas IBAÑEZ. Santafé de Bogota.1995. p. 181.
[38] SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p. 319.
[39] Ibíd., p. 614.
[40] ROBERTSON, Geoffrey. Crímenes contra la Humanidad. La lucha por una justicia global. España: Siglo XXI, 2008, p. 289.
[41] Corte IDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, Serie C, núm. 252, párr. 286.
[42] UPRIMNY YEPES, ob. cit., p.68.
[43] ROBERTSON, ob. cit. Refiere el autor caso Kondewa: “Se trataba de un acuerdo de alto el fuego alcanzado en 1999 por el Gobierno de Sierra Leona y la principal facción rebelde liderada por Foday Zanco. Fue negociada a través de –garantes morales- como Jesse Jackson (enviado del presidente Clinton), Charles Taylor (acusado más tarde por el fiscal de haber iniciado la guerra). (…) La intención de las partes era que la amnistía cubriera todos los crímenes cometidos por ambos bandos. Habría un perdón voluntario y absoluto para todos los combatientes y colaboradores, que no serían sometidos a –acción oficial ni judicial alguna (…) según el fiscal del TESL, incluía mutilaciones y asesinatos en masa, y algunas de las peores carnicerías jamás vistas en África. (…) el tribunal dictaminó que se ajustaba con precisión a la ley internacional, que desautoriza las amnistías que pretenden dar impunidad a quienes cargan con la mayor responsabilidad por crímenes contra la humanidad”. p. 288 y 289.
[44] Corte IDH, caso Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C, núm. 219, parr. 175.
[45] ROBERTSON, ob. cit., p.289.
[46] UPRIMNY YEPES, ob. cit. Sobre el caso de Perú. “La Corte se refirió a la ley de amnistía dictada por el Congreso peruano en la cual se exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y civiles que habían participado en violaciones de los derechos humanos entre 1980 y 1995. La ley fue presentada y aprobada en un mismo día, sin ningún tipo de debate. La jueza que instruía el caso en contra de los miembros de la Fuerza Pública implicados en la masacre de Barrios Altos, en la cual fueron asesinadas quince personas que se encontraban departiendo en una fiesta, decidió no aplicar la amnistía y continuar el proceso. Ante esta situación, el Congreso expidió una nueva ley que estableció que la amnistía no era revisable en sede judicial y que era obligatorio aplicarla. En tanto resultaba claro que estas leyes estaban orientadas a asegurar la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas involucradas en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, la Corte las calificó como leyes de autoamnistía y determinó que carecían de efectos jurídicos”.pp. 72 y 73.
[47] Ibídem. pp. 75 y 76.
[48] FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, ob. cit., p. 1075.
[49] UPRIMNY YEPES, ob. cit., p.66.
[50] SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ob. cit., p. 128.
[51] ALVIAR GARCÍA, ob. cit., p. 375.
[52] ROBERTSON, ob. cit. Al respecto señala el autor: “En Inglaterra, el perdón era un atributo característico en una época en que el rey y sus oficiales preservaban el orden. La temprana ley consuetudinaria desarrolló un conjunto de medidas de gracia, que más adelante adapto para incluir los indultos ofrecidos a delatores y criminales que se convertían en –testigos de la reina- (…) Tras la guerra civil inglesa, el Parlamento aprobó varias – Leyes de olvido- para eximir a sus propias fuerzas y rehabilitar a los lealistas. Sin embargo, la legislación más significativa llegaría en 1660, cuando el Parlamento, por acuerdo tácito con Carlos II amnistió a sus propios defensores en el proceso previo a la Restauración. Resulta significativo que no se beneficiarán del perdón quienes mayor responsabilidad tuvieron en el acto revolucionario clave: la ejecución de Carlos I. p.284.
[53] http://bit.ly/2tV7bBu Corina Duque Ayala. 2 de septiembre de 2014 pp. 8, 9.
[54] RAMÍREZ C., Jaime Alberto. “Colombia en Paz. Justicia Transicional y Nuevo Institucionalismo Histórico. Bogotá: Gena Editores, 2016, pp. 45-46.
[55] Como lo “homicidios cometidos fuera de combate y los actos de ferocidad y barbarie (que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la época definió como aquellos que constituían graves infracciones al DIH)(…).Bajo estas condiciones se desmovilizaron por ejemplo, el M-19 en 1990 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1991” UPRIMNY, ob. cit, p. 12.
[56] PINILLA PÁEZ, Rafael Humberto. Constitución Política de Colombia. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, p.87-122.
[57] AMBOS, Kai (Coords). Justicia de Transición y Constitución II. Bogotá: Editorial Temis, 2015, p. 25.
[58] Ibíd., p. 26.
[59] Op. cit., p. 52.