Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654876
Timestamp: 2019-08-25 01:52:50
Document Index: 91421033

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 281', 'artículo 281', 'artículo 70', 'artículo 3', 'artículo 281', 'artículo 281', 'artículo 281', 'artículo 281', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 263', 'artículo 62', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 59', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 87', 'artículo 57', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 342', 'Artículo 394', 'artículo 344', 'Artículo 394', 'artículo 345', 'artículo 342', 'artículo 394', 'artículo 12', 'artículo 74', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 74', 'artículo 16', 'artículo 221', 'Artículo 221', 'artículo 1']

Domingo Opazo De Artigas
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS.
POSTERGACIÓN DE ESTUDIO DE PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE ACTUACIONES PREVIAS AL JUICIO ORAL. Segundo trámite constitucional.
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 70, DE 1988, LEY DE TARIFAS DE SERVICIOS SANITARIOS. Primer trámite constitucional.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE EDIFICIOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE EVACUACIÓN DE GASES. Modificación de la ley Nº 19.537. Primer trámite constitucional.
SEGUROS DE VIDA Y DE SALUD PARA DIRIGENTES DE JUNTAS DE VECINOS. Oficio.
PETICIÓN PARA CONSTRUIR PARQUE INDUSTRIAL TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
INVESTIGACIÓN SOBRE PROCEDENCIA DE MATERIAL EXPLOSIVO ENCONTRADO EN COMUNA DE PURÉN. Oficio.
CONSIDERACIONES SOBRE INCIERTO FUTURO DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL. Oficio.
PETICIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE DÉ RESPUESTA A PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA. Oficio.
REORGANIZACIÓN DE BANCADA AGRÍCOLA.
INFORMACIÓN SOBRE NÓMINAS DE DIRECTORIOS DE INSTITUTOS DE SALUD PREVISIONAL. Oficio.
IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE COTIZANTES INDEPENDIENTES AL FONASA. Oficio.
MEDIDAS QUE AFECTAN ÁREAS DE PROTECCIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA TERCERA REGIÓN. Oficios.
PROBLEMAS DE VIALIDAD, DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE ELECTRIFICACIÓN EN PAREDONES, OCTAVA REGIÓN. Oficios.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE NAVEGACIÓN POR COSTAS CHILENAS DE BUQUE JAPONÉS CON CARGA RADIACTIVA. Oficios.
PRIORIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD. Oficio.
IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA. Oficio.
AUMENTO DE LÍMITE DE VELOCIDAD EN CARRETERAS DE SEGUNDA REGIÓN. Oficios.
ANOMALÍAS EN CHILEDEPORTES. Oficio.
Carmen Ibanez Soto
Sesión 10ª, en jueves 20 de junio de 2002
(Ordinaria, de 10.39 a 13.34 horas)
-	Archivo de proyectos	9
-	Envío de proyecto a Comisión de Zonas Extremas	9
-	Postergación de estudio de proyecto del Orden del Día	9
-	Modificación del artículo 281 del Código Procesal Penal en materia de actuaciones previas al juicio oral. Segundo trámite constitucional	10
-	Modificación del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, ley de tarifas de servicios sanitarios. Primer trámite constitucional	12
-	Funciones y atribuciones de los administradores de edificios en materia de prevención y seguridad de evacuación de gases. Modificación de la ley Nº 19.537. Primer trámite constitucional	27
-	Seguros de vida y de salud para dirigentes de juntas de vecinos. Oficio	31
-	Petición para construir Parque Industrial Tecnológico del Plástico en la Octava Región. Oficios	32
-	Investigación sobre procedencia de material explosivo encontrado en comuna de Purén. Oficio	33
-	Consideraciones sobre incierto futuro de la agricultura tradicional. Oficio	34
-	Petición al Presidente de la República para que dé respuesta a problemas de la ciudadanía. Oficio	35
-	Reorganización de bancada agrícola	36
-	Información sobre nóminas de directorios de institutos de salud previsional. Oficio	37
-	Igualdad de condiciones para la incorporación de cotizantes independientes al Fonasa. Oficio	37
-	Medidas que afectan áreas de protección de pescadores artesanales de la Tercera Región. Oficios	38
-	Problemas de vialidad, de generación de empleo y de electrificación en Paredones, Octava Región. Oficios	39
-	Adopción de medidas ante navegación por costas chilenas de buque japonés con carga radiactiva. Oficios	40
-	Prioridad de atención primaria en reforma del sistema de salud. Oficio	41
-	Irregularidades en administración y gestión en hospital regional de Talca. Oficio	42
-	Aumento de límite de velocidad en carreteras de Segunda Región. Oficios	43
-	Anomalías en Chiledeportes. Oficio	43
1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución política de la República respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito (boletín Nº 2904-06)	45
2.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la dependencia del Liceo Experimental Manuel de Salas, trasladándola desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la Universidad de Chile (boletín Nº 2839-04)	45
3.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, en lo referido a la entrada en vigencia de la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana (boletín Nº 2934-13) (S)	46
4.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, el proyecto iniciado en mensaje, que modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales (boletín Nº 2821-12) (S)	48
5.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha dispuesto, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, enviar al archivo los siguientes proyectos:	49
a)	Aprobación del convenio por el cual se establece la constitución del Centro para los servicios de Información y Asentamiento sobre Comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe (boletín Nº 1633-10)
b)	Aprueba la ley orgánica de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (boletín Nº 1204-08), por haber perdido ambos su oportunidad
6.	Moción de los diputados señores Álvarez, Bauer, Forni, Kast, Moreira, Paya, Salaberry, Uriarte, Urrutia, y la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica en el Código Penal el delito de aborto (boletín Nº 2978-07)	50
7.	Moción de los diputados señores Leal, Bustos, García-Huidobro y Saffirio, y de las diputadas señoras Ibáñez, doña Carmen, y Soto, doña Laura, que establece una nueva agravante de responsabilidad criminal fundada en la comisión de delitos por motivaciones racistas, xenofóbicas o discriminatorias (boletín Nº 2979-07)	54
8.	Modifica el decreto ley Nº 409, de 1932, y el decreto supremo Nº 64, de 1980, con el objeto de establecer normas sobre prontuario penal en las situaciones que indica (boletín Nº 2951-07)	56
9.	Establece prohibición a abogados integrantes de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones para desempeñar funciones en empresas pertenecientes al Estado (boletín Nº 2953-07)	57
-De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita que el proyecto que modifica la ley Austral en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén, sea remitido a la Comisión de Zonas Extremas para su informe (boletín Nº 2832-03).
-De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por el cual solicita que se reconsidere el acuerdo de fecha 9 de mayo de 2002, y se envíe a la Comisión especial de Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado los antecedentes aportados por el diputado señor Leal referidos a los anuncios que se han hecho respecto de un cambio en el proceso de privatización de las empresas sanitarias, por ser la más adecuada para estudiar el tema.
-Del diputado señor Ortiz, investigación sumaria por infracción al DL Nº 799/74 en la municipalidad de Renca.
-Del diputado señor Burgos, mayor interacción y transparencia en el proceso de cuentas publicas que está llevando a cabo Carabineros de Chile.
-Del diputado señor Salaberry, retiro de Carabineros que acompañaban a los funcionarios municipales en los vehículos de seguridad ciudadana.
-Del diputado señor Bertolino, entrega de 300 pensiones asistenciales a los mineros pirquineros de Andacollo.
-Del diputado señor José Pérez, situación sector productor lechero.
Municipalidades de Lanco y Puyehue
-Del diputado señor Kuschel, entrega de beneficios sociales.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (92)
NOMBRE	(Partido	Región	Distrito)
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Pedro Muñoz.
-Asistió, además, el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
El señor SALAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de archivo de proyectos formulada por el honorable Senado, en los términos en que figura en el punto número 5 de la Cuenta, por haber perdido su oportunidad.
a)	Aprobación del convenio por el cual se establece la constitución del Centro para los servicios de información y asentamiento sobre comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe. Boletín Nº 1633-10, y
b)	Aprueba la ley orgánica de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Boletín Nº 1204-08.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para remitir a la Comisión de Zonas Extremas, por ser materia de su competencia, el proyecto que modifica la ley Austral en materia de crédito tributario y establece la ampliación de la zona franca de extensión de Punta Arenas a la Región de Aisén.
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición planteada por el diputado señor Carlos Hidalgo, quien no se encuentra presente en esta sesión por problemas personales, en el sentido de postergar para la próxima sesión la discusión del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada a fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales.
Señor Presidente , deseo plantear una cuestión reglamentaria.
Fui sorteado para integrar la Comisión encargada de informar sobre la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del intendente de la Región Metropolitana, don Marcelo Trivelli , la cual comenzará a funcionar en cinco minutos.
Como, además, debo informar sobre el proyecto que figura en tercer lugar de la Tabla -el que mejora las condiciones de seguridad en instalaciones de gas-, solicité a la Secretaría mantener el orden de ella, petición que ahora reitero, con el objeto de poder asistir a las primeras audiencias de la mencionada Comisión, para luego volver a la Sala y entregar el informe del proyecto enunciado.
Se accederá a lo solicitado por el diputado señor Hales.
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 281 del Código Procesal Penal en materia de actuaciones previas al juicio oral.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni.
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2924-07 (S), sesión 7ª, en 13 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 9ª, en 19 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de la referencia, originado en una moción de los senadores señores Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Sergio Fernández, Jovino Novoa y Rodolfo Stange .
Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión contó con la colaboración del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, y del abogado de la misma División, señor Fernando Londoño.
La iniciativa tiene por objeto suprimir la obligación del juez de garantía de remitir los registros en que consten las actuaciones realizadas ante él, al tribunal oral en lo penal, al momento de hacerle llegar el auto de apertura del juicio oral.
En un acuerdo del Pleno, adoptado a fines de marzo del presente año, la Corte Suprema decidió instruir a los jueces de garantía del nuevo sistema procesal penal para que, en cumplimiento del artículo 281 del nuevo Código Procesal Penal, los registros escritos sean remitidos al tribunal del juicio oral. En conformidad con el instructivo de la Corte Suprema, deben remitirse al tribunal del juicio oral todos los registros de carácter jurisdiccional obtenidos durante la fase de investigación, material probatorio como declaraciones de imputados, de víctimas y de testigos, prestadas ante la policía o el Ministerio Público.
La interpretación de la Corte Suprema, expresada a través de este acuerdo, ha merecido diversos reparos por parte de expertos y actores del sistema, por considerar que su aplicación literal por parte de los jueces de garantía podría reproducir prácticas que el nuevo sistema busca dejar atrás, como la escrituración y la formación de expedientes.
Al mismo tiempo, el envío de registros vendría a vulnerar o a poner en riesgo principios fundamentales del nuevo sistema, como la inmediación y la oralidad, que apuntan a que los jueces, las partes y el público tengan acceso a una sola y misma información acerca del caso, lo que sólo se logra en la medida en que el tribunal tome conocimiento de los antecedentes, declaraciones y pruebas entregados en la audiencia pública respectiva y no a través de registros que hubiere recibido con anterioridad.
Frente a los citados cuestionamientos, la propia Corte Suprema señaló que una solución definitiva al problema sólo podría lograrse mediante una modificación legal del artículo 281 del nuevo Código, que excluyera expresamente la exigencia de remisión de registros al tribunal de juicio oral en lo penal.
Por lo expuesto, el sentido de la iniciativa en debate es terminar con la exigencia de remisión de registros a los tribunales orales en el marco de los procesos que se desarrollan en las regiones en las cuales está operando la reforma procesal penal.
El tenor de la iniciativa es ampliamente compartido por todos los sectores. Es más, la enmienda en cuestión se encontraba dentro del conjunto de propuestas del proyecto de ley de ajustes a la reforma procesal penal, enviado por el Ministerio de Justicia, enmienda que, como recordarán los señores diputados, no se aprobó en su momento únicamente por considerarse que no estaba calificada con carácter de urgencia. No obstante, el instructivo de la Corte Suprema demostró que sí la tiene.
La aprobación de una iniciativa de tal naturaleza implica dar un paso más en la consolidación del enorme proceso de reforma de la justicia penal impulsado por los gobiernos de la Concertación.
En este contexto, el paso consiste en reforzar las garantías del juicio oral e inmediación, bases fundamentales en las que descansa el nuevo sistema procesal penal.
Señor Presidente, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Creo que es una modificación absolutamente necesaria, por lo que solicito que el proyecto se vote sin discusión.
Si le parece a la Sala, se procederá de la manera solicitada por la diputada señora Laura Soto, en el sentido de votar el proyecto sin discusión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Alvarado, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escobar, Forni, Galilea (don Pablo), González (doña Rosa), Kast, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Salaberry, Salas, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Ulloa, Urrutia, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Walker.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a los señores diputados su votación favorable al proyecto.
En segundo término, deseo decirles que, en su momento, decidimos hacer la reforma procesal penal en forma gradual, paso a paso, precisamente para que en las circunstancias en que requiriera modificaciones, aun cuando fueran pequeñas como ésta, las lleváramos a cabo con prontitud. En este caso, mediante la modificación del artículo 281 del Código Procesal Penal, eliminamos una frase compuesta por tres o cuatro palabras, pero que es fundamental para el buen funcionamiento del proceso.
Creo que en el futuro continuaremos realizando en forma oportuna y rápida las modificaciones que sean necesarias a fin de que la reforma tenga éxito. Como lo hemos dicho en muchas oportunidades, ésta debe ser considerada como un logro de toda la sociedad chilena, no como de alguien en particular. Todos hemos trabajado por el éxito de este proceso, tanto las bancadas oficialistas como las de oposición.
Algunas veces he escuchado decir que la reforma estaría pensada de una manera y respecto de determinada postura. Ello no es así, pues cada vez que traemos un proyecto de esta naturaleza al Congreso es aprobado por unanimidad.
Estamos conscientes de que esto significa un gran cambio en la justicia criminal y una verdadera inversión, que debemos proteger cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, porque modificamos sustancialmente el sistema procesal penal vigente.
Reitero mis agradecimientos por la votación de los señores diputados y anuncio que continuaremos proponiendo las modificaciones necesarias para el éxito de esta enorme inversión en pro de la justicia chilena.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de tarifas de servicios sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República la atribución que se indica.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas es el señor Roberto Delmastro.
-Moción, boletín Nº 2430-09, sesión 18ª, en 18 de noviembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 11.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 12.
Señor Presidente , la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informar sobre el proyecto de ley, originado en una moción de los diputados señores Patricio Cornejo , Jaime Jiménez , Pablo Lorenzini y Carlos Olivares , y del ex diputado señor Luis Pareto , que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de tarifas de servicios sanitarios, con el objeto de conceder al Presidente de la República la atribución que se indica.
El proyecto persigue que las nuevas tarifas de agua potable definidas para un prestador sean fijadas mediante decreto supremo, y no como ocurre en la actualidad, en que son determinadas mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”.
Además, propone que el Presidente de la República tenga la última palabra en la fijación de tarifas de servicios sanitarios, pudiendo, por una sola vez, modificar el porcentaje de variación de las tarifas, determinado en conformidad con el procedimiento que establece la ley de tarifas de servicios sanitarios.
Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Economía , señor Álvaro Díaz Pérez ; del abogado asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Eduardo Escalona Vásquez ; del superintendente de Servicios Sanitarios , señor Juan Eduardo Saldivia Medina , y del asesor del área de aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Sergio Arévalo Macías .
En el proyecto se describe el procedimiento que establece la ley para fijar cada cuatro años las tarifas máximas que se cobrarán por los servicios de producción y distribución de agua potable, y de recolección y disposición de aguas servidas, con tratamiento o sin él, contenido en los artículos 6º al 10 de la ley de tarifas.
Para el tema que interesa abordar, hay que destacar respecto de este procedimiento que, en la eventualidad de que existan discrepancias entre los resultados del estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y los del prestador, en este caso, las sanitarias, y de que estas discrepancias no se solucionen a través de un acuerdo directo entre ambos, la Superintendencia está obligada a constituir una comisión formada por tres expertos: uno, nominado por el prestador; otro, por el superintendente, y el tercero, elegido por el superintendente de una lista de expertos acordada previamente entre la Superintendencia y el prestador. Dicha comisión de expertos debe pronunciarse sobre cada uno de los parámetros en que exista discrepancia, en mérito de los fundamentos y antecedentes de los respectivos estudios, y optar de manera fundada por uno de los dos valores, sin que pueda adoptar valores intermedios. El dictamen de la comisión tiene el carácter de definitivo y es obligatorio para ambas partes.
Con el objeto de hacer más transparente la fijación de las fórmulas tarifarias, se propone que éstas sean fijadas mediante un decreto supremo, y no como ocurre en la actualidad, en que son fijadas mediante un decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”.
Por otra parte, se propone incorporar un inciso final, nuevo, en el artículo 10, por el cual se otorga al Presidente de la República la facultad, con ciertas restricciones, de modificar el porcentaje de las fórmulas tarifarias resultantes de los estudios.
En cuanto a las ideas matrices o fundamentales del proyecto, puedo informar que son dos. La primera, hace más transparente la fijación de las fórmulas tarifarias, en este caso, de las sanitarias. La segunda, otorga al Presidente de la República la facultad para modificar el porcentaje de las fórmulas tarifarias resultantes de los estudios realizados de acuerdo con lo que establece el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de tarifas de servicios sanitarios.
Es importante consignar algunos hechos relativos a la discusión del proyecto, porque el tema está plenamente vigente en el país, más aún cuando una Comisión especial de la Cámara está investigando todos los reclamos relacionados con el agua potable y el alcantarillado.
Los diputados patrocinantes de la moción explicaron que el proyecto se basa en la poca transparencia que tiene el actual sistema de fijación de tarifas, por cuanto la decisión final queda sometida al arbitrio de una sola persona, el perito independiente.
Los autores de la iniciativa señalaron que conocen en profundidad el proceso de fijación tarifaria, y que la moción establece una norma que otorga al Presidente de la República una facultad para que la ejerza antes de la dictación del decreto que contiene las nuevas fórmulas tarifarias.
Explicaron, además, que lo grave del actual procedimiento de fijación de tarifas radica en que, cuando hay discrepancias entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el prestador y se nombra una comisión de peritos para que resuelva las controversias, a fin de cuentas es el perito independiente el que resuelve las controversias. En tal sentido se da por descartado que el perito nombrado por el prestador defiende los valores de la empresa, mientras que el perito nombrado por la Superintendencia defiende los valores de ésta. En consecuencia, el decreto tarifario se dicta sobre la base de lo que decide el tercer perito. Por esto, el proyecto inserta una fase posterior al término de los estudios y previa a la dictación del decreto tarifario, consistente en que el Presidente de la República , con toda la asesoría que pueda tener de asistentes, asesores, técnicos, profesionales universitarios, etcétera, pueda decidir, por ejemplo, que el perito independiente actuó influido por alguien o en el límite de la interpretación subjetiva, por lo que los valores decididos por él deben ser modificados.
Por lo tanto, tiene gran importancia otorgar al Presidente de la República la facultad de decidir finalmente respecto del alza de las tarifas, sobre la base de todos los antecedentes aportados. Aunque el Presidente gozara de cierta discrecionalidad, de todas maneras sería un positivo factor de corrección del actual sistema. Chile siempre ha tenido Presidentes honorables y respetados por la ciudadanía. Por eso es absolutamente pertinente otorgarle la facultad de revisar las decisiones de los peritos, con una adecuada asesoría técnica, apolítica.
Además, el Presidente de la República está sujeto a responsabilidades que se pueden hacer efectivas si actúa arbitrariamente, mientras que el perito independiente no está sujeto a responsabilidad alguna por sus decisiones.
Finalmente, se reitera la importancia que tiene la aprobación del proyecto, por cuanto constituirá una señal muy positiva de la preocupación de la Cámara de Diputados ante un tema que interesa, hoy más que nunca, a toda la ciudadanía.
En síntesis, se somete a consideración de la Sala un proyecto que, en lo sustancial, consta de un artículo único que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, ley de tarifas de servicios sanitarios, en la siguiente forma:
1.	Se sustituye el inciso segundo del artículo 2º por el siguiente:
“La fijación de las fórmulas tarifarias se realizará mediante decreto supremo, el que deberá llevar la firma del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.”
2.	Se incorpora, en el artículo 10, el siguiente inciso final, nuevo:
“No obstante lo anterior, el Presidente de la República , por una sola vez, antes de la dictación del decreto a que se refiere el artículo 2º, inciso segundo, podrá modificar el porcentaje de variación de las tarifas determinado de conformidad con el procedimiento que establece esta ley”.
Señora Presidenta , mientras algunos pretenden buscar en las cuentas de los parlamentarios algunas sutilezas, aquí estamos frente a las cuentas de agua potable que pagan 15 millones de chilenos, por lo cual debemos preocuparnos de sutilezas sobre cómo se determinan esos valores.
Agradezco a los miembros de la Comisión de Trabajo haber aprobado, por unanimidad, un proyecto que pretende constituir una señal en cuanto al tremendo negocio que significa hoy invertir en empresas de agua potable.
Estamos analizando la fijación de tarifas en una Comisión especial, a la cual han asistido representantes de todas las empresas y usuarios del país, y que ha contado con la asistencia permanente de prácticamente sus trece miembros. Esto denota la importancia de la materia de que estamos hablando.
En 2001, la Superintendencia de Servicios Sanitarios recibió 277 mil reclamos relacionados con las empresas del rubro, de los cuales 90 mil -un tercio- no tienen fundamento, y 180 mil están absolutamente fundamentados, o sea, esa cantidad de chilenos se atrevieron a reclamar por el cobro de esas tarifas. Si esa cifra la extrapolamos, sin duda estamos hablando de un número mucho más elevado de consumidores.
La actual ley dispone que las tarifas se fijarán por la Superintendencia, que las calculará para proveer servicios de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas, y que los costos estarán asociados a inversiones en infraestructura, operaciones y mantención de los servicios, factores de seguridad de una empresa modelo eficiente. Pero también dice que la empresa realiza sus propios estudios, cuyos costos están basados en inversiones, infraestructura, demandas, etcétera.
Entonces, cuando uno plantea dudas respecto de la fijación tarifaria, nos dicen que ella está en la ley. ¡Claro que está en la ley! Si fuera tan clara y precisa la fijación tarifaria, no habría por qué formar comités de expertos. Si está en la ley, sobre la base de los números se determina la tarifa. Sin embargo, en el caso de Emos, de Esval y de otras empresas sanitarias ha habido más de 400 diferencias entre lo que dice la empresa y lo que dice la Superintendencia. ¡Oh, está en la ley! ¡400 diferencias de técnicos internacionales contratados por cifras millonarias para analizar esto! Nos dicen: “Diputados, ustedes tienen una comisión de expertos”. ¡Claro, pero a uno lo contrata la empresa!
Invito a los señores parlamentarios a que digan si en la fijación tarifaria, el hombre que es contratado por la empresa, por 50 millones de pesos para realizar ese trabajo en un mes, decidirá en contra de ella. ¡Ingenuos no somos, señora Presidenta ! La persona que es contratada por la Superintendencia a lo mejor defiende la tarifa que establece ésta, o tal vez no, pero supongamos que la defiende. Entonces, la decisión queda en manos de una persona: el perito que define las tarifas, en el caso de la Región Metropolitana, para más de 1.200.000 usuarios, que corresponde al número de medidores en la región. ¿Qué significa esto? Que un punto de diferencia en las tarifas de la Región Metropolitana significan 700 millones de pesos mensuales, o sea, casi 9 mil millones de pesos al año. Esto significa que un perito, al cual se le pagan 60 millones de pesos por diez días de trabajo, será, finalmente, quien determine qué se hace.
Me dirán que las tarifas son públicas, pero el reglamento dice que de las resoluciones internas y de los debates de la comisión se dejará constancia en actas, las que se harán públicas una vez entregado el dictamen definitivo. ¿Dónde participan los usuarios? ¡Qué democracia es ésta! Las personas afectadas pueden discutir, pero sólo contestan las empresas una vez tomadas las resoluciones. Pero, aunque fuera así, nadie puede rebatir las cifras. A los diputados señores Álvarez , Dittborn , Jaramillo y a los parlamentarios de la Concertación expertos en el tema, les digo que el cálculo se hace con un polinomio. Aquí tengo uno, con páginas y páginas de fórmulas matemáticas. ¡Oh sí, el presidente de la junta de vecinos de Concepción, llevado por el diputado Ortiz , seguramente participará en la comisión y discutirá el problema! A lo mejor, su primera pregunta será qué significan las páginas y páginas de polinomios. ¡Eso es lo que estamos reclamando!
Sólo queremos que el estudio se haga técnicamente, sin influencias, y que no sea un perito, que cobra 60 millones de pesos, el que resuelva las tarifas de agua de todos los chilenos. Lo único que deseamos es que, junto con respetar los contratos de inversión, porque para eso se suscriben, el Presidente de la República tenga la facultad, fundamentada y razonable -porque en Chile los Presidentes son serios-, de aplicar un factor de corrección a las tarifas cuando tenga dudas sobre la transparencia de los elementos considerados. Ni siquiera estamos diciendo que actúe, sino que tenga la facultad de solicitar un estudio posterior a universidades, expertos o comités, porque estamos ante un tema demasiado serio.
Creemos, y así lo hemos visto en la Comisión especial que analizó el tema, cuyas conclusiones se harán llegar a la Sala, que el sistema tarifario de 1997, cuando no había empresas sanitarias privatizadas, no correspondía a la realidad actual. Hoy, debemos participar y abrir el naipe, pues no puede ser que una sola persona dirija el proceso. Nos parece que con el otorgamiento de esa facultad al Presidente de la República estableceremos un sistema razonable, documentado, adecuado, en el cual estarán representados los usuarios, los inversionistas y todos aquellos que proporcionan distintos servicios a estas empresas. El Ejecutivo está dispuesto -así lo expresaron en la Comisión sus representantes- a escuchar y a modificar este decreto, que, por decir lo menos, es bastante dictatorial.
Pedimos a los señores parlamentarios que, al igual como sucedió en la Comisión, en la que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, respalden esta iniciativa que busca dar transparencia, tecnicismo, y que permite corregir algunos factores, previo estudio de expertos y no de una sola persona. Hay muchos que saben de agua en este país, entre los cuales se cuentan las universidades y teóricos, que pueden aportar sus conocimientos. Además, quizás lo harían sin cobrar los 60 millones de pesos que se embolsica ese experto.
Señora Presidenta , la Cámara tiene sobre el tapete un proyecto que nos permite debatir un tema muy sensible para la población.
Antes de exponer mis puntos de vista, quiero corregir al diputado señor Lorenzini , uno de los autores de la moción, en el sentido de que el informe que obra en nuestro poder corresponde al de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y no al de la de Trabajo, como él señaló.
Hago la aclaración, porque hay responsabilidades inherentes a ella, pues quienes integramos la Comisión de Trabajo no hemos visto el proyecto todavía. Sin embargo, la preocupación sobre el tema nos lleva a discutirlo en esta oportunidad.
En primer lugar, se trata de una materia bastante sensible, como dijo el diputado señor Lorenzini . Efectivamente, hay 15 millones de chilenos comprometidos en el consumo de este recurso vital para la vida, como es el agua, en especial el agua potable. Chile tiene el privilegio de que llega a cada rincón del país agua potable, hecho del cual muchos países latinoamericanos no pueden jactarse.
En segundo lugar, el servicio de agua potable cubre aproximadamente, en ese rubro, el 98 por ciento de las necesidades del país, excluyendo algunos lugares rurales.
En tercer lugar, el proyecto tiene algunas cosas muy positivas, pero otras curiosas, porque llama a cumplir con la ley. En la actualidad, el Presidente de la República tiene la facultad de intervenir en la fijación de las tarifas cuando ellas no corresponden a un resultado razonable -es lo que se ha llamado la tarifa política-, en virtud del decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988.
Por lo tanto, debemos profundizar en el estudio del proyecto, porque en cada cuenta de agua potable hay conceptos involucrados que deben ser debatidos, discutidos e incluso modificados. Los señores parlamentarios interesados en el tema deben saber que uno de los factores de cálculo de las tarifas es el porcentaje de pérdidas que se aplica tanto en las matrices de agua potable como en la conducción que se hace de ella. Esos porcentajes no son menores, de manera que cualquier informe técnico de profesionales puede quedar reducido a una mínima expresión cuando hablamos de porcentajes de pérdidas por extracción de agua de entre 30 y 40 por ciento, los cuales se aplican en la tarifa. Este es un costo adicional que tiene la extracción de agua. Creo que los tiempos, la modernización de las matrices y los cambios efectuados en muchas regiones y ciudades del país hacen necesario modificar esta cifra. ¿Cómo se puede hacer? Con mediciones lo más exhaustivas posibles, que permitan asegurar que si extraen 100, recuperan 80, 90 u otro porcentaje; porque hoy se señala que llegan a los usuarios 60 de los 100 que extraen. Es necesario introducir este índice en la reglamentación y nueva postura que planteamos en el proyecto para modificar los cálculos de las tarifas de agua potable.
El otro gran concepto que tampoco se ha discutido, pero es necesario considerar, es el costo del alcantarillado. Sabemos que hay una tendencia a proteger el medio ambiente en cada región, ciudad y localidad. Para ello se está desarrollando con éxito el tratamiento de las aguas servidas. Sin duda, se trata de un avance, de un desarrollo, de una nueva cultura ecológica, pero también debemos señalar que la amortización de la inversión del alcantarillado puede hacerse durante veinte o treinta años.
¿Cuál es el resultado hoy? Que en la cuenta mensual de agua potable de prácticamente todos los habitantes del país, el porcentaje de cobro por alcantarillado sea casi similar al de consumo de agua potable, lo cual ha encarecido el servicio en forma significativa. La gente debe recordar que en muchos lugares ya había sido amortizado el costo del alcantarillado y no se cobraba por ese concepto. Hoy está incluido en la ley. Estoy de acuerdo en que se cobre un porcentaje, pero realista: a una cuenta de cinco mil o seis mil pesos debería agregarse un 10 ó 15 por ciento para amortizar las inversiones por alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Sin embargo ocurre que hoy se aplica un cobro equivalente a esa misma cantidad, lo cual perjudica a las familias más modestas.
Esto es lo que nos interesa discutir, porque son los problemas de la gente. Por ello, aplaudo la moción de los diputados que pusieron en debate este tema mediante un proyecto, sin declararlo inadmisible, por cuanto nos permite exponer nuestra opinión.
Creo que el alza de precio del agua potable en todo el país ha llevado a que ésta alcance valores prohibitivos. No debemos olvidar que hay personas que reciben como pensión treinta mil o cuarenta mil pesos, y que las cuentas de agua superan el 50 por ciento de sus ingresos, por lo cual es imposible que puedan pagarlas. Las cuentas que antes eran de 25 mil pesos, hoy superan los 50 mil.
Por tanto, es absolutamente necesaria una revisión de la estructura con que se calcula la tarifa del agua potable y que el decreto reglamentario se cambie por decreto supremo, o sea, que el Presidente de la República se haga responsable de las nuevas tarifas. En esas condiciones daremos cumplimiento con mayor fuerza a la ley vigente, porque las tarifas de agua potable tendrán mayor consistencia y respaldo, en el sentido de que serán más justas si el Presidente firma el decreto respectivo. Hoy, las tarifas de agua potable son excesivas, razón por la cual existe una cantidad enorme de reclamos, a los cuales debemos dar una respuesta efectiva.
Pido aprobar este proyecto con la mayor celeridad, enriquecerlo con algunas indicaciones, y luego enviarlo al Senado.
Señora Presidenta , hace algunos días, la Cámara aprobó un proyecto, iniciado en moción -me parece que del diputado señor Navarro -, informado pero declarado inconstitucional por la Comisión.
En esa oportunidad, llamó la atención que quienes se pronunciaron en forma unánime por la inconstitucionalidad, después lo votaran a favor en la Sala. Al parecer, cambiaron de opinión.
No debemos seguir cometiendo los mismo errores. El proyecto, más allá de los discursos o de las intervenciones bastante serias, como la que acaba de hacer el diputado señor Vilches , aborda un asunto que debe enfrentarse con dedicación. Como es un tema popular, muchas veces se cae en la tentación de dirigirse más a las tribunas que a enriquecer el proyecto.
Estamos hablando de otorgar una facultad del Presidente de la República para fijar o modificar tarifas después del proceso técnico que establece la ley.
Las intervenciones de las autoridades del Ejecutivo en la Comisión de Obras Públicas, cuando se empezó a discutir la iniciativa, apuntaban a que ellos no requerían tal facultad, a que no la necesitaban. Además, manifestaron, en más de una oportunidad, que el tema en análisis es materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República .
Quiero corregir al diputado señor Lorenzini , pues señaló que el proyecto se aprobó con el voto de los trece miembros de la Comisión. En verdad, contó con nueve votos a favor.
La Secretaría de la Comisión, órgano técnico que nos ayuda y asesora para definir la constitucionalidad o los asuntos reglamentarios, evacuó un informe a propósito de esta moción, en virtud del número 2 del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política, que dice que en la formación de la ley corresponderá la iniciativa exclusiva al Presidente de la República para: “2º Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;”.
Me parece que estamos cometiendo una suerte de ilícito al discutir un proyecto que, a todas luces, es inconstitucional, pues no ha sido generado por iniciativa del Jefe de Estado . Por lo tanto, o vuelve a la Comisión o se pide informe a la Comisión de Constitución para declarar, tal como lo manifiesta la Secretaría de la Comisión de Obras Públicas, su inconstitucionalidad.
Señora Presidenta , deseo reforzar lo señalado por el diputado señor Salaberry , en orden a que un informe técnico de la Secretaría de la Comisión de Obras Pública claramente nos indica que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se plantea la inconstitucionalidad de la moción, por cuanto infringe la disposición contenida en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política de la República.
Si bien es cierto que la iniciativa parlamentaria fue acogida a trámite, y por eso ya se discutió en la Comisión y hoy en la Sala, no es menos efectivo que, de persistir esta duda, desde el punto de vista técnico se cuestiona la legitimidad o la seriedad de la discusión de un proyecto tan sensible para la opinión pública.
Ante la duda planteada en el seno de la Comisión, consideramos sano revisar este cuestionamiento. Sugerimos que el proyecto vuelva a la Comisión para profundizar en el debate y aclarar las dudas de constitucionalidad. Así evitaremos ser cuestionados, pues el hecho de tramitar iniciativas sin ser cuidadosos en la revisión de las normas constitucionales va en contra de nuestro prestigio.
Aparte del planteamiento anterior, es necesario agregar que lo señalado por el diputado señor Vilches es muy razonable. A lo mejor, el proyecto nos da la oportunidad de analizar una multiplicidad de temas sensibles para la opinión pública, que tiene dudas e inquietudes respecto de los cobros que se efectúan en sus boletas de servicios básicos.
Ese análisis no lo hemos realizado y, tal vez, sería importante darnos tiempo para ello si el proyecto volviera a la Comisión técnica. Debemos tener presente que la fijación de tarifas está regida por un proceso absolutamente técnico, y que, cuando existen discrepancias, la norma establece la posibilidad de que tres peritos diriman esas diferencias. Si se hace un cuestionamiento respecto de la decisión de esos peritos, pensamos que entregar la facultad de la decisión final al Presidente de la República puede romper o hacer total y absolutamente innecesario ese proceso técnico.
Creo que debemos velar por la seriedad, la claridad y la transparencia. En ese sentido, vuelvo a lo manifestado al inicio de mi intervención: ante la duda de constitucionalidad, sería preferible que el proyecto volviera a la Comisión, a fin de profundizar su análisis y después tomar una decisión.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Pareto.
Señora Presidenta , no me voy a referir a la constitucionalidad del proyecto, porque me imagino que la Mesa la revisó en su oportunidad antes de enviarlo a la Comisión correspondiente.
El tema de fondo se ha discutido in extenso no sólo en la Comisión de Obras Públicas, sino también en la Comisión especial encargada de investigar los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y de alcantarillado.
Es fundamental, imprescindible y necesario que en el más breve plazo se modifique la exigencia de que sean tres los supuestos “expertos o peritos” -en definitiva es uno- que deciden sobre cifras realmente millonarias, quienes, sin lugar a dudas, están expuestos, por qué no decirlo, a ser influidos por el medio en el cual se están manejando.
Creo que no es conveniente seguir dilatando este tema. Espero que se decida hoy en el hemiciclo, porque se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. En reiteradas oportunidades hemos solicitado al Ejecutivo que nos haga llegar sugerencias de otras alternativas respecto de cómo modificar el actual sistema de tres peritos, pues, al final, una persona es la que decide. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna proposición. Es más, en la Comisión especial pedimos a los representantes de las empresas sanitarias que nos formularan algunas ideas o posibles soluciones para modificar el sistema de manera de hacerlo más transparente.
Por lo demás, considero que tanto el Poder Legislativo como el pueblo de Chile deberían tener absoluta confianza en la decisión que adopte el Presidente de la República , sea quien fuere, no sólo el de turno.
Quiero decirle al diputado señor Salaberry, con mucho respeto, que si bien es efectivo que el proyecto fue aprobado en la Comisión sólo por nueve votos a favor, ello se debe a que somos nueve los que asistimos permanentemente a ella, y no es nuestra responsabilidad que los cuatro restantes no lo hayan hecho.
Por último, creo que la iniciativa apunta en el sentido correcto, por lo cual solicito a la Sala que le dé su aprobación.
Señora Presidenta, el proyecto en análisis llega en un momento muy oportuno, es decir, es la hora de discutir esta materia.
De todas maneras, es conveniente que los parlamentarios -que legislamos para la gente- podamos hacer algunos aportes, porque creo que todavía subsisten algunos vacíos.
Tengo mucha confianza en el trabajo que está haciendo la Comisión especial encargada de investigar los orígenes y causas del aumento de las tarifas de agua potable y de alcantarillado, en la cual han quedado prácticamente al descubierto las irregularidades cometidas por las empresas sanitarias. Y éste no es un argumento personal, sino lo que ha ido quedando de manifiesto después de algunas horas de trabajo de la Comisión.
Ayer escuchamos a representantes de algunas empresas invitadas a la Comisión cuyos argumentos dejaron conformes casi a todos los asistentes. Sin embargo, hace unas semanas escuchamos a diversos alcaldes involucrados en el problema -que afecta a todo el país- decir prácticamente todo lo contrario.
Por eso, debo señalar que esta moción de los diputados Pablo Lorenzini , Jaime Jiménez , Patricio Cornejo , Carlos Olivares y de nuestro querido ex colega Luis Pareto , reviste gran importancia.
No podría quedarme tranquilo si no dijera lo que está sucediendo en algunas comunas, quizás las más pobres del país, denominación que a muchas personas no les gusta, porque a sus habitantes les duele ser considerados entre los que tienen menos recursos.
Según un estudio que abarca desde la Cuarta a la Undécima Región, en una de las comunas más modestas -no por eso deja de ser la más hermosa- de la Décima Región -una de las más lluviosas del país-, que represento aquí, curiosamente se paga el agua potable más cara del país, situación que debe ser investigada y regulada.
Es indudable que la Comisión especial investigadora hará recomendaciones a la Sala. Por eso he señalado que el proyecto en discusión incentiva al Ejecutivo para que la beneficiada sea la gente más modesta -aquella que no puede hacer otra cosa que archivar las boletas impagadas del agua potable-, que, de esa manera, logre concretar sus anhelos.
En Chile los trabajadores no disponen de los recursos salariales suficientes como para distraer un veinte por ciento de ellos en pagar la cuenta del vital elemento. Eso es lo que ocurre hoy: un trabajador que percibe un sueldo de 100 mil pesos debe pagar una cuenta de agua de 20 mil pesos. No es posible que, a pesar de los recursos hídricos con que cuenta el país, haya que destinar el 20 por ciento de un salario para pagar el consumo del vital elemento.
No veo la inconstitucionalidad del proyecto, pero creo conveniente profundizar ese aspecto un poco más, a fin de que sea concordante con las conclusiones a que arribe la Comisión especial.
Me alegro de que se haya tratado el tema y puesto en el tapete una cuestión que sólo escuchábamos plantear en nuestros distritos. Al parecer, resultaba difícil convencer al sector privado de que cambiara la forma de fijar las tarifas de consumo de agua potable, tan vital para todos los chilenos.
En suma, creo que el proyecto debería volver a la Comisión para un tratamiento más profundo. A mi juicio, no es inconstitucional, pero falta agregar algunos aspectos y esperar el informe de la Comisión especial.
Señora Presidenta , en primer lugar, pido disculpas por no haber estado presente en la Sala desde el inicio de la discusión, pero, en mi calidad de diputado acusador, debí asistir a la Comisión de Acusación Constitucional en contra del intendente Trivelli , la cual ha estado sesionando simultáneamente con la Sala.
Sin embargo, deseo expresar mi punto de vista respecto de esta iniciativa, discutida largamente en la Comisión, que clarifica las cosas.
Cuando los diputados asistimos a reuniones con las juntas de vecinos, con los pobladores, la gente nos reclama por las tarifas de agua. Para conocimiento de los colegas, éstas han subido en más de 50 por ciento. Y lo voy a explicar en pocas palabras.
Primero, cada vez que se instala una planta de tratamiento de aguas servidas, las empresas sanitarias suben el valor por concepto de alcantarillado hasta en 30 por ciento, y respecto del agua potable, en uno por ciento. Ahí tenemos ya un 31 por ciento de alza en toda una cuenca. Segundo, cada vez que se cambian los medidores, aumenta el valor del agua en 20 por ciento más.
En estas circunstancias, cuando uno conversa con los afectados, nos preguntan por qué no legislamos sobre la materia. Entonces, les decimos que las tarifas las fija el Gobierno, que fueron estudiadas por una comisión de peritos; en fin, todas las explicaciones lógicas y verdaderas. Pero cuando conversan con el intendente, con el gobernador u otras autoridades, ahí viene lo bonito: les dicen que ni el Gobierno ni la Superintendencia son culpables; nadie tiene la culpa. ¿Saben a quién culpan? Una vez más, al gobierno de Pinochet, invocando al decreto Nº 70, de 1988.
Curiosamente, han pasado 14 años y nunca hemos visto una modificación de dicho decreto, en circunstancias de que el Gobierno puede proponerla. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué culpan a un gobierno que terminó hace tantos años si el actual tiene la facultad de fijar tarifas y modificar todos los decretos que le parezcan?
Se ha objetado la constitucionalidad del proyecto y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando hay contradicciones entre los peritos, ¿cómo es posible que sólo uno de ellos zanje las diferencias y determine la tarifa definitiva? Además, ese perito no es gratis; cobra 60 millones de pesos por decir cuál será la tarifa que se aplicará. ¡Fantástico!
El Nº 2 del artículo único del proyecto señala lo siguiente: “Incorpórase, en el artículo 10, el siguiente inciso final, nuevo:
¿Qué significa esto? Que cada uno debe asumir sus responsabilidades, de manera que cuando la gente vaya a la intendencia se le diga que el problema está resuelto. Es un sentido anhelo de los afectados, pues las tarifas de agua potable y de alcantarillado han subido demasiado últimamente.
Por lo tanto, con las facultades que le entrega la Cámara -no hay que alegar inconstitucionalidad, porque hacerlo significa dejar pasar las cosas sin hacer nada, a sabiendas de que debemos defender a los más pobres-, el Presidente de la República debería tomar las medidas del caso. Por eso se presentó este proyecto, a fin de dar una señal positiva. Envíenlo de nuevo a Comisión, hagan lo que quieran; pero lo que queremos es que el Ejecutivo -sea quien fuere, da lo mismo, porque las autoridades no son eternas- ejerza sus facultades, porque, al parecer, los decretos tienden a eternizarse en favor de las empresas y no de los consumidores.
Por eso se presentó este proyecto, aprobado en forma casi unánime en la Comisión de Obras Públicas. Demos una señal potente, y no discutamos más. Ahora tenemos una posibilidad cierta de favorecer a las personas en este llamado “affaire” del agua potable que nadie entiende. Todos dicen que es muy cara, pero no se hace diferencia alguna entre quienes tienen menos y quienes tienen más. Por eso nos interesa enormemente sacar adelante esta iniciativa.
¿Saben lo que dicen ahora? Que no se han podido fijar las tarifas porque el Senado no aprobó el factor equis. Este factor no lo entiende nadie porque es una empresa modelo. Da lo mismo si hay factor equis o no. Esto es lo mismo que cuando vamos al médico y nos dice que no ha podido curar nuestra enfermedad porque no le ha sido posible descifrar nuestro genoma. Es más o menos lo mismo: la enfermedad tiene remedio, pero hay que saber qué medicamento se debe recetar.
El proyecto apunta a resolver un problema que afecta a la gente: las tarifas del agua potable. No nos echemos la culpa unos a otros; los únicos culpables de que las tarifas del agua potable sigan siendo tan altas, de que los afectados continúen sumidos en la miseria y de que se les corte el suministro sin que puedan reponerlo, serán quienes no den esta facultad al Presidente de la República .
Tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
Señora Presidenta , el problema de las tarifas del agua potable ya fue tratado por la Sala cuando nos correspondió discutir el primer informe de la Comisión especial encargada de investigar las alzas tan desmesuradas e injustificadas en todo el país. Recuerdo que uno de los argumentos que se dieron en esa oportunidad fue que tales alzas se debían a las inversiones realizadas por las empresas sanitarias.
Obviamente, la intención del proyecto es loable, pero no puedo dejar de plantear algunas inquietudes.
No me parece razonable aprobar un proyecto al cual se oponen el subsecretario de Economía y el superintendente de Servicios Sanitarios . Por eso creo que habría que darle un nuevo estudio. Tal vez, sería conveniente enviarlo nuevamente a la Comisión de Obras Públicas, a fin de buscar una fórmula que sea aprobada por la Cámara.
En relación con lo señalado por el diputado señor Pareto , en cuanto a que al final decide un técnico, creo que en estos casos es preferible el criterio técnico al político. Digo esto, porque sería perfectamente posible que el Presidente de turno actuara con criterio político, afectando con ello a las empresas sanitarias, que podrían ser las privatizadas.
Por lo tanto, como el proyecto ha causado tantos desencuentros -algunos opinan que es inconstitucional y diversos personeros de Gobierno no están de acuerdo con la forma en que está planteado-, considero que lo más razonable y lógico es que vuelva a Comisión, a fin de buscar una fórmula definitiva.
Señora Presidenta , en nuestro país existe un grave problema relacionado con el procedimiento de la fijación tarifaria de un bien que es vital para los seres humanos.
La experiencia vivida en el último proceso de fijación tarifaria generó la convicción -al margen de las conclusiones a que arribe la Comisión especial investigadora creada por la Corporación y que preside el diputado Patricio Melero - de que es necesario revisarlo porque presenta una gran falencia: los usuarios están excluidos de dicho proceso.
El decreto tarifario que regula dicho procedimiento -quiero decir con todo respeto que en esto no hay que buscar responsables, independientemente de que se haya dictado a fines de los años 80 o que se haya aplicado en los años 90- asigna a la Superintendencia de Servicios Sanitarios un rol que no está orientado precisamente a defender a los consumidores, pues está dentro del esquema de las empresas sanitarias en manos de la Corfo, lo que no corresponde a la realidad actual. Hemos visto que en algunas regiones las tarifas del agua potable han aumentado, por parte baja, entre 22 y 24 por ciento, en circunstancias de que los ingresos familiares no se han incrementado en el mismo porcentaje.
Por eso, los ciudadanos a quienes representamos en este hemiciclo muchas veces se preguntan por qué una cajetilla de cigarrillos cuesta lo mismo en Punta Arenas que en Arica -según diversos estudios, el tabaco no es bueno para la salud- y, en cambio, un elemento tan vital como el agua tiene precios tan diversos y es objeto de alzas que superan la capacidad de pago de los usuarios. Es evidente que estamos frente a un problema social grave, y no tengo la menor duda de que esta iniciativa apunta a resolverlo; por lo mismo, felicito a los autores de la moción.
Sin embargo, existe la percepción de que no es el camino más adecuado, porque no es conveniente politizar un proceso tarifario. Comparto esa opinión, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, porque tiene que ver con la lógica de que el Estado debe tener ciertas facultades. Me parece muy bueno que empecemos a debatir el tema sin prejuicios ideológicos y sin recurrir a la política pequeña; así lograremos un marco regulatorio para esta área -mañana será para otras-, que evite la desprotección de las personas, situación que están viviendo en la actualidad.
Siempre me he preguntado cómo los colegas del sur pueden explicar a sus representados las tarifas del sobreconsumo, algo muy peculiar que ocurre durante el verano. Es posible que lo justifiquen diciéndoles que las empresas sostienen que es más caro producir agua en verano que en invierno. En realidad, no sé cómo lo hacen, porque el diputado que habla, que representa a un distrito del valle central; el diputado Kast , que representa a un distrito que está al norte, y el diputado Masferrer , que representa al que está al sur, sabemos que los deshielos ocurren precisamente durante el verano; además, en esa época hay mayor abundancia de aguas subterráneas. Por ende, resulta muy difícil explicar -a menos que estemos frente a una de esas tremendas sequías que ocurren cada treinta o cuarenta años- que los consumidores tengan que pagar tarifas tan abusivas por sobreconsumo de agua.
Éste es uno de los tantos aspectos que están considerados en el proceso de fijación tarifaria.
Pido disculpas por haberme alargado tanto en mi intervención, pero considero necesario continuar debatiendo el proyecto. Por eso sugiero que el proyecto vuelva a la Comisión, con el objeto de que sea perfeccionado. Si estuviera garantizada la participación ciudadana en el proceso tarifario y se modificaran algunos parámetros que son necesarios, tal vez se justificaría plenamente el procedimiento propuesto, en cuanto a que sea autorizado por el Presidente de la República ; pero, sin este cuadro, tengo mis dudas. Ahora, lo que no debemos hacer es renunciar a nuestro deber -no quiero decir al derecho-, como parlamentarios, de hacer entender a nuestra contraparte que es necesario legislar sobre esta materia; hay que modificar el decreto tarifario. Ése es el gran mérito de este proyecto.
Por eso felicito sinceramente a los autores de esta iniciativa, porque ella nos ha obligado a continuar con la discusión de esta materia en la Sala y a no renunciar a nuestra responsabilidad política de modificar el decreto tarifario. No soy partidario de rechazarla, sino de continuar debatiéndola, a fin de perfeccionarla. Dar una señal contraria y votarla en contra, significaría atarnos las manos y, quizás, renunciar a nuestro deber de modificar el decreto tarifario vigente.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Felipe Salaberry.
Señora Presidenta , no puedo estar más de acuerdo con el diputado señor Letelier , en cuanto a que no hay que politizar este tema y a que es necesario analizarlo detenidamente. Asimismo, es posible que esta moción parlamentaria nos haya obligado a discutir el fondo del asunto, a fin de resolver cuáles son los mecanismos más adecuados para la fijación de tarifas.
Lo que no comparto es que para seguir profundizando el debate tengamos que votar a favor un proyecto que, a juicio de quien habla y de la Secretaría de la Comisión, es inconstitucional. No estoy dispuesto a seguir dando señales equivocadas a la opinión pública sobre lo que hacemos los parlamentarios.
Por lo tanto, siguiendo esa misma lógica, junto con hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto para los efectos reglamentarios pertinentes, anuncio que lo votaré en contra.
Señora Presidenta , este proyecto pone en evidencia uno de los elementos que, sin duda, inciden en las tarifas de agua potable. Tal como ya se señaló, debemos recordar también que tanto ésta como una serie de otras situaciones justificaron la constitución de una Comisión especial investigadora que ha avanzado bastante en su trabajo, al punto de que hace aproximadamente veinte días entregó a la Sala un primer informe; pero como el plazo de que dispone para llevar a cabo su cometido vence el 31 de julio, será necesario que entregue a ésta su informe final. Es decir, en agosto podremos conocer los resultados de su trabajo, y no me cabe duda alguna de que uno de los puntos centrales de la discusión que realice dicha Comisión será si el marco regulatorio para la fijación de las tarifas es adecuado o no, materia que deberá ser resuelta, en definitiva, por la Sala.
De manera que, como un primer gesto de prudencia, deseo sugerir que el proyecto sea devuelto a la Comisión, pues en una segunda discusión del informe dispondremos de elementos que nos permitirán abordar de mejor manera esta materia.
En segundo lugar, sin duda, el tema de la fijación de tarifas es técnicamente complejo e ingrato, desde el punto de vista social y político, puesto que muchos piensan que el agua es un producto natural que no debería ser cobrado. Sin embargo, sabemos que, no obstante ser recurso natural, ésta debe ser almacenada, tratada y canalizada, y que el país está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar las aguas servidas, a fin de no seguir contaminando nuestros ríos, lagos y el mar. De hecho, tal como se ha señalado aquí, en el caso de la Región Metropolitana esperamos que el año 2010 todas las aguas servidas de la capital sean tratadas.
Respecto de esta materia, también es importante señalar que se está produciendo un sinceramiento a nivel nacional sobre el costo real del tratamiento de las aguas servidas. Es necesario recordar también que el traspaso de las empresas sanitarias al sector privado ha sido parcial porque, en el mejor de los casos, la empresa con mayor participación no supera el 50 por ciento, pues, a través de la Corfo, el Estado sigue conservando un paquete importante de estas empresas; incluso, algunas no han sido privatizadas, sino sólo concesionadas. En la Comisión también hemos comprobado que la situación que ocurre en las regiones del país es muy diferente; unas partieron antes, otras después; algunas han hecho mayores inversiones que otras; en fin, las situaciones son muy disímiles.
Pero quiero ir al punto central. Si respecto del tema tarifario estamos de acuerdo en que hay que cobrar lo que corresponde realmente, entonces, en un país que tenía tarifas subsidiadas, tendremos que enfrentarnos a un problema mayor: si objetivamente el agua, el alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas tiene un costo país que debe ser asumido por la sociedad, será necesario resolver lo que esto significa para los sectores de más bajos recursos. Recién, entonces, podremos discutir lo relacionado con los subsidios.
En la sesión del Senado celebrada el martes pasado, un grupo de parlamentarios señaló que la modificación de las políticas del subsidio al agua potable establecidas por el Ministerio de Planificación y Cooperación significará dejar a 150 mil chilenos sin los subsidios que recibían antes de dicha modificación.
Por eso, al analizar las propuestas, habría que considerar la posibilidad de que el Estado aumentara los 23 mil millones de pesos que hoy destina a subsidios al agua potable porque son insuficientes, y sólo corresponden a lo que recibe por concepto de utilidades de las empresas privatizadas. De manera que queda en duda el esfuerzo que el Estado realiza en esta materia y que, tal vez, sería necesario aumentar los subsidios a más de 600 mil familias. Algunos parlamentarios han planteado el concepto del consumo mínimo vital. ¿Qué consumo mínimo de agua debemos asegurar a los chilenos, a fin de impedir que se les corte el suministro o se les retire el medidor?
Pero hay muchos otros elementos que considerar; incluso podría adelantar algo de lo que hemos escuchado en la Comisión, en la cual hemos recibido innumerables opiniones. El martes de la semana antepasada, la Sala de la Comisión estuvo repleta de representantes de distintas comunas: Panguipulli , Frutillar , Buin, del norte, del sur, de Santiago, en fin; y vamos a seguir escuchándolas para poder ilustrar de mejor forma a esta Sala y responder al desafío de lograr una política integral en materia de agua, de servicios sanitarios y de tratamiento de aguas servidas.
Ahora bien, mediante este proyecto se pretende otorgar una facultad al Presidente de la República para que, al final, resuelva y discrimine. Me hacen mucha fuerza las opiniones del superintendente de Servicios Sanitarios , quien señala que se introduce un elemento de discrecionalidad y arbitrariedad en los procesos tarifarios, y del ministro de Economía y Energía , quien se manifiesta contrario a este proyecto, haciendo una interesante comparación con la forma en que se fijan las tarifas en el ámbito de las telecomunicaciones, en el que también hay peritos, pero, al final, es la Subsecretaría la que resuelve. En cuanto a la energía, en la que también existen tarifas reguladas, es el subsecretario quien decide; pero en el caso de la distribución de electricidad, a diferencia de las telecomunicaciones, es la Comisión Nacional de Energía la que debe resolver.
Considero que como política general -adelantando una opinión sobre la materia- sería muy conveniente liberar al Presidente de la República de la responsabilidad de tener que tomar este tipo de decisiones, las que siempre estarán sujetas a presiones políticas. Digo esto porque es positivo empezar a descentralizar las decisiones.
Para el país es positivo que se establezcan fórmulas de solución de controversias en todos los servicios públicos. Sin embargo, dicha descentralización no implica debilitar la autoridad del Presidente de la República , sino que no exponerlo en un eje de discusión que muchas veces puede tener otro tipo de variables.
En consecuencia, comparto la inquietud de los diputados patrocinantes del proyecto, porque es el reflejo de la tarea de la Comisión especial encargada de investigar las causas del aumento de tarifas de agua potable y de alcantarillado. No obstante, no me parece que se deba centralizar la toma de decisiones en el Presidente de la República , tal como han opinado sobre el particular autoridades de Gobierno como el ministro y el subsecretario de Economía , situación que, al menos, aconseja que se lleve a cabo una discusión a nivel de la Comisión especial y esperar su informe sobre los resultados de la investigación.
Señora Presidenta , el proyecto se hace cargo de la fijación de tarifas de los servicios sanitarios, materia clave en lo que dice relación con el marco regulatorio que se requiere.
Como existe preocupación al respecto, debemos aprobar la idea de legislar, ya que, como se han presentado indicaciones, el proyecto volverá a Comisión, instancia en la que, sin duda, podremos hacer coincidir los resultados de la investigación del aumento de tarifas de agua potable y de alcantarillado, trabajo al cual hemos dedicado varias sesiones de la Comisión, lo que ha permitido la elaboración de un preinforme.
Por lo tanto, como la Comisión tiene plazo hasta el 31 de julio para emitir su informe, podríamos concluir el trabajo de la Comisión especial investigadora con el análisis de las indicaciones al proyecto, para lo cual se requiere que la iniciativa sea aprobada en general. Ésta sería una buena señal frente a los puntos que preocupan a la Cámara de Diputados.
En consecuencia, junto con anunciar mi disposición a aprobar en general el proyecto, insisto en que se deje su discusión particular para el momento en que se conozcan los resultados de la Comisión investigadora.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 20 abstenciones.
Allende (doña Isabel), Bayo,Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Delmastro, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Longton, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pareto, Quintana, Riveros, Salas, Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker.
Ibáñez (don Gonzalo) y Salaberry.
Alvarado, Bauer, Egaña, Escobar, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Masferrer, Melero, Prieto, Rojas, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto volverá a Comisión.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo nuevo -Del señor Juan Pablo Letelier “Artículo... Previa dictación de un nuevo proceso tarifario, deberán ser consultados los organismos de consumidores con personalidad jurídica vigente en la región donde se apliquen las nuevas tarifas.”.
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.537, sobre propiedad inmobiliaria, con el objeto de otorgar funciones y atribuciones a los administradores en materia de prevención y seguridad de evacuación de gases.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Patricio Hales.
-Moción, boletín Nº 2740-14, sesión 12ª, en 4 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de Vivienda, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 11.
Señora Presidenta , nunca imaginé que en el mismo día en que me correspondería informar sobre este proyecto de ley, cuya autoría corresponde a los diputados señores Dittborn , Montes, Walker y quien habla y a los ex diputados señores Elgueta , Espina, Krauss , Orpis , Rocha y Urrutia, se publicaría en los diarios -no olvidemos que la iniciativa tuvo su fundamento en las muertes producidas por emanaciones de gas- la noticia del fallecimiento de una abuela y de su nieto, hecho que también dejó en estado grave a otra nieta. En este caso, quedaron establecidas con claridad las fallas en las instalaciones relacionadas con la evacuación del sistema de gases en los departamentos de un edificio ubicado en Conchalí, en calle G, cercano al distrito que represento.
La Cámara de Diputados no sólo se preocupó de presentar el proyecto en debate, que apunta a una de las causas que generan daños en la salud e incluso muertes, en particular en invierno, sino que además constituyó una Comisión investigadora en la que participaron todos los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda del último período legislativo, la que evacuó un informe que contenía 22 proposiciones. De ese modo, la Cámara de Diputados sirvió a la patria y a su gente, sugiriendo al Estado de Chile y a los usuarios que asumieran esas propuestas. Además, tras ser recogidas algunas ideas discutidas en esa Comisión investigadora, se propuso elaborar dos proyectos de ley, uno de los cuales ahora debatimos.
Quiero destacar que la iniciativa fue aprobada por la unanimidad en la Comisión de Vivienda. En ella contribuyeron a su perfeccionamiento la diputada señora Eliana Caraball , con quien estamos abocados a estudiar un segundo proyecto relacionado con el gas, y los diputados señores Pablo Longueira , quien entregó ideas especialmente útiles para perfeccionar el proyecto, asegurando el cumplimiento de lo señalado en su idea matriz, y José Antonio Galilea , quien tuvo una activa participación. El resto de sus integrantes aportó con sus ideas a una discusión extraordinariamente constructiva.
¿Qué objetivo persigue el proyecto? Si bien es cierto que son numerosas las causas que determinan que la gente muera como consecuencia de la emanación de monóxido de carbono del gas, el régimen de copropiedad nos permite avanzar para legislar e implementar medidas que resultan más fáciles de ejecutar que si se tratara de viviendas individuales. Como se trata de un régimen de copropiedad, es decir, de un conjunto de personas que viven en un mismo condominio, ellas pueden abordar de manera conjunta la prevención y protección de sus viviendas y, de ese modo, evitar tragedias como la que hoy aparece publicada en los diarios, producida por fallas en los artefactos y sistemas de evacuación de gases. Insisto, es una triste paradoja que precisamente en el día en que debo informar acerca de este proyecto a la Sala, se produzca la muerte de una abuela y de un nieto, provocada por emanaciones de gas.
El proyecto plantea resolver un problema que se produce en las viviendas acogidas al régimen de copropiedad, esto es, que los administradores no están facultados para solicitar la certificación del estado de las instalaciones de gas. Se trata de una obligación que debe ser cumplida y que se encuentra regulada mediante un decreto supremo. Por su parte, la Superintendencia respectiva se ha preocupado extraordinariamente del tema. La prueba está en que en el año 2000, la cifra de muertes alcanzó a 24 personas; en 2001, a 14 personas, y en lo que va de este año, a 6 personas. Ese organismo fiscalizador se ha preocupado de que todos los edificios sean revisados. La gente no cuenta con dinero para efectuar las reparaciones, pero a lo menos es posible avanzar en las certificaciones, es decir, que quienes están autorizados y consignados en el registro de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tengan la posibilidad de constatar en qué estado se encuentran las instalaciones de gas de los edificios, de manera que sus habitantes sepan cuáles son las medidas que deben tomar a fin de reparar las fallas que se detecten. Hoy, en muchos lugares ni siquiera se realiza esa revisión. ¿Qué es lo grave de esto? Que para efectuar ese procedimiento, los administradores deben consultar previamente a las asambleas de copropietarios, porque se trata de un gasto. Aquí se da el hecho absurdo de que estos administradores están facultados para revisar en sus edificios el agua, la red de incendios, los ascensores, la seguridad, resolver emergencias, pero no para requerir a la Superintendencia que fiscalice las instalaciones de gas.
El proyecto modifica el régimen de copropiedad inmobiliaria y permite a los administradores y al Comité de Administración tener el control sobre las certificaciones. Luego de efectuada la revisión, los copropietarios decidirán si se toman las medidas pertinentes para reparar las fallas detectadas.
En este sentido, la iniciativa modifica el inciso primero del artículo 7°, el inciso primero del artículo 23 y el artículo 36 de la ley Nº 19.537, sobre régimen de copropiedad inmobiliaria. ¿Cuáles son las modificaciones que se introducen a fin de que los administradores queden habilitados para cumplir con ese cometido? Ante todo, estamos convencidos de que deberemos tomar muchas otras medidas para que la gente no siga muriendo. Sin embargo, la que debatimos permitirá dejar establecida en la ley de régimen de copropiedad inmobiliaria la nueva facultad con que se investirá a los administradores. Como ha quedado dicho, ellos podrán encomendar a cualquier persona o entidad autorizada la certificación de las instalaciones de gas de la comunidad, para lo cual deberán notificar por escrito el valor del servicio al comité de administración. En este sentido, la Superintendencia o los organismos especializados en el tema del gas declaran públicamente que existe la obligación de efectuar las revisiones de los edificios y de permitir que ingresen los certificadores para que señalen si el edificio califica con sello verde, amarillo o rojo. Insisto, el administrador, en virtud de este proyecto, quedará facultado para encomendar a alguno de los certificadores inscritos en el registro oficial de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, la entrega del presupuesto correspondiente a fin de proceder a revisar el edificio. Ese presupuesto debe ser entregado al Comité de Administración, el que tendrá un plazo de diez días para resolver. Si no lo hiciere, el administrador quedará facultado inmediatamente para llamar al certificador, pedir la revisión y la información respecto del estado en que se encuentra el edificio. Otra cosa es la reparación, pero ya no quedará el administrador paralizado hasta que se realice una sesión de copropietarios. Mediante esta ley queda facultado para eso.
¿Cómo lo estipula el proyecto? En primer lugar, señalando cómo se paga, es decir, el administrador queda facultado para hacer esta contratación y tiene que pagar con el fondo común de reserva que está establecido en la ley. Por lo tanto, no es necesario en los primeros trabajos pedir aumento en los gastos comunes, si es que está funcionando bien el fondo que indica la ley.
En segundo lugar, se encarga al administrador la posibilidad de encomendar y contratar la certificación de las instalaciones de gas de la comunidad, previo informe de espera de diez días desde lo que decida el Comité de Administración.
Hubo una discusión muy interesante, donde vuelvo a destacar la participación de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Pablo Longueira , Julio Dittborn y José Antonio Galilea , contribuyentes muy positivos al debate, que terminó con una indicación que establece lo siguiente: “El administrador o quien haga sus veces -el Comité de Administración- está facultado para requerir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con el objeto de que dicho organismo fiscalice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gas.”. Es decir, podrá llamar a los certificadores, pero también a la SEC para que dirima conflictos, para que informe de situaciones especiales y resuelva cualquiera de las situaciones que están consideradas como función de la SEC en el caso de los edificios. O sea, quisimos facultar al administrador para que pueda no sólo llamar a los certificadores, sino también directamente a la SEC sin necesidad de entrar en consulta, porque se trata de precaver, de prever, porque hemos visto que si no hay prevención seguirán ocurriendo muertes dramáticas, como las que hemos visto en el día de hoy, justamente, en que se ve el informe.
A continuación, señala: “El administrador podrá encomendar a cualquier persona o entidad autorizada la certificación de las instalaciones de gas de la comunidad,...”, en este caso el edificio. Hasta este instante han sido personas naturales los certificadores y ahora la SEC quiere colocarlas como entidades, o sea, tienen que ser personas jurídicas para darle todavía más rigor a los certificadores.
Si transcurrido el plazo de diez días no se pronuncia el Comité, entonces el administrador procederá a contratar la certificación conforme a la propuesta.
Asimismo, el administrador podrá disponer, previo aviso al Comité, cualquier revisión relativa al gas en los bienes de dominio común, porque hay que saber que muchas veces la ausencia de una revisión en un determinado departamento puede afectar al resto de los departamentos, porque el régimen de copropiedad, la vida en edificios, justamente produce decisiones que a veces tomadas individualmente por un propietario afectan la vida de otros propietarios, tanto la variación de los calefones, la modificación de los mismos, las variaciones de un clóset porque a veces se agrandan disminuyendo un ducto de evacuación de gases. Todo esto tiene que ser verificado, porque una transformación en el piso cuatro puede afectar la vida de las personas que viven en el piso nueve o doce.
Hay que destacar, además, la contribución que ha tenido la Secretaría, en particular la señora Elena Meléndez , quien ha colaborado con su trabajo riguroso tanto en la Comisión investigadora, donde participaron los anteriores diputados en la Comisión de Vivienda, como los distintos especialistas que concurrieron. No puedo dejar de nombrar a Oscarina Encalada , Juan Pablo Lorenzini , en su tiempo, al Idiem, al Instituto de Normalización. Recuerdo de ese entonces la destacada participación del diputado Víctor Pérez y la de las diputadas señoras Rosa González y Lily Pérez , y de todos los diputados que participaron en la Comisión investigadora.
Señora Presidenta , con este proyecto estamos haciendo una muy buena contribución para mejorar la vida de los chilenos porque aquí comienzan a concretarse cuestiones que surgieron de la Comisión investigadora.
Cuando la gente pregunta para qué sirve una Comisión investigadora, aquí por lo menos, en el caso del gas y de la prevención para evitar daños en la salud de la gente, se está haciendo un aporte extremadamente concreto. El monóxido de carbono es un gas traidor, silencioso, que no emite sonido cuando aparece en la vivienda; es inodoro, no se sabe cómo huele; es invisible, no tiene color y no se identifica, y la persona de pronto siente picazón, síntomas de resfrío, ardor en los ojos, irritabilidad, variación de su respiración, lo cual, finalmente, puede terminar en la muerte.
Este proyecto es una contribución de esta Cámara para controlar y prevenir las emanaciones de gas, asegurando que en el régimen de copropiedad los administradores puedan tener las facultades de certificar en qué estado se encuentra un edificio.
Por último, cabe mencionar que el proyecto de ley consista de un artículo único, con cuatro números. Por el Nº 1 se autoriza el financiamiento de la certificación periódica de gas con cargo al fondo común de reserva; por el Nº 2 se le entregan facultades a los administradores para efectuar todos los actos necesarios de las certificaciones, el Nº 3, ya lo mencioné y, finalmente, por medio del Nº 4 se señala que los copropietarios no pueden negarse a tales revisiones o certificaciones y tienen que otorgar las facilidades, y si no lo hacen tendrán una multa que hoy está considerada en el régimen de copropiedad, que no es nueva ni mayor.
La discusión general del proyecto quedará para la próxima sesión ordinaria del mes de julio. Han quedado inscritos para hacer uso de la palabra la diputada señora Eliana Caraball, el diputado señor José Antonio Galilea, la diputada señora Isabel Allende y la diputada señora Rosa González.
Propongo a la Sala analizar los proyectos de acuerdo en la próxima sesión.
Señor Presidente , tengo interés en un proyecto de acuerdo que me parece sumamente urgente, por la connotación que la materia de que trata ha tenido en mi región. Sólo quiero que la Sala lo conozca, aunque no sea votado.
Señor diputado , en la sesión de ayer quedó pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 53. Por eso, propongo a la Sala dejar pendiente su votación para la próxima sesión ordinaria, al igual que la discusión de los proyectos de acuerdo Nºs 54 y 55.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
Señor Presidente , hace algunos días, junto con mi colega de distrito, diputado José Kast , tuvimos oportunidad, en el marco del cambio de mando de la unión comunal de juntas de vecinos de San Bernardo, de escuchar el planteamiento de uno de sus dirigentes, quien expresó la necesidad de contar con seguros de vida y de salud para los dirigentes vecinales.
Está claro que quienes conducen estas organizaciones sociales, sin remuneración alguna, muchas veces están sometidos a riesgos que demandan pronta atención. En consecuencia, aparece como lógico la propuesta a que he hecho referencia, que dirigentes vecinales plantean con frecuencia.
En razón de ello, solicito oficiar al señor ministro secretario general de Gobierno con el objeto de que la División de Organizaciones Sociales, dependiente de su Ministerio, estudie la factibilidad de enviar al Congreso una iniciativa que establezca la creación de seguros de vida y de salud en beneficio de los dirigentes de juntas de vecinos.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados de las bancadas de los partidos Demócrata Cristiano, por la Democracia y Radical que están alzando su mano, de lo cual se está tomando debida nota.
Señor Presidente , desde hace más o menos un año, en la Octava Región se ha puesto en discusión el tema del eventual proyecto del Parque Industrial Tecnológico del Plástico.
Anteayer, el colega Navarro planteó en forma somera el tema, y solicitó informe al intendente regional.
En mi caso, he hecho un seguimiento de este proyecto desde el primer día. Tuve la oportunidad de conversar con todo el equipo técnico y profesional de Petrox, gran industria que nos prestigia, y conocer el potencial económico que podría significar para nuestra Octava Región la instalación del Parque Industrial Tecnológico del Plástico. ¿Por qué? Porque los materiales plásticos tienen una creciente aplicación en todos los ámbitos de la vida moderna. Desde la más temprana niñez hasta la vejez, los seres humanos usamos cada día variados artículos fabricados con diversos tipos de plástico, ya sea para almacenar alimentos y bebidas, para transportar productos, para aplicaciones médicas, como jeringas y otras; para fabricar prótesis ortopédicas y piezas y partes de artículos electrónicos, de automóviles y de otros bienes propios del mundo moderno.
En Chile, el consumo del plástico, que no hace muchos años no superaba los 10 kilogramos per cápita, hoy se eleva a 36 kilogramos por habitante y continúa creciendo aceleradamente. Por ejemplo, en los países desarrollados, este consumo se eleva a más de 100 kilogramos por habitante.
¿Qué ha pasado en nuestra región? Tengo que reconocer el tesón que, una vez más, puso nuestro intendente regional, don Jaime Tohá González , en su visita a España a fin de interesar e invitar a empresarios españoles para que se establezcan con sus capitales en la zona. En ella tenemos el proyecto del Parque Industrial Tecnológico del Plástico que el día de mañana debe transformarse en un instituto del plástico.
En 2001 se constituyó un consejo asesor del intendente regional a fin de estudiar el citado proyecto con representantes de las siguientes autoridades: Petrodow, Petroquim, Petrox , Corfo , ProChile, Asociación Gremial de Industriales del Plástico , Asipla , y con la propia intendencia de la región.
Quiero recordar que tenemos grandes ventajas para que el parque industrial tecnológico del plástico se radique en nuestra región. Por ejemplo, disponemos de la materia prima y de una excelente infraestructura portuaria. Además, contamos con uno de los mejores laboratorios de polímeros del país, ubicado en la Universidad de Concepción.
El objetivo del proyecto es establecer, en el mediano plazo, un grupo de 25 ó 30 empresas transformadoras del plástico, con una inversión de más de 200 millones de dólares y una generación de empleo directo para más de 2 mil personas, más el empleo indirecto, que significa servicios como transporte, bodegaje, casino, etcétera.
El proyecto, junto con contribuir al desarrollo económico y social de la región, especialmente de la zona donde se lleve a cabo -el alcalde de Coronel quiere que sea en su comuna; el gran alcalde Leocán Portus , en cambio, desea que se establezca en Talcahuano. Sin embargo, lo importante es que quede en nuestra región, ya que posibilitará la ampliación de los mercados de los productos petroquímicos que se fabrican en el polo de desarrollo de Talcahuano, lo que generará muchos empleos en varios servicios.
En estos días hemos tenido felices noticias. El intendente y el vicepresidente de la Corfo anunciaron oficialmente la entrega de un subsidio de 600 mil dólares para la instalación de las industrias del plástico. Es un avance.
Pienso que las acciones que al respecto lleva a cabo el personal dirigido por Julio Bañados, gerente de Petrox , además de las de Enrique Dávila, el hombre que ha coordinado las acciones en representación de la Enap, y de todas las personas que están haciendo posible este polo de desarrollo industrial en la Octava Región, permitirán que el día de mañana exista en nuestra región una ciudad del plástico. Con ese fin, he tenido conversaciones con los ministros de Hacienda , de Economía y de Minería, a quienes les entregaré personalmente un informe completo con los antecedentes y avances recogidos a través de mi oficina parlamentaria, además de señalarles las ventajas para el desarrollo de la región del Biobío.
Aquí hay un esfuerzo mancomunado de los privados y del Gobierno para que este proyecto resulte satisfactorio. Creo que en las reuniones con los respectivos ministros tendremos éxito, porque estamos en el camino correcto, ya que la Octava Región cuenta con un gran potencial técnico e industrial. Contamos con los mejores laboratorios. Tenemos, además, un gran intendente, grandes ejecutivos, la disposición de los alcaldes de Talcahuano y de Coronel, y profesionales del más alto nivel.
Por ello, consideré conveniente exponer en forma sucinta la felicidad que me embarga, como hijo de Concepción, ante la posibilidad de que el proyecto del parque industrial tecnológico del plástico quede radicado en la Octava Región.
Pido que se envíe oficio -a pesar de que actué a título personal, en esta ocasión quiero emplear este mecanismo que me brinda la Cámara-, adjuntando el texto de mi intervención a los ministros de Hacienda, de Economía y de Minería a fin de solicitarles que acepten la concreción de ese proyecto para la Octava Región. Si en este instante hay un subsidio de 600 mil dólares con ese fin, aportado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y por la Corfo, es importante que sigamos avanzando para hacer efectivo el proyecto, que significará desarrollo para la industria del plástico del país.
Asimismo, solicito que el texto de esta intervención se haga llegar al intendente de la Octava Región , señor Jaime Tohá , y al gerente de Petrox , señor Julio Bañados .
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los partidos Demócrata Cristiano, por la Democracia, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y de quien habla.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Señor Presidente, quiero plantear un problema que estimo de extrema gravedad.
Anteayer, en un predio agrícola de la comuna de Purén, unos menores detonaron un cohete descrito como Law; pero se pudo establecer, extraoficialmente, que, junto a dicho cohete, había otros elementos explosivos, entre ellos amongelatina, que es dinamita con amoníaco.
Repito que esto es muy grave, porque sucedió en una zona inmersa en un clima de violencia rural. Hace algunas semanas, denunciamos en esta Sala esa violencia en la que se utiliza a los hermanos mapuches como pretexto para fines subalternos.
Este hecho debe ser aclarado ab integro. Sabemos que ya están actuando Carabineros y los organismos judiciales pertinentes. Pero, dado el lugar en que sucedió y la gravedad que significa actuar con esos elementos en la zona mapuche, solicito que se oficie al señor ministro del Interior para que disponga una acuciosa investigación en el sentido de precisar si el material encontrado corresponde -como lo sostiene una de las versiones- al internado por Carrizal Bajo o a otro tipo.
Asimismo, que, en conformidad con los resultados que arroje esa investigación, se haga parte en las acciones legales correspondientes, si fuere procedente.
Señor presidente, nuevamente llamo al Gobierno a repensar con seriedad el problema de la agricultura y a tomar conciencia, en especial, de la crisis que sufre el sector remolachero y del azúcar.
Muchos piensan que al defender el azúcar de remolacha se defiende a la Iansa. Indirectamente, tal vez sí, pero detrás del azúcar hay 6.138 pequeños agricultores. En Linares, por ejemplo, el 92 por ciento de ellos tiene menos de 10 hectáreas, y el 70 por ciento, menos de 4 hectáreas. Casi todos son pequeños agricultores que ni siquiera conocen Santiago , que gastan sus dineros en las comunas de regiones y dan empleo y vida a nuestra economía regional.
Estamos hablando, para ser exactos, de 47.710 hectáreas, y quizá de igual cantidad de puestos de trabajo o de muchos más, sumados comerciantes, transportistas, servicios, etcétera.
Todos los países protegen su agricultura. En este rubro, Estados Unidos tiene el 287 por ciento de arancel consolidado, esto es, impuesto a la internación o importación de azúcar. La Unión Europea, 378 por ciento de arancel consolidado. ¡Así protegen su agricultura! Y no lo hacen por casualidad, pues saben que si esos cultivos desaparecen es imposible soportar la ya complicada migración y el desempleo de mano de obra escasamente calificada.
Ya somos incapaces de manejar los cordones de pobreza y de hacinamiento, con altos índices de alcoholismo, drogadicción, prostitución, violencia y delincuencia que, en general, se presentan en Santiago y otras grandes ciudades de Chile. Ni pensar en sumar alguien más a los cientos de miles que cada año migran del campo a la ciudad.
Y mientras nosotros creemos en el discurso del libre mercado y en decir no a los subsidios, Estados Unidos y la Unión Europea anuncian cientos de millones de dólares más para ayudar a su agricultura. Chile sólo cobra el 98 por ciento de impuesto de importación, arancel consolidado, y, además, sólo el 7 por ciento de internación a mezclas con hasta el 99,5 por ciento de azúcar, cuando en todo el mundo se cobra en forma proporcional el contenido de azúcar. Los importadores están felices porque en las aduanas de Chile les cobran apenas el 7 por ciento. Así, ha aumentado la importación de mezclas, al igual que la de fructosa, en 724 por ciento, para reemplazar al azúcar de remolacha que, bioquímicamente, es igual. Con ello, se ha causado un grave daño a nuestros productores, pero, según la Comisión de Distorsiones, todavía no hay causal de salvaguardias.
Tampoco hemos considerado lo más grave y peligroso: que toda esa fructosa se hace a partir de maíz de origen transgénico, lo que puede producir efectos desconocidos. Nadie puede asegurar que no se vean alterados los códigos genéticos de las personas que la consumen, con lo cual se produciría un daño inimaginable e irreversible, que es imperioso evitar y prevenir.
En Europa y en Estados Unidos la fructosa no es consumida por humanos. Sólo sudamericanos y africanos corremos riesgos con nuestras descendencias.
En Estados Unidos y en la Unión Europea es obligatoria la rotulación de todos los productos y alimentos, como dulces, chocolates y bebidas que incluyan fructosa, cuyo origen sea maíz transgénico, de manera que cada uno decida correr el riesgo con el derecho y la obligación de saberlo previamente.
Se ríen de nuestra ingenuidad y de nuestras medidas. Parecemos niños mientras nos hacen pedazo algo tan valioso y estratégico como nuestra agricultura y, quizás, nuestra herencia genética.
Así se termina con el empleo, el trabajo del campo y la generación de riqueza; así se termina con las regiones; así se termina con la agricultura tradicional. Con medidas como ésta no es posible reactivar el país.
Las regiones Séptima, Octava, Novena y Décima están desesperadas ante la amenaza de la disminución o del fin de este cultivo que representa el 21 por ciento de los cultivos chilenos. Una de cada 5 hectáreas es de remolacha.
Hoy es el turno de la remolacha, igual como hace algunos años se terminó con las oleaginosas gracias a la importación de aceites y de mezclas preferentemente desde Bolivia. ¡Lindo tratado de comercio que terminó con decenas de miles de hectáreas de maravilla y de raps! Luego se terminarán las lecherías y, con ellas, otros tantos miles de puestos de trabajo que existen en el campo del centro y sur de Chile. Por eso, todas las fuerzas productivas de regiones, como agricultores, comercio, camioneros, etcétera, amenazan con un gran paro.
Invito al Presidente de la República a considerar el grave problema social que significa este desastre. Así como se comprometió en Chillán, hace pocos meses, a mantener el cultivo de la remolacha, hoy miles de personas -la mayoría humildes y de escasos recursos, en su gran mayoría pequeños campesinos- le piden con respeto que cumpla con ese compromiso a fin de evitar actos de violencia por la desesperación por la cual atraviesa esa gente ante el inminente desastre que se avecina, que obliga a tomar medidas nunca buenas para nadie. Es muy triste ver caer para siempre, irremediablemente, toda la endeble economía de nuestras regiones agrícolas y, para muchos, los esfuerzos de toda una vida.
Pido que se envíe el texto de esta intervención al Presidente de la República , señor Ricardo Lagos Escobar , a fin de que repiense el destino de la agricultura de Chile.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia, del Partido Socialista y de quien habla.
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Carlos Vilches.
Señor Presidente , el país se ha acostumbrado a escuchar el grito de Aguiló, por ejemplo, que al parecer se ha perdido en el espacio, porque no hemos sabido sobre una respuesta de la Concertación; las cartas de Girardi también se han extraviado y no sabemos dónde están, y las recientes mentiras de Naranjo dejan de manifiesto que la Concertación y sus representantes tienen una pésima actuación y que por eso se están equivocando en forma reiterada. Asimismo, el propio Presidente de la República impidió que la prensa cubriera sus actos, pero debió “poner marcha atrás” porque la protesta fue grande.
Ante estos hechos, pido que se envíe el texto de esta intervención al Presidente de la República, porque la gente ha debido movilizarse permanentemente, en esta verdadera cultura de las protestas, para que se atiendan sus problemas.
Por eso, queremos decirle al Primer Mandatario que escuche más a la gente y que salga de la cápsula en la que se encuentra en este momento, porque no está dando respuesta a los problemas reales de la ciudadanía. No queremos caer en la situación de Argentina, de Venezuela o de Perú. Chile todavía tiene sanas sus bases, y la gente espera una respuesta de su Presidente .
Señor diputado , se enviará el texto de su intervención al Presidente de la República , con la adhesión de los diputados de su bancada.
Señores diputados, quiero hacer la siguiente aclaración:
El Comité del Partido por la Democracia no envió oportunamente la lista de diputados que intervendrían hoy en Incidentes, a quienes les correspondía hablar antes del Comité del Partido Renovación Nacional. Ahora que dicha lista está en mi poder, ofreceré la palabra, en primer lugar, al diputado señor Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, como panelista permanente en Incidentes, tengo derecho a aplaudir, a escuchar y, a veces, a reprobar en forma muy respetuosa actitudes y comentarios que se expresan en el hemiciclo de la democracia.
Siempre soy cuidadoso de no “disparar a la bandada” -como manifiestan comúnmente los cazadores-, porque, en el fondo, intento actuar con tolerancia, por lo que no estoy de acuerdo cuando se señala aquí y a través de los diarios lo que no somos todos nosotros.
Hoy quiero expresar mi satisfacción y felicitar a los parlamentarios de distintos partidos políticos, quienes ayer, en un acto propio de nuestra institucionalidad, reorganizaron la bancada agrícola, que quedó integrada por José Ramón Barros , Alejandra Sepúlveda , José Pérez , Rosauro Martínez y el que habla. Es un cuerpo transversal y anunciamos que actuaremos con la misma seriedad con que siempre lo hacen quienes defienden la agricultura tradicional.
Parece que en momentos difíciles las instituciones cobran fuerza, y los hombres y mujeres se organizan. Es claro que la agricultura tradicional está pasando por momentos muy difíciles, pero los protagonistas -entre los cuales debemos encontrarnos- somos los indicados para tratar que los problemas no sean tales, sino sólo dificultades propias del mundo agrícola, a fin de satisfacer tantas necesidades que nos crean la modernidad y la globalización.
Recuerdo que la bancada agrícola, con motivo de la discusión de la ley arancelaria, hace algunos años, tuvo un importante protagonismo, puesto que, a través de ella, logramos firmar un protocolo con el Gobierno, que ha dado frutos adicionales en el momento en que vive la economía agrícola. Sin él, prácticamente no se habrían asignado al sector agrícola, año tras año y en forma proporcional, a través del Indap, del SAG, de la Conaf, etc., 500 millones de dólares. Expreso mi satisfacción y deseos de éxito a esta Comisión que, con toda seguridad, irá sumando a otros colegas de las distintas bancadas.
Hago llegar un saludo muy especial a mi colega Rosauro Martínez , iniciador de las conversaciones para lograr dicha reorganización en los momentos difíciles por los que atraviesa la agricultura tradicional.
Asimismo, deseo a todos los miembros de las distintas bancadas que tengan ánimo para trabajar en conjunto por soluciones lógicas, concretas, y evitar, a veces, las palabras desmedidas, para atacar y atacar, lo cual no nos conduce a nada. Por eso, los insto a que seamos tolerantes y sepamos decir las cosas.
Los agricultores, hombres de campo, siempre hemos tenido la facilidad para actuar en forma seria, honesta y con la verdad.
Señor Presidente , en primer lugar, en estos últimos días he tratado de conseguir las nóminas de integrantes de los directorios de las isapres abiertas y cerradas, pero no he obtenido resultado alguno.
Por lo tanto, pido que se oficie, en nombre de las bancadas de los Partidos Socialista, Radical y por la Democracia, al señor superintendente de las instituciones de salud previsional para que se sirva entregarnos las nóminas de los directorios de las isapres abiertas y cerradas, de modo de recabar información que será de gran utilidad en el proceso de discusión de la reforma de los sistemas de salud privado y público.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los Partidos por la Democracia, Socialista, Radical Social Demócrata, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional y del Vicepresidente que habla.
Señor Presidente , en segundo lugar, hoy hemos presentado un proyecto de acuerdo para modificar el artículo 5º de la ley Nº 18.469, puesto que las personas independientes que quieren cotizar en el sistema de salud están en una situación de desigualdad respecto del resto de los cotizantes.
En la actualidad, quienes desean cotizar en isapres pueden hacerlo libremente, sin ninguna traba, y obtienen beneficios en forma inmediata; pero quienes optan por el Fonasa deben presentar las últimas seis cotizaciones integradas en la AFP antes de impetrar cualquier derecho. Estimo que para la incorporación de independientes debe existir igualdad de condiciones, y que sea la persona quien elija entre el sistema público y el privado.
Por tanto, solicito que este proyecto de acuerdo, que cuenta con las firmas de varios patrocinantes, sea acogido oportunamente por la Sala.
Señor Presidente , las movilizaciones efectuadas por los pescadores artesanales, tanto de la Región de Atacama como del resto del país, en contra de las medidas que ha implementado o intentado implementar la Subsecretaría de Pesca en diversas partes, obligan, al menos, a efectuar una reconsideración acerca de los fundamentos de las mismas.
Es de público conocimiento que en la flota arrastrera artesanal de la Tercera Región se ha establecido una estrategia de captura rentable y sustentable, que propende a la conservación del recurso, lo que conlleva el aumento de las plazas de trabajo.
Asimismo, es un hecho que la flota industrial, principalmente la de Coquimbo, depredó y colapsó la biomasa de la Cuarta Región reduciéndola a miserables 230 toneladas, razón por la cual la Subsecretaría de Pesca debió declarar la veda para el año 2002.
Además, conforme con lo señalado en el informe técnico Nº 108 de la misma Subsecretaría, de noviembre de 2001, se indica que para la Segunda Región el 65 por ciento de la biomasa se encuentra en el área, y, en la Tercera Región, un 44 por ciento se halla en esta condición, quedando el 49,96 por ciento de la biomasa fuera del área, es decir, 12.521 toneladas.
De acuerdo con lo anterior, el sector artesanal y el industrial se encuentran equilibrados en cuanto a disponibilidad del recurso -50 por ciento para cada uno-, pero si consideramos que la flota arrastrera artesanal no puede ingresar al área de la Segunda Región, y por otro lado, se autorizara a la flota industrial para perforar el área de la Segunda Región, donde no hay esfuerzo artesanal sobre el recurso, la disponibilidad para la flota industrial aumentaría a 69 por ciento el recurso, quedando la flota artesanal con un 31 por ciento de ésta y manteniéndose sólo en los caladeros tradicionales de la Tercera Región.
Asimismo, es innegable el hecho de que la perforación del área de la Tercera Región que la Subsecretaría de Pesca pretende llevar a cabo según oficio ordinario Nº 1.117, de 16 de mayo de 2002, enviado al Consejo Zonal de Pesca de las regiones Tercera y Cuarta, provocará interferencia física ocasional y también económica, perjudicando no sólo a los pescadores artesanales, sino también poniendo en peligro la estrategia que ellos han desarrollado y que la propia Subsecretaría de Pesca estudia implementar respecto de la conservación de los recursos. Debo consignar que el artículo 47 de la ley de Pesca permite perforaciones sólo en casos de que no exista interferencia de ningún tipo.
Por lo tanto, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca , señor Felipe Sandoval , con copia a los ministros de Interior y de Economía , sobre la base de los argumentos que he dado a conocer, a fin de que el señor Sandoval retire el documento por el cual se pretende autorizar la perforación del área de protección de los pescadores artesanales en la Tercera Región.
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, con el apoyo de su bancada y de las del PPD, Socialista, Demócrata Cristiana, de la UDI y del Vicepresidente que habla.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente, como usted conoce bien, en la comuna de Florida, Octava Región, existe un problema que se extiende a otras comunas: el mal estado en que se encuentran los caminos rurales, deterioro que acontece especialmente en invierno.
La junta de vecinos Nº 14 de Paredones, de la comuna de Florida, ha planteado la necesidad de que el Ministerio de Obras Públicas, mediante la Dirección de Vialidad, se haga cargo de los caminos rurales respecto de los cuales hasta ahora no se ha tenido la preocupación adecuada, razón por la cual se encuentran en pésimo estado. Me estoy refiriendo a los caminos subida Casablanca y Paso Amarillo, del sector Paredones .
Al respecto, solicito que Vialidad nos informe si esos caminos están enrolados, cuándo fue la última mantención que se les hizo y si forman parte de su plan global. Asimismo, que dé cuenta de los socavones de cuatro metros y medio causados por las lluvias en dichos caminos. Al respecto, debo destacar que se hizo un trabajo financiado por los vecinos y con aportes de la municipalidad; sin embargo, la fuerza de las aguas, al final, termina destruyendo los caminos rurales.
Lo mismo ocurre con el camino Los Mesones, que está cerca de la escuela de esa localidad, el cual se halla intransitable a pesar de las pocas mejoras que los propios vecinos han intentando hacer. Debido a que Vialidad utilizó tubos corrugados en la instalación de las alcantarillas y éstos, lamentablemente, no sirvieron, nuevamente se produjo la clásica disputa entre los técnicos y los vecinos. Los técnicos conocen la calidad de resistencia del material, y también saben que después son arrastrados o tapados por el sedimento de las aguas. Ello demuestra la validez de la tesis de los vecinos de que el diámetro de los tubos no era suficiente, pero quedan con el problema sin resolver.
Comprendo los problemas de carencia de recursos y de personal que tiene Vialidad, pero el hecho es que el camino Los Mesones, en el sector Paredones , debe ser revisado y reparado.
También me han hecho presente que en el camino El Morro hay 600 metros que deben ser mejorados, ojalá antes de que comience el invierno, pues ya existen graves problemas.
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Agricultura para que nos haga llegar un detallado informe respecto de los planes de desarrollo, tipos de trabajo y empleo que fueron llevados a cabo por Conaf en el sector Paredones . Además, que nos entregue el listado de los contratados y la remuneración recibida por éstos, porque en los vecinos hay inquietud con respecto al número de personas que tuvo acceso a ese trabajo, como consecuencia del plan de generación de empleo implementado por el Gobierno, el tipo de remuneración que se les pagó y si dicho plan tendrá continuidad. Conozco las dificultades de recursos que existen en el Gobierno, pero cumplo con señalar que estos sectores rurales no tienen ninguna otra fuente de trabajo, pues carecen de toda industria. Por lo demás, la situación de Florida es conocida y en ese sentido la Conaf debe informar qué hizo, cuánto pagó, qué contrató y si existirá continuidad en los planes de generación de empleo. Además, pido que me informen acerca del mecanismo que se emplea para seleccionar a las personas, pues ello es vital. La gente de Paredones se sintió excluida de estos programas de trabajo y, para dar claridad y transparencia a este proceso, sería bueno que tanto la Conaf como el municipio explicitaran el mecanismo utilizado.
Asimismo, pido que se oficie al gobierno regional, en particular a la Serplac de la Octava Región, para que nos informe si efectivamente existe un proyecto de electrificación para el sector Paredones, elaborado en marzo de 2002. Si así fuera, solucionaría un problema realmente importante. Ocurre que la comuna de Florida tiene, desde el año 1990 al 2000, más del 98 por ciento de todo el sector rural electrificado, de lo cual se concluye que el gobierno de la Concertación ha suministrado electricidad a la totalidad de los campesinos de Florida. Sin embargo, existen sectores que, seguramente por estar más distantes, carecen de ella. Es así como tenemos a siete familias que todavía están alumbrándose con chonchón y vela, por lo que estimamos que su problema también requiere urgente solución.
Por lo tanto, pido que Serplac nos informe sobre el estado de avance del proyecto de electrificación, el costo y el financiamiento para los años 2002 y 2003; en definitiva, sobre todo lo que haya que hacer para resolver la situación de las familias rezagadas que sufren los inconvenientes con sus hijos y ven afectada su propia vida familiar al no contar con el suministro de electricidad que tienen todos sus vecinos.
Señor Presidente , la próxima semana zarpará desde Japón , con destino a Inglaterra, un barco con carga peligrosa, que posiblemente navegue en aguas de nuestro territorio.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara discute, desde hace seis años, un proyecto de ley cuya idea matriz es impedir el ingreso de sustancias nucleares o radiactivas a nuestro territorio.
Lo anterior se adoptó a raíz de una situación similar.
En su oportunidad, el ex diputado señor Gutenberg Martínez presentó un proyecto de ley que se está discutiendo, pero ya se tomó la decisión de aprobarlo de una vez por todas. El Senado lo trató, y lo más probable es que se rechacen sus indicaciones.
En concreto, en las próximas semanas navegará desde Japón , con destino a Inglaterra, un buque cargado con 225 kilogramos de combustible MOX, mezcla de óxido de uranio y plutonio, en cantidad suficiente, según los expertos, como para fabricar cincuenta bombas atómicas o cualquier otro tipo de bombas de las llamadas “sucias”, que se hacen artesanalmente.
Es deber de nuestra Cancillería, de la Armada y de todos los chilenos preocupados por el ambiente evitar que el derrotero del buque considere el Cabo de Hornos.
Esta situación es grave por cuanto la carga del barco ha sido devuelta a Inglaterra, luego de que los tribunales nipones obligaron a la empresa involucrada a retirar el combustible nuclear de Japón al comprobarse que se habían falsificado los datos de seguridad del cargamento.
No se justifica poner en peligro las costas de países que no tienen ninguna responsabilidad en hechos de esas características. La ruta que debe elegir la nave debe ser la más alejada de nuestro espacio marítimo.
Por lo tanto, pido que se oficie a las señoras ministras de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, y al presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear , con el objeto de que se adopten las medidas tendientes a evitar que el derrotero del barco considere las costas de nuestro país.
Espero que las autoridades procedan adecuadamente a fin de minimizar los riesgos de la carga del buque, ya que nuestro país no usa la energía nuclear con esos fines, y no tiene por qué asumir los riesgos que conlleva ese transporte, causado por un problema entre Japón e Inglaterra por falsificación de datos de seguridad del cargamento.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Eugenia Mella y de los diputados señores José Miguel Ortiz , Andrés Egaña , Juan Masferrer , Pablo Prieto , Manuel Rojas y de quien preside.
Señor Presidente, este último tiempo hemos sido informados, por el Gobierno y por la prensa, sobre la propuesta de reformar nuestro sistema de salud.
Todos compartimos la idea de efectuar una reforma, porque Chile la pide a gritos. Sin embargo, como miembro de la Comisión de Salud desde mi primer período parlamentario, observo que todos los días aparecen declaraciones de distinta índole, muchas de ellas contradictorias, respecto de cómo llevar adelante esta reforma. No sé si el Gobierno ha querido escuchar a la gente, pero compartimos la idea de reformar la salud.
El sistema público de salud parte por entregar la atención primaria. Es la base para acceder en los hospitales a la atención secundaria o terciaria.
En el análisis de los proyectos que se tratan en la Comisión de Salud y en las declaraciones de las autoridades de Gobierno, incluso del ministro de Salud , se pone énfasis en la importancia de la salud primaria, pero en los proyectos que se están redactando, que, según se dice, ingresarán pronto al Congreso, no hay nada real, concreto, claro y definitivo.
Estamos por reformar nuestro sistema de salud. Queremos mejorar la salud de todos los chilenos y hemos de partir por lo principal, por lo que saben los técnicos, los médicos y el ciudadano común y corriente: fortalecer la atención primaria.
El Gobierno podría salir del impasse al interior de la Concertación respecto de cómo financiar la reforma y mejorar la salud primaria.
En el sistema actual de atención primaria, en el que se atiende la mayoría de la población de Chile, hay varias escalas de acceso a los subsidios o a la cantidad de recursos per cápita. Las personas inscritas para ser atendidas se clasifican por comunas rurales y urbano-rurales, y los montos no alcanzan a mil pesos –la cantidad de novecientos cincuenta y dos pesos me parece que corresponde a las urbanas- a fin de entregarles salud durante un mes; y en las urbano-rurales se pagan 1.058 pesos. ¿Podemos mejorar la salud de la población con esos recursos? ¡Imposible!
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Salud para que nos informe sobre cuántas comunas de nuestro país no tienen hospitales. Ese dato es clave. Creo que la mitad de Chile no los tiene.
Asimismo, pido que nos indique la clasificación de los hospitales por comunas, y si éstas están consideradas como urbanas, urbano-rurales o rurales, y los montos que reciben por atención de salud.
Señor Presidente , insisto en que Chile necesita hoy más que nunca -y lo pide a gritos- una gran reforma de nuestro sistema de salud, aspiración que todos compartimos. Para llevarla a cabo, y antes de discutir con los gremios, ¿por qué no partimos mejorando la salud de la gente más aislada y que no tiene acceso a hospitales -a veces no conocen estos edificios ni en fotos-. Si no hay salud primaria, esas personas no alcanzan a llegar a los hospitales porque mueren antes.
Con urgencia pido que se despache el oficio al ministro de Salud, señor Osvaldo Artaza, a fin de que conozca nuestros lineamientos respecto de cómo debe hacerse esta reforma.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña , Manuel Rojas, Pablo Prieto y de quien preside.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Pablo Prieto .
El señor PRIETO .-
Señor Presidente , el diputado que me antecedió en el uso de la palabra me interpreta plenamente. Voy a hablar sobre la misma materia. En efecto, una serie de graves irregularidades se han cometido en la administración y gestión del hospital regional de Talca.
Esta intervención se respalda por sí sola. En mayo de este año y como consecuencia de una gestión cuestionable, presentó su renuncia en carácter de indeclinable el ex director del Servicio de Salud del Maule .
Quien habla solicitó que el director del hospital regional de Talca presentara su renuncia, ya que es evidente que nuestro hospital tiene el triste récor de ser uno de los centros hospitalarios que cuentan con el mayor número de denuncias por presuntas negligencias médicas, la más dramática de las cuales fue la triste muerte, en enero pasado, de cinco lactantes, debido a la incompetencia de facultativos de ese hospital.
Ayer solicité el envío de un nuevo oficio, luego de que el 14 de marzo pasado hiciera presente mi malestar al Ministerio de Salud; pues bien, aún no he obtenido respuesta.
Mi denuncia en ningún caso es irresponsable, ya que todo lo dicho se encuentra avalado por el sumario interno realizado en el hospital, en el que queda claramente establecida la responsabilidad del centro hospitalario en esos lamentables decesos.
En el ámbito administrativo, la situación no difiere de la del plano estrictamente médico: es sencillamente lamentable. Es triste ver al principal centro médico de la región en condiciones tan precarias para atender la salud de la población. A modo de ejemplo, ayer no hubo suero glucosado al cinco por ciento en los pabellones y, al parecer, tampoco en los servicios clínicos. (Los médicos presentes saben que el suero es uno de los elementos más usados en los pacientes).
Por otra parte, se han cerrado dos pabellones, lo que significa la disminución del 25 por ciento del total de las intervenciones quirúrgicas en el hospital regional.
Quiero ser categórico: el hospital regional de Talca no tiene los implementos mínimos necesarios para cumplir su labor principal: preocuparse de la salud de la población.
Finalmente, es claro que si la gestión de una persona que tiene a cargo una determinada institución es deficiente -por decir lo menos- en todo los ámbitos, debe renunciar. Si no lo hace, debe ser despedida, simplemente por negligente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Salud con el objeto de que pida los antecedentes necesarios para evaluar la gestión del director del hospital regional de Talca y adopte una resolución en ese sentido, la cual, no me cabe duda, será la destitución del director y su inmediato reemplazo por alguien realmente competente, ya que estoy convencido -y creo que los colegas presentes en la Sala comparten esa certeza- de que no es posible jugar con la salud de la población.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Rojas , Egaña y de quien habla.
Señor Presidente , la aprobación del proyecto sobre los fotorradares y las indicaciones propuestas a la ley de Tránsito en lo que dice relación con el aumento del límite de velocidad a 120 kilómetros por hora me parecen medidas muy positivas, si bien esta última no se aplicará en todas las carreteras del país, pues, para tal efecto, se exige la existencia de carreteras de doble vía en un mismo sentido.
En el caso de la Segunda Región, cuyas carreteras no tienen doble vía en un mismo sentido, quienes conducimos vehículos no tendremos la posibilidad de aumentar la velocidad; en consecuencia, perdemos la oportunidad de recorrer grandes distancias en menos tiempo.
Nadie discute el riesgo que involucra aumentar el límite de velocidad en sectores que no cuentan con doble vía, pero me gustaría que el Ministerio de Transportes analizara a la brevedad en qué sectores, desde La Serena al norte -donde termina la doble vía Santiago-Norte-, podría permitirse el aumento del límite de velocidad autorizado de acuerdo con la nueva ley.
Ojalá que el estudio que la Dirección de Vialidad haga sobre esta materia se realice en el menor tiempo posible para que, al menos en las carreteras de acceso a las ciudades del extremo norte del país, sea posible aumentar el límite de velocidad.
Si bien las condiciones de las vías concesionadas dan seguridad en ese sentido, nuestra región tiene otras ventajas muy positivas para la conducción: las largas distancias entre un lugar y otro están siempre en línea recta, por lo que presentan ventajas muy favorables respecto de las carreteras de la zona central, ya que éstas tienen muchas curvas, abundante vegetación en los costados, etcétera.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transportes para que su estudio se realice a la brevedad, en un plazo no superior a treinta días, a fin de que, al amparo de la norma que aumenta el límite de velocidad en carretera, se determine su aumento en algunos caminos que carecen de doble vía en un mismo sentido, específicamente en la carretera internacional, y en la panamericana, llamada ruta 5 Norte.
Asimismo, que se oficie al ministro de Transportes para que nos informe si dentro del programa de concesiones viales del Ministerio se ha considerado a la Segunda Región.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Prieto , Egaña y de quien habla.
Señor Presidente , durante muchos años se discutió en el Congreso la ley del Deporte, antigua aspiración de todos los deportistas y de quienes hemos practicado deportes durante nuestra juventud.
Finalmente, esa ley fue dictada. Lamentablemente, observamos con preocupación que no se están realizando las funciones como corresponde. En ocasión anterior escuchamos una intervención del diputado señor Pablo Prieto , en que ha hecho ver al director de Chiledeportes ciertas anomalías; sin embargo, aún no recibe respuesta a sus inquietudes.
Queremos dar la señal de alerta de que cuatro de las sesenta Comisiones investigadoras constituidas por la Cámara han tenido que ver con anomalías pecuniarias relacionadas con el deporte.
En 1993, se hizo una investigación de los fondos de la Digeder; en 1995, otra investigación se refirió a los recursos públicos que se entregaban a las asociaciones profesionales de deportes; en 1998, la Digeder provincial de Santiago evidenció manejos que ameritaron la creación de una Comisión investigadora, y también se constituyó una Comisión para analizar los recursos que recibió el Comité Olímpico en el año 2001.
Por lo tanto, queremos lanzar una voz de alerta respecto de cómo se está materializando esta legislación.
La ley establece que se deben formar comisiones consultivas a nivel regional para que, junto con el director regional de Chiledeportes , dispongan de los recursos que tanta falta hacen para realizar deportes en las regiones.
En relación con esta materia, deseo formular mi denuncia, porque la nominación del consejo consultivo que se ha llevado a efecto en la Octava Región no ha sido del
todo transparente. En efecto, esa instancia, de acuerdo con la normativa legal, debe estar integrada por representantes de las siguientes instituciones: dos del Consejo Local de Deportes, dos de las organizaciones deportivas, dos de las municipalidades, una de las instituciones de educación superior, una de las asociaciones gremiales de profesionales y técnicos de educación física y deporte, una de las instituciones de la defensa nacional, dos propuestos por el director regional de Chiledeportes , y uno designado por la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer.
Por tanto, solicito oficiar al director nacional de Chiledeportes a fin de que haga llegar la nómina de los doce miembros del consejo consultivo de la Octava Región y las características y condiciones que se tuvieron en cuenta para su elección. Después de tanto sacrificio, discusiones y anhelos del mundo deportivo, no nos podemos dar el lujo de no utilizar como corresponde el citado instrumento por el bien de la juventud, cosa que ahora no está ocurriendo por razones que no quiero calificar. Es ella la que debe beneficiarse con la ley del Deporte, pues con sus recursos podrá realizar actividades deportivas para desarrollarse en forma sana.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Rojas , Prieto y Salas.
En respuesta a su oficio Nº 3805, de fecha 18 de junio de 2002, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de multas de tránsito. (Boletín Nº 2904-06).
“Nº 20.099
Valparaíso, 19 de junio de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la dependencia del Liceo Experimental Manuel de Salas, trasladándola desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la Universidad de Chile, correspondiente al boletín Nº 2839-04, con las siguientes modificaciones:
Ha suprimido su inciso segundo.
En su inciso primero, ha suprimido la frase ?que los estatutos y decisiones del Consejo Universitario de la Universidad de Chile puedan otorgarle?.
En su inciso segundo, ha intercalado el artículo “la” entre la expresión “caso,” y la palabra “absoluta”; ha reemplazado la contracción “al” por “del”, y ha sustituido su punto final (.) por una coma (,) agregando la siguiente frase final: “los que serán de uso exclusivo de ese establecimiento.”.
Ha incorporado como inciso final, nuevo, el siguiente:
“Asimismo, los bienes muebles e inmuebles de todo tipo que se adquieran para el funcionamiento y desarrollo del Liceo, serán de uso exclusivo de ese establecimiento.”.
En el número 7 de su inciso primero ha iniciado con mayúscula la palabra “ presidente ” que antecede a la expresión “del Centro de Alumnos”.
En su inciso segundo ha reemplazado la frase “del Director del Liceo , que durará mientras ejerza” por la siguiente: “del Director y el Presidente del Centro de Alumnos , que durarán mientras ejerzan”.
En su número 1 de su inciso segundo, ha sustituido su frase final “acorde a los estatutos de la Universidad de Chile” por “de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º”.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3686, de 20 de marzo de 2002.
3.	Oficio del Senado a través del cual modifica el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.749, en lo referido a la entrada en vigencia de la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. (boletín Nº 2934-13) (S)
“Artículo único.- Modifícase el inciso segundo del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, intercalando a continuación de la frase “del artículo 25”, lo siguiente: “, sólo en lo que se refiere al reemplazo del guarismo “192” por “180,”.
La modificación que se introdujo al inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo por la ley citada precedentemente, relativa a los tiempos que se imputan o no a la jornada de los trabajadores a que alude esa disposición, regirá a contar del día 1 del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.
Moción de los honorables senadores señores Parra y Ruiz De Giorgio , mediante la cual inician un proyecto de ley que modifica el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, en lo referido a la entrada en vigencia de la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de cargaterrestre interurbana. (boletín Nº 2934-13)
Durante la tramitación del proyecto de ley de las Reformas Laborales (ley Nº 19.759) se produjo un error de secretaría en relación con la norma relativa a la incorporación de los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. Dicho error se traduce en que la mencionada norma en lugar de regir desde el día 1º del mes subsiguiente a la publicación de la ley comience a regir el 1 de enero del año 2005.
Al revisar el Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara es posible constatar que el numeral que modificaba el artículo 25º del Código del Trabajo contenía tres letras, “a”), “b)” y “c)”. En cuanto a su aplicación en el tiempo para cada una de las letras existían normas diferentes:
-En relación con la letra “a)”, que se refería a rebaja de la jornada ordinaria mensual, el artículo tercero transitorio disponía que ella regiría a contar del 1 de enero del año 2005.
-Respecto de la letra “b)” no existía norma transitoria especial, por tanto, se regía por la norma general de esta ley, establecida en el artículo 1º transitorio, y debió comenzar a regir el 1 de diciembre del año 2001.
En relación con la letra “c)”, que se refería a la obligación de contar con literas para el descanso de los conductores, el artículo 4º transitorio disponía que esta modificación regiría a contar del 1 de enero del año 2003.
Para la discusión en la Sala de Cámara de Diputados sólo se presentó una indicación para modificar este numeral. Dicha indicación sólo se refería a la letra “b)”. Ni esa indicación ni ninguna otra alteró la época en que habría de regir la norma consagrada en la letra “b)” del numeral en cuestión. Todo ello se puede constatar al revisar el Diario de Sesiones de la sesión 33ª de la Legislatura 344ª Ordinaria. Por tanto, la Cámara de Diputados aprobó la norma que incorpora los tiempos de espera a la jornada de trabajo de los conductores de vehículos de transporte de carga terrestre para que ésta rigiera desde el mes subsiguiente al de la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Al elaborarse el oficio Nº 3501, mediante el cual la Cámara de Diputados comunicaba al Senado de la República que había dado su aprobación al proyecto de ley, se cometió un error, pues se procedió a fusionar en la letra “a)”, lo que se había aprobado en las letras “a)” y “b)”, sin reparar en que existían disposiciones transitorias diversas para cada una de estas letras. Luego el Senado de la República aprobaría las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, al tenor del oficio antes indicado, y remitiría el texto a su Excelencia el Presidente de la República para su promulgación y publicación.
En resumen, nos encontramos con una ley que hace aplicable una disposición transitoria a una norma en ella contenida con una fecha de vigencia diversa a la aprobada por la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámara de Diputados expresó su voluntad en orden a que las esperas se imputen a la jornada de trabajo de los conductores de vehículos de transporte de carga terrestre a contar de entrada en vigencia de la ley, y la ley dispuso que esta norma ha de regir el año 2005.
Con el objeto de poner en pronta vigencia la normativa aprobada el año recién pasado en relación a los tiempos que se imputan o no a la jornada de trabajo de los conductores de vehículos de transporte de carga terrestre, en uso de nuestras facultades constitucionales, venimos en formular el siguiente
Artículo Único.- Modifícase el inciso segundo del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.759, intercalando a continuación de la frase “del artículo 25”, lo siguiente: “, sólo en lo que se refiere al reemplazo del guarismo “192” por “180”,”. La segunda modificación que se introdujo al inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo por la ley citada precedentemente, relativa a los tiempos que se imputan o no a la jornada de los trabajadores a que alude esa disposición, regirá a contar del día 1º del mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
(Fdo.): AUGUSTO PARRA MUÑOZ , Senador de la República ; JOSÉ RUIZ DE GIORGIO , Senador de la República ”.
4.	Oficio del Senado a través del cual modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, en lo relativo al sistema de concesiones de bienes fiscales. (boletín Nº 2821-12) (S)
Con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
“Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 1.939, de 1977:
1.	En el inciso primero del artículo 59, reemplázanse las palabras “el que” por “cuyo extracto, con los elementos esenciales,”.
2.	En el inciso segundo del mismo artículo, sustitúyese la palabra “sociedad” por “persona jurídica”.
3.	En el inciso quinto del artículo 61, intercálase, entre las palabras “municipalidades” y “organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco”, la frase: “servicios municipales, u”.
4.	Agréganse al artículo 61, a continuación de su inciso quinto, los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a las concesiones gratuitas que se otorguen por períodos iguales o inferiores a cinco años, no les serán aplicables los artículos 59 y 63, y se entenderán perfeccionadas una vez que se notifique al adjudicatario la resolución respectiva, la que deberá ser fundada.
La solicitud para otorgar la concesión gratuita de corto plazo de que trata el inciso anterior, deberá ser puesta en conocimiento del correspondiente Gobierno Regional. El Intendente y el Consejo Regional deberán emitir su opinión dentro del plazo de quince días. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el Gobierno Regional competente se hubiese pronunciado, se entenderá que su opinión es favorable a la petición de concesión respectiva.
El Ministerio tendrá a disposición de las personas e instituciones que lo requieran la nómina de las concesiones gratuitas otorgadas y vigentes en la región respectiva, y velará por la debida publicidad de esta información.”.
5.	En el número 5 del inciso primero del artículo 62 C, a continuación de “licitación”, agrégase “o en el contrato de concesión respectivo”.
6.	En el inciso primero del artículo 87, reemplázase la fase “entidades señaladas en el artículo 57 de este decreto ley” por “entidades señaladas en el artículo 61 de este decreto ley”.”.
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 32 señores senadores de un total de 48 en ejercicio y, en particular, el numeral 4 del artículo único fue aprobado, en el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto conforme de 30 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Asimismo, cabe hacer presente que los numerales 3 y 6 del artículo único fueron aprobados con el voto afirmativo de 35 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de este modo, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política.
5.	Oficio del Senado.
“Nº 20.097
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, ha accedido a la solicitud de la Comisión de Hacienda, en orden a disponer el archivo de los siguientes asuntos:
1.	Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional desde noviembre de 1996, sobre la aprobación del convenio por el cual se establece la constitución del Centro para los servicios de información y Asesoramiento sobre Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe, correspondiente al boletín Nº 1633-10, y
2.	Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aprueba la ley orgánica de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, correspondiente al boletín Nº 1204-08.
La Comisión ha informado que ambas iniciativas han perdido su oportunidad, haciendo presente que su Excelencia el Presidente de la República en junio de 2000 solicitó el archivo de la segunda de ellas, el que fue aprobado por el Senado y rechazado por esa honorable Cámara.
En tal consideración, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa honorable Cámara, a fin de proceder al archivo de las referidas iniciativas.
Moción de los diputados señores Álvarez , Bauer , Forni , Kast , Moreira , Paya, Salaberry , Uriarte, Urrutia y de la diputada señora Marcela Cubillos .
Modifica en el Código Penal el delito de aborto. (boletín Nº 2978-07)
“Fundamento
El derecho a la vida, cuya protección fundamenta la existencia del tipo penal del aborto se encuentra correctamente garantizado, a todas las personas, en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República.
El contenido global del derecho, que reconoce y protege esta básica garantía constitucional, supone que el derecho a la vida se refiere preferentemente al soporte biológico y psíquico del hombre. Por esta razón, es que el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, es el complemento directo de esta misma garantía constitucional.
Pero el constituyente no se contentó con garantizar la vida, sino que además dispuso su protección desde el inicio de la misma. Por ello es que también se ordena la protección de la vida del que está por nacer en una clara y enfática condena al aborto.
El bien protegido es la vida; de ello no existe duda alguna, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia. Por otra parte, hoy tampoco hay duda, ni científica ni jurídica, en cuanto a que la vida humana se inicia desde la concepción. En ese momento, los gametos dan un salto sustancial en virtud del cual dejan de ser lo que son, comenzando un proceso único e irreversible, el de la vida.
Ello es tan claro para el constituyente que cualquier intento por determinar una época diferente al de la concepción como el del inicio de la vida es, sencillamente, arbitrario y contrario por ello a la norma expresa de la Carta Fundamental que impide o excluye claramente cualquier posibilidad de arbitrariedad. Fundan este razonamiento, hoy, importantes fallos de los tribunales superiores de justicia, y en el orden administrativo, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, nombrar sólo algunas de las instituciones permanentes del Estado.
Pero aún hay más, el Pacto de San José de Costa Rica también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional suscrito por Chile y vigente (D.O. de 5 de enero de 1991), dispone en su artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”.
Las disposiciones positivas de nuestro ordenamiento son prístinas, la vida humana, el sujeto de derecho, las personas como centro de la imputación normativa y detentadoras del derecho a la vida lo poseen desde la concepción, no existe otra interpretación posible ya que no hay nada que interpretar.
Piénsese, por ejemplo, en las disposiciones que el propio Código Civil consagra. En primer orden, la misma definición de persona del artículo 55 de ese cuerpo normativo, señala: “Son personas todos los individuos de la especie humana...”, es decir, para ser persona basta, de acuerdo con este juicio universal, ser un individuo y pertenecer a la especie humana, pues bien, ello es justamente lo que ocurre con el producto de la concepción, éste es un individuo, distinto a la madre, y, obviamente, pertenece a la especie humana; es, en consecuencia, persona. La misma disposición luego agrega “...cualquiera sea su sexo, edad, estirpe o condición...” es decir, la misma disposición expresa y categóricamente excluye que un criterio de distinción pueda ser la edad cronológica del individuo que pertenece a la especie humana, para ser considerado persona, de modo tal que éste lo es desde el mismo instante de su concepción. De ello no existe duda.
A mayor abundamiento, nos permitimos recordar la sesión de Sala, de fecha 3 de marzo de 1999, del Senado de la República. En aquella, el tema tratado fue la reforma constitucional que tenía por objeto explicitar la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, se buscaba sustituir en el artículo primero de la Constitución, inciso primero, la expresión “Los hombres” por “las personas”, como finalmente ocurrió. Durante el debate y antes del tiempo de votaciones, el senador Carlos Bombal Otaegui solicitó una aclaración y luego a través del Presidente solicitó un acuerdo a la Sala -que por cierto lo brindó de un modo unánime la Sala del Senado- el que nos permitimos transcribir íntegramente:
“El señor BOMBAL .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero solicitar una aclaración previa y, con ello, pedir que se recabe el acuerdo de la Sala en orden a dejar una constancia en actas para la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional que se modifica a través del proyecto en debate.
Mi solicitud de aclaración está destinada al señor presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y dice relación con el hecho de que, con la enmienda propuesta en el Nº 1) del artículo único de la iniciativa -sustituye en el inciso primero del artículo 1º de la Carta Fundamental la expresión “Los hombres” por “Las personas”-, en lo sucesivo alguna doctrina podría pretender sostener que sólo se es persona y, por ello, sujeto de derecho el individuo que ha nacido, con lo cual la criatura concebida y no nacida no tendría la calidad de persona.
A mi juicio, dicha aclaración es esencial porque, con la finalidad de evitar la discriminación contra el género femenino eventualmente podríamos estar dando paso a una discriminación peor y más grave”.
El mismo parlamentario, luego agrega:
“Por lo tanto, sobre la base de la aclaración pedida, solicito formalmente a la Mesa que recabe el acuerdo de esta Sala con el objeto de hacer constar en forma expresa, para la historia fidedigna del establecimiento de la norma pertinente, que, ante el hipotético caso de que este proyecto se convierta en norma constitucional, jamás se podrá desprender de él que, en conformidad a nuestro ordenamiento fundamental, se es persona y, por ello, sujeto de derecho a partir del nacimiento, pues este asunto ya fue zanjado por otra norma constitucional. En la especie, el artículo 19, Nº 1, de la Carta, al proteger la vida del que está por nacer, lo hace luego de que en el epígrafe de aquel precepto se dispone expresamente que “La Constitución asegura a todas las personas”; es decir, que la criatura que se encuentra por nacer es persona y sujeto de derecho desde su concepción.
Al tenor del Nº 1 del artículo 19 y del artículo 1º de la Constitución, de aprobarse la reforma de este último, podría darse pie para que la doctrina planteara la existencia de contradicción entre ambas normas fundamentales.
En consecuencia, señor presidente , solicito que así lo acuerde la Sala, pues no basta una simple constancia en actas. Para que el intérprete pueda citar con autoridad la historia fidedigna del establecimiento de la ley, debe basarse en un acuerdo del órgano legislativo con potestad suficiente para crear, interpretar auténticamente, modificar o derogar la norma de que se trata.
Solicito, entonces, que el señor presidente de la Comisión de Constitución efectúe la aclaración pertinente y que, hecha ésta, si procediere, se recabe el acuerdo del Senado en la dirección que señalé”.
El presidente , luego de solicitar el acuerdo de la Sala, le concede la palabra al señor presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el senador señor Larraín .
“El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , si tenemos presente el objetivo del mensaje -éste señala que se trata de un proyecto de reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres-, observamos que no se pretende innovar el tenor del actual artículo 1º de la Constitución.
En consecuencia, no parece posible desprender un significado distinto del que hoy tiene la expresión “Los hombres”. De manera que la interpretación del honorable señor Bombal , a mi entender, es correcta.
Creo que si se aprueba este proyecto -parece que así va a ocurrir-, la interpretación dada a la referida norma deberá seguir, porque no se modifica su sentido con la expresión “Las personas”, agregada en la Comisión a sugerencia del senador señor Hamilton . Ese hecho no altera la búsqueda de igualdad como objetivo central de la misma iniciativa y no cambia la noción sobre el término “persona”, que, dentro de la tradición jurídica, ha incluido como sujeto de derecho al que está por nacer”.
Así las cosas, el primer objetivo del presente proyecto es restituir la ubicación del delito de aborto en el Código Penal. Aquel, a nuestro entender hoy y bajo un vicio formal de inconstitucional, se ubica como un delito en contra de la moralidad pública y el orden de las familias, debiendo, por todo lo razonado, encontrarse entre los delitos en contra de las personas. Esa misma razón, importa en los hechos un alza en la penalidad. Ello en atención a que el bien jurídico protegido es el mismo y no existe diferencia cualitativa, entre la vida antes y después del parto: ambas son humanas y dignas de idéntica protección.
Con todo, la mayor novedad del proyecto radica en el tratamiento que se propone para la mujer que incurre en el tipo. Quienes patrocinamos este proyecto, consideramos que resulta indispensable asumir que cada vez que ocurre un aborto existen dos víctimas. Una, la criatura que irremediable e injustamente es asesinada, y la otra, la madre, que es conducida a un verdadero callejón sin salida por la falta de oportunidades que se le presenta en su entorno y frente a su particular drama decide abortar.
Creemos firmemente que el reproche penal no es el camino para combatir esta realidad. Por el contrario, nos asiste la convicción de que es necesario dejar de considerar a la mujer victimaria de su prole y concederle la categoría, que de acuerdo con nuestro entender posee y que es la de víctima. No obstante lo anterior, para ello es indispensable mantener el reproche penal del tipo admitiendo siempre una salida.
En ese orden, el proyecto en primer lugar, consagra el arrepentimiento eficaz, como circunstancia eximente de responsabilidad de la mujer que comete aborto o permite que se lo causen y facilita frente a la no-ocurrencia de tal hipótesis, que el juez pueda siempre conmutar la pena privativa de libertad, impuesta a la mujer, por la realización de trabajos determinados a favor de la comunidad, lo que sin duda ayudarán con mayor eficacia la rehabilitación de la misma en torno a la vida.
Por de pronto, esta incorporación de figuras en que la mujer deja de ser victimaria y pasa a ser víctima traerá, a no dudarlo, un efecto secundario extraordinario. Quienes lucran, escandalosamente, con el aborto deberán desde ahora pensarlo muy bien antes de asumir su sanguinaria y lucrativa práctica, ya que sus pacientes podrán en cualquier tiempo arrepentirse y quedando sin pena alguna y sufriendo estos homicidas todo el rigor de la ley.
En suma, honorable Cámara, el proyecto pretende:
1.	Trasladar la ubicación del delito de aborto en el Código Penal, desde el Título en que se tratan los delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública, al Título que se refiere a los delitos contra las personas.
2.	Modificar sus penas, en el sentido de aumentar las penas privativas de libertad, y agregar la pena de multa para los terceros que cometan este delito.
3.	Incorporar el arrepentimiento eficaz, como circunstancia eximente de responsabilidad de la mujer que comete aborto o permite que se lo causen y facilita frente a la no-ocurrencia de tal hipótesis, que el juez pueda siempre conmutar la pena privativa de libertad, impuesta a la mujer, por la realización de trabajos determinados en favor de la comunidad, lo que sin duda ayudará con mayor eficacia a la rehabilitación de la misma en torno a la vida.
“Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal:
1.	Intercálase como párrafo 3 del Título VIII del Libro Segundo el párrafo 1 del Título VII del mismo Libro, pasando en consecuencia los artículos 342, 343, 344 y 345 a ser artículos 394 A, 394 B, 394 C y 394 D, respectivamente.
Los actuales párrafos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del referido Título VIII pasarán a ser párrafos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente.
2.	Sustitúyase el artículo 342, que pasa a ser 394 A, por el siguiente:
“Artículo 394 A.- El que maliciosamente causare un aborto será castigado:
1º	Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de cien a trescientas unidades tributarias mensuales, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada.
2º	Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, si, aunque no lo ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer.
3º	Con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de cien a trescientas unidades tributarias mensuales, si la mujer consintiere.”.
3.	Sustitúyase el artículo 344, que pasa a ser 394 C, por el siguiente:
“Artículo 394 C.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Con todo, el juez una vez ejecutoriada la sentencia y en atención a su arrepentimiento y compromiso rehabilitador podrá conmutar siempre la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. La resolución que conmute la pena deberá señalar la naturaleza del trabajo a desempeñar, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento, se preferirá siempre a las instituciones que tengan una clara identificación a favor de la vida del que está por nacer. Se intentará siempre hacer compatible esta conmutación de la pena con la jornada laboral de la condenada, dándose preferencia a fines de semana y festivos para efectuar el trabajo comunitario. El incumplimiento de estas obligaciones hará exigible la sanción originalmente impuesta por el solo ministerio de la ley.
No se aplicará la pena indicada en el inciso anterior, si la mujer, en cualquier tiempo antes de la dictación de la sentencia de término en el proceso que la afecta, coopera eficazmente con la autoridad administrativa, policial o judicial, para determinar el cuerpo del delito o sus autores, cómplices o encubridores, o para prevenir o impedir la perpetración o consumación del delito de aborto.
Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos e informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento aludido”.
4.	Reemplácese en el artículo 345, que pasa a ser 394 D, la oración “las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado” por la siguiente: “las penas de presidio señaladas en el artículo 394 A, aumentadas en un grado, y multa de cien a quinientas unidades tributarias mensuales”.
Moción de los diputados señores Leal , Bustos , García-Huidobro , Saffirio y de las diputadas señoras Carmen Ibáñez y Laura Soto.
Establece una nueva agravante de responsabilidad criminal fundada en la comisión de delitos por motivaciones racistas, xenofóbicas o discriminatorias. (boletín Nº 2979-07)
“Vistos: Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados y en el Código Penal.
1º	Que a nivel mundial, en los últimos dos decenios, se ha podido percibir el resurgimiento de movimientos políticos, de carácter totalitario, que funcionando al margen de las normas básicas de convivencia del sistema democrático propugnan la discriminación y el maltrato a personas y colectivos, que conforman minorías, étnicas, religiosas o sexuales. La intolerancia virulenta y dañina, en contra del que consideran débil, inferior o simplemente diferente, es parte sustancial de su doctrina y de su quehacer.
2º	Que esta clase de organizaciones, nacidas originariamente en Europa, han comenzado, por la vía de la imitación y la expansión natural de las ideas, a calar en determinados sectores de la sociedad chilena, existiendo antecedentes precisos de la existencia de células y estructuras de organización de grupos neonazis que ya han actuado en diversas comunas del país.
Así, las agresiones producidas en Valparaíso, por parte de un grupo fuertemente armado, que han asaltado un local nocturno, para propinar una paliza salvaje a los asistentes al recital de un grupo musical antifascista, a los ataques casi diarios que sufren travestis, o minorías étnicas de inmigrantes que en los últimos años se han instalado en Chile, obliga al Estado a reaccionar y a crear los instrumentos de control y también prevención del actuar de esta clase de organizaciones. No actuar en esta materia oportunamente, ha quedado demostrado en la experiencia comparada, significa arriesgar indebidamente a la sociedad chilena, a tener en el mediano plazo en su seno a grupos altamente peligrosos, capaces de poner en jaque al Estado de Derecho, la democracia y la pluralidad social y cultural.
3º	Que en esta línea de pensamiento, es que proponemos en esta iniciativa, la creación de una nueva agravante general de responsabilidad criminal, que permita reprimir con especial celo, al hacer más gravosa la pena, aquellos ilícitos cometidos por motivaciones xenofóbicas, racistas o simplemente discriminadoras.
Creemos que este dispositivo jurídico, es mejor que la creación de nuevos delitos, que sólo aumentan artificialmente el catálogo criminal y que impiden asumir la complejidad de los fenómenos delictuales asociados a esta clase de organizaciones, que se pueden manifestar en los más diversos atentados a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho y en especial por la ley penal.
4º	Que confiamos en que el Congreso Nacional, asuma los desafíos que nos impone estos nuevos fenómenos sociales, extremadamente graves, y que si no son atendidos a tiempo, pueden alterar de manera permanente la convivencia democrática y pluralista de los chilenos.
En mérito de lo expuesto, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase al artículo 12 del Código Penal, el siguiente número 20.
Nº 20.- “Realizan el delito motivado por razones de raza, étnicas, religiosas, culturales o de opción sexual”.
8.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001418
Ant.: AD-18.422
Santiago , 17 de junio de 2002
Por oficio Nº 3764, de 4 de junio en curso, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que modifica el decreto ley Nº 409, de 1932 y el decreto supremo Nº 64, de 1980, con el objeto de establecer normas sobre prontuario penal en las situaciones que indica conforme a lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. (Boletín Nº 2951-07).
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte en sesión del día 14 de junio en curso, presidida por su titular y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Kokisch , Juica , Segura y señorita Morales acordó manifestar lo siguiente:
En primer término, se modifica el decreto ley Nº 409, en el sentido de que por decreto supremo y cumpliendo el condenado determinados requisitos, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y se le indulten todas las penas accesorias. Se fijan los requisitos y el procedimiento administrativo para acceder a este beneficio.
Se regula sobre las materias de que trata el decreto supremo Nº 64 de 1960, reglamentando el prontuario penal, su apertura, actualización y custodia. Se ordena la eliminación de las anotaciones prontuarias en los casos que se indica.
En cuanto le corresponde informar a este Tribunal, no ve inconveniente en su aprobación como ley de la República.
Se deja constancia de que en el artículo 2º Nº 5º de la modificación al decreto ley Nº 409, se alude erróneamente a “delito o simple delito” cuando debería ser “crimen o simple delito”.
9.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 001458
Ant.: AD-18.427
Santiago , 18 de junio de 2002.
Por oficio Nº 3.768, de 5 de junio último, la Presidenta de la honorable Cámara de Diputados ha remitido para su informe a esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece prohibición a abogados integrantes de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones para desempeñar funciones en empresas pertenecientes al Estado.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte del proyecto de ley indicado, en sesión del día 14 de junio recién pasado, presidida por su titular y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Libedisnky , Ortiz , Benquis , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Marín , Yurac , Espejo, Kokisch , Juica , Segura y señorita Morales, acordó manifestar lo siguiente:
El proyecto en cuestión se refiere a la introducción del siguiente nuevo artículo 221 bis al Código Orgánico de Tribunales.
“Artículo 221 bis.- Los abogados integrantes mencionados en los artículos anteriores no podrán desempeñar funciones en empresas pertenecientes al Estado”.
En el supuesto que en la frase “empresas pertenecientes al Estado” no se han querido incluir otros órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, ya fueren centralizados o descentralizados, según lo previsto en los artículos 1º y 26º de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Corte se permite hacer las siguientes sugerencias:
1º	Emplear la denominación “empresas públicas creadas por ley”, que utiliza el artículo 1º de la ley Nº 18.575, en vez de las palabras “empresas pertenecientes al Estado”, que no está definida en nuestra legislación.
Entre las empresas públicas creadas por ley pueden citarse, por vía de ejemplo, las siguientes:
-Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile) (Decreto ley Nº 1.350 de 1978).
-Banco del Estado de Chile (Decreto ley Nº 2.079, de 1977).
-Empresa de los Ferrocarriles del Estado (DFL Nº 94, de 1960).
-Empresa de Correos de Chile (DFL Nº 10 de 1981).
-Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ley Nº 18.297).
-Empresa Nacional de Minería (DFL Nº 153, de 1960).
-Empresa Nacional del Petróleo (ley Nº 9.618).
-Empresas Portuarias creadas por la ley Nº 19.542.
2º	Si, además de las “empresas públicas creadas por ley” se pretendiere incluir a otras entidades controladas también por el Estado sería necesario usar, en adición, las palabras “y sociedades en que el Estado, directamente o a través de órganos o servicios públicos, tuviere una participación mayor del 50 en su capital, administración o utilidades”, términos que suelen ser utilizados en diversas leyes.
Por vía ejemplar puede citarse al respecto la Empresa Marítima S.A. ( Empremar ) (ley Nº 18.773).
3º	Por último, se sugiere también que, en vez de decir en el proyecto que los abogados integrantes “no podrán desempeñar funciones”, se invierta la oración expresando: “No podrán ser abogados integrantes de la Corte Suprema ni de las Cortes de Apelaciones las personas que presten servicios a...”.
La expresión “prestar servicios” es más amplia que “desempeñar funciones”, pues alcanza no solamente a quienes ocupan un cargo, sino que también a quienes, sin ser empleados o funcionarios, puedan servir como abogados externos o asesores.
(Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA , Presidente subrogante ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .