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Timestamp: 2019-04-23 16:33:04
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Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

Legislación Provincial de Córdoba: Decreto Reglamentario Número 1405-95
DECRETO Nº 1405/95
REGLAMENTACIÓN DEL ART. 17 DE LA L. Nº 4356
RÉGIMEN DE LICENCIA POR EJERCICIO DE REPRESENTACIÓN SINDICAL
FECHA DE EMISIÓN: 31.10.95
PUBLICACIÓN: B.O. 02.01.96
TEXTO ART. 1°: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° DECRETO N° 611/12 (B.O. 25.06.12).
Córdoba, 31 de octubre de 1995
VISTO: El Expediente Nº 0280-36638/95, en el cual obran las actuaciones relacionadas con la reglamentación del Artículo 17º de la Ley Nº 4356 y referido a licencias remuneradas para personal docente por ejercicio de representación sindical.
Que motiva dicho requerimiento la intención de lograr a través del reglamento de la norma sustancial, un régimen más conveniente, económico, equitativo y adecuado al plexo normativo vigente en el ámbito de la Administración Pública Provincial y a la actual situación de emergencia económica declarada por Ley Nº 8472 y su Modificatoria Ley Nº 8482.
Que partiendo de la base jurídica que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional, respecto del derecho de los trabajadores a la organización sindical libre y democrática, reafirmada en las prescripciones de los arts. 23º incisos 9, 11, 12 y 35 de la Constitución Provincial, con especial referencia a “todas las personas en la Provincia”, la disposición del artículo 17º de la Ley N° 4356, debe entenderse enmarcada dentro del espectro legal que regula la creación, reconocimiento y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores. Ese ámbito de actuación, sin embargo, reclama algunas precisiones sobre su operatividad jurídico formal y de hecho.
Que en primer lugar, resulta atinado concluir en que, conforme a las prescripciones del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, cabe al Congreso de la Nación todo lo atinente a la regulación codificada de las normas que hacen al Trabajo y la Seguridad Social. Esta aseveración, no obstante, tiene que ser acotada y coordinada, en función de la zona de reserva reconocida en el propio texto constitucional a los Estados Provinciales.
Que en tal sentido, no es racionalmente sostenible que los empleados públicos no puedan organizarse sindicalmente en forma libre y democrática, y en virtud de ello, ejercer derechos inherentes a la protección del trabajo, tales como la huelga (con limitaciones jurisprudencialmente instituídas), la concertación de convenios laborales, arbitrajes, representación gremial, etc.
Que lo que quizás no haya merecido aún, un pronunciamiento categórico y expreso, es el ordenamiento regulatorio aplicable en el reconocimiento, constitución y contralor de las asociaciones gremiales de empleados de las administraciones provinciales. Sobre el particular y sin pretender agotar todo el complejo esquema de posibilidades hermenéuticas, se entiende que el derecho de agremiación es un derecho de raigambre constitucional, que no excluye a los agentes públicos y que como tal puede ser reglamentado por el gobierno nacional o provincial, según el ámbito materia de regulación.
Que todo lo atinente a las relaciones de empleo en el ámbito privado, por ser materia exclusiva y excluyente de la ley de fondo que el artículo 75 inciso 12, de la Constitución Nacional, le confiere al Congreso de la Nació Que todo lo atinente a las relaciones de empleo en el ámbito privado, por ser materia exclusiva y excluyente de la ley de fondo que el artículo 75 inciso 12, de la Constitución Nacional, le confiere al Congreso de la Nación, quedan atrapadas dentro de la normativa que a tal efecto dicte ese poder del estado nacional. Pero en lo que se refiere a las relaciones propias del ámbito administrativo provincial, la cuestión pareciera tener otro andarivel reglamentario, circunscripto al propio gobierno de la Provincia, atento al mandato constitucional que consagra tales derechos y la obligación de tutelarlos impuesta a sus autoridades.
Que de lo dicho y partiendo de la premisa de que el reconocimiento oficial de la asociación gremial le confiere a la misma el derecho de “defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses profesionales de los trabajadores, cuya representación ejerce, de conformidad con los alcances de su personería...”(Vázquez Vialard A. “Derecho del Trabajo y Seguridad Social”; Edit. Astrea; 1979 pág. 499), la actuación que a ese ente representativo le cabe, queda sujeta, en primer término, a la regulación específica de orden provincial y, subsidiaria o supletoriamente, a la de orden nacional, si la hubiere y resultare compatible.
Que ésta ha sido sin duda la interpretación dada hasta el presente, tanto por las autoridades provinciales como por las de jurisdicción federal. Ello se advierte por el hecho de que sin cuestionamiento, las entidades gremiales representativas de los agentes de nuestra Provincia han obtenido y actúan en función de la personería gremial concedida por los organismos de la órbita nacional en función de la Ley de Asociaciones Profesionales (verbigracia art. 89 - Ley 7233).
Que sin embargo, y aún cuando esos entes profesionales ejercen su accionar a partir de tal decisión formal de reconocimiento, en los hechos ellos quedan sujetos, condicionados, completados, ampliados, rectificados o adecuados a las modalidades propias de la actividad estatal específica, que en cada caso consagran las normas de los respectivos ordenamientos legales o estatutarios, tal es el caso del Capítulo VII del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial, o el mismo artículo 17 de la Ley Nº 4356.
Que es precisamente este último precepto, el que establece una norma diferente a la del régimen nacional (Ley Nº 23551) cuando, precisando con criterio propio, los alcances de la tutela sindical respecto al ejercicio de cargos electivos o representativos del gremio pertinente, lo hace sin perjuicio de remitir a la observancia del resto del ordenamiento nacional (que no altera) y que por entonces estaba contenido en el Decreto Nº 23852/45, ratificado por Ley 12921, como régimen regulatorio de las asociaciones profesionales.
Que partiendo de que la voluntad política en el área de personal es mantener el derecho a la licencia remunerada para ejercer la representación sindical, pero tal voluntad se pretende acotar en sus alcances, no caben dudas que el mecanismo procedimental adecuado transcurre por la vía de la reglamentación del texto sustancial vigente. Esa regulación jurídica reglamentaria encuentra sustento, en primer lugar, en la atribución conferida al Poder Ejecutivo por el art. 144 inc. 2 de la Carta Fundamental de la Provincia y en segundo término, en la necesidad que surge del propósito señalado, que en este caso puede efectivizarse sin violentar la ley que reglamenta y a la que está necesaria y jerárquicamente subordinada.
Que el objetivo de lo tramitado en autos, no modifica ni deroga ley o reglamento alguno de jerarquía superior, tampoco se altera ningún principio general del derecho. Sólo se intenta morigerar los efectos de la aplicación literal, y por ende ilimitada, del texto del art. 17 de la Ley de Licencias para docentes provinciales, compatibilizándolo, incluso, con otros ordenamientos provinciales actualmente en vigor.
Que desde tal óptica, no resulta entonces objetable jurídicamente, la formalización por decreto de una norma reguladora del ejercicio de este derecho para los representantes gremiales de los educadores, disponiendo la limitación del número de agentes que pueden hacer uso de la licencia con goce de sueldo por motivos de representación gremial en tanto se adecuen y expliciten los aspectos reseñados anteriormente.
Por ello, los informes producidos, los Dictámenes Nros. 817/95 del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación y Cultura y 885/95 de Fiscalía de Estado;
*Artículo 1º - REGLAMÉNTASE el artículo 17 de la ley N 4356, referente a licencias remuneradas para personal docente por ejercicio de representación sindical, en la siguiente forma: “la licencia sindical prevista en dicho dispositivo será concedida solo a VEINTE (20) docentes que integren los cuerpos orgánicos de las entidades gremiales que representen el sector. Dicho beneficio no podrá ser extensivo en ningún supuesto, a mayor número de agentes en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial.
Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Educación y Cultura.
Artículo 3º - PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección de Personal, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
MESTRE -. PÉREZ