Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-27-2010-ap-murcia-sec-5-rec-406-2009-26-01-2010-10682721
Timestamp: 2017-11-19 08:35:55
Document Index: 76731674

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 222', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 398', 'artículo 394']

Sentencia Civil Nº 27/2010, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 406/2009, 26-01-2010 | Iberley
Sentencia Civil Nº 27/2010, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5, Rec 406/2009 de 26 de Enero de 2010
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 30/07/2003
Núm. Resolución: 1091-03
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Resolución Vinculante de DGT, V1888-07, 12-09-2007
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 12/09/2007
Núm. Resolución: V1888-07
Ponente: Manzanares, José Manuel Nicolás
Núm. Sentencia: 27/2010
Núm. Recurso: 406/2009
Núm. Cendoj: 30016370052010100010
SENTENCIA: 00027/2010
ROLLO DE APELACION Nº 406/2009
JUICIO VERBAL Nº 137/2008
JUZGADO DE 1ª. INSTANCIA Nº DOS DE SAN JAVIER
SENTENCIA NUM. 27
D. José Joaquín Hervás Ortiz
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Verbal número 137/2008 -Rollo 406/2009-, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de San Javier, entre las partes: como demandante la Comunidad de Propietarios " DIRECCION000 Áreas NUM000 y NUM001 ", representada por la Procuradora Doña Carmen Almudena Cler Guirao y dirigida por el Letrado Don Manuel Martínez-Pastor Sánchez, y como demandado Don Juan Carlos , representado por el Procurador Don Francisco Rubio García y dirigido por la Letrada Doña María Teresa Martínez Gallego. En esta alzada actúan como apelante el demandado, representado ante este tribunal por el Procurador Don Francisco Antonio Bernal Segado, y como apelada la demandante. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don José Manuel Nicolás Manzanares, que expresa la convicción del Tribunal.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de San Javier en los referidos autos, tramitados con el número 137/2008 , se dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 2008 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo ESTIMAR Y ESTIMO la demanda presentada la Procuradora Dª Carmen Almudena Cler Guirao, en representación de la "Comunidad de Propietarios DIRECCION000 , Áreas NUM000 y NUM001 ", contra Don Juan Carlos , representado por el procurador Sr. Rubio García, y debo CONDENAR Y CONDENO al demandado a abonar a la actora la cantidad de 2.431,36 y, a las costas legales del procedimiento".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se preparó recurso de apelación por la parte demandada, que, una vez admitido a trámite, interpuso en tiempo y forma, exponiendo por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a la parte demandante, emplazándolas por diez días para que presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resultara desfavorable, sin que presentara escrito alguno, por lo que se declaró precluida y perdida la oportunidad de realizar el referido trámite. Seguidamente, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el número 406/2009, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día de la fecha su votación y fallo.
PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda de juicio ordinario formulada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios " DIRECCION000 Áreas NUM000 y NUM001 " reclamando a Don Juan Carlos , quien fuera administrador de la Comunidad, la cantidad de 2.431,16 euros, "cuyo origen fue el pago por duplicado de unos servicios de jardinería efectuados por D. Ignacio , quien al apreciar el error procedió a la devolución del efectivo en metálico al administrador de la cantidad que había cobrado de más, no siendo reintegrada por éste a la Comunidad, sustrayéndola para sí" -como textualmente se dice en ella-; y la estima por considerar que dicho demandado "no ha probado los hechos, que conforme a las normas jurídicas, extinguen o enervan la eficacia jurídica de los hechos que fundamentan las pretensiones del actor", concretamente "que dicho dinero fue invertido en otros gastos de la Comunidad, parte de los cuales él asumió personalmente destinando parte de la cantidad devuelta a compensarse a sí mismo los gastos que había sufragado a la Comunidad". Y, frente a esta resolución, interpone recurso de apelación el Sr. Juan Carlos , insistiendo en la excepción de cosa juzgada que le fue rechazada por la Juez en la vista del juicio, que basa en las prescripciones del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sosteniendo que la deuda pudo invocarse y reclamarse en el juicio ordinario que, también a instancia de la Comunidad, se siguió entre las mismas partes ante el Juzgado Número Uno de San Javier al número 529/2005 ; y, para el caso de no acogerse esta excepción, en cuanto al fondo, que sí está probado sus alegatos para oponerse a la presente demanda.
SEGUNDO.- En cuanto a la alegada excepción, se ha de recordar que la eficacia vinculante de la cosa juzgada material exige, según una constante doctrina jurisprudencial la concurrencia de las tres identidades de personas, cosas y causa o razón de pedir (SSTS de 1 de octubre de 1991, 31 de marzo y 27 de noviembre de 1992, 27 de octubre de 1997, 19 de junio de 1998, 7 de febrero de 2000 y 12 de diciembre de 2001 ), determinando la preclusión de todo ulterior juicio sobre el mismo objeto y la imposibilidad de decidir de manera distinta al fallo precedente, evitando que la controversia se renueve o que se actúen pretensiones que contradigan el contenido de la sentencia firme, siempre partiendo de la certeza de una resolución sobre idéntico conflicto, aun recaída en proceso de distinta naturaleza (SSTS de 5 de octubre y 23 de noviembre de 1983 y 21 de julio de 1988 ). Esta línea jurisprudencial es la que viene a seguir el vigente artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
También, como se alega en el recurso con cita del auto -no sentencia como se dice- de esta Sección de 17 de junio de 2008 , el Alto Tribunal, en Sentencia de fecha 31 de diciembre de 2002 , ha declarado que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1.991 y de 30 de julio de 1.996 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al artículo 400 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , añadiéndose que el juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo (Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1.990, 31 de marzo de 1.992, 25 de mayo de 1.995 y de 30 de julio de 1.996 ).
Pues bien, haciendo una comparativa entre aquel Juicio Ordinario número 529/2005 y el presente que nos ocupa, resulta que en el primero lo pretendido por la Comunidad de Propietarios actora fue que se condenara al Sr. Juan Carlos a una obligación de hacer, como era la entrega de una documentación de la Comunidad en posesión del Sr. Juan Carlos por la condición de administrador de aquélla que ostentó y que, como también se apuntaba en el escrito de contestación a la reconvención que formuló el Sr. Juan Carlos , reclamando honorarios, era necesaria para saber cuál era su situación económica y para poder "aclarar" las cuentas de la comunidad. Resulta, pues, patente que, como ya vino a apuntar la Juez en la vista del juicio, no se da el requisito de identidad de objeto, y, no concurriendo este requisito, la cosa juzgada no alcanza a la nueva pretensión que nos ocupa por el simple hecho -que se aduce- de que pudo haberse ejercitado antes, aprovechando otro litigio que tenía un objeto distinto. Ni el citado artículo 400 ni la doctrina jurisprudencial, anterior o posterior a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil obligan al demandante a ejercitar todas las acciones que le asistan contra el demandado, basadas en cualesquiera hechos jurídicamente relevantes para lograr cualesquiera consecuencias jurídicas, sino a alegar todos los hechos y fundamentos de derecho que sirvan para sostener la pretensión que ha ejercitado; y, por tanto, si, como ocurre en este caso, la pretensión ejercitada en el proceso posterior es distinta de la deducida en el anterior, en la medida en que se fundamenta en hechos diferentes y persigue consecuencias jurídicas distintas, la norma no opera, porque no establece la preclusión de las acciones o pretensiones que pudieron ser ejercitadas, como una suerte de prescripción o caducidad, sino de los hechos y fundamentos que les pueden servir de apoyo. Así se deduce con claridad, además, de su apartado 1: "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos...".
El presente supuesto es radicalmente distinto al contemplado por aquel auto de esta Sección de fecha 17 de junio de 2008 , en el que, como se dice en el mismo "lo único que se pretende son aspectos complementarios, aunque necesarios para el exacto cumplimiento del Fallo de la Sentencia anterior, donde se establecía la validez del contrato de opción de compra, declarada perfeccionada la compra venta y se condenaba expresamente a otorgar a favor de la actora escritura publica de compraventa de la finca en los términos pactados en el contrato, siendo que en el presente caso, lo único que se pide es una interpretación de lo que dice el contrato en relación con la finca resultante que se ha de entregar y escriturar, lo que desde luego determina ser el mismo objeto y entre las mismas parte que en el proceso anterior...".
Por consiguiente, no cabe sino refrendar en esta alzada la desestimación por la Juez de instancia de la excepción de cosa juzgada y, por tanto, desestimar este primer motivo del recurso.
TERCERO.- La misma suerte ha de correr el otro motivo del recurso y ello en aras a los propios fundamentos de la sentencia apelada.
Efectivamente, no se discute por las partes que la factura por importe de 2431,36 euros, correspondiente a unos trabajos de jardinería, fue abonada dos veces y tampoco que, una vez devuelto el indebido cobro por el jardinero, devolución que, como reconoce el Sr. Juan Carlos en la prueba de interrogatorio, se efectuó en metálico del que se hizo el cargo, no lo entregó a la Comunidad. Por lo tanto, la controversia, al igual que en la instancia, se centra en la justificación que al respecto ofrece el ahora apelante, esto es, si está probado "que dicho dinero fue invertido en otros gastos de la Comunidad, parte de los cuales él asumió personalmente destinando parte de la cantidad devuelta a compensarse a sí mismo los gastos que había sufragado a la Comunidad"; compensación que, además, es lo que refleja el documento 2 bis aportado por la Letrada del demandado en la vista del juicio y de constante referencia en el recurso. Esos gastos no son otros que los de 888,16 euros, correspondientes al recibo del agua del segundo semestre del año 2004; 352,90 euros, por gastos de correspondencia; 64 y 480 euros, por gastos de limpieza; 8730, 40Â42 y 244Â10 euros, por gastos de telefonía móvil; 50,65 euros, por gastos de ferretería; y 437,85 euros por reparaciones eléctricas.
Pues bien, no yerra la Juez de instancia al señalar en su sentencia, con carácter general, que "el principal vacío probatorio que encontramos es la inexistencia de las facturas que justifiquen los gastos por él abonados, correspondiéndole al mismo la carga de la prueba, como prevé el 217.1 LEC". Y es que, en efecto, la única factura aportada es la correspondiente a la compra de unos teléfonos móviles (aportada por el demandado en la vista del juicio como documento número 5) y, alegándose en el recurso que no se han aportado la totalidad de las facturas porque el Sr. Juan Carlos "entregó dichas facturas con la entrega de la documentación que se realizó en su momento al Presidente y letrado de la Parte actora y que consta documentado con los documentos aportados de nuevo en este procedimiento bajo los nº 3 y 4 de la documentación aportada por esta parte en el acto del juicio en el que consta expresamente que se le entregaron las facturas pagadas y pendientes de pago...", nos encontramos con que en dichos documentos, concretamente en el número 4, sólo se deja constancia de la entrega de "facturas" de un determinado ejercicio o periodo de tiempo sin concretar individualizadamente las facturas de que se tratan; y a ello se une que, aunque fue propuesto el interrogatorio del Presidente de la Comunidad, esta prueba no fue admitida; que no ha sido propuesta la testifical de los firmantes del recibí y que, siendo uno de ellos el Letrado director de la demandante, en el interrogatorio que el mismo efectuó al Sr. Juan Carlos lo único que se desprende es que la documentación que le fue entregada por éste era tan voluminosa que motivó que fuera aceptada para su comprobación y revisión, tal y como expresamente se hizo constar en el documento número 4.
Partiendo de lo expuesto, es claro que ninguno de los alegatos que, con relación a los concretos gastos que el Sr. Juan Carlos decidió compensar para no devolver la cantidad recibida, se sostiene.
Así, en cuanto al pago de la correspondencia de 352,90 euros y el pago de limpieza de 64 y 480 euros, se dicen justificados por que la "factura pagada ya fueron debidamente entregadas (documento 3 y 4)" y "en este procedimiento se le han aportado bajo el documento (2 bis) aportado por esta parte en el acto del juicio, desglose de su compensación en caja efectuada en fecha 2 de febrero de 2005", es decir, la justificación de esta compensación, que es lo que refleja el susodicho documento 2 bis, sería la misma compensación y la entrega de unas facturas que, por lo dicho anteriormente acerca de los documentos 3 y 4, no ha quedado probada. No se aprecia que yerre la Juez al señalar en su sentencia que se trata de gastos que "no resultan acreditados de forma documental, tan sólo aparecen en listados creados unilateralmente por el D. Juan Carlos (Doc. 6 y 7 de la demanda) en una relación de facturas pendientes a finales del año 2004" y tampoco al plantear el interrogante acerca de quién los abonó y si es posible que fuesen satisfechos con dinero privativo del administrador.
Los mismos argumentos vienen a esgrimirse respecto de los gastos de 40,42 €, 244,10 € y 50,65 € (la compensación en caja se justifica por sí misma y las correspondientes facturas habrían sido entregadas a la actora de acuerdo con los comentados documentos 3 y 4), con la particularidad de añadir que las dos primeras cantidades también resultan justificadas por los documentos números 6 y 7, cuando resulta que se trata de documentos unilateralmente elaborados por el Sr. Juan Carlos sobre consumo de teléfono; punto éste en el que sirve lo dicho por la resolución apelada con relación al gasto de 244,10 euros, señalando que "la única referencia es el Doc. 7 aportado por la demanda, se trata de un documento creado unilateralmente por la propia demandada sin justificante alguno que lo corrobore, algo bastante extraño si tenemos en cuenta que la facturación por telefonía móvil se remite por la compañía delimitando expresamente los conceptos".
En cuanto a los 87,30 euros, sí que se corresponde con la mitad del importe de la ya referida factura aportada en la vista del juicio como documento número 5, correspondiente a la compra de dos teléfonos móviles; pero, aparte de lo llamativo que resulta que la misma sea de fecha 16 de octubre de 2003, momento en el que además, al parecer, según lo declarado por el propio Sr. Juan Carlos , la Comunidad de Propietarios aun no se había constituido formalmente, toda la justificación para su compensación en cuenta, que no olvidemos tuvo lugar el 2 de febrero de 2005, no tiene más sustento que las propias alegaciones o manifestaciones del demandado.
En cuanto a la cantidad de 437,85 euros en concepto de reparaciones eléctricas, nada dice el recurso y no yerra la Juez cuando, después de señalar que presenta similar problemática que los otros gastos, destaca que "el propio administrador en su declaración no puede reconocer -esa cantidad- en la documentación exhibida, manifestando que se encuentran representadas en diversos conceptos que aparecen en la documental aportada por al (la) demandante, aunque sin precisar todos los que de forma conjunta suman dicha cantidad".
Por último, por lo que se refiere a la cantidad de 888,16 euros, correspondientes al recibo del agua del segundo semestre del año 2004, lo que sostiene el Sr. Juan Carlos en la prueba de interrogatorio es que anticipó, ingresando en metálico esa cantidad, para evitar un corte del suministro, porque no había saldo en la cuenta de la Comunidad; y ahora, una vez que la Juez en su sentencia señala que la cuenta reflejaba en ese momento un saldo de 588 euros, se nos ofrece la explicación de que, siendo insuficiente ese saldo, "si se hubiera cargado 1º se hubiera dejando la cuenta en negativa y sin disponibilidad para algún pago que ese día o al siguiente hubiera que atender con carácter urgente, razones estas por las que el Sr. Juan Carlos dentro de su gestión y mandato como Administrador de Fincas adelantó de su propio dinero dicho pago y así lo comunicó al Presidente...". Y, una vez más, toda esta explicación no tiene más sustento que su alegato, sin que, por otro lado, pasara desapercibido a la Juez que, aun admitiendo el abono en metálico, no está acreditado "que dicho pago se realizase con dinero privativo del administrador".
Como se deduce de cuanto se lleva expuesto, para estimar justificada las controvertidas compensaciones en cuenta, los hechos opuestos en la contestación a la demanda, poco menos que habría que elevar a rango de dogma las manifestaciones del Sr. Juan Carlos . Se da el vacío probatorio que lleva a la resolución apelada a desestimar la demanda.
CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 394 de la misma Ley , procede imponer a la parte apelante las costas procesales del recurso.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Francisco Rubio García, en nombre y representación de Don Juan Carlos , contra la sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de San Javier, en el Juicio Verbal número 137/2008 , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución; y ello con expresa imposición de las costas procesales del recurso a la parte apelante.
Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.