Source: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/torres21.html
Timestamp: 2013-05-25 14:53:19
Document Index: 133071348

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Equipo Nizkor - Texto del recurso de reforma contra el Auto de archivo del caso de los "Ocho de Benagéber".
Texto del recurso de reforma contra el Auto de archivo del caso de los "Ocho de Benagéber".
Diligencias Previas N� 000656/2010
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N� 6 de Llíria
Doña Eva María Tello Calvo, Procuradora de los Tribunales y de Dña.
Sebastiana Ortega Torres, según tengo acreditado en autos, ante el Juzgado
comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: Que en fecha de 26 de abril de 2010 me fue notificado el Auto dictado por este
Juzgado el 19 de abril próximo pasado decretando el sobreseimiento de las diligencias
de referencia, sobre la base de que "atendiendo a la Legislación vigente, en modo
alguno puede continuar la instrucción de la presente causa al entender que los hechos
denunciados quedaron en su día amnistiados", Que, estimando que la mencionada resolución es contraria a Derecho y
graviente lesiva para los legítimos intereses de mi representada, por medio del
presente escrito vengo a formular RECURSO DE REFORMA al amparo de los artículos
216 y ss., y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en base a las
siguientes ALEGACIONES PRIMERA.- En el Fundamento Jurídico segundo del Auto que se recurre, se afirma que
"[L]a denunciante fundamenta su pretensión al entender que los hechos denunciados
serían constitutivos de crímenes de lesa humanidad al igualar el presente
procedimiento al caso Scilingo o al caso Guatiala". La referencia que esta parte hace en su denuncia de fecha 25 de marzo de 2010 (en
adelante "la denuncia"), principalmente al caso Adolfo Scilingo Manzorro, es a efectos
de la aplicación por parte de los tribunales españoles del tipo penal de crímenes
contra la humanidad, independientiente del lugar de comisión de los hechos, pues
los elientos del tipo, al venir definidos por el derecho internacional aplicable, son
comunes en una serie de aspectos, al margen del lugar de perpetración de las
conductas prohibidas por el tipo. Precisamente por ello hacía esta parte referencia en la página 27 del escrito de
denuncia, a un párrafo de la sentencia Núm. 16/2005 de la Sección Tercera de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional (caso Adolfo Scilingo Manzorro), referido a la
configuración del tipo penal de crímenes contra la humanidad: "2. La definición del delito de lesa humanidad en nuestro Código penal viene
establecida sobre la base de la comisión de un hecho concreto: homicidio;
lesiones; detenciones ilegales, etc. (delito subyacente), dentro del contexto de
un ataque generalizado o sistiático contra la población civil o contra una parte
de ella, considerando que, en todo caso, se considerará delito de lesa
humanidad la comisión de tales hechos: 1� Por razón de la pertenencia de la
víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional; 2� En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistiáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y
con la intención de mantener ese régimen." La siguiente referencia a este caso lo es a tenor de la aplicación del tipo penal por un
tribunal español, como es la Audiencia Nacional, en relación con determinados
problias que puede plantear tal aplicación, y que son la tipicidad, lex certa y la
irretroactividad de la norma penal aplicable. Y hacios precisamente esta referencia
para mostrar que la sentencia viene a resolver estas cuestiones al amparo de las
propias características inherentes a los crímenes contra la humanidad: "Como ya avanzamos en su momento, el primer y aparentiente mayor
problia, que inmediatamente vamos a tratar, para la aplicación del precepto
penal contenido en el art.607 bis del CP referido a los crímenes de lesa
humanidad lo constituye el de su no vigencia en el momento de la producción
de los hechos dada su reciente incorporación al derecho positivo español. El Art.
9.3 de la CE, al garantizar el principio de legalidad también se refiere al de la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras mas favorables. El Art. 25
CE, expresamente establece que "Nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito � según la legislación vigente en aquel momento". Se plantean, pues,
varios problias relacionados con el principio de legalidad y tipicidad de las
normas penales: retroactividad, certeza y previsibilidad de la norma penal
aplicable... En cuanto [a] ... la posible ausencia de norma penal en el momento de
producción de los hecho... [p]artimos de la prohibición penalmente sancionada,
desde hace décadas, por el derecho internacional, de las conductas a que se
refiere el tipo penal recientiente introducido, siendo esta prohibición una
norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de "ius
cogens" internacional. No puede decirse, por tanto, que se traten de conductas
que no estaban anteriormente prohibidas, como tampoco, como verios, que
sean inciertas o imprevisibles ni en el mandato o prohibición que contienen ni
en el de la pena a aplicar..." Con ello abundábamos en nuestra argumentación de que la prohibición de cometer
este tipo de crímenes es una norma imperativa, de ius cogens, y no sometida al
instituto jurídico de la prescripción. Tal referencia se enmarca pues, básicamente, en la exposición de la
configuración de este tipo penal, cuyos elientos tienen una configuración muy
clara en el derecho penal internacional,la cual se expone a continuación. Esta configuración arranca con la doctrina derivada del Estatuto y las sentencias de
Nuriberg y que ha sido perfilada en los últimos años mediante la actividad judicial,
entre otras fuentes jurisprudenciales, de tribunales penales internacionales como los
de la ex Yugoslavia y Ruanda. Dada la época de la comisión de los hechos objeto de la denuncia, que según la
documentación aportada por esta parte mediante escrito de 13 de abril de 2010
habrían acaecido en marzo de 1947, no cabe lugar a dudas de que los hechos
expuestos ya eran considerados crímenes contra la humanidad por las naciones
civilizadas para esa fecha, posterior al Estatuto de Nuriberg. Si bien la historia del desarrollo del concepto de crímenes contra la humanidad está
asociada a la Segunda Guerra Mundial y los Tribunales de Nuriberg, la misma se
rionta a un tiipo anterior. Los horrores de las guerras del siglo XIX en Europa, así
como los de la Primera Guerra Mundial, fueron el telón de fondo para que naciera la
conciencia de que ciertos actos eran contrarios a la esencia misma del ser humano y
por ende, debían prohibirse. La necesidad de proteger a los individuos frente a actos que son contrarios a las más
elientales normas de convivencia civilizada de la humanidad se ha manifestado en
la búsqueda de nociones y mecanismos que permitieran enfrentar las formas más
crueles y despiadadas contra el ser humano. En esta búsqueda de la humanidad de
amparar a los individuos contra actos contrarios a la moral de la humanidad, fue
iergiendo la noción de crimen contra la humanidad. Así mismo, fue naciendo la idea
de que éstos deben ser objeto de justicia por parte del concierto de la comunidad
internacional. El término jurídico "crímenes contra la humanidad" fue primeramente definido en el
artículo 6 c) del Estatuto de Nuriberg, pero estos crímenes recibieron reconocimiento
legal en fecha tan lejana como 1868, en la Declaración de San Petersburgo sobre
proyectiles explosivos de pequeño calibre. Esta Declaración buscaba la limitación en
el uso de los mismos, ya que consideraba a éstos como "contrarios a las leyes de la
humanidad". En enero de 1872, Gustav Moynier, de Suiza, propuso que se
constituyera una Corte Penal Internacional para impedir las violaciones de la
Convención de Ginebra de 1864 y procesar a los responsables de las atrocidades
cometidas por ambos bandos durante la guerra franco-prusiana de 1870. El concepto
de leyes de la humanidad recibió después reconocimiento legal explícito en la Primera
Conferencia de La Haya de 1899, que adopta por unanimidad la Cláusula Martens
como parte del Preámbulo de la Convención de La Haya sobre respeto a las leyes y
costumbres de la guerra terrestre: "A la espera de que se redacte un código más completo sobre las leyes de la
guerra, las Altas Partes Contratantes consideran oportuno hacer constar que,
en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias por ellas
adoptadas, la población y las partes beligerantes se hallan bajo la protección y
la jurisdicción de los principios del derecho internacional, tal como se desprende
de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la
humanidad y de las exigencias de la conciencia pública". Hoy en día, la Cláusula Martens ha sido incorporada, prácticamente sin modificaciones,
a una gran variedad de instrumentos de derecho internacional humanitario. Las masacres perpetradas por el Imperio Otomano contra los armenios en Turquía,
estuvieron entre los primeros crímenes específicamente incluídos bajo la rúbrica
"crímenes contra la humanidad". En una Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia
de 24 de mayo de 1915, las masacres fueron denunciadas como "crímenes contra la
humanidad y la civilización por los que se haría rendir cuentas a todos los miibros
del Gobierno turco en su conjunto, junto con aquéllos de sus representantes implicados
en las masacres". La Comisión de la Conferencia de Paz de 1919 interpretó que los
crímenes contra la humanidad incluían asesinatos, masacres, terrorismo sistiático,
matanza de rehenes, torturas de civiles, inanición deliberada de civiles, violación,
abducción de mujeres y niñas para su sometimiento a prostitución forzosa, deportación
de civiles, internamiento de civiles bajo condiciones inhumanas, trabajos forzosos de
civiles en conexión con las operaciones militares del eniigo y bombardeo deliberado
de hospitales y lugares indefensos. Pero sería después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Tribunal Militar
Internacional de Nuriberg, cuando la noción de crimen contra la humanidad, también
llamados crímenes de lesa humanidad, ipezaría a ser definida. François de
Menthon, Fiscal General por Francia en el juicio de Nuriberg, lo definió como
aquellos crímenes contra la condición humana, como un crimen capital contra la
conciencia que el ser humano tiene hoy de su propia condición " |1|. Con Nuriberg
tendrían lugar los primeros juicios por crímenes contra la humanidad. El Estatuto de Nuriberg definió los crímenes contra la humanidad en su artículo 6 c),
tipificando como tales los siguientes actos: "....el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o
durante la guerra; o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en
ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con
los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país
donde hubieran sido perpetrados". El Estatuto reconoce pues dos categorías de crímenes contra la humanidad: a) actos
inhumanos y b) persecución por los motivos mencionados en el artículo 6 c). El análisis
del Estatuto y la Sentencia de Nuriberg preparado por las Naciones Unidas poco
después del juicio a los principales criminales de guerra nazis, abordó esta distinción
en los siguientes términos: "El artículo 6(c) contipla dos tipos de crímenes contra la humanidad. La
primera categoría comprende el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la
deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil.
La frase "y otros actos inhumanos" indica que la enumeración explícita que se
hace de determinados actos inhumanos no es exhaustiva. Podríamos
preguntarnos, por ejiplo, si la privación de los medios de subsistencia no
podría ser considerada como "acto inhumano". Las actividades reprobadas son
actividades dirigidas contra cualquier población civil. Esto no quiere decir que
haya de verse afectada toda la población. (...) La palabra "cualquier" indica que
el crimen contra la humanidad puede ser cometido contra los propios
compatriotas de quienes lo perpetran (...) |2|." Si bien tras el Protocolo de Berlín de 6 de octubre de 1945, no sólo la segunda
categoría de crímenes contra la humanidad, sino también la primera, quedaban sujetas
al requisito de que el crimen se cometiera en conexión con los crímenes sobre los que
el Tribunal era competente (i.e. crímenes contra la paz y crímenes de guerra), la Ley
10 del Consejo Aliado de Control suprimió el requisito de conexión en su definición de
crímenes contra la humanidad. Esta Ley tenía por finalidad dar efectividad a la
Declaración de Moscú y al Acuerdo de Londres, que contiene el Estatuto de
Nuriberg, proveyendo de una base uniforme para el enjuiciamiento de criminales de
guerra y autores de delitos similares distintos de los principales criminales de guerra
juzgados por el Tribunal de Nuriberg. El art. 6 c) del Estatuto del Tribunal de Nuriberg ha sido aplicado directamente no
sólo por los tribunales aliados después de la IIGM, sino también: en 1961, por el Tribunal del distrito de Jerusalén y el Tribunal Suprio de Israel
(caso Eichmann. I.L.R., 36, pp. 39-42, 45-48,288, 295), en 1971, por los tribunales de Bangladesh en el caso de la solicitud de
extradición a la India de oficiales de Pakistán "por actos de genocidio y crímenes
contra la Humanidad" (C.I.J. Annuaire 1973-1974, p. 125), en 1981, por el
Tribunal Suprio de los Países Bajos, en el asunto Menten (N.Y.I.L., 1982, pp.
401 y ss.), en 1983, por el Tribunal Suprio de Francia en el caso Barbie, que
fundamenta la aplicación del citado art. 6.c) en los siguientes criterios (todos
ellos aplicables en España): a) esta inculpación pertenece a "un orden represivo internacional al que le es
fundamentalmente ajena la noción de frontera" b) la adhesión de Francia a este orden represivo, c) la consagración, por la resolución de 13.II.1946 de la Asamblea General de
la ONU, de la definición de crímenes contra la Humanidad que figura en el
estatuto del Tribunal de Nuriberg, d) la recomendación de las Naciones Unidas a los Estados, en esta resolución,
de perseguir o extraditar a los autores de tales crímenes, e) la conformidad de tales textos con los arts. 15.2. del Pacto Internacional
relativo a los derechos civiles y políticos (y al art. 7.2 de la Convención Europea
de derechos del hombre), que afirman que el principio de irretroactividad de las
leyes penales no se opone a la persecución y condena de personas por hechos
reputados como "criminales según los principios generales del derecho
reconocidos por la comunidad de las naciones" -art. 15.2 citado. Esta excepción,
en el caso de en propiedad lo fuera, a la irretroactividad de las leyes penales ha
sido aplicada en la persecución penal contra una persona acusada de haber
desviado un avión cuando éste hecho no era punible por el ius fori en el
momento de haber sido cometido (Sri Lanka, Cr. of App., 28.5.1986, caso
Ekanayake, I.l.R., 87, p. 298. en 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Canadá) en el caso
Finta (10.5.1989, I.L.R., 82, 438 ss.). Esta noción de crimen contra la humanidad obedece a la necesidad por parte de la
comunidad internacional de reconocer que "hay dictados elientales de la humanidad
que deben reconocerse en toda circunstancia" |3|. Hoy son parte de los principios
aceptados por el Derecho Internacional. Así lo confirmó la resolución 95 (I) de la
Asamblea General de la ONU, de 11 de diciibre de 1946. La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación a través del derecho
penal internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguardia
constituye una norma imperativa de Derecho Internacional, ya que, como afirma la
Corte Internacional de Justicia en la sentencia Barcelona Traction, "dada la importancia
de los derechos que están en juego puede considerarse que los Estados tienen un
interés jurídico en que esos derechos sean protegidos; las obligaciones de que se trata
son obligaciones erga omnes" |4|. Esto significa que estas obligaciones son exigibles a
todos los Estados y por todos los Estados. En el Fundamento de Derecho Segundo de la denuncia (pp. 11 a 17) se expuso el
tratamiento otorgado a la entonces llamada "cuestión española" por parte de la recién
creada Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el texto de las principales
resoluciones dictadas en 1946 por la Asamblea General de la ONU a tales efectos, la
cual afirmó que "(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen
de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la
ayuda recibida de la Aliania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini |5|",
tratándose de un régimen alienado con las "potencias del eje". Por todo ello, la equiparación del régimen franquista al régimen de la Aliania nazi de
Hitler y de la Italia fascista de Mussolini, su alineación con las Potencias de Eje, lo
sitúan bajo el tratamiento jurídico que, al término de la II Guerra Mundial, se dio a los
crímenes cometidos por las Potencias europeas del Eje. En este sentido, hay que señalar que el art. 1 del Estatuto de Nuriberg dice así: "De conformidad con el Acuerdo suscrito el día 8 de agosto de 1945 por el
Gobierno de los Estados Unidos de América, el Gobierno Provisional de la
República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se
establecerá un Tribunal Militar Internacional (en adelante llamado "el Tribunal")
para, aplicando los principios de justicia e inmediación, enjuiciar y condenar a
los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje". Esto es, el Tribunal ejerce su competencia sobre los principales criminales de guerra
de los países europeos del eje, siéndoles de aplicación pues la doctrina derivada de
este estatuto y sus sentencias. A su vez, riitimos al Fundamento de Derecho Tercero del escrito de denuncia,
en cuanto a que los crímenes de la represión franquista se enmarcan en el
contexto europeo y su calificación viene dada por el derecho ianado de Nuriberg,
así como en lo referido a la obligación subsidiaria de aplicación del Estatuto de
Nuriberg, de la doctrina ianada de sus sentencias y de los Principios de
Nuriberg, tal cual fueron éstos confirmados por la Resolución 95 (I) de la Asamblea
General de la ONU, de 11 de diciibre de 1946, y elaborados por la Comisión de
Derecho Internacional por encargo de dicha Asamblea mediante la Resolución 177 (II),
de 21 de noviibre de 1947. (pp. 19 a 22 del escrito de denuncia). Por tanto, en la fecha de comisión de los hechos éstos ya se encontraban
prohibidos por el derecho internacional, habiendo sido las categorías penales
aplicables incluidas y definidas en el estatuto de Nuriberg de 1945 y elevada
la prohibición de esas conductas (crímenes contra la paz, crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad) poco después a norma de derecho internacional
con carácter de ius cogens y erga omnes. En el caso del Estado español la
aplicación del derecho y la doctrina que surgen del Estatuto y de las sentencias
de Nuriberg ofrece aún menos lugar a discusión, ya que la Asamblea General
de la ONU consideró en las Resoluciones mencionadas del año 1946, que el
régimen franquista era un régimen alineado con las Potencias Europeas del Eje.
Esta consideración permaneció en vigor aún después de la entrada de España
en las Naciones Unidas, entrada, que de por sí, implica adiás la aceptación del
acervo de Nuriberg. Actos que constituyen crímenes contra la humanidad. Aunque los instrumentos legales posteriores a Nuriberg han profundizado en la
definición de crímenes contra la humanidad, existe un acuerdo generalizado sobre los
tipos de actos que constituyen crímenes contra la humanidad, los cuales son
esencialmente los mismos que se reconocían hace casi ochenta años. A la luz del
desarrollo actual del Derecho Internacional, tanto consuetudinario como convencional,
constituyen crímenes contra la humanidad la práctica sistiática o a gran escala del
asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción
a estado de servidumbre, los trabajos forzosos, las persecuciones por motivos
políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos
sexuales, o la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario |6|. El Artículo II, pár. 1 de la Ley No. 10 del Consejo Aliado de Control, promulgada para
hacer efectivos los términos del la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943 y
del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1975, define los crímenes contra la
humanidad del siguiente modo: (c) Crímenes contra la Humanidad: atrocidades y ofensas incluyendo, pero no
limitadas a, el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento,
tortura, violación, o cualesquiera actos inhumanos cometidos contra una
población civil, o persecuciones por motivos políticos, raciales, o religiosos, sean
o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido
perpetrados. (d) Pertenencia a las categorías de grupo u organización declarados criminales
por el Tribunal Militar Internacional. Más recientiente, los Estatutos de los Tribunales Internacionales para la Antigua
Yugoslavia (en adelante "TPIY") y Ruanda (en adelante "TPIR"), en sus artículos 5 y
3 respectivamente, definen los crímenes contra la humanidad como sigue: Crímenes contra la humanidad. El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos
responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en
el curso de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos
contra cualquier población civil: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos. Esta definición está basada en la primera parte del artículo 6(c) del Estatuto de
Nuriberg y la misma hace referencia también a los actos de persecución que, de
hecho, constituyen la segunda categoría de crímenes contra la humanidad contenida
en el Estatuto del Tribunal. En relación con el presente caso, nos detendrios únicamente en aquéllos actos que
constituirían crímenes contra la humanidad en los que podrían incardinarse los hechos
de la denuncia, debiendo ser la investigación de tales hechos la que determine con
mayor precisión el tipo de acto concreto: Exterminio: el exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo
el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuriberg; artículo II(1) (c) de la Ley
Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano suprio de los aliados en Aliania,
ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de
los Principios de Nuriberg. Se incluyó también en el estatuto del TPIY, (artículo 5)
y del TPIR, (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz
y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr. 11 y 1996: artículo 18(b)].
Exponios su definición al hablar de la práctica generalizada del asesinato, para así
proporcionar los elientos distintivos de uno y otro acto. La práctica sistiática o generalizada del asesinato: el asesinato se reconoce
como crimen contra la humanidad desde la I Guerra Mundial, en la Declaración de
Francia, Gran Bretaña y Rusia de 1915, y, por la Comisión de la Conferencia de Paz
1919. Desde entonces, el delito de asesinato ha sido contiplado como un crimen
contra la humanidad en el Estatuto de Nuriberg, artículo 6(c), la Ley No. 10 del
Consejo Aliado de Control, artículo II, pár. (c), el Estatuto del Tribunal para el Lejano
Oriente (Estatuto de Tokio), artículo 5(c); Principio VI c) de los Principios de
Nuriberg; Estatuto del TPIY, artículo 5(a); Estatuto del TPIR, artículo 3(a), artículo
18 del proyecto de Código de Crímenes de 1996 y artículo 2, párr. 11 del proyecto de
código de 1954. En su proyecto del Código de Crímenes, la Comisión de Derecho Internacional explica
que el asesinato "es un crimen claramente tipificado y bien definido en la legislación
nacional de todos los Estados". Las diferencias conceptuales en la definición del
asesinato entre los distintos sistias nacionales de justicia penal conducen a veces
a confusiones en lo que hace a la cuestión de la inclusión del asesinato como crimen
contra la humanidad. La definición del asesinato como crimen contra la
humanidad, incluye los asesinatos extrajudiciales, que son matanzas ilegales y
deliberadas, llevadas a cabo por orden de un gobierno o con su complicidad o
consentimiento. Este tipo de asesinatos son prieditados y constituyen
violaciones de las normas nacionales e internacionales. No obstante, el crimen de
asesinato no requiere que el acto sea prieditado e incluye la creación de condiciones
de vida peligrosas que probabliente darán lugar a la muerte. |7| En cuanto a las diferencias entre el asesinato y el exterminio, la Comisión de Derecho
Internacional, en su Informe de 1996 explicó que ambos, asesinato y exterminio,
"consisten en una conducta criminal distinta pero, sin ibargo, estrechamente
relacionada, que supone privar de la vida a seres humanos inocentes. El exterminio es
un crimen que, por su naturaleza misma, se dirige contra un grupo de personas.
Adiás, el acto utilizado para cometer el delito de exterminio supone un eliento de
destrucción masiva que no se requiere para el asesinato. A este respecto, el exterminio
está estrechamente relacionado con el crimen de genocidio, en el sentido de que
ambos crímenes se dirigen contra un gran número de víctimas. No obstante, el crimen
de exterminio se daría en casos que difieren de los comprendidos en el crimen de
genocidio. El exterminio comprende los casos en que se mata a grupos de personas
que no comparten características comunes. Se aplica también a casos en que se mata
a algunos miibros de un grupo pero no a otros. Finalmente, el recién aprobado
Estatuto del Tribunal Penal Internacional, incluye en la definición de exterminio, en su
artículo 7.2, "la imposición intencional de condiciones de vida ... encaminadas a causar
la destrucción de parte de una población". Existen normas bien consolidadas a nivel nacional, regional e internacional que
prohíben la privación arbitraria de la vida., de modo que el asesinato es una infracción
tanto a la luz del derecho internacional como del derecho interno español. La tortura: la tortura se ha reconocido como una violación del Derecho Internacional
consuetudinario desde hace aproximadamente un siglo. Ya la Comisión sobre Responsabilidad de los Autores de la Guerra y Aplicación de
Penas (Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on
Enforcient of Penalties) reconoció la tortura como crimen contra la humanidad en el
Informe de la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919. Al término de la II Guerra
Mundial el concepto de "crímenes contra la humanidad" fue ulteriormente desarrollado,
concretamente en los juicios de Nuriberg. Si bien en la definición de crímenes contra
la humanidad del Estatuto de los Tribunales Militares de Nuriberg y el Lejano Oriente
no se hacía mención explícita a la tortura, se enjuició y condenó a los acusados por
cometer tortura, que es un "acto inhumano"incluido en la definición de crímenes contra
la humanidad. La tortura fue reconocida por primera vez como crimen contra en la Ley 10 del Consejo
de Control aliado, de 20 de diciibre de 1945, cuyo artículo II, 1 (c) dice literalmente: "1. Cada uno de los siguientes actos se reconoce como crimen: (c) Crímenes contra la Humanidad: Atrocidades y delitos, incluidos pero no limitados
a, el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación
u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o persecuciones
por motivos políticos, raciales o religiosos, atenten o no contra el derecho interno del
país donde fueron perpetrados" |8|. Desde la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales
y regionales encargados de la protección y promoción de los derechos humanos han
reconocido explícita y coherentiente el derecho a no ser torturado como un derecho
fundamental y universal bajo el Derecho Internacional. En 1975, las Naciones Unidas,
mediante Resolución 3452 de 9 de diciibre de 1975 promulgaron la "Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes". Esta Declaración se convertiría en 1984 en la
"Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes", que entró en vigor el 26 de junio de 1987. La Convención desarrolla el
artículo 5 de la Declaración Universal, por el que se prohíben la tortura u otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, y constituye una codificación más
completa del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho sustantivo a no ser torturado ya estaba bien establecido en el derecho
internacional consuetudinario antes de la entrada en vigor de la Convención contra la
tortura. De hecho, ésta no hace sino recoger lo que ya era una norma de derecho
internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyó la tortura como crimen contra
la humanidad en los Estatutos de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia,
artículo 5, y Ruanda, artículo 3 |9|. La Comisión de Derecho Internacional también ha
incluido la tortura como crimen contra la humanidad en el artículo 18 de su Código de
Crímenes: "Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistiática o en
gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política |10| o
grupo de cualquiera de los actos siguientes: .... c) Tortura;". Por último, el Estatuto de Roma por el que se aprueba el establecimiento de una Corte
Penal Internacional también incorpora la tortura como crimen contra la humanidad en
su artículo 7: "1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 'crimen de lesa
humanidad' cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistiático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque: .... f) Tortura;". En un caso importante a estos efectos, sustanciado en Estados Unidos, Filártiga v.
Peña, 630 F.2d 876 (1980), la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (U.S. Court
of Appeals for the Second Circuit) |11|, falló a favor de la concesión de reparación a los
parientes extranjeros de Joelito Filártiga, quien, en 1976, había sido brutalmente
torturado y asesinado por un miibro de la alta jerarquía de la fuerza policial
paraguaya. Al fallar en favor del diandante, condenando al general de Paraguay a
pagar una indinización de diez (10) millones de dólares, la Corte de Circuito invocó
el artículo 7 de la Convención contra la Tortura y sostuvo: "La tortura deliberadamente
perpetrada al amparo de un cargo oficial viola normas universalmente aceptadas del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo indiferente a estos efectos
la nacionalidad de las partes". Al tomar esta decisión, la Corte se fundó en que la
tortura está prohibida por el derecho de gentes. Yendo más allá, la Corte señaló que
"el Derecho Internacional confiere derechos fundamentales a todos los individuos
frente a sus gobiernos". Pero adiás, la Corte de Apelaciones pidió el reconocimiento
y la aplicación de las normas fundamentales de derechos humanos por parte de los
tribunales nacionales: "En el siglo XX la comunidad internacional ha llegado a reconocer el peligro
común basado en el flagrante desconocimiento de los derechos humanos
básicos y, en particular, el derecho a no ser torturado. En la edad moderna, se
combinan consideraciones de carácter práctico y humanitario para llevar a las
naciones del mundo a reconocer que el respeto a los derechos humanos
fundamentales redunda en su interés individual y colectivo. Entre los derechos
universalmente proclamados por todas las naciones, como hios subrayado,
está el derecho a no ser físicamente torturado |12|. De hecho, a los efectos de
responsabilidad civil, la tortura se ha convertido -como lo eran antes el pirata y
el tratante de esclavos- en un hostis humanis generis, es decir, en un eniigo
del género humano". En el caso Siderman v. Argentina, 965 F.2D 699 (9th Cir. 1992), el Noveno Circuito
Federal dictaminó: "Si bien no todo el derecho consuetudinario internacional lleva
aparejada la fuerza de una norma de ius cogens, la prohibición contra la tortura
proveniente de instancias oficiales ha alcanzado este estatus". Las sentencias de la Cámara de los Lores del Reino Unido relativas al proceso de
extradición de Augusto Pinochet Ugarte, han reafirmado este carácter de ius cogens
que tiene el crimen de tortura. En el fallo "Regina v. Bartle and the Commissioner of
Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Regina v. Evans and Another
and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On
Appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division)", de 24 de marzo de
1999, Lord Browne-Wilkinson hace constar que: "Debido a la importancia de los valores que protege, [la prohibición de tortura]
ha devenido una norma perentoria de ius cogens, esto es, una norma que
disfruta de un rango más elevado en la jerarquía internacional que el derecho
de los tratados e incluso que las reglas consuetudinarias 'ordinarias'. La
consecuencia más notable de este rango más elevado es que el principio en
cuestión no puede ser derogado por los estados a través de tratados
internacionales o costumbres locales o especiales o incluso reglas
consuetudinarias generales que no estén revestidas de la misma fuerza
normativa.... Sin lugar a dudas, la naturaleza de ius cogens de la prohibición
contra la tortura articula la noción de que la prohibición se ha convertido en uno
de los estándares más fundamentales de la comunidad internacional. Es más,
esta prohibición ha sido diseñada para producir un efecto disuasorio en el
sentido de que señala a todos los miibros de la comunidad internacional y a
los individuos sobre los que se ejerce el poder que la prohibición de tortura es
un valor absoluto del que nadie ha de desviarse". (ver también los casos citados
en la Nota 170 del caso Furundzija)." La Nota 170 del caso Furundzija riite a su vez a la Observación general No. 24 sobre
"Cuestiones relativas a las reservas hechas en el momento de ratificación o adhesión
al Pacto (de Derechos Civiles o Políticos) o al Protocolo Facultativo del mismo, o en
relación con las declaraciones bajo el art. 41 del Pacto", iitida el 4 de noviibre de
1994 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, par. 10, donde se
afirma que "la prohibición de tortura tiene el estatus de norma perentoria", es decir, ha
adquirido el estatus de norma de ius cogens. El TPIY analizó también en este caso la cuestión del efecto de las leyes nacionales de
amnistía sobre la práctica de la tortura. Habiendo llegado a la conclusión del carácter
de ius cogens de la norma internacional que prohíbe la tortura, el Tribunal abordó la
cuestión de los intentos de legitimar la tortura: "Carecería de sentido argumentar, por una parte, que por razón del valor de ius
cogens de que goza la prohibición de la tortura, los tratados y las normas
consuetudinarias que contiplan la tortura son nulos de pleno derecho, y
después hacer caso omiso a las medidas internas adoptadas por un
determinado Estado autorizando o perdonando la comisión de torturas, o
absolviendo a sus perpetradores mediante una ley de amnistía. Si una situación
tal llegara a producirse, las medidas nacionales que violan este principio
general, así como cualquier disposición relevante contenida en un tratado, ....
no gozarían de reconocimiento internacional. Las víctimas potenciales podrían
iniciar un procedimiento en caso de estar investidas de locus standi ante un
órgano judicial competente internacional o nacional.... Pero lo que es todavía
más importante es que los perpetradores de torturas que actúen gracias a/o
prevaliéndose de esas medidas nacionales pueden ser procesados penalmente
por tortura, ya sea por un Estado extranjero, o por su propio Estado ante un
cambio de régimen. En resumen, a pesar de que los órganos legislativos o
judiciales hayan autorizado a nivel nacional la violación del principio que prohíbe
la tortura, los individuos siguen estando obligados a respetar ese principio." |13| En 1986, el Relator Especial de las Naciones Unidas, P. Kooijmans, en su informe a
la Comisión de Derechos Humanos adoptó una opinión similar (E/CN. 4/1986/15, p. 1,
para 3). Que la prohibición de la tortura se ha convertido en una norma de ius cogens
ha sido sostenido, entre otros, por los tribunales de los Estados Unidos en Siderman
de Blake v. República Argentina, 965 F. 2d 699 (9th Cir. 1992) Cert. Denied, Republic
of Argentina v. De Blake, 507 U.S. 1017,123L. Ed. 2d 444, 113 S. Ct. 1812 (1993);
Committee of U.S. Citizens Living in Nicaragua v. Reagan, 859 F. 2d 929, 949 (D.C.
Cir. 1988); Xuncax et al. v. Gramajo, 886 F. Supp. 162 (D. Mass. 1995); Cabiri v.
Assasie-Gyimah, 921 F. Supp. 1189, 1196 (S.D.N.Y. 1996); e In re Estate of Ferdinand
E. Marcos, 978 F. 2d 493 (9th Cir. 1992) Cert. Denied, Marcos Manto v. Thajane, 508
U.S. 972, 125L. Ed. 2d 661, 113 S. Ct. 2960 (1993)]. Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos: la persecución por
motivos políticos, raciales o religiosos, realizada con carácter sistiático y/o a gran
escala, es un crimen contra la humanidad. Este tipo de crimen contra la humanidad se reconoce como tal en el artículo 6(c) del
Estatuto de Nuriberg; en el artículo II (1)(c) de la Ley 10 del Consejo de Control
Aliado; en el Principio VI de los Principios de Nuriberg; en el artículo 2(11) del
proyecto de Código de Delitos de 1954, en el artículo 5(h) del Estatuto del TPIY y en
el artículo 3(h) del Estatuto delTPIR; en el artículo 18 (e) del protecto de Código de
Crímenes de 1996 y, por último, en el artículo 7(h) del Estatuto de la Corte Penal
Internacional. La Comisión de Derecho Internacional mantiene que el acto inhumano de persecución
puede adoptar muchas formas cuya característica común es la denegación de los
derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas
sin distinción, como reconocen la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 55
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2. En este
proyecto de código la Comisión criminaliza los actos de persecución en que no existe
la intención específica que se requiere para el crimen de genocidio |14|. Observando que el término "persecución" ha adquirido un sentido universalmente
aceptado, el iinente profesor tratadista M. Cherif Bassiouni propone la siguiente
definición: "La Política o Acción del estado conducente a someter a un individuo a hostigamiento,
tormento, opresión, o medidas discriminatorias diseñadas para o con la probabilidad
de, producir sufrimiento físico o mental, o daño económico, por motivo de las
creencias, opiniones o pertenencia de la víctima a un determinado grupo identificable
(religioso, social, étnico, lingüístico, etc.), o simpliente porque el perpetrador buscara
singularizar una determinada categoría de víctimas por motivos peculiares del
perpetrador" |15|. El TPIY, en su sentencia de 27 de septiibre de 2006 en el caso Prosecutor v.
Momilo Kraji�nik, aborda los diversos actos que, cometidos de manera sistiática y/o
generalizada constituyen crímenes contra la humanidad, sistiatizando los elientos
de los mismos, entre ellos, el acto de persecución. Dice esa sentencia al respecto: 5.4 Persecución en cuanto crimen contra la humanidad 5.4.1 Derecho aplicable	Elientos comunes de la persecución en cuanto crimen contra la humanidad 733. El acta de acusación culpa al acusado, a tenor del artículo 5(h) del
Estatuto |16|, de persecución en cuanto crimen contra la humanidad cometida
contra musulmanes bosnios y croatas bosnios en los municipios objeto del acta
de acusación... 734. El crimen de persecución consiste en una acción u omisión que: a) discrimina de hecho y niega un derecho humano fundamental afianzado en
derecho internacional; y	b) se lleva a cabo con la intencionalidad de discriminar por alguno de los
motivos enumerados, a saber, políticos, raciales o religiosos. 735. Los actos enumerados en los restantes sub-apartados del artículo 5 del
Estatuto o previstos en otras partes del mismo, así como los actos a los que el
Estatuto no hace mención explícita, pueden ser calificados como actos
subyacentes de persecución. |17| No es necesario que el acto subyacente, en sí
mismo, constituya un crimen bajo el derecho internacional. En la práctica, no
toda negación de un derecho humano fundamental reviste la gravedad
suficiente para constituir un crimen contra la humanidad. El acto subyacente
cometido por motivos discriminatorios, considerado aisladamente o en
conjunción con otros actos, debe tener la misma gravedad que otros crímenes
enumerados en el artículo 5 del Estatuto. |18| Encarcelamiento arbitrario: se recoge como crimen contra la humanidad por vez
primera en la Ley 10 del Consejo de Control Aliado: "1. Cada uno de los siguientes actos se reconoce como crimen: (c) Crímenes contra la Humanidad: Atrocidades y delitos, incluidos pero no
limitados a, el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento,
tortura, violación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población
civil, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, atenten o no
contra el derecho interno del país donde fueron perpetrados" |19|. Ha sido reconocido también como un crimen contra la humanidad en el Estatuto del
TPIR, artículo 3(e), y en el Estatuto del TPIY, artículo 5(e). Igualmente se recoge en el
artículo 7(e) del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La Comisión de Derecho Internacional mantiene que el término "encarcelamiento"
comprende toda violación de la libertad de la persona y el término "arbitrario" establece
el requisito de que esa privación sea sin el debido procedimiento legal. Este acto
inhumano incluye, según la citada Comisión, los casos de encarcelamiento arbitrario
sistiático o en gran escala, como en campos de concentración o detención, u otras
formas de privación de libertad de larga duración |20|. Por tanto, y como conclusión, los crímenes de lesa humanidad reconocidos en el
derecho internacional incluyen la práctica sistiática o generalizada del asesinato, la
tortura, la desaparición forzada, la deportación y el desplazamiento forzoso, la
detención arbitraria y la persecución por motivos políticos u otros. Cada uno de estos
crímenes contra la humanidad han sido reconocidos como crímenes comprendidos en
el derecho internacional por convenios y otros instrumentos internacionales, ya sea de
forma expresa o dentro de la categoría de otros actos inhumanos. Entre estos
instrumentos figuran: el Artículo 6 (c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Nuriberg (1945) (asesinato, deportación y otros actos inhumanos de persecución),
la Ley Núm. 10 del Consejo del Control Aliado (1946) (asesinato, deportación,
encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos y de persecución), el Artículo 6 (c)
de la Carta del Tribunal Militar Internacioral para el Extrio Oriente (Tribunal de Tokio)
(1946) (asesinato, deportación y otros actos inhumanos y de persecución), el Artículo
2 (10) del Proyecto de Código en Materia de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad (1954) (asesinato, deportación y persecución), el Artículo 5 del Estatuto del
TPIY (1993) (asesinato, deportación, encarcelamiento, persecuciones y otros actos
inhumanos), el Artículo 3 del Estatuto del TPIR (1994) (asesinato, deportación,
encarcelamiento, persecución y otros actos inhumanos), el Artículo 18 del Proyecto de
Código en Materia de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (1996)
(asesinato, tortura, persecución, encarcelamiento arbitrario, deportación o
desplazamiento forzoso de poblaciones con carácter arbitrario, desaparición forzada
de personas y otros actos inhumanos) y el Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional (1998) (asesinato, deportación o desplazamiento forzoso de poblaciones,
desaparición forzada de personas, encarcelamiento u otra grave privación de la libertad
física que viole los principios fundamentales del derecho internacional, tortura,
persecución, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos). Los crímenes de lesa humanidad como parte del derecho consuetudinario. Estos crímenes, adiás, son reconocidos como crímenes de contra la humanidad por
el derecho consuetudinario internacional (Artículo VI (c) de los Principios de Derecho
Internacional Reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuriberg y en el Fallo del
Tribunal, Comisión de Derecho Internacional (1950) |21|. Como explicitó el Secretario
General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad relativo al
establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que tiene
jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad, "[l]a aplicación del principio nullum
crimen sine lege exige que el Tribunal Internacional aplique las normas del derecho
internacional humanitario que sin duda alguna forman parte del derecho
consuetudinano, de tal modo que no se plantea el problia de que algunos de los
Estados pero no todos se hayan adherido a determinadas convenciones" (Informe
presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la Resolución
808 (1993) del Consejo de Seguridad, Documento de la ONU S/25704, 3 de mayo de
1993, párrafo 34). También manifestó que "El derecho internacional humanitario
convencional que fuera de toda duda ha pasado a formar parte del derecho
consuetudinario" incluye la Carta de Nuriberg (Ibid., párrafo 35). Elientos comunes en los crímenes contra la humanidad. Hay ciertos elientos comunes en todos los crímenes contra la humanidad: 1) El crimen tiene que ser cometido contra la población civil, aunque no
necesariamente contra toda la población de un país en particular, una región o una
comunidad. Así, la Cámara de Procesamiento del Tribunal de crímenes de guerra
cometidos en la ex Yugoslavia, determinó como crímenes contra la humanidad
aquéllos que "afectan directamente a la población civil específicamente identificada
como un grupo por los perpetradores de tales actos" |22|. Adiás, estos crímenes
pueden ser cometidos en contra de cualquier población civil. Sirva a modo de ejiplo
la condena, por el Tribunal de Nuriberg, de funcionarios estatales por crímenes
contra la humanidad cometidos por éstos contra sus propios nacionales. 2) No es necesario que estos crímenes estén motivados por un intento de
discriminación política, racial o religiosa, excepto cuando se trata del crimen de
persecución. Los tratadistas André Huet y Renée Koering-Joulin |23|, sostienen que "Esta categoría de
crímenes (...) es más amplia que la crímenes de guerra, (...) son susceptibles de ser
cometidos contra los propios nacionales (...)". 3) Otro eliento esencial es que los crímenes hayan sido cometidos sistiáticamente
o en gran escala. Para D. Thiam, Ponente especial de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU: "Un acto inhumano cometido contra una sola persona
podría constituir un crimen contra la Humanidad si se situara dentro de un
sistia o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no
deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) Un acto individual podría
constituit un crimen contra la Humanidad si se inscribiera dentro de un conjunto
coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo
móvil: político, religioso, racial o cultural" |24|. En el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas explica que "forma
sistiática" quiere decir "con arreglo a un plan o política preconcebidos. La ejecución
de ese plan o política podría llevar a la comisión repetida o continua de actos
inhumanos. Lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y
no como parte de un plan o política más amplios" |25|. El Estatuto de Nuriberg no
incluía este requisito. No obstante, el Tribunal, al examinar si esos actos constituían
crímenes de lesa humanidad, subrayó que los actos inhumanos se cometieron como
parte de una política de terror y fueron "en muchos casos.... organizados y
sistiáticos" |26|. La Comisión de Derecho Internacional entiende por "comisión en gran escala" que "los
actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye el acto
inhumano aislado cometido por un autor por su propia iniciativa y dirigido contra una
sola víctima " |27|. El Estatuto de Nuriberg tampoco incluía este requisito. No obstante,
el Tribunal, al examinar los actos inhumanos como posibles crímenes de lesa
humanidad subrayó también que la política de terror "se realizó sin duda a enorme
escala" |28|. En el texto aprobado en primera lectura por la Comisión de Derecho
Internacional se utilizó la expresión "de manera.... masiva" para indicar el requisito de
una multiplicidad de víctimas. Esta expresión se sustituyó por la de "en gran escala" en
el texto de 1996, por ser suficientiente amplia para comprender distintas situaciones
que supongan una multiplicidad de víctimas, por ejiplo como consecuencia del
efecto acumulativo de una serie de actos inhumanos o del efecto aislado de un sola
acto inhumano de extraordinaria magnitud. Se trata de dos requisitos alternativos, en consecuencia, un acto podría constituir un
crimen contra la humanidad si se diera cualquiera de esos dos requisitos. 5) En la redacción del Código de Crímenes de 1996, artículo 18, se exige también una
actuación "instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo".
Esa instigación puede pues provenir de un gobierno o de una organización o grupo. La
alternativa tiene por objeto, según la Comisión de Derecho Internacional, excluir el caso
de que una persona cometa un acto inhumano por su propia iniciativa al realizar su
plan criminal propio, pero sin que exista ningún estímulo ni dirección por parte de un
gobierno, o de un grupo u organización. Baste recordar que el Tribunal de Nuriberg
declaró el carácter criminal de varias organizaciones creadas con el fin de cometer,
inter alia, crímenes de lesa humanidad. El Estatuto y las sentencias reconocieron,
como ya se ha expuesto, la posibilidad de una responsabilidad penal basada en la
pertenencia de una persona a una organización criminal de esa índole. Una conducta
criminal aislada de una sola persona, explica la Comisión de Derecho Internacional, no
constituiría un crimen contra la humanidad. "Sería sumamente difícil para una sola
persona que actuase aislada cometer los actos inhumanos [crímenes contra la
humanidad] previstos en el artículo 18". |29| 6) Por último, y conforme a la redacción del artículo 18 del Código de Crímenes ya
mencionado, la definición de crímenes contra la humanidad no incluye el requisito de
que el acto se cometa en tiipo de guerra, o en relación con crímenes contra la paz
o con crímenes de guerra, tal cual exigía el Estatuto de Nuriberg. La autonomía de los crímenes contra la humanidad se reconoció en instrumentos
jurídicos posteriores, que no incluyeron ese requisito, y así, la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, establece en su artículo que
el genocidio es un crimen contra la humanidad que puede cometerse en tiipo de paz
o en tiipo de guerra. Tampoco la Ley No. 10 del Consejo Aliado de Control,
aprobada poco después del protocolo de Berlín, ni la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad
de 1968 [artículo 1(b)], ni los Estatutos más recientes de los Tribunales Penales
Internacionales para la ex Yugoslavia (artículo 5) y Ruanda (artículo 3), incluyen ningún
requisito de conexión sustantiva con otros crímenes relacionados con un estado de
guerra |30|. A nivel europeo, el hecho de que los crímenes contra la humanidad puedan cometer
tanto en tiipo de guerra como de paz, ha quedado acreditado por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en su decisión a tenor del caso Kolk y Kislyiy v.
Estonia |31|, en donde esta instancia reafirma lo siguiente: El 26 de noviibre de 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó mediante resolución 2391 (XXIII) la Convención sobre la
humanidad (United Nations Treaty Series, vol. 754). La Convención entró en
vigor el 11 de noviibre de 1970. Fue ratificada por la Unión Soviética el 22 de
abril de 1969. Estonia se adhirió a la misma el 21 de octubre de 1991. La
Convención dispone, inter alia: Artículo I "Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en
que se hayan cometido: [...] b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiipo de guerra como
en tiipo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nuriberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de
febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciibre de 1946, así como la expulsión por
ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de
apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no
constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos. Por su parte, la sentencia Núm. 16/2005, dictada en el caso Scilingo, lleva a cabo una
sistiatización de los elientos definidores del delito de lesa humanidad a partir de
la jurisprudencia del TPIY, tal cual se expuso en las pp. 27 a 30 del escrito de
denuncia. Características de los crímenes contra la humanidad por razón de su naturaleza. En razón de la naturaleza de estos crímenes, como ofensa a la dignidad inherente al
ser humano, los crímenes contra la humanidad tienen varias características
específicas. 1) Son crímenes imprescriptibles. Precisamente así lo establece la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución
2391 (XXII) de 1968 y el tratado del Consejo de Europa (Imprescriptibilidad de los
Crímenes contra la humanidad y de los Crímenes de Guerra, adoptado por el Consejo
de Europa el 25 de enero de 1974). Este principio fundamental del derecho
internacional fue reafirmado en el Artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional. Los delitos de la naturaleza de los crímenes contra la humanidad, no prescriben,
precisamente por la naturaleza especial de los mismos. Así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su
decisión de 17 de enero de 2006 en el caso Kolk y Kislyiy v. Estonia, referido a
crímenes contra la humanidad cometidos en el año 1949 en ese país, y cuya
exposición al respecto incluimos en el Fundamento de Derecho Cuarto de la denuncia. También en el caso Penart vs. Estonia, decidido el 24 de enero de 2006, el TEDH
concluyó: "... Si bien el Tribunal de Nuriberg fue establecido para el enjuiciamiento de
los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje por los
crímenes cometidos por éstos antes o durante la Segunda Guerra Mundial, el
Tribunal subraya que la validez universal de los principios que conciernen a los
crímenes contra la humanidad fue posteriormente confirmada por, inter alia, la
Resolución No. 95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (11 diciibre 1946) y después por la Comisión de Derecho
Internacional. Por consiguiente, la responsabilidad por crímenes contra la
humanidad no pueder verse limitada a los nacionales de determinados países
y únicamente a los actos cometidos en el periodo específico de la Segunda
Guerra Mundial..." Por su parte, la Corte IDH en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros vs.
Chile, califica los actos represivos de la dictadura Chilena (1973-1990) como de
crímenes contra la humanidad y se refiere expresamente a la imprescriptibilidad de
estos crímenes y el hecho de que el Estatuto de Nuriberg proporcionó la primera
articulación de los elientos de este tipo de crímenes: 93. En esta sección la Corte analizará si el crimen cometido en contra del señor
Almonacid Arellano podría constituir o no un crimen de lesa humanidad. En este
sentido, la Corte debe analizar si para el 17 de septiibre de 1973, fecha en
que murió el señor Almonacid Arellano, el asesinato constituía un crimen de lesa
humanidad, y en qué circunstancias. 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los
inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las
leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 (Convenio núm. IV) las
potencias contratantes establecieron que "las poblaciones y los beligerantes
permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de
Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas,
por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública".
Asimismo, el término "crímenes contra la humanidad y la civilización" fue usado
por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para
denunciar la masacre de armenios en Turquía118. 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez
en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuriberg,
el cual fue anexado al Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar
Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de
guerra del Eje Europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 (el "Acuerdo
de Londres"). Poco después, el 20 de diciibre de 1945, la Ley del Consejo de
Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa
humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue
codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para
el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente
(Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946. 96. La Corte, adiás, reconoce que la Estatuto de Nuriberg jugó un
papel significativo en el establecimiento de los elientos que caracterizan
a un crimen como de lesa humanidad. Este Estatuto proporcionó la
primera articulación de los elientos de dicha ofensa, que se mantuvieron
básicamente en su concepción inicial a la fecha de muerte del señor
Almonacid Arellano, con la excepción de que los crímenes contra la
humanidad pueden ser cometidos en tiipos de paz como en tiipos de
guerra. En base a ello, la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad
incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un
contexto de ataque generalizado o sistiático contra una población civil. Basta
que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del
contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este
sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso
Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que "un solo acto cometido por un
perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistiático contra la
población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no
necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable". Todos
estos elientos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid
Arellano fue ejecutado. 97. Por su parte, el Tribunal Militar Internacional para el Juzgamiento de los
Principales Criminales de Guerra (en adelante "el Tribunal de Nuriberg"), el
cual tenía jurisdicción para juzgar los crímenes establecidos en el Acuerdo de
Londres, indicó que el Estatuto de Nuriberg "es la expresión de derecho
internacional existente en el momento de su creación; y en esa extensión
es en sí mismo una contribución al derecho internacional". Con ello
reconoció la existencia de una costumbre internacional, como una
expresión del derecho internacional, que proscribía esos crímenes. 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue
adiás corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciibre de 1946 la
Asamblea General confirmó "los principios de Derecho Internacional
reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuriberg y las sentencias de dicho
Tribunal". Asimismo, en 1947 la Asamblea General encargó a la Comisión de
Derecho Internacional que "formul[ara] los principios de derecho internacional
reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuriberg"124.
Estos principios fueron adoptados en 1950. Entre ellos, el Principio VI.c califica
al asesinato como un crimen contra la humanidad. De igual forma, la Corte
resalta que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, ...,
también prohíbe el "homicidio en todas sus formas" de personas que no
participan directamente en las hostilidades [...] 99. Basándose en los párrafos anteriores, la Corte encuentra que hay amplia
evidencia para concluir que en 1973, año de la muerte del señor Almonacid
Arellano, la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato
ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistiático contra sectores
de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del derecho
internacional. Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una
norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria
conforme al derecho internacional general. 100. La Corte Europea de Derechos Humanos también se pronunció en el
mismo sentido en el caso Kolk y Kislyiy v. Estonia. En este caso los señores
Kolk y Kislyiy cometieron crímenes de lesa humanidad en 1949 y fueron
juzgados y sancionados por ellos en las cortes de Estonia en el año 2003. La
Corte Europea indicó que aún cuando los actos cometidos por esas personas
pudieron haber sido legales por la ley doméstica que imperaba en ese entonces,
las cortes de Estonia consideraron que constituían crímenes de lesa humanidad
bajo el derecho internacional al momento de su comisión, y que no encontraba
motivo alguno para llegar a una conclusión diferente." |32| 2) Son imputables al individuo que los comete, sea o no órgano o agente del
Estado. Conforme a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de
Nuriberg, toda persona que comete un acto de esta naturaleza "es responsable
internacional del mismo y está sujeta a sanción". Igualmente, el hecho de que el
individuo haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no le exime
de responsabilidad. Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal por el
hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto
significa, que no se puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el
castigo de estos crímenes. En su Fallo, el Tribunal Militar Internacional de Nuriberg declaró: "Los crímenes
contra las leyes internacionales los cometen hombres, no entidades abstractas,
y sólo castigando a los individuos que cometen esos crímenes se pueden hacer
cumplir las disposiciones del derecho internacional" El Tribunal de Nuriberg explicitó que la inmunidad soberana del Estado no era
aplicable a los casos en que el Estado autorizaba la comisión de actos, como los
crímenes de lesa humanidad, que "escapaban a su competencia en virtud del derecho
internacional": La esencia misma del Estatuto consiste en que los individuos tienen deberes
internacionales que trascienden la obligación nacional de obediencia impuesta por el
Estado en cuestión. El que viola las leyes de la guerra no puede obtener inmunidad
cuando actúa en cumplimiento de la autoridad del Estado si el Estado en cuestión, al
autorizar esos actos, excede la competencia que ejerce en virtud del derecho
internacional. Este principio fundamental del derecho internacional también ha venido siendo
refrendado durante más de medio siglo por la comunidad internacional: Artículo 6 del
Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Extrio Oriente (Tribunal de Tokio)
(1946); Artículo IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio (1948); Principio III de los Principios de Derecho Internacional Reconocidos
por la Carta y el Fallo del Tribunal de Nuriberg (Principios de Nuriberg) (1950);
Artículo 3 del Proyecto de Código en Materia de Delitos contra la Paz y la Seguridad
de la Humanidad (1954); Artículo 7 (2) del Estatuto del TPIY (1993); Artículo 6 (2) del
Estatuto del TPIR (1994); y Artículo 7 del Proyecto de Código en Materia de Crímenes
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (1996), así como el Artículo 27 del
Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 por
120 votos contra 7, con 21 abstenciones). Los Estados apoyaron la incorporación de este principio en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional |33|. La exclusión de la inmunidad para los jefes de Estado y los
funcionarios del Estado se prevé en el Artículo 27 del Estatuto. La Comisión de Derecho Internacional ha manifestado: "Como reconoció también el Tribunal de Nuriberg en su sentencia, el autor de un
crimen de derecho internacional no puede invocar su carácter oficial para evitar ser
castigado en el procedimiento correspondiente. La ausencia de toda inmunidad
procesal frente a la persecución o castigo en el procedimiento judicial correspondiente
es una consecuencia esencial de la ausencia de cualquier inmunidad o excepción
sustantivas" |34|. 3) A las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen
contra la humanidad no se les puede otorgar asilo territorial ni se les puede
conceder refugio, tal cual prevén los Principios de cooperación internacional en la
identificación, detención extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra
o de crímenes de lesa humanidad (Principio 5), adoptados por Resolución 3074 (XXVII)
de 3 de diciibre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 1.F) y Declaración sobre el
Asilo Territorial (artículo 1.2). 4) Como crimen internacional, la naturaleza del crimen contra la humanidad y las
condiciones de su responsabilidad son establecidas por el derecho internacional
con independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los
Estados. Esto significa que el hecho de que el derecho interno del Estado no imponga
pena alguna por un acto que constituye un crimen de lesa humanidad, no exime de
responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido. Por ello, es que
precisamente el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que aún cuando nadie podrá ser condenado por "actos u omisiones que en
el momento de cometerse no fueran delictivo según el derecho nacional o
internacional", se podrá llevar a juicio y condenar a una persona por "actos y omisiones
que en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del
derecho reconocidos por la comunidad internacional". Similar cláusula tiene el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así que la ausencia de tipos penales en el
derecho penal interno para reprimir los crímenes contra la humanidad, reconocidos
como parte de estos principios del derecho internacional, no puede invocarse como
obstáculo para enjuiciar y sancionar a sus autores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro este aspecto en su
sentencia Kolk y Kislyiy v. Estonia, de 17 de enero de 2006 (pp. 23 y 24 del escrito de
denuncia). 5) Frente a los crímenes contra la humanidad, no es invocable el principio ne bis
in idi como excluyente de responsabilidad para excusarse del deber de investigar
y sancionar a los responsables. Así lo ha expresado la Corte IDH en, inter alia, las sentencias Almonacid y La Cantuta: 151. [...] el Estado no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley
penal, ni el principio ne bis in idi, así como cualquier excluyente similar de
responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los
responsables. [...] 154. En lo que toca al principio ne bis in idi , aún cuando es un derecho
humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un
derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación
del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al
responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho
internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su
responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o
imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no
hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una
sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa
juzgada "aparente" o "fraudulenta"... [L]as exigencias de la justicia, los
derechos de las víctimas ... desplaza la protección del ne bis in idi. |35| El Juez Sergio García Ramírez iitió un voto razonado a la sentencia La Cantuta,
abordando incluso la cuestión de lo que llama "ausencia de resolución legítima": Debido proceso, cosa juzgada y ne bis in idi 9. La Corte Interamericana --al igual que otros tribunales internacionales y
nacionales-- ha establecido criterios a propósito de la cosa juzgada y del
principio ne bis in idi, conectado a aquélla. La cosa juzgada y el principio ne
bis in idi sirven a la seguridad jurídica e implican garantías de importancia
superlativa para los ciudadanos y, específicamente, para los justiciables. Ahora
bien, la cosa juzgada supone que existe una sentencia a la que se atribuye esa
eficacia: definición del derecho, intangibilidad, definitividad. Sobre esa hipótesis
se construye la garantía de ne bis in idi: prohibición de nuevo juicio sobre los
mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de
cosa juzgada (material). 10. La sentencia es el resultado del proceso, es decir, constituye la
desibocadura de una serie de actuaciones perfectamente reguladas y sujetas
a un orden garantista que establece los presupuestos del proceso y las
condiciones de validez de los actos centrales que integran éste, y en
consecuencia acreditan la legitimidad del proceso mismo como sustento de la
sentencia. El desarrollo del sistia procesal bajo el impulso de los derechos
humanos preside la noción de debido proceso. En este sentido, pone de
manifiesto la sustitución de la cuestionada fórmula "el fin justifica los medios"
por otra regla de signo contrario: "la legitimidad de los medios ipleados
justifica el fin que se logra con ellos"... 12. El Derecho internacional de los derechos humanos en la hora actual, así
como el Derecho penal internacional, reprueban la simulación de
enjuiciamientos cuyo propósito o resultado se distancia de la justicia y pretende
un objetivo contrario al fin para el que han sido dispuestos: injusticia, oculta
entre los pliegues de un proceso "a modo", celebrado bajo el signo del prejuicio
y comprometido con la impunidad o el atropello. De ahí que la justicia
internacional sobre derechos humanos no se conforme necesariamente
con la última decisión interna que analiza la violación de un derecho (y
autoriza o permite que subsista la violación y persista el daño hecho a la
víctima), y de ahí que la justicia penal internacional se rehúse a convalidar
las decisiones de instancias penales domésticas que no pueden o no
quieren hacer justicia. 13. �Implica esto la decadencia de la cosa juzgada --frecuentiente
cuestionada en materia penal-- y la supresión del ne bis in idi, con riesgo
general para la seguridad jurídica? La respuesta, que prima facie pudiera
parecer afirmativa, no lo es necesariamente. No lo es, porque bajo las ideas
expuestas no se disputa la eficacia de la res judicata ni de la prohibición de
segundo juicio cuando aquélla y éste se fincan en las disposiciones aplicables
y no entrañan ni fraude ni abuso, sino garantía de un interés legítimo y amparo
de un derecho bien establecido. No se combate, pues, la "santidad" de la cosa
juzgada ni la firmeza del primer juicio --a título, entonces, de único juicio
posible--, sino la ausencia de resolución legítima --esto es, legitimada a través
de un debido proceso-- a la que se atribuya eficacia de cosa juzgada e
idoneidad para sustentar el ne bis in idi. |36| 6) Frente a los crímenes contrala humanidad no cabe la objeción de obediencia
debida. La obediencia debida no puede ser invocada como eximente de la responsabilidad
penal en la comisión de crímenes contra la humanidad. Es decir, no existe exención
de responsabilidad penal frente a los crímenes cometidos como consecuencia del
cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico. En este sentido, el Artículo 8 del Estatuto de Nuriberg establece: "El hecho de que
el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su Gobierno o de un
superior jerárquico no eximirá al acusado de responsabilidad, pero ese hecho
podrá considerarse para la atenuación de la pena, si el Tribunal determina que
la justicia así lo requiere". Y el Principio IV de los Principios de Nuriberg: "El hecho de que una persona haya
actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior no lo
exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de
hecho haya tenido la posibilidad de elección moral. Sin ibargo, puede esta
circunstancia ser tomada en consideración para atenuar la pena si la justicia así
lo requiere." El artículo 5 del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la
Humanidad dispone: "El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad [entre ellos el crimen de agresión] haya actuado en
cumplimiento de órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de
responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo
exige la equidad". En el mismo sentido se expresan, respecto de los crímenes de la competencia del
Tribunal, el Artículo 7.4 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el
Artículo 6.4 del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. El Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional recoge este principio en su artículo 33. 7) Están sujetos a jurisdicción penal universal y también son susceptibles de
aplicación por los tribunales de un Estado por hechos cometidos en su territorio
y contra los nacionales de ese mismo Estado. Este principio ha quedado reconocido por el derecho internacional desde el
establecimiento del Tribunal Militar Internacional de Nuriberg, que tenía jurisdicción
sobre los crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar en el que se
hubieran cometido. Los principios articulados en el Estatuto y la Sentencia de
Nuriberg fueron confirmados en 1946 como principios de derecho internacional por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 95 (I)). Los crímenes de lesa humanidad se rigen por el derecho de gentes: Los crímenes de
lesa humanidad y las normas que los regulan forman parte del jus cogens. Como tales
son normas imperativas del derecho internacional general que, tal como lo reconoce
el Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), no
pueden ser modificadas o revocadas por tratados o por leyes nacionales. Este Artículo
dispone: "una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como
norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". Como explica Cherif Bassiouni, destacado experto en este campo del derecho penal
internacional, "el jus cogens se refiere al estatuto legal que alcanzan ciertos crímenes
internacionales, y la obligación erga omnes se deriva de los efectos legales que tiene
la caracterización de determinado crimen como sujeto al jus cogens... Existe suficiente
fundamentación legal para llegar a la conclusión de que todos estos crímenes
[incluidos la tortura, el genocidio y otros crímenes contra la humanidad] forman parte
del jus cogens" |37|. Así lo reconoció, como ya se ha expuesto, la Corte Internacional de
Justicia en el fallo sobre el asunto Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.
La prohibición por el derecho internacional de actos como los imputados en estos
casos es una obligación erga omnes, y todos los Estados tienen un interés jurídico en
velar por su cumplimiento. El crimen contra la humanidad es claramente un crimen de Derecho Internacional.
Como lo señaló la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, "la
violación grave y a gran escala de una obligación internacional de importancia esencial
para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio
y el apartheid" |38| es un crimen internacional. Esto quiere decir que su contenido, su
naturaleza y las condiciones de su responsabilidad vienen establecidas por el Derecho
Internacional con independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno
de los Estados. En este sentido, no cabe posibilidad jurídica alguna de que las
violaciones a los derechos humanos más fundamentales, que son los que están
comprometidos en los crímenes contra la humanidad, no sean sometidas a juicio y sus
autores castigados. Según esto, la obligación internacional de un Estado es la de
juzgar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad; se trata de una
norma imperativa del Derecho Internacional que pertenece al ius cogens. Existe la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar a los culpables de
crímenes contra la humanidad así como un interés de la comunidad internacional para
reprimir esta clase de crímenes. Como lo aseveró la Corte de Casación de Francia, al
juzgar por crímenes contra la humanidad a Klaus Barbie, estos crímenes pertenecen
a un orden represivo internacional, al cual la noción de frontera le es extranjera. Uno de los medios para hacer efectivo este principio de jurisdicción universal, y por
tanto de proceder a la represión internacional de los crímenes contra la humanidad, es
la vía de los Tribunales penales internacionales. Igualmente, y más aún considerando las limitaciones de competencia territorial de los
tribunales internacionales e híbridos existentes, la represión internacional de los
crímenes contra la humanidad puede lograrse a través de la acción de los tribunales
nacionales de un tercer Estado. Los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición
y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad,
adoptados por Resolución 3074 (XXVII) de 3 de diciibre de 1973 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, prescriben que "los crímenes de lesa humanidad,
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se haya cometido, serán objeto de
una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la
comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas" (Principio I). Aunque estos mismos Principios
establecen que los responsables de crímenes contra la humanidad deben ser
juzgados "por lo general en los países donde hayan cometido esos crímenes",
con ello no se agota la posibilidad de que sus autores sean procesados por los
tribunales de otros países. Incluso, el Principio 2 establece que los Estados
puedan juzgar a sus propios nacionales autores de crímenes contra la
humanidad, con lo cual cabe la posibilidad de que un Estado procese a alguien
por un crimen contra la humanidad cometido en el territorio de otro Estado. La represión contra los crímenes de lesa humanidad esta inspirada en la noción misma
de justicia. Esta represión no implica, de ninguna manera, la merma de las garantías
procesales y del derecho a un juicio justo. 8) Los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, como se expone en la
alegación siguiente. SEGUNDA.- Precisamente, el sobreseimiento de las diligencias decretado mediante
el Auto objeto de este recurso reviste una especial importancia en este caso debido a
las características ínsitas del tipo penal de crímenes contra la humanidad. Si bien
únicamente se invoca en el mismo el art. 779.1 de la LECrim., al alegar como
fundamento el que los hechos denunciados quedaron en su día amnistiados, se está
produciendo una riisión al artículo 637 de la LECrim. en donde dice que: "Procederá
el sobreseimiento libre: [...] 3. Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal
los procesados como autores, cómplices o encubridores". Si, como viene siendo la interpretación, tal sobreseimiento libre produce cosa juzgada,
nos encontramos con que el Auto que se recurre contraviene dos de las
características esenciales de los crímenes contra la humanidad, a saber, a) que
las personas responsables de los mismos no pueden beneficiarse de normas que
extingan tal responsabilidad, es decir, de leyes de amnistía, y, b) que frente a este
tipo de crímenes no es oponible la excepción de cosa juzgada. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encargado de velar por
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los
estados miibros, en las Observaciones Finales dirigidas al Estado español con
motivo del examen del informe periódico presentado por España, señala que
"preocupa al Comité el mantenimiento en vigor de la Ley de amnistía de 1977. El
Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala
a la atención del Estado parte sus Observaciones generales N� 20 (1992),
relativas al artículo 7, según la cual las amnistías relativas a las violaciones
graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto, y N� 31 (2004),
sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
partes en el Pacto" |39|. Dispone el párrafo 15 de la Observación General No. 31 |40|: 15. El párrafo 3 del artículo 2 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Político] exige que, adiás de dar una protección efectiva a los derechos del
Pacto, los Estados Partes garanticen que toda persona disponga también de
recursos accesibles y eficaces para justificar esos derechos. Esos recursos
deben adaptarse de manera adecuada para que tengan en cuenta la particular
vulnerabilidad de determinadas categorías de personas, con inclusión en
particular de los niños. El Comité atribuye importancia al establecimiento por los
Estados Partes de mecanismos judiciales y administrativos adecuados para
atender las reclamaciones de violaciones de los derechos con arreglo al
derecho interno. El Comité advierte que el disfrute de los derechos reconocidos
por el Pacto puede ser garantizado con eficacia por el poder judicial de muchas
formas distintas, entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de
disposiciones constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto
interpretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. Se requieren en
particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación general
de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de manera
efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las instituciones
nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades adecuadas, pueden
contribuir a este fin. La falta de realización por un Estado Parte de una
investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir una
violación separada del Pacto. El cese de una violación continua es un eliento
esencial del derecho a un recurso eficaz. Y también: 18. Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15
revelan violaciones de determinados derechos del Pacto, los Estados Partes
deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. Al igual que
sucede con la insuficiencia a la investigación, la falta de sometimiento a
la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una
violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular, con
respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al
derecho interno o al derecho internacional, como la tortura o los tratos
crueles, inhumanos o degradantes similares (art. 7), la ejecución sumaria
y arbitraria (art. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y, frecuentiente,
6). En realidad, el problia de la impunidad con relación a esas
violaciones, asunto que causa una constante preocupación al Comité,
puede constituir un eliento importante que contribuye a la repetición de
las violaciones. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado
sistiático contra la población civil, esas violaciones del Pacto son
crímenes de lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, art. 7). En consecuencia, cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han
cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el
presente párrafo, los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su
responsabilidad personal, como ha ocurrido con determinadas amnistías
(véase la Observación general N� 20 (44)) y las inmunidades e indinizaciones
jurídicas anteriores. Adiás, ninguna posición oficial justifica que personas que
pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes
de responsabilidad jurídica. Otros impedimentos para el establecimiento de
la responsabilidad jurídica deben igualmente eliminarse, como la defensa
de la obediencia a órdenes superiores o los períodos excesivamente
breves de prescripción en los casos en que esas limitaciones son
aplicables. Los Estados Partes deben también prestarse asistencia
mutuamente para someter a la justicia a las personas de las que sospechan que
han cometido actos de violación del Pacto que son punibles con arreglo al
derecho interno o el derecho internacional. A lo largo de su historia, el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias
ocasiones contra las leyes de amnistía encaminadas a la no investigación de las
violaciones graves a los derechos humanos. Así por ejiplo, en relación con Uruguay,
el Comité se pronunció de este modo |41|: 12.3 El Comité no está de acuerdo con el Estado parte en que el Estado no
tenga ninguna obligación de investigar las violaciones de derechos enunciados
en el Pacto por un régimen anterior, sobre todo cuando estas violaciones
incluyen delitos tan graves como la tortura. En el apartado a) del párrafo 3 del
artículo 2 del Pacto se estipula claramente que cada uno de los Estados Partes
en el Pacto se compromete a garantizar que "toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales". En este
contexto, el Comité se refiere a su Comentario general No. 20 (44) sobre el
artículo 7 Aprobado por el Comité en su 44� período de sesiones, celebrado en
1992; véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo período de sesiones, Supliento No. 40 (A/47/40), anexo VI.A., que
prevé que las alegaciones de tortura deben ser plenamente investigadas por el
Estado: "El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del
artículo 2 del Pacto ... El derecho a presentar denuncias contra los malos
tratos prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en el derecho
interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e
imparcialidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso
sea eficaz ... El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía
respecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente
incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos,
de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y
de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no
pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva,
incluida la indinización y la rehabilitación más completa posible." El Estado parte ha sugerido que el autor siga investigando su tortura a título
privado. El Comité considera que la responsabilidad de investigar recae en el
Estado de conformidad con su obligación de proporcionar un recurso efectivo.
Habiendo examinado las circunstancias de este caso, el Comité llega a la
conclusión de que el autor no ha tenido un recurso efectivo. 12.4 El Comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones grave de
los derechos humanos y las leyes tales como la Ley No. 15848 de caducidad de
la pretensión punitiva del Estado, son incompatibles con las obligaciones de
todo Estado parte en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Comité
observa con profunda preocupación que la aprobación de esta ley excluye
efectivamente en algunos casos la posibilidad de investigar violaciones
anteriores de los derechos humanos y, por lo tanto, impide que el Estado parte
pueda cumplir su obligación de facilitar un recurso efectivo a las víctimas de
socavar el orden diocrático y dar lugar a otras graves violaciones de los
derechos humanos Véanse las observaciones del Comité aprobadas el 8 de
abril de 1993 relativas al examen del tercer informe periódico del Uruguay,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo octavo período
de sesiones, Supliento No. 40 (A/48/40), cap. III. También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en las Observaciones
Finales que ha dirigido al Estado español el 19 de noviibre de 2009, manifiesta que
éste "debería asegurar que los actos de tortura ... no sean crímenes sujetos a
amnistía". Añade adiás, en un apartado titulado "Ley de Amnistía e
imprescriptibilidad de la tortura", que |42|: 21. Si bien toma nota de que el Estado parte señaló que la Convención contra
la Tortura entró en vigor el 26 de junio de 1987, mientras que la Ley de Amnistía
de 1977 se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a la adopción de dicha
ley, el Comité quiere reiterar que, en consideración al arraigado
reconocimiento del carácter de jus cogens de la prohibición de la tortura,
el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de
legalidad, ni por el efecto de la prescripción . [...] 22. Al Comité le preocupa que el crimen de tortura, entendido de manera
autónoma y contiplado en el artículo 174 del código penal, se prescribe en el
plazo máximo de 15 años, mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo
de un crimen de lesa humanidad - pues cuando es cometida como parte de un
ataque generalizado o sistiático contra la población civil o contra una parte de
ella (artículo 607 bis del código penal) (artículos 1, 4 y 12). El Estado parte debería asegurar la imprescriptibilidad de la tortura en todo
caso. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión sobre
admisibilidad en el caso de Ould Dah v. Francia (No. 13113/03), de 30 de marzo de
2009, consideró que "una ley de amnistía es generalmente incompatible con el deber
de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie". En el caso en cuestión,
el oficial del ejército mauritano Ould Dah recurrió ante el TEDH la condena dictada en
su contra por un tribunal francés por actos de tortura y barbarie en aplicación de la
Convención contra la Tortura. Basaba su recurso, entre otros argumentos, en que era
beneficiario de la ley de amnistía promulgada en Mauritania en 1993, ley que el TEDH
consideró contraria a las obligaciones de los estados para este tipo de violaciones. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en arias
ocasiones en contra de la leyes de amnistía, pues son incompatibles con el derecho
de acceso a la justicia y con las obligaciones de los estados de perseguir los crímenes
graves contra los derechos humanos. Es ibliática en este sentido la sentencia condenatoria del Estado peruano en el
caso Barrios Altos, de 14 de marzo de 2001, en la que la Corte explicita los bienes
jurídicos protegidos frente a las leyes de amnistía |43|: 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. 42. La Corte... considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú
impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el
presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo
8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en
el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución,
captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos
en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron
el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes
de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de
adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma. 43. [...] Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y
a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente
incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de
justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la
reparación correspondiente. 44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de
autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir
representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen
este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los
derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. La sentencia Almonacid Arellano y otros,también ha abordado este tia en el
siguiente sentido: 105. Según el corpus iuris del Derecho Internacional, un crimen de lesa
humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos y afecta
a la humanidad toda. En el caso Prosecutor v. Erdiovic el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia indicó que [l]os crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los
seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su
bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su
extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la
comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los
crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando
el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo
que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de
la humanidad como víctima. 106. Al ser el individuo y la humanidad las víctimas de todo crimen de lesa
humanidad, la Asamblea General de las Naciones desde 1946 ha sostenido que
los responsables de tales actos deben ser sancionados. Resaltan al respecto
las Resoluciones 2583 (XXIV) de 1969 y 3074 (XXVIII) de 1973. En la primera,
la Asamblea General sostuvo que la "investigación rigurosa" de los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como la sanción de sus
responsables, "son un eliento importante para prevenir esos crímenes y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar
la confianza, estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y la
seguridad internacionales ". En la segunda Resolución, la Asamblea general
afirmó: Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y
cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una
investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en
la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso
de ser declaradas culpables, castigadas. [�] Los Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de
otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que
hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la
extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de
crímenes de lesa humanidad. 107. Igualmente, las Resoluciones 827 y 955 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, junto con los Estatutos de los Tribunales para ex Yugoslavia
(Artículo 29) y Ruanda (Artículo 28), imponen una obligación a todos los
Estados miibros de las Naciones Unidas de cooperar plenamente con los
Tribunales en la investigación y persecución de personas acusadas de haber
cometido serias violaciones de Derecho Internacional, incluidos crímenes contra
la humanidad. Asimismo, el Secretario General de las Naciones Unidas ha
señalado que en vista de las normas y los principios de las Naciones
Unidas, los acuerdos de paz aprobados por ella nunca pueden prometer
amnistías por crímenes de lesa humanidad. 108. La adopción y aplicación de leyes que otorgan amnistía por crímenes
de lesa humanidad impide el cumplimiento de las obligaciones señaladas.
El Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe sobre el
establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, afirmó que [a]unque reconocen que la amnistía es un concepto jurídico aceptado y
una muestra de paz y reconciliación al final de una guerra civil o de un
conflicto armado interno, las Naciones Unidas mantienen
sistiáticamente la posición de que la amnistía no puede concederse
respecto de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de
lesa humanidad o las infracciones graves del derecho internacional
humanitario. 109. El Secretario General también informó que no se reconoció efectos
jurídicos a la amnistía concedida en Sierra Leona, "dada su ilegalidad con
arreglo al derecho internacional"... 110. La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y, si se les
declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes
internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se
desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la
Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes
de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, adiás, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por
la violación de los derechos humanos. Si el aparato del Estado actúa de modo
que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la
víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el
deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su
jurisdicción. |44| En consecuencia, la no aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 a los hechos objeto
de esta denuncia, no supone una vulneración de la normativa interna dado que dicha
ley, por las razones expuestas, no resulta de aplicación a las conductas que pudieran
revestir el carácter de crímenes contra la humanidad. Más bien al contrario, la
aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, en la medida en que es incompatible
con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español, vulneraría
el derecho penal internacional vigente y también la propia Constitución
española, en la medida en que su aplicación implica el reconocimiento de efectos
jurídicos a una disposición de rango inferior pero que adiás, y principalmente,
vulnera los arts. 10.2 ("Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España") y 96.1 (" Los
disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales
del Derecho Internacional") de la Constitución Española. TERCERA- Como consecuencia de lo expuesto, tanto en relación con la naturaleza de
los crímenes contra la humanidad y las características derivadas de ésta, como en
relación con la no aplicación de la ley de Amnistía a los hechos objeto de la denuncia,
esta parte mantiene que existen indicios racionales y pruebas suficientes de que los
hechos objeto de la denuncia y que se documentan en los Anexos I y II aportados
mediante escrito de 13 de abril de 2010, constituyen una infracción penal. Desde luego, la fecha de comisión de los hechos, no es obstáculo para su
investigación, de la misma forma que un Tribunal de Munich en Aliania se encuentra
enjuiciando a John Dijanjuk, miibro de las SS Totenkopf durante la segunda
Guerra Mundial, por hechos cometidos en ese período, o sea, hace más de 60 años,
o la reciente condena a cadena perpetua dictada el 23 de marzo de 2009 por un
Tribunal de Aquisgrán contra otro antiguo miibro de las SS, Heinrich Boere, hallado
culpable de un triple asesinato cometido en Holanda en 1944, esto es, hace
exactamente 66 años. Conviene además señalar que la Audiencia Nacional se declaró competente mediante
Auto de 17 de julio de 2008 para conocer de hechos que: "pudieran constituir delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en los art.
607 y 607 bis del C.P. Los hechos que en el escrito se relatan son, en síntesis, los siguientes: 'En el campo de concentración nacionalsocialista de Mauthausen estuvieron
prisioneros mas de 7000 españoles, de los cuales murieron más de 4300. Lo
mismo en los campos de Sachsenhausen y Flossenbürg. Durante el período
comprendido entre 1942 y abril de 1945 se albergó en dichos campos a miles
de personas entre las que estaban numerosos españoles. Los prisioneros
fueron sometidos a programas de exterminio diseñado por el sistia
nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de
raza, religión nacionalidad o convicciones políticas. Los prisioneros recluidos en
estos tres campos fueron objeto de formas extrias de maltrato y abuso,
incluido el asesinato." Es decir, se ha declarado competente para el conocimiento de hechos cometidos
al menos desde 1942. No obstante, es la investigación judicial la que ha de verificar y determinar los hechos
objeto de la denuncia. Conforme al principio del juez natural, y dada la existencia de indicios racionales
y pruebas documentales que permiten afirmar que en el cienterio de
Benagéber fueron enterrados los cuerpos de ocho víctimas de ejecuciones
extrajudiciales acaecidas en el marco de la persecución sistiática llevada a
cabo contra opositores políticos durante el régimen dictatorial del General
Francisco Franco, corresponde al Juzgado de Instrucción jurisdiccionalmente
competente, esto es, del partido de Llíria, la investigación de estos hechos y la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la preservación de la prueba. Lo contrario constituiría, y dicho sea esto con el debido respeto, una denegación del
derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 de la CE en su vertiente
de acceso a la jurisdicción, siendo, como es sabido, que este derecho constituye el
primero y núcleo fundamental de los que se contienen en el derecho a la tutela judicial
efectiva. CUARTA.- Esta parte considera, y dicho sea esto con el debido respeto, que el Auto
que se recurre incurre en una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva
consagrada en el art. 24 de la CE en su vertiente de acceso a la jurisdicción,
siendo, como es sabido, que este derecho constituye el primero y núcleo fundamental
de los que se contienen en el derecho a la tutela judicial efectiva. El acceso a la justicia de las víctimas y familiares de víctimas de violaciones graves del
derecho internacional de los derechos humanos ha sido, precisamente porque de ello
depende en la mayoría de los casos la posibilidad de investigación de tales violaciones,
objeto de protección por parte del sistia de Nacional Unidas. Los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones" (A/60/509/Add.1), aprobados el 21 de marzo de 2006 por la Asamblea
General de la Naciones Unidas, contiplan también el derecho de las víctimas a
disponer de recursos y de acceso a la justicia: "VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos 11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima,
conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de
reparación. VIII. Acceso a la justicia 12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de
derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional
humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo
previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima
son el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a
mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho
interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el
derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán
reflejarse en el derecho interno. A tal efecto, los Estados deben: a) Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información
normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del
derecho internacional humanitario; b) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus
representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según
proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus
familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial,
administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas; c) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; d) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para
que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o
por violaciones graves del derecho internacional humanitario. 13. Adiás del acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar
establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar
diandas de reparación y obtener reparación, según proceda. 14. Los recursos adecuados, efectivos y rápidos contra las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las
violaciones graves del derecho internacional humanitario han de comprender
todos los procedimientos internacionales disponibles y apropiados a los que
tenga derecho una persona y no deberían redundar en detrimento de ningún
otro recurso interno." El acceso a la justicia y sus diferentes aspectos (derecho a un recurso efectivo, a la
igualdad ante las Cortes y Tribunales, a la imparcialidad de los mismos, etc.) forma
parte del conjunto de derechos básicos reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la cual establece en su art. 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Son numerosos los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran
el derecho a un recurso efectivo. Adiás de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, lo hacen el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los Principios 9 y 16 de los Principios relativos
a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o
sumarias. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su art. 13, relativo al
"Derecho a un recurso efectivo" establece: Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio
hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante
una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por
personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el presente caso, mi representada no recibió notificación alguna que informara
acerca de los trabajos de exhumación que, según se desprende el Auto del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria de fecha 26 de marzo de 2010
(DP 000521/2010), habrían concluido el 26 de marzo de 2010, esto es, un día después
de la puesta en conocimiento de este Juzgado del hecho de que se estaban realizando
esos trabajos y un día después de la presentación por mi representada de la
correspondiente denuncia ante el correspondiente Juzgado de Guardia. Si bien, desde el 05 de marzo de 2009 Dña. Sebastiana Ortega se dirigió a la autoridad
administrativa competente, esto es, al Sr. Alcalde del Municipio de Benagéber, para
informarle fehacientiente de su oposición a tal exhumación, y en todo caso, a una
exhumación realizada por personas (con título habilitante a estos efectos o no) no
designadas judicialmente. Con ello se pone de manifiesto que Dña. Sebastiana Ortega es parte en el proceso
abierto por la Alcaldía y que tenía como finalidad tal exhumación, y, a pesar de ello, no
tomó conocimiento hasta el día 23 de marzo de 2010 por la noche, y por
información periodística, de que se estaría procediendo a tal exhumación. Incluso
la información inicialmente transmitida a mi representada aludía a que "El
Ayuntamiento de Benagéber exhumará 'en unos días' la primera fosa de víctimas del
régimen franquista en la Comunitat Valenciana", y "El portavoz del Grupo para la
Recuperación de la Mioria Histórica explicó que mañana [24 de marzo de 2010] los
familiares, tras conocer la nueva ubicación, darán su permiso para iniciar las
excavaciones, un proceso que Alonso confió en que duré de 'tres a cinco días', aunque
esto depende de la postura de los familiares. De todas formas, confío en que en menos
de 15 díos los trabajos de exhumación hayan ipezado". (ver artículo publicado en
Diario Crítico de la Comunitat Valenciana, de 23 de marzo de 10, bajo el título
"Benagéber exhumará la primera fosa de víctimas del franquismo en la Comunitat",
disponible en http://www.diariocriticocv.com/noticias//not325967.html , según consulta
realizada el 29 de abril de 2010). Este hecho sitúa a mi representada ante el hecho consumado de la manipulación de
los restos humanos enterrados en las sepulturas correspondientes, respecto de los
cuales no conoce la ubicación actual de los mismos, ni si han sido ya trasladados, y
de ser así, bajo qué autorizaciones oficiales. Este hecho coloca adiás a mi representada ante una manifiesta indefensión, pues
tal manipulación de los restos por parte de una autoridad administrativa violaría el
derecho de Dña. Sebastiana Ortega, en su calidad de familiar de víctima de crímenes
graves bajo el derecho internacional, a hacer valer su derecho en la vía penal, más aún
habida cuenta de que se está ante delitos que son imprescriptibles y que hechos
similares y del mismo período siguen siendo a fecha de hoy objeto de enjuiciamiento
en otros países de nuestros entorno europeo. Asimismo, en la medida en que los restos ya habrían sido manipulados, el auto que se
recurre, dicho sea esto con el debido respeto, vendría a refrendar el ilícito incurrido al
manipular los restos prueba material del delito imprescriptible (soportado éste también
por las pruebas documentales aportadas), y tendría adiás el efecto de considerar
que esta manipulación está por encima del derecho penal interno y del derecho penal
internacional, y por supuesto, por encima del derecho de las víctimas y los familiares
de acceso a la justicia y al debido proceso, consagrado éste tanto en el art. 24 de
nuestra constitución, como en el derecho convencional internacional. A su vez, la falta de investigación conllevaría una negación del acceso a la justicia y
al debido proceso. Más aún si se tiene en cuenta que es también discutible la cuestión
del cómputo de un eventual plazo de prescripción, pues el mismo, de existir, debiera
comenzar con la posibilidad de un proceso legal con garantías, hecho que, dado el
carácter de la resolución apriorística del Juzgado aún no ha ocurrido, en el bien
entendido de que la investigación penal es la que determinará el tipo de delitos allí
cometidos. El que haya responsables vivos de los crímenes allí cometidos es una cuestión que
deberá determinar el debido proceso penal y no una decisión apriorística, teniendo en
cuenta adiás que el conocer la verdad penal de lo allí ocurrido, desde el ámbito del
derecho a la verdad, es a todas luces importante para la prevención de hechos de esta
naturaleza. QUINTA.- El derecho a conocer la verdad de los hechos ocurridos tampoco prescribe
con el tiipo, y es una consecuencia directa del resarcimiento de delitos de violación
grave a los derechos humanos. El derecho a saber, como ha formulado el Relator de las Naciones Unidas acerca de
la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos
(derechos civiles y políticos), en su informe E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, "No se trata
sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que
ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho
colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en
el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de
recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por
nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales
son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo". Dice también el relator en dicho informe, en su epígrafe relativo al Derecho a un
Recurso Justo y Eficaz: "26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos
beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo para lograr que
su opresor sea juzgado y obtener reparación. Conforme se indica en el
preámbulo del Conjunto de principios, no existe reconciliación justa y duradera
si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia; el perdón, acto
privado, supone, como condición de toda reconciliación, que la víctima conozca
al autor de las violaciones y que éste haya tenido la posibilidad de manifestar
su arrepentimiento: en efecto, para que pueda ser concedido el perdón, es
menester que haya sido previamente solicitado. 27. El derecho a la justicia impone obligaciones al Estado: la de investigar las
violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que
sean sancionados. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento incumbe ante todo al
Estado, habrá que prever en normas procesales complientarias la posibilidad
de que toda víctima pueda erigirse en parte civil en las actuaciones y, cuando
las autoridades no cumplan con su deber, asumir personalmente esa iniciativa." En virtud de lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito, lo admita y
tenga por formulado recurso de reforma contra el Auto de diecinueve de abril de dos
mil diez, por el que se decreta el sobreseimiento de las diligencias, y, previos los
trámites legales, se reforme la citada resolución, procediendo así a la continuación de
la instrucción de la presente causa. Es justicia que pido en Llíria, al vigésimo noveno día del mes de abril de dos mil
diez. OTROSÍ DIGO: que, adjuntamos el justificante de la consignación judicial
exigida por la ley para poder presentar el presente Recurso de Reforma. SUPLICO AL JUZGADO: Se acuerde de conformidad, tener por evacuado el indicado requisito formal. Es justicia que reitero en el lugar y fecha ut supra indicados. Fdo.: Eva María Tello Calvo, Proc. Notas:
1. Dobkine, Michel, Crimes et humanité - extraits des actes du procès de Nuriberg - 18
octobre 1945/1er octobre 1946, Ediciones Romillat, Paris 1992, pp. 49-50. [Volver]
2. Citado en: Morris Virginia and Scharf Michael P., An Insider's Guide to the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Transnational Publishers, Inc., NY, 1995, pp. 73-74 [Volver]
3. Informe Final de la Comisión de Expertos para la investigación de las graves transgresiones
de los Convenios de Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidas
en el territorio de la ex Yugoslavia, documento de las Naciones Unidas S/1994/674, de 27 de
mayo de 1994, párr. 73. [Volver]
4. Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (new
application: 1962) (Second Phase), Belgium v. Spain, Judgment of 5 February 1970, I.C.J.
Reports 1970, para.33 [Volver]
5. GA Res. 39(I), Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante la primera parte de
su primer período de sesiones, Quincuaésima nona reunión plenaria, 12 de diciibre de 1946,
p. 57 [Volver]
6. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48� período
de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996. Asamblea General. Documentos Oficiales
Quincuagésimo primer período de sesiones. Supliento No. 10 (A/51/10), pp. 100 y ss [en
adelante, "Código de Crímenes"]. Este informe contiene el Proyecto de Código de Crímenes
contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad correspondiente a 1996. [Volver]
7. Bassiouni, Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 2nd. rev. ed., The
Hague, Kluwer, 1999, pp. 301-302 [Volver]
8. Taylor, Telford, Final report to the Secretary of the Army on the Nuernberg War Crimes Trials
under Control Council law No. 10 , Government Printing Office, Washington, DC, 1949 [Volver]
9. U.N. Doc. S/RES/955, Anexo, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 8 de
noviibre de 1994. [Volver]
10. La traducción al castellano que aparece en el Informe de la Comisión de Derechos
Internacional de las Naciones Unidas para su 48� periodo de sesiones, difiere sustantivamente de
las versiones originales en inglés y francés, en donde el adjetivo "política" caracterizando a
"organización" no aparece. La versión en inglés es como sigue: "A crime against humanity means
any of the following acts, when committed in a systiatic manner or on a large scale and
instigated or directed by a Government or by any organization or group: [...]". Y en francés: "On
entend par crime contre l'humanité le fait de commettre, d'une manière systématique ou sur une
grande échelle et à l'instigation ou sous la direction d'un gouvernient, d'une organisation ou
d'un groupe, l'un des actes ci-après :[...]". Dado que la versión en castellano no es la original,
consideramos la inclusión del adjetivo "política" un error de traducción. [Volver]
11. Sentencia comentada en 78 American Journal Int'l Law, 677, 198.4 [Volver]
12. La cursiva es añadida [Volver]
13. Judgient", Prosecutor v. Anto Furundzija, Case No.: IT-95-17/1-T, Trial Chamber II, 10
Deciber 1998. [Volver]
14. Código de Crímenes, p. 106 [Volver]
15. Crimes Against Humanity in International Criminal Law, p. 327 [Volver]
16. El artículo 5 del Estatuto del TPIY dispone: "El Tribunal Internacional estará facultado para enjuiciar a las personas responsables de
los siguientes crímenes cuando hayan sido cometidos en el marco de un conflicto armado,
de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil: a) Homicidio intencional; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos." Ver: Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, adoptado por el C.S. Res.
827, U.N. SCOR, 48� Período de Sesiones, 3217� sesión, p. 6, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), 32
I.L.M. 1203 (1993). [Volver]
17. Tadi Trial Judgient, párrs. 700, 702-3; Kupre�ki et al. Trial Judgient, párrs. 605, 614.
Citado en: Prosecutor v. Momilo Kraji�nik, párr. 735 [Volver]
18. Prosecutor v. Momilo Kraji�nik, párrs. 733-735 [Volver]
19. Taylor, Telford, Final report to the Secretary of the Army on the Nuernberg War Crimes
Trials under Control Council law No. 10 [Volver]
20. Código de Crímenes, p. 108 [Volver]
21. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 4a ed., 1991,
p. 562 [Volver]
22. Prosecutor v. Dragan Nikolic a.k.a. "Jenki" (Nikolic Case, Rule 61 Decision), Review of
Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Case No. IT-94-2-61,
20 October 1995, para. 26 [Volver]
23. André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit Penal International, Presses
Universitaires de France, Paris, 1993, p. 52 [Volver]
24. Rapport C.D.I., 1989, p. 147, párr. 147 [Volver]
25. Código de Crímenes, p. 101. [Volver]
26. Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgment, United States Printing Office.
Washington, 1947, p. 84 [Volver]
27. Código de Crímenes, p. 102. [Volver]
28. Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgment, p. 84 [Volver]
29. Código de Crímenes, p. 103. Véase adiás Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and
Judgment, en relación con los acusados Streicher y von Schirach, pp. 129 y 144 respectivamente. [Volver]
30. Véase el informe presentado por el Secretario General en cumplimiento del párr. 5 de la
resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad (documento S/1995/134, nota 5). Véase también
Morris y Scharf, op. cit. p. 81 [Volver]
31. Texto completo disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/impu/kolkesp.html (Visitada
por última vez el 29abr10). [Volver]
32. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia sobre Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Serie C) No. 154. 26 de septiibre de 2006., párrs.
93-100 y 103-104. A los efectos que aquí interesan ver párrafos 93 a 100 ambos incl. [Volver]
33. Véase el informe del Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de una Corte Penal
Internacional, Asamblea General, Documentos Oficiales, 51� Período de Sesiones, Supliento
(N� 22), Documento de la ONU A/51/22 (1996), párrafo 193. [Volver]
34. Código de Crímenes, p. 44. [Volver]
35. Ibid., párrs. 151 y 154 [Volver]
36. Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. (Serie
C) No. 162. 29 de noviibre de 2006, Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párrs. 9-13. [Volver]
37. Bassiouni, M. Cherif , International Crimes: Jus Cogens and obligatio Erga Omnes, en Law
& Contip.Prob., 25 (1996), pp. 63, 68 [Volver]
38. Comisión de Derecho Internacional, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1976, Vol. II, 2a Parte, p. 89 [Volver]
39. Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los estados partes
con arreglo al artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos.
ESPAÑA, 94� período de sesiones, Ginebra, 13 a 31 de octubre de 2008, CCPR/C/ESP/CO/5, 5
de enero de 2009, p. 2. [Volver]
40. Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los
Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80� período de
sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004). [Volver]
41. Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 322/1988: Uruguay,
CCPR/C/51/D/322/1988 (Jurisprudence), 9 de agosto de 1994. [Volver]
42. Comité contra la Tortura, CAT/C/ESP/CO/5, 19 de noviibre de 2009. [Volver]
43. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14
de marzo de 2001 (Fondo). [Volver]
44. Sentencia Almonacid, párrs. 105-110. [Volver]
Caso Ocho de Benagéber
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