Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-797-00.htm
Timestamp: 2018-12-10 08:10:32
Document Index: 3991899

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 394', 'artículo 400', 'artículo 4', 'artículo 360', 'artículo 417', 'artículo 444', 'artículo 448', 'artículo 486', 'artículo 39', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 3', 'artículo 376', 'artículo 400', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 360', 'artículo 39', 'artículo 369', 'artículo 388', 'artículo 39', 'artículo 374', 'artículo 388', 'artículo 432', 'artículo 422', 'artículo 13', 'artículo 404', 'artículo 4', 'artículo 39', 'artículo 404', 'artículo 417', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 448', 'artículo 63']

Las federaciones y confederaciones son uniones sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera reclamaciones y adicionalmente pueden, según sus estatutos, atribuirse “las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria, adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o mas organizaciones federales”.
Parágrafo. (adicionado por el artículo 51 de la ley 50 de 1990). Cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos integrarán la asamblea para adoptar pliego de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto a la decisión arbitral.
ARTICULO 396. (modificado por el artículo 20 de la ley 11 de 1984). Depósito de los fondos. Los fondos de todo sindicato deben mantenerse en algún banco o caja de ahorros, salvo la cantidad para gastos cotidianos menores que autoricen los estatutos y que no puede exceder en ningún caso del equivalente al salario mínimo mensual más alto. Todo giro y toda orden de pago deberán estar necesariamente autorizados por las firmas conjuntas del presidente, tesorero y el fiscal.
ARTICULO 400. Subrogado por el artículo 23 del decreto 2351 de 1965). Retención de cuotas. 1. Toda asociación sindical de trabajadores tienen derecho a solicitar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, que los patronos respectivos deduzcan de los salarios de los trabajadores afiliados y pongan a la disposición del sindicato el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que aquéllos deben contribuir. La retención de las cuotas extraordinarias requiere copia autenticada del acta de la asamblea sindical en que fueron aprobadas. Para la retención de las cuotas ordinarias bastará que el secretario y el fiscal del sindicato comuniquen certificadamente al patrono su valor y la nómina de sus afiliados
En la Constitución de 1886 se regulaba de manera genérica el derecho de asociación en el art. 44, pero específicamente nada se decía en relación con el derecho de asociación sindical. De este modo, los sindicatos eran una especie de las asociaciones, no obtenían personería jurídica automática y, por lo tanto, debían obtener el reconocimiento de personería jurídica por el Estado, la cual sólo podía ser otorgada cuando sus estatutos no contravinieran “la moral y el orden legal”.
No obstante la ratificación por Colombia de los Convenios 87 y 88 de la OIT, mediante las leyes 26 y 27 de 1976, “los efectos prácticos de aquellos Convenios hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, fueron escasos por no decir que nulos”.
c) En relación con los artículos 358 parcial, 376, 390 numerales 1 y 2, 394 y 424 las normas acusadas violan el Convenio 87 de la O.I.T. y los artículos 39-1 y 83 de la Constitución, en razón de que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, y a organizar su administración y sus actividades. Por lo tanto, “las autoridades públicas, incluido el legislador, deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio”. Las organizaciones de trabajadores no están sujetas a la intervención del Estado y las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas se presumen ceñidas a los postulados de la buena fe.
En lo referente a las expresiones demandadas, contenidas en los artículos 390 y 424 del C.S.T, que se refieren al periodo de las directivas sindicales y a las directivas provisionales, deben ser declaradas inconstitucionales, ya que “es el sindicato quien libremente en sus estatutos debe organizar la administración de sus actividades y por ende fijar el periodo de sus directivas”.
El artículo 394 del C.S.T. resulta inexequible, en razón, a que contiene “disposiciones minuciosas y obstruccionistas de la administración de los recursos de los sindicatos, que implican una clara violación a la libertad de redactar los estatutos y reglamentos administrativos” lo que “hace imposible la administración y el desarrollo de las actividades sindicales”, toda vez que al exigir que los presupuestos no deben abarcar periodos mayores al año y al exigir que las erogaciones en el presupuesto se efectúen con la refrendación de la asamblea general, hace imposible la administración y el desarrollo de las actividades sindicales.
Además, el referido artículo, viola el principio de la buena fe, pues “los sindicatos no son menores de edad y sus afiliados y directivos no son delincuentes a quienes se les debe impedir el manejo autónomo de sus propios recursos. Son los estatutos y reglamentos administrativos los llamados a fijar de manera autónoma las reglas particulares que han de orientar el manejo económico de los sindicatos”.
e) En relación con el artículo 400-3, las expresiones demandadas violan las libertades a redactar los estatutos y reglamentos administrativos, ya que “lo relacionado con cuotas sindicales es un asunto de incumbencia estatutaria, básico para la libertad real y no meramente formal de asociación sindical federal y confederal”. Agregó el actor que la norma demandada tiene como fin que los sindicatos de segundo y tercer grado sean débiles, carentes de recursos, lo que conlleva a que estén subordinados económicamente a las asociaciones sindicales de primer grado.
Agrega que la expresión “cuando la ley la autoriza” resulta inexequible, por cuanto viola el derecho de huelga, en razón de que “la ley (sic) no tiene la atribución de autorizar la huelga, ni de prohibirla. La atribución de la ley se limita a señalar en que casos no se garantiza, por tratarse de un servicio público esencial”.
También se presenta violación del artículo 4 del Convenio 98, toda vez que “es deber del Estado estimular y fomentar el pleno desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de convenciones colectivas, las condiciones de empleo”.
g) El artículo 360 del C.S.T. viola lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la O.IT. toda vez que “los trabajadores sin ninguna distinción tienen derecho a afiliarse a los sindicatos, con la sola condición de observar sus estatutos y reglamentos administrativos”.
Expresa el actor “que además, son los estatutos sindicales los llamados a fijar las condiciones de admisión y no la ley”.
Este artículo desconoce lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Constitución y los artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la O.IT. dado que “los trabajadores sin ninguna distinción tienen derecho a afiliarse a los sindicatos, con la sola condición de observar sus estatutos y reglamentos administrativos".
La disposición demandada, también vulnera los principios de igualdad y buena fe, al dar un trato discriminatorio a los sindicatos frente a las demás entidades sin ánimo de lucro y a las sociedades comerciales, pues son éstas o sus asociados quienes aprueban su liquidación. El principio de buena fe también resulta afectado, al negarles a las asociaciones sindicales su autocontrol en la liquidación, e imponerles su aprobación de manera externa.
La expresión “cuando la ley la autoriza” contenida en el numeral 1 del artículo 417 del C.S.T. resulta inconstitucional, por violar el derecho de huelga, pues el legislador no tiene la atribución de autorizar la huelga, ni de prohibirla. La ley sólo se limita a señalar en que casos no se garantiza, por tratarse de un servicio público esencial.
m) El artículo 444 parcial, el numeral 3 del artículo 448 y el numeral 1 del artículo 486 del C.S.T. son inconstitucionales, en razón de que vulneran los artículos 3-1 y 3-2 del Convenio 87 de la O.I.T. y el artículo 39-1 de la Constitución, pues “las disposiciones acusadas consagran el deber de dar aviso a las autoridades con antelación de cinco (5) días a la celebración de la asamblea en que se ha de votar la huelga “para que pueda presenciar y comprobar su desarrollo” (art. 444); que durante la huelga, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos o en defecto de los trabajadores en asamblea general podrán someter a votación de los trabajadores si desean o no el tribunal de arbitramento, fijando un procedimiento, (art. 448-3 en sus diversos incisos); así como la intervención de las autoridades del trabajo en el control de la gestión de los sindicatos (art. 486-1). Estas instituciones son claramente intervencionistas de las actividades sindicales y van en contra de las libertades de elegir a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.
Las normas acusadas, que regulan la libertad sindical, violan el principio de la igualdad en sus modalidades de "igualdad ante la Ley" y de "no discriminación en materia de derechos, libertades y oportunidades, contenidos en el artículo 13 de la Constitución Política, ya que las normas demandadas establecen un trato discriminatorio frente a las demás formas asociativas sin ánimo de lucro, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política y en el Decreto 2150 de 1996, estas nacen mediante escritura pública o documento privado reconocido y su inscripción está exenta de rigores legales.
También se viola el principio de igualdad debido a que el trato dado a las federaciones y confederaciones es diferente al que se le da al sindicato. En efecto: i) en la legislación colombiana no se permite pertenecer a varios sindicatos de la misma clase o actividad; ii) a los sindicatos se les exige cumplir con procedimientos y controles de legalidad administrativos y previos; iii) a los sindicatos se les impone el deber de decretar la separación de miembros por dejar de ejercer la actividad característica de la asociación; iv) las asociaciones sindicales carecen de autonomía liquidatoria y v) a las federaciones y confederaciones se les exige el reconocimiento de personería jurídica por el Gobierno y en cambio los sindicatos obtienen su personería jurídica de manera inmediata.
"En cuanto a los estatutos y reglamentos administrativos tenemos que deberán ser redactados, sometidos a consideración y aprobados por la propia organización sindical, toda vez que las decisiones que adopten en el seno del sindicato, deberán tomarse teniendo en cuenta los principios democráticos, como se enunció, pues el ejercicio de este derecho no puede haber restricción o limitación alguna que imposibilite su efectividad; así lo reconoce el artículo 3 Inciso primero del Convenio 87 de la O.I.T.”
Respecto al artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que la expresión “exclusiva”, aunque no está demandada, debe por unidad de materia declararse inexequible por la Corte.
Por lo anterior, solicita que se declare inexequible el art. 396 y exequible el numeral 1 del artículo 400, “bajo el entendido que se requiere de las 2/3 partes de los miembros asistentes a la reunión en que se decida”.
f) En lo que atañe con el artículo 417 del C.S.T compartió los argumentos del actor, pues adujo que “al establecer el legislador la prohibición de la declaratoria de huelga a las federaciones y confederaciones de sindicatos, de una parte se está haciendo una discriminación cuando hay razón que la justifique, toda vez que al estar equiparados unos y otros, deberán gozar de los mismos derechos y beneficios; de otra parte, al imposibilitar el ejercicio del derecho, se está privando a estas organizaciones gremiales de un mecanismo eficaz para lograr sus pretensiones y aspiraciones gremiales laborales, pues de lo contrario, sus anhelos se verán frustrados y no lograrán las conquistas que efectivamente sí obtienen las organizaciones de primer grado (sindicatos)”. Agregó que la norma acusada desconoce el principio de igualdad, ya que los sindicatos sí gozan del derecho a declarar la huelga, pero a las agremiaciones de segundo y tercer grado se les niega tal derecho, desconociendo los artículos 6 y 3 del Convenio 87 de la O.I.T. Por lo anterior, solicita que se declare inconstitucional la frase "derecho de reconocimiento de" contenida en el artículo 417 del C.S.T.
g) Con respecto al artículo 360 compartió los argumentos del actor “toda vez que no existe razón de carácter constitucional o en convenio internacional alguno, que restrinja esta posibilidad, pues es cierto que de conformidad con el inciso último del artículo 39 Superior, se proscribe el derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza, pública... no obstante, a que sobre el particular se tramita una reforma constitucional”. Consideró que la única obligación subsiguiente para quien se afilia, es la de observar los estatutos y, por ello, solicitó a la Corte declarar inconstitucional dicho artículo.
h) En relación con el artículo 369 del C.S.T. considera que se debe declarar inexequible en lo referente a “la imposición de la exigencia de someter a registro la reforma estatutaria, dentro del término legal de aprobación, con la copia de acta donde se haga constar las reformas que se han verificado, con la firma de todos los asistentes, ya que resulta contrario a la Carta política (art. 83), porque de una parte el legislador está partiendo de la premisa de la mala fe, circunstancia que lo obliga a solicitar una serie de exigencias, para establecer la veracidad de lo acontecido; y de otra parte, porque es evidente que al representante legal de la agremiación en cumplimiento de las funciones que el cargo le impone, le compete certificar e informar sobre los hechos, situación que revela el cumplimiento de lo previsto en el texto acusado”.
Respecto al numeral 2 del artículo 388 compartió los argumentos del actor “toda vez que no existe razón de carácter constitucional o en convenio internacional alguno, que restrinja esta posibilidad, pues es cierto que de conformidad con el inciso último del artículo 39 Superior, se proscribe el derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza, pública... no obstante a que sobre el particular se tramita una reforma constitucional”. Considera que “la única obligación subsiguiente para quien se afilia, es la de observar los estatutos y por ello, solicitó a la Corte declarar inconstitucional dicho artículo”.
Considera que el numeral 1 y 3 (parciales) del artículo 374, los literales b), c), d), e), f) y el numeral 2 del artículo 388, el numeral 2 del artículo 432 y el artículo 422 del C.S.T. vulneran el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, al no autorizar la participación de los extranjeros en las juntas directivas de las organizaciones sindicales, o de restringir el derecho a ciertos trabajadores de sindicalización por ostentar ciertas calidades; toda vez que al "prohibir la representación de algunos sectores, en razón del origen nacional de sus integrantes, afiliación al sindicato, saber leer y escribir, tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, entre otros, significa desconocer el derecho constitucional a la participación democrática de los mismos y la finalidad esencial del Estado Social de Derecho, como es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.
Concluyó este cargo, manifestando que “en ejercicio de los principios democráticos y del derecho de participación, las organizaciones sindicales tienen la facultad y autonomía de elegir libremente a los representantes (art.3 Convenio 87), que han de ocupar cargos en la junta directiva, sin que sea admisible para el legislador intervenir en este aspecto, al consagrar calidades, requisitos, condiciones, que deben reunir los elegidos, menos aún que se discriminen a los trabajadores que en forma ocasional, periodo de prueba o aprendiz para la época de la elección, ya que al redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, la organización puede definirlos”.
j) En lo que concierne al artículo 404 del C.S.T. adujo, respecto a la primera parte la norma, “que se ajusta al ordenamiento constitucional, toda vez que de un lado, el artículo 4 del Convenio 87 de la O.I.T. determina que la organización de trabajadores y empleadores no está sujeta a la disolución o suspensión por la vía administrativa, es decir, que ello procede por la vía judicial, norma que fue acogida en el inciso 3 del artículo 39 de la Carta.
Por lo anterior, solicitó la declaración de constitucionalidad de la expresión "la liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez que la haya ordenado”, y la declaración de la inconstitucionalidad del texto “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el finiquito al liquidador cuando sea necesario", contenidos en el artículo 404 del Código Sustantivo del Trabajo.
k) Respecto al artículo 417 numeral 1, compartió los argumentos del actor, pues adujo que “al establecer el legislador la prohibición de la declaratoria de huelga a las federaciones y confederaciones de sindicatos, de una parte se está haciendo una discriminación cuando hay razón que la justifique, toda vez que al estar equiparados unos y otros, deberán gozar de los mismos derechos y beneficios; de otra parte, al imposibilitar el ejercicio del derecho, se está privando a estas organizaciones gremiales de un mecanismo eficaz para lograr sus pretensiones y aspiraciones gremiales laborales, pues de lo contrario, sus anhelos se verán frustrados y no lograrán las conquistas que efectivamente si obtienen las organizaciones de primer grado (sindicatos)”.
l) Respecto a los artículos 444 y 448 expresó que comparte los planteamientos expuestos por el demandante “ toda vez que el derecho de huelga está garantizado por mandato constitucional, salvo en los servicios esenciales definidos por el legislador y es el máximo mecanismo de presión con que cuentan los trabajadores para lograr sus aspiraciones y conquistas laborales. Pero si en su ejercicio se establecen fórmulas de injerencia de las autoridades públicas, como en efecto acontece en las disposiciones en estudio, se desconoce flagrantemente el contenido de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Convenio 87, porque con ello se estropea su efectividad, al permitirse la intromisión de aquellos, pues con su intervención puede limitar el derecho y entorpecer su ejercicio legal, lográndose finalmente resultados nefastos, relativos y desestimulantes para la organización sindical”.
Agregó que “el artículo 37 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de reunión y la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, de manera que los afiliados al sindicato y la misma organización lo pueden ejercer, en pos de la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto laboral para decidir si se declara o no la huelga, pero permitir que en estos eventos concurra cualquier autoridad administrativa, mengua o limita el ejercicio del derecho”.
“2.1. El art. 39 de la Constitución consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, dado que aquél consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una, en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de los empleadores”.
“En la sentencia T-441/92[6] la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:
‘Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social’”.
“Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual este en vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes”.
“Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa”
“Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores”
“La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los arts. 2, 3 y 4 de este Convenio”.
“1. Al ejercer los derechos que se le reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad”.
“Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación”.
En la sentencia C-385/2000[8] la Corte precisó la relación entre derecho de asociación y libertad sindical de la siguiente manera:
“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos”.
No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que, los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.
Lo primero que observa la Corte es que el título del artículo, en cuanto alude a los “altos empleados” no corresponde a la materia que se regula.
En cuanto a la expresión “y restricciones”, contenida en el numeral 3 del art. 362 la Corte, por las mismas razones antes expuestas, no encuentra vicio de inconstitucionalidad alguno.
Conforme a lo expresado, la Corte declarará exequible el art. 358, salvo la expresión “la devolución de cuotas o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión” que se declara exequible pero bajo los condicionamientos antes señalados. Igualmente declarará exequible la expresión “y restricciones” contenida en el numeral 3 del art. 362.
Sin embargo, considera la Corte que es irracional, en la forma como esta concebida, la norma del mismo art. 376, según la cual, la asamblea debe aprobar “todo gasto mayor de un equivalente a 10 veces el salario mínimo mas alto”, porque ello puede atentar contra la eficacia y la eficiencia administrativas, en la medida en que dado lo ínfimo de dicha cuantía será necesario reunir frecuentemente a la asamblea general, cuando se requiera realizar asi sea en forma urgente un gasto que supere la aludida cifra, con los consiguientes inconvenientes para el buen funcionamiento administrativo. En tales circunstancias, con el fin de superar los problemas que pueden derivarse de la aplicación estricta de la referida norma, la Corte la declarará exequible bajo el entendido de que corresponde a la asamblea la aprobación de todo gasto que supere la cuantía mencionada, siempre que no este contemplado en el presupuesto.
Es exequible el inciso final del art. 394, que excluye de la aprobación de la asamblea general los “gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía”, porque con ello se garantiza plenamente el derecho de huelga. En efecto, imponer como requisito la aprobación de la asamblea, cuya reunión rápida y oportuna puede dificultarse, por la necesidad de convocarla con la debida anticipación, y de darle publicidad al acto de convocación, para que apruebe los gastos, no previstos en el presupuesto, que se generen en relación de las referidas huelgas, implica restringir indebida e injustificadamente el referido derecho.
En relación con el art. 376 se declarará exequible la expresión “la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos” y exequible en forma condicionada la expresión “la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto”.
“El sindicato, en asamblea general, votará el presupuesto de gastos para periodos no mayores de un (1) año y sin autorización expresa de la misma asamblea no podrá hacerse ninguna erogación que no este contemplada en dicho presupuesto” y “Estas normas no se aplican para gastos que ocasionen las huelgas declaradas por el sindicato, cualquiera que sea su cuantía”.
Se declarará exequible la totalidad del art. 395, con la aclaración de que la alusión al “departamento nacional de supervigilancia sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la División de Asuntos Colectivos.
- Los segmentos normativos demandados del inciso primero, exigen que “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” la asociación sindical tiene derecho a que los empleadores deduzcan de los salarios y pongan a disposición del sindicato las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y, además, que para la retención de cuotas ordinarias bastará que “el secretario y el fiscal del” sindicato comuniquen certificadamente al empleador su valor y la nómina de afiliados.
En el numeral 3 se demanda la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero”, que alude a la comunicación escrita que debe enviarse al patrono para retener y entregar las cuotas a las federaciones y confederaciones a las que se encuentra afiliado el sindicato.
Observa la Corte que la expresión acusada del numeral 1 del art. 400 que dice “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” es inconstitucional, porque comporta una intervención injustificada e irracional del legislador en un asunto que atañe exclusivamente a la organización sindical dentro del ámbito de la libertad sindical, que además, obstaculiza o dificulta que los sindicatos puedan recaudar oportunamente dichas cuotas.
Conforme a lo anterior se declarará inexequible en relación con el numeral 1 del art. 400 la expresión “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” y exequible la expresión “secretario y el fiscal”. Igualmente se declarará exequible la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero” contenida en el numeral 3 del art. 400.
“Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley lo autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”.
- Considera la Corte que la expresión “al reconocimiento” contenida en el art. 417 es inconstitucional porque las federaciones y confederaciones, al igual que los sindicatos, tienen derecho al reconocimiento automático de su personería jurídica, sin la intervención del Estado (art. 39 C.P. Convenio 87 de la OIT).
En cambio las federaciones y confederaciones son uniones sindicales de segundo y tercer grado, que desarrollan funciones de asesoría de sus organizaciones afiliadas ante los respectivos empleadores en la tramitación de sus conflictos y frente a las autoridades o terceros de cualesquiera reclamaciones y adicionalmente pueden, según sus estatutos, atribuirse “las funciones de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria, adoptada por una de las organizaciones afiliadas; la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten, y la de resolver las diferencias que ocurran entre dos o mas organizaciones federales” (arts. 418 y 426 C.S.T.).
En síntesis, estima la Corte razonable y proporcionada la restricción mencionada, que corresponde a la facultad del legislador para reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. En tal virtud, será declarada inexequible la expresión “al reconocimiento” y exequible la expresión “salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados” antes mencionada.
- En el caso de los sindicatos de oficios varios, los requisitos señalados para su existencia excluyen per se la existencia de éstos en un mismo lugar, pues la letra d) del art. 356 dice que esta clase de sindicatos “sólo pueden formarse en los lugares en donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requeridos para formar uno gremial, y sólo mientras subsista dicha circunstancia”, lo cual es explicable.
El actor demanda en el encabezamiento del numeral 1 del art. 388 las expresiones “tanto de la provisional como de la reglamentaria”, así como las expresiones “siguientes”; “además de los”, y las letras b), c), d), e) y f) de dicho numeral y su numeral 2.
No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes, porque si ya cumplió la pena y no existe una inhabilidad para ello, no se encuentra razón válida para que no pueda hacer parte de la junta directiva del sindicato, y porque el llamamiento a juicio no significa que la persona esté condenada o necesariamente vaya a ser condenada. Lo que interesa es que el afiliado al sindicato esté en condiciones de llevar la representación y ejercer efectivamente el cargo en la junta directiva; pero es natural que estas situaciones sólo pueden ser evaluadas libremente por quienes realizan la correspondiente elección.
El mismo examen de constitucionalidad hecho precedentemente en relación con el art. 388, resulta válido con respecto al art. 422 bajo examen, en lo acusado, esto es, las expresiones censuradas correspondientes al encabezamiento del numeral 1 de dicha norma, que son: “tanto de la provisional como de la reglamentaria”; “siguientes”, y “además de los”, y las letras b, c, d, e, y f,
Se demanda del inciso 1 la expresión “de tres (3) de entre ellos”, es decir, se cuestiona la exigencia de que los representantes de los trabajadores deban ser necesariamente tres. Igualmente, se demanda la totalidad del inciso 2 que señala los requisitos que deben reunir los referidos delegados, entre otros, ser mayores de edad, trabajadores de la empresa y tener una determinada antigüedad en ésta.
Estima la Corte que la norma, en lo acusado, desconoce el derecho a la libertad sindical, pues son las organizaciones sindicales las que deben autónomamente determinar cuántos son los delegados que deben presentar ante el empleador el pliego de peticiones y qué condiciones deben reunir.
a) Se declarará exequible el art. 388, con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declararán inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1.
b) Se declarará exequible el art. 422, con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declaran inexequibles, y lo que se prevé en el punto 1.1.
c) Se declarará inexequible la expresión “de tres (3) de entre ellos” del numeral 1 y el numeral 2 del art. 432, excepción hecha de la expresión “ser colombianos” que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-385/2000.
La norma acusada dispone que cuando en el conflicto colectivo este involucrado un sindicato de industria o gremial, que agrupen a mas de la mitad de los trabajadores de la empresa, éstos llevarán la representación correspondiente. Se acusa la expresión “mas de la mitad de” del mencionado parágrafo.
Por lo demás, ya esta Corte definió el problema relativo a la representación de los trabajadores, cuando en una empresa existen dos o más sindicatos de base, al declarar inexequible, en la sentencia C-567/2000[11] el numeral 3 del art. 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, que establecía: “si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación”.
Lo expuesto en la aludida sentencia para declarar inexequible lo relativo a la representación de los trabajadores cuando en una empresa existen dos o más sindicatos de base, es igualmente válido cuando se trata de la representación en el conflicto colectivo en aquellos casos en que un sindicato gremial coexiste con el de base o de industria. Por lo tanto, corresponde a las organizaciones sindicales en forma autónoma definir lo relativo a la representación.
Conforme a lo expresado, se declarará exequible el art. 404 salvo la expresión “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical” que se declarará inexequible.
El art. 425, se refiere a ciertas materias que deben ser reguladas por los estatutos de las federaciones y confederaciones; pero se exige que ellos sean aprobados por el Ministerio del Trabajo. Se demanda la expresión “aprobados por el Ministerio de Trabajo”, contenida en dicho artículo.
La demanda versa sobre las expresiones “trabajadores y directivos o afiliados a las organizaciones sindicales” y, además, “y en toda oficina o reunión sindical”, del numeral 1 del art. 486 y se dirige a impedir, con la declaración de inexequibilidad de dichos apartes normativos, que las autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social ejerzan control sobre las organizaciones sindicales.
Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea voluntaria, requisito éste que no se cumplirá cuando el trabajador deja de ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”, pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse exequible, en forma condicionada y para este efecto.
SEGUNDO. ESTESE A LO DISPUESTO en las sentencias 115/91[12] de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y C-085/95[13] proferida por esta Corporación en relación con las expresiones acusadas del numeral 3 del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la ley 50 de 1990 por existir cosa juzgada constitucional.
QUINTO. Declarar EXEQUIBLE el art. 358 del C.S.T., salvo la expresión “la devolución de cuotas o aportes a los afiliados en caso de retiro voluntario o expulsión”, que se declara EXEQUIBLE bajo los condicionamientos señalados en la consideración 3.2.2.
Igualmente declarar EXEQUIBLE la expresión “y restricciones” contenida en el numeral 3 del art. 362 del C.S.T.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos” contenida en el art. 376 del C.S.T. y EXEQUIBLE en forma condicionada, como se expresa en la consideración 3.2.3, la expresión “la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto”, del mismo artículo.
Declarar EXEQUIBLE la totalidad del art. 395 del C.S.T., con la aclaración de que la alusión al “departamento nacional de supervigilancia sindical”, debe entenderse hoy, con respecto a la División de Asuntos Colectivos.
SEPTIMO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “con el voto de las dos terceras partes de sus miembros” y EXEQUIBLE la expresión “secretario y el fiscal” en relación con el numeral 1 del art. 400 del C.S.T..
Declarar EXEQUIBLE la expresión “y firmada por el presidente, el fiscal y el tesorero” contenida en el numeral 3 del art. 400.
OCTAVO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión del art. 417 del C.S.T. “al reconocimiento” y EXEQUIBLE la expresión “salvo la declaración de huelga que compete privativamente, cuando la ley la autorice a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados”.
DECIMO SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE el art. 388 del C.S:T., con la salvedad anotada en el ordinal 1 de la parte resolutiva y con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declararán INEXEQUIBLES.
Declarar EXEQUIBLE el art. 422 del C.S.T., con la salvedad ya registrada, y con excepción de la expresión “tanto de la provisional como de las reglamentarias”; y de las letras d) y f) del numeral 1 que se declaran INEXEQUIBLES.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de tres (3) de entre ellos” del numeral 1 y el numeral 2 del art. 432 del C.S.T., excepción hecha de la expresión “ser colombianos” que fue declarada inexequible por la Corte en la sentencia C-385/2000.
DECIMOCUARTO. Declarar EXEQUIBLE el art. 404 del C.S.T. salvo la expresión “y en los demás casos, a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical” que se declarará INEXEQUIBLE.
DECIMOQUINTO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “aprobados por el Ministerio de Trabajo del art. 425 del C.S.T.
Que el Honorable Magistrado, Doctor Alejandro Martínez Caballero, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión oficial en el exterior.
“Observa la Corte que requisito previo para afiliarse a un sindicato es el ejercicio de una actividad laboral en conjunto con otras personas; éstas justamente, conforme a lo previsto en el art. 39 de la Carta se unen en una asociación cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en general y de cada uno de ellos en particular. De esta suerte, si alguien, de manera voluntaria deja de ejercer la profesión u oficio de que se trata, resulta una consecuencia lógica de ello que, de la misma manera, deje entonces de pertenecer al sindicato al que antes, cuando era trabajador, se encontraba afiliado”.
“Con todo, resulta indispensable hacer hincapié en que esa terminación de la condición de trabajador de la empresa respectiva sea voluntaria, requisito éste que no se cumplirá cuando el trabajador deja de ejercer material y realmente la labor contratada para cumplir, durante un tiempo funciones de carácter sindical, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le concede por el empleador, para ese fin, una “comisión” o “permiso sindical”, pues es claro que, en este caso, no hay la decisión de abandonar la condición de trabajador, sino otra: la de asumir la defensa de los afiliados al sindicato en una posición de dirección y, entonces, precisamente en garantía del derecho de asociación sindical, habrá que entender que en eventos tales la norma acusada no puede interpretarse en el sentido de que se hubiere dado el supuesto de dejar de ejercer la profesión u oficio para cuya defensa y mejoramiento fue creado el sindicato. En estas circunstancias, la norma habrá de declararse exequible, en forma condicionada y para este efecto”.
En efecto, en la sentencia de la cual nos apartamos se expresa, entre los lineamientos de la libertad sindical, que el legislador puede imponer limitaciones a dicha libertad en cuanto a la determinación del objeto de la organización; ese reconocimiento se encausa hacia aquellas restricciones que sean “necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosos”. “Por tanto se advierte que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalice no impidan su normal y adecuado ejercicio”.