Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43532066
Timestamp: 2020-07-13 18:33:19
Document Index: 50809257

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 140', 'artículo 374', 'artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 227', 'artículo 8', 'artículo 379', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48']

Sentencia de Constitucionalidad nº 293/07 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43532066
Sentencia de Constitucionalidad nº 293/07 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2007
Acto legislativo 01 de 2005. Se adiciona el articulo 48 de la constitucion politica. Para los actores la norma demandada viola el preambulo y los articulos 2, 4, 13, 40.2, 93, 95.5, 152, 153, 374 y 378 de la constitucion politica, asi como la declaracion universal de los derechos humanos, la convencion americana sobre derechos humanos, la carta de las naciones unidas, el pacto internacional de derechos economicos, sociales y culturales y los convenios 87, 98, 151 y 154 de la oit. Control constitucional de los actos reformatorios de la constitucion. No es admisible que so pretexto de la sustitucion de la carta, el demandante se limite a alegar que se ha subvertido el orden constitucional, sin demostrar como o que sencillamente le proponga a la corte constitucional el adelantamiento de un juicio de constitucionalidad material basado en la comparacion del contenido de una reforma constitucional con otras normas de la carta politica. Cargos relativos a la sustitucion de la constitucion. Acusaciones referentes a vicios de procedimiento. Inhibicion respecto de los cargos formulados por violacion del principio de participacion ciudadana, principio de transparencia y la configuracion de un vicio de forma. Cosa juzgada en relacion con el cargo por incompetencia del presidente de la republica para expedir un decreto de correccion de yerros del titulo del acto legislativo 01 de 2005. Inhibida y estarse a lo resuelto en la sentencia c-178 de 2007
En lo atinente a la alegada incompetencia del P. de la República para expedir un decreto en el cual se corrigen algunos errores caligráficos del título del Acto Legislativo 01 de 2005, se hace necesario puntualizar que el cargo ya fue objeto de análisis por esta Corporación. En efecto, en la Sentencia C-178 de 2007, la Corte aludió a las facultades para expedir decretos de corrección de yerros y después de señalar que, según el artículo 1 de la Ley 45 de 1913, le corresponde a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos en el texto de una disposición, cuando no haya duda sobre la voluntad del Congreso, la Corporación concluyó que la expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa y ordinaria del P. de la República en el ámbito de la promulgación de las leyes, que, en el caso examinado, la corrección de un error mecanográfico en el título del acto Legislativo refleja lo sucedido en el trámite surtido en el Congreso y corresponde a una simple identificación del artículo de la Constitución adicionado y que el cargo formulado no estaba llamado a prosperar. En esta oportunidad, la Corporación ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia citada.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 01 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''.
Demandantes: A.G.R. y E.R.R.B.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos A.G.R. y E.R.R.B. presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 01 de 2005 ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''.
Mediante Auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006) el M.S. admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al P. General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma providencia, ordenó comunicarla al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de la Protección Social, al P. del Seguro Social, al P. de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al P. de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (ASOFONDOS), al P. de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Director de la Comisión Colombiana de Juristas y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Nacional de Colombia y del Norte, para que intervinieran en caso de considerarlo conveniente.
P. 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.
P. 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.
P. transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
P. transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al P. de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.
P. transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
P. transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
P. transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.
El escrito presentado por los demandantes
1.1. El primero de los cargos formulados lo hacen consistir los demandantes en que el Congreso excedió el ámbito para reformar la Constitución, pues, en su criterio, la reforma sustituyó la Carta. Para sustentar esta acusación en la demanda se invocan los artículos 2, 4, 93, 46, 53, 64, 78, 95.1, 152, 153, 374 y 378 de la Constitución, se hace una referencia general a los límites de la reforma constitucional y se indica que la no aprobación del punto octavo del referendo comporta la instauración de limitaciones materiales ''de carácter implícito'' y absoluto.
Aluden los demandantes al clima de corrupción imperante, a las prácticas espurias, a los daños sociales que la justicia constitucional debe corregir, sobre todo cuando hay ''vicios de procedimiento que se han presentado con antelación'', puntualizan que la reforma debe asegurar una participación popular ''que legitime los cambios que puedan afectar al grueso de los ciudadanos'', agregan que la falta de difusión transparente del proceso ''en altas horas de la noche'' quebranta la legítima aprobación de una reforma que, además, constituye un cambio del modelo de Estado Social de Derecho, debido a ''exigencias externas de carácter económico del Banco Mundial''.
Finalmente, los libelistas acotan que la reforma acusada toca ''elementos que tienen una relación con la dignidad, con el trabajo, con las condiciones de la vejez'' e incorpora contenidos que van más allá de los límites permitidos por el pueblo como constituyente primario, de modo que es ''inconstitucional e injusta a la luz de las limitaciones estatutarias existentes'', fuera de lo cual ''el ejecutivo no puede a través de una ley de inferior categoría corregir los yerros que se presentan en un Acto Legislativo'', pues, de acuerdo con el artículo 374 superior, carece de competencia para hacerlo.
1.2. Como segundo cargo plantean los actores que el Acto Legislativo cuestionado viola los principios y valores constitucionales y dedican un acápite ''al principio de dignidad humana'' que, a su juicio, resulta vulnerado, porque la reforma ''pone en peligro a las personas que en razón de su edad están en estado de debilidad manifiesta'', afecta a quienes tienen una vocación pensional o actualmente disfrutan de pensión, mina los derechos sociales al ''quitar beneficios como la mesada 14'' y de esta manera acrecienta ''la pobreza y la miseria de quienes tienen esa posibilidad que ha sido fruto del ahorro y del trabajo en forma proporcional''.
Adicionalmente los demandantes aducen el quebrantamiento del principio de igualdad y alegan que la reforma discrimina, pues ''excluye conductas propias de un Estado Social de Derecho'' y ''privilegia a los detentadores del poder que estudiaron, revisaron y aprobaron la reforma'', a lo cual agregan la violación del bloque de constitucionalidad, puesto que, en su opinión, ''las normas no pueden convertirse en una forma de violentar los derechos de quienes tienen una vocación pensional a través de conquistas como la mesada 14 por vía de tutela de la misma Corporación'', todo lo cual conduce a la violación de la Constitución ''y por ende de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos y de los Trabajadores a través de la Organización Internacional del Trabajo''.
1.3. Al plantear el tercer cargo los demandantes aducen la ''violación a la cláusula general de competencia por el ejecutivo al realizar aclaraciones y modificaciones a un acto legislativo realizado por el constituyente derivado'', ya que la Corte Constitucional avaló la corrección de errores caligráficos o tipográficos respecto de las leyes, mas no de los actos legislativos, toda vez que ''estos no son promulgados por el P. de la República, sino por el Congreso''.
1.4. Según los actores, un cuarto cargo consiste en que se violan los ''contenidos previstos en normas de carácter estatutario que establecen claras limitaciones en desarrollar reformas constitucionales por vía de acto legislativo en un período de dos años''. Para sustentar esta acusación los libelistas afirman que el punto octavo del referendo celebrado el 25 de octubre de 2003 no fue aprobado y que, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 134 de 1994, las normas que hayan sido derogadas o aprobadas mediante referendo no podrán ser objeto de decisión dentro de los dos años siguientes, salvo por decisión de la mayoría absoluta de los miembros de la respectiva corporación, de donde deducen que se violó el mandato de la ley estatutaria de mecanismos de participación, así como los artículos 4, 6 y 188 de la Constitución y los fallos de la Corte Constitucional, puesto que existe ''una limitación temporal''.
1.5. La violación del principio de participación ciudadana es el quinto reparo planteado por los actores, quienes señalan que ''a algunos ciudadanos no se les permitió participar'', lo cual, según informan, sucedió en el debate surtido ''en la comisión primera constitucional'' y, por lo tanto, consideran violados los artículos 13, 23, 29, 40, 48, 94 y 209 de la Constitución y, además, los artículos 1 y 40.2, porque la reforma contraviene el mandato surgido del referendo. Agregan los demandantes que ''se hicieron debates donde imperó el pupitrazo y no la votación nominal'' y que ''se hicieron discusiones en altas horas de la noche''.
1.6. El sexto cargo lo formulan los libelistas aduciendo que se vulneró la transparencia, que hubo publicidad tardía de los actos del poder legislativo, debates nocturnos y textos tardíos en las actas ''que obstruyen el escrutinio público en un asunto que afecta a un gran volumen de la población colombiana con vocación pensional'' e indican que ''muchas piezas del rompecabezas de la reforma no aparecen en los boletines virtuales de consulta'', que resulta paradójico que ''aún hoy para el ciudadano son lejanos los debates'', que el trámite se surtió en altas horas de la noche con violación del derecho a la participación ''y al conocimiento de los debates a través del canal institucional'' y que muchas de las gacetas ''no aparecen de forma completa en la ficha del proyecto colgadas en las páginas web del Congreso de la República''.
1.7. Al formular el séptimo cargo los demandantes aluden a un vicio de forma que, en su criterio, comporta violación de los artículos 4, 6 y 241.1 de la Constitución y para demostrarlo transcriben ampliamente un apartado de la Gaceta del Congreso número 383 del 17 de junio de 2005, fuera de lo cual, puntualizan los actores que el reconocimiento de unos beneficios económicos para personas que no reúnan ''las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión'' quebranta el principio de unidad de materia y que la reforma, en su conjunto, ''no es de carácter pensional sino una reforma anticorrupción'', es una reforma que ''encuentra a la Constitución en relación con otros derechos sociales'' y es ''antitécnica pues hace alusión a leyes que son aspectos más cambiantes que las constituciones''.
La Coadyuvancia a la demanda
El ciudadano C.R.D. en su calidad de P. de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) presentó escrito para coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
A continuación puntualiza el coadyuvante que en materia de derechos económicos, sociales y culturales el Estado colombiano tiene obligaciones que debe cumplir satisfactoriamente y dentro de esas obligaciones destaca la progresividad, con ''su correlativa prohibición de regresividad. Se refiere también el P. de la CUT al Protocolo de San Salvador y al principio de desarrollo progresivo que establece y conforme al cual ''después de alcanzar ciertos niveles que garanticen el pleno ejercicio del derecho es improcedente e inadecuado adoptar medidas que incluyan límites y obstáculos en el disfrute pleno de éste''.
Así pues, según el coadyuvante, al limitar el derecho a la negociación colectiva en materia de pensiones, el Estado colombiano incumple la obligación de desarrollar progresivamente el contenido de los derechos económicos y sociales y, fuera de lo anterior, desconoce principios y valores constitucionales como la dignidad humana y la protección especial del trabajador, razón que le lleva a sostener que las modificaciones al sistema pensional ''significan una clara y abierta disminución de las condiciones del trabajador'', contraria al artículo 53 de la Carta.
El ciudadano G.G.G. informó a la Corte que la Comisión Colombiana de Juristas, conjuntamente con la Central Unitaria de Trabajadores, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 01 de 2005 y a título de intervención anexó copia de esa demanda.
A continuación el interviniente señala que el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 sustituye la Constitución y cita distintos apartes en los que, en su opinión, queda evidenciada la eliminación del derecho a la negociación colectiva en materia pensional, pues no otra cosa surge del establecimiento de requisitos rígidos, de la imposibilidad de invocar acuerdos para cambiar lo establecido en el sistema general de pensiones, de la prohibición de regímenes especiales o de la eliminación de la mesada catorce y, finalmente, enfatiza que, en caso de que la negociación colectiva no sea considerada como aspecto consustancial a la Constitución de 1991, se ha configurado un vicio insubsanable ''de mero trámite'', derivado de la vulneración por parte del Estado colombiano de la obligación de respetar los tratados internacionales y de denunciarlos, porque el Acto Legislativo no ha debido entrar en vigencia ''hasta tanto no se hubiera surtido el trámite de denuncia de los Convenios''.
El ciudadano C.A.O.M., intervino en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Acto Legislativo acusado.
El interviniente señala que, al aplicar el juicio de sustitución a las acusaciones referentes a la dignidad humana y al derecho a la igualdad, se puede concluir ''que el reproche de constitucionalidad planteado no puede constituir bajo ninguna perspectiva una sustitución de la Constitución Política'', dado que los demandantes no demuestran cómo se operó la sustitución de esos importantes principios.
Por último, en cuanto hace a la corrección de yerros ortográficos, el interviniente defiende la posibilidad de aplicar analógicamente el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 que alude a leyes y a actos legislativos, ''máxime si se tiene en cuenta que la misma Ley 5ª de 1992 en su artículo 227 remite al proceso legislativo de las leyes ordinarias en el trámite de actos legislativos en tanto que no se oponga a normas específicas del trámite de éstos contempladas en la Constitución Política''.
La ciudadana E.M.R.G., en su calidad de Directora Jurídica Nacional del Instituto de Seguros Sociales intervino para solicitar a la Corte un fallo inhibitorio.
Adicionalmente, la interviniente puntualiza que ''la propia Carta Política le dio plenas facultades al Congreso para reformar la Constitución y, en esa medida, mal podría endilgarse una supuesta incompetencia del legislativo para el ejercicio de una potestad superior'' que es apenas una de las vías de reforma, pues existen otros mecanismos ''que sólo pueden ser declarados inconstitucionales por vicios de forma o de trámite''.
El treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006) en la Secretaría General de la Corporación se recibió el concepto del señor P. General de la Nación, en el cual le solicita a la Corte ''ordenar ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia que se dicte dentro del expediente D-6264 o en subsidio, declarar exequibles los incisos tercero (segundo aparte), quinto, séptimo y noveno, parágrafo 1º, y parágrafos transitorios 2º y 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, en relación con el cargo de vicio de procedimiento en su formación por falta de competencia del Congreso de la República para decidir acerca de los mismos por tener un contenido normativo similar al de la pregunta 8ª del temario del referendo reformatorio constitucional celebrado el 25 de octubre de 2003''.
Así mismo, el señor P. solicita a la Corte ''ordenar ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias que se dicten dentro de los expedientes D-6457 y 6264 o, en subsidio, declararse INHIBIDA para conocer de fondo la presente demanda presentada contra algunos apartes del Acto Legislativo 01 de 2005, por adolecer dicho acto de un vicio de procedimiento en su formación relacionado con la vulneración del trámite de promulgación, consistente en la invalidez del mismo por haber sido objeto de sanción y promulgación, por parte de un servidor público carente de competencia para ello, un texto que genera serias dudas al ciudadano sobre la veracidad de su contenido'' y, en consecuencia, ''DEVOLVER el Proyecto de Acto Legislativo 01 al P. del Congreso de la República para que promulgue el acto legislativo que corresponda''.
Por último, el Jefe del Ministerio Público solicita a la Corporación declararse INHIBIDA para conocer de fondo de la presente demanda por ineptitud sustantiva de la demanda, debida a la ''falta de claridad y especificidad en la formulación de los cargos de sustitución de la Constitución, violación de la dignidad humana, la igualdad y del bloque de constitucionalidad; vulneración de la participación ciudadana durante el trámite de la reforma pensional, afectación de la publicidad en los debates parlamentarios y en la publicación de las actas de los mismos; y el compromiso del principio de unidad de materia''.
Para sustentar sus solicitudes, el señor P. expone que aún cuando no pueden ser objeto de decisión, dentro de los dos años siguientes, las normas que hayan sido aprobadas mediante referendo, sí pueden serlo aquellas que ''no lo hubieren sido por inexistencia de decisión popular de fondo, como sucede en relación con el contenido del artículo 8 del temario de referendo convocado mediante Ley 796 de 2003, porque no fue aprobado por falta de validez en la votación'' y careció de efectos. Según la vista fiscal, respecto de la pregunta 8 la votación total no excedió la cuarta parte del conjunto de ciudadanos que para esa fecha integraban el censo electoral y por ello el contenido del indicado artículo no nació a la vida jurídica, debido a la falta del requisito de la votación mínima requerida para su validez.
A continuación apunta el Jefe del Ministerio Público que el P. de la República no tienen competencia para sancionar y promulgar actos legislativos, puesto que, tratándose de actos del poder constituyente, deben ser ajenos a cualquier intervención del poder constituido. Los actos legislativos, entonces, existen con la sola aprobación del Congreso y para su validez sólo requieren de la promulgación que se realiza por intermedio del P. del Congreso, toda vez que el gobierno no debe intervenir para sancionar ni para promulgar tales actos.
Indica el P. que en el caso del Acto Legislativo 01 de 2005 se publicó en el Diario Oficial ''el proyecto de Acto Legislativo en segunda vuelta'' y que, con posterioridad, el P. de la República, mediante el Decreto 2576 del 27 de julio de 2005 corrigió un yerro en el título del Acto, lo cual no habría generado ningún vicio, de no ser porque se publicó un proyecto tramitado en segunda vuelta y ''como consecuencia de la sanción y promulgación por parte de un servidor público incompetente para ello'' y para disponer la corrección de errores caligráficos o tipográficos, lo cual significa que falta la promulgación y que, por lo tanto, ''carece de validez en el ámbito jurídico nacional''.
Como resultado de lo anterior, el Jefe del Ministerio Público sostiene que la Corte debe declararse inhibida para conocer de fondo la presente demanda, puesto que el acto cuestionado adolece de un vicio de procedimiento en su formación relacionado con la vulneración del trámite de promulgación que consiste en haber sido promulgado por un servidor público incompetente ''un texto que genera serias dudas al ciudadano sobre la veracidad de su contenido''.
Finalmente, en cuanto a la alegada sustitución de la Carta Política el P. considera que se trata ''de un cargo que no es claro ni específico, porque los demandantes se limitan a efectuar una afirmación genérica sin las demostraciones o argumentaciones concretas que permitan asumir el estudio de constitucionalidad que pretenden'', problema que también se presenta en relación con los cargos atinentes a la violación de la dignidad humana, la igualdad, el bloque de constitucionalidad, el principio de participación ciudadana y a la unidad de materia, que son presentados en forma ambigua, sin soporte demostrativo fáctico y sin precisar el contexto constitucional concreto que se dice violado.
En lo relativo a la pretendida violación del principio de publicidad por la realización de los debates en horas de la noche y por la publicación posterior de las actas, en la vista fiscal se estima que el cargo no satisface el requisito de especificidad y que, además, ''se hace una imputación relacionada con el giro ordinario de la actividad parlamentaria que en nada afecta la producción normativa pertinente'', fuera de lo cual, ''se permite la asistencia del público a los debates y el cubrimiento de los mismos por parte de los medios de comunicación''.
Cuestión previa: la oportunidad de la demanda
Según lo previsto en el artículo 379 de la Carta, la acción pública de inconstitucionalidad intentada en contra de los actos reformatorios de la Carta ''sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación'' y, como quiera que el Acto Legislativo 01 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005, que fue corregido en virtud del Decreto 2576 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.984 de 29 de julio de 2005, y que los actores presentaron la demanda ahora examinada el 20 de junio de 2006, la Corte observa que la acción se instauró dentro del término constitucionalmente autorizado.
Al precisar la noción de ''vicio de procedimiento'', la Corporación ha puntualizado que el Congreso de la República tiene libertad para reformar la Carta, pero que su competencia no se extiende hasta la sustitución de la Constitución imperante por otra diferente y contraria Véase la Sentencia C-551 de 2003. M.E.M.L...
Existe diferencia, entonces, entre la reforma de la Carta y la sustitución de la misma. En efecto, la reforma que le compete al Congreso de la República puede contradecir el contenido de normas constitucionales, incluso de manera drástica, pues toda reforma implica transformación, pero el cambio no ha de ser tan radical que sustituya el modelo constitucional actualmente en vigor o que conduzca a reemplazar ''un eje definitorio de la identidad de la Constitución'', por otro ''opuesto o integralmente diferente'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 2005: MP: M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C., H.A.S.P., Á.T.G., C.I.V.H...
Indica lo anterior que la distinción entre reforma constitucional y la sustitución, total o parcial de la Carta, no parte de la existencia de cláusulas intangibles o inmodificables, sino que se trata de evitar que, so pretexto de una reforma, el Congreso afecte los valores y los principios sobre los que se funda el Estado Constitucional de Derecho, esto es, que le confieren identidad, lo configuran como tal y por cuya afectación el mencionado Estado Constitucional perdería su esencia y pasaría a ser un modelo político y jurídico radicalmente distinto Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-153 de 2007. M.J.C.T...
Ahora bien, la Corte Constitucional ''ha fijado criterios de prudencia judicial para orientar el control de los actos reformatorios de la Carta e impedir que el subjetivismo determine la conclusión del juicio de sustitución'', motivo por el cual la Corporación ''ha delineado los rasgos generales del método que ha de aplicarse para identificar sustituciones totales y parciales de la Carta'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 2005. M.M.: M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C., H.A.S.P., Á.T.G., C.I.V.H., cuyo propósito no es tornar irreformables algunos preceptos superiores, porque, según lo apuntado, todos los preceptos pueden ser objeto de reforma a condición de no generar una alteración que entrañe la sustitución, total o parcial, del modelo constitucional vigente.
De acuerdo con la jurisprudencia que al respecto ha sentado la Corte, la aplicación del referido método, que debe ser estricta, exige que la demanda presentada para acusar actos reformatorios de la Constitución o disposiciones pertenecientes a esos actos y por sustituir la Carta, cumpla con los requisitos de claridad, pertinencia y suficiencia Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. M.J.C.E., mediante la demostración concreta, clara y específica del modo como ha operado la comentada sustitución, identificando, por ejemplo, cuál de los elementos definitorios de la Carta ha sido sustituido, cuál es el elemento novedoso y distinto que se ha introducido y de qué forma ese elemento nuevo varía el régimen constitucional Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-888 de 2004. M.C.I.V.H. y C-1124 de 2005. M.M.G.M.C...
No es admisible, entonces, que, so pretexto de la sustitución de la Carta, el demandante se limite a alegar que se ha subvertido el orden constitucional, sin demostrar cómo, o que, sencillamente, le proponga a la Corte Constitucional el adelantamiento de un juicio de constitucionalidad material basado en la comparación del contenido de una reforma constitucional con otras normas de la Carta Política Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-153 de 2007. M.J.C.T...
Adicionalmente y para los efectos de estudiar la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte, importa precisar que el parámetro de referencia para el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos legislativos comprende lo establecido en el Título XIII de la Constitución, algunas otras normas constitucionales pertinentes y las disposiciones orgánicas contenidas en la Ley 5 de 1992 que establezcan ''condiciones básicas y esenciales para la formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas ''cuyo desconocimiento genere una violación de los requisitos previstos en el Título XIII de la Constitución para la adopción de actos legislativos'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 2005. M.M.: M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C., H.A.S.P., Á.T.G., C.I.V.H., fuera de lo cual, esta Corporación ha señalado que los tratados no tienen rango supraconstitucional y que, por lo tanto, no es posible realizar un contraste ''entre reformas constitucionales y el contenido de tales tratados'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-986 de 2006. M.M.J.C.E...
Dentro de este mismo acápite aluden los actores al quebrantamiento del principio de igualdad y a la supuesta discriminación a que daría lugar el acto reformatorio demandado, por cuanto, en su criterio, favorece a los detentadores del poder ''que estudiaron, revisaron y aprobaron la reforma''.
La base de la acusación es deleznable y con fundamento en ella tampoco hay lugar a adelantar el juicio de sustitución pedido en la demanda, siendo esta la oportunidad para reiterar que el análisis de la igualdad necesariamente lleva a una comparación de índole material que, como tantas veces se ha señalado, no corresponde a la competencia de control que la Corte ejerce sobre los actos reformatorios de la Constitución Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-986 de 2006. M.M.J.C.E... Conforme lo ha destacado la Corte, la aplicación de un juicio de proporcionalidad ''para analizar si efectivamente los derechos constitucionales han sido desconocidos y en qué grado'' escapa ''a la competencia de la Corte de acuerdo a la jurisprudencia antes reseñada, porque ello implicaría un juicio material'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2006. M.M.J.C.E...
Aducen, además, los demandantes que sus planteamientos anteriores conducen a la vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, así como de la Declaración de los Derechos Humanos y de los Trabajadores y también aquí resulta pertinente reiterar que ''los tratados no tienen rango supraconstitucional y, por lo tanto, no es posible que la Corte realice una contrastación entre reformas constitucionales y el contenido de tales tratados'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-986 de 2006. M.M.J.C.E...
3.2.3. También exponen los libelistas que el Acto Legislativo tachado de inconstitucional quebranta contenidos previstos en normas de carácter estatutario que establecen claras limitaciones'' para adelantar reformas constitucionales por la vía del acto legislativo en un período de dos años y, en apoyo de su tesis, señalan que el punto octavo del referendo celebrado el 25 de octubre de 2003 no fue aprobado y que, en esas circunstancias, el Congreso de la República no podía pronunciarse sobre esas normas dentro de los dos años siguientes, por establecerlo así el artículo 46 de la Ley 134 de 1994, Estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana.
Esta acusación ya fue analizada por esta Corporación y, entonces, en la presente ocasión sólo queda volver a indicar que ''los argumentos del demandante no sólo pretenden un control material del Acto Legislativo a la luz de los artículos 95-1 y 374 de la Constitución, sino también una comparación material entre el contenido del referendo votado en el año 2003 y el Acto Legislativo acusado'' y, por lo tanto, el cargo se basa ''en un vicio material respecto del Acto Legislativo, que como lo ha indicado la jurisprudencia no es procedente ya que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer de dichos cargos'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2006. M.M.J.C.E...
Además, la Corte puso de manifiesto que la pregunta ahora invocada por los actores no fue aprobada ni rechazada en el referendo, ya que no alcanzó el umbral de participación requerido, lo que hace que el límite establecido en el artículo 46 de la Ley 134 de 1994 no opere para el caso, fuera de lo cual expuso que el demandante tampoco había precisado cuál norma constitucional ''le impide al Congreso reformar la Constitución después de que se ha convocado un referendo constitucional que no ha surtido efectos respecto del tema objeto del Acto Legislativo acusado'' Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 2007. M.M.J.C.E...
Los últimos cargos que los actores plantean aluden en forma más directa al desarrollo del procedimiento que condujo a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005. Sobre el particular conviene recordar que el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, en su numeral 4, exige que las acusaciones de inconstitucionalidad que se presenten por este tipo de vicios formales deben contener ''el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado''.
Específicamente, los actores se refieren a la violación del principio de participación ciudadana, al desconocimiento de la transparencia, a la configuración de un vicio de forma que habría violado los artículos 4, 6 y 241.1 de la Constitución y a la incompetencia del P. de la República para expedir un decreto que corrige unos errores caligráficos en el título del Acto Legislativo demandado.
En relación con el principio de participación ciudadana aducen los actores que fue violado durante el trámite, porque en el debate surtido ''en la comisión primera constitucional (...) no se tuvo en cuenta la participación''. El cargo está formulado en términos vagos e imprecisos, pues los demandantes no informan a cuál comisión primera constitucional se refieren, si a la del Senado o a la de la Cámara de Representantes, tampoco expresan por qué se dejó de tener en cuenta la participación o qué tema se estaba debatiendo, en qué fecha o cuál de las disposiciones que regulan el procedimiento resultó afectada.
Otra acusación que los actores formulan tiene que ver con la violación de la transparencia, porque hubo publicidad tardía de los actos del poder legislativo, debates nocturnos, textos tardíos y porque muchas gacetas no aparecen completas en la página web del Congreso, todo lo cual, en su criterio, ''afecta a un gran volumen de la población colombiana con vocación pensional''.
También alegan los demandantes un vicio de forma que habría vulnerado los artículos 4, 6 y 241.1 de la Constitución y para demostrarlo transcriben apartes de la Gaceta del Congreso publicada el 17 de junio de 2005 de los cuales no se desprende con certeza cuál es la causa del alegado quebrantamiento, si la acusación es parcial o total, en qué etapa del procedimiento pudo haberse presentado la falla y concluyen aduciendo una vulneración del principio de unidad de materia que, en resumidas cuentas, hacen consistir en que ''la reforma no es de carácter pensional, sino una reforma anticorrupción'', que ''encuentra a la Constitución en relación con otros derechos sociales'' y que es antitécnica, ''pues hace alusión a leyes que son aspectos más cambiantes que las constituciones''.
3.4. Cosa juzgada en relación con el cargo por incompetencia del P. de la República para expedir un decreto de corrección de yerros del título del Acto Legislativo 01 de 2005
En lo atinente a la alegada incompetencia del P. de la República para expedir un decreto en el cual se corrigen algunos errores caligráficos del título del Acto Legislativo 01 de 2005, se hace necesario puntualizar que el cargo ya fue objeto de análisis por esta Corporación.
En efecto, en la Sentencia C-178 de 2007, la Corte aludió a las facultades para expedir decretos de corrección de yerros y después de señalar que, según el artículo 1 de la Ley 45 de 1913, le corresponde a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos en el texto de una disposición, cuando no haya duda sobre la voluntad del Congreso, la Corporación concluyó que la expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa y ordinaria del P. de la República en el ámbito de la promulgación de las leyes, que, en el caso examinado, la corrección de un error mecanográfico en el título del acto Legislativo refleja lo sucedido en el trámite surtido en el Congreso y corresponde a una simple identificación del artículo de la Constitución adicionado y que el cargo formulado no estaba llamado a prosperar. En esta oportunidad, la Corporación ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia citada Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 2007..
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-178 de 2007 en relación con el cargo por vicio de procedimiento originado en la falta de competencia del P. de la República para expedir un decreto de corrección de yerros en el título del Acto Legislativo 01 de 2005.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 01 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''
N.P.P. A LA SENTENCIA C-293 DE 2007
Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2005 ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''
Como se aprecia, en el presente caso la mayoría de la Corte reitera esta discutible tesis, la cual en los años recientes ha conducido a que, con gran frecuencia, los ciudadanos intenten demandas de inconstitucionalidad contra actos legislativos, con glosas que trascienden de los simples vicios de forma y apuntan contra la materia que ha sido reformada, en lo de fondo, tal como ocurrió precisamente en este caso. Y tal como lo ha hecho esa misma mayoría en múltiples ocasiones, las mismas que en los últimos diez meses han merecido la reiterada aclaración de mi voto Ver, entre otras, aclaraciones de voto a la sentencia C-740 y al auto A-262, ambos de 2006., la razón principal que justificó la decisión de inhibirse para fallar sobre los cargos así propuestos por los demandantes, fue la consideración de que la argumentación presentada era insuficiente, ya que habiendo basado aquéllos su acusación en esta tesis, les incumbía entonces una carga de alegación considerablemente mayor a la que se aplica de ordinario en las demandas de inconstitucionalidad.
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO H.A.S. PORTO A LA SENTENCIA C-293 DE 2007
Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''.
Demandantes: A.G.R. y E.R.R.B..
Sin embargo, estimo necesario aclarar mi voto en lo que se refiere a la competencia de la Corte Constitucional para conocer de las demandas sobre pretendidos vicios de competencia en que incurra el Congreso al aprobar un acto legislativo y para realizar el así denominado ''control de sustitución de la Constitución'', pues en mi opinión estas figuras implican realmente un control material de las reformas constitucionales, como he sostenido en ocasiones anteriores Consultar las sentencias C-1043 de 2005 y C-034 de 2006., especialmente en el salvamento de voto a la sentencia C-1040 de 2005, por lo tanto esta modalidad de examen también escapa del ámbito de competencias de esta Corporación, teniendo en cuenta los límites que la Constitución ha previsto para conocer del control material o de contenido de los actos legislativos.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 26338 de 6 de Septiembre de 2007