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Timestamp: 2019-10-23 08:19:28
Document Index: 96798722

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 154', 'artículo 30', 'artículo 48', 'artículo 55', 'artículo 30', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 6']

﻿ Sentencia 2010-00042 de mayo 7 de 2013
SENTENCIA 2010-00042 DE 07 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA. DENTRO DEL TÉRMINO PRESCRIPTIVO ESTABLECIDO POR LA LEY, LA AUTORIDAD COMPETENTE DEBE CONCLUIR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EXPIDIENDO Y NOTIFICANDO EL ACTO QUE RESUELVE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LA DECISIÓN PRINCIPAL QUE IMPONE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA AL INVESTIGADO, CON LOS CUALES SE AGOTARÍA LA VÍA GUBERNATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCESO DISCIPLINARIO, POLICÍA NACIONAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA
Sentencia 2010-00042 de mayo 7 de 2013
Radicación 11001-03-25-000-2010-00042-00
Expediente 348-2010
Actor: Gladys Stella Ruiz Lenis
Se trata de establecer si los actos administrativos demandados, proferidos por la entidad acusada, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente la demandante con destitución e inhabilidad por cinco (5) años, son ilegales por haberse expedido irregularmente, con falsa motivación, desconocimiento del debido proceso y el ordenamiento jurídico, y además si la acción se encuentra prescrita; o si por el contrario se ajustan ordenamiento jurídico.
Fallo disciplinario de única instancia de 15 de abril de 2005 y 17 de mayo de 2006 por medio del cual, el Procurador General de la Nación, resolvió sancionar a la actora con destitución e inhabilidad de cinto (5) años, porque presuntamente incurrió en desviación y malversación de dineros entregado por el Gobierno Americano a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. cuando se desempeñó en los cargos de tesorera principal, adscrita al área de servicios de apoyo, de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional, y asesora jurídica de bienes incautados. (Fls. 1-180 cdno. 1 cdno. 2 y cdno. 3 y cdno. 4).
Del trámite del proceso disciplinario
Mediante auto de 11 de junio de 2002, el Procurador General de Nación (fls. 1-8 cdno. 5), dio apertura a la investigación disciplinaria seguida en contra de la actora (entre otros funcionarios), teniendo en cuenta que de las pruebas ordenadas y allegadas en la indagatoria preliminar, se desprende la existencia de posibles conductas constitutivas de faltas disciplinaras en el manejo, gasto y ejecución de los dineros entregados directamente a la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional para gastos operacionales, legales relacionadas con el incumplimiento de deberes, extralimitaóión en el ejercicio de derechos y funciones e incursión en prohibiciones, y la identidad de sus posibles autores. En consecuencia dispuso abrir investigación disciplinaria, por:
1. Un posible incumplimiento general de los integrantes de la Policía Nacional adscritos o no a la dirección antinarcóticos, en sus diferentes niveles, a los deberes funcionales y responsabilidades generales frente al manejo y ejecución del presupuesto aprobado para gastos operacionales en el convenio NAS, debido a una presunta falta de coordinación, supervisión, vigilancia, seguimiento y control en su manejo, planeación y ejecución.
2. Posibles conductas irregulares, entre otras, en la compra de bienes y servicios sin estar amparados bajo los rubros presupuestales y en la lista de gastos autorizados; desconocimiento del límite del valor de las compras (US$ 2.500), bajo la figura de fraccionamiento en facturas, o doble facturación.
3. Ausencia de verificación de la ubicación y utilización de los mismos en las entradas y salidas del almacén.
4. Comprar a empresas particulares que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley para su funcionamiento, en cuanto a sus registros en la cámara de comercio.
5. El pago de impuestos de industria y comercio, de impuesto de valor agregado, IVA (régimen común); así mismo, posibles irregularidades en lo que atañe a retención en la fuente.
Además indicó que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias presuntamente se adecuan a las descripciones contenidas en el régimen disiparía especial para los miembros activos de la Policía Nacional; artículo 39 y 40 del Decreto 2584 de 1993, y, 37, 38, 39 y 40 del Decreto 1798 de 2000, y en la parte sustantiva del Código Disciplinario Único, Ley 200 de 1995 y la Ley 734 de 2002 para los no uniformados; última ley que también se aplica para el procedimiento, en concordancia con las obligaciones contenidas en el Convenio NAS, el manual de nuevos procedimientos financieros y logísticos, la Constitución Política, las leyes internas y los reglamentos que regulan la materia. (Fls. 1-8 cdno. 5) La anterior decisión fue confirmada mediante auto de 25 de junio de 2002, proferido por el Procurador General de la Nación, teniendo en cuenta las exigencias del artículo 154 de la Ley 734 de 2002 y que previo a abrir la investigación disciplinarla se pudieron constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. (Fls. 9-11, cdno. 5).
El Procurador General de la Nación el 26 de septiembre de 2002 profirió el auto de cargos en contra de algunos funcionarios, dentro de los cuales se encuentra la demandante. Al respecto indicó que la investigación disciplinaria se circunscribe al manejo y ejecución de los dineros provenientes del convenio NAS, para gastos operacionales como apoyo para lucha antidrogas. Ese convenio tuvo su génesis en la Ley 24 de 1959, en virtud de la cual se firmó el 23 de julio de 1986 el ‘convenio general para ayuda económica técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América’, que reemplazó el Convenio referente a cooperación técnica general del 5 y 9 de marzo de 1951.
Luego, formuló los siguientes cargos:
“(...) En cumplimiento de funciones posiblemente permitió la comisión de las irregularidades denunciadas, que fueron establecidas en las pruebas recogidas en el proceso, las que se hubiesen podido corregir o detener, si los investigados se hubiesen interesado en lo que estaba ocurriendo al interior de esa dirección en torno al manejo y ejecución de los recursos, sobre lo cual fue advertida la dirección antinarcóticos por la oficina NAS de la embajada, conductas que no se hallan justificadas porque dieron lugar a graves perjuicios a la gestión pública, pues tal ayuda fue suspendida por el Gobierno de los Estados Unidos hasta tanto la Policía Nacional explique lo sucedido con los dineros para gastos operacionales, cuya afectación de los deberes funcionales aparece sin justificación alguna, causando graves perjuicios a la gestión pública.
Las conductas de los disciplinados que por acción u omisión no velaron ni contribuyeron desde su propio ámbito funcional en la vigilancia, en la administración, manejo y ejecución de los recursos para gastos operacionales del convenio NAS, resultan evidentes, en la medida que su conocimiento era implícito y explícito, como que la misión de esa dirección era exclusivamente para responder al programa entre los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América en la lucha contra las drogas ilícitas, de manera que permitieron que el mayor porcentaje de los recursos del NAS se orientaran a cubrir requerimientos de la parte administrativa, limitando la destinación de los mismos a la parte operativa que era el objeto del convenio, sin observar las normas de contratación, fiscales, contables y demás relacionadas con la materia (...)” (Fls. 12-136, cdno. 5)”.
Por autos de 20 de mayo de 2003 y 15 de enero de 2004, se decretaron pruebas dentro del trámite del proceso disciplinario. (Fls. 63-210 y 211- 237, cdno. 5 de pruebas).
El Procurador General de la Nación 15 de abril de 2005 (cdno. 1, 3 y 4) profirió fallo de única instancia, en que resolvió sancionar a la actora pon destitución e inhabilidad de cinco (5) años para desempeñar cargos públicos, teniendo en cuenta la siguiente fundamentación:
• La disciplinada como tesorera principal en la época de los hechos por mandato constitucional y legal, estaba en la obligación de conocer acatar el convenio NAS y el manual de nuevos procedimientos financieros y logísticos toda vez que hacía parte de sus funciones como servidora pública involucrada en la labor de antinarcóticos.
• No era posible la generación del respectivo comprobante de egresos y el cheque en la medida que las órdenes de pago que recibían, no contenían sus debidos soportes.
• La carencia absoluta de soportes cantables de las órdenes de pago que llegaban al grupo de tesorería, adolecían de claridad y confiabilidad, que exigían que las órdenes de cobro fueran rechazadas por todos y cada uno de los tesoreros auxiliares y principales, en la medida que no era posible efectuar la verificación de los registros contables y financieros.
• Por las anteriores razones no se aceptaron los descargos y justificaciones hechas por la actora.
El 17 de mayo de 2006 el Procurador General de la Nación resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión (cdno. 2), confirmándola en su integridad, teniendo en cuenta que la disciplinada como tesorera principal permitió el trámite de los renombrados gastos cuando las órdenes de pago carecían de soportes contables para su cancelación, por lo que debieron ser rechazados tanto por los tesoreros auxiliares como los principales.
La actora considera que la acción disciplinarla que la Procuraduría General de la Nación adelantó en su contra y que culminó con la sanción de la misma naturaleza, se encuentra preescrita, en los términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
“Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código"(1).
PAR.—Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique” (Se destaca).
A la demandante se le formularon cargos por la existencia de posibles conductas constitutivas de faltas disciplinarias en el manejo, gasto y ejecución de los dineros entregados directamente a la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional para gastos operacionales relacionados con el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones e incursión en prohibiciones, y la identidad de sus posibles autores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Ley 734 de 2.002, Código Disciplinario Único, por el periodo comprendido entre los años 2000 a 2001, tiempo el cual ocupó los cargos de tesorera principal.
Los hechos por los cuales se le pidieron explicaciones a la actora aparecen consignados en el fallo de 15 de abril de 2005 y consistieron en que en ejercicio de sus funciones como tesorera principal obró con descuido y desinterés por lo que acontecía en la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional con los dineros dispuestos para gastos operacionales en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de haber sido advertida por la Oficina NAS de la Embajada de Estados Unidos, causando graves perjuiciosa la gestión pública. Con dicha omisión se dejaron de observar las normas de carácter contractual, fiscal, contable y demás relacionadas con el convenio que a la postre fue suspendido.
El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, fijó un término de cinco (5) años para la prescripción de la acción disciplinaria, contados a partir del día de la consumación de la falta cuando ella fuese instantánea, o desde la realización del último acto cuando fuese de carácter permanente o continuo.
La naturaleza de las faltas por las que se sancionó a la actora es continua, teniendo en cuenta que debía autorizar el pago de los gastos operacionales que le acreditaran con el correspondiente soporte documental, dentro del trámite del Convenio NAS. Lo anterior por cuanto se desempeñó como tesorera principal desde el 2 de mayo de 1992 al 31 de enero de 2001, mientras que los hechos materia de investigación fueron cometidos entre los años 2000 a 2002.
Al revisar las pruebas aportadas la Sala encuentra que el primero de los actos demandados precisó que, con fundamento en las diligencias preliminares practicadas por el despacho del Procurador General de la Nación, se halló mérito para abrir investigación disciplinaria mediante auto de 11 de junio de 2002, en contra de la señora Gladys Stella Ruiz Lenis (entre otros); el 15 de abril de 2005 el Procurador General de la Nación dictó fallo de Única Instancia y el 17 de mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición.
Previo, a determinar si en el presente caso existe o no prescripción de la acción disciplinaria, la Sala efectuará un recuento jurisprudencia(sic) que ha tenido el tema en el Consejo de Estado.
Mediante sentencia de 23 de mayo de 2002(2), esta Sala precisó que dentro del término de cinco (5) años que establece la ley para la prescripción de la acción disciplinaria, la autoridad competente debe no solo tramitar la acción sino imponer la sanción, lo cual significa que los recursos interpuestos deben estar resueltos en los términos que establecían los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
En aquella oportunidad esta Sala observó que en el fallo de primera instancia el tribunal consideró que no había operado la prescripción, por cuanto el comportamiento omisivo del coronel Velandia fue indefinido en el tiempo, tesis que esta Sala no compartió por considerar inaceptable el criterio de la imprescriptibiliclad y la posibilidad de que las faltas disciplinarias pudiesen ser investigadas en cualquier tiempo; en cambio sí manifestó estar de acuerdo con la afirmación de la Procuraduría, consistente en que: “(...) por tratarse de una conducta de ejecución permanente, que implicaba un constante o prolongado ocultamiento de la víctima y genera una situación de incertidumbre sobre su paradero, solo en la medida en que la persona apareciera viva o muerta empieza a contarse término alguno de prescripción”, razón por la cual, aun cuando la desaparición forzada de Nydia Bautista se produjo el 30 de agosto de 1987, solo cuando se identificó su cadáver, el 26 de julio de 1990, comenzó a contar el término de prescripción de la facultad sancionatoria.
Al respecto esta Sala manifestó:
“(...) “En el caso, de análisis, como ya se relató, la decisión era de única instancia pero estaba sujeta a recurso de reposición y debió concluirse la actuación antes del 26 de julio de 1995.
El asunto se definió en tiempo por la Resolución 13 de 5 de julio de 1995 pero esta fue recurrida y la decisión del recurso se tomó por Resolución 16 de 19 de julio de 1995, todavía en tiempo, pero como no se notificó en debida forma, los interesados interpusieron acción de tutela, en protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, que les fue favorable, razón por la cual la sentencia solo quedó ejecutoriada el 25 de agosto de 1995, vencido el término de la prescripción (...).
Significa lo anterior que la Resolución 16 de 19 de julio de 1995 quedó ejecutoriada por fuera del período quinquenal de prescripción y, en consecuencia, cuando la procuraduría delegada impuso al actor la sanción de destitución había perdido competencia para sancionarlo. (...)” (Destacado fuera de texto).
Contra la sentencia referida en el aparte precedente, dictada por esta Sala el 23 de mayo de 2002, la Procuraduría General de la Nación (entidad demandada), interpuso recurso extraordinario de súplica, el cual no fue resuelto por la Sala Transitoria de Decisión Segunda ‘B’ a quien competía, sino por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en tanto aquella consideró que por la importancia jurídica del tema a definir, tratado indistintamente por las secciones, a esta correspondía decidir.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo afirmó la sentencia dictada por esta subsección el 23 de mayo de 2002 y confirmó la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de junio de 1997 que denegó las pretensiones de la demanda.
“(...) Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que este incluye la actuación sino permitir a la administración que este sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se ‘impone’ la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le introdujo el artículo 6º de la Ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria(3)” (Subrayas y negrillas fuera del texto).
El señor Álvaro Hernán Velandia Hurtado consideró que la decisión de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, violaba sus derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a una recta y cumplida administración de justicia, razón por la cual intentó la acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura y habiendo sido remitida por competencia a esta corporación (D. 1382/00 y AC. 031/002 y 55/03 Sala Plena del Consejo de Estado) fue repartida a la subsección ‘A’, de la Sección Segunda, cuyos miembros se declararon impedidos y, previa aceptación de los impedimentos, fueron separados del conocimiento del asunto y reemplazados por sendos conjueces.
El procedimiento de la aludida acción constitucional culminó con la sentencia de 1º de marzo de 2011, mediante la cual la sala de conjueces revocó el fallo de 29 de septiembre de 2009, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y declaró en firme la sentencia de la Sección Segunda, Subsección ‘B’, de 23 de mayo de 2002.
Contra la última de las decisiones referidas, el señor Álvaro Hernán Velandia Hurtado interpuso recurso ordinario de súplica que fue decidido por la Sección Cuarta mediante auto de 2 de agosto del año, en curso, en el sentido de confirmar el auto de 27 de marzo de 2012 y devolver el expediente a la Sección Segunda, Subsección ‘A’, Sala de Conjueces del Consejo de Estado, para lo de su competencia.
Finalmente la Sala Plena Contenciosa, Sección Segunda, Subsección ‘A’, Sala de conjueces, mediante sentencia de 17 de abril de 2013, tuteló los derechos fundamentales del actor al debido proceso y derecho de defensa; para lo cual revocó la sentencia de 29 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que resolvió el recurso extraordinario de súplica dentro del Expediente 2003-00442-01, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado; y en lugar dispuso dejar en firme la sentencia de 23 de mayo de 2002, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, teniendo en cuenta la siguiente fundamentación.
1. La sola notificación del fallo disciplinario de única instancia sin la observancia de lo previsto en el Código Contencioso Administrativo en lo relativo al agotamiento de la vía gubernativa y firmeza de los actos, constituye una vía de hecho por defecto material por desconocimiento del debido proceso.
2. Afirmar que a partir de la notificación de la decisión inicial (fallo de única instancia de 29 de septiembre de 2009) a través de la cual se impuso una sanción disciplinaria recurrible, es que debe contabilizarse el término de prescripción contradice lo previsto en el artículo 6º de la Ley 13 de 1984 en concordancia con los artículos 26 y 27 del Decreto 3404 de 1983, 64 del Código Contencioso Administrativo.
3. Lo anterior, porque dentro de los procedimientos administrativos, la presentación del recurso (en el presente caso de reposición) impide la ejecutoria y obligatoriedad del acto, pues tal reposición no podría concederse en efecto devolutivo en vía gubernativa.
4. En esas condiciones, no es aceptable que la simple notificación de la decisión primigenia recurrible en proceso de ejecutoria, desvirtúe la presunción de inocencia de la que goza el disciplinado y con ello, se interrumpe la prescripción.
5. Por lo anterior no puede declararse impuesta la sanción disciplinaria y terminado el proceso disciplinario, antes de que este realmente concluya con la plenitud de las formalidades legalmente establecidas para su trámite.
Del anterior recuento, se concluye que la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la acción administrativa disciplinaria, es la proferida 23 de mayo de 2002, por la Sección Segunda, Subsección del Consejo de Estado, Expediente 17112, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, según la cual, dentro del término prescriptivo establecido por la ley, la autoridad competente debe concluir la actuación administrativa expidiendo y notificando el acto que resuelve los recursos interpuestos contra la decisión principal que impone la sanción disciplinaria al investigado, con los cuales se agotaría la vía gubernativa.
La prescripción de la acción sancionatoria en el caso concreto
Aplicando lo dicho antes al sub lite y tal como quedó señalado en esta providencia, el término de prescripción en relación con la actora es el 31 de enero de 2001, teniendo en cuenta la naturaleza de las faltas por las que se sancionó es continuo en el tiempo y que debía autorizar el pago de los gastos operacionales que se acreditaran con el correspondiente soporte documental, dentro del trámite del Convenio NAS.
Lo anterior por cuanto se desempeñó como tesorera principal desde el 2 de mayo de 1992 al 31 de enero de 2001, mientras que los hechos materia de investigación tuvieron lugar durante los años 2000 a 2002; significa que el término de prescripción vencía cinco (5) años después, esto es el 31 de enero de 2006 y como el Procurador General de la Nación, profirió fallo de única instancia el 15 de abril de 2005 (fls.1-180 cdno. 2), y el 17 de mayo de 2006 resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora (fls.-30-37), decisión que le fue notificada el 23 del mismo mes y año (fls. 175 cdno. 1), quedando ejecutoriado el 30 de junio de 2006 (Fls. 173, cdno. 1), significa que la acción disciplinaria contra Gladys Stella Ruiz Lenis se encontraba prescrita.
Conforme a lo anotado el cargo de prescripción de la acción disciplinaria está llamado a prosperar, razón por la cual se declarará la nulidad de los actos acusados, ordenando el reintegro de la accionante con las consecuencias económicas correspondientes, y se dispondrá la desanotación de los antecedentes disciplinarios y el consecuente restablecimiento del derecho.
No habrá lugar a realizar los descuentos de las sumas de dinero que hubiere recibido en el evento de que durante su desvinculación de la Policía Nacional haya teñido otra u otras vinculaciones con entidades del Estado(4).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B', administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. DECLÁRSE (sic) la nulidad de los fallo disciplinario (sic) de 15 de abril de 2005 y 17 de mayo de 2006, proferido en única instancia por el Procurador General de la Nación, mediante el cual, sancionó con destitución del cargo de dirección de antinarcóticos e inhabilidad de cinco (5) años a la señora Gladys Stella Ruiz Lenis.
2. ORDÉNASE a la Policía Nacional reintegrar a la demandante al cargo de asesora jurídica de bienes incautados o a uno de igual o superior categoría junto con el pago de los sueldos, primas, bonificaciones, subsidios, vacaciones y demás prestaciones dejados de percibir desde cuando se produjo su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado, con la aclaración, de que para todos los efectos legales y prestacionales, de que no ha habido solución de continuidad en la prestación del servicio.
3. ORDÉNASE a la Procuraduría General de la Nación efectuar la desanotación de la sanción de destitución del cargo de dirección de antinarcóticos e inhabilidad de cinco (5) años a la señora Gladys Stella Ruiz Lenis.
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la fecha en que fue desvindulado del servicio en virtud de los actos acusados, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió hacerse el pago según se dispuso en la parte motiva de la providencia.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que, el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
5. DECLÁRASE que para todos los efectos legales no constituye doble asignación recibida del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, lo percibido por el libelista desde la fecha del retiro hasta el reintegro a la Policía Nacional.
Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.
(1) Subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002, al considerar que establecer un término de prescripción de la acción disciplinaria de 12 años para los particulares que ejercen funciones públicas desconoce el principio de igualdad.
(2) Sentencia de 23 de mayo de 2002, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante. Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado. Expediente 17112.
(3) Sentencia de 29 de septiembre de 2009, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001-03-15-000-2003-00442-01 S). Actor. Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
(4) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2008, Expediente 2000-02046-02 (IJ), M.P. Jesús María Lemos Bustamante.