Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/233170/social-igualdad-de-trato-en-el-empleo-y-la-ocupacion-prohibicion-de-la-discriminacion-por-motivos
Timestamp: 2018-02-24 21:54:10
Document Index: 244752797

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Social. Igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Prohibición de la discriminación por motivos de edad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Social. Igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Prohibición de la discriminación por motivos de edad
(Sala Segunda) Caso Mario Vital Pérez contra Ayuntamiento de Oviedo. Sentencia de 13 noviembre 2014
TJCE\2014\344
Ponente: José Luís da Cruz Vilaça
de 13 de noviembre de 2014*
En el asunto C-416/13,
integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev y J.L. da Cruz Vilaça (Ponente), Jueces;
— en nombre del Sr. Vital Pérez, por los Sres. M. Noval Pato e I. Fernández-Jardón Fernández, abogados;
— en nombre del Gobierno español, por la Sra. M.J. García-Valdecasas Dorrego y el Sr. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en calidad de agentes;
— en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y R. Coesme, en calidad de agentes;
— en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Lozano Palacios y el Sr. D. Martin, en calidad de agentes;
La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16), y del artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Esta petición se planteó en el marco de un litigio entre el Sr. Vital Pérez y el Ayuntamiento de Oviedo (en lo sucesivo, «Ayuntamiento»), en relación con la decisión de éste de aprobar una Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas de agentes de la Polícía Local en la que se exigía que los candidatos no sobrepasaran la edad de 30 años.
Los considerandos 18, 23 y 25 de la Directiva 2000/78 exponen:
Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 2000/78 , ésta tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.
El artículo 2 de esta Directiva establece:
El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78 precisa:
El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva tiene el siguiente tenor:
El artículo 6 de la Directiva 2000/78 establece:
En España, cada una de las 17 Comunidades Autónomas ha aprobado leyes o normas reglamentarias de desarrollo del estatuto de la Policía Local, que divergen en cuanto a la edad máxima para acceder a esta profesión. En efecto, mientras unas leyes la fijan en 30 años o más otras no establecen límite alguno.
El artículo 18, apartado 6, de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo , de Coordinación de las Policías Locales (BOE nº 169, de 16 de julio de 2007), determina las funciones de los agentes de la policía local en estos términos:
El artículo 32, letra b), de esta Ley establece concretamente como requisito general para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local:
La Ley 2/2007 se adoptó en virtud de las competencias que la Constitución española atribuye a las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE nº 63, de 14 de marzo de 1986).
El artículo 11, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1986 encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado las siguientes funciones:
El artículo 53, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/1986 , que establece las funciones que deben ejercer los Cuerpos de Policía Local, es del siguiente tenor:
El 8 de abril de 2013, el Sr. Vital Pérez interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado remitente contra el Acuerdo, de 7 de marzo de 2013, del Ayuntamiento por el que se aprueban las bases específicas previstas en una Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de 15 plazas de agentes de la Policía local.
El Sr. Vital Pérez impugna la legalidad de la base 3.2 de dicha Convocatoria, que exige de los candidatos que no sobrepasen la edad de 30 años. Según el demandante en el litigio principal, este requisito vulnera su derecho fundamental, consagrado por la Constitución española y la Directiva 2000/78 , a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
El Sr. Vital Pérez solicita la anulación de dicha base 3.2 porque considera que ésta contiene un requisito que no está justificado ni fundado, ya que las condiciones físicas adecuadas para el ejercicio de las funciones de que se trata vienen garantizadas por las pruebas físicas que exige la Convocatoria de pruebas selectivas. En efecto, indica que, con arreglo a la base 3.5 de esta Convocatoria, los candidatos han de «poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar y para realizar las pruebas físicas» que figuran especificadas en dicha Convocatoria.
El Sr. Vital Pérez señala que las distintas leyes o decretos autonómicos evitan fijar un límite de edad (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña o Extremadura) o lo fijan en 35 años (País Vasco) o en 36 años (Galicia y Comunitat Valenciana).
El Ayuntamiento alega que, al fijar tal requisito de edad, no ha hecho sino cumplir la Ley 2/2007. Por otro lado, se basa en el artículo 6 de la Directiva 2000/78 para justificar esta medida, y afirma que, en todo caso, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en favor de este requisito en la sentencia Wolf (C-229/08, EU:C:2010:3).
Al mismo tiempo que señala que el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 21 de marzo de 2011 y de 17 de octubre de 2011 , anuló la norma reglamentaria en virtud de la cual se preveía la exclusión de los candidatos que tenían más de 30 años de la oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la categoría de inspector del Cuerpo Nacional de Policía, el juzgado remitente considera que el requisito de edad controvertido en el litigio principal puede no cumplir el criterio de proporcionalidad. En efecto, dicho juzgado sostiene que existen medios menos restrictivos que la fijación de una edad máxima que permiten alcanzar el objetivo de que los policías locales tengan las especiales condiciones físicas necesarias para el desarrollo de su profesión. Pues bien, la realización de pruebas físicas exigentes es precisamente un requisito específico de la Convocatoria de pruebas selectivas.
Dicho juzgado considera también que las condiciones físicas exigidas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local no pueden equipararse con la «capacidad física excepcionalmente elevada» exigida en el caso de los bomberos, debido a la diferente naturaleza de sus funciones, de modo que la sentencia Wolf (EU:C:2010:3) no puede aplicarse directamente al caso de autos.
En estas circunstancias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
En el marco de la presente petición de decisión prejudicial, el juzgado remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación tanto del artículo 21 de la Carta como de disposiciones de la Directiva 2000/78 .
Procede recordar que el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de un principio de no discriminación por razón de la edad que debe considerarse un principio general del Derecho de la Unión y que se ha concretado en la Directiva 2000/78 en el ámbito del empleo y la ocupación ( sentencias Kücükdeveci , C-555/07, EU:C:2010:21, apartado 21, y Prigge y otros , C-447/09, EU:C:2011:573, apartado 38).
De ello se desprende que, cuando conoce de una cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del principio general de no discriminación por razón de la edad consagrado en el artículo 21 de la Carta , y de disposiciones de la Directiva 2000/78 , en el marco de un litigio que opone a un particular y a una Administración pública, el Tribunal de Justicia examina la cuestión teniendo en cuenta únicamente esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt , C-132/11, EU:C:2012:329, apartados 21 a 23).
Mediante su cuestión prejudicial, el juzgado remitente desea saber, en esencia, si los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima para la selección de agentes de la Policía Local.
Para dar respuesta a la cuestión planteada, es preciso comprobar si la normativa controvertida en el litigio principal está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 y, en caso afirmativo, si contiene una diferencia de trato por razón de la edad que pueda, en su caso, considerarse justificada a la luz de dicha Directiva.
Antes de nada, procede señalar que tanto del título y de la exposición de motivos como del contenido y de la finalidad de la Directiva 2000/78 se desprende que ésta tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a cualquier persona la igualdad de trato «en el empleo y la ocupación», ofreciéndole una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 1, entre los que figura la edad ( sentencias Hütter , C-88/08, EU:C:2009:381, apartado 33, y Georgiev , C-250/09 y C-268/09, EU:C:2010:699, apartado 26).
Por lo que se refiere, más concretamente, a la aplicación de la mencionada Directiva en el contexto del litigio principal, procede declarar que se deduce de su artículo 3, apartado 1, letra a), que ésta se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación, en particular, con las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional.
Al establecer que las personas mayores de 30 años no pueden ser admitidas en los Cuerpos de Policía Local, el artículo 32, letra b), de la Ley 2/2007 afecta a las condiciones de contratación de estos trabajadores. Por lo tanto, debe considerarse que una normativa de esta naturaleza establece disposiciones relativas al acceso al empleo público en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78 .
De ello se deduce que esta Directiva se aplica a una situación como la que dio lugar al litigio del que conoce el juzgado remitente.
En lo que atañe a si la normativa controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato por razón de la edad, debe recordarse que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/78 , «se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1» de dicha Directiva. El artículo 2, apartado 2, letra a), de la misma precisa que, a efectos de la aplicación de su apartado 1, existe discriminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1 de la referida Directiva.
En el caso de autos, el artículo 32, letra b), de la Ley 2/2007 tiene como consecuencia que determinadas personas reciben un trato menos favorable que otras que se encuentran en situaciones análogas por la mera razón de que han superado los 30 años de edad. Una normativa de esta naturaleza establece, sin lugar a dudas, una diferencia de trato basada directamente en la edad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, en relación con el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78 .
Debe además comprobarse si tal diferencia de trato puede estar justificada, habida cuenta de los artículos 4, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 .
En primer lugar, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 , procede señalar que, según el propio tenor de esta disposición, «una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 [de esta Directiva] no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado».
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se deduce del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que lo que debe constituir un requisito profesional esencial y determinante no es el motivo en el que se basa la diferencia de trato sino una característica relacionada con dicho motivo (véanse las sentencias Wolf , EU:C:2010:3, apartado 35, y Prigge y otros , EU:C:2011:573, apartado 66).
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la posesión de capacidades físicas específicas es una característica relacionada con la edad ( sentencias Wolf , EU:C:2010:3, apartado 41, y Prigge y otros , EU:C:2011:573, apartado 67).
En el presente asunto, se deduce del artículo 18, apartado 6, de la Ley 2/2007 que las funciones de agente de la policía local incluyen, en particular, el auxilio al ciudadano, la protección de las personas y bienes, la detención y custodia de los autores de hechos delictivos, las patrullas preventivas y la regulación del tráfico.
Si bien es cierto que algunas de estas funciones, como el auxilio al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan aparentemente un esfuerzo físico elevado, no lo es menos que las funciones relativas a la protección de las personas y bienes, la detención y custodia de los autores de hechos delictivos y las patrullas preventivas pueden requerir el empleo de la fuerza física.
La naturaleza de estas últimas funciones exige una aptitud física específica, en la medida en que los fallos físicos que se producen en el ejercicio de dichas funciones pueden tener consecuencias importantes no sólo para los propios agentes de policía y para terceros, sino también para el mantenimiento del orden público (véase, en este sentido, la sentencia Prigge y otros , EU:C:2011:573, apartado 67).
De ello se deriva que el hecho de poseer capacidades físicas específicas puede considerarse un «requisito profesional esencial y determinante», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 , para el ejercicio de la profesión de agente de la Policía Local.
En lo que atañe al objetivo perseguido por la normativa controvertida en el litigio principal, el Gobierno español indicó que, al fijar el límite de edad en 30 años para el acceso a los Cuerpos de Policía Local, la Ley 2/2007 pretende garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de estos Cuerpos de Policía, asegurando que los nuevos funcionarios puedan efectuar las tareas más pesadas desde el punto de vista físico durante un período relativamente largo de su carrera.
Sobre este particular, debe recordarse que el considerando 18 de la Directiva 2000/78 precisa que ésta no puede tener el efecto de obligar a los servicios de policía a contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las capacidades necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos servicios.
Por consiguiente, el interés en garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio de policía constituye un objetivo legítimo a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 (véase, en este sentido, la sentencia Wolf , EU:C:2010:3, apartado 39).
No obstante, es preciso determinar si, al fijar tal límite de edad, la normativa nacional controvertida en el litigio principal ha impuesto un requisito proporcionado, es decir, si este límite es apropiado para alcanzar el objetivo perseguido y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo.
A este respecto, procede señalar que, según el vigesimotercer considerando de la Directiva 2000/78 , «en muy contadas circunstancias» una diferencia de trato puede estar justificada cuando una característica relacionada, en particular, con la edad constituya un requisito profesional esencial y determinante.
Por otro lado, en la medida en que permite establecer una excepción al principio de no discriminación, el artículo 4, apartado 1, de la mencionada Directiva ha de interpretarse estrictamente ( sentencia Prigge y otros , EU:C:2011:573, apartado 72).
Sobre este particular, debe comprobarse si, habida cuenta de lo expuesto en los apartados 39 a 41 de la presente sentencia, las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local están necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no pueden darse en personas que hayan sobrepasado cierta edad.
A fin de realizar esta comprobación han de tenerse en cuenta los siguientes elementos.
En primer lugar, se desprende de la resolución de remisión que existe una disparidad manifiesta entre las normativas de las Comunidades Autónomas relativas a los agentes de la Policía Local en lo que atañe a la fijación de una edad máxima para acceder a esta profesión. En efecto, algunas normas la fijan en 30 años de edad o más (35, 36 o 40 años), mientras que otras Comunidades Autónomas han optado por no fijar límite alguno.
En segundo lugar, en su respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal de Justicia, el Gobierno español confirmó que el requisito relativo a la edad máxima de 30 años para el acceso a la función de agente de la Policía Nacional —cuyas misiones, fijadas en el artículo 11 de la Ley 2/1986 , son parecidas a las asignadas a la Policía Local— ha sido suprimido.
En tercer lugar, debe señalarse que, en la sentencia Wolf (EU:C:2010:3, apartado 44), el Tribunal de Justicia declaró que la medida consistente en fijar en 30 años la edad máxima de contratación de miembros del servicio técnico medio de bomberos era proporcionada, dado que dicho límite se consideraba necesario para garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio de que se trataba.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia llegó a esta conclusión sólo tras haber observado, sobre la base de los datos científicos que se le habían proporcionado, que determinadas tareas confiadas a los miembros del servicio técnico medio de bomberos, como la extinción de incendios, exigen una capacidad física «excepcionalmente elevada» y que muy pocos funcionarios de más de 45 años tienen la capacidad física suficiente para ejercer dicha actividad. Según el Tribunal de Justicia, una contratación a edad avanzada tendría como consecuencia que un número demasiado elevado de funcionarios no podría ser destinado a las tareas más exigentes desde un punto de vista físico. Asimismo, tal contratación no permitiría que los funcionarios seleccionados de este modo estuvieran destinados a las citadas tareas durante un período de tiempo suficientemente largo. Por último, la organización razonable del cuerpo de bomberos profesionales exige, por lo que respecta al servicio técnico medio, una correlación entre los puestos que requieren una mayor capacidad física y que no están adaptados a los funcionarios de más edad y los puestos que requieren una menor capacidad física y que están adaptados a dichos funcionarios ( sentencia Wolf , EU:C:2010:3, apartados 41 y 43).
Ahora bien, según las apreciaciones del juzgado remitente, vistas las funciones asignadas a los agentes de la Policía Local, tal como se describen en el apartado 38 de la presente sentencia, las capacidades que deben tener estos agentes para poder cumplir algunas de estas funciones no son siempre comparables a la capacidad física «excepcionalmente elevada» exigida sistemáticamente a los bomberos, en particular, en la extinción de incendios.
Sobre este particular, debe señalarse que, como se ha indicado en el apartado 17 de la presente sentencia, la base 3.5 de la Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas de agentes de la Policía Local del Ayuntamiento establece que los candidatos han de «poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar y para realizar las pruebas físicas» especificadas en esa Convocatoria. Se trata de pruebas físicas exigentes y eliminatorias que, según el juzgado remitente, permiten alcanzar el objetivo de que los agentes de Policía Local tengan las especiales condiciones físicas necesarias para el desarrollo de su profesión de un modo menos restrictivo que la fijación de una edad máxima.
Además, nada en los autos en poder del Tribunal de Justicia ni en las observaciones escritas que le han sido presentadas permite afirmar que el objetivo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del cuerpo de agentes de Policía Local exija mantener una determinada estructura de edad en su seno que imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no sobrepasen la edad de 30 años.
Se desprende de estas consideraciones que, al fijar dicho límite de edad, la Ley 2/2007 impuso un requisito desproporcionado.
En consecuencia, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima de contratación de agentes de Policía Local.
En segundo lugar, en relación con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 , debe señalarse que esta disposición prevé que una diferencia de trato por razón de la edad no constituirán una discriminación si está justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por un objetivo legítimo vinculado, concretamente, a las políticas de empleo, al mercado de trabajo y a la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. El párrafo segundo, letra c), del mismo apartado, al que el juzgado remitente se refiere expresamente en su cuestión prejudicial, establece que dichas diferencias de trato podrán incluir «el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación».
En consecuencia, debe comprobarse si el requisito relativo a la edad máxima de 30 años para acceder a las funciones de agente de la Policía Local, establecido en el artículo 32, letra b), de la Ley 2/2007 , está justificado por un objetivo legítimo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 , y si los medios empleados para lograrlo son adecuados y necesarios.
En el caso de autos, el artículo 32, letra b), de la Ley 2/2007 no contiene ninguna referencia a los objetivos que persigue.
Sin embargo, como ha declarado el Tribunal de Justicia, no puede deducirse del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que la falta de indicación en la normativa nacional de que se trate del objetivo que pretende alcanzarse tenga por efecto que se excluya automáticamente la posibilidad de que esté justificada a la luz de dicha disposición. Cuando no existe indicación en este sentido, es necesario que otros elementos, propios del contexto general de la medida en cuestión, permitan la identificación del objetivo que subyace a esta medida, a fin de posibilitar el ejercicio del control jurisdiccional sobre la legitimidad, idoneidad y necesidad de los medios empleados para lograr dicho objetivo ( sentencias Palacios de la Villa , C-411/05, EU:C:2007:604, apartados 56 y 57, y Comisión/Hungría , C-286/12, EU:C:2012:687, apartado 58).
A este respecto, debe señalarse, ante todo, que, si bien el Gobierno español invocó la estructura de edades equilibrada como un objetivo de la medida controvertida, no se desprende de los autos transmitidos al Tribunal de Justicia que esta medida pretenda por ello promover nuevos contratos. Por tanto, no puede considerarse que favorezca los objetivos de la política de empleo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 .
No obstante, se desprende de las apreciaciones realizadas por el juzgado remitente, que es el único competente para interpretar la normativa nacional aplicable, habida cuenta de la posible aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 al litigio principal, que la condición de edad establecida por la Ley 2/2007 se justifica por los requisitos de formación del puesto y por la necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación o al pase a la segunda actividad.
En la medida en que dichos objetivos figuran en el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de la Directiva 2000/78 , pueden justificar «objetiva y razonablemente», «en el marco del Derecho nacional», como establece dicho artículo 6, apartado 1, una diferencia de trato por razón de la edad.
Por otro lado, es preciso comprobar si los medios utilizados para lograr estos objetivos son adecuados y necesarios.
A este respecto, ha de señalarse que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para elegir medidas que permitan lograr sus objetivos en materia de política social y de empleo. Sin embargo, este margen de apreciación no puede abocar a que la aplicación del principio de no discriminación por razón de la edad se vea menoscabada ( sentencias Age Concern England , C-388/07, EU:C:2009:128, apartado 51, e Ingeniørforeningen i Danmark , C-499/08, EU:C:2010:600, apartado 33).
En primer lugar, en lo que atañe al objetivo relativo a la formación requerida para el puesto de agente de la Policía Local, se desprende de la base 7 de la Convocatoria de pruebas selectivas aprobada por el Ayuntamiento que, antes de entrar en servicio, los candidatos que hayan superado dichas pruebas deben efectuar un período de «formación selectiva» cuya duración establecen la escuela regional de las policías locales o el Ayuntamiento.
El artículo 36 de la Ley 2/2007 , única disposición de esta Ley que tiene por objeto la formación de los agentes de la Policía Local, se limita a indicar que la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias «tiene a su cargo la formación dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización» de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, sin precisar en modo alguno las características de la formación de que se trata.
Ahora bien, ningún documento transmitido al Tribunal de Justicia permite considerar que el límite de edad de contratación sea apropiado y necesario a la luz del objetivo de garantizar la formación de los agentes de que se trata.
En segundo lugar, en relación con el objetivo de garantizar un período de actividad razonable previo a la jubilación, debe señalarse, antes de nada, que, según la información proporcionada por el juzgado remitente, la edad de jubilación de los agentes de la Policía Local está fijada en 65 años. Aunque el juzgado remitente se refiere también al pase a la segunda actividad a los 58 años, se trata de una posibilidad ofrecida a los agentes de la Policía Local que lo soliciten, lo que, por otro lado, no afecta a la edad de jubilación.
De ello se desprende que no puede considerarse que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima de contratación de los agentes de la Policía Local sea necesaria para garantizar a dichos agentes un período de actividad razonable previo a la jubilación a efectos del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78 . El que la edad «normal» de jubilación establecida en el régimen general de la Seguridad Social esté fijada en 67 años carece de pertinencia a este respecto.
Por consiguiente, la diferencia de trato resultante de una disposición como el artículo 32, letra b), de la Ley 2/2007 no puede estar justificada con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78 .
En estas circunstancias, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo parte en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso.
Los artículos 2, apartado 2, 4, apartado 1, y 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
IGUALDAD DE TRATO: Entre hombres y mujeres: Seguridad Social (Directiva 79/7/CEE): Discriminación: desestimación: Derechos y libertades fundamentales: Igualdad de trato: Entre hombres y mujeres: Seguridad Social (Directiva 79/7/CEE): Discriminación: desestimación: normativa nacional que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores
a un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción
(Gran Sala) Caso Lourdes Cachaldora Fernández contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Sentencia de 14 abril 2015
TJCE\2015\15
Ponente: F. Biltgen
de 14 de abril de 2015*
«Procedimiento prejudicial — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad de trato en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4 — Directiva 97/81/CE — Acuerdo marco UNICE, CEEP y CES sobre el trabajo a tiempo parcial — Cálculo de las prestaciones — Sistema de integración de lagunas de cotización — Trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo»
En el asunto C-527/13,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante auto de 10 de septiembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de octubre de 2013, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, el Sr. A. Tizzano, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. M. Ilešič, A. Ó Caoimh y J.-C. Bonichot, Presidentes de Sala, y el Sr. A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader, los Sres. M. Safjan y D. Šváby, la Sra. A. Prechal y los Sres. E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund y F. Biltgen (Ponente), Jueces;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de septiembre de 2014;
– en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), por la Sra. M.A. Lozano Mostazo y el Sr. I. Pastor Merino, abogados;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de octubre de 2014;
La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 , relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174), por un lado, y de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido el 6 de junio de 1997 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 , relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 (DO L 131, p. 10), por otro lado.
Esta petición se planteó en el marco de un litigio entre la Sra. Cachaldora Fernández, por un lado, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, «INSS») y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), por otro, en relación con la determinación de la base reguladora de una pensión de incapacidad permanente total.
Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 79/7 , ésta se aplicará a la población activa, incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, accidente o paro involuntario, a las personas que busquen empleo, así como a los trabajadores inválidos.
En virtud del artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva , ésta se aplicará, en particular, a los regímenes legales que aseguren una protección contra la invalidez.
El artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva dispone:
El tercer párrafo del preámbulo del Acuerdo marco está redactado en los siguientes términos:
«El presente Acuerdo tiene por objeto las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, reconociendo que las decisiones relativas a los regímenes legales de seguridad social son competencia de los Estados miembros. En el marco del principio de no discriminación, las Partes de este acuerdo han tomado nota de la Declaración sobre el Empleo del Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, en la que el Consejo, entre otras cosas, subrayaba la necesidad de hacer que los sistemas de protección social favorezcan más la creación de empleo “desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los nuevos modelos de trabajo y que faciliten una protección adecuada a las personas que efectúan esos nuevos tipos de trabajo”. Las partes del presente acuerdo consideran que debería ponerse en práctica esta declaración.»
A tenor de la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco , éste «se aplica a los trabajadores a tiempo parcial que tengan un contrato o una relación de trabajo tal como se define en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro».
La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco dispone:
«Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco establece:
a) los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativa que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos».
El artículo 140, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE nº 154, de 29 de junio de 1994, p. 20658; en lo sucesivo, «LGSS»), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone:
El apartado 1, tercera regla, letra b), de la disposición adicional séptima de la LGSS dispone, en lo que respecta a la base reguladora de las pensiones de jubilación y de incapacidad aplicable a los trabajadores a tiempo parcial:
El artículo 7, apartado 2, del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre , por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial, de 31 de octubre (BOE nº 284, de 27 de noviembre de 2002, p. 41643; en lo sucesivo, «Real Decreto 131/2002»), que desarrolla las disposiciones del apartado 1, tercera regla, letra b), de la disposición adicional séptima de la LGSS , dispone:
La Sra. Cachaldora Fernández cotizó a la Seguridad Social de España desde el 15 de septiembre de 1971 hasta el 25 de abril de 2010, computándosele un total de 5 523 días, durante los cuales trabajó a tiempo completo salvo los períodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 1998 y el 28 de febrero de 1999, el 1 de marzo de 1999 y el 23 de marzo de 2001 y el 24 de marzo del 2001 y el 23 de enero de 2002, durante los que estuvo empleada a tiempo parcial. En cambio, no abonó ninguna cotización durante el período comprendido entre el 23 de enero de 2002 y el 30 de noviembre de 2005.
El 21 de abril de 2010, la Sra. Cachaldora Fernández solicitó al INSS una pensión de incapacidad permanente.
Mediante resolución de 29 de abril de 2010, esta pensión le fue concedida en el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual. La base reguladora mensual de esta pensión se fijó en 347,03 euros, a la que se aplicó un porcentaje del 55 %. Este importe se calculó tomando como período de referencia los ocho años anteriores a la fecha del hecho causante, a saber, el período comprendido entre marzo de 2002 y febrero de 2010 y, tomando en consideración para dicho cálculo, por lo que respecta al período comprendido entre marzo de 2002 y noviembre 2005, las bases mínimas de cotización de cada uno de esos años reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de las últimas cotizaciones anteriores al mes de marzo de 2002.
La Sra. Cachaldora Fernández presentó una reclamación contra esta resolución alegando que, para calcular su pensión, deberían tomarse en consideración, por lo que respecta al período comprendido entre marzo de 2002 y noviembre de 2005, las bases mínimas de cotización vigentes para cada año en su cuantía íntegra y no en la reducida resultante de la aplicación del coeficiente de parcialidad. Conforme a este método de cálculo, la base reguladora de su pensión —que no ha sido cuestionada por el INSS— ascendería a 763,76 euros.
Toda vez que el INSS desestimó la referida reclamación por considerar que el método de cálculo no era conforme al artículo 7, apartado 2, del Real Decreto 1131/2002 , la Sra. Cachaldora Fernández interpuso recurso contencioso contra esa resolución ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Ourense. Mediante sentencia de 13 de octubre de 2010, dicho Juzgado desestimó su recurso y confirmó la resolución administrativa del INSS basándose en el artículo 7, apartado 2, del Real Decreto 1131/2002 y en la disposición adicional séptima de la LGSS .
La Sra. Cachaldora Fernández interpuso recurso de suplicación contra esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Dicho órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la Unión.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si en el litigio principal existe discriminación indirecta de las trabajadoras en el sentido de la Directiva 79/7 . En efecto, afirma que, en la medida en que las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal afectan mayoritariamente al colectivo de trabajadoras, tales disposiciones afectan negativamente a un mayor número de mujeres que de hombres, y alberga dudas acerca de si la justificación propuesta, a saber, que «la integración de lagunas [de cotización] de forma proporcional a la jornada a tiempo parcial realizada obedece a un principio de lógica y equilibrio de la acción protectora de la Seguridad Social, que determina que la protección de dicho sistema nunca puede exceder de la previa contribución al mismo, con respeto a los principios de contributividad y proporcionalidad entre lo cotizado y lo amparado», es conforme a las exigencias del Derecho de la Unión.
Así pues, el referido órgano jurisdiccional sostiene, por un lado, que un criterio de proporcionalidad desde la perspectiva de la contribución del trabajador afectado obligaría a calcular el coeficiente de parcialidad utilizado para reducir las bases mínimas de cotización con las cuales se cubren las lagunas de cotización a partir de la totalidad de las cotizaciones abonadas por dicho trabajador durante su carrera profesional. Ahora bien, según afirma, las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal no establecen este modo de cálculo, puesto que obligan a tomar en consideración el coeficiente de parcialidad correspondiente al contrato inmediatamente anterior a la laguna de cotización, lo que puede dar lugar, como pone de manifiesto el litigio principal, a resultados totalmente desproporcionados cuando el contrato a tiempo parcial representa una pequeña parte de la totalidad de la carrera profesional del trabajador afectado.
Por otro lado, según el órgano jurisdiccional remitente, no es posible aplicar válidamente un criterio proporcional desde una perspectiva contributiva en relación con el mecanismo de cobertura de lagunas de cotización en la medida en que éste no obedece a una lógica contributiva —como lo demuestra el que las lagunas se cubren con bases de cotización fijas que no dependen de las cotizaciones realizadas—, sino que pretende corregir las disfunciones de tomar en consideración un período de cálculo de la base reguladora fijado con antelación. A su parecer, en el caso de autos, la Sra. Cachaldora Fernández se vio perjudicada por haber trabajado a tiempo parcial y haber pagado cotizaciones en lugar de permanecer inactiva y no cotizar, puesto que ello redujo el importe de su pensión de incapacidad permanente.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal también pueden ser contrarias al Acuerdo marco. Afirma que ciertamente, atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia, la pensión de incapacidad permanente controvertida en el litigio principal no puede considerarse una retribución y, en consecuencia, no es una condición de empleo sometida al principio de no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial establecido en la cláusula 4 del Acuerdo marco. Ahora bien, la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco obliga a los Estados miembros a identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativa que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos podría considerarse que las condiciones en las cuales se cubren las lagunas de cotización según la legislación española son un «obstáculo de naturaleza jurídica» al trabajo a tiempo parcial en la medida en que se perjudica a aquellos trabajadores que, tras perder un empleo a tiempo completo, aceptan un empleo a tiempo parcial, frente a aquellos otros que no lo aceptan. A su parecer, ello supone, de hecho, un hándicap importante en orden a la aceptación de un empleo a tiempo parcial.
En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
Mediante su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, habida cuenta de los elementos descritos en la resolución de remisión, el artículo 4 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción.
A este respecto, aunque no se discute que el Derecho de la Unión respeta la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social y que, a falta de una armonización a escala de la Unión Europea, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos que confieren derecho a las prestaciones en materia de seguridad social, no es menos cierto que, en el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias Watts , C-372/04, EU:C:2006:325, apartado 92 y jurisprudencia citada, y Somova , C-103/13, EU:C:2014:2334, apartados 33 a 35 y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a la elección del legislador español de utilizar como base reguladora de la pensión de incapacidad permanente controvertida en el litigio principal un período de referencia limitado a ocho años y de aplicar un coeficiente reductor en aquellos casos en los que una laguna de cotización sea inmediatamente posterior a un período de trabajo a tiempo parcial. Aun así, es preciso verificar si en el litigio principal esta elección es conforme a la Directiva 79/7 .
Debe señalarse, de entrada, que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no supone discriminación directamente basada en el sexo, dado que se aplica indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Por lo tanto, procede examinar si constituye una discriminación indirectamente basada en tal criterio.
En lo que atañe a la cuestión de si una normativa como la controvertida en el litigio principal constituye, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, una discriminación indirecta, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres (véanse, en particular, las sentencias, Brachner , C-123/10, EU:C:2011:675, apartado 56 y jurisprudencia citada, y Elbal Moreno , C-385/11, EU:C:2012:746, apartado 29).
En el presente asunto, ha de observarse que la apreciación del órgano jurisdiccional remitente se basa en la doble premisa de que la disposición nacional controvertida en el litigio principal se dirige al colectivo de trabajadores a tiempo parcial, el cual está compuesto mayoritariamente por mujeres.
A este respecto es preciso señalar que, según se desprende de la resolución de remisión, la disposición nacional controvertida en el litigio principal no se aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a aquellos cuyas cotizaciones se han visto interrumpidas durante el período de referencia de ocho años anterior a la fecha en la que se produjo el hecho causante, cuando dicha interrupción es inmediatamente posterior a un empleo a tiempo parcial. En consecuencia, los datos estadísticos generales relativos al colectivo de trabajadores a tiempo parcial considerados en su totalidad no son pertinentes para demostrar que dicha disposición afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.
A continuación, es necesario precisar que si bien es cierto que una trabajadora como la Sra. Cachaldora Fernández se ve perjudicada por haber trabajado a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a la interrupción de sus cotizaciones, no puede descartarse que, tal y como señalaron el INSS, el Gobierno español y la Comisión Europea, algunos trabajadores a tiempo parcial pudieran igualmente verse favorecidos por la normativa nacional controvertida en el litigio principal. En efecto, los trabajadores se verán beneficiados en todos los casos en los que, habiendo trabajado únicamente a tiempo parcial durante parte del período de referencia o incluso durante toda su carrera, el contrato inmediatamente anterior a la inactividad profesional sea un contrato a tiempo completo, puesto que en tales casos percibirán una pensión de un importe superior a las cotizaciones efectivamente abonadas.
En estas circunstancias, los datos estadísticos en los que el órgano jurisdiccional remitente basó sus apreciaciones no permiten considerar que el colectivo de trabajadores perjudicados por la normativa nacional controvertida en el litigio principal esté mayoritariamente compuesto por trabajadores a tiempo parcial y, más concretamente, por trabajadoras.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones no puede estimarse, sobre la base de los elementos descritos en la resolución de remisión, que la disposición nacional controvertida en el litigio principal perjudique principalmente a una categoría determinada de trabajadores, en concreto, a aquellos que trabajan a tiempo parcial, y, más concretamente, a las mujeres. Por tanto, esta disposición no puede calificarse de medida indirectamente discriminatoria en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 .
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción.
Mediante su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que entra dentro de su ámbito de aplicación una normativa de un Estado miembro que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción.
A este respecto, es preciso recordar, por un lado, que del preámbulo del Acuerdo marco se desprende que éste tiene por objeto «las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, reconociendo que las decisiones relativas a los regímenes legales de seguridad social son competencia de los Estados miembros».
Por otro lado, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, están comprendidas en el concepto de «condiciones de empleo», en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del mencionado Acuerdo marco, las pensiones que dependen de una relación de trabajo entre el trabajador y el empleador, con exclusión de las pensiones legales de seguridad social, que dependen menos de tal relación que de consideraciones de orden social ( sentencia Elbal Moreno C-385/11, EU:C:2012:746, apartado 21).
En el caso de autos, de la información en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la pensión controvertida en el litigio principal es una pensión sujeta al régimen legal de seguridad social. En consecuencia, como señaló el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, no puede considerarse que dicha pensión sea una condición de empleo en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco , y, por consiguiente, no entra dentro de su ámbito de aplicación.
Además, interpretar la expresión «obstáculos de naturaleza jurídica», que figura en la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco , en el sentido de que los Estados miembros están obligados a adoptar, más allá del ámbito de las condiciones de empleo, medidas relacionadas con una pensión como la controvertida en el litigio principal, supondría imponerles obligaciones en materia de política social general relativas a medidas que no entran dentro del ámbito de aplicación de dicho Acuerdo marco.
Además, tal y como se ha puesto de manifiesto en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, la disposición nacional controvertida en el litigio principal no afecta a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a aquellos cuyas cotizaciones se han visto interrumpidas inmediatamente después de un período de trabajo a tiempo parcial. Más aún, supone una ventaja para los trabajadores que, a pesar de haber trabajado a tiempo parcial durante gran parte de su carrera profesional, trabajaban a tiempo completo inmediatamente antes de la laguna de cotización. Habida cuenta del carácter aleatorio de las repercusiones de la mencionada disposición sobre los trabajadores a tiempo parcial, ésta no puede considerarse un obstáculo jurídico que limite las posibilidades de trabajar a tiempo parcial.
Así pues, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que no entra dentro de su ámbito de aplicación una normativa de un Estado miembro que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo no se aplica tal reducción.
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 , relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo, no se aplica tal reducción.
El Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 , relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 , debe interpretarse en el sentido de que no entra dentro de su ámbito de aplicación una normativa de un Estado miembro que establece que las lagunas de cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubrirán tomando las bases mínimas de cotización vigentes en cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, mientras que si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a tiempo completo no se aplica tal reducción.