Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/circular-externa-49-de-diciembre-28-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_337437e840f14d6ba93bffe2bfa6fe48&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 06:07:39
Document Index: 200674005

Matched Legal Cases: ['artículo 326', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1058', 'artículo 1080', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 325', 'artículo 97', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1058']

﻿ CIRCULAR EXTERNA 49 DE 2015
CIRCULAR EXTERNA 49 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL USO DE RED DE LAS ENTIDADES VIGILADAS
TEMAS ESPECÍFICOS:UTILIZACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
CIRCULAR EXTERNA 49 DE 2015
Ref.: Instrucciones relacionadas con la comercialización de productos y servicios a través de uso de red de las entidades vigiladas autorizadas.
Con ocasión de la expedición de los decretos 34 de 2015 y 2673 de 2012, esta superintendencia considera necesario modificar la Circular Básica Jurídica, en lo relativo a la prestación de servicios y comercialización de productos a través del uso de red de las entidades vigiladas.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el literal a) del numeral 3º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el numeral 9º del artículo 11.2.1.4.2, en el parágrafo del artículo 2.31.2.2.1 y en el parágrafo del artículo 2.34.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, esta superintendencia imparte las siguientes instrucciones:
1. Modificar el numeral 1.4.1 del Capítulo I, Título II, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), relacionado con la comercialización de productos y servicios de las entidades vigiladas por esta Superintendencia a través del uso de red.
2. Agregar el numeral 3.4.11 al Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, referente a los requisitos de información frente al consumidor financiero, de las entidades vigiladas que comercialicen productos a través del uso de red.
3. Las entidades prestadoras y usuarias deben ajustar los contratos de uso de red vigentes a la fecha y adecuar la prestación del servicio u operación dentro de un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta circular.
N. del D.: La presente circular externa está dirigida a los representantes legales y revisores fiscales de establecimientos de crédito, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, sociedades de servicios financieros, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, sociedades capitalizadoras, corredores de seguros y entidades aseguradoras.
11.2.3.8.8. La descripción técnica de los medios tecnológicos y/o terminales electrónicos situados en las instalaciones del corresponsal y con los que éste cuente para la prestación del servicio, así como la obligación de éste de velar por su debida conservación y custodia.
Sin perjuicio de la autorización general de que trata el presente subnumeral, las anteriores modificaciones deben ser informadas a esta Superintendencia una vez sean acordados entre las partes.
1.4.1.1.2. Modificaciones a los contratos de uso de red.
1.4.1.1.3. Administración de los conflictos de interés.
1.4.1.1.4. Identificación.
1.4.1.1.5. Administración de riesgos.
1.4.1.1.5.1. Administración del riesgo operativo.
En desarrollo del contrato de uso de red, las entidades vigiladas deben cumplir las disposiciones sobre administración del riesgo operativo definidas en el Capítulo XXIII de la CBCF y lo establecido en el numeral 2º de este Capítulo, respecto de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones.
1.4.1.1.5.2. Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
En desarrollo del contrato de uso de red, las entidades vigiladas deben cumplir las disposiciones establecidas en el Capítulo IV del Título IV de la Parte I de la CBJ.
1.4.1.1.6. Capacitación y recursos.
1.4.1.1.7. Requisitos de información.
1.4.1.1.7.1 Información al consumidor financiero.
1.4.1.1.7.2. Comprobantes de las operaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.34.1.1.5 Decreto 2555 de 2010, en los comprobantes de las transacciones, que adelanten las entidades prestadoras por cuenta de las entidades usuarias de su red, debe incluirse en forma visible y claramente legible, la siguiente indicación:
1.4.1.1.7.3. Recepción de quejas y reclamos.
1.4.1.1.8. Comercialización de seguros.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 389 de 1997 y en el artículo 2.31.2.2.5 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros vigilados por la SFC pueden ser usuarias de las redes de los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las comisionistas independientes de valores, las sociedades administradoras de inversión y las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, para lo cual se debe dar cumplimiento a las condiciones establecidas en este capítulo.
1.4.1.1.8.1. Requisitos de los seguros comercializados a través del uso de red.
Además de lo dispuesto en el artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010, para la comercialización de seguros a través del uso de red se debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.4.1.1.8.1.1. La entidad aseguradora debe establecer mecanismos para asegurar que el consumidor financiero conozca, previamente a la adquisición del producto, la importancia de declarar sinceramente el estado del riesgo y las sanciones por inexactitud o reticencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1058 del C.Cio.
1.4.1.1.8.1.4. Las pólizas de seguro que se comercialicen a través de uso de red deben tener un procedimiento simplificado de reclamación de siniestros. Por lo anterior, la entidad aseguradora debe contar con instancias para el trámite y resolución de reclamaciones que propendan por el establecimiento de plazos de solución de reclamaciones menores al establecido en el artículo 1080 del C.Cio.
1.4.1.1.8.1.5. En línea con lo establecido en el numeral 3º del artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010, el clausulado de las pólizas de seguros comercializadas por medio de uso de red no debe ser susceptible de modificación según el sujeto que la adquiera ni pactar condiciones particulares.
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1.4.1.1.8.1.7. De acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 2.31.2.2.2 del Decreto 2555 de 2015, las entidades aseguradoras no pueden exigir condiciones previas para el inicio del amparo de la póliza de seguro o para la subsistencia de la misma. En este sentido, las entidades aseguradoras se deben abstener de exigir cualquier tipo de condición suspensiva para iniciar la cobertura de la póliza de seguro que implique una actividad posterior del tomador o el asegurado.
1.4.1.1.8.2. Ramos autorizados para su comercialización a través de uso de red.
Siempre y cuando el contrato de seguro cumpla lo establecido en el artículo 2.31.2.2.1 del Decreto 2555 de 2010 y en el numeral 1.4.1.1.8.1 de este capítulo, las entidades aseguradoras pueden comercializar, a través del uso de red, los ramos establecidos en el artículo 2.31.2.2.2 del citado decreto.
1.4.1.2. Modalidad de uso de red de oficinas del artículo 93 del EOSF.
1.4.1.2.1. Independencia operativa de los servicios.
1.4.1.2.2. Identificación locativa del servicio.
1.4.1.2.3. Normas aplicables a la modalidad de uso de red de oficinas.
A la modalidad de uso de red de oficinas del artículo 93 del EOSF le aplicará lo establecido en los numerales 1.4.1.1.1 a 1.4.1.1.8 de este Capítulo. No obstante lo anterior, en caso de existir un régimen especial de idoneidad o habilitación de las personas involucradas en la comercialización de productos de la entidad usuaria, dicho régimen prevalecerá sobre lo establecido en este capítulo.
1.4.2. Redes de distribución y promoción de productos de las entidades administradores del Sistema General de Pensiones - SGP, autorizadas mediante el Decreto 720 de 1994
Las redes de distribución y la promoción de productos de las entidades administradoras del sistema general de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, se encuentran sujetas a las siguientes instrucciones específicas:
1.4.2.1. Destinatarios: De conformidad con el Decreto 720 de 1994 y en los arts. 2.6.10.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, son destinatarias de las presentes instrucciones, las entidades administradoras del SGP, es decir, que las mismas comprenden tanto a las administradoras del régimen de prima media con prestación definida como a las sociedades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad.
Igualmente son destinatarios los entes habilitados para la explotación de planes de pensiones y complementarios y las entidades aseguradoras de vida que cuenten con capacidad legal para la explotación de planes alternativos de pensiones, según lo prevé el artículo 2.32.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010.
1.4.2.2. Exclusividad: Conforme al inciso tercero del artículo 4º del Decreto 720 de 1994, la labor de promoción de los vendedores personas naturales, con o sin vinculación laboral, se desarrolla en beneficio de la sociedad administradora del SGP con la cual se hubiere celebrado el respectivo convenio. Es sancionable por la respectiva sociedad, en los términos contractuales, el incumplimiento de esta obligación por parte de los vendedores personas naturales. Sin embargo, en los temas relacionados con promotores, se debe observar las condiciones establecidas en el Decreto 720 de 1994.
1.4.2.3. Entidades habilitadas para la distribución: La distribución de productos puede efectuarse por conducto de instituciones financieras, intermediarios de seguros -sujetos o no a supervisión permanente- y por entidades distintas a unas y otros, siempre que cuenten con capacidad legal para el ejercicio del comercio. En este caso, es necesaria la autorización previa de la SFC para la celebración de los respectivos convenios.
En los eventos de distribución por conducto de instituciones financieras o intermediarios de seguros no es indispensable la autorización previa impartida por la SFC para la celebración de los respectivos convenios.
1.4.2.4. Convenios: Los convenios que se celebren para la promoción de los servicios que prestan las entidades administradoras del SGP por conducto de las instituciones financieras de que trata el Decreto 720 de 1994, están sujetas a las siguientes condiciones:
1.4.2.4.1. Los convenios aludidos, cuyo propósito consiste en la precisión de las condiciones bajo las cuales se realizarán las operaciones de recaudo, pago y traslado de los correspondientes recursos, quedan a disposición de la SFC en las propias instalaciones de la administradora, sin que sea indispensable su remisión a la SFC.
1.4.2.4.2. Los convenios pueden prever actividades a desarrollar respecto de los afiliados y de los trabajadores, tales como promoción, vinculación y, en general, labores de asesoría en los términos del artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 2010, comprendiendo el empleo y diligenciamiento de formularios de vinculación o de pago de aportes. En todo caso, los convenios deben contener, cuando menos, la información a que hace alusión el artículo 9º del Decreto 720 de 1994 y su modificación es procedente, entre otros motivos, cuando los costos de los mismos o algunas de sus previsiones afecten a los afiliados.
1.4.2.4.3. En ningún caso los costos que genere el empleo de las instituciones financieras por parte de las sociedades administradoras pueden ser trasladados, directa o indirectamente, a los afiliados, conforme lo señala el inciso 2º del artículo 8º del Decreto 720 de 1994.
1.4.2.4.4. Las instituciones financieras deben disponer lo pertinente para la separación de las actividades propias de su objeto respecto de aquellas derivadas de la gestión de los aludidos convenios.
1.4.2.5. Información a los usuarios: En desarrollo de los deberes que se le imponen a los promotores de las sociedades administradoras de pensiones, éstos deben cumplir con las obligaciones contenidas en el Capítulo 2 del Título 10 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, para lo cual deben sujetarse a los parámetros técnicos definidos por cada sociedad administradora, como elementos de referencia para el suministro de información al momento de afiliación. La omisión de esta obligación implica para el promotor la posibilidad de suspensión de la actividad correspondiente, y para la sociedad administradora en cuyo beneficio se haya efectuado la labor de afiliación, la asunción de los respectivos perjuicios sin que ello impida la posibilidad de repetición con que cuenta la sociedad administradora respecto del promotor.
En todo caso, en desarrollo de los objetivos señalados en el artículo 325, numeral 1, literales c. y e. del EOSF, en particular la necesidad de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio y de prevenir la ocurrencia de situaciones que pueda generar la pérdida de confianza en el público, esta superintendencia califica como práctica no autorizada el omitir el
Vi: Ventas facturadas por cada establecimiento de comercio de la categoría i.
Vti : Ventas totales facturadas en la categoría i.
3.4.10.3.5. Tarifa interbancaria máxima: corresponde a la tarifa interbancaria más alta de cada categoría de comercio cobrada por cada establecimiento de crédito emisor.
3.4.10.3.6. Tarifa interbancaria mínima: corresponde a la tarifa interbancaria más baja de cada categoría de comercio cobrada por cada establecimiento de crédito emisor.
3.4.10.4. Cuotas de manejo.
Para efectos de publicar las cuotas de manejo cobradas por cada establecimiento de crédito a los tarjetahabientes débito y crédito se deben considerar los siguientes aspectos:
Cuota máxima: corresponde a la comisión más alta cobrada en cada uno de los productos crédito o débito que ofrece el establecimiento de crédito emisor.
Cuota mínima: corresponde a la comisión más baja cobrada en cada uno de los productos crédito o débito que ofrece al público en general el establecimiento de crédito emisor.
Cuota promedio ponderada: corresponde al total de ingresos por comisiones de manejo de tarjetas crédito o débito dividido por el volumen total de tarjetas vigentes crédito o débito, por cada uno de los productos crédito o débito que ofrece el establecimiento de crédito emisor.
Los establecimientos de crédito que representen y administren franquicias de tarjetas débito y/o crédito diferentes a las administradas por los sistemas abiertos de tarjetas, en atención a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 97 del EOSF, también deben efectuar la publicación de que trata el artículo 2.1.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010 con la información y en la forma y condiciones que aquí se establecen. Esta publicación debe efectuarse por el establecimiento de crédito que representa la franquicia en Colombia.
3.4.11. Comercialización de productos a través del uso de red.
3.4.11.1. Entidades prestadoras.
3.4.11.2. Entidades usuarias.
3.4.11.2.2. Suministrar a las entidades prestadoras, como mínimo, la información a la que hace referencia el artículo 9º de la Ley 1328 de 2009 y la normatividad aplicable a cada producto comercializado, incluyendo cualquier información que sea indispensable para que el consumidor financiero tenga un claro entendimiento de los beneficios, limitaciones y costos del producto.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1328 de 2009, las entidades aseguradoras, en calidad de entidades usuarias de la red de otras entidades vigiladas, deben garantizar que las entidades prestadoras de la red suministren a los consumidores financieros, previamente a la celebración del contrato de seguro, al menos la siguiente información, de manera cierta, suficiente, clara y oportuna, mediante medios verificables:
3.4.11.3.8. Las consecuencias de una declaración inexacta o reticente del estado del riesgo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1058 del C.Cio.
Con el fin de garantizar los derechos de los consumidores financieros y dentro del marco general de la debida diligencia en la prestación del servicio, en la gestión de cobranza a deudores morosos, las entidades vigiladas deben atender las instrucciones aquí impartidas, independientemente de que la gestión sea realizada directamente por éstas o a través de terceros.
Cuando la mencionada gestión se realice mediante la contratación de terceros, la actividad se entiende realizada bajo la entera responsabilidad de la entidad vigilada quien es igualmente responsable de velar porque los terceros contratados, atiendan en forma integral las instrucciones establecidas en la presente circular. Igual regla aplicará en los eventos de cesión de cartera, para lo cual las entidades vigiladas deben incluir en sus contratos una cláusula en la que se señale que el cesionario, cuando ésta sea transferida, observará las pautas de cobro establecidas por la SFC en la presente circular.