Source: http://staczek.com/es/news.html
Timestamp: 2019-11-21 07:11:12
Document Index: 96474292

Matched Legal Cases: ['Artículo 99', 'Artículo 98', 'Artículo 1', 'artículo 1012', 'artículo 32', 'artículo 189']

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL LENGUA POLACO
Divisibilidad de reclamos después de abrir la herencia.
Por admin noticias XI 2019
El Tribunal Supremo declaró en una sentencia de 9 de mayo de 2019 (I CSK 198/18) que el reclamo deja de ser divisible al entrar en herencia y el heredero no puede reclamar su parte. Puede resultar que incluso si una persona dada es un heredero (que se confirma en la confirmación de la compra de la herencia o la confirmación de la herencia), puede resultar que como resultado de la división de la herencia no recibirán el reclamo dado. Incluso puede suceder que un heredero determinado no reciba nada si, por ejemplo, durante la vida del testador recibió donaciones que cubren la totalidad de su participación en la herencia.
Los padres traen una acción para el niño
Por admin noticias X 2019
El Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de abril de 2019 (número de referencia del archivo I CSK 79/18) declaró que los padres pueden presentar una acción por el niño sin el permiso del tribunal de tutela. Este es el caso incluso si implica el riesgo de perder y cargar al niño con la obligación de pagar los costos procesales.
El derrocamiento de la desheredación
Por admin noticias IX 2019
En su sentencia de 30 de abril de 2019 (Ref. No. I CSK 79/18), el Tribunal Supremo declaró que aquellos obligados a pagar una parte reservada no pueden, en los procedimientos por la acusación de descendientes de descendientes, ser privados de la falta de fundamento. Para refutar la desheredación, debe instituir un proceso separado en el que la parte también será desheredada.
Determinar la falta de fundamento de la desheredación puede ser beneficioso para la persona obligada a pagar una parte reservada si la parte heredada sería menor que para sus descendientes (es decir, cuando la parte desheredada es mayor de edad y tiene derecho a una parte reservada de ½ parte de herencia, y su descendiente es menor y tiene el derecho a una parte mayor (2/3 de la parte de sucesión
Debe agregarse que en el caso de establecer la falta de fundamento de la desheredación presentada por un heredero testamentario contra el descendiente heredado del testador y el descendiente del desheredado, el menor debe estar representado por un tutor designado por un tribunal de tutela (Artículo 99 en relación con el Artículo 98 § 2 punto 2 y § 3 del Código Civil) - Cfr. resolución del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2008, III CZP 1/08, OSNC 2009, núm. 4, punto 52.
Así, la Corte Suprema confirmó la interpretación presentada en la resolución de la Corte Suprema de 22 de abril de 1975, III CZP 15/75, OSNC 1976, No. 3, ítem 38.
Fondos en la subcuenta en ZUS en caso de divorcio
Por admin noticias VIII 2019
La Corte Suprema dictaminó (decisión del 9 de abril de 2019) que la división de la propiedad conjunta incluye no solo fondos en OFEs, sino también fondos acumulados en la subcuenta en ZUS.
Venta de acciones en una sociedad de responsabilidad limitada sin el consentimiento de la esposa
Por admin noticias VI 2019
El Tribunal Supremo (sentencia de 4 de abril de 2019, número de referencia III CSK 146/17) declaró que si las acciones de una sociedad de responsabilidad limitada son parte de los bienes de los cónyuges conjuntos, su venta (por ejemplo, venta o donación) sin el consentimiento del otro cónyuge es inválida , aunque solo un marido sea socio.
Leer la sentencia comple
Cómo dividir los bienes después de un divorcio: un nuevo fallo de la Corte Suprema.
Por admin noticias mayo 2019
En el caso del número de referencia III CZP 103/17, el Tribunal Supremo, el 23 de febrero de 2019, aprobó una resolución con la siguiente redacción:
"En el caso de la división de la propiedad común después del final de la propiedad conjunta entre los cónyuges, la composición de la propiedad conjunta se determina de acuerdo con el momento en que finaliza el cese de la propiedad y su valor de acuerdo con el estado de esta propiedad y los precios en el momento de la división".
El tribunal supremo cruzó así las dudas emergentes y confirmó las líneas de la jurisprudencia anterior. Al mismo tiempo, debido al hecho de que podría haber pasado mucho tiempo desde la desaparición de la propiedad y la propiedad, la Corte Suprema explicó que cualquier cambio en la propiedad que se produjo entre el momento de cese de la comunidad y el momento del departamento - espontáneo, accidental e intencional, como el desgaste natural o físico de los componentes de la propiedad, o incluso su pérdida, el aumento en el valor debido a insumos, cargos por material, situación del mercado, etc. - están sujetos a liquidación y compensación posterior en forma de reembolsos o recargos. La aplicación de reglas de sustitución tampoco está excluida; en este caso, los componentes adquiridos a cambio de los artículos que anteriormente estaban cubiertos por la comunidad marital están subdivididos (ver la decisión del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2017, II CSK 883/16, no pública).
No hay compensación por la traición al matrimonio.
Por admin noticias Marzo 2019
La Corte Suprema en su sentencia del 11 de diciembre de 2018 (número de referencia IV CNP 31/17) declaró que no se debían daños por decreto matrimonial. A lo sumo, puede solicitar un divorcio con la culpa del cónyuge que cometió la traición por el colapso de su vida.
La sentencia fue aprobada en un caso que se refería a un hombre cuya esposa sin su conocimiento lo traicionó a lo largo de su matrimonio con su propio colega. Además, 4 niños nacieron como resultado de traiciones. Finalmente, el matrimonio terminó en divorcio, y el hombre traicionado exigió una compensación de su ex esposa y su amante.
El Tribunal Supremo declaró en el sistema legal polaco que la indemnización por daños y perjuicios por traición era posible de conformidad con el art. 29 del decreto de 25 de septiembre de 1945 Ley de matrimonio (Revista de leyes 1945.48.270), que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 1950 (Artículo 1 § 2 punto 1 de la Ley de 27 de junio de 1950. Disposiciones que introducen el Código de Familia Dz. .U.1950.34.309). De acuerdo con su redacción, en un decreto de divorcio, el tribunal, a petición de un cónyuge inocente, hará que el cónyuge pague los daños y perjuicios por los daños causados por el divorcio, y en particular por la pérdida de beneficios derivados del contrato de propiedad matrimonial, y por los actos que constituyen la base del decreto de divorcio. ; Además, el tribunal puede conceder una indemnización por daños morales. En el estado legal actual, el derecho de familia no establece reclamos similares para proteger los vínculos entre los cónyuges o las relaciones de parentesco. Por lo tanto, el premio de compensación por traición es inaceptable.
Además, el Tribunal Supremo señaló que el comportamiento del amante de una esposa (tener relaciones sexuales con una esposa feliz) no estaba prohibido por ley y, por lo tanto, no se puede responsabilizar a nadie por los daños.
Este veredicto sugiere que el daño obvio al hombre lesionado y la falta de disposiciones que protejan sus derechos personales deberían resultar en la intervención del legislador.
Proyecto Academia de Párrafo
Por admin noticias Octubre 2018
La Sociedad de Iniciativas Jurídicas y Forenses, párrafo 22 (del cual Piotr Modzelewski es el vicepresidente) implementa el proyecto "Academia de Párrafo", cuyo objetivo es educar a jóvenes de escuelas secundarias en el campo del derecho. 100 equipos de toda Polonia solicitaron participar en el proyecto (un total de aproximadamente 300 participantes). El 7 de octubre, se les dio acceso al primer bloque de conocimiento: más de 80 páginas de información y tareas en el campo del derecho penal sustantivo y el derecho de los delitos.
Más información sobre el proyecto está disponible aquí: http://paragraf22.eu/akademia-paragrafu/
Zachowek también paga al heredero del destinatario.
Por admin noticias Julio de 2018
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de abril de 2018 (número de referencia I CSK 381/17), declaró que la obligación de pagar un recibo por recibir una donación no solo está dotada, sino también a su heredero si murió antes del donante. Esta es una interpretación que va más allá de la comprensión literal de las disposiciones de preservación en las que solo se guardan los beneficiarios que reciben el pago del precio, no sus herederos. En el sentido de la Corte Suprema: "Una vez que la donación se hizo del lado del receptor, hubo un germen de una posible obligación futura de pagar la cantidad debida a la preservación del patrimonio, que era uno de los elementos de la situación legítima del receptor y se materializaría si viviera para abrir la herencia. El beneficiario, esta situación, incluida la posible obligación relacionada con ella, fue ingresada por los demandados como herederos. Una solución diferente se justificaría solo si se asumiera que la obligación de cubrir el cargo del receptor está estrechamente relacionada con la persona, como se mencionó anteriormente. no hay argumentos convincentes hablan. destinatario sucesor no puede ser al mismo tiempo confiar en el hecho de que habían recibido libre de la carga de declive, debido a las reglas generales de la herencia como una sucesión universal. sin embargo, pueden limitar su responsabilidad mediante la adopción de una disminución de los benefactores inventario (artículo 1012 del Código Civil). "
Viaje de negocios de conductores profesionales - sentencia del Tribunal Constitucional
Por admin noticias Noviembre 2017
La regulación básica y exhaustiva sobre los derechos y obligaciones de los empleadores y empleados en La esfera privada es el código laboral. Sin embargo, el legislador a veces decide excluir ciertos asuntos y regularlos en actos separados debido a la especificidad de ciertas relaciones o profesiones. El Código de Trabajo se aplica de forma subsidiaria. Este tipo de regulación también se aplicó al tiempo de trabajo de los conductores, que se aplica a la Ley de 16 de abril de 2004 (en adelante, " UCPK" ). Este acto ha suscitado controversia casi desde el inicio de su vigencia. Los primeros problemas se referían a la correcta aplicación del código laboral, y Específicamente las regulaciones sobre viajes de negocios. La pregunta de si un conductor profesional tiene un viaje de negocios en el sentido de la LC , causó fallos serios y encontró una respuesta solo en la resolución de la composición de siete jueces del Tribunal Supremo con fecha 19 Noviembre 2008 r. ( número de referencia , archivo: II PZP 11/08), según el cual "el conductor del transporte internacional que viaja como parte del desempeño del trabajo acordado y en el área contractual como lugar de trabajo no está en un viaje de negocios en significado del art. 775 § 1 de la kp ".
El estado de cosas mencionado anteriormente modificó la enmienda de ucpk , introdujo una definición legal del viaje de negocios de los conductores y requirió la aplicación del art. 775 pares 5. Este párrafo se refiere al par. 3 luego refiriéndose a la parroquia 2 recetas. Según lo anterior:
§ 2. El ministro competente para asuntos laborales determinará, mediante un reglamento, la cantidad y las condiciones para determinar los derechos debidos a un empleado empleado en una unidad presupuestaria del gobierno estatal o local, para un viaje de negocios dentro del país y fuera del país. El reglamento debe determinar en particular la cantidad de la dieta, teniendo en cuenta la duración del viaje y, en el caso de los viajes al extranjero, la moneda en que se determinará la dieta y el límite para el alojamiento en los distintos países, así como las condiciones para el reembolso de los viajes, el alojamiento y otros gastos.
§ 3. Las condiciones para pagar un viaje de negocios a un empleado empleado por un empleador diferente al mencionado en el § 2 se especificarán en un convenio colectivo o regulaciones de remuneración o en un contrato de trabajo, si el empleador no está cubierto por un acuerdo colectivo o no está obligado a hacerlo. Regulaciones de la remuneración.
§ 5. Si el acuerdo de trabajo colectivo, las reglas de remuneración o el contrato de trabajo no contienen las disposiciones mencionadas en el § 3, el empleado tiene derecho a cuentas por cobrar para cubrir los gastos de viaje de acuerdo con las regulaciones mencionadas en el § 2.
En consecuencia, dicha construcción crea un llamamiento en cascada de múltiples niveles, refiriéndose finalmente a la regulación del Ministro de Trabajo y Política Social del 29 de enero de 2013 sobre las cuentas por cobrar debidas a un empleado empleado en una unidad presupuestaria del gobierno público o local para un viaje de negocios (en adelante, la regulación de viajes de negocios) ). Esta regulación estipula que el empleado tiene derecho al reembolso de los costos de alojamiento según la factura del hotel u otra instalación de acuerdo con los límites anexos a la regulación o, si el empleado no presenta la factura correspondiente, una suma global del 25% del límite. Las normas anteriores no se aplican si el empleador le proporciona al empleado alojamiento gratuito. La expresión alojamiento libre no se ha dejado en aclaró, lo que dio lugar a otra ola de discrepancias. Sobre esta base, se crearon dos líneas de jurisprudencia básica. Algunos equipos adjudicadores asumieron que la cabina del conductor no se puede considerar como una regla general o no es una noche gratuita, es necesario examinar individualmente las condiciones que prevalecen en ella. Esta opinión está justificada en particular por el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y Consejo no 561/2006 desde el 15 de marzo 2006 que establece que: 'los períodos de descanso diarios y los períodos de descanso semanales reducidos lejos de la base se pueden usar en un vehículo, siempre que tenga un lugar adecuado para dormir'. Por lo tanto, si identificamos el "alojamiento gratuito" y el "lugar adecuado para dormir", llegamos a la conclusión de que la cabina del conductor puede ofrecer alojamiento gratuito en el sentido de la normativa sobre viajes de negocios, siempre que cumpla con los requisitos pertinentes.
La segunda jurisprudencia excluye categóricamente la posibilidad de que la cabina del conductor se considere alojamiento gratuito, independientemente de las condiciones que prevalecen en ella. Dicha decisión se basa en el supuesto de que la regulación sobre viajes de negocios regula en última instancia la situación de los empleados en la esfera del presupuesto, y por lo tanto es imposible reconocer que un lugar adecuado para dormir será la cabina del automóvil. Alojamiento gratuito significa un hotel o instalaciones similares. Con esta interpretación, el Tribunal Supremo también acordó en la composición de 7 jueces de 12 de junio de 2014 (archivo de referencia: II PZP 1/14), declarando que la noción de "alojamiento gratuito" y "lugar adecuado para dormir" no se puede equiparar Por lo tanto, la cabina del automóvil, incluso la mejor preparada, no cumple con la definición de "alojamiento gratuito" en el sentido del art. 9 del Reglamento sobre cuentas por cobrar de viajes de negocios. La resolución no obtuvo el principio legal en verdad, pero la visión innegable expresada en ella se convirtió en la dominante.
En consecuencia, la comprensión de las regulaciones presentadas por el Tribunal Supremo dio lugar a la necesidad de incurrir en costos significativos por parte de los empleadores que estaban obligados a pagar al conductor los costos de alojamiento de los años anteriores. La insatisfacción de los empleadores y su convicción de que esta interpretación es incompatible con la Constitución de la República de Polonia condujo finalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de noviembre de 2016 ( expediente n . K 11/15). El veredicto concluye que el art. 21a ucpk en relación con el art. 77 5kp en relación con el art. 16 del reglamento sobre viajes de negocios de Art. 2 La Constitución.
El Tribunal estuvo de acuerdo con la demandante, Asociación de Empleadores "Transporte y Logística de Polonia", en que la construcción que crea una apelación en cascada de múltiples etapas es incompatible con Art. 2 La Constitución es el principio de claridad y precisión de las regulaciones y hace que la regulación sea inadecuada para los estados reales a los que se aplicará. La Corte subraya que El principio de un estado de derecho democrático resulta del principio de la confianza de los ciudadanos en el estado y la ley, y los llamados principios de legislación correcta según los cuales el reglamento debe ser correcto en cuanto al idioma, y por lo tanto claro y Preciso, gracias a lo cual, sin el uso de complicadas interpretaciones, se puede determinar el destinatario y el contenido de la norma. No todas las ambigüedades son, obviamente, una violación de la Constitución; deben superar un cierto nivel para ser calificadas. la en el caso que nos ocupa, el Tribunal determinó que, en función de las disposiciones impugnadas, es imposible determinar las instrucciones de la norma de manera simple y sin ambigüedades, lo que indica la inconstitucionalidad de la disposición. Al mismo tiempo, en la justificación de la sentencia, se señaló que en el caso de una referencia legal a la remisión, que se refiere a la regulación, no es posible determinar la posición jerárquica de una norma dada. Por lo tanto, hay una violación grave de los principios de la legislación correcta.
Además, los empleadores que creen que la cabina del vehículo es un lugar adecuado para dormir han asignado recursos considerables para adaptar los vehículos en consecuencia. Esta convicción fue creada por min. Debido a la práctica común, la jurisprudencia y el derecho europeo. La ley no debe engañar a los ciudadanos y no deben soportar las consecuencias negativas de actuar de acuerdo con la ley. Las disposiciones del reglamento sobre viajes de negocios en el sentido dado por las resoluciones de la Corte Suprema violan a este respecto el principio de la confianza de los ciudadanos en el estado y la ley, y por lo tanto son inconstitucionales.
Otra objeción a la construcción cuestionada se refiere a su inadecuación a la situación real y la violación del principio de igualdad. El artículo 32 de la Constitución no constituía de hecho un modelo de control establecido por el solicitante (que el Tribunal está obligado), pero la falta de igualdad también afecta la evaluación desde el punto de vista del art. 2 de la Constitución. Una situación en la que entidades no similares (conductores y empleados de presupuesto) se tratan de la misma manera y al mismo tiempo entidades similares (conductores y otros trabajadores móviles) - de una manera diferente, es discriminatoria. El Tribunal enfatiza que es posible crear de manera efectiva y legal una categoría separada: "viaje de negocios de conductores", pero tendría que estar conectado con una regulación separada que tenga en cuenta la especificidad de esta profesión. La referencia a las disposiciones relativas a una esfera de relaciones completamente diferente da como resultado la insuficiencia de la normalización y muchos problemas prácticos, por ejemplo. una interpretación del término "alojamiento gratuito", cuya interpretación suscita dudas solo en relación con los conductores profesionales.
Finalmente, el Tribunal consideró que la incertidumbre de las disposiciones impugnadas está calificada Su interpretación provoca muchas dudas difíciles de eliminar. Estas dudas causaron un aumento significativo en el costo de la mano de obra (los empleadores además tuvieron que reembolsar a los empleados por los viajes de negocios de años anteriores). Por lo tanto, el art. 21a ucpk fue declarado inconstitucional.
De pasada, el Tribunal señaló que la incertidumbre sobre si el conductor profesional está viajando y si la cabina del vehículo ha estado libre de cargos ha existido durante muchos años y el legislador racional debería haber normalizado este asunto mucho antes. Al mismo tiempo, el veredicto es retirado por el reglamento de la UE, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores, y que reconoce la cabina del conductor como un lugar adecuado para el descanso nocturno. Si el legislador polaco quería introducir un estándar más alto que el de la UE, debería hacerlo claramente y sin ninguna duda.
En conclusión, vale la pena mencionar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional en la jurisdicción del Tribunal Supremo y, de hecho, de la ausencia de cualquier efecto. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de el fundamento jurídico no aplicó el fundamento jurídico referente al reglamento, según el cual se concedieron sumas globales. El Tribunal Supremo (al menos en la sentencia del 21 de febrero de 2017, archivo de referencia: I PK 300/15) parece omitir este hecho: continúa la línea de jurisprudencia anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional y Ordena el pago de cuentas por cobrar debido a un viaje de negocios. Por lo tanto, es difícil predecir cómo se configurará la situación legal de los conductores profesionales en términos de su tiempo de trabajo y viaje de negocios, y si el legislador decidirá regular este asunto con mayor precisión.
Por admin noticias 19 de octubre de 2017
El 1 de junio de 2017, la enmienda al Código de Procedimientos Administrativos (adoptada el 7 de abril de 2017) entró en vigor en el Código, Sección IVa , que regula de manera integral la cuestión de las multas administrativas:
el ámbito de aplicación de las disposiciones,
definición legal de sanción administrativa,
Directiva sobre la imposición de una sanción,
renunciando a la imposición de una sanción,
limitación de la imposición de la pena y su ejecución, y
Alivio al imponer un penal.
El ámbito de aplicación de las disposiciones.
Las nuevas regulaciones deben aplicarse tanto en relación con los estados fatales que surjan después de la entrada en vigor de la Ley como aquellos anteriores a la entrada en vigor, a menos que el estado legal vigente en El tiempo del evento es más relativo al sujeto.
Si existen disposiciones separadas que regulan las cuestiones de sanciones administrativas específicas, el reglamento de la Sección IVa solo se aplicará de manera subsidiaria. No se usa en cuando el organismo decida sobre la base de lo dispuesto en:
procedimientos en los casos de delitos menores,
responsabilidad por violación de la disciplina de las finanzas públicas.
La definición legal de una multa administrativa.
El artículo 189b introduce una definición legal, según la cual la sanción pecuniaria administrativa es una sanción monetaria, impuesta por una decisión de una autoridad de la administración pública por una violación de la ley por una persona física, persona jurídica o jurídica imperfecta (incumplimiento de las obligaciones o violación de la prohibición). Adicionalmente, de acuerdo con el art. 189 e, la parte no es castigada si la violación ocurrió debido a fuerza mayor. Si la parte retrasa el pago de la cantidad adeudada, el interés por la demora en la cantidad aplicable a los atrasos de impuestos se agrega a la cantidad.
Directivas sobre la imposición de una sanción.
Al imponer una sanción, la autoridad deberá tener en cuenta: los valores personales del infractor (persona física), el grado de contribución a la infracción, el beneficio obtenido de la infracción, las medidas adoptadas por la parte para abordar o eliminar los efectos de la infracción; La gravedad y las circunstancias de la violación (especialmente la amenaza para la vida y la salud) y violaciones similares cometidas por la parte en Pasado (también condenas por delitos y delitos).
Retirada de la imposición de una sanción.
La sección IVa introduce el principio de oportunismo al imponer una sanción administrativa. Se manifiesta en la orden de retirarse del castigo y detenerse en la instrucción cuando la escala de la infracción es insignificante y la parte deja de violar la ley o si la parte ya ha sido castigada por el mismo comportamiento (en procedimientos administrativos, penales o delictivos) y la pena ya cumple con los objetivos para cumplir con la sanción administrativa (la estructura es muy similar a la cancelación por absorción).
Además, si las premisas anteriores no se producen, pero "permitirá cumplir con los fines para los cuales se impondría una multa administrativa", la autoridad emitirá una resolución ordenando a la parte que proporcione evidencia para la eliminación de la infracción o notificación a los infractores. Si la parte presenta dicha evidencia, la autoridad emitirá decisiones sobre la exención de la pena.
a) Limitación de la imposición de una sanción.
La tarjeta no se puede imponer después de 5 años de la fecha de la violación o las consecuencias de su ocurrencia. Este plazo se interrumpe en el caso de quiebra y se suspende en caso de: presentar una apelación, presentar un reclamo para establecer la existencia de una relación (tribunal común), ordenar una garantía según las disposiciones sobre la ejecución administrativa.
b) Limitación de ejecución.
El pago de la multa administrativa no es ejecutable si han transcurrido 5 años desde el día en que debía ejercerse. El límite de tiempo se interrumpirá en caso de: declaración de quiebra, aplicación de una medida de cumplimiento de la cual se vio obligado a notificar u ordenar garantías de conformidad con las disposiciones sobre procedimientos de ejecución en la administración.
Alivio en la ejecución del castigo.
La autoridad puede otorgar una concesión en la ejecución de una sanción (es decir, es una decisión opcional o discrecional) si se cumplen las condiciones: la parte ha presentado una solicitud de concesión y está justificada por un importante interés público o privado. Debe recordarse que, en el caso de entidades que operan una actividad comercial, una concesión de este tipo solo puede otorgarse si no constituye una ayuda estatal o constituye una ayuda pública de minimis o una ayuda pública que cumpla con los requisitos especificados en el art. 189k a la par 3 punto 3 (el alivio está destinado a reparar los daños causados por desastres naturales (u otros acontecimientos excepcionales), remediar las perturbaciones graves en la economía y, al mismo tiempo, está en línea con los principios del mercado interno de la UE).
La Ley prevé un catálogo cerrado de formularios de ayuda, es decir:
posponer la fecha de pago de la multa administrativa o repartirla en cuotas;
posponer la fecha límite para completar una multa administrativa pendiente o distribuirla en cuotas;
cancelación total o parcial de una multa administrativa (el interés también se deprecia proporcionalmente al monto del principal que se da de baja)