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Timestamp: 2017-11-24 11:24:06
Document Index: 25974865

Matched Legal Cases: ['Artículo 319', 'Artículo 320', 'Artículo 321', 'Artículo 322', 'Artículo 323', 'Artículo 324']

Místicos y Terrenales: El Contralor también merece cárcel Deuda del Gobierno: casi 100 mil millones Miguel Ángel no debe solaparlo – EfACICO
Místicos y Terrenales: El Contralor también merece cárcel Deuda del Gobierno: casi 100 mil millones Miguel Ángel no debe solaparlo
Mauricio Audirac, Javier Duarte y Ricardo García Guzmán
a gráfica anota que “El pasivo más representativo se ubica en el capitulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” que corresponde a recursos comprometidos y devengados que están pendientes de ser entregados, principalmente a Entidades, Servicios de Salud, Universidad Autónoma de Veracruz, Fideicomisos, y para Ayudas Sociales al Sector Educativo, cuyo cuadro resumen se incluye en el Anexo 2”.
Artículo 319.-Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al
servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en
perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno.
Artículo 320.-Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario
al servidor público que:
I. Por razón de su empleo, cargo o comisión tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de
lesionar el patrimonio de los Poderes Públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado, de
alguna dependencia o entidad de la Administración Pública, estatal o municipal, y no lo informe a su
superior jerárquico por la vía más rápida, y lo confirme por escrito o, en su caso, no evite el daño si está
dentro de sus facultades hacerlo; o
II. Al concluir el empleo, cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes,
documentación, archivos, expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad.
Artículo 321.-Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el
salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o
disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin
de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno.
Artículo 322.-Comete el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente, para sí o para
otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo lícito o ilícito,
relacionado con sus funciones; o
II. Quien de manera espontánea dé u ofrezca, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra
dádiva al servidor público, para los fines a que se refiere la fracción anterior.
Cuando el dinero, dádiva o servicios de que se trate, sea inferior al equivalente de mil días de salario, se
aplicará prisión de uno a siete años y multa hasta de doscientos días de salario. Cuando el equivalente
rebase los mil días de salario, la sanción será de tres a diez años de prisión y multa hasta de seiscientos
El dinero o dádivas entregadas, en su caso, se aplicarán en beneficio de la Asistencia Pública del Estado.
Artículo 323.-Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de
salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o
cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su
Artículo 324.-Se equipara al peculado y se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de
trescientos días de salario a:
I. El servidor público que a título personal e indebidamente utilice fondos públicos, con el objeto de
promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero o con el
fin de denigrar a cualquier persona; o
II. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público, estando obligado legalmente a la
custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su
objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
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