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Timestamp: 2019-02-22 23:01:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 52']

﻿ Sentencia T-311 de julio 15 de 1996
SENTENCIA T-311 DE 15 DE JULIO DE 1996
CONTENIDO:TRABAJADORA EMBARAZADA CON INCAPACIDAD MEDICA. EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES NO PUEDE DEPENDER DE FORMALISMOS INNECESARIOS COMO LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES O AUTENTICADOS, PUES ESTO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE Y PREVALENCIA DE ELEMENTOS FORMALES SOBRE LA SUSTANCIA DE LOS DERECHOS, CONTRA EXPRESOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADORA EMBARAZADA, INCAPACIDAD LABORAL, PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA, MUJER EMBARAZADA, DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA, EMBARAZO
Sentencia T-311 de julio 15 de 1996
Ref.: Expediente T-93134
Acción de tutela incoada por María Jaciby Chujfy Potes contra “Servicios Especiales Duque y Cía. S.C”.
Santa Fe de Bogotá, D.C., quince de julio de mil novecientos noventa y seis.
Se someten a revisión constitucional las sentencias proferidas en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Trabaja la accionante al servicio de la sociedad particular denominada “Servicios Especiales Duque y Cía. S.C.”, que actúa como agencia de empleos temporales. Para la época de los hechos y por razón de ese vínculo había sido destacada para prestar sus servicios personales a la empresa “Construcciones Mecánicas y Civiles CMC Ltda.”, en el cargo de Asistente de Gerencia.
Manifestó padecer una enfermedad que le hizo imposible trabajar desde septiembre de 1995. Se trata —según el escrito— de una afección neurológica consistente en la desmielización de su estructura nerviosa, razón que, junto con el embarazo que presentaba, motivó su incapacidad para ese entonces.
Sostuvo haber adelantado trámites ante la Oficina de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguros Sociales para que este le cancelara las incapacidades, pero indicó que, de conformidad con lo que allí le respondieron, el patrono se había abstenido de llevar el cruce de cuentas para hacerlo. No existiendo ese proceso, el Seguro solo podría pagarle esas incapacidades si estuviese desvinculada laboralmente, lo que no acontece en su caso.
La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante fallo del 9 de febrero de 1996, resolvió negar la tutela solicitada, ya que la consideró improcedente por existir otros medios judiciales para la defensa de los derechos de la accionante, sin que se diera el caso del perjuicio irremediable.
A juicio del Tribunal, el subsidio por incapacidad —esto es, la prestación económica que el Instituto de Seguros Sociales reconoce y paga al asegurado con derecho que, por razón de incapacidad temporal, licencia de maternidad o paternidad, no puede desempeñarse en su oficio o profesión habitual (Resolución 1807 de 1991, proferida por la Dirección General del Instituto)— puede ser reclamado, conforme al artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, actuando ante la jurisdicción del trabajo, instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, tales como el pago de salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones por despido y demás derechos del trabajador.
Por tanto —concluyó— la señora Chujfy Potes debe acudir al proceso ordinario laboral.
Impugnada la providencia, fue confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 9 de febrero de 1996.
“La garantía de los derechos de las personas, y en especial la del derecho constitucional fundamental a un debido proceso, repudia cualquier interpretación que pretenda convertir un remedio excepcional, como es la acción de tutela, en el procedimiento ordinario y único para resolver las querellas y disputas que se originen en el curso ordinario de la vida de relación. La sociedad civil no puede verse desquiciada por el mal uso de este procedimiento preferente y sumario, que debe mantenerse como un mecanismo excepcional de amparo cautelar de los derechos constitucionales fundamentales y no convertirse en una forma fácil y barata de litigar, para que no pierda su razón de ser”.
En el sentir de la Sala de Casación Laboral, siendo indiscutible que en el presente asunto quien solicita la tutela cuenta con otro medio de defensa judicial, es innegable el acierto del fallo de primera instancia al negarle prosperidad a la acción.
Seleccionado y repartido el expediente a esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, es ella competente para revisar las providencias de instancia.
2. La acción de tutela contra el empleador particular
“Excepcionalmente es posible intentarla contra particulares en los casos que establezca la ley, sobre el supuesto de que se hallen en una de las situaciones previstas por la propia disposición superior: que esos particulares estén encargados de la prestación de un servicio público; que su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o que respecto de ellos el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión.” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992).
“Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993).
En efecto, como lo contempla la legislación laboral, la continuada dependencia del trabajador respecto del empleador se concreta en la facultad de este “para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos”. La misma preceptiva destaca que dicha relación debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.
Hay, además, casos en los cuales la circunstancia particular del trabajador respecto de cierto derecho suyo lo coloca en estado de verdadera indefensión ante su patrono, por la actitud de este, o por el hecho de que se halle bajo su exclusiva dependencia la ejecución de un acto que incide en los derechos del empleado.
Buena ilustración acerca de tal hipótesis la ofrece el evento sometido a estudio, en el cual, aparte de la subordinación propia del contrato de trabajo, existe la circunstancia según la cual el patrono, quien es responsable por el pago de las incapacidades —directamente o por conducto del Seguro Social—, debe adelantar gestiones que únicamente él puede realizar y no las adelanta, causando perjuicio a la trabajadora. Esta, indefensa, resulta remitida de la Empresa al Instituto y devuelta de allí a su empleador, sin que se satisfagan sus justas peticiones.
3. Procede la tutela cuando el medio ordinario de defensa carece de idoneidad actual para la efectiva protección del derecho
Reitera la Corte lo afirmado desde su Sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, en el sentido de que el medio judicial ordinario, previsto para unos determinados fines relativos a los derechos fundamentales en juego, no puede desplazar a la acción de tutela cuando carece de idoneidad actual para la protección efectiva de aquellos, convirtiéndose, entonces, en alternativa apenas formal que de nada sirve para realizar los valores constitucionales.
“Se tiene, entonces, que existiendo otro medio judicial para la defensa de los derechos invocados, no cabe en principio la acción de tutela.
Ha sostenido la Corte, siguiendo las pautas trazadas por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que la posibilidad de los medios de defensa judicial diversos de la tutela debe ser verificada en relación con su eficacia e idoneidad frente a la situación concreta del peticionario...”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-117 del 16 de marzo de 1995).
“... el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente.
En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda de que “el otro medio de defensa judicial” a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992. M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón).
Y ello —agrega ahora esta Sala— no por tratarse de un “medio barato” de litigar, como despectivamente describió a la tutela el Tribunal de segunda instancia, sino por su capacidad real de hacer efectivos los derechos fundamentales.
Posteriormente, la Corte distinguió, según el nivel en el cual actúan los medios judiciales y estableció que no podía considerarse suficiente para excluir la tutela aquel que protegiera apenas derechos de rango legal cuando la naturaleza misma de la violación o amenaza afecta derechos constitucionales fundamentales cuya eficiente protección no se lograría por la decisión del juez ordinario:
Grave error es el de negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial que recae sobre objeto distinto del que dio lugar a la demanda de tutela”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993).
Precisamente en lo relativo a las relaciones laborales, en cuanto al pago de salarios atrasados, esta misma Sala de la Corte señaló:
“Debe reiterar la Corte que un medio judicial apenas enunciado teóricamente, o de carácter estrictamente formal, sin posibilidades de concreción oportuna y efectiva, no puede desplazar a la acción de tutela y, por el contrario, debe ceder ante ella.
Así, en casos como el ahora sometido a examen, si bien podría afirmarse que el peticionario goza de un medio de defensa consistente en acudir a la jurisdicción laboral para que se ordene al patrono el pago de los salarios atrasados, no cabe duda de que, dadas las exigencias formales del proceso correspondiente y su consabida demora, la eventual decisión favorable a las pretensiones del trabajador se produciría demasiado tarde, frente a los perjuicios causados a cortísimo plazo como consecuencia del retardo en la cancelación periódica de la remuneración”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-063 del 22 de febrero de 1995).
4. El no pago de incapacidades médicas. Violación de derechos fundamentales. Prevalencia del Derecho sustancial en estos casos
Así, el llamado “subsidio por incapacidad” surge como cláusula implícita del contrato y obligatoria por ministerio de la ley, en guarda de los derechos mínimos de todo trabajador.
“ART. 206.—Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras...”.
El literal a) del artículo 157 ibidem se refiere a los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo, es decir, a las personas vinculadas con contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.
De la normatividad vigente resulta, tanto por la necesidad de dar aplicación a los preceptos constitucionales como por las reglas establecidas en la ley, que existe una clara e impostergable obligación, exigible de manera inmediata por los trabajadores y a cargo de las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social, de cubrir de manera oportuna las incapacidades que se originen, a menos que el patrono estuviere en mora en el pago de las cotizaciones, que no hubiere inscrito oportunamente al trabajador o que no hubiere suministrado las pertinentes informaciones acerca de la incapacidad concreta del empleado —como en este caso—, eventos en los cuales deberá asumir directamente tales pagos. Ello resulta especialmente claro en el caso del ISS, según las normas especiales que regulan lo relativo a enfermedad general y maternidad con esa institución.
Ahora bien, el no pago de una incapacidad médica constituye, en principio, el desconocimiento de un derecho de índole laboral, pero puede generar, además, la violación de derechos fundamentales cuando ese ingreso es la única fuente de subsistencia para una persona y su familia. No solo se atenta contra el derecho al trabajo en cuanto se hacen indignas las condiciones del mismo sino que también se puede afectar directamente la salud y en casos extremos poner en peligro la vida, si la persona se siente obligada a interrumpir su licencia por enfermedad y a reiniciar sus labores para suministrar el necesario sustento a los suyos.
Cuando hay menores de por medio, pueden resultar amenazados sus derechos fundamentales, pues prácticamente todos los que enuncia el artículo 44 de la Constitución —la vida, la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la protección contra toda forma de abandono— resultan comprometidos por las deficiencias económicas de quien es cabeza de familia.
“El pago del salario tiene su razón de ser no solamente en el imperativo de recompensar el esfuerzo realizado en beneficio de los fines que persigue el patrono, según las reglas de su vinculación laboral, sino como elemental medio de subsistencia para el trabajador y su familia. De allí su carácter esencial en toda relación de trabajo, sea ella contractual o legal y reglamentaria”.
“Ahora bien, para que cumpla los enunciados cometidos, en especial si se tienen en cuenta factores tales como la precariedad de los ingresos del trabajador, la inflación y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el pago del salario debe ser oportuno, es decir, ha de producirse dentro de los términos estipulados o previstos en el correspondiente régimen jurídico.
Adoptar la cómoda posición de permitir que lleguen las fechas de vencimiento de los pagos, sin haber tomado en su momento las precauciones que la prudencia aconseja, implica necesariamente que la administración —como en este caso se alega— sea sorprendida a cada paso por su propia negligencia, de la cual no son los trabajadores responsables ni tienen porqué correr con las contingencias que el descuido oficial apareja”. (Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-063 de 1995).
De otro lado, el Convenio Nº 95 OIT, relativo a la protección del salario, adoptado el 8 de junio de 1949 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su trigésima segunda reunión e incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 54 de octubre 31 de 1962, Diario Oficial 30947, consagra en el artículo 2, numeral 1º: “El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario”.
Por su parte, el artículo 8, numeral 1º establece:
1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral.”
El artículo 12 ibidem señala:
1. El salario se deberá pagar a intervalos regulares, a menos que existan otros arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares. Los intervalos a los que el salario deba pagarse se establecerán por la Legislación Nacional o se fijarán por un contrato colectivo o un laudo arbitral”.
Por eso, al ser interrogado acerca de la manera como la empresa efectúa el pago de las incapacidades, el representante legal de “Servicios Especiales Duque y Cía. S.C.” rindió la siguiente declaración:
“Las incapacidades son entregadas a nosotros por el trabajador beneficiario de las mismas, en su original y debidamente endosadas, de acuerdo con las instrucciones del ISS, e inmediatamente procedemos a su cancelación”.
“El día 11 de marzo de 1996 recibí un sobre por correo recomendado, con el número R6-087-02920, procedente de Cartago y con matasello de correo de fecha 7 de marzo de 1996, en el cual la señora María Jaciby Chujfy Potes me enviaba fotocopia de la licencia de maternidad serie P número 877119, expedida por el ISS con fecha marzo 1 de 1996. Acusamos recibo de la fotocopia de la licencia en mención, dirigida a la dirección de Cartago y que señalaba como dirección remitente en el sobre de que antes hablo. Teniendo en cuenta que las instrucciones ISS para el pago de las licencias por maternidad y de incapacidades deben ser presentadas en original y debidamente endosadas por el beneficiario, nos vimos en la penosa necesidad de informarle al beneficiario que, hasta tanto no nos presentara el original en debida forma, no era posible su cancelación, ya que el ISS no acepta fotocopia”.
“... la señora Jaciby Chujfy Potes no ha presentado a nuestras oficinas los originales de ninguna incapacidad para darle el respectivo trámite”.
Al folio 7 del expediente obra una comunicación de fecha 19 de enero de 1996, suscrita por María Jaciby Chujfy Potes, en la cual solicita a Jairo Duque, Gerente de “Servicios Especiales Duque y Cía. S.C.”, fotocopia de la autoliquidación del Seguro Social del mes de diciembre de 1995, y la incapacidad referente a los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996.
“Anexo fotocopias autenticadas de los certificados médicos donde consta el motivo por el cual me encuentro incapacitada desde septiembre de 1995”.
Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales eludió cualquier trámite sobre la solicitud de la señora Chujfy Potes, alegando que el patrono no había efectuado el cruce de cuentas indispensable para que dicho organismo aceptara el pago por parte de la empresa y posteriormente, una vez efectuado, le descontara la suma correspondiente de su facturación por aportes.
De todo lo cual se desprende que el patrono ni asumió el pago de las incapacidades ni suministró a su trabajadora los documentos necesarios para ello, ni tampoco acudió al ISS para lo relativo al cruce de cuentas —aplicable al caso, como lo explicó el Tribunal de Pereira—, mecanismos por medio del cual el patrono afiliado al ISS liquida el valor de la incapacidad a cargo del Instituto y lo paga al trabajador, solicitándole el posterior descuento en la facturación por aportes obrero-patronales mediante nota-crédito en el ciclo correspondiente.
“Tiene razón, entonces, la reclamante cuando dice que es su empleador, “Duque y Cía S.C.”, quien debe cubrirle el valor legal de los subsidios por incapacidad que reclama aquí”.
“... se estaría en presencia de un incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones que en virtud de contrato de trabajo adquirió con ella...”.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 9 y el 27 de febrero de 1996, respectivamente.
2. CONCÉDESE la tutela solicitada por María Jaciby Chujfy Potes y, en consecuencia, ORDÉNASE a la sociedad “Servicios Especiales Duque y Cía. S.C.”, con domicilio en Pereira, que, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, proceda a cancelar a la mencionada señora, si todavía no lo ha hecho, la totalidad de las incapacidades laborales a las que ella tiene derecho por las causas expuestas en la parte motiva de este fallo.
El representante legal de la citada compañía, señor Jairo Néstor Duque Salazar, responderá personalmente por el cumplimiento exacto, puntual y completo de lo ordenado, so pena de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: José Gregorio Hernández Galindo, Presidente de la Sala—Fernando Hinestrosa Forero—Alejandro Martínez Caballero.