Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/SU998-00.htm
Timestamp: 2018-12-12 05:16:30
Document Index: 11791219

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 54', 'artículo 90', 'artículo 40', 'artículo 66', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 125', 'artículo 3']

SU998-00
Sentencia SU.998/00
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Despido colectivo de trabajadores afecta Convenios de la OIT
Referencia: expedientes T- 275957, 282429, 284326, 284732, 289877
Santa Fe de Bogotá D.C., dos (2) de agosto del dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Fabio Morón Díaz y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa, y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión de los siguientes fallos: la proferidos por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por el Consejo Superior de la Judicatura en la acción de tutela instaurada por Ana Isabel Forero y Fernando Stallin Flórez contra La Previsora S.A.; el proferido por el Juzgado 22 de Familia de Santafé de Bogotá en el caso de Carlos Arturo Pedreros Manjarres; el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de Santafé de Bogotá en la tutela de María Zaira Muñoz; los dictados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Bogotá en el caso de Luis Francisco Alfonso Capador; y los fallos del Juzgado 13 de Familia y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Justicia en el caso de Lucy Amparo Deza. Todas estas tutelas dirigidas contra La Previsora S.A., compañía de Seguros.
A- Expediente 275957:
1. El 24 de septiembre de 1999 fueron despedidos colectivamente en forma unilateral y sin justa causa 221 trabajadores oficiales, todos cobijados por la convención colectiva y en su gran mayoría afiliados a organizaciones sindicales: 130 a SINTRAPREVI y 55 a ASDECOS. En realidad se trataba de 220 porque una trabajadora: Sonia Mojica Delgado estaba en licencia no remunerada.
1. Acosta Moya Humberto, 2. Acuña Mendoza Lucila, 3. Agudelo de Villalobos Gloria Esperanza, 4. Alarcon Martínez Gabriela, 5. Alfonso Capador Luis Francisco, 6. Almanza Garzón Aquilino, 7. Almanza Ocampo Carlos Humberto, 8. Angulo Ortiz Gladys, 9. Aponza Colorado Bersa Hilia, 10. Arana Cardona Alvaro, 11. Arango Betancur Amparo, 12. Ardila Correa Hernando, 13. Barahona Orjuela Luis Valdiri, 14. Barrera González Rosario, 15. Bautista Urbina Luis Jesús, 16. Beltrán Rendón Jorge, 17. Benitez Tobon Lyda, 18. Bocanegra Cardozo Lyda, 19. Bohorquez Vergara Daniel Hugo, 20. Botero Arroyave Elvia Consuelo, 21. Buitrago de Parra Isabel, 22. Buitrago González Flor Marina, 23. Caballero Ortiz Luis Eduardo, 24. Calderón Moncada Eduardo, 25. Cardona Salazar Luis Fernando, 26. Cardona de Casarrubia Digna Gertrudiz, 27. Caro Palacio Gustavo, 28. Carvajal de Lacounture Ivette Yolanda, 29. Castañeda de Canales Dolores, 30. Castillo Castro Norha Ismaelina, 31. Corredor Hernandez Amanda, 32. Cuadrado Quintero Mauricio, 33. Cuellar García Ricardo, 34. Cuellar Gutierrez Ana de las Mercedes, 35. Curiel Gómez Oliana Dinora, 36. Charry Roa Rodrigo, 37. De la Hoz Higgins Milena del Rocio, 38. Del Rio Saravia Piedad Lucia, 39. Deza de Rellvert Lucy Amparo, 40. Diaz Cardona Gloria Alina, 41. Diaz Gueche Luis Dario, 42. Duque Aguirre Amparo, 43. Echeverry Cardona Luz Helena, 44. Escobar Escalante Ricaurte, 45. Escobar Gómez Jaime, 46. Escobar Gómez María Cristina, 47. Escobar Pacheco Rosana Patricia, 48. Espitia Cuitiva Daniel Antonio, 49. Estrada Campos Mauiricio, 50. Estrada de Fuentes Digna Emérita, 51. Fernández de Medina Manuela, 52. Ferro Rodríguez Janeth Victoria, 53. García Medina Germán Danilo, 54. Gómez Aguilar María Elena, 55. Gómez Ortiz Adalisve, 56. Gómez Riveros Luis Fernando, 57 González Ardila Diva Olinda, 58. González Bello Sandra Patricia, 59. González Monroy Gloria Patricia, 60. González Rodríguez Jorge Alonso, 61. Granada Muñoz Jorge Eliecer, 62. Guacaneme Rodríguez Bernardo, 63. Guerrero de Mosso Georgina, 64. Hernández Morales Luis Fernando, 65. Hernández Ochoa Olga Lucia, 66. Higuera Bernal Myriam Amparo, 67. Hincapie Parra José Roberto, 68. Jímenez de Quiroga Helda, 69. Jiménez Osorio Carlos Tulio, 70. Landázury García José Efraín, 71. León Pichimata José Orlando, 72. León Valenzuela Luis Abadía, 73. Londoño de Orozco Omaira, 74. Luna Chala Yezmin, 75. Machado Mercado Olga María, 76. Marín de Marín María Morelia, 77. Martínez Sánchez Fabio José, 78. Medina Tamayo Dora Inés, 79. Mendivel Zuñiga Libia, 80. Millán Duarte Claudia Inés, 81. Molina Ruiz Rafael Antonio, 82. Morales de Rodríguez Nelly, 83. Morales Nocua Ricardo, 84. Muñoz Herrera Luz Marina, 85. Muñoz Marentes María Zaira, 86. Ojeda Quintero Aliria María, 87. Otalora Cortes Ruth, 88. Pacheco Mejía Margarita Rosa, 89. Paez Herrera Myriam, 90. Palacio Carvajal Isabel Cristina, 91. Parada Díaz María Nancy, 92. Pardo Melendez Luciana, 93. Parra García Daniel, 94. Pedreros Manjarres Carlos Arturo, 95. Pertuz Elles Inna Veruzkcha, 96. Plata Méndez Janeth, 97. Plata Pena Gilma, 98. Porto Manjarrez Rosa Isabel, 99. Pulido de Moreno Mariela, 100. Quintero de Moreno Blanca Inés, 101. Quintero Valderrama Fabio, 102. Quiroz Valera Osiris, 103. Ramírez Gómez Angela María, 104. Rey Turriago Rosa María, 105. Rico Vivas Carlos Alberto, 106. Rincón Rodríguez Jorge Eliecer, 107. Rivera Muñoz Matilde, 108. Rocha Sepulveda Nubia Yolanda, 109. Rodríguez Gallego Luz Amparo, 110. Rodríguez, Gómez Oscar Leonidas, 111. Rodríguez María Clemencia, 112. Rodríguez Ramírez María Inés, 113. Rodríguez Rincón Luis Enrique, 114. Rojas Reyes Juan de J., 115. Rojas Riatiga Luz Dary, 116. Romero de Piñeros María Elsa, 117. Rozo Rozo Juan Carlos, 118. Sánchez Benitez Miguel Angel, 119. Sánchez Casallas Doris, 120. Serrano Duarte Clara Lucia, 121. Severiche Mozo Nuvia Virginia, 122. Solano Manjarres Alexander, 123. Tapias Acevedo Dalila Cristina, 124. Trigos Sánchez Fermín, 125. Vanegas Ramos Doris, 126. Vargas Ortiz María del Pilar, 127. Vásquez Rendon Nancy Cecilia, 128. Velez Castro Orlando, 129. Viera Quiñonez Yenni, 130. Walteros Gutiérrez Doralice.
1. Acosta Jiménez Rosaura, 2. Arevalo Torres Alvaro, 3. Ariza Ovalle Jesús Evelio, 4. Artunduaga Sánchez Ramón, 5. Azuero Leguizamon Alfonso Isaac, 6. Belalcazar Fernandez Gonzalo, 7. Bernal Guerrero Paula Ligia, 8. Burgos Montes Enrique Efraín, 9. Calderon Suárez Marcos, 10. Camero Rozo Esperanza, 11. Carreño Hernandez Rosa, 12. Cubillos Morales Myriam, 13. De la Espriella Zarate Alberto, 14. Delgado Cepeda Carlos Hernando, 15. Diaz Cardona José Aurelio, 16. Diaz de Marín Blanca Leonor, 17. Duarte Rosa Matilde, 18. Duque Carrillo María del Pilar, 19. Espinosa María Barbara, 20. Espitia Cuitiva Rosa Elvia, 21. Ferrer Sandra Leonora, 22. García Rojas Luz Betty, 23. González de Mozo María de Jesús, 24. Gutiérrez Lozada Orlando, 25. Hernandez Pérez Andrés, 26. Lazaro Ana Judith, 27. Londoño de Hernandez María Ilsenia. 28. López González Mario Alberto, 29. Martínez Diego Armando, 30. Mendoza Moncada Nancy Stella, 31. Moreno de Ariza Inocencia, 32. Muñoz Araque María Teresa, 33. Parra Carantonio María Nury, 34. Parra Guacaneme Germán Elias, 35. Peña Barbosa María Inés, 36. Pinto Arango Francisco Javier, 37. Puyo Méndez Aminta, 38. Quintero Sánchez Leslie, 39. Quiñonez Ortega Sandra Marcela, 40. Rico Reyes Gloria Elsa, 41. Rivera Morales Betsy Mercedes, 42. Rocha Rodríguez Carlos Giovanny, 43. Rodríguez Espinosa Bertha, 44. Rodríguez Suárez Alexi, 45. Rodríguez William Ernesto, 46. Rojas de Ariza Alicia, 47. Rojas Pulido Bernardo, 48. Rubio Marín Luis César, 49. Sacristan Sacristan Martha Lucia, 50. Sanabria Mosquera María Cristina, 51. Sánchez de Guarin Leonor, 52. Sandoval López Oswaldo, 53. Silvia Diaz Alvaro Miguel, 54. Trujillo Quintero Mercedes, 55. Uribe de García Nubia, 56. Urriago de Suárez Rocío del Pilar, 57. Villa Luis Fernando, 58. Zapata Páez Clara Rita.
1. Se dice en la solicitud y surge de los diferentes escritos presentados por los solicitantes que no hubo autorización del Ministerio del Trabajo para tal despido colectivo y que fue una determinación unilateral y fulminante de la dirección empresarial de La Previsora S.A., sin previa ley o decreto que viabilizara el despido masivo y sólo con la justificación dada por el empleador: la de adelantar una reestructuración de la planta de personal. Pero que en realidad se trata de una supuesta reestructuración, como táctica para golpear a las organizaciones sindicales y a la proyección de los beneficios sindicales; y se pone de presente que la propuesta de reestructuración no está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional contenida en la C-702/99.
2. Se indica que si creó a continuación del despido una “nómina paralela” que no puede acceder ni al sindicato ni a los beneficios (trabajadores temporales o nombrados con régimen distinto al convencional). Se agrega que se afectó con el despido, en un 57.91%, a trabajadores con mas de diez años de antigüedad o que se hallaban en tratamiento médico.
3. Dicen los solicitantes que de 741 trabajadores que había antes de la reestructuración se ascendió a 787 después de ella, luego la disminución de personal (uno de los planteamientos para la reestructuración) no ocurrió, sino que se trató del retiro de numerosos sindicalizados lo cual ha afectado gravemente a las organizaciones sindicales mencionadas.
4. En cuanto al "exceso" de trabajadores, las pruebas arrojaron lo siguiente: En noviembre de 1998 -recién iniciada la actual administración de La Previsora- había 734 trabajadores a término indefinido, 76 a término fijo, 183 trabajadores temporales y 13 aprendices del Sena, en total: 993. Antes de septiembre de 1999 la planta de personal autorizada era de 876 personas (figura en el expediente el documento con la estructura), de ellos eran “trabajadores directos” (informe por escrito de La Previsora a la Corte Constitucional) 731, de los cuales 396 eran afiliados a Sintraprevi y 126 a Asdecos. En septiembre se les canceló el contrato a las 220 personas por lo cual se presentó la tutela. La Previsora reconoce que el 24 de septiembre de 1999 Sintraprevi quedó reducido a 269 afiliados y Asdecos a 70 (escrito enviado a la Corte por la Vicepresidente jurídica) de lo cual se deduce que fueron retirados de Sintraprevi 127 y de Asdecos 56 (Dentro de este informe no están incluidos Luis Capador y Manuela de Medina).
5. Ponen de presente que un mismo formato sirvió de carta de despido para los 220 trabajadores, sin explicación alguna y con violación de derechos constitucionales, legales y convencionales porque, inclusive, en la convención colectiva existe una cláusula -la 25- que consagra la estabilidad laboral y los concursos. Para quienes interponen la tutela, hubo una razón adicional para el despido colectivo, consistente en que SINTRAPREVI se negó a suspender dicha la cláusula 25 de la convención colectiva, y por eso a los pocos días ocurrió el despido masivo y se preferenció para la cancelación de los contratos al personal sindicalizado. La citada cláusula 25 se refiere a la política de personal, establece expresamente la estabilidad de los trabajadores, la promoción de los mismos mediante sistema de concurso interno con un proceso de selección que tenga en cuenta los conocimientos, las aptitudes técnicas y profesionales, la experiencia en cargos similares y la antigüedad y solo en caso de que sea declarado desierto el primer concurso se procederá a un nuevo concurso mixto, en el que podrán participar tanto personal externo como trabajadores de la compañía.
6. Precisan los peticionarios que la compañía La Previsora S.A. hizo esfuerzos para que fuera suspendida la mencionada cláusula 25 y fue así como a mediados de septiembre de 1999 auspició una reunión sindical extraordinaria y como por unanimidad los sindicalistas no suspendieron la cláusula convencional, entonces, a los pocos días, se profirieron los 220 despidos.
7. La versión de la Vicepresidente jurídica es diferente: informa por escrito a la Corte Constitucional, y ello se repite dentro del expediente, que la posición de la compañía es que la causa principal del despido fue la reestructuración y para ello los jefes o superiores inmediatos comunicaron al Presidente Administrativo las personas que había que desvincular; y se agrega que había personal que no se adecuaban a las necesidades del mercado sino que respondía “a criterios mas orientados a lo administrativo y lo operativo que a lo comercial”.
8. Dentro de las personas cuyos jefes inmediatos indicaron que se despidieran, la documentación que la compañía envió a la Corte arroja los siguientes nombres:
Montería: Digna Cardozo y Rosario Barrera (en otra lista ya aparece Angel Vergara). Medellín: Amparo Arango, Hernando Ardila, Gloria Alina Diaz, Maria Helena Gómez, Olga Lucía Hernández, Lyda Patricia Mejía, Ana Maria Noreña, Zenida Eugenia Orozco, Cristina Palacio, Angela Maria Ramírez, Matilde Rivera, Nancy Cecilia Vásquez, Gloria González, Janeth Suávita, Dora Inés Medina Tamayo. Manizáles: Luis Fernando Cardona, Maria Morelia Marín, Jorge Eliécer Rincón. Santafé de Bogotá: Myriam Páez, Myriam Higuera, Enrique Burgos, Daniel Espitia, Bernanrdo Guacaneme, José Orlando León, José Aurelio Diaz, Marlén Torres, Gloria Agudelo de Villalobos, Carlos Delgado, Isabel Buitrago de Parra, Juan Carlos Rozo, Carlos Rico, Marcos Calderón, Paula Bernal, Ana Judith Lázaro, Rosana Ptricia Escobar, Luis César Rubio, Alvaro Miguel Silva, Daniel Hugo Bohórquez, Doris Vanegas, Fermin Trigos, Mauricio Cuadrado, Maria Nury Parra, Libia Mendivil, Dalila Cristina Tapias, Aquilino Almanza, Rosa Matilde Duarte, Yezmín Luna, Flor Marina Buitrago, Maria del Pilar Duque, Gladys Angulo, Gilma Plata. Helda Jiménez de Quiroga, Ricaurte Escalante, Betsy Mercedes Rivera, Mauricio Estrada, Carlos Humberto Almanza, Ramón Artundaga, Julio Ernesto Wittingham, Maria del Pilar Zapata, Janeth Plata, Nubia Severiche, Aliria Ojeda, Hilda Vergara de Fadul. Ibagué: Diva Olinda González, Camilo Andrade, Maria Eugenia Zúñiga. Armenia: Fabio Quintero, Jorge Eliécer Granada, Amparo Duque, José Roberto Hincapié, Lyda Benítez. Bucaramanga: Diego Armando Martínez, Clara Lucía serrano, Germán Arciniegas, Rosa María Carreño, Pedro Heriberto Méndez. Florencia: Clara Luz Medina. Cartagena: Carmen Hernández Merlano. Neiva: Luz Betty Garcia, Maria Cristina Sanabria, Merceds Trujillo, Rocío Urriago de Suárez, Orlando Gutiérrez, Jaime Melo Páez. Pasto: José Efraín Landázuri. Pereira: Beatriz Escobar, Francy Nelly Largo, José Alfredo Hernández, Orlando Vélez. Es decir: 93 fueron reseñadas por lista para desvinculación. En la inspección judicial se constataron 153. Y no hay prueba alguna referente al resto de personal, hasta completar los 220 despedidos. En diligencia de inspección judicial se indicó por la compañía que hubo solicitudes verbales de trabajadores para que a ellos también se los despidiera.
9. Precisa la compañía que las razones para la desvinculación de los 220 trabajadores fue “por decisión unilateral del empleador, sin justa causa y atendiendo tres motivos fundamentales: Exceso de trabajadores frente a la planta de personal aprobada por la Compañía, proyecto de modernización tecnológica y nueva estrategia comercial (plan de mercadeo)”. (Información escrita de la Vicepresidente jurídica y dirigida a la Corte Constitucional). Adjuntaron los planes de mercadeo y el proyecto de modernización tecnológica, los respectivos estudios y un Acuerdo de la Junta Directiva de La Previsora S.A., contenido en un Acta de 22 de septiembre de 1999 sobre organización interna.
10. Adicionalmente ocurre que en febrero del 2000 se informó sobre la convocatoria a concurso (51 convocatorias) para llenar plazas en todo el país para promover 244 vacantes y La Previsora dice que “la empresa se encuentra adelantando los concursos para la respectiva provisión de cargos y quienes ingresen tendrán la posibilidad de afiliarse a la organización que escojan (se refiere a sindicato)” (periódico institucional “Previsor” Nº 4 del 2000 e informe escrito de La Previsora enviado a la Corte). “En el entretanto la Compañía ha venido supliendo las vacantes con personal temporal contratado a través de la empresa de servicios temporales ATA, trabajadores en misión que desaparecerán tan pronto los cargos sean provistos en propiedad”, agrega el informe a la Corte de parte de La Previsora.
B. Expedientes acumulados
Posteriormente llegaron a la Corte Constitucional los expedientes que quedaron radicados bajo los números 282429, 284326, 284772 y 289877 que corresponden respectivamente a las acciones de tutela individuales interpuestas por Carlos Arturo Pedreros, Maria Zaira Muñoz, Luis Francisco Alfonzo Capador y por Lucy Amparo Deza de Rellvert, contra La Previsora S. A. Compañía de Seguros. Estos cuatro solicitantes son afiliados a SINTRAPREVI; y la mayoría de los hechos y de las pruebas son similares los de la tutela 275957 y por eso la Sala de Selección ordenó la acumulación de estos . Sin embargo, existen unas particularidades que a continuación se relacionan:
2. En el caso de Maria Zaira Muñoz, era delegada sindical y estaba subvencionada para estudiar.
3. En el caso de Luis Franciso Alfonso Capador, se trata de una persona que tiene mas de 70 años e iba a completar los 20 años al servicio de la empresa, lo cual impidió el reconocimiento de la pensión de vejez (sin embargo la empresa indica que los Seguro Social ya profirió resolución); además se afirma que contrajo una grave enfermedad.
En términos generales son las mismas pruebas las que se presentaron con cada solicitud de tutela. Y dentro del término probatorio, estando ya acumulados los cinco expedientes, la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial que significó constatación de hechos y recepción de abundante documentación. Es de resaltar el siguiente acervo probatorio:
2. Cartas de despido de trabajadores de la Previsora S. A., ellas tiene fecha: 23 de septiembre de 1999, tienen el mismo formato y dicen en lo pertinente: “Me permito comunicarle que La Previsora S. A., Compañía de Seguros, ha decidido dar por terminado unilateralmente y sin justa causa, el contrato de trabajo que tenía suscrito con usted, a partir del 24 de septiembre de 1999”.
3. En el caso de Luis Francisco Alfonso Capador , se invoca el artículo 14 de la ley 490 de 1998, sobre edad de retiro forzoso.
4. Informe sobre cuántos trabajadores había en la empresa en septiembre de 1999 y cuales eran las formas de contratación laboral para ellos, y después del 24 de septiembre de 1999 cuál es la nómina de trabajadores.
5. Los organigramas de la planta de personal de la entidad demandada (tanto el antiguo como el nuevo),
6. Recopilación de los estatutos de La Previsora S. A., Compañía de Seguros, certificación de la Superintendencia Bancaria al respecto y los Estatutos Sociales.
7. Plan estratégico de mercados presentado por la compañía, proyecto de modernización y cuadro de costo laborales.
8. Boletín Previsor (febrero del 2000 anunciando la convocatoria a concurso para proveer 244 vacantes en todo el país) y las 51 convocatorias; y un memorando de 16 de diciembre de 1999 referente a tales convocatorias de concursos internos.
11. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria Nacional de Delegados a realizarse 15, 16 y 17 de septiembre de 1999. Uno de cuyos puntos era “Decisión sobre la propuesta de la compañía de suspensión temporal de los concursos para reubicación del personal”. Y comunicaciones varias al respecto.
12. Orden de pago, cheque y cuenta de cobro por $563.050.oo de La Previsora a favor de Sintraprevi para gastos de la Asamblea Nacional de Delegados.
13. Orden y toda la tramitación para pagar $8’212.260,oo correspondiente a pasajes de sindicalistas asistentes a la Asamblea Nacional. Paga La Previsora con la aceptación de Sintraprevi.
14. Carta de Alvaro Escallón Emiliani, Presidente de La Previsora, con fecha 16 de septiembre de 1999, dirigida a la Asamblea Nacional de Delegados de Sintraprevi, informando que la Entidad ha venido conversando con las organizaciones sindicales “en procura de lograr una reestructuración concertada de la compañía”, y que “se ha considerado la posibilidad de una modificación a la Convención Colectiva de Trabajo vigente que permita temporalmente dejar sin efectos su cláusula veinticinco”.
18. Listas enviadas con nombres de trabajadores para despedir (salvo una de 18 de agosto, el resto tiene fecha posterior y de septiembre de 1999).
19. Resolución 808 de 17 de mayo del 2000, del Ministerio del Trabajo absteniéndose de tomar medidas policivo-administrativas contra La Previsora S. A.
22. Hojas de vida de Luis Alfonzo Capador, de María Zaida Muñoz y de Carlos Arturo Pedreros.
24. Constancias medicas en el caso de Alfonzo Capador
25. Contrato con la Sociedad Ayuda Temporal y Asesoría Ltda. para llevar trabajadores a La Previsora S.A..
28. Copia de una sentencia de tutela del 21 de octubre de 1999, del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en el caso de Manuela Amparo Fernandez de Medina, quien sí figura como sindicalista, pero la tutela fue fallada en contra y no fue seleccionada.
a. En la T-275957:
La Presidente de SINTRAPREVI (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Previsora S. A. Compañía de Seguros) y el Presidente de ASDECOS (Asociación de Empleados de Compañías de Seguros, Reaseguros y filiales) presentaron acción de tutela en contra de La Previsora S. A. por violación a los derechos a la igualdad, al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, al derecho de asociación sindical, a la contratación colectiva, a la estabilidad en el empleo, a la concertación y a la participación en las decisiones. Piden que La Previsora cese de inmediato la violación de tales derechos fundamentales y en consecuencia se reintegre a 221 trabajadores oficiales despedidos colectivamente y sin justa causa; y que, en el evento de reintegro, si se considera que adicionalmente se requieren otros conocimientos se practiquen planes de capacitación laboral según el artículo 54 de la C. P.; igualmente piden que se les reconozcan los salarios y prestaciones que dejaron de percibir o si ello no es posible se determine el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios. También se pide que se condene a la Previsora S. A. Compañía de Seguros a pagar a las mencionadas organizaciones sindicales una indemnización por los perjuicios causados por la violación al derecho de asociación sindical y al despido colectivo. Y, por último piden “Iniciar los procesos disciplinarios y sancionar por las faltas jurídicas gravísimas cometidas por los operadores administrativos de La Previsora S. A., responsables de las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores oficiales despedidos colectivamente y sin justa causa, de conformidad con el artículo 90 de la Carta Política”.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, conoció en primera instancia y mediante fallo de 13 de octubre de 1999 denegó la tutela con el argumento de que no hubo un despido colectivo, que todos los contratos eran a término indefinido luego era viable terminarlos unilateralmente y que las organizaciones sindicales pueden incoar la tutela “exclusivamente respecto de los intereses y derechos que pudieren ser vulnerados y que están en cabeza directa de las organizaciones sindicales que representan” y que tal violación no ocurrió porque solo 4 de los despedidos eran delegados sindicales (que otros 18 delegados no fueron despedidos) y que la disminución de afiliados al sindicato no afectó a éste porque “su porcentaje frente al total de empleados no varió ostensiblemente”.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 18 de noviembre de 1999 confirmó la decisión del a-quo porque en su opinión es la jurisdicción ordinaria la que debe decir lo pertinente.
b. En la T-282429
c. En la T- 284326
En la tutela de María Zaira Muñoz Marentes conoció el Juzgado 4° de Familia de Santafé de Bogotá, que en sentencia de 12 de noviembre de 1999 negó el amparo porque por cláusula laboral podían dar por terminada la relación.
d. En la T- 284732
El caso de Luis Francisco Alfonso Capador, similar a los anteriores, pero con la circunstancia de que tiene mas de 70 años y llevaba casi 20 años de servicio, el fallo de tutela fue proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 12 de noviembre de 1999 denegando la acción por improcedente porque los derechos invocados son de rango legal, porque estaba en edad de retiro forzoso y porque hay otra vía judicial para reclamar. Confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 14 de noviembre de 1999.
e. En la T- 289877
Conoció de la tutela el Juzgado 13 de Familia de Santafé de Bogotá y el 10 de noviembre de 1999 negó la tutela por existir otro mecanismo judicial. Impugnada la decisión, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá confirmó la decisión del a-quo, el 14 de diciembre de 1999.
TEMAS JURIDICOS A TRATAR:
Se trata del despido de numerosos trabajadores, hecho en el mismo día por La Previsora S.A.; pertenecientes la mayoría de ellos a organizaciones sindicales. Las excusas para el despido masivo fueron: exceso de trabajadores, modernización tecnología y una nueva política de mercado. Esta Sala de Revisión reiterará lo dicho por la Corte en la sentencia T-436/2000[1], muy similar al caso materia de estudio en el presente fallo y se agregarán otras argumentaciones. En consecuencia se hacen las siguientes consideraciones:
1. La terminación unilateral del contrato de trabajo, sin justa causa, aunque esté permitida por la ley, no puede ir contra la Constitución. Por lo tanto, la autonomía para el despido no sirve de disculpa para obstruir la libertad de asociación sindical. El principio de la autonomía contractual, si bién es cierto emana de la libertad, no puede ser absoluta. Debe respetar otros derechos establecidos en la Constitución, como el derecho de sindicalización. Luego la autonomía individual no puede interferir irrazonablemente la existencia y desarrollo del derecho de asociación sindical (artículos 38 y 39 C.P.). De ahí que en la T-436/2000 se dijera:
2. Un despido colectivo que afecta masivamente a los integrantes de un sindicato y por ende el derecho de asociación, permite la acción de tutela. En principio, dentro del ordenamiento legal, los despidos colectivos no están permitidos. Se entiende por despido colectivo: "una suma de despidos individuales que se producen en un determinado período de tiempo y que no hayan sido motivados por terminación de la obra o labor contratado o por justa causa" (Guillermo Camacho Henriquez, Derecho del Trabajo, Tomo II, página 383). En el caso materia de la presente tutela en todas las cartas de despido se dijo que era "sin justa causa" y en ningún instante se trata de terminación de obra o labor contratada, luego se está ante un ejemplo típico de despido colectivo.
Mucho antes de la Constitución de 1991, se consideraba que los despidos colectivos sin previa autorización del Ministerio del Trabajo no producirían ningún efecto (artículo 40 del decreto 2351/65). Esta determinación normativa es una disposición sana. Se discutió si se aplica no solo a los trabajadores particulares sino a los trabajadores oficiales; parecería que la Sala Laboral de la Corte Suprema, sentencia de 10 de septiembre de 1997 (M.P. Germán Valdez) dijo que las relaciones colectivas de trabajo de los trabajadores oficiales se rigen por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y por las que lo adicionan a reformar y de ahí podría deducirse la necesidad de la previa autorización del Ministerio del Trabajo (artículo 66 Ley 50/90), sin embargo la Corte Suprema el 7 de abril de 1989 se pronunció de manera diferente y el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 25 de julio de 1985 dijo que el despido colectivo hace parte del derecho individual, en fallo que declaró parcialmente nulo el decreto 1469 de 1978 que extendió el despido colectivo al sector oficial. Para efectos del presente caso, lo que importa es la argumentación constitucional que es la que se aprecia en el fallo T-436/2000[2]:
“…..La Corte Constitucional considera que, objetivamente, según lo probado en el proceso, se ha desconocido el derecho de asociación de los trabajadores sindicalizados al despedirlos colectivamente, y que por el mismo hecho ha sido amenazado el derecho que corresponde a la organización sindical denominada "SINTRAELECOL".
La razonabilidad indica que si de 396 afiliados a SINTRAPREVI se despiden 130 y de 126 afiliados a ASDECOS se despiden 58, se afecta, indudablemente las asociaciones sindicales[3].
En los casos de la reducción de personal como razón o como disculpa para acabar con centenares de relaciones laborales, el sindicato no es un convidado de piedra. En el antiguo modelo "fordista" el trabajador no participaba ni era solicitada su opinión porque el patrono era autoritario. Hoy la solución a los problemas mas candentes exigen concertación. "Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo" (artículo 55 C.P.). la OIT, dice en "Las relaciones laborales en las empresa estatales de América Latina", página 103: "Aunque el Estado tiene en sus manos algunos de los elementos indispensables para establecer tales políticas, (económicas y sociales) no los tiene todos. Quien habla de sistema de relaciones laborales debe pensar en el establecimiento de relaciones bilaterales y, por lo tanto, es necesario conocer cuál es la posición del interlocutor sindical". Pero no se trata de un simple formalismo consistente en escuchar al sindicato y luego lamentar su posición y despedir a los trabajadores como ocurrió en La Previsora S.A. La concertación no es solo colaborar para una reunión sindical a fin de que suspenda una cláusula convencional incómoda para el empleador y como eso no ocurrió, entonces acudir a represalias. Por lo que aboga la OIT en esta clase de conversaciones es para que estas abran "nuevos horizontes al desarrollo y mejoramiento de las relaciones laborales". (ibídem).
Además, en el derecho colectivo del trabajo es esencial la protección a la Convención Colectiva y dentro de ésta fundamentalmente a las normas llamadas económicas, respetándose la vigencia de la Convención fijada por las partes, luego no tiene explicación que el empleador le insinúe a la organización sindical que suspenda una de esas cláusulas. Esta ingerencia indebida afecta no solo el derecho de negociación colectiva (art. 55 C.P.) sino la libertad sindical. Con mayor razón hay violación si se toman represalias por que no prosperó la intromisión patronal.
6. Si lo que se trataba era de buscar un nuevo perfil para los trabajadores, la solución no es el despido sino "ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran" (artículo 54 C.P.) Máxime si uno de los derechos es precisamente la estabilidad en el empleo y ésta, que tiene respaldo constitucional en el artículo 53 de la C. P. es reafirmada en convención colectiva (que actualmente tiene su fundamento en el artículo 55 C.P.) y dicha convención colectiva se remite al sistema de concursos que también ha ingresado a la Constitución (artículo 125 ibídem). Se estará ante una situación reforzada de estabilidad mucho mas fuerte que la que motivó la sentencia T-436/2000 y es explicable que si desea una reestructuración se haga por concurso y que si se requieren nuevos perfiles previamente se capacite al personal antiguo para que pueda competir.
7. En conclusión, según la jurisprudencia que se reitera, no puede servir de disculpa para golpear a un sindicato, la posibilidad de la terminación unilateral del contrato de trabajo de sus afiliados. Precisa la T-436/00:
8. Por último, el despido colectivo afecta Convenios de la OIT, porque indudablemente se desalienta la afiliación sindical cuando el patrono apela a una masacre laboral. Se afecta a lo establecido en el Convenio 87 que en sus considerandos señala que entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz esta "la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical"; en el artículo 3º habla del derecho a sus actividades y programas de acción y prohibe toda intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el derecho; se afecta el Convenio 98 y la propia Constitución de la OIT que propugna por "el principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas". La T-436/2000 dijo:
“…Y, en cuanto a tratados laborales internacionales, no puede esta Corte abstenerse de señalar como vulnerados los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que fueron calificados en la cumbre de Copenhague como integrantes de los llamados "siete convenios especiales"[4].
a. En la T-275957
Al igual que en la T-436/2000, la Sala de Revisión no analizará lo referente a la finalización unilateral de los contratos de trabajo sino la afectación de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical.
1. Está demostrado que existen las organizaciones sindicales Sintraprevi y Asdecos, debidamente reconocidas, con personería vigente y que sus representantes legales son quienes instauraron la tutela principal: Ana Isabel Forero Maldonado y Fernando Stallin Flórez. Está igualmente demostrado que dentro de los 220 trabajadores despedidos por la Previsora S. A. Compañía de Seguros, 130 estaban afiliados a Sintratrevi y 55 a Asdecos y además figuran en el expediente los nombres de las personas sindicalizadas, que son las mismas que aparecen indicadas al principio de la presente sentencia. Luego, la personería sustantiva para instaurar la tutela no admite discusión. Lo único que se debe advertir es que los sindicatos solo pueden representar en la tutela a sus afiliados. El hecho de que otros trabajadores no sindicalizados puedan quedar beneficiados por una convención colectiva no amplía la personería adjetiva de las organizaciones sindicales para efectos de la presente acción. Si 4 trabajadores sindicalizados presentaron adicionalmente tutelas individuales, pero en todas ellas se reproduce casi textualmente lo de la tutela principal y las pruebas practicadas también se refieren a ellos, entonces, las consideraciones que a continuación se harán también los cobijarán porque esas 4 tutelas fueron seleccionadas por la Corte Constitucional. No se puede decir lo mismo de otros casos en los cuales hubo fallo de tutela pero no fueron seleccionados, de ahí que las consideraciones y determinaciones del presente fallo no se predican para: Manuela Fernández de Medina, María Nancy Parada, Rosa Isabel Ponto, Nora Castello, Rosa María Rey, Mauricio Estrada, María Inés Rodríguez; para ellos la presente sentencia procesalmente no los incluye, otros serán el derecho y el camino a adoptar.
2. Se aduce por la empresa que era o es necesaria una reestructuración de la compañía y del personal, motivada por cambio de tecnología y acceso a los mercados. Los sindicatos dicen que se trata de una supuesta reestructuración. Numerosos documentos presenta La Previsora S. A. para sustentar su afirmación. El Juez constitucional no puede mediante tutela calificar si es cierta o no una reestructuración de una empresa, ni tampoco puede dar órdenes que impidan un proceso de modificación, ni es motivo de la presente acción señalar quien legalmente puede ordenar una reestructuración y una nueva planta de personal.
Acá se discutirá si se ha violado o no el derecho de asociación y la libertad sindical. El punto central de debate será el siguiente: si expulsar de la empresa a un elevado número de trabajadores (casi todos sindicalizados) con el argumento de que legalmente es posible porque se les cancela unilateralmente el contrato y sin justa causa, es una conducta legitima, o si por el contrario afecta derechos colectivos (asociación, libertad sindical, respecto a las convenciones colectivas) y cabe por consiguiente la tutela, teniendo como precedente jurisprudencial el caso resuelto en la T-436/2000. Considera esta Sala que no solo se trata de un caso similar que por consiguiente es subsumido en la jurisprudencia precedente, sino que el material probatorio demuestra, sin lugar a dudas, que La Previsora S.A. ya venía recopilando listas, en todo el país, de trabajadores para despedir antes de que la Junta Directiva, el 22 de septiembre de 1999, autorizara el despido de 221 operarios y acordara la organización de la compañía, y, "curiosamente" la gran mayoría de los despedidos fueron sindicalistas.
3. Dicen las organizaciones sindicales y la empresa lo acepta, que aquellas estaban integradas por 411 afiliados a Sintraprevi y por 132 afiliados a Asdecos, números que se ven disminuidos porque de Sintraprevi fueron despedidos por la empresa 130 (el 31% de los afiliados) y de Asdecos: 55 (el 41% de los afiliados). Es indudable que esa actitud afecta las organizaciones sindicales. Si a tan alto número de sindicalistas se les canceló el contrato en forma unilateral y sin justa causa, es apenas obvio que no solo se disminuye el número de afiliados (en detrimento de la organización sindical y de su posibilidad de representar a una gran cantidad de trabajadores en los conflictos que surgieren), sino que se lanzan mensajes al resto de trabajadores en el sentido de amenazar con el despido especialmente a quienes estén sindicalizados (como ocurrió en el presente caso). El hecho de que adicionalmente se despidieran trabajadores no sindicalizados (pero en proporción menor) ni destruye la amenaza ni neutraliza el detrimento ocasionado a la organización sindical. La explicación que da la Compañía de que los nuevos trabajadores que ingresen pueden afiliarse al sindicato y por lo tanto reponer la militancia perdida, es simplemente una hipótesis y no disminuye el factor amenazante sino que por el contrario, es muy difícil que alguien se afilie a un sindicato si corre el peligro de ser despedido.
4. Los pasos dados para el despido colectivo, al margen de si se requiere o no autorización legal, cuya ausencia o al menos la ausencia de toda diligencia para obtener permiso, es ya de por si un indicio, tienen las siguientes connotaciones que sirven o como prueba directa o como indicios:
4.1. Previamente al despido, se buscó la supresión de la cláusula 25 de la convención colectiva. Pero, paralelamente ya se daban los pasos para el despido masivo porque aparece en el expediente (acta de 18 de agosto de 1999) que el Comité de Presidencia de La Previsora S.A. "... adelantó a través de los vicepresidentes, secretario general, gerentes y subgerentes de la compañía, quienes a la luz de los parametros establecidos, definir (sic) los funcionarios de sus respectivas áreas", a efectos de retirarlos, aunque de la redacción parecería que era una propuesta ya realizada la verdad es que de las 24 listas que la compañía remitió a la Corte Constitucional conteniendo nombres de trabajadores para retirar, solo una de ellas es del propio 18 de agosto y las demás posteriores, inclusive de los 98 nombre que aparecen en esas 24 listas 55 nombres fueron remitidos después del 21 de septiembre 1999, luego no es tan cierto lo dicho en el acta mencionada; por otro aspecto, el propio doctor Escallón dijo que dentro de el proceso de nueva estructura y planta de persona, se buscaba "eliminar el número de persona a su servicio mediante el sistema de temporales y términos fijos"; pese a la ya planeada política de despidos se deseó fartalecerlo con el interés de modificar la cláusula 25 de la Convención, tanto que en el acta se dice también "comentó el doctor Escallón que el proyecto de estructura y planta de personal será presentado a las organizaciones sindicales con el objeto de hacerlos participes de este proceso y buscar una formula concertada". La citada cláusula 25, establece expresamente la estabilidad de los trabajadores, la promoción de los mismos mediante sistema de concurso interno con un proceso de selección que tenga en cuenta los conocimientos, las aptitudes técnicas y profesionales, la experiencia en cargos similares y la antigüedad. Pues bien, para la suspensión de dicha cláusula, la compañía colabora monetariamente para la reunión de una Asamblea Extraordinaria de dirigentes sindicales (dando el dinero de los gastos y pagando unos pasajes), este hecho indica que sí había interés de la compañía para la modificación de la cláusula. Esto se corrobora en la comunicación de 16 de septiembre de 1999, dirigida por el Presidente de La Previsora S. A., doctor Alvaro Escallón Emiliani, a la Asamblea Nacional de Delegados de Sintraprevi, en donde textualmente se lee: “En la búsqueda del menor impacto en la fuerza laboral, se ha considerado la posibilidad de una modificación a la convención colectiva de trabajo vigente, que permita temporalmente dejar sin efectos la cláusula veinticinco”. Por unanimidad la Asamblea sindical se negó a suspender dicha cláusula.
4.2. Este comportamiento del sindicato, de no suspender una cláusula convencional, motiva otra comunicación del Presidente de 17 de septiembre de 1999, “Lamentando profundamente la decisión” Es decir, el empleador se molesta porque no sale del mundo jurídico algo que es propio del derecho colectivo del trabajo: las normas de una Convención Colectiva.
4.3. Pocos días después, el 22 de septiembre de 1999, se reúne la Junta Directiva de La Previsora S. A., y según indica el Acta 823 (aportada directamente por la compañía), el Presidente doctor Escallón (punto c- del acta) hizo varias manifestaciones y textualmente se lee: “Lamentablemente la decisión de la asamblea (del sindicato) fue la de no permitir la suspensión temporal de la cláusula ( se refiere a la 25 de la convención colectiva) con lo cual se descartó la posibilidad de reubicación y ascenso que se había contemplado. Frente a estas circunstancias y dada la importancia de culminar el proyecto propuesto habida cuenta de las razones que motivaron el mismo, la administración procederá el día de mañana a dar por terminados los contratos de trabajo de 221 funcionarios”. Y dentro de la misma Acta 823, al final de ella aparece que se promulgó el Acuerdo sobre organización interna de la compañía.
4.4. No se puede argüir, de la lectura de la transcripción que se acaba de hacer, que era loable suspender la cláusula; dice el Presidente de la compañía que como no se suspendió la cláusula convencional, “se descartó la posibilidad de reubicación y ascensos que se habían contemplado”, será cierto? Se observa que la cláusula 25 precisamente contempla los métodos para reubicar y ascender, luego si fuere cierto lo dicho por el Presidente en este aspecto, no se entiende por qué tenía interés en la suspensión de dicha cláusula. Lo que ocurre es que la misma cláusula establece la estabilidad laboral y los concursos, luego se infiere que estos últimos aspectos eran los que se aspiraban por el empleador dejar sin vigencia y por lo tanto la actitud del sindicato, en defensa de la convención vigente, precipitó el despido colectivo, para el cual no se contó con autorización de autoridad alguna.
Lo lógico es que si se quería un acoplamiento técnico en la compañía y buscar los perfiles de los trabajadores que se consideraban necesarios, se actuara de acuerdo con las normas y se hicieren los concursos previamente y no como aconteció: primero se hicieron los despidos, luego se contrató con una empresa de servicios temporales para que enviara trabajadores y mucho después se convocaron cincuenta y un concursos que aún no se han efectuado. Este comportamiento es un indicio que confirma aún más que el despido tuvo como uno de los motivos afectar a la organización sindical y eliminar (o al menos suspender) los beneficios convencionalmente pactados.
6. Como al averiguarse con los responsables de la compañía, durante la inspección judicial, por qué si había indicación de despedir 153 personas, sin embargo se despidieron muchos mas; la respuesta fue que los trabajadores se acercaron verbalmente a pedir que fueran retirados. Pero esta explicación no tiene respaldo probatorio alguno; y por el contrario, si se tuviera en cuenta la documentación que La Previsora S.A. aportó pierde todo peso la justificación de presuntas solicitudes verbales. En efecto, es el propio Presidente de la compañía quien dijo, el 22 de septiembre que por la no suspensión de la cláusula 25 "se procederá el día de mañana a dar por terminado los contratos de trabajo de 221 funcionarios" como efectivamente ocurrió.
7. Es más, se despidieron y luego se trajo personal mediante agencias de empleo y aún quedan puestos por cubrir luego la reestructuración no se orientaba a disminución de personal, ni a menos gastos, ni nuevos perfiles. A no ser que estos últimos sean los que motivaron las convocatorias y el anunció en el boletín Previsor (febrero del 2000) en el cual se informa la convocatoria de concurso para cubrir 244 vacantes (más de los despedidos). Lo que no sería justo es que dada la característica de que, al menos en su primera etapa, el concurso es interno, no pudieren acceder a él precisamente quienes fueron despedidos por ser sindicalizados.
8. De la prueba aportada se desprende que se planeó, se ordenó y se ejecutó un arbitrario despido masivo. Que esto fue dirigido por la Directiva empresarial de La Previsora S.A., que no es una entidad particular; y deliberadamente se afectó a mas de dos centenares de trabajadores y sus familias. Como la mayoría de los despedidos eran sindicalistas, salta a la vista el propósito de afectar a la organización sindical, luego se les ocasiono perjuicio a organizaciones sindicales constitucionalmente protegidas. Además, se demuestra la retaliación del Presidente de la compañía por no suspenderse una cláusula de la convención colectiva: el mismo día en que el sindicato niega tal pretensión, el Presidente Escallón Emiliano expresa por escrito su disgusto y días después en Junta Directiva dice que se les cancelará el contrato a 221, se cumple esa voluntad y el 24 de septiembre han quedado sin trabajo 185 sindicalistas.
9. En el caso de la T-436/2000 la orden de la Corte Constitucional fue el reintegro a cargo de igual o superior categoría a los que venían desempeñando cuando se produjo la terminación unilateral de los contratos y así se hará en la presente sentencia, respecto de los sindicalizados protección que incluye el acceso a concursar. La orden actual no puede incluir a los sindicalizados por razones procesales, ni a quienes instauraron tutelas que no se seleccionaron. Igualmente en la T-436/2000 se dijo que las controversias económicas se ventilarán ante los jueces laborales, quienes, dentro de los parámetros constitucionales y legales, autónomamente determinarán lo concerniente. Respecto a la indemnización al sindicato (determinación que se tomó por la Corte Constitucional en la T-568/99) el precedente jurisprudencial tuvo como base un caso con características diferentes al actual. Respecto a las sanciones a los integrantes de la dirección empresarial, no es esta función del juez de tutela y si los afectados consideran que hay lugar a ello, pueden acudir ante los funcionarios competentes, haciéndose la advertencia que tanto el sindicato como el empleador aportaron la Resolución 808 de 17 de mayo del 2000 en la cual, por factores de competencia, el Ministerio del Trabajo se abstuvo de tramitar una sanción.
Tratándose de contratos de trabajo a término indefinido, la ley permite el retiro unilateral y sin justa causa (estabilidad impropia porque se indemniza). El juez de tutela no puede oponerse a una reestructuración de una empresa, ni decir cómo se debe hacer y quien la puede hacer, ni menos ordenar mantener la permanencia en el cargo de quienes no pasen en concurso, lo único que puede es proteger derechos fundamentales, como se ha hecho en el presente fallo respecto al derecho de asociación y libertad sindical.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
PRIMERO. REVOCAR los fallos objeto de revisión, en la T-275957: el proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el dictado por Consejo Superior de la Judicatura en la acción de tutela instaurada por Ana Isabel Forero y Fernando Stallin Flórez a nombre de SINTRAPREVI y ASDECOS contra La Previsora S.A. compañía de seguros y en su lugar proteger el derecho de asociación y libertad sindical de Sintraprevi, de Asdecos y de los siguientes trabajadores: SINTRAPREVI: Acosta Moya Humberto, Acuña Mendoza Lucila, Agudelo de Villalobos Gloria Esperanza, Alarcon Martínez Gabriela, Alfonso Capador Luis Francisco, Almanza Garzón Aquilino, Almanza Ocampo Carlos Humberto, Angulo Ortiz Gladyz, Aponza Colorado Bersa Hilia, Arana Cardona Alvaro, Arango Betancur Amparo, Ardila Correa Hernando, Barahona Orjuela Luis Vakdiri, Barrera González Rosario, Bautista Urbina Luis Jesús, Beltran Rendon Jorge, Benitez Tobon Lyda, Bocanegra Cardozo Lida, Bohorquez Vergara Daniel Hugo, Botero Arroyave Elvai Consuelo, Buitrago de Parra Isabel, Buitrago González Flor Marina, Caballero Ortiz Luis Eduardo, Calderon Moncada Eduardo, Cardona Salazar Luis Fernando, Cardona de Casarrubia Digna Gertrudiz, Caro Palacio Gustavo, Carvajal de Lacountre Ivette Yolanda, Castañeda de Canales Dolores, Castillo Castro Norha Ismaelina, Corredor Hernandez Amanda, Cuadrado Quintero Mauricio, Cuellar García Ricardo, Cuellar Gutierrez Ana de las Mercedes, Curiel Gómez Oliana Dinora, Charry Roa Rodrigo, De la Hoz Higgins Milena del Rocio, Del Rio Saravia Piedad Lucia, Deza de Rellvert Lucy Amparo, Diaz Cardona Gloria Alina, Diaz Gueche Luis Dario, Duque Aguirre Amparo, Echeverry Cardona Luz Helena, Escobar Escalante Ricaurte, Escobar Gómez Jaime, Escobar Gómez María Cristina, Escobar Pacheco Rosana Patricia, Espitia Cuitiva Daniel Antonio, Estrada de Fuentes Digna Emerita, Ferro Rodríguez Janeth Victoria, García Medina Germán Danilo, Gómez Aguilar María Elena, Gómez Ortiz Adalisve, Gómez Riveros Luis Fernando, González Ardila Diva Olinda, González Bello Sandra Patricia, González Monroy Gloria Patricia, González Rodríguez Jorge Alonso, Granada Muñoz Jorge Eliecer, Guacaneme Rodríguez Bernardo, Guerrero de Mosso Georgina, Hernández Morales Luis Fernando, Hernández Ochoa Olga Lucia, Higuera Bernal Myriam Amparo, Hincapie Parra José Roberto, Jímenez de Quiroga Helda, Jímenez Osorio Carlos Tulio, Landazury García José Efraín, León Pichimata José Orlando, León Valenzuela Luis Abadia, Londoño de Orozco Omaira, Luna Chala Yezmin, Machado Mercado Olga María, Marín de Marín María Morelia, Martínez Sánchez Fabio José, Medina Tamayo Dora Inés, Mendivel Zuñiga Libia, Millan Duarte Claudia Inés, Molina Ruiz Rafael Antonio, Morales de Rodríguez Nelly, Morales Nocua Ricardo, Muñoz Herrera Luz Marina, Muñoz Marentes María Zaira, Ojeda Quintero Aliria María, Otalora Cortes Ruth, Pacheco Mejía Margarita Rosa, Paez Herrera Myriam, Palacio Carvajal Isabel Cristina, Pardo Melendez Luciana, Parra García Daniel, Pedreros Manjarres Carlos Arturo, Pertuz Elles Inna Veruzkcha, Plata Méndez Janeth, Plata Pena Gilma, Pulido de Moreno Mariela, Quintero de Moreno Blanca Inés, Quintero Valderrama Fabio, Quiroz Valera Osiris, Ramírez Gómez Angela María, Rey Turriago Rosa María, Rico Vivas Carlos Alberto, Rincón Rodríguez Jorge Eliecer, Rivera Muñoz Matilde, Rocha Sepulveda Nubia Yolanda, Rodríguez Gallego Luz Amparo, Rodríguez, Gómez Oscar Leonidas, Rodríguez María Clemencia. Rodríguez Rincón Luis Enrique, Rojas Reyes Juan de J., Rojas Riatiga Luz Dary, Romero de Piñeros María Elsa, Rozo Rozo Juan Carlos, Sánchez Benitez Miguel Angel, Sánchez Casallas Doris, Serrano Duarte Clara Lucia, Severiche Mozo Nuvia Virginia, Solano Manjarres Alexander, Tapias Acevedo Dalila Cristina, Trigos Sánchez Fermín, Vanegas Ramos Doris, Vargas Ortiz María del Pilar, Vasquez Rendon Nancy Cecilia, Velez Castro Orlando, Viera Quiñonez Yenni, Walteros Gutierrez Doralce. ASDECOS: Acosta Jímenez Rosaura, Arevalo Torres Alvaro, Ariza Ovalle Jesús Evelio, Artunduaga Sánchez Ramón, Azuero Leguizamon Alfonso Isaac, Belalcazar Fernandez Gonzalo, Bernal Guerrero paula Ligia, Burgos Montes Enrique Efraín, Calderon Suárez Marcos, Camero Rozo Esperanza, Carreño Hernandez Rosa, Cubillos Morales Myriam, De la Espriella Zarante Alberto, Delgado Cepeda Carlos Hernando, Diaz Cardona José Aurelio, Diaz de Marin Blanca Leonor, Duarte Rosa Matilde, Duque Carrillo María del Pilar, Espinosa María Barbara, Espitia Cuitiva Rosa Elvia, Ferrer Sandra Leonora, García Rojas Luz Betty, González de Mozo María de Jesús, Gutiérrez Lozada Orlando, Hernandez Pérez Andrés, Lazaro Ana Judith, Londoño de Hernandez María Ilsenia, López González Mario Alberto, Martínez Diego Armando, Mendoza Moncada Nancy Stella, Moreno de Ariza Inocencia, Muñoz Araque María Teresa, Parra Carantonio María Nury, Parra Guacaneme Germán Elias, Peña Barbosa María Inés, Pinto Arango Francisco Javier, Puyo Méndez Aminta, Quintero Sánchez Leslie, Quiñonez Ortega Sandra Marcela, Rico Reyes Gloria Elsa, Rivera Morales Betsy Mercedes, Rocha Rodríguez Carlos Giovanny, Rodríguez Espinosa Bertha, Rodríguez Suárez Alexi, Rodríguez William Ernesto, Rojas de Ariza Alicia, Rojas Pulido Bernando, Rubio Marin Luis César, Sacristan Sacristan Martha Lucia, Sanabria Mosquera María Cristina, Sánchez de Guarin Leonor, Sandoval López Oswaldo, Silvia Diaz Alvaro Miguel, Trujillo Quintero Mercedes, Uribe de García Nubia, Urriago de Suárez Rocío del Pilar, Villa Luis Fernando, Zapata Páez Clara Rita.
SEGUNDO. ORDENAR a la empresa La Previsora S.A. Compañía de Seguros, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo reintegre a cargos de igual o superior categoría a los trabajadores mencionados en el punto anterior, sin solución de continuidad y con derecho a capacitación todo ello de acuerdo a las consideraciones de este fallo.
TERCERO. CONFIRMAR las otras decisiones objeto de revisión: el fallo proferido por el Juzgado 22 de Familia de Santafé de Bogotá en el caso de Carlos Arturo Pedreros Manjarres; el fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de Santafé de Bogotá en la tutela de María Zaira Muñoz; los dictados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Bogotá en el caso de Luis Francisco Alfonso Capador; y los fallos del Juzgado 13 de Familia y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santafé de Justicia en el caso de Lucy Amparo Deza, todas estas tutelas dirigidas contra la compañía La Previsora S.A., pero por las razones expuestas en el presente fallo y de acuerdo a las consideraciones hechas.
QUINTO. No hay lugar a las indemnizaciones pedidas para los sindicatos.
SEXTO. No se ordenan investigaciones, los interesados quedan en libertad de hacerlo.
Salvamento de voto a la Sentencia SU.998/00
CONFLICTO LABORAL COLECTIVO-Casos en que procede la tutela (Salvamento de voto)
JURISDICCION LABORAL-Competencia para resolver conflictos que se originen del contrato de trabajo (Salvamento de voto)
Le compete a la jurisdicción laboral la resolución de los conflictos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y que sólo en la medida en que se logre demostrar, de manera estricta la ocurrencia de hechos dolosos por parte del patrono tendientes a establecer un trato discriminatorio hacia los trabajadores sindicalizados y sus respectivas organizaciones, puede considerarse legítimo, por ese aspecto, que sea el juez de tutela y no el juez ordinario el que resuelva acerca de la afectación real de los derechos fundamentales de asociación y libertad sindical
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Improcedencia de vulneración por desvinculación razonable de trabajadores sindicalizados (Salvamento de voto)
Para los suscritos es evidente que la desvinculación razonable y necesaria de un grupo de trabajadores sindicalizados en manera alguna puede calificarse como un acto violatorio del derecho de asociación sindical y, en consecuencia, susceptible de protección a través de la acción de amparo; en mayor medida, si no se demuestra, como ocurrió en este caso, que la finalidad del despido es producto de una política institucional dirigida exclusivamente a debilitar las organizaciones sindicales.
A nuestro juicio, y contrario a lo sostenido por la mayoría de los miembros de la Sala, la acción de tutela no constituía el mecanismo judicial idóneo para juzgar si el despido de un número considerable de trabajadores al servicio de la compañía La Previsora S.A., era o no legítimo frente al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad y asociación sindical. En efecto, si la procedibilidad de la tutela se basó en una presunta violación de los derechos antes citados; consideramos que la Sentencia no observó de manera estricta los presupuestos legales y jurisprudenciales que excepcionalmente hacen viable esta acción para decidir aquellas controversias de naturaleza estrictamente laboral. En el presente caso, no se demostró plenamente, como tampoco se intuyó de los elementos probatorios aportados al juicio, que la acción ejecutada por el patrono estuviera encaminada, de manera específica e inequívoca, a atacar a los miembros de las organizaciones sindicales involucradas, buscando con tal proceder su rápido debilitamiento y su ulterior extinción.
Siguiendo los criterios hermenéuticos que esta Corporación ha venido sentando en torno a la protección constitucional de los derechos a la libertad y asociación sindical, es presupuesto indispensable para que la misma opera vía acción de tutela, que los actos realizados por el patrono tengan la intención clara de reprimir la organización sindical, sus afiliados y directivos. Así, ha sostenido la Corte en innumerables fallos de tutela y algunos de constitucionalidad, que si bien el derecho de asociación sindical constituye una garantía plena para la efectiva concreción de valores fundantes de nuestro Estado Social de Derecho como el trabajo, la paz, la justicia social, la libertad y la convivencia ciudadana, su protección judicial corresponde ejercerla a la jurisdicción ordinaria laboral, salvo que las acciones u omisiones que puedan ser imputables al sujeto activo de la relación laboral -el patrono-, tengan como objetivo único truncar en forma directa la realización material de los derechos sindicales reconocidos por la Carta Política, caso en el cual, pese a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo, es al juez constitucional a quien compete garantizar la efectividad y prevalencia de esos derechos, buscando en todo caso salvaguardar su núcleo esencial.
Precisamente, en la Sentencia de unificación de jurisprudencia SU.342/95 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) la Corte tuvo oportunidad de fijar las pautas o criterios de procedibilidad de la acción de tutela frente a la potencial vulneración de los derechos de libertad y asociación sindical, al afirmar:
Esa apreciación merece total credibilidad si se considera que el despido colectivo involucró, indistintamente, tanto a trabajadores sindicalizados como a no sindicalizados que laboraban en las áreas administrativas y operativas los cuales, por supuesto, fueron debidamente indemnizados desapareciendo también la posibilidad de que la tutela prospere como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Ciertamente, si la intención de la compañía hubiera sido la de perseguir a los miembros del sindicato, con el único fin de extinguir las organizaciones a las que éstos pertenecen, los directivos de la empresa acusada no hubieran procedido a despedir trabajadores ajenos a tales entes y, menos aún, no habrían hecho público, a través del periódico institucional “Previsor” No. 4 del año 2000, su interés en promover el ejercicio del derecho de asociación sindical para los trabajadores de carrera administrativa que pudieran ingresar a la entidad como resultado del concurso de méritos.
Entonces, en oposición al criterio expresado en el fallo, para los suscritos es evidente que la desvinculación razonable y necesaria de un grupo de trabajadores sindicalizados en manera alguna puede calificarse como un acto violatorio del derecho de asociación sindical y, en consecuencia, susceptible de protección a través de la acción de amparo; en mayor medida, sí no se demuestra, como ocurrió en este caso, que la finalidad del despido es producto de una política institucional dirigida exclusivamente a debilitar las organizaciones sindicales como son SINTRAPREVI y ASDECOS. En relación con este hecho, fue la propia Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento, la que sostuvo, a propósito de un caso similar al actual, que:
“Tampoco estima la Sala que por la desvinculación de los actores de sus cargos se genere para la organización sindical un grave perjuicio que lleve a la extinción de la misma, pues no solo por la finalización de la relación laboral no se extingue el vínculo sindical, sino que además dada la conformación de los sindicatos, existe la posibilidad que los cargos que dejen los principales sean asumidos por suplentes o que se reintegre la dirección del sindicato, lo que no configura tampoco un perjuicio irremediable debidamente comprobado”. (Sentencia T-729/98, M.P. Hernando Herrera Vergara, a su vez citada en la sentencia T-1029/99, M.P. Fabio Morón Díaz).
En este sentido puede afirmarse, sin lugar a dudas, que en la sentencia no se analizó a conciencia un hecho fáctico que, a nuestro parecer, habría podido conducir a la improcedencia de la tutela invocada y es el de que, desde el punto de visa cuantitativo, el despido unilateral de los trabajadores sindicalizados no interfirió para nada en el desarrollo de las actividades sindicales, ni tampoco amenazó la subsistencia de tales organizaciones. En realidad, de las estadísticas aportadas al proceso y debidamente debatidas, se extrae que en el caso del sindicato SINTRAPREVI, de sus 396 afiliados se despidieron 130 y entratándose de ASDECOS, de los 126 afiliados se desvincularon 58. Esto indica que más de la mitad de sus miembros continúan laborando para la compañía y, en consecuencia, que siguen vinculados a tales asociaciones superando ampliamente el número mínimo de aforados que la ley exige para que sindicatos de esa naturaleza puedan seguir operando legalmente. Ello sin perjuicio de que, hacia el futuro, dichas organizaciones se vean robustecidas con el ingreso y permanencia de nuevos miembros pues, como se dijo, no se ejerció por parte del patrono acto alguno que hiciera suponer su intención de aniquilar el ejercicio de los derechos de libertad y asociación sindical.
[1] M. P. José Gregorio Hernández
[2] En similar sentido se ha pronunciado la Corte en los casos conocidos como Leonisa, Clínica Shaio, Radionet, Universidad de Medellín, Hospital Militar y Icollantas.
[3] La OIT habla de la necesidad de "una representación colectiva fuerte y reconocida a través de sus sindicatos". (se refiere a sindicatos de trabajadores del Estado). Y aboga porque no se debiliten tales organizaciones (ver Relaciones de Trabajo en la administración pública, Tiziano Treu, publicación de la OIT).
[4] Sobre el respeto a los Convenios de la OIT son numerosas las sentencias de la Corte Constitucional.