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Timestamp: 2019-01-15 23:57:10
Document Index: 295700036

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'Artículo 34', 'artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 40', 'artículo 1', 'Artículo 91', 'artículo 291', 'Artículo 252', 'artículo 59', 'artículo 12', 'artículo 291', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 7']

No aplica, porque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural, dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones señaladas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y otros ordenamientos jurídicos vigentes, no cuenta con ninguna que tenga relación con la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una instancia procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional, por lo tanto no tiene la capacidad legal para solicitar órdenes judiciales o que estén relacionados con materias de seguridad nacional. En tan virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, es decir en ningún momento generará dicha información
No aplica, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.dentro de sus atribuciones señaladas en Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo no tiene facultades de hacer solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente .
No aplica, porque la Secretaría de la Gestión Pública, dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones señaladas en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y otros ordenamientos jurídicos vigentes, no cuenta con ninguna que tenga relación con la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una instancia procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional, por lo tanto no tiene la capacidad legal para solicitar órdenes judiciales o que estén relacionados con materias de seguridad nacional. En tan virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, es decir en ningún momento generará dicha información.
En virtud de que la Secretaría de Salud no se encuentra legitimada para intervenir comunicaciones privadas y el acceso a registro de comunicaciones, previstos en esta fracción, siendo esta facultad exclusiva de la autoridad judicial federal a petición del ministerio publico, como lo señala el articulo 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No aplica, porque la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones señaladas en el artículo 19 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y otros ordenamientos jurídicos vigentes, no cuenta con ninguna que tenga relación con la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una instancia procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional, por lo tanto no tiene la capacidad legal para solicitar órdenes judiciales o que estén relacionados con materias de seguridad nacional. En tan virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a solicitudes a empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicabilidad de internet, es decir en ningún momento generará dicha información.
Listado de solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación. No aplica, porque la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V, dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones señaladas en el artículo 40 de la Ley Puertos y otros ordenamientos jurídicos vigentes, no cuenta con información que tenga relación con la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una instancia procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional, por lo tanto no tiene la capacidad legal para solicitar órdenes judiciales o que estén relacionados con materias de seguridad nacional. En tan virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, es decir en ningún momento generará dicha información
NO APLICA DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MISMOS QUE PREVÉN LAS ATRIBUCIONES DE ESTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, EN NINGÚN CASO ESTABLECEN ENTRE SUS DISTINTAS FRACCIONES QUE TENGA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD, PROCURACIÓN, IMPARTICIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NI ES UNA INSTANCIA PROCURADORA, IMPARTIDORA DE JUSTICIA O QUE TENGA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD NACIONAL, POR LO TANTO NO TIENE LA CAPACIDAD LEGAL PARA SOLICITAR ÓRDENES JUDICIALES O QUE ESTÉN RELACIONADOS CON MATERIAS DE SEGURIDAD NACIONAL. EN TAN VIRTUD NO POSEE, NO HA POSEÍDO NI POSEERÁ INFORMACIÓN REFERENTE A SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS, EL ACCESO A REGISTRO DE COMUNICACIONES Y LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ES DECIR EN NINGÚN MOMENTO GENERARÁ DICHA INFORMACIÓN.
La Comisión Ejecutiva de Atención a la Victima del Estado de Quintana Roo no tiene dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones, establecidas en el artículo 1 Y 2 de la Ley de Victimas del Estado u otros ordenamientos jurídicos vigentes, la realización de estudios, investigaciones o análisis, ya sea por cuenta propia o en colaboración con entes públicos, con organizaciones de los sectores social o privado, o a través de la contratación de organizaciones de los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas, que sean financiados total o parcialmente con recursos públicos y de acuerdo con su programación presupuestal, por lo que no posee ni genera información respecto a esta fracción.
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo no tiene dentro de la naturaleza de su objeto y atribuciones establecidas en su Decreto de Creación, artículos 3, 4, fracciones I a XXXII, la generación de información relativa a listados de solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas, acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica.
No aplica al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología atendiendo a que dentro de las atribuciones, facultades y competencias del Organismo Público Descentralizado, de su Consejo Directivo y de su Director General no encuentra ninguna relacionada a seguridad pública, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una autoridad judicial ni administrativa procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional; motivo por el cual carece de facultades legales para emitir o solicitar órdenes judiciales o que estén relacionados con la seguridad nacional. En tal virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, es decir en ningún momento generará dicha información, por ser competencia de instancias distintas. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, 6, 12 y 20 de la Lay de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo, 4, 5, 25 y 42 del Reglamento Interior del COQCYT.
Dentro de las facultades del Fideicomiso no se encuentra la de realizar solicitudes a empresas de telecomunicaciones privadas, ya que esta es facultad de la Secretaria de Turismo del Estado.
10.	Artículo 91 fracción XLVII.- Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; No aplica, debido a que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no tiene dentro de sus atribuciones, facultades, competencias y funciones, establecido en el Decreto por el que se reforma integralmente el decreto que crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, no cuenta con ninguna que tenga relación con la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia, ni es una instancia procuradora, impartidora de justicia o que tenga relación con la seguridad nacional, y esta solo puede ser llevada a cabo por autoridad expresamente facultada para un fin, tal como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 291, siendo la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de las Entidades Federativas y Servidores Públicos facultados en su ley orgánica, siempre solicitando tal acción ante un Juez Federal expresando objeto y necesidad, en consecuencia en ningún momento generará dicha información.
El sujeto Obligado no cuenta con la facultad judicial de realizar intervenciones de comunicaciones privadas en ninguna de sus modalidades, ni el objeto y alcance temporal, así como con los fundamentos legales de dicho requerimiento. Eso es competencia de un Juez de Control según el Artículo 252 Fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y sus atribuciones, mismas que se encuentran especificadas en el artículo 59-A de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, entre las cuales no se encuentra la concesión de telecomunicaciones o similares.
El Instituto Quintanarroense de la Mujer es un organismo descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio dotado de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y sus atribuciones, mismas que se encuentran especificadas en el artículo 12 de la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer entre las cuales no se encuentra la seguridad, procuración, impartición o administración de justicia publicarán un listado de las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas de acuerdo al artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
No aplica, porque el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto dentro de sus atribuciones, facultades competencias y funciones señaladas en el articulo 4 del Decreto por el que se Reforma Integralmente el Decreto de creación del Instituto y otros ordenamientos jurídicos vigentes, no cuenta con ninguna que tenga relación con la seguridad procuración impartición o administración de la justicia, ni es una instancia procuradora, imparidora de justicia o que tenga la relación con la seguridad nacional, por lo tanto no tiene la capacidad legal para solicitar órdenes judiciales o que estén relacionadas con materias de seguridad nacional. En tal virtud no posee, no ha poseído ni poseerá información referente a las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, es decir en ningún momento generará dicha información.
No aplica en virtud de que por la actividad de la empresa y de acuerdo a su decreto de creación no se tiene contemplado listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicio de internet.
No aplica. Atendiendo a que dentro de sus atribuciones conferidas de conformidad con el artículo 4 del Decreto mediante el cual se crea el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, no cuenta con alguna relacionada a los servicios y/o concesiones de telecomunicaciones o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica en cualquier forma.
Artículo 7º. del Decreto que reforma integralmente el Decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales, al ser Organismo Descentralizado de la Administración Publica de acuerdo a lo señalado en el Artículo 1º. del Decreto que reforma integralmente el Decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales y 2º. del Reglamento Interior de los Servicios Educativos, con base en las atribuciones, facultades, competencias y funciones que tiene conferidas, previstas en el artículo Artículo 7º. del Decreto que reforma integralmente el Decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales, y otros ordenamientos jurídicos vigentes.
En Virtud de que el Organismo Publico Descentralizado denominado Servicios Estatales de Salud, no se encuentra legitimada para intervenir comunicaciones privadas y el acceso a registro de comunicaciones, previstos en esta fracción, siendo esta facultad exclusiva de la autoridad judicial federal a petición del ministerio publico, como lo señala el articulo 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En contrastes con lo anterior, y con base al articulo 2 del Decreto numero 25 por el que se crean los Servicios Estatales de de Salud, esta tiene por objeto prestar servicios de salud a población abierta en el Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a la Ley general y estatal de salud y el acuerdo de Coordinación para la Descentralizacion de los Servicios de Salud.
No aplica, debido a que no esta dentro de las atribuciones del SQCS generar la información referente a solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación.
Entre las facultades y fines de la Universidad establecidas en los artículos 4 de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento General; no se encuentra contemplado la de intervenir comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación; congruente con lo anterior la fracción no aplica a la Universidad de Quintana Roo.
Entre las facultades y fines de la Universidad; no se encuentra contemplado la de intervenir comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación; congruente con lo anterior la fracción no aplica a la Universidad de Intercultural Maya de Quintana Roo.
Esta fracción no aplica ya que como Empresa de Participación Estatal Mayoritaria dentro de los estatutos sociales de la Empresa no se encuentran dentro de sus facultades u obligaciones nada relacionado con el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.