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Timestamp: 2020-08-05 23:32:42
Document Index: 378691002

Matched Legal Cases: ['artículo 195', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 437', 'artículo\n439', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 71', 'artículo\n71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 283', 'artículo 275', 'artículo 313', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 78', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 71']

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UDLA-EC-TAB-2012-41
107. Reglamento de Ordenanza Preven.aguas Residuales
TEST DIA 6 NOV 17
¿Derecho Disciplinario Autónomo (645261)
BOE-A-2019-13091
Tesis_Pedro_Fandos.pdf
Quito, D. M ,09dejuliode2015
SENTENCIA N.° 218-15-SEP-CC
CASO N.° 1281-12-EP
La presente acción extraordinaria de protección fue propuesta por el señor Flavio
Edison Granizo Rodríguez en calidad de coordinador regional de la Agencia de
Regulación y, Control Minero de Riobamba, de conformidad con los artículos 94
y 437 de la Constitución de la República, en contra de la sentencia emitida el 6
de julio de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza,
dentro de la acción de protección N.° 115-2012.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el
24 de agosto de 2012, certificó que en referencia a la acción extraordinaria de
protección N.° 1281-12-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de
objeto y acción, conforme consta en la certificación que obra a fojas 3 del
El 06 de noviembre de 2012, ante la Asamblea Nacional del Ecuador, fueron
posesionados los jueces de la Primera Corte Constitucional de acuerdo a lo
establecido en los artículos 432 y 434de la Constitución de la República.
Con estos antecedentes, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional,
integrada por los jueces constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Alfredo Ruiz
Guzmán y Antonio Gagliardo Loor, mediante auto expedido el 30 de enero de
2013 a las 08h02, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección
propuesta conforme se observa a fojas 4 y vta., del proceso.
Posteriormente, efectuado el correspondiente sorteo el 19 de febrero de 2013, de conformidadcon el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de
Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800
sustanciación de la presente causa al juez constitucional Antonio Gagliardo Loor.
De esta manera, el juez sustanciador avocó conocimiento de la causa N.° 1281-
12-EP,
notificaciones respectivas.
10h40, disponiendo las
Decisión judicial que se impugna
La decisión judicial que se impugna mediante la presente acción extraordinaria
de protección esla emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Pastaza, el 06 de julio de 2012 a las llh57, dentro del recurso de apelación N.°
115-2012 que señala:
PROVINCIAL DE JUSTICIA
DE PASTAZA.-
CORTE PROVINCIAL. Pastaza, viernes 06 de julio de 2012, las 1lh57. VISTOS.- (
SEXTO: Para concluir se indica, que el caso de nos ocupa existe un permiso legalmente
conferido, legitimo otorgado por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables- Subsecretaria Regional de Minas centro, ciertamente para explotación artesanal, pero ello
dista que se trate actividad minera ilícita sin el correspondiente permiso, lo que sucede es que existe un MAL USO DEL PERMISO por parte de Mireya Nataly Ríos Guijarro, que
nada tiene que ver con la maquinaria de una tercera persona no beneficiaría de dicho
permiso como es el propietario de la maquinaria señor Marcelo Lalama Hervas, quien oferta su maquinaria como herramienta de trabajo para que se haga uso dentro de dicho permiso, tanto mas que está inscrito en el Registro Minero y por lo tanto es válido,
sumado al hecho que la Agencia de Regulación y Control Minero Zona 3, tiene como función la fiscalización, control y regulación de la actividad minera mas no es de su competencia el otorgamiento de Resoluciones de concesión minera y peor tiene competencia para militar dicho acto administrativo, el técnico minero comete el error de
hacer constar en el informe a los dos hoy legitimados activos como si los dos fueren socios o los dos tuvieren el permiso y estuvieren haciendo mal uso del mismo cuando no es así, está claro el uno es concesionario y el otro es contratado para la ejecución del
permiso (tercero), por ello dicho técnico en sus conclusiones dice: "LA MAQUINARIA
entonces Mireya Nataly Ríos Guijarro,
estaba explotando con un
permiso legítimo,
legalmente conferido y lo que se pretende es sancionar "esa distorsión al régimen especial
de minería", en la cual nada tiene que hacer el dueño de la herramienta de trabajo, y peor
decomisarla como si para ser contratado por la señora Mireya Nataly Ríos Guijarro,
necesitaba también permiso el señor Marcelo Lalama Hervas, distorsionando el derecho al trabajo y a la libre contratación, por otro lado si bien se trata de una demanda constitucional conjunta, en la cual tiene como punto de partida "la vulneración de
derechos" y por el "mal uso del permiso", no por ello las sanciones administrativas que
puedan acarrear en contra de la concesionaria pueden endosarse, transmitirse al "tercero
contratado",
sanciones, o lo que sea será contra quien es la titular de la concesión y no contra quien no
tiene tal palidad, entonces el proceso administrativo tendría una dualidad de pretensión ya
por una parte dice que "hay distorsión del permiso" y por lotanto merece sanción Mireya
Nataly Ríos Guijarro y por otra se estaría juzgando a Marcelo Lalama Hervas, por
"explotarsin tenerel correspondiente permiso", violentando los derechos constitucionales
de éste último como el derecho a la defensa , circunstancia ratificada por el legitimado
pasivo en audiencia pública, dice: "(
encuentra sustanciándose al momento, el mismo que es materia de impugnación" (
se inició un trámite administrativo, el cual se
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ADMITIENDO parcialmente la acción constitucional se revoca en todas sus partes la
sentencia subida en grado; por consiguiente, aceptando parcialmente el recurso de
apelación interpuesto por los legitimados activos, se acepta la acción de protección
presentada por los
señores TEMÍSTOCLES LALAMA HERVAS
MIREYA NATALY RÍOS GUIJARRO, dejando sin efecto el Informe Técnico de Campo
relacionado con la presunta explotación ilícita ejecutada por la señora Mireya Ríos, en la
parte quje hace relación a sus "Conclusiones" y que se refiere al decomiso de la
excavadora (fs. 54vta de este proceso y fs. 24vta del expediente administrativo adjunto),
porlo tanto se ordena la inmediata devolución de la excavadora marca CATERPILLAR ,
color amarillo, serie 320BL, numeración 4 MR00719 117-41243066 7Jk339291696 que
se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional, para lo cual oficíese a la referida
institución policial de manera inmediata a fin de dar fiel cumplimiento al mismo en la
Constitucional para que forme parte de los Precedentes Constitucionales. Agregúese al
proceso él escrito presentado por parte del Ing. Flavio Granizo Rodríguez y las copias simples que al efecto adjunta, lo cual entregúese una copia a la parte contraria,
advirtiendo que las amenazas e intimidaciones realizadas por parte del legitimado pasivo
Ing. Flavio Granizo Rodríguez a éste Tribunal Constitucional de Alzada nos tiene sin
cuidado por cuanto se han ponderado derechos constitucionales y se ha dado estricto
cumplimiento a lo que ordena la Constitución de la República. (
Antecedentes que dieron origen a la acción extraordinaria de protección
La Coordinación Regional de la Agencia y Control Minero Zona 3, debido a la
denuncia presentada por el señor Fernando Israel Escobar Miranda inició un
proceso administrativo N.° 27P-ARCOM-R en contra de la señora Mireya Nataly
Ríos Guijarro y del señor Marcelo Temístocles Lalama Hervas por la presunta
explotación y aprovechamiento ilegal de material pétreo sin contar con el
respectivo permiso otorgado por el Ministerio del Sector al amparo de lo que
prescriben los artículos 56 y 57 de la Ley de Minería, disponiendo como medida ar dentro del proceso la suspensión de las labores de explotación de
Av. 12 de Octubre NI 6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)
email: comunicacion@cce.gob.ee
material pétreo, la incautación de una excavadora y del material extraído al
momento de la diligencia técnica realizada.
Inconforme con la medida cautelar ordenada por la autoridad administrativa, la
señora Mireya Nataly Ríos Guijarro y el señor Marcelo Temístocles Lalama Hervas presentaron acción de protección, aduciendo la vulneración del derecho a
la seguridad jurídica y al trabajo.
El 11 de junio de 2012 a las 15h40, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte
Pastaza resolvió
inadmitir la
Inconforme con la decisión los actores de la acción de protección presentaron
recurso de apelación, mismo que mediante sentencia de mayoría dictada el 06 de
julio de 2012 a las 1lh57, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Pastaza resolvió admitir parcialmente la acción constitucional, revocó en todas
sus partes la sentencia subida en grado y dejó sin efecto el informe técnico de
campo relacionado con la presunta explotación ilícita ejecutada por la señora
Mireya Ríos en la parte que hace relación a sus "Conclusiones" y que se refiere
al decomiso de la excavadora; por lo tanto, se ordena la inmediata devolución de
la excavadora marca CATERPILLAR , color amarillo, serie 320BL, numeración
4 MR00719 117-41243066 7Jk339291696 que se encuentra bajo custodia de la
Policía Nacional para lo cual, oficíese a la referida institución policial de manera
inmediata a fin de dar fiel cumplimiento al mismo en la forma indicada
señor Flavio Edison Granizo Rodríguez en
Riobamba presentó acción extraordinaria de protección.
Fundamento de la demanda extraordinaria de protección
El 03 de agosto de 2012 a las 12h25, el señor Flavio Edison Granizo Rodríguez en calidad de coordinador regional de la Agencia de Regulación y Control
Minero de Riobamba, presentó demanda de acción extraordinaria de protección, manifestando en lo principal que mediante auto del 16 de mayo de 2012 a las 14h30, se dio inicio al proceso administrativo N.° 27H por presunta explotación
ilegal, debido a una denuncia presentada por el señor Fernando Israel Escobar Miranda, quien manifestó que era propietario de un cuerpo de terreno ubicado en
el sector "La Moravia", perteneciente a la parroquia Shell del cantón Mera,
Señala el accionante, que Fernando Escobar afirmó que la señora Mireya Ríos,
valiéndose de una excavadora y 6 volquetas, se encontraba explotando material,
arena y tierra en el terreno de su propiedad, no obstante de tener un permiso
provisional de minería artesanal. Así las cosas, el 18 de mayo de 2012 a las
09hl5, se realizó la diligencia técnico administrativa en la que se encontró tres
volquetas transportando material pétreo y arena, y una cargadora que realizaba
labores de extracción. De esta manera, cuando se requirió a la señora Mireya
Ríos el título minero o permiso legal para realizar trabajos de explotación con
la citada presentó un permiso provisional de minería
artesanal, que no justificaba la utilización de maquinaria pesada, constituyó una
distorsión al régimen especial de minería artesanal. En tal razón se procedió al
decomiso de la maquinaria y se inició el proceso administrativo correspondiente.
Sin embargo, los señores Mireya Ríos y Marcelo Lalama presentaron acción de protección, argumentando que no fue reconocido el permiso para la actividad
minera que poseían por lo que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica,
cuando en realidad en el formulario que suscribió la accionante para solicitar el
permiso artesanal que le fue concedido, adujo que para la actividad "utilizará 5
picos, 10 palas, 10 carretillas, 3 clasificadores, 10 equipos personal de minería;
es decir, en ningún momento (
Esta acción de protección fue conocida en primera instancia por el Tribunal de
Garantías Penales de Pastaza, quien decidió desechar la demanda debido a que
los accionantes no justificaron la preexistencia de la maquinaria, y en razón de
que el combate a la minería ilegal protege los derechos de la naturaleza. Empero,
utilizar una cargadora y tres volquetes".
los legitimados activos de la acción de protección, apelaron dicha resolución ante
la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, quien aceptó
parcialmente el recurso de apelación, dejando sin efecto el informe técnico de
campo relacionado con la presunta explotación ilegal y ordenó la inmediata
devolución de la maquinaria decomisada.
Con estos antecedentes, el actor presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia
astaza, el 6 de julio de 2012 a las 1lh57, dentro del recurso de apelación N.°
Av. 12 de Octubre NI 6-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque El Arbolito)
115-2012, sosteniendo
que los derechos constitucionales
vulnerados son los
derechos de la naturaleza y el derecho a la seguridad jurídica.
A criterio del accionante, a través de la sentencia impugnada, se han vulnerado
los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 71
(derecho de la
naturaleza) y 82 (seguridad jurídica) de la Constitución de la República del
Constitucional que en sentencia, se deje sin efecto la resolución emitida el 06 de
Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia
No consta en el expediente constitucional la contestación a la demanda o informe de descargo, por parte de las autoridades jurisdiccionales demandadas.
El abogado Marcos Arteaga Valenzuela en su calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado de la Procuraduría General del Estado, presentó escrito el 29 de julio de 2013, señalando casilla constitucional sin emitir pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la presente acción, conforme obra a fojas 17 del
La Corte Constitucional es el órgano competente para conocer y resolver sobre
resoluciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los
2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el artículo 3 numeral 8
literal b y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
El peticionario Flavio Edison Granizo Rodríguez en calidad de coordinador regional de la Agencia de Regulación y Control Minero de Riobamba, se
encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria de protección, en
virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 437 de la
Constitución de la República del Ecuador, que dispone: "Los ciudadanos de
forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de
protección contra sentencias, autos definitivos (
y del contenido del artículo
439 ibídem, que dice: "Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por
cualquier ciujdadana o ciudadano individual o colectivamente" en concordancia
con el articule
o 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Finalidad de la acción extraordinaria de protección
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Constitución de la
República del Ecuador1, la presente garantía jurisdiccional tiene por objeto el
' Constitución de la
República del Ecuador; artículo 94.- "La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o
autos definitivos en
legal, a menos que la
quese haya violado poracción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá antela
El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constijHjSional vulnerado
email: comunicacioniacce.gob.ec
y la efectividad de los derechos y garantías constitucionales,
evitando un perjuicio irremediable de los jueces cuando estos incurren en una
vulneración de las normas constitucionales sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución, en ejercicio de su actividad jurisdiccional.
No se trata de una instancia sobrepuesta a las ya existentes, ni tampoco tiene
deslegitimar la
de juezas
y jueces,
contrario, permite emerger un sistema de justicia caracterizado por el respeto y la obediencia a las normas y principios constitucionales. De allí que la Corte
protección, no hace las veces de un tribunal de alzada; por el contrario, interviene siempre que se verifiquen indicios de vulneración a derechos reconocidos por la
Constitución de la República. En otras palabras, este Organismo ejerce un control
especial en la actividad juzgadora de los jueces de la jurisdicción ordinaria o
constitucional de instancia, pues, fiscaliza sus sentencias y autos definitivos en los que se haya vulnerado las reglas que gobiernan el debido proceso y derechos
humanos, sin que ello signifique intromisión en la independencia del juez.
Por tanto, la finalidad de esta garantía se justifica por la necesidad de garantizar la validez de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y por ejercer una verdadera justicia constitucional, cuya misión principal consiste
en comprobar, custodiar, preservar o restablecer cualquier derecho constitucional
vulnerado de las personas, colectividades, pueblos, nacionalidades y colectivos.
sistematizará el
análisis del caso concreto a partir de la formulación y solución del siguiente
La sentencia emitida el 06 de julio de 2012, por la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Pastaza, que aceptó parcialmente la acción de
protección, ¿vulnera los derechos de la naturaleza contenidos en el artículo 71 de
La sentencia emitida el 06 de julio de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, que aceptó parcialmente la acción de
protección, ¿vulnera los derechos de la naturaleza contenidos en el artículo
71 de la Constitución?
Sostiene el accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección, que
Provincial de Justicia de Pastaza, dentro de la acción de protección N.° 115-2012,
vulnera los derechos de la naturaleza, contenidos en el artículo 71
si bien los accionantes pudieron
demostrar que tenían título minero para minería artesanal, no tenían el permiso
Constitución, en la medida en que "(
legal correspondiente PARA REALIZAR PEQUEÑA MINERÍA O MINERÍA A
GRAN ESCALA, en donde se permite utilizar maquinaria pesada".2 En tal virtud, afirma el legitimado activo que el combate a la minería ilegal, a más de
defender los legítimos intereses del Estado ecuatoriano, defiende los derechos de
la naturaleza consagrados en el artículo 71 y siguientes de la Constitución, toda
vez que "(
la MINERÍA ILEGAL, únicamente busca el lucro personal y no le
importacómo se obtengan los recursos (
Así, una vez establecidos los principales argumentos del accionante respecto del
derecho constitucional que se alega vulnerado, resulta conveniente determinar
cuál es el alcance de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana,
posteriormente establecer si existe o no
constitucionales en la sentencia emitida el 06 de julio de 2012, por la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, dentro de la acción de protección
N.° 115-2012
En este sentido, es preciso señalar que los derechos de la naturaleza -pacha
mama-4,
ecuatoriana vigente, al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, al
2Demanda de acción extraordinaria de protección, propuesta por Flavio Granizo Rodríguez, Coordinador Regional de la Agencia de
Regulación y Control Minerode Riobamba,el 3 de agosto de 2012.
'Demanda deacción extraordinaria deprotección, propuesta el3deagosto de2012.
"De acuerdo a Eugenio Zaffaroni, la Pacha Mama es una deidad protectora, cuyo nombre proviene de lenguas originarias americanas
y significa Madre Tierra o Naturaleza -en elsentido decosmos-, es laque todo loda,pero como permanecemos ensuinterior como parte deella, también exige reciprocidad. Eugenio Raúl Zaffaroni, "Lanaturaleza como persona: Pachamama y Gaia" enLuis Ávila,
edit, Política, justicia y Constitución, Quito, Centro de Estudios y Difusión del Derechos Constitucional (CEDEC) de la Corte
Coiutífucional, 2012, p. 278-280.
contrario del paradigma tradicional que la considera como objeto de propiedad y
mera fuente de
recursos naturales. Este cambio de
perspectiva se encuentra
esencialmente, consagrado en los artículos del 71 al 74 de la Constitución; empero, el accionante hace referencia en su demanda únicamente a la
vulneración de los derechos contenidos en el artículo 71 de la Norma Suprema,
Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de
los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Es decir, en el caso concreto, el accionante enfatiza la vulneración invocada en
relación a los derechos de la naturaleza que se refieren al respeto integral de la
existencia de la naturaleza y del mantenimiento, y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Desde esta óptica, resulta
preciso destacar que la disposición constitucional anotada apunta como derecho genérico el respeto integral a la existencia de la pacha mama, dentro del cual se
pueden encontrar otros derechos, a saber: mantenimiento y regeneración.
Estos últimos presentan cierto grado de complejidad en relación a los elementos
protegidos a través de
ellos, que
ciclos vitales, estructura, funciones
procesos evolutivos. Así, antes de entrar a examinar el caso sub judice en relación a las circunstancias que presenta el artículo 71 de la Constitución, vale señalar que el acercamiento a las cuestiones medioambientales depende en gran medida de qué tipo de relación "naturaleza-sociedad" se pretende utilizar como categoría de análisis.
Ahora bien, es evidente que la Constitución ecuatoriana tiende a una perspectiva
biocéntrica5 de relación "naturaleza-sociedad" en la medida en que reconoce a la
naturaleza como ser vivo y como dadora de vida y por tanto, fundamenta el
respeto que le deben los seres humanos en su valoración como ente titular de
derechos más allá de su utilidad para las personas. Esto por cuanto, el preámbulo
5En contraposición a la perspectiva biocéntrica, se encuentra la perspectiva "antropocéntrica tradicional" denominada también
utilitarista, la misma que se enfoca en la valoración de la naturaleza a partir de los beneficios que genera para los seres humanos, situación de la que depende su protección.
de la Constitución consagra la decisión del pueblo soberano del Ecuador de
construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con
la naturalezal para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsayS través de celebrar
a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para
nuestra existencia".
Adicionalmente, en el artículo 283 de la Constitución que trata del sistema
económico social y solidario ecuatoriano, se acentúa la importancia de la relación
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado con la naturaleza; en
concordancia con el tercer inciso del artículo 275 de la misma Norma Suprema
que determina el deber de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
de ejercer sus derechos y responsabilidades en el marco de la convivencia
armónica con la naturaleza. De este modo, es evidente que los derechos de la
naturaleza irradian
elementos del sistema económico del país, derivando en que la producción y el
consumo no se conviertan en procesos depredadores sino que, por el contrario,
tiendan al respeto de su existencia, mantenimiento y regeneración de sus
elementos7.
Constitución que tratan de los derechos de la naturaleza así como aquellos que
regulan los sistemas económicos, socioculturales y ambientales, es evidente que
la alusión de la naturaleza y de cada uno de sus elementos en la Constitución,
corresponde a un ser titular de derechos cuyo respeto debe anteponerse a
cualquier interés económico individual
En el caso subjudice el asunto que se somete a nuestro conocimiento tiene como
antecedente una acción de protección presentada por Mireya Nataly Ríos
y Marcelo Lalama Hervas,
administrativo en su contra por minería ilegal con decomiso de la maquinaria,
equipos y productos objetos de la aparente ilegalidad. Bajo este escenario los
principales argumentos de los legitimados activos en la acción de protección
fueron la no existencia de la ilegalidad en tanto los trabajos de minería estaban
6Es una concepción andina ancestral dela vida. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida,
en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumakkawsay significa la
plenitud de la vida. ArirumaKowii, "El SumakKawsay", en Aportes AndinosN". 28, Quito, Programa Andino de Derechos Humanos
PADH,2011,p.5. I
'Agustín Grijalva, Constitucionalismo en
Ecuador, Pensamiento Jurídico Contemporáneo 5, Quito, Centro de Estudios y Difusión
del DerechosConstitucional (CEDEC)de la Corte Constitucional, 2011, p. 42.
Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
debidamente autorizados por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
a través de un permiso de minería artesanal.
Así, vale puntualizar que de conformidad con el artículo 313 de la Constitución
los recursos naturales no renovables, al igual que la biodiversidad, se consideran sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado y se orientan al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Mientras que los artículos
315 y 316 ibídem, establecen que la gestión de los sectores estratégicos se
realizará a través de empresas públicas o en forma excepcional por delegación a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria.
Por tales motivos, es que el Estado mediante las concesiones y permisos mineros
perfecciona la delegación a favor de la iniciativa privada, la explotación de recursos naturales, en este caso, minerales. Desde la perspectiva ambiental, es el
naturaleza, conforme el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República
del Ecuador8. Así, el Estado mediante la autorización ambiental correspondiente,
ficha o licencia ambiental de acuerdo a la naturaleza de la obra o proyecto,
permite la ejecución de actividades que pueden tener efectos adversos sobre el
ambiente9.
En el caso sub judice, la Sala Única de la Corte Provincial de Pastaza afirma en
la sentencia, que se acusa como transgresora que: "[En] el caso que nos ocupa
existe un permiso legalmente conferido (
ciertamente para la explotación
correspondiente permiso,
que existe un MAL
PERMISO (
En ese sentido, y como consta a fs. 47
del cuaderno de primera
observancia con las disposiciones ambientales vigentes, por tanto la existencia
física del permiso para minería artesanal no está en discusión.
De acuerdo al expediente de primera instancia se evidencia que dicho permiso fue concedido en base a la información suministrada por la interesada, donde
consta que dicha actividad la
iba a realizar contando con
maquinaria pesada, menos de propiedad de una tercera persona. En ese sentido,
8Constitución de la República, Artículo 11, numeral 9: "(•••) 9. El más alto deber del Estadoconsiste en respetar y hacerrespetar
los derechos garantizados en la Constitución."
* Ver artículos 19 y 20 de la Ley de Gestión Ambiental
el permiso fie concedido por el Estado en buena fe, considerando que el usuario
del mismo iba a cumplir su actividad en base a la información suministrada; sin
embargo, del proceso, se ha verificado que en dicha obra se ha encontrado
maquinaria que no constaba en el listado de inversiones a realizarse (fs. 118 del
cuaderno de primera instancia).
En materia ambiental, la información proporcionada al Estado cumple un papel
fundamental, ya que en base a esta se autoriza la realización de una obra,
actividad o proyecto que puede tener efectos adversos sobre el ambiente. Así, en
base a la presentación de la información o estudios ambientales correspondientes,
el Estado es quien proporciona la autorización respectiva, mediante la emisión
del permiso ambiental que constituyen tanto la ficha ambiental como la licencia
La norma infraconstitucional es clara al señalar que para minería artesanal es
necesario únicamente contar con una ficha
cuyos requisitos
procedimientos de obtención son más flexibles y fáciles de obtener, tomando en
consideración el poco impacto que la actividad supuestamente genera sobre el
ambiente. De¡ igual manera, esta se encarga de determinar los límites que separan
a la actividad minera artesanal de la pequeña minería, la cual a diferencia de la
minería artesanal, requiere de la obtención de la licencia ambiental, mediante la
presentación del estudio de impacto ambiental correspondiente10. Implícitamente
queda dicho que la minería artesanal, a diferencia de la pequeña minería, genera
menores impactos ambientales en comparación de la pequeña minería; es por
ello, que la información ambiental que se entrega al Estado implica un estudio
más minucioso y detallado en base a parámetros y requerimientos técnicos más
complejos que los necesarios para la elaboración de una ficha ambiental.
De esta forma y en concordancia con lo determinado en el artículo 71 de la
Constitución, la obtención
sea esta ficha o licencia
ambiental, es un umbral a considerar al momento de determinar si hubo o no vulneración de derechos constitucionales reconocidos a favor de la naturaleza. En
otras palabras, la realización de actividades, obras o proyectos que no cuenten
con el permiso respectivo, se encuentran operando al margen de la ley, en
materia ambiental. Por tanto, la obtención del permiso es una obligación para
todas .,las
0Ver artículo 78 de la Leyde Minería
consecuencia, actuar sin permiso ambiental constituye una vulneración a los
derechos de la naturaleza contenidos en el artículo 71 de la Constitución.
Al respecto a fs. 16 del expediente de primera instancia, se encuentra el oficio
DPAP-2012-0401
Ministerio del Ambiente aprueba la ficha ambiental y concede el permiso, por lo
que se verifica que esta persona cumplió con su obligación.
Sin embargo, conforme se desprende del informe técnico de campo sobre la presunta explotación ilícita a fs. 53 del expediente de instancia, se verificó que el
explotación y las condiciones de
inversión eran distintos a
declaradas al Estado, según se desprende del formulario de identificación del área susceptible a otorgamiento para minería artesanal (fs. 118 del cuaderno de
primera instancia)11.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza en su resolución, declaró sin efecto el
campo antes citado, por mencionar que "(
si los dos fueren socios o los dos tuvieren el permiso y estuvieron haciendo mal
uso del mismo cuando no es así, está claro que el uno es concesionario y el otro
Conforme lo señalado, la
es contratado para la ejecución del permiso (
los hoy legitimados activos como
efecto; sin embargo, para el análisis de la presente acción extraordinaria es un elemento fundamental ya que allí, se establece las diferentes infracciones detectadas, tanto a la normativa sectorial como a la normativa ambiental vigente, como por ejemplo: la extracción de un volumen más amplio de lo permitido de
material, para lo cual se ha hecho uso de una herramienta, retroexcavadora, que
no estaba contemplada como inversión para la autorización respectiva.
existe maquinaria realizando trabajos de
propiedad de un tercero, también deja en cuestionamiento que se trate de una
identificación del área antes citado.
ingresaba al sitio para determinar la regularidad o irregularidad de la actividad, se
"De este documento se desprende queel volumen de extracción declarado porel regulado es de 40 m3 de mineral útila explotarse.
De igual forma no consta la utilización de una retroexcavadora para los trabajos de minería artesanal.
detectaron volquetas cargadas de material pétreo que abandonaban el lugar, lo
que indica que el volumen de extracción es presumiblemente mayor al volumen
autorizado por día.
Por tanto, es evidente que dicho informe constituye una pieza clave para proteger
los derechos de la naturaleza, ya que, únicamente, en este se puede comprender
la magnitud de los trabajos realizados y los impactos ambientales que este
De esta manera, al no contar con un permiso para operar maquinaria pesada al igual que permitir la extracción de volúmenes de material más alto que el declarado al Estado, se vulnera los derechos de la naturaleza, dado que ya no se
trataría probablemente de minería artesanal, para lo cual se requería únicamente
la elaboración de una simple ficha ambiental y su plan de manejo simplificado; por el contrario, estaríamos ante la presencia de otro tipo o clase de minería, para
lo cual se requiere de otros estudios técnicos y especializados en razón de la
inversión, volumen de material extraído y herramientas, y equipos a utilizarse a
efectos de diseñar un plan que permita la protección más eficaz hacia la
naturaleza mientras duran los trabajos de extracción.
desconocimiento del derecho por parte del funcionario de la ARCOM, no es
razón suficiente para inobservar otros derechos constitucionales que se verían
afectados dado que la Constitución debe ser interpretada de manera integral y en
la forma que más favorezca a la efectiva vigenciade los derechos.
Si bien en la sentencia de segunda instancia la Sala Única de la Corte Provincial
de Justicia de Pastaza determina la vulneración del derecho al trabajo, a la
propiedad, entre otros, mediante la inobservancia a dicho informe ha facilitado
que los trabajos puedan continuarse sin un efectivo control ambiental, en base a
información real y verídica que permita al Estado mediante las instituciones
pertinentes, realizar las labores de control necesarias para salvaguardar los
derechos constitucionales, en este caso, de la naturaleza.
En ese sentido, la sentencia objeto de la presente acción extraordinaria de
protección vulnera los derechos de la naturaleza, en la medida en que los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza no realizaron una interpretación
sistemática de la Constitución, permitiendo que a través de la misma se vulneren
email: comunicacionifflcce.gob.ee
cuestión vulnera los derechos de la naturaleza por cuanto desechó la información contenida en un informe técnico, que constituía la única herramienta
administrativa con la que contaba el Estado para determinar la vulneración de
Asimismo, en virtud del principio iura novit curia, y en razón de la interpretación
sistemática de los derechos constitucionales -los de la naturaleza-, conforme lo
determina la Constitución de la República, tiene el derecho a la restauración12;
por tanto, y en aplicación de los artículos 396 y 397 de la Constitución, el Estado deberá iniciar las acciones legales en contra de los responsables a fin de devolver
funcionamiento adecuado del sistema natural.
En este sentido, de acuerdo a la norma infraconstitucional, el Ministerio del
Ambiente ejerce en el ámbito minero la calidad de autoridad ambiental nacional, por tal razón, corresponde a ese organismo del Estado ejercer facultades de control, seguimiento y evaluación ambiental de las actividades mineras, para cuyo efecto puede realizar todas aquellas facultades y atribuciones establecidas
en las leyes y reglamentos13. En esta línea, el Ministerio del Ambiente está facultado para14:
iniciar los procedimientos que correspondan en los que podrá ejecutar dichas medidas y solicitar la adopción de medidas complementarias a las autoridades competentes, sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el
ambiente y la sociedad, a través de los subsistemas de control ambiental establecidos en
adoptar medidas preventivas y correctivas en la vía administrativa ambiental o
Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades previstas en la normativa correspondiente, esta Corte Constitucional considera necesaria la intervención del Ministerio del Ambiente para asegurar que los derechos de la naturaleza sean respetados. En ese sentido, dicho organismo del Estado deberá efectuar todas aquellas acciones necesarias a fin de proceder con la reparación integral del área
12 Ver el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador.
13 Reglamento Ambiental de
Actividades Mineras, artículo 3 literal g).- Ejercer las potestades ambientales
evaluación, monitoreo y control de las actividades mineras
instrumentos ambientales de cumplimiento
la aceptación y aprobación de los
14 ídem, artículo 3, literal i)
afectada en el caso concreto, para lo cual deberá iniciar las acciones legales a las
que hubiere lugar15.
Finalmente esta Magistratura constitucional señala que si bien el derecho al
trabajo es un derecho constitucional, este no se concibe como absoluto al igual
que sucede con otros derechos y libertades constitucionales;
naturaleza y de las repercusiones sociales de su ejercicio, se desprenden las
limitaciones que la sujetan a prescripciones de carácter general establecidas por
el legislador en el ordenamiento jurídico vigente y a restricciones de índole
concreta por parte de las autoridades administrativas. En este sentido, el goce del derecho constitucional al trabajo que le asiste a los legitimados activos de la
acción de protección se vería limitado porque en el desarrollo de sus funciones
estos inobservaron la Ley de Minería, normativa que rige la ejecución de
Por lo tanto, la suspensión de las labores de explotación de material pétreo, no
implica una intromisión inconstitucional, ilegal e ilegítima en el derecho al
trabajo que fue declarado vulnerado por la sentencia de apelación, sino que, su
limitación se constituye en una intervención constitucional, legal y procedente en observancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y de manera
específica, en los derechos de la naturaleza.
De lo expresado en las consideraciones que anteceden,
esta Magistratura
Constitucional concluye que el acto administrativo impugnado en su momento,
en la acción de protección, no ha vulnerado derechos constitucionales por lo que la adopción de la resolución en primera instancia, negando la garantía
jurisdiccional, era procedente, pues, losjueces del Tribunal de Garantías Penales
de Pastaza actuaron apegados a la normativa constitucional y legal, al negar la
pretensión de Mireya Nataly Ríos Guijarro y MarceloLalama Hervas.
la Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
Ley de Minería, artículo 86, primer inciso.- "Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las disposiciones
iresente artículo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legales el Ministerio del Ambiente.
Declarar la vulneración de los derechos de la naturaleza, contenido en el
artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1 Dejar sin efecto jurídico la sentencia emitida el 06 de julio de 2012,
por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, dentro
de la acción de protección N.° 115-2012 y todos los actos procesales, y demás providencias dictadas como consecuencia de la misma.
3.2 Dejar en firme la decisión expedida el 11 de junio de 2012 a las 15h40, por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte la Corte Provincial de
Justicia de Pastaza.
3.3 Disponer que el Ministerio del Ambiente proceda a realizar una inspección en la zona para determinar los posibles daños ambientales
generados y su cuantificación a efectos de realizar las labores de
restauración del área afectada a costa de los infractores, señora Mireya
Nataly Ríos Guijarro y señor Marcelo Temístocles Lalama Hervas.
3.4Para la cuantificación de los valores establecidos en el numeral 3.3 y al ser los responsables de efectuar dicho pago personas naturales, esta Corte Constitucional dispone proceder en conformidad con lo
Jurisdiccionales, por lo que la tramitación se efectuará en juicio verbal
4. Notifíquese,publíquese y cúmplase.
^r Wendy MolmTAHararJr
RAZÓN.- Sient</por/íal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Cjmsüaicional, con ocho votos, de las señoras juezas y señores
jueces: Anton^Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen
Maldonado Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni
Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina Andrade, sin contar con la
presencia del juez Patricio Pazmiño Freiré, en sesión de 09 de julio de 2015. Lo
JPCH/i[/mbrn/pibv
CASO Nro. 1281-12-EP
RAZÓN.- Siento por tal, que la Jueza Wendy Molina Andrade, suscribió la
presente sentencia el día martes 15 de septiembre del 2015, en calidad de
presidenta (e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo
Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque ElArbolito)
1281-12-EP
RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los diecisiete días
certificada de la sentencia 218-15-SEP-CC de 09 de julio del 2015, a los señores: Flavio Edison Granizo Rodríguez, coordinador regional de la
constitucional 034 y
correo electrónico abrill879@hotmail.com:
Procurador General del Estado en la casilla constitucional 018; jueces
de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, mediante
4060-CCE-SG-NOT-2015, a quienes además de devolvieron
los expedientes de primera y segunda instancia y el expediente de la
acción extraordinaria de protección; jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, mediante oficio Nro. 4061-CCE-SG-NOT-2015;
Ministra del Ambiente, mediante oficio Nro.
4062-CCE-SG-NOT-2015;
conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
JPCH/mmm
GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 459
DEMANDADO/TERCER
COHST1TU
NRO. DE CASO
FECHA DE RESO. SENT. DICT
PROV. O AUTOS
CONTROL MINERO DE
? PRESIDENTE DEL
034 DEL ESTADO
JUECES DE LA SALA ÚNICA DE LA CORTE
055 JUSTICIA DE MORONA
018 1281-12-EP
0987-10-EP
SENTENCIA DE 05 DE AGOSTO
DE2015JLÑ
Total de Boletas: (05) Cinco
¿íuÍ¿¿^¿_ S*¡
Marlené~Mendieta M.
ASISTENTE CONSTITUCIONAL
gG»"«!rm-iriXAt
CASILIEROS CONSTITUCIONALES
Total Boletas:
LZÍIL2G15
.---,:. r^SSMJg,-
^wwvrv^ftécbnsfittó
¡ '.^ -.
- „-•-. , .(frente al.pjrguejl Arbolito)
email: comunicacioniacce.gob.ee
Notificador3
jueves, 17 de septiembre de 2015 9:29
'abrill879@hotmail.com'
Notificación Sr. Flavio Edison Granizo Rodríguez, coordinador regional de la Agencia de
Regulación y control Minero de Riobamba
1281-12-EP-sen.pdf
Quito, D.M., septiembre 16 del 2015
Oficio 4061-CCE-SG-NOT-2015
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PASTAZA
legales pertinentes,
copia certificada de
sentencia 218-15-SEP-CC de 09 de julio de 2015, emitida dentro de la
acción extraordinaria de protección 1281-12-EP, presentada por Flavio
Edison Granizo Rodríguez, Coordinador Regional de la Agencia de
Regulación y Control Minero de Riobamba, referente a la acción de
protección 2012-0030, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto
en la parte resolutiva de la sentencia.
Jaija^Pozo Chamorro
ítario General
íexo: Lo indicado
/JPCH/mmm
Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
Servicio: EMS
marte ne mendieta
Id Local:
EN-13424-2015-09-13366008
Nllllllllllllll
EN629303755EC
13424 JUECES DEL TRIBUNALDE GARANTÍASPENALES DE PASTAZA
Múmero de Identificación:
1760001980001
AV.12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL
ÁRBOL fTO
CALLE AYAV. MONS. ALBERTO ZAMBRANO, BARRIO LASPALMAS - PUYO
NOTIFICACIÓN- 1281-12-EP
No. lleras:
Descripción del corterádo: l SOBRE
E-mail: francisco.perez@cce.gi
Firma del emplear.
Teléfonos: 032999500
•Hora:
NOTIFICACIÓN - 1281-12-EP
Paraconsultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email servcioalcBen1e@coiTeosdetecuador.50b.ec
CDE-OPE-FR0I3
niiHiHiiiiiiiimiiiiiii
AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO
francisco perez@cce.gob.ee
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Total de envios:
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JUSTICIA DE PASTAZA
certificada de
Regulación y Control Minero de Riobamba, referente a
2012-0115,
constante en 02 cuerpos con 143 fojas útiles de primera instancia, 01
cuerpo con 46 fojas útiles de segunda instancia y 01 cuerpo con 12
fojas útiles de la acción extraordinaria de protección, a fin de que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.
¿retalio General
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13424 JUECES DE LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA .
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