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Timestamp: 2020-05-31 13:27:40
Document Index: 241123535

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 3', 'artículo 173', 'artículo 3', 'artículo 8']

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Dictamen : 361 del 06/10/2008
Consultante: Marcela Leandro Ulloa
Institución: Instituto Costarricense contra el Cáncer
C-361-2008
Instituto Costarricense contra el Cáncer
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio DE-825-09-2008 del 26 de setiembre de 2008, recibido en esta institución el 29 de setiembre siguiente, en el que solicita que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de “evaluar el caso de la beca otorgada a la Dra. xxx para que sea declarado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta”
A la anterior solicitud se acompaña el criterio del Asesor Legal de la Junta Directiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer, en el que concluye que “de conformidad con el artículo 173 LGAP estamos en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Antes de la respectiva declaratoria por esa Junta Directiva, se debe solicitar a la Procuraduría General de la República que rinda dictamen en el sentido de que estamos en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente, por violación de los artículos 11 y 133.1 de la LGAP y del artículo 3 del “Reglamento de Beneficios para la Capacitación y Adiestramiento de Personal del Instituto Costarricense contra el Cáncer”
Vista la pretensión planteada y a luz de los elementos remitidos a esta Procuraduría, nos referiremos a continuación a los motivos por los cuales resulta improcedente emitir el dictamen solicitado por la Directora Ejecutiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer.
( NOTA DE SINALEVI: El texto cita sentencia N° 3209-2003 del 21 de abril de 2003. La fecha correcta es 25 de abril de 2003 )
“No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen.
La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía administrativa.”
De lo anterior, debe dejarse claro entonces que el primer requisito para anular un acto declaratorio de derechos en vía administrativa como consecuencia de una nulidad evidente y manifiesta, es la apertura del procedimiento ordinario previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, el cual constituye un requisito sine qua non que la Administración no puede obviar en cumplimiento de principios constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa, dentro del cual además, deberá valorar si el plazo de caducidad que recoge el citado numeral ha transcurrido o no. En consecuencia, la Administración debe nombrar un órgano director que, en acatamiento a lo que establece la Ley General de la Administración Pública, observe las formalidades sustanciales del procedimiento. (Sobre los requisitos que debe cumplir el órgano director del procedimiento consúltese el dictamen C-173-95)
El competente para declarar la nulidad, evidente y manifiesta, no es más que el superior de la Institución que desea tal declaratoria.
E. Sobre el expediente administrativo
“Tomando en cuenta la posición exógena en la que se encuentra la Procuraduría en relación con la miríada de Administraciones públicas, el expediente administrativo constituye el medio probatorio por antonomasia para comprobar que la voluntad administrativa ha discurrido debidamente por el cauce formal previsto en el numeral 173 ya tantas veces mencionado. Razón por la cual, si no se cuenta con el expediente íntegro o debidamente certificado, resulta prácticamente imposible para éste órgano asesor rendir informe alguno, pues no se podría acreditar las actuaciones de las partes, la observancia de las formalidades de índole procedimental, la constancia documental y demás formas escritas, así como su proceso de reflexión y valoración de parte de los que han intervenido en el procedimiento administrativo, particularmente de quienes lo instruyen o excitan, todo lo cual sirve de base al acto final. “(Dictamen C-458-2007 del 20 de diciembre de 2007)
Vistas las consideraciones anteriores, esta representación considera improcedente emitir el dictamen solicitado por la Directora Ejecutiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer, por las razones que se expondrán a continuación.
En primer lugar, es claro que la solicitud ha sido planteada a esta representación en forma prematura, pues fue hecha previamente al inicio del respectivo procedimiento administrativo. Ello queda respaldado en el criterio legal que acompaña la consulta al indicar que: “Antes de la respectiva declaratoria por esa Junta Directiva, se debe solicitar a la Procuraduría General de la República que rinda dictamen en el sentido de que estamos en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente…”
Lo anterior evidencia que en el caso de la señora xxx, no se ha integrado el órgano director respectivo por parte del superior, ni tampoco se ha realizado la respectiva intimación y traslado de cargos a la afectada para que pueda ejercer su derecho de defensa. Por el contrario, la Directora Ejecutiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer decidió remitir el asunto a esta representación para su pronunciamiento, lo cual como se indicó resulta prematuro por las razones ya indicadas en los apartados anteriores de este pronunciamiento.
Tal como se señaló, es dentro del procedimiento respectivo donde debe valorarse la naturaleza de la nulidad, pues no podría determinarse en esta fase procesal si resulta ser absoluta, evidente y manifiesta, ya que es precisamente en el procedimiento que se echa de menos donde debe evidenciarse. Asimismo, en el mismo procedimiento debe analizarse si se está ejerciendo la acción dentro del plazo de caducidad respectivo y sobre todo debe garantizarse a la afectada el cumplimiento del principio del debido proceso consagrado en el numeral 39 de la Constitución Política (traslado de cargos, audiencia oral, posibilidad de oponerse y presentar pruebas de descargo y recurrir las decisiones que considere lesivas a sus intereses).
En el caso específico del Instituto Costarricense contra el Cáncer, el órgano que actúa como superior supremo es la Asamblea General por así disponerse en el artículo 3 de su ley de creación, Ley N° 7765 del 17 de abril de 1998 al señalar que “El órgano superior del Instituto será la Asamblea General…” Sin embargo, no puede obviarse la existencia de una Junta Directiva cuyo presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la institución, además que es el órgano que agota vía administrativa según dispone el artículo 8 inciso i) de dicha ley. Es por ello, que el órgano superior supremo administrativo es la Junta Directiva y será ella la que deba nombrar al respectivo órgano director del procedimiento, y remitir la solicitud de dictamen respectiva a esta representación, antes del dictado del acto final del procedimiento que se realice, momento procesal oportuno según se señaló en los apartados previos.
Si bien esta Procuraduría no desconoce que la Ley de Creación del Instituto Costarricense contra el Cáncer, N° 7765 del 17 de abril de 1998, fue anulada mediante sentencia 2008-1572 del 30 de enero de 2008 de la Sala Constitucional, lo cierto es que en el por tanto de dicha sentencia se dimensionaron a futuro los efectos de la declaratoria de nulidad, por lo que mientras no transcurra el plazo de tres años señalado por la Sala y siga operando el instituto, las disposiciones de la ley deben aplicarse.
Lo indicado evidencia que el presente dictamen no puede emitirse, pues no consta tampoco el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Costarricense contra el Cáncer que respalde la solicitud que se plantea.
Asimismo, debe advertirse que de cumplirse los requerimientos aquí señalados y solicitarse nuevamente el criterio de esta representación, deberá remitirse el expediente completo, ordenado, foliado cronológicamente y certificado en caso de ser copias, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por esta representación.
1- El asunto resulta prematuro al no constar la apertura formal de un procedimiento ordinario donde se le permita ejercer el derecho de defensa a la afectada.
2- La solicitud de dictamen debe presentarse a esta Procuraduría por el órgano superior administrativo una vez llevado a cabo el procedimiento ordinario y antes del dictado del acto final.
3- El órgano competente para nombrar el órgano director del procedimiento, requerir el dictamen de esta representación, enviar el expediente administrativo y dictar el acto final es la Junta Directiva del Instituto Costarricense Contra el Cáncer.
4- Debe aportarse el respectivo expediente administrativo o copias certificadas del mismo, debidamente ordenadas, foliadas y completas.
SPC/msch