Source: http://analiticosjudiciales.blogspot.com/
Timestamp: 2014-04-23 07:05:00
Document Index: 92583155

Matched Legal Cases: ['artículo 263', 'artículo 268', 'artículo 268', 'artículo 263', 'artículo 268', 'artículo 17', 'artículo 263', 'artículo 263', 'artículo 441', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 263', 'artículo 10', 'artículo 264', 'artículo\n263', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 441', 'artículo 17', 'artículo 44', 'artículo 441', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 132', 'artículo 6', 'artículo 328', 'artículo 331', 'artículo 328', 'artículo 393', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 402', 'artículo 156']

Casación civil y casación penal (Guatemala).
Un espacio para analizar y comentar sobre procedimientos, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de casación civil y penal.
¿Estafa propia o deuda simple?
Comentarios a la sentencia de casación penal número 313-2008, de fecha 10-Ene-2011
Este caso trata de un delito de estafa propia
que se deriva de que el procesado compró una mercadería a crédito (30 días), y
al llegar la fecha de vencimiento emite un cheque sin fondos para pagarla. El
procesado alega que no se trata de una estafa propia, sino de una simple deuda.
La sentencia de la Cámara Penal me
parece equivocada en su fundamentación al no identificar lo que resulta esencial
en el argumento del recurrente. La Cámara desestima el argumento del
casacionista diciendo que que aunque los hechos no se acomodasen al delito de
estafa propia regulado en el artículo 263, igualmente lo habría hecho en el
delito de estafa mediante cheque (artículo 268), por lo que en cualquiera de
los dos casos no se trata de una simple deuda, sino de un engaño con evidente
defraudación en el patrimonio de la víctima. Esto, sin dejar de ser válido, no responde al
argumento del casacionista.
Transcribo aquí la parte medular de la
respuesta dada por la
Cámara Penal:
En efecto, si se considerara que el acusado no
empleó ardid para obtener la mercadería defraudada, sino que la defraudación se
produce en el momento en que emite un cheque sin provisión de fondos, porque la
cuenta había sido inhabilitada, ello no
llevaría a la conclusión a que llega el casacionista, es decir, que se trata de
una conducta no tipificada, pues según él se trataría de una simple deuda que
no podría ser penalizada. La conclusión jurídica correcta de la tesis del
recurrente sería más bien adecuar la conducta al tipo establecido en el
artículo 268 del Código Penal (estafa mediante cheque), ya que se dio en pago
de la deuda un cheque sin provisión de fondos. Se considera que por la naturaleza proteica del delito de estafa, es
explicable, que tanto el tribunal a quo como el ad quem hayan subsumido la conducta objeto del juicio, en el tipo
regulado en el artículo 263, pero bien pudieron hacerlo igualmente en el
artículo 268 ibid, y en cualesquiera de los casos estaría a
salvo el respeto al artículo 17 constitucional denunciado como violado. Queda claro que no se trata de una simple
deuda, sino de un acto de engaño en donde se da una evidente defraudación, a
través del mecanismo ya señalado. Por lo anterior, esta Cámara es del
criterio que la actuación del acusado O.T.M.C. sí se enmarca en el supuesto de hecho contenido en el artículo 263 del
Código Penal que regula el delito de estafa propia
Lo que el casacionista plantea es la inexistencia
de una relación causal entre la emisión del cheque y la defraudación
patrimonial, ya que la mercadería le había sido vendida al crédito un mes antes
de emitir el cheque. La premisa en que se basa esta defensa es que para que
exista el supuesto del ardid o engaño previo, debe haber una relación de continuidad y causalidad inmediata
entre emitir el cheque carente de fondos y la defraudación patrimonial, lo que
no sucede en este caso porque la mercancía fue recibida un mes antes como
producto de una compra al crédito. Este es el problema de fondo que la Cámara
omite resolver.
El argumento del casacionista se basa en resaltar
la disociación entre los momentos de
defraudar el patrimonio ajeno –cosa que se dio al recibir la mercadería– y el
momento en que emitió el cheque carente
de fondos –un mes después. Resaltando esta disociación temporal el casacionista
cree romper la necesaria relación causal que debe haber entre un hecho y otro,
es decir, entre recibir la mercadería y pagarla con un cheque sin fondos,
convirtiendo así el hecho en una simple deuda.
Este argumento merece una respuesta específica
que la Cámara no supo dar y que aquí intentaremos darla nosotros:
El argumento del casacionista es falso porque
el tipo penal de estafa propia (artículo 263) no exige una continuidad temporal
inmediata entre el ardid que induce a error y la defraudación patrimonial. Para
que se de la estafa basta que se demuestre la existencia de un nexo causal
entre uno y otro, es decir, entre recibir la mercadería a crédito y pagar con
un cheque, el cual en este caso obviamente no se rompe por la discontinuidad
temporal, precisamente porque haber ocultado la exposición inmediata del ardid
mediante la figura de la compra al crédito no desvincula a éste de la defraudación
patrimonial que buscaba realizar. El caso aquí es que la revelación del ardid quedó suspendida temporalmente hasta el
momento en que el acusado emitió el cheque sin fondos, pero no puede negarse
que existió desde el principio, pero con la modalidad de que su existencia se
reveló días después al emitirse los cheques sin fondos. A continuación resumiré el contenido de la sentencia lo más
posible para no aburrir al lector, e iré intercalando en color azul mis comentarios con la esperanza de que puedan
demostrar la validez de mi valoración.
No. 313-2008.
CÁMARA PENAL... Recurso de casación interpuesto por el acusado O.T.M.C.,
contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo
Penal… en el proceso seguido contra el casacionista por el delito de estafa
propia. HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACIÓN
… SENTENCIA
El Tribunal Décimo de Sentencia Penal… [declaró]: “I)
Que el acusado OSCAR TOMAS MAYEN CALANCHE, es autor responsable del delito de:
ESTAFA PROPIA… SENTENCIA
La Sala recurrida resolvió por unanimidad: “I) QUE NO ACOGE el Recurso de Apelación
Especial por Motivo de Fondo… CONSIDERANDO… -II- …la Cámara Penal se pronunciará
únicamente en cuanto al submotivo de fondo, fundado en el artículo 441 numeral
5) del Código Procesal Penal… [Que] dispone que
procede el recurso de casación por motivo de fondo: “Si la resolución viola un precepto constitucional o legal por errónea
interpretación, indebida aplicación o falta de aplicación, cuando dicha
violación haya tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la
sentencia o del auto”. El casacionista señala como infringido por
“inaplicación” el artículo 17 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, ya que “(…)
los hechos que la sala tipifica como delito… de estafa… son constitutivos de
una deuda. Ya que para que se tipifique la estafa es menester que el detrimento
patrimonial se de en el momento que
se da la disposición patrimonial y en el presente caso se habían emitido
facturas cambiarias con treinta días de crédito, por lo cual el acusado que
supuestamente emitió el cheque lo hizo para pagar una deuda. En el presente
caso los hechos descritos en la sentencia de segundo grado constituyen una
deuda y no un ardid o engaño para defraudar. Se nos condena a prisión por una
deuda lo cual en nuestra constitución esta prohibido y por lo tanto es un hecho
que no constituye delito, inobservando con ello el artículo 17 de la
Constitución, porque lo que supuestamente se tiene como delito de estafa no lo
es, ya que para que se tipifique… es necesario que exista un ENGAÑO PREVIO Y
SUFICIENTE. En el presente caso no se puede estimar que exista un engaño previo
y que ello se relacione causalmente con la defraudación en el patrimonio que
supuestamente sufrió el querellante adhesivo puesto que el propio tribunal [tiene por acreditado] que la mercadería supuestamente vendida, lo fue al crédito (30 días)
por lo que al pagar dicha DEUDA con el CHEQUE objeto de este proceso, no se
esta dando una disposición patrimonial, ya que la mercadería fue vendida al crédito…
el hecho de que se extendiera un cheque para un crédito o deuda representada en
títulos de crédito no puede ser constitutivo de DELITO DE ESTAFA PROPIA, PUESTO
QUE NO HUBO DISPOSICIÓN PATRIMONIAL, debido a que la factura cambiaria es un
titulo de crédito según el artículo quinientos noventa y uno (código de
comercio), puesto que los bienes ya habían sido entregados en virtud del
contrato de compraventa al crédito representada por facturas cambiarias…
Cámara Penal,
al analizar el submotivo de fondo invocado… encuentra que el artículo 17 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, señalado por el casacionista como vulnerado,
establece, entre otros casos, que no hay prisión por deuda. Para verificar la vulneración denunciada es necesario
analizar los hechos que el tribunal de sentencia tuvo por acreditados, siendo
éstos los siguientes: [y repite los que ya constan arriba
en el resumen del recurso, y agrega:] Para el tratadista Sebastián Soler (Derecho Penal
Argentino. Tomo III. Pp.141, 179, 180, 186, 220, 221 y 222. Tipografía Editora
Argentina. Buenos Aires, 1992), "la
estafa es una disposición patrimonial perjudicial tomada por un error
determinado mediante ardides tendientes a obtener un beneficio indebido",
y estima el mismo tratadista que el ardid constituye el punto central de la
teoría de la estafa, definiéndolo "como
el astuto despliegue de medios engañosos"; y sigue diciendo "para constituir ardid se requiere el
despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer
aparecer, a los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como verdadera y
determinante". Para el mismo tratadista "el elemento subjetivo del ardid, sea cual sea el medio empleado,
la actividad engañosa debe haber sido desplegada intencionalmente, debe
consistir en una maniobra subjetivamente dirigida al fin de engañar".
Continúa arguyendo que: "La figura
de estafa subjetivamente compleja, porque no solamente requiere de un elemento
psíquico insito en el ardid, sino además un elemento psíquico objetivo,
consistente en el error del cual es víctima una persona dotada del poder de
tomar una disposición patrimonial viciada…". Debe ocupar un lugar
intermedio entre el ardid y la disposición patrimonial y con ambas ha de
mantener una estrecha relación de razón suficiente. El ardid -agrega- debe
haber determinado el error y este a su vez debe haber determinado la prestación. Si no
existe esa perfecta consecutividad, tampoco hay estafa, y concluye: "Claro que, mirado desde otro punto de
vista, puede existir un perjuicio y no existir, sin embargo estafa, porque el
sujeto activo puede haber actuado sin el propósito de procurarse un beneficio
indebido... además se requiere que el engaño sea buscado como medio para el
logro de un provecho ilícito".
de la Corte de Apelaciones…para no acoger el recurso de apelación especial por
motivo de fondo… arguyó: “(…) A juicio de
los que juzgamos… [en el hecho] resalta
la participación del acusado en el escenario criminal, al haber extendido un
cheque de su cuenta personal en el mes de octubre de dos mil cuatro, a
sabiendas que la misma se encontraba inhabilitada desde el mes de julio del
mismo año; por lo que lo señalan como autor responsable del delito imputado. De
lo anterior este Tribunal estima también que del hecho acreditado y del
razonamiento proporcionado, no hubo inobservancia del artículo 17
constitucional, ni errónea aplicación del artículo 263 en relación con el
artículo 10 ambos del Código Penal, toda vez que en el mismo concurren los
elementos consistentes en la defraudación en su patrimonio en perjuicio propio
o ajeno, defraudación que complementa el artículo 264 del mismo cuerpo legal
citado que establece en su numeral 16) que quien comprare a plazos un bien y lo
enajenare posteriormente o dispusiere de él, en cualquier otra forma, sin haber
pagado la totalidad del precio. Los elementos anteriormente señalados son
indispensables para la existencia del delito de ESTAFA. El elemento subjetivo
está constituido por la conciencia de que se usa el ardid o engaño para
defraudar patrimonialmente al sujeto pasivo ya que el bien jurídico que se tutela
es precisamente el patrimonio económico de las personas. Los argumentos
referidos, se hacen con el objeto de respaldar que el hecho acreditado está
correctamente subsumido en el artículo señalado como erróneamente aplicado por
el apelante, toda vez que lo que se discute no es el origen del pago, sino el
ardid o engaño ocasionado al extender para dicho pago un título de crédito con
valor económico, como lo es el cheque, de su cuenta personal, a sabiendas de la
inhabilitación de dicha cuenta con fecha anterior a la consignada en dicho documento
[A continuación la sentencia cita el artículo
263 del Código Penal] “Comete estafa propia quien, induciendo a
error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio en
perjuicio propio o ajeno…
al respecto hace las siguientes acotaciones: a) La característica principal de esta modalidad delictuosa,
deviene del hecho de hacer que el sujeto pasivo, por haber sido inducido a
error, emita voluntariamente una disposición patrimonial que le perjudica
personalmente o afecta el patrimonio de otra persona, para lo cual el sujeto
activo habrá de valerse de ardid o engaño… Esta Cámara procede
a analizar si la acción del acusado constituye o no conducta delictiva, y en
consecuencia, si se violó o no, el artículo 17 constitucional. [A continuación la Corte resume los
hechos que se han tenido probados, consistentes en que el procesado efectuó un
pedido de bolsas plásticas, con una sociedad anónima; que se procedió al
despacho de la mercadería emitiéndose las facturas cambiarias respectivas, con
crédito para treinta días; que para el pago de dicha mercadería el procesado libró
posteriormente un cheque que al ser presentado para su pago fue rechazado por
revocatoria de orden de pago, con lo
cual la sociedad anónima fue defraudada en su patrimonio. Este hecho de la “revocatoria de la orden de pago” es
determinante y la Corte no supo reconocerlo. El caso es que la cuenta bancaria
había sido cancelada antes de la emisión del cheque; y entonces era fundamental
saber si también lo había sido antes
de la negociación de compraventa, pues en tal caso la intencionalidad de
defraudar se evidenciaba mejor. Sin embargo, también es posible que una defensa
genial dijera que precisamente este hecho de que la cuenta ya estaba cancelada
demostraba que no había la intención de defraudar, sino que al momento de
pagar, por falta de controles administrativos y contables, se cometió el error
de hacerlo con la chequera de una cuenta cancelada, pero que a la fecha se
disponía de otras cuentas bancarias que tenían fondos suficientes con los que
se habría podido pagar, lo que desvirtuaría que hubiese habido un ardid, y por
ende la intención dolosa. Después la Corte continúa su
razonamiento en los términos siguientes:] Partiendo de los hechos, se hace ostensible el engaño.
El casacionista aduce que “(…) lo que
supuestamente se tiene como delito de estafa no lo es, ya que para que se
tipifique la figura delictiva de estafa propia es necesario que exista un
ENGAÑO PREVIO Y SUFICIENTE, en el presente caso no se puede estimar que exista
un engaño previo y que ello se relacione causalmente con la defraudación en el
patrimonio que supuestamente sufrió el querellante adhesivo puesto que el
propio tribunal [tuvo por acreditado] que la mercadería supuestamente vendida, lo
fue al crédito (30 días) por lo que al pagar dicha DEUDA con el CHEQUE objeto
de este proceso, no se esta dando una disposición patrimonial, ya que la
mercadería fue vendida al CREDITO y dicho crédito constituye una deuda
representada en las facturas cambiarias descritas, es decir el hecho de que se
extendiera un cheque para un crédito o deuda representada en títulos de crédito
no puede ser constitutivo de DELITO DE ESTAFA PROPIA (…)”. Este alegato plantea la discusión de en qué
momento se induce a error para defraudar. [Esta afirmación es importantísima.
El que exista demuestra que en algún momento se vislumbró el problema esencial,
pero lamentablemente no se le dio respuesta y por alguna desconcentración se
dejó de lado sin resolverlo.] En efecto, si se considerara que el acusado no empleó
ardid para obtener la mercadería defraudada, sino que la defraudación se
Código Penal que regula el delito de estafa propia, no existiendo por lo
tanto “inaplicación” del artículo 17 de la Constitución Política
de la República de Guatemala. En consecuencia el recurso interpuesto debe
declararse improcedente.
Artículos …. POR
de Justicia, Cámara Penal … DECLARA:
IMPROCEDENTE el recurso de casación
por motivo de fondo, en cuanto al submotivo contenido en el numeral 5) del
artículo 441 del Código Procesal Penal, interpuesto por el acusado Oscar Tomás
Mayén Calanché…. César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, Magistrado Presidente de la Cámara Penal; Gustavo
Adolfo Mendizábal Mazariegos, Vocal Cuarto; Héctor Manfredo Maldonado Méndez,
Vocal Quinto; Gustavo Bonilla, Vocal Décimo Tercero. Jorge Guillermo Arauz
Aguilar, Secretario de la
Etiquetas: Delito de estafa, DOCTRINA
No existe violación del artículo 17 constitucional,
cuando los hechos acreditados por el tribunal de sentencia por el delito de
estafa propia, se adecúan a uno de los tipos delictivos que regulan ese delito.
Por lo mismo, resulta improcedente un recurso de casación en que se alega que
sólo existe una simple deuda, cuando no se indujo a error al comerciante que
entrega mercancía al crédito, y en el momento de pago recibe un cheque sin
provisión de fondos. Ello, porque el error y la defraudación se produce cuando
se realiza falsamente el pago. Publicado por
analiticosjudiciales
Deuda y no estafa,
Estafa mediante cheque,
Estafa propia,
Simple deuda
Juez unipersonal de sentencia. Un ejemplo de dislexia conceptual.
¿Se han dado cuenta que en
Guatemala ahora hay jueces “unipersonales de sentencia”; y que éstos encabezan
sus sentencias identificándose como “Juez
unipersonal del tribunal de sentencia penal, narcoactividad... de Guatemala”? ¿Juez Unipersonal del Tribunal de
Sentencia? Creo que esto es un error muy grave en el uso del lenguaje. Todos los jueces son personas, y cada juez
es un solo juez, es decir, una sola persona, y por lo tanto resultaría..., sí, eso, que todo juez es “unipersonal”. ¿No es eso obvio? El error de esta denominación pasó todos los filtros y finalmente quedó así en la propia ley.[1]. Es difícil de creer que las personas encargadas de plantear iniciativas de ley hayan podido cometer este error, y más aún que nuestros legisladores lo hayan consentido. La reforma al artículo 44 del Código Procesal Penal debió
ser en el sentido de agregar como órgano competente en materia penal al “juez de sentencia”,
y punto. Otras normas complementarias fijarían su competencia para los delitos con pena menor de cinco años y su "adscripción" a algún tribunal de sentencia preexistente, para así poder apoyar su actividad en el personal administrativo de dicho tribunal.
Esta denominación del "juez unipersonal de sentencia", como finalmente quedó en la reforma, es producto
de una especie de dislexia
que dictan sentencia son los "tribunales de sentencia", para descargarlos de la excesiva acumulación de trabajo se tuvo la idea de crear jueces de sentencia especiales para los delitos con pena menor a
cinco años. Si la sentencia la han dictado hasta aquí tribunales compuestos por 3 jueces (tribunales colegiados), los que idearon esta reforma debieron pensar que entonces había que crear tribunales de un solo juez;
es decir, una especie de tribunales
unipersonales (¿?). Pero si
ese era el caso, como ya lo dije antes, sólo había que nombrar jueces de sentencia, y eso
era todo. Pareciera
que el choque conceptual entre hablar de un tribunal de sentencia, que por
definición está compuesto por tres jueces, y hablar de un “tribunal” compuesto
de un solo juez, se transformó en la pirueta de pensar en jueces unipersonales
de sentencia, pues a los inventores de esto les sonaba inconsistente (y no sin razón)
hablar de “tribunales unipersonales”. Pero por no caer en este error cayeron en el de hablar de “jueces
unipersonales de sentencia”. Lo correcto era simplemente agregar como órgano competente en materia penal al "juez de sentencia". Seguramente otro factor que provocó este lapsus conceptual fue, alimentada por nuestras
endémicas penurias económicas, la idea
de que este nuevo juez de sentencia tendría su sede en el mismo tribunal de
sentencia, auxiliado por el mismo personal administrativo. Por lo tanto, en la mente de los reformistas debió fijarse la idea de que este nuevo
juez sería, de alguna manera, parte del mismo tribunal, pero que como este juez dictaría las sentencias él solo, entonces
era unipersonal. Es decir, cuando él actuara el tribunal sería unipersonal, ¿se entiende? Con esto
se quiso decir que el tribunal que personificaba este nuevo juez, por ser sólo
el, es unipersonal. Y, como la denominación de "tribunal unipersonal" era un barbarismo demasiado
obvio, los reformistas cayeron en la tautología de hablar de "jueces unipersonales". ¡Qué enredo innecesario! [1] Artículo. 2 del Decreto 51-2002 del
Dislexia conceptual,
Enredo innecesario,
Juez unipersonal de sentencia
¿Femicidio u homicidio preterintencional?
Penal 505-2011
1) Los hechos que motivan el caso son los
Luis, Petén. El procesado y su conviviente tuvieron una discusión. El procesado
afirma que sacó su arma de fuego con el propósito de disparar para arriba y así
“calamar” las agresiones verbales de
su conviviente, pero ésta, que cargaba entre sus brazos a un hijo de ambos,
jaló de su brazo, el arma se disparó y la hirió en la cabeza, lo cual le causó la muerte. Todo esto fue
presenciado por otra hija mayor, quien después declararía en el proceso.
2) Se le acusa de femicidio, pero el tribunal
sentenciante modifica la calificación del hecho por homicidio
2.a) Para fundamentar esta
conclusión el tribunal tuvo que abonar tres atenuantes y una presunción basada
en reglas de experiencia, así como descartar dos dificultades:
Las atenuantes fueron: 1ª Confesión
3ª Provocación de
la ofendida.
La presunción basada en
reglas de experiencia fue:
“Que cuando se tiene la intención de dar muerte,
generalmente se ven involucrados o salen a relucir más de un impacto de bala,
lo que no sucedió en el presente aso”.
Las dificultades lógicas
1ª La declaración de la hija, que no corrobora que la
víctima le haya jalado el brazo al sindicado. Su declaración transcrita dice: “…vi que tenía la pistola… ella al momento
que le pegó en la frente ella se inclinó… Estaba como a dos metros de mi mamá,
él (acusado) estaba comiendo, se levantó, en ese momento no dijo nada, sólo
llegó y le disparó”.
El tribunal la
descalifica diciendo que: Ø su narración no es convincente para demostrar alguna
premeditación, Ø que confirma que todo derivó de una discusión, Ø que no hay prueba adicional que la corrobore, y las
diferencias con lo dicho por el sindicado generan una duda razonable que debe favorecer a este último.
2ª El informe de la necropsia
mostraría que el disparo fue a muy corta distancia, circunstancia que abonaría
la tesis del Ministerio Público en cuanto a que hubo clara intencionalidad y,
por lo tanto, dolo directo.
Este informe, al
igual que otros varios, fueron descalificados por la circunstancia de que el
perito no compareció a ratificarlo en el debate. De esta manera sustrae como
hecho a considerar que el disparo haya sido a cortísima distancia atravesando
la cabeza de la víctima en línea recta horizontal.
Pero el informe
de la necropsia fue incorporado al proceso por su lectura. ¿No es esto
suficiente para tener por probado lo que el informe dice? ¿Es necesaria la
ratificación en debate para que valga como prueba?
4) El Ministerio
Público apela por motivos de fondo. En una primera apelación la Sala encontró crasos
errores que ameritaban la anulación formal de la sentencia y ordenó el reenvío
para un nuevo debate, ya que a su criterio el tribunal de sentencia valoró
deficientemente la prueba documental, de la cual rechazó seis documentos que
debieron admitirse, confundiendo además la prueba pericial con el anticipo de
prueba. El Ministerio Público promovió amparo que es otorgado y en el que se
ordena a la Sala dictar nueva sentencia. Nuevamente la Sala desestima la
apelación exponiendo que los evidentes errores que muestra la sentencia
debieron ser impugnados a través de motivos de forma, y no de fondo. Dichos
errores son tan graves que impiden revisar la calificación jurídica que dio el
tribunal a quo, especialmente porque
al describir los hechos probados lo hace de forma tan deficiente que ni
siquiera tiene por acreditados hechos constitutivos de delito. Se desentiende
del punto controvertido y da a entender que las deficiencias de la sentencia y
del recurso la obligan a confirmar.
5) El Ministerio
Público plantea casación por motivo de fondo en base al numeral 5) del
artículo 441 del Código Procesal Penal, y señala como norma violada por
inaplicación el artículo 6 literales b, c, g y h de la Ley Contra el Femicidio
y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, relacionado con los artículos 10 y
36 inciso 1º del Código Penal.
5.a) Su tesis se apoya en que de la lectura de la sentencia se deducen los
hechos con suficiente claridad, y que éstos encajan en el delito de femicidio y
no en el de homicidio preterintencional, especialmente por la cercanía y
dirección del disparo, que denota intencionalidad y dolo directo, y porque el procesado
actuó ante sus hijos mostrando gran desprecio a la vida.
El motivo de fondo planteado
en casación nos impone como problema analizar si los hechos se adecuan a
femicidio o a homicidio preterintencional. Pero, ¿cuáles son los hechos
que se tuvo por probados?
El tribunal ha mostrado
graves deficiencias en enunciarlos, pero nosotros los hemos deducido del
conjunto de la sentencia.
Las razones para desestimar
las declaraciones de la hija, que son un poco distintas a las del padre, y el
informe de necropsia, que evidencia un disparo muy cercano en línea horizontal,
son circunstancias que generan muchas dudas. Pero entrar a su análisis nos mete
en el ámbito de motivos de forma que juzgarían sobre la logicidad en la
derivación de los hechos, situación para la cual el motivo de fondo invocado no
allana el camino. Se
nos presentan dos líneas de solución:
1ª) Si comulgamos
con la decisión del tribunal de que se trató de una tragedia involuntaria bastará
colocarnos en posición de respetar con rigidez los hechos que tuvo probados, y
punto. Quitadas del camino pruebas tan incómodas como la declaración de la hija
y el informe de necropsia, los hechos admiten sin dificultad la tesis del
homicidio preterintencional, por lo que devendría improcedente la casación.
2ª) Si a las
mencionadas pruebas les concedemos la suficiente fuerza como para quebrar la
suposición de una preterintencionalidad, entonces podríamos optar por dos
subvariantes: a) o suscribir la tesis del femicidio, b) o suscribir la
tesis de otro delito. Pero ¿cuál? Podrían ser homicidio simple, pero la
circunstancia de que la víctima era conviviente del procesado lo transforma en parricidio.
tesis del femicidio: El Ministerio Público no encaminó debidamente ni la
prueba ni sus argumentos para acreditarlo. Ello habría requerido demostrar que
la muerte de la mujer fue producida precisamente por su condición de mujer
dentro de unas relaciones desiguales de poder con el hombre, y que haya habido
una reiterada manifestación de violencia contra la víctima. Todo ese
contexto previo no fue demostrado. Aunque estaría en su favor la circunstancia
de que todo sucedió delante de los hijos y que, según se interpreten y valoren
los hechos, el uso del arma de fuego denotaría alevosía (ver incisos g y h del
artículo 6 de la Ley contra el femicidio).
Aunque esto último tendría que contextualizarse tomando en cuenta que conforme
los rasgos culturales se trata de gente rural, de un hombre que comercia ganado,
y que suele portar arma de fuego por que dice haber sido amenazado por otras
personas desconocidas, cosa que conforme el clima de violencia actual no parece
inverosímil. Aquí puede consultarse la Ley contra el femicidio
tesis de otro delito: La dificultad con esta tesis radica en que requiere
una valoración de la prueba capaz de destruir el argumento del tribunal que
califica la preterintencionalidad.
Lo declarado por la hija y el informe de la necropsia podrían
proporcionar los elementos suficientes para ello, pero requiere entrar al campo
del análisis de la logicidad empleada en la valoración de la prueba, aspecto
que no fue impugnado y que tendría que soslayar el hecho de que el tribunal
expresamente le negó valor probatorio a la necropsia y testimonio de la hija
que presenció el hecho. El Ministerio Público se limitó a motivos de fondo que
sólo cuestionan la subsunción de los hechos al tipo penal, y no invocó motivos
de forma para impugnar la fundamentación y la forma en que se aplican las
reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.
conclusión: La declaración de la hija demuestra que él se levantó, le apuntó con
la pistola y le disparó en la
cabeza. La necropsia, de haber sido admitida, confirmaría que
el disparo atravesó de forma horizontal el cráneo y que fue hecho a cortísima distancia
y en una dirección horizontal, como cuando se apunta a algo y se dispara, no
como cuando un disparo sale accidentalmente. Poseído por la ira quiso “callarla”, pero no asustándola con el
sonido de un disparo, sino agrediéndola directamente. Lo del cruce de brazos y
que ella lo jaló parece muy inverosímil si se toma en cuenta que ella estaba
haciendo cosas en la cocina y con un niño entre los brazos. Pero los términos y motivos
por los que se plantea la casación no permiten entrar a este tipo de análisis
(¿o sí?), pues ello implicaría –llámesele como se le llame– entrar
oficiosamente a un cuestionamiento de la fundamentación y de las reglas de la
lógica aplicadas para establecer los hechos, para luego recalificarlos ya sea
como homicidio o como parricidio o como femicidio. El Ministerio Público no ha
sabido aportar elementos de convicción para apoyar su teoría, la prueba es
deficiente, el tribunal de sentencia parece haber sido impresionado por la
confesión y el arrepentimiento del sindicado y modifica el delito a uno menos
grave. El Ministerio Público comete un error en el planteamiento de su casación
al no entender que no se trata sólo de un problema de subsunción de los hechos
al tipo penal correcto, sino de un problema en la valoración de la prueba que
sirve para fijar esos hechos.
No hay que olvidar que aquí
se da la circunstancia de que la víctima era conviviente del procesado, y por
lo tanto lo mínimo que cabía era calificar parricidio, lo que implica una pena
50 años, la misma que corresponde a femicidio, así que aquí, la especial
circunstancia de que la víctima es una mujer, que era su conviviente, que al
utilizar un arma de fuego y disparar a la cabeza configura claramente la
alevosía, y que el hecho se ejecuta en el propio hogar y frente a los hijos, no
deja dudas de que se trata de femicidio.
bien, se debe tener cuidado en cuanto a la alevosía, pues en este caso no creo
que deba estimarse como una agravante que aumente la pena, sino como un
elemento propio del delito, pues la literal h) del artículo 6 de la Ley de
femicidio establece que este delitos de configura “cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación
contempladas en el artículo 132 del Código Penal”.
La sentencia de Cámara Penal quedó finalmente así: II
Cuando de las valoraciones
probatorias positivas que realiza el tribunal de sentencia se desprenden hechos
que no fueron consignados en el apartado correspondiente –por ejemplo en este
caso, el de los hechos acreditados–, en atención al principio de “unidad de la
sentencia” pueden asociarse tales hechos con el objeto de complementar e
integrar correctamente la plataforma fáctica del caso, siempre y cuando tales
asociaciones fácticas se desprendan fehacientemente del otorgamiento de
valoración probatoria realizada por el a-quo y que no se aparten del
marco de la acusación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En el presente caso, tal y como la
Cámara de Amparo y Antejuicio de esta Corte le indicó a la Sala en el amparo
que dejó sin efecto su primera sentencia, del cuerpo considerativo de la
sentencia del a-quo se podía desprender fácilmente que sí había un hecho
tipificado como delito, especialmente cuando dice: “todo ello nos conduce a
pensar que se debe tener por probado el hecho que el señor Andrés Pan Pop llevó
a cabo una acción que encuadra dentro de los elementos positivos del delito de
homicidio preterintencional” (apartado romano V, página 19). - - - - - - -
- - Despejada esta primera dificultad,
corresponde analizar el motivo de casación invocado por el Ministerio Público,
el cual denuncia falta de aplicación de la Ley Contra el Femicidio
y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer al no haberse tipificado femicidio.
A este respecto se establece que aunque el procesado haya mostrado
arrepentimiento y confesado que disparó el arma de fuego contra la víctima sin
la intención de causarle la muerte, esta Cámara considera que la declaración de
la hija de la víctima, quien fue testigo presencial del hecho, no corrobora el
dicho de que la víctima le haya jalado el brazo al sindicado. Su declaración
transcrita dice: “…vi que tenía la pistola… ella al momento que le pegó en
la frente ella se inclinó… Estaba como a dos metros de mi mamá, él (el acusado)
estaba comiendo, se levantó, en ese momento no dijo nada, sólo llegó y le
disparó”. A esta declaración le fue otorgado valor probatorio por el
Tribunal de juicio, es contundente y refuta la calificación del homicidio como
preterintencional. El tribunal le merma fuerza probatoria diciendo que “los
detalles narrados por ella no son convincentes para poder determinar que el
acusado haya premeditado la acción cometida”, y que su declaración “no
encuentra sustento en otro órgano de prueba generado en el debate, porque el
acusado al hacer una confesión espontánea, narra de otra manera los hechos, por
lo que surge la duda razonable”. A este respecto debe mencionarse que la
dificultad en calificar el hecho no radica en que haya o no premeditación, sino
preterintencionalidad, es decir, no haber tenido la intención de causar un daño
de tanta gravedad como el que se produjo, y es esto precisamente lo que no se
corrobora por la forma en que la testigo presencial narra el hecho, quien dice:
“…ella al momento que le pegó en la frente ella se inclinó… Estaba como a
dos metros de mi mamá, él (el acusado) estaba comiendo, se levantó, en ese
momento no dijo nada, sólo llegó y le disparó”. Este hecho acreditado
inclina a creer, contrariamente a la inferencia que hace el tribunal, que el
procesado quiso herir a la víctima de forma directa, no siendo verosímil que
sólo quería disparar al aire, ni tampoco que, teniendo ella a un hijo en los
brazos, le haya jalado la mano al procesado y eso haya desencadenado la desgracia. Por lo
tanto, los hechos que el propio tribunal ha tenido por probados no demuestran
la preterintencionalidad sino lo contrario, incurriendo el tribunal en un error
de juicio en la aplicación del derecho sustantivo (error in iudicando in
iure) porque aplica indebidamente a los hechos el artículo que tipifica el
delito de homicidio preterintencional, siendo que la calificación correcta es
la de femicidio, toda vez que ha quedado establecido: el dolo homicida en el
sujeto activo, que la víctima era mujer y su conviviente en el momento del
hecho, que el mismo se ejecutó frente a los propios hijos, y que hubo clara
alevosía al haber empleado un arma de fuego con la que hirió a la víctima en la
cabeza, asegurándose así la ejecución de su propósito. Además, el hecho ocurrió
en un contexto de relaciones de poder entre hombre y mujer, ya que el sujeto
activo desenfundó su arma, según lo narrado por él, para “callarla”. Todo lo
anterior configura claramente el delito de femicidio conforme lo tipifica el
artículo 6 de la Ley Contra
el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer. Debe hacerse la
aclaración que las consideraciones anteriores no implican una valoración de la
prueba por parte de esta Cámara, sino que constituye una corrección jurídica de
la adecuación típica realizada por el sentenciante, de los hechos tenidos por
probados. ----------------------------
Ahora pregunto al lector: ¿es o no valorar prueba la forma en que se resuelve? ¿por qué?
homicidio preternintencional,
valoración de prueba en casación
"Si se ha ejercido la acción civil y fallece el procesado, ¿debe dictarse sentencia?" PRIMERA PARTE
En primer lugar deseo
agradecer a Anónimo que se haya tomado el tiempo de expresar su opinión. Me
parece muy valiosa. Quisiera pedirle a Anónimo que encabece sus comentarios con
algún seudónimo, así, si alguien más desea comentar, podre diferenciar de quién
se trata e identificar la línea de argumentación que corresponde a cada uno.
Anónimo ¿podría encabezar... por ejemplo, con Anónimo RD... o algo así?
Intentaré responder a
algunos comentarios: Lo primero es explicar algunos conceptos para ir fijando
un lenguaje común. Tal y como anónimo prudentemente pregunta en el número 6 (su
4to comentario), aclarar el concepto de sobreseimiento en el derecho procesal
guatemalteco es aquí muy importante. El efecto del sobreseimiento en el derecho
guatemalteco es "cerrar irrevocablemente el proceso con relación al
imputado..., inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar
todas las medidas de coerción..." (art. 330 del CPP). Para lo que anónimo
denomina "una pausa... mientras se cumple con determinada medida luego de
lo cual se reanuda el procedimiento", corresponde el concepto de clausura
provisional, que está regulada en el art. 331 CPP. Hecha esta precisión creo
que anónimo estará en mejor situación para comprender la razón de que hayamos
afirmado que “normalmente la muerte del procesado obliga al sobreseimiento”. Sin embargo, creo que
anónimo ha dado en algo clave que quizás fue pasado por alto en la forma que se
resolvió este caso, y que se desarrolla en el número 6 de sus comentarios. Allí
anónimo sugiere que se ha incurrido en una confusión en la interpretación del
artículo 328.1 del Código Procesal Penal cuando se identifica la muerte del
procesado como una condición necesaria para imponer una pena. Para anónimo la expresión
“falta de una condición necesaria” se refiere a “la ausencia de algo que puede
ser presentado o cumplimentado posteriormente”, pero que la muerte del
procesado “aún siendo la falta de una condición” se refiere a una “falta
definitiva”, y que por ende debe dar lugar a una medida igualmente definitiva y
no a una provisional. El punto aquí es que anónimo está identificando el
sobreseimiento como una suspensión provisional, y la extinción como medida
definitiva. Ello queda muy claro en 1, en donde expresa que “los términos
extinción y sobreseimiento no subsisten a la vez, se excluyen entre sí: o hay
extinción o hay sobreseimiento, según la causa que provoque la medida sea
definitiva-extinción o provisional-sobreseimiento”. Y más adelante, en 6, lo
reitera cuando dice: “un sobreseimiento es en derecho una
suspensión momentánea del proceso a causa de una medida pendiente de
cumplimiento o agotamiento, pero si de lo que se trata es de un hecho
definitivo como la muerte del procesado, ¿como se va a sobreseer? lo que
procede es la extinción.”
Seguramente después de haber
subsanado nuestra falta de precisión aclarando que en el derecho guatemalteco el
sobreseimiento es una medida definitiva, y que para lo que anónimo denominó como
“una suspensión momentánea del proceso” existe la figura de la suspensión condicional del proceso
(artículo 331 del CPP), queda modificado el escenario y anónimo comprenderá el
sentido de nuestra afirmación de que la muerte del procesado obliga al
sobreseimiento. Sin embargo, como dije
antes, la observación de anónimo tiene algo que cala más profundo y nos obliga
a reconsiderar nuestra afirmación, específicamente cuando señala como una
confusión el que hayamos identificado la muerte del procesado como una
condición necesaria para imponer una pena, pues en tal caso la norma haría referencia
sólo a circunstancias no definitivas y que admiten ser superadas, mientras que
para el caso de una circunstancia definitiva como la muerte del procesado lo
que procedería sería declarar la extinción de la persecución penal.
La explicación de esto es la
siguiente: Se partió de la idea (acaso injustificadamente literalista) de que
para terminar el proceso sólo disponemos de las figuras que expresamente
establece el Código Procesal Penal: ya sea la falta de mérito, el
sobreseimiento, la clausura provisional o el archivo. El caso pareció encajar
en el sobreseimiento porque la muerte del procesado deriva en la ausencia de
una condición necesaria para imponer una pena. Pero como anónimo no se siente
constreñido a este literalismo y concibe que una forma de terminar el proceso es
simplemente declarar la extinción de la persecución penal, quizás porque en el
derecho de su país así se haga, entonces ha sugerido que quizás el sobreseimiento
no era lo procedente en este caso. La muerte del procesado
extingue la persecución penal, pero como nuestro código no contempla expresa y
formalmente la declaración de ésta como una de las formas de terminar el
proceso, se buscó encajar el caso en el sobreseimiento, específicamente en el
artículo 328.1 CPP. Lo que el comentario de anónimo nos hace repensar aquí es
que podría haberse declarado la extinción de la persecución penal y punto, en
cambio, nosotros hemos creído que la supervivencia del procesado es una
condición necesaria para imponer una pena, y como en este caso ha fallecido se declaró el
sobreseimiento. Quizás declarar la extinción de la persecución penal era
suficiente e igualmente habría tenido fundamento válido. El caso es que se han
visto dos caminos diferentes para un mismo resultado, y quizás ninguno de los
dos es incorrecto, aunque para nuestra legislación y prácticas judiciales nos
ha parecido como el más correcto el del sobreseimiento.
Ojala alguien más se anime a opinar a este respecto.
Quedan aún pendientes de analizar otras objeciones hechas por anónimo,
especialmente sobre la suerte que debe seguir la acción civil válidamente
introducida. Pero eso lo dejaremos para después. Por el momento deseo expresarle a anónimo mi agradecimiento por sus comentarios, y espero que pueda continuarlos en el futuro.
Clausura provisional,
Extinción de la persecución penal,
muerte del procesado,
Si se ha ejercido la acción civil y fallece el procesado, ¿debe dictarse sentencia?
Casaciones conexazas
296-2011 y 359-2011
La acción civil legalmente introducida obliga a
pronunciarse sobre ella, aunque la sentencia sea condenatoria o absolutoria
(artículo 393CPP).
Normalmente, la muerte del procesado extingue la
persecución penal y obliga al sobreseimiento. Pero la acción civil válidamente
introducida pareciera obligar a dictar sentencia de casación sobre el fondo,
porque la responsabilidad civil depende de la responsabilidad penal. Así que aunque ya no se vaya a condenar al procesado a
una pena de prisión, porque ya está muerto, es necesario declarar su
responsabilidad penal, porque pronunciarse sobre ella es la condición necesaria
para poder decidir sobre la responsabilidad civil, sobre la cual persiste la
obligación de pronunciarse.
La responsabilidad civil (los daños y perjuicios),
media vez su reclamo ha sido legalmente introducido, no se extingue con la
muerte del responsable, porque quedan sus bienes.
Contra esta solución sugerida –de que en este caso
debe dictarse sentencia– parece oponerse el hecho de que las sentencias de
primera y segunda instancia han sido absolutorias. Pero la realidad es que la
casación mantiene aún pendiente el resultado final, y parece necesario
pronunciarlo para no vedar el derecho de la víctima de perseguir el patrimonio
(masa hereditaria) del sindicado fallecido.
Esto se aclara con la analogía de lo que sucede con
una deuda civil. Si alguien adquiere una deuda y posteriormente muera sin
pagarla, eso no obsta el derecho de los acreedores para reclamar su pago con los
bienes hereditarios. De igual manera, cuando el procesado comete un delito
(aunque aquí aún está pendiente la decisión final al respecto) adquiere una
deuda con la sociedad y con la
víctima. Si el procesado muere deja de tener sentido la pena
que recae sobre su libertad, pero persiste la posibilidad de la pena civil,
porque el procesado deja bienes que podrían cubrirla, total o parcialmente. - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
En caso de que se decidiera que no corresponde dictar sentencia debe
observarse lo siguiente: en un caso anterior (Casación 483-2009), en el que no
se había ejercido la acción civil, se dictó la sentencia pero sin entrar
realmente a conocer del fondo del asunto. Se redactó el fallo con toda la
estructura de una sentencia pero en el considerando sólo se hizo relación al
fallecimiento del procesado y se declaró “el
rechazo del recurso”. En mi opinión, la muerte del procesado no es razón
para rechazar el recurso, lo que
procede es declarar el sobreseimiento
del proceso. Como no se ha entrado al análisis de fondo sobre el recurso no es
lógico declararlo sin lugar, y si con rechazarlo
se quiso decir algo como que no se
admitía, ello sería contradictorio porque, habiéndose llegado a la fase de
dictar sentencia, es obvio que la casación ya había sido admitido para su
trámite. En mi opinión, si se ha llegado a la fase de dictar
sentencia y el procesado fallece, lo que procede es sobreseer el proceso, pues
tal y como lo establece la ley (artículo 328.1 del CPP), el sobreseimiento se
declara cuando resulta evidente la falta
de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. La muerte del
procesado provoca, obviamente, la falta
de una condición necesaria para imponer una pena. - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Surge la duda de si es correcta la salvedad de que el
sobreseimiento se decreta sin perjuicio de la acción civil. La forma en que se
declare esto debe ser cuidadosa, porque puede generar malas interpretaciones.
No se trata de que la
Corte Suprema de Justicia esté afirmando que la acción civil
deba ser declarada procedente, o que el derecho del actor civil queda
declarado. Se trata más bien de dejar abierta la puerta al actor civil para que
tome conciencia que, si así lo desea, puede seguir haciendo las gestiones que
estime pertinentes respecto a su reclamo, en cuyo caso, respetando la secuencia
de las instancias, deberá hacerlas ante los jueces de instancia.
La redacción que se propone es: “Dicho
sobreseimiento se decreta sin perjuicio de que el actor civil pueda gestionar
lo que estime pertinente respecto a su reclamo”.
finalmente fue aprobada por la Cámara penal dice asï:
artículos 101 del Código Penal y 32 del Código Procesal Penal establecen que la
responsabilidad penal y la persecución penal se extinguen por la muerte del procesado
o imputado. Por su parte, el artículo 328 del Código Procesal Penal establece
que corresponde sobreseer el proceso cuando resulte evidente la falta de alguna
de las condiciones para la imposición de una pena. En el presente caso, la
muerte del procesado Raúl Danilo González Lima, la cual se encuentra acreditada
en el expediente, provoca automáticamente la extinción de la responsabilidad y
la persecución penal, y, en consecuencia, la falta de una de las condiciones
necesarias para poder imponer una pena, razón por la cual corresponde decretar
el sobreseimiento. Dicho sobreseimiento se decreta sin perjuicio de que el
actor civil pueda gestionar lo que estime pertinente respecto a su reclamo. - -
- - - - - - - - - - - - - Publicado por
condena a daños y perjuicios,
Orden en el trato de los motivos de casación penal: ¿primero los de forma y luego los de fondo o viceversa?
Análisis de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad el veintidós de febrero de dos mil doce, dentro del expediente de amparo número 1450–2011.
Se intenta desarrollar un argumento para demostrar la improcedencia de
lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que ordena pronunciarse primero
sobre el motivo de forma y solamente, de no prosperar éste, sobre el motivo de
condenó a los dos procesados como responsables del delito de facilitación de medios, imponiéndole a
cada uno la pena de cinco años inconmutables. El Ministerio Público apeló y la
Sala anuló el fallo anterior condenando a los sindicados a dieciocho años de
prisión por el delito de comercio,
tráfico y almacenamiento ilícito (art 38 de la Ley contra la narcoactividad). Los sindicados plantearon casación por
motivos de forma y de fondo y la Cámara Penal de la Corte Suprema de
Justicia casó la sentencia de la Sala, regresando el delito a la calificación
jurídica original de facilitación de
medios (art 41 de la misma ley). La Cámara
Penal analizó primero el motivo de fondo y al encontrar
razones para acogerlo no se pronunció sobre el de fondo por estimarlo
innecesario. Esta sentencia puede consultarse en http://www.oj.gob.gt/masterlex/default.asp.
interpuso amparo contra lo resuelto por la Cámara Penal y la
Corte de Constitucionalidad resolvió otorgarlo, ordenando a la mencionada Cámara
–integrada con magistrados distintos– que emita nueva sentencia pronunciándose
primero sobre el motivo de forma y, de encontrarlo improcedente, sobre el
motivo de fondo, púes aparte de que esa es la técnica regularmente asumida por
el Tribunal de Casación, la efectiva tutela judicial requiere que previamente a
resolver el asunto de fondo, planteado a través del motivo de fondo, el
tribunal está “obligado” a verificar que el trámite de la causa se haya
cumplido respetando el debido proceso, lo que se plantea a través del motivo de
forma. (La sentencia de la CC no ha sido publicada pero se puede consultar en Amparo de la CC 1450-2011 del 22-02-2012
de los argumentos de la Corte de Constitucionalidad
La decisión de otorgar el
amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad se basa en dos argumentos
principales, y que los adorna con dos argumentos secundarios. Los argumentos principales
son: 1º) Que se omitió justificar
por qué se conocía primero del motivo de fondo, que al ser acogido, derivó en
que se dejara de resolver las denuncias por vicios de forma, es decir, el motivo
2º) Que la garantía
constitucional de una tutela judicial efectiva “obliga” al Tribunal de Casación
a verificar primero que en el trámite de la causa se haya cumplido y respetado
el debido proceso, presupuesto esencial e imprescindible para viabilizar la
emisión de una sentencia sobre el fondo, pues sólo verificando la observancia
de las formas esenciales del proceso es posible afirmar la validez de la
decisión final sobre el fondo.
Los argumentos secundarios
A) Que la técnica asumida con
regularidad por el Tribunal de Casación ha sido supeditar el conocimiento y
resolución de los motivos de fondo a la previa resolución de los motivos de
forma.[1] B) Apelando a un argumento
de autoridad cita a Fernando De la Rúa, para quien “el primer orden de motivos que debe considerar el tribunal es el
relativo a la inobservancia de formas procesales denunciadas porque su
acogimiento, en tanto acarrearía la nulidad del fallo, impediría el
pronunciamiento respecto de la aplicación de la ley sustantiva”. Los argumentos A) y B) son
muy persuasivos, pero al ser bien analizados se establece que el primero no conlleva
una obligación necesaria para la Cámara Penal, y el segundo es sólo otra formulación
original del argumento principal número 2). El argumento secundario A)
no es válido porque las prácticas jurídicas, aunque sean ciertas, no tienen
fuerza normativa vinculante. Es decir, que algo se haya hecho de una forma antes
no obliga a hacerlo igual todas las veces, ni existe tampoco norma legal que
así lo ordene. La propia
Corte de Constitucionalidad se ha apartado muchas veces de su
propia doctrina, y la
Corte Suprema de Justicia, como órgano superior de la
justicia ordinaria, también tiene la misma potestad.
El argumento secundario B)
se fusiona en este caso con el argumento principal 2), pues en el fondo ambos se
refieren a lo mismo. Ambos son en realidad la parte esencial con que se
pretende sostener la decisión de la Corte de Constitucionalidad, y que puede
reformularse diciendo que no puede resolverse
sobre el fondo (lo sustantivo) si antes no se ha verificado que se cumplió
fielmente con las condiciones formales de procedimiento establecidas para fijar
los hechos y obtener los elementos de juicio que permitan resolver
correctamente la cuestión de fondo.
Nuestra tesis es que la Corte Suprema de Justicia es soberana para establecer cuándo las circunstancias particulares del caso hacen pertinente resolver el motivo de forma antes que el de fondo, o viceversa, y cuándo, de prosperar alguno de ellos resulte irrelevante entrar al análisis del otro. Ésto ya ha sido analizado y reconocido por la jurisprudencia moderna[2]. Tal ha sido la situación en el presente caso e intentaremos explicarla en lo que sigue
Punto esencial para la comprensión
de la presente discusión, es hacer notar que, desde el punto de vista lógico, no
existe una relación de dependencia necesaria
entre el motivo de forma y el motivo de fondo. Es decir, el motivo de forma
puede resolverse independientemente del motivo de fondo, e igualmente el motivo
de fondo puede resolverse haciendo abstracción del motivo de forma; es decir,
dejando de lado deficiencias de procedimiento, especialmente cuando éstas no resultan
esenciales en la determinación de los hechos ni del derecho sustantivo
aplicable, cuando así lo pide expresamente la parte interesada, cuando los
principios de economía procesal y celeridad así lo demandan, cuando el abuso
del formalismo es nocivo para la justicia, cuando el interés procesal permite
soslayar la declaratoria de la nulidad formal, o en fín, cuando el vicio
alegado tanto por el fondo como por la forma es el mismo. Si bien es posible admitir
en abstracto que generalmente resulta aconsejable resolver antes el motivo de
forma que el de fondo, no hay ninguna razón lógica ni práctica ni legal que
pueda imponerse a priori como una
regla universal para todos los casos.
demuestran la improcedencia e invalidez del razonamiento empleado por la Corte
de Constitucionalidad. En primer lugar, los motivos de forma y de fondo fueron
ambos interpuestos por los procesados. El Ministerio Público planteó amparo
alegando inconformidad únicamente contra los razonamientos empleados para
resolver el motivo de fondo, es decir, no protestó porque el Tribunal de
Casación haya considerado innecesario analizar el motivo de forma. Es decir, si
acaso hubo algún vicio formal o de procedimiento, éste quedó consentido
conforme al principio de convalidación al no haber sido alegado como motivo del
amparo ni por el Ministerio Público ni por los procesados que se supondría son
los directamente afectados. La Corte de Constitucionalidad entra a considerarlo
oficiosamente, lo que en sí no es incorrecto, pero lo hace de forma superficial
y sin entrar a analizar si las circunstancias del caso concreto justificaban
omitir, por irrelevante, el análisis del motivo de forma.
convalidación de los vicios en el procedimiento opera en el derecho procesal
penal, como lo demuestra, por ejemplo, que la protesta de anulación contra las
resoluciones emitidas durante el debate es requisito necesario para la posterior
admisión del recurso de apelación especial (artículo 402, 403, 425 del CPP). Si el
interesado no protesta, a través del recurso de reposición, contra una
resolución emitida durante el debate, ésta, aunque de hecho implique una
infracción al procedimiento, se convalida y ya no puede ser impugnada en
apelación especial, pues en caso contrario se iría en contra de los principios
de preclusión procesal y de certeza jurídica.
Resumiendo lo dicho hasta
ahora, la sentencia de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad se
basa en un razonamiento oficioso no justificado, apoyado en un razonamiento
inválido y sin un fundamento legal. Por lo que se constituye en una resolución
de Justicia no está obligada a acatar ante su manifiesta ilegalidad[3], pues
basándose en un razonamiento superficial e inválidamente fundamentado, y bajo
la falsa apreciación de que se infringe la garantía constitucional del debido
proceso, interfiere indebidamente contra la potestad que con exclusividad
absoluta posee esta Corte en la aplicación de la justicia ordinaria. Esta interferencia se
manifiesta no sólo en lo dicho hasta ahora, sino en el segundo párrafo del
apartado considerativo dos de la sentencia de amparo, en donde la Corte de
Constitucionalidad adelanta flagrante e ilegalmente su juicio respecto al
propio fondo de lo resuelto por esta Corte en casación, dejando así en claro
que ella misma ha podido emitir un juicio sobre el fondo haciendo abstracción
de las deficiencias formales denunciadas en el motivo de forma. En este párrafo
la Corte de Constitucionalidad dijo: «Procede el emparo cuando el tribunal de
casación al conocer de un recurso por motivo de fondo se extralimita en sus
funciones, variando la calificación jurídica penal al aplicar erróneamente los
principio constitucionales de “favor rei” y “favor libertatis”.»
evidencia que efectivamente los reclamos de forma no le han impedido emitir
juicio sobre el fondo del asunto. El mismo principio que invoca la Corte de
Constitucionalidad para justificar su decisión, el de tutela judicial efectiva, es igualmente aplicable para comprender
lo que el Tribunal de Casación hizo al resolver primero el motivo de fondo.
Esta indiscreción de la
Corte de Constitucionalidad puede interpretarse incluso como una insinuación
velada de cómo habría de resolverse en el futuro el motivo de fondo, lo que
constituye una interferencia ilegal en la justicia ordinaria, llegando dicha
corte al extremo de sugerir que para tal efecto el Tribunal de Casación deberá
integrarse con otros magistrados
distintos a los titulares.
Debe observarse que la
conclusión de que el motivo de forma siempre debe resolverse antes que el
motivo de fondo se basa en la falsa concepción de que necesariamente existe una
prelación constitutiva entre ambos motivos. Como si se tratase de eslabones
contiguos sobre los que no se puede transitar sino en un orden lineal. Ciertamente
esto puede ser así en muchas ocasiones, pero no necesariamente siempre.
Por último, aunque por
razones prácticas invertimos el orden, debe analizarse aquí el argumento
principal que identificamos con el número 1), que consiste en señalarle al
Tribunal de Casación que omitió justificar por qué conoció primero del motivo
de fondo, que al haber sido acogido derivó en que no se resolviera las
denuncias por vicios de forma.
Aquí no se trata ya de
explicar por qué el orden en la resolución de los motivos puede ser variable,
sino solamente de que el orden escogido no fue explicado. La primera objeción
que salta a este razonamiento es que no existe norma jurídica concreta que fije
un orden en el conocimiento de los motivos de casación. En segundo lugar, el
Tribunal de casación no omitió dar razón de por qué no se pronunciaba sobre el
mismo, pues hizo constar que no lo hacía porque resultaba innecesario ante la
forma en que se resolvía el motivo de fondo. Es decir, hay en la sentencia una
razón concreta y específica por la que tanto los procesados como el Ministerio
Público habrían podido alegar en amparo, si así lo hubiesen considerado pertinente
a su derecho, cosa que en este caso no hicieron. Por lo tanto, en este aspecto
la sentencia del Tribunal de Casación tampoco infringe el debido proceso.
el texto original la Corte de Constitucionalidad dice que se ha supeditado el
conocimiento y resolución de los motivos de fondo al previo desistimiento de los motivos de forma
invocados por quien impugna. La palabra “desistimiento” es producto de un error
en la redacción, debiendo entenderse, en aplicación del principio de caridad (Davidson) que lo que se ha querido decir es
que la resolución de los motivos de fondo está supeditada al “previo
conocimiento” de los motivos de forma.
[2] Véase por ej. el artículo de
Baltazar Rodríguez, Luis Alonso, Una
nueva versión del recurso de casación por el fondo (El orden de conocimiento de
los agravios), que se puede localizar en http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2017/salazar17.htm
[3] El artículo 156 de la Constitución Política
de la República establece la no obligatoriedad de ordenes ilegales: “Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
Interferencia entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional,
Orden de conocimiento de agravios
Juez unipersonal de sentencia. Un ejemplo de disle...
Art. 7 de la Ley contra el femicidio
Arts. 147 y 148 de la LOJ
Calificación mecánica
Calificación para la admisión de recursos de casación penal
Calificación y admisión de recursos
condena a daños y perjuicios
Deuda y no estafa
Dislexia conceptual
Enredo innecesario
Extinción de la persecución penal
homicidio preternintencional
Interferencia entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional
Motivo de casación del art 622.5 del CPCM
Normas procesales y normas sustantivas
Requisito de temporalidad