Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/679649765
Timestamp: 2020-07-06 13:09:04
Document Index: 328500662

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 42', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 241', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 2488', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 2']

Sentencia de Constitucionalidad nº 107/17 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 679649765
PATRIMONIO FAMILIAR. FAMILIAS A FAVOR DE LAS CUALES PUEDEN CONSTITUIRSE ESTE PATRIMONIO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables. Los demandantes consideran que las expresiones acusadas, en cuanto limitan la posibilidad de constituir el patrimonio de familia a favor de las parejas, bien sean casadas o vinculadas a través de unión marital de hecho, desconocen los artículos 5º, 15, 28 y 42 de la Constitución. Esto, debido a que excluye de la protección legal contenida en la norma demandada a otras formas constitutivas de familia, que prescinden de la existencia de una pareja. La Corte considera que las normas acusadas incurren en una discriminación injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y las unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos son sujeto de protección integral, en los términos del artículo 42 de la Constitución. . La Sala Plena precisa que, aunque de acuerdo con la misma norma constitucional la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen de configuración legislativa, el mismo no puede establecer limitaciones o distinciones que no se sustenten en un criterio constitucionalmente admisible. Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos cuestionados, en el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y a los integrantes de la familia extensa.
Actores: L.M.B. Tirado y R.D.P.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos L.M.B. Tirado y R.D.P. demandaron la constitucionalidad del artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”.
L. modificado por la Ley 495 de 1999, artículo 2º. De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad.
L. modificado por la Ley 495 de 1999, artículo 2º. De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente.
La Defensora D.egada para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo interviene en el presente trámite con el fin que se adopte un fallo inhibitorio respecto de los cargos basados en la presunta violación de los artículos 1, 5, 15, 16, 18, 28 y 42 de la Constitución, y se declare la exequibilidad condicionada por la violación del derecho a la igualdad, en el entendido que la norma también comprende en igualdad de condiciones a los integrantes de las familias extensas.
El Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal remitió ante la Corte concepto técnico realizado por el doctor J.A.G.C., el cual solicita que se adopte un fallo de exequibilidad condicionada, en el entendido que deben entenderse incluidas en la norma acusada las personas que tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado y civil hasta el primer grado, por conformar una familia.
No obstante, esta definición amplia de la familia como beneficiaria del reconocimiento y la protección constitucional no está incluida la familia unipersonal, puesto que el concepto reconocido supone la pluralidad de personas, que tiene como propósito “la compañía y el socorro recíproco, como opción de vida común sin importar el sexo ni el origen familiar.” Por ende, la protección de sujetos individuales en el concepto analizado es admisible solo en el caso de los menores, pero no porque en sí mismos conformen una familia, sino que porque son sujetos de especial protección en los términos del artículo 44 C. Asimismo, el interviniente también excluye de ese ámbito protegido a las “personas mayores de edad que no tienen vínculo parental alguno ni conforman pareja, aunque compartan el mismo techo, se socorran y auxilien mutuamente, porque tal forma de supuesta organización familiar no encuentra cobijo en el artículo 42 de la Constitución”. En tal sentido, no existe vulneración a la Constitución cuando la norma acusada excluye de la opción de constituir patrimonio de familia a las denominadas familias unipersonales, así como a aquellos grupos de mayores de edad sin “vínculo parental”. Esto, por supuesto, sin perjuicio de la obligatoriedad de constitución del patrimonio de familia para el caso de los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés prioritario, en los términos de la Ley 1537 de 2012.
La profesora C.L.U.M., Coordinadora del Área de Familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, presenta documento preparado por la investigadora M.J.M.F., en el cual se solicita a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de la disposición demanda, en el entendido que se permite a los demás tipos de familia reconocidas, la posibilidad de acceder a esta garantía para salvaguardar sus derechos como unidad familiar.
Señala, en primer término, que el instituto jurídico del patrimonio de familia está vinculado a la protección del derecho a la vivienda, dotando al inmueble respectivo de condiciones de inembargabilidad e inalienabilidad. Es una medida que, conforme la noción contemporánea sobre el tema, debe predicarse de todas las modalidades de conformación familiar, acreedoras de manera equitativa de la protección estatal, de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 42 C., sin que pueda preverse un modelo tipo que deban seguir los grupos familiares. Así, “[t]odas las familias, entendidas como elemento natural y fundamental de la sociedad, tienen derecho a ser protegidas por el Estado y la sociedad. Dentro de esa protección que debe garantizarse, está la posibilidad de constituir un patrimonio especial, con calidad de no embargable y bajo la denominación de patrimonio de familia.”
El profesor C.E.G.S., del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, interviene en este proceso con el fin que la Corte declare la inexequibilidad de los apartes acusados y proceda a integrar una nueva normativa, acorde con la Constitución y en sustitución del precepto legal declarado inexequible.
Señala que a partir de la interpretación otorgada por la jurisprudencia constitucional al artículo 42 C., se concluye necesariamente que la familia puede ser conformada de diversas maneras, entre ellas tanto por la familia unipersonal como por la tipo extenso, esto es, la derivada de “la decisión que tomen las personas mayores de compartir un mismo techo y que se encuentran relacionadas por vínculos de consanguinidad, civil o de afinidad relacionadas por vínculos de consanguinidad, civil o de afinidad y que no tengan hijos menores de edad.” Con base en esta comprobación, el interviniente requiere a la Corte para que adopte una sentencia integradora, en los términos antes indicados.
El profesor G.M.P., de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, presenta concepto justificativo de la exequibilidad condicionada de la norma demandada, modulando sus efectos en los términos que se exponen a continuación.
La investigadora M.P.R.H., de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, presenta intervención en la que defiende la inexequibilidad de la norma demandada. Para ello, formula documento en el que, no obstante, manifiesta actuar a título exclusivamente personal.
La investigadora reitera los argumentos planteados por otros intervinientes, en el sentido que la jurisprudencia constitucional ha contemplado un concepto flexible y evolutivo de familia, en el cual se incorporaría tanto la familia extensa como la familia unipersonal. De igual manera, advierte que en la medida en que el patrimonio de familia es un instrumento dirigido a proteger ese grupo de las contingencias vinculadas a la pérdida de la vivienda, se vulnera el artículo 48 C. cuando injustificadamente se excluyen a los tipos de familia mencionados del uso de dicho instituto.
Los investigadores J.A.A.G., C.I.T., E.R.P. y D.A.L.C., integrantes del Grupo de Litigio Estratégico de la Universidad Industrial de Santander, formulan ante la Corte intervención en la exequibilidad de la norma demandada.
4.14. Ciudadano N.R.C.
Sobre este particular, el interviniente sostiene que en el caso de la familia unipersonal, no puede colegirse que la jurisprudencia constitucional le haya otorgado el estatus propio del artículo 48 C., pues las referencias a la misma han sido solo tangenciales. Por lo tanto, no podría concluirse que se está ante una omisión legislativa relativa, sino respecto de una de carácter absoluto, frente a la cual la Corte carece de competencia diferente a exhortar al legislador para que regule esa materia.
5.1. La Procuraduría General de la Nación manifiesta, como cuestión preliminar, que a partir de lo decidido en la sentencia C-577 de 2011, la Corte interpretó de manera contraria a lo que denomina el “concepto auténticamente constitucional”, la institución de la familia prevista en el artículo 42 C. Esto porque eliminó el requisito de “heterosexualidad” de la pareja como uno de sus elementos esenciales, sin tener justificación para ello y contrariando dicha norma superior. En ese sentido, solicita a la Corte que rectifique su jurisprudencia y retorne a dicha presunta interpretación auténtica de la Constitución en cuanto al concepto de familia.
5.2. Expresa que de acuerdo con una previsión específica del artículo 42 C., la regulación sobre el patrimonio de familia es un asunto incorporado a la órbita propia del legislador, de lo cual se colige la existencia de un amplio margen de configuración sobre el particular. Por lo tanto, bien podía el Congreso circunscribir el patrimonio de familia a determinados grupos familiares, sin que con ello discrimine a las demás, a concepto del Ministerio Público, “creadas artificialmente” por la jurisprudencia constitucional. Así, “la ley no genera ni promueve una exclusión de las demás familias, sino que establece una protección especial en favor del valor social que se atribuye tanto a los vínculos de solidaridad como a los vínculos de afecto y al proyecto de vida en común de las parejas comprometidas.”
1. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en una Ley de la República.
De otro lado, la Procuraduría General solicita, de manera principal, que la Corte modifique su precedente para que declare lo que en su sentir es el “verdadero sentido” del artículo 42 C., que en su criterio solo protege a la familia biparental de diferente sexo. De forma subsidiaria, estima que debe adoptarse un fallo inhibitorio, en tanto la demanda se fundamenta en una presunta discriminación contra grupos de personas que han sido “artificialmente” considerados como familias, pero que no se ajustan a dicho presunto “real sentido” de la norma constitucional mencionada. Agrega que en el caso particular de la familia unipersonal, la misma no ha sido considerada como tal por la jurisprudencia constitucional, más allá de una referencia, en todo caso marginal, en una de sus decisiones.
Como se explicará en mayor detalle, las reglas fijadas por la Corte en materia del reconocimiento de las diversas modalidades de familia no surgen del capricho ni de una errónea interpretación de la Constitución. Antes bien, tienen fundamento en una lectura de la Carta respetuosa del pluralismo, el mandato de prohibición de discriminación fundada en el origen familiar, la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad y el carácter prevalente de los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, lo que pretende el Ministerio Público sobre este particular es que la Corte adopte su posición subjetiva sobre cómo debería interpretarse el artículo 42 C., que a su juicio protege únicamente a la familia biparental de diferente sexo. Esta postura dista ostensiblemente de las mencionadas prescripciones constitucionales, por lo que en modo alguno resulta admisible.
Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;
Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y
Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.
Para resolver esta materia, la Sala adoptará la siguiente estructura: en primer lugar, explicará las características definitorias del patrimonio de familia, a partir de su consagración legal y la interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia. Luego, recapitulará el precedente sobre el mandato de protección jurídica equitativa de las diferentes modalidades constitutivas de familia, en los términos del artículo 42 C. En tercer término y a partir de las reglas que se deriven de las anteriores etapas de análisis, se resolverá el problema jurídico planteado.
12. El artículo 42 C. determina que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y, por esta razón, es acreedora de protección integral por parte del Estado. En ese sentido, esta norma constitucional establece una serie de salvaguardas a su favor, tanto de índole personal como económico, entre las que se destacan la inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia; la igualdad de derechos entre la pareja y el deber de respeto recíproco entre sus miembros; la obligación de tratamiento legal paritario entre los hijos al margen de la índole de su filiación; la libertad reproductiva de la pareja; y el diferimiento a la ley civil de los asuntos relativos a las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, el reconocimiento legal de los matrimonios religiosos, así como la disolución del vínculo matrimonial.
Para el caso analizado, interesa concentrarse en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 C., norma que establece que la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Las medidas de protección de dicho patrimonio han sido una constante en el ordenamiento jurídico colombiano, interesado en prodigar a la familia de un grado de estabilidad económica suficiente, el cual salvaguarde a sus integrantes de verse afectados gravemente en sus derechos fundamentales por el hecho de la disminución de los bienes que requieren para su subsistencia en condiciones dignas. Esto a través de medidas destinadas bien a excluir determinados inmuebles del acervo constitutivo de la prenda general de garantía de los acreedores, o estableciendo restricciones para la enajenación del inmueble que sirva de vivienda a la familia.
D. mismo modo, a partir del análisis de la figura en el derecho comparado, la Sala también ha concluido que la finalidad del patrimonio de familia es dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad.[6]
18. La Constitución ofrece una fórmula amplia y comprehensiva acerca de la definición de familia. Conforme el artículo 42 C., la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se conforma por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Estas diferentes modalidades de familia son todas ellas equivalentes respecto de la protección constitucional que se les prodiga, cuyos componentes también están establecidos en la citada norma superior.
18.1. El artículo 42 C. dispone como una de las vías para la construcción de la familia la “voluntad responsable de conformarla”. Esta cláusula involucra necesariamente el reconocimiento de un amplio grado de autonomía de las personas, quienes pueden optar por configurar su grupo familiar de acuerdo con su personal criterio, con la sola condición que se trate de una decisión responsable.
Por lo tanto, se estaría ante un tratamiento discriminatorio injustificado cuando se le dé carácter obligatorio o preferente a determinados tipos de estructura familiar, a pesar que desde la misma Constitución se prescribe una fórmula amplia de configuración, en los términos explicados. Como es bien sabido, para que un tratamiento jurídico diferenciado sea admisible, debe comprobarse la existencia de un factor válido desde la perspectiva constitucional que lo permita. En el caso analizado, conferir un trato diferente a un grupo familiar sobre otro sería un acto contrario al derecho a la igualdad, al menos por dos tipos de razones: (i) porque la Constitución no determina en modo alguno una fórmula particular de conformación de la familia, de manera que una distinción con propósitos de reconocimiento jurídico carecería de sustento; y (ii) porque el artículo 13 C. determina como uno de los criterios sospechosos de discriminación el origen familiar, por lo que la validez constitucional de un tratamiento diferenciado entre modalidades de familias solo estaría justificado ante la verificación de un motivo imperioso, cuya presencia es improbable en el caso de las regulaciones sobre la familia.
18.2. Estrechamente vinculado con el anterior criterio, la necesidad de prodigar tratamiento paritario entre las familias se deriva de la protección del derecho a la intimidad. En los términos del artículo 15 C. todas las personas tienen derecho a su intimidad personal o familiar. Es evidente que cuando se privilegia injustificadamente una modalidad constitutiva de familia sobre otra, se está afectando este derecho, puesto que el Estado invade la órbita interna del sujeto, al indicarle qué modo de familia debe conformar con el fin de hacerse acreedor de la protección jurídica correspondiente.
El vínculo entre la protección de la intimidad familiar y la obligación de tratamiento paritario entre las distintas modalidades de familia ha sido identificado desde el derecho internacional de los derechos humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso los siguientes argumentos al decidir el caso A.R. y Niñas v. Chile, que por su importancia para el asunto debatido y en razón a que ofrecen una visión amplia del tema desde la perspectiva comparada, son transcritas in extenso:
En primer lugar, y respecto a la protección convencional de parejas del mismo sexo, en el C.S. y K. Vs. Austria, el Tribunal Europeo revisó su jurisprudencia vigente hasta ese momento, en la cual solamente había aceptado que la relación emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye “vida privada”, pero no había considerado que constituyera “vida familiar”, aun al tratarse de una relación a largo plazo en situación de convivencia[22]. Al aplicar un criterio amplio de familia, el Tribunal Europeo estableció que “la noción de ‘vida familiar’ abarca a una pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma situación”[23], pues consideró “artificial mantener una posición que sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja del mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los términos del artículo 8” del Convenio Europeo[24].
En el presente caso, el Tribunal observa que desde noviembre de 2002 hasta la decisión de tuición provisoria, en mayo de 2003 (…), existía un vínculo cercano entre la señora A., la señora De R., el hijo mayor de la señora A. y las tres niñas. Al respecto, la señora A. manifestó que “éramos una familia absolutamente normal. Un niño, tres niñas, un gato, un perro, una perra, una casa, teníamos proyecto como familia. Teníamos sueños como familia”[25]. Además, la señora De R. declaró que “[l]a vida de los cinco miembros de la familia, seis [con ella] era muy cercana a lo idílico[, pues e]stablecieron una relación de mucha comunicación, al menos entre las mujeres de la familia”[26].
Por tanto, es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora A., su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre.”[27]
18.3. La Corte también ha fundamentado el deber de protección paritaria a las diferentes modalidades constitutivas de familia en la igualdad que la Constitución prescribe respecto de los hijos. El inciso séptimo del artículo 42 C. determina que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. Con base en esta previsión superior, la jurisprudencia ha concluido que existe un mandato imperativo de protección jurídica equitativa a los hijos, sin que puedan establecerse discriminaciones entre ellos por ninguna circunstancia, en especial aquellas que pretendan otorgar un tratamiento jurídico más favorable a determinadas modalidades de filiación respecto de otras.
Llevado este argumento a la materia analizada, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que las diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo tratamiento jurídico por parte del Estado, esta vez en razón a que suponer lo contrario significaría una distinción fundada en la naturaleza de la filiación, la cual se encuentra prohibida por la Carta. En ese sentido, lo previsto en el artículo 42 C. no puede ser comprendido únicamente como la igualdad entre los hijos, sino que también incorpora la necesidad de equiparar a las diferentes formas de filiación y, de una manera más general, de vínculo familiar fundado en características de carácter material, según se ha explicado en precedencia.
En ese orden de ideas, la necesidad de otorgar el mismo nivel de protección a las diferentes modalidades de familia, se explica en que las personas que las integran también deben recibir el mismo tratamiento, así como las salvaguardas que les confiere el orden jurídico, pues de lo contrario se estarían planteando diferencias fundadas en el tipo de filiación, que son constitucionalmente inadmisibles. En términos de la jurisprudencia objeto de examen, “a la luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y la conformadas por fuera de éste, y que esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado. || Si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar.”[28] (S. no originales).[29]
En consecuencia, si se adoptase una posición que privilegie una manera en particular de concebir la familia, como es la postura defendida en este proceso por el Ministerio Público, el resultado necesario sería la desprotección de las dos terceras partes de la población colombiana, lo cual es a todas luces insostenible. En contrario, como se ha señalado insistentemente en esta sentencia, las diferentes formas de familia, que como se acredita no son simples hipótesis teóricas sino que están representadas en datos demográficos comprobables, son todas sujetos del debido reconocimiento y protección, particularmente respecto de las garantías previstas en el artículo 42 C.
Asimismo, la Sala también evidencia que las reglas expuestas en el caso de la familia de crianza, resultan por entero aplicables respecto de las familias extensas, esto es, aquellas que se conforman por parientes vinculados por algún grado de filiación. En ese caso, la configuración de la familia no solo se soporta en la acreditación de los criterios materiales expuestos, sino también concurre prueba de la existencia de parentesco, según las reglas del derecho civil. Sin duda alguna, las familias extensas así consideradas son una modalidad constitutiva de familia en los términos del artículo 42 C.
22. Esta situación es contraria a la protección equitativa de las diferentes modalidades de familia, según lo dispone el artículo 42 C. En efecto, en esta decisión se han expuesto dos premisas definidas: (i) el patrimonio de familia es un instituto jurídico destinado a la salvaguarda de ese grupo humano, en tanto protege al inmueble que le sirve de vivienda y, por ende, de ámbito físico para la vigencia de distintos derechos fundamentales; y (ii) que en una sociedad democrática respetuosa del pluralismo y del derecho a la intimidad personal o familiar, las diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo grado de protección por parte del Estado y que no proceden diferencias de trato jurídico entre ellas, salvo que se compruebe la existencia de un criterio imperioso para ello. Esto en razón a que el origen familiar es un criterio sospechoso de discriminación.
De conformidad con estos presupuestos, la Corte advierte que no existe un motivo constitucionalmente fundado para que las familias extensas, de crianza o las unipersonales, no puedan acceder a la conformación del patrimonio de familia. A pesar que en los términos del artículo 42 C., corresponde al margen de configuración legislativa la definición del patrimonio de familia inembargable, las distinciones legales que se realicen sobre esta materia deben ser compatibles con los parámetros expuestos. Sobre el particular, no se evidencia ninguna razón que permita justificar la exclusión en comento.
“La familia como objeto constitucionalmente protegido (C. art. 42) requiere un espacio determinado en el cual se desarrolla y se realizan los procesos propios de este fenómeno social. Dicho espacio corresponde a la vivienda y las condiciones antes indicadas, que cualifican su dignidad y benefician a cada uno de sus integrantes, así como a la familia. Sin la mencionada protección a los individuos integrantes de la familia, ésta se ve desprotegida y se enfrenta a su disolución.
Si el legislador considera necesario, o las circunstancias fácticas lo tornan demandable, la existencia de un sistema especial de financiación de la tenencia de vivienda familiar, la actividad privada se encontrará sujeta, en lo que a la autonomía respecta, a los parámetros constitucionales y estatales de actuación.” (S. no originales).
25. Las normas acusadas incurren una discriminación injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y las unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos son sujeto de protección integral, en los términos del artículo 42 C. De esta manera, aunque de acuerdo con la misma norma constitucional la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen de configuración legislativa, el mismo no puede establecer limitaciones o distinciones que no se sustenten en un criterio constitucionalmente admisible. En el caso analizado, dicho criterio es inexistente, lo que impone la adopción de un fallo de exequibilidad condicionada, que extienda dicha protección a favor de las familias extensas, de crianza y las unipersonales.
[1] Corte Constitucional, sentencia C-340 de 2014 (M.M.V.C.C.. SV. L.E.V.S.. AV. M.V.C.C., L.G.G.P..
[2] La Corte ha utilizado la metodología de la integración normativa en innumerables ocasiones. Para efectos de este análisis se utiliza la síntesis expresada en la sentencia C-104 de 2016 (M.L.G.G.P.. AV. M.V.C.C., L.E.V.S..
[4] Diario Oficial número 21706, de 5 de junio de 1931La cita es tomada de la sentencia C-317 de 2010 (M.N.P.P.. SV M.V.C.C., J.C.H.P., G.E.M.M. y J.I.P.P., fundamento jurídico 2.2.3.
[5] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (M.N.P.P.. SV M.V.C.C., J.C.H.P., G.E.M.M. y J.I.P.P., fundamento jurídico 2.1.1.
[7] La Corte concluyó que esta limitación en el valor del inmueble objeto del patrimonio de familia no se oponía a la Constitución y específicamente no incorporaba un tratamiento discriminatorio injustificado respecto de las familias que habitan inmuebles de un valor mayor. Al respecto se señaló que “surge del derecho comparado y de su regulación en Colombia, desde el momento mismo en que fue creada esa institución, el bien objeto de constitución del patrimonio de familia queda excluido del derecho de los acreedores a su persecución judicial para obtener la satisfacción de créditos insolutos. || Es decir, la prenda general del patrimonio del deudor en beneficio de sus acreedores se ve disminuida, en cuanto el bien objeto de patrimonio de familia no puede ser afectado con medidas cautelares de embargo y secuestro ni sometido al remate para el pago de una acreencia, con lo que se disminuye el alcance de la prenda general que en beneficio de los acreedores establece el artículo 2488 del Código Civil. || Tampoco se quebranta por este aspecto el derecho a la igualdad, como quiera que los acreedores de quienes constituyen un patrimonio de familia sobre un bien cuyo valor, al momento de establecerlo, no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan en la misma situación, y a todos se les permite ejercer los derechos auxiliares del crédito insatisfecho cuando el bien tenga un valor que supere el monto ahí establecido. || Como consecuencia de lo expuesto, no se encuentra que el aparte normativo acusado como inconstitucional, sea violatorio de los artículos 5° y 42 de la Carta Política, en cuanto en ellos se dispone una protección integral a la familia, como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial en general, sin que en esa norma constitucional se encuentre prohibida la regulación por el Congreso, en ejercicio de su atribución legislativa, pues esas normas constitucionales deben ser interpretadas en armonía con las atribuciones que confiere al Congreso el artículo 150 superior para expedir las leyes en todos los ramos de la legislación, como aquí se hizo, sin quebranto del derecho a la igualdad (artículo 13) y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho de adquirir una vivienda digna, con sistemas adecuados de financiación, conforme al artículo 51 de la Carta.” Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (M.N.P.P.. SV M.V.C.C., J.C.H.P., G.E.M.M. y J.I.P.P.).
[8] Corte Constitucional, sentencia C-722 de 2004 (M.R.E.G.. Unánime). Sobre el particular, este fallo indicó: “En el presente caso, la medida prevista en la Ley 861 de 2003 busca proteger el patrimonio mínimo del grupo familiar, representado en el inmueble que destinan para vivienda, como medida de protección, no solo de la mujer cabeza de familia, sino, primordialmente, de los menores que dependen de manera exclusiva de ella. En atención a esa específica finalidad de la norma, no existe razón que justifique limitar ese amparo especial a los menores que dependan de su madre, y no aplicarlo a aquellos que, en las mismas circunstancias, dependan exclusivamente del padre. || Por las anteriores consideraciones, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas, en el entendido que el beneficio que se establece en la Ley 861 de 2003 para los menores que dependan de la mujer cabeza de familia, deberá igualmente otorgarse a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en los términos a que alude el artículo 2º de la Ley 82 de 1993.”
[10] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-029 de 2009 (M.R.E.G.. SPV. J.A.R., N.P.P.. AV J.A.R.). Sobre la materia, la sentencia expuso que “. Las normas acusadas se inscriben en al ámbito de la protección especial que la Constitución ha dispuesto para la familia. Se trata de una medida positiva de protección, que responde a un imperativo constitucional para cuyo desarrollo existe amplia libertad de configuración de legislador. Los demandantes no ponen en entredicho que esa protección se brinde a la familia, ni los cargos presentados se orientan a cuestionar el concepto de familia como tal. || Sin embargo, dado que, de manera expresa, el legislador ha señalado que las previsiones sobre patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican a los compañeros permanentes, cabe señalar que las mismas tienen, también, un fundamento en el valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por las parejas. || En ese contexto las previsiones legales atienden a la necesidad de proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido realizar un proyecto de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte aprecie que exista una razón para justificar, en este aspecto, una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los términos de la Ley 54 de 1990.”
[11] “Como puede advertirse, la afectación a vivienda familiar es una institución que también desarrolla la protección que el constituyente concibió para la familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza como morada. No obstante, a diferencia del patrimonio de familia, que se orienta a proteger la casa de habitación para ponerla a salvo de las pretensiones económicas de terceros, la afectación a vivienda familiar tiene por finalidad proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario. || El legislador tuvo en cuenta que la venta o constitución de gravámenes sobre la casa de habitación por parte del cónyuge o compañero propietario, era una práctica que frecuentemente dejaba desamparado al cónyuge no propietario y a sus hijos pues por desavenencias familiares, aquél luego se desentendía del deber que le asistía de procurar para éstos un lugar de habitación. Por ello tomó la decisión de condicionar la enajenación del bien inmueble del cónyuge propietario y la constitución de gravámenes o derechos reales sobre él al consentimiento libre de los cónyuges o compañeros expresado con su firma. Con esta exigencia la ley evita que el cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los actos de disposición del otro cónyuge, actos que no conoció y a los que no tuvo la oportunidad de oponerse.” Corte Constitucional, sentencia C-560 de 2002 (M.J.C.T.. Unánime). Fundamento jurídico 5.
[12]Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (M.N.P.P.. SV M.V.C.C., J.C.H.P., G.E.M.M. y J.I.P.P., fundamento jurídico 2.3.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-577 de 2011 (M.G.E.M.M.. AV J.C.H.P., M.V.C.C., G.M.M., J.I.P.P. y L.E.V.S.. SV. M.V.C.C.).
[16] Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2015 (M.M.G.C.. Unánime).
[18] Corte Constitucional, sentencia C-577 de 2011 (M.G.E.M.M.. AV J.C.H.P., M.V.C.C., G.M.M., J.I.P.P. y L.E.V.S.. SV. M.V.C.C.).
[20] T.E.D.H., C.S. y K., supra, párr. 91 (“the notion of family […] is not confined to marriage-based relationships and may encompass other de facto “family” ties where the parties are living together out of wedlock. A child born out of such a relationship is ipso jure part of that “family” unit from the moment and by the very fact of his birth. T. there exists between the child and his parents a bond amounting to family life. The C. further recalls that the mutual enjoyment by parent and child of each other's company constitutes a fundamental element of family life, even if the relationship between the parents has broken down, and domestic measures hindering such enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8 of the Convention”), citando T.E.D.H., Caso Elsholz, supra nota párr. 43; C.K., supra nota, párr. 44, y C.J. y otros Vs. Irlanda, (No. 9697/82), Sentencia de 18 de diciembre de 1986, párr. 56; ver también T.E.D.H., Caso Alim Vs. Rusia (No. 39417/07), Sentencia de 27 de septiembre de 2011, párr. 70; C.B.V.P.B., (No. 10730/84), Sentencia de 21 de junio de 1988, párr. 21, y C.L.V.P.B., (No. 45582/99), Sentencia de 1 de junio de 2004. Final, 1 de septiembre de 2004, párr. 36.
[21] T.E.D.H., Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, (No. 21830/93), Sentencia de 22 de abril de 1997, párr. 36 (“When deciding whether a relationship can be said to amount to ‘family life’, a number of factors may be relevant, including whether the couple live together, the length of their relationship and whether they have demonstrated their commitment to each other by having children together or by any other means”). Cfr. T.E.D.H., C.M.V.B., (No. 6833/74), Sentencia de 13 de junio de 1979, párr. 31; C.K., supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 44, y C.K. y otros, supra nota, párr. 30.
[22] T.E.D.H., C.S. y K., supra nota, párr. 92 (“the C.'s case-law has only accepted that the emotional and sexual relationship of a same-sex couple constitutes ‘private life’ but has not found that it constitutes ‘family life’, even where a long-term relationship of cohabiting partners was at stake”).
[23] T.E.D.H., C.S. y K., supra nota, párr. 94 (“a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of ‘family life’, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would”) y Caso P.B. y J. Vs. Austria, (No. 18984/02), Sentencia de 22 de julio de 2010. Final. 22 de octubre de 2010, párr. 30.
[24] T.E.D.H., C.S. y K., supra nota, párr. 94 (“the C. considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8”)y Caso P.B. y J., supra nota 23, párr. 30.
[25] Declaración de la señora K.A.R. rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.
[26] Declaración de E. de R. de 4 de agosto de 2011 (expediente de fondo, tomo II, folio 762).
[27] Corte IDH. Caso A.R. y niñas Vs. Chile. Fondo, R. y C.. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Párr. 172 a 177.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-588 de 2009, citada en la decisión T-354 de 2016 (M.J.I.P.P.. Unánime). Sobre este mismo particular pueden también consultarse los fallos T-1502 de 2000 y T-1199 de 2001.
[29] Esta posición es reforzada por otras decisiones, en las que la Corte hace manifiesto el criterio material como dirimente para la identificación de grupos familiares. Así, “se tiene que las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposición de deberes.” Corte Constitucional, sentencia T-354 de 2016 (M.J.I.P.P.. Unánime).
[32] Corte Constitucional, sentencia C-577 de 2011 (M.G.E.M.M.. AV J.C.H.P., M.V.C.C., G.M.M., J.I.P.P. y L.E.V.S.. SV. M.V.C.C.).
[34] El análisis jurisprudencial sobre la materia es tomado de la recapitulación hecha recientemente por la Corte en la sentencia T-354 de 2016 (M.J.I.P.P.. Unánime).
[35] Corte Constitucional, sentencia T-495 de 1997 (M.C.G.D.. Unánime).
[36] Corte Constitucional, sentencia T-586 de 1999 (M.V.N.M.. Unánime.)
[37] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2013 (M.A.R.R.. AV. L.E.V.S.)
[39] Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2015 (M.M.V.S.M.. AV. L.E.V.S..
[40] Corte Constitucional, sentencia T-354 de 2016 (M.J.I.P.P.. Unánime).
[41] Corte Constitucional, sentencia C-936 de 2003 (M.E.M.L.. SV A.B.S., J.C.T. y C.I.V.H..