Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00387-de-abril-26-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_90cb74e930e44a438f864facd422ae95&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-17 08:47:03
Document Index: 251808872

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 87', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 206', 'artículo 182', 'artículo 170', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 85', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 96', 'artículo 338', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 30', 'Artículo 28']

﻿ SENTENCIA 2010-00387 DE ABRIL 26 DE 2018
SENTENCIA 2010-00387 DE 26 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO Y DE LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PARA REGULAR LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. SE PRECISA QUE EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO Y DE LA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA RECONOCIDA POR EL CONSTITUYENTE, LAS AUTORIDADES LOCALES DEBEN OCUPARSE DE REGULAR LA MATERIA AMBIENTAL EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, PUES SON LAS QUE CONOCEN LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD, EN LO QUE RESPECTA A PRIVILEGIAR Y GARANTIZAR EL ENTORNO Y LA DIVERSIDAD AMBIENTAL DE TALES TERRITORIOS. POR ELLO, LOS CONCEJOS TIENEN ENTRE SUS ATRIBUCIONES, COMO ES EL CASO DEL DISTRITO Y LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE DICHO ENTE TERRITORIAL, LA POTESTAD DE DICTAR LA REGLAMENTACIÓN NECESARIA A EFECTOS DE PROTEGER SU ENTORNO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE, QUE DEBA SER MENOS RÍGIDA, PUES EN ESTA MATERIA POR EXPRESA DISPOSICIÓN LEGAL, HA DE APLICARSE EL PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO, EN EFECTO, SON COMPETENTES PARA DESARROLLAR DE MANERA MÁS ESTRICTA O RIGUROSA LA “PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL”, POR TANTO ES UNA NOCIÓN QUE HACE PARTE DEL "PATRIMONIO ECOLÓGICO"LOCALLO ANTERIOR, PORQUE ENTRE LAS ATRIBUCIONES QUE TIENEN LOS CONCEJOS, EN ESTE CASO EL DISTRITAL Y LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE DICHO ENTE TERRITORIAL, SE ENCUENTRA LA DE DICTAR LA REGLAMENTACIÓN NECESARIA A EFECTOS DE PROTEGER SU ENTORNO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE, COMO LO INVOCA EL APELANTE, QUE DEBA SER MENOS RÍGIDA, PUES EN ESTA MATERIA POR EXPRESA DISPOSICIÓN LEGAL, HA DE APLICARSE EL PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD TERRITORIAL, PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO, PUBLICIDAD EXTERIOR, REGLAS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR, PATRIMONIO ECOLÓGICO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO, REGULACIÓN DE PUBLICIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:562 DE OCTUBRE DE 2018, PÁG.1918
Sentencia 2010-00387 de abril 26 de 2018
Radicación: 25000-23-24-000-2010-00387-01
Demandado: Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C.
Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Este asunto se contrae a establecer si los actos administrativos cuestionados están viciados de nulidad por las causales que invocó el actor, las que, en primera instancia, no se encontraron acreditadas.
V.1. El contenido de los actos que se demandaron es del siguiente tenor:
• Resolución 5572 de 2009(12), expedida por el Secretario Distrital de Ambiente "Por el (sic) cual se regulan las características y condiciones técnicas para la fijación o instalación de publicidad exterior visual en vehículos automotores, distintos a los de servicio público y se toman otras determinaciones".
“El Secretario Distrital de Ambiente
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993, los decretos 959 de 2000, 506 de 2003, 109 y 175 de 2009,
ART. 1º—Objeto: La presente resolución tiene como propósito regular las características y condiciones técnicas para la fijación o instalación de la publicidad exterior visual en vehículos automotores distintos a los de servicio público.
ART. 2º—Definiciones: Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se tendrán en cuenta las definiciones que a continuación se enuncian:
ART. 3º—Mediciones para la fijación o instalación de la publicidad exterior visual en vehículos automotores. La publicidad exterior en vehículos podrá ser fijada o instalada, así:
c) Vehículos automotores exentos: Los vehículos de empresas que no distribuyan sus productos o presten sus servicios en el Distrito Capital y que se encuentren en tránsito hacia otros municipios o ciudades estarán exentos de lo que se regla en el presente acto administrativo.
d) Solicitud de registro para remolques: Para el caso de vehículos de carga, cuyo remolque o similar tenga una identificación propia, diferente a la del cabezote, la solicitud deberá ser presentada identificando las placas de dicho remolque, teniendo en cuenta que sólo sobre este se puede instalar o fijar la publicidad exterior visual.
ART. 4º—Características técnicas de la publicidad exterior visual en vehículos automotores. La publicidad exterior visual en vehículos automotores deberá cumplir con las siguientes características técnicas:
ART. 5º—Prohibiciones respecto de la publicidad exterior visual en vehículos automotores. Se prohíbe:
d) No se permitirá que la publicidad exterior visual sobresalga de la estructura original del vehículo; por lo tanto no podrán ocupar un área exterior a los costados sobre el cual se ha Fijado.
h) Se prohíbe instalar publicidad exterior visual que promueva el tabaco y sus derivados (L. 1335/2009).
ART. 6º—Registro de la publicidad exterior visual en vehículos automotores. Para la fijación o instalación de la Publicidad Exterior Visual en vehículos automotores de que trata la presente Resolución, deberá contar con el registro previo expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente. La solicitud de registro deberá gestionarse de conformidad con lo establecido en el Artículo 6º de la Resolución 931 de 2008, adjuntando los documentos que sean pertinentes, indicados en el artículo 7º de la misma resolución,
ART. 7º—Vigencia del registro. El registro se otorgará por un término de dos (2) años, a partir de la notificación del acto administrativo, que así lo resuelva.
ART. 9º—Tarifa para el cobro de servicio de evaluación y seguimiento. De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo tercero de la Resolución 930 de 2008, la tarifa para el registro de este tipo de elementos de publicidad exterior visual, se cobrará de acuerdo con el área correspondiente al total de la publicidad para el cual se solicita, a razón de 0.0625 SMLMV por metro cuadrado.
ART. 10.—Responsables del elemento. Serán responsables solidarios por el incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, el que solicita el registro, el anunciante o patrocinador y el dueño del vehículo automotor.
ART. 11.—Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución hará acreedor a los responsables del elemento, de las sanciones y multas a que haya lugar de conformidad con las disposiciones vigentes, en especial la Resolución 4462 de 2008.
ART. 12.—Plazo para la radicación de solicitudes. El plazo para la radicación de solicitudes de registro de publicidad exterior visual en vehículos automotores de tres (3) meses, a que se hizo referencia en el comunicado de prensa del 31 de julio de 2009, en el periódico El Tiempo, como en la página Web de la entidad se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2009.
ART. 13.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en la página web de la entidad y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
ART. 14.—Publicación. La presente resolución será publicada en la página web de la entidad para que sea de público conocimiento.
• Resolución 931 de 2008(13), expedida por el Secretario Distrital de Ambiente "Por el (sic) cual se regulan las características y condiciones técnicas para la fijación o instalación de publicidad exterior visual en vehículos automotores, distintos a los de servicio público y se toman otras determinaciones".
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 959 de 2000 y el Decreto Distrital 561 de 2006, y
ART. 1º—Definiciones: Para los efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones:
a) Actualización del registro de la publicidad exterior visual: Inscripción de los cambios que se hagan a la publicidad exterior visual durante la vigencia del registro en relación con el tipo de publicidad, la identificación del anunciante y la identificación del dueño del inmueble.
b) Anunciante: persona, empresa, producto, obra, proyecto, actividad o servicio a que se refiere la publicidad exterior visual.
c) Registro: Es la autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer la publicidad exterior visual con el cumplimiento de los requisitos legales.
d) Incumplimiento ostensible o manifiesto: Es la infracción a las normas de publicidad exterior visual que se determina con la simple confrontación visual o normativa sin acudir a instrumentos.
e) Responsable del elemento de publicidad exterior visual: Persona natural o jurídica que registra el elemento de la publicidad exterior visual. En caso de imposibilidad para localizar al dueño del elemento de publicidad exterior visual, responderán por el incumplimiento de las normas de publicidad exterior visual, el anunciante y el propietario del mueble o inmueble donde se ubique el elemento.
Cuando existan concesiones de mobiliario urbano se tendrá al concesionario como propietario del elemento en que se instala la publicidad exterior visual.
f) Propietario del inmueble o del vehículo en que se instala la publicidad exterior visual: Persona natural o jurídica titular del derecho del dominio del predio, inmueble o automotor en que se instala la publicidad exterior visual.
g) Reincidencia: Es reincidente aquella persona que una vez desmontado voluntaria u oficiosamente un elemento de publicidad exterior visual vuelve a instalarlo sin autorización de la Secretaría Distrital de Ambiente.
h) Renuencia: Se considera renuente la persona que no acata una orden de desmonte de un elemento de publicidad exterior visual.
ART. 2º—Concepto de registro de publicidad exterior visual:
El registro de publicidad exterior visual es la autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente para ejercer la actividad de publicidad exterior visual, cuando se compruebe el cumplimiento de las normas vigentes, teniendo en cuenta la información suministrada por su responsable y la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de la Secretaría.
Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada, el responsable de la misma podrá solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente la prórroga de la vigencia del registro, siempre y cuando cumpla con las normas vigentes.
ART. 3º—Término de vigencia del registro de publicidad exterior visual: El término de vigencia del registro de la publicidad exterior visual es el siguiente:
a) Publicidad exterior visual instalada en mobiliario urbano: Permanecerá vigente por el tiempo que se establezca para el efecto en el contrato de concesión.
b) Avisos: Cuatro (4) años.
c) Vallas: Dos (2) años prorrogables por dos (2) años cada vez, sin que exceda de seis (6) años, al final de los cuales deberá desmontarse el elemento incluyendo la estructura que lo soporta.
d) Pasacalles o pasavías y pendones: Setenta y dos (72) horas antes del inicio del evento, durante el término de duración del mismo y veinticuatro (24) horas más.
e) Murales artísticos: Un (1) año.
f) Vehículos de servicio público: Dos (2) años g) Vehículos que publicitan productos o servicios en desarrollo del objeto social de una empresa: Dos (2) años h) Otras formas de publicidad exterior visual relacionadas en el Capítulo V del Decreto 959 de 2000: Setenta y dos (72) horas cada tres (3) meses.
PAR.—El término de vigencia del registro de publicidad exterior visual de que trata éste artículo, se entenderá expirado cuando el responsable de la publicidad exterior visual no la instale dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se comunique el otorgamiento del registro.
ART. 4º—Perdida de vigencia del registro de publicidad
Exterior visual: Sin perjuicio de lo establecido en ésta resolución, los registros de publicidad exterior visual perderán su vigencia cuando los fundamentos de derecho con base en los cuales se aprobaron cambien, cuando se efectúen modificaciones a la publicidad exterior visual sin solicitar la actualización del registro dentro del término establecido en la presente resolución o cuando se instale la publicidad exterior visual en condiciones diferentes a las registradas.
En estos casos, la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenará al responsable de la publicidad exterior visual su adecuación o desmonte, para lo cual le concederá un término de tres (3) días hábiles, vencidos los cuales ordenará su remoción a costa del infractor.
ART. 5º—Oportunidad para solicitar el registro, la actualización o la prorroga de la vigencia del registro de la publicidad exterior visual: De conformidad con el artículo 30 del Decreto 959 de 2000, el responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su colocación, ante la Secretaría Distrital de Ambiente quien reglamentará y supervisará el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 959 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya.
En consecuencia, los responsables de la publicidad exterior visual, deberán presentar la solicitud de su registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, y obtener su registro antes de proceder a la instalación del elemento.
No se podrá instalar publicidad exterior visual en el Distrito Capital sin contar con registro vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
La actualización de registro de la publicidad exterior visual en relación con los cambios que se realicen a la misma, de que tratan los literales b) y c) del artículo 30 Decreto Distrital 959 de 2000, se deberá solicitar por parte del responsable de la publicidad exterior visual, ante la Secretaría Distrital de Ambiente dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de los cambios. Las solicitudes de registro, actualización y prórroga se atenderán según el orden de prelación establecido en el artículo 13 de la presente resolución.
Dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del vencimiento del registro de la publicidad exterior visual, el responsable de la misma podrá solicitar su prórroga ante la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se otorgará cuando la publicidad exterior visual cumpla con las normas vigentes.
ART. 6º—Solicitudes de registro de publicidad exterior visual: Las solicitudes de registro de la publicidad exterior visual serán presentadas en los formatos que para el efecto establezca la Secretaría Distrital de Ambiente, los cuales contendrán por lo menos:
1. Tipo de publicidad y su ubicación. Para estos efectos se indicará:
a) Identificar el tipo de elemento que se pretende registrar. Se indicará el tipo de elemento y el área del mismo, la cual debe ajustarse a las normas vigentes.
Cuando se trate de avisos conformados por letras y/o logos, el área del aviso se medirá haciendo uso de la figura geométrica rectangular que lo comprenda.
c) La dirección exacta del inmueble en donde se instalará la publicidad exterior visual y su número de folio de matrícula inmobiliaria. Cuando el inmueble no tenga dirección se acompañará la certificación catastral del inmueble expedida por el Departamento Administrativo del Catastro Distrital.
e) La identificación de la parte del inmueble en que se instalará la publicidad exterior visual.
2. Identificación del anunciante, del propietario del elemento ó de la estructura en que se publicita y el propietario del inmueble o del vehículo en que se instalará la publicidad exterior visual así:
a) Fotografía o plano del inmueble en el que aparezca el sitio en que se instalará la publicidad exterior visual, indicando el área total de la fachada útil sobre la cual se calculará el área para instalar avisos. Para vallas que se instalan en predios privados, se deberá anexar el plano en planta a escala en el que conste las zonas de protección ambiental, si existe, y plano de localización a escala 1:5.000 ajustado a las coordenadas de Bogotá, cuando no se cuenta con manzana catastral. Para elementos separados de fachada se deberá anexar plano en planta a escala en el que conste las zonas de protección ambiental, cuando a ello hubiere lugar.
b) Fotografía o plano del vehículo en el que aparezca el área sobre la cual se calculará el porcentaje de área para la instalación de la publicidad exterior visual.
c) El texto completo de la publicidad exterior visual. El texto de la publicidad exterior visual deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 14 de 1979 y el numeral 1º del artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003, que disponen utilizar siempre el idioma castellano salvo las excepciones de ley.
4. Tipo de solicitud indicando si se trata de registro nuevo de publicidad, actualización o prórroga del registro. Cuando se trate de actualización o prórroga se indicará el número y fecha del registro vigente.
6. Indicar sí la publicidad está iluminada y la forma de iluminación, según lo establecido en el literal c) del artículo 5º y el artículo 13 del Decreto 959 de 2000.
7. Manifestar, el responsable de la publicidad exterior visual, bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestada con la firma de la solicitud, que la información contenida en la misma se ajusta a las verdaderas características de publicidad exterior visual cuyo registro se solicita y que cuenta con la autorización de propietario del inmueble para la instalación del elemento de publicidad exterior visual, cuando el responsable no sea propietario del inmueble.
8. Indicar si el elemento de publicidad exterior visual cuenta con registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, el número y fecha de expedición, y el número de expediente si lo tiene.
ART. 7º—Documentos que se acompañan a la solicitud de registro de publicidad exterior visual: A la solicitud de registro se acompañarán los siguientes documentos:
2. Folio de matricula inmobiliaria del inmueble o certificación catastral del inmueble expedida por el Departamento Administrativo Catastro Distrital cuya fecha de expedición no supere tres (3) meses de anterioridad a la fecha de la radicación de la solicitud.
4. Certificación suscrita por el propietario de inmueble en la que conste que autoriza al responsable de la publicidad exterior visual para que la instale en el inmueble o predio de su propiedad, y que autoriza de manera irrevocable a la Secretaría Distrital de Ambiente para ingresar al inmueble cuando ésta Secretaría deba cumplir con su labor de evaluación y seguimiento de la actividad de publicidad exterior visual.
6. Dos (2) fotocopias del recibo pago debidamente cancelados, ante Tesorería Distrital o la entidad bancaria que se establezca para este fin, correspondiente al valor de evaluación de la solicitud del registro.
7. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare los daños que puedan derivarse de la colocación del elemento de publicidad exterior visual tipo valla por el término de vigencia del registro y tres (3) meses más y por un valor equivalente a cien (100) SMLMV. Esta póliza deberá constituirse a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente a más tardar el día siguiente de otorgado el registro.
8. En el caso de vallas para obras de construcción, la licencia de construcción autorizada indicar las fechas de inicio y terminación de obras. Para anunciar proyectos inmobiliarios en fase preventas a través de encargos fiduciarios se debe aportar la constancia de radicación de los documentos exigidos ante la Secretaría Distrital de Hábitat.
9. Para vallas de estructura tubular se deberá anexar el estudio de suelos y de cálculo o análisis estructural, suscrito por profesional competente e indicar el número de su matrícula profesional.
En ningún caso se podrán atravesar las cubiertas de las edificaciones con estructuras tubulares o convencionales.
PAR. 1º—La póliza de que trata el numeral 7º no constituye documento necesario para la radicación de la solicitud de registro, no obstante su presentación y aprobación es un requisito de perfeccionamiento. En consecuencia su no presentación en las condiciones arriba enunciadas será causal de revocatoria del registro otorgado.
PAR. 2º—En el caso de avisos y los elementos de carácter temporal no se requerirá aportar lo dispuesto en los numerales 2º y 4º.
ART. 8º—Desistimiento de la solicitud: En caso de que se omita cualquier información de la solicitud o de los documentos que la acompañan, se entenderá desistida y será devuelta al solicitante.
ART. 9º—Contenido del acto que resuelve las solicitudes de registro de publicidad exterior visual: Radicada la solicitud en forma completa, la Secretaría Distrital de Ambiente, verificará que cumpla con las normas vigentes.
De encontrarse ajustada a la ley, se procederá a otorgar el registro de publicidad exterior visual. Una vez obtenido el registro, se podrá instalar el elemento de publicidad exterior visual.
Si la Secretaría Distrital de Ambiente encuentra que la solicitud de registro no cumple con las especificaciones técnicas y legales, negará la solicitud de registro exponiendo los argumentos que llevan a tomar dicha decisión.
En ese acto, la Secretaría ordenará al responsable del elemento de publicidad exterior visual que proceda a su remoción en caso de estar instalada, o que se abstenga de hacerlo en caso contrario. Para el cumplimiento de la orden de remoción concederá un término de tres (3) días contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto correspondiente.
La Secretaría Distrital de Ambiente responderá las solicitudes en el orden de prelación previsto en el artículo 13 de la presente resolución.
La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un término de dos (2) meses para que resuelva las solicitudes de registro. Vencido este término sin respuesta de la Secretaría, operará el silencio administrativo negativo de que trata el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 1º—A partir de la vigencia de la presente resolución no se podrán instalar elementos de publicidad exterior visual sin haber obtenido registro previo de la Secretaría Distrital de Ambiente.
PAR. 2º—Cuando no proceda el otorgamiento del registro porque el elemento se encuentre ubicado en un lugar legalmente prohibido, el acto motivado que lo niega así lo dirá expresamente. En el mismo acto se ordenará al propietario del inmueble no instalar ni permitir que se instalen nuevos elementos en ese lugar. Este acto será notificado personalmente al propietario del inmueble en los términos del Código Contencioso Administrativo.
ART. 10.—Notificación y comunicación de los actos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de los registros de publicidad exterior visual: El acto administrativo que otorgue o niegue el registro deberá notificarse personalmente de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.
El requerimiento que ordena el desmonte del elemento no registrado, se comunicará por correo certificado a la dirección que señale el responsable de la publicidad exterior visual en la solicitud de registro.
ART. 11.—Recurso: Contra el acto que otorgue o niegue el registro procede el recurso de reposición en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
ART. 12.—Registro de publicidad exterior visual: El registro de la publicidad exterior visual contendrá la siguiente información:
1. Número de registro y fecha de expedición del mismo.
3. Tipo de elemento de publicidad exterior visual que se registra.
7. Clase de combustible que use el vehículo de servicio público donde se pretenda instalar publicidad exterior visual.
11. Número de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
El registro de publicidad exterior visual será público y podrá ser consultado a través de la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente.
ART. 13.—Prelación de las solicitudes de registro de publicidad exterior visual: Las solicitudes de registro se resolverán en orden de radicación.
Cuando sobre un mismo inmueble existan diferentes solicitudes para la instalación de publicidad exterior visual se resolverán las solicitudes teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:
2. Cuando se trate de prórroga del registro, ésta primará frente a cualquier solicitud de registro nuevo.
ART. 14.—Desmonte y sanciones por la ubicación irregular de elementos de publicidad exterior visual. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994 y los artículos 31 y 32 del Decreto Distrital 959 de 2000, el procedimiento administrativo para el desmonte de elementos irregulares de publicidad exterior visual y la imposición de sanciones por este concepto en el Distrito Capital, es el siguiente:
1. Incumplimiento ostensible o manifiesto. Cuando el incumplimiento a las normas de publicidad exterior visual sea ostensible y/o manifiesto, el funcionario competente procederá a imponer la medida correctiva de retiro o desmonte de publicidad exterior visual en los términos del artículo 206 del Acuerdo 79 de 2003 —Código de Policía de Bogotá—:
a. La Secretaría Distrital de Ambiente, con el auxilio de las autoridades de policía si a ello hubiere lugar, abordarán a los presuntos infractores de la normatividad sobre publicidad exterior visual en el sitio donde se ha instalado la publicidad exterior visual que no hubiere atendido lo dispuesto en la Ley 140 de 1994 y el Decreto Distrital 959 de 2000 y el Acuerdo 79 de 2003, o normas que los modifiquen o sustituyan, y le formularán los cargos de acuerdo con las normas infringidas con la colocación del elemento.
b. Acto seguido se procederá a oírlo en descargos, y de ser procedente, se le impartirá orden de desmonte que se notificará en el acto, contra la cual no procede recurso alguno y se cumplirá inmediatamente.
c. En caso de que el responsable no acatare la orden de desmonte, se impondrá la medida correctiva de desmonte de publicidad exterior visual de que trata el artículo 182 del Acuerdo 79 de 2003, que consiste en la imposición por la Secretaría Distrital de Ambiente, de la obligación de desmontar, remover o modificar la publicidad exterior visual y de las estructuras que la soportan y en la eliminación de la publicidad pintada directamente sobre elementos arquitectónicos públicos, cuando incumplan las normas sobre la materia, la cual se notificará por escrito en el acto y, de ser posible se cumplirá inmediatamente.
d. Contra el acto que decide la medida correctiva procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, el cual deberá ser interpuesto inmediatamente ante el funcionario de la Secretaría Distrital de Ambiente que impone la sanción y será sustentado ante la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
e. El funcionario que conoció de la diligencia de desmonte del elemento irregular, elaborará un informe técnico en el cual se consignarán los hechos ocurridos durante ésta y tasará el costo del desmonte del elemento y de la multa correspondiente según el grado de afectación paisajística.
En el evento de haberse interpuesto el recurso de apelación, éste será resuelto por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante resolución motivada. En este acto administrativo se cobrará el valor del desmonte y se impondrán multas entre uno y medio (1.5) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el numeral 1º del artículo 170 del Acuerdo 79 de 2003 en concordancia con el artículo 13 de la Ley 140 de 1994 y el artículo 32 del Decreto Distrital 959 de 2000.
Esta resolución será notificada en los términos del Código Contencioso Administrativo, quedando agotada la vía gubernativa. El costo del desmonte y la multa impuesta deberá ser pagada en el término de diez (10) días.
2. Elementos sin registro. Cuando se ubiquen elementos de publicidad exterior visual sin registro vigente se procederá de la siguiente manera:
a. Recibida la solicitud de desmonte o queja, o conocida de oficio la presunta irregularidad, el funcionario verificará si la publicidad se encuentra registrada, en caso contrario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes ordenará su remoción otorgando un plazo al infractor, no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo ordena.
b. Vencido este plazo, si no se hubiere acatado la orden, la Secretaría Distrital de Ambiente procederá al desmonte, con el auxilio de las autoridades de policía si a ello hubiere lugar. Lo realizado en esta diligencia quedará consignado en un acta. El desmonte se realizará a costa del infractor.
c. Mediante resolución motivada se liquidará el costo del desmonte a cargo del infractor e impondrán las sanciones de que tratan el artículo 13 de la Ley 140 de 1994 y el artículo 32 del Decreto 959 de 2000, de conformidad con el informe técnico correspondiente en el cual se consignarán los hechos ocurridos durante ésta diligencia y tasará el costo del desmonte del elemento y de la multa correspondiente según el grado de afectación paisajística. Esta resolución será notificada en los términos del Código Contencioso Administrativo y contra ella procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.
3. Elementos con registro vigente. Cuando la publicidad exterior visual se encuentre amparada con un registro vigente, y el Secretaría Distrital de Ambiente establezca que el elemento no cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos legales y reglamentarios que sirvieron de base para la expedición del registro, procederá así:
a. Si dichas inconsistencias se originan en información que haya inducido a error en la evaluación o con posterioridad al registro y el elemento haya sido modificado, mediante resolución motivada se cancelará el registro, se ordenará el desmonte y se surtirá el procedimiento del numeral primero del presente artículo, sin perjuicio de las acciones penales vigentes.
b. Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos legales y reglamentarios, y la secretaría no pueda proceder a la revocatoria del registro, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de la recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación, puede promover las acciones procedentes ante la jurisdicción competente para solicitar la modificación o remoción de la publicidad. En estos casos se acompañará a su escrito copia auténtica del registro de la publicidad.
PAR. 1º—El procedimiento descrito en el presente artículo no obsta para que la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de autoridad ambiental del Distrito Capital pueda imponer las sanciones ambientales a que haya lugar.
Lo recaudado por concepto de sanciones será destinado para programas de mitigación, control de la contaminación visual y reparación de los daños causados por el incumplimiento.
ART. 15.—Disposición de elementos de publicidad exterior visual desmontados. Los elementos de publicidad exterior visual que sean removidos por las autoridades distritales serán depositados en los lugares dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente para este efecto, podrán ser reclamados por sus propietarios previo el pago del costo incurrido por el desmonte a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente en el lugar en donde la Secretaría lo indique y la presentación del recibo debidamente cancelado. Los elementos desmontados y no reclamados por el propietario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución que traslada los costos del desmonte, de que trata el literal c) del numeral 1º del artículo anterior, podrán ser donados por la administración a un establecimiento de asistencia social de naturaleza pública o destruidos de lo cual se dejará constancia en un acta.
ART. 16.—Sanciones. De acuerdo con el artículo 32 del Decreto Distrital 959 de 2000, la Secretaría Distrital de Ambiente podrá imponer al infractor de las normas sobre publicidad exterior visual, las sanciones y medidas preventivas previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
El procedimiento aquí establecido será aplicable, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo anterior, a quienes incurran en conductas reiterativas en materia de contaminación visual.
La renuencia se aplica a quien no acata la orden de desmonte. La reincidencia a quien una vez desmontado el elemento vuelve a instalarlo sin registro de la Secretaría Distrital de Ambiente.
PAR. 1º—El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la Secretaría Distrital de Ambiente ni de las obligaciones de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados.
Determinación del costo de remoción o desmonte
Categorías Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
Elementos retirados de espacio público que no impliquen la instalación de andamio y que para su retiro no requiera más de un operario. 0.3
Elementos retirados de inmueble privado de menor dimensión a 24 m2, o que se encuentren en espacio público y requieren el uso de andamio para el desmonte o concurso de más de un operario 0.5
Elementos retirados de espacio público de mayor dimensión a 24 m2 y menor de 48 m2 que no impliquen la instalación de andamio y que para su retiro requiera más de un operario 1.5
Elementos retirados de inmueble privado de mayor dimensión a 24 m2 y menor de 48 m2, o que hagan necesario el uso de andamio 2
Elementos retirados de inmueble privado de igual o mayor dimensión a 48 m2 2.5
PAR.—En el evento en que para el desmonte sea necesario hacer uso de elementos que no se encuentren contemplados en la tarifa de la tabla anterior y que son considerados como gastos extraordinarios, ese costo adicional deberás ser asumido por el infractor e incluido en el acto administrativo que liquida el valor total del costo de desmonte.
ART. 19.—Renuencia. Se configurará renuencia cuando se ordene al infractor la remoción o el desmonte del elemento de publicidad exterior visual, y este no lo hiciere en los términos previstos en el artículo 14 de la presente resolución. La medida se practicará directamente por los funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente o a través de las personas que se designen para tal efecto y se cobrará el respectivo valor al infractor teniendo en cuenta lo previsto en ésta resolución.
ART. 20.—Retiro o reclamo de publicidad exterior visual desmontada. Para proceder al reclamo formal de los elementos de publicidad exterior visual retirados o desmontados, el infractor deberá haber cancelado en su totalidad el valor del desmonte y la multa impuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente.
ART. 21—Vigencia y derogatoria: La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular la Resolución DAMA 1944 de 2003.
• Resolución 0930(14) de 2008(15), expedida por el Secretario Distrital de Ambiente "Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento del registro de publicidad exterior visual en el Distrito Capital, se modifica el artículo décimo cuarto de la Resolución 2173 de 2003, y dictan otras disposiciones."
Artículo primero. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones:
Evaluación: Es el proceso que adelanta la autoridad ambiental para estudiar las solicitudes registro de publicidad exterior visual presentadas por los usuarios, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos para la ubicación de elementos de publicidad exterior visual en la ciudad, y con ello, tomar una decisión favorable o desfavorable respecto a la petición,
ART. 3º—Modificase el artículo décimo cuarto de la Resolución 2173 de 2003, quedará así:
"ART. 14.—Décimo cuarto. Registro de elementos de publicidad exterior visual. Las tarifas de registro de elementos de publicidad exterior visual se cobrarán de la siguiente manera, teniendo en cuenta los costos de evaluación, seguimiento y control de la actividad, de conformidad con lo establecido en él capitulo I de la presente resolución, así:
c) El servicio de registro de elementos de publicidad exterior visual tipo aviso, se liquidará a razón de 0.151 SMMLV, por cada inmueble,
PAR. 2º—La modificación de las condiciones en las cuales fue otorgado el registro del elemento de publicidad exterior visual, genera para el responsable del elemento, la obligación de tramitar uno nuevo pagando el 100% del valor de la tarifa por solicitud de registro."
Para el cálculo de los honorarios de los profesionales internacionales se aplicarán las tarifas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
d. Gastos de administración. Corresponde al valor resultante de aplicar el porcentaje por gastos de administración fijado anualmente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la sumatoria de los costos señalados en los literales a), b) y c) anteriores, en el seguimiento al elemento de publicidad exterior visual,
ART. 8º—Actualización de tarifas. Las tarifas fijadas en la presente resolución se actualizarán cada vez que se modifique alguno o algunos de los factores base para fijarlas
• Decreto 506 de 2003, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá "Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000".
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 4º del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y
ART. 10.—Condiciones para la instalación de vallas: La instalación de vallas en el Distrito Capital se sujetará a las siguientes reglas:
“10.5.—La publicidad exterior visual en vehículos automotores prevista en el literal e) del artículo 11 y en el artículo 15 del Decreto 959 de 2000, deberá registrarse ante el DAMA y sujetarse a las siguientes reglas:
10.5.1.—Vallas en vehículos de transporte público: Los vehículos de transporte público de pasajeros, tales como taxis, buses, busetas y colectivos, que utilicen combustibles exceptuados del control de emisiones contaminantes, o cuya edad sea inferior a 5 años con referencia al año modelo, podrán portar vallas en las capotas, siempre y cuando se instalen sobre un aditamento resistente a los fenómenos naturales, de forma tal que se integren visualmente al elemento portante, en forma paralela a los costados del vehículo y que su tamaño no supere el cincuenta por ciento (50%) del área de la capota, ni tenga una altura superior a sesenta (60) centímetros.
• Decreto 959 de 2000, dictado por El Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital, “Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá”
ART. 10.—Definición. Enriéndese por valla todo anuncio permanente o temporal utilizado como medio masivo de comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una estructura metálica u otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. Ver el art. 88, Acuerdo Distrital 79 de 2003
En las capotas de los vehículos autorizase la colocación de publicidad exterior visual, siempre y cuando se instale sobre un aditamento resistente a los fenómenos naturales, de forma tal que se integre visualmente al elemento portante, en forma paralela y que su tamaño no supere el 50% del área de la capota ni tenga una altura superior a sesenta centímetros.
PAR.—Igualmente prohíbase su instalación en la zona ubicada al costado oriental de la línea determinada por las siguientes vías: avenida séptima desde el límite norte del distrito calle 246, siguiendo por la carrera séptima y su continuación por la carrera sexta hasta la calle 34 sur, siguiendo por ésta hasta la diagonal 36 sur avenida Ciudad de Villavicencio. Se exceptúa de esta prohibición las vallas que anuncien obras de construcción, remodelación, adecuación o ampliación.
ART. 15. —Vallas en vehículos automotores. Son aquellas que se han fijado o adherido en vehículos automotores, siempre y cuando no contravengan las normas de tránsito de igual o superior jerarquía y en las condiciones que se señalan a continuación:
En las capotas de los vehículos autorizase la colocación de publicidad exterior visual, siempre y cuando se instale sobre un aditamento resistente a los fenómenos naturales, de tal forma que se integre visualmente al elemento portante, en forma paralela y que su tamaño no supere el 50% del área de la capota, ni tenga una altura superior a sesenta (60) centímetros.
En los costados laterales y posterior de los vehículos automotores, se podrá colocar publicidad visual, siempre y cuando se instale en materiales resistentes a la intemperie, los cuales en ningún caso podrán superar en más de un (1) centímetro de espesor la carrocería del vehículo. (Ver literal e) del art. 11 del presente texto) (…)”.
V.2. De la lectura de los actos que se cuestionan y teniendo en consideración los cargos que analizó el tribunal y la oposición que respecto de la decisión denegatoria de las pretensiones planteó el recurrente, se tiene que los problemas jurídicos que corresponde examinar en esta instancia, con el propósito de resolver las cuestiones en la que insistió el apelante, radican en los siguientes: i) la reserva legal y la prohibición de autoridades administrativas para reglamentar la publicidad exterior visual, ii) la presunta desviación de poder en la expedición de los actos acusados y iii) la extralimitación de las competencias de la autoridad ambiental del distrito para fijar tributos y determinar los costos de la “tasa” como consecuencia de la autorización que expide la autoridad ambiental distrital para realizar el registro de la publicidad exterior visual.
Con el fin de abordar los cuestionamientos que informan este recurso la Sala los aborda de la siguiente manera:
1. ¿Existe reserva legal en materia de reglamentación de publicidad exterior visual? aplicación del principio de rigor subsidiario.
Corresponde en primer lugar resolver si el régimen legal de la publicidad exterior visual, contenida en la Ley 140 impuso, como lo considera el apelante, un límite competencial que impide toda manifestación reglamentaria de orden territorial, específicamente cuando dicha publicidad sea inferior a 8 metros cuadrados.
A esta conclusión arribó el apelante, bajo el entendido de que la Ley 140 agotó la competencia sobre la materia que está restringida al ámbito legislativo, de conformidad con lo reglado en el artículo 15 ibidem.
Para la Sala este argumento no es de recibo, por las siguientes razones:
El objeto de la Ley 140, fue el de reglamentar la publicidad exterior visual, título que adoptó el legislador al promulgarla.
Si bien este fue su propósito, no es acertado que posea una restricción privativa reglamentaria que impida a las autoridades de orden territorial regular el tema de publicidad exterior visual en sus ámbitos funcionales, pues de conformidad con el artículo 1º de la Ley 140, su objeto es el de establecer las condiciones en que puede realizarse Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.
Esa misma disposición contiene el concepto sobre qué debe entenderse por Publicidad Exterior Visual y, en ningún caso, restringió, como lo invoca el apelante, que solo se considera PEV aquella publicidad que es igual o superior a las dimensiones volumétricas de 8 m2.
En efecto, el artículo 1º de la Ley 140, señala:
“(…) se entiende por publicidad exterior visual, el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.
No se considera publicidad exterior visual para efectos de la presente ley, la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza (…)”.
Precisamente, la Corte Constitucional en el examen de exequibilidad de la norma antes transcrita, y contrario a lo invocado por el apelante, le otorgó un entendimiento condicionado para declararla exequible. Consideró que si bien la Ley 140 es una reglamentación de orden nacional, constituye una regulación básica que no puede restringir ni limitar las competencias que en la materia le están atribuidas a los concejos municipales y distritales.
Al respecto, precisó la Corte:
“(…) El artículo 1º define la publicidad exterior visual y precisa algunos fenómenos que expresamente no pueden ser considerados, para efectos de la ley, como tal publicidad. Igualmente señala ese artículo que el objeto de la ley es establecer las condiciones como puede realizarse la publicidad exterior visual en el territorio nacional.
La Corte considera que el cargo de la actora es válido, si se entiende que la normatividad legal es exhaustiva, y excluye regulaciones más rigurosas por las entidades territoriales. Pero, en cambio, la norma se ajusta a la Constitución si se considera que ella es una regulación nacional básica que, en virtud del principio de rigor subsidiario, puede ser desarrollada de manera más estricta por los concejos distritales y municipales, y por los territorios indígenas, en virtud de sus competencias constitucionales propias para dictar normas para la protección del paisaje, señaladas por los artículos 313 y 330 de la Carta (…).”(16)
Esta consideración sobre el entendimiento que ha de dársele a la Ley 140 (ordenamiento básico) descarta la violación que invoca el apelante respecto de que el desarrollo reglamentario de las autoridades territoriales desconoce las normas competenciales y de reserva legal que indica que tal regulación está restringida al órgano legislativo.
Sumado al condicionamiento que hizo la Corte Constitucional frente a la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 140, es de relevancia para este análisis que tal postura la adoptó en virtud del principio de rigor subsidiario, que confiere a las autoridades locales la atribución de reglamentación específica y más rigurosa, en pro de la preservación del medio ambiente en sus territorios, de conformidad con los artículos 313.9(17) Superior y 63(18) de la Ley 99 de 1993(19).
De este modo, con fundamento en las precitadas normas, a las autoridades distritales les corresponde adoptar la reglamentación de la publicidad exterior visual, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales que así lo autorizan.
Este orden e integración normativa es el que debe considerarse para evaluar las atribuciones invocadas por las autoridades distritales de que dan cuenta los actos administrativos acusados, para establecer que sí se encuentran facultados para el desarrollo de la materia cuestionada.
Así las cosas, la Sala encuentra acertados los argumentos que expuso el tribunal para despachar desfavorablemente este cargo de violación de las normas superiores, por el presunto desconocimiento del principio de reserva legal. En efecto, tal como se vio, el régimen normativo de reglamentación ambiental atribuye entre otras, a las autoridades distritales, la facultad para expedir la reglamentación necesaria sobre publicidad exterior visual en su ámbito territorial.
Entonces, la Sala comparte el argumento de que el examen de competencias reglamentarias en materia de publicidad exterior visual - PEV, se rige por el principio de rigor subsidiario cuando está involucrado el patrimonio ecológico.
A tal conclusión se llega porque la comunicación visual que se transmite a través de dicha publicidad está ligada necesariamente a la garantía y al respeto de un medio ambiente sano. Este vínculo lo reconoció expresamente el tribunal constitucional, al señalar:
“(…) el tema de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de “patrimonio ecológico” local, por lo cual se está frente a una competencia propia de los concejos municipales y distritales, así como de los órganos de gobierno de los territorios indígenas, la cual les es asignada en función del interés territorial subyacente, pues los problemas de modificación del paisaje que le están asociados abarcan primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación corresponde también, en principio, a las autoridades municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, la Corte reitera que eso no significa que la ley no pueda establecer una normatividad básica nacional en este campo pues, como se señaló en el fundamento 14 de esta sentencia, se trata de competencias concurrentes. Lo que no puede el legislador es vaciar la competencia constitucional propia de los concejos y las autoridades indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus criterios, normas sobre la protección del patrimonio ecológico local (…)”.
Estas conclusiones llevan a destacar, tal como lo reconoce la Sentencia C-535 de 1996, que en esta materia de PEV, la ley se debe ocupar de esa reglamentación básica y los entes territoriales, son los llamados por la norma constitucional a dictar la reglamentación de orden local requerida para proteger esos “fenómenos ambientales”(20) que se hacen diferenciables entre los entes territoriales existentes en nuestro territorio.
Así, entonces además de la aplicación del principio de rigor subsidiario y en virtud de esa autonomía administrativa reconocida por el constituyente, las autoridades locales deben ocuparse de regular la materia ambiental en sus ámbitos competenciales, pues son las que conocen las demandas y necesidades de los habitantes de la comunidad, en lo que respecta a privilegiar y garantizar el entorno y la diversidad ambiental de tales territorios.
Estas circunstancias son las que conllevan y justifican que dicho desarrollo normativo aquí demandado esté autorizado para las instancias locales o distritales, cuando su contenido se ajuste a las condiciones especiales que reconoce la Constitución Política en cuanto a la protección del ambiente, lo que habilita, contrario a lo alegado en el recurso, que en esta materia las competencias se rijan por el principio de rigor subsidiario.
Así, lo concluyó está sección(21) cuando estableció que en virtud de dicho principio, los concejos “son competentes para desarrollar de manera más estricta o rigurosa la “publicidad exterior visual”, pero no más flexible, frente a lo normado en la ley”.
Esta conclusión desvirtúa la interpretación que hace el apelante para insistir en la imposibilidad de reglamentación territorial porque la publicidad exterior reglada por las Resoluciones acusadas, no está restringida a aquella que exceda los 8 metros cuadrados, a que se refiere el artículo 15(22) de la Ley 140.
Lo anterior, porque entre las atribuciones que tienen los concejos, en este caso el Distrital y las autoridades ambientales de dicho ente territorial, se encuentra la de dictar la reglamentación necesaria a efectos de proteger su entorno, sin que ello implique, como lo invoca el apelante, que deba ser menos rígida, pues en esta materia por expresa disposición legal, ha de aplicarse el principio de rigor subsidiario.
En consecuencia, el cargo en estudio no tiene vocación de prosperidad.
¿Existió desviación de poder en la expedición de los actos acusados?
La alegación en la que el apelante respalda su acusación para indicar que los actos que impugna están afectados de nulidad por desviación de poder, carece de respaldo. Por su parte, ya se concluyó que el Concejo Distrital y la autoridad ambiental del Distrito tienen facultad reglamentaria para expedir las normas territoriales en materia de publicidad exterior visual y, además porque:
Es necesario recordar que la desviación de poder “tiene lugar cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley.
De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan”(23).
Este vicio no se encuentra demostrado en este proceso, en la medida en que la alegación del actor descansó en la presunta falta de competencia de las autoridades para regular la materia y ello no prueba la causal invocada.
La preeminencia y reserva legal que invoca el apelante respecto de la Ley 140, como ya se analizó en el cargo que antecede, fue catalogada por el intérprete de la Constitución como una regulación básica, de allí que la invocación respecto de la protección del paisaje y del medio ambiente, sí constituyen una razón que respalda ese fin gubernativo, el cual es válido y se justifica para la expedición de las normas accionadas; además, constituye el desarrollo de las funciones respecto de las cuales las autoridades ambientales distritales se encuentran habilitadas.
En lo que respecta a la fijación de las tarifas para determinar los costos que deben sufragar los solicitantes del registro de publicidad, es claro que atiende a los procedimientos que se llevan a cabo para adelantar el estudio sobre la viabilidad de la autorización de la publicidad exterior visual.
Así las cosas, la Sala precisa que la necesidad y la obligatoriedad de adelantar un estudio técnico para su fijación, como lo alegó el recurrente, no es un aspecto que conlleve la nulidad de los actos acusados, en tanto la ley no estableció dicho estudio como forzoso ni tampoco lo previó como requisito sine qua non para el cobro que autoriza el artículo 28(24) de la Ley 344, “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
En este asunto, está claro que su fijación no desborda ni excede los límites que autorizó la ley y existe autorización para la autoridad administrativa ambiental de exigir al interesado del registro de la PEV el cobro de las tarifas para cubrir los costos que implica el adelantamiento de la solicitud de autorización de dicha publicidad(25).
Precisamente, la norma que autoriza su cobro a las autoridades ambientales, esto es, el artículo 96 de la Ley 633, determina con suficiencia los componentes de la tarifa del servicio prestado, entre los cuales se encuentra el de autorización de la publicidad exterior visual, lo que deviene en que los componentes de la tarifa cuestionada fueron considerados por el legislador, sin que se encuentre necesario, como lo reclama el apelante, que se realice un estudio técnico para tal fin.
De esta manera, concluye la Sala que no está demostrado que la tarifa prevista con el fin de autorizar la publicidad exterior visual hubiese desconocido dichos criterios de fijación y menos, que a las autoridades ambientales les estuviere vedado el ejercicio de esta potestad.
Bajo estas consideraciones, tampoco prospera el recurso de apelación frente a este cargo.
Por último, la Sala, se ocupa del siguiente análisis:
¿Existe extralimitación de las competencias de la autoridad ambiental del distrito para fijar tributos y determinar los costos de la tarifa de autorización de la P.E.V.?
El apelante insiste en atacar la competencia de la autoridad ambiental para fijar la tarifa que el interesado en el registro ambiental para desarrollar PEVM debe sufragar. Concentra su alegación en señalar que dicha tarifa constituye un tributo y por esta naturaleza, su determinación se encuentra fuera de la esfera de competencias de la Secretaria de Ambiente Distrital, en tanto que aduce que esta facultad es de orden legal, correspondiéndole además establecer el método para definir sus costos y beneficios.
Sobre el particular, debe retomarse el planteamiento de los cargos antes analizados frente a la competencia que en materia ambiental les asiste a los entes territoriales.
Es de iterar que la protección del medio ambiente, a la luz de nuestra Carta Política, constituye un pilar fundamental del Estado, en cuanto garantiza: i) el derecho de todos a gozar de un ambiente sano, ii) determina el método de interpretación de las normas ambientales y las medidas de policía que los entes territoriales pueden procurarse y iii) posibilita que en la regulación del uso, manejo y aprovechamiento de los recursos que conforman el medio ambiente, se reglamente en el nivel territorial de manera rigurosa, dadas las condiciones especiales que en ellos confluye.
Este principio de rigor subsidiario al que se ha hecho referencia antes, no puede descartarse para despachar este último planteamiento de apelación, pues está claro que, dada la materia que es objeto de reglamentación por los actos cuestionados, es imperante su observancia, frente al ejercicio reglamentario que se ataca en este medio de control.
Ahora bien, se evidencia de los argumentos del apelante que éste reconoce la existencia de habilitación de la Ley 334, que autoriza el cobro de los gastos para cubrir el estudio de la solicitud de registro de la PEV. Este reconocimiento deja sin fundamento el reclamo propuesto, por cuanto si lo que alega es el desconocimiento de una competencia de orden legal, queda claro que esta norma habilitó a las autoridades ambientales, en este caso, del orden territorial, a realizar dichas recaudaciones con el fin de adelantar entre otros, el trámite de autorización y registro de la PEVM.
De manera que no es posible desligar esta habilitación y desconocer que su autorización está dada por la propia ley(26) al permitir el cobro a las autoridades ambientales, hecho que desvirtúa la ocurrencia de este vicio.
Tal habilitación se verifica en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución Política que dispone: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos PUEDEN PERMITIR que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.”
Entonces, queda claro que con ocasión de esta autorización conferida por la Ley 344 en desarrollo de esta norma superior, las autoridades ambientales están en la posibilidad de fijar las tarifas que se autorizan en este artículo 28, con la observancia del sistema que se determinó para su concreción.
De modo que esta alegación descarta la ilegalidad del artículo 9º(27) de la Resolución 5572 de 2009 acusada, pues esta tarifa se ajusta al objeto del cobro que se reconoce en el artículo 1º(28) de la Resolución 930 de 2008. No se probó que se hubiera aplicado un sistema contrario a los parámetros delimitados por la Ley 344, relativos al valor de: i) los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; ii) los gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio de la expedición, y iii) los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos.
A esta conclusión se arriba porque, contrario a lo alegado, existe un sistema o método que también fue fijado por la propia ley. Esta norma no impuso como deber de la autoridad administrativa la individualización o identificación especifica de dichos ítems al momento de la conformación de la tarifa.
De manera que la tarifa global que contempla la resolución acusada responde a la observancia de tales parámetros y no es posible desvirtuar la presunción de legalidad que los ampara, bajo el planteamiento de que no existieron estudios técnicos y que no tenían competencia para tal señalamiento, cuando quedó demostrada la habilitación normativa, lo que descarta que la Sala realice apreciaciones adicionales sobre su naturaleza impositiva.
En este orden de ideas y, comoquiera que este análisis no desvirtuó la legalidad cuestionada, se procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
CONFÍRMASE la sentencia de 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1 “Por el cual se Reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.
2 “Por el cual se modifica el Acuerdo 01 De 1998"
3 Que modificó el artículo 14 de la Resolución 2173 de 2003
4 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental - SINA - y se dictan otras disposiciones”.
5 Según la Sentencia C-535-96 del 16 de octubre de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
6 Ver folios 29 a 84 del C. 1 del expediente
7 Al respecto citó apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-825 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes (E) así: En el Estado Social de Derecho es lógico que la regulación de los derechos y las libertades públicas esté en cabeza del Congreso, puesto que su protección supone que los actos estatales que los afecten estén rodeados de un conjunto de garantías mínimas, entre ellas la relacionada con la necesidad de que cualquier limitación o restricción se establezca por medio de una ley adoptada por el poder legislativo como expresión de la voluntad popular. Es claro que este procedimiento le imprime seguridad, publicidad y trasparencia a las decisiones adoptadas en esta materia por el legislador, las que en todo caso no están exentas de los controles establecidos en la Constitución a fin de proteger los derechos humanos. Por ello el poder de policía subsidario que ejercen ciertas autoridades administrativas no puede invadir esferas en las cuáles la Constitución haya establecido una reserva legal, por lo cual, en general los derechos y libertades constitucionales sólo pueden ser reglamentados por el Congreso. Esto significa que, tal y como esta Corte lo había precisado, “en la Carta de 1991 ya no es de recibo la tesis de la competencia subsidiaria del reglamento para limitar la libertad allí donde la ley no lo ha hecho y existe reserva legal, la cual había sido sostenida bajo el antiguo régimen por el Consejo de Estado “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia dic. 13 de 1979) y la Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de enero 27 de 1977)”.
8 Transcribió apartes del concepto rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el expediente 1498 del 12 de agosto de 2003. C.P. Augusto Trejos Jaramillo
9 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
10 (fls. 182 a 205).
11 Folio 489 del expediente.
12 De manera subsidiaria sus pretensiones de nulidad se restringieron a los artículos 6, 7, 8 y 9 como se aprecia de las peticiones de la demanda.
13 De manera subsidiaria sus pretensiones de nulidad se restringieron a los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 como se aprecia de las peticiones de la demanda.
14 De manera subsidiaria sus pretensiones de nulidad se restringieron a los artículos 3 y 8 como se aprecia de las peticiones de la demanda.
15 Derogada por el art. 36, Resolución Sec. Ambiente 5589 de 2011
16 Corte Constitucional. Sentencia C-535-96 M.P. Alejandro Martinez Caballero.
17 ART. 313.—Corresponde a los concejos: (…) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
18 ART. 63.—Principios normativos generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.
19 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
20 Al respecto la Sentencia C-546 de 1996, precisó: “(…) la Corte considera que existen unos fenómenos ambientales que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente por el municipio. Estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que por su naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de los municipios, constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y por lo tanto es al concejo municipal al que le corresponde de manera prioritaria su regulación. Esta autonomía de las entidades territoriales en este campo es así una expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de la Nación, por ser desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado social de derecho (C.P., art. 7º) y por considerarse riqueza nacional (C.P., art. 8º). Dentro de esta diversidad se debe respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por lo cual su regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada comunidad con algunos aspectos del medio ambiente puede ser diferente.
21 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 8 de mayo de 2014. Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02639-02 Actor: Hernando Morales Plaza. Acción de Nulidad. C.P. María Elizabeth García
22 ART. 15.—<Artículo Condicionalmente exequible> Toda valla instalada en el territorio nacional cuya publicidad que por mandato de la ley requiera un mensaje específico referente a salud, medio ambiente, cultura y cívico, no podrá ser superior a 10% del área total de la valla.
23 Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia del 22 de enero de 2015. Expediente Radicación: 25000-23-24-000-2008-00382-01 Actor: AGroinversora Usol Ltda y otro. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
24 ART. 28.—Modificado por el art. 96 Ley 633 de 2000 Las autoridades ambientales podrán cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones y autorizaciones establecidas en la ley y normas reglamentarias. Los costos por concepto del cobro del servicio de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, de los diagnósticos ambientales de alternativas, del seguimiento de los proyectos y demás relacionados con la licencia ambiental, cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente, entrarán a una subcuenta especial del FONAM. Los recursos por este concepto se utilizarán para sufragar los costos de evaluación y seguimiento.
25 Según lo dispone el artículo 30 del Decreto 959 DE 2000 (Noviembre 01) Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá, tal facultad de reglamentación es acorde al siguiente mandato: “Registro. El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará el cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo”.
26 Artículo 28º de la Ley 344/96.- Modificado por el art. 96 Ley 633 de 2000 Las autoridades ambientales podrán cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones y autorizaciones establecidas en la ley y normas reglamentarias.
27 “[…] De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo tercero de la Resolución 930 de 2008, la tarifa para el registro de este tipo de elementos de publicidad exterior visual, se cobrará de acuerdo con el área correspondiente al total de la publicidad para el cual se solicita, a razón de 0.0625 SMLMV por metro cuadrado”.
28 “ART. 1º—Definiciones. Para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución se adoptan las siguientes definiciones:
Evaluación: Es el proceso que adelanta la autoridad ambiental para estudiar las solicitudes registro de publicidad exterior visual presentadas por los usuarios, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de los requisitos para la ubicación de elementos de publicidad exterior visual en la Ciudad, y con ello, tomar una decisión favorable o desfavorable respecto a la petición. (...)”.