Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-III/2013/as201330267L.html
Timestamp: 2020-04-02 06:47:51
Document Index: 405704039

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 253', 'artículo 258', 'artículo 258', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 258', 'artículo 272', 'artículo 252', 'artículo 42', 'artículo 8']

AUTO SUPREMO Nº 267-2013
AUTO SUPREMO Nº 267/2013
EXPEDIENTE: S.121/2009
PARTES: Georgina Maldonado Uria c/ Empresa Shimpo Ltda.
VISTOS: El recurso de nulidad de fojas 694 a 696, interpuesto por Georgina Maldonado Uría, del Auto de Vista Nº 242/08 de 3 de octubre de 2008 (fojas 689 a 690), la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por la recurrente contra la Empresa Shimpo Ltda., el memorial de contestación de fojas 698 a 699, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza Tercera de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 82/2007 de 13 de septiembre de 2007 (fojas 666 a 668 y vuelta), declarando probada en parte la demanda de fojas 14 a 15, sin costas, debiendo cancelar la demandada a favor de la actora, la suma total de Bs. 7.717,24 de acuerdo con el siguiente detalle:
Sueldo promedio indemnizable Bs. 1.137,89
Tiempo de trabajo: 8 años, 2 meses y 29 días
Indemnización: Bs. 9.384,42
Desahucio: Bs. 3.413,67
Vacación (Duod. Gest. 2001): Bs. 189,64
Aguinaldo (Duod. Gest. 2001): Bs. 568,94
SUBTOTAL Bs. 13.556,67
Menos monto cancelado (Fs. 65): Bs. 5.839,43
TOTAL Bs. 7.717,24
En grado de apelación, por Auto de Vista Nº 242/08 de 3 de octubre de 2008 (fojas 689 a 690), la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó en parte la Sentencia apelada, sin costas por ser ambas partes apelantes, debiendo la demandada pagar a favor de la actora, el monto total de Bs. 8.851,- de acuerdo al siguiente detalle:
Tiempo de trabajo: 9 años, 2 meses y 29 días
Indemnización: Bs. 10.520,00
Desahucio: Bs. 3.413,00
Vacación (Duod. Gest. 2001): Bs. 189,00
Aguinaldo (Duod. Gest. 2001): Bs. 568,00
SUBTOTAL Bs. 14.690,00
Menos monto cancelado (Fs. 65): Bs. 5.839,00
TOTAL Bs. 8.851,00
Que, del referido Auto de Vista, Georgina Maldonado Uría, demandante en el proceso, interpuso recurso de nulidad (fojas 694 a 696), el que se pasa a examinar:
Señala que si bien el Auto de Vista impugnado reconoció que la ruptura del vínculo laboral fue unilateral y dispone el pago de beneficios sociales en aplicación del artículo 13 de la Ley General del Trabajo, no efectuaron una correcta valoración de la prueba de descargo cursante de fojas 62 a 259 respecto de la solicitud de pago de primas y pago de la suma de Bs. 5.839,-
En relación con el pago de primas, aduce que se indica en la Resolución de Vista que por los estados financieros que cursan a fojas 68 y 69, la empresa demandada no obtuvo utilidades y que le correspondía desvirtuar dicho extremo en su condición de demandante, por lo que expresa que se produjo una errónea interpretación de los artículos 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por corresponder al empleador la carga de la prueba. Agrega que los estados financieros referidos no se encuentran refrendados por el Ministerio de Trabajo, por lo que no tienen valor legal.
Respecto de los pagos a cuenta, indica que se otorgó valor jurídico a prueba falsa, sin que se hubieran considerado los memoriales de fojas 520 a 524, 533, 541 y 661, como tampoco el memorial de interposición del recurso de apelación deducido, pues sostiene que el pago de Bs. 5.839,43 en calidad de adelanto, no es evidente. Manifiesta que del cotejo de los documentos de fojas 27 y 28 y por las firmas que aparecen en todos los memoriales, su firma y rúbrica difiere con la expuesta en el recibo de fojas 65, más allá del hecho que la convención relativa al supuesto pago de anticipo de beneficios sociales es contraria al orden público y las leyes laborales, pues resulta inadmisible que en el desarrollo de la relación laboral, se proceda a efectuar pagos parciales de beneficios sociales, haciendo alusión a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Cita a continuación el Auto Supremo Nº 508 de 31 de julio de 2006.
Indica que los recibos y guías de pago de haberes, difieren con las planillas de pago de haberes presentadas por la empresa demandada al Ministerio de Trabajo, señalando las literales que cursan a fojas 87, 94, 97, 99, 105, 108, 115, 121, 124, 125, 134, 138, 141, 143, 150, 159, 178 y 187 en las que no se consigna anticipo alguno. Expresa que su afirmación de no haber recibido anticipo de pago de beneficios sociales se halla respaldada asimismo por las planillas de pago de haberes de Shimpo Ltda. que cursan a fojas 73, 88, 160, 162, 163, 166 y 173, remitidas y visadas por el Ministerio de Trabajo.
Se pregunta a continuación, por qué si la representante legal de la empresa afirma haber efectuado pago a cuenta de beneficios sociales, no interpuso en su momento, excepción de pago documentado, en lugar de oponer la de impersonería que fue declarada improbada. Prosigue manifestando que los informes periciales llevados a cabo no tienen ningún valor legal, porque si bien fue la propia actora que los solicitó, por memorial de fojas 520 a 524 renunció a su realización por la demora del proceso, renuncia que fue aceptada por providencia de fojas 526 vuelta; no obstante, a pedido de la demandada, en virtud del memorial de fojas 527 y providencia de la vuelta, ordenó que dicho examen se lleve a cabo, violando el principio de preclusión, en aplicación del artículo 57 del Código Procesal del Trabajo. Cita al respecto, el Auto Supremo Nº 343 de 23 de junio de 2006.
Concluye el memorial de interposición del recurso, señalando: “…cuyos Magistrados con mayor criterio jurídico legal CASARÁN en parte el injusto fallo, disponiendo haber lugar al pago de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 Bolivianos, así como el derecho a la Prima omitido (…) sea con costas, daños y perjuicios”.
Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, limitándose a efectuar una relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso, constreñido a referir el no pago de prima anual, así como la negación de pago efectuado a cuenta de beneficios sociales, acusando mala valoración de la prueba.
Continuando con lo precedentemente señalado, el memorial señala que se interpone recurso de nulidad, sin embargo en el desarrollo de sus argumentos refiere que se realizó mala valoración de la prueba, consistente en los estados financieros que corren de fojas 68 a 69, los documentos de fojas 27 y 28, así como de las papeletas de pago y planillas de pago de haberes. Por otra parte, acusa la violación del principio de preclusión respecto del examen pericial ordenado.
Que, en virtud de lo anterior, el memorial del recurso plantea en la forma (recurso de nulidad), argumentos que hacen al fondo; es decir, que plantea el recurso indicando que se produjo error en la apreciación de la prueba, sin siquiera utilizar la terminología correcta, sin expresar si se trata de error de hecho o de derecho, en un intento aproximado de adecuar su recurso al inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, mas con total desconocimiento y de manera absolutamente superficial y carente de relevancia jurídica, ya que no cumple en con los requisitos descritos por el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, que claramente señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos (las negrillas son añadidas). Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.”
Por otra parte, el recurso plantea una incongruencia, en cuanto solicita del Tribunal Supremo de Justicia, “…cuyos Magistrados con mayor criterio jurídico legal CASARÁN en parte el injusto fallo…”; es decir, que solicita la emisión de un fallo que corresponde al recurso de casación (en el fondo), cuando en su memorial el mismo se encuentra deducido como recurso de nulidad (en la forma), aspectos que hacen a la improcedencia del mismo. Esta confusión de ninguna manera puede ser considerada por este Tribunal, por las características que revisten el recurso de casación, su estudio y aplicación. Por otra parte, el recurso de casación, tanto en el fondo como en la forma, se sustentan en causas diferentes y persiguen efectos distintos que no pueden confundirse entre si como erróneamente plantea la recurrente, pretendiendo se case el Auto de Vista recurrido a través de la interposición de un recurso de nulidad.
Que, de conformidad con la amplia jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos descritos por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; deben fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.
Asimismo, se debe tener presente que la doctrina y la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, aprehendida y expresada por este Supremo Tribunal a través de diversas resoluciones, ha dejado claramente establecido que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el artículo 253 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores in procedendo, tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el artículo 254 de la misma norma legal. (Confrontar loa Autos Supremos Nº 72/2010 y Nº 19/2011, ambos correspondientes a la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia y Nº 9/2012 de la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros).
A mayor abundamiento, también la jurisprudencia enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una CRÍTICA LEGAL de la resolución impugnada, no siendo suficiente la relación de hechos ocurridos en la tramitación del proceso, aun cuando ésta incluyera cita de disposiciones legales. Es importante dejar claramente establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.
Que, a este efecto y de la revisión del recurso en análisis, se establece que el recurrente no cumplió con los requisitos señalados en el inciso 2) del artículo 258 del Código Adjetivo Civil, por lo que en el marco legal referido, el recurso de fojas 694 a 696 es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Supremo Tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 694 a 696, con costas.