Source: https://es.scribd.com/doc/95204950/aborto-consentido
Timestamp: 2017-12-17 07:49:17
Document Index: 380061392

Matched Legal Cases: ['Artículo 417', 'artículo 429', 'artículo 12', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 9', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 417', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'artículo 17', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 14', 'Artículo 23', 'Artículo 22', 'artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 417', 'artículo 81', 'artículo 145', 'artículo 417', 'artículo 145', 'artículo 9']

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Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. Propuestas de reforma
María Luisa Cuerda Arnau Catedrática de derecho penal Universidad Jaume I Castellón Revista Penal, n.º 25.— Enero 2010
RESUMEN: El artículo pone de manifiesto los problemas inherentes a la regulación del aborto vigente en España y la necesidad de afrontar una reforma. La actual regulación no garantiza adecuadamente los derechos fundamentales de la mujer, ni ofrece seguridad jurídica a los profesionales sanitarios, ni posibilita la práctica del aborto en condiciones de igualdad. Ese estado de cosas propicia como reacción vulneraciones de la legalidad, que son, por lo demás, injustificables en un Estado de Derecho. En parte como consecuencia de lo anterior, el actual sistema tampoco es idóneo para tutelar eficazmente el bien jurídico que sirve de legitimación al castigo. El Anteproyecto de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo recientemente aprobado por el Consejo de Ministros ofrece una nueva regulación que acoge el modelo del plazo con asesoramiento y aborda desde una perspectiva integral la problemática que rodea al aborto. PALABRAS CLAVE: Aborto, interrupción del embarazo, regulación legal, modelo del plazo con asesoramiento, reforma del Código penal.
ABSTRACT ABSTRACT: This article illustrates the problems that are inherent in the current regulations on abortion in Spain and highlights the need for a reform. The legislation currently in force does not adequately guarantee women’s fundamental rights, does not offer legal security to health professionals and does not allow abortions to be done under equal conditions for everybody. This scenario gives rise to an infringement of law, which is not justifiable in a state under the rule of law. Partly as a result of this scenario, neither is the current system suitable when it comes to efficiently safeguarding the legal right that serves to legitimise punishment. The draft bill on sexual and reproductive health and on termination of pregnancy, which was recently passed by the Spanish Council of Ministers, provides us with a new regulation that considers free abortion over a period of time with counselling and tackles the abortion-related problems with a comprehensive approach. KEY WORDS: Abortion, voluntary interruption of pregnancy, time limit model, counselling, Spanish Penal Code reform.
SUMARIO: I. Antecedentes próximos: las claves del debate. II. Las paradojas de la actual regulación: a) El desprecio por los derechos fundamentales; b) El desprecio por la legalidad; c) La dudosa legitimidad del castigo. III. Bases para una propuesta: premisas y modelos alternativos. IV. El Anteproyecto de Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. IV.1. Consideraciones generales. IV.2. La respuesta a las paradojas: a) El respeto a los derechos fundamentales y al principio de igualdad en su ejercicio; b) El restablecimiento del principio de legalidad; c) La protección del nasciturus. V. Valoración final. Orientación bibliográfica y texto del Anteproyecto.
D o c t r i n a
I. Antecedentes próximos: las claves del debate El día 30 de noviembre de 1983 se celebró en el Senado la sesión plenaria en la que, tras arduas polémicas, se aprobó la reforma del delito de aborto, que, conviene puntualizarlo, fue objeto de una tramitación independiente. El proyecto entonces aprobado no distaba sustancialmente del que ﬁnalmente se convirtió en derecho positivo. El caso es que, sin embargo, contra aquél se interpuso recurso previo de inconstitucionalidad por estimar que vulneraba, entre otros, los artículos 15, 1, 10.2, 39, 53 o 9.3 de la Constitución (CE). El recurso fue resuelto por STC 53/1985, de 11 de abril en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del proyecto por entender, dicho de una manera sucinta, que el modelo de parcial despenalización del aborto vulneraba la obligación estatal de otorgar al nasciturus una protección efectiva. A esa conclusión se llegaba en el fundamento jurídico 12 tras seguir en los precedentes una línea argumental que en absoluto permitía pensar que aquella fuese a ser la decisión que ﬁnalmente iba a adoptarse. Con ello, el Tribunal Constitucional introdujo en el debate toda una serie de elementos que terminaron por distorsionarlo. Para empezar, el Tribunal Constitucional traspasó los límites de su jurisdicción, olvidando que el juicio de constitucionalidad no es un juicio de calidad o perfectibilidad. Sin embargo, lo anterior no fue tan grave como el impacto indirecto que dicha resolución produjo en el sistema de garantías y en los derechos fundamentales de las mujeres embarazas. En cuanto a esto, la STC pecó por acción y por omisión. Por omisión en la medida en que, realmente, rehuyó entrar a fondo en el problema que la tipiﬁcación del aborto consentido plantea desde el punto de vista del derecho de la mujer a su intimidad y a su integridad física y moral. Por el contrario, el Tribunal Constitucional no tuvo reparo alguno en invertir principios tan básicos como el de legalidad o proporcionalidad al sugerir que la protección al nasciturus debía revestir forma penal. Eso es, a ﬁn de cuentas, lo que explica el que acabara por objetar al legislador penal la falta de rigor punitivo, obligándole a aceptar lo que terminaba por ser una singular enmienda al proyecto. O sea, que los principios de legalidad y prohibición de exceso dejan de cumplir su papel de garantía de la libertad frente a la intervención de los poderes públicos y se convierten, paradójicamente, en mecanismos destinados a asegurar la efectividad del castigo, al que se reprocha no el exceso sino el defecto. Esa es a la solución a la que llega, si se la despoja de ropajes, la resolución que nos ocupa. De ahí a incurrir en la lógica burda de que el legislador que no castiga provoca el aborto, hay solo un paso. Ese es el paso que aún hoy, después de más de veinte años, se empeñan en dar algunos esgrimiendo argumentos falaces. El llamado Maniﬁesto de Madrid «en defensa de la vida humana en su etapa inicial, embrionaria y fetal» es un ejemplo de las distorsiones en que se incurre al plantear la cuestión. Los ﬁrmantes siguen ﬁeles, en primer lugar, a la idea de que el aborto es un acto «simple y cruel de interrupción de la vida humana» que implica a dos seres a los que se pretende presentar como iguales en derecho. En segundo término, su toma de posición trasluce la falta de conﬁanza en la capacidad de la mujer de decidir racionalmente, lo que explica su pertinaz insistencia en difundir las «secuelas psicológicas» de tal acto. Los ﬁrmantes del Maniﬁesto intensiﬁcan tal postura tutelar cuando se trata de mujeres que, siendo mayores de 16 años, son menores de 18, puesto que, con respecto a ellas, no se concibe siquiera la posibilidad de una elección libre, pese a que la Ley de autonomía del paciente la da por supuesta como regla general para las intervenciones médicas. Por último, resulta muy ilustrativo comprobar cómo no duelen prendas a la hora de responsabilizar a la sociedad de lo que se caliﬁca como «la matanza de (cerca de) 120.000 bebés al año», un acto que- así presentado- no sólo explicaría, sino que exigiría la intervención penal frente al mismo. La clave está en la perspectiva desde la que se analiza el problema. Y lo cierto es que el ángulo escogido no es el que mejor se ajusta a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales. Sin embargo, esa es una orientación a la que no era del todo ajena la STC 53/1985, una linea jurisprudencial que, de darse el caso, el Tribunal Constitucional debiera cambiar. La necesidad del cambio se advierte con solo pensar que los signos que identiﬁcan el debate jurídico sobre el aborto en España son difícilmente compatibles con los derechos fundamentales y, por ende, con la idea misma de Estado de Derecho. De un lado, la historia del aborto es, en primer y casi único término, la historia de un delito, lo cual no es poco. Es, indudablemente, una crónica que posterga las libertades de la mujer embarazada. Es también la historia de un debate estigmatizado que siempre sigue derroteros distintos a los que son propios de una discusión en términos jurídicos. Porque, sobre todo, es una farsa caracterizada por el empeño en presentar como jurídicos argumentos que, si se analizan con detalle, carecen de todo fundamento constitucional y son producto de presupuestos ideológicos incompatibles con el tenor del actual texto constitucional. Este es, sin duda, el principal problema que hay que afrontar si queremos impulsar un cambio, que sólo será posible si de una vez por todas queda claro que la cuestión no es determinar qué preferencias valorativas sería deseable que el legislador adoptase, sino qué regulaciones le permite la Constitución y cuales otras le prohibe. Una vez clariﬁcado lo anterior, sólo queda adoptar la decisión que sea el resultado de una preferencia política racionalmente ejercida. Desde esa óptica se va a enjuiciar aquí el Anteproyecto de Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero antes quiero poner de maniﬁesto algunas paradojas de la regulación vigente. II. Las paradojas de la actual regulación Siguiendo las indicaciones marcadas por la STC 53/1985, el legislador procedió a dar nueva redacción al precepto regulador de la despenalización parcial del aborto, que quedó formulado en los términos que aún hoy, después de más 23
en centro o establecimiento sanitario. é él 2. impedir a la mujer esa opción de decisión libre y autónoma a lo largo de todo el embarazo es tanto como someter sus derechos a una limitación que los hace impracticables. con lo que ello representa desde la perspec24 tiva de la garantía del contenido esencial (STC 11/1981). No será punible el aborto practicado por un médico. 271E. Para empezar habría que cuestionarse seriamente si esa capacidad la reúne un modelo que niega a la mujer la posibilidad de rechazar de manera autónoma una maternidad no deseada. cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la ª vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así consfísica í í te en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente. En este sentido. público o privado. distinto de é édico aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. í 1. sencillamente. Hoy en España la interrupción voluntaria de embarazo es una intervención médica que exige cierta capacidad económica. Como de lo que aquí se trata es de enjuiciar el actual modelo y confrontarlo con el que el Anteproyecto propone. La problemàtica real del aborto siempre afectó de manera muy singular a los más desfavorecidos. A poco que se reﬂexione sobre ello se advierte cómo la actual regulación del aborto perpetúa un símbolo más de la exclusión social. pues qué duda cabe de que es para el sector de los excluidos para quien verdaderamente tiene más sentido la proclamación del un tal Estado (vid asimismo Informe nº 11537 de 17 de marzo de 2008. siempre que el aborto se practique físicas í í dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el veintid dictamen. el actual estado de cosas. en su lugar. Actualmente. y distintos de aquél o bajo cuya dirección se practique el aborto. bajo su dirección. que. con la orientación general que los gobiernos progresistas han querido imprimir a sus políticas legislativas de promoción de la mujer como sujeto de derechos En todo caso. como hacían quienes interpusieron recurso previo de inconstitucionalidad contra la despenalización parcial. a la intimidad. no son pocos. ni con la aplicación efectiva del mismo resultan tales derechos bien parados. en efecto. sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario. la primera paradoja de la regulación vigente es su evidente incapacidad para tutelar de una manera efectiva los derechos de la mujer embarazada. Artículo Artículo 417 bis. destinar la atención a poner de maniﬁesto algunas de las paradojas a que conduce el sistema de interrupción del embarazo a que aquél responde. Propuestas de reforma de veinte años y pese a la aprobación de un nuevo Código penal. por cierto. Consejo de Europa). esto es. 369 a 374) instando a los gobiernos a tomar en consideración la desigualdad a que de facto se ven sometidas las mujeres en esta materia. Relegar a la mujer a simple sujeto pasivo de la intervención pugna con los derechos fundamentales de ésta y. se prescindirá del análisis dogmático del precepto vigente para. 2ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429. bastaría con extraer las conclusiones que sin diﬁcultad se derivan de la exigua cifra de abortos realizados en el marco de la sanidad pública y en condiciones de gratuidad. Para comprobar que ese es. pues. ni con el actual modelo. sin duda. resulta preciso ponerlo en relación con la situación de las mujeres inmigrantes con embarazos no deseados que son fruto de su sometimiento a modelos culturales con inaceptables pautas en materia de sexualidad o.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. En los casos previstos en el número anterior.50% de las extranjeras que recurren al aborto (vid. como digo. a las mujeres pobres. público o privado. del Comité para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ni siquiera en los limitados términos en que se proclaman. en particular. a la integridad física y moral. a) El desprecio por los derechos fundamentales Pues bien. la cuestión no queda ahí. así como al fundamental principio de igualdad que debe regir el ejercicio de aquellos. siempre que í ículo el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. sin ni siquiera establecer un periodo dentro del cual esa voluntad tuviera que ser respetada. Y. . de su renuencia a acudir a los centros de planiﬁcación familiar por temor a la denuncia y a la consiguiente expulsión. aún dejando de lado ese problema consustancial al modelo de indicaciones. p. hay que añadir dentro de ese grupo a las mujeres inmigrantes en situación irregular. Desde luego. Y. acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada. Sentado lo anterior. no será punible la conducta de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médict dicos exigidos. claro está. C. la realidad se ha encargado de demostrar que nuestro actual sistema ni siquiera alcanza a garantizar adecuadamente que la mujer pueda interrumpir el embarazo en los limitados términos previstos en la citada norma y en las condiciones adecuadas para la salvaguarda no sólo de su vida o su salud. 3ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves ª taras físicas o psíquicas. que eso es algo que no debe olvidarse cuando. a mi modo de ver. En ese contexto cobra todo su sentido la Resolución 2001/2128 sobre salud sexual y reproductiva aprobada el día 3 de julio de 2002 por el Parlamento Europeo (DOUE 12/11/2003. a la vida. el derecho de la mujer al libre desarrollo de la personalidad. siguen vigentes con el siguiente tenor. sino también del resto de derechos fundamentales que resultan afectados. se apela a la idea de Estado social. podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. o é édico. expresado con anterioridad a la práctica del aborto. ACAI). no está de más recordar que el modo en que un ordenamiento aborda la interrupción voluntaria del embarazo compromete. a la libertad ideológica. acreditado al efecto. que representan el 51. é él En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante.
auto nº 374/2009. incluso. favorece este tipo de actuaciones. al modo en que no hace tanto se condujeron unas polémicas investigaciones. Sustancialmente. Me reﬁero. acaba propiciando el que. resulta muy ilustrativa una sentencia que conozco bien porque fue dictada por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Castellón (sentencia núm. de 26 de octubre y 2002/2001. donde se llegó a indagar sobre las razones que las habían llevado a adoptar la decisión de abortar. Y es que. del lado opuesto. trasladaron los restos a otra población y. es obvio que nada puede garantizar a la mujer el que esa decisión no sea revisada.. la plena sustanciación de un proceso penal. en cuanto al segundo condenado. nuestro modelo procesal impone iniciar la investigación. por otra parte. que. Por otra parte. No es que quepa negar radicalmente el que exis25 . lo que la reciente realidad se ha encargado de demostrar y lo que explica sobradamente la iniciativa gubernamental. El asunto estuvo jalonado de incidentes y las actuaciones realizadas por la Guardia Civil desembocaron en la indiscriminada citación de un importante número de mujeres que fueron sometidas a exhaustivos interrogatorios en las dependencias de la benemérita. A mi modo de ver. como bien se dice en el auto de sobreseimiento dictado el día 23 de abril de 2008 por el Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona. posibilita el que pueda someterse a control ulterior cualquier interrupción del embarazo y. dice la ley. como decía líneas atrás.. De hecho. el Juzgado de instrucción nº 6 de Madrid denegó la petición de estudio de restos de abortos por entender que carecía del debido fundamento.D o c t r i n a ••• Con todo. de origen poco claro. de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid) es. hay algo cuyo impacto en el sistema de libertades es tal vez mayor por cuanto tiene de desprecio hacia los derechos individuales y los procedimientos. La referida sentencia fue recurrida y el modo en que se resolvió el recurso es una buena muestra de cuanto decía sobre el desprecio de la legalidad en que también se incurre como reacción. sin someterla personalmente a una exploración clínica exhaustiva o a otras pruebas diagnósticas complementarias. Eso es. los procesos se resuelvan en muchas ocasiones al margen de lo que. de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid. por sus contornos difusos.) máxime cuando la ley vigente prevé unos supuestos de justiﬁcación que.SSTS nº 1639/2000. la condena del primero se fundó en el hecho de ser aquél conocedor de que el informante no era médico psiquiatra. de 19 de noviembre) en la que se condenó al médico que practicó la interrupción y al licenciado en medicina no especialista en psiquiatría que emitió el dictamen de peligro para la salud psíquica de la embarazada. En esta línea. es obvio que la referida falta de seguridad jurídica también proyecta su sombra. nos guste o no. la generalidad de las condenas por delito de aborto van referidas a los facultativos. Pese a ello. centros debidamente autorizados para la interrupción voluntaria del embarazo y con respecto a los cuales no consta la existencia de acta alguna de infracción emitida con ocasión de las inspecciones preceptivas (art. sobre todo porque a nadie pareció importarle demasiado el averiguar si. los agentes del SEPRONA continuaron actuando por su propia iniciativa. silenciando que existía una denegación previa. la sentencia dictada por la Audiencia de Castellón resultaba discutible desde perspectivas diversas. 3 RD 2409/1986). ciertamente. de una actuación directamente encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado en la que lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia. que. incluso. a diferencia de lo que acontece en otros sistemas penales de nuestro entorno en los que existe una regulación «mucho más clara para el común de los mortales». como taxativamente aﬁrma el auto nº 375/2009. la segunda de las paradojas a que conduce el actual modelo tiene que ver con la inseguridad jurídica que es inmanente al sistema de indicaciones. Se trató. 31/2001. puesto que. Justamente la inseguridad juridica que comporta es lo que mejor sirve para cerrar este capítulo y abrir el referente a la segunda de las paradojas anunciadas. La circunstancia de que ni siquiera el juez instructor ponderara adecuadamente la invasión que para la intimidad de las mujeres suponía aceptar la personación como acusación popular del partido extraparlamentario «Alternativa española» (cfr. con independencia de la falta de formalidades. siendo mayoritarias las que se fundamentan en la insuﬁciencia del dictamen relativo a la incidencia de la continuación del embarazo en la salud psíquica de la mujer. puede culminar con la apertura o. En tanto se cuestione de manera más o menos fundada la decisión adoptada por los facultativos. sobre supuestas prácticas abortivas en dos conocidas clínicas de Madrid y Barcelona. su responsabilidad se basó en la circunstancia de haber realizado su diagnóstico en función de un test que se le había proporcionado en la clínica a la mujer. como reacción. La cuestión revistió singular trascendencia en el caso de la clínica madrileña. en la medida en que un sistema como el vigente en España deja en manos de un tercero la decisión última sobre la existencia o inexistencia del conﬂicto que está a la base de cada una de las indicaciones. como se recordará. el informe sobre la repercusión del embarazo en la salud psíquica de la gestante reﬂejaba la realidad. de un lado. 19 de septiembre) tampoco puede decirse que fuera el fruto de un anàlisis ajustado a los métodos usuales de la interpretación jurídica. de 29 de junio. en el caso español «es impensable que un ciudadano medio sin conocimientos especíﬁcos de caràcter jurídico-penal pueda estar al tanto de la actual regulación (. sino el respeto a las decisiones judiciales. dejan muchas vías abiertas para la efectiva práctica de tales intervenciones» (FJ 3º) b) El desprecio por la legalidad Ciertamente. de 29 de junio. en su caso. no es menos cierto que la absolución acordada por la STS 1497/2003. 13 de noviembre siguiendo la estela de anteriores resoluciones (Cfr. En efecto. un dato adicional que subraya los peligros que para la libertad e intimidad de las mujeres acechan tras un sistema legal que. de hecho. Sin embargo. solicitaron una nueva autorización que esta vez sí fue estimada.más alargada.sobre la actuación de los profesionales intervinientes.injustiﬁcada en un Estado de Derechofrente a una ley que muchos encargados de su aplicación estiman injusta.
teniendo en cuenta la existencia de una pluralidad de modelos cuya viabilidad constitucional no ofrece dudas razonables. Optar por la orientación político-criminal que se estime preferible. Si sólo la tutela de bienes jurídicos justiﬁca la intervención penal ¿a qué justiﬁcación se apela cuando el mecanismo sancionador resulta ineﬁcaz o. En suma. Propuestas de reforma tieran razones para absolver. pues es obvio que si las normas penales no estuvieran limitadas al territorio. puesto que.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. permite su práctica hasta estadios muy avanzados. de la que con diﬁcultad puede decirse que depare protección a la vida prenatal en los términos pretendidos por la STC 53/1985. como la vencibilidad del error. injustiﬁcables en un Estado de Derecho. a reﬂexionar sobre los peligros que acechan tras la obsolescencia de la ley. inconcluyente. Ello favorece. Pero. por mor de esta indeﬁnición. Obsérvese que la sanción penal es. contraproducente? Habría. pueden verse envueltos en procesos judiciales en ocasiones de origen espúreo. la actual regulación no satisface la posibilidad que en ella misma se reconoce a las mujeres de abortar en las condiciones adecuadas para garantizar el conjunto de derechos fundamentales que pueden verse afectados y su ejercicio en condiciones de igualdad. el art. sin duda. dichas interrupciones no estén sujetas a plazo alguno. FJ. Ese estado de cosas propicia como reacción vulneraciones de la legalidad. la única en términos constitucionales y. que poner coto a los irreﬂexivos argumentos de quienes se empeñan en interpretar la obligación del Estado de «establecer un sistema legal para la defensa de la vida» (STC 53/1985. la principal medida con que nuestro ordenamiento aborda la problemá26 tica que rodea a los embarazos no deseados. algunas de las cuales llegan al absurdo de otorgar caràcter de generalidad a conceptos que. lo que se constata es que la mayoría abrumadora de abortos practicados en España se acoge a la indicación terapéutica. en primer lugar. mental y social. Esos son los dos grandes retos que hoy tenemos ante nosotros: 1º. En la actualidad. en absoluto puede depender de una revisión del previo informe que la ley no impone al medico que practica el aborto. si las había. 413 414 constituyesen normas prohibitivas de los abortos practicados en el extranjero. obliga. como es llano. en segundo lugar. 2º. el que puedan practicarse abortos en supuestos que no coinciden con la indicación terapéutica y que. desde luego. por lo demás. Acuerdo del Pleno de 20 de abril de 2001 sobre error vencible en caso de aborto). Esa preocupante tendencia a solventar el problema del aborto al margen de la ley es a lo que aboca una regulación desacompasada en relación con la sociedad en que se inserta. incluso. el desprecio por la legalidad discurre en sentido opuesto y nuestros tribunales tejen a tal efecto ingeniosas construcciones sobre el error de prohibición. . Bien es verdad que casi forma parte de la historia del delito de aborto el hecho de apartarse del texto de la ley para llegar a la conclusión que en cada momento le parezca a cada uno más ajustada a las valoraciones ético-sociales imperantes. de hecho. STC 75/1984. y parece que lo es. lo que. mal se compagina con el rigor dogmático la aﬁrmación genérica de que es atípica la conducta de quien falazmente informa sobre un inexistente riesgo para la salud. la cuestión es si también era. III. En su día fue el empeño por castigar el aborto cometido por española en el extranjero pese a que ni podía decirse que se tratase de un delito de español contra español. SSTS 20 diciembre 1980. apelan a una valoración individual y circunstanciada (vid. Tampoco mayor es el acierto de articular la absolución del médico que practica la intervención en un supuesto error invencible sobre la ilicitud del hecho en lugar de estimar directamente aplicable la causa de exención prevista en el art.2º. entre otras cosas. 7º) como sinónimo de sistema penal. Ni hay una obligación constitucional de proteger penalmente al nasciturus ni el que está vigente lo protege mejor de lo que pudieran tutelarlo otro tipo de medidas preventivas de naturaleza no penal. y. Decir para absolver al informante que esa es la conclusión a la que conduce la teoría general en materia de coautoría resulta. la mejor de las opciones políticocriminales. resuelto lo anterior. La laxitud inherente a la primera de las indicaciones se advierte con solo pensar que la Organización Mundial de la Salud deﬁne la salud como un estado de completo bienestar físico. c) La dudosa legitimidad del castigo Llegamos así a la última de las paradojas a que aboca la actual regulación. era la premisa de partida y no la conclusión del silogismo. de facto. Si eso es así. Bases para una propuesta: premisas y modelos alternativos Sin duda. sin embargo. El que tal modo de proceder resulte inaceptable por lo que tiene de rebelión frente al sistema constitucional de fuentes. cuya concurrencia debe medirse por razones obvias ex ante y no ex post y. lo cual no es en absoluto casual. resultarían superﬂuas las reglas de extensión de la punibilidad previstas en la LOPJ (vid. 417 bis del CP representó un avance frente al sistema precedente y en ese momento tal vez era la única regulación posible en términos políticos Ahora bien. 15 0ctubre 1983 y cfr. pues. aquellas estaban vinculadas al principio de ofensividad y no a los artiﬁciosos argumentos empleados para alcanzar lo que. En este sentido. además. que son. ni cabía aﬁrmar que los entonces vigentes artículos 411. el actual sistema tampoco es idóneo para tutelar eﬁcazmente el bien jurídico constitucional que sirve de legitimación al castigo. en el fondo. En parte como consecuencia de lo anterior. todo apunta a la ilegitimidad del castigo. 417 bis. que otorgó el amparo frente a esta última). la autoría no agota las posibilidades de intervención en la ﬁgura legal. Y a partir de ahí. Analizar en términos estrictamente jurídicos si es posible otra regulación dentro del marco constitucional. Resulta igualmente insatisfactoria desde la perspectiva de la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que.
De ahí se inﬁere lo siguiente: Primero. por tanto. ha ponderado ya y. V Legislatura. A ﬁn de cuentas. así como la naturaleza jurídica que se otorgue al aborto amparado en tal regulación son. Quede. la del contenido esencial. y sin que. Por tanto. Partiendo de cuanto se lleva dicho. los puntos álgidos de este sistema. es una variante del modelo del plazo. inaceptable como procedimiento generalizado para la determinación del contenido de los derechos. VII Legislatura. Congreso de los Diputados. 24 de abril de 2000).D o c t r i n a ••• La primera de esas premisas tiene por objeto subrayar la sustancial diferencia que existe entre un bien jurídico constitucional y un derecho fundamental o un conjunto de derechos fundamentales. la introducción de la indicación socioeconómica no representa en puridad de términos un cambio de modelo: sigue siendo un tercero quien decide. Visto lo anterior. tratándose de derechos fundamentales. A juicio de la mayoría. claro que el conﬂicto se produce entre un bien jurídico constitucional y los derechos fundamentales de la mujer embarazada y que. se caracteriza por establecer la impunidad de todo aborto realizado durante la primera fase del embarazo. nº 125-1. tampoco un sistema de indicaciones que diera entrada al llamado cuarto supuesto sería satisfactorio. Enjuiciar si en efecto eso es exactamente así o si es un pronóstico más o menos desacertado basado en lo que en su momento dijera el BVerfG pertenece también al debate acerca de esta opción políticocriminal. A partir de ahí. no nos hallamos ante términos equivalentes. b) Modelo de asesoramiento Este sistema. podríamos destacar los tres siguientes: a) Modelo puro de plazo Como es sabido. la solución nos viene impuesta. no va más allá de subrayar la obviedad de que. por cuanto es obvio que la Constitución. junto a indicaciones con el alcance y estructura de las contenidas en la regulación vigente. cuya dignidad e intimidad resultan una vez más afectadas. Serie A. periodo durante el cual la preferencia absoluta se le concede al derecho de autodeterminación de la mujer frente a la vida del embrión. aún aceptando que sea por sí mismo un bien jurídico constitucional. que las obligaciones que el legislador tiene frente al nasciturus no son las mismas que rigen su intervención en materia de derechos fundamentales. al conﬁgurar los distintos derechos. por ende. que la Constitución reserva precisamente a los derechos y libertades mismos» (FJ 3º). lo que le impediría superar un eventual control de constitucionalidad. ni le es aplicable el régimen jurídico de aquellos. es un sistema de plazos porque la decisión última de interrumpir la gestación durante la primera fase es de la propia mujer pero se diferencia del sistema puro de plazo en el hecho de que la vida prenatal no queda absolutamente desprotegida en esa primera fase sino que se la tutela a través de un asesoramiento preventivo. por cierto. por consiguiente. resulta aquí doblemente inapropiado. Serie B. Concretamente. sólo resta subrayar la obviedad de que. A analizar a cuál de todas esas opciones responde el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el día 15 de mayo de 2009 van dirigidas las líneas siguientes 27 . c) Modelo mixto: cláusula general de necesidad con decisión última de la embarazada Se trata de un modelo que. el Proyecto de Ley presentado en 1995 (BOCG. lo hace tras valorar la entidad e incidencia del conﬂicto que origina la situación económica en la embarazada. un sistema de estas características se opone a la jurisprudencia sentada por la STC 53/1985. De entre los modelos que respetan la autonomía de la mujer. El contenido y alcance del asesoramiento. en esencia. claro está. en la mayoría de las legislaciones aparecen combinados con un sistema de indicaciones similar al que rige en nuestro ordenamiento. sin embargo. es con respecto a ellos que pueden derivarse para el legislador obligaciones positivas. No se puede pretender aquí profundizar en el debate sobre si erró o no la STC 53/1985 al aﬁrmar que el nasciturus era por sí mismo —y no en tanto que reﬂejo de la obligación de proteger el derecho a la vida— un bien jurídico constitucional. por último. no aparece conﬁgurado como un derecho fundamental y. pues sólo con respecto a éstos rige el deber de respetar su contenido esencial y. Por tanto. Segundo: el mecanismo de la ponderación. Congreso de los Diputados. implantado en Alemania tras la trascedental sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de marzo de 1993. las consideraciones que siguen se limitan a describir algunos modelos posibles. el contenido esencial de los mismos es el límite que a los límites impone la propia Constitución. del que se distingue por imponer un asesoramiento previo y obligatorio destinado a incentivar la continuación del embarazo. Como bien dijo la STC 212/1996 con respecto al nasciturus no cabe «invocar una garantía normativa. al mismo tiempo. La pretensión es mucho más modesta y. En esa línea se orientaron diversas propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el pasado. que. pues. generalmente los tres primeros meses. y la proposición de Ley presentada en el año 2000 (BOCG. ni tampoco cabe una eventual ponderación que sustituya la que la Constitución ya ha realizado. nº 10-1. habría que descartar cualquier modelo que persista en dejar en todo caso y momento en manos de terceros la decisión de abortar. incorpora un supuesto general de necesidad que puede alegarse dentro de la fase inicial del embarazo y cuya concurrencia corresponde decidirla a la propia embarazada. 25 de julio de 1995). cancele la posibilidad de un control judicial posterior que cuestione la valoración realizada.
los derechos laborales vinculados a tal estado y a la maternidad. 17). 4. combinado con una serie de indicaciones por causas médicas. acogiendo el modelo del plazo con asesoramiento. Propuestas de reforma IV.1. 5 a 11). 145. así como la información relativa a los centros donde recibir adecuado asesoramiento sobre anticoncepción. por imperativo del principio de necesidad como proyección del más amplio de prohibición de exceso.» Esas son. sigue la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas. distintos del que practique la intervención. el que dentro de los casos contemplados en la ley. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 13) y. En cuanto a la decisión de acometer el asunto desde una perspectiva integral. establecimientos o consultorios ginecológicos. sobre las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto. según la propuesta. siendo el Capítulo Primero (arts. p. b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas. y sin perjuicio de algunas correcciones técnicas y otras cuestiones . «3. obviamente. b) haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación. lo que. beneﬁcios ﬁscales y demás ayudas e incentivos al nacimiento. además de sobre los distintos métodos y condiciones para la interrupción del embarazo. se contiene un modelo que dentro de las primeras catorce semanas concede a la mujer la libertad de decidir transcurridos tres días tras recibir información. A esas políticas activas de prevención y protección del embarazo y la maternidad. si algo era claro es que no bastaba con emprender una modiﬁcación de la regulación penal. el hecho de que tradicionalmente el debate políticocriminal se hubiese centrado exclusivamente en la despenalización no favorecía en absoluto la decisión de emprender una reforma. un texto que a mi modo de ver. c) contar con los dictámenes previos preceptivos. prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. 369 a 374). al que corresponderá en este caso autorizar la interrupción a solicitud de la embarazada. opta por proteger al nasciturus «con la mujer y no contra ella». que. se regula la llamada «interrupción del embarazo por causas médicas« (art. 12 a 17) el que regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo. pues. Se trata de tres supuestos de aborto que. Ambas opciones representan un acierto y están en plena sintonía con cuanto se dispone en la ya citada Resolución 2001/2128 sobre salud sexual y reproductiva aprobada el día 3 de julio de 2002 por el Parlamento Europeo (DOUE 12/11/2003. sería el siguiente: «Art. 271E. 14). Bajo la rúbrica «interrupción del embarazo a petición de la mujer» (art.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. Concretamente. 28 Junto a lo anterior. 2. el Anteproyecto dedica el Título Primero a sentar las bases de las políticas públicas para la salud sexual y reproductiva (arts. prometía una acalorada confrontación que a pocos gobiernos interesa. o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo conﬁrme un comité clínico. según la conocida fórmula. 15). públicos o privados. será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses. las prestaciones y ayudas para la atención de los hijos. lo son también a petición de la mujer y basados en la necesidad de respetar sus derechos fundamentales por el conﬂicto que se suscita entre éstos y la continuación del embarazo. Aquí el Anteproyecto ha optado por un modelo de asesoramiento que. practique una interrupción del embarazo sin dar cumplimiento a alguno de los requisitos siguientes: a) haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos. en apretada síntesis. el Anteproyecto regula las condiciones comunes de obligado cumplimiento (art. ofreciendo al mismo tiempo una regulación del aborto que deja de orbitar alrededor del Código penal. por tiempo de seis meses a dos años. Los referidos supuestos son los siguientes: a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. sexo seguro y la interrupción misma del embarazo (art. dedica la disposición ﬁnal primera a modiﬁcar el Código penal. al aborto se dedica el Título II. Por lo demás. La embarazada no será penada a tenor del apartado anterior de este precepto ni cuando se incumpla el requisito de ejecutar la interrupción del embarazo en un centro público o privado acreditado. aconsejaba limitar la intervención penal en los términos en que se ha hecho. d) practicado en centro acreditado. cuyo tenor. Atendiendo. Es más. a las autorizadas voces que reclamaban la necesidad de una ley integral. El Anteproyecto de Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo IV. C. planteada en esos términos. las líneas maestras del Anteproyecto. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. fuera de los casos permitidos por la ley. por último. Consideraciones generales El Anteproyecto de Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se concibe como una ley que pretende abordar de una manera integral el conjunto de derechos relativos a la salud sexual y reproductiva.
no hay por qué concluir que eso sólo se evita con una entrevista personal. se reconozca a los padres el derecho a ser informados de la petición de su hija de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. rechazar cualquier modelo que dejase a lo largo de todo el periodo de gestación en manos de un tercero la decisión de abortar. de modo que no se somete a la mujer a presión ambiental alguna. Con este planteamiento se incurre en una indiscutible confusión de planos que.y de otras que ahora no podemos comentar. a la misma conclusión de aceptarse la propuesta contenida en el informe aprobado por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial de que el asesoramiento deba tener lugar en una entrevista personal con el facultativo. Será en el momento de la intervención previamente decidida cuando haya que advertir a la mujer de los riesgos que como paciente asume. Es más. hay que subrayar que no todo «modelo de asesoramiento» es igualmente compatible con ese objetivo. En tal sentido. Por consiguiente.). En tal sentido. Por lo mismo. Y esa convicción sobre la capacidad de la mujer es tan genuina que se traduce en una regulación del consentimiento de las mayores de 16 años y menores de 18 en condiciones igualmente respetuosas de su autonomía. sino sólo de contribuir a través de la información a una decisión reﬂexiva. Así es desde el momento en que se pretende uniﬁcar la información dirigida a tutelar al nasciturus y la dirigida a salvaguardar los derechos del paciente. Esa decisión era la única congruente con la relevancia que se concede al consentimiento de estas jóvenes en la Ley 41/2002 (cfr. art. articulando un sistema que realmente garantiza que la decisión última le corresponde a ella. 9. Por otra parte. ni. pues. Aunque. relegando al pasado los tabúes y las prohibiciones y posibilitando con ello el que las menores busquen el apoyo en su entorno familiar y no fuera del mismo. así como sus posibles consecuencias». evidencia un concepto de la mujer constitucionalmente inasumible. puesto que las concretas circunstancias que afectan al proceso de gestación y al nasciturus pueden ser muy diferentes en cada caso y un asesoramiento individualizado sobre la situación especíﬁca no es fácil que pueda suministrarse en un documento estandarizado. como diré. ni un individuo inmaduro que requiera de lo que en ese momento habría que conceptuar como consejos tuitivos. El Anteproyecto afronta también la indiscutible desigualdad real que en el acceso al aborto ha puesto de maniﬁesto la realidad española. del apoyo y del consejo de sus padres». convendría considerar la propuesta del informe del Consejo General del Poder Judicial de que. en el caso de la interrupción del embarazo que podríamos llamar «ordinario».el modelo de asesoramiento que acoge el anteproyecto trata a la mujer como individuo adulto y consciente a quien no hay obligación de disuadir de acto alguno. tampoco puede aceptarse la sugerencia que se hace en el mismo informe de que entre la documentación que se suministra a la mujer se incluya la relativa a «los riesgos que para la madre representa la práctica de un aborto a nivel físico y emocional. ello depende del contenido que se otorgue al citado asesoramiento. En todo caso. Acierta. se ha garantizado tanto la neutralidad del mismo. salvo que concurran circunstancias que lo desaconsejen (malos tratos. se la obliga a decidir sola. por añadidura.D o c t r i n a ••• que. La respuesta a las paradojas a) El respeto a los derechos fundamentales y al principio de igualdad en su ejercicio El respeto a la dignidad de la mujer y a su derecho al libre desarrollo de la personalidad exigía. La única información jurídicamente procedente en ese momento es la destinada a la tutela del nasciturus. etc. tal vez sería interesante no cerrase en banda a la hora de estudiar propuestas que —sin privar a la menor de su legítimo derecho a decidir— pudieran servir para evitar el que esta previsión legislativa pueda ser vista como una medida contraproducente desde la perspectiva de una educación sexual consciente que planiﬁca los embarazos y practica sexo seguro. el Anteproyecto al hacer prevalecer en esa fase la voluntad libre (e informada) de la mujer. De ahí que. por tanto. de manera que. el asesoramiento no puede acabar convertido en un acto de mero trámite. Se le reconoce la facultad de decidir que es cosa bien distinta.3 y 4) y en el conjunto del ordenamiento jurídico. desde una perspectiva estrictamente jurídica. A diferencia de las propuestas que se acaban de rechazar. En este caso. una previsión en tal sentido no pretende. una verdadera opción a favor de los derechos fundamentales de la embarazada exigíera la adopción de medidas que permitie29 . como es obvio.y la posibilidad de solicitar voluntariamente y obtener efectivamente asesoramiento personal están en condiciones de cumplir la función de garantía sin tener que someter a la mujer a una entrevista personal cuya carga emocional es indiscutiblemente mayor y no reporta ventajas apreciables. Por el contrario. ciertamente. merece una valoración positiva en tanto que afronta —aunque ciertamente no con la misma decisión— las tres paradojas a que aboca la regulación todavía vigente. conviene precisar.2. sino que. sin embargo. como se dice en el llamado Maniﬁesto de Madrid o como se ha dicho desde la recién creada Plataforma de Mujeres contra el aborto. IV. la información escrita -si su contenido es el adecuado. por las razones que ya se han expuesto en otros lugares. no se explica la encendida polémica que se ha suscitado a raíz de esta previsión. que se pretenda «privar a la menor de la presencia. No podría llegarse. como la ausencia de toda coerción psicológica desde el momento en que aquella se entrega por escrito en sobre cerrado. abusos. yerra el informe cuando dice que la información sobre los riesgos para la madre integra el deber jurídico de protección de la vida prenatal a que se reﬁrió la STC 53/85. las medidas educativas que propugna el Anteproyecto son las que favorecen que temas como el que nos ocupa sean objeto de debate en el seno de las familias. cuando la mujer decide sobre el aborto no es ni un paciente. Sólo en las hipótesis de interrupción del embarazo por causas médicas podría estar justiﬁcado el recurso a la entrevista. Sin embargo.
habría que extender la clase de información a que se reﬁere el art. como el resto. y pese a su obviedad. al menos. c) La protección del nasciturus Dice la Exposición de Motivos que «la tutela del interés en la vida prenatal se articula a través de la voluntad de la mujer embarazada y no frente a ella». 18 y 19). la necesidad de armonizar la política estatal con la de las Comunidades Autónomas.3 a los casos en que se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable. Asímismo. Allí se declara la obligación de los poderes públicos de promover políticas sanitarias. 17. arbitrando una serie de medidas educativas y sociosanitarias destinadas a evitar embarazos no planiﬁcados. lo es a petición de la madre y a ella corresponde en primer término la decisión de instarlo. Y. Por último. educativas y sociales que garanticen la efectividad de los derechos en condiciones de igualdad y. sin recurrir a ella en primer y casi único término. toda vez que. 15 b) no se suministre en este otro caso. la tutela del nasciturus se persigue ofreciendo a la mujer elementos que puedan ayudarle a decidirse a favor de la continuidad del embarazo. De otro. 21 y 22). sólo reiterar lo que ya se ha dicho acerca de la conveniencia de que la información fuera ofrecida en una entrevista personal en los casos de aborto por causas médicas. cuya eﬁcaz protección exigía también una regulación de la interrupción del embarazo presidida por la claridad. es ella quien debe ponderar si desea arrostrar lo que supone hacerse cargo de un hijo en tan durísimas condiciones. En esa fórmula. las propuestas formuladas en el fracasado informe del Consejo General del Poder Judicial. los requisitos y condiciones se tornan más exigentes a medida que avanza el proceso de gestación. Esa garantía de certeza se proyecta asimismo sobre el nasciturus. Por lo que se reﬁere al modo de ofrecer el asesoramiento. que tanto recuerda a la utilizada en Alemania por los defensores del modelo de asesoramiento. pues de esas razones médicas dependerá su decisión. En la medida en que el sistema que se propone garantiza la posibilidad de abortar dentro de las primeras catorce semanas ya no hay —si es que en algún tiempo la hubo— excusa alguna para realizar interpretaciones contra legem con el ﬁn de «ﬂexibilizar» los términos en que el aborto resulta autorizado. El asesoramiento Por las razones ya expuestas. sin duda. como se ha demostrado con el tema del aborto. Por último. en primer lugar. toda vez que. y muy singularmente. no alcanzo a entender cuáles sean las que motivan el que un asesoramiento de naturaleza anàloga al previsto para los casos de aborto del art. y me parece indudable que esa información puede contribuir a que su decisión. El hecho de que sea un comité clínico quien ﬁnalmente autorice la interrupción del embarazo no me parece razón suﬁciente. resta el recurso a la protección penal 30 Medidas educativas y sociosanitarias El Anteproyecto dedica a tal cuestión los tres primeros capítulos de su Título I. b) El restablecimiento del principio de legalidad En el Anteproyecto late una indiscutible preocupación por garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de los facultativos implicados. resta subrayar lo que de positivo tienen las previsiones destinadas a salvaguardar el derecho de la mujer a que su intimidad resulte eﬁcazmente tutelada. Ahora bien. en los términos establecidos legalmente. aquí se comparte el modelo de asesoramiento que el Anteproyecto propone y se rechazan. por último. como es llano. aclarando deﬁnitivamente que la interrupción voluntaria del embarazo tiene. 20. al mismo tiempo. afronten de manera decidida la prevención de embarazos no planiﬁcados.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. Así como se entiende sin diﬁcultad que tal información no se ofrezca en la hipótesis de que el aborto traiga causa del conﬂicto que surge de la continuación de un embarazo cuando se sabe que el feto ha de morir. Propuestas de reforma sen la interrupción del embarazo de manera efectiva y en condiciones de igualdad. garantizando a todas las mujeres por igual el acceso a la misma (arts. sin descuidar. En la Exposición de Motivos se insiste reiteradamente en las «incertidumbres y falta de seguridad» que genera el actual modelo y con bella prosa se subraya algo tan cierto como que «la libertad sólo encuentra refugio en el suelo ﬁrme de la claridad y precisión de la ley». evitando que puedan reproducirse situaciones como las vividas hace apenas un año poniendo en evidencia otro de los fallos del actual sistema (arts. A partir de ahí. enfatizando la necesidad de abordar este problema cuando afecta a jóvenes y a colectivos con necesidades especiales. no se trata de una intervención eugenésica. en tanto que las concretas circunstancias que afectan al proceso de ges- . Así mismo. habría que reﬂexionar sobre el mismo contenido de la información y el modo de ofrecerla para que cumpliera más eﬁcazmente la función de servir de garantía del nasciturus. se encierra la idea de que es posible tutelar la vida intrauterina sin necesidad de recurrir a la amenaza penal o. Es por ello que el Anteproyecto ejercita una opción tutelar basada. en la prevención. Es responsabilidad de todos los implicados dar cumplimiento a las exigencias legales de carácter formal y a los tribunales compete exclusivamente la aplicación de la ley en los términos en ella previstos. sino de un aborto que. lo que supone una importantísima diferencia frente al modelo puro de plazo.cualquiera que adopte. sin su colaboración no es posible llevar a término una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva. A ﬁn de cuentas. el Anteproyecto prevé medidas especíﬁcas en el ámbito sanitario y educativo que permitan alcanzar tales objetivos.sea más reﬂexiva. 15. habría que garantizar que la mujer tuviera conocimiento pleno de los diferentes dictámenes en los supuestos previstos en el art. En cuanto a lo primero. por ejemplo. la opción que se ejerce es coherente con tan democrática preocupación. el caràcter de prestación sanitaria.
Digo sólo que esa circunstancia es una realidad que no puede hurtarse en un debate honesto. FJ 9). Establecer una adecuada red de asistencia en tales casos es. debe suministrarse en los supuestos de interrupción del embarazo previstos en el art. y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva» (STC 53/85. en la tercera de las indicaciones médicas. se pronunció a favor de la ampliación el presidente de la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI). además de alimentar esterilmente las críticas que sin duda van a hacerse desde sectores ultraconservadores. agravada en muchos casos por la insuﬁciencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo signiﬁcativo a paliar en el aspecto asistencial la situación. procedería ampliar a tales extremos la obligación del médico a que se reﬁere el art. resulta si cabe más obvio cuando se piensa en la posibilidad de obligar a una mujer a continuar una gestación que será un fracaso. Ni digo ni quiero que torticeramente se entienda que lo que aﬁrmo es que hay vidas que no merecen ser vividas. que será. y que lo será mayor cuanto más tarde en producirse el desenlace. que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento. máxime cuando a nadie se le oculta la inexistencia de efectivas políticas de ayuda económica. incluso. el Anteproyecto establece condiciones más exigentes a medida que avanza el periodo de gestación. sino con el gravísimo conﬂicto que en este caso se suscita entre los derechos de la embarazada y la vida en formación. Enlazo así con lo que es el común fundamento de justiﬁcación en ambos supuestos: la inexigibilidad de una conducta distinta. sin duda. que la mejor hipótesis que como mujer y madre se me ocurre de inexigibilidad jurídica. Obligar a la mujer a continuar un embarazo de esas características es. Los plazos a que se someten las indicaciones previstas en la letras a) y b) coinciden con el momento en que se estima que el feto puede tener viabilidad extrauterina. entre otros. lo que obliga a dos puntualizaciones. deja la decisión sobre la concurrencia de la justiﬁcación en manos de los especialistas con el ﬁn de garantizar al máximo que concurren los requisitos legales. sin embargo. aﬁrmó que el «fundamento de este supuesto. sencillamente. siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos» (STC 53/85. pues es cada uno quien sabe el dolor que es capaz de soportar ante el sufrimiento de un hijo. De hecho. carece de explicación lógica el que tal precepto no incluya la comprobación relativa a la información sobre las ayudas de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad que. extremo que deberá tener bien presente el comité clínico a quien corresponde autorizar el aborto. puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable. 31 . que nada tiene que ver con supuestas medidas eugenésicas. la grave anomalía a que se reﬁere la letra b). mucho mejor preparados que aquél para valorar si concurren o no los presupuestos médicos sobre los que se asienta en primer término la inexigibilidad. una medida tutelar más eﬁcaz que el burdo recurso a la sanción penal. la que habrá de suscitar durante el debate las polémicas más enconadas. en tanto que esa información ﬁdedigna le permitirá valorar con más acierto la situación y decidir en consecuencia. en segundo lugar. Nos hallamos. En realidad. De aceptarse tales propuestas. FJ 5 y 6). el periodo en que puede practicarse y. ni más ni menos. sanitaria a las personas con severas patologías crónicas. pues. La primera pretende subrayar que la interrupción de un embarazo cuando el feto presenta anomalías incompatibles con la vida resulta difícilmente atacable desde el prisma del deber constitucional de proteger al feto en cuanto proyección del derecho a la vida. Como ya dijera el Tribunal Constitucional «el legislador. La aﬁrmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres. conviene recordar la doctrina constitucional que vincula la protección del art. 145. lo único que se hace con esta indicación es adelantar el juicio de inexigibilidad a que llegaría cualquier juez razonable y atribuirlo a los especialistas. ni tampoco conveniente desde la perspectiva de la salud física y psíquica de la mujer. asistencial e. En este sentido. 3 a). que incluye verdaderos casos limite. no resulta necesario atendido el estado de la medicina ginecológica. 15 CE a la viabilidad (STC 212/1996. Y si eso es así ante las «meras» anomalías graves. Como es sabido. A tal efecto. En todo caso. se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. aunque se trate de supuestos no equiparables. ese fue un tema muy debatido en la subcomisión parlamentaria. Sin embargo. donde. por lo que residenciar en el comité clínico esta decisión es una garantía para el feto y para la mujer. que se ve más comprometida cuanto mas avanzado está el proceso de gestación. y especialmente la madre. Por lo que hace al segundo supuesto contenido en el art. por referencia a una indicación médica de menor alcance que la que nos ocupa. Condiciones especíﬁcas í íﬁ Fuera del plazo general de licitud del aborto.D o c t r i n a ••• tación y al nasciturus pueden ser muy diferentes en cada caso y la entrevista personal posibilita un asesoramiento individualizado. FJ 11 c). qué duda cabe. Tal limitación temporal no existe. pues no hay duda de la carga psicológica que ello va a tener en la decisión de la mujer. 15 limita. ante una patología de entidad tal que armoniza poco con el concepto que comunmente se tiene de vida digna. en su caso. en primer lugar. Difícilmente podría un juez razonar con el mismo grado de certeza sobre la entidad de la enfermedad padecida por el feto. 15 b). hay que subrayar que el presupuesto habilitante no es. el art. de modo que ha hecho bien el Anteproyecto en desoir las voces de quienes solicitaban su ampliación. según lo que ya se dispone en el Anteproyecto. ampliar los plazos. 15 c). Pero también debe serlo en la otra hipótesis. sin perjuicio de que.
de un lado. Con ello. por último. una vez pasadas las veintidós semanas. A lo que renuncia es. En primer lugar. sino que conlleva la realización de abortos clandestinos. pues de lo que estamos hablando es de una enfermedad que inevitablemente va a conducir a la muerte ante la inexistencia de un tratamiento curativo. como propone el CGPJ con apoyo en la jurisprudencia del TEDH (Caso Tysiac v. de otro. ya que. En parte como consecuencia de lo anterior. ya fuera mediante su aclaración en la Exposición de Motivos. El debate parlamentario debe. . Resulta igualmente insatisfactoria desde la perspectiva de la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios que.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. destacándose que prohibir el aborto no da como resultado reducir el número de abortos. se queda algo más acá de lo recomendado por tales órganos. tal intervención —de ser necesaria— no se dirige a la destrucción del feto sino a compatibilizar su subsistencia con la vida o integridad de la embarazada. 15 algunas precisiones. este es un tema cuya reforma ya no admite más demora. la ya citada Resolución 2001/2128 sobre salud sexual y reproductiva. Ese estado de cosas propicia como reacción absoluciones incompatibles con la legalidad vigente y que. Así.207). exigiría dotarlo de mayores requisitos que los previstos para la indicación eugenésica de la letra b). Por su parte. sin duda. resultan injustiﬁcables en un Estado de Derecho. Valoración ﬁnal: conclusiones y sugerencias Primera La actual regulación en materia de aborto no satisface la posibilidad que en ella misma se reconoce a las mujeres de abortar en las condiciones adecuadas para garantizar el conjunto de derechos fundamentales que pueden verse afectados y su ejercicio en condiciones de igualdad. 15. En todo caso. pues. convendría aclarar las razones que existen para que la hipótesis de interrupción voluntaria del embarazo prevista en la letra a) se someta a un plazo del que hoy carece la indicación médica prevista en el art. así como matizar otros aspectos. pueden verse envueltos en procesos judiciales en ocasiones de origen espúreo. De igual modo. sería conveniente que quedase claro. 417 bis 1. estimo imprescindible detenerse algo más en la justiﬁcación de las hipótesis de aborto por causas médicas de la letra c). inobjetables desde la perspectiva del deber constitucional de proteger la vida prenatal y. lo que. la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 16 de abril de 2008. 1ª. debe resultar diáfano que la anomalía incompatible con la vida hace referencia a una que inexorablemente conducirá a la muerte del feto a lo largo del proceso de gestación o que hace imposible su viabilidad extrauterina. redundaría también en una garantía para la embarazada. por tanto. vienen impuestas por el principio constitucional de prohibición de exceso. Dicha enfermedad debe ser valorativamente equiparable a una anomalía incompatible con la vida. la ausencia de plazo para abortar. Polonia STEDH de 20 de marzo de 2007. habría que precisar el alcance de los presupuestos habilitantes. pese a los grandes avances en diagnóstico prenatal. existen enfermedades y anomalías gravísimas que no es posible detectar en fases de gestación menos avanzadas. Propuestas de reforma Esta valoración general positiva no debe impedir. sin embargo. Eso es algo que el comité deberá tener muy presente. ya fuera por la vía de las deﬁniciones legales. 32 La protección penal No es verdad como se ha dicho que el Anteproyecto renuncie a servirse de la protección penal.145. por mor de esta indeﬁnición. a recurrir a la pena privativa de libertad. En segundo lugar. hace un llamamiento a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos para que se abstengan de procesar a mujeres a quienes se les haya practicado un aborto ilegal. El Anteproyecto debe contar con estudios solventes que avalen tal proceder y. Ambas decisiones son. toda vez que no hay una obligacion constitucional de sancionar penalmente el aborto. de un lado. Si en lo que se está pensado es en el parto pretérmino. Por lo que a la justiﬁcación se reﬁere. de otro. de manera que no hubiese duda de que. el actual sistema tampoco es idóneo para tutelar eﬁcazmente el bien jurídico constitucional que debiera servir de legitimación al castigo. pues. como es sabido. V. el gobierno acoge las recomendaciones del Parlamento europeo y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El recurso a la sanción penal como ultima ratio y a la pena estrictamente necesaria para la tutela del bien jurídico es una opción racional que sólo por ser una desacostumbrada manera de legislar puede extrañar a algunos pese a ser la única compatible con el principio ya mencionado. para salvaguardar la función de garantía que representa el comité clínico. habría que valorar la conveniencia de exigir un informe motivado. En realidad. se echa de menos alguna mención en la Exposición de Motivos a las razones que obligan a dejar abierta la posibilidad de un aborto a lo largo de toda la gestación. poner de maniﬁesto la necesidad de introducir en el art. sería interesante conocerlos. cual sucede en la actualidad y. comenzar por exigir al prelegislador que le muestre la razón de su ciencia y nos convenza a todos con argumentos de que. cuyos inconvenientes desde diferentes perspectivas son de todos conocidos. que son evidentemente más traumáticos e incrementan la mortalidad de las mujeres y/o el turismo abortivo. Por consiguiente. En efecto. sería interesante conocer los motivos que llevan al prelegislador a no extender la garantía que representa el comité clínico a los casos de anomalías incompatibles con la vida. TOL1. La exigencia de motivación permitiría en todo caso una posible revisión judicial de la decisión. a servirse del derecho penal en primer y casi único término. Por último. El mismo alcance y entidad debe tener la enfermedad a que también se reﬁere la letra c) del art. nada cabe oponer a la renuncia a la prisión desde el momento en que podría incluso haberse prescindido de la tutela penal. tanto si su pronunciamiento es favorable a la práctica del aborto como desfavorable. la Resolución 1607 en la que se invita a los Estados miembros a despenalizar el aborto.
obstaculizado desde frentes muy diversos. 417 bis 1. en efecto.S. a quien el Estado no puede privar a lo largo de toda la gestación de la posibilidad de decidir de manera libre y autónoma sobre la continuación o no de su embarazo. sin embargo. lo que supone una importantísima diferencia frente al modelo puro de plazo. hay que ser consciente de las exigencias derivadas del principio constitucional de prohibición de exceso. 113 (1973). se decide no renunciar a la pena. redactada por la vocal Uría Etxebarría. Sexta Frente a las propuestas que se rechazan en el texto. estimo imprescindible detenerse algo más en la 33 . ﬁnalmente. En segundo lugar. sino que puede ser más ajustada al menor grado de madurez que eventualmente tenga su destinataria. lo que motivó la necesidad de asignar nuevo ponente. Cuarta Por otra parte. Como dice la Exposición de Motivos. pero. no hay una obligacion constitucional de sancionar penalmente el aborto. ya sea posibilitando que conozcan su decisión quienes ejercen la patria potestad. 1ª. Y esa convicción sobre la capacidad de la mujer es tan genuina que se traduce en una regulación del consentimiento de las mayores de dieciséis años y menores de dieciocho en condiciones igualmente respetuosas de su autonomía. Es por ello que el Anteproyecto ejercita una opción tutelar basada fundamentalmente en el ofrecimiento a la mujer de elementos que puedan ayudarle a decidirse a favor de la continuidad del embarazo. en líneas generales. Esa era la culminación de un peregrinaje que se inició con la asignación de la ponencia al vocal FernándezCarnicero sin que su propuesta obtuviera la mayoría en la Comisión de estudios e informes. Séptima Ahora bien. Octava Por lo mismo. sino sólo de contribuir a través de la información a una decisión reﬂexiva. no implica que el nasciturus resulte desprotegido.D o c t r i n a ••• Segunda El necesario cambio de regulación se ve. con lo que ello representa desde la perspectiva de la garantía del contenido esencial. De hecho. pese a ello. Wade 410 U. En primer lugar. La nueva propuesta. pues ello sería tanto como someter sus derechos a una limitación que los hace impracticables. el modelo de asesoramiento que acoge el Anteproyecto trata a la mujer como individuo adulto y consciente a quien no hay obligación de disuadir de acto alguno. Tercera La primera de esas importantes cuestiones constitucionales que están detrás del aborto se llama derechos fundamentales de la mujer. el actual estado de la discusión en España recuerda mucho al que suscitó en Estados Unidos la célebre sentencia de la Corte Suprema Roe vs. 15 algunas precisiones y aclaraciones. y en lo que concierne al aborto de menores de edad. Si. se tenía conocimiento de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial no logró sacar adelante el informe al Anteproyecto de Ley orgànica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo. resolución que fue ferozmente criticada con argumentos que. lo cual no obsta a la necesidad de introducir en el art. razonable. sería conveniente reﬂexionar sobre la necesidad de introducir algunos cambios en el contenido de la información que se suministra y en el modo de ofrecerla en ciertos casos (especialmente en el aborto por causas médicas) para que aquella cumpliera más eﬁcazmente la función de servir de garantía del nasciturus. La cuestión no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque es la primera vez que el Consejo deja de pronunciarse sobre una iniciativa de reforma y que todo hace pensar que tal falta de acuerdo trae causa del hecho de no tomarse debidamente en serio la elemental premisa de que las propias convicciones morales no pueden presidir un debate que debe discurrir en términos constitucionales. que impone recurrir a la sanción penal como ultima ratio y a la pena estrictamente necesaria para la tutela del bien jurídico. ya sea ofreciendo en tales casos una información verbal que no sólo asegura su conocimiento por la interesada. «la tutela del interés en la vida prenatal se articula a través de la voluntad de la mujer embarazada y no frente a ella». sería interesante no cerrase en banda a la hora de estudiar propuestas que —sin privar a la menor de su legítimo derecho a decidir— garanticen que realmente recibe orientación y consejo. al tiempo de cerrar este trabajo. Novena La protección que se depara al nasciturus estableciendo requisitos y condiciones más exigentes a medida que avanza el proceso de gestación es. El respeto a la dignidad de la mujer y a su derecho al libre desarrollo de la personalidad exige rechazar cualquier modelo que deje a lo largo de todo el periodo de gestación en manos de un tercero la decisión de abortar. obtuvo la aprobación de la citada comisión el 15 de julio de 2009. Y es que. como con tanto acierto ha mostrado Ronald Dworkin. Quinta Lo anterior. demuestran que sus críticos todavía no han entendido las cuestiones constitucionales que el caso planteaba. el voto de calidad del presidente del Consejo General del Poder Judicial decantó la balanza a favor de quienes votaron por rechazar su aprobación. hay que hacer explícitas las razones que existen para que la hipótesis de interrupción voluntaria del embarazo prevista en la letra a) se someta a un plazo del que hoy carece la indicación médica prevista en el art. obviamente.
Granada. Orientación bibliográﬁca y texto del Anteproyecto Se incluyen a continuación algunas referencias bibiliográﬁcas en lengua castellana. acainterrupción voluntaria del embarazo. Una discusión acerca del aborto.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. los casos en que no cabe admitirla.. El aborto no punible. 1991.S. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. P.ub. 1989. «Aborto y estado de necesidad». El aborto: problemas constitucionales. V. J. Carbonell Mateu. a cambio. M. Mª L. 1991. El gobierno ha renunciado a regular la objeción de conciencia y. Tirant lo Blanch.bioeticayderecho. la eutanasia y la libertad individual. J. M. 2004. Ariel. Madrid. Comares. como sobre la garantia que representaría el deber de motivar su decisión por escrito. El aborto en la legislación española: una reforma necesaria. Boronat Tormo. Madrid. en Revista española de derecho constitucional. Observatori de Bioètica i Dret (http://www. R. Publicaciones de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) http://www. Cuadernos de Derecho Judicial. Debate de expertos. 1987. así como el sistema para garantizar que el reconocimiento del derecho no impidiese de facto la práctica del aborto en los casos permitidos. Valencia. estimo insoslayable aquilatar el alcance de los presupuestos habilitantes y reﬂexionar tanto sobre la posibilidad de ampliar la intervención del comité clínico. Revista Jurídica de Cataluña.L. 1998. Cuadernos de Política Criminal.. Poder Judicial. «Libre desarrollo de la personalidad y delitos contra la vida: aborto y suicidio». el círculo de personas que no pueden acogerse a ella. Centro de Estudios Constitucionales. así como matizar otros aspectos que garanticen la corrección del diagnóstico. ed. 2000.. Ruiz Miguel. VVAA. Laurenzo Copello. «Reﬂexiones sobre una futura regulación penal de la interrupción voluntaria del embarazo». La objeción de conciencia sanitaria. 2005. El dominio de la vida. según el gobierno. Valencia. – Documento sobre la objeción de conciencia en sanidad. Tirant lo Blanch. Un mapa de inequidad. Comentarios a la legislación penal. T. Otros documentos de interés: Grupo de Estudios de Política Criminal. ed. sin perjuicio de la necesidad de introducir cambios y mejoras técnicas. Vives Antón. Bosch. Madrid.. La insuﬁciencia del sistema de indicaciones en el delito de aborto. J.php: – Acceso al aborto en el Estado español. sirven al mismo objetivo. En tal sentido. 167 y ss. n 22. LVI.. Ya que eso no se ha hecho. IX. –Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos a la manipulación genética. Teoría y derecho. Barcelona. entiendo que el Anteproyecto merece una valoración positiva. Madrid. 234 y ss. 1995). p. 211 y ss. A. Fundación Alternativas. – Presentación para la subcomisión parlamentaria sobre interrupción de la gestación (25 noviembre 2008).. ﬁjando los limites de la objección. 1985 (también en La libertad como pretexto. n 15. Propuestas de reforma justiﬁcación de las hipótesis de aborto por causas médicas de la letra c). Una alternativa al tratamiento jurídico de la objeción de conciencia. 2005. Madrid. p. Dworkin.. Mujer y derecho penal.es/documentos): – Documento sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia en la praxis médica. ed. 1995. p. «Valoraciones ético-sociales y jurisprudencia constitucional: el problema del aborto consentido». 1996. 34 .. «La objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo». Por otra parte. 2008. Romeo Casabona.. sin afán alguno de exhaustividad y a título meramente orientativo. García Arán. 45. p. Siera Mucientes. Consejo General del Poder Judicial.com/publicaciones. Diéz Ripollés. ed. ed. no hay que bajar la guardia en todo lo que afecta a las iniciativas que deben adoptarse para garantizar realmente el acceso a la prestación. 1990. –Otra vez el aborto: el inevitable camino hacia un sistema de plazos. «La reforma del delito de aborto». 215 y ss.C. 1995. junio 3/2008.. en Libertad ideológica y derecho a no ser discriminado. Fundación Alternativas. C. 1992. Dykinson. Décima Por lo expuesto. Ropero Carrasco. en Latorre Latorre. –El aborto en la legislación española: una reforma necesaria. sería una burla no cumplir las previsiones que.. De igual modo. ha optado por establecer el elenco de garantías contenidas en el Capítulo II del Anteproyecto. 2007. Es una alternativa menos conﬂictiva —aunque tal vez resulte también menos efectiva— que la que hubiera supuesto afrontar directamente el problema. Cuerda Arnau. 2003. falta ver en qué quedan esas políticas activas de prevención de los embarazos no planiﬁcados y de ayuda y protección del embarazo y la maternidad. Barcelona.
asesoramiento o información. incluida la salud sexual y reproductiva. señaladamente. Hace un cuarto de siglo. Hoy existe un amplio consenso expresado en distintos instrumentos internacionales acerca de la contribución esencial de ambas al bienestar individual de las personas y en consecuencia sobre la necesidad de que los poderes públicos integren la atención a estas áreas en las políticas públicas de salud. especialmente en personas jóvenes. en el ámbito de Naciones Unidas. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de maniﬁesto por diversos textos internacionales. Establece asimismo una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal y que. La ley parte de la convicción. educación sobre reproducción y planiﬁcación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos». inclusive los que se reﬁeren a la planiﬁcación de la familia. pues la libertad sólo encuentra refugio en el suelo ﬁrme de la claridad y precisión de la ley. entre otras consideraciones. ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad. la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. su nivel de renta o el país de residencia. ratiﬁcada por España. Posteriormente. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular signiﬁcación para las mujeres.». de que una educación sexual adecuada. siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural. en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. el acceso a servicios de atención médica. de 18 de diciembre de 1979. adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180. el legislador. La ﬁnalidad de la presente Ley es adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia. procurando siempre que la innovación normativa genere certeza y seguridad en sus destinatarios. que dispone la obligación de los Estados Partes la obligación de respetar «el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener […] y a tener acceso a información. acordada por 189 países en la IV Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en 1995. avalada por el mejor conocimiento cientíﬁco. para quienes el embarazo y la maternidad. libre de presiones. el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción. también. que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo 35 . salud sexual y salud reproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. en igualdad de condiciones que los demás». la Plataforma de Acción de Beijing. la constatación de la enorme desigualdad que sufren las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva. establece en su artículo 12 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a ﬁn de asegurar. Asimismo. La Ley pretende abordar la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las deﬁniciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud. Del mismo modo. deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable. son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. pero. respondiendo al problema social de los abortos clandestinos. poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria. El desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación está directamente vinculado a la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y es objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales. discriminación y violencia». Ese es el espíritu que inspira la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. las infecciones de transmisión sexual. Así. II El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular. así como que «mantengan su fertilidad. de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva.D o c t r i n a ••• ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La sexualidad y la capacidad reproductiva son manifestaciones consustanciales a la naturaleza humana y cauce de expresión y aﬁrmación de la propia persona. a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos. la mejora del acceso a métodos anticonceptivos y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones. en el ámbito de la Unión Europea. embarazos no deseados y educación sexual que tiene como base. busca garantizar adecuadamente los derechos de autonomía y libertad de las mujeres sin descuidar el interés en la protección de la vida prenatal. debe tenerse en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. los embarazos no deseados y los abortos.
Se ha optado así. Por otra parte. la Ley prevé ciertos supuestos de interrupción por causas médicas cuando. así como la tendencia normativa imperante en los países de nuestro entorno. desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. con el ﬁn de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la Ley. despenalizó en ciertos supuestos la interrupción voluntaria del embarazo. Limitar la pena impuesta. supuesto en el que el nivel de garantías se eleva al exigir que sea un comité clínico pluridisciplinar quien tras la conﬁrmación del diagnóstico autorice a la vista del caso la interrupción del embarazo. la aplicación de la ley ha generado incertidumbres y falta de seguridad. en su Resolución 1607/2008. dentro de los casos contemplados por la ley. a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y. ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables. estableciendo unas condiciones para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo progresivamente más exigentes a medida que avanza el período de gestación. se garantiza a las mujeres la po36 sibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo. por un lado. Teniendo en cuenta el marco constitucional. que «en este tipo de situaciones las previsiones legales deben. La experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente. con consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la eﬁcaz protección del bien jurídico penalmente tutelado. la Ley ha armonizado los derechos y bienes en juego. como la eﬁcaz protección del bien jurídico representado por la vida prenatal. exista un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada o un riesgo de graves anomalías en el feto. En este sentido. y fuera de este plazo y después de las 22 semanas. la experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eﬁcaz a través de políticas activas de apoyo al embarazo y la maternidad a las que pueda tener acceso la mujer embarazada. de 14 de noviembre. por otro lado. eliminando la previsión de pena privativa de libertad. eliminado la previsión de pena privativa de libertad. La Ley garantiza así la neutralidad de esa información y que su entrega se realice en un ambiente exento de presión para la mujer. Finalmente. una vez se le ha hecho entrega de esa información por escrito y en sobre cerrado. la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. A tal ﬁn se exige. facilitando que la decisión sea adoptada con toda la información relevante sobre las ayudas y prestaciones de apoyo al embarazo y la maternidad y tras un plazo de al menos tres días. La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de la intimidad y conﬁdencialidad de las mujeres. sin embargo. se ha introducido la penalidad correspondiente de las conductas de quienes practican una interrupción del embarazo. un avance al posibilitar el acceso a las mujeres a un aborto legal y seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro para la vida o la salud psíquica de la embarazada. en primer lugar y ante todo. de 16 abril. pluralista y abierta. Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico. sin participación de terceros. pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella. La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se aﬁrma. asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada» y. Junto a la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer. se ha modiﬁcado la Ley 41/2002. Con estas previsiones legales se pretende dar solución a los problemas de inequidad en el acceso y vulneración de la intimidad a que había dado lugar el actual marco regulador. tanto en el ámbito público como en su vida privada. no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo». Propuestas de reforma a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres en relación con la maternidad. que «un vez que el legislador decide permitir el aborto. que así conste dictamen emitido por dos médicos especialistas.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. básica reguladora de la autonomía del paciente con el ﬁn de que la prestación del consentimiento para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo se sujete al régimen general previsto en esa Ley y eliminar así la excepcionalidad establecida en este caso. ha declarado el derecho de todo ser humano. ciertamente. En un ámbito tan singular como éste. . en consecuencia. abogan por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas tanto la autonomía de las mujeres. Por otro lado. dentro del marco de opciones abierto por la Constitución. cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves malformaciones físicas o psíquicas en el feto. quede salvaguardada del error o la incertidumbre. al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto. por un lado. Se ha dado nueva redacción a algunos apartados del artículo 145 del Código Penal. y en particular de las mujeres. La reforma del Código Penal supuso. por un modelo en el que dentro de las primeras catorce semanas. la ley debe extremar la claridad y precisión con el ﬁn de que la autonomía personal en la toma de decisiones sobre la propia persona. corresponde al legislador. porque en esa fase de la gestación prevalece el derecho de autodeterminación de las mujeres. A lo largo de estos años. sólo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida ó una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. salvo que se trate de una enfermedad extremadamente grave e incurable. con carácter general. La tutela del interés en la vida prenatal se articula a través de la voluntad de la mujer embarazada y no frente a ella. se regulan con las debidas garantías a ﬁn de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la indicación. el avance del reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres. En una sociedad libre. dentro de las primeras veintidós semanas.
discriminación y violencia. edad. la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos. psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona. una disposición derogatoria y cinco disposiciones ﬁnales. Constituye el objeto de la presente ley orgánica garantizar en un entorno libre de coerción. 3 y 4 del artículo 145 del Código Penal y la disposición ﬁnal segunda modiﬁca el apartado cuarto del artículo 9 de la Ley 41/2002. que requiere un entorno libre de coerción. c) Salud reproductiva: la condición de bienestar físico. La disposición adicional única mandata que la Alta Inspección veriﬁque el cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley. d) El acceso a métodos seguros y eﬁcaces que permitan regular la fecundidad. Finalmente. y cuya vigencia fue mantenida por el Código Penal de 1995. religión.D o c t r i n a ••• III La Ley se estructura en un Título preliminar. con el ﬁn de que se adopten las medidas necesarias para su plena aplicación. educativas y sociales promoverán: a) Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito de la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmente diseñados para la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales. b) El acceso universal a la información y la educación sexual. c) El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva. Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley por motivos de origen racial o étnico. 37 . discriminación y violencia. En el ejercicio de sus derechos de libertad. El Estado. 1. bajo la rúbrica «De la salud sexual y reproductiva. convicción u opinión. orientación sexual. Los poderes públicos. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. El capítulo II contiene las medidas en el ámbito sanitario y el capítulo III se reﬁere a las relativas al ámbito educativo. 1. Artículo 4. o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el Título Segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y las garantías en el acceso a la prestación. 2. Artículo 3. Artículo 2. b) Salud sexual: el estado de bienestar físico. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias. todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes. discapacidad. dos Títulos. sexo. El Título Primero. de 5 de julio. TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. intimidad y autonomía personal. una disposición adicional. A los efectos de lo dispuesto en esta ley se aplicarán las siguientes deﬁniciones: a) Salud: el estado de completo bienestar físico. Principios y ámbito de aplicación. 4. en el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección. los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía de la salud sexual y reproductiva. La disposición ﬁnal primera da nueva redacción a los apartados 2. de 14 de noviembre. 3. velará por la equidad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley. que implica que se pueda tener una vida sexual segura. TÍTULO PRIMERO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CAPÍTULO I POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Artículo 5. Deﬁniciones. básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. las deﬁniciones. se articula en cuatro capítulos en los que se ﬁjan los objetivos y medidas de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. estado civil. los principios inspiradores de la Ley y proclama los derechos que garantiza. la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor que se ﬁja en cuatro meses desde su publicación. las restantes disposiciones ﬁnales se reﬁeren al carácter orgánico de la Ley. La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en el Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985. El capítulo IV tiene como objeto la previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instrumento de colaboración de las distintas administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas en esta materia. psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. El Título Preliminar establece el objeto. Objetivos de la actuación de los poderes públicos. Garantía de la equidad. de conformidad con sus respectivas competencias.
b) La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva.Acciones informativas y de sensibilización. c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la carrera profesional. c) La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas durante el embarazo. b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. cualquiera que sea la orientación sexual. dirigidas.. estableciendo para ellas los apoyos necesarios en función de su discapacidad. 2. b) El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planiﬁcación de la reproducción. Artículo 6. Artículo 10. facilitando información adecuada a los padres y las madres. El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva.Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo. b) Promover la corresponsabilidad en las conductas sexuales.Formación de los profesionales de la salud. Los servicios públicos de salud garantizarán: a) La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de estándares de atención basados en el mejor conocimiento cientíﬁco disponible. Propuestas de reforma e) La eliminación de toda forma de discriminación. Artículo 8. La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permita la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva. CAPÍTULO II MEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIO Artículo 7. incluyendo un enfoque integral que contribuya a: a) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género. c) El desarrollo armónico de la sexualidad. La formación de los profesionales de la salud se abordará con un enfoque de género e incluirá: a) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud. d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH. que contará con la colaboración de las sociedades cientíﬁcas y profesionales y las organizaciones sociales.. incluido el VIH. el parto y el puerperio. centrada en la familia y en el desarrollo saludable... e) La prevención de embarazos no planiﬁcados.Atención a la salud sexual y reproductiva. con las Comunidades Autónomas aprobará un Plan que se denominará Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La promoción de la salud sexual y reproductiva en el ámbito sanitario irá dirigida a: a) Proporcionar educación sanitaria integral y con enfoque de género sobre salud sexual y salud reproductiva. Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación sexual. a la juventud y colectivos con especiales necesidades. La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. proporcionando métodos anticonceptivos adecuados a cada necesidad.. agresiones y abusos sexuales. a las que se les garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva. con especial énfasis en la prevención de embarazos no planiﬁcados. Los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de formación sobre salud sexual y salud reproductiva.Actividades formativas. CAPÍTULO III MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Artículo 9. con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad. CAPÍTULO IV ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Artículo 11. d) La atención perinatal. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley el Gobierno. 38 . c) Proporcionar información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga los embarazos no deseados y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. principalmente.Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. Elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. la prevención de infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planiﬁcados.
en particular. El comité deberá pronunciarse sobre la solicitud de la intervención con carácter urgente. a la intimidad. Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: Primero. relativa a los derechos.. Conﬁrmado el diagnóstico.D o c t r i n a ••• TÍTULO II DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO CAPÍTULO I CONDICIONES DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Artículo 12. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán. En cada Comunidad Autónoma habrá al menos un comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. un pediatra y un psicólogo clínico. a la libertad ideológica y a la no discriminación. Que se practique por un médico o bajo su dirección. Todas las mujeres que maniﬁesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán con carácter previo a la prestación de su consentimiento. prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. uno de ellos elegidos por la mujer. 4. Artículo 17.. podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada. Segundo. Los miembros designados por las autoridades sanitarias competentes. al que corresponderá en este caso autorizar la interrupción a solicitud de la embarazada. 2. La mujer tendrá derecho a ser escuchada. entre la entrega de la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.. Podrá prescindirse del consentimiento expreso en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante si ésta no se encuentra en condiciones de prestarlo.Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 1. b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. Artículo 14. procederá la intervención cuando el comité así lo autorice. Excepcionalmente. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.Interrupción del embarazo a petición de la mujer. un sobre cerrado que contendrá la siguiente información: a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto. o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo conﬁrme un comité clínico. las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas. siempre que concurran los requisitos siguientes: a) Que se haya entregado a la mujer embarazada información por escrito y en sobre cerrado. Artículo 13. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eﬁcacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención. b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad. En centro público o privado acreditado. 1. además. Artículo 16. su derecho al libre desarrollo de la personalidad. c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas. lo serán por un plazo no inferior a un año. Se reconoce y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley. No podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. El comité clínico al que se reﬁere el artículo anterior estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal. Este consentimiento se prestará de conformidad con lo establecido en la normativa legal sobre autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. en su caso. 3. del representante legal.Interrupción por causas médicas.Condiciones comunes de obligado cumplimiento. los beneﬁcios 39 .. Tercero.. distintos del que practique la intervención.Comité clínico. 2. a la integridad física y moral. Artículo 15. Con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o. información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo. a la vida. b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días.. las condiciones para la interrupción previstas en esta ley y las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente.Contenido de la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo.
2. el acceso a los mismos.Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud 1. En el momento de la solicitud de información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 3. 1. 3. Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de embarazo deberán cancelar de oﬁcio la to- . con carácter general. los centros. 2. Las intervenciones contempladas en la letra c del artículo 15 de esta Ley se realizarán preferentemente en centros cualiﬁcados de la red sanitaria pública. d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo. Los datos de identiﬁcación comprenderán.Protección de la intimidad y conﬁdencialidad. habrán de informar a la solicitante que los datos identiﬁcativos de las pacientes a las que efectivamente se les realice la prestación serán objeto de codiﬁcación y separados de los datos de carácter clínico asistencial. 1. comprensible. Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán la intimidad de las mujeres y la conﬁdencialidad de sus datos de carácter personal. el domicilio. en el ámbito de sus respectivas competencias.. No será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario para actividades de publicidad o prospección comercial. sin proceder al tratamiento de dato alguno. a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley. los datos telefónicos y de correo electrónico y cualquier documento que revele su identidad.Cancelación de datos. Con este ﬁn establecerán los mecanismos apropiados de automatización y codiﬁcación de los datos de identiﬁcación de las pacientes atendidas. en los términos que reglamentariamente se determinen. No podrá recabarse el consentimiento de la paciente para el tratamiento de los datos para estas actividades. La elaboración. 2. El acceso a los datos codiﬁcados de la historia clínica de la paciente únicamente será posible en los casos previstos en las disposiciones legales reguladoras de los derechos y obligaciones en materia de documentación clínica. Artículo 23. contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno. 4. la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado primero de este artículo. Artículo 22. prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad. así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas. Junto con la información en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la entrega. Este acceso se realizará mediante autorización expresa del órgano competente en la que se motivarán de forma detallada las causas que la justiﬁcan y se limitará a los datos estricta y exclusivamente necesarios.. las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional. Los centros prestadores del servicio deberán acreditar la existencia de sistemas de custodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar medidas de protección máxima para el tratamiento de los datos de carácter personal.. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15 de esta Ley. 1... CAPÍTULO II GARANTÍAS EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓN Artículo 18. física o genética. Artículo 21. Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo.Acceso y cesión de datos de carácter personal. Artículo 19. Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación. Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan. se le asignará un código que será utilizado para identiﬁcarla en todo el proceso. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma..Revista Penal ••• Tratamiento jurídico-penal del aborto consentido. Los servicios públicos de salud. Los centros sustituirán en la historia clínica de la paciente sus datos identiﬁcativos por el código. los apellidos. Con el ﬁn de asegurar la equidad y calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. 2. c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. La información prevista en este artículo será clara. Artículo 20.Tratamiento de datos. de forma que no pueda producirse. el nombre. con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación. Propuestas de reforma ﬁscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento. aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. 1. información por escrito y en sobre cerrado sobre los derechos. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. las administraciones sanitarias competentes garantizarán los contenidos básicos que el Gobierno reglamentariamente determine. 40 3.Garantía del acceso a la prestación. En el momento de la primera recogida de datos de la paciente. accesible a todas las personas con discapacidad y neutral.
A tal efecto el Ministerio de Sanidad y Política Social elaborará un informe anual de situación en cada servicio de salud que se presentará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. de 14 de noviembre. De las funciones de la Alta Inspección. por tiempo de seis meses a dos años.» 3. Disposición ﬁnal primera. cuarta y quinta no tienen carácter orgánico. El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y veriﬁcación del cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta ley en todo el Sistema Nacional de Salud. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas. públicos o privados. de 5 de julio. tendrá la siguiente redacción: «4. practique una interrupción del embarazo sin dar cumplimiento a alguno de los requisitos siguientes: a)haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos. la disposición adicional única y las disposiciones ﬁnales segunda. El Gobierno aprobará o modiﬁcará las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley. del Código Penal. Queda derogado el artículo 417 bis del texto refundido del Código Penal publicado por el Decreto 3096/1973. Se suprime el inciso «417 bis» de la letra a) del apartado primero de la disposición derogatoria única. de 13 de diciembre. en cuyo caso se procederá a la cancelación de todos los datos identiﬁcativos de la paciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior. la documentación clínica podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas. en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999. Habilitación para el desarrollo reglamentario. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Disposición ﬁnal segunda. Carácter orgánico. Entrada en vigor. 1. redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1985. b)haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación. 41 . Disposición ﬁnal cuarta. establecimientos o consultorios ginecológicos. 2. La presente Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución. d)practicado en centro acreditado. No obstante. 4. Disposición ﬁnal quinta. Disposición derogatoria única. Modiﬁcación de la Ley Orgánica 10/1995. El apartado 2 del artículo 145 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente: «2. Disposición adicional única.» 2. La embarazada no será penada a tenor del apartado anterior de este precepto ni cuando se incumpla el requisito de ejecutar la interrupción del embarazo en un centro público o privado acreditado. que tendrán la siguiente redacción: «3. La ley entrará en vigor en el plazo de cuatro meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oﬁcial del Estado». mantiene su vigencia las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia. fuera de los casos permitidos por la ley.D o c t r i n a ••• talidad de los datos de la paciente una vez transcurridos cinco años desde la fecha de alta de la intervención. el Título I. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación» Disposición ﬁnal tercera. Derogación del artículo 417 bis del código penal. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio por la paciente de su derecho de cancelación. de Protección de Datos de Carácter Personal. c)contar con los dictámenes previos preceptivos. el que dentro de los casos contemplados en la ley. Los preceptos contenidos en el Título Preliminar. de 23 de noviembre. Modiﬁcación de la Ley 41/2002. el capítulo II del Título II. prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se añaden los apartados 3 y 4 al artículo 145 del Código Penal. será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses. de 14 de septiembre. El apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. básica reguladora de la autonomía de paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido. de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
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