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Timestamp: 2019-11-19 10:27:48
Document Index: 83324303

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 93', 'artículo 17', 'artículo 23']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 108, de 06/05/2014
cve: DSCG-10-CM-108
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 108
- Sobre aplicación de bonos en el juego online en España desde la perspectiva del juego responsable. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/002279 y número de expediente del Senado 663/000060) ... (Página2)
- Sobre la publicidad de las actividades de apuestas y su relación directa o indirecta con la idea de juego. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente del Congreso 161/002448 y número de expediente del Senado 663/000064) ... (Página2)
- Relativa a la promoción del juego responsable desde la perspectiva de la salud pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/002606 y número de expediente del Senado 663/000069) ... (Página2)
- Sobre la unidad terapéutica educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona (Asturias). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/002551 y número de expediente del Senado 663/000067) ... (Página9)
- Sobre las unidades terapéuticas y educativas (UTE). Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente del Congreso 161/002662 y número de expediente del Senado 663/000071) ... (Página10)
- Sobre bebidas energizantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/002122 y número de expediente del Senado 663/000056) ... (Página14)
- Relativa a la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la patología dual. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/002411 y número de expediente del Senado 663/000062) ... (Página17)
- Relativa a la coordinación sociosanitaria en el abordaje de las adicciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/002580 y número de expediente del Senado 663/000068) ... (Página20)
- Sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de restablecer la capacidad de los jueces de perseguir el narcotráfico. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente del Congreso 161/002680 y número de expediente del Senado 663/000073) ... (Página25)
- SOBRE APLICACIÓN DE BONOS EN EL JUEGO ONLINE EN ESPAÑA DESDE LA PERSPECTIVA DEL JUEGO RESPONSABLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/002279 y número de expediente del Senado 663/000060).
- SOBRE LA PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE APUESTAS Y SU RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LA IDEA DE JUEGO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente del Congreso 161/002448 y número de expediente del Senado 663/000064).
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL JUEGO RESPONSABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 161/002606 y número de expediente del Senado 663/000069).
El señor PRESIDENTE: Señorías, volvemos al trabajo en Comisión, después de un largo periodo en ponencia, y lo hacemos con un buen número de proposiciones no de ley. Les voy a proponer una sistemática para hacer viable que terminemos durante la mañana y a buena hora. Tenemos nueve puntos y podemos resumirlos en seis, porque las proposiciones números 2, 4 y 7 tienen que ver con el juego y podemos debatirlas conjuntamente; las números 5 y 8 tienen que ver con la unidad terapéutica y educativa de Villabona. El resto de los puntos los trataremos individualmente. En total, tenemos seis puntos en el orden del día. Intentaremos acotar las intervenciones, de tal manera que los tiempos serán los siguientes. Para la presentación de una proposición no de ley se darán siete minutos; para la defensa de enmiendas se darán cuatro minutos; para fijación de posiciones, un poco menos. Normalmente en esta Comisión se cumplen estos tiempos. Esto se hace con un objetivo viable, que es el de terminar la sesión en torno a la una y media o dos menos cuarto.
Se nos ha pedido que la proposición sobre bebidas energizantes no se trate en primer lugar, ya que no está su portavoz. Por tanto, pasamos a debatir las iniciativas segunda, cuarta y séptima, que tienen que ver con el juego.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, la ludopatía es una enfermedad mental encuadrada en el trastorno de los hábitos y del control de los impulsos, que se manifiesta con un trastorno del comportamiento consistente en la pérdida de control personal cuando se está en una situación de apuesta
monetaria. Existe, además, una relación de dependencia que implica la falta de libertad, que se manifiesta como la imposibilidad de parar de apostar, a pesar de estar experimentando pérdidas sucesivas de dinero y a menudo, además, se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas, tales como la pérdida de una fortuna personal, el deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. El jugador patológico o ludópata es aquella persona que fracasa en su intento de resistir el impulso de jugar. Esto se manifiesta a pesar de no tener dinero, llegando a situaciones de endeudamiento personal, familiar y social. La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, Fejar, estima una cifra aproximada de 400.000 personas afectadas en España. Las consecuencias personales de esta conducta, así como las deudas contraídas por los apostadores afectados por ludopatía son, señorías, devastadoras. Para el entorno familiar, además, es sencillamente injusto.
Esta enfermedad del comportamiento está relacionada y reconocida por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. La población afectada de ludopatía, además, es transversal en relación con el cuadro social, ya que afecta a personas de todo tipo y condición, clase social, sexo, estatus social, edad, nivel de estudios o trabajo. En España de momento no hay estudios sistemáticos que nos permitan afirmar lo contrario, pero, igual que pasa con las conductas adictivas a sustancias, las consecuencias no son iguales para todos los afectados por ludopatía, siendo los más perjudicados los que menos capacidad económico-social y apoyo familiar tienen. El potencial adictivo que está generando la proliferación de locales de apuestas y el fenómeno de Internet es enorme. Este hecho no es ningún juego, sino todo lo contrario. La ludopatía registra un aumento y difusión constante y, sin embargo, las instituciones políticas y sociosanitarias parecen subestimar su impacto, constituyendo un serio problema psicosociosanitario para nuestra sociedad.
En nuestra proposición no de ley el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que lleve a cabo las modificaciones legales necesarias para, en primer lugar, prohibir en la publicidad de todas las actividades de apuestas su relación directa o indirecta con la idea de juego, tanto de forma manifiesta como no consciente. En segundo lugar, prohibir cualquier tipo de publicidad de todas las actividades de apuestas en horarios infantiles, así como patrocinios de empresas de apuestas en eventos deportivos y sociales. En tercer lugar, suprimir la denominación de juego en todas las actividades relacionadas con las apuestas, tanto en los niveles administrativos, locales de calle o en cualquier sitio o situación donde se den las apuestas.
El señor PRESIDENTE: Para defender su proposición no de ley, tiene la palabra la señora Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: En las conclusiones del último congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, que se celebró en Córdoba en septiembre de 2013, se incluía, en primer lugar, la exigencia de una regulación clara, concisa y estricta sobre los distintos programas de incitación a la práctica de las diversas modalidades de juego on line y se insistía, en segundo lugar, en la regulación de la publicidad, sobre todo en los jóvenes. En dichas conclusiones también se pedía el desarrollo integral de la Ley 13/2011, de Regulación del Juego, que es de competencia estatal, concretamente de su artículo 8, de defensa de los sectores más vulnerables, especialmente en menores, aplicando el principio de responsabilidad de la Administración para que se establezcan mecanismos de regulación de obligado cumplimiento, priorizando los intereses de la sociedad en general y no solo los de los agentes económicos. Estas y otras peticiones fueron incluidas en una iniciativa que mi grupo presentó ante esta Comisión y que se debatió el día 19 de noviembre de 2013, siendo aceptada por mayoría al consensuar una transaccional.
Ahora, con esta nueva iniciativa, queremos concretar y avanzar en las medidas que creemos que son imprescindibles para evitar el crecimiento de la ludopatía en los jóvenes, que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Los bonos son una práctica habitual por parte de algunas empresas del sector del juego on line, y consisten en ofrecer una cantidad de dinero con la que poder iniciarse en el juego, que puede ser de 300 euros, incluso algunos llegan hasta los 1.500 euros, con el objetivo de que los jugadores inexpertos tengan la oportunidad de aprender a manejarse en una actividad que difícilmente llevarían a cabo debido al elevado coste que supone para los no iniciados. También puede utilizarse como premio a la fidelidad en el juego o para compensar algunas pérdidas. Esta técnica no se utiliza con un interés educativo o clínico, sino de márquetin, es decir, para inducir y consolidar una conducta de consumo en una población que difícilmente llegaría a adquirir este hábito a través de las fórmulas publicitarias convencionales.
La ludopatía está categorizada en el DSM-5, el manual de la Asociación Médica de Psiquiatría para la clasificación de las enfermedades mentales, como un trastorno adictivo, al igual que el tabaquismo, el alcoholismo o la adicción a la heroína. Tal consideración se debe al incremento de evidencias consistentes en que el juego activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, ya que los síntomas clínicos de los trastornos provocados por el juego son similares a los que provoca la droga. ¿Se imaginan estas ofertas en el alcohol, en el tabaco o en otras drogas?
El juego responsable es un término acuñado para describir un conjunto de estrategias que tienen como finalidad minimizar los riesgos del juego excesivo. Con ello se pretende fomentar pautas apropiadas de juego, lo cual exige poner en marcha de forma activa las necesarias acciones de prevención, no solamente por el propio jugador, sino también por parte del sector y de la Administración. Se asume que el juego es una actividad de extraordinaria relevancia social y económica que puede llevarse a cabo siempre que se haga de una forma adaptativa y mesurada, pero no está exenta de riesgos. Uno de los principales inconvenientes es su potencial adictivo, además de que la forma en la que se presenta suele provocar graves perjuicios en quienes ya padecen el trastorno de la ludopatía. En julio de 2013 en España se aprobó la estrategia de juego responsable, cuyo objetivo es combinar la posibilidad de gestión del juego con el derecho a la salud y al bienestar. Consideramos que los bonos son incompatibles con una estrategia de juego responsable, probablemente en contra, incluso, de la legislación española en materia de juego, ya que la Ley 13/2011, de Regulación del Juego, en su artículo 8.2 indica que los operadores no podrán ofrecer préstamos ni cualquier modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes. Es incomprensible que las medidas que siempre se han defendido para luchar contra las adicciones, como disminuir la oferta y la demanda, en este caso no se consideren. Además, teniendo en cuenta la gravedad del problema, consideramos que se deben poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar la ludopatía, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley para instar al Gobierno a incluir las siguientes acciones en la estrategia del juego responsable. Primero, eliminación del uso de técnicas de inducción al juego especialmente en la población más vulnerable, que son los jóvenes, jugadores problemáticos y adictos al juego. Segundo, eliminación de técnicas específicas de inducción al juego, tales como premios, puntos por fidelización y otras estrategias que premien el consumo excesivo. Tercero, puesta en funcionamiento de medidas activas para reducir la frecuencia de juego. Algunas de esas medidas tienen en cuenta el uso de tarjetas inteligentes, reducción de la disponibilidad del juego, etcétera. Cuarto, hacer efectivos los límites de acceso al juego a través de páginas web, especialmente a colectivos más vulnerables, mediante requisitos como la identificación fehaciente, pero de verdad, que se tengan que identificar con seguridad. Quinto, favorecer el que cualquier jugador pueda autoexcluirse en cualquier momento, haciendo que sea muy sencilla la autoprohibición y siendo exigente en los trámites para poder volver a jugar. Sexto, establecer límites estrictos del gasto, así como la prohibición de cheques o cualquier forma de préstamo. Séptimo, eliminación del ofrecimiento del bono, sobre todo en el póquer on line.
Esperamos que esta proposición se apruebe y que se pueda poner en marcha para no llegar tarde en la lucha contra esta gran adicción.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, para presentar su proposición no de ley, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Casinos, bingos, loterías, apuestas y máquinas recreativas, incluidas sus versiones on line, son ejemplos de modalidades de juego que en ocasiones, como se ha dicho, dejan de ser un entretenimiento para convertirse en adicción, ya que a veces se practican de forma patológica. La adicción al juego es un trastorno del control de los impulsos que está catalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. Normalmente se asocia al trastorno por déficit de atención, hiperactividad y problemas de personalidad, y puede derivar en ansiedad, depresión y problemas cardíacos; también genera muchas repercusiones económicas, laborales, personales, familiares y sociales. La adicción al juego afecta aproximadamente al 2% de los adultos y al 3% de los adolescentes y se calcula que la sufren cerca de un millón de personas. Tiene un alcance social muy alto, incluso mayor que el de la esquizofrenia, solo superado por el alcoholismo, la depresión y los trastornos de ansiedad y bipolaridad. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, la ludopatía es la única adicción sin sustancia, enfoque con el que coincide nuestra Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas. El Plan nacional sobre drogas
reconoce la necesidad de desarrollar la prevención, la asistencia y la rehabilitación de manera transversal e integral, incidiendo de forma especial en el colectivo de menores. Hay que luchar contra la banalización de los consumos y personalizar los itinerarios terapéuticos.
La Dirección General de Ordenación del Juego ha realizado diversas actuaciones en el marco del juego responsable, en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego. Cabe destacar algunas como la creación del Consejo Asesor de Juego Responsable, que colabora con la Dirección General de Ordenación del Juego en la elaboración de la estrategia del juego responsable y en el asesoramiento e informe sobre algunos aspectos del juego on line, como, por ejemplo, la problemática de los bonos de juego y su compatibilidad con el principio de juego responsable. También hay que destacar la estrategia de juego responsable aprobada el 3 de julio de 2013 con el apoyo unánime de todos los miembros del consejo asesor. La acción conjunta y voluntaria del sector para establecer las líneas generales de actuación en el área de juego responsable se basa en la sensibilización de la sociedad, la prevención y protección de los vulnerables, tratamiento y ayuda a las personas afectadas y estudio e investigación de los problemas asociados al juego, y contempla tres líneas de trabajo a corto plazo, como son: una página web de juego responsable con información y prevención de las posibles consecuencias, el establecimiento de un teléfono de asistencia a posibles afectados y la realización de un estudio sobre la adicción al juego en España. También cabe añadir que, al mismo tiempo y paralelamente a la estrategia, se está trabajando en un video promocional sobre el juego responsable que se va a difundir en redes sociales y que va destinado principalmente al público joven. También hay que destacar que los sistemas técnicos de todos los operadores de juego autorizados tienen establecidos los correspondientes sistemas de verificación de la identidad de los participantes en los juegos. Para facilitar la puesta a disposición de los operadores, la Dirección General de Ordenación del Juego ha puesto en marcha un sistema de verificación de identidad y un sistema de acceso telemático al Registro general de interdicciones de acceso al juego.
También hay que destacar que, según el artículo 36 del Real Decreto 1614/2011, los operadores de juego deben establecer límites económicos para los depósitos que con carácter diario, semanal o mensual puedan recibir de cada uno de los participantes de los distintos juegos. Además, los operadores deben ofrecer la posibilidad de poner límites voluntarios a los usuarios. La Ley 13/2011 prohíbe a los operadores conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes. Por último, hay que señalar también la autoexclusión, la autoprohibición que se basa en que un individuo solicita la inscripción en el Registro general de interdicciones de acceso al juego y a partir de ese momento queda prohibido el juego de esa persona desde los distintos operadores. Estos son solo algunos de los principales ejemplos.
Aunque el Grupo Popular considera que el Gobierno está trabajando mucho para fomentar el juego responsable, hemos presentado esta proposición no de ley porque consideramos que todavía queda mucho por hacer y que hay que seguir trabajando para prevenir este tipo de adicción, que es una cuestión muy importante. En la PNL se insta al Gobierno a seguir trabajando de manera coordinada entre la Dirección General de Ordenación del Juego y la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas para impulsar el juego responsable desde la perspectiva de la salud pública. Pido el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta iniciativa. El texto va en la línea de lo que aprobamos, prácticamente por unanimidad, en la ponencia. Con respecto a la enmienda presentada, no la vamos a aceptar porque consideramos que no es momento de hablar de presupuestos. Cuando el Gobierno presente el proyecto de ley ya debatiremos sobre ello.
Solo quiero añadir -ya sé que me queda poco tiempo, señor presidente, y tiene que hablar también mi compañera-, respecto a la proposición no de ley, porque creo que lo vamos a debatir todo junto...
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar la palabra por orden. A continuación intervendrá el grupo que ha presentado una enmienda, que es Convergència i Unió, y después será el turno de fijación de posiciones.
La señora HOYO JULIÁ: Termino pidiendo el apoyo de todos los grupos. Luego daremos nuestra opinión respecto al resto de proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Cunyat.
La señora CUNYAT BADOSA: Quiero preguntar si presento solo la enmienda o consumo también el turno de fijación de posiciones.
El señor PRESIDENTE: Presente la enmienda y fije su posición.
La señora CUNYAT BADOSA: Como decían ahora mismo, este es un tema importantísimo, que hemos intentado trabajar en la ponencia. Es verdad que no ha habido muchos comparecientes que hayan hablado de ello y precisamente una de nuestras preocupaciones era cómo reflejar esta problemática en el informe de la ponencia y cómo marcarnos un objetivo para seguir trabajando sobre un problema importantísimo que además parece que va creciendo.
La ponencia ha hecho varias consideraciones en relación con las adicciones sin sustancia, las adicciones al juego. Como se ha dicho, hay varios estudios que hablan de un porcentaje de juego patológico de en torno al 2%, aunque cuando hablamos de jóvenes parece que ese porcentaje crece. Por tanto, debemos trabajar sobre este tema. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías. Por respeto a la ponente, les pido que las conversaciones y las negociaciones tengan lugar fuera.
La señora CUNYAT BADOSA: En la ponencia hemos hablado también de las nuevas tecnologías y del impacto que el juego a través de las redes sociales puede tener en el colectivo de jóvenes. Hay muchos retos encima de la mesa y es necesario trabajar sobre este tema, no solamente siguiendo el objetivo marcado en la ponencia, sino a través de la presentación de diferentes iniciativas ya sea en Comisión ya sea en Pleno.
Por otro lado, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en este asunto en su ámbito territorial. En este sentido, hemos presentado una enmienda que pretende dotar presupuestariamente el Plan nacional sobre drogas, para que después las comunidades autónomas puedan desarrollar todas aquellas acciones que vayan a solucionar el problema que estamos planteando hoy. La enmienda es muy sencilla. Se trata de dotar el presupuesto para desarrollar el Plan nacional sobre drogas.
Ahora voy a fijar posición. Compartimos la exposición de motivos de las tres proposiciones presentadas. Compartimos lo que propone la presentada por el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, en Cataluña se está trabajando en la línea de lo que propone esta iniciativa, en la línea de algunas acciones que nos han explicado. Hemos hecho campañas divulgativas sobre el juego, formación a los trabajadores del sector de la industria y prevención en las escuelas; se ha hecho el primer estudio epidemiológico y se ha puesto en marcha una línea telefónica de información, es decir, se están llevando a cabo muchas acciones similares a las que está estableciendo el Gobierno. Por estas razones, vamos a votar a favor de esta proposición. También votaremos a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Compartimos totalmente su explicación sobre el impacto que tienen los bonos en el juego. Debemos trabajar para minimizar ese impacto, esa inducción al juego. En el caso de la moción presentada por el diputado Cantó, nos abstendremos, porque creemos que es un tema que se debe debatir con más profundidad.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Los grupos Mixto y UPyD no están. Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la señora Almiñana.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Señorías, la posición de la Entesa sobre estas tres mociones que tratan del juego, como no podía ser de otra manera, es estar absolutamente de acuerdo con la exposición de motivos. Todos sabemos que es una enfermedad recogida en el DSM-5, que habla de los trastornos adictivos. Está clasificada como un trastorno adictivo, igual que lo pueden llegar a ser el alcohol o el tabaco. Compartimos que hay que avanzar y hacer políticas, aunque es muy difícil hacer políticas si no hay partidas presupuestarias. De todas formas, en este caso estamos de acuerdo. Vamos a votar favor de la proposición que presenta el Grupo Socialista, porque en ella se propone una cosa que cambia y mejora la situación actual. Sería interesante que el grupo que representa a la mayoría votara también a favor de la misma.
En cuanto a la proposición que presenta el Grupo Popular, es muy difícil votar en contra, aunque no haya aceptado la enmienda de Convergència i Unió, que pide simplemente un compromiso económico. Como ya nos tiene acostumbrados, el grupo del Gobierno insta en su proposición a continuar diseñando y aplicando medidas para desarrollar la coordinación entre la Dirección General de la Ordenación del Juego y la Delegación del Gobierno para el Plan nacional de drogas. A mí me gustaría que ya estuvieran
coordinados, pero no voy a votar en contra de que continúen coordinándose. Por tanto, nuestro voto será favorable, aunque es una proposición con poco contenido real.
En cuanto a la proposición del señor Cantó, nos vamos a abstener, porque es un tema demasiado importante e implica otras cosas que tendríamos que discutir y que no se pueden tratar tan rápidamente, sin poder estar ni siquiera presentes en la votación.
El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural votará favorablemente las iniciativas en relación con el juego, sobre todo para dar un toque de atención, porque en estos momentos el informe de la ponencia va por un lado y el Ministerio de Hacienda va por otro lado, además muy rápidamente, de manera que algunas medidas adoptadas pueden ponerse en cuestión. En ese sentido, votaremos favorablemente las tres iniciativas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista van a intervenir dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la señora Chivite, para fijar posición sobre la número 4.
La señora CHIVITE NAVASCUES: Voy a fijar posición respecto a la proposición número 4 del Grupo UPyD.
No es intención de mi grupo llevar la contraria al señor Cantó, pero no vamos a votar favorablemente su iniciativa. Compartimos la exposición de motivos. Somos conscientes del problema de la ludopatía y lo que implica en el bienestar personal, social y legal de la persona que padece esta enfermedad. Así lo hicimos constar en la proposición no de ley que registró mi grupo, el Grupo Socialista, el pasado 10 de octubre, que fue aprobada por unanimidad en esta Comisión y en la que, entre otras cosas, se solicitaba el desarrollo de la Ley 13/2011, de Regulación del Juego. En eso mismo nos reafirmamos hoy. ¿Por qué lo hacemos? Porque el principal objetivo de la ley es la protección a usuarios, a menores y a todos los grupos que consideremos vulnerables. La propuesta que hace UPyD habla de prohibir y a eso le falta todavía un gran debate. Nosotros apostamos por regular. Como he dicho, nos reafirmamos en la petición del desarrollo integral y reglamentario de la Ley 13/2011, necesario e insuficiente hasta ahora. Coincidimos con la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, que en las conclusiones de su decimocuarto congreso pedía lo siguiente. Leo literalmente: Exigimos el desarrollo integral del espíritu de la Ley 13/2011, reguladora del juego de competencia estatal y, en concreto, de su artículo 8, de defensa de los sectores más vulnerables, especialmente menores, aplicando el principio de responsabilidad de la Administración. También pedía regulación por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda de todas las prácticas publicitarias y difusión de la actividad del juego. Por tanto, reitero: Regulación, no prohibición. Esto conllevaría un debate mucho más amplio que el que se ha producido hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández, para fijar posición sobre la proposición número 7.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Va siendo una norma que para rellenar huecos o justificarse el Grupo Popular presente en las distintas comisiones, incluso en el Pleno, iniciativas para decirle al Gobierno lo que tiene que hacer o para recordar los distintos planes que han elaborado sin ninguna propuesta práctica y sin presupuestos. En su iniciativa, hacen referencia a varios documentos y a bibliografía en la que se destaca la importancia de la ludopatía. Efectivamente, aunque operar con juego on line en España solo es legal desde junio de 2012, el gasto que provoca en la actualidad es ya mayor que las quinielas, bingos, casinos e incluso todos los juegos de la ONCE. Son más de 5.000 millones de euros los que los españoles y españolas se han gastado en juegos on line en 2012. El problema es que el juego on line es tres veces más adictivo que la modalidad presencial, por el anonimato, por la gran accesibilidad, a través incluso de los móviles, y la gran disponibilidad en cualquier sitio y a cualquier hora. Además, los expertos ya advierten que el consumo simultáneo de otras sustancias agrava aún más estas patologías. Es alarmante que en la adolescencia dos tercios de los jugadores y jugadoras que navegan por Internet sean jugadores patológicos. En todas las estrategias la lucha contra las adicciones en estas edades es de especial interés, por ser fundamental la prevenció -se trata de disminuir la demanda y la oferta-, sin embargo en el juego on line son un nicho de mercado presente y futuro y, por ello, son clientes preferentes.
Efectivamente, estamos ante un problema de salud pública, y ante esta situación de alarma, ustedes, los proponentes, solo plantean una iniciativa para recordar al Gobierno que hay que coordinarse, que hay
que trabajar, y hacen referencia a la estrategia de juego responsable, en la que se considera la adicción al juego un tema complejo, que requiere soluciones múltiples y desde un enfoque de salud pública. En esa estrategia ya se reconoce que no hay datos de prevalencia, que los responsables de combatirlo no conocen la magnitud del problema y por ello proponen estudios para conocer la situación en España. También se proponen líneas de actuación estratégica de juego responsable basadas en la sensibilización, la prevención y la protección de las personas vulnerables, en el tratamiento y ayuda a personas afectadas y en el estudio e investigación de los problemas asociados al juego. En esta estrategia se marcan objetivos y acciones a desarrollar a corto y medio plazo. ¿A qué esperan entonces? Ya se sabe que esto es un problema de salud pública; no nos vengan ahora con esta iniciativa. Insten al Gobierno, como estamos haciendo el resto de los grupos, a poner en marcha cuanto antes medidas concretas y, por supuesto, con presupuestos para que las comunidades puedan llevarlas a cabo.
Quiero terminar reconociendo la gran labor que en este campo están haciendo los investigadores, entre ellos Mariano Chóliz. Ellos están cumpliendo con su obligación dentro de sus posibilidades: dan la voz de alarma -ya la han dado-, nos conciencian y marcan un camino. El Gobierno no puede mirar para otro lado y tiene que cumplir con la suya.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sanz.
La señora SANZ JERÓNIMO: Señor presidente, el juego saludable es la práctica de juegos de azar como forma de entretenimiento y diversión, en la que el participante juega informado de las probabilidades de ganar o perder, apuesta de forma moderada y disfruta de la experiencia de jugar sin necesidad de asumir riesgos altos. (El señor vicepresidente, Gutiérrez Molina, ocupa la Presidencia). En ocasiones algunas personas tienen dificultades de diversa índole, gravedad y duración para jugar a juegos de azar de forma saludable, dejando de ser el juego una diversión para convertirse en una necesidad que puede derivar en un problema de juego patológico. El juego patológico, por tanto, es un trastorno consistente en la pérdida de control del comportamiento en relación con el juego, con graves consecuencias para las personas y su entorno. Se considera que una persona tiene una conducta patológica cuando pierde la libertad de decidir si quiere jugar o no y el juego pasa a ser una necesidad prioritaria, con el consiguiente deterioro de la vida individual, familiar y social, siendo rasgos esenciales del juego patológico los siguientes: pérdida de control sobre los impulsos de jugar durante un periodo de tiempo continuado, aumento de la frecuencia de juego y de la cantidad apostada, constante preocupación por jugar y obtener dinero para seguir haciéndolo y continuación de las alteraciones de la conducta en relación con el juego aun cuando existen consecuencias adversas.
En el marco de las políticas de juego responsable y en relación con la cuestión planteada -la aplicación de bonos en el juego on line en España desde la perspectiva del juego responsable-, la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como ya ha expresado mi compañera del Grupo Parlamentario Popular anteriormente, ha realizado diversas actuaciones en el contexto del ámbito de aplicación de la ley que no voy a repetir. Se ha creado el Consejo Asesor de Juego Responsable, se ha elaborado la estrategia de Juego Responsable y se han llevado a cabo otras actuaciones en relación con el bono ofertado en todos los canales de comunicación, a excepción de los banners en los anuncios web y de las menciones radiofónicas. Se ha establecido la identificación del participante en las actividades de juego de ámbito estatal, que se regula en el artículo 26 del Real Decreto 1613/2011, y el artículo 36 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se ha señalado que los operadores del juego deberán establecer límites económicos para los depósitos. La Ley 13/2011, al objeto de proteger a los consumidores y de acuerdo con las políticas de juego responsable, prohíbe a los operadores, como no puede ser de otra manera, conceder préstamos o cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes. Por otro lado, la autoprohibición en el Estado español y en el ámbito del juego on line se basa fundamentalmente en la inscripción del solicitante en el Registro general de interdicciones de acceso al juego, y cualquier persona que aparezcan este registro, identificada con Documento Nacional de Identidad o NIE, con la prohibición activa no podrá realizar actividad de juego en cualquiera de los operadores de juego on line habilitados a nivel nacional. El juego responsable es una tarea de todos, de toda la sociedad y en particular de los reguladores y de los operadores del sector del juego. El reto conjunto es el de conseguir establecer los mecanismos más efectivos de protección para toda la población española en riesgo. Independientemente del juego en el que participen, de si lo hacen
de forma presencial u on line o de las comunidades autónomas en las que vivan, debe existir una estrategia compartida que permita ofrecer una verdadera protección a los colectivos vulnerables y a los ciudadanos en general. Por tanto, teniendo en cuenta la iniciativa que el Grupo Popular ha presentado y por todo lo expresado hasta ahora, vamos a votar en contra de estas otras proposiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): En turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: El Grupo Popular va a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la publicidad de las actividades de apuestas y su relación directa o indirecta con la idea de juego, porque aunque compartimos su exposición de motivos, puesto que creemos que hay que trabajar -en ese sentido iba nuestra proposición no de ley- para combatir el problema de la ludopatía, no compartimos su contenido. Creemos que este problema no se soluciona prohibiendo o suprimiendo la palabra juego, sino regulando la publicidad. Eso es muy importante. Hay que destacar que el artículo 7 de la Ley de Regulación del Juego, relativo a la publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, establece en su apartado primero que quedan prohibidos la publicidad, patrocinio o promoción bajo cualquier forma de los juegos de suerte, envite o azar y la publicidad o promoción de los operadores de juego cuando se carezca de la correspondiente autorización para la realización de publicidad contenida en el título habilitante. También se afirma expresamente que cualquier entidad, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus operadores deberá constatar que quien solicite la inscripción de los anuncios o reclamos publicitarios dispone del correspondiente título habilitante. También cabe destacar que, en virtud de lo establecido en el artículo 24.5 de este mismo texto legal, la Dirección General de Ordenación del Juego y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial firmaron el 17 de noviembre de 2011 un acuerdo de corregulación en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades del juego, y el 7 de junio de 2012, la Dirección General de Ordenación del Juego y la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información firmaron un acuerdo para el establecimiento de un código de conducta sobre las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, con la finalidad básica de protección de los consumidores en el ámbito de las comunicaciones comerciales de actividades de juego, especialmente de los menores de edad y de otras personas o grupos vulnerables, en el marco de las políticas de juego responsable. Hay que destacar que 65 entidades figuran ya adheridas a este código de conducta. El referido código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego, en su norma ética 8, principios de autorregulación de las comunicaciones comerciales en los servicios de comunicación audiovisual, establece importantes restricciones horarias, en concreto establece que se prestará especial atención al horario de emisión de las comunicaciones comerciales y autopromociones de las actividades de juego y que se tendrán en cuenta aquellos programas o bloques de programación destinados específica o primordialmente al público infantil junto a los que se emita o se inserte la misma. A los efectos de este código, se entenderán por programas destinados al público infantil los clasificados y señalizados como especialmente recomendados para la infancia y no recomendados para menores de siete años.
Por último, quiero destacar que el Gobierno está trabajando en ese sentido. La Dirección General de Ordenación del Juego, al objeto de reforzar el régimen de corregulación existente y con la finalidad de establecer una regulación del sector que asegure la mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos y en la prevención de conductas adictivas, ha considerado oportuno desarrollar reglamentariamente la publicidad en las actividades de juego. Actualmente se está trabajando en la elaboración de un proyecto de real decreto sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego y políticas de juego responsable.
- SOBRE LA UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA (UTE) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/002551 y número de expediente del Senado 663/000067).
- SOBRE LAS UNIDADES TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS (UTE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente del Congreso 161/002662 y número de expediente del Senado 663/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Siguiendo el orden del día, vamos a debatir las proposiciones no de ley números 5 y 8. Para la defensa de la número 5, tiene la palabra el señor Llamazares, portavoz de La Izquierda Plural.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, no es la primera vez que tratamos la situación de la unidad terapéutica y educativa de Villabona, pero en esta ocasión la tratamos con indignación. En la primera ocasión fue para nosotros un orgullo visitar la unidad terapéutica y educativa. Podemos decir que si hay una marca España en materia penitenciaria, esa es la unidad terapéutica y educativa de Villabona, admirada no solamente por los asturianos y por sus instituciones, sino también más allá de nuestras fronteras. La segunda ocasión fue una comparecencia muy instructiva del equipo coordinador de Villabona ante esta Comisión. Nos dijeron cómo trabajaban y nos vimos muy confortados por sus resultados. En la tercera ocasión, la iniciativa en esta Cámara sobre la unidad terapéutica y educativa de Villabona tuvo que ver con la alarma, la alarma de ver cómo la dirección del centro chocaba con los coordinadores de la unidad y comenzaba una larga labor de zapa, que ha continuado hasta estos momentos, primero, devaluando sus actividades y a sus responsables profesionales y, finalmente, llegando a la situación actual, en la que la unidad terapéutica educativa, sobre todo algunos de sus módulos más concretos, corre peligro.
Como decía, hemos pasado del orgullo a la indignación. Señorías, ha sido la Defensora del Pueblo la que ha dado la razón a esta Cámara y a los grupos parlamentarios que veníamos preocupándonos por la unidad terapéutica y educativa. Mientras Instituciones Penitenciarias le dice a la Defensora del Pueblo que la unidad terapéutica goza de excelente salud y que nuestras quejas, tanto las sociales como las institucionales, son un conflicto artificial -así se decía-, la Defensora del Pueblo dice claramente que no pueden aceptarse estas alegaciones transmitidas por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y que, por el contrario, durante la visita que efectuó al centro penitenciario de Villabona ha comprobado lo siguiente: en primer lugar, que se flexibilizan las condiciones de la estancia y se devalúa el contrato terapéutico, que es la base de la unidad terapéutica educativa, es decir, la estancia dentro de la prisión sin drogas; en segundo lugar, que se cuestionan los programas que desarrollan las ONG colaboradoras -la última medida ha sido prohibir la entrada a las familias que colaboran en esta unidad terapéutica y educativa y suspender el curso que realizaban las organizaciones sindicales-; en tercer lugar, que se diluyen las competencias del equipo multidisciplinar y se priva a los profesionales de la UTE de su capacidad de decidir sobre las personas internas, según se ha venido entendiendo hasta el momento; por último, que se cercena parcialmente el servicio administrativo o se destinan a él a funcionarios de vigilancia no comprometidos sino beligerantes con el proyecto, desvirtuando la importante función de los tutores. Señorías, es una enmienda de totalidad a la actitud de la dirección del centro por parte de la Defensora del Pueblo, que plantea proceder a algunas medidas como modificaciones organizativas necesarias y regulación de la unidad terapéutica mediante el protocolo que venía funcionando en ella. Esta era la posición de la Defensora del Pueblo. ¿Cuál fue la reacción de la dirección de la prisión? El cierre del módulo 3 de la UTE. Tuvo que ser Instituciones Penitenciarias quien dijera a la dirección del centro que no podía responder así a la Defensora del Pueblo, con una medida drástica, contraria a sus recomendaciones.
Señorías, sabemos que el debate que hoy tendremos aquí no dará mucho de sí y tampoco la votación, pero queremos llamar la atención sobre esta decisión de la Defensora del Pueblo y sobre la actitud de rebeldía de la dirección del centro con respecto a sus recomendaciones. Por eso proponemos una serie de medidas, primero, para detener esta locura frente a la unidad terapéutica y educativa por parte de la dirección del centro y hacer compatible su desarrollo, y segundo, para recomponer la estructura de la unidad terapéutica y sus apoyos externos. El último dato que quiero darles, señorías, es el porcentaje de reinserción, según una investigación universitaria, que ha sido suspendida por la dirección del centro. La reinserción de la unidad terapéutica multiplica por cuatro la reinserción del resto del centro, es decir, mientras la reincidencia general es del 60%, la de la unidad terapéutica educativa apenas llega al 16%. Señorías, ¿con estos datos esta situación? Hay que volver atrás y parar esta situación, reconstruir legal y formalmente esta unidad terapéutica y educativa y, como no puede reconstruir quien ha destruido, cambiar la dirección de Villabona para que esta marca España, que nos enorgullecía, no se convierta en preocupación y vergüenza para los miembros de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista trae de nuevo una iniciativa sobre la unidad terapéutica de Villabona, para intentar hacer entrar en razón al Gobierno una vez más, para que no dinamite este módulo libre de drogas, que, como bien se ha dicho aquí, era un ejemplo de buenas prácticas en prisión. Este módulo funcionaba extraordinariamente bien, con óptimos resultados, como ha reflejado el señor Llamazares y no voy a repetir, no solo dentro de la prisión, sino en indicadores de inserción posteriores a la prisión, y que lo conseguía con un buen trabajo de los funcionarios involucrados en el proyecto y con el apoyo de diversas asociaciones sociales de Asturias, entre ellas la Asociación de familiares y amigos de la UTE, a la que hoy se le impide la entrada en prisión. A una pregunta escrita de mi grupo parlamentario pidiendo explicaciones sobre esto, se nos contestó que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Villabona, en su sesión del 13 de noviembre de 2013, acordó informar desfavorablemente el programa de intervención denominado Plan de acogida, presentado por la Asociación de familiares y amigos de la UTE en prisión. Esa es toda la explicación que da la dirección del centro. Por tanto, no solo no se reconoce el trabajo de estas instituciones asturianas, sino que se les impide ese trabajo de voluntariado para actuar en la reinserción posterior.
La UTE ha sido reconocida por diferentes instituciones asturianas, españolas e internacionales y por tanto no podemos entender cómo el Gobierno, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de la prisión de Villabona, se empeña una y otra vez en obstaculizar, en poner trabas y, en definitiva, en dañar e impedir el desarrollo de la UTE como venía trabajando. Se lo hemos dicho al Gobierno desde la oposición, en esta Comisión y en otras, en reiteradas ocasiones -y de nuevo lo hacemos hoy aquí-, se lo dicho también la Junta General del Principado y se lo ha dicho, como bien ha explicado el señor Llamazares, la Defensora del Pueblo, que no solo ha ido allí de visita a hacer un análisis, sino que ha hecho una recomendación que dice textualmente: Proceder, previas las modificaciones organizativas necesarias, a dictar una instrucción reguladora de la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona que contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmente ha sido su modelo normal de funcionamiento, a tenor de las consideraciones contenidas en el documento anexo, cuya base está construida por el pormenorizado documento confeccionado por los funcionarios creadores del proyecto y que ha servido de guía desde el año 1998 a la iniciativa que con esa denominación y contenido se ha llegado a convertir, merced a su esfuerzo, en un referente de intervención penitenciaria en España. Más claro no se lo puede decir.
Mi grupo no va a pedir dimisiones, sino que exige que la UTE siga siendo una unidad terapéutica y que pueda desarrollar su trabajo en las mismas condiciones en las que lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, hasta hace dos años y medio, que fue cuando empezó esta tarea de acoso y derribo. Mi grupo defiende la forma de trabajar, los principios y la política desarrollada por la UTE y, por tanto, no vamos a decir al Gobierno cómo tiene que hacerlo, si cesando al director de la prisión, al secretario general de Instituciones Penitenciarias, al secretario de Estado, al propio ministro o a toda la dirección de la prisión, que a lo mejor al final esa es la conclusión. No es esa la función de mi grupo. Lo que nosotros exigimos al Gobierno es lo que se contempla en los puntos 1, 2 y 3 de nuestra proposición no de ley, es decir, regular de forma adecuada y dotar de estabilidad la actuación que se está desarrollando en dicho centro penitenciario bajo el programa de unidad terapéutica y educativa; hacer una valoración y una evaluación de los programas que se realizan en los existentes módulos terapéuticos en las diferentes comunidades autónomas con resultados en cuanto a reinserción y rehabilitación y comparativos; y normalizar urgentemente la situación de la UTE del centro penitenciario de Villabona en Asturias. Finalmente, pedimos que se vuelvan a normalizar las relaciones con las ONG que apoyaban el módulo y la colaboración con la inserción a continuación.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Por el Grupo de Entesa Pel Progrés, tiene la palabra la señora Almiñana.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: En el Grupo de la Entesa podemos decir que no entendemos casi nada. En este país, la mayoría de ciudadanos se quejan de que cuando hay un cambio de Gobierno hay un cambio en las políticas educativas y sanitarias, y que esos cambios hacen que sea más difícil avanzar como país a largo plazo. De lo que la gente no es consciente es de que también cambia la política penitenciaria y, por lo que se ve, en algunos casos concretos cambia muchísimo. Eso es difícil de entender para cualquier ciudadano y creo que también para la mayoría de políticos. Cuando una cosa funciona bien
no hay por qué tocarla, no hay por qué cambiarla. No entendemos lo que está pasando en la unidad terapéutica de Villabona, porque en esta Comisión, después de un año, cuando los profesionales de esa unidad vinieron a explicarnos su forma de trabajar, todo el mundo les dijo que les gustaba. Voy a citar otra vez, como hice con anterioridad, las palabras que utilizó el portavoz del Partido Popular el día que tuvimos la suerte de asistir a esa comparecencia. Cito textualmente: Quiero decir que tenemos que seguir apoyando la implantación de este programa en todos los centros. Más que apoyarlo parece que lo están destruyendo.
Evidentemente, es difícil evaluar un tema que parece muy propio de un entorno a nivel general, pero lo que sí está claro es que cuando hay tantas quejas y tantos problemas en una unidad terapéutica que tenía buenos resultados, como aquí se ha explicado en varias ocasiones, es incomprensible que el partido de la mayoría no sea capaz de apoyar en esta Comisión una proposición como la del Grupo Socialista, que pretende evaluar y recomponer la situación. Por tanto, la posición del Grupo de la Entesa será votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Socialista. No sabemos si la iniciativa presentada por La Izquierda Plural se va a votar por puntos o en su totalidad. En todo caso, vamos a ser más prudentes con esta última y si se vota punto por punto ya se irá viendo nuestra postura, pero en caso de que se votara entera seguramente nos abstendríamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Cunyat.
La señora CUNYAT BADOSA: Como hemos hecho en otras ocasiones, queremos valorar positivamente el trabajo que están haciendo en la UTE. Como decían los anteriores intervinientes, el día que comparecieron los miembros de la UTE y nos explicaron su funcionamiento, pudimos conocer de primera mano no solamente la labor que realizan sino los magníficos resultados que está dando este modelo. Por tanto, de alguna manera estamos preocupados por lo que está sucediendo. Es verdad que en Cataluña se está trabajando en la implantación de modelos más o menos similares, con algunos resultados parecidos, aunque en otros casos son diferentes, que van en la misma línea y creemos que hay que seguir apoyándolos.
En el caso específico de la UTE de Villabona, como decía la senadora Almiñana, desconocemos qué es lo que ha pasado exactamente, pero nos parece un poco absurdo que por problemas de relaciones entre personas o incluso por problemas económicos se pueda llegar a cargarse un modelo de éxito o que podría serlo. En este sentido, vamos a apoyar la proposición presentada por el Grupo Socialista. En otras ocasiones se han presentado otras proposiciones similares y, por tanto, por coherencia votaremos a favor. En cuanto a la presentada por el señor Llamazares, vamos a ser prudentes. No tenemos toda la información y hay un punto que nos parece ciertamente complicado apoyar. Por tanto, a menos que se voten los diferentes puntos por separado, anunciamos que nos abstendremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Para fijar su posición, en nombre del Grupo Popular, intervendrán el señor Antón y la señora Regalado.
Tiene la palabra la señora Regalado.
La señora REGALADO DE LOS COBOS: Yo contestaré a la iniciativa del señor Llamazares.
La verdad es que después de oír todas las intervenciones yo tampoco entiendo mucho. Es cierto que los representantes del programa de la UTE comparecieron aquí, pero nosotros también fuimos allí y pudimos formarnos un criterio, lo que pasa es que yo creo que algunos no estaban. Hemos debatido tantas veces sobre esta unidad que creo que no vamos a aportar nada nuevo al debate. Algunos se empeñan en poner de manifiesto las incidencias negativas de funcionamiento, que es natural que las haya, como en toda empresa humana, llevándolas hasta el extremo de asegurar que desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias quieren cargarse el módulo de Villabona; incluso he oído hablar de dinamitar. Esto me sorprende muchísimo. ¿Cómo se puede hablar de dinamitar un modelo cuando hemos puesto en marcha otras 20 unidades más? Lo que pasa en Villabona no pasa en otras. Tenemos que preguntarnos por qué pasa allí y no en las demás. Luego hablaré de la visita de la Defensora del Pueblo, que puso de manifiesto algunas deficiencias, pero que pidió que se homogeneizara el programa en todas las unidades en las que está puesto en marcha, que creo que es lo que está haciendo ahora Instituciones Penitenciarias. En su comparecencia, el ministro habló de que se apostaba por esta forma de tratamiento. Además, como he dicho, se han puesto en marcha otras unidades nuevas. Me parece que
todo esto demuestra que no solo no estamos en contra de la UTE, sino que estamos a favor y que apostamos firmemente por esta forma de tratamiento.
Este es un módulo eficaz por el que se apuesta decididamente desde Instituciones Penitenciarias. Es verdad que la puesta en marcha de tantas unidades en un corto espacio de tiempo requería un estudio de cómo afrontar su funcionamiento. La Defensora de Pueblo efectivamente hizo un informe en el que decía: En el momento de redactar este informe está en preparación una recomendación a Instituciones Penitenciarias para que se regule adecuadamente y así dotar de estabilidad la actuación que se está desarrollando en dicho centro penitenciario bajo el programa de unidad terapéutica educativa. En el tiempo que llevan desarrollándose estos programas se han evidenciado aspectos que deben ser mejorados, y para ello se ha creado un grupo de trabajo en el que están representados diez de los subdirectores de tratamiento que dirigen otras tantas UTE, entre los que está el de Villabona, a fin de analizar el funcionamiento de estas unidades para dotarlas de un marco jurídico específico que permita beneficiarse a todas ellas de los elementos terapéuticos más eficaces y contrastados, generando mayor seguridad jurídica en las decisiones de los funcionarios que trabajan en esas unidades y, en definitiva, contribuyendo a diseñar en el ámbito del tratamiento penitenciario de los internos una oferta terapéutica avanzada e integradora que, rentabilizando el ingente esfuerzo institucional llevada a cabo en esta materia, permita a los penados que se incorporen a estas unidades abordar eficazmente las carencias que les llevaron a delinquir. La UTE de Villabona da asistencia a 400 internos, siendo la de mayor volumen de las 22 que actualmente están en funcionamiento. En nuestra visita pudimos comprobar el excelente funcionamiento y los buenos resultados avalados por estudios de esta UTE. Esperamos que las conclusiones del grupo de trabajo constituyan un elemento clarificador para los problemas que a menudo surgen en esa UTE, porque, efectivamente, el buen funcionamiento y los resultados de Villabona son los que han impulsado la apertura de otras unidades. Es cierto que lo que pasa en Villabona no pasa en otras UTE, y creo que tenemos que preguntarnos por qué, pero de una forma más seria y menos demagógica, porque es verdad que allí hay un problema que no existe en las demás.
Como conclusión diré que el Gobierno e Instituciones Penitenciarias apuestan firmemente por las UTE, así como por otros programas que se están llevando a cabo en diferentes centros penitenciarios y de los que se reconoce su eficacia. En segundo lugar, la organización, provisión de plazas, movilidad, etcétera, se deben abordar en el ámbito competencial de estas cuestiones, que no es esta Comisión. Nos parece que no es lógico presentar una PNL cuyo primer punto es el cese del director del centro, porque no podemos descender a ese nivel de detalle. Creo que no se puede instar al Gobierno a que incumpla normativas sobre la provisión de puestos de trabajo, los procedimientos reglados en materia de actuación penitenciaria, etcétera. No nos parece serio que esas cosas se estén dilucidando aquí. No hemos entrado en otros traslados ni en otras provisiones de puestos de trabajo. Imagínense que empecemos aquí a dilucidar sobre juzgados, hospitales, unidades militares, etcétera. Creo que esto quita seriedad a la PNL y que no podemos descender a ese nivel de detalle. Tenemos que decir que nosotros tendremos que hacer lo que corresponda a nuestro ámbito competencial y que, desde luego, esas cosas se deben decidir en las juntas de personal o, como mucho, en la mesa sectorial, como sabemos los que tenemos cierta experiencia profesional.
Por estas razones, nos vamos a oponer a la proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Tiene la palabra el señor Antón.
El señor ANTÓN RODRIGO: La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está trabajando en la confección de una instrucción que regule la organización y el funcionamiento de los programas terapéuticos educativos, también conocidos como UTE, que se realizan en distintos centros penitenciarios, entre ellos el de Villabona. En cualquier caso, como no puede ser de otra manera, la instrucción respetará los principios esenciales que rigen la ejecución de las penas privativas de libertad y los procedimientos administrativos, como son: el principio de jerarquía normativa; el principio de legalidad; el principio de competencia; el derecho a la tutela judicial efectiva; el derecho a la interdicción de la arbitrariedad, y el de la igualdad, mérito y capacidad a la hora de proveer puestos de trabajo en el ámbito penitenciario. Estos principios identifican a los sistemas penitenciarios más avanzados, entre los que se encuentra, sin duda, el español. Por este motivo se ha creado un grupo de trabajo en el que están representados diez de los subdirectores que dirigen otras tantas UTE, entre ellas la de Villabona, a fin de analizar el funcionamiento de estas unidades.
Esta instrucción pretende, entre otras cosas, dotar a las UTE de un marco jurídico específico que permita beneficiar a todas ellas con los elementos terapéuticos más eficaces y contrastados. De esta manera se va a generar una mayor seguridad jurídica en las decisiones que tomen los funcionarios que trabajan en estas unidades y se va a contribuir a diseñar, en el ámbito del tratamiento penitenciario de los internos, una oferta terapéutica avanzada e integradora que permita rentabilizar el gran esfuerzo llevado a cabo por las instituciones en esta materia, para que los penados que se incorporen a estas unidades se vean protegidos y de esta forma evitar que vuelvan a cometer delitos.
En concreto, en la UTE de Villabona se han realizado dos estudios. Uno se llevó a cabo en el año 1999 por el personal de la propia UTE del centro, en el que se informó de una reducción de la reincidencia hasta tasas del 0%. El otro estudio se realizó en esta misma UTE, aunque en el año 2010, a cargo de la Universidad de Oviedo, y obtuvo una reducción de las tasas de reincidencia del 26,5%. En el año 1993 se inicia un estudio por Sánchez Isidoro y Sánchez Benito, entre otros, con un total de 180 internos del centro penitenciario de Navalcarnero, en Madrid, de los cuales, 90 seguían el programa de tratamiento. Según este estudio, los internos que habían seguido el programa durante nueve meses como mínimo presentaban una mejor evolución penitenciaria y un menor nivel de reincidencia a los tres años de haber iniciado el tratamiento, frente a los internos que no habían seguido dicho programa. Aquellos que siguieron el programa reingresaron en un 16%, mientras que entre los que no recibieron tratamiento el porcentaje de reincidencia llegó al 43% de los casos. Cabe decir que la reincidencia en reclusos drogodependientes sin tratamientos está entre el 68%, según un estudio de Langan y Levin del año 2002, y el 73,4% según otro estudio de Redondo, Funes y Luque, del año 1993; es decir, entre el 68 y el 73% de los drogodependientes no tratados vuelven a prisión si no se someten a ningún tipo de intervención rehabilitadora de su dependencia. Por tanto, es evidente la importancia de este tipo de intervenciones en prisión, sin que por el momento sea una prioridad volver a medir el efecto beneficioso que, sin duda, producen estos módulos en los internos, tanto para su rehabilitación como para su reinserción.
Como ha dicho mi compañera, la situación de la UTE de Villabona está normalizada, pues sigue dando asistencia a más de 400 internos en estos momentos, siendo la de mayor volumen de las 22 UTE que actualmente están en funcionamiento en los distintos centros penitenciarios. Esperamos que la regulación anunciada constituya un elemento clarificador que dote de más eficiencia a esta iniciativa terapéutica de las UTE.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la proposición no de ley de referencia no debería prosperar.
- SOBRE BEBIDAS ENERGIZANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/002122 y número de expediente del Senado 663/000056).
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Procede ahora el debate de la proposición no de ley sobre bebidas energizantes, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: El objeto de la presente proposición no de ley es, básicamente, conseguir un mayor control sobre el consumo y la comercialización de las llamadas bebidas energizantes que, con diferentes nombres comerciales, han alcanzado una amplia distribución en el mercado. Se trata de un tipo de bebidas energéticas o hipertónicas, sin alcohol y con virtudes estimulantes, que fueron lanzadas al mercado mundial ofreciendo al consumidor supuestas virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, incluso supuestamente con la capacidad de aumentar la habilidad mental, y que inicialmente estaban destinadas a personas que ocasionalmente requirieran aumentar su nivel de atención, concentración o reacción y, sobre todo, a personas que no sufrieran una patología previa de base que pudiera agravarse con la ingesta de este tipo de bebidas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sin embargo, su popularización, su uso inadecuado y el consumo por parte de colectivos especialmente sensibles o de riesgo hace que en el Grupo Parlamentario Socialista creamos que es muy necesario detenernos en su estudio en el seno de esta Comisión.
Es cierto que uno de los principales componentes de estas bebidas es la cafeína, ya que cada lata puede contener la cantidad equivalente a una taza de café o a 14 latas de un refresco de cola, y que existe una normativa estatal, el Real Decreto 906/2003, que establece la obligación de que la cafeína aparezca en el etiquetado de estas bebidas, además de una advertencia específica y de una indicación de su
contenido a partir de una determinada cantidad de cafeína. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de bebidas además de la cafeína llevan otro tipo de sustancias estimulantes, como la taurina, el guaraná, el ginseng y otras, y que su uso inadecuado, es decir, la mezcla de estas bebidas energizantes con alcohol y, sobre todo, su abuso por parte de los jóvenes y adolescentes, ha hecho saltar varias alertas en la comunidad médica que no podemos ignorar. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha elaborado recientemente un estudio sobre el consumo de este tipo de bebidas que pone de manifiesto algunos datos llamativos, como que el 68% de los jóvenes encuestados de entre diez y dieciocho años son consumidores de bebidas energéticas, que de ellos, el 12% presenta un consumo crónico alto, con un consumo medio de 7 litros al mes, y que el 53% del total combina su consumo con el del alcohol. Son cifras muy llamativas a las que hay que unir la alerta de la comunidad médica, a la que antes hacía referencia, que denuncia que cada vez son más numerosos los casos de jóvenes adolescentes que acuden a los hospitales con ataques de ansiedad y taquicardias después de consumir bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Son los mismos médicos los que no dejan de advertir que esta combinación puede tener consecuencias fatales. Desgraciadamente, vemos cómo estas advertencias no están, en absoluto, consiguiendo efectos disuasorios en cuanto a su consumo excesivo y mezclado con el alcohol, sino que, al contrario, estas bebidas llamadas energizantes se utilizan cada vez más como estímulo para continuar bebiendo alcohol, en lugar de, por ejemplo, para sustituir su consumo.
Creemos que no son solo los adolescentes los que necesitan de una mayor regulación e información sobre los posibles efectos adversos de estas bebidas, ya que en el mismo estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, al que antes hacía referencia, se arroja otra serie de datos muy llamativos sobre el consumo de bebidas energizantes, no ya por parte de adolescentes sino de niños de entre tres y diez años, como que el 18% de los encuestados también eran consumidores y de estos el 16% presentaba un consumo crónico alto, con casi 4 litros por mes. Creemos que estos datos son también reveladores del desconocimiento de una buena parte de la población, en este caso los padres o los tutores de estos niños, de la composición y de los posibles efectos adversos de estas bebidas sobre sus organismos. Además, queremos poner de manifiesto que ante esta situación creciente, otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Francia, Noruega o Dinamarca, han dictado normas específicas en cuanto a su comercialización.
En cualquier caso, creemos que lo que evidencian tanto las cifras estadísticas de consumo y de mezcla con alcohol como la casuística denunciada por el colectivo médico, es la necesidad de ampliar el conocimiento del legislador sobre los efectos reales de este tipo de bebidas, de endurecer las exigencias en cuanto a la información que facilitan en sus propios envases en relación a las sustancias que efectivamente los componen, de ampliar la información de la población en torno sus posibles efectos adversos y, en caso de considerarse necesario, de regular la posibilidad del consumo por parte de menores.
Por todo ello, solicitamos el apoyo a esta proposición no de ley que presentamos y pedimos que desde la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas se inste al Gobierno, primero, a hacer cumplir la legislación específica en cuanto a etiquetado de dichas bebidas y a ampliarla en aquello que sea necesario; segundo, a elaborar un estudio independiente sobre los efectos del abuso de consumo de bebidas energizantes en personas con patologías previas y en personas jóvenes; tercero, a realizar campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes acerca de un consumo responsable y no adictivo, dentro del Plan nacional sobre drogas; cuarto, a valorar, junto con los profesionales sanitarios y a través de los estudios pertinentes, la posibilidad de no recomendar su venta a menores de 16 años; quinto, a regular específicamente la publicidad y la venta de estos productos.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada a esta proposición no de ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Aroca.
El señor AROCA SÁEZ: Hago uso de la palabra para presentar la enmienda y para exponer la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la iniciativa que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista.
Este tipo de bebidas energéticas, como todos ustedes saben, aparecieron en el mercado allá por el año 1995. Su consumo principalmente está destinado a personas que en ocasiones requieren aumentar su nivel de atención, concentración o reacción, haciéndose famosas entre deportistas, estudiantes o trabajadores con horarios nocturnos, dados los efectos que estas producen. Se puede afirmar que los principales destinatarios de estas bebidas suelen ser los deportistas, si bien es cierto que, tal y como ya ha señalado algún medio de comunicación, estas bebidas han salido de los gimnasios para meterse en
las mochilas de los estudiantes; uno de cada cinco niños españoles va a la escuela con ellas. Según la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, el 68% de los adolescentes españoles puede llegar a ingerir -como también ha manifestado el Grupo Socialista- hasta 7 litros al mes de este tipo de bebidas. Se estima que en España se producen alrededor de unos 220 millones de latas al año. Señorías, tal y como ya se ha dicho, la ingesta de estas bebidas puede producir en determinados casos efectos secundarios muy graves, principalmente entre los jóvenes, debido a la composición de las mismas y al mal uso de su consumo, máxime si estas son mezcladas con alcohol; efectos tan graves como la desorientación o las taquicardias, habiéndose producido en distintos lugares del planeta algunas muertes vinculadas precisamente a su consumo irresponsable e incontrolado.
Coincidimos con la exposición de motivos de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Una vez expuestos los motivos de la misma, proponen cinco puntos instando al Gobierno a determinadas acciones. Les adelanto que estamos de acuerdo con cuatro de ellos, me refiero los puntos 1, 2, 4 y 5, pero no con el 3, y de ahí la presentación de nuestra enmienda. Daré a continuación los motivos del mismo y la justificación favorable a los anteriores.
Según el Real Decreto 906/2003, de 11 de julio, relativo al etiquetado de los productos alimenticios que contienen quinina o cafeína, solo era obligatorio en las bebidas indicar "contenido elevado de cafeína" en el mismo campo visual de la etiqueta si la cantidad de cafeína, sea cual sea su fuente, tiene una proporción superior a 150 miligramos/litro. Con motivo de la revisión de la legislación relativa al etiquetado de los alimentos y a la adopción del Reglamento de la Unión Europea 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, se han ampliado las exigencias del etiquetado de las bebidas y otros alimentos que contienen cafeína. Así, a partir del próximo 13 de diciembre de este mismo año, las que contengan cafeína, cualquiera que sea su origen, con una proporción superior a 150 miligramos por litro o estén en forma concentrada o seca y después de la reconstitución contengan cafeína en una proporción superior a estos 150 miligramos por litro deberán incluir la leyenda "Contenido elevado de cafeína. No recomendada para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia", seguida de una referencia al contenido de cafeína. Esta información deberá cumplir además los nuevos requisitos de legibilidad, que establecen, por ejemplo, el tamaño mínimo de la letra para toda la información obligatoria. A partir de esa fecha se trabajará para que desde las administraciones competentes se haga cumplir esta nueva ampliación de inclusión en el etiquetado de las bebidas que contengan cafeína en esta proporción anteriormente citada y se continuará difundiendo la información relativa a la misma, así como el seguimiento de su cumplimiento. Por otro lado, se seguirá trabajando en los grupos al efecto dentro de la Comisión Europea en cualquier modificación o iniciativa de modificación de la legislación referente a la información al consumidor en el etiquetado de los productos.
En relación con el punto 2, he de indicarles que se ha incluido esta pregunta en dos encuestas a adolescentes y niños que se están llevando a cabo en el periodo 2013-2014. Además, se incluirán en cualquier otra encuesta que se realice, de forma que puedan utilizarse como herramienta en la evaluación de riesgos de estos productos.
Respecto a valorar la posibilidad de no recomendar su venta a menores de dieciséis años, hay que señalar que actualmente no se dispone de legislación específica. No obstante, si la Comisión Europea trabajase en estos aspectos, España, como no puede ser de otro modo, participaría activamente de estos trabajos.
En cuanto a la regulación de la publicidad y venta de estos productos, actualmente la normativa de etiquetado de los productos alimenticios regula el etiquetado, presentación y publicidad de los mismos. Por otro lado, el Reglamento 1924/2006, relativo a las declaraciones de propiedades nutricionales o saludables de los productos alimenticios, regula los mensajes relativos a la relación entre los alimentos o sus ingredientes y la salud. Bajo este reglamento se encuentran pendiente de reevaluación por parte de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria cinco declaraciones relativas a la cafeína.
Señorías, la justificación de no apoyar el punto tercero es que, como todas sus señorías saben, el Plan nacional sobre drogas financia campañas a través de las convocatorias de ayuda de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para prevenir consumos de sustancias adictivas, no habiéndose propuesto hasta la fecha campaña sobre este tema. Si las hubiera, el plan, como no podría ser de otro modo, apoyaría dichas campañas.
Señorías, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Esperemos que acepten la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A ver si somos capaces de sacar todos juntos esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra la señora Almiñana, por el Grupo de la Entesa.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Me gustaría saber si el Grupo Socialista va a aceptar o no la enmienda, pero entiendo que nos lo hará saber en su turno de fijación de posición.
Estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Socialista a la Comisión. Las bebidas energizantes entraron en el mercado con mucha fuerza y con anuncios que todos recordamos y que salen cada verano con la frase famosa de "nos dan alas". Sin embargo, igual que nos dan alas, nos dan taquicardia, ansiedad, dolor de cabeza e irritabilidad. Por tanto, es importante regularlas y hacer campañas para sensibilizar sobre el consumo responsable de las mismas. Dicho esto, anuncio que nuestro voto será favorable.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Este grupo parlamentario está de acuerdo con esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que el consumo de este tipo de bebidas energéticas ha aumentado y que puede convertirse en un problema de salud emergente. En consecuencia, se debe revisar la seguridad de estos productos y sus ingredientes. El consumo responsable de estas bebidas, tal y como se expone en el texto de la PNL, especialmente en altos rendimientos deportivos, puede no ser perjudicial, pero sí puede serlo no ya su consumo irresponsable sino su mezcla con el alcohol. Ello puede comportar incluso casos de intoxicación. Este coctel peligroso, como lo han llamado algunos expertos, especialmente la mezcla con cafeína, taurina y alcohol, es habitual entre los jóvenes cuando salen de fiesta por la noche y puede tener consecuencias graves. Por tanto, se debe conocer el contenido de estas bebidas a través de la etiqueta, al menos según lo que establecen la normativa de 2003 y la directiva europea. En el etiquetado de muchas de estas bebidas no se encuentran advertencias como "contenido elevado de cafeína" o "no debe mezclarse con el alcohol". Estamos de acuerdo con esta iniciativa, pero debemos tener en cuenta que las campañas de sensibilización y prevención son competencia de las comunidades autónomas y estas deben recibir suficiente dotación por parte de los Presupuestos Generales del Estado para llevar a cabo estas campañas, tal y como establece la Constitución española. En el caso de Cataluña, por ejemplo, ya existe una carta de servicios de promoción de la salud, que lleva a cabo programas de sensibilización para los jóvenes.
- RELATIVA A LA MEJORA DEL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 161/002411 y número de expediente del Senado 663/000062).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a la mejora del diagnóstico y tratamiento de la patología dual. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señor presidente, paso a exponer esta proposición no de ley relativa a la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la patología dual.
Señorías, las personas afectadas por la patología dual son aquellas que padecen de forma simultánea una adicción y un trastorno mental o en las que concurren un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias. Las conductas adictivas pueden ser generadas por sustancias legales, como el tabaco, el alcohol o los analgésicos, pero también por drogas ilegales, como el cannabis, la cocaína o la heroína. Por su parte, los trastornos mentales pueden manifestarse en forma de ansiedad, crisis en el estado de ánimo, esquizofrenia, psicosis, trastornos por déficit de atención e hiperactividad e incluso perturbaciones en la personalidad. La patología dual puede producirse tanto en personas que padecen una adicción a partir de la cual desarrollan una psicopatología como en individuos con un trastorno psiquiátrico que consumen sustancias adictivas de forma descontrolada, cuyos efectos más frecuentes son: un elevado nivel de impulsividad y de agresividad, dificultad para aceptar y cumplir las normas o consignas, ideas paranoides e incluso marginalidad social. De acuerdo con los datos ofrecidos en octubre de 2012 por la Sociedad
Española de Patología Dual, el 70% de los españoles que sufren algún tipo de adicción padecen también patología dual. Es un dato cuya gravedad se ve incrementada cuando las estimaciones de la citada sociedad científica indican que entre un 10 y un 15% de los españoles son vulnerables a padecer una adicción. Además, según esta misma sociedad, la mayoría de los afectados por la patología dual no están diagnosticados, motivo por el que la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha introducido referencias específicas en el Plan de acción sobre drogas 2013-2016, incluido lógicamente en la estrategia nacional sobre drogas 2009-2016.
Señorías, en dicho plan se contempla también la elaboración de un documento en el que se describan procesos asistenciales, atendiendo especialmente a la patología dual. Quiero recordarles que la patología dual ha sido un punto muy importante y destacado por los mejores expertos y ponentes que hemos tenido en la ponencia de estudios, recogiéndose en el informe elaborado sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales aprobado por todos los grupos parlamentarios de esta Comisión en la sesión celebrada el pasado 1 de abril de este año. Como ustedes saben, dentro de las conclusiones hay un apartado dedicado exclusivamente a la patología dual, el apartado 5, que no voy a reproducir por administrar mejor el tiempo. Dentro de las recomendaciones de la ponencia, cuyo informe fue aprobado por todos los grupos políticos, con la abstención solamente de Esquerra Republicana, la recomendación 9 nos dice que hay que aplicar medidas a fin de garantizar un tratamiento sociosanitario, pluridisciplinar e integral de las adicciones, favoreciendo las buenas prácticas y las experiencias de éxito acumuladas en los centros de atención primaria y en las unidades especializadas de salud mental, de las que la comunidad psiquiátrica tiene cincuenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular recuerda que tanto en el ámbito de las drogodependencias como en el de la salud mental llevamos años siendo testigos del aumento de personas en las que coexisten la adicción y el trastorno mental, dando lugar a un diagnóstico de patología dual. Cada vez es más evidente que este tiene entidad en sí mismo y que no es una simple asociación de ambas problemáticas. Está claro que en el futuro la patología dual va a ser muy importante dentro de la lucha contra la drogodependencia. La presencia de la patología dual es elevada en sujetos en tratamiento y presenta unas características diferenciales, tales como mayor riesgo de suicidio y situación laboral precaria, que hacen pensar en un peor pronóstico, cuestión a considerar para el desarrollo de recursos asistenciales adecuados. Para mayor abundamiento en los argumentos utilizados, el Observatorio europeo de drogas confirma la asociación de patologías psiquiátricas y adicciones, que el 60% de las urgencias psiquiátricas tienen que ver con el consumo de tóxicos y que algunos trastornos de la personalidad multiplican por veinte el riesgo de desarrollar una adicción. Asimismo, hay que tomar en consideración el trabajo desarrollado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el comienzo de la X Legislatura para desarrollar la coordinación entre la asistencia sanitaria y la atención social, con la finalidad de mejorar los servicios asistenciales que se prestan a los ciudadanos así como optimizar todos los recursos disponibles.
Señorías, por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone esta proposición no de ley y espera su aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios. Dice así: La Comisión Mixta sobre las Drogas insta al Gobierno, en el marco de la estrategia nacional sobre drogas 2009-2016 y su Plan de acción 2013-2016, a elaborar desde la cooperación entre las administraciones sanitarias, sociales y educativas y en coordinación con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, los colegios profesionales y las asociaciones de afectados un protocolo de atención para la patología dual que incluya las medidas necesarias para implantar la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje transversal e integral de los pacientes desde la integración de la asistencia prestada a la drogodependencia y a la salud mental. Este sería el acuerdo.
Parece que el grupo de Convergència i Unió no va a aceptar la transaccional, según la cual estaríamos dispuestos a aprobar el apartado 1 de la enmienda que han presentado a esta PNL. Lo lamento, porque he intentado a toda costa llegar a un acuerdo, pero no hemos podido hacerlo. El Grupo Popular quiere respetar el Plan integral de atención a drogodependientes y de salud mental que emplean ustedes en Cataluña y que me imagino que les da muy buenos resultados, pero en la parte económica, que es lo que parece que a ustedes les interesa principalmente, no podemos comprometernos a modificar un anteproyecto de presupuestos que no conocemos, porque corresponde a 2015. Por otro lado, ustedes aprobaron el informe de la ponencia, en el que nos comprometimos a que el Plan nacional sobre drogas estuviera suficientemente dotado. Además, aquí dice: un protocolo de acción que incluya las medidas
necesarias. ¿Qué entiende usted por necesarias? En el acuerdo se incluye todo. Está claro que no vamos a estar en contra de que no falten los recursos necesarios, pero no podemos aceptar el compromiso de modificar el presupuesto de 2015, que todavía no tenemos en nuestro poder. Podríamos llegar a un acuerdo, depende de ustedes, porque nosotros vamos a respetar sus políticas. Aceptamos lo que proponen en el punto 1: Todo ello, con pleno respeto a las competencias que en este ámbito corresponden a las comunidades autónomas. Por supuesto, el Grupo Popular no va a estar en contra de esto, pero en el tema económico no podemos comprometernos a aceptar esta enmienda. Lamento que no acepten esta transaccional, de la que me permitido hacer fotocopias e incluso transmitírsela al Grupo Socialista para que pudiéramos ir todos de la mano, porque en esta Comisión se llega a importantes acuerdos y no estamos en contra de sus políticas autonómicas en materia de adicciones y de salud mental. Por supuesto, queremos que haya coordinación. La coordinación es muy importante.
El señor PRESIDENTE: Para defender su enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán, que me imagino que sumará un turno de réplica. Tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MONTILLA: Esta iniciativa ha causado cierta perplejidad a nuestro grupo parlamentario y voy a explicar el porqué. En primer lugar, en el informe de la ponencia recientemente aprobado, sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales, ya se trata la patología dual. En el apartado 5.h) se han detallado las consideraciones con respecto a este tipo de patología. En segundo lugar -no volveré a repetirlo-, en las consideraciones se han tratado también las adicciones sin sustancias. En tercer lugar, en las recomendaciones de la ponencia, en su punto 1, se establece que se hará un enfoque transversal. Podría leer lo que se escribió, pero solo voy a remarcar dos aspectos que son la base de nuestra enmienda. El primero es la máxima proximidad al ciudadano y el segundo es la atención personalizada. Quizá sea innecesario volver a plantear la problemática así como el abordaje de la patología dual cuando recientemente se ha aprobado el informe de la ponencia. Convergència i Unió quiere recordar que las comunidades autónomas tienen competencia en esta materia dentro de su ámbito territorial, por lo que insistimos en que el Estado deberá incluir en los presupuestos generales los recursos económicos necesarios para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a lo establecido en la ponencia.
Por todo ello, nuestro parlamentario está de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, pero siempre que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, especialmente las de aquellas cuyos estatutos les den competencia en esta materia -faltaría más que el Estado no lo respetara-, y se les dote de recursos económicos suficientes para hacer frente a todo ello. Cataluña, por ejemplo, viene desarrollando un plan integral de salud mental desde 2006. De ahí nuestra enmienda de adición de dos nuevos párrafos. Por esto no aceptamos la transacción propuesta, porque la dotación presupuestaria va al plan nacional, pero no a los programas de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a turno de fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la señora Almiñana.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: No me extenderé.
Compartimos, como no puede ser de otra manera, la exposición de motivos de la proposición. Nos es muy difícil votar en contra de una iniciativa que nos propone redactar un protocolo para la atención de la patología dual, que incluya las medidas... Por tanto, nuestro voto para ser favorable, pero queremos añadir que todo esto continúa siendo un gran juego de hipocresías, porque mientras ustedes no doten los presupuestos necesarios para poder desarrollar las políticas, será muy complicado hacerlo. Por mucho que ustedes aprueben iniciativas por mayoría absoluta, que todos los ciudadanos sabemos que la tienen, la realidad no va a cambiar. De todas formas, es imposible votar en contra de algo que pretende mejorar un poco lo que hay.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Flores.
La señora FLORES FERNÁNDEZ: Vaya por delante que vamos a votar favorablemente esta PNL. Sin embargo, me gustaría hacer algunas reflexiones. Voy a intentar no repetir algunos argumentos que ya se han esgrimido aquí, pero en algunos sí que voy a ser reiterativa.
Señorías, el pasado día 1 de abril esta Comisión aprobó por unanimidad el informe de la ponencia creada en su seno. El tema de la patología dual se trató profusamente por casi todos los ponentes,
encabezados por el doctor Casas, que es el padre del término patología dual. Se trataron desde su definición hasta su diagnóstico y su tratamiento. Se decía que la patología dual era la concurrencia simultánea o secuencial a lo largo del ciclo vital de una enfermedad adictiva y un trastorno mental. Nos preguntaban: ¿Tiene la persona adicta una enfermedad mental porque se droga o se droga porque padece una enfermedad mental? Todas estas cuestiones se trataron con rigor y con seriedad. Nos decían que los trastornos duales no implicaban necesariamente prelación entre el consumo de drogas y el trastorno mental. El informe, en sus consideraciones, en la letra h), adicción a las drogas, que ya ha sido citado aquí, se refiere a este tema y también lo hacen las recomendaciones.
Por coherencia, si habíamos votado a favor el día 1 de abril, tendremos que votar a favor ahora, pero no entendemos por qué se presenta esta PNL, no lo entendemos. Fue registrada en febrero de este mismo año, cuando ya se estaba debatiendo el informe y se tenían más o menos claras determinadas cosas. Señorías, ¿vamos a proceder a trocear las 27 recomendaciones y vamos a debatirlas otra vez, como PNL o mociones? ¿Es eso lo que vamos a hacer? Entonces, no entiendo muy bien para qué nos reunimos y para qué hemos perdido estos años y le hemos hecho perder el tiempo a la gente que ha estado aquí. A mi juicio, este informe, aprobado por unanimidad, debería ser enviado, entre otros, al Gobierno -a este o al que sea- para que pudiera usarlo. Ese era el objetivo. Si no se hace así, ¿por qué lo hemos hecho? Por cierto, les recuerdo que el señor Babín, en la primera comparecencia en esta Comisión, nos dijo que iba a tener en cuenta las conclusiones de la ponencia que tuvo lugar en la anterior legislatura. Sin embargo, no se ha hecho nada y no se ha tenido en cuenta nada o ha sido tan nimio, tan nimio que nadie se ha dado cuenta.
No quiero terminar sin hablar de un tema que ya salió en los votos particulares que mi grupo presentó y que hoy ha sido objeto de una enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió, que es la financiación. Señorías, esta PNL cuesta dinero. ¿Cuánto dinero cuesta? Si esta fuera una Comisión del Senado, lo primero que nos habría pedido la Mesa de la Cámara habría sido el coste económico de la misma, porque nos lo están pidiendo para todo. Aquí, no sabemos cuánto cuesta. ¿Quién la paga? Si no tenemos esto bien delimitado, es un brindis al sol. Tal como está redactado -nosotros lo compartimos-, no se puede llevar a cabo si no tiene financiación. En definitiva, decimos no a la partición de la ponencia en sucesivas iniciativas, porque si no esto puede ser una carrera a ver quién da más. Con veintisiete proposiciones por todos los grupos, nos van a faltar días. La Comisión va a tener que estar reunida todos los días para poder debatir las veintisiete iniciativas según la perspectiva de cada cual. Nos tememos que no sirvan para nada ni la PNL ni el informe de la ponencia. Si no tienen financiación, no van a servir para nada. Esto es un brindis al sol y no se va a poder cumplir, pero nosotros, en coherencia con lo que hemos aprobado en la ponencia, vamos a votar a favor.
- RELATIVA A LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA EN EL ABORDAJE DE LAS ADICCIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 161/002580 y número de expediente del Senado 663/000068).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al penúltimo punto: Proposición no de ley relativa a la coordinación sociosanitaria en el abordaje de las adicciones. Alerto a los grupos parlamentarios de que si vamos a este ritmo vamos a poder votar antes de la una y media. Les ruego que me trasladen si es posible votar o tenemos que esperar a la una y media para que estén todos los diputados.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Me siento un poco mal, porque parece que he querido ser oportunista a la hora de presentar estas PNL. Puedo demostrar que estas PNL las presenté bastante tiempo antes de conocer las conclusiones.
El señor PRESIDENTE: No me desencadene un debate ex post.
El señor VILLANOVA RUEDA: Usted sabe perfectamente, señor presidente, que primeramente conocimos cinco recomendaciones de nuestra letrada, Lidia, que hizo una buena base. Sobre esa base trabajó el Grupo Popular y puedo decir que personalmente hice más de veinte propuestas de recomendación. Después fueron enmendadas y mejoradas por todos los grupos y, por supuesto, por el portavoz de mi grupo en la Comisión y por Jesús Aguirre. Me sabe mal que la señora Flores diga que he troceado el informe de la ponencia para hacer PNL que había presentado con anterioridad. El año que he estado en la ponencia, como todos ustedes, ha sido un año de mucho e intenso trabajo. Cuando estuvieron aquí el
señor Casas, el señor Babín y otros comparecientes, hablaron mucho de la patología dual. Yo tomé nota, porque pensaba que era importante tener en cuenta aquellas recomendaciones que hacían. Lo que hice fue adelantarme mucho en el tiempo, aunque en la fecha en la que están presentadas y firmadas por el portavoz en el Congreso de los Diputados es una fecha distinta a la de la iniciativa que aprobé. Me da un poco de coraje, porque no lo he hecho... (La señora Flores Fernández: Está abriendo un debate nuevo.) Señora Flores, la he dejado que dijera todo lo que creyera oportuno sobre el trabajo que ha hecho el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No discutan. Señor Villanova, termine el prólogo.
El señor VILLANOVA RUEDA: Como antes no tenía réplica, ahora tengo que aprovechar la oportunidad, porque la respuesta para la PNL que tengo a continuación va a ser la misma.
Si cuesta dinero o no cuesta dinero, el Gobierno lo valorará y seguro que lo ejecutará. Lo que no se puede hacer es exigir al Gobierno cuando el Gobierno se ha encontrado con la ruina del país, como todos ustedes conocen. (Rumores.-Una señora diputada: Claro. Zapatero. Me extrañaba que no saliera).
Paso a exponer, señor presidente... (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, exponga la iniciativa.
El señor VILLANOVA RUEDA: Debatimos cuando quieran sobre la ruina. (Un señor diputado: El ruinazo.-Una señora diputada: Cuando están pillados vuelven a la herencia).
Paso a exponer, señor presidente, la proposición no de ley relativa a la coordinación sociosanitaria en el abordaje de las adicciones y vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente, que esto no es trocear el informe de ponencia. Coincido con la ponencia, como coincido con todos ustedes, pero esto lo hice yo antes de tener el informe.
Señorías, la plena coordinación de la asistencia sanitaria y los servicios sociales es un objetivo prioritario para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en esta X Legislatura. El continuado envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, sean o no discapacitantes, y la cada vez mayor presencia de pacientes pluripatológicos y dependientes condicionan el escenario sociodemográfico actual de España, un escenario en el que el entendimiento total de las autoridades y las administraciones sanitarias y también sociales se antoja esencial para dar una respuesta asistencial adaptada a las necesidades dinámicas de los pacientes, al tiempo que se favorece la optimización de todos los recursos existentes.
Otro ámbito en el que la coordinación sociosanitaria es también necesaria es el de las adicciones, con independencia de que se trate de sustancias legales o de sustancias ilegales, de que la edad en la que comienza el consumo sea más o menos temprana y de que la adicción sea más o menos prevalente en hombres o mujeres. En este sentido, la coordinación sanitaria es imprescindible para tratar las adicciones, porque la prevención, el abordaje y la rehabilitación de los afectados requieren programas y políticas integrales en los que la atención y el seguimiento tienen que ser continuados y estar basados en el pleno entendimiento de lo sanitario y de lo social.
Según los datos recogidos en la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas 2011-2012, presentada por la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas en enero de 2013, el consumo de todas las drogas en nuestro país, salvo el de los hipnosedantes, ha descendido con respecto a los sondeos realizados en años anteriores. Este decrecimiento es más acusado en los casos del tabaco, del alcohol, del cannabis y de la cocaína. No obstante, el Plan nacional sobre drogas considera necesario seguir impulsando políticas de prevención y aumentar las acciones formativas e informativas sobre las acciones dirigidas tanto a la sociedad en su conjunto como a los profesionales sanitarios y a los cuidadores sociales. De esta forma, además de favorecer una disminución del consumo de drogas y una disminución del impacto de las adicciones en nuestro país, se reducirán los procesos patológicos asociados a los mismos, así como los efectos negativos que generan en el seno de las familias, en el ámbito laboral y en el contexto social.
Estas actividades propuestas por el Plan nacional sobre drogas están enmarcadas en la estrategia nacional sobre drogas 2009-2016, más concretamente en el Plan de acción sobre drogas 2013-2016, en el que la visión global del problema que suponen las adicciones, el liderazgo participativo, las acciones coordinadas y las iniciativas transversales conforman la base teórica y práctica que se pretende incrementar en la eficacia de la lucha contra la droga en nuestro país. Vuelvo a repetir que en el Plan de acción 2013-
2016 ya se recogía esta necesaria coordinación. No entiendo cómo me dicen ahora que yo me lo he inventado, que esto lo he copiado de la ponencia cuando el Plan de acción ya lo recogía. Ustedes no lo han leído, no lo han querido leer o no han sabido comprenderlo, pero podían haber traído esta iniciativa antes.
Señorías, quiero recordarles...
El señor PRESIDENTE: Señor Villanova, vaya terminando.
El señor VILLANOVA RUEDA: Señor presidente, siempre le agradezco que me dé el tiempo necesario. Yo también he escuchado atentamente su intervención. (Risas).
Señorías, quiero recordarles que esta materia ha sido un apartado destacado en las conclusiones y recomendaciones recogidas en un informe elaborado por la ponencia de estudio de las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones legales e ilegales, aprobado por todos los grupos parlamentarios, con excepción de la abstención de Esquerra Republicana, el pasado día 1 de abril de 2014, que se refieren a esta coordinación necesaria que proponemos. Esto está recogido en las recomendaciones números 1, 9, 10, 12, 18 y 20. Creo que hay suficientes argumentos para que todos los grupos parlamentarios que están en esta magnífica Comisión se vean obligados moralmente a votar de forma afirmativa.
La proposición no de ley que debatimos en esta Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas insta al Gobierno de nuestro país a desarrollar, en el ámbito del Plan de acción sobre drogas 2013-2016, siempre en colaboración con las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las sociedades científicas, las organizaciones no gubernamentales presentes en este campo y las asociaciones de afectados, y en coordinación con los trabajos desarrollados en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, acciones que impulsen la plena coordinación de la asistencia sanitaria y los servicios sociales en los ámbitos de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones.
No quiero añadir más argumentos, aunque podría hacerlo, porque creo que es suficiente. Muchas gracias, señor presidente, por la amabilidad que ha tenido conmigo.
El señor PRESIDENTE: Al margen del chantaje moral (Risas), tienen la palabra los grupos parlamentarios. En primer lugar, para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: El Grupo Parlamentario Catalán, de Convergència i Unió, vuelve insistir en su perplejidad por la presentación de esta iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular, pues su contenido ya se establece en la ponencia aprobada recientemente cuando se habla del abordaje integral del problema de las drogas. El apartado 9 de las recomendaciones -quisiera remarcarlo- establece, entre otras, garantizar un tratamiento sociosanitario integral, favoreciendo las experiencias de éxito acumuladas en los centros de atención primaria y aumentar la coordinación en el ámbito de los servicios de urgencias. Todo ello se hace en las comunidades autónomas y en las administraciones locales. En ese sentido, entre las propuestas a incluir en el informe, Convergència i Unió pidió que se incluyera el concepto de tratamiento sociosanitario integral.
Por último, y como ya se ha dicho en el debate de la tercera PNL, Convergència i Unió recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias sobre esta materia dentro de su ámbito territorial, con lo cual insistimos en que el Estado deberá incrementar en los Presupuestos Generales del Estado la dotación de los recursos económicos necesarios para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo lo establecido en la ponencia, tal y como marca la Constitución española. Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la PNL presentada por el Grupo Popular, pero siempre que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, especialmente las de aquellas cuyos estatutos les otorguen competencias en esta materia, porque vuelvo a repetir que faltaría más que el Estado no lo respetara. Esto se está llevando a cabo en Cataluña desde el año 2006. De ahí la enmienda de adición de estos dos párrafos que hemos presentado.
En el tema de la financiación, Convergència i Unió votó a favor del dictamen de la ponencia globalmente porque cree que debe ser así y porque lo practica, pero también denunció su financiación. La ponencia es un punto de partida para conocer la realidad un poco mejor, pero en las comunidades autónomas, al menos en la de Cataluña, lleva haciéndose desde hace tiempo, desde el año 2006.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Usted apelaba a nuestra conciencia para decidir cuál iba a ser el sentido nuestro voto. Lamentablemente debo decirle que mi conciencia tiene que dirimir entre si voto en contra o simplemente me abstengo, porque me parece que la propuesta es vacua, no es concreta. Voy a intentar explicarle exactamente por qué. No me parece que sea una propuesta, sino una declaración de buenas intenciones, voluntarista, con una finalidad casi propagandística. No nos parece una propuesta porque no propone nada en concreto, o no propone nada que no esté ya estipulado en otras declaraciones y en otros planes oficiales de ámbito local, provincial, de comunidades autónomas o incluso del Estado, y ya desde hace años. Nos parece también que queda en un gesto vacío y, a lo peor, que solo justifica que puedan existir más cargos públicos inoperantes y duplicados, en contraste con algo que nos preocupa especialmente, que es la falta de personal asistencial para los adictos. No menciona medidas concretas para resolver problemas graves de descoordinación que acontecen en el campo de las adicciones en varias comunidades autónomas. De hecho, nos bastaría con no seguir fomentando la descoordinación. (El señor vicepresidente, Gutiérrez Molina, ocupa la Presidencia).
El concepto de patología dual agrava el sentido de la propuesta, puesto que es un concepto discutido, y la prueba es que las personas que han venido a esta Comisión o a la subcomisión lo han hecho. Nos parece que el paciente de por sí ya es ambiguo y que los profesionales o expertos que se ofrecen a tratarlo a menudo también lo son. Este -permítaseme la expresión- cinismo en torno a la atención que dispensamos al adicto impide que haya una coordinación genuina. Nadie parece creer en tal coordinación. A nosotros nos parece importante intentar que este problema se resuelva. Nos duele el discurso de coordinación, porque lo que ocurre, como acabo de decir, es lo contrario. No se menciona el efecto erosivo que durante la última década ha tenido externalizar y subcontratar servicios psicosociales en el campo sociosanitario y psicosocial.
Un ejemplo palmario -ya lo he citado en esta Comisión- de cómo esto está funcionando mal es la Comunidad de Madrid, donde sigue sin resolverse escisión y duplicidad de servicios. Hago hincapié en cuáles son esos problemas que desde nuestro punto de vista se crean en esta comunidad. No se atreven a fusionar redes asistenciales y, por tanto, siguen sin considerar a los adictos como enfermos de pleno derecho; no se extiende la historia clínica electrónica; no hay canales ágiles de comunicación entre la red de drogodependencias y el resto de la red sanitaria. Además, resolver esto que ustedes plantean costaría un dinero que no mencionan en ninguna parte de su propuesta. Hace falta decisión política. La escisión de las redes sanitarias de comunidades autónomas diferentes complica el asunto, ya que muchos adictos -eso lo sabemos todos aquí- son personas itinerantes, que pueden ir viajando de ciudad en ciudad, de provincia en provincia o de comunidad autónoma en comunidad autónoma. Para finalizar, nos parece que la coordinación que usted simplemente mienta en su propuesta es algo más que una declaración de intenciones y que el tema es lo suficientemente serio como para que ustedes pudieran haber concretado un poquito más su proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Corresponde ahora el turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Entesa Pel Progrés, tiene la palabra la señora Almiñana.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Si antes he dicho que era muy difícil votar en contra de una proposición del Grupo Popular, ahora me lo han puesto muy fácil, porque al final todo tiene su límite, y ese límite vuelve a estar en esta PNL, que es verdad que recoge la ponencia, pero también tenemos que decir que el espíritu que esta premiaba era el de colaborar e intentar que el Gobierno hiciera caso a un documento en el que pudiera sentirse lo suficientemente cómodo como para modificar, mejorar o potenciar algunas políticas. Pero en este caso, lo que nos piden nos parece de una extrema hipocresía. Con las políticas que están haciendo desde hace dos años, con sus recortes desde que están gobernando en este país, cómo pueden pensar que vamos a creer lo que nos dicen ahora en la proposición de que consideran necesario que se coordine el Plan de acción de drogas con la colaboración, por supuesto, de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, cuando son las que van a sufrir uno de los peores recortes ideológicos, no solamente económicos, con la reforma que entró en vigor el pasado 1 de enero y que, además, son las responsables de los servicios sociales y, por tanto, de dar atención a la gente que tiene problemas de drogadicción. Ustedes hacen una cosa pero dicen otra, es más, escriben otra en las proposiciones, como en este caso. Continúan hablando de las corporaciones locales, las sociedades científicas, las organizaciones no gubernamentales -por cierto, las tienen a todas enfadadísimas porque han recortado las subvenciones a niveles no mínimos sino minimísimos- y pretenden que se coordinen con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que se mejore la coordinación de la asistencia
sanitaria de los servicios sociales; asistencia sanitaria que en estos momentos en nuestro país tiene a más de 800.000 personas sin cubrir porque no tienen la tarjeta sanitaria. ¿Creen que nos vamos a creer todo esto dos años después de su llegada al Gobierno?
Seguramente el país está mejorando, porque hemos visto los datos macroeconómicos y ha habido una buena noticia con las cifras del paro, pero de ahí a continuar actuando de forma hipócrita, creo que hay un trecho bastante largo. Por tanto, mi grupo votará en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Para fijar su posición, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallego.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Siento dar un nuevo disgusto al señor Villanova, porque el Grupo Socialista va a votar radicalmente en contra de esta proposición. Vamos a explicar por qué.
La iniciativa que presenta hoy el Grupo Popular se enmarca dentro de las iniciativas que se llaman políticamente correctas. Aparentemente, se trata de una propuesta para quedar bien, para llenar de contenido la Comisión, pero está vacía y alejada de lo que realmente está ocurriendo con las políticas sanitarias y sociales del Gobierno del Partido Popular. Además, da la impresión de que lo único que falta en este país es impulsar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Si de algo ha servido esta PNL ha sido para dar un repaso a lo que ha ocurrido en materia sanitaria y social a partir de diciembre de 2011, con el nuevo Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular y con la llegada de la ministra señora Mato a las responsabilidades sanitarias y sociales. Este repaso tiene un efecto negativo sobre nuestra salud, porque nos llena de profunda indignación el cambio que ha experimentado este país en tan solo dos años, en los que se han roto todos los consensos, se han cambiado los modelos de sanidad y de servicios sociales, añadiendo un motivo más de preocupación y de sufrimiento a nuestros ciudadanos, como si no tuvieran poco. Entre estos ciudadanos están los afectados por las adicciones, que necesitan todavía más, si cabe, estas acciones coordinadas y transversales. Señor Villanova, esta sí que va a ser una malísima herencia que nos vamos a encontrar.
Lo que ustedes piden con esta iniciativa se encuentra en el Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria, que ya se presentó en el año 2011 y que fue propuesto en la primera conferencia interterritorial de los consejeros de Sanidad y Política Social, que refleja el compromiso de apostar por un sistema capaz de dar respuesta a los que requieren atención, una atención que combine lo social y lo sanitario y que permita el diseño de un modelo de funcionamiento común. Lo que se requiere para avanzar de forma adecuada es partir de un sistema sanitario y de un sistema de servicios sociales, pero que sean sistemas públicos consolidados y fuertes. Esto es lo que precisamente ha sido atacado con las políticas de Partido Popular. Por un lado, con los recortes, con la medida del copago, con la expulsión del sistema de ciertos colectivos se ha producido la quiebra de la universalidad de la sanidad; por otro lado, se ha producido lo que llamamos la demolición del sistema de dependencia, con importantes recortes presupuestarios que hacen imposible su implantación, con la paralización de nuevas incorporaciones, con la práctica desaparición de cuidadores no profesionales, con la reducción de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, con la ausencia de recursos para centros de día, residencias y otros servicios asistenciales.
Además, en su iniciativa hablan de colaboración con las corporaciones locales. Esto es una broma de mal gusto -la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha comentado- y un desprecio hacia los miles de alcaldes y alcaldesas, de todos los colores políticos, que se están viendo desbordados para atender las necesidades sociales de su población, que se encuentran con un Gobierno que ha eliminado la dotación del Plan concertado de servicios sociales, que lo ha dejado prácticamente a cero, cuando los ayuntamientos son el primer eslabón de atención al ciudadano. Pero no solo se encuentran con eso, sino con que hay una reforma de la Administración local que les deja sin competencias, sin margen de maniobra y sin saber todavía quién va a asumir las competencias. ¿Con este panorama quieren que se coordine entre un sistema de salud debilitado y un sistema diezmado, como el sistema de servicios sociales? ¿Creen que se dan las condiciones para una verdadera coordinación sociosanitaria con la situación en la que están dejando a ambos sistemas? La respuesta es: rotundamente no. Si quieren consenso, si quieren aprobar una verdadera coordinación sociosanitaria presenten iniciativas para restablecer la Ley de Dependencia y Autonomía Personal; presupuesten la financiación de servicios sociales en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos y deroguen las medidas que han implantado en el Sistema Nacional de Salud. Ahí nos encontrarán y habrá consenso. Mientras tanto, el Grupo Socialista votará en contra de propuestas de relleno y sin contenido como la que hoy han presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): ¿El Grupo Popular acepta la enmienda de la señora Sayós?
El señor VILLANOVA RUEDA: Creo que la señora Sayós fue la que no aceptó...
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Tiene la palabra exclusivamente a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda.
El señor VILLANOVA RUEDA: No. ¡Cómo la vamos a aceptar! Nosotros habíamos propuesto una transaccional, pero no la han aceptado.
- SOBRE REFORMA URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, CON EL FIN DE RESTABLECER LA CAPACIDAD DE LOS JUECES DE PERSEGUIR EL NARCOTRÁFICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente del Congreso 161/002680 y número de expediente del Senado 663/000073).
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Debatimos ahora la proposición no de ley sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de restablecer la capacidad de los jueces de perseguir el narcotráfico.
Para su defensa, tiene la palabra el señor presidente de la Comisión y portavoz de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En diversas ocasiones, más recientemente en la ponencia sobre drogas, hemos resaltado la importancia del modelo español de lucha contra la droga que combina la persecución del tráfico y la despenalización del consumo. Pues bien, podemos correr el riesgo de darle la vuelta a este modelo de éxito y convertirlo en uno de fracaso. Lo digo, señorías, porque en los últimos tiempos preocupaba en esta Comisión la posible penalización del consumo dentro del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. Pero por si esto no fuera suficiente, ahora nos encontramos con que la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que tiene que ver con jurisdicción penal internacional, nos ha dejado inermes en la lucha internacional contra la droga, y de ser un país líder en la lucha internacional contra la droga, en concreto en el medio marítimo, hemos pasado en estos momentos a ver cómo recientemente la Audiencia Nacional ha reconocido su incompetencia para la lucha antidroga fuera del espacio marítimo español.
Nuestra iniciativa va a ese sentido, porque creemos que esta cuestión tiene una enorme gravedad. Lo que pretendemos es que, al igual que estaba reflejado en la anterior redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la policía española, los servicios de guardacostas, el conjunto de las fuerzas de seguridad puedan combatir el tráfico de drogas más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestro dominio marítimo, porque el tráfico de drogas no entiende de fronteras ni de dominio marítimo. Como ustedes saben, a raíz de la reforma apresurada de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular a esa reforma, ha quedado una zona ambigua en la lucha internacional contra la droga, que podemos decir que es un efecto colateral de la legislación a la carta. Esta es una legislación a la carta de China, de Estados Unidos, de Sudán, que así como tiene consecuencias en materia de impunidad de genocidas, también tiene consecuencias negativas en la lucha antidroga.
Recientemente hemos visto cómo la Audiencia Nacional ha tenido que sobreseer varias causas abiertas en materia de lucha contra el tráfico de drogas y ha tenido que liberar a 29 detenidos por tráfico de drogas a nivel internacional. Además, podemos decir que los barcos de pabellón turco, los barcos con tripulación marroquí o siria en estos momentos no son considerados barcos traficantes de drogas, aunque lleven toneladas de droga en sus bodegas. Todo eso se produce porque hay un artículo que antes permitía a la policía española luchar contra la droga, independientemente del pabellón del barco y de que las aguas fueran nacionales o internacionales, y ahora se ha restringido de tal manera que la policía española solamente puede intervenir si el pabellón es español, porque la droga venga para traficar con ella en nuestro país o porque forme parte de una organización de traficantes dentro de nuestro país. Es tal el nivel de restricción que, como he dicho antes, la Audiencia Nacional ha dicho que no tiene competencia para luchar en aguas internacionales contra estos traficantes, que es verdad que no traen la droga a España, pero sí a Europa o a cualquier otro país donde puede tener efectos muy graves.
El ministro de Justicia ha dicho que no somos el gendarme del Mediterráneo ni el gendarme internacional, pero a continuación, cuando ha visto las críticas procedentes de la Unión Europea y de otros países, ha dicho que si bien la Audiencia Nacional no podría encausar a estas personas sí podría acusarlas ante otros tribunales internacionales. De hecho, la Audiencia Nacional dice que no puede hacer ni una cosa ni la otra, es decir, ni encausarles ni acusarles. Esa es la situación que tenemos, a pesar de la declaración del fiscal antidroga, que dice que hay un convenio internacional, el Convenio de Viena, que permite a los tribunales perseguir este tráfico de drogas, cosa que no comparte la Audiencia Nacional, y a pesar de la opinión, como he dicho antes, del ministro de Justicia. En todo caso, estamos en un terreno de incertidumbre y esto siempre beneficia al abogado defensor de los traficantes. Si abriéramos una causa probablemente tendríamos que cerrarla, y si no tuviéramos que cerrarla, cuando estuviera en la instrucción o en el juicio oral, seguramente tendríamos que sobreseerla porque no tenemos competencias.
Lo que pretende esta iniciativa parlamentaria es volver a una legislación en materia de lucha antidrogas que era útil y que no debería haberse modificado; que se modificó, repito, como efecto colateral de las presiones de otros Estados que seguramente no querían este resultado. Esto es negativo y, en nuestra opinión, la ley tiene que modificarse de nuevo. Si se modificó por vía exprés, modifíquese de nuevo por la vía urgente para recuperar la lucha antidroga en nuestro país y en el ámbito internacional y para dar de nuevo a la policía y a los jueces un modelo de lucha antidroga que ha demostrado ser eficaz, porque lucha contra el tráfico y, al mismo tiempo, despenaliza el consumo.
El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez Molina): Para consumir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos la propuesta que trae hoy aquí el señor Llamazares. Nos parece que es cierto que la reciente reforma del Partido Popular hace que demos marcha atrás, que retrocedamos de una manera muy seria en temas como la lucha antidroga fuera del territorio marítimo español, porque inmediatamente después de haberse puesto en marcha está teniendo consecuencias que, para nosotros, son muy graves, son catastróficas. Es verdad que la Audiencia Nacional ha tenido que sobreseer casos y ha tenido que liberar a detenidos por tráfico de drogas. Nos parece de sentido común recuperar algo que ya funcionaba, que es que los jueces españoles de la Audiencia Nacional sean competentes para enjuiciar hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional, pero tipificados en España como diversos delitos, entre ellos -que es lo que estamos hablando hoy- el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. La sociedad civil, repito, está asistiendo escandalizada a la liberación de numerosos narcotraficantes debido a esos cambios legislativos que, además, el Partido Popular ha llevado a cabo de una forma no consensuada y que ha aplicado unilateralmente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Reiteramos nuestro voto afirmativo a la propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Almiñana.
La señora ALMIÑANA RIQUÉ: En Entesa compartimos al cien por cien lo que acaba de exponer el portavoz de La Izquierda Plural. En estos días todos nos hemos ruborizado al ver en las noticias la excarcelación de narcotraficantes. Los ciudadanos no entienden esto, solo ven que la gente que comete delitos está siendo excarcelada. Decía Alexander Pope que errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Aunque no comparto lo de perdonar, sí comparto el resto de la frase. Creo que sería bueno que en este caso el Gobierno rectificara esta ley y que pudiera convertirse en un poco más sabio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: El Grupo Catalán no puede estar más de acuerdo con la iniciativa presentada por La Izquierda Plural. Me explico. Este Gobierno se empeñó en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial sin buscar apoyo ni consenso en cuanto a la justicia universal. La posición de Convergència i Unió fue contraria porque muchos aspectos quedaban sin poder ser enjuiciados por los jueces y magistrados españoles. Lo denunciamos entonces y lo volvemos a hacer ahora, para que se puedan volver a enjuiciar casos de narcotráfico, que es público y notorio que se producen.
No voy a repetir el antes y el después de la reforma. A nuestro juicio, esta limitación de los casos enjuiciables por nuestra judicatura crea un sistema de numerus clausus de tipos penales. Con ello, el Gobierno comete un error grave y minimiza la lucha contra el narcotráfico. Es más, el artículo 93 de la Constitución española establece que los tratados internacionales firmados por España deben trasponerse y ser aplicados, y que corresponde a las Cortes Generales y al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados. Por ejemplo, el artículo 17 del Convenio de Viena de 1988, firmado por España, obliga a los Estados firmantes a colaborar para eliminar los tráficos ilícitos en el mar, y uno de ellos es el tráfico de drogas o narcotráfico. Haber limitado la justicia universal vulnera esta colaboración que establece el Convenio de Viena, que es un tratado internacional. Señorías, este solo es un ejemplo, pero hay más tratados y más derecho internacional vulnerados por la redacción de la justicia universal que ahora nos traen a colación. Por tanto, votaremos a favor de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Diego.
La señora DIEGO CASTELLANOS: Como no podría ser de otra manera, apoyamos la PNL de La Izquierda Plural, siguiendo con el posicionamiento del Grupo Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, ante la reforma de la jurisdicción universal.
Llevamos aquí prácticamente dos horas y media y el Grupo Popular ha presentado propuestas, recogidas o no en la ponencia, con el ánimo absoluto -no me cabe ninguna duda- de terminar definitivamente con uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, el problema de las drogas, problema que preocupa al Parlamento y por el que existe precisamente esta Comisión mixta. Sin embargo, no cabe duda de que el Gobierno va por otro lado, señores parlamentarios del Partido Popular. Su buena fe a la hora de venir aquí a hacer propuestas está en absoluta contradicción con las acciones que lleva a cabo el Gobierno y sobre todo con las propuestas legislativas del ministro Gallardón. Como les hemos dicho en muchas ocasiones, no sabemos si el ministro Gallardón va por sí solo y no cuenta con nadie, pero desde luego no cuenta con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Por qué decimos esto? El eje número 3 de la estrategia nacional sobre drogas -estrategia que ustedes defienden y que el ministerio presentó a bombo y platillo-, que se refiere a reducción de la oferta, dice que hay que luchar frente al tráfico y frente al blanqueo y habla además de acciones muy concretas en este ámbito, pero la aprobación de la reforma de la Ley del Poder Judicial, que lleva consigo que en estos momentos estemos viviendo casos de impunidad muy graves en relación con los narcotraficantes, les pone en una situación muy complicada. Están aquí toda la mañana defendiendo acciones de lucha contra la drogadicción, pero ahora tienen un papelón, porque tienen que defender frente a las asociaciones que llevan años luchando contra los problemas de la drogadicción y frente a todos nosotros lo que está ocurriendo estos últimos días en nuestro país. El ministro Gallardón, como bien ha dicho antes el portavoz de La Izquierda Plural, ha tenido que rectificar, pero lo ha hecho a medias, porque en este momento España es un país que preocupa a la Unión Europea y, principalmente, a los ciudadanos y ciudadanas que, por desgracia, pertenecen a asociaciones que luchan contra la contradicción, porque sus hijos o sus hijas han muerto o están en peligro de que eso ocurra. Ustedes en este momento tienen la posibilidad de exigir a su Gobierno que rectifique. Tienen la posibilidad, como parlamentarios que son, de solicitar que el ministro Gallardón retroceda. Nosotros, apoyando esta iniciativa, así lo hacemos y esperamos que ustedes, en su próxima intervención, hagan un gesto real de compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas y le digan a su Gobierno que se ha equivocado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Con la venia, señor presidente; y empiezo con la venia, porque creo que esta proposición pertenece más a la Comisión de Justicia que a la Comisión en la que estamos.
La justicia universal es un tema que se presta mucho a la política de trazo grueso y a la demagogia a la hora de expresarse desde el punto de vista político. Se presta a hablar de recorte de derechos y de espacio de impunidad o a decir que se están cambiando derechos humanos. Voy a intentar justificar el porqué de la ley y luego voy a enfocar mi intervención desde el punto de vista del abordaje del narcotráfico.
¿Por qué el Gobierno ha abordado esta reforma? Esta reforma, como todo el mundo sabe, fue aprobada este año por el Congreso y por el Senado y publicada en el BOE y se debió a que nuestra regulación de la justicia universal era absolutamente inoperante y fracasada. No era un modelo de éxito,
era un modelo de auténtico fracaso. La regulación era una fuente de conflictos, que dañaba las relaciones de política exterior y el interés general de nuestro país. Había demostrado ser frustrante e ineficaz en muchos casos, porque no se puede juzgar en rebeldía a presuntos autores de delitos. Recordemos que cuando se puso en marcha, en 1996, la primera denuncia que se presentó fue contra crímenes de la dictadura argentina y solo se ha podido juzgar y condenar a un criminal que voluntariamente fue a presentarse a la Audiencia Nacional. ¿Por qué se abordó el cambio legislativo? Sencillamente porque la regulación debe ajustarse a los tratados suscritos por España. Señorías, no podemos ir de quijotes por el mundo. En la legislación que teníamos antes estábamos solos. En ningún país de nuestro entorno europeo ha habido una persecución tan dispersa de la vulneración de los derechos humanos. La reforma, una vez aprobada, ha supuesto una homologación de nuestro régimen jurídico con el de los países de nuestro entorno, con países de la Unión Europea, como Francia, Alemania y Reino Unido, y por supuesto con Estados Unidos. Voy a poner el ejemplo de Bélgica, que fue el primer país que empezó a hablar de justicia universal y a asumir ese liderazgo quijotesco. Lo primero que hizo fue imputar a jefes de Estado, como Ariel Sharon, Arafat, Fidel Castro o George Bush, hasta que se dio cuenta y volvió a los tratados internacionales. ¿Dónde estamos con la actual ley aprobada por las Cortes? Hoy la justicia podrá intervenir si el proceso se dirige contra un español o extranjero residente en España. Con la modificación legislativa no se restringe la aplicación de la justicia universal, al contrario, se amplia para violencia física, violencia psicológica, acoso, violencia sexual -incluida la violación-, violencia doméstica, matrimonios forzados, aborto y esterilización forzosa. Además, dicha reforma en ningún caso elimina la posibilidad de perseguir delitos de tanta gravedad como los de genocidio o lesa humanidad o como los de terrorismo, piratería, narcotráfico y otros. Lo que hace la reforma es incidir -esto es lo importante- en las dos vías más eficaces para combatir y reducir la impunidad de los delitos más graves a los que nos enfrentamos con la justicia universal: la primera, el fortalecimiento de los tribunales penales internaciones y el respeto al principio de soberanía de cada Estado, y la segunda, la cooperación internacional, una cooperación en los ámbitos policiales y judiciales para detener a cualquier persona que cometa un delito y, sobre la base de la efectiva aplicación de los convenios internacionales vigentes, ponerla a disposición del tribunal que tenga la jurisdicción. Esta es la vía por la que han optado todos los países avanzados y la que nosotros hemos vuelto a retomar después de haber perdido el rumbo. El Código Penal internacional, señorías, cubre casi todos los delitos que ahora se recogen, por lo que no es verdad que haya una liquidación de la justicia universal, como se ha dicho; hay matización acorde con el derecho comparado y mejora en la reputación internacional, ya que ahora nos respetarán, porque no nos metemos en las políticas exteriores de ningún país.
Quiero hacer una llamada especial al sentido común de los jueces. Los jueces tienen que hacer justicia y no política. La Audiencia Nacional no se puede convertir en un tribunal penal internacional, no se creó para eso. Tengo aquí una frase del propio Conde Pumpido, que decía en el año 2009: La justicia universal no puede convertirse en un juguete en manos de personas en busca de protagonismo. Señorías, la política exterior y la interior las lleva el Gobierno, la Administración militar y la defensa del Estado. Señorías, si un juez quiere hacer política, que se presente a las urnas ahora que estamos en proceso electoral.
Por lo que se refiere a los delitos de narcotráfico, los convenios internacionales no atribuyen jurisdicción a España en los supuestos de buques sin nacionalidad o buques de nacionalidad extranjera, con tripulantes extranjeros, que navegan en alta mar con destino a terceros Estados distintos de España. En cambio, nuestros jueces y tribunales tienen jurisdicción en todos los supuestos relativos al narcotráfico previstos por la legislación internacional: buques con tripulantes españoles, buques con destino a España, buques no españoles cuando así se autorice por el Estado de su pabellón, buques no españoles que navegan o han navegado por aguas españolas, supuestos en los que el envío de drogas ha sido realizado desde España o supuestos en los que se pretende blanquear el dinero fruto de ese delito. ¿En qué nos basamos? Nos estamos basando en las convenciones internacionales: en la Convención del Derecho del Mar, del año 1982; en la Convención de Viena, del año 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Así, en los casos de actuación de las fuerzas españolas para poner fin a un delito de tráfico de drogas en aquellos supuestos en los que España no tiene jurisdicción, podrán acordarse medidas recogidas en la legislación internacional, como el traslado inmediato de información a los países que puedan ser competentes para su persecución, la puesta a disposición de las autoridades del Estado competente y otras fórmulas que tienen el Gobierno y la policía para llevarlos a fin.
Por último, señorías, hay que indicar que, dado que la Ley Orgánica 1/2014, de la que estamos hablando, fue aprobada por las Cortes Generales, mediante el procedimiento establecido a tales efectos tanto en el Congreso como en el Senado, hace poquitas semanas, no tiene sentido que el Gobierno promueva un proyecto de ley que venga a modificar lo que la representación de la soberanía popular ha aprobado recientemente. En definitiva, lo importante es contar con una regulación avanzada y eficaz, que siendo plenamente respetuosa con el derecho internacional, garantice que aunque un Estado no tenga jurisdicción para enjuiciar unos hechos determinados, sí disponga de los mecanismos necesarios para facilitar su persecución por quien deba perseguirlos -el Estado con jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y el Tribunal Penal Internacional-, evitando cualquier espacio de impunidad. Debemos concluir por tanto que la proposición no de ley presentada no puede ser aceptada, dado que la nueva regulación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza la atribución de jurisdicción a los jueces y tribunales españoles en todos los delitos relativos al tráfico ilegal de drogas en alta mar, en los supuestos previstos por los convenios internacionales. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del orden del día. ¿Todos los grupos parlamentarios están en condiciones de votar?
El señor RIVERA MALLO: Sería prudente, en coherencia con lo que hemos dicho, que votáramos a la una y media.
El señor PRESIDENTE: Como quiera el Grupo Parlamentario Popular. Si no tiene a todos sus diputados y diputadas, esperamos a la una y media. (Rumores.-Una señora diputada: Es que hay compañeros que se tienen que ir a otras comisiones).
En dos o tres minutos, si no hay contraorden, votamos. (Pausa).
Reanudamos. (El señor Rivera Mallo pide la palabra).
¿Qué duda tiene en relación con el orden del día?
El señor RIVERA MALLO: Tengo la duda de si el Grupo Socialista aceptó nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué punto se refiere?
El señor RIVERA MALLO: Al primero.
La señora HERNANZ COSTA: Yo se lo aclaro al señor presidente y al senador del Partido Popular.
Como la enmienda del Grupo Popular coincide en cuatro puntos y en realidad lo único que hace es suprimir uno, en aras de facilitar la votación de todos aquellos en los que haya consenso, pedimos a la Mesa la votación separada de los cinco puntos.
El señor RIVERA MALLO: Señor presidente, yo interpreto que no se puede votar si no se admite la enmienda. (Rumores.-Varios señores diputados: No, no).
La señora HERNANZ COSTA: Pregunto a la Mesa si es posible la votación separada y sobre la base de lo que me conteste le respondo inmediatamente.
El señor PRESIDENTE: Deduzco que no admite la enmienda y por tanto votamos punto por punto en los términos de la propuesta.
La señora HERNANZ COSTA: Exacto. Pido la votación separada, rechazando la enmienda del Grupo Popular. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Entra dentro de la libertad del grupo proponente que se vote en bloque o punto por punto. Por tanto, votamos punto por punto.
Pasamos a las votaciones, que son fáciles salvo alguna excepción.
Votamos el primer punto del orden del día: Proposición no de ley sobre bebidas energizantes. Lo haremos punto por punto. Votamos el punto número 1.
Votamos el punto número 2.
Votamos el punto número 3.
Votamos el punto número 4.
Votamos el punto 5 y último.
Pasamos al punto segundo del orden del día: Proposición no de ley relativa al juego on line. Se vota en sus propios términos.
Pasamos al punto tercero: Proposición no de ley relativa a la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la patología dual. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 2.
Pasamos al punto cuarto: Proposición no de ley sobre publicidad de las apuestas y su relación con la idea de juego.
Pasamos al punto quinto: Proposición no de ley sobre la UTE de Villabona.
Pasamos al punto sexto: Proposición no de ley relativa a la coordinación sociosanitaria.
Pasamos al punto séptimo: Proposición no de ley relativa al juego responsable. Se vota en sus propios términos.
Punto octavo: Proposición no de ley sobre las unidades terapéuticas y educativas. En primer lugar, votamos el apartado 2.
Votamos el resto de la proposición.
Pasamos al último punto del orden del día: Proposición no de ley sobre reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.