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Timestamp: 2017-10-17 05:52:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 52', 'artículo 80', 'artículo 80', 'in fine', 'in dubio', 'artículo 80', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 91', 'in fine', 'artículo 26', 'artículo 76', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 7', 'in fine', 'Artículo 80', 'artículo 11', 'Artículo 80', 'artículo 91']

Violencia de género: delitos de género en el Código Penal argentino. Estándares para una correcta reacción punitiva del Estado – Derecho Penal Online
Parte Especial 19/11/2015
Violencia de género: delitos de género en el Código Penal argentino. Estándares para una correcta reacción punitiva del Estado Por Juan Manuel Sánchez Santander
A lo largo de estos últimos años, se ha podido vislumbrar un alarmante crecimiento en las estadísticas respecto de delitos de género. En la vorágine de nuestra sociedad abundan las denuncias que encuentran al sexo femenino como víctimas de hechos delictivos por su sola condición de tal .
La violencia de género se ha convertido en un fenómeno global, de crecimiento constante, que se vislumbra en cada uno de los estratos de la sociedad.
Al encontrarse ante un fenómeno delictual de multi-causalidad, es decir, son varios los factores que dan origen al mismo, convirtiéndolo en una cuestión compleja, la reacción estatal debe ser multidisciplinaria. Entre sus mecanismos más rigurosos para solucionar los conflictos sociales e individuales, el Estado cuenta con el derecho penal. No obstante ello, debe entenderse que no toda conducta que implique violencia de género es pasible de una sanción penal, existiendo conductas enmarcadas en la temática no siendo penalmente relevantes, toda vez que “el derecho penal no siempre es el instrumento adecuado; en muchas ocasiones, la reparación de las víctimas de estos ataques puede provenir de otras fuentes mucho más eficaces”[2].
Por intermedio del presente trabajo se buscar analizar la faz de relevancia penal de la violencia de género, estudiando los delitos de género incluidos en nuestro Código Penal – robusteciéndola con la Jurisprudencia y Doctrina destacada en la materia -, la normativa internacional vigente, y las medidas de política criminal y de protección de la víctima que se deben adoptar en estos casos. Asimismo se buscar resaltar la obligación del Estado de intervenir en esta clase de delitos, toda vez que afecta el interés público, y la obligación de dirimirlos en un juicio plenario en aras de imponer una pena al sujeto activo.
II.- VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O DE GÉNERO: PRECISIÓN TERMINOLÓGICA Y DEFINICIÓN CONCEPTUAL.
Resulta necesario poder delimitar conceptualmente, con la mayor precisión posible, el término introducido por la ley 26.791 en el art. 80 inc. 11 del C.P., al decir “mediare violencia de género”. Así también resulta indispensable definir cuando un hecho delictivo reviste la calidad de delito de género, es decir, cuando se encuadra dentro de la temática de “violencia de género”, lo cual supone la violación a derechos humanos del género femenino, exigiendo un tratamiento particular y reacción estatal inmediata.
Para ello es necesario recurrir a los cuerpos normativos que introducen el término en estudio en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar, asimismo, que nuestro Código Penal si bien utiliza el concepto en análisis, no aporta una definición del mismo, como así tampoco nos facilita herramientas terminológicas para obtener una definición unívoca.
En este sentido, es que debemos recurrir a la normativa internacional. Así encontramos que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará[3]), en su artículo 1, establece que debe entenderse por violencia contra la mujer: “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en ámbito público como en el privado”. De igual manera lo expresa el Comité de C.E.D.A.W. (Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), en su Recomendación General N° 19, donde definió “gender – based violence” (violencia por razones de género) como “violencia dirigida contra la mujer porque es una mujer” o “que afecta a la mujer desproporcionadamente, como discriminación”.
En segundo lugar, es conveniente recurrir a normativas del derecho interno en busca de una definición. Así encontramos que la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones Interpersonales, define la violencia contra las mujeres, en su artículo 4, como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
Por su parte, la Jurisprudencia no ha permanecido ajena al tema, y se ha expedido sobre la extensión conceptual del término en estudio.
Así el Máximo Tribunal de la Provincia de Mendoza ha dicho que: “La violencia de género es aquella que utiliza el varón contra la mujer cuando usa su poder y su injustificada supremacía cultural y/o económica y, se da no solamente en la pareja heterosexual de adultos, sino también en todos los grupos sociales. No sólo abarca la violencia doméstica o actos de violencia física, sexual, psicológica, emocional, económica, dentro del ámbito familiar si no que abarca la perpetrada en la comunidad en general, que puede ir desde los actos como el abuso sexual, la trata de mujeres o la prostitución forzada, hasta el acoso y las intimidaciones en el trabajo o en instituciones educacionales”[4]. Así también expresó que la violencia de género, cuando transcurre en una relación de pareja, “se caracteriza por presentar a un sujeto activo varón que aparece ejerciendo todo su poder en relación a una víctima que convive con él, en una relación convivencial que tiene por víctima a una mujer, a la que intimida y trata con violencia, en virtud de la relación vital en que se halla”[5].
A nivel Nacional, estimo conveniente traer a la luz lo expresado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16, ya que entiendo que logra una acabada precisión conceptual, destacando que este tipo de violencia se compone de un elemento objetivo y subjetivo. Así expresó que: “La violencia contra las mujeres abarca una serie de atentados cuyo común denominador no es otro que la presencia de un sujeto pasivo femenino que es objeto de maltrato por su pertenencia a ese género y cuyo agresor se caracteriza por pertenecer al género opuesto. La violencia de género tiene también, además de esta caracterización binaria de sus protagonistas (hombre-mujer), un componente subjetivo, misógino, que es el que guía la conducta del autor: causar un daño por el hecho de ser mujer. Por lo tanto y como antes se dijo, no cualquier ejercicio de violencia contra una mujer es violencia de género, sino sólo aquélla que se realiza contra una persona por el hecho de pertenecer al género femenino.”[6]
A mayor abundamiento, es dable resaltar que, en el plano internacional, la Comisión Interamericana Derecho Humanos ha sostenido que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de la discriminación en razón de género[7]; la ha descrito como un problema de derechos humanos. Además, la Comisión ha concluido en reiteradas oportunidades que la violencia contra las mujeres es una manifestación de costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad, colocándola, en consecuencia, en una situación de desventaja en
comparación con el hombre[8].
Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Penal Castro Castro vs. Perú, en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, estableció que aplicará el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos – derecho a la integridad personal – y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Belém Do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana[9]. Es decir, la Corte Interamericana para conceptualizar la violencia de género, acude a la definición prevista por el art. 1 de la Convención Belem Do Pará y a la CEDAW, limitándose a aplicar el art. 5 de la CADH en función de dicha normativa.
En esta línea de pensamiento, la Corte Interamericana también ha establecido “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”[10], exigiendo para la configuración de violencia de género que la agresión sufrida por la víctima debe tener “como motivo o finalidad, o al menos alguna connotación o efecto, basado en el sexo o género de la víctima”[11].
Podemos afirmar entonces que la violencia de género implica cualquier acto de violencia físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer[12].
A manera de conclusión, se puede entender del espíritu de la norma nacional e internacional analizada, como así también de la doctrina jurisprudencial traída a conocimiento, que los legisladores y operadores jurídicos al definir el término “violencia contra la mujer” – si bien no utilizó el término “género” – entendieron que la expresión “violencia de género” está circunscripta a la violencia contra la mujer, y no a otra clase de violencia que también puede ser utilizada en la sociedad contra el género masculino. Es decir, debemos entender que cuando nos referimos a violencia de género, nos estamos refiriendo a violencia contra la mujer perpetrada por razón de su género. “La Violencia contra la mujer no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género”[13].
III.- DELITOS DE GÉNERO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO.
En este sentido, la ley 26.791 estableció la sustitución de los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal, los cuales quedaron redactados de la siguiente forma: Artículo 80: “Se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: Inc. 1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.”
Inc. 4°. “Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.”
Asimismo, la normativa en estudio incorporó como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos: Inc. 11. “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Inc. 12. “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.”
También se puede observar que se modificó el artículo 80 in fine, excepcionando la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación en ciertos supuestos, quedando redactado de la siguiente manera: “Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.” – el subrayado me pertenece e indica la reforma introducida -.
III. a.- Homicidio agravado por el vínculo y por la relación con la víctima. Circunstancias extraordinarias de atenuación.
La ley 26.791 agregó al art. 80 inc. 1 como circunstancia calificante, nuevas calidades del sujeto pasivo, respecto del sujeto activo, estableciendo la prisión o reclusión perpetua cuando se matare al “ex cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.
De esta manera resulta aplicable la mayor penalidad prevista por la ley cuando el sujeto activo cometa un homicidio que tenga como sujeto pasivo a una persona que revista la calidad de su ex cónyuge o con quien mantuvo o mantenía una relación de pareja. Por lo tanto quedan comprendidas en la agravante el concubinato y el noviazgo – como así también, tal como surge de la letra del texto, el ex concubino/a y ex novio/a – siempre que haya habido una “relación de pareja” entre el agresor y la víctima, situación que excluye las meras relaciones pasajeras, transitorias o amistosas.
Cabe destacar que urge la necesidad de precisar la extensión del término “relación de pareja”, en pos de salvaguardar el principio de legalidad rector en la materia penal, el cual exige por mandato constitucional la mayor precisión posible en la descripción de la acción típica.
Resulta un tanto confuso interpretar exactamente qué cualidades o características deben revestir dos personas que llevan una “relación de pareja”, porque si bien la palabra “cónyuge” o “ex cónyuge” son conceptos definidos en el ordenamiento civil actual, no pasa lo mismo con la expresión “relación de pareja”[14]. Es por ello que este término – siendo que no se exige que haya mediado convivencia – debe entenderse como “una relación meramente afectiva, que puede o no presuponer convivencia o vida común”[15]. También resultaría viable, como lo hace parte de la doctrina, a efectos de resguardar la precitada garantía constitucional de máxima taxatividad penal, recurrir al nuevo Código Civil y Comercial unificado de la Nación, el cual en su art. 509 define la unión convivencial como “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”[16].
Como se puede apreciar, los noveles agravantes son circunstancias objetivas que determinan un plus de injusto que justifica el incremento de la pena.[17] En este sentido, me permito afirmar que el tipo subjetivo de la figura penal analizada, al tratarse de una figura dolosa – resultando admisible el dolo eventual -, se satisface únicamente con la intención de matar a un sujeto unido vincular o relacionalmente al sujeto activo; no exigiéndose en consecuencia la intención de realizarlo con motivo de su género o sexo – por ende, el sujeto pasivo puede pertenecer al sexo masculino o femenino –, por lo cual esta clase de homicidios no configuran un delito de género.
El tipo penal no exige, en su faz subjetiva, que el homicidio se haya producido como una manifestación de la violencia de género, sino que basta con que el resultado haya tenido como sujeto activo y pasivo, a personas unidas vincularmente o por una relación de pareja. En caso de concurrir la circunstancia objetiva prevista y un contexto de violencia de género –
siendo la víctima una mujer y el autor un hombre -, entiendo que la figura analizada deberá hacerse concurrir idealmente con el inc. 11 del art. 80.
III. a. 1.- Circunstancias extraordinarias de atenuación.
Por último, debemos analizar la fórmula agregada por la ley 26.791 en las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del art. 80[18], la cual estableció: “Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”. De esta manera se impuso que estas circunstancias graves e inusitadas que ocurren fuera del orden común o natural – que no fundamentan la emoción violenta[19] y que hacen perder vigencia a los vínculos o relación de pareja agravantes – no son aplicables cuando el autor del homicidio realizó con anterioridad actos de violencia contra la mujer víctima de ese delito.
El problema que plantea este precepto se sitúa en que la fórmula semántica empleada no es precisa. Al analizarla literalmente, observamos que el legislador ha optado por un sistema numérico de actos de violencia[20], entendiendo que no se aplicará el atenuante de mención cuando el autor del homicidio haya cometido “actos de violencia” con anterioridad al episodio de violencia actual. Es decir, la normativa exige que deben existir, como mínimo, para descartar el atenuante, dos actos de violencia anteriores al homicidio actual por parte del agresor contra esa mujer víctima del homicidio.
Asimismo, se vislumbra que la fórmula utilizada para exceptuar la aplicación del atenuante pareciera no hacer referencia a si los actos de violencia anteriores deben haber sido ya declarados como tales por una sentencia judicial, o bien si ello no es necesario – bastando con denuncias penales en las cuales el agresor resulte sindicado, o procesos penales seguidos en su contra con imputación formal sin que haya recaído sentencia -. En el primer supuesto, en caso de exigirse el juzgamiento anterior de estos actos, se podría infringir el principio ne bis in ídem, ya que se le estaría agravando la pena por una conducta anterior ya juzgada; mientras que en el segundo supuesto, se infringiría el principio de in dubio pro reo, toda vez que no hay sentencia condenatoria firme.
Como se puede ver, esta nueva regulación deja en manos del operador judicial un espacio importante de discrecionalidad, lo cual lesiona ostensiblemente la seguridad jurídica y el principio de máxima taxatividad inherente a la materia penal.
A manera de solución, al entender que esta decisión legislativa, que se ha concretado en el último párrafo del art. 80, es un instrumento dirigido a prevenir y castigar específicamente la violencia contra la mujer, a mi criterio, compartiendo postura de parte de la doctrina[21], debe entenderse que estos “actos de violencia anteriores” – a lo que refiere la ley – pueden o no ser configurativos de delito, debiendo encuadrar en la definición de violencia de género de la ley 26.485 y la Convención Belem Do Pará, y por lo tanto no demandan el previo dictado de una sentencia penal condenatoria en relación con tales circunstancias.
III. b.- Homicidio agravado por odio de género.
Como ya se dijera ut-supra, el inciso 4° del art. 80 fue modificado por la ley 26.791, incorporando como calificante del homicidio, cuando se matare a otra persona por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
En este supuesto, la reforma legislativa tuvo por objeto imponer un plus punitivo cuando la acción de matar conlleva la motivación de odio que se siente por la víctima por pertenecer a un determinado género, sea masculino o femenino. En este caso, el agresor mata por odio al género humano – constituido por los sexos masculino y femenino -, sea por las diferencias o desigualdades que ello implica[22]. Asimismo, se incluye en este supuesto al sujeto activo que mata por “misoginia”[23], es decir, tal como lo define la Real Academia Española, por aversión u odio a la mujer.
Así también se castiga más severamente a la persona que mata a otra por el odio que le genera la orientación sexual de la víctima, es decir, por su inclinación sexual: homosexual, bisexual o heterosexual. “El homicida actúa debido a su desprecio por el modo en que la víctima vive su sexualidad y sus relaciones”[24].
Abarca el texto penal, no solo el odio o aversión a determinada persona por su pertenencia biológica al género masculino o femenino, y su orientación sexual, sino también el odio a la identidad de género. En este punto resulta ineludible referirse al concepto de identidad de género prevista en el art. 2 de la ley 26.743, que entiende por tal, “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
Entonces podemos afirmar que “en los casos de homicidio por odio a la identidad de género, el autor mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima”[25]. En estos supuestos se configuraría el delito cuando el agente mata a una persona transexual; es decir, a quien siendo hombre se ha convertido en mujer o a quien siendo mujer ha decidido ser hombre, modificando su apariencia y/o función corporal por cualquier medio.
Finalmente la nueva regulación también agrava la pena a quien diera muerte por odio a la expresión de la identidad de género de la víctima. En este caso, a diferencia del caso precedente, “la víctima no ha cambiado de género sexual, pero se comporta y expresa como si perteneciera al género contrario”[26]. Aquí quedarían encuadrados los casos de travestismo y transformismo.
III. c.- Femicidio.
Esta figura penal se erige en la parte central de la reforma originada por la ley 26.791, pues el andamiaje de argumentos legislativos se centró, justamente, en esta cuestión.
Siguiendo lo expresado por Buompadre, podemos afirmar que estamos ante “un tipo de homicidio agravado por la condición del sujeto pasivo y por su comisión en un contexto ambiental determinado”[27]. En consecuencia, el plus punitivo atribuido responde a la calidad de mujer del sujeto pasivo y a que la violencia se ejerce en un contexto de género donde
existe una relación desigual de poder.
No desconozco el planteo de inconstitucionalidad del régimen legal del femicidio propugnado por parte de la doctrina, donde se alega que afecta directamente el principio constitucional de la igualdad de la ley previsto en el art. 16 de la C.N., mencionando como principal fundamento la mayor protección jurídica que se le concede en ese régimen a una de las partes integrantes de la relación heterosexual; en este caso a la mujer. En tal aspecto opino que no se viola el mentado principio constitucional, toda vez que “al hombre se le conmina con una mayor pena no sólo, o no necesariamente, porque le mueva un ánimo discriminatorio sino porque en general el acto del hombre hacia su pareja femenina es más grave, y ello se debe a dos motivos: el mayor temor que la agresión de un hombre ocasiona y la mayor posibilidad de que se produzca un resultado lesivo”[28]. No existe una desproporción injustificada del legislador que penaliza mayormente al género masculino como sujeto activo del homicidio de una mujer, debido a que el “fin por perseguido es el de brindar protección a determinadas personas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, o dicho de otra forma – se busca corregir esa desigualdad ahora dándole una protección a quién se la tiene como más vulnerable en esa relación”[29].
Retomando el análisis de la figura penal en estudio, advierto que el problema que plantea la misma, reside en que el tipo penal objetivo posee un elemento normativo extralegal, es decir, elementos normativos cuya definición no se encuentra en el propio cuerpo del Código Penal. El tipo penal exige que la muerte de la mujer a manos del hombre se haya producido mediando “violencia de género”.
En este sentido, Buompadre define un contexto de género como “un ámbito específico en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer por el varón, basada en una relación desigual de poder”[30].
Sin embargo, se trata de un elemento normativo extralegal vinculante para el juez, por lo cual el concepto de violencia de género no queda librado a su interpretación, ni depende de creación jurisprudencial, sino que su definición es la que estipula la legislación que la regula, en el orden internacional y nacional.
En consecuencia, para conceptualizar el término “violencia de género” debe recurrirse a la Convención Belem Do Pará a nivel internacional, y a la ley 26.485 a nivel nacional, remitiéndome al análisis efectuado en el apartado II del presente trabajo, en honor a la brevedad.
Entiendo necesario recurrir a la doctrina surgida de los fallos judiciales de nuestro país para delimitar correctamente la aplicación de la figura en estudio. Tenemos que ser conscientes que al ser reciente la entrada en vigencia del Femicidio, consecuencia lógica de ello es que no exista en nuestro país un vasto desarrollo jurisprudencial sobre el tema.
En primer lugar, entiendo pertinente que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Capital Federal, con fecha 23 de agosto de 2012[31], condenó a un hombre a 21 años de prisión por los delitos de Homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego. No obstante, en dicho precedente, si bien al momento del hecho delictivo y dictado de la sentencia, no se encontraba vigente la figura del “Femicidio” en nuestro Código Penal, el tribunal hizo referencia al mismo. Es decir, si bien no se calificó el hecho delictivo en razón del contexto de violencia de género, se utilizó por primera vez en nuestro país el término “femicidio” en un precedente judicial.
Así también podemos observar, una vez vigente el Femicidio en nuestro Código Penal, lo expresado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de Capital Federal en el auto de procesamiento y prisión preventiva de fecha 06 de Marzo de 2013[32], estableciendo que: “El femicidio es una figura penal que ha sido recientemente incorporada por la ley 26.971 al catálogo punitivo y se encuentra normativamente definido como la acción de dar muerte a una mujer llevada a cabo por un hombre mediando violencia de género. En el caso resulta claro la pertenencia al género masculino por parte del autor y al femenino por parte de la víctima, y para conceptualizar los alcances normativos del elemento “violencia de género” debe considerarse especialmente la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, República Federativa del Brasil del 9 de Junio de 1994, ratificada por ley 24.632) en cuanto establece que ‘…debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…’ (art. 1).”
Por último, me permito analizar un precedente del Tribunal Oral Nº 1 de la Provincia de Corrientes, de fecha 06 de Abril de 2015[33], donde se condenó a un hombre a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del homicidio de su ex pareja mediando violencia de género. En este fallo, los magistrados tomaron como norte de inspiración la cita que hace la obra “EL DELITO DE FEMICIDIO Aspectos POLITICOS CRIMINALES Y ANALISIS DOGMATICOS – JURIDICOS – GUSTAVO A AROCENA – JOSE D- CESANO – pag. 87 – Ed.Bdf -2014”, entendiendo que de esta manera se establece en forma precisa cuales son los indicadores a tener en cuenta al momento de sopesar si en el ámbito de la pareja existió o no violencia de género. Hago referencia a la cita en la cual se establece que “en el ámbito de la Psicología se informa que los femicidios estadísticamente son protagonizados en la mayorías de los casos por esposos, novios, concubinos, o amantes, mas que por otras personas y que se producen en dinámica de parejas caracterizadas por determinadas constantes, a saber : el control de la mujer como sinónimo de posesión y con la idea de dominarla, los celos patológicos, el aislamiento de la victima de su familia y amigos para perpetuar la violencia, el acoso que satura la capacidad critica y el juicio de la ofendida, la denigración y humillaciones de la agredida, y la indiferencia ante sus demandas afectivas, entre otras . YAVARONE, M.-GATESCO, C. –BUSANIA, C.,”femicidio; ultimo escalón de la violencia” en AA.VV., Compromiso social frente a las problemáticas actuales. Compilado de los trabajos presentados en el XIII Congreso Argentino de Psicología.-Córdoba, Argentina, 2009, Compiladoras Varias, Lerner, Córdoba, 2010, PP.637.638”.
III. d.- Homicidio transv
ersal o vinculado.
El inciso 12 del art. 80, tras la reforma legislativa en estudio, quedó redactado de la siguiente manera, agravando la pena cuando se matare: “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc.1”; incluyendo así la figura del homicidio transversal o vinculado.
Este novel calificante del homicidio exige causar la muerte de una persona – sin distinción de sexo o condición – para causar sufrimiento a su cónyuge, ex cónyuge o persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja – haya mediado o no convivencia -.
Es decir, se mata para que otra persona sufra por esa muerte. Esta figura del homicidio implica matar a una persona con el propósito de lograr sufrimiento, padecimiento o dolor ajeno.
Buompadre atinadamente afirma que lo que caracteriza a este delito es su configuración subjetiva, la que se traduce en la finalidad perseguida por el agresor –causar sufrimiento a una tercera persona -, sin que sea necesario lograr efectivamente el fin propuesto, siendo suficiente para la consumación del delito que se haya matado con dicha finalidad.[34]
En este aspecto vemos que esta modalidad del homicidio añade en el tipo subjetivo un elemento intencional. No basta con el dolo propio de todo homicidio, sino que se requiere matar para lograr que otra persona sufra, no siendo necesario que esta persona realmente sufra por esa muerte – bastando con la intención de hacer sufrir -.
Al momento de justificar el plus punitivo que recibe este tipo de homicidio, es posible avizorar que la razón del mayor castigo está en que el autor “mata a inocentes para hacer sufrir a un tercero (…) Además, de la crueldad que con ello exhibe, produce dos víctimas: el muerto y la persona que sufre por esa muerte. Con lo cual la entidad del injusto es superior a la del homicidio simple y el reproche que se le puede formular al autor o a la autora, más severo”[35], máxime teniendo en cuenta la relación vincular o de pareja que une al sujeto activo con la persona sufriente.
III. e.- Lesiones calificadas por circunstancias del art. 80 del C.P. Promoción de oficio de la acción penal por mediar interés público. Desistimiento de la acción.
La incorporación de los delitos de género realizada por la ley N° 26.791, impactó directamente en los delitos de lesiones leves, graves y gravísimas. Ello en virtud de la técnica legislativa preexistente utilizada por el art. 92 del Código Penal, el cual establece que “Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89 de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años”.
Como se puede apreciar, las lesiones se agravan en función de las circunstancias del art. 80 del C.P., por lo cual la incorporación de la cuestión de género como agravante del homicidio – ya analizada a lo largo del presente trabajo – también opera como agravante de aquella figura penal. En pocas palabras, a partir de la reforma, las lesiones se agravan por la relación de pareja con la víctima, por odio de género, por cometerse contra una mujer mediando violencia de género y por venganza transversal; incorporándose de esta manera la perspectiva de género como circunstancia calificante – merecedora de plus punitivo – en el delito de lesiones.
III. e. 1.- Promoción de oficio de la acción penal por mediar interés público.
Entiendo en este caso, que al resultar las lesiones leves agravadas por perspectivas de género, corresponde proceder de oficio – prescindiendo de la instancia de la acción penal por parte de la víctima -, toda vez que media una razón de interés público, de conformidad con lo preceptuado por el art. 72 inc. 2 in fine del C.P.[36]
En definitiva, son las conductas antisociales que por tanto, irradian sus efectos más allá de las partes involucradas en el conflicto, las que habilitan el ingreso del ius poenale al tratamiento de una cuestión que, por regla, hubiere quedado reducida al ámbito privado.[37]
Surge del análisis de todo el plexo normativo que el órgano estatal encargado de la persecución penal está obligado a actuar en aquellas situaciones que comprometen el interés público, entre las cuales se encuentra las de violencia de género, por lo que considero que se salva así el obstáculo de procedibilidad correspondiendo la intervención de oficio.
En apoyo a la postura formulada, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal tiene dicho, de manera contundente, que en casos de lesiones sufridas por una mujer en un contexto de violencia de género: “Potencialmente se vislumb
ra un riesgo que afecta su integridad –psíquica o física – y así se ve excedido el marco de intimidad en que se veía protegida y autoriza, que en garantía de “un interés público” que la involucra la acción pueda ser ejercida de manera oficiosa (…) De momento y en el caso concreto existe ese interés público que habilita al Ministerio público a actuar sin que se haya instado la acción (…) la Convención conocida como de “Belem Do Pará” en su afirmación introductoria y los artículos 3, 4, 5, 7 (especialmente inciso f) y 13, entre otros, vienen para mí a darle a estos sucesos el alcance del interés público previsto en el ordenamiento sustantivo (art. 72 inc. 2° del Código Penal)”. [38]
Además de la razones de congruencia normativa, es necesario entender que las lesiones sufridas por la mujer víctima, suele ostentar carácter doméstico, es decir, se produce intramuros, y cometida a manos de su cónyuge, ex cónyuge o persona con quien tiene o ha tenido una relación de pareja. Ello implica que, generalmente, la víctima siente un temor reverencial ante su agresor, ya sea por el contexto de violencia cotidiano que sufre, porque aquel es el sostén económico del hogar o por la falsa creencia de una necesidad de conservar la familia pasando por alto estos hechos. Así también, es común que la mujer víctima tema la inacción de la justicia, sabiendo que ella deberá regresar a su hogar y enfrentar nuevamente a su agresor, quien probablemente tomará conocimiento de la denuncia penal que se radicó, con las represalias que ello genera. Estos factores son lo que influyen a la víctima de violencia de género al momento de decidir radicar una denuncia penal. Estos factores son lo que hacen creer a la víctima que recurrir a la Justicia Penal no será una solución a su problema, por el contrario, le traerá mayores consecuencias.
Esta clase de delitos – lesiones leves – son el comienzo de una violencia sistemática que la víctima sufrirá a manos de su pareja, la cual va en constante progreso, aumentando su intensidad. ¿A caso esperamos a que la lesión sea grave para poder investigar de oficio y sancionar? ¿Y si en el lugar de ser graves o gravísimas resulta un femicidio? ¿Puede justificarse esta inacción estatal por tecnicismos legislativos?
Es por ello, que propongo como mejora normativa, a efectos de evitar la discusión sobre la procedencia de oficio en esta clase de delitos, legislar en tal sentido, reconociendo expresamente la violencia de género como de interés público, posibilitando al Estado a ejercer la acción penal sin necesidad de instancia privada.
III. e. 2.- Desistimiento de la acción penal por parte de la víctima.
Entiendo que lo solicitado por la víctima en cuanto a la interrupción del proceso penal por ella iniciado, no resulta procedente, siendo que el delito de lesiones leves es de acción penal pública, aunque dependiente de instancia privada. Por ende, instada la acción por el legitimado a hacerlo, la acción penal queda en manos del Estado, quien la ejercerá de oficio – sin perjuicio de la postura adoptada en el apartado precedente, donde se considera que la acción debe promoverse por el Estado desde la comisión del hecho delictivo por razones de interés público -. “La instancia privada motiva la intervención del acusador público una vez instada la acción penal por el particular ofendido; dicha acción penal tiende a la sanción y encierra un interés público”[39]
En este sentido me permito analizar un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, en el cual la defensa cuestionó el auto de procesamiento de su pupilo procesal, toda vez que no se habría contemplado la rectificación de la denunciante e incluso su desistimiento de la acción penal ya que al efectuar la denuncia, supuestamente se encontraba en un momento de confusión y nerviosismo. Estas actuaciones penales se iniciaron con la denuncia que formuló la víctima ante la Oficina de Violencia Doméstica donde, tras relatar detalladamente el hecho sucedido, fue interrogada específicamente acerca de su deseo de instar la acción penal, respondiendo afirmativamente. En ese sentido, a criterio de los magistrados intervinientes, estas posteriores manifestaciones de la denunciante “carecen de virtualidad suficiente para detener el proceso de las presentes actuaciones, habida cuenta que la intervención del acusador público obtuvo virtualidad una vez instada la acción penal por el particular ofendido. Por ello, encontrándonos ante un delito de acción pública pero de instancia privada y por ende de carácter irretractable, superado el obstáculo procesal, la titularidad de la acción penal pertenece al Estado, consistiendo la voluntad de la ofendida en un mero requisito de habilitación del ejercicio de la acción penal por su titular. En consecuencia, lo manifestado por la denunciante no resulta idóneo para finalizar el trámite de esta investigación (ver de esta Sala, recurso n° 33.903, “Portillo”, rto: 6/6/08), como pretende la defensa.”[40]
IV.- ESTANDARES PARA UNA CORRECTA REACCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO.
IV. a.- IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA, CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN PENA, EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Para encontrar uno de los primeros precedentes judiciales en la materia, es necesario remontarse al año 2010. Encontramos así que la Cámara Nacional de Casación Penal – sala II -rechazó la suspensión del juicio a prueba en un caso de abuso sexual simple, por considerar que la aplicación del instituto de la probation en estos supuestos, constituiría una infracción a los deberes del Estado asumidos por los instrumentos internacionales, en cuanto establecen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales y eﬁcaces, como medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, de conformidad con la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Surge de la doctrina del mentado
fallo que los jueces, como integrantes del Poder Judicial del Estado, deben interpretar la ley y fundar sus decisiones con arreglo a este compromiso estatal.
Así los magistrados intervinientes categóricamente determinaron que la suspensión del proceso a prueba “es inconciliable con el deber que tiene el Estado de investigar, esclarecer los hechos de violencia contra la mujer, y de sancionar a sus responsables en un juicio con las debidas garantías (…) la suspensión del juicio a prueba obsta a la efectiva dilucidación de hechos que constituirían un delito, este instituto debe ser considerado en relación con las obligaciones asumidas respecto de la concreta respuesta penal frente a los sucesos que impliquen de alguna forma violencia contra la mujer”, pues en estos casos, suspender el juicio a prueba “implicaría afectar las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar, circunstancia que pondría en crisis el compromiso asumido por el Estado al aprobarlas”.[41]
Avanzando en el tiempo encontramos que la Jurisprudencia mantuvo la línea de respeto por los compromisos internacionales asumidos, entendiendo que la acción penal no debe suspenderse ni interrumpirse en delitos de género. Podemos observar así que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, en el año 2012, en virtud el recurso incoado por la defensa técnica por no concederse la suspensión de juicio a prueba por falta del consentimiento del Agente Fiscal, estableció que “son legítimas las razones de política criminal enunciadas por el fiscal para oponerse a la concesión de la suspensión del juicio a prueba si el hecho atribuido – configurativo de los delitos de los arts. 90 y 149 bis CP, (…) enmarca en lo que doctrinariamente se conoce como violencia de género, habiendo nuestro país asumido un compromiso internacional a los fines de erradicar la violencia contra la mujer”.[42]
En el fallo “Góngora”[43], en consonancia con la línea jurisprudencial analizada ut supra, la Corte entendió que en delitos vinculados a todo tipo de violencia contra la mujer, en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), “la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”. En otras palabras, estableció que todo país que ha aprobado la Convención Belem Do Pará – reconociendo su operatividad -, en delitos de género, se ve obligado a ejercer la acción penal hasta la realización de juicio plenario, no pudiendo hacerse cesar ni interrumpir la misma, sino que el proceso iniciado deberá culminar en un debate oral y público, y con una sentencia absolutoria o condenatoria.
Así observamos el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, del mes de agosto del 2013, donde expresó: “Los hechos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio poseen suma trascendencia por tratarse de acciones que pueden ser encuadradas en la denominada ‘violencia de género” (…). Por ello, es que no resulta viable la probation cuando el delito investigado implica un caso de violencia de género, por tratarse de supuestos en los cuales la normativa involucrada en la cuestión impone la realización del plenario”.[44]
En idéntico sentido, se expidió nuevamente la Sala IV de la Cámara de Casación[45], pero con fecha 24 de Junio de 2015, donde ratificó su postura y confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 de Capital Federal, por el cual se rechazó la suspensión de juicio a prueba a favor de un hombre imputado por lesiones y amenazas contra una mujer mediando violencia de género. Lo hizo con fundamento en las prescripciones de la Convención Belém Do Pará que obligan en estos casos a la realización de un juicio plenario, y citando la doctrina sentada por la Corte Federal en el fallo “Góngora”.
En tal aspecto, la Novena Reunión del Comité de Expertos del año 2012 abordó expresamente el asunto de la prohibición de la conciliación, mediación o cualquier otro método alternativo que busque una solución extrajudicial. En consecuencia, se dijo: “Prohibir tanto el uso de métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres, como el uso del criterio o principio de oportunidad, y armonizar la legislación procesal con estas prohibiciones. Si existieran estos impedimentos solo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, ampliar dichas prohibiciones a otros casos de violencia contra las mujeres.”[46] En idéntico sentido se expresó el informe del mes de mayo de 2013 sobre “Indicadores de Progreso para la implementación de la medición de la implementación de la Convención”. El informe de mención hace una recomendación sobre el tema en análisis, diciendo: “Sanción de legislación que prohíba en forma explícita el uso de métodos de conciliación, mediación, probation, suspensión de juicio a prueba, aplicación del criterio de oportunidad, conmutación de penas u otros orientados a r
esolver extrajudicialmente casos de violencia”[47]
No desconozco que ha habido un avance en la materia, como lo es el caso de las directivas impartidas por la Procuración General de la Nación, mediante Resolución N° 97/09, a sus Agentes Fiscales, impidiendo prestar su conformidad para la suspensión de juicio a prueba en casos de delitos que presentan connotaciones de violencia contra la mujer. A su vez, en esta línea de pensamiento, también se encuentra la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, la cual mediante la Resolución N° 148/12, estableció como directiva general dirigida a los Sres. Fiscales de Cámara, Fiscales de Instrucción, Fiscales en lo Penal de Menores y Fiscales Correccionales, que en lo sucesivo, se abstengan de propiciar la aplicación de principios de oportunidad – establecidos en el artículo 26 del C.P.P de la Ley 6730 – y de prestar el consentimiento fiscal correspondiente al momento de contestar la vista relativa al pedido de Suspensión del Juicio a Prueba – prevista en el artículo 76 bis del C.P. – en los casos en que el delito investigado implique cualquier forma de violencia de género, intrafamiliar o doméstica, ajustándose a los términos de la Convención Belém Do Para.
IV. b.- AMPLITUD PROBATORIA EN DELITOS DE GÉNERO. TESTIGO ÚNICO.
Especial relevancia adquiere la cuestión probatoria en los delitos que encuentran a las mujeres como víctimas y que se cometen en un contexto de violencia de género.
Sabido es que, en la mayoría de los casos, esta clase de delitos reviste calidad de “doméstica”, toda vez que se producen intramuros, es decir, en el interior del hogar, en la intimidad de la pareja, en el núcleo familiar. Consecuencia de ello, la prueba de cargo se ve limitada por la naturaleza del propio caso, siendo común que no existan testigos oculares de lo ocurrido que sean ajenos al conflicto.
En virtud de ello, es preciso revestir de fuerza probatoria la declaración de la mujer víctima, quien resulta ser el único testigo del hecho delictivo, con la entidad necesaria para reunir los elementos de convicción que requiere la ley adjetiva para llevar adelante el proceso penal.
Así también lo han entendido los operadores jurídicos, creando vasta doctrina judicial respecto de la problemática que en este apartado nos convoca.
En esta línea de pensamiento, el Máximo Tribunal de Capital Federal, en un caso de amenazas cometidas contra una mujer en la intimidad del hogar, que encontraba la declaración de la víctima como elemento probatorio único, expresó que el antiguo adagio “testis unus, testis nullus” – con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no reviste calidad de prueba suficiente para acreditar la participación en un hecho delictivo – no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente. Afirma esto en virtud de que el Código de rito de Capital Federal adopta como reglas generales la "amplitud probatoria" para demostrar los hechos y circunstancias; y el sistema de la sana crítica racional, como método para valorar la prueba producida[48]. En este sentido, entiende el tribunal que la convicción judicial para resolver no depende de la cantidad de los elementos de prueba que se producen durante el juicio sino del valor y la fuerza probatoria que – fundada y racionalmente- se le asigne a los mismos, “incluso cuando ella principalmente se asiente en el relato de la víctima”. Continua diciendo el Tribunal Superior que “El testimonio de la víctima en estos supuestos tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante. El valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia”.[49]
De igual manera se expidió la Cámara Nacional de Casación Penal, en respuesta al agravio planteado por la defensa técnica de un hombre acusado de cometer el delito de coacciones en un contexto de violencia de género; agravio consistente en que fuera el testimonio de la víctima el elemento de juicio determinante de la imputación. Al respecto, expresó la Cámara, “cabe considerar que en todo caso, la víctima de un hecho llevado a cabo en solitario – sin terceros presenciales- donde sólo el atacante y la mujer estuvieron presentes, justifica que la fuente de comprobación remita a la denunciante”[50].
No debemos olvidar que la ley marco 26.485 de Protección Integral de
la mujer, más precisamente en su art. 16 inc. 1, también consagra la
amplitud probatoria imperante en la materia en estudio. En este sentido,
en un caso de lesiones leves cometido contra una mujer mediando
violencia de género, se expresó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal, diciendo que “la prueba más trascendental es lo dicho por la
víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento.
No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en
el ámbito de intimidad de la pareja (…) El Estado tiene el deber de
cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas
establecidas en el artículo 16 de la ley 26.485, que incluye el derecho
de las mujeres a vivir una vida sin violencia.”[51] Así también ya lo
había expresado con anterioridad, en un caso de violencia doméstica que
encontraba a la mujer como víctima de amenazas, afirmando que “En virtud
de que existe un criterio de amplitud probatoria para acreditar los
hechos de este tipo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en
la que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus
testigos naturales (artículo 16, apartado “i” de la ley n° 26.485),
entendemos que el análisis del caso no puede hacerse como intenta la
defensa, esto es, en la cantidad de prueba que hay en el sumario o en la
inexistencia de testigos, sino en una pauta inobjetable que es la
conducta metódica y violenta que habría practicado el acusado hacia la
denunciante durante un plazo que se extiende por años”.[52]
concluir entonces que la máxima de que el testigo único no es
suficiente para constituir una prueba, pierde vigor en los casos de
violencia doméstica, atento al contexto de intimidad donde suelen
producirse los mismos, lo cual supone una limitación obvia en materia
probatoria. Es así que la palabra de la víctima adquiere relevancia,
siendo autorizada a crear por sí misma la prueba de un hecho punible, en
virtud de la amplitud probatoria prevista por los Códigos
Procedimentales y la ley de Protección Integral de las Mujeres, como así
también por el sistema de sana crítica racional y libre convicción
imperante en materia probatoria en nuestro sistema.
c.- LINEAMIENTOS DE POLITICA CRIMINAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA
VÍCTIMA. RESOLUCIONES DE PROCURACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
Las particulares circunstancias que
rodean los casos de violencia contra las mujeres, que suponen la
indefensión de la mujer víctima ante su agresor – que en muchos casos
proviene de su pareja conviviente -, y la situación de vulnerabilidad
que ostenta frente a su victimario, exigen una reacción punitiva
especial y multidisciplinaria por parte del Estado para mitigar los
efectos del delito, y evitar posteriores hechos delictivos de idéntica
Es por ello que resulta indispensable la fijación de
criterios de política criminal que atiendan las circunstancias
especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de
protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y
la reiteración delictual.
Recurriendo al plano internacional,
encontramos que en este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres
víctimas de Violencia en las Américas[53], ofreció un diagnóstico sobre
los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando intentan
acceder a una tutela judicial efectiva para remediar actos de violencia.
En este sentido, la Comisión formuló conclusiones y recomendaciones a
fin de que los Estados actúen con debida diligencia para ofrecer una
respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes, fijando
estándares importantes de política criminal para los Estados.
los más destacables, la C.I.D.H. hizo hincapié en el deber de los
Estados de actuar con la debida diligencia requerida ante actos de
violencia contra las mujeres, tanto cometidos por agentes estatales como
particulares; el deber de investigar actos de violencia de forma pronta
y exhaustiva; la obligación de erradicar patrones socioculturales
discriminatorios que pueden influir la labor de fiscales, jueces, y
otros funcionarios judiciales en la judicialización de casos de
violencia contra las mujeres; el deber de garantizar que la actuación
del sistema de justicia sea imparcial, independiente, y libre de
discriminación; y el deber de garantizar que los familiares de las
víctimas tengan un tratamiento digno en el sistema de justicia, entre
Por su parte, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el precedente “Campo Algodonero”[54] del año
2009 – donde se declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por una
serie de femicidios cometidos en Ciudad de Juárez -, estableció una
serie de reglas para conducir eficazmente el proceso penal en los
delitos de género. Así fijó que el Estado deberá conducir eficazmente el
proceso penal en curso conforme a las siguientes directrices: “i) se
deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la
debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos
las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar
la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso; ii)
la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender
líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo
cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones
respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que
cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de
información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la
investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por
funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a
víctimas de discriminación y violencia por razón de género; iii) deberá
asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento
de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera
adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen
en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y
iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados
para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente
La Corte Interamericana también estableció la
obligatoriedad de programas y cursos de capacitación sobre los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos – en especial la
Convención Belém Do Pará y la C.E.D.A.W. – y la doctrina surgida de este
fallo, destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios
encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a
cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que
participe directa o indirectamente en la prevención, investigación,
procesamiento, sanción y reparación en casos de delitos que impliquen
violencia contra las mujeres. Además destacó necesidad de educar a la
población Mexicana para enfrentar la discriminación del género femenino,
intimando a que el Estado realice un programa de educación destinado a
la población en general, con el fin de superar dicha situación.
definitiva, esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso del
“Campo Algodonero” sentó una doctrina jurisprudencial trascendental para
la comprensión y la interpretación de los hechos criminales que se
cometen contra las mujeres y sobre todo para dimensionar los contextos
de violencia e impunidad que acompañan estos hechos, fijando parámetros y
políticas criminales que deben adoptarse en los procesos penales
destinados a investigar y sancionar este tipo de conductas, con el único
fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y su derecho a
la reparación de los daños causados.
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, adoptó los
lineamientos fijados internacionalmente, en pos de lograr una mayor
eficacia en la persecución de delitos de género y asegurar la protección
física y psicológica de la víctima, en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 7 inc. b de la Convención de Belém do Pará, que impone
la necesidad disponer mecanismos para actuar con debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
observamos que la Procuración General del Máximo Tribunal de Mendoza,
dictó lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la
unidad funcional de los miembros del Ministerio Público.
través de la Resolución Nº 16/12, como primera medida de política
criminal, a efectos de logar la mayor eficacia posible en el impulso
procesal, dispuso la obligación de consultar en el buscador de personas
del Sistema de Gestión informático, la existencia de causas que se
tramiten contra el mismo imputado por causa de violencia de género en
todas las Unidades Fiscales de la Provincia, con el único sentido de
darle un tratamiento conjunto por la conexidad subjetiva existente.
también, mediante Resolución Nº 148/12, como ya se analizara
anteriormente, estableció como directiva general dirigida a los Agentes
Fiscales del Ministerio Público, que en lo sucesivo, se abstengan de
propiciar la aplicación de principios de oportunidad y de prestar el
consentimiento fiscal correspondiente al momento de contestar la vista
relativa al pedido de Suspensión del Juicio a Prueba, en los casos en
que el delito investigado implique cualquier forma de violencia de
género, ajustándose a los términos de la Convención Belén Do Para y de
las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
pos de asegurar los derechos de las víctimas, emitió la Resolución N°
300/13, estableciendo que el Ministerio Público Fiscal, debe atender y
asesorar a las víctimas, brindándole información respecto el estado de
la causa, situación del imputado y facultades que puede ejercer en el
A su vez, en vista de lograr la mayor eficacia del
proceso iniciado y mayor celeridad, priorizando el tratamiento conjunto
de causas penales contra un mismo imputado, dictó la Resolución Nº
300/14, donde impartió como directiva general dirigida a los Fiscales de
Instrucción, que en los casos de denuncia por violencia de género el
agente fiscal en turno deberá consultar a fin de corroborar la
existencia de otros procesos en trámite o archivados que existan en la
Unidad Fiscal, respecto del agresor, debiendo acumularse en un solo
agente fiscal todas las causas en trámite o archivadas de violencia de
género o intrafamiliar, seguidas contra el mismo, previo tomar las
medidas urgentes que garanticen la integridad física de las personas
Ya a fines del año 2014, se logra observar que el
Procurador General de Mendoza insistió en el perfeccionamiento de la
política criminal en casos de violencia contra la mujer y el énfasis en
priorizar las medidas de protección de las víctimas de este flagelo.
Así, a través de la Resolución N° 629/14, destacó expresamente la
necesidad de consolidar la implementación de políticas dirigidas al
abordaje de la violencia de género de acuerdo al rol que tiene el
Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los instrumentos
internacionales de promoción y protección de los derechos de las mujeres
suscriptos por la Nación Argentina y con la normativa legal nacional y
provincial relativa a esta problemática. A su vez resaltó el deber de
suministrar la debida atención y el tratamiento apropiado y específico a
las mujeres víctimas cuando toman el primer contacto con el Ministerio
Público Fiscal, con el objeto de salvaguardar el acceso a la justicia,
disponer rápidamente la realización de exámenes periciales con el objeto
de preservar las pruebas y proporcionarle a las víctimas el
acompañamiento necesario por parte de los organismos pertinentes;
resaltando que uno de los ejes principales en los casos de atención de
víctimas de violencia de género, es facilitar el acceso a la justicia y
minimizar la victimización secundaria, realizando todos los esfuerzos
para que el proceso penal no incremente el padecimiento experimentado
Es por ello que por intermedio de
esta Resolución del año 2014, se estableció como directiva general
dirigida a los Fiscales de Instrucción, Ayudantes Fiscales, Secretarios
de Unidades Fiscales y Personal Administrativo integrantes del
a.- “Profundizar el enfoque de género e
intensificar los esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso a la
justicia a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar”.
“Reducir los tiempos de espera y tornar mínimas las molestias propias
del proceso penal que pudieren ocasionarse a las víctimas de violencia
de género o intrafamiliar”.
c.- “Realizar las correspondientes
comunicaciones y derivaciones a los organismos de Asistencia a
Víctimas de carácter municipal y/o provincial, a fin de su abordaje y
contención”. De esta manera se busca dar intervención a los diferentes
órganos estatales especializados en la materia, destinados a realizar un
abordaje multidisciplinario y contención psicológica sobre las
víctimas. Así encontramos, a nivel provincial, la Dirección de la Mujer
dependiente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza[55], la cual
presta un servicio gratuito de acceso a la justicia dirigido a la
mujeres víctima de violencia de género; mientras que a nivel municipal,
algunos Municipios de la Provincia cuentan con un sector denominado
“Área de la Mujer”, que reviste la calidad de organismo de asistencia
multidisciplinaria a la víctima de violencia contra la mujer.
Ineludiblemente, debo hacer referencia, en el orden nacional, a la
Oficina de la Mujer[56], creada por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación mediante la Acordada N° 13/2009.
d. – “Tener en
consideración el resguardo de la seguridad de las víctimas de violencia
de género o intrafamiliar, disponiendo las medidas pertinentes que
excluyan el contacto del imputado con la víctima”. Ello implica la
obligación del Agente Fiscal avocado a la investigación del caso, de
adoptar de manera inmediata las medidas de protección de la integridad
física y psicológica de la víctima. En este sentido, se busca imponer al
imputado la prohibición de contacto y acercamiento a la mujer víctima,
el establecimiento de rondines policiales en el domicilio de aquella
asegurando la prevención de nuevos hechos delictivos, entre otras
medidas que se estimen oportunas en el caso concreto.
la normativa nacional e internacional que regula la violencia contra la
mujer, como así también la doctrina de autores reconocidos en la
materia y jurisprudencia imperante, para finalizar el presente trabajo
de investigación, se extraen las siguientes conclusiones:
A efectos de definir conceptualmente el término “violencia de género”,
se puede afirmar que esta terminología implica cualquier acto de
violencia físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, que inciden
sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en
las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que
subordinan a la mujer. Surge del espíritu de la normativa nacional –
ley 26.485 – e internacional – Convención Belém Do Pará y C.E.D.A.W. –
que regula la materia, y de la doctrina jurisprudencial analizada, que
los legisladores y operadores jurídicos entienden que la expresión
“violencia de género” está circunscripta a la violencia contra la mujer,
perpetrada por razón de su género.
– La ley 26.791
agregó al art. 80 inc. 1 como circunstancia calificante, nuevas
calidades del sujeto pasivo, respecto del sujeto activo, estableciendo
la prisión o reclusión perpetua cuando se matare al “ex cónyuge o
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
mediare o no convivencia”. Este agravante exige circunstancias objetivas
que determinan justifican un plus de injusto, como lo son el
concubinato y el noviazgo – incluso el ex concubino/a y ex novio/a –
siempre que haya habido una “relación de pareja” entre el agresor y la
víctima, situación que excluye las meras relaciones pasajeras,
transitorias o amistosas. El tipo subjetivo de la figura penal analizada
se satisface únicamente con la intención de matar a un sujeto unido
vincular o relacionalmente al sujeto activo; no exigiéndose en
consecuencia la intención de realizarlo con motivo de su género o sexo –
por ende, el sujeto pasivo puede pertenecer al sexo masculino o
femenino –, por lo cual esta clase de homicidios no configuran un delito
– A través de la fórmula agregada por la ley
26.791 en las circunstancias extraordinarias de atenuación del art. 80,
la cual estableció: “Esto no será aplicable a quien anteriormente
hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”, se impuso
que estas circunstancias graves e inusitadas no son aplicables cuando
el autor del homicidio realizó con anterioridad actos de violencia
contra la mujer víctima de ese delito. Debe entenderse que estos “actos
de violencia anteriores” – a lo que refiere la ley – pueden o no ser
configurativos de delito, debiendo encuadrar en la definición de
violencia de género de la ley 26.485 y la Convención Belem Do Pará, y
por lo tanto no demandan el previo dictado de una sentencia penal
condenatoria sobre esos actos.
– El inciso 4° del art. 80
modificado por la ley 26.791, incorpora como calificante del homicidio,
cuando se matare a otra persona por odio de género – cuando la acción
de matar conlleva la motivación de odio que se siente por la víctima por
pertenecer a un determinado género, sea masculino o femenino -; por
odio a la orientación sexual – por su inclinación sexual: homosexual,
bisexual o heterosexual -; por odio a la identidad de género – se mata a
otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la
víctima, es decir, una persona transexual –; o por odio a la expresión
de identidad de género – la víctima no ha cambiado de género sexual,
pero se comporta y expresa como si perteneciera al género contrario, es
decir, travestismo y transformismo -.
– Con la reforma en
estudio, se incorporó el inc. 11 al art. 80, el cual agrava el
homicidio contra “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género”, contemplando así la figura del
“Femicidio”. Este novel tipo de homicidio contempla la muerte de una
mujer en un contexto de género, es decir, prevé la muerte de una mujer,
por su pertenencia al género femenino – porque es una mujer –,
existiendo un contexto de subordinación y sometimiento de la mujer
hacia el varón, basada en una relación desigual de poder.
El inciso 12 del art. 80, tras la reforma legislativa, agrava la pena
del homicidio cuando se matare: “con el propósito de causar sufrimiento a
una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los
términos del inc.1”; incluyendo así la figura del homicidio transversal o
vinculado. Se exige causar la muerte de una persona – sin distinción de
sexo o condición – con el único fin de causar sufrimiento a su cónyuge,
ex cónyuge o persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de
pareja – haya mediado o no convivencia -.
incorporación de los delitos de género realizada por la ley N° 26.791,
impactó directamente en los delitos de lesiones leves, graves y
gravísimas, toda vez que en función del art. 92 se agravan por las
circunstancias del art. 80 del C.P. En este sentido, la incorporación de
la cuestión de género como agravante del homicidio también opera como
agravante de aquella figura penal. En pocas palabras, las lesiones se
agravan por la relación de pareja con la víctima, por odio de género,
por cometerse contra una mujer mediando violencia de género y por
venganza transversal; incorporándose de esta manera la perspectiva de
género como circunstancia calificante – merecedora de plus punitivo – en
el delito de lesiones.
– Resulta pertinente entender que
en caso de lesiones leves agravadas por perspectivas de género,
corresponde promover de oficio la acción penal – prescindiendo de la
instancia por parte de la víctima -, toda vez que media una razón de
interés público, de conformidad con lo preceptuado por el art. 72 inc. 2
in fine del C.P., en virtud de los compromisos internacionales asumidos
y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima frente a
su agresor. Por otra parte, no se admite el desistimiento de la acción
penal por parte de la víctima, toda vez que una vez instada por la mujer
víctima, dicha acción penal tiende a la sanción y encierra un interés
– La normativa internacional a través de la
interpretación de la jurisprudencia imperante en la materia, establece
la prohibición de aplicar criterios de oportunidad y demás métodos
alternativos de resolución de conflicto – es especial la suspensión de
juicio a prueba -, en los casos de delitos enmarcados dentro de
violencia de género. En este sentido se han expedido la Procuración
Nacional y de la Provincia de Mendoza, mediante resoluciones internas
obligatorias para los miembros del Ministerio Público Fiscal. No
obstante ello, es necesario plasmar normativamente los lineamientos
analizados – tal como se procedió con la derogación del avenimiento en
delitos contra la integridad sexual -, insertándolos expresamente en los
Códigos de Procedimientos, como así también prever en el Código Penal
la imposibilidad de suspensión de juicio a prueba en este tipo de casos.
La máxima de que el testigo único no es suficiente para constituir una
prueba, pierde vigor en los casos de violencia doméstica, atento al
contexto de intimidad donde suelen producirse los mismos, lo cual supone
una limitación obvia en materia probatoria. Es por ello que el
testimonio de la víctima como única evidencia posee fuerza probatoria en
el proceso penal, en virtud de la amplitud probatoria prevista por los
Códigos Procedimentales y la ley de Protección Integral de las Mujeres,
como así también por el sistema de sana crítica racional y libre
convicción imperante en materia probatoria en nuestro sistema.
Resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que
atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la
adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar
consecuencias mayores y la reiteración delictual. Así la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció una serie de reglas
destinadas a los Estados para conducir eficazmente el proceso penal en
los delitos de género. En este sentido la Procuración de la Suprema
Corte de Mendoza dictó resoluciones de política criminal determinando
lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la
unidad funcional de los miembros del Ministerio Público y lograr mayor
celeridad y eficacia del proceso penal en casos de violencia de género.
Así también, la Máxima autoridad del Ministerio Púbico emitió
resoluciones dirigidas a priorizar la adopción de medidas de protección
de integridad física y psicológica de la mujer víctima en los actos
iniciales del proceso penal.
AA. VV.; “La Misoginia Medieval y su repercusión en el concepto de
enfermedad mental de la mujer”; en Revista de Historia de la Psicología;
volumen 13; 1992; pág. 329.
– Arocena, Gustavo – Cesano,
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Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho
Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013;
– Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género,
Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed.
Alveroni; 2013; Córdoba; pág. 143.
– Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional – SALA 6 –; “B., C. M.,
Incidente de falta de acción”; Resolución del 20/08/2013; CCC
58017935/2012/1/CA1.
– Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I –; “P., J. V.”; Sentencia del 06/06/2008.
– Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I -; “L., S. P.”; Sentencia de fecha 20/12/2012.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI
-; “R., C. J. s/procesamiento”; Sentencia del 19/04/2013.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala V -;
“R. B., J. s/amenazas y otros”; Sentencia del 07/06/2011.
Cámara Nacional de Casación Penal – Sala II -; “A.O., R.V. S/RECURSO
DE CASACIÓN”; Expte N° 13.245; Sentencia del 07/12/2010.
– Cámara Nacional de Casación Penal – Sala I -; “P., S. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Sentencia del 27/11/2012.
– Cámara Nacional de Casación Penal – Sala II -; “A., A. C. s/recurso de casación”; Sentencia del 09/05/2012.
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– Cámara Nacional de Casación Penal- Sala IV-; “D., H. J. s/ Recurso de Casación”; Sentencia del 24/06/2015.
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Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las
Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.; Doc. 68,
– Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; Segundo Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en el
Perú (2000), pág. 18; Informe sobre los Derechos de las Mujeres en
Chile: La Igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política (2009), párr.
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Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela;
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28
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Derechos Humanos; El caso “González y otros vs. México (Campo
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DIRECCIÓN DE LA MUJER "DRA CARMEN MARÍA ARGIBAY" SUPREMA CORTE DE
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Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto; “Código Penal Parte
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violencia género en Iberoamércia”; Compilación iberoamericana de leyes
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Implementación de la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convencion de Belém do
Pará"; (Aprobado por el Comité de Expertas-CEVI, el 21 de Mayo de 2013);
– Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instruccion N° 17 de Capital Federal; “M. G. G. s/ procesamiento –
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STC 59/08”; pág. 11- Cita en “El delito de Femicidio y su
Constitucionalidad” de Luciano Censori, pág. 52; Publicado en Edición
177- 30/6/14 Revista de Pensamiento Penal (www.pensamientopenal.com.ar.)
Maqueda Abreu, María Luisa; “La violencia de género. Entre el concepto
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www.criminet.ugr.es.
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– ¿Qué es la Oficina de la Mujer?; http://www.csjn.gov.ar/om/om.html
Suprema Corte de Justicia de Mendoza; “FISCAL C/MARAVILLA, JULIO
ALBERTO; VIDELA, ROSANA PETRONA POR ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR LA
GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA REITERADO EN CONCURSO REAL CON ABUSO SEXUAL
GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR LA GUARDA Y POR LA CONVIVENCIA
PREEXISTENTE”; Sala N° 2; Fecha: 30/08/2012; ubicación: LS442-014.
Suprema Corte de Justicia de Mendoza; “SPILA MARIA VICTORIA C/
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/ ACCION DE AMPARO”; Sala N° 1; Expte. N°
110.161; Fecha: 25/06/2014.
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pág. 4; en Revista Online Pensamiento Penal;
– Tribunal Oral en lo Criminal
N° 9 de Capital Federal; “F. C/ WEBER CARLOS JAVIER P/ HOMICIDIO
AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA…”; sentencia
del 23 de Agosto de 2012; Magistrados: Luis M. García, Fernando R.
Ramírez y Ana Dieta de Herrero.
– Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16; Causa N° 4.026; “H., A. E.”; Sentencia del 31/05/2013.
Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; "SOSA GARCÍA,
ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE
PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE
GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal; Ministerio Público.
Defensoría General de la C.A.B.A. s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en autos N. G., G. E. s/ inf. art. 149 bis
CP – Expte. 8796/12; Sentencia del 11/09/2013.
egresado Universidad Nacional de Cuyo, República Argentina; Diplomado en
Actualización en Derecho Penal y Procesal Penal de Universidad del
Aconcagua; Ayudante Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial,
Ministerio Público, Poder Judicial de Mendoza.
[2] Kemelmajer de
http://www.vocesenelfenix.com/content/la-violencia-contra-la-mujer-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-hum.
Por su parte, el artículo 11, apartado 5, inciso e) de la ley 26.485 de
Protección Integral de las Mujeres, indica que deberá promoverse la
elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia
contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de
aquéllos casos que requieren otro tipo de abordaje.
Convención Belém Do Pará fue ratificada en la República Argentina por la
ley 24.632 en el año 1996, quedando incluída en el bloque de tratados
internacionales con jerarquía constitucional del art. 75 inc. 22 de la
[4] Suprema Corte de Justicia de
Mendoza; SPILA MARIA VICTORIA C/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS P/
ACCION DE AMPARO; Sala N° 1; Expte. N° 110.161; Fecha: 25/06/2014.
Suprema Corte de Justicia de Mendoza; FISCAL C/MARAVILLA, JULIO
PREEXISTENTE; Sala N° 2; Fecha: 30/08/2012; ubicación: LS442-014
[6] Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16; Causa N° 4.026; “H., A. E.”; Sentencia del 31/05/2013.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la
Situación de Derechos Humanos en el Perú (2000), pág. 18; Informe sobre
los Derechos de las Mujeres en Chile: La Igualdad en la Familia, el
Trabajo y la Política (2009), párr. 43.
[8] Véase también
26; Informe de Haití de 2009, párr. 44
[9] Corte Interamericana
de Derechos Humanos; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú;
Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia del 25 de Noviembre de 2006;
Serie C Nº 160; párr. 276.
[10] Corte Interamericana de Derechos
Humanos; Caso Perozo y otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares,
Fondo, Reparaciones Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr.
[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Perozo y
otros vs. Venezuela; Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones
Costas; Sentencia del 28 de Enero de 2009; párr. 293.
[12] Gómez
Fernández, Itziar; “La acción legislativa para erradicar la violencia
género en Iberoamércia”; Compilación iberoamericana de leyes contra la
violencia de género; Tirant lo Blanch; Valencia; 2008; pág. 25.
[14] Molina, Magdalena – Trotta, Federico; “Delito de femicidio y nuevos homicidios agravados”; La Ley; 2013 – A – 493.
Córdoba; pág. 145.
[16] Arocena, Gustavo – Cesano, José; “El
delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático –
jurídico”; Ed. B de F, Buenos Aires- Montevideo, 2013, pág. 73 nota 12.
Córdoba; pág. 143.
[18] Art. 80 – último párrafo – Código Penal:
“Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren
circunstancias extraordinarias de atenuación, el Juez podrá aplicar
prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. Esto no será aplicable a
quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la
mujer víctima”.
[19] Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos,
Roberto; “Código Penal Parte Especial: De los delitos en particular”;
Ed. Hammurabi; 2° Edición actualizada; Bs. As.; 2007; pág. 73.
[20] Buompadre, Jorge Eduardo; Ob. Cit; pág. 150.
[21] Arocena, Gustavo – Cesano, José; Ob. Cit.; pág. 105.
[22] Buompadre, Jorge Eduardo; Ob. Cit; pág. 153.
El término misoginia está compuesto por la raíz griega ‘miseo’ que
significa odiar y ‘gyne’ que se refiere a mujer, y se atribuye a la
actitud de los hombres que rehúyen el trato de las mujeres. (AA. VV.;
“La Misoginia Medieval y su repercusión en el concepto de enfermedad
mental de la mujer”; en Revista de Historia de la Psicología; volumen
13; 1992; pág. 329.
[24] García Blanco, Mariano; “Homicidio
agravados. Artículo 80 inc. 4 y 11 C. Penal. Anteproyecto”; Marzo del
2015; http://www.justodevoz.com.ar
[25] Tazza, Alejandro; “El
[26] García Blanco, Mariano; Ob. Cit.
[27] Buompadre, Jorge Eduardo; Ob. Cit; pág. 154.
[30] Idem (Ob. Cit., pág. 156)
Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Capital Federal; “F. C/ WEBER
CARLOS JAVIER P/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO
DE TENTATIVA…”; sentencia del 23 de Agosto de 2012; Magistrados: Luis
M. García, Fernando R. Ramírez y Ana Dieta de Herrero.
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruccion N° 17 de Capital Federal;
“M. G. G. s/ procesamiento – femicidio”; sentencia del 06 de Marzo de
2013; Magistrados: Javier Feliciano Ríos; Id Infojus: FA13060006.
[34] Buompadre, Jorge Eduardo; Ob Cit.; pág. 165.
[36] Art. 72 Código Penal Argentino:
”Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los
siguientes delitos: 1º) Los previstos en los artículos 119, 120 y 130
del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o
lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2º) Lesiones leves, sean
dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se
procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés
público. 3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres
no convivientes. En los casos de este artículo, no se procederá a
formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio
cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres,
tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o
guardador. Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre
algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así
resultare más conveniente para el interés superior de aquél.
[37] Breglia Arias, Omar; "Código Penal Comentado"; Ed. Astrea; 2006; pág. 146.
–; “B., C. M., Incidente de falta de acción”; Resolución del 20/08/2013;
CCC 58017935/2012/1/CA1. En este caso, M. B. G. denunció ante la
Oficina de Violencia Doméstica que el 22 de noviembre de 2012, en el
interior de la vivienda de la calle “(….)” y luego de una discusión, C.
M. B. la habría tomado de los brazos y empujado al suelo con las manos
hacia atrás, provocándole lesiones.
[39] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I –; “P., J. V.”; Sentencia del 06/06/2008.
[40] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala I -; “L., S. P.”; Sentencia de fecha 20/12/2012.
[42] Cámara Nacional de Casación Penal – Sala I -; “P., S. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Sentencia del 27/11/2012.
[43] Corte Suprema de Justicia de la Nación; “Góngora, Gabriel A. s/Causa 14.092”; G, 61, XLIII; Sentencia del 23/04/2012.
[44] Cámara Nacional de Casación Penal – Sala IV -; “R., M. F. s/ Recurso de Casación”; Sentencia del 20/08/2013.
[45] Cámara Nacional de Casación Penal- Sala IV-; “D., H. J. s/ Recurso de Casación”; Sentencia del 24/06/2015.
Mecanismo de Seguimiento Convención Belém do Pará (MESECVI); Novena
Reunión del Comité de Expertas/os 12-14 de noviembre de 2012, Ciudad de
México. www.oas.org/es/mesecvi/docs/CEVI9-Agenda-SP.doc
Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la
Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
Violencia contra la Mujer "Convencion de Belém do Pará"; (Aprobado por
el Comité de Expertas-CEVI, el 21 de Mayo de 2013); http://www.oas.org
Cabe aclarar que el Código de Procedimiento de la Provincia de Mendoza –
ley 6730 – en los art. 205 y 206 también consagra la amplitud
probatoria y el sistema de sana critica racional y libre convicción
[49] Tribunal Superior de Justicia de Capital
Federal; Ministerio Público. Defensoría General de la C.A.B.A. s/queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos N. G., G. E. s/
inf. art. 149 bis CP – Expte. 8796/12; Sentencia del 11/09/2013.
[50] Cámara Nacional de Casación Penal – Sala II -; “A., A. C. s/recurso de casación”; Sentencia del 09/05/2012
las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.; Doc.
68, 20 de enero de 2007.
[54] Corte Interamericana de Derechos
Humanos; El caso “González y otros vs. México (Campo Algodonero)”;
Sentencia del 16 de noviembre de 2009. En este caso, “2. La demanda se
relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por
“la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos , cuyos
cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el
día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de
medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de
edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno
conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que
había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de
respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de
debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la
denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
El servicio que presta este Organismo Provincial, consiste en que “la
persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre
la situación de violencia. Es entrevistada por equipo interdisciplinario
y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas
Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso
judicial correspondiente. Se le brinda tratamiento psicológico gratuito
y asistencia social a través de la Red de Enlace. Se realiza
seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas
ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.”
(DIRECCIÓN DE LA MUJER "DRA CARMEN MARÍA ARGIBAY" SUPREMA CORTE DE
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-la-mujer/inicio)
La Oficina de la Mujer “ha impulsado desde su creación un amplio
proceso para la incorporación de la perspectiva de género en la
planificación institucional y en los procesos internos para lograr la
equidad de género tanto en quienes utilizan el sistema de justicia, como
para las/los empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os que
desarrollan su labor.” (¿Qué es la Oficina de la Mujer?;
http://www.csjn.gov.ar/om/om.html)
Violencia de género: delitos de género en el Código Penal argentino. Estándares para una correcta reacción punitiva del Estado Por Juan Manuel Sánchez Santander" >