Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221320L.htm
Timestamp: 2019-03-19 03:48:24
Document Index: 93092977

Matched Legal Cases: ['artículo 252', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 254', 'artículo 252', 'artículo 42']

201211-Sala Civil Liquidadora-1-320
Auto Supremo: Nº 320
Expediente: LP-119-07-S
Proceso: División y partición.
Partes: Juana Teresa Romero Valencia c/ Ana Maria Romero Valencia y otra.
VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Esther Gema Romero Valencia de fojas 887 a 890, contra el Auto de Vista Nº 175 de 23 de abril de 2007 pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre división y partición, seguido por Juana Teresa Romero Valencia contra Ana Maria Romero Valencia y la recurrente, las respuestas de fojas 892 y vuelta, 895 y vuelta, 898 y vuelta, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 45 de 6 de octubre de 2006 (fojas 841 a 845 vuelta), declarando probada en parte la demanda como la demanda reconvencional, en tal virtud ordena la división y partición de los bienes en ella descritos y en ejecución de fallos se determine a través de informe técnico la posibilidad o no de que algunos inmuebles puedan ser divididos igualitariamente, asimismo los muebles serán subastados de no ser posible su venta directa; sin costas.
En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 175 de 23 de abril de 2007 (fojas 874 a 875), confirma la resolución y sentencia apeladas, con costas.
Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación interpuesto por Esther Gema Romero Valencia en los términos expresados en su memorial de 6 de noviembre de 2006 (fojas 887 a 890).
CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel. En aquellos casos en los que se constata vicios en la tramitación del proceso -tal el que se haya pronunciado una Sentencia sin resolver lo demandado, incumpliendo el mandato del artículo 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil- el tribunal de alzada podrá anular obrados a fin de sanear el proceso.
Que, en función de esta facultad fiscalizadora y teniendo en cuenta que las reglas que rigen los procesos ordinarios son de orden público, se pasa a realizar una revisión de los obrados que nos ocupan y que nos demuestran que tanto la Sentencia como el Auto de Vista recurrido adolecen de defectos que obligan al Tribunal Supremo a repararlos.
Que, así expuestos los hechos tramitados, se evidencia que el Juez A quo, a momento de emitir la Sentencia de primera instancia cursante de fojas 841 a 845 vuelta, declarando probada en parte la demanda como la demanda reconvencional, en tal virtud ordena la división y partición de los bienes en ella descritos y "En ejecución de fallos se determinara a través de informe técnico la posibilidad o no de que algunos inmuebles pueda ser divididos igualitariamente".
Esta última disposición, no se ajusta a la demanda y reconvención que de manera expresa solicitan la división y partición de bienes. La demanda y la reconvención es expresa en el sentido de la división de bienes, por lo que el Juez a quo esta en la obligación, dado el caso, de realizar la división de la herencia, haciendo cesar la comunidad hereditaria, distribuyendo entre las coherederos los bienes que la conforman, constituyéndolas en titulares exclusivos de bienes concretos.
Así, entonces la división de la herencia solicitada tendrá la finalidad esencial de modificar el régimen de la propiedad de suerte que ésta, de propiedad común que es, se convierta en individual y concreta, desapareciendo el estado de indivisión transitorio, a partir de la división las coherederos ya no serán titulares de una cuota parte, sino lo serán de un bien determinado, que es precisamente lo que solicitaron las demandantes, lo que se ha solicitado en las acciones ordinarias es la división y partición de dichos bienes y lo que debe contener la resolución del Juez a quo y no diferir esta división a otra oportunidad, pues de lo que se trata es de dilucidar el conflicto en la instancia correspondiente.
Por lo demás, es obligación del Juez a quo pronunciarse precisamente sobre los puntos de la demanda y reconvención, conforme con el artículo 192 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil y en este particular caso, conforme a las normas previstas en el Título IV del Libro Cuarto del Código Civil, de la división de la herencia, con mayor razón si con la omisión en la sentencia se desconoce el propio auto de relación procesal de fojas 200 vuelta, incurriendo en motivo de nulidad, conforme a la previsión de la causal 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; aspecto que este Supremo Tribunal no puede dejar de observar conforme al deber que le impone el artículo 252 del citado Código Adjetivo.
Asimismo, se advierte que en la sentencia no existe pronunciamiento expreso y específico respecto algunos bienes demandados y reconvenidos, limitándose a indicar que "Entrando a analizar el manejo de dineros que hizo la difunta Hilda Valencia de Romero, es bueno delimitar aquellas transacciones y dineros que manejó cuando aún estaba con vida, en la forma que lo hizo y con el conocimiento de las herederas, a tal punto que tenía cuentas compartidas en instituciones financieras. En cuanto a otros bienes que se tienen señalados en la demanda y también en la acción reconvencional, no se tiene evidencia de su existencia, especialmente de muebles cuya existencia no ha sido probada.
Por su parte, el Tribunal de alzada, confirma la sentencia apelada, sin observar lo precedentemente advertido.
Que, en la especie, las resoluciones de grado, no resuelven las pretensiones de las partes con disposiciones precisas y concretas sino que resultan incongruentes, incompletas y contradictorias en relación a la totalidad de los datos y pruebas producidas en el proceso, observándose, que ambas resoluciones judiciales, a su turno, no resuelven la litis en correspondencia al análisis de las pruebas, dejando de lado la pretensión de las partes que es la división de bienes, así se verifica del análisis de la causa.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 252 y 254 inciso 4) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar las normas contenidas en los artículos 271 inciso 3) y 275 del igual cuerpo legal.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial,ANULA obrados con reposición hasta fojas 841 inclusive; es decir, hasta que el Juez de la causa, previo decreto de autos dicte nueva sentencia y dado el caso, determinando con certeza la división y partición de los bienes que pongan fin a la comunidad hereditaria mediante la distribución entre las coherederas de las titularidades activas transmisibles de los causantes cuyo conjunto forma la herencia.
Siendo inexcusable el error en que han incurrido el Juez y los Vocales signatarios de la sentencia y auto vista impugnados, se les impone multa de Bolivianos 200 a cada uno de ellos.
ibro Tomas de Razón 320/2012