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Timestamp: 2018-09-21 15:18:51
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2002 - Versiones taquigráficas 2002
Versiones taquigráficas 2002
El Senado aprobó las modificaciones a la ley de acefalía - 28/11/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: voy a fundar mi voto favorable al dictamen en minoría, porque me parece que la consideración de este asunto no puede quedar sin un análisis de la postura que está reflejada en dicho dictamen.
A nuestro juicio, acá se ha producido un irregular proceder del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, que se pone de manifiesto tanto en la cantidad de impugnaciones por las que se han deducido los pliegos presentados, así como también en la trascendencia pública que ha tomado esta cuestión.
La ley 20.957, de 1975, establece lo que se denomina el régimen jurídico del Servicio Exterior de la Nación. Su artículo 1° dispone que el personal del Servicio Exterior de la Nación es el instrumento de ejecución de la política exterior nacional. El artículo 12 dispone que el ingreso, promoción y separación de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se debe hacer de acuerdo con las prescripciones de la Constitución, la ley 20.957 y la reglamentación de esa norma legal. El artículo 14 dispone que los ascensos serán anuales. Y dice textualmente: "Los ascensos se realizarán por antigüedad y por méritos, en todas las categorías en la proporción que determine la reglamentación, de acuerdo con las vacantes disponibles...
El artículo 17 dispone que la Junta Calificadora debe preparar el grado de prioridad que deberán ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos, de acuerdo con su respectiva antigüedad y mérito. El artículo 22, inciso c) prescribe que es derecho de los funcionarios ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de la ley. El artículo 37 dice que es función de la Junta Calificadora asistir al ministro en lo referente a las promociones.
Esta ley 20.957 está reglamentada por el decreto 1.973 de 1986, el que en su artículo 14 prescribe qué debe entenderse por méritos y qué por antigüedad para los ascensos. Al hablar de los méritos dice que se deben tener en cuenta aquellos que surjan de las funciones y misiones cumplidas, de sus calificaciones...
En materia de méritos, señor presidente, entonces, habla de aquellos que surjan de las funciones y misiones cumplidas, de sus calificaciones, de su foja de conceptos, de los idiomas que domine, de los títulos obtenidos y cursos aprobados, y de toda otra actividad del funcionario inherente a su carrera.
En cuanto a la antigüedad, dispone que se confecciona una lista según el orden de antigüedad, de la cual se considera para ascender a la primera mitad de la lista y la integran exclusivamente aquellos funcionarios que tienen un promedio mínimo de 8 puntos en las calificaciones correspondientes a los tres últimos años.
A su vez, respecto de las categorías A, B y C --embajadores, ministros de primera y ministros de segunda--, la reglamentación dispone que los ascensos se otorgan en un 90 por ciento por méritos y en un 10 por ciento por antigüedad. Para el resto de las categorías, los ascensos, en cuanto a promociones, son la mitad por méritos y el resto por antigüedad.
Evidentemente, señor presidente, estamos en presencia de una carrera del Servicio Exterior de la Nación que se encuentra reglada, como lo están otras carreras públicas, tal el caso de las fuerzas armadas o de la magistratura judicial a partir de la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Las designaciones políticas se encuadran en un artículo especial, que es el artículo 5 de la ley. Pero más allá de la consideración de carácter reglado de la carrera del Servicio Exterior de la Nación, no cabe ninguna duda de que el proceder del Ministerio es absolutamente arbitrario e irrazonable, toda vez que la carrera está regida por la ley 20.957 y su decreto reglamentario.
Es más, si se analizan las promociones que son realizadas con intervención de la Junta Calificadora y aquellas que lo son de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo nacional, nos vamos a encontrar con el siguiente promedio: el 47 por ciento de las vacantes se cubren por orden de mérito y antigüedad y el 53 por ciento de manera discrecional; es decir, según criterios políticos del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, con estas proporciones queda absolutamente en claro que lo que se está haciendo es destruir la carrera del Servicio Exterior pues, de aquí en adelante, con estas proporciones me parece que la tendencia natural de nuestros funcionarios del Servicio Exterior será más que la de lograr méritos, la de tratar de buscar algún padrino político para figurar en la nómina de ascensos de la Cancillería.
Ahora bien, en el caso de la Categoría A --de designación de embajadores--la propuesta de ascenso del Poder Ejecutivo nacional se hace sobre un número de once embajadores, de los cuales sólo cinco son a propuesta de la Junta Calificadora. De manera que en esta categoría sólo el 45 por ciento de los ascensos cuentan con la intervención de la Junta Calificadora. Por otra parte, debo señalar por ejemplo que el actual ministro Jorge Gregorio Dupont --quien se desempeña como embajador en Israel y ocupa el cuarto lugar en el orden de mérito de la Junta-- ha sido excluido de la propuesta de ascensos.
En el caso de los ministros de primera --o sea la Categoría B--, sólo se cubren por mérito y antigüedad por intervención de la Junta el 37,5 por ciento de los cargos. Constituye un verdadero escándalo que quienes ocupan el primer y segundo lugar en la propuesta de ascensos de la Junta --como es el caso de los ministros Juan Antonio Pardo y Raúl Tellán Rodríguez-- hayan sido excluidos, cuando se están proponiendo veinticuatro ascensos.
En cuanto a la Categoría C, referida a los ministros de segunda, ha sido excluido el consejero Ricardo Víctor Roggero, quien ocupa el primer lugar de prioridad en orden de mérito según la Junta Calificadora de la propia Cancillería, así como también ha sido excluido el consejero Carlos Alberto Ortiz, quien ocupa el tercer grado en el orden. Es decir que de cincuenta y cinco cargos, sólo el 58 por ciento cuenta con intervención de la Junta de Calificaciones.
Cabe destacar que es tan grave la situación descripta, que con fecha 5 de septiembre de este año, el embajador Domingo Santiago Cullen --miembro de la Junta Calificadora-- renunció a su cargo, dimisión que fue aceptada por resolución 1977 de este año y que se fundamenta en el irregular procedimiento seguido en materia de propuestas de ascenso en la Cancillería.
El desquicio existente en este Ministerio en materia de personal encuentra además un fiel reflejo en la resolución 1699 de fecha 23 de septiembre de este año, por la cual se asciende personal con carácter retroactivo al 1° de enero de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.
Vale decir que por una resolución de septiembre de este año se disponen promociones retroactivas a cuatro años atrás. De hecho, si uno mira en orden a las gestiones a las cuales corresponden, imagínense ustedes que hay ascensos retroactivos a cuando el ex presidente Carlos Menem ocupaba la primera magistratura de la Nación o a cuando era presidente el luego dimitente doctor Fernando de la Rúa. Realmente, no encontramos explicación a esta circunstancia de que se hayan producido ascensos con semejante retroactividad; esto es, de cuatro años para atrás.
Las impugnaciones han sido diversas y variadas ante la Comisión de Acuerdos frente a todo este irregular procedimiento. Es dable citar algunas impugnaciones para ilustración de los señores senadores; por ejemplo, la formulada por Juan Antonio Pardo Carranza, ministro de segunda, que impugna todas las promociones que se realizan sin intervención de la Junta Calificadora. Argumenta su impugnación en la ley 20.957. Este funcionario se desempeñó como embajador en Siria y Jordania en el período 1995/2001. La realizada por Roberto Daniel Palarino, ministro de 2, que también impugna todas las promociones que se realizan sin intervención de la Junta. Este funcionario es actual encargado de negocios de la República en Paquistán. La realizada por Catalina Santalesa, también ministra de la Cancillería, por violación de la ley 20.957. La realizada por Stella Maris Palaez Ayerra, también ministro de 2, quien es directora de Recursos Humanos. La realizada por el ministro Manuel María Pinto con idénticos fundamentos. La realizada por la consejera Silvia Beatriz Ovejero. La del ministro Juan L. Garibaldi. La de Ricardo Monticelli, también consejero. La de José María Trillo. La del consejero Eduardo González Plaza y la del doctor Virgilio Loiacono, que alega tener poder de representación de cincuenta funcionarios de la Cancillería.
Señor presidente: la propuesta que realiza el Poder Ejecutivo de la Nación es, precisamente, el paradigma de lo no razonable, de lo arbitrario. Creo sinceramente que con este proceder, por el cual la mayor parte de las promociones de la Cancillería se hace sin intervención de la Junta Calificadora --es decir, sin tener en cuenta un orden objetivo de méritos y de antigüedad-- se produce una grave mella a la carrera del Servicio Exterior de la Nación. También pienso sinceramente que este proceder, el de que la mayor parte de los ascensos propuestos por la Cancillería se realice sin intervención de la Junta y obedezca a criterios discrecionales y políticos, y no al mérito y a la antigüedad como manda la ley, es algo que no le hace bien al país. Asimismo, considero que constituye un síntoma y una demostración más de la decadencia de la República Argentina.
Renuncia del Presidente, Cronograma electoral y suspensión de internas abiertas - 21/11/02
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente:_si uno quisiera analizar la realidad social de la Argentina de hoy y comparara indicadores de hace diez años con los actuales se encontraría, por ejemplo, con que la pobreza se ha duplicado en nuestro país; con que a la indigencia se ha multiplicado por siete -prácticamente el 23 por ciento de la población está en situación de indigencia; eso significa no contar con recursos ni siquiera para cubrir la canasta básica de alimentos-; con que el desempleo se multiplicó por tres -de cada diez argentinos cuatro tienen problemas de empleo porque están desocupados o son subocupados-; con que de cada diez tres están en negro y sólo tres tienen empleo en blanco. Por su parte, el Estado quebró.
Todos conocemos la historia de la quiebra del Estado argentino que, en gran parte, se debe a financiar déficit fiscales con endeudamiento externo en dólares. La quiebra del Estado terminó arrastrando a la economía. Con ello quebró la sociedad y todos hemos sido perjudicados por esta situación verdaderamente dramática.
Si se mira la realidad institucional podrá verse que en doce meses hemos tenido en nuestro país cinco presidentes; y ahora el presidente en ejercicio designado por la Asamblea Legislativa hasta el 10 de diciembre del año próximo, ha presentado su renuncia al cargo a partir del 25 de mayo. Esto nos coloca en una situación de acefalía anticipada.
En este contexto de verdadera emergencia nacional, donde la pobreza invade a toda la República; donde prácticamente el 20 por ciento de nuestros chicos, de nuestros niños, en un país productor de alimentos como la Argentina están desnutridos; donde existe una situación institucional de extremada precariedad, ni siquiera es posible dar certidumbre a la fecha de las elecciones. Esto demuestra el grado de decadencia al cual ha llegado la República.
Frente a esta situación, señor presidente, desde un modo diferente de pensar al del partido gobernante nosotros queremos hacer nuestro aporte a la construcción de un consenso mínimo. Por eso, hemos manifestado nuestro acuerdo para que se impulse desde el Congreso de la Nación una ley que dé certidumbre a las fechas de la elección a realizar el año próximo.
Esto es posible en ejercicio de las facultades que el Congreso tiene por el artículo 75, inciso 21), de la Constitución Nacional y también por el artículo 88.
Ya hemos dicho que estamos dispuestos a ayudar en aquellos temas económicos que la Argentina necesita definir para no agravar la herencia, ya de por sí difícil, que va a recibir el próximo presidente de los argentinos.
El proyecto de ley que estamos considerando no tiene seguramente el texto y la redacción que nos hubiera gustado darle, pero es producto del consenso y como tal lo vamos a votar. Nosotros tenemos observaciones, incluso, que hacen a los tiempos. No es razonable realizar la segunda vuelta electoral el 18 de mayo y prever el día 25 para la entrega del gobierno, porque esto significa que en una semana habrá que hacer el escrutinio definitivo, la Asamblea Legislativa para proclamar las autoridades electas como tales y, además, que el presidente de la Nación organice, aunque sea mínimamente, su gobierno. No hay tiempo material para ello.
Pero también nos damos cuenta de que en la precaria situación en la cual nos encontramos hay que ir a los consensos posibles. Por eso vamos a votar el calendario, dejando constancia de nuestra posición y de las observaciones que formulamos.
En lo que hace al tema de las internas abiertas todos ustedes conocen nuestra posición, que siempre ha sido contraria al establecimiento con carácter obligatorio de este sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Nosotros siempre hemos pensado que cada partido político en ejercicio de su autonomía debe encontrar las formas y los caminos para resolver sus situaciones internas y decidir lo que crea más conveniente, lo que hará en función de su tamaño, de sus capacidades y hasta de sus posibilidades económicas, que pueden ser muy distintas entre las diferentes fuerzas políticas. Digo esto porque también está claro que las internas abiertas tienen un costo significativo que muchos partidos que nos movemos con modestos recursos -porque así es nuestro estilo y porque además no los tenemos-, no podemos financiar internas abiertas excesivamente costosas.
Por lo tanto, en virtud de todos los conflictos que se han generado, vamos a votar en forma favorable la suspensión de las internas abiertas a los efectos de posibilitar, además, un desarrollo más normal del acto comicial que se prevé para el año próximo.
Sinceramente, creemos que la experiencia que hemos vivido en estos meses no ha sido buena respecto de este sistema.
Respecto de la posibilidad de modificar la ley de acefalía hemos presentado un proyecto en este sentido -como también lo han hecho otros señores senadores, entre ellos, el senador Maestro- que queremos debatir y analizar. Pero tenemos perfectamente en claro que introducir esa cuestión en el debate actual complicaría la generación de los consensos que son necesarios lograr para la sanción de esta ley. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que esa posibilidad sea discutida y analizada en comisión la próxima semana. Pero creemos que es una solución que vale la pena analizar con detenimiento y prolijidad.
Con respecto a la posibilidad que aquí han mencionado diversos señores senadores en el sentido de consignar de una manera muy simple y sencilla en el proyecto de ley que estamos considerando que las autoridades electas van a asumir el 25 de mayo próximo, nos parece que es algo que brindaría más certeza a la norma en tratamiento. Esto, sin perjuicio de que luego podamos analizar el sistema de acefalía en profundidad y, eventualmente, modificarlo emprolijando el tema relativo a los períodos presidenciales, cuestión que creemos que merece un análisis más particular y a fondo.
Señor presidente: creo que es muy importante que el Senado haya podido deliberar hoy y que lo haya podido hacer también a lo largo de estas últimas semanas y de este último tiempo, por más que existan los problemas políticos que todos conocemos.
Considero que es importante la sanción que se pueda efectuar esta tarde, porque constituirá una contribución importante a favor de algo absolutamente esencial, como es la certidumbre respecto de las fechas y de los tiempos electorales.
También pienso que en esta circunstancia difícil toda la dirigencia política argentina, aun cuando nos encaminemos hacia una campaña electoral, debe tener la grandeza y la madurez necesarias para lograr los consensos necesarios en los temas fundamentalmente económicos, algo imprescindible para la República.
- Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sr. Gómez Diez. - Como mencioné al principio de mi exposición, hoy son millones los argentinos que sufren la pobreza y la marginación. De nosotros depende, entonces, frente a un cuadro tan doloroso, no agregar más sufrimiento
Pliegos de ascenso de Cancillería - 27/11/02
Por eso, por un Congreso en funcionamiento, votaremos en contra de la prórroga de las facultades delegadas
Derogación de las jubilaciones de privilegio - 23/10/02
Sr. Gómez Diez. - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Maqueda). - Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: quiero hacerle una pregunta al señor miembro informante, respecto de la razón de la derogación del artículo 14 de la ley 25.054, que se refiere al control de los bienes que se adquieran con estos fondos.
Sra. Negre de Alonso. - Con posterioridad a la modificación de Diputados, salió un decreto del Poder Ejecutivo, por el que no están más en la esfera de actividad de la Dirección Nacional de Defensa Civil, sino en la esfera del Ministerio del Interior. De ahí la modificación de ese artículo.
Sr. Presidente (Maqueda). - Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: el artículo no se modifica, sino que se deroga en el dictamen de comisión.
El artículo que se deroga dice que todo equipo, material o bienes destinados al servicio, que se adquieran por medio de los subsidios de esta ley, deberán quedar inventariados en un registro al efecto, de la Dirección Nacional de Defensa Civil, responsable del respectivo control. Es decir, se trata de bienes adquiridos con fondos públicos y es razonable que tengan un control Especial
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: en el caso del artículo 1º votaré a favor de la sanción de la Cámara de Diputados. Creo que hay que mandar un mensaje muy fuerte y muy concreto de derogación de los regímenes especiales: es lo que pide a sociedad. Esto ha sido tratado en la Mesa del Diálogo Argentino. Es el proyecto de ley que envió el presidente de la Nación y en toda la República se han levantado firmas de numerosos ciudadanos argentinos a favor de esta derogación.
No tiene que quedar duda alguna de que no habrá más regímenes de privilegio en la Argentina. Lo que sí pienso, y por eso lo he puesto en el dictamen en minoría, es que en el caso de los jueces y del personal del Servicio Exterior es necesario dar un nuevo debate de cara a la sociedad acerca de los tratamientos diferenciados. Pero en este sentido lo que propongo es que el Poder Ejecutivo nacional, en el término de sesenta días, envíe a este Congreso un proyecto de ley sobre esta cuestión; que debatamos el tema de cara a la sociedad, explicando cuáles son las razones de la diferenciación y cómo se financian estos regímenes especiales. Creo que esto es lo lógico y lo coherente en esta situación difícil que vive el país, en la cual hay una demanda muy fuerte de solidaridad y de reducción de los espacios especiales.
En el caso de la Justicia propongo que ese proyecto que mande el Poder Ejecutivo contemple la misma edad y los años de servicio del régimen general y que se especifique cómo se financia la diferencia en el caso del haber. Me permito señalar que el tema judicial tiene, además, un conjunto de complejidades que hay que analizar y debemos buscarle una solución.
Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 99 en su apartado 4°, el que establece que cesan en sus funciones aquellos magistrados que cumplen la edad de 75 años. Esto...
Sr. Presidente (Maqueda). - Perdón, senador.
Continué, señor senador.
Sr. Gómez Diez. - Esto determina que existan hoy magistrados de edad avanzada que no se acogen a la jubilación ni tampoco pueden cesar en sus funciones por imperio de esta declaración de nulidad que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este momento, en la Capital Federal hay jueces de 82 años de edad internados en geriátricos -hay casos concretos de esta naturaleza-, lo que configura una cuestión sobre la cual hay que legislar y buscar una solución. Por eso creo que es importante un debate de esta naturaleza acerca de un régimen previsional para el caso de los magistrados.
Creo también que al considerarse esta cuestión nosotros, que representamos a las provincias como senadores de la Nación, también tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que si existe un tratamiento diferenciado para la función judicial, también en las provincias tenemos jueces. No hay razón alguna para que, por ejemplo, un juez nacional en lo Civil de la Capital Federal tenga un tratamiento diferenciado con respecto al de un juez civil de cualquiera de nuestras provincias, porque, en definitiva, la función que cumplen es exactamente la misma.
Y en el caso del Servicio Exterior de la Nación, también creo que hay que producir un debate de esta naturaleza, de cara a la sociedad y referido a un régimen nuevo.
Pero esta tarde no deben quedar dudas de que este Congreso deroga los regímenes especiales de jubilación de la Argentina.
Sr. Presidente (Maqueda). - Se procederá en consecuencia.
Vamos a aclarar que, antes de poner en consideración la propuesta del señor senador Pichetto de votación nominal, tal cual lo dijo el presidente del bloque justicialista recién, lo que vamos a votar es el artículo 1° conforme a la sanción de la Cámara de Diputados. O sea, quienes voten por el sí, lo harán por la sanción de la Cámara de Diputados, y quienes votan por el no, lo harán por las reformas propuestas por los senadores Pichetto, Baglini y Prades. Digamos, por la opción que pueda haber después del cuarto intermedio.
En consideración la propuesta de votación nominal formulada por el señor senador Pichetto.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). - Aprobada.
Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el artículo 1°.
Votan por la afirmativa los señores senadores Agúndez, Avelín, Bar, Busti, Caparrós, Capitanich, Colombo, Curletti, Falcó, Fernández, Fernández de Kirchner, Gallia, Gioja, Gómez Diez, Guinle, Isidori, Maza, Mera, Morales, Moro, Negre de Alonso, Ochoa, Pardal, Passo, Paz, Perceval, Raso, Sapag, Taffarel, Terragno, Usandizaga, Walter y Zavalía.
Votan por la negativa los señores senadores Baglini, Cafiero, Castro, Chiappe, Colazo, Daniele, Gómez de Bertone, Jenefes, Lamberto, Lescano, López Arias, Losada, Maestro, Martí, Martín, Menem, Müller, Pichetto, Prades, Salvatori, Seguí, Verna, Yoma y Maqueda.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda aprobado el texto del proyecto del artículo 1° sancionado por la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Se enuncia el artículo 2º.
Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el artículo 4E. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...
Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo respecto de este artículo. Considero que tal como está redactado, va a originar un conjunto de juicios en perjuicio del Estado.
El señor senador por Mendoza ha sido claro respecto de este artículo y, además, me remito a todos los argumentos y jurisprudencia citados en el debate en general.
Sr. Presidente (Maqueda). - Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, pongo en consideración la propuesta de la senadora Colombo de votación nominal.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda aprobada. En consecuencia, se procederá a la votación nominal.
Se practica la votación nominal.
-Votan por la afirmativa los senadores Agúndez, Avelín, Bar, Busti, Cafiero, Caparrós, Capitanich, Castro, Colombo, Curletti, Fernández, Fernández de Kirchner, Gómez Diez, Guinle, Halak, Isidori.
Votan por la negativa los senadores Baglini, Chiappe, Colazo, Daniele, Falcó, Gómez de Bertone, Jenefes, Lamberto, Lescano.
Sr. Gómez Diez.- Señor presidente: quisiera decir que he sido uno de los senadores que en su oportunidad formulara observaciones al proyecto que en este momento ocupa nuestra atención.
Atento a que el señor miembro informante, presidente de la Comisión de Comunicaciones, ha manifestado su voluntad de aceptar modificaciones durante el tratamiento en particular de este proyecto, a fin de dejar salvadas las distintas diferencias explicitadas a lo largo de debates anteriores, quisiera señalar que a nuestro juicio se puede avanzar en la consideración de esta iniciativa que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.
También solicito que se deje constancia de que nuestro objetivo es que el COMFER -Comité Federal de Radiodifusión- realmente funcione. Esto lo mencionamos, porque actualmente no lo está haciendo ni se están otorgando las autorizaciones a aquellas solicitudes de licencias que en su momento, y presentada toda la documentación, fueran requeridas, pese a haberse adquirido los pliegos necesarios en tiempo y forma. Es más, tampoco se cumplen con otras disposiciones de la ley de radiodifusión. En definitiva, lo que nosotros queremos es que los entes reguladores funcionen de la manera que corresponde.
Finalmente, quisiera decir que durante el tratamiento en particular vamos a proponer modificaciones a este proyecto que, reitero, ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó en general el proyecto que limita las jubilaciones de privilegio - 09/10/02.
Sr. Gómez Diez. - En octubre de 1993 se promulgó la ley 22.241, por la cual se estableció un nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el sistema de capitalización, y se derogaron las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias y modificatorias.
Al año siguiente, en 1994, el Poder Ejecutivo nacional de ese entonces dictó el decreto número 78, el cual, so pretexto de reglamentar el artículo 168 de la ley 22.241, estableció que quedaban derogados los regímenes especiales de jubilación.
Este decreto no tardó demasiado tiempo en ser controvertido, ya que se sostuvo que un decreto, obviamente, no podía derogar leyes y que, además, el artículo 191 de la ley 22.241 establecía claramente que se mantenían subsistentes todas aquellas normas que no habían sido expresamente derogadas.
Llegado el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la inconstitucionalidad del decreto 78. Lo ha hecho a través de diversos fallos, entre los cuales merecen destacarse el caso "Craviotto", de mayo de 1999, en el cual la Corte dijo textualmente que la ley 24.018 es un régimen autónomo y no complementario o modificatorio de la ley 18.037 y que, por lo tanto, su régimen no es aplicable a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes siguen encuadrados en su régimen especial. Y a continuación la Corte hizo referencia al artículo 191, que establece textualmente que las normas que no fueren expresamente derogadas mantienen su plena vigencia. Este mismo criterio jurisprudencial fue reiterado en el caso "Unamuno", también en 1999, y en el caso "Gaibisso", en abril de 2001.
De esta manera queda claro que la Corte considera que el decreto 78 es inconstitucional y que los regímenes especiales jubilatorios se encuentran subsistentes al no haber sido derogados por una ley expresa.
En este contexto, el tema se trata en la Mesa del Diálogo Argentino y se resuelve solicitar expresamente la derogación de estos regímenes especiales. Allí se produce un pronunciamiento que incluía un calendario de tratamiento legislativo en el cual se fija el mes de septiembre de este año para la consideración de esta cuestión.
(...) Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo E. López Arias.
Sr. Gómez Diez. - El Poder Ejecutivo nacional hace suyo ese requerimiento de la Mesa del Diálogo Social y envía un proyecto al Congreso. Incluso, quiero señalar que en la reunión del plenario de comisiones el propio secretario de Seguridad Social ha reconocido que este proyecto de ley ha sido elaborado por integrantes de la Mesa del Diálogo Social, aun cuando el secretario ha dicho textualmente que el mismo contiene cosas diferentes a las que se sostenían desde la Secretaría de Seguridad Social, con lo cual, no entiendo bien cuál es el grado de asesoramiento específico que la Secretaría le brinda al Poder Ejecutivo nacional.
Se han recolectado firmas en todo el país para que se deroguen estos sistemas especiales y se han hecho campañas en los medios de comunicación social. La Cámara de Diputados ha sancionado este proyecto prácticamente por unanimidad: 161 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 8 abstenciones. Así las cosas, llega esta sanción de la Cámara de Diputados para que le demos tratamiento y a este Senado le cabe adoptar una decisión.
Sin duda, pienso que la Argentina está viviendo la que tal vez sea la crisis más grave de su historia. Hay un fortísimo cuestionamiento de la sociedad hacia su dirigencia que, fundamentalmente, es de eficacia. El país no está mal por culpa del comerciante de la esquina, del quiosquero de la vuelta o de la señora de la otra cuadra, sino porque la dirigencia argentina administró mal este país y quebró al Estado. Y la quiebra del Estado argentino ha llevado a la quiebra de la sociedad. Durante años se financió el déficit público con endeudamiento hasta que se produjo el resultado que hoy estamos viviendo. Por ende, hay un cuestionamiento de eficacia. Asimismo, hay una demanda muy clara en el sentido de ampliar los espacios de solidaridad. Pues bien, ¿cómo se amplían los espacios de solidaridad? No hay otra manera de hacerlo que reduciendo los lugares especiales; a través de esa reducción se podrá ampliar la solidaridad.
Este es un tiempo en el que quienes ocupamos funciones dirigenciales tenemos que rescatar los valores de la austeridad y de la ejemplaridad. Considero que la dirigencia política debe renunciar a todos sus tratamientos especiales y, después de meditarlo profundamente, me pronuncio a favor de que este Congreso dé un mensaje muy claro en el sentido de que no habrá más regímenes especiales, que se derogan.
En tal sentido, en mi dictamen en minoría propongo que se solicite al Poder Ejecutivo nacional que en el término de sesenta días envíe al Parlamento un proyecto de ley que trate la situación de los magistrados y de los diplomáticos de carrera del Servicio Exterior de la Nación, en el que se establezcan los mismos requisitos de edad y de años de servicio del sistema general. Así, si hay un haber diferenciado y distinto, que se expliciten los mecanismos para su financiamiento, a efectos de dar de cara a la sociedad un debate amplio y participativo. En consecuencia, si existen razones institucionales para establecer un tratamiento diferente a magistrados y a los funcionarios del servicio exterior, toda la sociedad debe asumirlas para que se establezcan esos sistemas diferenciados.
En mi dictamen también se prevé el hecho de que los jueces o los funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación que se jubilen en el interregno que se produciría hasta la sanción de un nuevo régimen podrán acogerse, si así lo desearan, a las nuevas disposiciones que puedan dictarse, de manera tal de legislar de manera adecuada la etapa de transición, porque a mí también me preocupa -al igual que al senador Baglini-, la posibilidad de que se produzcan planteos judiciales y la alta litigiosidad a la que actualmente se encuentra expuesto el Estado.
Asimismo, en el tratamiento en particular voy a proponer algunas modificaciones que, a mi entender, son absolutamente necesarias a efectos de dar un mensaje claro de derogación de estos regímenes.
En primer lugar, me voy a referir al artículo 4°, por el que se establece un tope de 3.100 pesos. El secretario de Seguridad Social, que concurrió a una reunión del plenario de comisiones que trató esta iniciativa, dijo sobre el artículo 4° lo siguiente: "Esto lo tengo en un cuadradito, con un gran signo de interrogación, porque indudablemente significaría una batería completa de juicios que se vendrían encima". Luego, en otra parte de su exposición dice: "Pongo un gran signo de interrogación, porque si bien 3.100 pesos es el tope del régimen general, este tiene a su vez un tope de aportes de 4.800 pesos. En consecuencia, 3.100 es el 70 por ciento del sueldo sobre el cual se aporta. Pero no ocurre lo mismo con algunos de los grupos que aportan sobre el total, es decir sin ese tope. Por lo tanto, en ese caso, 3.100 van a representar menos del 50 por ciento del salario sobre el cual están aportando".
Hay que mirar detenidamente esta cuestión.
Reconoce pues el secretario de Seguridad Social que con este tema hay que tener cuidado, ya que puede sobrevenir una catarata de juicios. Lo que sí es inentendible es que esto lo diga el secretario de Seguridad Social, y el Poder Ejecutivo establezca en su proyecto el tope de 3.100 pesos. Pero bueno, en esto de marchas y contramarchas ya tenemos bastante experiencia en el Congreso, a través de las diversas situaciones que hemos vivido a lo largo del año. Digo esto porque, de golpe, debemos modificar la ley de quiebras y volver atrás con lo que se había efectuado, y en determinado momento surge el pedido de juicio a la Corte y ahora su rechazo.
Sin duda, tenemos que considerar este aspecto y buscarle una solución que evite -como acá se ha señalado- litigios que, en definitiva, van a salirle caros al Estado, cuando lo que buscamos es ahorrar recursos.
Por otra parte, en materia de reducciones salariales, la Corte ha dicho que se debe cumplir con los siguientes requisitos: emergencia calificada por ley, que la reducción sea transitoria, que se trate de un remedio y no de una mutación en la sustancia o esencia de un derecho adquirido, y ha dicho también que no exista irrazonabilidad o arbitrariedad; con lo que el mensaje está muy claro también en materia de la proporcionalidad de la reducción.
Esos son los criterios sentados, por ejemplo, en el caso "Guida" del año 2000.
Pero, a su vez, en agosto de este año, la Corte falló en el caso "Tobar", declarando la inconstitucionalidad de las reducciones salariales fundadas en el principio del déficit cero. Determinó que allí no había transitoriedad, que lo que se establecía era un principio general permanente, según el cual los salarios o jubilaciones se pueden reducir en función de cómo evolucionen los ingresos; lo cual coloca en una situación de total incertidumbre al asalariado o jubilado.
Además, la Corte también introduce otro concepto al que hay que prestarle importancia y que se adecua a la realidad que vivimos este año, cuando dice textualmente que: "La devaluación operada a partir del presente año, el acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, explican y justifican el apartamiento del criterio sentado y in re ´Guida´". Es decir, en el caso anterior que había fallado.
Entonces, debemos buscar un modo de solidaridad que no sea confiscatorio y atacable judicialmente.
El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados han utilizado el criterio del tope de los 3.100 pesos que está establecido en la ley de solidaridad previsional que se dicta en el año 1995, en el inciso 3, para los nuevos beneficios que se concedieran a partir de ese momento. Pero se ha dejado atrás el inciso 2|) que establece un criterio que puede ser razonable para las jubilaciones otorgadas, superiores a ese monto. Este inciso 2°) establece una escala. En los beneficios de 3.000 a 4.000 establece el 6 por ciento de reducción sobre el excedente de 3.100 pesos; de 4.000 a 6.000 pesos, la reducción es una suma fija de 54 pesos más el 12 por ciento sobre el excedente; y a partir de 6.000 pesos, la reducción es una suma de 294 pesos más el 30 por ciento sobre el excedente. Esto no ha sido declarado inconstitucional y puede ser una alternativa de solidaridad más razonable que un techo de 3.100 pesos, que sin duda va a ser atacado por confiscatorio.
El artículo 5° habla de que la ANSeS tiene que hacer una auditoría de los beneficios otorgados al amparo de los regímenes especiales. Por su parte, el artículo 6° dice que la ANSeS tiene que informar a la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, pero olvida al Senado, que también tiene su Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, considero que esta omisión tiene que ser corregida, atento al carácter bicameral de este Congreso.
En materia de incompatibilidades, creo que es mucho más razonable una incompatibilidad relativa centrada en el desempeño de cargos públicos que una incompatibilidad absoluta en lo público más lo privado.
En este dictamen en minoría propongo también mantener la vigencia de aquellos artículos que se refieren a la posibilidad de convocar a retirados del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación para prestar servicios de manera transitoria. Este es un mecanismo muy útil que se practica, sobre todo, en el Poder Judicial de la Nación, en el cual debe ponerse en marcha un proceso de concursos para cubrir las vacantes que se produzcan. Por eso, en numerosas ocasiones, transitoriamente se recurre a la convocatoria de magistrados retirados para cumplir esas tareas. Esa norma debería quedar vigente para que no se genere un vacío legal. Incluso estas disposiciones establecen que todos los años las cámaras federales de apelaciones tienen que confeccionar una lista de magistrados retirados para ser sorteados en caso de que se produzca la eventualidad de una vacante.
Por lo tanto, sustentamos la postura de la derogación y de encomendar al Poder Ejecutivo nacional que envíe un proyecto que atienda la situación particular de magistrados y de personal de carrera del Servicio Exterior de la Nación. Además, solicito que se emprolijen los artículos que he enumerado a efectos de dar una solución más lógica y equitativa, evitando la litigiosidad que se podría generar a partir de determinadas disposiciones de la sanción de la Cámara de Diputados.
Informe del Señor Jefe de Gabinete de Ministos - 02/10/02
Sr. Presidente (Maqueda). -- Senador Gómez Diez: ¿va a hacer uso de la palabra?
Sr. Gómez Diez. -- Sí.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor jefe de Gabinete: quisiera efectuar tres breves consideraciones.
La primera está relacionada con una pregunta respecto de la cual el informe no consigna respuesta, pero sí el compromiso de efectuarla en un término breve.
Quiero hacer una reflexión sobre la cuestión que pregunto porque creo que es singularmente importante y que merece, en la actual circunstancia, toda la atención del gobierno nacional. Se refiere a la crisis del sistema de transporte aerocomercial en la Argentina.
En rigor de verdad, esta crisis es una consecuencia de la falta de una política aerocomercial en el país, déficit que tenemos desde hace muchos años. Pero la situación se ha agravado ahora como consecuencia de la devaluación, ya que el 65 por ciento de los gastos de las empresas aéreas son en dólares. Por otra parte, hay que señalar que el combustible en la Argentina ha aumentado un 300 por ciento. Hay una situación monopólica entre Repsol-YPF y la compañía Shell. Además, la tasa que cobra Aeropuerto 2000 se ha incrementado en un 270 por ciento.
En consecuencia, el sistema está al borde del colapso por falta de una política de Estado. Este es uno de los sectores del país en el que no tenemos ni política ni Estado. Pero configura un problema que hay que resolver.
La compañía LAPA, que se ha vendido por problemas financieros, tenía al comienzo del año diecisiete aviones. Ahora tiene cinco y ha dejado de volar al Norte del país. La compañía Dinar tenía nueve aviones. Hasta la semana pasada volaba con tres, y a partir del lunes no vuela.
Hay una gigantesca reducción de las frecuencias para venir del interior del país a la Capital Federal, o para el transporte de cabotaje en general. Además de las dificultades que esto genera a quienes son oriundos del interior y tienen que viajar, también afecta la actividad turística, porque por la reducción de frecuencias los vuelos se saturan, lo que desalienta el crecimiento del turismo en un momento favorable en este sector.
El Poder Ejecutivo reconoció esta situación cuando el 4 de setiembre dictó el decreto de necesidad y urgencia N° 1.654, que declara en emergencia al transporte aerocomercial para los operadores nacionales y establece la posibilidad de contratar los seguros en el exterior para abaratar los costos. Al respecto debo señalar que los seguros en el rubro del transporte crecieron en dólares en un porcentaje muy importante después del atentado de las Torres Gemelas. El mencionado decreto de necesidad y urgencia instruye al Ministerio de Economía para que en el término de 30 días eleve al Poder Ejecutivo nacional un proyecto de ley con medidas de aliento impositivo, a los efectos de superar esta situación de crisis. Como ese plazo vence el próximo viernes, le pedimos al señor jefe de Gabinete que el proyecto de ley que tiene que elevar el Ministerio de Economía sea girado al Congreso a la brevedad --si es posible la próxima semana--, para que sea considerado por Diputados como cámara de origen, ya que se tratan de medidas de carácter tributario.
Además, pedimos que se defina una política general para todo el sector que también le evite problemas a los que vamos, pues ya vivimos una situación de monopolio en otra etapa de nuestro país. Quienes vivimos lejos, durante mucho tiempo fuimos víctimas del monopolio de Aerolíneas Argentinas, que volaba cuando quería y cobraba las tarifas que se le ocurría. De manera tal que se tiene que instrumentar una política de Estado que asegure la competencia en el sector y no nos deje indefensos.
Asimismo pido al señor jefe de Gabinete que considere la situación de la empresa Dinar. Evidentemente, habrá que buscar a algún empresario que quiera hacerse cargo de esta línea, pues de ese modo se aseguraría la pluralidad entre los actores del mercado.
Otro tema --respecto del cual se formuló una pregunta con promesa de una posterior respuesta-- se refiere a una cuestión que en mi provincia me plantean en innumerables cantidad de oportunidades; seguramente a otros senadores les sucederá lo mismo. Me refiero a las personas afiliadas al sistema de capitalización a las cuales les llega el momento de jubilarse. Para ello inician un trámite en la AFJP respectiva, que les recibe la documentación y hace toda la tramitación. Pero luego el expediente tiene que ir a la ANSeS para la determinación del componente público de la prestación. A la ANSeS entran aproximadamente unos cuatro mil expedientes mensuales, pero salen tres mil. En consecuencia, hay una acumulación mensual de mil o más expedientes, situación que determina que a la fecha el atraso sea de aproximadamente 27 mil expedientes.
Las personas involucradas transitan largo tiempo esta situación sin poder definirla; y, si bien las AFJP les otorgan un anticipo, tienen el legítimo derecho a que en un plazo prudencial sus trámites finalicen. Además, hay que reconocer que se genera una discriminación odiosa porque, hoy por hoy, conviene más jubilarse por el sistema de reparto que por el de capitalización.
Actualmente, trabajo en un proyecto de ley tendiente a solucionar este problema y, si bien lo voy a remitir a la Jefatura de Gabinete cuando lo tenga concluido, me parece importante que se nos diga qué opina respecto de este tema y si, concretamente, la ANSeS ha pensado alguna solución con respecto al inconveniente mencionado.
La tercera cuestión es una inquietud que me nace por ver que, entre los funcionarios que acompañan al señor jefe de Gabinete de Ministros, se encuentra el señor administrador de la Dirección Nacional de Vialidad. Concretamente, se refiere al hecho de que la Argentina cuenta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo --el BID-- para obras viales de emergencia. Actualmente, estamos en mora con el BID porque las obras viales han sido interrumpidas en varias ocasiones, pero el problema es que hay un plazo inexorable que vence el 31 de diciembre próximo, y si no se toma alguna medida específica, el préstamo caducará. Ahora bien, la institución crediticia ya ha informado que para volver a pedir alguna prórroga del préstamo, las obras, como mínimo, deben estar reiniciadas. Se trata de obras que, en su mayor parte, están ejecutadas o les falta muy poco.
En el caso de la provincia de Salta, quiero puntualizar la importancia de la obra en la Ruta Nacional N° 34, tramo Antillas-Rosario de la Frontera, porque va a cortar el camino hacia el sur del país en aproximadamente 70 kilómetros, fundamental para llevar la producción hasta el puerto sureño de Rosario.
En consecuencia, el pedido concreto es que, desde la Jefatura de Gabinete se apoye a la Dirección Nacional de Vialidad a fin de que sea posible el reinicio de las obras para que sea factible la prórroga del financiamiento del crédito otorgado por el BID.
Básicamente, estas son las tres inquietudes que quería transmitir al señor jefe de Gabinete. Quedo a la espera de la respuesta de las dos primeras inquietudes y dejo planteada una tercera sobre la prórroga del financiamiento del BID.
Reservas Banco Central para pago de deudas con Organismos Internacionales - 25/09/02
Proyecto de Comunicación de los Senadores Oscar Lamberto, José Luis Gioja, Miguel Angel Pichetto, Marcelo López Arias y Maria Cristina Perceval. (Exp. S-2354/02)
El Senado de la Nación, comunica: Que el Poder Ejecutivo de la Nación debe dar estricto cumplimiento a los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 23.928 y al artículo 4 de la Ley 25.561 y en consecuencia abstenerse de utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina para realizar ningún pago de la Deuda Externa.
Exposición por la negativa:
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: yo quiero manifestar mi discrepancia con el contenido del proyecto en análisis. No creo que, desde el punto de vista político, sea un buen mensaje a enviar desde este Congreso la decisión de no pagar. Considero que, precisamente, en las circunstancias que vive el país lo razonable es transmitir un mensaje en el sentido de la que la República Argentina está dispuesta a cumplir; a honrar sus obligaciones y de búsqueda de una salida honorable a la situación en la cual hoy se encuentra. Creo que si nosotros nos expresamos diciendo "no vamos a pagar" lo único que haremos es dar argumentos a aquellos que pretenden una posición de dureza con la República Argentina. El mensaje que deberíamos transmitir, en consecuencia, es de una voluntad de pago y de querer llegar a un acuerdo que haga factible el cumplimiento de las obligaciones que oportunamente asumiera nuestro país. Acuerdo con que debe respetarse el decoro y la dignidad de nuestra Nación y no sólo sus posibilidades actuales y futuras de pago, sino también lo necesario para que el país crezca y se desarrolle. En este sentido, también creo que el ministro de Economía de la Nación debería iniciar una ronda de diálogo con quienes van a ser candidatos a presidente en las próximas elecciones, buscando construir un consenso mínimo que permita llevar adelante esta negociación con los organismos internacionales de crédito. Me refiero al ministro Lavagna porque, precisamente, creo que él está en mejores condiciones que nadie para despolitizar el tratamiento de esta cuestión tan delicada, de cara al futuro del país y a las elecciones del próximo 30 de marzo. Por otra parte, el proyecto de declaración en definitiva establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar cumplimiento a la ley 23.928 -que fue modificada en enero pasado por la ley 25.561- y, en consecuencia, abstenerse de utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina para realizar ningún pago de la deuda externa. Y, en rigor de verdad, en el curso de todos estos meses se han realizado pagos por más de 3 mil millones de dólares, precisamente, por obligaciones contraídas por el país, principalmente con los organismos internacionales de crédito. Por lo tanto, las autoridades que dispusieron estos pagos, aplicando la letra de este proyecto de declaración, estarían incursas en el incumplimiento de los deberes de funcionario público -entre otras responsabilidades- por haber violado la ley. Además, en tiempos de la convertibilidad, la ley 23.928 -en su anterior redacción- decía textualmente: "En todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el ciento por ciento de la base monetaria." Es decir, las reservas no podían descender del ciento por ciento de la base monetaria. Luego, la ley precisa qué se debe entender por base monetaria cuando dice: "Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley". Es decir que la base monetaria está constituida por las circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina. Cuando esta ley se modifica en función de la ley 25.561 -que este Congreso aprobó en enero- se alteraron esos artículos. Así, el artículo 4E quedó redactado de la siguiente manera: "En todo momento, las reservas del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria". Y no al ciento por ciento, como se estableció durante la convertibilidad sino que dice simplemente que es el respaldo de la base monetaria. Luego, se repite la inembargabilidad y el concepto de que la base monetaria está constituida por el circulante más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina. Ahora, aun cuando consideremos aplicables las leyes de la convertibilidad en orden a la necesidad de garantizar en un ciento por ciento la base monetaria, por lo menos al 19 de septiembre -que es el último dato que tengo- la base monetaria ascendía a 22.589 millones de pesos y estaba constituida por 15.041 millones de pesos de circulante más los depósitos en el Banco Central, de 7.548 millones de pesos de las entidades financieras. Entonces, tenemos una base de 22.589 millones de pesos mientras que las reservas ascienden a 9.481 millones de dólares. A un tipo de cambio de 3,65 pesos por dólar, esas reservas alcanzan para cubrir una base monetaria de 34.605 millones de pesos. O sea, existe una diferencia de 12.016 millones de pesos, que equivalen a 3.292 millones de dólares aun garantizando el ciento por ciento y aplicando las reglas de la convertibilidad. Por lo tanto, no creo que se viole la ley utilizando las reservas, como lo ha hecho el propio gobierno nacional a lo largo de este año y por más de 3 mil millones de dólares. Otras son las consideraciones que pueden efectuarse en orden a la prudencia que tenga que seguirse en materia de mantener determinado nivel de reservas por razones de política económica. Y en esto tengo en claro que las reservas no pueden usarse ilimitadamente por la Argentina -en el nivel en el que están- para cumplir con sus obligaciones. También tengo en claro que necesitamos imprescindiblemente llegar a un acuerdo, a una conciliación con nuestros acreedores para poder cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, mantener un nivel compatible de reservas con la estabilidad económica. Pero no creo que le hagamos un bien a la República mandando un mensaje de la naturaleza del que se propone. Creo en todo caso que el tono debe ser otro, debe ser la búsqueda de un acuerdo que ojalá se dé. Y, en todo caso, si éste no se produce, habrá que tomar una decisión y un camino. Pero no mandemos mensajes de esta naturaleza, porque corremos el riesgo de que afuera, en el exterior, sean muy mal entendidos y sean tomados más bien como una declaración unilateral de falta de voluntad de pago respecto de nuestras propias obligaciones. Si hay algo que tal vez todos deberíamos tener presente, porque nos tuvo como protagonistas en ejercicio de nuestras funciones como legisladores, es precisamente el recuerdo de la Asamblea Legislativa del 23 de diciembre, donde se declaró de la peor manera para la República la cesación de pagos respecto de los acreedores privados. Creo que teniendo en cuenta ese recuerdo reciente que hoy se nos refriega en numerosas ocasiones, también debemos tener cuidado con nuestras expresiones y con los mensajes que mandamos, porque reitero que de hacerlo corremos el riesgo de que esto termine siendo utilizado para denostar, precisamente, a la dirigencia política de este país.
Proyecto de Resolución del Senador Raúl Baglini y Oscar Lamberto (exp. S-2393/02)
El Senado de la Nación, resuelve: Instar al Gobierno Nacional, en ocasión de llevarse a cabo la Conferencia Anual del Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington el día 29 del corriente mes; a proponer a los Organismos Financieros Internacionales la puesta en vigencia de un nuevo mecanismo de negociación de la deuda de los países en default, sobre la base de la internacionalización del Capítulo 9 - Título 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos de América, con el objeto de acercar un marco teórico tendiente a logra una interpretación más realista y equitativa del problema de la deuda y en la práctica una reducción del monto de la misma y de los intereses devengados.
Exposición por la afirmativa:
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: quiero expresar mi apoyo al proyecto del senador Baglini, cuyo espíritu consiste precisamente en que, en el ámbito internacional, se reglamente, se legisle el concurso de acreedores de los estados soberanos, como es nuestro caso. Lamentablemente, cuando se dicten estas normas será tarde para atender la situación actual de la República Argentina. Pero creo que, en el propio estado y posición en que nos encontramos, estos esfuerzos sirven para avanzar en la globalización, para que estos temas se traten y se normaticen.
Modificación de la ley 19032 (PAMI) - 03/07/02
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: el interbloque Federal de Partidos Provinciales, respecto del tema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados de la Nación, tiene postura tomada favorable a su efectiva descentralización, es decir, a su transferencia a las provincias.
Debe quedar claro que no queremos seguir dependiendo más de Buenos Aires ni de un Directorio Ejecutivo Nacional que esté radicado acá, tomando decisiones respecto de cuestiones que acontecen en nuestras provincias.
La descentralización hacia las obras sociales provinciales tiene múltiples ventajas. Está la ventaja de la inmediatez, puesto que el máximo nivel de decisión estaría localizado efectivamente en cada una de las jurisdicciones provinciales. En este caso no sería necesario, como acontece hoy, por ejemplo, venir con un trámite a Buenos Aires para que autoricen a un beneficiario una prótesis. Las decisiones se tomarían directamente en cada una de las provincias argentinas.
Otra ventaja es que la totalidad de los recursos del sistema irían directamente a las provincias, posibilitando una mejora en los recursos disponibles para prestar el servicio de salud, con lo cual se ahorrarían gastos muy importantes en materia de burocracia administrativa que hoy está pagada y localizada acá, en Buenos Aires.
Otra ventaja es la dispersión de riesgos. En las obras sociales provinciales es factible dispersar el riesgo con un criterio de solidaridad entre las diferentes generaciones, cosa que hoy no se da en esta obra social.
En materia de costos hoy el PAMI, con 11.800 agentes y 3.200.000 afiliados, tiene un promedio de un empleado cada 271 afiliados. Cito como ejemplo el caso de la obra social de mi propia provincia, Salta, que tiene algún nivel de sobredimensionamiento; pero, sin embargo, tiene un agente por cada 833 afiliados. Incluso, debo señalar que la ley 19.032 en su artículo 10 dispone que para gastos administrativos del PAMI el tope de la erogación es del 5 por ciento. Pero este tope hoy no se cumple; se está completamente excedido en este gasto. Tanto es así que la iniciativa que se encuentra en análisis de este Senado prevé elevar los gastos administrativos del PAMI al 8 por ciento.
Como se reconoce que ya existe un gasto en exceso, el artículo 15 del proyecto de ley en análisis establece que el Instituto deberá adecuar su esquema de gasto administrativo en un lapso no mayor de tres años, a contar de la publicación de la presente. Pero si con la ley que se encuentra vigente esto no se cumple, imaginemos lo que va a ocurrir con la disposición que estamos analizando. En la actualidad el gasto administrativo del PAMI se puede estimar en un nivel del 14 por ciento del total de sus erogaciones.
En el curso de este debate se ha señalado que sucesivos gobiernos nacionales han fracasado en la administración del PAMI, lo que constituye una realidad: fracasó desde Víctor Alderete hasta el triunvirato. Esto nos está indicando que es necesario efectuar modificaciones de carácter estructural así como pensar en soluciones creativas respecto del PAMI.
Por lo tanto, nosotros creemos que el camino para una auténtica y verdadera solución está en su descentralización federal, que no es otra cosa que aplicar la Constitución de nuestra Nación, que prevé nuestro régimen de gobierno como representativo, republicano y federal. El Estado nacional no tiene por qué concentrar aquellas funciones que se pueden descentralizar con mucha mayor eficacia hacia las provincias que son las que verdaderamente están cerca de los problemas y la gente. Y en este sentido quiero señalar que la educación se descentralizó con éxito. Recordemos aquellos días donde una buena parte de nuestras escuelas primarias, con las escuelas Láinez, dependían del Consejo Federal de Educación que estaba instalado aquí, en Buenos Aires, en la calle Pizzurno, hasta que se hizo la descentralización hacia las provincias con notable éxito, que llevó incluso a que la educación media y los hospitales nacionales fueran transferidos a los estados provinciales.
Está claro que el PAMI es un organismo ineficiente, endeudado y sobredimensionado, así como la iniciativa que estamos considerando no representa ninguna solución de fondo a estos problemas.
Por lo tanto, señor presidente, nuestra propuesta -y así lo vamos a mocionar en el momento oportuno- es que este proyecto vuelva a comisión, se consulte a las provincias, a sus respectivos gobernadores...
Sr. Gómez Diez.- Se consulte a los gobernadores de provincias, a las autoridades locales....
Sr. Presidente (Maqueda).- Perdón, señor senador. Por favor, silencio. Así, no vamos a poder seguir la sesión. Esto no es una cancha de fútbol. Acá hay que respetar determinadas reglas y cada senador puede opinar exactamente lo que quiere y, por ello, no tiene por qué recibir gestos de reprobación. Sí ustedes pueden aprobar con un aplauso a aquellos con los que están de acuerdo, pero no pueden reprobar cuando están en desacuerdo. Tienen otras vías totalmente distintas, y yo voy a hacer guardar el orden. Continúe, senador.
Sr. Gómez Diez.- Nuestra moción, señor presidente, es que este proyecto vuelva a comisión, que sean consultados los gobernadores de provincias, las autoridades locales, que todos los días ponen la cara en cada uno de los rincones de nuestra Patria por la atención de nuestros jubilados y pensionados.
Que se escuche la problemática de los hospitales públicos solventados por las provincias que atienden a jubilados y pensionados; hospitales a los cuales el PAMI no les gira los recursos que se les deberían transferir.
Que se escuche a todos. Que se escuche la voz del país interior -la que también debe oírse en este Senado-, y que se considere la iniciativa de la descentralización federal del PAMI.
Respecto de este tema, hemos presentado un proyecto de ley junto con el señor senador Salvatori sobre descentralización federal. Luego de efectuarse estas consultas y estudiado a fondo la realidad del funcionamiento del Instituto en todo el espacio geográfico nacional, tendría que adoptarse una decisión definitiva.
Esta es nuestra propuesta y postura, que creemos que es la que mejor se ajusta a los intereses de nuestras provincias y al de los jubilados y pensionados, a quienes representamos en el Senado federal.
Qué mejor mensaje puede mandar el Senado de la República -que es la expresión del federalismo argentino- que propugnar que un servicio de tanta importancia para nuestros jubilados y pensionados también sea descentralizado hacia las diferentes jurisdicciones provinciales, en búsqueda de la eficiencia que hoy no tiene.
A continuación, se va a votar la moción de vuelta a comisión, formulada por el señor senador Gómez Diez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
- La votación resulta negativa.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda rechazada.
Sr. Presidente (Maqueda).- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez.- Señor presidente: respecto de los gastos de funcionamiento del PAMI propongo que se mantenga el porcentaje del 5 por ciento fijado en la ley 19.032 y que no se incremente al 8 por ciento.
Sr. Presidente (Maqueda).- Como ya ha adelantado la comisión, no se van a aceptar modificaciones.
En consideración el artículo 8E. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Gómez Diez.- Pido la palabra.
Sr. Gómez Diez.- Señor presidente: es sabido que a través de una ley no se puede modificar la Constitución. Esto lo señalo porque el artículo 77 de nuestra Carta Magna establece que respecto de los proyectos de ley, la iniciativa puede ser ejercitada por cualquier legislador o por el Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia, el artículo 12 es inconstitucional toda vez que dispone que: "El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del instituto...".
Nuestra Constitución es muy clara respecto de a quiénes corresponde la iniciativa en materia legislativa.
Sr. Presidente (Maqueda).- En consideración el artículo 12. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
Sr. Gómez Diez.- Señor presidente: solicito que como segundo párrafo del artículo 15 sea incorporada el texto que he acercado a la Secretaría y que pido se lea.
Sr. Secretario (Oyarzún).- "Dicha reducción, hasta alcanzar el límite fijado, no podrá ser inferior al 2 por ciento anual bajo responsabilidad de las autoridades ejecutivas del Instituto."
Sr. Gómez Diez.- Señor presidente: en el proyecto que estamos considerando se reconoce que el PAMI se encuentra excedido en sus gastos de funcionamiento. En el artículo 15 se establece que en un plazo de tres años debe realizarse esa reducción, pero no fija la escala que tiene que cumplirse año a año ni tampoco se establece responsabilidad alguna para aquellas autoridades que no cumplan con esta disposición.
Tenemos vastos ejemplos de sanciones establecidas por este Congreso respecto de las cuales no se han previsto consecuencias. Entre ellos, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que, como recién nos hemos enterado, respecto de su programa monetario ha emitido el doble de lo que estaba previsto inicialmente.
Por lo tanto, me parece razonable prever en la ley una consecuencia si no hay una adecuación del gasto de funcionamiento del PAMI.
Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el artículo Los que estén por la afirmativa, sírvanse así expresarlo.
Sr. Presidente (Maqueda). - Aprobado. - Se enuncia y aprueba el artículo
- El artículo 17 es de forma.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán la comunicaciones correspondientes. (Aplausos en las galerías).
Subversion Económica - 30/05/02
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: voy a referirme en primer lugar a la ley objeto de análisis.
La ley 20.840 fue sancionada por este Congreso en septiembre de 1974. Para comprender cabalmente su dimensión hay que entender, en primer lugar, el tiempo en que se sancionó. Para eso, quiero traer a este recinto las palabras del senador Galván en el debate de 1997, cuando rememorando esos años y refiriéndose a la noche del 26 al 27 de septiembre de 1974, dijo: “Recuerdo esa noche, señor presidente: una noche tensa, electrizante, convulsionada, como la que presagian las tormentas. Me acuerdo de que entre los diputados de las bancadas mayoritaria y minoritaria se llegaron a exhibir armas de fuego.”.
Había armas de fuego en el Congreso de la Nación que presagiaban la violencia que ya había comenzado a desatarse. El miembro informante de la mayoría, senador Díaz Bialet, trae a colación en el debate las palabras que había pronunciado ese día la entonces presidenta de la Nación con referencia al asesinato de integrantes del Ejército Argentino. La presidenta había dicho textualmente "...Buscando provocar una reacción que pudiera obligar a sus camaradas a romper el Estado constitucional."
Esa noche sobrevoló el Congreso la sombra de la violencia y de la ruptura del orden constitucional. El país entró en una noche oscura con una ley de excepción, que fue en este recinto sancionada por el justicialismo y con el voto en contra de las bancadas de la Unión Cívica Radical y de los partidos provinciales.
Así se aprobó esta ley que establecía que los procesados por ella no tenían el beneficio de la excarcelación. Tampoco podían recibir condena de ejecución condicional. Y se establecía, como fuero de excepción, el fuero federal.
Se han mencionado ya, en este debate, las objeciones que el senador Solari Yrigoyen le hiciera al artículo 6°, referido a los delitos económicos. Esta ley tenía tres partes, los delitos económicos, los de carácter institucional, los de carácter laboral, porque era delito —en el caso de un paro, por ejemplo— incitar a no acatar una conciliación obligatoria de la autoridad laboral. Como dije, los tipos económicos fueron objetados con toda certeza por el senador Solari Yrigoyen, el cual dijo que estaban descriptos en términos vagos, que iban a resultar muy difíciles de aplicar y que abrían un amplio margen a la discrecionalidad.
El senador de la Rúa dijo que esta ley no aparecía como idónea para el logro de los fines que se proponían. Decía que el artículo 6° y los siguientes tipificaban hechos de carácter económico y que tenía la impresión de que se superponían con otras figuras previstas en la legislación. En su opinión, este proyecto era inadecuado técnicamente, ineficaz prácticamente y, en muchos aspectos, peligroso, incluso en temas ajenos a la subversión que se quería y se debía combatir.
En la Cámara de Diputados, el diputado Tróccoli, que encabezaba la bancada de la Unión Cívica Radical, dijo que ese bloque estaba en total desacuerdo con el proyecto, que lo estaba en la medida y con el sentido de que, a ese proyecto, no lo conceptuaban idóneo para responder a las exigencias que, del diagnóstico de la situación política del país, se habían elaborado.
Así se aprobó esta ley. En 1984, restablecida la normalidad constitucional en el país y superada la etapa de violencia, el presidente de la Nación, doctor Alfonsín, remitió a este Congreso un proyecto de derogación total de la ley 20.840. La derogación total fue acogida favorablemente en el Senado, pero no así en la Cámara de Diputados, que optó por mantener los delitos de carácter económico.
El criterio del Senado era similar al que ahora se propone, es decir, derogar la ley 20.840 e introducir reformas al Código Penal. Esta era la solución que contaba con la adhesión de todos los sectores, como bien lo explicitó en el debate el entonces senador Berhongaray, quien dijo que la 20.840 era una ley verdugo, que era la norma de la represión que se había utilizado para todo. Y agregó que pensaban que se debía hacer un esfuerzo intelectual para eliminar el resabio de esa fea época que nos había tocado vivir. Dijo que lo habíamos hecho entonces, derogando esos artículos de la ley 20.840. Seguidamente efectuó apreciaciones explicando las reformas que, junto con la derogación, se proponían al Código Penal.
Este criterio no fue compartido por la Cámara de Diputados. Y según el miembro informante, el entonces diputado Cortese, era preferible en ese momento mantener transitoriamente los delitos de carácter económico. Y en esos días terminó primando la postura de la Cámara de Diputados frente a la del Senado.
La segunda ocasión en que el Senado derogó esta ley fue en 1997, a través de un dictamen que fue firmado por varios señores senadores que hoy también están en ejercicio del cargo, como la legisladora que me ha precedido en el uso de la palabra, señora senadora Fernández de Kirchner, que suscribió el dictamen que propiciaba la derogación de esta ley, al igual que los señores senadores Yoma y Villarroel, este último representante de la provincia de Catamarca que pertenecía al bloque de la Unión Cívica Radical.
Y hoy llega el debate nuevamente al Congreso cuando veintiún gobernadores de provincias de la República Argentina y de diferente origen político firman un documento en el que le piden al Parlamento la derogación de la ley; y el presidente de la Nación envía un proyecto en tal sentido.
Una vez ingresado ese proyecto al Parlamento, se consideró prudente sumarle a la derogación de la ley de subversión económica la modificación del Código Penal, a efectos de insertar el tipo penal que figura en la ley 20.840 en dicho cuerpo normativo como un supuesto especial de defraudación, a través de la creación de un inciso 6° en el artículo 174.
Esto fue hecho con el objeto de aventar cualquier tipo de suspicacia, porque también podía sostenerse el criterio de que bastaba para tal cometido con los artículos que ya figuran en el Código Penal. No obstante, se adopta la prolijidad de plantear la derogación de la ley de subversión económica, con la modificación del Código Penal, previendo además que las causas en trámite ante la justicia federal se sigan sustanciando en ese fuero hasta su conclusión y que sólo los nuevos pleitos vayan a los jueces penales ordinarios, que son quienes deben juzgar los delitos tipificados en el Código Penal.
Por lo tanto, queda claro que la sanción originaria del Senado no importa impunidad para persona alguna, por lo cual desmiento totalmente las apreciaciones formuladas por la senadora preopinante que, además, ha hecho imputación de móviles ilegítimos a miembros de esta Cámara, contradiciéndose con su propia actitud de 1997, ocasión en la que firmó el dictamen a favor de la derogación de la ley 20.840.
Sr. Presidente (Maqueda). — Señor senador: le pido que vaya redondeando su exposición.
Sr. Gómez Diez. — Sí, señor presidente. Como autor del proyecto, dispongo de diez minutos; por lo tanto, creo que aún me queda algún tiempo adicional.
Considero que la sanción del Senado contempla un camino razonable para enfrentar el dilema que tenemos enfrente: por un lado, asegurar que no hay impunidad para nadie y que no hay vacío legal en la legislación argentina; y, por el otro, por qué no, darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para llevar adelante las negociaciones internacionales frente a los cuestionamientos de falta de seguridad jurídica de que ha sido objeto la República Argentina.
Podrá decirse, y aquí también se ha señalado, que si bien todo esto es así, este no es el momento oportuno para modificar esta ley. Ahora bien, si veintiún gobernadores y el presidente de la Nación están pidiendo la derogación de esta ley, ¡¿qué otra cosa estamos buscando?! ¡¿Quién más quieren que lo pida?!
Además, hay un mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional que está firmado por el señor ministro de Justicia, que es un hombre insospechado y que milita en las filas de la Unión Cívica Radical; al margen de ello también es un jurista de nota en nuestro país y un hombre respetado por todos desde el punto de vista de su conocimiento del Derecho.
¿Qué nos dice el ministro de Justicia en su mensaje? Es muy claro. Él sostiene que la difusa redacción del artículo 6 hace que se superponga con delitos existentes en el Código Penal tales como los de administración fraudulenta, de desbaratamiento de derechos, de quiebra fraudulenta, de asociación ilícita, de fraude al comercio o a la industria y a otras leyes especiales que se citan. En función de ello, el ministro de Justicia y el Poder Ejecutivo de este gobierno de coalición le piden al Congreso la derogación de la ley 20.840.
¿Qué hemos hecho nosotros? No nos hemos quedado solamente con este razonamiento del Poder Ejecutivo sino que, conscientes de la cuestión y de la oportunidad, hemos dicho que es prudente, en función del momento, pasar con una redacción precisa el delito que figura en la ley 20.840 al Código Penal, como un supuesto especial de defraudación.
Sr. Presidente (Maqueda).— Termina su tiempo, señor senador.
Sr. Gómez Diez.— Estoy terminando, señor presidente.
Para concluir, quiero decir que esta derogación, con la solución de modificación del Código Penal y la firma de los acuerdos provinciales, deberían haberse hecho hace tiempo, con el fin de poder avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Por mi parte, creo que mientras sigamos entrampados en estas cuestiones, la próxima crisis por venir será el hundimiento del sistema financiero, que es un tema sobre el cual hoy deberíamos estar discutiendo.
En este sentido, sobre el problema del sistema financiero, voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de algunas consideraciones y propuestas concretas. Por ejemplo, señalo que del 20 al 24 de mayo los depósitos de este sistema cayeron a un ritmo diario de 278 millones de pesos, mientras que entre el 26 de abril al 24 de mayo la caída fue de 182 millones por día. La asistencia financiera del Banco Central en ese mismo período ha sido de 191 millones de pesos diarios y la intervención en el mercado de cambio nos costó en igual período 700 millones de dólares con un tipo de cambio promedio de $3,3 pesos por dólar.
De tal manera, señor presidente, debemos asumir con responsabilidad la gravísima crisis en la cual estamos inmersos, al igual que los graves problemas que tendremos que afrontar en los días venideros.
Financiamiento de los partidos políticos - 23/05/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: como bien usted lo ha señalado esta es la primera oportunidad en que el Senado de la Nación, que ha sido objeto de una renovación integral, considera la ley actualmente en debate.
Esto me obliga a sentar sumariamente postura en el siguiente sentido: estamos en absoluto desacuerdo con que el control de las finanzas de los partidos políticos esté a cargo de la Auditoría General de la Nación.
El artículo 85 de la Constitución Nacional dice que la Auditoría es un órgano de asistencia técnica del Congreso de la Nación. Nada tiene que hacer, por lo tanto, en lo que respecta a los partidos políticos. La designación de los auditores tiene un neto origen político como que se hace a propuesta de las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras del Congreso. Y el presidente, además, por expresa disposición constitucional tiene que ser nominado por el principal partido de oposición.
En consecuencia, lo lógico es que los partidos que tienen existencia garantizada por el artículo 38 de la Constitución nacional sean controlados por la Justicia Electoral. En este sentido me permito señalar, además, que la Cámara Nacional Electoral es designada mediante concurso público de antecedentes y oposición. Y que tiene, además, garantizada la estabilidad de carácter permanente a los efectos, precisamente, de preservar su independencia.
Por lo tanto, no concibo este control a cargo de la Auditoría, porque es, en cierta forma, como el control a sí mismo. Quiero también señalar mi desacuerdo con otros aspectos de esta ley. Por ejemplo, voy a señalar alguno. Se establece que los partidos políticos sólo pueden tener cuenta en el Banco de la Nación o en bancos oficiales.
Yo no entiendo la razón de esta disposición. Por qué limitarnos en el sentido de que puedan tener cuenta en cualquier entidad del sistema financiero. Porque, si no, un partido que tiene necesidad, por ejemplo, de descontar un cheque de un aporte que ha recibido queda, en definitiva, sujeto a la autorización de la autoridad política que controla el banco oficial. Lo que pasa es que tanto con el tema de la auditoría como con este otro ejemplo que he puesto en concreto se les está dando a los partidos políticos el trato de reparticiones públicas. Los partidos políticos no forman parte de la administración pública, son asociaciones reconocidas por la propia Constitución, como señala en el artículo 38, como partes esenciales para el funcionamiento del sistema democrático.
Me parece positivo fijarle un techo al gasto para las campañas electorales pero si estamos sancionando esta ley en pleno proceso inflacionario está claro que establecer una suma fija es algo que carece en absoluto de sentido si no se prevé a la par un sistema de actualización.
También me parece que debió haberse legislado en materia de publicidad estatal durante la campaña electoral; asimismo, creo que nos estamos debiendo todos un debate importante acerca del tema del clientelismo político.
Cuando se sanciona una ley haciéndose referencia a la necesidad de reformarla en el mismo momento en que se la está considerando es evidentemente porque no se está siguiendo un camino correcto. Yo creo que hubiera sido preferible recoger las iniciativas que han sido presentadas por muchos señores senadores dentro de esta nueva composición del Senado y haber sancionado de una manera acertada una norma adecuada.