Source: https://lpderecho.pe/criterio-jerarquia-conflicto-normas-casacion-4017-2014-lima/
Timestamp: 2020-06-03 23:14:02
Document Index: 298536973

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 138', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 8']

Criterio de jerarquía es determinante para resolver conflicto entre dos normas [Casación 4017-2014, Lima] | LP
b) Luego, el dieciocho de agosto de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial «El Peruano”, el Decreto Supremo N° 124-2002-EF, cuyo artículo 1 modifica el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, introduciendo el siguiente texto: “Los Derechos Variables Adicionales y las Rebajas Arancelarias se determinarán en base a las Tablas Aduaneras vigentes a la fecha de numeración de la Declaración de Importación”. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 124- 2002-EF precisó que las “importaciones practicadas aplicando el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF y que se encuentren pendientes de regulación ante Aduanas se adecuarán a lo establecido en el artículo precedente’’;
2.7. En cuanto al principio de jerarquía, el artículo 51 de la Constitución Política del Perú establece que «La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado’’. Con ello, se reconoce dentro de nuestro sistema jurídico, el principio de supremacía constitucional, en virtud al cual, se consagra el predominio que corresponde a la Constitución Política del Estado, por encima de todas las fuentes del Derecho existentes o que pudieran producirse en el futuro dentro de nuestro país; de tal forma que los valores y principios que ésta contiene no solo vinculan por igual a todos los poderes que conforman el Estado y los ciudadanos que se encuentran bajo su alcance, sino que además priman sobre cualquier otra norma que pudiera oponerse.
2.8. Como derivación necesaria de esto último, el propio texto constitucional prevé la existencia de un sistema de control constitucional, destinado a tutelar la efectiva aplicación del Principio de Primacía Constitucional, a través de la declaración de nulidad o inaplicabilidad de las normas que resulten contrarias a la Constitución Política del Estado o al sistema de fuentes que ésta reconoce. Así, el artículo 138 de nuestra Carta Magna establece que «En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior’.
2.9. En el presente caso, la colisión de normas se produce entre lo prescrito por el texto original del artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, según el cual, los derechos adicionales variables -aplicables en las operaciones de importación- se determinarán en base a las Tablas Aduaneras vigentes a la fecha de embarque de la mercancía; y, el artículo 12 de la derogada Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N° 809), conforme a la cual, en las operaciones de importación, la obligación tributaria aduanera nace «en la fecha de numeración de la declaración» (Declaración Única Aduanera – DUA), en ese sentido, no es correcto afirmar que nos encontramos frente a normas compatibles, en el entendido que el Decreto Supremo N° 115-2001-EF regula la determinación de la obligación aduanera, mientras que la Ley General de Aduanas, el momento de nacimiento de la obligación aduanera. Ello porque ambas normas inciden en el nacimiento de la obligación tributaria y la aplicación de criterios para su determinación.
2.12. En atención a estas consideraciones, resulta evidente que en el presente caso, lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N° 809) debe prevalecer necesariamente sobre el contenido normativo del texto original del artículo 8 del Decreto Supremo N° 115-2001-EF, pues, mientras aquella posee rango de ley, esta última tiene únicamente carácter infra legal, que regula sobre los derechos adicionales variables y las rebajas arancelarias; y, por tanto, debe ceder ante lo previsto por la primera. Sobre el particular, esta Sala Suprema, en igual criterio establecido en las Casaciones N° 232-2012-LIMA y N° 384-2012-LIMA, señaló: “las normas constitucionales no son meramente enunciativas sino expresión jurídica de nuestro sistema, que su fuerza y supremacía normativa son de estricto cumplimiento, y la realización en las actuaciones del Estado deben ser con respeto a la Constitución, de las normas y sus fines; por tanto la actividad regulativa autorizada al Ejecutivo en tema arancelario mediante Decreto Supremo de ninguna forma puede ser tomada como una potestad absoluta, sino sometida a control de constitucionalidad a cargo de los Jueces y subordinada a las leyes» .
Por estas consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos veintitrés, en consecuencia; NO CASARON la sentencia de vista expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, que obra en copia certificada a fojas seiscientos treinta del expediente principal; en los seguidos por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – Sunat y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano”, y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente el señor Bustamante Zegarra.-