Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00694-de-marzo-8-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_cd28e05713424de7aa666f511f41ce27&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 22:36:35
Document Index: 315220952

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 19', 'artículo 37', 'artículo 104', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 45', 'artículo 37', 'artículo 59', 'artículo 81', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 37', 'artículo 37']

﻿ SENTENCIA 2014-00694 DE MARZO 8 DE 2017
SENTENCIA 2014-00694 DE 08 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:LA AUSENCIA DE PODER O CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO ES DETERMINANTE PARA ARGUMENTAR LA INEXISTENCIA DE LA FALTA, CUANDO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA LA RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO. SE PRECISA QUE, ASÍ NO SE HAYA ALLEGADO DOCUMENTO ALGUNO QUE ACREDITE EL OTORGAMIENTO EFECTIVO DE UN PODER O LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DELIMITEN LAS FUNCIONES DEL ABOGADO PARA CON SUS MANDANTES, NO PUEDE DICHA SITUACIÓN SER TENIDA EN FAVOR DEL PROFESIONAL, PUES POR EL CONTRARIO, LA AUSENCIA DE ELLO, ES DICIENTE DE SU TOTAL INERMIA EN CUANTO A LAS GESTIONES ENCOMENDADAS, YA QUE NI SIQUIERA TUVO LA DILIGENCIA DE SUSCRIBIR LOS MANDATOS O DE REALIZAR UN CONTRATO QUE DELIMITARA DE FORMA CLARA LOS DEBERES SUYOS PARA CON LA CLIENTE Y VICEVERSA. EN ESE SENTIDO, SI SE ENCUENTRA DEMOSTRADA LA CALIDAD CLIENTE-ABOGADA, POR CUANTO, SI BIEN NO OBRA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y/O PODERES DEBIDAMENTE OTORGADOS, ELLO PER SE NO QUIERE DECIR QUE ESA LA RELACIÓN CONTRACTUAL NO EXISTE O EXISTIÓ, PUES LA MISMA NO NACE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DEL OTORGAMIENTO FORMAL DE UN PODER, YA QUE COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS, LEY 1123 DE 2007, SON SUJETOS DISCIPLINABLES LOS ABOGADOS QUE “EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN QUE CUMPLAN CON LA MISIÓN DE ASESORAR, PATROCINAR Y ASISTIR A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN LA ORDENACIÓN Y DESENVOLVIMIENTO DE SUS RELACIONES JURÍDICAS ASÍ SE ENCUENTREN EXCLUIDOS O SUSPENDIDOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y QUIENES ACTÚEN CON LICENCIA PROVISIONAL".
TEMAS ESPECÍFICOS:ABOGADO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, PODER
Sentencia 2014-00694 de marzo 8 de 2017
Rad.: 180011102000201400694 02
Aprobado según Acta 20 de la misma fecha
Resuelve la Sala el recurso de apelación incoado contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá(1) el 9 de junio de 2016, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses a la abogada Merideni Triviño Artunduaga, como responsable de cometer la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.
1. De la queja
La presente actuación tiene origen en la queja interpuesta el 25 de septiembre de 2014, por la señora Lina Yohana Reyes Castaño quien puso de presente las eventuales irregularidades de orden disciplinario en que pudo haber incurrido la abogada Merideni Triviño Artunduaga, por cuanto hacía 2 años le confirió poder a la togada para presentar demanda contra la Clínica Santa Sofía de Puerto Rico – Caquetá, con el fin de exigir indemnización de perjuicios por falla médica.
No obstante, a la fecha de la queja no sabía nada del proceso, explicando que había sido víctima de un error médico, comentándole su caso a la abogada, quien le sugirió conferirle poder para demandar a la entidad prestadora del servicio de salud.
Afirmó que después de dos años le preguntó a la abogada por el trámite de su demanda y esta le manifestó que “iba bien”, sin embargo no le dio ningún número radicado del asunto, razón por la cual investigó en diferentes instancias judiciales sin encontrar datos sobre su proceso.
2. Acreditación de la condición de abogado y apertura del proceso disciplinario
Una vez acreditada la condición(2) de abogada de la doctora Merideni Triviño Artunduaga quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 52’206.946 de Bogotá y es portadora de la tarjeta profesional número 166.034 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encontraba vigente el 26 de febrero de 2015 con auto(3) de ponente se ordenó la apertura del proceso disciplinario, señalándose el 9 de abril de 2015, para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional, además de ordenar surtir las notificaciones de rigor.
3. Audiencia de pruebas y calificación provisional
Esta etapa procesal se realizó efectivamente en las sesiones de los días 2 de junio de 2015(4), 7 de julio de 2015(5), 11 de septiembre de 2015(6) y 11 de mayo de 2016(7), destacando que en esta última data se calificó la conducta y se consideró pertinente endilgar cargos a la jurista investigada.
Además en esta etapa procesal también acontecieron como jurídicamente relevantes los sucesos que a continuación se enuncian:
Designación de defensor (a) de oficio
Inicialmente se dio aplicación a la ritualidad procesal encaminada a hacer comparecer a la disciplinable, al curso de las presentes diligencias seguidas en su contra, no obstante cómo no concurrió a las primigenias sesiones de la citada audiencia, el a quo previo la contabilización del término legal para su justificación sin que lo hiciese, decidió emplazarla por medio de edicto(8) que permaneció fijado desde el 10 al 14 de abril de 2015, persistiendo en su inasistencia, motivo por el cual a través de auto(9) proferido el 17 de abril de 2015, la declaró como persona ausente y en consecuencia le designó como su defensora de oficio a la doctora Diana Mirely Colorado Tovar, quien se posesionó de dicho encargo en desarrollo de la sesión del 2 de junio de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional; pudiéndose dar continuación a la actuación dándole estricto cumplimiento a la garantía sustancial y procesal prevista en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
Ratificación y/o ampliación de la queja
En desarrollo de la sesión del 2 de junio de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional, la quejosa bajo gravedad de juramento procedió a ratificarse en cada uno de los argumentos fácticos y jurídicos de la queja, agregando que confirió poder a la abogada para demandar por negligencia médica a la Clínica Santa Sofía de Puerto Rico – Caquetá, pues “se le estranguló el apéndice” por no haber sido remitida con prontitud a la ciudad de Florencia.
Adujo que junto a su familia suscribieron poderes a la togada, quien les afirmaba que el caso “iba bien”, sin embargo, al indagar en la instancia judicial en la cual supuestamente fue presentada la demanda, “no apareció radicado”.
Admitió no haber entregado dineros por concepto de honorarios ni gastos procesales; igualmente indicó que la abogada le había informado la necesidad de adelantar una conciliación previa ante Cámara de Comercio y, por ausencia de recursos económicos, no se pudo hacer ese trámite.
Por último, afirmó haberle hecho entrega a la togada de todos los documentos solicitados por ella, tales como las historias clínicas de cada una de las entidades por la cuales fue atendida y los originales de los pasajes que pagó para asistir a sus curaciones.
En la misma audiencia de pruebas y calificación provisional, en uso de la palabra la doctora Merideni Triviño Artunduaga, rindió versión libre manifestando que para el año 2012 tenía unos procesos en Puerto Rico – Caquetá, en donde conoció a la quejosa y su caso, explicando que como se trataba de falla médica, ella le relacionó los documentos necesarios para impetrar la demanda.
Explicó que su cliente le hizo entrega de la historia clínica de la atención médica en Puerto Rico – Caquetá, luego de lo cual solicitaron la de la ciudad de Florencia, quedando pendiente los documento de la atención recibida en Neiva.
Señaló que le había explicado a la señora Reyes Castaño la necesidad de tener todas las pruebas solicitadas, por cuanto habiendo sido atendida en varios establecimientos de salud, resultaba imperioso saber a quién debía ser atribuida la responsabilidad y si realmente se configuraba una falla médica, máxime cuando el registro médico de la Clínica Santa Sofía no consignaba nada sobre una peritonitis.
Indicó que le había explicado a la quejosa cuan necesaria era esa historia clínica, porque la afectación de su salud no acaeció en el momento en que fue atendida en el primero de los establecimientos de atención médica, señalando en igual sentido que sí había elaborado unos poderes, no obstante, estos no los recibió diligenciados.
Finalmente, explicó que el caso que le fue encargado es de derecho privado, y en consecuencia el término para demandar es de 10 años, razón por la cual la demanda aún puede ser presentada, por ende se ha venido comunicando con su cliente para mirar si se pueden complementar los documentos.
Pruebas solicitadas, decretadas, allegadas, practicadas e incorporadas en esa etapa procesal.
1) La documental(10) aportada en desarrollo de la sesión del 2 de junio de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional, conformada por:
• Cuatro poderes dirigidos a la Defensoría del Pueblo de Florencia – Caquetá y al Juez Civil del Circuito de Florencia – Caquetá – Reparto, conferidos a la abogada Triviño Artunduaga, a fin de surtir conciliación prejudicial y para incoar demanda de responsabilidad civil contractual contra la Unidad Médica Santa Sofía LTDA. y otros, por el mal servicio de salud prestado a la señora Lina Yohana Reyes Castaño.
• Copia de la historia clínica de la señora Lina Yohana Reyes Castaño, expedida por Medilaser Clínica.
• Copia de la historia clínica de la quejosa, expedida por Unidad Médica Santa Sofía LTDA.
2) En desarrollo de la sesión del 7 de julio de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional se recepcionó declaración juramentada de la señora Nidia Julieta Castaño, mamá de la quejosa, quien informó haber acompañado a su hija, en varias ocasiones, a la ciudad de Florencia, para preguntar a la abogada por el proceso y esta decía que todo iba bien, cuando no había iniciado nada.
Indicó que acompañó a su hija para entregar los poderes a la abogada, pero no recordó en donde los suscribieron con nota de presentación personal.
3) En desarrollo de la sesión del 7 de julio de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional se recepcionó a declaración juramentada del señor Josué Torres, quien señaló que era el conductor de un taxi de la empresa Cootrascaquetá, indicando que, en especial se dedicaba a trasportar pasajeros y encomiendas, explicando que en ese contexto conoció a la togada pues esta utilizaba sus servicios para recibir o enviar paquetes.
Hecha la especificación precedente, reconoció el sobre obrante a folio 72 del expediente, manifestando que lo recogió y lo llevó a la abogada, no recordando muy bien cuándo prestó ese servicio, pero sostuvo que pudo ser a finales de noviembre o principios de diciembre de 2013.
En desarrollo de sesión del 11 de septiembre de 2015, en la audiencia de pruebas y calificación provisional, el a quo, consideró que era del caso calificar provisionalmente la conducta desarrollada por la investigada, procediendo a terminar anticipadamente, y, en su favor las diligencia, dado el escaso material probatorio que pudiera edificar posiblemente la comisión de falta que atentara contra el deber de obrar con la debida diligencia profesional.
Frente a la citada decisión se incoó recurso de apelación por parte de la quejosa, el cual fue resuelto por esta Superioridad mediante sentencia del 19 de noviembre de 2015, revocando la decisión a quo, y se dispuso la continuación de la actuación a fin que se determinaran eventuales responsabilidades disciplinarias de la investigada.
Una vez regresadas las diligencias al Seccional de instancia, en desarrollo de sesión del 11 de mayo de 2016 de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el a quo, calificó provisionalmente la conducta desarrollada por la investigada, iniciando con un breve resumen de los hechos de la queja y su ampliación, la versión libre de la togada, así como el acervo probatorio arrimado al infolio hasta ese instante, procediendo a proferir cargos de la siguiente manera:
Frente al deber de actuar con diligencia en relación con los encargos profesionales, el cual está consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, el fallador de instancia le endilgó cargos a la disciplinable por su probable transgresión del aludido deber, pues al parecer había incurrido en la conducta descrita en numeral 1º del artículo 37 ibídem, precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “(…) 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas (…)”.
La anterior imputación jurídica se hizo con base en que al juicio del a quo, la togada investigada a mediados del año 2012 fue contratada por la señora Lina Yohana Reyes Castaño a fin que incoara una demanda ante los Jueces Civiles del Circuito de Florencia – Caquetá –, para lo cual ella y sus familiares le confirieron mandatos, no solo para la demanda sino para que desarrollara el trámite conciliatorio previo, a la acción de responsabilidad civil contractual contra la Unidad Médica Santa Sofía LTDA. y otros, por el mal servicio de salud prestado a la quejosa, pero la togada omitió hacerlo, y a pesar de contar con los elementos de prueba para ello, no lo hizo.
El anterior comportamiento fue imputado a título de CULPA, pues a pesar que la togada fue debidamente contratada para que incoara el asunto encomendado, decidió de forma negligente no iniciarlo.
4. Audiencia de juzgamiento
Esta etapa procesal se surtió el día 26 de mayo de 2016(11), data en la cual se alegó de conclusión.
Sin pruebas por practicar en esta etapa procesal, estando en desarrollo la audiencia de juzgamiento se le dio uso de la palabra a los intervinientes para que desplegaran sus alegatos de conclusión, procediendo así:
La defensa de oficio del disciplinable: La defensora de oficio de la togada investigada alegó que como a su defendida no se le habían otorgado poderes por parte de la quejosa o sus familiares, esta no tenía la facultad para iniciar la demanda encomendada, de la cual resaltó que aún se podía incoar, señalando que tampoco veía que se hubiere causado un perjuicio a la señora Reyes Castaño o a su familia, así que deprecó la absolución de la disciplinable.
Por medio de providencia adiada 9 de junio de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, halló disciplinariamente responsable a la doctora Merideni Triviño Artunduaga de incurrir en la conducta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, sancionándola con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses.
Consideró la primera instancia que de las pruebas obrantes en el plenario se podía concluir con grado de certeza que la jurista convocada a juicio disciplinario adecuó su comportamiento al tipo disciplinario previsto en el mencionado precepto legal, no encontrando de recibo los argumentos de su defensa, puesto que en efecto había violentado el deber de obrar con la debida diligencia en relación con los encargos profesionales, ya que a mediados del año 2012 fue contratada por la señora Lina Yohana Reyes Castaño a fin de incoar una demanda ante los Jueces Civiles del Circuito de Florencia – Caquetá, otorgando poderes a fin de adelantar etapa conciliatoria y posterior demanda de responsabilidad civil contractual contra la Unidad Médica Santa Sofía LTDA y otros, por el mal servicio de salud prestado, pero la togada omitió hacerlo, y a pesar de contar con los elementos de prueba para ello, no lo hizo.
Dicho comportamiento fue calificado a título de CULPA, pues a pesar que la togada fue debidamente contratada para que incoara el asunto encomendado, decidió de forma negligente no hacerlo.
Finalmente, y en cuanto a la dosificación de la sanción, se consideró que la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, fue impuesta, teniendo en cuenta la modalidad con la cual se ejecutó la falta enrostrada, quebrantando la confianza de sus clientes, y socavando la percepción que de la profesión se tiene en el colectivo, igualmente se sopesó la ausencia de antecedentes disciplinarios, reiterándose que la sanción se hacía necesaria, congruente y ponderada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
Dentro del término legal, la abogada sancionada interpuso recurso de apelación, deprecando la revocatoria de la sentencia dictada y, en su lugar, absolutoria, argumentado básicamente que el material probatorio tenido en cuenta para imponérsele la sanción atacada era insuficiente, por cuanto las declaraciones tanto de la quejosa como de su mamá son incongruentes y no se compadecen de la realidad, al punto que no lograron demostrar la efectiva relación contractual cliente-abogado, la cual supuestamente existió ente ellas, pues no aportaron prueba documental que así lo soportara, destacando que los poderes radicados al dossier ni siquiera tenían firmas o sellos de presentación personal.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de alzada presentado contra la decisión del 9 de junio de 2016, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, mediante la cual halló disciplinariamente responsable a la abogada Merideni Triviño Artunduaga de cometer la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, sancionándola con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
2. De la apelación
El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, delimitante este de su competencia.
En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos de la apelación, no sin antes resaltar que de forma parcial ya habían sido expuestos en primera instancia.
Con ocasión al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues violentó el deber profesional de atender con celosa diligencia los encargos profesionales, precepto que está estipulado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ello, al haber incurrido en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, los cuales se transcriben así:
(…) 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo (…)”.
Inicialmente es menester señalar que entre la quejosa y la togada investigada sí existió un vínculo cliente – abogado, dado que esta última se comprometió para con la primera y sus familiares a mediados de 2012 a promover una demanda ante los Jueces Civiles del Circuito de Florencia – Caquetá de responsabilidad civil contractual contra la Unidad Médica Santa Sofía LTDA. y otros, previo agotamiento de etapa conciliatoria, sin que ninguno de los trámites se hubiera realizado.
Se aclara, que se ha dejado debidamente demostrada la calidad cliente-abogada, por cuanto, si bien no obra contrato de prestación de servicios profesionales de abogado suscrito entre las partes y/o poderes debidamente otorgados, ello per se no quiere decir que esa la relación contractual no existe o existió, pues nótese, que la misma no nace única y exclusivamente del otorgamiento formal de un poder, ya que como lo prevé el artículo 19 del Estatuto Deontológico de los Abogados, Ley 1123 de 2007, son sujetos disciplinables los abogados que “(…) en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional (…) (…) Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier título. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE de manera condicionada por las razones expuestas, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-899 de 2011 (…)” (negrilla fuera del texto original).
Así pues, si bien en el presente asunto, se itera, efectivamente no se ha allegado documento alguno que acredite el otorgamiento efectivo de un poder o la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales que delimitaran las funciones de la togada para con sus mandantes, no puede dicha situación ser tenida en favor de la abogada, pues por el contrario, la ausencia de ello, es diciente de su total inermia en cuanto a las gestiones encomendadas, pues ni siquiera tuvo la diligencia de suscribir los mandatos o de realizar un contrato que delimitara de forma clara los deberes suyos para con la cliente y viceversa, dejando por sentado que es sumamente reprochable que la letrada a estas alturas del proceso alegue esa situación en su favor.
De igual manera, y como bien lo advirtió el a quo, dentro del plenario a folios 193 a 204, existe prueba de la relación contractual que hubo entre la señora Reyes Castaño y la abogada Triviño Artunduaga, por cuanto hay conversaciones vía whastapp, en las que la togada asesoraba a su cliente, sobre los documentos y demás pruebas que se debían recaudar (fls. 114-116), además de comentarle aspectos relacionados con los trámites de conciliación previa ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Florencia y afirmaciones de que el asunto iba por buen camino, cuando en realidad las gestiones nunca se realizaron.
Igualmente, se desprende de la versión libre rendida por la disciplinada que en efecto, la quejosa y su familia la contactaron para que esta los asesorara en los trámites tendientes a demandar la Unidad Médica Santa Sofía LTDA. y otros, para lo cual según su dicho, en efecto le entregaron diferentes documentos que servían como prueba, y además reconoció la autoría de los poderes obrantes a folios 40 a 43 del plenario, indicando que estuvo pendiente de que estos se hubieran regresado debidamente diligenciados, para iniciar las gestiones encomendadas sin que se hayan realizado, a pesar de la existencia de los mandatos que ella misma elaboró.
Demostrada como está la relación contractual entre la quejosa y la disciplinada, se retoma que la inconformidad de la primera consistió en que su apoderada no realizó la gestión encomendada, ante lo cual, en sede de apelación se expuso de forma exculpante que no existía prueba que demostrara su compromiso para con la quejosa; argumento este que ya ha sido descorrido en párrafos previos, por lo que no será próspero.
Es de anotar que las dudas en favor de los disciplinables no se pueden pregonar por causa de la inermia de estos, pues la prerrogativa solo se aduce en favor de ellos, cuando una vez se han recaudado las pruebas pertinentes, no se puede establecer con certeza la configuración de la conducta enrostrada o investigada, lo cual ha quedado completamente desdibujado en el asunto bajo estudio.
Así pues, existe prueba que da certeza sobre la responsabilidad de la investigada en relación con los hechos que dieron lugar a la indefensión en la consumación del mandato y por ende del encargo hecho, en ese orden, establecido el hecho fáctico, y evidenciada la materialidad de la infracción conforme al artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 20007 (sic), partiendo que con lo hasta ahora analizado ha quedado plenamente probada la desidia de la letrada investigada.
Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probado, la conducta y la responsabilidad de la disciplinable en este cargo, y establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta del descuido en el encargo conferido, sin que se encuentre viable, se considera de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia como omisiva (culposa), la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la debida diligencia profesional para con el cliente, por ende, como se ha anunciado en párrafos anteriores, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica según lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir eximente de dicho proceder de la abogada, y al haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar en este concreto la responsabilidad disciplinaria apelada.
4. Dosificación de la sanción
En lo atinente a la dosificación de la sanción, que se impuso de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, se tiene en esta instancia que fue impuesta obedeciendo un criterio razonado, razonable y ponderado, tomando como base precisamente el impacto negativo que el proceder de la letrada generó no solo en los intereses de la quejosa sino en la imagen que de la profesión de la abogacía se percibe en la sociedad, la ausencia de antecedentes disciplinarios, así como el grado de culpabilidad culposa con que se cometió la conducta confirmada, todo ello, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR la sentencia del 9 de junio de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, mediante la cual se resolvió sancionar con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses a la abogada Merideni Triviño Artunduaga, luego de hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.
Vivian Andrea Aragón Plata, secretaria ad hoc.
1 Ponencia de la Mg. María del Socorro Jiménez Causil en sala dual con la Mg. Gloria Mariño Quiñonez.
2 Certificado de condición de abogada visto en folio 11 del c.o. de 1ª Inst.
3 Auto que aperturó el proceso disciplinario visto en folio 27 del c.o. de 1ª Inst.
4 Acta de audiencia vista en folio 39 y reverso del c.o. de 1ª Inst. Audio en CD anexo, Nº 1.
5 Acta de audiencia vista en folio 88 del c.o. de 1ª Inst. Audio en CD anexo, Nº 2.
6 Acta de audiencia vista en folio 109 y reverso del c.o. de 1ª Inst. Audio en CD anexo, Nº 3, además de ello se deja constancia que en ésa diligencia el a quo terminó anticipadamente la investigación, pero dicha decisión fue revocada por esta corporación el 19 de noviembre de 2015, a través de providencia tomada con ponencia de la Ex Magistrada, Doctora María Rocío Cortés Vargas.
7 Acta de audiencia vista en folio 179 y reverso del c.o. de 1ª Inst. Audio en CD anexo, Nº 4.
8 Edicto visto en folio 29 del c.o. de 1ª Inst.
9 Auto que declaró como persona ausente a la investigada y le designó defensor de oficio, visto en folio 31 del c.o. de 1ª Inst.
10 Folios 40 a 75 del c.o. de 1ª Inst.
11 Acta de audiencia vista en folio 205 del c.o. de 1ª Inst. Audio en CD anexo, el Nº 5.