Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-ag-41001233100020010094801-de-octubre-6?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204212c1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-01 21:24:32
Document Index: 353210939

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 55', 'artículo 80', 'artículo 55', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 48', 'artículo 47', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 56', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 55', 'artículo 229', 'artículo 55', 'artículo 229', 'artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 4', 'artículo 357', 'artículo 68', 'artículo 289', 'artículo 289', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 55', 'artículo 82', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 52', 'artículo 55', 'artículo 46', 'artículo 55', 'artículo 88', 'artículo 15']

﻿ SENTENCIA AG-41001233100020010094801 DE OCTUBRE 6 DE 2005
SENTENCIA AG-41001233100020010094801 DE 06 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:CADUCIDAD DE LAS ACCIONES DE GRUPO. INAPLICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO 55 DE LEY 472 DE 1998 POR EL CONSEJO DE ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZAS MILITARES, LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE GRUPO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE GRUPO, LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA
REVISTA TUTELA N°:73 DE ENERO DE 2006, PG.173
Sentencia AG-948 de octubre 6 de 2005
Rad. AG-410012331000200100948-01
Actor: Natividad Oyola y otros
Bogotá, D.C., octubre seis de dos mil cinco.
Previa derrota del proyecto absolutorio presentado por el señor Consejero Ramiro Saavedra Becerra, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de octubre de 2003, en la cual se decidió la acción de grupo formulada por la señora Natividad Oyola y otros, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, sentencia que será modificada. En dicha sentencia se decidió:
“1. Declarar oficiosamente la excepción de falta de legitimación por pasiva respecto de la entidad demandada Fuerza Aérea Colombiana “FAC”.
2. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Policía Nacional por los perjuicios sufridos por los señores Natividad Oyola, Isaías Triana Ortiz, Luis Carlos Salazar, Marleny Garzón Penagos, Concepción González de Romero, María Eva Yunda de Gutiérrez, Elvia Hernández de Suaza, Amira Cuenca de Vanegas, Blanca Marina Sánchez Rozo, María Lilí Ortiz, Melania Mora de Fandiño, Ana Luisa Longas de Oyola, Luis Carlos Ramos, María Liliana González Moyano, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno, Bertilda Ramírez Tole, Marleny Zarta Garnica, Lilia Moyano de González, Édgar Sánchez Espinoza, Luis Carlos Lozano García, Alcides López Yara, Sandra Milena Polanía Chaux, Alicia Silva, Delia Bautista Cleves y Bertilda Rivera como consecuencia de la destrucción o avería de sus casas y enseres, ubicados en el municipio de Algeciras como consecuencia de la toma guerrillera realizada el 26 de junio de 2000 y de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
3. Condenar a la Nación-Policía Nacional al pago de una suma a favor de los accionantes en monto de setecientos treinta y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos veintidos pesos ($736.348.522) a título de indemnización colectiva por los perjuicios sufridos como consecuencia de la incursión guerrillera realizada por las FARC-EP al municipio de Algeciras, Huila el 26 de junio de 2000, suma que se cancelará a cada uno de los demandantes en la siguiente forma:
Nombre Dirección Clase daños Valor actual con IPC
1 Bertilda Ramírez Tole Calle 4 v # 3-28 Total casa y muebles $30’493.243
2 Marleny Zarta Garnica Carrera 5 # 3-67 Parcial casa y muebles $9’397.000
3 Lilia Moyano de González Carrera 4 # 3-23 Total apartamento, parcial casa y muebles $47’820.000
4 Édgar Sánchez Espinoza Calle 3 # 4-06 Total casa y muebles $12’987.631
5 Concepción González de Romero 1. bien Carrera 3 # 3-89 Total casa y muebles $34’255.982
6 Luis Carlos Lozano García Carrera 3 # 4-54 Total casa y muebles $30’743.847
7 Alcides López Yara Calle 3 # 3-66 Parcial casa y muebles $10’162.212
8 Sandra Milena Polanía Chaux Carrera 4 # 3-98 Total casa y muebles $26’326.697
9 Alicia Silva Calle 4 # -3-46, 48 Total casa y muebles $29’577.948
10 Delia Bautista Cleves Carrera 4 # 3-71 - 73 Total casa y muebles $45’219.932
11 Blanca Marina Sánchez Rozo - otros 1.bien Carrera 4 # 3-104 Total casa y muebles $9’134.341
12 Blanca Marina Sánchez Rozo - otros 1. bien Calle 4 # 4-16 Total y muebles $10’067.933
13 María Lili Ortiz Carrera 3 # 3-74 Parcial casa y muebles $11’722.372
14 Melania Mora de Fandiño Calle 4 # 3-13, 21 Parcial casa y muebles $8’302.378
15 Ana Luisa Longas de Oyola Calle 4 # 3-16 Total casa y muebles $30’490.183
16 Luis Carlos Ramos Polanía y otra Calle 3 # 3-43 Lote 1 Total casa y muebles $92’458.896
17 Jorge Tovar Beltrán Calle 4 # 3-38 Total casa y muebles $44’332.783
18 Daniel Cifuentes Moreno Calle 4 # 3-36 Total casa y muebles $30’374.792
19 Natividad Oyola 1. bien Carrera 5 # 3-29 Total casa y muebles $27’675.287
20 Isaías Triana Ortiz Calle 4 # 3-60 Total casa y muebles $65’471.425
21 Luis Carlos Salazar Carrera 3 # 4-40 Total casa y muebles $21’830.008
22 Marleny Garzón Penagos Carrera 3 # 3-72, 76, 86 y carrera 4 # 2-65 Total casa y muebles $20’795.775
23 Concepción González de Romero 2. bien Carrera 3 # 3-88, 92 Total casa y muebles $26’681.801
24 Rosendo Trujillo R. y Bertilda Rivera Trujillo (sucesión) Calle 3 # 4-03, 09, 11 Parcial casa y bienes $5’665.279
25 María Eva Yunda de Gutiérrez Carrera 4 # 4-37, 39, 41 Parcial casa y muebles $4’013.344
26 Elvia Hernández de Suaza Carrera 3 # 4-26 Total casa y muebles $22’062.258
27 Amira Cuenca de Vanegas Carrera 4 # 3-64, 68 Parcial casa y muebles $13’582.328
28 Natividad Oyola 2. bien Calle 3 # 4-27 Parcial casa y muebles $7’115.555
29 Natividad Oyola 3. bien Calle 3 # 4-35 Parcial casa y muebles $7’586.662
Gran total $736’348.522
4. Ordenar a la entidad accionada Nación-Policía Nacional que en el término de diez 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia entregue el monto de la indemnización al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, que será administrada por el defensor del pueblo con el fin de pagar las indemnizaciones individuales a quienes hicieron parte del proceso como integrantes del grupo.
6. Fijar la suma de un millón doscientos mil pesos ($1.200.000) como costas del proceso a cargo de la Nación-Policía Nacional.
7. Publíquese un extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional a costa del accionado y dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la misma (L. 472/98, art. 65, num. 4º).
8. Envíese copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y del presente fallo a la Defensoría del Pueblo como lo establece el artículo 80 de la Ley 472 de 1998”.
El 22 de agosto de 2001, a través de apoderado judicial, los señores Natividad Oyola y otras 27 personas, formularon demanda en ejercicio de la acción de grupo en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fuerza Aérea de Colombia, con el fin de que se profieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primero. Que la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fuerza Aérea Colombiana, FAC, es administrativamente responsable de totalidad de los daños y perjuicios de índole material, tanto en su manifestación de daño emergente como de lucro cesante y morales, tanto objetivos como subjetivados, ocasionados a los demandantes, con la avería o destrucción de sus casas de habitación, ubicadas en las direcciones indicadas en el hecho primero de la demanda y de los muebles y enseres que en ellas se encontraban, en el combate entre la guerrilla de las FARC y la Policía, en hechos ocurridos el día 26 de junio de 2000.
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fuerza Aérea Colombiana, FAC, a reconocer y pagar a los aquí demandantes, las siguientes cantidades por concepto de los daños y perjuicios que en tales hechos se les ocasionaron, determinados así:
Los estimo en el equivalente en pesos a la cantidad de un mil (1.000) gramos de oro fino, para cada una de las siguientes personas: Natividad Oyola, Isaías Triana Ortiz, Luis Carlos Salazar, Marleny Garzón Penagos, Concepción González de Romero, María Eva Yunda de Gutiérrez, Elvia Hernández de Suaza, Amira Cuenca de Vanegas, Blanca Marina Sánchez Rozo, María Audelia Sánchez Rozo, Jairo Antonio Sánchez Rozo, María Lili Ortiz, Melania Mora de Fandiño, Ana Luisa Longas de Oyola, Luis Carlos Ramos, María Liliana González Moyano, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno, Bertilda Ramírez Tole, Marleny Zarta Garnica, Lilia Moyano de González, Édgar Sánchez Espinoza, Luis Carlos Lozano García, Alcides López Yara, Sandra Milena Polanía Chaux, Alicia Silva, Delia Bautista Cleves y Bertilda Rivera.
(sic)Perjuicios materiales:
Se estiman en suma superior a seiscientos setenta y tres millones seiscientos cinco mil quinientos sesenta y un pesos ($673.605.561), moneda corriente, discriminados así:
Actualizadas a la fecha, equivalen a:
Para la señora Natividad Oyola $37.929.115
Para el señor Isaías Triana Ortiz $58.292.975
Para el señor Luis Carlos Salazar $18.062.460
Para la señora Marley Garzón Penagos $18.898.685
Para la señora Concepción González de Romero $30.767.685
Para la señora María Eva Yunda de Gutiérrez $4.100.200
Para la señora Elvia Hernández de Suaza $20.015.450
Para la señora Amira Cuenca de Vanegas $12.537.980
Para los señores Blanca Marina Sánchez Rozo, María Audelina Sánchez Rozo y Jairo Antonio Sánchez Rozo $52.480.617
Para la señora María Lili Ortiz $10.897.900
Para la señora Melania Mora de Fandiño $7.882.202
Para la señora Ana Luisa Longas de Oyola
Para los señores Luis Carlos Ramos y María Liliana González Moyano $82.651.400
Para el señor Jorge Tovar $39.653.250
Para el señor Daniel Cifuentes Moreno $27.345.312
Para la señora Bertilda Ramírez Tole $27.449.760
Para la señora Marleny Zarta Garnica $ 8.847.800
Para la señora Lilia Moyano de González $42.728.400
Para el señor Édgar Sánchez Espinosa $12.013.586
Para el señor Luis Carlos Lozano García $27.670.739
Para el señor Alcides López Yara $9.522.175
Para la señora Sandra Milena Polanía Chaux $23.775.765
Para la señora Alicia Silva $26.642.668
Para la señora Delia Bautista Cleves $40.435.525
Para la señora Bertilda Rivera $5.556.850
Los hechos narrados en la demanda son los siguientes: “El día 26 de junio de 2000, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, un frente de las FARC, entró al municipio de Algeciras, H., y lanzó un feroz ataque contra el cuartel de Policía, que está ubicado en la carrera 4 # 3-23, en las cercanías de las viviendas antes descritas, ante lo cual debió reaccionar la Policía, desarrollándose un violento combate entre los subversivos y las fuerzas del orden. En apoyo de la Policía Nacional, a las 7:00 de la noche, el avión fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, llegó a Algeciras y sobrevoló las cercanías del cuartel de la policía, atacando desde el aire a la guerrilla. En el ataque contra el cuartel de la policía, y en la respuesta de esta institución contra los subversivos, así como en el ataque contra estos del avión fantasma, infinidad de proyectiles, provenientes de la guerrilla, de la policía y de la FAC, desde el avión fantasma, hicieron blanco en las viviendas de los demandantes y muchas granadas y cilindros de gas, estallaron en estos inmuebles. Las casas de habitación, muebles y enseres de mis poderdantes fueron destruidas o sufrieron graves daños”.
Los demandantes imputan al Estado responsabilidad por los daños que aducen haber sufrido, en su calidad de propietarios de los inmuebles aledaños a la estación de Policía de Algeciras, con fundamento en los regímenes de riesgo excepcional y daño especial, pues en su criterio, tales daños“ se deben única y exclusivamente al riesgo excepcional a que fueron sometidos por parte del Estado, al mantener el cuartel de Policía en las cercanías de sus viviendas, para cumplir su deber de brindar seguridad a todos los habitantes del municipio de Algeciras, H., o al desequilibrio en contra de las cargas públicas que deben soportar los moradores de las viviendas cercanas al cuartel de Policía, por la prestación del servicio de policía, para todos los habitantes del municipio”.
3.1. Como fundamento de su oposición a la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, adujo que:
3.1.1. No puede endilgársele responsabilidad por los daños causados a los demandantes con el ataque de la guerrilla a la población de Algeciras, porque la misma entidad fue víctima de esos hechos.
3.1.2. El objetivo de las organizaciones guerrilleras y de autodefensas no es sólo las instituciones, “sino que también en una forma indiscriminada se involucra a la población civil y por contera a sus bienes, con tal de lograr sus oscuros propósitos de desestabilizar la institucionalidad... Los daños que en las incursiones subversivas a poblaciones y campos sufren los particulares no son pues, en sí, consecuencia directa de la lucha que en contra del Estado libran esas criminales organizaciones sino del actuar discriminado de los mismos. Es por ello que en situaciones como la que nos ocupa, se tipifica un riesgo social, dado el conflicto interno que afronta la Nación colombiana, principio que la ley y la jurisprudencia misma no han considerado como causal de imputación de la responsabilidad de la administración”. Por ello, la jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente, en sentencia de 27 de enero de 2000, expediente 8490, señaló que el Estado no puede responder por todos los actos terroristas cuando tienen como fin sembrar el pánico y generar desconcierto social.
3.1.3. El Estado, en aplicación del principio de solidaridad nacional, ha dictado leyes en las cuales se establece el derecho de las víctimas a la reparación por los actos terroristas. “Atendiendo a ese nobilísimo principio del Estado, el actor, dentro de un gesto de reciprocidad, antes de pretender se declare la responsabilidad de la administración, debe intentar el resarcimiento de sus perjuicios a través de esos mecanismos legales”, derecho establecido en la Ley 418 de 1997, mediante la cual se creó la Red de Solidaridad Social.
3.1.4. Tampoco hay lugar a derivar responsabilidad de la entidad demandada, con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, que según la demanda, creó el Estado al ubicar el cuartel de la policía en la proximidad de sus viviendas, porque la Policía no puede estar marginada de la población, y así lo señaló la Corte Constitucional al resolver una acción de tutela, en la que se solicitaba el traslado de una estación de policía. “Por consiguiente, las estaciones o sedes de la institución necesariamente tienen que estar ubicadas dentro de las localidades y no fuera de ellas, de manera que en cualquier sitio donde se encuentren ubicadas, dados los oscuros propósitos de los grupos subversivos, algún sector de la población va a estar abocado a ese riesgo, pero el Estado no puede por ello renunciar a su presencia y el deber de prestar el servicio de policía a la comunidad, al que está obligado constitucionalmente”.
3.1.5. Al Estado no puede atribuírsele todos los daños que sufra la población. “El enunciado de preceptiva constitucional (art. 90) es un ideal válido para una sociedad que se desenvuelve dentro de un clima de normalidad, en donde el Estado está en la posibilidad de garantizar a todos sus administrados el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, pero un Estado como el nuestro que actualmente es débil, vulnerable y en incapacidad de proporcionar a la comunidad la protección necesaria ante la barbarie impuesta por las organizaciones criminales, tenemos que aplicar el principio que reza: ‘Nadie está obligado a lo imposible''”.
3.2. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
3.2.1. En el caso concreto se configuró “uno de los eximentes de responsabilidad de la administración, cual es el hecho exclusivo de un tercero”;
3.2.2.. La actuación de la entidad demandada se circunscribió al cumplimiento del deber constitucional de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos, “ya que ante un ataque de tal magnitud, no podía quedarse inerme”;
3.2.3. La parte demandante no acreditó la falla del servicio imputable a la entidad demandada, pues “de un lado, no está demostrado que fueran proyectiles del avión fantasma los que causaron los daños de sus viviendas... y, de otro, sí está demostrado que los causantes de los daños y perjuicios fueron los miembros de las FARC, quienes arremetieron no sólo contra el Comando de la Policía sino contra la población civil al lanzar granadas y cilindros de gas”;
3.2.4. “Es absurdo condenar al Estado porque no defiende a la sociedad y, al mismo tiempo, condenarlo porque, tratando de defenderla, es atacado por los enemigos de dicha sociedad. Podría argumentársenos que justamente esos son los principios fundamentales de la teoría del daño especial o el riesgo excepcional, pero esos principios no se aplican en actos de guerra o en actos de terrorismo, dada la anormalidad de los daños” y,
3.2.5. Como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no hay lugar a la reparación de los perjuicios morales por la pérdida de las cosas, porque las personas no se deben dejar poseer por estas, y con relación a los perjuicios materiales, estos “deberán ser demostrados en su existencia y en su extensión ya que en esta materia nada se presume”.
Consideró el tribunal que en el caso concreto resultaba procedente la acción de grupo interpuesta, por cuanto la misma “ha sido ejercida en procura de obtener la indemnización de perjuicios, como consecuencia de un daño generado en el mismo hecho, la incursión guerrillera al municipio de Algeciras, Huila, el 26 de junio de 2000, por un grupo plural de personas en condiciones uniformes, vecinas del comando de policía que había sido instalado en el centro de la población, colocando en condiciones de riesgo a los vecinos del sector. Igualmente se tiene que por las causas originantes, la aguda crisis de orden público, el daño sufrido es de gran impacto social y el perjuicio, pérdida de sus viviendas, amerita un mecanismo expedito y especial para su atención”.
A juicio del a quo, los daños sufridos por los demandantes son atribuibles a la Nación, “dentro de la teoría del riesgo excepcional, ya que si bien el actuar de la Policía Nacional era legítimo y consecuencia de una obligación constitucional y legal al tratar de defender a la población, ello no la desliga del riesgo latente a que sometió a los habitantes aledaños al sitio donde otrora instaló su puesto de policía y que no reubicó pese a la petición de la comunidad y lo previsible del ataque por las condiciones sociopolíticas de la región, por la ubicación del poblado en frente a la mal llamada zona de distensión, los continuos hostigamientos a la institución, de los cuales se ha dejado constancia en el proceso y, en general, la agudización del conflicto armado que vive el país”.
Declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, en relación con la cual consideró que no existía “título de imputación de responsabilidad por cuanto el rompimiento de las cargas públicas no ha sido consecuencia de alguna acción u omisión que se le pueda derivar...puesto que su intervención se circunscribe al apoyo logístico en el momento del ataque, en desarrollo de la función para la que está creada”.
Condenó al pago de perjuicios materiales para los demandantes con base en el dictamen pericial, pero negó la indemnización por perjuicios morales, por considerar que los mismos no fueron acreditados en el proceso y que tampoco había lugar a inferirlos porque “la situación de zozobra y amenaza es generalizada para todos los habitantes del país”. En relación con los inmuebles que figuraban a nombre de la señora Blanca Marina Sánchez Rozo, sólo reconoció la tercera parte de los valores establecidos en el dictamen pericial, con fundamento en que los bienes figuraban a nombre de la demandante y sus hermanos Jairo Antonio y María Audelina Sánchez Rozo, quienes no demandaron. Tampoco señaló los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso, porque “cuando se presentó la correspondiente demanda habían pasado ya catorce meses y para la fecha de esta providencia, la acción se encuentra caducada para iniciar una eventual reclamación”.
Uno de los magistrados que integraron la Sala, salvó parcialmente su voto, por no compartir el criterio de que “la situación de peligro o riesgo excepcional haya sido creada o sea atribuible a la Policía Nacional por tener ubicado en el centro de la población de Algeciras su cuartel, por cuanto quien fue la verdadera causa y origen de los daños sufridos por los accionantes fue la guerrilla de las FARC, que atacó dicho poblado, centrando al parecer su accionar violento en el cuartel de la policía que representaba una barrera en sus propósitos delincuenciales... Repugna a la razón que se predique la responsabilidad de la Policía Nacional porque en cumplimiento de su misión constitucional y legal, haya en el presente caso dizque ‘creado la situación de peligro o riesgo excepcional’, cuando el cuartel de la policía muy seguramente existe allí desde épocas remotas, o por lo menos, desde un tiempo anterior al aumento del accionar violento del grupo guerrillero y de que hubiere asumido como medio de lucha el atacar indiscriminadamente a caseríos y pueblos del país”.
La decisión fue impugnada por ambas partes.
5.1. La parte actora solicita que el fallo sea modificado en los siguientes aspectos:
5.1.1. Para reconocer la indemnización por los perjuicios materiales sufridos por la señora María Audelina y el señor Jairo Antonio Sánchez Rozo, como consecuencia de la destrucción de dos viviendas de las que eran copropietarios y a quienes el tribunal negó el derecho a la reparación, con fundamento en que no habían demandado, cuando en realidad sí le confirieron poder al abogado y este incluyó su nombre en la demanda;
5.1.2. Para que se ordene actualizar los valores de las condenas a la fecha en que el pago de las mismas efectivamente se realice, y,
5.1.3. Para reconocer la indemnización por los perjuicios morales sufridos por los demandantes, dado que “los mismos efectivamente se causaron, porque nadie puede desconocer los momentos de angustia y terror que sufrieron mientras sus viviendas eran destruidas en el combate librado con la guerrilla”.
5.2. Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, porque el hecho obedece a un caso fortuito, en concurrencia con el hecho de un tercero y no a una actuación u omisión de la administración. Para fundamentar su solicitud reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, hizo suyas las razones aducidas por el Magistrado disidente y, además, afirmó que resulta absurda la consideración del Tribunal en cuanto a que los daños sufridos por los demandantes son imputables al Estado por haber instalado el cuartel de la policía en el centro de la población, con lo cual colocó en evidente riesgo excepcional a sus vecinos. Aceptar ese argumento “es tanto como reconocerle legitimidad al execrable y aleve ataque de la subversión a esa población; con este pronunciamiento... se está infligiendo al Estado colombiano representado por la policía un castigo por tener dispuesto en el municipio de Algeciras el servicio público de policía, cuyo objeto es cumplir el mandato constitucional de mantener las condiciones necesarias para que los habitantes de esa comarca convivan en paz”.
Agregó que tampoco puede imputarse a la entidad responsabilidad por los hechos de que da cuenta la demanda, con fundamento en la falla del servicio, por omisión, “al no haber reforzado el personal policial y tomado las medidas para proteger y defender a la población bajo el argumento de que el ataque al cuartel o estación de policía ‘era previsible por cuanto en varias ocasiones hubo hostigamiento al puesto de policía y se escuchaban rumores de que en cualquier momento acababan con él”, porque la realidad que padecía el país y en particular el departamento del Huila en la época en que ocurrió el hecho, hacía imposible la concentración de grandes grupo de policías o soldados en una sola población, porque eso implicaba desproteger otras localidades. “No se trata de responsabilizar a la Policía Nacional por no haber trasladado la estación a otro lugar de la población: donde quiera que ella esté ubicada, los habitantes vecinos siempre van a estar en riesgo, no por la presencia de los uniformados, porque esa no es la concepción constitucional ni legal de su existencia, sino por la absurda mentalidad de quienes lideran las malignas fuerzas de la subversión, cuyas pretensiones macabras siempre van a estar dirigidas a asesinar a sus compatriotas, sembrar el caos y la desolación en campos y poblaciones; obviamente que para lograr sus ruines propósitos tienen que neutralizar y procurar el aniquilamiento de las Fuerzas del Orden”.
En el estudio de este asunto, en el cual se define la apelación de demandante y demandada, se asumirá el análisis de los siguientes aspectos: 1. Los efectos de la sentencia C-569 de 8 de junio de 2004 frente a la procedencia de la acción de grupo. 2. Características del proceso a través del cual se tramita la acción de grupo. 3. Inaplicación de la caducidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley 472 de 1998. 4. El caso concreto.
1. Los efectos de la sentencia C-569 de 8 de junio de 2004 frente a la procedencia de la acción de grupo.
Mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-569 de 8 de junio de 2004, fueron declaradas inexequibles las expresiones “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad” y “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad” contenidas, respectivamente, en el inciso primero del artículo 3º y en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998.
La declaratoria de inexequibilidad estuvo enmarcada dentro del propósito de eliminar el sustento legal que le había permitido a esta sección la elaboración de la doctrina de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad de la acción, según expresamente se lee en el punto 80 de la argumentación:
“Conforme a lo anterior, la Corte procederá a retirar del ordenamiento la exigencia legal de que las personas que se encuentren en condiciones uniformes “respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”, pues no sólo dicho requisito es en sí mismo desproporcionado, sino que, además, al reiterar los elementos definitorios de la acción de grupo, dicha expresión dio sustento a la doctrina de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad, la cual es contraria a la Carta.
“Retirada del ordenamiento la reiteración de los elementos que daban sustento a la doctrina legal del Consejo de Estado de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad, dicha tesis, que podría ser una interpretación legal plausible del inciso primero de los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, pierde todo sustento legal”.
En la reflexión que ahora hace la Sala para establecer la ineludible distinción entre la acción de grupo y una acumulación subjetiva de pretensiones reparatorias (1) en la que los afectados no sean más de veinte, se parte del supuesto de que está de por medio el derecho a la igualdad de las personas que padecen un daño derivado de una causa común, pero que no alcanzan el número mínimo de afectados exigido en la ley para intentar la acción de grupo, con todos los privilegios que su trámite comporta.
Y se afirma que el derecho a la igualdad puede resultar afectado si no se realiza dicha distinción, por cuanto, como lo ha señalado la jurisprudencia en repetidas oportunidades, el trámite y los objetivos de dichas acciones son diferentes. Así el trámite como acción de grupo de pretensiones reparatorias es preferencial y sumario (2) . Mediante dicha acción se busca la satisfacción de unos objetivos muy claros, como el de economía procesal al resolverse a través de un mismo proceso un cúmulo grande de pretensiones (3) , que permite la reparación de pequeñas sumas, cuya reclamación individual sería por ese aspecto inviable (4) ; con mayores posibilidades de obtener, al menos en parte, el restablecimiento del derecho, “pues los bienes del demandado no se verán afectados por los demandantes que primero iniciaron la acción sino que se destinarán a cubrir la indemnización del grupo, a prorrata de sus daños y hasta donde su cuantía alcance” (5) , evitando así fallos contradictorios y por contera, logrando la realización del derecho a la igualdad, porque de esta manera es posible garantizar el resarcimiento de aquellos perjuicios bajo el entendido de que a igual supuesto de hecho, igual debe ser la consecuencia jurídica (6) ; además, se busca con la misma modificar la conducta de actores económicos (7) y brindar mayores facilidades para el demandado pues debe atender un único proceso y no una multitud significativa de estos.
Mientras que si el proceso reparatorio se adelanta por varios demandantes, sin que su número alcance a 20, la acción indemnizatoria será la de reparación directa, tramitada a través de un proceso ordinario, en el cual están ausentes todos los privilegios propios del proceso establecido para las acciones de grupo.
Con el objeto de diferenciar la acción de grupo de las demás acciones reparatorias, la Sala consideró que debía atenderse a criterios como la preexistencia del grupo (8) , y para establecer el alcance de ese criterio, tanto en la jurisprudencia de esta corporación como en la de la Corte Constitucional se han ensayado conceptos como los de la relevancia social del grupo (9) y la importancia social del daño (10) . En efecto, se ha considerado que la acción de grupo está reservada para “la protección de grupos y de intereses de grupos verdaderamente relevantes, por su entidad, magnitud o repercusión social” (11) .
No obstante, el criterio de la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad, no puede seguir siendo considerado como propio de la acción de grupo, desde la expedición de la Sentencia C-569 de 8 de junio de 2004, en la cual se concluyó que la exigencia de ese requisito, deducida del contenido de las expresiones “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad” y “Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad” (12) , que declaró inexequibles, desconoce el diseño constitucional de la acción, restringe desproporcionadamente el acceso a la justicia e impide el cumplimiento de los fines que identifican esta acción, como los de proteger grupos de especial relevancia social, reparar daños de gran entidad e inhibir comportamientos que puedan provocar hechos dañinos de grandes repercusiones.
Desaparecido este criterio diferenciador, para distinguir entre la procedencia de la acción de grupo y una acumulación subjetiva de pretensiones en las demás acciones reparatorias, no queda sino el número de personas afectadas con el daño proveniente de una misma causa. Así, si el daño fue sufrido por 20 o más personas procederá la acción de grupo, pero si se causó a un número inferior de personas, entonces esta acción no procede, debiendo acudirse por parte de los afectados a las acciones indemnizatorias establecidas en los códigos que corresponda, es decir, si el daño fue causado por autoridad pública o por particular en ejercicio de función administrativa, los afectados dispondrán de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractual, según sea la causa del daño. Es decir la reclamada relevancia social del grupo se determinará por el número de sus integrantes.
2. Características del proceso a través del cual se tramita la acción de grupo.
Desaparecida la exigencia de la preexistencia al daño, del grupo que resulta afectado con este, se pueden identificar como características de la acción de grupo:
2.1. El fin, móvil o motivo de la acción de grupo, está constituido por la posibilidad de obtener, a través de un mismo proceso, la reparación del daño que ha sido causado a un número mínimo de 20 personas, con un mismo hecho.
2.2. La demanda puede ser interpuesta por una sola persona, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º, 46, 48-parágrafo y 52-4 de la Ley 472 de 1998, con la condición de que actúe en nombre de un grupo del que se afirma la calidad de afectado, integrado por un número no inferior a 20 personas, a las cuales debe identificar en la demanda o suministrar en la misma los datos para su identificación, como requisito de procedibilidad (13) .
2.3. El trámite del proceso es preferencial y sumario.
Así puede predicarse no solo de los breves términos que la Ley 472 dispuso para la admisión de la demanda, para practicar pruebas, para alegar de conclusión, para dictar sentencia, y para resolver la apelación, sino del carácter perentorio e improrrogable con el cual calificó aquellos señalados para dictar sentencia y para resolver la apelación, así como de las sanciones que estableció frente a su inobservancia.
2.4. La acción da lugar al trámite de un proceso de naturaleza mixta, en la medida en que mientras en las acciones indemnizatorias ordinarias todo el proceso se agota en la instancia judicial, en las de grupo, la primera fase del proceso que culmina con la sentencia, se adelanta por vía judicial y la segunda en sede administrativa. Al juez le corresponde determinar la ocurrencia del hecho dañino y realizar un cálculo ponderado de su reparación, a cuyo pago condena, pero será el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el ente encargado de individualizar, con fundamento en los parámetros establecidos en la sentencia, a las personas que no habiendo intervenido directamente en el proceso, deben ser beneficiadas con la indemnización en su condición de integrantes del grupo afectado a favor del cual se imparte la condena, cuyo monto y distribución es definida por el juez en la sentencia, distribución que podrá ser revisada por el mismo juez, por una sola vez, cuando el estimativo de los integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas ante ese fondo (L. 472/98, art. 65-3).
2.5. La normativa que regula la estructura del proceso permite identificar la existencia de dos grupos, dentro del mismo. Uno el grupo que promueve la demanda, otro el grupo afectado.
La distinción entre estos grupos estriba en que el grupo demandante es aquel integrado por quienes ejercitan el derecho a accionar formulando la demanda a nombre de todo el grupo afectado, con la advertencia de que la demanda puede ser presentada por una sola persona o por un grupo de personas, mientras que cumplan con la condición de pertenecer al grupo afectado.
Este grupo se ve acrecentado con la llegada de otros afectados al proceso antes de la apertura a pruebas. Tanto a estos como a los inicialmente demandantes les asiste el derecho a invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y a beneficiarse de la condena en costas.
El grupo afectado corresponde a una acepción de contenido genérico, en la medida en que corresponde a aquel integrado por un número no inferior a veinte personas que hubieren sufrido un perjuicio individual procedente de una misma causa, grupo cuyos integrantes deben ser identificados por sus nombres en la demanda, o en todo caso, en la misma oportunidad deben ser expresados los criterios para identificarlos y definir el grupo, en los términos del artículo 52 numerales 2º y 4º de la Ley 472 de 1998. De este grupo hacen parte todos los afectados que no hayan logrado su exclusión del proceso, es decir, de él hace parte el grupo demandante, quienes se presenten en el curso del proceso y quienes nunca se presentaron a actuar en el proceso, pero que fueron afectados con el mismo hecho.
2.6. Al proceso se entienden vinculados no solo los demandantes, sino todos los integrantes del grupo afectado, cuya representación es ejercida por el grupo demandante.
Si bien el legislador ha exigido que para admitirse la demanda deban estar identificados al menos veinte integrantes del grupo afectado, o deben establecerse los criterios para su identificación, ello no significa que el proceso se adelanta sólo en nombre de esas personas, porque la misma ley previó que el proceso vincula a todos los que han resultado afectados con la causa común que los agrupa a menos que hayan solicitado su exclusión, en los términos del artículo 56, regulación que llevó a la Sala en oportunidad anterior a concluir que no pueden coexistir dos o más acciones de grupo derivadas de la misma causa (14) .
El grupo de demandantes no solo actúa en su nombre, lo hace además en nombre de todas las personas que resultaron afectadas por una causa común, según se deduce de lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, en cuanto establece que en la acción de grupo, “el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”.
2.7. La sentencia produce efectos frente a todo el grupo afectado y no solo frente al grupo demandante y a quienes se hicieron presentes dentro del proceso.
Así lo dispone el parágrafo del artículo 48 de la ley reguladora del tema: “la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso” (66). En consecuencia, cualquier miembro del grupo de los afectados que no desee quedar vinculado por el acuerdo conciliatorio o la sentencia, deberá solicitar en forma expresa su exclusión, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, o con posterioridad a la expedición de la sentencia, siempre que en el segundo evento demuestre que “sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación”, eventos en los cuales los excluidos quedan facultados para intentar una acción individual por indemnización de perjuicios (56).
Igualmente encuentra la Sala que de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 55 inciso final de la Ley 472, debe entenderse como excluidos del grupo sometido al proceso iniciado en ejercicio de la acción grupo, a aquellos afectados que antes de la admisión de la demanda hayan ejercido su acción individual.
En efecto, cuando el artículo 47 establece el término para promover la acción de grupo, comienza por dejar a salvo el derecho de los integrantes del grupo afectado, a ejercer las acciones individuales indemnizatorias de que son titulares. Señala la norma:
Tal derecho debe entenderse limitado en el tiempo por la formulación y admisión de la acción de grupo, dado que una vez admitida esta, el proceso vincula a todos los afectados que no hubieran formulado acciones individuales, porque si ya las formularon, el proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo solo los vinculará si expresamente el interesado pide su acumulación a la acción de grupo. Así lo dispone la ley en el inciso final del artículo 55:
“Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.
En otros términos, todos los afectados por una causa común quedan afectados con la sentencia que se profiera en una acción de grupo, a menos que antes de la admisión de la demanda formulada en ejercicio de la acción de grupo hayan ejercido la acción indemnizatoria individual, o que dentro de los términos establecidos en la ley, soliciten expresamente su exclusión; aceptada esta podrán intentar, no otra acción de grupo, sino una acción individual por indemnización de perjuicios, en la medida en que los términos para accionar no hayan vencido.
Cabe señalar que en oportunidades anteriores la Sala había precisado el tema en similares términos. En providencias anteriores la Sala ha puntualizado en cuanto a los afectados con la sentencia que se profiere para definir una acción de grupo, que “… se extenderán a todos los que hubieran sufrido el perjuicio derivado de la acción u omisión aducida en el proceso y hubieren presentado la demanda, o se hubieran hecho parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual manifestaran su deseo de acogerse al fallo; o se acojan a la sentencia dentro de los 20 días siguientes a su publicación, siempre que su acción no hubiera prescrito o caducado; o hubieran solicitado la acumulación de acciones individuales presentadas” y solo “quedarán excluidos del grupo: a) quienes soliciten dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda su decisión de ser excluidos del grupo (opting out) y, b) quienes demuestren dentro del término establecido en la ley que no participaron en el proceso y no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo” (15) .
En el mismo sentido señaló la Sala que las personas que interponen una acción de grupo “no reclaman para el grupo sino para todas o algunas de las personas, individualmente, que lo conforman” (16) , para señalar que si bien es cierto que la reclamación no se hace para una colectividad sino para cada uno de los individuos que sufrieron el daño derivado de una causa común (17) , no necesariamente la decisión que se adopte en el proceso los va a cobijar a todos, dado que algunos de ellos pueden manifestar dentro de las oportunidades legales su interés de ser excluidos del grupo.
En esta oportunidad se reitera este criterio en el sentido de considerar, que los efectos de la sentencia que se profiera en una acción de grupo se extienden a todos los afectados con el hecho constitutivo de una causa común a un daño que dio lugar al proceso y que no hubieren solicitado dentro de las oportunidades legales su exclusión. Conclusión que lleva consigo la improcedencia de reclamación a través de cualquier otra vía judicial por parte de quienes resultan cobijados con los efectos de la sentencia.
En síntesis, al proceso adelantado en ejercicio de una acción de grupo quedan vinculados con el acuerdo de conciliación o la sentencia, todas las personas afectadas con la causa común que constituyó el fundamento de la acción y que no solicitaron ser excluidas en las oportunidades legales, por cuanto quien actúa como demandante ostenta la representación de las demás personas del grupo perjudicadas individualmente, que se determinarán conforme a los criterios señalados en la demanda, y que podrán comparecer a reclamar la indemnización que les corresponde y que ha sido despachada en su favor, incluso hasta dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, esto es, dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
3. Inaplicación de la caducidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
El artículo 55 de la Ley 472, al establecer la posibilidad de quien no ha intervenido en el proceso, de acogerse a los efectos de la sentencia condenatoria, dentro de los veinte días siguientes a su publicación, establece:
“Integración del grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado, de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas…” (se resalta).
La norma transcrita plantea una serie de dificultades en su aplicación por parte del juez, en tanto el segmento subrayado resulta inconsistente con el resto del ordenamiento jurídico: mientras que a lo largo del articulado de la Ley 472, en perfecta conformidad con la Constitución Política, la idea constante es la vinculación forzosa al proceso de todas las personas que hayan resultado afectadas con el daño proveniente de una causa común, que ha dado lugar al ejercicio de la acción de grupo, disponiéndose los efectos de la sentencia frente a todos y no solo en relación con quienes acuden al proceso, e impidiendo el ejercicio de acciones individuales indemnizatorias, a menos que se haya logrado la exclusión del grupo, esta norma en contravía solo permite el derecho de acogerse a la sentencia, a quienes no habiéndose hecho presentes en el curso del proceso, se presenten a hacer uso de tal derecho, dentro de sus términos individuales de prescripción o caducidad.
En efecto, como ya se advirtió, las acciones de clase o grupo buscan proteger derechos subjetivos que si bien pertenecen a un conjunto de personas, pueden ser también objeto de acciones individuales para el resarcimiento de cada una de ellas (18) , sobre la base de la existencia y demostración de un perjuicio causado a un número plural de personas y cuya reparación e indemnización resarcitoria se pretende obtener mediante una acción judicial conjunta de los afectados (19) .
Igualmente es admitido sin discusión que las acciones previstas en el inciso segundo del artículo 88 constitucional tienen por objeto garantizar la eficiencia de la justicia, al conceder la oportunidad para que en un solo proceso, se resuelva sobre varias pretensiones que tienen elementos comunes y que permiten su decisión en una misma sentencia (20) . De modo que con la introducción en la Constitución de esta garantía judicial, se pretendió dotar a las personas de un mecanismo ágil, que permitiera a las mismas optar por acogerse a él o ejercer, dentro de los términos legales, las acciones individuales respectivas. De allí que el acceso a la justicia (C.P., 229) fuera una de las motivaciones tanto del constituyente como del legislador al prever y desarrollar, respectivamente, este instrumento de protección judicial de los derechos.
En tal virtud, si se acude al contexto mismo de la Ley 472, que ilustra el sentido indicado desde la Constitución y dota de correspondencia y armonía entre cada uno de sus dispositivos (C.C., art. 30), de la lectura armónica de sus preceptos se tiene que las acciones de clase o de grupo se concibieron para hacer efectiva la reparación de cada uno de los miembros del grupo atendiendo razones de economía procesal (21) .
Así pues, la Constitución en su artículo 88 defirió al legislador la regulación de “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares” (se resalta), con esta perspectiva la Ley 472 dispuso en su artículo 3º:
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios” (negrillas fuera de texto original).
De modo que las acciones se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte (22) . En una palabra se trata de acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria (23) la cual se configura “a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados” (24) (resalta la Sala).
En consonancia con la norma referida, el artículo 46 de la Ley 472 establece —en forma por demás reiterativa—:
El grupo estará integrado al menos por veinte personas” (resaltado fuera de texto original).
Esas condiciones uniformes en un número plural de personas, a las que aluden los artículos 3º y 46 citados, implican que las personas afectadas deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales (25) .
En cuanto se refiere a la legitimación por activa quien instaura la acción de clase o grupo lo hace para reclamar el resarcimiento de perjuicios por la totalidad del grupo afectado (26) . La Ley 472 se concibió entonces, de conformidad con la Constitución, para facilitar el estudio de pretensiones signadas por una misma causa. Es por ello que el diseño legislativo se perfiló, en consonancia con la Carta, para estudiar y resolver bajo una misma unidad procesal (27) estos eventos, o como ha dicho la Corte Constitucional: “Un procedimiento así establecido apunta a garantizar el resarcimiento de aquellos perjuicios bajo el entendido de que a igual supuesto de hecho, igual debe ser la consecuencia jurídica” (28) .
Con esa perspectiva, conforme a la técnica de interpretación sistemática habría de entenderse que cuando el artículo 47 determina que, sin perjuicio de la acción individual, la de grupo debe promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el dañó o cesó la acción vulnerante causante del mismo, no se opera la caducidad si uno de sus integrantes, con el lleno de los requisitos de ley, la interpone en tiempo. Tan claro es el interés del legislador —siguiendo los presupuestos constitucionales— por solucionar las controversias que se presenten bajo una misma cuerda procesal, que otras normas se ocupan de confirmar este aserto. Veamos:
El parágrafo del artículo 48, que regula la legitimación por activa, estatuye:
A su vez, el artículo 52 de la misma ley dispone, dentro de los requisitos de la demanda, que si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, debe expresarse los criterios para identificarlos y definir el grupo.
Por su parte, el artículo 53 eiusdem —al ocuparse de la notificación de la admisión de la demanda— pone de presente que a los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz “habida cuenta de los eventuales beneficiarios”.
A su turno, el artículo 56, en la misma línea de los preceptos indicados, prescribe que para ser excluido del grupo, cualquiera de los miembros del mismo podrá manifestar la intención de ser excluido y en consecuencia no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o por la sentencia, según el caso (este precepto es reiterado por la parte inicial del artículo 61 eiusdem). Al mismo tiempo la norma señala los casos en que un miembro del grupo no quedará vinculado por la sentencia, y concluye en forma categórica este precepto:
“Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios”.
Al paso que, el artículo 61, atinente a la diligencia de conciliación, la cual tiene lugar según la norma “dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión”, ordena al juez publicar el acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.
En tanto que, al regular el contenido de la sentencia, el artículo 65 preceptúa que la sentencia que ponga fin al proceso y acoja las pretensiones incoadas debe contener la suma ponderada de las indemnizaciones individuales (num. 1º), lo mismo que el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, la publicación de un extracto de la sentencia en diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a la ejecutoria con la prevención a los lesionados que no concurrieron al proceso para que se presenten dentro de los veinte días siguientes a dicha publicación, para reclamar la indemnización.
Igualmente, el artículo 66 pone de presente que la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de quienes fueron parte del proceso lo mismo que de las personas que perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo (art. 56).
Encuentra la Sala que en oposición al contenido de todas estas normas, cuando se regula el derecho de quienes no intervinieron en el proceso, de acogerse a los efectos favorables de la sentencia, el aparte “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado” del artículo 55 de la Ley 472 impide efectivamente hacer uso de ese derecho. La frase señalada es abiertamente incompatible con la Constitución, pues una simple lectura del texto basta para advertir la oposición flagrante al mandato constitucional contenido en el artículo 229, por lo que el juzgador cuando se enfrenta a este precepto debe optar por inaplicarlo.
En tal virtud, la ruptura entre el aparte destacado del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 229 constitucional es, a juicio de la Sala, ostensible, por lo que no se tiene camino distinto que optar por la disposición constitucional, en acato a la regla prevista en el artículo 4º de la Constitución Política, el cual ordena la aplicación constitucional preferente aun frente a disposiciones imperativas, como en el caso sometido a estudio de la Sala, cuando quiera que estas resulten incompatibles con la Carta. En consecuencia, para la Sala en este caso habrá de inaplicarse la parte destacada del precepto para, en su lugar, dar aplicación a la Constitución Nacional. Esta inaplicación, resulta por lo demás consecuente con lo indicado recientemente por la Corte Constitucional respecto de la acción de grupo, reflexión que resulta aplicable a todo género de procedimientos judiciales, al razonar que:
“Para la Corte, el artículo 88 de la Constitución es claro en la medida en que contiene una orden perentoria al legislador: diseñar las particularidades procesales de las acciones de grupo según el modelo preconstituido por la Carta. No es entonces una simple norma de autorización, sino que se trata de una norma de habilitación condicionada a la efectividad de la acción. Esta consideración de principio permite afirmar, por una parte, la existencia de un amplio margen de configuración del legislador definido en sus contornos por la finalidad de la protección efectiva de los intereses de grupo; y por la otra, explica las notas características de la labor jurisprudencial de la Corte en la materia: el rechazo sistemático a la introducción de requisitos de procedibilidad adicionales, o de distinciones que restrinjan su objeto de protección o que no estén en consonancia con el diseño constitucional de las acciones de grupo” (29) .
Por último, la Sala destaca que esta inaplicación es procedente, a pesar de mediar dos pronunciamientos de constitucionalidad sobre ese artículo, pues si bien el primero de ellos (C-215/99) declaró exequible todo el artículo, lo cual podría dar lugar a pensar que en este caso media una decisión de cosa juzgada absoluta, lo cierto es que con posterioridad la propia Corte Constitucional reabrió el debate de constitucionalidad de la norma en Sentencia C-1062 de 2000, bajo el entendido de que el primer fallo tenía efectos solamente de cosa juzgada relativa, lo que le permitió pronunciarse de fondo sobre cargos que no habían sido objeto de pronunciamiento en la primera providencia citada. En efecto, de acuerdo con la Sentencia C-1062 de 2000:
“El artículo 55 de la Ley 472 de 1998 fue objeto de pronunciamiento de constitucionalidad, por parte de esta corporación que lo declaró exequible, en la Sentencia C-215 de 1999 (30) . De esto podría concluirse que sobre la misma ha operado el efecto de la cosa juzgada constitucional; sin embargo, como se advirtió en la providencia que decidió sobre la admisión de la presente demanda, dicho fenómeno no es predicable en el presente caso en forma absoluta, toda vez que los cargos formulados y estudiados en esa oportunidad difieren de los actualmente presentados. Es más, el aludido fallo no especifica el alcance del estudio efectuado en relación con el ordenamiento superior, de lo cual se puede deducir más bien la existencia de una cosa juzgada relativa (31) , lo que implica que la decisión tuvo como alcance exclusivo los cargos planteados en ese momento por el demandante.
‘Al hacer el cotejo de los cargos en esa oportunidad presentados contra el artículo acusado se encuentra que, en síntesis, estos aluden a las diferentes modalidades a través de las cuales las personas afectadas en un derecho o interés colectivo que hubieren sufrido un perjuicio pueden hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo; en tanto que en el asunto sub-exámine (sic), lo que cuestiona el demandante, refiere a la indemnización que a las víctimas en las acciones de grupo debe hacerse cuando quiera que se “viole cualquier derecho” sea este de primera, de segunda, o tercera generación, de orden constitucional o legal, y no únicamente cuando se trate de “derechos o intereses colectivos”’.
En consecuencia, corresponde a la Sala Plena entrar a examinar de fondo el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en el segmento enjuiciado, a partir de los nuevos cargos de inconstitucionalidad imputados al mismo en la demanda de la referencia y con base en las consideraciones que se señalan a continuación (resalta la Sala) (32) .
Por manera que ninguno de los pronunciamientos de constitucionalidad ha comportado un examen exhaustivo del artículo 55 de la Ley 472, sino que, por el contrario, las definiciones adoptadas por la Corte se han circunscrito a algunos de los aspectos del estudio de constitucionalidad, sin que ninguno de ellos haya analizado los motivos de contradicción que en esta oportunidad se esbozan, quedando allanado el camino no solo para futuros fallos de constitucionalidad, sino también para recurrir a la excepción de inconstitucionalidad. En otras palabras, habida consideración a que ninguno de los pronunciamientos aludidos se ha referido al segmento normativo del artículo 55 de la Ley 72 de 1998 que hoy la Sala inaplica (33) , no media obstáculo para recurrir a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política.
4. Los límites del juzgador de segunda instancia en esta acción.
Habida consideración a que ambas partes apelaron la sentencia proferida por el tribunal, se decidirá sin limitaciones en esta instancia, en conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este proceso por remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998.
A través de la sentencia recurrida se decidió la acción interpuesta por los señores Natividad Oyola y otros con la pretensión de que se reparara a los demandantes, como propietarios de los predios vecinos (34) de la estación de policía del municipio de Algeciras, Huila, los perjuicios sufridos con ocasión del ataque guerrillero a esa estación, ocurrido el 26 de junio de 2000. El a quo declaró la responsabilidad reclamada y accedió parcialmente a las súplicas indemnizatorias.
5.1. Para desatar el recurso de apelación de la demandada, que insiste en que debe exonerársele de responsabilidad, por tratarse de una acción indemnizatoria, lo primero que debe verificarse es si realmente se causó el daño que aducen los demandantes y cuya indemnización reclaman y, en caso positivo, establecer posteriormente si tal daño, además de ser antijurídico, es imputable a la entidad demandada por haber sido generado por su acción u omisión.
Para el efecto se parte como premisa de que en conformidad con la demanda, el daño por el cual se demanda la reparación, fue aquel sufrido por los propietarios de los inmuebles situados en las inmediaciones del cuartel de policía de Algeciras, daños provenientes del ataque que sufrió tal cuartel el 26 de junio de 2000.
5.1.1. Para acreditar el daño sufrido por las viviendas ubicadas en inmediaciones a la estación de policía y que fueron en unos casos destruidas y en otros seriamente averiadas, los accionantes se valieron de varias pruebas, a saber: i) acta de la inspección judicial practicada anticipadamente con intervención de la contraparte, el 29 de agosto de 2000, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Algeciras, en asocio de peritos, sobre los inmuebles que resultaron averiados con ocasión del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un grupo al margen de la ley, en hechos ocurridos el 26 de junio de 2000, diligencia a la cual concurrió el comandante del puesto de policía de esa población (fls. 319-322 C-1), previa citación realizada por ese despacho al comandante de policía del Huila (fl. 307 C-1), y ii) El dictamen rendido por dichos peritos (cdnos. 3-9), en relación con el valor de los daños sufridos por los bienes inmuebles. El dictamen incluye una suma como valor de muebles y enseres, sin discriminar cuáles fueron los daños sufridos por los mismos.
La inspección judicial y el dictamen constituyen pruebas anticipadas, que pueden ser valorados probatoriamente en este proceso por haber sido practicadas con audiencia de la parte contra la que se oponen; además fueron aceptadas como pruebas dentro del proceso, en auto dictado por el tribunal a quo el 29 de abril de 2002, mediante el cual se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas por las partes y fueron puestas en conocimiento de la parte demandada, mediante auto proferido en esta instancia, el 13 de septiembre de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.
Las pruebas reseñadas demuestran que algunos inmuebles resultaron afectados con ocasión de la toma por parte de la guerrilla a la población de Algeciras el 26 de junio de 2000 y que esos inmuebles se encuentran ubicados en inmediaciones del cuartel de Policía. De acuerdo a esas pruebas, la ubicación de esos inmuebles según la inspección judicial y el daño que sufrieron según el dictamen pericial, se relaciona en el siguiente cuadro:
Ubicación de bienes afectados según inspección judicial Daños causados al bien según inspección judicial Valor de daños según dictamen pericial
1 Carrera 5 Nº 3-75-77 En la parte trasera se cayó el techo de zinc, las paredes se encuentran averiadas, las puertas salidas de sus marcos, los baños dañados, una pared del largo de la casa fue totalmente averiada y requiere reconstrucción. $8.200.000
(fl. 27 C-3)
2 Carrera 5 Nº 3-39 Daños en el techo de zinc, cielorraso y paredes agrietadas en la parte trasera del inmueble. $11.160.000 (fl. 27 C-4)
3 Carrera 5 Nº 3-35 Los techos de zinc se cayeron, la pared trasera que cierra el inmueble se cayó, el machimbre se cayó y una parte ya fue arreglada por la propietaria. No se avaluaron los perjuicios
4 Carrera 5 Nº 3-25 Se cayó parte del techo de zinc, las paredes en su mayoría se agrietaron, el machimbre se cayó en su totalidad y una parte ya fue arreglada por el propietario. No se avaluaron los perjuicios
5 Calle 3 Nº 4-09 Se cayó el cielorraso en la parte delantera del inmueble y el mismo ya se levantó en forma provisional, las puertas se salieron de sus marcos, el zinc se cayó, una parte del mismo fue levantado por la propietaria, los vidrios del inmueble fueron reventados en su totalidad. $3.150.000
(fl. 91 C-5)
6 Calle 3 Nº 4-06 Las paredes exteriores averiadas, la puerta de acceso al inmueble, de lámina, se dañó totalmente, los techos y paredes interiores se cayeron. $9.134.000
(fl. 59 C-3)
7 Carrera 4 Nº 3-13 Techos de eternit y zinc se cayeron, vigas en madera partidas, tanque de agua dañado, paredes agrietadas, sanitarios destruidos, la pared que encierra el inmueble destruida, el garaje desapareció, quedó sólo el portón exterior. $36.600.000
(fl. 41 C-3)
8 Carrera 4 Nº 3-64-68 Techos de zinc dañados, cielorraso destruido, las vigas partidas, los baños destruidos, los pisos perforados. $10.120.000
(fl. 136 C-5)
9 Carrera 4 Nº 4-71-73 Totalmente destruida, despareció. $35.475.000
(fl. 12 C-4)
10 Carrera 4 Nº 3-98 Totalmente destruida. Las paredes que se encuentran en pie deben ser demolidas. $19.035.000
(fl. 121 C-3)
11 Carrera 4 Nº 3-104-106 Totalmente destruida, su construcción era en material. $20.955.000
(fl. 42 C-4)
12 Calle 4 Nº 4-16-20 Totalmente destruida. $21.683.200
(fl. 59 C-4)
13 Carrera 4 Nº 4-37-39 Paredes agrietadas, techos de zinc dañados, cielorraso caído, la pared trasera del inmueble se cayó. $3.800.000
(fl. 106 C-5)
14 Calle 4 Nº 3-60 Desapareció. $21.025.000
(fl. 27 C-5)
15 Calle 4 Nº 3-46-48 Desapareció. $21.692.000
(fl. 136 C-3)
16 Calle 4 Nº 3-38 Desapareció. $33.750.000
(fl. 139 C-4)
17 Calle 4 Nº 3-36 Desapareció. $22.343.200
(fl. 155 C-4)
18 Calle 4 Nº 3-28 Desapareció. La casa estaba construida en material. $22.440.000
(fl. 12 C-3)
19 Calle 4 Nº 3-16 Totalmente destruida. $23.437.500
(fl. 107 C-4)
20 Calle 4 Nº 3-13-21 Techo caído, paredes agrietadas, baños destruidos, cielorraso caído. $5.305.100
(fl. 90 C-4)
21 Carrera 3 Nº 4-26 Techos destruidos, paredes y puertas dañadas, los servicios públicos destruidos. $17.050.000
(fl. 121 C-5)
22 Carrera 3 Nº 4-28 Totalmente destruida. $15.840.000
(fl. 42 C-5)
23 Carrera 3 Nº 4-54 Totalmente destruida. $20.644.800
(fl. 89 C-3)
24 Carrera 3 Nº 3-89 Caída del techo de zinc y otra parte quedó inservible por los impactos de bala. $25.515.000
(fl. 74 C-3)
25 Carrera 3 Nº 3-74 Daños en las paredes, el techo de zinc. $8.100.000
(fl. 75 C-4)
26 Calle 3 Nº 3-43-45 Los techos totalmente destruidos, el machimbre se cayó, las paredes totalmente agrietadas, las paredes que encierran el inmueble se cayeron, su estructura averiada totalmente. $73.600.000
(fl. 122 C-4)
27 Calle 3 Nº 3-66 El techo de zinc se cayó, las puertas metálicas, vidrios y ventanas se dañaron. $5.825.000
(fl. 105 C-3)
28 Calle 3 Nº 3-72 Techo se cayó, las paredes se agrietaron, las puertas se salieron de los marcos, el cielorraso se vino abajo, el zinc se agrietó por los impactos. Existía una tienda que fue destruida. $15.515.000
(fl. 59 C-5)
29 Calle 4 Nº 3-28 Caída del techo de zinc, paredes agrietadas. No se realizó avalúo de los daños
30 Carrera 5 Nº 3-29 Totalmente destruida. $22.137.000
(fl. 12 C-5)
31 Calle 3 Nº 4-27 Caída de los techos, los muros se averiaron, paredes que encierran el inmueble se vinieron abajo. $3.815.000
(fl.150 C-5)
32 Calle 3 Nº 4-35 Los techos se vinieron abajo, el cielorraso se cayó, las paredes se averiaron, la estructura está totalmente averiada. Requiere reconstrucción. $4.200.000
(fl. 165 C-5)
33 Carrera 3 Nº 3-88-92 Caída del techo de zinc y otra parte quedó inservible por los impactos de las balas. $19.805.000
(fl. 76 C-5)
5.1.2. El grupo demandante, con el propósito de demostrar que los integrantes eran los propietarios de los inmuebles afectados aportaron las copias auténticas de sentencias de adjudicación, de escrituras públicas y de certificados de libertad y tradición expedidos por la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio de Algeciras, que acreditan la calidad de propietarios de algunos de ellos, así:
Ubicación de bienes afectados según inspección judicial Titular del derecho de dominio según escritura y certificado catastral
1 Carrera 5 Nº 3-75-77 Compra realizada por Marleny Zarta Garnica. Esc. 1595 de 6 de junio de 1991 N. Primera Neiva. M.I. 20010920. Hipoteca (fls. 199-206).
2 Calle 3 Nº 4-09 Adjudicación por sucesión a Rosendo Trujillo Rodríguez. Esc. 1004 de 28 noviembre de 1957. M.I. 200-160991 (fls. 106-110).
3 Calle 3 Nº 4-06 Compra realizada por Édgar Sánchez Espinosa. Esc. 457 de 1 de marzo de 1996. N. Segunda de Neiva. M.I. 200-106922 (fls. 218-222).
4 Carrera 4 Nº 3-13 Esc. 4519 de 24 de noviembre de 1993. Desenglobe de bien mayor de Lilia Moyano de González. Notaría Primera de Neiva. M.I. 200-105537 (fls. 208-213).
5 Carrera 4 Nº 3-64-68 Adjudicación por sucesión a Amira Cuenca de Vanegas. Esc. 3807 de 10 de junio de 1997, N. 21 de Bogotá M.I. 200-46301 (fls. 125-133).
6 Carrera 4 Nº 4-71-73 Compra realizada por Delia Bautista Cleves. Esc. 456 de 26 de mayo de 1963. N. Segunda de Neiva M.I. 200-157334 (fls. 137-140).
7 Carrera 4 Nº 3-98 Adquirido en común por Sara, Ana Fernanda, Sandra Milena y Clara Lucía Polanía Chaux, y Emir Trujillo Chaux. Esc. 2906 de 19 de agosto de 1995. N. Tercera de Neiva. M.I. 200-111408 (fls. 235-239).
8 Carrera 4 Nº 3-104-106 Adjudicación por sucesión a Blanca Marina, Jairo Antonio y María Audelina Sánchez Rozo. Esc. 2767 de 9 de diciembre de 1998, N. Primera de Neiva. M.I. 200-16330 (fls. 144-152). Venta de derechos posterior a la demanda (fl. 731).
9 Calle 4 Nº 4-16-20 Adjudicación por sucesión a adjudicación por sucesión (sic) a Blanca Marina, Jairo Antonio y María Audelina Sánchez Rozo. Esc. 2767 de 9 de diciembre de 1998, N. Primera de Neiva. M.I. 200-58797 (fls. 144-154). Venta de derechos posterior a la demanda (fl. 732).
10 Carrera 4 Nº 4-37-39 Adjudicación por liquidación de sociedad conyugal a María Eva Yunda. Esc. 197 de 21 de febrero de 1966. Notaría Segunda de Neiva. M.I. 200-157121 (fls. 112-115).
11 Calle 4 Nº 3-60 Compra de derecho que realizó Edilia Poveda de Triana. Esc. 1666 de 17 de julio de 1981. N. Primera de Neiva (fls. 84-86).
12 Calle 4 Nº 3-46-48 Compra realizada por Alicia Silva. Esc. 1765 de 9 de agosto de 1995. N. Segunda de Neiva. M.I. 200-114840. Hipoteca (fls. 241-257).
13 Calle 4 Nº 3-28 Compra realizada por Bertilda Ramírez Tole. Esc. 173 de 13 de febrero de 1975. N. Segunda de Neiva. M.I. 200-230 (fls. 194-196).
14 Calle 4 Nº 3-16 Compra realizada por Ana Luisa Longas. Esc. 126 de 31 de enero de 1980. N. Segunda de Neiva. M.I. 200-20565.
15 Calle 4 Nº 3-13-21 Adjudicac. por sucesión a Melania Mora de Fandiño. Esc. 2051 de 1994, N. Tercera Neiva. M.I. 200-97180 (fls. 162-169).
16 Carrera 3 Nº 4-26 Adjudicación por sucesión a Elvia Hernández de Suaza. Esc. 4185 de 7 de noviembre de 1995. Notaría Tercera Neiva. M.I. 200-0066570 (fls. 118-122).
17 Carrera 3 Nº 4-28 Adjudicación por sucesión a Luis Carlos Salazar. Esc. 974 de 7 de abril de 1987. N. Primera Neiva. M.I. 200-0060431 (fls. 87-92).
18 Carrera 3 Nº 4-54 Compra realizada por Luis Carlos Lozano. Esc. 773 del 25 de marzo de 1986, N. Primera de Neiva. M.I. 200-40246 (fls. 224-227).
19 Carrera 3 Nº 3-74 María Lili Ortiz. Compra. Esc. 1671 de 1975, N. Primera de Neiva. M.I. 200-2636 (fls. 156-159).
20 Calle 3 Nº 3-43-45 Compra realizada por Luis Carlos Ramos y María Liliana González Moyano. Esc. 4519 de 24 de noviembre de 1993. N. Segunda de Neiva. M.I. 200-105536 (fls. 176-181).
21 Calle 3 Nº 3-66 Compra realizada por Alcides López Yara. Esc. 1600 de 5 de junio de 1986. N. Primera de Neiva. M.I. 200-45360 (fls. 231-233).
22 Calle 3 Nº 3-72 Compra que realizó Marleny Garzón. Esc. 3698 de 20 de septiembre de 1993. M.I. 200-0027482 (fls. 95-99).
23 Carrera 5 Nº 3-29 Natividad Oyola. Compra. Esc. 846 de 3 de mayo de 1973, N. Primera de Neiva. M.I. 200-112751 (fls. 73-75).
24 Calle 3 Nº 4-27 Natividad Oyola. Compra. Esc. 844 de 3 de mayo de 1973. N. Primera de Neiva. M.I. 200-118689 (fls. 76-78).
25 Calle 3 Nº 4-35 Natividad Oyola. Compra. Esc. 845 de 3 de mayo de 1973. N. Primera de Neiva. M.I. 200-112752 (fls. 79-81).
26 Carrera 3 Nº 3-88-92 Compra realizada por la demandante y su cónyuge Pedro Pablo Romero Mayorga. Esc. 638 de 19 de febrero de 1998. M.I. 200-110338 (fls. 101-105).
No demuestran en cambio tales pruebas que los demandantes Isaías Triana, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno y Bertilda Rivera sean o hubieran sido para la época de los hechos, los titulares del derecho de dominio de los bienes por cuyo daño demandan reparación, esto es, no probaron haber sufrido un perjuicio como consecuencia de deterioros en inmuebles de su propiedad, por tanto, no están legitimados en causa por activa para obtener sentencia favorable.
De las copias de las escrituras públicas y de los certificados expedidos por la oficina de instrumentos públicos que se aportaron al proceso, aparece que son otras las personas titulares del derecho de dominio de tales bienes, así:
El inmueble ubicado en la calle 4 Nº 3-60, por el cual reclama indemnización de perjuicios el señor Isaías Triana según la copia de la escritura Nº 1666 de 17 de julio de 1981. N. Primera de Neiva. M.I. 200-0026362 (fls. 84-86), es de propiedad de la señora Edilia Poveda de Triana.
El señor Jorge Tovar reclama reparación de perjuicios por el inmueble ubicado en calle 4 Nº 3-38 pero aportó promesa de contrato de compraventa de los derechos herenciales que puedan corresponderle al señor Moisés Hernández Ortiz, en la sucesión de su padre Esteban Hernández Villoria, suscrita el 25 de octubre de 1999 (copia simple) y certificación expedida por la secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Algeciras, en el sentido de que se está adelantando proceso de sucesión de Esteban Hernández Villoria y Froilán Cifuentes Toro, por parte de lo señores Jorge Tovar Beltrán y Daniel Cifuentes Moreno (fls. 183-184).
El señor Daniel Cifuentes Moreno reclama perjuicios por el inmueble ubicado en la calle 4 Nº 3-36. Sin embargo, no demostró la calidad de propietario del bien, pues solo aportó copia de escritura pública en la que consta la compra derechos sucesorales realizada por el señor Froilán Cifuentes Polo (Esc. 1739 de 4 de octubre de 1978, N. Segunda Neiva. M.I. 200-15307- falsa tradición). El demandante inició proceso de sucesión, según certificación secretarial (fls. 184, 190-192).
En relación con el inmueble ubicado en la calle 3 Nº 4-03,09,11 cuya indemnización demanda la señora Bertilda Rivera, se tiene que figura adjudicado en sucesión a Rosendo Trujillo Rodríguez, en conformidad con la escritura 1004 de 28 noviembre de 1957. M.I. 200-160991 (fls. 106-110).
Por otra parte, el tribunal condenó a favor de la señora Concepción González de Romero, por los daños sufridos por el inmueble ubicado en la carrera 3 Nº 3-89, pero no figura en el expediente el título de propiedad ni la matrícula inmobiliaria del inmueble. Por lo tanto, no demostró tener derecho a la indemnización.
Lo anterior es prueba suficiente para determinar, en relación con la destrucción y averías de inmuebles, la existencia del daño y su individualización, además de que algunas de las personas que demandaron son titulares del derecho de dominio de tales inmuebles, con las excepciones que aquí se han precisado.
5.1.3. No sucede lo propio con los daños que según la demanda se causaron a unos bienes muebles, porque en relación con los mismos no se demostró que existieran al momento del ataque guerrillero, ni las condiciones en que se hallaban, ni si estos fueron destruidos o averiados, e igualmente se desconocen los factores que se tuvieron en cuenta por los peritos para asignar un valor global a los mismos y no detallar el que correspondía a cada uno de estos. En consecuencia, a falta de pruebas diferentes que acrediten el perjuicio material sufrido como consecuencia de la destrucción de tales bienes, fuerza es concluir la falta de prueba de la existencia del daño.
5.1.4. Igualmente, está ausente la prueba del daño moral por el cual se demanda indemnización.
Se advierte que los demandantes aducen tener derecho a la indemnización por los perjuicios morales derivados de: a) el pánico y la angustia sufridos durante el ataque y b) por haber perdido sus bienes materiales como consecuencia del mismo.
En relación con el primer aspecto, considera la Sala que no se acreditó en el proceso que los propietarios de los bienes inmuebles afectados con el ataque guerrillero a la estación de policía de Algeciras, ocurrido el 26 de junio de 2000, se hubieran visto afectados moralmente, porque no demostraron haber estado expuestos en forma personal a afrontar el riesgo de perder no solo sus bienes sino sus vidas o su integridad física. De las pruebas que obran en el expediente no se infiere que se encontraran dentro de las viviendas en el momento en que se produjo dicho ataque.
En relación con los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, la Sala en providencia del 30 de julio de 1992, señaló que, salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues “la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas” (42) (sic).
No obstante, en decisiones posteriores, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, que ahora se reitera, para considerar que “hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso (43) . Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados” (44) .
En el caso concreto, no se demostró la existencia de perjuicios morales, por la destrucción o deterioro de las viviendas de propiedad del grupo afectado. Tampoco se acreditó la existencia de un daño moral sufrido por los demandantes u otras personas con ocasión del ataque guerrillero.
5.2. Con el fin de establecer si el hecho causante del daño aducido por los demandantes es imputable al Estado, para efectos de deducirle responsabilidad, la Sala precisa previamente la jurisprudencia vigente en relación con los daños causados con los actos violentos cometidos por personas que se enfrentan al Estado, en los cuales resultan afectados particulares ajenos al conflicto.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque (35) (sic).
“En otros eventos..., la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado” (36) .
Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido directamente, contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal (37) .
“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia” (38) .
En síntesis, mayoritariamente la Sala reitera su posición de que los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal (39) .
En el sub exámine, está demostrado que las FARC atacó la estación de policía del municipio de Algeciras, Huila, y que el ataque fue repelido violentamente por los agentes que se hallaban en dicha estación, con ayuda de la Fuerza Aérea. Así quedó acreditado con las siguientes pruebas:
5.2.1. El testimonio rendido por los señores Alicia Rojas Arias, Ninfa Tovar Medina, Guillermo Pastrana Rodríguez, Luz Mila Támara Cardozo, Tomás Sánchez, José Lizardo Sicachá Galeano, Libardo Garzón Penagos, Oswaldo Ramírez Charry, Óscar Alfonso Valero Garrido, José Vicente Garzón, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Algeciras, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo. Afirmaron los testigos que entre las cuatro de la tarde del 26 de junio de 2000 y las cuatro de la madrugada del día siguiente, un grupo de hombres pertenecientes al grupo guerrillero de las FARC, atacaron con cilindros el comando de la policía de esa localidad; los agentes de la policía que se encontraban en el comando respondieron con armas de fuego al ataque y también lo hizo el avión fantasma del Ejército.
Igualmente dan cuenta estos testimonios de que en el ataque resultaron destruidas o sufrieron graves daños las viviendas ubicadas en inmediaciones del comando de la policía y sufrió graves daños la iglesia.
Señalan también los declarantes que el ataque no estuvo dirigido indiscriminadamente contra la población, y prueba de ello es que las demás viviendas del pueblo no sufrieron ningún daño; que la estación de policía había sido atacada en oportunidades anteriores, por encontrarse el municipio muy cerca de la zona de distensión donde los guerrilleros lograban refugiarse sin poder ser atacados por la fuerza pública y que después de ese último ataque, dicha estación fue trasladada al edificio donde funciona la alcaldía, por lo cual los vecinos de ese sector interpusieron una acción de tutela con el fin de que se trasladara dicho comando a un lugar donde no representara para ellos el peligro que el mismo crea (fls. 660-661, 677, 686-701, 708 y 711 C-3).
Igualmente la prueba testimonial da cuenta de que fue el comando de la policía el que se instaló entre las viviendas, dado que cuando se ubicó en el sector en el que ocurrió el ataque, estas ya estaban construidas allí. Los señores Guillermo Pastrana Rodríguez, Luz Mila Támara Cardozo y José Vicente Garzón aseguraron que el cuartel de la policía funcionó en el municipio de Algeciras, inicialmente, en el sitio donde ahora funcionan las oficinas de la administración municipal y luego se trasladó al pie de la Villa Olímpica y hace aproximadamente entre ocho y diez años, se ubicó la estación en el sitio donde se produjo el ataque guerrillero de que trata este proceso, mientras que las viviendas afectadas con el mismo existían allí desde la fundación del pueblo, pues ese era el centro.
5.2.2. Al momento de rendir su testimonio en este proceso, la señora Alicia Rojas Arias aportó en original los oficios emitidos por el comandante del departamento de policía del Huila, la Personera de Algeciras y un oficial B-2 de la Novena Brigada del Ejército, en respuesta a los respectivos derechos de petición de información presentados por el señor Juan Felipe Molano Perdomo, en los cuales se afirma que durante los años 1998, 1999 y 2000, el grupo guerrillero FARC asaltó en el municipio de Algeciras, Huila, el Banco Cafetero y la Caja Agraria y atacó la estación de policía y que en esas incursiones dieron muerte a agentes de la policía y a civiles (fls. 664-670 C-2).
En el primero de tales oficios se afirma que “día 26 de junio a eso de las 17:00 horas, aproximadamente, 600 bandoleros de las FARC, de la cuadrilla Teófilo Forero, apoyados por subversivos procedentes de la zona de distensión, arremetieron a sangre y fuego contra la población de Algeciras en forma indiscriminada, utilizando cilindros cargados de explosivos, petardos, granadas y armamento automático de largo alcance, atacando la estación de policía por más de diez (10) horas, arrojando como resultado la muerte de los agentes Jesús Alberto Muñoz Vergara y Limbert Paguatián Arteaga”.
5.2.3. Con oficio recibido en el tribunal de instancia el 15 de agosto de 2002, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana remitió copia de los siguientes documentos: del requerimiento de apoyo de la Policía Nacional, la orden de vuelo de combate Nº 065 del 26 de junio de 2000 y el informe de misión cumplida en el municipio de Algeciras para prestar apoyo al comando de la policía (fls. 564-567 y 572-573 C-2). En dicho oficio se realizó el siguiente recuento:
“Se procedió al punto, se hizo contacto con el puesto y cdo. Policía del Huila, se ubicó el puesto de policía y estos ubicaron el sitio de donde les lanzaban pipetas, se observan 3 detonaciones, se informa al COFA situación y se solicita apoyo, se dispara sobre el sitio solicitado, se procede a Neiva, se tanquea y se reciben instrucciones de la Policía. El TC Celis da gráfica del pueblo e informa que alrededor del puesto, la iglesia y el parque no hay personal civil y desde ahí le estaban disparando al puesto. Se procede al punto, se apoya al puesto y se orienta al fantasma 1654, se reamuniciona nuevamente en Neiva y se procede al pueblo, se busca en las vías encontrando 6 camiones y nos disparan en posición..., se dispara e inutilizados los 6, se ubica al Arpía... Informa la policía que se logró dar de baja al cdte. Toño, jefe guerrillero, se frustró la toma, se inutilizaron 6 camiones guerrilleros. La policía reportó no haber tenido heridos ni muertos”.
En conclusión, en el caso concreto se demostró que la estación de policía del municipio de Algeciras fue ubicada en el parque principal de esa ciudad, aproximadamente entre los años 1992 y 1994; que la guerrilla de las FARC había atacado dicha estación en varias oportunidades entre los años 1998 y 2000, además de haber asaltado en algunas de ellas, la Caja Agraria y el Banco Cafetero; que el ataque de las FARC realizado el 26 de junio de 2000 fue dirigido específicamente contra la estación de policía del municipio de Algeciras y no contra la población en general; que en razón de la clase de instrumentos que se utilizaron durante el ataque y la defensa que contra el mismo ejercieron los agentes que se encontraban en la estación de policía y los miembros de la Fuerza Aérea que tripulaban el avión fantasma, resultaron destruidas total o parcialmente las viviendas ubicadas en inmediaciones a dicha estación.
Está acreditado que desde el año de 1998, la actividad bélica de la guerrilla estaba enderezada primordialmente a atacar la estación de policía. Así se infiere del hecho de que el grupo guerrillero de las FARC hubiera atacado en repetidas oportunidades la estación de policía, asaltado los bancos estatales que funcionaban en la zona y dado muerte a agentes y soldados, y, por lo tanto, al ubicar la estación de policía en el centro de la ciudad, como medida estratégica para defender más eficazmente la población se estaba poniendo en riesgo excepcional a los vecinos de la estación de policía.
En síntesis está probado que el daño por el cual se demanda indemnización es imputable a la entidad demandada, por corresponder a la realización del riesgo excepcional a que sometió a los vecinos del sector en el cual ubicó el comando de la policía.
5.3. En cuanto al recurso de apelación propuesto por la parte actora, cabe recordar que la impugnación está encaminada a que la indemnización de perjuicios se reconozca también a favor de Jairo Antonio y María Audelina Sánchez Rozo, quienes fueron demandantes; a que se actualicen todas las sumas reconocidas a título de indemnización por perjuicios materiales y a que se reconozca a favor de los demandantes la indemnización por perjuicios morales, negada por el a quo.
5.3.1. En relación con la indemnización por los perjuicios materiales reclamados por los señores María Audelina y Jairo Antonio Sánchez Rozo, negados por el a quo con el argumento de que estos no habían demandado, advierte la Sala que le asiste razón al recurrente cuando afirma que estas personas sí demandaron, dado que en el expediente está acreditado que confirieron poder al abogado que presentó la acción de grupo. Igualmente es cierta su afirmación en el sentido de que acreditaron ser titulares del derecho de dominio, en común y proindiviso con la señora Blanca Marina Sánchez Rozo de los bienes inmuebles señalados en el dictamen pericial, y que también resultaron afectados.
En este orden de ideas, María Audelina y Jairo Antonio Sánchez Rozo tienen derecho a que se reconozca indemnización en su favor, pero no como consecuencia de que hubieran sido demandantes, sino por haber demostrado que pertenecen al grupo afectado, conformado por los titulares del derecho de dominio de los inmuebles que resultaron dañados con el ataque de la guerrilla a la estación de policía del municipio de Algeciras, ocurrido el 26 de junio de 2000.
Cabe destacar el yerro en que incurre el a quo al despachar las súplicas de la demanda como si se tratara de una acción indemnizatoria individual contentiva de una acumulación subjetiva de pretensiones, en la cual la congruencia le impone despachar condena solo a favor de quienes han presentado la demanda. Entratándose de la acción de grupo, los efectos de la sentencia cobijan a todo el grupo afectado y no solo a quienes presentaron la demanda.
5.3.2. También reclaman los demandantes que se actualicen las condenas a la fecha en que el pago de las mismas efectivamente se realice.
En relación con los perjuicios materiales, se advierte que los demandantes reclaman el valor de las viviendas destruidas o de los daños causados en relación con las que fueron averiadas, así como el valor de los muebles y enseres que dicen haber perdido y de los arrendamientos que deben pagar por haber perdido sus casas. El a quo por su parte condenó al pago global de $736.348.522, que corresponde a la suma ponderada de las indemnizaciones individuales reconocidas a cada uno de los demandantes por los daños o la destrucción sufridos por los enseres y los bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con el dictamen pericial, actualizado a la fecha de la sentencia.
Los perjuicios materiales que sufrieron sobre sus bienes muebles e inmuebles fueron valorados por los peritos en el dictamen allegado como prueba anticipada, el cual, como ya se señaló puede ser valorado probatoriamente por haberse dado a la parte demandada la oportunidad de controvertirlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Además, ante el a quo, los peritos ratificaron bajo juramento el contenido del dictamen (fls. 709 y 710 C-1).
Para establecer el valor de reconstrucción parcial o total de los inmuebles, los peritos afirmaron haber tenido en cuenta los siguientes factores:
“a) Casas en bahareque completamente, con cubierta de zinc y piso en cemento afinado. La edad aproximada en promedio es de 40 años. El valor por metro cuadrado de construcción es de $120.000.
b) Casas artesanales, estructura muros, pisos en cemento afinado y zinc, unidad sanitaria y una edad aproximada de 20 a 30 años. El valor por metro cuadrado de construcción es de $135.000.
c) Casas diseño artesanal, estructura muros y viga de amarre, pisos en cemento afinado, pañetes, pintura, techo en zinc, unidad sanitaria y una edad aproximada de 15 a 20 años. Valor por metro cuadrado de construcción es de $150.000.
d) Casas en mampostería acabados y baldosín, baños y cocina enchapados y una edad de 15 a 20 años, con remodelación. Valor por metro cuadrado de construcción es de $160.000.
e) Casas en material, estructura de concreto, columnas, acabados, enchapes, puertas metálicas, techo de zinc y una edad aproximada de 0 a 20 años. Valor por metro cuadrado de construcción es de $175.000.
f) Casas nuevas, estructura de concreto, acabados de fachadas, enchapes, piso en cerámica, carpintería de madera y techo de zinc. Valor por metro cuadrado de construcción es de $200.000.
g) Casas remodeladas, con cielorrasos, enchapes, pisos en baldosín, carpintería de madera y metálica. Valor por metro cuadrado de construcción es de $200.000” (fls. 5-6 C-6).
En consecuencia, por estar debidamente acreditados los daños materiales sufridos por la destrucción o las averías causadas a los inmuebles, se confirmará por este aspecto, la sentencia impugnada, modificándola para incluir en la suma ponderada a cuyo pago se condenará a la demandada, no solo al valor de los daños causados a los inmuebles de propiedad de los demandantes, sino el valor de los daños causados a todos los inmuebles vecinos del cuartel de policía y que, según la inspección judicial resultaron averiados y cuyos daños, además, fueron avaluados.
Además, considera la Sala que le asiste razón a la parte demandante en cuanto reclama que el valor de los perjuicios materiales deducidos en la prueba pericial en relación con el daño a inmuebles sea actualizado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. Esa actualización se realizará a la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Vp = Vh I. final (octubre/2005)
I. inicial (octubre/2000)
Vp = Vh 160.50
Según dicha fórmula, Vp (valor presente) es el resultado de multiplicar el valor de los daños causados a los inmuebles, según se constató en la inspección judicial y fueron deducidos en el dictamen pericial, por el guarismo que resulta de dividir los índices de precios al consumidor de la fecha de esta sentencia y el de la fecha del dictamen.
Se destaca que al margen de que el daño sufrido por las personas dentro del conflicto armado interno pueda ser imputable o no al Estado, este ha adoptado, con fundamento en razones de equidad y solidaridad, disposiciones especiales con el fin de prestar ayuda humanitaria a las víctimas del terrorismo. Así, el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 444 de 1993, dictado con base en las facultades de la declaratoria de conmoción interior (C. Pol., art. 213) asignó a la Red de Solidaridad Social la facultad de otorgar una compensación. Esa iniciativa fue acogida posteriormente por el legislador en las leyes 104 de 1993, 241 de 1995, 418 de 1997, 548 de 1999, que a su vez fue prorrogada por cuatro años más y parcialmente modificada por la Ley 782 de 2002.
El artículo 16 de la última ley citada dispone que las víctimas de la violencia política, entendidas como tales, según el artículo 15 de la misma ley, “aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, a causa de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno”, recibirán ayuda humanitaria (40) , la cual se otorga en desarrollo del principio de solidaridad social y en razón del daño especial sufrido por estas (41) .
Según la certificación expedida por la Coordinadora del Programa de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia Política en Colombia, en cumplimiento de esas normas y con ocasión del ataque guerrillero que dio lugar a este proceso, se les otorgó por la pérdida de sus bienes, un subsidio por un valor equivalente a “dos salarios mínimos del año de ocurrencia del hecho por pérdida de bienes, independientemente del monto de la pérdida” a las siguientes personas: “Natividad Oyola, Isaías Triana Ortiz, Marleny Garzón Penagos, Concepción González Romero, María Eva Yunda de Gutiérrez, Elvia Hernández de Suaza, Amira Cuenca de Vanegas, Blanca Marina Sánchez Rozo, María Lilia Ortiz, Melania Mora de Fandiño, Ana Luisa Longas Oyola, Luis Carlos Ramos, María Lilia González Moyano, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno, Bertina Ramírez Tole, Marleny Zarta Garnica, Lilia Moyano de González, Édgar Sánchez Espinosa, Luis Carlos Lozano García, Alcides López Yara, Sandra Milena Polanía Chaux, Alicia Silva, Delia Bautista Cleves y Bertilda Rivera”, mediante resoluciones 889 de 31 de agosto de 2000, 1143 de 14 de noviembre de 2000 y 1121 de 9 de abril de 2001 (fls. 505-531 C-2).
De las indemnizaciones a reconocer a través de esta sentencia se descontará el valor de las sumas entregadas por el Estado, a título de subsidio.
5.3.3. Los demandantes aducen tener derecho a la indemnización por los “graves perjuicios morales por el pánico y la inmensa angustia sufridos durante el ataque y por el sufrimiento de verse, de un momento a otro, condenados a la miseria absoluta, por haber perdido todo cuanto tenían”. Pretenden por la vía de este recurso, que se les haga tal reconocimiento.
La falta de demostración de este daño, como ya se concluyó en esta providencia, impide su reconocimiento.
6. La indemnización a ordenar.
En primer término, señala la Sala que la indemnización corresponderá al valor de los daños sufridos por los inmuebles ubicados en las inmediaciones del cuartel de policía de Algeciras, daños cuya existencia fue constatada en la inspección judicial y cuya valoración fue establecida mediante prueba pericial. La indemnización se ordenará a favor de quienes en el curso de este proceso, o en el plazo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, esto es, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, demuestren que para el 26 de junio de 2000 eran los propietarios de los inmuebles afectados.
Afirmó el tribunal que no hay lugar a señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso, porque “cuando se presentó la correspondiente demanda habían pasado ya catorce meses y para la fecha de esta providencia, la acción se encuentra caducada para iniciar una eventual reclamación”.
Dado que la sentencia fue apelada por ambas partes, lo cual permite su revisión en esta instancia sin límites, considera la Sala que esta debe modificarse para incluir como beneficiarios de la condena no solo a los demandantes, sino a los demás integrantes del grupo afectado —propietarios de inmuebles que según la prueba recaudada, sufrieron daños con el ataque— dado que en el proceso aparece acreditado con la inspección judicial y la prueba pericial anticipada que se practicó sobre los inmuebles afectados con la toma guerrillera que dio origen a este proceso, que los afectados no son solo aquellos a favor de quienes se profirió la condena en primera instancia, sino que hay otros que sin haber sido demandantes o sin haber intervenido luego, no solicitaron su exclusión.
En esta providencia se inaplicará por inconstitucional la expresión “y siempre y cuando su acción no haya prescrito o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes”, contenida en el artículo 55 de la Ley 472, lo cual permitirá a los integrantes del grupo afectado que no intervinieron en el proceso, acogerse a los efectos de la sentencia dentro de los 20 días siguientes a su publicación.
Hechas las aclaraciones que preceden, la suma ponderada a cuyo pago se condenará a la demandada, corresponde a $748.861.868, suma que comprende las indemnizaciones individuales para las personas que resultaron afectadas, en su condición de propietarias, para la fecha de los hechos, de los inmuebles que fueron averiados con ocasión de la toma guerrillera a la población de Algeciras.
Las indemnizaciones individuales debidamente actualizadas a la fecha de este fallo, previa deducción de las sumas que sus propietarios recibieron del Fondo de Solidaridad son las siguientes:
— Para Natividad Oyola, como propietaria de los inmuebles ubicados en: Carrera 5 Nº 3-29, Calle 3 Nº 4-27 y Calle 3 Nº 4-35: $40.352.554.
— Para Luis Carlos Salazar, como propietario del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 4-28, la suma de $20.862.549.
— Para Marleny Garzón Penagos, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 3 Nº 3-72, la suma de $20.419.969.
— Para Concepción González de R., como copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 3-88-92, la suma de $13.131.013.
— Para Pedro Pablo Romero Mayorga, como copropietario del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 3-88-92, la suma de $13.131.013.
— Para María Eva Yunda de Gutiérrez, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 4-37-39, la suma de $4.466.655.
— Para Elvia Hernández de Suaza, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 4-26, la suma de $22.510.309.
— Para Amira Cuenca de Vanegas, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-64-68, la suma de $13.073.138.
— Para Blanca Marina Sánchez Rozo, como copropietaria de los inmuebles ubicados en: Carrera 4 Nº 3-104-106 y Calle 4 Nº 4-16-20, la suma de $19.118.647.
— Para Jairo Antonio Sánchez Rozo, como copropietario de los inmuebles ubicados en: Carrera 4 Nº 3-104-106 y Calle 4 Nº 4-16-20, la suma de $19.118.647.
— Para María Audelina Sánchez Rozo, como copropietaria de los inmuebles ubicados en: Carrera 4 Nº 3-104-106 y Calle 4 Nº 4-16-20, la suma de $19.118.647.
— Para María Lilí Ortiz, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 3-74, la suma de $10.322.332.
— Para Melania Mora de Fandiño, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 4 Nº 3-13-21, la suma de $6.516.278.
— Para Ana Luisa Longas de Oyola, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 4 Nº 3-16, la suma de $31.208.712.
— Para Luis Carlos Ramos, como copropietario del inmueble ubicado en: Calle 3 Nº 3-43-45, la suma de $49.405.566.
— Para María Liliana González Moyano, como copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 3-43-45, la suma de $49.405.566.
— Para Bertilda Ramírez Tole, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 4 Nº 3-28, la suma de $29.850.331.
— Para Marleny Zarta Garnica, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 5 Nº 3-65-69, la suma de $10.458.510.
— Para Lilia Moyano de González, como propietaria del inmueble ubicado en Carrera 4 Nº 3-13, la suma de $49.133.209.
— Para Édgar Sánchez Espinosa, como propietario del inmueble ubicado en: Calle 3 Nº 4-06, la suma de $11.730.417.
— Para Luis Carlos Lozano García, como propietario del inmueble ubicado en: Carrera 3 Nº 4-54, la suma de $27.405.654.
— Para Alcides López Yara, como propietario del inmueble ubicado en: Calle 3 Nº 3-66, la suma de $7.224.270.
— Para Sandra Milena Polanía Chaux, como copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-98, la suma de $5.042.690.
— Para Sara Polanía Chaux, copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-98, la suma de $5.042.690.
— Para Esmir Trujillo Chaux, copropietario del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-98, la suma de $5.042.690.
— Para Clara Lucía Polanía Chaux, copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-98, la suma de $5.042.690.
— Para Ana Fernanda Polanía Chaux, copropietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-98, la suma de $5.042.690.
— Para Alicia Silva, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 4 Nº 3-46-48, la suma de $28.831.716.
— Para Delia Bautista Cleves, como propietaria del inmueble ubicado en: Carrera 4 Nº 3-71-73, la suma de $47.601.200.
— Para Rosendo Trujillo Rodríguez, como propietario del inmueble ubicado en: Calle 3 Nº 4-09, la suma de $4.289.623.
— Para Edilia Poveda de Triana, como propietaria del inmueble ubicado en: Calle 4 Nº 3-60, la suma de $28.631.533.
Para quien o quienes, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de esta sentencia, demuestren ante el Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses Colectivos, que para el 26 de junio de 2000 eran los propietarios de los siguientes inmuebles, las siguientes indemnizaciones:
— Inmueble ubicado en la carrera 5 Nº 3-39: $15.197.522
— Inmueble ubicado en la carrera 3 Nº 3-89: $34.745.949
— Inmueble ubicado en la calle 4 Nº 3-36: $30.426.638
— Inmueble ubicado en la calle 4 Nº 3-38: $45.960.249
En cambio, encuentra la Sala que debe revocar la decisión a favor de la señora Concepción González de Romero, por los daños sufridos por el inmueble ubicado en la carrera 3 Nº 3-89, porque no figura en el expediente el título de propiedad ni la matrícula inmobiliaria del inmueble a nombre de la mencionada señora.
En consecuencia y habida consideración al hecho de que la parte demandada apeló con miras a que se revocara íntegramente la sentencia impugnada, lo cual le da competencia al ad quem para decidir cualquier aspecto a su favor, esta habrá de modificarse para declarar la falta de legitimación en causa por activa de Isaías Triana, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno y Bertilda Rivera, quienes no solo no demostraron ser propietarios de los inmuebles por cuyos daños demandan indemnización, sino que adicionalmente el acervo probatorio demuestra que son otros los propietarios, y para revocar la indemnización reconocida por el inmueble ubicado en la carrera 3 Nº 3-89 a la señora Concepción González de Romero.
Igualmente, no se ordenará el pago de indemnización en relación con los daños causados a los inmuebles ubicados en las siguientes direcciones: Carrera 5 Nº 3-25, Carrera 5 Nº 3-35 y Calle 4 Nº 3-28 (39) ,(sic) por cuanto los daños a pesar de haber sido constatados en la inspección judicial no fueron valorados, requisito sin el cual no se puede despachar condena en estas acciones, en las cuales no se ha establecido el trámite de la condena en abstracto, situación que conduce a que la falta de valoración del daño por el cual se demanda indemnización deba despacharse con la negativa de tal pretensión.
7. El pago de la condena.
La suma a cuyo pago se condena en esta providencia, deberá ser depositada por la Nación - Ministerio de la Defensa - Policía Nacional a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
El Defensor del Pueblo, como administrador de dicho fondo deberá cancelar las indemnizaciones correspondientes a quienes se hicieron parte en el proceso, sin más requisitos que la demostración de su identidad, porque los aspectos relacionados con la titularidad del derecho a ser indemnizados, ya quedó demostrado en este proceso y a quienes no habiendo sido demandantes, se presenten dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y acrediten haber sido los titulares del derecho de dominio de los inmuebles ubicados en la carrera 5 Nº 3-39 y en la calle 3 Nº 4-09, del municipio de Algeciras, Huila, para el 26 de junio de 2000.
En conformidad con el numeral 5º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 que establece que la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda deberá disponer “la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”, se condenará a la demandada a pagar el 70% de las costas del proceso, habida consideración al hecho de la prosperidad parcial de las súplicas de la demanda.
9. Honorarios a favor del abogado que ha representado el grupo.
Como honorarios, a favor del abogado que ha representado al grupo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, se fija el 10% de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente, esto es, que no hubieran conferido poder pero que obtengan la indemnización de perjuicios, gracias a la acción de grupo que se interpuso en su nombre.
MODIFÍCASE la sentencia recurrida, esto es, aquella dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, el 10 de octubre de 2003, la cual quedará así:
1. Inaplícase la frase “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes” contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
2. Declarar probada la excepción de falta de legitimación de los señores Isaías Triana, Jorge Tovar, Daniel Cifuentes Moreno y Bertilda Rivera.
3. Revocar la indemnización reconocida a la señora Concepción González de Romero, en relación con el inmueble ubicado en la carrera 3 Nº 3-89.
4. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Policía Nacional por los daños sufridos por los demandantes, propietarios de los inmuebles ubicados en las inmediaciones del comando de policía del municipio de Algeciras - Huila, como consecuencia de la destrucción o avería de esos inmuebles, con ocasión de la toma guerrillera realizada el 26 de junio de 2000.
5. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar por perjuicios materiales, la suma ponderada de setecientos cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos ($748.861.868), suma que se pagará en la forma y términos señalados en la parte motiva de esta providencia.
6. Esa suma será entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y será administrada por el Defensor del Pueblo.
8. Ordénase la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a la notificación del auto que profiera el tribunal de instancia en el que se ordene obedecer lo dispuesto por esta.
9. Condénase a la parte demandada a pagar el 70% de las costas del proceso.
10. Fíjanse como honorarios en favor del abogado Jesús López Fernández, el diez por ciento (10%) de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar—Ramiro Saavedra Becerra, con salvamento de voto
(1) El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil señala que pueden acumularse pretensiones de varios demandantes siempre que provengan de la misma causa.
(2) La Ley 472 de 1998 señala términos muy breves para el trámite del proceso: 10 días para la admisión de la demanda (art. 53), 20 días para practicar pruebas (art. 62), 5 días comunes para alegar de conclusión (art. 63), 20 días perentorios e improrrogables para dictar sentencia (art. 64) y máximo 20 días para resolver el recurso de apelación (art. 67). La inobservancia de tales términos hace incurrir al juez en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo (art. 84). Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-569 de 2004, señaló que las acciones de grupo gozan de ventajas procesales en relación con las demás acciones indemnizatorias, porque “pueden ser interpuestas por una sola persona a nombre del grupo, por el defensor del pueblo o los personeros, pueden ser subsidiadas, tienen un trámite preferencial, representan ingentes beneficios en materia de economía procesal, los miembros del grupo pueden acogerse a la sentencia favorable sin haber participado en el proceso, etc.”.
(3) “La acción de grupo se justifica por razones de economía procesal y coherencia en las decisiones judiciales, pues permite decidir en un solo proceso asuntos que, de no existir dicho mecanismo procesal, llevarían a litigios individuales repetitivos, que no sólo cuestan más al Estado sino que además provocan riesgos de decisiones contradictorias” Corte Constitucional C-569 de 2004.
(4) “Ellas buscan solucionar problemas de acceso a la justicia (C.P., art. 229), puesto que con la acción de grupo, los costos del litigio son en cierta medida divididos entre todas las personas afectadas. Esto permite que pretensiones que, si fueran reclamadas individualmente, serían económicamente inviables, debido a su escaso valor, puedan ser reclamadas colectivamente, ya que, a pesar de poder ser modestas e incluso insignificantes individualmente, dichas pretensiones adquieren un significado económico importante al ser agrupadas, lo cual justifica su acceso y decisión por el aparato judicial”. Corte Constitucional C-569 de 2004.
(5) Providencia de la Sala del 18 de octubre de 2001, expediente AG-25000232700020000023-01. En este mismo sentido, Carlos de Miguel Perales. La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Madrid, Ed. Civitas, 1997. 2ª. ed. pág. 317, afirma: “Esto supone un inconveniente para el perjudicado como individuo; sin embargo, protege al perjudicado como colectivo (“no se cobra todo, pero todos cobran”) lo cual es, a fin de cuentas, más justo a la par que “evita” una competición ante los tribunales para obtener una sentencia estimatoria antes”.
(6) Sentencia de la Corte Constitucional C-1062 de 2000.
(7) Las acciones de grupo “buscan modificar el comportamiento de ciertos actores económicos, y en especial disuadirlos de realizar ciertos actos que pueden ocasionar perjuicios menores a grupos muy numerosos de la población. Sin la existencia de la acción de grupo, esos actores no tienen un incentivo claro para prevenir esos daños, pues es improbable que sean demandados individualmente por cada uno de los afectados. La institucionalización de la acción de grupo modifica la situación, pues genera a esas compañías la posibilidad de ser demandadas por uno de los afectados, pero en nombre de todos los usuarios, lo cual podría tener enormes consecuencias económicas. Este riesgo es entonces un estímulo poderoso para que las compañías modifiquen su conducta, a favor de los usuarios”. Corte Constitucional C-569 de 2004.
(8) “Así las cosas, no se trata de una acción que pueda ser intentada por un grupo de veinte personas que coincidan por su interés particular de contenido patrimonial consistente en ser indemnizada por un daño sufrido por ellas en virtud de un mismo hecho. No. Si bien esta acción tiene por objeto, por lo general, la protección de derechos individuales, mediante la obtención de ”una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción”, es de su esencia que se pretenda proteger a un conjunto de personas que se identifican por ciertas condiciones específicas preexistentes a la ocurrencia del daño”. Providencia de 2 de febrero de 2001. Ag-017.
(9) “La acción de grupo se diferencia también de las demás acciones reparatorias por la repercusión social del daño, en consideración al número de los damnificados y al impacto generalizado que produzca”. Providencia de la Sección del 18 de octubre de 2001, expediente AG-25000232700020000023-01. Este criterio fue tenido en cuenta por la Sala al admitir la procedibilidad de la acción de grupo interpuesta por trabajadores del departamento de Boyacá que reclamaban la indemnización de perjuicios que les causó adquirir con sus propios recursos los uniformes y vestidos de labor, en razón del reiterado incumplimiento de la entidad obligada: Los demandantes “constituyen un sector específico de la población, cuyo modo de actuar y comportarse en la sociedad los identifica y distingue del resto de los miembros de la misma. Esa Circunstancia, permite concluir, que son socialmente relevantes, pues es precisamente, dicha sociedad quien los ha reconocido como tal...Adicionalmente, se trata de un número plural de personas con ingresos sustancialmente bajos..., lo cual aumenta la relevancia social, de la cual gozaban por su condición de trabajadores...Las mencionadas circunstancias, le permiten a la Sala concluir que pueden considerarse como un grupo socialmente relevante, pues es evidente que al haber asumido el costo de las dotaciones vieron disminuidos sus ingresos, que por lo demás eran bastante bajo; por consiguiente, deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales que podrían dilatar la satisfacción de sus pretensiones”. Providencia del 20 de noviembre de 2003, expediente AG-15001233100020001618-021.
(10) Providencia de la Sección Segunda del 24 de mayo de 2001, expediente AG-25000232500020010005-01 (011).
(11) Sentencia C-569 de 2004. De igual manera, en la sentencia C-215 de 1999, la Corte señaló: “Esas acciones, para su procedencia, exigen siempre que el daño afecte derechos subjetivos de origen constitucional o legal de un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidos con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios”.
(12) Contenidas, respectivamente, en el inciso primero del artículo 3º y en el inciso primero del 46 de la Ley 472 de 1998.
(13) Se mantiene el criterio jurisprudencial establecido en auto de 1º de junio de 2000, expediente AG-001, en el cual se afirmó: “De conformidad con lo establecido en los artículos 3º y 46 de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo deberá ser interpuesta por un número plural o un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó un perjuicio. Este grupo de personas no podrá ser inferior a 20, según la última disposición. Ahora bien, el parágrafo del artículo 48 ibídem establece que el actor o quien actúe como demandante “representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”. “Por su parte, el numeral 4º del artículo 52 de la misma ley establece como requisito de la demanda, que el actor proporcione los nombres de quienes integran el grupo, o al menos suministre los criterios para identificarlos. Al armonizar estas disposiciones, concluye la Sala que si bien la acción puede ser interpuesta por una sola persona, esta no puede actuar en nombre de un grupo inferior a 20 personas, las cuales deberán individualizarse en la misma demanda, o identificarse con antelación a su admisión, a partir de los criterios que señale el actor”.
(14) Ver providencia de 18 de octubre de 2001, expediente AG-25000-23-27-000-2000-0023-01, en la cual se afirmó que “la admisión de varias acciones de grupo cuando la causa es común, desnaturaliza la acción y desconoce sus objetivos. Quienes no hayan sido integrados inicialmente al proceso podrían hacer parte del mismo antes de la apertura a pruebas o acogerse a la sentencia dentro de los veinte días siguientes a su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, pero no están legitimados para acumular pretensiones de al menos 20 demandantes e iniciar una nueva acción”.
(15) En sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente AG-25000-23-26-000-2001-00031-01, la Sala al resolver la demanda interpuesta en nombre de los adquirentes de predios de la Urbanización Rosa Blanca en el municipio de Ubaté, por los perjuicios derivados del hecho de no haber podido ejercer a cabalidad su derecho de propiedad, porque los inmuebles adquiridos carecían de servicios públicos, declaró la nulidad de lo actuado, con fundamento en que los demandantes no demostraron que el grupo estaba afectado al menos por 20 personas que reunían condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales. Dijo la Sala: “Es claro que el demandante tiene la carga de demostrar los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 472 y, entre ellos, que el grupo está integrado al menos por 20 personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales. En el caso que hoy se decide, entonces, era carga del demandante demostrar que 20 personas tenían la calidad de propietarios de lotes de la Urbanización Rosa Blanca de la ciudad de Ubaté” y en sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente AG-52001-23-31-000-2002-00226-01, en esa oportunidad se consideró que “En el caso concreto, integran el grupo todos los pescadores que presentaron la demanda, o manifestaron su deseo de pertenecer al grupo en término, antes de la apertura a pruebas y, además, todos los pescadores afectados con el derramamiento de crudo ocurrido el 18 de febrero de 2000, en Tumaco, que se acojan a esta sentencia dentro de los 20 días siguientes a su publicación”.
(16) Ver auto de 2 de octubre de 2003, expediente AG-76001-23-31-000-2003-00871-01.
(17) La Corte Constitucional señaló que si bien la acción de grupo es procesalmente colectiva y se indemniza al individuo en tanto que es un miembro de un grupo, las reparaciones son individualizables y divisibles, por cuanto el daño es subjetivo: “Estas acciones, tienen como propósito garantizar la reparación de los daños ocasionados a “un número plural de personas”. Esto significa que el propósito de esta acción “es el de obtener la reparación por un daño subjetivo, individualmente considerado, causado por la acción o la omisión de una autoridad pública o de los particulares” (17) . Por consiguiente, la acción de grupo pretende reparar el daño ocasionado a unas personas que hacen parte de un grupo, en la medida en que todas esas personas fueron afectadas por un daño originado en circunstancias comunes, que ameritan un tratamiento procesal unitario. La determinación de la responsabilidad es entonces tramitada colectivamente pero las reparaciones concretas son en principio individualizadas, puesto que se ampara el daño subjetivo de cada miembro del grupo. Sentencia de la Corte Constitucional C-569 de 2004.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur, en el mismo sentido C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.
(21) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.
(22) Cfr. Aunque se presente por un número inferior basta con que la demanda se señalen los criterios que permitan identificar el grupo a nombre del cual se interpone la acción de clase, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 10 de febrero de 2005, referencia expediente Nº AG-25000-23-06-000-2001-00213-01 folio 1283, actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(23) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.
(24) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.
(25) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.
(27) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.
(28) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny.
(30) M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
(31) Para analizar este concepto referirse, entre otras, a las sentencias C-006, C-014 y C-086 de 1998 y a la C-672 de 1999.
(32) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(33) Baste señalar que la Sentencia C-1062 de 2000 que reabrió el debate de constitucionalidad del precepto tantas veces indicado se limitó a declarar EXEQUIBLES las expresiones “derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos” contenidas en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo.
(34) Más de 20.
(Sic) (42) Expediente 6.828, C.P. Julio César Uribe Acosta. Posición reiterada entre muchas otras, en sentencias de 7 de abril de 1994, expediente 9367, C.P.
(43) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, expediente 4039.
(44) Sentencia de la Sección Tercera de 13 de mayo de 2004, expediente AG-520012331000200200226-01. Acción de grupo de Harold Hernández Santacruz y otros, contra Ministerio del Medio Ambiente y Ecopetrol.
(Sic) (35) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sala Plena de 16 de julio de 1996, expediente 422 y de la Sección de 11 de diciembre de 1990, expediente 5417; 21 de marzo de 1991, expediente 5595; 19 de agosto de 1994, expediente 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, expediente 9557; 2 de febrero de 1995, expediente 9273; 16 de febrero de 1995, expediente 9040; 30 de marzo de 1995, expediente 9459; 27 de julio de 1995, expediente 9266; 15 de agosto de 1995, expediente 10.286; 6 de octubre de 1995, expediente 9587; 14 de marzo de 1996, expediente 11.038; 29 de marzo de 1996, expediente 10.920; y 29 de agosto de 1996, expediente 10.949 y 11 de julio de 1996, expediente 10.822, entre otras.
(36) Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente 11.518. En el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, expediente 11.834.
(37) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 7577.
(38) Sentencia de 27 de enero 2000, expediente 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencia del 3 de noviembre de 1994, expediente 7310 y del 15 de marzo de 1996, expediente 903427 de 28 de abril de 1994, expediente 7733 y contra el Grupo Radical Colombiano, sentencia del 17 de junio de 1973, expediente 7533 noviembre de 2003, expediente 14.220, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y de 10 de agosto de 2000, expediente 11.585, C.P. de 21 de febrero de 2002, expediente 13.661, C.P. y de 20 de mayo de 2004, expediente 14.405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Entre otras, sentencias del 13 de mayo de 1996, expediente 10.627 y 5 de septiembre de 1996, expediente 10.461.
(39) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 7577.
(40) “Entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15” (art. 16).
(41) Sentencia de 11 de diciembre de 2003, expedientes 12.916 y 13.627.
(Sic) (39) Inmuebles que aparecen relacionados en los Nº 3, 4 y 29 del cuadro de inmuebles averiados, según inspección judicial visible a folios 36 a 38 de esta providencia.