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Timestamp: 2018-06-22 14:45:52
Document Index: 334096860

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 509', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

Se anula sentencia por cuanto no se dio cumplimiento al procedimiento administrativo previo a demanda por desalojo de vivienda - Noticias Juridicas
NULA LA SENTENCIA AL NO HABERSE DADO CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS DEMANDAS POR DESALOJO DE VIVIENDA .
N° SENTENCIA: 904
N° EXPEDIENTE: 16-0853
Partes: MARTHA CAROLINA ANDRADE.
Decisión: Se declara QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir. ADMITE. DE MERO DERECHO la resolución. CON LUGAR, en consecuencia, SE ANULA la sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Sucre, Cumaná, así como también se ANULA la dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial y se REPONE.
Exp.16-0853
El 22 de agosto de 2016, la ciudadana MARTHA CAROLINA ANDRADE, titular de la cédula de identidad número V-9.416.101, asistida por el abogado Rafael Alberto Latorre Cáceres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.028, consignó ante la Secretaría de la Sala escrito contentivo de acción de amparo constitucional, contra la decisión dictada el 22 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la hoy accionante en contra de la decisión proferida el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, la cual declaró con lugar la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción de compra del inmueble constituido por la parcela de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el número 69, manzana 14, calle Este 3, de la Urbanización Cristóbal Colón, primera etapa Cumaná Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre que presentara la ciudadana Heidy Alexandra Axthammer de la Rosa, contra los ciudadanos Omar Nuñez y Martha Carolina Andrade; la cual confirmó.
Por auto del 25 de agosto de 2016, se dio cuenta en Sala de este expediente y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 06 de febrero de 2017, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada el 03 del mismo mes y año, por el abogado Rafael Alberto Latorre Cáceres, antes referido, mediante la cual ratificó “en todas sus partes la acción de amparo interpuesta”.
El 20 de octubre de 2017, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada en esa misma fecha por la ciudadana Martha Carolina Andrade, mediante la cual solicitó pronunciamiento en la presente causa.
Indicó que, el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 20 de octubre de 2011, dictó un auto en el que suspendió la causa de cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción a compra venta, interpuesta por la ciudadana Heidy Alexandra Axthammer de la Rosa contra los ciudadanos Omar Núñez y Martha Carolina Andrade, de un inmueble ubicado en el sector El Peñón, Urbanización Cristóbal Colón, primera etapa, calle este 3, Manzana 14, casa número 69, de la Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre.
Denunció que, dicho auto estuvo motivado expresamente en que: “…hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (sic), luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso…”, de conformidad con el artículo 4 del citado instrumento normativo.
Alegó que, la parte actora no acreditó en ningún momento el cumplimiento de dicho procedimiento “…ni consta en forma alguna que se haya realizado la solicitud ante la respectiva Superintendencia…”.
Adelantó que, la sentencia recurrida aseveró que: el juez del Juzgado de Municipio anteriormente referido, al haber continuado el proceso hasta dictar sentencia definitiva, actuó conforme a derecho, lo que a su decir resultó violatorio de los artículos 26, 49, 139 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Reveló que, tal situación generó un vicio de incongruencia omisiva, en la sentencia, donde a su decir, no hay correspondencia entre el pronunciamiento judicial y el objeto del proceso.
Sostuvo que, la accionada incurre en abuso de poder y está viciada de omisión de pronunciamiento en razón a que “…mal podría el Juez de municipio dictar una sentencia sin tomar en cuenta las posibles resultas del procedimiento previo administrativo, por lo tanto no se realizó el proceso de acuerdo a la ley, violando de esta manera el debido proceso, y cercenando nuestras posibles defensas frente a la decisión de la jurisdicción administrativa…”.
Alegó que, si la recurrida hubiese actuado conforme a derecho, hubiese revocado el fallo del Juzgado de Municipio, declarando que todo lo actuado a partir de la fecha 20 de octubre de 2011, exclusive, era nulo de nulidad absoluta, y por lo tanto se debía reponer la causa, garantizando la tutela judicial efectiva y el debido proceso, y que, al no hacerlo así, los dejó en una indefensión extrema.
Asimismo, señaló que la recurrida no cumplió con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que establece el deber que tienen los jueces de analizar todas las pruebas que se hayan producido, pues, a su decir, fueron desechados sus alegatos con un razonamiento absurdo, causándoles violación a la tutela judicial efectiva, y que, si hubiese realizado una revisión al expediente, se hubiese percatado, en primer lugar, que el escrito de promoción de pruebas de la parte actora, fue presentado extemporáneamente, y que así, lo señala el Tribunal de Municipio, según consta del auto dictado el 10 de noviembre de 2011, y que sorprendentemente fue tomado en cuenta y valorado en la sentencia.
Que, con dicho proceder, se infringió el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no tomarse en consideración sus alegatos en relación a las pruebas, promovidas y evacuadas en el juicio.
Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la presente acción de amparo constitucional y la revocatoria de la sentencia accionada.
De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión n° 1, del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), y de lo previsto en el artículo 25, cardinal 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra la decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
En el presente caso, la acción de amparo fue interpuesta contra la decisión del 22 de febrero de 2016, dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, razón por la cual, conforme a lo expuesto, esta Sala resulta competente para conocerla. Así se declara.
El 22 de febrero de 2016, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la hoy accionante en contra de la decisión proferida el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, la cual declaró con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción a compra venta, con base en las consideraciones que textualmente a continuación se transcriben:
(…) PARTE DEMANDANTE: Ciudadana HEYDI AXTHAMMER DE LA ROSA, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.995.000, domiciliada en la Urbanización Cristóbal Colón, primera etapa, calle Este 3, manzana 14, N° 69, Parroquia Valentín Valiente, Cumaná Estado Sucre, representado por su apoderado judicial abogado en ejercicio, ASDRUBAL HENRIQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 33.175 y de este domicilio.
PARTE CODEMANDADA: Ciudadanos OMAR NUÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, Titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-9.982.885 y V-9.416.101, respectivamente, el primero con domicilio en la Urbanización La Floresta, calle 5, manzana E, casa N° 09 y el segundo domiciliada en la calle Blanco Fombona, casa N° 24, debidamente asistido por el abogado en ejercicio, CARLOS JOSÉ ANDRADE GUTIÉRREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 132.373 y de este domicilio.
EXP. N°: 14-6131.
Subieron las presentes actuaciones en virtud de la apelación interpuesta en fecha 18 de Junio de 2014, por los ciudadanos OMAR NUÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, (…), contra la decisión dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 13-03-2014.
En fecha Quince (15) de Julio de 2014, fue recibido en esta Alzada el presente expediente en original constante de Un Cuaderno Principal de Ciento Setenta y uno (171) folios y Un Cuaderno de Honorarios profesionales constante de Cuatro (04) folios.
Del contenido de las actas procesales se puede observar, que la presente apelación es con motivo de la sentencia de fecha 13 de Marzo de 2014, dictada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta de la Primera Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DEL INMUEBLE objeto de la presente acción interpusiera (sic) la ciudadana HEYDY ALEXANDRA AXTHAMMER DE LA ROSA, contra los ciudadanos OMAR NUÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, el cual recae sobre un inmueble constituido por una vivienda y la parcela de terreno sobre la cual se encuentra construida y ubicada en el Sector El Peñón al margen Sur de la carretera Cumaná-Carúpano, Urbanización Cristóbal Colón primera etapa, Calle Este 3, Manzana 14, N° 69, Parroquia Valentín Valiente, Cumaná del Estado Sucre, y visto los términos en las cuales la parte apelante recurre ante esta Instancia Superior corresponde a ésta, una vez verificados el cumplimiento de las formalidades legales en el presente juicio, emitir su fallo previo a las motivaciones siguientes:
Se puede observar, de la motivación de la sentencia que el ad-quo en sus consideraciones para decir, delimitó la situación de hecho generadora de la presente controversia al señalar que, la actora pretende el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DEL INMUEBLE en cuestión, por cuanto la venta no se materializó en la oportunidad pautada, es decir, para el año dos mil ocho (2008) dado que, los demandados obtuvieron la liberación de la hipoteca que recaía sobre el inmueble el día siete (07) de octubre del año dos mil diez (2010). Señaló que los demandante (sic) ante los alegatos de la actora sostuvieron que la venta no se realizó por que (sic) la actora no solicitó los documentos que necesitaba para solicitar el crédito hipotecario, y que ellos habían cancelados el crédito hipotecario que pesaba sobre el susodicho inmueble en año (sic) dos mil ocho (2008).
Revisadas, analizadas y valoradas las pruebas, para el ad-quo quedó probado en autos por medio del contrato de arrendamiento con opción a compra del inmueble suscrito por la partes lo siguiente:
“La suma acordada en la opción de compra fue NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 90.000.000,oo) que reconvertidos son NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 90.000,oo), de los cuales los demandados, en la oportunidad de la autenticación del instrumento, recibieron la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,oo) que reconvertidos son CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 4.000,oo) mediante cheque N° 41823001 de la cuenta corriente N° 0134-0471-2447130010001 del banco Banesco a favor de Martha Andrade y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo) que reconvertidos son DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) en efectivo. Se pactó que la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,oo) que reconvertidos son CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 4.000,oo) se pagarían en el mes de diciembre de dos mil siete (2007) y el saldo de OCHENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 80.000.000,oo) se pagarían mediante un préstamo para vivienda de la Ley de Política Habitacional, el cual se tramitaría en el año dos mil ocho (2008). (Cláusula SEGUNDA).
4°. Estima el Tribunal que la venta del inmueble no se celebró en el año dos mil ocho (2008), oportunidad acordada por las partes, porque sobre el inmueble pesaba una hipoteca especial de primer grado, a favor de Mercantil, C.A. Banco Universal, que la acreedora canceló el día siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), razón por la cual la actora no pudo tramitar, dentro de los términos del contrato, el préstamo para la adquisición de esa vivienda por la Ley de Política Habitacional, y así se decide.
5°. Por lo tanto, está plenamente probado en autos que los demandados al incumplir el contrato de arrendamiento con opción de compra, al no otorgar la venta del inmueble en el año dos mil ocho (2008), adecuaron su conducta al supuesto de hecho del artículo 1.167 del Código Civil, que tiene como consecuencia jurídica que la actora pueda pretender, como en efecto lo hizo, el cumplimiento del contrato, con fundamento en dicha disposición legal que establece:
Artículo 1.167.- “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”.
La referida norma consagra las acciones de cumplimiento o de resolución del contrato bilateral, presupone en razón del principio de buena fe, que la parte que exige el cumplimiento de la resolución ha cumplido o ha dado muestras de cumplir las obligaciones que a su vez ha asumido en el contrato. Ha establecido, nuestro máximo Tribunal en numerosos fallos que no puede reclamar judicialmente el cumplimiento o la resolución de un contrato bilateral, quien no ha dado muestras de querer cumplir, aunque sea parcialmente, su obligación en el mismo contrato; criterio éste que se fundamenta en el principio de buena fe y de honestidad que debe marcar las relaciones entre las personas.
6°. Por otra parte, el artículo 1.160 del Código Civil, establece lo siguiente:
“Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos según la equidad, el uso o la ley”.
El artículo anterior, dispone que los contratos deben cumplirse de buena fe. Este principio establece en los contratos un modo general de cumplimiento, tanto en los casos en que se trate de estipulaciones u obligaciones expresas como cuando se trate de estipulaciones u obligaciones tácitas.
En aplicación de estas normas jurídicas, y las pruebas valoradas, está demostrado en autos que la actora pagó el precio de la venta, de la manera siguiente:
6°.1. La cantidad de NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 90.000.000,oo) que reconvertidos son NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 90.000,oo), así: en la oportunidad de la autenticación del instrumento, la suma de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,oo) que reconvertidos son CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 4.000,oo) mediante cheque N° 41823001 de la cuenta corriente N° 0134-0471-2447130010001 del banco Banesco a favor de Martha Andrade y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo) que reconvertidos son DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo) en efectivo.
6°.2. La cantidad de setenta y ocho mil bolívares (Bs. 78.000,oo) mediante dos cheques de gerencia del Banco de Venezuela distinguidos con los Nos. 00000172 y 00000208, por la cantidad de Treinta y Nueve Mil Bolívares (Bs. 39.000,oo) cada uno, a favor de OMAR NÚÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, respectivamente, al presentar la demanda.
6°.3. El día cinco (5) de octubre de dos mil diez (2010), depositó en la cuenta de ahorro N° 0102-0672-310100024630 de la demandada en el Banco de Venezuela, la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,oo).
6°.4. En fecha veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013), consignaron en este Tribunal la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES (Bs.2.000,oo), que se depositaron en la cuenta corriente N° 0007-0081-99-0000001166 que el Juzgado tiene en el banco Bicentanario (sic) Banco Universal.
6°.5. En fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), consignaron en este Tribunal la cantidad de DOS MIL BOLÍVARES (Bs.2.000,oo), que se depositaron en la cuenta corriente N° 0007-0081-99-0000001166 que el Juzgado tiene en el banco Bicentenario Banco Universal.
7°. Establece el artículo 1.159 del Código Civil, lo siguiente:
Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino de mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley.”
El artículo 1.160 eiusdem, es del tenor siguiente:
“Los contratos debe ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley.”
Al efecto resulta oportuno destacar que una de las obligaciones de los vendedores conforme al artículo 1.488 del Código Civil, es hacer la tradición de la cosa vendida y en caso de bienes inmuebles, ésta se verifica con el otorgamiento del instrumento de propiedad.
Siendo ello así, la parte demandada, tenía la carga de demostrar que se había liberado de las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento con opción compra venta y en vista que no consignó a los autos elementos probatorios que demostraran dicho cumplimiento, ni desplegó actividad alguna, para honrar el compromiso por ellos asumidos, es por lo que al haber sido demostrada por la parte actora, la existencia de la relación contractual, sin que haya sido controvertida o desvirtuada por la parte demandada, resulta procedente el cumplimiento del contrato de arrendamiento con opción de compra venta y así se decide.
En consecuencia, la pretensión de la parte actora es que se cumpla con la obligación contraída en el contrato de arrendamiento con opción de compra venta autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio Sucre, Cumaná, Estado Sucre, en fecha 3 de agosto de 2007, inserto bajo el número 17, Tomo 118; por lo que los demandados tienen que proceder a efectuar la tradición legal del inmueble vendido mediante el otorgamiento de la escritura correspondiente del inmueble objeto del litigio.
Por lo tanto, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y CRUZ SALMERÓN ACOSTA DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
1°. CON LUGAR la demanda intentada por HEIDY ALEXANDRA AXTHAMMER DE LA ROSA contra OMAR NÚÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, por la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DEL INMUEBLE, constituido por la parcela de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el N° 69 en la manzana 14, calle Este 3 de la urbanización Cristóbal Colón, primera etapa, Cumaná, Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre.
2°. En consecuencia, los demandados están obligados a otorgar el documento de compra venta del inmueble, objeto de esta sentencia.”
Frente a la referida sentencia los apelantes de autos ciudadanos OMAR NUÑEZ Y MARTHA CAROLINA ANDRADES, en su condición de demandados en la presente causa, asistidos por el abogado en ejercicio CARLOS JOSÉ ANDRADES GUTIERREZ, en su escrito de formalización de apelación alegaron lo siguiente:
“Ciudadano Juez, observamos que la dedición tomada por el Tribunal aquo (sic), la parte Actora identificada ut supra, intentó una acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DEL INMUEBLE, ante el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial de Estado Sucre. Cumana Estado Sucre, quien no valoró las pruebas y mucho menos los extractos antes transcritos, emanados de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, constando que el prenombrado Tribunal, al ver que el juicio sobre bien inmueble destinado a vivienda principal, tal como consta al Registro que anexamos al presente escrito constante de un folio útil, se debe tramitar por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento previo a la presentación de la demanda, es por lo que solicitamos a usted muy respetuosamente “REVOQUE”, la decisión dictada por el Tribunal de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Cumana Estado Sucre, en fecha 13703/2014, todo de conformidad con lo establecido con los artículos 26 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 341 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 94, 95 y 96 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda.”
Por lo que en razón de sus alegatos aquí expuestos, solicitaron a esta Instancia Superior declarara con lugar la presente apelación.
De todo lo expuesto por los apelantes de autos en su escrito de informes y de la revisión realizada por esta Alzada a las actas procesales, observa que, nos encontramos ciertamente ante un debate donde cuyo objeto se trata nada más y nada menos que de un inmueble destinado al uso de vivienda principal, donde la demandante acciona contra los demandados por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO derivado de una relación arrendaticia con opción a compra del inmueble descrito en los autos destinado a su vivienda familiar, lo que implica para quien suscribe antes de emitir su pronunciamiento, tomar en consideración que al respecto, con la entrada en vigencia de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se constituye en un estado social de derecho y de justicia, protegiendo de manera especial en sus derechos a la familia por ser la Institución Primigenia del orden y progreso social, en razón de ello, resulta inconcebible que ésta se desarrolle de manera satisfactoria sin un espacio físico apto para sus fines como centro embrionario de toda sociedad, es decir, que la familia tiene el derecho fundamental de acceder a una vivienda digna conforme lo propugna nuestra Carta Magna, de allí que, en su artículo 75 nos encontramos que el constituyente protegió a la familia cuando dejó taxativamente establecido lo siguiente:
“El Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad, y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas.”
Por otra parte, en concordancia con lo (sic) entes referido, tenemos que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 82 refuerza el derecho fundamental de la vivienda al establecer que:
“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluya un habita que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de las viviendas.”
La Sala de Casación Civil en sentencia de N° 502, de fecha 01/11/ 2011, en ponencia conjunta en interpretación a los artículos 75 y 82 de la Carta Magna y en consonancia con la protección constitucional al núcleo familiar y al derecho fundamental de acceder a una vivienda digna estableció lo siguiente:
“…Todo venezolano tiene derecho a la vivienda digna y a la protección de ésta como parte del sistema de seguridad social cuya efectividad se encuentra garantizada por el Estado e (sic) el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual forma parte del proyecto para la consecución de la verdadera transformación social en pro de la igualdad de los ciudadanos que proclamó nuestro libertador y ante el riesgo que representa para las familias venezolanas, especialmente aquellas de menos recursos (medios y bajos), perder su vivienda por la aplicación de modalidades financieras que pretendan desconocer tal situación, la misma tiene como finalidad proteger a cualquier ciudadano o ciudadana beneficiario o solicitante de un crédito hipotecario, entendidos éstos como los destinados a la construcción, autoconstrucción, adquisición, ampliación o remodelación de vivienda digna, regulando las condiciones fundamentales de los referidos créditos, impidiendo que en algún caso pudiera practicarse el anatocismo y la usura.”
Ahora bien, sobre la base de la Normativa Constitucional aquí referida y la cognición del tema sometido a consideración de quien suscribe, es importante hacer alusión o indicar lo que por su parte ha previsto en esta materia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vivienda, y en este sentido dispone en su artículo Uno lo siguiente:
“El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la protección de la arrendataria y arrendatarios, comodatarios y ocupantes o usufructuarios de bienes inmuebles destinado a vivienda principal, así como las y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra medidas administrativas o judiciales mediante las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejerciere, o cuya práctica material comporte la perdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda.”
Del contenido de la presente Norma, se desprende claramente que, la intención del legislador es proteger a las personas que se encuentren en posesión de un inmueble destinado a vivienda principal, de aquellas medidas bien sean administrativas o judiciales por medio de las cuales se pretenda interrumpir o cesar la posesión legítima que ejerciere, o cuya practica (sic) material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda. En este mismo orden de ideas, tenemos que, el referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley establece en su artículo 4 lo que a su letra se lee:
“A partir del (sic) la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojo forzoso o a la desocupación de vivienda mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicado en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimiento especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto Ley.”
En este particular, la Sala de Casación Civil en la misma sentencia anteriormente referida señala que el Decreto-Ley dejó expresamente sentado:
“Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuaran sus curso.”
La precitada Norma del Decreto-Ley ordena a la autoridad judicial la suspensión del proceso donde se debatan situaciones de posesión legítima o tenencia de un inmueble destinado a vivienda familiar de éste hasta tanto las partes involucradas acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, es decir, debe entenderse de esta Norma, que una vez suspendido el proceso por la autoridad judicial, las partes interesadas en la tramitación y conclusión del procedimiento breve especial, tienen la carga de cumplir con dicho procedimiento administrativo y una vez concluido acceder con las resultas ante la autoridad judicial a los fines de acreditarlas y así permitirle al órgano jurisdiccional la prosecución del proceso.
Ahora bien, como quiera que, el presente juicio versa sobre el cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción a compra que interpusiera la ciudadana HEIDY ALEXANDRA AXTHAMMER DE LA ROSA contra los ciudadanos OMAR NUÑEZ Y MARTHA CAROLINA ANDRADE sobre un bien inmueble destinado a vivienda familiar, esta Alzada debe verificar si la autoridad judicial y las partes interesadas dieron cumplimiento con lo establecido en el Decreto-Ley sobre la materia. En este sentido, de la revisión exhaustiva realizada por quien suscribe a las actas que conforman el presente expediente, se observa claramente del folio 55 que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil once (2011), mediante auto y con fundamento en el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los Desalojo el Juez de la causa suspendió el procedimiento en el presente juicio a los fines de que las partes controvertidas de conformidad con lo establecido en el mismo Decreto-Ley agotaran el procedimiento administrativo especial, sin embargo no consta en el presente expediente que éstos hayan acreditado haber cumplido con el presente procedimiento, y a tales efectos no constan en el expediente ningún tipo de resultas al respecto, en virtud de tal negativa el ad-quo dio continuidad al juicio hasta el arribo de la sentencia objeto de apelación ante esta Instancia Superior, por lo que a consideración de quien aquí sentencia, el recurrente no puede señalar que el Juzgado Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y Cruz Salmeron Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre haya obviado el cumplimiento de lo establecido por el Decreto-Ley, por el contrario, es evidente, y así consta en autos, que el ad-quo como director del proceso suspendió el procedimiento conforme a derecho. Y ASI SE ESTABLECE.
En cuanto al decir del recurrente en su escrito de informes respecto a que el ad-quo no valoró las pruebas, debe esta Alzada señalar de acuerdo con la revisión realizada a las actas procesales que, en la definitiva (ver folios 149 al 154 del presente expediente) el Juez de la causa procedió a la valoración de las pruebas aportadas al proceso, tanto las de la demandante como las de los demandados, ahora bien, como quiera que, el recurrente de autos no señala en el escrito de formalización de la apelación cuestionamiento alguno en relación a alguna de las pruebas de las que se sirvió la demandante, este sentenciador considera que nada tiene que revisar al respecto, en tanto y en cuanto que, el apelante solo se limitó en forma genérica a afirmar que el ad-quo no valoró las pruebas, sin especificar a cuales de la pruebas se refería y así permitirle a esta Alzada verificar y determinar si en relación a su decir el Juez de la causa silenció alguna prueba, otra cosa hubiese sido, sin en su escrito de informe hubiese señalado o indicado algún motivo conforme a derecho que ameritara por parte de esta Azada tener que revisar alguna prueba en particular o todo el acervo probatorio aportado en el presente juicio por la parte demandante, de tal manera que, no habiendo el recurrente colocado en manos de este sentenciador queja alguna acerca de las pruebas aportadas por la actora y que fuera debidamente valorada en la oportunidad procesal correspondiente desestima el decir del recurrente en cuanto a que el Juez de la causa no valoró las pruebas. Y ASI SE ESTABLECE.
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito Protección del Niño, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre; actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos OMAR NUÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, Titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-9.982.885 y V-9.416.101, respectivamente, debidamente asistido por el abogado en ejercicio CARLOS JOSÉ ANDRADE GUTIÉRREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 132.373, contra la sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 13-03-2014.
SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada en fecha 13-03-2014, dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre. En la cual se declaró CON LUGAR la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DEL INMUEBLE, constituido por la parcela de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el N° 69 en la manzana 14, calle Este 3, de la Urbanización Cristóbal Colón, primera etapa, Cumaná Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre que presentara la ciudadana HEIDY ALEXANDRA AXTHAMMER DE LA ROSA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 16.995.000 contra los ciudadanos OMAR NUÑEZ y MARTHA CAROLINA ANDRADE, venezolanos, mayores de edad, Titulares de las Cédula de Identidad Nros. V-9.982.885 y V-9.416.101, respectivamente. En consecuencia los demandados están obligados a otorgar el documento de compra venta del inmueble a la ciudadana HEIDY ALEXANDRA AXTHAMMER DE LA ROSA. (…) [resaltado de esta Sala].
Luego del examen de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exigen los artículos 6 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y encuentra que ella cumple con los mismos.
Por otra parte, con relación al impulso de la causa, la Sala advierte que en el presente caso ha transcurrido más de seis (6) meses desde el 03 de febrero de 2017, fecha en la cual, el abogado Rafael Alberto Latorre Cáceres, que asiste a la accionante ratificó la presente acción de amparo, hasta el 20 de octubre de 2017, fecha en que la accionante ciudadana Martha Carolina Andrade, solicitó pronunciamiento en la presente causa, sin que en el transcurso de ese tiempo la accionante haya realizado algún acto de procedimiento.
Debe afirmarse, que esta conducta pasiva de la presunta agraviada, que afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada como abandono del trámite, en la decisión n.° 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), en los siguientes términos:
(…) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constituciones puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.
La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” (Subrayado de la Sala).
Ciertamente, resulta necesario reiterar que la accionante, al solicitar ante el órgano jurisdiccional la tutela de los derechos constitucionales, debe mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional incoado, ya sea mediante escrito o diligencias que consten en el expediente, dado que la ausencia del impulso procesal durante el transcurso de más de seis (6) meses denotan el decaimiento de su interés en dicha pretensión.
Sin embargo, en materia de amparo, el legislador previó la posibilidad de la excepción a la aplicación de dicho lapso de caducidad, cuando se trate de lesiones al orden público o a las buenas costumbres.
Al respecto, de los alegatos esgrimidos como fundamento del amparo ejercido, se evidencia que la denuncia de violación de los derechos constitucionales están vinculados a un asunto deorden público, como lo es el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, y la posible transgresión del mismo, por lo que no puede declararse terminado el presente procedimiento porabandono del trámite y admite la acción de amparo. Así se declara.
Siendo ello así, esta Sala estima que el quid del asunto planteado en esta acción de amparo, puede resolverse con las actas que conforman el presente expediente y sin necesidad de escuchara las partes, por lo que resulta preciso reiterar el criterio establecido en la sentencia de esta Sala n.° 993, del 16 de julio de 2013, caso: “Daniel Guédez Hernández y otros”, sobre la resolución demero derecho de la acción de amparo; en la cual se declaró lo siguiente:
(…) La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe serdistinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversiaconstitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación deldocumento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de meroderecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y nosujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’;debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audienciaoral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparoincompatible con su naturaleza.
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra unadecisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en elartículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibídem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de meroderecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de lasentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucionalpodrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, ladecisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.
Conforme a lo expuesto se aprecia que, en el presente caso, estamos en presencia de un asunto de mero derecho, por cuanto lo que se debe determinar es si el Tribunal Superior violó los derechos constitucionales invocados por la parte accionante –tutela judicial efectiva y debido proceso-, al haber confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre y “pasar por alto normas de estricto orden público, y al no aplicar específicamente el aparte único del artículo 4° de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraje (sic) de Vivienda, que establecía la suspensión del proceso hasta que las partes acreditaran sus actuaciones frente a la jurisdicción administrativa y así tomar en cuenta dichas resultas”, por lo que, la Sala decidirá la presente acción de amparo constitucional en esta oportunidad, prescindiendo de la audiencia oral y pública. Así se declara.
De allí que, declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto, observa que la acción de amparo constitucional se encuentra dirigida a impugnar la sentencia dictada, el 22 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la hoy accionante en contra de la decisión proferida el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, la cual declaró con lugar la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción de compra del inmueble constituido por la parcela de terreno y la casa sobre ella construida, distinguida con el número 69, manzana 14, calle Este 3, de la Urbanización Cristóbal Colón, primera etapa Cumaná Parroquia Valentín Valiente, Municipio Sucre del Estado Sucre que presentara la ciudadana Heidy Alexandra Axthammer de la Rosa, contra los ciudadanos Omar Núñez y Martha Carolina Andrade; la cual confirmó.
En este sentido, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, justificó su decisión, con base en las siguientes razones:
(…) a consideración de quien aquí sentencia, el recurrente no puede señalar que el Juzgado Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y Cruz Salmeron Acosta de Primer Circuito Judicial del Estado Sucre haya obviado el cumplimiento de lo establecido por el Decreto-Ley, por el contrario, es evidente, y así consta en autos, que el ad-quo (sic) como director del proceso suspendió el procedimiento conforme a derecho (…) En cuanto al decir del recurrente en su escrito de informes respecto a que el ad-quo (sic) no valoró las pruebas, debe esta Alzada señalar (…) el Juez de la causa procedió a la valoración de las pruebas aportadas al proceso, tanto las de la demandante como las de los demandados, ahora bien, como quiera que, el recurrente de autos no señala en el escrito de formalización de la apelación cuestionamiento alguno en relación a alguna de las pruebas de las que se sirvió la demandante, este sentenciador considera que nada tiene que revisar al respecto, en tanto y en cuanto que, el apelante solo se limitó en forma genérica a firmar que el ad-quo (sic) no valoró las pruebas, sin especificar a cuales de las pruebas se refería y así permitirle a esta Alzada verificar y determinar si en relación a su decir el Juez de la causa silenció alguna prueba, otra cosa hubiese sido, si en su escrito de informe hubiese señalado o indicado algún motivo conforme a derecho que ameritara por parte de esta Alzada tener que revisar alguna prueba en particular o todo el acervo probatorio aportado en el presente juicio por la parte demandante, de tal manera que, no habiendo el recurrente colocado en manos de este sentenciador queja alguna acerca de las pruebas aportadas por la actora y que fuera debidamente valorada en la oportunidad procesal correspondiente desestima el decir del recurrente en cuanto a que el Juez de la causa no valoró las pruebas (…).
Por su parte, la accionante alegó como argumento central del amparo interpuesto, la violación de los artículos 26, 49, numeral 1, 139 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto señaló, que la recurrida expresó que el Juez de Municipio suspendió el proceso y actuó conforme a derecho, debiendo declarar, a su decir, que no se había cumplido con el Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, sobre el agotamiento previo de la vía administrativa.
En ese sentido, se observa de las actas cursantes en el expediente, que por auto del 20 de octubre de 2011 (folio 72), el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná de conformidad con lo establecido en el aparte único del artículo 4 del Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668, del 6 de mayo de 2011, suspendió el procedimiento en el juicio por cumplimiento de contrato.
Posteriormente, estando la causa suspendida, el referido Juzgado efectuó varios pronunciamientos mediante autos emanados todos en fecha 10 de noviembre de 2011 (folios 77, 78, 79 y 81), como fueron acordar expedir copias certificadas y pronunciarse sobre pruebas promovidas por la parte demandante, y abrir cuaderno separado para proveer sobre la admisión de la estimación de honorarios profesionales solicitada por las apoderadas judiciales de la parte demandada.
Luego, mediante auto del 26 de enero de 2012 (folio 85), dejó sin efecto el auto dictado el 20 de octubre de 2011, ordenando reponer la causa, y mediante decisión dictada el 13 de marzo de 2014, el referido Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción de compra, sin esperar a que las partes acreditaran haber agotado el procedimiento administrativo ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (folios 163 al 176).
Visto lo anterior, esta Sala considera que el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre sede Cumaná, al conocer del recurso de apelación ejercido contra la referida decisión, por los ciudadanos Omar Nuñez y Martha Carolina Andrade –parte demandada-, erró al afirmar que el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, actuó conforme a derecho, pues, de las actas procesales y del escrito de formalización del recurso de apelación interpuesto por los referidos ciudadanos, se evidenciaba claramente que las partes no tramitaron ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el procedimiento previo a la presentación de la demanda, tal como lo estipula el aparte único del artículo 4 del Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668, del 6 de mayo de 2011, que señala lo siguiente:
Artículo 4. A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto-Ley.
Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso (Resaltado de esta Sala).
Al respecto, esta Sala observa que si bien el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, ordenó la suspensión del proceso en atención a lo estipulado en el aparte único del artículo 4 del Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, no es menos cierto que antes de reanudar la causa debió verificar que las partes acreditaran haber cumplido con el procedimiento previsto en dicha Ley, y que de acuerdo las resultas obtenidas, proseguir la misma.
Asimismo, esta Sala considera que el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial, debió garantizar a los ciudadanos Omar Nuñez y Martha Carolina Andrade –apelantes- el derecho a la defensa y debido proceso, declarando con lugar la apelación interpuesta, pues en el escrito de formalización de la apelación se le dio a conocer que el a quo obvió el cumplimiento de lo establecido en el aparte único del artículo 4 del Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, antes citado, por lo que mal pudo declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia recurrida.
En consideración a lo anterior, estima esta Sala que la presente acción de amparo debe ser declarada con lugar, y en consecuencia debe anularse la sentencia dictada el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná y la dictada el 22 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial, así como, reponerse la causaal estado en que se encontraba al momento de la decisión dictada el 20 de octubre de 2011, fecha en que el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, suspendió el procedimiento, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668, del 6 de mayo de 2011, tal como lo impone el único aparte del artículo 4 eiusdem. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de laley, declara:
1.- QUE ES COMPETENTE para conocer y decidir la acción de amparo interpuesta.
2.- ADMITE la acción de amparo interpuesta.
3.- DE MERO DERECHO la resolución de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Martha Carolina Andrade, asistida por el abogado Rafael Alberto Latorre Cáceres, contra la decisión dictada el 22 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná.
4.- CON LUGAR la acción de amparo interpuesta, y en consecuencia, SE ANULA la sentencia dictada el 13 de marzo de 2014, por el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, así como también se ANULA la dictada el 22 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial.
5.- Se REPONE la causa al estado en que se encontraba al momento de la decisión dictada el 20 de octubre de 2011, fecha en que el Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, suspendió el procedimiento, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto n.° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668, del 6 de mayo de 2011, tal como lo impone el único aparte del artículo 4 eiusdem.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Cumaná, así como al Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario del Primer Circuito de la citada Circunscripción Judicial. Cúmplase lo ordenado.
La Sala Constitucional del TSJ Venezuela, confirma que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, es, en efecto Venezolano por nacimiento, y no posee otra nacionalidad.
VENEZUELA: El principio pro operario opera también a favor del empleado o funcionario público, o la norma que mas favorece al empleado (principio pro actionae), el lapso para calcular la caducidad de la accion