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Timestamp: 2018-04-23 07:05:58
Document Index: 26179499

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 31', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 187', 'artículo 147', 'Artículo 147']

Derecho de Internet - FunciÃ³n social de la AbogacÃ­a en la era digital - Feedage - 2259668
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Updated: 2018-04-09T00:00:00+02:00
Con fecha 22 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad de la Orden Ministerial de las tarifas de las entidades de gestión de la propiedad intelectual. (Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la … Con fecha 22 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad de la Orden Ministerial de las tarifas de las entidades de gestión de la propiedad intelectual. (Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.) La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso. Tradicionalmente, las tarifas de las entidades de gestión (CEDRO, SGAE, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE, EGEDA y AGEDI) han estado sometidas a polémica. Dado que se trata de unas entidades que ejercen un monopolio de facto, tienen una posición en el mercado donde discutir tales cuantías es verdaderamente difícil. Esta situación llevó a una conflicitividad que mereció una intervención del legislador. Así, el preámbulo de reforma de la Ley de propiedad intelectual operada el 4 de noviembre de 2014 señaló que se ampliaban las competencias de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, para «velar por que las tarifas generales establecidas por éstas [las entidades de gestión] sean equitativas y no discriminatorias» y se le concedía al Gobierno una habilitación legal para aprobar la «metodología para la determinación de las tarifas generales» mediante una orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cuando se dictó esta Orden Ministerial (Orden Ministerial de 2 de diciembre de 2015), pareciera que las entidades de gestión aprovecharan para actualizar sus tarifas al alza motivando numerosas críticas, lo que se denominó en términos periodísticos una «guerra de tarifas». En el informe de diciembre de 2016 de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad intelectual sobre la aplicación de las tarifas se señalaba que «en este primer análisis parece detectarse que se aumenta de manera relevante la carga tarifaria en el sector hotelero y en menor medida en el ámbito de la radiodifusión (TV y radio)». Alguna prensa escrita, interesada en el asunto debido a que las tarifas afectan a sus conglomerados empresariales, publicó que las emisoras de televisión señalaban que sus tarífas se habían incrementado en un 40%, mientras que las emisoras de radio mantenían iguales quejas. Esta realidad cambia ahora totalmente porque la Orden Ministerial aprobada por el Ministerio de Cultura ha sido anulada por el Tribunal Supremo gracias a la impugnación realizada por Crue Universidades Españolas. La demanda interpuesta por Crue impugnaba la Orden Ministerial debido a once motivos y bastó el primero de ellos para que el Tribunal Supremo le diera la razón. El interés de Crue en este asunto es que, además de ser las universidades grandes productoras de obras de propiedad intelectual, también se hallan afectadas por los precios marcados prácticamente de forma unilateral por estas entidades. El motivo por el que el Tribunal Supremo declara la nulidad es eminentemente técnico pero elemental para cualquier estudiante de Derecho. Para que el Ejecutivo dicte una orden con rango reglamentario, debe incluir junto con su tramitación una «memoria de análisis de impacto normativo». Y de acuerdo con la Disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en esta memoria debe incluirse «el impacto de la normativa en la familia». El Ministerio de Cultura simplemente no lo hizo, aun cuando las familias sean grandes destinatarias de productos de entretenimiento y, por tanto, de productos sujetos a tarifas de propiedad intelectual. El Tribunal Supremo nos ha dado la razó[...]
Translating the commons
Under the suggestive title of “Translating the Commons” we held a round table in Medialab Prado moderated by Anna Kooi as the final event for her stay in Spain. During her visit she interviewed former participants in the Laboratorio del Procomún (Commons Lab) held in Medialab Prado from 2007 on.
Traduciendo los Comunes – Anna Kooi - Commoning UvA [Programa de Residencias].
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Portada en Latex de tesis doctoral para universidad española
Para escribir mi tesis doctoral utilicé Latex. Para quien no lo conozca, es un programa de composición de textos altamente utilizado en la producción científica.
El código de la portada de mi tesis puede utilizarse para cualquier tesis doctoral de una universidad española. Para ello, basta con cambiar el logotipo …
El código de la portada de mi tesis puede utilizarse para cualquier tesis doctoral de una universidad española. Para ello, basta con cambiar el logotipo, el nombre de la universidad y los datos de la tesis.
Tienen el repositorio del código a su disposición en Github:
https://github.com/jdelacueva/portada-tesis-doctoral
El README del código:
Archivo con comando \newcommand*{\tituloUCM} para crear
una portada de una tesis doctoral de una universidad
española. Sustituye al comando \maketitle.
El archivo debe modificarse utilizando los datos del usuario.
El logotipo que debe utilizarse es el de la universidad correspondiente.
Hay un ejemplo del resultado del código en el archivo portada.pdf.
Se permite la reproducción, distribución, difusión y transformación
de este código sin restricción alguna.
(Colaboración para El Notario del Siglo XXI http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/8382-codigo-fuente-algoritmos-y-fuentes-del-derecho). En el presente artículo defiendo la necesidad de que a la escritura del código fuente de determinados programas informáticos se le exijan los mismos requisitos legales que para las fuentes del Derecho. No hacerlo … (Colaboración para El Notario del Siglo XXI http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/8382-codigo-fuente-algoritmos-y-fuentes-del-derecho). En el presente artículo defiendo la necesidad de que a la escritura del código fuente de determinados programas informáticos se le exijan los mismos requisitos legales que para las fuentes del Derecho. No hacerlo así supone una vuelta a un momento histórico anterior a la Ilustración y la pérdida de los avances que culminaron en los principios de legalidad y de publicidad normativa. Para ejemplificar el problema, me limitaré a señalar dos casos, uno que se produce en la Universidad Complutense de Madrid y otro en una Fiscalía de Castilla-La Mancha, si bien antes será necesario explicar de una manera muy sintética en qué consiste el código fuente de una aplicación informática. Un ordenador no procesa lenguaje natural sino que su funcionamiento se basa en ejecutar un software escrito en un lenguaje de programación, que es una variedad de los lenguajes formales. El software se escribe en un lenguaje comprensible para el ser humano, quien puede leerlo y transformarlo, y el texto resultante se denomina código fuente. Sin embargo, para que la máquina pueda ejecutarlo se necesita compilarlo, esto es, crear una lista de unos y ceros que pueda ser leído por la máquina, lo que se denomina código binario. El proceso de transformación de un código fuente en código binario es irreversible por lo siguiente: si por ejemplo el código fuente consiste en la simple suma de 10+20+30+40+50, sabemos que el resultado es 150. Sin embargo, si se nos entrega el número 150 y se nos menciona que es el resultado de una suma, no podemos conocer ni el número de sumandos ni el número representado por cada uno de ellos. De unos sumandos podemos averiguar el resultado pero de un resultado no podemos averiguar los sumandos. Igual ocurre con el código: sin tener el código fuente es imposible averiguar (salvo en muy excepcionales casos) cómo un programa llegó al resultado de 150 y, más importante, es imposible verificar si el programa ha efectuado correctamente la suma. En cuanto a los dos casos que sirven de ejemplo, el primero se produce en la actualidad en la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace años esta universidad impulsa grados bilingües y los profesores que imparten esas asignaturas, dada la dificultad adicional que supone la docencia en un idioma extranjero, ven reconocida su labor puntuando el trabajo realizado con crédito y medio, en lugar de un crédito que es lo que correspondería a la asignatura impartida en español. La puntuación queda automáticamente acreditada para el profesor mediante los cálculos que realiza el software implantado en la universidad. Sin embargo, dado que las asignaturas se hallan divididas en docencia teórica y clases prácticas, que obviamente también se imparten en inglés, el software sigue otorgando a las clases prácticas un crédito en lugar del crédito y medio, por lo que resulta que una asignatura de 6 créditos, en lugar de representar para el docente un total de 9 créditos (6 x 1,5), computa 7,5 (3 x 1,5 de teoría más 3 de prácticas). El segundo ejemplo tiene lugar en la Fiscalía de una capital de provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y ocurre en el momento procesal en que debe entregarse un expediente judicial al representante del Ministerio Fiscal por ser necesaria legalmente su intervención. Si antiguamente esta puesta a disposición se producía mediante una traditio de los autos, ahora se lleva a cabo mediante [...]
Goodbye Drupal, hello Pelican and org-mode plugin
Since 2003 I have been using Drupal as a content manager system (CMS) for this web page. It was a good solution and it worked properly, although upgrades were common, some of them due to security reasons. I kept a log of the times I had to change the major …
Since 2003 I have been using Drupal as a content manager system (CMS) for this web page. It was a good solution and it worked properly, although upgrades were common, some of them due to security reasons. I kept a log of the times I had to change the major software and it seems I should have made more than one upgrade per year.
* 2018-03-17 Static website
* 2017-08-20 Drupal 7.56
* 2014-11-11 Drupal 7.33
* 2014-01-04 Drupal 7.25
* 2014-01-04 Drupal 6.29
* 2013-08-04 Drupal 6.28
* 2012-11-01 Drupal 6.26
* Unknown date. Drupal 6.20
* 2010-10-30 Drupal 6.19
* 2010-08-09 Drupal 6.17
* 2009-11-29 Drupal 6.14
* 2008-01-15 Drupal 6.9
* 2008-01-08 Drupal 6.8
* 2008-01-08 Drupal 5.14
* 2006-10-28 Drupal 4.7.4
* 2006-10-28 Drupal 4.6.10
* 2005-04-15 Drupal 4.6.0
That was enough. I do not want to make any point against Drupal, their developers have earned my respect, but as I maintain other 7 websites (1 Django, 1 Wordpress, 5 static) and I use heavily emacs in my daily work, I decided to migrate this website into static pages. Doing so, the flow between writing in my emacs and publishing in my web would not be as steep as when you use a CMS. All my research begins with notes in org-mode files, so perhaps a static website would be a better tool to share them as the only extra effort would be to execute the command rsync. In the world of plain text what you loose in bells and whistles you will gain in concentration, in productivity and satisfying the KISS principle.
In future articles I will publish how I made this migration and the problems I had to face until this website was up and running again.
Sobre la distribución gnuLinEx
Aprovechando una migración del servidor, he desinstalado Drupal y lo he sustituido por un generador de web estática. Dado que la primera entrada de esta web se publicó el 18 de marzo del año 2001 y, utilizando Drupal, el 10 de agosto de 2003, en la migración he decidido suprimir los artículos que ya perdieron su sentido y actualizar los que pudieran tener algún interés.
De los revisados, el más antiguo de los que conservaré hacía referencia al software libre en las administraciones públicas y, con la exepción del dirigido a Guadalinex, ninguno de sus enlaces lleva ya a ninguna parte, por lo que los desactivaré para evitar los molestos errores 404.
Para saber qué ocurrió con gnuLinEx, les recomiendo la lectura de los siguientes enlaces:
https://es.wikipedia.org/wiki/GnuLinEx
https://distrowatch.com/table.php?distribution=linex
2016-09-22T12:31:49+02:00
A lo loco. La cuenta de Twitter de la Jefatura del Estado en manos de la ley y tribunales de California A finales de agosto me llegó una contestación del Portal de Transparencia a mi petición de cómo los órganos públicos aceptan los términos y condiciones de las redes sociales. Mi pregunta iba dirigida en general a la administración central del Estado y en particular a la Casa Real. Como es claro y notorio, obtener una cuenta en Twitter o en Facebook implica someterse a los términos y condiciones de las empresas particulares que ofrecen estos servicios. Aceptar estos términos y condiciones implica someterse a la ley y a la jurisdicción extranjera por lo que en caso de conflicto la demanda deberá interponerse ante un juzgado que radique en California y deberá solicitarse la aplicación de las leyes de aquel lugar. Dice asi el apartado 12 B de los terminos y condiciones de Twitter: Estas Condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación con estos Servicios tendrá lugar únicamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro. […] Que la Casa Real, esto es, la Casa de quien ostenta la Jefatura del Estado, someta su comunicación a estas condiciones legales es inexplicable. La contestación recibida literalmente señala: Una vez analizada la solicitud, Dª. Mª. Rosario Pablos López, Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la misma deducida por D. Javier de la Cueva González Cotera: La cuenta Twitter @CasaReal fue suscrita por la Unidad de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, con la finalidad de facilitar información de las actividades de los miembros de la Familia Real. Dicha cuenta, operativa desde el 21 de mayo de 2014, fue suscrita en los términos y condiciones ordinarias de Twitter, previa verificación del perfil de identidad del organismo habitual en el caso de cualquier institución, organismo, asociación privada o pública. Alguien argumentará que no pasa nada, que todos hacen lo mismo: La Moncloa, el Papa, la Reina británica, Obama… La respuesta es que argumentar así supone utilizar la falacia ad populum. En realidad, la respuesta correcta es que si lo hacen a título personal, es su decisión, pero si lo que están representando es un poder del Estado, deberán someterse a la ley nacional. Que haya muchos poderes de diferentes Estados que lo hagan así sólo significa una cosa: que todos lo hacen mal. Este fenómeno, que supondría el modelo de colonización en la sociedad de la información, ya lo traté en el año 2012 en un artículo doctrinal «Internet como entorno de la opinión pública: envolviendo los derechos fundamentales en derechos ordinarios» sin que hasta ahora parezca que haya habido cambio alguno. No estará de más que por parte de la Abogacía del Estado o por funcionarios competentes se estudie este fenómeno y se apliquen las correcciones sean de hecho o sean legales que estimen pertinentes. Esta cuestión es aplicable también a los órganos del Poder Judicial y a ambas cámaras [...]
2016-07-09T12:01:24+02:00
Petición de información sobre la aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales por la Administración central del Estado Con fecha de hoy he realizado en el Portal de Transparencia la siguiente solicitud de información sobre la aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales por parte de los órganos de la Administración central del Estado y en su caso el refrendo de la aceptación por el Jefe del Estado. La petición ha quedado registrada con el número 001-007590 de expediente. Publicaré en estas páginas la contestación que reciba. Asunto: Aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales Dado el uso promiscuo de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y habida cuenta de que los términos legales de dichas redes sociales someten a los usuarios a legislaciones y jurisdicciones extranjeras, se solicita información sobre: 1. Acto administrativo por el que se aceptaron los términos legales de Twitter.com por parte de los órganos de la Administración central del Estado, con indicación de fecha y órgano autorizante o si dicha aceptación se realiza por la mera vía de hecho (haciendo “click”). 2. En su caso, si existen términos y condiciones con Twitter pactados por las administraciones públicas diferentes de los que figuran en la página web: - https://twitter.com/tos?lang=es - https://twitter.com/privacy?lang=es 3. Si existe algún informe o dictamen realizado por la Abogacía del Estado o por otros funcionarios públicos cuyo objeto sea el análisis de los términos y condiciones de Twitter y la legalidad de su aceptación por parte de los órganos de la Administración central del Estado. 4. Relación de órganos de la Administración central del Estado que posean cuenta en Twitter. 5. Si existe alguna regulación por la que la Administración central del Estado guíe el uso que de las redes sociales realizan los órganos administrativos incluyendo dentro de los mismos los de cualquier jerarquía como los Ministerios o La Moncloa (@desdelamoncloa), con especial referencia a si está regulado el uso de mensajes privados a través de Twitter, quién tiene conocimiento de la clave de la cuenta y las situaciones de incapacitación o fallecimiento del conocedor de la clave. 6. Lo solicitado para Twitter en los puntos 1 a 5 anteriores, se solicita igualmente para Facebook y cualesquiera otros servicios de redes sociales en los que un órgano de la Administración central del Estado haya obtenido una cuenta. 7. Más concretamente, y únicamente con respecto a Twitter, si algún órgano de la Administración central del Estado ha aceptado la cláusula 12 B de las condiciones de este servicio, donde literalmente se señala lo siguiente: «Estas Condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación con estos Servicios tendrá lugar únicamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro. Si el usuario es una entidad del gobie[...]
2016-05-14T01:27:53+02:00
Denuncia contra el Reino de España por el Sistema Lexnet [Actualización. Dispone de toda la información sobre este procedimiento en http://denuncialexnet.es.] Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, durante diversos mandatos, se empeñaron en implantar para las comunicaciones judiciales un sistema que, a mi modo de ver, vulnera gravemente el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial. Este problema ya se lo advertí en el año 2007 a un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Su respuesta fue la de que primero sacarían adelante el Sistema Lexnet y que luego ya verían. Dado que considero que el Sistema Lexnet es una solución tecnológica que atenta contra nuestros derechos, he interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Reino de España por vulneración de la normativa europea. Los fundamentos de la misma se hallan dentro del texto que, como ya tengo por costumbre desde el 30 de agosto de 2004, pongo a disposición de quien quiera utilizarlo en defensa de sus derechos. Si no desean leer un texto jurídico (les aseguro que está al alcance de todos) pueden entonces leer las razones de la denuncia en la entrevista que bajo el titular ¿Es la base tecnológica de Lexnet inconstitucional? nos hizo la periodista Silvia Font al Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, y a mi. El asunto es grave. En virtud de la legislación actualmente en vigor, el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los litigios. De esta manera, tiene una información estructurada sobre los órganos judiciales, los litigantes, los profesionales intervinientes en los procesos, el objeto del litigio y los plazos en los que se tramita el mismo. Y la información la tiene en tiempo real. Entiendo que este diseño de la arquitectura de la información atenta contra lo que debe ser el Estado del siglo XXI, donde el principio de separación de poderes implica una separación de la gestión de la información, lo que no es el caso puesto que el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias delegadas se encargan de gestionar una información que nunca tendría que salir de los cauces de comunicación entre el interesado y el órgano judicial. Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos han implantado. En el enlace más abajo tienen la plantilla para la denuncia por si estuvieran interesados en interponerla. Se trata de mi propia denuncia en la que he suprimido mis datos personales y he marcado dónde se deben introducir los datos del nuevo denunciante. Pueden adaptarla a sus necesidades, realizar su propia versión o simplemente enviar un mero escrito a la Comisión Europea adhiriéndose a la presentada por mí y solicitando que se les tenga también por denunciantes. [Actualización: 31-05-2016. Nueva plantilla] Enlace a la plantilla y a los anexos. Asimismo, para profundizar más en este asunto, les recomiendo la visualización de la jornada que, bajo el título de «Lexnet: Propaganda y Realidad. (La distancia entre una buena idea y un pésimo invento)» celebramos el día de ayer, 12 de mayo de 2016, en la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación donde, desde el rigor académico, se analizó el Sistema&nb[...]
2016-03-06T16:43:22+01:00
Audio de la conferencia de fecha 3 de marzo de 2016 en la Casa Invisible, de Málaga.
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2016-03-02T19:10:37+01:00
2016-03-02T19:07:30+01:00
Club de lectura en el Medialab-Prado de Madrid src="https://player.vimeo.com/video/153490800" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="">
Club de lectura from Medialab-Prado on Vimeo.
2015-05-25T17:19:10+02:00
2015-04-28T23:33:21+02:00
Manual del ciberactivista. Teoría y práctica de las acciones micropolíticas El libro El libro Manual del ciberactivista. Teoría y práctica de las acciones micropolíticas, Bandaàparte Editores, estará en sus librerías a partir de finales de mayo de 2015. Al año de su aparición en papel, se publicará el formato pdf de la edición. Licencia Creative Commons By-SA. El contenido de la obra se halla dividido en dos partes, una primera teórica y otra segunda práctica. En la primera parte se intentará una explicación analítica del ciberactivismo mientras que la segunda se centrará en reflexiones sobre aspectos concretos que pudieran ser útiles para quien desee planificar alguna acción. A quién y a quién no va dirigido este libro En principio, este libro va dirigido a cualquier persona. Tal y como se señalará en el ensayo, el ciberactivismo (y por ende lo que en la obra se definen como acciones micropolíticas) tiene unos fines que pueden ir, por ejemplo, desde la exigencia de la implantación de pasos cebras para evitar los peligros de un cruce de peatones al rechazo de la política estatal de viviendas. Así pues, se dirige a toda persona que esté interesada en el uso de la web como herramienta para un ejercicio público de sus derechos. A quien no se dirige esta obra es a quienes pretendan un curso de comunicación en línea, de gestor de comunidades de redes sociales (community manager) o a quienes pretendan la mejora de sistemas de marketing. Se parte de que la comunicación mediática no es un fin en sí mismo, sino que es una circunstancia que en estos casos puede o no producirse. Es más, la notoriedad mediática por sí misma puede incluso ser contraproducente ya que hay actividades que han de hacerse con la menor notoriedad posible. Un ejemplo histórico lo tendríamos en la Resistencia Francesa, donde hubiera sido un suicidio querer salir en los medios de comunicación atribuyéndose los atentados. No se trata tampoco de proponer la realización de actividades en la sombra, sino de reivindicar que lo más importante no es lo más notorio y que lo que ha de guiar el tiempo dedicado a acciones ciberactivistas es la búsqueda de la eficacia y no de lo mediático. Agradecimientos En primer lugar, los agradecimientos de este libro deben ir a cuantos participaron en la Demanda contra el canon en los soportes digitales puesto que sin ellos no se hubieran producido los hechos sobre los que luego poder reflexionar. Su participación supuso una corriente de aire fresco ya que, ante la infracción de un derecho, hicieron lo que debe hacerse: recurrir a los tribunales y no sólo quedarse en campañas mediáticas o vociferadoras protestas. En segundo lugar, es necesario mostrar el agradecimiento a las personas que revisaron pacientemente la primera versión de este texto y aportaron comentarios y consejos sobre su contenido. Dada su singularidad, en la que se mezclan variadas disciplinas, se consideró conveniente que la obra fuera revisada por un grupo de personas, dispar de formación, cuyo criterio se tiene en muy alta estima. La petición iba acompañada de una exigencia de premura en la respuesta que impidió pedir este envenenado favor a otras personas cuyo criterio se valora igualmente. Las críticas y comentarios recibidos han servido para en[...]
2015-01-25T20:56:48+01:00
Cristalizar lenguajes formales en el espacio físico Con ocasión de la exposición Sistema Operativo del artista Daniel García Andújar, que se celebra los días 21 de enero a 4 de mayo de 2015 en el Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, me invitaron a escribir un artículo en el catálogo de la exposición. El tema que trato es la generación de mundos a través de lenguajes formales. Dicho artículo pueden descargarlo en el enlace más abajo y comienza así: Cuando nació la tecnología de la escritura, solidificando fonemas o ideas en grafemas, sus consecuencias políticas fueron imprevisibles. Asimismo, cuando la imprenta, confluencia de la madurez de las tecnologías de la escritura, madera, tinta, papel y metalurgia, comenzó su andadura, tampoco fue posible prever la sucesión de eventos de Reforma, Contrarreforma, Ilustración, Revolución y surgimiento del Estado liberal, nacidos al amparo de estados de opinión provocados por el hecho de realizar y distribuir múltiples copias de un mismo texto. En la antigüedad la tecnología de la escritura se utilizó como herramienta de pacificación de conflictos entre diferentes clases sociales. La fijación del nomos en un texto escrito se convertía en un instrumento que permitía disminuir la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Bien fuera la escritura un fármaco de la memoria, bien un simple recordatorio, poner la ley por escrito le daba una fijeza de la que la norma oral carece. Con la exposición pública de este texto se practicaba una techné que intentaba evitar la aplicación del derecho del más fuerte. Siglos después, la solidificación de la ley expuesta públicamente se convirtió en eje estructural del Estado de Derecho ya que es la garantía de la seguridad jurídica. No cabe la existencia de normas secretas y el nacimiento de los boletines oficiales donde se publican las leyes no fue una casualidad jurídica, sino que responde a una honda exigencia política sobre la que se asientan los derechos fundamentales. Por otra parte, la difusión que se realiza mediante la imprenta de las ideas de la Reforma protestante tiene como consecuencia la aparición de la libertad de conciencia que, una vez secularizada, opera como libertad de expresión desde donde comienzan a forjarse los demás derechos humanos. En lo político, la tecnología de la escritura no se limitó a la creación de derechos subjetivos de la más alta jerarquía, sino que también operó en la generación de los agentes intervinientes y su institucionalización. Por una parte, los agentes institucionales políticos son definidos por escrito incorporándose su diseño en las partes orgánicas de las constituciones que funcionan como norma suprema de los Estados liberales: el Estado se escribe, constituyendo la escritura la tecnología estructural del Estado liberal. Y, por otra parte, a partir de los siglos XII y XIII comienzan a aparecer asociaciones de mercaderes que derivan en el nacimiento de las sociedades mercantiles modernas, imposibles de concebir sin la tecnología de registro escrito, en este caso, del sistema de partida doble contable. Su importancia política en el mundo actual no puede ponerse en duda, hablándose incluso de soberanías difusas cuyos titulares son las corporaciones. Puede seguir la lectura del artículo d[...]
2015-01-25T20:26:55+01:00
Bajo la iniciativa de José Muelas, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, celebramos el 20 de noviembre de 2014 en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada sobre activismo en redes sociales. Esta fue mi intervención.
width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QFN_TgHeppY" frameborder="0" allowfullscreen="">
2015-01-20T23:27:52+01:00
Google News: qué pasa cuando el legislador y los empresarios son ignorantes (Reproducción de un artículo publicado en Libertad Digital el día 11 de diciembre de 2014). Ayer día 10 de diciembre de 2014, Google ha anunciado que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, desmonta para España su servicio de Google News. Para quienes no lo conozcan, este servicio extrae automatizadamente una porción de las cabeceras de los titulares de la versión digital de los periódicos, las agrupa y las sirve como enlaces. Es lo que se conoce como un agregador de noticias. Que Google News iba a desaparecer de España lo sabíamos todos, menos el legislador y los empresarios de los medios de comunicación integrados en AEDE quienes en un ejercicio de ignorancia absoluta han utilizado sus medios como plataformas para justificar un canon absolutamente ilógico, sirviendo el legislador como correa de transmisión de sus necesidades financieras. El 14 de febrero de 2013 el Ministerio de Cultura, Educación y Cultura lanzó un anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual. Como gran sorpresa en el anteproyecto figuraba un nuevo canon a las universidades por los materiales que pudieran utilizar, canon que sería cobrado por CEDRO. Entre otras modificaciones más, se regulaba nuevamente la Comisión Sinde, aquélla que iba a acabar con la piratería de las webs de enlaces en 7 días, como prometieron en la anterior modificación de la ley y que se había demostrado inoperativa. En este texto inicial, nada se mencionaba sobre una tasa a los agregadores de noticias. El anteproyecto de reforma pasó por todos los órganos consultivos, incluyendo el Consejo de Estado, quien emitió su dictamen el día 28 de noviembre de 2013 teniendo en cuenta el contenido entonces del texto. Obviamente, el Consejo de Estado nada pudo informar del canon sobre los agregadores de noticias puesto que todavía no se había incorporado al anteproyecto. A finales de diciembre de 2013 cesan al director de La Vanguardia, José Antich. A finales de enero de 2014 dimite el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. A mediados de febrero de 2014 cesa el director de El País. Y en esas mismas fechas, mediados de febrero de 2014, se anuncia sorpresivamente que se introduce en el texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual lo que se vino a llamar canon AEDE o tasa Google, de cuya gestión se vendría a ocupar CEDRO, idéntica entidad que la que gestionaría el canon a las universidades. ¿Quién está detrás de CEDRO? Pues detrás de CEDRO están las editoriales, íntimamente conectadas, el Grupo Planeta, con las cadenas de televisión Antena 3 y la Sexta. En abril de 2014 se producen hasta tres reuniones de la Vicepresidenta del Gobierno con el sector editorial. Y hoy es noticia en toda la prensa que Google News se desactiva en España. Lógico. Ya fue imposible implantar la tasa Google en Bélgica, en Francia y más recientemente en Alemania, cuando los editores de los periódicos observaron una pérdida del 80% de los visitantes. En un mundo en el que la atención es el bien más escaso, intentar cobrar a quien te trae visitantes es de cortos mentales, mientras que legislar en este sentido es de[...]
2014-11-14T20:41:08+01:00
El derecho como paradigma de conocimiento libre En un número monográfico sobre conocimiento libre de la revista Argumentos de Razón Técnica, número 17 coordinado por Andoni Alonso y Javier Echeverría, se acaba de publicar mi artículo «El derecho como paradigma de conocimiento libre». El resumen del artículo es el siguiente: Desde hace miles de años tenemos un ejemplo paradigmático de un cuerpo documental libre: el Derecho, compuesto por las normas jurídicas y las resoluciones judiciales. A lo largo del presente artículo repasamos los antecedentes históricos y las razones por las que el Derecho se puede copiar y transformar libremente, señalando su actual integración en el entorno digital del procomún. Finalizamos señalando que la calidad de una obra intelectual no depende de la licencia de propiedad intelectual que la regula, mostrando cómo un cuerpo documental libre es generador de riqueza, sirviéndonos el del Derecho como ejemplo aplicable a los demás campos de conocimiento. Palabras clave: Copyleft, procomún, conocimiento libre, Derecho, cultura libre. En el artículo desarrollo la tesis de que es falaz la correspondencia que se realiza habitualmente entre propiedad intelectual y calidad de una obra. El corpus del Derecho, una obra colectiva formada por la ley y por la jurisprudencia, es de libre copia y transformación, dependiendo su calidad de otros factores que no son los de la propiedad intelectual del mismo y si queremos observar y estudiar el conocimiento libre disponemos de un objeto milenario, el ordenamiento jurídico, susceptible de nuestra atención. Las conclusiones expuestas en el artículo son las siguientes: Permitir la formación y la transformación de los enunciados es la tarea sobre la que tenemos que insistir. El Derecho como cuerpo de conocimiento nos muestra un campo donde estas labores se han podido ejercitar durante miles de años sin problema alguno, suponiendo una prueba empírica de las posibilidades creativas y de riqueza de un archivo. Se trata, además, de un eje vertebral pues su objeto es, precisamente, el campo de conocimiento que rige la convivencia humana. Esta labor sólo es comparable al conocimiento que podemos aprehender a través de un diálogo intercultural e intergeneracional que tenga las menores barreras posibles, para lo que debemos generar los artefactos e instalaciones que sean necesarios para la libre circulación de las ideas y de sus formalizaciones concretas. Para lograrlo, debemos repensar críticamente instituciones como la propiedad intelectual y evitar la deriva de una regulación que, con tal de proteger las inversiones de la industria del entretenimiento, se está mostrando tóxica para el conocimiento científico, haciendo que sea más relevante el circo que el pan. Bibtex @Article{DelaCueva2014, author = {de la Cueva, Javier}, title = {{E}l {D}erecho como paradigma del conocimiento libre}, journal = {Argumentos de Razón Técnica}, year = {2014}, number = {17}, pages = {155--171}, url = {https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/48305}, keywords = {Copyleft, commons, open knowledge, law, free culture}, } [...]
2014-10-04T17:10:30+02:00
Tesis doctoral: Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática El día 30 de septiembre de 2014 defendí en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, la tesis doctoral titulada «Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática». Mi director de tesis fue el Dr. Andoni Alonso Puelles. El tribunal ante quien la defendí estaba formado por Dr. Graciano González Rodríguez Arnáiz (Presidente), Dr. Javier Echeverría Ezponda, Dr. Luis Joyanes Aguilar, Dr. Josep María Esquirol Calaf (Vocales) y Dr. Joaquín María Rivera Alvarez (Secretario). El tribunal otorgó a la tesis por unanimidad la calificación de sobresaliente cum laude. La hipótesis investigada y objeto de desarrollo es la siguiente: Esta tesis doctoral se propone dotar de un marco conceptual que nos permita comprender y relacionar determinados hechos que suceden en el entorno tecnocientífico en que internet consiste y la reacción apropiatoria que se produce con la excusa de los mismos. Desde hace unos veinticinco años poseemos la tecnología de la web, compuesta por software para servir las páginas, navegadores para leerlas e hipertexto para escribirlas. Como sistema de publicación que es, la web se halla llena de signos escritos, entendiendo por signo todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien (J. Hierro, 1989, p. 23). Utilizando esta tecnología y signos, los ciudadanos realizan unos usos que, lejos de buscar un lenguaje perfecto, suponen una pragmática: la construcción de open data. Este open data se integra en un procomún digital del que forma parte también la open science, accesible en abierto, sirviendo el paradigma de lo open (open data, open access, open science, open government) a la finalidad de la regeneración del sistema democrático, propugnándose nuevas prácticas políticas de gobernanza, esto es, de organización, y de control y transparencia del poder mediante mecanismos de participación tecnocientífica. La introducción de la tesis doctoral comienza así: La pregunta kantiana acerca de qué puedo conocer se halla íntimamente ligada al contexto de descubrimiento de las teorías científicas. A su vez, éste último mantiene estrechas relaciones con la fijación del conocimiento en soportes materiales y la distribución o difusión de los mismos. Los cuatro artículos que componen esta tesis doctoral inciden plenamente en estas cuestiones: se comienza en los mismos analizando la materialización de un tipo de conocimiento que se obtiene mediante la construcción ciudadana de open data y a través de la escritura de textos científicos bajo condiciones de open access, mostrándose a continuación el entorno privativo en el que se desarrollan estas actividades de extracción, construcción y publicación. Este cuerpo común de conocimiento sufre en nuestros días un gravamen del que se beneficia de forma espuria la industria de los contenidos, de lo que se ocupa el final de nuestro análisis, en este caso realizado a través del estudio y revisión de las memorias anuales de las entidades de gestión de la propiedad intelectual quienes, bajo la excusa de la protección de esta propiedad especial, lejos de favorecer [...]
2014-07-19T19:45:21+02:00
Los corsarios nos llaman piratas (Artículo publicado en la revista Yorokobu del mes de julio de 2014). Nos cuenta Adrian Johns, en su formidable obra «Piracy. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates», que el término pirata se utiliza desde el siglo XVII para fenómenos ajenos al mar. Y si entonces comenzó a aplicarse a fenómenos literarios, hoy en día ya pocas cosas escapan a la posibilidad de ser piratas: hay taxis, medicamentos, ropa, artículos electrónicos, de lujo y complementos piratas. Todo lo que es una imitación es pirata e incluso hay mantras sobre países piratas: ¿cuántas veces hemos escuchado acríticamente que España es uno de los países donde más se piratea? Y decimos acríticamente porque con 1.300 millones de chinos y 1.200 millones de hindúes, nos suena extraño que logremos tal título con sólo 47 millones de habitantes. En fin, quizás este mantra tantas veces repetido bobaliconamente por los medios de comunicación tenga algo que ver con los accionariados comunes en el capital de las editoras de medios y de la industria del entretenimiento y se deba a esos amigos perversos para la verdad señalados por el filósofo del derecho italiano Ferrajoli: dinero para hacer política e información, información para hacer dinero y política, política para hacer dinero e información. Pero, ¿quiénes nos llaman piratas? Ya Cicerón, citado por Agustín de Hipona, señalaba el diálogo entre Alejandro y un pirata al que había apresado: Mas porque yo ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a ti, porque las haces con formidables ejércitos, te llaman rey. No han cambiado mucho las cosas desde entonces ya que quizás la persona que nos ha llamado piratas con mayor vehemencia fue Teddy Bautista, antiguo emperador de la SGAE y hoy sujeto a causa criminal por apropiación indebida del dinero de los autores, esos con cuya defensa se le llenaba la boca y en nombre de los cuales profería insultos a los usuarios de ordenadores. Nada mejor que llamar piratas a los demás para acallar los propios defectos: reprochar moralmente a los demás para justificarse a sí mismo siempre ha sido táctica de bandoleros. ¿Existe lo pirata per se? La piratería no es más que una infracción legal y como tal puede suponer la transformación de un objeto legal en pirata de la noche a la mañana. Así ocurrió en Potes (Cantabria) cuando entró en vigor la ley que prohibía la fabricación y distribución de orujo casero. A partir de ese momento comenzaron a producirse encuentros furtivos en la calle Cántabra, la de los bares, donde en lugar de traficarse con costo, se traficaba con orujo casero pirata. Incluso cuentan que un pequeño ganadero, agradecido con el comportamiento favorable de un inspector de trabajo, le quiso obsequiar con una botella de orujo casero. Lo que no se comenta es si el inspector la aceptó. Igual ocurre con la propiedad intelectual: toda nueva tecnología ha sido tildada de pirata hasta que finalmente los usos han quedado santificados. Así sucedió con la radio, el cine, la televisión, el vídeo, la fotocopiadora y el célebre «Home Taping is Killing Music» que se decía de esa[...]
2014-06-20T19:43:56+02:00
Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: cuando el ministerio es enemigo de los autores (Artículo publicado en La Marea en fecha 9 de junio de 2014). En el entorno europeo existen unas asociaciones privadas cuya labor, sobre el papel, es defender los derechos de sus asociados y promover la cultura. Su función, básicamente, es la de gestionar un repertorio de obras de propiedad intelectual. Para ello, la asociación cobra un importe a los usuarios del repertorio y, tras retener para sí una cantidad en concepto de comisión, paga lo cobrado a sus socios, que son los titulares de las obras en que consiste ese repertorio. Estas asociaciones privadas son las denominadas entidades de gestión colectiva de la propiedad intelectual, siendo las más conocidas la SGAE (autores musicales) y CEDRO (editoriales y autores de textos). Los términos «gestión colectiva» provienen de la existencia de una serie de derechos que se entiende que no pueden gestionarse más que colectivamente. Por ejemplo, cuando los bares utilizan música, es imposible saber qué obra se ha utilizado en cada uno de los establecimientos. Sería imposible para un bar usuario de música contactar con cada uno de autores de las obras utilizadas, por lo que, en estos casos, el bar contrata con las entidades de gestión correspondiente, que le cobrarán un tanto alzado que se calcula en función de unos parámetros variables (superficie del local, actividad económica del establecimiento, horario de apertura, población donde radica…). Este sistema no sólo se utiliza para los bares sino para muchos otros usuarios: establecimientos reprográficos, universidades, emisoras de radio y televisión, etc. Las ventajas que este sistema produce en favor de los usuarios de repertorios pueden convertirse sin embargo en una trampa para los autores. Y para explicarlo mejor, iremos a un caso concreto: el de las universidades y la entidad CEDRO. Tarifas planas y tarifas por uso efectivo del repertorio Las universidades cuentan con campus virtuales donde los profesores y los alumnos realizan actividades o intercambian mensajes y contenidos relacionados con las asignaturas impartidas. Para que los profesores de las universidades pudieran utilizar en el campus virtual el repertorio digital de libros y textos representado por CEDRO, ésta última ofreció una licencia con tarifa plana de 5 euros por alumno y año, sistema con el que las universidades no podían estar de acuerdo, pues el repertorio de los derechos digitales de CEDRO es muy dudoso, por las razones que ya tuvimos ocasión de explicar en una publicación anterior. CEDRO no salía de su oferta de una tarifa plana, lo que pudiera ser lógico para sistemas de reproducción en papel, donde las copias que se hacen en un establecimiento reprográfico constituyen un totum revolutum de imposible diferenciación, pero que no tiene ninguna razón de ser en los sistemas de redes internas donde se puede conocer perfectamente de quién es la obra utilizada y cuántos accesos hay a la misma. Frente a esta exigencia de CEDRO, las universidades ofrecían un sistema basado en el “efectivo uso del reper[...]
2014-06-09T20:08:21+02:00
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2014-03-31T12:49:08+02:00
Los corsarios nos llaman piratas: tras la apropiación del canon digital por copia privada, la apropiación del open access En el número correspondiente a marzo-abril de 2014 de la revista «El Profesional de la Información» acabo de publicar el artículo denominado «El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital para las copias privadas, la del open access» [formato.pdf]. En el artículo recojo el estudio que he hecho de las memorias anuales de los años 2009 a 2012 de las ocho entidades de gestión de la propiedad intelectual, donde se pueden obtener las cifras que estas entidades han cobrado correspondientes a un canon digital declarado no conforme con la normativa europea mediante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21 de octubre de 2010, en el caso Padawan. Asimismo, señalo cómo el Estado tardó un año en adaptar la sentencia europea a la legislación nacional, lo que permitió a estas entidades cobrar 63.935.503 de euros en el año 2011 y cómo, lejos de reclamarles los importes indebidamente cobrados (unos 222 millones de euros solamente en los ejercicios 2008-2011), el Estado blindó a estas entidades declarando irrecuperables dichas cantidades mediante el Real Decreto1657/2012, de 7 de diciembre, siendo así que las administraciones públicas son las mayores consumidoras de aparatos, equipos y materiales susceptibles de ser utilizados para crear copias, por lo que hubieran sido las mayores beneficiadas por la recuperación del dinero pagado en vulneración de la normativa europea. En la reforma de la ley de propiedad intelectual que se tramita actualmente se vuelve a utilizar el mismo sistema apropiatorio de dinero público que se llevó a cabo a través de una ley declarada contraria a la normativa europea en la sentencia Padawan: antes se hizo con la excusa de la copia privada y ahora se proyecta sobre las publicaciones científicas objeto del “open access”. El resumen del artículo es el siguiente: La actual reforma de la Ley de propiedad intelectual incorpora la novedad de la creación de un canon a las universidades, que supone la apropiación de obras licenciadas bajo open access y su administración en el ámbito de los campus virtuales por la entidad de gestión Cedro. Se analiza un precedente normativo de la presente reforma legal, consistente en la regulación de la compensación por copia privada, que permitió a las entidades de gestión la apropiación durante años de dinero público. Dicho precedente tiene rasgos comunes con la actual reforma: el canon digital supuso la apropiación de lo público, mientras que el canon sobre las universidades representa la apropiación del procomún. Las conclusiones a las que llego son las siguientes: El corolario de la actual situación es que los hechos nos demuestran que las entidades de gestión, lejos de ser entidades que cumplen su obligación de favorecer la cultura (entendiendo dentro de ella, como no puede ser menos, la ciencia y la tecnología), son lobbies que ocupan en la actualidad el papel que en la Ilustración fue ocupado por la Iglesia. Nos hallamos [...]
Hablando sobre Copyleft en La Aventura del Saber
2014-03-27T13:49:53+01:00
En el programa de La Aventura del Saber tuvieron a bien invitarme para hablar de Copyleft. El programa se emitió el día 27 de marzo de 2014 y las referencias que cité en la entrevista fueron las siguientes:
- El Derecho es Copyleft.
- Los protocolos de internet.
- El procomún.
- El Copyleft como superación del Copyright: Permitido copiar.
- Sentencia de Ladinamo, primera sentencia mundial en la que se reconoció la existencia del Copyleft.
- Entidades de gestión de la propiedad intelectual.
- Licencia General Pública (GPL).
- Sentencia del Instituto Cervantes, donde se reconoció el derecho de un autor de una obra bajo licencia libre a que no se cerrase la misma.
frameborder="0" src="http://www.rtve.es/drmn/embed/video/2474214" name="La Aventura del Saber. Javier de la Cueva. Copyleft" scrolling="no" id="La Aventura del Saber. Javier de la Cueva. Copyleft">
(image) La Aventura del Saber. Javier de la Cueva. Copyleft.
2014-03-05T23:35:07+01:00
AEDE se pega dos tiros en el pie: cómo no pagarle el canon y hacerle perder visitas, legalmente (Artículo publicado en el blog el «Cuarto poder en red» en fecha 24 de febrero de 2014). Primer tiro en el pie: cómo no pagarle el canonComo es ampliamente conocido, una de las sorpresas de la reforma de la Ley de propiedad intelectual es la creación de un canon que tendrían que pagar los agregadores de noticias en internet en favor de los medios de comunicación. Este canon, que en principio iba dirigido a grandes como Google, afectará a muchas otras webs y conlleva una serie de problemas de los que otros más autorizados que yo han hablado más extensamente. Para profundizar sobre el llamado canon AEDE les recomiendo leer (por orden alfabético): Julio Alonso, Enrique Dans, Antonio Delgado, la entrevista de Pablo Romero a Ricardo Galli y David Maeztu. Para blindarse en los tribunales y no pagar este canon hay que cumplir a rajatabla una instrucción: no enlazar a los medios de comunicación que sean socios de CEDRO. La razón legal para no pagar se halla en el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual y así lo han reconocido los tribunales desde hace años con respecto a obras de propiedad intelectual. Para explicarlo, nos remontaremos al año 2005 en que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) demandó a la asociación cultural Ladinamo reclamándole 829,70 euros en concepto de comunicación pública de música emitida en su local. Según la SGAE, la música era de su repertorio pero, según Ladinamo, en su local sólo se emitía música Copyleft, sobre la cual la SGAE no tenía ningún derecho. El abogado de la SGAE mantenía que su representada tiene el monopolio legal sobre todas las obras musicales, así que no quedaba más remedio que pagarles. El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid decretó que esto no era así y absolvió a Ladinamo en su sentencia de 2 de febrero de 2006, reflejando el término “Copyleft” en una sentencia por primera vez en el mundo. La SGAE no recurrió la sentencia en apelación. La defensa de Ladinamo la ejercitamos utilizando el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, por el que «El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente». Traduciéndolo al caso del canon de AEDE, significaría que cuando una entidad como CEDRO (la entidad encargada de la recaudación de este canon) demande reclamando dinero a los agregadores de noticias entonces el agregador sólo podrá alegar tres argumentos para negarse a pagarle: (1) Que CEDRO no representa a los medios agregados, esto es, que las empresas titulares de los medios agregados no son socias de CEDRO, (2) Que los medios agregados han autorizado expresamente su agregación a la web que los agrega y (3) haber pagado ya. Sin embargo, en el presente caso hay un matiz. A diferencia del derecho a emitir música en un local, este tipo de derechos como el del canon sobre los agregadores de noticias se construye legalmente de una manera muy endiablada: la ley los define como «irrenunciables» y concede su ge[...]
2014-02-15T23:32:43+01:00
Faltando a la transparencia en los derechos de autor (Artículo publicado en la edición de papel del diario El Mundo en fecha 15 de febrero de 2014). Si ante el rescate bancario Rajoy entonó en junio de 2012 que «España no es Uganda», durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, el ministro Wert ha comentado que «España no puede ser Somalia en temas de piratería intelectual». No somos Uganda y no podemos ser Somalia pero, sin embargo, sí podemos ser los últimos del ranking en el ejercicio de la transparencia legislativa: todavía se desconoce el texto de la reforma, que no ha sido hecho público por el Gobierno. Aun cuando no sea posible en estos momentos hacer un análisis de la reforma, es muy interesante señalar rasgos comunes de las sucesivas leyes habidas en el sector. En materia de propiedad intelectual, como en tantos otros, las normas jurídicas nunca son producto de un pacto social sino que vienen impuestas jerárquicamente por los lobbies de los derechos de autor quienes, lejos de escuchar e intentar conocer las demandas de los usuarios, pretenden inventar sus necesidades para crear mercados en los que lo único relevante es el dinero y no los autores. Estos son una mera excusa para que los titulares de los derechos sigan con sus concentraciones mercantiles. El más importante de estos actores son los EE. UU., que es el mayor exportador mundial de derechos de autor. El sistema que utiliza es el de amenazar con introducir a un país en una lista especial de vigilancia, la lista 301. Las consecuencias de hallarse en esta relación son sanciones comerciales y para salir de la lista se consigue mediante reformas legislativas que sean del agrado del primer Estado del mundo. En ese sentido entre los años 2009 y 2012 se promulgaron la que se denominó Ley Sinde y su reglamento que venían a atajar el problema de las descargas ilegales en internet, lo que supuso salir de la temida 301. Sin embargo, ante lo ineficaz de la reforma, el 5 de enero de este año se nos volvió a advertir sobre la necesidad de nuevas leyes, de las que la nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es un ejemplo junto con la también reforma de los delitos contra la propiedad intelectual que se lleva desde el departamento del Sr. Gallardón. Otros actores relevantes en estas reformas son los intermediarios: las entidades de gestión de la propiedad intelectual. En el caso presente, la falta de transparencia de la reforma legal fue tal que la asociación privada CEDRO (la SGAE de los libros) conocía en marzo de 2013 el texto de la reforma mientras que tal texto se le ocultaba a las Universidades desde el Ministerio del que dependen. En el último borrador de la reforma se establecía la creación de un nuevo canon de unos ocho millones de euros a pagar por las universidades públicas en favor de CEDRO. Lástima no tener el proyecto para ver cómo ha quedado la propuesta tras las alegaciones que reali[...]
2014-01-25T15:18:33+01:00
Internet como entorno de la opinión pública: envolviendo los derechos fundamentales en derechos ordinarios La Revista Internacional de Pensamiento Político (RIPP), de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), tiene como objetivo cubrir el hueco que existe en nuestro país de revistas científicas dedicadas exclusivamente a la filosofía política. En el número 7 he publicado el artículo «Internet como entorno de la opinión pública: envolviendo los derechos fundamentales en derechos ordinarios» cuyo resumen es el siguiente: Por parte de diversos pensadores se habla del espacio de internet, el ciberespacio, como un lugar donde se realizan actividades de discusión, deliberación, propuesta y ejecución de acciones políticas por parte de la ciudadanía. Este espacio está sustituyendo a los lugares tradicionales de intercambio de opiniones, siendo necesario estudiar cuál es la naturaleza de este locus y la especial problemática que plantea ejercitar derechos fundamentales de contenido sustancial informacional (la libertad de expresión, el derecho a la información o el de participación, entre otros) dentro de entornos privados donde rigen los derechos ordinarios de propiedad intelectual o de las telecomunicaciones. Reproduzco las conclusiones del artículo: Si utilizamos como herramienta descriptiva el modelo matemático de la comunicación de Shannon (1948) cuyos elementos son el emisor y el receptor, el canal por el que se transmite el mensaje y la codificación y descodificación del mismo, encontramos que tanto el canal de transmisión como los sistemas de búsqueda de información no se hallan en manos de los ciudadanos, por lo que urge construirlos. La adjudicación estatal del espectro electromagnético a particulares y las normas jurídicas que regulen las telecomunicaciones no deberían impedir o dificultar la construcción de redes ciudadanas bajo las condiciones que propone Guifi.net de un procomún de red abierta, libre y neutral (PRALN) donde los nodos que la componen sean libres de utilizar la red para cualquier propósito mientras no perjudiquen el funcionamiento de la propia red, la libertad de otros usuarios, y respeten las condiciones de los contenidos y servicios que circulan libremente, […] de conocer cómo es la red, sus componentes y su funcionamiento, de incorporar servicios y contenidos a la red con las condiciones que se desee y de incorporarse a la red y ayudar a extender estas libertades y condiciones. Asimismo, estamos carentes de un buscador que muestre los algoritmos utilizados para indexar la ingente información por la que nos debemos mover. Depender de Google no es una buena idea pues supone dejar en manos de unos algoritmos no transparentes, no auditables públicamente, nada menos que el criterio de relevancia de la información. Esta construcción deberá realizarse por los hackers, recuperando así un modelo comunicacional que se caracterice por ser un procomún digital. Como corolario, hemos de señalar que lo que menos nos preocupa so[...]
2013-12-28T14:47:12+01:00
El 21 de octubre de 2013 tuve el grato placer de hablar sobre “Cultura abierta y Democracia” durante la Semana internacional del acceso abierto y en el marco del Claustre Obert, de la Universidad de Valencia. La presentación y moderación corrió a cargo del Vicerrector Dr. Antonio Ariño y mi compañero de mesa fue el catedrático de Derecho Civil Dr. Javier Plaza. Más abajo, el vídeo de nuestras intervenciones.
2013-08-23T15:05:50+02:00
2013-07-10T16:31:16+02:00
En el año 1999 apareció uno de los libros emblemáticos de la era digital. Se trataba de “Code and Other Laws of Cyberspace“, una obra en la que se relacionaba la arquitectura de las redes digitales con la estructura jurídica, el desarrollo y la aplicación de los derechos. El autor de la obra era Lawrence Lessig, profesor entonces de Derecho en la Universidad de Stanford. En 2006, ya siendo profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, publicó la versión 2.0 del libro. Sobre este último texto trabajaron Florencio Cabello y sus alumnos colaborativamente, traduciéndolo a nuestra lengua. Trabajaremos sobre esta traducción.
El proyecto, ahora en el ámbito del Laboratorio del Procomún, consistirá en la relectura del texto para su análisis y la formulación de conexiones conceptuales y empíricas del libro. El programa de trabajo estará abierto a cualquier persona que quiera participar y se desarrollará en nueve sesiones, una por mes, impulsadas por Javier de la Cueva con el mismo modelo participativo utilizado hasta la fecha en las sesiones del Laboratorio del Procomún. A lo largo de los meses de octubre de 2013 a junio de 2014 se realizarán 9 sesiones, cuyas fechas se anunciarán previamente. En cada sesión se analizarán diferentes capítulos de la obra mediante el plan de trabajo que puede consultarse en la página de Medialab Prado y donde existe un formulario para que se apunten todas las personas que se hallen interesadas.
2012-10-05T21:56:09+02:00
Metodología y codificación de la acción micropolítica. Acciones políticas ciudadanas en internet. El pasado 27 de septiembre de 2012 tuve el placer de defender ante el tribunal compuesto por el Dr. Emilio García García (presidente), el Dr. Javier Bustamante Donás y la Dra. Mª Antonietta Salamone mi Trabajo de Investigación del Máster Universitario de Estudios Avanzados en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la tutela del Dr. Graciano González R. Arnáiz. Pueden descargarlo en la parte inferior de este artículo bajo licencia CC-By-SA. El objeto del Trabajo aparece resumido en el epígrafe dedicado a su Introducción: 1. Introducción En la actualidad, no sólo numerosos autores dedicados al pensamiento político denuncian la existencia de un déficit democrático, sino que podemos afirmar que este problema es de percepción general, atribuyéndose el mismo a variadas causas y para el que se proponen soluciones heterogéneas. Podemos decir que en cada tipo de sociedad y período histórico se han propuesto como solución diferentes iniciativas, que son las que han conformado diferentes tipos de luchas o movimientos antagónicos que han oscilado entre la reforma y la revolución. Hoy nos hallamos en una sociedad tecnológica. Para González R. Arnáiz (2011, 17) una sociedad tecnológica es, por antonomasia, el prototipo de sociedad avanzada o desarrollada que se define como aquella que es competente en el suministro de una serie de bienes y servicios requeridos por los actores sociales. De esta manera, encontramos soluciones al déficit democrático propuestas por ciudadanos que, aplicando la tecnología a su alcance, utilizan internet como sede para incidir en alguna cuestión concreta, proponer reformas o cambios de tipo político. Como ejemplos concretos, las iniciativas ciudadanas pueden buscar desde la retirada de publicidad en un programa de televisión por pagar a madres de delincuentes por aparecer en antena, la recopilación de datos sobre incendios forestales consecuencia de una mala política de recortes económicos, o la interposición y seguimiento de una querella contra el anterior consejero delegado de una caja de ahorros, sin perjuicio de reivindicaciones más genéricas como las de una modificación constitucional donde se dilucide el modelo de Estado. A pesar de su heterogeneidad, en todas las iniciativas que utilizan los recursos tecnológicos de internet hay dos elementos comunes consistentes en (i) la proposición (tácita o expresa) de un proceso o protocolo de actuación y (ii) en la utilización de datos. A estas iniciativas ciudadanas las vamos a denominar acciones micropolíticas en contraposición a las acciones políticas, que serían las planteadas por los organismos oficiales competentes, si bien coloquialmente el nombre que reciben es el de ciberactivismo. La presente investigación intentará responder a la pregunta ¿qué conocimiento es el que [...]
2006-06-01T19:34:38+02:00
Demanda versión 2.xx 29-07-2006 Esta demanda ya sólo es válida para reclamaciones de compras de soportes digitales efectuadas antes del 29 de julio de 2006, momento de entrada en vigor de la nueva regulación del canon, operada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (BOE 08-07-2006). Para la compras de soportes digitales efectuadas a partir del 29 de julio de 2006, estamos en la actualidad preparando las futuras acciones legales. Para recibir información, puede suscribirse a la lista de correo de la demanda contra el canon. 22-05-2006 - Versión 2.0 de la demanda contra el canon Versión 2.0 de la demanda contra el canon en los soportes digitales. Se reclama el canon de 2 CDs, uno con contenido no musical y otro destinado al acta del juicio. Debe utilizar esta versión si participa por primera vez en este proyecto. Descarga de documentos. Modificaciones: =============== La nueva demanda contiene las siguientes modificaciones: - Se dirige a los Juzgados de lo Mercantil. - Se limita al máximo la extensión de la demanda, anunciándose lo que luego será el contenido de la nota para la vista. - Se reclama el importe de 2 CDs. Uno con contenido profesional, de software u otro que no constituya copia privada, y otro en blanco que se entrega para que sirva de acta. Se busca, ante todo, la explicación del canon sobre el acta judicial, dado que es sintomático que ninguna resolución de ningún organismo, hasta la fecha, haya querido dar explicación alguna. En esta ocasión, como novedad que convertiremos en hábito, se pone a disposición el archivo fuente de la demanda y no un archivo en formato .pdf. Instrucciones: ============== 1. Descargar la demanda:Version 2.0. 2. Comprar 2 CDs vírgenes. 3. Pedir copia desglosada de la factura. 4. Rellenar la demanda (nombre, apellidos, domicilio y DNI del demandante, nombre y domicilio del establecimiento, importe reclamado, lugar, fecha y firma). 5. Grapar la factura a la demanda. 6. Hacer dos copias. 7. Grabar en un CD una distribución de Linux o documentos, fotografías personales, copias de seguridad… Dejar virgen el otro CD y conservarlo para su aportación en el juicio. 8. Presentar uno mismo o un tercero la demanda en el Juzgado de la localidad del establecimiento. 9. Comunicarlo a jdelacueva(arroba)derecho-internet.org 10. Asistir personalmente a juicio. Cuestiones pendientes: ====================== - Llegado el momento se pondrá al alcance de los demandantes la nota para la vista correspondiente a esta versión 2.0. [...]
Propuesta del Foro por la Justicia del CGAE en materia de Tecnologías de la Información Con fecha 21 de junio [de 2005], el Consejo General de la Abogacía Española ha entregado al Ministro de Justicia las propuestas del Foro por la Justicia, de las que transcribimos textualmente las relativas a Tecnologías de la Información: 1. Exención de derechos de propiedad intelectual en los equipos, aparatos y soportes destinados a la función de impartir Justicia. En este sentido, los juicios orales civiles deben quedar exentos del canon en favor de las entidades de gestión de la propiedad intelectual (el canon sobre los soportes digitales). 2. La Administración de Justicia debe utilizar un software que no sea propiedad de empresas privadas, sino uno en el que ostente sobre el código los derechos de copiar, modificar, distribuir y adaptar a sus necesidades sin previo pago de una licencia a mercantil alguna o incurrir en ilegalidad. 3. La Administración de Justicia deberá usar estándares aceptados y aprobados por la comunidad sin que el uso de ninguna solución informática pueda suponer discriminación tecnológica de los usuarios. 4. En la actualidad, los órganos colegiados de la Administración de Justicia están emitiendo sus sentencias en soporte digital. Estas deberían publicarse electrónicamente a disposición del público a través de Internet, poniendo al alcance de los ciudadanos la Jurisprudencia existente, tomando como ejemplo lo que actualmente realiza el Tribunal Constitucional. 5. Los edictos deberán publicarse en Internet al alcance de los profesionales de la Justicia. El propósito de los edictos es la publicidad, por lo que su función se cumple mejor mediante su publicación en la Red. 6. La grabación de los juicios orales en soporte digital deberá extenderse a las demás jurisdicciones y a la práctica de las pruebas en la instrucción criminal así como, en general, a las vistas donde se dirima la culpabilidad de un ciudadano 7. Debe generalizarse el empleo del formato electrónico en materia de poderes notariales de representación procesal (“poderes para pleitos”), así como de procedimientos telemáticos seguros de transmisión de los mismos, tanto al Órgano Judicial competente como a los Abogados y a los Procuradores de los otorgantes. 8. Los Jueces, Secretarios Judiciales, Procuradores de los Tribunales y Abogados, deben poder acceder a los anteriores poderes electrónicos notariales, empleando sus propios certificados digitales legalmente reconocidos, emitidos respectivamente por la FNMT y por ACA-CGAE. Conclusiones Foro por la Justicia 2004-2005[web desactivada]. [...]
2005-02-05T10:28:44+01:00
2005-02-04T20:11:56+01:00
2005-01-29T12:39:56+01:00
La 1. Introducción. 2. El proyecto. 2.1. Fases del proyecto. 3. La acción colectiva en defensa de los intereses de los usuarios y consumidores. 4. Método de trabajo. 5. Datos destacables. 5.1. Arquitectura necesaria. 5.2. Recursos económicos. 5.3. Elaboración y publicación de los textos. 5.4. Distribución de la demanda 5.5. Software Libre. 5.6. Reutilización de los recursos. 6. Diagramas. 7. Conclusión. 1. Introducción Explicamos la metodología y los recursos utilizados en este proyecto experimental y ejercicio práctico de Derecho procesal distribuido en que consiste la Demanda contra el canon, así como otros datos que consideramos de interés para su análisis. La novedad procesal del procedimiento estriba en que, en lugar de utilizar los mecanismos de las acciones colectivas que diseña en su favor la Ley de Enjuiciamiento Civil, los ciudadanos han preferido optar por ejercer sus derechos individualmente, utilizando un método selectivo de interposición de demandas en diferentes lugares de la geografía nacional. Su acción distribuida se coordina a través de la Red, obteniendo así una alta eficacia en el ejercicio de sus derechos. El ejercicio de este nuevo modelo de acción procesal sólo es posible mediante el uso de sistemas de distribución de la información propios de la era digital: páginas web y redes p2p. Sin los mismos, y sin la coordinación en listas de correo, los ciudadanos no hubieran podido ejercitar sus derechos con igual eficacia jurídica. 2. El proyecto Este proyecto consiste en intentar conseguir que un juzgado de primera instancia plantee la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de una norma que, por su redacción en una era predigital, pudieran existir dudas acerca de su constitucionalidad. En el desarrollo del mismo se realizan dos actividades paralelas: a) La formalización de los pasos procesales de las acciones legales, consistentes en los ejercicios de derechos de petición, de denuncia ante Defensa de la Competencia y de juicio verbal civil. b) La implantación de los recursos tecnológicos necesarios para permitir la distribución de la demanda a través del sistema más productivo de distribución de la información: la Red. Se ha elegido la problemática del artículo 25 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual española, que impone un canon compensatorio a los soportes digitales, por cumplir bien el requisito de ser una norma con posible inconstitucionalidad sobrevenida dada la nueva realidad de era digital en la que nos hallamos. Para la realización de este proyecto se utiliza la combinación de la estricta legalidad española y la tecnología, en un intento práctico de demostración de que la tecnología, lejos de servir únicamente para vulnerar derechos públicos o privados de los ciudadanos, puede ser utilizada también por estos para la defensa de los mismos. La propia Constitución española sigue el[...]
2005-01-22T16:33:43+01:00
Relación de establecimientos que cumplen la ley y desglosan el canon en sus facturas:
Relación de establecimientos Batch Pc. Actualizado a fecha 18-04-2005. (Gracias, Dragonfire).
Pricoinsa. En el enlace se indican los domicilios de los establecimientos.
2005-01-20T15:50:14+01:00
2004-12-28T23:43:46+01:00
2004-11-03T16:55:27+01:00
Preparación y presentación de la demanda ¿Es difícil interponer la demanda? No. Puede leer las experiencias personales de ciudadanos que han interpuesto la demanda y relatado sus impresiones. Se trata de personas sin experiencia previa en el ámbito de la Justicia: - Reynaldo Cordero: Demanda contra el Canon: una iniciativa seria, poderosa y… muy sencilla, - Ermengol Bota: Demanda contra el “canon”. - Alejandro Exojo: Mi demanda contra el canon presentada. - I.H.Q.: Haciendo amigos. ¿Qué documentos necesito para interponer la demanda? Para la interposición de la demanda sólo necesita dos documentos: la demanda y la factura de compra de dos CDs. La demanda, que puede descargar de http://derecho-internet.org/svn/procedimientos-libres/canon La factura de compra de dos CDs, necesariamente con el desglose del canon. Puede consultar la relación de establecimientos que desglosan el canon en la factura, en aplicación de la ley. Uno de los CDs lo graba con software libre, fotografías o documentos personales (nunca música o vídeo) y el otro CD lo deja virgen, para pedir en el mismo copia del acta del juicio. Posteriormente, para cuando se le cite a juicio (al cabo de unos unos meses después de presentar la demanda), necesitará la «Nota para la vista», que es el papel que tendrá que llevar cuando le llamen del Juzgado. Se lo haremos llegar en el momento de su celebración. Asimismo, deberá llevar los dos CDs. ¿Es válida cualquier factura? No. La factura debe NECESARIAMENTE desglosar el canon. Si no obtiene una factura con canon, no debe presentar la demanda. ¿Qué datos debo rellenar en la demanda? Debe rellenar los datos que figuran en los recuadros del primer y último folio. Recuadros del primer folio: Nombre, apellidos, domicilio y DNI del demandante, esto es, sus datos. Nombre y domicilio de la empresa que le vendió el CD Rom. Importe del canon. El importe es el que viene desglosado en la factura, más su IVA. Recuadros del último folio: Lugar, fecha y, sobre todo, no se olvide de firmar. ¿Qué pasos debo seguir después de descargar los documentos y tener la factura en mi poder? Debe hacer lo siguiente: Rellenar la demanda con los datos solicitados. Grapar a la demanda el original de la factura de compra de lo dos CDRom vírgenes. Realizar dos fotocopias de lo anterior. Tendrá entonces un original y dos copias. Presentar original y una copia en el Juzgado de lo Mercantil que corresponda a la localidad de la tienda. La otra copia debe ser sellada por el Juzgado y entregada a usted como prueba de la interposición. ¿Dónde debo presentar la demanda? Debe presentar la demanda en el registro de los Juzgados de Primera Instancia PERTENECIENTES AL DOMICILIO de la tienda donde compró los CDRom. Puede[...]
2004-10-30T02:25:05+02:00
Introducción En esta sección detallamos el análisis jurídico del “canon” sobre los soportes digitales y las acciones legales que hemos interpuesto en contra de la regulación legal, por considerarla de sospechosa inconstitucionalidad. El artículo 25.1 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (LPI) introduce en nuestra legislación un derecho en favor de los autores a ser compensados por el derecho a la copia privada que pueden realizar los usuarios: «La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2 del artículo 31 de esta Ley, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una remuneración equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b) del apartado 4 del presente artículo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.» La razón que se alega para la existencia del derecho es la siguiente: permitir un derecho a una copia privada produce un perjuicio a los autores, que ven sus ingresos mermados en una cuantía equivalente a las copias privadas realizadas y, como el número de éstas es indeterminable, se les otorga a cambio una compensación. Nosotros defendemos que, pudiendo de acuerdo con la normativa europea elegir cualquier modelo de compensación, el legislador ordinario ha efectuado de entre todas las posibles una elección errónea y se ha impuesto un canon sobre el papel del siglo XXI: el formato digital. A los efectos de hacer más comprensible la situación actual, podemos hacer una analogía trasladando a la anterior era de papel lo que ocurre en la actual era digital. El soporte digital sustituye al papel. Gravar el soporte digital con un canon equivale a timbrar el papel. Una obligación universal de papel timbrado en favor de una minoría. La aplicación a la era de papel consistiría en imponer un canon sobre el soporte de registro, esto es, sobre el papel. En definitiva, consistiría en imponer el papel timbrado. La analogía sería un mundo en el que cada trozo de papel tendría un timbre variable en función de su tamaño. Un soporte digital tiene un “canon” proporcional a su capacidad de almacenamie[...]
2004-07-30T21:56:03+02:00
¿Cómo puedo colaborar contra el canon en los soportes digitales? 1. Ciudadanos particulares2. Establecimientos3. Letrados 1. Ciudadanos particulares Si usted es un particular, puede colaborar de cualquiera de las maneras siguientes: Interponiendo la demanda. Este es el mayor apoyo que puede prestar. Ayudándonos a difundir esta acción legal. Enlazándonos desde su página. Ayudándonos a coordinar a algún colectivo. Informándonos sobre los establecimientos en los que se desglosa correctamente el canon en la factura. Para todo lo anterior, le recomendamos se suscriba y utilice nuestra Lista de correo. 2. Establecimientos Si usted es demandado como propietario de un establecimiento, le conviene oponerse a nuestra demanda pero adherirse a la petición de la cuestión de inconstitucionalidad planteda. Los motivos por los que a usted le interesa son los siguientes: Evita la posibilidad de las auditorías practicadas por las entidades de gestión. Artículo 25.21 LPI. Evita modificar sus sistemas informáticos para cumplir con la regulación legal de desglose obligatorio en la factura. Artículo 25.16 LPI. Evita la presunción legal de que el canon no ha sido pagado si no lo desglosa en la factura. Artículo 25.19 LPI. Evita su responsabilidad solidaria del pago del canon, responsabilidad que mantienen los fabricantes, importadores, mayoristas, minoristas y sucesivos adquirentes. Artículo 25.4 a) LPI. Puede verificar la veracidad de estos extremos con un abogado de su confianza. 3. Letrados Los letrados podéis disponer de los escritos legales publicados y utilizarlos al servicio de vuestros clientes. Aquellos compañeros que estuvieran llevando un caso similar pueden ponerse en contacto con nosotros para guiarles por el estado actual de nuestro proceso. Estamos realizando esta actividad por un doble motivo: a) Como un ejercicio de Derecho procesal tecnológico en el que todos estáis invitados a participar. b) Por el fondo de la reivindicación, que es impugnar el canon sobre el soporte digital. Contamos con el respaldo de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para la exención del canon de los CDRoms judiciales, quien aprobó por unanimidad apoyar nuestra petición de exención del canon de los CDRoms con que se graban las vistas orales civiles. Ver resolución. Actualizado: 03.01.2017 - 18:25 CET [...]
2004-07-30T21:47:40+02:00
2004-07-26T13:08:51+02:00
Demanda versión 1.xx 1. Introducción 2. Objetivo: el Tribunal Constitucional 3. Instrucciones 4. Lista de correo 5. Un ejercicio de Derecho procesal tecnológico 6. Descarga de Documentos 7. Agradecimientos Estas demandas se utilizaron en las primeras reclamaciones judiciales contra el canon en los soportes degitales, sin que tengan sentido en la actualidad debido a que corresponden a una reclamación conforme una legislación ya derogada. Demanda 2.0 Actualizada la versión de la demanda. Si desea interponer la acción, ver: http://derecho-internet.org/node/378 Demandas 1.0 a 1.2.8 1. Introducción Ofrecemos a nuestros lectores una copia de la demanda contra el canon sobre los soportes digitales, presentada el 22 de julio de 2004 en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid y que puede descargarse (formato pdf 443 kb) incluyéndose en el mismo archivo las instrucciones para su interposición. El sistema para su interposición era muy sencillo y por parte del reclamante sólo se necesitaba la factura de compra de un CDRom en la que figurase el desglose del canon. En esta web el reclamante encontraba todo lo necesario por si deseaba copiar nuestros pasos. Puede consultar la experiencia de otro demandante. En la demanda solicitábamos la devolución del canon, por ser inconstitucional a nuestro entender, al establecimiento donde compramos el CDRom, razonamos los motivos y pedíamos al Juzgador el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos relevantes de la Ley de Propiedad Intelectual. La demanda, al ser de importe inferior a 150.000 pesetas, no necesitaba abogado ni procurador. Dado el importe de la reclamación (20 céntimos de euro), y al no ser necesario que interveniesen profesionales, las costas fueron en todos los casos inexistentes aunque hubiera condena en ellas. 2. Objetivo: el Tribunal Constitucional Con la interposición de esta demanda, pretendíamos posicionar el problema ante el órgano relevante para analizar la constitucionalidad del canon: el Tribunal Constitucional. El artículo 35 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone lo siguiente: «Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley» Si se interponían varias demandas, con que uno solo de los órganos judiciales plantease la cuestión, era suficiente. Es por ello que en este tipo de procedimientos la diversidad y variación geográfica era fundamental para conseguir el éxito que pretendíamos. Lo[...]
2003-11-22T12:09:27+01:00
Impugnación del canon sobre los soportes digitales Actualización de 3 de enero de 2017: Esta sección dejó de actualizarse el 25 de octubre de 2010 cuando se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Padawan. Se conserva por interés documental y en esta fecha se eliminan los enlaces inactivos. Actualización de 25 de octubre de 2010: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara mediante sentencia de fecha 21 de octubre de 2010 que la normativa española no es acorde con la normativa comunitaria: Texto de la sentencia. Actualización de 25 de septiembre de 2009: Sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ordena devolución del canon. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla ha dictado una sentencia en fecha 7 de septiembre de 2009 en la que ordena la devolución del euro quince céntimos del canon de unos CDs utilizados para las grabaciones de vistas orales. El procedimiento se fundamentó en la demanda puesta a disposición en esta web. Actualización de 3 de octubre de 2008: La Audiencia Provincial de Barcelona acepta la cuestión prejudicial europea. Mediante [http://derecho-internet.org/proyectos/procedimientos-libres/browser/canon/trunk/resoluciones/formato-pdf Enlace inactivo] auto de fecha 15 de septiembre de 2008, la Audiencia de Barcelona acepta preguntar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si el canon regulado por el actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) contradice la normativa europea. Actualización de 5 de junio de 2008: El procedimiento de la reclamación del canon dispone de su repositorio documental en el siguiente enlace: Reclamación del canon en los soportes digitales. Como novedad, dispone de las plantillas sobre alegación de cuestión prejudicial europea en su directorio correspondiente. En la actualidad, nos hallamos a la espera de la entrada en vigor de la Orden Ministerial que desarrolle la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual por lo que hasta la entrada en vigor de la misma no procederemos a interponer nuevas demandas. Acciones legales Actualización de 30 de julio de 2004: Sección especial dedicada a la reclamación legal en España del canon sobre los CDs y DVDs vírgenes. Si desconoce lo que es el canon o por qué lo estamos impugnando, le recomendamos comience leyendo la sección de preguntas más frecuentes. La acción legal actual consiste en la interposición distribuida de demandas contra establecimientos en reclamación del importe del canon y la solicitud del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del canon. Esta acción de reclamación de devolución del canon se está llevando a cabo por diversos ciudad[...]
El canon: apoyo del Consejo General de la Abogacía
2003-11-20T12:45:37+01:00
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado, por unanimidad, solicitar del Consejo General del Poder Judicial y del Ministro de Justicia el establecimiento de «condiciones especiales para los profesionales del derecho» en relación con la implantación del denominado «canon» sobre los soportes CD y DVD.
Queremos agradecer desde estas páginas el acuerdo unánime adoptado y el buen criterio que ha demostrado el CGAE en defensa de los justiciables.
Mediante notificación de fecha 13 de noviembre, el Secretario General del Consejo General de la Abogacía Española nos remite el acuerdo adoptado por unanimidad y que reproducimos:
2003-10-02T14:31:02+02:00
La caja negra de los aviones y las entidades de gestión de la propiedad intelectual 1. Introducción Ante la lectura del título, nos podemos preguntar ¿pero qué tienen que ver las entidades de gestión de la propiedad intelectual con la caja negra de los aviones? Las entidades de gestión de la propiedad intelectual, debido a la aplicación del «derecho a la remuneración compensatoria por grabación de copia privada» (canon), mantienen relaciones directas con la seguridad del tráfico aéreo así como con muchos otros sectores totalmente ajenos a los artistas y editores. Analizaremos cómo las entidades de gestión, al ejercer sus derechos al canon, pueden fiscalizar todas las cuentas de los deudores. Puede ser deudor cualquier institución pública o privada que por cualquier circunstancia reparta CD-Roms. El derecho de fiscalización es una consecuencia lógica del derecho al canon y su ejercicio sobre entidades públicas entrega un poder político en favor de las entidades de gestión y en contra del Estado. Este derecho de fiscalización en favor de las entidades de gestión, en su actual redacción normativa, podría resultar insconstitucional. Nos plantearemos también los efectos del canon en los presupuestos generales del Estado y la posibilidad de obtener un ahorro presupuestario y de gasto mediante otra regulación legal. Por último, trataremos el valor de la protección que la legislación dispensa a los autores tomando como referencia a otros colectivos de perjudicados como lo son las víctimas de terrorismo y las mujeres maltratadas. 1.1. Cinco ejemplos Como punto de partida, vamos a tomar en consideración cinco objetos: La caja negra de un avión. Una máquina usada en un laboratorio donde se investigan problemas fonológicos, atendiendo a pacientes con problemas o perturbaciones del habla. Las cámaras de vídeo para vigilancia. Una máquina con la que la industria militar sigue la trayectoria de un misil. El programa PADRE que la Hacienda Pública española pone a disposición de los contribuyentes todos los años para facilitarnos el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Los anteriores objetos tienen, entre otras, una característica común: Son capaces de almacenar información en forma de imagen o sonido. Pero tratemos algún rasgo básico de cada uno de ellos: La caja negra de un avión No hace falta explicar mucho lo que es este objeto, porque su conocimiento es un lugar común tras la ocurrencia de un accidente aéreo. Se buscan las cajas negras ya que en el[...]
2003-09-01T09:21:00+02:00
Notas de prensa Madrid, a 31 de agosto de 2003 El pasado 30 de agosto se interpuso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia una denuncia contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y contra la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) por el pacto en el que ambas asociaciones establecen un canon sobre los CD-Roms en favor de la SGAE en compensación por el uso que se puede hacer de dichos CD-Roms para grabaciones privadas. La denuncia planteada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia se basa en los siguientes puntos: 1. En el año 2000 se modificó la Ley de Enjuiciamiento civil, esto es, la normativa por la que se rigen los juicios civiles. En la actualidad, los juicios son grabados en CD-Roms, que luego son utilizados por los abogados para revisar el juicio cuando tienen que preparar o defenderse de un recurso de apelación. 2. La Ley establece que son las partes del juicio las que tienen que satisfacer el gasto de dichos CD-Roms por lo que, en definitiva, el acuerdo entre la SGAE y ASIMELEC está gravando las actuaciones judiciales. 3. No puede argumentarse que dichos CD-Roms puedan valer para copias privadas o «piratear» canciones o software, ya que es el propio Secretario judicial quien está encargado de la veracidad de su contenido. Antes de la nueva Ley, el Secretario levantaba un acta del juicio, lo que se ha sustituido hoy en día por la grabación del juicio en un CD-Rom. 4. Permitir que dichos CD-Roms queden sujetos a un canon en favor de la SGAE implica reconocer en favor de los artistas derechos derivados de la grabación de los juicios que se celebran en este país. 5. Los perjudicados son todos los españoles que mantienen abierto un procedimiento judicial, así como todos los que mantengan pleitos futuros. También se han denunciado los hechos ante los siguientes organismos: a) Colegio de Abogados de Madrid. b) Consejo General de la Abogacía. c) Consejo General del Poder Judicial. Actualización de 30-03-2018 a) Colegio de Abogados de Madrid. Jamás contestó. b) Consejo General de la Abogacía. Contestó apoyando la iniciativa y solicitando régimen especial para las actas judiciales. c) Consejo General del Poder Judicial. Jamás contestó. [...]
2003-08-29T16:53:46+02:00
Denuncia del canon ante el TDC El acuerdo celebrado entre las entidades de gestión de la propiedad intelectual y la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, de aplicación desde el 1 de septiembre de 2003, fue denunciado el 30 de agosto de 2003 ante el Tribunal de Defensa de la Competencia ya que, imponía un gravamen para la Justicia, al afectar al soporte de la grabación de los juicios orales. Nuestra postura jurídica se fundamenta en las disposiciones de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que en su artículo 1.1 a) prohibe «la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio» y en su artículo 6.2 a) prohibe el abuso de posición dominante que consista en «la imposición de forma directa o indirecta, de precios y otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos». Los artículos anteriores deben ser interpretados conjuntamente con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento civil española que establece en sus artículos 187 y 147 lo siguiente: Artículo 187. Documentación de las vistas. «1. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o, si no fuere posible, sólo del sonido, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de esta Ley. En estos casos, si el tribunal lo considera oportuno, se unirá a los autos, en el plazo más breve posible, una transcripción escrita de lo que hubiera quedado registrado en los soportes correspondientes. Las partes podrán en todo caso, solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubiera quedado grabada la vista. 2. Si los medios de registro a que se refiere el apartado anterior no pudieran utilizarse por cualquier causa, la vista se documentará por medio de acta realizada por el Secretario Judicial.» Artículo 147. Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido. «Las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. La grabación se efectuará bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere efectuado. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.�[...]
Desencriptación de DVD. Caso Johansen
2003-08-21T01:03:00+02:00
Desencriptación de DVD. Caso Johansen Publicamos a continuación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Oslo, sobre el caso Johansen, referente a la desencriptación de los DVD. Agradecemos al Profesor Dr. Juris Jon Bing su amabilidad y cooperación. Oslo first instance court May be published 7 January 2003 there was pleadings before the court in Oslo Court House to make a SENTENCE President of the court: Assistant judge Irene Sogn with general authority Expert co-judges: Terje Knudsen, Senior engineer Stein Marthinsen, College lecturer Case no: 02-507 M/94 The public prosecution Counsel: Inger Marie Sunde, senior counsel for the prosecution Vs Jon Lech Johansen, born 18 November 1983 Counsel for the defence: Halvor Manshaus, Attorney-at-law ABSTRACT OF THE JUDGEMENT FOR LOVDATA FOR CASES CLASS M Abstract: Criminal law. The penal code section 145 second paragraph cf third and fourth paragraph. A 19 year old man was indicted for violation of the penal code section 145 second paragraph cf third and fourth paragraph. He had developed a computer program making it possible to view DVD movies without licensed playing equipment. The court found first that access to movies legally purchased was not unlawful with respect to the penal code section 145 second paragraph even if the movies were viewed in a different way than presumed by the producer. Second, the court found that disclosure of encryption keys by itself did not constitute unauthorised access to data. The indicted could neither be convicted for contributory crime to the possible unauthorised access by others to DVD moves because the program also had a legal application. After discussions and voting for closed doors, there was in public given the following sentence: Jon Lech Johansen, born 18 November 1983, lives in Agmund Bolts vei 62. He is unmarried and has no children. He works as program developer and has a gross income of 35000 NOK monthly. He has no estate. By indictment of ?kokrim state prosecutor’s office of 10 May 2002, amended under the main hearing, he has been indicted before Oslo first instance court for violation of Criminal code section 145 second and fourth paragraph By breaking a protection or similarly gained access to data stored or communicated by electronic or other te[...]
2003-08-21T00:35:14+02:00
El Ayuntamiento de Barcelona ha visto revocados sus derechos sobre el nombre de dominio ‘barcelona.com’ en una decisión del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de los EE.UU.
La sentencia dictada resuelve, entre otras cuestiones, lo siguiente:
«Barcelona.com, Inc. (Bcom, Inc.), sociedad de Delaware, interpuso la presente acción contra el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona con fundamento en la Anticybersquatting Consumer Protection Act (Ley de protección de los consumidores contra la ciberocupación) y en petición de una resolución en la que se declarase que el uso del nombre de dominio ‘barcelona.com’ por parte de Bcom, Inc. no era contraria a las normas de la Lanham Act (capítulo 22 del título 15 del Código de los Estados Unidos. El Juzgado de Distrito había declarado que el uso del nombre de dominio ‘barcelona.com’ generaba confusión con las marcas propiedad del Ayuntamiento que incluían el término ‘Barcelona’, así como que existía mala fe debido a que Bcom, Inc. había intentado vender al Ayuntamiento el nombre de dominio ‘barcelona.com’, buscando así un beneficio.
Debido a que el Juzgado de Distrito fundamentó su resolución tanto en la aplicación de la Ley española, en lugar de aplicar la Ley de los EE.UU., como en una reconvención que el Ayuntamiento nunca interpuso, revocamos dicha resolución y la orden de transferir el nombre de dominio ‘barcelona.com’ al Ayuntamiento.»
Adjuntamos la reproducción de la sentencia original en formato pdf.
2003-08-11T11:42:06+02:00
¿Por qué las administraciones públicas deben utilizar software libre? Reproducimos una frase de Eben Moglen: «Nuestra posición consiste en que cada funcionario público, en cualquier lugar del mundo, debe poder tener un escritorio de ordenador totalmente compatible con todos los datos que existen, desde el que pueda hacer todo lo que el funcionario necesite hacer; que el precio de adquisición para ese Estado debe ser cero y que el Estado debe tener la libertad de hacer tantas copias de ese software como sean necesarias para sus funcionarios y la libertad de distribuir el software de la manera que tenga por conveniente. Esos son los términos en los que proponemos proveer de software al Estado, y asumimos que todos los que quieran competir en ese mercado ofrecerán términos al menos tan favorables para el público y para el fisco como los nuestros.» 1. Una empresa privada no debe tener el monopolio de un sector estratégico, el del procesamiento de la información de un Estado. Dicho sector estratégico debe pertenecer a la res pública. El Estado se ha reservado tradicionalmente el control de aquellas parcelas que, por su importancia, no deben dejarse en manos de terceras personas. En el día de hoy, el sector del procesamiento de la información del Estado no puede depender de una empresa y menos aún de una multinacional cuyo control no se halla en la Unión Europea. 2. Aun cuando fuesen gratuitos los programas de código cerrado, el anterior punto seguiría siendo válido. Fundamentalmente no es una cuestión de precio, sino de dependencia estratégica, ya que el código del software que se utiliza actualmente es un código cerrado, lo que impide que las Administraciones públicas puedan conocer el código de las aplicaciones que utilizan y la verdadera función que el código realiza. 3. Además del acceso al código, las Administraciones públicas no tienen por qué pagar unas licencias a una empresa cuando existen productos alternativos de código abierto y de igual o superior calidad y eficacia que son gratuitos. 4. Las Administraciones públicas no deben depender de estrategias comerciales consistentes en sacar al mercado cada cierto tiempo un software que se utiliza para igual labor que el anterior, dejando de mantener el software antiguo. 5. Las Administraciones públicas, por una cuestión ética, deberían tener prohibido contratar con empresas condenadas en sentencia firme por prácticas monopolísticas.Recordemos que una condena firme por prácticas monopolísticas implica[...]
2001-04-01T13:42:05+02:00
Tasini vs New York Times. En lucha por los derechos de autor de los periodistas El periódico New York Times se hallaba enfrentado a uno de sus antiguos contratados, el Sr. Tasini, freelance que vendió algunos artículos al New York Times. Este le reclamó los derechos devengados por la cesión de bases de datos en las que se reproducían sus artículos. En el pasado, los periodistas que trabajaban como autónomos y vendían sus artículos a un periódico, eran los titulares de la segunda copia de su obra. La venta que realizaban en favor de un medio de comunicación alcanzaba sólo a la primera copia, esto es, una sola publicación en un día concreto. El periódico New York Times comenzó a vender bases de datos en soporte digital y en soporte CD-Rom a terceras personas, sin pagar por ello retribución alguna a los periodistas y sin siquiera solicitarles su consentimiento. En dichas bases de datos se incluyeron artículos escritos por el Sr. Tasini y otros cinco profesionales, quienes demandaron al New York Times, a Newsday, a Sports Illustrated y a otras publicaciones. El acuerdo entre los periódicos y los periodistas era verbal, no se había firmado contrato alguno, por lo que, conforme a la legislación norteamericana, no existía transmisión de propiedad intelectual ya que ésta sólo puede transmitirse mediante un contrato escrito. En definitiva, de lo que trata este caso es la lucha entre los autores y los editores ante un reparto del precio obtenido por la venta de propiedad intelectual en un soporte novedoso. Recordemos asimismo las reivindicaciones de los guionistas de la industria cinematográfica de Hollywood, quienes pactaron con las compañías cinematográficas el reparto de los derechos de autor procedentes de la venta de nuevos soportes. Tras la victoria por parte de los periodistas en primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo norteamericano confirmó la resolución de la segunda instancia, dando la razón a los periodistas y declarando que se había vulnerado la Ley por cuanto que se habían reproducido los artículos en un formato para el que los periodistas no habían prestado su consentimiento. Enlaces: National Writers Union. Sede de la Asociación Nacional de Escritores, organización presidida por Jonathan Tasini. Supreme Court of the United State[...]