Source: http://colegioempresistascantabria.com/page/2/
Timestamp: 2017-08-22 03:18:14
Document Index: 111081457

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 63', 'artículo 21', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 178', 'artículo 260', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 260', 'artículo 1', 'artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 165', 'artículo 231', 'artículo 42', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 90', 'artículo 178', 'artículo 3', 'artículo 1']

3 de Marzo de 2016 | 7:38 pm
Los “Scrip Dividends” como fórmula alternativa al dividendo tradicional. Aspectos contables y régimen jurídico-tributario
En no pocas ocasiones las empresas y los particulares que mantienen inversiones en valores de renta variable reciben de su habitual entidad financiera información relativa a próximas ampliaciones de capital, información que se suele acompañar del correspondiente boletín de respuesta en el que se solicita del accionista que indique expresamente qué decisión adopta en relación con dichas ampliaciones de capital.
Normalmente, en una ampliación de capital el accionista puede decidir acudir a la ampliación, recibiendo a cambio acciones total o parcialmente liberadas en la proporción entre acciones antiguas y nuevas que se haya acordado por la empresa, o bien transmitir al mercado los derechos de suscripción que le corresponden en la ampliación.
Sin embargo, este planteamiento tradicional y fácil de entender se ha venido a complicar en los últimos años debido a la proliferación de los denominados “scrip dvidends”, una sofisticada fórmula de retribución al accionista cuya comprensión no resulta sencilla para el inversor, pues lejos de ser un tradicional dividendo en efectivo se está en presencia de una operación societaria de ampliación de capital con cargo a beneficios no distribuidos que permite a la empresa trasladar al accionista los beneficios empresariales en forma de acciones liberadas de nueva emisión.
Las múltiples dudas que ha planteado la figura, tanto en el ámbito contable como en el tributario, ha dado lugar a que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de Tributos hayan tenido que evacuar doctrina interpretativa al respecto, tratando de resolver las dudas planteadas. En el presente artículo se expone la materia a fin de que tanto las empresas como los inversores conozcan los criterios contables y fiscales que resultan de aplicación.
Aproximación al concepto y justificación
La expresión “scrip dividend” es la adaptación, al campo de los dividendos, de la expresión inglesa “scrip issue”, que puede traducirse como “emisión liberada” o “ampliación de capital liberada”, lo cual es revelador de la verdadera naturaleza de estos particulares dividendos.
Partiendo de lo anterior, y dejando al margen las confusas denominaciones comerciales con se suele identificar en la práctica –“dividendo elección”, “dividendo en especie”, etc.-, podría definirse el scrip dividend como una fórmula de retribución al accionista que jurídicamente se articula como una ampliación de capital con cargo a beneficios no distribuidos en la que la entidad emisora de las nuevas acciones ofrece a sus accionistas tres alternativas:
2ª) Acudir a la ampliación y obtener acciones totalmente liberadas, lo que se ha venido a denominar por algunas entidades como la opción por el “dividendo en especie”.
3ª) No vender derechos de asignación gratuita al mercado ni acudir a la ampliación suscribiendo nuevas acciones liberadas, percibiendo a cambio de la renuncia a las opciones anteriores una compensación económica en metálico. Esta tercera alternativa es la que se ha venido a denominar en la práctica como la opción por el “dividendo en efectivo”. Esta tercera alternativa es la más novedosa del sistema y se ejecuta en la práctica mediante una transmisión a la propia entidad emisora de las nuevas acciones de los derechos de asignación gratuita que corresponden al accionista, a un precio predeterminado en el acuerdo de ampliación de capital.
La proliferación experimentada en los últimos años por los scrip dividends se debe a las múltiples ventajas que conlleva esta forma de remuneración al accionista, ventajas que cabe apreciar tanto en sede de la empresa como desde la óptica del accionista.
Para la empresa el scrip dividend aporta indudables ventajas, entre las que cabe señalar, como principal, que se consigue trasladar los beneficios al accionista sin desembolso alguno de tesorería, lo cual produce como efecto el mantenimiento de la cifra de recursos propios. Esta primera ventaja es muy apreciada en época de crisis por las empresas, que ven como gracias a esta fórmula pueden mantener su política de retribución al accionista sin perjudicar sus recursos propios, aspecto éste especialmente sensible para entidades sometidas a la supervisión prudencial del Banco de España que les exige mantener determinados niveles de recursos propios de solvencia. Asimismo, la transformación de reservas en capital refuerza la cifra de fondos propios y permite a la empresa mostrar una imagen sólida de balance ante sus acreedores y accionistas, presentes o futuros.
Por otra parte, al capitalizar reservas la empresa intensifica su financiación vía capital, evitando caer en un endeudamiento excesivo, aspecto éste sobre el que la reciente reforma fiscal en el IS ha insistido especialmente.
En último término la empresa fideliza aún más a aquellos de sus accionistas que opten por suscribir la ampliación de capital y adquieran nuevas acciones, asumiendo éstos también un mayor compromiso con la marcha de la empresa.
Desde el punto de vista del accionista, la primera ventaja que ofrece el scrip dividend es la posibilidad de incrementar la participación en la compañía sin necesidad de efectuar desembolso alguno si la opción finalmente escogida consiste en suscribir nuevas acciones en la ampliación de capital (dividendo en especie). Asimismo, como se expone más adelante, el accionista puede acceder a una retribución de su participación en los fondos propios de la empresa con atractivo fiscal en forma de diferimiento tributario si se opta por la venta de los derechos de asignación gratuita al mercado o si se decide suscribir la ampliación de capital adquiriendo nuevas acciones liberadas (dividendo en efectivo).
La magnitud del fenómeno “scrip dividend” ha ido adquiriendo tales niveles que en el año 2012 el Informe de Mercado elaborado por la Bolsa de Madrid incorpora por primera vez una referencia expresa a la cuestión. Así, se indica expresamente que “a lo largo del año doce empresas han distribuido el importe equivalente a 8.216 millones de euros en acciones a través de la fórmula de Scrip Dividend o Dividendo Elección, un 33% de la remuneración total al accionista.” Las principales empresas cotizadas que en 2012 acudieron al scrip dividend fueron entidades de crédito (4), empresas del sector energético (4), farmacéutico (1) construcción (1) y comunicaciones (1).
Los últimos datos publicados por la Bolsa de Madrid, correspondientes al Informe de Mercado del año 2014, muestran un incremento del 40% respecto de las cifras del año 2012, alcanzándose la cifra de 11.487 millones de euros en acciones y una capitalización inducida de 11.514 millones de euros. Un total de 23 empresas cotizadas acudieron a esta figura.
Teniendo en cuenta que son muchísimos los inversores, particulares e institucionales, que han obtenido beneficios a través de la fórmula del scrip dividend, el conocimiento del régimen fiscal asociado a estas fórmulas de remuneración de accionistas resulta de gran interés por un doble motivo: primero, porque permitirá cumplir correctamente con las obligaciones tributarias en el IRPF, IS o IRNR, según corresponda; segundo, porque el adecuado conocimiento del régimen fiscal aplicable a cada una de las tres alternativas que se ofrecen en un scrip dividend servirá de ayuda para que la decisión que adopte el inversor por una u otra se realice con pleno conocimiento de las consecuencias tributarias. En suma, un buen conocimiento del régimen fiscal de estas fórmulas de remuneración permitirá una adecuada planificación fiscal de las carteras de valores de renta variable por parte de aquellos contribuyentes que tengan posiciones diversificadas en estos instrumentos financieros.
La Dirección General de Tributos, en respuesta a varias consultas tributarias vinculantes formuladas por los contribuyentes , ha ido perfilando el régimen fiscal aplicable a cada una de las tres alternativas que se ofrecen al accionista en un scrip dividend en los términos que a continuación se expone.
A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Opción 1. Venta al mercado de los derechos de asignación gratuita
De conformidad con lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 37.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe obtenido por el contribuyente como consecuencia de la transmisión de los derechos de asignación gratuita que correspondan a los valores cotizados reducirá el valor de adquisición de las acciones de las que los mismos proceden. Y si dicho importe fuera superior al valor de adquisición de las acciones, entonces el exceso tributará como una ganancia patrimonial.
No obstante, debe señalarse que por aplicación de lo establecido por el último párrafo de la disposición final sexta de la Ley 26/2014, de 28 de noviembre, esta regla dejará de resultar de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, pues a partir de dicha fecha el importe obtenido ya no reducirá el valor de adquisición de las acciones y tributará en el mismo período impositivo en que se transmitan los derechos, bajo la calificación fiscal de ganancia patrimonial que, además, quedará sometida a la obligación de retención a cuenta. Por tanto, se perderá la actual ventaja del diferimiento fiscal.
Opción 2. Suscripción de la ampliación de capital y adquisición de nuevas acciones liberadas (el llamado “dividendo en especie”)
En relación con esta segunda alternativa, el párrafo cuarto del artículo 37.1.a) de la Ley del IRPF dispone que la adquisición liberada de nuevas acciones no determina tributación en el momento de la entrega. El contribuyente recalculará el coste de adquisición unitario de las acciones, considerando a tal efecto tanto las acciones antiguas como las acciones nuevas que haya recibido.
Como se podrá apreciar, en esta segunda alternativa de nuevo se produce un diferimiento en la tributación de la capacidad económica que se manifiesta en el momento de acudir a la ampliación y recibir las acciones nuevas. Dicha capacidad económica quedará sometida a gravamen en un momento posterior, que será cuando se efectúe una transmisión onerosa de las acciones, tributación que tendrá lugar bajo la forma de una mayor ganancia patrimonial, o bien una menor pérdida patrimonial, debido al efecto de reducción del coste unitario de las acciones.
Opción 3. No vender derechos al mercado ni suscribir nuevas acciones en la ampliación de capital y, a cambio, percibir una compensación económica en efectivo (el llamado “dividendo en efectivo”)
Esta tercera opción, que representa la principal peculiaridad del esquema y sobre cuyo régimen fiscal se han planteado las principales dudas, ha sido analizada por la doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT).
Bajo este tercer planteamiento, el accionista percibe una cantidad en efectivo, resultado de la transmisión onerosa de sus derechos de asignación gratuita a la empresa que amplía capital, y a un precio predeterminado en el acuerdo de ampliación. La DGT, a la hora de calificar fiscalmente la renta que obtiene el accionista como consecuencia de la citada transmisión de derechos, parte de la base de una interpretación finalista que asume que el fondo económico subyacente en un scrip dividend es el traslado al accionista del beneficio empresarial, y por ello concluye que la correcta calificación fiscal de la cantidad percibida por la venta de los derechos al emisor ha de ser la de un rendimiento del capital mobiliario derivado de la participación en fondos propios de entidades, en los términos del artículo 25.1 de la Ley del IRPF, en lugar de la de una ganancia patrimonial.
En definitiva, se equipara esta renta a la de un dividendo tradicional dado que, como reza la contestación de la DGT de 4 de octubre de 2010 (V2206-10) “(…) dicha compensación tiene por objeto garantizar a los accionistas de la entidad consultante la percepción de una determinada remuneración con independencia de la valoración en el mercado de los derechos de asignación y de que los derechos adquiridos finalmente se ejerciten o no (…)”.
Calificada la renta como rendimiento del capital mobiliario, la siguiente consecuencia es su sometimiento a la obligación de retención a cuenta, actualmente al tipo de retención del 19,5%.
B) Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente
El inversor no residente, particular o empresa, que sin disponer en España de establecimiento permanente perciba rentas en un scrip dividend deberá aplicar los criterios anteriormente expuestos a efectos de calificación fiscal de la renta.
Debe señalarse que el artículo 3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes dispone que el IRNR se interpretará “en consonancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades”. Asimismo, el artículo 13.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes dispone expresamente que “para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, a los criterios establecidos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Por tanto, y sin ánimo de reiterarnos, se aplicará la misma calificación fiscal de la renta que se acaba de exponer en sede del IRPF, de modo que el no residente que venda sus derechos de asignación gratuita al mercado o acuda a la ampliación de capital suscribiendo nuevas acciones liberadas se podrá beneficiar del diferimiento tributario al reducir el coste de adquisición de sus acciones. Y si acude a la tercera opción, recibiendo una compensación en efectivo del emisor, deberá declarar un dividendo obtenido en España el cual, en principio, tributará con sometimiento a una retención a cuenta del 19,5% salvo que el contribuyente pueda invocar un tipo de retención inferior o una exención tributaria al amparo del Convenio de doble Imposición que en su caso mantengan válidamente firmado España y el país donde el contribuyente tenga su residencia fiscal.
B) Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) sin establecimiento permanente
El régimen fiscal aplicable al inversor que tenga la condición de sujeto pasivo del IS o del IRNR mediante establecimiento permanente exige analizar previamente el régimen contable asociado a las operaciones de scrip dividend pues, tal y como dispone el artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, “en el método de estimación directa la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”
Al no existir en la normativa reguladora del IS ningún precepto que de manera expresa contenga reglas aplicables a la suscripción de acciones gratuitas o a la venta de derechos de asignación gratuita, las reglas contables aplicables a estas operaciones tendrán plena convalidación fiscal.
Desde el punto de vista contable, el apartado 2.8 de la Norma de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad dispone que en relación con los dividendos en efectivo el perceptor registrará bien un ingreso o bien un menor valor de adquisición de las acciones. Si el dividendo percibido procede de beneficios generados por la empresa antes de la adquisición de las acciones, entonces el accionista registrará un ingreso financiero en su contabilidad como consecuencia del cobro del dividendo; y si, por el contrario, el beneficio con cargo al que se abonan los dividendos ha sido generado con posterioridad a la adquisición de las acciones, entonces el accionista computará un menor valor de adquisición de su inversión en la empresa en una cuantía igual al dividendo percibido.
Sin perjuicio de lo anterior, que exclusivamente se refiere a los dividendos satisfechos en efectivo, el PGC no contempla reglas específicas para dar solución contable a los scrip dividends, de modo que ha tenido que ser el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) quien, en contestación a la Consulta 1 del BOICAC nº 88/2011, ha venido a establecer criterios al respecto.
La citada contestación dispone, en síntesis, que se aplicará el siguiente tratamiento contable al scrip dividend:
• El régimen contable aplicable al importe obtenido por la venta de derechos de asignación gratuita al mercado (1ª opción) debe partir del fondo económico de la operación. A juicio del ICAC, en estas operaciones tiene mayor peso la consideración de la operación como la enajenación de un derecho de asignación gratuita que como el reconocimiento de un derecho de crédito a percibir en forma de acciones o en efectivo. Por ello concluye que el criterio contable ha de ser el propio de la baja de un activo financiero. Ello determina que si las acciones están clasificadas contablemente por el accionista en la categoría de activos financieros disponibles para la venta (valoradas a valor razonable), y sobre la base de que el activo que se da de baja ya está registrado a valor razonable, sólo habrá que reclasificar a la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de la operación, para lo que será necesario determinar el coste que se da de baja.
• En cuanto a la adquisición de acciones liberadas (2ª opción), el ICAC sigue el criterio de la Consulta 2 del BOICAC 47/2001 y por remisión de ésta, el criterio de la Consulta 1 del BOICAC 9. De acuerdo con el ICAC, si las acciones están clasificadas contablemente por el accionista en la categoría de activos financieros mantenidos para negociar o en la cartera de activos financieros disponibles para la venta (valoradas a valor razonable), las acciones antiguas y las nuevas se valorarán también a valor razonable, lo que dará lugar a la correspondiente variación en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el patrimonio neto, según donde esté clasificada la inversión. Y si las acciones están clasificadas en la categoría de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas (valoradas al coste de adquisición), entonces el valor total de la cartera no se verá alterado, y todas las acciones, tanto las antiguas como las nuevas, se valorarán al precio medio ponderado.
• Por último en el caso de la 3ª opción en la que el accionista percibe una cantidad en efectivo como consecuencia de la transmisión de sus derechos de asignación gratuita al propio emisor de las nuevas acciones, el ICAC establece que el accionista reconocerá inicialmente un derecho de cobro (cuando se le notifique la existencia de la ampliación de capital) y el correspondiente ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando haya manifestado la opción por ejecutar dicho derecho mediante obtención de efectivo, a lo que seguirá la posterior variación del valor razonable del activo en la cuenta de pérdidas y ganancias o en patrimonio neto dependiendo de cuál sea la cartera en la que tenga clasificada la inversión a efectos contables.
Estos criterios contables han sido acogidos por la DGT quien, en la contestación a consulta tributaria de 30 de diciembre de 2013 (V3675-13) ha sentado los siguientes criterios de aplicación:
En caso de que se produzca la transmisión de los derechos de asignación gratuita el valor contable de la participación se verá disminuido en el importe de los derechos. Por tanto, el resultado contable que resulte de este criterio de valoración contable se integraría en la base imponible de la entidad transmitente de tales derechos, con su correspondiente reflejo en la base imponible del IS.
En relación con esta segunda alternativa considera la DGT que, siguiendo el criterio contable, las nuevas acciones recibidas de forma gratuita en la ampliación de capital conservarán la antigüedad de las acciones antiguas de las que proceden los derechos de asignación gratuita, distribuyéndose el valor de todas las acciones entre las antiguas y las nuevas recibidas en la ampliación.
De este modo no se producirá integración de renta alguna en la base imponible del IS por la adquisición de las nuevas acciones. Dicha tributación se producirá con posterioridad en el momento en que tenga lugar la transmisión de las acciones o su baja en el balance de la empresa (efecto diferimiento fiscal). En dicho momento, al haberse reducido el coste de adquisición unitario de las acciones, se generará un mayor beneficio financiero en la venta (o una menor pérdida financiera), y dicha renta positiva o negativa se integrará en la base imponible donde quedará sometido a gravamen al tipo de gravamen que corresponda.
El régimen fiscal aplicable a esta tercera opción es analizado por la DGT distinguiendo según que el perceptor del importe en efectivo tuviera o no la consideración de accionista con carácter previo a la ampliación de capital.
En el primer caso, si el inversor ya tuviera la condición de accionista antes de la ampliación de capital, el efectivo obtenido como consecuencia de la transmisión de los derechos de asignación gratuita a la entidad emisora de las nuevas acciones tendrá la consideración de ingreso tributable de forma equivalente al cobro de dividendos, y ello porque la compensación económica percibida tiene como finalidad garantizar al socio la obtención de una remuneración. Por tanto, no se aplica el tratamiento propio de la venta de derechos de suscripción al mercado.
Dicha renta quedará sometida a la obligación de retención a cuenta, actualmente a un tipo de retención del 19,5%.
Ha de señalarse que es posible que el accionista que percibe el efectivo en esta tercera opción tuviera una participación superior al 5% y con más de un año de antelación en la entidad que amplia capital lo que, en principio, le permitiría aplicar la exención por doble imposición de dividendos en los términos del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esto, en la práctica, determinaría la ausencia de tributación para el accionista y la inexistencia de la obligación de retención, si bien hemos de advertir que se trata de un supuesto poco frecuente si se tiene en cuenta que la mayoría de las entidades que distribuye scrip dividends son empresas cotizadas.
En la hipótesis de que el inversor hubiera adquirido los derechos en el mercado, con independencia de que tuviera o no previamente la condición de accionista, el efectivo obtenido sería igualmente un ingreso tributable equiparable a un dividendo, cuya cuantificación vendría determinada por diferencia entre el valor de adquisición de los derechos y el importe de la compensación en efectivo percibida con cargo a beneficios no distribuidos.
A diferencia de lo previsto en materia de IRPF, el régimen fiscal expuesto no cuenta en el caso del IS con una regulación en el cuerpo normativo regulador del Impuesto. Esta circunstancia fue advertida en la Propuesta nº 42 del Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario (Informe Lagares), en la que se indicó lo siguiente:
“Debería regularse en el Impuesto sobre Sociedades un tratamiento fiscal uniforme con el que ya existe en el IRPF para la suscripción de una ampliación de capital con cargo a reservas, por la que se reciban las nuevas acciones totalmente liberadas”.
No obstante, la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades no ha sido receptiva a esta propuesta.
Los scrip dividends hoy. Argumentos a favor y argumentos en contra
En un tiempo como el actual en el que la crisis económica padecida estos años atrás empieza a decrecer en intensidad, se plantea la duda de si la fórmula de los scrip dividends seguirá llevándose a cabo por las empresas.
Desde la óptica de las empresas, entre los argumentos favorables a que esta práctica siga siendo habitual está el fortalecimiento de los recursos propios mediante la recapitalización de los beneficios no distribuidos, fomentándose la autofinanciación frente a la financiación externa.
También ha de señalarse un interesante efecto que hace ver con cierto atractivo fiscal la segunda opción de un scrip dividend (la opción del dividendo en acciones). En efecto, cuando el accionista no alcanza a tener una participación superior al 5% en la empresa, y la primera y tercera opciones, consistentes en la venta de derechos al mercado o a la propia entidad emisora no son fiscalmente eficientes pues determinan tributación, la segunda opción del dividendo en acciones permitiría diferir la tributación hasta la fecha en que se transmitan las acciones o las mismas causen baja de balance. Si la empresa quisiera mantener su política de remuneración a los accionistas dando una solución fiscalmente óptima a los socios minoritarios que tengan menos del 5% del capital, el scrip dividend y, más concretamente, la segunda opción consistente en el dividendo en especie se muestra como una ventajosa remuneración de dividendos con tributación diferida.
Entre los inconvenientes que apunta el scrip dividend en el corto plazo debe señalarse el hecho de que a partir del 1 de enero de 2017 la primera opción (venta de derechos de asignación al mercado) dejará de llevar aparejado un diferimiento en la tributación y perderá su atractivo fiscal para los accionistas que tengan la condición de contribuyentes por el IRPF.
Por último, no debe olvidarse que tras un quinquenio de scrip dividends generalizados en la bolsa, no son pocas las voces de los accionistas que protestan ante estas prácticas que han producido una dilución importante de su participación societaria en la empresa.
1. Recuérdense, por ejemplo, las múltiples referencias que realiza el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario (“Informe Lagares”) a la necesidad de evitar el sesgo empresarial al endeudamiento o, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, las recientes limitaciones legales a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros inicialmente introducidas en el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que actualmente se encuentran reguladas en el artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2. Contestaciones de 29-07-2009 (V1777-09); 28-04-2010 (V0848-10) y aclaración posterior en contestación de 4-10-2010 (V2206-10); 19-09-2011 (V2111-11) ; 10-12-2012 (V2352-12) ; 08-05-2013 (V1552-13); 16-09-2013 (V2727-13); 07-10-2013 (V2984-13); 30-12-2013 (V3675-13); 12-06-2014 (V1553-14) y 28-07-2014 (V2056-14).
16 de Octubre de 2015 | 2:07 pm
Motivación e implicación de los equipos de trabajo de los despachos profesionales
18 de Septiembre de 2015 | 6:07 pm
D. ALFRED ALBIOL PAPS , Colegiado de Honor de nuestro Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria ha sido nombrado Presidente del Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), órgano profesional del Consejo General de Economistas.
Con tal motivo nos complace detallaros una breve reseña de su amplio y ejemplar currículum vítae
1. Títulos Académicos Oficiales Universitarios:
1. Doctor en Derecho, con la calificación de “Cum Laude”
2. Doctor en Organización de Empresas,(ADE) con la calificación de “Cum Laude”
3. Licenciado en Derecho.
4. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
5. Licenciado en Economía.
6. Profesor Mercantil.
2. Títulos Oficiales Profesionales:
3. Actividades Profesionales Académicas:
1. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, impartiendo asignaturas sobre Derecho Societario y Derecho Concursal en la Facultad de Economía y Empresa.
2. Director del Curso Multidisciplinar de Extensión Universitaria sobre las Sociedades analizadas desde la perspectiva de los Derechos Civil, Mercantil, Fiscal, Laboral, Penal y Contabilidad-Auditoria), organizado por la Universidad de Barcelona y los Colegios de: Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona; Gestores Administrativos de Cataluña; y Auditores-Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (10 ediciones).
3. Director de las Jornadas sobre la Reforma en materia Concursal (2010) y de las Jornadas sobre la Administración Concursal tras la última Reforma, organizada por el Colegio de Notarios de Catalunya y la Editorial Tirant lo Blanch.
4. Miembro del Consejo Asesor de la Revista Concursal y Paraconcursal de la Editorial La Ley.
5. Profesor-conferenciante invitado en diversas Universidades españolas e internacionales.
6. Director de las 11 Ediciones del Foro Concursal de Cataluña organizado por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona y el Colegio de Economistas de Cataluña.
4. Actividades Profesionales No Académicas:
Abogado y Economista especializado en Derecho Societario y Derecho Concursal, miembro de los Colegios de Economistas de Cataluña y Abogados de Barcelona. Letrado-Asesor en diversos Consejos de Administración de sociedades mercantiles.
5. Actividades Profesionales Corporativas
1. Decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona. (1990/1998).
2. Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña. ( 1990 – 2014).
3. Vicepresidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España. ( 1996 – 2013).
4. Secretario General del Registro de Expertos Contables Judiciales (2002 – 2013).
5. Delegado del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de España en la F.C.M. (Fedérération des Experts Comptables Mediterranéens). (2008 – 2013)
6. Asistente Técnico del Consejo Directivo del C.I.L.E.A. (Comité de Integración Latino Europa América). (2010 – 2013)
7. Vice-secretario del Consejo General de Economistas. (Desde 2013)
8. Vice-presidente del Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR). Responsable de Formación. (2013 – 2015)
9. Participante asiduo en diferentes foros internacionales corporativos sobre temas profesionales.
6. Cargos públicos
1. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sant Boi de LLobregat (1979/1980)
2. Diputado Provincial de la Diputación de Barcelona. (Comisión de Gobierno).1979/1980.
3. Consejero de la Corporación Metropolitana de Barcelona. (Comisión Permanente). 1979/1980.
4. Diputado al Parlamento de Cataluña I Legislatura. (1980/1984). Presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado; Presidente de la Comisión de Agricultura. Vicepresidente de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana.
5. Diputado al Parlamento de Cataluña II Legislatura. (1984/1988). Presidente de la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana.
6. Consejero del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (1989/1992).
1. Medalla de Honor de la Universitat Abat Oliba CEU.
2. Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
3. Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Alicante.
4. Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Cantabria.
5. Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Valencia.
6. Premio Andrés Pérez Faraudo otorgado por el Ilustre Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife.
27 de Agosto de 2015 | 8:11 pm
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su adecuación al Derecho comunitario
Últimos desarrollos normativos hacia la resolución del problema. José Manuel Ortiz de Juan Abogado. CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA La adecuación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la normativa comunitaria es una cuestión debatida por la doctrina desde hace mucho tiempo. El distinto tratamiento fiscal otorgado por la normativa reguladora del Impuesto a los residentes y a los no residentes ha sido discutido y en no pocas ocasiones ha suscitado críticas. La legislación recientemente aprobada en el marco de la reforma del sistema tributario parece haber puesto fin a este tradicional debate, como reacción a los expedientes encaminados a tal fin, promovidos por la Comisión Europea y sentenciados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien algunos aspectos del debate siguen aún sin tener una solución concreta. 1. Origen de la cuestión. La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12). cheap albion gold Entre las diferentes medidas aprobadas en el marco de la reciente reforma fiscal operada en nuestro sistema tributario, guarda un lugar propio la relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en lo sucesivo, ISD). Las modificaciones introducidas por la Ley 26/2014 en materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) tienen su origen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12) , en la que el Alto Tribunal condena al Reino de España por infringir el principio de libre circulación de capitales como consecuencia del régimen jurídico previsto en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que da lugar a un tratamiento fiscal discriminatorio en el ISD respecto de los sujetos pasivos no residentes y, en algunos casos, también respecto de determinados sujetos pasivos residentes. La sentencia es el resultado de un expediente de infracción iniciado por la Comisión Europea el 5 de mayo de 2010, en el que mediante dictamen motivado se dio plazo de dos meses al Reino de España para que modificara su normativa fiscal en materia de sucesiones y donaciones por cuanto que imponía una carga tributaria mayor en el ISD para determinados sujetos no residentes o para determinadas adquisiciones de bienes radicados en el extranjero. Transcurrido el citado plazo, y a la vista de la insatisfactoria respuesta del Reino de España, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado complementario con fecha 16 de febrero de 2011, en el que se instaba ya formalmente al Reino de España a modificar su normativa en materia de ISD. Aproximadamente un año más tarde, con fecha 7 de marzo de 2012, la Comisión Europea decidió finalmente interponer ante el TJUE el pertinente recurso por incumplimiento contra el Reino de España. En el fallo que pone fin al contencioso con la Comisión, de fecha 3 de septiembre de 2014, el TJUE no entró a juzgar si la normativa en materia de ISD era o no contraria al derecho comunitario. buy albion gold Lo que fue objeto de análisis por el TJUE fueron los artículos 32 y 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (en adelante, Ley de Cesión de Tributos a las CCAA). Dichos preceptos regulan, respectivamente, los puntos de conexión que permiten distribuir el rendimiento del ISD a las CCAA así como el alcance de las competencias normativas que las CCAA pueden ejercer en materia de ISD. A juicio del Tribunal, los citados artículos implican un trato discriminatorio dado que la normativa del ISD depende: (a) Del lugar de residencia del causante y del causahabiente en la fecha de fallecimiento. (b) Del lugar de residencia del donatario en la fecha de la donación. (c) Del lugar en el que está situado el inmueble objeto de una donación. La aplicación de los puntos de conexión contemplados en los artículos 32 y 48 de la Ley de Cesión de Tributos a las CCAA en el ámbito del ISD determina, a juicio del TJUE, un diferente tratamiento fiscal, contrario al principio de libre circulación de capitales del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 21 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en los siguientes casos: (a) En las donaciones y sucesiones, en función de si los causahabientes y los donatarios son residentes en España o no lo son. (b) En las sucesiones, en función de si el causante es residente en España o no lo es. (c) En las donaciones y disposiciones equiparables, en función de si los bienes inmuebles están o no situados en España. El siguiente cuadro expone las distintas situaciones discriminatorias en las que, según la sentencia del TJUE, se infringe el principio de libre circulación de capitales: 2. Modificaciones normativas incorporadas a la normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones La reacción del Reino de España para cumplir con la sentencia condenatoria ha consistido en aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley 26/2014 en el Congreso para modificar la normativa del ISD, dando nueva redacción a la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, Ley del ISD) . En este sentido, el apartado Uno de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD regula nuevas reglas aplicables a la liquidación del ISD en una serie de supuestos coincidentes, como regla general, con los identificados por el TJUE como discriminatorios. Con carácter general el precepto dispone que los sujetos pasivos “(…) tendrán derecho a aplicar (…)” la normativa que se desprende de los nuevos puntos de conexión, lo que pone de manifiesto que no serán normas de obligado cumplimiento. Cabe interpretar, por tanto, que los sujetos afectados podrán aplicar, alternativamente, las nuevas reglas de la disposición adicional segunda o bien las reglas que se venían aplicando hasta 31 de diciembre de 2014. Lo cual tiene todo sentido en aquellos casos en los que la normativa estatal pueda ser más favorable que la de la comunidad autónoma. 2.1. Nuevas reglas aplicables a la liquidación del ISD exigible a determinadas adquisiciones de bienes y derechos a título lucrativo. Supuestos de hecho regulados por la disposición adicional segunda de la Ley del ISD A continuación se analizan las cinco situaciones discriminatorias a que afectan las nuevas reglas aprobadas: 2.1.a) Adquisiciones mortis causa de bienes y derechos en las que el causante es un sujeto con residencia fiscal en España y el causahabiente es un sujeto con residencia fiscal en la Unión Europea (UE) o en los países del Espacio Económico Europeo (EEE) En estos casos, de acuerdo con la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014 el contribuyente no residente, sometido a gravamen en el ISD por obligación real, estaba obligado a aplicar la normativa estatal sin poder invocar los beneficios fiscales que pudiera tener regulada la Comunidad Autónoma de residencia del causante, beneficios que sí serían aplicables por un causahabiente con residencia fiscal en España que efectuase idéntica adquisición mortis causa. ha de señalarse que el apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Cesión de Tributos establece que sólo se considerará producido en el territorio de una CCAA el rendimiento del Impuesto “de los sujetos pasivos residentes en España”, lo que determina que cuando el sujeto pasivo es no residente resulte aplicable la normativa estatal al no operar la Ley de Cesión de Tributos. Para corregir en estos casos la discriminación puesta de manifiesto por el Tribunal comunitario entre causahabientes no residentes y causahabientes residentes, el apartado Uno.1.b) de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD dispone que los causahabientes no residentes tendrán derecho a aplicar la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma en la que tuviera su residencia el causante. Resulta interesante señalar que en estos supuestos la recaudación que se derive de estas declaraciones-liquidaciones corresponderá al Estado si bien la normativa aplicable será la de la CCAA en la que tuviera su residencia el causante. 2.1.b) Adquisiciones mortis causa de bienes y derechos en las que el causante es un sujeto con residencia fiscal en países de la UE o del EEE En relación con estos supuestos, la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014 determinaba que el causahabiente, ya fuese residente fiscal en España o fuese no residente, venía obligado a aplicar la normativa estatal y, por tanto, sin posibilidad de invocar los beneficios fiscales que podrían aplicarse en caso de que el causante hubiera sido residente fiscal en España. Téngase presente que según el artículo 32 de la Ley de Cesión de Tributos, en el caso de adquisiciones mortis causa el punto de conexión que establece la normativa viene determinado por la normativa de la CCAA en la que el causante tuviese su residencia en la fecha del devengo. De modo que si el causante fuese no residente, al no ser aplicable la Ley de Cesión de Tributos a las CCAA, resultaba de aplicación la normativa estatal. cheap albion gold La nueva regla establecida en estos casos por la letra a) de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD consiste en que los causahabientes tendrán derecho a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Así pues, con carácter general, los causahabientes deberán valorar los bienes del patrimonio del causante situados en España y determinar el punto de conexión en función de la CCAA en la que se encuentre el mayor de sus bienes y derechos situados en España. En relación con la aplicación de esta regla, debe señalarse que el precepto aprobado sí precisa que el causante deba tener la residencia en un Estado Miembro de la UE o del EEE pero no aclara cuál debe ser la residencia de los causahabientes, lo que permite interpretar que a falta de previsión legal el causahabiente puede ser tanto un residente en España, en la UE o e el EEE e incluso en países extracomunitarios. Reproducimos el texto del precepto para que pueda apreciarse dicha circunstancia. “a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida”. Así pues, de acuerdo con el tenor literal del precepto y a diferencia de lo que sucede en la regla anteriormente comentada, todos los contribuyentes por el impuesto, con independencia de su residencia, tendrán derecho a aplicar la normativa de la CCAA en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un causante con residencia fiscal en Alemania que tiene bienes inmuebles en España y uno de sus herederos es residente en EEUU. En este caso, el heredero residente en EEUU deberá tributar en España por obligación real y de acuerdo con el tenor literal del precepto debería tener derecho a aplicar la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Asimismo, previendo la posibilidad de que la totalidad de los bienes y derechos del caudal relicto pudiesen estar situados fuera de España, en tal caso se permite que cada sujeto pasivo aplique la normativa de la Comunidad Autónoma en la que resida el causahabiente . No deja de sorprender que en este supuesto la regla se formule en términos imperativos “se aplicará” a diferencia del resto de reglas que contempla el precepto en que se afirma que “los contribuyentes tendrán derecho”. Con esta redacción imperativa podría parecer que se ha querido cerrar la opción de que si el causante tuviese bienes en España, que el contribuyente residente pudiese optar entre aplicar la normativa de la CCAA en la que se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto en España y la normativa de la CCAA en la que resida el sujeto pasivo. Sólo cuando no exista ningún bien o derecho situado en España se aplicará la normativa de la CCAA en la que resida el causahabiente. No obstante, de la redacción literal del precepto tampoco podría aplicarse la normativa estatal a diferencia de lo que sucede respecto al resto de puntos de conexión en los que la norma esta formulada como una opción del contribuyente (tendrá derecho a la aplicación) frente a la aplicación de la normativa estatal . No se alcanza a comprender esta diferencia dado que se aleja de la finalidad que persigue la modificación normativa en su conjunto. 2.1.c) Adquisiciones inter vivos de bienes muebles La tercera de las situaciones discriminatorias que se corrige es la que se pone de manifiesto entre sujetos pasivos residentes y no residentes cuando la transmisión consiste en una donación que tenga por objeto bienes muebles que estén situados en España. En estos casos, de acuerdo con la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014, el donatario con residencia fiscal en España estaba mejor tratado que el donatario no residente, ya que el primero, que tributa por obligación personal, podía aplicar los beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma en que él mismo fuera residente, y el segundo, que tributaba por obligación real, debía aplicar la normativa estatal, normalmente más onerosa. En este sentido, debe recordarse que según el artículo 32 de la Ley de Cesión de Tributos, en el caso de donaciones de bienes y derechos (que no tengan la consideración de bienes inmuebles) el punto de conexión que establece la Ley viene determinado por la normativa de la CCAA en la que el donatario tuviese su residencia en la fecha del devengo. buy albion gold De manera que si el donatario fuese no residente, no operaba la Ley de cesión de tributos a las CCAA y por tanto resulta de aplicación la normativa estatal. La solución que aporta la letra e) del apartado Uno.1 de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD consiste en reconocer a los donatarios residentes en países de la UE o del EEE el derecho a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma en la que estén situados los bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto. Ha de señalarse que esta regla resulta aplicable con independencia del lugar de residencia del donante. 2.1.d) Adquisiciones inter vivos de bienes inmuebles situados en España en las que el adquirente es un sujeto pasivo residente en países de la UE o del EEE En cuarto lugar, la letra c) del apartado Uno.1 de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD corrige la discriminación fiscal que se pone de manifiesto en las transmisiones gratuitas de bienes inmuebles situados en España. albion gold Con la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014, si el adquirente de dichos inmuebles fuera un sujeto con residencia fiscal en España, sometido a gravamen por obligación personal, podrían aplicarse los beneficios fiscales de la normativa de la Comunidad Autónoma donde estuviera situado el bien inmueble transmitido. Si el adquirente era un no residente debía aplicar la normativa estatal, normalmente menos favorable. La solución que aporta el nuevo precepto para este caso consiste en reconocer a los donatarios que sean residentes en países de la UE o del EEE el derecho a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma donde estuviese situado el bien inmueble objeto de la donación. La aplicación de la presente regla es independiente del lugar de residencia del donante. 2.1.e) Adquisiciones inter vivos de bienes inmuebles situados en países de la UE o del EEE en las que el adquirente es un sujeto pasivo residente en España En estos casos la normativa vigente hasta 31 de diciembre de 2014 obligaba a que el donatario, residente fiscal en España, aplicase la normativa estatal atendiendo a que el inmueble objeto de la donación se encontraba situado fuera de España. La discriminación que se generaba en este caso derivaba del hecho de que el inmueble objeto de la donación estaba en España o estaba fuera de España. Mientras que el en segundo caso se aplicaba la normativa estatal, en el primero se aplicaba los beneficios fiscales previstos en la Comunidad Autónoma donde estuviese situado el inmueble. La letra d) del apartado Uno.1 de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD permite que el donatario con residencia fiscal en España pueda aplicar la normativa de la comunidad autónoma donde él mismo tenga su residencia fiscal. Como en el caso anterior, la aplicación de la presente regla es independiente del lugar de residencia del donante. 2.2. Concepto de residencia fiscal A efectos de la aplicación de las reglas anteriores, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo. En el caso de un no residente que haya fijado su residencia fiscal en España y en un periodo inferior a cinco años resulte beneficiario de una herencia o donación, una correcta interpretación del precepto debería permitir aplicar las reglas anteriormente comentadas tomando en consideración, en su caso, la CCAA en la que haya residido un mayor número de días desde la fecha en que se produjo el traslado de su residencia. 2.3. Donaciones en un solo documento de bienes situados en diferentes Comunidades Autónomas a favor de un mismo donatario El apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD prevé esta posibilidad, lo cual podría llevar a que la aplicación de las reglas expuestas diese lugar a que resultasen aplicables las normativas de diferentes comunidades autónomas. Para estos supuestos se prevé una norma especial de cálculo de la cuota tributaria a ingresar, que será el resultado de las siguientes operaciones: (a) Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los bienes y derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las Comunidades Autónomas en las que radiquen o estén situados parte de tales bienes y derechos. (b) Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén situados en cada Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de su normativa propia, de lo cual se obtendrá una cuota tributaria a ingresar, correspondiente a dichos bienes y derechos. 2.4. Presentación de declaraciones-liquidaciones La nueva disposición adicional segunda cierra la regulación anterior estableciendo reglas formales especiales respecto de los contribuyentes que deban cumplimentar sus obligaciones por este impuesto a la Administración tributaria del Estado. A través de este precepto se establece el mecanismo de la autoliquidación como obligatorio para que todos los contribuyentes que deban tributar por obligación real o aquéllos que deban tributar por obligación personal pero respecto de los que no aplican los puntos de conexión que contempla la Ley de cesión de tributos a las CCAA . buy albion silver Es por este motivo que con una redacción un tanto confusa el precepto se refiere a la “declaración-liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado” . A tal efecto se establece que deberán: (a) Presentar una autoliquidación, practicando las operaciones necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria. (b) Adjuntar el documento o declaración en el que se contenga o se constate el hecho imponible. (c) Al tiempo de presentar su autoliquidación, ingresar la deuda tributaria resultante en el lugar, forma y plazos determinados reglamentariamente. 3. Situaciones discriminatorias no previstas expresamente en la nueva disposición adicional segunda de la Ley del ISD Ha de señalarse que la regulación finalmente aprobada por la disposición adicional segunda de la Ley del ISD no prevé expresamente ninguna regla que puedan aplicar los sujetos pasivos del ISD que perciban prestaciones de seguros de vida, tanto si se trata de prestaciones que deban tributar como adquisiciones mortis causa, acumulándose al caudal relicto del causante, como si se trata de prestaciones que deban tributar como una adquisición inter vivos (aquellas prestaciones de seguros en los que el beneficiario sea distinto del tomador y la condición de asegurado recaiga en una persona distinta del tomador). Se trata de supuestos en los que, siguiendo la doctrina del TJUE, pueden existir claras situaciones discriminatorias, y lo cierto es la nueva normativa no las contempla. cheap albion silver 3.1. Prestaciones de seguros de vida para caso de fallecimiento que deban acumularse a la herencia del causante cuando el tomador del seguro fuese un sujeto con residencia fiscal en España En estos casos, cuando la condición de beneficiario del seguro recaiga en un sujeto residente en países de la UE o del EEE y siempre y cuando el seguro se haya formalizado con una aseguradora española o se haya formalizado en España con una aseguradora extranjera que opere en España, la tributación por ISD tendrá lugar por obligación real. En tal supuesto el beneficiario no residente estará obligado a aplicar la normativa estatal, lo cual no sucedería si él mismo fuera residente en España, pues en tal caso se aplicaría la normativa de la Comunidad Autónoma donde tuviera su residencia fiscal el tomador del seguro. En este punto debe señalarse que el artículo 32 de la Ley de Cesión de Tributos, cuando establece los puntos de conexión que permiten determinar la CCAA en la que se entiende producido el rendimiento, establece de forma expresa que tanto en el caso de realizarse una adquisición mortis causa como de percibirse cantidades por parte de los beneficiarios de los seguros de vida que se acumulen al resto de bienes o derechos que integran la porción hereditaria se tomará como referencia el territorio en que el causante tenga su residencia a la fecha del devengo. Es decir, en el citado precepto se otorga el mismo punto de conexión a las adquisiciones de bienes y derechos percibidos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio y a las cantidades que se perciban de los seguros de vida que se acumulen a la herencia. De esta forma se incluye en el mismo punto de conexión los hechos imponibles que contemplan las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley del ISD. Sin embargo, en la citada disposición adicional segunda en la citada letra b) del apartado 1.Uno simplemente se hace referencia a la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, de modo que sólo se cubre el hecho imponible previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley del ISD. En nuestra opinión, al tratarse de prestaciones de seguros que tributan acumulándose a las adquisiciones mortis causa de bienes y derechos recibidos por herencia o legado, debería poder invocarse, siguiendo la regla prevista por la letra b) del apartado Uno.1 de la disposición adicional segunda de la Ley del ISD, la normativa de la Comunidad autónoma donde tuviera su residencia el tomador. Creemos que se trata de un error del legislador dado que no tiene sentido que en una misma herencia en la que todos los bienes se acumulan a la base imponible y sobre ella se aplican reducciones, tipo de gravamen o coeficientes multiplicadores se tengan que aplicar dos normas distintas en función del tipo de bien o derecho que se perciba. 3.2. Prestaciones de seguros de vida para caso de fallecimiento que deban acumularse a la herencia del causante cuando el tomador del seguro fuese un sujeto con residencia fiscal en países de la UE o del EEE En este supuesto, muy parecido al anterior, la discriminación se produce en relación con la residencia del tomador del seguro, generándose discriminación tanto para residentes en países de la UE o del EEE como para residentes en España. En efecto, si el beneficiario es residente en países de la UE o del EEE, al tributar por obligación real, debe aplicar la normativa estatal. Y si el beneficiario es residente fiscal en España, aunque tribute por obligación personal, debe también aplicar la normativa estatal porque el tomador es residente fiscal en el extranjero. Como las prestaciones de estos seguros de vida tributan acumulándose a la herencia del causante-tomador, de acuerdo con lo comentado anteriormente, debería poderse aplicar, en nuestra opinión, la normativa de la Comunidad Autónoma que resulte de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1.Uno de la citada disposición adicional. 3.3. Prestaciones de seguros de vida para caso de supervivencia percibidas por beneficiarios con residencia fiscal en países de la UE o del EEE De conformidad con lo previsto por el artículo 12.e) del Reglamento del ISD, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, tienen la consideración de negocios jurídicos gratuitos e inter vivos, a efectos de ISD, además de la donación, “e) El contrato de seguro sobre la vida, para caso de sobrevivencia del asegurado y el contrato individual de seguro para caso de fallecimiento del asegurado que sea persona distinta del contratante, cuando en uno y otro caso el beneficiario sea persona distinta del contratante”. Al equipararse las prestaciones de estos seguros, por mandato legal, a las adquisiciones gratuitas inter vivos, los beneficiarios que deban declarar tales cantidades en el ISD aplicarán bien la normativa de la Comunidad Autónoma donde tengan su residencia fiscal (caso de beneficiarios residentes fiscales en España que tributan por obligación personal) o bien la normativa estatal (caso de beneficiarios no residentes en España que tributen por obligación real al haber formalizado el seguro con una aseguradora española o en España con una aseguradora extranjera que opere en España). Parece claro que existe en estos casos una discriminación entre beneficiarios residentes y no residentes cuando perciban prestaciones de seguros de vida equiparables a adquisiciones inter vivos, ya que los beneficiarios residentes en países de la UE o del EEE han de aplicar la normativa estatal y los beneficiarios residentes en España pueden aplicar la normativa de su Comunidad Autónoma de residencia. Y lo cierto es que esta discriminación tampoco es atendida por la nueva disposición adicional segunda de la Ley del ISD. Ha de señalarse que inicialmente sí fue atendida, pues el Proyecto de la Ley 26/2014 que tuvo entrada en el Congreso de los Diputados preveía la posibilidad de aplicar la normativa de la Comunidad autónoma donde tuviera su domicilio la aseguradora española o en la que se hubiera celebrado el contrato con la entidad aseguradora extranjera. albion silver Sin embargo, en el trámite parlamentario del Senado esta regla fue suprimida por la enmienda 260 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, justificándose tal supresión en que “(…) la exacción del tributo en los supuestos de percepción de cantidades por seguros de vida que no deban acumularse al caudal relicto a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones siempre es exigida por el Estado, tanto si se trata de sujetos pasivos no residentes como si se trata de sujetos pasivos residentes en España, por lo que no es necesario modificar su tratamiento actual”. En nuestra opinión esta justificación es incorrecta pues parece ignorar que existen determinadas prestaciones de seguros de vida que se equiparan, por mandato del artículo 12.e) del Reglamento del ISD, a las adquisiciones gratuitas inter vivos, en las que la normativa aplicable será la de la Comunidad Autónoma del beneficiario si el mismo fuese residente fiscal en España. En este sentido pueden citarse, entre otras, las contestaciones a consultas tributarias de la Dirección General de Tributos de 17 de diciembre de 2007 (V2625-07) y de 28 de marzo de 2008 (V0602-08) en las que expresamente se reconoce que en este tipo de contratos de seguros sobre la vida que se equiparan a donaciones el rendimiento se cede a las CCAA del territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo y por tanto “se aplicarán las reducciones en la base imponible que hayan sido establecidas por la Comunidad Autónoma correspondiente en aplicación de su competencia normativa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”. Así pues, no se ajusta a la realidad la justificación de la enmienda cuando se afirma que la exacción del impuesto “siempre es exigida por el Estado”. En nuestra opinión, debería haberse corregido esta situación, permitiendo que los beneficiarios de seguros de vida que fuesen no residentes pudieran aplicar la normativa de la Comunidad autónoma donde tuviera su domicilio social la aseguradora española o donde se hubiera formalizado el seguro con la aseguradora extranjera. Esperemos que nuestro legislador modifique la normativa para evitar que se mantenga esta situación de discriminación. 4. Efectos de la sentencia y de la nueva regulación en relación con las autoliquidaciones del ISD realizadas en ejercicios anteriores De acuerdo con lo establecido por la disposición final sexta las modificaciones comentadas entran en vigor el 1 de enero de 2015. La nueva disposición adicional segunda de la Ley del ISD no dice absolutamente nada en relación con la situación en que quedan las autoliquidaciones del ISD que correspondan a las situaciones discriminatorias ya identificadas por el TJUE y que se hubieran liquidado aplicando la normativa estatal. La duda que se plantea es si los sujetos pasivos que ya hayan liquidado el Impuesto podrían plantearse la recuperación de la parte del ISD ingresado, a lo que cabe dar respuesta en sentido afirmativo. No obstante, debe tenerse en cuenta que el TJUE únicamente identificó las situaciones discriminatorias sin establecer las reglas aplicables para evitar dicha discriminación. Así pues respecto a las situaciones anteriores a la entrada en vigor de la citada disposición adicional no existe claramente una “liquidación de referencia” que permita calcular la diferencia entre la cuota ingresada y la cuota que debió haberse ingresado. En nuestra opinión, a falta de la regulación de una norma de derecho transitorio que permita identificar una “liquidación de referencia” en base a la cual poder calcular el importe cuya devolución se solicite, los contribuyentes deberían poder aplicar el punto de conexión que les permitiese evitar esa situación de discriminación, obviamente con la debida justificación. Como alternativa, se podría realizar dicho cálculo por diferencia entre la cuota ingresada y la cuota que resulte de aplicar las nuevas reglas previstas por la citada disposición adicional segunda de la Ley del ISD. No obstante, la aplicación de estas reglas debería matizarse en los casos que interviniesen personas no residentes en la UE o el EEE dado que la jurisprudencia del TJUE también considera que en estos supuestos se producen una restricción a la libertad de circulación de capitales. En relación con el procedimiento formal a seguir en relación con la recuperación del Impuesto ingresado en ejercicios abiertos a prescripción tributaria, se puede instar la rectificación de la autoliquidación presentada solicitando la devolución del exceso de impuesto ingresado y los correspondientes intereses de demora. En otro caso (autoliquidaciones con ingreso practicadas en ejercicios ya prescritos), cabría acudir al procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el plazo de un año desde que se dictó la sentencia por el TJUE. 5. Situaciones objetivamente comparables que afecten a sujetos pasivos del ISD que tengan residencia fiscal fuera de la UE o del EEE No deja de sorprender que las modificaciones normativas incorporadas a la Ley del ISD sólo contemplen la aplicación de las nuevas reglas descritas en este trabajo cuando los contribuyentes sean residentes en un Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, dejándose, por tanto, fuera del mismo a los sujetos pasivos residentes en otros territorios extracomunitarios. Esta restricción a la aplicación de las nuevas reglas supone una incorrecta aplicación de la jurisprudencia del TJUE en esta materia. Debe señalarse que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. Por tanto, la posible infracción del principio de libre circulación de capitales no sólo puede producirse cuando se produce un hecho imponible en el que intervienen personas o activos situados en otros Estados Miembros de la UE o del EEE, sino que también se puede producir cuando intervengan personas o activos de terceros Estados extracomunitarios. En relación con lo comentado, resulta de interés la sentencia del TJUE de 17 de octubre de 2013 (asunto, C-181/12, Yvon Welte ) en el que se planteaba si la normativa alemana resultaba contraria a la libertad de circulación de capitales en una herencia en la que el causante y el causahabiente eran residentes en Suiza y se transmitía un bien inmueble situado en Alemania. Según la normativa alemana la reducción aplicable en esta herencia era inferior a la que se hubiese aplicado si al menos uno de los intervinientes –el causante o el causahabiente- hubiese residido en Alemania. En este caso el gobierno alemán y la Comisión alegaban que al tratarse de movimientos de capitales con terceros países debería tomarse en consideración lo dispuesto en el artículo 64 del Tratado -que restringe con matices la libre circulación de capitales con terceros Estados-, pero el TJUE concluye que esta medida constituye una restricción a la libre circulación de capitales entre Estados miembros y terceros países que contempla el artículo 63 del Tratado de la Unión Europea y que al tratarse de una herencia o donación su aplicación no se ve afectada por lo dispuesto el artículo 64 del Tratado. En nuestra opinión, el legislador español debería abordar la modificación de la normativa recientemente aprobada para incluir dentro de su ámbito de aplicación estos supuestos. Mientras ello no se produzca los sujetos pasivos extracomunitarios que se encuentren en estos supuestos deberían valorar la posibilidad de impugnar sus autoliquidaciones puesto que la normativa española estaría en clara contravención de la libertad de circulación de capitales. 1. ECLI:EU:C:2014:2130 2.Disposición final tercera de la Ley 26/2014, fruto de las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados (nº 129 y 130) y en el Senado (nº 260).. 3.Actualmente forman parte del Espacio Económico Europeo los 28 países integrantes de la UE así como Islandia, Liechtenstein y Noruega. Suiza no forma parte del mismo. 4.Recuérdese que, a estos efectos, el apartado Uno.2 de la disposición adicional segunda dispone que se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo. 5.Esta regla sólo tiene sentido cuando el causahabiente es residente en España dado que si no fuese residente y el causante no dispone de bienes en España en realidad se trataría de un supuesto de no sujeción al ISD. 6.Si bien con carácter general la normativa autonómica siempre será de mejor condición que la normativa estatal pueden darse supuestos en que ello no sea así y por eso tendría sentido poder aplicar la normativa estatal (sólo hace falta revisar los tipos marginales máximos aplicables en algunas CCAA y la inexistencia de una bonificación en la cuota para comprobar que pueden existir algunos supuestos en el sentido indicado). 7.De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley del ISD, el mecanismo de la autoliquidación no era obligatorio para estos contribuyentes. Así lo había manifestado la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos en su contestación a consulta tributaria de 14 de enero de 2010 (V0010-10). 8.En concreto los nuevos modelos para efectuar la autoliquidación se han aprobado a través de la Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su presentación.
27 de Agosto de 2015 | 7:44 pm
Por Carolina Isaacs. albion gold Life&Work Coach. MBA por la Universidad de Cantabria Autora de ‘Hoy tuve una gran idea. Atreverme a emprender’ y ‘Coaching Vacacional’. PNL Licensed Master Practitioner -The Society of NLP TM- www.carolinaisaacs.com No sé si usted se ha dado cuenta pero cada día escucho a personas que hablan de la vida afirmando que ‘esto así no se puede hacer’, ‘es que no tienen ni idea’, ‘las cosas son así y no sirve de nada intentar cambiarlas’, ‘con cada cliente que pasa por aquí me dan ganas de cerrar el negocio’, ‘estos son unos inútiles’, ‘esta provincia está paralizada’, ‘aquellos son unos ladrones y unos caraduras’, ‘el mundo va a peor cada día’, ‘nuestros jóvenes tienen un presente que no se lo merecen’… cheap albion gold Ahora que yo ya he empezado, estoy convencida que usted puede seguir fácilmente… A continuación quiero cambiarle de escenario. Quiero que se imagine a sí mismo frente al televisor. Haciendo zapping. No encuentra nada que le interese. No le gusta nada. Y finalmente acaba por decir: ‘la tele es una mierda’. albion silver Y una vez más, ha vuelto a suceder, hay algo externo a nosotros que no funciona, que no hace las cosas bien, que no es bueno. En ningún caso somos nosotros mismos los que podríamos hacer las cosas mejor. Cuando decidimos ver un programa de televisión y apretamos el botón del mando es un proceso similar al de como decidimos (de forma insconsciente, eso sí) en qué nos fijamos en nuestro día a día. Mientras usted está viendo un programa de deporte, no puede ver uno de cotilleo, ni de viajes, ni otro de deportes… Su atención se centra en un único canal. En nuestro día a día nuestro cerebro hace lo mismo que el botón del mando. Sintoniza habitualmente con un canal. Y de este modo se va conformando la realidad de cada uno de nosotros. Cuando nuestro cerebro ha aprendido a fijarse y centrar su atención en todo aquello que va mal, que no nos gusta, en gente desagradable, en el trabajo que no tenemos o que es horroroso, lo que produce en muchas personas es desánimo, tristeza, pena, queja. Y estas personas a su vez producen rechazo, porque esa negatividad la percibimos directamente con nuestros sentidos en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y no queremos estar con esas personas… Aunque puede que nosotros seamos una de ellas… Bien, ahora viene la parte buena de esta historia, habitual en nuestro día a día. cheap albion gold Podemos enseñarle a nuestro cerebro en qué ha de fijarse, en vez de que lo haga por defecto, con el piloto automático. Vamos a enseñarle de nuevo a conducir hasta que vuelva a aprender a hacerlo de forma natural y sin pensar, como lo hace ahora. Pero vamos a enseñarle otras posibilidades y a ver qué le parece, qué sucede. En la vida está el ‘canal de lo que va mal’, totalmente de acuerdo, por muchos años nos quedan guerras que vivir, injusticias, maltratos, abusos… Pero también tenemos el ‘canal de lo que va bien’, personas que ayudan a otras, por todas partes del mundo, empresas que hacen mejor su entorno y se preocupan por sus trabajadores, naturaleza increíble que nos devuelve la fe en la vida cuando nos vuelve a sorprender con sus olas, sus hojas, sus colores, sus montañas, sus valles, su movimiento, sus millones de criaturas perfectas en sí mismas: caballos, perros, gorriones, ballenas, delfines… Debemos sintonizar el canal de lo que va mal para elegir nuestra lucha personal, saber por lo que no estamos dispuestos a ceder bajo ningún concepto, priorizar lo que es importante de lo que no. Y una vez hecho esto y antes de que nos paralice, nos amargue, nos cierre la visión y las posibilidades de cambio, entonces sintonizar de forma habitual el ‘canal de lo que va bien’ para coger ideas y aplicarlas en nuestra lucha, encontrar energía y motivación y otras personas que nos ayuden y compartan nuestra visión. cheap albion silver Cantidad de personas creen que sentirse bien y enfocar la atención en lo que funciona es de idiotas. ‘¿Cómo voy a fijarme en lo que va bien si mi vida es una mierda, si mi empresa está a punto de hundirse?’ Pues precisamente por eso. Lo que estas personas no saben es que hay una alta probabilidad de que ese pensamiento suyo sea el fruto del trabajo inconsciente que ha hecho su cerebro, gracias al entorno que lo ha rodeado y le acostumbró de algún modo a trabajar así. Las personas de éxito, que han alcanzado altas cotas de realización personal, luchan cada día por mejorarse a sí mismos, ponen en duda todas aquellas decisiones importantes que puedan afectar a otras personas y se rodean de gente en la que confían por su honestidad, transparencia y congruencia. buy albion silver Son optimistas y prueban, prueban y prueban y fallan y aciertan y aprenden cada vez que hacen algo. Actúan y reflexionan. Para llegar allí, hace falta sintonizar el ‘canal de lo que va bien’: ¿qué ha sido lo mejor del día?, ¿qué he aprendido hoy?, ¿de qué me siento agradecido hoy?, ¿cómo aprende un niño?, ¿qué me interesa aprender a mí?, ¿cuáles son mis ilusiones?, ¿qué frase puedo decirme a mí mismo cada vez que tenga un mal momento, del tipo, tranquilidad, estoy aprendiendo…?, Y a nivel empresarial: ¿qué es lo que hacemos mejor y bien?, ¿qué es lo mejor que hemos hecho en mi empresa durante este tiempo?, ¿qué de cómo hemos venido trabajando en la actualidad ya no tiene sentido, está desfasado?, ¿cómo puedo incorporar las nuevas tecnologías?, ¿cómo se está conformando la demanda del mercado de cara a adaptarme a él?, ¿cómo y qué consumen los futuros clientes?, ¿cómo estamos haciendo que la sociedad sea mejor, se sienta mejor, ahora y dentro de 20, 50 y 100 años?, ¿cuáles son las principales cualidades de cada uno de los que aquí trabajamos?, ¿cómo puedo crear equipos complementarios teniendo en cuenta dichas cualidades?, ¿qué perfil me falta en la empresa para alcanzar nuestro objetivo?, ¿cuáles son nuestros valores y cómo se representan en nuestros productos o servicios? La tele no es buena ni mala. Hay programas y unos nos chiflan y otros no. Unos nos hacen sentirnos mejor y otros peor. Unos te dan alas y otros te deprimen. La vida es igual. Prestad atención al canal que elegís y que os repetís con palabras dentro de vuestras cabezas. Parálisis o Acción. Cinismo o Innovación. Somos personas y lo queramos ver o no, son nuestras mentes las que definen nuestras vidas, nuestra forma de entenderla, de tal modo que nos permite conseguir trabajo o no, nos permite crear mejores empresas o que se vayan al traste. Nos permite dar lo mejor de nosotros mismos o conformarnos con pasar de puntillas por la vida. buy albion gold Nos hayamos inmersos en un cambio tan importante como fue la Revolución Industrial, la Ilustración o el Renacimiento. La red nos permite colaborar con cualquier persona en el mundo así como acceder a cualquier información, por lo que la transparencia se hace inevitable, así como inmensamente beneficiosa. El cambio forma parte de nuestra vida y cuanto antes nos demos cuenta, antes podremos desarrollar nuestro propio canal de ‘Innovación Personal’, para lograr nuestros objetivos y los de nuestras familias y empresas. El Colegio de Empresistas trabaja ya desde hace unos años en esta línea, y específicamente con la Bolsa Activa de Empleo. Se hace imprescindible que desarrollemos una actitud de Innovación y mejora constante. buy albion gold Según los analistas más del 50% de los puestos de trabajo de aquí a 20 años están sin crearse todavía. Es evidente que hemos de renovar nuestra forma de pensar y ampliar posibilidades. Quizá a todos nosotros nos toque renovarnos profesionalmente, inventar algo nuevo, mejor. Puede que sea duro y sorprendente.
25 de Agosto de 2015 | 8:24 pm
“Según el Ministerio de Empleo, las empresas de Economía Social han soportado mejor la crisis” Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, Eduardo Bra de la Rosa es abogado ejerciente, experto en Derecho de Extranjería, Laboral, Derecho de Familia y del Deporte. Es Socio fundador de Trámites Fáciles Santander y presidente de la Agrupación de Empresas Laborales y de Economía Social de Cantabria (ACEL). Dicha entidad defiende la promoción, consolidación y desarrollo de las Sociedades Laborales y Cooperativas. buy albion gold Para ello, presta servicios que contribuyen a la mejora de la capacidad competitiva y viabilidad de este tipo de empresas, encargándose, además, de la difusión de los valores propios de la Economía Social. ¿En qué basa su labor esta agrupación? ¿Cuáles son los objetivos de ACEL? ACEL defiende los derechos de las empresas de Economía Social ante las administraciones públicas y apoya, mediante asistencia técnica, a las sociedades laborales y cooperativas en la mejora de su productividad. albion silver Asimismo, ofrece todo el asesoramiento para aquellos futuros proyectos emprendedores que quieran encajar en el modelo empresarial de Economía Social. Por último, también participamos en el asesoramiento, la creación y consolidación de tales proyectos. ¿Quién puede formar parte de esta agrupación? Aquellos proyectos empresariales que, con domicilio social en Cantabria, hayan escogido o pretendan elegir como forma jurídica las Sociedades Laborales o Cooperativas. La existencia de agrupaciones como esta refuerza la idea de que eficiencia empresarial y responsabilidad social son perfectamente compatibles. ¿Considera que autoridades, instituciones y empresarios comparten esta afirmación? Desde luego. buy albion gold Las empresas de Economía Social siempre se han caracterizado por desarrollar aspectos básicos relativos a la RSE. El 80% de los contratos de nuestras empresas son indefinidos y la representación de las mujeres en los órganos de dirección es superior a la media. Son empresas que se adaptan a medidas de conciliación con mayor flexibilidad y, por último, tienen mucho arraigo en el territorio. Es poco probable que una cooperativa o sociedad laboral se deslocalice. ¿Qué supuso la Ley de Cooperativas de Cantabria para la Economía Social? Fue un acontecimiento muy importante en nuestra región, porque supuso un impulso en el nacimiento de nuevas cooperativas y propició que en Cantabria comenzara a hablarse de ellas, difundiéndose este modelo de creación de empresas entre los emprendedores. Esta entrevista es un reflejo de ello; vosotros sois un colectivo que ayuda a crear, a asesorar empresas y hoy estamos aquí hablando sobre este modelo empresarial. ¿Qué beneficios tiene esta fórmula empresarial en situaciones de desaceleración económica? Según el Ministerio de Empleo, las empresas de Economía Social han soportado mejor la crisis, han destruido ocho puntos menos de empleo que el resto de las empresas mercantiles y presentan una proporción de contratos indefinidos del 80%. cheap albion silver Estos son dos de los aspectos más importantes para salir de una situación de crisis económica, por lo que creo que los beneficios de este modelo empresarial son obvios. En estos momentos, parece que el modelo de economía social está suscitando un mayor interés en el ámbito social, empresarial, político… albion gold ¿A qué cree que se debe? Históricamente, la desaceleración económica ha favorecido la aparición de empresas de este tipo. A lo largo de los años, el modelo económico social ha supuesto una solución en reconversiones industriales, creando puestos de trabajo estables y de calidad. buy albion silver Además, desde el ámbito social se ven como empresas con valores, en las que se prioriza a las personas antes que al capital, en la medida que se distribuyen los beneficios entre todos. De ahí, la popularidad y el interés que despiertan. ¿Existe algún tipo de ayuda o subvención para poner en marcha una actividad empresarial de carácter social? Sí. Existen diferentes subvenciones para este tipo de empresas. Hay ayudas destinadas a la constitución y el posterior desarrollo de la actividad, además de ayudas para llevar a cabo inversiones que mejoren la competitividad de las Sociedades Laborales y Cooperativas. ¿Es el cooperativismo un modelo de negocio aún por conocer, o podría decirse que está perfectamente asentado en el ámbito empresarial actual? Creo que necesitamos llevar a cabo una mayor difusión de estos dos modelos empresariales en todos los ámbitos. cheap albion gold En la Universidad y otros niveles formativos. cheap albion gold Además, debemos darnos a conocer entre los expertos en gestión de empresas como vosotros, los Titulados Mercantiles. ¿Considera que los jóvenes y emprendedores son el público objetivo ideal para este tipo de actividad económica? Sin duda que lo son, pero también los trabajadores que provienen de una empresa en situación de crisis o cuando el dueño de una empresa cesa su actividad. También puede ser una solución más que adecuada en aquellas situaciones de relevo generacional, cuando el empresario jubilado no tienen quien le sustituya y son los trabajadores los que deciden ponerse al frente de la empresa.
25 de Agosto de 2015 | 7:22 pm
Por: MARIA DEL MAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Magistrada especialista en mercantil. albion gold Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 4ª, competente para el conocimiento de los recursos frente a las resoluciones dictadas por el Juzgado Mercantil I. INTRODUCCIÓN El 28 de febrero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que según establece su Disposición final tercera entró en vigor al día siguiente de la publicación. Según establece la Exposición de Motivos, la denominada legislación de segunda oportunidad tiene como objetivo “permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluido de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”. Por otro lado, el 29 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Estado la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de julio. Su objeto es la convalidación del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En líneas generales, en lo referente a las reformas de la Ley Concursal y especialmente al mecanismo de segunda oportunidad, la Ley 25/2015 sigue la estela del Real Decreto-Ley 1/2015. En la redacción inicial de la ley Concursal ningún incentivo se aprecia para potenciar los concursos de personas físicas como mecanismo de solución de las situaciones de insolvencia. Salvo que se apruebe y cumpla íntegramente el convenio, el deudor persona física no ve limitada su responsabilidad respecto al pasivo insatisfecho que perdura más allá de la conclusión de la liquidación por la realización de todos los bienes y derechos integrados en la masa activa lo que produce resultados insatisfactorios y desincentivaba a la persona física para la presentación de una solicitud de concurso cuyas ventajas son difícilmente apreciables ab initio salvo en los supuestos en los que se preveía el éxito de un convenio. Fuera de este supuesto, cuando la solución del concurso es la liquidación, puede llegar a representarse la situación concursal como perjudicial para el deudor quien puede percibir que el aumento de sus deudas con los gastos propios del procedimiento no va acompañado de una mejora en relación a su responsabilidad patrimonial. buy albion gold Las críticas a este sistema han sido múltiples y se han ido agudizando ante la crisis económica de los últimos años. Las estadísticas de concursos de acreedores reflejan esta situación. En la provisional de 2014 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se recoge que de los 7.038 concursos declarados en España, únicamente en 849 el deudor era una persona física. De ellos, 203 realizaban una actividad empresarial frente a 646 que entrarían dentro del concepto de consumidor. Uno de los aspectos más destacados del Real Decreto-Ley y la Ley 25/2015 es la ampliación de la figura de remisión o condonación de deudas introducida por la Ley de Emprendedores y aparejada a la conclusión del concurso de acreedores de una persona física en el que fracase la finalidad principal del mismo, esto es, la satisfacción de los créditos bien a través del correspondiente convenio, bien mediante su pago en sede de liquidación. Se prevé la denominada segunda oportunidad para todas las personas físicas con independencia de que desarrollen una actividad empresarial o profesional, bajo un mismo régimen aplicable al deudor consumidor y al deudor empresario persona natural, estableciendo un régimen unitario para ambos y extendiendo la remisión de deudas a supuestos en que el deudor no ha satisfecho los créditos contra la masa ni un mínimo de los concursales. La figura de la segunda oportunidad no resulta extraña en el derecho comparado. Estados Unidos, Alemania, Italia o Portugal cuentan con instrumentos que permiten la exoneración de deudas tras la liquidación del patrimonio del deudor de buena fe y permiten la regeneración económica, destacando entre todos ellos el fresh start norteamericano. Sin embargo nuestro derecho concursal ha permanecido ajeno a esta corriente que se ha ido extendiendo en el derecho comparado. La presidencia del artículo 1.911 del Código Civil y del principio responsabilidad patrimonial universal que contiene según el cual “del cumplimento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros” inalterado desde el año 1989 en que se aprobó el Código Civil, chocaba con cualquier mecanismo exonerador de dicha responsabilidad. La situación de crisis económica fomentó una corriente de opinión favorable a la modulación del principio de responsabilidad personal universal contenido en el Código Civil. En dicho contexto se aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esta ley modificó el apartado 2 del artículo 178 de la Ley concursal incluyendo la figura de la exoneración o condonación de deudas del deudor persona física al establecer como nueva redacción del precepto que “2. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados”. Sin embargo, no se consideró plenamente satisfactoria la opción del legislador y desde el ámbito doctrinal se alzaron críticas dirigidas a la regulación en un doble sentido. Por un lado, se apuntaba a la falta de control del efectivo del comportamiento del deudor y la no previsión de un sistema que admitiese la revocación de la remisión de las deudas. En segundo término, a su insuficiencia para abarcar todas las posibles situaciones en las que puede verse un deudor persona natural que haya actuado de manera ajustada a derecho y de buena fe pero que se ve incapacitado para atender al mínimo del pasivo fijado. II. PRINCIPIO GENERAL El apartado 2 del artículo 178 de la Ley Concursal ha sufrido diversos vaivenes desde que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 la Ley Concursal. La redacción inicial, coherente con el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1.911 del Código Civil, establecía que “En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso”. La Ley 38/2011 modificó dicho apartado 2 cuya redacción fue sustituida por la de que “2. albion silver En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme”. A su vez, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, reformó el precepto estableciendo que “La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados”. En último lugar, el Real Decreto-Ley 1/2015 ha modificado dicho artículo estableciendo como redacción actual que “fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme”. La Ley 25/2015 lo ha mantenido intacto. Esta última versión tiene una doble consecuencia. Por un lado, reconoce la primacía del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1.911 del Código Civil, al devolver a la Ley Concursal la regla según la cual el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes, esto es, los no satisfechos en el seno del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de la masa activa. La segunda es la vuelta a la regla según la cual la inclusión de un crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia firme de condena. III. SEGUNDA OPORTUNIDAD El Real Decreto-Ley 1/2015 ha regulado de manera autónoma la segunda oportunidad, introduciendo un nuevo precepto, el art. 178 bis, dedicado al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. cheap albion silver Destaca que se prevé este beneficio no solamente en el supuesto de conclusión del concurso por liquidación sino que se añade el de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa, al que no se refería el art. 178.2 LC en la reforma dada por la Ley 14/2013, lo que fue entendido de manera mayoritaria en el sentido de que no era posible remitir las deudas cuando el concurso concluía por dicha insuficiencia. Pueden verse favorecidos por este beneficio no solamente los deudores cuyo concurso terminó en liquidación restando un pasivo insatisfecho sino también cuando la administración concursal realiza al juez del concurso la comunicación del artículo 176.2 bis de la Ley Concursal ante la insuficiencia de la masa activa para atender al pago de los créditos contra la masa y tras la distribución de la masa activa se declara dicha conclusión por ese motivo así como aquellos en los que el juez acuerda la conclusión del concurso por dicha insuficiencia ab initio en aplicación del artículo 176 bis apartado 4, como tras la reforma se establece en la nueva redacción de los apartados 3 y 4 del articulo 176 bis. En cambio, no podrá acogerse a este beneficio el deudor cuando el concurso haya sido concluido por cualquier otra causa. 1. Requisitos para la exoneración temporal o provisional del pasivo insatisfecho El artículo 178 bis LC incluye dos bloques de requisitos para la exoneración temporal del pasivo insatisfecho. En primer lugar establece los requisitos para la concesión provisional del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En segundo término, los requisitos para la exoneración definitiva. En ningún caso se distingue entre deudor empresario y no empresario. Art. 178 bis apartado3 “3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. 2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme. buy albion silver 3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. 5.º Que, alternativamente al número anterior: i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad. v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal”. El principal requisito es que se trate de un deudor de buena fe.El propio apartado tercero se ocupa de desarrollar cuando se entiende que concurre buena fe en el deudor, refiriéndose al cumplimiento de los requisitos que recoge a continuación. Algunos de estos requisitos discutiblemente pueden considerarse como reflejo de la buena fe ni de una actuación diligente. Cabe plantearse si es posible apreciar buena fe a pesar de faltar alguno de los requisitos anteriores, especialmente en los supuestos en que la situación de insolvencia obedece a un sobreendeudamiento no culpable del deudor y a circunstancias sobrevenidas como pérdida de empleo, aparición de gastos extraordinarios derivados de enfermedades o daños sufridos, entre otros supuestos. Atendiendo al espíritu y finalidad de la ley parece que podría resultar defendible esta tesis y que en algún supuesto concreto a pesar de faltar algún requisito (como podría ser el de no haber obtenido el beneficio dentro de los diez años anteriores) se aprecie de manera clara la buena fe. En todo caso, deberá el deudor fundamentar y acreditar dicha buena fe por encima de los específicos requisitos legales. 3. EFECTOS DE LA CONCESION PROVISIONAL DEL BENEFICIO La Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 1/2015 establece que la exoneración de las deudas se realizará automáticamente de cumplirse los requisitos establecidos. Aunque de manera expresa no se prevé tal carácter reglado en el artículo 178 bis, el trámite para la concesión previsto en el apartado 4 permite concluir que el legislador ha querido otorgar dicho carácter automático y reglado a la concesión del beneficio de no formularse oposición. Destaca la parcial regulación que en el articulo 178 bis se contiene respecto a los efectos del reconocimiento provisional del beneficio de exención del pasivo insatisfecho puesto que aparentemente el legislador se refiere de manera exclusiva al deudor que cumple el requisito alternativo contenido en el número 5º del apartado 3, esto es, el deudor que no ha satisfecho íntegramente los créditos contra la masa, los concursales privilegiados ni, en su caso, el 25% de los ordinarios. 1º Extensión de la exoneración En cuanto a los créditos afectados por la exoneración procede distinguir los supuestos el deudor haya satisfecho en su integridad los crédito contra la masa, los concursales privilegiados y, en su caso, el 25 % de los ordinarios y los que no. No obstante el artículo 178 bis únicamente se refiere de manera expresa al segundo supuesto. Acreedores del número 5º del apartado 3 En concreto establece el legislador que “El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado. Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos. Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado. Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad y no se hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio común”. En consecuencia, este precepto exonera al deudor del pago de todos los créditos concursales ordinarios y subordinados pendientes de pago (que lo son igualmente los referidos de manera separada en el número segundo). No obstante, se exceptúan los créditos de derecho público y los créditos por alimentos de los que seguirá respondiendo el deudor. Respecto a terceros, se ocupa a su vez el precepto de la extensión de la exoneración respecto al cónyuge del concursado casado en régimen de gananciales u otro de comunidad. buy albion gold En cambio, fuera del supuesto anterior este efecto es relativo, afectando únicamente al deudor concursado y no pudiéndose invocar por los obligados solidarios, fiadores o avalistas respecto a los cuales se mantendrá la responsabilidad. Acreedores del número 4º del apartado 3 El legislador se refiere de manera exclusiva a los deudores previstos en el número 5º del apartado 3. Sin embargo, nada se establece sobre los efectos en relación al deudor que haya procedido al pago de los créditos contra la masa, los créditos privilegiados y, en su caso, el 25% de los créditos ordinarios, esto es, el del número 4º del apartado 3. En principio, por la propia definición del beneficio que se contienen en el apartado cuatro, se produce la exención de todo el pasivo insatisfecho que por definición y contraste con el requisito cumplido por el deudor, podrá ser el pasivo subordinado y todo o parte del pasivo ordinario, según los casos. Sin embargo nada se dice en relación con los créditos de derecho público y los alimentos que entiendo quedan exonerados. cheap albion gold 2º Créditos no exonerados El segundo bloque de efectos se refiere a los créditos no afectados por el beneficio lo que según la tesis que sostenemos únicamente acontecerá en relación con los deudores el número 5º del apartado 3. Estos créditos serán los créditos contra la masa, los créditos privilegiados y los créditos por alimentos y de derecho público. cheap albion gold El primero de los efectos es que, en términos del apartado 6, “no podrán devengar interés”. El segundo efecto es que dichos créditos deben ser satisfechos dentro de los cinco años posteriores a la obtención del beneficio, bien conforme al plan de pagos propuesto por el deudor que previa audiencia de las partes deberá ser aprobado por el juez del concurso en sus propios términos o con las modificaciones que estime oportunas, bien conforme a los aplazamientos o fraccionamientos que se fijen en relación con los créditos de derecho publico. 4. REVOCACION DEL BENEFICIO La exoneración del pasivo resulta provisional y está condicionada a que el deudor actúe dentro de los cinco años siguientes conforme a los parámetros para apreciar su buena fe, no incumpla el plan de pagos, no vea mejorada de manera sustancial su situación económica y no se inste la revocación por ningún acreedor. En concreto el apartado 7 establece que “ Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos: a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos, o. c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos. La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso”. 5. EXONERACION DEFINITIVA Según se extrae del propio artículo 178 bis, el reconocimiento del beneficio de exención del pasivo insatisfecho inicialmente se concede con carácter provisional, debiendo transcurrir cinco años para que alcance el carácter de definitivo. Esto es importante porque la Exposición de Motivos parece decir lo contrario al diferenciar al deudor que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, privilegiados y, en su caso, veinticinco por ciento de los ordinarios, respecto a los que se refiere a una exoneración automática, y los deudores que no hayan podido satisfacer dichos créditos, en relación a los cuales se alude a que “podrá quedar exonerado provisionalmente” de sus créditos. Sin embargo, entiendo que tanto en uno como en otro caso la concesión es provisional. La conversión en definitiva de la exoneración provisional del pasivo insatisfecho exige en primer lugar el transcurso de cinco años sin que se haya revocado el beneficio. Cumplido este requisito y, entiendo que aunque no lo diga el precepto, acreditado en su caso el cumplimiento del plan de pagos y el pago de las deudas no remitidas, el juez del concurso deberá dictar auto reconociendo carácter definitivo a la exoneración sin que se otorgue margen de discrecionalidad alguna. No obstante, el legislador ha permitido igualmente la exoneración definitiva del deudor que incumpla el plan de pagos. Según la redacción dada por la Ley 25/2015 del art. 178 bis apartado 8 “Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. También podrá́, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno. No obstante, la exoneración definitiva podrá́ revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo primero del apartado anterior”.
24 de Agosto de 2015 | 9:44 am
El otro día me reuní con dos empresarios en uno de estos Centros Sociales diseñados como punto de encuentro de personas y profesionales, lugares de trabajo out-door y ubicación preferida de reuniones que precisan de un ambiente distendido e informal. O sea, en un bar.
Uno de ellos colabora en un proyecto de cierta relevancia del Laboratorio de Innovación Abierta, del que además es patrocinador. cheap albion gold El otro deseaba participar en dicho proyecto, y como yo desconocía tanto a él como a su empresa, comencé por hacerle lo que para mí es una pregunta habitual: ¿Tu empresa es innovadora?
Me miró un tanto perplejo y comenzó a decirme a qué se dedicaba su empresa. albion gold Tras escucharle un rato, me pareció que, de algún modo, intentaba explicarme que su actividad no tenía nada que ver con ningún sector tecnológico, ni tenía un departamento de I+D+i, ni tenía patentes propias. O al menos eso me estaba pareciendo, seguramente porque he escuchado esa suerte de justificación innecesaria muchas veces.
Sin ir más lejos, del otro empresario que estaba delante. albion silver Y, seguramente por eso, él mismo terció entonces con una precisión:
Quiere decir, que si en tu empresa se generan y se ponen en marcha ideas innovadoras. buy albion gold Si se genera algún tipo de innovación, vaya!
Estuvimos charlando de forma distendida y agradable otro vino, digo otro rato, y quedó claro que en su empresa ni él, como gerente, ni su personal tenían asumida la generación de ideas e innovación como parte de sus responsabilidades u objetivos aunque, pese a todo, hacía poco más de un año, un empleado le vino con una propuesta interesante para modificar uno de sus productos, que le escuchó, que formó un pequeño equipo para profundizar en la idea y, tras analizarla mejor, se reunieron todos de nuevo para ver cómo se podría pasar a la realidad y cuanto costaría hacerlo.
Casi una hora después, o sea, dos vinos, convinimos en que su empresa no era, extrictamente, “una empresa innovadora”, pero podría llegar a serlo fácilmente, convirtiendo ese “episodio” puntual en algo que sucediera con cierta periodicidad, y tanto aplicado a su catálogo de productos como a su estrategia comercial, su sistema de aprovisionamiento, de facturación, de comunicación con clientes, o con sus proveedores, o a cualquier otra actividad de su empresa. cheap albion silver En ese caso, sería ya parte de su cultura empresarial, de sus valores.
Y, hablando de valores, le añadí que su empresa, de hecho, “valdría” más, a efectos de cotización en el mercado o de búsqueda de inversores o capital-riesgo, si pudiera demostrar que, efectivamente, fuera una “empresa innovadora”.
Tras ingerir unas rabas estupendas, es decir, una media hora después, hablábamos precisamente de ese tema -la valoración de las empresas- y debatíamos sobre la justificación objetiva de otorgarle más valor a una empresa frente a otra por el simple hecho de que tuviera la innovación como parte de sus valores, aunque no hubiera patentado nada, por ejemplo.
Y, aprovechando esa palabra, le puse un “ejemplo”:
Supongamos que nos dejan un camping con 10 parcelas a diez personas diferentes. Una parcela por persona, todas iguales, cada una con un árbol y el mismo trozo de terreno, igual de verde, en la misma finca, la misma orientación, pero que, para poder alquilarlas a terceros, tenemos que instalar la tienda, el iglú, o lo que se nos ocurra.
Cinco personas instalan rápidamente una tienda sencilla, tipo iglú, de un solo cuerpo, prácticamente iguales. Las más habituales en el mercado. buy albion gold Incluso tres de ellas son del mismo color.
Otra persona se fija en ello y, pensando en que habrá quien busque otro tipo o capacidad, instala también una tienda-iglú, pero de dos habitaciones, y con una pequeña estancia en medio, y toldo extensible a modo de porchecito.
Una séptima persona se fija y le parece buena idea, que habrá familias, parejas o grupitos que necesiten más espacio. Piensa en instalar otra aun mayor, pero la parcela ya no da para más, así que instala otra muy parecida, pero de otro color y, además, con el espacio entre las dos habitaciones un poco más alto, de manera que se pueda estar de pié y a cubierto.
El octavo propietario de parcela piensa que el último modelo instalado está muy bien, pero se sale de su presupuesto, así que opta por instalar una tienda-iglú sencilla, pero instala también una pequeña barbacoa fija con mesa, en el trozo de parcela que le sobra, y que hace con cuatro piedras y un poco de maña, y se organiza para poder suministrar carbón, leña, pastillas para encender el fuego, e incluso, si se lo piden, productos cárnicos y vegetales para hacer a la brasa y, por supuesto, platos deshechables, servilletas y, ya puestos, agua, vino, etc.
Calcula que, como su tienda es pequeña y hay otras seis muy parecidas, la barbacoa puede marcar la diferencia en la elección de los turistas. Y, aunque ocuparan la suya el mismo número de días que las otras, con los pedidos de suministros ganaría más dinero, con los mismos clientes.
Entonces diseña un sistema logístico con bicicletas y remolques pequeños para dar ese servicio a cualquier cliente de cualquier parcela, llega a un acuerdo para ello con quien alquilaba las bicicletas en un pueblo cercano, ocupándose él mismo de alquilarlas además a los clientes del camping, y amplia su estrategia de colaboración con el dueño del supermercado del pueblo, para no tener que adelantar el importe de los suministros a sus clientes y mejorar un poco el precio, haciéndole también el servicio de reparto “sostenible” por la comarca.
¿Quien conseguirá más clientes?
¿Quien invirtió mas dinero?
¿Quien conseguirá más ingresos?
¿Quien ganará más dinero, amortizando antes las inversiones?
Pero, sobre todo…. buy albion silver si nos ofrecieran un premio de un millón de euros, si acertamos quien de todos ellos le irá mejor como emprendedor dentro de dos o tres años… a quien señalaríamos? ¿Con quien invertiríamos, aunque fuera en otro tipo de negocio, en otro sector? ¿Por qué? ¿Qué “valores” o “cultura empresarial” estaríamos apreciando como “valor”?
Es posible que algunos tuvieran clara su elección. cheap albion gold Imaginemos entonces que tres de los primeros, los que instalaron una tienda sencillita, deciden cooperar, juntar sus parcelas y su capacidad de inversión, diseñan y montan una tienda “superguay”, hasta con calefacción y cocina, para tener clientes todo el año…
El verdadero “valor” de la “+i”, o de la “cultura empresarial innovadora” es que no se plantea la innovación como un esfuerzo puntual, sino como una forma de vivir el día a día empresarial, porque siempre hay un pez más grande, más bonito o más listo.
21 de Agosto de 2015 | 7:38 pm
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria VIII JORNADA CONCURSAL Santander 23 de septiembre de 2015 10,00 a 10,15 h INAGURACION. 1ª sesión de 10,15 h. buy albion gold a 12,00 h. EL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO. REQUISITOS. SOLICITUD. TRAMITACIÓN. cheap albion silver PLAN DE PAGOS ALTERNATIVO. albion gold EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL Y LOS CRÉDITOS DE DERECHO PÚBLICO. Ponente: Ilma. cheap albion gold Sra. Dª. MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ Magistrada de la Audiencia Provincial de CANTABRIA. buy albion silver 12,00 H. a 12,15 h PAUSA 2ª Sesión de 12,15 h. a 14,00 h. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 9/2015 EN LA LEY CONCURSAL. UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA. Ponente: Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN. Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de MADRID. 14,00 h. a 16,15 h ALMUERZO LIBRE 3ª sesión de 16,15 h. a 18,00 h. EL CONCURSO CONSECUTIVO. cheap albion gold ESPECIALIDADES. TRAMITACIÓN. Ponente: Ilmo. Sr. D. CARLOS NIETO DELGADO. Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de MADRID. 4ª sesión de 18,15 h. albion silver a 20,00 h. EL DEUDOR PERSONA FÍSICA Y SU SITUACIÓN DE INSOLVENCIA. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS. EFECTOS. Ponente: Ilmo. Sr. buy albion gold D. CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ. Magistrado-juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de CANTABRIA. 20,00 h CLAUSURA.
20 de Agosto de 2015 | 9:32 am
El proceso creativo moviliza los recursos de nuestro hemisferio derecho, intuitivo, imaginativo, rápido y eficaz. buy albion gold Alumbrar una idea es un proceso esencialmente individual, en el que nuestro cerebro utiliza la información y las conexiones que tiene directa e inmediatamente a su alcance, almacenados en sí mismo.
Por contra, relacionarnos, comunicarnos, trabajar con los demás, requiere de un medio, de un canal, hablado o escrito, que implica la intervención de nuestro hemisferio izquierdo, racional, lógico y relativamente lento, que demanda también más esfuerzo. albion gold Mediante sus recursos, podemos aportar información al resto de cerebros del equipo, y también podemos recibirla, pero al hacerlo “apagamos” nuestro hemisferio derecho.
¿Cómo simultanear ambos modos de trabajar de nuestrocerebro para “crear” en equipo? Aunque aparentemente contradictoria, la respuesta, tanto en el plano racional como en el intuitivo, converge en una misma dirección: consiguiendo que el grupo funcione de manera “irracional”, al menos en cierto sentido.
Isaac Asimov dejó escrito que “El proceso creativo es más fácil en soledad. Muchas buenas ideas pueden parecer absurdas y, comentarlas, resultar embarazoso”, lo cual saben bien quienes han participado en talleres y mesas de creatividad por primera vez, o que han sometido al criterio de los demás el fruto de su imaginación individual.
¿Qué es lo que “no hay” cuando creamos en soledad? No hay crítica, no hay miedo, no hay frenos a la imaginación. Por contra, sí que “hay” prejuicios, hábitos de pensamiento, y también cierta escasez de enfoques diferentes y alternativos.
Cuando creamos en equipo, los prejuicios también están presentes. A nuestros propios prejuicios, se suman los del resto, si bien muchos de ellos, por razones socio-culturales -incrementadas en el caso de personas de una misma empresa- suelen estar repetidos. Pero si aprendemos a escuchar, con atención y objetividad, lo que nos ofrecen quienes están a nuestro alrededor, nos será más fácil tomar conciencia de esos prejuicios y, por tanto, poder sortearlos.
Si en el equipo de creación de ideas y soluciones incluimos a personas con formas diferentes de pensamiento, experiencias diferentes y, por consiguiente, enfoques diferentes, tendremos en conjunto muchas posibilidades de crear también de forma diferente, es decir, de tener ideas que, además de novedosas o innovadoras, apunten en direcciones distintas a las aportaciones realizadas en otros equipos de trabajo, cuestión relevante en un momento histórico donde cada vez más empresas y organizaciones recurren a los grupos de creatividad e innovación para generar ideas aplicables a sus propios modelos de negocio.
Aunque todavía abundan quienes no han dado ese primer paso – y si es así lo tienen crudo – ya no basta con tener ideas y generar innovación. Cada vez más personas y equipos se aprestan a esa tarea. Ahora hay que ser capaces de tenerlas diferentes y, a partir de ahí, ser capaces también de valorarlas más eficazmente y, en caso de decidir llevarlas a cabo, conseguir ponerlas en práctica de forma igualmente más eficiente.
La mayoría de los sistemas y modelos de gestión empresarial en vigor en las empresas están basados en la eficiencia. Dicha eficiencia, eso sí, abarca a multitud de procesos -idealmente a casi todos- pero muy escasamente incluye la generación de ideas e innovación. cheap albion gold Entre otras muchas razones, porque dicho proceso escapa al pensamiento racional, en el que están basados la mayoría de dichos modelos de gestión.
Hasta hace relativamente poco, mucha gente coincidía en creer que la mayoría de los seres humanos solo usaban una pequeña parte de su capacidad cerebral,lo cual, aparte de no parecer muy lógico desde el punto de vista evolutivo, sería del todo ineficiente desde el punto de vista de los recursos, y hoy sabemos que casi todo nuestro cuerpo aumenta o reduce sus capacidades en función de las necesidades reales – los músculos se desarrollan si losejercitamos, y se atrofian, como los huesos, en ausencia de gravedad, por ejemplo- porque la naturaleza es sabia y los recursos energéticos son limitados. El cerebro, además, es el principal consumidor de glucosa, elemento fundamental que, hasta los últimos instantes de nuestra evolución, no estaba disponible en las estanterías de las tiendas precisamente. cheap albion gold Por cierto, nuestro “lado racional” consume mucha más glucosa que nuestro “lado creativo”.
Nuestro cerebro tiene las dimensiones y las capacidades que tiene porque ha sido necesario que las tenga, y así ha sido porque, de forma mayoritaria, hemos utilizado ambos tipos de capacidades.
Quiere esto decir que hemos utilizado, de forma más o menos equilibrada, tanto nuestro hemisferio izquierdo -racional y lógico- como el derecho -intuitivo y creativo- y que ha sido así durante los milenios que nos han llevado hasta nuestro actual estado evolutivo.
Sin embargo, en los últimos cientos de años, la masiva escolarización y cierta estandarización de la educación a nivel global, a partir de un conocimiento común plasmado en los libros y manuales, de general aceptación y homogénea transmisión, han desequilibrado la balanza hacia nuestro lado más racional.
La propia utilización de un lenguaje escrito y elementos gráficos de apoyo que, sistemáticamente, demandan continuamente la atención de nuestro lado izquierdo y racional, en detrimento del otro, operan también en el mismo sentido, cuando lo mejor que podemos hacer para que nuestro cerebro nos aporte nuevas ideas es, sencillamente, no impedírselo.
La mayoría de nuestros currículos académicos están basados en el conocimiento acumulado -la experiencia colectiva- y la racionalidad considerada de general aceptación -las soluciones contrastadas- y se alejan por tanto de la la flexibilidad, la originalidad y de lo imprevisible, cualidades que conforman el sustento del pensamiento creativo y la visión innovadora.
Por ese motivo – y no por simples cuestiones de supuesta “genialidad” – la mayoría de los grandes creadores e innovadores de nuestra historia reciente han sufrido procesos de inadaptación en su paso por la escuela y han sido catalogados incluso bajo cierto grado de rebeldía.
La cuestión no es tanto que esas personas no encajaran del todo en los modelos y metodologías de enseñanza. La verdadera cuestión de fondo es que esos modelos y metodologías de enseñanza, en realidad, no terminan de encajar en el modo de funcionar de nuestros cerebros, que además de habernos traído hasta aquí, son muy anteriores a dichos modelos de aprendizaje.
Durante mucho tiempo, el propio modelo académico trabajó de forma activa, y “eficiente”, por evitar los comportamientos y respuestas individuales “transgresoras”, “diferentes” y, por tanto, originales y creativas, para las que la propia naturaleza, en su superior sabiduría, nos había preparado evolutivamente al dotarnos de un cerebro capaz de dichos logros.
Lo que ahora toca, si somos conscientes de esa realidad y aceptamos el potencial que con ello se nos brinda, es adaptar los modelos de enseñanza y aprendizaje para “retomar” el uso de todo nuestro cerebro, tanto el racional como el imaginativo, y aprender a hacerlo de forma equilibrada, lo cual, volviendo a la reflexión del principio, resulta más sencillo cuando se hace en grupo, o en equipo, que en solitario. Siempre que dicho grupo, claro está, tenga por principio el funcionar en “modo-dual”, y esté bien preparado y dirigido.
Cambiar las estructuras, las técnicas y metodologías académicas en cada uno de los niveles de nuestro sistema de enseñanza, además de sentido común, degeneral aceptación – que no parece haber acompañado a varias reformas educativas – llevará tiempo y paciencia, y conseguir que sus efectos alcancen a los modelos productivos y de negocio, más tiempo todavía.
A no ser que dicho cambio, por el contrario, se produzca directamente en el tejido productivo de nuestra economía. albion silver Es decir, en las propias empresas. Y aquí es donde cada una debe, y puede, trabajar para sacarle el mayor provecho posible a sus propios “Recursos Humanos”. buy albion gold Y ese es, precisamente, el mayor desafío actual de los responsables de dichos preciados recursos en las organizaciones, sin los cuales alcanzar el objetivo estratégico de la innovación es, simplemente, imposible.
Históricamente, muchas de las revoluciones en las formas y maneras de pensamiento que han llegado al mundo empresarial, han nacido en las escuelas y universidades. cheap albion silver Por el contrario, en esta ocasión todo apunta a que será al contrario, porque el tejido empresarial moderno y globalizado demanda una velocidad en los cambios de pensamiento y aprendizaje que superan a la capacidad de adaptación de los propios sistemas académicos de enseñanza. buy albion silver Y no en cuanto a contenidos, si no en cuanto a metodologías.