Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00230-11586-28-de-febrero-3-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_b151c43528df43b29bd41de602072cd2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-18 03:36:55
Document Index: 374070262

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2189', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 171', 'artículo 16', 'artículo 97', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 2189', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 65', 'artículo 2189', 'artículo 70']

SENTENCIA 2011-00230 DE 03 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PRECISIÓN SI ABOGADO QUE RENUNCIA AL MANDATO INCURRE EN VÍAS DE HECHO POR DILATAR LA ACTUACIÓN. SE AFIRMA QUE NO EXISTE DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO UNA NORMA QUE IMPIDA AL PROFESIONAL DEL DERECHO HACER USO DE LA FACULTAD DE RENUNCIAR A UN MANDATO CONFERIDO. ASIMISMO, CONFORME CON EL ARTÍCULO 2189 DEL CÓDIGO CIVIL, EL CUAL HABILITA A LOS ABOGADOS A RENUNCIAR A LOS MANDATOS CONFERIDOS, SE INDICA QUE LA RENUNCIA AL PODER CONCEDIDO DENTRO DEL JUICIO ORAL POR PARTE DE UN TOGADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO CONLLEVARON A TOMAR ESA DECISIÓN, ES UNA ACTIVIDAD LEGÍTIMA AVALADA POR EL ORDENAMIENTO LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ATRIBUCIONES DEL ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, RENUNCIA DEL ABOGADO
Sentencia 2011-00230/11586-28 de febrero 3 de 2016
Radicado 440011102000201100230 01 (11586-28)
Aprobado según acta de Sala 11
Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil dieciséis.
Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996-Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta superioridad es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.
Cabe señalar que, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias.
En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo, a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema sometido a decisión.
2. Del investigado.
Mediante certificado visible a folio 22 del cuaderno original uno de primera instancia, el registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura, acreditó la calidad de abogado del ciudadano B.S.L.P., identificado con la cédula de ciudadanía XXX, portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura.
3. De la prescripción.
Esta superioridad atendiendo las previsiones consagradas en el numeral 2º del artículo 23 en armonía con el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, en forma oficiosa y previo a descender a la temática propuesta por el apelante, debe pronunciarse sobre la viabilidad de dar aplicación a la prescripción parcial de la acción disciplinaria, como pasa a señalarse.
En efecto, los hechos materia de sanción, tal como viene de señalarse por el a quo en motivación visible en el vuelto del folio 432 y 433 del cuaderno original 2, tuvieron como circunstancia temporal el período 12 de mayo de 2010 (data de la primera sesión del juicio oral) al 5 de mayo de 2011 (fecha en la cual el investigado renunció al poder); y en tal sentido en virtud a que las faltas deducidas en la decisión objeto de revisión, y acorde a las circunstancias vertidas en el acápite de sentencia apelada, derivan en conductas de naturaleza instantánea.
Bajo la anterior premisa, esta superioridad considera que las conductas del investigado de presunta dilación verificadas entre el 12 de mayo de 2010, 11 de junio de 2010, 23 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 21 de octubre de 2010, 29 de noviembre de 2010 y 20 de enero de 2011 (véase folios 432 vuelto, 433 frente y vuelto del cuaderno original 2); les ha sobrevenido el fenómeno prescriptivo el cual habrá de declararse en la parte resolutiva de esta decisión. Precisando desde ya esta superioridad que cuando la sentencia de primer grado fue emitida (jul. 24/2015) y notificada a los intervinientes (sep. 18/2015) ya había sobrevenido, como queda en evidencia, el referido fenómeno procesal a muchos de los presupuestos fácticos en los cuales se edificó la sentencia. De tal manera que, cuando el asunto fue repartido a quien funge como ponente (oct. 27/2015, fls. 3 - 4, cdno. 2ª inst.) y avocado el conocimiento del asunto (oct. 28/2015, fl. 5, cdno. 2ª inst.), más la vacancia judicial; a este asunto le había sobrevenido el citado fenómeno.
Por lo anterior, la Sala en virtud a que la falta contenida en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 se edificó, además de las fechas señaladas como prescriptas, en las sesiones del 28 de marzo de 2011 y 5 de mayo de 2011, solo examinará la conducta del investigado sobre estas fechas; precisando desde ya que en cuanto a la falta contenida en el numeral 1º del artículo 33 ejusdem la Sala se abstendrá de pronunciarse a su vez frente a los presupuestos fácticos que aludan a las referidas fechas en las cuales les ha sobrevenido el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.
Habrá de referirse esta corporación estrictamente a los motivos de discrepancia planteados en las impugnación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.
En esa perspectiva y al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, esta superioridad debe recordar que para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.
En ese orden, y con miras a verificar si el disciplinado recurrió en tiempo la decisión objeto de revisión, la Sala debe precisar que este fue notificado mediante edicto de 18 de septiembre de 2015 de la providencia proferida el 24 de julio de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Judicatura de La Guajira y el 21 de septiembre de la misma anualidad interpuso el recurso de apelación, circunstancia de la cual se colige que la alzada se interpuso en forma oportuna (fls. 450, 469, c.o. 2 1ra. inst.).
5. Marco normativo.
Los cargos por los cuales se sancionó al jurista en el fallo apelado están descritos en los numerales 1º y 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, los cuales disponen:
“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
“(...) 1. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia (...).
8. Proponer incidentes, interponer recursos formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.
Esta superioridad estudiará por separado cada una de los temas propuestos por el apelante con miras a determinar de un lado la materialidad de la falta y de otro la responsabilidad en ella del abogado B.S.L.P.
Como primer punto de la apelación el recurrente parte de la inexistencia de falta porque en su sentir el hecho cierto de haber renunciado al poder en la audiencia celebrada el 5 de mayo de 2011, de manera alguna constituye un acto ilegítimo para persuadir al funcionario judicial.
La Sala frente a la alegación del recurrente y previo a pronunciarse frente a la misma, debe precisar desde ya que la falta contenida en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, según se desprende del acápite de análisis probatorio de la sentencia apelada, visible a folios 432 a 436 del cuaderno original número dos; además de estar soportada en la audiencia de juicio oral celebrada el 5 de mayo de 2011, está a su vez soportada en su contexto en las citadas fechas a las cuales se le decretó prescripción parcial, circunstancia ante la cual inicialmente debe concluirse que la conducta endilgada se ha desconfigurado en su presupuesto fáctico.
Efectivamente, encuentra esta corporación que el a quo como presupuesto fáctico de la referida conducta deducida en la decisión, construyó el análisis de tal falta (L. 1123/2007, art. 33, num. 1º) en el análisis de hechos registrados desde el 12 de mayo de 2010 (fecha de inicio de juicio oral), 11 de junio de 2010, 23 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 21 de octubre de 2010, 29 de noviembre de 2010 y 20 de enero de 2011 (véanse fls. 432 vuelto y 433, c.o. 2); datas que tal como viene de examinarse obligan a esta colegiatura el deber legal de abstenerse en su análisis, ante el advenimiento del fenómeno de la prescripción.
Bajo el anterior presupuesto, se impone a esta superioridad entrar a precisar si la conducta desplegada por el disciplinado, en forma posterior a las anteriores fechas, esto es el 28 de marzo y 5 de mayo de 2011, permiten estructurar la falta examinada, prevista en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 y con ello deducir la responsabilidad del disciplinado.
En ese propósito, se tiene que frente a la conducta del investigado agotada el 28 de marzo de 2011, tal como lo relacionó el a quo en análisis visible a folio 433 vuelto, cuaderno original segundo, se celebró sesión de juicio oral con el desistimiento de una declaración por parte de la defensa; con la reiteración para próxima audiencia de la declaración del testigo M.M.E. Tales actividades a juicio de esta colegiatura no permiten estructurar la falta objeto de examen.
En esa perspectiva, descendiendo al reparo en concreto formulado por el apelante, quien como viene de relacionarse, ha señalado que el acto de renuncia al poder registrado en la audiencia de 5 de mayo de 2011, no constituye un acto ilegítimo para persuadir a un juez de la República, conclusión a la cual, en su sentir, contrariamente arribó en forma equívoca el seccional.
La Sala en orden metodológico, parte de los dos ejes en los cuales el a quo fundó el reproche frente a la conducta desplegada por el disciplinado en la citada data; de un lado, en que al investigado no le era dable renunciar al poder en la audiencia, y de otro, el engaño, en que el investigado habría inducido al juez de instancia al afirmarle que “el testigo comparecería, que venía viajando y nada de ello fue cierto” (fl. 444, cdno. original 2).
Precisado lo anterior, esta corporación parte del presupuesto fáctico examinado por el a quo al momento de construir la falta contenida en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, visible a folio 444 del cuaderno original 2, el seccional de instancia señaló que “(...) por ello, cuando a sabiendas de la decisión final del juez procedió de manera airada, no jurídica, a provocar que se decidiera nuevamente a su favor la suspensión de la audiencia y cuando no lo logró, renunció intempestivamente al poder que se le había otorgado por parte del acusado, amén de pretender abandonar el recinto de la audiencia sin la autorización del funcionario judicial que la dirigía, es por lo que esta Sala considera que tal comportamiento equívoco empleado por el defensor, doctor B.L.P., encuentra total encuadramiento en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 1º del ya varias veces citado artículo 33 de la Ley 1123 (...)”.
Bajo el anterior presupuesto esta superioridad invocando principios generales del derecho más concretamente del derecho liberal, parte del principio según el cual lo que no está prohibido está permitido(2). En esa perspectiva cabe recordar que el digesto desde tiempos inmemoriales en el antiguo derecho romano, para el año 533 d.c., ya indicaba con claridad que la libertad es la facultad natural de hacer lo que place a cada cual, salvo lo prohibido por la fuerza o por la ley (“Libertas est naturales facultas ejus, quodcuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohibetur”).
En ese mismo sentido el derecho comparado moderno presenta como antecedente a tal principio general, de la mano del derecho romano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) manifestación la cual en su artículo 5º ya preveía que “La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena” (subrayado fuera de texto).
Cabe recordar que el anterior aforismo, de enorme trascendencia legal, ya constituía una sólida base para el naciente Estado de derecho, entre otros pensadores, desde la obra de Montesquieu en 1747, del Espíritu de las Leyes quien ya señalaba que “Una Constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley, y a no hacer las permitidas”(3); y en tal sentido concluía en su obra el ilustre francés que “La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten”(4) (libro XI, capítulo III).
Bajo el anterior marco conceptual, la Sala de cara al presupuesto fáctico vertido en la sentencia de primer grado, a través del cual el a quo dedujo responsabilidad en contra del disciplinado por la renuncia a un poder en una audiencia penal, encuentra que el seccional de instancia olvidó precisar por qué el abogado B.L.P. no podía renunciar al poder conferido en la sesión de juicio oral, circunstancia que sin ambages de ninguna naturaleza, desde ya advierte esta superioridad conspira contra el orden legal; ello por cuanto como viene de señalarse, no existe en el ordenamiento jurídico una norma la cual impida al profesional del derecho hacer uso de la facultad de renunciar a un mandato. Lo anterior adquiere enorme connotación por cuanto es el mismo artículo 2189 del Código Civil el que habilita a los abogados a renunciar al mandato conferido(5); de tal manera que para la Sala, surge como evidente que la renuncia al mandato dentro del juicio oral por parte del togado L.P., independientemente de las circunstancias que la motivaron, fue una actividad legítima, avalada por el ordenamiento legal.
En esa perspectiva esta superioridad debe recordar que dentro del ingrediente especial consagrado en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, el de “emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos”; el “medio” debe ser ilegal, ilícito o ilegítimo.
De otro lado, y en cuanto al otro eje nodal a través del cual el a quo construyó responsabilidad dentro de la referida falta referente al engaño, en el cual el investigado habría inducido al juez de instancia al afirmarle que “el testigo comparecería, que venía viajando y nada de ello fue cierto” (fl. 444, cdno. original 2); la Sala considera que no atina el seccional de instancia al erigir responsabilidad disciplinaria por tal circunstancia, pues se observa en el plenario elementos de juicio que permiten arrimar a esa idea como se procede a explicar.
Efectivamente, encuentra esta superioridad que al examinar los registros de audio de las sesiones de audiencia de juicio oral celebradas en la mañana y tarde del 5 de mayo de 2011, registros visibles en los CDS 4 y 5 de la compulsa de copias (fl. 1, cdno. original 1), fue un hecho cierto que el abogado advertía que el testigo, señor M.M.E., cabo tercero del Ejército Nacional, comparecería a declarar en esa data; afirmación que a su vez había señalado en audiencias de fechas anteriores, a las cuales se les ha declarado la prescripción parcial.
En esa perspectiva, esta superioridad no encuentra que tal presupuesto fáctico —el anunciar el testigo—, tenga la entidad necesaria para deducir en grado de certeza que la citada afirmación del abogado haya sido un engaño y menos que sea un medio que haya influido en alguna decisión del juez; aspecto este que adquiere especial connotación si se tiene, de un lado, que en los mismos registros de audio obra que el declarante concurrió al llamado de la judicatura como testigo de descargos(6), pero su declaración no fue recaudada por cuanto estaba en turno las declaraciones de la fiscalía, y de otro, que la decisión del a quo no concretó ni precisó en qué decisión del juez recayó los presuntos actos ilegítimos de persuasión.
En consecuencia, a manera de corolario de todo lo examinado, además de lo señalado en apartados anteriores; esta colegiatura debe señalar que si bien el Juez Primero Penal del Circuito de XXX, compulsó copias para que se investigara al abogado L.P., el citado funcionario en momento alguno concretó ni precisó las presuntas irregularidades en las cuales pudo incurrir el abogado, tal como se desprende del registro visible en el record del segundo archivo del CD5 01:00:54 - 01:20:38; de allí que sin apegos de ninguna naturaleza el a quo hubiese advertido que dentro del sistema penal acusatorio, cuando el juez de la causa clausuró el debate probatorio, pese a que este señaló que no procedía recurso, el disciplinado estaba legitimado para recurrir tal decisión por cuanto se dejaba de practicar una prueba decretada por el mismo funcionario en audiencia preparatoria; tal circunstancia desdibuja el dolo requerido en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 33, con el cual pudo actuar el investigado al renunciar.
Las anteriores razones que encuentran arraigo legal y sustento en la jurisprudencia de esta colegiatura, son suficientes para concluir que se debe absolver del cargo formulado al abogado disciplinado.
De otro lado y frente al segundo tema del apelante encaminado a censurar el cargo formulado por presuntamente incurrir en la falta prevista en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; destacó que todo lo que hizo fue amparado en la ley y nunca generó un hecho que entorpeciera o demorará el normal desarrollo de las audiencias (fl. 470, cdno. original 2).
Bajo el anterior presupuesto la Sala parte del reproche que hiciera el a quo frente a la construcción de tal falta, al señalar a folio 444 del cuaderno original 2 que: “(...) el defensor del acusado, aquí disciplinable en principio estaba habilitado para solicitar aplazamientos y/o suspensiones justificadas (sic) de la audiencia de juicio oral que se llevaba a cabo dentro del proceso penal materia de investigación ... de ahí que la falta que se examina, consagrada en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 la que es atentatoria contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, le fue imputada al disciplinable por considerarse que abusó de las vías de derecho con el sistemático pedido de aplazamientos y/o suspensiones de la audiencia de juicio oral ... logrando finalmente que dicha etapa procesal no culminara ese 5 de mayo de 2011 (...)”.
En esa perspectiva, esta corporación desde ya debe anunciar que por sustracción de materia e insuficiencia probatoria, absolverá al investigado del anterior cargo por cuanto la falta endilgada por el seccional de instancia por incursión en las vías del derecho que derivó en maniobras dilatorias, guarda directa relación con los hechos de audiencias registrados a partir del 12 de mayo de 2010 (fecha de inicio de juicio oral), 11 de junio de 2010, 23 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 21 de octubre de 2010, 29 de noviembre de 2010 y 20 de enero de 2011 (véanse fls. 432 vuelto, 433 frente y vuelto del cdno. original 2) fechas que como viene de señalarse se les ha decretado la prescripción parcial.
Así las cosas, la Sala, además de lo examinado en apartado anterior, no encuentra a su vez que en las sesiones de audiencia de juicio oral celebradas el 28 de marzo y 5 de mayo de 2011 existan elementos de prueba que permitan deducir que el investigado haya incurrido en abusos de vías del derecho con fines de dilatar una actuación. En tal sentido esta superioridad absolverá del cargo formulado al disciplinado, se itera, por insuficiencia probatoria y acorde a las premisas señaladas.
Por todo lo anterior, la Sala revocará el fallo recurrido proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira el 24 de julio de 2015, por las razones expuestas y en virtud a los tópicos propuestos por el recurrente, para en su lugar absolver al investigado de los cargos formulados.
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,
1. DISPONER la terminación del procedimiento a favor del abogado B.S.L.P., para los hechos registrados el 12 de mayo de 2010, 11 de junio de 2010, 23 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 21 de octubre de 2010, 29 de noviembre de 2010 y 20 de enero de 2011 acorde a lo expuesto en precedencia.
2. REVOCAR la sentencia de 24 de julio de 2015 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, mediante la cual se sancionó con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al abogado B.S.L.P., identificado con cédula de ciudadanía XXX y tarjeta profesional XXX, por la comisión de las faltas descritas en los numerales 1º y 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo, para en su lugar ABSOLVER al citado profesional de los cargos formulados, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
3. COMISIÓNASE al Magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, con facultades para sub comisionar, para que notifique al disciplinado y su defensor la presente providencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-468 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz.
3 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, libro XI, capítulo IV: De las leyes que dan origen a la libertad política en su relación con la Constitución.
4 Ibídem libro XI, capítulo III.
5 Código Civil, artículo 2189. Causales de terminación. El mandato termina:
1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido.
2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato.
3. Por la revocación del mandante.
4. Por la renuncia del mandatario.
5. Por la muerte del mandante o del mandatario.
6. Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro.
7. Por la interdicción del uno o del otro.
8. Derogado por el artículo 70, Decreto 2820 de 1974. Por el matrimonio de la mujer mandataria.
9. Por las cesaciones de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas.
6 Record 00:56:15 CD5; record 00:01:51 ;00:07:00; 00:05:26 CD4.