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Timestamp: 2020-02-18 22:07:10
Document Index: 360409761

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 80', 'artículo 96']

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | actualicese.com
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Normatividad / Por Entidad / Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La Superservicios precisa que la regla general en materia de facturación es que esta se produzca con posterioridad al consumo, habida cuenta que este es el elemento principal del precio que se cobra al usuario, y que el mismo solo puede determinarse al momento de la lectura. No obstante, esta regla tiene dos excepciones: la primera, relativa a la posibilidad de acogerse a esquemas de medición y pago anticipado de servicios bajo la modalidad de prepago, partiendo de la base de que tanto prestador como usuario calculan la cantidad de kilovatios o metros cúbicos de agua o gas a consumir y el usuario los paga a un valor determinado por prestador, limitando su consumo a la cantidad prepagada, sin que exista la posibilidad de exceder el consumo por encima de la misma, salvo que se efectúe una nueva recarga; la segunda tiene que ver con la posibilidad de que se pacte el abono del valor del servicio contra la posibilidad de realizar pagos o recibir devoluciones dependiendo la facturación real de consumos.
El artículo 365 de Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y en desarrollo de tal precepto el artículo 4 de la Ley 142 de 1994 le dio la calificación de esenciales, lo que hace necesario que tanto los usuarios, como las personas que los presten tengan una especial protección por parte de las autoridades para el ejercicio de los derechos que las leyes les confieren. Con ese propósito, el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 adoptó el mecanismo preventivo del amparo policivo, el cual constituye un mecanismo dirigido a restablecer los derechos de un prestador cuando los mismos han sido perturbados, sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor que impide el ejercicio del derecho pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, ocupación, etc.).
La tarifa de servicios públicos domiciliarios responde a una estructura de costos particulares por cada servicio y municipio y a un consumo por usuario, que es lo que se remunera vía tarifa. Tal estructura tiene en cuenta, además de la clasificación residencial y no residencial de los inmuebles, los estratos residenciales, con miras a determinar cuáles de ellos recibirán subsidios (estratos 1, 2 y 3), cuáles aportarán contribuciones (5 y 6 e industriales y comerciales), y cuáles serán neutros tarifariamente (estrato 4); de acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista de la Ley 142 de 1994, la citada clasificación no tiene en cuenta la ubicación de algún inmueble en una zona histórica, por lo que en principio los inmuebles ubicados en ellas no tienen ningún beneficio en lo que a servicios públicos y sus tarifas se refiere. Sin embargo, es posible que los municipios, al momento de realizar la estratificación, clasifiquen los inmuebles declarados de conservación histórica o arquitectónica dentro de los estratos 1, 2 o 3 con el objeto de que los mismos sean subsidiables.
En cuanto a la posibilidad de que los prestadores de servicios públicos domiciliarios reporten a sus usuarios morosos a las centrales de riesgo, es necesario señalar que, de acuerdo con lo indicado en el Concepto Unificado SSPD – OJU 2009 – 03, ni la Ley 142 de 1994, ni las normas que regulan dicho reporte prohíben la inclusión en las listas de dichas centrales a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, en especial, si se tiene en cuenta que la relación empresa – usuario, es una relación comercial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, el reporte de información a tales centrales requiere la autorización del titular, autorización que en el caso de los servicios públicos domiciliarios no puede imponerse como una condición previa para permitir el acceso a tales servicios, teniendo en cuenta, tanto la esencia de estos, como el hecho de que la Ley 142 de 1994 no permite incluir en los contratos de servicios públicos cláusulas que condicionen el ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del suscriptor o usuario, o aquellas que presumen sus manifestaciones de voluntad.
En relación con la publicidad anexa a las facturas de servicios públicos, la Superservicios indica que en la actualidad no existe norma alguna que prohíba la inclusión dentro de las facturas de publicidad de servicios distintos a los domiciliarios, por lo que la inclusión de volantes, desprendibles, cupones o similares, a través de los cuales se ofrezcan bienes o servicios se encuentra permitida. Respecto a los beneficios económicos derivados de la inclusión de publicidad en una factura de servicios públicos, no son competencia de esta entidad y dependerán de los contratos suscritos entre los prestadores y los respectivos comerciantes, y dado que la inclusión no está reglada, en la actualidad no se requiere del consentimiento del usuario para su envío.
El parágrafo del artículo 32 de la Ley 675 de 2001 establece que para la facturación de los servicios públicos de las zonas comunes, la propiedad horizontal será considerada como usuaria frente a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios; de igual manera, el artículo 80 de la misma ley dispone que las prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben elaborar las facturas de cada inmueble. En consecuencia, es dable colegir que no se puede predicar la existencia de solidaridad entre la propiedad horizontal y los propietarios de las unidades habitacionales que conforman la copropiedad, ni para el pago de los servicios públicos a cargo de la prima, ni el pago de los servicios a cargo de los copropietarios.
Concepto 68 de 06-02-2017
A través del Concepto 68 del 6 de febrero del 2017, la Superintendencia de Servicios aclara que, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 (norma actualmente vigente), quienes presten servicios públicos domiciliarios pueden cobrar un cargo por concepto de reconexión y reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran. Lo anterior debido a que, aunque el 22 de julio del 2015 fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 16/15 Senado – 190/15 Cámara, con el cual se pretendía modificar la Ley 142 de 1994 y eliminar el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos residenciales, el cual surtió todos los debates necesarios para convertirse en ley de la República, el mismo no fue sancionado por el Presidente, quien consideró que dicho proyecto de ley resultaba inconveniente e inconstitucional, lo objetó y lo devolvió al congreso para el trámite pertinente.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Señaló que ante la existencia de un acuerdo de pago entre el suscriptor o el usuario con la empresa prestadora del servicio público, exime de responsabilidad al otro.
Resolución SSPD – 20161300013475 de 19-05-2016
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Establece los requerimientos de información financiera para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios en cumplimiento de las indicaciones de la Ley 1314 del 2009.
Concepto 298 de 11-05-2016
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Aclaró que las empresas prestadoras de servicios públicos no pueden suspender el servicio si el usuario se atrasa en cuotas de conceptos distintos al consumo pero este ultimo si lo paga oportunamente.
Resolución SSPD-20151300028525 de 20-08-2015
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Mediante Resolución 28525 de agosto 20 del 2015, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios modifica fecha de reporte de Estado de Situación Financiera de Apertura.
Concepto 388 de 09-06-2015
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. A través del radicado de la referencia, se presenta la situación de una empresa que desarrolla las actividades de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final, en virtud de un contrato que tiene con una ESP.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se solicita concepto jurídico en relación con la siguiente inquietud: “(…) que requisitos puede exigir una empresa de servicios públicos para la apertura de una matrícula para el servicio de energía eléctrica; así mismo requiero saber en qué casos la empresa puede negar la creación de la matrícula por otros eventos no contemplados en el contrato? Puede una persona que no acredite la calidad de propietario del predio solicitar apertura de matrícula; en tal caso cual será la responsabilidad del propietario si la empresa lo hace sin su autorización? (..)”.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se basa la solicitud de concepto en responder las siguientes preguntas en relación con el servicio público domiciliario de gas natural.
Concepto 824 de 14-10-2014
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se basa la consulta objeto de estudio en solicitar jurídico sobre si “es procedente que las empresas de servicios públicos de manera unilateral incluyan en las facturas de cobros acuerdos de pago que los propietarios/suscriptores/usuarios hayan suscrito, y se enteren cuando llega el cobro de la cuota en la factura de cobro del servicio?”
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se basa la consulta objeto de estudio solicitar concepto jurídico sobre los siguientes interrogantes: ¿en qué etapa de una actuación administrativa adelantada contra un predio por energía consumida dejada de facturar, puede la empresa por violación al debido proceso revocar de oficio la actuación y reiniciar el proceso administrativo? ¿Puede la empresa reiniciar el proceso cuando el usuario presenta los recursos de ley contra la decisión empresarial y la empresa al resolver el recurso de reposición manifiesta que revoca la decisión recurrida y reinicia la actuación sin conceder el recurso de apelación, en subsidio, presentado? ¿Cuántas veces puede la empresa reiniciar un proceso administrativo? ¿Una vez? o ¿lo puede hacer indefinidamente?
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se basa la solicitud de concepto en señalar si ¿un usuario puede acceder a la prestación del servicio por parte de dos prestadores distintos en dos inmuebles diferentes; existe alguna prohibición legal en ello?
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por la cual se efectúa una delegación.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Proceso de Implementación de las Normas de Información Financiera (NIF).
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. cual (sic) es la norma que ampara al usuario que adelante trámite de reclamación de factura de servicios públicos de energía y una vez se obtenga respuesta otorgándole recursos, lo proteja de la suspensión del servicio por parte de la EPS.
Concepto 533 de 20-09-2013
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se basa la consulta objeto de estudio en solicitar concepto jurídico sobre algunas inquietudes relativas a la aplicación de la metodología de la estratificación socioeconómica.
Concepto 487 de 23-08-2013
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Señala la consulta objeto de estudio que “Teniendo en cuenta que el servicio de agua caliente en dicho edificio es comunitario la administración ha procurado advertir a los propietarios hacer uso racional de este líquido y aunque el consumo no es desmedido, la asamblea general de copropietarios ha demandado en lo posible individualizar el cobro de este servicio ya que actualmente existe un contador de agua caliente para cada predio”; en ese orden de ideas, solicita que se determine si actualmente existe alguna manera en la que se pueda individualizar el cobro por el servicio, atendiendo los siguientes interrogantes.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El objeto de su consulta consiste en atender las siguientes inquietudes: “Me permito solicitar que reglamentación vigente indica la conexión o interconección de activos de generación de energía eléctrica para viviendas; es decir para paneles solares, turbinas eólicas de baja potencia. ¿Es posible la venta de esta energía o puede trabajar al mismo tiempo con una red existente de un comercializador de la región? ¿Existe algún tipo de subsidio para la venta de energía procedente de fuentes renovables?