Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-900-de-mayo-13-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_f96979e73bdc02f6e0430a01015102f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 05:17:05
Document Index: 60580936

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'artículo 156', 'artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 294', 'artículo 317', 'artículo 31', 'artículo 41', 'artículo 43']

DECRETO 900 DE 13 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:PROMULGA LA "CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE", ADOPTADA EN SANTIAGO DE CHILE, REPÚBLICA DE CHILE, EL 7 DE JUNIO DE 1991. APROBADA MEDIANTE LA LEY 1460 DEL 29 DE JUNIO DE 2011 POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONVENCIÓN INTERNACIONAL, DESASTRE NACIONAL, RIESGO DE DESASTRE NACIONAL, SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE NACIONAL, OCURRENCIA DEL DESASTRE NACIONAL, ZONA DE ALTO RIESGO, DESASTRES, DESASTRE NATURAL, VÍCTIMA DE DESASTRE NATURAL, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE NACIONAL
DECRETO 900 DE 2014
“Por medio del cual se promulga la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991”.
Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1460 de 29 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011, aprobó la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-316 de 2012 de fecha 2 de mayo de 2012, declaró exequible la Ley 1460 de 29 de junio de 2011 y la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991;
Que el Presidente de la República expidió, el día 24 de enero de 2013, el instrumento de ratificación de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991;
Que el Gobierno de la República de Colombia depositó el instrumento de ratificación de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991, ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en calidad de depositario del tratado, el día 22 de marzo de 2013;
Que el artículo XXI de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991, indica, con relación a su entrada en vigor, lo siguiente:
Que el precitado instrumento de ratificación fue depositado ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) el día 22 de marzo de 2013, y en consecuencia la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991, entró en vigor el 22 de abril de 2013.
ART. 1º—Promúlguese la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991;
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta copia del texto de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991).
Proyecto de Ley 107 de 2009
Por medio de la cual, se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
Visto el texto de la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos ‘de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, que a la letra dice:
PERSUADIDOS de que el sufrimiento humano causado por esas calamidades puede aliviarse de manera más eficaz e inmediata si dicha cooperación dispusiera de un instrumento que facilitará y regulará los procedimientos internacionales para la prestación de asistencia en tales casos;
b. El Estado auxiliador al ocurrir un desastre mantendrá consultas con el Estado auxiliado a fin de recibir de este último (sic) información sobre el tipo de auxilio que se considere más apropiado prestar a las poblaciones afectadas como consecuencia de dicho desastre.
c. El presidente del Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia de la Organización de los Estados Americanos coordinará la cooperación del Comité con las Autoridades Nacionales Coordinadoras de los Estados partes.
e. La secretaría general notificará a los Estados partes de la designación de las autoridades nacionales coordinadoras, y de los cambios que sobre estas le comuniquen los Estados partes. Igualmente, la secretaría general hará circular, periódicamente, un boletín informativo acerca de la organización, funciones, procedimientos y métodos de trabajo de las autoridades nacionales coordinadoras.
a. El personal del Estado auxiliador, en adelante denominado “personal de auxilio”, podrá entrar, transitar y abandonar el territorio del Estado auxiliado y del Estado de tránsito que sea parte de esta convención, según sea necesario para cumplir su misión. A estos efectos, cada Estado parte proporcionará a dicho personal los documentos y facilidades migratorias necesarias, conforme a la legislación del Estado respectivo.
a. El personal de auxilio que haya sido debidamente notificado al Estado auxiliado y aceptado por este y por las respectivas autoridades nacionales coordinadoras no estará sujeto a la jurisdicción penal, civil ni administrativa del Estado auxiliado por actos relacionados con la prestación de asistencia.
d. El Estado auxiliador y el Estado auxiliado que resulten afectados colaborarán estrechamente entre sí a fin de facilitar la resolución de las reclamaciones o procesos judiciales a que se refiere este artículo.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX IMAGEN
Por la cual se adiciona el parágrafo del artículo 1º de la Resolución 1875 del 23 de diciembre de 2009, y se fija un término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la empresa social del Estado Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo, identificada con el NIT 843.000.009-4.
Resolución 1398
Por la cual se organiza el grupo formal de control disciplinario interno de la Superintendencia Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud se permite notificar al doctor Mario Javier Betancur Montoya, en calidad de representante legal del concesionario Compañía Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y a Diana Zulay Reza Mondragón, investigada a título personal, el contenido del Auto 213 del 24 de mayo de 2011.
Resolución SSPD-20111300016175
Por la cual se reasigna y ajusta el límite de mortalidad de delfines (LMD) para el año 2011 entre los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 400 toneladas de capacidad de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO).
Por la cual se adoptan para el año 2011 medidas de conservación sobre poblaciones de atunes aleta amarilla, barrilete, patudo y especies afines que se aprovechan en el Océano Pacífico Oriental (OPO), respecto de embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio avisa que Raquel Esquivel Arévalo ha solicitado a la oficina regional del Fondo Prestacional de Bogotá el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a José Ignacio Muñoz Gutiérrez.
Por medio de la cual se ordena publicar en el Diario Oficial un acto administrativo, mediante el cual se formalizó la titularidad de un predio rural ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá) y que venía siendo poseído por este ente territorial.
La secretaria del Juzgado Primero de Familia de Cúcuta, Norte de Santander, cita y emplaza a todas aquellas personas que tengan noticias de Jaime Alaín Escalante Castellanos.
El secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá (Cundinamarca) hace saber que se declaró en interdicción por causa de discapacidad mental absoluta a Myriam Patricia Pizano Acosta.
El secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama, Boyacá, hace saber que se declaró en estado de interdicción judicial por psicosis esquizofrénica de tipo paranoide a José Hildebrando Adama Suárez.
Por la cual se señala el período de los aportes de la contribución parafiscal para los efectos establecidos en la Resolución 2318 de 28 de junio de 2011.
Por la cual se modifica la Resolución 1143 de 13 de junio de 2007.
Por la cual se modifican y adicionan disciplinas académicas a las relacionadas para un cargo, según Resolución 3183 de 1996 —manual específico de funciones y requisitos de los diferentes empleos de la planta de personal de la Universidad Surcolombiana—.
Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta
La superintendencia de subsidio familiar está interesada en contratar la prestación del servicio de soporte de suministro de repuestos y actualización de firmware 5X8 NBD para los servidores blades y almacenamiento HP por un (1) año, suministro, instalación y configuración de componentes de hardware y software y contratación de servicios profesionales de ingeniería para la Superintendencia del Subsidio Familiar.
La Superintendencia de Subsidio Familiar está interesada en contratar con una agencia de publicidad o con un comercializador de espacios publicitarios una campaña publicitaria en los sistemas de transporte masivo Transmilenio, Bogotá; Metro de Medellín, Mío de Cali y Megabús de Pereira y en los terminales de transporte de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta.
El Secretario del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, D.C., emplaza a Sara Amelia López Marmolejo
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007
Ley 1456
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro”, firmado simultáneamente en Bogotá, D.C., y Ciudad de México el once (11) de junio de dos mil diez (2010).
Ley 1458
Ley 1459
Por Medio de la cual se aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo”, hechos en lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008).
Ley 1460
Ley 1461
Ley 1462
Ley 1463
Por la cual se adicionan el inciso 2º del artículo 1º (objeto) y el inciso 2º del artículo 8º, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los cincuenta años de la Institución Educativa y Diversificada Oriental de Santo Tomás, en el municipio de Santo Tomás, departamento del Atlántico, se autorizan apropiaciones presupuestales y se dictan otras disposiciones.
Ley 1469
Por la cual se honra la memoria del doctor Jorge Palacios Preciado y se dictan otras disposiciones.
Ley 1471
Decreto 2308
Objeción Presidencial P.L 200/09S - 231/09C
Objeciones Presidenciales al Proyecto de ley número 200 de 2009 Senado - 235 de 2011 Cámara, por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la Nación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
Objeción Presidencial P.L 39/09C
Objeciones Presidenciales al Proyecto de ley número 39 de 2009 Senado - 306 de 2010 Cámara, por medio de la cual se rinde homenaje a la vida y obra del maestro de música vallenata Leandro Díaz.
Objeción Presidencial P.L 54/10S - 170/10C
Objeciones Presidenciales al Proyecto de ley número 54 de 2010 Senado - 170 de 2010 Cámara, por la cual se implementa el Retén Social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el Decreto 1740 de 19 de mayo de 2010, modificado por los decretos 2271, 4520 de 2010, 955 y 1896 de 2011.
Por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Empresa social del estado Antonio Nariño en Liquidación.
Resolución 18-1072
Por la cual se definen los valores de referencia de la gasolina motor y el ACPM, para el cálculo de la sobretasa y los precios base de liquidación para efectos del cálculo del IVA, correspondientes al mes de julio del año 2011.
Resolución 18-1076
Resolución 18-1077
Por la cual se modifica la Resolución 82439 del 23 de diciembre de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la estructura de precios del ACPM y de la mezcla del mismo con el biocombustible para uso en motores diésel.
Resolución 18-1078
Por la cual se establecen las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM que se distribuyan en el área metropolitana de Cúcuta; para los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, La Guajira y Nariño, para el ACPM; y, los municipios de Aldana, Ancuyá, Córdoba, Carlosama, Consacá, Contadero, Ipiales, Imues, Puerres, Pupiales, Policarpa, Potosí, Samaniego, Sandoná, Sapuyes, Funes, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Guaitarilla, La Llanada, Ricaurte, Santa Cruz de Guachavez, Sotomayor, Mallama, Iles, Linares, Yacuanquer, La Unión, Cartago, Cumbitara, La Florida, Túquerres y Tumaco, en el departamento de Nariño, para la gasolina motor corriente.
Por medio del cual se modifica el Decreto 2759 de 2007.
Resolución 2142
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Resolución 2143
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Resolución 2144
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en el municipio de Río Negro, departamento de Santander, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en el municipio de San José de Cravo Norte, departamento de Arauca a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Resolución 2146
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, a Central de Inversiones S.A. (CISA)
Resolución 2147
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en la ciudad de Armenia, departamento de Quindío, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Resolución 2148
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en el municipio de Curillo, departamento de Caquetá, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Resolución 2149
Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, situado en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, a Central de Inversiones S.A. (CISA).
Sentencia C-316 de 2012
Referencia: Expediente LAT-373
Revisión de constitucionalidad: de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991, y de la Ley aprobatoria 1460 de junio 29 de 2011.
1. Textos normativos.
2. Convención y ley aprobatoria.
PERSUADIDOS de que el sufrimiento humano causado por esas calamidades puede aliviarse de manera más eficaz e inmediata, si dicha cooperación dispusiera de un instrumento que facilitara y regulara los procedimientos internacionales para la prestación de asistencia en tales casos;
a) Las solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia, dirigidos por un Estado parte a otro, serán transmitidos por los canales diplomáticos o por la autoridad nacional coordinadora de acuerdo con las circunstancias.
b) El Estado auxiliador al ocurrir un desastre mantendrá consultas con el Estado auxiliado, a fin de recibir de este último información sobre el tipo de auxilio que se considere más apropiado prestar a las poblaciones afectadas como consecuencia de dicho desastre.
i) Transmitir, cuando fuere del caso, las solicitudes de asistencia y recibir los ofrecimientos de otros Estados partes.
ARTÍCULO VIII. ÁREAS RESTRINGIDAS
b) El Estado auxiliado subrogará al Estado auxiliador y al personal de auxilio en caso de reclamaciones por daños o perjuicios que surjan del cumplimiento de la prestación de auxilio que pudieren ser planteadas contra el Estado auxiliador o contra el personal de auxilio por terceras partes.
d) El Estado auxiliador y el Estado auxiliado que resulten afectados colaborarán estrechamente entre sí, a fin de facilitar la resolución de las reclamaciones o procesos judiciales a que se refiere este artículo.
Secretaría general de la OEA Secretaria-Geral da OEA
En 1989, con la Resolución 44-236, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el programa internacional denominado “Decenio Internacional para la Resolución de los Desastres Naturales” (DIRDN).
Este programa se implementó desde el 1º de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999 y buscaba promover a nivel global el conocimiento sobre los conceptos de prevención y atención de desastres con énfasis en la aplicación de la ciencia y tecnología, y mejorar la capacidad de cada país para la reducción de los riesgos y adoptar sistemas de alerta regional, nacional y local, contando con la ayuda de la cooperación internacional”.
Con todo, la convención interamericana es un avance de dichos acuerdos para la prevención y atención de desastres, aprobada en la sesión ordinaria de la asamblea general de la OEA en 1991. Tiene fuerza de ley en: Panamá que la ratificó el 15 de septiembre de 1995, Perú el 16 de septiembre de 1996 y Uruguay el 14 de enero de 2000. Colombia solo la firmó. Con este proyecto, Colombia espera la aprobación de la Convención con miras a su pronta ratificación en el ámbito internacional para que entre en vigor y permita su aplicación y el logro de sus objetivos.
Además, cabe destacar que “la política colombiana está encaminada a promover el fortalecimiento de las instituciones con énfasis en la planeación, el desarrollo, la promoción de la cooperación regional y el intercambio de experiencia y conocimiento de ciencia y tecnología, para prevenir los desastres mediante la formulación de programas y proyectos de cooperación internacional”(2), entre otras acciones.
Cabe destacar el artículo X, el cual indica que “los Estados partes que presten auxilio harán todos los esfuerzos a su alcance para proporcionarlo con pericia y evitar negligencia, sin que ello implique garantía de que no ocurrirán daños”.
Artículo 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las comisiones segundas de relaciones exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
La Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991, cumplió con los requisitos formales previstos en la Carta Política para su suscripción y aprobación legislativa y el contenido de la misma consulta los principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política exterior, por lo que debe declararse exequible a la par de la Ley 1460/11.
3.2.(sic) Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
El texto de la Convención Interamericana para facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, está acorde con el ordenamiento constitucional colombiano y constituye un instrumento idóneo para promover la cooperación internacional en situaciones de desastre, y en una herramienta eficaz con miras a la ayuda internacional en situaciones de desastre que pueda vivir Colombia. Debe declararse la exequibilidad de la Ley 1460/11, previa solicitud de formulación de la declaración interpretativa en relación con los artículos V y VII, sobre autorización del tránsito de factores y la exclusión del personal de auxilio de la jurisdicción colombiana.
Debe declararse exequible la Ley 1460/11, por no advertirse vicio alguno en su trámite en el Congreso de la República y encontrar congruencia entre el texto de la convención y los postulados constitucionales, al generar acciones coordinadas para prevenir y conjurar la crisis causada por desastres, en especial, salvaguardar la vida de las personas afectadas por estos. La convención bajo análisis, al establecer canales de cooperación, contribuye a afianzar el proceso de integración regional, lo cual está en consonancia con los principios constitucionales reconocidos por los artículos 1º, 2º, 11, 13 y 95 de la Carta Política. Cumple también con los parámetros establecidos en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución, que orientan la política exterior de la República de Colombia, sobre las bases de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, respecto de la soberanía y autodeterminación de los Estados.
La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias (C.P., art. 214.1).
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, doctores Fabio Valencia Cossio y Jaime Bermúdez Merizalde, el 21 de agosto de 2009, de conformidad con la Constitución (art. 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 777 del 25 de agosto de 2009(7), cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (C.N., art. 157, num. 1º).
La ponencia para primer debate en el Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso 1.043 del 16 de octubre de 2009(8), habiendo recibido informe favorable a cargo del senador Jairo Clopatofsky Ghisays.
“Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (...): Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago, Chile, el día 7 de junio de 1991 (...)”.
Habiendo sido aprobado, se designa como ponente para segundo debate al Senador Jairo Clopatofsky” (resaltado fuera de texto).
De acuerdo con certificación de 29 de julio de 2011, suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado fue aprobado el día 24 de marzo de 2010, según consta en el acta 21 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 232 del 2010(10).
Sometidos a consideración, discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del articulado, el articulado propuesto y el título del proyecto, fueron aprobados conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:
Constancia de esta votación queda registrada en el acta 21 del 24 de marzo de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 232 del 20 de mayo de 2010 (...).
3.2.3. De conformidad con el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento, se repartió la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido, tal como consta en la copia adjunta de recibido del 27 de octubre de 2009, día en que se envió a las oficinas de los senadores la Gaceta del Congreso 1043 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate”.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Senado el 24 de marzo de 2010 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 15 de diciembre de 2010, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
El proyecto de ley fue anunciado el 14 de diciembre de 2010 para la próxima sesión, tal como consta en el acta 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 78(12) del jueves 10 de marzo de 2011. El anuncio se realizó así (resaltado fuera de texto):
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...) Señor presidente los siguientes son los proyectos para la sesión del día de mañana: (...) Proyectos con ponencia para segundo debate (...) Proyecto Ley 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991” (...) todos estos proyectos están debidamente publicados en la Gaceta del Congreso, están leídos señor presidente proyectos y anunciados para la próxima sesión”.
La presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado; cierra la discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2009, abre la votación e indica a la secretaría abrir el registro para proceder a la votación nominal.
La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado, cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2009, abre la votación e indica a la secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
Total 54 votos”.
De acuerdo con certificación de 27 de septiembre de 2011, suscrita por el secretario general del Senado de la República, el Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado fue aprobado el día 15 de diciembre de 2010, según consta en el acta número 34 de sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 80 del 11 de marzo de 2011(14). El Secretario explicó:
“I. La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate del proyecto se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso número 80 del viernes 11 de marzo de 2011 páginas 51-53, que contiene la publicación del acta 34 de la sesión ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de 2010. Votación nominal a omisión de lectura del articulado, título del proyecto y que surta su trámite a la honorable Cámara de Representantes, del Proyecto de Ley 107 de 2009 Senado, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2009. La totalidad de la votación fue de 54 votos: por el sí votos afirmativos, cero votos negativos; no hubo abstenciones.
“Sí, señor presidente. Nos encontramos en el punto número cuatro, el segundo proyecto de ley que está anunciado y se va a debatir y votar es el siguiente: Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago de Chile el 7 de junio de 1991.
Ha sido aprobado el título del proyecto señor presidente por unanimidad.
Sí lo quieren señor presidente, aprobado por unanimidad”.
“La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre” adoptada en Santiago de Chile el 7 de junio de 1991”, está publicada en la Gaceta del Congreso 256 del 12 de mayo de 2011, páginas 9 a 16.
La (sic) texto aprobado en primer debate en Cámara está publicada en la Gaceta del Congreso 376 del de (sic) 2011, página 8.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Cámara de Representantes el 31 de mayo de 2011 e iniciado el segundo debate en la plenaria respectiva 15 de junio 2011, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
El texto aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 376 del martes 7 de junio de 2011 (págs. 8 y 9).
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 376 del 7 de junio de 2011(19), con ponencia del mismo representante a la Cámara, Luis Enrique Salas Moisés.
El anuncio de votación del Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, se hizo en la sesión del 9 de junio de 2011, según consta en el Acta 71 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 607 del viernes 19 de agosto de 2011(20). La transcripción del anuncio es la siguiente (resaltado fuera de texto):
Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991””(21).
Tal como consta en el acta 072, en la sesión del 15 de junio de 2011, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 155 representantes asistentes Gaceta del Congreso 732 del 28 de septiembre de 2011(22), según lo ratifica la certificación expedida el 9 de agosto de 2011 por el secretario general de la Cámara de Representantes(23) y que en su tenor dice:
• Ponencia para segundo debate fue aprobado por unanimidad.
• El articulado, título del proyecto y la pregunta “si quieren que este proyecto de ley sea ley de la República”, fueron aprobados por unanimidad.
Lo anterior consta en el acta de sesión plenaria 072 de junio 15 de 2011. El Proyecto de ley en comento fue anunciado para discutirse en la próxima sesión plenaria cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, dicho anuncio se dio el día junio 9 de 2011 de los corrientes, según consta en el acta de plenaria 071 de la misma fecha.”.
“Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
El título Proyecto de Ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
En consideración el articulado, el título y la pregunta, continúa su discusión, va a cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la plenaria de la Cámara?
5.2.1. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989(25) se estableció el programa Internacional “Decenio Internacional para la Resolución de los Desastres Naturales (DIRDN)”, programa que se implementó desde enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999, cuyo objetivo era “promover a nivel global el conocimiento sobre los conceptos de prevención y atención de desastres con énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología, y mejorar la capacidad de cada país para la reducción de los riesgos y adoptar sistemas de alerta regional, nacional y local, contando con la ayuda de la cooperación internacional”(26).
5.3. Fines del convenio: valor constitucional de la protección de la vida y bienes de los habitantes de los Estados parte (C.N., arts. 1º, 2º, 11, 58)
5.3.1. El convenio tiene como finalidad la construcción de un modelo compartido de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro humanitario, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, tendiente a dar impulso a la ayuda mutua y a la eficaz e inmediata prestación de asistencia recíproca entre los países, sin dejar de lado el tema de la prevención y la creación de mecanismos de mitigación de desastres, con miras a la protección frente a eventuales pérdidas humanas y materiales que afectan el desarrollo económico y social de los países de América.
“En efecto, a partir de los años noventa, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido empleando la expresión “asistencia humanitaria”, para referirse a una variedad de actividades internacionales, incluyendo la ayuda a las víctimas de desastres naturales, conflictos e intervenciones armadas. Algunos autores como Weiss(28), tomando como base la jurisprudencia sentada por el Tribunal Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú(29) entre el Reino Unido y Albania y el asunto de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua(30), así el texto de la Resolución 45/100 titulada “Asistencia humanitaria a las víctimas de las catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”, de la asamblea general de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1990, sostienen incluso que nos encontramos ante un “Nuevo orden humanitario internacional”, uno de cuyos pilares es la asistencia humanitaria.
La asistencia humanitaria, en palabras de Hardcastle y T.L. Chua(31), apunta a la protección inmediata y urgente de los derechos humanos, en especial, los derechos a la vida, salud, alimentación, educación y vivienda, entre otros; por lo que se imponen responsabilidades básicas al Estado donde tuvo lugar la emergencia humanitaria, en especial, (i) adoptar medidas urgentes y efectivas encaminadas a atender a las víctimas; (ii) no obstruir el ingreso y entrega de la asistencia humanitaria proveniente del exterior encaminada a atender a los afectados (obligación de no hacer) y asimismo, la carga de remover todos los obstáculos para que la ayuda proveniente del exterior ingrese al país sin dificultades (obligación positiva)”.
5.3.3. Así las cosas, los imperativos de la asistencia humanitaria justifican la celebración de convenios de cooperación con otros Estados, que permitan la salvaguarda de vidas humanas, la debida y eficaz atención a las víctimas con la mayor prontitud posible. De esta manera, tanto el objeto como los fines de la convención, derivados del concepto mismo de atención humanitaria, se ajustan a los mandatos constitucionales de protección de los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la integridad física y la salud, así como a los principios que rigen las relaciones exteriores y de integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, expresamente consagrados en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política.
5.4.1. Según se deduce del contenido del preámbulo del convenio, los Estados del hemisferio, fundados en el sentido de cooperación y en el espíritu de solidaridad y buena vecindad, dispusieron la creación de un instrumento que facilite y regule los procedimientos internacionales para la prestación de asistencia en casos de desastres, catástrofes y otras calamidades que destruyen la vida y amenazan la seguridad y los bienes de los habitantes del continente americano, con miras a hacerla más efectiva e inmediata.
(i) Permite al Estado colombiano cumplir con la obligación de internacionalizar sus relaciones políticas y afianzar una integración con las naciones latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.N., arts. 226 y 227) con miras a alcanzar un objetivo común, como es el de prepararse y fortalecer los mecanismos para la atención de desastres en forma mancomunada con otros Estados.
(ii) Sujeta la ejecución del convenio a los fundamentos constitucionales que gobiernan las relaciones exteriores, como son el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, bajo el gobierno de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.N., art. 9º), sometiendo el cumplimiento del acuerdo a la concordancia con los ordenamientos internos de los Estados partes y a la integración con los países latinoamericanos.
(iii) Resalta la importancia de fomentar alianzas y otras acciones que respondan a los riesgos y amenazas a causa de fenómenos naturales y antrópicos que devastan la región e impactan el desarrollo económico y social de los países, construyendo modelos compartidos de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, sin dejar de lado la prevención y creación de mecanismos de mitigación de desastres (C.N., arts. 224 y 227).
(iv) Asegura la realización de los fines esenciales de un Estado social de derecho, en la medida en que redundará en la eficacia en la atención de desastres y en el cumplimiento del deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos (C.N., arts. 1º, 2º y 229).
5.5. Ámbito de aplicación, alcance y autoridades competentes (preámbulo, artículos I, II, III y IV).
5.5.1. El artículo I establece como premisa fundamental para la aplicación de la convención, la solicitud de asistencia que un Estado parte realice a otro, e indica que para efectos de la convención, la aceptación de asistencia por un Estado parte, del ofrecimiento de auxilio de otro Estado, será considerada como una solicitud de asistencia. El artículo II señala la forma en que serán trasmitidas las solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia entre los Estados, indicando que se surtirán por los canales diplomáticos o por la autoridad nacional coordinadora, establece la necesidad del mantenimiento de consultas entre los Estados auxiliador y auxiliado, al ocurrir un desastre, con el fin de determinar el tipo de auxilio requerido y finalmente prescribe que aceptada la asistencia, el Estado auxiliado debe notificar a sus autoridades competentes para que otorguen las facilidades necesarias al Estado auxiliador. El artículo III establece que cada Estado parte de acuerdo con su legislación interna, designará una autoridad nacional coordinadora, que se encargará de transmitir las solicitudes de asistencia, recibir los ofrecimientos de auxilio y coordinar la asistencia dentro de su jurisdicción nacional; determina igualmente que la designación de la autoridad nacional coordinadora se notificará a la secretaría general de la OEA e indica la función de coordinación que ejercerán el Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia de la OEA y su presidente en casos de desastre. Por su parte, el artículo IV prescribe que la responsabilidad general de la dirección, control y supervisión de la asistencia dentro de su territorio, estará a cargo del Estado auxiliado, el cual deberá proporcionar —en la medida de sus capacidades— instalaciones y servicios locales y brindará protección al personal y a los equipos y materiales que hayan sido llevados a su territorio por el Estado auxiliador; anota que en los casos en que la asistencia incluya personal, el Estado auxiliado en consulta con el Estado auxiliador, deberá designar una persona que ejercerá la supervisión operativa directa del mismo.
5.5.2. Para la Corte, las disposiciones antes reseñadas, que regulan la forma y trámite de la petición y ofrecimiento de asistencia en casos de desastre, así como la designación de una autoridad nacional que la coordine, la participación de las autoridades de la OEA y la responsabilidad de la dirección supervisión y control en cabeza del Estado auxiliado, son respetuosas de los postulados constitucionales relativos a la soberanía nacional y la libre determinación de los pueblos, al sujetar la asistencia a la solicitud que el Estado auxiliado realice a los demás Estados parte y al otorgarle la dirección y manejo de dicha asistencia, salvaguardando su autonomía y autodeterminación.
5.6. Exoneración de gravámenes y tributos (artículo V).
5.6.1. En relación con exoneraciones del pago de tributos, tasas o contribuciones para los medios de transporte, equipos y abastecimiento enviados por los Estados Parte para las actividades de asistencia, la Constitución Política radica en el Congreso de la República la potestad tributaria y con ello la facultad de establecer los sujetos pasivos de los impuestos, tasas y contribuciones y los hechos generadores de los mismos, y la facultad de exonerar determinados sujetos y hechos de la carga impositiva. Adicionalmente, la exoneración de los gravámenes en cuestión autorizada por el legislador a través de la ley aprobatoria, tampoco vulnera criterios constitucionales de equidad; por el contrario, responden a criterios de razonabilidad, ya que la incorporación al territorio aduanero nacional de los bienes destinados a la atención de desastres desarrolla directamente los objetivos del convenio y los fines constitucionalmente ya discernidos.
5.6.3. Sobre las disposiciones contenidas en los artículos V y VII de la convención, que establecen que los Estados parte de acuerdo con su legislación interna deberán suministrar los permisos y facilidades migratorias, así como poner su mayor empeño en agilizar y dispensar las formalidades aduaneras, con el fin de permitir la entrada, salida y tránsito de bienes y personas del Estado auxiliador y que tengan por finalidad la prestación de asistencia, se plantea alguno de los intervinientes (ver supra 3.4.) si debe limitarse esa libertad de movilidad mediante declaración interpretativa, que por motivos de seguridad nacional o pertinencia del interés nacional.
5.7.1. Las disposiciones contenidas en estos artículos bajo examen relativas a la circulación en el territorio nacional del personal no nacional de auxilio, no contravienen la Carta Política, en lo referente a la soberanía nacional y libre determinación de los pueblos, toda vez que responden a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado e integrado que permita la solución de problemas a nivel global, como lo es el caso de desastres naturales o calamidades de diversa índole, con el concurso de la comunidad internacional. Además, se trata de medidas migratorias, respecto de las cuales el legislador tiene una amplia facultad de regulatoria.
5.7.2. La jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer que las mismas son medios para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos y la autonomía de las organizaciones internacionales en el ejercicio de sus funciones y que no, per se, contrarias al ordenamiento jurídico(34), pues que tienen su fundamento en disposiciones de derecho internacional aceptados por Colombia (C.N., art. 9º) y no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional(35).
5.7.3. De otra parte, se ha precisado que las inmunidades y privilegios conferidos se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas”(36) y que estas no sean absolutas.
5.7.4. A partir de los anteriores presupuestos la Corte no observa contradicción entre el texto del convenio y la Constitución, ya que, al igual que ocurre con la concesión de las exoneraciones tributarias en materia de medios de transporte, equipos y abastecimientos —art. V sub examine—, no son absolutas, toda vez que están orientadas únicamente a los bienes cuya destinación sea la prestación de auxilio en casos de desastre y calamidades y se encuentra acorde con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, la Convención de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en anteriores oportunidades(37).
5.9.2. Esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados y los organismos internacionales(38), para concluir que tal principio se deriva de una regla del derecho internacional público reconocido por la costumbre y los instrumentos internacionales, en virtud del cual “los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes”(39).
5.9.4. Con todo, esta corporación ha sostenido que a la luz de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u organismo internacional goza de inmunidad absoluta(41), por cuanto las atribuciones que le competen al Estado colombiano en términos de soberanía e independencia, implican que tiene capacidad jurídica para “asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción”. Así, las intervenciones de las autoridades colombianas que persigan la defensa de los derechos de los habitantes del territorio nacional, en tanto no obstaculicen el desempeño eficaz de las funciones de los organismos de derecho internacional huéspedes en Colombia, “no solo son legítimas sino necesarias para garantizar el orden constitucional y en particular el respeto a la recíproca independencia”(42).
5.9.5. Entre los límites a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional, en materia penal, la Corte ha indicado que los privilegios “no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales(43), los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello”(44).
“(1) El principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo (...)”(45). De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los afectados”(46).
5.11.1. Expresa el artículo XV que en caso de discrepancia entre la presente convención y otros acuerdos internacionales en que sean parte el Estado auxiliador y el Estado auxiliado, prevalecerá la disposición que facilite con mayor amplitud el auxilio en casos de desastre y favorezca el apoyo y protección al personal que presta tal auxilio.
5.12.1. El artículo XVI estipula: a) que las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales prestadoras de auxilio, podrán con el consentimiento del Estado auxiliado acogerse a los preceptos de la convención; b) que los Estados y las organizaciones internacionales no gubernamentales podrán incorporar a sus misiones de auxilio a personas privadas, físicas o jurídicas o a organizaciones internacionales no gubernamentales; c) que se podrán aplicar las disposiciones de esta convención al personal de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, con la salvedad de que no será automáticamente aplicable a dicho personal el párrafo (a) del artículo XI. d) Los acuerdos a que se refieren los párrafos (a) y (c) de este artículo no tendrán efecto respecto de terceros Estados.
6.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional, a la libre determinación de los pueblos, a la potestad de configuración legislativa en materias tributaria y de migración, y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida y libertad de todas las personas residentes en Colombia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta del Congreso de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
IMAGEN2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSIDERANDO que, se ha de proceder al depósito del Instrumento de Ratificación de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre” adoptada en Santiago, República de Chile, el 7 de junio do 1991.
CONSIDERANDO que, el Congreso de la República aprobó la citada Convención mediante a Ley 1460 de 29 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011 y la Corte Constitucional la declaró exequible, a la par con su ley aprobatoria, mediante la Sentencia C-316 de 2012 de fecha 2 de mayo de 2012, he venido en aceptarla, aprobarla y en disponer que se tenga como ley de la República, comprometiéndose para su observancia el honor Nacional, y al efecto;
EXPIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN que será depositado ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), de conformidad con el artículo XVIII del tratado supra.
DADO y firmado de mi mano, sellado con el Sello de la República de Colombia y refrendado por la Ministra de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil trece (2013).
IMAGEN 3 XXXXXXXXXXXXXX
S-GTAJI-14-028626
Bogotá, D.C., 6 de mayo de 2014
Asunto: decreto de promulgación “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991.
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la República, el proyecto de decreto de promulgación de la “Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre”, adoptada en Santiago de Chile, República de Chile, el 7 de junio de 1991.
Es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1460 del 29 de junio de 2011 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional, a la par con su ley aprobatoria, mediante la Sentencia C-316 de 2 de mayo de 2012.
De conformidad con lo anterior, el Presidente de la República expidió el Instrumento de Ratificación de la precitada Convención el día 24 de enero de 2013, y la cual fue depositada ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en calidad de depositario del tratado, el día 22 de marzo de 2013. En consecuencia, la precitada convención entró en vigor el 22 de abril de 2013, en concordancia con el artículo XXI del mencionado instrumento.
(4) 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7º, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. 9. Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.10. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma “ad referéndum” o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
(6) En el presente caso no era necesario agotar el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar afectadas directamente por cualquier medida legislativa. La consulta previa es imperativa en el caso de decisiones que afectan directamente comunidades étnicas. Sobre este punto la Corte afirmó lo siguiente en la Sentencia C-030 de 2008: “De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta”.
(10) Folios 1 y 2 del cuaderno 2 de pruebas.
(14) Folios 1 y 2 del cuaderno 5 de pruebas.
(15) Folios 9 a 16, cuaderno de pruebas 3.
(19) Folios 13 a 22 del cuaderno 3 de pruebas
(24) Oficio OFI11-00065990/JMSC 33020 del 2 de julio/11 (fl. 1, cdno. 1).
(29) Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia de fondo del 9 de abril de 1949, asunto del Estrecho de Corfú, en L. Gardiner, The Eagle Spreads his Claws: A History of the Corfu Channel Dispute and of Albanian Relations with the West, 1945-1965, Blackwood & Sons, Edinburgh, London, 1966, p. 286.
(30) Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia del 27 de junio de 1986, asunto de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua, en Lang, “L’affaire Nicaragua/EtatsUnisdevant la CIJ”, LGDJ, 1990, pp. 861-900.
(31) Rohan J. Hardcastle y Adrian T.L.Chua., “Asistence Humanitaire: vers un droit d´ácces aux victimes des guerres”, Révue Internationale de la Croix Rouge, decembre de 1998, pp. 633-654.
(32) Artículo 294 de la Constitución. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo previsto en el artículo 317.
(34) Ver, entre otras, la Sentencia C-254 de 2003.
(38) Sentencias T-93/10, T-628/10, T-633/09, T-1029/05, T-917/05 y T-833/05; y las sentencias de constitucionalidad C-1156/08, C-276/06, C-038/06, C-863/04, C-315/04, C-578/02, C-287/02, C-442/96, C-137/1996 y C-563/1992.
(43) Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4 del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (L. 17/71) establece en su artículo 41, parágrafo 1º que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente.” Igualmente, el artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.”. Ver. Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, páginas 95-202 y 285-309.