Source: https://www.leyex.info/juris/SentenciaC395de2011.htm
Timestamp: 2019-06-26 18:53:12
Document Index: 151767686

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 2', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 241', 'artículo 379', 'artículo 6', 'artículo 237', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 8']

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2009 “Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”
El texto de las expresiones demandadas, el cual aparece resaltado y subrayado, es el siguiente:
El accionante advierte que la excepción al régimen de reemplazos establecido con carácter general desconoce el valor superior del voto como instrumento que legitima a los miembros de las corporaciones públicas y los convierte en depositarios del principio democrático, con la mediación de los partidos políticos, consustanciales a una verdadera democracia.
La decisión del Congreso de negar en los casos señalados en el Acto Legislativo la posibilidad de reemplazo y disponer la pérdida de la correspondiente curul, constituye, en opinión del demandante, una medida antidemocrática, irracional y desproporcionada, y por consiguiente socava los principios señalados y frustra la voluntad del elector y “su confianza, no sólo en el elegido, sino en el partido o movimiento político que en su sentir recoge, canaliza y puede realizar sus ideales”.
Para sustentar su solicitud, el apoderado del Ministerio, afirma que mediante Auto 229 de septiembre 10 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), la Corte señaló de manera clara que las acciones por vicios de forma caducan, en el caso de los actos reformatorios de la Carta, dentro del año siguiente a su promulgación, y dado el lenguaje unívoco y categórico empleado por el Constituyente, “no le permiten al guardián de la integridad de la Constitución introducir excepciones.”
Dos ciudadanos intervinieron en el proceso de la referencia, uno con el fin de que la Corte Constitucional se declarara inhibida por caducidad de la acción de inconstitucionalidad contra actos legislativos, dado que en el caso concreto había transcurrido más de un año desde la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009,[1] y el otro, con el fin de coadyuvar a la demanda, y sustentar por qué en este caso se había producido una sustitución de la Constitución.
El Procurador General de la Nación, en su concepto No. 5067 del 10 de diciembre de 2010, solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda instaurada, por estimar que ha operado la caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad.
De lo anterior surge que el problema jurídico que debe resolver la Corte es el siguiente:
¿La prohibición para reemplazar al elegido para un cargo en un órgano plural de elección popular, cuando éste sea sujeto de una medida de aseguramiento o de una condena penal exclusivamente en razón de delitos relacionados con grupos armados ilegales o narcotráfico, o por delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, implica una sustitución del principio de soberanía popular, del principio democrático y de representación, del principio de igualdad, del valor justicia y del principio del pluralismo y de la multiculturalidad?
3. Cuestiones preliminares: Caducidad de la acción de inconstitucionalidad
En el caso de la demanda presentada por el ciudadano Wilson Ruíz Orejuela, ésta fue radicada en la Corte Constitucional el día 22 de septiembre de 2010. El Acto Legislativo No 01 de 14 de julio de 2009 demandado en este proceso, fue promulgado el 14 de julio de 2009.[2]
Según lo que establece el artículo 379 inciso segundo de la Constitución, la acción pública de inconstitucionalidad contra este tipo de actos sólo procede dentro del año siguiente a su promulgación oficial. Como la publicación del Acto Legislativo N° 1 de 2009, ocurrió el 14 de julio de ese año, la acción habría caducado el 14 de julio de 2010. Teniendo en cuenta la fecha en que fue presentada la demanda, se presenta el fenómeno de la caducidad, por lo cual la Corte deberá inhibirse para pronunciarse sobre la misma.
3.2. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse de fondo con carácter vinculante, en dos tipos de decisiones: (i) al resolver recursos de súplica contra los autos en los que los magistrados sustanciadores rechazaron demandas contra actos legislativos después del año de su expedición;[3] (ii) al hacer alusiones al tema en obiter dicta, en casos en los que el asunto bajo revisión era una demanda contra normas de rango legal.
3.2.1. Un ejemplo del primer tipo de decisión, es el Auto No. 065 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería) al que hace referencia la Vista Fiscal, mediante el cual la Corte Constitucional confirmó el rechazo de una demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo No 01 de 2003, acto recurrido en súplica. En esa ocasión la demanda que dio lugar a dicha decisión, planteaba una inconstitucionalidad sobreviniente entre el texto constitucional y las reformas constitucionales que supuestamente fueron rechazadas por el pueblo a raíz de la convocatoria a un referendo constitucional por la Ley 796 de 2003, relativas a la cifra repartidora, listas únicas y reconocimiento de personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos, por lo cual era necesario expulsar del ordenamiento jurídico esas normas. Dicha demanda había sido rechazada[4] porque de acuerdo con el artículo 379 Superior “por expreso mandato superior opera un término de caducidad para que los ciudadanos puedan interponer acciones de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que fuere el vicio alegado. Vencido este plazo, la Corte pierde competencia para asumir el conocimiento de dichos asuntos”.[5]
La Corporación confirmó esta decisión, al señalar, luego de citar el art. 379 Superior, que “de este texto se desprende con total claridad que las demandas de inconstitucionalidad contra los actos legislativos, entre otros, sólo proceden dentro del año siguiente a su promulgación, lo cual se explica por el propósito del constituyente de otorgar seguridad al ordenamiento constitucional, mediante la interdicción del examen judicial de sus reformas después de transcurrido el tiempo señalado”. Verificada la fecha de expedición del acto demandado y comprobar que había transcurrido un año y siete meses, concluyó que era “manifiesto que la Corte carece de competencia para conocer de dicha demanda y, por consiguiente, es procedente el rechazo de la misma, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 2067 de 1991, en virtud del cual “se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente”.[6]
En el Auto 229 de 2008,[7] ya mencionado en el cual la Corte confirmó el auto que había rechazado una demanda contra el parágrafo transitorio del artículo 2° del Acto Legislativo 02 de 2004, “por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.[8] En el recurso de súplica, el demandante afirmaba que debía aplicarse una excepción al término de caducidad previsto en el artículo 379 Superior dado que la certeza del vicio de trámite sólo se había producido con posterioridad al vencimiento del plazo fijado en la norma constitucional.[9] En opinión del demandante “en este caso el término de caducidad no debe contarse desde la fecha de promulgación del Acto Legislativo “sino desde el momento en que el delito tipificado en el Código Penal como ‘cohecho propio’ sirvió de medio para que se diera el vicio de procedimiento constitucional que aprobó el Acto Legislativo; es decir a partir del 26 de junio de 2008”.
La Corte sostuvo al decidir el asunto, lo siguiente:
A este respecto la Corte observa (…) el segundo inciso del artículo 379 ibídem prescribe que la acción pública contra los actos reformatorios de la Constitución, incluidos los actos legislativos, “sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación”.
Además, estas normas no admiten excepciones, pues con ello se pondría en riesgo el valor de la seguridad jurídica, principio que se deriva del contenido de varios preceptos constitucionales y cuya importancia y trascendencia han sido relievadas en múltiples ocasiones por la jurisprudencia de esta Corte[10].
Las reglas que el Constituyente de 1991 previó con respecto al control de los vicios de forma que pudieren haber afectado el trámite de (…) los actos legislativos, intentaron balancear la importancia de resguardar y hacer valer las reglas de procedimiento recogidas por la Carta Política, con la conveniencia de que este tipo de controversias se resuelvan en un tiempo prudencial, ya que su tardía proposición podría causar a la sociedad más dificultades que beneficios.
3.2.2. En cuanto al segundo tipo de decisiones, es posible citar como ejemplo la Sentencia C-1120 de 2008[11] mencionada también por el Procurador, en la que la Corte ciertamente advirtió que la caducidad consagrada en el artículo 379 de la Carta cobijaba todos los vicios, tanto los de forma como los de competencia, de las reformas legislativas.
“Ahora bien, cuando esa misma acusación por incompetencia del órgano se hace valer contra actos legislativos, por expresa y especial disposición constitucional, debe declararse la caducidad de la acción si se presenta después de pasado un año desde la promulgación del acto. En este caso, la caducidad opera por expreso mandato del artículo 379, que dice: [l]a acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2°” (artículo 379, C.P.).[12] La caducidad cobija todos los vicios - tanto los vicios de forma como los vicios de competencia - para el caso de las reformas constitucionales”.
DECLARARSE INHIBIDA para proferir un fallo de mérito en relación con los apartes demandados del artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, por caducidad de la acción.
[1] Cfr. Folio 29.
[2] Debido a que esta publicación incluía una referencia errada al numeral nuevo que se adicionaba al artículo 237 de la Constitución, el Gobierno expidió el Decreto Nº 3259 de 2009, que dispuso en su artículo 1º la corrección. Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial Nº 47.458 el 31 de agosto del citado año. Sin embargo tal corrección no tiene que ver con el artículo 6 del Acto Legislativo N° 1 de 14 de julio de 2009, que se demanda en esta oportunidad, porque mediante el decreto mencionado solo se corrige el numeral 7 al que hace referencia el artículo 8 del Acto Legislativo.
[3] Ver Autos A-229 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y A-065 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[4] Expediente D-5687 La demanda fue rechazada mediante Auto de marzo 7 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[5] Expediente D-5687, folios 42-43.
[6] Auto No. 065 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[8] Expediente D-7359. La demanda fue rechazada mediante Auto de 15 de julio de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[9] El vicio alegado estaba relacionado con el trámite que en su momento se dio a una recusación que durante el trámite legislativo se planteó en contra de la Representante Yidis Medina.
[10] Cfr., entre varias más, las sentencias C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo, SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), C-416 de 1994 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), C-531 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero. AV. Hernando Herrera Vergara. SV. Jorge Arango Mejía), C-037 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SPV. José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro Martínez Caballero, Hernando Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
y C-153 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis).
[11] C-1120 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV: Jaime Araújo Rentería). En el mismo sentido se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias C-572 de 2004 (MP. (E) Rodrigo Uprimny Yepes, C-487 de 2002 MP. Álvaro Tafur Galvis, C-614 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-966 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-816 de 2004 (Ms.Ps. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes), C-1000 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-242 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[12] Cfr., Sentencias C-1045 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) y C-153 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño).