Source: http://infotransexualidadcanarias.org/index.php/ley-trans
Timestamp: 2018-03-23 18:30:58
Document Index: 134365595

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 32', 'artículo 148', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 6']

4820 LEY 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
La preocupación internacional por esta materia no es nueva: de hecho, ya la pionera Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, “sobre la discriminación de los Transexuales”, no solo reconoce el derecho de cada uno a establecer los detalles de su identidad como ser humano, sino que insta a los Estados miembros de la Unión Europea a llevar a cabo una serie de medidas, entre las que cabe destacar: la inclusión del tratamiento de reasignación en la Seguridad Social, la concesión de prestaciones sociales a las personas transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual, la creación de unidades de atención a personas transexuales, la protección financiera a las organizaciones de autoayuda, la adopción de medidas especiales para favorecer el trabajo de las personas transexuales, el derecho al cambio de nombre y la inscripción de sexo en la partida de nacimiento y documento de identidad. De todas estas medidas, en España hasta ahora únicamente ha sido atendida a nivel de todo el Estado la última, a través de la Ley estatal 3/2007, de 15 de marzo, que, sin embargo, tiene solamente un alcance parcial, ya que dicha norma fue dictada en uso de las competencias exclusivas que sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos le atribuye al legislador estatal el artículo 149.1.8 de la Constitución española y limitado, dado que la complejidad de la situación de las personas transexuales requiere una atención integral que va más allá del ámbito meramente registral, y que dentro de nuestro país ya reconocen ampliamente, dentro de su ámbito competencial, la Comunidad Foral de Navarra (2009) y la Comunidad Autónoma de Euskadi (2012), reflejando el creciente reconocimiento jurídico -así, Argentina (2012), Massachusetts (2011), Albania (2010), Bolivia (2009), México D.F. (2008), Montenegro (2007), Nueva Zelanda (2006), Illinois (2005), Reino Unido (2004), Sudáfrica (2003), Finlandia (2002)...- como un derecho humano fundamental del derecho de toda persona al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, incluida la libre expresión de su género.
La constatación diaria de la existencia de un elevado número de mujeres y hombres transexuales en todas las islas, así como de la falta de una intervención integral y globalizada dirigida a remover los numerosos obstáculos que estas personas afrontan para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social de Canarias, hacen necesario, conforme al artículo quinto del vigente Estatuto de Autonomía, que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asuman de forma decidida la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de estos ciudadanos y ciudadanas -igualmente titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución-, en el marco de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario.
A este respecto, conviene señalar que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, han asumido por mandato estatutario (artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en redacción dada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre) entre los principios rectores de su política, el de la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran; no podía ser de otro modo, ya que, como señala el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias en su Dictamen de 23 de junio de 2008, “en el ámbito estatal, la Constitución consagra en su artículo 1.1 la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico y en su artículo 10 la dignidad de la persona unida a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. A su vez, el artículo 14 contiene una declaración general de igualdad ante la ley, prohibiendo todo tipo de discriminación apoyada en circunstancias específicas, entre las que señala expresamente el sexo. Esta igualdad formal recogida en el citado precepto se ve completada con el artículo 9.2, que consagra la igualdad material, al obligar a los poderes públicos a adoptar las medidas positivas encaminadas a la consecución de una igualdad real y no meramente formal y jurídica”.
La identidad de género, como parte integrante de los derechos de la personalidad, entronca con el derecho a la dignidad de la persona -entendida esta, según definición del Tribunal Constitucional en su sentencia número 53/1985, de 11 de abril, como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”- así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad psicofísica, a la intimidad y a la propia imagen, entre otros.
Consecuentemente, la ley canaria -en base a la atribución de competencias que efectúa el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación al artículo 148.1.21 de la Constitución- ha de recoger la necesidad íntima de las personas transexuales, cuando así se expresa libremente, de recibir el tratamiento médico adecuado que les aproxime lo más posible en lo físico a la identidad sexual asumida. En este sentido, la atención integral de la salud de las personas transexuales -inspirada en la definición de la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 1946) que da lugar al principio de concepción integral de la salud que proclaman no solo la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 18, sino, entre otros, el artículo 2 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias- incluye todo un conjunto de procedimientos definidos desde la Psicología y la Medicina para que la persona transexual pueda adecuar los caracteres sexuales secundarios y primarios, según cada caso, a su identidad de género, partiendo de la base obvia de que existe una diversidad de comportamientos y respuestas entre las propias personas transexuales.
No todas las personas viven su transexualidad de la misma forma, por lo tanto no es un colectivo en el que se deba intervenir de una forma homogénea, y en este sentido, esta Ley es sensible a esa diversidad, y reconoce la necesidad de establecer unos criterios médicos, sociales y psicológicos individualizados y centrados en cada persona, especialmente en los casos en que la no aceptación de la identidad de género de esta por padres o tutores genera situaciones que la moderna Psicología califica de abuso y de maltrato, y que atentan contra el derecho a la dignidad de la persona.
Esta ley se enmarca, pues, en el cumplimiento del objetivo estatutario básico de la cohesión social, con especial atención a uno de los colectivos históricamente más desfavorecidos en lo social y en lo económico, dadas sus específicas necesidades sanitarias, psicológicas, laborales y sociales, para facilitar su integración plena en la sociedad canaria: así, sin perjuicio de reconocer el papel de iniciativa asumido durante muchos años desde los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (en adelante, LGTB) en campañas contra la transfobia, servicios de asesoramiento jurídico y de apoyo psicológico y social tanto a la persona transexual como a sus familiares y allegados, se propicia la superación de la exclusión social de las personas transexuales a través de toda una serie de programas y medidas que aquí se recogen (aparte de la intervención en su caso de los mecanismos previstos por la Ley canaria 9/1987, de 28 de abril), incluida una política de discriminación positiva en el empleo, dirigida, en la línea marcada tanto por el Fondo Social Europeo como por la Agenda Social Europea, a la integración sostenible de las personas transexuales como grupo desfavorecido en la población activa, incrementando su empleabilidad o capacidad para poder acceder a un puesto de trabajo, y favoreciendo de este modo su pleno y libre desarrollo. Se continúa con ello el modelo precedente de la Ley canaria 16/2003, de 8 de abril, que configura el Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres como “un programa integrado multisectorial de acciones en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social y de protección”, basado, entre otros, en el principio de “igualdad de trato y prestaciones de las usuarias, con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia”.
En el título II se contemplan los derechos de las personas transexuales en el ámbito sanitario.
Asimismo, se prevé la regulación reglamentaria de dos unidades de referencia de ámbito provincial en materia de transexualidad dentro del Servicio Canario de la Salud, integrada por personal profesional de la atención médica, de enfermería, psicológica, psicoterapéutica y sexológica. También se recoge la creación reglamentaria de una guía clínica para la atención de las personas transexuales, con el objetivo de articular el suficiente consenso profesional en los campos afectados. Por último, se hace una mención expresa a los derechos de las personas transexuales menores de edad y se establece la obligación de creación de estadísticas a través del Servicio Canario de la Salud, sobre los resultados de los diferentes tratamientos.
c) Se garantizará que los procedimientos como terapias hormonales o cirugías, de reasignación sexual o de otro tipo, sean proporcionados en el momento oportuno, y acordados de forma mutua entre profesionales y usuarios/as, sin que deban ser negados ni retrasados de forma innecesaria. No se podrá condicionar el derecho a recibir otros tratamientos complementarios a la realización previa del tratamiento hormonal o de los tratamientos plásticoquirúrgicos.
La Comunidad Autónoma de Canarias establecerá y, en su caso, actualizará, mediante convenios de colaboración con las sociedades profesionales correspondientes, el contenido de los protocolos médico-sanitarios en materia de transexualidad a aplicar en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.
En dichos protocolos se prestará especial atención a que el consentimiento informado de la persona transexual sea prestado en cada fase con pleno conocimiento, de forma realista, tanto de las posibilidades, limitaciones y posibles efectos secundarios de los tratamientos, como de los derechos que le asisten conforme al apartado segundo del artículo 6, especialmente cuando se trate de menores de edad.
c) Asegurarán el derecho de los estudiantes, personal y docentes transexuales presentes en los centros educativos de Canarias, a ver su identidad de género y el nombre concorde a la misma que hayan elegido reflejados en la documentación administrativa del centro sujeta a exhibición pública, como listados del alumnado, horarios de tutorías o censos electorales para elecciones sindicales, con independencia de su situación en el Registro Civil. Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por la Administración, que asegurará en todo caso la adecuada identificación de la persona a través de su documento nacional de identidad o, en su caso, número de identificación de extranjero.
Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2014.