Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2011-julio.htm
Timestamp: 2020-03-31 19:58:16
Document Index: 118252407

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 14']

INFORME PRÁCTICO DEL MES DE JULIO DE 2011 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
INFORME PRÁCTICO DEL MES DE JULIO DE 2011
1. Como disposiciones de interés general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de Julio destacamos las siguientes:
· De gran interés, por lo que supone de aclaración de normas, es el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. De él destacamos lo relativo a los plazos de los auditores, a su posibilidad de prórroga tácita, no admisible en relación al Registro Mercantil, pues aunque la prórroga sea tácita, lo que no puede ser tácito es la publicidad de dicha prórroga, y los requisitos para la constitución de sociedades profesionales de auditores. También la necesidad de que todas las sociedades públicas sometan sus cuentas a auditoría, cualquiera que sea la estructura de su balance.
· También es interesante la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Para su contenido, dado que no afecta de forma directa a los RRMM, nos remitimos a la página principal en evitación de duplicidades.
· El Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de "medidas de apoyo y de fomento de la actividad empresarial y de simplificación administrativa", establece una norma en su art. 16 en virtud de la cual, para la constitución de sociedades según el RDL 13/2010, es indiferente la forma en que se haya obtenido la certificación de denominación social. Nada dice sobre plazos, peo ya sabemos que el cumplimiento de plazos es responsabilidad de notario y registrador y en nada afecta a la forma de constitución, ni a la obtención de sus beneficios.
· La Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Lo más interesante de esta ley es el nacimiento de unas nuevas entidades que son las entidades de dinero electrónico configuradas como aquellas personas jurídicas distintas de las entidades de crédito a las cuales se haya otorgado autorización para emitir dinero electrónico. Existe reserva de denominación a favor de las mismas en cuanto a expresión entidad de dinero electrónico y su abreviatura EDE. No existe en cambio reserva de forma social, por lo que podrán adoptar cualquiera de las formas societarias admisibles siempre que cuenten con un capital mínimo de 350.000 euros y recursos propios suficientes.
· La de 8 de junio de 2011 que admite la inscripción de una hipoteca de máximo conjunta, de las llamadas flotantes, configurada a favor de varios acreedores en mano común.
· La de 27 de Abril sobre el art. 255 de la LH estimando que no es posible la suspensión de la calificación por falta de presentación a liquidación del impuesto, en un caso de presentación telemática.
En este supuesto aunque sé que mi opinión se aparta de la corriente general seguida en los RP e incluso de alguna sentencia de los tribunales que consideran aplicable el art. 255, en sus estrictos términos literales, a la presentación telemática, creo, con pleno respecto a las opiniones contrarias, que el art. 255 es sólo aplicable a las presentaciones físicas, pues en estas la retirada del documento para liquidarlo puede ser inmediata o casi inmediata a la presentación y por tanto sólo cabe la suspensión de la calificación por falta de tiempo material para ella, pero cuando la presentación es telemática la escritura está a nuestra disposición durante todo el plazo existente para calificar y realmente tiene poca o escasa explicación que al día 15 de la presentación le digamos al interesado que suspendemos precisamente la calificación. Es obvio que el legislador del año 1945/46, ni siquiera pudo imaginar la posibilidad de presentación telemática y por ello impuso la suspensión de la calificación para facilitar el procedimiento registral, pero ahora el precepto debe ser reinterpretado a la vista de los nuevos avances técnicos y de las nuevas exigencias de defensa de los consumidores, entre los cuales se cuentan los usuarios de los servicios registrales. Por tanto comparto la opinión de la DG en este punto, siempre claro está que la presentación de la escritura sea por cauces telemáticos.
De todas formas hemos de constatar que se trata de un precepto, el 255 de la LH, que no tiene equivalente en el RRM y que su aplicación supletoria es más que dudosa. Así lo vemos en los últimos recursos sobre sociedades telemáticas, uno de cuyos defectos era la falta de liquidación pero sin que ello impidiera que el registrador calificara la totalidad del documento.
· La de 3 de marzo sobre embargo tomado por créditos salariales solicitándose que se tome como letra A y no la que le correspondió según los embargos ya existentes, declarando la DG que el recurso gubernativo no es el cauce adecuado para exigir el cambio de rango de la anotación ya que no cabe recurso contra una calificación positiva.
· La muy interesante resolución para los RRMM de 27 de Junio sobre la subsistencia de poderes mercantiles en la fase de liquidación de la sociedad declarando la DG que el poder conferido antes de la fase de liquidación, subsiste, aunque sus facultades tengan que ser interpretadas conforme a la nueva situación de la sociedad y señala que es al liquidador de la sociedad a quien corresponde revocar el poder
3. Como resoluciones de mercantil se han publicado las siguientes:
· Las de 4, 14, 21 y 29 de Junio sobre sociedades telemáticas del RDL 13/2010, ratificando en todas ellas la doctrina contenida en la Instrucción de la misma DG de 18 de mayo de 2011.
· La muy interesante de 17 de Junio en la que ese establecen los requisitos que debe tener la expresión del objeto de las sociedades para ser inscribible.
· La de 22 de Junio sobre sociedades unipersonales según el registro pero que no lo son según los acuerdos que pretenden inscribirse, declarando que ello no es obstáculo para la inscripción.
· Y al de 1 de Junio sobre depósito de cuentas, estableciendo que si se dan los requisitos legales para ello las cuentas deben formularse en forma ordinaria y no abreviada.
· Sólo vamos a plantear en este informe la relativa a la entrada en vigor de la derogación del art. 289 de la LSC, establecida en la disposición derogatoria única de la Ley 25/2011 de 1 de Agosto de reforma parcial de la LSC.
La DF 6ª de la Ley 25/2011 dispone que la Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, es decir el 2 de octubre de 2011. ¿Quiere esto decir que la derogación del art. 289 de la LSC se retrasa hasta esa fecha y que por tanto la disposición que contenía relativa la necesidad de publicación en la web de la sociedad, y caso de no existir, en dos diarios, de cualquier modificación del objeto social, del domicilio o de la denominación en sociedades anónimas sigue vigente y se aplicará a todo acuerdo que se produzca desde el 2 de Agosto hasta el 2 de octubre?
Como sabemos la vacatio legis es el lapso de tiempo que media entre la publicación de una norma y su entrada en vigor siendo una de sus finalidades principales la de procurar el debido conocimiento y estudio por parte de las personas que deban aplicarla. Pues bien esa finalidad en el caso de derogación pura y simple de una norma, sin dictar otra que venga a sustituirla, no tiene sentido pues poco estudio o poco desarrollo reglamentario va a necesitar la derogación del precepto indicado. Por ello, y sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada, desde ya no será necesario para la inscripción en el registro mercantil de los cambios o sustituciones del objeto social, de la denominación de la sociedad y de su domicilio, referidos a anónimas, acreditar que se ha realizado publicación alguna, ni en el web social, ni en ningún diario con circulación en el domicilio social. Aunque por el tiempo transcurrido tenemos muy olvidada la teoría general del derecho, queremos recordar que esta es además la opinión mayoritaria en la doctrina científica.
Texto del derogado art. 289:
Publicidad de determinados acuerdos de modificación.
Sin esta publicidad no podrán inscribirse en el Registro Mercantil.
Ni que decir tiene que la derogación del art. 289 de la LSC implica la derogación del art. 163 del RRM que era un simple desarrollo reglamentario del precepto derogado.
REGISTRO MERCANTIL. MODELO DE CUENTAS ANUALES. Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que publican las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada una de las comunidades autónomas del modelo de las cuentas anuales consolidadas.
Las traducciones son al euskera, al gallego, al catalán y al valenciano.
Nota: Realmente se publicó en a Sección III.
Ver modelos en castellano.
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FONDOS DE GARANTÍAS DE DEPÓSITOS. Circular 3/2011, de 30 de junio, a entidades adscritas a un fondo de garantía de depósitos, sobre aportaciones adicionales a los fondos de garantía de depósitos.
El Real Decreto 771/2011, de 3 de junio intenta desincentivar a aquellas entidades adscritas que concierten depósitos a plazo o liquiden cuentas a la vista con remuneraciones que excedan determinados tipos de interés, mediante la exigencia de aportaciones adicionales a los fondos de garantía de depósitos, ya que estas operaciones entrañan más riesgos, modificando al respecto el artículo 3 del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos.
Tal contribución adicional supondrá cotizar cinco veces más de lo ordinario.
El objeto de la presente Circular es dictar las normas necesarias para permitir la aplicación de la reforma estableciendo dos tipos de normas:
- Unas, dedicadas a identificar qué debe entenderse por remuneración de un depósito ante diferentes supuestos prácticos.
- Otras, orientadas a regular elementos instrumentales del cálculo de la aportación adicional prevista
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**AUDITORÍA CUENTAS. TEXTO REFUNDIDO. Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Así la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, sobre inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas para personas sin una titulación universitaria, pero con experiencia, la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, sobre el Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta, la Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre infracciones y sanciones, la Ley 3/1994, de 14 de abril, sobre auditoría de las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sobre la prórroga anual de los auditores, la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, sobre la obligación para los auditores de cuentas de entidades sometidas al régimen de supervisión del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros, en los términos previstos a estos efectos, de comunicar rápidamente a dichas Instituciones supervisoras cualquier hecho o decisión sobre la entidad auditada de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pudieran afectar de forma relevante al ejercicio de su actividad, a su continuidad, estabilidad o solvencia, o en los casos en que la opinión en su informe fuera denegada o desfavorable o en los que se impidiese la emisión del informe de auditoría, la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre los procedimientos sancionadores derivados de la comisión de las infracciones previstas en la Ley 19/1988.
También la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiera, introdujo modificaciones sustanciales en la redacción dada por la Ley 19/1988, sobre auditores y su formación, su deber de independencia, la responsabilidad civil de los auditores de cuentas, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, sobre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificada a su vez por la disposición final cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, sobre los plazos de contratación de los auditores de cuentas, para posibilitar la renovación del contrato de auditoría por periodos sucesivos de hasta tres años una vez finalizado el periodo inicial de contratación, la trascendente reforma por la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria y por último, la Ley 12/2010, de 30 de junio, introduce importantes modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones previsto.
--- El Registro Oficial de Auditores de Cuentas depende del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Como sabemos en materia de sociedades profesionales sustituye al respectivo colegio para las sociedades de auditoría.
Se regula la concreta determinación de las sanciones y su ejecutividad que lo será sólo cuando hayan ganado firmeza en vía administrativa.
--- Establece determinados supuestos de auditoría obligatoria. Así las sociedades que emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación, que emitan obligaciones en oferta pública, que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas de multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En esta materia se regula, a los efectos de la transmisión de sanciones y responsabilidades, lo que llama disolución encubierta o meramente aparente que se da cuando en una nueva sociedad se continúe con la actividad económica de la disuelta y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. En tales casos, las sanciones se transmitirán a la sociedad o persona física en la que concurra la identidad a que se refiere el párrafo anterior.
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**JUSTICIA TECNOLÓGICA. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Ver página especial con esquema.
***SOCIEDAD EXPRESS Y CERTIFICACIÓN DENOMINACIÓN. Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de "medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa".
3) Certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central.
Dice el art. 16 de la Ley: Artículo 16. Uso de medios telemáticos para la solicitud y obtención de la certificación negativa de denominación.
Lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo será de aplicación también en los casos en que, por vías telemática u otra, se solicite y obtenga del Registro Mercantil Central la certificación negativa de denominación por cualquier interesado o, su autorizado, además de por el notario, a instancia de aquél.
Comentario de José Ángel García-Valdecasas:
Este Real Decreto-ley, contiene una norma, en su capítulo III, bajo la rúbrica de "impulso de la actividad empresarial", dedicada a la forma de obtención de la certificación de denominación del RMC.
La norma es la del art. 16 del citado RDL, que para seguir con el fomento, agilización, simplificación y abaratamiento de costes en la constitución de sociedades de capital, hace algunas aclaraciones, que, pudieran considerarse innecesarias, pues ya habían sido tratadas por diversas resoluciones de la DGRN y por su Instrucción de 18 de mayo.
Sin embargo no están de más estas aclaraciones pues pueden servir de guía a los Tribunales de lo Mercantil, caso de que se recurra contra alguna de las citadas resoluciones.
La plena aplicabilidad de la forma de constitución prevista en el art. 5 del RDL 13/2010, se obtenga la certificación de denominación como se obtenga.
Así es indiferente que dicha denominación se obtenga por el interesado, por su autorizado o por el notario a su requerimiento y también es indiferente que dicha denominación se solicite y obtenga por vía telemática o por otras vías, que debe referirse a la vía ordinaria o en papel.
Por tanto a partir de hoy, siete de julio, fecha de la entrada en vigor del RDL 8/2011, no podrá fundarse ninguna calificación en la forma de solicitar u obtener la denominación del RMC.
MARCAS. Texto consolidado del Reglamento Común al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas así como del Protocolo relativo a este Arreglo, hecho en Ginebra 1 de septiembre de 2009.
Este texto, en vigor desde el 1 de septiembre de 2009, desarrolla 41 reglas sobre la materia.
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DINERO ELECTRÓNICO. Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
Con ella se traspone la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre la materia.
Son tres sus objetivos fundamentales:
- Se trata de aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la norma.
- Se modifica el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, eliminando determinados requerimientos demasiado onerosos como el de ser consideradas como una categoría adicional de entidad de crédito, por lo que dejan de tener tal consideración.
- Por último, la norma pretende garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico de las entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico.
Cuenta con seis capítulos que pasamos a resumir.
El capítulo I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales de la norma.
Concepto. Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
Se define el ámbito de aplicación mediante exclusiones.
La Ley establece la reserva de actividad para emitir dinero electrónico con carácter profesional en favor de una serie de entidades que, de modo exhaustivo, se enumeran como posibles emisores:
- las entidades de dinero electrónico, cuyo régimen jurídico se desarrolla en el capítulo II,
- la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.,
- el Banco de España y las Administraciones Públicas.
El capítulo II regula el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
Quiénes. Tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico aquellas personas jurídicas distintas de las entidades de crédito a las cuales se haya otorgado autorización para emitir dinero electrónico.
Reserva de denominación. La denominación «entidad de dinero electrónico», así como su abreviatura «EDE», quedará reservada a estas entidades, las cuales podrán incluirlas en su denominación social en la forma que reglamentariamente se determine.
Autorización. La precisan del Ministro de Economía y Hacienda, tanto para su creación como para el establecimiento en España de sucursales de dichas entidades autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea. Se ha de resolver en tres meses. Si no se resuelve el silencio es negativo.
Registro. Una vez obtenida la autorización y tras su inscripción en el Registro Mercantil, estas entidades deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico que se creará en el Banco de España. En ese Registro figurarán además de las entidades de dinero electrónico autorizadas, sus agentes y sucursales. En él se harán constar las actividades para las que se haya autorizado a cada entidad. El Registro será público y accesible a través de internet.
Capital inicial. Deberán disponer de un capital inicial mínimo de 350.000 euros y habrán de mantener en todo momento, además del capital mínimo exigible, un volumen suficiente de recursos propios en relación con los indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Actividades. Pueden tener otras, además de la emisión de dinero electrónico, de entre las enumeradas en el artículo 8, como la prestación de servicios de pago o la gestión de sistemas de pago. No podrán llevar a cabo la captación de depósitos.
Garantías. Se prevé un régimen de garantías equivalente al de las entidades de pago.
Cuentas anuales. Respecto de las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse las cuentas anuales de estas entidades, auditoría de cuentas anuales, obligaciones de los auditores e información específica en la memoria, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de servicios de pago.
El capítulo V aborda, con carácter general para todos los emisores de dinero electrónico, el régimen de emisión y reembolso de este producto, concretándolo en tres aspectos fundamentales:
- Se recoge la obligación de emitir dinero electrónico por su valor nominal.
- Se prevé la posibilidad de que el titular de dinero electrónico solicite y obtenga el reembolso, en cualquier momento y por su valor nominal, del dinero electrónico de que disponga, libre de gastos, salvo excepciones en las que el emisor, si consta en el contrato, podrá repercutir un gasto, proporcional y adecuado a los costes en que incurra.
- Se prohíbe la concesión de intereses o de cualquier otro beneficio que esté asociado al tiempo durante el cual el titular del dinero electrónico mantiene éste.
Y el capítulo VI detalla, por último, las facultades que corresponden al Banco de España para el adecuado ejercicio de la supervisión de las entidades de dinero electrónico, el régimen de participaciones significativas de estas entidades y el régimen sancionador aplicable a las mismas, similar al de las entidades de crédito.
Se incluyen trece disposiciones finales que modifican puntualmente diversas leyes. Cabe destacar:
- Las adaptaciones normativas precisas para recoger la pérdida, por parte de las entidades de dinero electrónico, de su condición como entidad de crédito.
- La D. F. 8ª modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar expresamente a las entidades de dinero electrónico como sujetos obligados por dicha normativa.
Entre las disposiciones que se derogan se encuentra el Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.
Entró en vigor el 28 de julio de 2011.
Ver comentarios al anteproyecto de María Ángeles Viadrich.
Ver referencia al Proyecto de Albert Capell.
Reseña del Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2010.
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146. CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR VÍA TELEMÁTICA: LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y PROVISIÓN DE FONDOS PARA EL BORME. Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Mislata, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, a inscribir la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada profesional.
Comentario: Sólo destacar que, siendo razonable la doctrina de la DG en lo relativo a la nimia disparidad entre el nombre real de la sociedad y el que figura en estatutos, dicha doctrina debe ser aplicada de forma prudente pues si bien es cierto que determinados errores de la escritura resultan claros de su contexto o que determinados errores de los estatutos también pueden ser corregidos por constar el dato verdadero en la escritura, hay otros errores puramente materiales en escritura y estatutos respecto de los cuales entendemos que no debe aplicarse dicha doctrina, y así lo ha hecho en otras ocasiones la misma DG, bien porque no sea tan claro el dato equivocado y el verdadero o bien porque al afectar el error a un punto esencial de la escritura o de los estatutos, no debe circular la escritura con ese error en el tráfico jurídico sin que la misma coincida en su totalidad con el asiento practicado. No olvidemos que la firma del asiento por el registrador implica la conformidad del asiento con el título presentado y que ambos deben ser obviamente coincidentes.
Granada, a 18 de agosto de 2011.
Visita nº desde el 25 de agosto de 2011