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Timestamp: 2018-06-20 12:59:40
Document Index: 144412701

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 286', 'artículo 7']

colectivo jurídico del derecho y del revés | colectivo para la reflexión juridica | Página 2
imagen aparecida en el artículo de la web http://www.piensalibre.es/capital-y-trabajo-relaciones-de-explotacion/
Hemos leído ilusionados e ilusionadas la inclusión en el proyecto de Gobierno de Podemos que quieren “Modificar la actual regulación del despido: a) El trabajador tendrá la titularidad de la opción en caso de despido improcedente” (página 33/95). Esta propuesta de devolver la opción por el pago de la indemnización o la readmisión en los despidos improcedentes también aparece en el proyecto de Izquierda Unida de nuevo Estatuto de los Trabajadores y trabajadoras (página 7/16).
La opción por la readmisión o el pago de la indemnización en los despidos sin causa o improcedentes estuvo en manos de los trabajadores y las trabajadoras en la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales en su artículo 35.4 cuando se decía que “La sentencia que imponga la readmisión deberá ser cumplida por eI empresario en sus propios términos, sin que pueda ser sustituida por indemnización en metálico, salvo acuerdo voluntario de las partes o cuando el Magistrado, atendiendo a circunstancias excepcionales apreciadas en el juicio que impidan la normal convivencia laboral, resuelva dejar sin efecto la readmisión mediante el señalamiento de una compensación económica“. Esta situación de la titularidad de la opción no duró más de 11 meses ya que fué matizado por el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo donde su artículo 37 2 y 3 decía que “Cuando el despido sea improcedente, el trabajador tendrá derecho a ser readmitido por el empresario en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, así como al pago del salario dejado de percibir desde que se produjo el despido hasta que la readmisión tenga lugar. Tres. Si el empresario no procediera a la readmisión en debida forma, el Magistrado de Trabajo sustituirá la obligación de readmitir por el resarcimiento de perjuicios y declarará extinguida la relación laboral; en tal caso, la indemnización complementaria por salarios de tramitación alcanzará hasta la fecha de tal extinción“.
La primera ley denominada “Estatuto de los Trabajadores” la ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores otorgó definitivamente la titularidad de la opción entre readmisión o pago de indemnización al empresariado en el artículo 56 “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de las siguientes percepciones económicas, que deberán ser fijadas en aquélla“.
La legislación del derecho al trabajo es la expresión de la lucha entre clases, no son normas neutras que regulan esta lucha y cada reforma y regulación es la expresión de una determinada correlación de fuerzas. Dar la titularidad de la opción entre readmisión o indemnización a los trabajadores y las trabajadoras viene a ser recortar de forma importante la libertad de empresa y la libertad de organización del trabajado del empresariado en favor de trabajadores y trabajadoras, poniendo por encima el derecho al trabajo.
Las dos fuerzas políticas Podemos e IU han incluido esta y otras propuestas en el marco de regulación del trabajo, sin que las mismas hayan salido a la luz. Así, en la propuesta que el PSOE ha enviado al resto de partidos, esta posibilidad no se contempla (no habla del despido), ni siquiera en los puntos resaltados en su reforma del Estatuto. Han sido numerosos los artículos de prensa sobre las diferencias en los programas entre PSOE, PODEMOS, IU, y CIUDADANOS en asuntos como los impuestos, cultura, justicia, modelo de TVE etc etc, pero nada en cuanto a las posibilidades de cambios en la regulaciones del derecho del trabajo. Por poner un ejemplo este artículo de eldiario.es “Cinco puntos que separan al PSOE de la propuesta lanzada por Podemos“
La centralidad del trabajo o la antes tan cacareada centralidad del “conflicto capital-trabajo” ha quedado para otros momentos, casi para un recuerdo lejano dentro de la guerra cultural y de la lucha por la hegemonía cultural. Una buena parte de nosotros y nosotras hemos rechazado hablar de ciertos elementos en favor de llegar más lejos convencidos y convencidas de que el cambio en los modelos de trabajo y de la economía supuestamente ha transfigurado las clases sociales.
En cualquier caso, reiteramos nuestra ilusión porque un cambio de gobierno suponga un cambio en la regulación del derecho del trabajo que logre un mayor control de los trabajadores y trabajadoras sobre la regulación al derecho del trabajo quitándoselo al empresariado.
Sobre “medidas urgentes de fomento a la ocupación”
Publicado el 13 febrero, 2016 por colectivo
Desde hace decenas de años el legislador viene desarmando el principio de la estabilidad en el empleo. La Ley 16/1976 ya decía en su artículo 14 que “El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las indicadas en el artículo siguiente.”, mientras que en su artículo 15 concretaba que colectivos, durante cuanto tiempo y porque causas se permitía contratos temporales. Así, desde esta normativa se han ido ampliando y consolidando las posibilidades de la contratación temporal.
Una cosa que sorprende es que las motivaciones de las diferentes reformas que se han ido operando en la legislación han sido siempre las mismas. Destaca la motivación de la Ley 10/1994 Sobre “medidas urgentes de fomento a la ocupación” en cuya exposición de motivos se dice expresamente que “La gravedad de la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo concede prioridad a la necesidad de acometer, de manera decidida y urgente, la reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo.“
El texto de esta exposición de motivos, redactada hace ahora 20 años ya usaba el mantra de que por la “crisis económica” hay que reformar el “sistema de relaciones laborales” para “generar empleo”. Es una constante en el sistema legislativo de relaciones laborales que a golpe de crisis económicas se han ido realizando reformas, siempre con el fin de generar empleo. La exposición de motivos del 94, podría servir para cualquier reforma actual, de hecho, si no se nos citase que es de la ley 10/94 podríamos pensar que forma parte de cualesquiera reformas operadas en los últimos años.
LLevamos 30 años desarmando el sistema de relaciones laborales. Poco o nada se ha intervenido en el sistema productivo siempre profundizándo y confiando en que los beneficios empresariales (entre otras vias por las exenciones de cotizaciones a la seguridad social, bonificaciones, reducciones de indemnizaciones o eliminación de las mismas etc, etc) servirá para reactivar la contratación de trabajadores y trabajadoras. Los resultados están a la vista, que cada cual saque sus conclusiones.
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Hace no mucho Mónica Oriol, presidenta del Circulo de Empresarios nos regalaba estas bonitas palabras sobre sus preferencias a la hora de contratar trabajadores y trabajadoras: “yo preferiría contratar a una mujer de menos de 25 años o de más de 45” para evitar los embarazos
Es completamente falso que exista una prohibición de despido de una madre o un padre o trabajadores/as que hayan optado por medidas de conciliación ya que lo que pide la legislación es que estas personas tienen que ser despedidas con causa. Es decir, exactamente lo que dice el Estatuto en su artículo 55.5 sobre los despidos nulos es que: “Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados“. Es decir, la diferencia con estas personas es que la legislación no permite indemnizar la ruptura contractual y en caso de no existir causa se declara nulo el despido.
Algunos colectivos para atacar las medidas protectoras indican que el exceso de protección a la mujer les impide su acceso normal al mercado. La mentira tiene las patas muy cortas. El propio artículo 55.5.c y el 53.4.c dicen lo mismo: será nulo el despido de “c) los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.” Más allá de esto, estos obstáculos que algunos se encargan de denunciar realizando una supuesta defensa de la mujer se solucionan dando iguales derechos a los hombres, no recortándo los de las mujeres como quieren los autodenominados liberales.
Buena cuenta de ello tiene que decir Telemadrid, que aun va peleando los despidos nulos por estas situaciones y que acaba de ser condenada a readmitir a un trabajador despedido después de haber estado en situación de suspensión por paternidad. Era un hombre, si un hombre, porque los hombres también tienen hijos y también concilian.
Sorprende como Telemadrid que es tan laxa en el control del gasto que con cargo a los presupuestos de la Comunidad hacían sus directivos (La Visa de Telemadrid ‘echaba humo’ durante el fin de semana, El consejo de administración de Telemadrid despilfarró 2,3 millones en dietas y gastos de representación, Telemadrid también pagó gastos sin justificar de la Visa personal de Renedo) esté actuando judicialmente de esta forma frente aquellas personas cuyos despidos tienen que tener causa. Que Mónica Oriol mienta impunemente es una cosa pero que Telemdrid, un Ente Público dependiente de la administración autonómica, actué de esta forma es algo que debería generar rechazo social absoluto y consecuentemente un desprecio social.
Como el resto de las trabajadores cuyos despidos hn sido declarados nulos, Telemadrid no cumplirá con su obligación de readmisión. Se convocará un incidente de no readmisión por el cual, el Juzgado que ha declarado la nulidad valorará si se puede o no se puede readmitir y para el caso de imposibilidad de reasdmisión el pago de la indemnización. Todos los derechos tienen su revés y el Ente público Telemadrid busca todos los huecos posibles para no readmitir ni a los despidos nulos. Estamos ante una Administración que para no readmitir a trabajadores y trabajadoras con sentencias firmes de nulidad alega que ha externalizado los trabajos y que tienen contratos mercantiles con terceras empresas.
Los compañeros y compañeros de RojoyNegro de la CGT, han hecho un excelente documental sobre luchadores y luchadoras de imprescindible visión.
Entre diversas luchas aparecen las de Telemadrid, luchadoras incansables y la Sección de la CGT ha sacado el video de la parte de telemadrid
El video entero es de casi una hora y en estos momento de individualimos exacerbado es un completo vital para que todos y todas continuemos en la lucha
foto de extraconfidencial.com
En Madrid se produce un escándalo que no es objeto de debate ni de verguenza para el común de las personas. Sabemos que la sociedad no quiere mirar traslos muros de las prisiones y las comisarias, pero hay ciertas cosas en las que mirar para otro lado es formar parte del problema.
Como recuerdan los compañeros de ALA en esta noticia las personas detenidas deberán ser puestas a disposición judicial “sin demora” o “sin dilación”, puesto que la detención preventiva “no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario”. Así, en Madrid esto no ocurre de esta forma ya que el sistema de traslado de los detenidos y las detenidas en la ciudad de Madrid de las Comisarias de distrito no se hace a los juzgados de Plaza de Castilla, sino que van al Complejo Policial de Moratalaz (los detenidos hacen noche en el citado complejo) y de ahí a los juzgados para la puesta a disposición judicial. Así, no se supera las 72 horas, pero no se cumpleo el artículo 17 de la constitución que establece que el plazo de detención tiene que ser el mínimo imprescindible. El plazo de las 72 horas está establecido como un máximo, pero eso no quita que la puesta a disposición deba ser “sin demora” o “sin dilación”. El Ministerio reconocia que el sistma en Madrid no cumple la legalidad.
Después de la pelea de multiples colectivos durante dos días, del 23 al 25 de octubre de 2.015, a raíz de un Oficio de la Policia Nacional, las personas detenidas fueron trasladadas a los Juzgados de Plaza de Castilla de manera inmediata y a cualquier hora del día o de la noche, cumpliéndose así la legalidad. Pero la situación a durado poco y según denuncia ALA el Oficio 17976 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid nos ha vuelto a la situación anterior. Se desconoe si esta vuelta es a petición de l policía o del decanato de los juzgados de penal, pero si es clara la vulneración de la legalidad.
La noticia ha saltado a los medios: “Las detenciones vuelven a ser irregulares” dicen en el diario El Mundo. Pero no salta a los debates sociales, ni a las tertulias ni a las proclamas de los partidos en estos momentos tan electorales. Mientras el PP cambia la ley del Tribunal Constitucional para que se ejecuten sus sentencias frente a Catalunya, nos encontramos con que en Madrid se incumplen descaradamente sus sentencias.
ALA ha presentado estos escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio del Interior para poner en su conocimiento estas circunstancias y que tomen medidas al respecto y mientras el discurrir social se mantiene tan alejado de la situación de las comisarias y las prisiones, que nadie se escandaliza por estas vulneraciones flagrantes de la Constitución. Perder la capacidad de asombro y de escándalo es uno de los mayores riesgos de la democracia.
El conflicto en Telemadrid continúa abierto. Mientras se tramita la nueva ley que regula al Ente público Radio Televisión de Madrid, el presidente ha dimitido y se han aprobado los nuevos presupuestos del Ente. Toda una errática situación que se aderecza con la ausencia de la renovación de su Consejo de Administración que ya lleva ya 6 meses.
Todo se mueve, pero a un paso perfecto para que no sea antes de las elecciones del 20 de diciembre y que los cambios en el ente público sean controlados en exclusiva por un Gobierno regional en minoría parlamentaria. Lo mismo ocurre con la redmisión de la plantilla. En la noticia sobre los nuevos presupuestos se informa de la vuelta de 60 personas de la plantilla afectada por el ERE.
En la propia web de la cadena pública se dice que “La plantilla prevista asciende a 360 empleados, que corresponde a 300 puestos previstos para el actual modelo de televisión y 60 reincorporaciones adicionales por sentencia judicial, de personal afectado por el ERE, representantes sindicales principalmente, que a diferencia del resto de los trabajadores tienen opción de elegir entre cobrar la indemnización o solicitar la reincorporación a su puesto.” Esta información, manipulada, por el momento hay 20 trabajadores y trabajadoras con sentencias de nulidad por despedirlas improcedentemente mientras estan en situación de maternidad, reducción de jornada etc y 27 por vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical. En estos casos no existe “opción de elegir entre cobrar la indemnización o solicitar la reincorporación“, las sentencias son nulas y Telemadrid está obligada a readmitir.La manipulación y la desinforación tiene las patas muy cortas, pero desgraciadamente las manos muy largas.
A esta plantilla de 300/360 hay que sumarle las plantillas de las empresas y productoras que participan del proceso productivo de Telemadrid, algunas con oficinas dentro de la cadena y que superan con mucho 300 trabajadores y trabajadoras más (TBS, Boomerang, Cuarzo…). Es importante conocer que el número de empleados y empleadas era de 1100, y después de despedir a 829, entre plantilla propia y externa ahora hay entre 660 y 700.
El presidente del Comité de Empresa del EPRTM compareció en la Asamblea de Madrid, puntualizando y matizando esta y otras informaciones, una comparecencia historica.
Esta informacion de las 60 readmisiones, no es otra cosa que la obligación que tiene Telemadrid a cumplir las sentencias. A principios de octubre el TSJ de Madrid confirmó la readmisión de una trabajadora, y recientemente el TSJ de Madrid ha estimado otro recurso frente a un auto del juzgado de lo social nº 36 que extinguía la relación laboral, ordenando por tanto la readmisión de la trabajadora.
A pesar de estar presupuestado 60 personas más en la plantilla derivados del ERE y de tener dos sentencias del TSJ, los incidentes de no readmisión, continua celebrándose. Telemadrid cuenta con dinero, y no tiene problema en pagar los salarios de los trabajadores a los que los juzgados les da la razón para que vuelvan a su trabajo. No teniendo “problemas de dinero”, recurre todo para alargar los procesos y de esta forma ha logrado que de las 150 personas de la plantilla con posibilidad de volver a Telemadrid, la cifra se reduce a 60.
Telemadrid continúa acudiendo a los tribunales diciendo que no es posible readmitir a los trabajadores con sentencias de nulidad “porque el Supremo obliga a que sea en el mismo puesto de trabajo“. No solo no es cierto, sino que existen unas cuantas toneladas de sentencia que dicen lo contrario (STSJ de Madrid en sentencia de fecha 1-12-2009, nº 1018/2009, rec. 4373/2009, TSJ de Canarias en sentencia de 31-07-09 sede Santa Cruz-, STSJ Baleares de 5-7-06 R.3274, TSJ de Castilla y León en sentencia de 10/9/14…).
El TSJ de Madrid indica a Telemadrid lo siguiente,
“Quinto.- La Sala comparte el criterio del auto recurrido de que no concurren los presupuestos legales para extinguir el contrato de trabajo de la actora, debiéndose así el fallo de la sentencia que declaró nulo el despido cumplir en sus propios términos. el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE (por todas SSTC 86/2006, de 27 de Marzo y 22/2009 de 26 de enero). Si así no fuera, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna (STC 167/1987). Por lo tanto, el proceso de ejecución se enraíza en el propio modelo de Estado de Derecho, de manera que sin un adecuado sistema de ejecución de sentencias -y demás titulos de justicia ejecutiva-, el derecho <<no pasaría de ser una entidad ilusoria>> pura quimera -SSTCO 61/1992 y 73/2000-.
No solamente es que no estamos ante un cese o cierre de la empresa en su actividad, pues como acabamos de ver continúa actualmente su producción a pleno rendimiento, sino que tampoco existe imposibilidad legal o material que impida a la trabajadora ser readmitida. Por de pronto , la demandada tal como reseña el auto de 2-2-2015 con valor fáctico, sin que se haya pedido su revisión no ha convocado ni al Comité de Empresa ni a la Comisión Paritaria para intentar reubicar a la trabajadora cumpliendo a tal efecto las previsiones del Convenio Colectivo. En este orden de ideas es oportuno destacar como atinadamente afirma la trabajadora en su escrito de impugnación, la empresa tiene a su disposición el mecanísmo de la movilidad funcional recogido en el artículo 9 del Conveno pudiéndo haberla destinado a realizar funciones en otro área respetándo su titulación académica o profesional, por necesidades técnicas, operativas o de racionalización de los procesos productivos, lo que no ha hecho, por lo que mal cabe aducir imposibilidad legal o material. Y, a mayor abundamiento, la externalización del departamento en que prestaba servicios la actora no es argumento suficiente que impida la readmisión, porque el despido colectivo del que trae causa el despido objetivo de la demandante lo fue por causas económicas y no organizativas, haciendose valer estas últimas por primera vez en ejecución, y de accederse a la solicitud de extinción ello sería tanto como impedir ejecutar la sentencia y los efectos de la cosa juzgada, teniendo en cuenta la actora estaba en reducción de jornada por cuidado de hijo”
Telemadrid ha olvidado que forman parte la administración pública y del sector público empresarial. Siendo así, también están obligados por el artículo 9.2 de la constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social“.
Hace tres semanas, el TSJ de Madrid fallaba en favor de la readmisión de una trabajadora con sentencia de de nulidad. El TSJ confirmaba el auto de ejecución del juzgado de instancia pero daba 10 días para el anuncio del recurso de unificación de doctrina, trámite que ha efectuado y en consecuencia la sentencia no es firme, persistiendo la obligación de mantener a la trabajadora en situación de alta en la seguridad social y pagandole los salarios aunque esté eximida de trabajar.
Que Telemadrid es una empresa abierta y apleno rendimiento es algo obvio, pero lo que combate la entidad pública es la imposibilidad material y legal de la readmisión de los trabajadores con sentencia de nulidad derivado del proceso de externalización de los servicios que aplicó a su proceso productivo.
Las sentencias de contraste que ofrece Telemadrid frente a la sentencia del TSJ de Madrid son estas:
Sentencia Sala de lo Social Tribunal Supermo de 28/1/2013
Sentencia Sala de lo Social Tribunal Supremo de 27/1/2013
Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 20/1/2015
Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 24/09/2003
La trinchera abierta en Telemadrid no es más que la expresión de la conflicto entre capital y trabajo y nunca mejor dicho, una trinchera de clase donde defienden la libertad de empresa en la organización de sus recursos y sistema de producción por encima de las sentencias.
El argumento de Telemadrid para la aplicabilidad de los presupuestos y requistos establecidos en el artículo 286.1 de la LRJS no es otro que la externalización de los servicios implementados en el ERE que, a pesar de ser declarado no ajustado a derecho defiende que el modelo no es declarado como no ajustado a derecho ya que el ERE se realizaba sobre causas económicas.
La imposibilidad de readmisión es defendida desde la inexistencia de puesto de trabajo derivado de la propia voluntad de la empresa por haber externalizados los servicios. La diferencia con CocaCola, es que en esta empresa si se han readmitido a los trabajadores y lo que se admitía era la “regularidad” o no de esa readmisión.
En Telemadrid no hay readmisión, hay una trinchera con la que se quiere impedir la ejecución de una sentencia laboral, bajo el presupuesto de que quien tiene que cumplirla, el obligado, ya ha externalizado el puesto en desarrollo de la libertad de empresa. La mercantilización de los derechos deriva en que se puede cambiar el fallo de una sentencia de nulidad por dinero por la sola voluntad del empresario quien detenta los medios de producción y el poder de organización.
Creemos que es un buen momento para hablar del abuso de derecho, esa rara avis que existe en el Código Civil en el artículo 7.1 que dice que “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.“
Para Telemadrid, ir al Supremo supone dinero, para nosotros y nosotras una batalla sobre si la libertad de empresa se puede hacer efectiva por encima de los derechos de las plantillas de trabajadores y trabajadoras. No abandonamos la lucha, no nos rendimos.
El jueves 1 de Octubre, mientras la abogacía madrileña se encontraba reunida en asamblea para afrontar la lucha en defensa del servicio público de la justicia, Jacinto Morano, diputado de Podemos y compañero de mil batallas tanto en ALA como en multitud de trincheras, hablaba así de la Ciudad de la Justicia y de la administración de la justicia en Madrid:
Un gusto escuchar a nuestro compañero hablando tan claro sobre temas tan importantes. La Ciudad de la Justicia es un mal endémico que promete repetir todos los errores en los que ya han caído todas las administraciones sin solucionar ninguno de los problemas que de forma urgente deberían ser solucionados en la administración pública de la justicia.
Y no solo es un problema con la gestión del servicio de la justicia, sino que a nivel de urbanismo, desarrollo y gestión de la “Ciudad” concentra también un amplisimo.
En este blog hemos editado dos entradas sobre la Ciudad de la Justicia:
El próximo jueves 1 de octubre está convocada por a ALA, APAEM, APROED, ALTODO, AJA, EUREKA y CEAT, una asamblea de abogados y abogadas del Turno de Oficio a las 14:00 en el salon de actos de los juzgados de Plaza de Castilla.
Aunque la convocatoria pone “Por la defensa de l@s letrad@s del Turno de Oficio” y una parte sustancial de la asamblea se hablará de las condiciones en la que se desarrolla el servicio de justicia gratuíta, el acto tiene una especial componenda de defensa de un servicio público y esencial que no es otro que la garantía de acceso a la justicia para la ciudadanía.
Asistir al acto y luchar por el turno de oficio es luchar por los derechos de todos y todas, porque sin justicia no hay derechos.