Source: http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-cultura/voces/excavaciones-arqueologicas
Timestamp: 2020-07-07 03:35:50
Document Index: 322079198

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 76', 'artículo 253', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 351', 'artículo 44']

Excavaciones Arqueológicas - Diccionario Jurídico de la Cultura
2. Excavaciones forzosas.
El concepto legal de excavación arqueológica resulta del párrafo primero del artículo 41 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, conforme al cual
Por otro lado, conforme al párrafo segundo del citado artículo 41 de la Ley de Patrimonio Histórico Español:
El artículo 41 de la Ley ofrece la definición de hallazgos casuales en el sentido en que correcta y tradicionalmente se venía utilizando por la doctrina en relación con el tesoro oculto del Código Civil: como hallazgos producidos al realizarse obras o excavaciones con una finalidad diversa de la de encontrar lo hallado. La noción, aunque clara en teoría y formulada legalmente con gran amplitud, ofrece dificultades prácticas de aplicación cuando existen previos indicios inciertos, o especulaciones de los arqueólogos, de que puedan existir los yacimientos arqueológicos en el lugar en que se hace la excavación con diversa finalidad (lo que no es raro que ocurra al excavar cimientos de obras a realizar en los cascos antiguos de ciudades de mucha antigüedad). Suelen ser casi siempre hallazgos claramente casuales los de los aislados tesoros muebles que aparecen a veces al demoler viejos edificios o construcciones[1].
En consecuencia, toda persona que desee realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas, incluso su propio terreno, necesita autorización administrativa expresa[2] de la Administración responsable del Patrimonio y, desde luego, discrecional. Así sucede desde la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911.
La autorización administrativa de la excavación no tiene como presupuesto la previa declaración de una Zona Arqueológica, ni siquiera la existencia de un yacimiento arqueológico.
El artículo 76.1º letra f) de la Ley sanciona con fuertes multas, como infracción administrativa, la realización de excavaciones arqueológicas ilícitas. Puede haber, además delito de daños si se llegan a causar daños -con dolo o culpa grave- en yacimientos arqueológicos (artículos 323 y 324 del Código penal de 1995) o delito de apropiación indebida, si hay apropiación dolosa de lo hallado y concurren los otros requisitos que impone el artículo 253 del Código penal. En su caso, se dará también la pérdida del premio legal a que se refiere el artículo 44.4 de la Ley. Ni las mencionadas sanciones administrativas, ni los mencionados delitos, requieren que se haya incoado ya, al producirse las correspondientes infracciones, el expediente administrativo para declarar el yacimiento arqueológico Zona Arqueológica como Bien de Interés Cultural[3].
Excavación o prospección ilícita es, en consecuencia, aquella que se realiza sin estar autorizada (es esta la idea que reside en la parte final del artículo 42.3 de la Ley), aunque esté originada por el suceso casual del hallazgo de objetos arqueológicos. Es siempre ilícita la excavación o remoción de tierras realizada con intención de buscar objetos o bienes de interés arqueológico -haya aparecido ya o no alguno de éstos-, no autorizada por la Administración competente sobre el Patrimonio Histórico Artístico. Incluso comunicado inmediatamente a la Administración el hallazgo casual sucedido, parece que sería ilícita -no clandestina- la excavación realizada a continuación sin la preceptiva autorización administrativa, pese al tenor literal del artículo 42.3 de la Ley de Patrimonio Histórico.
De este mismo precepto, y de su relación con el artículo 41, parece deducirse también que si la excavación u obra se hizo con intención diversa de la de buscar hallazgos arqueológicos, y antes de que se produjera el hallazgo casual “interesante”, aunque existiese ilicitud de otro tipo (excavación en suelo ajeno sin permiso del dueño; falta de licencia de obras municipal), ello no impediría el carácter “casual” del hallazgo histórico artístico, siendo de otro tipo las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales del hallador. Esa parte final del artículo 42.3 puede relacionarse también con el difícil problema de la delimitación del ámbito o contenido material de un hallazgo; con la duda de hasta qué punto puede tener un hallador un derecho a “terminar de descubrir”.
Los hallazgos obtenidos por la excavación quedan sujetos al régimen del artículo 42.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, según el cual:
Los objetos obtenidos como consecuencia de una excavación arqueológica son bienes de dominio público –con el especial régimen que ello conlleva-, conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 44 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (ya se ha visto que el premio al descubridor o propietario que regulan los párrafos 3 y 4 de este precepto no se aplican en el caso de excavaciones o prospecciones):
“1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.”
En cambio, si se defiende la aplicabilidad[4] del premio en los hallazgos de inmuebles, hay que acudir a la idea de que resulta chocante que el descubridor de un hallazgo inmueble no tenga premio, con lo fácil que hubiera sido distinguir expresamente entre bienes muebles e inmuebles. No obstante, las normas de valoración resultan de difícil aplicación a los inmuebles, con lo que parece cobrar más fuerza la tesis de la no aplicabilidad del premio en los hallazgos de inmuebles.
[2] Lo que elimina el silencio administrativo positivo, como señala con acierto ALEGRE ÁVILA, en su monografía Evolución y Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico, Tomo 1º, Ministerio de Cultura, páginas 406 a 408.
[3] Como recuerda el profesor MOREU BALLONGA, Catedrático de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Zaragoza, en su ponencia sobre “La Protección del Patrimonio Arqueológico”.
[4] ALEGRE ÁVILA se inclina por la aplicabilidad del artículo 44.3 a los hallazgos de inmuebles “interesantes”. En el mismo sentido, la Sentencia de la Sala 3ª, Sección 3ª, del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1992, y la Sentencia de la Sala contencioso administrativa, Sección 7ª, del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2001.
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