Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-35-2.CODI.%29
Timestamp: 2019-09-20 01:44:12
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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 35-2, de 12/03/2013
cve: BOCG-10-A-35-2
Núm. 35-2
121/000035 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas e índice de enmiendas al articulado presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados Pedro Quevedo Iturbe y Ana María Oramas González-Moro de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al amparo del artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al Anejo 1, punto 9. Industrias Alimentarias y Explotaciones Ganaderas
Se propone un añadido al punto ii, del apartado b del punto 9.1, quedando redactado de la siguiente manera:
"9.1 Instalaciones para:
ii Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera o en turnos inferiores a 12 h/día."
En esta modificación se ha introducido el factor estacionalidad elevando el umbral de capacidad de producción a 600 toneladas día en los casos de funcionamiento no superior a 90 días consecutivos, lo cual es razonable ya que esta Ley tiene su objeto en evitar o cuando no sea posible, reducir y controlar, la contaminación del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, y los esfuerzos deben concentrarse en aquellas actividades que realmente supongan un riesgo.
Dado que se ha tenido en cuenta las condiciones de estacionalidad que pueden darse para adecuar el umbral de capacidad de producción al impacto medioambiental que realmente supone, se debe tener en cuenta que determinadas industrias por la necesidad de optimizar las operativas de producción tienen un alto nivel de capacidad productiva ociosa, por lo que realizan la planificación ajustando los turnos y los tiempos de producción de tal forma que las empresas puedan continuar siendo competitivas, realizando la producción en un turno de 12 horas/día. Asimismo, esta circunstancia, de exceso de capacidad productiva, se ha visto agravada por la crisis actual que ha derivado en una significativa reducción de la demanda por lo que las empresas industriales se encuentran actualmente sobredimensionadas, siendo su impacto en el medio menor del previsto según la capacidad productiva instalada.
Teniendo en cuenta por tanto que la producción real de estas industrias es inferior a la capacidad de producción instalada y por consiguiente los impactos de la misma son efectivamente inferiores, se solicita incluir este supuesto incrementando el umbral de aplicación de la Ley a 600 toneladas/día en empresas que funcionen con turnos inferiores a 12 h/día.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al artículo 1.Dos
"A efectos de lo dispuesto en esta ley, y sus reglamentos de desarrollo, se entenderá por:
a) "Autorización ambiental integrada": la resolución escrita del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.
Será igualmente, la resolución del órgano competente de la comunidad autónoma mediante la cual se establezcan las condiciones de funcionamiento de las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de tratamiento de residuos, independientemente de que la actividad sea desarrollada por el titular de la instalación o por un operador en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos."
Entendemos que el concepto de autorización ambiental integrada debe aclarar el régimen autorizatorio en el caso de que la nueva figura de gestor-operador de residuos se dé en una instalación IPPC. Esta figura ha sido introducida por la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, la autorización de gestor-operador es una autorización no vinculada a ninguna instalación sino válida para todo el estado, y por lo tanto, resulta necesario que las exigencias ambientales de la instalación queden reflejadas en el ámbito de la autorización ambiental integrada.
Al artículo 1.Ocho
"5. Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de una instalación se considerará sustancial si la modificación o la ampliación alcanza, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos en el anejo 1, siempre y cuando se hubiesen contemplado para la actividad en cuestión, o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa sobre esta materia."
En el ámbito de aplicación de la ley (anexo I) hay sectores, como por ejemplo el químico, para los que no se concreta una capacidad para su incorporación al mismo, sino que el propio desarrollo de la actividad directamente conlleva su inclusión en el ámbito de aplicación. Con la redacción del artículo 10.5 en los términos del Proyecto, que prevé que una modificación que por sí sola entra en el ámbito de aplicación de la Ley sea una modificación sustancial, se elimina para estos sectores la posibilidad de realizar una modificación no sustancial. Por lo tanto, resulta conveniente que se recojan criterios cuantitativos para estos sectores, o en su defecto, se señale la posibilidad de establecer en el futuro dichos criterios.
Al artículo 1. De un nuevo punto trece
"Trece. Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma:
Una vez completada la documentación y abierto el período de información pública citado en el artículo anterior, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada remitirá copia del expediente a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias de su competencia, que deberán emitir su informe en un plazo de quince días.
En el caso de que se registren alegaciones u observaciones durante el período de información pública, una vez culminado el mismo, se remitirán las mismas a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias de su competencia a fin de que se ratifiquen en su informe anterior o, en su defecto, señalen aquellos aspectos que estimen oportunos."
Atendiendo a que en la mayoría de las tramitaciones no se registran alegaciones, es necesario analizar la posibilidad de reducir en un mes el tiempo que se requiere para la concesión de la autorización si se unifican los trámites de información pública y de solicitud de informes a los organismos competentes. En todo caso, se salvaguarda la posibilidad de que en el caso de que se presenten alegaciones las mismas se remitan al organismo competente para que las tome en consideración y, en su caso, modifique su informe. Esto permitiría no solo acortar los plazos, sino hacer viable el plazo de nueve meses establecido para completar el proceso de autorización. Así se propone reducir de treinta a quince días el plazo establecido para que los organismos competentes emitan sus informes, posibilitando realizar de manera simultánea los trámites señalados anteriormente. En todo caso, para que esta modificación sea efectiva para las instalaciones nuevas y las modificaciones sustanciales sería necesario actualizar en los mismos términos la normativa de EIA.
Al artículo 1. De un nuevo punto catorce
"Catorce. Se modifica el artículo 18, que queda redactado de la siguiente forma:
El Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, una vez recibida la documentación a la que se refiere el artículo anterior emitirá, en el plazo de quince días desde la recepción del expediente, un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. De no emitirse el informe en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones.
No obstante, el informe emitido fuera de plazo pero recibido antes de dictar resolución deberá ser valorado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma."
La modificación de este artículo tiene como finalidad reducir el tiempo establecido para la remisión de los informes de los ayuntamientos de treinta a quince días y, de esta manera, hacer viables los nueve meses como plazo establecido para completar el proceso de autorización.
Al artículo 1.Trece
"Quince. Se modifica el artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 19. Informe del organismo de cuenca.
2. El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y vinculante. Este informe deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente confederación de la documentación preceptiva sobre vertidos, o en su caso, desde la subsanación que fuese necesaria.
4. Si el informe vinculante regulado en este artículo considerase que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada dictará resolución motivada denegando la autorización.""
En la misma línea de lo comentado anteriormente, no resulta coherente mantener el plazo de seis meses del que actualmente disponen las confederaciones para emitir su informe. En este sentido, se propone que dicho plazo sea reducido de seis a tres meses.
Asimismo, debe señalarse que puesto que el Proyecto de Ley prevé, tanto para las instalaciones cuya autorización debe ser revisada, como para las que se incorporan al ámbito de aplicación de la Ley, plazos
muy inferiores a los establecidos en su momento en la Ley 16/2002 para las instalaciones existentes no resulta lógico mantener el plazo de seis meses previsto en aquella norma.
Al artículo 1.Catorce
"Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que pasa a tener la siguiente redacción:
"1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto redactará una propuesta de resolución ajustada al contenido del artículo 22, que incorporará las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos y decidirá sobre el resto de informes y sobre las cuestiones planteadas, en su caso, por los solicitantes durante la instrucción, así como, las resultantes del periodo de información pública.
Una vez redactada la propuesta de resolución se dará trámite de audiencia al solicitante para que en un plazo de diez días formule cuantas observaciones estime oportunas en relación con su contenido.""
Se propone que la redacción del borrador de la autorización ambiental integrada incorporando las exigencias sea previa al trámite de audiencia, permitiendo así una mayor garantía de los derechos del administrado puesto que le permite conocer los condicionantes que se le van a imponer. Asimismo, el plazo para la autorización se reduciría al sustituir los plazos consecutivos de trámite de audiencia y redacción del borrador actuales.
Al artículo 1.Diecisiete
"Diecinueve. Se incluye un nuevo artículo 22 bis con la siguiente redacción:
"Artículo 22 bis. Cierre de la instalación.
1. Sin perjuicio del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental y el Real Decreto 1514/2009, de 2
de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, así como de la legislación pertinente en materia de protección del suelo, el órgano competente establecerá las condiciones de la autorización ambiental integrada para, tras el cese definitivo de las actividades, asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. Tras el cese definitivo de las actividades, el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate, y comunicará al órgano competente los resultados de dicha evaluación. En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base mencionado en el 12.1.f), el titular tomará las medidas adecuadas para restablecer el emplazamiento al estado reflejado en dicho informe o, cuando esto no sea posible, a una situación que lo haga compatible con el uso al que ha estado destinado, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la viabilidad técnica de tales medidas.
Sin perjuicio del párrafo primero, tras el cese definitivo de las actividades y cuando la contaminación del suelo y las aguas subterráneas del emplazamiento cree un riesgo significativo para la salud humana o para el medio ambiente debido a las actividades llevadas a cabo por el titular antes de que la autorización para la instalación se haya actualizado, y teniendo en cuenta las condiciones del emplazamiento de la instalación descritas en la primera solicitud de la autorización ambiental integrada, el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta el uso al que ha estado destinado, el emplazamiento ya no cree dicho riesgo.
3. Cuando no se exija al titular que elabore el informe base, una vez producido el cese definitivo de actividades, adoptará este las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta el uso al que ha estado destinado, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas a causa de las actividades que se hayan permitido, teniendo en cuenta las condiciones del emplazamiento de las instalación descritas en la primera solicitud de la autorización ambiental integrada.""
En el ámbito de la Comunidad Autónoma se aprobó la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo que regula un procedimiento de declaración de calidad del suelo que se debe tramitar cuando, entre otras circunstancias, se produzca el cese de una actividad potencialmente contaminante del suelo. En este sentido, es la declaración de calidad del suelo que emite el órgano ambiental la que señala las medidas a adoptar.
Esta normativa, al igual que distintas normativas aprobadas en esta materia por otros estados miembros, se basa en un modelo de evaluación de riesgos que no requiere necesariamente de un restablecimiento al estado inicial del suelo, por lo que debe reflejarse esta circunstancia en el texto del Proyecto de Ley.
Además, el texto tal y como está redactado, contraviene las previsiones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en cuanto que en su artículo 36.2 afirma lo siguiente: La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la contaminación por el causante.
Esto significa que no puede requerirse al causante que asuma los costes de descontaminación para un uso más sensible (por ejemplo residencial) que el que tenía el suelo cuando se contaminó (industrial). Sin embargo, en este Proyecto de Ley se exige al titular de la actividad tomar medidas teniendo en cuenta su uso actual o futuro aprobado (artículo 22 bis, apartados 2 y 3).
Al artículo 1.Veintinueve
"Treinta y uno. Se añaden tres disposiciones transitorias con la siguiente redacción:
"Disposición transitoria primera. Actualización de las autorizaciones ambientales integradas.
1. El órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones ambientales integradas llevará a cabo, en su caso, las actuaciones necesarias para la actualización de las autorizaciones para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, con anterioridad al 7 de enero de 2014.
Con posterioridad, las revisiones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.2 y 3 de la Ley 16/2002, de 1 julio, y para aquellas instalaciones de combustión acogidas a los mencionados mecanismos de flexibilidad incorporando las prescripciones que en estos mecanismos se estipulen.
c) En caso de generación de residuos, la aplicación de la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4.1 b);
d) En su caso, el informe mencionado en el artículo 12.1 f) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que deberá ser tenido en cuenta para el cierre de la instalación;
4. Todas las instalaciones cuyas autorizaciones hayan sido actualizadas de acuerdo a los anteriores apartados deberán estar cubiertas por un plan de inspección en los términos que reglamentariamente se establezca.""
Conforme a la propuesta señalada anteriormente deben corregirse las referencias a los artículos que son objeto de modificación en la exposición de motivos del proyecto de ley. De esta manera, donde dice:
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32
Se considera que las autorizaciones ambientales integradas concedidas hasta la fecha por el Órgano ambiental de acuerdo a la normativa en vigor recogen los contenidos establecidos en materia de aguas y suelos actualmente por la Directiva de Emisiones Industriales, por lo que no requieren de la actualización prevista en el párrafo primero de esta disposición transitoria.
Al artículo primero. Veintiuno
Se propone la modificación del apartado 8 del artículo 26 en los siguientes términos:
"Artículo 26. Actividades con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos."
8. Cuando un Estado miembro de la Unión Europea... ...del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el cual actuará como órgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan para estudiar tales efectos, así como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos.
El calendario de las consultas bilaterales será negociado por el citado órgano ambiental previa consulta a los órganos ambientales competentes de las Comunidades Autónomas afectadas. Dicho calendario fijará las reuniones y trámites a que deberán ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades ambientales autonómicas afectadas y aquellas personas que puedan resultar significativamente afectadas puedan manifestar su opinión sobre la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada.
El citado órgano ambiental incluirá al menos un representante por cada una de las Comunidades Autónomas afectadas.
Establecer un procedimiento que responda más ajustadamente a la distribución de competencias vigente entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, garantizando así la participación efectiva de éstas cuando su medio ambiente se vea afectado por las emisiones de una instalación transfronteriza, y que sea equivalente al establecido para el caso de afección a otro Estado miembro de la Unión Europea por una instalación sita en el territorio de una Comunidad Autónoma.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de adicionar un nuevo punto 12.º al apartado diez del artículo primero.
"Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 12 que queda redactado como sigue:
12.º Descripción de las medidas de eficiencia energética previstas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las decisiones sobre las conclusiones relativas a las MTD.
b) Informe urbanístico .../... (resto igual)."
La Directiva 2010/75/UE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, que transpone parcialmente este proyecto de modificación de la Ley 16/2002, establece en su Preámbulo que hay que facilitar un planteamiento integrado a la prevención y control de las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, a la gestión de residuos, a la eficiencia energética y a la prevención de accidentes. El artículo 11 de la directiva, bajo el epígrafe obligaciones fundamentales del titular de la instalación, establece la obligación de utilizar la energía de manera eficiente (eficaz según la traducción al español de la directiva, efficiently según el original en inglés). La Ley 16/2002 no desarrolla suficientemente este objetivo de equiparar la importancia de la eficiencia energética con la prevención y el control de las emisiones. Parece oportuno establecer que a través de las autorizaciones ambientales integradas se lleve a cabo una vigilancia de la eficiencia energética de las actividades industriales.
El hecho que en el contenido de la solicitud se incluya el análisis de las medidas de eficiencia energética previstas, promovería que los titulares de las instalaciones realicen esta integración de la eficiencia energética con la prevención y control de la contaminación, que es uno de los objetivos de la Directiva 2010/75/UE.
A los efectos de adicionar una nueva letra g) al apartado diez del artículo primero.
f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de la instalación o antes de la actualización de la autorización..."
g) En caso de que el titular considere que le es de aplicación el apartado 5 del artículo 7, informe justificativo de evaluación de la situación."
La propuesta se realiza con el objetivo de reducir y agilizar los trámites administrativos, evitando un posible segundo trámite de información pública, de acuerdo con el artículo 24.1 de la directiva 2010/75/UE.
A los efectos de modificar la letra k) del apartado dieciséis del artículo primero.
"Dieciséis. El artículo 22 pasa a tener la siguiente redacción:
k) Condiciones técnicas y ambientales para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión."
La redacción actual no precisa el tipo de condiciones bajo las cuales se debe evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión. Por ello, se plantea la precisión del tipo de condiciones, en técnicas y ambientales.
A los efectos de modificar el párrafo primero del punto 2 del apartado diecisiete del artículo primero.
"Diecisiete. Se incluye un nuevo artículo 22 bis con la siguiente redacción:
2. Tras el cese definitivo de las actividades, el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate, y comunicará al órgano competente los resultados de dicha evaluación. En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base mencionado en el 12.1.f), el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con objeto de restablecer el emplazamiento de la instalación a aquel estado, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, que para el
vector suelo consistirá en la desactivación del riesgo de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial de suelos contaminados. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la viabilidad técnica de tales medidas."
El objetivo de la modificación propuesta es armonizar el contenido de este precepto con el régimen estatal básico aplicable a los suelos contaminados, esto es, a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados y al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
A los efectos de adicionar un punto 4 al apartado veinticuatro del artículo primero.
"Veinticuatro. El artículo 30, que pasa a ser el artículo 29, queda redactado como sigue:
4. Los informes de inspección se notificarán al titular de la instalación en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que tenga lugar la inspección."
Se propone que los informes de inspección se notifiquen en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.6 de la Directiva 2010/75/UE.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Se modifica la letra r del apartado dos del artículo primero que queda redactada como sigue:
"r) "conclusiones sobre las MTD": (resto de la letra igual)"
Mejora técnica. Se propone recoger la definición establecida en la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.
Se modifica la letra s del apartado dos del artículo primero que queda redactada como sigue:
"s) Niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles: el rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones sobre las MTD, expresado como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia específicas."
En coherencia con enmienda anterior Se propone recoger la definición establecida en la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.
Se modifica el número 6 del apartado cinco del artículo primero que queda redactada como sigue:
"Cuando se conceda una exención temporal en virtud del apartado 6 del presente artículo, la autoridad competente informará al público, en todo caso a través de Internet, de la decisión, de la
duración de la exención y de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y la salud de la población."
Se pretende garantizar, como mínimo, la transparencia cuando se conceda la exención temporal de los requisitos del establecimiento de unos valores límites de emisión.
Se añade un segundo párrafo en el número 6 del apartado cinco del artículo primero que queda redactada como sigue:
"Cuando se conceda una exención temporal en virtud del apartado 6 del presente artículo, la autoridad competente informará al público, en todo caso a través de Internet, de la decisión, de la duración de la exención y de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y la salud de la población."
Se modifica el segundo párrafo del punto 2 del artículo 10 del apartado ocho que queda redactado como sigue:
"El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente otorgue la autorización ambiental integrada, que deberá realizar en el plazo de un mes. En caso de que sea necesaria una modificación de la autorización ambiental integrada, como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, la Comunidad Autónoma procederá a publicarla en su diario oficial."
Se elimina el silencio positivo.
Se añaden los siguientes aspectos a la letra a) del número 1 del apartado diez del artículo primero:
"12.º Las fichas de datos de seguridad de las sustancias y mezclas presentes en las actividades e instalaciones
13.º Inventario de sustancias químicas presentes en las actividades e instalaciones, con las cantidades y usos presentes y previstos y sus propiedades eco-toxicológicas.
14.º En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), se aportará la última declaración medioambiental validada y sus actualizaciones."
Se añaden un nuevo punto g) en el artículo 12.1 del apartado diez del artículo primero, con la siguiente redacción:
"g) Las solicitudes de permiso deberán contener, además, un resumen comprensible para el profano en la materia de todas las indicaciones especificadas en el apartado 1."
Inclusión del último párrafo del artículo 12.1 de la Directiva 1010/75/UE.
Se modifica el apartado once del artículo primero que queda redactado como sigue:
"Artículo 14. Tramitación.
Las Administraciones Públicas promoverán la participación real y efectiva de las personas interesadas en los procedimientos para la concesión de las Autorización Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o aquellas que realicen cualquier cambio sustancial en la instalación y en los procedimientos para la revisión y actualización o modificación de la Autorización Ambiental Integrada de una instalación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26.
Las Administraciones públicas garantizarán que la participación a la que se refiere el párrafo anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los respectivos procedimientos de conformidad con lo previsto en el artículo 23. A tal efecto, serán aplicables a tales procedimientos las previsiones en materia de participación establecidas en el anejo 4."
Mejora técnica. Se debe explicitar que las Administraciones Públicas también promoverán la participación real de las personas interesadas cuando se produzcan modificaciones substanciales en las instalaciones y no sólo cuando se trate de nuevas instalaciones.
Se añaden un nuevo apartado once bis al artículo primero redactado como sigue:
"Once (bis) Se modifica el apartado 1 del artículo 16 que queda redactado como sigue:
1. Una vez completada la documentación, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se abrirá un período de información pública que no será inferior a treinta días. El expediente será accesible al público a través de una página web institucional. Se hará mención expresa a la información que ha quedado exenta de publicidad por razones de confidencialidad."
Garantizar la utilización de las nuevas tecnologías para que los expedientes sean públicos.
Se modifica el punto 1.º de la letra i) del apartado 1 del artículo 22 modificado en el apartado siete del artículo primero, que queda redactado sigue:
"1.º Información basada en los resultados del control de las emisiones mencionado en la letra e), con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones, y otros datos solicitados que permitan al órgano competente verificar el cumplimiento de las condiciones de la autorización; y"
Garantizar que la autoridad competente recibe las especificaciones meteorológicas que le permitan disponer de una información necesaria.
Se suprime el último parágrafo del artículo 19.2 así como el artículo 19.3 del apartado trece, artículo primero.
Se elimina el silencio positivo del informe del organismo de cuenca.
Se modifica el apartado 4 del artículo 23 modificado en el apartado dieciocho del artículo primero, que queda redactado como sigue:
"4. Las Comunidades Autónomas harán públicas las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado sustancialmente o revisado las autorizaciones ambientales integradas identificando en el enunciado principal del anuncio por el que hace pública la resolución la denominación de la instalación titular afectada por la misma. Además, pondrán a disposicíón del público, entre otros por medios electrónicos, al menos la información a la que se refieren a las letras a), b), e) y f):
h) Los resultados de la medición de las emisiones exigidos con arreglo a las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, y que obren en poder del órgano competente."
Se propone que en el enunciado principal del anuncio conste la denominación de la instalación porque en algunos casos, las búsquedas en boletines oficiales conllevan cierta dificultad, por lo que se propone que en el título del anuncio por el que se publica una resolución administrativa relacionada con algún aspecto vinculado a la autorización ambiental integrada de una instalaciones identifique claramente a la instalación afectada por dicha resolución.
Se añade un nuevo apartado veinticuatro al artículo primero, el resto de apartados continúan con numeración correlativa:
"Veinticuatro (nuevo). Se crea un nuevo apartado 28 bis dentro del capítulo III de coordinación con otros mecanismos de intervención ambiental con la siguiente redacción:
"28 bis (nuevo). Autorización Ambiental Integrada y Sistemas de Gestión Ambiental verificados según el Reglamento EMAS.
En relación con aquellas actividades e instalaciones para las cuales se apliquen sistemas de gestión ambiental verificados externamente mediante EMAS, las comunidades autónomas establecerán las normas que simplifiquen los mecanismos de comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización ambiental integrada, así como la tramitación de la correspondiente solicitud de autorización o de adaptación y de sus sucesivas revisiones y actualizaciones.""
Se introduce un nuevo artículo específico sobre aquellas actividades e instalaciones para las cuales se apliquen sistemas de gestión ambiental verificados externamente mediante EMAS.
Se modifica el apartado veintiocho del artículo primero, que queda redactado como sigue:
La disposición adicional primera debe mantenerse ya que posibilita la colaboración de las Comunidades Autónomas para la coordinación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con el de la autorización ambiental integrada.
Se modifica el artículo segundo que queda redactado como sigue:
"Artículo segundo. Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
"8. Las autorizaciones previstas en este artículo se concederán por un plazo máximo de 8 años, pasado el cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos. Todas las autorizaciones se inscribirán por la Comunidad Autónoma en el registro de producción y gestión de residuos.""
El redactado del proyecto implica que el plazo de vigencia de la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos de las instalaciones a las que resulte de aplicación la Ley 16/2002 pueda ser superior al de aquellas instalaciones que no están bajo el ámbito de aplicación de la misma, cuando el impacto ambiental de las primeras es superior al de estas últimas. Por ello, se propone la eliminación del texto que menciona que el plazo de vigencia de la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos de las instalaciones a las que resulte de aplicación la Ley 16/2002 coincidirá con el de la autorización ambiental integrada.
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados con número de expediente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Al anejo 1. Nuevo punto 15
"15. Exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
15.1 Instalaciones para la exploración, prospección y explotación de hidrocarburos no convencionales, incluyendo las técnicas de fracturación hidráulica o fracking."
Al anejo 2. Nuevo punto 14
14. Fluidos de retorno de las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos convencionales y no convencionales incluyendo las técnicas de fracturación hidráulica o fracking.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado don Carlos Salvador Armendáriz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
Al artículo primero. Trece. Modifica el artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
2. El informe regulado en el apartado anterior tendrá carácter preceptivo y vinculante. Este informe deberá emitirse en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en el registro de la correspondiente confederación de la documentación preceptiva sobre vertidos o, en su caso, desde la subsanación que fuese necesaria.
Este plazo no se verá afectado por la remisión de la documentación que resulte del trámite de información pública."
El propio Proyecto de Ley en su parte expositiva señala: "Esta modificación de la ley supone un avancen la simplificación administrativa siguiendo el mencionado programa permanente de la Comisión para la simplificación de la legislación y en la consecuente reducción de cargas administrativas; asimismo, se hace eco de las demandadas de los ciudadanos para garantizar una mayor celeridad en la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas. En este sentido, y tras un estudio exhaustivo de las implicaciones administrativas y económicas que pueda acarrear, se ha reducido el plazo del procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de diez a nueve meses. En esta reducción, se ha tenido en consideración que se ha suprimido el requerimiento adicional con un mes de plazo al organismo de cuenca, en el caso de que éste no hubiera emitido el informe de admisibilidad de vertido en el plazo de seis meses".
Se considera que se puede avanzar más en esta línea de simplificación y agilización administrativa, acortando el plazo establecido para la emisión del propio informe de admisibilidad de vertido por el Organismo de Cuenca, que es a todas luces excesivo. Hay que recordar que desde todos los sectores económicos, Organizaciones empresariales y profesionales, una de las demandas más insistentes es la agilización administrativa, y en este caso la reducción planteada va en dicha línea y se considera totalmente justificada.
Al artículo primero. Quince. Modifica el artículo 21 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
"Artículo 21. Resolución.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses.
2. Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada."
La primera medida de reducción propuesta posibilita que se pueda reducir el plazo global de la tramitación.
Al artículo primero. Veinticuatro. Modifica el artículo 30 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que pasa a ser el 29 con esta redacción en su apartado 1, párrafo 2.º
"Artículo 29. Control, inspección y sanción.
Los órganos competentes en materia de inspección podrán designar a entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada, para la realización, en su nombre, de actuaciones materiales de inspección que no deban ser desempeñadas por funcionarios públicos; en ningún caso estas actuaciones podrán versar sobre el diseño de sistemas, planes o programas de inspección. En la designación de estas entidades se deberá seguir un procedimiento de selección en el que se respeten los principios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato, salvo que, conforme a la legislación de Contratos públicos, puedan encomendarse a Entidades Instrumentales de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.
La propia Ley de Contratos públicos permite realizar dichas encomiendas y se considera oportuno realizar esta aclaración.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al artículo primero.Dos
El apartado dos del artículo primero del Proyecto de Ley se modifica y queda redactado en los siguientes términos:
"Dos. Se modifica el encabezamiento, así como los apartados a), e), g), j), I), ñ) y p) y se añaden los nuevos apartados q) a z) en el artículo 3, en los siguientes términos:
a) ?Autorización ambiental integrada": la resolución escrita del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.
e) ?Modificación sustancial": cualquier modificación realizada en una instalación que, en opinión del órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10, apartados 4 y 5, pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en las personas y el medio ambiente.
g) ?Titular": cualquier persona física o jurídica que explote total o parcialmente, o posea, la instalación.
j) ?Sustancia": los elementos químicos y sus compuestos, con la excepción de las siguientes sustancias:
1.º Las sustancias radiactivas reguladas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
2.º Los organismos y microorganismos modificados genéticamente, tal como se definen en el artículo 2 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, y haciendo uso de las técnicas de modificación genéticas previstas en el artículo 3 del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
l) ?Valores límite de emisión": la masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.
ñ) ?Mejores técnicas disponibles (MTD)": la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.
1.º ?Técnicas" la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.
2.º ?Técnicas disponibles": las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
3.º ?Mejores": las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.
- Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisión sobre la concesión o revisión de la Autorización Ambiental Integrada o de sus condiciones.
q) ?Documento de referencia MTD": documento resultante del intercambio de información organizado con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y Consejo, de 24 de noviembre, sobre las Emisiones Industriales, elaborado para determinadas actividades, en el que se describen, en particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de consumo, las técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así como las conclusiones relativas a las MTD y las técnicas emergentes, tomando especialmente en consideración los criterios que se enumeran en el anejo 3.
r) ?Conclusiones relativas a las MTD": decisión de la Comisión Europea que contiene las partes de un documento de referencia MTD donde se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las mediciones asociadas, los niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de que se trate.
s) ?Niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles": el rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones relativas a las MTD, expresado como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones de referencia específicas.
t) ?Técnica emergente": una técnica novedosa para una actividad industrial que, si se desarrolla comercialmente, puede aportar un nivel general más alto de protección del medio ambiente o al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente y unos ahorros de costes superiores a los que se obtendrían con las mejores técnicas disponibles actuales.
u) ?Sustancias peligrosas": sustancias o mezclas definidas en el artículo 3, del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
v) ?Informe base o de la situación de partida": es el informe de la situación de partida que contiene la información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por sustancias peligrosas relevantes.
w) ?Inspección ambiental": toda acción llevada a cabo por la autoridad competente o en nombre de esta para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones a las condiciones de las autorizaciones ambientales integradas y controlar, en caso necesario, su repercusión ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones: las visitas in situ, la medición de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos de seguimiento, la verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la adecuación de la gestión ambiental de la instalación. El fin de la inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental de las actividades o instalaciones bajo el ámbito de aplicación de esta norma.
x) ?Suelo": la capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.
y) ?Contaminación": la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente;
z) ?Emisión": la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación;
aa) ?Aguas subterráneas": todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo;
bb) ?Aves de corral" las aves de corral tal como se definen en el artículo 2, 4 del Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se establecen condiciones de sanidad animal aplicables a los intercambios comunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros.
cc) ?Residuo": cualquier residuo, como queda definido en el artículo 3 a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
dd) ?Residuo peligroso": cualquier residuo peligroso, como se define en el articulo 3 e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio."
Mejora técnica: se subsana la omisión de la letra p).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Se propone la modificación del apartado cuatro del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
"Cuatro. Se propone la adición de una nueva letra b) bis y se modifica la letra e) del artículo 5, en los siguientes términos:
b) bis. Cumplir las obligaciones de disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, de conformidad con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.
e) Informar inmediatamente al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente, sin perjuicio de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental."
Entre las obligaciones de los titulares de las instalaciones debe constar de modo expreso la de disponer de garantías suficientes para hacer frente a eventuales responsabilidades por daños ambientales.
Al artículo primero, apartado cinco, que modifica el artículo 7.
Se propone la supresión del apartado cinco de dicho artículo.
Con la intención de perseguir la máxima eficacia de la Ley en la prevención de la contaminación, se considera que la Ley no debe contemplar supuestos que puedan permitir fijar valores límite de emisiones menos estrictas. Los motivos para poder contaminar más con el pretexto de condicionantes económicos estarán siempre presentes y no pueden constituir una excepción permanente a la aplicación de los límites de emisión.
Al artículo primero, seis
Se propone la modificación del apartado seis del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
"Seis. El artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 8. Información, comunicación y acceso a la información.
c) Las autorizaciones ambientales integradas concedidas, con el contenido mínimo establecido en el anexo IV del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas;
d) Los informes de inspección medioambiental de las visitas in situ con las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de autorización por la instalación, así como en relación a cualquier ulterior actuación necesaria.
3. Los titulares de las instalaciones comunicarán, al menos una vez al año a las Comunidades Autónomas en las que estén ubicadas, los datos sobre las emisiones correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, y en todo caso la información incluida en el artículo 22.1.i).
b) Los anejos a los condicionados de las autorizaciones otorgadas a las instalaciones en virtud del artículo 7.5 que documentan los motivos por los que se establecen valores límite de emisión menos estrictos,
5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente habilitará un punto de acceso electrónico donde publicará toda aquella información regulada en este artículo de la que disponga, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.""
En el apartado 3 se sustituye la notificación por la comunicación, ya que, según la Ley 30/1992, son las Administraciones las que notifican a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.
La Administración General del Estado, por transparencia y de acuerdo a una deseable proactividad en la puesta a disposición de información de interés público, debe estar obligada a publicarla en un sitio web sin necesidad de que haya una solicitud previa.
Al artículo primero, apartado dieciocho
Se propone la modificación del apartado dieciocho del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
"Dieciocho. Se modifica el artículo 23 quedando con la siguiente redacción:
"Artículo 23. Notificación y publicidad.
1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada notificará la resolución de otorgamiento, modificación y revisión a los interesados, y comunicará al Ayuntamiento donde se ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen emitido un informe vinculante
y, en su caso, al órgano estatal competente para otorgar las autorizaciones sustantivas señaladas en el artículo 11.2.a) de esta Ley.
2. El público tiene derecho a acceder a las resoluciones de las autorizaciones ambientales integradas, así como a sus posteriores modificaciones y revisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ley y sin perjuicio de lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. Las Comunidades Autónomas darán asimismo publicidad, al menos, en sus respectivos boletines oficiales a las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado o revisado las autorizaciones ambientales integradas.
4. Las Comunidades Autónomas harán públicas las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado sustancialmente o revisado las autorizaciones ambientales integradas. Además, pondrán a disposición del público, entre otros a través de los puntos de acceso electrónico o por cualesquiera otros medios que lo hagan accesible, al menos la información a la que se refieren las letras a), b), e) y f):
a) El contenido de la resolución, incluidas una copia de la autorización ambiental integrada, y de cualesquiera condiciones y adaptaciones posteriores.
h) Los resultados de la medición de las emisiones exigidos con arreglo a las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, y que obren en poder del órgano competente.""
En el apartado 1 se distingue la notificación, que ha de realizarse al interesado, de una comunicación, que no necesitaría de los requisitos de la notificación, para las demás administraciones.
Por otro lado, en coherencia con la propuesta de modificación del apartado ocho del artículo primero, se considera que las Administraciones implicadas, por transparencia y de acuerdo a una deseable proactividad en la puesta a disposición de información de interés público, deben estar obligadas de publicarla en un sitio web sin necesidad de que haya una solicitud previa.
Al artículo primero, apartado veinte
Se propone la modificación del apartado veinte del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
"Veinte. Se modifica el artículo 26, que pasa a ser el artículo 25, quedando con el siguiente tenor literal:
"Artículo 25. Revisión de la autorización ambiental integrada.
f) Por cualquier otra causa no prevista en este apartado que, de forma expresa y motivada, sea valorada por el órgano competente.
5. El procedimiento de revisión podrá asimismo iniciarse a instancia de parte, previa denuncia de un interesado, por concurrir alguna de las causas de revisión de oficio previstas en el apartado anterior. La denuncia será interpuesta ante el órgano competente, quien deberá valorar la concurrencia de las causas alegadas y notificar su respuesta al denunciante en un plazo de treinta días a partir de su presentación.
6. La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización y se tramitará por el procedimiento simplificado que se establecerá reglamentariamente.
El procedimiento de revisión tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 26 cuando se refiera a instalaciones cuya actividad pudiera causar efectos negativos significativos intercomunitarios o transfronterizos.""
Se incorpora un nuevo apartado 5, con un supuesto de revisión a instancias de una denuncia para la revisión de las autorizaciones. Con ello se aumentan las garantías de cumplimiento de los requisitos de la autorización ambiental integrada.
Por el mismo motivo, se valora necesario incorporar un supuesto abierto de revisión, que puede valorar el órgano competente para iniciar una revisión en casos justificados.
Al artículo primero, apartado veintiuno
Se propone la modificación del apartado veintiuno del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
"Veintiuno. Se da una nueva redacción al artículo 27, que pasa a ser el artículo 26, y que queda en los siguientes términos:
"Artículo 26. Actividades con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos.
1. En el supuesto de que el órgano competente de la Comunidad Autónoma constate que el funcionamiento de la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada pudiera tener efectos ambientales negativos y significativos en otra Comunidad Autónoma, o cuando así lo solicite otra Comunidad Autónoma, se remitirá una copia de la solicitud a dicha Comunidad Autónoma, para que se puedan formular las alegaciones que se estimen oportunas, antes de que recaiga resolución definitiva. Igualmente, se remitirá a la Comunidad Autónoma afectada la resolución que finalmente se adopte, en relación con la solicitud de autorización ambiental integrada.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la evaluación de impacto ambiental transfronteriza, cuando se constate que el funcionamiento de la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada pudiera tener efectos negativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, comunicará a dicho Estado, a ser posible simultáneamente al período de información pública previsto en el artículo 16 y siempre con anterioridad a la resolución de la autorización, los siguientes aspectos:
4. El calendario de consultas bilaterales será negociado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previa consulta al órgano competente de la Comunidad Autónoma, con las autoridades competentes de dicho estado. Dicho calendario fijará las reuniones y trámites a que deberán ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las
autoridades ambientales y las personas interesadas de dicho estado, en la medida en la que pueda resultar significativamente afectado, tengan ocasión de manifestar su opinión sobre la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada.
La delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación responsable de la negociación incluirá, una representación adecuada de la Comunidad Autónoma competente para resolver la solicitud de autorización.
A estos efectos, definirá los términos en los que se evacuará el trámite de consultas en colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas afectadas por la instalación para la que se solicita la autorización ambiental integrada en otro Estado miembro de la Unión Europea.""
En los apartados 1 y 3 se sustituye el verbo "estimar" (que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa, "juzgar o creer") por el que establece la Directiva 2010/75 UE que emplea el verbo "constatar" (según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: "comprobar un hecho, establecer su veracidad, dar constancia de él"). En efecto, no resulta intrascendente la diferencia ya que la estimación requiere un juicio de convencimiento del órgano competente, esto es que ante unos determinados datos o circunstancias se forme una opinión sobre la trascendencia, pero eso no parece ajustarse al sentido de la Directiva, que simplemente indica que constate, es decir, que compruebe, la posibilidad de esos efectos ambientales negativos y significativos.
En el apartado cuarto, segundo párrafo, se sustituye la mención a la inclusión de "al menos, un representante de la autoridad competente" por "una representación suficiente". No parece razonable
que la delegación que deba negociar con otro Estado esté, o pueda estar infrarrepresentada a voluntad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en asuntos de índole tan compleja como éstos, necesitando personal técnico experto que, por competencia, habrán de pertenecer a la Comunidad Autónoma.
Al artículo primero, apartado veinticuatro
Se propone la modificación del apartado veinticuatro del artículo primero, que tendrá la siguiente redacción:
Los titulares de las instalaciones estarán obligados a facilitar toda la asistencia necesaria para la inspección, incluida cualquier visita del emplazamiento, la toma de muestras y la recogida de toda la información necesaria.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado primero de este artículo, las instalaciones estarán sometidas a planes de inspección medioambiental que incluirán al menos los siguientes extremos:
a) Una evaluación general de los problemas de medio ambiente más importantes.
c) Una relación de las instalaciones cubiertas por el plan.
d) Los procedimientos para elaborar programas de las inspecciones medioambientales prefijadas a las que se refiere el apartado 4 de este artículo.
e) Los procedimientos de las inspecciones prefijadas indicadas en el apartado 6 de este artículo.
4. Las autoridades competentes elaborarán planes de inspección medioambiental prefijadas con indicación de la frecuencia de las visitas a los emplazamientos según los distintos tipos de instalación. La periodicidad de las visitas será inferior a un año en las instalaciones que planteen riesgos más altos, e inferior a tres años en las que planteen riesgos menores, y estará basada en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales de las instalaciones correspondientes.
Cuando una inspección detectase el incumplimiento de las condiciones del permiso, se realizará una visita adicional lo antes posible y en todo caso dentro de los seis meses contados a partir de dicha inspección.
5. La evaluación sistemática de los riesgos medioambientales se basará al menos en los siguientes criterios:
a) la repercusión posible y real de las instalaciones correspondientes sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente;
b) el historial de cumplimiento de las condiciones del permiso;
c) la participación del titular en el sistema de la Unión de gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) 1221/2009.
6. Se efectuarán inspecciones medioambientales no prefijadas para investigar denuncias sobre aspectos medioambientales, así como accidentes graves e incidentes medioambientales y casos de incumplimiento de las normas, lo antes posible y, en su caso, antes de la concesión, revisión o actualización de los permisos.
7. Los resultados de estas actuaciones se incluirán en la información de acceso público regulada en el artículo 8 de la presente Ley.""
El Consejo de Estado ha singularizado, en su informe sobre el proyecto, la trascendencia del segundo párrafo del apartado primero del artículo 29, que queda suprimido en esta enmienda, y que abre la puerta a la realización de actividades de control e inspección por parte de entidades privadas vulnerando la reserva a funcionarios públicos de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales establecida en el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por otro lado, también de conformidad con lo señalado en el Dictamen del Consejo de Estado, se considera necesario incorporar de forma más completa a esta Ley la regulación de la Directiva relativa a las inspecciones medioambientales.
Al artículo primero, apartado treinta y nueve
Se propone la supresión del apartado treinta y nueve del artículo primero:
"Treinta y nueve. Se modifican el apartado 1, las letras a) y e), y se introduce una nueva letra h) en el apartado 1 del nuevo anejo 4, en los términos siguientes:
"Anejo 4. Participación del público en la toma de decisiones.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma informará al público en aquellas fases iniciales del procedimiento, siempre previas a la toma de una decisión o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la información a través de los puntos de acceso electrónico o por cualesquiera otros medios que lo hagan accesible, sobre los siguientes extremos:
h) En todo caso el otorgamiento, modificación sustancial o revisión de una autorización relativa a una instalación cuando se proponga la aplicación del artículo 7.5.""
Se considera oportuna la mención a la publicidad por medios electrónicos que también figura en el artículo 24 de la Directiva cuya transposición se pretende, respetando las Competencias de las Comunidades Autónomas.
Al artículo segundo.
Se propone la adición de un nuevo apartado dos del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Dos. Se modifica la letra d) de del apartado segundo del artículo 31, que queda redactada en los siguientes términos:
"d) Establecer con carácter obligatorio sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su reciclado o para su tratamiento, en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, de productos o residuos cuyas características determinen que estos sistemas sean la opción más adecuada para su correcta gestión o cuando no se cumplan los objetivos fijados en la normativa vigente.
La Administración competente garantizará la transparencia y concurrencia en la implantación gradual de estos sistemas.""
Se trata de modificar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, para establecer, en primer lugar, el carácter obligatorio de los Sistemas de depósito y retorno en los supuestos que contempla este artículo 31.2.d) y, en segundo lugar, garantizar el proceso de transición transparente y en el que se garantice la libre concurrencia.
Se propone la adición de un nuevo apartado tres del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Tres. Se incluye un párrafo final al apartado tercero del artículo 31, que tendrá la siguiente redacción:
"[...] y aquellos que pudieran establecer las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias por justificadas razones de protección ambiental.""
Se trata de permitir que la excepción a la voluntariedad del sistema de depósito y retorno sea, no solo la que se derive de la propia Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados [art. 31.2.d)], sino también las que establezcan, en ejercicio de sus competencias, las Comunidades Autónomas.
Se propone la adición de un nuevo apartado cuatro del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Cuatro. Se propone la modificación del apartado tercero del artículo 32, que tendrá la siguiente redacción:
"3. Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una asociación de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro. La admisión de un nuevo productor se establecerá en función de criterios objetivos. El derecho de voto de cada partícipe se determinará mediante tramos o intervalos en función de la cantidad de productos que este pone en el mercado en relación con los que pone el conjunto de los partícipes.
Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las autorizaciones y de las condiciones de ejercicio.""
Recuperación del texto original de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que fue modificado por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Se propone la adición de un nuevo apartado cinco del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Cinco. Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 32, que tendrá la siguiente redacción:
"6. Los distribuidores de productos y otros agentes económicos cumplirán con las obligaciones que establezca la normativa de cada flujo de residuos derivado de sus productos.""
Se propone la adición de un nuevo apartado seis del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Seis. Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 41, que tendrá la siguiente redacción.
"1. Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización enviarán anualmente a las Comunidades Autónomas y en el caso de los residuos de competencia municipal además a las Entidades Locales competentes una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico con el contenido que figura en el anexo XII. Aquellas que hayan realizado una
comunicación de las previstas en esta Ley, mantendrán el Archivo cronológico a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.
Las Comunidades Autónomas, con la colaboración de las Entidades Locales, mantendrán actualizada la información sobre la gestión de los residuos en su ámbito competencial. Dicha información debe incluir las infraestructuras disponibles y, en cada una de ellas, la cuantificación y caracterización de los residuos entrantes y salientes, los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos salientes.""
Se propone la adición de un nuevo apartado siete del artículo segundo, que tendrá la siguiente redacción:
"Siete. Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 49, que tendrá la siguiente redacción:
"3. En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, así como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las Entidades Locales.""
"Seis. Se propone la modificación del apartado 7 del anexo X, que tendrá la siguiente redacción:
"7. Procedimiento de recogida de datos y de suministro de información a las administraciones públicas.""
A la exposición de motivos, párrafo primero
Se propone la modificación del párrafo primero de la exposición de motivos, que tendrá la siguiente redacción:
La tarea de los poderes públicos en el Derecho medioambiental español obliga, desde la propia Constitución, a que éstos intervengan para garantizar la calidad de vida y un uso racional de los recursos, teniendo como fundamento último el derecho a la vida y a la protección de la salud. En este sentido, la prevención es uno de los principios básicos que debe informar toda política ambiental. Su objetivo consiste en evitar la contaminación desde el origen antes de que sea necesaria la minimización de sus efectos o la restauración de recursos afectados. Por esta razón, la política ambiental española de acuerdo con los sucesivos programas de la Unión Europea sobre medio ambiente, ha insistido en la importancia crucial de este principio de prevención, así como el principio de ?quien contamina paga", como bases para evitar, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación derivada de las actividades industriales. Por otra parte, resulta apropiado facilitar un enfoque integrado del control de las emisiones de dichas actividades a la atmósfera, el agua o el suelo, que otorgue una protección al medio ambiente en su conjunto, de manera que se evite la transferencia de contaminación de un elemento o recurso natural a otro. Por último, se ha de señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las instalaciones industriales que los emiten, contribuyen al cambio climático y por tanto, los poderes públicos tienen también por este motivo la obligación de evitar, reducir y si es posible eliminar dichas emisiones contaminantes."
Es necesario reforzar en la exposición de motivos la raíz constitucional de la protección del medio ambiente así como incorporar el cambio climático como factor que justifica aún más la necesidad de que los poderes públicos procuren eliminar, evitar o reducir las formas de contaminación que contribuyen al mismo.
- Enmienda núm. 53, Grupo Parlamentario Socialista.
Artículo primero. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Dos. Encabezamiento, apartados a), e), g), j), l), ñ) y p), y q) a z) (nuevos) del artículo 3
- Enmienda núm. 37, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Enmienda núm. 2, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la letra a).
- Enmienda núm. 16, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la letra r).
- Enmienda núm. 17, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la letra s).
Tres. Letra b) del apartado 1 del artículo 4
Cuatro. Letra e) del artículo 5
- Enmienda núm. 38, Grupo Parlamentario Socialista.
- Enmienda núm. 38, Grupo Parlamentario Socialista, a la letra b) bis (nueva).
Cinco. Artículo 7
- Enmienda núm. 39, Grupo Parlamentario Socialista.
- Enmienda núm. 18, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 6.
- Enmienda núm. 19, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 6, párrafo (nuevo).
- Enmienda núm. 20, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 6.
Seis. Artículo 8
- Enmienda núm. 40, Grupo Parlamentario Socialista.
Siete. Artículo 9
Ocho. Artículo 10
- Enmienda núm. 21, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 2.
- Enmienda núm. 3, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al apartado 5.
Nueve. Apartados 2 y 4, y 5 (nuevo) del artículo 11
Diez. Apartado 1 del artículo 12
- Enmienda núm. 11, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la letra a) apartado (nuevo).
- Enmienda núm. 22, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la letra a) apartados (nuevos).
- Enmienda núm. 12, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la letra g) (nueva).
- Enmienda núm. 23, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la letra g) (nueva).
Once. Artículo 14
- Enmienda núm. 24, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Doce. Artículo 15
Doce bis (nuevo). Artículo 16 (no contemplado en la reforma)
- Enmienda núm. 25, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 1.
Doce ter (nuevo). Artículo 17 (no contemplado en la reforma)
- Enmienda núm. 4, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Doce quáter (nuevo). Artículo 18 (no contemplado en la reforma)
- Enmienda núm. 5, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Trece. Artículo 19
- Enmienda núm. 6, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 34, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al apartado 2.
- Enmienda núm. 27, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a los apartados 2 y 3.
Catorce. Apartado 1 del artículo 20
- Enmienda núm. 7, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Quince. Artículo 21
- Enmienda núm. 35, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Dieciséis. Artículo 22
- Enmienda núm. 26, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al punto 1.º de la letra i) del apartado 1.
- Enmienda núm. 13, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la letra k) del apartado 1.
Diecisiete. Artículo 22 bis (nuevo)
- Enmienda núm. 8, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 14, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al apartado 2.
Dieciocho. Artículo 23
- Enmienda núm. 41, Grupo Parlamentario Socialista.
- Enmienda núm. 28, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al apartado 4.
Diecinueve. Artículo 25
Veinte. Artículo 26 que pasa a ser artículo 25
- Enmienda núm. 42, Grupo Parlamentario Socialista.
Veintiuno. Artículo 27 que pasa a ser artículo 26
- Enmienda núm. 43, Grupo Parlamentario Socialista.
- Enmienda núm. 10, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al apartado 8.
Veintidós. Primer párrafo del artículo 28 que pasa a ser artículo 27
Veintitrés. Artículo 29 que pasa a ser artículo 28
Veintitrés bis (nuevo). Artículo 28 bis (nuevo)
- Enmienda núm. 29, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Veinticuatro. Artículo 30 que pasa a ser artículo 29
- Enmienda núm. 36, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al apartado 1.
- Enmienda núm. 15, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al apartado 4 (nuevo).
- Enmienda núm. 44, Grupo Parlamentario Socialista.
Veinticinco. Letras b), c) y f), y letra i) (nueva) del apartado 3 del artículo 31 que pasa a ser artículo 30
Veintiséis. Párrafo nuevo de la letra b) del apartado 1 del artículo 32 que pasa a ser artículo 31
Veintisiete. Artículos 33, 34, 35 y 36 que pasan a ser artículos 32, 33, 34 y 35
Veintiocho. Disposiciones adicionales primera y segunda
- Enmienda núm. 30, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la disposición adicional segunda.
Veintinueve. Disposiciones transitorias primera y segunda
- Enmienda núm. 9, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la disposición transitoria primera.
Treinta. Disposiciones transitorias nuevas
Treinta y uno. Apartado 1 de la disposición final primera
Treinta y dos. Disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, y en consecuencia, las disposiciones finales sexta y séptima pasan a disposición final tercera y cuarta respectivamente
Treinta y tres. Disposición final cuarta nueva
Treinta y cuatro. Disposición final octava pasa a disposición final quinta
Treinta y cinco. Anejo 1
- Enmienda núm. 1, del señor Quevedo Iturbe y de la señora Oramas González-Moro (Grupo Parlamentario Mixto), al punto ii de la letra b) del apartado 9.1.
- Enmienda núm. 32, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al apartado 15 nuevo.
Treinta y seis. Anejo 2, los anejos 3, 4 y 5 pasan a ser los anejos 2, 3 y 4 respectivamente
- Enmienda núm. 33, Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, al punto 14 (nuevo) del apartado Agua.
Treinta y siete. Anejo 2 nuevo
Treinta y ocho. Anejo 3 nuevo
Treinta y nueve. Letras a) y e), y letra h) (nueva) en el apartado 1 del anejo 4 (nuevo)
- Enmienda núm. 45, Grupo Parlamentario Socialista.
Artículo segundo. Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Apartado 8 del artículo 27
- Enmienda núm. 31, Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 46, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 47, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 48, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 49, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 50, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 51, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.
- Enmienda núm. 52, Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo.