Source: https://es.scribd.com/document/90803103/Sentencia-administrativo
Timestamp: 2019-04-22 22:43:12
Document Index: 124013491

Matched Legal Cases: ['Artículo 136', 'Artículo 220', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 220', 'artículo 241', 'artículo 669', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 269', 'artículo 220', 'artículo 269', 'artículo 30', 'artículo 30']

Cargado por Jaqui Aponte
ZIDRES Insistencia en El Despojo Legal
Algunas Notas Sobre La Expropiacion en Vzla
Trabajo Constitucional Donayre
Proyecto Ab. Roger Nieto)
Actor: Carlos Alberto Jaramillo Villegas.
Bogotá, D. C., siete ( 7 ) de septiembre de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
por las siguientes razones: . 86 del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984). y se condenare a una entidad pública. Artículo 136. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años. 44 de la Ley 446 de 1998 (parcial) y el Art.335 del 7 de julio de 1998. III. modificado por el Art. modificado por el Art. una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. NORMAS ACUSADAS A continuación se transcriben los textos de las disposiciones demandadas. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo. I. o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. (…) 8. (…) Artículo 220. omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. conforme a su publicación en los Diarios Oficiales números 36.En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. el Art. 31 de la Ley 446 de 1998.DEMANDA Considera el demandante que las normas acusadas contravienen el artículo 58 de la Constitución. 220 del mismo código. Acción de reparación directa.–Modificado por el Art. Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble. 136 del mismo código.439 del 10 de enero de 1984 y 43. una omisión. 44 de la Ley 446 de 1998. Modificado por el Art. Transmisión de la propiedad. o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad. 86. la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. subrayando los apartes demandados: DECRETO 01 DE 1984 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo El Presidente de la República de Colombia DECRETA: (…) ART. Caducidad de las acciones. contados a partir del acaecimiento del hecho. el ciudadano Carlos Alberto Jaramillo Villegas presentó demanda contra el Art. 31 de la Ley 446 de 1998 (parcial).
Escrito presentado el día 24 de marzo de 2004 por el ciudadano Alvaro Echeverri Uruburu en nombre de la Universidad Santo Tomás. de conformidad con lo dispuesto en el Art.Estima que la inconstitucionalidad de los precitados artículos radica en que la ocupación permanente de un bien inmueble por parte del Estado para la realización de trabajos públicos equivale a un despojo. el ciudadano Fernando Gómez Mejía. debiendo existir indemnización previa.ADICION EXTEMPORANEA DE LA DEMANDA El demandante presentó escritos adicionales los días 30 de Abril de 2004 y el 1º de Junio del mismo año. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia. Indica que contemplar la ocupación permanente de un inmueble. actuando como apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia. por cualquier causa. Mediante escrito presentado el día 19 de marzo de 2004. a. interviene en el presente proceso para solicitar a la Corte que declare exequibles las normas cuestionadas. en nombre propio. Escrito presentado el 27 de abril de 2004 por el ciudadano Remberto Vilaró Velilla Jr.INTERVENCIONES 1. como una de las formas en que el Estado puede ocasionar un daño antijurídico a un individuo. VI . fueron presentados los siguientes escritos: a. quienes. Sostiene que el problema jurídico consiste en establecer si al consagrar el legislador la ocupación permanente de un inmueble como una manera en que las autoridades públicas pueden causar un daño antijurídico a un particular. los cuales no serán tenidos en cuenta por ser extemporáneos. IV. Manifiesta que en ciertas ocasiones las conductas de las autoridades públicas pueden llegar a causar daños antijurídicos a los particulares. 45 del reglamento de la corporación. 1. gracias a la misma Constitución Política y la ley. que por tanto debe ser reparado.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN . siempre por motivos de utilidad pública. por lo que no serán tenidos en cuenta para la decisión. disponen de mecanismos y garantías para la defensa y protección de sus derechos. vulnerando el artículo 58 constitucional que establece que el Estado únicamente podrá acceder a los bienes de los particulares por compra directa o por expropiación. Intervenciones extemporáneas De manera extemporánea. es garantizarle a toda persona que ocurrido dicho daño tiene en la acción de reparación directa el mecanismo idóneo y seguro para obtener el resarcimiento de su derecho de propiedad violado. V. pudiendo obtener resarcimiento en caso de que los mismos resulten conculcados. Con respecto al artículo 220 del Código Contencioso Administrativo cita unos apartes de una sentencia dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 16 de Octubre de 1986 y expresa que aquel se ajusta en forma absoluta a las disposiciones legales que reglamentan la adquisición del derecho de dominio de inmuebles. vulnera la Constitución Política.
en consecuencia. 220. se contempló en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley 38 de 1918 y se reforzó. Sustenta su solicitud en las siguientes razones: En primer lugar hace un resumen de los antecedentes de la regulación de la ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos y concluye que “(…) la figura de la ocupación permanente de bienes inmuebles. Edgardo José Maya Villazón. mediante la Ley 167 de 1941. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Considera que. no obstante haber sido planeadas conforme a los principios de la Administración Pública. con una procedencia de carácter excepcional (responsabilidades de los agentes)”. 31 y 44 de la Ley 446 de 1998. Expresa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que las autoridades de la República están instituidas. y sólo por motivos de utilidad pública o interés social debidamente comprobados en el proceso de reparación directa que se adelante. También. dado que en el ejercicio de la Administración Pública se pueden presentar imprevistos que requieren pronta y debida atención. cuando resultare imposible o gravemente inconveniente acudir a la contratación o expropiación. el inciso final del Art. dicha figura tiene fundamento en el ordenamiento superior colombiano. esa institución debe proceder excepcionalmente. en el entendido de que “ la ocupación permanente de inmuebles de propiedad ajena por causa de trabajos públicos y demás debe proceder excepcionalmente en eventos de urgencia manifiesta o necesidad inminente o imprevista. en eventos de urgencia manifiesta o necesidad inminente. Expone a manera de ejemplo que muchas obras públicas.El Procurador General de la Nación. al ejecutarlas se encuentra que requieren una extensión mayor de terreno y para la consecución de la parte faltante no es posible esperar el cumplimiento de los trámites presupuestales y de contratación o expropiación. y sólo por motivos de utilidad pública o interés social debidamente comprobados en el proceso de reparación directa que se adelante. con base en el criterio de la función social de la propiedad de la reforma constitucional de 1936. Manifiesta que. solicita a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de las expresiones “ocupación” y “permanente” contenidas en los Arts. el Estado debe devolver la propiedad ocupada. respectivamente. para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. entre otras cosas. para que se pueda dictar sentencia traslaticia de dominio”. dicha ocupación resulta aplicable cuando la Administración debe dar soluciones urgentes para cumplir sus fines y proteger derechos fundamentales de las personas. Indica que refuerza la aplicación de la figura de la ocupación permanente de inmuebles la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria en caso de realización de la conducta en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. so pena de que la falta de ésta deslegitime la existencia misma del Estado. indemnizar al propietario por los daños ocasionados y repetir contra los agentes que ocuparon el inmueble. 86 y 136. Añade que el tratamiento indicado también comprende los inmuebles de las entidades territoriales. modificados por los Arts. Enuncia que el propósito es evitar el abuso o desviación de poder que afecte el derecho de propiedad de los particulares y que. fuerza mayor o caso fortuito. todos del Código Contencioso Administrativo. si el mismo ocurre. A continuación señala que la Constitución garantiza la propiedad privada pero no en forma absoluta y arbitraria sino como una función social y que el Estado puede adquirirla mediante contratación o mediante expropiación judicial o administrativa. 219 y el Art. por ser de su propiedad exclusiva y gozar de las mismas garantías que la propiedad de los particulares. no obstante. 3545 recibido el 20 de Abril de 2004. fuerza mayor. conforme a la Ley 734 de 2002. Afirma que este contexto constitucional permite que el legislador haya establecido la posibilidad de ocupación permanente de inmuebles por trabajos públicos y por cualquiera otra causa. cuando resultare imposible o gravemente inconveniente acudir a la contratación o expropiación. para que se pueda dictar sentencia traslaticia de dominio. mediante Concepto No. . 362 superior. como diferente de la de expropiación.
220 del mismo código. en cuanto contemplan la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir el derecho de propiedad privada a ésta en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. todos del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984). 86. Problema jurídico planteado 2. 219 del Código Contencioso Administrativo.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE Competencia 1. Integración normativa 3. el Art. El mencionado inciso señala: “En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble. por referirse al mismo contenido del Art. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241. 44 de la misma ley (parcial) y el Art. Nums. la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”. por tener dicho aparte el mismo contenido del Art. quebrantan el Art. el Art. subrogado por el Art. 220 demandado establece que: . El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que conforme unidad normativa de las disposiciones demandadas con el inciso 2º del Art. 220 ibídem demandado. Corresponde a la Corte determinar si el Art. desconociendo los procedimientos de enajenación voluntaria y de expropiación establecidos en la ley. 58 de la Constitución. modificado por el Art. toda vez que ellas forman parte integrante de una ley de la República y de un decreto ley. de la Carta Política. 31 de la Ley 446 de 1998 (parcial). 219 del Código Contencioso Administrativo. 220. Por su parte. VII . relativo a las deducciones por valorización. modificado por el Art. Análisis del problema jurídico planteado Consideración preliminar. 4 y 5. 136. en relación con el traspaso del dominio sobre el inmueble ocupado cuando la entidad ocupante es condenada a su pago. Esta Corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. 56 del Decreto ley 2304 de 1989.Finalmente solicita que la Corte haga integración normativa del inciso final del Art.
o cuando es imposible adoptar una resolución sobre el texto demandado sin tomar en cuenta elementos normativos estrechamente relacionados con él que están contenidos en otra u otras disposiciones no impugnadas. constituye la expresión más notable de la libertad económica del individuo en el Estado liberal o democrático. en el contexto del Estado Social de Derecho. junto con la libertad de contratación.“Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble. De conformidad con lo dispuesto en el Art. le es inherente una función ecológica. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social. de suerte que. para gozar y disponer de ella. el Acto Legislativo No. El derecho de propiedad privada es el prototipo de los derechos patrimoniales y. que permite a aquel obtener los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. 58 de la Constitución Política que garantiza el derecho de propiedad privada. la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”. “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. la decisión que profiera la corporación únicamente respecto del primero resultaría inane. el interés privado deberá ceder al interés público o social”. 4. la integración normativa es procedente cuando el texto demandado está reproducido en otra u otras normas no demandadas. 1º del Acto Legislativo 01 de 1999. El Código Civil lo define como “el derecho real en una cosa corporal. la cual fue reiterada y acentuada en la Constitución de 1991. resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida. 1 de 1936 introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano la función social de la propiedad. por lo cual esta corporación hará su integración. que son sus elementos constitutivos desde el Derecho Romano. 6º del Decreto 2067 de 1991. 58): “La propiedad es una función social que implica obligaciones. 669) Esta definición comprende las facultades de uso (usus). desconoce los procedimientos de enajenación voluntaria y de expropiación establecidos en la ley y por tanto viola el Art. especialmente si es de inconstitucionalidad. Bajo la inspiración del autor francés León Duguit.” Acerca del alcance de esta disposición. no siendo contra ley o contra derecho ajeno” (Art. Constitucionalidad de la acción de reparación directa para obtener indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir a ésta el derecho de propiedad en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. El actor considera que la acción de reparación directa contemplada en las normas acusadas para obtener indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir a ésta la propiedad en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. de no efectuarse aquella. 58 de la Constitución Política. en la citada Sentencia C. y se condenare a una entidad pública. que dispone al respecto (Art. “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada.595 de 1999 la Corte Constitucional expresó: . De conformidad con la doctrina expuesta por la Corte con fundamento en lo dispuesto en el Art. goce o disfrute (fructus) y disposición (abusus). Como tal. los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. En el presente caso los textos indicados son sustancialmente idénticos. reformado por el Art.
en los términos prescritos por nuestra Carta. “Se trata. iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del derecho de propiedad a la Administración. la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su titular. “Acerca de los alcances del Estado social de derecho. la alimentación. el mismo Art. 21. bajo la idea de derecho y no simplemente de beneficencia. así se hagan imposibles intentos hermenéuticos para restarle fuerza a esa palabra. contenida en el artículo 669 del Código Civil. no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado". de un concepto creado para dar respuesta a las múltiples demandas sociales que clamaban por la transformación del Estado liberal. lógicamente fallida. . con garantía del derecho fundamental al debido proceso del titular del derecho de propiedad. y ahora sí de modo inocultable y considerable. Valga citar algunos apartes relevantes: "Lo primero que debe ser advertido es que el término "social" ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de derecho. aleja aún más al ordenamiento jurídico colombiano. como bien lo ha señalado la jurisprudencia. No obstante la citada protección constitucional del derecho de propiedad. con base en una oferta por parte de la entidad pública. la cual debe ser justa. en una entidad que se encargara de garantizar patrones mínimos dentro de los que fuera posible vivir dignamente: el salario. de acuerdo con lo previsto en el Num. La adopción de dicha decisión presupone que se adelante el procedimiento establecido en la ley. en virtud del cual la actividad de todas las personas y entidades. ii) Que exista decisión judicial o administrativa. con fundamento en la prevalencia del interés general consagrada en él y en el Art. Uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho es el principio de legalidad o de supremacía del Derecho. a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y funcionamiento de la organización política" (subraya fuera del texto. incluido el Estado mismo y sus autoridades. contempla la figura de la expropiación. la Corte ha trazado claras líneas doctrinarias que precisan las consecuencias que de ese hecho han de extraerse.“Es claro que el paso dado por el Constituyente de 1991. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 6. la salud y la educación serían asegurados para todos los ciudadanos. Dicho procedimiento comprende una etapa previa. de la noción marcadamente individualista (aunque con innegables atenuantes). “También desde la específica esfera de los derechos. de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo. 58 de la Constitución. de enajenación voluntaria o negociación directa. 1º ibídem. están sometidos al ordenamiento jurídico positivo.” 5. esta última sujeta a posterior acción contencioso administrativa incluso respecto del precio. en primer lugar a la Constitución Política. de suerte que la vulneración de aquel les acarrea responsabilidad de diversos tipos.2 del Art. la adopción de la fórmula del Estado Social de Derecho que sustenta los valores constitucionales democráticos da una respuesta a las necesidades de la colectividad: "Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrada por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa. con el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) Que existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador. particularmente enfatizada por el adverbio arbitrariamente. o sea.
del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16. la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y. conforme al cual “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. que representa entonces "la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado y sus servidores. La jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa ha desarrollado durante más de un siglo la materia de la responsabilidad patrimonial del Estado. 86 citado. Por el contrario. para esta Corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual.sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual"” 7. Sin embargo. que en el campo extracontractual tiene como base la falla o falta del servicio. modificado por el Art. En efecto. De conformidad con lo contemplado en el Art." “Ahora bien. 86 (acción de reparación directa) y 87 (acción sobre controversias contractuales). el régimen de riesgo o el de daño especial. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños. no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Por el contrario. como la falla en el servicio.Dicho principio está consagrado en el Art. el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al Estado responder. como se ve. En efecto. 6º superior. la existencia de diversos regímenes de responsabilidad. en particular en el campo extracontractual. en los siguientes términos: “3. 121 ibidem. los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90. en especial. juez especializado en este campo. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. según esa Corporación. a través de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. El Código Contencioso Administrativo contempla las vías para el reconocimiento de dicha responsabilidad en los Arts. aquel deberá repetir contra éste”. el Art. La Corte Constitucional ha señalado que dicha norma superior consagra una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general. “La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado. y en el Art. 31 de la Ley 446 de 1998: . a saber. Esta disposición fue desarrollada por la Ley 678 de 2001 en lo concerniente a la determinación de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado. por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes. Por ello ha dicho esa misma Corporación que ese artículo 90 "es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado. que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. el riesgo creado y el daño especial. causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. tanto contractual como extracontractual. 90 de la Constitución preceptúa que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual. en virtud del cual “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 85 (acción de nulidad y restablecimiento del derecho). la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado. pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado "responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.Hasta la Constitución de 1991.los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon.
29 ibídem. estatuye que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años. contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la ocupación permanente de los inmuebles. “Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo. 219 del Código Contencioso Administrativo. se puede establecer que las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y. o en que la causa sea un contrato estatal. la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada. 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el Art. en contraposición a los casos en que la causa sea un acto administrativo. cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el Art. por el daño antijurídico causado. el Num. y el Art. modificado por el Art. en las condiciones contempladas en la ley. una omisión. la ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. 220 del mismo código establecen que cuando en las acciones de reparación directa se condenare a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble. y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos. deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible. en los cuales procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 56 del Decreto ley 2304 de 1989. con fundamento en lo dispuesto en el Art. Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles. por el daño que no tenía el deber de soportar. ya que protegen el derecho de propiedad privada." Esta disposición consagra la vía judicial para reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado cuando la causa sea un hecho. tales disposiciones no son contrarias al Art. subrogado por el Art. una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. en los cuales procede la acción sobre controversias contractuales. cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles. .“La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho. Así mismo. por consiguiente. al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente. modificado por el Art. omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. No obstante. 44 de dicha ley. 136 del mismo código. relativo a las deducciones por valorización. o sea. que es objeto de la presente demanda. 31 de la Ley 446 de 1998. Por su parte. contados a partir del acaecimiento del hecho. en vez de vulnerarlo. Dicha disposición contempla expresamente. en cuanto el Art. como una de las causales de ejercicio de la acción. modificado por el Art. el inciso 2º del Art. o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada. 136 del Código Contencioso Administrativo. sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas. una omisión. 86 del Código Contencioso Administrativo. Por tanto. 8 del Art. es decir. 44 de la Ley 446 de 1998. Con base en lo expuesto en los numerales precedentes. una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. y el Art. 58 de la Constitución.
mediante la sentencia de condena y su inscripción en el registro inmobiliario respectivo. si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización. 220 del Código Contencioso Administrativo. Finalmente. 8. son diferentes de las que la Ley 167 de 1941. entre otras normas. se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado. del Art. tales normas se ajustan al Art. y que el contenido del primero es muy distinto del de este último. 58 de la Constitución. resulta inaceptable tal quebranto dado que esta norma se limita a estructurar una especial acción contencioso administrativa. por causa de la actuación irregular que representa la ocupación de hecho. el artículo 269 del abrogado código consideraba como título. que dicha norma no reproduce el contenido del Art. y penal. de conformidad con lo previsto en el citado Art. por otra parte. no aparece reproducida en ninguna de las acusadas del nuevo Código Contencioso-administrativo y es muy distinta a la contenida en el artículo 220 del Decreto número 001 de 1984. respetan igualmente el Art. subrogado por el Art. es la correspondiente sentencia. así sea a posteriori. y el modo. “En cambio. 90 superior y la Ley 678 de 2001. 219 del Código Contencioso Administrativo. cabe señalar que este mismo criterio fue planteado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia No. frente a la Constitución vigente con anterioridad a la Constitución de 1991. es razonable que se ajuste a Derecho. Si así fuera. De otro lado. que contemplan el traspaso del derecho de propiedad privada a la entidad pública ocupante. el servidor público que la ha llevado a cabo tendrá a su cargo la responsabilidad legal consiguiente. que los Arts. y el Art. considerando. el cual debe ser reparado patrimonialmente. la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella. que es una de las disposiciones acusadas en la demanda que se examina. a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho. 58 de la Constitución. puede afirmarse que las disposiciones examinadas no violan el Art. 94 proferida el 16 de Octubre de 198 al declarar la exequibilidad. patrimonial por dolo o culpa grave.Así mismo. la denominada de reparación directa . en su inciso 2º expresión “o permanente”. “El título adquisitivo de dominio de la Administración sobre el inmueble que es ocupado definitivamente por trabajos públicos y una vez que sea condenada a su pago. sino también de su contenido. 56 del Decreto ley 2304 de 1989. única disposición que se declaró inexequible con prescindencia de la jurisdicción encargada de aplicarla y de los trámites del proceso especial allí regulado. el artículo 269 de la nombrada ley. sobre organización de la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto expresó: “No solo de su contexto literal y autonomía normativa como quedó expresado precedentemente. ni equiparan la ocupación de hecho de la misma y la expropiación. que había sido declarado inexequible por la misma corporación mediante sentencia dictada el 20 de Junio de 1955. Por tanto. Por otra parte. 86 y 220 del Código Contencioso Administrativo no autorizan a la Administración para que ocupe permanentemente la propiedad inmueble. las disposiciones acusadas del Código Contencioso Administrativo adoptado por el Decreto número 001 de 1984. la tradición que se verifica simbólicamente por el debido registro de ésta. el traslaticio de dominio que debía otorgar el dueño que había salido avante en el proceso y a cuya efectiva realización queda supeditada la obligación indemnizatoria impuesta a la Administración. 220 del mismo código. por cuanto el mismo consagra una garantía de la propiedad privada y ésta se protege no sólo frente a actos jurídicos sino también frente a hechos como la ocupación permanente de un inmueble. “En efecto. pues aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble. de orden disciplinario. 269 de la Ley 267 de 1941. “(…) “A) Cuando (sic) a la violación del artículo 30 por el 86 del Código Contencioso Administrativo. el inciso 2º del Art. En síntesis. y. por una parte. ya que la ocupación permanente del inmueble ocasiona a su propietario un daño que no está obligado a soportar y que por lo mismo es antijurídico. la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien. regulaban el juicio de indemnización por trabajos públicos y que la Corte declaró inconstitucionales. pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. 90 ibídem.
y en el Num. la Sala Plena de la Corte Constitucional. 56 del Decreto ley 2304 de 1989. modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998. aparece que se autorice a la Administración para que ocupe permanentemente la propiedad inmueble y lo haga sin seguir el procedimiento expropiatorio ordenado en el artículo 30 única forma legal de adquirir el dominio sobre inmuebles. implica a diferencia de la ocupación. ya que la primera figura es una simple actuación fáctica de la administración. el ejercicio de un derecho”. generalmente arbitraria y. encaminada a la reparación del daño que sufre el particular por un hecho administrativo realizado por la Administración. comuníquese. por lo mismo no apta para despojar al particular de su derecho. modificado por el Art. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. 220 del mismo código. subrogado por el Art. por el cargo examinado en esta sentencia. VIII. por causa de trabajos públicos. 1. 56 del Decreto ley 2304 de 1989. 219 del Código Contencioso Administrativo. cual es el de ocupar temporal o permanentemente un inmueble de tercero. Por las razones anteriores. subrogado por el Art. “En parte alguna de la disposición citada. de las disposiciones acusadas y del inciso 2º del Art. “Tampoco es aceptable considerar que los artículos impugnados equiparan o hacen equivalentes la ocupación de hecho de la propiedad inmueble y la expropiación. RESUELVE: Declarar EXEQUIBLES. en todo caso. en cambio la segunda es un modo de adquirir el dominio que el ordenamiento constitucional otorga al Estado mediante el cumplimiento de ciertos requisitos. El inciso 2º del Art. y el Art. . cúmplase y archívese el expediente. 44 de dicha ley. ni de las con ella relacionadas y que igualmente se acusan. 8 del Art. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. por el cargo examinado en esta sentencia: 1. 219 del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984). Notifíquese. la Corte declarará la exequibilidad. 136 del mismo código. La expresión “o permanente” contenida en el inciso 1º del Art. 86 del Código Contencioso Administrativo (Decreto ley 01 de 1984).y cumplimiento.
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