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Timestamp: 2019-10-18 19:13:08
Document Index: 24535307

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 467', 'artículo 467', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 234', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA SL18443-2017/52993 DE NOVIEMBRE 8 DE 2017
SENTENCIA SL18443-2017 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:LAS CONVENCIONES COLECTIVAS ESTABLECEN UNA PRUEBA ACUSABLE EN CASACIÓN POR LA VÍA INDIRECTA. SE DETERMINÓ QUE EL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, CONSTITUYE EL FUNDAMENTO LEGAL DE LOS DERECHOS CONVENCIONALES, LO CIERTO ES QUE EL CENSOR OMITIÓ ELEGIR LA MODALIDAD ADECUADA, ES DECIR, LA VÍA INDIRECTA, A FIN DE CUESTIONAR LA INTEGRACIÓN DEL FACTOR EXTRALEGAL DENOMINADO QUINQUENIO. ASÍ MISMO, SE SEÑALÓ QUE AL SER LA CONVENCIÓN COLECTIVA EL RESULTADO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DEL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES Y EXPLICARSE DESDE UNA FILOSOFÍA CONTRACTUALISTA SU CAMPO DE APLICACIÓN ES MÁS ESTRECHO, DADO QUE SE REDUCE A DETERMINAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE SUS EMPLEADOS O DE A QUIENES POR EXTENSIÓN LES SEA APLICABLE. FINALMENTE, LA SALA INDICO QUE SE ENTIENDE COMO UNA PRUEBA ACUSABLE EN CASACIÓN POR LA VÍA INDIRECTA, PUESTO QUE, ADICIONALMENTE, LAS PARTES DEBEN ACREDITAR SU EXISTENCIA Y APORTARLA AL PROCESO CON EL CUMPLIMIENTO DE CIERTAS FORMALIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, PRUEBA, PRUEBA LEGAL, GARANTÍA VOLUNTARIA, BENEFICIARIO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, VOLUNTAD CONTRACTUAL, AFECTACIÓN DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Sentencia SL18443 de noviembre 8 de 2017
SL18443-2017
Radicación 52993
Interpuesto por el Par Adpostal en Liquidación, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Dado el sendero directo escogido para el ataque, se entiende que el recurrente admite los supuestos fácticos establecidos por el juzgador en la sentencia gravada, concretamente el carácter convencional de la pensión, con un aditamento originado en la cláusula 18 de la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada entre Adpostal y «Sintrapostal», acorde con la cual se consagró la prestación denominada «quinquenio», que por virtud de la sentencia del tribunal fue integrada como un factor prestacional a tener en cuenta en el ingreso base de liquidación de la pensión.
La infracción directa de la ley se produce cuando el sentenciador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella y se niega a reconocerle validez, en el tiempo o en el espacio y, por lo tanto, deja de aplicarla para resolver la controversia.
La proposición jurídica presenta un defecto de técnica significativo, porque si bien se citó el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que constituye el fundamento legal de los derechos convencionales, lo cierto es que el censor omitió elegir la modalidad adecuada, es decir, la vía indirecta, a fin de cuestionar la integración del factor extralegal denominado «quinquenio». Sobre el particular, en sentencias CSJ SL 17642-2015, CSJ SL 4332-2016 y CSJ SL4934-2017, la Corte viene reiterando:
(...) cabe recordar que en criterio de la Sala, las convenciones colectivas no son normas de alcance nacional, toda vez que no son una manifestación de la potestad normativa del Estado, con su correlativo carácter heterónomo, general y abstracto. Al ser producto de la autonomía de la voluntad de empleadores-trabajadores y explicarse desde una filosofía contractualista, su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable.
(...) En esta línea, la convención adquiere una doble dimensión en casación: es una prueba y es fuente de derecho objetivo. Es una prueba, en la medida que su existencia debe ser acreditada por las partes, y es una fuente de derechos, en tanto que de ella se desprenden facultades, deberes, obligaciones y derechos de las partes.
Importa precisar que, si la pensión objeto de litis fuera estrictamente legal, tendría razón la censura, ya que, en ese contexto, solo se pueden contemplar los factores que integran el ingreso base de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, artículo 3º, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 y el Acuerdo 089 A 1985, de la Junta Directiva de Caprecom, entre los cuales no figura el denominado “quinquenio”. Bajo esta óptica emergería la postura restrictiva de la Sala, contenida en la Sentencia CSJ SL13254-2016, que expresa:
(...) Con esa conclusión, el ad quem desconoció que esta corporación, de manera pacífica ha indicado que la normativa que debe seleccionarse a efectos de fijar los factores salariales para liquidar la pensión de jubilación, es la vigente al momento de la causación del derecho, la cual, para este caso, es el Decreto 1158 de 1994, en tanto regula los ingresos que deben tenerse en cuenta para calcular la base de cotización de los servidores públicos, “que son los mismos para efectuar la liquidación de la pensión”. Al efecto pueden consultarse las sentencias CSJ SL12349-2014, CSJ SL 561-2013 y CSJ SL 486-2013.
Como primera medida, debe aclararse que jurídicamente no es viable tener en cuenta todos los factores percibidos por el demandante, tal y como se solicita en el recurso, en tanto para proceder a calcular la pensión de jubilación de un empleado público o de un trabajador oficial, la misma ley es la que se encarga de excluir algunos ingresos, tal como lo establece el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, norma que, como se dijo en precedencia, es la aplicable al actor.
En tal sentido, y según los términos del artículo 1º del decreto mencionado, se tiene que los factores salariales a tener en cuenta son los siguientes: asignación básica mensual, gastos de representación, “La prima técnica, cuando sea factor de salario”, “las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario”, la remuneración por trabajo dominical o festivo, el trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y la bonificación por servicios prestados.
Sin embargo, en el presente caso la situación es diferente, porque se trata de una «pensión convencional», reconocida por Caprecom mediante la Resolución 1068 del 5 de julio de 2000 (fl. 22) y por tanto no es errada la apreciación de la ley sustancial por parte del tribunal, máxime que, en el marco de la litis, se pretendió la reliquidación, teniendo en cuenta la inclusión del “quinquenio” como factor salarial extralegal, para efectos del cálculo del monto pensional, petición que fue respaldada por el tribunal.
En esa dirección, la postura del tribunal, al integrar el factor extralegal denominado “quinquenio”, contenido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre Adpostal y Sintrapostal, al ingreso base de liquidación de la pensión legal, es razonable, en tanto consulta el criterio de interpretación sistemático de las normas laborales y el precedente jurisprudencial sentado en casos que tienen contornos similares.
Ciertamente la Sala, desde antaño, ha prohijado la inclusión de este factor extralegal en la liquidación de la pensión legal de jubilación, cuando proviene de la Convención Colectiva de Trabajo o del reglamento interno de trabajo (CSJ SL8269, 25 jun. 1996), ora del acuerdo entre las partes, originado en la figura de la conciliación (CSJ SL11795-2017). Puntalmente, en la Sentencia CSJ SL49257, 10 jul. 2012, dijo:
(...) Al examinar los cargos anteriores quedó claro que las partes habían acordado que la pensión de jubilación de la actora se liquidaría con el equivalente “al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio”; además se precisó que la conclusión del tribunal de incluir en esa base salarial los conceptos en discusión, esto es, bonificaciones, quinquenio, ahorro IFI, prima de servicio y prima de vacaciones, no se exhibía disparatada de la cual se pudiera predicar un error manifiesto y ostensible.
En ese contexto no le asiste razón al recurrente cuando pretende que en el caso particular que se estudia se desconozca lo pactado por las partes, cuya validez no fue cuestionada en el proceso.
Aduce el recurrente que el quinquenio es una gratificación por cada cinco años de servicios prestados y proporcional, razón por la cual para su liquidación lo procedente es tener en cuenta no la doceava parte del mismo, como equivocadamente lo dedujo el tribunal, sino la sesentava de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala.
Tiene razón la censura. Esta Sala en diferentes ocasiones, ha estimado que por ser el quinquenio un beneficio que se causa cada cinco años, su pago como parte del salario del último año corresponde a la sesentava parte, así ha quedado definida en sentencias como la del 11 de noviembre de 1997, radicación 9981.
Respecto al apoyo de los argumentos del recurrente en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Rad. 433/1992), hay que precisar que no es obligatorio, ni se considera norma de derecho sustancial.
A su vez, la posición del censor según la cual “(...) la aplicación del precedente jurisprudencial en relación con la naturaleza jurídica del quinquenio a que se refiere el ad quem, viola la ley y resulta desatinado en su aplicación», no es de recibo para la corporación, de acuerdo con lo precisado en la Sentencia SL14487-2017, que expresa:
(...) Para definir la presente controversia, debe indicar esta Sala de la Corte que, ciertamente, el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, contempla la doctrina probable judicial, por virtud de la cual tres decisiones uniformes de la Corte, sobre un mismo punto de derecho, son suficientes para que los jueces la utilicen en casos análogos, siendo entonces un antecedente legislativo del concepto de lo que hoy se conoce como jurisprudencia y que se traduce en las resoluciones judiciales pacíficas que tienen por finalidad la integración del ordenamiento jurídico.
En ese sentido es el artículo 234 constitucional el que indica que es la Corte Suprema de Justicia el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y su artículo siguiente el que indica que actúa como tribunal de casación, bajo el norte de que sus decisiones tienen por objeto la unificación de la jurisprudencia, siendo por tanto sus Salas las que ejercen la labor de cohesión del ordenamiento, en cada una de sus especialidades, las cuales además realizan el control difuso de constitucionalidad.
En cuanto al “alcance de la impugnación subsidiaria”, dirigida a que se condene a Caprecom, por ser obligada en los términos del artículo 17 del Decreto 2853 de 2006, no hay lugar a efectuar pronunciamiento en sede extraordinaria, por lo siguiente:
Caprecom fue absuelta de las pretensiones y en el recurso de apelación se propuso como tema de decisión la subrogación en esa entidad, en relación con las obligaciones pensionales, otrora atribuidas a Adpostal. Frente a ello el tribunal confirmó la absolución de Caprecom, argumentando que:
(...) tal como se explicó en la Resolución 1592 de agosto de 2012 y en la reliquidación efectuada, el incremento de la pensión surge por un mayor valor del que corresponde a la empleadora Adpostal que, tal como se concluye en el referido acto administrativo, es la que asume la carga pensional generada por las prestaciones extralegales.
Esta conclusión es jurídica y fáctica pues allí el tribunal valoró la prueba documental calificada, expresada en el acto administrativo de reliquidación de la pensión, que debió ser cuestionado en un cargo aparte, por la senda de los hechos, es decir la vía indirecta.
Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el treinta (30) de junio de dos mil once (2011) en el proceso que instauró Carlos Arturo Barrero, contra la Administración Postal Nacional “Adpostal” y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”.