Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00022-2122-2013-de-diciembre-1-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_a8d3e7dedd7a4208a39b82d5060cb907&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-14 11:13:29
Document Index: 313997622

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 47', 'Artículo 54']

﻿ SENTENCIA 2010-00022/2122-2013 DE DICIEMBRE 1 DE 2016
SENTENCIA 2010-00022 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA LABOR DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ANTE LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA. SE EXPLICA QUE EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEY 1793 DE 2000 SE INDICA QUE LOS SOLDADOS PROFESIONALES SON LOS VARONES ENTRENADOS Y CAPACITADOS CON LA FINALIDAD PRINCIPAL DE ACTUAR EN LAS UNIDADES DE COMBATE Y APOYO DE COMBATE DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES MILITARES, PARA LA CONSERVACIÓN, RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y DEMÁS MISIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS. DE IGUAL FORMA, LA PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA DE QUIEN SUFRE UNA DISCAPACIDAD SE CONCRETA EN LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE PROCURAR SU REUBICACIÓN LABORAL, DE MODO QUE EL TRABAJADOR TENGA LA POSIBILIDAD DE CONSERVAR SU EMPLEO Y PROGRESAR EN EL MISMO. POR CONSIGUIENTE, LA NORMATIVIDAD ESTIPULA QUE EL SOLDADO PROFESIONAL QUE NO REÚNA LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD Y APTITUD PSICOFÍSICA DETERMINADAS POR LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PODRÁ SER RETIRADO DEL SERVICIO, PARA LA SALA, LA ADMINISTRACIÓN DEBE EJERCER ESTA FACULTAD EN ARMONÍA CON EL DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DESARROLLADO POR LA JURISPRUDENCIA, DE MODO QUE LA APLICACIÓN DEL RETIRO DEBE SER RESTRINGIDA PARA AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES DEFINITIVAMENTE NO PROCEDA LA REUBICACIÓN LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORDEN PÚBLICO, EJÉRCITO NACIONAL, DERECHO LABORAL, OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, SOLDADO PROFESIONAL
Sentencia 2010-000220 de diciembre 1º de 2016
Ref.: 68001-23-31-000-2010-000220-01
Número interno: 2122-2013
Demandante: Yener Acosta Sierra
Segunda instancia – Decreto 01 de 1984
4. Que se reconozcan y paguen los perjuicios materiales y morales, objetivos y subjetivos causados por el acto de retiro del servicio, cuantificados en $20.000.000 y 250 SMMLV, respectivamente.
Como concepto de violación expresó que el acto demandado violó sus derechos a la dignidad, a la vida y a la igualdad, puesto que dedicó 12 años al servicio del Ejército Nacional para salir finalmente de la institución «desprotegido».
“Puede colegirse, entonces, que la jurisprudencia constitucional ha extendido el beneficio de protección laboral reforzada a favor, no solo de los empleados discapacitados calificados como tales, sino a todos aquéllos que padecen de deterioros en su estado de salud que comprometen su desenvolvimiento funcional. En efecto, en virtud de la aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protección.
El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos (fls. 52 a 54):
El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 13 de septiembre de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró la nulidad del acto acusado y dispuso que como resultado de la evaluación de las destrezas del señor Yener Acosta Sierra fuera reintegrado a un cargo del mismo rango o superior al que desempeñaba antes de ser retirado del servicio. Esta decisión se fundamentó en las siguientes razones (fls. 97 a 201):
“Se considera por último, que es procedente, de conformidad con la protección al derecho a la estabilidad laboral, ordenar a la parte demandada, que reintegre al actor, previa evaluación que determine con exactitud, atendiendo su grado de escolaridad, habilidades y destrezas, y de acuerdo con los resultados obtenidos, a un cargo del mismo rango o superior y con la misma remuneración o superior, atendiendo sus capacidades físicas” (fl. 101 cdno. ppal).
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, en el que expuso las siguientes razones (fls. 106 a 108 cdno. ppal):
Mediante auto del 11 de febrero de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos de conclusión (fl. 126 cdno. ppal).
La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó a favor del accionante, al considerar que se debe confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, así (fls. 128 a 135 cdno. ppal):
Señaló que el artículo 8º del Decreto 1793 de 2000 «Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares» clasifica las causales de retiro para éstos, incluyendo en el numeral segundo la disminución de la capacidad psicofísica (fls. 128 a 135 cdno. ppal).
1) Los soldados profesionales y la protección constitucional ante la disminución de la capacidad psicofísica
El artículo 1º del Decreto Ley 1793 de 2000 indica que los soldados profesionales son «los varones entrenados y capacitados con la finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean asignadas».
La capacidad psicofísica es definida por el artículo 2 del Decreto Ley 1796 de 2000 como:
“PAR.—Esta calificación será emitida por los médicos que la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional autoricen para tal efecto”.
El numeral 2 del artículo 15 ídem prescribe las funciones de la Junta Médica Laboral, entre las que se encuentra «Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite».
“Este enfoque, entonces, ha abierto nuevos horizontes en el entendimiento de este fenómeno y en el diseño de herramientas para enfrentar los obstáculos de este colectivo en el goce de sus derechos. Entre otras cosas, por ejemplo, esta nueva aproximación no solo ha tenido la virtud de enfatizar el status de las personas con discapacidad como titulares de derechos, sino que también ha promovido un “giro” en las políticas públicas relativas a la discapacidad, enfatizando en la importancia de replantear la estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, para hacer posible la inclusión de este segmento social”.(6)
Según el acta de la Junta Médica Laboral núm. 27374 del 28 de octubre de 2008, de la Dirección de Sanidad del Ejército Militar (fls. 5 a 6 cdno. ppal.) se practicó el examen de capacidad psicofísica al señor Yener Sierra Acosta, concluyéndose que perdió el 14% de la capacidad laboral, por causa y razón del servicio; al respecto, se indicó:
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad psicofísica para el servicio.
“Revisados los conceptos de ortopedia y analizando los conceptos de la Junta Médica Laboral y al correlacionarla con los hallazgos encontrados en la valoración médica por este organismo médico laboral se encuentra que la afección fue calificada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 094/89 por lo que unanimidad (sic) RATIFICAR.” (fls. 10 a 12 cdno. ppal.)
Mediante la orden administrativa 1659 del 30 de octubre de 2009, el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional, dispuso el retiro del servicio activo del señor Yener Acosta Sierra como soldado profesional (fls. 2 a 3 cdno. ppal.).
En la orden administrativa 1659 del 30 de octubre de 2009, proferida por el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional, se ordenó el retiro del servicio del soldado profesional Yener Acosta Sierra, con fundamento en el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000 (fls. 2 a 3 cdno. ppal.).
En el recurso de apelación, la entidad demandada plantea que el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de primera instancia, desconoció que las labores del soldado profesional consisten en ejecutar operaciones militares y que, en consecuencia, en aplicación del artículo 8º del Decreto Ley 1793 de 2000, ante la disminución de su capacidad psicofísica, el accionante debía ser retirado del servicio activo.
En asuntos como el presente, tratándose de persona que durante el desempeño de su labor ha sufrido una disminución de la capacidad laboral, la Ley dispone el retiro, no obstante, si obtiene concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación, su trayectoria profesional lo hace merecedor y sus capacidades pueden ser aprovechadas, la entidad puede mantenerlo en el servicio activo(9)” (Resaltado fuera de texto).
También, el Consejo de Estado ha precisado en el caso de un soldado profesional, que «Las personas en situación de discapacidad cuentan con una serie de acciones afirmativas, que buscan reducir los obstáculos que deben soportar día a día»(10), y que las personas «en situación de discapacidad o con graves trastornos en su salud(11) tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada»(12), así:
Así las cosas, como el artículo 10 del Decreto Ley 1793 de 2000 dispone que « El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio», para la Sala, la administración debe ejercer esta facultad en armonía con el derecho a la estabilidad reforzada desarrollado por la jurisprudencia, de modo que la aplicación del retiro debe ser restringida para aquellos casos en los cuales definitivamente no proceda la reubicación laboral.
En el sub judice la Junta Médica Laboral calificó la disminución del 14% de la capacidad laboral del actor e indicó que no era apto para la actividad militar, decisión que fue confirmada por el Tribunal Médico Laboral de la entidad accionada. Sin embargo, la Junta no estudió si el demandante podría ser reubicado dentro del Ejército con funciones diferente a las militares, de conformidad con sus capacidades. Esta función de la Junta Médica Laboral está prevista en el numeral 2 del artículo 15 del Decreto Ley 1796 de 2000, que establece:
Si bien, el numeral 2 del artículo 15 del Decreto Ley 1796 de 2000, no impone la obligación a la Junta Médica de recomendar la reubicación laboral, sino que es una facultad potestativa, esta función debe ser interpretada y aplicada de conformidad con la protección laboral reforzada que la jurisprudencia ha reconocido a los soldados profesionales afectados por la pérdida de la capacidad de trabajo en servicio activo, siendo éste, el caso del demandante.
Este convenio indica en el numeral 2 del artículo 1º que «todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad».
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, aprobada por la Ley 1346 de 2009, prescribe que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás y que se deben «Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad» (literal k del numeral 1 del artículo 27)(15).
De ahí que no resulte acertada la afirmación de la entidad demandada en el recurso de apelación, pues la Sala considera que las funciones de un soldado profesional no son solamente militares, tal como se desprende del contenido del artículo 1º del Decreto Ley 1793 de 2000, según el cual la ejecución de operaciones militares si bien es su finalidad principal, no es la única, al prever que puede desempeñar las demás misiones que le sean asignadas, al señalar:
Conforme a esta disposición, en concordancia con el numeral 2 del artículo 15 del Decreto 1796 de 2000, el Convenio 159 de la OIT y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, aprobados por las leyes 82 de 1988 y 1346 de 2009, la Junta Médica debió estudiar la reubicación laboral del señor Yener Acosta Sierra, toda vez que los soldados profesionales sí pueden desempeñar funciones diferentes a las militares. Por consiguiente, la orden administrativa por la cual se retiró del servicio al actor es nula como lo consideró el fallador de primera instancia, pues no respetaron las normas en que debía fundarse.
Magistrados: César Palomino Cortés.—Sandra Lisset Ibarra Vélez.—Carmelo Perdomo Cuéter.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2011, M.P. Alfonso Vargas Rincón, proceso con radicado 66001-23-31-000-2011-00024-01 AC
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, proceso con radicado 25000-23-41-000-2015-01836-01 AC
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, proceso con radicado 25000-23-41-000-2015-01836-01 AC
13 Constitución Política. Artículo 47.
14 Constitución Política. Artículo 54.