Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/competencia_mercantil-condiciones_de_contratacion_mercantil-ley_concursal_12_627435003.html
Timestamp: 2017-11-23 23:54:49
Document Index: 247542812

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 695', 'artículo 11', 'artículo 76', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 43', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 86', 'artículo 9', 'artículo 552', 'artículo 557', 'artículo 561', 'artículo 557', 'artículo 561', 'artículo 695', 'artículo 695', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 73']

Magistrado, especialista mercantil.
La cuestión se está suscitando a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11) -EDJ 2013/21522- respecto de la competencia para la suspensión de procedimientos de ejecución hipotecaria que vincula la ejecutividad del procedimiento hipotecario al examen de las condiciones o cláusulas del contrato de que derivan.
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social -EDL 2013/53763-, pudo haber corregido las dudas interpretativas existentes sobre la competencia de los juzgados de lo mercantil en esta materia. Sin embargo, deja de resolver aquellos casos en los que se hubiere presentado una acción individual sujeta a la competencia del juez de lo mercantil por aplicación del artículo 86 ter.2. d) LOPJ -EDL 1985/8754- y una ejecución hipotecaria instada ante el juzgado de primera instancia sobre el mismo título ejecutivo. En este sentido, el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 25 de octubre de 2013.
Cosa distinta es que sólo se hubiera interpuesto una acción ejecutiva ante el juzgado de primera instancia, en cuyo caso se aplicaría el artículo 695 LEC en su nueva redacción dada por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763- al asignar esa competencia objetiva (el carácter abusivo de las cláusulas impugnadas) al Juzgado de Primera Instancia que conoce de la ejecución hipotecaria, en el que se ha previsto un incidente específico a tal efecto.
No cabe duda que, con independencia de la legitimación individual de los perjudicados, la LEC -EDL 2000/77463- reconoce en su artículo 11 la legitimación activa de determinadas entidades para la defensa colectiva de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, permitiendo con carácter expreso su acumulación el artículo 76.2 y 78 LEC.
La asignación de competencias que en el año 2004 se hizo a los Juzgados de lo Mercantil en el artículo 86 ter punto 2 LOPJ -EDL 1985/8754- generó como una de primeras polémicas por esta causa, la de la acumulabilidad y ante qué órgano judicial, de la acción de reclamación de cantidad contra un ente societario y la de responsabilidad contra sus administradores sociales, polémica zanjada recientemente por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª Pleno), de 10 de setiembre de 2012 -EDJ 2012/245435-.
Algo parecido ha sucedido en materia de condiciones generales de la contratación. El artículo 86 ter punto 2 letra d) LOPJ -EDL 1985/8754- no tiene una redacción excesivamente clara al atribuir a los Juzgados de lo Mercantil “las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia”. Ninguna distinción establece el precepto entre acciones individuales y acciones colectivas. Por tanto, aunque contando con cierto margen de flexibilidad que permite la propia indeterminación de la norma, no parece que haya muchas razones que permitan hacer una interpretación excesivamente restrictiva de su tenor, debiendo incluirse dentro del ámbito del conocimiento del Juez Mercantil cualquier acción relativa a las condiciones generales de la contratación esté integrada o no en la Ley 7/1998, de 13 abril. Este análisis ha sido convalidado por, entre otras, la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 28ª) en el Auto de 20 de julio de 2012, que considera acertado el criterio consistente en "que el artículo 86 ter.2.d) LOPJ debe interpretarse en el sentido de atribuir competencia a los Juzgados de lo Mercantil para el conocimiento de las acciones relativas a condiciones generales de contratación que se ejerciten no solo en el estricto marco de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones de contratación -EDL 1998/43305-, sino también en el de cualquier otra norma sectorial que incluya una regulación específica de las condiciones generales de contratación, como es el caso de la Ley 3/2004 -EDL 2004/184272-".
Para soslayar la distorsión que lo anteriormente mencionado puede suponer, el demandado en el pleito iniciado por incumplimiento de un contrato con condiciones generales de la contratación puede presentar una nueva demanda ante el Juzgado de lo Mercantil competente en ejercicio de la acción relativa a condiciones generales de la contratación que considere conveniente, planteando a continuación, la cuestión prejudicial civil ex artículo 43 LEC -EDL 2000/77463- y obteniendo del Juez de 1ª Instancia un pronunciamiento de suspensión del procedimiento. De este modo, este último no resolverá hasta que se haya clarificado la controversia planteada sobre la validez de las condiciones generales de la contratación, consiguiéndose un efecto similar a cuando ambas acciones eran conocidas por un solo órgano judicial en un único procedimiento.
Fuera de las excepciones mencionadas, la regla debe continuar siendo la prevista en el artículo 86 ter punto 2 letra d) LOPJ -EDL 1985/8754- en el sentido más arriba señalado.
El punto de partida se sitúa en el artículo 86.ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -EDL 1985/8754- (“LOPJ”), que atribuye a los Juzgados de lo Mercantil competencia para conocer “de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: (…) d) Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia”.
Como puede comprobarse, no se atribuye una competencia genérica a los Juzgados de lo Mercantil para conocer de todos aquellos procedimientos en que se discutan cuestiones relacionadas con condiciones generales de la contratación. La competencia se limita a los casos en los que se ejerciten acciones previstas en la normativa específica sobre la materia, sin que quepa su extensión a procedimientos en que se hagan valer una pretensión de nulidad genérica. Esta distinción ha sido recogida por la jurisprudencia, que entiende incluidas en dicho artículo sólo las acciones de los artículos 7, 8 y 12 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (“LCGC”) -EDL 1998/43305- (Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra de 1 de junio de 2010, Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero de 2012 y Auto de la Audiencia Provincial de A Coruña de 31 de julio de 2012).
Según esta interpretación, no entrarían tampoco dentro de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil acciones de nulidad de cláusulas abusivas basadas exclusivamente en la normativa sobre protección de consumidores y usuarios, en particular en la Ley de Consumidores y Usuarios -EDL 2007/205571- (“LCU”). Sería el caso de acciones ejercitadas respecto de las llamadas cláusulas no negociadas individualmente (artículos 80 y ss.). Frente al régimen anterior, en el que toda acción de nulidad por abusividad era una acción de la LCGC -EDL 1998/43305- (con remisión en cuanto al fundamento de la abusividad a la LCU según el artículo 8.2 LCGC), actualmente se advierte una desconexión entre la LCU y la LCGC que podría dar pie a esa posibilidad, si bien se antoja más teórica que real. De hecho, la LCU sólo reconoce expresamente acciones de cesación (colectivas). En cualquier caso, si se ejercita una acción de nulidad basada exclusivamente en la LCU, sin invocación de su carácter de condición general, el conocimiento de esa acción no corresponderá, en principio, a los Juzgados de lo Mercantil. Se dice en principio, porque la conclusión podría variar en el supuesto de ejercicio acumulado de acciones (de la LCGC y de la LCU) en función del criterio que se siga respecto del posible ejercicio acumulado de acciones conexas.
En efecto, la LCGC -EDL 1998/43305- contiene dos tipos de acciones: las acciones individuales de nulidad y no incorporación contenidas en sus artículos 7 y 8, respectivamente, y las acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa (artículo 12 LCGC). El artículo 86.ter.2.d) LOPJ -EDL 1985/8754- no establece distinción entre unas y otras a efectos competenciales. Se refiere en términos generales a las acciones sobre condiciones generales de la contratación dispuestas en la normativa específica reguladora de esta materia.
Frente a ello, pueden citarse otras resoluciones que no dejan margen para la duda. Es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de febrero de 2010. Esta resolución, además de referirse a las cuestiones ya mencionadas, afirma que “el hecho de que el artículo 9 LCGC -EDL 1998/43305- remita a las reglas generales de la nulidad contractual para obtener la declaración de no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales no priva a dichas acciones de su específica y expresa previsión en la normativa sobre condiciones generales de la contratación, y en consecuencia, de la competencia objetiva del juez de lo mercantil”, recordando que “esta misma conclusión fue alcanzada ya en el Primer Congreso de Magistrados especialistas en asuntos de lo mercantil, celebrado en Valencia en diciembre de 2004, que expresamente se pronunció a favor de admitir la competencia de los Juzgados de lo mercantil tanto en relación a las acciones colectivas como a las individuales de nulidad o no incorporación”.
Como es bien conocido, la atribución exclusiva y excluyente a los Juzgados de lo Mercantil del conocimiento de las acciones reguladas en la LCGC -EDL 1998/43305- y la limitación de las causas de suspensión de la ejecución contenidas en nuestro ordenamiento propiciaron el pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (“Caso Aziz”) -EDJ 2013/21522-, en el que se declara la incompatibilidad del procedimiento de ejecución español con la normativa comunitaria y, en particular, con la Directiva 93/13/CEE -EDL 1993/15910-. En concreto, la Sentencia entiende que es contraria a esa Directiva la normativa de un Estado miembro que en el sistema de ejecución no contempla la posibilidad de invocar de manera eficaz el carácter abusivo de una cláusula que constituye el fundamento del título ejecutivo y, además, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo sobre abusividad de esa cláusula adopte medidas cautelares relativas al proceso de ejecución, en particular, su suspensión, mientras se decide si la cláusula es o no abusiva.
Como consecuencia de dicho pronunciamiento, la Ley 1/2013 de 14 de mayo, Antidesahucios -EDL 2013/53763- (“Ley 1/2013”) procedió a reformar las normas aplicables a los procedimientos ejecutivos de forma que se permita que el juez de la ejecución deniegue de oficio el despacho de ejecución por considerar abusiva alguna cláusula del título ejecutivo y, además, que el ejecutado pueda oponer la abusividad de la cláusula con efectos suspensivos de la ejecución mientras se sustancia la oposición. En relación con la ejecución ordinaria, se introduce, así, un nuevo párrafo en el artículo 552.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- (“LEC”), según el cual “cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3ª”; y se añade además como nueva causa de oposición “que el título contenga cláusulas abusivas” (artículo 557.1.7ª LEC). De manera que, con arreglo al también nuevo artículo 561.1.3ª LEC, “cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la ejecución sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas”. Por lo que se refiere al procedimiento de ejecución hipotecaria, se incluye como nueva causa de oposición “el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible” (artículo 695.1.4ª LEC), de manera que “de estimarse la causa 4ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva” (nuevo párrafo segundo del artículo 695.3 LEC).
Las modificaciones introducidas en el sistema de ejecución (ordinario e hipotecario) por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763- no han estado exentas de crítica. No es, sin embargo, propósito de este comentario realizar un análisis profundo de esas modificaciones desde el punto de vista de su mayor o menor corrección, acierto u oportunidad. La atención se ha de centrar en la cuestión relativa a la competencia para conocer de acciones sobre condiciones generales de la contratación.
Es indiscutible que, con las modificaciones incorporadas a la LEC -EDL 2000/77463- por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, los Juzgados de Primera Instancia que estén conociendo de la ejecución (ordinaria o hipotecaria) tienen competencia para pronunciarse sobre las nuevas causas de oposición que se acaban de dejar indicadas. Pero eso no constituye un desplazamiento de la competencia para conocer de las acciones sobre condiciones generales de la contratación reguladas en la LCGC -EDL 1998/43305-. Éstas siguen siendo competencia exclusiva y excluyente de los Juzgados de lo Mercantil. Los Juzgados de Primera Instancia, por tanto, tienen su competencia ceñida al conocimiento de las nuevas causas de oposición relativas a cláusulas abusivas, que son eso, puras causas de oposición. No en vano las nuevas normas se cuidan de limitar la referencia a la abusividad de las cláusulas, sin indicación alguna relativa a su posible carácter de condiciones generales de la contratación. Y el legislador también establece las consecuencias de la eventual estimación de esas causas de oposición, igualmente constreñidas al ámbito de la ejecución: según las situaciones, sobreseimiento de la ejecución o continuación con inaplicación de la cláusula abusiva. Los Juzgados de Primera Instancia no tienen, pues, que emitir un pronunciamiento declarativo de la nulidad de la cláusula, pronunciamiento que es el característico de la acción de nulidad. Por tanto, si lo que se quiere es que se declare la nulidad de una condición general de la contratación, habrá de ejercitarse una acción de este tipo y la competencia para conocer de esa acción corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil.
Con carácter general, la atribución de competencias a los juzgados de lo mercantil contenida en el art. 86 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial -EDL 1985/8754- (en adelante, LOPJ) en relación con materias no concursales, al margen de las consideraciones relativas a la ausencia de criterios dogmáticos o sistemáticos que la fundamenten, plantea importantes problemas interpretativos y de aplicación normativa, particularmente en aquellos casos en los que las materias referidas confluyen con otras cuya competencia corresponde a los juzgados de primera instancia (bien expresamente o como consecuencia de la competencia residual que a éstos corresponde en virtud de lo previsto en el art. 85.1 LOPJ).
Entre dichas materias se incluyen expresamente «las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre la materia» (art. 86 ter, apartado 2, letra d) LOPJ -EDL 1985/8754-) que, como primera cuestión, plantea la necesidad de proceder a su exacta delimitación en orden a determinar con precisión las acciones cuyo conocimiento se atribuye a los juzgados de lo mercantil. A este respecto, frente a algunas posiciones en otro sentido, la mayoría de los Juzgados de lo Mercantil y las Audiencias Provinciales se han inclinado por interpretar que, en la medida en que se hace una referencia genérica a las acciones relativas a condiciones generales de la contratación, en el ámbito de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil quedarían comprendidas tanto las acciones individuales como las acciones colectivas contempladas en la regulación específica de esta materia, en particular, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación -EDL 1998/43305- (LGCC) (sobre esta interpretación pueden verse las conclusiones del Primer Encuentro de Jueces de la Especialidad Mercantil, celebrado en Valencia los días 9 y 10 de diciembre de 2004 y, entre otras muchas, las SSAP de Madrid, de 12 de febrero de 2010 y de Pontevedra, de 31 de julio de 2013). A este respecto, el art. 9 LGCC contempla, como acciones individuales, las acciones de nulidad y no incorporación y el art. 12 LGCC, como acciones colectivas, las acciones de cesación, retractación y declarativas de las condiciones generales.
Sin embargo, en relación con la delimitación de las acciones individuales cuya competencia para conocer se atribuye a los juzgados de lo mercantil se plantea una primera duda interpretativa pues, mientras para unos la competencia se extendería a cualquier acción individual (meramente declarativas, constitutivas o de condena) a través de la que se sustancie una pretensión sobre condiciones generales de la contratación estén o no basadas en su específica Ley reguladora (entre otros, MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, F.J., «Primeras notas sobre la competencia de los nuevos juzgados de lo mercantil», Revista Xurídica Galega, 43, 2004, págs. 46 y 47; Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1, de 26 de julio de 2005, Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 96 de Madrid, de 5 de julio de 2011, criterio que confirma también el Auto de la AP de Madrid, Sección 28ª, de 20 de julio de 2012), para otros, dicha competencia se extendería únicamente a las acciones individuales contempladas específicamente en el art. 9 LGCC -EDL 1998/43305- (vid., entre otras resoluciones, los Autos de la AAPP de Álava, Sección 1ª, de 21 de noviembre de 2005, Madrid, Sección 28ª, de 12 de febrero de 2010, y A Coruña, de 31 de julio de 2012, basándose en que se trata de una competencia exclusiva y excluyente atribuida a un órgano jurisdiccional especializado que por tanto carece de competencia para conocer de aquello que no le viene expresamente atribuido según el principio recogido por la STS de 8 de marzo de 1993). A este respecto, el tenor literal del art. 86 ter LOPJ -EDL 1985/8754- se refiere a acciones contenidas en la «legislación sobre la materia», lo que parece limitar la atribución competencial a las acciones expresamente previstas en la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación, esto es, la LGCC. No obstante, también esa referencia (frente a otras más concretas que podrían haber sido utilizadas como «ley») se ha interpretado como remisión genérica a todas las normas que contengan disposiciones sobre condiciones generales de la contratación, lo que incluiría por tanto no sólo a las acciones contempladas en la LGCC sino también en otras normas sectoriales (por ejemplo, la LGDCU -EDL 2007/205571-, la Ley 3/2004 -EDL 2004/184272- o la Ley 50/1980, del contrato de seguro -EDL 1980/4219-). No obstante, de un lado, en tanto el art. 86 ter, apartado 2, d) LEC -EDL 2000/77463-, se refiere específicamente a «acciones» y no a cuestiones, demandas o pretensiones (como sucede en relación con otras materias), lo determinante para la atribución de competencia será la naturaleza de la acción ejercitada y no tanto que la pretensión o pretensiones de las partes tengan conexión con condiciones generales de la contratación; de otro, los antecedentes legislativos restringían la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil en esta materia a las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación (éstas sí, específicamente contempladas en la LGCC), por lo que, aunque del texto final desapareciese la referencia expresa a las acciones colectivas (lo que permite que la competencia objetiva también se extienda a las acciones individuales), parece que la finalidad era atribuir competencia para conocer de las acciones previstas en su normativa específica. Ambas consideraciones parecen inclinar la balanza a favor de la primera interpretación.
La respuesta a la segunda cuestión planteada es todavía más incierta y problemática que la primera. La posibilidad de oponer la nulidad de una condición general de la contratación en el marco de un proceso ejecutivo iniciado ante un juez de primera instancia, ha sido reconocida a través de la modificación introducida en la LEC -EDL 2000/77463- por la Ley 1/2013, de 14 de mayo -EDL 2013/53763-, y es consecuencia de la incorporación al Derecho español del criterio que ha servido de base a la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522- (así se señala expresamente en la propia exposición de motivos de esta Ley). Esta reforma legal, sin embargo, ha dejado sin resolver el problema competencial que esa posibilidad suscita, en tanto los juzgados de primera instancia son competentes para conocer de las acciones de ejecución y los juzgados de lo mercantil para conocer de las acciones sobre condiciones generales de la contratación.
Con posterioridad a la STJUE -EDJ 2013/21522- pero con anterioridad a la reforma de la LEC -EDL 2000/77463- por la Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, algunos juzgados habían comenzado a acordar la suspensión del proceso de ejecución como consecuencia de la interposición de un juicio declarativo ante los juzgados de lo mercantil para determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual considerada como condición general de la contratación (vid., entre otras, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid, de 15 de marzo de 2013 -EDJ 2013/30276-, o la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Málaga, de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/38158- y el tratamiento de esta cuestión en el Foro Abierto de la Revista de Derecho Inmobiliario de 8 de mayo de 2013). Con posterioridad a la reforma de la LEC por la Ley 1/2013, algunos de los primeros pronunciamientos judiciales se han pronunciado en el sentido de considerar que los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer del ejercicio de acciones sobre condiciones generales de la contratación incluso cuando esté en curso un proceso ejecutivo previo ante un juzgado de primera instancia (Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, de 25 de octubre de 2013).
Aun reconociendo que la cuestión es difícil de resolver, trataremos de aventurar una respuesta sobre la base de los principios subyacentes y la finalidad de la reforma legal. En este sentido, entendemos que dichos principios son, de un lado, admitir la suspensión de la ejecución por la alegación de nulidad de la cláusula contractual y, de otro, atribuir un conocimiento parcial y limitado sobre la nulidad de una cláusula contractual al tribunal que juzga la ejecución y ante el que se formula la oposición. Esto no significa desposeer al juzgado de lo mercantil de su competencia para conocer de las acciones sobre condiciones generales de la contratación dado que, en todo caso, los efectos de la decisión del juzgado de primera instancia que tramita la ejecución se limitan al propio proceso ejecutivo en trámite. Es decir, se atribuye competencia al juez de primera instancia con carácter prejudicial, en términos similares a lo previsto en el art. 42 LEC -EDL 2000/77463- en relación con cuestiones cuya competencia está atribuida a otros órdenes jurisdiccionales (contencioso-administrativo y social). Por tanto, ello no excluye ni impide que las partes puedan simultánea o posteriormente interponer el correspondiente juicio declarativo para dilucidar la validez o nulidad de la cláusula contractual que, si se trata de condiciones generales de la contratación, deberá ser sustanciado por los juzgados de lo mercantil. Este último caso de interposición ante el Juzgado de lo mercantil de una demanda de nulidad de una condición general de la contratación estando en tramitación un procedimiento de ejecución no ha sido prevista por la Ley que, por tanto, tampoco resuelve el problema que plantea y que se refiere a si la tramitación del proceso declarativo suspende el procedimiento ejecutivo o, en su caso, si el juzgado de lo mercantil puede dictar la suspensión de la ejecución como medida cautelar dentro del proceso declarativo.
En principio, el contundente tenor literal del art. 698.1 LEC -EDL 2000/77463- parece excluir la suspensión de la ejecución («cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo»). No obstante entendemos que el espíritu de la reforma, en consonancia con la doctrina de la STJUE de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-, ha sido admitir que el examen del carácter abusivo de las cláusulas contractuales juegue como causa de suspensión del proceso ejecutivo. Por ello, si un juzgado de lo mercantil viene conociendo de un proceso declarativo para determinar dicho carácter respecto de condiciones generales de la contratación, deberá admitirse que este tribunal pueda acordar como medida cautelar la suspensión de la ejecución iniciada con posterioridad o, en su caso, que pueda instarse la suspensión de la ejecución por prejudicialidad civil (art. 43 LEC).
En el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- que se intitula legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios, se contiene el sistema de legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios en el que se contienen las dos legitimaciones básicas del derecho procesal de consumo, a saber, de un lado, la ordinaria del consumidor u usuario directamente perjudicado, y a quien el artículo 8 RDL 1/2007 -EDL 2007/205571- confiere como derecho esencial el de ser indemnizado por los daños y reparado en los perjuicios sufridos. Estamos ante un supuesto de legitimación ordinaria en tanto en cuanto es el consumidor perjudicado el que ejercita directamente sus derechos e intereses en juicio, de forma tal que su legitimación es la del art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Al lado de esta legitimación que hemos venido a denominar “ordinaria”, por referida a al perjudicado individual, el apartado 1 del artículo 11 de la LEC -EDL 2000/77463- reconoce igualmente legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios para actuar en este tipo de procesos en defensa de aquéllos.
Entendemos en suma que la competencia mercantil a que se refiere el art 86 ter LOPJ -EDL 1985/8754- comprende, tanto las acciones colectivas como las individuales que se ejerciten frente a las condiciones generales de contratación.
Sin embargo, cuando se trata de acciones individuales, no cabe una maximación competencial. Y es que resulta operativamente poco defendible la posibilidad de que dicha competencia arrostre la predeterminada por una iniciativa procesal –reclamación de cantidad, por ejemplo- en cuyo marco defensivo se ejercite por el demandado, vía reconvencional, una acción de nulidad de condiciones generales de contratación ya que, ni la competencia mercantil en esta materia es exclusiva y excluyente y, por tanto, no debe sobreponerse sobre el interés de decisión unitaria cuando, dándose el vínculo entre la pretensión principal de la demanda y la que sea objeto de la reconvención (art 406 LEC -EDL 2000/77463-), resulte conveniente aunar en un solo procedimiento el conocimiento de las cuestiones de que se trate, lo que debe presumirse en aquellos casos en que la separación de pretensiones pudiera generar la virtualidad de una cuestión de prejudicialidad civil –art 43 LEC- en un proceso, el principal, respecto del secundario a fin de acomodar el resultado de ambos proceso.
Como se observa, en estos ámbitos se hace predominar la competencia funcional para el conocimiento de la abusividad, incluso aunque resida en una condición general –al menos la Ley no distingue- por encima de cualquier otro criterio, señalando en este sentido Gimeno Sendra “…que el control judicial de las cláusulas abusivas pertenece a le esfera de la jurisdicción difusa de los Jueces de 1.ª instancia y de sus Tribunales de apelación, quienes, de conformidad con la doctrina del T.J.U.E., habrán de examinar de oficio dicho carácter en cualquier tipo de proceso y no sólo en los procesos de ejecución hipotecaria o monitorios civiles. Pero los efectos materiales de la cosa juzgada ni se extenderán a otras partes distintas a las que sean objeto de dicha declaración, ni la misma ocasionará efectos ex tunc y erga omnes; efectos estos últimos que tan sólo se producirán en el seno de la jurisdicción concentrada de los Juzgados de lo Mercantil con ocasión de la publicación de sentencias declarativas de nulidad de las condiciones generales de la contratación estimatorias de acciones colectivas de cesación”.
La cuestión que se nos plantea en esta cuestión es, la crónica de una polémica anunciada. Es más, pese a tratarse de una cuestión problemática desde la promulgación de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- (LC) en 2003, no sólo el legislador no lo ha solucionado, sino que, lo ha empeorado con la promulgación de la Ley 1/2013 al introducir mecanismos de protección para los consumidores después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de marzo de 2013 -EDJ 2013/21522-.
Recordemos que el artículo 86.ter.2 de la LOPJ -EDL 1985/8754- (introducido por la LO 8/03 -EDL 2003/29207-) establece que los Juzgados de lo Mercantil serán competentes para conocer sobre “las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esa materia”. Ello dio lugar a dos interpretaciones sobre la competencia de los juzgados del mercantil: (i) una restrictiva, que entiende que los Juzgados mercantiles sólo son competentes en el caso del ejercicio de las acciones típicas (cesación, retractación y mero declarativas de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación) y que la legislación sobre la materia es sólo dicha Ley; sin embargo, (ii) la interpretación amplia, entendía que junto con las acciones típicas, la LCGC -EDL 1998/43305- contempla la posibilidad de un control concreto que pueden realizar los interesados individuales: el doble control de incorporación y de contenido puede fundamentarse también en la normativa general que disciplina la nulidad contractual, y la “legitimación sobre la materia”, a la que se refiere el art.86.ter.2, no es sólo la LCG sino también el TRLGDCU -EDL 2007/205571-, en la medida en que este contempla también el control frente a las cláusulas abusivas en contratos con consumidores, introduciendo, además, la acción de cesación. Esta segunda interpretación más amplia es la que parece predominar (vid. Jacinto José PEREZ, “El control judicial de las condiciones generales de contratación y de las cláusulas abusivas. Tutela procesal de los intereses del grupo” - I Foro de encuentro de profesores y jueces de derecho mercantil).
Ya se refirió a esta cuestión el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 12 de febrero de 2010, en la que se estimó el recurso planteado contra la resolución del Juzgado de lo mercantil número 8 que declinaba su competencia al considerar que la jurisdicción especializada sólo debía conocer de las acciones colectivas. La Audiencia entendió que la atribución de competencia que se recoge en el artículo 86.ter.2 LOPJ -EDL 1985/8754- es por materias, y no por tipos de procedimientos. Dado que la LCGC -EDL 1998/43305- se contemplan tanto las acciones individuales (art.7 y 8) como las colectivas (art.12), sin que se aprecie razón alguna para expulsar de la competencia de los juzgados de los mercantiles a las acciones individuales de no incorporación (art.7) o de nulidad (art.8). Además consideraba que dichas acciones (i) están incluidas desde el punto de vista gramatical, (ii) también lo están desde el punto de vista sistemático, la expresión de la LOPJ es idéntica a las empleada en el art.249.1.5º de la LEC -EDL 2000/77463- (para determinar la aplicación del juicio ordinario), (iii) a la misma conclusión se llega teniendo en cuenta los antecedentes legislativos (en la redacción original se relacionaban las acciones colectivas), pero en la redacción definitiva no hace distinción, (iv) aunque el art.9 LCGC remita a las reglas generales de nulidad para obtener la declaración de no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales no priva a dichas acciones de su específica y expresa previsión en la normativa sobre condiciones generales de contratación, y por lo tanto competencia objetiva del juzgado de lo mercantil.
Ahora bien, el problema no se limita única y exclusivamente a la delimitación de la competencia entre los dos juzgados, sino que se amplía puesto que la misma determinara si es posible la acumulación de acciones o la reconvención en función del juzgado ante el que se haya interpuesto la acción. La doctrina (Pedro GARCINANDÍA “Los nuevos tribunales de lo mercantil”, Ed. Thomson - Aranzadi) ya advertía que el art.86.ter.2 LOPJ -EDL 1985/8754- no ha incorporado ninguna norma que permita la acumulación de acciones para regular los procedimientos conexos, por lo tanto, para que las acciones puedan acumularse es necesario, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 LEC -EDL 2000/77463-, que (i) no exista incompatibilidad material entre las acciones y (ii) que el juzgado mercantil tenga competencia objetiva para conocer de todas ellas y (iii) que ninguna deba tramitarse por un procedimiento distinto al que se haya iniciado. Para evitar los problemas que se pueden plantear GARCINANDÍA apuntaba que sólo se podía (i) bien atribuir la competencia al juzgado de lo mercantil de todas las acciones conexas a las que sean de su competencia, (ii) o bien inadmitir la acumulación, llevando al interesado a plantear dos procesos, suspendiendo uno de ellos por prejudicialidad civil (art. 43 LEC).
El problema se exacerba cuando los consumidores y las asociaciones en defensa de los mismos empiezan a interponer acciones para solicitar la nulidad de las cláusulas suelo-techo. Así el Auto de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de abril de 2012 -EDJ 2012/264648- admitió el recurso interpuesto contra la admisión de la declinatoria por el juzgado de lo mercantil (que se consideró incompetente al considera que si lo que se pretende es declarar la nulidad de la cláusula suelo por abusiva, y recuperar lo indebidamente cobrado el conocimiento corresponde al juzgado de primera instancia, porque no sería de aplicación la LCGC -EDL 1998/43305-, sino la LDCU -EDL 2007/205571-). La AP consideró que la competencia correspondía al juzgado mercantil, pese a que reconocía que era una cuestión discutida, porque se estaba solicitando la nulidad de la cláusula general. Además, también admitió la acumulación de la acción de nulidad con la de daños y perjuicios, conforme al art.71 y ss LEC -EDL 2000/77463-, al considerar que nada impide que el juzgado mercantil pueda conocer de las acciones conexas o íntimamente relacionadas. El Auto invoca razones de economía procesal y porque es la consecuencia lógica de la nulidad de la cláusula.