Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00408-22946-de-febrero-22-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dd25b6acd124934a8bfa4a62346a0b3&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-14 05:32:10
Document Index: 89347872

Matched Legal Cases: ['artículo 860', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 860', 'artículo 670', 'artículo 860', 'artículo 670', 'artículo 814', 'artículo 670', 'artículo 860', 'artículo 860', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 670', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 282', 'artículo 634', 'artículo 278', 'artículo 365', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 670', 'artículo 293', 'artículo 293', 'Artículo 1036']

﻿ SENTENCIA 2015-00408/22946 DE FEBRERO 22 DE 2018
SENTENCIA 2015-00408 DE 22 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:LA ADMINISTRACIÓN NO DEBE ASUMIR LA EXTRALIMITACIÓN DE LA COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO, DERIVADA DE UNA INDEBIDA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LA ASEGURADORA. SE ESTABLECE QUE LA GARANTE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SEGUROS, CONOCE EL RIESGO QUE INVOLUCRA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR REGISTRADO POR EL CONTRIBUYENTE, PUES TIENE LA OPORTUNIDAD DE EVALUARLO Y A PESAR DE ELLO DECIDE ASEGURARLO. POR TAL RAZÓN, EN EL MOMENTO EN QUE LA COMPAÑÍA DEMANDANTE SUSCRIBE EL CONTRATO DE SEGUROS CON EL TOMADOR DE LA PÓLIZA, EL ACUERDO DE VOLUNTADES SE HACE EFICAZ Y LAS CONDICIONES DEL MISMO ESTÁN DADAS, LO QUE INCLUYE LA DELIMITACIÓN DEL RIESGO ASEGURABLE Y LAS CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, EL CUAL SE GENERA DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LE IMPONE AL CONTRIBUYENTE LA SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE. LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE SEGURO, ES DE CARÁCTER, CONSENSUAL, BILATERAL, ONEROSO Y ALEATORIO. EN ESE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES AJENA A DICHO VÍNCULO CONTRACTUAL Y NO LE CORRESPONDE ASUMIR UN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD, POR UNA INDEBIDA O ERRADA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SEGURO, ENTIDAD ASEGURADORA, RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, PÓLIZA DE SEGURO, SANCIÓN POR OMISIÓN DE PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ACTIVIDAD ASEGURADORA
Sentencia 2015-00408 de febrero 22 de 2018
Rad.: 25000-23-37-000-2015-00408-01 (22946)
Temas: Sanción por devolución improcedente. IVA bimestre 3º del año gravable 2009
— Inexistencia de contrato de seguro y de riesgo asegurable
Consideración inicial. Legitimación en la causa por activa.
A continuación una precisión inicial en relación con la legitimación en la causa por activa de Seguros del Estado, para demandar las resoluciones 322412013000352 de 16 de mayo de 2013 y 900.138 de 28 de mayo de 2014, por las cuales la DIAN le impuso a la Chatarrería la Mejor Restrepo S.A., sanción por devolución y/o compensación improcedente.
En cuanto a la legitimación en la causa, la Sección Cuarta de esta corporación ha precisado que es la posibilidad de que la persona formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Como se observa, las personas con legitimación en la causa se encuentran en relación directa con la pretensión, ya sea desde la parte activa, como demandante, o desde la parte pasiva, como demandado(21).
Esta Sala definió la falta de legitimación en la causa como un presupuesto de la pretensión y no del medio de control, así:(22)
También se ha precisado que la legitimación en la causa “no es un requisito de la demanda, ni del procedimiento. No obstante, no subsanarlo a tiempo podría conllevar una sentencia inhibitoria, por ende, es obligación del juez tomar desde el principio del proceso las medidas correctivas del caso para evitar el fallo inhibitorio.”(23)
En ese de orden de ideas, conforme lo ha reiterado la Sala cuando son los actos del proceso sancionatorio los que son objeto de demanda y la devolución fue solicitada con garantía a favor del Estado, es procedente aceptar que el garante interponga directamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en este entendido se encuentra que tiene legitimación por tener relación directa con el asunto objeto de debate y aunque no es un requisito procesal, sí constituye un presupuesto de la pretensión que se invoca para ser parte e intervenir en el proceso.
En este caso, se observa que la Compañía Seguros del Estado S.A. ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de controvertir los actos administrativos por los que la DIAN impuso una sanción por devolución improcedente a la CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. Además, la administración tributaria ordenó hacer efectiva la póliza de garantía Nº 14-43-101000578 de 12 de noviembre de 2009, expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A.(24)
Así pues, cuando ocurre el “siniestro”, que estaría constituido por la resolución que impone la sanción, es cuando surge el interés o legitimación en la causa de las compañías de seguros, en su calidad de garantes de conformidad con el artículo 860 del estatuto tributario, para actuar dentro del proceso que se surta ante la administración tributaria y/o demandar, ante la jurisdicción contencioso administrativa, los actos que ella expida(25).
La demandante sostiene que los actos acusados violan los artículos 860 del estatuto tributario y 1079 del Código de Comercio, pues pretende el reconocimiento de una suma superior al valor asegurado, porque mientras el valor asegurado en la póliza para garantizar la procedencia de la devolución es de $ 949.186.000, en la resolución sanción la DIAN pretende, además, el pago de intereses moratorios, aumentados en un 50% y el 500% del monto devuelto en forma improcedente por $ 4.730.285.000.
Pues bien, la resolución sanción dispuso lo siguiente:(26)
“ART. PRIMERO: IMPONER a la sociedad CHATARRERIA LA MEJOR RESTREPO S.A. con NIT 900.255.858-1, sanción por improcedencia en la devolución contemplada en el artículo 670 del estatuto tributario por medio de la cual deberá reintegrar la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 946.057.000), más los intereses moratorios correspondientes, aumentados en un 50% liquidados desde la fecha de la resolución de devolución y/o compensación de acuerdo con los artículos 635 y 670 del estatuto tributario por concepto de impuesto sobre las ventas periodo tercero (3) del año gravable 2009 de acuerdo con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo .
ART. SEGUNDO: Adicionalmente, imponer al contribuyente CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. con NIT 900.255.858-1, la sanción señalada en el inciso quinto (5) del artículo 670 del estatuto tributario, equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente, en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 4.730.285.000) por cuanto en la investigación que determino que el saldo a favor se originó utilizando medios fraudulentos.
ART. TERCERO: ORDENAR hacer efectiva la póliza de garantía Nº 14-43-101000578 del 12 de noviembre de 2009 y sus respectivos anexos expedidos por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT. 860.009.578-6, la cual ampara la devolución y/o compensación del saldo a favor generado en el impuesto de ventas por el tercer (3) periodo del año gravable 2009. [...]”.
De la lectura de los actos demandados, se tiene que la demandada tasó la sanción por devolución improcedente a cargo de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. en los términos del artículo 670 del estatuto tributario [vigente para el momento de expedición de los actos administrativos], y ordenó hacer efectiva la póliza de garantía otorgada para la solicitud de devolución atendiendo lo dispuesto en el artículo 860 ídem que establece: “que el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes”.
Como se expuso, los actos demandados imponen una sanción a cargo de la Sociedad CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 670 del estatuto tributario y, en consecuencia, ordena el reintegro de los $ 946.057.000 devueltos de forma improcedente, más los intereses moratorios aumentados en un 50% y el pago de $ 4.730.285.000, correspondientes al 500% del monto devuelto en forma improcedente, a título de sanción por utilización de medios fraudulentos en la devolución.
A su vez, estos actos ordenan hacer efectiva la póliza de garantía Nº 14-43-101000578 de 12 de noviembre de 2009, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., la cual ampara la devolución y/o compensación improcedente del saldo a favor generado en el impuesto sobre las ventas del tercer periodo del año gravable 2009.
En mérito de lo expuesto, no es cierto que a través de la resolución sanción la DIAN cuantificó a la Aseguradora el valor con el que debía responder solidariamente en calidad de garante de la obligación en los términos del artículo 860 del estatuto tributario, como afirma en el recurso de apelación el demandante dentro del presente asunto, lo que se establece en los actos demandados es una sanción a cargo de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. determinada según el artículo 670 del estatuto tributario y la consecuente orden de cumplimiento de cobertura de la póliza de garantía.
En primera medida, en el presente asunto es necesario precisar que como requisito para hacer efectiva la póliza, la DIAN notificó a la aseguradora la sanción por devolución improcedente(27). Así, se reitera que la administración garantizó a la demandante la posibilidad de controvertir los supuestos de hecho y de derecho que fundamentan la obligación garantizada.
La póliza de seguro Nº 14-43-101000578 de 12 de noviembre de 2009, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A., fue proferida en los siguientes términos:(28)
“[...] GARANTIZA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, RELACIONADAS CON LA DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS CORRESPONDIENTE AL 03 BIMESTRE DE 2009 MÁS LOS INTERESES QUE SE LLEGAREN A CAUSAR (ART. 670 Y 860 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ART. 40 LEY 49/90, ART. 71 Y 72 LEY 6/92, ART. 144 Y 131 LEY 223/95, ART. 3 DECRETO REGLAMENTARIO 1.000/97. ART. 144 LEY 223/95 COBERTURA DE LAS GARANTÍAS PRESTADAS PARA DEVOLUCIONES SUSTITUYE EL INCISO SEGUNDO ART. 860 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO POR EL SIGUIENTE INCISO: LA GARANTÍA DE QUE TRATA ESTE ARTÍCULO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS, SI DENTRO DE ESE LAPSO LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NOTIFICA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN, EL GARANTE SERÁ SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, INCLUYENDO EL MONTO DE LA SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN, LAS CUALES SE HARÁN EFECTIVAS JUNTO CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ QUEDE EN FIRME EN LA VÍA GUBERNATIVA, O EN LA VÍA JURISDICCIONAL CUANDO SE INTERPONGA DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA, EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN OFICIAL O DE IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN, AUN SI ESTE SE PRODUCE CON POSTERIORIDAD A LOS DOS AÑOS”. (Resalta la Sala).
Con lo anterior, para la Sala es claro que la resolución sanción y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración no tasaron a cargo de Seguros del Estado un monto superior al asegurado, con relación a la devolución y/o compensación improcedente del saldo a favor determinado en la declaración del impuesto sobre las ventas del tercer bimestre del año 2009, a cargo de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A., diferente es que en los actos se ordene hacer efectiva la póliza, pues es la consecuencia inherente a la determinación o materialización de la obligación garantizada (sanción por devolución improcedente).
Por tal razón, la orden de la DIAN en los actos demandados de hacer efectiva la póliza, no contradice los términos en que fue expedida, ni desconoce lo dispuesto en los artículos 1079 del Código de Comercio, 860 del estatuto tributario ni del principio constitucional al debido proceso, ya que en calidad de garante debe responder por la obligación garantizada pues así lo exige la naturaleza de esta solidaridad legal, y en atención al procedimiento establecido en el artículo 814-2 del estatuto tributario(29).
En todo caso, la Aseguradora no puede pretender la tasación del monto correspondiente al riesgo asegurado dentro del presente asunto, a través del recurso de reconsideración y en la demanda interpuesta en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que es propio del ámbito de la obligación de aseguramiento que se rige por el contrato de seguro y de una eventual discusión en relación con la cobertura del póliza. Razón por la cual, el cargo no tiene vocación de prosperidad, se reitera, los actos demandados fijan la obligación a cargo de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A.
Para resolver los problemas jurídicos de violación al debido proceso por falta de notificación del pliego de cargos y del desconocimiento del derecho de defensa, es preciso analizar si la administración tributaria se encontraba obligada a notificar a Seguros del Estado el requerimiento especial, la liquidación oficial y su resolución confirmatoria en el proceso de determinación oficial del impuesto sobre la ventas del tercer bimestre de 2009 de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A., así como la exigibilidad de la notificación del pliego de cargos y las resoluciones sancionatorias.
El artículo 670 del estatuto tributario(30), señala que las devoluciones o compensaciones de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituían un reconocimiento definitivo a su favor. De manera que la administración podía rechazar o modificar el saldo a favor devuelto o compensado mediante liquidación oficial de revisión e igualmente podía imponer sanción por devolución improcedente.
El artículo 860 del estatuto tributario,(31) dispone que cuando con la solicitud de devolución, el contribuyente o responsable presenta una garantía a favor de la Nación, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días siguientes.
En la providencia de 21 de mayo de 2014, la Sala señaló lo siguiente:(32)
Por su parte, en sentencia de 27 de agosto de 2015(33), la Sala señaló que la notificación de la liquidación oficial de revisión, dentro del término de vigencia de la póliza a que hace referencia el artículo 860 del estatuto tributario, debe efectuarse al contribuyente y no al garante de la obligación, en razón a que este es un acto de determinación tributaria y el contribuyente es el titular de la relación jurídica sustancial y el directo responsable del pago del tributo.
Y en sentencia de 14 de julio de 2016, la Sala precisó que:(35)
Así las cosas, hecha una interpretación entre los artículos 828, numeral 4º y 860 ibídem, en el caso de devoluciones con garantía el acto que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo, es la resolución que declara la improcedencia de la devolución y ordena el reintegro.
3.5. La Sección Cuarta ha precisado que la resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro y, por ende, el que determina la exigibilidad de la obligación garantizada. En consecuencia, la resolución sanción es el acto que debe ser notificado a la compañía de seguros para que pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción(39), como en efecto ocurrió en el presente caso que Seguros del Estado S.A. fue notificado de la resolución sanción el 8 de junio de 2011, e interpuso recurso de reconsideración(40)”. (Destaca la Sala).
De acuerdo con lo anterior, como lo ha precisado la Sección, cuando ocurre el siniestro, esto es, la imposición de la sanción, surge el interés o legitimación de las compañías de seguros, en calidad de garantes con responsabilidad solidaria, para recurrir la sanción y demandarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.(41)
A pesar de que la Aseguradora no está legitimada para demandar directamente la liquidación oficial de revisión que sirve de fundamento para la expedición de la resolución sanción(42), mediante oficio de 11 de noviembre de 2011, la DIAN comunicó a la actora la liquidación oficial de revisión, tal como lo manifiesta la actora en respuesta a la liquidación oficial de revisión Nº 322412011000248 de 8 de noviembre de 2011.(43)
Lo anterior, porque en los casos de devolución amparados con póliza de garantía, la resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro y, por ende, el que determina la exigibilidad de la obligación garantizada. En consecuencia, la resolución sanción debe ser notificada a la compañía de seguros para que esta pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción.(44)
De este modo, la DIAN cumplió con el procedimiento previsto porque notificó la resolución sanción a la actora(45) y, por ello, permitió que ejerciera el derecho de defensa y contradicción frente a esta decisión a través de la interposición del recurso de reconsideración y la demanda ante la jurisdicción.
Firmeza de la declaración.
Como se precisó, los cargos se sustentan en la falta de notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión a la aseguradora. No obstante, como se dijo en la sentencia transcrita anteriormente, lo que es objeto de notificación son los actos sancionatorios. Por lo tanto, no se evidencia violación al debido proceso y, por ende, la falta de notificación de los mencionados actos a la Aseguradora no implica la firmeza de la declaración privada del IVA del bimestre 3 del año 2009.
Se reitera, que jurisprudencialmente se ha aceptado que, en casos como este, el acto que debe ser notificado al garante es la resolución sanción, como sucedió, efectivamente, en este asunto, mediante notificación del 21 de mayo de 2013.(46)
La actora manifestó que el contrato de seguro es inexistente y que los actos administrativos demandados deben anularse, porque el contrato de seguro carece del riesgo asegurado, que es un elemento esencial del contrato, pues el contribuyente obtuvo la devolución mediante fraude y este es inasegurable.
Para resolver el cargo, se reitera el criterio fijado en la sentencia de 17 de marzo de 2016, que decidió el mismo cargo entre las mismas partes. Al respecto, la citada providencia indicó lo siguiente(47):
Por tal motivo, en el momento en que la compañía demandante firmó el contrato de seguros con el otro extremo del vínculo contractual, esto es, con el tomador de la póliza, el acuerdo de voluntades se hizo eficaz y las condiciones del mismo estaban dadas, lo que incluye la delimitación del riesgo asegurable y las consecuencias de la ocurrencia del siniestro, que como se dijo, se dieron con la expedición de la resolución que le impuso al contribuyente la sanción por devolución y/o compensación improcedente. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de seguro, es de carácter, consensual, bilateral, oneroso y aleatorio(48).
“[...] el garante responde solidariamente por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución [...]”
El criterio transcrito previamente, debe relacionarse con el artículo 670 del estatuto tributario, que establece que la sanción también puede comprender un valor adicional del 500% por la utilización de documentos falsos o mediante fraude, hecho que debía conocer la aseguradora, pues está previsto en la ley.
En ese contexto, la Sala debería confirmar la sanción por devolución improcedente impuesta por la DIAN a la sociedad CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. No obstante, advierte que deben anularse parcialmente los actos demandados, en aplicación del principio de favorabilidad de conformidad el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 670 del estatuto tributario.(49)
2. El principio de favorabilidad cuando es aplicable en materia sancionatoria administrativa, constituye un imperativo constitucional, y por ende, bien puede ser aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la autoridad juzgadora competente”.(50) (Resalta la Sala).
La Sala procederá a dar aplicación al principio de favorabilidad de oficio en el presente asunto, situación que conlleva la reducción de la sanción impuesta al contribuyente sancionado, dejando así el proceso judicial adelantado por Seguros del Estado un beneficio para CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A., sociedad que cometió el hecho sancionable contemplado en el artículo 670 del estatuto tributario.
En tal virtud, se dará aplicación al artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 670 del estatuto tributario, así:
En ese contexto, para el caso concreto, si la sanción se calcula conforme con el artículo 670 estatuto tributario, sin la modificación del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, primero deben calcularse los intereses de mora a cargo de la demandante sobre el mayor impuesto liquidado que, para el caso, asciende a $ 946.057.000,(51) y sobre esa suma calcular el 50%, que es lo que corresponde, en realidad, a la sanción por devolución improcedente.
En cambio, en el artículo 670 del estatuto tributario modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, en concordancia con el parágrafo 5º del artículo 282 ibídem, la sanción por devolución improcedente equivale al 20% del valor devuelto indebidamente a la demandante ($ 946.057.000), esto es, a $ 189.211.400, cifra que, sin necesidad de hacer la operación aritmética correspondiente, resulta menor que el 50% de los intereses que se han causado durante un período aproximado de siete (7) años, si se tiene en cuenta que la devolución improcedente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2009 y que la causación de los intereses cesó el 4 de mayo de 2017, esto es, al cabo de dos (2) años de haberse admitido la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [artículo 634 parágrafo 2º del estatuto tributario, modificado por el artículo 278 de la Ley 1819 de 2016].
Además, al reducirse al 100% la sanción por utilizar documentos falsos o hacer fraude para adquirir una devolución y/o compensación, esta sanción adicional es más favorable para el contribuyente que el 500% del valor de la devolución. En efecto, como el valor de la devolución fue a $ 946.057.000, el 100% es exactamente el mismo monto.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procede la nulidad parcial de los actos y, por consiguiente, CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. tiene la obligación de reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta y pagar los intereses moratorios y las sanciones correspondientes, como antes quedó establecido.
A título de restablecimiento del derecho, CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. en virtud de la nulidad parcial de los actos administrativos debe (i) reintegrar a la DIAN $ 946.057.000, que es la suma indebidamente devuelta; (ii) pagar los intereses moratorios a que haya lugar; (iii) pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente, esto es, $ 189.211.400 y (iv) pagar la sanción adicional del 100% del valor de la devolución ($ 946.057.000) por el uso de documentos falsos o hacer fraude para obtener la devolución.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. [...]
En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), por cuanto prospera parcialmente la demanda. Sin embargo, debe analizarse en concordancia con el numeral 8 del mismo artículo.
PRIMERO: ANULAR parcialmente la Resolución Sanción 322412013000352 de 16 de mayo de 2013 y la Resolución 900.138 de 28 de mayo de 2014, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR:
Los artículos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la Resolución Sanción Nº 322412013000352 de 16 de mayo de 2013, y por ende, de su confirmatoria la Resolución 900.138 de 28 de mayo de 2014, quedarán así:(52)
“ART. PRIMERO: Imponer al contribuyente, CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. con NIT 900.255.858-1, sanción por improcedencia de la devolución contemplada en el artículo 670 del estatuto tributario modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016; por medio de la cual deberá reintegrar la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 946.057.000), más la sanción del veinte por ciento (20%) equivalente a la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 189.211.400) y lo correspondiente a los intereses moratorios, por concepto del Impuesto a las Ventas del año gravable 2009 periodo 3.
ART. SEGUNDO: Adicionalmente, imponer al contribuyente CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. con NIT 900.255.858-1, la sanción señalada en el penúltimo inciso del artículo 670 del estatuto tributario modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, equivalente al cien por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente, en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 946.057.000) por cuanto en la investigación se determinó que el saldo a favor se originó utilizando medios fraudulentos, expuestos en la respectiva Liquidación Oficial de Revisión Nº 322412011000248 del impuesto a las ventas tercer (3º) bimestre del año gravable 2009 de fecha 8 de noviembre de 2011.
ART. TERCERO: ORDENAR hacer efectiva la Póliza de Garantía Nº 14-43-101000578 expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT. 860.009.578-6 expedida el día 12 de noviembre de 2009, con vigencia desde el 30 de septiembre de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2011 (emisión original), a nombre de CHATARRERÍA LA MEJOR RESTREPO S.A. con NIT 900.255.858-1, como tomador y/o afianzado y como beneficiario y/o asegurado LA NACION – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – NIT. 800.197.268-4, la cual ampara la devolución y/o compensación de saldo a favor generado en el impuesto de ventas por el tercer (3) periodo del año gravable 2009. [...]”.
TERCERO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO: RECONOCER personería a Herman Antonio González Castro, como apoderado de la DIAN en los términos del poder conferido que obra en el folio 231 del expediente.
SEXTO: ACEPTAR renuncia al poder otorgado por la DIAN a Herman Antonio González Castro, que obra a folio 252 del expediente, y RECONOCER personería a Milton Alberto Villota Ocaña, como apoderado de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 231 del expediente.
21 Auto de 28 de septiembre de 2016, número de radicación interno 22359, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
22 Sentencia del 11 de febrero de 2014, número de radicación interno 18456, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
23 Auto de 22 de noviembre de 2016, número de radicación interno 21894, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
24 Fls. 31 a 35, cdno. ppal.
25 Entre otras providencias, ver Auto de 28 de agosto de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, citado en sentencias de 27 de agosto 2015, Exp. 20493, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 17 de marzo de 2017, Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 21147, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26 Fls. 31 a 35 del cdno. ppal.
27 Fl. 1878 del cdno. anexo 2.
28 Fls. 63 a 67 del cdno. ppal.
29 “ART. 814-2.—Cobro de garantías. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto.
En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo.”
30 Modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016.
36 Ver auto del 1º de agosto de 2013. Exp. 19665, Sección Cuarta Consejo de Estado.
37 Op cit. Sección Cuarta del Consejo de Estado, auto del 28 de agosto de 2013.
39 Sentencias del Consejo de Estado de 12 de abril de 2002, Exp. 12466, C.P. Germán Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de 2002, Exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009, Exp. 16885 C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz, 27 de agosto de 2015, Exp. 20493, Auto de 28 de julio de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.
40 Fl. 64 c.a.1
43 Fl. 1977, cdno. anexo 2.
44 Sentencias de 12 de abril de 2002, Exp. 12466, C.P. German Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de 2002, Exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009, Exp. 16885 C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz y auto de 28 de julio de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 27 de agosto de 2015, Exp. 20493, entre otras.
45 Acto administrativo notificado el 21 de mayo de 2013. Fl. 30, cdno. ppal.
46 Fl. 30 del cdno. ppal.
47 Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
48 Artículo 1036 del Código de Comercio.
49 Ver sentencia de 8 de junio de 2017, Exp. 19389, C.P. (E) doctora Stella Jeannette Carvajal Basto.
50 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, octubre 16 de 2002, Rad. 1454.
52 Fls. 31 a 35 del cdno. ppal.