Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/PROHIBICION%20DE%20TODAS%20LAS%20FORMAS%20DE%20DISCRIMINACION%20CONTRA%20LAS%20%20MUJERES.php
Timestamp: 2017-07-28 04:34:17
Document Index: 31525520

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'Artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 1134', 'artículo 1134', 'artículo 34', 'artículo\n34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 1781', 'artículo 1781', 'artículo 5', 'artículo 154', 'artículo 1', 'artículo\n136', 'artículo 2']

Magistrados actuales Magistrados anteriores Relatoría Secretaría General Salas de Revisión 2016 Consulta de Procesos Main Decisions PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES REPÚBLICA DE COLOMBIA
REFERIDAS A LA PROHIBICION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA
1994-03-07 T-098/94
T-23023 Derecho de petición. Derecho a
la igualdad. Prohibición por razón del sexo. Afiliación del cónyuge a la caja
de seguridad social. Concedida
1995-12-15 T-624/95
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO T-78965
Discriminación por razón del sexo. Escuela naval. Inscripción de una mujer
para cadete. Concedida
1996-09-04 C-408/96
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO LAT-064
Ley 248/95. Convención
interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer. Exequible.
Ley 319/96. Protocolo
adicional a la convención. Americana de derechos humanos. Derechos económicos sociales y culturales. Exequible
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO D-1706
1305/75. Art. 6 parágrafo. Extinción de la pensión para las viudas de la
policía fuerzas militares y personal del ministerio de defensa. Inexequible
art. 342 n° 1 prohibición de trabajo nocturno para las mujeres. Inexequible
1042 de 1978 artículo 83. Vinculación de personal supernumerario a la
administración pública. Estabilidad laboral de mujer embarazada. Exequible.
Inexequible y sentencia inhibitoria
1999-02-17 C-082/99
.C. Art. 140 nº 7. Matrimonio celebrado
entre la mujer adúltera y su cómplice. Inexequible
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ D-2181 Ley 443
de 1998. Artículo 62 parcial. Protección a la maternidad. Mujer embarazada
que está en cargo de carrera. Exequible 2003-10-21 C-964/03
ALVARO TAFUR GALVIS D-4575
Ley 82 de 1993. Arts.
2 a 21 (ps.). Apoyo de manera especial a mujer cabeza de familia.
Beneficios. Derecho de los niños. Acceso a planes y programas de vivienda.
Primacía y prevalencia. Discriminación positiva o inversa. Trato
discriminatorio con hombre. 2004-01-27 C-044/04
Ley 790 de 2002. Art. 12 (p.).
Programa de renovación de la administración pública. Retiro del servicio.
Protección especial a madres cabeza de familia sin alternativa económica.
Igualdad material y de género. Padres cabeza de familia. Acciones positivas
2004-05-25 C-507/04
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA D-4866
Código civil arts. 34 y 140
(parciales). Impúber. Casos en que el matrimonio es nulo y sin efectos.
Inhibición de la corte constitucional para resolver el cargo en contra del
artículo 34 del código civil. Capacidad de contraer matrimonio de los niños y
2005-02-08 C-101/05
ALFREDO BELTRAN SIERRA D-5342
Código civil art. 1134.
Derecho de usufructo de uso o de habitación o pensión periódica de una mujer
mientras permanezca soltera o viuda. El artículo 1134 del código civil
desconoce el principio constitucional a la igualdad y a la prohibición de
establecer discriminaciones por razones de género establecidas en los
artículos 13 y 43 de la constitución política. Vulneración de los derechos a
la libertad personal. Inexequible el artículo 1134 del código civil.
2005-05-24 C-534/05
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO D-5460
Código civil arts. 34 143 431
432 445 526 630 1018 1027 1061 1062 1196 1502 al 1504 1527 1602 1625 1740
1741 1851 1957 2243 2285 2368 2412 2439 2470 y 2515 (parciales); código de
comercio (decreto 410 de 1971) arts. 12 103 104 899 900 1000 y 1137
parciales); código del menor (decreto 2737 de 1989) art. 89; y código de
procedimiento civil (decreto 1400 de 1970) arts. 44 45 y 195. La demanda
comprende la expresión "doce" contenida en el artículo 34 del
código civil la cual fundamenta la distinción entre niños y niñas respecto de
su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende.
Respecto de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo
34 del código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que
configura la discriminación. Capacidad jurídica de los menores y las menores
de edad. Capacidad de derecho y capacidad de hecho. Protección de los y las
menores de edad mediante la declaratoria de incapacidad y de nulidad de
algunos de sus actos. Protección jurídica igualitaria de menores de edad
respecto del género. Prohibición de discriminación por razón sexo.
Discriminaciones directas e indirectas. Permisión de tratos normativos
diferenciados como fundamento de acciones afirmativas o discriminaciones
positivas. Fin buscado por la diferenciación demandada del artículo 34 del
código civil al declarar púberes a los niños y a las niñas en edades
diferentes. Identificación de la norma jurídica inconstitucional derivada del
artículo 34 y posibilidades de otras interpretaciones del mismo.
Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden
obligar las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e
2006-02-23 T-131/06
ALFREDO BELTRAN SIERRA T-1250871 Derecho a la igualdad y la
dignidad humana de persona afrodescendiente a quien le fue negado el acceso a
los establecimientos comerciales por su color de piel. Solicita la protección
de sus derechos fundamentales. Tutela contra particulares. El constituyente
previo tres situaciones distintas bajo las cuales procede la tutela contra
particulares: prestación de un servicio público grave y directa afectación
del interés colectivo y la existencia de estado de subordinación o
indefensión. Esta corporación ha señalado que además procede la tutela contra
particulares que ejercen funciones públicas pues en tal caso ostentan la
calidad de autoridad pública. La discriminación racial es contraria a la constitución.
La conducta desplegada por los establecimientos comerciales demandados es
contraria al principio de la no discriminación. 2006-04-25 C-322/06
MARCO GERARDO MONROY CABRA LAT-283
Ley 984 de 2005. Se aprueba el
protocolo facultativo de la convención sobre eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer adoptado por la asamblea general de las
naciones unidas. Tramite de la ley 984 de 2005. La corte concluye que la ley
fue regularmente aprobada y sancionada. Descripción del contenido general del
de discriminación contra la mujer y examen material de constitucionalidad.
Exequibles 2006-08-16 C-667/06
JAIME ARAUJO RENTERIA D-6152
Ley 136 de 1994 articulo 3
(parcial) numeral 5. Se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios. Funciones de los municipios. Para las
demandantes la norma acusada contradice la constitución en particular el
articulo 13 porque cuando utiliza el termino mujer se está discriminando y
vulnerando el derecho a la igualdad. El trato diferenciado ante dos
situaciones diversas no constituye necesariamente una discriminación.
Situación de la mujer en el ordenamiento constitucional. La mujer es sujeto
constitucional de especial protección. Las acciones afirmativas. Desarrollo
del mandato de igualdad de la Constitución Política. La norma acusada denota
en su contenido normativo una acción afirmativa en cabeza de los municipios y
a favor de grupos de especial protección constitucional como los niños las
personas de la tercera edad los discapacitados y las mujeres. La disposición
acusada no es una norma que excluya de entrada y de manera inmediata al
hombre simplemente otorga una prelación en cabeza de los municipios y a favor
de la mujer. Exequible 2006-09-27 C-804/06
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO D-6178
Código civil articulo 33
(parcial). Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes.
Hombre. El actor considera que la norma demandada desconoce el preámbulo y
los artículos 2 4 13 43 y 93 de la Constitución de 1991 al igual que el
artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos humanos la Convención
Americana sobre Derechos Humanos el protocolo facultativo de la Convención
sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el
pacto internacional de derechos civiles y políticos y la carta de las
naciones unidas. Opina que se adopta una definición excluyente de las mujeres
que no concuerda con el desarrollo que en materia de no discriminación por
razones de genero ha tenido lugar en el mundo y en Colombia. Integración de
la unidad normativa. Evolución del rol social de la mujer y los derechos de
la mujer en el ordenamiento constitucional colombiano y en el ámbito del
derecho internacional de los derechos humanos. En virtud del rol de las
mujeres en la sociedad actual no tienen cabida en el ordenamiento jurídico
colombiano disposiciones que establecen tratos discriminatorios aun cuando se
trate de regulaciones dirigidas a protegerlas. Poder instrumental y simbólico
del lenguaje jurídico. Potencial transformador del lenguaje jurídico y de la
cultura jurídica. La expresión "hombre" como es utilizada en la
definición del artículo 33 del código civil constituye un vocablo que en
lugar de incluir a las mujeres las excluye. Inexequibilidad del artículo 33
del código civil salvo el aparte: “la palabra persona en su sentido general
se aplicara a individuos de la especie humana sin distinción de sexo".
Que se declara exequible 2010-02-04
T-2426390 Y OTROS
trabajo, estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Se acumulan expedientes
por unidad de materia. Las accionantes se encontraban vinculadas a las
entidades accionadas, mediante distintos tipos de contratos de trabajo y
fueron despedidas luego de haber informado a sus jefes sobre su estado de
embarazo. La corte realiza reiteración de jurisprudencia sobre, la
estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, se pronuncia sobre la
ausencia de aviso sobre el estado de embarazo y su no habilitación al
empleador para desvincular a la mujer gestante, el fuero de maternidad el
cual opera independientemente del tipo de vinculación, la aplicación directa
del principio constitucional de solidaridad en los casos de desvinculación
laboral de la mujer embarazada, derecho a la no discriminación por razón de
género, se concluye que los derechos de las accionantes fueron vulnerados y
por lo tanto se decide amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada
de la mujer gestante, se ordenan las respectivas reincorporaciones, y su
afiliación y a sus hijos por el primer año de vida al sistema integral de
T-2220146
dignidad, igualdad, no discriminación. La accionante fue postulada para el
cargo de vigilante de batería, pero verbalmente le fue comunicado que por
políticas de la entidad accionada no se recibían mujeres para desempeñar
dicho cargo. La sala se pronuncia sobre el principio de igualdad y no
discriminación, prohibición de discriminación en razón de género y acceso a
las oportunidades laborales, los derechos fundamentales como parámetro y
límite de las relaciones entre particulares, la prueba del hecho
discriminatorio, el programa de responsabilidad social de Ecopetrol, se
concluye que de las pruebas recaudadas en el expediente se demuestra la
utilización del factor género como parámetro de decisión sin ningún tipo de
legitimidad para utilizar este supuesto, se ordena realizar la evaluación de
la accionante para desempeñar el cargo de vigilante.
remunerado para la madre adoptante de menor de siete años de edad en
similares condiciones a las previstas para la madre biológica, que se hace
extensivo al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. Para la
corte la distinción prevista en la norma no busca una finalidad legítima y
contradice principios y derechos constitucionales fundamentales. La exclusión
de la referida expresión, posibilita que todas las madres adoptantes de
niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho (18) años puedan disfrutar
de la licencia de maternidad acorde con el derecho a la igualdad de los
hijos, niños y niñas consagrados en la constitución. Inexequible la
expresión “del menor de siete (7) años de edad.
2010-12-10 T-1028/10
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO T-2699828 Igualdad, seguridad social,
mínimo vital. La accionante comenta que vivió en unión libre con el señor
Rivas Velásquez, quien falleció en noviembre de 1981, por lo cual la pensión
de sobrevivientes le fue reconocida a su hijo hasta el año de 1996, sin
embargo a ella no se le reconoció el beneficio debido a que la ley 33 de 1973
no preveía expresamente la sustitución de la pensión de invalidez en
beneficio de las compañeras permanentes, por lo cual inició un proceso
ordinario en donde le fueron negadas sus pretensiones, solicita se ordene el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la que considera tener
derecho, debido a su edad y a su precaria situación económica. La sala
realiza reiteración de la jurisprudencia constitucional en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
violación directa de la constitución como causal específica de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, se concluye que las providencias
atacadas incurrieron en una violación directa de la constitución al aplicar
una norma que es manifiestamente contraria al derecho a la igualdad
reconocido en la constitución, vulnerando de esta manera los derechos
fundamentales de la accionante, por lo tanto se ordena a la sala laboral de
la corte suprema de justicia que, expida una sentencia de reemplazo en la
cual aplique la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 1 de
la ley 33 de 1973, la nueva providencia deberá entender que el derecho a la
sustitución pensional, comprende a la compañera permanente y en caso de que
la corte suprema no expida la sentencia, el fondo de pasivo social de
ferrocarriles nacionales, deberá realizar el reconocimiento de la sustitución
La corte efectuó la revisión integral del
proyecto de ley estatutaria encontrándolo: exequible en relación con su
aspecto formal; exequible de manera condicionada el articulo 5; exequible el
articulo 24 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las
juventudes” del numeral 1.2., que se declara inexequible; exequible el
articulo 25 salvo la expresión “unidad administrativa especial de las
juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 27 salvo la
expresión “el director de la unidad administrativa especial de las
juventudes”, que se declara inexequible; exequible el articulo 29 salvo la
expresión “y extraordinariamente cuando el director de la unidad
administrativa especial de las juventudes lo solicite”, que se declara
inexequible; exequible el articulo 30 salvo las expresiones “el director de
la unidad administrativa especial de las juventudes, ejercerá” y “, la cual”,
que se declaran inexequibles; exequibilidad condicionada del articulo 42;
exequible el articulo 68 salvo los artículos definidos “las” que preceden a
la expresión “instancias” y a la expresión “funciones”,. Que se declaran
inexequibles; exequible el articulo 70 salvo el parágrafo que se declara
inexequible; exequible el articulo 72 salvo la expresión “unidad nacional
para las juventudes” del numeral 11, que se declara inexequible; inexequibles
los artículos 31, 75 y 81; y exequibles los demás artículos del proyecto de
La sala de revisión entró a
determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a
la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad
sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el
accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de
aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo
inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 9º de la ley 1257 de
2008. El actor demandó la expresión “para fomentar la sanción social” por
considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 13, 29, 113,
116, 228 y 229 de la constitución. Argumenta que, al permitirse la aplicación
directa de sanciones por la sociedad se vulneraría los principios de
legalidad y seguridad jurídica, al no determinarse los criterios para la
imposición de la sanción y además se pondría en peligro la convivencia
pacífica de los ciudadanos, al permitirse que los particulares apliquen
sanciones. Se analiza la siguiente temática: 1º. La discriminación y la
violencia contra las mujeres. 2º. La protección de la mujer contra la
discriminación y la violencia a nivel internacional. 3º. La evolución del
reconocimiento de los derechos de la mujer. 4º. La protección especial de la
mujer en la jurisprudencia de la corporación y, 5º. El control social y las
sanciones sociales en el estado social de derecho. La corte concluyó que las
medidas de sanción social que la norma acusada permite fomentar a las
autoridades, configuran formas de control social informal que no tienen que
estar tipificadas y constituyen un desarrollo directo de normas del derecho
internacional de los derechos humanos. Exequible. 2013-06-27
caso se aduce que el ICETEX sede Medellín vulneró derechos fundamentales, al
negarle a la actora el ingreso a sus instalaciones, motivado, según ella, en
un criterio de discriminación racial. El argumento planteado por la accionada
para justificar su conducta, tiene que ver con las especiales medidas de
seguridad implementadas por la administración de la copropiedad, en razón a
la convocatoria de la Jornada Nacional de Trabajo Decente que se llevaría a
cabo ese día y en el hecho de que una semana atrás, la demandante había
estado en una toma pacífica de las oficinas de la entidad, quedando
registrada como una de las participantes de dicha actividad. Se aborda la
siguiente temática: 1º. Los fundamentos concernientes a la delimitación del derecho
a la manifestación pública y pacífica. 2º. El derecho de acceso sin
discriminación alguna a lugares o entidades que prestan un servicio público.
3º. El derecho al buen nombre y el manejo, gestión y administración de
registros y bases de datos en las que reposen información personal y, 4º. La
prohibición de discriminación con fundamento en la raza, en particular,
respecto de la población afrocolombiana. Se CONCEDE la tutela de los derechos
a la igualdad, al buen nombre y al habeas data y se ordena a la accionada,
entre otras medidas, presentar por escrito una carta a la accionante en la
que ofrezca disculpas por la indebida actuación adelantada en su contra, la
cual debe publicar en un sitio de fácil acceso al público que visite la
entidad, como medio para resarcir el buen nombre de la actora. 2013-06-28
En este asunto se interpone la acción de tutela en contra
de la gerencia de espacio público y movilidad de la alcaldía distrital de
Cartagena de indias por la presunta vulneración de derechos fundamentales, en
virtud de la realización de actuaciones tendientes a la recuperación del
espacio público del mercado de Basurto, en donde la accionante tiene un
puesto de venta de limones a través del cual obtiene la única fuente de
ingresos para ella y para su familia. Se aborda la siguiente temática: 1º.
Obligación de las autoridades en un estado social de derecho, de brindar
especial protección a los individuos vulnerables, en especial a las mujeres
como grupo históricamente discriminado. 2º. Requisitos mínimos
constitucionales que deben respetar las autoridades constituidas para diseñar
y ejecutar programas, medidas o políticas públicas, específicamente de
recuperación de espacio público. 3º. Tensión existente entre el deber del
estado de velar por la protección del espacio público y el derecho al trabajo
de los vendedores ambulantes y, 4º. Pronunciamientos de la corporación en
torno al censo que se realiza a la población con el fin de acceder al goce
efectivo de ciertos derechos. Al concluir que a la actora se le vulneraron
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y el principio de
La accionante,
en calidad de magistrada de la sala penal del tribunal de Antioquia, demanda
en sede de tutela el acuerdo expedido por la sala administrativa del consejo
superior de la judicatura, mediante el cual se decidió dejar sin efecto la
medida de restricción suscrita por el médico laboral de la E.P.S. A la que se
encuentra afiliada, consistente en la suspensión del reparto de expedientes
de manera temporal, en razón a la “degeneración macular en ambos ojos” que
presenta y que inicialmente fue acogida por la sala administrativa del consejo
seccional de la judicatura. En su sentir, se revocó de manera unilateral y
sin motivación alguna el acto administrativo que ordenó ejecutar la medida
laboral a su favor. La sala se pronuncia respecto a los siguientes temas: 1º.
El derecho al trabajo y la circunstancia de discapacidad. 2º. El deber de
desarrollar acciones afirmativas frente a las personas en circunstancia de
discapacidad como manifestación del derecho fundamental a la igualdad real y
efectiva y la prohibición de no discriminación establecida en el artículo 13
Acción de tutela en contra de una empresa de masajes para
reclamar la protección de derechos fundamentales a la intimidad personal y
familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, los que se
consideran vulnerados por la accionada, en tanto se negó a retirar de la red
social Facebook y de otros medios de publicidad, varias fotografías
comprometedoras que, si bien ella previamente había autorizado su publicación
con fines publicitarios, en la actualidad considera, que afecta los derechos
invocados. La sala de revisión resuelve el caso luego de analizar la
siguiente temática: 1º. Parámetros sobre el derecho a la imagen en la
jurisprudencia constitucional. 2º. Alcances constitucionales de la
autorización para el uso de la propia imagen. 3º. Riesgos de las redes
sociales para los derechos fundamentales. 4º. Los derechos a la intimidad,
honora y buen nombre y 5º. Tensión entre las autorizaciones generales para el
uso de la propia imagen y el derecho a la autodeterminación que tienen todas
las personas y en especial de las mujeres respecto de su propia imagen. 2014-05-07
de inconstitucionalidad contra el artículo 1781 (parcial) del código civil.
Los demandantes consideran que las normas acusadas no concuerdan con el nuevo
contexto constitucional y desconocen el derecho a la igualdad, en vista del
reconocimiento de los mismos derechos y deberes entre los cónyuges, tanto en
el matrimonio como en la administración de los bienes de la sociedad
conyugal. Igualmente, que violan el derecho a la propiedad privada, dado que
los bienes del haber relativo se restituyen con el valor actualizado, pero
sin reconocer al cónyuge aportante la posible valoración o desvalorización
del bien, pudiéndose producir con esto un enriquecimiento sin causa y un
correlativo empobrecimiento de la otra parte. Por último, aducen la
infracción al derecho a la igualdad, por haberse regulado de manera diferente
la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal. La corte declaró la
exequibilidad del numeral 6º del artículo 1781 del código civil, en el
entendido de que tal potestad se predica de cualquiera de los contrayentes.
de inconstitucionalidad contra el literal a) parcial del artículo 5º de la
ley 70 de 1931. Los demandantes consideran inconstitucional la expresión “por
el marido”, porque a su juicio establece una distinción discriminatoria
respecto de las mujeres dentro del vínculo matrimonial, con relación a la
constitución del patrimonio de familia inembargable. La corte encontró una
situación peculiar en este proceso y es el de que la norma acusada en su
sentido literal vulnera la constitución, pero en la práctica es interpretada
y aplicada de una manera que no riñe con el ordenamiento superior. En efecto,
limitar al marido la facultad para constituir patrimonio de familia vulnera
el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las mujeres
(arts. 13 y 43 C.Po.), así como la protección de toda familia, como núcleo
fundamental de la sociedad (art. 42 C.Po.). Con posterioridad a la expedición
de esta norma (año 1931), ha habido un desarrollo normativo que establece la
igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes
de la sociedad conyugal. No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una
norma que no ha sido modificada por el legislador, que sigue vigente en su
tenor literal, así no se aplique de tal manera, continúa siendo una
disposición que simbólicamente constituye una discriminación en contra de las
mujeres. La corporación resaltó que Colombia tiene la obligación, entre
muchas otras, de adoptar todas las medidas necesarias para modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de
eliminar “los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole” que se funden en “la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos” o en “funciones estereotipadas de hombres y
mujeres”. Se declara la exequibilidad condicionada de la expresión acusada,
en el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los
bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer. 2014-12-15
promueve la acción de tutela en contra del despacho judicial que profirió
sentencia en el proceso de divorcio iniciado por la accionante en contra de
su cónyuge. Se aduce, que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria y en violación directa de la constitución, en virtud de
que el juez tenía suficientes elementos probatorios como testimonios y
peritajes, que le permitían inferir la configuración de la causal 3ª de divorcio
del artículo 154 del código civil, referente a los ultrajes, el trato cruel y
los maltratamientos de obra. A juicio de la actora, el operador jurídico dejó
de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las
diversas situaciones en las que su esposo la agredió a partir insultos,
gritos, actitudes celosas y posesivas, al igual que con agresiones verbales y
físicas. Se alega, la vulneración de los derechos al debido proceso, a la
igualdad, a la intimidad, a la libertad del movimiento ya la protección de la
familia, al igual que la trasgresión de la constitución, en cuanto consagra
la protección de la familia y la integridad de la mujer en igualdad de
condiciones. Se analizan los siguientes temas: 1º. Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. La violencia contra
la mujer como una forma de discriminación. 3º. La violencia doméstica o
intrafamiliar y psicológica y, 4º. La administración de justicia en
perspectiva de género. La corte concluye que, el juzgado accionado incurrió
en defecto fáctico y violación directa de la constitución, al emitir la
sentencia dentro del proceso de divorcio, bajo argumentos que contribuyen a
perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer y a invisibilizar
la violencia doméstica y psicológica que padecía la accionante al interior de
su hogar. Se tutelan los derechos fundamentales invocados, se deja sin efecto
la sentencia atacada y, se ordena al juzgado demandado proferir un nuevo
fallo en el que se tengan en cuenta todas las consideraciones de esta
providencia, referentes al principio de igualdad y no discriminación por
razón del sexo y la especial protección que merece la mujer víctima de
cualquier tipo de violencia. Se exhorta al congreso y al presidente de la
república para que, de acuerdo a sus respectivas funciones, emprendan las
acciones pertinentes que permitan configurar los patrones culturales
discriminatorios y los estereotipos de género presentes aún en los operadores
de justicia en Colombia. Se destaca la orden dada al consejo superior de la
judicatura, para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del
país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones sobre género que la
escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca. 2015-02-18
de inconstitucionalidad contra los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia y contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, por la
cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre
compañeros permanentes. El demandante cuestiona que las normas acusadas no autoricen
la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo, lo que considera
contrario al Preámbulo y a los artículos 1, 7, 13, 42 y 44 de la
Constitución, así como a los artículos 2 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, relativos al derecho a la igualdad. 2015-10-22
SU.659/15
T-3795843
los demandantes que sus derechos fundamentes fueron vulnerados por la
autoridad judicial demandada, al declarar probada la excepción de caducidad
de la acción de reparación directa en aplicación del numeral 8 del artículo
136 del Código Contencioso Administrativo. En su criterio, no se valoraron
las particularidades del caso que imponían aplicar la excepción de
inconstitucionalidad respecto de la norma aplicada y hacer procedente la
acción de reparación directa instaurada. Se aborda la siguiente temática: 1º.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El
requisito de subsidiariedad y el recurso extraordinario de revisión. 3º. La
configuración de la causal del defecto sustantivo. 4º. Jurisprudencia
constitucional sobre la caducidad de la acción de reparación directa. 5º.
Obligaciones internacionales del Estado frente a violaciones contra los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, 6º. El contenido del derecho
fundamental a la igualdad. La Corte concluyó que la sentencia atacada
incurrió en un defecto sustantivo por no haber aplicado un enfoque
constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales,
tomando en cuenta las especiales circunstancias que rodearon el caso
concreto. Para la Sala, el que se pretendiera que la madre de la niña que fue
víctima de agresión demandara administrativamente desde el momento en que
ocurrieron los lamentables hechos, resulta desproporcionado e implica que
ella, además de asumir la muerte de su hija, tuviera que aceptar que el
causante de la tragedia fuera su esposo, quien adicionalmente defendía su
inocencia. Considera la Sala, que para cualquier persona es una desdicha la
muerte de una hija, pero que esta situación se agrava si se exige que asuma
–innecesariamente- que el responsable es su esposo y padre de la menor.
C-683/15
D-10371
compañeros permanentes. Los demandantes, tomando como derrotero el principio
del interés superior del menor, propusieron tres cargos, a saber: 1º.
Vulneración del principio de igualdad. 2º. Omisión legislativa relativa y,
3º. Interpretación institucional dominante por parte del ICBF y de la
Procuraduría General de la Nación que desconoce derechos fundamentales. La
Corte abordó el análisis de los siguientes ejes temáticos: 1º. El interés
superior del menor, el derecho a tener una familia y la adopción como medida
de protección y 2º. La adopción por parejas del mismo sexo y el interés
superior del menor, valorando tanto las experiencias en el derecho comparado,
como la evidencia científica disponible y acopiada. La Corte concluye que no
es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas
del mismo sexo que conforman una familia y que una interpretación exegética
en tal sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y
adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés
superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por
cuanto esta es un medida de protección plenamente idónea para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus demás derechos.
T-772/15
T-4991216
Defensoría del Pueblo Seccional Magdalena interpone la acción de tutela en
favor de una mujer que ha sido víctima de agresión física y verbal por parte
de su compañero permanente. La vulneración de derechos se atribuye a la
inactividad de las autoridades accionadas frente a las medidas de protección
urgentes solicitadas. Con la solicitud de amparo se pretende que las
autoridades demandadas den impulso a las tres denuncias interpuestas por la
agredida, que a ésta se le brinde una protección adecuada; que al agresor se
le mantenga vigilancia especial y se le ordene cesar cualquier acto de
violencia contra la agenciada y que se efectúe el trámite de medidas de
protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo, contempladas en la Ley
1257 de 2008. Se analizan los siguientes temas: 1º. La protección de la mujer
contra la violencia. 2º. El derecho a un recurso judicial efectivo y, 3º. La
garantía de las víctimas a la no repetición y el deber del Estado de evitar
la revictimización. 2016-01-22
T-012/16
T-4970917
accionante, víctima de violencia física y psicológica producida por los malos
tratos recibidos de su esposo interpuso una demanda de divorcio y el juez de
primera instancia decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio,
por la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. En segunda
instancia esta decisión fue confirmada, pero en ella se negó el derecho de la
accionante a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, bajo el supuesto
hecho de que la violencia había sido recíproca, de acuerdo a los diferentes
testimonios que fueron aportados al proceso. La protección constitucional se
solicita para dejar sin efectos la precitada providencia judicial y para que
se ordene a la Superintendencia de Sociedades retrotraer las actuaciones
ilegales en que habría incurrido el demandado en divorcio, con el fin de
evadir la obligación de suministrarle alimentos. Se aborda temática
relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; los estándares nacionales e internacionales sobre
protección de los derechos de la mujer y, los distintos tipos de violencia
contra ella. Considera la Corte que el Tribunal accionado incurrió en defecto
fáctico y sustantivo al negar el derecho de alimentos en favor de la
accionante, al no tener en cuenta que la justicia penal determinó que el
esposo era responsable del delito de violencia intrafamiliar por la agresión
física, psicológica y patrimonial que le prodigaba a su esposa y que como
consecuencia de ello, se produjeron diferentes daños en su salud física y
mental. Advirtió la Corporación que si bien este tipo de violencia en muchas
ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por
medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas. Con base en lo
anterior precisó que existe un deber constitucional de los operadores
judiciales cuando se enfrenten con casos de estas características que los
obligan a estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de
estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo
poblacional. Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de
divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos, pues una
culpa puede ser consecuencia de la otra.
C-297/16
D-11027
de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 2º (parcial) de la
Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como
delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely). El
demandante argumenta que el aparte normativo acusado vulnera el principio de
legalidad y el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29
de la Constitución. Considera, que la determinación de antecedentes o
indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra
de la víctima, sin una calificación especial, generan una indeterminación en
el ingrediente subjetivo del tipo, pues no constituyen suficiente evidencia
para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al