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Timestamp: 2018-12-17 00:21:40
Document Index: 366742627

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 123']

DOF: 11/04/1996
DECRETO por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 1o. párrafo tercero, 3o. fracción I, 31, 37 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y
Que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Federal es avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, y que una de las estrategias para lograr dicho objetivo es la de fomentar la profesionalización, actualización y superación de los servidores públicos de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, con el fin de que su actuación se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
Que para lograr lo anterior es pertinente contar con una institución -con investigadores y profesores de alto nivel- capaz de formar especialistas, técnicos y demás servidores públicos dedicados a las áreas de procuración de justicia, seguridad pública, política criminal y criminalística, así como de difundir e informar sobre los conocimientos, innovaciones, avances y nuevas técnicas que sobre estas materias se desarrollen;
Que la Procuraduría General de la República opinó sobre la conveniencia de crear el Instituto Nacional de Ciencias Penales como un organismo descentralizado, dedicado a la formación, actualización y superación de los servidores públicos vinculados con la procuración de justicia, toda vez que la autonomía técnica y administrativa le permitirá concentrar eficientemente todos sus esfuerzos y recursos para el cumplimiento adecuado de sus metas;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento en su X sesión ordinaria de 1996, dictaminó favorablemente la propuesta de la Procuraduría General de la República para crear el Instituto Nacional de Ciencias Penales como organismo descentralizado, y
Artículo 1.- Se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México.
Artículo 2.- El Instituto tendrá por objeto la formación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y en ejecución de sanciones; la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas de ciencias penales y de la política criminal; la realización de investigaciones sobre los principales problemas nacionales en estas áreas, y la información y difusión de los conocimientos sobre ellas.
Artículo 3.- El patrimonio del Instituto se integra por:
I.- Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio;
III.- Los ingresos que perciba por concepto de inscripciones, colegiaturas, publicaciones, extensión académica y prestación de servicios de asesoría;
IV.- Las donaciones, herencias y legados que le otorguen personas físicas o morales, y
V.- Los demás bienes que se adquieran por cualquier otro título legal.
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto podrá:
I.- Impartir cursos de capacitación y especialización para la profesionalización de los agentes del ministerio público y de peritos, así como de servidores públicos de otras áreas relacionadas con la procuración de justicia;
II.- Impartir cursos de especialización, maestría y doctorado, en las áreas de las ciencias penales y de política criminal, así como realizar actividades de extensión académica, tales como cursos de actualización, diplomados o equivalentes;
III.- Integrar una planta permanente de investigadores orientada principalmente al estudio de los problemas nacionales en las áreas señaladas en el artículo 2;
IV.- Brindar el asesoramiento que requieran personas e instituciones públicas y privadas y participar, en su caso, como órgano consultivo y propositivo en el estudio, formulación y aplicación de medidas públicas dentro del ámbito de su especialidad;
V.- Establecer relaciones de intercambio con organismos similares, nacionales e internacionales;
VI.- Otorgar becas para realizar estudios en sus propios planteles e instalaciones, así como en instituciones similares del país o del extranjero, y recibir a becarios nacionales o del extranjero como investigadores, profesores y alumnos, y
VII.- Realizar las demás actividades inherentes a su naturaleza y conducentes al cumplimiento de sus funciones.
Artículo 5.- Serán órganos de administración del Instituto, la Junta de Gobierno y el Director General.
Asimismo, el Instituto contará con un Consejo Académico, y demás unidades que se señalen en el Estatuto Orgánico del propio Instituto.
Artículo 6.- La Junta de Gobierno se integrará por el Procurador General de la República, quien la presidirá, los Secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como por el Subprocurador que el Procurador General de la República designe. Asimismo, el Presidente de la Junta invitará a participar como miembros al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a los Rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar a sus respectivos suplentes.
Cuando la Junta de Gobierno lo estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial o de cualquiera otra institución pública o privada.
Artículo 7.- La Junta de Gobierno tendrá, además de las previstas en las disposiciones legales aplicables, las atribuciones siguientes:
I.- Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto;
II.- Expedir el Estatuto Orgánico y demás reglamentos del Instituto;
III.- Aprobar el presupuesto del Instituto;
IV.- Aprobar, en su caso, los informes que rinda el Director General;
V.- Aprobar los nombramientos de profesores e investigadores que le sean propuestos por el Director General, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de este decreto, y
VI.- Las demás que le confieran el Estatuto Orgánico y los reglamentos que se expidan con base en el presente decreto.
Artículo 8.- La Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el Estatuto Orgánico, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.
Artículo 9.- El Director General del Instituto será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a través del coordinador de sector, por la Junta de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:
I.- Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Poseer grado académico superior al de licenciatura que implique conocimiento especializado en alguna de las disciplinas penales;
III.- Haberse distinguido en alguna de las áreas relacionadas con las Ciencias Penales, en la labor docente o en la investigación, y tener obra escrita de reconocida calidad científica, y
IV.- Los demás que señalen las leyes aplicables.
Artículo 10.- El Director General tendrá, además de las previstas en las disposiciones legales aplicables, las atribuciones siguientes:
I.- Representar y administrar al Instituto;
III.- Presidir el Consejo Académico;
IV.- Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, los planes, proyectos y programas elaborados por el Consejo Académico;
V.- Proponer ante la Junta de Gobierno, previa opinión del Consejo Académico, a los profesores e investigadores, acompañando los antecedentes curriculares y el resultado de los concursos de oposición y, en su caso, expedir los nombramientos respectivos;
VI.- Designar al personal de base y confianza del Instituto;
VII.- Atender el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo a sus objetivos;
VIII.- Acordar, con los servidores públicos de las áreas respectivas, los asuntos de su competencia;
IX.- Establecer, mantener y promover las relaciones del Instituto con otras instituciones nacionales o internacionales;
X.- Rendir anualmente un informe de actividades a la Junta de Gobierno, así como los informes periódicos que ésta le solicite;
XI.- Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico, y
XII.- Las demás que le atribuyen el Estatuto Orgánico o los reglamentos, y las que sean consecuencia natural de sus funciones.
Artículo 11.- El Consejo Académico se integrará por el Director General, un profesor, un investigador y un alumno de cada una de las áreas con que cuente el Instituto, y funcionará en los términos que señale el Estatuto Orgánico.
Artículo 12.- Son facultades del Consejo Académico:
I.- Elaborar los proyectos de planes de programas de estudio del Instituto;
II.- Emitir opinión, respecto de los nombramientos de los profesores e investigadores;
III.- Opinar sobre la permanencia o cambio de situación académica de los profesores e investigadores, en los términos del correspondiente Reglamento;
IV.- Evaluar el desempeño académico de profesores e investigadores;
V.- Promover la organización de seminarios, conferencias, u otros eventos equivalentes;
VI.- Integrar la Comisión de Honor y Justicia para conocer y resolver acerca de las violaciones graves a las disposiciones académicas del Instituto, mismas que determinarán los derechos y obligaciones del personal académico y de los alumnos;
VII.- Elaborar las bases de los concursos de oposición y designar al jurado encargado de substanciarlos, y
VIII.- Las demás facultades que el Estatuto Orgánico y los reglamentos le confieran.
Artículo 13.- Para ser profesor o investigador del Instituto, se requiere:
I.- Poseer por lo menos, título de licenciatura. En las especialidades técnicas para cuyo ejercicio la ley no exige licenciatura, se deberá acreditar el conocimiento altamente especializado en la materia, y
II.- Aprobar el concurso de oposición.
Artículo 14.- El Instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y tendrá las atribuciones que le confiere la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 15.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por las disposiciones legales aplicables reglamentarias del artículo 123 Constitucional.
SEGUNDO.- El Estatuto Orgánico deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México a los nueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.