Source: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22657
Timestamp: 2019-06-24 17:58:43
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﻿ Ley 1116 de 2006 - Gestor Normativo Función Pública
Fecha de Entrada en Vigencia: 27 de junio de 2007
Establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia. Señala que los contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley. Art. 123.
Establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia. Señala su finalidad, principios y alcance del Régimen, así como las personas excluidas. Establece las facultades y atribuciones del Juez del Concurso, la competencia para conocer del proceso de insolvencia, los requisitos de inicio del proceso de reorganización, inicio del proceso, efectos del inicio del proceso de reorganización, calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de bienes, acuerdo de reorganización, efectos, ejecución y terminación de los acuerdos de reorganización y de adjudicación, proceso de liquidación judicial, y dicta disposiciones sobre promotores o liquidadores, créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación judicial, continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados, obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia, interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad, servicios públicos, acción revocatoria y de simulación, legitimación, procedimiento, alcance y caducidad, presupuestos de ineficacia, procesos ejecutivos alimentarios en curso, transparencia empresarial, facultades de los apoderados, funciones de conciliación de las superintendencias, responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados, inhabilidad para ejercer el comercio, validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Regula la insolvencia transfonteriza y determina el procedimiento para el acceso de los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades colombianas competentes, el reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables, la cooperación con tribunales y representantes extranjeros y los procesos paralelos.
Tema: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Subtema: Vigilancia de Sociedades Extranjeras
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1910 de 2009
“Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.”
Ver el Decreto Nacional 1749 de 2011
ARTÍCULO 1°. Finalidad del régimen de insolvencia. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.
ARTÍCULO 2°. Ámbito de aplicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.
ARTÍCULO 3°. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:
ARTÍCULO 5°. Facultades y atribuciones del Juez del Concurso. Para los efectos de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones:
9. Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 962 de 2009. Ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes del juez del concurso o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de acreedor, mediante providencia motivada en la cual designará su reemplazo.
ARTÍCULO 6°. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
PARÁGRAFO 3°. Reglamentado por el Decreto Nacional 2179 de 2007. El Superintendente de Sociedades deberá delegar en las intendencias regionales las atribuciones necesarias para conocer de estos procesos, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 7°. No prejudicialidad. El inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad.
ARTÍCULO 9°. Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente.
ARTÍCULO 10°. Otros presupuestos de admisión. Modificado por el art. 30, Ley 1429 de 2010. La solicitud de inicio del proceso de reorganización deberá presentarse, acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
ARTÍCULO 11. Legitimación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. El inicio de un proceso de reorganización podrá ser solicitado únicamente por los siguientes interesados:
ARTÍCULO 12. Matrices, controlantes, vinculados y sucursales de sociedades extranjeras en Colombia. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Una solicitud de inicio del proceso de reorganización podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o subordinados, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas jurídicas o naturales, sea que estas obren directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales que no tengan como efecto la personificación jurídica. Para tales efectos, no se requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro mercantil.
1. Modificado por el art. 33, Ley 1429 de 2010. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren, suscrito por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.
3. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando con ocasión del proceso de insolvencia de una vinculada o de un patrimonio autónomo relacionado, la situación económica de la sociedad matriz o controlante, filial o subsidiaria, o de otro patrimonio autónomo, provoque la cesación de pagos de la vinculada o relacionadas.
NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-620 de 2012.
ARTÍCULO 17. Efectos de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de reorganización con respecto al deudor. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. A partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo; ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del juez del concurso.
PARÁGRAFO 3°. Adicionado por el art. 34, Ley 1429 de 2010.
PARÁGRAFO 4°. Adicionado por el art. 34, Ley 1429 de 2010.
1. Suprimido por el art. 40, Ley 1380 de 2010, Derogado por el literal a), art. 626, Ley 1564 de 2012. Establecer la fecha de la audiencia pública para realizar el sorteo de designación del promotor. Una vez designado el promotor, el juez del concurso pondrá a su disposición la totalidad de los documentos aportados con la solicitud de admisión al trámite.
ARTÍCULO 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 29. Objeciones. Modificado por el art. 36, Ley 1429 de 2010. Del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto presentados por el promotor y del inventario de bienes del deudor, se correrá traslado, en las oficinas del Juez del concurso o donde este determine, según sea el caso, por el término de diez (10) días.
ARTÍCULO 30. Decisión de objeciones. Modificado por el art. 37, Ley 1429 de 2010. Si se presentaren objeciones, el juez del concurso procederá así:
ARTÍCULO 31. Término para celebrar el acuerdo de reorganización. Modificado por el art. 38, Ley 1429 de 2010. En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo para celebrar el acuerdo, el cual, en principio, no será superior a cuatro (4) meses.
ARTÍCULO 32. Mayoría especial en el caso de las organizaciones empresariales y acreedores internos. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Además de la mayoría exigida por el artículo anterior para la aprobación del acuerdo, cuando los acreedores internos o cuando uno o varios acreedores, pertenecientes a una misma organización o grupo empresarial emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los votos admisibles, la aprobación requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes admitidos.
2. Los empresarios y empresas anunciados ante terceros como "grupo", organización", "agrupación", "conglomerado" o expresión semejante.
ARTÍCULO 34. Contenido del acuerdo. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Las estipulaciones del acuerdo deberán tener carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán para efectos del pago, la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley.
PARÁGRAFO 1°. Reglamentado por el Decreto Nacional 1270 de 2009. Los acuerdos de reorganización que suscriban los empleadores que tengan a su cargo el pago de pasivos pensionales, deberán incluir un mecanismo de normalización de pasivos pensionales. Dichos mecanismos podrán consistir en la constitución de reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, la conciliación, negociación y pago de pasivos, la conmutación pensional total o parcial y la constitución de patrimonios autónomos, todo ello de conformidad con la ley y con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 37. Plazo y confirmación del acuerdo de adjudicación. Modificado por el art. 39, Ley 1429 de 2010. Vencido el término para presentar el acuerdo de reorganización, sin que este haya sido presentado, o no confirmado el mismo, empezará a contarse un plazo máximo de treinta (30) días para que el promotor presente al juez del concurso, el acuerdo de adjudicación, al que hayan llegado los acreedores del deudor, incluyendo los gastos de administración.
ARTÍCULO 38. Efectos de la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de reorganización. Reglamentado por el Decreto Nacional 1270 de 2009. Los efectos que producirá la no presentación o no confirmación del acuerdo serán los siguientes:
PARÁGRAFO 2°.Reglamentado por el Decreto Nacional 2860 de 2008. Las empresas que hayan celebrado acuerdo de reorganización, tendrán derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes calendario siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo y durante un máximo de tres años contados a partir de la misma fecha. La solicitud se presentará por períodos trimestrales, con base en los certificados expedidos por los agentes retenedores o por el mismo contribuyente cuando sea autorretendor, siempre y cuando en uno u otro caso, la retención objeto de la solicitud haya sido declarada y consignada a la administración tributaria respectiva. Para el efecto, el Gobierno Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, expedirá el reglamento correspondiente.
ARTÍCULO 41. Prelación de créditos y ventajas. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. En el acuerdo podrá modificarse la prelación de créditos, siempre que sean cumplidas las siguientes condiciones:
5. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. La constitución, modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o conservación de su exigibilidad derivadas del acuerdo, requerirá el voto del beneficiario respectivo y bastará la inscripción de la parte pertinente del mismo en el correspondiente registro, sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro documento y, salvo pacto en contrario, compartirá proporcionalmente el mismo grado de todos aquellos acreedores que concedan las mismas ventajas al deudor. Para tales efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo prestarán mérito ejecutivo.
9. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. Ordenar al liquidador la elaboración del inventario de los activos del deudor, el cual deberá elaborar el liquidador en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión. Los bienes serán avaluados por expertos designados de listas elaboradas por la Superintendencia de Sociedades.
PARÁGRAFO. Corregido yerro mediante Decreto Nacional 2190 de 2007. El liquidador, al determinar los derechos de voto, no incluirá a los acreedores internos, de conformidad con las reglas para los derechos de voto de los acreedores internos establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 55. Bienes excluidos. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. No formarán parte del patrimonio a liquidar los siguientes bienes:
7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere recibido por cuenta de un comitente, aun cuando no estén otorgados a favor de este.
8. En general, las especies que aun encontrándose en poder del deudor, pertenezcan a otra persona, para lo cual deberá acreditar prueba suficiente.
ARTÍCULO 57. Enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de adjudicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. En un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta privada.
ARTÍCULO 60. Obligaciones a cargo de los socios. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando sean insuficientes los activos para atender el pago de los pasivos de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas y el correspondiente a la responsabilidad adicional pactada en los estatutos.
ARTÍCULO 61. De los controlantes. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad está en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada por una causa diferente.
ARTÍCULO 67. Promotores o liquidadores. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 962 de 2009, Modificado por el art. 39, ley 1380 de 2010. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez del concurso, según sea el caso, designará por sorteo público al promotor o liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, escogido de la lista elaborada para el efecto por la Superintendencia de Sociedades.
1. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor, salvo aquellas provenientes de recursos entregados después de la admisión al trámite y destinados a la recuperación de la empresa.
PARÁGRAFO 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Para efectos del presente artículo, son personas especialmente relacionadas con el deudor, las siguientes:
Cuando sea necesaria la prestación del servicio público para la conservación de los activos, el juez podrá ordenar su prestación inmediata, por tiempo definido, aun existiendo créditos insolutos a favor de la empresa prestadora de los mismos, causados con posterioridad al inicio del proceso, indicando en la providencia que lo ordene la manera preferente de su pago, cuyo plazo en ningún caso podrá superar los tres (3) meses siguientes a partir de la orden de suministro.
ARTÍCULO 74. Acción revocatoria y de simulación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante el Juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos:
ARTÍCULO 75. Legitimación, procedimiento, alcance y caducidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el liquidador hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto.
ARTÍCULO 76. Presupuestos de ineficacia. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. El Juez del concurso, según el caso, de oficio o a solicitud de parte, podrán reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en la presente ley.
ARTÍCULO 78. Transparencia Empresarial. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Los acuerdos de reorganización incluirán un Código de Gestión Ética Empresarial y de responsabilidad social, exigible al deudor, el cual precisará, entre otras, las reglas a que debe sujetarse la administración del deudor en relación con:
1. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Operaciones con asociados y vinculados, incluyendo normas sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo, sujetando el reparto a la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del deudor. En todo caso, cualquier decisión al respecto deberá contar con la autorización previa del comité de vigilancia.
ARTÍCULO 81. Peritos y Avaluadores. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. El Gobierno Nacional establecerá las condiciones que deberán cumplir los peritos y avaluadores para la prestación de los servicios que requiera esta ley, observando como mínimo las condiciones y requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil para los auxiliares de la justicia; en todo caso, será el juez del concurso quien designe a los peritos y avaluadores.
ARTÍCULO 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando la prenda común de los acreedores sea desmejorada con ocasión de conductas, dolosas o culposas de los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados, los mismos serán responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo.
ARTÍCULO 83. Inhabilidad para ejercer el comercio. Corregido yerro mediante Decreto Nacional 2190 de 2007, Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Los administradores y socios de la deudora y las personas naturales serán inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por diez (10), cuando estén acreditados uno o varios de los siguientes eventos o conductas:
ARTÍCULO 84. Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización. Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2009. Cuando por fuera del proceso de reorganización, con el consentimiento del deudor, un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría que se requiere en la presente ley para celebrar un acuerdo de reorganización, celebren por escrito un acuerdo de esta naturaleza, cualquiera de las partes de dicho acuerdo podrá pedir al juez del concurso que hubiere sido competente para tramitar el proceso de reorganización, la apertura de un proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado, con el fin de verificar que este:
ARTÍCULO 120. Exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación, impedimentos y procesos judiciales previstos en la Ley 550 de 1999. Modificado por la Ley 1173 de 2007. A los promotores de acuerdos de reestructuración de las sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado de los niveles nacional y territorial, les serán aplicables, en materia de exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación e impedimentos, las normas sobre el particular previstas en la presente ley, siendo el competente para adelantar dichos trámites el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual decidirá en uso de facultades jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 121. Contribuciones. Modificado por el art. 44, Ley 1429 de 2010. Los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de Sociedades provendrán de la contribución a cargo de las sociedades sometidas a su vigilancia o control, así como de las tasas de que trata el presente artículo.
ARTÍCULO 122. Armonización de normas contables y subsidio de liquidadores, Reglamentado por el Decreto Nacional 526 de 2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 962 de 2009. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.
ARTÍCULO 123. Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado. Reglamentado por el Decreto Nacional 2785 de 2008, Modificado por el art. 41, Ley 1429 de 2010. Los contratos de fiducia mercantil que consten en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley.
ARTÍCULO 124. Adiciones, derogatorias y remisiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 2300 de 2008. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 2502 del Código Civil Colombiano:
Dada en Bogotá, D. C., a los 27 días del mes de diciembre de 2006.