Source: https://guana-web.com/2011/09/20/metodoselectronicos/
Timestamp: 2020-02-23 00:22:28
Document Index: 259078579

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'Artículo 5', 'Artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 320']

¿Es seguro el uso de métodos electrónicos dentro del procedimiento administrativo Colombiano? – Guanaweb🔺
Publicado el septiembre 20, 2011 septiembre 14, 2018 por guanaweb	Publicado en Jurídico
Durante los últimos 10 años, Colombia ha sufrido varios cambios radicales en su legislación y esta vez involucra otra de las grandes mutaciones dentro de los procedimientos tradicionales que por varios años venían siendo surtidos dentro de la Rama Judicial, se trata de la nueva manera en que se notificarán las actuaciones judiciales administrativas haciendo uso las herramientas electrónicas. Pero ¿es seguro el uso de métodos electrónicos dentro del procedimiento administrativo aplicando la ley 1437 de 2011?
El Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) esboza en su Capítulo X la forma en que deben realizarse las publicaciones, comunicaciones y notificaciones dentro de un procedimiento de tipo administrativo, y desde su vigencia, el mecanismo venia siendo realizado de una forma tradicional que involucraba únicamente comunicados escritos mediante correo certificado – en el caso de la notificación personal -, estados y edictos que únicamente se daban impresos y con la firma a mano del funcionario judicial.
Sin embargo, desde antes de la entrada en vigencia de la nueva normatividad que permite que emplear mecanismos electrónicos dentro del procedimiento administrativo, el artículo 44 del Código Contencioso ha establecido el “Deber y forma de notificación personal” en el que desde ese entonces abrió la puerta a futuros mecanismos de notificación, al mencionar en su tercer acápite:
“Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente (…)”
Ahora bien, el único medio que permitía la legislación administrativa en el Decreto 01 de 1984 para allegar escritos, oficios, demandas y recursos ante el Juez administrativo era por escrito en papel (se exceptúan los Derechos de Petición, pues también son aceptados de manera verbal – Artículo 5to del Código Contencioso Administrativo) pues su ideal era lograr un expediente físico que permitiera la revisión manual del funcionario que se encargaría de dirimir el asunto judicial.
Así entonces y debido a la gran apertura tecnológica que trajo la popularidad de los correos “pop” y los medios de comunicación alternativos generados por la Internet, tal como lo son los portales Web, las redes sociales y los distintos modos de accesibilidad a documentos e información originados en todos los campos de la administración pública, el Sistema Judicial no podía ser la excepción y se le dio una normatividad para implementar su propio sistema.
Apoyada en la legislación previamente existente, como es el caso de la Ley 527 de 1999 y Ley 574 de 2003; la Ley 1437 de 2011 nació a la vida jurídica modificando buena parte del procedimiento administrativo y generando un nueva alternativa procedimental que comprende los sistemas electrónicos en su Capítulo IV, llamado “Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo”. Gracias a esta nueva normatividad, no solo se podrá acceder a información relacionada con la jurisdicción administrativa y consultar los procesos en curso, sino que también se pueden realizar actuaciones de todo tipo y se realizarán las notificaciones de las actuaciones judiciales que se lleguen a generar.
Ahora bien, aunque la nueva Ley establece que para lograr emplear el sistema de medios electrónicos, es necesario realizar un previo registro creado para tal fin (Artículo 54) en el que se deberá identificar la dirección de correo electrónico y los datos personales de quien se supone será el titular del mismo, no considera más mecanismos de seguridad al respecto y hace muy complicado el hecho de verificar la autenticidad del origen o el autor que posteriormente actuará por este medio o si el destinatario al que se quiere allegar dicha información es quien se supone lo recibió a conformidad.
El uso del correo electrónico en comunicaciones oficiales, en donde están en juego derechos fundamentales como son las judiciales, éstas deberían estar sometidas a unas condiciones especiales de seguridad, como las que ofrece las entidades certificadoras de firmas digitales (Ejemplo: Certicámara), estos son los llamados “FEDATARIOS JUDICIALES”.
Así entonces, aunque el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 establece que las “autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley” y además, mediante el artículo 60 ordena que deberá existir una sede electrónica al decir “La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno Nacional…” se queda muy corta y aún no define que clase de mecanismo se utilizará para garantizar el manejo de esta información.
Infortunadamente el afán de estar a tono con el uso de los medios electrónicos en los procedimientos judiciales no puede ser excusa para legitimar el uso de métodos no confiables, sin considerar las consecuencias que generan sistemas que no garantizan seguridad en la transferencia de datos.
Así entonces, al comparar la nueva legislación procedimental administrativa con los presupuestos exigidos en Colombia por la Ley 527 de 1999 sobre la validez de un mensaje de datos y especialmente de carácter judicial, se notarán las falencias de validez: Los artículos 6, 7, 8 y 9 establecen los requisitos jurídicos de los mensajes de datos. Especialmente el artículo 7º señala que cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma (una notificación-personal-judicial por ejemplo por correo pop) en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si:
“a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación.- b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.- Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito estableció en cualquier norma constituye una obligación como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma”.
Todas estas garantías sólo las ofrece los Fedatarios Judiciales o las mismas llamadas entidades certificadoras de firma digital, que son las únicas en garantizar la integridad, inalterabilidad y confidencialidad de un mensaje de datos judicial, que para mi concepto se le debe imprimir a una notificación judicial y más si se trata de una personal, o a una solicitud destinada a generar efectos dentro de un proceso judicial, pues los correos gratuitos como lo son por ejemplo Hotmail, gmail, latinmail, etc., no cuentan con suficientes garantías por si solos, ni siquiera en ámbitos más informales y no pueden garantizar confiabilidad solo por el hecho de encontrarse consignados como punto de referencia dentro de una base de datos previamente requerida por el ente judicial.
Sin estas características técnicas, los mensajes de datos no ofrecerán ninguna garantía de confiabilidad dentro del proceso a sus interlocutores, además, debe existir anuencia entre el usuario y el sistema judicial del Estado y esta manifestación no puede ser tácita. En la mayoría de los países en donde se ha implementado este servicio se torna oneroso para el ciudadano (el servicio se le debe cancelar al Estado), previa a una manifestación expresa.
Como punto final, es pertinente resaltar que en la Ley 574 de 2003, artículo 32 que modificó a su vez el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, señala en su parágrafo primero que el Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de las firmas digitales certificadas (Fedatarios Judiciales), dentro del año siguiente a la promulgación de esa ley, esto es, hablamos a partir del 8 de enero de 2003, y hasta la fecha no existe en Colombia aún alguna entidad de este tipo.
Para concluir entonces, debo decir que un indebido uso de los medios electrónicos en el sistema judicial colombiano puede generar violaciones potenciales de derechos fundamentales porque su imposición sin el debido proceso requerido podría generar confusión entre los usuarios y suplantaciones, así como sería una pérdida de tiempo al procurar su verificación en cada acto, generando acciones procedimentales y administrativas caras dado el poco dominio de los tribunales y la incertidumbre que genera el no tener a un tercer organismo que se dedique a garantizar y verificar la autenticidad de la información manipulada dentro de un proceso judicial.
El Mejor Álbum del 2011.