Source: https://www.slideshare.net/jorgeopiac/sentencia-t-113408
Timestamp: 2017-11-22 00:08:48
Document Index: 213410526

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 13', 'artículo 67', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17']

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1. Sentencia T-1134/08 Referencia: expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 Acción de tutela instaurada por Guillermina Castro Morales, Margarita Londoño Ruiz, y Claudia Yaned Villa Restrepo contra Acción Social. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil ocho (2008).La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losmagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, haproferido la siguiente SENTENCIAen el proceso de revisión de las sentencias proferidas el 23 de agosto de 2006por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín, el 13 de septiembre de 2006por el Juzgado 9 Penal del Circuito de Medellín y el 2 de febrero de 2007 porel Juzgado Promiscuo de Familia de Cisneros, Antioquia y el 16 de marzo de2007 por la Sala Civil Agraria- Familia del Tribunal Superior de Antioquia.Las anteriores sentencias fueron remitidas a la Corte Constitucional yseleccionadas por la Sala de Selección Número Once, mediante auto del 28 denoviembre de 2006 y por la Sala de Selección Número Seis, mediante auto del22 de junio de 2007, correspondiendo a la Sala Segunda de Revisión suconocimiento.I. ANTECEDENTES1. Hechos del Expediente T-1470850Mediante acción de tutela interpuesta el 9 de agosto de 2006, la señoraGuillermina Castro Morales, mujer cabeza de familia de 57 años de edad y con9 hijos, solicitó el amparo judicial de sus derechos fundamentales comopersona víctima de desplazamiento forzado. Relata la accionante que ella, suesposo y sus hijos fueron desplazados del municipio Caicedo, Antioquia, por
2. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 2las amenazas de las FARC. Señala que fue finalmente caracterizada comodesplazada e incluida en el SUR por Acción Social, luego de interponer losrecursos de reposición y apelación contra la decisión inicial de la entidaddemandada de rechazar su solicitud de inclusión en el SUR. Destaca que noobstante lo anterior, no ha recibido de manera completa las ayudas previstasen la ley, ni se le ha prorrogado la ayuda humanitaria, a pesar de la situaciónde miseria y hambre en la que viven ella y sus hijos.La peticionaria considera que la anterior situación configura una violación desus derechos constitucionales fundamentales -y los de su núcleo familiar- a lasalud, a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital ymóvil, al trabajo, a la alimentación, a la educación y a los derechos de losniños, en el marco de la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de laspersonas víctimas del desplazamiento forzado interno. Por ello, formula lasiguiente petición: “Con fundamento en los hechos narrados y en lasconsideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez Tutelar enmi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados, ordenándolea Acción Social – Dr. Luis Guillermo Vélez Osorio, que autorice y ordene demanera inmediata brindar las ayudas de carácter urgente, tales comoalimentación, arriendo, salud, educación, trabajo y demás.” Igualmente,solicita que esta pretensión sea objeto de una medida provisional antes de quese llegue a una sentencia de fondo.La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Acción Social, Lucy Edrey AcevedoMeneses, dio contestación a la acción de tutela oponiéndose a su prosperidad yargumentando, en lo relevante que “la Red de Solidaridad Social, hoy AcciónSocial es la coordinadora de todas las entidades públicas, privadas ycomunitarias que integran el Sistema Nacional para la Atención Integral de laPoblación Desplazada por la Violencia, creado por la Ley 387 de 1997. (…)En este orden de ideas, la Acción Social no tiene la calidad de ente ejecutorde los programas que se adopten con destino a la población desplazada, sinoque debe coordinar con las entidades ejecutoras, la atención de estapoblación.”La entidad demandada reconoce que la accionante y su núcleo familiar seencuentran inscritos en el Sistema Único de Registro de la PoblaciónDesplazada desde el 20 de febrero de 2006 y que para efectos de proveer laayuda humanitaria suscribió un convenio con CHF. No expresa la accionadacuáles han sido las ayudas concretas que esta familia ha recibido, ni laorientación que le ha brindado para acceder a los demás beneficios previstosen la Ley 387 de 1987 para la atención de las víctimas de desplazamientoforzado interno.Mediante fallo del 23 de agosto de 2006, el Juzgado 19 Penal del Circuito deMedellín denegó la acción de tutela de la referencia, por considerar que salvoel derecho de petición, ninguno de los derechos invocados por la accionantetenían el carácter de derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos através de la acción de tutela. En relación con el derecho de petición estableció
3. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 3que no había habido vulneración dado que la entidad había respondidooportunamente a sus peticiones y los retardos en la entrega de las ayudasestaban justificados porque dependían del presupuesto que dispone el Estadopara atender a la población desplazada.El 25 de enero de 2007, la Sala Segunda de Revisión de la CorteConstitucional resolvió acumular el expediente de la referencia a otros casoscuyos peticionarios son personas desplazadas por la violencia. En la mismafecha, esta Sala resolvió, en tanto medida provisional adoptada en virtud delart. 7 del decreto 2591 de 1991, “ORDENAR al Director de Acción Social,Luis Alfonso Hoyos, así como a quienes Acción Social les ha confiado laresponsabilidad de la atención a la población desplazada ubicada enMedellín, (…), que dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación delpresente Auto adopten, si aún no lo han hecho, las medidas necesarias paragarantizar el goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima de losaccionantes y sus familias, incluida la entrega efectiva de la ayudahumanitaria y la ayuda humanitaria de emergencia a cada uno de losdesplazados en dichos municipios”. Así mismo, ordenó al Director de AcciónSocial “que verifique los motivos por los cuales algunos desplazados endichos municipios no recibieron tales ayudas oportunamente de parte de losoperadores responsables, y adopte los correctivos necesarios para que lasanomalías no se sigan presentando hacia el futuro, de lo cual informará a laCorte en el término de 10 días”.1 2. Hechos del Expediente T-1475600Mediante acción de tutela interpuesta el 30 de agosto de 2006, la señoraMargarita Londoño Ruiz, viuda de 53 años de edad, solicitó el amparo judicialde sus derechos fundamentales como persona víctima de desplazamientoforzado. La ciudadana Margarita Londoño Ruiz, convivía desde hace más de15 años en la vereda de Santa Rosa del municipio de Nariño, Antioquia, consu hermano soltero y dependía económicamente de él, del cultivo y laexplotación de una parcela en donde tenían “caña, café, plátano, potreros,ganados, cerdos y bestias.” Relata la accionante que el 30 de enero de 2005debió dejar abandonado todo y desplazarse a Medellín, luego que su hermano1 En comunicación de Acción Social enviada el 29 de enero de 2007 por el Gerente de Proyectos de laCorporación Ayuda Humanitaria, se informa que la accionante Guillermina Castro Morales y su núcleofamiliar han recibido las siguientes ayudas: “De acuerdo con su solicitud, a continuación le relaciono elproceso de atención hecho para la beneficiaria del asunto y su grupo familiar, dentro del Programa deAsistencia Humanitaria (PAHU) operado por la Corporación Ayuda Humanitaria, convenio 022. ║ 1. LaSra. Guillermina fue remitida por la UT Acción Social el 14 de agosto de 2006, por medio de la UTAN 8370para cumplimiento de tutela. ║ 2. La beneficiaria y su grupo familiar fue caracterizada el 16 de agosto/05,fecha en la que se le hace su primera entrega de alimentos y aseo y un kit bebé. ║ 3. El 23 de agosto de 2005recibe el Auxilio de Arriendo por $270.000 y el kit cocina y vajilla y se le entrega una donación de vestuarioy calzado. ║ 4. El 5 de septiembre se le hace entrega del segundo kit de alimentos y aseo y se le dan $12.000como apoyo a documentos. ║ 5. Los días 12, 19 y 26 de septiembre participa de las capacitaciones paraincentivos de negocio y se le entregan $280.000 para el montaje de una pequeña charcutería. ║ 6. El 5 deoctubre recibe la tercera y última entrega de alimentos y aseo y el kit hábitat, el cual estaba pendiente deentrega. ║ 7. El 25 de octubre recibe $408.000 para auxilio funerario por la muerte de su esposo, Sr. LuisÁngel Gómez Pineda.”
4. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 4fuera asesinado por actores armados que operan en la zona de Nariño,Antioquia. Debido a que fue mal orientada, creyó que por ser hermanasobreviviente carecía de todo derecho y no puso en conocimiento de lasautoridades su situación. Desde entonces ha sobrevivido gracias a las entradasocasionales que recibe como empleada doméstica. Afirma que debido a que suestado de salud ha empeorado y ha tenido que ser sometida a 5 cirugías,2 no hapodido trabajar.En enero del año 2007, acudió a Acción Social a solicitar la ayuda humanitariay la indemnización prevista en la Ley 418 de 1997 para las víctimas delconflicto armado, y le informaron que no tenía derecho a reclamarla por sersólo la hermana de la víctima.El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, negó el amparo de losderechos porque consideró que la accionante contaba con otro medio dedefensa judicial, pues agotó la vía gubernativa contra la decisión de AcciónSocial mediante la cual le negó las ayudas y además porque a pesar de alegarque a otros hermanos sobrevivientes Acción Social les había pagado la ayudahumanitaria, no lo demostró fehacientemente en el proceso de tutela. 3. Hechos del Expediente T-1635202Mediante acción de tutela interpuesta el 28 de agosto de 2006, la señoraClaudia Yaned Villa Restrepo, de 27 años de edad, solicitó el amparo judicialde sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar como personasvíctimas de desplazamiento forzado.3 Relata la accionante que se desplazójunto con su núcleo familiar del municipio La Ceja, Antioquia hacia la ciudadde Medellín y fueron inscritos como desplazados en 8 de agosto de 2004. Noobstante, “hasta la fecha no ha recibido la ayuda humanitaria de emergenciade que trata el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, ni ha recibido el auxilio dearriendo, implementos de aseo, atención en salud y educación.” Opina que laomisión de Acción Social ha vulnerado sus derechos a una vida digna, a laigualdad, a la integridad física, y al mínimo vital. Por lo anterior, solicita quemediante tutela se ordene a Acción Social asegurar su acceso a los subsidiosde alimentación, vivienda, salud y educación.La entidad demandada en su intervención dentro del proceso de tutela reafirmaque no tiene la calidad de ente ejecutor de las ayudas solicitadas, salvo en elcaso de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, la cual ha sidoentregada de manera completa y oportuna. Señala que en relación con el2 La accionante relata lo siguiente: “En estos momentos no puedo trabajar mi salud se ha ido deteriorando alpunto que llevo 5 operaciones, 1 cálculos a la vesícula, operación venas várices en ambas piernas, el 9 dediciembre del 2006 operación en ambas manos del túnel carpiano quedando mala la mano derecha por tanavanzada la enfermedad, operación rodilla izquierda de artrosis y meniscos por esta operación la rodilla nome responde bien por lo cual se me dificulta para caminar.”3 El núcleo familiar de la accionante está compuesto por tres personas: la accionante, su esposo y su hija.
5. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 5subsidio de vivienda y el acceso a salud y educación, la demandada debeacudir ante las entidades responsables.El 2 de febrero de 2007 el Juzgado Promiscuo de Familia de Cisneros,Antioquia concedió el amparo de los derechos de la actora y le ordenó aAcción Social hacer entrega efectiva de la ayuda humanitaria de emergencia yorientación adecuada para el acceso a los demás programas y ayudas previstaspara la población desplazada. El 16 de marzo de 2007 por la Sala CivilAgraria - Familia del Tribunal Superior de Antioquia, confirma parcialmenteel fallo de primera instancia y luego de concluir que debido al paso del tiempoy al hecho de que la ayuda humanitaria de emergencia le fue entregada a laaccionante, lo que procede es que Acción Social le brinde ayuda orientada a suestabilización socioeconómica.II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS1. CompetenciaEs competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional confundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241,numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.2. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos de la población desplazada.La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido con toda claridad que laspersonas que son víctimas del desplazamiento forzado adquieren, por suscondiciones de especial vulnerabilidad y por la violación masiva de susderechos constitucionales, el estatus de sujetos de especial protecciónconstitucional, el cual impone a las autoridades competentes el deberperentorio de atender sus necesidades con un especial grado de diligencia yceleridad.En la sentencia T-025 de 2004, se explicaron así las razones por las cuales lasvíctimas de este fenómeno se encuentran en una situación de particularvulnerabilidad que les confiere el carácter de sujetos de especial protecciónconstitucional: “También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar
6. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 6 dentro de las fronteras del territorio nacional’4 para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad5, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales6 y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’7. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública’8, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional. (…) En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: ‘el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.’9 Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí merecen atención diferencial’. Este derecho al trato preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto de apoyo para proteger a4 T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo MonroyCabra) se acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del DesplazamientoForzado Interno.5 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Cortedesde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectosnocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan“(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación,(v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida delacceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y eldeterioro acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló quela vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de lasrepercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar unaperspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a lasmujeres.6 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.7 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.8 Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.9 Sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
7. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 7 quienes se hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno’10, y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que ‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara’11”.12En esta sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional también reconocióque “existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que debenser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades a losdesplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personasen esta situación.” Por lo anterior, la Corte precisó el contenido de losderechos que integran el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfechopor el Estado a las víctimas de desplazamiento forzado interno, e incluyó losiguiente: 1. El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el Principio 10. 2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11. 3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional -niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia-, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares. 4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las10 Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.11 Sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.12 Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
8. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 8 autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. (…) 5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P. 6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio 22. 7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de la zona. (…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma
9. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 9 productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados. (…) 9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o restablecerse.La condición de sujetos de especial protección constitucional que tienen lasvíctimas de desplazamiento forzado interno ha llevado a que, entre otras cosas,se haya aceptado que la acción de tutela sea el mecanismo judicial idóneo yexpedito para la protección de sus derechos fundamentales, a pesar de laexistencia de otros mecanismos de defensa judicial.13En materia de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada,instrumento a partir del cual se materializan las ayudas previstas en la Ley 387de 1997, la condición de sujeto de especial protección constitucional hallevado a exigir a las autoridades administrativas que deciden sobre lainclusión de una persona que alega ser víctima de desplazamiento forzado13 Ver entre otras las sentencias T-740 de 2004 y T-1076 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño; T-175 de2005, MP: Jaime Araujo Rentería; T-1094 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-563 de 2005, MP:Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 y T-1144 de 2005, MP: Álvaro Tafur Galvis y T-468 de 2006, MP:Humberto Antonio Sierra Porto.
10. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 10interno, que tengan en cuenta las especiales circunstancias en las que seproduce la declaración del desplazamiento y ajustar su actuación a losparámetros que la Corte ha definido para realizar la valoración de ladeclaración, con el fin de identificar los elementos materiales que reflejan unasituación de desplazamiento forzado, independientemente de si formalmentese han vencido los términos para realizar la declaración.14En materia de ayuda humanitaria de emergencia, la condición de sujetos deespecial protección constitucional ha llevado a que se prorroguen los términoslegales previstos para su entrega, cuando resulte evidente que la persona seencuentra en una situación de extrema urgencia que amerita que la entrega dela asistencia humanitaria tenga prelación,15 o como ocurre en el caso demujeres cabeza de familia víctimas de desplazamiento forzado, frente a lascuales opera la presunción de vulnerabilidad extrema.16Más recientemente, la condición de sujetos de especial protecciónconstitucional llevó a que la Corte protegiera el derecho a la propiedad oposesión de los desplazados y ordenara a Acción Social como coordinadoradel Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada, adoptar lasmedidas necesarias para que fueran restablecidos el uso, goce y libredisposición de la propiedad o posesión, y reiteró el deber de informar a lapersona víctima de desplazamiento forzado interno de manera clara ycompleta sobre sus derechos, así como brindar orientación adecuada yacompañamiento para adelantar los procedimientos administrativos diseñadospara garantizar su goce efectivo.1714 Al respecto ver la sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra en donde se señaló losiguiente: “Para realizar una interpretación razonable al artículo 2 inciso 2 del decreto 2569 de 2000, sedeben aplicar criterios de interpretación sistemática, teleológica, y más favorable a la protección de losderechos humanos. Siendo esto así, al aplicar la interpretación sistemática, se debe tener muy claro que eldecreto contentivo del artículo en estudio es desarrollo reglamentario de una ley que reconoce eldesplazamiento forzado como situación de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistemaconstitucional al cual están incorporadas normas supranacionales como lo son los Principios Rectores delos Desplazamientos Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del Protocolo adicional a los Conveniosde Ginebra del 12 de agosto de 1949, (…) que buscan proteger a los desplazados y no exigen certificación detal fenómeno de facto. Si se hace una interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin de talartículo es brindar protección y ayuda frente a una situación que, como se reconoce en el inciso primero detal artículo, se da por la ocurrencia de los hechos de una manera estructurada. No requiere el citadoartículo la necesidad del reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un casoconcreto. Igualmente, realiza una interpretación en el sentido que más convenga a la finalidad de la norma,se encuentra que frente al tratamiento de tan grave situación como lo es el desplazamiento forzado, lo másrazonable es entender que no se puede condicionar la existencia de una realidad a la afirmación de suconfiguración por parte de las autoridades. Finalmente, de acuerdo con el criterio hermenéutico de lainterpretación más favorable a la protección de los derechos humanos. Al aceptar como válida talinterpretación, el inciso segundo de la norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas parafacilitar una organizada protección de los derechos fundamentales de los desplazados.”15 Ver por ejemplo la sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra en donde se dijo lo siguiente: “Encuanto al respeto de los turnos, la Sala considera que este argumento debe examinarse cuidadosamente, talcomo lo ha dicho la Corte en varias ocasiones. Si se está ante una situación de urgencia manifiesta, nopuede someterse al afectado al respeto de los turnos. En estos eventos la atención debe ser inmediata. Si lasituación no ha sido calificada de urgencia, los turnos deben respetarse.”16 Auto 092 de 2008, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.17 Sentencia T-821 de 2007, MP(e): Catalina Botero Marino.
11. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 113. Valoración constitucional de la situación de los accionantesLas afirmaciones efectuadas por las accionantes se encuentran amparadas porla presunción constitucional de buena fe (art. 83, C.P.), y únicamente podránser desvirtuadas por los funcionarios competentes de Acción Social con baseen pruebas fehacientes y detalladas sobre la atención que ha recibido lapeticionaria y las circunstancias socioeconómicas de su hogar.Desde la fecha de su desplazamiento, dos de las peticionarias han recibido demanera incompleta la ayuda humanitaria de emergencia a la que tienenderecho. Una de las peticionarias no se encuentra incluida en el RUPD, a pesarde que los hechos que originaron su desplazamiento justificaban su inclusiónen el mismo. Ninguna de las tres accionantes ha recibido efectivamente losdistintos componentes de la política de atención a la población desplazada porla violencia, lo cual conlleva una violación de la totalidad de sus derechosbásicos como víctimas de este crimen. A ninguna de las accionantes se les haprorrogado la ayuda humanitaria de emergencia, a pesar de que la condiciónmaterial de extrema vulnerabilidad y su calidad de mujeres cabeza de familia,justifica tal prórroga y hace aplicable la presunción de prórroga automáticaseñalada en el Auto 092 de 2008.A continuación se valora la situación concreta de cada una de las accionantes.3.1. Situación de las ciudadanas Guillermina Castro Morales (Expediente T-1470850) y Claudia Yaned Villa Restrepo (Expediente T-1635202)Las peticionarias han recibido de manera fragmentada y en forma dispersa a lolargo del tiempo algunos de los componentes de la Ayuda Humanitaria deEmergencia prevista en la ley, lo cual (a) desnaturaliza la provisión de estecomponente del sistema de atención a la población desplazada, puesto que nollega efectivamente a entregarse durante la etapa de emergencia, y su entregaparcial y tardía equivale a una forma de asistencialismo para paliarnecesidades básicas insatisfechas; y (b) contribuye a perpetuar la etapa deemergencia del desplazamiento, puesto que la ciudadana actualmente seencuentran, junto con sus núcleos familiares, en condiciones de vidaviolatorias de su derecho al mínimo vital. En esa medida, al existir en cabezade las ciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia Yaned Villa Restrepoun derecho aún insatisfecho a recibir la prórroga Ayuda Humanitaria deEmergencia completa e integral con todos y cada uno de los componentes queestablece la ley, la Corte ordenará al Director de Acción Social que,independientemente de los elementos que ya hayan sido provistos, garanticeque se haga a la peticionaria una entrega completa de dichos componentes –asaber: alimentación básica, apoyo para alojamiento, implementos dehabitación, cocina y aseo, y vestuario adecuado-, a más tardar dentro de los
12. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 12quince (15) días calendario siguientes a la comunicación de la presenteprovidencia. La materialización de esta entrega de la prórroga de la AyudaHumanitaria de Emergencia constituye una medida de salvaguarda temporalde los derechos fundamentales de las ciudadanas Guillermina Castro Moralesy Claudia Yaned Villa Restrepo y sus familias, y no obsta para que se decumplimiento a las demás medidas de protección que a continuación ordenarála Corte Constitucional.Las peticiones presentadas por las ciudadanas Guillermina Castro Morales yClaudia Yaned Villa Restrepo indican que han sido afectadas por nueve de lasfacetas de género del desplazamiento identificadas en el Auto 092 de 2008, asaber: (i) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condicionesde subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidadhumana; (ii) obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; (iii)obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso aoportunidades laborales y productivas; (iv) el riesgo consiguiente deexplotación doméstica y laboral; (v) obstáculos agravados en el acceso a lapropiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro,especialmente en los planes de retorno y reubicación; (vi) el desconocimientofrontal de sus derechos como víctima del conflicto armado a la justicia, laverdad, la reparación y la garantía de no repetición, en particular respecto delos delitos que causaron su desplazamiento, el desplazamiento en sí mismo, yla pérdida del patrimonio que tuvo que dejar abandonado; (vii) susrequerimientos de atención y acompañamiento psicosocial; (viii) una altafrecuencia de funcionarios no capacitados o abiertamente hostiles e insensiblesa su situación; y (ix) la reticencia estructural del sistema de atención aotorgarle la prórroga de la Atención Humanitaria de Emergencia completa, apesar de que llena las condiciones para recibirla. En esa medida, lasciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia Yaned Villa Restrepo hansido víctimas de vulneraciones continuas de sus derechos fundamentales almínimo vital, a la igualdad, a la educación, al trabajo en condiciones dignas yjustas y sus derechos como víctimas del conflicto armado, así como susderechos de acceso al sistema oficial de protección en tanto personasdesplazadas.En consecuencia, las ciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia YanedVilla Restrepo habrán de ser inscritas dentro de los programas que se diseñene implementen en cumplimiento del Auto 092 de 2008, para intervenir sobrelas facetas de género enunciadas, como beneficiaria individual de cada uno deellos, a más tardar dentro del mes siguiente al inicio de la ejecución delprograma respectivo, según se precisa a continuación:− Se ordenará al Director de Acción Social que, independientemente de los elementos que ya hayan sido provistos, garantice que se haga a Guillermina Castro Morales y a Claudia Yaned Villa Restrepo una entrega completa de los componentes de la prórroga de la Ayuda
13. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 13 Humanitaria de Emergencia previstos en la ley –a saber: alimentación básica, apoyo para alojamiento, implementos de habitación, cocina y aseo y vestuario adecuado-, en cantidad y calidad suficiente para suplir temporalmente las necesidades de ellas y de sus familias, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la comunicación de la presente providencia.− Se ordenará al Director de Acción Social que aplique, en relación con las ciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia Yaned Villa Restrepo, la presunción constitucional de prórroga automática de la Ayuda Humanitaria de Emergencia delimitada en cuanto a su alcance preciso en el Auto 092 de 2008.− Se ordenará al Director de Acción Social que adopte las medidas necesarias para garantizar que las ciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia Yaned Villa Restrepo sean inscritas como beneficiarias, dentro del término máximo de un (1) mes a partir de la fecha en que se inicie la ejecución del programa respectivo, de los siguientes programas ordenados en el Auto 092 de 2008 con los criterios complementarios señalados en el Auto 237 de 2008: 1. El programa de apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar y de facilitación del acceso a oportunidades laborales y productivas. 2. El programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años. 3. El programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas. 4. El programa de garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado. 5. El programa de acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas. 6. El programa de eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres desplazadas.− Se advertirá al Director de Acción Social que para cumplir con las órdenes de protección de los derechos de la ciudadana Guillermina Castro Morales, puede hacer uso de los procedimientos ordinarios, especiales, extraordinarios o de urgencia a los que considere que haya lugar, especialmente en cuanto a las actividades de coordinación interinstitucional y de acompañamiento pertinentes.
14. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 143.2. Situación de la ciudadana Margarita Londoño Ruiz (Expediente T- 1475600)De conformidad con los criterios constitucionales que deben seguirse almomento de definir la solicitud de inscripción en el registro único depoblación desplazada y derechos fundamentales de las personas en situaciónde desplazamiento, la Corte Constitucional ha señalado de manera reiteradaque la situación de desplazamiento se adquiere cuando concurren la causaviolenta y el desplazamiento interno (que incluye tanto la expulsión del lugarde residencia como la imposibilidad de regresar). Ante la concurrencia deestos dos elementos fácticos, la persona tiene derecho fundamental a serreconocida como persona en situación de desplazamiento y a los derechos quede tal reconocimiento se derivan.18 En este sentido la Corte que la inclusiónen el registro es un acto declarativo y no constitutivo de la condición dedesplazado. Al respecto dijo la Corte:También ha señalado reiteradamente la Corte que las normas sobredesplazamiento, y en especial las que regulan el proceso de inscripción de unapersona en el RUPD deben interpretarse y aplicarse a la luz de “las normas dederecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidadsobre el tema de desplazamiento forzado, en particular, el artículo 17 delProtocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 194919 y los PrincipiosRectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe delRepresentante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para elTema de los Desplazamientos Internos de Personas;20 (2) el principio defavorabilidad;21 (3) el principio de buena fe y el derecho a la confianzalegítima;22 y (4) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio delEstado Social de Derecho.23”24En la sentencia T-821 de 2007, la Corte recordó varios de los eventos en losque ha ordenado el registro de una persona en el Registro Único de PoblaciónDesplazada o la revisión de la decisión que negó su inscripción el registro:18 Ver entre otras las sentencias T-227 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero; T-327 de 2001, MP.Marco Gerardo Monroy Cabra; T-468 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto; T-821 de 2007, MP (e):Catalina Botero Marino.19 “Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento dela población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de laspersonas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarántodas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias dealojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles aabandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.20 Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especialdel Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr.Francis Deng.21 Sentencia T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.22 Sentencia T-1094 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.23 Sentencia T-025 de 2004. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.24 Sentencia T-328 de 2007 MP. Jaime Córdoba Triviño.
15. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 15(1) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a losprincipios de favorabilidad y buena fe;25(2) ha exigido requisitos formales irrazonables o desproporcionados26 o haimpuesto barreras de acceso al registro que no se encuentran en las normasaplicables;27(3) ha proferido una decisión que carece de suficiente motivación;28(4) ha negado la inscripción por causas imputables a la administración yajenas al solicitante;29(5) ha impedido que la persona pueda exponer las razones por las cualesconsidera que se encuentra en circunstancia de desplazamiento forzado oejercer los recursos arbitrados por el ordenamiento para controvertir ladecisión administrativa que le niega la inscripción en el Registro.30En el asunto bajo revisión, a pesar de que la accionante solicitó en primerlugar la indemnización prevista en la Ley 418 de 1997 y no su inscripcióncomo desplazada, de los hechos relatados y las pruebas presentadas, resultabaclaro que la tutelante era víctima directa de desplazamiento forzado y debía serorientada por Acción Social acerca de sus derechos y sobre la forma deacceder a los distintos beneficios y programas previstos en la ley y proceder asu inscripción como desplazada. Adicionalmente, habiendo recibidoinformación suficiente de que la actora había dejado bienes abandonados almomento de desplazarse, tampoco activó ninguno de los mecanismosprevistos en la Ley para la protección de sus bienes. Acción Social, no sólo nole brindó la protección integral prevista en la ley para la población desplazada,sino que le dio información errónea acerca de sus derechos como víctima de laviolencia.Por lo anterior, la Sala Segunda de Revisión le ordenará al Director de AcciónSocial que proceda, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación deesta sentencia, a la inscripción de la accionante en el RUPD, así como aguiarla y acompañarla para que acceda efectivamente a todas las ayudasestablecidas en la Ley 387 de 1997, en especial las que garantizan la provisióny prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, el acceso a subsidios paraarrendamiento, el acceso a los servicios de salud, a los programas de25 Ver las sentencias T-098 de 2002, T-327 de 2001y T-268 de 2003, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1094 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.26 Sentencia T-740 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño.27 Ver las sentencias T-215 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño; T-327 de 2001, MP: Marco GerardoMonroy Cabra.28 Ver las sentencias T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1076 de 2005, MP: JaimeCórdoba Triviño, T-882 de 2005; MP: Clara Inés Vargas Hernández, T-086 de 2006, MP: Álvaro TafurGalvis.29 Ver las sentencias T-268 de 2003 y T-563 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.30 Ver la sentencia T-563 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
16. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 16estabilización socioeconómica y la protección efectiva de los bienesabandonados y el acceso a los mecanismos de reparación como víctima de laviolencia. Igualmente, deberá orientarla para garantizar su acceso a lossiguientes programas que se desarrollen para la mujer víctima dedesplazamiento forzado en cumplimiento del Auto 092 de 2008:1. El programa de apoyo a las mujeres desplazadas de facilitación del acceso aoportunidades laborales y productivas.2. El programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por lasmujeres desplazadas.3. El programa de garantía de los derechos de las mujeres desplazadas comovíctimas del conflicto armado.4. El programa de acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas.5. El programa de eliminación de las barreras de acceso al sistema deprotección por las mujeres desplazadas.III. DECISIONEn mérito de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la CorteConstitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato dela Constitución, RESUELVEPrimero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir elpresente asunto.Segundo.- Se desacumulan del expediente T-1470850, los procesos T-1573663 y T-1577282, que se refieren a un problema jurídico distinto, queserá resuelto en sentencia separada.Tercero.- Acumular al expediente T-1470850 el expediente T-1635202.Cuarto.- Se ORDENA al Director de Acción Social que,independientemente de los elementos que ya hayan sido provistos,garantice que se haga a Guillermina Castro Morales y a Claudia Yaned VillaRestrepo una entrega completa de los componentes de la prórroga de laAyuda Humanitaria de Emergencia previstos en la ley –a saber: alimentaciónbásica, apoyo para alojamiento, implementos de habitación, cocina y aseo y
17. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 17vestuario adecuado-, en cantidad y calidad suficiente para suplirtemporalmente las necesidades de ella y de su familia, a más tardar dentro delos quince (15) días calendario siguientes a la comunicación de la presenteprovidencia.Quinto.- Se ORDENA al Director de Acción Social que aplique, en relacióncon las ciudadanas Guillermina Castro Morales y Claudia Yaned VillaRestrepo, la presunción constitucional de prórroga automática de la AyudaHumanitaria de Emergencia delimitada en cuanto a su alcance preciso en elAuto 092 de 2008.Sexto.- Se ORDENA al Director de Acción Social que adopte las medidasnecesarias para garantizar que las ciudadanas Guillermina Castro Morales yClaudia Yaned Villa Restrepo sean inscritas como beneficiarias dentro deltérmino máximo de un (1) mes a partir de la fecha en que se inicie la ejecucióndel programa respectivo, de los siguientes programas que se ordena diseñar ycrear en el Auto 092 de 2008 con los criterios complementarios señalados enel Auto 237 de 2008: 1. El programa de apoyo a las mujeres desplazadas que son jefes de hogar y de facilitación del acceso a oportunidades laborales y productivas. 2. El programa de apoyo educativo para las mujeres desplazadas mayores de 15 años. 3. El programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas. 4. El programa de garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado. 5. El programa de acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas. 6. El programa de eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres desplazadas.Séptimo.- Se ORDENA al Director de Acción Social que, dentro de las 48horas siguientes a la comunicación de esta sentencia, proceda a la inscripciónde la accionante Margarita Londoño Ruiz en el RUPD, así como a guiarla yacompañarla para que acceda efectivamente a las ayudas establecidas en laLey 387 de 1997, según las decisiones e interpretaciones de la CorteConstitucional, en especial las que garantizan la provisión y prórroga de laayuda humanitaria de emergencia, el acceso a subsidios para arrendamiento, elacceso a los servicios de salud, a los programas de estabilizaciónsocioeconómica y la protección efectiva de los bienes abandonados y el acceso
18. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 18a los mecanismos de reparación como víctima de la violencia. Igualmente,deberá orientarla para garantizar su acceso a los siguientes programas que sedesarrollen para la mujer víctima de desplazamiento forzado en cumplimientodel Auto 092 de 2008 con los criterios complementarios señalados en el Auto237 de 2008: 1. El programa de apoyo a las mujeres desplazadas de facilitación del acceso a oportunidades laborales y productivas. 2. El programa de facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas. 3. El programa de garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado. 4. El programa de acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas. 5. El programa de eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección por las mujeres desplazadas.Octavo.- Se ADVIERTE al Director de Acción Social que para cumplir conlas órdenes de protección de los derechos de las ciudadanas GuillerminaCastro Morales, Margarita Londoño Ruiz y Claudia Yaned Villa Restrepo,pueden hacer uso de los procedimientos ordinarios, especiales, extraordinarioso de urgencia a los que considere que haya lugar, especialmente en cuanto alas actividades de coordinación interinstitucional y de acompañamientopertinentes.Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la CorteConstitucional y cúmplase. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Magistrado
19. Expedientes T-1470850, T-1475600 y T-1635202 19 RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General