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Timestamp: 2018-02-21 18:57:03
Document Index: 203844234

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 113', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 2']

Nº85 Proyecto de Ley Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país. | Instituto Libertad
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Nº85 Proyecto de Ley Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país.
Boletín: 7963-06
Ingresó por: Senado.
Etapa: Trámite en Tribunal Constitucional.
El artículo 1°, que modifica la ley N°19.175, sobre Gobierno y Administración General, de acuerdo a los artículos 113 y 114 de la Carta Fundamental, excepto sus números 22), 32), 35) -respecto al texto sustitutivo del artículo 68-, 36), 37) y 39), según se infiere de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proyecto de ley sobre gobierno y administración regional (rol N°155, de 1992).
-El artículo 2° número 4), según el artículo 113 de la Carta Fundamental.
-El nuevo artículo 3°, incorporado en el presente trámite constitucional, también de conformidad con el antes citado precepto constitucional.
-El artículo 4°, al tenor del artículo 118 de la Constitución Política.
El proyecto de ley tiene cuatro objetivos principales:
1) Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración central;
2) Precisar las funciones del gobierno regional, distinguiendo las del consejo regional y las del intendente;
3) Agregar funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal de los consejeros regionales; y
4) Regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las divergencias que se surjan con motivo de las transferencias.Su contenido es el siguiente:
El artículo 1°, dividido en 46 números, incorpora diversas modificaciones en la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
Se agrega una nueva función a los GORES en materia de ordenamiento territorial (artículo 17 de la ley), como es la de elaborar y aprobar, en concordancia con la estrategia regional de desarrollo, y previa consulta a las municipalidades de la región, el plan regional de ordenamiento territorial (PROT), instrumento orientador que deberá consignar las características para la planificación en los territorios urbanos y rurales, borde costero y sistema de cuencas hidrográficas.
También, en materia de ordenamiento territorial, se le agrega a los GORES la función de financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y los sistemas de tratamientos más adecuados para cada uno de ellos, en coordinación con las Seremías de Vivienda y Urbanismo y de Medio Ambiente respectivas, y las municipalidades de la región, de conformidad a las normas que rigen la materia.
Se reformula el artículo 18, sobre fomento de las actividades productivas, incorporando nuevas funciones a los GORES, tales como: -Promover y diseñar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, programas, proyectos y acciones en materia de fomento de las actividades productivas establecidas como prioridades regionales, como asimismo financiarlos; entre otras
En materia de desarrollo social y cultural (artículo 19), se le agregan nuevas funciones a los GORES; como la de mantener información actualizada sobre la situación socio económica regional, identificando las áreas y sectores de extrema pobreza y proponiendo programas destinados a superarla.
Respecto a las atribuciones de los Gores, se incluye en el artículo 20 la de poder celebrar convenios sobre programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, no solamente con los ministerios, como dice la ley vigente, sino también con las municipalidades u otros GORES.
Se incorpora en la ley un Párrafo 2°: “De la Transferencia de Competencias”, que comprende el artículo 21 bis y siguientes, y que en síntesis facultan al Presidente de la República para transferir a uno o más gobiernos regionales, de manera temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
Se incorporan nuevas atribuciones al intendente como órgano ejecutivo del GORE (artículo 24), entre ellas: -Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales y, en los territorios que no cuenten con aquellos, los planes reguladores comunales y seccionales, conforme a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; -Solicitar al Presidente de la República la transferencia de una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; entre otras.
Se incorpora un artículo 30 bis, que señala que en su sesión constitutiva, el consejo regional elegirá entre sus miembros, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, un presidente, que permanecerá en su cargo durante un período de cuatro años. En el mismo artículo se regula la solicitud de remoción del presidente y su renuncia al cargo.
En el nuevo artículo 30 ter se señalan las atribuciones del presidente del Core.
Por su parte, el artículo 2° modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.
1) Se suprime en el artículo 3° de la referida ley la norma que otorga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la facultad de aprobar los Planes Regionales de Desarrollo Urbano y los Planes Reguladores Intercomunales.
2) En el artículo 28 de la misma ley, que establece que la planificación urbana se realizará en cuatro niveles de acción, a saber, nacional, regional, intercomunal y comunal, se suprime la referencia al nivel regional.
3) Se suprime el Párrafo 2° del Capítulo II de la ley antes mencionada, relativo a la planificación urbana, y que está integrado por los artículos 30, 31, 32 y 33.
4) Se modifica el artículo 37 de la citada ley, que prescribe que los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por decreto supremo del MINVU. .
El artículo 3° modifica el Código Procesal Penal, en términos de hacer aplicable a los Presidentes de los Consejos Regionales el procedimiento de desafuero establecido para los intendentes y gobernadores en el párrafo 1° del Título IV del Libro Cuarto.
A su vez, el artículo 4° introduce varias enmiendas en la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
El artículo 5° modifica el artículo 18 de la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que establece las funciones correspondientes a la Dirección de Vialidad, entre ellas tener a cargo la construcción de puentes urbanos, encomendados por las municipalidades correspondientes, debiendo convenir con ellas su financiamiento.
El artículo primero dispone que mientras no se aprueben los planes regionales de ordenamiento territorial a que se refiere la presente ley, los planes regionales de desarrollo urbano que se encuentren vigentes serán instrumentos orientadores en materia de ordenamiento territorial.
El artículo segundo establece que los funcionarios que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren desempeñando los cargos de jefe de división, mantendrán su nombramiento, debiendo llamarse a concurso cuando cesen en ellos por cualquier causa.
El artículo tercero contempla una norma análoga a la del artículo 2°, respecto de las personas que se encuentren desempeñando la función de secretario ejecutivo del consejo regional.
El artículo cuarto otorga al Presidente de la República la facultad para que, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley, dicte uno o más decretos con fuerza de ley que modifiquen las plantas de personal de cada uno de los servicios administrativos de los gobiernos regionales, de acuerdo con las pautas que detalla.
El artículo quinto estipula que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley durante el presente año no podrá exceder la suma de M$1.074.352, y se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
II.- Comentarios.
Este proyecto, junto con el de elección de gobernadores regionales, materializan en la ley la reforma constitucional promulgada a principios de este año, que consagró la elección del gobernador regional y la división de competencias que ejerce actualmente la figura del intendente, entre el precitado gobernador y el delegado presidencial regional y provincial.
Sin embargo, este proyecto de ley es muy anterior a dicha reforma constitucional, por lo que la lógica de su diseño institucional respondía a la existencia de intendentes nombrados por el gobierno central.
Este proyecto de fortalecimiento tiene como eje el traspaso de competencias, desde el gobierno central al gobierno regional, en tres ámbitos: ordenamiento territorial, fomento de actividades productivas y desarrollo social y cultural, las que podrán realizarse de oficio o a petición del gobierno regional.
La primera duda que puede plantearse, se refiere a la conveniencia de tener gobiernos regionales que tendrán competencias distintas entre sí. Asimismo, dada la existencia de traspasos de competencia temporales que podrán ser revocados, podría darse el caso que este mecanismo de traspaso sea usado por el gobierno central para castigar con una revocación de competencias a un gobierno regional de otro signo político.
Otra duda es cómo funcionará el traspaso de competencia en el régimen transitorio, el cual establece un sistema con reglas especiales, en el artículo cuarto transitorio (una especie de “marcha blanca” hasta el 2022), y otro sistema contenido en el Quinto Transitorio, el cual inexplicablemente permite al Presidente de la República, dentro de un año de aprobada la ley, transferir competencias vía decreto supremo sin sujetarse a las reglas especiales contenidas en el Cuarto Transitorio.
Las materias que podrán transferirse en virtud del Quinto Transitorio ya vienen definidas en el mismo artículo, por lo que, a pocos meses de que asuma un nuevo gobierno, no parece razonable que se herede al nuevo gobierno este sistema “express” de transferencias, y cuyo ámbito de transferencia estará preestablecido. Como etapa transitoria, el sistema contenido en el Cuarto Transitorio es suficiente.
AUTOR: Guillermo Ready y Constanza Castillo
EDITOR RESPONSABLE: Guillermo Ready, Abogado.
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