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Timestamp: 2018-01-23 18:12:34
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Tema 1 - El Contrato. Requisitos (I): Consentimiento [15195] | Derecho Civil II - Obligaciones y Contratos (ESADE) | Unybook
Tema 1 - El Contrato. Requisitos (I): Consentimiento (2015)
Tema 1 - El Contrato. Requisitos (I): Consentimiento
Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Parte I. Teoría General del Contrato.
L e c c i ó n I . E l C o n t r a t o ( I ) . Re q u i s i t o s : Consentimiento.
La primera aproximación del concepto de contrato lo extraemos del artículo 1.254 del Código Civil, que dispone que “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.”, ergo del contrato nacen obligaciones (ver infra).
A pesar de ello, el concepto de contrato es algo más amplio hoy en día, pues el artículo 1.254 enfatiza el momento en el que nace “el contrato existe desde que…” sin embargo no especifica los momentos modificativos o extintivos, que son aquellos cuyo contenido es modificar o extinguir una relación jurídica contractual, en el que se renuevan los consentimientos y voluntades, pero no para constatar o confirmar el previo contrato sino para modificarlo. 1 Las fases del contrato son 3: la perfección o celebración, la ejecución o consumación y la extinción. Todo lo que suceda antes de la perfección del contrato no forma parte del contrato, esto es, la negociación, la discusión, los tratos preliminares, etc. por muy extensa que pueda haber sido, sin perjuicio de que evidentemente tenga una cierta relevancia jurídica.
La fase de perfección del contrato. Es aquél momento a partir del cual el contrato nace y existe jurídicamente. Lo encontramos descrito en el mismo artículo ya citado: el 1.254 del Código Civil. El contrato existe desde el momento en que las partes consienten en obligarse, y nada más, tan solo con el mero consentimiento de todas ellas ya se perfecciona el contrato, pues no es un negocio jurídico solemne y no requiere una determinada forma para ser válido, puede ser verbal o escrito 2.
La fase de ejecución o consumación, que es aquella en la que se cumplen las obligaciones nacidas del contrato. Esta fase puede durar más o menos, pero pueden clasificarse los contratos en 3 clases en función de cómo sea su fase de ejecución: 1 Tómese como ejemplo una compraventa de un coche, modificándose posteriormente a la perfección del contrato las condiciones de pago del mismo o la extinción de un contrato previo en el que se ha incurrido en impago al extinguir el contrato mediante una dación en pago, etc.
2 Únicamente habrá un problema de prueba, un contrato que no haya quedado escrito será difícil de probar, no obstante, ello no implica que tenga menor validez.
—8— Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 a) Contratos de ejecución instantánea. Son aquellos contratos en los que todas las prestaciones derivadas del contrato se cumplen en una unidad de acto inmediatamente tras la perfección, por ejemplo, en una compraventa en un espacio comercial.
b) Contratos de ejecución diferida o aplazada, que son aquellos en los que una o más prestaciones se cumplen de manera dilatada o fraccionada en el tiempo, como es el caso de cualquier contrato de compraventa en el que se aplaza el pago del precio.
c) Contratos de tracto sucesivo, que son aquellos contratos en los que al menos una de las obligaciones se cumple de manera continuada a lo largo de un lapso de tiempo, como es el caso del arrendamiento.
El principio de la autonomía privada. Tipicidad y atipicidad contractual.
El Derecho contractual tiene unos principios, que pasarán a detallarse a continuación: 1) El Principio de la autonomía privada o de libertad contractual, que es recogido por el artículo 1.255 del Código Civil (ver infra en este mismo apartado). “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” 2) El principio de igualdad o de imparcialidad, que implica que ningún contratante tenga más prerrogativas que otro y por lo tanto no poder abusar de él. Queda recogido en el artículo 1.256 del Código. “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” 3) El principio consensualista o espiritualista, que implica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, recogido en los artículos 1.254 (citado antes), 1.258 (“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”) y el 1.278 (“Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”).
4) El principio de vinculación, pacta sunt servanda, que implica que las obligaciones que nazcan del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, tal y como establece el artículo 1.091 (“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”), así como el 1.258 antes citado.
5) El principio de relatividad, emanado del artículo 1.257 (“Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. […]”), que implica que los contratos tan sólo producen eficacia frente a las partes contratantes.
6) El principio de la buena fe, emanado de los artículos 1.258 ya citado y del artículo 7.1 (“Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.”).
—9— Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 7) El principio de conservación del contrato, que no lo recoge ningún precepto del código pero que, no obstante, se tiene en cuenta e implica que ante la duda deba preservarse la validez del contrato sobre su supresión o eliminación.
En cuanto al principio de la autonomía privada de la voluntad antes mencionado, cabe decir que si bien reconoce la libertad contractual a todos los individuos para celebrar o no contratos, dispone además que los contratantes deberán respetar los límites de la ley, la moral y el orden público. Es preciso pues, hacer una aproximación más cercana a dichos límites a la libertad contractual: a) En cuanto a la ley, el Código Civil se refiere a la ley en un sentido amplio, es decir, a cualquier precepto de origen legal aplicable a un contrato, que sea de carácter imperativo (naturalmente), sea el precepto positivo (obligue positivamente a hacer algo) o negativo (a no hacer). En los casos en que la ley no deje claro si un precepto en concreto es de carácter imperativo o dispositivo, será labor del intérprete determinarlo.
b) La moral no es ninguna norma jurídica escrita, y es y debe ser, por lo tanto, una moral de carácter objetivo, que puede definirse como la conciencia social dominante, no una moral asociada a una determinada ideología o religión.
c) El orden público es un conjunto de principios que preside e informa nuestro ordenamiento jurídico. Son principios del Derecho y por lo tanto son verdaderamente jurídicos, a diferencia de la moral, pero tampoco están redactados en una ley imperativa. 3 Elementos y requisitos del contrato.
Son tan sólo 3 los requisitos de todo contrato, y están recogidos en el artículo 1.261 del Código Civil. Dice el artículo que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. Consentimiento de los contratantes (supra).
La primera lección tendrá por objeto el estudio del primero de los 3 requisitos, y en la próxima trataremos los otros dos.
Para contratar se requiere capacidad jurídica y capacidad de obrar. El contrato es un instrumento de intercambio de prestaciones o bienes y servicios, y por lo tanto permite 3 Un ejemplo en el que se emplearon dichos principios fue en la declaración de nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas, que no obstante no permitió el TS que la declaración de nulidad tuviera efectos retroactivos por razones de orden público.
— 10 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 movilizar el patrimonio, razón por la cual el ordenamiento exige a los contratantes la capacidad de obrar.
Empezaremos a analizar esta cuestión a partir del artículo 1.263 del Código Civil, que dispone que no pueden prestar consentimiento ni los menores no emancipados ni los incapacitados. No obstante, al ser tan vaga la redacción de este artículo se hace necesario profundizar más en él a fin de elaborar un análisis completo y riguroso sobre la capacidad que exige el ordenamiento para contratar, y las prohibiciones que establece para aquellos que no tengan la suficiente capacidad.
En primer lugar, cuando el artículo 1.263 habla de los menores no emancipados, podemos entender, a sensu contrario, que puede contratar el mayor de edad y el menor emancipado, sin embargo no es acertado entender que hay una equivalencia entre dichos estados civiles, la mayoría de edad y la minoría de edad de los emancipados, pues el artículo 323 CC dispone que el menor emancipado no tiene capacidad para celebrar determinados actos o negocios jurídicos.
Del mismo modo, no sería acertado tampoco afirmar que los menores no emancipados no pueden celebrar ningún contrato de ninguna clase. La Jurisprudencia ha reiterado que en cada caso deberá ser valorada la capacidad natural del menor no emancipado, y que los menores próximos a la mayoría de edad no pueden ser tratados del mismo modo que aquellos que se encuentren alejados de la misma. La Jurisprudencia ha ido elaborando conceptos como el del menor maduro y en consecuencia permite conceder cierta capacidad para contratar dentro de la minoría de edad. 4 En el caso de los incapacitados, se plantearía un intérprete, en primer lugar, si se refiere el legislador exclusivamente al incapacitado en virtud de sentencia judicial (artículo 199 CC) o también es preciso interpretar la disposición extensivamente, aplicándola también al incapaz no incapacitado. 5 Las sentencias de incapacitación se encuentran en el Registro Civil, y, en su caso, además también en el Mercantil y en el de la Propiedad, ahora bien, cuando no hay sentencia alguna, surge un problema de prueba, pues el interesado deberá probar la falta de capacidad natural en el momento de celebrar el contrato para probar la falta de consentimiento, pues se presume la plena capacidad, presunción de carácter iuris tantum, que admite prueba en contra.
En segundo lugar, el intérprete debe plantearse si el artículo 1.263 se refiere al incapacitado total o también al parcial, es decir, al que está sujeto a tutela solamente o también al que se 4 Ejemplo de ello fue una STS en la que se juzgó la responsabilidad derivada por un accidente producido en una estación de esquí. El chico había comprado el forfait y por lo tanto el abogado negó su capacidad para contratar, pero el TS estableció que la capacidad para realizar determinados actos estará DE ACUERDO CON SU GRADO DE MADUREZ Y DE LOS USOS SOCIALES.
5 En ocasiones personas con falta de capacidad natural no son incapacitadas por la familia que está a cargo de ellas porque no ven necesidad.
— 11 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 encuentra sujeto a curatela. La Doctrina ha concluido que se refiere tan sólo al incapacitado total, pues, el incapacitado parcial, al estar sujeto a curatela, mutatis mutandis, se asemeja su situación a la del menor emancipado, pues el incapacitado parcial puede prestar consentimiento, pero para ciertos actos deberá otorgar el curador su complemento de capacidad.
En todo caso, evidentemente, no podemos prescindir de acudir a lo que establezca la Sentencia de incapacitación.
En definitiva, el artículo 1.263, en realidad, establece que, para contratar se requiere capacidad natural, que se nutre de dos elementos, la libertad y la consciencia, ergo no sólo en los casos establecidos del artículo 1.263 podrá haber falta de capacidad.
Nótese, además, que dicho artículo tan sólo se refiere a las personas físicas, omitiendo cualquier mención a las jurídicas, que, en tal caso, dependerá del régimen jurídico que les otorgue la ley y de sus estatutos.
La prohibición para contratar se distingue de la capacidad para contratar, pues parte de que la persona tiene capacidad, no obstante el ordenamiento jurídico prohibe en determinadas situaciones celebrar determinados contratos, por cuestiones morales o de orden público.
Las prohibiciones para contratar son normas de carácter imperativo, cuyo fundamento es la prevención de hipotéticos conflictos de intereses, como pueden darse en la autocontratación y otras situaciones semejantes tipificadas en el artículo 1.459 del Código Civil, o el 221, que prohíbe cualquier tipo de contrato entre tutor y tutelado.
La sanción impuesta contra el acto jurídico hecho contra Derecho es la nulidad de pleno derecho (artículo 6.3 del Código Civil), salvo que la ley prevea otra cosa, por lo menos, a efectos del derecho privado.
Para las situaciones en las que en una posible autocontratación, y su consiguiente hipotético conflicto de intereses, que no estuviera bajo las previsiones de la norma, como sería el caso del préstamo de dinero por autocontratación no prohibido de forma expresa por el artículo 1.459, la doctrina ha planteado dos posibles soluciones: a) Lo que no está prohibido está permitido, pues las normas prohibitivas exigen una interpretación restrictiva, o bien b) extender la aplicación de la norma prohibitiva, pues se están concretando principios generales del Derecho, como el de prevenir la arbitrariedad en los conflictos de intereses.
Al prohibirlo, no se estaría haciendo analogía ni una interpretación extensiva de la norma, pero sí aplicando principios generales del Derecho, que son también fuente de Derecho — 12 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 (artículo 1.4 CC), doctrina que, además, ha sido reconocida por la Dirección General del Registro y del Notariado, salvo en aquellos casos en los que el conflicto de intereses quedare desactivado por el propio interesado.
Los tratos preliminares: negociación y ruptura. El artículo 1.262 del Código Civil.
A diferencia de toda la Doctrina explicada en los apartados anteriores, la negociación del contrato no está regulada positivamente por el ordenamiento y, en su lugar, se ha resuelto e ido imponiendo a golpe de jurisprudencia. El principio general que rige la fase de negociación, sin embargo, no es otro que el de la libertad, toda parte es libre para entrar en una negociación y libre para dejarla, pues durante esa fase no hay contrato (véase artículo 1.262, analizado más adelante).
Además de la libertad, sin embargo, es menester añadir también que la libertad conlleva responsabilidad, por el principio de la buena fe, cuya vigencia es anterior a la de la perfección del contrato, pues también debe regir durante la negociación del mismo, por lo tanto, romper las negociaciones de modo injustificado, es contrario a la buena fe.
Se considera injustificada una ruptura de un contrato, dando lugar a responsabilidad de acuerdo con la Jurisprudencia, cuando concurren estos tres requisitos: 1. Que la negociación hubiera creado una situación de confianza, es decir, expectativas razonables de que la negociación continuaría, no necesariamente de que se perfeccionara el contrato, sino de que hubiera expectativas de que la negociación continuara.
2. Que no haya causa justificada, generalmente se considera injustificada cuando es intempestiva, es decir, que se alega por la parte de manera inoportuna en el tiempo.
3. Que la ruptura cause daños o perjuicios a la otra parte; pues si no lo ha causado no nacerá ninguna reseponsabilidad. Otra cuestión que cabe plantear es qué daño debe indemnizarse, a lo que la jurisprudencia ha respondido que debe indemnizársele a la víctima procurando que ésta quede en una situación equivalente a la que tenía al inicio de la negociación. Se indemnizan pues: 1. Gastos de negociación que a causa de la ruptura hubieran resultado improductivos.
2. Inversiones realizadas que sean también improductivas a causa de la ruptura de la negociación.
3. La Doctrina ha añadido, y la Jurisprudencia de otras naciones, el coste de oportunidad, sobre el que todavía no se ha pronunciado nuestro TS.
Para analizar más a fondo el artículo 1.262 pasaremos al siguiente apartado.
— 13 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Formación y perfección del contrato.
Con carácter general la perfección del contrato se produce por el mero consentimiento, tal y como dispone el artículo 1.254 del Código Civil, del que emana el principio que denominamos consensualista o espiritista.
Ahora bien, cuando hablamos del consentimiento hablamos del consentimiento en singular, y no en plural, pues aunque hay 2 o más partes el consentimiento es fruto de la suma de consentimientos individuales, que son declaraciones de voluntad (los individuales) unilaterales y recepticias, es decir, que surten efectos sólo en el momento en que son conocidas por su destinatario.
En el contrato todas las declaraciones de voluntad son recepticias a diferencia de lo que sucede en otros actos jurídicos, como la renuncia a un derecho, en la que la declaración de voluntad es unilateral pero no es recepticia.
No se plantea ningún problema si ambas partes están presentes simultáneamente, pero cuando se negocia de forma no simultánea surgen posibles conflictos.
El artículo 1.262 se ocupa de saber cuándo se entiende perfeccionado un contrato celebrado a distnacia. Dice el citado artículo que “el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presupone celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. En los contratos aceptados mediante dispositivos automáticos hay consentimientos desde que se manifiesta la aceptación.” El artículo en sí ya es suficientemente claro, es preciso que el oferente conozca, no tan solo que reciba la declaración de voluntad, o, en su caso, que debiera conocerla conforme a la buena fe, así pues, el sujeto que no abriera una carta a sabiendas de que podría contener tal declaración de voluntad por no querer perfeccionar el contrato, actuaría contra la buena fe y por lo tanto dicha declaración de voluntad debería considerarse recibida.
La Jurisprudencia y la Doctrina han establecido que para que una oferta pueda ser considerada como tal, ésta debe ser inequívoca (seria) y completa, siendo completa cuando la oferta contiene todos los elementos esenciales del contrato, verbi gratia, la cosa vendida y el precio en una compraventa. En caso contrario no será una oferta sino una invitación a contratar o una declaración pública.
En cuanto a la aceptación, para que ésta sea plenamente válida, es menester que sea coincidente con la oferta (si no no es una aceptación, mas sí una contraoferta) y que sea tempestiva. Las causas que hacen que una oferta pierda vigecia pueden ser 4: — 14 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 1) En primer lugar, por rechazo, si una oferta es rechazada por el que pudiera haber sido el aceptante, la oferta cae, salvo que el oferente la mantenga.
2) Por plazo, si el oferente establece un plazo expreso la oferta cae pasado ese plazo si no hay aceptación. Si el oferente no estableció un plazo las ofertas no tienen vigencia indefinida, sino que los tribunales la establecerán de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3) La muerte o incapacidad del oferente (evidentemente siempre que esta se produzca antes de la perfección del contrato) también es causa de pérdida de vigencia de la oferta.
4) La revocación de la oferta: el oferente puede revocar la oferta en cualquier momento, tiene plena libertad, no obstante, no puede revocarse siempre: si la oferta ha establecido un plazo la oferta es irrevocable durante dicho plazo, y sólo puede revocarse la oferta siempre que la revocación llegue a conocimiento del aceptante antes de la perfección del contrato. Del mismo modo, el aceptante puede revocar la aceptación siempre que ésta llegue a conocimiento del oferente antes de la aceptación.
La voluntad y la declaración: discordancia y vicios del consentimiento.
El consentimiento individual de cada parte es una declaración de voluntad declarada, que se expresa y comunica a su destinatario. Dicho consentimiento tiene dos elementos: voluntad y declaración.
La voluntad es interna, del propio sujeto, y la declaración es externa, pues es aquello que se manifiesta, sea de forma expresa o tácita mediante actos concluyentes.
Con carácter general la voluntad y la declaración coinciden, sin embargo, se dan casos de discordancia o divergencia, cuando la declaración de voluntad no coincide con lo que realmente desea el declarante. Tales supuestos son 3: a) Reserva mental, que es una discordancia de carácter individual, consciente y querida, que, sin embargo, es intrascendente a efectos del derecho contractual, pues no trasciende al exterior.
b) La simulación, que es conjunta, consciente y querida, y se da cuando ambas partes deciden simular un contrato a sabiendas de la falsedad que supone.
c) Los vicios del consentimiento, enumerados por el artículo 1.265 del Código Civil (“Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.). De estos a) El error es individual, no consciente y no deseado.
b) El dolo es individual, no consciente, y tampoco es deseado.
c) La violencia es individual, pero consciente y no deseada.
d) La intimidación, que es del mismo modo que la violencia individual, consciente y no querida.
— 15 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Las discordancias, en definitiva, pueden ser individuales o conjuntas, según si se comparte o no la discordancia, conscientes o inconscientes, según si el sujeto conoce o no que su voluntad no es coincidente con la declaración emitida, y deliberadas o no deliberadas, según si son o no deseadas por el sujeto.
El error es una falsa apreciación de la realidad. Existen varias clases: a) El error facti, o error de hecho, que es una falsa apreciación de la realidad fáctica, es decir, sobre circunstancias de hecho del negocio jurídico, que puede recaer sobre la voluntad (error vicio) o sobre la declaración (error obstativo).
a) El error vicio está regulado por el artículo 1.266 del Código Civil. Si el error es relevante el contrato será anulable. El error puede recaer sobre la sustancia o cualidades de la cosa o sobre la persona. Se dejan fuera otros como el error de cálculo, motivos, valor, cantidad, peso o extensión, en el negocio, etc.
b) El error obstativo no está regulado en el ordenamiento por lo que será preciso analizar cada caso en concreto. Se aplica mutatis mutandis la regla anterior, salvo en caso de que no haya conflicto, que será motivo suficiente para corregir la declaración de voluntad, pero si lo hay la jurisprudencia admite que este tipo de error puede someterse también al régimen del error vicio.
b) El error iuris o error de derecho dará lugar a lo dispuesto en el artículo 6.1 del Código Civil.
Generalmente carece de relevancia, pero si la ley prevé algún efecto en especial deberá aplicarse, y sólo podrá aplicarse aquello que prevea la ley.
En función de la relevancia de éstos, podemos clasificar los errores en: a) Errores no relevantes, que carecen de consecuencias jurídicas b) Errores relevantes, que sí que las tienen, pues el consentimiento está viciado por error y hará que el contrato sea anulable (no nulo) si se dan lso requisitos. Tales requisitos son, según el Tribunal Supremo: a) Que el error sea grave, es decir, que en caso de no haber incurrido en él el contratante no hubiera contratado.
b) Que el error sea excusable, es decir, que el que incurra en él debe haber actuado con la diligencia media debida para evitarlo, calibrándose ésta en función de la capacidad de la persona. Verbi gratia, comprar un terreno en una zona no urbanizable sin haberlo previsto antes sería un error inexcusable, pues una persona diligente no habría incurrido en tal error.
c) Que sea recognoscible. El otro contratane que no ha sufrido error tenía que haberse dado cuenta de que se incurría en tal error.
Es importante distinguir el error del dolo omisivo, que se da cuando habiendo un error y contra la buena fe, el sujeto que hubiera visto como la otra parte contratante incurría en tal — 16 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 error no le advirtiera de ello. Tal actuación es dolosa por omisión, y dará lugar a la anulabilidad del contrato. El dolo siempre implica la participación de la otra parte, mientras que el error es individual.
Dice el artículo 1.269 del Código Civil que “hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.” Es por lo tanto el dolo un engaño provocado premeditadamente por la conducta de otra de las partes del contrato. Si el dolo no es provocado por un contratante mas sí por un tercero el engaño no puede considerarse dolo pero, en su caso, podría apreciarse el error. También cabría apreciar si el tercero actúa como cómplice del contratante, en cuyo caso sí sería impugnable el contrato por dolo.
Establece el 1.270 que “para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.” El dolo incidental (aquél que no cumple el requisito de gravedad y por tanto no permite anular el contrato “sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios” (mismo artículo).
Según el artículo 1.267 “hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible”. Se trata de otro vicio de la voluntad que, a diferencia de los dos anteriores, se caracteriza por emplear la fuerza o coacción, sea ésta psíquica o física. Los requisitos para que se aprecie son nuevamente la gravedad, que en este caso se aprecia si la (falsa) celebración del contrato fuera el único modo de terminar con ella. Además dispone el artículo 1.268 que “la violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato”.
Siendo el último de los vicios de la voluntad, la intimidación (definida por el artículo 1.267 p.
2: “Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes del cónyuge, descendientes o ascendientes”), permite también una interpretación extensiva para evitar injusticias. Los requisitos de ésta para ser apreciada son: 1) Que la causa sea una amenaza ilícita, antijurídica (no amenazar con demandar, por ej., si era lícito hacerlo).
2) Que exista un temor racional y fundado (creíble).
Finalmente, añadir que la Jurisprudencia ha considerado que la violencia y la intimidación pueden tener distintos grados y gravedades y, en consecuencia, se pueden ajustar a cada caso en función de éstas. En los casos más graves, podría declararse nulo el contrato viciado, porque no — 17 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 existe consentimiento, requisito indispensable para la validez del contrato, mientras que en los menos graves se podrían considerar anulables.
El principio consensualista: forma y documentación.
En el sistema jurídico español no se requiere expresar el consentimiento de una forma determinada, de acuerdo con el principio consensualista emanado de los artículos 1.258 y 1.254 del Código Civil, salvo en aquellos casos en que la ley exige determinadas circunstancias que el consentimiento se preste de una forma determinada para que sea válido. las formas del derecho civil posibles que puede exigir la ley son a) Que se haga en un documento público (escritura pública) b) Que se inscriba en un Registro Estas formas se conocen como formas ad solemnitatem.
Por ejemplo, la compraventa de un bien no es un negocio jurídico solemne, es válido y perfeccionado con un simple documento privado, no obstante, otorga una mayor seguridad inscribirlo en el registro de la propiedad, acto jurídico para el que se requiere una escritura pública; una compraventa puede perfeccionarse mediante un simple documento privado, a tenor de los artículos 1.279 y 1.280 del Código Civil.
Formas de expresar el consentimiento.
Son pues las formas de expresar el consentimiento en un contrato, salvo que la ley exija una forma determinada: • Las formas expresas, que pueden ser: • Forma verbal, que carece de efecto frente a terceros • Documento privado, que tampoco tiene efecto frente a terceros (salvo en el caso del artículo 1.227 CC, pero solo en el documento privado, no en el contrato verbal).
• Escritura pública: tiene efectos frente a terceros, pero mínimamente (ver infra).
• Inscripción registral en el Registro mercantil o de la propiedad; si bien no todas las escrituras pueden inscribirse, cuando es el caso deben inscribirse a partir de un documento público. Los documentos inscritos en el Registro tienen plenos efectos frente a terceros.
• La forma tácita (actos concluyentes) Los efectos frente a terceros.
Generalmente el contrato solo tiene efectos inter partes, pero, por ejemplo, una prenda puede tener efecto frente a terceros si así se estableció en el contrato, perjudicando al tercero si hubiera comprado el bien prendido. Si el contrato tiene eficacia frente a terceros les afecta, si no no.
— 18 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Los documentos públicos.
Según el artículo 1.216 del Código Civil “son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.”. No obstante, no todos los documentos públicos tienen plenos efectos frente a terceros, amén del artículo 1.218 del Código Civil “los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubieran hecho los primeros.”. Por lo tanto, tan sólo tienen efectos frente a terceros el hecho que motiva el otorgamiento y la fecha del mismo.
{EJEMPLO: documento privado hallado en el baúl del abuelo, que ya falleció, encontrado por el heredero pero no elevado a escritura pública. Si la otra parte vive, puede prestar su consentimiento para elevar el documento, si no lo harán sus herederos. Si no consienten los herederos, podrá autorizarla el juez aunque solo quiera una parte. Están legitimados pues, para elevar la escritura pública, las partes y los herederos.
En cuanto al tiempo, la jurisprudencia ha venido reiterando que la facultad de pedir la elevación a escritura pública es imprescriptible.} — 19 — ...
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