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Timestamp: 2017-12-16 09:17:08
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Sentencia T.C. 195/1999, de 25 de octubre. Incomparecencia. Enfermedad de la actora. Representación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 195/1999, de 25 de octubre
Derecho de acceso al proceso. Vulneración. Inexistencia. Desistimiento por incomparecencia al acto del juicio. Justificación "a posteriori" de la enfermedad de la actora. Doctrina jurisprudencial al respecto del Tribunal Constitucional.
1. El presente recurso de amparo tiene como objeto, sendos autos del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, de 30 de mayo y 17 de junio de 1996, que tuvieron por desistida a la demandante, al no haber comparecido a juicio el día señalado por razón de enfermedad, aunque sí lo había hecho su letrado. La recurrente alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE) en su manifestación de derecho de acceso al proceso.
Frente al auto inicial que la tuvo por desistida de su demanda y archivó el procedimiento, afirma que los actos de conciliación y juicio debieron haberse celebrado toda vez que sí estaba presente su letrado. Aduce además que el Juzgado, en el segundo auto, ha realizado una interpretación rigorista del artículo 83 de la LPL, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, al no admitir la justificación a posteriori de la causa de incomparecencia alegada.
Por su parte, el abogado del Estado rechaza en primer lugar que el Juzgado haya negado arbitrariamente una representación procesal ostentada por el letrado, ya que tal no se había conferido conforme al artículo 18.1 de la LPL; y, en segundo lugar, entiende que en el presente caso no ha quedado debidamente acreditada la existencia de una justa causa de suspensión por enfermedad de la actora.
Finalmente, el Ministerio Fiscal entiende que si bien resulta ajustado a Derecho el auto inicial de 30 de mayo de 1996 que tuvo por desistida a la actora, la ulterior resolución de 17 de junio de 1996 habría lesionado el artículo 24.1 de la CE, pues el Juzgado habría realizado una interpretación excesivamente rigorista del artículo 83.2 de la LPL. En cuanto a la alegación relativa a la existencia o no de representación procesal por el letrado sostiene que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria que no compete resolver al Tribunal Constitucional.
2. La imputación de haber vulnerado el artículo 24.1 de la CE, que realiza la demanda de amparo al auto de 30 de mayo de 1996 debe ser rechazada. Se alega que al acto del juicio acudió el letrado, cuya representación de la parte actora estaba perfectamente acreditada y había sido aceptada de manera implícita, pero clara, por el Juzgado en anteriores ocasiones. El órgano judicial, se afirma, al no haber accedido a la celebración del acto del juicio, negó en ese momento una representación procesal antes reconocida, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.
Hemos de recordar que la jurisprudencia de este Tribunal, en relación con los defectos de representación procesal de las partes, ha mantenido siempre de forma indubitada que la falta de acreditación de la representación procesal es subsanable si el defecto se reduce a esa mera formalidad y siempre que tal subsanación sea factible (SSTC 163/1985, 132/1987, 58/1988, 6/1990, 213/1990, 133/1991, 350/1993, 104/1997), y, más genéricamente, en relación con la interpretación y la aplicación de la Ley, en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda, hemos afirmado reiteradamente que la misma tiene transcendencia constitucional, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir una interpretación de aquélla que sea conforme con el principio pro actione" entendido, no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles normas que la regulan -ya que esta exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios- sino 'como la interdicción de aquellas decisiones de inadmitir que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que aquéllas causas preservan y los intereses que sacrifican' (STC 88/1992, fundamento jurídico 2.º)"(STC 207/1998, fundamento jurídico 3.º) y, por supuesto, siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se agrave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento (STC 63/1999).
Pues bien, en el presente caso, a la vista de las actuaciones no puede admitirse que la representación procesal de la actora por su letrado resultara acreditada. Lo actuado, contrariamente a lo ahora afirmado en la demanda de amparo, evidencia que no se había conferido la representación al letrado, por ninguno de los medios admitidos por el artículo 18.1 de la LPL, ni tampoco por ningún otro medio utilizado frecuentemente en la práctica ante los órganos jurisdiccionales laborales.
La demanda, que fue formulada por la actora en su propio nombre, sólo indicaba mediante otrosí su intención de acudir al acto del juicio acompañada por abogado, designando a efectos de notificaciones el domicilio del despacho profesional de este letrado. Es pues razonable que el órgano jurisdiccional no requiriera la subsanación de la demanda, en relación con una eventual falta de acreditación de la representación procesal, pues de la demanda lo que se infiere es que la parte comparece por sí misma y se hace defender por abogado, el cual no sería representante sino únicamente su defensor.
Atendiendo a todo lo anterior el auto de 30 de mayo de 1996 que, ante la incomparecencia de la parte actora sin que se hubiese sido alegada causa alguna de suspensión de la vista, y sin que se hubiese acreditado la representación procesal de la actora por el letrado que acudió al acto de la vista, acordó tenerla por desistida, de conformidad con el artículo 83.2 de la LPL, constituye una decisión judicial que es plenamente ajustada al derecho a la tutela judicial efectiva, que como hemos ya declarado en numerosas ocasiones en ningún caso puede amparar actitudes carentes de la diligencia debida por parte del interesado, lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte, de la garantía a un proceso sin dilaciones indebidas o de la regularidad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad del proceso.
3. La cuestión planteada por la demanda de amparo queda así reducida a determinar si, como alega la parte actora y el Ministerio Fiscal corrobora, el órgano judicial vulneró el artículo 24.1 de la CE, impidiendo la obtención de una respuesta de fondo, a través de una interpretación rigorista del artículo 83.2 de la LPL, al no haber admitido la justificación a posteriori de la enfermedad de la actora, como justa causa de suspensión del juicio.
Para el adecuado análisis de esta cuestión conviene recordar con carácter previo el contenido del artículo 83 de la LPL. En este precepto se establece en su párrafo primero que "sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados acreditados ante el órgano judicial, podrán suspenderse por una sola vez los actos de conciliación y juicio, señalándose nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de suspensión. Excepcionalmente y por circunstancias graves adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda suspensión", a lo que se añade en el párrafo segundo, que "si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda".
Como ya señalara la STC 21/1989 (en relación con el precedente artículo 74 de la LPL de 1980), el artículo 83.2 de la LPL "contempla una especie de desistimiento tácito en el que no hay manifestación o decisión expresa de retirarse del proceso, sino únicamente una presunción de abandono de la acción ejercitada fundada en la incomparecencia del actor. Esta presunción, como todas las que admiten prueba en contrario, podría ser destruida por el interesado mediante actos o pruebas que mostraran inequívocamente su voluntad de continuar el proceso o su oposición a la conclusión del mismo" (fundamento jurídico 3.º)
En este sentido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal ha favorecido una interpretación flexible y antiformalista de esta norma (SSTC 237/1988, 21/1990, 9/1993, 218/1993, 373/1993, 86/1994 y 196/1994), congruente con el propósito del legislador, que no es otro que el de restringir en lo posible las suspensiones inmotivadas o solapadamente dilatorias (STC 3/1993), si bien también hemos advertido que tal interpretación no puede amparar actitudes carentes de la diligencia debida por parte del interesado, lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte, de la garantía a un proceso sin dilaciones indebidas o a la regularidad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad objetiva del proceso (SSTC 373/1993, 86/1994, 196/1994).
Por lo que respecta al momento procesal oportuno en el que la causa de la incomparecencia ha de ser puesta en conocimiento del órgano judicial, este Tribunal ha señalado que el artículo 83.2 de la LPL "exige como presupuesto para la posible suspensión de los actos señalados el aviso previo. De la incomparecencia sin aviso previo se deduce una voluntad de abandono de la acción o pretensión. Así, el aviso previo procesal se convierte en una exigencia procesal, cuyo cumplimiento, salvo circunstancias imposibilitantes, deviene ineludible, sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de las partes, pues se trata de un requisito de orden público, por lo que escapa al poder de decisión de las partes. La consecuencia que se anuda a la incomparecencia sin aviso previo, a saber, el tener por desistido, es una sanción proporcionada a la garantía de obtener un proceso sin dilaciones indebidas y al derecho a la tutela judicial de la contraparte, sin que pueda subsanarse un vicio de esta naturaleza porque se sacrificaría la regularidad y el buen funcionamiento del proceso" (SIC 373/1993, fundamento jurídico 4.º) Aunque también se ha admitido, con carácter excepcional, la justificación a posteriori"de la causa de inasistencia concurrida cuando, concretamente, la enfermedad constituya un acontecimiento imprevisible, que además a tenor de las circunstancias concurrentes tenga una capacidad obstativa o paralizante de la actividad normal del sujeto (SSTC 21/1989, 9/1993 y 218/1993).
4. En el caso presente, resulta acreditado que la actora no acudió a la vista del juicio oral señalada para las 8,50 horas del día 30 de mayo de 1996, sin que hubiese sido previamente alegada causa justificativa alguna de su incomparecencia. Mediante auto del mismo día 30 se la tuvo por desistida de su demanda, archivándose el procedimiento sin más trámite. Notificado este auto a su letrado el mismo día de la fecha, se interpone recurso de reposición el día 3 de junio, alegándose como causa de la incomparecencia la enfermedad sobrevenida de la actora el mismo día de la vista, justificándola mediante un parte de consulta y hospitalización del Instituto Nacional de la Salud, y un certificado médico oficial expedido el día 31 de mayo siguiente.
En el parte de consulta y hospitalización, fechado el día 30 de mayo de 1996, figura como enferma Angeles G.M. y se consignan como datos médicos, "paciente que precisa reposo el día de la fecha por (... ilegible) que le impide el desplazamiento". En el certificado médico, se hace constar que la actora "acudió a consulta el día 30 de mayo de 1996 por enfermedad".
El Juzgado de lo Social en el auto de 17 de junio de 1996, desestimó el recurso confirmando la decisión de tener por desistida a la actora, pues se habría limitado a cumplir lo preceptuado en el artículo 83.2 de la LPL "al no haber comparecido a juicio la demandante y no haber puesto en conocimiento del Juzgado los motivos que impedían su asistencia, y no sólo eso, sino que tampoco lo puso en conocimiento inmediatamente, sino que ha esperado a que se le notificase el auto para intentar acreditar mediante la interposición del recurso de reposición, lo que tuvo que acreditar con anterioridad". De otro lado, el juez señala que "el certificado médico lo único que acredita es que la demandante acudió a consulta el día 30 de mayo de 1996", resultando a su juicio paradójico que el certificado médico fuese expedido al día siguiente.
5. Un análisis del caso enjuiciado, a la luz de la doctrina constitucional antes expuesta, nos lleva a rechazar la imputación de interpretación formalista del artículo 83.2 de la LPL, y lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente dirigida contra la anterior decisión judicial.
De lo actuado no puede deducirse, pues, que concurrieran en el caso presente circunstancias de las que sólo cupiera su comunicación después de ocurrido el incidente, supuestos excepcionales en los que la doctrina constitucional ha admitido la justificación "a posteriori" de la causa de la incomparecencia, frente a la regla general sobre la exigencia, como presupuesto para la posible suspensión del juicio del aviso previo y, concretamente, no puede deducirse que la enfermedad padecida por la actora constituyera un acontecimiento imprevisible, que además a tenor de las circunstancias concurrentes hubiera tenido una capacidad obstativa o paralizadora de la actividad normal del sujeto (SSTC 21/1989, 9/1993, y 218/1993).
La decisión judicial de tener por desistida a la actora, ante su incomparecencia el día de la vista, sin aviso previo, cuando no han quedado acreditadas circunstancias que imposibilitaron comunicar por cualquier medio al Juzgado de los motivos que impedían su asistencia, es adecuada a las exigencias que el principio pro actione despliega en el momento inicial de acceso al proceso, al basarse en una interpretación del artículo 83.2 de la LPL, que no puede considerarse desproporcionadamente rigorista, sino acorde con los fines de este precepto legal, que trata de asegurar la celeridad del proceso, y que resulta "proporcionada a la garantía de obtener un proceso sin dilaciones indebidas, y al derecho a la tutela judicial de la contraparte, sin que pueda subsanarse un vicio de esta naturaleza porque se sacrificaría la regularidad y el buen funcionamiento del proceso" (STC 373/1993, fundamento jurídico 4.º)