Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-459-2011-ap-malaga-sec-6-rec-588-2010-15-09-2011-10685431
Timestamp: 2017-08-17 09:42:00
Document Index: 103096504

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 97', 'artículo 143', 'artículo 110', 'artículo 143', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 770', 'in fine', 'artículo 398']

Sentencia Civil Nº 459/2011, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 588/2010, 15-09-2011 | Iberley
Sentencia Civil Nº 459/2011, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 6, Rec 588/2010 de 15 de Septiembre de 2011
Sentencia Civil Nº 38/2014, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 24/2014, 26-03-2014
Órden: Civil Fecha: 26/03/2014 Tribunal: Ap - Huelva Ponente: Bellido Soria, Francisco Num. Sentencia: 38/2014 Num. Recurso: 24/2014
Sentencia Civil Nº 27/2013, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 4/2013, 12-02-2013
Órden: Civil Fecha: 12/02/2013 Tribunal: Ap - Huelva Num. Sentencia: 27/2013 Num. Recurso: 4/2013
Sentencia Civil AP - Huelva, Sec. 1, Rec 76/2012, 25-06-2012
Órden: Civil Fecha: 25/06/2012 Tribunal: Ap - Huelva Ponente: Bellido Soria, Francisco Num. Recurso: 76/2012
Sentencia Civil Nº 666/2007, AP - Malaga, Sec. 6, Rec 898/2007, 12-12-2007
Órden: Civil Fecha: 12/12/2007 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Diez Nuñez, Jose Javier Num. Sentencia: 666/2007 Num. Recurso: 898/2007
Sentencia Civil Nº 29/2014, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 274/2013, 27-02-2014
Órden: Civil Fecha: 27/02/2014 Tribunal: Ap - Huelva Ponente: Bellido Soria, Francisco Num. Sentencia: 29/2014 Num. Recurso: 274/2013
Ponente: Jurado Rodriguez, Maria De La Soledad
Núm. Sentencia: 459/2011
Núm. Recurso: 588/2010
Núm. Cendoj: 29067370062011100448
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 DE MÁLAGA
JUICIO DE DIVORCIO Nº 956/09
ROLLO DE APELACIÓN CIVIL Nº 588/10
SENTENCIA Nº 459/11
Dª. INMACULADA SUÁREZ BÁRCENA FLORENCIO
Dª. SOLEDAD JURADO RODRÍGUEZ
En la ciudad de Málaga a 15 de Septiembre de dos mil once.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio de Divorcio nº 956/09 procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Málaga, seguidos a instancia de Doña Hortensia , representada en el recurso por el Procurador Don Alejandro Rodríguez de Leiva y defendida por la Letrada Doña Alicia Mª Jiménez Rojas, contra Don Gustavo , representado en el recurso por el Procurador Don Antonio Castillo Lorenzo y defendido por el Letrado Don Antonio Mestanza Vega, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia dictada en el citado juicio.
PRIMERO .- El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Málaga dictó sentencia de fecha 21 de Enero de 2010 en el Juicio de Divorcio nº 956/09, del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: " Que debiendo estimar como estimo la demanda interpuesta por Dña. Hortensia , representada por el Procurador D. Alejandro Jacobo Rodríguez de Leiva contra D. Gustavo , representado por el Procurador D. Antonio Castillo Lorenzo,debo declarar y declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio existente entre ambas partes, acordando las siguientes medidas:1º) Por el capítulo de alimentos al hijo común: Sergio, D. Gustavo , abonará a Dña. Hortensia , por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes la cantidad mensual de 350 euros, suma que será, anualmente actualizada, conforme al I.P.C publicado por el I.N.E u organismo que lo sustituya.2º) La asignación del uso del domicilio conyugal, así como del mobiliario y ajuar doméstico existentes en el mismo a Dña. Hortensia , quien residirá en dicha vivienda en compañía del hijo. Debiendo abonar la misma el 100% de los gastos de uso de dicha vivienda, incluidas las cuotas ordinarias de la Comunidad de Propietarios. 3º) Pudiendo D. Gustavo , retirar del domicilio conyugal, previo inventario, sus objetos personales y los de su exclusiva pertenencia. 4º) En concepto de pensión compensatoria, D. Gustavo , abonará a Dña. Hortensia , por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes la cantidad mensual de 300 euros, suma que será, anualmente actualizada, conforme al I.P.C publicado por el I.N.E u organismo que lo sustituya. 5º) En tanto se procede a la liquidación del régimen de gananciales se atribuye a D. Gustavo , el uso de la vivienda ganancial sita en Benalmádena. Debiendo abonar el mismo el 100% de los gastos de uso de la misma; así como el 100% de las cargas que pesan sobre el régimen de gananciales, incluidas las cuotas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios del domicilio conyugal, si las hubiera, así los IBIS y cuantos impuestos graven los bienes gananciales y debiendo repartir, al 50% los beneficios que se pudieran obtener del alquiler de los mismos, rindiendo cuentas anualmente a su esposa. Todo ello sin hacer especial imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se tuvo por preparada la apelación en virtud de escritos presentados por el Procurador D. Alejandro Jacobo Rodríguez de Leiva en nombre y representación de Dª Hortensia y por el Procurador D. Antonio Castillo Lorenzo en nombre y representación de D. Gustavo , que interpusieron los recursos en plazo y forma, de los que se dio respectivos traslados a las otras partes, presentándose por ambas escritos de oposición a los recursos formulados de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse admitido la prueba propuesta ni considerarse necesaria la celebración de la vista, previa deliberación de la Sala, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.
PRIMERO.- La sentencia de divorcio dictada en la anterior instancia contiene los siguientes pronunciamientos de contenido económico a cargo del demandado de incidencia para la resolución del recurso: a) pensión alimenticia a favor de su hijo Sergio de 350 € mensuales, b) pensión compensatoria a favor de la esposa demandante en la cantidad de 300 € mensuales, c) el pago de todas las cargas que graven los bienes gananciales, y, d) repartir con la esposa al 50% los beneficios que se pudieran obtener del alquiler de los bienes gananciales. El demandado interpone recurso de apelación interesando en primer término que se cuantifique la pensión alimenticia a favor del hijo en la cantidad de 98,07 € y en segundo lugar que no se establezca pensión compensatoria a favor de la esposa al no darse los requisitos para ello al haber estado trabajando durante el matrimonio, como lo hace en la actualidad, además de percibir el 50% de la renta por el alquiler de un local ganancial. La actora apela también la sentencia a fin de que se cuantifique la pensión compensatoria en 1.300 € mensuales al no adecuarse a los requisitos del artículo 97 CC la fijada en la sentencia y a fin de que se establezca el devengo de las obligaciones económicas a cargo del demandado desde la interposición de la demanda.
SEGUNDO.- El recurso del demandado en relación a la cuantificación de la pensión alimenticia del hijo, que la calcula en la diferencia entre la cantidad fijada en la sentencia y la que percibe el hijo de la seguridad social por su minusvalía, se fundamenta exclusivamente en que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba al razonar que el hijo no percibe ingreso alguno cuando está acreditado y reconocido por la otra parte que el hijo percibe una pensión por su minusvalía de 336,33 €, ascendiendo el coste del centro al que asiste 84,40 € mensuales. Este motivo recurrente procede ser desestimado ya que, en primer lugar, aun cuando en la sentencia efectivamente se afirme que el hijo Sergio por su minusvalía no obtiene ingreso alguno, de ello no se deduce que esté incurriendo en error ignorando la pensión que percibe el hijo de la Administración por su deficiencia mental, pues ello no ha constituido una cuestión debatida en la litis pues ya se afirma en la propia demanda y de ello se parte en el debate de la vista de las medidas provisionales, de lo que se deduce que tal afirmación se refiere a la imposibilidad del hijo de conseguir ingresos propios dada su minusvalía. En segundo lugar, en ningún caso procedería la compensación que pretende el recurrente entre su obligación alimenticia respecto de su hijo y la pensión administrativa que éste percibe, pues una cosa es la asistencia debida a los hijos, dimanante de la patria potestad, generadora tanto de derechos como de obligaciones paterno-filiales - artículos 110 y 154.1 y concordantes del Código Civil -, y otra muy distinta es la institución de los alimentos entre parientes - artículos 142 y siguientes del Código Civil -, sustentada en base a presupuestos tales como la relación conyugal o de parentesco, la necesidad del alimentista y la disponibilidad pecuniaria por parte del alimentante, teniendo su fundamento en la solidaridad familiar dentro de la escala fijada en el artículo 143 del Código Civil . El caso de litis se encuentra en el primero de estos supuestos legales, siendo de aplicación el citado artículo 110, recogiéndose en el 154.1 dentro de los deberes de la patria potestad el de alimentar a los hijos, ya sean procreados dentro o fuera del matrimonio, deber éste que, por tanto, deriva del hecho mismo de la filiación y que, en suma, pasa por constituir una prestación más amplia que la contenida en el artículo 143 del Código Civil , correspondiendo la determinación de la cuantía al Juez o Tribunal sentenciador, cuyo criterio no pueden sustituir las partes eficazmente con el suyo propio - T.S. 1ª SS. de 24 de mayo y 16 de noviembre de 1974 -. Sentado lo anterior, en las actuaciones ha quedado acreditado que los ingresos del padre ascienden a unos 4.000 € mensuales (así se recoge en la sentencia y ese es el resultado que arroja la declaración del IRPF como retribuciones netas), de ahí que la cantidad fijada a su cargo como pensión alimenticia de 350 € mensuales es proporcional a esos ingresos y a las necesidades del hijo que tiene 30 años cuando se interpone la demanda y un retraso mental que requiere la ayuda de terceras personas para las actividades mas elementales, siendo la obligación de proveer a esas necesidades prevalente a cualquier otro gasto o carga económica.
TERCERO.- En relación a la pensión compensatoria, el artículo 97 CC establece que tendrá derecho a una compensación el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. De conformidad con lo establecido en el citado precepto, la pensión compensatoria se presenta como un mero mecanismo corrector del perjuicio económico que la separación o divorcio ocasiona en uno de los cónyuges en relación con el que conserva el otro y en función del que venía disfrutando anteriormente durante el matrimonio, operando, en definitiva, como remedio del desequilibrio económico ocasionado por la ruptura, de lo que se infiere de que para que nazca el derecho compensador es necesario que concurran dos requisitos o presupuestos: por un lado, la existencia de un desequilibrio económico que compensar, entendiendo por tal el descenso que la separación o divorcio produce en el nivel de vida de uno de los esposos en relación con el que conserve el otro, lo que impone comparar las necesidades de cada cónyuge y los recursos que posean para satisfacerlas, y, de otro, que el desequilibrio económico implique empeoramiento en la situación que mantenía en el matrimonio y que habrá de venir referenciado al momento de la ruptura matrimonial, fijándose la cuantía de esta prestación a tenor de las circunstancias que, como «numerus apertus», se establecen en el mismo precepto, entre las que se encuentran la edad, la cualificación profesional, las probabilidades de acceso a un empleo, y la dedicación pasada y futura a la familia. En el presente caso, de los hechos declarados probados a través de las alegaciones de las partes y de las pruebas practicadas, no cabe duda del desequilibrio económico que se produce entre los esposos tras la ruptura de la pareja, pues mientras que el marido percibe las cantidades acreditadas por el ejercicio de una profesión fija y cualificada, la esposa, tras treinta años de matrimonio, carece de preparación profesional alguna al haber tenido durante ese tiempo plena dedicación a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar y de su marido, quedando por ello en posición económica peor que la que tenía durante el matrimonio, al pasar de una situación económica estable, por los ingresos que aportaba su marido, a una situación precaria, debiéndose tener en cuenta que para la apreciación del desequilibrio tras la ruptura del matrimonio no puede tomarse en consideración solo las aportaciones dinerarias del cónyuge que trabaja fuera del hogar sino que también ha de contabilizarse lo aportado en todas las facetas por ambos cónyuges al matrimonio, y en este ámbito tener en cuenta que mientras que el esposo estaba dedicado a su desarrollo profesional, con el que conseguía los ingresos, la esposa tenía limitada su proyección laboral por estar dedicada al cuidado de la familia de ambos. Por estas razones procede el mantenimiento de la pensión compensatoria a la esposa pues en ningún caso quedan desvirtuadas por el hecho de que la esposa realice trabajos esporádicos de limpieza o cuidado de niños a fin de mínimamente mejorar su nivel de vida, el cual realmente no puede ser muy alto dado la cuantía de la pensión compensatoria y tener a su exclusivo cargo el cuidado del hijo Sergio.
CUARTO.- En relación al recurso formulado por Dª Hortensia , que interesa que la pensión compensatoria se fije en a cuantía solicitada en la demanda ascendiente a 1.300 € mensuales, procede ser también rechazado y ello porque si bien son ciertas las circunstancias recogidas en el anterior apartado sobre que el matrimonio ha durado 30 años y la obligada dedicación de la esposa pasada, actual y futura al cuidado del hijo de 30 años con retraso mental, el artículo 97 también prevé como una de las circunstancias para la determinación de su importe: "el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge", y en relación al primero, al caudal del obligado al pago, resulta que siendo sus ingresos de 4.000 € mensuales, además de abonar la pensión alimenticia al hijo (350 €) también debe abonar todos los gastos relativos a la propiedad de los bienes gananciales, con lo cual, solo de hipotecas suponen unos 1.800 € mensuales según se afirma en el recurso por la propia esposa, y como al tratarse de bienes gananciales en principio esas cargas deberían ser afrontadas los cónyuges por mitad, ha de considerarse que la mitad de esa cantidad (900 € mensuales) es una carga económica que corresponde a la esposa y que, en cambio, asume el marido, de la misma forma que en la demanda se incluía como elemento calculador de la pensión que el marido percibía la renta completa del bien ganancial alquilado mientras que a partir de la sentencia recurrida la situación varía en cuanto que también el 50% de esa renta se debe entregar a la esposa, deduciéndose de todo lo anterior que la cantidad fijada en sentencia es la adecuada a todas las circunstancias que confluyen en los ingresos y gastos del marido.
QUINTO.- En relación a la pretensión de condena al pago de las pensiones desde la interposición de la demanda, el recurso formulado por la demandante también ha de ser rechazado pues ha de tenerse en cuenta que el procedimiento seguido en el presente es un proceso matrimonial que se regula en el Capítulo IV del Título I del Libro IV de la LEC, exponiéndose al principio del artículo 770 que se regularán por las normas contenidas en dicho Capítulo las demandas que se formulen al amparo del Título IV del Libro I del Código Civil, esto es, la materia referida al matrimonio. Esta sistemática fundamenta que en estos casos el pago de las pensiones obliga desde la fecha de la sentencia y no desde la interposición de la demanda, en cuanto que, las sentencias de separación y divorcio tienen efectos constitutivos «ex nunc», no siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero, in fine, del art. 148 del Código Civil , situado en el Título VI del citado Libro I del Código Civil bajo el epígrafe "alimentos entre parientes", y que se refiere a las demandas de los juicios de alimentos y no a las de divorcio, en cuyo procedimiento existen unas medidas provisionales o cautelares de carácter urgente y de tramitación independiente, en las que se puede acordar también el pago de alimentos a los hijos o, en su caso, al cónyuge, en auto contra el que no se da recurso, produciendo efectos ejecutivos el auto que los acuerde, desde el momento en que recae la resolución, con independencia de la fecha de la firmeza de la sentencia, que puede resolver cuestiones análogas a las acordadas en medidas y que deja sin efecto éstas, pero en modo alguno de forma retroactiva.
SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, cuando sean desestimadas las pretensiones de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que las haya visto rechazadas.
:Que desestimando los recursos de apelación formulados por el Procurador D. Alejandro Jacobo Rodríguez de Leiva en nombre y representación de Dª Hortensia y por el Procurador D. Antonio Castillo Lorenzo en nombre y representación de D. Gustavo contra la sentencia dictada el 21 de Enero de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Málaga en procedimiento de divorcio nº 956/09 , debemos confirmar y la confirmamos en todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas causadas en esta instancia a los apelantes.
Así por ésta, nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dª SOLEDAD JURADO RODRÍGUEZ, constituida en Audiencia Pública en la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Málaga, en el día de su fecha. Doy fe.-