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Timestamp: 2016-10-21 15:39:07
Document Index: 245311237

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 121', 'artículo 10', 'artículo 248', 'artículo 2868', 'artículo 7', 'artículo 86', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 22']

⭐EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA EL SIGUIENTE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Gabriel Lara Marín
1 EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA EL SIGUIENTE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- Las disposiciones de este código regirán en el Estado de Sonora, en asuntos civiles. ARTÍCULO 2.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley y su servicio será gratuito. La tramitación de los asuntos judiciales no podrá alterarse o entorpecerse por disposiciones fiscales. Todas las sanciones pecuniarias contempladas en este código, serán aplicadas a incrementar el fondo para la administración de justicia. ARTICULO 3.- La observancia de las normas procesales es de orden público. En consecuencia, para la tramitación y resolución de los asuntos ante los Tribunales, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por acuerdo de los interesados pueda renunciarse el derecho de recusación, ni alterarse, o modificarse las demás normas esenciales del procedimiento; pero con las limitaciones que se establecen en este Código, es lícito a las partes solicitar del tribunal la suspensión del procedimiento o la ampliación de términos, cuando exista conformidad entre ellas y no se afecten, derechos de terceros. ARTICULO 4.- En el caso de silencio, obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, el juez deberá suplirlos mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal. El poder de investigación de estos principios, corresponde al juez y su aplicación no queda sujeta a traba legal alguna. ARTICULO 5.- En la interpretación de las normas del procedimiento tendrá aplicación lo siguiente: I.- Se hará atendiendo a su texto y a su finalidad y función; II.- La norma se entenderá de manera que contribuya a alcanzar expedición y equidad en la administración de justicia; III.- Se aplicará procurando que la verdad material prevalezca sobre la verdad formal; IV.- La norma dudosa en ningún caso significará un obstáculo técnico o formal para la administración de justicia; V.- La regla de la ley sustantiva de que las excepciones o las leyes generales son de estricta interpretación, no es aplicable a este Código; VI.- Las disposiciones relativas a las partes deberán siempre interpretarse en el sentido de que2 todas ellas tengan las mismas oportunidades de acción y defensa; y VII.- El presente Código deberá entenderse de acuerdo con los principios constitucionales relativos a la función jurisdiccional y con los generales del derecho. ARTICULO 6.- La iniciativa del proceso, salvo los casos en que corresponda al Ministerio Público, queda reservada a las partes; el juez sólo procederá de oficio cuando expresamente lo determine la ley. ARTICULO 7.- Los tribunales tienen, sin perjuicio de los especiales que les concede la ley, los poderes siguientes: I.- Impulsar el procedimiento, una vez iniciado, sin perjuicio de la actividad que la ley concede a las partes; II.- Convocar, en cualquier tiempo, a las partes a su presencia, para intentar la conciliación; III.- En cualquier estado o instancia del proceso, ordenar la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos por ellas afirmados. Las partes pueden ser asistidas por patronos o procuradores. Los interrogatorios se practicarán sin formalidad alguna, y IV.- Rechazar de plano cualquier incidente o promoción que racionalmente merezca calificarse de intrascendente, en relación con el asunto que se ventile. ARTICULO 8.- Respecto de la fe y crédito que deba darse a los actos de los Estados, del Distrito y de los Territorios Federales son aplicables las siguientes reglas: I.- Se dará entera fe y crédito a los actos, registros públicos y procedimientos judiciales de los Estados, del Distrito y de los Territorios Federales sin que para probarlo se requiera previa legalización de las firmas que los autoricen, y II.- La fuerza ejecutoria de las sentencias pronunciadas por los tribunales de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios de la Unión se determinará de acuerdo con las bases establecidas por el artículo 121 de la Constitución Política de la República. ARTICULO 9.- En los asuntos a que se refiere este Código se respetarán los Tratados y Convenciones en vigor, y, a falta de ellos, tendrán aplicación las siguientes disposiciones acordes con las reglas de derecho procesal civil internacional: I.- La jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado no quedará excluida por prórroga en favor de una jurisdicción extranjera hecha por convenio de los particulares; II.- La jurisdicción de los tribunales del Estado no quedará excluida por la litispendencia o conexión ante un tribunal extranjero; III.- La cosa juzgada procedente de un fallo dictado por un tribunal extranjero sólo tendrá efecto en el Estado previo reconocimiento por el tribunal del Estado competente, hecho por los trámites señalados por el presente Código; IV.- La competencia de los tribunales del Estado se rige por las disposiciones de este Código, disposiciones que tienen carácter local; V.- Los medios de prueba admisibles para demostrar la existencia o inexistencia de un acto o 23 hecho jurídicos, se regirán en cuanto a la forma por la ley del lugar en que se produjeron, siempre que no contraríen los principios fundamentales del derecho probatorio sonorense. Se presumirá la coincidencia de la ley extranjera con la ley del Estado y con la ley mexicana, a falta de prueba en contrario; VI.- Toda persona física o jurídica puede demandar o ser demandada ante los Tribunales del Estado, cuando así proceda conforme a las reglas de competencia. ARTICULO 10.- El abuso de los derechos de acción y de defensa se sancionará con la condena en costas, daños y perjuicios y además con la responsabilidad pecuniaria del infractor. El importe de la responsabilidad pecuniaria se fijará con multa hasta por doscientas veces el salario mínimo general, vigente en la Ciudad de Hermosillo el día en que se aplique la sanción. LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES TITULO PRIMERO DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES CAPITULO PRIMERO DE LAS ACCIONES ARTICULO 11.- Para hacer valer una acción en juicio se necesita la interposición de demanda ante juez competente. ARTICULO 12.- Para interponer una demanda o contradecirla es necesario tener interés jurídico en la misma. El ejercicio de la acción que corresponde al Ministerio Público esta sujeto a las disposiciones del estatuto legal de esta institución. ARTICULO 13.- Mediante el ejercicio de la acción podrá perseguirse: I.- Que se condene al demandado a realizar una determinada prestación; II.- Que se declare la existencia o inexistencia de un interés legítimamente protegido o de un hecho, acto o relación jurídica, o la autenticidad o falsedad de un documento; III.- La constitución, modificación o extinción de un estado o situación jurídica, y IV.- La aplicación de las normas jurídicas encaminadas a la defensa de cualquier situación de hecho o de derecho favorable al actor, o a reparar el daño sufrido o el riesgo probable de un bien propio o que se esté en la obligación de salvaguardar o bien para retener o restituir la posesión que a cualquiera le pertenezca, de cosa o cosas determinadas. ARTICULO 14.- Todas las acciones civiles toman su nombre del contrato o hecho a que se refieren. La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. ARTICULO 15.- La acumulación de acciones será obligatoria, cuando haya identidad de personas y de causas en el ejercicio de las mismas, debiendo, por tanto, interponerse todas en una 34 sola demanda. Por el ejercicio de una o mas, quedan extinguidas las otras, excepto en los casos en que por disposición de la ley deban entablarse sucesivamente en demandas distintas, o que no sean acumulables. No podrán acumularse en la misma demanda, acciones incompatibles y en caso de que así se haga, el juez requerirá al actor para que manifieste por cual de ellas opta. ARTICULO 16.- Las acciones deberán ejercitarse, salvo lo que disponga la ley para casos especiales: I.- Contra cualquier poseedor, si se pide la protección coactiva de derechos reales; II.- Contra el obligado, contra su fiador o contra quienes legalmente lo sucedan en la obligación, si se pide la protección coactiva de derechos personales; III.- Contra quienes tengan interés contrario si se trata de acciones declarativas o constitutivas; y IV.- Sin contraparte o con la intervención del Ministerio Público, oyendo, en su caso, a terceros interesados, si se trata del ejercicio de acciones en jurisdicción voluntaria. ARTICULO 17.- Son principales todas las acciones, menos las siguientes, que se consideran accesorias o incidentales: I.- Las que nacen de una obligación que garantice a otra, como la de fianza, prenda o hipoteca, y II.- Las que tienen por objeto reclamar daños y perjuicios por falta de cumplimiento de un contrato, o bien por actos u omisiones sujetos expresamente por la ley a esa responsabilidad. Extinguida la acción principal, no procede en juicio la accesoria; pero, al contrario, extinguida la segunda puede ejercitarse la primera. ARTICULO 18.- En las acciones de condena tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- La procedencia de estas acciones requiere que haya un derecho o que el derecho cuya protección se pide, se haya hecho exigible. Es lícito el ejercicio de una acción de condena respecto de una prestación futura, aunque el derecho no se haya hecho exigible, en los siguientes casos: a) Cuando se pida la entrega de una cosa o cantidad de dinero o el desalojamiento de un fundo, casa o local, pactados para un día determinado, excepto tratándose de arrendamiento de locales para habitación, siempre que se solicite que la sentencia no pueda ejecutarse sino al vencimiento de la prestación. El actor, en este caso, deberá caucionar mediante depósito por la cantidad que fije el juez, el pago de posibles costas en favor del demandado y el importe de la acción a que se refiere el artículo 10, si durante el juicio aparece que este último no trato de sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones al tiempo debido. b) Cuando la acción verse sobre prestaciones periódicas y se hubiere faltado al cumplimiento de alguna de ellas, para el efecto de que la sentencia se ejecute a sus respectivos vencimientos, y c) Cuando se trate de obligación condicional y el obligado impida voluntariamente el cumplimiento de la condición; cuando después de contraída la obligación resulte el deudor insolvente, salvo que garantice la deuda; cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido, o cuando por actos propios hubieren disminuido aquellas garantías después de establecidas, o cuando por caso fortuito desaparecieren a menos de que sean inmediatamente 45 sustituidas por otras igualmente seguras, y, en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el derecho a la prestación, sino el motivo que cause el temor fundado de que no va a tener cumplimiento cuando se haga exigible. II.- Los efectos de las sentencias que se dicten respecto de las acciones de condena, se retrotraen el día de la demanda, salvo rectificaciones impuestas por situaciones particulares. ARTICULO 19.- En las acciones declarativas tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- Se considerará como susceptible de protección legal la declaración de existencia o inexistencia de cualquier relación jurídica; de un derecho subjetivo; de la prescripción de un crédito; del derecho de oponer excepciones o de un derecho sobre relaciones jurídicas sujetas a condición; II.- Deberá justificarse la necesidad de obtener la declaración judicial que se pida; III.- Las acciones declarativas en ningún caso versarán sobre protección del alcance o cualidades de un derecho o relación jurídica, y IV.- Los efectos de la sentencia podrán retrotraerse al tiempo en que se produjo el estado de hecho o de derecho sobre que verse la declaración. ARTICULO 20.- En las acciones constitutivas tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- Para la procedencia de estas acciones se requerirá que la ley condicione el cambio de estado jurídico a la declaración contenida en una sentencia, y II.- En esta clase de acciones, la sentencia que se dicte sólo surtirá efecto para el futuro, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. ARTICULO 21.- En las acciones precautorias o cautelares tendrán aplicación las siguientes reglas: I.- Los efectos de esta clase de acciones quedarán sujetos a lo que disponga la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, y II.- Las resoluciones que se dicten con motivo del ejercicio de esta clase de acciones nunca tendrán fuerza de cosa juzgada; ARTICULO 22.- La acción reivindicatoria compete a quien tiene la propiedad de la cosa; pero no está en posesión de ella, para que se declare que le corresponde el dominio sobre la misma y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. ARTICULO 23.- Procederá la acción negatoria para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o anotación en el Registro de la Propiedad, y en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. ARTICULO 24.- Compete la acción confesoria al dueño, al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante. Si el predio dominante pertenece, proindiviso a varios propietarios, cualquiera de ellos puede entablar la acción. Puede ejercitarse esta acción para que se declare la existencia de un derecho real de servidumbre; que se haga cesar la violación, de ese derecho; que se obtenga el reconocimiento de los derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios. 56 ARTICULO 25.- Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una hipoteca; o bien para obtener el pago, o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de fijada y registrada la cédula hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del predio, con esté continuará el juicio. ARTICULO 26.- La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o abintestato, o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero o cesionario de esté y contra el que no alega título ninguno de posesión de bien hereditario o dolosamente dejo de poseerlo. ARTICULO 27.- La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero del demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus acciones, sea indemnizado y se le rindan cuentas. ARTICULO 28.- El comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o disposición especial. No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitro el negocio sin consentimiento unánime de los demás condueños. ARTICULO 29.- Compete el interdicto de retener la posesión al que, estando en posesión jurídica o derivada de un bien inmueble o derechos reales, es amenazado grave e ilegalmente de despojo por parte de un tercero, o pruebe que éste ha ejecutado o hecho ejecutar actos preparatorios que tienden directamente a una usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho, y si el poseedor no hubiere obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos. ARTICULO 30.- Compete el interdicto de recuperar la posesión al que, estando en posesión pacífica de un bien raíz o derecho real, aunque no tenga el título de propiedad, haya sido despojado por otro. ARTICULO 31.- Al poseedor de predio o derecho real sobre el, compete la acción para suspender la conclusión de una obra perjudicial a sus posesiones, su demolición o modificación, en su caso, y la restitución de las cosas al estado anterior o a la obra nueva. Compete también al vecino del lugar cuando la obra nueva se construye en bienes de uso común. Se da contra quien la mando construir, sea poseedor o detentador de la heredad donde se construye. Para los efectos de esta acción por obra nueva, se entiende por tal, no sólo la construcción de nueva planta, sino también la que se realiza sobre edificio antiguo, añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta. ARTICULO 32.- La acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo; y su finalidad es la de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado de los objetos referidos; obtener la demolición total o parcial de la obra o la destrucción del objeto peligroso. Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso. ARTICULO 33.- Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del registro civil, para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil 67 perjudican aun a los que no litigaron. Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfruta contra cualquier perturbador. ARTICULO 34.- Las acciones que se ejerciten contra los herederos no obligan a éstos sino en proporción a sus cuotas, salvo en todo caso la responsabilidad que les resulte cuando sea solidaria su obligación con el autor de la herencia, por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ARTICULO 35.- El enriquecimiento sin causa de una parte, con detrimento de otra, presta mérito al perjudicado para ejercitar la acción de indemnización en la medida en que aquél se enriqueció. ARTICULO 36.- El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. ARTICULO 37.- Para deducir las acciones mancomunadas, sean reales o personales, se considerará parte legítima a cualquiera de los acreedores, salvo que del mismo título aparezca que uno de ellos se ha reservado aquel derecho. ARTICULO 38.- En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, se observarán las reglas siguientes: I.- Mientras no se haya nombrado interventor o albacea, puede ejercitarlas cualquiera de los herederos o legatarios; II.- Si se ha nombrado interventor o albacea, a éstos compete el derecho de deducirlas, y sólo lo podrán hacer los herederos o legatarios, cuando requerido para ello el albacea o el interventor se rehusare a hacerlo. ARTICULO 39.- A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes: I.- Cuando alguno públicamente se jacte de que otro es su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. En este caso, el poseedor o aquél de quien se dice que es deudor, puede ocurrir al juez de su propio domicilio, pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que afirme tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo designado, se le tendrá por desistido, de la acción que ha sido objeto de jactancia. Este juicio se sustanciará sumariamente. No se reputará jactancioso al que en algún acto judicial o administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona o sobre alguna cosa. La acción de jactancia prescribe a los tres meses desde la fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan; II.- Cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez local por cuantía mayor de la que fija la ley para los negocios de su competencia, se hayan remitido los autos a otro juzgado y el tercer opositor no ocurra a continuar la tercería, y III.- Cuando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego; y si excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél. ARTICULO 40.- Las acciones duran lo que la obligación que representan, menos en los casos para los que la ley señale distintos plazos. Una vez interrumpida la prescripción por la interposición de 78 la demanda, no continuará operando, mientras el juicio esté en trámite. ARTICULO 41.- Intentada una acción y contestada la demanda, no podrá modificarse ni alterarse, salvo los casos en que la ley expresamente lo permita. ARTICULO 42.- En el desistimiento de la demanda o de la acción se tendrán en cuenta: I.- El desistimiento de la demanda, hecho antes de que se emplace al demandado, no extingue la acción; no obliga al que la hizo a pagar costas, y produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la incoacción del juicio; II.- El desistimiento de la acción extingue en todo caso ésta; no requiere el consentimiento del demandado, pero después de hecho el emplazamiento, el que se desista, debe pagar los gastos y costas judiciales, y además, los daños y perjuicios que haya causado al demandado, salvo convenio en contrario; III.- El desistimiento de la demanda hecho después del emplazamiento, extingue la instancia, pero no la acción, requiere el consentimiento del demandado y produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de su presentación, y IV.- El desistimiento de la demanda o de la acción por haberse alcanzado el objeto perseguido en el juicio, produce el efecto de dar fin al proceso y de extinguir la acción. CAPITULO SEGUNDO DEFENSAS Y EXCEPCIONES ARTICULO 43.- Es facultad del demandado impugnar o contradecir una demanda, haciendo valer las defensas y excepciones que tuviere. ARTICULO 44.- Para impugnar o contradecir una demanda, el demandado podrá utilizar como medio de defensa el negar o contradecir todos o parte de los puntos de hecho o de derecho en que se funde la demanda. ARTICULO 45.- Podrá igualmente el demandado aducir hechos que tiendan a impedir, modificar o destruir la acción. ARTICULO 46.- La excepción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad y precisión el hecho en que se hace consistir la defensa. ARTICULO 47.- La renuncia anticipada, mediante convenio o contrato entre las partes respecto del derecho de impugnar la acción o de oponer excepciones, no tendrá efectos en juicio. ARTICULO 48.- El demandado podrá denunciar al juez y hacer valer como excepciones, los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, y además todos ellos pueden hacerse valer o mandarse subsanar de oficio por el juez, sin necesidad de requerimiento de parte, cuando tenga conocimiento de los mismos. ARTICULO 49.- Se reconocen como excepciones dilatorias, las siguientes: I.- Incompetencia del juez; II.- Litispendencia; 89 III.- Conexidad de la causa; IV.- Falta de personalidad, representación o capacidad en el actor o en el demandado; V.- Compromiso arbitral; VI.- Falta de cumplimiento del plazo o condición a que está sujeta la acción intentada; VII.- La falta de la declaración administrativa previa en los casos en que se requiera conforme a la ley; VIII.- La división, orden o excusión, y IX.- Las demás a que dieren este carácter las leyes. En los casos de las fracciones I a IV y VII y en los demás que se refieren a presupuestos procesales, tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo anterior. ARTICULO 50.- Sólo serán de previo y especial pronunciamiento: I.- La incompetencia, y II.- La litispendencia, conexidad o cosa juzgada, cuando al hacerse valer las excepciones se acompañan los documentos justificativos de las mismas. ARTICULO 51.- La incompetencia puede promoverse por declinatoria o por inhibitoria que se substanciará como excepción y conforme a las reglas que se fijan en los artículos 120, 121, 242 y 246. Las excepciones de litispendencia, conexidad o cosa juzgada se tramitarán en la forma prevista en los artículos 243, 244 y 246. ARTICULO 52.- Las demás excepciones dilatorias se propondrán y tramitarán como se previene en el artículo 248. ARTICULO 53.- No se desecharán las excepciones y defensas contradictorias; pero en la sentencia definitiva podrá sancionarse el uso abusivo o malicioso del derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código. TITULO SEGUNDO DE LAS PARTES CAPITULO PRIMERO LAS PARTES PRINCIPALES ARTICULO 54.- Tienen el carácter de partes en un juicio, aquellos que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre se ejercita una acción, y aquél frente al cual es deducida. Lo tienen, igualmente, las personas que ejercen el derecho de intervención en calidad de terceros, en los casos previstos en este Código y quienes tengan algún interés legítimo. ARTICULO 55.- Tienen capacidad para comparecer en juicio: I.- Las personas físicas que conforme a la ley estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles; 910 II.- Las jurídicas por medio de quienes las representen, sea por disposición de la ley o conforme a sus escrituras constitutivas o estatutos; III.- Las agrupaciones que no constituyan personas jurídicas reconocidas por la ley, por medio de quienes en su nombre hayan contratado; IV.- Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, por medio de sus órganos autorizados, y V.- El Ministerio Público. ARTICULO 56.- Por los que no tengan capacidad procesal, comparecerán sus representantes legítimos, o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el título undécimo, libro segundo del Código Civil. En los casos en que la ley lo determine, el juez de oficio o a petición de la parte legítima o del Ministerio Público, proveerá para los menores e incapacitados, el nombramiento de tutor especial para un juicio determinado. ARTICULO 57.- Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio de mandatario con poder bastante, excepto en los casos en que conforme a la ley se exija la comparecencia personal. ARTICULO 58.- La gestión judicial es admisible para representar al actor o al demandado. El gestor debe sujetarse a las disposiciones de los artículos 2064 a 2080 del Código Civil, y gozará de los derechos y facultades de un procurador. El gestor judicial antes de admitido, debe dar fianza de que el interesado pasará por lo que haga, y de pagar lo juzgado y sentenciado, e indemnizar los perjuicios y gastos que se causaren. La fianza será calificada por el tribunal. El fiador del gestor judicial renunciará los beneficios legales, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 3187 a 3192 del Código Civil. ARTICULO 59.- Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción o hagan valer las mismas defensas y excepciones, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. En este caso, dentro de tres días, las partes deberán nombrar un procurador o representante común. El representante común podrá nombrarse por simple designación hecha por escrito que firmen los interesados, y tendrá las facultades generales de un procurador, excepto las de desistirse y transigir. Si no hicieren esta designación, la hará el juez escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos, y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados. Las partes tienen derecho de oponerse a la designación, demostrando que se les causa perjuicio con ello. Si el representante común omitiere hacer uso de los recursos y pruebas que proceden para la mejor defensa de sus representados, podrán éstos proponerlos directamente. Cuando promuevan los representados algún trámite o incidente que sólo a ellos puede interesar, serán parte legítima para tramitarlo. ARTICULO 60.- Contra la misma parte pueden promoverse en el mismo proceso varias demandas, aunque no sean conexas en otra forma, si varios acreedores estuvieren conformes a efecto de que en una misma sentencia se gradúen sus créditos. ARTICULO 61.- En la posición de partes demandantes o demandadas puede haber varias personas en el mismo juicio, cuando en las acciones que se promuevan exista conexión sobre el objeto o sobre el título del cual dependa, cuando la decisión esté subordinada total o parcialmente a la resolución de cuestiones idénticas, o cuando tengan un mismo derecho o se encuentren obligadas por una misma causa. El litisconsorcio será necesario cuando la sentencia pueda dictarse únicamente con relación a varias partes, debiendo en este caso accionar o ser demandadas en el mismo juicio. En caso de que no todas las partes sean llamadas al juicio, el juez podrá hacerlo, señalando para la 1011 integración del litigio un término perentorio. En los casos de litisconsorcio, se observarán las siguientes reglas: I.- Los litisconsortes serán considerados como litigantes separados, a menos de que actúen respecto a alguna de las partes con procuración o representación común. En caso de que litiguen separadamente, los actos de cada litisconsorte no redundarán en provecho ni en perjuicio de los demás; II.- El derecho de impulsar el procedimiento corresponderá a todos los litisconsortes, y cuando a solicitud de uno de ellos se cite a la parte contraria para alguna actuación, deberá citarse también a sus colitigantes, y III.- En caso de que varias partes tengan interés común, y una de ellas hubiere sido declarada rebelde, se considerará representada por la parte que comparezca en juicio y de cuyo interés participe. ARTICULO 62.- Cuando durante el juicio sobrevinieren cambios o sucesión de partes, se observará lo siguiente: I.- Si una de ellas falleciere durante la tramitación del juicio o desapareciere, si la acción sobrevive, el juicio se seguirá por o contra los sucesores universales o quien los represente; II.- Si durante la tramitación de un proceso se transfiere el derecho controvertido por acto entre vivos, el juicio se podrá seguir con el cesionario; pero el fallo que se dicte perjudicará a las partes originales; III.- Si la transmisión a título particular se produce por causa de muerte de una de las partes, el juicio se seguirá por o contra el sucesor universal; IV.- En cualquier caso, el sucesor a título particular puede intervenir o ser llamado a juicio, y si las partes están conformes, el enajenante o el sucesor universal pueden ser excluidos. La sentencia dictada contra estos últimos produce siempre sus efectos contra el sucesor a título particular, quien tendrá derecho de impugnarla, salvo las disposiciones por adquisición de buena fe, respecto de bienes muebles o inmuebles no inscritos en el Registro Público; V.- Las transmisiones del derecho o derechos controvertidos no afectan al procedimiento, excepto en los casos en que haga desaparecer por confusión substancial de intereses, la materia del litigio, y VI.- Los cambios de representante procesal de una parte, no afectan la validez de los actos procesales en perjuicio de la otra parte, si no se hubieren hecho saber judicialmente. ARTICULO 63.- Si durante el juicio ocurren cambios de capacidad en una de las partes, se observará lo siguiente: I.- Los actos posteriores a la declaración de incapacidad que se hayan entendido con el incapaz, serán nulos. II.- Los anteriores serán anulados, si la incapacidad fuere notoria durante la celebración de los mismos, y III.- Si se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedimientos, pero los actos consumados antes de la comparecencia de la misma serán válidos, sin perjuicio de las 1112 reclamaciones que ésta pudiera tener contra su ex representante. ARTICULO 64.- Habrá legitimación de parte cuando la acción se ejercita por la persona a quien la ley concede facultad para ello y frente a la persona contra quien deba ser ejercitada. Nadie puede hacer valer en juicio, en nombre propio, un derecho ajeno excepto en los casos previstos por la ley. Una acción podrá ejercitarse por persona diversa de su titular en los siguientes casos: I.- El acreedor podrá ejercitar la acción que compete a su deudor, cuando conste el crédito en título ejecutivo y excitado éste para deducirla descuide o rechace hacerlo. En este caso, el tercero demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito; II.- Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a su deudor podrán ejercitar las acciones pertenecientes a éste en los términos en que el Código Civil lo permita; III.- Cuando alguno tenga acción o excepción que depende del ejercicio de la acción de otro a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego; y si excitado para ello, se rehusare, lo podrá hacer aquél, y IV.- En los casos a que se refieren los artículos 28 y 38 de este Código y los demás en que la ley lo permita expresamente. Las acciones derivadas de derechos inherentes a la persona del deudor, nunca podrán ser ejercitadas por el acreedor. CAPITULO SEGUNDO PARTES INTERVINIENTES ARTICULO 65.- En un juicio seguido por dos o más personas puede intervenir un tercero para auxiliar o adherirse a las pretensiones del demandante o del demandado, en los siguientes casos: I.- Cuando alguna persona demuestre tener un interés propio para asociarse con el actor o el demandado, y II.- El tercero cuyo derecho dependa de la subsistencia del derecho del demandado o del actor. III.- En estos casos, se observarán las reglas siguientes: a) Los terceros podrán venir al juicio en cualquier estado de éste, con tal de que no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. b) Los terceros coadyuvantes se considerarán asociados con la parte a cuyo derecho coadyuven. c) Los terceros coadyuvantes podrán hacer las gestiones que estimen oportunas dentro del juicio, continuar su acción o defensa aun cuando el principal se desistiera, y hacer uso de los recursos que la ley concede a las partes principales, y d) La sentencia firme que se dicte en el juicio perjudicará o beneficiará al tercer coadyuvante. El juez correrá traslado a los litigantes de la primera petición que haga el coadyuvante, cuando venga al juicio, y en vista de lo que expongan resolverá si es de admitirse la intervención adhesiva. La resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo. ARTICULO 66.- En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a 1213 deducir, por derecho propio, otra acción distinta de la que se debate entre aquellos, para el efecto de pedir que se excluyan los derechos del actor y demandado a los de aquél solamente. Procede la acción excluyente en los siguientes casos: I.- Cuando el tercero se funde en el dominio que tenga sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita; II.- Cuando el tercero se funde en la preferencia o mejor derecho que tenga que ser pagado, y III.- Cuando el tercero haga valer un derecho dependiente del título que sirve de base al juicio. En estos casos se observará lo siguiente: a) La tercería excluyente podrá hacerse valer en cualquier estado del juicio, aun cuando esté dictada sentencia ejecutoria, con tal de que, si es de dominio, no se haya dado posesión de los bienes al rematante, o al actor, en su caso, por vía de adjudicación y que, si es de preferencia, no se haya hecho pago al demandante. b) No se admitirá la tercería si el tercero consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación, y c) No necesitarán ocurrir en tercería de preferencia el actor que tenga hipoteca u otro derecho real accesorio en finca distinta de la embargada; el acreedor que sin tener derecho real no haya embargado el bien objeto de la ejecución; el acreedor a quien el deudor señale bienes bastantes a solventar el crédito, y aquel a quien la ley prohiba ocurrir en tercería en otros casos. Las tercerías excluyentes se iniciarán por demanda, con la que se acompañarán los documentos justificativos de la acción, sin cuyo requisito no será admitida ni se le dará trámite. La sustanciación de las tercerías excluyentes se llevará a cabo en la forma incidental y en la vía ordinaria, sumaria u oral, según fuere el juicio en que se promueva. ARTICULO 67.- Serán aplicables a las tercerías excluyentes, las siguientes reglas: I.- Si el actor y el demandado se allanaren a la demanda, el juez, sin mas trámites, mandará cancelar los embargos, si fuere excluyente de dominio, y dictará sentencia si fuere de preferencia. En igual forma se procederá cuando ambos dejaren de contestar la tercería. El ejecutado que haya sido declarado en rebeldía en juicio principal seguirá con el mismo carácter en la tercería, pero si fuere conociendo su domicilio, se le correrá traslado de la demanda de tercería; II.- Se sobreseerá todo procedimiento de apremio en el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o ejecución forzosa contra bienes o derechos reales determinados, inmediatamente que conste en los autos, por manifestación autentica del Registro Público de la Propiedad, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decreto el embargo o si siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ellas la acción como causahabientes, del que aparece como dueño en el registro; III.- Las tercerías excluyentes no suspenden el curso del negocio en que se interpongan. Si fueren de dominio, el juicio seguirá sus trámites hasta el remate, y desde entonces suspenderán sus procedimientos hasta que se decida la tercería. Si la tercería fuere de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago de que se haga al acreedor que tenga mejor derecho, definida que quede la tercería. Entretanto se decida esto, se depositará a disposición del juez el precio de la venta. Si sólo alguno de los bienes ejecutados fuere objeto de la tercería, los procedimientos del juicio 1314 principal continuarán hasta vender y hacer pago al acreedor con los bienes no comprendidos en la tercería, y IV.- La interposición de una tercería excluyente autoriza al demandante para pedir que se mejore la ejecución en otros bienes del deudor. Si la tercería se interpone ante un juez local, y el interés de ella excede del que la ley respectivamente somete a la jurisdicción de estos jueces, aquél ante quien se interponga remitirá lo actuado en el negocio principal y tercería al juez que designe el tercer opositor y sea competente para conocer del negocio que representa mayor interés. Si no hiciere esta designación, la hará el juez. El juez designado correrá traslado de la demanda entablada y decidirá la tercería sujetándose en la substanciación a lo que aquí se dispone. ARTICULO 68.- Las partes pueden pedir que un tercero sea llamado al juicio para que le pare perjuicio la sentencia, en los siguientes casos: I.- Cuando se trate de codeudores de obligación indivisible, siempre y cuando el cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado; II.- Cuando se trate de tercero obligado a la evicción. En este caso, el tercero, una vez salido al pleito, se convierte en principal; III.- Cuando se trate de coherederos, la denuncia puede hacerse por el heredero apremiado por la totalidad de la obligación; IV.- Cuando se trate de deudor o cofiadores, y V.- En los demás casos en que se autorice la denuncia por disposición de la ley, o porque el litigio sea común a una de las partes, o cuando se pretenda una garantía del tercero llamado al juicio. En los casos de denuncia del pleito a terceros, se observará lo siguiente: a) La petición de denuncia se hará a mas tardar al contestarse la demanda. b) Si se admite la denuncia, se ampliará el término para el emplazamiento, a efecto de que el tercero disfrute del plazo completo, y c) La sentencia firme producirá acción y excepción contra los terceros llamados legalmente al juicio. ARTICULO 69.- En los casos del artículo anterior, y en cualquier otro en que el juez considere que debe darse a un tercero la oportunidad de defensa, o la ley lo exija para la regularidad del procedimiento, a falta de petición de parte, procederá a requerir su intervención, sin cuyo requisito la sentencia que se dicte no producirá en su contra los efectos de la cosa juzgada. ARTICULO 70.- El Ministerio Público tendrá en juicio la intervención que señalen las leyes. Si hubiere de practicarse alguna diligencia urgente que afecte a una persona que no esté en el lugar del juicio, y no tenga representante legítimo, a juicio del juez podrá ser representada por el Ministerio Público. Los representantes de los Fiscos Federal y Local y cualquier otro funcionario que deba ser oído, tendrán en el juicio la intervención que las leyes respectivas determinen. CAPITULO TERCERO 1415 ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS PARTES ARTICULO 71.- Las partes pueden hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o procuradores. La intervención de los abogados o procuradores para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas: I.- Como patronos de los interesados, y II.- Como mandatarios, en los términos del mandato judicial respectivo. Las partes podrán revocar en cualquier tiempo la designación de abogados patronos y de procuradores y los poderes que les tuvieren otorgados, y, a su vez, los abogados patronos y los procuradores tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de sustitutos o notificación a las partes. ARTICULO 72.- Los abogados patronos y los procuradores, por el sólo hecho de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2868 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La designación de patronos o de procuradores se hará por escrito dirigido al juez o apud-acta. En el escrito o acta respectivos, el que haga la designación puede limitar o ampliar las facultades que correspondan al abogado patrono o al procurador, de acuerdo con el párrafo anterior. Cuando los abogados patronos o los procuradores actúen como mandatarios, tendrán las facultades que les asignen de una manera expresa las partes en el mandato. El mandato en procuración para un juicio determinado podrá otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil. Las partes podrán también otorgar el mandato, mediante escrito que dirijan al juez, en el que fijen las facultades que deseen conferirles, que será admitido sin necesidad de ratificación. También podrán otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. ARTICULO 73.- Los honorarios de los abogados patronos y de los procuradores podrán regularse mediante convenio celebrado con la parte que los designe. A falta de convenio, se fijarán de acuerdo con el Arancel. Los abogados patronos y los procuradores podrán reclamar de las partes que los designe, el pago de sus honorarios en forma incidental, en el juicio respectivo. ARTICULO 74.- Son deberes de los abogados patronos y de los procuradores los siguientes: I.- Poner sus conocimientos científicos y técnicos al servicio de su cliente para la defensa lícita de sus intereses; II.- Guardar el secreto profesional; III.- No alegar, a sabiendas, hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas; IV.- Abstenerse de conducirse, y evitar que la parte que representen se conduzca en forma maliciosa o antiprocesal, y V.- Obrar con lealtad para con sus clientes. ARTICULO 75.- Será materia de responsabilidad civil de los abogados patronos y de los 1516 procuradores abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando un daño. También incurrirán en responsabilidad civil hacia la parte que representen cuando le causen un daño o perjuicio por su negligencia, actitud maliciosa o culpa grave. Esta responsabilidad podrá exigirse en forma incidental en el juicio correspondiente. Los abogados patronos y los procuradores que designe cada parte podrán actuar separadamente o asociados; pero, en todo caso, la responsabilidad en que incurran en el ejercicio de su profesión o encargo será siempre individual. CAPITULO CUARTO DEBERES, DERECHOS Y CARGAS PROCESALES ARTICULO 76.- Las partes, y sus representantes tienen los siguientes deberes: I.- Comportarse en juicio con lealtad y probidad; II.- Abstenerse de emplear expresiones indecorosas u ofensivas; III.- Comparecer ante el juez cuando sean llamados para actos conciliatorios o para ser interrogados sobre los hechos de la causa, de acuerdo con las facultades a que se refieren las fracciones II y III del artículo 7. La infracción a lo dispuesto en la fracción I será sancionada con la condena sobre daños y perjuicios conforme al artículo 86. La infracción a lo dispuesto en la fracción II, se sancionará con multa y el juez podrá además fijar para la persona ofendida una suma adecuada por concepto del daño no patrimonial que la misma haya sufrido. Para hacer cumplir lo dispuesto en la fracción III, el juez podrá usar de los medios de apremio que autoriza la ley. ARTICULO 77.- No podrá privarse a las partes de los derechos que les correspondan, ni liberarlas de las cargas procesales que tengan que asumir, sino cuando lo autorice expresamente la ley. Cuando la ley o un mandato judicial establezcan cargas procesales o conminaciones o compulsiones para realizar algún acto por alguna de las partes dentro del plazo que se fije, la parte respectiva reportará el perjuicio procesal que sobrevenga si agotado el plazo no realiza el acto que le corresponde. CAPITULO QUINTO GASTOS, COSTAS Y DAÑOS PROCESALES ARTICULO 78.- Los gastos judiciales comprenden las erogaciones hechas por las partes para la preparación de la demanda y los que se causen durante el juicio para su tramitación. La condena en costas comprende también la de los gastos del juicio. El tribunal podrá negar la aprobación de gastos excesivos o superfluos. Las costas comprenden los honorarios de la defensa; pero sólo podrán cobrarse cuando intervengan como patronos o mandatarios personas que reúnan los siguientes requisitos: poseer título de abogado legalmente expedido y debidamente registrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; o bien, aquellas personas a quienes se haya extendido autorización para ejercer la práctica respectiva de dicha profesión, de acuerdo con lo establecido por la Ley Reglamentaria relativa al ejercicio de las profesiones en el Estado; o cuando la parte interesada que ejecute su propia defensa reúna dichos requisitos. La condena en los gastos y costas procede de acuerdo con las disposiciones 1617 de este Capítulo y en los demás casos que expresamente lo determine la ley. ARTICULO 79.- Durante el juicio, cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos y costas que hubiere anticipado o debiera pagar. ARTICULO 80.- En las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre acciones de condena, los gastos y costas serán a cargo de la parte o partes a quienes la sentencia fuere adversa. Si fueren varias las partes vencidas, la condena en costas afectará a todas ellas proporcionalmente al interés que tengan en la causa. Cuando cada uno de los litigantes sea vencido en parte y vencedor en parte, las costas se compensarán mutuamente o se repartirán proporcionalmente, según lo determine el juez en la sentencia. Se exceptúa de las reglas anteriores y no será condenado al pago de los gastos y costas el demandado que se allane a la demanda. Si las partes celebran convenio o transacción, las costas se considerarán compensadas, salvo acuerdo en contrario. En los juicios que versen sobre condena a prestaciones futuras, el actor reportará las costas, aunque obtenga sentencia favorable, si apareciere del proceso que el demandado no dio lugar al mismo. El actor en este caso incurrirá, además, en la sanción a que se refiere el artículo 10. Servirá de base para el cálculo de las costas el importe de lo sentenciado. ARTICULO 81.- En las sentencias declarativas y constitutivas, la condenación en costas se regirá por las reglas siguientes: I.- Si ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o mala fe, no habrá condena en costas ni gastos, y cada una reportará los que hubiere erogado; II.- La parte que, a juicio del juez, hubiere obrado con temeridad o mala fe, será condenada a indemnizar a su contraparte los gastos y costas del juicio, y III.- Cuando el demandado se allane a las peticiones del actor, o el actor se conforme con la contestación a la demanda, no habrá condenación en costas, y cada parte reportará las que hubiere erogado. ARTICULO 82.- En los juicios que versen sobre providencias cautelares no se hará desde luego condenación en gastos y costas, sino que éstas quedarán sujetas a lo que se resuelva en la sentencia definitiva. ARTICULO 83.- Las costas causadas por la intervención del tercero coadyuvante se impondrán siguiendo lo que se decida respecto a la parte principal a que se adhiera, a menos de que el juez estime que debe resolverse en forma distinta por la temeridad o mala fe de una de las partes que no sea imputable a la otra. ARTICULO 84.- En los casos de litisconsorcio, el juez podrá condenar solidariamente a todas o a alguna de las partes, de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos anteriores, y establecerá la forma en que se repartan las costas, en todo caso, cuando sean varias las personas o partes que pierdan y haya condena en costas, el juez distribuirá su importe entre ellas en proporción a sus respectivos intereses, y si no hubiere base para fijar la proporción, se entenderá que se hace por 1718 partes iguales. ARTICULO 85.- El tribunal podrá condenar a una de las partes, aun cuando la sentencia de fondo le fuere favorable, al pago de los gastos y costas parciales que se originen con motivo de un procedimiento o incidente que haya suscitado sin fundamento legal, o cuando se trate de recursos desestimados o gastos inútiles; o bien podrá excluir estas costas parciales de la condena a la parte vencida. ARTICULO 86.- El tribunal podrá sancionar el ejercicio malicioso de la acción y la falta de probidad y lealtad de las partes, con la condena en los daños y perjuicios que ocasione a la contraparte con motivo del proceso, independientemente de lo que acuerde sobre las costas. ARTICULO 87.- La parte que presente documentos falsos o testigos falsos o sobornados, será siempre condenada en los gastos y costas y en los daños y perjuicios, sin que tengan aplicación en este caso las reglas de los artículos anteriores que pudieren beneficiarla. ARTICULO 88.- Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado, y se substanciará el incidente con un escrito de cada una, resolviéndose dentro del tercer día. De esta decisión, si fuere apelable, se admitirá el recurso en el efecto devolutivo. ARTICULO 89.- En caso de apelación, será condenada en las costas de ambas instancias, sin tener en cuenta la declaración a este respecto formulada en la primera, la parte contra la cual haya recaído dos sentencias adversas siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas circunstancias en la sentencia de segunda instancia se hará la condena en costas con sujeción a las reglas de los artículos anteriores. ARTICULO 90.- En los negocios ante los jueces locales o menores, no se causarán costas, cualquiera que sea la naturaleza del juicio. TITULO TERCERO LA AUTORIDAD JUDICIAL CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 91.- La jurisdicción en asuntos civiles se ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código por los tribunales del fuero común del Estado de Sonora. ARTICULO 92.- Toda demanda debe formularse ante juez competente. ARTICULO 93.- La competencia de los tribunales se determinará por el valor, la materia, el grado y el territorio. ARTICULO 94.- La competencia se determinará conforme al estado de hecho existente en el momento de la interposición de la demanda, sin que se tomen en cuenta a ese respecto los cambios posteriores. ARTICULO 95.- Los tribunales tienen obligación de observar lo siguiente: I.- Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso, debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye; 1819 II.- Ningún juez puede sostener competencia con un tribunal superior bajo cuya jurisdicción se halle, pero sí con otro que, aunque sea superior en su categoría, no ejerza jurisdicción sobre él; III.- El tribunal que reconozca la competencia de otro por providencia expresa, no puede sostener la propia. Si el acto del reconocimiento consiste sólo en la cumplimentación de un exhorto, el tribunal exhortado no está impedido para sostener su competencia, cuando se trate de conocer del negocio con jurisdicción propia, y IV.- Si un juez deja de conocer por excusa o recusación será sustituido por el funcionario que corresponda. ARTICULO 96.- La competencia no puede prorrogarse por convenio de las partes, salvo cuando se trate de la establecida por razón del territorio. En los juicios sobre el estado civil de las personas, la competencia por razón de territorio sólo se podrá prorrogar mediante sumisión expresa de ambas partes al Tribunal ante el cual se presente la demanda. ARTICULO 97.- Para la prórroga de la competencia se observará lo siguiente: I.- Las partes pueden desistirse de la competencia de un tribunal, antes o después de la remisión de los autos al superior, si se trata de la territorial; II.- Es juez competente aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trata de fuero renunciable; III.- Ni por sumisión expresa ni tácita se puede prorrogar la competencia sino a juez que la tenga del mismo género de la que se prórroga, salvo en el caso de prórroga de grado; IV.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y expresamente al fuero que la ley les concede y designen al juez a quien se sometan, y V.- Se entenderán por sometidos tácitamente: a) El demandante, por el hecho de ocurrir al juez interponiendo su demanda. b) El demandado por contestar la demanda o por reconvenir al actor, sin provocar la incompetencia. c) El que habiendo promovido una competencia se desista de ella, y d) El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniera al juicio. ARTICULO 98.- Es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. No se tendrá por nulo lo actuado por juez incompetente en los siguientes casos: I.- Lo actuado por un juez a quien las partes consideren competente hasta el momento en que de oficio el propio juez se inhiba del conocimiento del negocio; II.- Cuando la incompetencia sea por razón del territorio y convengan las partes en la validez, si la competencia fuere prorrogable; 1920 III.- Si se trata de incompetencia sobrevenida. En este caso la nulidad sólo opera a partir del momento en que sobreviene la incompetencia. IV.- En los casos de diligencias de prueba que conforme a la ley sean válidas o puedan tomarse en cuenta en otro juicio; V.- En los casos de incompetencia por declinatoria, la demanda y la contestación se tendrán por presentadas ante el juez que, una vez resuelta, se estime competente; y el embargo practicado quedará subsistente y convalecerá, y VI.- En los demás casos previstos por la ley. La nulidad a que se refiere este artículo es de pleno derecho, y, por tanto, no requiere declaración judicial. Los tribunales declarados competentes harán que las cosas se restituyan al estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas. CAPITULO SEGUNDO COMPETENCIA POR VALOR ARTICULO 99.- Los jueces de primera instancia, locales y menores conocerán en materia civil de los negocios de la cuantía que para cada uno de ellos fije la Ley Orgánica del Poder Judicial. ARTICULO Salvo los casos previstos en los artículos siguientes y para los efectos de la competencia por razón del valor, éste se determinará tomando en cuenta lo que por concepto de suerte principal demande el actor. Los réditos, daños y perjuicios y demás accesorios, no se tomarán en cuenta para la determinación del valor. Si fueren varios los actores o se exigiera pluralidad de prestaciones de carácter principal, el valor se determinará por la totalidad de lo reclamado. ARTICULO Para determinar la competencia por razón de la cuantía en los casos de arrendamiento y demás prestaciones periódicas, se computará el importe de las mismas en un año. Cuando sólo se reclamen prestaciones vencidas, se tomarán éstas como base para determinar la cuantía. ARTICULO Cuando se trate de cosas fungibles o bienes muebles, el valor se determinará tomando por base el declarado por el actor. Si falta esta declaración, el negocio se presume de competencia del juez ante quien se presento la demanda. En estos casos el demandado puede promover la incompetencia si objeta el valor declarado o presunto. ARTICULO En los negocios relativos a bienes inmuebles, el valor se determinará de acuerdo con el que aparezca de las escrituras y, en su defecto, de acuerdo con el valor catastral. Cuando, por cualquier circunstancia, el valor no pueda determinarse en la forma expresada, se tomará como tal el declarado por el actor, pudiendo el demandado objetarlo y promover cuestión de competencia. CAPITULO TERCERO COMPETENCIA POR MATERIA 20 Mostrar más
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