Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0293_ES.html
Timestamp: 2019-10-17 16:02:41
Document Index: 363822221

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 7']

Textos aprobados - Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética - Jueves 23 de junio de 2016
Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2016, sobre el Informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (2015/2232(INI))
– Vista la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios(1),
– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE(2),
– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre el tema «Hacia una Unión Europea de la Energía»(3),
– Visto el Informe de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, titulado «Evaluación, enmarcada en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE en materia de eficiencia energética, de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales en esa materia para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva» (COM(2015)0574),
– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(4),
– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(5),
8. Recuerda sus Resoluciones de 5 de febrero de 2014 mencionadas anteriormente y sus resoluciones de 26 de noviembre de 2014(6) y de 14 de octubre de 2015(7), en las que se pide, en particular, un objetivo de eficiencia energética de un 40 % para 2030; considera que un objetivo global vinculante con objetivos nacionales individuales para 2030 aumentará la independencia de la Unión con respecto a las importaciones de energía, alentará la innovación y contribuirá a garantizar el liderazgo tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética; considera asimismo que los requisitos vinculantes son vitales para lograr el máximo grado de ambición y esfuerzo por parte de los Estados miembros, así como para contemplar una flexibilidad suficiente que permita adaptar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;
13. Destaca que, en algunos casos, la flexibilidad de la Directiva ha permitido que muchos Estados miembros pudieran adoptar medidas en el ámbito de la eficiencia energética y considera que esta flexibilidad en medidas alternativas es crucial para que los Estados miembros ejecuten programas y proyectos de eficiencia energética en el futuro; exige que se supriman las lagunas que existen en la Directiva actual y que son responsables de sus resultados insuficientes, en especial que se suprima el artículo 7, al tiempo que se sigue ofreciendo una flexibilidad adecuada a los Estados miembros en lo que respecta a la elección de medidas; observa que el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre la aplicación del artículo 7(8), que se basa en las cifras notificadas por los Estados miembros, llega a la conclusión de que medidas como las que permiten a los Estados miembros introducir paulatinamente el objetivo, tomar en consideración acciones tempranas o eximir al transporte y a los sectores sujetos al RCDE del cálculo de su objetivo ha conducido en casi todos los casos a un objetivo anual de ahorro energético global de solo la mitad (el 0,75 %); señala que los autores han declarado que el análisis solo puede ser de buena calidad en la medida en que lo sean los datos facilitados para su evaluación; insiste en que es necesario definir mejor las medidas alternativas con arreglo al artículo 7, apartado 9, y que estas deben ser fácilmente cuantificables;
26. Señala que algunos elementos fundamentales de la Directiva relativa a la eficiencia energética (por ejemplo, los contadores inteligentes, la cogeneración o los planes de renovación) requieren más tiempo y que es esencial contar con un marco estable en materia de eficiencia energética después de 2020 para ofrecer a los inversores, a las administraciones públicas y a las empresas la confianza y la estabilidad reglamentaria necesarias para poner en marcha proyectos y planes de innovación, ya que cuentan con un gran potencial para disminuir el consumo de energía y reducir de ese modo los costes para el consumidor; observa que la demanda pública y el mercado constituyen motores esenciales para estos proyectos;
29. Hace hincapié en el papel crucial de los consumidores, los ciudadanos y los operadores de sistemas de distribución en el panorama cada vez más descentralizado de la energía, y en la importancia de su compromiso para alcanzar los objetivos de eficiencia energética; insiste, por lo tanto, en que es necesario adoptar más medidas para mejorar su papel, por ejemplo, facilitando la respuesta a la demanda, el almacenamiento a pequeña escala, la renovación de edificios y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanas, tanto sobre una base individual como cooperativa;
30. Señala que la Directiva relativa a la eficiencia energética no solo respalda la eficiencia energética, sino que contiene también elementos de ahorro energético mediante la obligación vinculante de ahorro de energía anual establecida en el artículo 7; destaca la importancia de que el objetivo de eficiencia energética para 2030 esté en consonancia con los objetivos en materia de clima acordados en la CP 21, a fin de alcanzar nuestros objetivos en materia climática y reducir nuestra dependencia de terceros países; observa que los edificios suponen el 40 % del uso de la energía en la UE y que el 50 % de esta energía se utiliza con fines de calefacción y refrigeración; subraya que la mejora de la eficiencia energética en los edificios reviste, por lo tanto, una importancia fundamental en términos de reducción de las emisiones de CO2, mejora de la seguridad energética, reducción de la pobreza energética e impulso de nuestra economía; insta a los Estados miembros a que realicen, con ayuda de la financiación de la Unión, inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética, ya que esto no solo reducirá la factura energética sino que también creará muchos puestos de trabajo y contribuirá a lograr los objetivos de reindustrialización;
31. Subraya que el 85 % del consumo de energía de un edificio se necesita para calefacción y agua caliente doméstica y que, por lo tanto, es necesario acelerar la modernización de los sistemas de calefacción antiguos e ineficientes en Europa para lograr un aumento de la eficiencia energética de al menos un 20 % con las tecnologías disponibles, entre ellas los sistemas de calefacción basados en energías renovables;
32. Observa que las obligaciones de información en cuestiones energéticas, como parte de un marco, son esenciales para evaluar los avances y la aplicación de la legislación vigente en materia de eficiencia energética; lamenta, no obstante, las excesivas obligaciones de información, también debido a la sobrerregulación de los Estados miembros, a que se ven sometidos los productores de energía, las empresas, los consumidores y las administraciones públicas y que limitan el potencial de crecimiento e innovación; subraya que las obligaciones de información deben simplificarse siempre que sea posible a fin de reducir las cargas y los costes administrativos; critica el hecho de que los datos obtenidos de la información a menudo no son comparables en toda la Unión debido a los distintos desgloses, metodologías y normas; pide a la Comisión que reduzca, en particular mediante soluciones digitales, la carga administrativa relacionada con las obligaciones de información y que establezca más directrices sobre la comparabilidad de los datos con vistas a una mejor evaluación de estos; pide que se adapten las proyecciones de demanda de energía al potencial de ahorro rentable en los principales sectores, y cree que la reducción de los trámites burocráticos acelerará la aplicación de medidas de eficiencia energética; observa que la aplicación del principio de «primero, la eficiencia energética» exige revisar la planificación energética y la información y mejorar la coherencia de las políticas, a fin de garantizar su refuerzo mutuo, reconociendo que el ahorro energético constituye la fuente de energía principal y más segura para Europa; señala que la eficiencia energética puede ser la mejor inversión en «fuentes» de energía, por la reducción de la necesidad de costosas infraestructuras de suministro adicionales y la contribución a la lucha contra el cambio climático;
33. Insiste en que las normas para calcular el ahorro energético y las interpretaciones para las medidas idóneas, tal y como se contemplan en los anexos a la Directiva, son demasiado complejas y, por tanto, imposibles de seguir de modo preciso; pide a la Comisión que garantice que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética proporcionará un método esencialmente más sencillo de cálculo de la eficiencia energética, y que considere la propuesta de nuevos actos delegados que simplifiquen los métodos de cálculo de la Directiva actual;
34. Pide a la Comisión que revise el factor de conversión para la electricidad recogido en el anexo IV de la Directiva, a fin de que refleje mejor la transición actual de la producción de electricidad;
35. Señala que no todos los riesgos asociados a las inversiones en ahorro de energía se pueden abordar en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), ya que este solo cubre un 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión; observa que la Directiva relativa a la eficiencia energética está interrelacionada con otra legislación de la Unión en materia de energía y tiene ciertamente un impacto en la huella de carbono y en el RCDE (precios de los certificados); pide a la Comisión que evalúe la interrelación y garantice la complementariedad; constata que la caída de los precios de los derechos de emisión del RCDE es uno de los numerosos factores que reducen los incentivos para la inversión industrial en ahorro energético;
36. Insiste en la importancia de la aplicación correcta de la reserva de estabilidad del mercado, que podría contribuir a mejorar la eficiencia energética mediante el refuerzo de la coherencia entre el RCDE de la Unión y las políticas energéticas hipocarbónicas;
37. Espera con interés el futuro fondo de modernización, que estará destinado a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en los Estados miembros de la UE con rentas más bajas, y pide a la Comisión que presente una estructura de gobernanza adecuada, incluidos detalles relativos a las funciones de los Estados miembros beneficiarios, del BEI y de otras instituciones;
38. Subraya que la falta de coordinación entre los diferentes elementos de las legislaciones nacionales puede dificultar la aplicación de soluciones eficaces en materia de eficiencia energética que ofrezcan los mejores resultados posibles en términos de rentabilidad, y contrarresta las ventajas de precios conseguidas mediante el ahorro energético; pide a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren medidas coordinadas para la plena realización del potencial de eficiencia energética, lo que dará lugar a una mayor coherencia entre los Estados miembros sin restringir su capacidad de adaptar las políticas en función de su mercado y precios de la energía locales, de las tecnologías y las soluciones disponibles y de la combinación energética nacional; pide que el RCDE tenga más en cuenta las medidas nacionales que afectan al número de derechos de emisión y a su precio;
41. Pide a la Comisión que asocie a las instituciones locales y regionales a la promoción de la eficiencia energética a escala regional, local y ciudadana;
42. Señala que, si bien los precios europeos de la electricidad al por menor para los clientes comerciales e industriales de pequeño y mediano tamaño y los consumidores privados son relativamente elevados en muchos Estados miembros, la inversión en eficiencia energética puede impulsar la competitividad de las empresas europeas y reducir el coste de la energía para los consumidores privados; subraya, no obstante, que la factura de la electricidad en la Unión se compone, de media, de un tercio de impuestos y exacciones indirectos aplicados por los Estados para los hogares particulares, que cuando se aplican como elementos fijos en las facturas pueden hacer difícil que los consumidores perciban los beneficios del ahorro energético, y contribuyen a la pobreza energética; observa que las exacciones para financiar las políticas europeas en materia de clima y energía constituyen la parte más pequeña de la factura; subraya que los elevados precios de la energía en la Unión se traducen en una diferencia de precios entre los distintos Estados miembros de la Unión y nuestros principales competidores en muchas partes del mundo, lo que socava la competitividad de las industrias europeas de alto consumo energético; señala que la innovación también aumenta con una mayor inversión en eficiencia energética, lo que coloca a la industria europea en una posición prominente en el mundo;
43. Observa que la eficiencia energética puede convertirse en la mejor inversión en «fuentes» de energía, ya que mejora la asequibilidad de la energía, reduce la necesidad de costosas infraestructuras adicionales y contribuye a luchar contra el cambio climático;
44. Observa que el principio de «primero, la eficiencia energética» permite una expansión más rentable de la cuota de las fuentes de energía renovables en la combinación; subraya que las obligaciones de ahorro deben ser compatibles con el desarrollo de fuentes de energía renovables sostenibles y que deben fortalecerse las sinergias con vistas a una transición hacia un sistema energético descarbonizado, resiliente e inteligente; opina que la mejora de los sistemas suprarregionales de distribución, almacenamiento y de gestión en el lado de la demanda brindan buenas oportunidades para la expansión de emplazamientos óptimos para la energía eólica, hidráulica y solar que suministren energía a toda Europa; está convencido de que este planteamiento tendrá un efecto amortiguador en los precios de la energía;
45. Subraya que la eficiencia energética es la medida más rentable para alcanzar los compromisos de la Unión en materia de reducción de emisiones de CO2;
46. Pide a la Comisión que observe el principio de mejora de la legislación, que considere fórmulas para mejorar la coordinación de las normas de la Unión en materia de energía y cambio climático para mejorar la eficiencia y la eficacia legislativas, y que proponga medidas para mejorar la reglamentación actual; pide asimismo a la Comisión que refuerce las metodologías para la evaluación global y a largo plazo de las iniciativas en materia de eficiencia energética, incluidas todas las principales externalidades; pide una perspectiva social en la modelización y la evaluación de los costes y beneficios totales de los distintos niveles de ambición en materia de eficiencia energética, y que se trate la eficiencia energética como una fuente de energía por derecho propio;
47. Pide a la Comisión que considere la eficiencia energética como una prioridad en materia de infraestructuras, reconociendo que cumple la definición de infraestructura utilizada por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones económicas(9), y que la convierta en un elemento crucial y en una prioridad en las futuras decisiones de inversiones sobre las estructuras energéticas de Europa;
48. Observa que la eficiencia energética puede contribuir a aumentar la resiliencia del sistema energético y, de este modo, ayudar a lograr la transición hacia una situación sostenible y segura;
49. Destaca que un mercado funcional de la energía, incluidos los servicios de eficiencia energética, optimizará los costes de los sistemas energéticos, lo que beneficiará a todos los consumidores y mejorará considerablemente la eficiencia energética y la competitividad en toda Europa; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen en su totalidad el tercer paquete energético, a fin de garantizar mercados de la energía competitivos e interconectados y completamente funcionales;
50. Señala que las industrias con gran consumo de energía también deben realizar su aportación, y que resulta de extrema importancia en este sentido contar con unas condiciones de competencia equitativas en la Unión;
51. Subraya que la eficiencia energética forma parte de los objetivos fundamentales de la Unión y que, por ello, hay que estimular a los países europeos para que eviten el despilfarro provocado por el consumo de la industria, los transportes y la construcción, que son los sectores que cuentan con el mayor porcentaje de consumo;
52. Se felicita por los efectos positivos que los sistemas de certificación y las obligaciones de ahorro (artículo 7) están teniendo en muchos Estados miembros; considera que la opción de elegir medidas alternativas de ambición equivalente es un factor importante para asegurar su aceptación; constata la importancia de garantizar que el ahorro certificado se corresponde con un ahorro energético en la vida real y no con un mero ahorro sobre el papel; hace hincapié en el papel de las empresas de servicios a la hora de desarrollar activamente las medidas de eficiencia energética; pide que el cálculo de los sistemas de certificación y las medidas de ahorro energético no se vean obstaculizados; pide a la Comisión que evalúe si es posible tomar en consideración el ahorro de energía primaria mediante las centrales integradas de cogeneración (producción combinada de calor y electricidad);
53. Llama la atención sobre el informe elaborado para el Parlamento por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en el que se constata que la mayoría de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética establecidos han demostrado su importancia para lograr una mejora en la eficiencia energética nacional y han proporcionado un ahorro rentable a gran cantidad de hogares y organizaciones; destaca asimismo la conclusión de que los sistemas de obligaciones de eficiencia energética presentan una alta rentabilidad y de que hay pruebas de que estos sistemas, bien diseñados y aplicados, pueden lograr el 100 % del ahorro, en el sentido del artículo 7, de un país; propone, por lo tanto, que la Comisión compile una lista de buenas y malas prácticas y elabore un conjunto de criterios para garantizar sistemas de obligaciones de eficiencia energética eficaces y bien diseñados;
54. Pide que se adopten medidas dirigidas a asegurar que los cálculos relativos al ahorro y la eficiencia sean correctos y no incluyan procedimientos burocráticos innecesarios; considera que la Directiva relativa a la eficiencia energética también podría funcionar como marco legislativo en este ámbito; considera que las medidas específicas y los criterios de eficiencia podrían integrarse en una serie de directivas en vigor (por ejemplo, en la Directiva sobre los edificios) o en un requisito de etiquetado combinado (etiquetado de eficiencia energética, diseño ecológico, economía circular, marcado CE);
55. Considera que los objetivos de protección climática y de eficiencia de la Unión deben reforzarse mutuamente, y que las obligaciones vinculantes para la eficiencia energética son vitales para alcanzar un grado máximo de ambición y esfuerzo en los Estados miembros, a la vez que son también necesarias para contemplar una flexibilidad suficiente que permita ajustar la combinación de instrumentos y herramientas a escala nacional;
56. Pide que la Directiva relativa a la eficiencia energética revisada esté en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de protección del clima y del objetivo del Acuerdo de la CP 21; hace hincapié en que la revisión de la Directiva debe incluir la continuación y la mejora de las medidas existentes y la eliminación de las contradicciones y lagunas a fin de garantizar la previsibilidad reglamentaria y ofrecer confianza a los inversores a largo plazo;
57. Lamenta la falta de eficacia de algunos proyectos de eficiencia energética desarrollados con el apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión (2007 a 2013), según ha criticado el informe del Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que aplique cuanto antes las correspondientes mejoras con especial énfasis en la justificación, el seguimiento y la reducción del periodo de amortización de los proyectos financiados; pide que se mejoren las directrices y se intensifique el seguimiento por parte de la Comisión con el fin de optimizar el uso de los Fondos Estructurales y del FEIE en combinación con las inversiones privadas para financiar proyectos viables en el ámbito de la eficiencia energética, en particular en edificios; considera que la financiación de proyectos de eficiencia energética con cargo a los Fondos Estructurales y al FEIE debe orientarse a aquellos consumidores más sensibles al coste de la energía, como la industria con riesgo de fugas de carbono, las pymes y los hogares en riesgo de pobreza energética; considera absolutamente prioritaria la creación de instrumentos financieros, herramientas y modelos innovadores para movilizar fondos públicos y apalancar la financiación privada a nivel local, nacional, regional y europeo, con miras a apoyar las inversiones en sectores clave de la eficiencia energética como la renovación de edificios, prestando especial atención a los grupos vulnerables y teniendo debidamente en cuenta también las especificidades de las inversiones a largo plazo;
58. Pide a los Estados miembros que promuevan las inversiones en el sector de la construcción, redoblando sus esfuerzos para incentivar una renovación en profundidad del parque inmobiliario de la Unión que disponga de un aislamiento deficiente;
59. Subraya que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas, un umbral mínimo deberá destinarse a hogares afectados por la pobreza energética; subraya asimismo que los Estados miembros deben demostrar el modo en que dicho régimen de eficiencia energética financiado mediante exacciones contribuye a mejorar las viviendas que estén en peor situación;
60. Destaca la importancia de los instrumentos financieros europeos en forma de préstamos, garantías y capital para movilizar la financiación privada de proyectos de eficiencia energética; subraya, sin embargo, la necesidad de conceder financiación en forma de subvenciones a proyectos en el ámbito social;
61. Subraya que la Unión debe fijarse un objetivo ambicioso en relación con el ahorro energético y promover la innovación en lo que respecta a las inversiones en eficiencia energética, ya que estas son rentables y pueden amortizarse con bastante rapidez;
62. Pide a los Estados miembros que incluyan una disposición a fin de que un porcentaje mínimo significativo de medidas de los sistemas obligatorios de eficiencia energética se destine a los consumidores con rentas bajas;
63. Observa que los proyectos de eficiencia energética son con frecuencia proyectos a pequeña escala y deben integrarse en expedientes de mayor tamaño; pide, a tal fin, a la Comisión, al BEI y a los Estados miembros que presten más asistencia técnica y asistencia para el desarrollo de proyectos a fin de facilitar las inversiones;
64. Considera que, con el fin de avanzar más allá de medidas simples y de bajo coste en el sector de la construcción, se requiere una estrategia a largo plazo sobre eficiencia energética en los edificios e intensificar el estímulo de la renovación eficiente de edificios desde el punto de vista energético;
65. Pide una mejora de la coordinación y del intercambio de ideas y de mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las obligaciones de ahorro y los planes relativos a la construcción y la renovación de edificios (artículos 4, 5, 6 y 7) con miras a aplicar con mayor diligencia los instrumentos existentes y los nuevos (incentivos fiscales, programas de apoyo, modelos de contrato e inversiones en vivienda social); cree que el ámbito de aplicación del artículo 5 debe ampliarse para incluir todos los organismos públicos cuando sea posible; pide a la Comisión que proporcione directrices para los futuros planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; acoge con satisfacción la asistencia técnica de la Comisión para la aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética; pide modelos obligatorios para los planes nacionales, a fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad; pide a los Estados miembros que estudien regímenes de apoyo innovadores basados en el mercado;
66. Señala que el menor progreso se ha hecho en el sector residencial y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que recurran a las empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético, que apliquen regímenes fiscales y programas de préstamos para aumentar los reducidos índices de renovación del parque inmobiliario existente en Europa y que premien las medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes desde el punto de vista energético;
67. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros para que adopten y mejoren los sistemas de seguimiento, medición y gestión de la eficiencia energética en los edificios, a fin de obtener importantes ganancias de eficiencia energética en el parque inmobiliario de la Unión;
68. Pide que las hojas de ruta de los Estados miembros sobre renovación contempladas en el artículo 4 describan el modo en que conseguirán, en la siguiente edición de las hojas de ruta (prevista para abril de 2017), la renovación energética de su parque inmobiliario; y, como resultado, ofrezcan el escenario de una Unión con edificios de consumo de energía casi nulo para 2050;
69. Considera que la ampliación de la función ejemplarizante de los edificios públicos a todos los niveles de la administración pública, y no solo al del Gobierno central, contribuirá a aprovechar al máximo el potencial de rentabilidad de los costes de los edificios, ya que este ha demostrado ser el sector con el mayor potencial, no solo del ahorro de energía, sino también de la prestación de otras ventajas más generales, como un mayor confort y un mayor bienestar; considera, a este respecto, que se debe exigir a los Estados miembros que establezcan mecanismos internos de puesta en común de los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 3 % entre los diferentes niveles de la administración pública, y que debe mantenerse la flexibilidad para optar por otras medidas y cuantificarse su impacto, como enfoque alternativo al contemplado en los apartados 1 y 2;
70. Pide a la Comisión Europea que ejerza un estímulo aún mayor sobre los Estados miembros para que renueven los edificios no residenciales, dado su gran potencial de rentabilidad a corto plazo;
71. Propone que el artículo 4 de la Directiva se titule «Estrategias a largo plazo para la renovación en profundidad del parque inmobiliario nacional, en particular para movilizar la inversión»;
72. Pide que se dediquen los recursos necesarios a formar a los instaladores de forma que puedan llevar a cabo renovaciones de calidad;
73. Pide a la Comisión que elabore un enfoque estratégico dirigido a aumentar el conocimiento de los nuevos progresos técnicos (en lo que se refiere, entre otros muchos aspectos, a los refrigerantes, la iluminación, el aislamiento, los termostatos, la medición y el acristalamiento);
74. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad al artículo 4 con respecto a la preparación de la segunda versión de las estrategias, que deberá estar lista en 2017 y debería basarse en un compromiso adecuado con las partes interesadas, siguiendo unos modelos obligatorios e incluyendo objetivos intermedios a cinco años y planes de aplicación, con el fin de conseguir un objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo a escala de la Unión para 2050, ya que ello será necesario para cumplir los objetivos de la CP 21;
75. Considera que las auditorías energéticas para las empresas son un medio probado para impulsar la eficiencia energética, y subraya sus beneficios para la competitividad; pide que se proceda a una definición uniforme y al cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 8 (definición del concepto de «pyme», auditorías, supresión de la doble certificación de las estructuras empresariales transfronterizas), y el establecimiento de un enfoque uniforme con vistas al umbral de mínimos a que se refiere el artículo 8, apartado 4; pide que el ámbito de aplicación de este artículo se amplíe a todas las empresas con alto consumo de energía; pide una evaluación con vistas a mejorar la eficacia de los sistemas de auditoría energética; pide que, junto con las actividades de mantenimiento previstas, se exija la aplicación de las recomendaciones de auditorías energéticas rentables, de acuerdo con los objetivos de las empresas;
76. Propone una revisión de la definición de «pyme» que se aplica en la Directiva (artículo 2, punto 26) para que haga referencia únicamente al número de personas empleadas y al volumen de negocios anual, de modo que las empresas controladas en un 25 % o más por un organismo público puedan seguir considerándose pymes;
77. Celebra que la Comisión esté trabajando en la elaboración de directrices para la aplicación de los artículos 9 a 11 de la Directiva relativa a la eficiencia energética, con el fin de ayudar a los consumidores a controlar mejor su consumo energético; considera que la viabilidad técnica y la implantación de contadores inteligentes —teniendo debidamente en cuenta la rentabilidad y la transparencia de costes— son elementos importantes para el ahorro energético; opina que, en aras de la coherencia, todas las disposiciones vigentes sobre contadores y facturación deben agruparse en un solo texto;
78. Señala que las facturas energéticas de los consumidores siguen siendo poco claras e inexactas; recomienda aumentar la transparencia y claridad de las facturas mediante el establecimiento de principios de alto nivel para las facturas a escala de la Unión, a fin de poner a disposición de los consumidores la información clave en un formato comparable y poder ayudarles a adaptar los patrones de consumo; destaca que los consumidores cuentan con una amplia gama de preferencias y de instrumentos accesibles, por lo que el enfoque ante la información debe diseñarse mediante un estudio de los consumidores a escala nacional;
79. Considera fundamental el acceso a información y asesoramiento independientes y fiables sobre medidas adecuadas de eficiencia energética y sistemas de financiación, en especial para los hogares, pero también para las autoridades regionales y locales, a fin de permitirles que tomen decisiones informadas y conscientes desde el punto de vista energético y gestionar mejor su consumo de energía, también mediante sistemas de medición inteligentes y contadores individuales del consumo de calefacción y refrigeración;
80. Pide normas estrictas de garantía de calidad, programas nacionales de formación y sistemas nacionales únicos y simplificados de certificación para los proveedores de eficiencia energética, respaldados con marcos de asesoramiento y recurso unificados y de fácil acceso; subraya que esto se propone con el fin de eliminar algunos de los obstáculos no financieros a la adopción por parte de los consumidores de productos y servicios de eficiencia energética, por ejemplo, haciendo posible la identificación de los comerciantes de confianza;
81. Espera nuevas inversiones en el ámbito del ahorro energético como resultado del cumplimiento de las normas de cogeneración de alta eficiencia establecidas en el artículo 14;
82. Destaca que, en caso de que los Estados miembros establezcan un régimen de eficiencia energética financiado mediante tasas (artículo 20), este debe orientarse con carácter prioritario a los hogares afectados por la pobreza energética; insiste en que la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética debe proporcionar a los Estados miembros un entorno político estable a largo plazo que garantice el aumento sostenido de las inversiones en eficiencia energética, en particular a escala local; exige que la Unión Europea y el BEI redoblen sus esfuerzos de creación de capacidades y asistencia técnica para desarrollar proyectos de eficiencia energética financiables que atraigan la inversión privada del mercado; pide que los programas de financiación de la Unión (como los Fondos Estructurales, el Plan Juncker y el mecanismo ELENA del BEI) aumenten la proporción de fondos asignados a la creación de capacidades y a la asistencia técnica en materia de eficiencia energética;
83. Lamenta el bajo nivel de inversiones públicas y privadas en las redes inteligentes de distribución de electricidad; pide a la Comisión Europea que refuerce la aplicación del artículo 15 de la Directiva, a fin de promover el desarrollo de dichas redes;
84. Pide que se establezca la obligación de llevar a cabo evaluaciones nacionales de rentabilidad de los programas de eficiencia energética desplegados a través de las autoridades locales o en combinación con ellas, y que se adopte este procedimiento allí donde proporcione eficiencias y ahorro de costes para los consumidores;
85. Manifiesta su preocupación por la creciente contaminación provocada por algunas instalaciones de calefacción domésticas alimentadas por biomasa sólida, que generan grandes cantidades de polvo fino, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dioxinas que deterioran en gran medida la calidad del aire y son, por lo tanto, perjudiciales para la salud humana; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que apliquen soluciones alternativas eficientes y ecológicas;
86. Subraya la necesidad inmediata de aplicar un enfoque más exhaustivo a la mejora de la eficiencia energética del conjunto del sistema de transportes, que no se apoye únicamente en el desarrollo tecnológico de vehículos o sistemas de propulsión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas nuevas y ambiciosas que fomenten un cambio modal hacia las modalidades de mayor eficiencia energética, y a que implanten íntegramente sistemas de transporte inteligentes (STI) con el fin de seguir mejorando la eficiencia y el índice de uso de la capacidad disponible, tanto de los vehículos como de las infraestructuras, y también en la logística, la aviación y el transporte marítimo;
87. Recuerda que la eficiencia energética puede alcanzarse estableciendo normas para el CO2 e informando a los usuarios acerca del consumo de combustible de sus vehículos; pide a la Comisión que presente propuestas para informar a los usuarios acerca del consumo de combustible de los nuevos camiones, autobuses y autocares y fijar límites a sus emisiones de CO2;
88. Lamenta la escasa contribución del transporte al ahorro energético, con un porcentaje de tan solo el 3 % en el desglose del ahorro general por sectores, pese a la estabilización del tráfico de pasajeros y a la caída del tráfico de mercancías entre 2005 y 2013 debido a la crisis económica; pide a los Estados miembros que aumenten el número de medidas destinadas al sector de los transportes;
89. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.
(1) DO L 153 de 18.6.2010, p.13.
(2) DO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0094.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0266.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0063
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359
(8) Véase el estudio de Tina Fawcett y Jan Rosenow sobre los planes y los logros de los Estados miembros con vistas a la aplicación del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia energética (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo).
(9) Informe de la consultora E3G, de 3 de marzo de 2016, titulado «Energy efficiency as infrastructure: leaping the investment gap» .