Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU024-18.htm
Timestamp: 2019-06-26 14:31:56
Document Index: 163928321

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 59', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 20', 'Artículo 4', 'Artículo 243', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 17', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 86']

SU024-18
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA DE TUTELA-Posibilidad de acudir ante cualquier Juez o Cuerpo colegiado para interponer la acción de tutela o directamente ante la Corte Constitucional
Toda autoridad judicial en su condición de juez constitucional y sin excepción alguna, está obligada a conocer las acciones de tutela promovidas por las personas que consideren que sus derechos fundamentales se están viendo amenazados o transgredidos.
Actualmente se exigen dos requisitos para acceder a la pensión de invalidez (i) tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y (ii) haber cotizado como mínimo cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en violación directa de la Constitución al aplicar norma declarada inconstitucional para acceder a pensión de invalidez
En esta medida, exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad para acceder a reconocer y pagar una pensión de invalidez es inconstitucional, pues el mismo fue excluido del ordenamiento por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009, al considerarse regresivo y gravoso para el solicitante, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y tiene efectos erga omnes, por tanto es de obligatorio cumplimiento.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo -quien la preside-, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente
La señora Elizabeth Lenis Mora, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso dentro del proceso laboral adelantado contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías PORVENIR S.A, tendiente a obtener el pago de la pensión de invalidez que culminó con la sentencia dictada el 22 de noviembre de 2011, donde se niegan las pretensiones de la demandante y no se le da aplicación a la Sentencia C-428 de 2009, la cual declaró inconstitucional el requisito de fidelidad al sistema para poder obtener la pensión de invalidez. Basa su solicitud en los siguientes hechos
1.1. El 20 de diciembre de 2006 la señora Elizabeth Lenis Mora[1] fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Seguros Alfa S.A con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 67.37%, con fecha de estructuración el 2 de agosto de 2006. A partir de dicho dictamen, solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. Sin embargo, PORVENIR S.A. negó dicho reconocimiento, mediante oficio del 5 de marzo de 2007, tras considerar que no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema.
1.2. Manifiesta la accionante que ante tal negativa, interpuso la correspondiente demanda laboral, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado 5 Laboral del Circuito de Cali, quien mediante fallo del 30 de abril de 2009 negó las pretensiones de la demandante. Impugnada dicha decisión, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, la cual en sentencia del 28 de octubre de 2009 resolvió revocar la decisión de primera instancia e inaplicar por excepción de inconstitucionalidad el requisito de fidelidad al sistema. En virtud de esta decisión se ordenó a la sociedad administradora de pensiones y cesantías PORVENIR S.A reconocer y pagar la pensión de invalidez a la señora Elizabeth Lenis Mora. Sin embargo, PORVENIR S.A. presentó recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante fallo del 22 de noviembre de 2011 confirmó la decisión proferida por el juzgado de primera instancia. Explicó la Corte Suprema de Justicia que la sentencia C-428 de 2009 no era aplicable al caso de la accionante, por cuanto la Corte Constitucional no le había otorgado a la citada sentencia efectos retroactivos.
1.3. Luego de agotar el trámite ante la jurisdicción laboral y actuando a través de apoderado judicial, la señora Lenis Mora presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que no aplicar la sentencia C-428 de 2009 en su caso, supuso la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y el desconocimiento de los artículos 4[2] y 243[3] de la Constitución, por cuanto se empleó una norma de carácter regresivo y se incurrió en la prohibición constitucional de reproducir una norma que ya había sido retirada del ordenamiento jurídico. Por tal motivo solicitó que se dictara una nueva sentencia.
2.3. Teniendo en cuenta que la autoridad judicial citada se abstuvo de estudiar de fondo su caso, en virtud de lo dispuesto en el Auto 100 de 2008[4] el 31 de mayo de 2017 la accionante procedió a presentar de forma directa ante la Secretaría General de esta Corporación, la acción de tutela para que se surtiera el trámite de selección respectivo.
2.5. Mediante auto del 18 de agosto de 2017, la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de algunas pruebas que le permitieran obtener elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión, específicamente con el objeto de determinar si resultaba procedente la solicitud de amparo en el presente asunto. Para ello solicitó: “(i) a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que remita copia del proceso laboral adelantado por la señora Elizabeth Lenis Mora contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías PORVENIR S.A, tendiente a obtener el pago de la pensión de invalidez; (ii) a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que remita copia del expediente de tutela instaurado por Elizabeth Lenis Mora contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y (iii) a la señora Elizabeth Lenis Mora (actora dentro del proceso de la referencia) que informe a este despacho las actuaciones que ha realizado desde el año 2012, tendientes a obtener el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez”.
2.6. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2017, solicitó al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, “remitir copia del expediente del proceso laboral adelantado por la señora Elizabeth Lenis Mora contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías PORVENIR S.A, tendiente a obtener el pago de la pensión de invalidez, el cual ya se encuentra en su despacho”. Lo anterior conforme a lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante oficio remitido a esta Corte el 25 de agosto de esta anualidad[5].
2.7. Mediante auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la Magistrada Sustanciadora solicitó a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A: (i) copia de la historia laboral de la señora Elizabeth Lenis Mora y (ii) explicación acerca de los motivos exactos por los cuales le fue negada la pensión de invalidez de la accionante.
2.8. Pruebas obrantes en el expediente
2.8.1. Copia informal de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones PORVENIR S.A en el juicio que promovió Elisabeth Lenis Mora (Folios 45-118, cuaderno No.2).
2.8.2. Copia informal del auto del 19 de junio de 2012, mediante el cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declara la improcedencia de la acción (Folios 9-10, cuaderno No. 2).
2.8.3. Copia informal del auto del 13 de julio de 2012, mediante el cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela desde el momento en que se ordenó darle trámite. (Folios 11-18, cuaderno No. 2).
2.8.4. Copia informal de la historia clínica de la señora Elisabeth Lenis Mora (folios 19-26, cuaderno No.2).
2.9. Pruebas aportadas ante la Corte Constitucional
2.8.1 Mediante oficio del 31 de agosto de 2017, la señora Elisabeth Lenis Mora, en respuesta al oficio enviado por la Magistrada Sustanciadora, referente a las actuaciones realizadas desde el año 2012, tendientes a obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez señaló: “(…) la acción de tutela que debí promover para intentar que los jueces entraran en razón de que yo si tenía derecho a la pensión, pues como me fue explicado con la condición de invalidez que padezco y las semanas que tengo cotizadas me daba para recibir mi pensión (…) fue a finales del año 2012 que me enteré definitivamente que la tutela no era procedente y que ya no tenía como reclamar este derecho (…) nuevamente consulte con otro abogado y él me explicó que si tenía derecho a la pensión y le reclamamos a Porvenir el 30 de mayo de 2017 (…) Porvenir en una carta del 30 de junio de 2017 me dijo que no tenía derecho a la pensión porque ya había demandado y había perdido la demanda (…) aun continuo enferma y no tengo un empleo estable”[6].
2.8.2 Mediante oficio del 25 de agosto de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó a este Despacho: “Respecto del oficio No. OPTB-2385/17 del 23 de agosto de este año, librado dentro de la acción de tutela de la referencia, relacionado con el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones PORVENIR S.A (…) anexo copia de la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2011 mediante la cual se desató el recurso extraordinario de casación. En cuanto al envío de la copia del proceso, le comunico que no es posible acceder a ella por cuanto el mismo se remitió al Tribunal de origen, desde el 21 de marzo de 2012, con oficio No. 3023”.
2.8.3 Mediante oficio del 8 de septiembre de 2017, recibido en este despacho el 19 del mismo mes y anualidad, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali remitió copia en CD del proceso ordinario adelantado por la señora Elizabeth Lenis Mora contra la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A[7].
2.8.4 La Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A,[8] mediante escrito del 25 de septiembre de 2017 y luego de hacer un resumen de los hechos y actuaciones judiciales, manifestó que no ha vulnerado los derechos de la accionante en la medida que el rechazo de la prestación solicitada obedeció al estricto cumplimiento de lo ordenado en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, indicó que no se evidencia vulneración “como quiera que a la fecha no ha sido radicada la reclamación pensional.”
Si bien a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas le fue repartido el presente expediente de tutela para su revisión, los términos del proceso se suspendieron inicialmente el día 7 de septiembre de 2017,[9] y levantados el día siguiente, es decir el 8 de septiembre de la misma anualidad. Posteriormente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo 02 de 2015 que unifica y actualiza el Acuerdo 05 de 1992 relativo al reglamento de la Corte Constitucional, y atendiendo al hecho de que la acción de tutela de la referencia se presentó contra una providencia judicial emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Magistrada Sustanciadora solicitó que el caso fuese asumido por la Sala Plena para su conocimiento. Así, en sesión del 20 de septiembre de 2017, la Sala Plena decidió asumir el estudio del expediente de la referencia.
Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo 02 de 2015, los términos del presente proceso fueron suspendidos a partir del 20 de septiembre de 2017.[10]
2.1. Visto el trámite judicial reseñado y entendiendo el contexto fáctico que motivó la interposición de esta acción de tutela, en la que se alega la vulneración del derecho al debido proceso en el trámite de una demanda ordinaria laboral,[11] la demandante pide que se revoque la providencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 22 de noviembre de 2011, en el curso del proceso laboral referido, y en su lugar, se tenga en consideración que el requisito de fidelidad exigido fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.
3. Acceso efectivo a la administración de justicia en materia de tutela. Posibilidad de acudir ante cualquier juez o cuerpo colegiado para interponer la acción de tutela o directamente ante la Corte Constitucional
Este Decreto, también plantea algunas situaciones excepcionales según las cuales el juez constitucional no estaría obligado a adoptar una decisión de fondo en el trámite de una acción de tutela. Estos supuestos son los siguientes:[12]
i. Cuando no sea posible determinar el hecho o la razón que motiva la solicitud de la tutela, en ese caso el juez debe prevenir al solicitante para que en el término de tres días para que la corrija, de lo contrario la petición puede ser rechazada.[13]
ii. Cesación de la actuación impugnada. “Si estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.[14]
iii. Desistimiento del recurrente. “El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente”.[15] Cabe aclarar que si el desistimiento se presenta a partir de una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, es posible reabrir la actuación si se logra demostrar el incumplimiento del acuerdo a partir del cual se arribó al desistimiento.[16]
iv. Finalmente en caso de temeridad, esto es que se presenten los elementos que la jurisprudencia ha denominado como triple identidad,[17] los jueces cuentan con la facultad para rechazar de plano o decidir desfavorablemente la solicitud de amparo.[18]
3.4. No obstante, esta Corporación ha evidenciado que en algunas oportunidades la Corte Suprema de Justicia en particular se abstuvo de dar trámite a aquellas acciones de tutela que se habían interpuesto en contra de sus decisiones. En ese contexto, la Corte Constitucional en un primer pronunciamiento definido en el Auto 004 del 3 de febrero de 2004, consideró necesario que otra autoridad judicial distinta a esa alta corporación conociera y diera trámite a las acciones de tutela impetradas en contra de sus fallos. El fin primordial perseguido con esta providencia era la necesidad de salvaguardar, como primera medida, el acceso efectivo a la administración de justicia y la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales invocados por las personas que acuden a la acción de tutela para tal efecto.[19] Al respecto, se precisó lo siguiente:
[P]ara los casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.”[20]
En este escenario y teniendo en cuenta las opciones contempladas en el citado Auto 100 de 2008, esta Corporación se pronunció en varias oportunidades dentro de acciones de tutela presentadas como consecuencia de la falta de trámite por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En las sentencias T-1094 de 2008,[21] T-633 de 2009,[22] T-013 de 2011,[23] T-859 de 2011,[24] T-214 de 2012,[25] T-1038 de 2012,[26] T-1095 de 2012,[27] T-062 de 2013,[28] SU-131 de 2013,[29] T-255 de 2013,[30] T-362 de 2013,[31] T-450 de 2013,[32] T-265 de 2014[33] y SU-873 de 2014,[34] los accionantes acudieron directamente ante este Tribunal y obtuvieron pronunciamientos de fondo frente a las solicitudes de amparo. En las sentencias T-754 de 2010,[35] T-978 de 2011,[36] T-357 de 2011,[37] T-183 de 2012,[38] SU-158 de 2013,[39] T-445 de 2013,[40] los accionantes presentaron las demandas ante el Consejo Superior de la Judicatura y luego de agotadas las instancias correspondientes, la Corporación se pronunció sobre la decisión de los jueces de instancia.
3.7. En esta medida, cuando alguna Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia no admita o dé trámite a una acción de tutela presentada en contra de fallos proferidos por esa misma entidad, los ciudadanos, invocando el Auto 100, tendrán la posibilidad (i) de presentar nuevamente la acción de tutela ante cualquier Juez de la República (unipersonal o colegiado) e incluso ante cualquier otra entidad de la misma jerarquía de la Corte Suprema o (ii) presentarla directamente ante la Secretaría General de la Corte Constitucional para que ésta la envíe a la Sala de Selección respectiva y se le dé trámite a la misma.[41] Situación que se presentó en el caso objeto de estudio, por tanto a este Alto Tribunal le corresponde adoptar una decisión de fondo.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Debido a dichas situaciones excepcionalísimas en un principio esta Corte desarrolló la teoría de que la tutela era procedente contra providencias judiciales sólo cuando las mismas constituyeran manifiestas vías de hecho,[42] es decir, decisiones ostensiblemente arbitrarias, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (defecto fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto procedimental). Con el paso del tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando otros defectos constitutivos de las llamadas vías de hecho.
Posteriormente, en el año 2005, este Alto Tribunal mediante Sentencia C-590 de dicha anualidad modificó la doctrina de las vías de hecho. En esta medida precisó y diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:[43] unos requisitos generales de procedencia de naturaleza estrictamente procesal, y unas causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva que recogen los defectos que antes eran denominados vías de hecho.
Los requisitos generales de procedencia señalados en la sentencia C-590 de 2005, se definen como condiciones de procedimiento que buscan hacer compatible la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con la eficacia de principios de estirpe constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama judicial.[44] Estos requisitos son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[45]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[46]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[47]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[48]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[49]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[50]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[51].
4.2. Causales especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
En la sentencia C-590 de 2005, después de modificar la jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte Constitucional precisó las siguientes causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Las cuales definió como defectos sustanciales que por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial de los preceptos constitucionales[52].Estos son:
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[53] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”[54].
“i. Violación directa de la Constitución, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constitución”[55].
En un principio, esta causal se concibió como un defecto sustantivo.[56] Posteriormente, en la Sentencia T-949 de 2003[57] se determinó como una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela de carácter independiente y autónomo,[58] interpretación que se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005[59] ya citada, en la que la este Tribunal incluyó la violación directa de la Constitución como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, dado que “(…) la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución”.
“(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.[60]
Así las cosas, en virtud del actual modelo de ordenamiento constitucional “reconoce valor normativo superior a los preceptos constitucionales, y ellos contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares”,[61] la decisión judicial que desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales postulados, puede ser cuestionada en sede de tutela, en la medida que los jueces, en ejercicio de sus funciones, están sujetos a las disposiciones consagradas en la Constitución. En estos casos, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular.
La Ley 100 de 1993, en su artículo 10 señala que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población una protección contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y la muerte. Lo anterior, mediante el reconocimiento de las respectivas pensiones.[62]
La pensión de invalidez se define como aquella prestación económica que se otorga a una persona que, por enfermedad común o profesional o por haber padecido un accidente, ha perdido la capacidad de locomoción y la plenitud de las funciones síquicas y físicas y, como consecuencia, ha sufrido una pérdida en su capacidad laboral que le impide llevar una vida cotidiana y social normal.[63]
El artículo 38 de la misma Ley 100 sostiene que para efecto del reconocimiento de la pensión de invalidez, la persona tiene que acreditar una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, de conformidad con el dictamen que emite una Junta Regional o una Junta Nacional, dependiendo del caso en concreto.[64] Aunado a lo anterior, el artículo 39 de la ley en mención añadió dos requisitos adicionales:
Esta última disposición fue modificada por la Ley 860 de 2003[65], la cual en su artículo 1° estableció:
Al analizar la constitucionalidad de este artículo, la Corte a través de la Sentencia C-428 de 2009[66], declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema introducido por la Ley 860 de 2003, por ser regresivo y resultar más gravoso al hacer aún más riguroso el acceso a la pensión de invalidez. Al respecto indicó:
Esta declaratoria de inexequibilidad y evidente regresividad ha sido reiterada por la Corte Constitucional en pronunciamientos posteriores,[67] en los cuales se ha manifestado que la norma era inconstitucional desde sus inicios, motivo por el cual no podía producir efectos. De esta manera, se ha entendido que a aquellas situaciones jurídicas que se generaron antes de la inexequibilidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 tampoco se les puede exigir el requisito de fidelidad mencionado. Al respecto, en Sentencia T- 826 de 2014[68] se recogieron dichos pronunciamientos y se precisó:
19. La mentada situación, ha sido estudiada en reiteradas oportunidades por esta corporación, como en los fallos T-266 de 2010, T-532 de 2010, T-615 de 2010, T-016 de 2011 y T-453 de 2011 entre muchos otros, dentro de los cuales se ha dicho de manera unívoca, que la exigencia del requisito de fidelidad de la Ley 860 de 2003, deviene en inadmisible sin importar la fecha de estructuración de la enfermedad, pues la sentencia C-428 de 2009, lo que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue inconstitucional, por lo que dicha providencia tenía efecto declarativo y no constitutivo, generando con ello que las entidades prestadores de este servicio no se excusen en que el hecho generador del derecho pensional sea anterior a esos fallos de constitucionalidad, pues el carácter vinculante de la ratio decidendi se los impide”(subrayado fuera del texto).
Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente se exigen dos requisitos para acceder a la pensión de invalidez (i) tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y (ii) haber cotizado como mínimo cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En esta medida, exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad para acceder a reconocer y pagar una pensión de invalidez es inconstitucional, pues el mismo fue excluido del ordenamiento por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009, al considerarse regresivo y gravoso para el solicitante, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y tiene efectos erga omnes, por tanto es de obligatorio cumplimiento.[69]
1. La acción de tutela presentada por Elizabeth Lenis Mora es procedente para atacar las providencias judiciales referenciadas
1.2. La tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
Teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de tutela es brindar una protección inmediata a los derechos amenazados o vulnerados, ésta debe presentarse en un término prudencial so pena de ser declarada improcedente. Lo anterior debido a que “la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”.[70] La exigencia de este presupuesto, tal como lo ha manifestado esta Corporación, no conlleva la existencia de un término de caducidad, tal y como lo afirmó esta Corporación[71] en la medida que el artículo 86 Superior señala que puede intentarse en todo momento. No obstante, la Corte Constitucional ha sostenido, de manera reiterada y consistente, que la solicitud de amparo constitucional debe interponerse en un término oportuno, justo y razonable, dado que una de las características esenciales de este mecanismo de protección es el principio de inmediatez.[72] Corresponderá entonces, a la autoridad judicial el análisis en cada caso concreto del tiempo en el que se interpone la acción de tutela, pues no cualquier tardanza puede juzgarse como injustificada o irrazonable.
En ese contexto, la Corte ha desarrollado diferentes criterios para valorar la admisibilidad de una acción de tutela que se presenta luego de transcurrido un largo periodo de tiempo respecto del hecho generador de la vulneración o amenaza de derechos: “(i) [q]ue se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.[73] Estas circunstancias permiten que la exigencia del principio de inmediatez no se analice de manera estricta ya que, “la acción de tutela tiene como objetivo la protección cierta y efectiva de derechos fundamentales que se encuentran amenazados, bien por acción o bien, por omisión de autoridad pública o particular cuando a ello hay lugar. Ese objetivo, no se agota con el simple paso del tiempo, sino que continúa vigente mientras el bien o interés que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que se consume un daño antijurídico de forma irreparable”.[74]
Ahora bien, aunque en este caso han transcurrido más de seis (6) años desde que se profirió la sentencia atacada,[75] la jurisprudencia de esta Corte de manera reiterada ha señalado que el derecho a la pensión es imprescriptible, lo que permite afirmar que la vulneración que se presenta respecto de este derecho de la tutelante es actual y ha perdurado durante estos años, puesto que la negativa de su pensión fue resuelta con base en un requisito que fue declarado inconstitucional por esta Corporación desde sus inicios, por lo que no podía producir efectos. Por tanto, tal y como se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, a aquellas situaciones jurídicas que se generaron antes de la inexequibilidad de dicha norma, tampoco se les puede exigir dicho requisito de fidelidad.
En la actualidad, la accionante no percibe su pensión de invalidez y eso le impide llevar una vida con contenidos mínimos de dignidad, pues a pesar de su discapacidad, debe trabajar de manera informal para poder sostener a sus hijos[76] y solventar sus necesidades básicas.
Posteriormente, al darse cuenta que la Corte Suprema le había negado en el año 2011, el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema,[77] presentó acción de tutela. En primera instancia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó por improcedente la acción; en segunda instancia, la Sala de Casación Civil de ese mismo Tribunal declaró la nulidad de lo actuado desde el auto que ordenó el trámite de la acción por considerar que la admisión de la tutela implicaría desconocer la intangibilidad de las decisiones proferidas en sede de casación.
Tiempo después, en mayo de 2017, solicitó una vez más el reconocimiento de su pensión, petición que fue negada por el fondo de pensiones por estimar que existía cosa juzgada en su caso. Teniendo en cuenta lo anterior y que la autoridad judicial citada se abstuvo de estudiar de fondo el presente caso, en virtud del Auto 100 de 2008[78] la accionante procedió a presentar directamente el expediente ante la Secretaría General de esta Corporación, para que se surtiera el trámite de selección respectivo[79].
A juicio del juez laboral de primera instancia,[80] no era posible acceder a las pretensiones de la accionante, aun a pesar de su “penosa enfermedad y ser persona de la tercera edad” por cuanto no cumplía los requisitos exigidos por las leyes que regulan la materia. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali,[81] autoridad que consideró que frente al requisito de la fidelidad señalado en el art. 1 de la Ley 860 de 2003 debía aplicarse la excepción de inconstitucionalidad. Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[82] casó la sentencia proferida por el citado Tribunal Superior, argumentando que la pretensión de reconocimiento pensional no prosperaba en la medida que el requisito de fidelidad estaba vigente para la fecha en la que se estructuró su estado de invalidez, esto es, el 2 de agosto de 2006. En ese sentido, consideró que “al aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al requisito de fidelidad al sistema de pensiones cuando la invalidez de la actora se estructuró el 2 de agosto de 2006, es decir, en el interregno entre la vigencia de la Ley 860 de 2003 y el momento en que fue proferida la decisión de inexequibilidad, que no tuvo efectos hacia el pasado, el Tribunal desconoció que el parágrafo del artículo 20 de la Ley 393 de 1997 no da la posibilidad de echar mano de aquella figura cuando existe un previo pronunciamiento de exequibilidad por parte del órgano encargado, esto es, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado (…)”.
Además, la Sala no puede dejar de resaltar que esta exigencia le ha generado un grave perjuicio al mínimo vital de la peticionaria, pues la ausencia de la pensión de invalidez a la que tiene derecho la ha obligado a recurrir a trabajos informales para garantizar la subsistencia de su hogar,[83] aun a pesar de sus dolencias y de su edad.
2.5. En este caso, verificado el expediente advierte esta Sala que la señora Elizabeth Lenis Mora cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, esto es, (i) cuenta con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% al ser calificada con un 67.37% y (ii) cotizó 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al 2 de agosto de 2006, fecha de estructuración de la invalidez, tal como se analizó en la sentencia del Tribunal Superior de Cali.[84] Por lo que la negación de acceso a esta prestación, ha vulnerado su derecho a la seguridad social.
SEGUNDO.- REVOCAR la providencia trece (13) de julio de dos mil doce (2012) proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y que resolvió no admitir la acción de tutela presentada contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al mínimo vital y a la seguridad social de Elizabeth Lenis Mora.
CUARTO.- DEJAR EN FIRME la sentencia del veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009) dictada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso laboral ordinario iniciado por la accionante Elizabeth Lenis Mora contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y mediante la cual se inaplicó el requisito de fidelidad al sistema en el caso de la actora y se ordenó a Porvenir, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de Elizabeth Lenis Mora.
QUINTO.- ORDENAR a Porvenir S.A. que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, dé cumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009), dentro del proceso laboral ordinario iniciado por la accionante Elizabeth Lenis Mora, teniendo en cuenta los valores actualizados de cada una de las condenas y podrá descontar, en caso de haberlo hecho, lo pagado a la accionante por concepto de devolución de saldos de la pensión de invalidez, sin afectar su derecho al mínimo vital.
[1] La accionante manifiesta padecer “Porfiria”. Las Porfirias son un grupo de trastornos genéticos causados por problemas con la forma en que el cuerpo produce una sustancia llamada hemo. El hemo se encuentra en todo el cuerpo, especialmente en la sangre y en la médula ósea, donde transporta oxígeno.
Existen dos tipos principales de Porfirias: Uno es el que afecta la piel (cutáneo) y el otro es el que afecta el sistema nervioso. Las personas que tienen Porfiria cutánea desarrollan ampollas, picazón e inflamación en la piel cuando se exponen al sol. El tipo de Porfiria que afecta al sistema nervioso se llama Porfiria Aguda. Consulta hecha en https://medlineplus.gov/spanish/porphyria.html (Noviembre 1° de 2017 a las 10.20AM).
[2] “Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”
[3] “Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
[4] En el Auto 100 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación señaló que a fin de evitar una flagrante violación del derecho de acceso a la administración de justicia, cuando una autoridad judicial se niega a admitir o a dar trámite a una acción de tutela el accionante cuenta con las siguientes opciones:
[5] Folios 36-49, cuaderno 2 del expediente. Mediante oficio del 25 de agosto de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó a este Despacho: “(…) En cuanto al envío de la copia del proceso, le comunico que no es posible acceder a ella por cuanto el mismo se remitió al Tribunal de origen, desde el 21 de marzo de 2012, con oficio No. 3023”.
[6] Folios 50-58, cuaderno 2 del expediente.
[7] Folios 62-63, cuaderno 2 del expediente.
[8] Ver folios 68 a 73 del cuaderno 2 del expediente. La administradora de pensiones y cesantías no aportó la historia laboral solicitada.
[9] Los términos fueron suspendidos durante el día 7 de septiembre en razón a la visita del Papa Francisco a la ciudad de Bogotá D.C.
[10] De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 02 de 2017, “El término de los proceso de tutela que cursen en la Sala Plena desde la entrada en vigencia del presente Acuerdo hasta la conclusión de la revisión de los actos legislativos, de las leyes y de los decretos leyes previstos en el Acto >Legislativo 01 de 2016, se extenderá por teres meses adicionales, para hacer viable la priorización del control automático, único y posterior de constitucionalidad previsto en el literal k) del artículo 1 y el inciso 3 del artículo 2 del citado acto legislativo (…)”
[11] La accionante señala que la Corte Suprema de Justicia accionada desconoció la sentencia C-428 de 2009 que declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema pensional para obtener la pensión vitalicia de invalidez, el cual le fue exigido a la accionante por Porvenir S.A. al momento de solicitar la prestación social.
[12] Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[13] Decreto 2591 Artículo 17. Esta norma fue declarada exequible en sentencia C-483 de 2008. En aquella oportunidad se señaló: “De cualquier forma, se debe tener claro que la decisión de rechazo de la acción de tutela no hace tránsito a cosa juzgada y, por tanto, el accionante está legitimado para presentar la solicitud de protección constitucional nuevamente, con el cumplimiento de los requisitos mínimos para su admisión, sin que ello pueda entenderse como el ejercicio de una actuación temeraria. De esta forma se garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia y se descarta cualquier posibilidad de que el accionante se encuentre ante una situación de denegación de justicia”.
[14] Decreto 2591, Artículo 26 inciso 1: “(...) Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.”
[15] Decreto 2591 Artículo 26 inciso 2: “(…) El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.”
[16] Decreto 2591 Artículo 26 inciso 3. “(…) Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.”
[17] Los elementos de la triple identidad fueron ampliamente definidos en la sentencia SU-713 de 2006 así: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto”.
[18] El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece: “Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
[19] Debe recordarse que con el fin de reglamentar el reparto de las acciones de tutela, el Presidente de la República expidió el Decreto 1382 de 2000, el que en su numeral 2 del artículo 1° establece: “lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, será repartido a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del mismo decreto”.
[20] Esta posición fue reiterada por la Corte Constitucional en Auto 162 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jaime Araujo Rentería y Humberto Sierra Porto).
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-1094 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En este caso, el accionante presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “por considerar que la sentencia dictada por dicha autoridad judicial el 28 de mayo de 2008, en el trámite de segunda instancia dentro del proceso penal seguido contra el actor, luego de haber encontrado una clara inobservancia del principio de congruencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en tanto la acusación se refirió únicamente al delito de prevaricato por acción, mientras que la decisión concluyó que existió prevaricato por acción, pero en concurso homogéneo y sucesivo con el mismo delito, debió declarar la nulidad de todo lo actuado, y no dictar la sentencia de reemplazo como finalmente ocurrió”. Luego de establecer la competencia y el cumplimiento de los requisitos exigidos en las acciones de tutela contra providencias judiciales, la Sala de Revisión negó el amparo solicitado.
[22] Corte Constitucional. Sentencia T-633 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta oportunidad el accionante (Embajador y Jefe de la Misión Diplomática de la Embajada del Líbano en Colombia), presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia e invocó como violados los derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, al dictar fallo de única instancia en el cual declaró “(i) la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y el Estado del Líbano, (ii) que ese contrato de trabajo se extendió entre el 1 de abril de 1981 al 24 de noviembre de 2004; y iii) que fue terminado unilateralmente y sin justa causa. En consecuencia, condenó al Estado del Líbano a pagar cierta suma de dinero”. De esta acción de tutela conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la cual resolvió no tutelar los derechos invocados. Impugnada esa decisión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió no admitir a trámite la demanda de tutela y decretó la nulidad de la actuación surtida ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio, inclusive. Al resolver el caso, la Sala de Revisión decidió revocar la decisión de la Sala de Casación Civil y confirmar la de la Sala de Casación Penal, que negó el amparo del derecho.
[23] Corte Constitucional. Sentencia T-013 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). En este caso, el accionante solicita el amparo de su derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. La Sala de Revisión encontró procedente la acción de tutela y decidió conceder el amparo del derecho y ordenar el reconocimiento de la prestación solicitada.
[24] Corte Constitucional. Sentencia T-859 de 2011 (MP. Humberto Sierra Porto. SV. Luis Ernesto Vargas Silva) El accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial, la seguridad social y el derecho al trabajo en condiciones dignas, que estimaba violados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la Sala de Revisión consideró que la decisión cuestionada no había incurrido en defecto alguno y en consecuencia, negó el amparo solicitado.
[25] Corte Constitucional. Sentencia T-214 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). El accionante presentó acción de tutela contra la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que la autoridad judicial mencionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al decretar el cierre de la investigación en su contra, calificar el mérito del sumario y decidir sobre el decreto de pruebas en la audiencia preparatoria. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de dar trámite a la misma, razón por la cual el accionante acudió directamente a la Corte Constitucional, acogiéndose a lo dispuesto en el Auto 100 de 2008 de esta Corporación. La Sala de Revisión consideró que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos alegados y decidió negar el amparo.
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-1038 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo. AV. Mauricio González Cuervo). El actor solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso presuntamente violentado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, ya que en su criterio estas autoridades desconocieron el principio de congruencia entre acusación y condena. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, decidió “no admitir a trámite la acción de tutela de la referencia”. Luego de analizar la jurisprudencia correspondiente, la Sala de Revisión encontró abundante jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que validan la interpretación de las normas procesales y sustanciales aplicadas por los estrados judiciales demandados y en consecuencia, decidió declarar improcedente la acción de tutela presentada.
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-1095 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Luis Ernesto Vargas Silva). El actor presentó acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad y al poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la primera mesada pensional, presuntamente vulnerados por las accionadas. En esta ocasión, la Sala de Revisión concedió el amparo solicitado.
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-062 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En este caso el actor instauró acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, invocando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la libertad personal. ni la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo de Estado, impartieron trámite al recurso constitucional, motivo por el cual, el caso fue seleccionado y revisado. Una vez analizadas las particularidades del caso, la Sala de Revisión decidió negar el amparo solicitado.
[29] Corte Constitucional. Sentencia SU-131 de 2013 (MP. Alexei Julio. AV. Nilson Pinilla Pinilla). El accionante interpuso una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la que solicitó el amparo de sus derechos a la vida digna, el debido proceso y la igualdad, presuntamente desconocidos por la actuación de la entidad accionada, que negó la indexación de su primera mesada pensional. Ante la negativa de la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, el expediente fue seleccionado y decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia que concedió el amparo solicitado.
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-255 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta oportunidad la Corte conoció de varios casos, uno de ellos presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura, el cual tuvo pronunciamiento de fondo en dos instancias y otro presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el cual, de conformidad con la decisión de la Sala de Casación Civil de dicha corporación, no fue tramitado. Los expedientes fueron acumulados por presentar unidad de materia, en cuanto sus accionantes solicitan el amparo de los derechos a mantener el valor adquisitivo de la pensión, al derecho al mínimo vital y a la seguridad social en pensiones. Luego de analizar los casos concretos, la Sala de Revisión concedió el amparo de los derechos solicitados.
[31] Corte Constitucional. Sentencia T-362 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Las accionantes presentaron acción de tutela en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que consideran vulnerado por las accionadas, debido a la condena que se les impuso por los delitos de peculado por apropiación en calidad de intervinientes, en concurso con fraude procesal en calidad de coautoras, ocultamiento y destrucción de documento público en calidad de coautoras, uso de documento público falso en calidad coautoras y falso testimonio. Luego de analizar la situación particular de los casos concretos, la Sala de Revisión decidió negar el amparo solicitado por las accionantes.
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-450 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo. SPV Gabriel Eduardo Mendoza). Los accionantes solicitan el amparo de sus derechos al debido proceso, a la seguridad social y mínimo vital, presuntamente vulnerados con la expedición de las sentencias por parte de las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ordinario laboral en las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los aquí accionantes debido al incumplimiento del requisito de fidelidad por parte del causante. La Sala de Revisión consideró que les asistía razón a los demandantes y concedió el amparo de los derechos solicitados.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-265 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero). En este caso, la demandante solicitó al juez constitucional que amparara sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, a la honra y a la dignidad humana, vulnerados presuntamente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso penal, y considerar que la motivación de la providencia que resolvió el recurso de casación propugnaba por una irrestricta libertad de expresión, que incluso desconocía mandatos constitucionales. Al analizar el caso, la Sala de Revisión decidió negar el amparo solicitado.
[34] Corte Constitucional. Sentencia SU-873 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa). En esta oportunidad la accionante acudió a la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, mediante los fallos proferidos dentro del proceso ordinario laboral instaurado por ella contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS. Luego de revisar los requisitos de procedencia y analizar el caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocó la providencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y dejó sin efectos la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela estudiado y concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la seguridad social de la actora.
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-754 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La accionante presentó acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el fin de que fueran protegidos los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, libertad, honra, locomoción y domicilio, al parecer vulnerados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, al resolver el recurso extraordinario de casación dentro de un proceso penal seguido en su contra. En esta ocasión, la Sala de Revisión decidió confirmar la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que declaró la improcedencia del amparo deprecado.
[36] Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza. Av. Nilson Pinilla Pinilla). En esta oportunidad, los accionantes acudieron al Consejo Superior de la Judicatura para obtener un pronunciamiento de fondo respecto de sus pretensiones. Una vez surtidas las instancias correspondientes, la Sala de Revisión procedió a revocar las decisiones revisadas y conceder el derecho invocado.
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-357 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza. AV. Nilson Pinilla Pinilla). La accionante en esta ocasión solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y de acceso a la Administración de Justicia, que considera vulnerados por las entidades accionadas debido a la condena que se le impuso por el delito de falsedad en documento privado, por una actuación que se le atribuyó en su calidad de liquidadora dentro de un proceso liquidatorio. La tutela fue inicialmente presentada ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y declarada no admisible a trámite, razón por la cual, en aplicación de lo dispuesto en el Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional, la acción fue nuevamente presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. La Sala de Revisión decidió revocar la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que confirmó la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, y, en su lugar negó el amparo solicitado.
[38] Corte Constitucional. Sentencia T-183 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa). El accionante acudió a la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, el debido proceso y la seguridad social en pensiones, al no reconocerle el derecho a la indexación de la primera mesada pensional por parte del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Ante la negativa de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el actor acudió al Consejo Superior de la Judicatura para obtener un pronunciamiento de fondo. Surtida las instancias, la Sala de Revisión revocó las decisiones revisadas y concedió el amparo solicitado.
[39] Corte Constitucional. Sentencia SU-158 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa. AV. Nilson Pinilla Pinilla). La accionante presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que la decisión adoptada vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, al aplicar una norma que le impedía acceder al derecho prestacional solicitado. La acción fue tramitada ante el Consejo Superior de la Judicatura en virtud de los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008. Surtidas las instancias procesales, la Sala Plena de esta Corte decidió revocar la decisión revisada y conceder el amparo solicitado.
[40] Corte Constitucional. Sentencia T-445 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio. AV. Jorge Iván Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Los accionantes presentaron acciones de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar vulnerados sus derechos a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso. Los procesos surtieron las instancias procesales ante las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. La Sala de Revisión luego de analizar los requisitos de procedencia, revocó las decisiones de los jueces de instancia y concedió el amparo solicitado por los accionantes.
[41] Posición reiterada por esta Corte en Sentencias tales como T-388 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla), T-103 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla), SU-949 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa. AV. Gabriel Eduardo Mendoza), SU-230 de 2015 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Gabriel Eduardo Mendoza.SV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas).
[42] Corte Constitucional. Sentencia T-555 de 1999. (MP. José Gregorio Hernández) define como vía de hecho: “La jurisprudencia, desarrollando el concepto de la vía de hecho, ha destacado que únicamente se configura sobre la base de una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, lo cual repercute en que, distorsionado el sentido del proceso, las garantías constitucionales de quienes son afectados por la determinación judicial -que entonces pierde la intangibilidad que le es propia- encuentren en el amparo la única fórmula orientada a realizar, en su caso, el concepto material de la justicia. Por supuesto, tal posibilidad de tutela no es regla general sino excepción, y los jueces ante quienes se solicita están obligados a examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada”.
[43] El concepto de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales. Sin embargo, en materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte ha señalado que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. Posición reiterada en las Sentencias T-125 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-845 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Luis Ernesto Vargas Silva), T-006 de 2015 (MP. Jorge Iván Palacio) y T- 037 de 2015 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[44]En este aparte se tomara lo expuesto en la Sentencia T-310 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[45] Corte Constitucional. Sentencia 173 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández).
[46] Corte Constitucional. Sentencia T-504 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[47] Ver entre otras la Sentencia T-315 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[48] Corte Constitucional. Sentencias T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-159 de 2000 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[49] Corte Constitucional. Sentencia T-658 de 1998 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[50] Ver al respecto sentencias T-088 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) y SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa)
[51] Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[52] Ver al respecto la sentencia T-310 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[53] Corte Constitutionnel. Sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[54] Cfr. Sentencias T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP, Eduardo Montealegre Lynett).
[55] Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[56] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En el caso objeto de estudio, la Corte indicó que la prueba que se había allegado al proceso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se había obtenido violando derechos fundamentales del procesado. En palabras de la Corporación: “(…) el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a lo expresamente señalados por el legislador”.
[57] Corte Constitucional. Sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En esta oportunidad manifestó: “(…) todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.
[58]Ver también la Sentencia T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[59] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[60] Corte Constitucional. Sentencia T-809 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez). Causal aplicada entre otras, en las sentencias T-747 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-555 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva); T-071 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Nilson Pinilla Pinilla) y T-088 de 2017 (MP. María Victoria Calle Correa. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[61] Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Luis Ernesto Vargas Silva).
[62] “ARTICULO. 10.- Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
[63] Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza) y T- 057 de 2017
[64] Ver artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993.
[65] “Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-428 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo. SPV. María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas).
[67] Corte Constitucional, sentencias T-266 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-532 de 2010, T-615 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-016 de 2011 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza), T-453 de 2011 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Humberto Sierra Porto), T-826 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-065 de 2016 (MP. Gloria Ortiz Delgado) y T-057 de 2017 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza. SPV Gloria Ortiz Delgado).
[68] Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[69] En Sentencia C-539 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), esta Corte precisó que “el desconocimiento del precedente judicial de las Altas Cortes (…), especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria (…), (ii) la interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela contra actuaciones administrativas o providencias judiciales”.
[70] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo. SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T-001 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[71] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo. SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), en la que se declararon inconstitucionales los artículos 11, 12 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991.
[72] En la sentencia T-043 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SPV. Luis Guillermo Guerrero) esta Corte afirmó que: “[d]e manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que la acción de tutela debe interponerse dentro de un término oportuno, justo y razonable, con el fin de que el amparo no pierda la eficacia que el constituyente quiso otorgarle a través de lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución de 1991 . En ese sentido, si el propósito de esta acción constitucional es el de prevenir un daño inminente o hacer cesar un perjuicio contra los derechos fundamentales, es claro que es deber del accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó el hecho que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales y el momento de presentación de la acción de tutela”
[73] Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006 (MP. Humberto Sierra Porto). Estas consideraciones fueron reiteradas en las sentencias T-590 de 2014 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-069 de 2015 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-205 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-043 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SPV. Luis Guillermo Guerrero). En este sentido también se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias T-526 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda), T-158 de 2006 (Humberto Sierra Porto), T-1084 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-593 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-792 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-243 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda), T-594 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto), T-299 de 2009 (MP. Mauricio González), T-328 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio. SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-1028 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto. AV. María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas), T- 429 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (MP. María Victoria Calle) y T-841 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa) entre otras.. Allí las diferentes Salas de Revisión han hecho alusión a estas situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de tutela mediante las cuales se pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión de sobreviviente, a la pensión de invalidez, reintegro derivado de estabilidad laboral reforzada y pago de acreencias laborales a trabajadores sindicalizados respectivamente.
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2014 (MP. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[75] La sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es del 22 de noviembre de 2011.
[76] En su escrito del 31 de agosto de 2017, visible a folio 50 del cuaderno 2 del expediente, la accionante manifiesta que es madre cabeza de hogar, que se separó del padre de sus hijos porque éste “cayó en las drogas”. Que continúa enferma y no tiene empleo estable.
[77] Requisito que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo. SPV. María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas).
[78] En el auto En el Auto 100 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación señaló que a fin de evitar una flagrante violación del derecho de acceso a la administración de justicia, cuando una autoridad judicial se niega a admitir o a dar trámite a una acción de tutela el accionante cuenta con las siguientes opciones:
[79] La Sala de Selección número siete, mediante Auto del 11 de julio de 2017, seleccionó la presente acción de tutela y la repartió a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas.
[80] Ver copia del fallo a folios 44 a 50 del cuaderno 2 del expediente.
[81] Ver copia del fallo a folios 51 a 72 del cuaderno 2 del expediente.
[82] Ver copia del fallo a folios 95 a 120 del cuaderno 2 del expediente.
[83] La accionante manifestó ser madre cabeza de hogar, al separarse del padre de sus hijos por caer en las drogas. Ver folio 50 del cuaderno 2 del expediente.
[84] Ver folio 64 del cuaderno 2 del expediente.