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Timestamp: 2018-02-26 01:23:43
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Sentencia A.P. Madrid 434/2010 de 21 de mayo. Impugnación de acuerdo de club de camping. Procedimiento sancionador - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 434/2010 de 21 de mayo
Impugnación de acuerdo de asamblea general extraordinaria de club de camping: Expulsión de socio por ocupación indebida de terreno del camping. Falta de prueba de tal ocupación que no puede dar lugar a tan grave acuerdo sancionatorio.Doctrina. No existe base razonable para el acuerdo sancionador.
Rollo: RECURSO DE APELACION 275 /2006
D.ª LOURDES RUIZ GORDEJUELA LOPEZ
D. SAGRARIO ARROYO GARCIA
En MADRID, a veintiuno de mayo de dos mil diez.
La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 113 /2004 del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de COLMENAR VIEJO seguido entre partes, de una como apelante D. Marino, representado por la Procuradora Sra. Puente Méndez y de otra, como apelado CLUB DE CAMPING Y CARAVANING DE MADRID, representado por la Procuradora Sra. Ariza Colmenarejo, sobre impugnación y nulidad de acuerdos.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Colmenar Viejo, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:"FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Pomares Ayala, en nombre y representación de Don Marino, absolviendo de los pedimentos contenidos en la misma a Club de Camping y Caravaning de Madrid, con imposición al demandante del pago de las costas causadas";.
Segundo.-Contra la anterior resolución, previa su preparación en tiempo y forma, interpuso recurso de apelación la representación procesal de Don Marino, parte demandante. La representación procesal de la parte demandada presentó escrito de oposición al recurso, turnándose los autos a esta Sección para resolverlo. La representación del apelante solicitó la incorporación de los documentos acompañados con el escrito presentado el 18 de abril de 2007, petición que fue denegada por auto de veinticuatro de mayo del mismo año al que se aquietó la parte solicitante al no haber presentado contra el mismo recurso de reposición. El veintitrés de mayo de 2007, el Juzgado remitió, para su unión al procedimiento, un sobre con fotografías Camping "Los Herrenes" de Moralzarzal, que se unieron a las actuaciones por providencia de 11 de junio de 2007 en cuanto parte de la documentación que fue aportada en su día que no se remitió en su debido momento.
Tercero.-No considerándose necesaria la celebración de vista pública, se señaló la deliberación, votación y fallo del recurso, una vez que le hubo correspondido su turno entre los de su clase y ponencia.
Cuarto.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales salvo el plazo para sentencia por la acumulación de asuntos de la misma naturaleza.
Visto, siendo Ponente la Ilma. Sra. D.ª LOURDES RUIZ GORDEJUELA LOPEZ.
No se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida en tanto sean contradichos o modificados por los que a continuación se exponen.
Primero.-En la demanda que inició el procedimiento de que esta apelación dimana, Don Marino, impugna el acuerdo adoptado por la Asamblea General extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2004 por el Club Camping y Caravaning de Madrid, por el que se le expulsó como socio activo del mismo. La demanda, que pretende la nulidad de mencionado acuerdo, se sustenta en que al actor se le ha dado de baja por expulsión sin haber observado el trámite procedimental en el desarrollo del expediente sancionador, pues ni se le dio audiencia, ni consta que se sometiera a la Asamblea el recurso que interpuso contra el acuerdo de expulsión, ni se ha motivado la misma, amén de no existir causa que la justificara. En definitiva, el acuerdo se impugna por motivos formales -incumplimiento del procedimiento sancionador establecido en los Estatutos y en la Ley Orgánica 1/2002 - y de fondo -inexistencia de causa que justifique la expulsión-.
A esta pretensión se opuso la representación procesal del Club demandado que alegó, en esencia, que el expediente sancionador se inició ante la negativa del actor, no obstante los constantes requerimientos que a tal finalidad se le habían practicado, a dejar libre la zona del camping que venía ocupando de forma indebida -concretamente la zona libre del camping que hay entre la valla de piedra de la finca y la plaza número NUM001 que como socio tiene asignada-, incurriendo, así, en la conducta sancionable prevista en el artículo 4.5.2.c de los Estatutos, habiéndose sujetado su trámite a la normativa y reglamentación que regula el Club, junto con una negociación paralela con el proceso sancionador entre el Sr. Marino y la Comisión encargada por la Junta General para tratar de solucionar el problema de forma amistosa, llegándose a la solución planteada en la junta de 24 de enero de 2004, indicando que todo ello lo prueban los documentos aportados como números 1 y 2 consistentes en las copias de las actas de las Asambleas Generales de 9 y 16 de noviembre de 2003 y 8 de febrero de 2004, por lo que solicita la desestimación de la demanda.
Segundo.-La sentencia dictada en el primer orden jurisdiccional que desestima la demanda, ha sido apelada por la representación procesal del demandante que la impugna con base en las siguientes alegaciones:
1.- Error en la aplicación del artículo 4.5.3 en relación con el 4.6.4, ambos de los Estatutos del Club de Camping y Caravaning de Madrid. En su desarrollo argumental discrepa de lo razonado por la sentencia en el fundamento de derecho segundo en el sentido de que "también se dice que no se resolvió el recurso por él interpuesto frente al acuerdo de expulsión pero no acredita dicha interposición, teniendo en cuenta que el acuerdo cuya nulidad se pretende es de fecha 8 de febrero de 2004 y con la documental acompañada con la demanda solo se aporta un escrito interponiendo un recurso en fecha 17 de noviembre de 2003, dirigido, por tanto, a impugnar otra resolución diferente, y sin que en los 40 días posteriores a la notificación del acuerdo de 8 de febrero de 2004 se acredite otro recurso", porque, a su juicio, con tal razonamiento parece confundirse o no distinguirse entre los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y por la Asamblea General del Club y los distintos recursos o medidas legales que contra los mismos se pueden interponer, pareciendo, además, que ignora el contenido de los apartados b y c del artículo 4.5.3. que reproduce, así como el apartado c y el artículo 4.6.4, que se refieren a impugnación, ante la Asamblea, de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva, silenciando los Estatutos cualquier recurso contra la resolución de la Asamblea por lo que debe entenderse que contra la misma solo cabe la demanda ante la jurisdicción civil; de manera que habiendo interpuesto recurso, dentro del plazo de los 40 días, contra la resolución de la Junta Directiva de comunicación de baja fechada el 25 de septiembre de 2003 y contra la posterior ratificación de esta última de fecha 10 de noviembre del mismo año, impugnando el acuerdo de expulsión, dicho recurso debió haberse sometido a la primera Asamblea General conforme disponen los artículos 4.5.3.c y 4.6.4 de los Estatutos, sin embargo tal recurso ni se somete ni se resuelve en la Asamblea de 8 de febrero, bastando, para constatarlo, la lectura de los documentos 10 de la demanda y 2 de la contestación; que lo mismo sucedió en la instrucción del expediente en la fase de audiencia al interesado, siendo cierto que aunque el apelante fue citado no se le permitió hacer alegaciones, lo que no se puede acreditar porque no se le dio traslado del acta, es más desconoce si se llegó a levantar acta de aquel intento de audiencia, lo que le ha producido absoluta indefensión.
2.- Error de valoración de prueba. En su desarrollo argumenta que en realidad más que error de valoración hay una inexistencia de valoración en lo que atañe a la cuestión de fondo, salvo que por valoración se entienda lo que dice la sentencia "..se da la base razonable para el acuerdo de expulsión adoptado, al haber desatendido el demandante los reiterados requerimientos del club para que desocupe la zona que se estima común..". Al hilo de la cuestión de fondo y con cita de sentencias del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales en relación con la necesidad de que las sanciones se impongan por causas expresamente previstas en las normas que regulan el régimen interno de la asociación, que, además, deben interpretarse restrictivamente, aduce que debe probarse que ha existido una conducta tipificada en los Estatutos perfectamente definida y no de manera vaga o imprecisa y que tal conducta determina la máxima sanción cual es la expulsión del Club, añadiendo que en el caso en las comunicaciones enviadas al apelante solo se decía "haber realizado actividades perjudiciales para el Club" y en el acuerdo de la Asamblea ni eso, de manera que tal imprecisión es motivo bastante para provocar indefensión y conllevar la nulidad del acuerdo de expulsión. Añade que si esa actividad perjudicial para el Club consistía en apropiarse de una zona común, como se decía por la Junta Directiva que inició el expediente, los que denuncian deberán probar que este hecho es cierto sin que se haya practicado prueba alguna encaminada a acreditar cual es el terreno o zona común de la que el apelante se ha apropiado, la propia sentencia se dice "...requerimiento del club para que desocupe la zona que se ESTIMA común...", siendo también indicativos de esta falta de prueba los documentos 2 (punto tercero de la Asamblea) y 5 de la demanda, por el contrario, el documento 11 de la demanda consistente en el plano de situación entregado para la localización de las parcelas, demuestra que ni en la parcela, ni entre la valla y la parcela existía zona común o camino; los documentos 12, 13 y 14 que son unas fotografías realizadas el 5 de febrero de 1989 por Don Jeronimo, propietario de la parcela NUM000, que en la fecha del juicio era el Secretario de la Junta Directiva, en las que se aprecia que no existía ningún camino y que la caravana estaba totalmente pegada a la valla, prueba que fue ratificada por la persona que aparecía en la foto, de manera que mal se puede considerar causa de expulsión por realizar "actividades perjudiciales para el club" la apropiación de unos terrenos que nunca han sido comunes.
Por todo ello solicita que se dicte sentencia revocando la apelada y se dicte otra acordando la nulidad de la sentencia o subsidiariamente desestimando la demanda.
La oposición al recurso se llevó a cabo por la representación procesal de la parte demandada que solicitó la confirmación de la sentencia combatiendo las alegaciones de contrario. Así, adujo que en la imposición de la sanción se ha seguido el procedimiento sancionador previsto en los Estatutos, conclusión a la que, en su opinión, se llega examinando la prueba documental y, en concreto, el acuerdo de expulsión de la Junta Directiva de 18 de julio de 2003 que inicia el expediente, la convocatoria y celebración de la reunión, reglamentariamente prevista para audiencia del interesado el 2 de agosto de 2003, cuya acta se negó a firmar y se ha acompañado constando testimonio de su celebración y su contenido. El acuerdo de expulsión de la Junta Directiva de 24 de septiembre de 2003 ratificado en la Asamblea de 9 de noviembre en la que participa el interesado oponiéndose y haciendo alegaciones en contra de su expulsión y en la que se reproduce el acta de la reunión de 2 de agosto con las alegaciones realizadas por el expedientado y la desestimación del recurso interpuesto por la Asamblea de 8 de febrero de 2004; que contra la expulsión el apelante interpuso recurso quedando el expediente en suspenso por negociación de buena voluntad en la que se logró un acuerdo amistoso pendiente de aprobación en la Asamblea que el mismo apelante rompió. Que en cuanto a la naturaleza común del terreno ocupado por el actor, consta en las actuaciones abundante prueba que lo justifica quedando evidenciado que la parcela ocupada por el actor es la única excepción en cuanto a la posibilidad del paso posterior de la misma respecto al resto de socios ocupantes de las parcelas de esa zona de camping, habiéndose probado, también, que el cerramiento perimetral del camping ha sido modificado y se ha habilitado el paso posterior de todas las parcelas por exigencias de seguridad y que todo el perímetro es practicable con la única excepción, no justificada, de la parcela ocupada por el recurrente que no ha adquirido la parcela sino unos derechos de uso generales que son los que, en términos de igualdad, debe compartir con el resto de los socios.
Tercero.-Son hechos que debemos considerar para resolver el recurso los siguientes:
1.- El 16 de abril de 1989, Don Marino, adquirió los derechos que correspondían a Don Severiano sobre la plaza número NUM001 del Camping Los Herrenes, propiedad del Club Camping y Caravaning de Madrid (documento 1 de la demanda unido al folio 25).
2.- Los Estatuto del mencionado Club fueron aprobados por la Asamblea General de Socios de 12 de marzo de 1995 y de dichos Estatutos, a los fines del proceso, nos interesa destacar los artículos 4.3, 4.4 y 4.6 del Capítulo 4, referidos a los derechos y obligaciones de los socios y a las faltas y sanciones. En el artículo 4.5 "bajas de los socios" se dice "Los socios del Club causarán baja voluntariamente o forzosamente, por expulsión, en los siguientes caso...4.5.2 "Causas de Expulsión": Son causas de expulsión del Club: 4.5.2.c "Realizar actividades perjudiciales para el Club", Estableciendo el artículo 4.5.3 " El procedimiento a seguir en caso de expulsión del Club de Camping y Caravaning de Madrid será el siguiente: 4.5.3.a "La baja solo podrá acordarla la Junta Directiva por alguna de las causas mencionadas en el punto anterior, previo expediente instruido al efecto y con la audiencia del interesado. La Baja deberá ser comunicada por escrito y por correo certificado". 4.5.3.b "El interesado podrá recurrir contra el acuerdo de expulsión ante la Asamblea General del Club en el plazo de 40 días, desde que se le notificó por la Junta Directiva" 4.5.3.c "Los recursos tendrán que ser sometidos a la primera Asamblea Ordinaria o Extraordinaria del Club. Hasta que la decisión sea firme por parte de la Asamblea, no será ejecutiva y no podrá suspenderse al socio en sus derechos"".
En el artículo 4.6.4. se regula el procedimiento que debe seguirse para sancionar a los socios que pudieran haber cometido alguna falta leve o grave, que es esencialmente igual que el que se regula en el artículo 5.3 para los supuestos de expulsión con la única diferencia de que especifica que la "votación en la Asamblea para decidir los recursos que se interpongan contra los acuerdos de la Junta Directiva será secreta y su acuerdo será inmediatamente ejecutable".
Los Estatutos distinguen los supuestos de expediente sancionador para el caso de que los socios cometan algunas de las faltas que específicamente tipifican y el expediente que conlleva la expulsión del socio que incurre en alguna de las conductas previstas en el artículo 4.5.2., apartados b, c, d, e y f.
3.- El 18 de julio de 2003 -mediante Burofax-, el Club remitió a Don Marino, una carta datada el mismo día y firmada por el Presidente y el Secretario, del siguiente tenor " Muy Sr. Nuestro: En la última reunión que la Junta mantuvo con Vd. el pasado mes de febrero, ya le informó del uso indebido (en contra de los Estatutos del Club y Reglamento de Régimen interno del camping), estaba Vd. haciendo de la zona libre del camping que hay entre la valla de piedra de la finca y la plaza de acampada NUM001 que como socio tiene asignada, indicándole que con ello estaba contraviniendo gravemente los Estatutos del Club y Reglamento de Régimen Interior del Camping en cuyo artículo 12 se indica literalmente que "queda prohibido el uso privativo de terrenos colindantes libres o de uso común".
Al día de hoy, hemos comprobado que sobre este asunto, Vd. continúa actuando contra los Estatutos del Club y haciendo caso omiso de las instrucciones dadas por la junta directiva para que libere totalmente la zona libre indicada, quitando del lugar señalado los objetos e instalaciones de su propiedad, para dejar completamente libre el paso existente entre la valla del camping y la plaza de acampada.
De acuerdo con los Estatutos del Club y Reglamento de Régimen Interior del Camping que obran en su poder, le recordamos que esta acción está tipificada como causa de baja forzosa del Club por expulsión según consta en el artículo 4.5 resultando de aplicación el punto 4.5.2. c que cita como causa concreta de expulsión la de "Realizar actividades perjudiciales para el Club".
Por la presente le comunicamos la apertura de expediente de expulsión del Club de Camping Caravaning de Madrid, como consecuencia de la ocupación voluntaria y continuada que está haciendo de una zona libre de uso común en el camping Los Herrenes perjudicando con ello gravemente a Club al impedirle con su actuación la libre disposición y utilización del terreno de su propiedad, aplicando el artículo 4.5 de los Estatutos del Club.
A tal efecto, y en cumplimiento de lo establecido en el mismo artículo de los Estatutos del Club de Camping y Caravaning de Madrid, le citamos para la instrucción del expediente en el domicilio del Club en el camping Los Herrenes, c/Borrico Parra s/n el próximo día 2 de agosto a las 12 de la mañana, para que manifieste lo que considere en relación con el mismo" (folios 40 a 42).
4.- El 25 de septiembre de 2003 se remitió a Don Marino una carta datada en la misma fecha y firmada por el Presidente y el Secretario del siguiente tenor literal " Asunto: COMUNICACIÓN DE BAJA DEL CLUB C.C. MADRID POR EXPULSION. Muy Sr. Nuestro: Previo expediente instruido al efecto, y tras haber celebrado una audiencia con Vd. el pasado 2 de agosto de 2003, y por considerar que ha "realizado actividades perjudiciales para el Club" siendo esta una de las causas consideradas como de expulsión del Club, esta Junta Directiva en reunión celebrada el 24-9-2003, acuerda darle de baja como socio del Club Camping Caravaning de Madrid, lo que se le comunica a los efectos oportunos conforme a los Estatutos del Club Camping Caravaning de Madrid que obran en su poder". (folio 43).
5.- La baja por expulsión "por haber realizado actividades perjudiciales para el Club" decidida por la Junta Directiva celebrada el 24-9-2003 y comunicada el 1 de octubre del mismo año, fue ratificada por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2003 (folio 45).
6.- Contra el acuerdo de expulsión el Sr. Marino presentó recurso instando la nulidad de lo actuado por incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 4.5.3.a, al no habérsele concedido audiencia, por indefensión producida por no concretarse ni probarse la causa concreta de la expulsión (folios 48 a 50).
7.- Mediante carta de fecha 14 de febrero de 2004 que consta recibida por el actor el 18 de mismo mes y año (folio 51), se le comunicaba que "En aplicación de lo establecido en los estatutos vigentes del Club Camping y Caravaning de Madrid, artículo 4.5.3. C y como acuerdo mayoritario de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2004, le comunicamos su expulsión como socio activo de este club y siguiendo los estatutos en su artículo n.º 4.5.3.D, podrá usted enajenar sus derechos patrimoniales en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de esta notificación".
8.- No se ha probado la superficie y configuración de la parcela NUM001 cuando fue originariamente cedido, mediante el correspondiente precio, el derecho de uso y disfrute sobre la misma, pues ni los documentos aportados a los autos ni la prueba de interrogatorio y testifical, han proporcionado datos bastantes y fiables que permitan considerar como hecho evidente la conducta que se imputa al actor y apelante como incardinable en la norma estatutaria 4.5.2.c y, como tal, merecedora de una sanción de tal gravedad como es la expulsión del Club, o, lo que es igual, a juicio de este tribunal no se ha probado por la parte demandada que el actor haya ocupado el espacio de terreno sobre el que versó el expediente incoado.
Cuarto.-Las asociaciones en base al derecho de autoorganización tienen libertad, aunque no ilimitada, para regular en sus estatutos las causas para imponer una sanción a los socios, y el procedimiento que obligatoriamente ha de seguirse para hacer efectiva esa facultad disciplinaria. La jurisprudencia señala que esa autonomía ha de ejercerse con observancia estricta de los principios constitucionales, instaurando, en materia sancionadora, un trámite procedimental que garantice los principios de audiencia y defensa, de manera que antes de imponer sanciones es necesario oír al socio después de poner en su conocimiento los hechos que se le imputan, permitiéndole la posibilidad defenderse y, en su caso, proponer y que se practiquen pruebas a su instancia. En definitiva el derecho a la defensa que sanciona el artículo 24 de la Constitución debe impregnar la actividad asociativa disciplinaria, siendo una garantía adicional del asociado la necesidad del principio de tipicidad, esto es la regulación estatutaria de un catálogo de conductas contrarías a los intereses sociales o infracciones.
En consonancia con estos principios que deben presidir el desarrollo de la vida asociativa y su control jurisdiccional, se hace preciso destacar las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio y de 30 de noviembre de 2.006 que resumiendo la doctrina jurisprudencial sobre la materia nos enseñan que "el control judicial de la vida asociativa se extiende a comprobar si se han respetado todas las reglas de competencia y forma en el expediente sancionador y a verificar la existencia o no de una "base razonable" para el acuerdo sancionador".
Partiendo de esta doctrina y abordando el motivo primero del recurso que atañe a la vulneración en el trámite del expediente del principio de audiencia, debemos mantener la sentencia en cuanto no admite que exista ninguna vulneración formal en la tramitación del expediente y, concretamente, del principio de audiencia, que haya podido causar indefensión al apelante, pues la prueba obrante en autos de la que han resultado los hechos relatados en el fundamento de derecho tercero, demuestra que al tan citado apelante se le concedió el trámite de audiencia y, además, que se resolvió el recurso que interpuso contra el acuerdo de expulsión, aserto que se extrae del acuerdo adoptado con el número 3 en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 8 de febrero de 2004, cuya acta aparece unida a los folios 80 a 84 de las actuaciones, pues por mas que la terminología empleada no sea la correcta jurídicamente, su contenido no ofrece ninguna duda sobre lo que con él se estaba decidiendo, esto es la ratificación de la expulsión ya acordada que se replanteaba ante la Asamblea General por virtud de un único motivo plausible, cual es el recurso interpuesto por el socio expulsado contra el acuerdo que la decidió.
Quinto.-Como hemos dicho la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2006, determinó los límites del control jurisdiccional sobre la actuación sancionadora de una Asociación en el ejercicio de su potestad de autoorganización, y resumiendo en el fundamento de derecho segundo la doctrina sobre la materia tanto de la Sala Primera del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional concluye en el Fundamento de Derecho Quinto: "De lo antedicho se desprende que la jurisprudencia de esta Sala ha venido evolucionando hacia una restricción del ámbito del control judicial sobre las decisiones asociativas de expulsión de socios hasta coincidir totalmente con el Tribunal Constitucional en que dicho control debe limitarse, si se han respetado todas las reglas de competencia y forma en el expediente sancionador, a la existencia o no de una "base razonable" para el acuerdo de expulsión".
Pues bien, aplicando esta doctrina al caso enjuiciado y teniendo en cuenta el apartado 8 del fundamento de derecho tercero de esta sentencia, no podemos compartir el criterio de la apelada sobre la existencia de una "base razonable para mantener el acuerdo de expulsión", porque el hecho determinante de la misma, esto es que el apelante había realizado actividades perjudiciales para el Club, concretado en haber ocupado un espacio destinado a camino entre la parcela, cuyo uso había adquirido, y la valla, no puede constituirla ya que la prueba practicada en este proceso y en el propio expediente sancionador -en la reunión de la comisión el 24 de enero de 2004 (folio52) se habla de "que el camino tiene que existir por lógica"-, en modo alguno evidencia la realidad de la ocupación, siendo manifiestamente contradictorias las declaraciones de los testigos en orden a la existencia o no del camino o zona de paso entre la parcela NUM001 que es la concernida en el proceso y la valla, de lo que se sigue la imposibilidad de considerar la existencia de la "base razonable" para mantener la expulsión porque consideramos que no se dan las circunstancias que sustenten tan grave acuerdo sancionatorio que, por lo mismo, debe anularse.
Sexto.-La estimación del recurso conlleva la también estimación de la demanda y por ello deben imponerse las costas de la primera instancia a la parte demandada sin hacer especiales declaraciones de condena respecto de las causadas en esta alzada, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 394 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Marino contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de diciembre de dos mil cinco por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Colmenar Viejo, debemos revocar y revocamos la expresada sentencia y en su lugar y estimando la demanda interpuesta por mencionado apelante contra el Club Camping Caravaning de Madrid, debemos declarar y declaramos la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de fecha ocho de febrero de dos mil cuatro que declaraba la expulsión del actor, dejándolo sin efecto y devolviendo a éste a la situación que ostentaba con anterioridad al aludido acuerdo de expulsión, condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en la primera instancia y sin hacer especiales declaraciones de condena respecto de las ocasionadas en esta alzada.