Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-121-de-febrero-13-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424471f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 12:27:38
Document Index: 146648540

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 7', 'artículo 264', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 160', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 241', 'artículo 19']

﻿ SENTENCIA C-121 DE FEBRERO 13 DE 2008
SENTENCIA C-121 DE 13 DE FEBRERO DE 2008
CONTENIDO:SE DECLARA EXEQUIBLE EL CONVENIO SOBRE LA MARCACIÓN DE EXPLOSIVOS PLÁSTICOS PARA FINES DE DETECCIÓN, HECHO EN MONTREAL, EL 1 DE MARZO DE 1991 Y LA LEY 1077 DEL 31 DE JULIO DE 2006, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RATIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL
Sentencia C-121 de febrero 13 de 2008
Sentencia C-121 de 2008
Ref.: Expediente: L.A.T. 297.
Revisión constitucional de la Ley 1077 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección”, hecho en Montreal, el primero (1º) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
EXTRACTOS: « “Diario Oficial 46.741
por medio de la cual se aprueba “el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, hecho en Montreal”, el primero (1º) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Teniendo presente la Resolución A27-8 adoptada unánimemente por el 27 periodo de sesiones de la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual apoyó con prioridad máxima y preponderante la preparación de un nuevo instrumento jurídico internacional relativo a la colocación de marcas en los explosivos plásticos o en lámina para facilitar su detección;
3. “Marcación” significa la introducción en el explosivo de un agente de detección conforme al anexo técnico a este convenio,
5. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para ejercer un control estricto y efectivo sobre la tenencia y la transferencia de la tenencia de los explosivos mencionados en el párrafo 2º de la parte I del anexo técnico al presente convenio, a fin de evitar su apoderamiento o utilización confines incompatibles con los objetivos de este convenio.
3. Los miembros de la comisión prestarán servicios por un periodo de tres años y podrán ser objeto de un nuevo nombramiento.
4. Los periodos de sesiones de la comisión se convocarán, por lo menos una vez al año en la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, o en los lugares y fechas que determine o apruebe el consejo.
3. Si la propuesta de enmienda no ha sido objetada por cinco o más Estados partes mediante una notificación por escrito al consejo dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de notificación de la enmienda por el consejo, se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor ciento ochenta días más tarde o después de cualquier otro periodo fijado en la propuesta de enmienda para los Estados partes que no la hubieren objetado expresamente.
3. El presente convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito del trigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante la depositaria, siempre que no menos de cinco de dichos Estados hayan declarado, de acuerdo con el párrafo 2º del presente artículo, que son Estados productores. Si se depositan treinta y cinco de tales instrumentos antes de que cinco Estados productores depositen sus instrumentos, este convenio entrará en vigor en el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del quinto Estado productor.
I. Los explosivos a que se refiere el párrafo 1º del artículo 1º del presente convenio son las que:
a) Contienen en su fórmula uno o más altos explosivos, que en su forma pura tienen una presión de vapor inferior a 10-4 Pa a la temperatura de 25ºC;
d) Estén destinados a ser incorporados y se incorporen como parte integrante de los artefactos militares debidamente autorizados en el territorio del Estado productor, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de este convenio respecto de dicho Estado. Los artefactos producidos en este periodo de tres años se considerarán como artefactos militares debidamente autorizados según el párrafo 4º del artículo 4º del presente convenio.
Dinitrato de etilenglicol (EGDN) C9H4(NO1)2 152 0.2% por masa
2,3-Dimetil-2,3-dinitrobutano (DMNB) C6H12(NO2)2 176 0.1% por masa
para-mononitrotolueno
(p-MNT) C7H7NO2 137 0.5% por masa
orto-mononitrotolueno
(o-MNT) C7H7NO2 137 0.5% por masa
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Transporte,
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse en forma definitiva sobre la exequibilidad de la Ley 1077 de 2006 (2) , tanto en sus aspectos de forma como de fondo.
El “convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección”, fue suscrito en Montreal el 13 de diciembre de 1991, por el entonces embajador extraordinario y plenipotenciario en Canadá, doctor Germán Montoya Vélez, en virtud de los plenos poderes que le confiriera el señor Presidente doctor César Gaviria Trujillo, el 16 de agosto de 1991, de acuerdo con la facultad contenida en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política. Por su parte, el Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, impartió al convenio la correspondiente aprobación ejecutiva el 3 de enero de 2002 (3) .
En la Sentencia C-309 de 2004 (4) la Corte revisó la representación del Estado colombiano en la firma de este convenio (5) , frente a lo cual señaló que estaba debidamente acreditada y se ajustaba plenamente a la Constitución Política:
Como el citado funcionario no se encontraba dentro del catálogo de servidores frente a los cuales el numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena “sobre el derecho de los tratados”, presume que representan al Estado (6) , fue necesario conferir mediante un documento público dichos poderes, de conformidad con lo previsto en el inciso a) del numeral 1º del mismo artículo de la convención. Al respecto, la citada norma dispone que: “(.,.) Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; (...)”. Se entiende por plenos poderes: “[el] documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar otro acto con respeto a un tratado” (Convención de Viena, art. 2º).
3. En el presente caso, el Presidente de la República de Colombia, doctor César Gaviria Trujillo, como director de las relaciones internacionales del Estado (C.P., art. 189-2), confirió plenos poderes al entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Canadá, doctor Germán Montoya Vélez, para expresar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el “Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección”.
4. Con todo, es preciso aclarar que aun cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió a esta corporación, la copia original del citado documento que acreditase la delegación del Presidente de la República de la facultad de representación del Estado colombiano para la suscripción del citado convenio.
Dicho hecho no constituye vicio alguno que altere la legalidad o validez del acto de delegación de los plenos poderes, pues los documentos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, se reputan auténticos (7) .
En efecto, como lo ha señalado la doctrina (8) , la delegación del presidente de plenos poderes con el propósito de habilitar a otros funcionarios del Estado para firmar, negociar o concluir un tratado; no implican —bajo ninguna circunstancia— la delegación de la función presidencial de confirmar o aprobar lo realizado por el plenipotenciario, como emanación del derecho del jefe de Estado de dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189-2) (9) .
Lo anterior significa que una vez dicho funcionario suscribe el tratado a nombre de Colombia, debe remitirse dicho documento al Presidente de la República, quien con su firma y la del Ministro de Relaciones Exteriores, mediante acto administrativo, lo confirma, es decir, dicta un decreto expresando su conformidad con el tratado, convenio o protocolo suscrito por el plenipotenciario, con el propósito de someterlo a la aprobación del Congreso, en los términos previstos en el artículo 150-16 del texto superior (10) .
Esta figura se conoce precisamente con el nombre de “confirmación presidencial”, y pretende, reconocer el derecho que le asiste al Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189).
6. Nótese cómo la figura de la confirmación presidencial se convierte en una manifestación del principio de instrumentalidad de las formas, pues permite ante la presencia de un eventual vicio en la representación para negociar o suscribir un tratado o convenio internacional, convalidar dicha irregularidad, mediante la confirmación o asentimiento del presidente del acto ejecutado sin la debida autorización, con la finalidad de someterlo al trámite interno de aprobación ante el Congreso de la República.
7. Visto lo anterior, en el presente caso, es claro que se acreditó la capacidad del Estado colombiano en la suscripción del Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, por una parte, mediante la copia de los plenos poderes remitidos a esta corporación a través de un documento público que se reputa auténtico y, por otra, mediante la confirmación presidencial del convenio, como acto suficiente para convalidar cualquier tratado y, por ende, para tener como válido el compromiso asumido por Colombia”.
Dicho cuanto antecede, la Sala observa que tal como se estableció en la Sentencia C-309 de 1994, la suscripción del instrumento que se examina cumple con lo dispuesto por el artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de dicha facultad, la posibilidad de celebrar y, si es del caso, confirmar tratados o convenios con otros Estados y con entidades de derecho internacional (11) .
2.2. Constitucionalidad del trámite legislativo para la expedición de la Ley 1077 de 2006 - cumplimiento del Auto A-118 de 2007.
2.2.1. Mediante el Auto A-118 del 9 de mayo de 2007 (12) , la Sala Plena de esta corporación revisó el trámite legislativo seguido para la expedición de la Ley 1077 de 2006, encontrando que el mismo se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política, salvo en cuanto a que en la Cámara de Representantes no fue respetado el plazo de ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debate según lo establece el artículo 160 superior:
“2.1.7. Teniendo presente el anterior recuento, la Corte constata que el trámite observado para la aprobación de la ley sub examine, se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política, con la excepción que más adelante se señalará. En efecto, el proyecto inició su trámite en el Senado de la República conforme lo ordena el último inciso del artículo 154 superior; cumplió con los requisitos a que alude el artículo 157 constitucional respecto de i) la publicación inicial del proyecto, ii) la aprobación en la comisión II constitucional permanente y en la plenaria de cada cámara, y iii) la sanción por el gobierno. Así mismo fueron presentados en las comisiones segundas permanentes de cada cámara los informes de ponencia que exige el artículo 160 superior, de la misma manera que fue respetado en el Senado de la República, el plazo allí establecido que debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada cámara así como entre la aprobación del proyecto en una de ellas y la iniciación del debate en la otra corporación. De la misma manera se cumplió en comisiones y en plenarias con el requisito señalado en el mismo artículo a partir de la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2003 en relación con el anuncio previo de que el proyecto sería sometido a discusión y votación. Siendo finalmente sancionada por el Presidente de la República, también dentro del término constitucional.
La Corte constata empero que, como lo pone de presente el Procurador General de la Nación, en la Cámara de Representantes no fue respetado el plazo de 8 días que debe mediar entre el primero y el segundo debate según lo establece el artículo 160 superior” (se destaca).
2.2.2. De acuerdo con lo anterior y al considerar que se trataba de un vicio subsanable, la Corte devolvió a la Cámara de Representantes la Ley 1077 de 2006 para enmendar el defecto detectado en relación con la inobservancia del término mínimo de ocho (8) días que debe mediar entre los debates en comisión y plenaria (Auto A-118/2007) (13) .
2.2.3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en el auto anterior, la Cámara de Representantes anunció nuevamente la votación del Proyecto de Ley 178 de 2005 —Cámara— y 249 de 2005 —Senado—, “Por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección”, para la sesión del 14 de junio de 2007 (14) . Lo anterior consta en el Acta de Sesión Plenaria 056 del 13 de junio de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 358 de 2007 (pág. 60 - fl. 146, cdno. de pbas. T. 2) y en certificación del secretario general de la Cámara de Representantes expedida el 15 de junio de 2007 (fl. 1, cdno. de pbas., T. 1).
A su vez, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, en sesión plenaria del 14 de junio 2007, según consta en el Acta 057 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 380 del 14 de agosto de 2007 (pág. 16 - fl. 160, cdno. de pbas., T. 2) y en la certificación del secretario general de la Cámara de Representantes expedida el 15 de junio de 2007 (fl. 1, cdno. de pbas., T. 1).
2.2.4. Por su parte, el 4 de septiembre de 2007 el Presidente de la República doctor Álvaro Uribe Vélez, en cumplimiento del numeral 3º del Auto A-118 de 2007, sancionó nuevamente la Ley 1077 de 2006 aprobatoria del convenio sub examine (fl. 201 T. II) (15) , la cual fue remitida a la Corte el 10 de septiembre de 2007 (fl. 226 T. II), al tenor del artículo 241-10 de la Constitución Política.
2.2.5. En este orden, de acuerdo con lo expuesto en los numerales 2.2.3. y 2.2.4. precedentes, la Corte constata que el trámite que se dio al proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes en cumplimiento de lo dispuesto por esa corporación en el Auto A-118 de 2007, se ajustó a la Constitución y que, en ese orden, quedó saneado el vicio de procedimiento en que había incurrido el Congreso en la expedición de la ley que se revisa.
2.2.7.(sic) Por tanto, subsanado el defecto procedimental advertido en el Auto A-118 de 2007, esta corporación concluye que la aprobación de la Ley 1077 de 2006 cumplió con las exigencias constitucionales y legales, pues el proyecto (i) tuvo origen en el Senado, (ii) fue publicado y anunciado previamente a cada uno de los debates, (iii) surtió los debates correspondientes en las comisiones y plenarias de las cámaras, (iv) respetó los plazos previstos según lo dispuesto en el artículo 160 de la Carta, (v) fue sancionado por el Presidente de la República y, finalmente, (vi) fue remitido oportunamente a esta Corte para su revisión constitucional.
3. Constitucionalidad del convenio por su aspecto material.
3.1. El contenido del convenio.
— Artículo primero: Hace definiciones técnicas de los principales términos utilizados en el convenio, tales como “explosivos”, “agente de detención”, “marcación”, “fabricación”, “artefactos militares debidamente utilizados” y “Estado productor”. En ese sentido, “agente de detección” es entendido como la sustancia que se introduce en un explosivo “a fin de poder detectarlo”, en tanto que la marcación de explosivos es definida como “la introducción en el explosivo de un agente de detección”.
— Artículo segundo: Se enuncia el deber general de los Estados parte de adoptar todas las medidas necesarias para prohibir e impedir la fabricación en su territorio de explosivos plásticos sin marcar, es decir, sin un agente de detección.
— Artículo tercero: En desarrollo de lo anterior, establece que cada Estado parte se compromete a adoptar medidas para prohibir e impedir la entrada o salida de su territorio de explosivos plásticos sin marcar. Este mismo artículo consagra la única excepción al principio allí contenido, consistente en que la prohibición no aplica a explosivos plásticos sin marcar en poder de las autoridades militares o de policía de un Estado parte.
— Artículo cuarto: Establece un régimen detallado en virtud del cual las partes deberán: adoptar medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación de explosivos plásticos sin marcar; impedir la entrada o salida de su territorio de explosivos plásticos sin marcar; “ejercer un control estricto y efectivo sobre la tenencia o transferencia de la tenencia de los explosivos sin marcar que se hayan fabricado o introducido en su territorio antes de la entrada en vigor de este convenio respecto de dicho Estado” y asegurarse de que todas las existencias de esos explosivos sin marcar que no estén en poder de las autoridades militares o policiales se destruyan o consuman, se marquen o se transformen permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de tres años; adoptar las medidas necesarias para asegurar que los explosivos plásticos sin marcar que estén en poder de las autoridades militares o policiales “y que no estén incorporados como parte integrante de los artefactos militares debidamente autorizados se destruyan o consuman con fines que no sean incompatibles con los objetivos de este convenio, se marquen o se transformen permanentemente en sustancias inertes, dentro de un plazo de quince años a partir de la entrada en vigor del convenio respecto de dicho Estado”.
— Artículos quinto y sexto: Se crea la “Comisión técnica internacional sobre explosivos” y se regula todo lo atinente a las funciones y tareas que se le asignan, las cuales consisten básicamente en evaluar de manera permanente la evolución técnica en materia de fabricación, marcación y detección de explosivos plásticos, con el fin de mantener informados a los Estados parte y demás organismos internacionales interesados. Se establece que esta comisión está integrada por 15 miembros nombrados por el consejo de la OACI, entre los candidatos propuestos por los Estados parte.
— Artículo séptimo: Regula el trámite de enmiendas del anexo técnico (descripción de sustancias explosivas y agentes de detección), mediante la participación de los Estados parte (iniciativa de ajustes), de la comisión técnica internacional sobre explosivos creada en el convenio (revisión técnica de la propuesta) y del consejo de la OACI (formalización de la propuesta a los Estados parte para su aprobación).
— Artículo octavo: Establece el compromiso de los Estados de mantener informado al consejo de la OACI y a las demás partes sobre las medidas que se tomen para dar cumplimiento al convenio.
— Artículo noveno: Establece la posibilidad de que el consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional suministre asistencia técnica en relación con adelantos técnicos en materia de marcación y detección de explosivos.
— Artículo décimo: Hace del anexo técnico una parte integrante del convenio.
— Artículo undécimo: Señala que las diferencias que surjan entre dos o más Estados parte respecto de la interpretación o aplicación del convenio y que no puedan solucionarse directamente se someterán a la Corte Internacional de Justicia. Establece que cualquier Estado parte podrá hacer reserva respecto de esta cláusula y retirarla posteriormente mediante notificación al depositario.
— Artículo duodécimo: Establece que el convenio no será objeto de reservas.
— Artículos finales (XIII, XIV y XV): Se incluyen las disposiciones que se acostumbra establecer en los tratados multilaterales, con relación a la firma del protocolo, ratificación o adhesión, entrada en vigor, denuncia y las funciones del depositario.
— Anexo técnico: Incluye una primera parte donde se describen los explosivos materia del convenio, y se excluyen aquellos que estén destinados a ser incorporados y se incorporen como parte integrante de los artefactos militares debidamente autorizados en el territorio del Estado productor, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor del convenio respecto de dicho Estado, y una segunda parte que define los agentes de detección destinados a mejorar la detectabilidad de los explosivos.
3.2. La constitucionalidad del convenio.
Como se recuerda en la exposición de motivos presentada por el gobierno para la aprobación de la Ley 1077 de 2006 (16) , el convenio establece un régimen internacional para la marcación de explosivos (introducción de un agente o sustancia de detección), que permita detectar fácilmente su presencia, con el fin de “prevenir los actos terroristas orientados a la destrucción de aeronaves y a la perturbación del funcionamiento ordenado de la aviación civil internacional”.
El convenio se negoció bajo el auspicio del consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, acogiendo sugerencias formuladas por el Consejo de Seguridad (Res. 635, jun. 14/89) y la Asamblea General (Res. 44/29, dic. 4/89) de las Naciones Unidas, para prevenir la ocurrencia de atentados terroristas y garantizar la seguridad de la aviación civil internacional (17) . Se pretende así, “establecer un régimen internacional para la marcación de los explosivos plásticos, fundamentado en unas obligaciones puntuales para los Estados en materia de fabricación y tráfico transfronterizo de explosivos de este tipo” (18) .
Bajo esta perspectiva, la convención no tiene naturaleza punitiva sino preventiva, a partir, principalmente, de obligaciones generales para los Estados parte, en el sentido de ejercer un control efectivo de la tenencia y transferencia de explosivos (19) , su marcación y la destrucción de aquellos que se encuentren sin marcar, con el fin de fortalecer la seguridad aérea y de la población civil en general.
En este orden, la Sala encuentra que los fines del convenio y las obligaciones que asume el Estado colombiano guardan plena correspondencia con el monopolio que ejerce sobre las armas y explosivos (C.P., arts. 81 y 223), así como con su deber de velar por una convivencia pacífica y por la vida e integridad de las personas (C.P., art. 2º), en especial, para garantizar, de acuerdo con los convenios de derechos humanos ratificados por Colombia, que las consecuencias de los conflictos armados no se extiendan a la población civil (20) :
“... los dos principios más importantes del derecho humanitario son el principio de proporcionalidad y el de distinción. Conforme al primero, ampliamente desarrollado en el protocolo I sobre guerras internacionales, pero aplicable también en los conflictos internos en Colombia, como lo señaló esta corporación (21) , las partes enfrentadas no pueden elegir cualquier medio de guerra, ya que deben evitar los males superfinos o innecesarios, por lo que se encuentran prohibidos los ataques indiscriminados o la utilización de ciertas armas (22) . El principio de distinción, a su vez, ordena a las partes en conflicto diferenciar entre combatientes y no combatientes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica.
Conforme a lo anterior, si el Derecho Internacional Humanitario rige en Colombia, es obvio que las estrategias de seguridad y defensa deben respetar los mandatos del derecho humanitario, como los principios de proporcionalidad y de distinción, entre otros” (23) .
Se observa así que el convenio no contraviene la Constitución y que, por el contrario, se ha de entender en armonía con otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la misma materia, especialmente a la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, adoptada en Washington el 14 de noviembre de 1997 (L. 737/2002), la cual fue declarada exequible por esta corporación en Sentencia C-764 de 2002 (24) , cuyos fundamentos centrales son aplicables en este caso:
Las medidas tendientes a optimizar la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de tales elementos se relacionan en especial con el deber de las autoridades de proteger a las personas en sus derechos y libertades, y de asegurar la vigencia de un orden justo establecido en el artículo 2º de la Constitución”.
Por tanto, las obligaciones que asume el Estado en materia de marcación de explosivos, así como de destrucción o transformación en sustancias inertes de aquellos que se encuentren sin marcar, se avienen a la Constitución, en cuanto no representan ninguna limitación de su soberanía (C.P., art. 9º) y, por el contrario, se ajustan perfectamente a los fines del Estado social de derecho y a los principios de reciprocidad e integración del Estado colombiano al orden internacional (C.P., art. 226).
De otra parte, en cuanto a la comisión técnica internacional de explosivos que se crea con la convención, la Corte observa que dicho organismo tiene funciones esencialmente técnicas y de asesoría (arts. V a IX), las cuales no afectan la soberanía del Estado, más aún cuando, en todo caso, las propuestas que salgan de dicha comisión, están sujetas a la aprobación de los Estados parte.
Con todo, la Corte observa que el presente convenio establece en los numerales 3º y 6º del artículo séptimo, respecto del anexo técnico que al tenor del artículo décimo forma parte integral del mismo, respectivamente que “Si la propuesta de enmienda no ha sido objetada por cinco o más Estados partes mediante una notificación por escrito al consejo dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de notificación de la enmienda por el consejo, se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor ciento ochenta días más tarde o después de cualquier otro periodo fijado en la propuesta de enmienda para los Estados partes que no la hubieren objetado expresamente” y “Si la propuesta de enmienda no ha sido adoptada de conformidad con el párrafo 3º de este artículo, el consejo también podrá convocar una conferencia de todos los Estados partes”. Esto significa que puede entenderse que se prevé la vigencia automática de una enmienda al anexo técnico en caso de no haberse objetado expresamente la propuesta y, en tanto no se trataría de un simple acuerdo en desarrollo del convenio, no es posible aceptar a la luz de la Constitución Política de 1991 que se excluya el proceso interno que requiere, con anterioridad a la vigencia internacional de los compromisos que lleguen a adquirirse con la enmienda, tanto de la aprobación por el Congreso, como de la revisión previa constitucional de la ley aprobatoria.
Dicho cuanto antecede la Corte considera necesario que el Presidente de la República, al depositar el instrumento de ratificación realice una declaración interpretativa respecto del artículo séptimo del convenio, en el sentido que aun si la propuesta de enmienda no ha sido objetada por Colombia mediante una notificación por escrito al consejo dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de notificación de la enmienda por este, solo se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor para Colombia una vez se haya realizado el procedimiento interno de aprobación y revisión de dichas enmiendas previo a su ratificación, previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Carta.
En cuanto al uso de mecanismos de negociación directa o de arbitraje a través de la Corte Internacional de Justicia para el arreglo de cualquier diferencia en la interpretación o aplicación del convenio (art. XI), la Sala tampoco encuentra ningún reparo constitucional, pues tales dispositivos forman parte de los instrumentos de solución de conflictos internacionalmente aceptados, además de que con relación a dicho artículo los Estados parte pueden formular la respectiva reserva.
Respecto del artículo XII, que establece que con excepción de lo relativo a la cláusula de arbitramento, el convenio no podrá ser objeto de reservas, la Corte ya ha señalado que esa posibilidad (de no permitir reservas) está prevista en el artículo 19 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (25) , aprobada por la Ley 32 de 1985, y que, por lo tanto no resulta contraria la Constitución Política, en tanto que su alcance no restringe el control material del tratado por parte de esta corporación (26) .
Los artículos sobre el procedimiento de suscripción, adhesión, entrada en vigor, depósito de instrumentos y denuncia de la convención (arts. XIII a XV), tampoco presentan objeciones de constitucionalidad, porque se trata de aspectos instrumentales propios de los tratado, que respetan los principios de derecho internacional público y aseguran la certeza y publicidad necesaria sobre la vigencia de la convención, dejando en libertad a los Estados parte para denunciar el tratado si así lo estiman conveniente.
4. Constitucionalidad de la Ley aprobatoria del convenio (L. 1077/2006).
De este modo, sobre dichos artículos no existen inconvenientes de constitucionalidad, pues no se excede el marco de la competencia legislativa en materia de aprobación de tratados y se respetan las competencias del Presidente de la República en el manejo de las relaciones internacionales (C.P., art. 189-2).
1. Declarar EXEQUIBLE el “Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección”, hecho en Montreal, el primero (1º) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
El Presidente de la República, al depositar el instrumento de ratificación realizará una declaración interpretativa respecto del artículo séptimo del convenio, en el sentido que aun si la propuesta de enmienda no ha sido objetada por Colombia mediante una notificación por escrito al consejo dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de notificación de la enmienda por este, solo se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor para Colombia una vez se haya realizado el procedimiento interno de aprobación y revisión de dichas enmiendas previo a su ratificación, previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Carta.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1077 del treinta y uno (31) de julio de 2006, por medio de la que se aprueba el citado convenio.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente—Jaime Araújo Rentería, ausente con permiso—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Mauricio González Cuervo—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Clara Inés Vargas Hernández.
(2) Cabe recordar que el Congreso expidió la Ley 831 de 2003, aprobatoria del convenio bajo estudio y que esta fue sancionada por el Presidente de la República el 10 de julio de 2003 (publicada en el D.O. 45.248 de jul. 14/2003). En la Sentencia C-309 del 31 de marzo de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequible dicha ley por vicios de forma, toda vez que no se acató el término de ocho días requerido en el artículo 160 de la Carta Política, en relación con el lapso que debe mediar entre la aprobación del proyecto en la comisión constitucional respectiva y su deliberación y votación en plenaria.
(3) Folios 10 y 11 del expediente.
(5) Como lo recuerda el Ministerio Público, en esa oportunidad, la ley aprobatoria de este tratado fue declarada inexequible por un defecto de trámite en el Congreso de la República, lo que obligó a que fuera tramitada nuevamente.
(6) Según la citada norma: “(...). 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a un Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano”.
(7) Dispone la norma en cita: “ART. 264.—Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza (...)”.
(8) Ver, entre otros: Giraldo Suárez, Juan de Dios. “El derecho de los tratados”. Editorial Salesiana. Medellín. 1976. Nieto Navia, Rafael. “Estudios sobre Derecho Internacional Público”. Publicaciones Javeriana. Bogotá. 1993. Gutiérrez Espada, Cesáreo. “Derecho Internacional Público”, Editorial Trotta. Madrid. 1995. Gaviria Liévano, Enrique. “Derecho Internacional Público”. Temis. Bogotá. 1998. Álvarez Londoño, Luis Fernando. “Derecho Internacional Público”. Publicaciones Javeriana. Bogotá. 2002.
(9) Dispone la norma en referencia: “ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
(10) Señala la norma en cita: “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
(11) Sentencia C-251 de 1997. En el mismo sentido Sentencia C-779 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño: “Considera la Sala que aunque el doctor Castro Rojas no contaba con plenos poderes al momento de suscribir las mencionadas actas, debe precisarse que su actuación fue confirmada por el Presidente de la República no solo mediante el acta de refrendación de firma, sino además mediante la aprobación ejecutiva dada a ellos el 20 de noviembre de 2001(11), por lo cual no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno, respecto de la competencia para la suscripción del instrumento internacional objeto de revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”. También puede verse la Sentencia C-400 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(12) Salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería.
(13) Salvamento de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería, en cuanto que se trataba de un defecto no subsanable.
(14) El anuncio se hizo de la siguiente manera: “Se anuncian los proyectos y actas de conciliación para el día de mañana a partir de las tres de la tarde que va a ser plenaria; “(...) Proyecto de Ley 178 de 2005 Cámara, 249 de 2005 Senado)”.
(15) Publicada nuevamente en el Diario Oficial, Año CXLII Nº 47.741 del 4 de septiembre de 2007.
(16) Gaceta del Congreso 149 del 11 de abril de 2005, página 37.
(17) Preámbulo del convenio.
(18) Ibídem, página 39. En el preámbulo del Convenio los Estados parte expresan que la suscripción del tratado la hacen “CONSCIENTES de las repercusiones de los actos de terrorismo en la seguridad internacional; EXPRESANDO profunda preocupación por los actos terroristas destinados a destruir aeronaves, otros medios de transporte y demás objetivos; PREOCUPADOS por el hecho de que los explosivos plásticos se han utilizado para cometer tales actos terroristas; CONSIDERANDO que la marcación de tales explosivos para los fines de detección contribuiría de modo significativo a prevenir dichos actos ilícitos; RECONOCIENDO que para disuadir de tales actos ilícitos se necesita urgentemente un instrumento internacional que obligue a los Estados a adoptar las medidas apropiadas para que los explosivos plásticos estén debidamente marcados”.
(19) “ART. 1º—Para fines de este convenio: 1. Explosivos significa los productos explosivos comúnmente conocidos como ‘explosivos plásticos”, incluidos los explosivos en forma de lámina flexible o elástica, descritos en el anexo técnico de este convenio”.
(20) El artículo 13 del protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, ratificado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994, prescribe: “ART. 13.—Protección de la población civil. “1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes: 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. 3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Según Sentencia C-225 de 1995, ratificada en Sentencia SU-256 de 1999, el protocolo I y II del convenio de Ginebra forma parte del bloque de constitucionalidad, pues son tratados internacionales de derechos humanos que no se pueden suspender durante los estados de excepción (C.P., art. 93).
(21) Ver Sentencia C-225 de 1995, fundamentos 22 y 23.
(22) Ver Sentencia C-328 de 2000, relativa a la prohibición de utilización de armas químicas.
(23) Sentencia C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas, salvamento de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra. Igualmente, sentencias SU-747 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-256 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.
(25) “19. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva este prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado”.
(26) “Así pues, la posibilidad de que un tratado internacional excluya absoluta o relativamente la posibilidad de formular reservas es una práctica internacional reconocida y aceptada por la comunidad internacional, y recogida en los dos principales instrumentos multilaterales sobre derecho de los tratados, práctica que, además, ha sido avalada como constitucional por esta corporación. Ahora bien, debe la Corte ahora explicar que esta práctica no tiene el alcance de excluir el control interno y previo de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, dispuesto por la Constitución Política en el numeral 10 del artículo 241 superior. La circunstancia de que un tratado internacional contenga una de las previsiones reguladas en los literales a), b) o c) del artículo 19 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969, no hace que tal instrumento, ni la cláusula respectiva, deban considerarse inconstitucionales” (Sent. C-322/2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Salvamento de voto de los MM.PP. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería, en relación con el hecho de que la ley que se revisaba en esa oportunidad tenía un vicio de procedimiento que afectaba su constitucionalidad).