Source: https://ecn.economistas.es/?post_type=consultascn
Timestamp: 2019-05-19 12:24:17
Document Index: 415473046

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 197', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 5']

Obligaciones en el sector automoción
Me gustaría que me aclararan la obligación en el sector de automoción de aplicar la ley 10/2010. En cuanto a las obligaciones por operaciones superiores a ¿qué cuantía en efectivo? ¿Pueden, hoy, solicitarme datos del año 2007? ¿Es necesario que se me notifique expresamente, por el órgano en cuestiónque requiere los datos? La notificación por correo electrónico ¿es válida?
El SEPBLAC se ha pronunciado respecto a este asunto en el siguiente sentido: “un concesionario de automóviles u otros medios de transporte puede ser sujeto obligado respecto a la compraventa del bien o respecto a su financiación, en el caso de que intermedie en la misma.
En cuanto a la compraventa de vehículos, será sujeto obligado cuando realice cobros o pagos en efectivo, u otros medios de pago previstos en el artículo 34.2, por importe superior a 15.000 euros*, ya sea en una o en varias operaciones en las que parezca existir algún tipo de relación. El artículo 38 de la Ley 10/2010 determina las obligaciones –no todas– que tienen estos sujetos obligados.
En cuanto a la solicitud de datos que comenta, con el fin de que pueda verificarse con posterioridad un adecuado cumplimiento del sistema de prevención de este tipo de delitos así como un seguimiento del camino seguido por el dinero o por los bienes y derechos objeto del mismo, se establece una obligación de conservación de todos los datos relativos a la identidad, titularidad real, actividad económica, operaciones, etc. por un periodo de diez años. Por lo que sí sería posible que le solicitasen la citada documentación fechada en 2007.
Por último, las inspecciones u otras actuaciones del Servicio Ejecutivo, SEPBLAC, se realizan siempre siguiendo un cauce estrictamente formal, en el que la realización de la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter
previo y con antelación suficiente.
Obligaciones de las corredurías de seguros
Les planteamos las siguientes consultas sobre unas dudas que tenemos sobre el Real Decreto 340/2014, de 05 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de Abril. En concreto con las obligaciones de las corredurías de seguros con menos de 10 empleados y cuyo volumen anual es de menos de 2 millones de euros. La primera duda es saber si deben realizar la comunicación semestral de experto correspondiente al primer semestre del 2014 y como ya ha empezado el año no sabemos si aparte de realizar la del primer semestre deben realizar también la del segundo. En el caso de que no estén obligados a realizar dicha declaración si dichas corredurías deben realizar alguna comunicación al Banco de España. Por último los gerentes /directivos deben realizar formación y acreditarla pero nos gustaría saber cómo debemos comunicarla y saber si es obligatoria para los gerentes de las corredurías que hemos descrito antes (menos de 10 empleados etc).
Los corredores de seguros (sujetos obligados según el Art. 2.1.b de la Ley 10/2010, de PBCyFT) no están incluidos en la exención a la que hace referencia, del Art. 31.1 Reglamento, que establece lo siguiente: “Los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 (examen de experto externo) y 39. Estas excepciones no serán aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras”. Por lo tanto, los expertos externos, durante el mes siguiente al semestre de referencia, comunicarán al SEPBLAC las revisiones de experto externo realizadas a dichas entidades (durante el mes de julio, que responde al primer semestre de 2014 y en enero, que corresponde al segundo).
Asimismo, los corredores de seguros mantienen la obligación de comunicar al SEPBLAC cualquier indicio de Blanqueo, en el momento en que se tuviese conocimiento.
Independientemente de lo anterior, quedan exceptuados de la obligación de comunicación sistemática los corredores de seguros a los que se refiere el artículo 2.1 b) de la Ley 10/2010,de 28 de abril, las empresas de sesoramiento financiero y los sujetos obligados mencionados en los párrafos k) a y), ambos inclusive, del artículo 2.1 de la misma ley (Art.27.3 Reglamento).
Con respecto a la formación, los corredores no están exentos de realizar un plan anual de formación, debiendo recibir formación externa a tal efecto, y conservando los correspondientes certificados o justificantes de su efectiva realización, como prueba frente a un posible requerimiento de dicha información en el marco de una inspección.
LOPD: El derecho al olvido
En el caso de que una persona quiera ejercer el “derecho al olvido” en lo relativo a la protección de los datos personales, tengo entendido que la Agencia de Protección de Datos se ha pronunciado a favor de que los buscadores de internet tengan que eliminar los datos de la persona o, al menos, ocultarlos para que no aparezcan en sus resultados de búsquedas ¿esto es así?
Mediante resolución de 30 de julio de 2010, la AEPD estimó una reclamación frente a un buscador de internet en un determinado litigio, considerando que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información. La AEPD consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales datos no sean conocidos por terceros. La AEPD estimó que este requerimiento puede dirigirse directamente a los explotadores de motores de búsqueda, sin suprimir los datos o la información de la página donde inicialmente está alojada e, incluso, cuando el mantenimiento de esta información en dicha página esté justificado por una norma legal.
Esta decisión de la AEPD fue recurrida ante la Audiencia Nacional por los gestores de búsqueda afectados. El mencionado tribunal expuso en el auto de remisión que estos recursos plantean la cuestión de cuáles son las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos personales de aquellos interesados que no desean que determinada información, publicada en páginas web de terceros, que contiene sus datos personales y permite relacionarles con la misma, sea localizada, indexada y sea puesta a disposición de los internautas de forma indefinida. Consideraba
que la respuesta a esta cuestión dependía del modo en que deba interpretarse la Directiva 95/46 en el marco de estas tecnologías, que han surgido después de su publicación. En estas circunstancias, la Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recientemente se ha pronunciado al respecto con una sentencia de 13 de mayo de 2014, en el asunto C-131/12, respaldando la tesis de la Agencia Española en relación con los buscadores y el derecho al olvido en internet.
PBCyFT: Cumplimiento del Reglamento, exención.
Quería saber si la exención que prevé el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales para aquellos sujetos obligados que no superen unos determinados niveles de actividad es de aplicación para el ejercicio 2013, en concreto la revisión de un experto independiente.
El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, según su disposición final tercera, entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (6 de mayo de 2014), salvo para el umbral de identificación de operaciones ocasionales del artículo 4.1, que entrará en vigor el 6 de noviembre de 2014.
Así, hasta este momento, atendiendo a lo establecido en la Ley citada con anterioridad, todos los sujetos obligados (Art 2 de la misma), con excepción de los empresarios que ejercían a título individual, debían de realizar un examen anual por parte de un experto externo independiente (Art 28 de la citada Ley). A tal efecto, el experto externo debía de realizar y emitir el informe a la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso pudiera exceder de dos meses desde la fecha de referencia del informe (Art 5 O.EHA 2444/2007).
En este sentido, para los sujetos obligados cuyo periodo de revisión a considerar coincidiera con el año natural (es lo más normal, en caso contrario habría que adaptar las diferencias) la fecha límite de referencia para la emisión del informe de experto externo del año 2013 finalizó el 28 de febrero de 2014, por lo que dicha exención no es de aplicación para el pasado ejercicio.
LOPD: Correo electrónico de empleados
¿Puede un empresario abrir el correo electrónico de sus empleados?
La actuación descontrolada de los medios tecnológicos que el empresario pone a disposición de sus empleados, supone unos riesgos de salida de información sensible de la entidad, de daños en su reputación e imagen pública e incluso responsabilidades penales para la empresa. Bajo éste escenario no resulta extraño que el empresario quiera vigilar qué uso se realizan de los medios tecnológicos y en ese contexto, la doctrina jurisprudencial delimita los requisitos concretos para no incurrir en mobbing, persecución injustificada o trato discriminatorio.
Dentro del ámbito del derecho laboral, de un lado está cómo se documenta y se hace pública la política de la empresa en relación al uso no consentido de los medios tecnológicos puestos a disposición del trabajador en el entorno laboral, y de otro cómo se lleva a cabo la intervención a un trabajador en concreto.
La primera cuestión quedo diáfanamente definida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007 y que se pronuncio sobre la necesidad de la existencia de una política comunicada para poder intervenir la navegación y abrir los medios tecnológicos entregados al trabajador para el cumplimiento de la prestación laboral. Sin embargo, la referida sentencia no se refería a la apertura de los correos electrónicos.
La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2013 en recurso de amparo 2907/2011 ha venido a integrar el correo electrónico como parte de los que puede incluirse entre las materias objeto de instrucción empresarial, dando un paso más allá, y no ser necesaria la existencia de una política comunicada individual para cada organización sino que es suficiente que la misma, de manera incluso genérica, se contenga en un convenio colectivo sectorial. Basta, según el caso analizado, con que el mismo prohíba la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral.
Cabe destacar que el fallo del Constitucional no entra a valorar el contenido de los correos electrónicos sino cómo se accedió a los mismos y si ese acceso suponía una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador.
El Tribunal Constitucional entiende que la mención en el convenio a la limitación de uso con fines privados de los medios tecnológicos de la empresa era una advertencia suficiente para que no tuviese “una expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el trabajador a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa”. Así, considera que no se ha vulnerado ni su derecho al secreto de las comunicaciones ni su derecho a la intimidad.
Establecido cómo el aviso ha de producirse, queda ahora establecer cómo y en qué condiciones se puede escanear la actividad de un trabajador en concreto.
El razonamiento del Tribunal Constitucional hace uso de su doctrina sobre el carácter no ilimitado del derecho a la intimidad en el supuesto de colisión con otros intereses constitucionalmente relevantes. Así, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos:
Si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)
Y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)
En este sentido, se trataba en primer lugar de una medida justificada, puesto que, conforme consta en la sentencia de instancia, su práctica se fundó en la existencia de sospechas de un comportamiento irregular del trabajador.
En segundo término, la medida era idónea para la finalidad pretendida por la empresa, consistente en verificar si el trabajador cometía efectivamente la irregularidad sospechada al objeto de adoptar las medidas disciplinarias correspondientes.
Finalmente, la medida podía entenderse como ponderada y equilibrada.
Resulta importante destacar de esta Sentencia, que la empresa que realice una intervención a un trabajador deberá pasar el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para valorar si la infracción de la intimidad, que se produce en todo caso, está justificada. Y, además, no podemos olvidar que el artículo 197 del Código Penal sigue considerando delito punible con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses al que “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación”.
LOPD: La figura del Delegado de Protección de Datos
En el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que está por aprobar a nivel europeo se instaura la figura del Delegado de Protección de Datos o DPO. ¿Qué implica para un despacho de asesores fiscales de 20 empleados la figura del DPO?
La figura del Delegado de Protección de Datos, Data Protection Officer o DPO, se introduce en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos como obligatoria con ciertas condiciones, y su existencia es la justifica a la posible desaparición de la obligación de registrar los ficheros en el Registro de Protección de Datos.
Esta figura no es nueva en Europa, aunque no existía en el ordenamiento español sí que se encontraba en la regulación de protección de datos de varios países europeos. En el nuevo Reglamento se especifican de forma concreta sus funciones y se subraya su independencia y dedicación exclusiva al puesto. Esto último es muy importante, ya que la tarea del DPO no es una más que tendrá que asumir un miembro de la empresa, como ocurre en algunos casos con el responsable de seguridad.
No todas las empresas, por el hecho de tratar datos de carácter personal, habrán de tener designado un DPO. La regulación propuesta señala que sólo será obligatoria en los organismos públicos, las empresas de más de 250 empleados y aquellas empresas de menor tamaño en que las que el tratamiento de datos personales que realizan, por su naturaleza, alcance y/o fines, requieran un seguimiento periódico y sistemático de los interesados.
Esta última condición, que aparece en el artículo 35.1.c, puede ser la que más preocupe a un despacho como el que se refleja en la pregunta. Es un aspecto que ha estado en debate por su oportunidad y su falta de precisión. Muchos
interpretan este apartado como la forma de introducir la obligación del DPO en aquellas empresas que, aunque sean de pequeño tamaño, tengan un elevado volumen de tratamiento de datos personales, y que habrá que ponderar teniendo en cuenta grado de sensibilidad de la información que manejan (por ejemplo datos de salud). Habrá que esperar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento para ver los criterios que se establecen para la interpretación del mismo.
LOPD: Documento de seguridad
En nuestra empresa, un despacho de 22 trabajadores,dedicado a auditoría y asesoría fiscal y contable, estamos poniendo al día nuestro sistema para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos personales. En cuanto al documento de seguridad que tenemos que realizar, quería saber qué contenidos han de incluirse, quién ha de tener acceso a dicho documento y si tenemos que enviarlo a la Agencia Española de Protección de Datos para su revisión.
El documento de seguridad tiene carácter interno dentro la empresa, debe mantenerse siempre actualizado y ha de recoger toda la información señalada en la normativa de seguridad establecida al respecto. Deberá plasmar la integridad de las medidas, normas, reglas, obligaciones…
que rigen el trabajo en esta materia, asegurándose además que, las mismas, se adaptan a las exigencias legales.
Además, recogerá las funciones y obligaciones del personal que vaya a tratar los datos. En este sentido, deberemos asegurarnos de que dicho personal sea conocedor de sus funciones y obligaciones en dicha materia. Asimismo se recogerán las posibles incidencias surgidas de manera que las mismas puedan ser solucionadas y evitadas en el futuro.
No es necesario enviar dicho documento a la AEPD para su revisión, no obstante, deberá estar disponible ante un posible requerimiento por la autoridad competente, dentro del marco de una posible inspección.
– Procedimiento de copias de respaldo y recuperación de datos.
En definitiva, se podrá incorporar al documento cualquier otra medida que se considere oportuna para incrementar la seguridad de los tratamientos, o incluso, adoptar las medidas exigidas para un nivel de seguridad superior al
que por el tipo de información les correspondería, teniendo en cuenta la infraestructura y las circunstancias particulares del despacho.
En caso de haber contratado la prestación de servicios por terceros para determinados ficheros, dicha circunstancia debe hacerse constar en el documento de seguridad,haciendo referencia al contrato suscrito y su vigencia, y mención expresa a los ficheros afectados por esta circunstancia.
El RLOPD especifica que se puede disponer de un solo documento que incluya todos los ficheros y tratamientos con datos personales de los que una persona física o jurídica sea responsable, un documento por cada fichero o tratamiento, o los que determine el responsable atendiendo a los criterios organizativos que haya establecido.
Obligaciones relativas a las cookies
Estoy creando la página web de mi despacho ¿qué soluciones técnicas puedo implantar para cumplir con las obligaciones relativas a las cookies? ¿qué información debe facilitarse a los usuarios? ¿existe algún tipo de cookie para la cual no es preceptivo recabar el consentimiento expreso del usuario?
En el momento de crear la web, o si ya se dispone de una página, lo que hay que plantearse en primer lugar es la necesidad real de incorporar cookies en la misma. En la mayor parte de los casos no son necesarias y pueden evitarse, ya que muchos desarrolladores o entornos las introducen por defecto sin nuestro conocimiento. Es una buena idea utilizar las herramientas del propio navegador para saber qué cookies se han insertado y eliminar aquellas que realmente no tienen utilidad.
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Es adecuado tener dos niveles de información, de forma que en el primer nivel se proporcione la anteriormente señalada de forma general, y además un enlace a una segunda página con una explicación más detallada de los tipos de cookies, propósitos del tratamiento, medios de oposición, etc. La información sobre cookies ha de aparecer diferenciada de la política de privacidad y ha de indicar explícitamente si están utilizándose cookies de primera parte, o gestionadas por el propio dueño de la página, o de tercera parte, gestionadas por una entidad distinta del dueño de la página, como son generalmente las cookies de analítica web.
En este último caso, ha de existir un contrato entre el dueño de la página y la entidad que gestiona las cookies, sobre todos si estas manejan datos de carácter personal, en el que se limite el propósito del tratamiento a lo necesario para el funcionamiento de la página o lo declarado en la información proporcionada al usuario.
Hay que permanecer atentos a los futuros cambios que se prevén en la normativa sobre cookies y que aparecen en el proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que modifica los apartados relativos a este tema de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
LOPD: Conservación de datos personales
¿Cómo puedo asegurarme de que el proveedor de ‘cloud’no conserva los datos personales si se extingue el contrato?
De hecho no puedes asegurarte de que el proveedor de cloud no vaya a conservar los datos una vez extinguido el contrato, a excepción que una auditoría independiente pueda certificarlo. Pero sí puedes asegúrate que el contrato de prestación de servicios con el proveedor de cloud, éste contrato debe firmarse antes de iniciar la relación mercantil, incluya una cláusula que dé cumplimiento a las previsiones del artículo 12 de la LOPD y relativo a tú pregunta concretamente el apartado 3 de dicho artículo.
LOPD: Cámaras de seguridad
En un momento determinado una empresa se plantea instalar cámaras de videovigilancia en sus instalaciones, el motivo es la avalancha de robos sufridos en los últimos meses. ¿Es suficiente la colocación de carteles informativos para cumplir la ley?
La respuesta es rotundamente no. Hay que tener en cuenta diversos aspectos y variables para cumplir con la norma,pero en todo caso la decisión de instalar cámaras de videovigilancia debe tomarse siempre y cuando no existan otras medidas menos intrusivas contra la intimidad de las personas que permitan garantizar la seguridad de las
Es muy importante que la instalación de las cámaras de videovigilancia y el posterior tratamiento de las imágenes cumplan, en todo caso, con lo previsto en la normativa laboral. Por ello es exigible proceder de forma concreta e individualizada a informar al respecto a cada uno de los trabajadores de la empresa, así como al Comité de Empresa en el caso que exista. Además, la videovigilancia debe cumplir con las exigencias de la normativa de protección de datos vigente, esto es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, complementada esta última con lo establecido en la Guía de Videovigilancia publicada por la misma Agencia Española de Protección de Datos en el año 2009.
La videovigilancia se debe limitar a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios indispensables indicados para satisfacer las finalidades indicadas, respetándose el derecho a la intimidad del trabajador. En ningún caso se pueden instalar cámaras en espacios vetados para la utilización de este tipo de medidas como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso, no registrándose tampoco las conversaciones privadas en el entorno laboral. En definitiva, la instalación de cámaras de videovigilancia que realice la empresa en ningún caso puede suponer la vulneración de derechos fundamentales del trabajador.
Asimismo, para dar cumplimiento a todas las exigencias establecidas legalmente y en la Instrucción anteriormente mencionada, es preceptiva la colocación de carteles informativos en lugares suficientemente visibles, tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, así como el establecimiento de las medidas de seguridad atendiendo al tipo de datos tratados. De la misma manera, tanto el trabajador como cualquier persona que pueda ser videovigilada siempre tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la empresa.