Source: http://economia.gencat.cat/es/ambits-actuacio/contractacio-publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/manual_divulgatiu/
Timestamp: 2019-01-22 20:39:10
Document Index: 166420408

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 78', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 36', 'artículo 46', 'artículo 26', 'artículo 59']

Manual divulgativo y el nuevo régimen de clasificación empresarial. Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Manual divulgativo sobre la determinación de la clasificación en los procedimientos de adjudicación de los contratos administrativos
La clasificación empresarial es un requisito de capacidad que deben acreditar las empresas en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos administrativos típicos, de conformidad con el artículo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible i tendrá efectos para la acreditación de su solvencia en los casos siguientes:
Para el contrato de obras, el valor estimado del cual sea igual o superior a 500.000 €, será requisito indispensable que el empresario esté debidamente clasificado. Para el contrato de obras, el valor estimado del cual sea inferior a 500.000 €, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación o bien acreditando el complimiento de los requisitos específicos de solvència exigidos en la licitación. Por tanto, en esta licitación tendrá que determinarse en el pliego de cláusulas administrativas la solvéncia económica, financiera y técnica de los empresarios mediante, uno, diversos o todos los medios que establezcan los artículos 74 al 76 del TRLCSP e incorporar esta información al anuncio de licitación.
Para el contrato de servicios no será exigible la clasificación empresaria. No obstante, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación o bien acreditando el complimiento de los requisitos específicos de solvència exigidos en la licitación, de conformidad con el artículo 78 del TRLCSP.
No requieren clasificación empresarial, por tanto, los contratos típicos de concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, y los de colaboración entre el sector público y el sector privado. En estos contratos, sea cual sea su presupuesto de licitación, se debe requerir necesariamente la acreditación de la solvencia económica y técnica de los licitadores de acuerdo con uno, diversos o todos los medios previstos en los artículos 77 y 79 del TRLCSP en función del contrato típico de que se trate.
Se debe tener en cuenta que requerir la clasificación empresarial como condición obligatoria de participación en las licitaciones cuando el valor estimado es inferior al establecido supone impedir la participación de las empresas no clasificadas en contratos que, de acuerdo con la normativa vigente, no requieren este requisito de capacidad.
En definitiva, imponer un requisito (por ejemplo, la clasificación empresarial) que impide la participación de las empresas en las licitaciones públicas cuando la normativa legal no exige este requisito, afecta directamente el principio de concurrencia empresarial, es una actividad de la Administración no sujeta a la ley y, por tanto, podemos afirmar que vicia de raíz la validez de la adjudicación contractual.
¿Cuál es la normativa que regula la materia?
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre)
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 257, de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015)
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009)
Competencia y validez de la actividad de clasificación de empresas
La Administración general del Estado y las Comunidades Autónomas son competentes para ejercer la actividad de clasificación empresarial. Los criterios y las reglas utilizadas para realizar la clasificación administrativa de las empresas son idénticas tanto para la Administración general del Estado como para la de las Comunidades Autónomas, según lo establece el artículo 68 del TRLCSP. La Generalidad de Cataluña no puede modificar de forma autónoma, de acuerdo con la normativa vigente, ni el sistema ni los criterios para proceder a la clasificación de empresas.
En el ámbito de Cataluña y ante cualquier órgano de contratación, tanto de la administración de la Generalidad de Cataluña como de la Administración Local, así como de los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otra y Universidades públicas, son válidas las certificaciones de clasificación emitidas tanto por la Administración General del Estado, como por la Comisión de Clasificación Empresarial de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña (artículo 68 y Disposición Adicional 6ª del TRLCSP)."
El Registro Oficial de Empresas Clasificadas
Las empresas clasificadas por la Comisión de Clasificación Empresarial de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña están inscritas en un Registro donde se anota el nombre de la empresa y la clasificación otorgada. El acceso al Registro es público y la información puede ser facilitada a cualquier persona interesada.
La información de este Registro puede conseguirse por internet en la dirección www.gencat.cat/economia/jcca/
¿En qué consiste la actividad de la clasificación empresarial?
Es la determinación que realiza la Administración (mediante órganos especializados) de la solvencia económica y técnica de las empresas licitadoras en los contratos administrativos de obras o de servicios (incluidos en el anexo II del TRLCSP).
El acuerdo de clasificación empresarial se fundamenta en el análisis de los mismos documentos que se requieren para determinar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional en los artículos 75, 76 y 78 del TRLCSP.
El acuerdo de clasificación empresarial tiene una vigencia indefinida, con las revisiones que prevee el artículo 70 del TRLCSP, anualmente se revisará el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
La clasificación empresarial se expresa mediante tres conceptos: el grupo (que es una clasificación general de actividades), el subgrupo (que es una subdivisión dentro de un grupo general de actividades) y la categoría (que indica el límite máximo económico al que podrá licitar la empresa de acuerdo con la anualidad media del contrato).
Los grupos, subgrupos y categorías, en los contratos típicos de obras y de servicios, son los siguientes:
Tipos de obras (art. 25 del Reglamento General LCAP)
Las letras mayúsculas identifican los grupos, y los números los subgrupos.
A) Movimientos de tierras y perforaciones
1. Desmontes y vaciados
2. Explanaciones
3. Canteras
4. Pozos y galerías
1. De fábrica u hormigón en masa
2. De hormigón armado
3. De hormigón pretensado
2. Estructuras de fábrica y hormigón
4. Albañilería, revocos y revestidos
5. Cantería y marmolería
6. Pavimentos, solados y alicatados
7. Aislamientos e impermeabilizaciones
8. Carpintería de madera
1. Tendido de vías
2. Elevados sobre carril o cable
3. Señalizaciones y enclavamientos
4. Electrificación de ferrocarriles
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica
1. Abastecimientos y saneamientos
2. Presas
4. Acequias y desagües
5. Defensas de márgenes y encauzamientos
6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica
1. Autopistas, autovías
2. Pistas de aterrizaje
3. Con firmes de hormigón hidráulico
4. Con firmes de mezclas bituminosas
5. Señalizaciones y balizamientos viales
H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
1. Oleoductos
2. Gasoductos
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
2. Centrales de producción de energía
3. Líneas eléctricas de transporte
5. Centros de transformación y distribución en alta tensión
6. Distribución en baja tensión
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
8. Instalaciones electrónicas
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
1. Elevadoras o transportadoras
2. De ventilación, calefacción y climatización
3. Frigoríficas
4. De fontanería y sanitarias
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica
1. Cimentaciones especiales
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes
3. Tablestacados
4. Pinturas y metalizaciones
5. Ornamentaciones y decoraciones
6. Jardinería y plantaciones
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
9. Instalaciones contra incendios
Tipos de servicios (art. 37 del Reglamento general LCAP)
Grupos y subgrupos de actividades por especialidades, aplicables para las empresas en los contratos de servicios:
Subgrupo 6. Servicios de porteria, control de acesos y información al público.
Subgrupo 2. Conservación y mantenimento de carreteras, pistas, autopistas, autovias, calzadas y vias ferreas.
Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montañas y jardines.
Subgrupo 1. Mantenimento y reparación de equipos y instalaciones eléctricas y electrónicas.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos y instalaciones de lampisteria, conducciones de agua y gas.
Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos y instalaciones de calefacción y aire acondicionado.
Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos y instalaciones de seguridad y contra incendios.
Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos y instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal.
Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehiculos.
El Anexo II del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas detalla las actividades empresariales incluidas en los contratos de servicios con la correspondencia de los subgrupos con los códigos CPV
¿Qué grupo/s y subgrupo/s de la clasificación empresarial deben requerirse en una licitación concreta?
La primera operación, lógicamente, es determinar el objeto del contrato, según sea calificado como contrato de obras o de servicios, en un grupo concreto. Posteriormente se debe concretar qué subgrupo de actividad es el adecuado.
Esta operación no siempre es sencilla y, además, en algunos contratos requiere tener conocimientos técnicos derivados de las características de la ejecución contractual, especialmente en el contrato de obras.
En ocasiones un objeto contractual no podrá ser englobado en un único subgrupo e incluso, en casos muy excepcionales, en un único grupo general.
En el supuesto de que el objeto contractual no pueda englobarse en un único subgrupo se debe tener en cuenta que la exigencia de clasificación debe modularse, con el fin de evitar unos requerimientos exagerados en aspectos no tan significativos del conjunto del objeto contractual.
En este sentido, deberán requerirse para el contrato de obras (según establece el artículo 36.2.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) como máximo cuatro subgrupos, de manera que como criterio general tan solo las partes del objeto contractual que tengan un significado económico superior al 20% del presupuesto total serán las que requerirán clasificación.
En los contratos de servicios, de acuerdo con el artículo 46 del citado Reglamento, el número de subgrupos que se pueden requerir, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 2.
Debe recordarse que, en los contratos de obras, la clasificación de una empresa en uno o unos subgrupos de los denominados básicos comporta la clasificación de la empresa en todo el grupo. Cualquier empresa que sea clasificada en los subgrupos fuertes o básicos de un grupo pasa a ser clasificada en todos los subgrupos del grupo. En el grupo C, clasificarse en cualquier de los dos subgrupos básicos (siempre que se hayan efectuado construcciones de edificio completo con estructura) comporta la clasificación en todos los subgrupos del grupo. Igualmente, en el grupo H la clasificación en un subgrupo comporta la del otro. En los otros grupos, clasificarse en todos sus respectivos subgrupos básicos comporta la clasificación automática en todos los subgrupos del grupo correspondiente.
Los subgrupos básicos de cada grupo que comportan, como ya se ha citado, la clasificación completa en un grupo, se han identificado con letra negrita en la relación de grupos y subgrupos que se ha detallado anteriormente.
También conviene recordar que cuando la Administración clasifica una empresa en determinados subgrupos, dicha clasificación comporta también la clasificación en otros subgrupos afines, aunque en la actividad correspondiente a estos subgrupos no se haya hecho ninguna obra. Es decir, que determinados subgrupos comportan la clasificación automática en otros subgrupos. La afinidad de subgrupos es la siguiente:
a) Los clasificados en el subgrupo A-2, Explanaciones, o en el A-5, Túneles, quedan también clasificados en los subgrupos A-1, A-3 y A-4.
b) Los clasificados en el subgrupo B-2, de hormigón armado, quedan clasificados en el B-1, de Fábrica o hormigón en masa.
c) Los clasificados en el subgrupo B-3, de Hormigón pretensado, quedan clasificados en los subgrupos B-2 y B-1.
d) El subgrupo D-1, Tendido de vías, clasifica el subgrupo D-5, Obras de ferrocarriles sin calificación específica.
e) Los clasificados en cualquiera de los subgrupos E-1, Abastecimientos y saneamientos, E-4, Acequias y desagües, y E-5, Defensas de márgenes y encauzamientos, quedan clasificados igualmente en todos aquellos y, además, se clasifican en el subgrupo E-7, Obras hidráulicas sin cualificación específica.
f) Los clasificados en algunos de los subgrupos E-2, Presas, E-3, Canales o E-6, Conducciones con tubería de presión de gran diámetro, quedan clasificados automáticamente en los subgrupos E-1, E-4, E-5 y E-7, especificados en el párrafo anterior.
g) Los clasificados en los subgrupos F-1, Dragados, F-2, Escolleras y F-4, Con cajones de hormigón armado, se clasifican en el subgrupo F-7, Obras marítimas sin cualificación específica.
h) Los clasificados en el subgrupo F-4, Con cajones de hormigón armado,
quedan clasificados igualmente en el subgrupo F-3, Con bloques de hormigón.
i) El subgrupo G-1, Autopistas, autovías, clasifica los subgrupos G-2, Pistas de aterrizaje, G-3, Con firmes de hormigón hidráulico, G-4, Con firmes de mezclas bituminosas, G-5, Señalizaciones y balizamientos viales y G-6, Obras viales sin calificación específica.
j) El subgrupo G-1, Autopistas, autovías, también puede clasificarse si se ha clasificado en todos los subgrupos siguientes: A-2, Explanaciones, A-5, Túneles, B-3, De hormigón pretensado, G-3, Con firmes de hormigón hidráulico, G-4, Con firmes de mezclas bituminosas y K-2, Sondeos, inyecciones y pilotajes. La categoría en este subgrupo corresponderá a la menor de las categorías de A-2, A-5, B-3, G-3, G-4 y K-2.
k) El subgrupo G-3, Con firmes de hormigón hidráulico y el subgrupo G-4, Con Firmes de mezclas bituminosas, clasifican cualquiera de ellas el subgrupo G-6, Obras viales sin calificación específica.
l) El subgrupo H-1, Oleoductos, clasifica el subgrupo H-2, Gasoductos y el subgrupo H-2, Gaseoductos, clasifica el subgrupo H-1, Oleoductos.
m) La clasificación en cualquier subgrupo de los I-1 a I-8 clasifica automáticamente el subgrupo I-9.
¿Cómo se debe actuar para determinar en un pliego de cláusulas administrativas la categoría del grupo y subgrupo de clasificación empresarial que se requiere?
La categoría del grupo y subgrupo de clasificación viene en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Para calcular el valor medio anual del contrato (anualidad media) se debe realizar una simple operación aritmética: dividir el valor estimado del contrato por el número de meses de ejecución del contrato y multiplicar el cociente por 12. Este valor será el que nos determinará la categoría de la clasificación. En este sentido, recordemos que las categorías en los contratos de obras y de servicios se corresponden con los valores económicos mínimos y máximos siguientes:
Las categorías de los contratos de obra son (artículo 26 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administracions Públicas):
De categoria 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
De categoria 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.
De categoria 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.
De categoria 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.
De categoria 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.
De categoria 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.
Las anteriores categorías 5 y 6 no seran de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J i K. Para dichos subgrupos la màxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantia sea superior a los 840.000 euros.
Las categorías de los contratos de servicios son (articulo 38 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
De categoria 1, cuando la cuantía del contrato sea inferior a 150.000 euros.
De categoria 2, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.
De categoria 3, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.
De categoria 4, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros.
De categoria 5, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 1.200.000 euros.
Cuando hacemos referencia a partes del objeto del contrato, susceptibles de consideración independiente, se deberá tener en cuenta el tiempo de ejecución propio de esta parte del objeto del contrato y su presupuesto parcial para efectuar la operación antes citada, es decir, la determinación de la categoría.
Cuando los pliegos de cláusulas particulares no establezcan plazos para la ejecución de las obras correspondientes a los diferentes subgrupos, se deberá tomar como plazo de ejecución, al efecto del cálculo de las categorías respectivas exigibles, el plazo total de ejecución del contrato.
Una vez determinada la categoría, es ésta la que el órgano de contratación deberá requerir, sin que le sea posible rebajarla a una categoría inferior o aumentarla a una categoría superior. Un órgano de contratación no puede requerir como categoría de un subgrupo de clasificación en una licitación pública concreta una inferior , ya que esto significaría que el órgano de contratación está aceptando la participación de empresas con un grado de solvencia técnica inferior al que la normativa legal indica.
La comprobación, por parte de la mesa de contratación, de la clasificación de las empresas se debe efectuar y verificar cuando se realiza la calificación de la documentación general presentada por los licitadores (art. 51 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
¿Cómo se determina la clasificación empresarial en el caso de una UTE?
Si en una licitación pública en la que la Administración ha requerido una clasificación concreta se presenta como licitador una unión temporal de empresas, prevista en el artículo 59 del TRLCSP, la clasificación se obtendrá mediante la acumulación de las clasificaciones que posean las empresas asociadas temporalmente para la ejecución del contrato.
Todas las empresas asociadas en una unión temporal de empresas deben encontrarse clasificadas en la modalidad del contrato típico -obras o servicios- que sea objeto de licitación y en el que se requiere clasificación. Las respectivas clasificaciones se acumularán de forma que los grupos, los subgrupos y las categorías de cada empresa pasen a serlo de la unión de empresas. Cuando dos o más empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo y subgrupo se deberán acumular las categorías (entendiendo que ninguna empresa tiene la máxima categoría, ya que si fuese así no sería necesaria la acumulación).
La acumulación de categorías cuando dos o más empresas se encuentran clasificadas en el mismo grupo y subgrupo -siempre que la proporción de participación de cada empresa en la unión temporal sea superior al 20%- se efectúa de la siguiente forma: se busca el valor mediano de la categoría de la empresa y se suman los diferentes valores medianos. El resultado final de la suma es el que determina la categoría en el grupo y subgrupo (art. 52 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Para cualquier aclaración sobre el contenido de este documento o, en general, sobre la materia de clasificación empresarial, dirigirse a:
Teléfono: 93 552 80 90 (ext 2)
Correo electrónico: classificacio_empresarial.eco@gencat.cat
Nuevo règimen de clasificación empresarial y règimen transitorio
A partir del 5 de noviembre de 2015, fecha de la entrada en vigor del Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el cual se modifican determinados preceptos del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ha dejado de ser exigible la clasificación empresarial para los contratos de servicios. Sólo es exigible la clasificación para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.
La clasificación en servicios ha pasado a convertirse en un medio alternativo de acreditación de solvencia, se ha reducido de manera significativa su número de grupos y subgrupos, se ha modificado el anexo II del Reglamento al objeto de delimitar el ámbito de trabajos que incluye a cada subgrupo en los términos definidos por el vocabulario común de contratos públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se establece la correspondencia entre los subgrupos de clasificación y los códigos CPV de las actividades de servicios que corresponden a cada uno de ellos, de manera que la determinación del CPV de un contrato efectuada por el órgano de contratación determina de manera inequívoca su correspondencia con alguno de los subgrupos de clasificación establecidos, o bien su no correspondencia con ninguno de estos.
Nuevas categorías de clasificación de los contratos de obras
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectúa por referencia al valor estimado del contrato cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor promedio anual de éste, cuando se trate de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de obras son las siguientes:
De categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000,00 €
De categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000,00 € e inferior o igual a 360.000,00 €
De categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000,00 € e inferior o igual a 840.000,00 €
De categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000,00 € e inferior o igual a 2.400.000,00 €
De categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000,00 € e inferior o igual a 5.000.000,00 €
De categoría 6, si su cuantía es superior a 5.000.000,00 €
Las categorías 5 y 6 no son aplicables en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para los subgrupos mencionados la máxima categoría de clasificación es la categoría 4, y esta categoría es aplicable a los contratos de los subgrupos mencionados cuya cuantía sea superior a 840.000,00 €
Nuevas categorías de clasificación de los contratos de servicios
Los contratos de servicios se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectúa por referencia al valor estimado del contrato cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor promedio anual de éste, cuando se trate de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de servicios son las siguientes:
Categoría 1, cuando la cuantía del contrato sea inferior a 150.000,00 €
Categoría 2, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000,00 € e inferior a 300.000,00 €
Categoría 3, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 300.000,00 € e inferior a 600.0000,00 €
Categoría 4, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 600.000,00 € e inferior a 1.200.000,00 €
Categoría 5, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 1.200.000,00 €
Vigencia de las clasificaciones antiguas
Las clasificaciones otorgadas con el antiguo régimen perderán su vigencia y eficacia el día 1 de enero de 2020, y se procederá a su baja de oficio de los registros de licitadores y empresas clasificadas en que estén inscritas. Por lo tanto, para adaptarse al nuevo régimen, todas las empresas clasificadas de acuerdo con la antigua normativa tendrán que instar un nuevo expediente de solicitud de clasificación durante este periodo transitorio.
Clasificación exigible para los contratos de obras durante el periodo transitorio
Para los contratos de obras cuyo plazo de presentación de ofertas acabe antes del 1 de enero de 2020 las clasificaciones tienen efecto, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el Real decreto 773/2015, como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor, de acuerdo con el cuadro de equivalencias siguiente:
Clasificaciones de los contratos de servicios otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 773/2015
Para los contratos de servicios cuyo plazo de presentación de ofertas acabe antes del día 1 de enero de 2020 las clasificaciones tienen efecto, como medio alternativo de acreditación de solvencia, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos por el Real decreto 773/2015, como si lo fueron con anterioridad a su entrada en vigor, de acuerdo con el cuadro de equivalencias siguiente:
Nuevos umbrales de patrimonio neto exigido a las empresas para clasificarse como contratistas de obras
Uno de los cambios efectuados por el Real decreto 773/2015, a la hora de calcular las categorías de clasificación, es el umbral de patrimonio neto mínimo exigible en las empresas para el acceso a cada categoría de clasificación.
Así, las empresas tendrán que acreditar, en el expediente de solicitud de clasificación, un patrimonio neto mínimo, de acuerdo con el balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobados y presentados al Registro Mercantil, que para cada una de las categorías será el siguiente:
Categoría 1: 15.000 €
Categoría 2: 36.000 €
Categoría 3: 84.000 €
Categoría 4: 240.000 €
Categoría 5: 500.000 €
Categoría 6: 1.000.000 €