Source: http://practicaforenseusual.blogspot.com/2011/03/expropiacion-de-bienes-en-el-ecuador-en.html
Timestamp: 2015-11-25 23:39:52
Document Index: 226206495

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 63', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 244']

PRACTICA FORENSE USUAL: EXPROPIACIÓN DE BIENES EN EL ECUADOR EN PERJUICIO DE MARÍA SALVADOR CHIRIBOGA
EXPROPIACIÓN DE BIENES EN EL ECUADOR EN PERJUICIO DE MARÍA SALVADOR CHIRIBOGA
Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Salvador Chiriboga vs. EcuadorSentencia de 3 de marzo de 2011Reparaciones y CostasEn el caso Salvador Chiriboga,
Diego García-Sayán, Presidente*;
Diego Rodríguez Pinzón, Juez ad hoc
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") y con los artículos 29, 30, 31, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
Procedimiento de Reparaciones ante la CorteEl 6 de mayo de 2008 la Corte dictó Sentencia de excepción preliminar y fondo (en adelante "la Sentencia" o "la Sentencia de fondo"), en la cual decidió: Por unanimidad,
1. Desestimar la excepción preliminar de falta [de] agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 40 a 46 de la […] Sentencia.
Y DECLAR[Ó]:
Por seis votos contra dos, que: 2. El Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos a las garantías y protección judiciales consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, todo ello en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de María Salvador Chiriboga, de conformidad con los párrafos 48 a 118 de la […] Sentencia.
Parcialmente disienten la Jueza Medina Quiroga y el Juez ad hoc Rodríguez Pinzón, en lo que respecta a la violación del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por unanimidad, que: 3. No se ha comprobado que el Estado violó los artículos 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni que el Estado incumplió con el artículo 2 de dicha Convención, en perjuicio de María Salvador Chiriboga, en los términos de los párrafos 123, 124, 129, 132 y 133 de la […] Sentencia.
Y DECID[IÓ]:
4. La determinación del monto y el pago de la indemnización justa por la expropiación de los bienes, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas en la presente Sentencia, se hagan de común acuerdo entre el Estado y los representantes, dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la […] Sentencia, de conformidad con el párrafo 134 del […] fallo.
5. Se reserva la facultad de verificar si dicho acuerdo es conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y disponer lo conducente. En caso de no llegar al acuerdo, la Corte determinará las reparaciones correspondientes y gastos y costas, para lo cual continuará con el procedimiento respectivo, de conformidad con el párrafo 134 de la […] Sentencia. La Jueza Medina Quiroga hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, el Juez Ventura Robles hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente y el Juez ad hoc Rodríguez Pinzón hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente, los cuales acompañan [la] Sentencia.
Los días 13 y 18 de junio, 19 de agosto y 2 de septiembre de 2008 la República del Ecuador (en adelante "el Estado" o "el Ecuador"), y los días 6 y 13 de junio, 5 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2008 los representantes, informaron a la Corte sobre las diversas acciones realizadas con el fin de alcanzar un acuerdo, conforme a lo ordenado en la Sentencia de fondo. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2008 el Estado solicitó una "extensión del plazo de seis meses previsto en los párrafos 134 y 4 de la parte dispositiva de la [S]entencia". Al respecto, el 9 de diciembre de 2008 la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría"), siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta en consulta con el Pleno de la Corte, concedió la prórroga solicitada al Estado y a los representantes de la víctima (en adelante "los representantes") hasta el 15 de febrero de 2009 para que continuaran con el proceso para alcanzar un acuerdo. Al concluir este plazo, mediante comunicaciones de 15 y 26 de febrero de 2009, los representantes y el Estado, respectivamente, coincidieron en manifestar al Tribunal que, en el plazo otorgado en la Sentencia y en la prórroga del plazo concedida al efecto, no fue posible llegar a un acuerdo. En razón de ello, los representantes y el Estado quedaron a la espera de un pronunciamiento de la Corte.
Dado lo anterior, el 10 de marzo de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta de la Corte y en consulta con los Jueces y Juezas del Tribunal, informó a las partes que, de conformidad con el párrafo 134 de la Sentencia y el punto resolutivo cuarto del Fallo, se decidió proseguir con la etapa de reparaciones, de acuerdo con los artículos 63.1 de la Convención Americana y 57.1 del Reglamento. Además, señaló que: [e]n el trámite de la etapa de reparaciones, la Corte tomará en cuenta lo anteriormente actuado en el proceso y examinará la prueba incorporada al acervo probatorio, considerada como un todo dentro del procedimiento del caso, lo cual deberá ser considerado por los representantes, el […] Estado y la Comisión al momento de presentar sus respectivos escritos ante este Tribunal. En consecuencia, se procede[rá] de la siguiente manera:
requerir a los representantes de las víctimas que, a más tardar el 13 de abril de 2009, presenten un escrito en el cual se refieran de manera técnica, precisa y clara a sus pretensiones de reparaciones, así como, de ser el caso, presenten las pruebas que estimen pertinentes;
requerir al Estado que un plazo de un mes, contado a partir de la recepción del escrito de los representantes de las víctimas, presente sus observaciones de manera técnica, precisa y clara a las pretensiones de los representantes, así como, de ser el caso, presente las pruebas que estime pertinentes; y
requerir a la Comisión que en un plazo de dos semanas, remita sus observaciones a los escritos presentados por los representantes y el Ilustrado Estado.
El 13 de abril de 2009 los representantes remitieron su escrito de pretensiones sobre reparaciones (en adelante "escrito sobre reparaciones"), de conformidad con la comunicación de 10 de marzo de 2009. El 20 de mayo de 2009 el Estado indicó no haber recibido el anexo 4 del escrito sobre reparaciones titulado "Informe pericial del avalúo preparado por la Arq. Jakeline Jaramillo Barcia y sus anexos". Dado lo anterior, solicitó que el plazo de un mes concedido para presentar las observaciones sobre reparaciones "se suspen[diera] y sólo [r]ecurra" hasta tanto recibiera dicho informe pericial. El 22 de mayo de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, otorgó al Estado un plazo adicional, de carácter improrrogable, hasta el 11 de junio de 2009 para la presentación de sus observaciones.
El 10 de julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") presentó sus observaciones al escrito sobre reparaciones de los representantes. El 6 de agosto de 2009 la entonces Presidenta de la Corte convocó a una audiencia pública para escuchar las pretensiones sobre reparaciones de los representantes y las observaciones del Estado y de la Comisión.
El 21 de septiembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, solicitó a los representantes y a la Comisión determinada prueba para mejor resolver. La audiencia pública fue efectuada el 24 de septiembre de 2009, con el propósito de escuchar las pretensiones sobre reparaciones y costas de los representantes y las observaciones del Estado y la Comisión Interamericana, durante el LXXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte, en la sede del Tribunal.
El 24 de septiembre de 2009 los representantes remitieron la prueba para mejor resolver solicitada el 21 de septiembre de 2009. Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2010 se concedió a la Comisión y al Estado plazo hasta el 19 de noviembre de 2009 para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes. El 20 de noviembre de 2009 la Comisión manifestó que no tenía observaciones qué formular respecto a dicha prueba y el Estado no presentó observaciones al respecto. El 13 de enero de 2010 el Estado remitió un escrito denominado "observaciones del Estado sobre algunas inquietudes planteadas en la audiencia sobre reparaciones y costas", en el presente caso, al cual adjuntó varios anexos. Al respecto, el 14 de enero de 2010 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, concedió un plazo a los representantes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes e indicó que una vez recibidas la Corte valora[ría] la admisibilidad del escrito y sus anexos. Los días 28 de enero y 12 de febrero de 2010 los representantes y la Comisión remitieron sus observaciones, respectivamente, en las cuales manifestaron que la información presentada no fue solicitada por la Corte ni resultaba oportuna en relación con el estado de procedimiento, por lo que solicitaron que no debía ser aceptada por el Tribunal y ser declarada improcedente. El 14 de mayo de 2010 los representantes informaron al Tribunal sobre la celebración de una audiencia el 7 de abril de 2010 ante la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, en relación con el proceso de expropiación que se lleva a cabo en la jurisdicción interna. Al respecto, el 26 de mayo de 2010 la Secretaría solicitó al Estado y a la Comisión observaciones. El 29 de junio de 2010 la Comisión informó que no tenía observaciones que formular sobre el particular. El 8 de julio de 2010 el Estado manifestó a la Corte la necesidad de un pronunciamiento internacional sobre el estado en que deben quedar los procesos locales respecto del objeto litigioso que, de manera subsidiaria, se encuentra bajo su conocimiento. Además, reiteró algunas observaciones realizadas por el Municipio de Distrito Metropolitano de Quito y se refirió a los intereses. A) Sobre la posibilidad de un peritaje internacional
Durante la audiencia pública celebrada el 24 de septiembre de 2009 los representantes y el Estado indicaron haber llegado a ciertos puntos de acuerdo, entre ellos, que la Corte contaba con los suficientes elementos probatorios para fijar la justa indemnización que debería otorgarse en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte el 6 de mayo de 2008. No obstante, expresaron que, en caso de que lo consideraran necesario, estaban de acuerdo en que el Tribunal designara a una entidad internacional para que realizara un peritaje para tal fin. Además, manifestaron su disposición de que los costos que generara este eventual peritaje fueran pagados en partes iguales, siendo el Estado el que haría inicialmente el abono de la totalidad, y que posteriormente se descontara el cincuenta por ciento correspondiente que debería pagar la señora María Salvador Chiriboga (en adelante "María Salvador Chiriboga" o "señora Salvador Chiriboga"), en el momento de que se realizara el pago de la justa indemnización. Para ello, ofrecieron facilitar a la Corte una lista de las personas u organismos internacionales que podrían rendir el mencionado informe pericial. El 25 de septiembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Pleno de la Corte, en consideración de lo expresado por los representantes y el Estado, les informó que el Tribunal estimaba útil y oportuno solicitar a los representantes y al Estado una lista de los nombres de las posibles personas o entidades internacionales que podrían efectuar el peritaje. El 30 de septiembre de 2009 los representantes y el Estado remitieron, respectivamente, los nombres de las posibles instituciones internacionales que consideraron adecuadas para la práctica del eventual peritaje. El 2 de octubre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, solicitó a las partes que, a más tardar el 9 de octubre de 2009, presentaran, según fuera el caso, las observaciones que estimaran pertinentes a las referidas listas. El 6 de octubre de 2009 la Comisión informó que no tenía observaciones que formular respecto a las referidas listas. El 9 de octubre los representantes presentaron sus observaciones a la lista de instituciones propuestas por el Estado. Por último, el 29 de octubre de 2009 el Estado presentó sus observaciones a la lista de las posibles personas o entidades internacionales ofrecidas por los representantes.
El 18 de noviembre de 2009 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, se refirió a las listas de peritos presentadas por los representantes y el Estado, e indicó que luego de considerar dichas listas encontró que podrían existir coincidencias en cuanto al nombre de un perito, quien trabaja para una empresa propuesta por los representantes y que, a la vez, es afiliado a una entidad sugerida por el Estado. En razón de ello, solicitó a los representantes y al Estado que, a más tardar el 3 de diciembre de 2009, presentaran sus observaciones respecto a la posible coincidencia entre las entidades propuestas por ellos. El 30 de noviembre de 2009 los representantes ratificaron lo señalado en la audiencia pública celebrada el 24 de septiembre de 2009, respecto a la designación de una entidad internacional para que realizara un avalúo del inmueble. Al respecto, señalaron que existía coincidencia entre las entidades propuestas, ya que el Estado indicó como una potencial entidad para determinar el valor de la justa indemnización a una empresa, en la que sus miembros pueden rendir avalúos individualmente, y los representantes propusieron a una entidad que podría hacer el avalúo, y uno de sus integrantes es, a su vez, ejecutivo de la entidad propuesta por el Estado. En consecuencia, consideraron que la empresa propuesta por los representantes y su ejecutivo y avaluador se encuentran en plena capacidad de determinar pericialmente el valor de una justa indemnización, de acuerdo a la Sentencia de la Corte. El 8 de diciembre de 2009 el Estado, luego de que la Secretaría le reiteró el requerimiento de presentación de sus observaciones solicitadas el 18 de noviembre de 2009, manifestó que la entidad llamada a realizar el peritaje debe ser un grupo colegiado pluripersonal, imparcial e internacional de orden estrictamente técnico especializado en avalúos de bienes inmuebles. El Estado reiteró su posición de que para la elaboración del peritaje se designe a una empresa gremial o cualquier otro órgano agremiado a ésta, sin presentar nombres de personas en particular, y señaló que no estaba de acuerdo con el nombramiento de una empresa privada ni una persona en particular. Por último, el Estado propuso como un acto para mejor resolver que la Corte envíe el presente caso a una discusión virtual en el Foro Americano de Tasaciones (FAT) y que el cuerpo colegiado designado y un funcionario de la Corte realice una visita in situ al Parque Metropolitano de la Ciudad de Quito. En razón de lo expuesto anteriormente, la propuesta del Estado y los representantes de nombrar un perito internacional para la práctica del eventual peritaje no prosperó. Por otra parte, el Estado y los representantes, en diversas oportunidades reiteraron que la Corte tenía los elementos probatorios suficientes para fijar la justa indemnización del inmueble expropiado.
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. III
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver solicitada; las declaraciones testimoniales y periciales rendidas mediante affidávit y ante la Corte durante la audiencia pública celebrada el 19 de octubre de 2007, la cuales fueron ya admitidas en la Sentencia de fondo. De otra parte cabe señalar que, según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones, las partes deben señalar las pruebas que ofrecen en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con las potestades discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, ésta podrá solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiere. Al respecto, cabe señalar que las pruebas presentadas durante el proceso de reparaciones serán integradas al acervo probatorio del caso, que se considera como un todo. Por consiguiente, la Corte procederá a examinar la prueba aportada por las partes en el presente procedimiento de reparaciones.
1. Admisión de la Prueba Documental
En este caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente en la etapa de reparaciones que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. El Tribunal incorpora al acervo probatorio, conforme al artículo 45 del Reglamento, los documentos remitidos como prueba para mejor resolver por los representantes.
Los representantes presentaron, junto con el escrito sobre reparaciones, un informe pericial de avalúo preparado por Jakeline Jaramillo Barcia, autenticado ante fedatario público (supra párr. 4). En la audiencia pública y en un escrito presentado durante ésta, el Estado presentó observaciones relativas al contenido del documento y expresó su desacuerdo con ciertas afirmaciones y conclusiones del mismo. Asimismo, los representantes junto con el escrito sobre reparaciones remitieron un informe pericial elaborado por Rodrigo Borja Crizón sobre "Estimación de Producción", el cual no fue objetado por ninguna de las partes. En consideración de lo anterior, la Corte incorpora al acervo probatorio dichos informes periciales como prueba documental, los cuales valorará en conjunto con la prueba y las reglas de la sana crítica.
En cuanto a los documentos aportados por el Estado en la audiencia pública de 24 de septiembre de 2009, relativos a sus observaciones sobre las reparaciones de los representantes, así como las observaciones al informe pericial preparado por la señora Jakeline Jaramillo Barcia, respecto de los cuales el Estado reprodujo oralmente algunos alegatos contenidos en éstos en la audiencia pública, la Corte observa que los referidos documentos ya habían sido presentados en un momento anterior y se consideró su presentación extemporánea. No obstante lo anterior, los documentos presentados durante la audiencia pública fueron transmitidos a las partes, y no fueron objetados por ninguna de ellas.
Por otra parte, durante la audiencia pública la Corte solicitó al Estado y a los representantes la remisión, si lo consideraban conveniente, de normativa relacionada con ordenanzas municipales, generales o reglamentos vinculados con la situación del inmueble expropiado. El 13 de enero de 2010, después de tres meses de celebrada la audiencia pública, el Estado presentó un escrito titulado "observaciones del Estado sobre algunas inquietudes planteadas en la audiencia sobre reparaciones y costas" en el presente caso, en el cual incluyó diversos alegatos (supra párr. 11). Los días 28 de enero y 12 de febrero de 2010 en sus observaciones remitidas, respectivamente, los representantes y la Comisión manifestaron que dicho escrito no resultaba oportuno en relación con el estado del procedimiento de reparaciones, ya que la etapa procesal para presentar alegatos se encontraba cerrada, y solicitaron a la Corte la inadmisibilidad del escrito. Al respecto, los representantes señalaron, inter alia, que la información presentada por el Estado no responde a una resolución de la Corte en que se haya pedido información adicional, y que en dicha comunicación pretende dar contestación a las pretensiones de la víctima en materia de reparaciones, contenidas en su escrito de 13 de abril de 2009. Por su parte, la Comisión señaló la improcedencia del escrito porque el Estado lo presenta fuera de todo plazo; en el escrito entra a cuestiones de fondo del caso, desconociendo la Sentencia emitida por la Corte el 6 de mayo de 2008, y en algunos aspectos tiende a presentar alegatos sobre reparaciones, y sobre la pertinencia del pago de intereses del monto adeudado en relación con la expropiación. Dicho escrito fue transmitido a las partes, las cuales han tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa y al respecto los representantes y la Comisión presentaron las observaciones indicadas anteriormente. Además, la Corte nota que tal escrito contiene información útil sobre cuestiones relacionadas con la normativa que regula la situación del inmueble expropiado, así como sobre el cobro de los impuestos y multas por solar no edificado a la señora Salvador Chiriboga, que tienen relevancia para la resolución del presente caso.
En consideración de lo anterior, y del procedimiento sui generis de la etapa de reparaciones en el presente caso, la Corte decide admitir la documentación señalada en los dos párrafos precedentes por resultar pertinente y útil para la resolución del presente caso, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento. En consideración de las observaciones de los representantes y la Comisión, y el conjunto del acervo probatorio, la Corte valorará la documentación, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
En lo que se refiere a los veintiún anexos adjuntados al escrito del Estado de 13 de enero de 2010 y a los anexos presentados con las observaciones de los representantes el 7 de abril de 2010, este Tribunal hace notar que varios de los documentos ya habían sido oportunamente aportados por las partes y se encuentran admitidos en el acervo probatorio del presente caso. Sin embargo, respecto al resto de la documentación que no había sido presentada anteriormente, esta Corte decide admitirla por considerarla útil para la resolución del presente caso, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento.
En cuanto a la información presentada por los representantes el 14 de mayo de 2010 sobre la celebración en la jurisdicción interna de una audiencia el 7 de abril de 2010 ante la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, en el proceso de expropiación y sus anexos, la Corte observa que dicha diligencia ocurrió con posterioridad a la presentación de los escritos principales en este procedimiento. Este Tribunal considera que la referida información, así como la prueba presentada, cumple con los requisitos formales de admisibilidad y los admite como prueba superviniente, de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento.
Cabe reiterar que para el examen de las pretensiones de los representantes y las observaciones del Estado y la Comisión en la presente etapa de reparaciones, este Tribunal analizará las pruebas presentadas y admitidas durante el proceso que han sido integradas a un solo acervo probatorio. La Corte se referirá indistintamente a las pruebas presentadas, entre ellas, a los diversos informes periciales presentados en el curso del proceso, tales como los rendidos en la jurisdicción interna por Vicente Domínguez Zambrano y Manuel Silva Vásconez (cfr. párr. 21 de la Sentencia de 6 de mayo de 2008); los rendidos en el fondo del presente caso por Edmundo Gutiérrez del Castillo, Julio Raúl Moscoso, Gonzalo Estupiñán Narváez y Edgar Neira Orellana (cfr. párrs. 26 y 32 de la Sentencia de 6 de mayo de 2008), así como los aportados en la presente etapa de reparaciones rendidos por Jakeline Jaramillo Barcia y Rodrigo Borja Crizón (supra párr. 25). Igualmente, tomará en cuenta la Sentencia dictada en la jurisdicción interna el 3 de abril de 2009 por el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha (en adelante "Juzgado Noveno"), la cual fue apelada por el Estado y los representantes, debido a su disconformidad con el monto indemnizatorio fijado en ésta, para lo cual tendrá en cuenta las observaciones de las partes respecto a ésta.
Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. En el párrafo 134 de la Sentencia dictada por la Corte el 6 de mayo de 2008, el Tribunal consideró apropiado que la determinación del monto y el pago de la justa indemnización por la expropiación de los bienes, así como cualquier otra medida tendiente a reparar las violaciones declaradas en perjuicio de la señora María Salvador Chiriboga en la Sentencia, se hiciera de común acuerdo entre el Estado y los representantes, dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la notificación de dicha Sentencia. En el caso que no se llegara a un acuerdo, la Corte determinaría las reparaciones correspondientes, así como las costas y gastos. Como se indicó, en el plazo conferido las partes no lograron alcanzar un acuerdo (supra párr. 2). Dado lo anterior, de conformidad con el criterio fijado y reiterado en la jurisprudencia de la Corte respecto de la naturaleza y el alcance de la obligación de reparar, así como de las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en el Capítulo VI de la Sentencia de fondo, este Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por las partes sobre reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños derivados de las violaciones declaradas. En específico, la Corte estima que el caso sub judice tiene características específicas al tratarse de afectaciones derivadas de la falta de pago de una justa indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Convención. El propio artículo dispone que a fin de limitar el derecho a la propiedad privada se deberá otorgar el pago de una justa indemnización, como parte del requisito de la norma para poder restringir este derecho. En este sentido, la Corte analizará los parámetros para fijar el valor de la justa indemnización en la jurisdicción internacional, y posteriormente determinará los daños materiales e inmateriales, y dispondrá las indemnizaciones correspondientes, así como otras medidas para su reparación integral.
Parte lesionada La Corte tomará como parte lesionada a la señora María Salvador Chiriboga, en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en su perjuicio en el Capítulo VI de la Sentencia de fondo dictada el 6 de mayo de 2008. Justa indemnización exigida por el artículo 21 de la Convención Americana Los representantes alegaron que debe considerarse como justa indemnización "aquella que permita a la víctima mantener la integridad patrimonial", es decir, que no resulte en un detrimento del patrimonio, de tal manera que el valor de la indemnización sea idéntico al valor del bien expropiado que ha salido del patrimonio del titular de la propiedad. Agregaron que una forma de medir el valor del terreno es tener en cuenta el valor del bien en el mercado o el valor necesario para adquirir otros bienes de similares características a aquel expropiado. Manifestaron su desacuerdo con el Estado respecto al hecho que la expropiación grava y reduce el valor del bien, por lo que sostienen la tesis de que dicho acto no puede en ningún caso afectar la justa indemnización. Los representantes, en la etapa de fondo y reparaciones, manifestaron que el valor del bien en ningún caso podía ser menor a US$130,60 (ciento treinta dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos) por metro cuadrado, incluyendo el valor del bosque de eucalipto, y señalaron que el valor de la justa indemnización de la propiedad asciende a US$84.326.787,50 (ochenta y cuatro millones trescientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete dólares de Estados Unidos de América con cincuenta centavos), más sus intereses. Además, manifestaron en la audiencia pública de 19 de octubre de 2007, que un mecanismo adecuado para determinar el alcance de la reparación podría ser la entrega de tierras alternativas de igual extensión y calidad. Posteriormente en su escrito sobre reparaciones, los representantes señalaron que de acuerdo al informe de la perito Jakeline Jaramillo Barcia el valor comercial del inmueble en el año 1991 era de US$42.180.504,47 (cuarenta y dos millones ciento ochenta mil quinientos y cuatro dólares de Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos), considerando únicamente el avalúo del suelo de la propiedad. Agregaron que el valor de la plantación forestal se debería incluir al monto establecido, el cual tenía un valor de US$1.174.735,00 (un millón ciento setenta y cuatro mil setecientos y treinta y cinco dólares de Estados Unidos). Por lo tanto, los representantes solicitaron el valor total de US$43.355.239,47 (cuarenta y tres millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y nueve dólares de Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos) por concepto de justa indemnización. En el escrito sobre reparaciones manifestaron que a este monto se debería añadir el interés compuesto devengado.
El Estado manifestó que reconocería una "indemnización compensatoria […] que sea fijada en el marco del litig[i]o nacional o interamericano y se sustente en una pericia imparcial y apegada al valor real del bien sin tomar en cuenta la plusvalía [que] se ajusta a la realidad del país[,…] al presupuesto anual municipal y[,] sobre todo bajo el criterio expuesto por la Corte [… de que] una eventual indemnización no debe implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento [de] la víctima". Señaló que los valores que exige la víctima por concepto de indemnización son excesivos, porque corresponden al valor por metro cuadrado de propiedades que han ganado plusvalía en la zona urbana a lo largo de los años y pueden ser ofertadas y demandadas libremente. Agregó que los representantes desconocen el hecho de que los terrenos en cuestión no tienen un futuro desarrollo habitacional y por ello no pueden valorarse como bienes que se encuentran en el libre mercado. Alegó que ni en a la sentencia rendida en la jurisdicción interna ni en el informe pericial de Jakeline Jaramillo Barcia, presentado por los representantes, fue considerado que el inmueble en cuestión se encuentra dentro de una zona de protección ecológica, conforme a lo señalado por esta Corte en la Sentencia de fondo. El terreno posee coeficientes de ocupación mínimos del uno por ciento de su superficie y tiene además "varias limitaciones y prohibiciones", las cuales influyen directamente en el precio o indemnización. En ese sentido, el Estado estimó que, teniendo como base los criterios presentados por el perito Gonzalo Estupiñán Narváez para realizar el avalúo del predio, el metro cuadrado equivaldría a la cantidad de US$9,36 por metro cuadrado (nueve dólares de los Estados Unidos de América con treinta y seis centavos), lo que daría un total de US$6.043.635,25 (seis millones cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con veinticinco centavos). La Comisión señaló que se debe tener en cuenta que la víctima ha estado privada de la posesión de su bien y ha luchado por años para obtener justicia en su caso. En ese sentido, mediante escrito de 10 de julio de 2009 y en la audiencia pública sobre reparaciones de 24 de septiembre de 2009, manifestó que la Corte debe basarse en los párrafos 96, 97 y 98 de su Sentencia de fondo en relación con la justa indemnización por la expropiación del inmueble en cuestión, en el sentido que ésta debe ser adecuada, pronta y efectiva. Agregó que para que la justa indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del bien anterior a la declaratoria pública, destacando que dicha indemnización "debe pagarse en un plazo corto [dado que] desde hace más de una década, la víctima no puede ejercer efectivamente su derecho a la propiedad y se encuentra en un estado de incertidumbre jurídica." A continuación la Corte procederá a analizar la prueba aportada a través de las diligencias, peritajes y normativa en el trámite interno e internacional. Posteriormente, para la determinación de la justa indemnización, establecerá los criterios aplicables y fijará el monto y modalidades de pago.
1. Diligencias, peritajes y normativa en el trámite interno e internacional
A la luz del acervo probatorio presentado tanto en la etapa de fondo (primera etapa) como en la etapa sobre reparaciones (segunda etapa), la Corte estima relevante referirse a los siguientes peritajes, diligencias, normativa y práctica internacional. a) Diligencias relevantes en el juicio de expropiación
No. 1300-96
El 15 de febrero de 2007 el perito Vicente Domínguez Zambrano rindió un dictamen en la jurisdicción interna ante el Juzgado Noveno, mediante el cual determinó que la propiedad en cuestión no sería urbanizable debido al impedimento y resolución municipal y que el valor actual a la fecha del peritaje, sería de US$78.09 por m2 , por lo que la totalidad del terreno, que corresponde a 645.687,5 m2, tendría un valor de US$50.421.736,00. En la ampliación del informe de fecha 31 de mayo de 2007 sobre el valor del bosque de eucaliptos concluyó que éste corresponde a US$5.145.319,00. En consecuencia, el avalúo total del predio incluyendo dicho bosque sería de US$55.567.055,00.
El 19 de junio de 2007 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante, el Municipio) impugnó el informe pericial de avalúo alegando error esencial. Al respecto, el 11 de enero de 2008 el Juzgado Noveno concluyó que el Municipio "de ninguna manera legal había probado su alegación", por lo que desechó la misma y mencionó que tanto el actor como el demandado habían hecho observaciones al informe pericial, lo que demuestra que el mismo carece de suficiente claridad y en consecuencia nombró a Manuel Silva Vásconez para que rindiera un nuevo peritaje.
El 20 de mayo de 2008 Manuel Silva Vásconez emitió un dictamen, mediante el cual estableció que el valor del metro cuadrado a la fecha del peritaje era de US$63,83 m2 , que multiplicado por la extensión del terreno daría un valor total de US$41.214.233,12. Asimismo, determinó el valor del bosque de eucaliptos en la suma de US$669.146,00. Además, la Corte nota que el perito realizó un avalúo del terreno en el año 1996, fecha en que se dio inicio el trámite de expropiación en la jurisdicción interna, en el cual estableció el valor del metro cuadrado en US$28,19 por m2 , lo que el valor total representa US$18.201.930,62.
El 3 de abril de 2009 el Juzgado Noveno dictó sentencia de primera instancia y con base en el peritaje de Manuel Silva Vásconez ordenó el pago de la indemnización a favor de la víctima por el monto total de US$41.214.2333,12, y concedió al Municipio el término perentorio de ocho días para que depositara el dinero en esa judicatura. Dicha sentencia fue apelada por las partes. La señora María Salvador Chiriboga alegó que en la sentencia no se consideró el informe presentado por el perito Vicente Domínguez Zambrano, así como que al momento de fijar el valor del bien como justa indemnización, no se consideró la norma contenida en el artículo 244 de la Ley de Régimen Municipal, según la cual debió reconocerse un cinco por ciento adicional como precio de afectación. Por su parte, el Estado, alegó que "la sentencia [...] no es apegada a derecho ni a los fundamentos fácticos del caso[, ya que] el Juez [...] no consideró que el proceso se inició en 1993, luego de la declaratoria de utilidad pública para la creación del parque Metropolitano", y que el inmueble se encontraba dentro de una zona de protección ecológica, declarada como tal en 1981 denominada "Plan Quito" y la ordenanza de 1990 que determinó los límites del Parque Metropolitano. Actualmente, el caso se encuentra en consulta y apelación ante la Corte Provincial de Pichincha.
b) Peritajes rendidos en el trámite ante la Corte
El 1 de octubre de 2007 Edmundo Gutiérrez del Castillo, propuesto por la Comisión y los representantes, rindió su peritaje ante fedatario público, y manifestó que los terrenos ubicados en la parte occidental del Parque Metropolitano, entre los que se encuentra el de los hermanos Salvador Chiriboga, poseen las características para estimar que su valor es US$90 por m2 sin urbanizar, lo que implica un valor total de la propiedad correspondiente a US$58.111.875.
El 1 de octubre de 2007 Julio Raúl Moscoso Álvarez, propuesto por la Comisión y los representantes, rindió su peritaje ante fedatario público, el cual versa sobre derecho ecuatoriano y no sobre el valor del predio, no obstante, indicó que el valor del inmueble se fija con arreglo al valor que tenga el bien expropiado al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación y sus futuras ampliaciones. El peritaje rendido por la perito Jakeline Jaramillo Barcia, presentado por los representantes en su escrito sobre reparaciones el 13 de abril de 2009 ante esta Corte, mediante el cual establece la "vocación urbana" de la propiedad. Para realizar el avalúo del bien la perito utilizó el enfoque comparativo del mercado, que obtiene una estimación del valor de la propiedad, comparándola con precios de oferta de propiedades cercanas similares, los cuales constituyeron bienes urbanizados en este caso. De acuerdo con dicho informe pericial, los representantes consideraron que el valor del suelo de la propiedad en el año 1991, anterior a la declaratoria de utilidad pública, era de US$65,33 por m2 , correspondiente a US$42.180.504,47 del valor del terreno, al cual se debería sumar el valor de la plantación forestal de eucalipto, que, según el informe pericial de Rodrigo Borja Crizón, también presentado por los representantes, tiene un valor de US$35m3 correspondiente a US$1.174.735,00 por un volumen de madera de 33.596,86 m3 .
El peritaje de Gonzalo Estupiñán Narváez, presentado por el Estado, rendido tanto en la audiencia pública de 19 de octubre de 2007 así como mediante los escritos del Estado, el cual destacó que el terreno expropiado "jamás fue considerado por la Planificación Municipal como terreno urbano o con posibilidad de urbanización" y que la única posibilidad era el uso agrícola. Al respecto, el Estado se refirió en sus alegatos finales de 28 de noviembre de 2007, al proceso de valoración de dicho perito para realizar el avalúo de "los terrenos de expropiación localizados en espacios declarados de protección ecológica". Así, el Estado alegó que, dado que no se pueden implantar edificaciones en el predio en cuestión, se debería comparar la propiedad de la señora Salvador Chiriboga con predios rurales y, en consecuencia, aplicar criterios de valoración de inmuebles rurales, considerando su rentabilidad agropecuaria, ubicación y calidad del suelo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las ordenanzas municipales establecen una limitación casi total a los cultivos rentables en suelo colindante del área urbana; por ello, únicamente se permite su arborización para protección y un uso de recreación pasiva.
Basándose en estos determinantes del proceso de valoración del perito, el Estado mencionó, que dada la ubicación del predio en la periferia de la ciudad, no resulta adecuado establecer un valor netamente rural; por consiguiente, se debe determinar un método de cálculo que también considere su localización urbana. En consecuencia, usando el modo de cálculo del perito Estupiñán Narváez, el Estado alegó que el avalúo total del predio corresponde a US$6.043.635,25, siendo US$9,36 por m2, a la fecha entre el 7 y 10 de julio de 1997, lo que refleja el momento cuando ocurrió la ocupación del inmueble por parte del Municipio.
Por otra parte, adicionalmente a los informes periciales anteriormente analizados, la Corte considera útil tomar en cuenta otras fuentes complementarias que no fueron controvertidas y que contribuyen a valorar el justo precio. En primer lugar, se toma nota de las tablas que muestran los valores que se han fijado en acuerdos transaccionales, permutas y sentencias judiciales, respecto de varias propiedades que han sido expropiadas en la misma zona y, en particular, aquellas que disponen una superficie mayor a 30.000 m2. Entre ellas existe una gran variante en su costo, dependiendo la forma para alcanzar el monto definitivo, siendo las permutas los más bajos, dado el precio promedio de US$1,52 por m2, y los más costosos derivados de las sentencias judiciales, con un promedio de US$8,19 por m2. En segundo lugar, esta Corte toma en cuenta las valoraciones que han efectuado otros peritos en los juicios internos, así como las decisiones judiciales respecto de casos de expropiaciones de los predios en el área en cuestión, incluyendo terrenos urbanizados. Al respecto, de los datos proporcionados en los Juzgados de Pichincha se desprenden pagos por un promedio de US$47,52 por m2. c) Normativa interna aplicable en el procedimiento expropiatorio
La Corte observa que en el período comprendido para el trámite de expropiación ante la jurisdicción interna del predio en cuestión (desde el año 1991 a la fecha) son pertinentes los siguientes artículos de las diversas codificaciones a la Constitución Política del Ecuador.
Constitución Política de 1984, Art. 50. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro de conformidad con la ley. Constitución Política de 1978 codificada en 1997, Art. 62: Para fines de orden social, determinados en la Ley, el sector público, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen normas procesales, podrá expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que pertenezcan a los otros sectores. Se prohíbe toda confiscación.
Constitución Política de 2008, Art. 323: Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.
De conformidad con la normativa aplicable en la sentencia del Juzgado Noveno en el juicio de expropiación No. 1996-1300, el Tribunal nota que el procedimiento expropiatorio en el caso para fijar el justo precio está regido por las siguientes disposiciones relevantes, inter alia, artículos 321 y 323 de la Constitución Política, aprobada el 19 de julio de 2008; artículos 786, 788, 790, 791, 792 y 797 del Código de Procedimiento Civil, aprobado el 12 de julio de 2005, y artículos 242, 243 y 244 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aprobada el 5 de diciembre de 2005.
En vista de lo anterior, el procedimiento para fijar el justo precio consiste en que: a) el Estado puede declarar la expropiación de bienes por razones de utilidad pública, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley; b) tratándose de una expropiación urgente, la ocupación inmediata será decretada por el juez en la primera providencia del juicio, siempre que a la demanda se acompaña el precio que deba pagarse por lo expropiado y que el juicio continuará para la fijación definitiva de dicho precio; c) a la demanda de expropiación se deberá acompañar el valor del fundo, el cual se fijará con arreglo al valor al tiempo de iniciarse el expediente de ocupación, sin tener en cuenta la plusvalía que resulte como consecuencia directa del proyecto que motive la expropiación; d) presentada la demanda y llenados los requisitos determinados en el Código de Procedimiento Civil, el juez nombrará perito o peritos para el avalúo del fundo; e) para fijar la indemnización se tomará en cuenta el precio que aparezca de los documentos que se acompañan a la demanda y, cuando lo que se quiere expropiar comprenda una parte principal del fundo, podrá establecerse un precio justo según los peritajes; f) en todos los casos de expropiación se deberá pagar al propietario, además del precio establecido, un precio de afectación, y g) para fijar el precio el juez no estará obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros ni las municipalidades, y dictará sentencia dentro de ocho días de presentado el informe pericial.
d) Práctica internacional en casos de expropiación
Esta Corte nota que en el derecho internacional, a través de la práctica de diferentes tribunales internacionales, no existe un criterio uniforme para establecer la justa indemnización, sino que cada caso es analizado teniendo en cuenta la relación que se produce entre los intereses y derechos de la persona expropiada y los de la comunidad, representados en el interés social. Por su parte, se puede observar que la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante "Corte Europea" o "Tribunal Europeo") aplica distintos métodos de cálculo sobre los cuales fundamenta sus decisiones sobre reparaciones. Entre éstos destaca que para elegir el método de cálculo que servirá de base en la evaluación del valor del bien, toma en cuenta los precios en el mercado inmobiliario de bienes similares y examina las justificaciones a los avalúos propuestos por las partes. En caso de existir una diferencia importante entre las evaluaciones de los peritajes, el Tribunal Europeo ha desechado alguno de estos como elemento de referencia. Asimi