Source: https://www.scribd.com/document/81426695/Bloque-Constitucionalidad-Argentina-Impunidad
Timestamp: 2018-12-11 13:16:37
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Bloque Constitucionalidad Argentina Impunidad
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Por Manuel Eduardo Góngora Mera∗, enero 19 de 2007
Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las llamadas “leyes” de amnistía no son verdaderamente leyes: no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad. Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La reforma constitucional de 1994 introdujo un cambio sustancial al sistema jerárquico normativo en Argentina. Pizzolo lo describe gráficamente como el “achatamiento” del triángulo superior de la pirámide kelseniana, de modo que la figura resultante parece más un trapecio: “En la cúspide de todo el ordenamiento, el reinado de la Constitución dejó de ser absoluto y exclusivo para constituirse en un gobierno mancomunado junto a tratados internacionales [de derechos humanos] que pasaban a tener su misma jerarquía”. Bien aclara este autor que “[l]o anterior no significó de ningún modo sacrificar la noción de ‘supremacía constitucional’, pues, dichos tratados alcanzaron aquella jerarquía por una habilitación directa de la misma Constitución (...) La Constitución continúa siendo entonces la norma ‘fundante’ y ‘fundamental’ de todo el sistema, en esta particularidad radica hoy su carácter absoluto y exclusivo. Pero en cuanto al ‘parámetro’ que deben seguir las normas ‘infraconstitucionales’ para ser admitidas como válidas jurídicamente dentro del sistema, la Constitución dejó de ser el único referente”1. De lo que se deduce que en caso de que una norma interna contradiga un tratado internacional de derechos humanos, tal norma es inconstitucional, carece de validez jurídica y por ello es inaplicable. Esta reforma supone por consiguiente una importante ampliación del sistema de protección y garantías de los derechos humanos en Argentina, cuyos efectos se hacen evidentes en relación con la lucha contra la impunidad derivada de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En efecto, la aplicación judicial del derecho internacional de los derechos humanos y la cada vez mayor recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Argentina han configurado un mecanismo de garantías constitucionales mucho más amplio y eficaz del que existía previamente. Con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, la Corte Suprema argentina reconoce que su actuación se encuentra determinada no sólo por el ordenamiento jurídico nacional sino además por la jurisprudencia interamericana, lo que hace que esta institución escale hacia una posición intermedia entre el Estado y la comunidad latinoamericana, y por que no, incluso la sociedad global. Más allá del papel asignado a nivel estatal, la Corte Suprema de Argentina, al igual que otros tribunales constitucionales a lo largo y ancho del planeta, se han convertido en los
Abogado y magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Magíster en Economía Internacional y Política de Desarrollo de la Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Candidato a Doctor en Derecho Público de la Humboldt-Universität zu Berlin. Miembro del Nürnberger Menschenrechtszentrum.
Pizzolo, Calogero. Los mecanismos de protección en el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho interno de los países miembros. El caso argentino. En: Méndez Silva (Coord.) Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, No. 98. 2002, p. 514.
promotores de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, consolidando lo que algunos autores han denominado un “derecho constitucional internacional”. Este modelo de apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho penal internacional tiene efectos notables en la lucha contra la impunidad en Argentina, lo que será el objeto de estudio en este escrito2. En la primera parte se analizará la jerarquía normativa argentina; en la segunda el concepto y desarrollo jurisprudencial del Bloque de Constitucionalidad; en la tercera parte se estudiarán sus consecuencias jurídicas más destacables en relación con la lucha contra la impunidad ante los crímenes perpetrados durante la última dictadura.
Ubicación de los Tratados internacionales en la jerarquía normativa de Argentina
Cada Estado define el orden de prelación de las normas, esto es, qué norma prevalece en caso de conflicto. En relación con el derecho internacional, el debate mundial acerca de la posición que debe reconocerse a los Tratados internacionales en el derecho interno se vio reflejado en Argentina en la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En este aparte se expondrá la evolución jurídica del problema de la jerarquía normativa en Argentina, desde la prevalencia del derecho interno sobre el internacional hasta la conformación del Bloque de Constitucionalidad.
La jerarquía normativa antes de 1992
La Constitución de 1853 sólo contenía una referencia a la supremacía constitucional, ubicada en el artículo 31: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales”. Tal norma era citada como prueba de la primacía del derecho interno sobre el internacional, dado que establecía un orden literal de prelación de la que se deducía una relación jerárquica entre estas normas. Según esta interpretación, usada en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema3, la Constitución se encontraba en la cúspide del ordenamiento jurídico, luego las leyes nacionales, y por debajo de ellas, los Tratados.
En el caso argentino, un modelo alternativo de apertura constitucional al derecho penal internacional ha sido defendido con base en el artículo 118 de la Constitución, que incorpora el derecho de gentes en materia penal al derecho interno de manera directa (sin necesidad de ratificación de los tratados internacionales correspondientes). Sobre los alcances de esta remisión general al derecho de gentes, cfr. Malarino, Ezequiel. Persecución penal de crímenes internacionales: Informes Nacionales – Argentina. En: Ambos, Kai; Mallarino, Ezequiel (ed.). Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y España. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2003, p. 43 y ss. Si se adoptase esta interpretación de la Constitución, habría que concluir que desde el siglo XIX –y sin que nadie lo notase previamente– el derecho penal internacional gozaba de jerarquía constitucional en Argentina (lo cual situaría a esta Constitución entre las más visionarias y progresistas de la historia mundial) y por lo tanto, la reforma de 1994 sobre la jerarquía constitucional de ciertos instrumentos internacionales “agregó poco en lo que respecta a la incorporación de normas penales de derecho internacional”, como sostiene Malarino, cfr. ibid., p. 50. En este trabajo se demuestra que el “descubrimiento” del artículo 118 y la jurisprudencia revisionista sobre el valor normativo del derecho de gentes ha sido más bien el resultado de un largo y difícil proceso político y jurídico que tuvo como punto de partida la elevación a la jerarquía constitucional de ciertos tratados internacionales de derechos humanos. 3 Chantrain, Alfonso, sentencia del 01.01.1947, Fallos: 208:84.
Centro de Derechos Humanos de Nuremberg - Manuel Eduardo Góngora Mera
Tradicionalmente, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema antes de 1992 había preferido igualar las leyes a los Tratados, lo que en todo caso no superaba el despropósito de que un tratado pudiese ser derogado por una ley posterior o viceversa, pues ante la paridad de rango los conflictos se resuelven bajo el principio de que la norma posterior deroga a la previa4. En otras palabras, el cumplimiento de un tratado estaba sometido al riesgo de que a nivel interno perdiese validez jurídica por la expedición de una ley contraria a éste; con ello Argentina podía incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado no denunciado. De modo que Argentina podía contraer compromisos internacionales de los cuales podía sustraerse por acto de su exclusiva voluntad, lo que atentaba contra el principio pacta sunt servanda5. Pero para la Corte, el cumplimiento de los Tratados es competencia del poder ejecutivo, no del judicial. Por otra parte, la resolución de conflictos entre la Constitución y los Tratados internacionales tampoco estaba exenta de dificultades. Por vía de ejemplo, la Corte Suprema, en fallo de 19486, legitimó la incautación de los bienes de la empresa alemana Merck (a pesar de que la confiscación estaba prohibida expresamente por la Constitución7) debido a una supuesta exigencia internacional al respecto. Para la Corte, en tiempos de paz “la República Argentina se conduce dentro de la teoría dualista, que mantiene en el orden interno la supremacía de la Constitución sobre los tratados”8; pero en tiempos de guerra el país se aparta de tales principios y por ello el gobierno tiene la obligación de cumplir los Tratados “con todo rigorismo del que están animados”9. El dualismo defendido por la Corte se basaba además en la distinción de las normas internacionales como convenio entre naciones y como normas del ordenamiento jurídico interno. Esto suponía que los Tratados debían convertirse en ley interna para que éste tuviera eficacia jurídica. Dos consecuencias jurídicas pueden extraerse de esta postura: 1. En caso de conflicto entre la Constitución y los Tratados internacionales es posible declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado sin que el mismo sea tachado de inconstitucional10. Las normas consagradas en los Tratados no son de aplicación inmediata sino programática.
A pesar de ello, en diversos fallos la Corte admitió la operatibilidad directa de las normas internacionales, con lo que no se puede hablar de una línea jurisprudencial estable11.
Especialmente a partir de 1963, desde el fallo Martín y Cía. Ltda. S.A. c/ Administración General de Puertos, 1963, Fallos 257: 99. Esta postura fue reiterada continuamente (v. gr. S.A. Petrolera Argentina Esso S.A. c/ Gobierno Nacional, 05.06.1968, Fallos 271:7,) hasta 1992. 5 Cfr. Voto disidente del Dr. Tomas Casares en Autos Fagoaga y Fernández c/Nación Argentina de 1953. Fallos 225:493. 6 S.A. Química Merck c/Gobierno de la Nación, 09.06.1948, Fallos 211:162. 7 Cfr. art. 17 de la Constitución Argentina. 8 S.A. Química Merck c/Gobierno de la Nación, 09.06.1948, Fallos 211:162. 9 Ibid. 10 Cfr. Cabrera, Washington c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 5.12.1983, Fallos 305:2150. En este caso, la Corte Suprema declaró la invalidez de normas de tratados internacionales por violación a derechos consagrados en la Constitución. 11 Por ejemplo, en los casos Quebrachales Fusionados c/ Capitán del buque Aguila de 1927 (Fallos 150:84), Compañía Mihanovich c/Armadores del vapor Duquesa de 1932 (Fallos 165:144) y en Editorial Noguer de 1962 (Fallos 252:262) la Corte aplicó de manera directa normas internacionales. 3
para que se lo condenara a leer en un programa de televisión una carta que le remitiera contestando a Dalmiro Sáenz.1. No. La convención es un tratado internacional. y el Poder Ejecutivo lo ratifica emitiendo un acto federal de autoridad nacional. porque mediante una ley se podría derogar el acto complejo federal de la celebración de un tratado”. el derecho de respuesta no tenía carácter operativo. generando “un avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. La Corte encontró fundamentos normativos que permitían reconocer una jerarquía superior a los Tratados internacionales por sobre las leyes de la Nación y. operatibilidad directa12. exclusiva y excluyentemente. Una vez el caso pasó a conocimiento de la Corte Suprema. Debido a la ausencia de ley interna que estableciera los requisitos sustanciales y regulara el procedimiento. Gerardo Los problemas jurídicos que generaba la tesis dualista de la Corte Suprema. pues ya no es exacta la proposición jurídica según la 12 Como la Corte Suprema explica en el fallo sub examine. las relaciones exteriores de la Nación”. El juez a quo rechazó las pretensiones del actor al considerar que el artículo 14. 4 .. la Corte sostuvo que la Convención de Viena alteró “la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7. La Corte también fundó el cambio jurisprudencial a partir de consideraciones de derecho internacional. para lo cual citaba el artículo 33 de la Constitución de Argentina y el artículo 14. Miguel Angel c/ Sofovich. Por ello. “[L]a Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (. una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente. obligó a la Corte a cambiar radicalmente su postura. “la derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso violenta la distribución de competencias impuesta por misma la Constitución Nacional. un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno”13. y en particular el conflicto entre leyes y Tratados al considerarlos de igual jerarquía. Ekmekdjián instauró acción de amparo. constitucionalmente válido.2. de este modo. que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno.. fundado en el derecho de réplica. es un acto federal complejo.1 del Pacto de San José consagra el derecho de respuesta “en las condiciones que establezca la ley”.) confiere primacía al derecho internacional sobre el derecho interno. que es quien conduce. el actor no era titular de un derecho subjetivo sino que solamente tenía un interés de carácter difuso. 17.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 1. Por lo tanto. del Pacto de San José de Costa Rica (ratificado desde 1984). 13 Ekmekdjian Miguel Ángel c/ Sofovich Gerardo (Fallos 315:1492). Como la carta no fue leída. esto es. Un tratado internacional vigente. sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso Nacional. El primer argumento se sustentaba en el derecho constitucional. quien expresó frases que consideraba agraviantes en relación a Jesucristo y a la Virgen María en una audición en 1988. el Congreso Nacional lo desecha o aprueba mediante leyes federales. La supremacía de los Tratados internacionales sobre las leyes nacionales: el fallo Ekmekdjian. el análisis giró en torno a si el derecho de réplica reconocido en el Pacto de San José integraba el ordenamiento jurídico interno a pesar de la carencia de ley. El Poder Ejecutivo concluye y firma el tratado. según el principio del paralelismo de competencias entre los poderes del Estado. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. según el a quo. El reconocimiento de la supremacía de los Tratados internacionales sobre las leyes de la Nación se efectuó por primera vez en el fallo Ekmekdjian Miguel Ángel c/ Sofovich Gerardo (Fallos 315:1492). en palabras de la Corte. Miguel Angel Ekmekdjián promovió demanda de amparo contra Gerardo Sofovich. A continuación.
07.Manuel Eduardo Góngora Mera cual ‘no existe fundamento normativo para acordar prioridad’ al tratado frente a la ley. 14 15 Ibid. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que. 18 En el fallo Fibraca Constructora S.1993. y abonó el terreno para la reforma constitucional de 1994. Ibid.1994. 18. 27 de la Convención de Viena. La Corte admitió además que en la interpretación del Pacto de San José debe seguirse la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ello constituiría una violación del tratado. Ragnar v.. Si bien este fallo no está libre de inexactitudes y puede ser sometido a diversas críticas17.A. Fallos 317:1282 del 10.p. en sus efectos. representó una revolución jurídica en su momento. pues la Convención reconoce derechos y libertades a las personas. La omisión estatal de establecer disposiciones legales que hagan posible el ejercicio del derecho configura una conducta manfiestamente contraria al Pacto.asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria. 16 Cfr. 17 Cfr. El que los Estados partes puedan fijar las condiciones de ejercicio del derecho no impide su exigibilidad. 19. que compromete la responsabilidad internacional del Estado.1 dispone que el derecho de rectificación se ejercerá en “las condiciones que establezca la ley” quiere decir que dicho derecho sólo es exigible una vez que se emita una ley formal que establezca las condiciones en que el mismo puede ser concretamente ejercido. El bloque de constitucionalidad: la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional argentino.C. Cafés La Virginia S. Opinión Consultiva OC-7/86. Por lo tanto. Manili. del 22. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. sentó una línea jurisprudencial que se reiteró con posterioridad18. 5 . s/ Apelación.10. que en jurisprudencia previa había sostenido que el cumplimiento de los Tratados no hacía parte del ámbito de competencias del poder judicial. En consecuencia. 14. equivalgan al incumplimiento del tratado internacional”15. Fallos: 316:3176.A. 163-164. contestó rechazando este argumento y afirmando que allí se consagra un derecho de rectificación o respuesta en favor de toda persona. Vid.. “la necesaria aplicación del art. Tal fundamento normativo radica en el art.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . 2003.12. no faculta a los Estados para hacerlo. según el cual ‘[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado’”14. concluyó bajo la nueva línea argumentativa que le correspondía velar porque las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas a causa de actos y omisiones oriundas del derecho argentino. armonización e integración internacionales que la República Argentina ha hecho propias y elimina la eventual responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos internos”. Buenos Aires: La Ley. Poder Ejecutivo Nacional sobre juicio de conocimiento.1993. Pablo Luis. No. Ante la consulta efectuada a tal tribunal16 acerca de si cuando el art. del 07. Esta conclusión resulta la más acorde a las presentes exigencias de cooperación. No. la Corte sostuvo que “[l]a necesaria aplicación [del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados] impone a los órganos del Estado argentino -una vez asegurados los principios de derecho público constitucionales. que daría solidez a la nueva postura pro internacionalista de la Corte. además: Hagelin. si una persona no pudiera ejercer el derecho de rectificación. Finalmente la Corte Suprema.
María Graciela y Fraticelli. 20 Cfr. La jerarquía normativa en Argentina queda como sigue: 19 El artículo 75 regula las competencias del Congreso. Cabe destacar que a pesar de que la reforma constitucional se remonta a 1994. inciso 19) establece de manera tajante: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. tienen jerarquía constitucional. Llerena. Dieser. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. 03. gr. Solo podrán ser denunciados.05.3. 08.08. v. sino que además equipara a ciertos Tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución. como así también la violación al art. y a diversas normas contenidas en los tratados. en su caso.309 convocatoria de la Convención Nacional Constituyente prohibía expresamente introducir modificaciones a los primeros 35 artículos de la Constitución. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 17..05. conformando con ello lo que en la doctrina y jurisprudencia20 se ha denominado un “Bloque de Constitucionalidad”. la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Por ejemplo. la Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia. de modo que el artículo 31 ya discutido debía mantenerse intacto. El artículo 31 debía entonces interpretarse no como ordenador jerárquico entre tratados y leyes sino como regulador de la supremacía del derecho nacional sobre el derecho provincial en el ámbito interno. ratificando de esta forma la postura defendida desde 1992 por la Corte Suprema. el inciso 22 reconoce rango constitucional a Tratados internacionales sobre derechos humanos en los siguientes términos: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. no sólo reconoce la superioridad jerárquica de los Tratados frente a las leyes. 104 y 89 del Código Penal -causa N° 3221-. en el fallo Verbitsky la Corte afirma que “existe cuestión federal suficiente [si] se cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional. Sociales y Culturales. Horacio s/ hábeas corpus. Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones arts. Inhumanos o Degradantes. luego de ser aprobados por el Congreso. sólo a partir de 2000 se comienza a usar jurisprudencialmente la acepción “Bloque de Constitucionalidad” para referirse al fenómeno bajo estudio.05. El inciso 22 del artículo 7519 (anterior artículo 67. la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. 18 in fine del mismo cuerpo. La supremacía constitucional de los Tratados internacionales: la Reforma Constitucional de 1994 La discusión acerca de la posición jerárquica de las normas fue zanjada con la reforma de la Constitución en 1994. En estos fallos se utiliza frecuentemente la acepción “Bloque de Constitucionalidad” para establecer la competencia de la Corte Suprema en un asunto concreto. Verbitsky. la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer. por el Poder Ejecutivo nacional. no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 1.05. Esta curiosa ubicación de la reforma al orden de prelación normativo en Argentina obedece a que la ley 24. la Declaración Universal de Derechos Humanos. previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 6 . la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. A continuación. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos.06. a partir de la Reforma de 1994. Lo anterior significa que la Constitución.Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa N° 120/02-. convenciones y documentos internacionales que forman parte del bloque constitucional”. la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion Racial.
Concordatos. como se ha visto. gr. Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional (artículo 75. esto es. el proceso que se ha recorrido hasta la reforma de 1994 ha sido intenso y ha superado enormes obstáculos. hacen parte del Bloque una lista definida de Declaraciones y Tratados de derechos humanos. Manili. 2. si cumplen estas condiciones: 1. 123 y 129 de la Constitución) Como se puede apreciar. en Colombia se incluyen no sólo los Tratados internacionales de derechos humanos sino además las subreglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Vid. Infra. la diferencia entre ellos radica en el tipo de normas que incorporan dentro del Bloque. párrafo 1 de la Constitución) Leyes Nacionales del Congreso (artículo 28 de la Constitución). 21 22 Cfr. inciso 22. para el Tribunal Constitucional Español hacen parte del Bloque los estatutos de las comunidades autónomas y algunas leyes orgánicas. la Declaración de Derechos de 1789. 2.3. se otorga rango constitucional a los tratados que la Constitución establece o los que el Congreso por reforma adicione. gr. 5. según las reservas y declaraciones interpretativas introducidas por Argentina al ratificar o adherise a un tratado)21 y a nivel internacional (respetando la interpretación que efectúen los tribunales y organismos internacionales competentes para verificar el cumplimiento de un tratado22).Manuel Eduardo Góngora Mera 1. El Bloque de Constitucionalidad en Argentina La denominación “Bloque de Constitucionalidad” tuvo su origen en la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés. 3 y 4 de la Constitución) Decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo (artículo 99. 31. reglamentos del Poder Ejecutivo (artículo 76 y artículo 99. inciso 22. párrafos 2. 7 . cit. 181-186. Tratados de Integración. siempre y cuando hayan entrado en vigor según las normas del derecho internacional (v. desde el punto de vista del derecho interno argentino. fue adoptada posteriormente por el Tribunal Constitucional español en 1982 y luego por diversos tribunales constitucionales latinoamericanos durante la década de los novena. (artículo 75. v. inciso 3. 3. párrafos 2 y 3 de la Constitución) Otros Tratados Internacionales ratificados por Argentina. 2. que hayan reunido el número de ratificaciones necesario) y se apliquen “en las condiciones de su vigencia” a nivel interno (v.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . En Argentina. op. Corresponde a continuación analizar detalladamente el contenido del inciso 22 del artículo 75 para profundizar acerca de las características del nuevo modelo y de los efectos jurídicos del reconocimiento del rango constitucional a los Tratados internacionales de derechos humanos. gr. el Preámbulo de la Constitución de 1946 y los principios fundamentales de las leyes de la República. nota 17. p. 4. Por ejemplo: para el Conseil d’Etat el Bloque está compuesto por la Constitución. Cada tribunal ha entendido por “Bloque” el conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico. inciso 2 de la Constitución) Derecho Local (artículos 5. etc. el problema de la jerarquía normativa no ha tenido respuestas unívocas a lo largo de su historia. Que estén vigentes.
d.778 (2003)26. 16. que prevalecen por sobre las leyes ordinarias pero que son válidas únicamente en la medida en que no afecten los derechos consagrados en la primera parte de la Constitución. como en el caso del Bloque de Constitucionalidad colombiano25. 2. de forma que amplíen el marco de protección. por ley 25.1998. Que no deroguen artículo alguno de la primera parte de la Constitución. 22 de la Constitución Nacional configuran normas constitucionales de segundo rango. Según este principio. Enumeración de los instrumentos internacionales de derechos humanos que conforman el Bloque: El constituyente argentino optó por enumerar una serie de Declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos en lugar de hacer una referencia general a los mismos. Ejemplo de ello lo constituye la inclusión en el Bloque de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. las mismas voluntades que se requieren para celebrar.04.2. Chocobar. Petric. que otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales. pues según el párrafo 3. 14 y 32 protectores de la libertad de prensa”. con base en el principio del paralelismo de competencias entre los poderes del Estado. que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción. Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.12. el Congreso puede elevar nuevos Tratados de derechos humanos a la jerarquía constitucional mediante mayoría calificada. juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir”. 25 Constitución de Colombia. a.1. Apertura constitucional: Tal lista no es rígida. c. 27 “La rigidez constitucional de los tratados de derechos humanos ha sido sostenida en el sistema constitucional argentino. inc. los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna. inc. 22 de la Constitución Nacional. lo que significa que no pueden invocarse las Declaraciones o Tratados que hacen parte del Bloque para eliminar o reducir el alcance y protección de un derecho que reconoce la Constitución23. prevalecen en el orden interno”. las Declaraciones y Tratados que hacen parte del Bloque deben interpretarse de manera extensiva frente a los derechos reconocidos en el texto constitucional. Esto permite que derechos que no se encuentran explícitamente reconocidos en el texto constitucional por la vía del Bloque sean tutelables de manera directa en Argentina. Esta rigidez normativa es una b. Este aparte se dedicará al estudio de las características específicas del Bloque de Constitucionalidad de Argentina y sus efectos en el ordenamiento jurídico interno. 26 Vid. con lo que se impide que el Presidente por sí solo denuncie alguno de los Tratados incorporados al Bloque27. Que se interpreten como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. sino que asimila los intrumentos internacionales de derechos humanos enunciados en el inciso 22 del artículo 75 a la Constitución misma24. Rigidez constitucional: Los instrumentos de derechos humanos que tengan jerarquía constitucional pueden ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional únicamente con la previa autorización del Congreso. Augusto César Belluscio en el fallo Petric: “Los tratados internacionales mencionados en el art. 3. puede citarse la disidencia del Dr. 23 “En el art.1996. artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso.3. Infra. Características Igualdad de rango de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Constitución: La Constitución de Argentina no sólo reconoce la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. 75. 3. aprobar y ratificar un tratado deben estar 8 . 75.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 2. 27. Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad. es decir. que incluye los arts. 24 Contra esta postura mayoritaria de la Corte Suprema.
los derechos reconocidos en la Constitución deben interpretarse armónicamente con los reconocidos en las Declaraciones y Tratados que hacen parte del Bloque29. Diego Rodolfo s/ querella p/ calumnias e injurias c/ Amarilla. Según este punto de vista. mediante el que se otorgó jerarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han transcripto. el inc. 1813.09. en el caso de la libertad de prensa la Corte explica que “[e]l alcance de la garantía constitucional de la libertad de prensa reconocido desde antiguo por la Corte coincide con el contenido de los tratados internacionales –posteriores– que regulan su ámbito y que hoy integran nuestros textos constitucionales”. Cfr. inc. 22. En: Brusa. los tratados con jerarquía constitucional. Las consecuencias de la jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg .internationaljusticeproject. Es decir. se ubican en un plano levemente inferior al de la CN. Alonso. 29 Por ejemplo. es decir. y lo mismo cabe predicar respecto de las disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución –entre ellas. (…) [D]e ello se desprende que la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio constituyente. de manera que el Estado pueda responder adecuadamente a sus compromisos internacionales31. por consiguiente. debería concluirse que la salida de normas del Bloque a través de la denuncia del ejecutivo y la aprobación del Congreso constituye una reforma constitucional. e. 30 “[E]l art. que aquéllos ‘no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos’. si en la negociación. cuya imprevisión no cabe presumir. Ayala Corao. Sentencia del 26. en caso de conflicto entre la [Constitución Nacional] y los tratados constitucionalizados. Armonía interna: Según la Corte Suprema. debe prevalecer la primera. considerandos 20-22. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes. 28 En Argentina la reforma constitucional es un procedimiento que se desarrolla en dos instancias: la primera. Esta característica del Bloque supera la posición de algún sector de la doctrina que sostenía la existencia de relaciones intrajerárquicas dentro del Bloque de Constitucionalidad32. Carlos M. y en su aprobación interviene el Poder Legislativo. Jorge Francisco s/ recurso de casación. Juan H. juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer y contradecir. 31 “Las cláusulas constitucionales y las de los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía. del 19.2002 (Disidencia del Dr. Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación.org/pdfs/Ayala-speech. 797/93. El problerna habría sido resuelto de anternano por el propio constituyente al afirmar el carácter cornplernentario de estos tratados y la imposibilidad de que pudieran derogar artículo alguno de la primera parte de la CN. de sus miembros. son complementarios y. Como ordena el inciso 22 del artículo 75. [D]e tal modo. estos instrumentos no pueden interpretarse de manera que eliminen o reduzcan la esfera de protección constitucional. en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna. el Poder Ejecutivo”. el artículo 30 de la Constitución establece: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes.1996. de modo que la concordancia entre los Tratados y la Constitución es un juicio constituyente30.2006. los instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque deben armonizarse entre sí. pues no cabe sostener que las normas contenidas en los tratados se hallen por encima de la segunda parte de la Constitución”. causa No. Se admite de este modo la posibilidad 9 . ante el Congreso Nacional para la aprobación de la necesidad de reforma. Monges. 19 del art. Amarilla. no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente”. si se acepta la tesis de que los instrumentos del Bloque se incorporan a la Constitución. Antonio Boggiano). 29.2003 (Voto de los Dres. establece. Con todo. Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento. En efecto. por lo tanto. sino que deben interpretarse complementariamente. pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto”. Analía M c/Universidad de Buenos Aires. 11. aunque conforman el bloque de constitucionalidad. s/ recurso extraordinario en autos: “Gorvein. Al respecto. Así mismo.12. así lo han juzgado al hacer la referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y. 75– aunque el constituyente no haya hecho expresa alusión a aquélla. entonces en la autorización de la denuncia debe intervenir el Poder Legislativo y en la denuncia internacional. al menos.pdf Consultado el 02. 75. Esto significa que la Constitución consagra un procedimiento especial de reforma frente al establecido en el artículo 3028. ante la Convención Nacional Constituyente para la consideración y aprobación de la reforma propiamente dicha. no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente.12. 32 “Para una parte de la doctrina.” . presentes para su denuncia.1998.expte. en su última parte.11.09.Manuel Eduardo Góngora Mera garantía contra eventuales intentos del ejecutivo por limitar el alcance del Bloque. la que establece los derechos y garantías de los individuos (artículos 1 a 43). la segunda. En: http://www. firma y ratificación del tratado interviene el Poder Ejecutivo. Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez). Juan H. los tratados complementan las normas constitucionales sobre derechos y garantías.
s/ impugnación de paternidad. b. Carlos S.2. 12. p. así como el de velar por la buena fe que rige la actuación del Estado en el orden internacional para que se cumpla cabalmente con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos33. El Bloque sirve como regla de interpretación y como instrumento para limitar la validez de las normas subordinadas que sean aplicables a un caso concreto.03. gr. Esto es válido no sólo para el análisis sobre la constitucionalidad de las leyes. Corresponde al Estado velar porque las normas internas sean acordes con el Bloque34. Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación) formula observación estatutos UNC -art. Irradiación del poder normativo del Bloque a ordenamientos internos: Las normas que integran el Bloque son fuentes de derecho no sólo para las autoridades públicas sino para todos los sujetos de derecho. 01. el operador jurídico debe aplicar el Tratado.A. Roberto y otros (La Tablada). de la existencia de relaciones intrajerárquicas dentro de un sisterna de norrnas que revisten todas jerarquía constitucional. D.2000. 34 Esto ha sido materia de análisis de la Corte Suprema.12.1999. 10 . La posibilidad de contradicción entre la CN y los tratados con jerarquía constitucional estaría excluida de antemano por la aplicación de la conocida regla de hermenéutica constitucional que exige una interpretación armonica”. En caso de incompatibilidad entre un Tratado de derechos humanos y una ley o decreto. Malarino. como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal. Disidencia del Dr. Vid. 42. Antonio Boggiano. Inconstitucionalidad de las actuaciones estatales contrarias a los derechos reconocidos en el Bloque: todo acto del poder público que desconozca. La CN y los tratados constitucionalizados conforman un plexo indisociable de derechos y garantías. nota 2. los instrumentos que hacen parte del Bloque son directamente aplicables por los órganos de poder estatal en Argentina. 21. en el caso de los reglamentos universitarios: “Es el Estado Nacional el que ha de velar porque las normas internas -con inclusión de los estatutos universitarios como normas derivadas. A. op. Horacio David y otro s/ recurso de casación . 34 ley 24. Felicetti. Disidencia del Dr.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 2. 27. de P. Expansión de la labor interpretativa de los jueces: A la hora de aplicar la Constitución y garantizar su supremacía. c/ O. C. pero esto no es un asunto que atañe a la operatibilidad de la norma sino al cumplimiento de las obligaciones estatales relativas a la adopción de medidas legislativas.05.1996. Esto no desconoce que en muchos casos se requiere desarrollo legal para que las normas internacionales sean efectivas. c. H.04.no contradigan las disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. c/ Societa Per Azioni Commerciale Iniziative Spettacolo. cit. además: Paris Video Home S. viole o amenace gravemente los derechos garantizados en los instrumentos que hacen parte del Bloque es inconstitucional. los jueces no sólo deben tener en cuenta el texto constitucional sino además los instrumentos que hacen parte del Bloque. a. v.11. d. sino para toda la acción judicial ordinaria.causa n° 32/93.. Este punto de vista ha sido criticado por parte de la doctrina con el argurnento de que no sería adrnisible la existencia de diferentes niveles de jerarquía dentro del mismo plano constitucional.1999..521-. 07. le corresponde -en la medida de su jurisdicción. La Constitución asigna además a la Corte Suprema el deber de salvaguardar la vigencia de la Constitución y de los instrumentos sobre derechos humanos que hacen parte del Bloque. V. Efectos jurídicos del Bloque Aplicabilidad directa de los instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque: independientemente del carácter programático de algunas normas internacionales.1995. 33 “A la Corte. ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional”. Fayt.aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado. Giroldi.
Constitucionalización de derechos consagrados en normas internacionales: La reforma constitucional de 1994 permitió incorporar con jerarquía constitucional. la interpretación de buena fe y el pacta sunt servanda. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. la Constitución ve complementado su artículo 16 sobre la igualdad formal ante la ley37 con el moderno enfoque de la igualdad real de oportunidades y la consagración de medios concretos para lograrla38. En: Ekmekdjian. Damsky. como complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la primera parte de la Constitución de 1853-60. la Declaración Universal de Derechos Humanos se considera parte de la legislación consuetudinaria internacional y de cumplimiento obligatorio para Argentina como Estado miembro de las Naciones Unidas. h. 161-206. Incorporación de los principios de interpretación del derecho internacional: La Corte Suprema. Alice. por lo que su cumplimiento es obligatorio. Con ello. 35-56. entre otros35. los derechos consagrados en los instrumentos que hacen parte del Bloque. La construcción del derecho a la salud en Argentina a partir de la internacionalización de los ordenamientos jurídicos. vid. entre ellos. Sin embargo. 18 y ss. Buenos Aires: Del Puerto. son tan vinculantes como éstos. artículo 16: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre. Esto representa un reconocimiento del elevado poder normativo que estos dos instrumentos han alcanzado internacionalmente a lo largo de las últimas décadas. ha reconocido principios del derecho internacional de enorme importancia. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. gr. como el principio pro homine. Beatriz L. 38 Sobre los avances en las formulaciones de la igualdad con la reforma constitucional de 1994 y los alcances de la expresión “igualdad real de oportunidades” del art. p. Protección ampliada del derecho a la igualdad: Al incluir dentro del Bloque la Convención de Naciones Unidas sobre la Discriminación Racial. 2000. Isaac Augusto. Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo. 36 Aún si no hubiera sido incluida dentro del Bloque. ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. en reiterada jurisprudencia. Gabrielli. Poder vinculante de las Declaraciones de Derechos Humanos incorporadas al Bloque: El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución reconoce jerarquía constitucional a dos Declaraciones: la Declaración Universal de Derechos Humanos36 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. como también en el artículo 20 (que reconoce a los extranjeros todos los derechos civiles del ciudadano. el derecho a contraer matrimonio39).2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. En: Cienfuegos Salgado. el de “casarse conforme a las leyes”). Martin. David. 1997. tanto civiles y políticos (v. Ferreyra. Miguel Ángel. relativo a la seguridad social.1). 37.Manuel Eduardo Góngora Mera e. Estudios en homenaje a Marcia Munoz de 11 . Cfr. como parte de los derechos del consumidor. con la reforma constitucional de 1994 este derecho se incorporó con jerarquía constitucional a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. Cfr.07. María Carmen (Coord). Buenos Aires: Depalma. 17. a pesar de haber tenido un procedimiento de elaboración diferente al de los Tratados.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales. En relación con éstos últimos. 16. 23. 40 La Constitución de 1853-60 sólo tenía una referencia indirecta al derecho a la salud en el artículo 14bis. pp. 37 Constitución de Argentina.2). En: Abregu y Courtis. como derechos sociales (v. La reforma constitucional de 1994 hizo expreso el derecho a la salud en el artículo 42. Este pronunciamiento se basó en un caso relacionado con la obligación de los miembros de las fuerzas militares de solicitar autorización para contraer matrimonio. Macías Vázquez. 05. Acrecimiento de derechos y garantías y creación de órganos de control en la reforma constitucional de 1994 – Su influencia en el sistema democrático y republicano. el derecho a la salud40). 35 Cfr. Raúl Gustavo (Coord). gr. La Reforma Constitucional de 1994 y su influencia en el sistema republicano y democrático.1996. p. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. g. La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales locales: una introducción. y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Pero son las normas internacionales de derechos humanos que hacen parte del Bloque las que reconocen in extenso este derecho. Abregu. la Corte f. 39 El derecho a casarse se halla implícitamente comprendido en los artículos 33 y 19 de la Constitución argentina.
unifr. México. 16. Vid.2. Mestres. y A. Luis María c/ Instituto Obra Social de la Provincia de Corrientes. 2006. especialmente en relación con el derecho a la salud. la autoridad pública se negaba a prestar los servicios necesarios para mejorar la vida de un niño con parálisis cerebral que carecía de cobertura de obra social.05. Nilda Noemí c/ I.12.06. s/ amparo 16. la Corte defendió la constitucionalidad de la ley 24.1998. profesionales y de otra índole (art. En idéntico sentido.pdf Consultado el 19. 45 Cfr. Hospital Británico45 (sobre los compromisos sociales de las entidades de medicina prepaga). Andrea Cristina y otro por sí y en representación de su hijo menor H. Salud – Sec. En este caso.09.06. jeringas descartables y pañales descartables. y Reynoso46 (sobre el derecho a la salud en conexidad con el derecho a una vida digna). En este fallo. cubriendo el vacío que al respecto existía en el texto constitucional de 1853. En: http://www. y A.bibliojuridica. cfr.2005.08. en relación con el derecho a la intimidad de los niños47 y el concepto de “interés superior del niño”48 y en la aprobación de la Ley 26. v. véase: Angel Basilico. además de insulina.S.061 de Protección Integral de los Derechos de Alba Medrano: Bioderecho. epidémicas. 11. gr. Fallos 324:3571. El caso se basó en el peligro inminente que corría un menor ante la cesación del suministro gratuito de un medicamento indispensable para tratar un padecimiento grave en la médula ósea. 12 . entre otros. la Corte Suprema había abordado el problema del peligro inminente en un obiter dictum sobre el resguardo del interés superior de la salud de los niños y la obligación estatal de asumir el gasto de salud como inversión prioritaria. inc.11. En relación con el derecho a la salud colectiva puede también consultarse: Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud . Monteserrín Marcelino c/ Estado Nacional –M.. le corresponde aplicar -en la medida de su jurisdicción. tratamiento y suministro de medicamentos a los enfermos de HIV/SIDA registrados en los hospitales). Fallos 323:1323. S. y A. incluyendo a la Corte Suprema. Ronald. 1977. que la Convención sobre los Derechos del Niño -art.S.ch/derechopenal/articulos/pdf/Basilico1. El fallo se sustentó en la jerarquía constitucional de la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. 01. Taking Rights Seriously. 43 Cfr. El Respeto a la Intimidad del Niño Victima de Delito como Garantía. http://www. como lo evidencian los casos Campodónico42 (sobre el factor de inminencia ante un grave peligro para la salud y la responsabilidad subsidiaria del Estado ante un eventual cese de cobertura). 11. Policlínica Privada c/ Municipalidad de Buenos Aires. Vid.2003. E.N. Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional –M. s/ adopción. Ricardo. endémicas.07. 75. Fallos 321:1684. c/ Estado Nacional s/ amparo.S. 3°. Asociación Benghalensis44 (sobre la obligación estatal de asistencia. Ley Fundamental)”. 47 Cfr.S. la Corte reconoce que se suministre con cobertura total a una mujer de escasos recursos que padece de diabetes.2001.S.. 12. orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos.2001. Asociación Benghalensis c/ Estado Nacional –M. Esto ha tenido expresiones concretas en la jurisprudencia de la Corte Suprema. 13.2004.S.986.2006. 18. En estos fallos la Corte desarrolla el carácter vinculante de los instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque y que se refieren a la protección de la salud. L.J. con la preeminencia que la Constitución les otorga (art.pdf Consultado el 21.c del PIDESC).10. tecnología. Universidad Nacional Autónoma de México. Monteserrín43 (sobre la obligación estatal de mejorar la salud y la inoponibilidad de planteos de restricción presupuestaria ante el interés superior de los niños).2006. 44 Cfr. Sobre el tema.10. Campodónico de Beviacqua Ana c/ Min. s/ amparo. 26. cfr.061.11. Dworkin.08.P. que obligaba a las empresas de medicina prepaga a proveer en sus coberturas las “prestaciones obligatorias” dispuestas para las obras sociales. Comité de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño en la Argentina s/ amparo. a la cual.S. Constitucionalización de los Derechos Humanos de sujetos específicos: Al incorporar al Bloque las Convenciones sobre la discriminación de la mujer y sobre los derechos del niño. 41 Cfr. como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal. 02. véase: Sánchez. En sentido similar.754. 16. 46 Reynoso. 14. el constituyente de 1994 estableció una protección más amplia e integral sobre estos sujetos.Estado Nacional s/ acción de amparo . 20. además: Floreancig. 48 “La consideración primordial del interés del niño.los tratados internacionales a los que nuestro país esta (sic) vinculado.2000. i.2000. pero en el caso de un adulto.12.2006. 22.S.1impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a los menores. Programa de Salud y Bco. Fallos 323:3235.03. en tanto son “absolutamente indispensables [para] continuar con una vida mínimamente digna”. Previamente.2006.2005. En este caso.org/libros/5/2252/10. 42 Cfr. C.2003. Norma Rosa c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo. 24.medida cautelar. salud y derecho genómico. además el artículo 3 de la Ley 26. de Drogas Neoplásicas. Fallos 324:754.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad Suprema se ha tomado los derechos sociales en serio41 y ha desarrollado una jurisprudencia progresista.
Ayala Corao. 49 Esta ley. ya en 1992 -antes de la reforma del 94 que constitucionalizó tratados sobre derechos humanos. sino que incorpora la figura de los crímenes de lesa humanidad (no contemplada en la ley penal). decisión o medida administrativa. artículo 1)’”. gr. judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad (…) Los derechos y garantías de los sujetos de esta ley son de orden público. el encierro de menores que viven en situación de pobreza) eran incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño.849) ya desde 1990. derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.12. a los que corresponden deberes específicos de la familia. v.08. la Corte Suprema de Justicia de la Nación. sancionada en septiembre de 2005. 13 . Maldonado. que adopta el enfoque de “sujetos de derechos” de la Convención sobre los Derechos del Niño50. cuyo enfoque (el niño como objeto pasivo de intervención estatal) e instrumentos (v. interdependientes. cit. Con la inclusión de estos instrumentos en el Bloque de Constitucionalidad Argentina no sólo fortalece la lucha contra la tortura. Niñas y Adolescentes49.ha venido sentando ese criterio al indicar: ‘Que la interpretación del Pacto debe. l. Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-. que fue ratificada por Argentina (ley 23. esto es. particularmente en casos relativos a Argentina.Manuel Eduardo Góngora Mera Niños.2005. representa un avance fundamental para la protección efectiva de los niños y niñas en Argentina.061. Hasta entonces mantenía su vigencia la Ley 10. en todo acto. además el artículo 4 de la Ley 26. Costa Rica y Colombia. op. además guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 51 “Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos. Inhumanos o Degradantes y a la Convención contra el Genocidio tiene una relevancia jurídica fundamental. j. Este derecho tiene también jerarquía constitucional en relación con los demás instrumentos que hacen parte del Bloque cuando éstos establezcan órganos y mecanismos internacionales de protección de los derechos que consagran. uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de San José (Estatuto. 07. indivisibles e intransigibles”. Ferrer de Leonard. Inclusión de nuevos tipos penales y reforzamiento de los existentes: La jerarquía constitucional otorgada a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.se evidencia con el artículo 2 de la ley en comento: “La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia. en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica”. la sociedad y el Estado. irrenunciables. la Corte Interamericana de Derechos Humanos53. las normas provinciales que se arrogen competencias que corresponden al nivel nacional –según los Tratados y Declaraciones de Derechos Humanos que hacen parte del Bloque– son inconstitucionales y pueden eventualmente comprometer la responsabilidad del Estado52. y el reconocimiento de estos derechos constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa. nota 277. estas Convenciones se han ido convirtiendo –lentamente– en el marco mínimo de los derechos de la mujer y el niño.2003 53 “La obligatoriedad de las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana ha venido siendo reconocida expresamente por las propias altas jurisdicciones latinoamericanas. 12. En Argentina. tanto en la legislación como en las políticas públicas51. la disposición tutelar. gr. k. debido a la experiencia histórica de Argentina durante el período de la última dictadura. De este modo.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . Vid. Reconocimiento del derecho de petición individual ante órganos internacionales y habilitación de la jurisdicción internacional de los Derechos Humanos: La inclusión en el Bloque de Constitucionalidad del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene el efecto jurídico de reconocer la jerarquía constitucional del derecho de petición individual ante las Naciones Unidas. Modificación de competencias en el orden interno: En un Estado federal como Argentina. Este caso en particular se analizará a continuación en detalle. Josefina y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ amparo. y tienen además derechos especiales derivados de su condición. menores y adultos.903 de Patronato de Menores (sancionada en 1919). 50 La dificultad para lograr que la Convención sobre los Derechos del Niño tuviera aplicación efectiva en el ordenamiento interno argentino –a pesar de su jerarquía constitucional. 52 Cfr.
62 y 64 Convención Americana y artículo 2° ley 23. pp. El carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana Debido a la trascendencia que el último efecto mencionado tiene para el análisis del tema a desarrollar en este trabajo.mx/redalyc/pdf/197/19790111. Y otros s/ recurso de casación”. “en las condiciones de su vigencia” (art. Esto significa que la Corte debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Las relaciones entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales en materia de derechos humanos.pdf Consultado el 02. 07.3. arts. párr. Sagüés. Experiencias en Latinoamérica. pero discutible en virtud de que la referida Comisión no es un Tribunal. Así lo estableció la Corte desde el Fallo “Giroldi” (1995): [L]a ya recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre derechos Humanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente.054 (confr. Horacio David y otro s/ Recurso de casación -causa No. En: Ius et Praxis . Chile. 12.1996. 32/93. Horacio D.1995. 2°) esto es. de hecho. ni sus decisiones obligan a la Corte Interamericana. 2° de la ley 23.uaemex. Bramajo. Como ya se mencionó. 75 de la Constitución Nacional. 22.J. según la Corte Suprema de Argentina. De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer en todo los caso relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Ha sido en cambio más debatida en la jurisprudencia argentina la posibilidad de otorgar un tratamiento semejante a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. doctrina de la causa G:342. “Giroldi. 14 .054) 54. 205-221. esta postura es “por cierto encomiable desde el punto de vista de la adaptación de los tribunales argentinos a organismos supranacionales. art. Universidad de Talca.9. como órgano que fija las pautas interpretativas de la Convención Americana y demás instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano.11. inc. esto es. 22. que bien puede diferir de las conclusiones de la Comisión”. Néstor Pedro. inc. número 001.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 2. s/rec. considerando 8. 75. 54 55 Giroldi. 9.año/vol.XXVI. En el Fallo “Bramajo”. En opinión de Sagüés. tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. H.04. “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75. http://redalyc.2006. es importante profundizar acerca de la recepción de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos por la Corte Suprema de Argentina. la Corte consideró que las opiniones de la Comisión debían servir de guía para la interpretación de los instrumentos interamericanos: [L]a “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecido (sic) por voluntad expresa del constituyente. la expresión “en las condiciones de su vigencia” del artículo 75 inciso 22 significa que los instrumentos de derechos humanos incorporados al Bloque deben ser aplicados según la jurisprudencia de los tribunales internacionales y demás órganos competentes para su interpretación. sentencia del 7 de abril de 1995)55. 2° párrafo). considerando 11.
muy especiales. Para casos distintos a aquel donde la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana vertieron su opinión consultiva. en los fallos “Acosta”56 y “Felicetti”57 la Corte sostuvo que si bien la jurisprudencia de los tribunales internacionales competentes para la interpretación y aplicación de los instrumentos que hacen parte del Bloque debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales.. El tercer aparte de este texto se dedicará particularmente al estudio de los efectos jurídicos de la consagración del Bloque de Constitucionalidad en Argentina. op. Felicetti. sentencia de 21. Sin embargo. tomando como centro de análisis la lucha contra la impunidad ante delitos de lesa humanidad. a la luz del desarrollo jurisprudencial argentino. nota 55. pp. a cumplirla lealmente. 2. 3. Por lo tanto. sentencia de 22. pues no se tratan de decisiones vinculantes para el poder judicial. Para y dentro de un caso concreto. 215-216. Corresponde a los tribunales domésticos realizar siempre. Tal relevancia es notoriamente superior respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.12. que: 1. 4. También para un caso concreto. Nestor Pedro Sagüés58 concluye. una interpretación armonizante o adaptadora entre las reglas del Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución nacional. Fallos 321:3555.Manuel Eduardo Góngora Mera Sin embargo. Por ejemplo. 15 . 216. p. 5. en fallos posteriores. el Estado nacional (y sus tribunales) tienen que realizar los mejores esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.1998. Los tribunales locales estarían habilitados a apartarse de la jurisprudencia interamericana. el Estado nacional está obligado. graves y extraordinarias circunstancias que justificasen la excepcionalidad de tal no seguimiento”59. de modo que en principio debe seguirse por éstos. e incluso pueden no ser compartidas por la Corte Interamericana. en razón a que dicta sentencias definitivas. la Corte Suprema ha relativizado su postura.12. 67 y 68 del Pacto de San José de Costa Rica. pero solo “ante raras. y hasta agotar todas las instancias. 56 57 Acosta. sentencia o recomendación. si se trata de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 59 Ibid. cit. las recomendaciones de la Comisión no tienen vigor de cosa juzgada. en relación a las recomendaciones de la Comisión Interamericana el principio de buena fe (que obliga al Estado argentino a realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por la comisión) no supone un deber de los jueces de dar cumplimiento a su contenido. su criterio es relevante y no puede ser ignorado por los jueces nacionales. 58 Sagüés. las recomendaciones de la Comisión Interamericana no pueden constituir motivo de revisión de las resoluciones judiciales porque esto afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . y atender a las mismas.2000. atento a lo previsto por los arts. Fallos 323:4130.
policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente. “[s]e presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes. no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23. intentando de este modo evitar que sus crímenes (entre los que se cuentan torturas. a favor del personal militar que cometió crímenes durante la dictadura. así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido instrumentos esenciales para la superación de la impunidad en el derecho interno argentino. Debido a que en esas leyes y en los indultos estaba excluido el delito de sustracción y ocultamiento de menores y la sustitución de su estado civil63. Esta ley fue anulada ese mismo año por el gobierno civil que restauró la democracia. dado que se interpretó como carente de efectos retroactivos. Durante años. suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas. los intentos por llevar ante los estrados judiciales a los responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura fueron obstaculizados a través de estas medidas. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de ordenes. entre 1989 y 1990 el gobierno de Menem concedió indultos a militares implicados en crímenes de lesa humanidad62. eximiéndole así de su responsabilidad penal. jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad. oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad”. 63 El artículo 2 de la Ley 23. 61 La Ley 23. dado que no superaba la impunidad sobre otros crímenes de lesa humanidad y los responsables de estos actos seguían libres. fue precisamente uno de los resquicios de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el que permitió a las víctimas obtener las primeras victorias judiciales.521 creo la presunción irrebatible. Es así como la Cámara Federal ordenó la detención preventiva de Jorge Videla y Emilio Massera en septiembre de 1999. Según el tenor literal del artículo 1. y se dio inicio al juzgamiento de nueve comandantes militares por violaciones a los derechos humanos. Nº 1002. 62 Mediante el Decreto Presidencial de Indulto. La Justiciabilidad de los delitos del derecho penal internacional a través del Bloque de Constitucionalidad En el año de 1983. una vez cumplido tal plazo. En este aparte se expondrá cómo la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad al Bloque de Constitucionalidad. la estrategia era limitada. pero la derogación no tuvo efectos reales en relación con los responsables por los crímenes durante la dictadura. sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles”.521 de 198761). Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas en marzo de 1998. Sin embargo.521 establecía: “La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación.492 de 198660) y de Obediencia Debida (ley 23. las víctimas dirigieron su estrategia hacia la persecución de los militares implicados en los cerca de 200 casos reportados de niños desaparecidos durante la dictadura o nacidos en cautiverio. se operó el “desprocesamiento” de personas enjuiciadas por violaciones a los derechos humanos que no se habian beneficiado por las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. policiales y penitenciarias. De ahí que las víctimas se apoyaran cada vez con más fuerza en el derecho internacional y particularmente en el derecho interamericano de los derechos humanos. 60 La Ley 23. oficiales subalternos. policía o servicios penitenciarios por crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo. jefe de zona. sin facultad o posibilidad de inspección.492 fijó un plazo de 60 días para la apertura de nuevas actuaciones judiciales contra miembros de las fuerzas armadas.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 3. del 7 de octubre de 1989. La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe. la dictadura militar argentina expidió una ley de amnistía. antes de los treinta dias de promulgación de esta ley. 16 . Sin embargo. se consideraba extinguida la acción penal. Adicionalmente. estos procesos quedaron frustrados con la expedición de las Leyes de Punto Final (ley 23. de haber actuado en virtud del deber de obediencia. de seguridad. desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales) fueran conocidos por la justicia.
17 . el mérito o la conveniencia de las decisiones de los otros poderes del Estado. 66 En el voto de los jueces Caballero y Belluscio se resume esta idea: “La misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción. 6. establecer la no punición de determinados hechos delictivos. que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico. 3. Excepcionalidad de la declaración de inconstitucionalidad: La declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional. Respeto del principio de división de poderes: no incumbe al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad.1. el Congreso puede. Respeto de las facultades del legislativo para modificar la política criminal del Estado: La Constitución le otorga al Congreso amplias potestades en cuanto a introducir cambios en las leyes. la condición de que la misma se haga de manera generalizada se satisface debido a que las normas se extienden a todos los individuos que 2. y ya que está autorizado a dictar el Código Penal (artículo 67. 64 Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional. La situación previa a la consagración del Bloque de Constitucionalidad 3. Ramón Juan Alberto y otros. El fallo “Camps”: la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida El 4 de junio de 1987 fue sancionada la Ley 23. 5. excluyéndose de la punibilidad ciertos delitos. Por lo anterior. 17 de la Constitución). Esto es especialmente así cuando el Congreso de la Nación ejerce su elevada facultad de lograr la coordinación necesaria entre los distintos intereses. Voto de Juan Octavio Gauna. Dos semanas después. 22. 11 de la Constitución). Inexistencia de violación del derecho a la igualdad: Los querellantes afirmaban que la Ley de Obediencia Debida representaba una violación de la igualdad ante la ley por restringir y nulificar los derechos que el sistema constitucional reconoce a las víctimas de delitos. de modo que prevalezca el de la comunidad toda”. Las razones expuestas por el tribunal pueden resumirse en los siguientes puntos: 1.Manuel Eduardo Góngora Mera 3. Para la Corte. desincriminar otros e imponer o suprimir penas. Fallos: 310:1162. tal violación no se produce ya que no se puede inferir que se genera impunidad de la circunstancia de fijar sólo la responsabilidad de la comisión de los delitos en la persona del superior que dio la orden a través de la cual dichos delitos se consumaron. inc. incluso es su obligación coadyuvar en su legítima gestión66. Generalidad de la amnistía: Aún si se interpretara que la Ley de Obediencia Debida fue dictada en ejercicio de la facultad del legislador de conceder amnistías (según el artículo 67. pues no corresponde a los tribunales de justicia sino al Congreso considerar tales aspectos65. pues lo que la ley hace es sólo impedir la extensión de esa responsabilidad a quienes en razón de la obediencia debida están eximidos de ella. inc. sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes.1. le está atribuido declarar la criminalidad de los actos.1987.1. 4. Camps. 65 Cfr. Incompetencia del Poder Judicial para fallar sobre el acierto o error de las decisiones políticas del legislador: La declaración de inconstitucionalidad no puede basarse en apreciaciones acerca del mérito o conveniencia de las leyes.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . la Corte Suprema de Justicia convalidó esta norma al fallar en el caso “Camps”64. y beneficiar y privilegiar a los victimarios. válidamente. como lo hace en el artículo 1º de la ley 23.521 de Obediencia Debida.06.521.
todos los que han poseído los grados que señala o desempeñado las funciones que la ley describe67. según el informe que consta en la Secretaría del Tribunal. del 23 de mayo de 1969. 27. 18 dispone. los votos de los jueces Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué. El artículo 2° de la Convención [contra la Tortura] establece que “1. El instrumento ratificatorio fue firmado por el Presidente de la Nación el 2 de setiembre de 1986 y depositado en la sede de las Naciones Unidas el día 24 del mismo mes y año. Voto de Carlos S. quien luego de defender la incompatibilidad entre la obediencia ciega y la Constitución argentina. considerando 14.. en lo pertinente.338. Esto no significa que se destruyan las bases en que ella se sostiene. 7. Interpretación constitucional con atención a la realidad viviente de cada época: La Constitución es un legado de sacrificios y glorias. sancionada el 30 de julio de 1986. pues de las veinte ratificaciones requeribles por su art. directamente parte de nuestro derecho interno. la Convención aludida tiene plenos efectos en cuanto a la creación de responsabilidad internacional para el estado argentino en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Fayt. todavía. promulgada el 19 de agosto de ese año y publicada en el Boletín Oficial del 26 de febrero de 1987 ha aprobado la Convención contra las torturas y otros tratos o penas crueles. En disidencia. por lo que no corresponde al poder judicial “enervar el ejercicio que aquél ha hecho de tan pesado deber”68. Este Tratado no parece formar. Es interesante en este punto citar el voto disidente del juez Petracchi.Todo Estado Parte tomará medidas legislativas. según las informaciones de la Cancillería Argentina. será el legislador quien decida acerca de la conveniencia de los remedios que se adopten ante esas realidades. cuyo art. o Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. aceptación o aprobación. 18 . durante el período que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente”. sino defenderlas en el orden superior de su perdurabilidad. Mientras la Constitución rija. adoptada por la Asamblea General de las Nacioes Unidas el 10 de diciembre de 1984 y firmada por el gobierno argentino el 4 de febrero de 1985. inhumanos o degradantes. se adecue a los compromisos internacionales contraídos por el Estado Argentino. por desgarradora que ella haya sido. analiza la importancia hermenéutica y el carácter vinculante de la Convención de la ONU contra la Tortura para el caso: Que cabe a esta Corte adoptar una interpretación de la obediencia militar que. Al respecto. Sin embargo. esto es. judiciales o de otra índole eficaces 67 68 Cfr. cuya interpretación no puede desentenderse de la realidad viviente de cada época.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad se encuentran en idéntica situación. que “Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustraren el objeto y el fin de un tratado: Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación. debe recordarse que la ley 23. Ibid. cfr. se han producido diecinueve. mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en lo tratado. administrativas. en el mismo orden de ideas expresadas.
que no puede permitir la impunidad de conductas atroces y aberrantes. la Corte Suprema se remitió a lo que había decidido en la causa “Camps”. como lo es la tortura”... más preocupada en respetar la decisión política expresada en la Ley de Obediencia Debida que en atender las razones jurídicas que hacen inviable la amnistía de delitos de lesa humanidad como la tortura o las desapariciones forzadas. Por ejemplo.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . 72 Por ejemplo. violaban. 2 del Código Penal argentino).Manuel Eduardo Góngora Mera para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 71 Cfr. El momento histórico que vivía Argentina en 1987 puede en parte explicar el que la Corte haya declarado la constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida. 29. considerando 11.. entre otros. Empero. Voto en disidencia del Juez Jorge Antonio Bacqué.En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra.2. Camps. A pesar de los sustentados argumentos de los jueces Petracchi y Bacqué. particulamente en los votos disidentes72. Ramón Juan Alberto y otros. esa norma ex post facto vendría a modificar la legislación interna y resultaría más gravosa. Según la Corte. 3. en tanto se impedía al poder judicial cumplir con su obligación constitucional de juzgar y se desconocía abiertamente la garantía individual de acudir ante los tribunales71. Este conflicto es evidente en numerosos pasajes del fallo.. inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Este mandato constitucional forma parte de las convicciones éticas fundamentales de toda comunidad civilizada... 18 de la Constitución Nacional que en su parte pertinente establece: ‘. se elevaron diversas peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de la República Argentina.’. cuando el juez Bacqué afirma: “la clara formulación del art.1988 . si se entendiera que el artículo 2 de esta Convención excluye de la legislación penal argentina la eximente de obediencia debida en el caso del delito de tortura. Esto se entiende en el contexto de la línea jurisprudencial de la Corte sobre jerarquía normativa previa a 1992. El fallo muestra a una Corte interesada en distanciarse de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo en torno a los crímenes de la dictadura. con la cual se habrían llegado a conclusiones diametralmente opuestas. considerando 13. 2.1. Hechos que se denunciaron como ocurridos en el ámbito de la “Escuela de Mecánica de la Armada”. 69 70 Voto en disidencia del Juez Enrique Santiago Petracchi. Fallos: 310:1162. también constituye una valla infranqueable para la validez de la ley bajo examen.. por la inexcusable aplicación del principio de ley penal más benigna (consagrado en el art. Cfr. en las que se denunciaba que la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. pese a su inconstitucionalidad manifiesta. Inhumanos o Degradantes. Causa incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional. y su aplicación por el poder judicial. en el fallo “ESMA”70. Ibíd.causa No. 22.06..quedan abolidos para siempre. 19 .toda especie de tormento y los azotes. considerando 12. y sostuvo además que ese criterio no se veía afectado por la aprobación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. que resolvía conflictos entre leyes y Tratados internacionales por el principio lex posterior derogat legi priori.No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”69. la Corte Suprema consideró que el artículo 2 de la Convención es inaplicable a los casos relacionados con delitos cometidos durante la dictadura. El desconocimiento de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Poco después de la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida..1987.03. ESMA. 3. El fallo “Camps” fue utilizado por los jueces y la propia Corte Suprema como fundamento para resolver sobre causas similares. la Corte decidió desatender la normatividad internacional. 761.
En cuanto al fondo. En consecuencia. Las leyes en comento fueron promulgadas en 1986 y 1987. de 2 de octubre de 1992. así como el incumplimiento de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos (art. con el depósito del instrumento de ratificación de la Convención. el gobierno aseguró haber realizado una exhaustiva investigación oficial y haber condenado a los ex-líderes militares. e imponer las sanciones penales correspondientes. por lo que eran inadmisibles ratione temporis. sin violar la Convención y la Declaración Americana. Informe Nº 28/92. Argentina faltó a su obligación de 73 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia.262. 1. ejecuciones sumarias. a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos. Por otra parte. Casos 10. La Comisión sostuvo su postura bajo estos argumentos: 1. consideró que las peticiones sí eran admisibles. en buena parte de los sistemas penales de America Latina existe el derecho de la víctima o su representante a querellar en el juicio penal. en tanto que no existen recursos internos idóneos y eficaces para lograr la anulación de las medidas cuestionadas. En relación con la defensa del gobierno acerca de la inadmisibilidad ratione temporis. torturas y privaciones ilegítimas de la libertad) acontecieron en su mayoría entre 1976 y 1983. deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizado del proceso criminal”. Los peticionarios. 8) y del derecho de protección judicial (art. reservan su aplicación a las cortes nacionales. identificar a sus autores. así como el Decreto Presidencial Nº 1002 en 1989. en los sistemas que lo autorizan como el argentino.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad el derecho de protección judicial (Art. Ibid. la Comisión explicó que si bien las violaciones a los derechos humanos (desapariciones. En su defensa. En efecto.. cuando la Convención ya se hallaba en vigor para el Estado argentino. la entrada en vigor de la Convención Americana para la República Argentina tuvo lugar el 5 de septiembre de 1984. porque la violación objeto de denuncia consiste en la privación del derecho a la protección y a garantías judiciales por la paralización de la investigación judicial con motivo de las Leyes y Decreto mencionados. 10. complices y encubridores. si bien reconoció que la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagran derechos. Con respecto a las garantías judiciales (art.309 y 10. el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito. Finalmente. 8) consagrados en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos.147. párrafos 32-34. 10. 10. 8 de la Convención Americana): El derecho de los peticionarios a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos –garantizado por la Constitución y la legislación interna argentina. la Comisión denunció como incompatible con la Convención la violación de las garantías judiciales (art. Debido a que este derecho adquirió protección internacional mediante la posterior ratificación de la Convención. Por lo tanto. 10.311 (Argentina). se cerró toda posibilidad jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los delitos denunciados. el gobierno argentino sostuvo que las alegadas violaciones ocurrieron antes de la ratificación de la Convención. La Comisión. Con dichas medidas. no es posible abrogarlo absolutamente mediante la promulgación ulterior de una ley especial.240. 74 “El efecto de la sanción de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir los enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas violaciones de derechos humanos. en su Informe de 199273. con la sanción y aplicación de las leyes y el decreto.181. pues la Corte Suprema argentina desestimó los recursos de inconstitucionalidad planteados.1). Unos de los efectos de las medidas cuestionadas fue el de enervar el derecho de la victima a demandar en la jurisdiccion criminal a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. 25). 20 . Lo que se denuncia como incompatible con la Convencion son las consecuencias juridicas de las Leyes y el Decreto respecto del derecho a garantías judiciales de las victimas. esto es. familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso.se vio vulnerado con las leyes y el decreto cuestionados74. 25) y las garantías judiciales (Art. el gobierno no puede alegar que las denuncias se relacionan con hechos acaecidos con anterioridad a la ratificación de la Convención.
3. 25 de la Convención Americana): Con la aprobación de las leyes y el decreto. No obstante.org/pdfs/Ayala-writing. de la Convención Americana): Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana. verdad y reparación. En principio.1. párrafo 39.. Con respecto al derecho a la protección judicial (art. con las leyes y el decreto bajo estudio. Con todo. los crímenes de guerra y los delitos graves contra los derechos humanos. El remedio que el derecho internacional de los derechos humanos ha ofrecido es el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los delitos internacionales. 2.11. El tercer mecanismo es más sutil: consiste en la configuración de la impunidad como consecuencia del transcurso del tiempo sin que el Estado cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes contra los derechos humanos.internationaljusticeproject. al prescribir las acciones penales se tienen por agotadas las instancias nacionales y por lo tanto los peticionarios podrían acudir ante la Corte Interamericana alegando el incumplimiento estatal de sus obligaciones internacionales. En estos casos.2006. el Estado argentino faltó al cumplimiento de la obligación que emana del art. Argentina faltó a la obligación de garantizar los derechos consagrados en el articulo 25. los Estados han acudido generalmente a tres mecanismos básicos para lograr la impunidad de sus agentes involucrados en violaciones de derechos humanos: las leyes de autoamnistías. La recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional. los indultos presidenciales. Pese a la contundencia de este Informe.1. Cfr.Manuel Eduardo Góngora Mera garantizar los derechos a que se refiere el articulo 8. Las dos primeras representan un obstáculo estructural o institucional en el derecho interno de los Estados. el sistema interamericano se convierte en el nivel jurisdiccional más apropiado para la lucha contra la impunidad. Con respecto a la obligación de investigar (art.1 y violó la Convención75.1. como se vio en la primera parte de este escrito. 21 .Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . Esto se debe en gran parte a que varios Estados 75 76 Ibid. En el Congreso se dieron los primeros pasos para abrir el camino hacia una reforma constitucional y legislativa y en la Corte Suprema se dio un vuelco sustancial a la línea jurisprudencial relacionada con la jerarquía normativa. la Comisión sostuvo que cuando el Estado actúa de modo que las violaciones a los derechos humanos quedan impunes se genera incumplimiento del deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a las personas sujetas a su jurisdicción. con lo que la jurisdicción nacional ha ganado mayor protagonismo. Por lo tanto. 3. En: http://www.2. que impide a las víctimas la realización de sus derechos a la justicia. 1. la débil receptividad de la jurisprudencia del sistema interamericano en el ordenamiento jurídico interno argentino evitó que sus efectos fueran más influyentes. puso en relieve la dimensión del problema y la importancia de aumentar la receptividad del derecho internacional. vulneró esos derechos y violó la Convención. 1.pdf Consultado el 04. en este punto se ha avanzado a nivel nacional gracias a la mayor receptividad de los instrumentos internacionales a nivel interno. Carlos M. Transformaciones del derecho constitucional argentino tras la consagración del Bloque de Constitucionalidad en relación con los crímenes internacionales Como lo explica Ayala Corao76. Ayala Corao. y la aplicación de la figura jurídica de la prescripción de las acciones penales.
11.657. c. lo que refuerza aún más el poder vinculante de estos instrumentos y sus efectos jurídicos.228. a pesar del pronunciamiento de la Comisión Interamericana. y otros (El Salvador).2. 8.585. 7 de abril de 1998.1. 11.652. la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.549. 11. 11.J.480 lucio Parada Cea y otros (El Salvador). entre otros: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como se analizó previamente. y los artículos 1. En el caso argentino. Informe N 136/99. Informe N° 36/96. Informe N° 25/98. Caso 10. el siguiente acápite abordará en primer lugar la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con las leyes de autoamnistías y su recepción en Argentina. 15 de octubre de 1996.505.595.287 masacre de las Hojas (el Salvador). En este orden de ideas. 22 de diciembre de 1999. Pronunciamientos posteriores relacionados con casos provenientes de diversos países latinoamericanos confirmaron la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 11. d. 11. Pero el proceso no fue inmediato ni libre de obstáculos políticos y jurídicos. 27 de enero de 1999.546.229.843 (Chile). por lo que tienen supremacía sobre las leyes y demás normas del ordenamiento jurídico interno Se interpretan de manera armónica y complementaria con los derechos reconocidos en la Constitución Son de aplicación directa por parte de las autoridades estatales Es inconstitucional toda actuación estatal contraria a los derechos reconocidos en ellas Sirven a los jueces como regla de interpretación y como instrumento para limitar la validez de las normas subordinadas en casos concretos El cambio de postura de la Corte Suprema a partir de 1992 sobre la jerarquía normativa en Argentina y la consagración del Bloque de Constitucionalidad llevaron a los jueces a replantear la jurisprudencia relacionada con las leyes de autoamnistía (las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida). e.532. Informe Nº 26/92. 77 Cfr. 11. Informe N° 34/96. estos Tratados no sólo han sido incorporados al ordenamiento jurídico interno. También dependió en gran parte de la acción cada vez más decidida de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. 11. entre otras cosas. no hubo cambios sustanciales que respondieran a las recomendaciones del organismo. 11.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad latinoamericanos han ratificado las Convenciones relacionadas con estos delitos y la imprescriptibilidad de los mismos.583. 11. 11. Tienen igualdad de rango con la Constitución. teniendo en cuenta que ahora los Tratados internacionales de derechos humanos debían ser considerados a la hora de analizar la constitucionalidad de esas leyes. 15 de octubre de 1996. 3. Caso 10. lo que significa.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos77. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 22 .705 (Chile).569. que: a. Las Leyes de autoamnistía a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Como se ha visto. 2. 24 de septiembre de 1992. b. caso 10.675 y 11. 11. Casos 11. 11. Casos 11.231 y 11282 (Chile). en virtud del inciso 22 del artículo 75. Informe Nº 1/99. 11. 11.572.573. Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional contra el Genocidio adquirieron a partir de 1994 jerarquía constitucional en Argentina.541.488 Ignacio Ellacuría S. sino que incluso algunos han sido elevados al Bloque de constitucionalidad. Caso 10. posteriormente se presentará la elevación en el Bloque de Constitucionalidad de algunas Convenciones sobre delitos internacionales y su imprescriptibilidad.
(artículo 8. párrafo 33. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad.3. en 200179 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró su posición respecto de la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana. Supra. No. Barrios Altos. como lo son las leyes de autoamnistía. 75. en su sentencia de fondo en el caso “Paniagua Morales” (1998) la Corte había establecido que los Estados partes tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya que ella propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto. 1. Barrios Altos. 2. Ante la incompatibilidad manifiesta entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana. Esta posición es respetuosa de la línea jurisprudencial defendida por la Corte Interamericana desde el caso “Velásquez Rodríguez” (1988). 23 .Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . 78 79 Vid. No. 3. persecución. párrafos 41-44. serie C.1 de la Convención Americana los Estados partes están obligados a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. sentencia del 14 de marzo de 2001.Manuel Eduardo Góngora Mera Pero debido a que los informes de la Comisión –según la jurisprudencia de la Corte Suprema prevalente a partir de 1998– no son vinculantes para el poder judicial ni pueden constituir motivo de revisión de las resoluciones judiciales78. 2. enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos.1 de la Convención). 75. 6. Las leyes de amnistía violan el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. 80 “La Corte estima necesario enfatizar que. sentencia del 14 de marzo de 2001. advirtiendo que: 1. 4. Las leyes de amnistía impiden la investigación. en la sentencia de reparaciones del caso “Loayza Tamayo” (1998). tampoco pueden ser obstáculo para la investigación de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acaecidos en el país. 5. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos. tales leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir siendo un obstáculo para la investigación de los hechos ni para la identificación y el castigo de los responsables.1 y 2 de la Convención. serie C. además. Son inadmisibles las disposiciones de amnistía. ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.1 de la Convención. la Corte ya había advertido que las leyes de autoamnistía vulneraban el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Las leyes de amnistía impiden que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes sean oídas por un juez. tendría que pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los jueces argentinos declararan la inconstitucionalidad de las leyes de autoamnistía en procesos judiciales concretos. incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1. La adopción de leyes de autoamnistía genera incumplimiento de la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 280. en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. por lo que se incumple el artículo 1. Basada en una ley de autoamnistía peruana. los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. donde sostuvo que en virtud del art. captura.
Ello convierte a Barrios Altos en una sentencia “hito” –en la terminología de Diego López85-.una ley del Congreso que era contraria a la Convención Americana según la jurisprudencia de la Corte Interamericana86) se ha consolidado definitivamente en Argentina como resultado de los efectos generales del fallo “Barrios Altos”. El derecho de los jueces. y posteriormente para la revisión de los procesos similares en otros países miembros del sistema interamericano. 18. 26479 y No. la declaración de incompatibilidad de una norma interna con la Convención por parte del tribunal competente –la Corte Interamericana. lo resuelto en “Barrios Altos” tiene efectos generales. Samuel B. la Corte Suprema ha reconocido que el criterio expuesto por la Corte Interamericana es relevante y no puede ser ignorado por los jueces argentinos81. 32/93. como lo demuestra la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. En la demanda de interpretación.2. 2003. En: Bazán. y reforzada con el fallo Giroldi (en el que la Corte Suprema se considera competente para invalidar –por inconstitucionalidad. Diego Eduardo. “Autoamnistias” vs. la Comisión solicitó a la Corte que aclarara si los efectos del punto resolutivo 4 de la sentencia emitida el 14 de marzo de 2001 en este caso se aplican sólo para éste o también de manera genérica para todos aquellos casos de violaciones de derechos humanos en los cuales se han aplicado las leyes de amnistía peruanas (No.). 86 Cfr. De modo que correspondía a los fiscales y jueces iniciar la investigación y juzgamiento de todos los militares amparados por las leyes de autoamnistía. debido a la naturaleza de la violación producida por las leyes de amnistía. Yupanqui. Debido a que la cláusula del Bloque de Constitucionalidad otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos. abierta desde el fallo Ekmekdjian c/ Sofovich. 85 Cfr. 2. la Corte considera que. considerarla inaplicable en razón a su inconstitucionalidad. habían solicitado al Estado que asumiera el compromiso de anular los efectos de las leyes de amnistía en todos los casos de violaciones de derechos humanos en que estas leyes fueron aplicadas.04. Esto abrió la puerta para la revisión de los procesos sobre violaciones de derechos humanos en los que se había aplicado la ley de amnistía en Perú84. párr. Supra. considerando 12. es decir. derivada de una consulta efectuada por la Comisión Interamericana acerca del alcance real del fallo Barrios Altos82. Infra. Buenos Aires : Ediar. La fuerza normativa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se vio reforzada posteriormente con la Sentencia Interpretativa del 3 de septiembre de 2001. “[l]a promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado.3.3. 84 Cfr. 26492). 07. en razón a que durante la negociación entre los representantes de los peticionarios y el Gobierno peruano sobre el tema de reparaciones. Sentencia interpretativa del 3 de septiembre de 2001. 2000. Defensa de la Constitución . 87 Vid. La receptividad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Al declarar la ley peruana de amnistía sin efectos jurídicos. sosteniendo que la Sentencia de la Corte Interamericana tendría efecto sólo para el caso Barrios Altos. Abad. Esto. 26492. La Corte explicó que.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 3. En consecuencia. con el apoyo de la Comisión. lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales. no solo se aplica a ese caso sino a todos los demás casos que guarden semejanza con él83. Derechos humanos. López Medina.Garantismo y controles. 83 En palabras de la Corte. Giroldi. Víctor (Coord. 3. 24 . y en esos términos debe ser resuelto el interrogante formulado en la demanda de interpretación presentada por la Comisión”. la delegación gubernamental adoptó una postura rígida al respecto. Sin embargo. Bogotá: Ediciones Uniandes . tema que se analizará en detalle posteriormente87.2.1995. por el alcance de la decisión y sus efectos transnacionales.Legis. Horacio David y otro s/ Recurso de casación -causa No. 81 82 Vid. El rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la impunidad.3. dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. surge la pregunta acerca de la validez jurídica de las leyes de amnistía en los demás países miembros del sistema interamericano. mientras el juez constitucional nacional se pronuncia. 26479 y No. La recepción del fallo “Barrios Altos” en Argentina Debido a la existencia del Bloque. los representantes de los peticionarios.impone a las autoridades y tribunales nacionales la obligación de retirar tal norma del ordenamiento jurídico y.
90 Cfr. “Las Partes contratantes se comprometen a adoptar. Zuppi. 2) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo. La incorporación de la normatividad internacional sobre los crímenes contra la humanidad en el Bloque de Constitucionalidad Los crímenes contra la humanidad son cualquiera de los siguientes actos cometidos de forma sistemática (esto es.2. racial o religioso. nota 32. p. la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. para la tipificación de estos delitos no es importante la nacionalidad de las víctimas (pueden cometerse contra los propios nacionales). esclavitud. Con todo. racial o religioso (salvo el crimen de persecución). 25 . esto es. se pueden cometer tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. violaciones. 89 Con la reciente aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg .). y no es necesario probar motivaciones relacionadas con discriminación de tipo político.preventgenocide. durante décadas. op. y e) Traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. el ordenamiento jurídico argentino prácticamente carece de normas penales que tipificaran este tipo de crímenes. el empleo del tipo penal de genocidio no ha estado ajeno a la controversia.doc Consultado el 21. para el caso específico de la persecución de los crímenes cometidos durante la dictadura. deportación. 37 y ss. total o parcial. “la pomposa designación jerárquica que se la hecho mediante la reforma constitucional” hace aún más evidente la mora en el cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino en este punto92. encarcelamiento. ejecutados repetidamente según un plan o política preconcebida) o a gran escala contra la población civil: asesinato. las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención. Malarino. etc. 3) Sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. De allí que las torturas. 93 La Convención enumera los siguientes actos: 1) Matanza de miembros de un grupo. Según la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas88. pero no incluyó la persecución de grupos por su actividad política. La Convención contra el Genocidio en Argentina: Una mora de Jerarquía Constitucional. cit. Tampoco se exige ningún requisito de conexidad sustantiva con un estado de guerra. étnico. las persecución de las graves violaciones a los derechos humanos haya debido abordarse con las figuras penales del derecho penal clásico (homicidio. privación ilegítima de la libertad. Ante la jerarquía constitucional de esta norma nos encontramos ante un caso de omisión constitucional. y otros actos inhumanos.3. como lo expone Alberto Zuppi91.11. pese al distinto sustrato fáctico y contenido de ilicitud de los crímenes internacionales90.2006. 4) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo.Manuel Eduardo Góngora Mera 3. la cual se deriva de la normatividad de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano. 91 Cfr. Un primer avance hacia la vigencia en el derecho interno de los principios de derecho penal internacional se hubiera esperado por la vía del reconocimiento de la jerarquía constitucional de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio mediante la reforma de 1994. 92 Según el Artículo V de la Convención. Empero. persecuciones por motivos politicos. Sin embargo. En: http://www. y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III”. lo que dificulta hacer uso 88 Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. con arreglo a sus Constituciones respectivas.org/es/derecho/codigos/zuppi2002. La Convención definió como genocidio la comisión de una serie de actos93 cuando éstos tienen como propósito la destrucción total o parcial de un grupo nacional. Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (1996). tortura. incumpliendo con la obligación de persecución de los crímenes internacionales. desapariciones forzadas89 y muertes acaecidas durante la última dictadura argentina puedan calificarse como crímenes contra la humanidad y sea procedente establecer responsabilidades penales individuales por su comisión. Alberto Luis. De allí que. exterminio. raciales o religiosos.
El reconocimiento de jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por Ley 24. 95 La Convención en comento había sido adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y aprobada en Argentina por la Ley 24. a través de la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos. Esto dio lugar a la interposición de recursos ante la justicia penal y civil ordinaria. Por otro lado. pero sus efectos en la práctica no fueron inmediatos. promulgada el 2 de septiembre de 2003. que en muchos casos se habían impedido invocando la prescripción de las acciones. con el objetivo de establecer responsabilidades penales individuales sobre las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura. con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.1995.584. sancionada el 13. Ello sin embargo tuvo sólo un efecto simbólico.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad del tipo penal en el escenario argentino.1995 y publicada el 18. Esto puede describirse como un proceso que se ha adelantado en cuatro etapas: 1) control difuso de constitucionalidad por parte de jueces inferiores que inaplicaron las leyes de impunidad en casos específicos. 26 . mediante la Ley 24. Además. Por lo tanto. cualquiera que fuere su forma. cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización. En el contexto argentino esta característica del delito de desaparición forzada tiene como efecto práctico el que no sea posible su prescripción. seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. por vía de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas cualquier consideración sobre plazos de prescripción devino inaceptable frente al reconocimiento del carácter de delito permanente. Fueron realmente los jueces argentinos los actores estatales decisivos en torno a la justiciabilidad de los crímenes perpetrados durante la dictadura. el apoyo o la aquiescencia del Estado.820 de 199794 fue un paso adelante hacia la vigencia de la normatividad internacional.556. a pesar de que Argentina aún no había adoptado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Este proceso se consolidó finalmente con el otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención de Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad95 mediante la Ley 25. 24.778. 3.11. y que por lo tanto no se afectaba de ningún modo la situación legal de los beneficiarios de tales leyes. La práctica efectiva de persecución mediante el uso de normas internacionales del Bloque de Constitucionalidad Las leyes de Punto Final y de Obediencia fueron derogadas por el Congreso argentino el 26 de marzo de 1998.952.09. en su artículo III.3. la prueba de la intencionalidad genocida en un proceso judicial es difícil. pues se interpretó que la derogación de estas leyes carecía de efectos retroactivos. la Convención impone a los Estados partes a considerar este delito como “continuado” o “permanente” mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida. 2) reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la aplicabilidad del principio de imprescriptibilidad de los 94 La Convención había sido incorporada al derecho interno argentino mediante la Ley No. El artículo II de la Convención define como desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas. Gracias al carácter constitucional de este instrumento ha sido posible para los jueces argentinos ejercer control constitucional sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de este modo reabrir los juicios sobre responsabilidad penal y civil por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. y para hacer exigibles las reparaciones de rigor.
Juan s/ sustracción de menores de 10 años”. el juez Arnaldo Corazza. sobre la desaparición de veinte montoneros. 3. Claudio Gustavo y otros s/privación ilegal de la libertad”. Del Cerro. caratulada “Simón.3. El control difuso de constitucionalidad de las leyes de autoamnistía Una primera consideración que es necesario efectuar aquí se relaciona con el modelo de control constitucional en Argentina96. 27 . ocurrido en 1978. sino que sólo tiene efectos para el proceso específico. Este país es quizás el que más ha seguido de cerca el modelo estadounidense de control difuso en América Latina. decisión que reiteró el 12 de septiembre de 2002 en la Causa “Scagliusi. 3) declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía por parte de la Corte Suprema. La jurisdicción constitucional y los tribunales constitucionales de Sudamérica en la alborada del siglo XXI. en la causa 8686/2000. p. y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El 1 de octubre de 2001 el juez federal Claudio Bonadio. Se trataba del juez Gabriel Cavallo. La Corte Suprema tiene sin embargo la posibilidad de ejercer este control mediante el ejercicio del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Humberto. sólo están legitimados para pedirlo quienes tengan un interés legítimo y sean agraviados.3. En sentido similar se pronunciaron el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rubén Rodríguez. Por ello. el juez federal Carlos Skidelsky en sentencia del 6 de marzo de 2003. México: Porrúa. y no deroga las normas consideradas inconstitucionales. el 14 de agosto de 2002.1. 97 Vid. 2004. el 15 de diciembre de 2004. 68 y ss. Julio. esto es.3. quien conocía el caso de las desapariciones de José Liborio Poblete Roa. pero mantenga sus efectos generales. La primera decisión de un juez federal que declaró la inconstitucionalidad de esas leyes fue anunciada en resolución del 6 de marzo de 2001. Este fallo fue confirmado por al Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires y pasaría posteriormente a conocimiento de la Corte Suprema. De modo que el control constitucional opera por vía incidental. 4) declaratorias de inconstitucionalidad de los indultos en casos de crímenes de lesa humanidad. 96 En este aparte se sigue a: Nogueira Alcalá. Las instituciones estatales no pueden requerir la inconstitucionalidad de una ley (salvo que tengan interés legítimo en un proceso judicial definido). como se explicará más adelante97. La vigencia de las leyes de amnistía comenzó a deteriorarse precisamente a partir de los fallos de jueces inferiores que recurrieron directamente a normas de derecho penal internacional. su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y su hija Claudia Victoria. Claudio Gustavo por privación ilegal libertad personal” el 30 de enero de 2003. en el caso de la masacre de Margarita Belén. La Sala II de la Cámara Federal Porteña confirmó esta decisión en el fallo “Incidente de apelación en autos Scagliusi. es posible que una ley sea tenida por inconstitucional por jueces inferiores. la Cámara Federal de Salta.Manuel Eduardo Góngora Mera crímenes de lesa humanidad frente a los hechos ocurridos durante la dictadura. a petición de parte interesada o afectada por las normas impugnadas de inconstitucionalidad (no puede operar de oficio) y con efectos inter partes. 3. Infra. en la causa “Ministerio Público Fiscal s/ eleva denuncia”. el 19 de septiembre de 2003.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . el 29 de Julio de 2003. todos los jueces y tribunales están habilitados para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que han de aplicar en un caso litigioso del que conocen. Este proceso será objeto de análisis en esta sección. declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
3. La propia Corte Suprema ha señalado que la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye la pauta que permite establecer las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales de rango constitucional. Julio”. el PIDCP y la Convención contra la Tortura. 3. Reconocen su obligación de asegurar a nivel nacional la implementación de las normas internacionales de derechos humanos vinculantes para Argentina. Supra. Sustentan la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en su incompatibilidad con instrumentos que hacen parte del Bloque de constitucionalidad. La línea jurisprudencial defendida en los casos ESMA y Camps se ve afectada por la posterior reforma a la jerarquía normativa de 1994. En el caso “Barrios Altos” la Corte Interamericana declaró que las leyes de autoamnistía carecen de efectos jurídicos. el Tribunal sostiene: 1. subsistía el problema de la impunidad por la vía de la prescripción.889 “Incidente de apelación de Simón. 3. 2. 28 . pues propone una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con la aplicabilidad de la Convención contra la Tortura98 y reconoce la autoridad de la Corte Interamericana. Resulta indudable la responsabilidad internacional del Estado por el dictado de normas contrarias al deber de persecución y sanción penal de los delitos de lesa humanidad. Inhumanos o Degradantes. Las decisiones de estos jueces fueron esenciales en la lucha contra la impunidad. En efecto. Este obstáculo sería resuelto por la Corte Suprema de Justicia. 2. porque atacaban directamente los obstáculos estructurales legales que impedían el procesamiento de los responsables. Sin embargo. 17. en tanto son ellos los competentes para su interpretación y aplicación. Reconocen la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Causa No. Debido a la jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. corresponde a los tribunales nacionales seguirla. 98 Vid. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Es necesario en consecuencia declarar su nulidad. como se expondrá a continuación.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad Estos fallos tienen en común varios elementos: 1. como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el conflicto normativo con las leyes de autoamnistía debe resolverse a favor de las normas internacionales. 4. Es especialmente interesante la argumentación de la Sala II de la Cámara Federal en el fallo de 9 de noviembre de 2001.1.1.
etc. 29 . Los hechos que dieron lugar al recurso ante la Corte Suprema se pueden resumir en 3 puntos: 1. sobreseyendo a Arancibia Clavel por este hecho. dependiente del gobierno de facto de Chile). no resultaban aplicables las reglas de la prescripción de la acción penal previstas en el Código Penal. Esto incluía secuestros. en hechos calificables por tratados internacionales como “genocidio” y “crímenes de guerra”. denominado “Recurso de hecho deducido contra el Estado Nacional y el Gobierno de Chile en la causa Arancibia Clavel. pues no solo reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Los argumentos de la Corte fueron los siguientes: 1. Enrique Lautaro Arancibia Clavel tomó parte entre 1974 y 1978 de una asociación ilícita (la Dirección de Inteligencia Nacional exterior. en tanto posee jerarquía constitucional.2. cuya denegación originó la queja ante la Corte. s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros” es un verdadero leading case en la materia. la Corte Suprema declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad con base en las normas internacionales que hacen parte del Bloque y que se han expuesto en líneas superiores99.Manuel Eduardo Góngora Mera 3. Las reglas de prescripción de la acción penal previstas en la legislación interna quedan desplazadas por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. sometimiento a interrogatorios bajo tormentos. la asociación ilícita no encaja dentro de los “crímenes de lesa humanidad”. la Corte hizo lugar a la extradición. sino que aplica este principio incluso a hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes contra la Humanidad. Para la Sala. 3. la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal casó parcialmente el fallo mencionado y declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de asociación ilícita simple. E. Aplicación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad frente a hechos ocurridos durante la dictadura: el Fallo Arancibia Clavel En fallo del 24 de agosto de 2004. cuya actividad consistía en la persecución de opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en Argentina. sino únicamente el haber integrado una asociación ilícita. Por lo tanto. 6 condenó a Arancibia Clavel a la pena de reclusión perpetua. 99 La Corte Suprema ya había reconocido en 1995 la imprescriptibilidad de la acción penal con respecto a la normativa internacional en el caso Priebke (Fallos: 318: 2148). en el cual el gobierno italiano requirió la extradición de Erich Priebke (Hauptsturmführer en la SS) para su juzgamiento por haber comandado la Masacre de las Fosas Ardeatinas. De este modo se rechazó la posición de los querellantes con respecto a la imprescriptibilidad de los hechos imputados a Arancibia Clavel. como autor del delito de asociación ilícita agravada en concurso real con el de participación necesaria en el homicidio agravado por el uso de explosivos y con el concurso premeditado de dos o más personas. sobre la base de que en la sentencia no quedaban comprendidos los delitos que pudieren haber cometido los miembros de la banda. En jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha calificado la desaparición forzada como un delito contra la humanidad. la querella (en representación del gobierno de Chile) interpuso el recurso extraordinario. A raíz del recurso interpuesto por la defensa. El fallo. sustracción de sus identificaciones para su reutilización previa falsificación. A pesar de la prescripción -desde la perspectiva de la legislación interna-. por entender que.3. conforme la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. sería 2. Contra dicha decisión. L. 2.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . por tratarse de delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.
5. sentencia del 27 de febrero de 2002. así como al de cosa juzgada y ne bis in idem. ha desatado un intenso debate en la doctrina. Se trata de un conflicto entre principios que comparten rango constitucional. 101 Como lo explica Abramovich en sus comentarios sobre el fallo Arancibia.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad un contrasentido sostener que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad pero no el formar una asociación destinada a perpetrarla. “Benavides Cevallos” . Delitos de lesa humanidad: los crímenes que el tiempo no exonera. que se resuelve limitando el principio de legalidad a favor de la imprescriptibilidad en el caso concreto de los crímenes internacionales. Bolivia” . el objetivo de la persecución penal de estos actos terribles es afirmar y fortalecer el Estado de Derecho. 3. 4. Según los jueces Boggiano y Maqueda.2006.cpacf. y es unánime la doctrina internacional. serie C N° 92. el recurso del ius cogens. 100 La Corte Suprema cita las siguientes sentencias de la Corte Interamericana: “Barrios Altos”.Reparaciones. aún retroactivamente. Aún cuando se argumentase que no puede aplicarse de manera retroactiva la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad porque ello lesionaría el principio nulla poena sine lege y de irretroactividad de la ley penal más gravosa. 30 . de tal valor para la democracia y el Estado de Derecho. puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos100. ya que el alcance que se le otorgue al principio de no prescripción. Este último argumento. definirá el límite de la persecución penal de los crímenes del terrorismo de Estado.cumplimiento de sentencia. En: http://www. como se ha expuesto en este escrito. 6. la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad es norma vigente de ius cogens que existía incluso con anterioridad a la época en que se dieron los hechos. la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar. Abramovich. compromete su responsabilidad internacional ante el orden jurídico interamericano.org. que se impone ante principios tan caros al derecho como la cosa juzgada. La ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte del Estado argentino reafirmó por vía convencional el carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal. y no es de ningún modo un fallo aislado o sin conexidad lógica con el desarrollo político e institucional de Argentina. se enmarca en un proceso de fortalecimiento de la justiciabilidad. Por el contrario. “[e]l tema tiene enorme importancia jurídica y política. la imprescriptibilidad se aplica sin importar el momento en que los hechos se cometieron. Cfr. si como han sostenido los organismos de derechos humanos históricamente. considerando 106. cuando ella suponga la impunidad frente a crímenes aberrantes que atentan contra la humanidad101. considerandos 6° y 7°.11. Víctor. “Trujillo Oroza vs. y consecuentemente. nada puede ser más importante que avanzar en su juzgamiento sin vulnerar las garantías procesales de los imputados”.htm Consultado el 21. Importante aquí es resaltar que el fallo se enmarca en la línea jurisprudencial progresista de la Corte Suprema respecto de la vigencia de las normas internacionales de derechos humanos en el derecho interno. debido a la jerarquía constitucional alcanzada por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.ar/verde/vB_RevAbo/revistas/evista78-04. resolución del 9 de septiembre de 2003. Además.
resultaba difícil imaginar que la Corte Suprema. principios básicos de las garantías del debido proceso. la jueza Highton sostiene que “[e]l art. Carlos Fayt se opuso y Augusto Belluscio se abstuvo. En 2003. la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos”. el suboficial de la Policía Federal acusado de la desaparición forzada de la familia Poblete. poder vinculante de los fallos de la Corte Interamericana.779. en su actual redacción.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . gr. responsabilidad internacional de Argentina) tuvieron un efecto muy poderoso sobre la opinión pública y las instituciones democráticas. el gobierno del Presidente Néstor Kirchner mostraba su interés en apoyar la lucha contra la impunidad. 31 de la Constitución Nacional establece que los tratados internacionales poseen jerarquía superior a las leyes nacionales y a cualquier norma interna de jerarquía inferior a nuestra Ley Fundamental. 103 V. 104 Maqueda considera que estas restricciones se imponen incluso frente a la Constitución: “[l]a prohibición de ciertos crímenes internacionales reviste el carácter de ius cogens de modo que se encuentra no sólo por encima de los tratados sino incluso por sobre todas las fuentes del derecho”. Carmen Argibay y Antonio Boggiano. La incompatibilidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.3. 105 En este punto se destaca particularmente el juez Boggiano. Fernández Valle.cl/anuario2/int7.Manuel Eduardo Góngora Mera 3.pdf Consultado el 02. de manera expresa. no fijó una doctrina mayoritaria en torno a la inconstitucionalidad de estas leyes102. En: www. después de reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Las restricciones que el orden internacional impone a los Estados sobre decisiones cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad104. Elena Highton. Por consiguiente.3. 2. no resolviera el obstáculo estructural más complejo que aún persistía: la imposibilidad de reanudar la persecución penal respecto de aquellos que fueron beneficiados con las leyes de amnistía y los indultos presidenciales.2006. De nada serviría la 31 . ya que cada uno de los jueces sentó su propio voto. consagrándose así en el propio texto de la Constitución tal principio así como también. Ricardo Lorenzetti. quien afirma: “[l]os tratados internacionales sobre derechos humanos deben ser interpretados conforme al derecho internacional. 22. Aquéllos están más estrechamente conexos con el derecho internacional y.uchile. aspecto que fue reafirmado por la Convención Nacional Constituyente en 1994 al sancionar el art. pues es éste su ordenamiento jurídico propio. el Congreso incluso anuló y privó de todo efecto jurídico las leyes de Punto Final y Obediencia Debida mediante la Ley 25. cfr. el PIDCP y otros instrumentos que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad103.11. por esa vía con la interpretación y aplicación que pueda hacer de ellos la jurisprudencia internacional. hay argumentos comunes entre las diferentes posiciones de los magistrados: 1. en decisión que ordenaba el procesamiento con prisión preventiva de Simón. con base en el caso de Julio Héctor Simón. inc. en nombre de la Constitución. El respeto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos105 (particularmente se cita el caso Barrios Altos). Eugenio Zaffaroni.anuariocdh. La inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida: el Fallo “Simón” Los argumentos esgrimidos por los tribunales inferiores a la Corte Suprema (supremacía constitucional de ciertos Tratados de derechos humanos. Mariano. 75. El debate entonces se fundaba en que no era adecuado sacrificar. La Corte Suprema argentina frente al Legado de la última Dictadura Militar: reseña del Fallo “Simón”. Sin embargo. 3. como el non bis in idem y la cosa juzgada. Si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por votación de 7 a 1 más una abstención. 102 La inconstitucionalidad fue aprobada por Enrique Petracchi. El caso provenía de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la pluralidad de doctrinas en el fallo bajo examen. El fallo que resolvió este dilema jurídico se emitió el 14 de junio de 2005. Por otra parte. Juan Carlos Maqueda.
118 de la Constitución Nacional recepta el ‘derecho de gentes’. se hacía posible la reapertura de cientos de procesos contra militares y ex militares vinculados con la represión entre 1976 y 1983. 5 lo condenó el 11 de agosto de 2006 a la pena de 25 años de prisión más inhabilitación absoluta y perpetua.4.3. o al juzgamiento y eventual condena de los responsables. “de ningún efecto las leyes 23. a todo evento. opiniones de los juristas. pese a que la prescripción es parte del principio de legalidad. 3. que implica admitir la existencia de un cuerpo de normas fundadas en decisiones de tribunales nacionales. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana. 108 La jueza Argibay se apartó de la opinión mayoritaria en este punto. por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación”. el Tribunal Oral Federal No. algunos sectores sostuvieran la imposibilidad del juez constitucional de conocer sobre decisiones políticas que recaen enteramente en cabeza del ejecutivo. La responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento del deber de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas106.521 y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan. La nulidad de los decretos de indulto de crímenes de lesa humanidad La facultad presidencial para conceder indultos ha sido interpretada históricamente de manera amplia. La imposibilidad de extinguir la acción penal en los casos de crímenes de lesa humanidad por violación de una norma de ius cogens107 que se encontraba vigente al momento de la promulgación de las leyes de autoamnistía (esto es. reitera el criterio expuesto en el fallo Arancibia Clavel y se reconoce que. 32 . En el caso concreto de Julio Simón. si los argumentos con los que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes referencia a los tratados hecha por la Constitución si su aplicación se viera frustrada o modificada por interpretaciones basadas en uno u otro derecho nacional”. le imponen que ejerza la jurisdicción. 107 El juez Lorenzetti acude por ejemplo al artículo 118 de la Constitución para aplicar por vía directa el derecho consuetudinario internacional: “El art. y en consecuencia declara. Con esta decisión. tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas”. 5. 106 El juez Zaffaroni va más allá y afirma que este incumplimiento puede dar incluso lugar a que opere la jurisdicción universal: “[l]as normas que obligan a la República en función del ejercicio que hizo de su soberanía al ratificar los tratados internacionales que la obligan y la norma que la sujeta a la competencia de la Corte Interamericana. so pena de que ésta sea ejercida por cualquier competencia del planeta.492 y 23. que constituyen un orden común a las naciones civilizadas”. aún con posterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. derecho consuetudinario. claro atributo de la propia soberanía. De ahí que. frente a crímenes contra la humanidad no se aplica108). por su carácter discrecional y por la naturaleza misma de los sistemas presidencialistas. tratados internacionales. En su decisión. que si no la ejerce en función del principio territorial entra a operar el principio universal y cualquier país puede ejercer su jurisdicción y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio nacional por ciudadanos y habitantes de la República”. o sea.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 4. la Corte afirma que “la supresión de las leyes de punto final y de obediencia debida resulta impostergable y ha de producirse de tal forma que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de crímenes contra la humanidad”. u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias. Y a continuación concluye: “[Q]uienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. considerando que la prescripción de la acción penal no forma parte del principio de legalidad en el caso de crímenes de lesa humanidad. Empero.
abstractamente considerada. Con ello. y de otro. con exclusión de toda jurisdicción especial. En el caso concreto del General Riveros. Dos menciones adicionales sobre este fallo son relevantes: 33 . Jorge Silveira. los jueces concluyeron que la facultad presidencial de perdonar crímenes está limitada por el derecho internacional ya que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados. quedaba a la defensa de los indultados negar que los delitos que se les imputaban correspondieran a las características de los crímenes de lesa humanidad. de un lado. Una vez establecido lo anterior. 1002 de 1989. esto es. al Ministro de Economía Martínez de Hoz y al General Harguindeguy. dejando libre la sustanciación de la causa en su contra y entregando a la Corte Suprema la decision final sobre la inconstitucionalidad de los indultos. esto es. en primer lugar. la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que. debía llegarse a conclusiones idénticas. el Juzgado Criminal y Correccional Federal No. El 4 y 5 de septiembre. que las decisiones presidenciales debían respetarse porque no se vulnera el derecho internacional ni el Bloque de Constitucionalidad. según el cual los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado. la cuestión a tratar no involucra un conflicto normativo entre los Tratados internacionales de derechos humanos y la atribución presidencial. el decreto en cuestión no escapa a la verificación de la razonabilidad de los actos emanados del poder público. si bien existe una línea jurisprudencial que por vía de principio ha considerado a los indultos como cuestión política no judiciable. la defensa también argumentó que se afectaba el principio del juez natural por resultar competente en estas actuaciones la Justicia Militar. control que resulta misión inclaudicable de los tribunales de justicia”.Manuel Eduardo Góngora Mera en comento se aplicaban a los indultos. Fue así como el Juzgado Criminal y Correccional Federal No. En esta fase. dado que atentan contra la humanidad en conjunto. 3 de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del indulto a los uruguayos José Nino Gavazzo. Por esta razón. En relación con la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad respecto de un decreto de indulto. en particular la militar. que en todo caso la prescripción de la acción penal operaría porque sólo se inaplica frente a crímenes de lesa humanidad. Y entonces concluye el tribunal: “En este sentido. se podría sostener. que correspondieron a una política sistemática y generalizada de persecución contra la población civil. que hubieran sido cometidos sistemáticamente o a gran escala. Pero la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal desvirtuó esta postura con base en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida el 25 de julio de 2006. de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. según normas de derecho internacional que tienen jerarquía constitucional y principios del ius cogens de rango más elevado en la jerarquía internacional que el derecho convencional. Finalmente. Un par de semanas después. 5 de Buenos Aires anuló los indultos otorgados al General Videla. para declarar la nulidad de los indultos fue necesario demostrar que las conductas imputadas a los demandados se tipifican como crímenes de lesa humanidad. Lo que resulta materia de análisis es el ejercicio de esta facultad frente a hechos que constituyen delitos de lesa humanidad. en la que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ha sido reconocida y aplicada frente a las graves vulneraciones a los derechos humanos acaecidas durante el régimen dictatorial.Centro de Derechos Humanos de Nuremberg . se reconoció la imprescriptibilidad de los mismos. la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal de Buenos Aires anuló el indulto otorgado al General en retiro Santiago Omar Riveros en el Decreto Presidencial No. que se deriva del principio republicano de gobierno.
El tribunal tuvo en cuenta el Informe 28 de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos109. Ese marco es hoy mucho más difuso debido a los gobiernos multinivel. confirmado por la resolución 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946 y más tarde por la Comisión de Derecho Internacional. la aplicación directa del ius cogens en el derecho interno. 3. tal vez acostumbrados a un orden jurídico en el que el Estado es el marco de toda reflexión sobre la Constitución y el derecho. el caso argentino es un ejemplo de cómo están transformándose conceptos jurídicos tan antiguos y estables en el tiempo. el principio de legalidad y la prescripción penal. El uso de la jurisprudencia de un tribunal ajeno al sistema interamericano muestra una mayor apertura a los desarrollos del derecho internacional. Conclusión La profunda vinculación que entre el orden constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos se ha establecido en Argentina gracias a la conformación del Bloque de Constitucionalidad ha vencido progresivamente las posturas políticas y jurisprudenciales que permitieron establecer un régimen de impunidad tras el fin de la dictadura. la Corte Penal Internacional. la conformación de una opinión pública mundial interesada en que los responsables por crímenes de lesa humanidad sean enjuiciados y castigados y que las víctimas conozcan la verdad. expuesta en este trabajo. La conformación del Bloque de Constitucionalidad y su aplicación por los jueces no es la culminación del proceso 109 Vid. para concluir que “los pactos y convenciones que reconocen y fortalecen la tutela de los derechos que en el caso se encuentran involucrados. pese a que el país aún carece de tipificaciones de crímenes internacionales en su legislación interna. se están dando los pasos en la vía correcta. Argentina puede mostrar así. en el que la Comisión declaraba incompatible el Decreto No. 1002 de 1989 con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 34 .2.El Bloque de Constitucionalidad en Argentina y su relevancia en la lucha contra la impunidad 1. deciden adelantar la persecución de crímenes de Estado mediante el uso de normas internacionales y la jurisprudencia del sistema interamericano. los esfuerzos de ONGs y sectores de la sociedad civil por la validación de la jurisdicción universal. como la cosa juzgada. la internacionalización del derecho constitucional. ya al tiempo del dictado del mencionado decreto coexistían en el plano constitucional con la atribución presidencial de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal”. La evolución del derecho constitucional argentino. 2. Se trata sin duda de un ejemplo notable de los efectos positivos de la globalización del derecho. El tribunal acudió a un fallo de enero de 2006 de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la interpretación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. que tras décadas de impunidad. a pesar de carecer de normas internas adecuadas. De otra parte. sino unido a las tendencias de la constelación postnacional. muestra a una organización judicial conciente de su importancia para la vigencia efectiva de los derechos humanos. no constituye por tanto un hecho aislado. en el que se sostiene (analizando un caso de delitos perpetrados en 1949) que la desaparición forzada de personas ya había sido reconocida como delito de lesa humanidad en el artículo 6° (c) de la Carta del Tribunal de Nuremberg de 1945. Supra. Hay juristas alarmados con estos cambios. de la importante labor de las instituciones y normas del sistema interamericano y del destacado papel que cumplen los jueces constitucionales en la estructura estatal y en las democracias modernas. el fenómeno de la supranacionalidad.1. Esto es lo que hace tan interesante el caso argentino. La postura políticojurídica de los jueces constitucionales que.
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