Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-395-13.htm
Timestamp: 2019-07-19 10:16:33
Document Index: 316124678

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo38', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 48', 'Artículo 86', 'Artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 2']

T-395-13
La acción de tutela procederá para proteger los derechos fundamentales y, en particular, los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, como la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y, (ii) cuando esta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Protección constitucional cuando se trata de personas en situación de discapacidad
La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular merecen recibir una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, las personas en condición de discapacidad física, síquica y sensorial, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. La Corte Constitucional ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo suficientemente expeditas para satisfacer la exigencia de la protección inmediata de derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad social.
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección en el ordenamiento constitucional
En desarrollo de los artículos 13, 47 y 54 de nuestra Constitución, tanto el legislador como esta Corporación han señalado la existencia de sujetos que gozan de una protección especial dentro de los cuales se encuentran, para lo que interesa a la presente causa, las personas en condición de discapacidad. La Corte Constitucional ha sostenido, de manera enfática, que la omisión de otorgar especial amparo a las personas que se encuentran en situación de indefensión por razones económicas, físicas o mentales puede también asemejarse a una medida discriminatoria. Lo anterior, por cuanto la situación que afrontan estas personas les dificulta incorporarse socialmente para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones. Ello explica que el Estado deba adoptar un conjunto de medidas de orden positivo encaminadas a superar esa situación de desigualdad y de desprotección. Con la anotada finalidad, el Estado debe ofrecer las condiciones normativas y materiales que permitan, en la medida de lo posible, que las personas en situaciones de debilidad manifiesta, superen su situación de desigualdad. Misión en la que también deberá participar el legislador y los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo específicas según las circunstancias de cada caso en concreto.
La pensión de sobrevivientes, según la jurisprudencia de esta Corporación se instituyó con el fin de afrontar los riesgos de viudez y orfandad que se derivan de la ausencia del trabajador que proveía los recursos para satisfacer las necesidades de índole familiar. La Corte ha señalado que con dicha prestación se quiso precaver que el núcleo familiar del trabajador pensionado o afiliado quede desamparado como consecuencia de su fallecimiento, de tal manera que quienes dependían del causante, puedan acceder a los recursos necesarios para subsistir en condiciones dignas con un nivel de vida semejante al que tenían con anterioridad al deceso del pensionado o del afiliado al sistema. En otras palabras, la sustitución pensional pretende conjurar la desestabilización social y económica de la familia como consecuencia de la muerte de quien tenía la obligación de proveer el sustento.
La Sala entiende que se está ante un derecho subjetivo que deriva del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 superior, y, por ende, irrenunciable. Una consecuencia que se deriva de la irrenunciabilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes es su imprescriptibilidad, lo que implica que ésta prestación puede ser reclamada en cualquier tiempo, siempre que el interesado cumpla con los requisitos establecidos por el legislador, quien es el competente para establecer los requisitos y beneficiarios de aquélla. En este orden de ideas, una persona que sea beneficiaria de una pensión de sobrevivientes no pierde tal derecho por no haberlo reclamado en su momento.
CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Vulneración del debido proceso por Junta de Calificación al fijar fecha de estructuración posterior al fallecimiento del padre del accionante, cuando éste sufre esquizofrenia de origen genético
Si bien es verificable en la historia clínica que la crisis del trastorno esquizoafectivo del agenciado fue detonada a los ocho (8) días del deceso de su padre, también ha sido demostrado que su padecimiento es de origen genético, de etiología bio-sico-social y cuyas manifestaciones empezaron desde sus años de infancia. Es decir, mucho antes del fallecimiento de su progenitor. Configurándose así el cumplimiento del requisito para acceder al reconocimiento de su pensión de sobrevivientes, al quedar acreditado que su estado de invalidez es pre-existente al momento de morir el causante de la pensión. Situación que no fue valorada por las entidades accionadas.
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden a Fondo de Pensiones Públicas del Municipio reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a hijo inválido del causante
Demandante: Magaly Rivera Gómez en representación de Luis Antonio Rivera Gómez
· Su padre Neftalí Rivera Carrillo era pensionado del Fondo de Pensiones Públicas del municipio de San José de Cúcuta y falleció el 18 de enero de 1995, sustituyéndolo en el beneficio pensional su cónyuge supérstite y madre del agenciado, Flor de María Gómez de Rivera. Al fallecer su madre, en junio de 2010, inician los trámites tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Luis Antonio Rivera Gómez.
· Según lo consignado en la historia médica, con ocasión del fallecimiento del padre, Luis Antonio Rivera Gómez sufre una crisis crónica de esquizofrenia paranoide, siete días después del deceso de su progenitor. En consecuencia, el 23 de septiembre de 2010, la Junta Médica Regional dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 61.50% y estableció el 25 de enero de 1995 como fecha de estructuración de la invalidez.
· Luis Antonio Rivera Gómez fue declarado interdicto y su hermana fue asignada su guardadora definitiva, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado 5º de Familia de Cúcuta.
· El 6 de enero de 2012, la interesada allegó los documentos requeridos y el Fondo de Pensiones Públicas del municipio de San José de Cúcuta, a través de la Resolución Nº 010 del 22 de febrero de 2012, confirmada vía reposición, mediante Resolución Nº 020 del 11 de abril de 2012, negó la solicitud de pensión de sobrevivientes por considerar que Luis Antonio Rivera Gómez no cumple con los requisitos de ley para ostentar dicho derecho, dado que acreditó su estado de invalidez con fecha posterior al deceso del causante.
· A su vez, la alcaldía municipal de Cúcuta, mediante la Resolución Nº 0210, del 8 de mayo de 2012, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución Nº 010 de 2012, por considerar que, al haber sido estructurada la invalidez del señor Luis Antonio Rivera Gómez en una fecha posterior al fallecimiento de su padre, pensionado, no es posible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
· Las entidades accionadas no tuvieron en cuenta que el padecimiento del agenciado diagnosticado como esquizofrenia paranoide es de carácter congénito, situación que debió analizarse a fin de determinar la fecha de estructuración de la invalidez y el consecuente reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
· El interdicto no cuenta con ningún ingreso económico, toda vez que siempre dependió económicamente de sus padres debido a su discapacidad.
El 28 de agosto de 2012, el Juzgado 10º Civil Municipal de Cúcuta admitió la acción de tutela y ordenó ponerla en conocimiento de las entidades accionadas, con el fin de que se pronunciaran en relación con los hechos y pretensiones en ella planteados.
Sin embargo, la Secretaría de Fortalecimiento Corporativo, la Secretaría de Talento Humano y el Fondo de Pensiones Públicas del municipio de San José de Cúcuta no ejercieron su derecho de contradicción.
Aporta copia del dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez de Luis Antonio Rivera Gómez[1].
Argumenta su oposición a las pretensiones de la agente oficioso en que al revisar en la unidad de correspondencia del instituto, se pudo constatar que “no se encuentra radicado alguno de la IPS pública informando que el señor LUIS ANTONIO RIVERA GÓMEZ requiera algún medicamento, exámenes y/o procedimiento”.
4.- Documentos relevantes cuyas copias obran en el expediente (Cuaderno 1)
§ Cédula de ciudadanía de Magaly Rivera Gómez Nº 60.311.375 (f. 4).
§ Cédula de ciudadanía de Luis Antonio Rivera Gómez Nº 13.492.058 (f. 5).
§ Sentencia de Interdicción de Luis Antonio Rivera Gómez, proferida por el Juzgado 5º de Familia de Cúcuta, el 21 de noviembre de 2011 (fs. 21 al 26).
§ Solicitud de pensión de sobrevivientes a favor de Luis Antonio Rivera Gómez, suscrita por Magaly Rivera Gómez, recibida en la alcaldía municipal de Cúcuta el 16 de enero de 2012 (f. 20).
§ Resolución Nº 010 del 22 de febrero de 2012, por medio de la cual el Fondo de Pensiones Públicas del municipio de San José de Cúcuta niega la solicitud de pensión de sobrevivientes (fs. 11 al 15).
§ Resolución Nº 020 del 11 de abril de 2012, por medio de la cual el Fondo de Pensiones Públicas del municipio de San José de Cúcuta resuelve el recurso de reposición (fs. 16 al 19).
§ Resolución Nº 0210 del 8 de mayo de 2012, por medio de la cual la alcaldía municipal de Cúcuta resuelve el recurso de apelación (fs. 6 al 10).
§ Historia médica de Luis Antonio Rivera Gómez (fs. 27 al 32).
1.- Decisión de primera instancia
· Informe Pericial 045-2011 del 24 de mayo de 2011, emitido por profesional especializado forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dentro del proceso de interdicción judicial de Luis Antonio Rivera Gómez (fls. 114 al 122, cuaderno 1).
· Acta del 17 de agosto de 2011, estudio y visita social realizada por la oficial mayor del Juzgado 5º de Familia de Cúcuta (f. 113, cuaderno 1).
· Registro de búsqueda en la base de datos certificada del SISBEN, donde el resultado arroja que la cédula de ciudadanía Nº 13.492.098 no existe como usuario[2] (f. 112, cuaderno 1).
3.1. Como ya ha sido reiterado por esta Corporación en abundante jurisprudencia, el objetivo del mecanismo de protección constitucional consagrado en el artículo 86[3] superior, es el amparo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, excepcionalmente, por los particulares.
Esta acción se caracteriza por la subsidiaridad y la residualidad, lo que implica que, frente a un caso concreto, será procedente invocarla para proteger derechos fundamentales, siempre que: no exista un mecanismo de defensa judicial previsto en el ordenamiento para el efecto, o cuando existiendo, éste no resulta idóneo para lograr la protección de los mismos; o cuando se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Atendiendo al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada y uniforme que, en principio, dicho mecanismo resulta improcedente para el reconocimiento de prestaciones de índole pensional por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y de desarrollo progresivo, cuya protección debe procurarse a través de las acciones laborales -ordinarias o contenciosas-, según se trate.[4]
No obstante, de manera excepcional, se ha admitido su procedencia, cuando tales acciones pierden eficacia jurídica para la consecución del objeto que buscan proteger, concretamente, cuando un análisis de las circunstancias fácticas del caso o de la situación particular de quien solicita el amparo así lo determina. En estos eventos, la controversia suscitada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, siendo necesaria la intervención del juez de tutela.[5]
3.2. Bajo esa premisa, esta corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de carácter pensional, cuando el titular del derecho en discusión es una persona de la tercera edad o que por su condición económica, física o mental se encuentra en situación de debilidad manifiesta, lo que permite otorgarle un tratamiento especial y preferente respecto de los demás miembros de la sociedad, dado que someterla a los rigores de un proceso judicial puede resultar disonante y altamente lesivo de sus garantías fundamentales.
3.3. Conforme con las anteriores reglas generales de procedibilidad de la acción constitucional en el tema de reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, la jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que, excepcionalmente, la tutela procede para la protección de esa clase de derechos[6], cuando la persona, analizadas sus circunstancias específicas, necesita de una protección urgente. Esto es, cuando se presenta como mecanismo transitorio con el propósito de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o cuando el medio de defensa judicial ordinario, previsto por el ordenamiento para su protección se torna inocuo, ineficaz o no es lo suficientemente expedito para proporcionar una protección oportuna de los derechos, aspecto que debe ser analizado por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada caso concreto. [7]
En esta medida, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, dispone, respecto a la eficacia del instrumento de defensa judicial ordinario, que la acción constitucional no procede, “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
Así las cosas, si bien, por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver solicitudes de carácter pensional, como es el caso de la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes o las prestaciones que de ellas se deriven, lo cierto es que cuando se está en presencia de una de las circunstancias antes citadas, la tutela se torna procedente de manera excepcional. En relación con lo anteriormente señalado, la Corte ha aceptado que:
“La acción de tutela procederá para obtener el reconocimiento y pago de pensiones, bien sea de vejez, invalidez o de sobrevivientes, cuando no exista otro medio de defensa judicial al cual acudir, o que existiendo, el mismo no resulte idóneo ni eficaz para tal efecto, de conformidad con las especiales circunstancias que rodean a cada persona. Así pues, el amparo constitucional se erige como el mecanismo principal y definitivo para la solución de controversias de esta naturaleza, ante la imposibilidad material de perseguir una protección real y efectiva por otra vía judicial. Ahora bien, la acción de tutela también procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de otros medios judiciales de defensa, cuando se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable que, por lo general, surge de la afectación del derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad humana de quien invoca el amparo constitucional. En ese sentido, dada la urgencia de una intervención oportuna por parte del operador jurídico, es posible que en sede de tutela se adopten medidas conducentes a la protección de los derechos fundamentales trasgredidos, mientras que la autoridad competente decide de fondo y definitivamente, sobre el conflicto planteado”. [8]
3.4. A modo de conclusión, la acción de tutela procederá para proteger los derechos fundamentales y, en particular, los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, como la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y, (ii) cuando esta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.
Por tanto, le corresponde al juez constitucional, verificar, evaluar y analizar las condiciones que presenta la persona[9], para que, una vez constatadas sus aseveraciones, se tome una medida pronta, urgente y eficaz, con el fin de evitar un perjuicio irremediable a sus garantías constitucionales, ante lo desproporcionado que le puede resultar recurrir a dirimir su conflicto por los medios judiciales comunes y, adicionalmente, le corresponde corroborar y ponderar la existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta o no necesario amparar y reconocer un derecho de índole pensional a quien por este mecanismo lo requiere. Tales exigencias, que se deben constatar por el juez constitucional, son descritas en abundante jurisprudencia[10] y compiladas particularmente entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011[11], así:
(i) Que se trata de una persona considerada sujeto de especial protección;
3.5. La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular merecen recibir una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva[12]. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, las personas en condición de discapacidad física, síquica y sensorial, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza.
La Corte Constitucional ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo suficientemente expeditas para satisfacer la exigencia de la protección inmediata de derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad social[13].
4.- La protección de las personas en situación de discapacidad en el ordenamiento constitucional[14]
En desarrollo de los artículos 13, 47 y 54 de nuestra Constitución, tanto el legislador como esta Corporación han señalado la existencia de sujetos que gozan de una protección especial dentro de los cuales se encuentran, para lo que interesa a la presente causa, las personas en condición de discapacidad[15].
La Corte Constitucional ha reiterado esa protección. Así, ha sostenido, de manera enfática, que la omisión de otorgar especial amparo a las personas que se encuentran en situación de indefensión por razones económicas, físicas o mentales puede también asemejarse a una medida discriminatoria[16]. Lo anterior, por cuanto la situación que afrontan estas personas les dificulta incorporarse socialmente para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones. Ello explica que el Estado deba adoptar un conjunto de medidas de orden positivo encaminadas a superar esa situación de desigualdad y de desprotección.
Con la anotada finalidad, el Estado debe ofrecer las condiciones normativas y materiales que permitan, en la medida de lo posible, que las personas en situaciones de debilidad manifiesta, superen su situación de desigualdad. Misión en la que también deberá participar el legislador y los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo específicas según las circunstancias de cada caso en concreto[17].
5.1. La pensión de sobrevivientes, según la jurisprudencia de esta Corporación se instituyó con el fin de afrontar los riesgos de viudez y orfandad que se derivan de la ausencia del trabajador que proveía los recursos para satisfacer las necesidades de índole familiar. [18]
La Corte ha señalado que con dicha prestación se quiso precaver que el núcleo familiar del trabajador pensionado o afiliado quede desamparado como consecuencia de su fallecimiento, de tal manera que quienes dependían del causante, puedan acceder a los recursos necesarios para subsistir en condiciones dignas con un nivel de vida semejante al que tenían con anterioridad al deceso del pensionado o del afiliado al sistema[19]. En otras palabras, la sustitución pensional pretende conjurar la desestabilización social y económica de la familia como consecuencia de la muerte de quien tenía la obligación de proveer el sustento. Sobre el particular la Corte ha señalado lo siguiente:
“Desde esta perspectiva se puede advertir que el objetivo esencial de la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria.” [20]
Conforme lo dicho, este Tribunal ha reconocido en múltiples ocasiones, el carácter fundamental que reviste la pensión de sobrevivientes, en la medida en que el reconocimiento y pago de esta prestación económica garantiza el mínimo vital de los familiares dependientes del pensionado. Al respecto, la Corte [21] dijo:
“A pesar de ser la pensión de sobrevivientes una prestación económica, también ha sido catalogada como un derecho fundamental, pues ‘busca lograr en favor de las personas que se encuentran involuntariamente en circunstancias de debilidad manifiesta- originada en diferentes razones de tipo económico, físico o mental y que requieren de un tratamiento diferencial positivo o protector -, un trato digno y justo, por parte de la entidad que debe reconocer y pagar la pensión”. [22]
Ahora bien, como se reseñó anteriormente, en los casos en los cuales en materia de pensión de sobrevivientes esté de por medio el disfrute de los derechos fundamentales de personas que sufran de una discapacidad mental, la Corte ha estimado que los requisitos legales previstos para ser beneficiario de la misma, deben ser entendidos de conformidad con el deber especial que tiene el Estado de brindarles una protección especial.[23]
5.2. Es necesario recordar que el excepcional reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por vía de tutela se encuentra sometido a una condición de tipo probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de que la entidad encargada de responder no haya hecho mención del reconocimiento o simplemente no haya ofrecido respuesta alguna al escrito de tutela.
Así mismo, debe estar probado que el accionante agotó algún trámite administrativo o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de tal prestación. Al respecto, esta Corporación en sentencia T-651 de 2009[24] señaló: “(…) la acción de tutela procede cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia”.
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años[25], incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno[26], y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo38 de la Ley 100 de 1993;
El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999 se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, y define con idénticos términos al estado de invalidez en su artículo 2º. [27]
El artículo 3º del Decreto 917 de 1999, norma que el accionante solicita inaplicar, reza:
Así las cosas, la Sala entiende que se está ante un derecho subjetivo que deriva del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 superior, y, por ende, irrenunciable. Una consecuencia que se deriva de la irrenunciabilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes es su imprescriptibilidad, lo que implica que esta prestación puede ser reclamada en cualquier tiempo, siempre que el interesado cumpla con los requisitos establecidos por el legislador, quien es el competente para establecer los requisitos y beneficiarios de aquélla.[28] En efecto, en sentencia T-746 de 2004, se indicó:
6.1. En el presente caso, como se ha explicado, se trata de una persona con discapacidad mental, diagnosticada con trastorno esquizoafectivo crónico, declarada interdicta judicialmente, poco familiar, no sociable, aislado y solitario. En la actualidad, una hermana suya, sin ingresos, se encarga de su manutención a través de lo que devenga su marido.
La Sala de Revisión estima que procede el amparo constitucional, al ser el señor Luis Antonio Rivera Gómez, sujeto de especial protección constitucional, en razón a su estado de invalidez con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 61.50%, tal como se estableció en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander que obra en el expediente. Sin embargo, dicha entidad no tuvo en cuenta el origen bio-sico-social[29] del trastorno mental padecido por Luis Antonio Rivera Gómez y determinó como fecha de estructuración la crisis sufrida ocho (8) días después del deceso del padre.
Advierte la Sala que en el citado dictamen, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander describe la deficiencia del calificado como: “ESQUIZOFRENIA - 30% asignado - Cap.12 Tabla 12.4.4”. Esto según el Manual Único para la Calificación de la Invalidez, corresponde a:
· Clase I (leve) (…) 10%
· Clase II (Moderada) (…) 20%
· Clase III (grave) · El tiempo de duración del último episodio y/o del estado actual es de más de 6 meses, y en el período intercrítico hay persistencia de contenidos delirantes y/o síntomas negativos, y la persona puede haber tenido o no episodios previos (número no relevante), y hallazgo actual: el delirio tiende a ser sistematizado y/o referido a diversas situaciones (trastorno delirante). Presencia de síntomas psicóticos negativos y/o positivos (trastorno esquizofrénico y trastorno esquizoafectivo). La persona tiene dificultad para el desarrollo consciente y voluntario de sus actividades. Existe un estado psicótico estructurado. 30%
· Clase IV (severa) (…) 40%
6.2. Sustancial valor probatorio tiene el informe pericial 045-2011 emitido el 24 de mayo de 2011, dentro del proceso de interdicción judicial, solicitado como prueba en primera instancia de la acción de tutela y, finalmente, aportado al momento de la impugnación[30]. Considera la Sala que de haberlo analizado el ad quem, otro sería el sentido de la providencia de segunda instancia en revisión. En efecto, en el citado peritaje siquiátrico-forense, el profesional especializado forense, explicó:
“De acuerdo con lo conocido, Luis Antonio muestra un grado de funcionamiento sicológico muy inmaduro por regresivo para su edad cronológica[31] y una capacidad de adaptación a la realidad interna y externa igual de limitada, tanto así que está cesante y depende casi del todo de su apoyo familiar.
Consecuentemente, consideró como impresiones diagnósticas[32], las siguientes:
Eje 3. Presbiopsia [sic] bilateral corregida con lentes. Varicole izquierdo.
En consecuencia, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2011, el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta, otorgando pleno valor probatorio al informe pericial siquiátrico referido, declara la interdicción judicial por discapacidad mental absoluta de Luis Antonio Rivera Gómez y designa a su hermana Magaly Rivera Gómez como guardadora definitiva del discapacitado.
6.3. De lo expuesto, puede colegirse que si bien es verificable en la historia clínica que la crisis del trastorno esquizoafectivo[33] de Luis Antonio Rivera Gómez fue detonada a los ocho (8) días del deceso de su padre, también ha sido demostrado que su padecimiento es de origen genético, de etiología bio-sico-social y cuyas manifestaciones empezaron desde sus años de infancia. Es decir, mucho antes del fallecimiento de su progenitor. Configurándose así el cumplimiento del requisito para acceder al reconocimiento de su pensión de sobrevivientes, al quedar acreditado que su estado de invalidez es pre-existente al momento de morir el causante de la pensión. Situación que no fue valorada por las entidades accionadas.
[1] Obra a folios 63 al 66 del cuaderno 1 del expediente T-3.735.123.
[2] La Sala advierte que el reporte corresponde a una cédula de ciudadanía diferente a la de Luis Antonio Rivera Gómez.
[3] Constitución Política de Colombia. Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[4] Bajo este contexto, el mecanismo de amparo, en principio, no es el medio judicial idóneo para procurar la protección de esta clase de derechos. Ver entre otras, las Sentencias: T-371 de 1996 y T-078 de 1998 (M. P. Hernando Herrera Vergara), T-476 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1083 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-634 de 2002 (M.P. Eduardo Montelagre Lynett).
[5] Ver Sentencias T-920 de 2009 y T-528 de 2012.
[6] La jurisprudencia constitucional ha evolucionado en el sentido de sostener que el derecho a la seguridad social, dada su vinculación directa con el principio de dignidad humana, tiene en realidad el carácter de derecho fundamental, pudiendo ser objeto de protección judicial, por vía de la acción de tutela, en relación con los contenidos legales que le han dado desarrollo, y excepcionalmente, cuando la falta de ciertos contenidos afecta el mínimo de dignidad y la calidad de vida del afectado.
[7] Ver Sentencia T-052 de 2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[8] Cfr. Sentencias T-896 de 2011 y T-562 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[9] Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia T-433 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[10]. En el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-055, T249 y T-851 de 2006, T-433 de 2002.
[11] M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[12] Artículo 13 de la Constitución Política.
[13] Cfr. la sentencia T-1045 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). También ver la sentencia T-083 de 2004, la Corte consideró que:
Este último razonamiento encuentra pleno respaldo en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, el cual, al referirse a las causales de improcedencia del amparo constitucional, señala claramente que la existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada “en concreto” por el juez, teniendo en cuenta el grado de eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las circunstancias en que se encuentre el solicitante al momento de invocar la protección del derecho presuntamente conculcado.”
En sentencia T-076 de 2003, reiteró la Corte: “...la jurisprudencia de esta Corporación sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral,[13] o ii) éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección inmediata...”
[14] Ver Sentencia T-609 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[15] Ver por ejemplo, Sentencia T-166 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[16] Ver, entre otras, Sentencia T-378 de 1997 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[17] Sentencia T-841 de 2006 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[18] En sentencia T- 190 de 1993, esta Corporación señaló el fin principal perseguido con la pensión de sobrevivientes, en los siguientes términos: “La sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido”.
En sentencia C- 1094 de 2003, retomando el precedente sentado en sentencia C- 1176 de 2001, el juez constitucional consideró lo siguiente sobre la pensión de sobrevivientes: “La Constitución Política consagra una serie de mandatos referentes a la naturaleza, cobertura y efectos de la seguridad social. En el artículo 48 la define como un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Dispone igualmente la Carta que la seguridad social es un derecho irrenunciable que se garantiza a todos los habitantes (art. 48).
En sentencia C-451 de 2005, el juez constitucional estimó que los fines perseguidos con la pensión de sobrevivientes, eran los siguientes: “En este orden de ideas, la pensión de sobrevivientes atiende un importante objetivo constitucional cual es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pues con esta prestación se pretende que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas que dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades económicas más urgentes (C-080/1999). Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que el régimen de la pensión de sobrevivientes no se inspira en la acumulación de un capital que permita financiarla, sino en el aseguramiento del riesgo de deceso del afiliado”.
[19] Véase, Sentencia T-813 de octubre 3 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[20] Véase, Sentencia C-002 de enero 20 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[21] Véase, Sentencia de septiembre 8 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[22] Sentencia T-072 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[23] Así por ejemplo, en sentencia T-072 de 2002, esta Corporación consideró que, si bien la pensión de sobrevivientes es una prestación económica, también ha sido catalogada como un derecho fundamental, pues “busca lograr en favor de las personas que se encuentran involuntariamente en circunstancias de debilidad manifiesta- originada en diferentes razones de tipo económico, físico o mental y que requieren de un tratamiento diferencial positivo o protector -, un trato digno y justo, por parte de la entidad que debe reconocer y pagar la pensión.”.
En el mismo sentido, la Corte en sentencia T-941 de 2005, estimó lo siguiente: “En particular, la pensión de sobrevivientes es aquella que deja el pensionado o el trabajador activo a sus beneficiarios al morir, la cual busca proteger a las personas que por alguna razón se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta ya sea por motivos de tipo económico, físico o mental”.
[25] Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-451-05 de 3 de mayo de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[26] Aparte tachado fue declarado inexequible en la sentencia C-1094 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[27] Decreto 917 de 1999. ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES DE INVALIDEZ, INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, CAPACIDAD LABORAL Y TRABAJO HABITUAL. Para efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptanse las siguientes definiciones:
a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. (…)
[28] Extracto de la sentencia T-231 de 2011.
[29] “Ahora se sabe que la esquizofrenia es un trastorno que se desarrolla a través del tiempo como resultado de factores genéticos / biológicos y medioambientales. Así, por ejemplo, si un niño ya ha aumentado el riesgo genético debido a antecedentes familiares de esquizofrenia y/u otras enfermedades mentales, ciertos factores de estrés ambientales (tales como un ambiente en casa que es con frecuencia muy emocional), se combinan con estas susceptibilidades genéticas y trae como resultado el desarrollo de los trastornos mentales” William McFarlane M.D., Investigador de base en el Maine Medical Center. http://www.schizophrenia.com/sznews/archives/005839.html.
Ver también el artículo Is Schizophrenia Psychological Or Biological? En http://www.schizophrenia.com/sznews/ archives/004311.html Investigaciones actuales indican que los factores de riesgo biológicos y genéticos (o predisposición) son fundamentales para desarrollar las enfermedades mentales, pero los factores psicológicos también se cree que juega un factor tanto en la incidencia (si una persona la desarrolla o no) y los resultados (lo bien que se recuperan de esta).
[30] Ver folios 114 al 122 del cuaderno 1 del expediente 3.735.123
[31] 42 años de edad.
[32] En el informe citó como soporte a la 4ª edición revisada del Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales de la Asociación Siquiátrica Americana, el D.S.M.-IV-T.R. de 2002 y/o la C.I.E.-10 o la clasificación Internacional de las Enfermedades, Trastornos Mentales y del Comportamiento de 1999.
[33]Los síntomas del trastorno esquizoafectivo abarcan: Estado de ánimo exaltado, elevado o deprimido, Irritabilidad y mal control del temperamento, Síntomas que se podrían observar durante un estado maníaco-depresivo (cambios en el apetito, energía, sueño), Alucinaciones (particularmente auditivas, “escuchar voces”), Delirios de referencia (por ejemplo, creer que alguien en la radio o en la televisión está hablando directamente a la persona afectada o que hay mensajes escondidos en los objetos comunes), Paranoia (un sentimiento de que todo el mundo o una persona o agencia en particular persigue a la persona afectada), Deterioro del interés por la higiene y el acicalamiento, Discurso ilógico y desorganizado.
Como puede verse, no se distinguen mucho de los de la esquizofrenia, y va a ser la evolución del paciente la que determine uno u otro diagnóstico. http://canariasmental.wordpress.com/%C2%BFque-es-trastorno-esquizoafectivo/