Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl14388-2015-43182-de-octubre-20-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_6242c5989e6f4b59b66fa78835d2791f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 21:09:40
Document Index: 156825965

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 17', 'artículo 57', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 57', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 9']

﻿ Sentencia SL14388-2015 de octubre 20 de 2015
SENTENCIA SL14388-2015 DE 20 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE UNA PROVIDENCIA, EJECUTORIA QUEDA SUSPENDIDA HASTA RESOLVER LA SOLICITUD. CITANDO LOS ARTÍCULOS 331 Y 354 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y ANALIZANDO LOS EFECTOS DE LOS FALLOS ADMINISTRATIVOS, SE ACLARA QUE CUANDO SE SOLICITA LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE UN AUTO O UNA SENTENCIA, LA EJECUTORIA DE LA TOTALIDAD DE DICHO PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL QUEDA SUSPENDIDA HASTA QUE SE RESUELVA LA RESPECTIVA SOLICITUD. POR CONSIGUIENTE, SE PRECISA QUE “ESTA REGLA NO SE ALTERA POR EL HECHO DE QUE LA PROVIDENCIA CONTENGA VARIAS DETERMINACIONES, O PORQUE LA SOLICITUD SE HUBIERA FORMULADO FRENTE A UNA PARCIALIDAD DE ELLAS”. PARA FINALIZAR, SE ACLARA QUE LA EJECUTORIA ES UNA CARACTERÍSTICA QUE SE PREDICA DE LAS PROVIDENCIAS Y NO DE LAS DECISIONES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS. PUES SE TRATA DE UNA REGULACIÓN QUE ENCUENTRA SU CAUSA FINAL EN LA NECESIDAD DE QUE LAS PARTES TENGAN CLARIDAD RESPECTO DEL SENTIDO QUE –COMO UN TODO– TIENE EL PRONUNCIAMIENTO ADOPTADO POR EL JUEZ, PUES SÓLO CON BASE EN ESE PRESUPUESTO LOS INTERVINIENTES PODRÁN ESTABLECER SI LES ASISTE O NO INTERÉS PARA RECURRIR DETERMINADA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, PAGO DE LOS APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia SL14388-2015 de octubre 20 de 2015
Rad.: 43182
Como primera medida, la Corte debe subrayar que las falencias técnicas que le endilgan los opositores al cargo no tienen la entidad suficiente para impedir un estudio de fondo de los reproches allí planteados.
Así, en cuanto a la postura del Instituto de Seguros Sociales, es necesario advertir que el proceso estuvo enderezado a determinar, tanto la posibilidad de otorgarle al demandante una pensión de vejez, como a definir a cuál de las dos demandadas le correspondía asumir su pago. Por tales razones, no resultaba inadecuado que la sociedad recurrente, a través del alcance de la impugnación, le endilgara la responsabilidad del reconocimiento de la prestación al Instituto de Seguros Sociales y que, por lo mismo, solicitara la confirmación de la providencia de primer grado, en sede de instancia.
Frente a la objeción técnica que comparten los dos opositores, aunque el cargo no es un ejemplo de claridad, lo cierto es que es posible inferir de allí un ataque suficiente y técnicamente planteado contra la decisión del tribunal, que aboga por una lectura debida de los decretos 1824 de 1965 y 2665 de 1988, así como por la aplicación de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, fruto de lo cual, en los términos de la censura, es posible deducir que el trabajador tiene derecho al reconocimiento de la pensión por parte de la entidad de seguridad social respectiva, con la posibilidad de recobrar los aportes al empleador, independientemente de que se hubiera producido una falta de afiliación o una mora en el pago de las cotizaciones al sistema de pensiones.
Por lo mismo, se repite, las objeciones técnicas endilgadas al cargo no resultan atendibles.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el fondo de la acusación, el tribunal asumió como supuestos fácticos no sometidos a controversia, el hecho de que el actor arribó a la edad de 60 años el 9 de junio de 1998; que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; que se le había negado el reconocimiento de la pensión de vejez, por no tener 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; que laboró ininterrumpidamente para Sofasa S.A. desde el 12 de enero de 1976 hasta el 2 de septiembre de 1988; y que, a pesar de ello, entre el 21 de septiembre de 1982 y el 31 de mayo de 1983 no le aparecían cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
Igualmente, con fundamento en esa base fáctica y para justificar su decisión, dicha corporación reivindicó dos reglas jurídicas diferentes, a saber: i) que las normas llamadas a regular los incumplimientos en la afiliación o en el pago de las cotizaciones al sistema de pensiones son las vigentes en el momento de presentarse la respectiva omisión y no las posteriores, por lo que, para este caso, no era aplicable “(…) la Ley 100 de 1993 y los criterios jurisprudenciales que se han derivado de esta (…)”; ii) y que la “mora” en el pago de los aportes es diferenciable en sus consecuencias frente a la “falta de afiliación” al sistema de pensiones, pues, en este último caso, que es el del actor, no es posible imputarle negligencia o descuido a la entidad de seguridad social, de manera que, con fundamento en los reglamentos de afiliación al Instituto de Seguros Sociales, es el empleador el que debe asumir el riesgo pensional.
Descrita en estos términos la estructura de la sentencia gravada, para la Sala el tribunal efectivamente incurrió en varios errores jurídicos, como pasa a verse.
1. Normas llamadas a regular las hipótesis de omisión en la afiliación, dadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En primer lugar, el tribunal erró al negar la posibilidad de que la omisión en la afiliación del actor al sistema de pensiones se resolviera con arreglo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, sus reglamentos y sus precisiones en la jurisprudencia.
En torno a este tópico, a partir de sentencias como la CSJ SL, 27 de enero de 2009, radicado 32179, reiterada en las CSJ SL, 20 de marzo de 2013, radicado 42398; CSJ SL464-2013 y CSJ SL16715-2014, esta Sala de la Corte ha definido que las normas llamadas a definir los efectos de la “falta de afiliación” o de la “mora” en el pago de los aportes al sistema de pensiones, en perspectiva de la consolidación del derecho, son las vigentes en el momento en el que se causa la prestación reclamada, teniendo en cuenta que el legislador ha expedido disposiciones tendientes a solucionar esas eventualidades y a impedir que se lesione la configuración plena de los derechos pensionales de los afiliados. Ello a diferencia de los procedimientos de cobro de aportes en mora e imputación de pagos a cargo de las entidades de seguridad social, que, por su naturaleza, sí deben regirse por las normas vigentes al tiempo de la omisión.
Ha dicho la Sala, en ese sentido, que “(…) las normas que pueden contribuir a resolver esas hipótesis de omisión en el cumplimiento de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales o en el pago de aportes, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad e integralidad, deben ser las vigentes en el momento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, pues ciertamente ha existido una evolución legislativa tendiente a reconocer esas contrariedades, de manera tal que las pueda asumir el sistema de seguridad social, pero sin que se afecte su estabilidad financiera” (Ver CSJ, SL2731-2015).
Específicamente, frente a la aplicación de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, en torno a los efectos de las omisiones de afiliación al sistema de pensiones, generadas con anterioridad a su vigencia, que el tribunal negó y que la censura reclama, la Sala ha sostenido que el propósito de esas normatividades fue precisamente el de referirse a los incumplimientos de las obligaciones del empleador, dados con anterioridad a la expedición del sistema integral de seguridad social, por lo que la aptitud de esas reglas, para regular esas situaciones, además de lógica, es clara y acorde con los principios de aplicación de la ley laboral en el tiempo. En la Sentencia CSJ SL, 20 de marzo de 2013, radicado 42398, reiterada en la CSJ SL646-2013, la Sala señaló al respecto:
“Tal como lo pregona la censura en las dos acusaciones, la subrogación del riesgo de vejez lo previó el artículo 72 de la Ley 90 de 1946 en concordancia con los artículos 259 del CST y 1º del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, para los trabajadores que tuvieran un tiempo de servicios inferior a 10 años, contabilizados desde 1º de enero de 1967, y así la obligación de reconocerles la pensión estaba a cargo del ente de seguridad social, en reemplazo del empleador, sin desconocer, claro está, que la asunción de riesgos por el ISS, no operó de modo automático en todos los casos, sino que produjo efectos con la condición de que recibiera las cotizaciones respectivas.
En el sub judice, cuando la demandante ingresó al servicio de la corporación demandada, ya existía la obligación legal de afiliación de los trabajadores al régimen de seguridad social en pensiones, que para ese entonces era administrada por el Instituto de Seguros Sociales. No obstante existir dicho imperativo, en el caso analizado, el empleador dejó desprotegida a la actora por espacio de casi 18 años (mayo 16/78 a mar. 11/96), porque durante los 25 años y 1 mes que estuvo prestando servicios, solo fue afiliada a pensiones los últimos 7 años, bajo el régimen de ahorro individual administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
El inciso 6º del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, que modificó el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, prevé la solución frente a la eventualidad referida, al establecer que “(…) En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994”(el subrayado es de la sentencia).
Conviene advertir, que pese a que la citada normativa no se encontraba vigente cuando se produjo el incumplimiento del empleador en su afiliación, la misma es perfectamente aplicable a casos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como sucede en este caso, tal cual se desprende de su tenor literal; es decir, que el querer del legislador fue el de solucionar aquellos eventos en los cuales, antes de entrar a regir el sistema general de pensiones (abr. 1º/94, en este caso), los empleadores no hubieran cumplido con la afiliación obligatoria al ISS, máxime que el concepto de cálculo actuarial no es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico”.
En este orden de ideas, concluye la Sala que no se equivocó el ad quem al confirmar la aplicación del Decreto 1887 de 1994 para efectos de liquidar la condena al título pensional impuesta al demandado en razón de su omisión de afiliación a tiempo de la actora, pues está visto que dicha preceptiva era justamente la aplicable al caso, eso sí con la observancia del mandato legal contenida en el inciso primero del parágrafo 1º, tanto del artículo 33 original de la Ley 100 de 1993 como con la modificación introducida con el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, sobre que el cálculo debe ser “a satisfacción de la entidad administradora (resalta la Sala).
La anterior postura está acorde con el carácter retrospectivo, que ya ha definido la jurisprudencia de la Sala, tienen las normas de seguridad social, y que permite sean aplicables a situaciones en curso, en el momento que han entrado a regir, como es el caso del derecho a la pensión, que requiere de un término bastante largo para su consolidación, durante el cual el afiliado debe acumular un mínimo de aportes. De ahí que en la actual evolución jurisprudencial de la Sala, se haya adoptado la posición de establecer que es la ley vigente en el momento en el que se consolida el derecho, la que regula las consecuencias de la falta de afiliación o la mora en el pago de aportes, en relación precisamente con esa consolidación.
En este caso, el actor nació el 9 de junio de 1938 y cumplió la edad de 60 años el 9 de junio de 1998 (fls. 9, 20 y 21), como lo dedujo el tribunal y no se discute en el cargo, además de que pretende el reconocimiento de la pensión de vejez desde dicha fecha, por lo que su eventual derecho se habría consolidado en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por lo mismo, tal normatividad resultaba plenamente aplicable para definir la controversia relacionada con su falta de afiliación al sistema de pensiones.
En tales términos, el tribunal incurrió en un error jurídico al determinar que “(…) la Ley 100 de 1993 y los criterios jurisprudenciales que se han derivado de esta, no resultan aplicables al presente caso, dado que el período en que no se realizaron aportes, es decir, el comprendido entre el 21 de septiembre de 1982 y el 31 de mayo de 1983, es anterior a esta normatividad (…)”.
2. Diferencias entre “mora” en el pago de los aportes y “falta de afiliación” al sistema de pensiones. Consecuencias jurídicas de la omisión en la afiliación.
Es cierto que esta corporación se ha preocupado por diferenciar los efectos de una “mora” en el pago de los aportes, de los de una “falta de afiliación” al sistema de pensiones, por tener dichos fenómenos causas y consecuencias jurídicas diferentes, como lo dedujo el tribunal y lo resaltan los opositores.
Frente a la primera situación, de “mora” en el pago de aportes, esta Sala de la Corte ha expresado en su jurisprudencia que la validez de las semanas cotizadas, por la mora del empleador en el pago del aporte, no puede ser cuestionada o desconocida por la respectiva entidad de seguridad social, si antes no acredita el adelantamiento de las acciones tendientes a gestionar su cobro.
Así lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte desde la sentencia CSJ SL, 22 de julio de 2008, radicado 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 de mayo 2011, radicado 38622; CSJ SL, 13 de febrero de 2013, radicado 43839; y CSJ SL, 15 de mayo de 2013, radicado 41802, en la que se concluyó que “(…) las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación”.
Por otra parte, en torno a las hipótesis de la “falta de afiliación” al sistema de pensiones, la Corte venía sosteniendo que no era posible asemejar ese fenómeno al de la “mora” en el pago de los aportes, pues “(…) no sería sensato equiparar la responsabilidad jurídica del empleador que tiene a sus trabajadores afiliados, pero se encuentra en mora en el pago de algunas cotizaciones, con el patrono que no afilia, pues es evidente que en este segundo evento toda la responsabilidad en el pago de las prestaciones de seguridad social recae sobre él, situación que razonable y proporcionalmente no se puede predicar del empleador moroso en tales aportes, toda vez que tiene la opción de pagar, ponerse al día y contribuir con el sistema actualizando sus deudas para con el sistema de seguridad social” (Ver Sent. CSJ SL, jun. 14/2011, Rad. 41023; CSJ SL, ago. 30/2011, Rad. 42243; y CSJ SL, ago. 28/2012, Rad. 43188).
En consonancia con lo anterior, en sentencias como las CSJ SL, 1º de noviembre de 2011, radicado 39811; CSJ SL, 13 de marzo de 2013, radicado 39874; y CSJ SL, 30 de abril de 2013, radicado 38587, la Corte sostenía que la consecuencia de la falta de afiliación al sistema de pensiones era que el empleador asumiera el pago de las prestaciones, en los mismos términos en los que las hubiera concedido el Instituto de Seguros Sociales. Predicaba la Corte que “(…) cuando el empleador no ha cumplido su obligación de afiliar al sistema, lo que apareja que no haya efectuado el pago de las cotizaciones en pensiones, y acontezca el riesgo que aquellas protegen, le corresponde asumir la pensión, pues no es posible que se pierda el derecho pensional por la incuria de quien estaba obligado a aportar a la seguridad social integral. En efecto, si quien estando llamado a proteger los riesgos propios de la seguridad social, a través de las cotizaciones al sistema, ni siquiera afilia al empleado, no puede exonerarse de su responsabilidad en el pago de la pensión y eso es precisamente lo que concluyó el juzgador de segundo grado al resolver la controversia, esto es, que ante la inexistencia de la afiliación en pensiones, le correspondía asumir el riesgo, dado que no lo había subrogado, y por ello no advierte esta Sala el dislate jurídico al que se hace referencia”.
En igual dirección, en la Sentencia CSJ SL646-2013, la Corte explicó que “(…) la falta de afiliación o la afiliación tardía del trabajador al sistema general de pensiones, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, no acarrea rigurosa e inexorablemente a cargo del empleador remiso el pago de la prestación que hubiere otorgado dicho sistema en el evento de haberse cumplido con la obligación de inscribirlo (…)” Sin embargo, luego de hacer un recuento de las normas y desarrollos jurisprudenciales que se habían referido al tema, hasta ese momento, estableció que en estos casos de falta de afiliación parcial al sistema de pensiones, el empleador debía responder por el pago de las prestaciones que habría reconocido el Instituto de Seguros Sociales. Dijo la Corte en aquella oportunidad:
Quedó probado conforme a lo expresado en la sentencia del juez de primer grado, o al menos no está desvirtuado, que la universidad no afilió a la actora “durante el periodo (sic) comprendido entre el 3 de febrero de 1970 al 9 de septiembre de 1984 y los primeros semestres de 1986 y 1990”. Asimismo, que la actora pretende el reconocimiento de la pensión por vejez, a partir del 12 de noviembre de 2000, fecha de su desvinculación laboral, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Adoctrinó la Sala que no era procedente distinguir dos tipos de consecuencias para el empleador, según que la omisión de afiliar al trabajador sucediera hasta el 26 de diciembre de 1988 —cuando entró en vigor el Decreto 2665 de ese año—, o que sucediera con posterioridad a tal vigencia. O sea, que en el primer caso la consecuencia fuera indemnizar al trabajador por los perjuicios que hubiera podido ocasionársele por tal omisión; y en el segundo caso, a reconocerle, por la misma omisión, las prestaciones que habría cubierto el ISS, de haberlo afiliado. Al rectificar tal postura razonó la Sala:
Así las cosas, efectivamente el incumplimiento del empleador de afiliar por todo el tiempo servido a su excolaboradora al Instituto de Seguros Sociales, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, le ocasionó que no alcanzara a reunir las semanas exigidas en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para obtener el derecho a la pensión de vejez. Ello, pese a que su relación laboral tuvo una duración de más de 20 años, omisión que lo obliga a responder directamente por la pensión de vejez reclamada, porque es la prestación que le hubiera reconocido el ISS si se hubiera cotizado durante todo el lapso laborado. En otras palabras el ISS habría reconocido la pensión si la demandada la hubiera afiliado desde cuando surgió la obligación, esto es desde el 3 de febrero de 1970, fecha en la que inició el vínculo laboral y para la que ya existía cobertura del mencionado Instituto en la ciudad de Bogotá, lo cual no hizo ya que la afiliación se produjo tiempo después (resalta la Sala).
Por lo anterior, en principio, le asistiría razón al tribunal y a los opositores, al prohijar una diferencia conceptual entre la “mora” en el pago de los aportes y la “falta de afiliación” al sistema de pensiones, así como al establecer que, en este último caso, el obligado al pago de las prestaciones de la seguridad social es el empleador incumplido.
No obstante lo anterior, no se puede desconocer que la jurisprudencia de la Sala ha tenido una evolución, coordinada y concordante con el espíritu de las nuevas disposiciones que ha expedido el legislador para contrarrestar estas hipótesis de falta de afiliación, que afectan la configuración del derecho pensional de los afiliados, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad, unidad, integralidad y eficiencia. En lo fundamental, esa progresión de la jurisprudencia ha estado encaminada a lograr la financiación plena de las prestaciones, así como unidad en su reconocimiento, a través de las entidades de seguridad social.
Ejemplos claros de la referida evolución y del espíritu del legislador son el literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que, para el reconocimiento de pensiones de vejez, legitimó la inclusión del “(…) tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión (…)”; y el literal d) de la misma norma, introducido por virtud del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que facultó la inclusión del “(…) tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador (…)”, los dos con la condición de que “(…) el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”.
En este punto también es dable mencionar el Decreto 1887 de 1994, que estableció la metodología para el cálculo de los referidos títulos pensionales, y el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, que prescribió que “(…) en el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994”.
Con fundamento en dichas normas y, se repite, en los principios que definen y orientan el sistema integral de seguridad social, la Corte ha precisado su jurisprudencia, para adoctrinar que las variadas problemáticas generadas a raíz de la falta de afiliación al sistema de pensiones, en perspectiva de la consolidación del respectivo derecho, deben encontrar una solución común, que no es otra que el reconocimiento del tiempo servido por el trabajador, por parte de la entidad de seguridad social respectiva, con el consecuente traslado de un cálculo actuarial a cargo de la entidad empleadora.
Para tales efectos, la Sala ha reconocido que “(…) la cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado” (CSJ SL, sep. 30/2008, Rad. 33476), de manera que, con fundamento en disposiciones como el literal l) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 2º de la Ley 797 de 2003, “(…) no es que la única forma de acceder a la pensión sea por el cumplimiento de tiempos efectivamente cotizados, sino que también resulta admisible que se tome en cuenta el tiempo de servicio, sin importar que no se hubiere hecho con aportes al sistema, como ocurría especialmente con los empleados públicos. Ello no significa que se deban reconocer pensiones sin que existan las cotizaciones, pues como ya se anotó, la cotización surge con la actividad como trabajador, independiente o dependiente, en el sector público o privado, por lo que el hecho de que exista mora en su pago, no implica la inexistencia del aporte” (CSJ, SL13128-2014).
Como ejemplos de la mencionada evolución en la jurisprudencia se pueden mencionar:
Una primera muestra de la doctrina defendida por la Sala, está reflejada en su postura frente a aquellos casos en los que se verificaba una falta de afiliación del trabajador, no por la omisión del empleador, sino por la falta de cobertura del sistema de pensiones en un determinado territorio.
Así, partir de sentencias como las CSJ SL9856-2014 y CSJ SL17300-2014, la Corte abandonó viejas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador frente a dichas eventualidades, a la vez que definió, entre otras cosas, i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación, por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional; iii) y que la manera de concretar ese gravamen, en casos “(…) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (…) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social”.
2.2. Declaración de contratos realidad en los que no hubo inscripción al sistema de pensiones.
La Corte también ha tenido la oportunidad de analizar situaciones en las que se solicita la declaración de contratos de trabajo, por virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, y, como consecuencia de su declaración, surge la obligación del empleador de afiliación del trabajador al sistema de pensiones, así como su consecuente incumplimiento.
Ante dicho panorama, valiéndose de las disposiciones y principios del sistema de seguridad social, la Corte ha optado por asumir la omisión en la afiliación y solucionarla, a través de un reconocimiento del tiempo de servicio prestado, como tiempo cotizado, pero con la condición de que el empleador traslade un cálculo actuarial a la respectiva entidad de seguridad social, que mantiene la obligación de reconocer las prestaciones correspondientes.
En la Sentencia CSJ SL2731 de 2015, la Sala señaló al respecto:
En efecto, dicha corporación concluyó que en este caso se había configurado una afiliación tardía, que debía ser resuelta “(…) a la luz de los reglamentos de afiliación, aportes y recaudos y el general de sanciones vigente en el ISS para la fecha en que se desarrolló la relación laboral entre las partes en conflicto, pues se repite, la responsabilidad de la empresa frente a la pensión de jubilación fue subrogada con la afiliación que hiciera al Instituto de Seguros Sociales (…)”. También destacó que en el curso del proceso se había discutido la existencia del contrato de trabajo para las fechas en las cuales se había generado una afiliación tardía por parte del empleador, y que, ante la realidad de su existencia, “(…) la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que el empleador podrá optar por cancelar al seguro social los aportes por dicho periodo, permitiendo de esta forma que el trabajador complete los requisitos que las normas que regulan la pensión de vejez le exigen acreditar”.
Un claro ejemplo de ello son las previsiones contenidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, conforme con las cuales deben tenerse en cuenta como tiempos válidos para la pensión de vejez, entre otros, “(…) el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión (…)”, así como “(…) el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador”. Todo ello, con la previsión de que “(…) el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”.
En igual sentido puede verse la Sentencia CSJ SL14426-2014.
2.3. No afiliación por omisión pura y simple del empleador.
Finalmente, ante situaciones de omisión de la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, a pesar de la vigencia clara de una relación laboral, como en el caso que hoy se analiza, la Corte ha precisado la orientación que tenía, encaminada a trasladarle la responsabilidad al empleador, para dar cabida también al reconocimiento de las prestaciones por las respectivas entidades de seguridad social, con el consecuente recobro e integración de las cotizaciones y recursos, a través de cálculos actuariales.
Sin embargo, el artículo 9º de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de 2003, estableció la posibilidad de sumar el tiempo de servicios con empleadores omisivos en la afiliación al sistema general de pensiones, a través del pago de un título pensional a favor de la entidad de seguridad social, con base en el cálculo actuarial que ésta elabore. Así lo dispuso la norma en comento:
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. (La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-506-01 mediante Sentencia C-1024-04 de 20 de octubre de 2004, “(...) mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión acusada “subrayada” por un cargo idéntico al impetrado en esta oportunidad”).
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional (…)” (resaltado de la Sala).
La Sala no deja a un lado el hecho de que el tiempo durante el cual no fue afiliado el actor es anterior a la expedición de estas normas, más aún, al sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, sin embargo es posible su aplicación a casos como el presente, tal y como se adoctrinó en la sentencia CSJ SL, 27 de enero de 2009, radicado 32179, en la que se dijo:
El inciso 6º del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, que modificó el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, prevé la solución frente a la eventualidad referida, al establecer que “(…) En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994” (el subrayado es de la sentencia).
Conviene advertir, que pese a que la citada normativa no se encontraba vigente cuando se produjo el incumplimiento del empleador en su afiliación, la misma es perfectamente aplicable a casos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como sucede en este caso, tal cual se desprende de su tenor literal; es decir, que el querer del legislador fue el de solucionar aquellos eventos en los cuales, antes de entrar a regir el sistema general de pensiones ( abril 1º/94, en este caso), los empleadores no hubieran cumplido con la afiliación obligatoria al ISS., máxime que el concepto de cálculo actuarial no es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico”.
Por manera que la obligación de reconocer la pensión de vejez en el asunto bajo estudio, corresponde al sistema general de pensiones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para ello, esto es, que el tiempo durante el cual el banco demandado no afilió al actor al ISS, no obstante tener la obligación legal de hacerlo, resulte suficiente para el cómputo de las semanas mínimas necesarias con miras a la pensión de vejez, hecho que se puede hacer efectivo a través del mecanismo previsto en la Ley 797 ibídem y en su decreto reglamentario citado (resalta la Sala).
Esa posibilidad ya se había prohijado en decisiones como la CSJ SL, 20 de marzo 2013, radicado 42398, en las que, ante una hipótesis de omisión en la afiliación en lugares en los que había plena cobertura y no había excusa para el incumplimiento del empleador, se secundó una condena en contra de este, materializada en “(…) el traslado de una reserva actuarial o título pensional, para que el afiliado pueda computar las semanas laboradas sin importar el régimen pensional (…)”. Igual orientación también puede verse reflejada en la sentencia CSJ SL5790-2014.
Ello es así porque, en primer lugar, como ya se dijo, la integración y cubrimiento de los riesgos pensionales, por entidades del sistema de seguridad social, con el respectivo cobro de cálculos actuariales a los empleadores, tiene cobijo en los principios de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia, que se encuentran vigentes desde la misma expedición de la Ley 100 de 1993 y que, además, tienen un importante correlato en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991.
Adicionalmente, como se sostuvo desde las sentencias CSJ SL9856-2014 y CSJ SL17300-2014, cuando el empleador no afilia a sus trabajadores, independientemente de la razón que tenga, no se desliga de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, de manera que sigue teniendo ciertas responsabilidades en torno a la financiación de la pensión. Y si ello es así, los tiempos en que no hubo afiliación pueden encontrar abrigo en lo dispuesto en el literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, que legitimaba el cómputo de esos tiempos de “(…) trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión (…)”.
Así lo reconoció la Sala en decisiones como la CSJ SL, 22 de noviembre de 2011, radicado 40250, reiterada en la CSJ SL5790-2014, en las que precisó que “(…) las empresas privadas podían expedir bonos pensionales, y que cuando la Ley 100 de 1993 en el artículo 33 hacía referencia a empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, comprendía aquellos que tuvieran un deber pensional, entre otras razones, por no haber afiliado o no cumplir oportuna y suficientemente con el deber de cotizar (…)”.
Lo anterior para significar que no es solo el literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, introducido por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el que permite la suma de tiempos en los que hubo omisión en la afiliación, pues esa posibilidad estaba legitimada por el legislador y por la jurisprudencia, desde mucho antes.
Así las cosas, la Corte reitera que respecto de prestaciones causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, tanto en su redacción original, como con las modificaciones de la Ley 797 de 2003, las omisiones del empleador en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, deben tener como respuesta el reconocimiento del tiempo servido, como tiempo cotizado, por la entidad de seguridad social respectiva, con el correlativo cobro al empleador de los lapsos omitidos, a través de cálculo actuarial.
Como corolario de todo lo dicho, el tribunal incurrió en el doble error jurídico de negar la aplicación de disposiciones de la Ley 100 de 1993, por no estar vigentes en el momento en el que se presentó la omisión del empleador, y al determinar que, ante la hipótesis de omisión en la afiliación, la responsabilidad de cubrir el riesgo recaía sobre el empleador.
Por lo mismo, los cargos son fundados y se casará totalmente la sentencia recurrida, sin que resulte necesario el estudio de los restantes, que tenían el mismo propósito.
Antes de proferir la respectiva decisión de instancia y, para mejor proveer, se ordenará que, por la Secretaría de la Sala, se oficie a la Sociedad de Fabricación de Automotores —Sofasa S.A.— para que certifique los salarios percibidos por el actor entre el 21 de septiembre de 1982 y el 31 de mayo de 1983, para lo cual se le concede un término de 15 días.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 19 de junio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Óscar de Jesús Zapata Mejía contra la Sociedad de Fabricación de Automotores —Sofasa S.A.— y el Instituto de Seguros Sociales.
Antes de proferir la respectiva decisión de instancia y, para mejor proveer, se ordena que, por la Secretaría de la Sala, se oficie a la Sociedad de Fabricación de Automotores —Sofasa S.A.— para que certifique los salarios percibidos por el actor entre el 21 de septiembre de 1982 y el 31 de mayo de 1983, para lo cual se le concede un término de 15 días.