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Timestamp: 2019-10-17 10:42:16
Document Index: 21265236

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 129', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 149']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 696, de 21/12/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 696
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguiente iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de economía social. (Número de expediente 121/000088.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley por la que se regula la sociedad cooperativa europea con domicilio en España. (Número de expediente 121/000083.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley por la que se regula la sociedad cooperativa europea con domicilio en España. (Número de expediente 121/000083.) ... (Página 9)
- PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente 121/000088.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA CON DOMICILIO EN ESPAÑA. (Número de expediente 121/000083.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar inicio a la sesión.
En primer lugar ratificaremos las ponencias de las dos leyes que nos traen hoy a la Comisión de Trabajo e Inmigración. La primera es la ley de economía social y la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de ley estaba compuesta por Esperanza Esteve Ortega, Luis Carlos Sahuquillo, Jesús Membrado, Carmen Quintanilla, Lourdes Méndez, Carles Campuzano, Emilio Olabarría, Gaspar Llamazares y Olaila Fernández Davila.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, hay un pequeño error. El tercer ponente socialista es José Oria. Ya se dijo así en su día.
El señor PRESIDENTE: Lo cambiaremos para que conste en acta.
La ponencia que ha redactado el informe sobre el proyecto de ley por la que se regula al Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España ha estado compuesta por Rafael Herrera Gil, José Oria, Domingo Miguel Tabuyo, José Eugenio Azpiroz, María del Carmen Álvarez-Arenas, Carles Campuzano, Emilio Olabarría, Gaspar Llamazares y doña Uxue Barkos.
Entiendo que se ratifican las ponencias de ambas leyes. (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al debate del proyecto de ley de economía social, al que se han presentado una serie de enmiendas.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular y para fijar su posición respecto a este proyecto de ley tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: En primer lugar, de forma especial, en un momento importante de la historia de la economía social en España, quiero dar la bienvenida a los representantes de los sectores sociales que nos acompañan esta mañana. Mi intervención, como no podía ser de otra manera, irá dirigida a valorar este proyecto de ley de economía social, sobre todo, el marco histórico del concepto moderno de la economía social que se estructura en España a partir de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y que se desarrollan a lo largo del siglo XIX en distintos países de Europa, como Inglaterra, Italia, Francia o España. Pero me va a permitir, señor presidente, que desde una idea del romanticismo y de lo que significó el cooperativismo en el mundo, recuerde en esta intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, lo que significaron aquellos artesanos de la localidad inglesa de Rochadle en el año 1843, que fue la cuna de la primera institución que recibió el nombre de cooperativa, que es como hoy conocemos el concepto de cooperativa que ellos fueron capaces de crear. En aquellos momentos, veintiocho artesanos que atravesaban graves dificultades económicas decidieron unirse y cooperar entre ellos para vencer dificultades creando una cooperativa de consumo. Ellos tuvieron la suerte, la idea y -como diríamos en el siglo XXI- la innovación de construir la primera cooperativa y cada uno de los artesanos ahorró una libra, que fue el capital inicial de aquella cooperativa en aquel momento histórico que, indiscutiblemente, hoy tenemos que recordar cuando vamos a aprobar el primer proyecto de ley de economía social. A partir del año 1863 empiezan a crearse en España las primeras cooperativas de consumo y más tarde nacieron en nuestro país los sindicatos agrícolas que dieron empuje a lo que hoy conocemos como el nuevo modelo de la economía social, las empresas de economía social.
Como decía anteriormente, es importante hablar de lo que hoy va a significar este proyecto de ley. Vamos a regular un nuevo marco jurídico importantísimo para las empresas de economía social, para las cooperativas, para las mutualidades, para las fundaciones, para las asociaciones que llevan a cabo una actividad económica, para las sociedades laborales, para los centros especiales de empleo, para las empresas de inserción, para las cofradías de pescadores, para las sociedades agrarias de transformación, que son las protagonistas de otra forma de emprender diferente, la de la hoy llamada economía social, que contribuye a tener una nueva relación en el mercado de trabajo. Ellas son las protagonistas para poder rectificar el desempleo, la inestabilidad en el trabajo, la exclusión de los desempleados. La economía social, por tanto, cumple un papel de gran importancia en la creación de empleo; un empleo, a diferencia del de otros sectores, que no se deslocaliza.
Indiscutiblemente, la economía social hoy tiene importancia en las relaciones del mercado económico, pero también en el mercado social, en las relaciones
sociales. Por eso Europa, dentro del espacio de la Unión Europea de los veintisiete, ha dicho que el conjunto de empresas y entidades de la economía social da empleo a once millones de personas, lo que equivale al 6 por ciento del empleo de la Unión Europea. También en España el tejido empresarial de la economía social supone el 10 por ciento del PIB y el 14 por ciento del empleo de la población española. En España existen más de cincuenta mil empresas de economía social que emplean a 2.350.000 personas. Por tanto, la economía social, desde el punto de vista económico, constituye hoy en día un motor de creación de empleo en auge que está lejos de haber agotado todo su potencial. Por eso es importante que destaquemos en este plano, con respecto a este proyecto de ley, la economía social como valor económico, pero también como valor social, porque genera nuevas oportunidades para la sociedad, porque corrige importantes desequilibrios sociales y económicos, porque complementa y llega donde no pueden llegar ni el sector público ni el mercado, porque propicia la participación ciudadana y porque contribuye de manera clara al desarrollo social y económico más equilibrado, equitativo y solidario.
En definitiva, la economía social constituye la cohesión social, el desarrollo local y territorial y la innovación.
Con este proyecto de ley tenemos grandes retos y desafíos con respecto a nuestra economía social. Con esta ley queremos dar a la economía social una mayor visibilidad, queremos potenciar su papel como generador de crecimiento y creador de empleo. Lo ha manifestado claramente el Parlamento Europeo diciendo que reconoce que la economía social es un enfoque diferente de la empresa, cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera sino los beneficios para toda la sociedad.
Además, en el informe aprobado en febrero de 2009 destaca: La economía social se basa en un paradigma social, acorde con los principios fundamentales del modelo social y del bienestar europeo, y desempeña un papel clave en la preservación y fortalecimiento de dicho modelo al regular la producción y la oferta de numerosos servicios sociales de interés general.
Por estas razones, señor Presidente, mi grupo ha estado en todo momento abierto al pacto con el Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque ya en nuestro programa electoral del año 2008 recogíamos claramente nuestro compromiso con la economía social; recogíamos en aquel momento que si llegábamos a gobernar España tendríamos una ley de economía social; porque, además, en las distintas legislaturas, cuando gobernó el Partido Popular, hicimos la Ley del año 1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en la que fomentábamos y poníamos en valor el Consejo de fomento de la economía social; también la Ley de sociedades laborales; la Ley de Fundaciones; el Registro administrativo de sociedades laborales del año 1998; el Real Decreto del año 2002 que aprueba el reglamento de mutualidades de previsión social.
Indiscutiblemente, este grupo parlamentario ha tenido siempre un gran compromiso con lo que hoy estamos debatiendo en esta comisión: la economía social; el valor del empleo; el valor de la solidaridad; el valor de la igualdad de oportunidades para todas aquellas personas que forman parte de las grandes empresas de la economía social.
Por eso, mi grupo parlamentario, en función de esta ley quiso coincidir con el proyecto de ley que trajo el Gobierno a esta Cámara, pero como teníamos que ser ambiciosos con el mismo, hemos presentado once enmiendas al proyecto de ley, que han sido vistas con muy buenos ojos por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Además, tengo que reconocer el buen ambiente en el que hemos desarrollado nuestros trabajos y con el que nos hemos puesto de acuerdo. Solamente dos enmiendas han quedado vivas... Me dice la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que solamente queda viva una, porque ha habido algunos errores técnicos en la ponencia -ella lo dirá ahora-. La enmienda número 30, en la que recogíamos que la ONCE es una entidad singular de derecho público dentro de la propia ley, ha sido finalmente admitida por el grupo mayoritario y por la ponencia.
En estos momentos tenemos que reconocer, como lo hemos hecho a lo largo de todo este trabajo, que esta ley es oportuna, que llega en un momento en el que debemos impulsar la trayectoria y las reivindicaciones justas de la economía social de España. Nuestras enmiendas han ido a valorar no solamente la ley sino que hemos sido más ambiciosos. Por una parte, hemos concretado mucho más los aspectos relativos a la interrelación y coordinación con las comunidades autónomas, dadas las competencias que las mismas ostentan en ese ámbito. También en el proyecto de economía social hemos querido establecer grandes compromisos, dentro de los principios de la economía social, como son la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral; también hemos querido introducir en la economía social la generación de empleo para evitar la exclusión social; es decir, existen grandes retos en estas enmiendas que han sido valoradas e incorporadas al texto.
Quiero decir, como no podía ser de otra manera, que tengo que defender la única enmienda que queda viva y que para nosotros era muy importante. En la misma queríamos añadir una disposición adicional cuarta en la que se estableciera un premio a la calidad e innovación social para las entidades de la economía social. Es verdad que el Gobierno entiende, así como el Grupo Parlamentario Socialista, que la situación de crisis económica en la que nos encontramos y con el recorte de gasto público que es necesario llevar a cabo en estas circunstancias no era necesario crear nuevos premios; pero también es verdad que nuestra enmienda no aumentaba el gasto público sino que simplemente establecía de cara a la sociedad un código de buenas prácticas dentro de la economía social, poniendo en valor la importancia de la economía social. Entendemos que sería bueno crear ese
premio de reconocimiento a la labor que realizan las entidades de la economía social para que sirva de incentivo a las mismas, al mismo tiempo que ante el resto de la sociedad se pone en valor el papel económico y social que juegan estas entidades. Me gustaría que una vez defendida por mi grupo, esta enmienda fuera valorada de nuevo por el Grupo Parlamentario Socialista y ojalá pudiéramos incorporarla al texto de la ley.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos poner de manifiesto que estamos ante un proyecto de ley esperado y necesario, que ha contado con un alto grado de compromiso, consenso y cooperación por parte de todos los grupos parlamentarios. Gracias a esta normativa legislativa estamos beneficiando no sólo a las empresas de economía social sino a toda la sociedad en general. Creo que es un día importante e histórico para la vida de las empresas de economía social.
Por último, querido presidente, señor presidente, mejor dicho, (Risas.) quiero valorar a mi compañera la diputada señora Méndez, que me ha acompañado como ponente en la elaboración de este proyecto de ley de economía social; también al Grupo Parlamentario Socialista por el trabajo de consenso y cooperación que hemos desarrollado y al resto de los grupos parlamentarios. No quiero olvidar a los parlamentarios de mi grupo, a los señores Barrachina y Erias, que participaron en la subcomisión para estudiar la situación de la economía social en España, constituida por la Comisión de Economía el 21 de marzo de 2007 y que fue cerrada el 2 de enero de 2008, a don José Eugenio Azpiroz, un parlamentario que tiene un gran compromiso con la economía social y a los representantes de la economía social que están con nosotros. A todos ellos les agradezco su colaboración en el trabajo que hemos desarrollado.
Señor presidente, muchas gracias por su benevolencia con esta parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: La señora Méndez me ha pedido un segundo turno para el Grupo Popular. Después de las amables palabras de la señora Quintanilla no se lo puedo negar. Tiene usted treinta segundos.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Después del buen trabajo y de las amables palabras de nuestra compañera Carmen Quintanilla, solamente quería expresar, también en representación de nuestro grupo, lógicamente, la satisfacción que para nosotros supone que un proyecto de ley que nace de un movimiento social haya logrado aunar de una manera importante a todos los grupos parlamentarios. Quiero agradecer en este momento expreso la colaboración de todas las entidades de economía social, en concreto de Cepes, en la persona de su presidente y de toda su junta directiva en especial.
El señor PRESIDENTE: Hay tres enmiendas vivas del Grupo Mixto. La señora Fernández Davila no está aquí. ¿Las podemos dar por defendidas y luego someterlas a votación? (Asentimiento.)
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares consumirá un turno y, a continuación, lo hará el señor Tardà.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, considera positivas las dos leyes que hoy discutimos, la de economía social y la de cooperativas. En ese sentido, nos apuntamos a los estoicos para decir que es un paso en la buena dirección, y nos ahorramos términos más grandilocuentes por lo que pueda venir. Digo por lo que pueda venir, en primer lugar, porque creemos que es importante que haya un acuerdo previo por parte de las organizaciones del sector, también es muy importante el consenso entre los grupos políticos de esta Cámara y el propio texto en la declaración de principios y en el reconocimiento de la economía social, lo cual no quiere decir -aquí viene la parte escéptica-que la economía social tenga un lugar seguro en el actual modelo económico. Tiene un lugar inseguro, muy presionado y, en nuestra opinión, esta ley da pasos en sentido positivo, como he dicho antes, pero en cuanto a la eficacia de la aplicación de la misma, en cuanto a su reflejo desde el punto de vista del compromiso económico y también en cuanto a la cultura de los poderes públicos y de la sociedad con respecto a la economía social, tenemos muchas más dudas, creemos que hay muchas asignaturas pendientes en esta materia. Por eso mantenemos cuatro enmiendas. La primera de ellas es en la que consideramos que uno de los importantes límites que existen en nuestro país para que no se acuda más a esta forma empresarial democrática y participativa de la economía social, es el absoluto desconocimiento de las mismas. Con la enmienda número 25 pretendemos paliar este déficit con compromisos muy básicos de las administraciones públicas relacionadas con el empleo, que en muchas ocasiones desincentiva la creación de cooperativas o sociedades laborales, y también con las administraciones públicas relacionadas con la educación. Nos parece una primera medida para que las buenas palabras, los principios se traduzcan finalmente en realidades.
La enmienda número 27 es de profundización democrática. Pretendemos realizar una transaccional con la enmienda 63 del Grupo Socialista, incluyendo en ella la parte de nuestra enmienda en la que se hace referencia a los principios de funcionamiento democrático y a los principios y valores contenidos en el artículo 4 de la presente ley.
Existe un especial interés de gentes que trabajan en la ONCE para que se profundice en este sentido democrático y exista una presencia crítica en sus órganos gobierno.
La enmienda número 28 pretende mandatar al Gobierno para que se presente una ley mediante la que se facilite la recuperación del empleo perdido en
empresas en crisis a través de la constitución de empresas por los propios trabajadores. Se trata de hacer realidad el mandato del artículo 129 de la Constitución, que dice: Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. ¡Qué cosas! Para eso, en la enmienda se dan una serie de pautas que permitirían la recuperación de empresas por los trabajadores, tal y como ha ocurrido en crisis anteriores pero no en esta, en la que los obstáculos de la legislación actual, que son muy importantes, y los enormes riesgos disuaden a los trabajadores de cargar con una empresa a punto de cerrar. En el texto de la enmienda se explicitan algunas de las medidas que debería contener la iniciativa legislativa, tales como evitar las actuaciones empresariales fraudulentas para mantener el control de la empresa o para eludir el pago de sus acreedores y desarrollar planes que faciliten el imprescindible cambio de los trabajadores al pasar a tener la responsabilidad de gestionar su propia empresa, así como el necesario aprendizaje para dicha gestión.
Estas son las enmiendas que mantenemos vivas, y en cuanto al resto -en nuestra opinión, mejorarían el texto-, algunas han sido incorporadas.
Pero, como he dicho con anterioridad, y apuntándome de nuevo a los estoicos, consideramos que estas dos iniciativas son un paso en la buena dirección, aunque si se aceptaran nuestras enmiendas o lográsemos transaccionales se daría un paso más adecuado; lo que no son, desde luego, son un mal paso.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, ha hecho alusión a la enmienda número 25. Esa enmienda está recogida en el texto de la ponencia.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Si está recogida, decae.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré brevemente, ya que compartimos el tiempo.
Señorías, nosotros también celebramos la aprobación de esta ley, de hecho vamos a votarla favorablemente; pero también es cierto que una primera impresión que tenemos es que nos quedamos cortos. Hoy por hoy nadie conoce cuál será el escenario poscrisis, lo que sí sabemos es que estamos viviendo momentos muy difíciles en los que nos jugamos la cohesión social. Es evidente que la economía social y solidaria, si me permiten decirlo, está destinada a ser el banderín de enganche, no digo de los parias, pero sí para que esta sociedad no caiga en un escenario semejante a una jungla, en un capitalismo desbocado, desaforado, que ponga en jaque el Estado del bienestar. Digo esto porque voy a empezar por el final. Voy a pedirles que me acepten una disposición adicional nueva, que voy a presentar in voce, atendiendo a lo que puede ocurrir dentro de un tiempo, es decir, que incluso la correlación de fuerzas en este Parlamento sea distinta de la que es ahora. Permítanme que empiece por el tejado. Dice así: El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, remitirá al Congreso del Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma -de la ley que hoy aprobamos-. De hecho, se puede presuponer que hay grandes esperanzas depositadas en la economía social y solidaria y que los cambios económicos y sociales van a una velocidad tan vertiginosa que uno se puede preguntar dónde estaremos dentro de un par de años. Luego atendiendo a que esta ley puede ser un instrumento y que creo que nos hemos quedado cortos, entenderán que me sienta legitimado -y perdonen la petulancia- para pedirles que se apruebe esta disposición adicional, porque así, repito, dentro de dos años como mínimo tendremos garantizado que nadie podrá bloquear esto o abrir de nuevo el melón -permítanme que hable en términos populares-. De manera que me doy por satisfecho si hoy se aprueba esta disposición adicional.
En segundo lugar, mantenemos algunas enmiendas vivas, aunque sabemos que no saldrán, puesto que los compañeros socialistas ya han dicho que no están en condiciones de asumirlas. Sin embargo, nuestra frustración quedará mitigada por la aceptación, quizás, de la disposición adicional.
Son enmiendas que se refieren a la necesidad de incluir en distintos artículos de esta ley el llamado plan social, es decir, la hoja de ruta para que no se desvirtúe no solo lo que es la economía social, sino lo que queremos que sea dentro de poco tiempo. Los planes sociales son necesarios, atendiendo incluso a aquello que ya se está haciendo en otras sociedades democráticas más avanzadas que la nuestra. Me remito a la discusión que hemos mantenido en distintas ocasiones sobre qué se entiende por economía social y solidaria y qué peligros se ciernen sobre ella, al no tener garantizado -máxime cuando no sabemos cuál va a ser el escenario de un futuro inmediato- que no se destinen cada vez más recursos al lucro de capital y no a fines sociales, pudiéndose utilizar mecanismos de una cierta ocultación de esta finalidad. Ya sé que estas enmiendas no serán aceptadas, pero las mantendremos para la votación.
Paso a hablarles de otras enmiendas que hemos presentado relacionadas con la participación. Aun cuando no se diga claramente, todas las leyes españolas acaban teniendo un tufillo -permítanme la expresión- jacobino, puesto que no sé a qué vienen estos miedos a ser más abiertos, más flexibles a la representación de la economía social y solidaria. Si hay algún instrumento más moderno que este, un instrumento que esté más ligado a la realidad de la participación democrática de
la ciudadanía, que me digan cuál es. Si hay algún instrumento más que moderno para afrontar los tiempos difíciles, es la economía social y solidaria, porque es la articulación de los elementos más vivos de la economía popular. Esto debe tener una plasmación en la integración de los colectivos en las estructuras y por eso entendemos que la representación autonómica -para utilizar la terminología al uso- debe estar garantizada sin ningún tipo de corsé. Esto ha dado como fruto un conjunto de medidas traducidas en enmiendas, pero los compañeros socialistas ya nos han dicho que no ha lugar, que ahora no toca. Sin embargo, nosotros estamos empeñados en entender que la modernidad también significa esto.
Voy terminando, porque aunque tenemos otras enmiendas, atendiendo al tiempo utilizado por el compañero Gaspar, las dejaremos para su estudio en los documentos de la Comisión que se publicarán. Sin embargo, debo señalar una enmienda que hace referencia a la discriminación positiva.
Entendemos que, como mínimo, debería garantizarse un 20 por ciento de la contratación de las administraciones públicas, sean reservas de mercado o sean cláusulas sociales, lo que no puede ser es que no demos un paso hacia adelante en ese sentido. No vale decir como un mantra -como a veces hacemos- que la Unión Europea no nos lo permite. Todo tiene sus matices, todo tiene sus laberintos. Creo que nuestra enmienda hubiera merecido como mínimo una mayor posibilidad de debate con el Grupo Socialista, pero ha habido una cerrazón en ese sentido. Cada uno tiene sus razones, pero entendemos que esto debería, como mínimo, haberse contemplado. Hay algunas administraciones que han avanzado mucho en este sentido, como el Ayuntamiento de Barcelona, comandado por el Partido Socialista. Entonces, ¿a qué vienen estos miedos a encarar esta ley con actuaciones en ese sentido?
Estas son básicamente las tres tipologías de enmiendas que hemos presentado. Sabemos a lo que jugamos. Hemos transaccionado algunas, otras se nos han aceptado, pero hemos topado con hueso en el tema de la representación, en no querer o no poder avanzar en todo aquello que tiene que ver con la economía social y solidaria, como los planes de inclusión social -control democrático, en definitiva- y en la discriminación positiva, donde hay que reconocer que ustedes han dicho que no y punto.
Todo ello ha valido la pena, porque es un gran paso hacia delante, porque tenemos el apoyo de los protagonistas de verdad -que están aquí detrás- y porque, como todo el mundo está satisfecho con esta ley, dentro de un par de años, gobierne quien gobierne -por desgracia, quizás gobernará la derecha; más razón todavía para que esta ley mandate que ellos estén obligados a presentar este informe-, no habrá impedimentos para abrir el melón.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha presentado usted una enmienda in voce que la Mesa desconoce, cuando es la que tiene que tomar la decisión de si la admite o no.
El señor TARDÀ I COMA: Ahora la redacto y se la paso.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tendría que defender sus dos enmiendas el Grupo Parlamentario Vasco, pero don Emilio Olabarría me ha comunicado que las da por defendidas, porque está ocupado en otra Comisión. Si no hay reparo, así lo hacemos, con mucho gusto. Por tanto, daré la palabra al representante del Grupo Parlamentario Catalán para defender sus enmiendas.
Señor Campuzano, cuando usted quiera.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero dar la bienvenida a los diversos representantes de las distintas iniciativas de la economía social que nos acompañan hoy en este trámite. Quizás ellos hubiesen preferido que esta Comisión no hubiera operado con competencia legislativa plena y que este proyecto de ley se hubiera visto en el plenario de la Cámara, para dar mayor solemnidad y reconocimiento político a lo que, sin lugar a dudas, es un texto legal que va a elevar el reconocimiento político e institucional de una realidad tan consolidada como es la economía social, más cuando este proyecto de ley es fruto principalmente del acuerdo que Cepes alcanzó con el Gobierno en los últimos meses. Eso ha llevado, señorías, a que el debate y la tramitación parlamentaria no hayan modificado el esqueleto principal de este proyecto de ley, sino introducido mejoras que afinan el texto, pero no modifican en lo sustancial aquel acuerdo que Cepes y la economía social alcanzaron con el Gobierno. En ese sentido, con más o menos intensidad, todos los grupos parlamentarios hemos respetado el contenido de ese acuerdo, entre otras cosas, porque fue lo que Cepes nos pidió expresamente. Desde la perspectiva de Convergència i Unió, un texto legal que pretende reconocer la presencia de la economía social en la arquitectura institucional del Estado español y elevar su participación en el conjunto de las políticas públicas claramente orientadas al empleo, necesariamente tiene que contar con nuestro apoyo, no puede ser de otra manera, entre otras razones porque en mi país, en Cataluña, existe desde hace muchos años y con mucha fuerza un tejido social y económico representativo de la economía social, que explica algunas realidades colectivas exitosas de esa sociedad. Por tanto, cualquier texto legal que refuerce la presencia de la economía social va a encontrar siempre nuestro apoyo. Hace unos segundos miraba la memoria social de las empresas de inserción en España y, con un punto de satisfacción, observaba, por ejemplo, cómo una buena parte del empleo para personas en riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción se crea en Cataluña y, por cierto, también en el País Vasco. En el País Vasco existen iniciativas tan sólidas, potentes y referentes en materia de
economía social como el grupo Mondragón y, en los últimos años, la agrupación Clade moviliza a su alrededor las mejores y más potentes empresas de la economía social en Cataluña. Aquellos que venimos de una realidad en la que la economía social está viva, es activa, es potente, es sólida, lógicamente debíamos apoyar este proyecto de ley. Sin embargo, es un proyecto de ley que siempre nos va a saber a poco, porque algunas cuestiones fundamentales para el buen desarrollo de la economía social continúan pendientes y por eso mi grupo ha presentado algunas enmiendas que pretenden resolver algunas de esas cuestiones.
En la enmienda 55 planteamos la revisión de la fiscalidad de las entidades de la economía social, en concreto de las cooperativas, una revisión orientada a facilitar su acceso a la financiación, elemento fundamental para el desarrollo de este sector. La enmienda 56 introducía un mandato al Gobierno para que eliminase los límites para que estas entidades pudieran operar en cualquier actividad, en cualquier sector de la economía. También planteamos la necesidad de que en el plazo de seis meses se proceda a una actualización de la Ley de Sociedades Laborales, actualización que el sector viene reclamando desde hace tiempo. Son enmiendas que, más allá del reconocimiento institucional y político que esta ley configura para el sector de la economía social, abordan problemas concretos y específicos de este sector, como son la fiscalidad, los límites de su actuación en determinados sectores del área económica y la actualización de la ley de sociedades laborales. Son cuestiones que, fruto de las conversaciones con el Grupo Socialista, mi grupo va a retirar de la votación, en la búsqueda de consenso, pero previsiblemente van a quedar pendientes en esta legislatura. Uno tiene la sensación de haber perdido una oportunidad para resolver algunas de estas cuestiones.
En toda la discusión de este proyecto de ley Convergència i Unió ha procurado garantizar que las competencias que las comunidades autónomas tienen en este ámbito fueran respetadas y creo que, globalmente, las enmiendas que hemos pactado con el Grupo Socialista lo garantizan. Queda viva la enmienda número 50, en la que planteamos la posibilidad de que el Estado transfiera recursos a las comunidades autónomas para el impulso de actuaciones de promoción, difusión o formación de la economía social que lleven a cabo las comunidades autónomas. Nos parecería interesante que esta enmienda se aprobase.
Mantenemos viva y la vamos a mantener también para su votación la enmienda número 49, que enlaza con una cuestión que el señor Tardà ha planteado y que mi grupo comparte. Se trata de incluir en la composición del consejo para el fomento de la economía social a las organizaciones autonómicas más representativas de carácter intersectorial, si es que las hubiese en el ámbito autonómico. Nos parece un error que en el consejo para el fomento de la economía social estén exclusivamente representadas las confederaciones de ámbito estatal. Sería positivo que las confederaciones de ámbito autonómico, cuando tengan carácter intersectorial, es decir, agrupen el conjunto de representantes de la economía social, estuviesen representadas en ese organismo. En un Estado autonómico, en un Estado plural, en un Estado en el que las realidades son muy vivas, en el que en países como Euskadi y Cataluña la realidad del tejido asociativo de la economía social tiene singularidades, características e iniciativas propias, sería bueno reconocer esa propia realidad. Supongo que la coincidencia del Grupo Popular y el Grupo Socialista, a menudo instalados en visiones muy restrictivas del desarrollo autonómico, va a impedir, lamentablemente, que se apruebe. En todo caso, Convergència i Unió va a mantener la enmienda número 49.
Hemos trabajado también para garantizar que esta ley otorgue un buen reconocimiento a una de las entidades seguramente más singulares de la economía social, que es la ONCE. El texto que salió de la ponencia era un primer paso, pero un paso insuficiente. Va a ponerse a disposición de los grupos un texto transaccional que recoge algunas de las reivindicaciones fundamentales de la ONCE, que nuestro grupo recogía en su enmienda número 52 de manera muy singular. La ONCE se ha convertido en un actor fundamental en la construcción de muchas políticas de inclusión de las personas con discapacidad y merece que aprovechemos esta ley para otorgarle el reconocimiento legal e institucional que le dé la estabilidad y la tranquilidad que necesita para poder continuar desarrollando sus actividades. En este sentido, mi grupo hubiese preferido que en la transaccional que vamos a poner a su disposición se hiciese referencia al acuerdo general entre el Gobierno y la ONCE vigente en cada momento, como instrumento que articula esa relación, pero esto, por las razones que supongo explicaran los ponentes del Grupo Socialista, no ha sido posible.
Mantenemos también viva, a la espera de una oferta de transacción por parte del Grupo Socialista, nuestra enmienda número 54, que pretende incorporar al conjunto de estrategias que desarrollan el Gobierno y las comunidades autónomas, orientadas a la mejora de la productividad de nuestro tejido productivo, las iniciativas de la economía social. Tenemos que procurar no crear un espacio cerrado, estanco, a modo de gueto -si se me permite la expresión-, destinado a las entidades de la economía social, sino poner el acento en su contribución a la creación del empleo, la mejora de la productividad, la mejora de la competitividad. A veces tenemos una visión de la economía social que pone el acento de manera exclusiva en sus características propias, en el valor que este tipo de empresas otorgan a la persona, en el carácter democrático de su toma de decisiones o en la reinversión de sus beneficios en la propia actividad.
Evidentemente todo esto constituye la esencia de la economía social, pero la economía social debe ser sobre todo un gran motor para la creación de empleo y la modernización de nuestro tejido económico y social. Eso es lo que le va a dar valor para el conjunto de la sociedad,
más cuando -Cepes nos lo afirma-esa realidad representa más del 10 por ciento del PIB en España, más de 2 millones de personas son beneficiarias de su actividad y hay más de 45.000 entidades de la economía social. Las empresas de economía social deben participar en el proceso de modernización económica y social, deben contribuir al nuevo modelo de desarrollo económico que tenemos que impulsar para superar el viejo modelo que nos ha llevado a esta crisis económica.
En todo caso -termino-, agradezco la capacidad de diálogo del Grupo Socialista y singularmente de su portavoz, la señora Esteve. Nos vamos a quedar con la sensación de que en algunas cosas podríamos haber ido más allá, si hubiésemos sido más concretos y hubiésemos aprovechado este proyecto de ley para mejorar algunas realidades de la economía social.
Eso no va a ser posible, pero configurar este marco legal es sin lugar a dudas un paso adecuado en la dirección imprescindible para reforzar el papel de estas empresas. (El señor Tardà i Coma pide la palabra.)
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, perdón. He olvidado relacionar públicamente los números de las enmiendas que mantenemos vivas.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe. Eso lo vamos a averiguar ahora, mientras habla doña Esperança Esteve.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señorías, permítanme antes de nada saludar a los miembros de la junta directiva de Cepes, que hoy nos acompañan. Estamos muy contentos de que estén con nosotros compartiendo estos momentos, compartiendo un objetivo deseado por todos y todas. A la vez, quiero dejar constancia del trabajo que los ponentes de la ley de los diferentes grupos hemos realizado en aras del consenso. Hemos podido trabajar -lo decía la señora Quintanilla-, contrastar nuestras diferencias, resolver las enmiendas hasta donde ha sido posible y llegar a un acuerdo mucho más que razonable. A todos y a todas, muchas gracias.
Señor presidente, quiero centrar mi intervención recordando por qué estamos aquí. A esta ley no se ha llegado recientemente porque el Gobierno haya tomado a última hora la decisión, sino que ha sido un proceso que vale la pena poner en valor, a efectos del "Diario de Sesiones". En el año 2007 se creó la subcomisión de Economía Social, en el marco de la Comisión de Economía y Hacienda de la pasada legislatura.
Allí se gestó el embrión de la ley que hoy es una realidad. La subcomisión de Economía Social se constituyó por acuerdo de todos los grupos. Había un interés previo por parte del Partido Popular, de Convergència i Unió, del Grupo Vasco, de Izquierda Unida-Esquerra Republicana y, cómo no, del mío propio. Por tanto, existía una predisposición a ponernos con ojos de mirar y con orejas de oír y a ser sensibles a todas las comparecencias que se produjeron en aquel momento.
Fueron treinta comparecencias, que duraron casi un año, en las que tuvimos la oportunidad de profundizar en el tema con el sector académico, con la empresa privada, con bancas solidarias, con expertos de la Unión Europea y con las propias entidades de la economía social. Señor Pedreño, cómo hemos trabajado. He de poner en valor que este proceso, que nos llevó a un debate que no siempre se da en esta Cámara, un debate interesante, fue impulsado por la propia Cepes, que ha sido un motor en toda esta historia. Luego, en 2010, se celebraron unas jornadas en Toledo, los días 6 y 7 de mayo, donde, con las conclusiones de la subcomisión de Economía Social, el propio presidente del Gobierno se comprometió en firme a que esta ley viese cuanto antes la luz. Por tanto, hubo también un compromiso del Gobierno, en boca de su presidente, en este tema. Hoy, más allá de la ley, tenemos un material precioso, que está a disposición de quien pueda estar interesado. Hicimos un buen trabajo en equipo, y por su presencia y compromiso -he citado a todos los grupos- no puedo dejar de citar a Antonio Erias -Carmen, te rogaría que le trasladaras mi afecto y mi reconocimiento- y a Miguel Barrachina, del Grupo Popular; a Josep Sánchez i Llibre y a mis compañeros, que no han sido ponentes, pero trabajaron mucho, María del Mar Arnaiz y Carmelo López. Fueron muchas horas de discusión, de trabajo y de buen humor. El resultado más importante de la subcomisión fue la necesidad de impulsar una ley de economía social, que fuera el marco de las diferentes formas en las que se expresa la misma. Señor Campuzano, señor Tardà, por eso teníamos que delimitar. Si generábamos un marco, este tenía que estar delimitado, porque, si no, no íbamos a llegar a ninguna parte. La economía social es una realidad que, como han dicho mis compañeros -son datos de la propia Cepes, datos que tenemos ya registrados- tiene 52.000 empresas -no es nada- y 102 millones de euros de facturación, pero sobre todo es un sector de empleo estable, que alcanza a 11.500.000 personas que se benefician de una forma directa o indirecta de la economía social, constituyendo una red interconectada de producción de bienes y servicios y de creación de riqueza. Vista la importancia cualificada del sector, se justifica la necesidad de la ley, pero -como he dicho antes- había que delimitar la economía social, es decir, su objeto; cuáles son las empresas que la forman, el sujeto, y qué misión tienen en su conjunto, los objetivos.
De la distinta bibliografía de las instituciones europeas y españolas y de Cepes, podemos concluir que la economía social se manifiesta como instituciones socioeconómicas -Carmen- plenamente adaptadas a la economía de mercado y a las nuevas iniciativas empresariales y sociales, que requieren una sociedad abierta, plural y democrática. Sin este contexto no es posible la economía social. Hemos dicho que la economía social crea empleo
y estabilidad en el mismo, que es contraria a la deslocalización, que promueve democracia económica, que es solidaria y se vincula con el entorno, que desarrolla servicios sociales -Rafael- y que la atención a la inserción laboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social y la responsabilidad social y la sostenibilidad son sus objetivos básicos. Para sintetizar, lo hacemos en tres conceptos: progreso, cohesión social y democracia económica. De ahí que delimitemos los sujetos en cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades laborales, fundaciones -cuando estas tienen actividad económica de mercado-, centros especiales de empleo, empresas de inserción social, cofradías de pescadores, además de entidades singulares como la ONCE. Con ello queda claro que, como legisladores, tomamos la decisión, señor Tardà, de no contemplar asociaciones o fundaciones cuyo objeto es la ayuda, el voluntariado o la atención social, asociaciones y fundaciones culturales y medioambientales, que quizás deberían ser cuantificadas y puestas en valor o legisladas -no lo sé- en otro marco, porque el valor añadido de este tejido asociativo del tercer sector es mucho, es imprescindible para nuestro desarrollo democrático, para nuestro bienestar, pero no es objeto de esta ley. Todas estas entidades -cooperativas, sociedades laborales- disponen ya de un marco regulador específico, pero la ley da un paso más, establece un marco general que da sentido al conjunto desde un punto de vista social, económico y político y aporta una filosofía que es antigua y actual a la vez: nuevos modelos productivos basados en la responsabilidad social interna y externa -sobre todo territorial, porque parte de lo local, de la proximidad, generando dinámicas territoriales de desarrollo propias e inclusivas-, en las personas por encima del capital y en la autoorganización como elemento organizativo. Por eso dentro de dos años habrá economía social y dentro de cuatro y dentro de seis, porque parte de la propia autoorganización de la sociedad y requiere democracia, y esta no la vamos a perder porque hemos luchado mucho por ella.
Para terminar, quiero dar las gracias a todos y a todas por el esfuerzo que nos va a llevar a la aprobación de la ley. Lo que hoy aprobamos es nuestro y es de todos, no es patrimonio exclusivo de nadie. Por eso quiero mostrar mi agradecimiento a mis compañeros de equipo, compañeros ponentes, Luis Carlos Sahuquillo y José Oria; a mi amigo, portavoz, Jesús Membrado, por su confianza; al director general de Economía Social, que no está aquí, pero a quien no puedo dejar de citar porque es un auténtico militante de la economía social, Juanjo Barrera; a mi compañera asesora, Raquel Sanchidrián, y sobre todo a Cepes, a su junta y a su presidente, Juan Antonio Pedreño, por su empeño, por ayudarnos con decisión en esta tarea. Es probable que sin ti, Juan Antonio, los tiempos no hubieran sido los mismos y probablemente los contenidos tampoco.
Presidente, esto casi te lo dirijo a ti. Hoy debemos sentirnos satisfechos, al menos por unos momentos, por el trabajo realizado. Nos ocupan y nos preocupan las cotizaciones en Bolsa; nos ocupan y nos preocupan las valoraciones que nos dan las agencias internacionales sobre la solidez de nuestra economía y de nuestros bancos; nos ocupan y nos preocupan los países competidores que revientan mercados; nos ocupa y nos preocupa lo global, lo virtual, aquello que no está a nuestro alcance, pero tenemos que tomar decisiones, aun a riesgo de saber que pueden ser erróneas o no acertadas. Pero en este caso, hoy nos ocupamos y nos alegramos de esta apuesta por la economía social, por el territorio y por la inclusión de todos en un modelo de sociedad que no debe renunciar a crear riqueza -para eso estamos- pero tampoco a distribuirla de forma justa y equitativa. (Aplausos.)
En cuanto a las enmiendas, haremos llegar a la Mesa las que vamos a aceptar; en otras nos vamos a abstener. Solo me queda decir a la señora Quintanilla que yo sentía simpatía por el tema del premio, pero me parece que el propio Cepes tiene pensado hacerlo y por ese motivo decayó mi entusiasmo. Señor Campuzano, señor Tardà, vamos a ir viendo transaccionales para que finalmente todos estemos más cercanos de lo que estamos, que ya es mucho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: No sé si parlamentariamente es el momento adecuado, pero hay una transaccional, que haré llegar a la Mesa, que hemos pactado todos los grupos que sustituye a varias enmiendas. Se trata de introducir una nueva disposición adicional tercera respecto a la ordenación jurídica de la ONCE como entidad singular. Hemos firmado todos los grupos- Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que es el que ha presentado esta transaccional. ¿La hago llegar a la Presidencia sin necesidad de leerla?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, sin leerla.
De la última intervención de doña Carmen Quintanilla y de las de los otros portavoces hemos deducido que se han producido una serie de transaccionales. Les rogamos que las hagan llegar a la Mesa, en primer lugar, para conocerlas y, en segundo lugar, para ver a qué enmiendas vivas afectan y así poder ordenar las votaciones. La enmienda anunciada por el señor Tardà está repartida.
El señor PRESIDENTE: Mientras se produce la entrega y el reparto de las transaccionales, si no tienen inconveniente, podemos pasar al debate del siguiente proyecto de ley y al final someteríamos a votación los
dos proyectos sobre los que, como saben, esta Comisión actúa con competencia legislativa plena.
Sin más demora, entramos en el debate del proyecto de ley por el que se regula la sociedad cooperativa europea con domicilio en España.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Intervendré con brevedad, pero creo que todo proyecto de ley merece alguna consideración.
Aunque en este caso estamos en la trasposición de una normativa de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico, como es el reglamento europeo 1435/2003, regulador de la sociedad cooperativa europea, entendemos que el Gobierno ha acertado al traer un proyecto de ley que, en definitiva, adapta y mejora el texto europeo a la peculiaridad de nuestro ordenamiento jurídico. En ponencia tan solo formuló una enmienda nuestro compañero Carles Campuzano, que fue objeto de común aceptación, a la disposición final, que dotaba de clarificación el ámbito competencial al incluir a las comunidades autónomas como competentes justamente en materia de sociedad cooperativa.
Por otro lado, por el portavoz socialista se planteó con acierto una reforma del título del artículo 20, que daba una opción en los supuestos de disolución de la sociedad cooperativa, cuando el texto materialmente establecía que era exclusivamente con el carácter de una decisión judicial. Eso ha mejorado y aclarado el texto del proyecto del Gobierno; por tanto, hay que agradecer la observación que se hizo en este sentido.
En ponencia se puso sobre el tapete una última reflexión, que era que el reglamento establece que se puede hacer una fusión o transformación de las sociedades cooperativas europeas, pero no prevé la figura de la escisión. Ya anticipamos que nos parecía que esta era una cuestión de cierta enjundia, de cierta profundidad, pero no había ninguna enmienda para apoyarlo. Los reglamentos de la sociedad cooperativa europea y de la sociedad anónima europea no prevén esta figura y en este momento no conozco cuál ha sido la voluntad del legislador europeo al omitir esto.
Quiero decir al portavoz del Grupo Socialista que si formulan en el Senado una enmienda a este respecto el Grupo Parlamentario Popular la estudiará con total detenimiento y, a la vista de los argumentos que esgriman, pondremos la mejor voluntad para intentar que pueda llevarse al texto.
En el dictamen del Consejo de Estado el proyecto de ley ha sido objeto de diversas consideraciones que el Gobierno ha recogido. El Consejo de Estado hacía una observación relativa al artículo 1, sobre el concepto de sociedad cooperativa europea y solicitaba que su definición conceptual estableciera el hecho del domicilio de la administración central de la sociedad en España como determinante de la sociedad cooperativa europea en España. En el artículo 4 del anteproyecto no se contemplaba inicialmente el derecho de oposición de los socios al cambio de domicilio, cosa que ha sido subsanada, así como la mejora técnica que se planteaba en el artículo 5. Igualmente, al principio del Capítulo III se planteaba una reubicación de la regla de responsabilidad, y así se ha hecho, estableciéndolo expresamente en el artículo 12. Se ha establecido un artículo que regula el sistema monista en el artículo 13.
Por todas estas consideraciones, creemos que el proyecto mejora el estatus que el reglamento europeo tenía y lo adapta a nuestra legislación. A expensas de lo que pueda suceder en el futuro en la Cámara Alta en relación con la posibilidad de la escisión de la sociedad cooperativa europea en España, vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto, porque creemos, repito, que ha sido un acierto legislativo del Gobierno.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El señor Azpiroz nos ha relatado de manera muy precisa y muy concreta los trabajos que ha hecho la ponencia con objeto de mejorar técnicamente este proyecto de ley por el que se regula la sociedad cooperativa europea. Él mismo nos ha recordado que se trata de la trasposición de una directiva de la Unión Europea y ha puesto de manifiesto -de ahí el motivo por el que he solicitado la palabra- que la única enmienda presentada a este proyecto de ley fue la de Convergència i Unió. Pretendíamos, reconociendo la capacidad del título competencial que tiene el Estado para legislar en este ámbito, que no es otro que el del artículo 149.1.6ª, donde se atribuyen competencias en legislación mercantil, que se incluyera: sin perjuicio de las competencias en materia de cooperativas de las comunidades autónomas. De ahí la insistencia de Convergència, no tanto en clave estrictamente catalana sino para el conjunto de las comunidades autónomas, muchas de las cuales desarrollan sus propias legislaciones en el terreno de las cooperativas. Por tanto, esa referencia al título competencial no debía obviar los títulos competenciales de carácter legislativo que en materia de cooperativas continúan residiendo en las comunidades autónomas. Nos parecía que era un elemento prudente, que respondía al modelo constitucional de reparto de competencias y que debía figurar en el proyecto. No hubo problema en ponencia y se incorporó esta referencia que da tranquilidad a Convergència i Unió para poder votar a favor de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Rafael Herrera.
El señor HERRERA GIL: No me quedan palabras porque lo ha explicado perfectamente el señor Azpiroz. En ponencia hicimos un trabajo bueno y adecuado. Me quedé con la duda de la mutación funcional en la fase de segregación o escisión, pero no hago de ello casus belli, simplemente lo analicé y dijimos -como señalábamos
en la ponencia- amén, puesto que todos estábamos de acuerdo.
Analizando este proyecto de ley por el que se regula la sociedad cooperativa europea con domicilio en España, abrazamos la conclusión de que dentro del derecho de sociedades sin duda constituirá un instrumento jurídico ágil y eficaz que contribuirá a mejorar la situación económico-social dentro de los parámetros de la Unión Europea y que, tal como señala su propia exposición de motivos, será una herramienta importante para reducir obstáculos del mercado interior y para potenciar el desarrollo entre regiones y Estados miembros a través de una fórmula jurídica cooperativa, pudiendo desarrollar desde la única estructura insertada en la esfera de la economía social todo tipo de actividad transfronteriza del mercado. Se pone de manifiesto la indudable contribución jurídica y práctica que revestirá la aprobación de una ley de estas características para la satisfacción de necesidades económico-sociales, desde el respeto de los principios y valores cooperativos.
No me queda más que concluir que se han aunado esfuerzos con todos los grupos representados en la ponencia y que vemos con satisfacción que salga otra norma que va a abundar en el progreso de España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Pregunto a los grupos si estamos en condiciones de pasar a la votación o necesitan un tiempo para ordenarlas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradecería que se nos trasladase la información de cuáles son las enmiendas vivas de los otros grupos, porque conozco las mías, pero no las otras. Lo digo a efectos de poder solicitar alguna votación separada.
El señor PRESIDENTE: Así se hará.
Damos cinco minutos de receso para facilitar al señor Campuzano la información que solicita. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas al proyecto de ley de economía social. Les ruego que presten atención porque hay varias peticiones de votación separada; lo digo para evitar posteriores confusiones.
En primer lugar, votamos las enmiendas 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario Mixto. Se ha solicitado votación separada de la número 1.
Votamos la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos las enmiendas números 2 y 3 del mismo grupo parlamentario.
Las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, también se votarán por separado, según han solicitado.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 4, 6, 7 y 8.
Votamos las enmiendas números 10, 11, 12, 13 y 28 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32; abstenciones, una.
Enmiendas números 19 y 22 del Grupo Parlamentario Vasco.
De Convergència i Unió solo queda viva la enmienda número 49. La sometemos a votación.
Del Grupo Parlamentario Popular solamente queda viva la enmienda número 39.
A continuación, vamos a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional que afecta a la número 50 de Convergència i Unió.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 54 de Convergència i Unió.
Votamos la enmienda transaccional a las enmiendas 17, 27, 38, 52, 53 y 63 de distintos grupos.
Votamos la enmienda in voce presentada por el señor Tardà que afectaba a la disposición adicional.
Votamos a continuación el proyecto de ley de economía social, que ya saben que se hace con competencia legislativa plena.
A continuación sometemos a votación el proyecto de ley por el que se regula la sociedad cooperativa europea con domicilio en España, tal y como viene en el informe de la ponencia porque no se ha presentado ninguna enmienda.
Felices fiestas a todos. Se levanta la sesión.