Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-542-de-octubre-5-de-2016-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_eda2ee9d3a404605af441a287c611826&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-06 08:03:58
Document Index: 30381162

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 20', 'artículo 61', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 261', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 86', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 155']

﻿ SENTENCIA SU-542 DE OCTUBRE 5 DE 2016 UNIFICACION
SENTENCIA SU-542 DE 05 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL PARA LAS PRESTACIONES CAUSADAS DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y ANTES DE LA LEY 100 DE 1993. SE PRECISA QUE EL DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL APLICA PARA TODAS LAS PENSIONES, ES DECIR, TANTO PARA AQUELLAS CAUSADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, COMO PARA LAS QUE SE RECONOCIERON CON POSTERIORIDAD. ASÍ MISMO, NO ES NECESARIO QUE EXISTA UNA NORMA LEGAL PARA QUE SE EFECTÚE LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA, LA OBLIGACIÓN DE AJUSTE MONETARIO DE LA PRESTACIÓN SURGE DE LOS ARTÍCULOS 48 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN. SIN EMBARGO, EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SÍ HA CONSIDERADO NECESARIO DISTINGUIR ENTRE LAS REGLAS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES O, MÁS ESPECÍFICAMENTE, DE LAS SUMAS DE DINERO DEJADAS DE PERCIBIR DEBIDO A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INDEXACIÓN, SEGÚN SI LA PRESTACIÓN SE CAUSÓ ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CARTA POLÍTICA. SI LA PRESTACIÓN ES PRECONSTITUCIONAL, DEBE SEGUIRSE LA REGLA FIJADA EN LA SENTENCIA SU-1073 DE 2012. SI LA PRESTACIÓN ES POSCONSTITUCIONAL, SE SIGUEN LAS REGLAS GENERALES EN MATERIA DE DERECHO AL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, MESADA PENSIONAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, PRIMERA MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Sentencia SU-542 de octubre 5 de 2016
Ref.: Expediente T-4.818.506
Asunto: Indexación de la primera mesada pensional para las prestaciones causadas después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y antes de la Ley 100 de 1993
Acción de tutela interpuesta por Luz Elena Ocampo de Baquero contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
El asunto llegó a esta corporación por remisión que hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2º de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para revisión por la Sala de Selección 5, el día 28 de mayo de 2015.
En un principio, la sustanciación del caso correspondió al magistrado Mauricio González Cuervo. Cuando el magistrado Mauricio González Cuervo terminó su período en la Corte Constitucional, el proceso fue asignado el magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien presentó un proyecto de sentencia ante la Sala Plena de esta corporación. La ponencia no fue aprobada y el expediente fue remitido a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado para la elaboración de la decisión adoptada. Por lo anterior, una parte importante de la presente sentencia retoma la ponencia presentada inicialmente por el magistrado Alejandro Linares Cantillo(1).
La ciudadana Luz Elena Ocampo de Baquero, en calidad de cónyuge supérstite del señor Jorge Enrique Baquero Baquero, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no ordenaron la indexación de la primera mesada pensional de la prestación que le fue reconocida a su esposo. A juicio de la accionante, las providencias controvertidas desconocieron sus derechos fundamentales a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al “pago oportuno y completo de las mesadas pensionales”(2), al mínimo vital y la “protección a las personas de la tercera edad”(3).
1. De conformidad con lo expuesto por la señora Luz Elena Ocampo de Baquero, su cónyuge, el señor Jorge Enrique Baquero Baquero trabajó en el Banco Popular aproximadamente 31 años, básicamente en dos períodos de tiempo. El primero, del 18 de febrero de 1957(4) al 30 de diciembre de 1958; y el segundo, del 3 de agosto de 1959 al 31 de diciembre de 1988. A juicio de la peticionaria, el régimen pensional de jubilación del señor Baquero era el previsto en la Ley 33 de 1985, por consiguiente, el Banco Popular estaría a cargo del pago de la prestación(5).
2. La señora Luz Elena Ocampo aseguró que su esposo se retiró del Banco Popular el día 31 de diciembre de 1988, momento en el que recibía un salario de $ 237.033, equivalente a 9.25 SMMLV(6).
3. Precisó que el derecho pensional de su esposo se consolidó cuatro años después, el 30 de diciembre de 1992, cuando él cumplió 55 años de edad(7). En esa última fecha, el Banco Popular liquidó la mesada pensional por un valor de $ 177.453, monto que era igual a 2.72 SMMLV del año 1992(8).
4. Afirmó también que el 16 de agosto de 2001 —radicado el 27 de agosto de 2001—, el señor Baquero Baquero solicitó al Banco Popular la reliquidación de la primera mesada pensional acorde con el IPC certificado por el DANE, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. No obstante, el Banco Popular no accedió a sus pretensiones, por lo que el peticionario presentó demanda ordinaria laboral contra dicha entidad para solicitar la reliquidación de la primera mesada pensional(9).
5. El 26 de agosto de 2005, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali(10) ordenó al Banco Popular reconocer y pagar el reajuste pensional a partir del 27 de agosto de 1997, junto con sus valores retroactivos. Fundamentó su decisión en las sentencias 8616 del 5 de agosto de 1996 y 13905 del 1º de agosto de 2000, ambas proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las que se reconoció la indexación de la primera mesada pensional en razón a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda(11).
6. En segunda instancia, el 30 de junio de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó el fallo de primera instancia y absolvió al Banco Popular, por considerar que la indexación de la primera mesada pensional únicamente procedía para los pensionados que adquirieron el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993(12).
7. El señor Jorge Enrique Baquero Baquero interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la decisión del 30 de junio de 2006 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En un inicio, indicó que se configuraba la primera causal de casación. Se refirió a una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que el peticionario reclamaba el derecho a la indexación de su primera mesada pensional, del 29 de marzo de 2006 (M.P. Camilo Tarquino Gallego, rad. 26579). Luego, concluyó que en el caso concreto el derecho a la indexación “se mantiene incólume a pesar de cualquier error de interpretación”(13) y citó varios artículos de la Constitución.
8. El 14 de agosto de 2007, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, pues consideró que el escrito por medio del cual se sustentó el recurso no exponía argumentos de forma clara y concisa, con el rigor que se requiere en ese escenario judicial, que lograran demostrar que la decisión atacada estaba equivocada(14). Manifestó que el recurrente no explicó la forma en la que se quebrantó la ley o cuál era la interpretación judicial errónea(15).
10. El 20 de octubre de 2014, la señora Luz Elena Ocampo de Baquero, en calidad de cónyuge supérstite del señor Jorge Enrique Baquero Baquero(16), interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia porque, en su criterio, aunque la demanda de casación incurrió en un error de técnica, el derecho reclamado continúa incólume al ser un derecho cierto e irrenunciable. También controvirtió la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que no accedió a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional. En su criterio, los fallos impugnados eran violatorios de sus derechos a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al “pago oportuno y completo de las mesadas pensionales”(17), al mínimo vital y la “protección a las personas de la tercera edad”(18).
Aseguró que existía un nuevo hecho, que la habilitaba para acudir a la jurisdicción constitucional, el cual correspondía a la expedición de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con fecha del 16 de abril de 2013 —rad. 47709(19)—, que sostuvo que es posible reconocer la indexación “para las pensiones causadas antes de la vigencia de la Constitución de 1991”(20). En consecuencia, solicitó la indexación de la primera mesada pensional de la prestación reconocida a su esposo fallecido y que le fue sustituida a ella.
En primera instancia, el 7 de noviembre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela porque consideró que las decisiones judiciales atacadas eran razonables y se profirieron en un marco de interpretación válido(21). En segunda instancia, el 19 de febrero de 2015, la Sala de Casación Civil de la misma corporación revocó la sentencia de primera instancia y le ordenó al Tribunal Superior de Cali dictar una nueva sentencia que tuviera en cuenta la jurisprudencia sobre la indexación de la primera mesada pensional y las reglas de la sostenibilidad económica, tales como la SU-1073 de 2013, T-448 de 2013 y T-182 de 2014(22).
Una vez el asunto fue remitido a la Corte Constitucional, el 13 de abril de 2015 la apoderada del Banco Popular solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado porque la entidad que representa no fue vinculada, ni notificada de las decisiones en el trámite de la acción de amparo. Por ello, consideró que se vulneraban sus derechos a la defensa y al debido proceso(23).
En atención a la anterior solicitud, a través del auto del 16 de abril de 2015, la Sala de Selección 4 devolvió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resolviera la solicitud de nulidad de la apoderada del Banco Popular(24).
Por medio de auto del 14 de mayo de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó que carecía de competencia para resolver la solicitud de nulidad y que la Corte Constitucional debía pronunciarse sobre la petición(25). Finalmente envió el expediente a esta corporación y fue seleccionado para su revisión a través del auto del 28 de mayo de 2015(26).
El 8 de septiembre de 2015, mediante el Auto 402 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad de todas las actuaciones del proceso de tutela porque constató que el Banco Popular no había sido notificado del auto admisorio de la acción de amparo, ni de las actuaciones judiciales posteriores. En consecuencia, dispuso ordenar el reinicio del trámite, previa vinculación del banco y de los demás interesados, para que una vez finalizado, se remitiera nuevamente el expediente a la corporación(27).
En cumplimiento de las órdenes proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 25 de septiembre de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de tutela, vinculó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali y lo comisionó para que vincule a las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado 2002-00202, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos de la demanda y aporten las pruebas que consideren pertinentes.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali envió copia del proceso ordinario laboral y manifestó que se atiene a la decisión que se adopte(28).
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicitó que la acción de tutela fuera declarada improcedente, dado que la providencia censurada fue emitida el 14 de agosto de 2007, lo que desvirtuaba el principio de inmediatez. Adicionalmente, consideró que la acción de tutela no tenía vocación de prosperar, debido a que, el señor Jorge Enrique Baquero Baquero ejerció adecuadamente el recurso extraordinario de casación(29).
Por último, el apoderado del Banco Popular solicitó que en caso que se ordene la reliquidación de la pensión se “autorice descontar los valores ya cancelados en debida forma a favor de la accionante por concepto de la pensión de jubilación, la aplicación de la figura de la compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por Colpensiones, así como aquellos valores afectados por el fenómeno de la prescripción”(30). Asimismo, requirió “(...) que en una eventual condena se tenga en cuenta que la pensión es compartida con la pensión de vejez que reconoce el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones), por lo que se deberá ordenar a dicha institución recibir los aportes por IVM que deberá cancelar el banco”(31).
Al analizar el caso concreto, aseveró que no era posible constatar que la accionante se encontrara ante la amenaza de un perjuicio irremediable derivado de la vulneración al mínimo vital y a la dignidad humana. Adicionalmente, el a quo constató que en el año 2008 el Banco Popular le reconoció a la señora Luz Elena Ocampo la sustitución de la pensión por un valor de $ 404.751, suma que cada año se ha incrementado de acuerdo a lo establecido por la ley, lo cual desvirtúa la necesidad inminente de la intervención del juez constitucional, pues demuestra que no existe una afectación al mínimo vital. Por lo tanto, concluyó que la acción de tutela es improcedente para reclamar el reconocimiento de derechos económicos, debido a su carácter subsidiario y excepcional(32).
En cuanto al requisito de inmediatez, consideró que el mismo no puede ser analizado a partir de la respuesta al recurso de casación, pues precisamente advierte que ocurrió un hecho nuevo con el cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional(33).
El 27 de noviembre de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió fallo de segunda instancia, mediante el cual revocó la sentencia de primera instancia y tuteló el derecho a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la ciudadana Luz Elena Ocampo de Baquero(34).
En este sentido, precisó que a través de la sentencia del 16 de octubre de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, (M.P. Rigoberto Echeverri Bueno —rad. 47709—) reconsideró su tesis inicial y aceptó que la indexación de la primera mesada pensional procede respecto de todo tipo de pensiones, incluso las causadas con anterioridad a la Constitución Política de 1991. De esta manera, en opinión de la Sala de Casación Laboral la actualización de la mesada pensional garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, así como la satisfacción de sus necesidades.
En el caso concreto, el ad quem concluyó que la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desconoció la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en materia de indexación pensional, lo que afectó el poder adquisitivo de la mesada pensional reconocida en el año 2008 a la señora Luz Elena Ocampo de Baquero y sus garantías constitucionales y legales. Por consiguiente, decidió: (i) revocar la decisión de tutela de primera instancia; (ii) dejar sin efecto el fallo del 30 de junio de 2006 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que negó la petición de indexación del señor Jorge Enrique Baquero Baquero y las decisiones de que él dependía; y (iii) ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali proferir una nueva sentencia, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia, que tenga en cuenta “la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente, relativa a la indexación de la primera mesada de jubilación, previo análisis de compatibilidad de la pensión de sobrevivientes concedida a la petente y la procedencia de la prescripción trienal pensional”(35).
H. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
El 16 de diciembre de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali emitió fallo en cumplimiento de la sentencia de la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia, del 27 de noviembre de 2015(36). En la providencia, el tribunal expuso que la indexación de la primera mesada procede para las pensiones reconocidas antes y después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 e hizo referencia a la Sentencia SU-1073 de 2012.
Al resolver el caso concreto, indicó que la pensión del señor Jorge Enrique Baquero Baquero fue reconocida el 20 de diciembre de 1992. Acto seguido, concluyó que el demandante tenía derecho a la indexación de la primera mesada de su prestación “en los términos referidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1073 de 2012”(37). Sostuvo también que en el caso concreto “procede reconocer el derecho a favor de la tuteante a partir el 12 de diciembre de 2009, teniéndose en cuenta la contabilización del término prescriptivo señalado por la Corte”. Luego, fijó la mesada pensional que debía reconocer y determinó la suma dejada de reconocer a la accionante. Determinó entonces que “el derecho de la tutelante se hizo cierto y exigible el 12 de diciembre de 2009 con la Sentencia SU-1073 de 2012”(38). En ese sentido, ordenó al Banco Popular pagar la suma de $ 150.335.730, por concepto de diferencias entre las mesadas que debía pagar y aquellas que efectivamente pagó, causadas desde el 12 de septiembre de 2009. Luego, determinó que la suma que se debía pagar a la peticionaria cada mes era de $ 1.958.097.
El 10 de febrero de 2016(39), el Magistrado sustanciador del caso en ese momento, presentó impedimento para resolver el asunto ante la Sala Plena, sin embargo, el mismo fue resuelto de manera negativa. A su vez, puso nuevamente en consideración de la Sala Plena la presente acción de tutela, y esta ratificó la decisión de avocar el conocimiento de la misma, en consecuencia se aplicaron los términos previstos en el artículo 59 del reglamento interno de la Corte Constitucional.
Ahora bien, dado que la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante el Auto 402 de 2015, decretó la nulidad de todo lo actuado y le ordenó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vincular y notificar a los terceros interesados, y esta a su vez, comisionó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali(40), el Magistrado sustanciador procedió a analizar la efectiva vinculación de todos los interesados en el proceso. Al respecto, se evidenció que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali omitió vincular a Colpensiones, quien es un tercero con posible interés en el asunto objeto de decisión.
En consecuencia, el 11 de abril de 2016, el Magistrado sustanciador emitió auto con el fin de vincular a Colpensiones para evitar mayores dilaciones(41). Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de haberse ordenado la vinculación de los terceros interesados, no se hizo, y se estaría ante un perjuicio grave de ordenarse nuevamente la anulación del proceso de tutela, dado que la accionante es una persona de 74 años, quien depende económicamente de la pensión sustituida.
El 13 de abril de 2015, la secretaría general informó que no se recibió respuesta por parte de Colpensiones, por lo tanto, se aplicará la presunción de veracidad dispuesta en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, porque el 16 de julio de 2015, decidió asumir el conocimiento del presente asunto, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo 2 de 2015.
2. La señora Luz Elena Ocampo de Baquero es la cónyuge supérstite del señor Jorge Enrique Baquero Baquero. Su esposo laboró durante 31 años en el Banco Popular. Dejó de trabajar el 31 de diciembre de 1988, momento en el que recibía un salario de $ 237.033, equivalente a 9.25 SMMLV(42). Cuatro años después, el señor Baquero cumplió 55 años y reunió los requisitos para que le fuera reconocida la pensión de vejez. La prestación fue liquidada por un monto de $ 177.453, monto que correspondía a 2.72 SMMLV al año 1992(43).
El 14 de mayo de 2002, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali admitió la demanda presentada por el señor Jorge Enrique Baquero Baquero contra el Banco Popular(44). El 26 de agosto de 2005, el mismo despacho judicial(45) ordenó al Banco Popular reconocer y pagar el reajuste pensional a partir del 27 de agosto de 1997, junto con sus valores retroactivos. Fundamentó su decisión en las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(46), en las que se reconoció el derecho a la indexación de la primera mesada pensional(47).
En segunda instancia, el 30 de junio de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali revocó el fallo de primera instancia y absolvió al Banco Popular, por considerar que la indexación de la primera mesada pensional requerida por el demandante únicamente procedía para quienes adquirieron las prestación(sic) en vigencia de la Ley 100 de 1993(48).
El señor Baquero Baquero presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior providencia judicial. Sin embargo, el 14 de agosto de 2007, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario, pues consideró que la sustentación del recurso de casación no cumplía con los requisitos argumentativos para controvertir la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali(49).
El 20 de octubre de 2014, la señora Luz Elena Ocampo de Baquero, en calidad de cónyuge supérstite del señor Jorge Enrique Baquero Baquero, interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para reclamar la protección a sus derechos a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al “pago oportuno y completo de las mesadas pensionales”(50), el mínimo vital y la “protección a las personas de la tercera edad”(51).
Sostuvo que aunque el recurso extraordinario de casación que interpuso en su momento el señor Baquero no cumplía con la técnica requerida para ese tipo de recursos, su derecho a la indexación de la primera mesada pensional aún existe. Hizo referencia a las decisiones de la Corte Constitucional, a saber, las sentencias C-067 de 1999, C-862 y C-891 de 2006, las cuales, a su juicio, aseguraron que se deben actualizar las pensiones causadas después de 1991. Además, solicitó tener como un hecho nuevo la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril de 2013 —rad. 47709(52)—, que reconoció el derecho a la indexación de la primera mesada “para las pensiones causadas antes de la vigencia de la Constitución de 1991”(53).
3. En el trámite de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad del mismo porque inicialmente no se vinculó al Banco Popular. Una vez se reinició el trámite, en primera instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción. En segunda instancia, la Sala Civil de la misma corporación revocó la decisión del a quo, pues estimó que de conformidad con la actual jurisprudencia constitucional y de la jurisdicción ordinaria, es imperativo efectuar la indexación de la primera mesada pensional. En ese sentido, dejó sin efectos la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que revocó la decisión de primera instancia en el proceso laboral, así como todas aquellas que dependieran de esta, y le ordenó al mismo tribunal proferir una nueva decisión en la que reconociera la pretensión de la peticionaria y abordara los temas relativos a la prescripción de las mesadas y la compatibilidad de la pensión.
Requisitos generales y específicos de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia(54).
6. El artículo 86 de la Constitución señala que la tutela procede cuando los derechos fundamentales resultan amenazados o vulnerados “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”(55). Por lo tanto, esta corporación ha estimado que si una autoridad judicial afecta derechos fundamentales en sus providencias, las personas pueden acudir a la acción de tutela para solicitar protección.
7. Vale la pena precisar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha variado sobre este asunto. En un primer momento, no se consideraba admisible la tutela contra providencias judiciales (Sent. C-543/92(56)). Sin embargo, esa postura jurisprudencial cambió para permitir la interposición de la acción de amparo cuando una autoridad judicial incurría en una vía de hecho y afectaba derechos fundamentales (Sent. T-231/94(57)).
Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional modificó su jurisprudencia para superar la doctrina de las vías de hecho y sistematizar las causales para la procedencia de la acción de amparo contra providencia judicial. Primero, diferenció causales generales y específicas de procedencia. Las primeras se ocupan de constatar el cumplimiento de los requisitos que habilitan la interposición de la tutela; y las segundas analizan específicamente si hay errores del auto o la sentencia, que tienen la entidad de vulnerar derechos fundamentales, las cuales “tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”(58).
d) En caso de alegarse una irregularidad procesal, que esta tenga la entidad de afectar derechos fundamentales y haya sido determinante en el sentido de la decisión judicial que se reprocha.
f) Que la tutela no se interponga contra un fallo de tutela, “por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida (...)”(59).
10.1.(sic) En primer lugar, se encuentra que la acción de tutela expone un asunto de evidente relevancia constitucional, pues hace referencia a la posible afectación de los derechos fundamentales al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda y al debido proceso de la accionante en calidad de cónyuge supérstite. Además, presenta una controversia relevante relativa a si las pensiones causadas después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, pero antes de que entrara a regir la Ley 100 de 1993 deben ser indexadas en su primera mesada.
10.2. En segundo lugar, en relación con el requisito de agotamiento de los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios, vale señalar que el ciudadano Jorge Enrique Baquero Baquero, cónyuge de la peticionaria y beneficiario inicial de la prestación cuyo ajuste se reclama, presentó demanda laboral contra el Banco Popular para obtener la indexación de su primera mesada pensional. En primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali accedió a su pretensión y ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar el reajuste pensional a partir del 27 de agosto de 1997, con sus valores retroactivos. En segunda instancia, Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali revocó la decisión de primera instancia, por considerar que la indexación de la primera mesada pensional únicamente procedía para quienes adquirieron el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993. Contra este último fallo el accionante presentó recurso extraordinario de casación. Sin embargo, el 14 de agosto de 2007, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali(60).
Así, la Sentencia SU-1073 de 2012(61), la Sala Plena aseveró que: “(i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial”.
A su vez, la Sentencia SU-415 de 2015(62) expuso en el mismo sentido de la decisión anterior que en virtud del carácter imprescriptible de la pensión “la vulneración que se presente en relación con la salvaguarda del poder adquisitivo de las mesadas siempre es actual. Por tanto, dijo que en casos como este no aplica el presupuesto de inmediatez porque se supone que la no actualización monetaria de las mesadas afecta día a día el derecho al mínimo vital de los interesados”.
12. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, a continuación se determinará cuál es el problema jurídico de fondo que le corresponde resolver para determinar si se configura alguna causal específica de procedencia de tutela contra los fallos impugnados.
13. La peticionaria manifiesta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desconocieron las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que han determinado el derecho a la indexación de la primera mesada pensional de las pensiones causadas antes y después de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991. En consecuencia, estima que las citadas autoridades vulneraron sus derechos a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al “pago oportuno y completo de las mesadas pensionales”(63), el mínimo vital y la “protección a las personas de la tercera edad”(64).
16. Para responder el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la causal de la violación directa de la Constitución; (iii) la causal de desconocimiento del precedente (iv) el derecho para mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la indexación de la primera mesada pensional; (v) el término de prescripción para ordenar la indexación de la primera mesada pensional; (vi) la figura de la pensión compartida y; (vii) el caso concreto.
Causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(65)
c) Defecto fáctico, que se puede configurar a causa de la falta de decreto de pruebas, la no valoración de los elementos probatorios o la defectuosa valoración de los mismos(66);
d) Defecto material o sustantivo, que se presenta cuando la providencia adopta una decisión con base en normas inexistentes, inconstitucionales o “que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”(67);
g) Desconocimiento de precedente en el que incurre la decisión que limita o se aparta el precedente fijado por las altas cortes. Como ha señalado esta corporación, “(...) en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”(68);
h) Violación directa a la Constitución que se presenta cuando una decisión no es respetuosa de la Carta Política y omite el principio de supremacía constitucional.
18. La causal específica por violación directa de la Constitución se deriva del deber que le asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política, según el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Al respecto, la Sentencia T-094 de 2013(69), manifestó que en virtud de la supremacía constitucional, cuando las autoridades judiciales se enfrentan a una contradicción entre una norma legal y una norma constitucional, deben preferir esta última.
20. Es así, que el defecto por violación directa de la Constitución se produce, entre otros, cuando “(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución”(70).
El desconocimiento del precedente constitucional. Reiteración de jurisprudencia(71)
La Corte Constitucional como intérprete autorizada de la Constitución determina el alcance de los derechos fundamentales. Al respecto, esta corporación ha insistido que ella “(...) es la encargada de fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos”(72).
“(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”(73).
23. En relación con la fuerza vinculante de los precedentes que provienen de sentencias de tutela en salas de Revisión, esta corporación ha precisado que allí se cumple también la labor de unificación de jurisprudencia y de desarrollo de la Constitución(74). Como ha insistido esta Corte, tales decisiones “constituyen precedente obligatorio sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos”(75). Además, los efectos de las tutelas “pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades”(76). Sin embargo, es oportuno señalar que para que se configure desconocimiento de precedente es preciso que las decisiones de la Sala de Revisión constituyan jurisprudencia en vigor, esto es que, de muestra de una postura contundente y pacífica de las salas.
La indexación de la primera mesada pensional para las prestaciones causadas antes y después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991(77)
26. La indexación de la primera mesada pensional es concebida como un instrumento que busca hacer frente al fenómeno de la inflación, el cual produce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Así mismo, la actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los pensionados, quienes, por regla general, son adultos mayores o sujetos de especial protección constitucional(78).
27. A nivel legal, en un primer momento, el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo estableció la congelación del salario base para el cómputo de la pensión de jubilación, lo que impedía tener en cuenta las modificaciones de salario posteriores. Esta disposición fue derogada por la Ley 171 de 1961.
En un segundo momento, las leyes 10 de 1972(79), 4ª de 1976(80) y 71 de 1988 dispusieron el reajuste anual de las pensiones, de conformidad con el aumento del salario mínimo.
Pese a lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema en providencia del 18 de agosto de 1999 cambió su precedente y señaló que la indexación de la primera mesada pensional, procede únicamente en los casos en los que el legislador lo ha previsto, lo que solo ocurre para las pensiones causadas con posterioridad a entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1º de abril de 1994.
30. La Corte Constitucional analizó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que negó el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y concluyó que esta desconocía los artículos 48 y 53 de la Carta Política.
A través de la Sentencia SU-120 de 2003, la Sala Plena determinó que sí existía este derecho a la actualización de las obligaciones dinerarias, si se tiene en cuenta que el constituyente protegió el derecho al reajuste periódico de las pensiones derivado del deber estatal de mantener el poder adquisitivo y constante de aquellas.
Al respecto, este Tribunal Constitucional efectuó un análisis sistemático de la Constitución y la legislación laboral, y concluyó que “puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento”. Precisó que los jueces no pueden desconocer el derecho a la indexación de mesadas pensionales, pues este ajuste resulta imperativo para remediar las injusticias, mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y garantizar la capacidad adquisitiva de las prestaciones. El fallo sostuvo que la indexación se debe efectuar aunque el legislador no lo hubiese previsto expresamente en la norma.
33. La Sentencia C-862 de 2006 reiteró el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y precisó que este aplica, incluso, cuando el legislador no ha previsto tal ajuste.
La sentencia retomó jurisprudencia constitucional, en especial, las consideraciones de la Sentencia SU-120 de 2003. Consideró que la ausencia de un mecanismo en la norma, que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ponía en riesgo la protección de los derechos contemplados en el artículo 48 y 53 de la Carta Política. En consecuencia, declaró exequible la expresión impugnada, en el entendido de que “el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE”.
34. En un caso similar, la Sentencia C-891A de 2006 declaró exequible el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 sobre pensión de vejez, bajo el entendido de que debía asegurarse la indexación de la primera mesada pensional aunque la norma no lo incluyera expresamente.
La Corte procedió a resolver si, de nuevo, el Congreso había incurrido en una omisión legislativa al no prever la indexación del salario base para la liquidación de la pensión de las personas cobijadas por la norma demandada. Y falló en el mismo sentido que la Sentencia C-862 de 2006, pues declaró la exequibilidad de la expresión acusada, pero precisó que cuando esta produzca efectos, debe entenderse que “(...) el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC certificado por el DANE”.
Además, analizó cómo se determinaba el término de prescripción. Señaló que en relación con las pensiones causadas después de 1991 “se ha reconocido el efecto retroactivo de las diferencias pensionales, pues al momento de conceder la pretensión referente a la indexación, los jueces ordinarios laborales determinan que el término de prescripción se interrumpió desde el momento en que el pensionado hizo el respectivo reclamo de la indexación al empleador”. Frente al derecho a la indexación de la primera mesada para quienes gozaban de una pensión causada antes de la vigencia de la Carta Política, la sentencia puntualizó que “la certeza del derecho —cuando se expide la Sent. SU-1073/2012— es el momento a partir del cual se debe determinar el término de prescripción”.
La providencia estudió el caso de un pensionado que interpuso demanda laboral para solicitar la indexación de la primera mesada. En primera y segunda instancia le negaron su derecho, bajo el argumento de al momento que se concedió la prestación no estaba vigente la Constitución, por lo que no procedía el reajuste requerido. Luego, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió “no reponer la providencia y confirmó la no selección del caso” del actor. Al analizar las decisiones judiciales, la Corte Constitucional reiteró que el derecho a la indexación debe ampararse, incluso, si la pensión se reconoció antes de 1991, tal como lo precisó la Sentencia SU-1073 de 2012. Así que ordenó la indexación de la primera mesada y el pago de las mesadas pensionales no prescritas, “causadas durante los tres años anteriores a la fecha de expedición de [esa] sentencia”.
41. Ahora bien, existe una distinción entre el derecho a la pensión propiamente dicho y los derechos crediticios que surgen de esta. El primero es imprescriptible, mientras que los segundos sí prescriben si no son solicitados en un lapso de tres años. Al respecto, en la Sentencia C-624 de 2003(81) señaló que “dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho”(82).
43. En relación con las pensiones causadas antes de la vigencia de la Carta Política, la jurisprudencia constitucional ha establecido reglas precisas sobre la certeza del derecho y la forma de contar la prescripción. La Sentencia SU-1073 de 2012(83) abordó la discusión sobre la incertidumbre que existía acerca de si las personas que adquirieron su pensión antes de la entrada en vigencia de la Constitución tenían derecho a que se indexara su primera mesada. La Corte concluyó que, en efecto, tenían derecho, pero advirtió que la certeza del derecho surgía con la expedición de esa decisión.
En el mismo sentido, las sentencias SU-131 de 2013(84) y SU-415 de 2015(85) han analizado casos de pensiones causadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. La primera retomó las consideraciones de la Sentencia SU-1073 de 2012 y ordenó a la entidad accionada indexar la primera mesada y efectuar el “pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de la fecha de [esa] sentencia”. La segunda ordenó el pago de las mesadas no prescritas “causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia, de conformidad con la regla establecida en la jurisprudencia constitucional para las pensiones causadas antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991”.
44. Con respecto a las pensiones que se causaron después de que la Constitución Política de 1991 fue promulgada, prescripción se rige por las reglas procesales generales en materia de seguridad social, es decir, que no aplican las reglas fijadas en la Sentencia SU-1073 de 2012. Lo anterior, porque no ha existido incertidumbre sobre la existencia de derechos, pues aquel surge en virtud de los artículos 48 y 53 superiores.
“ART. 488.—Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
ART. 489.—Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el (empleador), acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.
“Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el (empleador), sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”.
“En efecto, por décadas se ha clarificado por esta Sala de la Corte, que lo que corresponde a la genuina lectura de las preceptivas 488 y 489 del CST y 151 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, el término de los tres años a que se alude en la normativa atrás referida para la prescripción de las acciones, se cuenta “desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, pues precisamente el soporte de la prescripción extintiva se percibe en la inercia del acreedor de reclamar el cumplimiento de la eventual obligación. Por ello, es que el término de prescripción no puede contarse antes de la expiración del plazo consagrado legalmente y menos a probables obligaciones o derechos futuras.
En sede (sic) instancia, se tiene que el actor fue pensionado a partir del 15 de agosto de 1995, fecha a partir de la cual se inició la contabilización del término de prescripción de tres años, el que interrumpió el actor el 16 de octubre de 1996 con la reclamación gubernativa, por lo que los tres años se cumplieron el 16 octubre de 1999; sin embargo, como transcurrieron tres años a partir de esta última fecha sin que se presentara la demanda, ya que esto solo ocurrió el “23 de mayo de 2005” según el sello de la oficina judicial del folio 9 vuelto del cuaderno 1, obvio es que para las diferencias pensionales condenadas por el ajuste del ingreso base de liquidación de tal prestación, causadas del 23 de mayo de 2002 hacia atrás, operó el fenómeno de la prescripción.
En consecuencia, se ordenará el pago de la diferencia entre la pensión que le venía pagando la Caja Agraria, y el valor de la mesada cuyo incremento se decretó, desde el 23 de mayo de 2002 hasta el último de agosto de 2011”(86).
48. En la misma dirección, la Sentencia T-611 de 2015(87) concluyó que las salas Octava y Novena de Revisión han indicado que “el periodo de tres años que extingue la obligación del empleador de reconocer las diferencias en el monto de la asignación de jubilación, opera cuando se presenta una inactividad por parte del beneficiario, quien incluso habiendo reclamado la indexación ante su empleador, debe iniciar acciones judiciales en un arco (sic) de tiempo de tres (3) años”.
“La compartibilidad pensional consiste en la protección que se otorga al monto del ingreso pensional del jubilado, cuando el mismo cumple con todos los requisitos para acceder al pago de la pensión vitalicia de vejez, por parte de la entidad administradora de tales recursos. Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la entidad en la cual se encuentra laborando el trabajador prevé condiciones más favorables para acceder a la pensión que la prescritas para la generalidad de los trabajadores. En tales circunstancias, la empresa empleadora asume el pago de las mesadas hasta tanto el empleado cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para todas las personas(88)”(89).
La pensión compartida se da cuando el empleador le reconoció a su extrabajador pensión de vejez en virtud de una convención o acuerdo extra legal por un monto determinado y estipuló que dicha pensión será posteriormente compartida con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, en la actualidad por Colpensiones.
De esta forma, cuando la empresa a la que se encontraba vinculado laboralmente el trabajador contemplaba el cumplimiento de requisitos más favorables para acceder a la pensión que los exigidos por el régimen general, el empleador asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para todas las personas. En caso que el monto de la pensión reconocida por el empleador sea superior al reconocido por Colpensiones, deberá el empleador reconocer y pagar la diferencia(90).
En suma, cuando el Instituto de Seguros Sociales(91) reconocía la pensión de vejez al trabajador después de constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador quedaría relevado de seguir con el pago de la pensión de jubilación siempre y cuando no hubiera un mayor valor que cancelar entre la mesada pensional reconocida por el instituto y aquella que pagaba la empresa.
52. A su vez, la jurisprudencia ha establecido que cuando se presenta un caso de pensión compartida es necesario realizar un intercambio de información entre la empresa que reconoció la pensión y el Instituto de Seguros Sociales o quien haga sus veces, con el fin de que el empleador conozca la pensión reconocida por el ISS y proceda a hacer los reajustes correspondientes. Sin embargo, la ley no dispuso sobre quien recae la obligación de informar al empleador sobre el reconocimiento de la pensión que hace el ISS. Para abordar este punto, la Sentencia T-1117 de 2003(92), estableció tres alternativas posibles, que son:
“(...) 1. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional al antiguo empleador corresponda al beneficiario mismo de la pensión, dado que es quien puede decir con certeza si tanto su exempleador como la entidad de seguridad social están cumpliendo con sus obligaciones en cuanto al pago de las mesadas pensionales.
2. “Que la obligación de informar sobre el nuevo reconocimiento pensional a su antiguo empleador corresponda a la entidad de seguridad social que hace el reconocimiento, pues conociendo que un empleador ha venido haciendo aportes respecto de uno de sus extrabajadores, estaría obligada a informarle a este sobre el nuevo reconocimiento, con el único fin de que dicho empleador tome las previsiones, de acuerdo con la ley, para ajustar su obligación a las nuevas circunstancias.
3. “Que sea el antiguo empleador que hizo el primer reconocimiento, quien deba informarse acerca de cuáles de sus extrabajadores están próximos a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la entidad de seguridad social, a la cual sigue cotizando, para así adelantar las gestiones que le permitan reducir, modificar o extinguir por completo su obligación pensional”.
53. Fruto del intercambio de información entre el empleador y el Instituto de Seguros Sociales o de la información suministrada por el beneficiario, es posible establecer el monto prestacional a cargo de cada una de las entidades, lo que permite determinar si el empleador aún tiene alguna obligación, o si la misma fue asumida por la otra entidad. Una vez definida dicha situación, el empleador podrá expedir un acto administrativo u oficio que “deberá contener cuando menos la siguiente información: Indicar el nuevo valor de la pensión a su cargo; reseñar el acto de reconocimiento de la pensión hecho por la entidad de seguridad social así como el monto exacto que esta reconoce; y los recursos que proceden contra dicha decisión”(93).
55. Es decir, que en este tipo de eventos en los que se pretende aumentar el monto y no disminuirlo(94), la entidad no requiere obtener previamente el consentimiento del beneficiario para expedir un nuevo acto administrativo, como sí ocurre en los actos de revocatoria unilateral o de suspensión de actos administrativos que reconocer situaciones de carácter particular y concreto, que afectan los intereses del titular de los derechos reconocidos en dicho acto. “En todo caso, y con el fin de garantizar el debido proceso, en dicho acto deberá informar al beneficiario las entidades responsables de continuar con el pago la pensión, los montos a cargo de cada entidad y los recursos que caben contra esa decisión”(95).
Así las cosas, se tiene que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el fallo del 30 de junio de 2006 y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la decisión del 14 de agosto de 2007 incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional. Como se expuso previamente, esta corporación ha considerado que el desconocimiento de precedente se configura cuando se profiere una decisión “(iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”(96). En el caso concreto, se verificó que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali no tuvo en cuenta la ratio decidendi de la Sentencia SU-120 de 2003, que ya se había emitido al momento del fallo y que era una sentencia de unificación jurisprudencial vinculante para los jueces al abordar los asuntos relacionados con el derecho a la indexación. Además, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también omitió lo dispuesto en la Sentencia SU-120 de 2003 y lo decidido por la Corte Constitucional en las sentencias C-862 de 2006, C-891A de 2006, cuando decidió no casar la sentencia del tribunal.
62. Observa la Sala que la sentencia de segunda instancia de tutela, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, acertadamente consideró que las decisiones controvertidas a través de la acción de amparo desconocieron el derecho a la indexación de la primera mesada pensional de la peticionaria. La referida providencia expuso que de acuerdo con la jurisprudencia actual de esa corporación y de esta Corte Constitucional, la primera mesada pensional se debe ajustar, so pena de afectar los derechos fundamentales a mantener el poder adquisitivo de la prestación y a la seguridad social. Por esa razón dejó sin efectos las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Cali, del 30 de junio de 2006, y aquellas que dependan de esta, por lo que también dejó sin efectos la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, dado que el juez constitucional de segunda instancia arribó a la misma conclusión a la que llega esta sentencia, se confirmará dicho fallo por esas razones.
En cambio, para las prestaciones que se causaron antes de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, la contabilización del término de prescripción de los créditos surgidos de la pensión debe seguir la regla de la Sentencia SU-1073 de 2013. Tal regla especial surgió porque, en el año 2012, la Sala Plena de esta Corte consideró que únicamente hasta que se dictó la sentencia existía plena certeza acerca de la existencia del derecho a la indexación del salario base de liquidación de la primera mesada pensional.
Así las cosas, la regla general consiste en la aplicación de las normas de los códigos sustantivo del trabajo y de procedimiento laboral, mientras que, solo en los casos excepcionales que se enmarquen en los supuestos fácticos precisos de la Sentencia SU-1073 (una vez más, las pensiones reconocidas antes de la Carta de 1991), se aplica lo dispuesto por la Corte en esa ocasión.
En esa medida, la Corte Constitucional precisa que la pensión del señor Baquero se causó después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, por lo tanto, para determinar las mesadas pensionales prescritas se deben aplicar las reglas generales de prescripción dispuestas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por ello, se confirma parcialmente la decisión del ad quem, pero se adiciona para señalar cómo debe se(sic) contabilizar la prescripción de los créditos que surgen de la pensión.
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la decisión del 19 de octubre de 2015, de la Sala de Casación Penal de la misma corporación, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Luz Elena Ocampo de Baquero contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.
2. ADICIONAR a la sentencia del 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la contabilización del término de prescripción de las mesadas pensionales del señor Jorge Enrique Baquero Baquero, que ahora deben ser reconocidas a su cónyuge, se determina con base en las reglas generales procesales en materia de seguridad social.
3. ADICIONAR a la sentencia del 16 de diciembre de 2015, de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, proferida en el marco del proceso ordinario, en cumplimiento de la sentencia del 27 de noviembre de 2015 emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la prescripción de las mesadas pensionales que se analiza en el caso concreto se contabiliza de conformidad con las reglas generales procesales en materia de seguridad social.
4. Por intermedio de la secretaría general de esta corporación, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Magistrados: María Victoria Calle Correa—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento parcial de voto—Alejandro Linares Cantillo, con salvamento parcial de voto—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con salvamento parcial de voto—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva—Germán Quintero Andrade.
1 De la ponencia inicial presentada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo se retomaron (i) los antecedentes, salvo algunos ajustes formales y la exposición de algunas actuaciones procesales que fueron incluidos posteriormente; (ii) el análisis de requisitos generales de procedencia contra tutela en el caso concreto; (iii) el defecto sobre violación directa de la Constitución; (iv) algunas consideraciones iniciales sobre el derecho a la indexación de las mesadas pensionales; y (v) el capítulo sobre compatibilidad de la pensión.
2 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
3 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
4 La apoderada de la demandante inicialmente señaló que el señor Jorge Enrique Baquero Baquero empezó a trabajar en el Banco Popular el 1º de febrero de 1957, sin embargo, en el proceso ordinario de primera instancia precisó que aquel ingresó a trabajar el 18 de febrero del año señalado. Folio 149, cuaderno 1.
5 Hecho 1 de la acción de tutela. Folio 1, cuaderno 1.
6 Hecho 2 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
7 Al respecto, indicó que su esposo nació el 30 de diciembre de 1937.
8 Hecho 2 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
9 Hecho 3 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
10 Sentencia del 26 de agosto de 2005. Folios 27 al 44 del cuaderno 1.
11 Hecho 3 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
12 Hecho 4 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
13 Demanda de casación. Folio 303, cuaderno 1.
14 Hecho 5 de la acción de tutela. Folio 1, cuaderno 1. Sentencia de casación del 14 de agosto de 2007. Folio 327, cuaderno 1.
15 Sentencia de casación del 14 de agosto de 2007. Folio 327, cuaderno 1.
16 Certificación del Banco Popular. Folio 24 del cuaderno 1.
17 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
18 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
19 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
20 Acción de tutela. Folio 3, cuaderno 1.
21 Sentencia de tutela del 7 de noviembre de 2014 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Folio 1 del cuaderno 2.
22 Sentencia de tutela del 19 de febrero de 2015 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Folio 41 del cuaderno 2.
23 Solicitud de incidente de nulidad presentado por la apoderada del Banco Popular. Folio 73, cuaderno 2.
24 Auto del 16 de abril de 2015 de la Sala de Selección 4. Folio 113, cuaderno 2.
25 Auto del 14 de mayo de 2015 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Folio 118, cuaderno 2.
26 Auto del 28 de mayo de 2015 de la Sala de Selección 5 de la Corte Constitucional. Folio 125, cuaderno 2.
27 Auto 402 de 2015 de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Folio 166, cuaderno 2. El auto dispuso: “(...) PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la referencia, desde el auto admisorio de la demanda proferido el 22 de octubre de 2014, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La nulidad procesal aquí decretada tiene como consecuencia dejar sin efectos todas las decisiones proferidas en este proceso, salvo aquellas que decretan pruebas. // SEGUNDO. ORDENAR a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, de manera preferente y expedita reinicie el proceso de tutela promovido por la ciudadana Luz Elena Ocampo de Baquero contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, previa vinculación y notificación de los terceros interesados, en especial del Banco Popular. // TERCERO. ORDENAR que por la secretaría general de esta corporación, se devuelva el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que rehaga la actuación procesal conforme a lo expresado en el numeral anterior. // CUARTO. Una vez se dicten las respectivas sentencias de instancia, se enviará el expediente al despacho del magistrado sustanciador para su revisión”.
28 Respuesta del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. Folio 189 del cuaderno 2.
29 Respuesta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Folio 274 del cuaderno 2.
30 Contestación del Banco Popular, folio 303 del cuaderno 2.
31 Contestación del Banco Popular, folio 303 del cuaderno 2.
32 Sentencia de primera instancia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Folio 357, cuaderno 2.
33 Escrito de impugnación. Folio 387 del cuaderno 2.
34 Sentencia de segunda instancia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Folio 4, cuaderno 3.
35 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de tutela de segunda instancia. Folio 4, cuaderno 3.
36 Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Folio 89, cuaderno 3.
37 Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Folio 96, cuaderno 3.
38 Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Folio 103, cuaderno 3.
39 Acta 6 del 10 de febrero de 2016.
40 Oficios de vinculación (fls. 379 al 385, cdno. 2).
41 Auto de vinculación. Folio 108, cuaderno 3.
42 Hecho 2 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
43 Hecho 2 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
44 Auto del 14 de mayo de 2002. Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. Folio 104, cuaderno 1.
45 Sentencia del 26 de agosto de 2005. Folios 27 al 44 del cuaderno 1.
46 Hizo referencias a las sentencias 8616 del 5 de agosto de 1996 y 13905 del 1º de agosto de 2000, ambas proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
47 Hecho 3 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
48 Hecho 4 de la acción de tutela. Folio 2, cuaderno 1.
49 Hecho 5 de la acción de tutela. Folio 1, cuaderno 1. Sentencia de casación del 14 de agosto de 2007. Folio 327, cuaderno 1.
50 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
51 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
52 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
53 Acción de tutela. Folio 3, cuaderno 1.
54 Consideraciones retomadas de la Sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
55 El primer inciso del artículo 86 de la Constitución señala: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
58 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
60 Folio 61 del cuaderno 2.
63 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
64 Acción de tutela. Folio 4 del cuaderno 1.
65 Consideraciones retomadas de la Sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
66 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
67 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
69 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
70 Sentencias T-209 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-071 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
71 Consideraciones retomadas de la Sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
72 Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
73 Corte Constitucional, Sentencia T-1092 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
74 Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
76 Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
77 Las consideraciones de este capítulo integran con consideraciones de la ponencia inicial del magistrado Alejandro Linares Cantillo y con consideraciones de la Sentencia T-697 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
78 Sentencias SU-1073 de 2003, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU-131 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
79 Artículo 3º.
80 Artículo 1º.
81 Corte Constitucional, Sentencia C-298 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Tomado literalmente por la Sentencia C-624 de 2003, y la idea general ha sido retomada por los fallos T-762 de 2011, T-217 de 2013, T-456 de 2013 y SU-298 de 2015, entre otros.
82 Ibíd. Tomado literalmente por la Sentencia C-624 de 2003, y la idea general ha sido retomada por los fallos T-762 de 2011, T-217 de 2013 y T-456 de 2013, entre otros.
84 M.P. Alexei Julio Estrada.
86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, acta 29 del 30 de agosto de 2011, Radicación 38680. Citada también en la Sentencia T-611 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
87 M.P. Alberto Rojas Ríos.
88 La Corte Constitucional ha entendido que “se encuentran en la hipótesis de compartibilidad pensional solamente aquellos “trabajadores que a la fecha en que el instituto haya comenzado a cubrir el riesgo de vejez reúnan los siguientes requisitos: 1) Diez o más años de labranza, 2) Tiempo y edad requeridos para la pensión de jubilación, y 3) Seguir cotizando a los seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por su normatividad para otorgar la pensión de vejez” y por lo tanto solamente serían estos trabajadores los acreedores de la obligación pensional íntegra y total a cargo del empleador “hasta tanto el Instituto de Seguridad Social, de acuerdo a su reglamentación, reconozca y empiece a pagar la de vejez” (Sent. T-462/2003).
89 Corte Constitucional, sentencia de tutela T-167 del 26 de febrero de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
90 Al respecto, la Sentencia T-921 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló: ““Una vez el empleador ha reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación con carácter compartido a favor de su extrabajador, el empleador sigue realizando los aportes de seguridad social en pensiones ante el Instituto de Seguro Social, hasta que el trabajador a favor de quien hace los aportes, cumpla con los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez. Una vez cumplidos los requisitos de ley, el ISS procederá a otorgar la pensión de vejez a la que tiene derecho el pensionado. No obstante, debido a que la pensión de jubilación fue reconocida con carácter compartido, el pensionado no tiene derecho a recibir integralmente ambas mesadas pensionales. En este caso, el reconocimiento que hace el ISS por pensión de vejez libera al empleador de pagar la pensión de jubilación. Sin embargo, si el valor de la pensión que otorgó ISS es menor al valor que el empleador reconoció como pensión extralegal, estará a cargo del empleador el mayor valor que reconoció. En esta hipótesis el pensionado mantiene su nivel histórico de ingresos, comoquiera que la compartibilidad no reduce el monto de su mesada pensional, sino que se comparte el pago de la mesada entre el ISS y el mayor valor, si lo hubiere, a cargo del empleador”.
91 El artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, establece que Colpensiones asumirá los servicios de aseguramiento de pensiones de los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, para lo cual determinó que el gobierno en ejercicio de sus facultades constitucionales debería proceder a la liquidación de Cajanal, Caprecom y el Instituto de Seguros Sociales en lo que a pensiones se refiere. Posteriormente, el Decreto 2013 de 2012, suprimió el Instituto de Seguros Sociales, ISS.
92 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
93 Sentencia T-624 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
94 Acto Legislativo 01 de 2005.
95 Sentencia T-1117 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
96 Corte Constitucional, Sentencia T-1092 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.