Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1630
Timestamp: 2018-06-25 00:13:14
Document Index: 153779479

Matched Legal Cases: ['artículo 231', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 231', 'artículo 40', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 99', 'artículo 1068', 'artículo 130', 'artículo 5', 'artículo 6', 'e contrario', 'artículo 27', 'artículo 56', 'artículo 65']

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015.
Remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, en Paracas, Departamento de Ica, República del Perú.
Oficio en alcance al remitido la semana anterior, relativo al Informe sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.
Remite el informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.
Remite el informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2015 sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.
COMUNICACIONES DE UNIVERSIDADES Y COLEGIOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015
Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de junio y julio de 2015.
Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores a los meses de abril y mayo de 2015.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1068, 1068 BIS y 1069 del Código de Comercio.
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 54, 56 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
RONDA DE INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA REFERIRSE A LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PENAL DE ALTA SEGURIDAD EL ALTIPLANO
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: (11:27 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras legisladoras, señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de julio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio.
El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente, quiero hacer una petición.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Diputado, estamos con lo del acta de la sesión anterior.
El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Es en relación al Orden del Día.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Si gusta, cuando terminemos estas comunicaciones.
El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Quiero hacer una propuesta muy concreta.
La propuesta muy concreta que quiero hacer, es que terminando la ronda de iniciativas pasemos a discutir el tema que está discutiendo todo el país, que es la fuga de El Chapo Guzmán.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Le quiero notificar, señor Diputado, que ese tema está a consulta de los coordinadores de los grupos parlamentarios, y si procede, podremos hacer una referencia en algún momento de la sesión, para si aprueba la Asamblea hacer uso de ese tema. ¿Sí?
Continúe, Secretaria por favor.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, en Paracas, Departamento de Ica, República del Perú.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio en alcance al remitido la semana anterior, relativo al Informe sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
Pasamos al siguiente asunto, por favor.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2015 sobre los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de universidades y colegios en cumplimiento del artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015:
De la Universidad Autónoma de Chiapas, con el resultado de la auditoría externa de la matrícula universitaria del primer informe semestral de 2015 y el informe específico sobre la variación de la matrícula del primer semestre 2015.
De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el informe de la auditoría externa a la matrícula universitaria, el resumen de matrícula y su variación, así como el Informe de matrícula en el formato establecido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, correspondiente al semestre enero-junio de 2015.
De la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015; el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato del informe de matrícula del primer semestre 2015.
De la Universidad de Colima, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015, el formato del informe de matrícula y el informe semestral específico sobre la variación de matrícula del semestre enero-julio 2015 vs enero-julio 2014.
De la Universidad de Guanajuato, con el informe de matrícula correspondiente al primer semestre de 2015.
De la Universidad Veracruzana, con el informe de resultados de la auditoría externa al primer informe semestral 2015 a la matrícula; el informe de matrícula desagregada por nivel y por programa educativo correspondiente al primer semestre 2015 y el reporte de variación de la matrícula establecida, respecto al mismo primer semestre del año anterior.
Del Colegio de Sonora, con el informe de resultados de la auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015, el informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato “informe de matrícula”.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Remítase la documentación descrita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:
Una, de la Senadora Martha Elena García Gómez, con la que remite el Informe de su participación en la sustentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Una, del Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, con la que remite el Informe de su participación en el 48º Periodo de Sesiones anual de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, efectuado del 13 al 17 de abril de 2015, en la sede de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.
Una, de la Senadora Margarita Flores Sánchez, con la que remite el Informe de su participación en el VII Encuentro Anual, organizado por el Grupo der Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas, celebrado del 11 al 14 de junio del 2015, en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina.
Una, de la Senadora Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su participación en la XXIII Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de mayo de 2015, en Panamá.
Y una, de la Senadora Diva Gastélum Bajo, en la que remite el Informe de su participación en la tercera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 24ª Reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual contra Niños y en la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de Violencia, en el marco de la citada sesión, celebradas en Estrasburgo, Francia, los días 24 y 25 de junio de 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio del 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII de artículo 78 de la Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:
“Único.- Se concede licencia a la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio de 2015.”
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, se concede licencia a la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 13 de julio del año en curso.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Asimismo, se recibió una comunicación del Diputado Raúl Paz Alonso, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente
“Único.- Se concede licencia al Diputado Raúl Paz Alonso para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015.”
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar a mano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Raúl Paz Alonso para separarse de sus funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto del año en curso.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por la que informa la sustitución del Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo de dicho grupo parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, está a consideración de la Asamblea el siguiente:
“Único.- En cumplimiento de lo que establece el numeral 4 del artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, la Comisión Permanente designa a la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.”
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: En consecuencia, con fundamento en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, queda aprobada la designación de la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Propietaria del Poder Legislativo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Comuníquese.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron los Presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Honorable Cámara de Senadores, para los meses de junio y julio de 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Están a consideración de la Asamblea los Proyectos de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La Secretaria Diputada Esmeralda Reza Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los Proyectos de Presupuesto de los meses de junio y julio de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobados los Presupuestos de la Cámara de Senadores para los meses de junio y julio del año en curso.
La Secretaria Diputada Esmeralda Reza Gallegos: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de abril y mayo de 2015.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.
En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, para presentar a nombre del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1068, 1068 Bis y 1069 del Código de Comercio.
El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Gracias, Presidente de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores.
A nombre del Diputado Abel Salgado Peña y de un servidor, ponemos a su consideración esta iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código de Comercio, con la finalidad de integrar la notificación de actuaciones judiciales vía correo electrónico.
El crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido transformar diversos aspectos de la vida del ser humano. La facilidad con la que hoy nos comunicamos ha logrado hacer mucho más eficientes los procesos en áreas como la educación y el comercio; ha permitido la difusión de conocimiento, la conservación de la cultura e incluso, ha detonado nuevas formas de entretenimiento.
Desafortunadamente, no hemos tenido el acierto de aplicar en toda su extensión estas ventajas tecnológicas obtenidas en aspectos clave de la vida en sociedad, como es el derecho; en particular, el derecho procesal.
En efecto, los litigios del día de hoy se siguen desarrollando con procedimientos de muy largo aliento histórico, pero con un empleo escaso, prácticamente tangencial de las nuevas formas de comunicación.
Esto se ha debido, entre otras razones, a la desconfianza que aún genera este tipo de tecnologías en algunos sectores de juristas. Muchos otros, en cambio, han expresado la necesidad de modernizar la manera cómo se llevan a cabo los procedimientos jurisdiccionales, en aras de reducir costos y tiempo, y que ello se traduzca en una justicia más pronta y expedita como mandata nuestra Constitución Política.
Es importante señalar que se ha dado algunos pasos en este sentido. En el año 2000, nuestro país dio un gran paso con las reformas, principalmente al Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Protección al Consumidor, en el sentido de darle validez a los contratos electrónicos y proteger al consumidor al realizar transacciones en línea.
Además, en 2003 y 2004, se reformó el Código de Comercio en materia de firmas electrónicas y prestadores de servicios de certificación
Otro ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se permite realizar “avisos de notificaciones” por correo electrónico; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental permite el señalamiento de un correo electrónico en la solicitud de acceso a la información y en la interposición del recurso de revisión para recibir promociones y notificaciones.
No obstante, aún queda mucho por hacer dada la constante, rápida y en ocasiones imperceptible evolución de la tecnología. De otra forma, corremos el grave riesgo de que la legislación y la práctica profesional se vean ampliamente superadas por la realidad.
Estos antecedentes fueron tomados como punto de partida al momento de discutir y aprobar el contenido del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
En los procedimientos penales que se celebran en todo el territorio nacional, se podrá hacer uso de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a notificaciones y citaciones.
Dentro de los medios de notificación en materia penal, ahora se establece que podría ampliarse al correo electrónico y otros medios en los actos que requiera la intervención de las partes.
Esta legislación de avanzada, se puede y debe replicar en otros ordenamientos de carácter federal y aplicación en todo el territorio nacional, como es el caso del Código de Comercio.
En efecto, recordemos que nuestro Código de Comercio, a pesar de haber sufrido una serie de importantes reformas de actualización a lo largo de las últimas décadas, es un instrumento normativo que se promulgó y publicó en 1889, en tiempos de Porfirio Díaz.
Insistimos: con el paso del tiempo el Código se ha modernizado. Incluso, en la última década se incorporó el reconocimiento de la contratación electrónica, sin embargo sigue los mismos y rústicos procedimientos para el desahogo de los procesos jurisdiccionales de carácter contenciosos.
Por ello, consideramos necesario incorporar, a la manera que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismos expeditos, inmediatos y certeros tecnológicamente, para la notificación de actuaciones judiciales, sea a lo largo del proceso o sobre la conclusión del mismo. Salvaguardando, desde luego, la necesidad de la notificación personal de la demanda de un juicio mercantil, sea ordinario o ejecutivo. Esto, en atención a la relevancia toral que reviste dicha notificación y que así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias.
Por ello, a efecto de lograr la prontitud en la tramitación de un procedimiento del orden mercantil, sea éste ejecutivo u ordinario, sometemos a la consideración esta iniciativa por la que se reforman los artículos 1068, 1069 y se adiciona un artículo 1068 Bis, a fin de incorporar un mecanismo novedoso de notificaciones vía correo electrónico e implementar un catálogo específico de las notificaciones que deban ser personales.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado de las Fuentes. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora la palabra el Diputado Juan Bueno Torio, para presentar a nombre del Diputado Marcelo Torres Cofiño y suscrita por diversos legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales.
El Diputado Juan Bueno Torio: Muy buenas días, compañeras y compañeros.
Acudo ante ustedes a presentar una iniciativa de reforma constitucional, en nombre del Diputado Marcelo Torres Cofiño y su servidor Juan Bueno Torio.
En menos de un año, el gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña, ha enfrentado graves crisis de política interior.
Tenemos el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, la problemática que surgió de la famosa Casa Blanca y ahora la fuga del Chapo Guzmán, que independientemente de las terribles consecuencias que conlleva para nuestra democracia, hacen patente la falta de seriedad y compromiso por parte de quienes ejercen, desde el Ejecutivo Federal, la alta responsabilidad de velar por la seguridad y los intereses de la nación. Y decimos irresponsabilidad, pues en el mismo vuelo viajaba el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación a una cita en el exterior.
Actualmente nos encontramos ante un escenario nacional, que podemos llamarlo como si fuera un desastre, que hace indispensable exigir el cumplimiento y el respeto del estado de derecho, y digo que es un desastre, porque traemos además de los problemas de inseguridad, traemos los problemas vinculados al respeto de los derechos humanos, los problemas económicos del país y los problemas de desarrollo social que no dejan de seguir preocupándonos a todos los mexicanos.
Sin duda que las instituciones deben ser fortalecidas y protegidas para que los servidores públicos que las tienen a su cargo, realicen sus atribuciones constitucionales y legales, de manera que se cumpla con el objetivo de forjar un bienestar general en la población, a la cual todos los funcionarios servimos.
El Poder Ejecutivo tiene a su cargo funciones de especial relevancia para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas. Por ello resulta de especial importancia que la persona que ostenta estas atribuciones se encuentre en territorio nacional, sobre todo cuando el titular del Poder Ejecutivo está ausente.
Hago referencia a la disposición constitucional que establece que en este caso de ausencias, ya sean temporales o permanentes del Ejecutivo Federal, será el Secretario de Gobernación quien ocupará la Presidencia de forma provisional en los términos de los artículos 84 y 85 de nuestro texto constitucional.
El titular de la Secretaría de Gobernación representa el segundo nivel más importante dentro del Poder Ejecutivo, después del Presidente de la República, por lo que es menester que en las ausencias de éste del territorio nacional, sea el Secretario de Gobernación quien se mantenga al frente de las decisiones del país para atender de manera inmediata los asuntos, como el caso que nos ocurrió con la fuga del Chapo Guzmán, que llegaron a presentarse y que comprometen la seguridad y la protección de todos los mexicanos.
Esta iniciativa representa un medio por el cual las dependencias de la administración pública federal puedan hacer frente de manera eficiente y eficaz a los hechos que, de presentarse, requieran la atención inmediata de quien está encargado de tomar las decisiones fundamentales, y que como se ha visto, el Secretario de Gobernación, por ser el responsable de la política interior, tiene a su cargo la encomienda de realizar.
El incremento de la inseguridad, así como la existencia y fortalecimiento de los grupos delictivos del país, hace necesario que se extremen las medidas de seguridad en los viajes, sobre todo del Presidente, que realiza para la atención de los asuntos a su cargo y que debe vincular en ocasiones a ambos funcionarios.
Por técnica legislativa, además de las reformas que se proponen en materia de estabilidad para la política interior, se pretende reformar también las disposiciones relativas en las que se menciona al Secretario de Gobernación para designarlo, de manera genérica, como el secretario del ramo de seguridad interior.
Aunado a ello, hay otro asunto que es necesario atender y que se incluye en esta iniciativa: la austeridad en la política exterior.
En días pasados, el Presidente Peña realizó una Visita de Estado al Reino Unido e Irlanda del Norte. Aquella visita de Estado fue sumamente criticada por la opinión pública como un nuevo acto de dispendio en medio de una crisis económica y de credibilidad que parece no tener freno.
La comitiva mexicana no sólo estuvo integrada por la familia del Presidente Peña, sino también acudió su doctor personal, legisladores, empresarios, académicos, asesores y amigos, la mayoría con acompañantes personales que en nada justifican el gasto del erario público.
En su último viaje, a Francia, en el que hoy nos ocupa también, el Presidente de la República viaja acompañado por una comitiva total de 143 personas, entre ellas 31 titulares de dependencias del gobierno, incluido el Secretario de Gobernación, que tuvo que regresar de manera inmediata debido a la fuga de “El Chapo” Guzmán.
Los gastos derrochados no son congruentes con la difícil situación económica que vive el país, y mucho menos frente a los anuncios de la Secretaría de Hacienda sobre los fuertes recortes al gasto ante la caída de los ingresos petroleros, la devaluación del peso frente al dólar y la poca recaudación tributaria, en virtud de la miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva que estamos padeciendo.
En aquel viaje quedó de manifiesto la opulencia de una clase política que contrasta con una población que apenas goza con un salario mínimo de 70 pesos diarios.
En la presente iniciativa se propone que: “En las visitas de Estado sólo podrán destinarse recursos públicos en carácter de apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo de las mismas y gastos de viaje relativos, al Presidente de la República, al Secretario del ramo de Relaciones Exteriores y al número máximo de integrantes de la comitiva que reúnan los requisitos que se determinen, en ambos casos, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.”
Termino, señor Presidente, es una reforma constitucional.
Esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo fundamental el establecimiento explícito de un ejercicio responsable del poder para la estabilidad política, la seguridad del interior y la austeridad en la política mexicana.
Sólo pretende, compañeras y compañeros, responsabilidad y congruencia de los funcionarios públicos. Eso es lo que buscamos.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Juan Bueno. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 54, 56 y 116 constitucionales.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Señor Presidente, como vengo a presentar una iniciativa para ampliar la participación y representación ante las Cámaras federales y los congresos locales de los candidatos independientes, pero adicionalmente he presentado un punto de Acuerdo que está completamente ligado, le pediría me permita presentarlos ambos, por economía procesal, en este mismo acto.
Recordemos aquel cuento famoso de Augusto Monterroso, que se utilizó mucho recientemente y que decía: “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”.
Permítanme una licencia literaria y pensar, ¿y qué pasó cuando el dinosaurio se durmió? Pues cuando el dinosaurio se durmió, le surgieron los independientes.
El 8 de junio, esa fue la noticia con la que despertó el país, más allá de los resultados de un reacomodo político en las Cámaras, la gran noticia, el gran avance democrático de nuestro país, el 8 de junio, el día después, fue la presencia de candidatos independientes que habían ganado.
Hoy este triunfo de los candidatos significa uno de los más grandes avances democráticos de nuestro país, y uno de los resultados contundentes, precisos, que se pueden tocar, de las reformas que nosotros hemos aprobado aquí, particularmente de la reforma política.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Permítame, señor Senador.
Le pido a la Asamblea, por favor, quienes estén platicando puedan hacerlo de una manera más baja, hay una caja de resonancia muy fuerte de todo lo que se está comentando y quisiera que le pusiéramos atención al orador, por favor.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Le agradezco mucho, señor Presidente.
Bueno, como les decía, y efectivamente en este ánimo donde no escuchamos a la ciudadanía, si no podemos escuchar a nuestros compañeros, pues ahí están surgiendo los independientes, ahí están surgiendo, sin que nos demos cuenta, como una alternativa totalmente legítima y como respuesta a los errores que han cometido y que hemos cometido los partidos políticos durante todos los años.
Por eso, déjenme decirles qué es lo que estoy planteando con la iniciativa. La iniciativa lo que pretende es que en cada elección legislativa, los independientes tengan derecho a la representación proporcional alcanzando, en el caso de las Cámaras federales, un Diputado plurinominal y un Senador de lista nacional por cada punto porcentual obtenido en la votación nacional.
¿Cómo podríamos elegir cuáles candidatos serían seleccionados para formar parte de esta suerte de plurinominales independientes?, ¿cómo se asignarían estos lugares?
Bueno, hay que recordar la representación proporcional, los Diputados de partido, cómo se seleccionaban, pues a partir de quienes mayor votación hubieran obtenido, y es que sus resultados, sin duda, llaman la atención al considerarlos como una fuerza política con derecho a representación legislativa proporcional.
Y quisiera que viéramos algunos datos, por si no se han enterado.
En la pasada elección federal, sin duda, hubo un hecho que tiene que ver con los independientes, que es el que ocupó la mayor cantidad de planas y de tinta, que fue la victoria en Nuevo León del candidato conocido como “El Bronco”.
Pero hay otros datos que revelan cómo están operando los independientes. En el país hubo 22 candidatos independientes a Diputado federal, de esos ganó uno, Clouthier, por cierto, ex panista.
De estos candidatos a Diputado federal, de estos 22 candidatos, 4 quedaron en segundo lugar, otros 3 quedaron en tercer lugar. Si suman todas las votaciones de los 22 candidatos independientes, resulta que en promedio, su promedio de votación fue de 9.24 por ciento, y repito, 9.24 por ciento, es decir, tuvieron más votos que 6 partidos políticos con registro nacional.
En un mundo normal, donde los legisladores vinieran a legislar, a escuchar, a debatir, en un mundo normal los partidos políticos lo que estarían haciendo es una profunda autocrítica para saber qué les pasó.
En nuestro país ocurre otra cosa, no había pasado ni una semana de la noticia de los independientes, cuando ya 4 congresos locales estaban viendo cómo ponerles el pie, cómo eliminarlos.
Sin duda, aquella máxima de otros tiempos que decía, que al tigre hay que matarlo chiquito, se presentó aquí, a los independientes hay que obstaculizarlos, hay que ponerles más requisitos, hay que eliminarlos para que no vulneren nuestra sólida y estable partidocracia mexicana.
A 23 días de la elección, el pasado 7 de junio, cuatro estados, y aquí hay representantes de esos estados, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Chihuahua, los cuatro estados ya aprobaron obstáculos a la nueva expresión de la vitalidad democrática mexicana que significan los independientes.
Aquí yo les quisiera preguntar, porque algunos deben de recordar, quizá lo tienen así como entre sueños y el subconsciente, que aprobamos esa reforma política, aquí habría que preguntarnos: estos legisladores locales de estos cuatro estados, ¿qué bien público a favor de la sociedad están tutelando?
Yo me preguntaría, ¿están tutelando más libertad, más democracia, mayor participación, mayor pluralidad?
No, no hay un bien público tutelado que estén estos legisladores locales tutelando.
Quizá lo que sí están protegiendo no es un bien público, es un bien privado. El bien privado que se ha convertido el botín de la representación pública y la representación popular en muchos, en muchos estados de nuestro país.
Sin duda, un verdadero, lamentable, retroceso democrático.
Quisiera que veamos de manera muy rápida qué es lo que están haciendo. Y les pongo varios ejemplos:
En Chihuahua, hoy el congreso local estableció que para ser candidato independiente no se debe de haber pertenecido a ningún partido político tres años anteriores ni como dirigente ni como militante.
Aquí, les parece que están poniéndole fecha de nacimiento a la libertad y a la independencia de los ciudadanos, yo quisiera hacer una analogía, y a ver si me acompañan.
La Ley de Asociaciones Religiosos y Culto Público, reglamentaria del artículo 130, establece justamente que los ministros de culto religioso se tienen que separar de su ministerio 5 años antes de querer ser candidato; pero no dice nada sobre aquellos que profesan una religión.
Ser dirigente, yo estoy de acuerdo que si un dirigente político quiere ser independiente, pues quizá que le pongan alguna fecha de separación, pero a un militante, es tanto como pedírselo a alguien que profesa una religión.
Pero veamos a los otros demócratas de Veracruz o de Tamaulipas, ¿ellos qué hicieron?
Dicen que los aspirantes sin partido deben de reunir 3 por ciento de las firmas para poder postularse, cuando para elecciones federales lo que aquí nosotros aprobamos, es el requisito del 2 por ciento.
Y finalmente el caso de Sinaloa.
El caso de Sinaloa, que le está otorgando de manera graciosa solamente 40 días de plazo para reunir las firmas de apoyo, cuando el mínimo que nosotros aprobamos es de 60 días, para otras candidaturas son de más días, pero el mínimo son 60; Sinaloa pone un mínimo, sobre el mínimo y se va a 40 días.
No podemos dejar de pensar que estas reformas son contrarias a la democracia, son la reacción de una partidocracia que no sabe qué hacer; una partidocracia que tiene miedo a la competencia y también, por si fuera poco, son contrarias a la ley.
Pero, por si no fuera poco, son contrarias a la ley, son contrarias al sentido común, son contrarias a entender el mensaje ciudadano que nos está mandando los electores al votar por candidatos independientes.
Por eso es que creo que los Congresos de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chihuahua y de Veracruz, con estas modificaciones están invadiendo las atribuciones del Congreso de la Unión; están alterando el espíritu de la reforma política constitucional, y están vulnerando el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En ese sentido, Diputado Presidente, es que yo creo que esta Comisión Permanente tiene una obligación y una responsabilidad política frente a estos cuatro congresos locales.
Y ésta tiene que ver con nuestra legitimación activa para controvertir constitucionalmente los actos de los congresos estatales cuando éstos, como es este caso, exceden su mandato constitucional en detrimento de las atribuciones del Poder Legislativo.
Por lo anterior, es que estoy solicitando el presente punto de Acuerdo, para que la Comisión Permanente se pronuncie no solamente para que las legislaturas estatales referidas rectifiquen sus disposiciones en materia de candidaturas independientes, sino que también que la Comisión Permanente, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva, interponga a la brevedad las respectivas controversias constitucionales en contra de las normas aprobadas por los Congresos de los Estados de Tamaulipas y Veracruz que ya fueron publicadas, y también contra las de Chihuahua y Sinaloa, inmediatamente después de que se publique.
La democracia mexicana ha avanzado a un paso gradual que muchos observadores han calificado de lento. Este avance no lo echemos para atrás por la disposición de unos legisladores locales, no lo echemos para atrás porque tenga algún objetivo específico que esté buscando evitar la participación política de algún candidato independiente.
Creo que no podemos quedar impasibles ante los retrocesos que hoy, ya de manera muy rápida, 23 días y ya cuatro congresos locales lo han hecho; esto es contagioso, esto es contagioso y me imagino pronto viendo a otros congresos locales haciendo lo mismo.
Por eso, amigas y amigos legisladores, los invito a que hagamos esta reflexión, la reflexión de que no hay nada más poderoso que un ideal al que le ha llegado su tiempo, y este es el tiempo de los candidatos independientes.
Y a los legisladores de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, decirles, solamente, como les están diciendo seguramente en sus estados de manera muy cariñosa y coloquial: No le saquen. Ganen en las urnas y convenciendo al electorado, y no en las leyes lo que no puedan ganar con un liderazgo legítimo.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
Sonido en el escaño del Diputado Adame, ¿con qué objeto?
El Diputado Juan Pablo Adame Alemán: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Hace unos días falleció un referente del panismo, un hombre que dedicó su vida al servicio público, don Jesús Hinojosa, fue alcalde de San Nicolás en dos ocasiones, y fue alcalde también de Monterrey, quisiera proponerle un minuto de silencio en su honor, en homenaje a un hombre que dedicó su vida a México.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con todo gusto, Diputado Adame.
Esta Presidencia otorga este minuto de silencio en honor de don Jesús Hinojosa Tijerina.
Les pido, por favor, a todos ponerse de pie.
Descanse en paz don Jesús Hinojosa Tijerina.
El siguiente apartado del Orden del Día es la votación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reservas para discusión.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con los dictámenes.
Tenemos 20 dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:
Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las causas que propiciaron el accidente ocurrido en la Estación Oceanía de la Línea 5 del Metro.
Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, un informe sobre el avance de la reparación de las once estaciones cerradas de la Línea 12.
Por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora, un informe sobre el estado que guarda el proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por el que se propone otorgar el galardón de la Orden Mexicana del Águila Azteca al ex Senador canadiense Noël Augustus Kinsella.
Que exhorta a implementar acciones de inspección y supervisión a vehículos de transporte para prevenir la comisión de delitos.
Por el que se solicita un informe sobre los protocolos y acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México.
Por el que se solicita un informe sobre el número de permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad de México.
Que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas, a formular iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de sancionar las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los animales.
Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones del caso RYM Capital Corporation.
Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos tendientes a la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
Que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a revisar la actuación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de esa entidad.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a remover a los Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.
Por el que se desechan diversas proposiciones sobre descalificaciones entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a abstenerse de realizar la entrega de televisores digitales del programa para la transición a la televisión digital terrestre.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre los protocolos, acciones o mecanismos de seguridad a implementar antes y durante la jornada electoral.
Por el que se desechan las proposiciones relativas a la aplicación de los criterios de paridad y alternancia de géneros en la asignación de Diputaciones y Regidurías de la representación proporcional en los estados de Sonora y Morelos.
Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba mejorar las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Órganos de Control Interno que vigilaban la aplicación de los recursos públicos, a reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público.
Y por el que se desecha la proposición que exhortaba a garantizar elecciones libres e implementar las medidas necesarias para prevenir la violencia política en el proceso electoral.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.
Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Tenemos ahora la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión.
Iniciamos con el que exhorta a presentar un informe de las acciones y avances en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado José Antonio León Mendívil, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Diputado José Antonio León Mendívil: Muchas gracias, señor Presidente.
Este punto de Acuerdo lo había presentado la Diputada Amalia García Medina, y nosotros estamos pidiendo que el Secretario de Agricultura precise una serie de declaraciones que al respecto del trabajo infantil realizó, consideramos pertinente que esta solicitud de informe presentado por nuestra compañera, por supuesto se profundice.
No podemos ser omisos a los exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay compromisos del gobierno mexicano signados para evitar el trabajo infantil.
La Ley Federal del Trabajo es muy precisa también en su artículo 5o., donde prohíbe expresamente el trabajo infantil hasta los 15 años, y establece medidas también muy pertinentes para dar seguimiento al trabajo de los jóvenes y adolescentes de los 15 a los 18 años.
Cuando nosotros hablamos del trabajo infantil, no nos referimos al trabajo doméstico que hace la familia y en compañía de familiares, no solamente de los hijos, de la parcela. No, nos estamos refiriendo a los pocitos en Coahuila, donde se sobreexplota y se pone en condiciones no solamente de esclavitud sino infrahumanas, a niños y adolescentes para traer el carbón vegetal.
Pero además de los miles, por no decir millones, de trabajadores agrícolas, en los datos que nosotros tenemos, más del 30 por ciento del trabajo infantil se realiza precisamente en las grandes plantaciones agrícolas en nuestro país, en los cortes o en la cosecha del tomate y de otros productos más, ésta es una práctica permanente.
Sabemos que hay necesidad, sabemos que los motiva el hambre en muchos casos, pero precisamente por eso tenemos que garantizar que haya un desarrollo completo de los niños y debemos evitar el trabajo infantil.
A esta Comisión no solamente le estamos pidiendo, sino le estamos exigiendo el informe de cómo está el trabajo infantil vigilado, cómo estamos evitando este exhorto que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no la actitud de la Secretaría de Agricultura que, siendo uno de los espacios más importantes y donde se puede observar un porcentaje alto del trabajo infantil y de jóvenes y adolescentes, no puede el Secretario decirnos que este exhorto pudiera significar una traba y un riesgo para las exportaciones agrícolas en nuestro país.
Yo creo que así como nosotros estamos pidiendo una explicación al Secretario, de manera respetuosa, la Comisión Intersecretarial debe de poner atención en esa área del trabajo de nuestro país en la agricultura, porque no es viable, no es correcto que alguien pueda, incluso insinuar que puede pasar por alto una recomendación, un exhorto de la Comisión Interamericana.
En varios eventos, Magistrados de la Suprema Corte han manifestado que los exhortos, que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería ley para ellos. Entonces, las declaraciones de nuestro amigo el Secretario, tendrían que ser vistas con esa lupa, va a oponerse a esto que la Suprema Corte también considera como ley, el vigilar que no haya explotación a los niños en nuestro país, en los campos, en las minas y en cualquier otra actividad.
Yo creo que es pertinente esta solicitud de informe a la Comisión Intersecretarial, pero también es pertinente que un personaje como nuestro amigo, el Secretario Enrique Martínez y Martínez, también nos explique qué pasó, porque a sabiendas de que hay una serie de indicios del trabajo infantil en nuestro país, en el campo, él habla de que pudiera ser un riesgo el que podamos observar este exhorto, esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pudiera ser un riesgo para las exportaciones de nuestro país.
Yo creo que es momento, en el que estamos ahorita en nuestro país, para que conjuntamente, no porque haya una declaración de un legislador, no porque sea una preocupación de esta Soberanía, para estar pendientes de que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país van a ser garantizados, y vamos a estar atentos para que no haya ninguna violación a estos derechos.
Compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado León.
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
Una de las peores formas de lacerar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, consiste en sustraerlos de las actividades propias de su edad y ponerlos a trabajar, muchas de las veces en condiciones laborales que rayan en esclavitud.
Ante esta realidad, desde hace 13 años, cada 12 de junio, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que más que una fecha para sensibilizarnos busca incentivar el compromiso de todos en acciones concretas.
Ese año, el llamado que se hace es precisamente a favor de una educación de calidad gratuita y obligatoria para todas y todos los niños, hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo, y emprender acciones para atender aquellos que se encuentran actualmente en situación de trabajo infantil.
También se enfoca a emprender nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces, así como que se garantice el acceso a una educación de calidad, a invertir en la formación permanente del personal docente.
Por ello, acorde con los principios de Nueva Alianza, en los que el interés superior de la niñez y la salvaguarda de los derechos humanos son guía de nuestro trabajo legislativo, quisimos aprovechar esa fecha internacional para movilizar a las acciones concretas, pues más allá de los avances constitucionales para elevar la edad mínima permitida para trabajar, es menester recordar que en nuestro país hay más de 2 y medio millones de niñas, niños y adolescentes que están trabajando y el 36 por ciento de ellos no asiste a la escuela.
Así, a nombre de mi grupo parlamentario, presenté ante esta Soberanía un punto de Acuerdo en donde hacemos patente nuestra convicción de trabajar incansablemente porque se elimine el trabajo infantil en nuestro país.
Nuestro compromiso es trabajar para que las niñas y los niños de México permanezcan en las aulas recibiendo una educación de calidad.
En ese sentido, hace dos años fue creada la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.
Sin embargo, es necesario que la sociedad y esta Soberanía, conozcan los progresos o actividades que dicha comisión ha llevado a cabo, a fin de cumplir con uno de los más ambiciosos objetivos de este gobierno, respecto de prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida.
Del mismo modo, recalcamos la importancia de que se den a conocer los avances en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil contenidas en la agenda hemisférica para generar trabajo decente, pues la fecha límite se cumple en este año 2015.
Erradicar el trabajo infantil demanda el compromiso de todos y todas.
Como legisladores, estamos contribuyendo con esta importantísima tarea; sin embargo, se requiere la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social y privado, a fin de prevenir y erradicar de manera eficaz el trabajo infantil, así como proteger a los adolescentes trabajadores en esa edad.
El dictamen favorable de la Segunda Comisión nos congratula y compromete aún más a las y los legisladores de Nueva Alianza, coincidiendo plenamente en que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social y medio indiscutible para salvaguardar los derechos humanos de niñas y niños, así como de adolescentes que no están en la edad mínima para trabajar.
Como promovente, solicito a usted, muy respetuosamente, su voto a favor, a fin de llevar a que las autoridades correspondientes contribuyen a incrementar y a fortalecer la conciencia social sobre el impacto que tiene la prevención y erradicación del trabajo infantil en nuestro país.
Tres millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos que trabajan, sin estar en edad de hacerlo, nos exigen que demos su paz.
Por su apoyo, su comprensión, es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana Cerda. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.
Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a implementar políticas públicas que permitan promover la convivencia y cultura de la paz. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la voz, nuevamente, a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Al conocer la noticia de la muerte del pequeño Christopher Márquez, quién fue asesinado de una forma por demás cruel, del estado de Chihuahua, los mexicanos y mexicanas nos dimos cuenta de una terrible realidad: la descomposición de nuestra sociedad ha llegado a límites insospechados.
El hecho de que niños que aún no cumplen 16 años hayan sido capaces de cometer un crimen tan atroz, tiene que despertar nuestra conciencia.
Las sanciones previstas por las leyes vigentes para menores infractores, contemplan únicamente penas privativas de la libertad para mayores de 14 años. En este caso en particular, sólo dos de los menores involucrados podrán ser sujetos a ese tipo de condena.
Si bien nuestro sistema jurídico busca salvaguardar el desarrollo psicosocial de los menores infractores y prevén la aplicación de medidas que pueden consistir en orientación, asesoramiento psicoemocional, protección, libertad asistida, entre otras, lo cierto es que en la práctica, las condiciones en las que se aplican estas sanciones están muy alejadas de procurar una reinserción social de los menores. Los centros de tratamiento de menores se convierten en verdaderas escuelas del crimen.
En ese sentido, para Nueva Alianza las acciones para disminuir la delincuencia infantil tienen que estar enfocadas fundamentalmente hacia la prevención.
Es superlativo entonces eliminar el ambiente de violencia y desigualdad en el que crecen y se desenvuelven los niños y adolescentes en nuestro país. Lo anterior sólo se puede conseguir mediante acciones coordinadas de todos los organismos encargados de proteger el interés superior de la niñez, a fin de desincentivar las conductas antisociales que conducen posteriormente a la comisión de delitos.
Quienes han sufrido la violencia son los más proclives a repetir estos actos con sus semejantes, es por esta razón que resulta imperativo que todos los niveles de gobierno encaucen sus esfuerzos a la prevención de la delincuencia infantil, implementando programas de diagnóstico de prevención y de control con indicadores de avance en la aplicación de tales programas, así como realizar campañas de difusión a favor de una vida libre de violencia.
Por esas razones saludamos la propuesta de la Segunda Comisión, mediante la que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de los municipios, a implementar políticas públicas que salvaguardando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, permitan promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.
De igual forma, el punto de Acuerdo exhorta a los diferentes niveles de gobierno a desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, observando siempre lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de disminuir su incidencia y prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil, generando a la vez indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema.
Es importante señalar que el ambiente de violencia en el que se desarrollan miles de niños es el caldo de cultivo ideal para la delincuencia. Lo anterior es razón suficiente para que en mi partido secundemos la propuesta de la Segunda Comisión, ya que prevenir las acciones de violencia en la niñez y la adolescencia es condición indispensable para construir un ambiente de paz en el país.
De igual forma, consideramos de la mayor relevancia el rol que juegan los medios de comunicación masiva, particularmente la televisión, por la que coincidimos con el exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir estrictamente con su obligación de supervisión de la programación dirigida a la población infantil, procediendo a la suspensión precautoria de las trasmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes, e informando de cualquier violación en materia de contenidos a la Secretaría de Gobernación, para que ésta ejerza su facultad de sanción.
En temas como el que hoy nos ocupa, las diversas fuerzas políticas nos unimos en la condena a la violencia, más aún a su promoción y apología, no podemos permitir que nuestros niños y jóvenes crean que la violencia, la agresión y el acoso es parte de una situación normal, que se aparte de la vida cotidiana. Es urgente poner un límite, por eso les pido su voto a favor de esos exhortos.
También rechazamos de manera tajante y condenamos los actos de los que fueron objeto varios docentes, y me quiero referir, aunque parece ser que ya la memoria dejó de registrarlo, a lo sucedido en Chiapas con los docentes, los aquellos formadores de niños y niñas que por acudir a un evento para buscar su mejora profesional, hayan sido agredidos. ¿Es esa la violencia que queremos? ¿Es esa la violencia que queremos seguir alentando en una sociedad en la que ya rebasó sus límites para poder ver y discernir entre lo que es violencia y lo que es una convivencia en paz?
Por eso nos sumamos a apoyar este punto de Acuerdo, este exhorto y esperamos que los demás grupos parlamentarios también lo hagan.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias a usted, Diputada María Sanjuana Cerda.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la voz al Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. Desiste el Senador. Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.
Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a diseñar módulos de prevención en materia de delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede de nuevo el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente, y gracias por su comprensión.
Actualmente existen tantas situaciones que vulneran la dignidad de las personas, que muchas veces nos insensibilizamos y cerramos nuestros ojos, oídos y corazón a fin de no ser también parte de las mismas víctimas.
Sin embargo, esta situación no resuelve el problema, es más, lo agrava, y peor aún, la omisión se vuelve cómplice de aquellos que vulneran derechos humanos fundamentales, y afecta la dignidad de las personas.
Por ello, razones como la que impulsa este dictamen refuerza nuestra convicción de impulsar y promover acciones legislativas firmes, orientadas a preservar, resguardar y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
La trata de personas es uno de los agravios que más lastima la dignidad de las personas y laceran el tejido social. Desafortunadamente, nuestro país es un referente internacional de este miserable delito transnacional, al formar parte del eje utilizado para el tránsito, origen y destino del comercio de personas con fines de explotación en todas sus variantes.
Siempre que se habla de trata de personas pensamos que sus principales víctimas son mujeres, reclutadas bajo engaño para la explotación sexual, no obstante la realidad nos revela cada vez más lo grotesco, el vil de este panorama.
Más de 55 por ciento de los casos, los traficantes de personas usan a sus presas, principalmente mujeres, para la industria de la prostitución. Pero los casos con fines de explotación laboral, o trabajos forzosos suman más del 40 por ciento, si esto no fuera suficiente deberemos sumar el significativo incremento de la patrones de trata para la extracción de órganos, que en todas las formas de abuso y explotación de personas, otros grupos de población están cayendo en las redes de esos delincuentes, como las niñas, los niños y adolescentes que en el país se calcula suma más de 70 mil casos de trata de personas.
Señoras y señores legisladores, no debemos ser indolentes a esta realidad, la niñez y los adolescentes de nuestro país nos exigen que impulsemos y participemos en propuestas como está que fue aprobada por la Segunda Comisión.
Hoy, como en otras ocasiones, Nueva Alianza seguirá prestando su voz a esos mudos gritos de auxilio que demandan justicia. Apoyaré ese punto de Acuerdo porque es claro que necesitamos fortalecer en las aulas y en la comunidad escolar los contenidos curriculares para que nuestros estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, de la libertad, de la paz, del respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos.
También porque ello implica saber qué hacer, cómo actuar y a quién dirigirse ante una eventual afectación a sus derechos humanos, pero no sólo en el transcurso de cada ciclo escolar, pensar de esa manera, limita el alcance de la propuesta que se presenta.
Con este llamado respetuoso, en Nueva Alianza nos sumamos a la exigencia social que demanda la existencia de mecanismos más efectivos para la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, como el grupo más vulnerable y susceptible a sufrir y padecer esos delitos.
Es mucho lo que tenemos que hacer. También hay cosas, muchas, que nos pueden distraer, pero lo más importante es que es un buen comienzo para dejar la indolencia para después, para actuar ahorita y no lamentarnos mañana.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Cerda.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores y Diputados:
En el dictamen que hoy discutimos se plantea una de las problemáticas que genera mayores repercusiones para nuestra niñez: la violencia infantil, esta constituye un fenómeno multidimensional que puede ser infringido por diferentes agentes, entre ellos, otros menores de edad.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, señala que entre los 7 y 14 años es cuando se presentan las actitudes más violentas entre los niños, situación que se traduce en agresiones verbales, agresiones físicas, e incluso, como lo hemos vivido en México, homicidios.
Como lo refiere la dictaminadora con base a las cifras del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, la UNICEF, cada año 275 millones de niñas y niños en todo el mundo son víctimas de violencia doméstica, maltratos, vejaciones, abandono, explotación, abuso sexual, entre otras conductas a las que se enfrentan las niñas y niños también en nuestro país.
La violencia infantil es un fenómeno que no tiene paliativo alguno y que bajo ningún escenario puede ser consentida.
No podemos, ni debemos ser indiferentes ante el hecho de que, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2013, en nuestro país, 4 de cada 10 estudiantes de primaria declaró haber sufrido algún tipo de bullying o violencia escolar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, refiere que México es el primer lugar internacional en este problema, pues 18 millones 781 mil alumnos, de primera y secundaria, sufren el acoso escolar.
De acuerdo con cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, y de los Sistemas Estatales del DIF, durante el 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños que representa un incremento del 50 por ciento respecto del 2013.
Ante este panorama, para los legisladores del PRI es indispensable que concentremos esfuerzos para generar un ambiente social adecuado y un medio familiar en el que las niñas, los niños y los adolescentes puedan potenciar todas sus cualidades y convertirse en ciudadanos ejemplares.
Es fundamental ejercer con responsabilidad los recursos públicos en materia de atención a la prevención de la delincuencia infantil, así como a la implementación de programas de diagnóstico y prevención y, desde luego, control.
Es urgente reforzar, pues, las campañas de difusión a favor de una vida libre de delincuencia entre los niños, así como el desarrollo de modelos de atención integral a víctimas y victimarios de este tipo de conductas.
El grupo parlamentario del PRI concibe al interés superior de la niñez como uno de los ejes medulares para ser posible el pleno desarrollo de nuestro país. Por ello nos pronunciaremos siempre a favor de un dictamen como el que hoy está sujeto a discusión.
Debemos generar las condiciones que hagan posible una sana convivencia y una cultura de paz a favor de las niñas, niños y adolescentes.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senador Romo. Se reserva para su votación conjuntamente con los dictámenes de este grupo.
Pasamos a la discusión por el que se solicita un informe sobre los mecanismos y protocolos que se han implementado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. El dictamen está publicado en la Gaceta, y en virtud de no haber oradores registrados, procederemos a la votación de éste y de los anteriores dictámenes de la Segunda Comisión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse.
La Secretaria Diputada Cristina Ruíz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Tenemos la discusión de dictámenes de la Tercera Comisión, el relativo a los bloqueos en las carreteras del estado de Chiapas, se le ha retirado la solicitud de discusión, por lo que se pondrá a votación conjuntamente con el siguiente dictamen.
Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a regular el uso de insecticidas y otros pesticidas utilizados en zonas en las que habita el jaguar. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor Presidente. Legisladoras y legisladores:
Quisiera extender un agradecimiento en este punto que vamos a presentar, principalmente al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Alianza para la Conservación del Jaguar; a Biofutura; a la Reserva Ecológica El Edén; a Naturalia, Asociación Civil; a Yaguar Xoo; Primero Conservation; y el Instituto de Investigaciones de Conservación de la Fauna Silvestre en Texas, Estados Unidos.
Yaguareté, Otorongo, Tig marque, Quechua, Zac-bolay y Balam.
Estimados legisladores y legisladoras:
En diferentes partes de los países donde aún existe, así es nombrado, el jaguar felino, que despierta muchas pasiones entre las personas por su belleza y fortaleza, pero desgraciadamente esto no la convierte en inmune a las amenazas a sí mismo y a su medio ambiente.
La extinción de esta especie puede generar una desestabilidad en los ecosistemas eclosionados, como por ejemplo, el crecimiento en especies que en su momento eran presas y en otros depredadores, sufriendo con estos cambios en las comunidades y ecosistemas, dando como resultado la pérdida de la biodiversidad, originando sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos.
Quiero explicar un poco esto, porque cuando nosotros hablamos de una cadena alimenticia, hablamos de especies que son mucho más grandes, mamíferos, y por arriba de una cadena.
Sin embargo, cuando empezamos a cambiar y a quitar o extinguir las especies del medio, estas tienen que acudir a otras prácticas para alimentarse, para conservarse y para protegerse.
De acuerdo con un censo realizado en 2011 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existen 4 mil 100 ejemplares en el país, de los cuales mil 850 viven en la Península de Yucatán.
Expertos aseguran que esta especie podría extinguirse en los próximos 20 años de la población. Más cercana a extinguirse, por ejemplo, en el caso del estado de Sonora.
En Sonora, entre el año de 2009 y 2013, en un área de un estudio de 400 kilómetros cuadrados, se detectaron una disminución del 87 por ciento de la población en dicha área.
Es posible que en solo 10 años, la población del jaguar, en general, sea de 2 mil ejemplares.
Pareciera que no tiene importancia este dato pero, amigos y amigas, la especie de jaguar está en peligro de extinción, es una especie protegida y la estamos acabando.
Al día de hoy seguimos estando frente a las problemáticas perfectamente ubicadas, como la caza de esta especie, a pesar de estar prohibida, en algunas zonas las personas compiten con los jaguares con sus presas, disparándoles frecuentemente.
El jaguar, como otros animales, al ver invadido su hábitat y perder presas, se ve obligado a acechar a otro tipo de animales, como el ganado, lo que ocasiona que campesinos se vean obligados a dispararles.
Ante esta problemática, yo quisiera exponerles que en el pasado mes de abril se expuso en la Cámara de Diputados a las dos instancias importantes que tienen que ver con este tema, como fue SEMARNAT y PROFEPA.
Quiero decirles que no se destinó recurso tal, que fue peleado por investigadores, científicos, para poderlo regular, que incluso los mismos cazadores piden a gritos, porque ellos no quieren acabar con esta especie. Sin embargo, al estar utilizando ya este tema, es como queda ya en este punto, que es el uso del furadan, que es un pesticida que está envenenando a los jaguares y que lo están utilizando, y me voy directamente a una instancia importante, como es la SAGARPA, que lo aprueban precisamente como pesticida, está acabando con esto.
No es posible, amigos y amigas, que esta técnica que se sigue utilizando, que ya más bien se prohibió, y lo digo, en los países como en Canadá, en Europa, Estados Unidos, en África, en Kenia, en Tanzania y en Uganda, en México autoridades sanitarias lo continúan autorizando para su uso agrícola, a pesar de que su toxicidad es altamente peligrosa para la salud y el medio ambiente, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la FAO, estos pueden causar cáncer, mutagenicidad y ser tóxico para la reproducción.
El jaguar en México es una especie protegida y matarlo se penaliza con un año a nueve años de prisión. Sin embargo, no existe un solo caso donde este delito haya sido castigado. Y explico, me extiendo un poquito, no mucho.
Cuando se levantan demandas con respecto a esto o se levantan las averiguaciones previas, confunden muy fácil un jaguar con cualquier felino, de tal forma que nuestra gente no está capacitada para hacer o levantar alguno de estos casos y darle continuidad. Por lo tanto, no hay un solo caso, no hay una sola persona que esté en la cárcel por un delito como es acabar con un jaguar.
Bajo este marco hago un llamado, compañeros y compañeras legisladores, a apoyar este punto de Acuerdo, ya que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia entre la permanencia de esta especie o su extinción definitiva. Y concluyo.
No puede haber especies confinadas, como es el jaguar, y que está una especie en vías de extinción y que además está en nuestras manos para poder reforzar el recurso, la protección y sobre todo el objetivo que debe de ser en los animales que es la conservación de la especie. Ya lo decía Darwin, “nosotros somos los únicos que acabamos entre nosotros”, pero también está en nuestras manos protegerla. Y podemos tener otras especies, que fíjate nada más, se destinan millones y millones de recursos y ya se fueron, como es el caso del Chapo Guzmán.
Ayúdanos a detener el deterioro y la extinción de esta especie, que es el jaguar, que ya quedan poco menos de 2 mil.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Saldaña.
Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dictámenes de la Tercera Comisión.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que se acaban de discutir. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Pasamos a la discusión de dictámenes de la Primera Comisión.
Tenemos uno que exhorta a desahogar las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de que hubiera tenido en el contexto del proceso electoral 2014-2015. Dicho dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.
El Diputado Danner González Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:
La lista de los delitos electorales de este proceso es bastante larga. Votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley; hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto; obstaculizar o interferir dolosamente en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo; el traslado y la entrega de los paquetes y la documentación electoral; recoger credenciales para votar de los ciudadanos; solicitar pagos por los votos; solicitar votos por paga; dádivas; promesas de dinero; recompensas durante las campañas electorales o la jornada electoral, son ilícitos que no sólo transgreden la normatividad en materia electoral, sino que lastiman y laceran a nuestra endeble democracia.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del reporte de incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa 2012-2015, en materia de delitos electorales, tenemos que en el 2012 se cometieron 3 mil 112 delitos en materia electoral; en el año 2013 fueron mil 952; en 2014 hubo dos mil 14, y en este 2015, de enero a mayo se registraron 941.
No obstante datos de la FEPADE señalan que se iniciaron 146 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos durante la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio.
Esta cifra no es menor, muestra cómo se dispararon los delitos electorales en comparación con las 62 averiguaciones que la FEPADE abrió en todo el país durante los comicios federales del 1º de julio de 2012.
Otro indicador que evidencia el incremento desorbitante de la incidencia delictiva durante la pasada jornada electoral es el creciente número de denuncias que se presentaron.
La FEPADE informó que el 7 de junio se levantaron mil 136 actas por posibles hechos constitutivos de delitos, un incremento del 87 por ciento en comparación con las 605 actas que se abrieron en la votación de hace tres años.
También en los pasados comicios, la FEPADE reportó la recepción de mil 163 llamadas y 214 correos electrónicos de denuncia, mientras que en la votación de 2012 fueron 297 llamadas y 70 correos electrónicos. No es menor el punto, si esas son las incidencias en un proceso intermedio, estamos pensando que se prepara o se configura un escenario en donde en 2018 no seremos capaces de pagar el número de incidencias que habrá.
La FEPADE sigue haciendo caso omiso y por eso estamos a favor de que se le exhorte para que desahogue las denuncias o los procedimientos que se hubieran iniciado en ocasión de hechos presuntamente delictivos y que pudieran constituirse en materia de delitos electorales en este proceso 2014-2015.
La justicia electoral en este país tiene una alta complejidad, no sólo se debe valorar el ejercicio de las instituciones, sino también de los actores vinculados a su ejercicio. La violación sistemática a la Constitución y a la normatividad electoral fueron las notas distintivas de este proceso electoral.
La lección de esta elección es el fracaso de una reforma político-electoral que muestra una vez más que no basta con reformar leyes para darle sentido a los principios electorales. Ahí está el Partido Verde, que sigue impune y que recordamos sus casillas en Chiapas, ahí está, mofándose de los mexicanos y de las instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, que yo digo que es el cuatro veces INE, porque es “ineficaz”, es “inequitativo”, es “inefable”, y ya en los excesos es hasta “inenarrable”, porque no puede contarse de manera decente o lógica lo que ahí sucede.
Esta elección nos enseña que es urgente poner la política al servicio de la sociedad y devolverle credibilidad a los procesos electorales.
Estos días han sido días de deshonor y de desvergüenza, de descrédito de los políticos y de las instituciones electorales que han actuado como cortes cortesanas.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Danner González.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, señor Presidente.
Coincido completamente con el Diputado Danner.
Durante las elecciones del pasado 7 de junio, las más grandes que se han llevado a cabo en la historia reciente de México, estuvo a prueba una nueva legislación electoral y un órgano que debiera ser el garante de la legalidad y la equidad en la contienda.
Desde su arranque, el proceso electoral se contaminó por la abierta y descarada compra del voto.
El Partido Verde Ecologista de México violó, de principio a fin, la legislación electoral, sin que su conducta tuviera alguna consecuencia legal acorde a la naturaleza de sus acciones, es decir, las autoridades electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, fueron omisas y permisivas con el partido canalla, como lo ha denominado Jorge Alcocer.
Las trampas del Verde Ecologista mancharon toda la elección y pusieron en duda la capacidad de la autoridad electoral para detener una acción reiteradamente delictiva.
Por ello, llama la atención, y exactamente el día de ayer lo discutimos en la Primera Comisión, que se resuelvan 28 puntos de Acuerdo, de los cuales 23 son del PRI, y es evidente que su contenido busca favorecer sólo a ese partido y encubrir al Verde Ecologista.
Quiero dejar claro a la Asamblea que, el 20 de mayo de 2015, presenté un punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral e investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México, y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes.
Pero también el 27 de mayo de 2015, los legisladores del PRD volvimos a inscribir un punto de Acuerdo para solicitar se fiscalicen los gastos de campaña del Verde Ecologista, donde exhortamos nuevamente al Instituto Nacional Electoral, y redoblar esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político en relación al origen y destino de estos recursos, así como relación de los gastos de campaña fijados por la autoridad electoral.
Como podemos ver, amigos y amigas, este dictamen solicita que sean desahogadas las quejas electorales por ilegalidades, las quejas por los procesos de fiscalización, pero omite deliberadamente las propuestas de nuestro grupo parlamentario.
¿Por qué consideramos que son de la misma materia electoral?
No contamos, de acuerdo con la Primera Comisión, que haya excluido del dictamen las propuestas del PRD y tampoco haberlas debatido, eso fue muy claro el día de ayer, y lo pasamos y lo vimos, incluso se lo preguntamos a nuestro Presidente de la Primera Comisión.
En la misma reunión de ayer hice este señalamiento y queremos saber: ¿cuál es el criterio de esta comisión para dictaminar asuntos?
La respuesta: un engaño, pues afirman que la FEPADE ya contestó sobre los puntos de Acuerdo del PRD, pero qué va a contestar cuando no se han dictaminado en la Primera Comisión, que preside el Senador Arturo Zamora Jiménez.
En realidad, ¿qué es lo que no quieren que digamos en esta tribuna? Que las recientes elecciones del 7 de junio estuvieron empañadas por irregularidades cometidas incluso el mismo día de la jornada electoral.
Que no olvidemos la campaña que hicieron personajes del medio artístico y del deporte, contactados por agencias del servicio del Partido Verde Ecologista para tuitear a favor de los candidatos del Verde, cayendo en un flagrante delito al recibir pago por la publicidad de este partido.
Que en Quintana Roo, mi estado, estuvieron presididas de violaciones sistemáticas a la ley, llevadas a cabo por el mismo Partido Verde ante complacencias del órgano electoral, y también como lo están haciendo en este momento en Chiapas.
Que en Quintana Roo fue el ejemplo de ilegalidad, impunidad e inequidad, aunado al abstencionismo que fue mayor a la media nacional, porque hay que decirlo, así fueron los resultados y así son.
No se puede presumir una democracia que sigue lejos de llegar a un buen puerto con este tipo de prácticas deleznables, hemos denunciado todas estas estrategias ilegales y abusivas, mientras que las autoridades han hecho caso omiso, no escuchan lo que sucede en mi estado, no escuchan lo que sucede en Chiapas, no escuchan y, sobre todo, no actúan.
Con su actitud pasiva dañan el proceso electoral y lesionan su propia imagen ante los mexicanos. Es por ello que exigimos a la autoridad electoral que ejerza sus facultades y no dude en aplicar las sanciones correspondientes, dado que lo que se encuentra en juego, en este momento, no es sólo el proceso electoral pasado, sino el siguiente proceso en donde hemos de elegir al Presidente de la República, y si no se toman cartas en el asunto, no tendrían caso seguir diciendo que tenemos una democracia con todas estas prácticas.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Graciela Saldaña.
Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.
Tenemos la discusión del dictamen que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que permitan procesar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.
Tal como refiere el presente dictamen, es preocupante que el pasado 30 de julio, en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de Veracruz haya dicho que tenía conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.
Lo dijo hace ya más de un siglo y medio el gran periodista Francisco Zarco Mateos: “Si un gobierno no teme el examen de sus actos, si desea sinceramente el bien público y si en vez de impedir la discusión él mismo la provoca, escucha y protege, puede asegurarse, con evidencia, que no son sus tendencias, sino las del despotismo”.
El 28 de abril de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de un servidor para exhortar a las autoridades de Veracruz para que esclarecieran los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpliera con los compromisos contraídos con las familias de las víctimas que han quedado en el desamparo, para que implementara los mecanismos necesarios de seguridad pública y de procuración de justicia que garantizaran el libre ejercicio del periodismo y para que previniera actos delictuosos en contra de los periodistas a fin de garantizarles el derecho humano a la libertad de expresión.
El 20 de mayo del año en curso, esta misma Comisión Permanente consideró viable lanzar un exhorto más a la Procuraduría General de la República, a fin de analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales, derivado de la negativa de la Fiscalía de Veracruz que negó su competencia en este caso.
Hoy, casi en los mismos términos, estamos pidiendo que se aclaren, a la brevedad, los homicidios y las desapariciones de periodistas veracruzanos, así como un mínimo de garantías para la libre expresión de las ideas en esa entidad.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, señala que de 2000 a 2014 han sido asesinados 102 periodistas, de éstos 16 corresponden al estado de Veracruz.
En los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal, 12 periodistas han sido asesinados y 5 más se encuentran desaparecidos.
Muchos periodistas veracruzanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que tienen para ejercer su profesión y para salvaguardar su integridad personal y las de sus familias.
Tenemos que exigir un alto a esta ola de violencia en contra de los periodistas de Veracruz y de todo México, parece ya ser sistemática y no es la excepción, sino la norma.
Lo hemos dicho ya, los asesinatos en contra de los periodistas no son solamente una mala nota, las plumas rotas por la violencia son un cobarde acto y un atentado contra el ejercicio de la democracia.
Esta situación además de penosa es deplorable, porque recae no solamente sobre una materia de interés secundario, sino sobre un asunto que en todas partes se estima como de suma valía para el ejercicio de nuestras libertades.
Por la inseguridad y la violencia, se ha perdido la capacidad de asombro y también poco a poco se erosiona la tranquilidad de los ciudadanos, el ejercicio de nuestras libertades y derechos. No podemos seguir construyendo sociedades pasadas en el miedo.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado González.
Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a enviar elementos de la Gendarmería Nacional al estado de Tabasco para reforzar la seguridad.
El dictamen está publicado en el Gaceta y por no haber oradores registrados, pasaremos al siguiente dictamen y este se reserva para su votación conjuntamente con los demás de este grupo.
Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a los organismos garantes en materia de transparencia y a los órganos legislativos de las entidades federativas a garantizar un proceso transparente en el nombramiento de comisionados. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente.
La reciente reforma constitucional en materia de transparencia y la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituyen dos pilares de nuestra democracia que buscan garantizar el derecho a la información de las y los mexicanos.
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública permiten que las decisiones gubernamentales y administrativas estén al alcance de la población.
Lo anterior debe ser de forma clara, accesible y veraz.
Dichas acciones buscan que mediante el constante escrutinio, se favorezca el apego a la ley, la honestidad y la responsabilidad de las instituciones y los servidores públicos.
Es evidente que una de las necesidades fundamentales del Estado mexicano es recuperar la credibilidad de sus instituciones; para conseguir dicho objetivo, los órganos garantes en materia de transparencia se convierten en el medio idóneo para privilegiar la probidad en el ejercicio de gobierno.
La construcción del andamiaje jurídico e institucional para una adecuada actuación de los órganos garantes establecidos por el mandato constitucional, reclama la mayor probidad, participación e involucramiento de la sociedad civil para la elección de quienes están obligados a servir de esa forma a la ciudadanía.
En ese orden de ideas, la Constitución señala la obligación de las entidades federativas, mediante sus constituciones, de establecer organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Lo anterior, en estricto apego con lo que señala el artículo 6o. de la Carta Magna.
Conforme lo que lo establece el marco normativo, resulta indispensable que para cumplir con el mandato constitucional, los congresos locales establezcan procesos transparentes y abiertos, y que dichos procesos cuenten además con la participación de la sociedad civil, académicos y expertos para el nombramiento de los comisionados que los integre.
Dicha circunstancia se hace imperativa para Nueva Alianza, ya que sin la participación activa y critica de la sociedad en sus diversos ámbitos, será imposible garantizar una verdadera autonomía e independencia de los nuevos órganos garantes y sus consejeros.
Por esa razón, y dado que mi grupo parlamentario hemos alentado la participación ciudadana en diversas iniciativas y puntos de Acuerdo, nos parece pertinente manifestarnos a favor del presente dictamen.
Que exhorta a los organismos garantes en materia de transparencia y a los congresos locales de las 32 entidades federativas, a garantizar un proceso transparente con participación de la sociedad civil para el nombramiento de los comisionados. Lo anterior, con el objetivo primordial de promover la autonomía e independencia de los mismos.
Del mismo modo, nos unimos al exhorto para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en conjunto con académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, conformen el observatorio que dé seguimiento al nombramiento de los comisionados en los estados de Colima, Michoacán, Nuevo León, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, y en todas las entidades que celebren procesos similares.
El funcionamiento de las instituciones depende en gran medida de la probidad de los hombres y las mujeres que las integran.
Para mi grupo parlamentario no es suficiente contar con un marco jurídico que crea instituciones llenas de buenos propósitos, si las mismas no están encabezadas por los mejores perfiles, los que han probado su honestidad, su profesionalismo y su compromiso con la transparencia.
Por lo tanto, a nuestro oficio, en las personas radica el éxito de las instituciones.
Si queremos terminar con la opacidad y la corrupción, debemos tener la certeza de quienes están al frente de los órganos garantes son en efecto los mejores hombres y mujeres, los más honestos y, de este modo, generar un círculo virtuoso que pueda conducirnos a recuperar poco a poco la confianza de la ciudadanía y evitar los círculos vicios que tan acostumbrados estamos a ver y a percibir.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana.
Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dictámenes de la Primera Comisión.
La Secretaria Diputada Cristina Ruíz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que se acaban de discutir. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado los Acuerdos. Comuníquense.
Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, pasaremos a un debate pactado para referirse a los hechos ocurridos en el Penal del Altiplano el pasado fin de semana.
El debate se organizará con dos rondas de oradores, uno por cada grupo parlamentario, con un máximo de 5 minutos en tribuna en orden progresivo.
También queremos hacer de su conocimiento que debemos de ajustarnos al tiempo pactado de 5 minutos por la cantidad de oradores registrados.
Entonces, vamos, desde está Presidencia, advertimos que vamos a estar llamando la atención a los legisladores que estén abusando un poco del tiempo.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Respetables compañeras, compañeros legisladores:
El tema que nos ocupa el día de hoy es, sin duda, de la mayor trascendencia para el país.
No solo por las implicaciones que tiene la fuga de uno de los criminales más peligros a nivel mundial, sino por la forma en que ha sido evidenciado nuestro sistema de seguridad nacional.
En Nueva Alianza hacemos cerco de la indignación y consternación que ese hecho ha provocado en la sociedad mexicana.
Somos conscientes del desafío que eso representa para el Estado mexicano, en su firme propósito de combatir al crimen organizado.
La situación requiere altura de miras, una visión de Estado que trascienda las escaramuzas de la politiquería y la descalificación.
Por lo que en Nueva Alianza consideramos que es un momento de sumar y manifestarnos por una perspectiva menos inquisitiva y más propositiva ante la fuga de este delincuente.
Decimos propositiva porque contrario a la ira y las incendiarias voces que reclaman renuncias, cabe la prudencia y la serenidad de buscar fortalecer a nuestras instituciones.
No hay, en esta circunstancia, lugar para la politización de una realidad que lastima a los mexicanos, a los servidores públicos que se desempeñan con honestidad, que son la mayoría, y quienes ven manchada su reputación y menospreciada su labor por la corrupción de unos cuantos.
No es momento de dividir a las instituciones del Estado mexicano, sino de coadyuvar a su fortalecimiento.
En este sentido, resulta indispensable y de la mayor importancia priorizar el trabajo de inteligencia para el combate del crimen organizado.
Lo anterior se puede lograr mediante la implementación de políticas de seguridad de avanzada y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para que se pongan al servicio del Estado, y conseguir de este modo un equilibrio y una cabal coordinación entre seguridad y justicia.
Aunado a lo anterior, es necesario entender que las circunstancias que vive el país no tienen una salida fácil.
¿De qué sirve unirnos a las voces que pretenden dividirnos y ver al país sumido en la inestabilidad?, ¿a quiénes beneficia el deterioro de nuestras instituciones?
Para Nueva Alianza estas manifestaciones son estériles y no ayudan a la solución del problema.
Consideramos que es preciso que se logre una efectiva coordinación de acciones y políticas públicas que nos lleven a investigaciones efectivas, respetuosas del debido proceso legal y a los derechos humanos, y de este modo lograr condenas que den la certeza de un efectivo combate al crimen con el castigo correspondiente.
Resulta imperativo regresar la credibilidad de los cuerpos de seguridad, garantizar su compromiso con la legalidad para que su labor de investigación y persecución del crimen organizado sea efectiva y coordinada, de modo que pueden ofrecer seguridad a los mexicanos.
De nada sirve, compañeras y compañeros, unirnos a quienes sólo pretender ver fracasar al gobierno para con ello ganar simpatías fugases.
Nuestra mirada debe ir más allá, ese es nuestro deber y nuestro compromiso, guardar y hacer guardar la Constitución, a eso nos comprometimos al tomar protesta como representantes populares.
No es debilitando al Estado como se hace guardar la ley, muy por el contrario, es nuestro deber condenar las acciones de los delincuentes y, aún más, los actos de corrupción, de quienes debiendo servir a la población eligen ponerse a las órdenes del crimen.
No pretendemos disculpar a nadie ni que se evadan las responsabilidades, por ello exigimos que se realice una investigación seria, profunda y puntual para esclarecer las ausencias, carencias, complicidad y omisiones que condujeron a la fuga de ese criminal, deslindando las responsabilidades de las estancias correspondientes.
Por otra parte, consideramos insoslayable que se ahonde en las semejanzas de la fuga que se suscitó en 2001 y la del fin de la semana pasada, a fin de indagar si las instancias y funcionarios que estuvieron involucrados en dichos acontecimientos pudieran poseer información importante que ayudara en la segunda fuga de este deleznable criminal.
No menos importante resulta revisar a profundidad el modelo de seguridad nacional, así como las prácticas al interior de los penales y centros de readaptación social para evitar que se vuelvan a presentar situaciones como las que estamos enfrentando.
El llamado de Nueva Alianza es claro, estaremos siempre en contra del crimen organizado, no podemos celebrar esas acciones o ridiculizar al gobierno por esos acontecimientos.
Esta fuga nos indica también, por supuesto, pero no podemos apostar al descrédito y al ensañamiento del opositor político y convertirlo a favor del criminal.
Quienes actúan de tal forma en poco ayudan al país. Exijamos transparencia y rendición de cuentas, sí; castigo a los involucrados, sean servidores públicos o no, sin importar nivel de responsabilidad o militancia partidista, pero seamos claros en que el enemigo son los delincuentes, no los adversarios políticos.
Si algunos han lucrado económicamente con este hecho, no lucremos nosotros políticamente con el mismo.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con la legalidad y las instituciones, exigimos su respeto y esclarecimiento de los hechos, pero siempre estaremos al lado de la ley y del respeto a los derechos humanos.
Es por ello que esperamos que las investigaciones conduzcan a un ejemplar castigo a los responsables de ayudar o contribuir a la fuga, y quienes eligieron traicionar a su país para beneficiar a un criminal sanguinario.
La única forma de acabar con el crimen es trabajando unidos como sociedad y gobierno, no permitamos que la ira y la indignación nos aleje de nuestro objetivo común, que es vivir en paz y con seguridad para que las familias mexicanas puedan prosperar, ese es nuestro mejor deseo y es nuestro compromiso cuando se impulsa a trabajar por el país que queremos, pero por el país que creemos merecer.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada María Sanjuana Cerda.
Tiene el uso de la tribuna, para hablar a nombre del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, el Diputado Danner González Rodríguez.
El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Las circunstancias actuales exigen la más completa franqueza acerca de la situación en que se encuentra el país.
La República está en llamas, la nación vive, hace mucho tiempo, en un permanente estado de emergencia. La estrategia de seguridad del gobierno federal es un completo fracaso.
A los grandes pendientes en esta materia, como la recuperación de los territorios ocupados por el crimen, el desmantelamiento de las redes de protección del narcotráfico, la disminución de la violencia e inseguridad en el país y la reducción de las adicciones entre la población, sobre todo entre los jóvenes, ahora debemos añadir la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en el mundo, del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano de Almoloya de Juárez.
En este caso pasó todo lo que las autoridades dijeron que no iba a pasar, se fugó por segunda vez de un penal de altísima seguridad. La primera el 19 de enero de 2001, como todos sabemos, del penal de Puente Grande.
“Es imperdonable”, dijo hace un año el Presidente muy echado para adelante, y ordenó que lo vigilaran todos los días. “Es una afrenta contra el Estado”, dijo este lunes.
El Presidente puede ponerle todos los epítetos que quiera, pero la pregunta es: ¿Entonces sus funcionarios no lo respetan, no acatan sus instrucciones?
Falló en sus funciones la Secretaría de Gobernación, falló el Comisionado Nacional de Seguridad, falló el CISEN, fallaron las estrategias de inteligencia en temas de seguridad.
“Es imperdonable”, dijo el Presidente. Y sí, es imperdonable.
El estado de derecho ha sido vulnerado, la nación se encuentra vulnerable, ¿y quién se hace responsable?, ¿el Secretario de Gobernación, aquel que debería estar al frente del país en ausencia del Presidente, que se encontraba de gira con la comitiva fastuosa que Peña Nieto llevó a Francia y que ni en sus sueños más salvajes llevan los monarcas actuales, pero que recuerdan al Rey Sol de hace casi tres siglos y medio?
Mientras Videgaray anuncia que habrá recortes y que hay que apretarse el cinturón, Peña Nieto se lleva a más de 400 personas a Francia; entre ellos 4 chefs de primera línea, fueron 11 de 17 Secretarios, entre ellos los de Defensa Nacional y Marina, que aún están en Paris, mientras el país convulsiona una vez burlados los aparatos de seguridad interior.
Dice hoy Ciro Gómez Leyva, y dice bien: “Qué mejor lugar que París para celebrar medio sexenio y el final de la temporada “Ayotzinapa-Casa Blanca”.
Pero volvamos al tema, ¿y los responsables?
El líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo escapó por un túnel construido en silencio y de manera eficiente, pero que requiere un despliegue impresionante de brigadas de ingeniería, de equipos de construcción, maquinaria especial para hacer un corredor de 1,500 metros, conocer los planos de la prisión, en síntesis, el nivel de corrupción evidencia, una vez más, la debilidad del Estado mexicano en las áreas de seguridad pública, en este caso de la Comisión Nacional de Seguridad.
El costo político para la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos está siendo ya muy alto, es un fuerte golpe a la confianza, y a la ya de por sí mala imagen y descrédito de este gobierno federal, porque es una falla muy seria en los mecanismos de seguridad que dependen directamente del Presidente.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27, fracción XXIII, señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación administrar el sistema penitenciario federal.
Muchos de los capos más importantes y peligrosos de México, una vez capturados han sido trasladados al Altiplano, construido en 1990, y ninguno había escapado hasta ahora.
También desde la década de 1990, más de 100 túneles han sido descubiertos a lo largo de frontera de México con Estados Unidos, y nuestro país, y no es casual, que casi en su totalidad se encuentren en California y Arizona, la región fronteriza donde la organización de quien se sustrajo de la acción de la justicia sigue teniendo un poder casi hegemónico.
Es realmente muy cuestionable que el titular del Ejecutivo Federal diga que esto representa, sin duda, una afrenta para el Estado mexicano, pero que con distinciones y banquetes en el exterior busque una legitimidad que al interior ha perdido por la serie de fracasos que ha acumulado en materia de seguridad.
No basta con que se diga que se ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprehensión o que se diga que a la Comisión Nacional de Seguridad Pública se le ha instruido a que emprenda las acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad.
Fugado el Chapo, tapan el túnel. Citan a comparecer ahora al gabinete de seguridad, una vez que el delincuente más buscado de Estados Unidos y de México está libre. Aquí mismo pedimos, hace unas semanas, que compareciera por otro tema el Secretario de Gobernación, pero, como siempre, los miembros de su partido no quisieron molestarlo ni con el pétalo de un citatorio.
Los mexicanos exigimos respuestas rápidas y contundentes no sólo para la aprehensión de este traficante, sino para todo el tema de seguridad, pero no podemos abordar el tema con ligereza sin tocar el asunto de fondo, y el asunto de fondo es el tumor canceroso de la corrupción, las complicidades, la impunidad que el día de hoy han colocado a las autoridades gubernamentales en una situación muy precaria y de descrédito.
Concluyo, señor Presidente, ¿qué hace falta en este país para que alguien renuncie?
¿De qué tamaño deben ser los delitos, las omisiones, los actos de corrupción para que los secretarios pongan su renuncia sobre la mesa, siquiera por decencia?
¿Cuánto tiempo más seguiremos permitiendo que nuestro país sea motivo de escarnio, de mofo permanente en el mundo entero? Alguien en el gobierno federal será capaz de dar respuestas, y el Presidente de la República de exigirlas; o seguiremos teniendo que aceptar que al Chapo se lo chupó la bruja y que en este país vilipendiado, burlado, sobajado todos los días, como decía Kafka, existe esperanza, pero no para ninguno de nosotros.
Para hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz la Diputada Lilia Aguilar Gil.
La Diputada Lilia Aguilar Gil: El icónico Chapo Guzmán, que ha sido el único personaje que en dos ocasiones, en dos ocasiones, ya ha puesto en jaque al Estado mexicano, de dos partidos políticos diferentes, por cierto; ha sido el único, aparentemente, que ha puesto en jaque y en evidencia las faltas y las fallas del sistema nacional de seguridad y el sistema penitenciario.
La fuga del Chapo y su discusión puede adjetivarse de muchas maneras, imperdonable crítica, pero la realidad es que pareciera un ato de realismo mágico, casi un chiste.
Esta crisis que hoy vivimos y que fue reconocida por el Presidente, la verdad es que pudo haberse evitado si el discurso del combate a la corrupción en los sistemas penitenciarios se hubiese llevado a la realidad.
¿Es el respeto a la intimidad la causa de la fuga de Joaquín Guzmán? Las causas en realidad fueron la corrupción y la colusión de funcionarios que apoyaron a la fuga.
No vale echarse culpas ni vale echarle culpas a hechos que aparentemente hoy no sabemos a quién ir.
La realidad es que claramente se trata de un caso de colusión y corrupción de funcionarios involucrados en la vigilancia de Joaquín El Chapo Guzmán.
Y aquí es donde vienen las preguntas, más que las culpas, ¿cómo es posible que se construya un túnel con tales dimensiones debajo de una cárcel, supuestamente de la más alta seguridad en el país?, ¿cuáles son los elementos de seguridad para asegurar el perímetro de este penal?
Es decir, estamos hablando de 3,000 toneladas de tierra.
¿Cuáles son entonces los protocolos y quiénes los supervisan, además para la vigilancia de un personaje como el Chapo Guzmán?
¿Existe una debilidad en el sistema de seguridad, de justicia?
¿Cuáles son las omisiones que hizo el sistema de seguridad y cuáles fueron las omisiones de este supuesto trato especial que se tenía para la vigilancia del Chapo Guzmán?
Todas estas preguntas son las que quedan pendientes. Y eso es lo que está buscando la ciudadanía.
Es imposible que este criminal se escapara de una prisión, con tantas medidas de seguridad, como es el Altiplano, sin que custodios y funcionarios penitenciarios lo apoyaran, ¿quién le dio los mapas?, parece tan exacto, tan exacto que parece un chiste que ni Bugs Bunny podría haber caído tan milimétricamente en un hoyo que lo llevara para salir del baño hasta la casa a la que salió.
Y entonces, aquí vienen las preguntas, más preguntas todavía.
Se deben de investigar a quienes vigilan las cámaras, a los custodios, al director del penal, al titular de los centros de readaptación como probables responsables, pero también a aquellos que sirvieron como canal de comunicación del criminal.
Es decir, si nos centramos en echar culpas en los funcionarios, también tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la red de complicidades hacia fuera? Hay, inclusive, rumores de que algunos legisladores fueron parte de esta red de complicidades, y entonces, lo que nosotros decimos es, hasta dónde llega el poder del ícono el Chapo Guzmán.
Pero en la realidad, y con esto voy a cerrar, es que la discusión hoy se centra también no solamente en las culpas, sino en la secrecía y en la falta de transparencia.
Porque la realidad es que pareciera que ahora, y lo digo muy respetuosamente, el PRI, el PAN y el PRD se han puesto de acuerdo para que se mantenga en este pacto de impunidad y secrecía las comparecencias de los personajes que tienen responsabilidad sobre la seguridad nacional.
Pero en este pacto de impunidad también hay una historia, y es donde está el gran error. Esta historia tiene que ver con la primera fuga del Chapo Guzmán en el 2001.
Como todos nosotros sabemos, en el 2001 el Chapo Guzmán se informó por la misma PGR y se fugó de Puente Grande, y gozaba de todos los privilegios de haber convertido a los empleados del Estado en sus empleados. Se decía que se les pagaba más de $300,000.
¿Cómo es posible que sabiendo eso no se tomaran las medidas de seguridad en este gobierno del PRI?
¿Cómo es posible, entonces, que no se tomara la opción de la extradición?
Es hoy el gobierno del PRI el responsable; fue antes el gobierno del PAN el responsable, y ahora se une a este grupo con el pretexto de la secrecía y de la seguridad el PRD, para que todo se trate secreta y calladamente en la Comisión Bicamaral.
Me parece que los mexicanos requerimos y nos merecemos explicaciones públicas. Esto solamente puede suceder en la representación de esta Comisión Permanente.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Diputada Gil.
Tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.
Para los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, este peligroso delincuente, sin duda provoca malestar e indignación, como a todos los mexicanos.
Pero al mismo tiempo coincidimos con lo expresado por el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el sentido de que se trata de una afrenta al Estado mexicano.
Ahora bien, al hablar de este lamentable suceso, es muy importante también hablar del contexto, hablar de antecedentes de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrió antes de ello, porque es muy fácil venir a la tribuna a hacer estridencias, a juzgar, a criticar, a hablar de fracasos, cuando hay datos muy concretos que permiten controvertir ese tipo de expresiones.
Hace 15 meses, en ambas Cámaras del Congreso celebramos, si no me equivoco todos los grupos parlamentarios, la captura de Joaquín Guzmán Loera, en una acción coordinada del gabinete de seguridad encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Ha venido aquí alguien a decir, como dije hace un momento, que en materia de seguridad hay un completo fracaso del Ejecutivo Federal, y yo le respondería a quien hizo uso de esa expresión, que es muy fácil ser estridente, es muy fácil venir a señalar o emitir este tipo de juicios fáciles, cuando hay números concretos, como el hecho de que de los 122 objetivos prioritarios que estableció la Administración del Presidente Peña Nieto, 93 objetivos prioritarios fueron capturados o neutralizados. Y de esos 93 hay que reconocer que uno de ellos es Joaquín Guzmán Loera.
Me llama la atención que hay quien viene a hablar aquí de que le preocupa, a un representante de la izquierda, el costo político en la relación con los Estados Unidos de esta fuga, cuando normalmente los escuchamos en esta tribuna repudiar cualquier cuestión que tenga que ver con mejorar las relaciones con los Estados Unidos, y ahora resulta que les preocupa el costo político en la relación con ese país.
Yo les daría unas cifras también muy relevantes en materia de seguridad pública emprendidas por el gobierno de Presidente Peña Nieto.
Tan solo en este 2015 han sido capturados Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; Omar Treviño Morales; en el 2013, Miguel Treviño Morales, “el Zeta 40”. Y en otras operaciones realizadas por el gobierno, fallecieron otros cuatro objetivos prioritarios de alto perfil como Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel Villarreal, Antonio Ezequiel Cárdenas y Nazario Moreno.
Entonces, no es tan simple venir aquí a emitir esos juicios fáciles de señalar un completo fracaso en materia de seguridad.
Ahora bien, la fuga de Joaquín Guzmán Loera es verdad que pone en evidencia el deterioro acumulado de varias décadas en el sistema penitenciario de nuestro país.
Es verdad que hay debilidades, hay ventanas de oportunidad que aprovechan hoy en día los delincuentes, que es importante que podamos atajar desde el Congreso de la Unión.
Como legisladores es muy válido que vengamos aquí a criticar, que vengamos aquí a señalar omisiones o debilidades en la actuación del Ejecutivo Federal, pero también es nuestro deber como legisladores, de dotar al Ejecutivo Federal del marco legal necesario o de las herramientas jurídicas necesarias que le permitan al Ejecutivo llevar a cabo una vigilancia más eficaz de los presos de alta peligrosidad.
Entonces, me parece que como legisladores debemos ponernos como asignatura urgente, el discutir en ambas Cámaras del Congreso la necesidad de introducir medidas al marco legal, medidas de excepción que permitan al Ejecutivo Federal poder tener una vigilancia más estrecha de este tipo de reclusos.
Para el Partido Verde igualmente es muy importante condenar la deslealtad y la traición de algunos funcionarios que lamentablemente no llevaron a cabo con atingencia su tarea, y por lo mismo es importante también para nosotros que se hagan las investigaciones necesarias lo más oportunas posibles y que se impongan las sanciones que correspondan, porque no podemos permitirnos como mexicanos que haya impunidad en este tipo de cuestiones.
México no merece este tipo de escenarios. México merece vivir mejor. Por eso, como legisladores también tenemos que hacer nuestra tarea para subsanar en el marco jurídico todas esas deficiencias que hoy lamentablemente pueden aprovechar los reclusos, como el caso lamentable de Joaquín Guzmán Loera.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senador Flores.
Para hacer uso de la palabra por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna Luna.
La segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, conocido popularmente como El Chapo, pone en entredicho todo el discurso oficial en materia de seguridad pública, el combate al crimen organizado y la corrupción.
Para el mundo entero resulta risible, pero no inexplicable, cómo el delincuente más peligroso del país, señalado por el gobierno como un riesgo para la seguridad nacional, pudo escapar de la prisión que, según insistió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumple con todos los estándares internacionales de seguridad.
En los medios de comunicación, reporteros y analistas han enlistado rápidamente la catarata de dudas que provoca la fuga del delincuente. Entre las primeras dudas se plantea que es inverosímil que el grupo que planeó y ejecutó la fuga, haya podido actuar sin que nadie, ni de dentro ni en los alrededores del penal, se haya percatado de lo que sucedía.
Hay dudas sobre cómo fue posible sacar del lugar 2,652 toneladas de tierra y hacer desembocar un túnel con precisión de cirujano, justo bajo la regadera del interno.
Más allá de los detalles de una fuga espectacular, lo que importa es lo que revela la enorme incapacidad, cuando no complicidad, de un gobierno que ha ido de crisis en crisis, sin atinar a resolver nada.
El ridículo internacional y las fundadas sospechas sobre el involucramiento de ambos mandos, no puede tener como respuesta el despido de tres o cuatro funcionarios de bajo nivel. En ese caso, el gobierno tampoco debe recurrir al expediente fácil de culpar a los municipios o a los gobiernos estatales.
Resulta inexplicable que en la primera y balbuceante versión oficial, se pretenda culpar a regulaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como si bien ha tenido que recordarle al Secretario de Gobernación la sección mexicana de Amnistía Internacional.
Los derechos humanos no son un factor de la fuga de criminales, sino la corrupción endémica del sistema de seguridad.
Los caricaturistas han ironizado al decir que por ese túnel se fue el sexenio entero. Así lo consideramos, efectivamente.
La credibilidad de las instituciones encargadas del combate al crimen y de la procuración de justicia, ya de por sí lastimadas, han quedado reducidas a cenizas.
El Estado mexicano aparece frágil y vulnerable, dominado por la corrupción y descompuesto en los sótanos de la impunidad, si alguna credibilidad quedaba, se fue por el túnel del altiplano.
La fuga de Guzmán simboliza, por otro lado, el fracaso de un modelo de gestión que abrió el sexenio con la reconcentración del poder. Este gobierno impulsó reformas a la administración pública para apuntalar la súper Secretaría de Gobernación, que concentra ahora la seguridad pública, el manejo de la política interior, la investigación estratégica, las relaciones con los partidos, etcétera, etcétera.
Debe recordarse en esa línea, que al desaparecerse la Secretaría de Seguridad Pública, sus funciones pasaron a la Secretaría de Gobernación, entre ellas, la de controlar los penales federales.
El escape se dio mientras Enrique Peña Nieto viajaba hacia Francia, en compañía de un sequito faraónico, como ya es costumbre, hubo horas cruciales en que el país entero se preguntaba ¿dónde está el piloto? Las primeras respuestas fueron torpes y balbuceantes, el manejo de crisis fue inexistente.
Como dijo Peña Nieto: “La fuga es imperdonable”.
Ante la materialización de esta fuga, lo que hoy resultaría imperdonable es que nada pasara en este país, que fuera otro caso más que se queda en la impunidad, que el gobierno federal no asumiera su responsabilidad, no hiciera ningún cambio de rumbo y no sancionara a los funcionarios públicos responsables al más alto nivel.
Hay responsabilidades políticas y responsabilidades jurídicas. Las jurídicas se refieren directamente a toda la red de corrupción que tuvo que haberse tejido para permitir la fuga del capo, pero las responsabilidades políticas tienen que ver con los responsables de la conducción de las instituciones del país, con el diseño institucional que está podrido por otro frágil, los que decidieron, por ejemplo, la no extradición.
¿Quiénes tienen que responder a la humillación que hoy se sufre en nuestro país, por el poder que ha construido el narcotráfico? El poder del Estado hoy se ve disminuido y menor al poder de la delincuencia.
¿Cuáles son las consecuencias de este hecho político?
Todo lo va a resolver, o todo, otra vez, va a quedar en total impunidad.
El fantasma de la ingobernabilidad está rondando a México, exigimos que se actúe en este caso, que el Presidente regrese y dé la cara.
Qué vergüenza que en la cuna del constitucionalismo, que es Francia, nuestro país sea sólo una muestra de su fragilidad institucional.
Hoy es indispensable asumir una posición de Estado frente a estos graves hechos, no basta con discursos o con retórica institucional que manifiesta indignación o consternación.
Hoy es momento para que se sienten las bases para un nuevo y distinto esquema de seguridad pública, de prevención del delito, de procuración de justicia y del propio Sistema Penitenciario Nacional, si no, no sabremos responder a la altura de esta crisis, a la altura que demandan las y los mexicanos.
Nosotros no seremos cómplices de la debacle institucional y la legitimidad que hace falta, y que hoy atraviesa por todo México.
Por eso demandamos la inmediata comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, para que expliquen ante esta representación popular los actos u omisiones de la Secretaría a su cargo, que permitieron la fuga de este capo del narcotráfico, para que explique las medidas implementadas para la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, para que explique las medidas adoptadas para el combate a la corrupción en los más altos niveles del gobierno federal; así como en general, las medidas adoptadas para resolver la situación de inseguridad, que hoy lacera y ofende a toda la sociedad mexicana en su conjunto.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene el uso de la palabra el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes a todos.
Miren, esta fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es un hecho vergonzoso, por donde le quieran ver, absolutamente vergonzoso.
Hoy somos el hazmerreír en el mundo, lo somos porque estas imágenes que se están mostrando en la televisión, estos videos no son muestra de transparencia, son muestra de la ineptitud que se encierra detrás de las acciones y omisiones que permitieron esta fuga.
La llave que finalmente termina por abrir la puerta del penal de, supuestamente, máxima seguridad del Altiplano al Chapo Guzmán, se llama corrupción. Esa es la llave que abrió la puerta para que se fugara, la corrupción, porque solamente la corrupción puede explicar que esta obra, cuidadosamente planeada, un túnel de kilómetro y medio, con escalera de 10 metros, con ventilación, con iluminación, con la motocicleta para la tracción, que todo eso, que la previsión de los planes de ese penal, supuestamente de máxima seguridad se entregara a toda esta gente, que más de 350 camiones movilizaran tierra, más de 3 toneladas de tierra, y que nadie se diera cuenta.
¿Qué creen que somos estúpidos para creernos estas versiones, que nadie se dio cuenta, que nadie lo advirtió, que nadie lo vio?
Insisto, en un penal con estas características, cámaras que no ven, alarmas que no suenan, protocolos que no se siguen, alertas tardías. Todo eso pasó, y todo eso pasa, como dice el Presidente: “Es una afrenta contra el Estado mexicano”. Sí, pero no es provocada por los eufemismos de México que vengan del exterior. Estos funcionarios de nuestro gobierno, corruptos, y eso es lo que más irrita, por supuesto, que en el PAN estamos exigiendo que se vuelva a aprehender a este delincuente, pero también pedimos que se le extradite a los Estados Unidos, ¿saben para qué? Primero, porque se les va a pelar y; segundo, para que suelte las cosas, para que diga la sopa, para que diga quiénes han sido sus socios, sus aliados, sus cómplices, los que le han permitido ese imperio de impunidad. Por eso se tiene que ir para allá.
También queremos que se investigue quiénes estuvieron por acción u omisión detrás de esta fuga, que se diga con todas sus letras quiénes son.
Yo no voy a afirmar que todos son corruptos, pero en la cadena de corrupción, que en toda cadena vino para que durante meses se hiciera planeada, ejecutada esta obra, y se fuera con la tranquilidad, que se fue El Chapo Guzmán, perdónenme, es una larguísima cadena de corrupción.
Claro que tenemos que revisar el sistema penitenciario, y aquí tenemos que estar dispuestos como legisladores no solamente a criticar, sino también a coadyuvar para que haya mejores leyes y mejores sistemas y protocolos para el sistema penitenciario mexicano.
Pero sí le quiero decir una cosa a este gobierno y al partido en el gobierno, ya es hora de que dejen de gobernar por el espejo retrovisor, ya es hora de que asuman su plena responsabilidad, ya están a la mitad de una administración, ya estuvo suave con que estén diciendo que los 12 años de los gobiernos panistas, ustedes nos ganaron las elecciones, ustedes en el 2012 ganaron porque venían a mover a México, ustedes ganaron porque dijeron que sabían cómo hacer las cosas, y me temo que no están moviendo a México, movieron toneladas de tierra para que se pelara El Chapo Guzmán, ya nosotros asumimos nuestras consecuencias, pero así como criticaron cuando en el 2001 se escapó por primera vez El Chapo Guzmán, así como criticaron el que no lo hubiéramos capturado nosotros en el gobierno anterior, y así politizaron el asunto, hoy vienen con todo cinismo y descaro a pedirnos, por favor, que no se politice, por favor, que esto no sea un tema de partidos, por favor vamos a verlo como un tema del Estado mexicano.
Y aquí vamos a estar, claro, para ayudar, insisto, a que tengamos mejores leyes, por supuesto que sí, pero el tamaño que ustedes hicieron, el trofeo en febrero del 2014, cuando capturaron al Chapo Guzmán, es el tamaño del fracaso y del ridículo en que están quedando.
Nosotros aplaudimos sin reservas esa captura en febrero del 2014, y por supuesto que hoy exigimos resultados, y por eso es que pedimos que el Secretario de Gobernación y el gabinete de seguridad den una explicación, qué bueno que va a estar mañana en la Comisión Bicamaral.
Pero creo que también, por las reservas naturales de esa comisión no se puede divulgar toda la información, por eso es importante que también venga aquí a la Comisión Permanente ese gabinete de seguridad.
En fin, esto no es casualidad, este señor se fuga del penal cuando el gabinete completo, con el señor Presidente, se van a París, aprovecharon y planearon cuidadosamente todo, esto no fue caso fortuito, no fue fuerza mayor, es producto de la indolencia, es producto de la complicidad, insisto, de la corrupción.
Aquí podemos dictar y corregir muchas leyes, y ya lo dijimos también con la Secretaría de Educación, de qué sirven buenas reformas y buenas leyes en malas manos, y eso es lo que ya nos está pasando.
Hay que fortalecer a las instituciones, sí, yo creo que México es un país de instituciones, pero pongamos a hombres y mujeres honestos manejando esas instituciones, y sí, tiene toda la razón el Presidente Peña Nieto, este es un hecho imperdonable, y como tal tenemos que actuar en consecuencia.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Senador Lozano.
Tiene el uso de la voz el Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Senador Ismael Hernández Deras: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea.
El grupo parlamentario del PRI comparte su indignación por la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad del Altiplano; al igual que el Presidente de la República, el grupo parlamentario del PRI demandamos una investigación sólida, profesional y profunda, muy amplia.
La fuga del delincuente, y hoy prófugo de la justicia, nos queda claro que no puede quedar impune, los mexicanos requerimos y exigimos que se identifique y se castigue a todos los funcionarios y personas que favorecieron su huida.
Los legisladores del PRI demandamos sanciones ejemplares del daño y de la magnitud causada a la sociedad mexicana, que se transmita un mensaje claro y contundente frente a este suceso lamentable. Sin duda, el Estado mexicano, y a todos nos preocupa, cuenta con instrumentos y con instituciones suficiente para hacer frente a desafíos del crimen.
El Poder Legislativo cuenta con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, quienes las integramos, amigas y amigos Senadores, tanto Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores, ejercemos con toda claridad las atribuciones que nos faculta la Ley de Seguridad Nacional.
Primero, en profundizar en información, en solicitar información y reportes que garanticen desmenuzar todas y cada una de las dudas que frente a sucesos como estos nosotros no vamos a parar en trabajar a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Estamos seguros que las atribuciones que habremos de poder realizar y que en la primera instancia este pasado lunes la Presidenta de la Comisión nos cita a sesión el día martes para nosotros poder iniciar el procedimiento legislativo que tenemos.
Es mismo día lunes los miembros de la Comisión Bicamaral recibimos invitación para hacer un recorrido en el lugar de los hechos. Vamos en representación del PRD y del PRI a ese recorrido.
En la propuesta que realizan por unanimidad los partidos representados en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, se cita para que de esa manera haya un segundo recorrido, que en estos momentos se está realizando por parte de los legisladores del PRD, del PAN y del PRI, salvo mi caso por asistir a esta sesión de la Permanente.
En el recorrido que pudimos realizar es impresionante constatar, sin duda, el uso de la tecnología de la contrainteligencia y de recursos financieros que ahí hay para planear, y finalmente para concretar la huida.
El lunes durante el día-tarde, sobre todo ya en la tarde, la Presidenta de la Comisión Bicamaral también después de la sesión que realizamos manda la invitación para comparecer al gobierno federal en todas las instancias de seguridad, esa sesión se realiza en la Cámara de los Diputados federales, el día de ayer y ahí tomamos la determinación también, por unanimidad, citar al Secretario de Gobernación, a la Procuradora General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, al titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Inmediatamente el gobierno federal, después de mandar el acuerdo que logramos por unanimidad los partidos, recibimos la respuesta que el mismo día jueves, o sea mañana, se habrá de desarrollar la comparecencia de dichos funcionarios.
Estamos convencidos de la disposición de abrir y de transparentar, sin duda, a todos porque aquí ha sucedido también, nos consta, con los medios de comunicación.
Sin duda, amigas y amigos, el reto que tenemos frente a las responsabilidades que haya el Estado mexicano, sin duda, es el mensaje claro, el sistema penitenciario, ¿qué hay, qué tenemos de evaluación frente a estos hechos? ¿Cómo normar, por ejemplo, todos los perímetros de todos los centro de rehabilitación, los permisos de construcción en el ámbito y dónde se quedarán? ¿Qué tipo de negocios y vivienda y áreas rurales de construcción y actividades se desarrollan alrededor y frente a los centros penitenciarios?
Creemos que la disposición, y estamos convencidos, ha sido clara, vimos los legisladores del PRI reunirse al Secretario de Gobernación inmediatamente con los gobernadores de los estados colindantes al Estado de México, donde se ubica físicamente este centro de rehabilitación.
La coordinación frente a un tema de esta magnitud, sin duda es para nosotros verdaderamente importante.
Estamos convencidos que la sociedad requiere y se merece respuestas concretas.
Nosotros, en la representación que corresponde por la información que se genera en una investigación de este nivel, habremos de estar comunicando a nuestros grupos parlamentarios, desde la Bicamaral de Seguridad Nacional, para que de esa manera logremos entregar, frente a un seguimiento, que les puedo también hoy informar, la Comisión de Seguridad Nacional está en sesión permanente.
De esa manera, no queremos que ninguno de los hechos y de los acontecimientos queden fuera del Poder Legislativo, sino que inmediatamente la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional obtenga, participe y dé seguimiento puntual que nos permita toda la aplicación y todo el peso de la ley a los responsables. Hablamos del tamaño que sea. En el PRI, el compromiso es con la sociedad también.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Hernández.
Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz.
Ha sido realmente interesante escucharlos a todos en estas brillantes denuncias: “Caiga quien caiga”.
Estamos comprometidos con ir hasta quien sea, del tamaño que sea. Pero en realidad, lo que estamos viviendo es el inicio ya de una disolución del tema.
Fíjense. Olvidemos el grotesco escenario de la élite mexicana en Paris, desesperados por retratarse en el Palacio del Liceo, a como diera lugar.
Es grotesco México, a nivel de una república bananera, todos ahí. Dejemos esas frivolidades a un lado.
Ya llegó el Secretario de Gobernación e inició todas las investigaciones.
La Procuradora ya se asomó al hoyo. Habrá dicho: “Este hoyo está verdaderamente profundo y peligroso”.
Ya empezaron a aparecer los responsables, como siempre, los custodios, los que andaban por ahí, el que dejó la llave, el otro. ¿Verdad?
Ya nos explicó el Secretario de Gobernación, es increíble, la calidad de la tecnología que existía para garantizar la orden presidencial, de que el Chapo se quedara ahí, sin duda alguna, todos los días lo tenían vigilado.
Tuvo una conferencia de prensa. La prensa, a veces muy activa, otras no tanto. Le pregunta si tenían todas esas maravillas de tecnología ahí, todo al nivel mundial, supervisados por una agencia internacional, la tecnocracia siempre tiene algunas salidas. ¿Verdad?
Pero, si tenían todo eso ¿por qué se escapó? Ninguna respuesta real. Lo mismo: “Haremos una investigación profunda”.
¡Ah! La Comisión Bicamaral ya sesionó, ya fueron a ver el hoyo también, ya los llevaron, ya caminaron por ahí, se dieron cuenta de la grandiosidad de la obra contra inteligencia, se dice, del Chapo, y van a sesionar permanentemente.
Pero además ya citaron, así ya nos lo dijeron, a todos estos funcionarios, y uno tras otro, para que comparezcan allá. Ya aquí para qué, van a estar allá, ya están todos los integrantes de esta, tan sesuda y útil Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, ya está en marcha.
Y aquí lo importante, y lo que hay que destacar es que todo esto es una distracción de un punto fundamental: ¿Quién es responsable de los hechos?
¿Quién es el responsable de esa catástrofe?
Dice el Financial Times, dice: “El Chapo, El Chapo hundió lo poco que le quedaba de prestigio a Peña Nieto”; el Financial Times, el New York Times, o sea, a nivel mundial.
Ya no digamos de las notas vergonzosas de los franceses, que fueron demoledoras.
Bueno, para esto hay que distinguir porque, aquí todo se convierte en una serie de investigaciones. No hay que investigar mucho ¡eh!, no hay que investigar mucho.
No necesitamos comisiones. Hay que distinguir lo que es responsabilidad jurídica, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal, de la responsabilidad política. Y no es un tema que venga yo aquí a descubrir, es un tema de ciencia política.
¿Cuál es la responsabilidad política?
Hay muchos grados de responsabilidad, muchos niveles. La responsabilidad política es la que compromete a los actores políticos en relación con los hechos que ocurran en su área de responsabilidad.
El político, el funcionario que está en una posición, es responsable de sus acciones y de sus omisiones. Esa es la responsabilidad política.
Y esto que aquí se quiere hacer a un lado para ver si metemos a la cárcel y condenamos a unos custodios o algún policía que estaba por ahí. ¿No?
¿Cuál es la responsabilidad política de este hecho que irrita al mundo entero y que ofende a la nación? Dichoso sea el Presidente de ese país cuando decidió quedarse.
La responsabilidad política la tiene el Presidente de la República.
La responsabilidad política es de los funcionarios, de los secretarios al más alto nivel del gabinete de seguridad, ellos son los responsables.
Hay una responsabilidad institucional por estar ahí, y hay otra responsabilidad, que estudian los especialistas, que es la responsabilidad de la capacidad e incapacidad del funcionario.
Cuando se presentan a elección, a ocupar posiciones determinadas, se suponen que tienen la capacidad, la inteligencia, el carácter para enfrentar las grandes responsabilidades que asumen.
En este caso, no nos engañemos, no dejemos que vuelvan a enterrarse todas las cosas y nos perdamos en las múltiples explicaciones que van a dar a la Comisión Bicamaral, y a lo que los estudios técnicos y las revisiones de los aparatos que no funcionaron. ¡No!
El responsable de lo que ha ocurrido aquí y ahora, una vez más, es el Presidente de la República, que no ha tenido la capacidad que se requiere para ejercer ese cargo. Esa es la cuestión, insisto, es una cuestión filosófica, es una cuestión de teoría política y no le demos vueltas, el responsable es Peña Nieto, y desde luego quienes están en las funciones, en las funciones que están siendo vulneradas por tan poco, por también haber carecido de la capacidad intelectual, de la capacidad política, de la capacidad moral para poder enfrentar este problema.
Y se suma un desastre más a los que hemos vivido una y otra vez, que además no se resuelve nada.
Se crea una ley para combatir la corrupción, con gran bombo y platillo, pero se dice que esa será aplicada lentamente, porque hay que cambiar la cultura de los mexicanos.
Se presentan una serie de medidas ridículas, como crear otra vez de regreso al Secretario de la Función Pública, para que diga él que él no es capaz de atender ese asunto.
La condena tiene que ser al Presidente de la República en sus funciones, eso es lo que es la responsabilidad política, esa es la responsabilidad política, estamos a la deriva, porque no han demostrado, ninguno de ellos, tener la capacidad y la confianza que deberían tener, como dice la teoría: “en su ciencia y conciencia”, no ha habido ni ciencia, ni conciencia.
El país sigue hundido en la corrupción, no se puede explicar esto con medidas técnicas e investigaciones esotéricas, la corrupción está ahí, está en todos lados, no se combate, han sido estos mandos superiores, estos responsables de la República Mexicana, que la están permitiendo que se hunda todos los días en la corrupción, ellos son los responsables. No nos perdamos en disquisiciones, no esperemos a que se olvide una más, que pase el tiempo, que nos aburran con sus explicaciones técnicas, el brazalete o no sé quién por ahí, un aparato que estaba pendiente de la trepidación de las profundidades del subsuelo.
No señores, el responsable es el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Gracias, Senador Manuel Bartlett.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.
El Diputado Danner González Rodríguez: Gracias, señor Presidente.
Miren, pensé no responder a los señalamientos que me hicieron, pero me parece que tenemos que dejar las cosas claras. Se dice que esta administración tiene grandes logros en materia de seguridad, ¿cuáles?
La actual Administración Federal, con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró del 1º de diciembre de 2012, al 31 de julio del año en curso, 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos. El gobierno actual federal, supera con 14 mil 205 homicidios a su antecesor.
Desde diciembre de 2006 a la fecha, el gobierno mexicano ha dispuesto de armas de todo tipo, desde las militares hasta las presupuestales. Basta con ver los pre criterios de Hacienda para ver que no se reducen los recursos asignados a las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina, pasando por reformas constitucionales sumamente cuestionadas, como el arraigo, y nunca como hoy, la inseguridad y la violencia siguen creciendo y la impunidad está desatada.
Dice aquí el Senador Gerardo Flores, que venimos nosotros a hablar de manera irresponsable. Yo escucho siempre cuando hace estas apologías, el mismo discurso, señala supuestas irresponsabilidades de quiénes señalamos críticas al gobierno federal, es válido, porque argumentos lógicos no hay, entonces trata de defender lo indefendible.
Dice que nosotros condenamos, o que yo en particular he condenado el costo político con Estados Unidos, pero que nosotros, los de izquierda, descalificamos en esta tribuna las relaciones con Estados Unidos, por favor. Éste no es un tema de izquierdas, ni de derechas, éste es un tema de seguridad nacional, y la seguridad es agenda del Estado, es una obligación del Estado mexicano. Así que no confundamos, Senador, el tsunami con el surimi.
Fueron al “Chapotour“, ¿y luego qué? ¿Qué se ganó con ir a ver el túnel? ¿Van a entender cómo se fugó? ¿Cómo se hizo el túnel en silencio? ¿Con palillos? ¿Cómo se erosionó el concreto de la regadera? ¿Con ácido corrosivo?
Necesitamos acciones concretas y necesitamos volver la mirada al fenómeno de la corrupción, ese es el tema. Estamos hablando aquí de que se están realizando acciones inmediatas, pero qué va a suceder con los funcionarios involucrados. ¿Alguien le va a pedir cuentas al presidente municipal de Almoloya, o al director de desarrollo urbano, que no se enteraron del uso de suelo del predio donde se construyó la casa? ¿Alguien le va a pedir cuentas al Secretario de Gobierno del Estado de México y al gobernador del estado de México? Tenemos que llamarles a cuentas, no puede ser que en este país la única doctrina que impera es la doctrina del hueso seguro.
En la lógica de este gobierno federal si pasa algo en donde hay omisiones, la culpa es de los traficantes que le han superado con creces. Si se ganan pequeñas batallas, entonces sí son modernos quijotes que han crecido y pueden capitalizar estos logros políticamente, porque los enemigos eran superiores.
Se presume aquí también que fueron capturados en esta administración grandes capos de grandes cárteles. ¿Y de qué ha servido? Absolutamente de nada. El hampa sigue teniendo secuestrado el territorio, el suyo es el imperio de la hidra, se corta una cabeza pero nacen dos, o cuatro, o seis. Los territorios en donde se pierde la hegemonía de uno de los capos, inmediatamente pasan a ser batalla de quienes aspiran a sucederlos en el poder.
Estas capturas no se han traducido, contra aquí lo que aquí se dice en reducción de adicciones, en aniquilamiento del patrimonio criminal, al contrario, el imperio de estos grandes cárteles sigue creciendo. Lo dice claramente el Informe Mundial sobre las Drogas, no hay reducción, ni en la oferta, ni en la demanda, ni en la reducción de adicciones, ni en la producción de las drogas.
Entonces, ¿vamos a seguir simulando que se están haciendo cosas? ¿O de verdad vamos a pasar a las acciones?
Es tiempo ya de que exijamos resultados y de que exijamos respuestas concretas. Ojalá que sigamos pidiendo las investigaciones correspondientes, pero también las renuncias sobre la mesa, y también las comparecencias correspondientes ante esta Comisión Permanente, no solamente en el seno de la Comisión Bicamaral. Este es un tema de seguridad nacional, tenemos que pasar de los discursos, a las acciones concretas y ésa, ésa es la tarea de todos nosotros, con números claros, con datos precisos, no nada más hablando por hablar.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, señor Secretario de esta Mesa Directiva.
El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente.
Si el tema es del Estado mexicano, el debate pide altura para hablar del Estado mexicano.
Platicando con un periodista de la fuente de Los Pinos, presente ante el recién estreno del Presidente de la República panista en el 2001, cuyo vocero por cierto, y secretario particular, coordina ahora el grupo parlamentario del preopinante, seguramente le pasó una ficha técnica de su experiencia, dijo en ese terrible día que les notifican el escape de Guzmán Loera, y ahora ¿qué décimos?
¿Vale la pena comparar la experiencia de esa fecha con la vivida ahora?
Miren, puedo celebrar el discurso que se convierta en pieza oratoria de la oposición que no ha sido gobierno, pero me parece que los que han tenido responsabilidades políticas y públicas, abordar un tema tan complejo no habla justamente de su responsabilidad histórica.
Analizar las debilidades institucionales de un país, que las existen, quizá no resulte válido hacerlo desde la perspectiva sexenal, señoras, señores, legisladores.
El arribo de Enrique Peña Nieto, a la Presidencia de la República, ha sido el medio de la peor crisis de violencia y de inseguridad pública que se tenga memoria en México.
¿Hubo el escamoteo de algún grupo parlamentario para dar instrumentos legales y constitucionales al Presidente Calderón y a Peña Nieto sobre el tema? No lo ha habido.
Se reformó el 18 constitucional, se abordaron figuras lesivas al concepto del debido proceso, no solamente el arraigo, la prórroga de la jurisdicción, algunos que hablan de esto no saben qué es, o la renuncia, es decir, que detenidos en algún estado de la República sean enjuiciados en otro estado de la República sin la inmediatez procesal, en medio de la peor crisis de violencia que este país ha padecido.
¿Acaso fue esa una de las razones para la segunda alternancia política?
Déjenme comentarles, y lo haré en mérito de la confidencialidad y de la lealtad institucional que le debo a una destacada perredista, a la vista en la pantalla, proyectado el hecho en el C4, coordinados de la autoridad federal y estatal, desfilaban más de 50 procesados y reos por delitos del orden federal y estatal, del gobierno de Acción Nacional y del gobierno del PRD.
No hubo generosidad política de los Diputados y Senadores, hubo sentido político: “Gobernadora, respaldaremos sus decisiones para preservar la integridad de sus gobernados, sus familias y sus bienes, no habrá, como un compromiso ético, la descalificación de su actuar, sino el reconocimiento de una circunstancia que nos afecta a todos”
Ha dado la cara el gobierno nacional, ha reconocido el hecho, y eso es lo primero que debe hacerse, no sólo el que tenga sentido político, el que tenga también sentido técnico, porque eso se requiere para hacer política; el médico que sea político, que sea buen médico; el abogado que sea político, que sea buen abogado.
Si hay una línea de responsabilidad, creo que todos nos estamos pronunciando en esa relación causal, que por negligencia, por omisión o por dolo, complicidad o coparticipación, que se vaya a las últimas consecuencias.
En aquel momento recuerdo que algún compañero legislador, ante el problema tan terrible que vivíamos en la entidad, dijo: “No, es que llegar a las cabezas”. Y alguien le replicó: “Como ahora”.
Lo Coordinación Federal de Establecimientos Penitenciarios está libre, valdría la pena hacer reflexiones personales de asumir esas responsabilidades.
Sólo quien no ha tenido una responsabilidad pública en esta materia no sabe cuál es el entramado y la realidad en el servicio público que ahí se vive.
Vayamos, pronunciémonos por la investigación.
Que la Bicamaral de Diputados y de Senadores hagan su trabajo como lo están haciendo, y que den una muestra también, un ejercicio de transparencia y de responsabilidad política con el Estado mexicano.
Y lo otro, los funcionarios no se van, los funcionarios que tienen funcionalidad con relación a esto, deben dar las razones, deben informar, y para eso se está ya señalando la hora y la fecha para la comparecencia del equipo del gabinete de seguridad.
Simplemente concluiré con mi gratitud, señor Presidente, a quien respeto mucho, que sí es cierto que es del Estado mexicano que también en el discurso expresemos nuestro respaldo al Estado mexicano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Tomás Torres Mercado.
Tiene el uso de la tribuna el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, señor Presidente.
Con la segunda fuga del Chapo Guzmán, el Estado mexicano se mira al espejo, hasta ese grado de descomposición ha llegado el Estado mexicano, hasta esas alturas, hasta las máximas alturas, ha llegado la corrupción en el Estado mexicano, la convivencia, la infiltración del narco, es un problema, efectivamente, que rebasa a un gobierno, es del Estado mexicano, y esa es la realidad.
El Estado mexicano no pudo tener al delincuente más buscado y evitar que se fugara por segunda vez.
Eso es un desastre y eso nos pone ante una realidad.
Yo discrepo de quien dice: “No hagan tanto ruido aquí, porque ustedes tienen la fuga en el 2001; y ustedes otros tienen la fuga en el estado de Zacatecas”.
Mejor bajémosle todos de tono, eso es el pacto de impunidad y no estoy dispuesto a jugar con eso.
Digamos las cosas, veamos realmente la gravedad de las cosas, la gravedad de que el Estado mexicano sea incapaz de poder tener seguridad en la cárcel de máxima seguridad con el delincuente más buscado, perdón, ahora es el más buscado, ahí lo tenían bien detenido.
Presentamos un punto de Acuerdo integrantes de los Diputados, le doy el crédito a Gloria Bautista, mi compañera Diputada, nosotros lo suscribimos con mucho gusto, y estamos pidiendo el cese del gabinete de seguridad, porque tiene que haber responsables.
Y estamos pidiendo, también, que se tomen acciones en el Estado de México, porque también tienen responsabilidad ahí, cerca del penal y todo lo que sucedió y estamos, incluso, llamando a un juicio político.
Me parece que eso es importante.
Por supuesto, nosotros pensamos que la gravedad de las cosas amerita eso, al menos el cese de todos los que están al frente de los organismos de seguridad, al menos, pero si persisten en quedarse, tienen que venir a comparecer.
La comparecencia, en la comisión bicameral, no sustituye el trabajo que tiene que hacer la Comisión Permanente, la Comisión Bicameral es una comisión de trabajo del Senado y Diputados distinta a la Comisión Permanente, no nos rinde cuentas a la Comisión Permanente.
Qué bueno, además, tendrán que informar y tendrán que tener confidencialidad en el debate, en la discusión que tengan ahí, en la información que reciba, esa es la obligación de los Diputados, pero el Secretario de Gobernación tiene que dar la cara, si todavía está, porque creo que las circunstancias están para que pidiera la renuncia de entrada, como si daría en cualquier democracia, no es problema personal, es responsabilidad política de un tremendo problema en el que estamos, y que, insisto, lo han dicho aquí, sí somos el hazme reír hoy en el mundo.
Y hemos contribuido además a la picaresca mexicana como nadie, desde Pito Pérez, yo creo no se hacía tanta picaresca y además el gobierno mexicano está contribuyendo a la ética del Chapo Guzmán, la terrible política de comunicación social, la foto de la Procuradora viendo el hoyo, perdón, parece ser que cuando lo vean le van a pedir un autógrafo. ¿No?
Están haciendo la épica del Chapo Guzmán, ahí y que sería la verdad lamentable, porque evidentemente tiene las manos llenas de sangre el Chapo Guzmán, de crímenes horrendos, terribles, no sólo él y su cartel, los otros también, pero eso a veces se olvida, precisamente por el grado al que ha llegado está falla institucional que nos muestra la debilidad del Estado mexicano.
Hace muy poco tiempo a partir del Informe de Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Tlatlaya a un Año, la orden fue abatir, a partir de eso, nos dieron una clase con el diccionario de la Real Academia de la definición de la palabra “Abatir”.
Pues a mí me gustaría que me dieran ahora una explicación de la palabra “Imperdonable”.
¿Qué significa imperdonable y cuáles son las consecuencias que esto tiene?
Si llega, y el mismo Presidente dice: doy la instrucción directa al Secretario de Gobernación para que no se vuelva a fugar y para que lo tenga bien vigiladito, me parece que esta es la frase textual. Y sería imperdonable una segunda falla, entonces se fue y cuáles son las consecuencias.
Yo le pido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que vea por el Estado mexicano, no que vea por sus delfines. No es momento para estar preparando la sucesión presidencial, vea por el Estado mexicano, lo que paso no es cualquier cosa porque muestra, insisto, el grado de descomposición, de infiltración del Estado mexicano.
Pero además tendríamos que ver, conste que estoy hablando del Estado mexicano, no solo del gobierno actual, del Estado mexicano.
¿Cuál es el grado o cuál ha sido la pena?
Miren, llevamos desde 1971 que Nixon declaró la guerra contra las drogas, no hemos dejado de escalar el conflicto en la lucha contra las drogas.
Y díganme cómo estamos ahora 40 años después, o si quieren desde el 86 que también vino otra modificación a los tratados internacionales para endurecer la lucha contra el narcotráfico, o veamos desde que calderón decidió escalar el conflicto, vestirse de militar y decir: vamos con todo contra el crimen organizado. ¡Deberás!
El crimen ahora es más débil que entonces, el Estado mexicano es más fuerte que entonces, si estuviéramos ganando esta guerra, si estuviera el Estado mexicano a la altura de estas circunstancias venciendo al crimen organizado con esta estrategia, el Chapo Guzmán no se hubiera escapado por segunda ocasión.
Es la muestra, es la expresión más nítida y última del fracaso de la guerra contra las drogas. Que nos ha costado, en términos económicos, veamos cuánto destinamos a materia de seguridad.
Yo creo que, perdón, el cartel de Sinaloa que por cierto decían que con la captura del Chapo, estaba diezmado, creo que habían dicho: ya está desarticulado el cártel de Sinaloa, pues no lo desarticulen tanto por favor.
Y hemos dicho que quitará un capo, quitar al gran capo no debilita a la industria, esto ya está más que demostrado. Quizás pueda fragmentar algunos cárteles y eso ha generado hasta a veces más violencia dicen algunos investigadores.
Pero la industria sigue, ¿por qué? Porque es el negocio ilegal más rentable del mundo y mientras siga siendo el negocio ilegal más rentable del mundo, ahí seguirá, lo dijo mi compañero Diputado el ciudadano Danner, decía: efectivamente no ha dejado de aumentar la producción, no ha dejado de aumentar el consumo, no ha dejado de aumentar el tráfico y cómo estamos en otras cosas, por ejemplo en derechos humanos.
La guerra contra las drogas es nociva contra los derechos humanos, ya lo vimos con el Reactor de la ONU diciendo que tenemos tortura generalizada en el país.
Y vaya el exabrupto que dio Osorio Chong, al decir que por los derechos humanos del Chapo tiene los puntos negros para cuidarle su intimidad como si el problema fueran los derechos humanos, qué bueno que rectificó, porque el problema es de impunidad, el problema es la corrupción, el problema es la infiltración, el problema es que hoy el narco es más poderoso ¿por qué? porque las ganancias infinitas que tiene gracias al mercado negro, gracias a la producción, le permite construir ejércitos paralelos, le permite infiltrar al Estado hasta su máximo nivel, le permite meterse e infiltrar a policías municipales o controlarlas, etcétera.
Hoy es más fuerte el crimen organizado que antes, y hoy el Estado mexicano es más débil que antes, esa es nuestra realidad y le vamos a entrar, vamos a agarrar al toro por los cuernos, vamos a estar decididos a cambiar está política infame, fallida, tremenda, que nos ha costado más de 100 mil muertos según cifras oficiales en 8 años, 26 mil desaparecidos un número incuantificable de desplazados internos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El costo social, insisto, es tremendo, yo creo que ya no estamos para esto, alguien tomará al toro por los cuernos y dirá cambiemos de estrategia, porque la guerra contra las drogas se ha vuelto una guerra contra los ciudadanos, porque la guerra contra las drogas ha permitido al crimen organizado infiltrarse por su propia sobrevivencia hasta las más altas esferas del poder.
Miren, simplemente qué bueno que nos pusimos de acuerdo para entrar a este debate, tenemos que ser constructivos y termino simplemente diciendo: vamos a insistir a que haya las comparecencias.
Yo espero que de los nuevos responsables del área de seguridad, para que nos digan que van hacer, porque estaban, porque les voy a decir, necesitamos un departamento de inteligencia para que encuentren en donde está la inteligencia del Estado mexicano. No la va a encontrar en el CISEN, donde están investigando en otros lugares.
Miren, y termino con esto, acabo de presentar un punto de Acuerdo sobre el hackeo, una empresa en Italia “Hacking Team”, fue hackeada y se descubrió que el principal cliente es el Estado mexicano.
¿Y para qué usan el hackeo?
Pues para alimentar las próximas campañas electorales, para encontrar en los trapitos sucios al de enfrente y no para combatir este tremendo mal. El crimen organizado que está metido en el Estado mexicano, hasta la cocina.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Fernando Belaunzarán.
Tiene el uso de la voz la Diputada Rocío Reza Gallegos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Diputada Rocío Reza Gallegos: Con su venia, señor Presidente.
Los legisladores de Acción Nacional, hoy señalamos con toda precisión, que el Estado mexicano se encuentra de cabeza.
¿Que ha sido el gobierno actual? El gobierno de las crisis, crisis económica, crisis de seguridad que hoy nos exhibe una vez más ante el mundo, crisis de alta corrupción de alta corrupción política, crisis de gobernabilidad.
¿Cómo inicia el gobierno del Presidente Peña Nieto? Con una gran exceptiva, el pacto por México. Expectativas que derivaron también, en una inigualable soberbia.
El Presidente de la República llegó a sentir que las mieles de la alternancia y la disposición y voluntad de las fuerzas políticas para atrasar la vía de las reformas, le serían suficientes para enaltecer su imagen reformista conciliadora, de un gobierno eficaz y eficiente. Nada más lejos de la realidad.
El 26 de febrero del año pasado en una entrevista periodística, el Presidente Peña Nieto declaró que era una obligación que tendría el Estado mexicano y en particular del titular de Gobernación, garantizar la vigilancia del líder del cartel de Sinaloa, en el penal de alta seguridad, de máxima seguridad.
En la madrugada del pasado 12 de julio, las autoridades mexicanas informaron que Guzmán Loera había escapado del penal de alta seguridad el Altiplano.
Posteriormente, a las 6:50 de ese mismo día, Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, se presentó ante los medios de comunicación, sin presentar un informe coherente que explicara detalladamente las causas por las cuales el capo mexicano había podido salir de la cárcel, confirmando precisamente la impunidad, la discrecionalidad y la corrupción, en el cual está envuelto el gobierno de la República.
Ese mismo domingo el Presidente llegó a Francia acompañado de una comitiva de más de 400 funcionarios, militares y empresarios. Entre los funcionarios de gobierno destacaba la presencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El Presidente Peña Nieto usó la detención de “El Chapo” Guzmán para propagar la falsa idea de que su política de combate al narcotráfico estaba rindiendo frutos positivos, y así también para crear una escenografía que le permitiera distraer a la opinión pública nacional e internacional de la grave crisis de credibilidad política por la que atravesaba en esos momentos, por los acontecimientos diversos en Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, así como su incapacidad de poner en práctica las reformas estructurales.
Es pertinente recordar que Joaquín Guzmán Loera no es un reo común y corriente, es un personaje que controla a una organización criminal que opera en toda Norteamérica, con ramificaciones en Europa y Oceanía.
Cabe mencionar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la cifra anual generada por el Cártel de Sinaloa iba de los 19 mil a 39 mil millones de dólares al año sólo por la exportación de droga a Estados Unidos.
Este hecho, que en palabras del propio Presidente de México sería imperdonable, pone de manifiesto 3 aspectos: uno, por enésima ocasión el fracaso total de la política de seguridad pública de la actual administración; segundo, el nivel de corrupción y las redes de la delincuencia organizada en el Sistema Penitenciario Mexicano, el cual a pesar de ser denominado de alta seguridad, es incompetente e ineficiente para mantener en prisión a los criminales como “El Chapo” Guzmán; y tercero, el deficiente desempeño y la falta de compromiso que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene con la seguridad nacional.
El más reciente caso que involucra corrupción, complicidad, soberbia e incapacidad de las autoridades gubernamentales, es la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de “El Altiplano”.
En una comparecencia en la Cámara de Diputados del licenciado Osorio Chong, Secretario de Gobernación, ante las Comisiones de Seguridad Pública y Gobernación, una servidora le hacía referencia y le decía: “Ustedes dijeron que sabían gobernar mejor, lo estamos esperando, licenciado”.
Hoy, desde aquí, al Secretario de Gobernación le digo: “Aquí lo vemos, licenciado Osorio Chong, no queremos explicaciones, queremos soluciones, y soluciones de fondo”.
Si no trae el Secretario de Gobernación un planteamiento serio, un planteamiento de fondo, entonces mejor que pensara en ni siquiera venir.
Un planteamiento serio y de fondo, entonces también debería de pensar, si no lo trae, en dejar mejor que alguien más lo haga.
No más explicaciones, soluciones.
Lo dijimos de manera puntual: “La concentración de poder es un verdadero fracaso”, eso es lo que es ahora la súper Secretaría de Gobernación.
Tenemos autoridad moral para decirlo porque hemos acompañado al actual gobierno en decisiones importantes, por ese motivo nosotros hoy exigimos respuesta clara, actuación convincente. Y le pedimos y le exigimos al Secretario de Gobernación no explicaciones, soluciones.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputada Rocío Reza.
Tiene el uso de la voz el Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
Tenemos que dejar algo claro, las legisladoras y los legisladores del PRI, al igual que el resto de la sociedad, nos encontramos sumamente indignados y molestos por la fuga del criminal Joaquín Guzmán Loera.
Del mismo modo, compartimos la preocupación del gobierno federal sobre la posible responsabilidad de diversos funcionarios en lo que pudiera ser una red de complicidades que permitieron que este individuo se sustrajera de la acción de la justicia.
Por ello, sin importar el cargo que se tenga o el nivel de responsabilidad que se llegara a alcanzar en la posible comisión de un delito en estos hechos, es imperativo que se tomen las medidas para dar con todos y cada uno de los culpables y cómplices de esta fuga.
No obstante, también tenemos que ser claros en algo. Nosotros no somos ni Ministerio Público, ni jueces, nuestra tarea no es la procuración ni la impartición de justicia, nosotros no podemos atribuir responsabilidad penal alguna de funcionarios, ni solicitar temerariamente que sean depuestos ciertos servidores públicos o exigir la renuncia de otros.
No podemos prejuzgar sobre estos hechos, ni mucho menos hacerlo invadiendo a la vez las competencias de otros órganos del Estado mexicano, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación o las facultades del Comisionado Nacional de Seguridad.
Como representantes populares podemos y debemos exigir cuentas a todos estos órganos, llamarlos a reuniones de trabajo, como lo ha hecho ya la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y, desde luego, proponer reformas y el diseño de políticas públicas para mejorar el marco bajo el cual se desempeñan todas las tareas relacionadas con la procuración y la impartición de justicia y las medidas para compurgar las penas privativas de la libertad.
Insisto, lo que sí nos corresponde es coadyuvar de acuerdo con las estrictas atribuciones que tenemos como legisladores.
Vamos a exigir cuentas, adelante, hagámoslo, pero me parece que por los tiempos que hoy está viviendo el país no es prudente dar discursos incendiarios con la única finalidad de denostar políticamente a un partido político, al gobierno o a un funcionario en particular, porque hay que contextualizar las cosas.
Y como ya se dijo en esta tribuna, el Presidente Peña y su administración asumen la conducción del país en medio de la peor y más grave crisis de seguridad que hemos vivido los mexicanos, originada por 12 años de malas acciones y de malas políticas públicas que implementaron los gobiernos panistas.
Por eso considero que el menos indicado para hablar de gobierno es justamente el Partido Acción Nacional que carga a cuestas el lastre no solamente de sus pésimos gobiernos, sino de sus reiterados desaciertos en materia de seguridad pública y de políticas para combatir al crimen organizado.
Y solamente les dejo un dato, hoy, a poco menos de tres años del gobierno del Presidente Peña se ha logrado capturar o neutralizar a 93 de los criminales más buscados.
En 6 años del gobierno anterior solamente lograron capturar a 25 de estos criminales.
Sin duda alguna que a todos nos preocupa el caso que hoy estamos discutiendo en la tribuna, y no estamos exculpando a nadie, que se investigue y que se llegue hasta el último de los responsables y se les sancione de manera implacable.
Exigir hoy que rueden cabezas podrá resultar atractivo e incluso lucrativo políticamente, pero es altamente irresponsable en términos de rendición de cuentas y de la conducción de las investigaciones para la reaprehensión de Guzmán Loera.
Ha habido voces que han cuestionado, y lo siguen haciendo, hace un rato, la visita y el viaje que hace el Presidente de la República a Francia, y quiero decirles algo, la relevancia de este viaje se desprende porque se está reconstruyendo una relación bilateral de suma importancia que se había descompuesto al grado casi del rompimiento, por cierto en los gobierno de Acción Nacional.
Es grave sin duda la fuga de Guzmán Loera, pero también hubiera sido grave la ofensa que se le hubiera propinado al pueblo francés al haber desestimado y desatendido esa invitación que recibimos por conducto del señor Presidente de la República, porque hay que recordar que Enrique Peña Nieto es el primer mandatario, no solamente mexicano, sino de América Latina el ser invitado de honor al desfile conmemorativo del Día Nacional de Francia.
Por ello, compañeras y compañeros y a la par del debido cumplimiento del compromiso internacional el Presidente de la República dispuso la atención inmediata de este caso. Giró instrucciones de inmediata atención al Secretario de Gobernación, a la Procuradora General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad para que la persecución y recaptura de este peligroso narcotraficante sea la prioridad de las instituciones que cada uno de ellos encabeza.
Y en este sentido vemos que la administración pública y los órganos autónomos han dispuesto todos sus recursos materiales y humanos para la búsqueda de Guzmán Loera. Y es por ello que yo comentaba al principio, es necesario que esta Comisión Permanente y el Congreso de la Unión ejerzan plenamente sus atribuciones.
Y así lo hemos hecho ya desde que inició esta LXII Legislatura, hemos buscado dotar y pulir la normatividad vigente para que el estado cuente con mejores herramientas para la persecución de los criminales, la atribución de responsabilidad penal, y por supuesto, para la compurgación de penas.
Por mencionar solamente algunos ejemplos, hemos reformado integralmente la Ley de Amparo, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, y por supuesto se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción.
Indudablemente que todas estas acciones que el legislativo ha emprendido tan sólo en esta Legislatura, vienen a consolidar y a fortalecer el andamiaje legal sobre el cual el estado mexicano debe ejercer con todo rigor la ley para que se castigue a los responsables.
Señoras y señores: En el grupo parlamentario del PRI exigimos acciones y medidas pertinentes que los lleven a la recaptura de Guzmán Loera.
Exigimos que todos los funcionarios públicos asuman su responsabilidad, pero sobre todo que lleven a cabo sus facultades para lograr el compromiso que asumieron frente a la ciudadanía cuando protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Que se castigue a los responsables, que se redoblen los esfuerzos y que esto nos lleve a la recaptura inmediata de este sujeto.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Muchas gracias, Diputado Abel Salgado.
Daré lectura al Acuerdo que suscriben los representantes de los grupos parlamentarios.
Acuerdo de la Comisión Permanente.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su profunda indignación y lamenta la evasión a la justicia del prófugo Joaquín Guzmán Loera ya que su fuga representa una afrenta al Estado Mexicano y agrede a la sociedad en su conjunto.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a que realice una investigación profunda, profesional, pronta y expedita para esclarecer los hechos ocurridos en el Centro Federal de Reinserción Social "El Altiplano" antes, durante y después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera y deslinde las responsabilidades correspondientes.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a que en apego al artículo 56 y 57 de la Ley de Seguridad Nacional, haga valer sus atribuciones de solicitar y requerir a las dependencias y entidades la información que sea necesaria así como la presencia de los funcionarios que estime pertinentes. A la luz de los resultados de dicha reunión, la Primera Comisión de la Comisión Permanente analizará la pertinencia de convocar a una reunión de trabajo al Secretario de Gobernación y, en su caso, a otros integrantes del gabinete de seguridad.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a que con pleno apego a la normatividad y a la reserva de la información a la que está obligada mantenga a la sociedad oportunamente informada.
Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República a que en coordinación con las dependencias y entidades del Consejo de Seguridad Nacional, utilice todos los medios disponibles para recapturar a Joaquín Guzmán Loera y a que se aplique todo el peso de la ley y de manera ejemplar a las personas que participaron directa o indirectamente por acción, colusión, omisión o corrupción antes, durante y después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
Sexto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas y gobiernos municipales a que, en consonancia con el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nacional, colaboren con las dependencias y entidades del Consejo Nacional de Seguridad para brindar los recursos e información que sea útil y lleve a la recapturar al delincuente Joaquín Guzmán Loera.
Dado en la Sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República el 15 de julio de 2015.
Diputado Tomás Torres Mercado.
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
Senadora Dolores Padierna Luna.
Senador Javier Lozano Alarcón.
Diputado Juan Pablo Adame Alemán.
Senador Arturo Zamora Jiménez.
Senador Miguel Romo Medina.
Solicito a la Secretaría, perdón, sí, señor Senador Bartlett, con qué objeto.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Para hacerle una pregunta señor Presidente.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Sí, a sus órdenes.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Porque se dice que hay una unanimidad y participantes y la Junta de Coordinación, y no es cierto.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Dije que de los que firmaron, señor Senador, y apenas se va a votar; dije de los que lo firmaron.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Porque no refleja la discusión que aquí se ha tenido en lo absoluto, señor Presidente.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo leído por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo miércoles 22 de julio a las 11:00 horas en este recinto.
(Se levantó la sesión a las 15:18 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1630