Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00919-de-marzo-16-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_2cdcd118c7f24671a3f7e3f9a2d0afd1&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 13:55:57
Document Index: 180425669

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 97', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 35', 'artículo 45']

﻿ Sentencia 2011-00919 de marzo 16 de 2016
SENTENCIA 2011-00919 DE 16 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:ABOGADO ES SANCIONADO POR NO ENTREGAR DINERO A SU CLIENTE PRODUCTO DE LA VENTA DE UN INMUEBLE. ABOGADO ES SUSPENDIDO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE UN AÑO Y MULTA DE DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES. LO ANTERIOR POR INCURRIR EN LA COMISIÓN DE LA FALTA DESCRITA EN EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1123 DEL 2007, EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 4° DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 45 ÍDEM, QUE ESTABLECE FALTAS A LA HONRADEZ DEL ABOGADO Y LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN, RESPECTIVAMENTE. SE EXPLICA QUE LA ACTUACIÓN DEL ABOGADO SE CATALOGA COMO ANTIJURÍDICA, TODA VEZ QUE ATENTA CONTRA EL DEBER DE OBRAR CON LEALTAD Y HONRADEZ PREVISTO EN EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1123 DEL 2007. SE PRECISA QUE EL LITIGANTE, PESE A CONOCER EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LOS DINEROS, BIENES O DOCUMENTOS DE SU CLIENTE DE MANERA OPORTUNA, ACTUÓ DE FORMA VOLUNTARIA E INTENCIONAL, CONSCIENTE DE LOS HECHOS Y COMPRENDIENDO LA ANTIJURIDICIDAD DE SU ACCIÓN, POR ELLO ES REPROCHABLE SU CONDUCTA A TÍTULO DE DOLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, ACTUACIÓN ILEGAL DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2011-00919 de marzo 16 de 2016
Radicación: 080011102000201100919 01
Aprobado según Acta 026 de la fecha
Denunciado: Roberto Enrique Gómez Peña
Denunciante: Naida Esther Osuna Bolaños
Primera Instancia: Suspensión de 1 año y multa de 2 SMLMV
Dable es señalar que tal facultad Constitucional y legal y se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.
Dada que la abogada de oficio Ofelia Masson Carreño mediante escrito del 13 de agosto de 2015 manifestó no interponer recurso de apelación contra la providencia del 21 de julio de 2015 por lo que solicitó se conceda la consulta, corresponde a esta Superioridad, resolver el grado jurisdiccional de consulta, pues, no se encuentra causal que invalide lo actuado.
La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado (Sent. C-449/96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Por tal razón, el juez que conoce de la consulta cuenta con amplia competencia para examinar la actuación, no estando sujeto, por tanto, a límites como el de la non reformatio in pejus. Además ha precisado que aun cuando la consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente la vulneración de tales derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente.
Asunto a resolver: Se trata de resolver en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 21 de julio de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante la cual sancionó con un (1) año de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado ROBERTO ENRIQUE GÓMEZ PEÑA, por la comisión de la falta estipulada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, agravada por el Literal C) numeral 4º del artículo 45 del mismo cuerpo normativo.
De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007(10).
De la Tipicidad. Se procede entonces a realizar el juicio de tipicidad correspondiente, es decir, determinar si la conducta desplegada por el abogado GÓMEZ PEÑA, se adecua al tipo imputado.
El acervo probatorio recaudado enseña que el disciplinado recibió poder(11) por parte de la señora Niada Esther Osuna Bolaños para que en su nombre y representación vendiera un inmueble de su propiedad ubicado en la urbanización Campo Alegre.
De modo similar se encuentra la escritura pública 2351 del 22 de septiembre de 2010 otorgada ante el Notario Segundo de Barranquilla(12) efectuando la venta del inmueble al ciudadano Jaime Enrique Gómez Sosa quien canceló la suma de $ 19’000.000 por el inmueble reseñado en antelación.
Reposa ofrecimiento de conciliación presentada por el disciplinado ante la Fiscalía 24 Local de Barranquilla(13) en la que expresó “me permito poner en su conocimiento que deseo volver el dinero que tomé para mí, abusando de la confianza de la denunciante” y propone regresar la suma de $ 17’000.000 a través de la cancelación de 3 cuotas, consecuencia de esto se encuentra acta de conciliación celebrada el 22 de julio de 2011(14) ante el ente acusador diligencia en la que el sancionado acepta cancelar un total de $ 24’000.000 en un plazo de un año.
Yace documento contentivo de solicitud probatoria(15) suscrito por el abogado Gómez Peña y dirigido a la Fiscalía, en el cual entre otros asuntos señaló, “quiero manifestarle Honorable Fiscal, que en ningún momento quiero evadir el pago de lo que le corresponde, pues abusé de la confianza de la denunciante; ya que comenté bajo juramento que circunstancias de presión material y psicológica la hice, y si me tocara otra vez, otra vez tomaría la decisión; en todo caso lo que deseo es devolver con intereses legales lo justo, ni un peso más. (…) soy consciente del sufrimiento y daño moral que padece la denunciante, a esto suma el perjuicio material que le he causado con culpa de mi parte, ya que no he actuado con dolo”.
Analizado el material probatorio, no cabe duda para esta Superioridad de la comisión de la falta imputada al abogado Roberto Enrique Gómez Peña, quien una vez realizó la venta del bien inmueble propiedad de la quejosa, le fue entregada la suma de $ 19’000.000 rubros que debía entregar a su mandante una vez efectuara los respectivos descuentos de honorarios y trámites notariales, obligación que se abstuvo de cumplir y no solo no entregó dichos valores sino que por el contrario, y tal como lo expresó en reiteradas ocasiones ante la Fiscalía 24 Local de Barranquilla, tomó para sí y los utilizó para cancelar una deuda contraída con un colega. Pero no solo es este hecho el reprochado, también se le recrimina el solicitar una audiencia de conciliación, suscribir un compromiso de pago sin efectuar su cumplimiento, es decir, el sancionado no solo no entregó los dineros, los tomó para así y adicionalmente generó una falsa expectativamente a la quejosa bajo el compromiso de cancelar los dineros que le corresponden por la venta del inmueble, circunstancia que no ha tenido lugar, prolongándose por más de 5 años la entrega de un dinero que le debió ser entregado desde el 22 de septiembre de 2010, data en la que se perfeccionó la venta del inmueble.
Así las cosas, no cabe duda que el disciplinable actualizó los elementos estructurales de la falta establecida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y del criterio de agravación estipulado Literal C) numeral 4º del artículo 45 del mismo cuerpo normativo, que expresan:
4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado”.
Toda vez que recibió el dinero perteneciente a su cliente y dolosamente, a sabiendas de su obligación de entregarlo, no hizo la devolución, siendo evidente que dicho letrado, soslayó con su comportamiento su deber profesional, incurriendo en las faltas consagradas en las normas referidas al evidenciarse tal conducta.
De la antijuricidad. La categoría dogmática de la antijuridicidad en el caso que ocupa la atención de la Sala, es antijurídica como quiera que atenta contra el deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones prevista en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, a los cuales está obligado a cumplir todo abogado y que se encuentran compilados de manera particularísima así:
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales…” (resaltado fuera de texto), sin justificación alguna.
Entonces, se itera, no cabe duda de la antijuridicidad de la conducta, desplegada por el procesado, vulnerando con su actuar el deber profesional de la honradez del abogado, sin la concurrencia a su favor de causal alguna de ausencia de responsabilidad, es más, como litigante, es conocedor del ordenamiento jurídico, entendiendo que una de sus obligaciones era la de entregar los dineros, bienes o documentos de su cliente, de manera oportuna, motivo por el cual perpetró la retención de esos valores en forma voluntaria e intencional, consciente de los hechos y comprendiendo la antijuridicidad de su acción, luego pudiendo y debiendo apegarse al ordenamiento jurídico, prefirió quebrantarlo, por ello su conducta es reprochable a título de dolo, tal y como lo consideró la Sala de instancia.
De la culpabilidad. La conducta endilgada al togado respecto de la falta contemplada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, en lo que atañe a la modalidad de la misma, debe decirse que este tipo de actuaciones es evidentemente dolosa, por cuanto el abogado de manera abusiva retuvo dineros que no le correspondían en virtud de la gestión que confiadamente su cliente le confirió, tal y como el mismo lo manifestó ante la Fiscalía 24 Local de Barranquilla.
De la sanción. Impuso al abogado SANCIÓN, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año y MULTA por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por las razones ya expuesta.
En relación con la sanción impuesta por el a quo al disciplinado, observa esta Superioridad, que la misma guarda relación con la gravedad de la falta y consultó los parámetros establecidos en el artículo 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y su agravación al utilizar los dineros para su provecho, por lo que considera la Sala que se debe mantener en su integridad la sanción impuesta en la decisión apelada.
Por todo lo anterior, esta Sala confirmará el fallo consultado del 21 de julio de 2015, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante el cual sancionó al abogado ROBERTO ENRIQUE GÓMEZ PEÑA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año y MULTA por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigente, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 4º del Literal C) del artículo 45 de la misma Ley.
1. CONFIRMAR el fallo consultado del 21 de julio de 2015, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante el cual sancionó al abogado ROBERTO ENRIQUE GÓMEZ PEÑA, con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año y MULTA por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigente, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 4º del Literal C) del artículo 45 de la misma Ley, a título de dolo, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.
10 ART. 97.—Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable.
11 Folio 12, c.o.
12 Folios 116 a 130, c.o.
13 Folios 51 y 52, cuaderno anexo.
14 Folio 57 a 59, cuaderno anexo.
15 Folio 52 a 54, c.o.