Source: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2015/index.php/informe-anual-completo-indice/balance/balance-del-defensor
Timestamp: 2019-08-24 22:19:47
Document Index: 13019712

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 12']

Informe Anual 2015 Defensor del Pueblo Andaluz - Balance del Defensor
Las causas y las consecuencias de la actual crisis económica ha sido la principal reflexión de nuestros Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía desde 2008, y que no ha sido sino darle voz a la reclamación de miles y miles de personas que durante todos estos años han acudido a nosotros pidiendo ayuda.
Y es que durante este período, la crisis se ha presentado como la causa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, de la ejecución de innumerables desahucios, de la supresión de numerosas prestaciones asistenciales y de la desaparición de derechos que fueron ganados a pulso con el esfuerzo y con el tesón de muchas generaciones anteriores.
Para salir de ella, la única receta admitida como válida por la Unión Europea ha sido la sustentada en la austeridad, la contención del gasto, la estabilidad presupuestaria y el control financiero. Hasta tal punto ello ha sido así que en el año 2011 se llevó a cabo la reforma del artículo 135 de la Constitución con el propósito de que la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria hiciera posible la recuperación económica y, con ello, el mantenimiento y el desarrollo del Estado Social del que España se dotó en el año 1978.
Pero la concepción de la austeridad como bálsamo de Fierabrás no ha estado exenta de crítica, y es que la misma ha traído consigo la aplicación de políticas de recortes que han afectado a derechos intrínsecamente vinculados al Estado Social. De ello ha sido testigo esta Defensoría y, de ello hemos dado fiel testimonio ante la Cámara andaluza. Así, en la descripción evolutiva de la crisis que se contenía en el Informe Anual que presentamos el año pasado se evidenciaba que la desesperanza, la desolación y la indignación constituyen el eje transversal que ha marcado la realidad vivida por nuestra sociedad durante este período.
Esa es la razón por la que año tras año hemos deseado la llegada del fin de la crisis, asumiendo que ello daría paso inmediato a la aplicación de políticas de restablecimiento efectivo del Estado del Bienestar y a la recuperación de los derechos sociales.
El ejercicio 2015 ha traído consigo la aparición de distintos indicadores que, según algunos analistas, constituyen la confirmación de una senda de recuperación iniciada a finales del año 2014 y, con ello, la consolidación de un punto de inflexión en nuestra economía y el inicio del fin de la depresión.
Tales opiniones vienen sustentadas, entre otros, por los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2015, que ponen de manifiesto la existencia de una importante reducción de la tasa de desempleo, la aceleración en el ritmo de creación de empleo y el aumento relativo de éste por encima del PIB.
En el caso particular de Andalucía, la encuesta resulta especialmente halagüeña toda vez que sitúa a nuestra Comunidad como la que ha experimentado un mayor descenso del paro en términos absolutos. En este sentido, con respecto al año 2014, el desempleo se ha visto reducido en 197.400 personas, lo que supone un decremento del 14,15%.
Asimismo, en el apartado de creación de empleo, en el año 2015 se han registrado en nuestra Comunidad 137.500 ocupados más, lo que representa un aumento del 5,13% con respecto al año anterior, situándose el número total de ocupados en 2.819.400 personas.
No obstante, la puesta en conexión de estas cifras con otras variables que se antojan ineludibles llevan a otros analistas a alcanzar conclusiones bien distintas, lo que exige la asunción de criterios de prudencia a la hora de calificar los datos.
Así, por ejemplo, la causa del descenso habido en el número de desempleados la sitúan en la caída registrada de la población activa, de modo que solo el 63% de las personas que salen del desempleo lo hace porque encuentra un trabajo.
Este dato se hace muy evidente en el segmento de población comprendido entre los 16 y los 24 años, de tal forma que la bajada que ha experimentado la tasa de paro en estas edades resulta sumamente próxima a la reducción habida en el número activos menores de 25.
También subrayan estas fuentes la importante incidencia que tiene la degradación registrada del mercado de trabajo, lo que se evidencia con el aumento de la contratación temporal y con el descenso de los ocupados a tiempo completo.
De este modo, la tasa de temporalidad se sitúa a finales de 2015 en el 25,66%, casi punto y medio superior a la registrada a finales del ejercicio anterior; llegando la del empleo parcial al 15,7%. Esta cuestión tiene además especial afección sobre la población femenina, lo que constituye un nuevo hándicap para la consecución de los objetivos de igualdad y autonomía de la mujer.
En cualquier caso, y sin menoscabo de estas opiniones divergentes, el principal dato que trasluce la consolidación de la recuperación económica de nuestro país afecta al crecimiento experimentado por nuestra economía.
A este respecto cabe traer a colación los ocho trimestres seguidos en los que la evolución interanual del Producto Interior Bruto ha resultado positiva, hasta situarse el dato anualizado de 2015 en el 3,2%, con un ritmo de crecimiento superior al registrado en países de nuestro entorno y con unas previsiones de crecimiento, realizadas por el Fondo Monetario Internacional, que sitúan a la española como la economía que más va a crecer durante el año 2016, de entre las grandes economías avanzadas.
Sin embargo, estos datos que resultan esencialmente positivos no se han traducido en una mejora del bienestar de la Sociedad sino en un notorio aumento de la desigualdad social que ha evidenciado la propia OCDE y muy recientemente Intermon Oxfam en su informe “Una economía al servicio del 1%”.
Así, según el citado estudio, España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, sólo por detrás de Chipre y superando de largo a Grecia, llevando a la organización a alertar sobre el aumento registrado del número de personas en riesgo de exclusión y de la distancia entre ricos y pobres. A este respecto, sirva el dato de que en el año 2015 el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos.
No en vano, nuestro país es el segundo de la Unión Europea en el que más ha aumentado la distancia entre las rentas altas y las bajas, sólo por detrás de Estonia; habiendo decrecido el salario medio español un 22,2% en el período 2007 - 2014.
Además, según los datos de la OCDE, los hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, mientras que el salario de los más ricos es, hoy por hoy, 18 veces superior al del 10 % más pobre.
Pero existe una cuestión que se enfatiza en el citado informe y que se nos antoja aún más grave: la ineficacia de las políticas de redistribución de la riqueza y para garantizar la igualdad de oportunidades.
Ejemplo de ello es la política tributaria, con unos niveles impositivos efectivos de los más bajos de toda Europa, y que pivota sobre un diseño desequilibrado en el que el 85% del esfuerzo recae sobre las familias frente a una contribución notoriamente reducida de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital.
Es decir, se recauda poco de quien tiene más, con una escasísima redistribución y con unos niveles de evasión y elusión fiscal de los más elevados de nuestro entorno; aspectos estos en los que igualmente se incide en el informe “Poverty and inequalities on the rise: just social models hended as the solution!”, elaborado por Cáritas Europa y en el que se hace un análisis focalizado, entre otros países, sobre España.
Para colmo, y citando de nuevo el informe en cuestión, el comportamiento fiscal de las grandes empresas refleja un escaso compromiso con el Estado y con la Sociedad, hasta el punto que 17 de las 35 compañías del IBEX35 no paga nada por el impuesto de sociedades en España. No en vano, mientras la inversión desde nuestro país hacia la Unión Europea cayó un 15% el año pasado, la inversión hacia paraísos fiscales creció un 2000% en el mismo período.
La consecuencia de todo ello, nos tememos, es una población mayoritaria que va a ser más vulnerable y una parte cada vez mayor de la sociedad será condenada a la exclusión social.
La propia Comisión Europea, que ha entronizado hasta la saciedad el principio de estabilidad presupuestaria, alerta ahora sobre el deterioro que presentan los indicadores de pobreza y exclusión social en España.
Así, señala en un borrador de informe del que se han hecho eco algunos medios de comunicación a comienzos de 2016, que “La reciente recuperación del mercado laboral no se ha trasladado a una mejora de los índices de pobreza y exclusión social, que continúan creciendo y se sitúan entre los más altos de la UE”. Y alerta de que “Hay más pobreza en todos los niveles, incluida la pobreza severa, por el elevado paro de larga duración y por el rápido crecimiento del trabajo a tiempo parcial, que se sitúa entre los más elevados de la UE”, señalando especialmente a los menores como uno de los colectivos directamente afectados por el deterioro del Estado Social.
El Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera comienza diciendo que “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria”.
Por su parte, la Exposición de Motivos de la reforma operada del artículo 135 de la Constitución señala que “la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos”.
Sin embargo, la realidad descrita y avalada por la propia Comisión Europea, dista enormemente de suponer una garantía para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, al menos de la inmensa mayoría de ésta.
Esto es precisamente lo que ha apuntado esta Defensoría a lo largo de los últimos años y lo que ha podido evidenciar con la actividad desarrollada durante el ejercicio 2015.
Las medidas adoptadas con el propósito de superar la crisis económica y garantizar la prosperidad lo que han traído consigo ha sido la quiebra del Estado Social, dando paso a una nueva realidad que pivota sobre principios muy alejados de los de igualdad y solidaridad de nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y ello se evidencia en todos los ámbitos a los que ha afectado el ejercicio de la función tuitiva de derechos y libertades de esta Defensoría, aunque con especial incidencia en apartados como el empleo, los servicios sociales, la vivienda, la salud o la educación.
A continuación, relatamos algunas de estas cuestiones, sin menoscabo del tratamiento más exhaustivo que se hace a lo largo del presente Informe Anual.
El año 2015 ha estado marcado por la caída registrada del desempleo y por el aumento habido en el número de ocupados.
Así, según se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, el paro bajó en España en 678.200 personas, un 12,4% por debajo a 2014, logrando de este modo un tercer decremento anual consecutivo y la mayor caída de la serie histórica.
Por su parte, el empleo creció en 525.100 personas, cerca de un 3% más, lo que supone el segundo aumento anual consecutivo y el más elevado desde el comienzo de la crisis. De esta forma, al cierre del ejercicio se registraron 18.094.200 ocupados, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011, y 4.779.500 parados, la cifra más baja desde finales de 2010. La tasa de desempleo fue del 20,9% al finalizar el año, un 2,8% menor que 2014 y su nivel más bajo desde el segundo trimestre del año 2011.
En el caso particular de Andalucía el paro ha bajado a lo largo del año 2015 en 197.400 personas, lo que supone un 14,15% menos de desempleados que en 2014 y la mayor bajada en términos absolutos con respecto al resto de Comunidades.
Por consiguiente, el número total de desempleados se sitúa en 1.198.300 parados y la tasa de paro en el 29,3%, cerca de 5 puntos porcentuales menos que a finales de 2014 y 7 por debajo de la tasa de paro registrada en el año 2013.
En lo que a creación de empleo se refiere, la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2015 también ofrece datos positivos para nuestra Comunidad.
Así, durante el año 2015 ha habido 137.500 ocupados más, un 5,13% por encima de 2014, llegando a los 2.819.400 de personas ocupadas. Y es que, no en vano, durante el cuarto trimestre del año Andalucía se ha situado por delante de las demás comunidades autónomas en cifras absolutas de creación de empleo.
Sin embargo, estos datos que en sí mismos resultan positivos y esperanzadores, llevan aparejado un hondo problema que, a nuestro juicio, merece ser afrontado con el máximo rigor y con la mayor celeridad. Nos referimos a la precarización del mercado laboral y a la escasa calidad de los nuevos puestos de trabajo.
En este sentido, la mayoría de los nuevos contratos son temporales y su duración es cada vez menor. En efecto, los datos indican que la tasa de temporalidad va en aumento, situándose en el 25,6%, un 1,4% más que en 2014, de tal forma que mientras el empleo indefinido crece al 1,5%, el temporal lo hace tres veces más deprisa.
Por su parte, los contratos a tiempo parcial aumentan de forma ostensible, al mismo tiempo que la remuneración de los nuevos empleos se ve notablemente reducida. Y, los nuevos empleos se registran mayoritariamente en sectores de la economía en los que se genera menor valor añadido.
Estas circunstancias, unidas al debilitamiento de la negociación colectiva, son las que han llevado a alertar desde diversos sectores sobre la existencia de trabajadoras y trabajadores pobres.
Pues bien, con la finalidad de hacer frente a esta situación, especialmente en materia de desempleo, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha entre los años 2014 y 2015 todo un conjunto de medidas.
Las mismas se contienen en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+; el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, así como en el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo y en la más reciente Ley 2/2015, de 29 de diciembre, ambos de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, conjunto normativo con el que se pretende dar una respuesta al grave problema del desempleo juvenil así como a los desempleados mayores de treinta o más años.
Pese a ello, estas Políticas Activas de Empleo auspiciadas desde la Administración autonómica se siguen viendo enormemente lastradas por los severos y consolidados recortes presupuestarios impuestos desde el Gobierno de la nación, de tal forma que en el ejercicio 2015 el Estado ha destinado tan sólo un 36% de los fondos que destinaba en 2011, y ello a pesar de la inasumible tasa de paro que, pese a la reducción habida del desempleo, se sigue registrando hoy día en Andalucía.
A estas dificultades se une también la demora registrada en las transferencias de fondos y en los pagos comprometidos, que ocasionan evidentes efectos colaterales en la actividad que en este sector prestan las entidades colaboradoras, que se ven abocadas a graves dificultades financieras cuando no al cierre; circunstancias éstas a las que se añade a su vez el hecho de que los fondos estatales afectos a las políticas activas de empleo se abonen en el ejercicio presupuestario siguiente, lo que viene a dificultar aún más la gestión eficaz de tales políticas.
Asimismo, en el ámbito específico de los programas de Formación Profesional para el Empleo se constata la ingente incidencia que está teniendo la concurrencia de la fiscalización operada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la intervención general de la Junta de Andalucía, de los procesos judiciales por presuntos supuestos de fraude en subvenciones y el doble proceso de reestructuración administrativa llevado a cabo en este ámbito en los últimos 3 años que ha supuesto el traspaso de competencias de la Administración de Empleo a la Administración Educativa para su posterior reversión.
Igualmente destacable en este ámbito resulta la problemática analizada a lo largo del ejercicio atinente a las Escuelas de Formación para el Empleo.
En este sentido, a través de numerosos expedientes de queja y de la personación de distintos colectivos afectados se evidenció la práctica paralización de la actividad formativa de los Consorcios Escuela, el deterioro de los centros como consecuencia de su cierre y la demora padecida por trabajadores y trabajadoras para la percepción de sus sueldos; una problemática derivada de la regulación contenida en las leyes estatales de racionalización y sostenibilidad del sector público y de la Administración local, que impide la participación de las entidades locales en la red formativa autonómica.
En lo atinente al sector público debe significase la enorme pérdida de empleo público habida a lo largo de los últimos años, que se cifra en unos 35.000 empleos públicos en Andalucía, en el periodo 2010-2015, para las tres Administraciones territoriales.
No obstante lo anterior, en el año 2015 se ha apreciado un tímido punto de inflexión a partir de la aprobación de las leyes de Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicho ejercicio, toda vez que las mismas excepcionan la prohibición general de incorporación de nuevo personal al sector público en determinados sectores, autorizando en los mismos una tasa de reposición de hasta el 50 por ciento de las jubilaciones producidas en el ejercicio precedente.
En este sentido, en el ámbito de Administración sanitaria autonómica se ha ofertado un total de 1.875 plazas (de acceso libre y promoción interna); en el ámbito educativo, un total de 1.810 plazas; en el ámbito de la Administración General un total de 540 plazas; y en menor número, las correspondientes a la Administración de Justicia e instrumental.
Esta circunstancia ha tenido su correspondiente traslación a la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, a partir de la cual se constata un incremento en la tasa de creación de empleo público que, en términos globales, alcanza el 2,5% anual; un dato esencialmente positivo aunque, a nuestro juicio, insuficiente para garantizar los niveles de calidad que requiere la prestación de los servicios públicos, en clara consonancia con el derecho a la buena administración prevenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tal y como hemos señalado en otros Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía, lo que se contiene en este análisis tiene como sustento la realidad descrita en las miles y miles de quejas que nos ha confiado la ciudadanía; expedientes que relatan lo que no funciona, las deficiencias del sistema e incluso las situaciones injustas que a veces pueden derivarse del cumplimiento riguroso de una norma.
Una realidad pues, parcial, pero que sin duda permite visualizar la encrucijada en la que nos encontramos, donde lo que está en juego es la propia continuidad de buena parte del Estado Social.
Es por ello por lo que cobran especial importancia las propuestas que se vienen realizando por esta Defensoría en aras de garantizar los derechos de la ciudadanía en general, y muy especialmente, de aquellos colectivos sociales que se están viendo más afectados por la crisis.
En este sentido, no podemos concluir este Balance sin traer a colación aquellas propuestas que estimamos más necesarias y urgentes; algunas de ellas lanzadas en ejercicios precedentes sin que, hasta la fecha, hayan sido atendidas.
3.1 Modificación urgente del Programa de Solidaridad
En el contexto en el que nos encontramos, que hemos querido describir someramente en este apartado, el Programa de Solidaridad constituye para muchas familias de Andalucía la última esperanza para contar con unos ingresos mínimos de subsistencia.
Sin embargo, la insuficiencia de la dotación presupuestaria existente para el mismo y las disfunciones que reiteradamente se producen en su gestión reducen ostensiblemente su eficacia avocando a la exclusión social a colectivos muy necesitados.
Por tal motivo, proponemos que con la máxima celeridad se acuerde la ampliación del crédito presupuestario destinado al Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) hasta la cuantía necesaria para absorber la demanda existente y cumplir lo recogido en el Decreto-Ley 7/2013 en cuanto al plazo de resolución de este procedimiento, cifrado en dos meses, adoptando si fuera preciso medidas presupuestarias de carácter extraordinario.
Asimismo interesamos que hasta tanto se apruebe y entre en vigor una Ley Andaluza de Renta Básica que desarrolle lo dispuesto en el artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía, se modifique urgentemente el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad, de tal manera que dicha modificación tenga en consideración las siguientes cuestiones:
a) La modificación del artículo 2.b) del mencionado Decreto 2/1999, en cuanto a los beneficiaros del programa, considerando como tales a todas las personas solicitantes que constituyendo unidades familiares independientes se encuentren empadronadas y residan en un mismo domicilio junto con otras, siempre que se acredite la independencia de cada una de ellas.
b) La supresión del artículo 12 del Decreto 2/1999 y que se tome en consideración como fecha de referencia para la concesión del IMS, la de solicitud presentada por la persona demandante del Programa dentro del período legal de resolución. Ello no ocasionaría perjuicio alguno si el procedimiento se tramitara en el plazo de dos meses previsto en el Decreto Ley 7/2013.
c) Se estudie y regule la participación de los Servicios Sociales Comunitarios como órganos colaboradores en la fase inicial de Procedimiento, vía Convenio, vía regulación normativa.
d) Se estudie la posibilidad de eximir del cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social de las personas beneficiarias del programa.
e) Se estudie y determine si efectivamente el IMS es una subvención o un ingreso o prestación económica de otra naturaleza, adecuando en su caso el procedimiento de gestión económica a lo que al respecto se decida.
f) Que la Tesorería pagara el salario como si de una nómina se tratase y no fuera todo el dinero a la Cuenta de Funcionamiento de la Delegación Territorial, aunque previamente habría de darse un paso intermedio y es que se preparara el Programa Syrus para su conexión informática con las bases de datos de la Seguridad Social, Empleo Estatal, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los Ayuntamientos (Empadronamiento) a efectos de comprobar las condiciones exigidas por la norma.
g) Tramitación contable independiente y técnica de muestreo como medida de fiscalización que se considera necesaria, previa la validez de la información telemática que conste en el Sistema.
En el apartado de vivienda reiteramos la necesidad de superar la cultura basada en la propiedad, permitiendo así que se abran paso nuevas políticas públicas orientadas al alquiler, a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbanas, que respondan a las necesidades reales que presenta la población de cada lugar.
Asimismo demandamos el impulso de iniciativas legislativas que vayan orientadas a garantizar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, incluidas las de índole presupuestaria habida cuenta la dotación insuficiente con la que se cuenta en la actualidad.
Junto a ello, abogamos por las siguientes medidas que se nos antojan especialmente relevantes:
Que de forma inmediata las viviendas que gozan de algún tipo de protección y que se encuentran vacías o desocupadas, se destinen al fin por el que fueron construidas.
Entendemos que ha llegado el momento de apostar por un gran parque de viviendas protegidas en régimen de alquiler, con un mayor control de su uso y ocupación, y engrosado en buena medida por inmuebles existentes convenientemente rehabilitados y, cómo no, por una parte sustancial del enorme parque de viviendas vacías tituladas por entidades financieras, dándoles salida en un plazo determinado y de manera eficiente. Y, en su caso, sancionar, si no se destinan a la función social que justificó su construcción.
No puede darse la paradoja de que existan viviendas construidas con ayuda pública que se encuentran vacías y sin ocupar mientras que muchas familias no pueden pagar la hipoteca o el alquiler e incluso son desahuciadas por estas causas.
Que se reserve un porcentaje de estas viviendas a los colectivos más vulnerables y a personas con especial necesidad de un techo digno.
Que se agilicen los sistemas de adjudicación de viviendas, donde consideramos más justo que se realice por un sistema de baremación basado en criterios sociales y no por sorteo.
Que se adopten medidas para superar las disfunciones detectadas en la gestión de las ayudas a la vivienda, de tal forma que se eviten los retrasos en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas.