Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/06/registro-oficial-13-de-junio-del-2000
Timestamp: 2019-12-14 03:31:43
Document Index: 393971927

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 47', 'artículo 244', 'artículo 69', 'in fine', 'artículo 76', 'artículo 47', 'artículo 200', 'Artículo 6', 'artículo 74', 'artículo 76', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 3', 'Artículo 16', 'artículo 8', 'Artículo 17']

Registro Oficial. 13 de JUNIO del 2000
Martes 13 de Junio del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 97
467 Expídese el Reglamento\n General de la Actividad Portuaria en el Ecuador
298-98-MS Gladys Eufemia Alvarez\n Gallardo en contra de Georgina Terán Arroyo
304-98JOC Juan Carlos Barrezueta\n Paute en contra de Jorge Alberto Gutiérrez Cedeño
327-98-RMV Segundo Efraín Naranjo\n Miranda en contra de Gonzalo López Orellana
346-98-JOC Hugo Efraín Padilla\n Pazmiño en contra de Carlos Enrique Tipán Tito
386-98-MS Dr. Walter David Viera Parra\n en contra de Segundo Pedro Chugchilán y otra
03-99-OR\n Ministerio\n Fiscal General en contra de Hernán Jhovanny Acuña\n Aguilar
23-99-MA Dr. Víctor del Pozo\n en contra de Zoila Trellez Astudillo
93-99-MA Ministerio Fiscal General\n en contra de Hussein Jaafar Monshen
96-99-MS Oswaldo Javier Gómez\n Cárdenas y otros en contra de Manuel María Ludisaca\n Lema
116-99-MS Ministerio Fiscal General\n en contra de Segundo Lorenzo Calle Solano
175-99-JOC Ministerio Fiscal General\n en contra de Nixon Alenxander Hidalgo Jaramillo
198-99-MS Ministerio Fiscal General\n en contra de Fabián Echeverría Meza\n \n
N°\n 467
\n Que la actividad portuaria comercial ha sido mayoritariamente\n ejercida por el Estado en las últimas décadas,\n bajo un régimen de monopolio de las operaciones de tierra\n y del uso de las infraestructuras públicas por parte de\n las autoridades portuarias, habiéndose producido un cambio\n sustancial de esta política a raíz de la promulgación\n de la Ley No. 50 de 28 de diciembre de 1993, de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n Públicos por parte de la Iniciativa Privada, más\n conocida como 'Ley de Modernización";
Que dicho cambio de política consistió, fundamentalmente,\n en el alejamiento de las autoridades portuarias del rol de operación\n directa de los puertos y del de realización de inversiones\n en infraestructuras y superestructuras asociadas a la operación\n portuaria, mediante delegación de dichas actividades e\n inversiones al sector privado, de forma que, por un lado, desaparezca\n totalmente el monopolio operativo mantenido hasta entonces por\n las entidades públicas portuarias y, por otro lado, se\n racionalice el gasto público estableciéndose sistemas\n de cooperación público - privada para la financiación\n da infraestructuras e instalaciones, sin necesidad de cargar\n su costo en las tarifas generales de los puertos;
Que esta delegación representa, en numerosos casos,\n importantes inversiones por parte del sector privado y que dichas\n inversiones deben estar debidamente salvaguardadas de posibles\n acciones unilaterales de la administración, que pudieran\n provocar situaciones de indefensión o pérdidas\n que contrarien lo establecido en la Constitución y en\n las leyes, en el sentido de garantizar las inversiones nacionales\n y extranjeras y la ecuación económica de los contratos\n en las diferentes modalidades de delegación, más\n allá de que los negocios privados corran su propia contingencia\n de riesgo;
Que para la obtención de financiaciones con destino\n a las inversiones antes señaladas se requiere, tanto por\n las entidades y mercado de capitales del Ecuador, como por el\n de terceros países, determinados requisitos de seguridad\n jurídica, continuidad y credibilidad del marco regulatorio\n y de los parámetros económicos y tarifarios que\n servirán de cobertura a los riesgos de la inversión;
Que la nueva Constitución Política del Ecuador\n ha tenido en cuenta estas necesidades y establecido criterios\n claros en materia de preservación de las inversiones privadas\n en la financiación de infraestructuras y servicios públicos\n y de interés público, correspondiendo, por lo tanto,\n la aplicación de lo preceptuado en ella y en las leyes\n generales y normas específicas, a la actividad e inversiones\n en los puertos;
Que la administración pública ecuatoriana, en\n general, y todas autoridades del sector portuario, en particular,\n deben ajustar sus roles de asesoría, ordenación,\n control, gestión, regulación y administración\n a este nuevo escenario y a las nuevas demandas que requiere la\n cooperación público - privada a la que propende\n la Ley de Modernización;
Que hasta tanto se promulgue una nueva Ley General de Puertos\n para el Ecuador, resulta necesario aplicar las leyes específicas\n existentes, a la luz de lo establecido en la Ley de Modernización,\n como ley especial y patrón que ha seguido el Estado ecuatoriano\n para la modernización portuaria; asegurando y garantizando,\n al mismo tiempo, a los involucrados en ésta, el mantenimiento\n de las condiciones en las que ejercieron su opción y a\n los ciudadanos en general, el cumplimiento de los principios\n que la ley establece y bajo los que debe regirse cualquier acción\n de modernización de la administración pública\n y la prestación de los servicios por delegación\n al sector privado;
Que tanto la Ley General de Puertos, como la Ley de Régimen\n Administrativo Portuario Nacional, no se oponen en esencia a\n estas modificaciones en el modelo de gestión portuaria\n y que, en lo que se opusieren, prevalecerán, en su caso,\n los criterios de la Ley de Modernización y los de la Constitución\n Política; y,
El siguiente REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA\n EN EL ECUADOR.
DISPOSICIONES GENERALES DEL MODELO DE GESTION PORTUARIA
El presente reglamento será de aplicación general\n para todas las autoridades, órganos de la administración\n y entidades públicas que, directa o indirectamente, tengan\n relación con la actividad portuaria, en lo que no se oponga\n a lo dispuesto en la Constitución Política y en\n la Ley de Modernización y, en su defecto, en el marco\n legal nacional y en sus leyes reguladoras específicas.
Asimismo será de aplicación general en todas\n las instalaciones y terminales portuarias comerciales del Ecuador,\n así como para todas las actividades que en ellas se realicen,\n sin perjuicio de las cuestiones específicas que así\n se establezcan para los puertos públicos comerciales.
Quedan exceptuadas del ámbito de este reglamento general\n los puertos especiales a los que se refiere el articulo 14 de\n la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, que\n forman parte del sistema general destinado al transporte y exportación\n de productos petrolíferos, como instalaciones de especial\n interés estratégico para el Ecuador.
Articulo 2°. Definiciones de los términos que se\n usarán en el Reglamento
1. Puerto: El conjunto de obras e instalaciones que se encuentran\n dentro del recinto portuario, sus accesos y su zona de influencia,\n constituyendo un conjunto de facilidades en la costa o ribera\n habilitado para su funcionamiento por el CNMMP, teniendo por\n objeto la recepción, abrigo, atención, operación\n y despacho de embarcaciones y artefactos navales, así\n como la recepción, operación, almacenaje, tratamiento,\n movilización y despacho de mercaderías nacionales\n y extranjeras que arriben a él por vía terrestre\n o marítima.
2. Recinto Portuario Conjunto de espacios terrestres y acuáticos,\n cuya delimitación corresponde al CNMMP, en los que se\n enclavan las infraestructuras, instalaciones y facilidades del\n puerto. Incluirá, en todo caso, la línea exterior\n de los diques de abrigo y las zonas exteriores determinadas para\n las maniobras del acceso, atraque y virada, donde los diques\n de abrigo no existan o no fueren suficientes para las citadas\n maniobras.
3. Recinto aduanero del puerto: Conjunto de espacios que,\n bajo la jurisdicción de una Entidad Portuaria de las definidas\n en el artículo 90 de la Ley General de Puertos, constituye\n una zona primaría aduanera habilitada en forma acorde\n con la legislación vigente, en la que se pueden llevar\n a cabo las operaciones con los buques y las mercaderías,\n necesarias para la ejecución de todas las actividades\n portuarias, del comercio exterior y conexas a ellas.
4. Area de Jurisdicción del puerto: La delimitada por\n el CNMMP en la costa y aguas adyacentes, en la que se ejerce\n la jurisdicción de la Entidad Portuaria.
5. Terminal: Unidad operativa portuaria dotada de una zona\n terrestre y marítima, infraestructuras, superestructuras,\n instalaciones, y equipos que, dentro o fuera de un puerto, tiene\n por objeto la atención de buques y mercaderías\n correspondientes a un tráfico predeterminado.
6. CNMMP: El Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos,\n máximo Organo del Sistema Portuario Nacional, creado por\n la Ley General de Puertos.
7. DIGMER: Es la Dirección de la Marina Mercante y\n del Litoral, dependiente de la Armada Nacional. A los efectos\n de las actividades portuarias, se la considera como la Autoridad\n Portuaria Nacional (APN) y actúa como órgano asesor\n del CNMMP, en virtud de lo dispuesto en el literal k) del articulo\n 5° de la Ley General de Puertos.
8. DlMER Director de la Marina Mercante y del Litoral.
9. Entidad Portuaria (EP): La que, como una institución\n del Estado de las contempladas en el numeral 5 del artículo\n 118 de la Constitución Política y acorde asimismo\n con lo dispuesto en la Ley General de Puertos, la Ley de Régimen\n Administrativo Portuario Nacional y este reglamento general,\n tiene a su cargo la administración, mantenimiento y desarrollo\n de uno de los puertos que constituyen el Sistema Portuario Nacional.
10. Autoridad Portuaria (AP): Entidad Portuaria de derecho\n público que, a la fecha de promulgación del presente\n reglamento y bajo los términos que se establecen en la\n LRAPN, ejerce jurisdicción en un puerto comercial estatal\n y su zona correspondiente. Las alusiones de este reglamento a\n las EP se entienden hechas a las actuales autoridades portuarias.
11. Empresa Portuaria: Persona jurídica privada que,\n mediante los mecanismos de concesión de playa y bahía\n o los de delegación de actividades del sector público\n contemplados en las leyes vigentes, tiene a su cargo la administración,\n mantenimiento y desarrollo de un puerto o terminal habilitado\n por el CNMMP, pudiendo operario en forma directa.
12. Operador Portuario (OP): Persona jurídica privada\n que presta servicios portuarios por delegación de una\n EP. Para iniciar su actividad requiere de la autorización\n de la respectiva Entidad Portuaria. Su categorización\n y requisitos de matriculación y habilitación serán\n establecidos por el Reglamento de Servicios Portuarios (RSP),\n emitido por la DIGMER.
13. Sistema Portuario Nacional: Conjunto de los puertos públicos\n comerciales de la República.
14. Servicios portuarios: Son las actividades marítimas\n y o, terrestres de prestación pública indirecta,\n privada o mixta, que se desarrollan en las jurisdicciones de\n las EP, por las personas jurídicas privadas contratadas\n o autorizadas al efecto. Su categorización y los requisitos\n a cumplir para su autorización, se establecerán\n por el RSP.
15. Autorización: Es la modalidad de delegación\n a la iniciativa privada, mediante la cual la Entidad Portuaria\n faculta a un Operador Portuario, previamente matriculado en la\n Dirección General de la Marina Mercante, para la prestación\n de un servicio portuario específico dentro de las áreas\n e instalaciones administradas directamente por la EP y bajo las\n condiciones establecidas por la misma.
16. Permiso: Es la modalidad de delegación a la iniciativa\n privada que se ejerce, por una Entidad Portuaria, a través\n del otorgamiento a personas jurídicas privadas, de un\n derecho, precario y revocable a la sola decisión de la\n EP, para ocupar y explotar en forma privativa y temporal zonas\n terrestres o acuáticas e instalaciones de los recintos\n portuarios y de sus zonas de reserva o cuarentena, con el objeto\n de mantener en perfectas condiciones de explotación las\n áreas cedidas y utilizarlas para prestar servicios portuarios\n u conexos por delegación de la EP, durante un plazo no\n superior a cinco (5) años.
17. Concesión: Es la modalidad de delegación\n a la iniciativa privada que se ejerce por una EP, a través\n del otorgamiento del derecho a personas jurídicas privadas\n para ocupar y explotar, en forma privativa y temporal y en condiciones\n de exclusividad regulada, en su caso, de acuerdo con lo establecido\n en el artículo 47 de la Ley de Modernización, un\n recinto portuario o zonas terrestres o acuáticas e instalaciones\n de los recintos portuarios y de sus zonas de reserva o cuarentena,\n con el objeto de rehabilitar, mejorar y/o ampliar las áreas\n e instalaciones recibidas y usarlas para la prestación\n de servicios portuarios o conexos por delegación de la\n EP, durante un plazo superior a cinco (5) años.
18. Exclusividad regulada: Dentro del contexto de las actividades\n portuarias y a efectos de lo que se determina en el articulo\n 47 de la LM, se define como tal, el régimen sujeto al\n control y normas que la administración establezca, por\n el cual se otorga a un concesionario un derecho temporal en materia\n de prestación exclusiva de servicios o de utilización\n exclusiva de medios para ello, en la zona de jurisdicción\n de un puerto. Tal régimen puede estar también referido\n al plazo de tiempo inespecífico en el que se concreten\n determinadas situaciones establecidas en forma previa a la concesión\n del mismo.
19. Usuario: La persona física o jurídica que\n recibe servicios o suministros en el puerto o terminal portuario.
20. Cliente: La persona física o jurídica para\n quien se realizan actividades no portuarias en el recinto de\n los puertos o terminales portuarios.
21. LM: Ley No. 50 de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la Iniciativa Privada, de veintiocho de diciembre de mil novecientos\n noventa y tres, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31\n de los mismos mes y año.
22. RLM: Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de\n la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y\n Prestación de Servicios Públicos por parte de la\n Iniciativa Privada, promulgado por Decreto No. 2328 de 29 de\n noviembre de 1994 y sus modificaciones posteriores.
23. LGP: Ley General de Puertos, promulgada por Decreto No.\n 289 de 12 de abril de 1976, publicada en el Registro Oficial\n No. 67 de 15 de iguales mes y año.
24. LRAPN: Ley de Régimen Administrativo Portuario\n Nacional, promulgada por Decreto N° 290 de 12 de abril de\n 1976, publicada en el Registro Oficial No. 67 de los mismos mes\n y año.
25. BSP: Reglamento de Servicios Portuarios, emitido por la\n DIGMER al amparo de lo dispuesto en el articulo 5 literal b)\n de la Ley General de Puertos, en concordancia con el articulo\n 154 del RLM.
Articulo 3°. Jurisdicción de los tribunales
Todas las actividades portuarias que se realicen en el Ecuador\n estarán sometidas a la ley y los tribunales ecuatorianos.\n Los contratos con personas jurídicas extranjeras deberán\n contener una cláusula explícita en este sentido\n y en el de renunciar á la vía diplomática\n para la resolución de conflictos.
Sin perjuicio de lo anterior y de las competencias de regulación\n del CNMMP que se establecen en el presente reglamento, se podrán\n establecer, en los contratos que la administración celebre\n con personas privadas, cláusulas en las que se recurra\n a los mecanismos privados habituales para la resolución\n de conflictos, especialmente el arbitraje, como instancia para\n la resolución de diferendos de cualquier tipo entre las\n partes contratantes, cuando éstos no hayan podido ser\n resueltos por la negociación bipartita entre ambas.
Articulo 4°. Definición del modelo portuario derivado\n de la aplicación de los criterios de delegación\n y privatización que se establecen en la Ley de Modernización
1. Los puertos comerciales estatales del Ecuador serán\n de titularidad estatal y se regirán por el modelo internacionalmente\n conocido bajo la denominación Landlord o puerto propietario,\n donde las EP no operarán de forma directa ningún\n servicio o facilidad y sus funciones se reducirán a la\n administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos,\n en lo referente a sus infraestructuras y espacios de uso común\n que no estén delegados al sector privado, así como\n al control del cumplimiento de los contratos celebrados con terceros,\n sin interferir en el desarrollo de los negocios de las personas\n privadas que en ellos operen o tengan a su cargo la construcción,\n administración y gestión de infraestructuras o\n espacios, en tanto éstos se realicen dentro del marco\n legal y contractual en el que se inscriban.
2. Acorde con los criterios de la Ley de Modernización,\n las actividades operativas en los puertos serán prestadas\n por delegación de las EP, a través de personas\n jurídicas de derecho privado debidamente autorizadas a\n tales fines en la forma que establezca el RSP. El marco de prestación\n respetará, en todo caso, la leal competencia y los derechos\n de los usuarios.
3. El Estado ecuatoriano, a través de las EP, se reserva\n el derecho a la prestación subsidiaria de servicios portuarios,\n en el caso en que la demanda del mercado no estuviere adecuadamente\n cubierta por las empresas operadoras y cuando, tras la realización\n del correspondiente llamado para la prestación del servicio\n o servicios para un puerto determinado, no hubieran habido interesados\n en la misma.
En todo caso, esta prestación se llevará a cabo\n de forma indirecta, por empresas privadas contratadas al efecto\n por las EP quienes en tales casos, cobrarán las correspondientes\n tarifas portuarias y abonarán sus servicios a la empresa\n contratada.
Habilitase a las EP para, con la aprobación de la DIGMER,\n contratar en forma directa a empresas para la prestación\n subsidiaria de servicios portuarios, si la urgencia o la especialización\n de los servicios a contratar así lo requirieren y no pueda\n hacerse la contratación por los cauces generales establecidos.
4. Se podrán otorgar concesiones de puertos completos\n o de partes de éstos, en forma de terminales especializadas\n o unidades de negocios diferenciadas, como patios o bodegas no\n asignados a la gestión de un muelle o terminal, ni incluidos\n en zonas bajo concesión: Previamente a la iniciación\n de un proceso concesional se deberá demostrar su oportunidad,\n conveniencia y viabilidad económica a través del\n estudio técnico especializado correspondiente.
5. En el caso de concesión de un puerto comercial estatal\n completo a un solo concesionario, la EP reducirá su actuación\n a la vigilancia del cumplimiento de los contratos de concesión\n otorgados y de otros contratos de su competencia, si los hubiere,\n y al control de las reglas de la leal competencia por parte de\n los concesionarios.
Si hubiere más de un concesionario en un puerto en\n el que se haya concedido la totalidad de sus áreas operativas,\n éstos deberán establecer acuerdos, previamente\n aprobados por la EP, de forma que se realice a su cargo el mantenimiento,\n se garantice el funcionamiento y se operen de forma permanente,\n todos los espacios y servicios de uso común del puerto,\n sin participación directa de la EP, pero bajo su supervisión\n y control. Estos cometidos deberán llevarse a cabo por\n los concesionarios, sea de forma directa según el acuerdo\n arriba mencionado o en forma indirecta mediante empresas contratadas\n por los concesionarios y bajo la responsabilidad de éstos.
6. El uso exclusivo de los muelles y sus zonas operativas\n de primera línea, sólo podrá ser delegado\n al sector privado mediante concesión. Los muelles y zonas\n operativas de primera línea no concedidos, serán\n de uso público para las actividades de OP autorizados\n y permanecerán bajo la administración de las EP.
7. De entre las figuras jurídicas que admite la Ley\n de Modernización para la delegación al sector privado,\n se aplicarán en los puertos las de autorización,\n permiso o concesión.
8. Se utilizará la figura de la autorización\n de la Entidad Portuaria que tenga jurisdicción sobre cada\n puerto, para el caso de servicios portuarios y complementarios\n que se presten por operadores portuarios en régimen de\n uso común de los muelles y zonas de operación o\n almacenaje.
En todo caso y a efectos de mantener un registro nacional,\n los OP deberán matricularse previamente en la Autoridad\n Portuaria Nacional, no requiriéndose más de una\n matrícula por OP.
Las condiciones y aspectos técnicos correspondientes\n de las autorizaciones se establecerán en el RSP.
9. Los puertos o zonas portuarias que se deleguen para el\n uso privativo de empresas privadas, deberán serlo en todo\n caso, a través de un permiso o una concesión, otorgados\n en pública licitación de acuerdo con lo que se\n establece en el RLM para las concesiones de uso. Se otorgará\n un permiso o una concesión, según el requerimiento\n que exista sobre la zona a delegar, la necesidad de inversiones\n para el desarrollo y mejora de la actividad y la mayor conveniencia\n de la administración; y da acuerdo a las condiciones y\n aspectos técnicos que se establezcan en el RSP.
Articulo 5°. Lineamientos de 1. Política Portuaria\n Nacional
En virtud de lo previsto en el numeral 3 del articulo 171\n dala Constitución Política, establécense\n los siguientes lineamientos de Política Nacional en materia\n de puertos, que presidirán todos los actos y decisiones\n de cuantos órganos o entidades del sector público\n actúen, en forma directa o indirecta, en dicho sector\n de la actividad económica nacional:
1. La actividad portuaria propenderá al fomento de\n la economía nacional, mediante la promoción de\n la inversión para la mejora de las actividades del transporte,\n su intermodalidad y las actividades de almacenamiento y agregación\n de valor a las mercaderías.
2. Considérase a los puertos como elementos fundamentales\n de la cadena del comercio y el transporte internacionales y,\n por ende, se declaran de especial interés la actividad\n y los proyectos de inversión que en ellos se desarrollen.
3. Los puertos, como centros de dinamización de los\n negocios relacionados con el comercio exterior, deberán\n funcionar en forma continua y durante todos los días del\n año, si la demanda así lo requiere, bajo los principios\n de maximización de la calidad y eficiencia de los servicios\n al mínimo costo para el usuario.
Los contratos de delegación que celebren las EP con\n el sector privado, deberán contener cláusulas específicas\n en las que se haga constar este principio y, para su cumplimiento,\n se establecerán por las EP controles especialmente destinados\n a la comprobación del mismo, pudiéndose establecer\n por las EP estándares mínimos de eficiencia y precios\n máximos, acordes con los puertos competidores de terceros\n países y teniendo en cuenta la circunstancia nacional\n y la de cada puerto.
Asimismo se podrán establecer, en los contratos de\n delegación cualquiera que sea su modalidad, sistemas de\n fijación de precios máximos para la prestación\n de los servicios y el uso de las facilidades portuarias delegadas\n al sector privado.
4. Considérase a los puertos, como bases de logística\n e intercambiadores de transporte, para lo cual se favorecerán\n especialmente cuantas iniciativas se presenten destinadas a la\n modernización e internacionalización de las citadas\n actividades.
5. Considérase a los puertos, como centros de servicios\n para la producción, la industria y el comercio. Todas\n sus actividades y sus tarifarios deberán tener su referente\n principal en los usuarios, debiéndose prestar por las\n autoridades la mayor atención a los cauces que establece\n el presente reglamento, para la representación, interacción,\n información y libre expresión de aquéllos\n en los procesos de toma de decisiones en materia de la administración\n del Sistema Portuario Nacional y del respeto a sus derechos.
6. Considérase a la actividad portuaria como prioritaria\n para el establecimiento de proyectos de inversión nacional\n o extranjera, destinados a la mejora de sus infraestructuras,\n instalaciones y equipamientos.
Acorde con lo expuesto en el artículo 244 de la Constitución\n Política, los inversores nacionales o extranjeros, gozarán\n de iguales condiciones y se les garantizará el ejercicio\n de sus actividades en libre competencia.
Asimismo en consonancia con lo expresado en el artículo\n 249 de la citada norma, las condiciones contractuales pactadas\n con ellos no podrán ser modificadas unilateralmente por\n leyes u otras disposiciones.
Al efecto de lo expuesto, los contratos que se celebren con\n inversores, en los que se pacte la realización de obras\n o la instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos\n especiales destinados al desarrollo portuario, contendrán\n las garantías a las que se refiere el artículo\n 271 de la Constitución.
Lo anterior es sin perjuicio de la libre asunción de\n riesgo por parte de los inversores, a la que se refiere el RLM,\n especialmente en el artículo 69 y la no garantía\n de su utilidad por el Estado, que se recoge en el párrafo\n tercero in fine del artículo 76.
7. Garantizase la libre concurrencia, la transparencia, la\n objetividad y la celeridad, como elementos clave de los procesos\n de concesión. Podrán establecerse procedimientos\n de valoración y adjudicación de concesiones diferentes\n a los previstos en el RLM, siempre que los mismos se ajusten\n a lo previsto en el presente reglamento o aporten mejoras en\n los elementos antes citados y sean previamente aprobados por\n el CONAM.
8. Declárese de plena aplicación a la actividad\n de los puertos lo previsto en el articulo 47 de la Ley de Modernización,\n referente a la prohibición de los monopolios.
Lo anterior no impide que el CNMMP, atendiendo a la importancia\n de las inversiones y al interés del sistema portuario\n en materia del logro de niveles de competitividad interregional,\n acceda, acorde con lo dispuesto en el articulo 34°.3 de este\n reglamento, a la convocatoria de concesiones en el régimen\n de exclusividad regulada para el concesionario al que se refiere\n el citado artículo 47 de la LM; en todo caso, este régimen\n no podrá impedir que cualquier actividad de las reguladas\n para dichas concesiones se desarrolle en otros puertos de la\n República, fuera de la zona de jurisdicción del\n puerto en que se conceden.
Sea cual sea el régimen en el que los prestadores de\n servicios ejerzan su actividad, deberán actuar respetando\n los principios de la leal competencia y en el caso en que no\n exista expresamente establecido un régimen de exclusividad\n regulada, las EP velarán porque los mismos actúen\n en libre concurrencia y competencia.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior\n y para salvaguardar los principios de leal competencia y de salvaguarde\n de la ecuación económica de los concesionarios,\n se establece que cuando exista una concesión en un puerto\n comercial estatal para la prestación de determinados servicios\n portuarios y se presente una solicitud de habilitación\n de un puerto privado, nuevo o existente, con el fin de prestar\n los mismos o similares servicios, tal habilitación no\n podrá concederse, salvo que quien la solicite cuente,\n al menos, con las mismas condiciones de seguridad infraestructural\n y superestructural, de idoneidad técnica y de equipamiento\n para la prestación, que se registran en la concesión\n portuaria pública.
Acorde con lo que se determina en el artículo 200.2\n del presente reglamento, la APN determinará si se cumplen\n estas condiciones, velará porque no se produzcan situaciones\n de competencia desleal en la prestación de servicios portuarios\n y elevará al CNMMP propuesta fundada para la inmediata\n revocación de las habilitaciones para operar de los puertos\n o terminales donde se detecten prácticas de esta naturaleza.
9. Prohíbese expresamente la existencia de permisos\n para la ocupación y uso de zonas portuarias cuyo plazo\n de otorgamiento, turnados los de todos los posibles permisos\n que pudiere ostentar sobre dicha zona una misma persona, grupo\n empresarial o consorcio de empresas en los que participe, supere\n plazo de 5 anos previsto en el articulo 2°. 16 del presente\n reglamento.
10. Se podrá otorgar en concesión un puerto\n completo o una zona portuaria.
Artículo 6°. Las tarifas portuarias
Establécese que los puertos comerciales estatales del\n Ecuador, en tanto no tengan otorgado el uso de los muelles y\n zonas portuarias, cobrarán por el citado uso las tarifas\n que se determinarán por las EP, dentro de las normas y\n estructura establecidas por el Reglamento Tarifario que será\n aprobado por el CNMMP a propuesta de la Autoridad Portuaria Nacional.
Podrán cobrarse asimismo tarifas, incluidas en el tarifario\n general del puerto, por los suministros varios que las EP entreguen\n a los usuarios y en el caso excepcional de prestación\n subsidiaria de servicios.
Articulo 7. Ámbito de aplicación de las tarifas\n portuarias
Quedan obligados al pago de las tarifas de las EP las personas\n naturales o jurídicas que usaren las infraestructuras\n o recibieren suministros o servicios, en los muelles y zonas\n portuarias directamente administradas por la EP, cada una en\n virtud de su relación directa con el uso de la infraestructura,\n el suministro o el servicio correspondiente. Las empresas operadoras\n portuarias podrán repetir el costo de las tarifas que\n abonen a la EP, en la facturación a sus clientes por los\n servicios prestados.
Los concesionarios o permisarios, no estarán obligados\n a aplicar el Reglamento Tarifario a sus transacciones, ni los\n niveles tarifarios de las EP se asumirán como precios\n máximos para ellos.
Cuando se establezcan tarifas por el uso público de\n infraestructuras que estén en competencia con otras otorgadas\n en concesión o permiso en el mismo puerto, los concesionarios\n o permisarios que estimen afectada su ecuación económica\n contractual, así lo determinarán y presentarán\n a la EP su propuesta de modificación de los cánones\n o contraprestaciones relacionados con el uso de las infraestructuras\n afectadas. Las EP estarán obligadas a cumplir al efecto,\n lo establecido en la Ley de Modernización y su reglamento,\n especialmente en el párrafo 30 de su artículo 74\n y en los párrafos 20 y 30 de su artículo 76.
Artículo 8°. Determinación y modificación\n de los niveles
Los niveles de las tarifas deberán ser fijados de forma\n libre y directa por las EP, de acuerdo a lo que se dispone en\n el Reglamento Tarifario actualmente en vigor y aprobado por el\n CNMMP. Esta libertad se entiende acotada en base a los criterios\n establecidos tanto en la Normativa Tarifaría para los\n Puertos Comerciales del Estado como en la estructura tarifaría\n del Reglamento Tarifario aprobado por el CNMMP. La fijación\n de los niveles atenderá a costos razonables de funcionamiento\n del puerto y a los compromisos para gastos de inversión\n y otros a cargo da la EP.
La modificación de niveles generales de las tarifas\n será comunicada a la Autoridad Portuaria Nacional a efectos\n de información y estadística.
Sin perjuicio de lo anterior, las EP establecerán,\n sin más trámites, tarifas puntuales, derivadas\n de la política comercial de sus puertos, acorde con lo\n que establece el Reglamento Tarifario aprobado por el CNMMP.
Las modificaciones citadas se harán, en todo caso,\n dentro de las limitaciones y procedimientos reglamentados y siempre\n que estén soportadas por estudios técnicos previos\n que aconsejen su idoneidad y oportunidad, en base a la mejora\n o ampliación del ámbito de negocios del puerto.\n Tanto estas modificaciones como lo planteado en el párrafo\n anterior deberán considerar que no se caiga en desfinanciación\n de la EP o en competencia desleal con concesionarios o permisarios\n del puerto.
Articulo 9°. Reducción de los costos de funcionamiento
Las EP, en tanto no requieren estructura ni medios para la\n prestación directa de los servicios, tratarán de\n reducir al máximo sus costos de funcionamiento, debiendo\n hacer las correspondientes reducciones cada vez que se otorgue\n una concesión, de acuerdo a lo previsto anticipadamente\n a su convocatoria, en el estudio previo que deberán remitir\n a la Autoridad Portuaria Nacional a efectos del control presupuestario\n de la EP.
Aliéntase el uso de contratos de tercerización\n como mecanismo para el logro de la mayor eficiencia en la administración\n de los puertos tras su modernización, al menor costo para\n el usuario y, al mismo tiempo, prohíbese la contratación\n de servicios personales o empresariales para labores de gestión\n de las EP, en tanto no se haya hecho la correspondiente disminución\n de puestos en el orgánico aprobado por la Autoridad Portuaria\n Nacional. Al efecto, declaránse nulos los contratos que\n se celebren sin el estricto cumplimiento de esta condición.
La Autoridad Portuaria Nacional velará por el cumplimiento\n del precepto anterior y por la determinación y aplicación\n de las responsabilidades que cupieran por su incumplimiento,\n de acuerdo con lo determinado en la LRAPN.
Asimismo la Autoridad Portuaria Nacional, mediante el ejercicio\n de sus competencias de aprobación de los orgánicos\n de los puertos y de los presupuestos anuales, velará por\n que el costo de funcionamiento de cada puerto se enmarque en\n niveles de razonabilidad y eficacia locativa del gasto, especialmente\n en lo referente a lo dispuesto en los párrafos anteriores,\n sin perjuicio del correcto mantenimiento de las obras e instalaciones\n portuarias.
DE LAS AUTORIDADES Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO PORTUARIO
Articulo 10°. Marco general
A los efectos de la administración del Sistema Portuario\n Nacional y del ejercicio de la autoridad y el control sobro todos\n los puertos e instalaciones portuarias del Ecuador, se determina\n que el CNMMP será el máximo órgano de asesoramiento\n del Gobierno y de regulación do la actividad privada en\n el sector.
La DIGMER será considerada como la Autoridad Portuaria\n Nacional y, como tal, deberá cumplir y hacer cumplir los\n lineamientos de la Política Portuaria Nacional y las decisiones\n y regulaciones del CNMMP.
Las EP, sus directorios y sus funcionarios respetarán\n en todo caso, si sus acto y decisiones, los lineamientos de política\n y modelo portuario contenidos en el presente reglamento.
Las atribuciones y funciones de los órganos y las autoridades\n del sector portuario, establecidas por la Ley General de Puertos\n y la Ley de Régimen Administrativo Nacional, deberán\n ajustarse al modelo de bicis portuario que surge de la aplicación\n de la Modernización al sector, en forma acorde con lo\n que se dispone en el presente reglamento.
A los efectos de canalizar las inquietudes y los intereses\n de los usuarios y clientes de los puertos, establécense\n la Comunidad Portuaria Nacional y las comunidades portuarias\n de cada puerto comercial estatal del Sistema, en las condiciones\n que se dictan en el presente reglamento.
Del Consejo Nacional de Midas Mercante y Puertos
Articulo 11°. Ampliación de sus competencias
La apertura de la operación portuaria al sector privado\n y la instauración de contratos de cooperación público\n - privada en la actividad portuaria, de acuerdo a lo dispuesto\n en el articulo 129. párrafo 2° del RLM. requieren\n de la existencia de una instancia reguladora de la competencia,\n que garantice la imparcialidad en la aplicación de la\n autoridad, el respeto en todo caso de los principios y normas\n de aplicación en el sector portuario y el de los derechos\n de los usuarios, así como la precautele de lo pactado\n por las partes contratantes en la relación público\n - privada.
Al efecto otórgase la competencia de ente regulador\n del sector portuario al CNMMP, quien será el único\n ente de la administración capacitado para establecer regulaciones\n para la competencia e interpretar las normas específicas\n del sector en esta materia.
Las atribuciones que corresponden al CNMMP en este ámbito,\n se establecen en el articulo 14° del presente reglamento
Artículo 12°. Composición del CNMMP
De acuerdo con lo establecido en el Art. 3° de la Ley\n General de Puertos, el CNMMP se estructura en la forma siguiente:
1. Ministro de Defensa Nacional, que actuará como Presidente.
2 Comandante General de Marina,
3. Ministro o Subsecretario de Relacionen Exteriores,
4. Ministro o Subsecretario de Obras Publicas,
5. Ministro o Subsecretario de Finanzas;
6. Ministro o Subsecretario de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca,
7. Director de la Oficina de Planificación de la Presidencia\n de la República;
8. Jefe de la Primera Zona Naval;
9. Director de Intereses Marítimos de la Armada Nacional;\n y
10. Director de la Marina Mercante y del Litoral, como Asesor\n con voz informativa, pero sin voto.
Artículo 13° Delegación de los miembros\n del CNMMP
Para adaptar la especialidad de los miembros a los cometidos\n del Consejo que se derivan de la aplicación de la Ley\n de Modernización al sector portuario, se dispone que las\n delegaciones que realicen, en su caso, los diferentes ministerios\n representados, deberán obedecer al criterio de aportar\n al Consejo personas de especial cualificación profesional,\n conocedoras del entorno del transporte, especialmente los puertos\n y dotadas de notoria especialización en las materias de\n la competencia del Ministerio correspondiente.
Los representantes ministeriales, además de reunir\n los requisitos del párrafo anterior, deberán tener\n titulación profesional de nivel superior o ser oficiales\n generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro.
\n En todo caso los representantes natos en el CNMMP podrán\n avocar para si, de forma puntual o permanente, las facultades\n delegadas sin más trámites.
A efectos de determinar las posibles incompatibilidades de\n todos los miembros del Consejo, en aplicación del articulo\n 123 de la Constitución Política, se estará\n a lo dispuesto en el Art. 10ª de la Ley de Régimen\n Administrativo Portuario Nacional. Previamente a su nombramiento,\n cada uno de los futuros miembros del Consejo presentará\n ante el Presidente del mismo declaración jurada de no\n estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad\n referidos.
Los miembros que accedan al Consejo en virtud de delegación\n ministerial permanente, deberán presentar la declaración\n jurada a la que se refiere el párrafo anterior ante el\n Ministro que los designa. El Ministro designante remitirá\n al Presidente del Consejo copia de dicha declaración,\n junto con el oficio de nombramiento de su representante permanente.
Los miembros del Consejo serán penalmente responsables\n por lo declarado, en caso de falsedad.
Una vez nombrados, los miembros del CNMMP tendrán obligación\n de asistir a las sesiones que se convoquen, pudiendo excusarse\n por causas justificadas que expondrán por escrito ante\n el Presidente. En este caso se deberá nombrar un suplente\n para esa sesión, mediante oficio del miembro nato correspondiente.
En el caso de no cumplir con lo que se determina en el párrafo\n anterior, se considerará al miembro como ausente en la\n sesión convocada.
En cualquier caso, tres ausencias seguidas o un total de cinco\n ausencias a lo largo de un año de su periodo de representación.\n serán causa de cese inmediato de quien incurra en ellas\n y requerirá el nombramiento de un sustituto con las mismas\n formalidades establecidas en el presente articulo. El Secretario\n legal del Consejo, computará estas ausencias y mantendrá\n archivados los correspondientes antecedentes.
Articulo 14°. Funciones del CNMMP
1. Como ente regulador de la actividad portuaria el CNMMP\n deberá:
a) Dictamen a petición de parte, en los conflictos\n de interpretación en materia normativa y a petición\n de ambas parte en materia contractual, entre las EP y las personas\n de derecho privado que hayan sido objeto de delegación\n por las EP, siempre que previamente se hayan agotado las vías\n establecidas. Estos dictámenes ligarán a las entidades\n del sector público, no siendo obstáculo para que\n las personas privadas puedan recurrir a la resolución\n de los conflictos, en caso de disconformidad con la interpretación,\n en la forma expresada en el artículo 3° de este reglamento;
b) Dictaminar, en lo tocante a la regulación del sector,\n en los asuntos referentes a la interpretación de las normas\n específicas que lo regulan y, con carácter previo\n a su emisión, en los reglamentos y normas que redacte\n cualquier autoridad y que tengan relación o incidencia\n con las actividades portuarias;
c) Imponer limites, mediante la emisión de regulaciones\n especificas, a la actuación de las EP y de las personas\n privadas, en aquello que, siendo necesario para la preservación\n de los principios y lineamientos relativos a la competencia contenidos\n en el articulo 4° y el articulo 5° de este reglamento,\n no esté especificado en sus contratos y sea materia de\n reclamación por parte de los usuarios a través\n de la Comunidad Portuaria Nacional en su relación con\n la DIGMER. Cualquier imposición de limitaciones a la actuación\n deberá realizarse previa audiencia de los afectados, en\n la que éstos podrán sustentar libremente su criterio;
d) Aprobar precios máximos para la prestación\n de servicios por el sector privado, cuando lo permitan los contratos\n de éste y se arribe a la certeza de que actúa en\n una posición dominante del mercado. Al efecto deberá\n contar con informes fundados de especialistas independientes,\n contratados al efecto por la Secretaria Técnica del Consejo;\n y,
e) Disponer cuantas otras cuestiones sean necesarias o fundamentadamente\n requeridas en materia de regulación de la actividad portuaria.
A los efectos anteriores el CNMMP, a través de su Secretaria\n Técnica, podrá encargar los dictámenes y\n asesoramientos de terceros que sean preceptivos o que considere\n necesarios.
De las resoluciones del CNMMP que se refieran a aspectos que\n atañen a las relaciones público - privadas, regulaciones\n de la competencia u otros que puedan ser de interés general,\n se remitirá copia al CONAM.
2. Como máximo órgano de asesoramiento del Gobierno\n y autoridad del sector portuario, el CNMMP tiene las funciones\n que se recogen en el Art. 40 la Ley General de Puertos, debiendo\n ejercerlas en forma acorde con lo que requiere el nuevo modelo\n portuario que surge de la Ley de Modernización.
Articulo 15°. De las sesiones del CNMMP
El Consejo sesionará al menos una vez al mes y cuando\n así sea requerido por su Presidente, fundado en razones\n de urgencia o conveniencia, o por la mayoría simple de\n sus miembros en escrito dirigido al Presidente, a través\n de la Secretaria del Consejo.
Una vez determinada la fecha de una sesión ordinaria\n o solicitada la reunión del Consejo por la mayoría\n de sus miembros, el Presidente convocará la sesión\n en el plazo máximo de una semana.
El Consejo se reunirá ordinariamente en la sede de\n la DIGMER en Guayaquil y en la sede del Ministerio de Defensa\n en Quito, según lo disponga el Presidente o lo solicite\n la mayoría de sus miembros. Podrán celebrarse reuniones\n extraordinarias en otras localizaciones, cuando así se\n apruebe por mayoría de los miembros del Consejo en sesión\n ordinaria.
Sin perjuicio de poder invitar con carácter honorífico\n a terceras personas que ostenten responsabilidades que así\n lo ameriten, el Consejo podrá invitar a las sesiones,\n como informantes, a quienes estime oportuno, con el fin de asesorar,\n argumentar o emitir opinión sobre asuntos del orden del\n día. Quienes sean invitados como informantes no podrán\n estar presentes en las deliberaciones y votaciones del Consejo.
Para instaurar una sesión del Consejo se requerirá\n un quórum de la mitad más uno de sus miembros.
Las decisiones se tomarán por un quórum de la\n mitad más uno de los votos presentes.
Las decisiones en materia de regulación se tomarán\n por el CNMMP, en sesión cerrada de sus miembros votantes,\n mediante voto secreto.
En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.
La DIGMER, como Autoridad Portuaria Nacional, cumplirá\n y se encargará de hacer cumplir las resoluciones, regulaciones\n y dictámenes del CNMMP a quienes resulten obligados a\n ello.
Artículo 16°. Secretaria Técnica del CNMMP
A los efectos de adecuar su funcionamiento, de facilitar la\n toma de decisiones y de contar con asesoramientos especiales,\n fundamentalmente en la nueva competencia de regulación,\n créase la Secretaría Técnica del Consejo\n Nacional de Marina Mercante y Puertos.
Esta Secretaría Técnica estará integrada\n por la Unidad Técnica y de Modernización (UTYM),\n actualmente bajo el control de la DIGMER y que, manteniendo su\n sede actual, dependerá del CNMMP y funcionará en\n el régimen que se establece en el presente reglamento.\n No obstante lo anterior, la Secretaría Técnica\n deberá realizar asesorías técnicas para\n la DIGMER cuando así ésta lo disponga y podrá\n hacerlo para otras reparticiones de la administración,\n cuando así se solicite fundamentadamente.
La Secretaría Técnica tendrá su presupuesto,\n que será aprobado por el CNMMP a su propuesta y cuyos\n recursos serán asimismo establecidos por resolución\n del CNMMP, procedentes de la actividad portuaria.
Corresponderá a la Secretaria Técnica la disposición\n de sus recursos propios y su administración se hará\n a través de la DIGMER.
A los efectos de contratación de expertos para asesoramientos\n especiales, se requerirá la previa orden de proceder a\n la contratación mediante acuerdo del CNMMP. Al efecto\n se podrá disponer de asignaciones asimismo especiales,\n provenientes de los fondos del artículo 8° de la LGP,\n cuando así lo disponga el Consejo en sus sesiones; o de\n aportaciones de los ministerios miembros del Consejo; de las\n EP; o de otras reparticiones públicas o entidades públicas\n o privadas interesadas en dichos asesoramientos. Estas aportaciones\n especiales tendrán el carácter de finalistas y\n se administrarán de forma autónoma por la Secretaría\n Técnica, quien las deberá liquidar con el cumplimiento\n de cada contrato especifico para el que se destinen.
Artículo 17°. Estructuración de la Secretaría\n Técnica del CNMMP
Se estructurará en los siguientes puestos de trabajo:
1. Secretario Técnico
Será el Jefe de la Oficina y persona de probada experiencia\n en asuntos portuarios y marítimos, con conocimientos de\n regulación y de administración pública.\n Deberá estar en posesión de título profesional\n de nivel superior o ser Oficial General de la Armada Nacional\n en situación de retiro.
2. Asesor Legal (Secretario del Consejo).
Profesional Abogado, con conocimientos en las materias de\n la competencia del Consejo y experiencia en labores de asesoría\n y secretaría jurídica. Ejercerá las funciones\n de Secretario del CNMMP.
3. Asesor Económico
Profesional Economista o Ingeniero Comercial, con probada\n experiencia en: cuestiones relativas a los puertos y transporte\n en general y a la Marina Mercante en particular; establecimiento\n de tarifas; fiscalidad pública; control presupuestario\n y de costos; valoración y seguimiento de proyectos de\n inversión y financiación de infraestructuras generales.
4. Asesor Técnico
Ingeniero Civil, preferiblemente de la especialidad Ingeniero\n Portuario, con conocimientos operativos y de administración\n de puertos y con experiencia en transporte terrestre y marítimo;\n normas técnicas que rigen el transporte intermodal y multimodal;\n seguros; fletes; mantenimiento de infraestructuras; y equipamientos\n portuarios.
Un Asistente, encargado de las labores de despacho de entrada\n y salida de documentos, archivo y soporte magnético de\n información, así como de las gestiones externas.
Una Secretaria Ejecutiva, con conocimiento del idioma inglés,\n taquigrafía y computación, experimentada en labores\n de Secretaría Administrativa.
Podrán contratarse asesores nacionales a tiempo parcial\n cuando sea necesario para el buen fin de los trabajos de la Secretaría\n Técnica.
Para trabajos e informes que así lo requieran se procederá\n a la contratación de técnicos especialistas en\n la forma que se establece en este reglamento. La Secretaría\n Técnica será la contraparte efectiva de ta