Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20037141
Timestamp: 2019-09-16 08:20:58
Document Index: 385623357

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 84', 'artículo 216', 'artículo 100', 'artículo 79', 'artículo 100', 'artículo 348', 'artículo 101', 'artículo 49', 'artículo 74', 'artículo 22', 'artículo 85', 'artículo 100', 'artículo 13', 'artículo 325', 'artículo 101', 'artículo 100', 'artículo 98', 'artículo 100', 'Artículo 98', 'Artículo 100']

C-690 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020037141CC-SENTENCIAC690200809/07/2008CC-SENTENCIA_C_690__2008_09/07/2008200371412008Sentencia C-690/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL- No vulneración por asignación de competencia subsidiaria en los comisarios de familia o inspectores de policía PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO- Significado /PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO- Consolidación en el debido proceso en términos de oportunidades procesales Principio fundamental del derecho procesal es el de la igualdad de las partes en el proceso, lo que significa que quienes a él concurren de manera voluntaria o por haber sido citados en forma oficiosa, deben tener las mismas oportunidades procesales para la realización plena de sus garantías a la bilateralidad de la audiencia. En desarrollo de ese postulado esencial al debido proceso, se tiene que (i) a la presentación de la demanda corresponde la oportunidad de darle contestación dentro del término legal y previo traslado de la misma; (ii) a la oportunidad de pedir pruebas de cargo, corresponde la de pedir pruebas de descargo por la parte demandada; (iii) a la oportunidad de alegar por una de las partes, le corresponde también la misma a la otra parte, del mismo modo que sucede con el derecho a la impugnación de las providencias proferidas por el juzgador en el curso del proceso, de tal manera que siempre exista para la parte a la cual le es desfavorable lo resuelto la oportunidad de impugnar la decisión respectiva. PRINCIPIO DE LA AUDIENCIA BILATERAL- Supone igualdad de las partes tanto en la actuación judicial como administrativa /DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Finalidad del principio de publicidad /PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN DEBIDO PROCESO- Posibilita la oposición a decisiones El principio de la bilateralidad de la audiencia, supone que no puede existir ningún tipo de ventaja de alguna de las partes en el proceso. Por ello, toda actuación judicial o administrativa debe ser notificada, con lo cual se cumple con el principio de la publicidad interna dentro del proceso, para que no existan decisiones que sean ignoradas por alguna de las partes y conocidas por otras. Cumplida así la publicidad de las decisiones, se abre campo para que aquella parte a la cual le fuere desfavorable la providencia pueda recurrirla dentro del término legal, teniendo en cuenta en todo caso que la otra parte tiene también la oportunidad de pronunciarse en pro de la providencia que le favorece, si a bien lo tiene. INTERPOSICION DE RECURSOS EN TRAMITE ADMINISTRATIVO- Términos diferentes para sustentar recurso del que acude a la audiencia frente al ausente /INTERPOSICION DE RECURSOS EN TRAMITE ADMINISTRATIVO- Diferencia encuentra justificación en ejercicio de potestad de configuración legislativa /INTERPOSICION DE RECURSOS EN TRAMITE ADMINISTRATIVO- Diferencia constituye medida objetiva, razonable y proporcionada /INTERPOSICION DE RECURSOS EN TRAMITE ADMINISTRATIVO- Trato diferente tiende a proteger el interés superior del menor La medida que consagra un procedimiento diferente para aquellos que acudiendo a la citación de las autoridades, asistieron a la audiencia y para quienes, por el contrario, no lo hicieron, en la medida en que a los primeros, se les considera allí mismo notificados de lo resuelto, mientras que quienes no concurrieron gozarán de una oportunidad de tres días, la Sala considera que esta situación no vulnera el derecho a la igualdad, mediando un objetivo constitucionalmente válido, como es proteger el interés superior del menor. De tal suerte, existe una justificación objetiva y razonable, en la medida que la oportunidad que se les da a quienes no pudieron asistir a la audiencia, favorece a los menores, pues el otorgamiento de un mayor plazo para que el ausente ejerza sus derechos, permite compensar cualquier tipo de dificultad que se haya presentado. La norma garantiza de manera amplia la participación y el respeto de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el derecho de contradicción de todas las partes e intervinientes en el proceso, además de estar acorde con los principios generales de oralidad, concentración, inmediación e igualdad que presiden estos procesos. La consecuencia de la inasistencia a la audiencia no puede ser la de suprimir la oportunidad de recurrir la decisión adoptada en la misma, pues sería irrazonable y desproporcionada tal limitación de los derechos de defensa y contradicción. Referencia: expediente D-6939
NILSON PINILLA PINILLAD6939CONSTITUCIONALIDADLuis Mariano Rocha ComasDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 98 (parcial) y 100 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.Identificadores20020037142true56263Versión original20037142Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 98 (parcial) y 100 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 98 (parcial) y 100 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Luís Mariano Rocha Comas, presentó demanda contra los artículos 98 y 100 de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días, a las demás personas interesadas o implicadas de la solicitud, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron en la misma,y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga."
La Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión contenida en el primer inciso del artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, y "exhortar a las autoridades municipales para que cumplan de manera oportuna la obligación legal de crear su propia Comisaría de Familia en un 'término improrrogable de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley' (parágrafo 2°, artículo 84, de la Ley 1098 de 2006), plazo que de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Código de la Infancia y la Adolescencia vence en mayo de 2008" (f. 12). Así mismo, solicitó la constitucionalidad del artículo 100 parcialmente demandado.
Puso de presente que de conformidad con el artículo 79 del Código de la Infancia y Adolescencia, las Defensorías de Familia deben contar con equipos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Las Comisarías de Familia incluyen además un médico y un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de población. Frente a ellos, se tiene que para desempeñar el cargo de inspector de policía, en los municipios de tercera a sexta categoría (que son los más numerosos del país), se exige "como mínimo, diploma de bachiller de cualquier modalidad, y como máximo, el título de formación técnica profesional o tecnológica y experiencia".
Señaló que la ley ha previsto un tratamiento transitorio distinto para las poblaciones ubicadas en municipios entre la tercera y la sexta categoría que no cuenten con defensor o comisario de familia, asignando la competencia para conocer de asuntos relacionados con el restablecimiento y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, a los inspectores de policía, funcionarios que deben legalmente cumplir unos requisitos y calidades que, en lo que se refiere las indicadas categorías de municipios, "no incluyen el de ser profesional en derecho ni acreditar una especialización en áreas relacionadas con los derechos fundamentales y la familia, requisitos que sí se exigen para los defensores y comisarios de familia".
Adujo entonces la Defensoría del Pueblo argumentó que, "en principio la norma es inconstitucional". Sin embargo, consideró que declararla así implicaría que en aproximadamente 800 municipios del país, nadie tendría competencia para tramitar los asuntos que deben atender los defensores y comisarios de familia, lo que podría resultar "más inconstitucional que la irregular situación normativa planteada transitoriamente por la ley".
En cuanto al artículo 100 parcialmente demandado, argumentó que las apreciaciones personales del actor en cuanto a que la norma acusada establece desventajas en términos procesales entre quienes asisten y quienes no lo hacen a la audiencia de fallo, rompiéndose "el principio general procesal de la cosa juzgada de las decisiones proferidas dentro de la audiencia". Por el contrario, opinó esta interviniente que la norma es garantista al prever la participación y el respeto de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de contradicción, de todas las personas que se vean envueltas en investigaciones especiales del tipo estudiado.
Explicó que cuando el artículo demandado utiliza la expresión "personas interesadas o implicadas", pretende vincular a la mayor cantidad de quienes tengan, directa o indirectamente, un interés jurídico en el asunto, en armonía con los principios y el objeto del Código de la Infancia y la Adolescencia. En este sentido, el término usado supera con amplitud la noción de parte y sujeto procesal, puesto que en estos asuntos "son presuntos responsables miembros de la familia del niño, niña o adolescente, de la sociedad y del Estado".
Así, en aras de lograr la mayor información sobre el asunto objeto de investigación y de garantizar, principalmente, los derechos al debido proceso y a la igualdad de aquellas "personas interesadas o implicadas" en la misma, el legislador consideró suficiente remitir a las disposiciones del procedimiento civil, sin más límites que los allí previstos.
Ahora bien, cuando luego de llevada a cabo una audiencia ante una autoridad administrativa se garantiza la defensa de quienes por cualquier circunstancia no asistieron a la misma, a través de la interposición del recurso de reposición de manera escrita, la norma "no hace más que ajustarse a los principios generales del derecho procesal de oralidad en consonancia con el de escritura, concentración, inmediación, cosa juzgada e igualdad".
Por tanto, la Procuraduría en su concepto tiene en cuenta las normas relativas al recurso de reposición y a la audiencia de conciliación, para lo cual cita el inciso segundo del artículo 348 (erradamente "384") y el parágrafo segundo del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en lo que a los procesos ordinarios o abreviados se refiere, concluyendo que la inasistencia injustificada de alguna de las partes a la audiencia de conciliación genera consecuencias que implican que su conducta sea considerada como un indicio grave en contra de sus pretensiones y, adicionalmente, que se ocasione una multa tanto para la parte como para su apoderado.
Igualmente, alude a que "la norma prevé que la justificación para inasistir, por cualquiera de las partes, debe soportarse en prueba al menos sumaria de una justa causa para no comparecer, regulación que restringe tanto las causales de justificación para no acudir, como los mecanismos para demostrarlo".
Señaló "no obstante, el desinterés que plantea el Código de la Infancia y la Adolescencia sobre el tema de la asistencia de las partes a la audiencia de conciliación administrativa, en los procesos de restitución de derechos del niño o adolescente, se encuentra en armonía con la Ley 640 de 2001 'Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones' y que en su artículo 49 derogó las sanciones por inasistencia previstas en el artículo 74 de la Ley 448 de 1998 (sic).
Es más, en su artículo 22 (Ley 640/01), se determinaron consecuencias para la parte que incumpliera injustificadamente la citación a las audiencias de conciliación extrajudiciales salvo, expresamente, cuando se trate de asuntos laborales, policivos y de familia."
En consecuencia, estimó que "lo que sí es objeto de debate por el actor es que el derecho no puede premiar a la parte que asiste a la audiencia de conciliación frente a la que omite hacerlo". Por ello, "siendo la voluntad del legislador no sancionar al incumplido, ello no significa que deba incentivar su actitud, y mucho menos beneficiarlo en detrimento del cumplidor". Así, de conformidad al principio de igualdad procesal, si bien no se beneficia al cumplidor, por lo menos no se le puede castigar. De suerte que constitucionalmente sólo es viable aquella medida procesal que distribuya las cargas en forma equitativa y otorgue a las partes un idéntico tratamiento.
De acuerdo con el artículo 85, para ser comisario de familia, "se requieren las mismas calidades que para ser defensor de familia".
"Plantean los demandantes que el Art. 98 de la Ley 1098 de 2006 viola el principio del juez natural (Art. 29 C. Pol.) y el Art. 116 de la Constitución al atribuir competencia subsidiaria a los Inspectores de Policía para conocer de los asuntos a cargo de los Defensores o Comisarios de Familia, en ausencia de éstos.
Como es manifiesto, las funciones administrativas que ejerce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con el contenido de las leyes 75 de 1968[1] y 7ª de 1979[2] y las disposiciones complementarias, son totalmente extrañas al principio del juez natural, por lo cual el cargo resulta sin fundamento. En consecuencia, el Art. 98 de la Ley 1098 de 2006 será declarado exequible por este cargo."
4.2. Dentro de este contexto, el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 establece que en el trámite administrativo que ha de cumplirse ante el defensor o comisario de familia, o en ausencia de éstos ante el inspector de policía, debe correrse traslado por el término de cinco días, a las "demás personas interesadas o implicadas en la solicitud, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en audiencia, por quienes asistieron a la misma, y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso en los términos del Código de Procedimiento Civil."
De la misma manera, en aras de atender ese principio, en el procedimiento administrativo se protege el derecho a la igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto en la norma acusada se dispone que en esa audiencia a la cual fueron citadas las partes se "fallará mediante resolución susceptible de reposición".
En efecto, fracasado el intento de conciliación, la norma remite al Código de Procedimiento Civil, lo que implica que resulta aplicable su artículo 325, el cual dispone que "las providencias que se dicten en curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no hayan concurrido las partes", norma que regula la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio a que se refiere el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, así como el proceso verbal de mayor y menor cuantía (arts. 427 a 434 ib.) y el proceso verbal sumario (arts. 435 a 440 ib.)
De tal suerte, existe una justificación objetiva y razonable, en la medida que la oportunidad que se les da a quienes no pudieron asistir a la audiencia, favorece a los menores, pues la norma pretende que acudan a la diligencia las personas interesadas o implicadas en "las obligaciones de protección al menor, incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia", y si bien debió cumplirse la citación de la autoridad administrativa, el otorgamiento de un mayor plazo para que el ausente ejerza sus derechos, permite compensar cualquier tipo de dificultad que se haya presentado.
4.5. En consecuencia de lo expuesto, se declarará exequible por los cargos la expresión "y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil", contenida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 en el aparte acusado.
Primero: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-228 de marzo 5 de 2008, mediante la cual se declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión "En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía", contenida en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados la expresión "y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil", contenida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.
Estarse a lo resuelto ... (la expresión. ) Artículo 98 LEY_1098_2006_08/11/2006
Exequible (" "y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil" , ) Artículo 100 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1]Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.