Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-02445-de-mayo-8-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe7eae4ce9e90386e0430a0101510386&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 20:17:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 275', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 275', 'artículo 65', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 66', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 40', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 252', 'artículo 53', 'Artículo 8', 'artículo 86', 'Artículo 162', 'artículo 267', 'artículo 23']

﻿ Sentencia 2012-0244 de mayo 8 de 2014
SENTENCIA 2012-02445 DE 08 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE. ENTRE EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN, AL PUNTO DE QUE NO PUEDE AFIRMARSE VÁLIDAMENTE QUE SE ESTÁ GARANTIZANDO LA JUSTICIA SI LA DECISIÓN NO SE ADOPTA DE MANERA OPORTUNA. LA RAZONABILIDAD DEL PLAZO SE DEFINE SEGÚN (I) LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO, (II) LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO Y (III) LA CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y (IV) EL ANÁLISIS GLOBAL DE PROCEDIMIENTO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ DECIDIR SOBRE EL ASUNTO PUESTO A DISPOSICIÓN, POR CUANTO LA DEMANDA SE HABÍA PRESENTADO DESDE HACÍA 9 AÑOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE CELERIDAD, ISS, JUZGADO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia 2012-0244 de mayo 8 de 2014
Ref. Exp.: 080012331000201202445 01
Número interno 2725- 2012.
Actor: Jesús María Palma Parejo.
Dr. Gustavo E. Gómez Aranguren (E)
EXTRACTOS: « Consideraciones.
Se contrae a determinar si en este caso concreto operó la caducidad de la acción y la prescripción de los derechos reclamados por el demandante; y si hubo subordinación en el vínculo que tuvo con el Instituto de los Seguros Sociales.
Se precisa que el análisis de la Sala se limitará a los argumentos expuestos en el recurso, considerando que la Entidad demandada actúa en calidad de apelante único.
2. Acto administrativo demandado.
Oficio 16296 del 8 de octubre de 2004, mediante el cual el Instituto de los Seguros Sociales le negó al señor Jesús María Palma Parejo la petición que presentó el 22 de septiembre de 2004, encaminada a obtener el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que, en razón al mismo, estima le corresponden.
Previo a resolver la cuestión planteada, es necesario efectuar algunas precisiones en relación con la competencia de esta Jurisdicción para conocer el asunto, teniendo en cuenta que durante la vinculación del demandante al Instituto de los Seguros Sociales, esa Entidad estaba organizada como una Empresa Industrial y Comercial de Estado, circunstancia que, en principio, determinaría la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para resolver el presente caso.
3.1. De la Naturaleza del Instituto de los Seguros Sociales y el régimen de sus funcionarios.
El Instituto de Seguros Sociales fue creado en el año 1946, a través de la Ley 90 de 26 de diciembre del mismo año, como una Entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, con el objeto de dirigir y vigilar los seguros sociales(10), los cuales fueron instituidos en el artículo 1º ibídem para cubrir los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y muerte(11).
A su turno, los trabajadores vinculados al Instituto de entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 2324 de 1948, ostentaron la condición de trabajadores particulares.
Posteriormente, mediante el Decreto 433 de 27 de marzo de 1971(12), se dispuso que el ISS era una Entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con lo cual adquirió la naturaleza de establecimiento público(13).
Como consecuencia del cambio de naturaleza, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1654 de 1977, en cuyo artículo 3º creó una tercera modalidad de servidores públicos, denominados “funcionarios de la seguridad social” quienes, según esa disposición, “estarán vinculados a la administración por una regulación legal y reglamentaria de naturaleza especial, que les confiere el derecho a celebrar colectivamente con el Instituto convenciones para modificar las asignaciones básicas de sus cargos”. (Negrillas de la Sala).
A su turno, el Decreto 413 de 1980 “por el cual se reglamentó la carrera del funcionario de Seguridad Social del Instituto de los Seguros Sociales”, dispuso en los artículos 2º, 3º y 4º que “las personas que prestan sus servicios en el Instituto de Seguros Sociales, se clasifican en empleados públicos y funcionarios de seguridad social”.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto N° 2148 de 2002, “por el cual se reestructura el Instituto de los Seguros Sociales”, entidad que pasó a ser una Empresa Social y Comercial de Estado del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Con el objeto de aclarar la naturaleza de la vinculación de los funcionarios al Instituto, el legislador estableció en el parágrafo del artículo 275 de la Ley 100 de 1993, que “(…) los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales mantendrán el carácter de empleados de la Seguridad Social”.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 30 de octubre de 1996, declaró inexequible la anterior disposición, con efectos hacia el futuro, por considerar que la misma vulneraba el derecho a la igualdad de quienes trabajaban al servicio del Seguro Social respecto de los demás funcionarios vinculados con Empresas Industriales y Comerciales del Estado quienes, por regla general, son trabajadores oficiales, tal como lo establece el Decreto-Ley 3135 de 1968.
Es decir que, a partir del citado fallo, quienes trabajaban al servicio ISS, ostentaron la calidad de trabajadores oficiales.
Por el Decreto 1750 de 26 de junio de 2003, se escindió el Instituto de los Seguros Sociales y se crearon varias Empresas Sociales del Estado, circunstancia que determinó que desde entonces, los funcionarios vinculados a la demandada, serían —en principio— empleados públicos.
Finalmente, a través del Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto de los Seguros Sociales, y en ese mismo acto administrativo dispuso que esa Entidad, enviaría a Colpensiones, —administradora del régimen de Prima Media con Prestación Definida— los saldos en cuentas corrientes y de ahorros, correspondientes a los fondos de invalidez, vejez y muerte.
3.2. La competencia para conocer del presente asunto.
Si bien es cierto que durante el tiempo en el que el demandante estuvo vinculado al Instituto de los Seguros Sociales esa entidad estaba organizada como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, se deben considerar los siguientes aspectos a efectos de definir, en este caso particular, si le corresponde a la Sala el estudio de fondo del proceso de la referencia.
3.2.1. El derecho al acceso a la administración de justicia.
La justicia es un valor estructural de todo Estado de derecho y, el acceso a ella, debe ser garantizado de tal forma que sea efectiva formal y materialmente.
En el caso Colombiano los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a un debido proceso sin dilaciones injustificadas(14), deben ser analizados a la luz de un principio de hermenéutica constitucional según el cual el Juez debe “interpretar la Constitución como una norma dotada de unidad de sentido, esto es, que en la aplicación de las normas fundamentales del Estado debe optarse por una interpretación sistemática cuyos efectos irradian al resto del ordenamiento jurídico”(15).
Partiendo de esa premisa, se debe indicar, en primer término, que desde el Preámbulo de la Carta Política, el Constituyente fijó uno de los marcos dentro de los cuales las autoridades Estatales deben orientar sus actuaciones para lograr la observancia de la justicia, la cual que debe ser asegurada a toda la comunidad colombiana. En términos de la Corte Constitucional(16), dicho marco es el jurídico, y de allí la fundamental tarea que tienen a su cargo las entidades y personas que en Colombia administran justicia para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.
En armonía con lo anterior, el artículo 228 superior, prevé:
“La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. (…)”. (Negrillas y subrayas de la Sala).
De esta disposición, en concordancia con el artículo 229 ibídem, se desprende que por encima de cualquier formalidad, el acceso a la justicia no se agota con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; pues tal derecho debe ser efectivo, lo cual —en términos de la Corte Constitucional—, se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la Ley, el Juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados(17).
Es así como el artículo 1º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispuso que “La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional” (Se resalta).
De acuerdo con la ley citada, quienes administran justicia deben observar, además, los mandatos de acceso a la justicia (art. 2º), celeridad (art. 4º)(18), eficiencia (art. 7º)(19) y el respeto de los derechos (art. 9º)(20), constituyéndose así, en mandatos que han de ser acatados por quienes administran justicia en cada caso particular.
De suerte que, de nada serviría que los ciudadanos acudan a los Jueces si estos no les resuelven de fondo, de manera efectiva y superando la formalidad; los asuntos que someten a su consideración pues, se reitera, la función principal de quienes administran justicia es velar por la efectividad de los derechos, obligaciones, garantías y libertades previstos en la Constitución y en la ley.
De otro lado, existe una estrecha relación entre el acceso a la administración de justicia y el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. Este último se refiere a una razonable dimensión temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. Esta razonabilidad es establecida en principio, por el legislador, al expedir las normas que regulan los plazos para el desarrollo de los diferentes procesos y la adopción de las decisiones dentro de los mismos(21).
En este sentido la Corte Constitucional ha precisado(22) que es “indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador. Por ello, esta corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido proceso, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos(23)”. (Las negrillas y Subrayas son de la Sala).
De esta manera, no queda duda que cada uno de los habitantes del territorio nacional tiene derecho constitucional fundamental a que el Estado le garantice no solo el derecho a acceder a la administración de justicia sino a que ésta adopte las decisiones judiciales como resultado de esa labor, de manera pronta y cumplida, es decir, que en ningún caso el proceso judicial sea afectado por dilaciones injustificadas (C.P., arts. 29, 228 y 229).
Ahora bien, en relación con el caso concreto, la Sala advierte que la demanda fue interpuesta el 29 de octubre de 2004, y que la para protección al derecho fundamental que venimos explicando, resulta necesario emitir el pronunciamiento de fondo, con el fin de hacer efectivos los derechos de las partes.
Recuérdese que “la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos”(24).
3.2.2. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Como acaba de exponerse, entre el derecho al acceso a la administración de justicia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable existe una estrecha relación, al punto de que no puede afirmarse válidamente que se está garantizando la justicia si la decisión no se adopta de manera oportuna.
Sobre el particular, resulta obligatoria la referencia al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez imparcial e independiente.
El desarrollo jurisprudencial que de esta prescripción normativa han realizado los órganos interamericanos de protección —Comisión y Corte Interamericana de derechos humanos— acoge los parámetros fijados por la Corte Europea de derechos humanos, en punto del derecho de los sujetos a que los Estados tramiten sin dilaciones injustificadas los procesos que están bajo su jurisdicción. Los parámetros señalados por estos entes, definen la razonabilidad del plazo según (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales, y (iv) el análisis global de procedimiento.
Lo anterior debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, en el sentido de que toda persona tiene derecho a un proceso público, sin dilaciones injustificadas.
En ese orden, comoquiera en el sub lite que han trascurrido más de 9 años desde que se presentó la demanda, estima la Sala que en cumplimiento a la garantía en comento, resulta viable decidir el asunto.
3.2.3. La protección al derecho al trabajo.
No se debe perder de vista que el objeto de la controversia que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, es precisamente el de determinar si existió un vínculo laboral entre el demandante y el Instituto de los Seguros Sociales, dentro del campo de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, sin que la declaratoria de la relación de trabajo confiera automáticamente al interesado la calidad de empelado público, funcionario de la seguridad social, o trabajador oficial, según el caso, tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación.
Sobre el particular, ha sostenido la Sala:
“(…) el reconocimiento de la existencia de una relación laboral no implica conferir al demandante la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de trabajar para el Estado:
´Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público´(25).
(…)”(26).
En ese orden, lo que interesa al Juez, en punto a la definición de un contrato realidad, es la protección al derecho al trabajo, el cual goza de una especial protección del Estado y ser debe garantizado en condiciones dignas y justas; sin que interese definir la calidad o naturaleza de la vinculación (empelado público o trabajador oficial).
Al ser el Juez un funcionario que tiene por cometido velar por la efectividad de los derechos y garantías previstas en la Constitución, finalidad que a su vez integra el contenido del derecho de acceso a la administración de justicia; nada le impide conocer del presente asunto en el cual se encuentra en debate, precisamente, la existencia de una relación laboral, escondida bajo la apariencia de un vínculo contractual con el Estado.
Por lo demás, no sobra afirmar que la disposición constitucional contenida en el citado artículo 53 superior busca proteger al extremo más débil de la relación de trabajo y garantizar la prevalencia del derecho sustancial, en la medida en que la realidad laboral trasciende la voluntad expresada, propósito bajo el cual se analizará el fondo del asunto.
3.2.4. La categoría de funcionario de la seguridad social.
Está acreditado en el plenario que el señor Jesús María Palma Parejo se vinculó al Instituto de los Seguros Sociales, mediante sucesivos contratos de prestación de servicios, desde el 16 de diciembre de 1994 hasta el 1º de noviembre de 2001, y que se desempeñó como médico de esa entidad, en la Seccional del Atlántico.
Si bien es cierto que la vinculación del actor fue carácter contractual, en el caso que nos ocupa se debate la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes, por lo que resulta pertinente la referencia al régimen que ostentaban quienes laboraban en el ISS en esa época lo que, por demás, puede ilustrar la competencia para conocer del asunto.
Así las cosas, considerando lo expuesto en el acápite precedente, durante todo el tiempo en el que el actor estuvo vinculado al ISS, el Instituto estuvo organizado como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, por lo que, si se llegase a considerar que tuvo un vínculo laboral con la Entidad, su régimen sería, desde el 16 de diciembre de 1994 hasta el 30 de octubre de 1996, el propio de un funcionario de la Seguridad Social.
Recuérdese que en la última de las fechas citadas, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-579, declaró la inexequiblidad —con efectos hacia el futuro— del parágrafo del artículo 275 de la Ley 100 de 1993, que establecía que quienes laboraban en el ISS, mantendrían la condición de funcionarios de la Seguridad Social.
Nótese que si bien el Instituto de los Seguros Sociales estuvo organizado como una Empresa Industrial y Comercial de Estado durante todo el tiempo en el que el demandante fungió como médico en esa entidad, el régimen de quienes estaban vinculados al ISS, en ese mismo lapso fue, en un principio, el propio de los funcionarios de la Seguridad Social, cuyas controversias laborales son conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En ese orden de ideas, sin desconocer que la precitada categoría fue posteriormente declarada inexequible por la Corte Constitucional; bajo el principio de seguridad jurídica y la protección al derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala asume la competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de Primera Instancia, considerando, además de todo lo expuesto, que quienes estaban vinculados al ISS para la época en la que el actor fungió como contratista, ostentaron en un principio la calidad de funcionarios de la seguridad social, cuyos pleitos son de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa.
Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este caso concreto y considerando: a) la fecha en la que se interpuso la demanda (oct. 29/2004), b) que se surtieron todas las etapas del proceso en primera y segunda instancia y actualmente se encuentra para fallo en esta corporación; c) que en las Sentencias en las que se declara la existencia de un contrato realidad se ha dejado claro que la prueba de la relación laboral no le otorga per se el carácter de empelado público al interesado; d) los principios de acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, primacía del derecho sustancial sobre el procedimental y el plazo razonable en la administración de justicia; la Sala estima que en este caso particular hay lugar a decidir el asunto en segunda instancia.
Una decisión contraria, desconocería el derecho que tienen las partes a recibir una pronta y cumplida administración de justicia, y los principios previamente enunciados.
• El señor Jesús María Palma Parejo laboró al servicio del Seguro Social – Seccional Atlántico, desempeñándose como médico general desde el 16 de diciembre de 1994 hasta el 1º de noviembre de 2001, para lo cual suscribió 20 contratos de prestación de servicios (fls. 36 y ss. c. ppal).
El objeto reiterado de los contratos, fue el siguiente:
“(…) El contratista, se compromete a prestar sus servicios como médico general, con oportunidad, eficiencia y eficacia, en el Programa de Atención Domiciliaria (P.A.D.) —clínica centro— de la Seccional Atlántico”. (fl. 40 c. ppal).
Como obligaciones del contratista, se registraron las siguientes:
— Prestar sus servicios personales de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad.
— Respetar las normas y reglamentos del Instituto, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones profesionales o actividades encomendadas.
— Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el Instituto para el ejercicio de las actividades convenidas, y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados.
— Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato (fl. 40 c. ppal).
• El 22 de septiembre de 2004, a través de apoderado, el demandante presentó un derecho de petición ante el Seguro Social, en el que afirmó que el vínculo que tuvo con esa Entidad, es el propio de un contrato de trabajo a término indefinido —no un contrato de prestación de servicios—, toda vez que hubo subordinación, prestación personal del servicio y remuneración. En consecuencia, solicitó: a) reconocer que entre él y la Entidad existió un contrato de trabajo de carácter indefinido, el cual inició el 16 de diciembre de 1994 y terminó sin justa causa el 9 de noviembre del año 2001, y b) el reconocimiento y pago de: las cesantías correspondientes a todo el tiempo laborado; los intereses a las cesantías; las primas de servicio y vacaciones; las vacaciones; los auxilios de transporte y alimentación; el pago de las dotaciones de vestido y calzado; la indemnización por terminación no justificada del contrato de trabajo; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; las prestaciones laborales que petita, ultra y extra petita tuviere derecho y resultaren probados en el proceso; y la indexación de los valores que resulten a su favor.
En esa oportunidad, el señor Palma Parejo indicó que siempre desempeñó sus funciones en las instalaciones del “Ministerio del Trabajo y Seguridad Social – Seguro Social o en los programas de servicios domiciliarios del Seguro Social, desarrollando las mismas con los implementos equipos y material de oficina suministrado por la entidad demandada y bajo la dirección de los Jefes de dichas secciones doctores Adalgiza Rojas de Royet, coordinadora general del programa de atención domiciliaria y el gerente de la clínica centro del Seguro Social, Dr. Dolcey Torres, quienes dirigían sus labores y le impartían órdenes para el desempeño de sus funciones y a quienes informaba sobre el desarrollo de su cargo, solucionando ellos las situaciones que surgieran en el mismo y que no estaban al alcance del dr. Palma Parejo manejar, lo que demuestra que siempre laboró bajo la dependencia y dirección de la demandada, es decir, subordinado, y en ningún momento con libertad e independencia como lo requiere el contrato de prestación de servicios personales. Las funciones eran las siguientes:
1. Asistencia médica general a pacientes crónicos y terminales en su domicilio en visitas programadas y atención de urgencias vitales.
2. Atención médica general en urgencias en Clínica de los Andes, CCA de los Andes.
3. Coordinación del Servicio de Urgencias en CCA de los Andes.
4. Asistencia a comité administrativo de análisis de gestión en Centro Administrativo del Seguro Social, cuando desempeñó el cargo de Coordinador Médico CAA de los Andes. Seguro Social.
(…)” (fls. 10 a 16 c. ppal.).
• Mediante Oficio 16296 de 8 de octubre de 2004, la Entidad respondió negativamente la anterior petición, argumentando que no existe fundamento alguno que sustente la reclamación del accionante, toda vez que nunca se celebró un contrato de trabajo y el actor no fue vinculado como empleado público, funcionario de la seguridad social o trabajador oficial. De otro lado, la realidad muestra que el actor siempre fungió como contratista independiente, pues él se desempeñó como médico general de manera autónoma, sin subordinación, y la actividad contractual se desarrolló de buena fe, en los términos pactados.
• Precisó la Entidad que no hubo vicio en el consentimiento en la actividad contractual, pues los acuerdos de voluntades se ajustaron a lo previsto en la Ley 80 de 1993 (fls. 18 y 19 c. ppal).
4.2. Análisis de los cargos planteados en la demanda.
4.2.1. Caducidad de la acción y prescripción de los derechos.
Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá al tema de la caducidad de la acción, y posteriormente a la prescripción de los derechos, determinando si tales figuras procesales tuvieron lugar en el caso concreto.
4.2.1.1. De la caducidad de la acción.
Tal y como lo ha expresado reiteradamente la Jurisprudencia de esta corporación(27), la caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia.
Su fundamento se encuentra en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general e impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.
Se trata entonces de una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del Juez, cuando se verifique su ocurrencia(28). También es una carga procesal que debe cumplir quien esté interesado en acudir al aparato jurisdiccional y su omisión lo priva del ejercicio del derecho de acción.
De otro lado, la justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de acciones como la de nulidad y restablecimiento, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.
En suma, la caducidad comporta el término dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, y constituye un instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones entre individuos, y entre estos y el Estado. El acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones puedan ser ventiladas en vía judicial.
De otro lado, la ocurrencia de la caducidad, de no observarse al momento de la admisión de la demanda, debe ser declarada en la Sentencia y conllevará a la declaratoria de inhibición para decidir el fondo del asunto por falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la acción.
Finalmente, cabe precisar que en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prevé que la misma caduca al cabo de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso, salvo que se trate de actos que reconozcan prestaciones periódicas los cuales podrán demandarse en cualquier tiempo.
• La caducidad en el caso concreto.
En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado del Instituto de los Seguros Sociales propuso la excepción de caducidad “de los derechos reclamados por el demandante con anterioridad al mes de noviembre de 2001 (…) toda vez que han transcurrido más de 4 meses desde que se hizo exigible el derecho (nov. 9/2001) hasta la presentación de la demanda”.
Posteriormente, en el recurso de apelación, insistió en que la acción caducó porque el actor peticionó ante la administración el 22 de septiembre de 2004, tiempo en el que ya habían trascurrido los 4 meses previstos para el ejercicio de la acción, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Se debe precisar, en primer término, que la figura de la caducidad se predica respecto del ejercicio de la acción, y no frente a los derechos reclamados, como equivocadamente lo afirmó la entidad en el escrito de la contestación a la demanda.
Ahora bien, a efectos de determinar si la acción en este caso caducó, se reitera que el 136 del Código Contencioso Administrativo prevé un término de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.
Teniendo en cuenta que el acto demandado fue proferido el 8 de octubre de 2004(29) y la demanda fue radicada el 29 de octubre siguiente, en el sub lite es evidente que la acción no caducó, pues la acción fue ejercida dentro del plazo legal.
4.2.1.2. De la prescripción del derecho.
Reiterando lo que esta Subsección ha considerado en anteriores oportunidades(30), la prescripción —a diferencia de la caducidad que se predica respecto del derecho de acción—, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva.
En ese orden, la prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial que está fijado en la ley, es decir, que los derechos que se pretenden adquiridos, para ejercerlos se tiene un lapso en el que deben ser solicitados(31).
Ahora bien, la prescripción de derechos del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual establece lo siguiente:
“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
El Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público, en el artículo 102, estableció:
Es decir, una vez la obligación es exigible, se cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo y, el solo hecho de peticionar ante la administración, interrumpe el término de prescripción.
• La prescripción en los casos en los que se debate la existencia de un contrato realidad.
En reciente jurisprudencia, esta sección ha considerado que como la Sentencia que declara la existencia de la relación laboral es de carácter constitutivo, el término de prescripción de los derechos reclamados por el interesado debe contarse a partir del fallo, pues antes el derecho no era exigible.
En efecto, en Sentencia de 19 de febrero de 2009(32) la Sección Segunda consideró:
Se insiste, tratándose del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la existencia de la obligación emanada de la relación laboral y los derechos determinados no son exigibles al momento de la presentación del simple reclamo ante la entidad, sino que nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su ejecutoria.
No obstante, el hecho de que la sentencia en este tipo de asuntos tenga carácter constitutivo y que el término de prescripción de los derechos derivados de la relación laboral comience a contarse a partir del fallo que declara la existencia del contrato realidad; no faculta al interesado para radicar la petición ante la administración en cualquier tiempo, pues debe reclamar sus derechos en un plazo razonable.
Así lo ha considerado esta corporación en recientes fallos de tutela, en los que sostuvo lo siguiente:
una situación es que en virtud de la declaración del contrato realidad sea dable reconocer los derechos prestacionales derivados teniendo en cuenta que su prescripción se cuenta a partir de la emisión de la decisión; y, otra es que se exima al interesado de la obligación de reclamar la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas con la diligencia que le exigen las normas procedimentales, esto es, con sujeción a los términos de caducidad y prescripción una vez finalizado el vínculo contractual.
Al respecto, en un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al presente, la Subsección A - Sección Segunda de esta corporación, con ponencia del Doctor Alfonso Vargas Rincón, Acción de Tutela 2013-1662-00, manifestó que:
“[…] Esta corporación ha accedido al restablecimiento del derecho en los casos citados, bajo el presupuesto de que la parte actora ha cumplido con lo establecido en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, es decir, ha reclamado ante la entidad, máximo dentro de los 3 años siguientes a su retiro y luego ha acudido en término ante esta jurisdicción.
El anterior fue el criterio que aplicó el tribunal, el cual estima la Sala no solo es razonable sino legal y se encuentra dentro del margen de su autonomía […].”.
“(…) (33) (Las negrillas y subrayas son de la Sala).
Posteriormente, en Sentencia de Tutela de 23 de enero de 2014, la Subsección “A” precisó:
Para esta corporación esa interpretación resulta plausible a la luz del ordenamiento, en tanto que el lapso para acudir ante la administración a efectuar el reclamo gubernativo correspondiente debe realizarse en términos razonables y ponderados. En materia ius administrativa, cabe destacar que le es vedado al Estado pronunciarse sobre derechos subjetivos que no se ejercieron en un lapso de cinco años (v. gr. CPACA., art. 90 y ss.), como también existe un término en derecho laboral público que implica una sanción para quien no solicita el reclamo del derecho oportunamente (D. 3135/68 y D. 1848/69, art. 102) y en materia civil la prescripción además de ser un modo de adquirir la cosas ajenas también extingue las acciones o derechos ajenos.
Si bien a la fecha no se han abordado casos similares al expuesto por las tutelantes, es posible suponer que la tendencia en la protección del principio de la realidad sobre las formalidades deberá realizarse a la luz del fenómeno jurídico de la prescripción y de la oportunidad para acudir a la administración.
Por lo demás, cabe destacar que el Juzgado asumió la carga de determinar que, en lo relevante, el caso sometido a su consideración era diferente al precedente vertical, analizando que esa disparidad era de tal trascendencia que le impedía adoptar una solución idéntica a la regla decisional adoptada por esta corporación en la Sentencia de Unificación de 19 de febrero de 2009.
Aunque en una acción de tutela con ponencia del suscrito Consejero en la que se discutía la aplicación del precedente jurisprudencial analizado en esta providencia se accedió a las súplicas de la demanda, con el objeto de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revisara su decisión al amparo de la tesis sostenida por el Consejo de Estado - Sección Segunda sobre la naturaleza constitutiva de la Sentencia que declara la existencia de un contrato realidad, debe advertirse que efectuada una revisión en el marco del caso en concreto, no hay lugar a seguir esa tesis, sino, por el contrario, a negar las súplicas de la acción de tutela, ante la ausencia de vulneración al derecho fundamental a la igualdad, dada la justificación razonada expuesta por el Juzgado accionado.
Finalmente, ha de señalarse que al no exponerse un mínimo de argumentación respecto a la presunta violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la Sala no efectuará consideración alguna al respecto.
(…)”.(34) (Negrillas y subrayas de la Sala).
De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales citados, resulta claro que si bien la Sentencia que declara la existencia del contrato realidad es de carácter constitutivo, el interesado debe reclamar ante la administración los derechos laborales derivados del vínculo de trabajo, dentro de un plazo razonable.
Con el objeto de establecer el término en el que el que se debe peticionar en sede administrativa, resulta pertinente acudir al artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, que regula la figura del decaimiento administrativo en los siguientes términos:
5. Cuando pierdan su vigencia”. (Las negrillas son de la Sala).
De la disposición transcrita se advierte que el legislador estableció un término de 5 años a partir de la firmeza de un acto, para que la administración realice las gestiones tendientes a su ejecución, plazo que, a juicio de esta Sala, resulta razonable para que el interesado reclame los derechos derivados del vínculo laboral si se tiene en cuenta que la terminación del último contrato de prestación de servicios puede asimilarse, mutatis mutandi, al acto de retiro.
En otros términos: si un acto administrativo debe ejecutarse en un término de 5 años, a la luz del derecho a la igualdad entre las partes, ese sería el plazo que tiene el contratista del Estado para acudir a la administración pidiendo el reconocimiento de la relación laboral y el consiguiente pago de las prestaciones.
Para esos efectos, resultaría viable -desde un plano teórico-, asimilar la fecha de terminación del último contrato, al acto del retiro del servicio.
De este modo, tal como lo ha sostenido la Sala reiteradamente, antes de la Sentencia que declara la existencia del contrato realidad no puede hablarse de prescripción, pues esta última se computa a partir de la exigibilidad del derecho.
Empero, armonizando los derechos laborales con los principios de preclusión, seguridad jurídica, razonabilidad, ponderación y, con la diligencia debida que debe acompañar las actuaciones de los administrados; concluida la relación contractual el interesado en reclamar la existencia del vínculo laboral y el pago de los derechos subyacentes al mismo, debe hacerlo dentro del plazo de los 5 años siguientes a la fecha de terminación del último contrato.
• La prescripción en el caso concreto.
Comoquiera que en el sub lite el señor Jesús María Palma Parejo pide el reconocimiento de la relación de trabajo que tuvo con el Instituto de los Seguros Sociales, y el pago de las prestaciones que legalmente le corresponden; la eventual sentencia favorable a sus pretensiones es de carácter constitutivo por lo que solo a partir de su ejecutoria, comienza a correr el término de prescripción.
En ese orden de ideas, en el caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, no ha operado esa figura jurídica respecto de los derechos reclamados por el señor Palma Parejo.
Se precisa además, que el actor acudió a la administración dentro de un plazo razonable, pidiendo la declaratoria de la existencia del vínculo laboral, si se tiene en cuenta que el último contrato de prestación de servicios finalizó el 1 de noviembre de 2001 y, el 22 de septiembre de 2004, radicó ante la entidad demandada el correspondiente derecho de petición, esto es dentro de los 5 años siguientes a la terminación del contrato.
4.2.2. La subordinación.
Aduce la entidad apelante que no está acreditado el elemento de la subordinación, toda vez que los documentos allegados al plenario tendientes a demostrar ese elemento de la relación laboral, no fueron allegados en original.
Frente al anterior argumento, cabe precisar que si bien los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes involucradas fueron arrimados en copia simple, esa sola circunstancia, no les resta validez.
Sobre el particular se reitera lo que esta Sala consideró en Sentencia de 17 de marzo de 2011, Expediente 1017 de 2010(35), en relación con la presunción de autenticidad de los documentos:
En primer término, el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991(36) estableció que “Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.
Si bien la anterior disposición no fue adoptada como legislación permanente(37), el artículo 11 de le Ley 446 de 1998, estableció que “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”. (Destaca la Sala).
El mismo enunciado normativo de la disposición transcrita, fue introducido al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil(38), modificado recientemente por la Ley 1395 de 2010 (art. 11)(39). Así las cosas, hoy por hoy resulta claro que la presunción de autenticidad opera indistintamente tanto para los documentos que sean aportados por las partes en original, como para aquellos que se alleguen al proceso en copia. En efecto la Ley 1395 prevé:
“ART. 11.—El inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”. (Destaca la Sala).
Por ser de la materia del derecho probatorio, la disposición transcrita hace parte de aquellas que se refieren a la ritualidad de los juicios, y por lo mismo resulta aplicable al caso de autos, habida consideración del efecto general inmediato que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 le otorga a las normas procesales:
De otro lado, el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil autoriza que se aporten al proceso documentos en copia y, en todo caso, la parte contra la cual se exponen, puede ejercitar el derecho de contradicción mediante la tacha de falsedad, la solicitud de una inspección sobre el documento original o el cotejo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 244 y 255 del Código de Procedimiento Civil. Y, como en este caso las copias simples corresponden a documentos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito tanto de quien los aporta (art. 276, ejusdem) como del demandado; no puede descartarse de plano su valor probatorio.
Se debe precisar además, que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(40) no puede ser interpretado aisladamente como lo hizo el a quo, pues esa norma cobra verdadero sentido cuando se le examina conjuntamente con el artículo 252 ibídem, el cual, como ya se vio establece la presunción de autenticidad de los documentos que aporten las partes al proceso, sea en original o en copias.
(…)”. (Las negrillas y subrayas, son del texto original).
Así las cosas, de acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial, en este caso concreto las documentales aportadas conservan su valor probatorio, máxime cuando las partes tuvieron la oportunidad de contradecirlas, las cuales no fueron tachadas de falsos.
Y, en lo que se refiere a la subordinación, es claro que la misma constituye un elemento sine qua non de la relación de trabajo, tal como lo ha considerado la Sala en reiterados pronunciamientos.
Así por ejemplo, en Sentencia de 17 de noviembre de 2011, quedó consignado lo siguiente(41):
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
Reunidos esos elementos se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen(42).
A su turno, esta corporación ha señalado reiteradamente que para que se configure una relación laboral con la administración deben concurrir los elementos previamente relacionados y, en consecuencia, el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de las prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, conforme lo dispone el artículo 53 de la Constitución(43).
“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquel”(44).
Adicionalmente, se precisa que la actividad desarrollada por el demandante sí se caracterizó por la subordinación, pues del documento que contiene la evaluación del contratista, visible a folios 61 y 62 del cuaderno principal del expediente, se desprende que el señor Palma Parejo debía cumplir con las normas, instrucciones y reglamentos de la entidad, y que tenía a su cargo varias funciones, tales como las de realizar visita domiciliaria, las historias clínicas, el seguimiento de las evoluciones de los pacientes, adelantar los procedimientos y tratamientos, firmar las actas de defunción, realizar las capacitaciones a las familias, elaborar los certificados de supervivencia de los pacientes, ordenar la Interconsulta, laboratorios rayos X etc., realizar visitas pre duelo, ordenar hospitalizaciones y otras actividades administrativas.
Con la documental citada se acreditó además, que el demandante estaba sujeto a un horario de 8 horas diarias, y debía atender un mínimo de 7 pacientes a domicilio cada día, circunstancia, que, aunada a la naturaleza misma de la actividad, revela que la actividad desempeñada por el señor Jesús María Palma Parejo, no se caracterizó por la autonomía e independencia, pues la misma se desarrolló con subordinación.
En ese orden de ideas se confirmará la sentencia apelada, no sin antes reiterar que el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Esa prevalencia puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo, y su finalidad no puede dilatarse hasta abarcar como función suya la de aniquilar las que son formalidades sustanciales de derecho público.
Finalmente, de acuerdo con lo expuesto por la Agente del Ministerio Público, debe aclarar la Sala que el restablecimiento del derecho deberá efectuarse sólo por los periodos de duración de cada uno de los contratos celebrados, y estará a cargo de la entidad que asumió el patrimonio de la extinta Empresa Industrial y Comercial del Estado, ISS, entonces encargada de prestar los servicios de salud.
CONFÍRMASE la Sentencia de 9 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Jesús Maria Palma Parejo contra el Instituto de los Seguros Sociales, con las precisiones y en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
(10) Artículo 8º del referido cuerpo normativo.
(11) Sobre la naturaleza del Seguro Sociales, se reitera en esta oportunidad lo considerado por la Sala en Sentencia dictada dentro del Expediente 2571- 2011. Actor: Blas Hernando Betancur Ciuffetelli, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(12) Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
(14) La Corte Constitucional en varias providencias, ha considerado que de acuerdo con lo establecido en los artículos 29 y 229 de la Constitución, el derecho de acceso a la administración de justicia tiene carácter fundamental y, por tanto, es susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior. Sobre el tema, ver las sentencias T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras.
(15) Corte Constitucional. Sentencia SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-649 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-064 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
(16) Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
(17) Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
(18) “ART. 4º—Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria”.
(19) “ART. 7º—Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”.
(20) “ART. 9º—Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso”.
(21) Así lo consideró la Corte Constitucional en Sentencia T-030 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
(22) Corte Constitucional. C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(23) Corte Constitucional. Sentencia T-006/92, citada.
(24) Corte Constitucional. Sentencia T-577 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(25) Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 1654-2000. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(26) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida dentro del Expediente 1209 de 2011, demandante: Rafael Fernando Duque Ramírez. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Esa misma consideración se ha reiterado en numerosos fallos posteriores.
(27) Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, de 26 de enero de 2012, Exp. 1608-2011, demandante: Carlos Dussan Pulecio, Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 6 de octubre de 2001, Exp. 1130-2011, Actora: Nurys Isabel Villanueva de la Rosa, Magistrado ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila; de 24 de marzo de 2011, Exp. 1389 de 2010. Actor: Fabio Alberto Gutiérrez Franklin. Magistrado Ponente: dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y de 26 de marzo de 2009. Expediente 1134-07 Actor: José Luis Acuña Henríquez. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve.
(28) En este mismo sentido, se Pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(29) No obra dentro del expediente la constancia de notificación.
(30) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2012, proferida por esta subsección dentro del Expediente 1608 de 2011, demandante Carlos Dussan Pulecio M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila (ya citada); y de 23 de septiembre de 2010 (ya citada) dictada dentro del Expediente 1201 de 2008, actores: Marco Fidel Ramírez Yépez y Otros. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(32) Proferida por la Sala Plena de la Sección dentro del Expediente 3074 de 2005, demandante: Ana Reinalda Triana Viuchi. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(33) Sentencia de 22 de octubre de 2013, proferida dentro del expediente de tutela (Acumulados) 11001-03-15-000-2013-01730-00, 11001-03-15-000-2013-01731-00, 11001-03-15-000-2013-01748-00; demandante: Hilder Helí Pineda Pineda y otros; demandado: Tribuna Administrativo de Caquetá y otro. Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
(34) Sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, el 23 de enero de 2014, dentro del expediente de tutela (acumulado) 2013-01741 (1742) demandantes: Jaidi Uribe Silva y Luz Adiela Cano Castilblanco Accionados: Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Florencia y Tribunal Administrativo del Caquetá. Consejero Ponente. Gustavo E. Gómez Aranguren.
(35) Demandante: Ernesto García Fernández. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(36) “Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales”.
(37) Artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
(38) Mediante la Ley 794 de 2003 (art. 26). Esta disposición del Código de Procedimiento Civil, es aplicable en este caso por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
(39) “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
(40) Que se refiere al valor probatorio de las copias.
(41) Proferida por la Sección Segunda, Subsección B, dentro del Expediente 1556 de 2011. Demandante: Elba Yadira Malagón Bolívar. Demandada: E.S.E Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(42) Ver artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se especifican los elementos de la relación laboral.
(43) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 25 de marzo de 2010. Expediente 0817-2009. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(44) Sentencia C-386 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.