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Timestamp: 2020-01-19 19:03:17
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marzo 2018 – hay democracia?
¿Qué implica para Venezuela la solicitud de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia?
Publicado el 31 marzo, 2018 por luigibar
Fotografía de la Corte Internacional de Justicia
El gobierno de Guyana anunció el 28 de marzo de 2018 que había consignado una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para solicitarle a esa instancia judicial “que confirme la validez legal y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela”. El requerimiento es consecuencia de la decisión del pasado 30 de enero de 2018 del Secretario General de la ONU. Ese día, António Guterres manifestó haber “elegido la Corte Internacional de Justicia como el mecanismo a ser utilizado para la solución de la controversia”.
Ahora serán los jueces de la Corte Internacional de Justicia quienes determinarán si efectivamente el Secretario General podía tomar esa decisión. Para ello, tendrán que evaluar el texto del artículo IV del Acuerdo de Ginebra, suscrito en el año 1966, y cuyo objetivo es “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia (…) surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera (…) es nulo e írrito”.
Guyana ha concretado su objetivo de llevar la controversia a la Corte, buscando una solución definitiva. Ahora el proceso durará varios años. Ya es probable prever que se dividirá en dos fases: la primera, donde la Corte deberá decidir si tiene jurisdicción, es decir, la facultad de resolver la disputa. Si así lo decidiera, en segundo lugar, la Corte deberá determinar si el Laudo arbitral de 1899 es válido, tal y cómo lo está argumentando Guyana.
¿Podía el Secretario General de la ONU elegir que la disputa sea resuelta por la Corte Internacional de Justicia?
Esa es la primera pregunta clave que deberá contestar la Corte, siempre y cuando Venezuela argumente, como sería lógico, que el principal órgano judicial de Naciones Unidas no tiene jurisdicción. El artículo IV del Acuerdo de Ginebra establece que, si los medios previstos en ese Acuerdo “no conducen a una solución de la controversia”, el “Secretario General de las Naciones Unidas” escogerá “otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados”.
Por su parte, el artículo 33 de la Carta de la ONU prevé que las partes en una controversia tratarán de buscarle solución, “ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. Desde el año 1989, Venezuela y Guyana han intentado resolver la disputa a través de un proceso de negociación liderado por los “buenos oficios” de la Secretaría General de la ONU. Al tomar su decisión, el Secretario General de la ONU consideró que la resolución del conflicto por parte de la Corte Internacional de Justicia califica como un “arreglo judicial”.
Teniendo esto en cuenta, la primera pregunta qué cabe hacerse es si después de 27 años de negociaciones, ¿podía pasarse directamente al arreglo judicial? ¿Por qué no tratar primero un arbitraje, por ejemplo?
La Corte deberá ahora determinar si Guyana y Venezuela le otorgaron una amplia facultad al Secretario General de la ONU para seleccionar unilateralmente el medio para resolver la disputa, incluso sin tener en cuenta el orden de los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU. El uso de la frase “así sucesivamente” en el Acuerdo de Ginebra podría servirle a Venezuela para alegar que sí había que intentar seguir el orden del artículo 33. Otro elemento que hace más dudoso que el Secretario General efectivamente tenía la facultad de seleccionar a la Corte es el hecho que el Consejo de Seguridad –un órgano con facultades más importantes y amplias en el sistema de Naciones Unidas– sólo puede recomendar un mecanismo de solución de controversias, según lo prevé el artículo 36 de la Carta de la ONU.
Estas dudas aumentan cuando además se tiene en cuenta que en su anuncio del pasado 30 de enero de 2018, el Secretario General de la ONU también llegó a la conclusión de que “Guyana y Venezuela podrían beneficiarse del uso continuado de los buenos oficios de Naciones Unidas a través de un proceso complementario, establecido conforme a las facultades del Secretario General según la Carta de Naciones Unidas”. ¿Pueden convivir los buenos oficios con el proceso ante la Corte Internacional de Justicia?
Uno de los principios que rige a la Corte es que únicamente tiene jurisdicción si los Estados involucrados han otorgado su consentimiento a tal efecto. Por ende, tal consentimiento debe estar presente de forma inequívoca. Así fue reconocido recientemente por la Corte en el caso de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo. Por consiguiente, en caso de duda, la Corte debería decidir que no tiene la facultad para conocer el caso. En su primer procedimiento (Canal de Corfú), la Corte concluyó que el consentimiento tenía que ser “voluntario e indiscutible”. Pero en ese y otros casos, la Corte también ha mostrado cierta tendencia a “inferir” el consentimiento, incluso cuando su existencia es discutible.
Este caso será especial porque el Acuerdo de Ginebra no menciona expresamente la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, pero refiere al Secretario General la selección de los mecanismos del artículo 33 de la Carta de la ONU, donde está incluido el “arreglo judicial”. Adicionalmente, visto que Venezuela y Guyana no han aceptado la jurisdicción “obligatoria” de la Corte según lo permite el artículo 36(2) de su Estatuto, debería mediar una manifestación concreta adicional para que la Corte pueda conocer el caso. Con la presentación de su solicitud, Guyana ya ha demostrado expresamente que reconoce la jurisdicción de la Corte, pero Venezuela todavía no lo ha hecho. Sin embargo, el argumento de Guyana será que Venezuela ya lo hizo mediante el artículo IV del Acuerdo de Ginebra.
Una lista –no exhaustiva– de tratados que le otorgan jurisdicción a la Corte Internacional de justicia y que está publicada en su página web, no menciona el Acuerdo de Ginebra como un tratado que le otorga jurisdicción. Usualmente, los tratados que sí contienen ese consentimiento, mencionan explícitamente a la Corte en sus respectivas cláusulas de resolución de controversias.
En consecuencia, Venezuela tiene a su favor argumentos sólidos para demostrar que nunca ha otorgado consentimiento para que la disputa sea resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Especialmente, hay que considerar que el preámbulo del Acuerdo de Ginebra establece que la disputa debe “ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”.
¿Cuáles son las implicaciones de la solicitud de Guyana?
En primer lugar, Guyana ha logrado su cometido de trasladar la disputa a la Corte Internacional de Justicia, para lo que se ha venido preparando desde el año 2014. Pero esto no significa que Guyana ya ganó. La Corte bien podría decidir que no tiene jurisdicción o eventualmente declarar que el laudo arbitral de 1899 no es válido.
Sin embargo, es cierto que Guyana parte con ventaja, ya que se ha venido preparando disciplinadamente para presentar su caso. En Venezuela, en cambio, el diferendo ha quedado olvidado, producto de la grave crisis. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro creó en el año 2015 una “comisión presidencial para asuntos limítrofes”, sólo se tiene registro público de dos reuniones. Adicionalmente, esa comisión está conformada por actores políticos y no por expertos. Guyana, en cambio, viene trabajando desde hace tiempo con múltiples especialistas, donde incluso resalta un jurista iraní radicado en Canadá, el profesor Payam Akhavan, quien también asesora a Bolivia en el procedimiento que ese país adelanta frente a Chile. Por otra parte, Venezuela debe estar consciente de que, además de Guyana, también podría terminar enfrentándose al gobierno del Reino Unido, quien es parte del Acuerdo de Ginebra según su artículo VIII, y podría participar en el juicio.
Hasta ahora, el gobierno venezolano ha respondido a las acciones de Guyana con importantes comunicados, ratificando correctamente la vigencia del Acuerdo de Ginebra y poniendo en duda la facultad del Secretario General para escoger la vía judicial como el mecanismo idóneo. Pero litigar un caso de esta envergadura va a requerir un esfuerzo sustancial, que requiere una preparación extensiva, donde no vale sólo presentar argumentos, sino aportar pruebas de soporte para las afirmaciones realizadas. En su solicitud, Guyana ya adelanta que Venezuela supuestamente no ha sido capaz de producir evidencia concreta para justificar la nulidad del laudo arbitral de 1899.
Hoy por hoy, el mejor resultado para Venezuela sería que la Corte Internacional de Justicia determine que no tiene jurisdicción para conocer el caso, dejando a Guyana con la única opción de volver a sentarse en la mesa para buscar una solución negociada, si así lo desea. La Corte, por su parte, debería tener precaución con declarar su jurisdicción bajo unos términos tan equívocos. Después de todo, tal y como lo reconoció el juez Ronny Abraham el pasado mes de octubre ante la Asamblea General de la ONU, “el futuro depende de la confianza de los Estados en la Corte. Los Estados son entidades soberanas que tienen total libertad de consentir o no a la jurisdicción de la Corte”.
Informe Otálvora: Cuarenta y dos gobiernos sancionan a régimen chavista
AMÉRICA LATINAVENEZUELAINFORME OTÁLVORA
30 de marzo de 2018 – 19:03 – Por EDGAR C. OTÁLVORA
La lista de gobiernos que han sancionado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela la componen EEUU, Canadá, 28 miembros de la Unión Europea y otros once países europeos, no miembros de la UE
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidente y canciller, Isabel Saint Malo, recibieron el 22FEB18 al opositor venezolano Julio Borges. Foto: Presidencia Panamá
Cuarenta y dos gobiernos han establecido expresas sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista. La lista la componen EEUU, Canadá, los 28 miembros de la Unión Europea a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Otros once países europeos, no miembros de la Unión Europea, han asumido las medidas decididas por la UE contra el gobierno y funcionarios chavistas: Albania, Bosnia, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Noruega, Suiza y Ucrania.
El 27MAR18 la Gaceta Oficial de Panamá incluyó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas ordenando a la “Comisión contra el blanqueo de capitales” la publicación del listado de “personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. La resolución alega que Panamá, de esta manera, cumple con compromisos adquiridos en el marco del Grupo de Lima. En un anexo de la resolución se incluye el listado de 55 funcionarios y 13 empresas asociadas al régimen chavista a quienes se les cierra el acceso al sistema financiero panameño. Panamá, de esta manera, se convirtió en el primer gobierno latinoamericano en imponer sanciones expresas contra jerarcas chavistas.
Nicolás Maduro figura en las listas de sancionados por Canadá y Panamá.
El 29MAR18 el canciller de Guyana Carl Greenidge entregó al Secretario de la Corte Internacional de Justicia, Philippe Couvreur, una solicitud para que esa instancia judicial intervenga en el conflicto entre Guyana y Venezuela por la posesión de Territorio Esequibo.
Desde 1987, bajo la protección de la Secretaría General de la ONU, los dos gobiernos han mantenido un fallido esquema de negociación bilateral basado en la designación de “buenos oficiantes”. La llegada de David Granger a la presidencia de Guyana el 16MAY15, la reactivación de concesiones petroleras otorgadas una década atrás a empresas de EEUU, China, Canadá y Holanda entre otros, el descubrimiento de importantes reservas petroleras en zonas marinas bajo disputa y la notoria crisis y debilidad política de Venezuela, incentivaron a que Guyana activara su campaña diplomática para llevar el caso limítrofe a un mecanismo judicial internacional que finiquite el diferendo.
El 30ENE18, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres remitió a los gobiernos de Guyana y Venezuela una comunicación cuyo texto ha sido mantenido en secreto, dando fin al trabajo del buen oficiante Dag Nylander quien desde el 28FEB17 había estado encargado de procurar un acuerdo entre Caracas y Georgetown sobre el mecanismo para proseguir las negociaciones por el Esequibo. Un comunicado oficial poco explícito emitido por la ONU el 31ENE18, informó que Guterres “llegó a la conclusión de que no se ha alcanzado un progreso significativo para saldar la controversia por lo que se escogió a la CIJ como el medio a ser utilizado para la resolución”. Amparado en esa decisión, ahora el gobierno de Guyana procedió a llevar el caso al tribunal internacional de La Haya pidiéndole que ratifique un Laudo Arbitral emitido en 1899 mediante el cual Gran Bretaña despojó a Venezuela del territorio Esequibo y de su proyección marítima.
Ya desde 2017, el gobierno de Guyana trabaja para crear un equipo jurídico que adelante las acciones contra Venezuela ante la CIJ. Al frente de la operación fue designado el reputado Sir Shridath Ramphal, excanciller guyanés quien ejerció como Secretario de la Commonwealth por más de quince años. La cancillería guyanesa contrató al afamado jurista Paul S. Reichler del bufete estadounidense Foley Hoag LLP que ya actuó antes en el conflicto de límites marítimos de Guyana con Suriname y ahora encabeza el equipo de apoyo jurídico contra Venezuela. El 21ENE18, la cancillería guyanesa anunció que había reservado un presupuesto de US$ 15 millones para gastos legales del proceso contra Venezuela. El gobierno guyanés cuenta con una donación de US$ 18 millones recibidos de la empresa ExxonMobil beneficiaria de las concesiones petroleras entregadas por Guyana en áreas marinas disputadas por Venezuela.
El abogado Reichler ha intervenido en sonados casos internacionales como la demanda del gobierno sandinista contra EEUU en los años ochenta. Entre otros casos de disputas binacionales recientes, Reichler representó a Uruguay en el pleito contra el gobierno kirchnerista por la construcción de una planta papelera a orillas del rio Uruguay. Igualmente formó parte del equipo de juristas de Nicaragua contra Colombia en el proceso por límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia. Reichler, como parte de Foley Hoag LLP ha representado al gobierno chavista en diversos procesos judiciales en EEUU, algunos de ellos relacionados con demandas por pago de expropiaciones.
La cancillería guyanesa igualmente cuenta con el asesoramiento del abogado iraní-canadiense Payam Ahkavan quien actualmente forma parte del equipo de Bolivia en su demanda contra Chile. Ahkavan acompañó al canciller guyanés el 29MAR18 a la entrega del recurso contra Venezuela en la CIJ.
Según diversas fuentes, la cancillería chavista no cuenta con un equipo de trabajo dedicado al tema Guyana y a los preparativos ante una inminente demanda por parte del gobierno guyanés. A principios del 2017, la cancillería venezolana en manos de Delsy Rodríguez, habría consultado al abogado español Antonio Remiro Bretons pero no contrató expertos extranjeros. En medios judiciales internacionales corre la versión según la cual los asesores jurídicos de Rodriguez habrían sido abogados penalistas venezolanos, sus antiguos compañeros en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, sin obra conocida en temas de derecho internacional y litigios limítrofes. Antonio Remiro Bretons es el autor principal de la actual demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales contra Chile en la CIJ sobre el tema de los límites entre los dos países. Igualmente ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner y Daniel Ortega en procesos ante la CIJ incluyendo la disputa limítrofe de Nicaragua contra Colombia.
Emilio Figueredo, experto venezolano en el tema del diferendo con Guyana, tuitió el 29MAR18: “Lo del Esequibo se venía venir desde el momento en que Delcy insistió en mantener los buenos oficios en vez de haber solicitado otro de los mecanismos previstos en el art 33 de la Carta de la ONU, lo que hubiera podido evitar, por un tiempo, la Corte y prepararnos para ella”. Pero, a juicio de la comunidad de expertos venezolanos en temas limítrofes, las purgas políticas que el chavismo realizó en la cancillería barrieron con los expertos en derecho internacional con que contaba la diplomacia venezolana.
El 30MAR18, la cancillería chavista informó que dos días antes invitó a Guyana para “reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”, descartando la decisión del Secretario General de la ONU sobre el arreglo por la vía judicial. Salvo alegar las tesis oficiales históricas venezolanas sobre no reconocer la jurisdicción de la CIJ en el tema limítrofe y optar por la negociación bilateral, el gobierno chavista se muestra poco interesado en hacerse cargo de una realidad: el caso de la propiedad del Territorio Esequibo ya llegó a una instancia judicial internacional y ameritará que Venezuela se haga presente como parte en la disputa. La crisis política venezolana ha creado las condiciones propicias para que Guyana intente resolver a su favor la vieja disputa territorial.
Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 24MAR18, el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó la no invitación a Nicolás Maduro y a su gobierno, para la Cumbre de las Américas que deberá tener lugar en Lima el 13-14ABR18. En tanto, desde La Habana se coordina la realización de una anticumbre de los pueblos y la participación de una masiva representación castrochavista en los foros oficiales de actores sociales, sociedad civil, jóvenes e indígenas organizados como parte de la Cumbre de las Américas.
De cómo el golpe a la Asamblea Nacional agarró al país dormido… y lo despertó
30 MARZO, 2018 Autor: CRISLEIDA PORRAS
PERIODISTA, EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA). EDITORA, SOCIAL MEDIA MANAGER Y EMPRENDEDORA.
Fue un momento que marcó para siempre mi vida, como periodista y como ciudadana. Y espero que mi memoria privilegiada me permita recordarlo -todas las veces- tan detalladamente como ahora pues para mí se convirtió en el zarpazo más recio que ha dado el Gobierno de Venezuela en los últimos cinco años.
A las 10:35 pm de ese miércoles 29 de marzo de 2017 como parte de mi trabajo yo escuchaba los desvaríos venenosos de Diosdado Cabello en su programa del canal estatal.
Encontré la nota en un portal informativo nacional que “se lo tomó con soda”, porque la publicó, como “por no dejar”
Luego -no sé si la vi primero, creo que no tiene importancia cuando se trata de algo tan trascendental- pero encontré la nota en un portal informativo nacional que “se lo tomó con soda”, porque la publicó, como “por no dejar”, sin sopesar las tremendas implicaciones de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país decidiera, sin aviso y sin protesto, despojar a la Asamblea Nacional (AN) de las principales competencias que le atribuye no solo la Constitución, sino el sistema político-administrativo que caracteriza esencialmente a las democracias, aquí y en la Cochinchina.
Instintivamente, comencé con la búsqueda de la confirmación, tanto en otros portales -los que no se contagian de la necesidad de publicar rumores para sostenerse a punta de clics- como entre colegas. Nada publicado al respecto, nadie parecía saber nada. A la par, mis jefas en Efecto Cocuyo hacían lo propio… y para todo el que se lo comentábamos, era noticia nueva. Además, las claves de las sentencias 155 y 156 estaban casi al final de los textos de unas decisiones que, en apariencia, en el ámbito abordado no tenían nada que ver con nada menos que un “golpe a la Asamblea Nacional“, como se le llamó en los días sucesivos.
En la 156 se le sacaba de cuajo el corazón y el cerebro a la AN para ponérselos a Nicolás Maduro -lo que me hace pensar que, generalmente, no se arrebata para sí algo que no se envidia- como un “detallito” sustentado en la necesidad del Ejecutivo de realizar contrataciones en el ámbito de los hidrocarburos, saltando olímpicamente la sujeción a aprobación previa del Parlamento de mayoría opositora. ¿Por qué? Porque sí, vale… y sanseacabó.
Y en la 155, a los magistrados de la Sala Constitucional se les ocurrió que podían darle “superatribuciones” al Jefe de Estado -como si necesitara más con la fusión de poderes de la Nación- para “revisar” la legislación vigente. Una burusa de galleta maría, pues. Nadie se iba a dar cuenta, creían.
Desde las 11:00 pm de ese miércoles hasta las 2:00 am del jueves, hicimos llamadas y mandamos mensajes a decenas de diputados, abogados constitucionalistas, líderes políticos (todos opositores). No obtuvimos ni una respuesta. ¡Ni una! Como solemos hacerlo, más allá de publicar la noticia, queríamos ofrecer posturas, análisis, una luz que ofreciera al país algo de guía en medio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Pero no fue posible.
El WhatsApp nos confesaba que habíamos sido leídas, mas nadie nos dijo nada. Creo que el desconcierto -o quizás el sueño- eran más abrumadores de lo que imaginábamos, pero sin duda la dimensión de los hechos requería que cualquiera de estas personalidades, cuando menos, reaccionara a una hora más conveniente que después del café de la mañana siguiente, casi 12 horas luego del hallazgo. Es que ni siquiera las redes sociales, a veces tan explosivas, viralizaron contenido sobre el tema durante la noche.
Trasnochada, ese 30 de marzo vi cómo aparecieron los pronunciamientos por doquier. Los politólogos, juristas, líderes políticos opinaban, pero también los conserjes, las maestras de preescolar, los taxistas, los que hacían cola ese día en un supermercado para comprar harina pan… todos comprendían que aquel “madrugonazo” no se parecía a los anteriores que dio el chavismo gobernante a través de sus instituciones partidizadas.
Y así trascendió. Fue pólvora que terminó por incendiar las calles con protestas legítimas contra la dictadura desnuda; fueron aguas turbias que desembocaron en el mar de la comunidad internacional, desde donde se la condenó por contaminar el panorama democrático latinoamericano; fue un virus infeccioso que hizo que el sistema de defensa nacional, en lugar de actuar ante las células enfermas, atacara al resto del organismo en #ModoAutodestrucción durante cuatro meses, sin importar cuántas vidas costara. Por cierto, fueron 165, pero el impacto radial de la violencia de entonces aún no alcanza a medirse, a mi juicio… No obstante, se lo pueden preguntar a los miles y miles que han emigrado desde hace meses o a quienes aún están por hacerlo.
Todos tenemos grabado en la piel lo que vino después; con más o menos cicatrices, ningún venezolano salió ileso de ese trance.
Todos tenemos grabado en la piel lo que vino después; con más o menos cicatrices, ningún venezolano salió ileso de ese trance. Ni siquiera los partidarios del Gobierno, aunque algunos lo acepten, otros se hagan los locos y muchos callen. Fue tan devastador su efecto que al régimen autocrático no le quedó otra que inventarse un suprapoder plenipotenciario (con lealtad reconfirmada) para decir que no eran suyas la decisiones más controversiales que vendrían (¡y las que faltan!). Son parte de los actos desesperados que se disfrazan de tensa calma.
Un año más tarde, cuando las sentencias se mantienen en esencia y práctica, aunque el Consejo de Defensa de la Nación pidiera revisarlas y corregirlas (acto cumplido de forma mas de fondo por el TSJ), la degradación del orden constitucional y las violaciones del Gobierno de Nicolás Maduro a los derechos fundamentales de quienes habitamos -aún- en este país parecen no poder medirse… pero se agradece que haya varias ONG tratando de hacerlo, pese a la persecución y a las amenazas.
Por mi parte, sigo empeñada en dejar registro de todo lo que pueda; de desmentir rumores y cadenas de WhatsApp falsas; de señalar la mentira y desenmascararla, que es más importante aún, pese a que me acumule antipatías por negarme a permitir que se difunda el miedo, la angustia y el pánico frente a mis ojos… y me convierta por omisión en cómplice del terrorismo de Estado.
La integridad no se demuestra una vez, sino se confirma a diario y no se trata de sentirse superior en ningún caso: solo requiere mostrar que se es fiel a uno mismo cuando los principios nos sostienen sin importar cuánto se sacuda el entorno. Y menos si quienes mueven el piso nos quieren hacer parte de su miseria en el fondo.
Todavía nos queda mucho por hacer para recoger los pedazos. Pero cada vez falta menos para construir con y sobre ellos.
Foto: El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, rompe la sentencia del TSJ (Foto REUTERS/Carlos García Rawlins)
Publicado en Economia, OPINIONES
Ricardo Hausmann, la dolarización y la Fatal Arrogancia
ECONOMÍA OPINIÓN VENEZUELA
By Luis Henrique Ball Last updated Mar 30, 2018
Friedrich Hayek, el primer economista en recibir el Premio Nobel, y Jacques Rueff, el más destacado economista francés del siglo XX, y padre de las reformas que llevaron a la estabilidad monetaria bajo Charles de Gaulle, consideraban las teorías de John Maynard Keynes profundamente equivocadas. Ambos, sin embargo, consideraron siempre a Keynes como un amigo y jamás dudaron ni de la portentosa inteligencia del inglés, ni de sus buenas intenciones.
Al analizar el reciente artículo del profesor Ricardo Hausmann, uno de los venezolanos que más se ha destacado fuera de su patria, tuve una sensación seguramente similar a la que tuvo Hayek cuando leyó la Teoría General del Desempleo, el Interés y el Dinero, la obra magna de Keynes. Uno admira al autor, pero lamenta las conclusiones erradas.
Este análisis de Hausmann sobre la situación venezolana actual es, indudablemente, acertado:
Hausmann está en lo cierto cuando señala que los salarios venezolanos medidos en dólares representan entre 2% y 1% de los salarios normales de los países vecinos. También señala, correctamente, que si se dedicara el 100% de la recaudación fiscal no petrolera del país para pagar salarios de empleados públicos y pensionados, el monto solo alcanzaría para pagar entre $9 y $30 dólares mensuales a las tasas de cambio actuales.
Lamentablemente, Hausmann decide analizar los efectos de la dolarización de forma estática y aislada, mientras sugiere que otra alternativa monetaria – no nos dice cual – sería aplicada en el contexto de un conjunto de medidas complementarias que atraerían inversiones al sector petrolero, generarían el apoyo de FMI y otros organismos multilaterales y que al final generarían mayores divisas para importaciones.
Por alguna razón, que no explica, Hausmann opina que con la dolarización no vendrían inversiones extranjeras al sector petrolero ni se conseguiría el apoyo del FMI, ni se lograría la renegociación de la deuda externa. Estas suposiciones son realmente extrañas. ¿conoce el lector algún empresario que prefiera invertir en un país donde el valor de la moneda está sujeto a las decisiones de un banco central latinoamericano vs otro país donde la moneda de curso es el dólar de EEUU?
En igualdad de condiciones cualquier inversionista preferirá invertir en el país dolarizado, como la mayoría de los inversionistas en un pasado reciente preferían invertir bajo el duro e inflexible Bundesbank alemán en lugar de arriesgarse con el siempre muy flexible y acomodaticio Banco de Italia.
Hausmann explica muy bien el problema de la destrucción del salario de los venezolanos, hace una relación estática de la masa monetaria vs la disponiblidad de divisas, y llega a la conclusión que bajo la dolarización los salarios se mantendrían pauperizados. Sin embargo, no explica como con otro sistema monetario la situación fuese distinta.
Lo que no dice Ricardo es que cualquiera que fuese el sistema monetario escogido, el punto de partida sería el mismo. Es decir, esos salarios pauperizados existirían bajo cualquier sistema monetario escogido para el arranque de una reforma.
Hay, sin embargo, una gran diferencia entre un proceso de reformas que incluya la dolarización y otro donde se establezca una nueva moneda: con la dolarización, la inflación se detendría de forma inmediata y la confianza en los medios de pagos retornaría también de forma inmediata. Esto algo que ninguna reforma que incluya la continuada existencia de una moneda emitida por un Banco Central controlado por funcionarios escogidos por el gobierno de turno puede emular.
Una reforma alternativa que utilice un tipo de cambio, para una nueva moneda, sustancialmente más alto que la tasa del mercado actual, y por lo tanto logre salarios en dólares muy superiores a los actuales, necesitaría de un flujo de dólares muy grande para mantenerse. Hausmann confía en que ese flujo de dólares sería más fácil de lograr con una nueva moneda, un nuevo gobierno y un nuevo BCV que con el dólar.
Si al dolarizar los salarios arrancan pauperizados, igual sería el resultado con la introducción de una nueva moneda, un nuevo bolívar. Las soluciones que a Hausmann se le ocurran para subir el ingreso promedio de la población serían indénticamente aplicables bajo la dolarización. Evidentemente, el profesor de Harvard no puede estar diciendo que en un país dolarizado los salarios no suben.
¿Y Qué Es, Después De Todo, El Liberalismo?
El Odio Al Dinero Es La Hipócrita Glorificación De La Miseria Y El…
Si para estabilizar una nueva moneda se debe renegociar la deuda externa, igual se debe hacer al dolarizar. Si se debe conseguir apoyo de los organismos multilaterales, igual se debe hacer al dolarizar, si se debe conseguir inversión extrajera para el área petrolera y se deben privatizar de nuevo empresas como CANTV y tantas otras estatizadas por Hugo Chávez, igual se hará, y mucho más fácil y expeditamente, con la dolarización vigente. Si estas medidas producen un auge en el salario real con esa nueva moneda magnífica, que Hausmann aún no nos dice como será, aún más rápido ocurrirá ese auge al tener al dólar como moneda.
Hausmann correctamente identifica reformas indispensables, pero inexplicablemente escoge ignorar el hecho que todas esas reformas pueden ser ejecutadas de forma más rápida y mas efectiva con la adopción del dólar.
El exministro de Planificación de Venezuela menciona que el déficit fiscal es de tales magnitudes que sería imposible financiarlo una vez se ejecute la dolarización. Cabe entonces preguntarse, ¿cómo piensa él financiar el déficit luego de la creación de un nuevo bolívar? Suponemos que Hausmann no continuaría emitiendo moneda inorgánica, y que tiene en mente financiar el déficit inicialmente con préstamos de organismos multilaterales y países amigos, mientras el sector productivo venezolano se recupera y se restablece la base tributaría de la nación. La gran pregunta es, ¿por qué supone que esto será más fácil de lograr con una moneda sujeta a las decisiones políticas de un nuevo gobierno venezolano y una nueva junta directiva en el BCV?
La realidad sería totalmente opuesta a lo que Hausmann supone. Cualquier acreedor tendría más confianza en obtener el pago de su dinero si la nueva riqueza, la nueva base tributaria del país es en dólares en lugar de en una moneda sujeta a perder su valor en cualquier momento. Sujeta al cortoplacismo político del momento, o a la adecuada escogencia de personalidades fuertes para el BCV.
En resumen, todo el argumento del profesor en contra de la dolarización está basado en una suposición falsa: Hausmann supone que con la dolarización vendrían menos inversiones del exterior y sería más difícil renegociar las deudas y obtener dinero fresco que con el establecimiento de un nuevo sistema monetario venezolano, que él no nos dice cual sería. La realidad sería totalmente al revés. Todo sería más fácil, más rápido y se generaría mayor confianza si adoptamos el dólar.
Desde 1870 y hasta 1961, Venezuela mantuvo un régimen monetario de patrón oro. Hasta la reforma de la Ley del BCV en 1961, el bolívar era 100% convertible al oro. Este régimen era tan inflexible como sería hoy una dolarización. En ese período de 91 años, Venezuela sufrió guerras civiles e incluso incursiones armadas de potencias extranjeras para el cobro de acreencias. En 1910, según la revista National Geographic, Venezuela era el segundo más pobre del hemisferio. Esa supuesta inflexibilidad del patrón oro no impidió que, una vez sentadas las bases para la estabilidad política y económica de la nación, el salario real de los venezolanos aumentara a una velocidad jamás vista en el planeta hasta entonces. Para 1940 y hasta 1983, los salarios promedios de un venezolano fueron los más altos del continente y hasta principios de los años 70 eran mas altos que los salarios en España, Italia y Portugal.
Es cierto que, desde 1974, Venezuela, como país petrolero ha tenido gran volatilidad en sus ingresos fiscales. Sin embargo, la imposibilidad de enfrentar estos vaivenes propios del mercado petrolero es producto de la errada política petrolera. Arabia Saudita, por ejemplo, siempre ha mantenido capacidad ociosa de producción. Cuando han ocurrido colapsos repentinos de precios, esa nación ha utilizado, como todas las demás, parte de sus reservas externas, pero al final, también ha recurrido a aumentos de producción. Venezuela, siguiendo por décadas la errada ideología de otro genio equivocado, Juan Pablo Pérez Alfonzo, escogió siempre, desde 1960, limitar su capacidad de producción. Venezuela puede jactarse de haber reducido adrede su producción petrolera de 4 millones de barriles diarios en 1971 a 1.79 millones de barriles en 1986, todo en nombre de una ideología. Para enfrentar las fluctuaciones del mercado petrolero, Venezuela no tiene que hacer otra cosa distinta a la que hicieron gobiernos venezolanos desde la explosión del pozo Barroso en 1922 hasta el nombramiento de Pérez Alfonzo como ministro en 1960.
La Fatal Arrogancia es el título de la última obra de Friedrich Hayek. Esa frase intenta describir la actitud de los discípulos de Keynes, quienes creen poseer el conocimiento para intervenir en el mecanismo de precios y “afinar” el funcionamiento de la economía. Para este nutrido grupo de economistas, herederos del gran Lord Keynes, cualquier mecanismo que les impida “flexibilizar” el valor de la moneda les es antipático y lo ven como algo realmente peligroso al dejarlo fuera de su ámbito de control. A los ciudadanos que luchamos por generar ahorro, cualquier mecanismo que proteja nuestro principal producto – el resultado de nuestro trabajo – de las decisiones del sabio del momento nos parece preferible.
Lamentablemente, cualquiera que sea el mecanismo monetario distinto al dólar que se intente aplicar en Venezuela estará destinado a fracasar porque no contará con la confianza de esos inversionistas que Ricardo Hausmann quiere atraer.
La dolarización por si sola no genera prosperidad. Otras reformas son necesarias, pero todas se facilitan con la dolarización. A diferencia de otros mecanismos, la dolarización detendría de forma inmediata el deterioro del salario y rescataría la confianza en los medios de pago, haciendo resurgir el comercio formal. En condiciones normales, se podrían intentar otras soluciones monetarias. Todas, por cierto, tendrían los mismos mecanismos e “inflexibilidad” de la dolarización, ya que sin ella la regeneración de la confianza sería imposible.
El profesor Steve Hanke, el mayor experto mundial en el tema de la dolarización, dijo al PanAm Post que la reforma monetaria en Venezuela tendría que forzosamente parecerse más a las aplicadas en los países excomunistas de Europa del Este que a reformas recientes en Latinoamérica, producto del desastre provocado por algún gobierno populista.
El comunismo marxista, aplicado sistemáticamente por Nicolás Maduro, ha terminado por liquidar la estructura comercial de Venezuela y toda la institucionalidad. Venezuela no tiene alternativa real a la dolarización. Cualquier otra provocará o una reforma fracasada o un proceso mucho mas lento de recuperación.
Hausmann, y cualquier otro opositor a la dolarización, debe decirnos cual sería ese mecanismo monetario que puede lograr, en corto plazo, la regeneración del valor de las transacciones que logra la dolarización. Ojalá los argumentos para esas alternativas tengan más solidez que los presentados hasta ahora contra la dolarización.
Luis Henrique Ball es fundador y director del PanAm Post
OPINIÓN COLUMNISTAS IDEOLOGÍA
Vivimos esa terrible circunstancia donde nada parece escandalizarnos
By Victor Maldonado C. On Mar 30, 2018
German Carrera Damas, historiador venezolano, habló alguna vez del “barco de los locos” conducido por Hugo Chavez y su síntesis anacrónica de toda la barbarie militarista. (Flickr)
Escribo este artículo mientras las agencias internacionales no salen de su estupor por el resultado sangriento de un motín ocurrido en un centro de detención policial del estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela. El saldo macabro sumó sesenta y ocho muertos, entre ellos dos mujeres que estaban allí de visita, con permiso de pernocta, una especie de autorización para la visita conyugal extendida. Lo ocurrido, primero fue censurado, los periodistas, que intentaron cubrir el hecho, hostigados, y luego simplemente inventariado, una reseña más de lo que aquí ocurre, dentro de la más absoluta normalidad socialista.
El fiscal general de la república despachó el hecho como si se tratara de hacer un inventario de oficina, eso sí, usando esa jerga leguleya-policial que pareciera darle distancia respecto de lo ocurrido. Un barniz peripatético de carácter discursivo, una especie de pañuelo en la nariz mediante el cual el responsable de la vigencia de los derechos humanos quisiera resaltar que él nada tuvo que ver “y que fueron designados cuatro fiscales para esclarecer los hechos”. El país de la mayor impunidad posible sonríe con irónico sarcasmo.
El inexorable colapso de las instituciones morales, la patética complicidad de las agendas subalternas, y la angustia ainstrumental de los ciudadanos, que no encuentran cómo enfrentar sus monstruos totalitarios, se trenzarán en un rápido olvido. También por eso estamos muy jodidos. Porque no somos capaces de hilvanar un argumento que nos haga ver que las sesenta y ocho personas que murieron fueron víctimas del descalabro judicial, la corrupción policial, y el desapego a los derechos humanos cuando se trata de los demás. La impunidad se ceba en ese deslave constante de acontecimientos, donde nada es suficiente, en el cual una cosa terrible sucede a otra más terrible aun, sin que se pueda procesar adecuadamente, sin que haya tiempo, ganas y energía para pedir un detente, exigir un reacomodo, y manifestar la convicción de que un país, conducido de esta manera tan primitiva, está condenado a la ruina.
Lo trágico es comprobar que esta tragedia carece de importancia a los ojos de la inmensa mayoría de los venezolanos, porque el país está reducido al espacio infinitesimal de la propia sobrevivencia en el cual los demás han dejado de ser parte de la república asediada que cada uno sufre intensamente.
Pero ¿cuándo comenzamos a jodernos de esta forma? ¿En qué momento llegamos a ser esto que indefectiblemente nos hace perder cualquier tipo de equilibrio? Si lo supiéramos perfectamente estaríamos mucho mejor de lo que realmente estamos. Pero hay atisbos que pueden convertirse en pistas. El primero de ellos ese complejo de sumisión ante el caudillo. Esas ganas de reducirnos a montoneras erotizadas cuyo proyecto vital es ir detrás de un líder autoritario que ni pregunta ni discute la ruta, que siempre es el abismo.
También influye esa deuda impagada con la generación de libertadores, respecto de los cuales siempre sentimos una condición de inferioridad, incapaces de calzar las botas del mito. O esa negación constante de conectarnos con la realidad que nos impulsa a recorrer los senderos de lo imposible, que siempre terminan dándonos esos terribles encontronazos con lo factible, que nos frustra y nos hace repetir el ciclo con otro “que esta vez sí lo va a lograr, esta vez no nos va a defraudar”. Esa misma obsesión compulsiva que nos hace despreciar los esfuerzos constructivos de la república civil a la vez que somos recurrentemente permisivos con el saqueo practicado por los militares, esos “civiles armados” que, a juicio de Thais Peñalver, tienen como único proyecto la rapiña del presupuesto público y el uso abusivo del poder.
German Carrera Damas, historiador venezolano, habló alguna vez del “barco de los locos” conducido por Hugo Chavez y su síntesis anacrónica de toda la barbarie militarista, de raíces decimonónicas, mezclada perfectamente con un socialismo derrotado en sus consignas pero incapaz de perder la esencia de su ideología, que no es otra que esas ganas voraces de concentrar poder para reivindicarse ellos mismos, para empatucar de colores el inmenso fracaso vital que resulta ser un “hombre de izquierdas, progresista y humanista”, pero que no duda en mantener un coito intenso y perpetuo con la fuerza pura y dura ejercida por un militar inculto y lleno de resentimientos. El historiador propone que la simbiosis, entre estas dos formas de parasitismo político, se confabula para proponer una “ideología de reemplazo” donde la realidad se sustituye por visiones, por figuraciones, con las cuales quieren encubrir la debacle de sus consignas y la decadencia irreversible del ideario socialista.
Es el “barco de los locos” porque “los náufragos del socialismo autocrático se convirtieron en el vagón de cola del tren histórico del militarismo”. Y ninguno de ellos dudó siquiera de practicar esa amoralidad que les permite la contumacia con la guerrilla, los carteles y el terrorismo. Para ellos, todo es relativo, todo vale.
Venezuela se jodió cuando intelectuales, empresarios y clases medias se confabularon para tomar por asalto un estado patrimonialista, hecho a la medida de las ambiciones de todos ellos, porque no era otra cosa que la articulación casi perfecta del populismo, el militarismo, el socialismo silvestre y la decadencia etílica del pensamiento social venezolano. Todos ellos corrieron tras el fatuo mensaje de reivindicación y justicia, pero chocaron de frente contra su propia hecatombe. Todos ellos proclamaron que en sus manos si podía ocurrir esa Venezuela de la redistribución rentista perfecta, pero todo ellos cayeron víctimas del opio de la corrupción y de esa “vida fácil” que algunos encontraron a la sombra de la tiranía.
Nos jodimos cuando comenzamos a criticar la pobreza del país, sin señalar la ruta de la riqueza y la prosperidad, que no es otra que el mercado de libre competencia, el trabajo productivo y el respeto por la propiedad. Nos jodimos cuando nunca aludimos al verdadero responsable de esa pobreza, que no era otro que ese populismo con capacidad infinita de practicar el capitalismo de estado, que algunos incluso vieron como una segunda independencia. Nos jodimos cuando ratificamos que la riqueza del país debía administrarse desde el gobierno, sin participación de los privados. Nos jodimos cuando manoseamos el estado de derecho para ponerlo al servicio de facciones y de las mayorías circunstanciales. Nos jodimos cuando no supimos ubicar a tiempo el rol de subordinados a la republica civil que debían tener las FFAA. Nos jodimos cuando nos pretendimos potencia y comenzamos a pagar las alianzas y a prostituir la agenda internacional.
Nos jodimos cuando caímos en la adicción del mesianismo providencialista, cuando compramos que, si no eran estos los hombres, tenían que ser otros los que dirigieran con probidad un gobierno todopoderoso, inmanejable, azotado por las carencias institucionales, y sempiterno despreciador del ciudadano. Nos jodimos cuando asumimos que todas nuestras soluciones se encuentran en el gobierno, y en el hallazgo del hombre fuerte pero bueno, que nunca se encontrará, porque ya sabemos que el poder corrompe.
Ahora, vivimos esa terrible circunstancia donde nada parece escandalizarnos. Ni la muerte, ni el hambre, ni la violencia, ni la irresponsabilidad, ni la corrupción, ni la práctica cotidiana de la crueldad. Nos jodimos porque no hacemos las preguntas ontológicas sobre la política venezolana. Y mientras no nos escandalicemos, seguiremos jodidos, hundidos en el lodazal autoritario, perdidos para siempre, entregados a ficciones, integrados a facciones, o peor aún, resignados a falsas soluciones y ansiosos de un salvavidas fraudulento, que no nos van a lanzar, tal vez porque vivimos el fin de los tiempos, donde el trigo se separa de la paja, donde el adentro no es lo mismo que el afuera, donde la luz contrasta con la oscuridad.
¡EL PRANATO DE IRIS! Hacinamiento, muerte, anarquía y extorsión, el “mejor $i$tema” carcelario del mundo
Publicado el 31 marzo, 2018 31 marzo, 2018 por luigibar
DolarToday / Mar 31, 2018 @ 6:00 am
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La retórica de la mentira es lo que caracteriza al madurismo. Cuando este régimen salga muy pronto del poder, sus protagonistas tendrán asegurada una competencia por determinar quién de ellos ha sido el que ha acumulado mayor número de engaños.
Así tenemos que a diario escuchamos decir que en Venezuela existe sobre todo el mundo, el mejor sistema de educación, de salud, electoral y hasta carcelario. O sea, bajo el sistema neototalitario madurista, el hecho de que niños y docentes no asistan a los planteles por falta de comida, transporte o dinero, o que en los hospitales no haya ni un termómetro, o que más de 4 millones de venezolanos se encuentren excluidos de un proceso electoral presidencial es el sinónimo de lo “mejor” para ellos. Y sobre lo último, es decir, en relación con el sistema penitenciario, que lo diga Iris Varela¹, cuyas imágenes con los llamados “pranes” (jefes de las bandas y poblaciones carcelarias) son comunes en sus visitas a los centros de reclusión del país,demuestran el nivel de credibilidad de quien se atreve a emitir semejantes declaraciones.
Si alguien quiere conocer hasta dónde llegan las mentiras de los funcionarios maduristas, bastaría leer o escuchar a Iris Varela, quien no solamente se ha convertido en una mujer despreciable en el ámbito del ejercicio de la función pública, sino que se burla descaradamente de las miles de familias que por alguna razón tienen algún familiar privado de libertad. Iris Varela cuando señala que tenemos el “mejor sistema penitenciario del mundo”, y vemos masacres como las que ocurren en los calabozos de la policía de Carabobo, en donde el propio fiscal usurpador reconoce la muerte de 68 presos (66 hombres y dos mujeres), aproximadamente un tercio de los procesados que allí se encontraban², es el signo evidente de la degradación humana que existe en nuestras cárceles.
La violación de los derechos humanos que se suscitan en Venezuela nos ha colocado como un país en donde la Constitución y las leyes fueron convertidas en bazofia por la cúpula madurista y su claque. Lo contradictorio, es que tales funcionarios, aun así, destilan por sus bocas la más descompuesta putrefacción de palabras sobre quienes se encuentran afectados directamente en ese submundo de perversión, en especial del pueblo más pobre, quienes son las principales víctimas de hechos como los ocurridos en Carabobo, por cierto, controlado por un gobernador que se jacta de tener un “carro de Drácula”, cuya versión supongo, ahora ha trasladado hasta los calabozos de la entidad para que veamos la sangre en vivo y sobre los cuerpos desmembrados.
En un país en donde realmente se valoraran los derechos humanos, Iris Varela no sólo estuviera destituida, sino tendría que responder ante la opinión pública y los familiares de las víctimas por las pérdidas humanas allí ocurridas, porque el hacinamiento y las condiciones deplorables en que se encuentra nuestro sistema penitenciario, representa una simple causalidad sobre las múltiples malignidades que el madurismo ha desatado sobre toda la población, y la carcelaria es probablemente la prueba más evidente del cómo la vida para ellos no vale nada.
Irónicamente, no habían transcurrido 24 horas de la masacre carcelaria ocurrida en los calabozos de la policía de Carabobo, cuando ocurría una fuga masiva de reos en la policía del municipio Girardot en el estado Aragua, lo cual demuestra el nivel de crisis y desastre en que está sumido el sistema penitenciario de Venezuela.
Iris Varela no sólo ha mentido desvergonzadamente al decir que tenemos el “mejor sistema” carcelario y/o penitenciario del mundo, sino que su personalidad es el espejo de la maldad, el odio y la destrucción sobre todo un país. Por ello, si aún te queda un mínimo de dignidad aunque sea de praxis madurista, (porque la humanidad no está en su concepción de pensamientos), renuncie a sus funciones en el contexto penitenciario, y vaya mejor a dedicarse como asistente de Freddy Bernal, a ver si cuando menos aprende a criar conejos en el Táchira, porque como “funcionaria”, sólo puede ser catalogada como la burócrata del mal. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
El voto católico se perfila decisivo
Con un empate técnico entre un candidato respaldado por las comunidades evangélicas, las elecciones de mañana domingo deben encontrar respuesta en la mayoría católica.
Los datos arrojados por las encuestas en los últimos de la campaña electoral en Costa Rica sitúan en “empate técnico” a los candidatos Fabricio Alvarado (Partido Restauración Nacional, PRN) y Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana, PAC). Para intentar ganar apoyos, los aspirantes han recurrido a la búsqueda del voto católico tradicional para intentar sacar ventaja en la reñida competencia, de cara a la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo.
El aspirante del PRN, una agrupación confesional basada en comunidades evangélicas (el 22% de la población), se disputa el poder con el oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), un católico no practicante que acusa a su rival de atizar posiciones cristianas extremas que riñen con la tradición de catolicismo conservador en Costa Rica.
El voto católico engloba a una porción de indecisos que pueden resultar claves el domingo, donde más de la mitad de la población es católica. Hay un “empate técnico” señalado por la última encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada 10 días antes de la segunda vuelta. El PRN salía vencedor con el 43% de los apoyos y frente a un 42% del PAC. El 15% se declaraba indeciso. Fuentes de ambos bandos se atribuyen ventaja a su favor, pero coinciden en que será por pocos puntos. Por eso despliegan mensajes y operativos en las zonas en las que el resultado está menos claro. El PRN -vencedor en la primera vuelta con el 24,8% de los votos- es fuerte en las zonas de menor desarrollo del país, con mayor presencia de iglesias evangélicas, y el PAC -que obtuvo el 21,6% de los apoyos en la primera ronda-, en los centros urbanos y población de mayor nivel educativo.
La encuesta de la UCR muestra que el pequeño grupo de indecisos está compuesto en partes similares por cuatro grupos: católicos, evangélicos, personas sin religión y de otras denominaciones. Así las cosas, la religión ha saltado al campo de batalla entre los dos candidatos presidenciales costarricenses. Carlos Alvarado ha increpado a su adversario por las prédicas de su líder espiritual, Rony Chaves, un pastor autoproclamado profeta que considera “un ser diabólico” a la “Virgen de los Ángeles” que suele convocar a cientos de miles de peregrinos. Fabricio Alvarado se ha defendido diciendo que su líder espiritual no influye en su propuesta política, pese a varias fotografías de ambos juntos en la Asamblea Legislativa donde el candidato ocupa una curul desde 2014. El candidato del PRN más bien acusa a su adversario de haber escrito contenidos contra la Virgen y la comunión católica en obras literarias de años atrás, además de achacarle intenciones de promover “un Estado sin Dios”, posiciones abortistas y de defensa de minorías sexuales “contrarias a la naturaleza humana”.
Sin los partidos históricos en liza, el debate electoral en torno a criterios religiosos apenas ha dejado espacio para la grave crisis fiscal que amenaza la sostenibilidad de políticas de bienestar, para el crecimiento de la desigualdad o el incremento de la inseguridad.