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Timestamp: 2019-08-19 02:43:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 1631', 'artículo 207', 'artículo 70', 'artículo 92', 'artículo 372', 'artículo 155', 'artículo 40', 'artículo 264']

Nuevo Código Civil y Comercial: TÍTULO VII Responsabilidad parental.
CAPÍTULO 1. Principios generales de la responsabilidad parental.
CAPÍTULO 2. Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental.
CAPÍTULO 3. Deberes y derechos de los progenitores. Reglas generales.
CAPÍTULO 4. Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos.
CAPÍTULO 5. Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos.
CAPÍTULO 6. Deberes de los hijos.
CAPÍTULO 7. Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines.
CAPÍTULO 8. Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.
CAPÍTULO 9. Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental.
La incorporación de los tratados de derechos humanos en el bloque constitucional (artículo 75, inc. 22, Constitución Nacional) ha tenido también un fuerte impacto en las relaciones padres e hijos.
La igualdad de derechos entre hombre y mujer se encuentra expresamente consagrada respecto a la crianza y educación de los hijos en el artículo 16 de la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, con el objeto de satisfacer el derecho de todo niño a mantener vínculo con ambos progenitores tras la ruptura de la unión entre los adultos (artículos 9 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Por otro lado, la regla de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes ha permitido pasar de una noción de potestad o poder de los padres sobre los hijos a la de responsabilidad, cuyo ejercicio requiere tener en consideración, con respecto al hijo “la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención” (artículo 5, Convención sobre los Derechos del Niño) para que pueda “estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad” (Preámbulo de la convención citada).
Como se dijo antes, el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico y simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión “patria potestad” por la de “responsabilidad parental”, denominación que da cuenta de los cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos.
Esta modificación terminológica ha operado en varios países del globo: algunos ordenamientos han cambiado la denominación de “patria potestad” por la de “autoridad parental”; otros por
“responsabilidad parental” como acontece, por ejemplo, en el Reglamento del Consejo Europeo nº 2201/03 del 27/03/2003 – también denominado “Nuevo Bruselas II”- se refiere a la “Competencia, el Reconocimiento y la Ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental”; la ley 26.061 y varias legislaciones locales receptan de manera genérica la expresión “responsabilidad familiar” al regular los derechos y deberes de los padres, todo lo cual justifica su incorporación al Código Civil.
Si los hijos tienen derecho a relacionarse con ambos padres por igual, el sistema legal que mejor responde a este principio es el del ejercicio de la responsabilidad parental conjunta, convivan o no los progenitores.
Producida la ruptura, se pretende que ella incida lo menos posible en la relación padres e hijos.
Por ello, si cuando los progenitores convivían, ambos podían realizar los actos cotidianos de manera indistinta, presumiéndose que lo realizado por uno cuenta con la anuencia del otro.
Este mismo sistema puede ser sostenido después de la ruptura de la pareja.
La reforma deroga la regla del sistema unipersonal vigente en los supuestos de separación que ha dado lugar a la siguiente situación: uno de los progenitores (por lo general la madre) se queda a cargo del hijo y al otro progenitor le queda un rol secundario y periférico; ambos roles se muestran estereotipados y rígidos (madre cuidadora- padre proveedor), que no es acorde con la compleja realidad familiar.
La responsabilidad parental compartida tiene un alto valor simbólico; la sola expresión contribuye a que ninguno se sienta apartado ni excluido, más allá de que el sistema previsto en la reforma prevé o permite que los progenitores puedan acordar otro sistema o, incluso, ser decidido por el juez cuando ello sea en el mejor interés del hijo.
El ejercicio compartido de la responsabilidad cuando los padres se separan es el principio rector que adopta una gran cantidad de países en el derecho comparado, por ejemplo, Brasil (Código Civil, artículo 1631), El Salvador (Código de Familia, artículo 207), Paraguay (Código Civil, artículo 70), España (Código Civil, artículo 92); Francia (Código Civil, artículo 372.2) e Italia (Código Civil, artículo 155).
El Anteproyecto también modifica el principio rígido según el cual esta función no puede ser ejercida por el progenitor que fue declarado tal por decisión judicial (por ejemplo, a través de una acción de reclamación de la paternidad), y admite que sea ejercida por ambos progenitores, por acuerdo de partes o por decisión judicial fundada en el interés superior del niño.
En concordancia con lo expresado, se deroga la preferencia materna de la tenencia de los hijos menores de cinco años porque tal prioridad:
a) viola el principio de igualdad;
b) reafirma los roles rígidos y tradicionales según los cuales las madres son las principales y mejores cuidadoras de sus hijos;
c) es contradictorio con la regla del ejercicio de la responsabilidad parental compartida;
d) es incompatible con la ley 26.618.
La experiencia social y la praxis judicial muestran una significativa cantidad de casos en los que, por diversas circunstancias, los progenitores dejan a sus hijos al cuidado de un tercero (familiar o no, como, por ejemplo, un vecino).
Estas situaciones no han sido previstas expresamente por el ordenamiento jurídico que sólo aporta soluciones drásticas para aquellos supuestos en que la separación del niño de su familia nuclear tiene visos de permanencia, como son la adopción o la tutela.
El Anteproyecto cubre este vacío al reconocer efectos jurídicos a las relaciones entre el niño y los adultos temporalmente responsables de su cuidado, por delegación conjunta de ambos progenitores o de uno de ellos.
Dada la importancia e implicancias que tiene esta delegación y la necesidad de dar seguridad al niño y a los “delegatarios”, se establece:
a) un tiempo determinado, con el objeto de evitar un desentendimiento prolongado de las responsabilidades parentales;
b) la homologación judicial, en consonancia y analogía con el sistema que crea la ley 26.061 y legislaciones provinciales afines según el cual toda medida de separación del niño de su familia debe serlo con el correspondiente “control de legalidad” (conf. artículo 40, 2do párrafo).
La doctrina nacional critica el sistema vigente que prioriza la figura de la tutela por parte de un abuelo sobre su nieto en lugar de admitir el ejercicio de la responsabilidad parental –con ciertas limitaciones - por los progenitores menores de edad.
Es más, el actual artículo 264 bis del Código Civil sostiene que aun cuando uno de los progenitores llegue a la mayoría de edad, se sigue prefiriendo la tutela a favor de un abuelo si es que el niño no convive con este padre que ya alcanzó la plena capacidad civil.
Este sistema rígido tiene los siguientes inconvenientes:
a) excluye a los progenitores menores de edad de la posibilidad de reafirmar su rol de padres;
b) viola el derecho de los niños a permanecer y vincularse jurídicamente con sus progenitores cuando éstos son menores de edad no emancipados;
c) crea una desigualdad entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales desde que si los progenitores menores de edad celebran matrimonio, acto que poco tiene que ver con la madurez o aptitud para criar un hijo, ipso iure, se los considera hábiles o aptos para asumir tal rol.
El Anteproyecto regula un régimen de ejercicio de la responsabilidad parental limitada por los progenitores adolescentes, con independencia de que éstos hayan o no contraído matrimonio.
Se funda en el principio de autonomía progresiva y reconoce que los progenitores adolescentes pueden llevar adelante los actos de la vida cotidiana de los hijos, siendo ellos los protagonistas y principales responsables de dicha crianza con ciertas limitaciones referidas a los actos de gravedad o envergadura, para los cuales se requiere el asentimiento de cualquiera de los progenitores de los padres adolescentes, sin la necesidad de que uno de ellos deba ser designado previamente tutor de su nieto.
El Anteproyecto, al igual que varias leyes del derecho comparado, enumera los diferentes deberes y derechos de los progenitores destacándose, a modo de límite, el respeto por la autonomía progresiva del hijo, en especial cuando se trata de derechos personalísimos.
Se deroga el llamado “poder de corrección” por ser ésta una facultad más acorde con la noción de “patria potestad”; en cambio, se regula el derecho deber de los progenitores de “prestar orientación y dirección”, y se expresa que para esta labor se requiere un “intercambio con el hijo de acuerdo con cada etapa de su desarrollo”.
Ahora bien, dado que los alimentos deben cubrir algunos gastos del hogar, el Anteproyecto concede legitimación al progenitor conviviente para obtener la contribución del otro al sostenimiento de dichos gastos pues de lo contrario ellos recaerían exclusivamente sobre el progenitor conviviente. Otra solución consiste en que las partes de común acuerdo, o el juez a pedido de parte, fije dos sumas: una para ser percibida por el progenitor conviviente para cubrir los referidos gastos; la otra para ser percibida por el hijo para solventar sus gastos personales.
Varias disposiciones receptan el principio fundamental de autonomía progresiva.
En este contexto, enumera de manera concreta diferentes deberes a cargo de los hijos, entre otros:
a) respeto de sus progenitores;
b) cumplir con las decisiones asumidas por sus principales responsables cuando ellas no sean contrarias a su interés superior;
c) prestar colaboración de acuerdo con su edad y grado de madurez;
d) cuidar de los ascendientes en todas las circunstancias en las que sea indispensable contar con su auxilio.
Se sustituye el deber de “obediencia” de los hijos por el de cumplir con las decisiones asumidas por los progenitores en su beneficio, por ser ésta más acorde con la noción de “responsabilidad parental” receptada en el Anteproyecto.
Una gran cantidad de disposiciones del Anteproyecto exigen recabar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, agregándose que esta manifestación debe ser valorada de conformidad con la edad y el grado de madurez.
En consonancia con el principio de autonomía progresiva, se recepta la siguiente relación inversamente proporcional: “a mayor desarrollo madurativo disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos” (conf. artículos 3, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículos 3, 24 y 27 de la ley 26.061). Siguiendo las recomendaciones internacionales, no se establece una edad para que los niños sean escuchados, siendo ésta un elemento a ser tenido en cuenta sólo a los fines de la valoración.
Uno de los temas que más debates ha generado en la ley 26.061 es el relativo a la defensa técnica de niños y adolescentes mediante su intervención o participación activa, con su propio patrocinio letrado, cuando existen intereses contrapuestos con los de sus progenitores.
El Anteproyecto permite la actuación del “abogado del niño” cuando los niños y adolescentes lo soliciten de manera expresa, y en determinados supuestos o situaciones especiales, en particular, cuando involucre a hijos adolescentes.
Se reconoce el vínculo afectivo que se genera entre el progenitor y los hijos de su pareja cuando conviven, otorgando ciertos derechos a los primeros sin excluir los derechos y deberes de los progenitores como principales responsables de los hijos.
Los supuestos de extinción de la responsabilidad parental se modifican para estar en consonancia con los cambios propuestos en otras instituciones que se vinculan de manera directa con la responsabilidad parental, como la emancipación.
Si bien la emancipación por matrimonio – única que recepta la ley vigente- produce la plena capacidad civil, no lo es a los fines del ejercicio de la responsabilidad parental por parte de los progenitores adolescentes, de conformidad a los fundamentos ya esgrimidos.
El Anteproyecto aclara de manera expresa que la adopción de integración – se trate de un matrimonio o unión convivencial - no extingue la responsabilidad parental del progenitor con el cual se tiene vínculo jurídico previo.
Se restringen los supuestos de privación de la responsabilidad parental, derogándose la posibilidad de que se extinga ipso iure por las consecuencias o situaciones negativas que hayan acontecido con otros hijos, siendo necesario indagar en cada caso si se observan o no las causales de privación con cada hijo, con independencia de lo sucedido con el resto de los hijos.
Se limita el supuesto de privación para las situaciones de peligro a la salud física y psíquica del hijo, derogándose la noción de “moralidad” a la cual alude el texto vigente, siendo éste un concepto vago e indeterminado contrario a la mirada estricta con la cual se debe analizar la figura de la privación de la responsabilidad parental.
Se señala de manera expresa que la privación tiene efectos a partir de la sentencia que la declara, excepto cuando se deriva de la declaración judicial en estado de adoptabilidad, que rige desde esta decisión.
Se introducen modificaciones a los supuestos de suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental en consonancia con los principios y propósitos que inspiran la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y la ley 26.657.
El Anteproyecto reconoce que una persona puede sufrir la limitación de su capacidad para ciertos o determinados actos pero eso no significa la automática imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos; de este modo, se deroga la suspensión de pleno derecho del ejercicio de la responsabilidad parental que la declaración de insania o capacidad restringida producen en el régimen actual.
Jornadas de capacitación sobre el Código Civil y Comercial del Poder Judicial de Córdoba - Centro de perfeccionamiento Ricardo Nuñez
07 - Identidad y autonomía en el Derecho de Familia. Disertante: Dra. Marisa Herrera
Exposición de los profesores Victoria Famá y Jorge Kielmanovich en el marco de la jornada sobre responsabilidad parental que tuvo lugar en la Facultad el 5 de noviembre de 2015.
Actualización Código Civil y Comercial - Clase 8, Módulo II T M
CLASE 8: 07/04: Patria Potestad. Autonomía progresiva de los hijos. Responsabilidad parental. Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Tenencia y régimen de visitas. Deberes de los progenitores. Cuidado personal del hijo: régimen conjunto alternativo y régimen indistinto. Plan de parentalidad. Eliminación de usufructo de los progenitores. Progenitores e hijos afines. Deberes del cónyuge o conviviente con relación a los hijos del otro. Obligación alimentaria. – Dra. María Victoria Pellegrini
Actualización Código Civil y Comercial - Clase 8, Módulo II T T
CLASE 8: 07/04: Patria Potestad. Autonomía progresiva de los hijos. Responsabilidad parental. Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Tenencia y régimen de visitas. Deberes de los progenitores. Cuidado personal del hijo: régimen conjunto alternativo y régimen indistinto. Plan de parentalidad. Eliminación de usufructo de los progenitores. Progenitores e hijos afines. Deberes del cónyuge o conviviente con relación a los hijos del otro. Obligación alimentaria. – Dr. Mauricio Mizrahi
DÉCIMA CLASE: RESPONSABILIDAD PARENTAL
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