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Timestamp: 2017-10-17 03:44:19
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de diciembre de 2010. Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. Impugnación del artículo 70. 1 y 70.2 de la Ley de Puertos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Reclamación de tarifas portuarias. Responsabilidad patrimonial por aplicación de un acto legislativo fundado en la declaración de inconstitucionalidad del artículo 70.1 y 70.2 de le Ley de Puertos. Considera la sala que del planteamiento del recurso no se desprende la existencia de un perjuicio real y efectivo en el patrimonio de la entidad recurrente, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial invocada. No se produjo la existencia de daño. Desestimación.
SECCIÓN:SEXTA
D. Luis María Díez Picazo Giménez.
D. Juan Carlos Trillo Alonso.
D. Carlos Lesmes Serrano.
D. Agustín Puente Prieto.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo número 328/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la entidad CMA CGM, contra la desestimación, primero presunta y después expresa, de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 2003, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 8 de junio de 2006, la entidad CMA CGM, empresa especializada en servicios de transporte marítimo, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, respecto a las cantidades abonadas a las Autoridades Portuarias de Barcelona, Algeciras, Bilbao, Las Palmas y Valencia por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 2003, más los intereses legales correspondientes, desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo y 8 de junio de 2005, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, respectivamente, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, y 121/2005, de 10 de mayo, por las que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y en la redacción dada por la Ley 62/1997 y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a las Autoridades Portuarias españolas, durante el ejercicio, determinadas cantidades en concepto de tarifa portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros, con fecha 24 de mayo de 2007 la entidad CMA CGM, interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 2003.
En la demanda y en su ampliación, alega la recurrente, en síntesis, que, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril (BOE 20-5-2005) y 121/2005, de 10 de mayo (BOE 8-6-2005) declararon inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tanto en su redacción original como en la redacción dada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, respectivamente, y a la vista de las mismas, con fecha 8 de junio 2006, dicha entidad formuló reclamación al Consejo de Ministros en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por las cantidades abonadas, más intereses legales, interponiendo posteriormente recurso contencioso administrativo frente a la desestimación de su reclamación, primero presunta y más tarde expresa -por Acuerdo de 27 de febrero de 2009- del Consejo de Ministros, lo que justifica la competencia de esta Sala para el conocimiento de la pretensión ejercitada.
En el escrito de ampliación de la demanda reseña que se trata de una empresa consignataria que no aprovecha por sí misma los servicios a que corresponden dichas tarifas, negando la incorporación a su patrimonio de servicio o beneficio alguno, al tiempo que niega el hecho de la repercusión de las tarifas abonadas a los titulares de las mercancías, añadiendo que es a la Administración a quien debe perjudicar la falta de prueba de este extremo.
Asimismo, aduce que es inaplicable la Sentencia del Pleno de esta Sala de fecha 5 de marzo de 2008, a la que remiten otras sentencias desestimatorias de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, "por no resultar acreditado el requisito esencial de producirse un detrimento real y efectivo en la situación patrimonial de la recurrente, detrimento que no se produce al tratarse de una relación sinalagmática en la que la recurrente ha disfrutado de la prestación solicitada por lo que su patrimonio no se ve afectado y se mantiene íntegro tras la declaración de inconstitucionalidad", razonando que su inaplicabilidad deriva de que, en este caso, ni la Administración Portuaria llegó a prestar un servicio cada vez que exigió la tarifa -pues dicha prestación se exigía por aquélla por el mero uso común especial del demanio portuario-, ni el obligado al pago -simple consignatario del buque o de la mercancía- recibió servicio alguno, al tratarse de un mero representante de la persona que realmente usaba los bienes demaniales. A ello que añade que aun cuando se admitiera a efectos puramente dialécticos que algunas tarifas llevaran aparejada la recepción de un servicio o actividad administrativa en beneficio del obligado al pago, no puede afirmarse con rigor jurídico que la devolución del importe pagado comporte automáticamente un enriquecimiento injusto.
Tercero.-El Abogado del Estado en la contestación a la demanda y a la ampliación de ésta solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa de la parte actora, al amparo de los artículos 19.1.a) y 69.b) de la Ley Jurisdiccional, por falta de derecho o interés legítimo de la demandante, toda vez que ésta reconoce su condición de simple consignatario y, por tanto, no es el "pagador final" o sujeto pasivo que ha efectuado el pago de las cantidades reclamadas, que no ha soportado al haberlas repercutido sobre las navieras.
I) en atención a lo establecido en el artículo 139.3 de la Ley 30/92, al no existir una previsión legal indemnizatoria, además de las razones expresadas en la Sentencia del Pleno de esta Sala de 5 de marzo de 2008. A tal efecto se reseña que el citado precepto establece que la indemnización derivada de la aplicación de actos legislativos será exigible "cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos", y en el presente caso no consta que exista nada parecido a tales previsiones legales, por el contrario lo que existe es una disposición específica en sentido contrario, establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio, que establece el procedimiento a seguir para regularizar la situación de los contribuyentes que en su día ingresaron liquidaciones de tarifas por las Autoridades Portuarias, tras la entrada en vigor de la Ley 27/1992 y con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 48/2003, como consecuencia de la nulidad de las disposiciones que les servían de cobertura.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de obtener certificación de las Autoridades Portuarias de Barcelona, Algeciras, Bilbao, Las Palmas y Valencia sobre las cantidades satisfechas por la recurrente durante el año 2003 en concepto de tarifas portuarias, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Quinto.-Por ambas partes se presentaron escritos de conclusiones, examinando las pruebas practicadas y defendiendo las posturas mantenidas en sus escritos de demanda y contestación. Ampliada la demanda y formulada contestación a la misma por el Abogado del Estado, las partes no solicitaron vista ni conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia, a cuyo efecto se señaló para votación y fallo el 22 de diciembre de 2010, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Primero.-En primer lugar, ha de rechazarse la alegación formulada por el Abogado del Estado, de la misma manera que debe desestimarse la causa de inadmisión, por falta de legitimación activa de la recurrente, ya que la misma alega desde el principio que ha sido quien ha satisfecho las tarifas en cuestión, señalando su concreto importe y las facturas en las que se refleja el pago, lo que ha completado en periodo de prueba mediante la documental solicitada, poniendo de manifiesto un interés legítimo en la reparación del perjuicio patrimonial que atribuye al indebido abono de tales tarifas, que no queda desvirtuado por las genéricas alegaciones sobre la falta de acreditación de haber sido sujeto pasivo que haya efectuado y soportado (no repercutido) el pago, que se formulan de contrario y que carecen de la necesaria fundamentación, que debe efectuar quien opone tal causa de inadmisibilidad, frente a las alegaciones que la propia parte formula en conclusiones sobre el alcance de las tarifas satisfechas y no repercutidas.
Segundo.-Entrando en el fondo de la cuestión planteada, se pretende en este recurso la declaración de responsabilidad patrimonial por la aplicación de acto legislativo, según la terminología que utiliza el artículo 139.3 de la Ley 30/92, invocando al respecto la jurisprudencia de esta Sala en los términos que antes se han expuesto.
La responsabilidad patrimonial se concibe como institución que viene a tutelar la integridad patrimonial de los administrados frente a las intromisiones de los poderes públicos, atendiendo a la reparación de las lesiones producidas a los particulares en sus bienes y derechos, al margen de la potestad expropiatoria, como consecuencia de la actividad desarrollada en el ejercicio del poder.
En esta sentencia del Pleno de la Sala de 5 de marzo de 2008, cuya aplicación rechaza la recurrente, la razón para desestimar la reclamación deducida es la falta de acreditación del daño y no una supuesta consideración de un enriquecimiento injusto que sólo se invoca por el Abogado del Estado y que la Sala no aprecia, pues en el caso que resuelve dicha sentencia, a la que remiten otras sentencias desestimatorias de reclamaciones de responsabilidad patrimonial análogas a la que nos ocupa, las circunstancias son las siguientes:
3.º- El reclamante, al ejercitar una acción de responsabilidad patrimonial, precisamente por elegir esta vía no pretende la devolución de lo indebidamente pagado, sino la indemnización de un daño que ha de ser real y efectivo y que tiene que probar y el matiz es decisivo:
a) para obtener la anulación de la tarifa y la devolución de lo indebidamente pagado basta con acreditar que al no existir una norma legal que ampare la liquidación de la tarifa no existe en puridad una obligación legal de pago de la misma y, por ello, procede la devolución de su importe.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 328/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de CMA CGM, contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 8 de junio de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 2003 a las Autoridades Portuarias de Barcelona, Algeciras, Bilbao, Las Palmas y Valencia, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, declarado inconstitucional; desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.