Source: https://www.viaminera.com/sociedad.html/
Timestamp: 2020-07-12 16:29:40
Document Index: 12878399

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 408', 'in fine', 'Artículo 34', 'Artículo 57', 'artículo 407']

SOCIEDAD - VÍA
Consulta previa otra vez en la Corte Constitucional
Julio 5 de 2020.- El pasado 4 de junio la Corte Constitucional aceptó la demanda que en noviembre del 2019 presentó el Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu por el incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitida en junio del año 2012.
“Pese a haber transcurrido ocho años, el fallo de la Corte Interamericana continúa sin ser cumplido en tres puntos clave: el retiro de una tonelada y media de explosivos de nuestro territorio, que no se tome ninguna decisión sin consultar a nuestro pueblo y se ha adjudicado contratos a Petroamazonas y a una empresa china y que el Estado regule el ejercicio de la consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo que manda la Constitución y las normas internacionales”, afirmó Túpac Viteri, líder del Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu.
En torno al tercer punto de la sentencia de la CIDH, la Corte Constitucional del Ecuador sentenció en diciembre del año pasado “que la Asamblea Nacional del Ecuador dentro del plazo máximo de un año, expida las leyes orgánicas correspondientes que regulen el derecho a la consulta previa y prelegislativa”. Ello todavía no ha ocurrido y, sin embargo, desde el viceministerio de Minas, circuló una propuesta de reglamento que ya estaría siendo descartada por inconstitucional.
Según el Consejo de Gobierno Sarayacu la demanda es “en contra de Lenin Moreno, presidente de la República; César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos quienes conjuntamente con el Dr. Iñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado, deberán responder por no haber cumplido con la sentencia dictada por la CIDH”.
De acuerdo con los representantes del pueblo de Sarayacu, la demanda ha sido presentada no sólo para que la Corte Constitucional reconozca la obligatoriedad de la sentencia CIDH sino “para que vaya más allá, le ponga garra, consecuencia y se acelere el proceso de su cumplimiento”.
En la Corte Constitucional los jueces Carmen Corral, Agustín Grijalba y Bolívar Salgado han resuelto admitir a trámite la Acción de Incumplimiento. El caso lleva el número 0060-19-AN.
Accidente en relavera enloda al sector minero
Julio 6 de 2020.- El 3 de julio colapsó una relavera sobre el río Tenguel en las inmediaciones de la vía Santa Martha (Azuay) – Muyuyacu. Llegados al lugar, los técnicos de la flamante Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcer) verificaron la presencia de sedimentos que provendrían de la planta “Armijos” ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay y operada por la empresa Austro Gold.
Al cierre de esta edición las inspecciones continuaban y no se tenía una noción del impacto de este hecho. Arcer informó que una de las medidas inmediatas será la colocación de sellos de prohibición de actividades mineras en la planta de beneficio.
El accidente es un duro golpe a la minería ecuatoriana. Hasta ahora, la generación de relaves y desechos mineros es inevitable pero hay tecnologías que minimizan este impacto.
Las empresas responsables monitorean el tema de las relaveras y existe la página http://www.wise-uranium.org/mdaf.html, que lleva una estadística de los accidentes que se producen en estas instalaciones.
Mientras las autoridades preparan una legislación que prevenga los accidentes, grupos opuestos a la minería sacan sus propias conclusiones. Así, el “Colectivo Caminantes, espacio de articulación antiminera del Ecuador", señala que “el colapso de la mina en Ponce Enriquez fue de 50 toneladas de desechos químicos, lo que equivale a los desechos que producirá la mina Mirador en 1 minuto y 13 segundos”.
Ex trabajadores de Titan Minerals: Testimonios de un caso sin versión oficial
Foto: Radio Impacto 107.9 en planta de beneficio de GRV ubicada en sector El Pache de Portovelo, el 16 de junio de 2020 durante protesta de trabajadores.
Junio 28 de 2020.- Angel Acurio trabajó durante 12 años en la empresa Green Valley Resources (GRV), comprada primero por Core Gold y este año por Titan Minerals. Fue despedido por carta del 15 de abril firmada por Mark Bailey, a nombre de Green Valley Resources, anunciando la “suspensión permanente de operaciones”.
​Los cambios de razón social de las compañías propietarias de minas y de plantas de beneficio que fueron de la compañía Elipe S. A., con actividades en el sur del país, no llaman la atención de este hombre que consiguió su primer empleo a los 12 años y trabajó casi 20 años para Odebrecht en los proyectos trasvase Santa Elena, San Francisco y Toachi Pilatón.
“Para qué también… esa empresa me liquidó bien. En cambio Titan, ¿dicen que no podían continuar con las operaciones? El gobierno puso en vigencia el artículo 160 del Código del Trabajo y ellos se acogieron rapidito para no pagarnos lo debido. Nos han botado como al perro”.
“A mis 47 años de edad pensé que me faltaban pocos años para jubilarme y nunca me imaginé que después de todo el esfuerzo que pusimos para levantar esa empresa, en la que trabajamos seis meses sin sueldo, me iban a despedir de esa forma… Ni siquiera un aviso formal. Me enteré por la página del ministerio del Trabajo que mi liquidación era de 46 dólares porque me habían descontado 44 por no sé qué”, relata.
Acurio tiene una discapacidad en una pierna, de la que no le gusta hacer comentarios, y es uno de los 249 despedidos de Titan Minerals.
Como a todos los trabajadores de las minas Dynasty, ubicada en Celica, y Cabo de Hornos, ubicada en Portovelo, y de la planta de beneficio Svetlana 1, también con sede en Portovelo, la empresa le ofreció a través de amanuenses legales cantidades que Acurio y al menos 41 trabajadores, técnicos y profesionales rechazaron porque consideran una indignidad aceptar esas cifras.
A él le ofrecían 3411 dólares, pero si firmaba su renuncia. Como no firmó, le depositaron 44 dólares. De los demás, aproximadamente 170 han aceptado una fracción miserable de la que recibirían como liquidación por despido intempestivo más la promesa de ser recontratados.
Para Omer Torres, ex presidente de la comunidad de Mullunamá, a 8 km de Celica, tampoco resultó extraño que ahora haya dos empresas más después de Elipe y Green Valley Resources involucradas en el despido de casi 250 trabajadores en plena pandemia de coronavirus, porque “no han cumplido con la comunidad. Y sabiendo que la comuna tiene autoridades a las que deben comunicar todo lo que le afecta ni nos informaron que iban a despedir a 15 miembros que trabajaban para la empresa”.
“La ley les permite el cambio de razón social, pero la comunidad está decidida a seguir juicio a la empresa que venga”, afirma y reclama: “Ya ni sé los nombres de los gerentes, porque cada vez llega uno nuevo y ninguno ha cumplido con los compromisos”. Uno de esos acuerdos es el pago de 7000 dólares mensuales por 21 años a la comunidad y se venía cumpliendo hasta marzo.
Titan Minerals, al adquirir los activos de Core Gold, dueña de Green Valley Resources, en las concesiones de Elipe S. A., ha asumido una serie de compromisos con esta comunidad ancestral de alrededor de 50 familias, el barrio Mullunamá. Tema del que hablaremos próximamente.
Consulta previa: paso en falso que puede rectificarse
Junio 14 de 2020.- El documento borrador sobre consulta previa que según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, fue elaborado con el apoyo de siete expertos internacionales e iba a ser socializado en estos meses, ha sido un paso en falso en asuntos de relaciones comunitarias.
En efecto, el pasado 14 de mayo el ingeniero Benalcázar, informó que el borrador del reglamento de consulta previa, libre e informada había sido ya completado y sería sometido a la consideración del sector para los aportes respectivos.
Meses antes el ex viceministro de Minas, Enrique Gallegos, informó también que como segundo eje de su gestión, se contemplaba el marco jurídico - legal y, en ese contexto, destacó la importancia que tenía normalizar el proceso de consulta previa.
El documento del que habló el viceministro fue entregado en consulta a la Cámara de Minería de Ecuador, estuvo siendo analizado por algunas organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento en que se escribían estas líneas, no se había entregado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, ni a otras organizaciones también representativas de las poblaciones nativas, específicamente de la Amazonía que han tenido contacto con las actividades mineras en sus territorios.
Felizmente porque se trata de un tema que no debe ser tomado a la ligera. Si lo ideal sería reestructurar las relaciones que se vienen estableciendo con las comunidades y, en líneas generales, recuperar el tiempo perdido y la confianza de las comunidades con información adecuada, transparente y clara, hay que hacer las cosas bien hechas.
Pero los que hicieron el documento no sabían. La Sentencia 001-10-SIN-CC (Ver Vía Minera No. 45) dictó normas sobre la consulta previa y, en síntesis, dictaminó que la consulta debe ser establecida en concordancia con una ley de la Asamblea Nacional, no con un reglamento.
Eso mismo han dicho los delegados de las pequeñas y de las grandes empresas que han sido consultadas por el Viceministerio de Minas.
Informe de RMI encontró muy limitada la gestión responsable de las grandes mineras
Junio 14 de 2020.- Los compromisos corporativos declarados no se igualan a las acciones concretas realizadas por las empresas en las minas según el informe de investigación: “¿Minería responsable en América Latina y el Caribe? Evaluando cómo las empresas mineras abordan cuestiones de interés público”, de la Responsible Mining Foundation (RMF) y el Centro Vincular-PUCV, documento lanzado a principios de este año.
La Fundación, que se declara independiente y libre de financiamiento minero, cree que la minería puede beneficiar a las economías, mejorar la vida de las personas y respetar el ambiente de los países productores. El Centro Vincular es una entidad especializada en la gestión sostenible de organizaciones y empresas públicas y privadas, adscrita a la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El informe, que se realiza desde hace 5 años, evaluó a 38 empresas de gran escala cuyas ventas sumadas representan aproximadamente el 28 por ciento del valor global de la producción minera mundial. Para el caso regional, incluyó a 20 que tienen 49 operaciones mineras en América Latina y el Caribe. Para equilibrar el horizonte, se puso bajo la lupa a empresas privadas y públicas.
El reporte aborda el desempeño de las empresas en seis áreas temáticas: desarrollo económico, conducta empresarial, gestión del ciclo de vida, condiciones de trabajo, bienestar comunitario y responsabilidad medioambiental; y destaca prácticas líderes encontradas relacionadas con algunos de los indicadores básicos de minería responsable que son once: consumo de agua, manejo de relaves, preparación para casos de emergencia, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, impactos sobre la calidad del agua, reclamos de trabajadores y comunidades, rehabilitación y planificación para el cierre, planificación del desarrollo socioeconómico, desarrollo de habilidades para las comunidades y la fuerza laboral local; y equidad de género.
El análisis se aplica a una recolección de la información pública de las empresas mineras y un conjunto de evidencias adicionales que solicitan a las empresas sobre sus prácticas en las minas.
Aunque no se incluyeron operaciones que se realizan en Ecuador, se analizó minas en todo el mundo de seis empresas presentes en el país: Anglo American, BHP Billiton, Codelco, First Quantum (que está entrando en alianza con Lucky Minerals), Grupo México y Newcrest Mining.
El estudio presenta evidencia de que seis empresas con sede en América Latina y el Caribe no muestran liderazgo en temas de particular pertinencia para la región, como los defensores de los derechos humanos, los Pueblos Indígenas, el cierre de minas, la rehabilitación y el agua. Las seis empresas (ya sea registradas, o con operaciones únicamente en esta región) incluyen Antofagasta, Buenaventura, Codelco, Grupo México, Industrias Peñoles y Vale.
El estudio encuentra que, si bien la industria tiene un enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible, también puede representar una amenaza para la vida y los medios de vida de las comunidades y los trabajadores, y para el medio ambiente en los países productores.
Reflexionando sobre buenos modelos y prácticas líderes vistos en la región, el estudio recomienda caminos a seguir para que las empresas y los gobiernos avancen hacia una minería responsable basada en normas reconocidas internacionalmente.
Un punto de partida valioso para que las empresas actúen sería, según recomienda, aplicar sistemas corporativos consistentemente a través de sus explotaciones mineras y compartir de manera transparente toda la información de interés público como práctica estándar.
El Estudio Regional 2020: América latina y el Caribe, conteniendo 4000 documentos originales de respaldo de la información se encuentra en la web de la RMI. Se lo puede descargar aquí:
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.pdf
Autoridades de Cuellaje rechazan oficio ministerial
Junio 7 de 2020.- Las autoridades del Gobierno Parroquial 6 de Julio de Cuellaje han dado a conocer su descontento con la respuesta que han recibido del gobierno por su oposición al proyecto Llurimagua.
El GAD parroquial de Cuellaje envió el pasado 18 de abril un oficio a la Presidencia de la República en el que, entre otras cosas, expresaban su preocupación por “un proyecto que nunca fue consultado con las comunidades… fue impuesto a la fuerza y, por lo tanto, consideramos el proyecto ilegal e ilegítimo”.
El oficio, firmado por presidente del GAD parroquial, Angel Flores, decía también: “En Intag llevamos más de 25 años en esta lucha a favor del agua y la vida y sabemos en términos científicos y geológicas (sic) por qué el proyecto Llurimagua es un desastre ambiental y humano de enormes proporciones para las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas”.
Dicho oficio fue derivado al ministerio de Energía y Recursos No Renovables que, en oficio del 27 de mayo, respondió a las autoridades parroquiales deseándoles “el mejor de los éxitos en las nobles funciones que desempeñan” y reseñando el art. 261 de la Constitución según el cual “el Gobierno Central tiene la competencia exclusiva sobre la planificación nacional y los recursos naturales”.
El oficio en mención, firmado por el coordinador general jurídico, Pedro Francisco Fernández de Córdova Arteaga, reseña además otros cuerpos legales y doctrinarios y termina señalando (al presidente del Gad parroquial) que “la promulgación de un acto normativo… que pretenda prohibir la actividad minera en cualquier régimen, podría dar lugar a la interposición de acciones legales ante los Tribunales de Justicia, tanto en el ámbito constitucional como contencioso administrativo…”.
Nace think thank en el sector minero ecuatoriano
Mayo 31 de 2020.- El 26 de mayo se presentó ante la sociedad minera ecuatoriana el Laboratorio de pensamientos para la innovación y desarrollo sostenible de la minería, LIDS, con el webinar “Estableciendo estrategias para la innovación y desarrollo sostenible del sector extractivo minero ecuatoriano”, en el que participaron cuatro expertos en diferentes áreas temáticas mineras y el ex ministro de Finanzas, Marco Flores.
Ellos expusieron los resultados de análisis de big data sobre la percepción de la minería en los ecuatorianos pre y post coronavirus.
LIDS ha sido creado por Elisa Morán y Sonia Maunder. Elisa Morán es experta en derecho minero con amplia experiencia en negociación y miembro del programa Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice member, del Banco Mundial. Sonia Maunder es experta en el desarrollo de estrategias corporativas en mercados de Latinoamérica y Australia.
También tomaron parte en el webinar el ingeniero Darío Zegarra M., vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, Perú, y el ingeniero Andrés Recalde, consultor en Gestión Social en el desarrollo minero, con amplia experiencia de trabajo para empresas mineras internacionales que operan en América Latina.
Recalde se refirió a la fase de relacionamiento social como un valor que “debe manejarse con cuidado y profesionalmente”. Sostuvo que una gerencia debe contar con una política corporativa de relacionamiento e inversión social y que ello “no es simplemente un deseo, una casualidad porque de repente nos encontramos con algo que decirle a la comunidad de parte de la empresa”.
Dicha política “tiene que ser algo estructurado, al mismo nivel que una competencia financiera, técnica, logística”, remarcó.
Reveló que las experiencias internacionales existentes colocan el monto de inversión social necesario para mantener aceptabilidad social en valores que varían entre el 0,2 al 5 por ciento del OPEX de las compañías.
La data acerca de la percepción de los ecuatorianos fue realizada por Antro Proyectos Big Data Analytics.
Si se perdió el webinar, aquí se encuentra el video:
https://www.facebook.com/hjbecdach/videos/254300825812581/?v=254300825812581
Cigmipa reitera llamado a la colegiación
Mayo 31 de 2020.- El Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales “Cigmipa"” viene promoviendo la incorporación de nuevos miembros y la realización de más actividades que contribuyan a elevar el nivel de los profesionales y la industria minero energética ecuatoriana.
Para ser parte del colegio, se necesita presentar una solicitud cuyo formato se encuentra en la página oficial del colegio; una copia del título de profesión registrado en el Senescyt, la copia a color de la CI y papeleta de votación y una copia a color del título de tercer nivel.
Los beneficios de ser un ingeniero colegiado son múltiples. En materia de Defensa del Ejercicio Profesional, el Cigmipa ofrece soporte en el campo laboral y es el referente profesional para las empresas que solicitan ingenieros. Los socios del Cigmipa siempre gozan de diferentes ofertas de trabajo.
En temas de capacitación, el colegio ofrece programas de primer nivel a los cuales el socio puede acceder con un costo preferencial.
Cigmipa ofrece cursos y seminarios Internacionales, apoya la publicación de artículos y libros de los miembros, tiene un Centro de Capacitación Hidrocarburífera y Minera del Ecuador y cuenta con 3 salas y un auditorio, el que permite a los socios organizar foros de discusión en el programa “Fortalecimiento de Espacios de Debate”.
Posee además instalaciones administrativas y recreativas pensadas para el beneficio de los socios. Cuenta con una sala de reuniones; con servicio de internet inalámbrico y una sede deportiva que brinda los servicios de sauna, turco, hidromasaje, piscinas, canchas deportivas, espacios de BBQ y juegos infantiles.
Cigmipa tiene un programa que apunta hacia la integración social y deportiva entre colegas. Realiza campeonatos deportivos y actividades de reconocimiento a la labor desempeñada por los socios que cumplen 20, 25, 30, 35, 40 y más años de ejercicio profesional. Promueve obsequios de Navidad a los socios, agasajo navideño y celebra el Día de la Familia. Tiene asimismo convenios interinstitucionales que facilitan el desarrollo profesional de sus miembros.
Los socios pueden acceder a becas y descuentos en cursos y seminarios. Tienen derecho a la revista semestral Oro y Petróleo, reciben informativos electrónicos (quincenal, semanal, de capacitación y deportivo), con información del gremio y todos los días las noticias relevantes del sector.
La información sobre los costos de inscripción y otras actividades del Cigmipa puede solicitarse a Alexandra Guevara, del departamento de Cartera y Ventas.
Colectivos “antimineros” ofrecieron rueda de prensa
Empezó socialización sobre Consulta Libre, Previa e Informada
Mayo 24 de 2020.- Hace un par de semanas, por fin, se inició la socialización del documento preliminar de consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias para la realización de actividades mineras en sus territorios.
La socialización del borrador empezó con las empresas mineras y según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, debe continuar hasta conocer las opiniones de todos los involucrados con la actividad.
El tema no es nuevo en el sector. El caso más emblemático, aunque no está relacionado directamente con la minería, es el provocado por la adjudicación del Bloque 23 a la compañía argentina CGC que afectó al pueblo Sarayaku y terminó con el Estado ecuatoriano sentado en el banquillo de los acusados.
Al final, la CIDH sentenció que hubo violación de los derechos de consulta, propiedad comunal indígena e identidad cultural al haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en tierras de los Sarayaku sin haber consultado previamente a la comunidad.
En asuntos del sector, después de la promulgación de la ley de Minería, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad de forma y fondo por lo que ellos consideraron la violación a sus derechos constitucionales durante el proceso de discusión y aprobación de la ley por falta de la consulta prelegislativa. En este caso, en la Sentencia 001-10-SIN-CC la Corte Constitucional desechó esta demanda pero dictó algunas normas sobre la consulta previa.
Al margen de las sentencias recientes sobre las consultas populares en Azuay, el tema debería provocar un debate profundo sobre las aspiraciones de los pueblos a hacer realidad sus propias nociones sobre el desarrollo de sus territorios. Las mentes más lúcidas de una serie de organismos multilaterales, incluidas las de algunos voceros del empresariado minero, reconocen que sobre los territorios está la sabiduría ancestral y, sobre todo, están los propios pueblos indígenas.
Vale recordar que el discurso respecto de la consulta libre, previa e informada, se elaboró partiendo de reconocer que los derechos de los indígenas fueron violados sistemáticamente en nuestra historia. Esa es una de las razones por las que, desde hace más de 40 años el derecho internacional puso en su agenda de derechos humanos la discusión de estos temas.
El documento elaborado, según el viceministro Benalcázar, con la participación de siete expertos internacionales, propone que la consulta previa proceda antes de que un área minera sea incluida en un proceso de otorgamiento de derechos mineros. También que se actualice antes de empezar la explotación de una concesión.
En el caso de la pequeña minería y la artesanal, la propuesta es que la consulta se haga antes del otorgamiento del título minero y que como en este grupo la exploración y la explotación no son etapas distintas de unas labores sino que pueden ocurrir simultáneamente, no sea necesaria la actualización.
Respecto de la pertinencia o no de realizar el proceso de consulta libre, previa e informada, el documento plantea que sea el Ministerio quien, a partir del diagnóstico social del área en el que se planea realizar un proyecto, es decir, de la definición de si el área está habitada o no por “sujetos de consulta”, determine si se considera o no la opinión de los pobladores.
Se plantea también que en el caso de que una comunidad rechace ser consultada, el Ministerio haga todo lo posible para que la información del proyecto minero en cuestión esté a disposición de la población al menos por treinta días, transcurridos los cuales se emitirá la respectiva resolución motivada de finalización del proceso de consulta previa.
La propuesta señala que en los casos en los que existan organizaciones que se sienten representantes de las comunidades y no hayan sido tomadas en cuenta, podrán solicitar que se les incluya en el proceso.
Respecto de la convocatoria, se propone que se convoque a través de medios de comunicación digital o escritos, páginas web, radioemisoras comerciales o comunitarias, invitaciones directas, carteles, volantes, pancartas, a través de invitaciones hechas puerta a puerta o a través de altoparlantes.
En sus considerandos, la propuesta invoca los artículos 261 y 313 de la Constitución de la República del Ecuador que reconocen la competencia exclusiva del Estado sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, etc.
Dice el Colegio de Ingenieros:
Petróleo, minería y energía claves para la mitigación de la crisis económica y social
CARTA DEL CIGMIPA AL PRESIDENTE
Mayo 17 de 2020.- El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades afines de la Región Norte (Cigmipa), ha enviado una extensa carta al presidente de la República, Lenín Moreno, ofreciendo una serie de propuestas frente a temas claves del sector minero energético.
La carta completa puede leerse en www.viaminera.com; y esgrime como uno de sus argumentos principales que “ante la profunda crisis económica y social que afecta a la mayoría de ecuatorianos, tanto el gobierno como el sector privado, en la reducción del tamaño del Estado -que significa menos empleo y servicios- han visto la principal alternativa de solución”.
Señala que “es evidente que parte de su equipo gubernamental representado por los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el de Finanzas… no han considerado un grupo de opciones que las creemos válidas y oportunas para mejorar los escuálidos ingresos que el Estado viene recibiendo debido a la impresionante reducción de la renta petrolera estatal y por el insuficiente aporte que suponen los nuevos ingresos mineros”.
Respecto de la actividad minera, Cigmipa sostiene que “los ecuatorianos no exportamos el material mineralizado, quienes sí lo hacen son las empresas contratistas” y agrega que existe preocupación porque no se estaría dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 408 de la Constitución del 2008, que en su parte medular dice: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.”
En cuanto al proyecto Llurimagua, en el que Enami está a punto de asociarse con la estatal chilena Codelco, Cigmipa dice: “Nos permitimos recomendar que, en aras del más alto interés nacional, se dé paso a una nueva y transparente licitación internacional en la que, bajo la figura de la conformación de una compañía mixta, la empresa pública Enami EP sea la que tenga la mayoría accionaria”.
La carta es firmada por los ingenieros Ramiro Maruri y Fernando Reyes, presidente y vicepresidente del Cigmipa, respectivamente.
IGF: “Fuerza mayor” es un arma de doble filo
Mayo 17 de 2020.- La noción de "fuerza mayor" es bastante fácil de entender: un hecho fuera del control de una entidad individual que es de tal importancia e impacto que impide a dicha entidad (empresa o gobierno) cumplir con las obligaciones como fueron inicialmente redactadas.
Esto puede estar relacionado con el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones o con la incapacidad para cumplir en absoluto con determinadas obligaciones en el futuro. En todo caso, según un estudio reciente del Foro Intergubernamental sobre Minería y Metales, IGF, se trata de un arma de doble filo para el gobierno y para las empresas.
El estudio puede verse y descargarse en: https://www.iisd.org/sites/default/files /publications/force-majeure-covid-19-es.pdf
Licencia social será cada día más importante
Mayo 11 de 2020.- El grupo consultor BDO, uno de los líderes globales en asuntos de auditorías y asesoramiento, acaba de lanzar un reporte sobre la licencia social y la importancia que adquiere a la luz de los nuevos problemas que enfrenta el sector minero.
El estudio señala que con el envejecimiento de la población y la fuerza laboral, el sector minero necesita reposicionarse para asegurar las licencias sociales y atraer el grupo de talentos milenarios en demanda.
Según Sherif Andrawes, jefe global de Recursos Naturales de BDO, no está lejano el día en que la licencia social será tan importante como la licencia que otorgan los gobiernos autorizando las labores mineras.
La licencia social es la clave para desbloquear los resultados positivos que trae el sector minero. "La gente ve teléfonos, automóviles, televisores, pero a menudo no se establece el vínculo con la minería", dice Andrawes.
El informe ha sido reseñado en la última edición virtual de la revista mining.com y puede ser descargado desde:
Mayo 3 de 2020.- El 21 de abril, el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña Males, remitió una carta al presidente de la República solicitándole información sobre los aspectos legales, ambientales, financieros y de todo orden que rodean al proyecto Llurimagua.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
El webinar organizado el pasado jueves 30 de abril por la Cámara de Minería de Ecuador para abordar las relaciones comunitarias reunió a un grupo de profesionales que aportaron ideas relativamente nuevas para las áreas encargadas de vincularse a las poblaciones asentadas en los territorios en los cuales se realizan actividades mineras.
La reunión, apoyada por el estudio de abogados Flor y Hurtado se denominó “Minería socialmente sostenible: tendencias, retos y oportunidades para su implementación en Ecuador” y contó con la participación de Janeth Sandoval, Sebastián Donoso, Remi Piet, Jaime Vintimilla y Carlos Torres Salinas.
Donoso, Piet y Vintimilla plantearon criterios centrados en el respeto y la dignidad como aspectos que deben ser tomados en cuenta, desde el principio, por quienes quieren construir relaciones armoniosas con las comunidades que están cerca a sus operaciones.
La idea no es nueva en el campo de las ciencias sociales. En el sector minero energético, las empresas hidrocarburíferas han alcanzado mayor experiencia en internalizar el respeto al otro, es decir, a las comunidades de su entorno; y en aceptar que las personas pueden tener nociones diferentes sobre eso llamado desarrollo, progreso o felicidad humana.
Con matices en el acercamiento a la problemática del diálogo, los tres expositores mencionados dejaron en claro que la clave está en acordar condiciones en las cuales las comunidades encuentran coincidencia entre sus intereses y los de las empresas interesadas en el desarrollo de un proyecto.
Un día antes, Remi Piet había señalado que no todas las empresas mineras habían logrado entender que las comunidades pueden tener visiones diferentes a las suyas.
Las exposiciones de este todos los webinares de la Semana Virtual Minera pueden ser apreciadas en la cuenta Facebook de la Cámara de Minería de Ecuador y en sus redes sociales la programación para la semana siguiente.
Mineros despedidos envían carta de denuncia al Presidente
Mayo 3 de 2020.- Como informamos en Vía Minera No. 40, aún antes de terminar de instalarse en el país la empresa Titan Minerals despidió a un grupo de aproximadamente 300 trabajadores quienes el pasado 21 dirigieron una misiva al señor presidente de la República, Lenín Moreno; y a otras autoridades.
Señalan en su carta que la mayoría de las acciones de las compañías mineras Green Valley Resources S.A. (GVR S.A.) y Golden Valley Planta S.A. (GVP S.A.), ambas subsidiarias de la compañía canadiense Core Gold Inc., fueron adquiridas en el exterior por la empresa australiana Titan Minerals Ltd.
Que Green Valley realizó los despidos intempestivos acogiéndose de manera ilegal a la causal de “fuerza mayor” establecida en el Art. 169.6 del Código del Trabajo; con el único propósito de eludir su obligación de pagar las indemnizaciones laborales a los trabajadores conforme lo señalan los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo.
Sostienen también que no tomó en cuenta la Resolución No. MERNNR-MERNNR-2020-004-RM del 17 de marzo de 2020, que “prohíbe la paralización y suspensión de todo tipo de actividad relacionada a los sectores estratégicos, ya sea como operador, contratista y otros de similar naturaleza, alegando fuerza mayor o caso fortuito motivado en el Decreto Ejecutivo No. 1017”.
La carta menciona que en los despidos se alega una “suspensión total de actividades”, cosa que no ha sucedido puesto que hay personal realizando labores de exploración.
“Cabe mencionar que la empresa GVR S.A. posee dos minas en plena operación. Estas minas son conocidas bajo los nombres Cabo de Hornos (Portovelo) y Cerro Verde (Celica) y hasta antes del referido comunicado, su operación se efectuaba normalmente y generaban mineral para ser tratado en la planta de Golden Valley (GVP S.A.) en la ciudad de Portovelo, en el sector el Pache”, continúa la misiva.
Los despedidos remarcan que en el supuesto negado de que la información de cierre definitivo fuera cierta, entonces el Ministerio debería iniciar el proceso de devolución de las concesiones mineras que actualmente constan a nombre de las empresas mineras.
Los mineros recuerdan que el pasado 13 de febrero Titan Minerals Ltd. afirmaba que estaban “totalmente financiados para acelerar la exploración en el Ecuador”.
​​Finalmente, los trabajadores denuncian “el proceso de presión y amedrentamiento que está implementando la empresa a través de llamadas telefónicas que realizan abogados y otros representantes mediante las cuales se solicita al trabajador que, como requisito para el pago de un “bono especial”, debe firmar la ‘renuncia voluntaria’”. “Dichos valores no alcanzan ni al 10% del monto de liquidación que le corresponde a cada trabajador”, se dice en la misiva.
Salazar crea una fundación para canalizar sus aportes al desarrollo local
Actividad de socialización con pobladores de Las Naves, proyecto Curipamba, provincia de Bolívar.
Abril 26 de 2020.- El 20 de abril Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (Frankfurt: CCG.F) anunció la creación de la Fundación Salazar y el nombramiento de Karina Morales Herrera como su primera directora ejecutiva. La organización nace para abordar con una óptica distinta los problemas estructurales de los territorios donde se ubican los proyectos extractivos, promoviendo desarrollo económico inclusivo y sostenible, fortaleciendo las capacidades y las competencias de los actores locales para crear en conjunto una agenda de desarrollo alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.
La fundación será apoyada financieramente por las empresas de Salazar Resources Ltd. y por donantes privados, incluido el presidente Fredy Salazar. El
comunicado indica que toman como punto de partida la experiencia que Salazar Resources ha generado en sus programas de responsabilidad social con la comunidad durante los trece años desde su creación.
Indica además que Morales Herrera tiene conocimiento y experiencia en desarrollo sostenible, desarrollo económico local, prácticas empresariales responsables e inclusivas, cadenas globales y cooperación internacional, combinando su experiencia con la docencia universitaria. Tiene amplia experiencia tanto en el sector privado, en organizaciones sin fines de lucro, como en el sector público. Antes de asumir la dirección ejecutiva de la Fundación Salazar, Karina fue la Cónsul General del Ecuador en Shanghai.
Fredy Salazar comentó: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Karina para dirigir la Fundación Salazar y me gustaría agradecer a mis copatrocinadores y Salazar Resources por unirse a mí para dar pasos reales hoy para hacer un mejor mañana. Sinceramente, creo que el desarrollo responsable de los recursos naturales de un país es esencial para la sociedad en su conjunto y que hacerlo adecuadamente salvaguardará nuestro medio ambiente y nuestra comunidad".
Karina Morales Herrera:
La Fundación será una aliada para que las comunidades se preparen para cuando la empresa salga
“Acepté este reto luego de varias conversaciones con Fredy Salazar, en las que me comentó los proyectos que han realizado como Salazar Resources, entendí que sus valores estaban plasmados en las iniciativas construidas con las comunidades, fue evidente un real interés de hacer bien las cosas”, dice emocionada Karina Morales Herrera, una abogada y economista especializada en responsabilidad social y primera directora ejecutiva de la Fundación Salazar.
“El trabajo de la Fundación se diferencia de la labor de la compañía en su área de Relaciones Comunitarias. La Fundación se enfoca en proyectos de impacto desde una perspectiva de mediano y largo plazo, buscando dejar un legado de desarrollo en los territorios que han recibido los proyectos extractivos”, explica.
Se busca que las personas que viven en los alrededores de los proyectos extractivos cambien profundamente sus condiciones de vida, superado la pobreza y logrando mejores niveles de bienestar. Es por ello importante para nosotros mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas, produciendo oportunidades de aprendizaje y capacitación. La clave es una comunidad activa, organizada que tome las riendas de su desarrollo, la Fundación será el aliado técnico para mejorar sus capacidades para ello.
Morales Herrera explica que luego de todos estos años de experiencia, Fredy Salazar entendió que hacía falta “otro actor” que construya alianzas con los actores locales y fortalezca su gestión para procesos más amplios.
La Fundación tendrá como guía los Objetivos de Desarrollo Sustentable pensados para el 2030, trabajando varios objetivos de manera amplia y otros transversalmente. El desarrollo económico inclusivo y sostenible, uno de los pilares más importantes, partirá de las políticas internas de la empresa, hacia la búsqueda y fortalecimiento de proveedores locales.
La labor de la Fundación no se circunscribirá a las zonas de impacto directo de los proyectos mineros, sino las regiones y provincias, siempre trabajando con aliados locales. Y Karina cree que con la planificación de un desarrollo económico que no deje por fuera a nadie en el territorio, es decir realmente inclusivo, se podría contribuir a que los emprendimientos empresariales locales que surjan tengan continuidad en el momento en que los mineros cierren sus operaciones.
Muchas de estas acciones están dentro de las competencias de los gobiernos locales, entonces, hay que apoyar para que las propuestas sean presentadas a los financistas o a las entidades que los convaliden. “Es como ese actor que hace la parte técnica para que las cosas se muevan. La gente tiene que tener claro que seremos un aliado que puede apoyarle para salir adelante”, afirma.
Las alianzas con universidades, gobiernos locales, organismos internacionales, fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, serán parte del apoyo que brinde la Fundación.
“En muchos casos serán estudios, habrá que construir las propuestas para que puedan ser presentadas. Si hay que tocar las puertas del BEDE para el gobierno local, entonces hay que ayudarle con los proyectos. Cada uno de los actores sigue haciendo lo que le compete pero nosotros apoyaremos para fortalecer sus capacidades”, explica.
Respecto del método para medir los resultados de la intervención de la Fundación, señala que en el Ecuador se carece de indicadores sociales y económicos, tan necesarios para conocer bien las reales condiciones en las que se vive en las comunidades. Por eso, se han propuesto realizar estudios sociales, económicos, socioculturales como, por ejemplo, el de los indicadores de pobreza multidimensional, que incluso ofrecerá como servicio a otras empresas extractivas que los necesitan para elaborar sus intervenciones.
En el tema económico utilizarán indicadores como el número de familias que han mejorado sus ingresos gracias a las propuestas de la fundación.
De esa manera, señala Morales, “la minería dejará un legado de progreso y bienestar para las poblaciones de los lugares en los que realizó sus operaciones y entonces se habrá cumplido el anhelo de don Fredy Salazar”.
Apuntes para acercarse a la historia (1)
Pueblos nativos y empresas en contextos de conflicto y diálogo
Abril 5 de 2020.- En un sector la Cordillera del Condor funciona el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam. En el Título VII de su Plan de Vida, Estatutos y Reglamentos sobre “Ventas y arriendos a no Shuar”, en el Artículo 34, se señala que “Está completamente prohibido y es ilegal toda venta de territorios colectivos a los no Shuar. Si esa venta ocurriera y el terreno es ocupado, se sacará al no Shuar y el vendedor pierde su título y sus derechos sobre esas tierras. La asamblea del Centro dispondrá a quién entrega el uso de estas tierras para otros fines”.
Sin embargo, 2400 hectáreas de esos territorios fueron vendidos el 2005 a una empresa minera y esa operación fue la semilla sobre la que creció un problema que pudo haber llegado a más si los compradores mismos no rectificaban lo que habían hecho.
Ahora la zona se conoce en el medio minero como el Proyecto Warintza que está a cargo de Solaris Resources, una empresa canadiense que llegó al Ecuador de la mano de uno de los geólogos más famosos del mundo, David Lowell, probablemente el único que ha descubierto yacimientos de clase mundial en muchos rincones de la Cordillera de los Andes.
La empresa advirtió que los terrenos que iba a explorar eran reclamados por las comunidades. Solaris los habían comprado pero la venta era inaceptable para el pueblo shuar.
Frente a ello los ejecutivos de Solaris decidieron devolver las tierras sin poner condiciones a las comunidades. Eso sí, hicieron un acto simbólico al que asistieron autoridades del Ministerio de Agricultura y las del sector. Con eso se solucionó el conflicto.
“Para mí, el mundo indígena está pidiendo algo que no es diferente a lo que he visto en naciones africanas, canadienses, andinas o amazónicas… Están pidiendo ser parte del proceso de tomar decisiones, ser involucradas, entender qué es el sector y finalmente ser beneficiadas… cualquiera pediría eso”, señala Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones y Asuntos Corporativos de Solaris Resources.
Y agrega: “Ellos no son el problema, sino nosotros que no nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir lo que se nos está diciendo”.
Recuerda que en noviembre de 2018, después de la ceremonia de devolución del territorio a sus propietarios ancestrales, Velásquez recibió un mensaje por Whatsapp enviado por los síndicos (dirigentes máximos en la costumbre shuar) de la comunidad. Le decían amablemente: “Muchas gracias, usted cumplió su palabra, le deseamos una próspera vida y hasta siempre”.
Se quedó frío. No sabía qué más harían las comunidades. Para ellas, era fácil celebrar la recuperación de sus terrenos y decirle adiós a empresa. Solaris no habría podido reclamar nada si en ese momento las comunidades les decían “hasta aquí no más”. Sin embargo había otra posibilidad. Podían también aprovechar la exploración minera, suspendida muchos años atrás, para saber qué mismo hay en el subsuelo shuar.
Optaron por lo segundo. En enero de 2019 autorizaron actividades a la empresa minera e inclusive dieron pase libre la perforación en sus territorios. No autorizaron la construcción de la mina porque primero hay que evaluar el potencial. Si después de todo el trabajo exploratorio el estudio de factibilidad da un resultado positivo, la comunidad sabrá qué tesoros se esconden debajo de sus tierras y en ese momento decidirá si autoriza o no el inicio de la construcción de la mina.
Mientras tanto aprovecha las oportunidades que se abren con la presencia de Solaris Resources para mejorar su educación y los servicios de salud.
No hay víctimas del Covid 19 en territorio shuar
Abril 19 de 2020.- Al cierre de esta edición, Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., difundió un boletín de prensa en el cual se descarta la presencia del coronavirus en las comunidades Warints y Yawi.
La empresa reitera su “firme compromiso de trabajo responsable con las comunidades de su zona de influencia, sus trabajadores y proveedores, cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones y protocolos dictaminados desde el Gobierno Nacional”.
Agrega que el pasado 12 de abril “trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Gobernación de la provincia para el ingreso de la brigada médica del ministerio a las comunidades de Warints y Yawi”. Después de estas labores, el gobernador de la provincia de Morona Santiago, doctor Juan León Pilco, informó en rueda de prensa los resultados del trabajo.
“El día de ayer en la noche recibí la información de la muestra del paciente que murió en Warints, el resultado certificado por los laboratorios del MSP, determinan que la persona que falleció no es por coronavirus, sino por una muerte natural secundaria a un proceso respiratorio y un proceso gastroentérico, con esto pues dejamos aclarados las interpretaciones, las preocupaciones de algunos dirigentes, de algunos ciudadanos y de algunas instituciones relacionadas con este caso. Entonces se ha descartado la presencia de coronavirus en estas tres comunidades, pero principalmente Warints donde se había realizado una información relacionada con este aspecto” explica el boletín minero.
Cabe recorder que a principios de la semana pasada, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, conjuntamente con organizaciones de nivel superior de los pueblos indígenas de la Amazonía, lanzó una alerta para evitar que la pandemia cobre víctimas en su territorio.
Algunos medios de comunicación local en Morona Santiago censuraron las afirmaciones y puntos de vista de dicha organización relacionados con la muerte de personas en su territorio.
Pero el comunicado de la PSHA es prudente en sus términos al respecto. Señala que su presidenta, la profesora Josefina Tunki, solicitó a las autoridades determinar si el deceso de la madre de uno de los asistentes a la última convención del PDAC se debe al COVID-19. El comunicado no afirma que la muerte de la señora fue por el virus.
Señala asimismo que “los pueblos indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo”. Vía Minera no ha podido conversar sobre este tema con algún dirigente de la PSHA, organización que (igual que las autoridades nacionales) considera que “la constante rotación de personal ajeno a las regiones… constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidades locales, indígenas o no”.
Titan Minerals despide a 300 trabajadores
José Bustamante (sexto de izq. A der.), gerente país de Core Gold, en diciembre de 2019, junto al alcalde de Celica, Oswaldo Román (quinto de izq. A der.); y autoridades de la Comuna de Mullunamá.
Abril 19 de 2020.- Alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos el 15 de abril de la empresa Green Valley, subsidiaria de la canadiense Core Gold Inc., recién comprada por Titan Minerals, compañía australiana que apenas estaba completando su papeleo para hacerse cargo de la operación total de sus subsidiarias en el país.
La empresa usó la figura de fuerza mayor para deshacerse malamente de sus obreros, administrativos y técnicos, algunos con más de diez años de trabajo, abriendo una brecha en la sensación de que minería responsable y solidaridad frente a la pandemia de coronavirus son compatibles en el Ecuador.
Los perjudicados por esta desafortunada decisión de la transnacional son más de 20 ingenieros, 10 empleados administrativos y alrededor de 220 obreros, 25 de ellos nativos de la comunidad de Mullunamá, que ya bloqueó el acceso a la mina Dynasty ubicada en Celica, provincia de Loja; la mayoría restante proviene de Portovelo y Zaruma. Otros 60 despedidos pertenecen de la empresa de seguridad Segume, del mismo grupo empresarial.
Entre los despedidos hay una docena de personas con capacidades distintas, como el señor Jorge Feijoó, hombre con varios años de trabajo y mucha dignidad quien rechazó la dádiva que le ofrecieron telefónicamente para que firme su carta de renuncia. A él le dijeron que su indemnización ascendía a 48 dólares pero que la empresa, que va a cerrar definitivamente y salir del país, le quiere regalar 1000 dólares si firma su “renuncia voluntaria”.
Entre los despedidos y despedidas se encuentran varios a quienes no se les había terminado de pagar las indemnizaciones pendientes por la liquidación de otra empresa del grupo Core Gold, la minera Elipe S.A. que fue asumida por Green Valley en 2018.
Una saludable presencia empresarial
Entre los activos de Core Gold en Ecuador se tiene el proyecto emblema Dynasty Goldfield y otros prospectos con gran potencial como Linderos, Copper Gold, Copper Duke y Copperfield, en la provincia de Loja, zona de Macará frontera con Perú.
La mina Dynasty a cielo abierto fue por muchos años la mayor productora de oro del país pero mantiene recursos inferidos en el orden del millón de onzas de oro con unos 28000 metros de perforación, según el ingeniero geólogo Henrri Sánchez, quien laboró hasta el 14 de abril dando la bienvenida y mostrando la casa al jefe de geología de Titan.
En los últimos tres meses Sánchez y Travis Schwertfeger planearon cómo empezar la geofísica para conocer mejor el pórfido de oro y cobre de Dynasty. Eran las primeras actividades de Titan al tomar el control de Core Gold.
La mina estuvo produciendo hasta el 18 de marzo unas 750 toneladas al día para la planta de procesamiento ubicada en Portovelo, que es el segundo activo más conocido del grupo, con capacidad de procesamiento de 1000 a 1500 toneladas al día. De las labores entre 2018 y 2019 Green Valley registró utilidades y en ventas de oro y plata casi US$ 24 millones durante 2019, datos que fueron entregados a la Arcom en el informe anual de producción presentado el mes pasado. “En los últimos cuatro años no se habrán gastado más de un 10% de los recursos medidos de Dinasty”, opina Sánchez.
Los activos de Core Gold en el país, además, son unas 24 concesiones en Loja, otras 20 en El Oro y algunas en Zamora Chinchipe; la mayoría en etapa de exploración inicial, y algunas con perforaciones y hallazgos que todavía no se han cuantificado. Una de esas concesiones contiene el proyecto Jerusalen que incluye la mina ubicada en Chinapintza, dentro del cinturón metalogénico de la Cordillera del Cóndor en el que se ubican las minas Fruta del Norte y Mirador.
En una carta firmada por Mark Bailey a nombre de Green Valley Resources, lamenta anunciar a todos los trabajadores la decisión “cuidadosamente meditada” de dar por terminadas todas las relaciones laborales. Señala que las medidas tomadas por el Presidente de la República, las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, las prefecturas y municipios, durante la extendida emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 han causado la paralización total de las actividades y procesos de minería de la compañía.
“La forzosa suspensión de operaciones, más la incertidumbre acerca de cuándo se levantarán las restricciones al transporte y los suministros, han conducido a una situación irreversible que nos impedirá reiniciar operaciones”, reza el comunicado. Indica también que pagará las remuneraciones que legalmente corresponden por la terminación de relación laboral por fuerza mayor y su remuneración hasta el día 15.
Acto seguido -como también indica la carta-, los representantes de la compañía se han comunicado con cada uno de los trabajadores para “absolver cualquier duda”. Según se sabe, se trata de aprendices y abogados del Estudio Paz & Horowitz.
Esta decisión ha generado el rechazo de trabajadores obreros y profesionales que no aceptan que se les deje sin el derecho a indemnización ni desahucio. La empresa está en condiciones de regresar al trabajo cuando se normalice la situación y “sus bodegas están llenas de insumos”, aducen. En el marco de la emergencia nacional el Ministerio sectorial declaró en los sectores estratégicos la prohibición de interrumpir la producción y las autoridades de Trabajo, con la finalidad de proteger el empleo y el pacto social a través del diálogo laboral, habían extendido las resoluciones 77 y 80 que ofrecen a los empleadores opciones como la suspensión de la jornada laboral y acuerdos entre las partes para la recuperación.
También hay personas que casi inmediatamente aceptaron firmar su renuncia porque creyeron en la promesa de ser nuevamente recontratados.
Obviamente, esta promesa viene sembrando la división entre los despedidos pues carecen de sindicato o comité de empresa para ejercer sus derechos de una manera consensuada.
Al optar por la fuerza mayor como causal de terminación del trabajo, la empresa no tiene que liquidar como despido intempestivo a sus trabajadores y la nueva operadora puede reiniciar sus actividades con trabajadores sin antigüedad; a una fracción del costo que le hubiera representado cambiar de plantilla en condiciones normales. Por otro lado, si cambia la razón social y Green Valley sale del país como dicen quienes efectúan llamadas intimidatorias a los trabajadores, la búsqueda de justicia quedará en el aire.
La legislación laboral ecuatoriana establece que si una empresa que ha cerrado por motivos de fuerza mayor regresa y reabre el negocio tiene que recontratar a todos los despedidos. Y hay abogados que afirman que la fuerza mayor se aplica para el caso de una imposibilidad permanente de retomar el trabajo, aspecto que el actual Ministro de Trabajo no clarificó en una entrevista virtual sobre el tema del 30 de marzo, ni siquiera aclaró si la emergencia del Covid 19 puede considerarse fuerza mayor.
Core Gold gana terreno ante tribunales
Recientemente la subsidiaria de Core Gold, Elipe S.A., logró vencer en un reclamo contra la Procuraduría y el MRNNR por la concesión de la mina de oro Jerusalen que le había retirado el ministerio en junio de 2017.
En efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la caducidad de la licencia de explotación y dio la razón a la empresa que adujo que había dejado de cumplir sus derechos en la concesión “por fuerza mayor”, es decir, debido a la presencia de mineros ilegales.
Este es un caso sin precedentes, según Lexlatin y va a sentar jurisprudencia acerca de las circunstancias en las que las compañías mineras pueden aplicar la figura de fuerza mayor bajo la legislación ecuatoriana.
Una corrección obligatoria
En busca de la verdad sobre la delegación shuar que asistió al PDAC 2020
Marzo 29 de 2020.- El lunes 23 de marzo el número 36 de Vía Minera reseñó un comunicado del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam señalando que “las personas que viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en realidad usurpadores de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las comunidades warints y yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo shuar”.
Con miras a contrastar la versión recibida debido a que Vía Minera publicó previamente una reseña sobre la delegación de shuaras al PDAC, solicitamos comentarios sobre dicho comunicado a la empresa Solaris Resources. Cuando llegó la respuesta, se pudo conocer que la citada afirmación no es correcta. El ciudadano Franklin Kuja viajó a Canadá como representante de ambas comunidades que decidieron elegirlo para que asista a cumplir una agenda de trabajo en el exterior.
La decisión que originó su viaje fue tomada en asamblea y en ejercicio de una libertad elemental. En carta dirigida al líder indígena canadiense Chad Day, presidente del gobierno central Tahltan, la comunidad invoca derechos constitucionales e instrumentos internacionales y remarca que sus dirigentes viajaron cumpliendo un encargo y lo hicieron como autoridades, líderes y síndicos. No viajaron como representantes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam ni de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, Fish. Lo hicieron a nombre del Centro Shuar Warints – Yawi.
Eso no es todo. Vía Minera escribió respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo entre la empresa y la comunidad, que Solaris Resources no ha establecido relaciones y que los dirigentes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera “no tienen nada que ver”.
Aquí el asunto es más complicado. Por una parte, desde el año 2018 la empresa Solaris viene desarrollando actividades de prospección y exploración en el área concesionada al proyecto Warintza y lo hace con el consentimiento que las comunidades warints y yawi le otorgaron en virtud del Artículo 57 de la Constitución, el mismo que garantiza una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ese es un dato incontrastable de la realidad.
Los centros shuar yawi y warints son parte del directorio de una alianza estratégica que acordó a principios de este año extender el permiso a la empresa para que perfore en su territorio, incluyendo expresamente lo correspondiente a la movilización de los equipos y la construcción de la plataforma.
De otra parte, los pueblos y nacionalidades tienen su propia forma de organizarse, legítimas al margen de lo que estipule la legislación nacional. Tienen sus estructuras, sus documentos fundacionales, estatutos, reglamentos e inclusive, códigos de conducta no escritos que se deben respetar.
De ese tema, complejo como es nuestra realidad, empezaremos a dar cuenta a partir de la próxima semana en un nuevo intento de acercarnos a la verdad.
Mujeres en la estadística minera chilena
Marzo 22 de 2020.- Estadísticas sobre la evolución de la participación de la mujer en la minería en Chile están disponibles en el “Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1999-2018” publicado por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.
Las cifras indican que en el año 2018, un 8,45 por ciento de trabajadores ocupados en la minería fueron mujeres, de un total de 228 340. La minería, por su parte, en ese año representó un 2,7 por ciento de la población ocupada en toda la economía que ascendió a 8 millones 465 900 personas.
Los datos recopilados y publicados en este anuario indican que la participación de las mujeres en el sector ha ido ascendiendo desde 2009 todos los años sin excepción, desde un 5,99 por ciento medido en ese año.
En el año 2018, la participación del sector minero en el producto interno bruto a precios corrientes, alcanzó el 9,8 por ciento. En el caso de la minería de cobre, la participación representó el 8,9 por ciento, mientras que las demás actividades mineras tuvieron una participación del 0,9 por ciento del PIB.
Otras actividades económicas que tuvieron una participación mayor que la minería en el producto interno bruto de la república chilena durante el 2018 fueron: los servicios financieros y empresariales, con un 14,6 por ciento del PIB; los servicios personales, con un 12 por ciento; la actividad de comercios,
restaurantes y hoteles, con un 11,5 por ciento y la industria manufacturera, con un 10,6 por ciento del PIB.
Aquí el enlace al último anuario publicado:
https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
Consejo de gobierno de "Pueblo Shuar Arutam" denuncia usurpación de funciones
Marzo 22 de 2020.- El consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, liderado por la profesora Josefina Tunki, emitió la semana pasada un comunicado señalando que las personas que viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en realidad usurpadores de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las comunidades warints y yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo shuar.
Sostienen también que el consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam es el único representante de las 47 comunidades y 6 asociaciones que existen en las 220 mil hectáreas que constituyen su territorio y se identifican como una organización reconocida mediante Acuerdo Ministerial N°-255 de 7 de septiembre del 2006, con sede en Sucúa, provincia de Morona Santiago.
Dicho organismo, expresó Galo Chup, integrante de la Comisión de Gestión Externa, tiene una estructura y unos estatutos que disponen con claridad quiénes pueden ejercer la representación de las comunidades.
En el caso del ciudadano Franklin Kuja, ex dirigente del PSHA y parte de la delegación que acompañó a la empresa Solaris Resources al PDAC 2020, “nadie lo designó, no es representante” y su calidad de socio no le daba derecho a decir “ni una sola palabra referente a la política que puede beneficiar a la organización. Lo desconocemos totalmente”, afirmó Galo Chup.
Respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo con la empresa minera, Chup manifestó que Solaris Resources no ha establecido relaciones con la actual dirigencia y que, en todo caso, desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera ellos “no tienen nada que ver”.
Más sobre la mujer minera
Marzo 15 de 2020.- CommDev es un gran archivo de documentos de la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés, sobre la distribución de beneficios en los sectores de infraestructura y recursos naturales.
Allí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hay un documento sobre ellas y la conclusión es clara: la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el sector minero beneficia a las empresas, a las familias y las comunidades; cuando las empresas reconocen la oportunidad de una fuerza laboral y cadena de suministro más diversa, y de involucrarse más ampliamente con las comunidades, pueden aumentar la productividad, reducir costos y fortalecer la licencia social para operar.
Ahora ojalá entiendan...
El texto pueden descargarse de:
https://www.commdev.org/pdf/publications/Gender%20Equity%20in%20MINING_FIN%20for%20WEB.pdf
Marzo 1 de 2020.- Miembros del Comité Pro Desarrollo de la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, denunciaron a las autoridades de la Junta Parroquial por no socializar la propuesta de resolución prefectural que declara a la provincia “libre de minería metálica”. 6 La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la minería.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales. De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones.
Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos. Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta. Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo, informó la compañía Toachi Mining. Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
Indígenas shuar respaldan proyecto Warintza de Solaris y Lowell
Marzo 8 de 2020.- Solaris Resources Inc. y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Mineral Exploration Ecuador SA, presentaron en el PDAC 2020 los resultados alcanzados como parte de su trabajo de empoderamiento de las comunidades shuar asentadas en los alrededores del proyecto Warintza.
Mujeres con voluntad de oro
Nota de redacción: La que sigue es una nota enviada por el PNUD en vísperas del Día Internacional de la Mujer y la publicamos por solidaridad con ellas, aun cuando mujeres jancheras nos han dicho que ojalá se haga realidad todo lo que se dice en el artículo.
Marzo 1 de 2020.- Sube una montaña de piedras con la mirada fija al suelo. En la mitad de la escombrera se coloca en cuclillas, lanza un puñado de agua y mueve ligeramente la cabeza de lado a lado para identificar el brillo. Levanta una roca, siente su peso, la huele y la coloca en un bulto. Luisa cuenta que por más de ocho horas repite este proceso todos los días, seleccionando entre los residuos de los yacimientos de las minas lo que se conoce como janche o residuo grueso.
Después de 32 años de vivir en el sector, ella puede contar con los dedos de su mano las veces que ha entrado a una mina.
Si bien en Camilo Ponce (provincia de Azuay) existen 3.800 personas que trabajan en minería, únicamente tres de cada diez son mujeres. La mayoría de ellas se dedica a la selección manual de oro residual de las rocas, lo que las ubica en la sección menos rentable de la cadena productiva del sector.
Diariamente, Luisa y las otras mujeres se exponen a radiación solar, caídas y derrumbes, afectación ocular, silicosis, cargo de peso excesivo y, sobre todo, al casi invisible y altamente nocivo impacto generado por sustancias químicas, como el mercurio, que suelen ser empleadas en el proceso de recuperación de oro en la minería artesanal.
Luisa es cabeza de hogar, tiene dos hijas. Para ella, y para la asociación a la que pertenece, es determinante contar con el permiso de una empresa minera que les permita entrar al botadero. Con los ingresos generados, a Luisa apenas le alcanza para cubrir la educación y alimentación de su familia. Tras una semana de trabajo, llena un bulto del cual puede sacar en promedio un gramo de oro por tonelada seleccionada. Por su situación de informalidad y poca posibilidad de negociar, lo vende a un valor menor al 30 por ciento de lo que costaría en el mercado regular. Luisa dice: “Aquí lo importante es tener el dinero pronto. El día que me pagan, lo primero que hago es ir a la tienda para pagar lo que me han fiado”.
Frente a esta problemática el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y a través del Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, ha emprendido acciones para apoyar a las mujeres seleccionadoras de mineral. Para ello, ha identificado alternativas que permitan reducir la sobrecarga de trabajo, la pobreza y las barreras que impiden y disminuyen el desarrollo y los derechos de estas 1300 mujeres.
Asimismo, se propone la asignación de fondos para la promoción de iniciativas y emprendimientos innovadores y sostenibles con favorable impacto social, económico y ambiental en sus comunidades liderados por ellas.
Mario Rodas, coordinador del Programa, explica que la minería no se debe entender sólo como un trabajo, sino como una estructura de relaciones simbólicas, políticas y económicas: “Es un sector en el que existen varias problemáticas de salud y discriminación hacia la mujer, por lo que en 2020 se llevarán a cabo acciones afirmativas que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Entre estas actividades se incluye la sensibilización y capacitación en torno a nuevas masculinidades para generar espacios seguros, es decir, para eliminar estereotipos de género, erradicar la violencia, promover la igualdad entre hombres y mujeres, las responsabilidades domésticas y de cuidado compartidas”.
Proteger el ambiente y la salud y recobrar los sueños
La propuesta busca que las mujeres cuenten con un medio de vida complementario y rentable que les permita mejorar la condición de sus familias y sea amigable con el ambiente. Luisa está muy ilusionada con el proyecto y cree que va impulsar su sueño de que su hija pueda estudiar enfermería: “Ella es muy inteligente. Sé que llegará lejos y yo trabajaré muy duro para que tenga más oportunidades de las que yo he tenido”.
La gestión adecuada de sustancias químicas y desechos derivados de actividades productivas elimina los riesgos para la salud humana y el ambiente. Respondiendo al Convenio de Minamata, el Ecuador asumió los compromisos de eliminar el uso de mercurio en la minería y precautelar los recursos hídricos y naturales de los que dependen las comunidades, con acciones específicas que promuevan la igualdad de género y la sostenibilidad.
Manifestantes marcharon hacia el Metro Toronto Convention Centre
Marzo 1 de 2020.- Casi medio millar de manifestantes, convocados por medio centenar de ONG que dicen defender a los pueblos indígenas y a la naturaleza, marcharon hacia el complejo en el que se realiza el PDAC 2020 pidiendo a los transeúntes "se 3 enfrenten a la violencia de la industria extractiva, la colonización en curso y el completo desprecio para el futuro de la vida en este planeta". Sobre el hecho, la directora ejecutiva del PDAC, Lisa McDonald, dijo en declaraciones a la revista especializada Mining.com, que los diferentes puntos de vista sobre el papel de la industria minera son bienvenidos siempre que se presenten de manera pacífica y respetuosa.
Febrero 27 de 2020.- Renta petrolera en debate, en Cigmipa El tema del Jueves de Conferencias Técnicas que viene organizando el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa, que encabeza Ramiro Maruri, esta semana se titula “La renta petrolera y la transición energética en Ecuador” y estará a cargo del Ing. Fernando Reyes, Mgs. La reunión empieza a las seis en punto y es en la Av. Orellana E-465 y la 9 de octubre.
Corte Constitucional rechazó consultar a la población sobre actividades mineras
Febrero 23 de 2020.- Corte Constitucional rechazó consultar a la población sobre actividades mineras La Corte Constitucional de Ecuador resolvió el viernes 21 de febrero, por segunda vez consecutiva, rechazar el pedido presentado por el prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez, para consultar a la población sobre la realización de actividades mineras en su territorio.
El dictamen de la Corte establece que “la consulta popular presentada por Yaku Pérez Guartambel no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”. Tan pronto se conoció el pronunciamiento de la Corte, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables se pronunció sobre la decisión de impedir la consulta popular antiminera en Azuay. En el comunicado se dice que el ministerio “reafirma su postura garantista de derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.
También señala que el Gobierno mantiene su compromiso de promover una “minería responsable, normada y controlada en todo el país”. Días antes, directivos de las cámaras de producción y comercio habían presentado sendos escritos en calidad de amicus curiae pidiendo a la Corte Constitucional que cierre el paso a los pedidos de consulta sobre la minería.
Gobierno e indígenas acuden a la Corte Constitucional
Febrero 16 de 2020.- El viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda presentó a la Corte Constitucional la contestación y postura legal de dicha cartera frente al pedido de consulta presentado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.
Lo hizo el pasado 12 de febrero acompañado del viceministro del Ambiente, Ramiro Montalvo, el subsecretario General del Agua, Carlos Javier Andrade, y representantes del Ministerio de Finanzas, quienes presentaron sendos Amicus
Curiae ante la Corte Constitucional para dar a conocer su postura legal e institucional sobre una eventual consulta popular minera en Azuay.
Según el viceministro Gallegos, la pretensión de prohibir o cancelar las actividades mineras amparadas por un título minero, sin una consideración técnica y legal, sino basada en motivaciones políticas, generará graves precedentes en cuanto a seguridad jurídica en el país.
Al día siguiente, representantes de las comunidades indígenas cofán y waorani arribaron a Quito para realizar diversas acciones en "defensa de sus derechos a una consulta previa y autodeterminación" respecto a la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Ellos también fueron a la Corte Constitucional y allí realizaron un plantón que duró casi toda la mañana. Al día siguiente hicieron lo mismo en la sede del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Alex Lucitante, uno de los representantes de la comunidad Cofán, señaló que su objetivo es que la Corte Constitucional acumule las causas a favor de su comunidad y la de los woaoranis para sentar un precedente jurídico respecto a las consultas previas.
Hace dos años, la Corte Provincial de Sucumbíos revertió concesiones mineras para exploración y explotación de oro porque, según los voceros de esa comunidad, no hubo una consulta previa.
AIME solicita se declare inconstitucional el pedido de consulta en Azuay
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, liderada por René Ayala, viene interviniendo en la causa 01-20-CP que se sigue en la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de una consulta en torno a la actividad minera en Azuay.
En efecto, el ingeniero Ayala, acompañado de otros directivos de AIME, presentó el pasado 10 de febrero un Amicus Curiae en la causa que analiza la doctora Karla Andrade, exponiendo los puntos de vista de su institución.
“Es importante que la autoridad rechace las preguntas planteadas por el prefecto Pérez por ser abiertamente inconstitucionales. En primer lugar, porque no cumplen los requisitos de forma y de fondo ordenados por la LOGJCC y por la Corte Constitucional en casos anteriores”, señaló el ingeniero Alaya.
Explicó además que las preguntas son contrarias a la Constitución y afectan los derechos de terceros, como el derecho al trabajo que tienen los miembros de la AIME. Sostuvo, además, que al acudir en representación de distintos gobiernos autónomos descentralizados, Yaku Pérez y las otras autoridades tenían la obligación de acreditar su calidad y en este proceso no se evidencia que lo hayan hecho.
Sobre el tema de fondo, el ingeniero Ayala sostiene que es inconstitucional pretender a través de consultas locales decidir temas de interés nacional como el de la actividad minera, tratando de esquivar los mecanismos constitucionales para reformar la Constitución y agregar nuevas prohibiciones a la minería, además de las previstas en el artículo 407 de la Carta Magna.
Viceministro Gallegos va en busca del tiempo perdido
El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, realizó una serie de anuncios sobre propuestas que podrían cambiar el panorama minero ecuatoriano si es que se llegan a materializar en algún momento.
Se trata de ideas que reflejan la preocupación del gobierno por recuperar la iniciativa política en el sector, venida a menos a raíz del pedido de consulta presentado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez; por la indecisión de la Corte Constitucional frente a este pedido y al reclamo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el caso Río Blanco, entre otros temas.
Gallegos fue el orador principal en el lanzamiento de la XIII Expominas que organiza Hassan J. Becdach, el titán de las relaciones públicas de la minería ecuatoriana. Allí informó de la existencia de una mesa minera al más alto nivel del gobierno. Se trata de un gabinete estratégico que se reunirá una vez al mes, en el que deben participar los ministros, no sus delegados, de Economía, Ambiente, Comercio, y Energía, así como las secretarías Jurídica y del Agua. Lidera este gabinete el vicepresidente de la República.
En materia de iniciativas, el viceministro propuso la constitución del Frente Nacional Minero. Al respecto dijo que había pedido a dos prominentes líderes del sector que se encarguen de la organización de dicho frente, sugiriendo que se trate de una plataforma del más amplio nivel. “Todos deben estar unidos: contratistas, proveedores, abogados etc., para contrarrestar todo el ataque que va a venir”, afirmó Gallegos.
Otra propuesta dirigida a mejorar el apoyo que brindan las empresas mineras a las comunidades tiene que ver con la constitución de un fideicomiso, financiado por las compañías, para elevar la calidad del aporte y que este se constituya efectivamente en una palanca para el desarrollo local.
Dijo el viceministro que las mineras habían gastado millones de dólares regalando paquetes de caramelos con motivo de las fiestas de Navidad y que hubiera sido mejor invertir esos dineros en proyectos más importantes. Del fideicomiso se deben pagar sueldos de los que resguardan los parques y las áreas protegidas, financiar obras para cuidar el agua, planteó.
CME también presentará Amicus Curiae
La Cámara de Minería del Ecuador, CME, anunció que acudirá el lunes 17 de febrero a la sede de la Corte Constitucional, CC, para presentar su recurso de Amicus Curiae en la causa abierta para determinar si procede o no consultar a la población de Azuay en torno a las actividades mineras en su territorio.
Anteriormente, la CME rechazó las solicitudes de consultas populares sobre minería. En un comunicado de enero de este año, sostuvo que dichas consultas son promovidas por actores con "intereses políticos particulares".
La Corte Constitucional ha rechazado los pedidos de consulta. La última vez fue el pasado 17 de septiembre del 2019, en la que tras una reunión de su Pleno, decidió declarar que “la pregunta relativa al pedido de la iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular, ingresada a esta corte por el señor Yaku Pérez Guartambel el 30 de junio de 2019, no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional, por las razones expuestas en este Dictamen”, por lo que decidió “negar y archivar el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de consulta popular”.
Trascendió que junto a los directivos de la CME acudirán representantes de otras instituciones que también se oponen a las consultas locales sobre un tema que consideran de competencia del gobierno nacional.
Perú: Tía María no saldrá con actual gobierno
Febrero 9 de 2020.- El presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que durante su gobierno el proyecto Tía María, a cargo de Southern Perú, “definitivamente no va”.
"En este gobierno no va, no hay forma, no están dadas las condiciones", afirmó.
Voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han cuestionado tales declaraciones. Otros han recordado que el gobierno de Martín Vizcarra ha protagonizado avances y retrocesos respecto del proyecto Tía María. Hace unos meses autorizó la construcción de la planta, sin que se haya autorizado la construcción de la mina.
"Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas", señaló el jefe de Estado.
También aseguró que en el caso de que la minera decida realizar una denuncia internacional, el Estado peruano tiene los argumentos para responder en los tribunales.
Nueva directiva de Cigmipa propone
crear comité ecuatoriano de estratigrafía
Empresas mineras financiarán fondo para
la jubilación y salud de poblaciones vecinas
Febrero 2 de 2020.- La creación de un fondo que garantice las prestaciones de jubilación y salud de los habitantes que conviven con la industria minera, financiado por las operadoras del sector, fue anunciada el pasado 23 de enero por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Agusto.
Fue durante la presentación oficial del Pacto Social Energético que, en principio, se buscará implementar en los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero.
El plan se propone además promover el desarrollo de proyectos para generar nuevas inversiones y lograr acuerdos con las comunidades de las zonas de influencia.
“Como es característica de nuestro gobierno buscamos mostrar el rostro humano del sector, a través de actividades absolutamente sostenibles e inclusivas, pensando siempre en el beneficio de las zonas más vulnerables del Ecuador”, indicó el ministro.
Según José Agusto, los objetivos del Pacto Social Energético están ligados a la consolidación de encadenamientos productivos sustentados en el fomento de la economía popular y solidaria; al impulso a los procesos organizativos locales en las áreas de influencia de las operaciones y la generación de espacios de participación en futuras operaciones.
Apuntan además al manejo de tecnologías adecuadas que permitan precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico y la recuperación de fuentes de contaminación a través del Proyecto Amazonía Viva.
Pobladores de Palo Quemado marcharon por la Paz
Enero 26 de 2020.- Las calles del centro parroquial de Palo Quemado, parroquia del cantón Sigchos de la Provincia de Cotopaxi, se adornaron de carteles y de consignas a favor de la paz y de una minería responsable, en un desfile de delegaciones de los barrios y recintos, organizado por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado, este 25 de enero.
Mujeres, jóvenes, niños y adultos de los recintos Praderas del Toachi, San Pablo de La Plata y Santa Rosa, portando globos blancos y pancartas creativas y coloridas protagonizaron la marcha con mensajes de rechazo a la confrontación y en defensa de las oportunidades de empleo y diversificación de su economía que representa la posibilidad de que tener cerca una mina. Al concluir el desfile, se dio paso a una presentación de niños danzantes en el coliseo del centro parroquial.
Entre los invitados a la mesa directiva estuvieron la presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, el Gerente y un grupo de trabajadores de Toachi Mining, líderes de negocios locales y asociaciones de productores agrícolas, como la San Pablo.
Hubo varias intervenciones de los pobladores. Jordán Gutiérrez, ex director de la escuela Salinas, manifestó: “no queremos seguir siendo pobres cuando aquí tenemos cerca el oro y cerca la plata”.
Ester Zambrano, representante del barrio Las Minas, expresó: “¿queremos seguir solo en el cultivo de caña, en los maizales? ¡No! Queremos otros trabajos, mejores oportunidades para nuestros hijos”.
Pedro Tocte, el líder del Comité, denunció a Vía Minera que personas antimineras de la comunidad vecina Las Pampas, de Isinliví y de la capital cantonal Sigchos, han llegado y amenazado con “justicia indígena” a quienes apoyan la inversión privada en la minería, razón por la cual han decidido organizarse para defender la parroquia.
Señaló que está impulsando proyectos asociativos productivos y que alrededor de 480 personas de la comunidad no tienen trabajo. “Este evento lo hemos armado en tres días y tiene auspicio de empresas locales como Dulzu Agro, Dulzina Creaciones, Granja Avícola San Mateo y Toachi Mining”, informó en su discurso. Luego inauguró el primer campeonato de indorfútbol por la paz y la unidad, que inició con el partido entre los equipos Unión Juvenil Santa Rosa y Mineiros…
La presidenta de la parroquia en su laberinto
Rosa Masapanta, presidenta de la Junta Parroquial desde mayo 2018, participó en la marcha por la paz organizada por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado y señaló que lo hizo por respeto y porque “no queremos que el tema minero sea el detonante para perder la paz que se ha construido desde hace muchos años. Aquí teníamos asesinatos, riñas callejeras, pero el trabajo de las Siervas de la Caridad para pacificar ha sido muy grande”.
Sobre la denuncia por la presencia de personas ajenas a la comunidad dijo, “las comunidades de La Florida y El Cristal, vinieron a pedir apoyo para una marcha en contra de la explotación minera. De las tres parroquias que abarca la concesión minera, el gobierno parroquial y la asamblea de Las Pampas se ha pronunciado unánimemente en contra de la minería; no así Alluriquín ni Palo Quemado, en donde hay división. Como autoridad debo escuchar a los que fomentan el tema minero y también a las personas que en su pleno derecho quieren resistir”.
“Yo siempre he dicho que no he estado de acuerdo por las realidades que vi en Tundayme, sitio de la mina Mirador. Pero no se trata de lo que Rosa Masapanta piensa y quiere, sino de lo que en conjunto queremos para Palo Quemado. Por eso, tenemos planificado en los próximos días estar en Los Encuentros, en Zamora Chinchipe, donde está ubicada la mina Fruta del Norte, para hablar sobre el relacionamiento -con la mina- con la presidenta parroquial Kelly Montaño. Como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande de mantener la armonía y hacer un camino.
“Mi gestión se enfoca en los temas de agua potable y alcantarillado; y vialidad: el 10% de la población tiene agua potable, el resto agua entubada. Son casi 9 kilómetros de un acceso apenas lastrado, estrecho y peligroso, 2,5 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un puente biprovincial sobre el río San Pablo, y 7,5 kilómetros en Cotopaxi.
“El plan de mejora del agua potable y alcantarillado, según un proyecto de Celec ahora rechazado, costaría un millón de dólares, lo estamos trabajando con el municipio de Sigchos para que lo autorice Senagua, y contratamos una persona para poner el proyecto en formato Senplades como lo piden ahora. El plan abastecería a Palo Quemado, Praderas del Toachi y Santa Rosa.
“Desde el año anterior estamos trabajando por el puente junto con el GAD de Alluriquín con los GAD provinciales de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. A través de presupuestos participativos, obtuvimos 250 mil dólares del primero y de 180 mil más el estudio, del segundo. Se ha hecho ya el levantamiento topográfico, en los próximos días vamos a tener la reunión para la definición del diseño de este puente y la corrección de las curvas por lo peligrosas que son.
“Como la compañía dice que quiere el desarrollo de Palo Quemado, esperamos que apueste por estos proyectos. También queremos la capacitación y la formación universitaria de nuestros jóvenes. No voy a pedir favores, sino que voy a exigir que se cumpla este plan de compensaciones que tendría que ser lo justo. Actualmente lo que ocurre es que las empresas dan a las comunidades recursos para el disco móvil, para un refrigerio o un programa de actividades, pero con eso no creamos desarrollo”.
Febrero 2 de 2020.- El 25 de enero, la Fiscalía de Minas Gerais denunció por homicidio intencional y crimen ambiental al expresidente y otros 14 ejecutivos de la empresa minera Vale S.A. y de la empresa fiscalizadora alemana Tüv Süd, por la muerte de 272 personas en la rotura de la represa de Brumadinho.
Estas constituyen las primeras denuncias en contra de los supuestos responsables de la tragedia.
La noticia cobró carácter internacional y recordó que la de Brumadinho fue la segunda catástrofe de la operadora de la mina Córrego de Feijão en menos de 4 años, luego de la catástrofe de las represas de Bento Rodrigues.
Para los fiscales, los quince denunciados participaron de las decisiones que mantuvieron las actividades de la represa, aunque sabían sobre sus “riesgos inaceptables”.
La minera Vale, responsable por la estructura colapsada, enviaba periódicamente una serie de documentos sobre la presa B1 de Brumadinho a la Agencia Nacional de Minería, órgano del Gobierno brasileño que fiscaliza todas las presas de minería en el país. La Fiscalía dice tener pruebas que apuntan a que la empresa conocía sobre los riesgos de colapso al menos desde noviembre de 2017, cuando produjo documentos internos confidenciales con un ranking de las presas más peligrosas.
Mientras Vale dijo “estar perpleja” con las denuncias por homicidio doloso, Tüv Süd afirmó que colabora con las autoridades en Brasil y en Alemania para aclarar el caso.
Según la agencia Vaticannews, el papa Francisco pidió en un mensaje de video orar “por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados”, lamentó “la contaminación de toda la cuenca fluvial” y pidió solidaridad con las familias de las víctimas, un apoyo a la Arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo.
Enero 19 de 2020.- En el evento participaron el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto; el embajador de la República Popular de China, Chen Guoyou; el viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda; el presidente de EcuaCorriente S.A, Hu Jiandong; y Ana Belén Jimbo, representante de la comunidad de Tundaymi.
El Niño Minero llegó en enero y recordó lo que también importa
Enero 19 de 2020.- Pese al sol calcinante y con auditorio lleno de principio a fin, con creyentes y no creyentes presentes se realizó la misa del Niño Minero en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental el viernes 17 de enero.
Una tradición mantenida por 20 años, creada por un grupo de estudiantes, en la carrera de Ingeniería de Minas reafirmando los valores más humanos del colectivo de la Universidad Central del Ecuador que comparte las faenas del trabajo minero aportando su conocimiento y su experiencia en la gestión de la seguridad, y las fortalece con su fe cristiana.
Después de la misa, el director de la carrera de Ingeniería en Minas, Danny Burbano, lo dijo todo en estas frases: “hablar de religión no es nuestro interés, mas bien es seguir transmitiendo el propósito del nacimiento del Niño Jesús que es fomentar la paz, la comprensión, el perdón y mejorar como seres humanos. Es decir, construir una comunidad en todos los sentidos”.