Source: http://carlostardiocordon.blogspot.com/2013/10/
Timestamp: 2017-10-19 05:32:10
Document Index: 372599593

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 77', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 45', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 36', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 15']

Enfermeros, por Carlos Tardío: octubre 2013
CONCEPTO DE RECETA Y PRESCRIPCIÓN: UNA IMPOSICIÓN DE EUROPA
Las Directiva Europeas son lo que se conoce en Derecho como legislación “derivada”, bien de los Tratados, bien de los Reglamentos, que afectan directamente a todos, ciudadanos y poderes públicos. Tienen por destinatarios a los Estados miembros (art. 23 de la citada Directiva 2011/24/CE). Luego, cada Estado miembro la traspone a su ordenamiento jurídico bien con norma con rango de real decreto, bien con norma con rango de ley, según los casos (art. 23).
La incorporación de esta Directiva al Derecho español, como Estado miembro, debió producirse antes del 25/X/2013 (art. 21), con la obligación de informar a la Comisión Europea.
Sin embargo, el Real Decreto 1837/2008, que traspone la Directiva 2005/36/CE a nuestro ordenamiento jurídico, ha dicho que la misma es de aplicación a los Nacionales de los Estados miembros, entre los que nos encontramos, a todos los efectos. Sin embargo, no se ha aplicado todo el contenido de aquella Directiva 2011/24/UE.
EL FONDO DEL ASUNTO DE LA DIRECTIVA.
El artículo 3 de la Directiva 2011/24/CE establece unas definiciones, de las cuales vamos a reproducir algunas de ellas, puesto que nos centraremos en el concepto “receta”, a los efectos de entender los vocablos y expresiones que se contienen en la misma. No son, por tanto, nuestras opiniones, sino definiciones que debemos conocer.
a) “asistencia sanitaria”: los servicios relacionados con la salud prestados por un profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, incluidos la receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios;
e) “asistencia sanitaria transfronteriza”: la asistencia sanitaria prestada o recetada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de afiliación;
f) “profesional sanitario”: todo doctor en medicina, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogos, matrona o farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE …”;
h) “paciente”: toda persona física que reciba o desee recibir asistencia sanitaria en un Estado miembro;
i) “medicamento”: todo medicamento según se define en la Directiva 2011/83/CE;
j) “producto sanitario”: producto sanitario tal como se define en la Directiva 90/385/CEE, en la Directiva 93/42/CEE o en la Directiva 98/79/CEE;
k) “receta”: la receta de un medicamento o de un producto sanitario extendida por un miembro de una profesión sanitaria regulada en la acepción del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE legalmente facultado para ello en el Estado miembro en el que haya sido extendida;
m) “historial médico”: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evaluación clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial;
También vamos a reproducir algunos conceptos del siguiente artículo 4 de esta Directiva 2011/24/CE. Dice así el artículo 4: Responsabilidades del Estado miembro de tratamiento:
1. La asistencia sanitaria transfronteriza se prestará de conformidad con: a) la legislación del Estado miembro de tratamiento; b) las directrices sobre calidad y seguridad establecidas por el Estado miembro de tratamiento, y c) la legislación de la Unión en materia de normas de seguridad; teniendo en cuenta los principios de universalidad, acceso a una atención de elevada calidad, equidad y solidaridad.
Y para concluir, parte del contenido del artículo 6, sobre puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza. Dice así:
1. Los Estados miembros designarán uno o varios puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza y comunicarán sus nombres y datos de contacto a la Comisión. La Comisión y los Estados miembros pondrán dicha información a disposición del público. Los Estados miembros garantizarán que los puntos nacionales de contacto consulten a las organizaciones de pacientes, los prestadores de asistencia sanitaria y los organismos de seguros sanitarios. Y que …
3. A fin de permitir a los pacientes ejercer sus derechos en relación con la asistencia sanitaria transfronteriza, los puntos nacionales de contacto del Estado miembro de tratamiento les facilitarán información relativa a los prestadores de asistencia sanitaria, incluyendo, si la solicitan, información sobre el derecho de un prestador específico a prestar asistencia sanitaria y de las posibles restricciones en su práctica, información a que se refiere el artículo 4, apartado 2, letra a), así como información sobre los derechos de los pacientes y los procedimientos para presentar reclamaciones y mecanismos para pedir reparación, de conformidad con la legislación de dicho Estado miembro, y también las opciones jurídicas y administrativa disponibles para la resolución de litigios, incluidos los casos de daños derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza.
LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTO DE AQUELLA DIRECTIVA.
Como introducción vamos a revisar el “contenido de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (que) comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por financiación pública”.
Además, nos dice esta Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de mayo de 2.003, que “la prestación de estos servicios se hará de forma que se garantice la continuidad asistencial, bajo un enfoque multidisciplinar, centrado en el paciente, garantizando la máxima calidad y seguridad en su prestación, así como las condiciones de accesibilidad y equidad para toda la población cubierta”.
Como definiciones de las previstas en esta Directiva del año 2.011 sólo tenemos la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Nos dice algunas de esas definiciones (art. 3):
NOTA: con algunas contradicciones en la Ley, la historia clínica debe contener unos datos mínimos, entre los que podemos encontrar: m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería. n) La aplicación terapéutica de enfermería. ñ) El gráfico de constantes.
No encontramos concepto que figuran en aquella Directiva 2011/24/UE, objeto de este artículo.
Indirectamente, el concepto de receta está contemplada en el artículo 77.1, párrafo primero de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en su redacción por Ley de diciembre de 2.009, cuando dice: “La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica”.
Si volvemos a leer el concepto de “profesional sanitario” que se contienen en la Directiva 2011/24/UE nos daremos cuenta que figuran expresamente incluido como tales Enfermeros y Matronas. No figuran, en cambio, la profesión de Podólogo.
Volvamos al concepto de “receta” que figura en ese artículo 3, k de la mentada Directiva:
“receta”: la receta de un medicamento o de un producto sanitario extendida por un miembro de una profesión sanitaria regulada en la acepción del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE legalmente facultado para ello en el Estado miembro en el que haya sido extendida;
“Profesional sanitario”: todo doctor en medicina, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogos, matrona o farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE u otro profesional que ejerza actividades en el sector de la asistencia sanitaria que estén restringidas a una “profesión regulada” según se deine en el artículo 3, apartado 1, letra a)
de la Directiva 2005/36E, o toda persona considerada profesional sanitario
conforme a la legislación del Estado miembro de tratamiento.
¿Quién es aquel “profesional sanitario” al que se refiere la Directiva, en relación con aquellas “Profesiones Sanitarias reguladas”?
Vimos que se hace una referencia expresa al artículo 3.1, letra a) de la Directiva 2005/36/CE, así que tenemos que reproducir este contenido:
El ámbito de aplicación de esta Directiva –como así nos dice el Real Decreto 1837/2008, que la reproduce- prevé algunas exclusiones, que pretendieron aplicárselas a una Enfermera que solicitaba empleo en el Estado Francés.
Las normas establecidas en este real decreto se aplicarán a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los pertenecientes a profesiones liberales, que pretendan ejercer, por cuenta propia o ajena, una profesión regulada en España a través del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales obtenidas en otro u otros Estados miembros (art. 2). Como igualmente también estable que, en aplicación del artículo 45 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el presente real decreto tampoco será de aplicación a las profesiones y actividades que participen en el ejercicio de la autoridad pública.
Luego, no será de aplicación cuando la actividad esté comprendida como “ejercicio de la autoridad pública”.
Definición según la Directiva 2011/24/CE, en su artículo 3.1, a) Profesión regulada, la actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad de ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales, reglamentarias y administrativas a quien posea una determinada cualificación profesional. Cuando la primer frase de la presente definición no sea de aplicación, las profesiones a que se hace referencia en el apartado 2 quedarán equiparadas a una profesión regulada”.
En el artículo 4 del Real Decreto 1837/2008, citado, se define así a la formación regulada:
1. Se entenderá por «formación regulada», toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada y que consista en un ciclo de estudios completado, en su caso, por una formación profesional, un periodo de prácticas profesional o una práctica profesional. La estructura y el nivel de la formación profesional, del periodo de prácticas profesionales o de la práctica profesional, se determinarán mediante las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del Estado miembro correspondiente o serán objeto de control o aprobación por la autoridad que se determine con este fin.
2. Tendrán la consideración de educación y formación regulada en España aquellas enseñanzas que, cumpliendo dichos requisitos, conduzcan a la obtención de un título oficial con valor en todo el territorio nacional, en los correspondientes niveles del sistema educativo español.
Ahora bien, con independencia de que ese Real Decreto se aproxime a la definición que de Profesión regulada hace la Directiva 2011/24/CE, previo al Real Decreto y a esta Directiva, en España se habían definidos las mismas en el artículo 2º de la Ley de ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que dice así:
“… son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable”.
Además, la propia LOPS las enumera en sus artículos 6º y 7º, entre las que se encuentra la Profesión Sanitaria, titulada, regulada y colegiada de Enfermero.
Luego, si tanto la LOPS de 2.003 como la Directiva 2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008 que las traslada a nuestro ordenamiento jurídico coinciden en que el Enfermero es Profesión regulada, siendo el ámbito de aplicación de aquella directiva los “nacionales de los Estados miembros”, ¿cómo es posible que la Ley del medicamento ignore el derecho que le asiste a la Profesión Enfermero para utilizar la “receta” que ese documento que la Directiva define y autoriza su expedición?
No se trata de “orden” de dispensación, como recogió la Ley del medicamento, que no figura en aquella Directiva ni en el Real Decreto; se trata de ese documento denominado “receta”, que debe ser utilizada, en su caso, por las Profesiones sanitarias “reguladas”, entre las que se encuentra de forma concreta, específica y expresa la Profesión de Enfermero.
¿CÓMO PODEMOS HACER PARA ACLARAR EL ASUNTO DE LAS TITULACIONES?
Una y otra vez escuchamos, "tengo un título que me avala" ¡Vale! Pero seguimos insistiendo que la titulación no es suficiente, en nuestro caso.
¿Por qué? Vamos a intentarlo otra vez.
La Ley de Autonomía del paciente (del año 2.002) establece que las infracciones allí previstas quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI (del personal) del Título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria procedentes en derecho. Y esta referencia a la responsabilidad profesional o estatutario lo es para aquellas Profesiones Sanitarias que, además de titulada y regulada, son colegidas.
Por otra parte, la Ley de ordenación de las Profesiones define a las incluidas en sus artículos 6 y 7 como sanitarias, tituladas y reguladas, cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable, nos dice la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Es decir, que después de la Ley Colegial del año 1.974 dos leyes posteriores confirman la necesidad del requisito de colegiación.
Significa lo anterior que el límite al libre ejercicio de las profesiones está en el cumplimiento del requisito de colegiación. Y lo es porque, como nos ha recordado el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias (entre otras, STC 17-1-2013), corresponde a la Organización colegial la responsabilidad del control del ejercicio de la Profesión, atribuyendo la competencia de su ordenación. De ahí que otro de los fines esenciales de los Colegios sea la protección de los derechos de los consumidores y usuarios destinatarios de nuestros servicios profesionales (Ley 25/2009).
Se predica que la “libre prestación de servicios” es la regla, pero como toda regla contiene excepciones: “podrá supeditarse el acceso de estos prestadores a una actividad de servicios o su ejercicio temporal en territorio español al cumplimiento de los requisitos que en cada caso determine la legislación sectorial aplicable, únicamente cuando estén justificados por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente; y sean, de conformidad con el artículo 5 (regímenes de autorización) de esta Ley, proporcionados y no discriminatorios y de forma suficientemente motivada (Ley 17/2009).
Que las Profesiones sanitarias de Médico y Enfermero (entre otras), exigen el requisito de colegiación es un hecho desde hace bastante tiempo, ya que están organizadas en Colegios Profesionales, entre otros motivos porque los citados Colegios deben cumplir con ese fin esencial: el de la protección de la salud de los consumidores y usuarios destinatarios de nuestros servicios, como nos dice la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
De ahí que se mantenga el contenido de la Ley Colegial, exigiendo el requisito de colegiación en el actual texto del proyecto de Ley de servicios y de Colegios Profesionales, con el que, por cierto, no estamos de acuerdo.
Actualmente, nos dice la Ley que será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. Y esa Ley estatal 25/2009 (conocida como Ley ómnibus) ya previó que en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la misma, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Y que dicho proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.
Los Tribunales repiten de forma reiterada que una cosa es la titulación y otra la Profesión; y que ambas cosas tienen su propio régimen jurídico. Es que no pueden declarar lo contrario, porque no tendrían argumentos para ello. Desde luego que contenido de los planes de estudio y regulación del ejercicio de la concreta profesión “van de la mano”, indisolublemente unido, pero siempre teniendo en cuenta que son dos instituciones diferentes: 1), título; 2), profesión.
A) Títulos.
Así, la obtención, expedición y homologación de títulos es una competencia del Estado que le atribuye el artículo 149.1,30ª de la Constitución, regulado por Ley orgánica de Universidades, de 2.001, modificada sustancialmente por otra Ley de 2007, con el precedente de la Ley para la Reforma Universitaria del año 1983.
Después, esa Ley universitaria continúa desarrollándose con un sinfín de reglamentos, algunos de los cuales vamos a ver aquí.
Por ejemplo, en el año 1.987 se aprobaron y definieron las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, aplicables a todos los Planes de Estudio conducentes a cualquiera de los citados títulos oficiales; como igualmente se definieron las directrices generales propias, que son aquellas -además de las comunes- aplicable a los planes de estudio conducentes a los títulos universitarios oficiales específicos para los que se establezcan. La nuestra, de Diplomado en Enfermería, nace en el año 1.977, modificada con nulo éxito en el año 1.990, un montón de veces modificado.
Ya tenemos títulos, de primero, segundo y tercer ciclo; es decir, de Diplomado, de Licencia y de Doctor (en versión anterior a las normas del año 2.007).
Posterior a estas normas, aparecen las titulaciones de Grado, Master y Doctor, introducidos por otra Ley (de 2.007) que modifica a aquella Universitaria de 2001 y de 1983.
Un dato: los títulos de Grado son establecidos con diferentes cargas, de 180, 240, 300 y 360 créditos ECTS. Es decir, no todos los títulos de Grado tienen los mismos créditos.
Inicialmente, en aquel año 1.987, el crédito/horario significó que correspondía a 10 horas. Fue en el año 2.003 cuando se reevalúo el valor/crédito, asignándole una carga de entre 25 y 30 horas. Pero, otro dato, los Planes de estudio se organizan por horas (de esto saben los docentes, que se le asignan horas de docencia, que no créditos).
Ahora bien, expuesto lo anterior, en el caso de los estudios conducentes a la obtención de la titulación de Grado en Enfermería, a la que han organizados en cuatro años con 240 créditos ECTS (60+60+60+90= a X), en función de una carga de 60 créditos por curso académico –excepción del 4º años, con carga de 90 créditos ECTS-, interesaría saber cuál es la carga docente para cada Profesor, materia y/o contenido.
Lo que dice la norma de 5 de septiembre de 2.003, por la que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Se dice que la “asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico, y que el número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, de 30”.
Recordemos que ya en aquel año 1.987 se establecía que un alumno no podría realizar más de 30 horas/semana, entre enseñanzas teóricas y clínicas.
Pero, realmente, ¿cuáles serán el número máximo de horas que impartan los Profesores? El límite, como vemos, está en 30 horas semanas, con un máximo de entre 30 y 40 semanas: multipliquemos.
Ahora, dicen, valoran el tiempo de horas de estudio, seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. Nos estamos refiriendo a cuántas horas de docencia, teóricas o clínicas, tienen que impartir un Profesor, que ya sabemos que existen a tiempo parcial y a tiempo completo (grosso modo). Por cierto, ¿es que antes no se tenía que estudiar, preparar los exámenes, etc. etc. etc.?
En aquel anterior real decreto de 1.987, por el que se establecían las directrices generales comunes de los planes de estudios y de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se decía que las “materias troncales”, la descripción de sus contenidos, los créditos correspondientes a las enseñanzas teórica y práctica, así como la vinculación de éstas a una o más “áreas de conocimiento”. Efectivamente, se hacía en aquellas materias troncales una somera descripción de sus contenidos/asignaturas y los créditos que correspondían a la enseñanza teórica y práctica de cada materia troncal.
Ahora, sin embargo, se habla, dentro del epígrafe objetivos, las “competencias que deben adquirirse”, sin que esas “competencias” estén adscritas a “áreas de conocimiento” ni como se adquieren esos conocimientos. En definitiva, un desastre por más que lo adornen.
B) Profesiones.
Coetáneo en el tiempo, también se aprobó otro Real Decreto, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios. En este Real Decreto se dispuso que esos títulos (de Diplomado, Licenciado y Doctor) surtirán efectos académicos plenos y habilitarán para el ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente. Redacción que ha sido enmendada parcialmente, con el siguiente texto: “Los títulos universitarios regulados en el presente real decreto tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter provisional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Vemos que, académicamente, todos los títulos tienen efectos académicos plenos; pero, sin embargo, a la hora de referirse a la "habilitación" para ejercer la Profesión lo remite a la norma correspondiente, que ya adelantamos, se trata de la Ley.
Es más, el Acuerdo de Consejo de Ministros del día 8 de febrero de 2.008, desarrollando a un real decreto de octubre de 2007, dijo en el apartado primero punto 2) que “este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en él establecidas”. Luego, ni así se llega a estar de acuerdo que los títulos no son los que habilitan para ejercer la Profesión, sino la colegiación. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Profesión exigirá el concreto título que se apruebe con las correspondientes Directrices Generales Propias.
Y tiene que decir eso porque regular el ejercicio de las Profesiones tituladas requiere norma con rango de Ley. Es decir, que tiene que ser una Ley la que establezca la regulación del ejercicio de las Profesiones, que, en el caso de las Profesiones Sanitarias se hizo con la Ley de Ordenación de las Profesiones (noviembre de 2.003), en desarrollo del artículo 36 de la Constitución.
Otra cosa será qué Profesiones de las tituladas tienen que ser incluidas como colegiadas. Y ello es así porque la Constitución establece que la Ley (una Ley) contenga dos cosas: una, las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales; y, dos, el ejercicio de las Profesiones tituladas. Luego, peculiaridades de los Colegios y regulación del ejercicio de las Profesiones tituladas es el mandato que la Constitución otorga al legislador para que regule, en su caso, qué Profesiones de las tituladas requerirán, además de la titulación –obvio-, el requisito de colegiación.
Llegamos así a la conclusión de que todas las profesiones se ejercen exigiendo una titulación, ya de Graduado escolar, ya de FP1/FP2 o título universitario.
Será la Ley, como dijo la Ley 25/2009, la que nos diga cuáles, de entre todas las profesiones que exijan titulación universitaria, han de cumplir, además, el requisito de colegiación.
Hemos hecho un muy somero repaso a legislación básica que ha venido funcionando en este País con más acierto que errores, sólo que a partir del año 2.007 la situación ha ido a peor ¡No hay manera de enterarse!
Publicado por Carlos Tardío Cordón en 7:39
¡Evidente que todo lo que "suena a leyes" no interesa! Baste comprobar que no vemos en las pruebas selectivas la norma que todos deberíamos saber "a pie juntillas": Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
El objeto y ámbito de aplicación de esta Ley es regular los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.
No obstante el título de la Ley, derechos y “obligaciones”, de los 22 artículos sólo existe referencia a obligaciones de los pacientes o usuarios en un solo apartado: “Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria”.
Pero, a lo que nos interesa: “Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley”, que no vienen al caso.
Con motivo de cualquier actuación es la expresión a tener en cuenta. Lo dice así la Ley. Luego, nos afecta a todas las Profesiones Sanitarias. Y son Profesiones Sanitarias, a estos efectos, la de Médico (art. 6, LOPS) y Enfermero (art. 7, LOPS). Además de las dos Profesiones Sanitarias citadas, recordamos que también existen las de Farmacéutico, Dentista y Veterinario, que exigen (exigían) titulación de Licenciado (art. 6.2, LOPS); y las de Fisioterapia, Terapeuta Ocupacional, Podólogo, Logopeda y Dietistas-nutricionistas (art. 7), que exigen (exigían) título de Diplomado.
Llama la atención que en la exposición de motivos de esta Ley que citamos ut supra, no se haga mención a los artículos 10, 15 y 16 de la Constitución, que se refiere a la dignidad, integridad y libertad religiosa; pero, sin embargo, cita, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos (de 1.948), el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito el día 4 de abril de 1.997, que entró en vigor el 1 de enero de 2.000.
Y llama la atención porque, en todos los casos, es ese artículo 10 de la C.E. el que nos dice cómo debemos interpretar “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce”, que se harán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, que ese Convenio de Oviedo tiene un porqué y un trámite. Pero es ese artículo 10 el básico, por lo que se refiere a la dignidad, que dice: "la dignidad de la personal y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Como también resultan fundamentales el siguiente artículo 15, del derecho a la integridad tanto física como moral; y el 16, por el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
En consecuencia, y a los efectos que nos interesa como Enfermeros, debemos saber y conocer algo básico: que toda actuación en el ámbito de la salud debe ir precedida del consentimiento de los pacientes, que debe solicitarse una vez informado de lo pretendido.
¿Tenemos obligación como Profesión Sanitaria de informar a los pacientes y usuarios?
Evidentemente que sí. Otra cosa es la mentalidad que arrastramos desde hace algún tiempo, de que sólo tiene que informar el Médico. Pero hemos de tener en cuenta que "la ley es la ley".
Y, aunque puede ser objeto de crítica en algunos de los comentarios que recibimos, no podemos olvidar que, nos guste o sí, la Profesión goza de plena autonomía técnica y científica (ex art. 4.7, LOPS), por lo que está obligada a informar antes de actuar. De hecho, los tribunales suelen sancionar cuando omitimos esa obligación legal, configurando otros de los elementos de la buena práctica profesional, que sintetizan en esa expresión de "lex artis". No informar supone infringir uno de los elementos de la buena práctica profesional.
Somos conscientes de que algunos médicos "no están por la labor", pero tenemos que recordarle que por encima de personalismos está la Ley.
Publicado por Carlos Tardío Cordón en 2:03