Source: http://elhonduraspost.com/noticias/congreso-nacional/dictamen-ley-de-restricci%C3%B3n-y-uso-para-campa%C3%B1as-de-odio-en-facebook
Timestamp: 2018-02-24 14:22:13
Document Index: 111905020

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'Artículo 59', 'Artículo 76', 'Artículo 60', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11']

Dictamen "Ley de restricción y uso para campañas de Odio" en Facebook. | El Honduras Post
Enviado por admin el 8 Febrero 2018 - 8:48am
HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
Los suscritos, miembros de la COMISIÓN ESPECIAL designados por el Señor Presidente del Congreso Nacional, para Dictaminar la Iniciativa de Ley presentada por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, por medio de la cual se busca la aprobación de la LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, en cumplimiento a lo ordenado y de conformidad con el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos pronunciamos de la manera siguiente:
PRIMERO: Esta Comisión Especial procedió analizar los argumentos expuestos por el Proyectista que justifican la necesidad de la aprobación de la LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, quien indica que “el creciente uso de las redes sociales y de las denominadas plataformas de Internet, permite a sus usuarios la interconexión inmediata y constante con otras personas, entre las que se incluyen familiares, amigos, colegas, entre otros, así como con otras personas, que en muchas ocasiones son desconocidas”.
Argumenta que, además de los efectos positivos que el uso de internet brinda a la sociedad, a través de la red los ciudadanos “pueden ser víctimas de actos de discriminación o delitos de odio, inclusive injuria o difamación, u otros delitos contra la seguridad pública, siendo imperativo implementar un mecanismo jurídico para regular el manejo de información en redes sociales, debiendo establecer obligaciones para los dueños o administradores de sitios Web para la prevención y el combate a toda forma de discriminación, delitos de odio, u otros delitos”, puesto que constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de los ciudadanos.
SEGUNDO: La Comisión de Dictamen procedió hacer un análisis del Contenido de la propuesta en relación la normativa interna y a la contenida en Convenios Internacionales de los cuales Honduras es parte.
Asimismo, la Comisión realizó diversas actividades de Consulta con sectores que estarían vinculados directamente con la aplicación de la normativa propuesta, dentro de los cuales se destaca: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); Directores de Medios de Comunicación, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Empresas Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, representantes del Consejo Universitario, Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL), Confraternidad Evangélica de Honduras, Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH), entre otros, cuyas opiniones fueron valoradas en la elaboración del presente Dictamen.
TERCERO: Luego de realizados los estudios y consultas relacionadas, esta Comisión comparte el argumento expuesto por el Proyectista al señalar que el avance en el intercambio de la información a través de Internet podría afectar a las personas, existiendo la probabilidad de llegar a ser víctimas de prácticas ilícitas que se realizan en la red, por ende es necesaria la existencia de medidas que garanticen el manejo adecuado de información en redes sociales, para la prevención y el combate a toda forma de discriminación, delitos de odio, u otros delitos contenidos en el Código Penal.
Sin embargo, la Comisión considera que para que el Proyecto cumpla de manera más eficaz, los objetivos previstos por el Proyectista, y dé una respuesta más integral a la protección de derechos en el mundo digital, y sustentándose en los estudios realizados, así como en la valoración de las sugerencias de los sectores consultados, es preciso realizar algunos ajustes, en los puntos siguientes:
1. Para dar una respuesta más integral a la problemática que actualmente afronta nuestra sociedad, básicamente por la ausencia de normativa del mundo digital y herramientas tanto logísticas como de capacidades técnicas y humanas, se debe redefinir el enfoque de la iniciativa presentada por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, a fin de ampliar el mismo con la implementación de la ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, para lo cual se debe crear el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, quien se encargará de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lo cual además de garantizar el cumplimiento de esta Ley, irá en armonía con la recién implementación en el nuevo Código Penal de los delitos referentes a la SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
2. La Comisión consideró oportuno además la modificación de la denominación de la Ley, a fin de armonizar dicha denominación con el nuevo enfoque se propone, haciendo referencia a la implementación DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
3. Dada la finalidad especializada del Consejo Nacional de Ciberseguridad, las competencias que en el Proyecto se le concedían a CONATEL, se le asignan a la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad.
4. La Comisión consideró a bien, incluir un nuevo Artículo en el que se contengan ciertas definiciones, a efecto de determinar con mayor precisión, algunos de los conceptos a que la misma hace referencia, evitando así ambigüedades o dificultades para su puesta en práctica consecuencia de complicaciones de interpretación.
5. Asimismo, la Comisión, señala de manera precisa los delitos del Código Penal, que pueden fundar a los ciudadanos a solicitar a los administradores de sitios Web la remoción de determinados contenidos.
Por todo lo antes expuesto y considerando la importancia de este Proyecto de Ley, esta Comisión Especial emite OPINIÓN FAVORABLE, sobre el Proyecto de Ley presentado por el Honorable Diputado MARCOS BERTILIO PAZ SABILLÓN, con las modificaciones incluidas en el Documento Adjunto referentes a la elaboración DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN REDES SOCIALES E INTERNET, sobre las cuales el Proyectista ha manifestado su anuencia. Por lo que esta Comisión recomienda su aprobación, salvo mejor criterio de este Honorable Pleno.
Asimismo, la Comisión recomienda que se inicien las acciones por parte del Poder Ejecutivo para la adhesión de Honduras al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de Budapest de fecha 23 de noviembre del año 2001, en el cual se establece la necesidad de aplicar, con carácter prioritario una política común con objeto de proteger a la sociedad frente a la Ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la Cooperación Internacional.
Tegucigalpa MDC, 8 de febrero de 2018
FELICITO ÁVILA ORDOÑEZ JOHANA GUICEL BERMÚDEZ
NELSON JAVIER MARQUEZ RONNIE RICHARD MCNAB
IRMA AÍDA REYES COELLO MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ
ELCONGRESO NACIONAL:
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece en su Artículo 59 “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado… La dignidad del ser humano es inviolable”.
CONSIDERANDO: Que el uso de las tecnologías de la Información y las comunicaciones trae consigo cambios y retos permanentes y se constituye como uno de los pilares del mundo globalizado, de manera simultánea el avance de estas tecnologías ha incrementado el uso de medios tecnológicos con fines delictivos alrededor del mundo.
CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras requiere conocer y actuar de una forma integral frente a las amenazas informáticas, siendo necesario contar con una estrategia de incluya la creación de instancias adecuadas que permitan ejercer una labor de ciberseguridad y ciberdefensa frente a cualquier amenaza o incidente informático que pueda comprometer información, afectar la infraestructura critica del país y poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado y de las personas naturales y jurídicas. La adopción de una política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa que involucre a todos los sectores de la sociedad en coordinación con las entidades del Estado;
CONSIDERANDO: Que el Artículo 76 de la Constitución de la República se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen;
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su Artículo 60 señala que “se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto”;
CONSIDERANDO: Que en la actualidad las tecnologías de la información consisten en un componente primordial de la civilización, permitiendo el intercambio de información, la autoeducación, el comercio internacional, la comunicación instantánea, entre otros; sin embargo, las manifestaciones de odio y discriminación también se identifican el contenido de la red. Así las redes sociales no son ajenas a expresiones de este tipo, correspondiendo a los Estados regularizar estos presupuestos de hecho;
LEY NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN INTERNET
ARTÍCULO 1.- ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. Crease el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, el cual estará integrado por las instituciones siguientes:
El Comité debe elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en un plazo no mayor a seis (6) meses luego de la publicación de la presente Ley.
Para su funcionamiento el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, conformará una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, como ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el Comité.
ARTÍCULO 2.- CONSEJO DE VEEDURÍA SOCIAL. Crease el Consejo de Veeduría Social, como un mecanismo de participación social a través del cual representantes de instituciones de la sociedad pueden dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, para lo cual podrán emitir informes de seguimiento al Comité y participar en las reuniones de este cuando su participación sea solicitada por el mismo, por lo menos 2 veces al año.
7. Representantes de las Universidades del país.
La coordinación del Consejo de Veeduría Social durará un año y será rotativa en el orden establecido en el párrafo anterior.
El funcionamiento del Consejo de Veeduría Social, será conforme al reglamento especial que para tal efecto, como Consejo aprueben.
ARTÍCULO 3.- CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENCIA CIBERNÉTICA. Crease el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, como una dependencia de la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, el cual, dentro de otras funciones que se le asignen, se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LOS ACTOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN INTERNET
ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES.- Para los efectos de este Capítulo se entiende por:
1. INCITACIÓN O DISCURSO DE ODIO: Acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un discurso, cargado de connotaciones discriminatorias, que atenta contra la dignidad y seguridad de las personas, y que es propagado con intención maligna para incitar al interlocutor, o lector, a que lleve a cabo acciones destructivas en contra de una persona.
2. INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN: Acto que incite a la segregación a partir de un criterio o criterios determinados ya sea por razón social, racial, religiosa, ideológica, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil, discapacidad, orientado a lesionar su dignidad o generar violencia.
3. CONTENIDO ILEGAL: Publicación hecha en un sitio Web, constitutiva de incitación o discurso de odio, discriminación o de las figuras delictivas de injuria; calumnia; ciberterrorismo o terrorismo electrónico; incitación a la discriminación; producción y utilización de pornografía infantil; suplantación de identidad; y, amenazas, conforme a las definiciones que para ellos establezca el Código Penal, así como Bullying Cibernético conforme a lo establecido en el Decreto 96-2014, de fecha 22 de octubre de 2014 que contiene la Ley contra el Acoso Escolar.
ARTÍCULO 5.- DENUNCIAS. Las denuncias podrán ser interpuestas tanto por la víctima directamente ofendida o afectada como por un tercero que justifique interés directo por considerar que el contenido ilegal de una publicación hecha en un sitio Web le perjudica.
ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR CONTENIDO ILEGAL. Los administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, deberán contar con un proceso accesible para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal, que conforme al Artículo 1 de la presente Ley, presenten los ciudadanos.
El procedimiento que se establezca para la tramitación de las denuncias deberá garantizar mecanismos accesibles de denuncia y una fecha límite para la resolución de la queja. El tiempo transcurrido entre la recepción del reclamo y la supresión o bloqueo de los contenidos ilícitos no debe ser superior a 24 horas, en casos debidamente justificados podrá extenderse dicho plazo, pero en ningún caso debe ser superior siete días luego de recibir la queja, debiendo informar inmediatamente, a quien efectuó la queja y al usuario que subió los contenidos, cualquier decisión y sus justificaciones.
En el caso de remoción, el contenido debe ser asegurado para propósito de prueba en caso de que la persona agraviada decida proceder penalmente conforme a lo dispuesto en el Código Penal y Procesal Penal contra la persona que expresó el contenido ilícito o suplantó la identidad.
Cuando se trate de sitios Web que no tienen representación en el país la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad debe hacer las coordinaciones pertinentes para el aseguramiento del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo.
Los proveedores de Servicios de Internet deben mantener un registro de las direcciones IP asignadas a los usuarios finales por un periodo de treinta días.
ARTÍCULO 7.- DENUNCIAS ANTE EL CENTRO DE RESPUESTAS A INCIDENCIA CIBERNÉTICA. Las personas afectadas por un contenido ilícito, podrán denunciar a los administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, ante el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, cuando estos no atendieren las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal.
ARTÍCULO 8.- SANCIONES. La Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad será la autoridad administrativa competente para el juzgamiento y sanción de las faltas administrativas por no atender las denuncias formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal.
Las sanciones serán de multa de CINCUENTA MIL (L.50,000) a UN MILLÓN (L.1,000,000) DE LEMPIRAS hasta la SUSPENSIÓN y BLOQUEO DEL SITIO, conforme al reglamento que para tales efectos se establezca.
ARTÍCULO 9.- REGLAMENTO. La Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad establecerá dentro de 60 días luego de la publicación de la presente Ley, el reglamento de la misma en el que se establecerán el procedimiento sancionador y las sanciones administrativas de suspensión y bloqueo del servicio que de acuerdo a la infracción corresponda a administradores de sitios Web que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas, por no atender las denuncias o no contar con un procedimiento para atender las denuncias de los afectados.
ARTÍCULO 10.- PRESUPUESTO. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, debe establecer una partida presupuestaria, para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en base al presupuesto aprobado anualmente por el Congreso Nacional.
ARTÍCULO 11.- VIGENCIA. El presente Decreto entra en vigencia en la fecha de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los días del mes de dos mil dieciocho.
JOSÉ TOMAS ZAMBRANO
SECRETARIO SALVADOR VALERIANO PINEDA