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Timestamp: 2019-05-25 03:04:35
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Casos hilaire, constantine y benjamin y otros y caesar vs. Trinidad y tobago
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DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
CASOS HILAIRE, CONSTANTINE Y BENJAMIN Y OTROS Y CAESAR
Las Sentencias de fondo, reparaciones y costas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 21 de junio de 20021 y el 11 de marzo de 20052, en los casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros y Caesar, respectivamente, ambos, contra la República de Trinidad y Tobago (en adelante “el Estado” o “Trinidad y Tobago”). En el fallo del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, la Corte declaró al Estado responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a las garantías judiciales y protección judicial protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en perjuicio de 32 personas declaradas culpables de homicidio intencional y condenadas a pena de muerte conforme a la Ley de Delitos contra la Persona, que preveía esa pena obligatoria para ese delito3. En el fallo del caso Caesar, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho a la integridad personal así como a las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio del señor Winston Caesar, por la ejecución de la condena a 20 años de prisión con trabajos forzados y a recibir 15 azotes en 1998. Lo anterior, tras ser sentenciado en 1992 por tentativa de violación sexual, conforme a la Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago4. En ambos casos, la Corte determinó que las referidas Sentencias constituían per se una forma de reparación, y ordenó al Estado determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1).
Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia dictadas por la Corte el 27 de noviembre de 20035 en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros y el 21 noviembre de 20076 en el caso Caesar.
Las tres notas de la Secretaría de la Corte, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal o del pleno de la Corte, se solicitó información específica sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros 7, al igual que las siete notas de la Secretaría mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se recordó al Estado que había vencido el plazo para que presentara el informe requerido por la Corte en dicha Sentencia8.
El escrito de 12 de septiembre de 2005, mediante el cual el Estado solicitó una prórroga para presentar el informe que le fue solicitado en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros mediante nota de la Secretaría de 17 de agosto de 2005 (supra Visto 3), y la nota de la Secretaría de 13 de septiembre de 2005, mediante la cual el pleno de la Corte concedió la prórroga solicitada hasta el 22 de septiembre de 2005.
El escrito presentado por el representante de las víctimas9 el 28 de octubre de 2014, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros.
Los cuatro escritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) en el caso Hilaire, Benjamin y Constantine y otros10.
Las notas de la Secretaría de la Corte de 2 de mayo y 24 de octubre de 2007, 3 de marzo de 2011 y 13 de mayo de 2015, mediante las cuales, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se requirió al Estado que presentara el informe sobre el cumplimiento requerido en la Sentencia del caso Caesar.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones11, la Corte ha venido supervisando el cumplimiento de las Sentencias correspondientes a los casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, desde hace trece años y cinco meses (supra Visto 1), y Caesar desde hace diez años y ocho meses (supra Visto 1). Al respecto, en dichos casos la Corte ordenó como medida de reparación el pago de indemnizaciones por concepto de daño inmaterial12, y, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros ordenó el reintegro de determinadas cantidades por concepto de costas y gastos13. Igualmente, en el caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, la Corte ordenó al Estado tramitar de nuevo los procedimientos penales llevados a cabo en contra de las 31 víctimas14, “plantear ante la autoridad competente, a través del Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto […] la revisión de los casos” de las mismas15, y que, en cualquier caso, debía “abstenerse de ejecutar [a las mismas…] cualesquiera sean los resultados de los nuevos juicios”16. Por su parte, en el caso Caesar, la Corte ordenó al Estado “proveer al señor Winston Caesar […] por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos”17. Igualmente, en dichas Sentencias se ordenaron garantías de no-repetición, tales como: la obligación de “abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona de 1925 [… y de] modificarla adecuándola a las normas internacionales de protección de los derechos humanos”18, “adoptar […] las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales (para Delincuentes Mayores de 18 años)”19 y “enmendar […] la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago”20, y la obligación de adecuar las condiciones de detención en las cárceles de Trinidad y Tobago a las normas internacionales de derechos humanos21. Tal como se explicará, los plazos para que el Estado presentara los informes sobre cumplimiento requeridos en las Sentencias de los casos Hilaire, Constantine, Benjamin y otros y Caesar vencieron el 5 de julio de 2003 y el 8 de abril de 2006, respectivamente. A pesar del prolongado tiempo transcurrido, Trinidad y Tobago no ha proporcionado información alguna sobre el cumplimiento de las Sentencias hasta la presente fecha, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por el Tribunal o su Presidente mediante de notas de la Secretaría (supra Vistos 3 y 7)22.
Trinidad y Tobago fue Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de mayo de 1991, fecha en que también reconoció la competencia de la Corte de conformidad con el artículo 62 de la Convención, hasta el 26 de mayo de 1999, fecha en la cual entró en vigor la denuncia efectuada por el Estado, de conformidad con el artículo 78 de la Convención. Según el artículo 78.2 de la Convención, la denuncia del tratado no tiene como efecto relevar al Estado de sus obligaciones respecto de actos que puedan constituir una violación de dicha Convención y que hayan ocurrido antes de la entrada en vigor de la referida denuncia23.
De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto24. Al efecto, cabe tener presente, además, que, según el artículo 67 de la Convención Americana, “[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable”, de manera que, una vez que este Tribunal dicta Sentencia, ella produce los efectos de cosa juzgada y debe ser prontamente cumplida por el Estado en forma íntegra.
La Corte afirma que los Estados Partes de la Convención Americana tienen la obligación convencional de implementar tanto a nivel internacional como interno y de forma pronta e íntegra, lo dispuesto por el Tribunal en las Sentencias que a ellos conciernan, obligación que, como lo señala el derecho internacional consuetudinario y lo ha recordado la Corte, vincula a todos los poderes y órganos estatales25 y, de no cumplirse, se incurre en un ilícito internacional. Al respecto, es menester añadir que siempre, según el derecho internacional consuetudinario y lo afirmado por la Corte, al producirse un hecho ilícito atribuible a un Estado, surge la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, dándose así origen a una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar26. Tal como ha indicado la Corte27, el artículo 63.1 de la Convención reproduce el texto de una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados28.
En lo que respecta al cumplimiento de la Sentencia de dichos casos, la Corte destaca que, a pesar de que han transcurrido más de doce años y más de nueve años desde el vencimiento de los plazos dispuestos en las Sentencias de los casos Hilaire, Constantine, Benjamin y otros y Caesar (supra Considerando 1), respectivamente, y de los varios requerimientos realizados por el Tribunal o su Presidente, el Estado no ha presentado informe alguno sobre la implementación de las Sentencias. El Estado ha omitido informar inclusive después de que durante esos años la Corte emitió resoluciones en el 2003 y el 2007 declarando un incumplimiento de dicho deber de informar en los casos Hilaire, Constantine, Benjamin y otros y Caesar, respectivamente, y de que, posteriormente, el Tribunal o su presidencia realizaron varios requerimientos. La Corte considera que ello configura un incumplimiento por parte de Trinidad y Tobago, de la obligación de informar al Tribunal. La Corte reitera que la inactividad de un Estado ante una jurisdicción internacional de derechos humanos es contraria al objetivo, fin y espíritu de la Convención Americana29.
En la etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencia de otros casos, la Corte ha establecido que la falta del Estado a su deber de informar constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales establecidas en los artículos 67 y 68.130 (supra Considerando 3).
Teniendo en cuenta dicho incumplimiento del Estado, la Corte no tiene elementos que le permitan sostener que Trinidad y Tobago ha adoptado medidas orientadas a dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en las Sentencias (supra Considerando 1). En ese sentido, el Tribunal considera que dichos incumplimientos impiden que se reparen las violaciones a los derechos humanos declaradas en los fallos.
Además de dicho incumplimiento al deber de informar, los escritos allegados por el representante de las víctimas y la Comisión en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros (supra Vistos 5 y 6) permiten afirmar que las reparaciones ordenadas en las Sentencias continúan pendientes de ejecución por Trinidad y Tobago (infra Considerandos 9 y 10). La Comisión resaltó que las víctimas del caso continúan teniendo el riesgo de ser ejecutadas, mientras que el representante de las víctimas señala que la pena de muerte obligatoria sigue siendo impuesta a aquellas personas declaradas culpables de homicidio intencional.
Aun cuando la Comisión aportó información relativa a la medida relativa a “abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona” en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, de la misma se extrae que el Estado no ha cumplido con la reparación ordenada. En este sentido, con relación a dicho caso, la Corte toma nota de las sentencias dictadas por el Privy Council en los casos Balkissoon Roodal Vs. The State del 20 de noviembre de 2003 y Charles Matthew Vs. The State del 7 de julio de 2004 aportadas por la Comisión Interamericana. Al respecto, la Corte constata que con la sentencia Balkissoon Roodal, el Privy Council declaró la nulidad de la aplicación obligatoria de la pena de muerte31. Sin embargo, la Corte igualmente constata que mediante la sentencia correspondiente al caso Charles Matthew se revocó el criterio establecido en la sentencia del caso Balkissoon Roodal, y se reinstauraba la aplicación de la pena de muerte obligatoria32. A pesar de ello, según la misma sentencia del caso Charles Matthew, la pena de muerte obligatoria no podría ser aplicada a aquellas personas que para la fecha de ésta se estuviesen beneficiando del criterio del caso Balkissoon Roodal33. Con base en lo anterior, la Comisión entendió que esta sentencia aplica a todas las víctimas del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, exceptuando a Joey Ramiah, y que requiere que Trinidad y Tobago conmute todas las penas de muerte impuestas a las mismas y les imponga cadena perpetua. Sin embargo, posteriormente, la Comisión informó sobre casos de distintas personas, ninguna de las cuales es víctima del caso bajo estudio, que deberían estar amparadas por la señalada excepción al precedente del caso Charles Matthew, y cuyas ejecuciones habrían sido ordenadas. La Comisión también informó sobre una alegada política estatal dirigida a hacer cumplir las órdenes de pena de muerte, fundadas en la afirmación realizada en el 2005 por el entonces Fiscal General, quien habría indicado que ningún obstáculo jurídico desincentivaría al Estado de buscar la ejecución de su mandato constitucional con relación a otras personas condenadas, de acuerdo al Estado de Derecho34. El representante de las víctimas igualmente afirmó, en su escrito de 2014, que la pena de muerte obligatoria continúa siendo aplicada en Trinidad y Tobago. El Estado, con su silencio, no contradijo lo sostenido por la Comisión y el representante, a pesar de las solicitudes de información específicas que mediante nota de Secretaría se le hicieron sobre la extensión del precedente establecido en el caso Charles Matthew (supra Visto 3).
Un razonamiento similar aplica al caso Caesar. La Corte observa que la Comisión indicó que no existen elementos que permitan verificar el cumplimiento de la reparación relativa a “adoptar […] las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales”. Al contrario, reseñó un ejemplo de octubre de 2005 en el cual un tribunal de Trinidad y Tobago habría vuelto a aplicar una pena corporal. Lo anterior tampoco fue contradicho por el Estado, a pesar de las notas de la Secretaría requiriendo que presentara información sobre el cumplimiento de la Sentencia (supra Visto 7).
La Corte considera que los referidos incumplimientos al deber de informar y de implementar las reparaciones ordenadas (supra Considerandos 5 a 10) constituyen un desconocimiento de las obligaciones emanadas de las Sentencias dictadas por el Tribunal y de los compromisos convencionales del Estado, impiden que se reparen las violaciones a los derechos humanos declaradas en los Fallos y despoja el efecto útil (effet utile) de la Convención en el caso concreto35.
Con base en las situaciones constatadas, el Tribunal considera necesario dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana36 y 30 de su Estatuto37, de manera que en el Informe Anual de labores de 2015, que someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, señalará que Trinidad y Tobago ha incumplido durante doce años sus obligaciones de ejecutar las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida en el 2002 en el caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, así como su deber de informar sobre las medidas adoptadas para ese fin; y durante nueve años sus obligaciones de ejecutar las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida en el 2005 en el caso Caesar, así como su deber de informar sobre las medidas adoptadas para ese fin. Ante esta situación los Estados Americanos han dispuesto un sistema de garantía colectiva en donde todos los Estados Parte deben realizar todos los esfuerzos para que no haya un evidente abandono por parte de los Estados de su obligación de cumplir y acatar las Sentencias de la Corte.
Este Tribunal ha señalado que la Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes38. Dicha noción de garantía colectiva se encuentra estrechamente relacionada con el efecto útil de las Sentencias de la Corte Interamericana, por cuanto la Convención Americana consagra un sistema que constituye un verdadero orden público regional, cuyo mantenimiento es de interés de todos y cada uno de los Estados Partes. El interés de los Estados signatarios es el mantenimiento del sistema de protección de los derechos humanos que ellos mismos han creado, y si un Estado viola su obligación de acatar lo resuelto por el único órgano jurisdiccional sobre la materia se está quebrantando el compromiso asumido hacia los otros Estados de cumplir con las sentencias de la Corte. Por tanto, la labor de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, cuando se le presenta un incumplimiento manifiesto por parte de uno de los Estados de una Sentencia emitida por la Corte Interamericana, es precisamente la de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un Estado.
Una vez que ha determinado la aplicación de los referidos artículos en casos de incumplimiento de sus Sentencias, y así lo haya informado mediante su Informe Anual para la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Corte continuará incluyendo dicho incumplimiento cada año, al presentar su informe Anual, a menos que el Estado acredite que está adoptando las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones ordenadas en la Sentencia, o que los representantes de las víctimas o la Comisión acompañen información sobre la implementación y cumplimiento de los puntos de la Sentencia que requiera ser valorada por este Tribunal39.
En el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24, 25 y 30 del Estatuto y 30, 31 y 69 de su Reglamento,
El Estado ha incumplido durante doce años con su obligación de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reparaciones de la Sentencia de 21 de junio de 2012 del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, y durante nueve años respecto de la Sentencia de 11 de marzo de 2005 del caso Caesar, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de la presente Resolución.
El Estado no ha dado cumplimiento a ninguna de las reparaciones ordenadas en la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros:
Abstenerse de aplicar la Ley de Delitos contra la Persona de 1925 y, dentro de un plazo razonable, modificarla adecuándola a las normas internacionales de protección de los derechos humanos (punto resolutivo ocho).
Tramitar de nuevo, aplicando la legislación penal que resulte de las reformas a la Ley de Delitos contra la Persona de 1925 en los términos expuestos en la Sentencia, los procedimientos penales correspondientes a los delitos que se imputan a 31 de las víctimas (punto resolutivo nueve).
Plantear ante la autoridad competente, a través del Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto, la revisión de los casos de las víctimas (punto resolutivo diez).
Abstenerse de ejecutar, en cualquier caso, y cualesquiera que sean los resultados de los nuevos juicios, a las víctimas (punto resolutivo once).
Pagar por concepto de daño inmaterial a la esposa de Joey Ramiah, señora Carol Ramcharan, la suma dispuesta en la Sentencia para el sustento y educación de su hijo, Joanus Ramiah (punto resolutivo doce).
Pagar a la madre de Joey Ramiah, señora Moonia Ramiah, la suma dispuesta en la Sentencia por concepto de indemnización del daño inmaterial (punto resolutivo trece).
Modificar las condiciones de su sistema carcelario para adecuarlas a las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a la materia (punto resolutivo catorce).
Pagar a los representantes de las víctimas la suma dispuesta en la Sentencia como reintegro de los gastos (punto resolutivo quince).
Y con relación al caso Caesar:
Pagar al señor Winston Caesar la cantidad dispuesta en la Sentencia por concepto de daño inmaterial (punto resolutivo uno).
Proveer al señor Winston Caesar, a partir de la notificación de la Sentencia, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, por medio de los servicios nacionales de salud, un adecuado tratamiento médico y psicológico, incluida la provisión de medicamentos, según las prescripciones de especialistas debidamente calificados (punto resolutivo dos).
Adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas o de otra índole necesarias para derogar la Ley de Penas Corporales (para Delincuentes Mayores de 18 años) (punto resolutivo tres).
Enmendar, dentro de un plazo razonable, la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago (punto resolutivo cuatro).
Adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de detención en las cárceles de Trinidad y Tobago se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos en este tema (punto resolutivo cinco).
Mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de todas las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia del presente caso, en los términos del Considerando 14 de la presente Resolución.
Disponer que Trinidad y Tobago adopte, en definitiva y a la mayor brevedad posible, todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos resolutivos pendientes de cumplimiento de las Sentencias dictadas en los presentes casos, de acuerdo con lo considerado en la presente Resolución, y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Incorporar en el próximo Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo decidido en la presente Resolución con el fin de informar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en aplicación del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el incumplimiento por parte del Estado de Trinidad y Tobago de sus obligaciones señaladas en los puntos resolutivos 1 y 2 de la presente Resolución.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Hilaire, Constantine y Benjamin y otros y Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
1 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. El texto íntegro de dicha Sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf. Dicha Sentencia fue notificada el 5 de julio de 2002.
2 Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123. El texto íntegro de dicha Sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf. Dicha Sentencia fue notificada el 8 de abril de 2005.
3 Las 32 víctimas acudieron a los procedimientos internos respectivos para la revisión de sus condenas, y en algunos de los casos, no se respetaron las garantías del debido proceso, en virtud de diversos factores como la demora injustificada en los procesos y la falta de disponibilidad de asistencia letrada y de otros tipos de asistencia especializada. Además, la detención de todas las víctimas se realizó en condiciones de agudo hacinamiento y falta de higiene. De las 32 víctimas, al momento de la sentencia, 30 se encontraban detenidas en las prisiones de Trinidad y Tobago y en espera de su ejecución en la horca, siendo las únicas excepciones Joey Ramiah, quien ya había sido ejecutado, y Wayne Matthews, cuya pena fue conmutada.
4 Las normas que autorizaron la imposición de penas corporales en Trinidad y Tobago estaban contenidas en dos leyes, siendo la Ley de Penas Corporales una de estas. El 5 de febrero de 1998, el señor Caesar fue sometido a 15 azotes con el “gato de nueve colas”, en cumplimiento de su sentencia. Al momento de la Sentencia, el señor Caesar había cumplido 13 de los 20 años a los cuales fue condenado. Además, la Corte determinó que el Estado incumplió con las normas sobre condiciones de detención, ya que entre 1991 y 1999 fue sometido a condiciones de hacinamiento, higiene deficiente, falta de luz y ventilación, así como tratamiento médico inadecuado.
5 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/hilaire_27_11_03.pdf.
6 Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 noviembre de 2007, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Caesar_21_11_07.pdf.
7 Notas del 16 de julio, y 25 y 28 de octubre de 2004.
8 Notas del 16 de enero y 1 de agosto de 2003, 17 de agosto de 2005, 12 de enero y 22 de marzo de 2006, 15 de enero de 2007, y 23 de abril de 2015.
9Las víctimas del caso Hilaire, Constantine y Benjamin son representadas por el señor Saul Lehrfreund, de la firma de abogados Simons Muirhead & Burton.
10 Escritos de 8 de diciembre de 2003, 12 de julio y 26 de octubre de 2004 y 15 de agosto de 2005.
11 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65, 67 y 68 de la Convención Americana, 24, 25 y 30 de su Estatuto y regulado, también, en los artículos 30, 31 y 69 de su Reglamento.
12 Puntos dispositivos 12 y 13 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, y Punto dispositivo 1 de la Sentencia del caso Caesar.
13 Punto dispositivo 15 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros.
14 Punto dispositivo 9 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros.
15 Punto dispositivo 10 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros.
16 Punto dispositivo 11 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros.
17 Punto dispositivo 2 de la Sentencia del caso Caesar.
18 Punto dispositivo 8 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros.
19 Punto dispositivo 3 de la Sentencia del caso Caesar.
20 Punto dispositivo 4 de la Sentencia del caso Caesar.
21 Punto dispositivo 14 de la Sentencia del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, y 5 de la Sentencia del caso Caesar.
22 La única comunicación que realizó Trinidad y Tobago en alguno de los dos casos referidos fue una solicitud de prórroga de 12 de septiembre de 2005 (supra Visto 4) en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin para presentar información. Dicha solicitud fue concedida mediante nota de la Secretaría de 13 de septiembre de 2005 (supra Visto 4). No obstante, el Estado no presentó comunicación alguna con posterioridad.
23 Cf. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 6, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de Noviembre de 2003, Considerandos 2 y 3.
24Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2015, Considerando 2.
25Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 17 de noviembre de 1999, Considerando 3; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 131, y Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2015, Considerando 42.
26Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 40; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 232, y Caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de septiembre de 2015, Considerando 5.
27Cfr.Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 50, y Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 360.
28Cfr. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1949, p. 184;Affaire relative à l’Usine de Chorzów (Demande en Indemnité) (Fond), Arrêt Nº 13, le 13 septembre 1928, C.P.J.I. Série A-Nº 17, p. 29; y Affaire relative à l’Usine de Chorzów(Demande en Indemnité) (Compétence), Arrêt Nº 8, le 26 juillet 1927, C.P.J.I. Série A-Nº 9, p. 21.
29 Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 38, y Caso Fontevecchia y D´Amico Vs Argentina, supra, Considerando noveno.
30 Al respecto ver por ejemplo: Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2007, Considerando 11; Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, Considerando 9; Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de enero de 2009, Considerando 19; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de enero de 2015, Considerando 3, y Caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de septiembre de 2015, Considerando 9.
31 Dicha sentencia dispone que la pena de muerte obligatoria es inconsistente con las obligaciones internacionales de Trinidad y Tobago con base en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo que una interpretación consistente con las obligaciones internacionales del Estado debe ser preferida. En consecuencia, el Privy Council indicó que la Ley de Delitos contra la Persona debía interpretarse de tal forma que proveyera la aplicación discrecional de la condena perpetua. Cfr. Privy Council Appeal No. 18 of 2003, Balkissoon Roodal Vs. The State, 20 de noviembre de 2013 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 8 de diciembre de 2003, folio 21).
32 Al respecto, el Privy Council fundamenta su decisión en que, aunque la Constitución trinitaria reconoce los derechos a la vida y la prohibición de tratos crueles e inhumanos, la sección 6(1) de la misma dispone que dichas normas no podrán invalidar una norma pre existente, por lo que teniendo en cuenta que la Ley de Delitos contra la Persona pre existe la referida Constitución trinitaria, sus disposiciones sólo pueden ser anuladas por el Parlamento. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folios 107 y 108). Al respecto, la Corte considera necesario reiterar lo establecido en la Sentencia del caso Hilaire, Constantine y Benjamin, al igual que la del caso Caesar, al referirse a la Sección 6 de la Constitución de Trinidad, cuando determinó que el Estado “no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales” por lo que “‘la cláusula de exclusión contenida en la Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago es incompatible con la Convención”, por lo que ordenó al Estado modificar dicha sección constitucional (supra Considerando 8). Igualmente, la Corte destaca que en el voto de la minoría del Privy Council, se reconoció que el efecto de revertir el precedente del caso Roodal es poner al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folio 135).
33 Al respecto, el Privy Council determinó que, ante la expectativa de un grupo de personas de que se les aplicara el criterio del caso Roodal, sería una sanción cruel que el derecho con el que contaban previamente les fuera removido. No obstante, dicho criterio no le aplicaría a aquellas personas condenadas con posterioridad a la sentencia del caso Matthew. Cfr. Privy Council Appeal No. 12 of 2004, Charles Matthew Vs. The State, 7 de julio de 2004 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 12 de julio de 2004, folios 109, 115 y 116).
34 Cfr. Nota de Prensa del diario The Trinidad Guardian, State forced to hold hand on hanging, 14 de junio de 2005 (Anexo al escrito presentado por la Comisión el 15 de agosto de 2005, folio 157).
35Cfr.Caso Yatama Vs. Nicaragua, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2013, Considerando 15.
36 “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
37 “La Corte someterá a la Asamblea General de la OEA, en cada período ordinario de sesiones, un informe de su labor en el año anterior. Señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Podrá también someter a la Asamblea General de la OEA proposiciones o recomendaciones para el mejoramiento del sistema interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el trabajo de la Corte”.
38Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia, párr. 96.
39Caso Apitz Barbera y Otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2012, Considerando 48.