Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp7269-2015-44585-de-junio-10-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_4de455db94d74673b5e1318300c55de4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 02:00:56
Document Index: 392730737

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 351', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 351', 'artículo 196', 'artículo 14', 'artículo 244', 'artículo 5', 'artículo 245', 'artículo 6', 'artículo 60', 'artículo 27', 'artículo 245', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 52']

SENTENCIA SP7269-2015 DE 10 DE JUNIO DE 2015
CONTENIDO:INCREMENTO DE PENAS GENERAL DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004, RESPECTO DE LOS DELITOS ENLISTADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DE 2006 SOLO OPERA CUANDO LA PERSONA SE ALLANA O LLEGA A ACUERDO CON LA FISCALÍA. SE RECUERDA QUE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y LA VERIFICACIÓN DEL QUERER DEL LEGISLADOR AL EXPEDIR LA LEY 890 DE 2004, CONCLUYÓ QUE A LOS DELITOS A LOS CUALES COBIJA LA PROHIBICIÓN DE REBAJAS O BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DE 2006, ENTRE ELLOS LA CONDUCTA PUNIBLE DE EXTORSIÓN, NO LES ES APLICABLE EL INCREMENTO GENERALIZADO DE PENA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004. ADEMÁS SE REAFIRMA QUE POR RAZONES DE IGUALDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA, LA PROHIBICIÓN DEL INCREMENTO DE PENAS GENERAL DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004, RESPECTO DE LOS DELITOS ENLISTADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DE 2006, ÚNICAMENTE REMITE A AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES LA PERSONA SE ALLANÓ A CARGOS O LLEGÓ A UN ACUERDO CON LA FISCALÍA Y EN ATENCIÓN A ELLO SE TERMINÓ ANTICIPADAMENTE EL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, DEMANDA DE REVISIÓN, EXTORSIÓN, INCREMENTO DE LA PENA
Sentencia SP7269-2015/44585 de junio 10 de 2015
Rad.: 44585
Aprobado mediante Acta 205
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer de la demanda de revisión presentada por H.G.R.R. a través de apoderado, como quiera que se promueve contra sentencia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial.
“En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ´res iudicata pro veritate habertur´ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado” (Sentencia C-871 de 2003)(2).
“No busca pues, la acción de revisión, subsanar errores de juicio o de procedimiento porque esa es la función de los recursos de instancia y de la casación. La revisión, en cambio pretende la reparación de injusticias a partir de la demostración de una realidad histórica diferente a la del proceso y únicamente dentro del marco de invocación precisado por las causales establecidas” (CSJ AP, 23 Ag. 2000, Rad. 15322).
Esta interpretación se adecua con precisión al mandato legal, como que en estricto sentido este no determina que lo trascendente sea el momento de emisión de la jurisprudencia, sino que ella sea benéfica y posterior a aquella que sirvió de soporte a los jueces de instancia”. (CJS SR, 20 Ag. 2014, Rad. 43624).
Hechas las anteriores precisiones, lo primero que habrá de señalarse y como bien lo reconociera el demandante, la acción apunta no a derruir los juicios de responsabilidad sino a morigerar sus efectos, en tanto los juzgadores de instancia, impartieron una condena e impusieron una sanción, basados en una precisa interpretación jurisprudencial que posteriormente fue variada. De manera que habiéndose modificado el precedente en favor del procesado, se impone proceder al reconocimiento de lo que se le denegó con fundamento en la determinada y revocada jurisprudencia.
Concretamente se solicita la inaplicabilidad del incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues la Corte con posterioridad al criterio sostenido en las sentencias de instancias concluyó que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Al respecto lo primero que tendrá que advertirse es que el juez de instancia ciertamente negó al sentenciado la rebaja de pena prevista en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal no obstante haber aceptado los cargos en la audiencia de imputación, por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 y atendiendo lineamientos jurisprudenciales de la Sala – CSJ, SP 1º Jul. 2009, rad. 30800, donde se admitía la exclusión de beneficios con fundamento en la normatividad en cita. En palabras del juzgado de instancia:
“En razón a que la Ley 1121 en su artículo 26 dispone que cuanto se trate de delitos de extorsión, entre otros, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el código de procedimiento penal, siempre que esta sea eficaz. Por el contrario y muy a pesar nuestra jurisprudencia más reciente de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado lo anterior en sentencia del 1º de julio de 2009, proceso 30800 no hay lugar a conceder rebaja alguna por la aceptación de cargos”(3).
Criterio reiterado por el Tribunal Superior de Neiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa:
“Hace parte de tal preceptiva contenida en el artículo 26, de las normas expedidas ‘para la prevención del terrorismo y otras disposiciones’ a que se refiere la reglamentación citada en precedencia, como política criminal del Estado tendiente a combatir con mayor rigorismo las conductas que no solamente afecta al patrimonio económico particular, la tranquilidad del conglomerado social, sino la economía del país, con atentados a bienes jurídicos que es necesario contrarrestar por la frecuencia en que se cometen, como por la mayor perversidad con que se realiza.
Una prohibición contemplada en los términos antes referidos, no permite realizar ninguna otra consideración (…) pues el imperativo mandato, releva al operador judicial de realizar cualquier tipo de análisis para la concesión de rebajas de pena, beneficios o reconocimientos de subrogados, en acatamiento del principio de la legalidad de la pena.
Es de relievar, que nuestra máxima autoridad judicial en reiterada jurisprudencia ha señalado que el referido precepto mantiene cabal rigor, ámbito y cobertura y operancia plena, en cuanto es aplicable sin distinciones a todos los hechos cometidos bajo su vigencia, sea el sistema procesal que preside la investigación o juzgamiento (CSJ SP, 1º Jul. 2009, Rad. 30800.) (…)”(4).
Sin embargo, con posterioridad al proferimiento de las sentencias de instancia y la jurisprudencia citadas en esta, la Sala de Casación Penal profirió el fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, considerando que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.
Postura que se acredita en el caso sub examine, dado que H.G.R.R. en la audiencia de imputación de manera libre, consciente y voluntaria se allanó a los cargos formulados por la fiscalía, aceptación que constituyó el soporte de la sentencia de condena y en la dosificación punitiva se aplicó el aumento de pena consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero se le negó la rebaja del artículo 351 procesal, porque así lo reglaba el 26 de La Ley 1121 del 2006 y lo disponía la jurisprudencia de la época.
En consecuencia, la Sala declarará fundada la acción de revisión objeto de estudio, por lo que dejará sin efecto la dosificación punitiva contenida en la sentencia condenatoria dictada contra H.G.R.R. y, en su lugar, procederá a emitir la providencia respectiva, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 196 de la Ley 906 de 2004(5), sin tener en cuenta los aumentos contemplados en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, con la precisión que se respetaran los criterios adoptados por el a quo al momento de dosificar la pena.
En ese orden, el artículo 244 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 733 de 2002, contempla una pena de prisión de 12 a 16 años —144 a 192 meses— y multa de 600 a 1200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero al ser la conducta agravada por lo previsto en el numeral 3º del artículo 245 ibídem, modificado por el artículo 6º de la Ley 733 de 2002, dicha sanción se aumenta hasta en una tercera parte y la multa queda de 3.000 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; luego hecho el cálculo según el artículo 60 numeral 2º del Código Penal, deja los topes de prisión entre 144 a 256 meses.
Ahora, como se trata de una conducta en grado de tentativa, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal, es decir, la pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. De esta forma, la pena, queda de 72 a 192 meses de prisión y multa de 1.500 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El juzgador se ubicó en el cuarto inferior, que en este caso y atendiendo la prosperidad de la acción, oscila entre 72 a 102 meses de prisión y multa de 1.500 a 2.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes(6).
Ahora, como las instancias individualizaron la pena en los citados mínimos, criterio que como se indicara no puede ser modificado, se fija la sanción en 72 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que será la pena que tendrá que purgar el sentenciado H.G.R.R.
Conveniente resulta precisar que si bien la pena de multa no sufre variación alguna respecto de la impuesta por el sentenciador, ello lo es en la medida que el artículo 245 del Código Penal, que fuera modificado por el artículo 6º de la Ley 733 de 2002, previó de manera taxativa que al concurrir alguna circunstancia de las allí descritas, para el caso concreto, la tercera, la multa “será de tres mil (3.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, guarismos que al aplicarle las preceptivas del artículo 27 de la norma sustantiva quedan oscilando entre 1.500 y 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En otras palabras, como el artículo 6º de la Ley 733 de 2002 no fue modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, no había necesidad alguna de realizar modificación ante la prosperidad de la causal.
Ahora, como el artículo 52 del Código Penal inciso 3º, prevé que la pena de prisión conllevara la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede, esta se fijará en el mismo término de la pena principal privativa de la libertad que se les impone.
En conclusión, se tiene que las penas que debe cumplir el sentenciado H.G.R.R. son de 72 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010 al igual que la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual que el de la pena privativa de la libertad.
Finalmente se tiene que H.G.R.R. fue privado de su libertad el 6 de agosto de 2009, de donde se concluye que por tiempo físico al momento de registro de esta decisión (10 de junio de 2015), lleva 5 años, 10 meses 4 días(7) (70 meses 4 días) privado físicamente de su libertad, tiempo inferior al que fue condenado, esto es, 72 meses, por tanto, no tendría derecho a la concesión de la libertad por pena cumplida, máxime que no es dable determinar si el sentenciado ha redimido pena por estudio y/o trabajo, pues aunque el demandante señaló que a R.R. se le había reconocido 7 meses y 14 días de redención de pena por parte de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigilan la sanción, no aportó elemento de prueba que permita a la Sala corroborar tal información. En consecuencia, ese supuesto deberá el apoderado del accionante presentarlo a consideración del juez de penas.
Ahora, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a la libertad condicional pues de hacerlo estaría limitando la posibilidad de la segunda instancia como si sucedería si fuera el juez de ejecución de penas el que lo hiciera, amén que no se cuenta con la información requerida sobre el tratamiento penitenciario del interno.
Lo anterior no es óbice para ordenar que inmediatamente la Secretaría de la Sala remita copia de la presente decisión al Juzgado de Ejecución de Penas que vigila la sanción impuesta al demandante para lo de su competencia.
1. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por el defensor de H.G.R.R., conforme las razones expuestas en la parte motiva.
2. DECLARAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, la sanción impuesta en las sentencias del 13 de noviembre de 2009 y 19 de febrero de 2010, proferidas, en su orden, por el Juzgado 5º Penal Municipal de Conocimiento de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de dicho Distrito Judicial, exclusivamente para dejar en 6 años de prisión, multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2010 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad, siendo estas las penas que debe cumplir H.G.R.R., como autor del delito de tentativa de extorsión agravada por el que fue condenado.
3. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que se encuentra vigilando la sanción impuesta a H.G.R.R. para lo de su competencia.
2 Citada en la sentencia T 442 de 2007 de la Corte Constitucional.
3 Fls. 73-74 Carpeta juzgado de instancia.
4 Fls. 15-34 C.O. Tribunal.
5 “Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente forma:
6 192-72=120/4=30
Prisión 1º Cuarto 2º Cuarto 3º Cuarto 4º Cuarto
120 30 30 30 30
Meses 72 102 102 132 132 162 162 192
4.500-1.500=3000/4=750
Multa 1º Cuarto 2º Cuarto 3º Cuarto 4º Cuarto
3.000 750 750 750 750
Salarios 1.500 2.250 2.250 3.000 3.000 3.750 3.750 4.500
7 La captura del sentenciado se materializó el 6 de agosto de 2009.