Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-40018-de-noviembre-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9c3db44444a6001ce0430a010151001c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 08:34:21
Document Index: 37828052

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 277', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 277']

﻿ Sentencia 40018 de noviembre 3 de 2010
SENTENCIA 40018 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:TERMINACIÓN DE CONTRATO LABORAL. EL DESPIDO NO CONSTITUYE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA, SINO UNA FORMA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SANCIÓN DISCIPLINARIA DEL TRABAJADOR, TRABAJADOR, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Sentencia 40018 de noviembre 3 de 2010
Rad. 40018
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Juan Carlos Salinas Escobar, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de agosto de 2008, en el juicio que le promovió a la Caja de Compensación familiar - Cafam.
Juan Carlos Salinas Escobar llamó a juicio a la Caja De Compensación Familiar - CAFAM, con el fin de que fuera condenada a pagarle la indemnización por despido injusto debidamente indexada.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la demandada entre el 9 de agosto de 1989 y el 12 de octubre de 2005; que fue despedido por la demandada; que los hechos aducidos para su despido jamás sucedieron, son inverosímiles, incoherentes, irracionales y mendaces; que los supuestos acosos contra la bacterióloga Silvia Lía Mejía Escobar, ocurrieron 19 meses antes de que se presentara su despido; que en la diligencia de descargos no fueron mencionados los supuestos acosos sexuales contra otras funcionarias que se mencionan en la carta de despido; no obstante que en los descargos se solicitaron pruebas la demandada no las ordenó.
Al dar respuesta a la demanda (fls. 245 - 253), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció como ciertos la relación laboral, sus extremos y el despido del trabajador pero por justa causa. Lo demás dijo que no era cierto. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas y buena fe patronal.
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de octubre de 2007 (fls. 335 - 342), absolvió a la demandada de las pretensiones del actor.
Al conocer, por apelación interpuesta por la parte actora, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 15 de agosto de 2008, confirmó el del a quo.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, luego de transcribir la carta de despido, concluyó que el asunto a definir se contraía a determinar si el actor había ejercido actos de acoso sexual contra Silvia Lía Mejía Escobar, Liliana Marcela Méndez Cañón y Claudia Edith Osorio Duarte, para lo que procedió a relacionar lo dicho por Milena Patricia Silva Manotas, Silvia Lía Mejía Escobar (fls. 302 a 316) y Liliana Marcela Méndez Cañón, respecto de lo cual dijo que se trataba de declaraciones de dos personas que le ofrecían al juzgado altos niveles de credibilidad por lo que con las mismas se lograba probar el primero de los motivos esbozados por el empleador para disponer el retiro del demandante.
En relación con la segunda de las justas causas esgrimidas por la empleadora para disponer el despido del demandante, relacionado con el inadecuado manejo de la negociación con la sociedad Laboratorios Echeverría, igualmente transcribió lo dicho por el testigo Juan Carlos Avellaneda Nicolta, para luego afirmar:
“Finalmente no puede ser de reciba –sic- la tesis esbozada por el demandante en el sentido de no haber casualidad –sic- entre los hechos invocados para despedir al demandante Juan Carlos Salinas y a la efectivización de dicho retiro, cuando la señora Milena Patricia Manotas dio cuenta del acoso sexual de que fue víctima por parte del señor SALINAS el 29 de septiembre de 2005 (fls. 52 a 57), la señora Claudia Edith Osorio Duarte el 7 de octubre del mismo citado año (fls. 58 a 60) y la señora Liliana Marcela Méndez Cañón en septiembre de 2005 fl 61.
“Al demandante se le enteró de su salida el 12 de octubre de 2005 (fls. 48 a 51) por lo que fue en plazo de días y no de meses que se dispuso el retiro laboral del demandante.”
Transcribió, por último, los ordinales 2, 5 y 6 del literal A del artículo 63 del C. S. T..
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 61, ordinal h, subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 7 del Decreto 2351 de 1965, numerales 5 y 6; 64, subrogado por el artículo 28 del la Ley 789 de 2002, ordinal d del artículo 6 de la Ley 50 de 1990; 467, 469, 471 y 476 del C. S. T..
Dice que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada se enteró de las supuestas faltas cometidas por el demandante en relación con el acoso sexual, a través del Doctor Jorge del Castillo, desde el 16 de julio de 2004.
“2. Dar por demostrado sin estarlo que el despido del trabajador se realizó en la debida oportunidad.
“3. Dar por demostrado sin estarlo que el despido del trabajador fue por justa causa.”
Como pruebas erróneamente apreciadas, señala: Carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 9 a 12 y 48 a 51), testimonios de Milena Patricia Silva Manotas (fls. 296 y ss.) y Silvia Lía Medina Escobar (fls. 302 a 316), escritos de Claudia Edith Osorio Duarte (fls. 58 – 60) y Liliana Marcela Méndez Cañón (fl. 61).
Como pruebas no apreciadas, indica: imputación de cargos (fls. 13 – 16 y 75 – 78), solicitud de explicación de negociaciones (fls. 17 – 21), descargos (fls. 22 – 28 y 63 – 69), explicaciones rendidas por el demandante (fls. 29 – 32 y 79 – 82), comunicación de septiembre 29 de 2005 (fl. 52), comunicación septiembre 28 de 2005 (fls. 53 – 57), comunicación 7 de septiembre de 2005 (fls. 58 – 60), comunicación septiembre de 2005 (fl. 61), Resolución 0047 de 1992 (fl. 152), reglamento interno de trabajo (fls. 153 – 244), contestación de la demanda (fls. 245 – 253), confesión representante legal demandada (fls. 265 – 270), declaraciones rendidas por Stella María León Jiménez (fls. 280 – 283), Marina Angélica Guzmán Sacristán (fls. 284 – 288), Luz Marina Hernández Vargas (fls. 292 – 294).
En la demostración sostiene el censor que el documento de folios 75 y siguientes demuestra que CAFAM, a través del doctor Jorge del Castillo Dueñas, le solicitó al demandante descargos el 30 de septiembre de 2005, debido a queja escrita presentada por la señora Silvia Lía Mejía Escobar (fls. 53 – 57), la cual transcribe para resaltar, el aparte que señala “Ante esta situación, que para mi significaba estar prácticamente acorralada por él, logré hablar el 16 de julio de 2004 con el doctor del Castillo en una cafetería cerca a la oficina pues no quería que el señor Salinas me viera hablando con él y tomara venganza por denunciarlo. Le pedía su consejería para que me ayudara a resolver esta traumática situación, porque para mi hablar con el Doctor Castillo era un acto de lealtad a mi empresa pues buscaba agotar todas las instancias antes de verme forzada a utilizar acciones legales contra el señor Salinas por acoso sexual y laboral y por el daño que a mi integridad moral y a mi dignidad me ha estado causando.”; que, según el documento de donde se le imputaron cargos al actor (fls. 74 – 78), dicho escrito hace parte de la solicitud de descargos e indica que los hechos narrados por dicha señora fueron puestos en conocimiento del doctor Castillo en el mes de julio de 2004, en la cual éste le reclamó a aquella por lo tardío de la denuncia; que en la confesión realizada por el representante legal de CAFAM, aceptó que los hechos ocurrieron 19 meses antes del despido del trabajador, al responder “si es cierto” a la pregunta tercera, como se desprende del informe rendido por ella de fecha 28 de septiembre de 2005 (fl. 53), fecha en que se enteró la empresa de estas irregularidades.
Argumenta el censor que, demostrado con la anterior prueba que la empresa tuvo conocimiento de los hechos desde el 16 de julio de 2004, con lo que, dice, se demuestra la extemporaneidad del despido, pasa a ocuparse de la prueba no calificada; señala que la misma quejosa, en su testimonio de folio 313, expresó que las advertencias del acoso sexual se las comentó al Subdirector de Salud Dr. Jorge del Castillo, en el mes de julio de 2004, quien, según la misma, era el jefe inmediato del demandante y tenía facultades para despedirlo, con lo que, aduce, se demuestra el primer error de hecho.
Agrega que con la solicitud de descargos del 30 de septiembre de 2005, no se le imputaron al demandante acosos con respecto a las señoras Milena Patricia Silva Manotas, Claudia Edith Osorio y Liliana Méndez Cañón, no obstante que, según el documento de folio 52, suscrito por Milena Patricia Silva, un día antes de la diligencia se habían puesto en conocimiento de la demandada la actitud de acoso del demandante; que en la declaración rendida por Milena Patricia Silva Manotas, se indica que los hechos sucedieron a mediados del mes de septiembre de 2005, sin embargo, en la carta de folio 52, dice que habían sucedido desde el mes de agosto pasado, con lo que se contradice; que es curioso que todas las mujeres que se decían acosadas por el demandante, al mismo tiempo, hubieran denunciado tales hechos, como, dice, lo hace ver el documento de folio 58, suscrito por Claudia Edith Osorio Duarte y el del folio 61, suscrito por Liliana Marcela Méndez Cañón, quien afirma que los hechos sucedieron en el año 2002.
Argumenta que, conforme a la carta de imputación de cargos de folios 75 a 78, según el artículo 81 del reglamento interno, debía presentarse los descargos el 5 de octubre de 2005; que el artículo 80 del reglamento (fl. 238) advierte que antes de aplicarse una sanción disciplinaria, se debe oír en descargos; que, conforme a ello, el único cargo válido es el que originó la denuncia formulada por Silvia Lida Medina Escobar, que puso en conocimiento de la empresa desde el 16 de julio de 2004 y tan solo el 12 de octubre de 2005 fue despedido; que la credibilidad de las versiones de Liliana Marcela Méndez y Claudia Edith Osorio que hace ver el Tribunal, es errada, toda vez que no es posible entender cómo dos mujeres a quines se les ataca en su moral, les venga a hacer daño una conducta de acoso a los tres y medio años después, por lo que se pone en tela de juicio y se concluye que hay intenciones de revanchismo o de causar mal, máxime que a las tres acosadas les dio dignidad al mismo tiempo y después de varios años.
Que en cuanto a la segunda causal invocada para el despido, argumenta el censor, lo único que hizo el Tribunal fue transcribir la declaración de Juan Carlos Avellaneda Nicolta, sin concluir si dicha declaración lo llevó al convencimiento o no para dar por demostrado el segundo hecho endilgado.
Dice que los artículos 467, 469, 471 y 476 del C. S. T., nada tienen que ver con la acusación; que aunque se alude a un error de hecho, no se puntualiza ninguno de manera concreta, no se señala en qué consistió el error en la apreciación de las pruebas y a dónde conducirían si se hubieren apreciado correctamente; que las conductas imputadas al trabajador se sucedieron en el tiempo; que el despido fue en forma oportuna, pues las quejas fueron recibidas a finales de septiembre de 2005, y la agresión a Milena Patricia Silva ocurrió en septiembre de 2005; que los testimonios se apreciaron de manera íntegra.
El documento de folios 53 a 57, sucrito por Sylvia Lía Mejía Escobar el 28 de septiembre de 2005, en el que se basa la censura para establecer que el Tribunal se equivocó al no haber tenido en cuenta, según se narra en él, que la empresa tenía conocimiento de los hechos motivo del despido desde el 16 de julio de 2004, motivo por el cual éste se tornaba extemporáneo, es un documento declarativo emanado de terceros, que según lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, no es prueba calificada en casación para establecer un error de hecho.
Así se pronunció la Sala en la sentencia del 17 de marzo de 2009, radicación 31484, respecto a este tipo de documentos:
“En lo que respecta a las que denomina la censura “actas de descargos” de los trabajadores que dependían del actor en su trabajo como Supervisor de Panadería en la “Puerta del Sol” y que obran a folios 98 a 99, 100 a 101, 102 a 103, 103 a 104, 105, 106 a 107, 109 a 117 y 121 a 122, señala la réplica que se trata de pruebas no calificadas en casación.
“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2 del artículo 277 del C. de P. C., por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido “…mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos…”, ni su apreciación se debe hacer “…en la misma forma que los testimonios.”, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, “…se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.”, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados “…en la misma forma que los testimonios.”, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del C. de P. C., no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.
“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea.”
De todas maneras así pudiese estimarse dicha prueba en casación, bajo el entendido que ella hace parte del documento de folios 75 – 78, por medio del cual la empresa solicitó descargos al demandante, como anexo de éste, tal como lo presenta la censura, del texto de la misiva que resalta ésta, tampoco se desprende un yerro que influya en la decisión, pues lo que aparece allí es que el 16 de julio de 2004, apenas la señora Mejía Escobar acudió al Dr. Del Castillo para pedir su consejo “...antes de verme forzada a utilizar acciones legales contra el señor Salinas por acoso sexual y laboral y por el daño que a mi integridad moral y a mi dignidad me ha estado causando.”, lo que no quiere decir que haya procedido a denunciar ante la empresa la conducta irregular del trabajador y que obligaría ésta a iniciar la investigación correspondiente tomar los correctivos del caso. Denuncia que, en este caso particular, se requería en tanto se trataba de la directamente afectada y sin la cual carecía de base toda determinación que pudiera tomar la empleadora, la que solo se vino a presentar con el referido documento que aparece fechado el 30 de septiembre de 2005, es decir, escasos días antes del despido.
Por su parte, la presunta confesión que aduce la censura se encuentra contenida en la respuesta a la tercera pregunta del interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la demandada, no hace sino remitirse a lo dicho por la señora Mejía Escobar en el anterior documento, en cuanto respondió a la pregunta asertiva de que los hechos habían ocurrido 19 meses antes del despido, “si es cierto, pues así se desprende del informe rendido por ella de fecha 28 de septiembre de 2005, obrante a folio 53 del expediente, fecha en la cual se entera la empresa de estas irregularidades cometidas por el señor Juan Carlos Salinas.”
No estando demostrado error respecto de la prueba calificada de confesión, no es posible a la Corte asumir el estudio de la prueba testimonial de folio 313, a que se refiere la censura, por no ser calificada en casación.
Ahora bien, es cierto que con la solicitud de descargos del 30 de septiembre de 2005, no se le imputaron cargos al actor con respecto a las señoras Milena Patricia Silva Manotas, Claudia Edith Osorio y Liliana Méndez Cañón, no obstante el Tribunal no concluyó nada contrario a lo contenido en el documento, pues ni siquiera se refirió a él en sus consideraciones.
Los documentos de folios 52, 58 y 61, son declarativos de terceros, por lo tanto, no calificados para fundar un yerro en casación, lo mismo que la declaración rendida por Milena Patricia Silva Manotas. No obstante el hecho de que las mencionadas señoras hubieren decidido en una misma época denunciar los atropellos del actor, apenas si constituye un indicio de muy poco valor demostrativo, pues son inciertos los hechos que se pueden deducir a través de él.
Igualmente, debe decirse que tampoco resulta relevante que algunos de los hechos narrados por las personas afectadas hubieren ocurrido en época muy anterior al despido, pues lo relevante y que tuvo en cuenta el Tribunal, es el momento en que se pusieron en conocimiento de la entidad demandada y que es el que marca la oportunidad del despido, que ocurrió apenas unos días después de denunciados los actos de acoso sexual del trabajador en contra de algunas de sus subalternas.
Los artículos 80 y 81 del Reglamento Interno de Trabajo, a que se remite el censor, se refieren al procedimiento para comprobación de faltas y las formas de aplicación de las sanciones disciplinarias, y sabido es que, conforme a la jurisprudencia inveterada de la Sala, el despido no constituye una sanción de esta naturaleza, sino una forma de terminación del contrato de trabajo, por lo que no serían aplicables al caso debatido.
Por último, en cuanto al segundo motivo por el cual se despidió al actor por la demandada, debe señalarse que aunque es cierto que el Tribunal se limitó a transcribir la declaración de Juan Carlos Avellaneda Nicolta, esa es la base de la decisión, la cual no es atacable en casación, sino en la medida que se demuestre error con base en documento auténtico, confesión judicial o inspección ocular, lo que no ocurre en este caso en que el censor se limita a anotar que tal declaración fue la única prueba tenida en cuenta por el Tribunal.
En consecuencia, el cargo es infundado y, por lo tanto, no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de $2.500.000.00.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 15 de agosto de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Juan Carlos Salinas Escobar contra la Caja De Compensación Familiar – Cafam.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho a su cargo se fija la suma de DOS MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.00) MONEDA CORRIENTE.
Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Camilo Tarquino Gallego.