Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34387-de-diciembre-1-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_8149362f1a104028e0430a0101514028&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 04:09:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 65', 'artículo 65']

SENTENCIA 34387 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:REAJUSTE SALARIAL. EL SILENCIO DEL TRABAJADOR NO LLEVA A CONCLUIR QUE HAY CONFORMIDAD CON EL SALARIO DEVENGADO CUANDO ÉSTE NO RECLAMA DURANTE LA RELACIÓN LABORAL EL REAJUSTE SALARIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, SALARIO, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, INCREMENTO DEL SALARIO, REAJUSTE DEL SALARIO
Sentencia 34387 de diciembre de 1º de 2009
Ref.: Expediente 34387
Acta: 46
Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil nueve.
El ad quem en su sentencia dilucidó la existencia de la justificación del despido desde la perspectiva planteada en la demanda y en el recurso de apelación, de si se había presentado un lapso entre la extinción del vínculo y el comienzo del disfrute de la pensión, pero no se ocupó de lo que ahora se plantea en casación, sobre la naturaleza de la pensión reconocida, para que en caso de hallarla convencional, considerar que ese género prestacional no es el supuesto normativo del numeral 14 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
La controversia que ahora se plantea no fue objeto de las reflexiones de la decisión de la primera instancia, ni, menos aún, motivó el recurso de apelación que centró el debate, de manera exclusiva, a establecer si, para la invocada causal de despido justo, requiere haberse concedido la pensión de manera previa a la terminación de la relación laboral o basta para ello el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo.
De igual manera no puede el tribunal incurrir en error al no dar por establecido extra petita lo que no puede hacer en la segunda instancia.
Conforme a las normas que gobiernan el recurso en procura de garantizar los derechos de defensa y contradicción no puede la Corte dirimir una controversia como la propuesta por el censor que no fue materia de las decisiones del tribunal.
Se desestiman los cargos.
Cuarto cargo: Se acusa a la sentencia de violar de manera directa y por el concepto de infracción directa, el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 19 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, 8º del Decreto 2351 de 1965; 5º y 6º de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 7º, numeral 14 del Decreto 2351 de 1965; 19, 65 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 249, 260 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 1º del Decreto 3041 de 1966; 8º de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998; 307 del Código Procedimiento Civil; 53 de la Constitución Política.
En el desarrollo de su argumentación para demostrar el desconocimiento del colegiado al artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y luego de reproducir su texto, observa que los alcances de esta disposición fueron precisados por sentencia de esta Sala en decisión de Radicación 18716 del 25 de noviembre de 2002, la que de igual forma vierte en su práctica totalidad, al considerar que la facultad del empleador para dar por terminado el contrato por justa causa, en arreglo al Decreto 2351 de 1965, artículo 7º numeral 14, esta mediada por el previo cumplimiento del requisito de hacer saber al trabajador de tal determinación.
El mismo criterio jurisprudencial, destaca el censor, había sido expuesto en sentencia de la Corte Constitucional de radicación C-1443 de 2000 que supedita la exequibilidad del numeral 14 del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, al entendimiento de su alcance, esto es, que el empleador, al cumplir el trabajador los requisitos de pensión, no puede dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previo al reconocimiento de la pensión de jubilación se omitió consultar al trabajador sobre su voluntad de hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3º, de la Ley 100 de 1993.
A manera de conclusión subraya que bajo el actual contexto normativo, no cabe duda que para concordar y legitimar la facultad del empleador de solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez de un trabajador, con la existencia de la justa causa del despido… es indispensable para que este derecho sea eficaz que el trabajador tenga conocimiento de la intención de su empleador de pedir que su pensión de vejez le sea otorgada.
De manera similar a lo expresado en la oposición a los demás cargos plantea que en el recurso de apelación no se aludió a la controversia que aquí se promueve por lo que no es apropiado por la limitante expuesta por el apelante,…
La censura al plantear que el superior no aplicó el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que exige para concordar y legitimar la facultad del empleador de solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez de un trabajador con la existencia de la justa causa del despido…; presenta, de igual manera a lo dicho para los anteriores cargos, una discusión ajena a las reflexiones del ad quem y del proceso en general,puesto que, no se reclama en la demanda por no ser la clase de pensión reconocida, tampoco se alude a ella en la contestación a la misma, ni es objeto de las decisiones del juez del conocimiento ni, como se vio, causa de inconformidad del actor con la primera de las sentencias.
Quinto cargo: Atribuye a la sentencia la violación directa, en el concepto de interpretación errónea de los artículos 55 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 2º, 13 y 53 de la Constitución Política ; 1º, 10, 13, 27, 57, 59, 65, 127, 132, 144, 249, 260, 306 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 14 de la Ley 50 de 1990; 8º de la Ley 153 de 1887; 177 del Código de Procedimiento Civil.
Identifica la censura la infracción que denuncia en la consideración del juez de la segunda instancia según la cual, como durante la vigencia de la relación laboral el demandante no hiciera reclamación alguna respecto al reajuste que hoy demanda de salarios y prestaciones, debe desprenderse de dicha conducta su conformidad con las sumas de dinero por tal concepto recibidas.
En la valoración crítica al postulado anterior discurre de esta manera: En un Estado social de derecho, señala,la Constitución Nacional proscribe todo trato discriminatorio, que se presente en personas que realicen trabajos iguales, con identidad funcional, cualitativa y cuantitativa, circunstancia que no purga el silencio del trabajador al no efectuar la correspondiente reclamación, dentro de un plazo prudencial porque los derechos en general, y en particular los de carácter social, ingresan al patrimonio de los trabajadores al margen de su solicitud… siempre que no opere respecto de ellos el fenómeno prescriptivo…
El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo no admite relativismo hermenéutico, sostiene el censor al continuar en su propósito de derruir el razonamiento colegiado, puesto que ante la existencia de sus presupuestos su imperio es incuestionable, y no queda minimizado ni justificado por el hecho de que el trabajador no reclame durante la vigencia del contrato… al entenderlo de otra el tribunal distorsionó la normativa pertinente y cohonestó la discriminación en el trabajo.
El ad quem, agrega el recurrente, no podía recortar el plazo del trabajador para reclamar sus acreencias laborales dentro del término prescriptivo de tres (3) años, porque ello equivale a cambiar el plazo de extinción de derechos por conducta omisiva y por ende a quebrantar los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del estatuto procesal.
Aclara, al terminar, que los criterios del precedente jurisprudencial, del 21 de septiembre de 2001,(sic) a los que alude la sentencia no son aplicables a este caso, pues se refieren a un asunto en el que transcurrió un tiempo prolongado para que se reclamara la nivelación salarial… y en el supuesto de hecho que promueve la presente controversias.
Afirma que el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo presupone el cumplimiento de varios requisitos, entre ellos, el que las condiciones de eficiencia sean iguales, lo que no se acredita en el expediente.
Se equivoca el tribunal al derivar la absolución de la compañía, respecto a la demandada nivelación salarial, del silencio del demandante e inferir de la ausencia de reclamación conformidad y aceptación para establecer que lo devengado por el trabajador fue fruto de la libertad de estipulación salarial.
El error del superior proviene de entender que la reclamación posterior al silencio guardado durante la relación laboral y atinente a algún aspecto esencial del contrato, constituye, per se, una conducta incompatible con la buena fe que debe imperar en las relaciones contractuales.
Al razonamiento anterior arriba después de invocar su propia decisión que alude a condiciones diferentes a las del sub lite pues en ella quien exige la nivelación salarial es el ex gerente de la empresa demandada que, en el ejercicio del cargo y durante cuatro años, se abstiene de reclamar lo que posteriormente se constituiría en el objeto de su demanda.
En la sentencia que llama para soportar su resolución y de manera contraria a la impugnada, el silencio del trabajador se valora en su propio contexto: se puede entender que existió nueva estipulación salarial para el empleo de gerente encargado, que el actor desempeñó por espacio de cuatro años sin dar muestras de su oposición a tal circunstancia.
El silencio carece de significado si se le despoja, como lo hace el ad quem, de las circunstancias que lo acompañaron, esto es, prescindiendo del tiempo y modo en que se observó porque nada autoriza a desprender de él, en tales condiciones, la voluntad de aceptación de una de las partes respecto alguno de los elementos del contrato.
De igual forma, la demanda posterior a la extinción del contrato, en el que durante el tiempo en que se alude en la reclamación se guardó silencio, no conduce de manera necesaria a tenerla por conducta desprovista de la debida buena fe contractual sin antes mediar el examen del contexto fáctico en el que se encuadra.
Se equivoca en suma el superior al concluir que, al no probarse que durante el término de la relación laboral el actor reclamó el reajuste salarial pretendido, hubo conformidad con el salario que se le pagaba…
El cargo es fundado.
Sexto cargo: Acusa a la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 55, 65 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo; 304 del Código de Procedimiento Civil; 2º, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; en relación con los artículos 1º, 10, 13, 27, 56, 57, 59, 65, 127, 132, 144, 249, 260, 306 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 8º del Decreto 2351 de 1965; 5º y 6º de la Ley 50 de 1990; 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 14 de la Ley 50 de 1990; 8º de la Ley 153 de 1887; 177 del Código de Procedimiento Civil.
Dirige su disertación a demostrar la insuficiencia en la argumentación del juez de la segunda instancia al absolver a la empresa de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pese a encontrar que no había satisfecho en su totalidad la obligación de pagar la bonificación de antigüedad convencional, según la cual ... El demandado pagó lo que consideraba que debía, al dar fin al contrato de marras, entendimiento que lo ubica dentro de los postulados de la buena fe exonerante de la sanción por mora...; del que se desprende que basta la afirmación del juez respecto a que el empleador ha pagado lo que creía deber para hallarlo en los predios de la buena fe.
Diferente a este razonamiento, señala la censura, ha sido de manera inveterada el de la jurisprudencia para subrayar que, si bien la imposición de la sanción del artículo 65 en cita no es automática si debe estar precedida del ineludible examen respecto a la buena fe patronal del que prescinde la sentencia al reducir sus deliberaciones a la afirmación de que el demandado pagó lo que consideraba debía sin una valoración fáctica jurídica que la sustentara.
Una vez probada la deuda laboral salarial o prestacional, continúa el recurrente, es al empleador a quien corresponde la onus probandi para acreditar que su conducta fue compatible con la buena fe.
El replicante indica que al no existir deuda alguna, como dice demostrarlo para los anteriores cargos, no procede la indemnización moratoria.
No asiste razón a la censura puesto que la argumentación del ad quem, para absolver a la demandada y que reprocha el demandante, no corresponde a una valoración jurídica que al señalar: la empresa pagó lo que consideraba debía aludía a las reflexiones fácticas que a propósito hiciera respecto a la prima de antigüedad única pretensión en la que resulta condenada.
En el capítulo 2 de la sentencia, prima de antigüedad, la condena emerge de la interpretación que hiciera el ad quem de la cláusula 19 del convenio colectivo en la cual después de encontrar que al actor le fue pagada la bonificación de los 35 años debía liquidarse de manera proporcional por el tiempo que excediera, lo que no ocurrió y que condujo a ordenar el pago por dicho período.
En estas circunstancias encuentra el tribunal buena fe y produce la impugnada absolución.
Al encontrarse fundado el quinto cargo debía procederse a casar la sentencia en ese puntual aspecto sin embargo la resolución del ad quem quedará incólume puesto que en instancia se llegaría a idéntica conclusión a la que arriba el tribunal al establecerse que si bien se trata de unas mismas funciones, de igual manera aparece demostrado en el proceso que las condiciones de eficiencia no son iguales entre quien es reemplazado y quien reemplaza; a folio 318, certificado de la directora de relaciones industriales de la demandada, se advierte que la remuneración a la que aspira el actor, es a la de quien la alcanzó con más de once años de experiencia, pero, en su caso, acreditando, en ese mismo cargo, solo ocho meses de desempeño.
Al respecto la Sala ha adoctrinado como lo hiciera en sentencia del 24 de mayo de 2005, Radicación 23148:
“Finalmente, resulta oportuno anotar en torno del tema de la nivelación salarial controvertido en este asunto, que está ligado indisolublemente al principio de a trabajo igual salario igual, que la jurisprudencia tiene reiterado que esta garantía tiene aplicación imperativa cuando se desempeña el mismo puesto, en condiciones de eficiencia iguales; de manera que en relación con el segundo presupuesto referido cobran preponderancia para la fijación de salarios factores tales como la capacitación para el cargo, la antigüedad y experiencia de los trabajadores, que permiten una asignación salarial distinta, sin que se entienda que obedece a un proceder discriminatorio, pues se fundamenta en razones lógicas que en gran medida se encuentran fundadas en la equidad”.
Sin costas en el recurso al resultar fundado el quinto cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de marzo de 2007 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el proceso seguido por Edgar Rico Rodríguez contra la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. – Vecol S.A.