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Timestamp: 2018-03-18 04:05:29
Document Index: 12202087

Matched Legal Cases: ['Artículo 155', 'Artículo 189', 'artículo 155', 'artículo 189', 'Artículo 155', 'Artículo 50']

LAS REDES SOCIALES Y EL ESTADO DE DERECHO
De hace tiempo a la fecha, se ha venido generando un debate en casi todos los países del orbe, en donde se está cuestionando la falta de objetividad, de ética y de veracidad de las redes sociales. Estas novedosas formas de comunicación están sirviendo para múltiples objetivos, en los casos más negativos se utilizan para el adoctrinamiento y la transformación de las estructuras de creencias de miles de jóvenes de Europa, Estados Unidos y Canadá, para inducirlos a formar parte de grupos del terrorismo internacional como lo fue el caso del Estado Islámico (ISIS o Daesh).
Por otra parte, integrantes del equipo de campaña de la excandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton, han planteado la hipótesis de que, a través de dichas redes, se orquestó por parte de Rusia, una campaña negativa contra la candidata Clinton. Este asunto está todavía vigente y existe un Fiscal Especial en ese país, para investigar hasta qué punto un gobierno extranjero tuvo injerencia en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El departamento de justicia de ese país ya ha presentado acusación formal contra trece individuos y empresas Rusas.[1]
Aunado a lo anterior, se está produciendo a nivel internacional, otra forma de comunicación negativa, que se conoce como “Fake News” o publicidad engañosa. La preocupación ha sido tal, que la Unión Europea, tras una reunión en Bruselas, anunció que durante el mes de marzo presentará una propuesta que haga frente a la manipulación en las redes sociales. La estrategia de la Unión Europea contra las llamadas noticias falsas-desinformación, manipulación o bulos-se ha intensificado a medida que crece la alarma sobre su impacto.[2]
Bruselas ha abierto dos vías para combatir los mensajes engañosos que se propagan por internet. La primera se basa en una unidad del servicio diplomático comunitario que trata de desmontar historias falsas. Por otra parte la Comisión Europea ha estructurado un grupo de expertos liderados por Madeline de Cock Buning, que evalúa, como definir un medio de comunicación, la necesidad de revelar sus intereses financieros, la preparación de los ciudadanos para digerir la información y, en última instancia, la conveniencia de legislar estas plataformas sociales en la Unión Europea.
Existe una discrepancia entre la regulación de los canales de radio y televisión y la ausencia de regulación para las plataformas. Esto distorsiona el mercado de medios y amenaza el ecosistema tradicional.[3]
Como se puede ver, ya se está generando una tendencia a nivel mundial, que plantea la necesidad, no, de restringir la libertad en las redes sociales, sino de regularlas y legislar al respecto, con esto se puede inferir que, se está perfilando que las redes sociales tendrán finalmente un cuadro normativo para su ejercicio.
El analista José Elola encuadra perfectamente este problema al puntualizar que: “la percepción que tenemos de las redes ha mutado. Nacieron como un instrumento para conectar con amigos y compartir ideas… se convirtieron en una fuerza democratizadora al calor de la primavera árabe. Parecían una herramienta perfecta para el cambio social, empoderaban al ciudadano…en tan solo 7 años, todo ha cambiado. Preocupan esas campañas políticas de anuncios dirigidas a alterar los procesos electorales… El paso por las urnas del Brexit y la elección de Donald Trump son dos de los fenómenos que empujaron a todo el mundo a hacerse la pregunta ¿Cómo nadie lo vio llegar?...La respuesta en parte, se buscó y se encontró en las redes”.[4]
“El nuevo reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, es visto por múltiples expertos como un catalizador para fortalecer la protección de datos de los ciudadanos. Como diría el analista Jonathan Taplin: Hay que regular…necesitamos leyes; no es el mercado el que va a solucionar el problema…hay que reducir por ley el tamaño de los imperios de las redes sociales; obligar a Google a que venda YouTube, a Facebook, a desprenderse de Instagram y de WhatsApp, y aplicar leyes de la competencia.[5]
En México se ha procesado incipientemente esta problemática, con tesis aisladas y algunos acuerdos administrativos en el Poder Judicial, sobre todo en materia de Telecomunicaciones, pero falta entrar al tema de fondo, sobre cómo, se puede legislar y normar el uso de estas plataformas, pero respetando el derecho a la información y a la libertad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio, contemplados en los artículos 6 y 7 constitucionales. [6]
[1] Periódico el País.- 25 de febrero del 2018, página 4, autor A. Mars.
[2] Periódico el País.- 25 de febrero del 2018, página 4, autor Lucía Abellán
[4] Periódico el País.- 18 de febrero del 2018, página 2-sección ideas, autor Joseba Elola.
[5] Taplin Jonathan, “Muévete rápido y rompe; como Facebook, Google y Amazón arrinconaron la cultura y socavaron la democracia. 2017.EU
[6] Flujo de Información en Red Electrónica (Internet). Principio de restricción mínima posible. Amparo en revisión 1/2017.Alestra, S. de R.L. de C.V.19 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Layndez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Tesis publicada el viernes 16 de junio del 2017 en el Seminario Judicial de la Federación.
ÉTICA JURÍDICA Y ALGORITMOS
En los últimos tiempos se han intensificado los debates sobre las ventajas y los desafíos de la inteligencia artificial, de los últimos adelantos tecnológicos de las redes sociales, de lo que se ha denominado el “Aprendizaje profundo” y de la computación “cuántica”
Si bien es cierto que estas tecnologías constituyen un desdoblamiento en la historia de la computación mundial, y que por lo mismo no representan descubrimientos originales, sino que forman parte de una evolución de lo que en su tiempo plantearon genios matemáticos como Norbert Wienerl[1], y posteriormente como Alan Turing (1912-1954), quien en 1936 publicó un artículo denominado “On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem” (“Sobre números computables), con una aplicación al Entscheidungsproblem, (problemas de la decisión) en donde se describía una máquina digital de cálculos abstractos, posteriormente conocida como “Máquina de Turing, que a la postre proporcionó la base teórica para el funcionamiento de las modernas computadoras[2].
José Sánchez Ron, puntualiza que después de su regreso de Inglaterra, proveniente de los Estados Unidos, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, Turing, experto en matemáticas y criptografía, se unió al equipo secreto de descifradores de códigos que trabajaban en Bletchley Park, Reino Unido, y participó, en el diseño y la construcción de “Colossus”, la máquina que permitió descifrar códigos alemanes, obteniendo información fundamental para planear la invasión que comenzó con el día “D” en que inició la invasión en Normandía.
“Colossus” entró en funcionamiento en diciembre de 1943, fue el primer computador digital moderno, aunque se mantuvo en secreto durante varias décadas por parte del gobierno del Reino Unido, incluso se realizó, hace tres años, una película sobre Turing y la máquina “Colossus” denominada “Enigma”.
Todo este desarrollo de la cibernética y sus múltiples aplicaciones en diversas esferas del conocimiento humano, de la mecánica cuántica y de la informática, ofrece actualmente una destacada interrogante filosófica y humanista: ¿hasta donde los avances de la inteligencia artificial y de la cibernética, plantean un dilema en materia de ética jurídica y deontología (Ética-Moral).?
Al respecto, Yoshua Bengio, Profesor de la Universidad de Montreal, Canadá, experto en inteligencia artificial y director del Instituto para Algoritmos de Aprendizaje, externó su preocupación, por el mal uso que se le dé a la inteligencia artificial, por ejemplo, si es utilizada para crear armas letales autónomas, o para que gobiernos autoritarios intenten controlar a los ciudadanos con ella, o bien para manipular a la gente a través de la propaganda política.
El académico Bengio, esgrime que la inteligencia artificial no debe ser utilizada para reemplazar las decisiones que los seres humanos tomamos sobre asuntos delicados basándonos en juicios éticos, por ejemplo, un ordenador no debería decidir quién debe, y quién no salir en libertad condicional[3].
Como se puede ver, uno de los dilemas más importantes de los próximos años, será, como los estados-nacionales, sus gobiernos, congresos, juzgadores, organizaciones civiles y la sociedad en general, deberán de utilizar a la inteligencia artificial y a la informática cuántica, pero siempre dentro de un marco de referencia de ética jurídica responsable y de deontología humanista.
Lo fundamental es la interpretación y el uso que se les dé a los algoritmos; o bien se utilizaran para el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas y de armas más letales que pongan en peligro a la raza humana y se aplicaran para que desplacen la mano de obra de millones de personas del planeta, o bien se interpretan con la mayor fortaleza y plenitud y en la forma más poderosa y útil posible para beneficio de la humanidad entera.
[1] Wiener Norbert (1965). Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge: MIT Press.
[2] Sánchez Ron, José M. (2011). El Poder de la Ciencia, Barcelona: Critica, pp. 742-745.
[3] Bengio Yoshua “Humanizamos demasiado a los ordenadores”, El País, domingo 28 de enero de 2018, página 7, Madrid, España, entrevistado por Jaime Porras.
Uno de los indicadores para medir el rendimiento profesional de los Congresos e Instituciones de representación popular, lo es la productividad legislativa.
Productividad que se evalúa por el número de reformas constitucionales, aprobación de decretos de nuevas leyes, reformas reglamentarias y aprobación de minutas o de decretos que provengan de otras Cámaras, del Ejecutivo o de los actores que constitucionalmente están facultados para iniciar leyes.
La académica Cecilia Mora-Donatto, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su libro “Cambio político y legitimidad funcional: El Congreso Mexicano en su encrucijada”, esgrime que; “los elementos mínimos que se deben de tener en consideración para redactar técnicamente bien una ley son los siguientes:
Comprensión de los objetivos;
Análisis de los objetivos;
Diseño de la estructura de la norma;
Composición o redacción de la norma;
Examen crítico del resultado.”
El punto 5 que señala la investigadora Mora-Donatto es fundamental, pues representa un insumo de retroalimentación legislativa, que permite ver hasta qué punto las leyes y decretos aprobados tienen aplicación práctica en la realidad social de los diversos países de que se trate.
La propia investigadora Mora-Donatto, en su obra ya citada (página 84), plantea un esquema sobre el proceso de la Teoría de la Legislación, consistente en 4 etapas, una primera sobre los motivos y detección del problema o de un hecho legislable, una segunda sobre la necesidad de una ley y los elementos necesarios para redactar técnicamente bien una ley, una tercera sobre la redacción de la Iniciativa y su discusión y aprobación; y una cuarta etapa sobre la evaluación de los efectos de la Ley.
A estas etapas se les podría denominar como “El Proceso Cibernético de la Teoría de la Legislación”. A la cibernética, se le ha definido conceptualmente como la ciencia de la comunicación y el control, y de manera operacional se podría argüir, la necesidad de evaluar la comunicación que las leyes aprobadas, puedan establecer con las sociedades en donde se deban aplicar, y el control se podría definir operacionalmente como la forma en que estas leyes podrían ser evaluadas, al apreciar si tienen o no una instrumentación práctica en la realidad social y cómo se da esta instrumentación.
En el caso de México, el Senado de la República, se ha caracterizado por altos estándares en materia de productividad legislativa, en la presente LXIII Legislatura, se han aprobado 188 decretos, entre ellos diversas reformas constitucionales, reformas a leyes reglamentarias, minutas de la Cámara de Diputados, decretos del Ejecutivo y otras iniciativas.
A contrario sensu y por poner un ejemplo comparativo internacional, la productividad legislativa en España se encuentra prácticamente paralizada, de acuerdo con un análisis de Jordi Pérez-Colomé, en donde se afirma que: “Desde las elecciones de diciembre de 2015, España vive su peor era de producción legislativa de la historia de la democracia. La repetición de las elecciones en 2016 hizo que ese año fuera el menos productivo de los últimos 40 años. En 2017 se mantuvo la tendencia: El Congreso sólo aprobó trece leyes… la única Ley Orgánica aprobada el año pasado lo fue la de “Garantizar la participación de las Personas con Discapacidad en los jurados populares.
Los datos del parón legislativo son evidentes puntualiza Pérez-Colomé, y hay dos razones aparentes: La aparición de dos nuevos partidos grandes y el problema de Cataluña, que ha sacado cualquier otra cosa del debate” Como se puede ver la productividad legislativa, no depende únicamente de las Iniciativas de Ley que se presenten por los legisladores, por el Ejecutivo o por los actores que pueden iniciar leyes, sino depende también de acuerdos y consensos políticos, de estabilidad social y de capacidad de los gobiernos y de sus parlamentos, para la resolución de los grandes problemas nacionales
[1] Mora-Donatto, Cecilia. “Cambio político y legitimidad funcional: El Congreso Mexicano en su encrucijada”. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, Primera Edición 2006, pags. 84 y 104.
[2] Deutsch, Karl. “Los nervios del gobierno: Modelos de comunicación y control político”. Editorial Paidós, Argentina, 1971, p. 24.
[3] Pérez-Colomé, Jordi. Periódico El País, 21 de enero de 2018, página 15.
PAZ Y DESARROLLO: EJES FUNDAMENTALES DEL MUNDO EN EL S.XXI
En su libro “Política y Gobierno”, Karl W. Deutsch señaló que: “por primera vez desde que la historia de la humanidad comenzó, los seres humanos tienen el poder de cometer un suicidio colectivo. La política se ha convertido en un asunto de vida o muerte… No será posible fortalecer la posición política o económica de una nación gracias a una guerra mundial… No existen primeros lugares ni países ganadores entre los muertos… la guerra se ha convertido en privilegio de los países en vías de desarrollo, sería un suicidio para los países fuertes.” [1]
Hoy en día, en esta segunda década del S.XXI, la amenaza de una conflagración mundial vuelve a ensombrecer la faz del planeta. La demencial actitud del líder de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), de lanzar misiles balísticos intercontinentales, principalmente al mar de Japón, despierta una vez más, el fundado temor de la raza humana de enfrentar una nueva guerra mundial, más letal y más mortífera que las dos anteriores.
De aquí la importancia del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa que ha sido ratificada por 4 países (Guyana, Tailandia, Ciudad del Vaticano y México), abriga la intención de que entre en vigor 90 días después de que 50 países concluyan su proceso de ratificación.
El martes 10 de octubre de 2017, el Senado de la República recibió este Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado fue turnado a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y de la Defensa Nacional.
Entre los puntos relevantes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares destacan entre otros los siguientes:
Contribuirá a fortalecer el marco jurídico internacional sobre desarme que actualmente se integra por:
Se establece el compromiso para que nunca se desarrollen, ensayen, produzcan, fabriquen, adquieran, posean o almacenen armas nucleares.
Se establece la cooperación con la autoridad competente designada para verificar la eliminación irreversible de su programa de armas nucleares, de los Estados parte que adopten el Tratado posteriormente.
Contempla la adopción de medidas, incluyendo legales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida en virtud del Tratado, bajo su jurisdicción.
Previene proporcionar asistencia a las personas afectadas por el uso o ensayo de armas nucleares.
Los Estados parte no podrán amenazar con utilizar armas nucleares.
México fue miembro del grupo fundacional de cinco países que impulsaron la negociación del Tratado.
El 28 de noviembre de 2017, el Senado de la República ratificó por unanimidad este Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, con 79[2] votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Es importante resaltar que el Secretario de Relaciones Exteriores de México, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, reiteró que México siempre estará a favor de la paz y la solución pacífica de controversias, debido a que la existencia de armas nucleares representa una amenaza para toda la humanidad.
Por su parte, el Presidente de México señaló que: con la ratificación de este Tratado por el Senado de la República, nuestro país reafirmó su vocación para el desarme nuclear.[3]
Así como se han incrementado los peligros para la paz mundial, también han surgido iniciativas sumamente importantes para evitar el uso y la multiplicación del armamento nuclear como es el caso de este Tratado, lo que aunado a los llamados de la comunidad internacional a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al diálogo y a la solución pacífica de controversias, permite ser razonablemente optimistas y esperar que la razón triunfe sobre la intolerancia y la paz sobre los conflictos bélicos.
Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República. Consultado el 29 de noviembre de 2017
El Diario España. Consultado el 29 de noviembre de 2017
The Japan Times. Consultado el 29 de noviembre de 2017
Hindu Businnes Line. Consultado el 29 de noviembre de 2017
Deutsch, Karl W. (1998). Política y Gobierno, Fondo de Cultura Económica, México.
Deutsch, Karl W, (1980), Política y Administración Pública, INAP. Conferencias Magistrales. México. Pág. 15
Deutsch, Karl (1968). Análisis de las Relaciones Internacionales, Editorial PAIDOS, Buenos Aires, Argentina, Pág. 13
[1] Deutsch, Karl W. (1998). Política y Gobierno, Fondo de Cultura Económica, México.
[2] http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4 Consultado el 29 de noviembre de 2017.
[3] Twitter del Presidente de la República. Consultado el 29 de noviembre de 2017.
LA FIGURA DE IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL EN E.U. IMPEACHMENT
Continúan sin pausa los trabajos de investigación del Comité Especial de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, así como las indagaciones del Fiscal Jeff Sessions, en torno a la presunta intervención del Gobierno de Rusia en la campaña presidencial del 2016.
Hace 10 meses, el 15 de febrero del 2017, el Consejo Editorial del Periódico New York Times publicó un editorial que impactó a la opinión pública de ese país y que se podría considerar histórico, en donde se puntualizó “que hay momentos en que el Congreso debe plantarse ante el poder.” En este editorial, se recordó el papel del Congreso estadounidense en los casos de “Watergate” y de “los contras en Irán”, concluyéndose que el tiempo había llegado nuevamente para que el Congreso investigue y llame a cuentas a la Casa Blanca 1. En aquel tiempo se solicitaba la investigación de Michael Flynn, exconsejero de seguridad del Presidente Trump, quien a la fecha continúa bajo investigación.
Actualmente, el Fiscal Jeff Sessions está investigando a tres personajes claves de la campaña presidencial del Donald Trump, algunos de los cuales se han declarado culpables de haber colaborado y aceptado la ayuda de personeros del gobierno ruso. Entre ellos se encuentran George Papadopoulos, Paul Manafort (exdirector de campaña de Donald Trump) y Rick Gates.
Si el Presidente Trump tuvo conocimiento de la intervención del gobierno ruso, ya sea por medios electrónicos o por medios económicos en su campaña presidencial, se podría configurar el delito de traición, el que representa una causal contundente para ser removido de la Presidencia de los Estados Unidos. El Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, Sección 4, establece con toda claridad que: “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus cargos al ser acusados y declarados culpables en Juicio Político de traición, cohecho u otros delitos y fallas graves.” 2
En la Sección 3 del Artículo I, se señala que “el Senado será el único facultado para juzgar Juicios Políticos. Cuando se reúna con este objeto, sus miembros deberán prestar juramento o promesa. Cuando se juzgue al Presidente de Estados Unidos tendrá que presidir el Presidente de la Corte Suprema y ninguna persona será condenada si no concurre el voto de dos terceras partes de los Senadores presentes.”
En la Sección 2 de este mismo Artículo I, se establece que la Cámara de Representantes… “tendrá la absoluta facultad de presentar cargos en Juicios Políticos.” Esto se podría interpretar en el sentido de que la Cámara de Representantes se erige en Tribunal de Acusación y la Cámara de Senadores en Tribunal de Sentencia en el Sistema Político Estadounidense.
Es evidente que aún, sin haber cumplido un año de gobierno, la presidencia de Trump está ya señalada por la sospecha, la investigación judicial a determinados personajes que fueron sus colaboradores cercanos en su campaña presidencial, y que bien podrían incluir a personas de su entorno familiar. Por lo que se puede concluir que el proceso de Juicio Político e implícitamente de Impeachment contra el Presidente Trump se podría dar en cualquier momento de su presidencia. En esta hipótesis las opciones de Trump serían dos; o enfrentar el proceso de enjuiciamiento y defenderse ante el Senado o renunciar anticipadamente como lo hizo en los años 70 el expresidente Richard Nixon.
La Enmienda XXV Constitucional (Ratificada en febrero 10, 1967) señala en su Sección 1 que: “en caso de que el Presidente sea depuesto de su cargo, o de su muerte o renuncia, el Vicepresidente se convertirá en Presidente.”
Redactó Enrique León Martínez
[1] New York Times https://www.nytimes.com/2017/02/15/opinion/time-for-congress-to-investigate-mr-trumps-ties-to-russia.html?_r=0
[2] Senado de Estados Unidos. Constitución de Estados Unidos. Consultado el 06 de noviembre de 2017, en la p´gina web: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
EL SENADO ESPAÑOL ADOPTA MEDIDAS LEGISLATIVAS SOBRE EL CASO CATALUÑA
El viernes 27 de octubre de 2017 el Senado de España aprobó la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española para frenar el proceso independentista en Cataluña, que a la letra establece que en caso de que “una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” 1
En este sentido, el Reglamento del Senado de España establece, en el Capítulo Tercero titulado “De las Comunidades Autónomas”2, en el Artículo 189, que en caso de que se requiera la aprobación del Senado para adoptar tales medidas, se debe presentar ante el Presidente de la Cámara por escrito el manifiesto del contenido y alcance de las medidas propuestas, así como su justificación.
Cabe señalar que entre las medidas propuestas por el gobierno español se encuentran:
El cese del Presidente de la Generalitat, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno;
La restricción de poderes del Parlamento catalán;
La intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma; y,
La convocatoria de elecciones en la Comunidad Autónoma en un plazo de 6 meses.
La Mesa del Senado, siguiendo el procedimiento señalado en tal Artículo, remitió el escrito titulado “Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el día 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general, y documentación complementaria, de conformidad con el artículo 189.1 del Reglamento del Senado. XII Legislatura”3 y la documentación adjunta a la Comisión conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional.
La Comisión del Senado Español, esgrimió “la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las Instituciones de la Generalitat de Cataluña; así como que el Presidente del Gobierno planteó un requerimiento al Presidente de la Generalitat para que procediera al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de actuaciones gravemente contrarias al interés general, y que dicho requerimiento no ha sido atendido por el Presidente de la Generalitat.” 4
La propuesta de la Comisión fue presentada ante el Pleno del Senado Español y sometida a debate. Concluido el debate, se procedió a la votación de la propuesta presentada, la cual fue aprobada con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención5. Las próximas elecciones en Cataluña están previstas para el 21 de diciembre de 2017.6
El periódico el País en su edición dominical del domingo 29 de octubre, subraya en su editorial que con la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española “se ha restaurado la legalidad y oxigena a una sociedad agotada.” 7
Por otra parte, una encuesta de la Empresa “Metroscopia”, contratada por el diario El País, mediante 500 entrevistas telefónicas a residentes en Cataluña, mayores de 18 años, con una probabilidad de error de +- 4.5 puntos, de fecha 24 de octubre del 2017, concluyó que “el 52% de los catalanes está a favor de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar a nuevas elecciones autonómicas frente a un 43% que lo rechaza.” 8
Lo que es evidente es que Cataluña, España y la Unión Europea, atraviesan por momentos de definiciones muy complejas, que tendrán que dirimirse con estricto apego a la ley, con la mayor concertación política entre las partes, y con amplios canales de comunicación, que nunca se atrofien, que permanezcan permanentemente abiertos, y que se logre, dentro de lo posible, la prevalencia del orden institucional, de la convivencia y de la seguridad jurídica, de catalanes, españoles y europeos, esto representa uno de los grandes desafíos del siglo XXI.
[1] Constitución Española. Consultado el 27 de octubre de 2017 en la página web: http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#t8c3
[2] Reglamento del Senado Español. Consultado el 27 de octubre de 2017 en la página web: http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/reglamentootrasnormassenado/index.html
[3] http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=596&id2=000001
[4] Boletín Oficial Senado. Pp. 11- 12. Consultado el lunes 30 de octubre de 2017 http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_165_1375.PDF
[5] Periódico el País. Consultado el 27 de octubre de 2017 en la página web: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509105725_777595.html
[6] Periódico el País. Rajoy destituye a Puigdemont y convoca elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. Consultado el 27 de octubre de 2017 de la página web: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html
[7] Periódico El País domingo 29 de octubre 2017, Pp. 10.
[8] Ibídem. Pp. 24
JUSTIN TRUDEAU REAFIRMA SU RESPETO IRRESTRICTO AL DERECHO INTERNACIONAL
Durante una sesión solemne que se realizó el día de hoy en el Senado de la República para recibir la visita del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, el presidente del Senado Mexicano, Ernesto Cordero, destacó en su discurso que Canadá es un referente a nivel mundial en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. El senador Cordero reiteró que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte es la oportunidad de mostrar la unión y la fortaleza de la región, y se pronunció por la integración regional, energética, tecnológica, así como por la lucha en contra del cambio climático y la inclusión social y económica de América del Norte. También puntualizó que Canadá y México, son países con plena vocación internacional y recordó el gran liderazgo del ex Primer Ministro Pierre Elliot Trudeau, quien durante su gobierno constituyó un símbolo del diálogo.
Por su parte, el Primer Ministro Justin Trudeau, subrayó en su discurso que en tiempos de incertidumbre global, se tienen que enfrentar desafíos unidos y cohesionados. Apuntó que las economías de México y Canadá se encuentran integradas desde hace tiempo, esgrimió que si Canadá tiene éxito, México también tendrá éxito en cualquier actividad que se emprenda dentro de esta integración bilateral. Por otra parte, afirmó, la necesidad de incluir la equidad de género en todas las actividades de la sociedad, especialmente, en el ámbito parlamentario y enfatizó que “cuando las mujeres triunfan, todos triunfamos”.
Abogó particularmente por la necesidad de proteger a las mujeres y a los niños indígenas, tanto en Canadá como en México, pues en ambos países existen situaciones que se tienen que atender urgentemente.
Por lo que compete al Cambio Climático, reiteró el pleno respaldo de Canadá al Acuerdo de París y al Protocolo de Montreal, y reconoció el papel que México está desempeñando en éste campo a nivel mundial.
Finalmente, se manifestó como un convencido del respeto irrestricto al derecho internacional, e incluso, citó en español el apotegma juarista “Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Con este discurso, se refrendó una vez más, el indiscutible liderazgo que Justin Trudeau ha venido ejerciendo a nivel mundial en tareas como la integración económica, el respeto a los derechos humanos, la protección a las mujeres, a la niñez y a los grupos indígenas, a la seguridad global y hemisférica y a la consolidación de la democracia como forma de vida.
DE XICOTÉNCATL 9 A PINO SUAREZ 2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El presente Artículo expone de manera sucinta una visión en torno al desarrollo de los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, controvertida desde su integración e instalación, hasta arribar a las diversas impugnaciones presentadas ante el Máximo Tribunal.
El pasado 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política del otrora Distrito Federal. La consolidación del Ordenamiento que rige a la Ciudad de México, fue producto de intensos debates y ríspidas confrontaciones. La instalación de la Asamblea Constituyente, por mandato constitucional, quedaría integrada por cien Diputados, de los cuales sesenta fueron electos por el principio de representación proporcional, con base en las elecciones del 5 de junio de 2016, y los cuarenta restantes fueron designados por las Cámaras de Diputados y Senadores en un número de catorce en cada caso; asimismo, por virtud del Decreto en materia de reforma política del Distrito Federal, publicado en el DOF con fecha 29 de enero de 2016, correspondió al Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la designación de seis Diputados, respectivamente.
Así las cosas, la Asamblea Constituyente fue instalada con una serie de contratiempos, entre los que podemos destacar la falta de reglas internas de organización; impugnaciones diversas respecto de la legitimidad de los cuarenta Diputados designados, cuya legalidad sin duda deviene del Decreto de referencia.
Atendiendo a lo previsto por las disposiciones transitorias del citado Decreto, la Junta Instaladora fue integrada el 15 de septiembre del 2016 con los Diputados Constituyentes de mayor edad y mayor experiencia legislativa, entró en funciones ese mismo día y hasta el 30 de septiembre del mismo año, correspondió al Presidente de la Junta el encargo de coordinar los trabajos para establecer el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente, el cual fue aprobado el 30 de septiembre y publicado en el DOF el 18 de octubre de 2016 –dieciocho días después de su vigencia-, tras el análisis de al menos nueve Proyectos de Reglamento presentados por diversos Diputados.
Especial interés revistió la configuración de grupos parlamentarios en la Asamblea Constituyente, al quedar integrados sin atender en sentido estricto a la condición de filiación partidaria; sin duda, la Asamblea Constituyente fue sui géneris.
Con el acuerdo de la Asamblea, los grupos parlamentarios ad hoc, se integraron como sigue: el Partido de la Revolución Democrática contó con veintitrés Diputados Constituyentes; Morena veintidós; Acción Nacional quince; Revolucionario Institucional catorce; el Grupo Parlamentario Constitucionalista integrado por los designados por el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal; por cuanto hace al Grupo de los designados por el Titular del Ejecutivo Federal, quedó integrado por 6 representantes del Partido Revolucionario Institucional; asimismo, se conformaron Grupos Parlamentarios con tres integrantes, en cada caso, para los Partidos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.
En el siglo de la transparencia, llamó la atención que las sesiones de la Junta Instaladora y de las Comisiones no fueran televisadas; sin embargo, bajo el principio de Parlamento Abierto, se acordó su transmisión a través de redes sociales. Una vez redactado el Reglamento y aprobado por mayoría calificada del Pleno de la Asamblea, se eligió al Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, como Presidente de la Mesa Directiva. Se instalaron ocho Comisiones Legislativas que dictaminaron más de ochocientas propuestas registradas, sumadas a las que se generaron durante los debates de las Comisiones y del Pleno. Cabe precisar que el Reglamento dispuso que se redactaría sólo un Dictamen por Comisión, el cual integraría los diversos artículos a discutir en cada una de ellas, atendiendo a su materia. No obstante, cada artículo fue discutido y aprobado en el Pleno.
Finalmente, el 31 de enero de 2017, se llevó a cabo la Sesión Solemne de la Asamblea Constituyente, a fin de presentar el documento final de Constitución, mismo que consta de 71 artículos y 39 transitorios –contrario a cualquier criterio de técnica legislativa-.
La recién publicada Constitución de la Ciudad de México, no tardó mucho en ser impugnada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió cuatro Acciones de Inconstitucionalidad, presentadas por Morena, Nueva Alianza, el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos[1]. Asimismo, se hicieron valer tres Controversias Constitucionales presentadas por el Titular del Ejecutivo Federal; el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y el Senado de la República[2].
De manera sucinta, los conceptos de invalidez aludieron, entre otros, a la inexistencia de la ratificación o revocación de la Constitución capitalina mediante referéndum; la ausencia del voto directo y la violación al principio de representación proporcional, al establecer que el Congreso de la Ciudad de México se integrará “50/50” por ambos principios; la indebida creación del órgano denominado “Cabildo de la Ciudad”, lo que representa una lesión al derecho político electoral de ser votado, en lo relativo al derecho del ejercicio del cargo; así como la modalidad del sistema de representación municipal en las alcaldías, mediante la creación de un subsistema de circunscripciones a su interior; la reelección de diputados para un solo periodo consecutivo y la presentación de irregularidades en el proceso legislativo al no prever la consulta a las organizaciones con representación de las personas con discapacidad y a las comunidades indígenas; otro de los conceptos de invalidez presentados, fue la vulneración al derecho de acceso al sistema constitucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos y su tutela efectiva; y la transgresión de los derechos de remuneración proporcional e irreductibilidad salarial y seguridad en el empleo, de asignación presupuestaria y de no disminución, a favor de los servidores públicos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió con fecha 17 de agosto de 2017[3], las Acciones de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017. Al efecto, determinó que la sentencia sólo se ocuparía de resolver cuestiones relativas al proceso legislativo y las relacionadas con la materia electoral, sin demérito del estudio posterior en torno al resto de los temas impugnados. Es así que en dicha sentencia, entre otros aspectos, resolvió declarar la validez del proceso legislativo que dio origen a dicha Constitución; la integración del Congreso Local, por treinta y tres Diputados de Mayoría Relativa y treinta y tres de Representación Proporcional y el modelo de Alcaldías; declaró la invalidez de los artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México números 27, apartado D, numeral 2, en lo relativo a los supuestos que actualizaban la nulidad de una elección en la Ciudad de México; y 29, apartado D, numeral 3, en la porción normativa que señala “para un solo período consecutivo”, respecto a la opción de reelegirse como Diputado del Congreso Local; asimismo, sobreseyó las causales de Morena y Nueva Alianza.
Por lo que se refiere a las Controversias Constitucionales, quedamos pendientes de lo que resuelva el Máximo Tribunal, respecto de la eventual configuración de invasión de competencias.
El ejercicio de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone de manifiesto una vez más la importancia de la División de Poderes en el contexto de la colaboración de funciones. La Constitución Política de la Ciudad de México, como toda obra humana, es perfectible por los conductos e instituciones previstas en nuestro orden jurídico nacional en el marco del Estado de Derecho.
[1] 15/2017; 16/2017; 18/2017; 19/2017, respectivamente.
[2] 83/2017; 81/2017; 97/2017, respectivamente.
[3] www.scjn.gob.mx versiones taquigráficas.
LA IMPLEMENTACIÓN JURÍDICA DEL BREXIT
De acuerdo a diversos analistas de la escena jurídica internacional, “dos paisajes se dibujan en el horizonte del Reino Unido: una ruptura suave y escalonada con la Unión Europea o un auténtico salto al vacío sin red.” 1
De acuerdo al Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido deberá estar ya fuera de la Unión Europea el 29 de marzo del 2019, para esta fecha se deberán de haber resuelto tres asuntos claves en esta separación: el futuro de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico, y el futuro de los residentes británicos en los diversos países de la Unión Europea; por otra parte, se tendrá que prever cómo se evitará una frontera entre el Reino Unido e Irlanda, y por último, todas las implicaciones económicas para las partes que éste proceso está ocasionando.
Por ejemplo, la caída de la Libra Esterlina y la creciente inflación pesan ya en los bolsillos de la sociedad británica. Lo preocupante es que el Reino Unido ha pasado, en el primer trimestre del 2017, de ser una de las economías que más crecía de la Unión Europea a ser la que crece más lentamente. 2
Los precursores del BREXIT nunca contemplaron la ingeniería jurídica que tendría que diseñar e implementar el Reino Unido para dejar de formar parte de la Unión Europea y para ser efectivamente autosuficiente desde el punto de vista económico, comercial, laboral, educativo y cultural.
Quienes impulsaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, seguramente no consultaron los estudios, investigaciones y trabajos académicos de destacados científicos políticos, tanto del Siglo XX, como de las dos décadas que van del Siglo XXI, los cuales han permanentemente esgrimido que, para cualquier decisión de carácter político, electoral o económico, se tienen que contemplar todos los escenarios posibles a futuro, y todas las variables jurídicas, políticas y económicas, tanto variables consecuentes como variables intervinientes.
Todavía se está a tiempo de consultar todo el bagaje intelectual de la academia, tanto de los centros educativos de primera orden que tiene el Reino Unido, en donde abogados, científicos políticos, economistas, administradores de empresas de éstos sobresalientes centros, podrán advertir y aconsejar cuáles podrían ser los derroteros más convenientes para implementar jurídica y económicamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea.3
1. Pablo Guimón, Periódico el País, de fecha 23 de julio de 2017, Pp. 6.
2. Op cit, El País, 2017.
3. B. M. Russett, H.R.Alker, Jr., K.W.Deutsch, and H.D. Lasswell. World Handbook of Political and Social Indicators. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964. Subsequent editions are C.L. Taylor and M.C.Hudson. World Handbook of Political and Social Indicators, 2nd ed., New Haven, Conn.: S. Rokkan, ed. Data Archives for the Social Sciences. Paris: Mouton, 1966; M. Dogan y S.Rokkan, eds. Quantitative Ecological Analysis in the Social Sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969; H.R.Alker, Jr., K.W.Deutsch, and A.H.Stoetzel, eds. Mathematical Approaches to Politics. San Francisco: Jossey-Bass, 1973; Russett, Bruce, “Karl W. Deutsch: Pioneer in the Theory of International Relations”, Editorial SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice, 2016.
RECOMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA
Una de las mayores preocupaciones de Maurice Duverger, quien fuera el más destacado científico político de Francia de la mitad del siglo XX a principios del siglo XXI, consistía en que tanto Francia como los estados nacionales democráticos, se enfermaran de lo que él llamaba esclerosis política, es decir, un estancamiento y un inmovilismo en materia de pluralidad y de desarrollo democrático, esta preocupación la dejó entrever, Duverger, en su clásico libro, “La Democratie sans Le Peuple.”
Seguramente, si Duverger hubiera presenciado el triunfo arrollador de Emmanuel Macron como Presidente de la República Francesa, y la contundente victoria, en una segunda vuelta de las elecciones legislativas del pasado domingo 18 de junio, en donde la formación política encabezada por Macron, y denominada “La República en Marcha”, obtuvo 361 de los 577 escaños que componen la Asamblea Nacional Francesa, Duverger se hubiera percatado que el sistema político francés y que la sociedad de ese país se encuentran más vivos y más sanos que nunca, y han ofrecido al mundo entero un ejemplo de lo que puede ser la autorenovación y la autotransformación de las sociedades y de la política, cuando los ciudadanos apuestan a otros cambios, a otros rumbos y a opciones honestas, frescas y auténticas, en lugar de apostar a los partidos políticos tradicionales, erosionados y desprestigiados por la corrupción y el oportunismo.
La asamblea de la República Francesa experimentó una recomposición estructural de gran calado, en donde la composición política de Macron, obtuvo una clara mayoría que hará posible la puesta en marcha de las reformas y del programa de gobierno que se ha impuesto el nuevo Presidente Francés. La formación política “Los Republicanos” y sus aliados, se convierte en el primer partido de la oposición con 126 escaños, la tercera fuerza con únicamente 46 diputados será el Partido Socialista, que es el Partido del expresidente Francois Hollande, el Partido “La Francia Insumisa” del dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon, obtuvo, con al Partido Comunista 26 escaños, mientras el Frente Nacional de la Ultraderecha de Marine Le Pen, logró únicamente 8 escaños incluido el de la propia Le Pen, pero insuficientes para formar un grupo parlamentario en la Asamblea Francesa que exige por lo menos 15 diputados .
En otro orden de ideas es importante puntualizar que el nivel de abstención en esta segunda vuelta de las elecciones legislativas Francesas, lo fue de un 56.6%, lo que evidencia que después de haberle otorgado el triunfo al Presidente Emmanuel Macron, los electores franceses salieron a votar ya no masivamente, sino en una menor proporción, con la finalidad de darle al Partido del Presidente una mayoría contundente que le permita gobernar con pleno respaldo de sus diputados en la Asamblea.
Por lo que compete a la escena política internacional, la consistencia y la solidez del voto francés y el apoyo abrumador al Presidente Macron, hacen del mandatario francés un interlocutor plenamente valido y destacado en el ajedrez mundial, que incluso con un inteligente manejo diplomático le ha transmitido al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que Francia apoyará decididamente los acuerdos de París en materia de cambio climático, y Macron está colocándose a la vanguardia política mundial en el combate a la corrupción, como así lo ha demostrado públicamente al enviar al Consejo de Ministros de ese país, su propuesta de iniciativa de Ley para la Moralización de la Vida Pública Francesa.