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Timestamp: 2019-10-19 11:09:21
Document Index: 251049170

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 30', 'artículo 30', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 192', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 19']

﻿ DECRETO 43 DE 1999
DECRETO 43 DE 08 DE ENERO DE 1999
CONTENIDO:RAMA JUDICIAL, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA SALARIAL Y PRESTACIONAL.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1112 DE FEBRERO 15 DE 1999, PG. 185
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 2739 DE 2000 ARTÍCULO 30 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETO 43 DE 1999
(Nota: Derogado por el Decreto 2739 de 2000 artículo 30 del Departamento Administrativo de la Función Pública).
ART. 1º—Del régimen salarial ordinario de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendrán derecho a la remuneración establecida en el presente artículo, incluyendo la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, la cual no tendrá carácter salarial, así:
Asignación básica mensual novecientos cuarenta y siete mil novecientos pesos ($ 947.900) moneda corriente, gastos de representación mensual un millón seiscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y seis pesos ($ 1.685.156) moneda corriente y prima técnica un millón quinientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($ 1.579.834) moneda corriente.
La prima especial de servicios sin carácter salarial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguales a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
ART. 2º—Del régimen salarial optativo para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y director ejecutivo de administración judicial. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que optaron por el régimen establecido en el artículo 2º del Decreto 903 de 1992, el director ejecutivo de administración judicial y quienes se vincularon al servicio con posterioridad a la vigencia de dicho decreto, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 1999 por concepto de: asignación básica un millón ochocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos ($ 1.832.841) moneda corriente y gastos de representación tres millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco pesos ($ 3.258.385) moneda corriente.
Los funcionarios a quienes se aplica el presente artículo, únicamente tendrán derecho a disfrutar de la prima de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.
ART. 4º—A partir del 1º de enero de 1999, la asignación básica mensual de los servidores públicos de la rama judicial, del ministerio público y de la justicia penal militar, será la señalada para su grado, de acuerdo con la siguiente escala:
01 $ 240.515
02 262.807
03 30.121
04 333.512
05 378.369
06 412.613
07 436.459
08 480.925
09 508.593
10 538.329
11 573.098
12 609.504
13 623.633
14 652.890
15 752.018
16 826.063
17 967.138
18 1.003.554
19 1.077.823
20 1.100.377
21 1.262.712
22 1.386.789
ART. 5º—La remuneración mínima mensual del Viceprocurador General de la Nación, será dos millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos ($ 2.369.751) moneda corriente. El sesenta y cuatro por ciento (64%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
ART. 6º—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Procuraduría General de la Nación y del procurador auxiliar, será de dos millones doscientos setenta y siete mil setecientos doce pesos ($ 2.277.712) moneda corriente el cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
La remuneración mínima mensual de los procuradores delegados grado 22, el director de la dirección nacional de investigaciones especiales grado 22, los procuradores departamentales y provinciales grado 21, los procuradores agrarios grado 21 y el veedor grado 22, y el secretario privado grado 22 del procurador, será de dos millones ciento cuarenta y tres mil setecientos veintisiete pesos ($ 2.143.727) moneda corriente el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
ART. 7º—Los funcionarios a que se refieren los artículos 5º y 6º del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de representación y sustituye la prima de que trata el artículo 7º del Decreto 903 de 1992.
ART. 8º—El Procurador General de la Nación podrá asignar primas técnicas hasta por un treinta por ciento (30%) del valor de la remuneración mínima mensual o de la asignación básica mensual, según sea el caso, al secretario privado, a los jefes de división grado 22, a los jefes de oficina grado 22, a los abogados asesores grado 22 y a los jefes de sección grado 17, con el lleno de los requisitos que establezca mediante reglamentación interna y previa viabilidad presupuestal, en los términos del Decreto 2573 de 1991 y 1724 de 1997.
ART. 9º—(Nulo).* Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán derecho a percibir a partir del 1º de enero de 1999, una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico. La prima a que se refiere el presente artículo, es incompatible con la prima a que hace referencia el artículo 7º del presente decreto.
ART. 10.—Como reconocimiento del nivel de formación técnica de sus titulares, podrá asignarse una prima técnica para aquellos empleados de la dirección nacional de investigaciones especiales comprendidos en los niveles directivo, asesor y ejecutivo, cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos especializados. Esta prima sólo podrá otorgarse con el lleno de los requisitos que el procurador general de la Nación establezca mediante reglamentación interna y al cumplimiento de las condiciones de que tratan los decretos 2573 de 1991 y 1724 de 1997, su cuantía será hasta un sesenta por ciento (60%) de la asignación básica mensual fijada en el artículo 4º del presente decreto y para un número no superior a 25 funcionarios. Esta prima no constituye factor salarial para ningún efecto legal.
ART. 11.—La remuneración mínima mensual del secretario general de la Corte Constitucional, del secretario general de la Corte Suprema de Justicia, del secretario general del Consejo de Estado y del secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, será de dos millones doscientos setenta y siete mil setecientos doce pesos ($ 2.277.712) moneda corriente. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación únicamente para efectos fiscales.
a) Para los magistrados de tribunal y sus fiscales grado 21, un millón ciento cuarenta mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 1.140.334) moneda corriente , de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
b) Para jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para el grado 21 de la escala salarial de la rama judicial será de un millón ciento cuarenta mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 1.140.334) moneda corriente, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
c) Para jueces y fiscales grado 17, novecientos cuatro mil ciento veintitrés pesos ($ 904.123) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
d) Para jueces grado 15, setecientos treinta mil trescientos cincuenta y nueve pesos ($ 730.359) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales;
e) Para procuradores delegados grado 22 y el director de la dirección nacional de investigaciones especiales grado 22, un millón doscientos treinta y cinco mil ciento sesenta pesos ($ 1.235.160) moneda corriente, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales, y
f) Para procuradores agrarios, procuradores departamentales, procuradores provinciales, del Distrito Capital de Santafé de Bogotá grado 21, un millón ciento cuarenta mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 1.140.334) moneda corriente, de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.
PAR.—Los magistrados auxiliares y abogados asistentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; los magistrados del tribunal y sus fiscales grado 21 y los jueces de orden público cuya remuneración corresponda a la señalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de dos millones ciento cuarenta y tres mil setecientos veintisiete pesos ($ 2.143.727) moneda corriente esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.
ART. 14.—A partir del 1º de enero de 1999, los citadores que presten sus servicios en las corporaciones judiciales, incluidos los tribunales superiores y administrativos, juzgados penales, civiles, laborales, de familia, promiscuos de familia y juzgados de menores, Procuraduría General de la Nación y los asistentes sociales de los juzgados de menores, de familia y promiscuos de familia, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:
Para ciudades de más de un millón de habitantes, veintiocho mil novecientos treinta y cuatro pesos ($ 28.934) moneda corriente mensuales.
Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes, dieciocho mil doscientos treinta y siete pesos ($ 18.237) moneda corriente mensuales.
Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes, once mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($ 11.584) moneda corriente mensuales.
ART. 16.—A partir del 1º de enero de 1999, el subsidio de alimentación para empleados que perciban una asignación básica mensual no superior a la señalada para el grado 13 en la escala de que trata el artículo 4º de este decreto, será de veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco pesos ($ 21.655) moneda corriente, pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.
ART. 17.—La prima de antigüedad se continuará reconociendo y pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la fecha de vigencia del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa, salvo por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera alcanzado, ni del tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese al servicio de la rama judicial o Ministerio Público, dentro de un plazo que no exceda de veintisiete (27) meses, evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen establecido en el presente decreto, y por consiguiente, no le es aplicable el régimen que de manera general rige obligatoriamente a las personas que ingresen a la rama judicial.
ART. 18.—Las primas ascensional y de capacitación para jueces municipales y jueces promiscuos municipales, se regulan por lo dispuesto en los decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.
ART. 20.—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, no podrán devengar por concepto de asignación básica más primas, suma superior a la remuneración mensual que le corresponda a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por concepto de asignación básica y gastos de representación, dentro del régimen de que trata el artículo 2º de este decreto.
ART. 21.—Los conductores y choferes que laboran en los organismos a los cuales se les aplica el presente decreto, tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.
ART. 22.—Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal respectiva.
ART. 23.—El contenido del artículo 192 del Decreto 2699 de 1991 se hace extensivo al Ministerio Público. El Procurador General de la Nación expedirá su reglamentación.
ART. 24.—Las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar, que no optaron por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Así mismo las disposiciones de que trata el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que no optaron por el régimen especial establecido en el Decreto 54 de 1993.
ART. 25.—Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, los procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado, que a 1º de abril de 1994 desempeñaban sus cargos en propiedad y cumplían las condiciones previstas por el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podrán pensionarse teniendo en cuenta los mismos factores y cuantías de los senadores de la República y representantes a la cámara en los términos establecidos en las normas vigentes.
ART. 26.—El monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones de los servidores públicos a que hace referencia el artículo anterior será el establecido para los senadores y representantes en literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1994, calculado sobre el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los magistrados, en el entendido que el 75% del aporte corresponderá al empleador y el 25% restante al servidor.
El monto de las cotizaciones establecido en el presente artículo regirá a partir del primer período de liquidación de aportes siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.
ART. 27.—(Derogado).* Con el propósito de dar adecuada aplicación al literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1994, en concordancia con el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, las entidades que tengan a su cargo el reconocimiento de las pensiones de los servidores mencionados en el artículo 25 del presente decreto, deberán calcular la diferencia entre las cotizaciones requeridas y las efectivamente realizadas, para el período comprendido entre el 1º de abril de 1994 y la entrada en vigencia del presente decreto, actualizadas de acuerdo con la tasa de rendimientos de las reservas del Instituto de Seguros Sociales, ISS, para inversiones diferentes de acciones. La cantidad resultante se distribuirá entre el empleador y el servidor en la proporción establecida en el inciso primero del artículo anterior, previo acuerdo sobre el plazo y condiciones financieras para el pago de la porción respectiva.
Si el servidor opta por no realizar el pago de la porción a su cargo, la entidad encargada del reconocimiento de la pensión reducirá dicha suma de la reserva actuarial y de la pensión futura efectiva. En este mismo caso, el empleador tampoco estará obligado al pago de la porción a su cargo.
Las previsiones de este artículo también se aplicarán a los magistrados que encontrándose en los supuestos del artículo 25 del presente decreto, se hubieren pensionado entre el 1º de abril de 1994 y la fecha de expedición del presente decreto.
*(Nota: Derogado por el Decreto 937 de 1999 artículo 1º del Departamento Administrativo de la Función Pública).
ART. 28.—Los servidores mencionados en el artículo 25 del presente decreto, que hayan adquirido la calidad de magistrados con posterioridad a la fecha de causación del derecho a adquirir una pensión diferente, tendrán derecho a que se les reliquide la pensión teniendo en cuenta las semanas adicionales de cotización.
ART. 30.—Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.
ART. 31.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 65 de 1998 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1999.