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Timestamp: 2019-09-18 03:07:38
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Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 19', 'In dubio']

4. Los Derechos y Garantías del Niño y el Adolescente en la Ley 6354 - Nociones generales de administracion de la...
4. Los Derechos y Garantías del Niño y el Adolescente en la Ley 6354.
Artículo 6° - El Estado asegurará el derecho del niño y el adolescente a la libertad, integridad física, psíquica y social, preservando la imagen, la identidad, la autonomía de valores, ideas o creencias y los espacios y objetos personales.
Artículo 7° - En la educación del niño y el adolescente, el Estado, a través de los sistemas de enseñanza formal y no formal, deberá inculcarles el respeto por los derechos humanos, por sus padres, por su propia identidad cultural, por el medio ambiente natural y por los valores sociales, capacitándolo para asumir una vida responsable.
Artículo 8° - El Estado garantizará al niño y adolescente víctima de delitos, la asistencia física, psíquica, legal y social requerida para lograr su recuperación.
Artículo 9° - Los niños y adolescentes no podrán ser privados de sus derechos sin el debido proceso legal, el cual garantizará el derecho a ser oídos en todo proceso judicial o procedimiento administrativo que lo afecte y el respeto y dignidad que se les debe como personas en desarrollo.
Artículo 10° - La carencia de recursos materiales, de los padres, tutor o guardador, no constituye causal suficiente para la exclusión del niño o del adolescente de su grupo familiar o guarda jurídica. Cuando proceda, la exclusión deberá fundarse en motivos graves que autoricen por sí mismos la imposición de la medida. En los procesos iniciados a efecto de decidir sobre la suspensión o pérdida de la patria potestad, la causal antedicha será de interpretación restrictiva.
Artículo 11° - El Estado garantizará al niño y adolescente en el proceso penal, los siguientes derechos y garantías:
a) a ser considerado inocente hasta tanto se demuestra su culpabilidad;
b) al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las garantías procesales con que cuenta;
c) a la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá producir todas las pruebas que estimare convenientes para su defensa;
d) a la asistencia de un asesor letrado a su elección o proporcionado gratuitamente por el Estado;
e) a ser oído personalmente por la autoridad competente;
f) a solicitar en forma inmediata la presencia de sus padres o del responsable, a partir de su aprehensión y en cualquier fase del procedimiento;
g) a que sus padres, tutor o guardador sean informados, en el momento de su imputación y en caso de aprehensión, del lugar donde se encuentra, hecho que se le imputa. Juzgado y organismo policial interviniente;
h) a no declarar contra si mismo; y
i) a que toda actuación referida a su aprehensión y/o detención y los hechos que se la imputaren sean estrictamente confidenciales.
Artículo 12° - Ningún medio de comunicación publicará o dinfundirá informaciones que puedan dar lugar a la individualización de niños y adolescentes, sean infractores o víctimas de un delito.
TEMA VI: FUERO PENAL
A- DERECHO PENAL
Una de las funciones que atañe al Estado es la de dirimir los conflictos en los casos en que las personas no cumplan con la legislación vigente, controversias éstas que pueden referir a distintas materias, a saber: civil, comercial, laboral, penal.
En lo especial que nos convoca, esa obligación estatal se ve plasmada en la organización de lo que se conoce con el nombre de "justicia penal".
Para Soler "es la parte del derecho, compuesta por el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva".
Para Creus, "es el conjunto de leyes que describen delitos mediante la asignación de una pena para el autor de la conducta que los constituya, o la sustituye en ciertos casos por una medida de seguridad, estableciendo a la vez las reglas que condicionan la aplicación de las mismas".
Por último, para Zaffaroni, el derecho penal "es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho".
El derecho penal posee una naturaleza eminentemente "sancionatoria", por lo que no puede decirse que "constituye" sus propias ilicitudes, distintas de otras existentes en el ordenamiento jurídico, sino que se considera que las ilicitudes son únicas, y que el derecho penal lo que hace es sancionarlas mediante una conminación especial como es la "pena".
Sostiene Creus que ese derecho penal, como conjunto de leyes, es el que delimita la potestad del Estado de castigar, es decir de imponer penas, lo que se conoce con el nombre de "ius puniendi", que a su vez también encuentra restricción -aún desde antes de las que formula el derecho penal- en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, que luego de la reforma de la Carta Magna de 1994, pasaron a tener jerarquía constitucional, como lo son "La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre"; "La Convención Americana sobre Derechos Humanos" (Pacto de San José de Costa Rica); "La Declaración Universal de los Derechos Humanos"; "El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"; etc..
3. Principios constitucionales.
La Constitución Nacional (ART. 18), establece los principios básicos del ordenamiento jurídico-penal, o sea, los presupuestos jurídicos de la represión, al disponer: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
De este postulado resulta:
1° Que la ley penal debe preexistir a toda sanción (no hay pena sin ley).
2° Que el juicio (o proceso) penal, necesariamente regulado por una ley que lo haga inalterable, es el único medio de aplicar la ley sustantiva (no hay pena sin juicio).
3° Que nadie puede ser considerado culpable mientras no lo declare tal una sentencia firme (principio de inocencia).
4° Que la sentencia del juez natural es la única fuente legítima para limitar definitivamente la libertad (juez natural).
En concordancia, el ART. 1 del C.P.P. dispone: “Nadie podrá ser penado sin juicio previo conforme a las disposiciones de esta ley, ni juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal, ni encausado más de una vez por el mismo hecho”.
Por imperio del ordenamiento jurídico-penal, la potestad represiva del Estado queda sustancial y formalmente definida, disciplinada y limitada. Este ordenamiento jurídico tutela simultáneamente dos intereses: el de la sociedad (por la represión del culpable) y el individual (por la libertad).
Justicia y libertad son las dos ideas fundamentales que, según la Constitución Nacional, inspiran y condicionan la función represiva del Estado.
Por estas razones, la norma jurídico-penal aparece como una norma límite: la sustantiva, porque circunscribe el ámbito de la represión; la procesal, porque establece la única forma legítima de ejercitar la potestad represiva.
3.1 Principio de Legalidad (no hay delito ni pena sin ley).
Este principio significa:
1° Que ninguna acción humana (conducta externa) puede constituir delito, aunque aparezca inmoral, si no la define como tal una ley escrita anterior a su ejecución, la que debe emanar, exclusivamente: del Congreso de la Nación, si se trata de un delito (art. 75 inc. 12 Constitución Nacional) o de las Legislaturas provinciales o Concejos Deliberantes, si constituye una falta o contravención.
Nuestro orden constitucional exige que la ley sea una regla escrita y general. Sólo una regla escrita podrá proporcionar las seguridades enunciadas en el principio de reserva, que pretende que los habitantes del Estado tengan delante de los ojos delitos exactamente determinados y penas delimitadas con igual exactitud.
También es un derivado del principio de legalidad la generalidad de la ley penal. Esta ha de ser previa al hecho castigado, condición que resulta incompatible con una ley establecida para un caso personalmente determinado. Esto choca con la garantía. de la igualdad ante la ley.
Esa regla escrita y general debe ser sancionada y promulgada según las exigencias constitucionales. La facultad legislativa, entendida como poder de formar y sancionar leyes, corresponde al Congreso de la Nación, a las legislaturas provinciales y a los concejos municipales. El Poder Legislativo no puede delegar esta facultad. La garantía de la legalidad represiva aspira principalmente a que la potestad penal del Estado se desenvuelva al margen de la acción y del arbitrio del Poder Ejecutivo.
La configuración de una infracción penal es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta una ley que las haya establecido antes de la comisión del hecho.
2° Que el Juez no puede aplicar otra sanción que la establecida por la ley, tanto en calidad o especie como en cantidad.
3° Que la ley penal no puede ser aplicada analógicamente.
4° Que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente, salvo que sea más benigna para el imputado (art. 2 Código Penal).
Por lo tanto, no es posible que alguien sea condenado, llamado a juicio, procesado o puesto en causa penal si una ley vigente en el momento del hecho no lo califica a éste como delito y lo sanciona como tal.
3.2 Principio de Reserva.
Junto con el principio constitucional de legalidad, que exige que para poder perseguirse penalmente a una conducta la determinación de la misma como disvaliosa debe ser anterior a su realización, se erige el "principio de reserva".
Previsto en el artículo 19 de la Carta Magna, el mismo expresa que: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".
La exigencia de que un hecho sólo pueda ser considerado delito si así lo establece una ley anterior a su comisión, obedece a la idea de reservarles a los individuos, como zona exenta de castigo, la de aquellos hechos que aunque parezcan ilícitos, inmorales o perjudiciales, no estén previstos como delitos y castigados por una ley previa a su comisión. La punibilidad de los hechos que la ley no castiga queda reservada, como esfera de inmunidad, frente al poder represivo del Estado.
Tratándose de una garantía individual, esa zona de reserva debe estar claramente trazada. Esto se logra mediante la enumeración taxativa por la ley de los hechos punibles y de las penas pertinentes.
Es lo que según Soler constituye un "sistema discontinuo de ilicitudes", comparando al ordenamiento normativo penal como un "conjunto de islotes", según el cual cada uno de los delitos especificados en las distintas normas (código penal, leyes especiales) constituye un islote, y cuando esa conducta no encuadre perfectamente en uno de esos islotes caerá en lo que se denomina "zona de libertad", y por ende no podrá reprimirse su comisión.
3.3 No hay Pena sin Juicio.
La Constitución Nacional exige que el Estado, mediante una determinada actividad de órganos predispuestos, verifique si la ley penal ha sido violada y en qué medida, para imponer la sanción que corresponda. Conforme este principio, a nadie se le puede aplicar una sanción sino como resultado de un juicio jurisdiccional previo.
Desde un punto de vista objetivo: el juicio que impone la Constitución o proceso penal es una entidad jurídica prefijada o un tipo legal abstractamente definido por el derecho procesal, que establece las formas de los actos que lo integran y el orden (procedimiento) que debe observarse al cumplirlos.
El proceso penal se interpone necesariamente entre el delito y la pena, siendo el único medio de descubrir la verdad y actuar efectivamente la ley penal.
Por lo tanto, la garantía consiste:
En la necesidad de que un proceso legalmente definido preceda a toda sanción;
En la solemnidad y formas que deben observarse al cumplir los actos que lo integran;
En el orden regular que ha de guardarse y en el tiempo que ha de emplearse;
En la intervención y recíproco contralor de los magistrados, funcionarios públicos y demás personal actuante;
En las diversas oportunidades que ellos tienen para cumplir sus deberes o ejercer sus poderes.
La vigencia de este principio no depende de la voluntad del juzgador ni del imputado.
Desde un punto de vista ideológico: el juicio constituye una operación intelectual que en definitiva realiza el juzgador cuando aplica la ley al caso particular. En este sentido, juicio previo equivale a sentencia previa, desde que ésta es el acto de voluntad en que necesariamente se debe exteriorizar aquél para tener vigencia en el orden jurídico.
Según Clariá Olmedo, el poder punitivo del Estado está condicionado por la actividad jurisdiccional desenvuelta en un proceso regular y legal que contiene el “juicio” constitucional: acusación, defensa, prueba y sentencia firme. Esta sentencia exige una acusación que sea base del plenario y en éste, la defensa y la prueba deben estar regularmente aseguradas. Por lo tanto, el principio de que el juez no puede actuar de oficio es una consecuencia inmediata de este dogma.
3.4 Principio de Inocencia.
La Constitución no consagra una presunción de inocencia sino el ESTADO JURIDICO en que se encuentra el imputado antes de una sentencia condenatoria firme. Ese estado no se destruye ni con el procesamiento ni con la acusación; tampoco lo destruye la sentencia que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada. El imputado es inocente durante la sustanciación del proceso hasta que no sea declarado culpable por una sentencia firme.-
Ello no obsta a que durante el proceso puedan tomarse medidas coercitivas contra el imputado (Ej.: la detención, la prisión preventiva, etc.). Se requiere una sospecha contra el imputado para su llamamiento a declarar o de elementos de convicción suficientes para el dictado del procesamiento o prisión preventiva. Pero esta sospecha o presunción de culpabilidad no puede afectar el principio en cuanto se lo entienda objetivamente como un estado jurídico, resistente a toda declaración que no sea de certeza.
3.4.1. Significación en el campo legislativo.
El principio de inocencia explica el de inviolabilidad de la defensa y ambos exigen que el imputado sea tratado como sujeto de una relación jurídico-procesal y no como mero objeto de persecución judicial.
Aquí se encuentra el fundamento de las medidas restrictivas de la libertad del imputado: si éste es inocente hasta que una sentencia firme lo declare culpable, su libertad puede ser restringida sólo a título de cautela o como medida de seguridad, cuando sea indispensable para asegurar el imperio del derecho.
Significación en el campo procesal.
Interpretación restrictiva de todas las normas que limitan la libertad personal (art. 2 Código Procesal Penal, ley 6.730) Ej.: las que consienten el arresto, la detención y la prisión preventiva o prohíben la excarcelación. Si alguna vez existiera conflicto entre los 2 intereses que el proceso tutela, debe privar el interés individual por la libertad personal.
Necesidad de las medidas coercitivas: cuando se verifique concretamente esa necesidad (art. 6, ley 6.730).
Exclusión de la carga probatoria: el imputado no tiene el deber de probar nada, aunque tenga el derecho de hacerlo, pues goza de una situación jurídica que no requiere ser construida, sino que debe ser destruida. Si no se le prueba su culpabilidad, seguirá siendo inocente y, por lo tanto, deberá ser absuelto.
In dubio pro reo (art. 2 del Código Procesal Penal, ley 6.730): para condenar al acusado, el juez debe tener la convicción de su culpabilidad. En caso de duda, debe absolverlo; para llegar a esta solución no es necesario que esté convencido de su inocencia, desde que ésta es una situación jurídica que no requiere ser construida.
3.5. Principio del Juez Natural.
Desde una formulación negativa, este principio prohíbe la intervención de jueces o comisiones especialmente designados ex post facto para investigar un hecho o juzgar a una persona determinada.
Desde una formulación positiva, este principio exige que la función jurisdiccional sea ejercida por los magistrados instituidos previamente por la ley para juzgar una clase de asuntos o una categoría de personas. Juez natural es el tribunal impuesto por la Constitución para que intervenga en un proceso dado.
Mientras el tribunal sea permanente y competente y el juez imparcial, no interesa que la persona del juez se sustituya o que se modifique la integración del tribunal. Pero la sustitución o cambio de integración debe producirse conforme a la ley, evitando que se alteren los principios que gobiernan el proceso.
El art. 3 del Código Procesal Penal, ley 6.730 dice: “Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso.
La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales instituidos conforme a la Constitución y la ley”.
3.6. Non Bis In Idem.
Art. 26 Constitución de Mendoza y 1 Código Procesal Penal: “Nadie puede ser encausado más de una vez por el mismo hecho”.
Es una garantía que prohíbe una doble persecución judicial por el mismo hecho. Es inadmisible cualquier acto de procedimiento que signifique la imputación de un hecho criminal ya juzgado o que sea materia de otro proceso pendiente. No sólo se refiere al procesado, sino a todo imputado. La norma habla de “encausado” en vez de “penado”, lo que comprende la litispendencia, el sobreseimiento, la absolución y, además, la condena.-
¿Cuándo se está frente al mismo hecho? Es necesario que exista:
Identidad de persona: el principio protege sólo a la misma persona que está siendo perseguida o cuya persecución concluyó ya por sobreseimiento, absolución o condena firme. Quedan excluidos los posibles partícipes aún no perseguidos.
Identidad de objeto: la identidad ha de referirse al hecho en su materialidad, sin que interesen las modificaciones de calificación jurídica del mismo. Es intrascendente el distinto encuadramiento penal: hurto o robo, lesiones leves o graves. Tampoco interesa el grado de participación o delictuosidad o de desarrollo: autor o cómplice; tentativa o consumación. Es decir, no corresponde perseguir nuevamente el mismo hecho por grado delictuoso más grave (Ej.: el perseguido como cómplice, no lo puede ser como autor del mismo hecho en otro proceso.
Identidad de causa de persecución: identidad de pretensiones represivas, en el sentido de que coincidan las acciones dirigidas a obtener el pronunciamiento jurisdiccional. Es necesario que el tribunal del primer proceso, en virtud del contenido que asumió la acusación, haya estado en la posibilidad de examinar el objeto procesal ampliamente. El principio regirá si el caso está pendiente o ha sido decidido pudiendo agotarlo en cuanto al fondo. Si el proceso feneció sin esta decisión por no estar el tribunal en condiciones de pronunciarse legítimamente, el principio no regirá: incompetencia, archivo por impedimento u otra cuestión dilatoria, etc.
4. Delito. Concepto.
Precisados, entonces, los parámetros en la función del Estado en la configuración de las conductas disvaliosas, debe aludirse ahora a los caracteres que deben conjugarse en esa conducta para que la misma pueda ser catalogada como "delito".
Precisado lo anterior, debe señalarse en primer lugar que el Código Penal de nuestro país no tiene una definición de lo que es el delito.
Es por ello que para su conceptualización debe recurrirse a los conceptos doctrinarios.
Para Núñez, el delito es un hecho típico, antijurídico y culpable. Estas tres condiciones señalan las características que se encuentran en todas las conductas legalmente punibles. Pero la concurrencia de estas características no abre ya de manera definitiva la posibilidad de la imputación delictiva a los efectos del castigo del autor, ya que ella depende todavía de otras condiciones exteriores a la conducta de la persona y a las cuales está supeditada la punibilidad del delito en el caso concreto.
Para Bacigalupo, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable.
De estas definiciones surgen las categorías o elementos de la teoría del delito, que deben analizarse en el orden enunciado.
En primer término, hay que determinar si existe acción. Para un sector de la doctrina, la acción es un comportamiento exterior voluntario que causa un resultado. Es el movimiento corporal o falta de movimiento corporal impulsado por la voluntad.
En segundo lugar, hay que analizar si esa acción humana encuadra perfectamente en una figura prevista en el Código Penal o en otra ley especial de naturaleza penal. En esto consiste la tipicidad, que es la adecuación de la acción humana a una figura legal.
La teoría de la antijuridicidad tiene por objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de un tipo penal, es decir, de una conducta típica, no es contraria al derecho. Una acción típica será también antijurídica si no interviene a favor del autor una causa de justificación. Decir que un comportamiento está justificado equivale a afirmar que el autor de la acción típica dispuso de un permiso del orden jurídico para obrar como obró (por ejemplo: legítima defensa, estado de necesidad, etc.).
Y, finalmente, el sujeto autor de la conducta típica y antijurídica, deberá además ser "culpable", lo cual implica que dicho acto le deberá ser "reprochable".
¿Qué quiere decir esto de reprochable? Que al individuo le era exigible que hubiera comprendido que lo que hacía estaba prohibido, y que pudiendo haber actuado conforme al derecho, no lo hizo.
B- DERECHO PROCESAL PENAL
Esta rama del derecho se caracteriza porque está integrada por normas jurídicas dirigidas a realizar la materia penal. Es un conjunto de normas realizadoras del derecho penal.
Según Clariá Olmedo, a este derecho se lo denomina procesal penal porque el más importante objeto de estudio es el proceso y la materia principal sobre la cual el proceso versa es una hipótesis de infracción penal.
Vélez Mariconde enseña que desde un punto de vista objetivo, “el proceso penal es un conjunto o serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados por el derecho procesal penal y cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley penal sustantiva”.
Este conjunto o serie de actos es gradual porque la sucesión de ellos se descompone en momentos, fases o grados de fines específicos. La nota de progresividad hace referencia a que la ley determina un orden progresivo que necesariamente debe ser respetado, de modo que, salvo vicios o defectos sustanciales, el procedimiento no puede ser paralizado o retrotraído. Por último, esta serie de actos es concatenada, lo que significa que los actos fundamentales del proceso penal se hallan estrechamente unidos entre sí, de modo que algunos son presupuestos formales de otros.
Todos estos actos no quedan al arbitrio del Juez o de los otros sujetos del proceso, sino que están disciplinados por el Derecho Procesal Penal, que prescribe las formas que deben observarse y el orden o procedimiento que es preciso seguir. Los actos procesales penales son actos jurídicos regulados por normas de carácter procesal penal y cuyo efecto o finalidad es el inicio, desenvolvimiento y finalización del proceso penal.
Los órganos públicos predispuestos para cumplir estos actos son el Juez o Tribunal, el Ministerio Público y la Policía Judicial. Al Juez le incumbe la misión de aplicar la ley penal sustantiva, hasta el punto de ejecutar las sanciones que llegara a imponer. El Ministerio Público tiene como funciones la promoción y el ejercicio de la acción penal pública. En cuanto a la Policía Judicial, procura evitar la dispersión de los medios probatorios o que los culpables eludan la acción de la justicia, actuando como auxiliar de los órganos judiciales y promoviendo la acción penal mediante el sumario de prevención policial.
Los particulares obligados a intervenir en el proceso son, a modo ejemplificativo, los testigos, peritos e intérpretes. Están autorizados, pero no obligados, a intervenir el actor civil, el civilmente responsable y el querellante particular.
La última parte del concepto nos introduce en el tema de los fines del proceso penal.