Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00203-de-marzo-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8c60891b6bc36096e0430a0101516096&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 02:08:51
Document Index: 9975209

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'artículo 257', 'artículo 161', 'artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 164', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4']

﻿ Sentencia 2004-00203 de marzo 4 de 2010
SENTENCIA 2004-00203 DE 04 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:PRINCIPIO DEL MÉRITO EN PROCESOS DE SELECCIÓN. REQUISITO DE IDONEIDAD Y CAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DE EMPLEO OFICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS, EJERCICIO DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS, CONCURSO DE MÉRITOS, CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS, CAPACITACIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA JUDICIAL, PRINCIPIO DE IDONEIDAD
Sentencia 2004-00203 de marzo 4 de 2010
Ref.: Expediente 4115-04
Rad.: 11001032500020040020301
Actor: Claudia Patricia Peñuela Arce
El problema jurídico se contrae a determinar si los actos acusados desconocen derechos tales como el de igualdad y acceso a cargos públicos, si vulneran el debido proceso al establecer etapas adicionales a las previstas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y si quebrantan el principio de legalidad al no tener en cuenta los estudios realizados por la actora.
En orden a tomar la decisión a que haya lugar, se impone el siguiente razonamiento:
El artículo 162 de la Ley 270 de 1996, faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la forma, clase, contenidos, alcances y demás aspectos de cada una de las etapas del proceso de selección, garantizando los principios de publicidad y de contradicción de las decisiones, actividad que en el presente asunto desarrolló con la expedición del Acuerdo 1550 de 2002.
“Esa facultad reglamentaria, deviene de la voluntad del constituyente de 1991, quien concibió al Consejo Superior de la Judicatura, como una institución que con agilidad y prontitud ordenara, administrara y reglamentara el talento humano y los recursos físicos para obtener justicia oportuna y eficaz, sin tener que acudir al Congreso de la República; cometidos para los cuales se le otorgaron facultades que van desde la planificación y elaboración del plan sectorial de desarrollo, la estructuración de la carrera judicial, entre otros, hasta las relacionadas con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos, tal como lo ordena el numeral 3º del artículo 257 de la Carta Política. Además, el artículo 161 de la Ley 270 de 1996, lo facultó para fijar los requisitos sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en particular, de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del servicio”(1).
Igualmente, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el artículo 164, define el concurso de méritos en la carrera judicial, las normas básicas que los rigen y las etapas que lo componen.
Sobre las anteriores bases, se entrará a decidir la solicitud de inaplicación de algunos apartes del Acuerdo 1550 de 2002, así como la posible nulidad de las resoluciones demandadas, de conformidad con los cargos que contra ellas se exponen:
1) Inaplicación del literal b), aparte 4.2 del numeral 4 del artículo 2º del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Dicho literal dispone:
“4.1. Etapa de selección.
Sea lo primero señalar que el acuerdo del cual se solicita su inaplicación parcial, convocó al XIII concurso de méritos para la provisión de los cargos de magistrados de tribunal administrativo y juez administrativo.
Considera la actora que con la disposición transcrita, se vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes porque se asignan 20 puntos por cada año de experiencia profesional, adquirida después de la exigida para el cargo, prerrogativa con la cual se beneficia a los concursantes de mayor edad.
Los procesos de selección se desarrollan con fundamento, entre otros, en el principio del mérito, según el cual el ingreso a los cargos de carrera judicial, el ascenso y la permanencia en los mismos, estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los diferentes empleos. Así mismo, por el principio de libre concurrencia e igualdad, según los cuales todos los ciudadanos que acrediten los requisitos exigidos en las convocatorias podrán participar en los respectivos concursos sin discriminación alguna.
Tales criterios no tienen otro fin que el mejoramiento en la calidad del desempeño en la función pública y permiten escoger a aquellas personas que por su idoneidad y capacidad resultan competentes para el ejercicio de un empleo oficial.
El establecimiento de ciertas reglas a cumplir por parte de todos los participantes, se constituye en una garantía para los mismos, permitiendo que el concurso se desarrolle con transparencia y objetividad, haciendo viable la aplicación de los instrumentos de evaluación.
Es necesario definir igualmente que la experiencia profesional mínima exigida como requisito de carácter general para optar a una dignidad judicial (art. 128 de la L. 270/96(2), no confiere puntaje alguno al participante, pues se trata de un presupuesto de orden legal para poder ser considerado y admitido en el respectivo concurso pero, en manera alguna, puede confundirse con la experiencia adicional a que hace referencia el literal b) del numeral 4.1 del Acuerdo 1550 de 2002, puesto que, como lo indica esta disposición, se trata de experiencia laboral adquirida con posterioridad a la requerida por aquella norma, siendo susceptible de valoración sólo la relacionada en el mencionado acuerdo.
En esas condiciones, es la experiencia adicional prevista en el Acuerdo 1550 de 2002, la que es objeto de asignación de puntaje, lo cual en nada contraría lo previsto por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por cuanto no constituye un requisito adicional a los exigidos por la ley como condición mínima de acceso al concurso y el hecho de no tenerla no quita al interesado la oportunidad de participar en él, si cumple con los requisitos establecidos en la Ley 270 de 1996.
La posibilidad de participación de personas cuya experiencia y formación están por encima de los mínimos requeridos, no vulnera los derechos señalados pues es fin de los concursos precisamente el de escoger a quienes posean mayores méritos y capacidades.
En suma, el hecho de haberse establecido en la aludida norma que la experiencia señalada generaría el reconocimiento de un puntaje adicional, no trae consigo inequidad o discriminación alguna respecto de los participantes, tal hecho no es un requerimiento y encuentra su justificación en los principios que informan los procesos de selección.
No hay lugar a inaplicación por este aspecto.
2) Inaplicación del artículo 4º numeral 4.1 Fase II Curso de formación judicial.
Tal disposición señala:
Afirma la parte actora que el concurso solo cuenta con dos etapas: selección y clasificación, las cuales se desarrollan con base en los principios del mérito y de igualdad. En su concepto, no podía crearse una nueva fase para tomar como criterio eliminatorio una estadística, pues para ello se hacía necesaria la expedición de un acto administrativo motivado.
Esta corporación(3), sobre el cargo formulado por la demandante, ha expresado:
“El concurso de méritos es, en los términos del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de distintos aspectos de la formación personal y profesional del aspirante al desempeño de cargos de juez o magistrado, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. Por tratarse de un concurso deben cumplirse una serie de etapas en las cuales se va reduciendo progresivamente el número de aspirantes porque, como regla general, este supera el de las vacantes por proveer.
En tal sentido resulta razonable que, una vez evaluados los puntajes obtenidos en la Fase I “Oposición”, que comprendió la prueba de conocimientos y aptitudes, la experiencia adicional y docencia, la capacitación adicional y las publicaciones y la entrevista, se establezca una cifra de cupos, que afectaría a todos los puntajes, favoreciendo a unos y excluyendo a otros, de manera que el curso de formación judicial pudiera impartirse a un número de aspirantes que corresponda a las posibilidades reales de provisión de cargos durante la vigencia del registro de elegibles, cuatro años. Es cierto que podría haberse llamado a la totalidad de los aspirantes al curso concurso o incluso a un universo inferior, por ejemplo el integrado por los que obtuvieron más de 800 puntos en la prueba de conocimientos y aptitudes, pero la administración decidió llamar a un conjunto distinto, el correspondiente al número de vacantes que con base en una proyección técnica podrán ser provistas durante los cuatro años de vigencia de la lista.
En consecuencia no puede afirmarse que la selección obedeció a un procedimiento discriminatorio, toda vez que sirvió a un fin constitucional, el previsto en el artículo 209 de la Constitución, conforme al cual la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad; y establece una limitación proporcionada del derecho a la igualdad pues tuvo como propósito llamar a la Fase II, la del curso de formación judicial, sólo al número de aspirantes, en estricto orden descendente del puntaje obtenido en la Fase I, que corresponda a las vacantes por proveer. Lo contrario implicaría desplegar un esfuerzo inane pues un altísimo porcentaje de los participantes en el curso no iba a ser llamado a cubrir las vacantes proyectadas.
En este sentido debe afirmarse que la selección planteada para pasar a la Fase II del concurso de méritos no contraría, como lo pretende la demandante, lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, según la cual el curso de formación judicial estará abierto a todos los aspirantes que estén interesados en formarse profesional y científicamente para el adecuado desempeño de la función judicial, pues de hecho el mismo estuvo abierto a todos los aspirantes siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en el proceso de selección en que consiste el concurso de méritos. Por ello cuando la Corte Constitucional afirma que debe respetarse el derecho a la igualdad no significa que todos deben ser llamados al curso de formación judicial sino que no debe presentarse discriminación en el desarrollo de dicho proceso, lo cual, como se ha expresado, no resulta contrario a la selección sucesiva que implica un concurso de méritos”.
Vale la pena anotar igualmente que esta corporación se pronunció sobre la norma acusada y declaró la nulidad de los apartes Sólo y continuarán en el concurso, atendiendo para el efecto la argumentación que en igual sentido al de la parte actora de este proceso se había expuesto en aquélla demanda. Discurrió así la providencia(4):
Afirma la parte demandante que los apartes demandados le dan un carácter eliminatorio al número de vacantes a proveer más un 25%, violan los artículos 164, 165 y 168 de la Ley 270 de 1996, pues quienes no alcancen a ser llamados al Curso de Formación Judicial quedan excluidos del concurso, aún cuando obtuvieron los puntajes exigidos en la Fase 1, circunstancia que atenta contra el principio del mérito, teniendo en cuenta que personas idóneas, escogidas y calificadas según la ley son eliminadas del proceso por un factor establecido por la norma demandada, que no está contemplado por la Ley Estatutaria de Justicia y que impide que las demás personas sean llamadas en caso de que la lista de elegibles no sea suficiente para proveer las vacantes existentes.
PAR. 2º—Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado. (se resalta)
PAR. 168.—Curso de formación judicial. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior...”.
Con fundamento en las normas transcritos la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 1550 de 2002 “Por medio del cual se convoca al XIII Concurso de Méritos para la provisión de Cargos de Carrera de la Rama Judicial”. En el artículo 2º numeral 4 señaló que el concurso de méritos comprende una etapa de selección que tendría carácter eliminatorio, compuesta por dos Fases, la primera denominada “oposición”, y la segunda “Concurso de formación Judicial”; y otra etapa de clasificación en la que se establece el orden de clasificación en el registro de elegibles.
“...Para estas pruebas se construirán las respectivas escalas estándar que oscilan entre 0 y 1.000 puntos y para aprobarlas se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos. Solamente quienes obtengan este puntaje mínimo continuarán en el concurso”.
De acuerdo con esta norma, quienes hayan superado la fase I, esto es, que hayan obtenido un puntaje superior a 800, pero que no alcancen a ser llamados a participar en el curso concurso en los términos del Acuerdo 1550 de 2002, quedan automáticamente excluidos del concurso, circunstancia que no se corresponde con lo dispuesto dentro de la Fase 1, teniendo en cuenta que allí determina claramente que quienes obtengan el puntaje mínimo establecido continuarán en el concurso.
Así lo señaló esta corporación(5):
“Del texto del artículo 168, inciso 1, de la Ley 270 de 1996 se infiere que el curso de formación judicial puede revestir dos modalidades la de curso concurso o la de requisito previo para el ingreso a la función judicial.
En el presente caso nos encontramos frente a la primera modalidad pues el curso integra una de las etapas del concurso judicial, por ello sólo puede tener carácter eliminatorio y no clasificatorio, como se establece en la norma demandada. Dicho de otro modo, los aspirantes a ser inscritos en el registro de elegibles de jueces y magistrados deben aprobar el curso referido toda vez que, según el artículo 168, inciso 1, de la Ley 270 de 1996, tiene efecto eliminatorio, esto es, su no aprobación implica la exclusión del concurso”.
Por lo expuesto, se declarará la nulidad de los apartes demandados Sólo y continuarán en el concurso u contenida en el artículo 2º numeral 4.1 del Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa.
Las anteriores consideraciones son suficientes para resolver el cargo y en consecuencia no acceder a la implicación propuesta por cuanto se ha considerado razonable que se llame al curso no a la totalidad sino a un número de concursantes equivalente al número de vacantes más el 25%, sin que ello signifique que quienes no fueron llamadas sean eliminados. Por el contrario, quedan en el registro y de ser necesaria la provisión de más vacantes a él se deberá acudir.
3) Nulidad de la Resolución 1751 de 2004.
Considera la actora que esta resolución, al establecer un límite máximo de aspirantes para ingresar al curso de formación judicial, estableció una nueva etapa y además de eliminación que no se encuentra previsto en la ley, pues tomó como criterio eliminatorio la estadística realizada por la entidad al señalar un número de aspirantes igual a 76 adicionados en un 25%, a quienes les permitió realizar el curso concurso.
Para efecto de definir el presente cargo, la Sala se remite a las consideraciones expuestas en el numeral anterior de esta providencia, en cuanto se consideró ajustado a la legalidad el hecho de que la entidad llame a un número razonable de los aspirantes que aprobaron el concurso al curso, lo cual no significa que quienes no lo sean, queden eliminados del mismo, pues pueden ser llamados posteriormente, dentro del término de vigencia del registro, en caso de ser necesario.
3. Nulidad de las resoluciones 1751 de mayo 7 de 2004 y 1835 de junio 2 del mismo año.
Considera la actora que dichos actos vulneran el Acuerdo 1550 de 2002, en la medida en que este permite que la capacitación por estudios pueda demostrarse a través de certificaciones sin necesidad de allegar el correspondiente título de idoneidad. En consecuencia, con su expedición se trasgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Señalan los numerales 2.7 y 4.1 —lit. c— del artículo 2º del Acuerdo 1550 de 2002, en su orden, lo siguiente:
“2.7. Presentación de documentación adicional.
La norma en comento contempla la posibilidad que tienen los concursantes que hayan superado las pruebas de conocimiento y aptitudes de allegar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de las listas de resultados de las pruebas de conocimiento y aptitudes:
1) Fotocopia de los diplomas del título o títulos de postgrado en derecho o el acta de grado correspondiente.
2) Las certificaciones que acrediten los estudios, docencia o experiencia adicional a que se refieren los literales b) y c) del punto 4.1 de esta convocatoria.
No asiste razón a la parte actora en su afirmación, en consideración a que la norma contempla dos hipótesis diferentes:
— Tratándose de la posibilidad que tienen los aspirantes de demostrar adicionalmente la realización de un postgrado la norma consagra la obligación de anexar, como prueba de su cumplimiento el título, el cual sólo puede ser sustituido por el acta de grado.
— La segunda hipótesis se refiere a la eventualidad de que el interesado pretenda demostrar estudios adicionales, los cuales por remisión de la misma norma, se refiere a los señalados en el literal c) del artículo 4º, ordinal 4.1, que no son otros que los programas de capacitación en áreas jurídicas, impartidos por la Escuela Judicial con una intensidad igual o superior a 125 horas académicas.
El hecho entonces de que se no se le hayan evaluado los estudios de postgrado por no haber obtenido el título académico, cumple con las previsiones de la convocatoria, norma de obligatorio cumplimiento para la administración y los administrados, cuya consecuencia, conocía la actora, pues la norma diferencia claramente los postgrados (especialización, maestría o doctorado) que como antes se dijo se prueban con el título o el acta de grado, de los programas de capacitación en áreas jurídicas impartidas por la escuela judicial, los cuales se prueban con una certificación.
En el asunto en examen la actora, según constancia expedida por el Secretario General de la Universidad Externado de Colombia, visible a folio 6 del expediente, aprobó los programas y cumplió los requisitos exigidos para la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y se le confirió el correspondiente título el 4 de mayo de 2004. El plazo para acreditar capacitación adicional venció el 4 de marzo de 2004.
Lo anterior, en virtud de que los resultados de las pruebas de conocimientos y aptitudes fueran publicados con la Resolución 49 de 2004, la cual permaneció fijada entre el 10 y el 19 de febrero de 2004, lo que quiere decir que la actora tenía plazo para presentar el título de Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas hasta la fecha antes citada.
Se concluye en consecuencia, que asistió razón a la entidad al no tenerle en cuenta dicho postgrado pues no le era permitido suplir el requisito del título o del acta de grado, con una certificación de la culminación de materias correspondiente a esa maestría, en aplicación del Acuerdo 1550 de 2002, que convocó al concurso referido.
4. Nulidad de las resoluciones 1751 de mayo 7 de 2004 y 1835 de junio 2 del mismo año.
Otro de los cargos que alega la actora contra los anteriores actos, lo hace consistir en que el título de Especialista en Gestión Pública, al decir de la entidad demandada en los actos acusados, no corresponde a un programa de postgrado y además no se encuentra relacionado con el área de derecho.
Para la Sala, contrario a lo afirmado por la entidad demandada en los actos acusados, el título de Especialista en Gestión Pública sí corresponde a un programa de postgrado y además se encuentra relacionado con el área de derecho, por lo siguiente:
• La actora es abogada, sobre lo cual no existe ninguna discusión.
• El mencionado título fue otorgado por la Escuela Superior de Administración Pública en convenio con la Universidad Industrial de Santander.
• Como lo dice el diploma que obra a folio 87 del expediente y el Acta de grado (fl. 88) a la actora le fue otorgado el título de Especialista en Gestión Pública.
• El programa de especialización según da cuenta el diploma, cuenta con la respectiva aprobación.
• Uno de los títulos requeridos para adelantar la especialización necesariamente era el de abogado, pues de otra forma no se explica la Sala cómo la actora pudo acceder a dicha institución para adelantarla, lo que indica que sí tiene relación con esta área, a lo que se agrega que incluyó materias tales como: Teoría del Estado y Política Pública; Régimen Constitucional y Organización del Estado Colombiano; Teoría Organizacional y Administración Pública; Régimen Administrativo; Régimen Financiero y Presupuestal; Gestión de Recursos Físicos; Economía de Empresa Públicas; Gestión de Recursos Humanos; Desarrollo Institucional; Descentralización y Reorganización Territorial; Control de Gestión; y Gerencia de Entidades Públicas (fl. 96), asignaturas cuya mayoría, tienen relación con el área de derecho.
• Además de lo anterior, la actora se graduó como Especialista en Gestión Pública el 28 de octubre de 1999 (fl. 88), esto es, que la documentación, como lo acepta el propio acto acusado, fue acreditada en oportunidad.
Concluye la Sala en consecuencia, que la entidad ha debido otorgarle a la demandante, conforme al literal c) del numeral 4.1 del Acuerdo 1550 de 2002, los quince (15) puntos por la obtención del título de postgrado —Gestión Pública— relacionada con el área de derecho y así se ordenará en la parte resolutiva de esta sentencia, para lo cual declarará la nulidad parcial de las resoluciones 1751 de 7 de mayo de 2004 y 1835 de 2 de junio de 2004.
En la medida en que se desconoce la situación de los demás aspirantes, estima la Sala que no es posible ordenar la modificación de la lista de admitidos al curso concurso, lo cual no significa que si la demandante logra ubicarse dentro de los llamados a participar en el mismo, por virtud de la asignación del puntaje que aquí se ordena, la entidad demandada deberá obrar en consecuencia. De la misma manera deberá proceder, en el caso de que con los puntos que por esta providencia se le otorgan por concepto de especialización, deba ser admitida para el de magistrado de tribunal administrativo.
Por último, cabe señalar que la Resolución 1751 de 2004, fue debidamente notificada mediante constancia de fijación el día 13 de mayo de 2004, desfijada el 25 de mayo de 2004 (cdno. 2 del exp., sin foliar), cumpliendo los requisitos de publicidad y contradicción establecidos en la Ley 270 de 1996, por lo que no se vulneró el debido proceso como lo señaló la actora al indicar que esta únicamente había sido publicada por internet, sin posibilidad de contradicción.
Por las razones que anteceden, se declarará la nulidad parcial de las resoluciones 1751 del 7 de mayo de 2004 y 1835 del 2 de junio de 2004, en cuanto no tuvieron en cuenta dentro del puntaje asignado a la actora, el relativo a la especialización que en Gestión Pública, realizó en la Escuela Superior de Administración Pública, en convenio con la Universidad Industrial de Santander, por las razones anotadas.
Las demás súplicas de la demanda, se denegarán.
DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 1751 del 7 de mayo de 2004, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se consolidaron los resultados de las pruebas y demás factores que integran la Fase I del concurso de méritos para la provisión de los cargos destinados a conformar el Registro Nacional de Elegibles, en relación con el puntaje asignado a Claudia Patricia Peñuela Arce.
DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 1835 del 2 de junio de 2004, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto no reconoció puntaje por la Especialización en Gestión Pública.
Como consecuencia de las declaraciones anteriores, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura procederá a reconocer a Claudia Patricia Peñuela Arce quince (15) puntos por capacitación adicional por estudios, conforme a la parte motiva de esta providencia.
La anterior providencia fue leída y aprobada por Sala en sesión celebrada en la fecha».
(1) Sentencia de 21 de agosto de 2008, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número interno 1185-2007, actor: José Javier Buitrago Melo.
(2) Dispone la norma: “Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la Rama Judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley: 1. Para el cargo de juez municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años.
PAR. 1º—La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.
(3) Sentencia de 11 de mayo de 2006, expediente 2491 de 2004, actor: Luz Yamile Bohórquez Flórez, C.P. Jesús María Lemus Bustamante.
(4) Sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 1126-06, M.P. Alfonso Vargas Rincón.