Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100318-II.html
Timestamp: 2018-01-22 00:05:40
Document Index: 83194462

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 217']

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2971-II, jueves 18 de marzo de 2010.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a registrar mediante la SCT y la SHCP en la cartera de proyectos de la unidad de inversión, y liberar los recursos destinados en el PEF para iniciar la construcción de un puente en Ciudad del Carmen, Campeche, que sustituya el de La Unidad, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, para promover, con el sector privado y organizaciones civiles, políticas y medidas públicas que apoyen una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y al Congreso de Guerrero a analizar la posibilidad de abrir y reacondicionar el centro infantil de recreación, ciencia y cultura, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la SCT y Capufe las gestiones conducentes a donar una porción del predio que ocupa el almacén zona norte de ese organismo para construir una secundaria en Tequexquináhuac, en Tlalnepantla de Baz, México, suscrita por los diputados José Luis Soto Oseguera y Sergio Mancilla Zayas, del PRI; y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, así como al gobierno de Guerrero, a construir un hospital general que atienda a la población indígena de La Montaña, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se formulan preguntas parlamentarias a la Sener en relación con la propuesta de Estrategia Nacional de Energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al titular de la SFP un informe sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Oaxaca; y a la PGR, datos respecto a la averiguación previa relativa al desvío de recursos federales cometido por funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la SE que informen respectivamente sobre el incremento de los combustibles y la vigilancia de los precios de productos y servicios de consumo y uso populares, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de legisladores para que medie entre el SME y el gobierno federal en el conflicto ocasionado por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
El año pasado esta soberanía tuvo a bien aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. En el cual, se asigna una partida de 120 millones de pesos para dar inicio a los trabajos relativos a la construcción de un nuevo puente en el municipio de Ciudad del Carmen, que sustituya al denominado Puente de la Unidad, que une la Isla del Carmen con tierra firme en el punto denominado Isla Aguada.
Esta obra, amigas diputadas y amigos diputados, es fundamental, no sólo para los campechanos, es una obra necesaria para toda la península de Yucatán, ya que la ubicación de éste, es estratégica para la seguridad y el comercio, de la península y del país.
El Puente de la Unidad se ha constituido como punto de referencia para el tránsito turístico nacional, ya que acorta distancias, así como referente obligado para la actividad petrolera del país con el resto del mundo; recordemos que ahí se registra las mayores reservas probadas de petróleo en el territorio nacional.
Este puente se construyó hace 27 años, y de acuerdo con los dictámenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la vida útil de éste, está en declive, por ello esta soberanía consideró necesario destinar recursos suficientes para modernizar y aumentar la capacidad instalada del puente, lo anterior permitirá generar ventajas competitivas que doten de un mejor servicio a los ciudadanos, empresas y gobierno.
Estas razones permitieron a la honorable Cámara de Diputados enarbolar un gran Proyecto Regional como el que se expone ante el pleno, que beneficia al estado de Campeche, así como a todas las entidades que integran la península de Yucatán.
Sin embargo, a dos meses de empezar el ejercicio fiscal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aún no programa el ejercicio del Presupuesto asignado para tal obra de infraestructura, generando incertidumbre entre los distintos beneficiarios de la obra a realizarse.
Por ello, presentamos este punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, remita a esta honorable Cámara de Diputados, un informe detallado, del actual estado que guarda el proyecto de construcción del nuevo puente en el estado de Campeche, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y que se indique la fecha de liberación de estos recursos económicos.
Diputadas y diputados, esta obra no debe estar sujeta a la discrecionalidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya que es una disposición tomada por esta soberanía, por lo tanto tiene que llevarse a cabo y vamos a estar pendientes de su pronta ejecución.
Campeche ha sido solidario con el resto del país. Sus recursos naturales han servido de palanca para el desarrollo de muchos sectores sociales de México, por esta razón reiteramos nuestro apoyo, para que se cristalice esta obra demandada por los campechanos, que además, beneficiará a varios millones de mexicanos que viven en Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.
Derivado de lo anterior, nos permitimos proponer a esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo como de urgente y de obvia resolución.
Único. Exhortar al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que presente un informe detallado del estado actual que guarda el proyecto de construcción del nuevo puente en el estado de Campeche, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, indicando la fecha de liberación de estos recursos económicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.
Diputados: Óscar Román Rosas González, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, José del Pilar Cordova Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez, Rolando Zapata Bello, Felipe Cervera Hernández, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Efraín Aguilar Góngora, Rodolfo Lara Lagunas, César Francisco Burelo Burelo, Pedro Jiménez León, Jorge Carlos Ramírez Marín, Liborio Vidal Aguilar, María Estela de la Fuente Dagdug, José Antonio Aysa Bernat, José Ignacio Seara Sierra, María Yolanda Valencia Vales, Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).
El que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias, desarrollando programas, asesoría de orientación y técnica, económica y financiera, para impulsar el autoempleo y las iniciativas emprendedoras de micro y pequeñas empresas, cooperativas, sociedades agrarias, al tenor de lo siguiente:
Las crecientes disparidades económicas y sociales entre los países han tenido como resultado un incremento de la migración tanto en Latinoamérica como en el mundo. La gran mayoría de los países de la región se ha convertido en emisores de migrantes.
El fenómeno migratorio se ha intensificado en los años recientes, contando con una baja existente por la crisis mundial. Es un hecho que la globalización, la integración económica y la creciente interdependencia entre las naciones están contribuyendo a intensificar los movimientos migratorios. Asimismo, los modelos de desarrollo económico adoptados por los países latinoamericanos y del Caribe no han tenido los resultados esperados en cuanto a la generación de crecimiento económico y empleo, lo cual, aunado a las grandes asimetrías económicas regionales y a la presión demográfica heredada de los períodos de elevado crecimiento poblacional, ha intensificado las presiones generadoras de emigración.
Respecto las causas más importantes que generan la migración femenina son, entre otras: la pobreza, la falta de oportunidades laborales, la búsqueda de un mejor nivel de vida, y, aunado a esto, en las mujeres, la violencia Intrafamiliar.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que más de 11,8 millones de personas de nuestro país radican en Estados Unidos, de los cuales cerca del 55% no han regulado su situación migratoria. El 70% de los inmigrantes se encuentran entre 15 y 44 años, y solamente el 5.3% de ellos ha alcanzado formación profesional. Aproximadamente 75% envían dólares a sus familiares en México. La capacidad económica por las remesas es un aspecto de gran importancia y de flujo con relativa constancia para las familias de los inmigrantes.
Se reconoce que falta una política expresa para el desarrollo regional, donde los emigrantes y sus familias tengan una inclusión real, impulsada para el uso productivo de las remesas, que representan la segunda fuente de divisas en México. Se reconoce que "donde hay proyectos, el flujo de remesas se incrementa... Donde existe una participación de emigrantes mexicanos en los Estados Unidos hay una capacidad de organización más rápida que ayuda a que los grupos en México respondan más rápidamente". (Informe de la reunión de expertos sobre remesas en México Cepal)
Se mencionó la importancia de identificar zonas dinámicas para reducir el riesgo de la inversión de las remesas productivas.
En las conclusiones del "Informe sobre las jornadas de sociedad civil del Foro Global sobre Migración y Desarrollo", celebrada en Atenas los días 3 al 5 de noviembre de 2009: se recomienda la necesidad de reforzar el análisis de las remesas y el impacto de las mismas. "El análisis no debería limitarse solamente a las cifras brutas, sino que también debería considerar los beneficios y los costes de los individuos, sus familias y las comunidades. Aquí, como en otros temas del programa de investigación, las metodologías cuantitativas y cualitativas tienen que complementarse para entender la finalidad y la magnitud, además del proceso". Hace falta, así, comprender el hecho sociológico y económico.
En necesario establecer y desarrollar políticas, programas diversos, apoyos, asesorías e incentivos para que las remesas sean más productivas e impulsoras de desarrollo de las familias y de las comunidades de nuestros emigrantes. Existen proyectos piloto, programas que han impulsado desarrollo y buen funcionamiento, con asistencia de asesoría técnica; pero no pueden éstos, ser esporádicos y funcionar en sólo algunos lugares: se requiere de políticas, acciones y medidas concretas de tipo regional, estatal y federal.
En sí, las remesas constituyen un recurso de las familias de los emigrantes para enfrentar el empobrecimiento de sus condiciones de vida, pero a la vez sí pueden ser un fondo de ahorro e inversión en microempresas, de autoempleo y empleo familiar, porque, pero les podrían ofrecer posibilidad de mejoría, de desarrollo y en muchos casos de inversión adecuadamente organizada. De las remesas recibidas, aproximadamente el 98.5% se usaron en compras de autoconsumo, automóviles y enseres domésticos; mientras que sólo 1.5% se invirtió en proyectos productivos.
Debido a la crisis estructural, en octubre del presente año con relación al mismo mes del año pasado, las remesas que envían a sus familias los migrantes mexicanos cayeron en un 35.8%, señala en Banco de México y un estudio analítico del banco BBVA Bancomer; se explica por el desempleo que padecen los mexicanos en Estados Unidos, en noviembre de 2009, aproximadamente 13 de cada 100 emigrantes mexicanos se encuentran desempleados. "La disminución presentada en octubre es la mayor, en términos anuales, que la que se ha presentado desde 1996 cuando el Banco de México comenzó a llevar registro mensual de los ingresos por remesas", México recibió por concepto de remesas 1.692,1 millones de dólares, según datos del Banco de México, con lo que las remesas registran doce meses "con caídas consecutivas y muestran un retroceso de 16,1% en lo que va del año". Los inmigrantes mexicanos por lo que les ha costado: por el dinero invertido, por los inconvenientes, el esfuerzo y sacrificio realizados, en vez de pensar en su regreso y al envío de remesas a sus familiares, están dando prioridad a asegurar su permanencia en Estados Unidos.
Hasta el segundo semestre del 2010, en consonancia con la recuperación iniciante, estabilidad en la economía y mejoría en la variable del empleo en Estados Unidos, se realizarán mejorías consistentes en las remesas de los emigrantes, según los cálculos del BBVA Bancomer.
En el Informe sobre las jornadas de sociedad civil del Foro Global sobre Migración y Desarrollo de noviembre pasado, se hace la siguiente recomendación: mantener una relación de beneficio mutuo entre migración y desarrollo durante la actual crisis económica que repercute en la situación de los migrantes como en los movimientos, patrones y políticas de la migración. Con probabilidad no regresen en cantidades numerosas, pero afectará a su condición de emigrantes aumentando su vulnerabilidad. Por lo que "es importante que se integren los intereses y necesidades de los migrantes en las respuestas políticas que tienen como fin la recuperación económica... pueden ser parte de la solución, no el problema". Señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en México no hay un sistema financiero eficiente para familias de migrantes que reciben remesas principalmente desde EU: de las remesas que llegaban a México, aproximadamente 20 millones de dólares del 33% de las remesas que llegan a Latinoamérica, la mitad pasan por el sistema financiero, no obstante no existen productos eficientes como "hipotecas para vivienda o seguros de vida, o seguros de enfermedad, o sistemas de pago para la educación que perfectamente se pueden conseguir". Se requieren desarrollar programas para apoyar con asesoría de orientación y técnica, económica y financiera el desarrollo de empresas, micro, pequeñas y hasta medianas, del autoempleo, de las empresas familiares respecto a la explotación de la industria primaria, de los alimentos, de autoempleo, de forma e que exista un empleo más productivo y eficiente de las remesas de los migrantes, sus familias y las comunidades donde viven. Para esto se requiere la participación del Estado, del sector privado y de las organizaciones civiles.
El mismo Banco Interamericano de Desarrollo tiene un proyecto (TC0108017) para promover el empleo y aumento de ingreso en las comunidades rurales que tienen alta migración, a través de el impulso y apoyo "de actividades empresariales de grupos de productores establecidos principalmente por mujeres en los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Guerrero: interacción entre los productores de las comunidades de origen de los migrantes empresarios, mejorando las habilidades empresariales para producir microempresas y comercializar, proveyéndoles acceso al mercado e información, así como facilitando acceso al financiamiento apalancado por el capital que se aporta por los migrantes en el exterior".
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Único. Promover políticas y medidas públicas, con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles, a nivel federal y estatal, para apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias, desarrollando programas, asesoría de orientación y técnica, económica y financiera, para impulsar el autoempleo y las iniciativas emprendedoras de micro y pequeñas empresas, cooperativas, sociedades agrarias, como el apoyo de la explotación y exportación agroalimentaria, y como herramientas de inversión y crédito, hipotecas para vivienda, sistemas de pago para educación y seguros para enfermedad, entre otros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.
Con fundamento en lo dispuesto en lo artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por Guerrero e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta honorable asamblea, somete a consideración de los legisladores punto de acuerdo basándose para ello en la siguiente
En un contexto de alta competitividad internacional como el que se vive en la actualidad, el desarrollo de ciencia y tecnología resulta fundamental para el crecimiento económico, cultural y social de cualquier país. Es una realidad de facto que la ciencia y la tecnología se han convertido en elementos de gran importancia para el mejoramiento en la eficiencia y productividad de las actividades económicas, contribuyendo a la creación de nuevos productos y procesos de mayor beneficio para las empresas y familias.
El progreso científico y tecnológico también contribuye a incrementar el nivel educativo, a generar beneficios y desarrollo sociales, así como a elevar la protección del medio ambiente (tema por demás importante dada la crisis ambiental que se vive a nivel mundial). Todo ello justifica la razón por la cual los países desarrollados han acelerado el avance científico y tecnológico, incrementando la formación de recursos humanos en estos rubros. De ahí que el acervo de éstos en ciencia y tecnología de un país sea un indicador de su potencial para absorber y desarrollar conocimientos que se transformen en crecimiento económico y bienestar social.
En el caso del Estado mexicano, si bien es cierto que se conoce y se acepta la importancia de estos dos factores, también lo es el hecho de que no se ha realizado mucho. En nuestro país la cultura tecnológica es mínima y no puede ser de otra manera, ya que la educación en general, tal y como lo demuestran los estudios realizados por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es deficiente. De acuerdo con la prueba Enlace 2008, el 22 por ciento de los alumnos evaluados en sexto año de primaria padecen un nivel de "insuficiencia". Conforme se aumentan los niveles escolares, desafortunadamente, las cifras no mejoran: 55.1 por ciento, en tercero de secundaria, y 46.5 por ciento, en el último año de bachillerato. En cuanto al tema en cuestión, en los últimos resultados publicados por la OCDE ocupamos el lugar número 30 de 30, y en la muestra ampliada, el 48 de 57 para el manejo de las ciencias.
En Guerrero, la situación es todavía peor. La entidad se sitúa en los primeros lugares de analfabetismo (360 mil personas mayores de quince años son analfabetas, de acuerdo con la Secretaría de Educación en Guerrero), y en los últimos, en cuanto a desempeño académico. Por tanto, la ciencia y la tecnología en esta entidad son temas de los que pocas personas tienen conocimiento, a pesar de los grandes beneficios que en materia educativa pueden traer consigo, sobre todo si ésta se comienza a implantar a temprana edad.
Con el conocimiento de la enorme problemática que presenta la educación en México y, por ende, el atraso en materia de ciencia y tecnología (20 años de atraso con relación a los países punteros), los cuales se agudizan de manera notable en Guerrero, surge en 1995 el Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura (Circyc), situado en Chilpancingo. Esta institución, única en su género, tenía por objeto divulgar y despertar el interés por la lectura, la ciencia, la tecnología y la educación ambiental desde temprana edad. Se basaba en un concepto moderno de educación continua, de carácter no formal, abierto y flexible. Atendía alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), principalmente de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, así como de las regiones centro y montaña, esta última con los índices más altos de marginación en el país.
En su primer año de labor atendió a 9 mil 240 alumnos, maestros y padres de familia; durante 2003 la cifra aumentó a 162 mil 405. Dentro de las actividades que ahí se realizaban estaban las de brindar asesoría a los maestros en la impartición de clases de ciencia y tecnología; realizaba acciones permanentes que involucraban a investigadores y científicos; se daban pláticas de orientación vocacional; se atendía a niñas, niños y jóvenes con capacidades diferentes; realizaba exposiciones, así como viajes de divulgación a las zonas más marginadas del estado; los fines de semana alfabetizaban a vecinos de las colonias que lo rodeaban; periódicamente se instalaban observatorios astronómicos; y puso en marcha programas que contribuyeron a la reforestación de parques, jardines y áreas suburbanas de Chilpancingo. Todo ello le favoreció para obtener reconocimientos en diversos congresos nacionales e internacionales de ciencia y tecnología.
Dentro de la infraestructura de este centro se contaba con laboratorio de ciencias naturales, salas de medios educativos e informática (Red Edusat, Red Escolar, videoteca), sala de ecología (jardín botánico), sala de audiovisual (planetario), sala de lectura y recreación, cubús lúdico (ludoteca), estación Cyrcyc (vagón de la ciencia y sala de exposiciones) y un espacio de cultura del agua.
Sin embargo, con todos los beneficios que aportó al estado, este centro fue cerrado en 2007. En la actualidad, esas mismas instalaciones se han utilizado también como un centro educativo, sin embargo, éste sólo se limita a la regularización en matemáticas y español, y no a la educación integral que se proporcionaba en el Circyc.
Por lo mencionado, y con la firme convicción de que no existe mejor inversión a largo plazo que la educación, el suscrito, diputado federal, pone a consideración el siguiente
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación de Guerrero y al Congreso de la entidad a analizar la posibilidad de abrir y rehabilitar nuevamente el Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura (Crcyc).
José Luis Soto Oseguera, Sergio Mancilla Zayas, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Brindar servicios públicos de calidad y responder a las necesidades de la ciudadanía, es tarea y obligación de todo gobierno.
Los tiempos actuales demandan gobernar con eficiencia y eficacia; la ciudadanía no distingue límites de responsabilidad ni ámbitos de gobierno y cada día aspira a mejorar su calidad de vida.
La educación es un tema en donde no debe escatimarse ningún tipo de apoyo y por el contrario, se deben sumar esfuerzos para forjar un futuro más próspero para las nuevas generaciones, el Congreso de la Unión es el lugar donde deben forjarse los acuerdos y proyectos que brinden certeza a los ciudadanos.
Mejorar la infraestructura educativa es sin lugar a dudas una labor que compete a toda autoridad.
El municipio de Tlalnepantla de Baz, se encuentra enclavado en la zona metropolitana del valle de México y padece una alta densidad poblacional, por desgracia existen zonas en las que no se cuenta con espacios suficientes para la construcción de las obras necesarias y vitales para satisfacer las demandas sociales de su población; tal es el caso de la comunidad de Tequexquináhuac, situada en ese municipio.
Preocupados por esta situación, integrantes de esta legislatura respaldamos la solicitud que el ayuntamiento de Tlalnepantla, de manera unánime, realizó al gobierno federal para que del amplio terreno que actualmente ocupa el "Almacén Zona Norte de Capufe en Tequexquináhuac", se pueda desincorporar una porción de por lo menos 10 mil metros cuadrados para ser donada al gobierno del estado de México, a fin de que ahí se construya una escuela secundaria.
Se solicita la donación a favor del gobierno estatal, porque es la instancia que cuenta con los recursos presupuestales para la edificación de la obra; actualmente funciona en esa comunidad la secundaria "Licenciado Benito Juárez", que ocupa un espacio de 250 metros cuadrados y tiene una matricula de 490 alumnos, sus jóvenes estudian bajo condiciones muy adversas y no cuentan con los elementos necesarios para un pleno desarrollo, por desgracia en la zona no hay terrenos disponibles.
A mayor abundamiento es de destacarse que este predio originalmente pertenencia al pueblo de Tequexquinahuac; sin embargo con motivo de la construcción de la autopista México-Querétaro, Caminos y Puentes instaló ahí un campamento de trabajo, y es el caso que en 1993, esa entidad paraestatal, obtuvo una resolución judicial a su favor mediante una jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam.
Tenemos claro que el predio forma parte de las activos de esa empresa y de la Secretaría de Comunicaciones, sin embargo, éste está sobrado en demasía para sus necesidades; en el almacén de referencia también cuentan con una amplia zona deportiva que no se vería afectada, y la porción de terreno solicitada en donación nunca ha sido ocupada, y actualmente está enmallada como si fuera otro terreno y no parte del conjunto.
La superficie total del terreno cuya posesión tiene Capufe es de 39 mil metros cuadrados, y el predio que se solicita en donación, es de tan sólo una cuarta parte de éste, y no es usado.
Solicitar esta donación es un acto de justicia que entraña un gesto solidario del Congreso de la Unión para con los jóvenes del municipio de Tlalnepantla de Baz; y por supuesto de consumarse ésta, será sin lugar a dudas una retribución del gobierno federal y un apoyo firme para la educación de nuestro país.
Por lo expuesto, es que acudimos a esta soberanía a solicitarle que se pronuncie a favor del siguiente
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realicen las gestiones necesarias para la donación de una porción del predio que ocupa el Almacén Zona Norte de Capufe, para la construcción de una escuela secundaria en Tequexquinahuac, municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de marzo de 2010.
Diputados: José Luis Soto Oseguera, Sergio Mancilla Zayas, Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbricas).
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Que el derecho a la salud es el derecho más violado y menos garantizado para la población de la región de La Montaña del estado de Guerrero. Los casos documentados de la falta de acceso a la salud son múltiples.
El derecho a la salud es un derecho establecido en nuestra Constitución en el (artículo 4):"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". El Estado tiene tres obligaciones: respetar, proteger, y cumplir el derecho a la salud. Esto quiere decir que no basta que haya servicio de médicos privados; para la población que no puede pagar, que no está afiliada a un sistema de seguridad social como el IMSS o ISSSTE, el Estado está obligado a proveer dicho servicio.
Aproximadamente el 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.
La Montaña tiene un hospital general para atender a 19 municipios de Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Chilapa, comunidades de Ahuacotzingo y comunidades del municipio de Joaquín de Herrera, existe una alta demanda del servicio de salud por parte de las comunidades y sólo existe un hospital que ya no puede atender a todos debido a que no cuenta con el personal médico especializado, la infraestructura, ni medicamentos indispensables, equipamiento médico adecuado, los pobladores de las regiones más apartadas de la cabecera municipal tienen que viajar durante horas para que sean atendidos por algún especialista, ya que en muchas comunidades no existe un centro o una casa de salud, y el viaje resulta costoso para los familiares del enfermo, y este gasto no lo cubre el Seguro Popular, las mujeres en proceso de parto mueren en el camino pues no alcanzan a llegar al hospital más cercano, también las personas que padecen una enfermedad y que viven en pobreza extrema, terminan vendiendo lo poco que tienen para pagar los gastos de atención médica.
Diputadas y diputados; del gasto federalizado para el estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2010 en aportaciones para la salud, aprobamos 2,680 millones de pesos, un incremento de 136 millones de pesos con relación al ejercicio fiscal 2009, también aprobamos un fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad por 37 mil 151 millones de pesos.
Es urgente destinar dichos recursos para la construcción de un nuevo hospital general en la región más pobre del país, a efecto de revertir los índices vergonzosos de mortalidad a causa de la falta de atención médica.
Nuestro compromiso es con los pueblos indígenas que constituyen un grupo poblacional históricamente excluido del desarrollo nacional y privado del disfrute de sus derechos.
Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la SHCP, la Secretaría de Salud y al Gobierno del estado de Guerrero, construyan un hospital general, para la atención de la población indígena de la región de La Montaña del estado de Guerrero.
Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)
Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a esta soberanía punto de acuerdo con pregunta parlamentaria al tenor de las siguientes:
La estrategia nacional de energía presentada por la Sener, no es un plan bien estructurado. Más bien parece una estratagema, una artimaña, en la que sólo se dice qué se piensa hacer y cuáles son las metas (buenos propósitos; pero no se precisa el cómo, cuándo, en dónde y con qué recursos humanos y económicos se lograrán las metas supuestas en el documento mal llamado estrategia nacional de energía, elaborado por cierto por la compañía extranjera Mckinsey.
El plan presentado como estrategia es inaceptable desde el punto de vista técnico, ya que necesariamente está basado en información originada en Pemex exploración y producción que, por el desmantelamiento de sus cuadros técnicos, carece ahora de la capacidad de análisis requerida para formular un Programa Nacional de Energía. Esta aseveración se fundamenta en el fracaso de las últimas metas establecidas para las producciones en Cantarell, Chicontepec, en la cuenca de Burgos, en Jujo Tecominoacán y en Samaria. Si en estos campos, en los que Pemex Exploración y Producción (PEP) cuenta con amplia y confiable información, por estar en desarrollo desde hace muchos años, no se han cumplido las metas establecidas, es lógico concluir que presentar metas basadas en recursos imprecisos de campos por descubrir y desarrollar, no tiene la menor credibilidad.
Por ejemplo: de Chicontepec se llegó a decir que produciría un millón de barriles por día; de Cantarell, que en el 2001 ya no se quemaría gas natural a la atmósfera; de Jujo-Tecominoacán, que llegaría a producir más de 100,000 barriles por día y de Samaría y de la cuenca de Burgos, que aumentaría su producción.
Por lo anteriormente expuesto, en términos del artículo 93 constitucional, solicito a este Pleno apruebe las siguientes:
Preguntas Parlamentarias: 1. ¿La plataforma de explotación de crudo propuesta de 3.3 mbd, que ha producido la sobreexplotación de nuestros yacimientos se basa en lo que debemos vender o en lo que nos quieren comprar?
2. ¿Cómo es factible garantizar la seguridad energética aumentando la producción de un recurso finito y no renovable como es el petróleo?
3. ¿La estrategia energética, referente al petróleo tiene como objetivo asegurar nuestra soberanía energética o apoyar a la de EUA?
4. ¿Crear el mayor valor económico de los recursos de hidrocarburos sin definir horizontes de tiempo no es contradictorio con el garantizar el futuro de la seguridad energética nacional?
5. ¿Cuál es el significado en la propuesta de "Estrategia" de romper "paradigmas" en la industria petrolera, sin especificar cuáles? ¿Se refiere a la apertura de las áreas de exclusividad del Estado a inversión privada nacional y extranjera?
6. ¿Qué se quiere decir con: "desarrollar aplicaciones comerciales conjuntas", al referirse a la intensificación de la colaboración con actores internacionales expertos?
7. ¿Por qué cuando se habla de "aumentar la capacidad de ejecución de Pemex" se plantea recurrir a las empresas transnacionales y no al desarrollo de capacidades propias?
8. Considerando que producir petróleo en Chicontepec no ha sido rentable, conforme a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las solicitudes de información con números de folio 1857500001410 y 185750028909 del IFAI, por ejemplo en 2009, el costo por producir un barril de petróleo en Chicontepec ascendió a más de 2,000 pesos, por barril ¿Cuál es la razón de continuar con el desarrollo de Chicontepec?
9. ¿Por qué PEP continúa contratando los servicios de compañías que han inducido (solicitud de información folio 1857500111209 del IFAI) el desarrollo de los proyectos fallidos de inyección de nitrógeno en los campos Jujo-Tecominoacán (JT) (solicitudes de finformación folios 1857500042509, 1857500052109, 1857500070409 y 1857500097309), Samaria (folios 1857500097409, 1857500111309 y 1857500120209) y Cantarell?
10. ¿Por qué PEP continúa contratando los servicios de compañías que han sido acusadas públicamente por realizar prácticas corruptas en el portal de International Business Leaders Forum (www.iblf.org/docs/geography/extractives.pdf)?
11. ¿Cómo se explica que poner a producir un pozo similar a los de Chicontepec cueste en Estados Unidos la tercera parte de lo que paga PEP a cualquier contratista?
12. ¿Cuáles son los resultados de las reservas, en sus tres clasificaciones, recientemente calculadas para Chicontepec por la compañía Ryder Scott?
13. ¿Cuál es la tasa interna de retorno calculada para las inversiones programadas en la explotación de los recursos petroleros contenidos en aguas profundas?
14. ¿Qué estímulos económicos obtendrán las compañías con los contratos de los laboratorios de campo para Chicontepec y cómo se les pagará si proponen alguna tecnología que permita aumentar la capacidad de producción de los pozos o las reservas probadas de hidrocarburos? Se requieren copias de los contratos otorgados, así como el modelo de "contratos de desempeño" a que se refiere la propuesta de estrategia nacional de energía en las páginas 18 y 63.
15. Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo por zonas, haciendo especial énfasis en Chicontepec y Cantarell, se solicita la información actualizada por trimestre.
16. Plan de Inversiones completo para Pemex 2010-2024, considerando que no se detalla nada en la Estrategia Nacional Energética.
17. ¿Qué pasa con la refinería anunciada y el uso óptimo de las existentes?
18. ¿Hay algún cambio de planes en la refinería anunciada, pues se sabe que ya se redujo su capacidad para producir gasolina de 500 mil barriles a sólo 300 mil barriles. Y hasta cuando se pospone su construcción.
19. ¿Se insistirá en vender crudo al extranjero, dejándoles el valor agregado para comprarles los productos?
20. ¿Cuánto cuesta importar un litro o galón de gasolina desde el extranjero y cuanto cuesta producirla en el país. El dato debe ser periódico una vez al mes o cuando menos una vez cada trimestre. Cuánto cuesta refinar un galón o litro como proporción del costo de un barril de petróleo crudo?
21. ¿Por qué sigue Pemex ahorcado, en vez de producir, como lo hace hasta la fecha, el etileno, que es un carburo de hidrógeno y por lo tanto constitucionalmente exclusivo de la Nación? ¿Por qué en vez de endeudar más a Pemex, lo fortalecen dejando que desarrolle su producción de etileno, lo mismo que otros productos?, ¿Por qué le quitan, entre otras, una actividad tan rentable?
22. ¿Se seguirá insistiendo en las plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica, cuando carecemos de gas y nos sobra combustóleo que malbaratamos?
23. ¿Cómo se compone el precio de la electricidad que CFE compra a empresas particulares y qué costos se generar para CFE por el hecho de que las plantas se construyen no sólo por contratistas, sino que son financiadas por contratistas?
24. Sobre Luz y Fuerza del Centro (LFC), se solicita el inventario de bienes y activos de LFC, previamente a la desincorporación y el actual, los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo.
25. ¿Cómo se administran las herramientas, los bienes y los activos que a diario salen de los almacenes y centros de trabajo de LFC? ¿y quién responde administrativamente sobre estos y sobre el servicio?
26. ¿Cuál es el balance energético que se pretende lograr para 2024 con el 35% de energías limpias?
27. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la energía nuclear?
28. ¿Por qué se afirma que la energía nuclear es limpia? Cuando sus residuos resultan ser basura radiactiva que durará cientos e inclusive alguno isotopos radiactivos miles de años.
29. ¿Por qué se considera a la energía nuclear cuando sus desechos radiactivos contribuyen a la proliferación de armas nucleares y su uso representa un riesgo nacional debido a posibles fallas tipo three Mile Island o Chernobyl?
30. ¿Por qué se considera a la energía nuclear cuando no hay suficientes reservas de uranio mineral y se crea una dependencia respecto al club de potencias atómicas para enriquecerlo?
31. ¿Por qué se considera a la energía nuclear sabiendo que toda la tecnología se va a importar aumentando la dependencia tecnológica del país frente a las potencias del mundo?
32. ¿Por qué no se diferencia a las energías renovables entre sí (eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, solares fotovoltaicas, solares termoeléctricas, de biomasa (termoeléctricas con leña, bagazo, biogás de rellenos sanitarios y de tratamientos de aguas residuales, etcétera), y se proponen metas específicas para cada una de ellas?
33. ¿Por qué en las metas para el sector eléctrico se habla de capacidad instalada y no de generación? ¿Esto generará distorsiones para medir la participación efectiva de las energías renovables?
34. ¿Cómo garantizara que la utilización de ER no signifique una simulación para la privatización de la energía eléctrica, como la Suprema Corte resolvió para el caso de la cogeneración y autoabastecimiento?
35. ¿Quién desarrolló el Plan estratégico que se presenta? ¿Nuestros técnicos y estrategas o alguna empresa transnacional de consultoría? Si es el primer caso ¿quiénes?; si es el segundo ¿cuál? También para aumentar la capacidad de ejecución de las autoridades del sector energético, ¿se contrató a expertos de aquellos lares? Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Enrique Ibarra Pedroza, Mario di Costanzo Armenta, Pedro Jiménez León (rúbricas)
El que suscribe, diputado Balfre Vargas Cortez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Primero. En enero de 2007 la Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social realizó 15 auditorías a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, encontrando graves irregularidades en el ejercicio y la comprobación de recursos, como lo demuestra la auditoria OAX/001/07 que arrojó un desvío de recursos federales por 254 millones de pesos.
Con base en esta información –que revela la existencia de una extensa red de corrupción en Oaxaca– la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública presentó dos denuncias penales ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República en ese año 2007, a las que se les asignó el número de averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, por el desvío a cuentas bancarias no autorizadas recursos federales destinados originalmente al acondicionamiento de hospitales, programas de atención médica infantil, y la prevención y el control del sida, cuyo panorama epidemiológico ubica a este estado del sureste en el noveno sitio en torno al impacto de esta epidemia y que afecta principalmente a amas de casa de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud estatal, y cuyo Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida para todo el estado de Oaxaca (Coesida), se ubica precisamente en la región de San Bartolo Coyotepec a donde iban destinados los recursos federales que se desviaron.
Segundo. El dinero en cuestión corresponde a un convenio de coordinación y reasignación de recursos, firmado el 21 de septiembre del año 2005, por la Secretaría de Salud federal y el gobierno de Oaxaca. El monto de dicho convenio ascendía a 254 millones de pesos, los cuales serían destinados para poner en funciones el hospital regional de alta especialidad, ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec.
De acuerdo con las auditorías practicadas se detectó que servidores públicos oaxaqueños aplicaron discrecionalmente los recursos federales para financiar programas diversos a los autorizados, pagos irregulares, transferencias interbancarias distintas a las autorizadas, con el propósito de financiar otros programas estatales ajenos a los objetivos del convenio, como contratar obra pública no estipulada y la adquisición de instrumental médico.
Tercero. Ha pesar de que en Oaxaca aún existen enfermedades como la malaria, es uno de los estados más rezagados en materia de salud a escala nacional, incluso, sus indicadores son similares a los países más pobres de África. Sin embargo, funcionarios estatales encabezados por Ulises Ruiz Ortiz, han sido omisos y negligentes en erradicar los problemas más apremiantes y que más aquejan a los oaxaqueños, como los que corresponden en materia de salud, tal como se demuestra con el desvío millonario, del que se da cuenta, de recursos públicos en el manejo de programas federales.
En esta red de corrupción se encuentran involucrados el ex secretario de Salud estatal Juan Ramón Díaz Pimentel quien presuntamente desvió 6.5 millones de pesos de los 254 detectados, durante su gestión del 1 de diciembre del 2004 al 31 de octubre del 2005, y a quien en pasados días la juez segunda de Distrito del Reclusorio Norte, Graciela Malja, dictó formal prisión en la causa penal 110 / 2009 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217 del Código Penal Federal.
La juzgadora halló indicios de que este ex funcionario autorizó, contrató y pagó una construcción conocida como "Pabellón de Oncología", en un principio con recursos cuyo origen es incierto, y ya luego con recursos federales, cuyo proyecto no formaba parte del señalado para el hospital de especialidades.
De la imputación se desprende que Juan Ramón Díaz Pimentel emitió un acuerdo administrativo para aplicar recursos federales al pabellón, para lo cual tuvo que signar el cheque número 019 del 20 de octubre de 2005 por 6 millones 500 mil pesos con cargo a la cuenta bancaria 00194538938 de Banorte, a nombre de "SSO Equipamiento Hospital de Especialidades.
De lo que se desprende que los recursos presupuestados de forma exclusiva para el hospital de especialidades, fueron desviados para cubrir los pasivos del pabellón de oncología.
Cuarto. También se encuentran involucrados en esta red de funcionarios corruptos, el actual titular de la Secretaría de Salud oaxaqueña, Martín Vásquez Villanueva, el cual enfrenta la indagatoria 007/UEIDCSPCAJ / 2007, por irregularidades en recursos del ramo de salud otorgados en 2006 por un monto de 75 millones de pesos.
Los demás implicados en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades son Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario de Salud; Raúl Josafat Cortés Agüero, ex subdirector de finanzas; Sonia Martínez Montiel, jefa de departamento de adquisiciones y secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Adolfo Jesús López Valdez Mañón, ex secretario técnico de los servicios de salud; Miguel ángel Martínez Santiago, jefe del departamento de control presupuestal y vocal del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Jesús Martín Mier, jefe del departamento de almacenaje y distribución; Aarón Pérez Bautista, vocal del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Adolfo Peña Castro, vocal del comité de adquisiciones; Juan Manuel Murcia Rodríguez, vocal del comité de adquisiciones; Miguel Ángel Colmenares Martínez, vocal del comité de adquisiciones; Miguel Ángel Nakamura López, vocal del comité de adquisiciones; y Ángel Luis Rivera Hernández, director de control del ejercicio presupuestal en la Secretaría de Salud federal. Y por el delito de ejercicio indebido del servicio público Arturo Pérez Estrada, director general de desarrollo de la infraestructura física de la secretaría de salud federal.
Quinto. En Oaxaca la mayoría de la población de escasos recursos económicos no tiene acceso a los sistemas de seguridad social y se ven obligados a utilizar los servicios de los centros de asistencia social en los que por lo general escasean materiales y medicamentos, no hay duda de que la tendencia de las políticas gubernamentales van encaminadas a privatizar los servicios de salud, a la que además hay que agregarle la incompetencia y corrupción de funcionarios públicos como es el caso del que por este punto de acuerdo se denuncia y por el que se solicita a esta soberanía la creación de una comisión especial que de seguimiento al desvío, contrataciones indebidas y pagos ilegales con recursos públicos realizados por funcionarios públicos oaxaqueños, para que este caso no quede como tantos otros en la impunidad.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la presente con los siguientes
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública envíe un informe detallado sobre las auditorias realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca;
Segundo. Se solicita a la Procuraduría General de la República rinda un informe detallado sobre la averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, relativa al desvío de recursos federales, contrataciones indebidas y pagos ilegales hechos por ex funcionarios, funcionarios y ex colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.
Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2010.
El suscrito, diputado federal Pedro Ávila Nevárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
México, se vuelve progresivamente más pobre.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, de 2006 a 2008, 5.9 millones de personas pasaron a engrosar la estadística de pobreza de patrimonio; la cifra global creció de 44.7 a 50.6 millones de personas. Igualmente, el número de personas en pobreza alimentaria aumentó en 5.1 millones, llegando a un total de 19.5 millones en 2008.
Estos datos nos hablan de que a más de 19 millones de personas en nuestro país no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos.
50.6 millones de mexicanos –aunque inviertan en ello todo el ingreso del hogar– no pueden cubrir completamente el costo de una canasta alimentaria y hacer los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Hoy más que nunca, la situación es alarmante.
En diciembre del año pasado se acordó un ridículo incremento de 4.85 por ciento a las percepciones salariales para 2010, quedando en 59 pesos diarios el salario mínimo en promedio en las tres áreas geográficas. Este aumento en nada ayuda a recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores mexicanos. No alcanza para vivir dignamente, ni para cubrir las necesidades básicas indispensables.
Precios del día de hoy de algunos productos de la canasta básica en un mercado popular de la ciudad de México nos hablan de la distancia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica: azúcar, 15 pesos; huevo, 19; leche, 14.50 el litro; aceite, 21 pesos; tomate, 24; arroz, 16; atún, 9 pesos la lata, tortilla 8.50; carne de res, 86 pesos el kilo; pescado, entre 120 y 160 pesos el kilo. Muchos se alejan del alcance de las de familias. Otros, como la carne de res y pescado, se vuelven un lujo.
Lejos de emprender acciones que atiendan esta grave situación que padecen las familias mexicanas, el gobierno federal recrudece el castigo.
El fin de semana pasado, como parte de su estrategia de desliz en el precio de los combustibles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó su tercer incremento en el año –el quinto en cuatro meses– a los precios de los combustibles.
Este incremento se hizo a la callada, sigilosamente, anunciado mediante un comunicado emitido el viernes en la noche: un gasolinazo vergonzante. A partir del sábado, los particulares y transportistas, de pasajeros y carga, pagan 8 centavos más por cada litro de gasolina Magna y diesel.
Hacienda defiende los incrementos argumentando que son medidas responsables para fortalecer las finanzas públicas y dice que, para evitar impactos abruptos en la inflación, los ajustes son graduales y periódicos.
¡Falso! Recordemos que los dos últimos incrementos del año pasado se aplicaron el 19 y el 26 de diciembre y en 2010 el primero se aplicó el 1 de enero. ¡Tres incrementos en menos una quincena!; luego, 6 de febrero, y este último, 6 de marzo, ¿cuál periodicidad? La Secretaría de Hacienda no deja claro un patrón de incremento para las gasolinas y sorprende a los usuarios con incrementos a discreción e imprevistos, anunciados en la víspera.
Todos sabemos que al incrementarse las gasolinas, se incrementan los precios de los productos. Para el transporte de carga el diesel representa hasta el 25 por ciento de sus costos. Alguien tiene que absorberlo y generalmente son los consumidores finales.
Las finanzas públicas ciertamente son un componente importante de la economía de un país, pero no lo son todo. Se mira y opera con ojos miopes al privilegiar el funcionamiento del aparato gubernamental en detrimento de amplios sectores de la población. No se puede sacrificar a la población de menores ingresos en aras de una política tarifaria de dudosas metas y resultados. La insuficiencia de los ingresos, el desempleo que no cede y la falta de resultados en las políticas para mejorar el nivel de vida de la población nos colocan ante un severo riesgo, grave y eminente: el riesgo de un estallido social.
De no tomar medidas hoy, podemos lamentarlo dolorosamente mañana ante un desbordamiento del enojo social, del hambre y la desesperación de los millones mexicanos y mexicanas que no saben si mañana podrán llevarse el pan a la boca.
Como representantes populares nos corresponde demandar de los funcionarios del Poder Ejecutivo federal acciones que ayuden a remontar esta difícil situación y eviten las medidas que afecten a la población.
Por todo lo expuesto, someto a la consideración del pleno los siguientes
Primero. Se solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Ernesto Cordero Arroyo, que remita un informe a esta soberanía sobre 1) el calendario previsto para este año para los incrementos al precio de los combustibles, señalando con claridad las fechas y los montos de los incrementos;
2) informe sobre el destino que da a los recursos generados en virtud de dichos incrementos, explicando con detalle en qué obras y programas se invertirán. Segundo. Se emite un extrañamiento al secretario de Economía, ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, por la insuficiencia de la política de precios y se le solicita informe a esta soberanía sobre las acciones y resultados de la secretaría a su cargo para cumplir con la vigilancia de precios de productos y servicios de consumo y uso popular y para garantizar –como comprometió en enero de este año, que el alza en los combustibles no fuera una justificación para abusos contra el consumidor.
Palacio Legislativo federal, a 18 de marzo de 2010.
El suscrito, Francisco Hernández Juárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de solicitar la conformación de un grupo plural que medie en el conflicto ocasionado por la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, al tenor de las siguientes
Desde la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, hace poco más de cinco meses, la emisión del decreto de extinción del organismo descentralizado, el despido masivo de 44 mil trabajadores y trabajadoras, la consecuente resistencia de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta soberanía se han manifestado dos posiciones sobre el tema.
Asimismo, se ha propuesto crear una comisión mediadora para encontrar una salida negociada a este conflicto. La propuesta se hizo en la Comisión Permanente el pasado enero sin que se haya dictaminado. Esta propuesta se hizo a raíz del menosprecio que mereció la propuesta de una comisión de intermediación conformada por senadores de la República, el rector de la UNAM y el ex director del IPN. Recordemos que incluso ante movimientos armados se han conformado comisiones de intermediación cuyos resultados han dependido de la falta de voluntad negociadora del gobierno.
En ese sentido, propongo retomar la propuesta presentada por legisladores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia el 20 de enero pasado ante la Comisión Permanente, en pos de reencaminar el diálogo para encontrar una solución conforme a la ley y la justicia en el conflicto objeto de la presente proposición.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de un grupo plural de legisladores para que medie entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, con motivo del conflicto ocasionado por la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.