Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-1066-de-junio-10-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_fbb1096697580126e0430a0101510126&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 13:29:13
Document Index: 258829454

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DECRETO 1066 DE 10 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PROMULGA EL “ACUERDO DE COOPERACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA”, SUSCRITO EN BOGOTÁ, D. C., REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010. APROBADO MEDIANTE LA LEY 1582 DE 2012 POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, DELITO CON DROGAS ILEGALES, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, DELITO CON MATERIAL NUCLEAR, TRÁFICO DE MATERIAL NUCLEAR, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ACUERDO INTERNACIONAL, MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CONTROL DEL CONSUMO DE DROGAS
DIARIO OFICIAL N°:49178 DE JUNIO 10 DE 2014
DECRETO 1066 DE 2014
“Por medio del cual se promulga el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010”.
Que la misma ley en su artículo 2º ordena la promulgación de los tratados y convenios una vez sea perfeccionado el vínculo internacional de Colombia con el respectivo instrumento internacional;
Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1582 de 30 de octubre de 2012, publicada en el Diario Oficial Nº 48.599 de 30 de octubre de 2012, aprobó el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-749 de 2013 de fecha 30 de octubre de 2013, declaró exequible la Ley 1582 de 30 de octubre de 2012 y el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que mediante Nota Diplomática S-GTAJI-14-007565 de fecha 17 de febrero de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia notificó a la Oficina Europea de Policía (Europol) sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para la entrada en vigor del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que el artículo 21 del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010, dispone, en relación con la aplicación de sus disposiciones, lo siguiente:
Entrada en vigor y validez
Que la precitada nota fue notificada a la Oficina Europea de Policía (Europol) el día 24 de febrero de 2014, y en consecuencia el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010, entró en vigor el 24 de febrero de 2014.
ART. 1º—Promúlguese el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010.
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta copia del texto del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010).
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de junio de 2014.
“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica Entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá”,
D.C., el 20 de septiembre de 2010.
Visto el texto del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010, que a la letra dice:
Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía La República de Colombia y
la Oficina Europea de Policía (conjuntamente en lo sucesivo “las partes contratantes”)
Considerando que el Consejo de la Unión Europea otorgó a la Oficina Europea de Policía (en lo sucesivo “Europol”) autorización para entablar negociaciones para la firma de un acuerdo de cooperación con la República de Colombia el 23 de octubre de 2009;
a) “Decisión del Consejo sobre Europol” la decisión del consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol);
b) “Datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable: se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
c) “Tratamiento de datos personales” (en lo sucesivo “tratamiento”):
Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, así como el cotejo o interconexión, y el bloqueo, eliminación o destrucción;
d) “información”: los datos personales y no personales.
ART. 2º—Objeto del acuerdo.
La finalidad del presente acuerdo consiste en regular la cooperación entre Europol y la República de Colombia (en lo sucesivo, “Colombia”) con el fin de apoyar a este país y a los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional en los ámbitos citados en el artículo 3º del presente acuerdo, en particular mediante el intercambio de información y los contactos periódicos entre Europol y Colombia a todos los niveles apropiados.
ART. 3º—Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el acuerdo.
ART. 4º—Ámbitos de cooperación.
ART. 5º—Centro Nacional de Enlace.
ART. 6º—Autoridades competentes.
1. A efectos del presente acuerdo, en el anexo 3 del mismo figura una relación de los organismos judiciales y policiales de Colombia competentes en virtud de la legislación nacional para prevenir y luchar contra los delitos mencionados en el artículo 3º (en lo sucesivo, las “autoridades competentes”). Colombia notificará a Europol cualquier modificación que experimente esta lista en un plazo de tres meses a contar desde que dichas modificaciones entren en vigor.
ART. 7º—Disposiciones generales relativas al intercambio de información.
2. El intercambio de información especificado en el presente acuerdo tendrá lugar entre Europol y la Policía Nacional de Colombia y, si se estima apropiado, podrá incluir intercambios directos de información con las autoridades competentes establecidas de conformidad con el artículo 6º. Las partes contratantes se asegurarán de que el intercambio de información pueda efectuarse en un plazo de 24 horas. La Policía Nacional de Colombia garantizará que la información pueda compartirse sin demora con las autoridades competentes conforme se dispone en el artículo 6º, apartado 1.
ART. 8º—Suministro de información por Colombia.
ART. 9º—Entrega de datos personales por parte de Europol.
3. La transmisión ulterior de los datos por el destinatario inicial se limitará a las autoridades competentes mencionadas en el artículo 6º, y se efectuará en condiciones idénticas a las aplicables a la transmisión original;
4. El suministro de la información ha de ser necesario en cada caso para prevenir o combatir los delitos referidos en el artículo 3º, apartado 1;
10. Cuando Europol comunique a Colombia que ha borrado información transmitida a la misma, esta suprimirá tal información en consecuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 7, la Policía Nacional de Colombia podrá optar por no borrar la información si concluye, sobre la base de los datos consignados en sus archivos, y de mayor amplitud que los que posea Europol, que existe una necesidad ulterior de procesar dicha información. La Policía Nacional de Colombia comunicará a Europol de los motivos para continuar almacenando esa información;
4. Los datos personales en los que se revele el origen racial, las opiniones políticas o las creencias religiosas o de otra índole, o aspectos de la salud o la vida sexual, como a los que se alude en la primera frase del artículo 6º del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, solo se entregarán en casos absolutamente necesarios y de manera complementaria a otra información.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 2, subapartado 9, el período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión.
ART. 10.—Evaluación de la fuente y de la información.
ART. 11.—Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia.
ART. 12.—Asociación a grupos de análisis.
ART. 13.—Confidencialidad de la información.
3. La información que requiera medidas de seguridad adicionales estará sujeta a un nivel de clasificación de Colombia o Europol, que será objeto de una indicación específica. El intercambio de información clasificada entre las Partes tendrá lugar de conformidad con las detalladas medidas de protección que se describen en el anexo 1. El nivel de información clasificada que vaya a intercambiarse estará determinado por los correspondientes niveles de clasificación establecidos en la tabla de equivalencias que figura en el artículo 7º, apartado 3, del anexo 1.
ART. 14.—Funcionarios de enlace representantes de Colombia en Europol
ART. 15.—Responsabilidad.
ART. 16.—Disposiciones relativas a los medios de comunicación.
ART. 17.—Gastos.
ART. 18.—Resolución de controversias y litigios.
ART. 19.—Cláusula de reserva.
1. El intercambio de información con arreglo al presente acuerdo no comprende la asistencia jurídica mutua en asuntos penales. En consecuencia, nada de lo estipulado en el presente acuerdo perjudicará, ni afectará o repercutirá de otro modo en los derechos o las obligaciones generales relativos al intercambio de información contemplados en tratados de asistencia jurídica mutua, relaciones de trabajo en materia policial, o cualquier otro acuerdo o convenio relativos al intercambio de información entre Colombia y cualquier Estado miembro de la Unión Europea(1).
ART. 20.—Modificaciones y añadidos.
2. El cuadro de equivalencias consignado en el artículo 7º, apartado 3, del anexo I y en los anexos 2, 3 y 4 del presente acuerdo podrán modificarse mediante un intercambio de notas entre las partes contratantes.
ART. 21.—Entrada en vigor y validez.
ART. 22.—Extinción del Acuerdo de Cooperación estratégica.
ART. 23.—Resolución del acuerdo.
(1) Artículo modificado para aclarar que la asistencia jurídica mutua en asuntos penales no se verá afectada por el presente modelo de Acuerdo.
Del acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre Colombia y la Oficina Europea de Policía
a) “Información”: conocimiento que puede transmitirse en cualquier forma y que puede incluir datos personales y/o no personales;
b) “Información clasificada”: cualquier información o material determinado que requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que se haya designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación;
c) “Confidencialidad”: El nivel de protección atribuido a la información por las medidas de seguridad;
d) “Nivel de clasificación”: un marcado de protección atribuido a un documento que indica las medidas de seguridad que deben aplicarse a la información;
e) “Batería de seguridad”: una combinación específica de medidas de seguridad que se aplicarán a la información en función del nivel de seguridad;
f) “Principio de necesidad de conocer”: El principio conforme al que la información sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que tienen que conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones;
g) “Enlaces de comunicación seguros”: los enlaces de comunicación a los que se aplican medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la detección y la intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de métodos criptográficos);
h) “Europol Restreint UE/EU Restricted” (Europol - difusión restringida): el nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ser inconveniente para los intereses de Europol o uno o varios Estados Miembros;
i) “Europol Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol - Confidencial)”: El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría resultar inoportuna para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros;
j) “Europol Secret UE/EU Secret” (Europol - Secreto): el nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.
k) “Europol Très Secret UE/EU Top Secret” (Europol - Secreto riguroso): El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.
ART. 2º—Objeto.
ART. 3º—Medidas de protección
Cada una de las partes contará con una organización de seguridad y con programas de seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se aplicarán en los sistemas de seguridad de las partes para garantizar que se aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada sujeta al presente acuerdo. Los principios básicos y las normas de seguridad mínimas se establecen en los artículos 4 a 15 del presente anexo.
ART. 4º—Principio de “necesidad de conocer”
ART. 5º—Habilitación de seguridad y autorización de acceso.
ART. 6º—Elección del nivel de clasificación
ART. 7º—Tabla de equivalencias
2. Los niveles de seguridad de Europol remitirán a una batería de seguridad específica, tal como se establece en los artículos 9º a 16, que ofrezca diferentes niveles de protección además de la obligación de discreción y confidencialidad, limitación del acceso a la información del personal autorizado, protección de los datos personales y medidas generales técnicas y de procedimiento para proteger la seguridad de la información. Los niveles de seguridad dependerán del contenido de la información y tendrán en cuenta los efectos perjudiciales que el acceso, la difusión o la utilización no autorizadas de la información pudieran guardar para los intereses de las partes.
(Europol Confidencial) Colombia Confidencial (2)
Europol Tres Secret UE/EU
ART. 8º—Registro(2)
2. Estos documentos llevarán un número de expediente. En el caso de los documentos clasificados como “Europol Secret UE/EU Secret” y “Europol Très Secret UE/EU Top Secret”, o sus equivalentes en Colombia, se añadirá un número de copia.
ART. 9º—Identificación.
2. La información que corresponda al nivel “Europol Restreint UE/EU Restricted” (Europol - Difusión restringida) o a su equivalente en Colombia se identificará como “Europol Restreint UE/EU Restricted” o su equivalente en dicho país por medios mecánicos o electrónicos.
3. La información que corresponda al nivel de “Europol Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol - Confidencial) y superior, o a su equivalente en Colombia se identificará como “Europol Confidentiel UE/EU Confidential”, “Europol Secret UE/EU Secret” o “Europol Très Secret UE/EU Top Secret” o su equivalente en dicho país por medios mecánicos o electrónicos o mediante impresión en papel preestampillado.
ART. 10.—Almacenamiento.
2. La información clasificada por Europol o su equivalente en Colombia, sea información impresa o contenida en cualquier otro medio de almacenamiento portátil, solo podrá almacenarse en zonas de seguridad autorizadas.
4. La información clasificada como Europol Confidentiel UE/EU Confidential (Europol - Confidencial) o su equivalente en Colombia, sea información impresa o contenida en cualquier otro medio de almacenamiento portátil, solo podrá almacenarse en armarios de seguridad.
ART. 11.—Reproducción
3. La reproducción total o parcial de los documentos que contengan información clasificada como Europol Très Secret UE/EU Top Secret (Europol - Secreto) o sus equivalentes en Colombia solo podrá llevarse a cabo contando con la autorización del emisor, quien especificará el número de copias autorizadas.
4. La copia o la impresión de los documentos que contengan información clasificada como Europol Confidentiel UE/EU Confidential (Europol - Confidencial) o superior o sus equivalentes en Colombia solo podrá llevarla a cabo el Registro.
ART. 12.—Transmisión.
1. Los documentos clasificados como Europol Restreint UE/EU Restricted (Europol - Difusión restringida) o sus equivalentes en Colombia se transmitirán en el seno de la organización por correo interno, en un único sobre cerrado, y fuera de esta, por correo ordinario, en doble sobre cerrado, en cuyo caso únicamente el sobre interior se identificará con el nivel de clasificación correspondiente.
4. Se confirmará la recepción de la información clasificada, se haya enviado esta internamente o bien hacia el exterior.
6. A pesar del principio de “necesidad de conocer” y de la necesidad de contar con una habilitación de seguridad adecuada, la información clasificada como Europol Restreint UE/ EU Restricted (Europol - Difusión restringida) o su equivalente podrá enviarse por medios electrónicos, a través del sistema interno de correo electrónico, si cuenta con la aprobación de la Autoridad de Seguridad pertinente.
8. Los documentos clasificados como “Europol Secret UE/EU Secret o Europol Très Secret UE/EU Top Secret” no se remitirán por medios electrónicos, a menos que estos se hayan acreditado debidamente.
9. La información clasificada como “Europol Restreint UE/EU Restricted” (Europol - Difusión restringida) o “Europol Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol - Confidencial) solo podrá transmitirse al exterior a través de medios de comunicación seguros acreditados debidamente.
ART. 13.—Destrucción.
ART. 14.—Evaluaciones.
ART. 15.—Riesgo para la información clasificada.
Por lo que respecta a las formas de delincuencia enumeradas en el artículo 3º, apartado 1, del Acuerdo de cooperación entre Colombia y la Oficina Europea de Policía, y a los efectos del mismo, se entenderá por:
1) “Tráfico ilícito de estupefacientes”: los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen;
2) “Delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos”: los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7º de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente;
3) “Introducción ilegal de inmigrantes”: las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional;
4) “Trata de seres humanos”: la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
5) “Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados”: el robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos;
6) “Falsificación de los medios de pago”: los actos definidos en el artículo 3º del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago;
7) “Actividades ilícitas de blanqueo de dinero”: los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6º del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
(2) Indica el equivalente a la información casificada en Europol como Confidentiel UE/EU Confidential (Europol Confidencial).
Las autoridades competentes de Colombia, responsables en virtud de la legislación nacional de la prevención y la lucha contra los delitos mencionados en el artículo 3º, apartado 1 del acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre Colombia y la Oficina Europea de Policía son: la Policía Nacional de Colombia.
ART. 1º—Tareas de los funcionarios de enlace de Colombia.
La tarea de los funcionarios de enlace de Colombia (en lo sucesivo, los “funcionarios de enlace”) consistirá en apoyar y coordinar la cooperación entre dicho país y Europol. En particular, estos funcionarios serán responsables de facilitar los contactos entre Europol y Colombia, así como el intercambio de información.
ART. 2º—Estatuto de los funcionarios de enlace.
2. Los funcionarios de enlace serán representantes de las autoridades de Colombia responsables de la prevención y la lucha contra el delito, con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre dicho país y la Oficina Europea de Policía (en lo sucesivo, el “acuerdo”).
ART. 3º—Métodos de trabajo.
ART. 4º—Confidencialidad.
ART. 5º—Cuestiones administrativas.
ART. 6—Responsabilidad y casos de conflicto.
Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
LAT-396
Sentencia C-749 de 2013
Referencia: expediente LAT-396
Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2013
Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010.
El texto del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria 1582 del 30 de octubre de 2012, se incorporan como anexos de esta sentencia.
Dado el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y en tanto el contenido del mismo consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el instrumento internacional a la par con la Ley Aprobatoria 1582 de 2012.
Debe la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1582 de 2012, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010” por cuanto en sus aspectos formales y materiales cumple con los preceptos constitucionales.
Lo anterior, en razón de que se dio cumplimiento a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico y de otra, en la medida que sus objetivos y su contenido buscan la realización de los fines del Estado colombiano al regular la cooperación entre Europol y la República de Colombia, con el fin de apoyar a este último, y a los Estados miembros de la Unión Europea, en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional en los ámbitos del artículo 3º del acuerdo.
2.3. Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia.
Propugna por su exequibilidad, tras considerar que el convenio bajo estudio tiene previstas las disposiciones y regulaciones exigidas en el ordenamiento jurídico interno y la jurisprudencia nacional, para que pueda darse intercambio de información de personas entre países.
Además de lo expuesto, el “intercambio de conocimientos especializados, de los resultados de análisis estratégicos, la información sobre procedimientos de investigación penal, la información para la prevención del delito, la participación en actividades de formación y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones específicas”, previstos en el convenio guardan relación con los fines esenciales del Estado.
2.4. Superintendencia de Industria y Comercio.
No se encuentra objeción formal o sustancial de constitucionalidad, en relación con la Ley 1582 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010 máxime cuando la misma reviste una relevancia constitucional en la protección y los fines e intereses legítimos del Estado colombiano y se encuentra acorde a los parámetros y principios previstos en la Constitución y la ley.
2.5. Academia Colombiana de Jurisprudencia.
No se evidencia contrariedad entre el acuerdo y la Constitución Política, en tanto se orienta a regular la cooperación con la Oficina Europea de la Policía, con el fin de que Colombia y los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con un apoyo más en la lucha contra formas graves de delincuencia internacional, principalmente mediante el intercambio de información.
Lo anterior desarrolla varios principios y valores establecidos en nuestra Constitución Política, como lo son la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo como fin esencial del Estado; la razón de la institución de las autoridades para la protección de las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes.
Frente a la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la honra, el derecho al buen nombre y el hábeas data, el acuerdo es respetuoso de ellos, analizado desde el fin que se propone y la idoneidad del medio para alcanzarlo.
3. Concepto del Procurador General de la Nación(1).
Debe devolverse la Ley 1582 de 2012, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, para que proceda al saneamiento del vicio de procedimiento detectado en el primer debate y aprobación del proyecto de ley, al no seguirse el procedimiento establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, según el cual ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella en la que previamente se haya anunciado.
Frente al contenido material del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, debe declararse exequible, al encontrarlas ajustadas a la Carta Política (arts. 9º, 226 y 227), en tanto fortalece las relaciones entre Colombia y la Oficina Europea de Policía mediante el intercambio de información y conocimientos especializados tendientes a crear un frente común, contra la delincuencia y a su vez impedir el incremento de las diversas actividades delictivas que atentan contra el orden y la paz transnacional.
1.2. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.
1.3. En consecuencia, la Corte realizará el control de constitucionalidad del presente acuerdo y su ley aprobatoria, de la siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado; (ii) respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República; (iii) sobre la necesidad de la realización de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y en caso necesario, si la misma se llevó a cabo en debida forma y iv) sobre el contenido material de las disposiciones del tratado y la ley.
2.1.2. En cuanto a la representación del Estado colombiano durante este proceso, según certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, fue firmado en nombre y representación de la República de Colombia, por el entonces Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo a quien le fueron otorgados plenos poderes por el entonces Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, el 22 de junio de 2010(2).
2.1.3. Sobre este punto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Política, la rama ejecutiva en cabeza del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el acuerdo, el 19 de julio de 2011. Mediante dicho decreto se dio aprobación al “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, y se manifestó que obligaría al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo.
2.2. El proceso de formación de la ley en el Congreso de la República(3).
2.2.1. El proyecto de ley
2.2.1.1. Iniciativa y radicación
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, el 7 de septiembre de 2011, de conformidad con lo prescrito por la Constitución Política (art. 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 674(4) de septiembre 9 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (C. P., art. 157.1).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 751 del 5 de octubre de 2011(5).
El Proyecto de ley 125 de 2011 Senado fue anunciado previamente en la sesión del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, según consta en Acta 10(6), publicada en la Gaceta del Congreso Nº 153 de abril 17 de 2012(7) y conforme certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, de fecha 17 de enero de 2013(8).
— Aprobación en primer debate (quórum y mayoría).
El proyecto de ley fue discutido y aprobado el 16 de noviembre de 2011, conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, por doce (12) de los trece (13) Senadores, que conforman la Comisión y que se encontraban presentes en la sesión, según consta en la Acta 11(9) del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 155 del 17 de abril de 2012(10) y certificación(11) emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República(12).
2.2.2.2. Segundo Debate:
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 16 de noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 5 de diciembre de 2011, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C. P. art. 160).
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada favorablemente por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso 878 del 23 de noviembre de 2011(13).
El proyecto de ley fue anunciado en la Sesión Ordinaria del día 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta 24(14) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 36 del 16 de febrero de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión y conforme la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República(15).
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 5 de diciembre de 2011, según consta en el Acta 25(16) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 16 de febrero de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 87 de 100 Senadores, conforme certificación(17) expedida el 8 de enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República(18).
— Publicación texto aprobado en plenaria.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la Plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 946 del 7 de diciembre de 2011.
2.2.3. Trámite en la Cámara de Representantes.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 5 de diciembre de 2011, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 7 junio de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P., art. 160).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante a la Cámara Yahír Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 250 del 18 de mayo de 2012(19).
En anuncio de la votación fue realizado el 30 de mayo de 2012, según consta en el Acta 26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 563 del 28 de agosto de 2012(20), en los siguientes términos:
Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo Nº 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Segundo. Proyecto de ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y, Ministro de Defensa y Seguridad Nacional, doctor Rodrigo Rivera Salazar.
Ponente: honorable Representante Yahír Fernando Acuña Cardales.
Texto: Gaceta del Congreso Nº 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso Nº 250 de 2012.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
Citamos para el próximo martes 5 de junio a las 11 de la mañana.
Hace uso de la palabra la Subsecretaria, doctora Carmen Susana Arias Perdomo:
Se levanta la sesión a la 1:25 p. m.
(...)” (destaca fuera de texto).
Conforme a lo expuesto, la siguiente sesión de la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes se realizó el martes 5 de junio del mismo año, fecha en la que no se discutieron proyectos de ley, sino que se llevó a cabo una sesión de control político, como lo manifiesta el Secretario General de la Cámara de Representantes en su certificación cuando dijo: “Es de anotar que en la sesión del día 5 de junio de 2012, Acta 27, no hubo discusión y aprobación de proyectos de ley, en dicha sesión se realizó control político, número 563 del 28 de agosto de 2012. Páginas 23 a 34”, de manera que fue en la siguiente sesión llevada a cabo el día 7 de junio de 2012, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley(21).
El proyecto de ley fue aprobado el 7 de junio de 2012, por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de dieciséis (16) representantes, lo que se encuentra registrado en el Acta 28(22) del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 563 del 28 de agosto de 2012(23) y según consta en la certificación(24) expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del 6 de diciembre de 2012(25).
Para el Procurador General de la Nación, se presentó un vicio de trámite del proyecto de ley, al haber omitido el anuncio previo consagrado en el artículo 8º del Acto Legislativo 3 de 2003.
La Corte no comparte la conclusión a la que arriba el señor procurador, puesto que la disposición Constitucional si bien exige que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, y que se convoque para su aprobación en una fecha futura, también es cierto que esa fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. Lo anterior, en la medida que el objeto del anuncio previo es el conocimiento de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan determinar con claridad cuándo se realizará la votación.
En consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se estableció: “Anuncio de proyectos para la discusión y aprobación...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”, lo que permitía deducir que si bien la fecha para su discusión y aprobación no estaba determinada como una fecha cierta, era determinable, permitiéndose así la participación de las minorías en el debate parlamentario y respetando el principio democrático.
Además si la sesión siguiente al anuncio tuvo por objeto el ejercicio de control político y no la discusión y aprobación de proyectos de ley, era de esperarse que en ella no se llevaría a cabo el examen del proyecto de ley bajo estudio.
En conclusión, para la Corte no existe vicio alguno en el proceso de aprobación del proyecto de ley en el primer debate en la Cámara de Representantes.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 7 de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 25 de septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C. P. art. 160).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 595 del 6 de septiembre de 2012(26).
El proyecto de ley fue anunciado en la Sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta 155 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 14 del 6 de febrero de 2013(27) y conforme certificación del 1º de diciembre de 2012, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y radicada en esta corporación el 17 de diciembre de esa misma anualidad.
El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con el voto de los 150 Representantes presentes, según consta en el Acta 156(28) del 26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 15 del 6 de febrero de 2013(29) y acorde a certificación(30) allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes(31).
En la Gaceta del Congreso Nº 658 del 1º de octubre de 2012 se publicó el texto aprobado del proyecto de Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre de 2010, convirtiéndose en la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, la cual fue debidamente publicada en el Diario Oficial Nº 48.599 de 30 de octubre de 2012.
Mediante oficio recibido el día 31 de octubre de 2012, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación copia auténtica de Acuerdo y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de esta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
El proyecto de la ley, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre de 2010, (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas Cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
El examen material o de fondo de la constitucionalidad de las disposiciones del presente Acuerdo, consiste en juzgar las disposiciones de su texto y de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones de la Constitución Política, con el fin de determinar si se ajustan o no a ellas.
Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos (C.P., art. 9º) y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (C.P., arts. 150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equida(sic) la integración internacional comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (art. 226).
La Oficina Europea de Policía (Europol), fue creada mediante acuerdo en el tratado de la Unidad Europea, el 7 de febrero de 1992 e inició el ejercicio de sus actividades en 1994, bajo el nombre de Unidad de Drogas de Europol, combatiendo principalmente crímenes de narcotráfico. En 1998 se ratificó la Convención de la Europol, por todos los Estados miembros de la Unión Europea, entrando en vigencia el 1º de octubre de 1998. Actualmente cuenta con el aporte de 27 Cuerpos de Policía de la Unión Europea, que orientan su acción en problemas como tráfico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos y pornografía infantil, falsificación de dinero y otros medios de pago, tráfico de sustancias radioactivas y nucleares y terrorismo(32).
En razón del fenómeno de la globalización y de la evolución de los riesgos y amenazas a problemáticas transnacionales y globales, la Policía Nacional ha entablado canales de cooperación que permitan enfrentarlos de manera eficaz. Es así como el 9 de febrero de 2004 el Estado colombiano suscribió el primer Acuerdo de Cooperación Estratégica con Europol, firmado por el entonces director de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Daniel Castro, y el Director de la Europol, Jürgen Storkeck.
Posteriormente, con el fin de dar continuidad y un mayor alcance al acuerdo existente, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la Europol para suscribir el presente acuerdo con el Estado colombiano, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009, el cual señala:
“ART. 23. —Relaciones con terceros Estados y organizaciones.
1. En la medida en que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, Europol también podrá establecer y mantener relaciones de cooperación con:
a) terceros estados;
2. Europol podrá celebrar acuerdos con las entidades mencionadas en el apartado 1 que estén incluidas en la lista contemplada por el artículo 26, apartado 1, letra a). Tales acuerdos podrán referirse al intercambio de información operativa, estratégica y técnica, incluidos los datos personales y la información clasificada, siempre que se transmitan a través de un punto de contacto designado que figure en el acuerdo a que se hace referencia en el apartado 6, letra b), del presente artículo. La celebración de tales acuerdos requerirá la aprobación previa del Consejo, tras consultar al consejo de administración y, por lo que se refiere al intercambio de datos personales, una vez recabado el dictamen de la Autoridad común de control a través del consejo de administración (...)”(33).
En síntesis, encuentra la Corte que la Oficina Europea de la Policía (Europol) se encuentra facultada por el Consejo de la Unión Europea, para la celebración de acuerdos de cooperación con el Estado colombiano, que lo suscribió conforme a lo expresado en el numeral 2.1.2. de este providencia, según lo prescrito por el artículo 189.2 constitucional que señala que corresponde al Presidente de la República “Dirigir las relaciones internacionales (...) y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenio que se someterán a la aprobación del Congreso”.
3.3. El Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía.
El “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, se suscribió en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre de 2010 y se compone de un preámbulo, veintitrés (23) artículos y cuatro anexos:
Artículo 2º. Objeto del acuerdo.
Artículo 3º. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el acuerdo
Artículo 4º. Ámbitos de cooperación
Artículo 5º. Centro Nacional de Enlace
Artículo 6º. Autoridades competentes
Artículo 7º. Disposiciones generales relativas al intercambio de información
Artículo 8º. Suministro de información por Colombia
Artículo 9º. Entrega de datos personales por parte de Europol
Artículo 10. Evaluación de la fuente y de la información
Artículo 11. Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia
Artículo 12. Asociación a grupos de análisis
Artículo 13. Confidencialidad de la información
Artículo 14. Funcionarios de enlace representantes de Colombia en Europol
Artículo 16. Disposiciones relativas a los medios de comunicación
Artículo 17. Gastos
Artículo 18. Resolución de controversias y litigios
Artículo 19. Cláusula de reserva
Artículo 20. Modificaciones y añadidos
Artículo 21. Entrada en vigor y validez
Artículo 22. Extinción del acuerdo y de cooperación estratégica
Artículo 23. Resolución del acuerdo
3.4. Contenido del acuerdo.
3.4.1. Preámbulo.
En el preámbulo del acuerdo, se contempla la importancia de suscribirlo, con el fin de enfrentar los graves problemas que ocasiona la delincuencia organizada internacional y se señala la autorización conferida por el Consejo de la Unión Europea a la Europol, para entablar negociaciones, la inexistencia de obstáculos para la transmisión de datos personales, la existencia de un acuerdo previo desde 2004 y la autorización para la suscripción del acuerdo.
Esta declaración preliminar, se enmarca dentro de los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y tiene como soporte, la Decisión del Consejo de la Unión Europea del 6 de abril de 2009, artículo 23, que señala las relaciones con terceros Estados y organizaciones.
Encuentra la Corte que la importancia de la suscripción del Acuerdo consagrada en su preámbulo, armoniza con los fines del Estado colombiano y de sus autoridades de proteger a sus habitantes en su vida, honra y bienes, así como en el ejercicio de las garantías y libertades (C. P., art. 2º).
3.4.2. Definiciones artículo 1º.
Señala el significado para efectos del acuerdo, de las siguientes expresiones: “Decisión del Consejo sobre Europol”(34), “datos personales”(35), “Tratamiento de Datos Personales”(36) e “Información”(37), conceptos que dan claridad y permiten una adecuada interpretación del acuerdo por las partes del mismo.
3.4.3. Objeto del Acuerdo - artículo 2º.
La disposición contenida en el presente artículo señala que el objeto del acuerdo es regular la cooperación entre el Estado colombiano y la Europol, con el fin de apoyar la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, el cual se ejercerá en los ámbitos definidos en el artículo 3º, compromisos que están en consonancia con el deber del Estado y de sus autoridades (C. P., art. 218) de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia, para lo que podrá celebrar tratados internacionales con otros Estados o con entidades de derecho internacional, bajo condiciones de equidad y reciprocidad (C. P., arts. 2º, 9º, 150.16, 189.2).
3.4.4. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo de Cooperación, artículos 3º y 4º.
El artículo 3º define el ámbito de los delitos a los que se aplica el Acuerdo de Cooperación, delimitándolos a los que son competencia de la Europol, y sus delitos conexos, los cuales se encuentran especificados en el anexo 2 y que son: i) el tráfico ilícito de estupefacientes(38); ii) la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos(39); iii) la Introducción ilegal de inmigrantes(40); iv) la trata de seres humanos(41); v) la Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados(42); vi) la falsificación de los medios de pago(43) y las vii) actividades ilícitas de blanqueo de dinero(44) y lo delitos conexos, los cuales define como los cometidos para procurarse los medios para perpetrar las conductas delictivas antes descritas, y los delitos para lograr la impunidad.
Indica este artículo que una vez se modifique el mandato de la Europol, deberá ponerlo en conocimiento del Estado colombiano, a fin de introducir las modificaciones al acuerdo, las cuales solo entraran en vigencia una vez el Estado colombiano manifieste su aceptación, para lo que deberá cumplir con las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico interno (C. P., arts. 189.2, 150.16, 241.10).
El artículo 4º que delimita el ámbito de la cooperación, al intercambio de información, de conocimientos especializados, de informes generales de situación y de resultados de análisis estratégicos, así como la participación en actividades de formación, y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones delictivas, no contradice ningún postulado constitucional. Por el contrario, permite al Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra la delincuencia internacional, través de un mejor desempeño de las funciones de la Policía Nacional como organismo encargado del mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia. (C. P., art. 218).
3.4.5. Centro Nacional de Enlace, autoridades competentes, Asociación a Grupos de Análisis y Funcionarios de Enlace Representantes de Colombia en Europol – artículos 5º, 6º, 12 y 14.
Esta corporación, no tiene objeción de constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos 5º y 6º del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Europol, que establecen las condiciones para la aplicación del acuerdo, como son la designación de la policía nacional como el punto nacional de enlace entre la Europol y las demás autoridades competentes, el compromiso de celebración de reuniones periódicas y consultas entre Europol y la Policía, así como la designación de las autoridades competentes para prevenir y luchar contra los delitos referidos en el artículo 3º del acuerdo, en tanto busca establecer las condiciones de operación del acuerdo, que permitan a través de la cooperación mutua, cumplir los objetivos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia internacional, en salvaguarda de sus habitantes y de la seguridad del Estado colombiano y de los Estados miembros de la Unión Europea (C. P., arts. 1º, 2º, 216, 218).
Tampoco encuentra la Sala observaciones respecto de la constitucionalidad de los artículos 12 y 14 del Acuerdo, según los cuales la Europol podrá invitar a Colombia a incorporarse a grupos de análisis conforme al artículo 14 apartado 8 de la Decisión del Consejo de Europol, para lo que la Policía Nacional colombiana podrá emplazar a uno o varios funcionarios de enlace ante la Europol, quienes contarán con todo el apoyo de Europol, en la medida debido a la internacionalización del delito, su investigación a nivel trasnacional es de utilidad, garantiza la eficacia de la cooperación entre las partes y fortalece la capacidad de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia internacional, con las consecuencias positivas para el Estado colombiano y para sus habitantes.
Dado que estos funcionarios desempeñarán sus labores dentro de las dependencias de la Europol, y la posible sensibilidad de la información que manejan a efectos de los intereses del Estado colombiano y de su seguridad nacional, el acuerdo establece la confidencialidad de su información, señalando que sus archivos no podrán ser objeto de injerencia por la Europol, entre los que se encuentran “todos los registros, correspondencia, documentos, manuscritos, archivos informáticos, fotografías, películas y grabaciones pertenecientes a los funcionarios de enlace, o en posesión de estos”, disposición que para la Corte se ajusta a la Constitución.
Como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del acuerdo, está el asumir los costos de las telecomunicaciones y garantizar que los funcionarios de enlace dispongan de un acceso rápido a las bases de datos nacionales, —cuando ello sea técnicamente posible— necesarias para llevar a cabo sus labores mientras se encuentren en la Europol.
En el anexo 4 se describen en forma detallada los funcionarios de enlace, tareas, estatuto, métodos de trabajo, confidencialidad, aspectos administrativos y responsabilidad y casos de conflicto.
3.4.6. Disposiciones generales relativas al intercambio de información - artículo 7º.
Para la Corte las disposiciones del artículo 7º, referidas a la restricción del intercambio de información, a la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, a que su recolección, almacenamiento y transmisión se realice conforme a las disposiciones jurídicas de cada una de las partes, a la definición de las autoridades que se encargarán del intercambio de información y a la garantía de un nivel adecuado de protección de los datos, no riñe con ningún postulado de la Constitución Política, al estar orientadas a la salvaguarda de la seguridad y la vida de los habitantes del territorio colombiano (C.P., art. 1º y 2º) y a la protección de los datos intercambiados, en tanto ellos puedan afectar los procesos de investigación que realice la Policía Nacional en ejercicio de sus competencias (C. P., art. 218) y a la protección de los datos que puedan afectar a las personas (C. P., art. 15).
Las disposiciones del artículo 7º, relativas al derecho de las personas a acceder a la información que les ataña y a solicitar su comprobación, corrección, borrado o revelación, debiendo las partes informarse sobre ello; a juicio de esta corporación son concordantes con la Constitución Política, en especial con lo prescrito con el artículo 15, que señala que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en entidades públicas y privadas y a que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respeten las garantías consagradas en la Constitución.
Sobre este asunto la Corte en jurisprudencia ha dicho:
“El contenido del derecho al habeas data.
De conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, dentro de las prerrogativas —contenidos mínimos— que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer —acceso— la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular, salvo las excepciones previstas en la normativa”(45).
3.4.7. Suministro de Información por Colombia y Entrega de Datos por Europol - artículos 8 y 9.
Para la Sala, los artículos 846 y 947 del Acuerdo, que consagran las condiciones para el suministro de información entre Colombia y la Europol, entre las que resaltan: i) la indicación del motivo de la comunicación, las restricciones a su uso, borrado, destrucción y transmisión de la misma; ii) el procedimiento y plazos que se surtirán en la Europol, para definir la inclusión de los datos en sus bases de datos; iii) las condiciones que Europol y Colombia deberán cumplir respecto de las transmisiones de datos personales y iv) el deber de asegurar la protección de los datos mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas, no contravienen la Carta Política, en tanto constituyen disposiciones propias de la mecánica del intercambio de la información y de la protección de los datos suministrados por cada una de las partes.
Sobre la protección de datos, la Sentencia C-748 de 2011, expuso:
“La transferencia internacional de datos personales ha surgido como consecuencia de la globalización y los fenómenos de integración económica y social, en los que tanto las empresas como las entidades gubernamentales requieren transferir datos personales destinados a diferentes propósitos(48).
Debido a la necesidad de circular internacionalmente datos personales se han dispuesto reglas que deben observarse con miras a que los esfuerzos internos de protección de cada país no sean inútiles al momento de su exportación a otros países.
Europa ha sido considerada pionera en establecer fórmulas jurídicas tendientes a la protección de datos cuando se transfieren a terceros países. Así, uno de los presupuestos exigidos para que se pueda realizar la transferencia es que el país receptor cuente con un adecuado nivel de protección a la luz del estándar europeo”.
En consecuencia, las condiciones así establecidas, garantizan que el uso de los datos estará restringido a los fines del acuerdo, a los motivos que ocasionaron la solicitud, a que los datos no se transmitan a terceros sin la autorización del emisor y a la garantía de la seguridad a través de los medios tecnológicos pertinentes, en procura de la salvaguarda de los derechos de las personas a la intimidad y la honra y de la seguridad de los Estados (C.P., art. 15).
3.4.8. Evaluación de la fuente de información – artículo 10.
El artículo 10, señala que cuando las partes contratantes faciliten información con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo, indicarán la fuente de la misma, conforme a los siguientes criterios: “a) Que no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente, o si la información es suministrada por una fuente que haya resultado en el pasado ser fiable en todos los casos; b) Que se trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado ser fiable en la mayoría de los casos; c) Que se trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado no ser fiable en la mayoría de los casos; x) Que no pueda evaluarse la fiabilidad de la fuente”.
En relación con la fiabilidad de la fuente, señala el acuerdo que igualmente cuando las partes contratantes faciliten información conforme a lo dispuesto en el acuerdo, indicarán la fiabilidad de la misma, según a los criterios que se enumeran a continuación: “(1) Que se sepa que la información es verdadera sin reserva alguna;(2) Que la información sea conocida personalmente por la fuente, pero no personalmente por el funcionario que informa; (3) Que la información no sea conocida personalmente por la fuente, pero esté corroborada por otras informaciones ya registradas;(4) Que la información no sea conocida personalmente por la fuente y no pueda ser corroborada de ninguna manera”.
Se indica también la posibilidad de corregir las evaluaciones suministradas, la evaluación de información recibida, así como la posibilidad de suscribir memorándum de acuerdo, para llevar a cabo la evaluación de determinados tipos de información y fuente, los cuales se someterán a la aprobación de cada una de las partes contratantes, con arreglo a sus procedimientos internos.
Para la Corte, las normas contenidas en el artículo 10, son disposiciones de carácter operativo que se orientan a que la información que se suministre, incluya en la medida de lo posible, la fuente y la fiabilidad de la misma, en aras de que el receptor lo conozca. Lo anterior, para la Corte no contradice ningún postulado constitucional, sino que permite que la información recibida pueda ser clasificada y utilizada acorde a su calidad, coadyuvando a los propósitos de lucha contra la delincuencia internacional que permitirán la salvaguarda de la vida e integridad de los habitantes del Estado colombiano.
3.4.9. Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia, artículo 11.
El artículo 11 contempla las reglas sobre corrección y eliminación de la información suministrada por Colombia a la Europol y las advertencias que las partes se harán al respecto, disposiciones contra las que no hay reparo de constitucionalidad, por tratarse de reglas operativas relativas al mantenimiento de la información intercambiada entre las partes, por criterios de fiabilidad, actualización, falta de precisión, entre otros, aspectos, que fortalecen la posibilidad de que datos intercambiados contrarios a la verdad sean verificados, corregidos y el último caso eliminados, en garantía de los derechos de las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (C.P., art. 15) y en aras de que la información sea útil en la realización de investigaciones sobre la presunta comisión de delitos dentro de la lucha contra la delincuencia internacional.
3.4.10. Confidencialidad de la información, artículo 13.
Este artículo del acuerdo señala que toda la información tratada por Europol —excepto la expresamente reconocida como pública— estará sujeta a un nivel básico de protección, tratamiento que debe ser garantizado por las partes a toda la información intercambiada en virtud del acuerdo mediante la aplicación de una serie de medidas, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, la limitación del acceso a la información al personal autorizado y la adopción de medidas técnicas especializadas para proteger su seguridad.
La información que requiera de medidas de seguridad adicionales, estará sujeta a clasificación en Colombia y la Europol y su intercambio tendrá lugar de conformidad con las medidas de protección detalladas en el anexo 1.
Para la Corte la clasificación de la información por el nivel de seguridad que requiera, se aviene a la Carta Política en tanto permite la protección del derecho de las personas a su intimidad personal y familiar y al buen nombre, consagrados en el artículo 15 constitucional que señala que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar y hacerlos respetar... En la recolección, tratamiento y divulgación de datos se respetarán la libertad y demás garantías constitucionales” y en términos de la lucha contra la delincuencia internacional, permite la protección de la información que será el objeto para la toma de decisiones dentro de los procesos investigativos.
Sobre el tipo de información y el acceso o divulgación de la misma, esta Corporación, en Sentencia C-540 de 2012, resaltó:
“Clasificación de los datos personales. Esta Corte ha dividido los datos personales según el mayor o menor grado en que puedan ser divulgados:
“La información pública es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los documentos públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C. P. (...) Esta información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de autorización alguna para ello.
La información semiprivada es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación. Por ende, se trata de información que solo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales antes analizados. (...).
La información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, solo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones.
Por último, se encuentra la información reservada, eso es, aquella que solo interesa al titular en razón a que está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad (...). Estos datos, que han sido agrupados por la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”(49), no son susceptibles de acceso por parte de terceros, salvo que se trate en una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación. En este escenario, habida cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso, la información deberá estar sometida a la reserva propia del proceso penal”(50).
En consecuencia, las disposiciones contempladas en el artículo bajo examen, tendientes a la protección de la información intercambiada que no sea clasificada como pública, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, el deber de limitar el acceso a la misma y de implementar las herramientas tecnológicas requeridas, si bien pueden considerarse una restricción al derecho al acceso a la información, cumple con objetivos legítimos, por cuanto garantiza el derecho de las personas a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, a la protección de la garantías constitucionales frente a la recolección, tratamiento y divulgación de información, y propende por la realización de fines constitucionales como la seguridad y la defensa nacional, la integridad territorial, la soberanía nacional y el régimen democrático, frente a comportamientos punibles como son las amenazas producto del terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el lavado de activos, la delincuencia con el tráfico de vehículos, la falsificación de medios de pago, entre otros. (C. P., arts. 2º, 9º, 15, 113, 209, 217 y 218).
3.4.11. Responsabilidad, manejo de medios de comunicación y gastos – artículos 15, 16 y 17.
Encuentra la Sala que la disposición del artículo 15 que indica que Colombia será responsable de conformidad con su legislación interna, de lo daños o perjuicios que cause a personas físicas, como resultado de los errores de hecho o derecho en la información intercambiada con Europol y que si los errores se generaron como consecuencia de la información comunicada equivocadamente por Europol, esta deberá devolver los importes abonados como indemnización, es respetuosa de la Carta Política, en tanto la responsabilidad del Estado Colombiano se sujeta a su legislación interna, a que el daño haya sido ocasionado por su acción u omisión de sus agentes y que en el evento de que los daños se deban a la acción de la Europol, corresponde a esta última reembolsar los importes pagados a título de indemnización (C.P., art. 90).
La Corte no encuentra reparo de constitucionalidad frente a lo dispuesto en artículo 16 del acuerdo, que establece que las partes se abstendrán de comunicar públicamente la función, las acciones y la conducta de la otra, en cualquier investigación u otros asuntos que conlleven el intercambio de información si no media consulta previa.
Tampoco considera la Corte que riña con la Carta Política, el artículo 17 del acuerdo que señala que cada una de las partes sufragará sus propios gastos ocasionados en el curso de la ejecución del acuerdo.
3.4.12. Resolución de controversias, Clausula de reserva, modificaciones, entrada en vigor y validez, extinción del Acuerdo de Cooperación Estratégica y resolución del acuerdo, artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Las disposiciones referentes a: i) el sometimiento a un tribunal de arbitramento en caso de controversia; ii) la exclusión del acuerdo de la asistencia jurídica mutua en asuntos penales y la afectación de obligaciones de intercambio de información contemplados en otros tratados de asistencia jurídica mutua; iii) la posibilidad de introducir modificaciones al acuerdo, por escrito y con el consentimiento mutuo, previa aprobación del Consejo de la Unión Europea; iv) a su entrada en vigor, una vez Colombia notifique a Europol que el acuerdo ha sido ratificado; v) a la extinción del Acuerdo de Cooperación suscrito en 2004 y vi) a las reglas sobre la resolución del acuerdo, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir acuerdos de cooperación, proponer modificaciones y disponer la resolución del mismo, cuando lo considere conveniente, acorde al artículo 9º superior que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Para la Corte no riñe con la Constitución, el procedimiento bilateral de reforma al acuerdo, contemplado en su artículo 20, según el cual estas se realizarán mediante acuerdo mutuo entre las partes contratantes, siempre que conlleven a la modificación del alcance de su ejecución y no al establecimiento de nuevas obligaciones.
3.4.13. El anexo 1.
El artículo 1º de este anexo establece las definiciones de los conceptos de: i) información(51); ii) información clasificada(52); iii) confidencialidad(53); iv) nivel de clasificación(54); v) batería de seguridad(55); principio de necesidad de conocer(56); vi) enlaces de comunicación seguros(57); vii) Europol Restrient UE/EU restricted(58); viii) Europol Confidentiel UE/EU Confidential(59); ix) Europol Secret UE/EU Secret(60); x) Europol Trés Secret UE/EU Top Secret(61), las cuales constituyen un elemento importante en la adecuada interpretación del acuerdo y de las obligaciones de las partes, en la protección de los datos de cualquier tipo que puedan intercambiarse entre las partes.
El artículo 2º del anexo, señala las acciones que desplegarán las partes para la protección de la información clasificada, que sea intercambiada, en cuanto a su salvaguarda, el mantenimiento de la clasificación de seguridad que le haya asignado el emisor; la restricción del para los fines y dentro de los límites indicados por el emisor y la no comunicación a terceros sin la autorización del emisor.
Por su parte el artículo 3º del anexo, establece que “cada una de las partes contará con una organización de seguridad y con programas de seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se aplicarán a los sistemas de seguridad de las Partes para garantizar que se aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada sujeta al presente acuerdo”.
Los principios básicos y las normas de seguridad mínimas se establecen en los artículos 4º a 15 del anexo 1 que se enumeran a continuación: artículo 4º. Principio de necesidad de conocer; artículo 5º. Habilitación de seguridad y autorización de acceso; artículo 6º. Elección del nivel de clasificación; artículo 7º. Tabla de equivalencias; artículo 8º. Registro; artículo 9º. Identificación; artículo 10. Almacenamiento; artículo 11. Reproducción; artículo 12. Transmisión; artículo 13. Destrucción; artículo 14. Evaluaciones y artículo 15. Riesgo para la Información clasificada.
Examinado el contenido del anexo, se evidencia que su objeto es la determinación de las medidas de seguridad y protección de la información que se intercambie entre las partes, y que haya sido definida como clasificada, aspectos sobre los que la Sala no encuentra objeción de constitucionalidad, al tratarse de disposiciones operativas e instrumentales cuyo objeto final es la lucha contra la delincuencia internacional organizada y que reflejan el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, y demás derechos y libertades, sin que con ello se afecte la soberanía del Estado colombiano y la libre autodeterminación de los pueblos (C.P., arts. 1º, 2º, 9º, 113, 217 y 218).
3.4.14. El anexo 2.
Este anexo, define las formas graves de delincuencia organizada internacional que hacen parte del objeto del Acuerdo de “regular la Cooperación entre la Europol y la República de Colombia con el fin de apoyar a este país y a los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional (...)”.
Las formas de delincuencia son: el tráfico ilícito de estupefacientes(62), la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radioactivos(63), la introducción ilegal de inmigrantes(64), la trata de seres humanos(65), la delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados(66), la falsificación de medios de pago(67) y las actividades ilícitas de blanqueo de dinero(68).
Dichas definiciones permiten tener claridad sobre el ámbito de acción del intercambio de la información, entre la Europol y la República de Colombia, facilitando el desarrollo del acuerdo de Cooperación operativa y estratégica y como tal no revisten reparo de constitucionalidad alguno.
5.4.15. El anexo 3.
Por su parte, el anexo 3, señala que la autoridad competente y responsable en Colombia de prevención y lucha contra los delitos mencionados en el anexo 2, es la Policía Nacional, asignación que resulta conforme al artículo 218 de la Constitución Política, que establece que corresponde a ella el mantenimiento de la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades y garantías públicas.
3.4.16. El anexo 4.
Las disposiciones contenidas en el anexo 4, regulan el desarrollo de las tareas de los funcionarios de enlace, como lo son las labores a desempeñar, su estatuto jurídico, los métodos de trabajo, la confidencialidad de la información, aspectos administrativos y la responsabilidad y casos de conflicto, normas que por tratarse de aspectos operativos, no vulneran la Carta Política, sino que permiten la ejecución del acuerdo y el cumplimiento de las labores por las partes sin inconvenientes de carácter administrativo.
3.5. Conclusión sobre el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de la Policía.
3.5.1. El examen de validez formal del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre de 2010 y su ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano y la oficina europea de la policía, autorizada por el Consejo de la Unión Europea, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
3.5.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (C.P., art. 9º), el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (C.P., art. 2º), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y en el ejercicio de sus derechos y libertades (C.P., art. 2º), la protección del derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en los bancos de datos y en archivos públicos o privados (C.P., art. 15), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (C.P., art. 189.2), a la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con entidades de derecho internacional (C.P., art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia y la función de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (C.P., art. 218).
3.5.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010, así como la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, que lo aprobó.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C. el 20 de septiembre de 2010.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010.
S-GTAJI-14-007565
Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2014
Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia con ocasión de hacer referencia al “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2010.
Sobre el particular, tengo a bien comunicar a Su Excelencia que la República de Colombia ha cumplido con los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico para la entrada en vigor del precitado acuerdo, el cual fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-749 del 30 de octubre de 2013.
De conformidad con el artículo 21 del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” su entrada en vigor se producirá:
“Artículo 21. Entrada en vigor y validez
El presente acuerdo entrará en vigor el día en que Colombia notifique a Europol, por escrito y a través de los canales diplomáticos correspondientes, que ha ratificado el mismo”.
En consecuencia, el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010, entrará en vigor a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) de la presente Nota.
Hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración, a la espera del aviso de recibo de la presente nota.
(1) Concepto 5586 de junio 14 de 2013.
(2) Certificación de la Cancillería a Folio 34 cuaderno principal.
(3) En lo relativo a la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte aprecia que el objeto del acuerdo es establecer vínculos de cooperación estratégica y operativa entre la Republica de Colombia y la Oficina Europea de la Policía, con el fin de combatir la delincuencia internacional, mediante el intercambio de información y el manejo de la misma, la realización de contactos periódicos, disposiciones que no implican una regulación para las comunidades étnicas que como tal pueda afectarlas de manera directa, sino que prevé normas generales que pueden tener incidencia en todas las personas. En conclusión, estima la Sala que las disposiciones del acuerdo no constituyen ni contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar del mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados internacionales.
(4) Folios 9 a 24.
(5) Folios 37 a 53.
(6) Sesión Ordinaria del día miércoles 9 de noviembre de 2011//Recinto Comisión Segunda del Senado de la República.
La señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:
El secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el anuncio de los proyectos de ley: Por instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, me permito realizar el anuncio para discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión:
7. Proyecto de ley 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional.
Ponente: honorable Senador Juan Francisco Lozano Ramírez.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso Nº 751 de 2011”.
(7) Folios 52 a 55.
(8) Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
(9) “(...) Siendo las 10:30 a. m. del miércoles dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), previa convocatoria hecha por el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se reunieron los honorables senadores para sesionar en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Seguridad y Defensa Nacional y Honores Patrios, del honorable Senado de la República.
El señor secretario, doctor Diego González González, informa a la Presidenta que se ha configurado el quórum para decidir.
Le informo además que hay una proposición del senador Juan Lozano Ramírez, en el sentido de reabrir el debate de los dos proyectos de su ponencia, debido a que ya hizo presencia en el recinto, llegó precisamente en el momento en que se estaba aplazando.
Pregunta a los senadores de la comisión si aprueban la proposición del senador Lozano. Sírvase leer el proyecto de ley.
El secretario informa a la Presidente que sí ha sido aprobada la proposición de reabrir el debate de los dos proyectos del Senador Juan Lozano. Me permito dar lectura al proyecto: Proyecto de ley 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso Nº 751 de 2011.
Presenta ponencia el honorable Senador Juan Francisco Lozano Ramírez:
Este es un acuerdo que presenta a nuestra consideración el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Defensa Nacional, es la ratificación del Acuerdo de Cooperación, para que Europol pueda funcionar; es algo que Colombia ha querido desde el año 2004, han mantenido una relación muy estrecha y fructífera con Europol. Solamente hasta septiembre de este año finalmente se cruzaron los instrumentos legales, es así como en este momento lo traemos a la consideración de nuestra Comisión, para que surta el proceso ratificatorio. El énfasis que se plantea en esta cooperación con Europol, está en materia de tráfico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humano, pornografía infantil, falsificación de dinero y otros medios de pago; tráficos de sustancias radioactivas y nucleares y el terrorismo.
Nuestra recomendación, es que el tratado tal como lo solicita la Cancillería y el Ministerio de Defensa, pueda ser ratificado. Por eso tiene un informe favorable de ponencia.
La presidencia solicita a la Secretaría dar lectura al informe de ponencia.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura al informe con que termina la ponencia:
En consecuencia de lo expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer ante la honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, dar primer debate al presente proyecto de ley. Firma el honorable Senador Juan Lozano Ramírez.
Está leída la proposición final con que termina el informe de ponencia.
Informa a los senadores de la comisión, que está en consideración el informe final de la ponencia. Se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, ¿aprueba la comisión el informe?
El secretario le informa a la presidente, que sí ha sido aprobado por los senadores de la comisión el informe final de ponencia del Proyecto de ley 125 de 2011 Senado.
Informa la presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Que se ha solicitado la omisión de la lectura del artículo; vamos a aprobar la omisión de lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley. ¿Lo aprueba la comisión?
Informa el secretario de la comisión a la presidencia: que sí es aprobado la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley leído número 125 de 2011 Senado.
El secretario da lectura al título del proyecto: Proyecto de ley 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía,” suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Somete a consideración de los senadores de la comisión el título del proyecto leído. ¿Aprueba la comisión el título del proyecto?
Informa a la presidencia que ha sido aprobado el título del proyecto de ley leído 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Quiere la Comisión que este Proyecto de ley número 125 de 2011, tenga el siguiente debate para ser ley de la República.
El Secretario informa a la Presidencia:
La Comisión sí quiere y aprueba que el Proyecto de ley número 125 de 2011 pase al segundo debate y se convierta en ley de la República.
Por lo tanto, la señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate en la Plenaria del Senado al Senador Juan Lozano Ramírez. (...)”.
(10) Folios 1, 5, 19 y 20.
(11) Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
(12) “(...) En relación con el quórum se informa que este quedó integrado por doce (12) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta 11 del 16 de noviembre de 201, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 155 de 17 de abril de 2012 (...)”.
(13) Folios 15 a 31.
(14) “En Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil once (2011), previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Proyecto de ley 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
(15) Folio 123 del cuaderno de pruebas.
(16) “En Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil once (2011) previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del orden del día:
Por solicitud del honorable senador Lidio Arturo García Turbay, la Presidencia pregunta a la plenaria si acepta omitir la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado en bloque con las modificaciones propuestas y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la oficina europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente. (...)”.
(17) Folio 123 del cuaderno de pruebas.
(18) “(...) Que el mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 87 de 100 Senadores, en la Sesión Plenaria correspondiente al día cinco de diciembre de 2012 (...)”.
(19) Folios 6 a 18.
(20) Folios 1 a 23.
(21) “Comisión Segunda Constitucional permanente Acta 27 de 2012
Le informo, señor Presidente, que han contestado a lista diez (10) honorables representantes en consecuencia tenemos quórum decisorio señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Continúe señora Secretaria sírvase leer el orden del día.
Sesión ordinaria día martes 5 de junio de 2012
Negocios Sustanciados por Presidencia
Leído el orden del día, señor Presidente.
Yo les propongo a ustedes modificar el orden del día, en el sentido de que primero, aprovechando que tenemos el quórum, tratemos el tema de las proposiciones, ¿les parece?
En consideración la proposición de modificar el orden del día, poniendo en primer lugar las proposiciones, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Ha sido aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el señor presidente en el sentido que las proposiciones, siguen inmediatamente a la aprobación del orden del día.
(22) “(...) Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Continúe señora Secretaria.
Proyectos de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Autor: señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; señor Ministro de Defensa y Seguridad Nacional, doctor Rodrigo Rivera Salazar.
En consideración la proposición que acaba de leerse, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿la aprueba la Comisión?
Sírvase dar lectura al articulado.
Articulado del proyecto señor Presidente. Son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta del Congreso correspondiente.
En consideración los artículos leídos. Se abre la discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la comisión?
Ha sido aprobado el articulado del proyecto señor Presidente.
Leamos el título y hagamos la pregunta si quiere esta comisión que sea esta norma ley de la República.
Título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Y así mismo el señor presidente les pregunta, honorables representantes, si ustedes quieren que este proyecto pase a plenaria de Cámara y sea ley de la República.
En consideración el título y la pregunta, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Ha sido aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes desean que tenga segundo debate y sea ley de la República, señor Presidente.
Se nombra como ponente al honorable Representante Yahír Fernando Acuña. Continuemos señora Secretaria. (...)”.
(23) Folios 34 a 44.
(24) Folios 37 y 38.
(25) “(...) Certifico: que en la sesión del día jueves 7 de junio de 2012, Acta 28, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, el Proyecto de ley 160 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010”, con la presencia de 16 honorables representantes (...)”.
(26) Folios 1 a 16.
(27) Folio 37.
(28) “(...) Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo proyecto en el orden del día.
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010. El informe de ponencia es como sigue, dese segundo debate al proyecto, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre del 2010.
Firma Yahír Acuña.
A usted doctor Telésforo, le agradecemos inmensamente por su intervención. Anuncio que va a cerrarse la discusión del informe de ponencia, queda cerrada, ¿aprueba la Plenaria el informe de ponencia?
Tiene 3 artículos.
En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la plenaria el articulado del proyecto?
Título y pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea ley de la República.
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el 20 de septiembre del 2010.
Ha sido leído el título, señor Presidente.
En consideración el título del proyecto y la pregunta si la plenaria quiere que este proyecto sea ley de la República, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la plenaria?
Aprobado señor presidente y la pregunta.
(29) Folios 11 y 23.
(30) Folio 92.
(31) “(...) Que en la Sesión Plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 26 de septiembre de 2012, que consta en Acta 156, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta (150) honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado título y la pregunta “quiere la Plenaria que este Tratado sea ley de la República” del Proyecto de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, hoy Ley 1582 de 2012 (...)”.
(32) Ponencia para primer debate en Cámara. Gaceta del Congreso Nº 751 de 2011.
(33) Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009 por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI). Diario Oficial de la Unión Europea. L 121/37.
(34) “La Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)”.
(35) “Toda información sobre una persona física identificada o identificable: se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.
(36) “Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, así como el cotejo o interconexión, y el bloqueo, eliminación o destrucción”.
(37) “Los datos personales y no personales”.
(38) “Los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3º de la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen.
(39) “Los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7º de la “Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares”, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente”.
(40) “Las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional”.
(41) “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
(42) “El robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos”.
(43) “Los actos definidos en el artículo 3º del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago”.
(44) “Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6º del “Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito”, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
(45) Sentencia C-748 de 2011.
(46) “1. Colombia comunicará a Europol, en la fecha en la que facilite información, o con anterioridad a la misma, el motivo de que se facilite, así como cualquier restricción a su uso, borrado o destrucción, incluidas las que puedan incumbir a su acceso, en términos generales o específicos. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente una vez suministradas, Colombia informará a Europol sobre las mismas en una fecha posterior.
9. Europol mantendrá los datos recibidos de Colombia en sistemas de procesamiento únicamente durante el período de tiempo que sea necesario para la ejecución de sus tareas. La necesidad de mantener el almacenamiento de tales datos se revisará, a más tardar, en el plazo de tres años transcurridos desde la recepción de los mismos. Durante la revisión, Europol podrá optar por la continuación del almacenamiento hasta la siguiente revisión, que tendrá lugar tras otro período de tres años, siempre que siga siendo necesario para la ejecución de sus tareas. Si no se adopta ninguna decisión respecto a la continuidad del almacenamiento de los datos, estos se suprimirán de manera automática”.
(47) “1. Cuando se transmitan datos personales a petición de Colombia, la información facilitada solo podrá utilizarse con los fines para los que se haya realizado la solicitud. Cuando se transmitan datos personales sin una solicitud concreta, en la fecha de la transmisión, o con anterioridad a la misma, se indicará el fin para el que se facilitan los datos, así como toda restricción relativa a su utilización, borrado o destrucción, incluidas las posibles restricciones de acceso de índole general o específica. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente después del suministro, Europol informará a Colombia de las mismas en una fecha posterior.
1. Impedir que una persona no autorizada acceda a las instalaciones utilizadas para el tratamiento de datos de carácter personal.
2. Impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o eliminados por una persona no autorizada.
3. Impedir que se introduzcan sin autorización en el fichero, o que puedan conocerse, modificarse o suprimirse sin autorización, datos de carácter personal almacenados.
4. Impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de datos.
5. Garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de su competencia.
6. Garantizar la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser remitidos datos de carácter personal a través de las instalaciones de transmisión de datos.
7. Garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de carácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de datos, en qué momento, por qué persona y para qué fines han sido introducidos.
8. Impedir que, en el momento de la transmisión de datos de carácter personal y durante el transporte de los soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados, modificados o suprimidos sin autorización.
9. Garantizar que los sistemas utilizados puedan repararse rápidamente en caso de avería.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 2, subapartado 9, el período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión”.
(48) Para los Estados es recurrente justificar la transferencia internacional de datos por motivos de seguridad pública, seguridad nacional, investigaciones contra el terrorismo, labores de inteligencia militar o policial, cooperación judicial, controles de inmigración, etc. En el plano empresarial, las multinacionales necesitan circular información entre las diferentes sucursales que poseen en varios países del mundo, o requieren información para brindar atención telefónica a los clientes por medio de call centers internacionales.
(49) Sentencias SU-082 de 1995 y T-307 de 1999.
(50) Sentencia C-1011 de 2008.
(51) “Conocimiento que puede transmitirse en cualquier forma y que puede incluir datos personales y/o no personales”.
(52) “Cualquier información o material determinado que requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que se haya designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación”.
(53) “El nivel de protección atribuido a la información por las medidas de seguridad”.
(54) “Un marcado de protección atribuido a un documento que indica las medidas de seguridad que deben aplicarse a la información”.
(55) “Una combinación específica de medidas de seguridad que se aplicarán a la información en función del nivel de seguridad”.
*(56) “El principio conforme al que la información sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que tienen que conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones”.
(57) “Los enlaces de comunicación a los que se aplican medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la detección y la intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de métodos criptográficos)”.
(58) “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ser inconveniente para los intereses de Europol o uno o varios Estados miembros”.
(59) “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría resultar inoportuna para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
(60) “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
(61) “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
(62) “Los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3º de la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen.
(63) “Los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7º de la “Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares”, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente”.
(64) “Las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional”.
(65) “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
(66) “El robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos”.
(67) “Los actos definidos en el artículo 3º del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago”.
(68) “Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6º del “Convenio del Consejo de Europa sobre Reciclaje, Identificación, Secuestro y Confiscación de los Beneficios del Delito”, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.