Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=29
Timestamp: 2019-08-24 06:56:38
Document Index: 265111524

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25']

Caso 12.191, Informe No. 71/03, María Mamérita Mestanza (Perú)
Petición 185-02, Informe No. 107/05, Roger Herminio Salas Gamboa (Perú)
En el Informe No. 101/01 de fecha 11 de octubre de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Perú era responsable de: a) la violación del derecho a la vida y a las garantías y la protección judiciales consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana; b) la violación del derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7 de la Convención Americana; c) la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, y de su deber de prevenir y sancionar la tortura establecido en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura; d) la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención; y e) la violación de los derechos del niño establecidos en el artículo 19 de la Convención Americana. Ello en perjuicio de las personas que señala el informe.
La Comisión formuló al Estado peruano las siguientes recomendaciones:
El 10 de noviembre de 2009 la Comisión solicitó información actualizada a las partes en relación con la implementación de las recomendaciones anteriormente referidas. En esa ocasión el Estado no respondió al requerimiento de información dentro del plazo fijado.
El 11 de noviembre de 2010 la CIDH volvió a solicitar información a las partes. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó observaciones sobre las investigaciones penales respecto de las víctimas comprendidas en los casos 10.247, 11.501, 11.680 y 11.132. Los demás peticionarios y el Estado peruano no presentaron observaciones.
Respecto del caso 10.247, APRODEH afirmó que en mayo de 2008 se abrió proceso penal contra Jesús Miguel Ríos Sáenz, Walter Elias Lauri Morales o Walter Elias Ruiz Miyasato y Máximo Augusto Agustín Mantilla Campos, por el delito de secuestro y homicidio calificado en agravio de Luis Miguel Pasache Vidal. Según lo alegado, se ha concluido la etapa de instrucción, encontrándose pendiente el pronunciamiento del Fiscal Superior. En cuanto al caso 11.501, APRODEH indicó que el 2 de junio de 2010 la Sala Penal Nacional emitió sentencia absolutoria a favor de Santiago Enrique Martín Rivas y reservó el juzgamiento de Eudes Najarro Gamboa hasta que sea habido. Tales personas han sido procesadas por homicidio calificado en agravio de Adrián Medina Puma. Según lo alegado, el Ministerio Público ha presentado recurso de apelación contra la resolución de la Sala Penal Nacional de 2 de junio de 2010.
Con relación al caso 11.680, APRODEH indicó que el 31 de enero de 2008 el procesado José Alberto Delgado Bejarano fue absuelto de la acusación de homicidio calificado en agravio de Moisés Carbajal Quispe, y que dicha decisión fue mantenida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República. En cuanto al caso 11.132, señaló que la desaparición forzada de Edith Galván Montero continúa en etapa de investigación ante la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial.
La CIDH no recibió información actualizada sobre el cumplimiento de la segunda recomendación del informe 10/01 respecto de los siguientes casos allí comprendidos – 10.472, 10.805, 10.913, 10.947, 10.944, 11.035, 11.057, 11.065, 11.088, 11.161, 11.292, 10.564, 10.744, 11.040, 11.126, 11.179, 10.431, 10.523, 11.064 y 11.200.
En cuanto a la primera recomendación del informe 101/01, APRODEH afirmó que si bien el Poder Judicial peruano ha declarado sin efecto las Leyes Nº 26479 y 26492, el Poder Ejecutivo ha impulsado medidas legislativas cuya vigencia implicaría la obstaculización en la investigación de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
Con relación a la tercera recomendación, la Comisión nota que los casos a los que se refieren los Informes No. 111/00 y 101/01 se encuentran comprendidos en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001. En esa ocasión, Perú formalizó su compromiso de buscar soluciones integrales a las recomendaciones emitidas por la CIDH en más de cien informes finales sobre el fondo, adoptados de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos72.
Los peticionarios señalaron durante el año 2010 que a pesar de las obligaciones asumidas en el comunicado conjunto, y de lo establecido en la Ley No 28592 “Ley del Plan Integral de Reparaciones”, hasta el momento se encuentra pendiente el pago de indemnizaciones. Señalaron que si bien el Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS de abril de 2003 reguló algunas modalidades de reparación no dineraria en materia de vivienda, educación y salud, el Estado peruano ni siquiera ha identificado el terreno que podría ser adjudicado a los familiares de las víctimas en los casos 10.805, 10.913, 11.035, 11.605, 11.680, 10.564, 11.162, 11.179 y 10.523.
Los peticionarios indicaron que desde el 2003 se ha adjudicado al Ministerio de Justicia un terreno en el sector de Huachipa, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, para que fuese entregado a 200 víctimas o sus familiares, en algunos de los casos referidos en el comunicado de prensa conjunto del 22 de febrero de 2001, entre los cuales se encuentran los de número 10.247, 10.472, 10.878, 10.994, 11.051, 11.088, 11.161, 11.292, 10.744, 11.040, 11.126, 11.132, 10.431, 11.064 y 11.200, esos últimos comprendidos en el Informe 101/01. Sin embargo, destacaron que el Estado peruano no ha adoptado medidas en aras de regularizar la ocupación y titulación de los lotes del aludido terreno. Señalaron que ante esa omisión, algunos beneficiarios han establecido habitaciones de forma precaria y sin acceso a servicios básicos de saneamiento, sometiéndose asimismo a constantes saqueos e invasiones por parte de terceros.
Según los peticionarios, el Ministerio de Justicia ha condicionado la entrega final del terreno a una evaluación de riesgo, debido a la reactivación de una fábrica de armas del Ejército contigua al mismo. Sin embargo, señalaron que a través del Oficio Nº 709-2010-MML/SGDC, la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha informado que el terreno de Huachipa se encuentra habilitado para la construcción de viviendas, sin que exista impedimento alguno para la regularización de los lotes a favor de los 200 beneficiarios.
Finalmente, en cuanto a la cuarta recomendación del Informe 101/01, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue ratificada el 8 de febrero de 2002 y entró en vigor el 13 de febrero del mismo año en el Perú.
Durante al año 2011, el Estado presentó información en relación a las medidas adoptas en materia de vivienda, educación y salud. En cuanto a las reparaciones en vivienda, el Estado señaló que mediante D.S. Nº 014-2006-JUS se autorizó al Ministerio de Justicia a que adopte las acciones necesarias para efectuar la transferencia a título grauito del 50% del terreno denominado Sublote Nº 01, ubicado en la avenida Central, localidad de Huachipa, distrito de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. El Estado indicó que durante la reunión de trabajo celebrada durante el 141º período ordinario de la CIDH se comprometió a: 1) aprobar sin mayor dilación el Decreto Supremo por el cual se transfiere la propiedad de los lotes del terreno de Huachipa a las 200 víctimas beneficiadas por esta medida; 2) informar a la Comisión en el plazo de dos meses sobre las medidas que el Estado adopte para identificar los posibles terrrenos de la reparación en vivienda, en relación con otras 307 víctimas que no han sido atendidas. Igualmente informó que el 5 de abril de 2011, el Ministerio de Justicia remitó información referida a la transferencia de la propiedad del terreno Lote 1-B, así como la necesidad de subsanar algunas contingencias.
Respecto de las reparaciones en educación, el Estado informó que mediante Decreto Supremo Nº 038-2002-ED de 13 de noviembre de 2002, se dispuso la exoneración a las víctimas o familiares comprendidos en el DS Nº 005-2002-JUS, del examen de ingreso a los institutos de Educación Superor – Tecnológicos, Pedagógicos y Artísticos de carácter público a nivel nacional, siempre que tengan certificado de haber concluido la Eduación Secundaria. Adicionalmente, el Estado indicó que igualmente, durante la reunión de trabajo celebrada durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH, se comprometió a implantar los puntos de educación acordados en el Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS, relativos al Programa de Reparaciones, y que se encuentran orientados: 1) a extender la condición de beneficiarios de reparaciones en educación a los hijos de las víctimas muertas y desparecidas, y los hijos producto de violación sexual, que no necesariamente interrumpieron sus estudios como consecuencia de la violencia; y 2) a establecer como componentes del Programa: la reserva de vacantes, programa de becas descentralizado, programa especial de aprendizaje continuo y plan de actualización para la promoción de la inserción laboral y desarrollo de capacidades empresariales. En este sentido, el Estado informó que proporcionará a las Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos de carácter público la base de datos del Registro Único de Víctimas y el listado de casos comprendidos en el Comunicado Conjunto de 22 de febrero de 2001.
En relación a las reparaciones en materia de salud, el Estado informó que mediante Resolución Jefatural Nº 082-2003/SIS se incorporó al SIS a las víctimas de violación a derechos humanos y sus familiares reconocidos por la CIDH. Señaló que a la fecha el Ministerio de Saludo reporta un total de 191 beneficiarios afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y 68 beneficiarios afiliados a otro tipo de seguro. Indicó que mediante Acuerdo de Entendimiento de 29 de marzo de 2011, durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH se acordó que para asegurar que los beneficiarios no encuentren obstáculos a la hora de probar su filiación al SIS, el Estado por medio del Ministerio de Salud, emitirá una carta en el plazo máximo de dos meses a cada uno de los beneficiarios que acredite su condición, de afiliados al SIS de por vida.
Los peticionarios, en comunicación de 22 de noviembre de 2011, informaron que aunque se aprecian algunos avances respecto de los compromisos asumidos por el Estado en el Acta de Entendimiento suscrito durante el 141º período ordinario de sesiones de la CIDH, les causa una profunda preocupación que el Estado no haya concretado a la fecha medidas previamente anunciadas respecto a la reparación en vivienda, así como de algunos aspectos concernientes a las reparaciones económicas en materia de salud y educación.
El 16 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. El Estado informó, mediante comunicación de 20 de diciembre de 2012, que los familiares de las víctimas se encuentran cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), contando con acceso universal a servicios de salud en los centros adscritos al lugar de su domicilio. Con relación a la reparación en materia de vivienda, afirmó que “viene avanzando en la ejecución de la reparación [respectiva] a doscientos (200) beneficiarios, del total de víctimas comprendidas en el Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS, o a sus herederos legales, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 014-2006-JUS. En cuanto a las reparaciones económicas, Perú indicó que se encuentra previsto el pago de 10.000 nuevos soles por víctima comprendida en el comunicado de prensa conjunto de 22 de febrero de 2001 y señaló que “viene realizando todas las gestiones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a este extremo”.
Los peticionarios no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH. No obstante, y dado que la recomendación 3 de los Informes Nº 111/00, Nº 101/01 y 112/00 se encuentran comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, la CIDH tendrá en cuenta la información aportada en este sentido por los peticionarios durante el año 2012. Al respecto, los peticionarios presentaron información en materia de justicia, vivienda, educación y salud.
Respecto de las acciones emprendidas por el Estado a fin de investigar y sancionar a los presuntos responsables, los peticionarios mostraron su preocupación por el Acuerdo Plenario Nº 9/2009 de la Corte Suprema de la República de Perú, ya que exige la condición de funcionarios públicos a los presuntos responsables de las desapariciones forzadas al momento de la incorporación de esta figura penal en la legislación peruana en 1991.
En relación a las reparaciones en materia de salud, los peticionarios informaron que en este período se suscitaron nuevos problemas como consecuencia de la intervención del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que es la entidad dependiente del Ministerio de Inclusión Social que aprueba o no la condición de pobreza y pobreza extrema de las personas que requieren la afiliación al SIS gratuito, ya que ha rechazado la afiliación de algunos familiares de las víctimas. Los peticionarios indicaron que el Estado debería incluir la condición de “afectado por violencia política”, a fin de evitar problemas de este tipo.
Respecto de las reparaciones en materia de educación, los peticionarios comunicaron que es una demanda de los beneficiarios la posibilidad de ceder el beneficio en educación a un familiar, la cual ha sido apoyada por la Defensoría del Pueblo, y que hasta la fecha el Estado no atiende. En relación con las reparaciones sobre vivienda, los peticionarios informaron que si bien el Estado ha realizado algunas acciones que beneficiarían a 200 víctimas de las 507 comprendidas en los literales “c” y “d” del comunicado de prensa conjunto, aún no se han logrado definir las medidas efectivas que beneficiarían al restante grupo de víctimas. Indicaron que en junio de 2012, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un informe de evaluación de riesgos en el que concluyó que el cambio de condición de riesgo muy alto a medio. Informaron que las víctimas y sus familiares se encuentran bajo una situación agobiante, pues se sienten muy decepcionados por la excesiva dilación del Estado para cumplir con el compromiso de transferir la propiedad de los lotes, y que muchos de ellos vienen ocupando el terreno a pesar de la falta de servicios básicos y de seguridad en la zona.
En cuanto a la reparación económica, los peticionarios informaron que existían algunas dificultades a fin de incorporar en el Registro Único de Víctimas (RUV) a algunas de las víctimas y sus familiares, lo cual constituye un requisito para ser beneficiario del programa de reparación económica. En este sentido señalan que además de las exclusiones que establece la ley de reparaciones en su artículo 4, sólo serían beneficiarios de reparación económica aquellos casos de tortura en los que se acredite discapacidad permanente, y no serían beneficiarias las personas que hubieran sido objeto de desapariciones forzadas, pero que hubieran aparecido posteriormente con vida.
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en su Informe Nº 101/01. Las partes no presentaron información actualizada en el plazo fijado por la CIDH. No obstante, y dado que la recomendación 3 de los Informes Nº 111/00, Nº 101/01 y 112/00 se encuentra comprendida en los literales c) y d) del comunicado de prensa conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano el 22 de febrero de 2001, la CIDH tendrá en cuenta la información aportada por las partes en este sentido durante el año 2013. Al respecto, los peticionarios presentaron información en materia de vivienda, salud, reparaciones económicas y educación.
En relación a la reparación relativa a vivienda, los peticionarios informaron que hasta la fecha el Estado no ha aprobado el Decreto Supremo que autorizaría la transferencia de la propiedad del terreno ubicado en Huachipa. Indicaron, igualmente, que el Estado no les ha informado sobre las gestiones que ha realizado para ubicar terrenos similares en relación con las víctimas y/o familiares no incluidas en el terreno de Huachipa. Respecto a las acciones emprendidas por el Estado en materia de salud, los peticionarios señalaron que el Estado no ha informado a la fecha si ha subsanado las dificultades de afiliación al SIS de las víctimas, ni las deficiencias en la atención de los beneficiarios de esta medida señaladas en años anteriores. En relación con las medidas económicas de reparación, los peticionarios indicaron que si bien el Estado ha venido pagando indemnizaciones dentro del alcance de la Ley Nº 28593 Plan Integral de Reparaciones, algunas víctimas y/o familiares no pueden ser incluidas bajos los alcances de la misma, por lo que el Estado debe implementar medidas de reparación económica específicas fuera del alcance de la anterior ley. Por último, y respecto a la reparación en materia de educación, los peticionarios señalaron que si bien habían enviado al Estado un listado con los nombres y datos de las personas beneficiarias de esta reparación, el Estado no les ha informado a la fecha sobre qué acciones ha tomado al respecto, y tampoco han recibido respuesta respecto a la solicitud realizada consistente en que se pueda transferir este beneficio a otro familiar.
La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en los Informes Nº 111/00 y Nº 101/01. Al mismo tiempo observa que existen medidas que se encuentran pendiente de cumplimiento. Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones, por lo cual seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 112/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, la CIDH concluyó que el Estado peruano: a) a través de efectivos de la Policía Nacional, detuvo al señor Yone Cruz Ocalio el 24 de febrero de 1991, en la estación agropecuaria Tulumayo, Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, Perú, de donde habría sido conducido a la Base Militar de Tulumayo, y posteriormente procedió a desaparecerlo; b) que en consecuencia era responsable de la desaparición forzada del señor Yone Cruz Ocalio; c) que por ello, violó el derecho a la libertad (artículo 7), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y d) que incumplió su obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicho instrumento.
Mediante comunicación de 31 de octubre de 2008, la CIDH solicitó a ambas partes que presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones anteriormente mencionadas. Dentro del plazo fijado, la CIDH no recibió respuesta al respecto por parte de los peticionarios.
El 5 de diciembre de 2008 el Estado informó que el 25 de octubre de 2002 el Fiscal Especializado para Desapariciones forzadas, ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas resolvió remitir a la Fiscalía Provincial Mixta de Aucayacu los actuados de los expedientes que comprenden como agraviados a Yone Cruz Ocalio, entre otros. Indicó que por Resolución de la Fiscalía Provincial Mixta de Leoncio Prado-Aucayacu de 9 de agosto de 2004, el Fiscal consideró que resultaba pertinente reunir mayores elementos de juicio en cuanto a la presunta comisión del delito de secuestro en agravio del señor Cruz Ocalio y resolvió “ampliar la investigación fiscal y que en consecuencia se derive la materia a la Comisaría de la Policía Nacional Peruana del lugar a fin de que se realicen las siguientes diligencias: primero, que se reciba la declaración de la parte agraviada; segundo, que se reciba la manifestación del investigado (…) respecto de su presunta participación en los hechos investigados; y que se realicen las diligencias que se estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.
En relación con la segunda recomendación, el Estado peruano ha señalado en reiteradas ocasiones que existe una práctica de sus instituciones, fundada en la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos, orientada a que las amnistías no pueden ser válidamente opuestas a las investigaciones que se emprenden para la identificación y posterior sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El 10 de noviembre de 2009, el 11 de noviembre de 2010 y el 21 de octubre de 2011 la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación con los avances en el proceso de implementación de las recomendaciones. Las partes no presentaron observaciones al respecto.
El 16 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones previamente referidas. Los peticionarios no presentaron información en el plazo fijado. El 20 de diciembre de 2012 el Estado presentó un informe en el que describió las medidas que viene adoptando en materia de reparación. Dicho informe reitera la información presentada en los demás casos abarcados por el comunicado de prensa conjunto de 22 de febrero de 2001, cuyo resumen se encuentra en el seguimiento realizado por la Comisión respecto de los Casos 10.247 y otros, Informe No. 101/01, Luis Miguel Pasache Vidal y otros (Perú).
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones realizadas por la CIDH en su Informe Nº 112/00. Las partes no presentaron información en el plazo fijado por la Comisión.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones contenidas en el informe. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 71/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso María Mamérita Mestanza.
3. Otorgó una indemnización a favor de los beneficiarios, por única vez de diez mil dólares americanos (US $10,000.00 y 00/100) para cada uno de ellos, por concepto de reparación del daño moral, lo cual hace un total de ochenta mil dólares americanos (US $80,000.00 y 00/100), y se comprometió a pagar el daño emergente establecido en el acuerdo amistoso.
4. Se comprometió a entregar una suma de dinero en concepto de rehabilitación psicológica y a brindar al esposo e hijos de María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro permanente de salud a través del Ministerio de Salud o de la entidad competente.
5. Se comprometió a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola carrera.
7. Se comprometió a realizar modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres. Y a adoptar e implementar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre ellas las enumeradas en el acuerdo amistoso.
Mediante comunicación de fecha 3 de noviembre de 2008, la CIDH solicitó a ambas partes que presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos referidos.
El Estado informó que la Comisión Permanente de procesos disciplinarios de la Dirección Regional de Cajamarca, con fecha 9 de enero de 2001, había establecido que dos doctores fueran inhabilitados y que con fecha 18 de enero de 2001, se estableció la absolución de un médico obstetra, dos obstetricias, y una enfermera.
Con respecto a las indemnizaciones, el Estado afirmó que cumplió con pagar US$ 10.000 en concepto de daño moral a cada uno de los 8 beneficiarios - el esposo de la señora Mamérita Mestanza y sus siete hijos -; con pagar US$ 2.000 en concepto de daño emergente para cada beneficiario y que se habría constituido el fideicomiso al respecto a los niños beneficiarios. En adición, se indica que se hizo entrega de US$ 20.000 al señor esposo de la señora Mamérita Mestanza para la adquisición de un terreno o casa a nombre de sus hijos. Se indica que fue acreditada la compra de un terreno.
Adicionalmente, el Estado presentó información relativa al cumplimiento de la décimo-primera cláusula del acuerdo de solución amistosa referente a las políticas públicas sobre salud reproductiva y planificación familiar. En esta oportunidad, el Estado informó: que desde julio de 2004 se creó la estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; que se actualizó la norma técnica de Planificación Familiar que indica que toda complicación atribuible y comprobada debido al uso de métodos anticonceptivos provistos por los establecimientos del Ministerio de Salud deberá ser informada apenas sea detectada, y que se investigarán todas las defunciones y problemas médicos graves atribuibles directamente al uso de métodos anticonceptivos para determinar sus causas; que en el contexto de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva se programaron talleres de actualización en metodología anticonceptiva para profesionales involucrados con la atención en salud reproductiva; que se realizaron capacitaciones a profesionales de la salud y que se realizaron diplomados en violencia y salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, los peticionarios informaron que el Estado ha venido cumpliendo con el pago de las reparaciones pecuniarias a favor de la familia de la víctima y con el pago del monto destinado a la adquisición de un terreno. En relación con las prestaciones de salud informaron que el Estado había entregado la suma de US$ 7.000 a fin de que se realice el tratamiento de rehabilitación sicológica, el cual fue administrado y monitoreado por DEMUS hasta que se concluyó con el mismo en marzo de 2008, cuando se entregó al Consejo Nacional de Derechos Humanos un informe final sobre sus resultados.
En cuanto a las prestaciones educativas, los peticionarios indicaron que el 28 de febrero de 2007, a solicitud del Consejo Nacional de Derechos Humanos, se presentó un informe sobre los requerimientos educativos de los beneficiarios, el cual fue reiterado y actualizado el 5 de marzo de 2008. Los informes señalan que tres de los beneficiarios presentan dificultades para el acceso a la educación secundaria debido a que en su localidad no existe un centro educativo a este nivel.
Con respecto a las modificaciones legislativas y de políticas públicas, los peticionarios hacen referencia a la capacitación Estatal permanente del personal de salud, en derechos reproductivos, violencia contra la mujer y equidad de género, indicando que no conocen si el Estado se encontraba cumpliendo con dichas capacitaciones.
El 4 de noviembre de 2009, en el marco del 137º período ordinario de sesiones de la Comisión, se llevó a cabo una reunión de trabajo, en el curso de la cual las peticionarias informaron que el 26 de mayo de 2009 el Ministerio Público había tomado la decisión de archivar la investigación en el ámbito interno con base en la prescripción penal del delito de homicidio culposo y la falta de configuración del tipo penal del delito de coacción.
Con posterioridad a la reunión de trabajo, la entonces Presidenta de la Comisión y Comisionada Relatora para los Derechos de la Mujer remitió al Estado una comunicación solicitándole que requiera información a la Fiscalía sobre la unidad de dicha institución que se encuentra a cargo del caso de la Sra. Mestanza; las medidas adoptadas para asignar los recursos humanos y financieros necesarios para asegurar la debida investigación de los hechos; así como las medidas disponibles para cumplir con el compromiso de sancionar a los responsables a través de los mecanismos penales, civiles, administrativos y disciplinarios correspondientes. Asimismo, se requirió al Estado que informe sobre las posibilidades reales de continuar con la investigación penal, tras la resolución preliminar de prescripción de los delitos y sobre el estado procesal del recurso de queja actualmente en trámite en contra de la resolución de archivo por prescripción, promovido por las peticionarias.
El 27 de octubre de 2010 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo sobre el presente caso en el marco de su 140º Período Ordinario de Sesiones. En esa ocasión, los peticionarios afirmaron que a pesar de que los familiares de Mamérita Mestanza se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), experimentaban obstáculos económicos y geográficos al acceso real a los servicios de salud. Con relación al compromiso del Estado de proporcionar educación gratuita a los hijos de la víctima, las peticionarias requirieron al Gobierno peruano información detallada sobre las medidas que las autoridades del Ministerio de Educación vienen adoptando para que aquellos puedan realizar estudios de educación primaria, secundaria y superior de forma continua. Destacaron que el joven Napoleón Salazar Mestanza terminó los estudios primarios hace más de cinco años pero que no ha podido acceder a la secundaria pues en su localidad ésa no existe.
Con relación al compromiso de adoptar medidas de prevención para que hechos similares no se repitan, los peticionarios sostuvieron que aún se encuentra pendiente la modificación de la legislación penal peruana, para que se incorpore el tipo penal específico de esterilización forzada. Asimismo, alegaron que Perú debe adecuar su Código Penal al Estatuto de la Corte Penal Internacional, de forma que hechos como los acaecidos en perjuicio de María Mamérita Mestanza y otras miles de peruanas sean considerados delitos de lesa humanidad.
Los peticionarios manifestaron gran preocupación por el hecho de que el Ministerio Público peruano haya declarado la prescripción definitiva de la acción penal en torno a la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza.
Con posterioridad a la reunión de trabajo, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de las Mujeres dirigió una carta al Estado peruano en la que expresó “su profunda preocupación por el incumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo que establece el compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de aplicar las sanciones legales a toda persona participante de los hechos…” La Comisionada resaltó que “bajo la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos como la Convención de Belém do Pará, los Estados están obligados a investigar, juzgar y sancionar toda violación de los derechos de las mujeres como garantía de su no repetición.”
El 11 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada sobre el avance en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa homologado a través del informe 71/03. En respuesta, las peticionarias reiteraron la información proporcionada durante la reunión de trabajo del 27 de octubre de 2010. El Estado peruano no presentó observaciones dentro del plazo fijado por la CIDH.
A lo largo del año 2011 el Estado indicó haber cumplido las cláusulas del acuerdo sobre la indemnización a los familiares de la señora Mamérita Mestanza, prestaciones de salud y educativas. Refirió que todos los beneficiarios se encuentran afiliados de forma permanente al Seguro Integral de Salud (SIS), el cual es subsidiado por el Estado. En cuanto a las prestaciones educativas, señaló que tienen acceso a los establecimientos educativos públicos en la localidad en la que residen.
El 26 de octubre de 2011 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo, en el marco de su 143º Período de Sesiones. En esa ocasión el Estado peruano informó que el 21 de octubre de 2011 la Fiscalía de la Nación dispuso reabrir la investigación sobre la esterilización forzada de María Mamérita Mestanza y otras miles de mujeres, acaecidas en la segunda mitad de la década de los noventa. Al culminar el 143º período de sesiones la CIDH saludó la decisión de la Fiscalía y señaló que ello representa un paso inicial e importante “en relación con el compromiso del Estado de realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de aplicar sanciones legales a los responsables, incluyendo funcionarios públicos”.
El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Las peticionarias no presentaron información en el plazo otorgado por la CIDH. A su vez, el Estado reiteró la información presentada durante la última reunión de trabajo. Destacó que al disponer la reapertura de las investigaciones penales, la Fiscalía de la Nación recalcó que las anteriores resoluciones de archivo no tienen los efectos de cosa juzgada, y que han considerado los hechos materia de investigación como delitos comunes y no como ilícitos vinculados a casos de violaciones de derechos humanos.
En cuanto a las reparaciones económicas el Estado indicó que se ha cumplido en su totalidad con el pago de beneficios por concepto de daño moral, daño emergente, rehabilitación psicológica y terreno o vivienda, por un monto total que ascendió a 109.000 dólares estadounidenses. Con relación a las prestaciones de salud, reiteró que todos los beneficiarios se encuentran afiliados permanentemente al Seguro Integral de Salud. Sobre las prestaciones en educación, refirió que una comisión intrasectorial del Ministerio de Educación ha iniciado acciones para identificar las necesidades de cada uno de los siete hijos de María Mamérita Mestanza.
Mediante comunicación de fecha 19 de noviembre de 2012, la CIDH solicitó a ambas partes que presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos referidos.
El Estado informó el 20 de diciembre de 2012, que la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima emitió una resolución el 5 de noviembre de 2012 por la que dispuso reabrir la investigación preliminar contra los presuntos responsables por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y exposición a peligro de persona dependiente con circunstancia agravante, delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, entre otros, en agravio de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, otras 2,084 personas y el Estado peruano. Indicó que la anterior Fiscalía ha dispuesto la realización de diversas diligencias, como la de recabar las fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de aquellas personas incluidas en los listados de la investigación como presuntas agraviadas, pero que no fueron incluidas en su momento dentro de la resolución de archivo ni en la disposición fiscal, y se encuentra reprogramando la declaración indagatoria de los investigados y de las agraviadas.
Los peticionarios, mediante comunicación de 17 de diciembre de 2012, expresaron su preocupación a la CIDH respecto de la investigación preliminar recientemente iniciada por la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima, ya que esta Fiscalía tiene a su cargo otras causas que versan sobre violaciones a los derechos humanos, cuenta con un mínimo de personal, y no cuenta con personal especializado en la materia (derechos humanos de las mujeres, enfoque de género e interculturalidad).
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. El Estado solicitó la concesión de una prórroga a la CIDH, la cual fue denegada mediante comunicación de 4 de diciembre de 2013. Los peticionarios no presentaron información en el plazo fijado por la Comisión.
La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de solución amistosa. Al mismo tiempo observa que existen medidas que se encuentran pendiente de cumplimiento. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 31/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso Ricardo Semoza Di Carlo.
1. Reconoció su responsabilidad en base a los artículos 1° inciso 1) y artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en agravio de Ricardo Semoza Di Carlo.
En comunicación recibida el 13 de diciembre de 2007 el peticionario informó que a pesar de que el Estado le reconoció el tiempo de servicio en forma “real, efectiva e ininterrumpida” en el que estuvo arbitrariamente separado del Servicio Activo, aun no se habría dado cumplimiento a una serie de beneficios conexos que se derivarían del referido reconocimiento. Concretamente, el señor Semoza Di Carlo señaló en aquella oportunidad que no se habría cumplido con el reintegro que le corresponde por concepto de combustible; con la regularización de sus haberes; con la regularización de sus aportaciones al Fondo de Seguro de Retiro de Oficiales; con la realización de la ceremonia de desagravio; y con la investigación y sanción de los responsables del incumplimiento de los mandatos judiciales proferidos para amparar sus derechos vulnerados. Finalmente, el peticionario mencionó que la falta de cumplimiento del acuerdo en los aspectos señalados le ha generado daño moral tanto para su persona como para su familia.
El 10 de noviembre de 2009 la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación con los avances en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esa ocasión, el peticionario no presentó observaciones.
Mediante nota 7-5-M/828 recibida el 14 de diciembre de 2009 el Estado señaló que, a través de resolución directoral No. 735-2006-DIRREHUM-PNP de 20 de enero de 2006 se reconoció al Mayor Semoza su tiempo de servicio real y efectivo a la Policía y en consecuencia su pensión de retiro renovable equivalente al grado inmediato superior; que a partir del mes de octubre de 2005 se otorgó a la víctima el beneficio no pensionable de combustible; y que el 8 de febrero de 2006 el Comisario de Surquillo dispuso la notificación al peticionario para programar la ceremonia pública de desagravio, la que según el Estado, el peticionario se negó a recibir.
El 11 de noviembre de 2010 la CIDH volvió a solicitar información actualizada a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa.
Mediante nota recibida el 10 de diciembre de 2010, el Estado reiteró que la Policía Nacional del Perú ya ha regularizado los haberes y otorgado una pensión renovable al señor Semoza Di Carlo, reincorporándolo asimismo a la Escuela Superior de la Policía Nacional. En cuanto al compromiso de realizar una ceremonia pública de desagravio, afirmó que ello no ha sido posible “debido al desinterés por parte del peticionario, a pesar de las invitaciones cursadas por la Dirección pertinente de la Policía Nacional del Perú”. En cuanto a los demás compromisos, el Estado señaló que enviaría información complementaria a la CIDH a la brevedad posible.
El peticionario no presentó respuesta al requerimiento de información actualizada formulado por la CIDH el 11 de noviembre de 2010.
A lo largo del 2011 el Estado indicó que el Director General de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior ha emitido la Resolución Ministerial Nº 0217-2010-IN, de 9 de marzo de 2010, por medio de la cual conformó la Comisión Ad Hoc encargada de identificar y establecer las responsabilidades de los funcionarios que no dieron cumplimiento oportuno al mandato judicial a favor del señor Ricardo Semoza Di Carlo. Refirió que a través de una resolución directoral de 15 de enero de 2004 la Policía Nacional del Perú otorgó una vacante al Mayor Ricardo Semoza Di Carlo como participante de un programa de maestría y ciencias sociales Promoción 2004. Añadió que el 25 de febrero de 2005 se le otorgó el Diploma de Oficial de Estado Mayor, al haber culminado satisfactoriamente el referido programa. Con base en esa información, el Estado sostuvo que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido en el extremo relacionado con la reincorporación inmediata a la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú.
El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Perú no presentó observaciones dentro del plazo otorgado. A su vez, el peticionario sostuvo que el Estado no le ha pagado un monto total de 92.000 nuevos soles, por concepto de reintegro de diferentes haberes, y que tampoco ha efectuado una ceremonia pública de desagravio ni sancionado a los responsables de la conculcación de sus derechos.
El 20 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano en el acuerdo de solución amistosa. El Estado solicitó la concesión de una prórroga en comunicación de 20 de diciembre de 2012, la cual fue concedida por la CIDH por un plazo de 15 días mediante comunicación de 17 de enero de 2013. El Estado solicitó la concesión de una prórroga en comunicación de 20 de diciembre de 2012, la cual fue concedida por la CIDH por un plazo de 15 días mediante comunicación de 17 de enero de 2013. Perú no presentó observaciones dentro del plazo otorgado.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano en el acuerdo de solución amistosa. El Estado solicitó la concesión de una prórroga para informar a la CIDH mediante comunicación de 12 de noviembre de 2013, la cual fue denegada por la CIDH mediante comunicación de 4 de diciembre de 2013.
El peticionario, mediante comunicación recibida el 11 de noviembre de 2013 indicó que a la fecha el Estado peruano no le ha reintegrado con el concepto de combustible dejado de percibir desde agosto de 1990 hasta septiembre de 2001, ni con el concepto de haberes de avas dejado de percibir desde 1997 hasta 2003. Indicó que el Estado no había cumplido con la regularización del FOSEROF, no había realizado la ceremonia pública de desagravio, y no había sancionado a los responsables de la conculcación de sus derechos.
Por lo expuesto, la CIDH aún no cuenta con suficientes elementos de juicio para concluir que el Estado ha dado cumplimiento total a las recomendaciones contenidas en el acuerdo de solución amistosa y seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 28 de diciembre de 2005, mediante Informe No. 107/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición Roger Herminio Salas Gamboa.
De conformidad con el acuerdo de solución amistosa: