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Timestamp: 2019-05-26 17:15:32
Document Index: 196810094

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 596', 'artículo 714', 'artículo 705', 'Artículo 121', 'artículo 532', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 28', 'artículo 156', 'artículo 4']

Boletin Correspondiente a 2015-11-11Regresar
CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION FIRMADA POR CONTADOR - Deben determinar el costo de enajenación de activos movibles por el sistema de inventario permanente.
Pues bien, para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".
Cuando se lleva el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final. Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
( 2015-11-11) Consultar
MERCANCIA RETIRADA POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Puede admitirse su deducción como expensa necesaria.
La Sala en sentencia de 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.
También se señaló que cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no prevé la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se maneja a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 -estatuto contable), la cual no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.
Sin embargo se puntualizó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
INVENTARIOS DADOS DE BAJA POR DISPOSICIÓN LEGAL - Al aceptarse la deducción tiene relación con la causalidad con la renta.
Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permite considerar que cuando se solicita por medio de deducción, no debe rechazarse si se demuestra los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.
Así, la anterior posición jurídica fue reiterada en la sentencia de 19 de julio de 2007 para reconocer como deducción solicitada por la actora la destrucción de inventarios, específicamente medicamentos, soportadas con actas de baja, suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad.
Ahora bien, el valor de los inventarios dados de baja por el cumplimiento de disposiciones legales, disminuye la renta bruta y por tanto tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, es decir con el objeto social (fabricación de productos farmacéuticos y químicos), pues, aunque no tengan una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de su actividad en la medida en que para obtener el ingreso no se requiere su pago, sí es una expensa que deben cumplir los fabricantes de medicamentos.
Así las cosas y aunque la sociedad en los términos del artículo 596 del Estatuto Tributario esté obligada a presentar su declaración de renta firmada por revisor fiscal y determinar el costo de enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debe aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, como lo solicitó en su declaración de corrección y lo aceptó el Tribunal en la decisión apelada.
NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Suspensión del término.
Pues bien, el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación.
Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.
Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.
En todo caso, la Sala ha considerado que no basta que se decrete la inspección tributaria para que se suspenda el término, sino que debe practicarse efectivamente, pues mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, no puede entenderse, como es obvio, que hubiesen ejercido alguna "inspección" ni menos que se dé la suspensión del mencionado término.
ACOSO LABORAL - Creación de ambiente de trabajo hostil / ACOSO LABORAL - Retiro de funciones.
Observa la Sala, que las motivaciones expuestas por el actor en su escrito de renuncia, encuentran su sustento en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, de donde se colige que fue objeto de acoso laboral por parte del Jefe de Departamento de Planeación del Municipio de Neiva, quien se dedicó a crearle un ambiente de trabajo hostil.
Consistente en ordenar que la correspondencia y todas las actuaciones realizadas por aquel, fueran revisadas por otros funcionarios en aras de buscar indicios o pruebas de su supuesta corrupción, en entregarle memorandos por sus ausencias al trabajo en horas laborales, cuando lo manifestado por los testigos, da cuenta que evidentemente el ejercicio del cargo que desempeñaba, requería ausentarse de la oficina y especialmente, en suspenderle las funciones que desempeñaba como Jefe de la Sección de Interventoría y Control de Garantía del Departamento de Planeación Municipal, a partir del 2 de junio de 1998, aduciendo deslealtad en la confianza depositada por aquel y señalando que en el desarrollo de sus funciones, "posiblemente" se estaban pretermitiendo actuaciones necesarias dentro de los trámites correspondientes.
Así, las declaraciones de los señores Rojas Uribe, Correa Polanía, López Daza y Pérez Morales, coinciden en afirmar que dentro del tedioso ambiente de trabajo en el que se encontraba el actor, llegó un momento en el jefe de planeación les ordenó a las arquitectas Corredor y Pérez, la revisión de todas las actuaciones realizadas por aquel, tratando de encontrar presuntas irregularidades en su actuar y aun así, pese a no encontrarse ninguna, el jefe de planeación procedió a retirarle sus funciones, tal y como lo manifestó la última declarante.
RETIRO DEL SERVICIO - Renuncia voluntaria
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, renunciar es el acto de "Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello", desde el punto de vista legal y jurisprudencial ha sido concebida como aquella en la que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.
Otra de las definiciones que ha adoptado esta Corporación es la siguiente: "… la renuncia es un acto espontáneo y voluntario por excelencia, nacido de la libre facultad intrínseca que posee la persona de hacerlo o no hacerlo. Si no cumplen estas condiciones, es indudable que aquélla carece de tales elementos y está, por tanto, viciada y no puede producir los efectos que sufría una dimisión presentada sin coacciones de ninguna especie".
Al examinar la norma en comento, se puede concluir que la renuncia es una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista no solamente para empleados de libre nombramiento y remoción, sino que también, para empleados de carrera administrativa.
Mediante el radicado de la referencia, consulta:
¿Es exigible el pago del IVA a la sociedad comercializadora internacional en la compra de un vehículo que fue previamente importado y que será objeto de exportación por esta sociedad?
Los bienes que adquiere las sociedades de comercialización internacional y que efectivamente serán exportados, son exentos desde el momento que se venden a dichas sociedades, razón por la cual no es exigible el pago del impuesto a las ventas al momento de la compra.
Con respecto de sus inquietudes sobre el tiempo durante el cual se deben conservar los documentos soportes que se manejan en el Plan Vallejo; si el tiempo que deben ser conservados los documentos soporte está relacionado con el Oficio de Cumplimiento del Plan Vallejo que expida la DIAN; o si debe ser tenido en cuenta el termino de conservación documental del Artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, este Despacho se permite hacer las siguientes precisiones:
El artículo 532 del Estatuto Tributario prescribe el deber de conservación de documentos, informaciones o pruebas para efectos de control de la Administración de Impuestos:
“Deber de conservar informaciones y pruebas. Para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera..."
No obstante lo anterior, el Decreto 2685 de 1999 con el cual se modificó la legislación aduanera, en su artículo 121, precisa:
“Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera...".
En conclusión, los documentos soporte relacionados con operaciones enmarcadas en el denominado Plan Vallejo, deben observar las reglas de conservación prescritas en la norma especialmente concebida para el asunto, como lo es el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999.
Me refiero a su escrito recibido vía correo electrónico, radicado en esta Entidad con el No. 2015-01-221151 el 30 de abril de 2015, mediante el cual formula unas consultas, previa una serie de consideraciones:
1. Por Ley una SAS está obligada a repartir utilidades? en qué porcentaje;
2. Con una decisión dividida como la de la asamblea extraordinaria, cual es la obligación de la empresa para estar en cumplimiento de la ley?
3. Hay alguna regulación en cuanto a los plazos para pagar los dividendos decretados?
4. Puede una asamblea extraordinaria cambiar la decisión de la asamblea ordinaria?”
En este orden de ideas se advierte que en materia de utilidades la Ley 1258 se limitó a establecer que éstas se deberán justificar en todo caso en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados en los términos que el artículo 28 indica, lo que supone a su vez que sí hay libertad para fijar las condiciones que los socios a bien estimen sobre distribución y pago de utilidades.
En consecuencia, no habría óbice en concepto de este Despacho para acordar reglas que en ese sentido se aparten del precepto legal que exige distribuir y pagar las mismas dentro del año siguiente a la fecha en que sean decretadas, de manera que éste sólo tendrá aplicación en las condiciones que el artículo 156 del Código de Comercio indica, en la medida en que los estatutos no contengan estipulación en contrario”…”
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-360836, mediante la cual pregunta que es un libro de actas de SAS, si existen varios tipos de libro de actas y cuáles, la función que cumple el libro de actas, si en las actas se pueden hacer modificaciones estatutarias de la sociedad y que norma fundamenta esta posibilidad; que procedimiento se debe realizar en caso de que el libro de actas de la sociedad se pierda o se deteriore y que norma así lo fundamenta.
Para responder las inquietudes por usted propuestas, sea lo primero informar acerca del concepto de libro de actas, para luego abordar las demás inquietudes:
El Libro de actas tiene por finalidad dar testimonio de lo ocurrido en las reuniones de los órganos colegiados del ente, constituyéndose en el relato histórico, aunque resumido, de aspectos administrativos, económicos, jurídicos, financieros, contables, y en general los aspectos relacionados con el desarrollo del objeto social de la entidad.
Hemos recibido su comunicacion mediante la que alude a la posibilidad de contratar a una empleada del servicio domestico por dos dias, quien se encuentra pensionada, razon por la que requiere se le indique cual es el esquema de vinculacion a los sistemas generales de salud, pensiones y cajas de compensacion familiar.
Frente al caso planteado, al encontrase la persona a contratar afiliada al regimen contributivo dado su estatus de pensionada, tal situacion la exoneraria de efectuar cotizaciones de manera proporcional al sistema general de pensiones, mas no asi frente a los sistemas generales de riesgos laborales, salud y cajas de compensacion familiar.
Hemos recibido de Colombia Compra Eficiente mediante el radicado del asunto, su solicitud de concepto, referido a la documentación que debe aportarse en cuanto a pagos de seguridad social para la celebración de un contrato de prestación de servicios, así como la fecha en la que deben realizarse los citados aportes por parte del contratista.
Para la suscripción del contrato habrá de acreditarse que se está afiliado a los diferentes sistemas a que tiene obligación el contratista de prestación de servicios (salud, pensión y riesgos laborales), en tanto que una vez suscrito el contrato, para hacer efectivo cada pago derivado del mismo, el contratista deberá certificar por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA-, la cancelación de los aportes, tomando en consideración el ingreso base de cotización ya indicado (mínimo el 40% del valor mensualizado del contrato).
Frente al segundo interrogante, referente al Decreto 1670 de 20076, artículo 4°, relacionado con las fechas en que debe realizarse el pago de los aportes al SGSSS, se entenderá que se está al día en el pago de aportes, siempre que no venza el plazo que para la cancelación de los mismos establece la aludida disposición.