Source: https://elderecho.com/intereses-de-demora-responsabilidad-hipotecaria-e-impuesto-de-actos-juridicos-documentados
Timestamp: 2020-05-26 17:55:56
Document Index: 239344565

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 1257', 'artículo 1303', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 57', 'artículo 64', 'artículo 1303']

Intereses de demora, responsabilidad hipotecaria e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados - El Derecho
Intereses de demora, responsabilidad hipotecaria e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
Foro 04-02-2020 Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual
Como es sabido, la responsabilidad hipotecaria surge cuando un deudor hipotecario no puede afrontar los pagos de su hipoteca y se enfrenta a una ejecución que se extiende no solo al préstamo pendiente de abonar sino a otros conceptos económicos que aparecen son definidos en el art. 6.b) de la Ley 16/2011, de 24 de junio -EDL 2011/102814- (al que se remite, en su art. 4, la Ley 5/2019 -EDL 2019/7793-) como “la suma del importe total del crédito más el coste total del crédito para el consumidor.”, cifra a la que se refiere el art. 12 LH -EDL 1946/59- cuando señala que “en la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración.”.
Por tanto la responsabilidad hipotecaria es la cantidad máxima de la que responde el bien inmueble en caso de ejecución de la hipoteca por impago del préstamo que garantiza y que incluye -o puede incluir-, 1) la cantidad prestada y pendiente de pago, 2), los intereses remuneratorios pactados con el banco, 3) los intereses de demora, 4) los gastos y costas judiciales y, 5) los gastos extrajudiciales relativos a la efectividad de la garantía y conservación de la finca hipotecada, tales como las contribuciones y tributos que graven la finca, los gastos de comunidad y los seguros, conceptos cuya suma constituye el total por el que responde el bien y a la que el prestatario debe hacer frente si no se cubriera por completo con la subasta de la vivienda, a lo que ha de añadirse el impuesto de plusvalía.
Es cierto que la RDGRN de 20 de mayo de 1987 -EDD 1987/9932- señaló que los intereses de demora, al generarse como consecuencia de un incumplimiento, constituyen un crédito contingente y futuro en el momento de la constitución de la hipoteca y que por ello «en virtud de la exigencia de especialidad (art. 12 de la Ley Hipotecaria -EDL 1946/59-), no cabe entender incluidos bajo la genérica cobertura real por intereses a los devengados en caso de mora; éstos si pretenden protección hipotecaria, deberán establecerse de forma diferenciada, con señalamiento de un tope máximo y con respeto de las demás exigencias requeridas por las especiales características de las hipotecas de seguridad”.
Pues bien, lo que nos preguntamos es si en el caso de haberse incluido expresamente una cifra por intereses de demora para fijar el importe total de la responsabilidad hipotecaria, caso de declararse la nulidad de la cláusula de intereses de demora, habrá de asumir -y ser condenada en consecuencia- la entidad prestamista a reintegrar el importe diferencial que resulte entre lo abonado por el prestatario por razón del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y que lo habría debido de abonar sin aquél concepto pues, como se recordará, el impuesto tiene como base imponible –art 10-2-c) RDL 1/1993, EDL 1993/17918- “el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo”, es decir, la cifra de la responsabilidad hipotecaria.
Comentario: Es una pretensión económica cada vez más frecuente en las demandas relativas a la nulidad de cláusulas condiciones generales de la contratación en préstamos con garantía hipotecaria suscritos con consumidores, la relativa a la restitución como efecto de la declaración de nulidad de la cláusula sobre intereses moratorio, de una parte de la cifra abonada a la Hacienda Pública en del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y ello con el argumento de que la base imponible del impuesto se sustenta en la cifra que el contrato haya atribuido a la responsabilidad hipotecaria que se conforma con una previsión cuantitativa correspondiente a los intereses moratorios.
A su vez, el argumento que a la contra utilizan las entidades prestatarias es que tal pretensión confunde la responsabilidad real de los bienes objeto de garantía hipotecaria con la responsabilidad personal derivada del préstamo entre las que dicen, no hay relación porque mientras que los intereses moratorios afectan al prestatario, la responsabilidad hipotecaria fijada conforme al art. 114 LH -EDL 1946/59- solo delimita el alcance de la garantía en caso de crisis del contrato.
Pues bien, aunque es cierto que intereses del préstamo y la responsabilidad hipotecaria son conceptos diferentes, siendo esta última una cláusula que establece que en garantía del préstamo se constituye hipoteca por un importe de principal, de intereses ordinarios, de intereses de demora y de costas y gastos, indicando cual es el máximo de lo que responde un tercero de buena fe en caso de que él sea propietario al tiempo de constituir una garantía para el acreedor dado que, como ha dicho en alguna ocasión la DGRN en virtud de la exigencia de especialidad (art. 12 de la Ley Hipotecaria -EDL 1946/59-), no cabe entender incluidos bajo la genérica cobertura real por intereses a los devengados en caso de mora en modo tal que si éstos pretenden protección hipotecaria deben establecerse de forma diferenciada, con señalamiento de un tope máximo y con respeto de las demás exigencias requeridas por las especiales características de las hipotecas de seguridad, también es verdad que más allá de estas diferencias que afectan a la funcionalidad de cada una de las cláusulas, ambos pactos convergen de facto vía tributaria desde el momento en que la norma reguladora del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados fija su base imponible -art 30- sobre la cifra de la responsabilidad hipotecaria que a su vez se configura, entre otros conceptos, con una previsión cuantitativa de intereses de mora al tipo previsto en la regulación contractual del préstamo.
Por tanto, aunque la responsabilidad hipotecaria surge cuando un deudor hipotecario no puede afrontar los pagos de su hipoteca y se enfrenta a una ejecución que se extiende no solo al préstamo pendiente de abonar sino a otros conceptos económicos, definidos en el art. 6.b) de la Ley 16/2011, de 24 de junio -EDL 2011/102814- (al que por cierto se remite la Ley 5/2019 -EDL 2019/7793-) como “la suma del importe total del crédito más el coste total del crédito para el consumidor”, y a la que se refiere el art. 12 LH, dicha cifra se afecta vía tributaria caso de la nulidad de la cláusula financiera obligacional de los intereses de demora pues a la postre, lo que paga el consumidor a la Hacienda Pública depende de la cifra de responsabilidad hipotecaria y ésta, a su vez, de una previsión de intereses de demora fijados en el contrato que es nula.
Sin embargo, diversas razones abogan para que a pesar de ello, la respuesta pueda ser negativa a la pretensión de reintegro. Desde problemas de jurisdicción hasta el hecho -cierto- de que la nulidad de la cláusula no impide que el préstamo siga devengando en todo caso intereses que quedan cubiertos con la cláusula que fija la cifra de responsabilidad hipotecaria.
Esto explica que no haya variedad de posicionamientos entre nuestros autores. Y nada mejor que leerlos para comprender el fundamento de su posición ante el tema que claramente, está generando resoluciones judiciales contradictorias una vez más. Y una vez más deberemos esperar una decisión del Tribunal Supremo y quien sabe si quizá, también, del Tribunal de Justicia.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 1 de diciembre de 2019.
Quizá convenga comenzar aclarando que la pregunta que se formula va referida a supuestos en que las partes concertaron el contrato de préstamo antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modificó el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -EDL 2018/125254 -en cuyo art. 29 se establece que el sujeto pasivo del IAJT en supuestos de préstamos con garantía hipotecaria es el prestamista-, puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna.
Ni que decir tiene que, por supuesto, también a contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley de Créditos Inmobiliarios -Ley 5/2019 -EDL 2019/7993--.
Para esos supuestos, anteriores a la aplicación de la legislación mencionada, habrá que resolver de acuerdo con lo sostenido por el Tribunal Supremo en lo relativo a la persona obligada al pago del Impuesto -SS. 15 de marzo de 2018, nums 147 -EDJ 2018/19897 y 148 -EDJ 2018/19898 y 23 de enero de 2019 -EDJ 2019/501277--, conforme al que -En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas:
a Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario.
b En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario.
c En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
d Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad -Actos Jurídicos Documentados que grava los documentos notariales-.
Criterio que era coincidente con lo sostenido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en ss. 1669/2018 -EDJ 2018/641978-, 1670/2018 -EDJ 2018/641973 y 1671/2018 -EDJ 2018/641985-, de 27 de noviembre, que mantenían la anterior jurisprudencia de esa Sala, a la que se remitieron las citadas sentencias de 15 de marzo de 2018 -EDJ 2018/19897 y EDJ 2018/19898-.
Sentado lo anterior cabe decir que si para el cálculo de la base imponible del Impuesto se tuvo en cuenta, formando parte del capital constituido, una cantidad estimada para intereses moratorios -art. 10.2.c RDL 1/1993 -EDL 1993/17918- y éstos fueran considerados abusivos por una resolución judicial resultaría que dicho Impuesto se habría satisfecho por mayor cuantía de la que realmente correspondería, con lo que el prestatario, que fue el que lo abonó, habría sufrido, en principio, un perjuicio concreto.
Podría pensarse que en este caso la entidad prestamista debería indemnizar al prestatario por la demasía de cuota satisfecha, que es lo que resolvió, en un caso idéntico al planteado, la ST. AP. Gerona de 4 de febrero de 2019 -EDJ 2019/504996-.
No obstante, entiendo que, para un supuesto como el que se contempla en la pregunta de desaparición parcial sobrevenida del hecho imponible, el prestatario tiene la posibilidad de solicitar de la Administración la devolución del exceso abonado por cuota al Tesoro, una vez declarada la nulidad de la cláusula de intereses moratorios, posibilidad que le ofrece el art. 57.1 de la Ley reguladora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados -EDL 1993/17918-, teniendo en cuenta que, en tal caso, contaría con cuatro años desde la firmeza de la resolución que declarara la nulidad por abusividad de la cláusula para efectuar la reclamación -art. 66 c y d Ley General Tributaria, en relación con el art. 32 de dicha Ley -EDL 2003/149899--.
Por tanto, estimo que si el prestatario puede recuperar lo indebidamente abonado efectuando la oportuna reclamación de la Administración, que fue quien cobró la cuota, tendría la oportunidad de restañar el daño sufrido, percibiendo de quien recaudó el Impuesto la cantidad abonada en exceso. De esta manera, el daño nacería no tanto de la nulidad parcial de los intereses moratorios calculados como de la inacción del prestatario sino reclama de la Administración Tributaria el citado exceso.
De otro lado, no puede entenderse que hubiera existido un enriquecimiento injusto por parte de la prestataria porque ésta, en definitiva, no cobró dicho Impuesto ni dejó de pagar algo que pudiera corresponderle tampoco obtuvo beneficio alguno.
Igualmente, la devolución de dicho exceso sería un efecto indirecto de la declaración de nulidad que no podría correr a cargo de la prestataria, resultando de aplicación al caso, aunque fuera de forma analógica, lo dispuesto en el art. 1107 CC -EDL 1889/1 en cuanto podría considerarse a la prestamista, en su caso, como una deudora de buena fe, con ausencia de dolo al tiempo de contratar.
Además, debe tenerse en cuenta que la entidad prestamista, para el supuesto de que indemnizara al prestatario en el exceso de Impuesto satisfecho por éste, no podría subrogarse en su posición de sujeto pasivo y efectuar la reclamación ante la Administración debido a la indisponibilidad de dicha posición, conforme a lo dispuesto en el art. 17.5 LGT -EDL 2003/149899 así, de estimarse que la prestamista debía indemnizar al prestatario, aquélla no tendría posibilidad de recuperar una suma que satisfizo sin haber recibido en su favor beneficio alguno.
Por tanto, mi respuesta a la pregunta formulada es la que no cabe posibilidad de que el prestatario reclame a la entidad prestamista el exceso de cuota satisfecha, debiendo hacerlo directamente frente a la Administración que lo recaudó.
El Artículo 10,2 c del Real Decreto Legislativo 1/1993 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -EDL 1993/17918-, establece que a fin de fijar el importe del impuesto, respecto de las hipotecas, prendas y anticresis, que estos derechos reales de garantía se valorarán en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo.
De acuerdo con esta norma, dado el afán recaudatorio de la administración, en este campo, como en otros actos o negocios jurídicos sujetos a este u otros impuestos, la administración incluye todos los conceptos que de forma directa o indirecta puedan servir para fijar la base imponible del impuesto, siendo el tipo del impuesto estatal del 6 %, salvo que se fije otro tipo por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Debe también hacerse referencia a la jurisprudencia sobre esta cuestión, y la regulación actual sobre esta materia.
El artículo 29 del Real decreto legislativo 1/1993 -EDL 1993/17918-, en su redacción inicial establecía que el sujeto pasivo de este impuesto eran las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. El Real Decreto ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados -EDL 2018/125254 en lo relativo a la determinación del sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios, que entró en vigor el día 10, añadió un segundo párrafo, que señala, “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará como sujeto pasivo al prestamista”.
Entrando al examen de la cuestión planteada, debe entenderse que se refiere a la parte del impuesto que el prestatario abonó a la administración tributaria por el impuesto de Trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se correspondería a las previsión que se recogía en la escritura para los intereses moratorios, cantidades que fueron abonadas antes de esta reforma legislativa por el prestatario, puesto que a partir de la entrada en vigor de dicha norma, el 10 de noviembre de 2018, el sujeto pasivo del impuesto ha pasado a ser el prestamista y no el prestatario .
En base a la redacción anterior a la reforma de este precepto, la Sala III del Tribunal Supremo, venia entendiendo que el sujeto pasivo del impuesto respecto a las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, era el prestatario, al entender que era la persona en cuyo intereses se expedían las escrituras, si bien esta doctrina consolidada de la Sala III, fue modificada por las sentencias de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Nº de asuntos 5350/2017 -EDJ 2018/1237-, 4900/2017 -EDJ 2018/605094 y 1168/2017 -EDJ 2018/606883-, en las que se consideró que el sujeto pasivo debía ser el prestamista pero por comunicado del Pleno de la Sala III, de 6 de noviembre de 2018 -http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/Nota-informativa-de-la-Sala-Tercera-del-Tribunal-Supremo--6-11-2018 -, se volvió al criterio tradicional de considerar como sujeto pasivo al prestatario.
También debe tenerse en cuenta la doctrina legal recogida entre otras en la STS Nº: 241/2019 de 24/04/2019 -EDJ 2019/563429 que recoge la doctrina legal en virtud de la cual se entiende que es nula por abusiva la cláusula contractual que establece en cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores, como intereses moratorios, un porcentaje adicional que exceda de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si el interés de demora queda fijado por encima de este porcentaje, la cláusula que lo establece es abusiva., siendo los efectos de dicha nulidad no que el préstamo deje de devengar intereses, pues si bien procede anular y suprimir completamente la cláusula, privándola de su carácter vinculante, pero no del interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución.
En cuanto a los efectos de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios, debe tenerse en cuenta el principio de relatividad de los contratos que establece el artículo 1257 del C. civil -EDL 1889/1-, que establece que el contrato solo produce efectos entre las partes contratantes y sus herederos, así como los efectos derivados de la nulidad de un contrato o de alguna de sus cláusulas, por lo que en virtud del artículo 1303 del C. civil, las partes del contrato deben restituirse las cosas que hubieran sido objeto del contrato con sus frutos e intereses, pues como se recoge reideramente por la jurisprudencia los efectos de la nulidad entre otras en STS, N º 457/2019 de 18 de julio de 2019 -EDJ 2019/651260-, es la obligación de devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la entidad financiera en virtud de la cláusula declarada nula por abusiva, pero no respecto de otras cantidades que haya podido abonar el prestatario a un tercero como es la agencia tributaria, pues en este caso no es que se haya cargado al prestatario un gasto, como pueden ser los gastos de constitución del préstamo que fueron cargados de forma indebida al prestatario cuyo pago total o parcialmente le correspondía a la entidad prestamista, sino que es la administración la que ha cobrado de forma indebida un exceso sobre una partida la cuota del impuesto, que hasta la reforma legislativa, llevada a cabo por el Real Decreto ley 17/2018, de 8 de noviembre -EDL 2018/125254-, era obligación del prestatario.
En la cuestión sometida a debate no se pretende que se devuelvan cantidades indebidamente cobradas por la entidad financiera, bien porque se corresponde a una cláusula abusiva como los interés de demora, o bien a cantidades que debiendo ser abonadas por la entidad financiera a favor de terceros total o parcialmente, como son los gastos de constitución de la hipoteca, como honorarios de Notario, Registrador, gestor, tasación, etc., han sido abonados por el prestatario o cargados en su totalidad al prestatario, sino de cantidades indebidamente cobradas y percibidas por la administración tributaria, pues si ha existido un exceso en la liquidación de la cuota del impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos, el que ha percibido ese exceso ha sido la administración tributaria, y no el prestamista, por lo tanto de haberse producido un pago indebido en parte del impuesto, la reclamación que pudiera realizarse en su caso no procederá será contra el prestamista, que no ha cobrado ninguna cantidad indebida, ni ha repercutido en el prestatario alguna cantidad que debió ser abonada por él, sino la administración tributaria que ha cobrado una cantidad indebida en su caso, reclamación que debe hacerse con arreglo a las normas procesales y ante la jurisdicción competente, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, y no la jurisdicción civil, reclamación en la que cabe entender que la legitimación pasiva no le corresponde al prestamista, sino a la administración tributaria que es la que ha percibido, en su caso, un exceso en el impuesto.
Se plantea la cuestión relativa a los efectos que lleva aparejada la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios en relación con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados -IAJD en adelante-, más en concreto, sí se podría reclamar la diferencia entre el impuesto abonado y el que hubiera debido de pagarse excluyendo los intereses garantizados.
La respuesta a esta cuestión entiendo que debe de ser negativa al no guardar relación la nulidad de la cláusula de intereses de demora fijados en el contrato con la base imponible del IAJD y, para ello, es preciso distinguir lo que es la responsabilidad hipotecaria de la cláusula de intereses de demora.
Como bien se explica en la pregunta formulada, la responsabilidad hipotecaria está formada por un conjunto de aspectos que tienen por finalidad esencial la determinación del importe total, por todos los conceptos, de los que responde la finca hipotecada, con acceso al Registro de la Propiedad y con los efectos de la publicidad registral sobre terceros. En la misma se integra una cantidad determinada en la propia escritura para garantizar el pago de los intereses de demora que pueda generar el incumplimiento por parte del prestatario de sus obligaciones contractuales, fundamentalmente el pago de las cuotas pactadas. Ello implica que en la hipoteca se garantiza una cantidad global máxima por intereses de demora que se puedan generar y dicha cantidad no está vinculada a un concreto porcentaje de intereses sino a la misma existencia de la mora del deudor hipotecario.
Por su parte, los intereses de demora pactados en la escritura en un determinado porcentaje, pueden ser declarados abusivos, cuando son desproporcionados con el interés ordinario del dinero y excluirse los mismos del contrato. Sí se eliminasen sin más, podría ser aceptable la reclamación, pero dado que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ratificada en la STJUE de 7 de agosto de 2018 -EDJ 2018/115883-, el préstamo sigue generando intereses remuneratorios incrementados en dos puntos -tres puntos en la Ley 5/2019 -EDL 2019/7993- que hacen las funciones de los intereses de demora, siempre se van a generar unos intereses por este concepto que van a quedar garantizados con la hipoteca, hasta el máximo previsto en la misma e inscrito en el Registro de la Propiedad y ello con independencia del porcentaje que se pueda aplicar.
En atención a lo razonado, y dado que el IAJD se calcula en su base imponible sobre la responsabilidad hipotecaria completa garantizada con la hipoteca, la nulidad de la cláusula de intereses de demora que pueda llevarse a cabo en un procedimiento de ejecución hipotecaria no afecta a dicha base imponible, que se mantiene inalterada en atención a las cantidades garantizadas en la hipoteca y, por ello, no puede ser reclamada por el prestatario al estar debidamente calculada y ser exigible en su totalidad.
Tal y como se suscita la cuestión el problema radica como consecuencia derivada de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses de demora, si bien el motivo del pago que llevó en su día a cabo el prestatario deriva de la aplicación de una normativa tributaria.
A mi juicio tal solicitud, esto es la pretensión de que a la par que se declare la abusividad de los intereses de demora convenidos, se condene como efecto de tal declaración -por semejanza al art 1303 CC -EDL 1889/1- a reintegrar la totalidad de los intereses abonados por el prestatario en tal concepto, y además a lo tributado de más consecuencia de la extensión de la garantía hipotecaria a unos intereses de demora anulados, tiene pleno acomodo en la redacción del expresado artículo, en la medida en que como se ha declarado la finalidad perseguida por aquél es dejar a las partes en la situación anterior al momento en que se produjo el negocio anulado.
Caso contrario de algún modo estaríamos imponiendo indirectamente una vinculación del consumidor a una cláusula que ha sido declarada nula por abusiva, lo que supondría contravenir el contenido del art 6.1 de la Directiva 13/93 -EDL 1993/15910-.
Quizás la duda más relevante se encuentra en el modo de llegar a esa no vinculación, si directamente por la vía del art 1303 CC -EDL 1889/1-, integrada dentro de los efectos derivados de la declaración de abusividad de la cláusula, o por la vía autónoma de la indemnizatoria de los daños y perjuicios por parte de la entidad financiera.
Particularmente no veo obstáculo para su ejercicio por la primera de las vías, tal y como vienen a reconocer diversas resoluciones de nuestras Audiencias Provinciales, tal y cito sólo como ejemplo reciente, la de la AP Girona de 4 de Febrero de 2019 -EDJ 2019/504996 donde se dice: «Recurre el demandante argumentando que si el banco no hubiera incluido una cláusula de interés moratorio abusiva, el importe pagado por el referido impuesto hubiera sido inferior pues la base imponible del impuesto se calcula en atención a la totalidad de la cantidad garantizada con la hipoteca.
Según el&nbspartículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre -EDL 1993/17918-: c Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres años de intereses .
Atendidos ...
Atendidos los términos de la cuestión planteada, parece claro que en principio, considerando el tenor del art. 10.2.c LITPAJD -EDL 1993/17918 podría denunciarse que se estaría incluyendo en la base del impuesto las consecuencias económicas de una cláusula declarada nula, contraviniendo de esta manera el principio de no vinculación del consumidor -por todas, Sentencias del TS de 4 de julio de 2017 -EDJ 2017/124798 y 19 de julio de 2017 -EDJ 2017/149950- en tanto que quedaría indemne la entidad prestamista de indemnizar -en los términos del art. 8 letra C del TRLGDCU -EDL 2007/205571- o de restituir -art. 1303 del Código Civil -EDL 1889/1- por imponer cláusulas que los Tribunales han declarado abusivas.
Desde el ámbito de la doctrina tributaria podría defenderse la habilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos dentro de los plazos previstos por los arts. 66 y 67 de la Ley General Tributaria -EDL 2003/149899 -esto es, cuatro años desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la sentencia que declare total o parcialmente la improcedencia del acto impugnado-.
Pero en el ámbito civil debe destacarse como hito relevante la SAP Girona de 4 de febrero de 2019 -EDJ 2019/504996-, que determina que procede el reintegro por la entidad prestamista a favor del cliente por concepto de daños y perjuicios derivados de la inclusión de una cláusula abusiva. En esta tesis, es claro que el consumidor puede solicitar la devolución de estas cantidades sin necesidad de acudir al procedimiento tributario.
Conforma ratio decidendi de la resolución mencionada -EDJ 2019/504996 que «si en la determinación de la cuota se ha tenido en cuenta el total de las cantidades garantizadas que según el pacto octavo del contrato de préstamo con garantía hipotecaria ascendía a 122.200 euros, en la cual estaba incluida la cantidad de 17.550 euros por intereses de demora, cuyo importe se fundamentaba en una cláusula que se ha declarado nula en la propia sentencia, sin que sea procedente incluir cantidad alguna por tal concepto, es claro que la cantidad a pagar por el impuesto hubiera sido de 1.046,50 y no de 1.222 euros, por lo que se pagó en exceso la cantidad de 175,50 euros, siendo procedente su reintegro por la entidad prestamista por daños y perjuicios derivados de la inclusión de un cláusula abusiva». Y en esta sentencia, dicha partida se añadió a otros conceptos ya concedidos, pues se declara la nulidad de la cláusula sobre gastos, siguiendo el criterio de las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019 -EDJ 2019/501268 en cuanto a la obligación de pago de los aranceles notariales, registrales y honorarios de la gestoría determina que el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados corresponde al prestatario, y de igual forma, se declara la nulidad de la cláusula sobre intereses de demora.
La responsabilidad hipotecaria establecida en la escritura de préstamo separa claramente las cuantías de dicha responsabilidad. Por un lado, el principal del préstamo y, por otro, la cuantía de los intereses ordinarios y el resto de conceptos garantizados, calculados de forma unilateral por la entidad prestamista. Pues bien, en esta inteligencia, la nulidad de las cláusulas abusivas que afectan a la base imponible del impuesto, en buena lógica debe conllevar la restitución -si no del total de la parte proporcional de cada una de ellas que ha coadyuvado a la determinación de cuota tributaria, ya que habrían desplegado sus efectos desde el primer momento: en la liquidación y pago de aquel.
En la tesis que se sostiene por la referida SAP de Girona -EDJ 2019/504996-, tal debe conllevar la minoración de la base imponible respecto de la cuota tributaria resultante de aplicar a la cuantía determinada en la responsabilidad hipotecaria por dicho concepto el tipo impositivo correspondiente del ITPAJD. Y así las cosas, bien podría sostenerse que tal podría hacerse extensivo a todas las cláusulas que afecten a la formación de la base imponible, y por ende a la determinación de la cuota resultante, de suerte que el consumidor afectado pueda verse íntegramente resarcido -arts. 6 y 7 de la Directiva 13/93 -EDL 1993/15910--. Tal parece, ciertamente, coherente en el marco de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas y sus consecuencias restitutorias.
Efectivamente el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -EDL 1993/17918-, en su artículo 10.2.c establece la regla particular de valoración de los derechos reales de garantía a efectos del impuesto, al decir. ”Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres años de intereses”. Consecuentemente la declaración de nulidad de la cláusula en que se establecen los intereses de demora garantizados con la hipoteca, deberá repercutir en la base imponible del impuesto, que debería reducirse en la cuantía de intereses de demora fijados en la cláusula declaraba nula.
La siguiente cuestión es ¿quién está legitimado y frente a quien para reclamar el importe de la diferencia entre lo abonado por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y lo que habría debido de abonar? La respuesta la proporciona la misma norma, en su artículo 8 -EDL 1993/17918 dispone que «estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: a En las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere… c En la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice este acto. d En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario…», por tanto, el prestatario, favorecido por la declaración de nulidad de la cláusula sobre intereses moratorios, habrá sido el contribuyente que pagó el impuesto a la administración y tendrá derecho a exigir la devolución a la administración, aplicando la regla del artículo 57.1 «Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de prescripción previsto en el artículo 64 de la Ley General Tributaria -EDL 2003/149899-, a contar desde que la resolución quede firme.»
Queda por resolver el caso en que haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años a que se refiere la ley, en que se aplicará el efecto previsto en el artículo 1303 del código civil -EDL 1889/1-, que, una vez declarada la nulidad de una obligación, ordena la restitución recíproca entre los contratantes, por lo que el prestatario consumidor podrá reclamar al acreedor hipotecario contratante el reintegro de la cantidad pagada a la administración como consecuencia de la cláusula nula en que se pactaba una garantía hipotecaria para el cobro de intereses moratorios.
Por último, aplicando la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 16 octubre 2018 -EDJ 2018/595141-, los consumidores podrán demandar frente al prestamista profesional la nulidad de la cláusula, sin plazo de prescripción para reclamar, para que realice el reintegro de impuestos sobre el que se pregunta.
La respues...
La respuesta debe ser positiva. Es reiterada la jurisprudencia del TJUE según la cual la nulidad de una cláusula por abusiva, como la que aquí nos ocupa, ha de provocar su expulsión del contrato con efectos restitutorios de lo que se hubiera hecho en aplicación de la misma. Así, tal y como señala la STJUE de 21 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/226005-, una vez declarada abusiva una cláusula, no puede tener efectos frente al consumidor, debiéndose restablecerse la situación de hecho y de derecho en la que este se encontraría de no haber existido dicha cláusula esto es, el consumidor tiene derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por la entidad financiera en detrimento suyo en virtud de la cláusula abusiva y por ende, nula.
Si se ha tomado como punto de referencia o dato a tener en cuenta el interés moratorio para fijar el importe del IAJD resulta admisible que la entidad prestamista deba asumir las consecuencias de la nulidad, y, también, en lo que afecta al importe de una cuantificación del impuesto que ha barajado como patrón de medida una cláusula de intereses de demora declarada nula. Lo contrario sería cercenar e invalidar la totalidad de las consecuencias de la declaración de nulidad.
Así las cosas, el efecto que entendemos ha de anudarse a la declaración de nulidad por abusividad de dicha cláusula, es decir el restablecimiento de la situación fáctica y jurídica de las partes a la situación que hubieran tenido caso de no haber existido,
Además, tales intereses deberán devengarse desde que dichos gastos fueron indebidamente abonados por el prestatario. Este es el momento a partir del cual de una parte el prestatario se vio privado de dichas sumas, sin poder disponer de ellas para la satisfacción de sus necesidades, y de otra el prestamista disfrutó indebidamente de las mismas ahorrándose su abono y destinándolas a su actividad empresarial. Por otra parte, nos hallamos ante el ejercicio de una acción de nulidad, no de incumplimiento contractual en la que para el devengo de intereses se precise de reclamación o intimación alguna judicial o extrajudicial para la constitución en mora del obligado conforme a lo dispuesto en el art. 1100, 1108 y concordantes del Código Civil -EDL 1889/1-.
La determnación de la responsabilidad hipotecaria habrá quedado alterada por esa declaración de nulidad de la cláusula de los intereses de demora, y con ello resulta, en corolario a ello, que se deben atraer las consecuencias que se derivan a todos los niveles con esa declaración de nulidad. En este contexto, resultando el origen de la nulidad la fijación de una cláusula abusiva declarada judicialmente, no puede haber otra solución que admitir el nexo causal que existe entre esta declaración de nulidad y la correspondiente responsabilidad económica que afecta a la entidad bancaria por tener que asumir, también, la elevación de un precio impositivo que hubiera sido otro, y más reducido si el importe fuera correcto en la determinaciómn para quedar afectado el IAJD. Y ese importe es repercutible en el debe de la entidad prestamista.
En este sentido, la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, si éste ha sido más gravoso para el prestatario como consecuencia de la nulidad de una cláusula deberá asumir las consecuencias impositivas que le repercutió al prestatario la fijación de ese interés moratorio.