Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97252
Timestamp: 2019-11-12 09:59:18
Document Index: 105007272

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 167', 'artículo 71', 'artículo 167', 'artículo 19', 'artículo 167', 'artículo 19', 'artículo 167', 'artículo 19', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'artículo 261', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 325', 'artículo 381', 'artículo 220', 'artículo 224', 'artículo 376', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 167', 'artículo 167']

Gaceta: LXIV/1SPR-21/97252
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales al tenor de la siguiente:
Durante la LXIV Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República ha impulsado diversas reformas constitucionales que atienden la exigencia social de contar con un marco jurídico actual y más justo. Una de las reformas más relevantes que significó un gran paso hacia el verdadero acceso a la justicia, sin duda, es la realizada al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa -publicada el 12 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación-.
A través de esta reforma se adicionaron diversos delitos al catálogo de ilícitos en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa, entre ellos podemos encontrar el feminicidio, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la violencia sexual contra menores, la corrupción, desaparición forzada de personas, el robo al transporte de carga y en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, es preciso realizar algunas modificaciones a la legislación penal secundaria en apego al principio de legalidad y con el ánimo de armonizar las normas secundarias con el referido mandato constitucional, en específico es necesario adecuar el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Además, el régimen transitorio de la reforma constitucional señalada mandató al Congreso de la Unión incluir al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las conductas delictivas que fueron añadidas al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, resulta imperativo ajustar aquel dispositivo al aludido texto constitucional.
Por otro lado, es de gran relevancia modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, debido a que el precepto añadido a la constitución -uso de programas sociales con fines electorales- no se considera como delito. Las hipótesis delictivas que se contemplan en la Ley mencionada que se relacionan con programas sociales prevén únicamente las conductas de condicionar o bien amenazar con suspender, más no refieren a su uso.
Este vació legal permitió que durante los últimos tres sexenios federales no se castigaran las prácticas que permitieron el imperio de la corrupción, pues una de las formas en que ésta se desplegó fue, precisamente, a través del uso discrecional y sistemático de los recursos de los programas sociales para coaccionar al electorado. Otro fenómeno alarmante relacionado con el uso de estos programas con fines electivos era que de manera regular se designaba a quienes los habían administrado como candidatos o bien, como operadores de campañas políticas.
De modo que, para avanzar en el combate efectivo a la corrupción que abarca el uso de los recursos de los programas sociales con fines electorales, es ineludible construir los tipos penales que sancionen tal conducta y en caso de que se actualice pueda ser ordenada la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior abona al ejercicio genuino del voto activo y pasivo, al igual que a desterrar prácticas que atentan contra la libertad y autenticidad del sufragio, así como al adecuado desarrollo de la función pública electoral.
Por ello, considerar el uso de los programas sociales con fines electorales como delito grave y por ende que constituya una hipótesis en cuya comisión amerite la prisión preventiva oficiosa, es a todas luces proporcional y necesario. Toda vez que supone un acto gravísimo por la naturaleza de dichos programas al significar instrumentos que sirven para acortar la brecha de la desigualdad entre los distintos sectores sociales, de tal forma que, no podemos tomar con ligereza su uso indebido.
Una de las banderas de la cuarta transformación es la erradicación total del fraude electoral, en consecuencia, desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República no descansaremos hasta contar con los mecanismos legales adecuados para evitar a toda costa la impunidad de los actos que transgreden el derecho a la democracia.
Se propone añadir un artículo que prevé los casos en que podrá ordenarse la prisión preventiva oficiosa.
Se propone añadir dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales y en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa. A continuación se describen:
Se busca sancionar con prisión de 3 a 8 años y de 300 a 600 días multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
En el mismo sentido se propone establecer una pena de 4 a 9 años de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.
Se propone modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de actualizarlo e incluir las conductas delictivas que se añadieron al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin demérito de lo que ha quedado plenamente expuesto en la motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:
Artículo 6 bis. La prisión preventiva oficiosa sólo podrá ordenarse en los casos de uso de programas sociales con fines electorales que se encuentran previstos en los artículos 7 bis y 11 bis. del presente ordenamiento.
Artículo 7 bis. Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de a tres a ocho años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
Artículo 11 bis. Se impondrán de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, abuso o violencia sexual contra menores, secuestro, trata de personas, robos de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La Ley General en materia de Delitos Electores establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
XII. Abuso sexual contra menores, previsto en el artículo 261 y violencia sexual contra menores previsto en el artículo 266 en relación con el artículo 266 bis;
XIII. Feminicidio previsto en el artículo 325;
XIV. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381;
XV. Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 y enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, y
XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto en el artículo 376 Ter.
Como ha quedado demostrado, es menester actualizar la legislación secundaria con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en materia penal electoral, pues resulta clave para el combate frontal a la corrupción que la ley reconozca el uso de los programas sociales con fines electorales como delito y se establezcan los supuestos en los que procederá ordenar la prisión preventiva oficiosa.
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente:
PRIMERO. Se adiciona un artículo 6 bis., un artículo 7 bis. y un artículo 11 bis. a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
Único. El presente Decreto entrara? en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se adiciona una fracción XII, una fracción XIII, una fracción XIV, una fracción XV y una fracción XVI al artículo 167 y se modifica el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Salón de Sesiones del Senado de la República a los diez días del mes de julio de dos mil diecinueve.