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Timestamp: 2017-04-29 13:22:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 31', 'artículo\n31', 'artículo 32', 'artículo 32']

Así habló Cicerón: noviembre 2012
Qué son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
ha sido el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. En tan singular efemérides me he enterado de que UPyD lleva en su
programa la eliminación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM). Por
supuesto, ya han salido los fans de Rosa Díez a apoyar a su líder en Twitter y a decir que
claro que hay que quitarlos, que no realizan ninguna función que no
puedan realizar otros órganos. Leyendo los tuits de estos fans me he
dado cuenta de que hay mucho desconocimiento sobre qué son y para qué valen estos órganos.
Voy a dedicar unas líneas a esa cuestión.
JVM fueron introducidos en el sistema en 2004. Se encargan de procesos por
delito, es decir, de procesos penales. En todo proceso penal hay dos grandes
partes: la instrucción y el enjuiciamiento. La instrucción es la averiguación
de qué ha pasado, de cuáles son los hechos que se van a juzgar. El
enjuiciamiento es, precisamente, la realización de pruebas y la valoración
jurídica de esos hechos para terminar en una sentencia que absuelva o condene
al acusado. En España ambas funciones las realizan órganos judiciales: la
instrucción la llevan los Juzgados de Instrucción y el enjuiciamiento los
Juzgados de lo Penal o las Audiencias Provinciales según el caso.
ese esquema, ¿dónde están los JVM? En la primera parte, en la de instrucción:
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son Juzgados de Instrucción
especializados en este tipo de delitos. Se consideran delitos de violencia de
género los siguientes: homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos
contra la libertad (secuestros, amenazas, coacciones), delitos contra la
integridad moral (violencia física o psíquica habitual) delitos sexuales,
delitos contra los derechos y deberes familiares y cualquier otro delito
cometido con violencia o intimidación. Lógicamente, para que el asunto competa
al JMV se tienen que haber cometido en el ámbito de la pareja.
JVM tienen todas las competencias típicas de un Juzgado de Instrucción. No sólo
pueden investigar los delitos mencionados sino también juzgar las faltas de
violencia de género y adoptar medidas cautelares como la prisión provisional o
la orden de alejamiento. Además, y esto es algo específico de los JVM, tienen
atribuidas importantes competencias civiles: determinar la filiación de los
hijos, divorciar o separar legalmente a la víctima del agresor, decidir sobre
guarda y custodia o sobre alimentos, etc. Si estos procedimientos ya estuvieran
iniciados en un Juzgado civil pasan a tramitarse inmediatamente en el JVM, ya que la competencia de éste es exclusiva y excluyente.
pues, ¿conviene o no conviene mantener estos Juzgados? Yo creo que sí, por
convenientes: los delitos de violencia sobre la mujer son tipos muy distintos,
que atacan bienes jurídicos diferentes, que tienen muchas implicaciones
económicas y familiares y que se dan en un contexto sociocultural muy complejo.
En este sentido está bien tener un órgano que conozca de estos tipos y que
además pueda acumular cuestiones civiles y penales en la misma causa, porque la
víctima lo puede dejar todo resuelto en los mismos trámites. Además, así los
jueces se especializan en estos problemas y pueden investigarlos mejor.
es la primera vez que se crean órganos específicos para una materia que tiene
especificidades importantes o una cierta complejidad. Así, los Juzgados de lo
Mercantil se crearon para conocer de concursos de acreedores, el sistema de la
Audiencia Nacional para delitos de terrorismo y narcotráfico, los Juzgados de Menores para delitos cometidos por menores de edad y los Juzgados de
Familia(1) para divorcios,
filiaciones, alimentos y demás cuestiones familiares. En definitiva, que la
técnica de la especialización no es nueva.
eficientes: quizás sea por contraste con el resto de los procedimientos
judiciales, pero las instrucciones llevadas a cabo por los JVM son rápidas.
Quizás habrá quien abogue por eliminarlos y mejorar el resto de la Justicia
para que sea más rápida y eficaz: es cierto que si acometemos la ineludible
modificación que necesita nuestro sistema judicial desaparecería esta razón
para mantener los JVM, pero queda la primera, que es la más importante.
aumentan particularmente el gasto. Efectivamente, a pesar de que debería haber
un JVM en cada partido judicial existen varias vías para que no lo haya si no
es necesario. Así, es posible que sus funciones las asuma un Juzgado de
Instrucción corriente: de hecho, es obligatorio cuando en el partido sólo haya
un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. También es posible establecer un
solo JVM para dos o más partidos judiciales de poco tráfico: esta es la
solución que me parece mejor, porque mantiene la posibilidad de tener jueces
especializados en violencia de género. En
definitiva, nos hallamos ante unos órganos útiles, eficientes y baratos. Como
diría @Subnorbook, sin cuya colaboración esta entrada hubiera quedado coja,
para algo que funciona en la jurisdicción penal mejor no vamos a tocarlo.
(Podéis
encontrar las referencias legales que he utilizado para redactar este artículo
en los artículos 87 bis y 87 ter LOPJ.)
(1) Los Juzgados de Familia no existen como tales, pero existen ciertos Juzgados de Primera Instancia a los que van todos los temas de familia y a los que no accede ningún otro asunto.
Reacciones: miércoles, 21 de noviembre de 2012
Por qué el tasazo judicial es inconstitucional
fue aprobada definitivamente la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, conocida como el “tasazo judicial”. Publicada
hoy, entra en vigor mañana. Supone un enorme aumento de la cuantía de las tasas
judiciales y una extensión de los sujetos pasivos: como la propia Exposición de
Motivos reconoce en su punto II, ahora están sujetos a la tasa no sólo las
personas jurídicas sino también las personas físicas, es decir, tú y yo.
nueva norma se aplica a tres de los cuatro órdenes jurisdiccionales españoles:
civil, contencioso-administrativo y social. El orden penal ha quedado excluido,
dice la Exposición de Motivos, por “sus características especiales de acceso a
la justicia” (punto II). Dentro de las tres jurisdicciones mencionadas están
sujetos a la tasa un buen número de actos (artículo 2):
la jurisdicción civil están sujetos todos los procesos declarativos, es decir,
aquellos en los que se pretende que el juez dictamine sobre la existencia de un
derecho que el demandante tiene contra el demandado. También están sujetos
otros procesos, como el monitorio y el concursal, y la interposición del
la jurisdicción contencioso-administrativa están sujetos tanto la demanda
inicial como los recursos de apelación y casación.
la jurisdicción social están sujetos los recursos (suplicación y casación) pero
no la demanda inicial. Además, los trabajadores se benefician de una exención
del 60%.
ciertos procedimientos exentos, que no vamos a detallar. Además, los que
reciban el beneficio de la asistencia jurídica gratuita están también exentos
de pagar la tasa.
cuánto hay que pagar? Por Internet se han difundido cantidades fijas totalmente
escalofriantes, que van desde los 150 € en el proceso civil más sencillo hasta
los 1.200 € que cuesta la casación en los órdenes civil y contencioso-administrativo.
Pero es que junto a ello hay otro palo, aún más gordo: la tasa consta también
del 0,5% de la cuantía dineraria debatida en el procedimiento. Si estoy
reclamando una herencia de 60.000 €, por ejemplo, son otros 300 € de tasa. Si
en la herencia de mis padres está su casa, el piso de la playa y un terreno
perdido por Cuenca lo mismo no puedo permitirme el litigio. En principio una
tasa no debería funcionar así, porque lo que busca es cubrir el coste de un
servicio, pero lo cierto es que la ley permite modularlas según la capacidadeconómica de los sujetos.
es la principal razón por la cual estimo que esta normativa tiene, al menos,
graves indicios de inconstitucionalidad. Hay que tener en cuenta que esta ley
se ha tramitado tras la salida de la STC 20/2012, resolución que, según la Exposición de
Motivos de la ley (punto I) reconoce “la viabilidad de un modelo en el que parte del
coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se
benefician de ella”. Con las cosas así no me parece que el argumento más fuerte
para apoyar la inconstitucionalidad de la ley sea el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), ya que expresamente el Tribunal
Constitucional acaba de declarar su compatibilidad con un régimen general de
Considero más apropiado ir por la vía del
artículo 31.1 CE, que dice que “Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. ¿Y
por qué considero este precepto incompatible con el tasazo? Pues porque el
tasazo no mide la capacidad económica de los sujetos. Cuando yo reclamo
judicialmente algo es, obviamente, porque no lo tengo. Si me obligan a pagar
una tasa dependiendo de la cuantía que yo reclame no están midiendo mi
capacidad económica sino, como mucho, mi hipotética capacidad económica futura,
porque pueden pasar mil cosas por las cuales yo no acabe cobrando. La ley
permite que las tasas se fijen de acuerdo a la capacidad económica del sujeto,
sí, pero a la capacidad económica real.
Existen otros argumentos derivados del artículo
31.1 CE (como el que tiene que ver con la prohibición de tributos
confiscatorios, es decir, que mermen gravemente la capacidad económica del sujeto)
pero son más débiles. Creo que un eventual recurso debería ir por la vía de la
capacidad económica y que tiene posibilidad de prosperar. EDITADO: Como ya suponía, no ha tardado en salir gente a decir que eso de que la STC 20/2012 apoye la reforma actual es mentira. No he leído la sentencia, así que no me atreví a pronunciarme sobre ello, pero al parecer se ciñe mucho al tema concreto (que tiene que ver con una gran empresa de seguros), no hace grandes construcciones jurisprudenciales aplicables a otros casos e incluso excluye expresamente del razonamiento algún supuesto de tasa que sí incluye la ley, como la tasa para recurrir. En fin, otra razón más para argumentar que el tasazo no se sostiene por ningún lado.
EDITADO 2: No dejo de ver el dato de que, con la nueva ley, divorciarse cuesta 1.280 €. No sé cómo se ha calculado esa cifra pero yo no le veo apoyo en la norma. Es posible que un divorcio tenga esa tasa porque, como ya hemos dicho, ésta no es fija, pero también es posible que la cantidad a pagar sea cualquier otra.
Reacciones: lunes, 19 de noviembre de 2012
La constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo
mes de noviembre de 2012 será recordado por el colectivo LGTB español como
aquél en el que el Tribunal Constitucional, tras siete años de espera, avaló
por fin la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. La histórica
sentencia es un importante jalón en la consolidación de los derechos de estas
personas. Por ello voy a dedicar unas líneas a analizarla.
primero que llama la atención de la sentencia es lo argumentada que está. De hecho
muchas veces parece pecar de un exceso de argumentación, dedicando párrafos y
párrafos a asuntos que son más que evidentes. Es cierto que el Tribunal
Constitucional suele ser un órgano bastante verborréico, pero también puede ser
que el ponente, Pablo Pérez Tremps, haya preferido cubrirse las espaldas y
pecar por exceso: se podrá estar en desacuerdo con la sentencia pero nadie
podrá decir que no está argumentada.
recurso estaba fundado en siete u ocho preceptos constitucionales, entendiendo
sin duda los recurrentes que cuanto más paja metieran más posibilidad habría de
que algo colara. El Tribunal Constitucional corta de raíz esa pretensión al
afirmar de buenas a primeras que sólo uno de ellos es verdaderamente autónomo: la
contradicción de la ley recurrida con el artículo 32 CE, que dice que “El
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.
El resto sólo podrán ser estimados si se estima éste, y por tanto no merecen
análisis diferenciado.
la paja pasamos a lo gordo: la interpretación del artículo 32 CE. Aquí el
Tribunal Constitucional distingue entre el matrimonio como institución y el derecho
a contraer matrimonio. · El
matrimonio es una institución protegida en la Constitución y que por ello goza
de una cierta autonomía respecto del legislador, que debe respetar su “imagen
maestra”, es decir, la idea que cada época tiene de ella. ¿Se ha desvirtuado
esta imagen por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo? El
Tribunal Constitucional dice que no, y para ello hace algo que no es muy
frecuente en este tipo de cortes: acude a datos fácticos. Efectivamente,
en el FJ 9 afirma que la lectura de la Constitución debe hacerse con respecto a
la cultura jurídica del momento, y es indudable que la cultura jurídica actual
ampara este tipo de matrimonio: tanto la amplia cantidad de sujetos políticos
que lo ha regulado como las estadísticas sobre su aceptación entre la población
y los cambios de opinión en la doctrina científica(1) (que el Tribunal
Constitucional cita ampliamente) permiten entender que hoy el matrimonio entre
personas del mismo sexo es perfectamente admisible. La imagen maestra del
matrimonio no queda desvirtuada, pues se sigue concibiendo como “comunidad de
afecto que genera un vínculo o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que
poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente
deciden unirse en un proyecto de vida familiar común” (FJ 9) por mucho que se
hayan ensanchado los requisitos para acceder a ella.
aquí el Tribunal Constitucional hace una referencia velada a su tardanza en resolver
sobre el asunto al poner el énfasis en cómo son las cosas hoy en día y cómo
eran hace siete años. Menciona varias veces el crecimiento del apoyo a esta
figura jurídica en este lapso, como si insinuara que una sentencia de hace
siete años no habrían encontrado argumentos suficientes para desestimar el
recurso. Cosas veredes.
Tribunal también se pronuncia sobre la expresión “el hombre y la mujer”,
rechazando la supuesta reserva constitucional a favor del matrimonio
heterosexual. Lo hace en el FJ 8, y utiliza tanto una interpretación histórica (“Lo
que el constituyente se planteaba en el año 1978 respecto del matrimonio no tenía
nada que ver con la orientación sexual de los contrayentes, sino con la
voluntad de desligar el matrimonio y la familia, de proclamar la igualdad de los cónyuges (…) y de
constitucionalizar la separación y la disolución”) como una interpretación literal
(“el art. 32 CE sólo identifica los titulares del derecho a contraer
matrimonio, y no con quién debe contraerse”). Lo reseño no porque sea una
interpretación novedosa y revolucionaria –es más bien bastante evidente- sino
porque ha sido uno de los mayores argumentos de los que han abogado por la
cuanto al derecho a contraer matrimonio, es aquí donde el Tribunal
Constitucional mete más paja. Se dedica a analizar cuál es el contenido
esencial del derecho al matrimonio para terminar concluyendo que no queda
afectado por el hecho de que se amplíe su ámbito subjetivo. En otras palabras:
que nadie ve reducido su derecho a contraer matrimonio por el hecho de que las
parejas del mismo sexo puedan hacerlo, algo que no parecen haber entendido
HazteOír y demás grupúsculos. El Tribunal Constitucional dedica dos fundamentos
jurídicos enteros a esto.
la argumentación citada hace una única concesión a los recurrentes: el
constante matiz de que ninguna norma constitucional o internacional exige que
sea consagrado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nada obliga al
legislador a optar por esa fórmula si lo que quiere es dar un estatuto jurídico
a las parejas del mismo sexo, igual que nada le obliga a darles dicho estatuto
argumentación, a ratos muy antiformalista, es sin embargo bastante sólida. Me he
quedado con ganas de leer los votos particulares, en especial el de Aragón
Reyes, buen jurista que coincidió con el sentido del fallo pero discrepó en
algunos de los argumentos. Tengo entendido que su línea de argumentación apuntaba
precisamente a que hay que tener cuidado con “actualizar” las leyes a golpe de
interpretación jurisprudencial, algo con lo que coincido.
todo caso, sea como sea, noviembre es un mes grande para los homosexuales y
bisexuales y para todos los que, aunque no lo seamos, pensamos que la
orientación sexual no debería ser un impedimento para darle al amor plenos
efectos jurídicos.
(1) En Derecho se llama “doctrina científica” a la que hacen los tratadistas y juristas privados. La expresión se emplea en contraposición a “doctrina jurisprudencial”, que es la doctrina de los tribunales. No hay que confundir el término con nada que tenga que ver con una ciencia de verdad.
Religión y Pikachu
una amiga me ha contado una cosa muy curiosa. Ella no fue bautizada cuando
nació porque su madre es atea, pero hoy en día está bautizada y comulgada. La razón
es que cuando estudiaba la Primaria la profesora de Religión se horrorizó al
saber que se hallaba en esas circunstancias y la presionó para que se
bautizara. Esta presión coincidió en el tiempo con todas las comuniones, junto
con los regalos que ello implica. Total, que al final la turra hizo su efecto,
su madre cedió y hoy consta como una fiel borreguita más en los libros de la
Iglesia, pese a que ella no cree ni ha creído nunca en Dios.
anécdota me ha dejado pensando. ¿Qué padre en su sano juicio dejaría que su
hijo de 10 años montara en moto sin casco? ¿Cuál aprobaría que realizara vuelo
sin motor a esa edad? ¿Alguien le dejaría elegir su comida al ir al
supermercado o su ropa a la hora de ir a la tienda? ¿Consentiría que decidiera
la hora a la que se acuesta? La respuesta a estas preguntas es negativa, y lo
es porque todos concordamos en que a los 10 años un crío no tiene criterio para
tomar esas decisiones con respecto a su vida. Simplemente no tiene la madurez
necesaria, y por mucho que dé la barrila ningún padre responsable cedería.
entonces, ¿por qué la madre de mi amiga permitió que su hija fuera bautizada y
comulgara? Estamos hablando de una persona atea, que en principio no guarda
mayor simpatía por la religión. Y sin embargo cedió, a pesar de saber que la
religión es una gran fuerza de adoctrinamiento a la que es mejor enfrentarte
cuanto más mayor eres. Supongo que pensó que tal y como era la educación que le
estaba dando en casa el asunto no iría más allá de tener que comprar unos
regalos que no tenía previsto. O quizás fue que pensó que total, tampoco era
el punto al que quiero llegar, porque no es sólo cuestión de la madre de mi
amiga sino una cuestión algo más extendida. ¿Por qué hay padres indiferentes
hacia la religión que consideran que no es un tema importante? O, en otras
palabras, ¿por qué hay padres que permiten que la rabieta de un niño prospere
cuando quiere hacer la comunión pero no cuando quiere ir al colegio vestido de
Pikachu? Es más, seguro que si la madre de mi amiga se hubiera mantenido firme
y se hubiera negado a que su hija comulgara, sus amigos le hubieran dicho que
se había pasado de dura… cosa que no habrían hecho si le hubiera quitado el
disfraz de Pikachu antes de salir para clase.
es la causa de esto? ¿Es por la tradición y la inercia? Lo cierto es que no lo
sé, esto no pretende ser un estudio serio sino una entrada de blog, pero me
aventuraría a decir que debajo de todo nuestro barniz laico y pasota seguimos
siendo unos pequeños simios con miedo hacia el futuro, y que por tanto consideran
de alguna forma que está bien que los niños aprendan religión. Por lo que pueda
La constitucionalidad del matrimonio entre persona...