Source: https://issuu.com/agoraambiental/docs/manual_de_ciudadania_ambiental
Timestamp: 2018-01-22 07:26:48
Document Index: 52135968

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 86', 'Artículo 30', 'artículo 43', 'artículo 27', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 43', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 12', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 2', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 16', 'artículo 9']

Manual de ciudadanía ambiental by Ágora Ambiental - issuu
ISBN 978-987-25149-4-5
Este proyecto es financiado por: http://www.argentina.embassy.gov.au/
Fundación Ambiente y Recursos Naturales Tucumán 255 - Piso 6 - Oficina A - (C1049AAE) Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: [54-11] 4312-0788 / 2422 / 2183 4313-8631 www.farn.org.ar info@farn.org.ar http://twitter.com/ambienteactual/ Esta publicación está disponible en forma gratuita en: http//www.farn.org.ar
Diseño de tapa, ilustraciones y diagramación: Marta Biagioli
©2010, Fundación Ambiente y Recursos Naturales ISBN 978-987-25149-4-5 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en Argentina Libro impreso en papel FSC
Anónimo Manual de ciudadanía ambiental: herramientas para ejercer los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2010. 56 p.; 16 x 23 cm. ISBN 978-987-25149-4-5 1. Ecología. 2. Participación Ciudadana. 3. Manuales. CDD 304.28
Se terminaron de imprimir 1000 ejemplares en agosto de 2010 en:
Fecha de catalogación: 19/08/2010
Manual de CIUDADANÍA AMBIENTAL Equipo de trabajo FARN
María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva Gabriela Vinocur, Coordinadora del Área de Participación Ciudadana Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo Agnès Sibileau, Profesora de la Clínica Jurídica Juan Pedro Cano, Asistente Áreas Participación Ciudadana y Riachuelo Federico Sangalli, Prensa y Comunicación Ofelia Acosta, María Victoria Villanueva, Diego Viegas, Área de Administración
Herramientas para ejercer los derechos de Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Acceso a la Justicia
¿QUIÉNES SOMOS? La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad.
VISIÓN DE FARN Apuntamos a una sociedad democrática, participativa, con una estrategia sustentable en sus políticas públicas.
Fomentar la construcción de conocimientos en materia de desarrollo sustentable, gobernabilidad, política ambiental, contaminación, conservación, comercio, responsabilidad social empresaria e inclusión social.
Fomentar la construcción de consensos para las políticas públicas y privadas relativas a la temática de su alcance.
Capacitar a líderes sociales en materia de desarrollo sustentable a nivel público y privado.
Promover el acceso a la información y la participación en los procesos de toma de decisión.
Difundir y promover las herramientas legales para que los ciudadanos participen activamente en defensa de sus derechos.
Promover la generación de instrumentos que coadyuven a un mejor desempeño de las autoridades y la ciudadanía en torno a la aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales.
El objetivo principal del proyecto se centra en la protección de los derechos ambientales de los sectores de la población más desprotegidos, a través de la difusión y promoción de instrumentos legales de acceso a la información pública y de participación ciudadana, impulsando el cumplimiento con leyes ambientales vigentes.
El Human Rights Grants Scheme (Sistema de Subsidios para los Derechos Humanos) es un programa diseñado por AusAID (Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno Australiano) con el objetivo de promover los derechos humanos en países en vías de desarrollo. Se trata de subsidios otorgados a organizaciones para proyectos que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de capacidades orientadas a respetar, promover y proteger los derechos humanos.
La Embajada de Australia en Buenos Aires y AusAID La Embajada de Australia en Buenos Aires es la misión diplomática y consular del Departamento de Relaciones y Comercio Exterior de Australia para Argentina, Paraguay y Uruguay. Además de trabajar para fortalecer las relaciones bilaterales, la Embajada contribuye a la realización de las políticas internacionales de Australia en dichos países. La apuesta a políticas públicas de desarrollo a largo plazo, una democracia fuerte y estable y el fortalecimiento de su sociedad, caracterizada por la diversidad cultural, han ubicado a Australia entre las 14 primeras economías del mundo. En el año 2000 Australia se comprometió, mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a trabajar para eliminar la pobreza y el hambre, a mejorar la salud, la igualdad de género, la educación y la sustentabilidad ambiental. AusAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno Australiano, cuenta con distintos Programas de Cooperación Internacional destinados a apoyar estrategias efectivas para el desarrollo humano. El desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la promoción y protección de los derechos humanos son ejes transversales que deben sostener dichas estrategias. Si bien la cooperación australiana focaliza su accionar en la región de Asia Pacífico, el Gobierno Australiano ha estado realizando esfuerzos para profundizar y fortalecer sus relaciones con América Latina y el Caribe. Como parte de esa iniciativa, Australia ha expandido significativamente su programa de cooperación en Latinoamérica, incluyendo la extensión del Programa Human Rights Grants Scheme a esta región. FARN es la primera organización en Argentina en recibir este subsidio.
I.	Introducción. Marco Legal Constitucional II.	Acceso a la Información
III.	Herramientas de Participación Ciudadana IV.	Acceso a la Justicia V.	Daño Ambiental VI.	La Clínica Jurídica UBA - FARN VII.	Anexos: Ley Nº 25.675 Ley Nº 25.831 Decreto 1172/2003 Información útil Modelo de pedido de informes
VIII.	Bibliografía
Desde sus inicios FARN trabaja intensamente en la capacitación como motor de cambio de la realidad. En ese contexto, este manual de Ciudadanía Ambiental trata con un lenguaje accesible y en forma didáctica conceptos fundamentales para la comunidad ligados al ejercicio de los derechos ambientales, el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la materia.
justicia son herramientas clave para las organizaciones y los ciudadanos involucrados.
Somos conscientes de la necesidad de conocer nuestros derechos y también de ejercerlos para tornarlos reales y efectivos y por esa causa este material incluye el tratamiento que las normas dan a estos temas, como así también el trabajo que realiza en forma incansable la Clínica Jurídica Ambiental de FARN (parte del Departamento de práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA), el cual surge de la necesidad de viabilizar el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos.
Se trata de un material de consulta útil y práctico que esperamos sirva como base de acciones de remediación, prevención y preservación del ambiente, el respeto de los derechos fundamentales de las personas y el fortalecimiento de las instituciones y su transparencia, por las actuales y las futuras generaciones.
Asimismo, se incluye una descripción de la causa Riachuelo, un caso paradigmático en el cual FARN actúa constantemente en conjunto con otras organizaciones y el Defensor del Pueblo en el marco del Cuerpo Colegiado para el monitoreo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de julio de 2008. Allí el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la
Maria Eugenia Di Paola Directora Ejecutiva FARN
Constitución Nacional - Art. 41 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
De acuerdo con la Constitución Nacional (CN), todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, y estamos obligados a su vez a protegerlo.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. …”
De acuerdo a la CN, a partir de la reforma constitucional de 1994, las provincias delegaron en la Nación la potestad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, las cuales son exigibles a lo largo y a lo ancho del país, y se reservaron, al mismo tiempo, la competencia de complementar dichas normas con otras que pueden ser más exigentes, pero nunca inferiores a las normas establecidas por la Nación.
Qué implica entonces un presupuesto mínimo?
Implica una protección legal básica y uniforme para todo el país Una norma de presupuestos mínimos coloca a todos los habitantes de Argentina en un pie de igualdad en relación a la calidad ambiental: todos tenemos por lo menos esta protección básica
En función de esta competencia delegada, el Congreso Nacional sancionó en el año 2002 la Ley N° 25.675, conocida como “Ley General del Ambiente” (LGA), que establece los lineamientos e institutos principales de la política ambiental nacional. En esta misma línea en el año 2003, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nº 25.831 (LAIPA), que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentra en poder del Estado, y es aplicable tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), como así también a entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
En cuanto a la participación ciudadana, el ABC de la misma ha sido formulado en el texto del principio 10 de la Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en el año 1992 en Río de Janeiro, que establece:
Principio 10 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
De este principio surge la inseparable relación entre participación ciudadana en la gestión del ambiente, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia, así como la obligación del estado de garantizar esos derechos. La LGA incorpora el mencionado principio dedicando artículos específicos a la información ambiental y la participación ciudadana. En cuanto al acceso a la justicia, la norma lo trata en relación al daño ambiental colectivo1.
La LGA incorpora la información ambiental en los arts. 2 inc. i ) y 16 a 18 y a la participación ciudadana en los arts. 2 inc. c), 10 y 19 a 21. A la legitimación para el acceso a la justicia se refieren los arts. 30 y siguientes que toman como punto de partida a la figura prevista en el párrafo 2º del art. 43 de la CN: “amparo ambiental”.
ACCESO A LA INFORMACIÓN Es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener, en tiempo y forma adecuada, información que sea considerada de carácter público y que se encuentre en poder del Estado.
El acceso a la información pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana, ya que quien esté desinformado o informado de manera inexacta o parcial, no tendrá la posibilidad de participar adecuadamente y en igualdad de condiciones, en un proceso de toma de decisión. Su importancia también reside en constituirse en requisito previo para la defensa de otros derechos. Pese a la importancia de este derecho, consagrado en pactos internacionales de jerarquía constitucional, Argentina no ha dictado aún una ley que expresamente regule el acceso a la información pública a nivel nacional2. Sin embargo, las leyes Nº 25.675 (LGA) y Nº 25.831 (LAIPA), así como también el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1.172/03, regulan el derecho de acceso a la información pública aunque de manera parcializada, ya que
Diferentes ONGs se encuentran participando activamente del debate parlamentario en torno a la sanción de una norma que garantice este derecho: http://www.saberesunderecho.org/
mientras las dos primeras lo hacen estrictamente respecto de la temática ambiental (información pública ambiental), el último sólo alcanza a la información pública proveniente de la Administración Pública Nacional
3 La información de origen privado en poder de sujetos de derecho también de carácter privado, sobre la cual no existe obligación de brindar acceso.
. ¿Cuándo se considera que la información tiene carácter público? Se entiende por información pública toda la información administrada por el Estado a partir del momento de su existencia como parte de una actuación administrativa. Es decir, comprende expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos o estudios científicos. Asimismo, se contempla la información sobre políticas, programas, planes y proyectos, sobre las diversas instancias de la toma de decisiones, opiniones provenientes del público y de organizaciones técnicas, archivos, estadísticas, registros, expedientes administrativos y resultados de estudios técnicos, así como cualquier otra información sobre la cual basan sus decisiones los gobernantes y que no se encuentra prevista en algún régimen de excepciones. No obstante, cabe diferenciar:
1 La información de origen y naturaleza pública; 12
2 La información de carácter público pero de origen privado;
Aspectos positivos del Libre Acceso a la Información Pública 	Posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos; 	Mejora la calidad de las decisiones al contar con una ciudadanía más y mejor informada; 	Permite monitorear y controlar la gestión pública; 	Fomenta la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de sus instituciones y aumentando la confianza ciudadana; 	Se establece como un elemento de suma importancia para la formación de la opinión y la construcción de un debate informado; Brinda elementos para la protección de otros derechos. 
El Acceso a la Información Pública Ambiental en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 (LGA) La ley coloca a la información ambiental como un instrumento de gran relevancia, al situarla como: un objetivo de la política ambiental; un instrumento de gestión de los recursos naturales, y, una de las obligaciones de la autoridad de aplicación de la norma. En su artículo 16 reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes a solicitar y recibir información pública ambiental que no se encuentre contemplada como reservada, complementando el mandato establecido en el segundo párrafo del art. 41 de la C.N. Desarrollar un Sistema Integrado de Información Ambiental Los arts. 17 y 18 de la LGA establecen las obligaciones a cargo de la Autoridad de Aplicación
Proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, instrumentándolo a través del COFEMA3 Elaborar un informe anual acerca del estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades actuales o proyectadas, que deberá ser presentado al Congreso Nacional
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nº 25.831 (LAIPA) Comprende la información pública relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, en cualquier forma de expresión o soporte; Puede solicitarla toda persona “física o jurídica, pública o privada”, en forma gratuita, sin necesidad de acreditar el motivo de la solicitud ni contar con patrocinio de abogado El principal obligado a brindar información es el Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, como así también sus entes autárquicos y las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas La Ley exige que la presentación sea realizada formalmente por escrito (2 ejemplares), debiendo cons-
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se constituyó mediante un tratado interjurisdiccional en 1990, frente a las diversas necesidades de las autoridades ambientales, como el intercambio de información y la coordinación de políticas ambientales en el país. Nuclea a las autoridades ambientales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne periódicamente, y sus conclusiones acerca de los distintos temas de interés se constituyen como recomendaciones o resoluciones.
¡NO puede presentarlo porque no tiene firma de un abogado!
tar la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país;
La ley establece un plazo un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud, para que el sujeto obligado brinde la respuesta. En caso de no brindarse la información solicitada, queda habilitada una vía judicial de carácter sumarísima a fin de que un juez intime al obligado a cumplir con dicha solicitud.
¡NO ES CIERTO! cualquier persona puede hacerlo
Cuando realizamos la presentación, debemos asegurarnos que nos sellen una copia, con indicación del día en que se presentó el pedido. A partir de allí, se debe esperar el plazo establecido por la norma, mientras el organismo realiza el trámite interno destinado a dar una respuesta. Puede ser oportuno comunicarse a fin de verificar si se está gestionando el trámite y si se ha comprendido lo que puntualmente estamos solicitando.
¿Qué excepciones existen al deber de informar? De acuerdo con el Art. 7 de la ley, la denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada, por ejemplo, si se verifica su inexistencia; por razones de seguridad y defensa nacional; para preservar el derecho de defensa en el ámbito judicial; para preservar la confidencialidad de datos personales; o cuando el objeto de la solicitud no fuere claramente expresado.
¿Cuáles son los casos de incumplimiento? ¿Existen sanciones para funcionarios que nieguen información? Se consideran infracciones a la ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en plazo, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada. El funcionario o empleado público que en forma arbitraria e injustificada incurra en las mencionadas infracciones a la ley, será pasible de las sanciones
previstas en la Ley 25.1644, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.
se hayan otorgado subsidios provenientes del sector público nacional, e instituciones cuya administración esté a cargo del Estado Nacional, como así también a las empresas privadas de prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.
Las empresas de servicios que no cumplan con las obligaciones exigidas por la ley serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.
El Decreto exige que la presentación sea realizada por escrito y con la identificación de la persona que lo pide.
El Decreto Nº 1172/03 – Anexo VII, Régimen de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN):
El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de diez (10) días. Dicho plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
El decreto fue sancionado por el Presidente de la Nación a efectos de reglar el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Puede ejercer gratuitamente su derecho a requerir, consultar y recibir información por parte de los sujetos obligados alcanzados por la norma, toda persona “física o jurídica, pública o privada”, no siendo necesario acreditar el motivo de la solicitud ni contar con patrocinio de abogado.
En caso de no brindarse la información solicitada en plazo, queda habilitada la Acción Judicial de Amparo por Mora a fin de que un juez intime al obligado a cumplir con dicha solicitud.
Sólo tiene fuerza obligatoria en el ámbito de la Administración Pública Nacional, alcanzando a todos los organismos del PEN, empresas privadas a las que 4
Ley marco de regulación de empleo público nacional
El Decreto 1172/03 (PEN) nos permite entonces dirigirnos a organismos que se encuentran bajo la órbita del PEN, aquellos que reciban algún tipo de subsidio o empresas concesionarias de servicios públicos.
De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 16, el funcionario requerido sólo puede negarse, total o parcialmente, a brindar la información solicitada, por acto fundado, por ejemplo, si se verifica su inexistencia; si se trata de información clasificada como reservada; por razones de seguridad y defensa nacional; para preservar el derecho de defensa en el ámbito judicial; para preservar la confidencialidad de datos personales o el secreto industrial, comercial o financiero; o cuando el objeto de la solicitud no fuere claramente expresado. ¿Cuáles son los casos de incumplimiento? ¿Existen sanciones para funcionarios que nieguen información? Si no se brinda la información o la respuesta es ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa en brindarla.
En cambio la Ley Nº 25.831, nos permite dirigirnos no sólo a las autoridades públicas nacionales, sino también provinciales, municipales y del GCABA. También a los entes autárquicos y las empresas prestadoras de servicios públicos (Privadas, públicas o mixtas) en esas jurisdicciones. 16
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle de acuerdo a lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación. Podrá denunciarse cualquier irregularidad a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que es el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables las denuncias que se presenten en relación con el incumplimiento del Dto. Nº 1172/03.
Cuadro comparativo entre la Ley Nº 25.831 y el Decreto Nº 1172/03
Dto. 1172/03
Información creada, obtenida, producida, financiada por el Estado, entes y empresas prestadoras de Servicios Públicos.
Tres niveles de gobierno (Nación, Provincia y Municipios). Entes descentralizados y empresas de Servicios Públicos.
Administración Pública Nacional en sentido amplio. Empresas prestadoras de servicios públicos y otras financiadas por el sector público.
Toda persona. Principio de Gratuidad
Toda persona. Principio de Gratuidad.
Plazos para Responder
Diez (10) días con extensión
Acciones por Denegatoria
Se afecte la defensa nacional o la seguridad interior. Sujeta a consideración de autoridades judiciales. Se afecte el secreto comercial o industrial o la propiedad intelectual. Excepciones
Se afecte la confidencialidad de datos personales. Trabajo de investigación científica todavía no publicados. Solicitudes imprecisas. Clasificada como secreta o confidencial por las leyes.
Clasificada como reservada (seguridad, defensa o política exterior). Se ponga en peligro el sistema financiero o bancario. Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos. Información obtenida en carácter confidencial. Relativa a la legitimación de activos provenientes de ilícitos. Protegida por el secreto profesional. Actuaciones del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no forme parte de un expediente. Datos personales de carácter sensible, salvo su consentimiento expreso. Que ponga en peligro la vida o seguridad de una persona.
La participación ciudadana o participación pública es, en la sociedad actual, una de las claves fundamentales para el logro de la gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo sustentable.
Esta nueva forma de vivir la democracia le da poder a los actores sociales y refuerza la presencia de intereses escasamente representados en los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación del ambiente, lo que en última instancia contribuye a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. La reforma constitucional de 1994 incorporó una serie de institutos que forman parte de acuerdos internacionales de Derechos Humanos, que han facilitado el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a participar en las políticas públicas, entre ellas las relativas al ambiente. Entre las distintas herramientas de participación que existen, la audiencia pública es uno de los instrumentos emblemáticos de los regímenes democráticos participativos, que con el tiempo ha ido incorporándose en los distintos niveles provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus constituciones, cartas orgánicas o leyes sobre la materia.
Participar implica: Un derecho consagrado en pactos internacionales de 	jerarquía constitucional, como así también en normativa provincial y municipal; 	Un canal permanente entre gobernantes y gobernados; 	Imprime un singular dinamismo en el sistema democrático, lo transforma, y cualquiera sea el espacio de participación que se consolide, los beneficios que proporciona son ampliamente reconocidos;
Con estos antecedentes, es indudable la necesidad de un rol cada vez más activo de la comunidad. ¿Qué contempla la LGA en relación a la participación ciudadana? A partir de la sanción de la LGA, la participación ciudadana no resulta una opción para las autoridades sino una obligación expresamente contemplada en la ley.
¿Para qué participar? Dependiendo de la instancia de participación de la que se trate se identificarán ventajas concretas, como por ejemplo: Que el intercambio de ideas, experiencias y conocimien	tos entre gobernantes y gobernados motivan el desarrollo de soluciones alternativas, mejoradas y duraderas; 	Que la práctica de métodos participativos proporciona oportunidades para la cooperación y coordinación entre el gobierno y la sociedad civil, construyendo confianza entre las partes; 	Que la participación de la sociedad mejora el conocimiento de los responsables de la toma de decisiones públicas; 	Que contribuye a la transparencia de las acciones públicas; 	Que la participación pública fortalece las tareas de monitoreo y fiscalización en lo que respecta a la gestión y cumplimiento de las decisiones adoptadas, entre otros beneficios.
En sus artículos 19 y 20 reconoce el derecho de todas las personas a opinar en los procedimientos administrativos que se vinculen con la protección del ambiente, y establece el deber de las autoridades de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan ocasionar efectos significativos y negativos para el ambiente. El artículo 21 dispone de manera específica que constituye un deber de las autoridades garantizar la partici-
pación en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de ordenamiento ambiental del territorio, particularmente en las etapas de planificación y evaluación de resultados. Esta previsión de la Ley General del Ambiente garantiza que en aquellas jurisdicciones en las cuales no hay normativa local específica sobre participación ciudadana en los procesos de toma decisiones, la misma pueda ser igualmente exigida por los ciudadanos a las autoridades, mediante la invocación de esta norma de presupuestos mínimos. En caso contrario, podremos plantear la nulidad de la decisión.
La ley presenta entonces un esquema muy amplio para la participación ciudadana, ya que sus disposiciones establecen un abanico de posibles institutos adecuadospara su finalidad. Si bien los mismos pueden adoptar diversas modalidades para su implementación, nunca pueden ser restrictivos y deben
Consulta Es un procedimiento mediante el cual por un plazo determinado, la autoridad gubernamental abre la posibilidad a la comunidad, de realizar observaciones por escrito respecto a la actividad que puede ser riesgosa para el ambiente. Su convocatoria debe garantizar la máxima difusión entre las comunidades potencialmente afectadas, e implementar mecanismos sumamente transparentes para el ejercicio de este derecho.
Audiencia Pública Es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular, expresen su opinión respecto de ella, tanto de manera escrita como oral. A los fines de la gestión pública (por ejemplo, sobre temas ambientales, sociales, educativos), la audiencia pública pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre vecinos, organizaciones sociales especializadas en las distintas temáticas de preocupación de la comunidad, el sector privado, las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. Es ahí donde pueden presentarse, con absoluta libertad, las perspectivas tanto individuales como grupales o colectivas sobre los problemas comunes y sobre las soluciones que deben encararse.
garantizar los principios elementales establecidos por la norma. Debe darse también una complementación necesaria entre éstos y los distintos instrumentos de la política y gestión ambiental que prevé.
de las decisiones que se adopten. Es una oportunidad de consulta para que el conocimiento teórico y la experiencia práctica y vivencial de la población puedan ser receptados por las autoridades en los procesos de toma de decisiones cotidianas de alcance general, comunitario o colectivo.
Las audiencias públicas pueden ser: Legislativas: son convocadas por sus autoridades o por las comisiones de los cuerpos parlamentarios (municipal, provincial, nacional), en ocasión de los distintos proyectos legislativos. Administrativas: son aquellas convocadas por los distintos organismos públicos que actúan bajo la órbita del poder ejecutivo, también en los diferentes niveles de gobierno. Facultativas: la autoridad decide si las realiza o no. Obligatorias: la autoridad debe realizarlas, bajo pena de nulidad del acto administrativo por falta de causa suficiente. A petición de la ciudadanía: algunas normas consideran la posibilidad de que la ciudadanía pueda solicitar a las autoridades la realización de una audiencia pública cumpliendo con ciertos requisitos. Tal sería el caso de la Ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que prevé en su articulado las audiencias públicas de requisitoria ciudadana.
¿La audiencia pública decide? Según la ley, las opiniones u objeciones expresadas en la Audiencia Pública NO son vinculantes para la autoridad convocante, ni siquiera en el supuesto de que existan puntos de vista mayoritarios. Ello sin perjuicio de que cuando dicha autoridad tome una decisión contraria a las opiniones manifestadas, deberá fundamentarlo y además, hacer pública dicha decisión.
¿Quiénes pueden participar en las audiencias públicas? 	Toda persona con residencia en el lugar donde se celebre la audiencia pública; 	Organizaciones No Gubernamentales cuyo objetivo social sea el tema tratado por la audiencia pública; 	Entidades técnicas; 	Asociaciones profesionales / empresarias;
¿Cuál es el objetivo principal de la audiencia pública? La participación en la audiencia pública tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad y a la razonabilidad
	Autoridades públicas de otras jurisdicciones, potencialmente afectadas por la propuesta de decisión; 	Defensorías del pueblo, ministerios públicos.
¿Cómo se convocan? Las audiencias públicas deben ser convocadas por medio de los órganos de difusión masiva (radio, televisión o prensa escrita). ¿Quiénes convocan? En general, son las autoridades a cargo de una decisión las que por su propia iniciativa convocan las audiencias públicas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las audiencias públicas podrían ser convocadas por las autoridades a solicitud de un número determinado de personas o a pedido de organizaciones no gubernamentales. ¿Cuándo se convocan? Es importante convocar con suficiente tiempo de anticipación para que las personas interesadas se preparen, hablen con otros y obtengan información previa, es decir, se organicen para participar con responsabilidad y eficiencia. Las Vengo como representante de los vecinos a expresar nuestra opinión sobre el proyecto.
convocatorias se realizan usualmente con períodos de 30 a 40 días de anticipación. ¿Dónde se celebran? Las audiencias públicas pueden celebrarse en las sedes de las autoridades convocantes. Sin embargo, las autoridades pueden desplazarse a los sitios donde se encuentre la gente afectada por un proyecto. ¿Cómo se celebran? En general, los convocantes abren la audiencia y ofrecen la palabra a facilitadores o instructores que moderan la participación de los presentes; dan la palabra a los participantes que lo hayan formalmente solicitado, a los peritos y testigos convocados por las autoridades, a los peritos y testigos ofrecidos por los participantes, a las autoridades y cualquier parte que lo solicite. Las audiencias reciben además de las opiniones orales, los comentarios escritos de los participantes. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las audiencias públicas? Una vez celebrada la Audiencia Pública, la autoridad competente tiene la obligación de fundar las desestimaciones de opiniones realizadas por los participantes en caso de no tomarlas en cuenta al momento de la resolución. El incumplimiento de esta exigencia es motivo para declarar la nulidad de la decisión adoptada.
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Habitualmente, al momento de la audiencia pública se debe llegar con:
Situación en la Provincia de Buenos Aires y en la C.A.B.A.
Orden del día Reglamento de funcionamiento de la Audiencia, del cual surgirá, entre otras consideraciones: La modalidad de intervención oral de los participantes individuales o institucionales, de los expertos y testigos; El rol de los moderadores o facilitadores; La posibilidad de efectuar preguntas por escrito luego de las exposiciones y la modalidad de su tratamiento; La pertinencia de intervenciones orales de expositores no registrados; Período para la presentación posterior de opiniones escritas; Durante la audiencia, la autoridad que la preside, deberá:
En el capítulo referido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental se prevé como instancia de participación la audiencia pública Su convocatoria es facultativa para la autoridad ambiental La recomendaciones de los participantes deberán ser tenidas en cuenta para fundamentar el dictamen de la autoridad ambiental
Presentar el documento o texto normativo fundamentándolo; Al finalizar el desarrollo de la audiencia, el Presidente deberá anunciar las audiencias revisoras, si correspondiere, y hará saber cómo se dará cuenta de su resultado. Concluidas las intervenciones de los participantes, dará por finalizada la Audiencia, informando sobre la etapa posterior. En el expediente debe agregarse la versión taquigráfica de todo lo expresado en la Audiencia, suscripta por el Presidente, por los funcionarios presentes que resulten competentes en razón de su objeto y por todos los participantes que, invitados, quieran hacerlo. Asimismo deben adjuntarse al expediente toda grabación y/o filmación que se hubiera realizado como soporte.
Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Nº 11.723
Ley Nº 13.5695 de Audiencias Públicas La define como una instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de decisión administrativa o legislativa, destinada a conocer la opinión de los ciudadanos y/o asociaciones intermedias que puedan verse afectados o tengan un interés particular sobre el mismo asunto objeto de la convocatoria. La autoridad convocante es el Poder Ejecutivo, o alguna de las Cámaras del Poder Legislativo (con voto favorable de las 2/3 partes de los miembros del cuerpo convocante). Asuntos excluidos: Reforma constitucional; aprobación de tratados y convenios; presupuesto, impuestos, recursos, creación de municipios y de órganos jurisdiccionales. Sancionada el 13/11/2006
BOCBA: 03/04/98. Modificada por Leyes Nº 229, 258, 533, 567, 761 y 1470
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, incorpora las audiencias legislativas y administrativas, y establece la audiencia de requisitoria ciudadana o a petición de la ciudadanía (según la Ley 6 debe ser solicitada por el medio por ciento (0,5 %) del electorado del último padrón electoral de la Ciudad, la Comuna o las Comunas al PE, a la Legislatura o a las Comunas). Exige la audiencia pública como etapa obligatoria para: El procedimiento de doble lectura; y, En el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en todo emprendimiento susceptible de relevante efecto
C.A.B.A Ley Nº 6 6
La define como una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella; En cuanto a sus efectos, si bien la opinión informada no es vinculante para la autoridad, existe la obligación de fundar el apartamiento bajo pena de nulidad; Expresamente fija la nulidad de la decisión tomada, sin haber convocado y realizado la audiencia pública cuando esta instancia reviste el carácter de obligatoria.
ACCESO A LA justicia Participación Ciudadana por medio del Acceso a la Justicia El acceso a la justicia es la posibilidad con que cuentan todas las personas para obtener una tutela judicial completa ante cualquier tipo de conflicto. El acceso a la justicia en defensa de un ambiente sano y equilibrado es una de las formas que tienen los ciudadanos de participar en el control del cumplimiento de las normas ambientales. ¿Qué requiere para ser efectivo? una legislación protectora del ambiente, y las máximas garantías procesales que aseguren el cumplimiento de las normas por parte del Estado y particulares; vías o procedimientos procesales (administrativos o judiciales) por medio de los cuales se pueda reclamar o demandar, tanto la defensa como la conservación de los derechos En consecuencia: un sistema de justicia que sea capaz de brindar igualdad en el acceso y resultados individual y socialmente justos.
¿Qué sucede con el acceso a la justicia en materia ambiental? Cuando hablamos de acceso a la justicia en materia ambiental resultan necesarios cambios en los procedimientos judiciales fundamentalmente porque la complejidad de la materia hace que deban establecerse nuevas reglas. Es lógico que para estos casos debamos contar con procesos judiciales diferentes, donde no se apliquen los principios clásicos del derecho, sino unos muy especiales que en nuestro sistema jurídico se enunciaron en la Ley General del Ambiente (25675).
¿Cómo se incorpora el acceso a la justicia en materia ambiental en la Constitución Nacional?
La acción de amparo es una acción rápida y expedita, que surge como una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de incidencia colectiva y del ambiente, que puede ser interpuesta contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesiones, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (Art. 43 de la CN), y que permite obtener un inmediato pronunciamiento judicial, destinado al cese de los actos u omisiones dañosas.
¿Qué tipos de acciones de amparo existen? INDIVIDUAL: El único que puede interponerla es aquél que se considere afectado en un derecho subjetivo, es decir que haya sufrido un daño directo en su persona o en sus bienes; COLECTIVO: Este tipo de acción ha sido introducida por el Art. 43, 2do. párrafo de la CN, y tiene como propósito la defensa de los derechos de incidencia colectiva, tales como los de protección al ambiente, a la competencia, al consumidor y al usuario, y contra cualquier forma de discriminación. Estos, a diferencia de los derechos individuales, no se encuentran en cabeza de un sólo individuo, sino difundidos en personas que pertenecen a un grupo o a una comunidad, por lo que su defensa debe ser realizada desde una perspectiva de conjunto, siendo sus resultados extensibles a quienes forman parte del mismo.
¿Quiénes son los legitimados para accionar en defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado? En el caso de la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado, como de todos los derechos de tercera generación (como el derecho a la paz, el derecho a la no discriminación, etc.) es necesaria una revisión de los criterios tradicionales de legitimación, concebidos en función de los derechos individuales.
Este derecho se caracteriza, entre otros aspectos, por su naturaleza colectiva, ya que las personas no poseen un interés individual, inmediato y exclusivo sobre el ambiente, sino que la relación de las personas respecto al bien “ambiente” que se desea proteger es una relación de co-pertenencia colectiva. Esto significa que cada persona posee una porción de derecho sobre el ambiente, no excluyente e idéntica a la cuota de derecho o interés que poseen los demás miembros de la comunidad. El acceso a la justicia en materia ambiental presenta características propias y diferentes de los que rigen en los procesos del derecho privado. Entre las características propias del derecho ambiental, la primera cuestión está dada por la necesidad de la ampliación de la legitimación activa, es decir extender la capacidad de la persona perjudicada para iniciar y proseguir un proceso en defensa del ambiente. Esto implica que al extender o ampliar la legitimación activa, además del afectado también la tengan ciertos funcionarios públicos cuyas funciones son precisamente la defensa de los derechos de la comunidad, o ciertas asociaciones civiles que tienen por objeto defender esos derechos. Los legitimados para interponer las acciones en defensa de los derechos colectivos son: A)	El afectado: Tradicionalmente, el acceso a la justicia se encontraba limitado a los individuos que fueran titulares de un derecho subjetivo, individual, basado en criterios que, de hecho, descalificaban cualquier intento de representación procesal de intereses difusos o colectivos.
Actualmente, las decisiones judiciales y la doctrina tienden cada vez más a considerar que los términos “afectado” y “derechos de incidencia colectiva” deben ser interpretados conjuntamente, o sea que no es necesario que la afectación recaiga en una única persona de manera directa, sino que puede abarcar a más de una persona y hasta de un modo indirecto. B) El Defensor del Pueblo El nuevo artículo 86 de la Constitución Nacional, en su versión reformada de 1994, creó la figura del Defensor del Pueblo como un órgano independiente en el ámbito del Congreso de la Nación, cuya misión es la defensa de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Asimismo, cuenta con legitimación procesal para actuar frente a cualquier forma de discriminación y ante la violación de los derechos a un ambiente sano, a la competencia, al usuario y al consumidor, y en general a los derechos de incidencia colectiva. Un claro ejemplo de ello está dado por su participación en la “Causa Riachuelo”, en la cual fue admitido como tercero por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a un grupo de ONGs. C) Las Asociaciones. Las asociaciones han obtenido un amplio y progresivo reconocimiento para accionar en defensa y representación de intereses colectivos como consecuencia del Art. 43 CN.
Los nuevos mecanismos de acceso a la justicia, consagrados en la reforma constitucional y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos son instrumentos que han fortalecido el accionar de la sociedad civil. Esta proyección se transformó en una sólida realidad, en tanto y cuanto, hacia fines de la década del noventa, un grupo importante de organizaciones no gubernamentales, fue incorporando la práctica del litigio colectivo como una herramienta válida para alcanzar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
Ejemplos en este sentido son: El caso “Fundación Poder Ciudadano contra GCGBA s/ Amparo Expediente Nº 9221/0” por el cual haciendo uso de la ley de acceso a la información público Nº104 de la CABA se solicitó información relativa a programas de salud y consumo alimentario que implementaba el GCBA. La causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” en relación a los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo, el cual se será desarrollado más adelante; El caso “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de s/Amparo” en el cual se solicitó a la CSJN se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las autorizaciones de tala y desmonte otorgadas por el gobierno provincial, y la prohibición de otorgarlas en el futuro; el caso “Asociación Oikos Red Ambiental c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ Acción de Amparo”, por la cual se solicitó la inconstitucionalidad de la declaración de Impacto Ambiental en relación a un Proyecto de Explotación Petrolera del área Llancanelo, el caso “Diacrom” (“Fundación Ecosur Ecología Cultura Y Educación Desde Los Pueblos del Sur C/ Municipalidad de Vicente López Y Otro s/ Amparo”) por la contaminación industrial de los cursos de agua. ¿Existen otros sujetos legitimados? La LGA, en su Artículo 30, amplía el abanico de legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado, sumando a los sujetos previstos en el artículo 43 de la CN, al Estado nacional, provincial o municipal.
¿Cómo define la LGA al daño ambiental? El “daño ambiental de incidencia colectiva” es definido por la LGA en su artículo 27 como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
El mencionado artículo diferencia el daño ambiental propiamente dicho, del daño a los individuos a través del ambiente. Dicha distinción es fundamental a la hora de analizar los elementos y características que definen a uno y otro tipo de daño. En el caso del daño al ambiente, nos encontramos con un daño al medio ya sea mediante su alteración o destrucción, que afecta la calidad de vida de los distintos seres vivos, sus ecosistemas y los componentes de la noción de ambiente. Cuando existe daño al ambiente no debe necesariamente concretarse un daño específico a las personas o sus bienes particulares. Por otro lado, puede existir un daño producido a las personas o sus cosas, por un menoscabo al ambiente. En consecuencia, el ambiente es un medio a través del cual se le ocasiona una lesión o daño a una persona o a su patrimonio. En muchas ocasiones, ambas categorías de daños (al ambiente y a las personas) coexisten. En cuanto al alcance de la noción de ambiente, es claro que la LGA, en un
todo de acuerdo con la CN, ha optado por un concepto amplio del mismo. Debemos tener en cuenta que el art. 41 de la CN ha incluido en su texto al patrimonio histórico y cultural, involucrando a estos conceptos en la noción de ambiente. La LGA adopta claramente esta postura, al englobar en el concepto de ambiente no sólo a los recursos naturales y los ecosistemas, sino también a los bienes o valores colectivos.
tancia de considerar la necesaria alianza del desarrollo ambiental, social y económico, como así también el apropiado uso y goce del ambiente por parte de la generación actual y las futuras.
Prueba en el juicio ambiental ¿Qué dificultades suelen presentarse en este tema?
¿Cuáles son los principios que rigen para la interpretación del daño ambiental? Los principios de la política ambiental reconocidos en el artículo 4 de la LGA son herramientas de interpretación del derecho positivo para los jueces, las autoridades administrativas y la ciudadanía en los aspectos a reconocer en las etapas anteriores y posteriores del daño ambiental. Las consideraciones previas engloban los aspectos que hacen a la necesidad de prevenir y evitar las actividades dañosas mediante el tratamiento integrado de los problemas ambientales a fin de evitar los efectos negativos que puedan producirse sobre el ambiente, en el marco del Principio de Prevención. Asimismo se vinculan íntimamente a la consideración del Principio Precautorio cuando haya peligro de daño grave e irreversible, estableciendo que la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente.
Los Principios de Sustentabilidad y Equidad Intergeneracional engloban a los ya mencionados, e indican claramente la impor-
El carácter multidisciplinario de la cuestión ambiental es una de las principales cuestiones que se presentan a la hora de encarar el proceso probatorio, por cuanto lleva tanto al abogado, así como a los funcionarios o al juez, a requerir el auxilio de peritos, de la ciencia y de la técnica, adentrándolos generalmente en la investigación de temas poco conocidos, complejos y necesariamente interrelacionados. ¿El afectado debe probar el daño? Según la regla clásica, es el afectado quien tendrá el deber de acreditar el daño al ambiente producido por ejemplo por una industria contaminante, lo que seguramente se convertirá en una prueba sumamente difícil de obtener Una tendencia que va adquiriendo fuerza con el paso del tiempo es la de la inversión de la carga probatoria, que indica que quien debe probar la inocuidad de la actividad riesgosa, es quien la lleva adelante, y no el afectado, ya que generalmente es el titular de la actividad quien tiene los medios para así hacerlo.
¿Qué mecanismos prevé la LGA para equilibrar estos procesos?
Causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” - Daños Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza-Riachuelo
Para salvar estas situaciones que en muchos casos resultan desventajosas para una de las partes, la LGA incorpora principios procesales ambientales que provocan una fuerte modificación en el proceso, contemplando nuevas herramientas que perfilan definitivamente la inversión de la carga probatoria. Entre ellas podemos mencionar:
La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) contiene el curso de agua más contaminado del país y es considerado uno de los 30 sitios más contaminados del mundo. La degradación de sus recursos naturales afecta tanto al curso de agua, como a su lecho, el aire y las napas subterráneas, incidiendo en forma directa en la salud de millones de habitantes y repercutiendo en el potencial productivo de la zona.
La aplicación del principio precautorio El acceso irrestricto a la jurisdicción por cuestiones ambientales Una tutela más enérgica y efectiva a favor del ciudadano La incorporación del interés general en la valoración de la actividad probatoria, brindando la posibilidad de que el juez disponga de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos para protegerlo, otorgándole un rol más activo y socialmente comprometido El deber de mayor colaboración procesal en cabeza del titular de la actividad presuntamente contaminante, por encontrarse generalmente en una posición más ventajosa en el acceso a los medios técnicos y jurídicos, en relación al ciudadano común
Ante esta situación, la falta de políticas públicas, gestión ambiental responsable y control por parte de los gobiernos con jurisdicción en el área, en julio de 2004 un grupo de vecinos y profesionales médicos de la CMR interpusieron una demanda judicial contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la C.A.B.A., 14 municipios y 45 empresas, por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo, solicitando asimismo la recomposición del ambiente dañado. En un hito histórico para el derecho ambiental, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para entender originariamente en los aspectos vinculados con la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño ambiental colectivo. A lo largo de un proceso judicial innovador dada la complejidad y amplitud de la cuestión tratada, la Corte puso en práctica las facultades procesales establecidas por la LGA, como lo es la realización de audiencias públicas y la participación de los distintos sectores involucrados.
Finalmente, el 8 de julio de 2008, la Corte dictó un fallo histórico por medio del cual condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el ambiente de la Cuenca Matanza Riachuelo en todos sus componentes (agua, aire y suelos), mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros con suficiente y razonable grado de predicción, estableciendo para cada objetivo plazos específicos.
FALLO DE LA CSJN DEL 8 DE JULIO DE 2008 Objetivos: 1) la mejora de calidad de vida de los habitantes
Asimismo, estableció un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, imponiendo a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR7) la tarea de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento dentro del plazo ordenado, dejando a discreción de la Administración los medios para ello. Para ello dispuso la posibilidad de imponer multas al Presidente de la ACUMAR ante el incumplimiento de los plazos establecidos.
2) la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y tierra)
Con el objeto de garantizar la participación ciudadana en el proceso de control de cumplimiento, la Corte creó al Cuerpo Colegiado como representante de la sociedad civil.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), sin perjuicio de mantenerse intacta la responsabilidad primaria del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ejecución de la sentencia se encuentra actualmente a cargo del Juzgado Federal de Quilmes.
3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción
Obligada a la ejecución del programa:
ACUMAR es un ente interjurisdiccional creado por el Estado Nacion-
al, la Pcia. de Buenos Aires y la CABA en miras de coordinar acciones conjuntas, para lo cual ha sido dotada de amplias facultades respecto de las actividades con incidencia ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo (Ley Nacional 26.168).
i)	Creación de un Sistema de Información Pública. ii)	Informes trimestrales de calidad del agua superficial, subterránea y del aire.
iii)	Control de la Contaminación de origen Industrial mediante la reconversión del sector, a partir de inspecciones a todos los establecimientos, declaraciones de agentes contaminantes, y clausuras/	traslados. iv)	Reconversión Industrial y Relocalización del Polo Petroquímico Dock Sud. v)	Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Saneamiento de Basurales por medio de medidas preventivas, recuperación de los espacios y relocalización de los asentamientos allí afincados. vi)	Limpieza de márgenes del río y arroyos, convirtiéndolos en áreas recreativas. vii)	Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. v	iii)	Obras de infraestructura de Expansión de las redes de Agua Potable, Saneamiento Cloacal y Desagües Pluviales	ix)	Plan Sanitario de Emergencia a partir de estudios de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, y programas específicos de atención sanitaria.
Control del Cumplimiento: Adopción de un Sistema Internacional de Medición de cumplimiento de Objetivos. Aplicación de Multas a funcionarios reticentes al cumplimiento de sus obligaciones. Delegación del proceso de ejecución en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes. Fortalecimiento de la participación ciudadana mediante la conformación de un Cuerpo Colegiado integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones no gubernamentales que intervinieron en la causa: FARN, ACDH, AVLB, CELS y Greenpeace. Control de la asignación de fondos y ejecución presupuestaria a cargo de la Auditoría General de la Nación. 33
Clínica Jurídica UBA – FARN A mediados del año 2006, en el marco del Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y FARN, se creó la Comisión del Servicio Jurídico Gratuito del Departamento de Práctica Profesional en materia de derecho ambiental, la cual nuclea a estudiantes avanzados de Derecho y ofrece así la posibilidad de una práctica especializada. A partir de allí los estudiantes comenzaron a involucrarse en los casos judiciales ya asesorados por FARN, y fueron incorporando nuevas consultas con la finalidad de hacer un análisis estratégico de los conflictos, brindando asesoramiento jurídico a los consultantes, y según el caso, el acceso a los ámbitos administrativo y judicial. Las Clínicas Jurídicas de interés público pueden concebirse como un espacio educativo destinado a la preparación de estudiantes para la práctica profesional y judicial de la abogacía y, al mismo tiempo, como un ámbito de trabajo jurídico tendiente a garantizar la vigencia de los derechos y el acceso a la justicia de determinados sectores de la población, mediante el asesoramiento jurídico gratuito.
Los criterios utilizados para la consideración y el tratamiento de los casos en el ámbito de la Clínica Jurídica FARN se vinculan básicamente a los siguientes aspectos: que los mismos traten problemas ambientales de interés público; que sean modelos o sirvan de ejemplo para sentar y fortalecer
la jurisprudencia; que posean impacto social e institucional, aportando un servicio jurídico social a la comunidad. La Clínica de Derecho Ambiental tiene como objetivo la capacitación de estudiantes dentro de un ámbito propicio para la producción y construcción de conocimiento, y para que puedan luego aplicarlo de forma eficiente en el ejercicio profesional cotidiano. En atención a la complejidad que presentan los casos ambientales en general es que nuestro trabajo se realiza de forma interdisciplinaria. Los casos recibidos requieren de investigación de normas, jurisprudencia, análisis técnico e institucional por parte de los docentes y abogados de FARN, como así también un fuerte involucramiento por parte de los estudiantes, siempre en contacto permanente con los consultantes. Las consultas son recibidas en forma telefónica o vía correo electrónico, se analiza su contenido a fin de establecer los pasos a seguir y posteriormente se coordina una entrevista con el consultante.
Consultas los días lunes y jueves de 10 a 12hs Coordinar previamente entrevista - clinica@farn.org.ar (54-11) -4312-0788/2422/2183/4893-0218/4313-8631
ANEXOS: POLITICA AMBIENTAL NACIONAL Ley 25.675 Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política ambiental. Presupuesto mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental.
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Promulgada parcialmente: Noviembre 27 de 2002 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 2º— La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b)	Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
d)	Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e)	Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f)	Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
g)	Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
ARTÍCULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada
h)	Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una
educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.
i)	Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
j)	Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional k)	Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. ARTÍCULO 3º— La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.
Principios de la política ambiental ARTÍCULO 4º— La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. . Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene
la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. ARTÍCULO 5º— Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.
Presupuesto mínimo ARTÍCULO 6º— Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común
para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
Competencia judicial ARTÍCULO 7º— La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.
Instrumentos de la política y la gestión ambiental ARTÍCULO 8º— Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes: 1.	El ordenamiento ambiental del territorio 2.	La evaluación de impacto ambiental. 3.	El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 4.	La educación ambiental. 5.	El sistema de diagnóstico e información ambiental. 6.	El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
Ordenamiento ambiental ARTÍCULO 9— El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública. ARTÍCULO 10— El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: a)	La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b)	La distribución de la población y sus características particulares;
c)	La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
d)	Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e)	La conservación y protección de ecosistemas significativos. Evaluación de impacto ambiental ARTÍCULO 11— Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, ARTÍCULO 12— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. ARTÍCULO 13— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Educación ambiental ARTÍCULO 14— La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. ARTÍCULO 15— La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental. Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal. Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.
Información ambiental ARTÍCULO 16— Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la informa-
ción ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. ARTÍCULO 17— La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). ARTÍCULO 18— Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.
Participación ciudadana ARTÍCULO 19— Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.
ARTÍCULO 20— Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública. ARTÍCULO 21— La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
ARTÍCULO 23— Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). ARTÍCULO 24— Ratificación de acuerdos federales ARTÍCULO 25— Se ratifican los siguientes acuerdos federales: 1. Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I. 2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.
ARTÍCULO 22— Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
ARTÍCULO 26— Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a:
a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas; b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental; c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los mecanismos de cer-
tificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y autorizados.
Daño ambiental ARTÍCULO 27— El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. ARTÍCULO 28— El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. ARTÍCULO 29— La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la
responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas. ARTÍCULO 30— Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. ARTÍCULO 31— Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable. En el caso de que el daño sea producido por personas jurídi-
cas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación. ARTÍCULO 32— La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. ARTÍCULO 33— Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.
Del Fondo de Compensación Ambiental ARTÍCULO 34— Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado. La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial. ARTÍCULO 35— Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.
•	EDUARDO O. CAMAÑO.—JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano.— Juan C. Oyarzún. –––––––– NOTA: los textos en negrita fueron observados.
REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AMBIENTAL Ley 25.831
Creación. Objeto. Acceso a la información. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y difusión. Denegación de la información. Plazo para la resolución de las solicitudes de información ambiental. Sancionada: Noviembre 26 de 2003 Promulgada de Hecho: Enero 6 de 2004 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTÍCULO 1°— Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
ARTÍCULO 2°— Definición de información ambiental. Se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. ARTÍCULO 3°— Acceso a la información. El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.
En ningún caso el monto que se establezca para solventar los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada podrá implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por esta ley. ARTÍCULO 4°— Sujetos obligados. Las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación. ARTÍCULO 5°— Procedimiento. Las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción. ARTÍCULO 6°— Centralización y difusión. La autoridad ambiental nacional, a través del área competente, cooperará para facilitar el acceso a la información ambiental, promoviendo la difusión del material informativo que se genere en las distintas jurisdicciones. ARTÍCULO 7°— Denegación de la información. La información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;
b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial; c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual; d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales; e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados; f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión; g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones. ARTÍCULO 8°— Plazos. La resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
ARTÍCULO 9°— Infracciones a la ley. Se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes. Todo funcionario y empleado público cuya conducta se encuadre en las prescripciones de este artículo, será pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 25.164 o de aquellas que establezca cada jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que
regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. ARTÍCULO 10— Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de noventa (90) días. ARTÍCULO 11— Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. — REGISTRADO BAJO EL N° 25.831 — EDUARDO O. CAMAÑO. — DANIEL O. SCIOLI. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Decreto 1172/2003 Apruébanse los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina. Bs. As., 3/12/2003
Anexo VII REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1º— OBJETO
El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo
de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento. ARTÍCULO 2º— AMBITO DE APLICACIÓN El presente Reglamento General es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Las disposiciones del presente son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público. ARTÍCULO 3º— DESCRIPCIÓN El Acceso a la Información Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2º.
ARTÍCULO 4º— FINALIDAD
ARTÍCULO 7º— PRINCIPIOS
ARTÍCULO 5º— ALCANCES Se considera información a los efectos del presente, toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales. El sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla. ARTÍCULO 6º— SUJETOS Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.
ARTÍCULO 8º— PUBLICIDAD Se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos mencionados en el artículo 2º. ARTÍCULO 9º— GRATUIDAD El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante. ARTÍCULO 10— ACCESIBILIDAD Los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información debe ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en el presente. Asimismo deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.
CAPITULO II SOLICITUD DE INFORMACIÓN ARTÍCULO 11— REQUISITOS La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento. ARTÍCULO 12— RESPUESTA El sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga. La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos personales o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.
ARTÍCULO 13— DENEGATORIA El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la informa-
ción objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el presente. La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General. ARTÍCULO 14— SILENCIO Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 12 la demanda de información no se hubiera satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua, parcial o inexacta, se considera que existe negativa en brindarla, quedando expedita la Acción prevista en el artículo 28 de la Ley Nº 19.549 y modificatorias. ARTÍCULO 15— RESPONSABILIDADES El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este Reglamento General, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación. ARTÍCULO 16— EXCEPCIONES Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a)	información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior; b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; e) información preparada por los sujetos mencionados en el artículo 2º dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
i) información referida a datos personales de carácter sensible —en los términos de la Ley Nº 25.326— cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada; j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona. ARTÍCULO 17— INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA En el caso que existiere un documento que contenga información parcialmente reservada, los sujetos enumerados en el artículo 2º deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 16. ARTÍCULO 18— AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 19— DENUNCIAS
Búsqueda de leyes nacionales: www.infoleg.gov.ar Búsqueda de leyes de la CABA: www.cedom.gov.ar Búsqueda de leyes de la Provincia de Bs. As.:
Buenos Aires: Ley Nº 12.475 / Acceso en el Poder Ejecutivo Provincial Decreto N° 2549/05.
http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ley Nº 104 / Ley de Información Ambiental N° 303
Normativa Ambiental y de Acceso a la Información Pública
Córdoba: Ley Nº 8835 / Ley Nº 8803
Ley General de Ambiente Nº 25675 Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Ambiental N° 25831 (Nación) Decreto Nº 1172/03 – Anexo VII (Poder Ejecutivo Nacional)
jurisdicciones argentinas cuentan en la actualidad con normas leyes o decretos que reconocen o garantizan el derecho de acceso a la información pública:
Chubut: Ley Nº 3764 Entre Ríos: Decreto N° 1169/05 Jujuy: Ley Nº 4444 La Pampa: Ley Nº 1654 Santiago del Estero: Ley Nº 6715
Normas provinciales:
Tierra del Fuego: Ley Nº 653
En el ámbito provincial, 12 de las 24
Río Negro: Ley Nº 1829
Ley de Audiencias Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 13569 Ley de Audiencias Públicas de la CABA Nº 6
Contactos para el asesoramiento jurídico gratuito Defensoría del Pueblo de la Nación Suipacha 365 • (C1008AAG), CABA Teléfono: 0810-333-3762 Fax: (11) 4819.1581 defensor@defensor.gov.ar www.dpn.gov.ar Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Venezuela 842 (1095), CABA Teléfono: 4338-4900 (líneas rotativas) 0810-333-3676 consultas@defensoria.org.ar www.defensoria.org.ar
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Tucumán 255, piso 6º “A”, CABA Teléfono (5411) 4312-0788/2422 clinica@farn.org.ar/info@farn.org.ar www.farn.org.ar Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Piedras 547 1 piso. C1070AAK, CABA Teléfono: (54 11) 4334 4200 cels@cels.org.ar / comunicacion@cels.org.ar
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Av. de Mayo 1161, 5° piso, (C1085ABB) CABA Teléfono: (5411) 4381-2371 info@acij.org.ar Organismos Gubernamentales para Denuncias, Reclamos y Consultas Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (UFIMA)
25 de mayo 179 piso 3º, CABA ufima@mpf.gov.ar Teléfonos: 4342-9886/7 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) San Martín 451 • C1004AAI CABA Teléfono: (54) (11) 4348 8200 Fax (54) (11) 4348 8300 http://www.ambiente.gov.ar/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) Calle 12 y 53 Torre II Piso 14 C.P. 1900 La Plata, Bs. As. Teléfono: (0221)429-5548 www.opds.gba.gov.ar Agencia de Protección Ambiental (APrA)
Tucumán 744 - 6º Piso (C1049AAP) CABA Teléfono: (54-11) 5071-9307 http://www.acumar.gov.ar Oficina Anticorrupción (recibe denuncias sobre incumplimientos a los Reglamentos de Acceso a la Información Publicidad de las Audiencias de Gestión de Intereses, y es organismo coordinador de las Audiencias Públicas y de los procedimientos de Elaboración Participativa de Normas, en casos relacionados con los temas de su competencia) Tucumán 394 Código Postal (C 1049 AAH) CABA, Teléfono: (5411) 5167 6400/74 dioa@jus.gov.ar / anticorrupcion@jus.gov.ar
Moreno 1379, CABA C.P. 1091 Teléfono: 4124-7900 http://www.buenosaires.gov.ar/ areas/med_ambiente/apra Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
BIBLIOGRAFÍA FARN CONSULTADA:
Las siguientes publicaciones pueden consultarse gratuitamente en: http://farn.org.ar/docs/libros.html “Acceso a la Información Pública. Una experiencia federal”; Andrés M. Nápoli y Juan Martín Vezzulla; FARN; 2007. “El Acceso a la Información Pública en la Provincia de Buenos Aires”; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Marplatense de Estudios Ambientales Integrales (AMEAI); FARN; 2006. “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental II Recomendaciones para su Reglamentación”, FARN, 2006. “Acceso a la Información y Participación Pública en Materia Ambiental”; Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asoc. Marplatense de Estudios Ambientales Integrales y Centro de Derechos Humanos y Ambiente; FARN; 2005. “El Daño Ambiental Colectivo y la Nueva Ley General del Ambiente”; Daniel A. Sabsay y María Eugenia Di Paola; Anales de Legislación Argentina; 2003. “La Participación Pública y la Ley General del Ambiente”; Daniel A. Sabsay y María Eugenia Di Paola; Anales de Legislación Argentina; 2003.
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental Recomendaciones para su Reglamentación” UICN / FARN, 2003. “Autonomía Municipal y Participación Pública. Propuestas para la Provincia de Buenos Aires” María Eugenia Di Paola y María Fabiana Oliver; FARN; 2002. “El Control Ciudadano del Derecho a un Medio Ambiente Sano en la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana”; Beatriz Kohen, Diego Kravetz, Andrés Nápoli y Daniel Alberto Sabsay; FARN; 2001. “Participación Pública y Autonomía Municipal”; María Eugenia Di Paola, María del Carmen García y María Esperanza Alonso; FARN; 2001.
Señor (nombre completo del titular del organismo consultado y cargo que ocupa) __________________________________________________ _____________ S/D (Nombre Solicitante), DNI ______________, en mi carácter de habitante de la ciudad de ______________, con domicilio real en (domicilio completo), de dicha localidad de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio para todos los efectos procesales en el arriba indicado, ante el Señor _______________ respetuosamente me presento y digo: I. OBJETO: Que de conformidad con lo establecido por las Leyes Nacionales Nº 25.831 y 25.675 y concordantes, vengo a solicitar que el organismo a vuestro cargo me informe puntualmente acerca de las cuestiones que a continuación se detallan:
II.- MARCO FáCTICO Y JURíDICO (Breve reseña de los hechos que motivan el pedido de informes) La participación ciudadana es un derecho fundado en uno de los pilares del sistema gubernamental republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la admi­nistración. La falta de información conspira contra cualquier posibilidad de participación en políticas públicas por parte del ciudadano, por lo que el acceso a la información pública es un requisito previo e imprescindible para la participación ciudadana. En cuanto al marco legal, el Art. 1° de la Ley 25.831 garantiza el “…derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas”. Asimismo, en cuanto a qué considera por información ambiental, esta ley establece en su Art. 2° “…toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) el estado del ambiente o alguno de sus
componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente”. Por último, en cuanto a la legitimación para ejercer el derecho, la mencionada ley dispone que el mismo “…será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada...” y agrega que para acceder a la misma “…no será necesario acreditar razones ni interés determinado”. La amplia legitimación se ve complementada, en pos de un mayor acceso, con el principio de Informalidad, cuyo único requisito es que la realización del mismo sea formulada por escrito y con la identificación del requirente (Art. 3º). Se suma a ello la Ley Nacional Nº 25.675 (denominada Ley General del Ambiente), la cual en sus arts. 16 a 18 establece la facultad de todo habitante de “obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”.
Frente a los motivos expuestos, que conforme a la legislación es innecesario de todas formas detallar, es que solicitamos al Sr._____________________________, que nos informe acerca de las preguntas que seguidamente se formularán.
III. INFORMACIÓN SOLICITADA Por lo expuesto al Señor Intendente solicitamos que respecto de los la problemática detallada, nos informe: (Describir la información solicitada de modo preciso y claro. Hacerlo en formato de cuestionario. Recuerde que el personal administrativo deberá comprender la información solicitada a fin de proveerla)
PONEMOS COMO EJEMPLO EL CASO DE INFORMACIÓN RESPECTO A UNA INDUSTRIA: 1. Si la empresa posee habilitación municipal, rubro habilitado y el nombre del/los titulares de la misma. 2. Cuál es la categorización industrial de la misma según Ley 11.459. 3. Si se ha presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y si se ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental. 4. Si disponen del permiso de emisión de efluentes que la actividad realizada requiera (líquidos, gaseosos, sólidos y especiales). 5. Cuál es la zonificación aplicable al área comprendida entre las calles ________________________________,
y cuáles son las actividades permitidas conforme a ordenanzas municipales, decretos decretos y Ley 11.459 en dicha área.
6. Si las edificaciones existentes cumplen en un todo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Decreto – Ley N° 8912). 7. Si se realizó alguna Evaluación Ambiental Estratégica en relación al área en cuestión, y en caso de ser así, se brinde una breve reseña de sus conclusiones. 8. Se informe si, previo al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, y de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, se llevará a cabo una Audiencia Pública. IV. DERECHO:
ante una respuesta parcial a nuestro pedido. Asimismo, de configurar la información recibida una violación a la normativa de protección del medio ambiente, formulamos desde ya reserva de ocurrir ante la justicia en procura de una protección del medio vulnerado. VI. AUTORIZACIONES: Quedan autorizados a diligenciar el presente y tomar vista del mismo, (Poner NOMBRE Y DNI de otras personas que podrán consultar el trámite además del firmante) VII. PETITORIO: Por lo expuesto al Señor _____________________________ solicito:
La presente solicitud se funda en el derecho establecido en los artículos 1, 2 inciso a) y 3 de la Ley Nacional Nº 25.831 sobre el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, y artículos 6 y 10 y el artículo 16 de la Ley Nº 25.675. V. FÓRMULA RESERVA De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nacional Nº 25.831, formulamos reserva de promover la pertinente acción judicial por la eventual falta de respuesta o
1. Me tenga por presentado y constituido el domicilio legal denunciado en el epígrafe. 2. Se tenga presente el derecho invocado. 3. Se provea la información requerida en los plazos establecidos en la normativa invocada.
Sin otro particular saludo a Ud. muy atte. 55