Source: https://es.scribd.com/doc/93784019/El-Derecho-a-la-Intimidad-o-Privacidad-en-la-Constitucion-de-Bolivia-2012
Timestamp: 2018-02-24 08:31:06
Document Index: 410368444

Matched Legal Cases: ['Artículo 151', 'artículo 54', 'artículo 56', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 11', 'artículo 89', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 19']

Cargado por Alan Vargas Lima
Descripción: En este caso se ha puesto en discusión la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que está estrechamente relacionado al Derecho a la Intimidad o Privacidad, consagrado y garantizado por la misma C...
En este caso se ha puesto en discusión la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que está estrechamente relacionado al Derecho a la Intimidad o Privacidad, consagrado y garantizado por la misma Constitución Política del Estado, lo que obliga a realizar un análisis acerca de la naturaleza y los alcances de éste derecho en el sistema constitucional boliviano, en relación a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Por: Abog. Alan E. Vargas Lima 1.
Antecedentes Hace algunos días atrás, diversos medios de comunicación han informado que el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, había presentado a la opinión pública, la grabación de una conversación telefónica, en la que presuntamente, la Diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, hablaba con dirigentes indígenas de la IX Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en la que además habría ofrecido financiamiento económico. Fue así que, en conferencia pública de prensa, el mencionado Ministro hizo conocer la grabación de audio que anónimamente habría llegado a su despacho (no se sabe si en cumplimiento de una instrucción previa, o talvez por “arte de magia”), en donde se identifica la voz de la Diputada Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo (Partido Político del sector de oposición al Gobierno), conversando sobre los costos y gastos que implicaría la mencionada Marcha Indígena que, a fines del mes de abril, partió desde Trinidad hacia La Paz. Esta situación, de claros matices políticos por los sujetos que involucra, ha provocado la reacción de la Diputada afectada, quien anunció la interposición de una acción penal en contra del Ministro, por haber hecho público un audio grabado sin conocimiento suyo.
EL DERECHO A LA INTIMIDAD O PRIVACIDAD EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA. Sus alcances y mecanismos de protección
Por otro lado, y como respuesta a la Diputada Marcela Revollo, quien acusó al Ministro de Gobierno, Carlos Romero de espionaje; la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa un cargo público, “sólo es válido en su hogar”1 (sic), cuando lo evidente, según Revollo, es que el Órgano Ejecutivo violó su privacidad como persona, acusando la existencia de un acto de espionaje, además de sostener que la difusión de dicha grabación, habría vulnerado el Artículo 151 de la Constitución Política del Estado, que establece: “I. Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente. II. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso legislativo”; por lo que, solicitó al Ministerio Público, realizar las investigaciones correspondientes. Como se puede ver, en este caso se ha puesto en discusión la inviolabilidad de las comunicaciones, lo que está estrechamente relacionado al Derecho a la Intimidad2 o Privacidad, consagrado y garantizado por la misma Constitución Política del Estado, lo que obliga a realizar un análisis acerca de la naturaleza y los alcances de éste derecho en el sistema constitucional boliviano, en relación a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)3.
"(…) Creo que cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa, fuera de la casa cualquier tipo de escenario es público y una autoridad tiene que saber eso y sobre todo cuando no estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra familia, sino estamos hablando como hace la diputada Revollo, acerca de temas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con movilizaciones que en este momento se están llevando a cabo, cuando tiene que ver con intentos de soborno a dirigentes indígenas", dijo la Ministra Amanda Dávila en Conferencia de Prensa realizada en Palacio Quemado. 2 Una primera aproximación al estudio del Derecho a la Intimidad en Bolivia, fue escrito por: DERMIZAKY PEREDO, Pablo. El Derecho a la Intimidad. En: REVISTA IUS ET PRAXIS. Año 6 Nº 1 (2000). Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Talca, Chile. Págs. 177-193. Ahora se encuentra disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19760113.pdf 3 Las Tecnologías de Información y Comunicación, comprenden al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los servicios. Cfr. Ley Nº 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011. Esta Ley, también establece en su artículo 54, que los usuarios(as) de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, tienen derecho a: “6. Exigir respeto a la privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos casoso expresamente señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley”; a cuyo efecto podrá “16. Reclamar ante los proveedores de servicios y acudir ante las autoridades competentes en aquellos casos que la usuaria o usuario considere vulnerados sus derechos, mereciendo atención oportuna”. Asimismo, en concordancia con la norma constitucional, la citada Ley establece en su artículo 56, que: “(…) los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, deben garantizar la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, al igual que 2
2. Nociones Generales De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial4. Por otro lado, y según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, privacidad se define como "ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión" e intimidad se define como "zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia". En este sentido, el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano, y que: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Asimismo, el Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra, al respecto, lo siguiente: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. En el ámbito regional, el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), establece una norma de protección de la honra y dignidad, al señalar: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." Entonces, el derecho a la intimidad o privacidad, consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva, determinadas facetas de su personalidad, teniendo como uno de sus elementos esenciales, la inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, como es el domicilio, los medios relacionales de comunicación y correspondencia, así como los objetos que contienen manifestaciones de voluntad o de conocimiento, no destinadas originalmente al
la protección de los datos personales y la intimidad de usuarias o usuarios, salvo los contemplados en guías telefónicas, facturas y otros establecidos por norma”. 4 “Aunque privacy deriva del latín privatus, privacidad se ha incorporado a nuestra lengua en los últimos años a través del inglés, por lo cual el término es rechazado por algunos como un anglicismo, alegando que el término correcto es intimidad, y en cambio es aceptado por otros como un préstamo lingüístico válido”. Ver el término Privacidad en: http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad 3
acceso de personas ajenas o extrañas, lo que involucra escritos, fotografías u otros documentos5. En ese marco, debe entenderse que el derecho a la inviolabilidad de correspondencia no se reduce únicamente al ámbito de la correspondencia escrita (es decir, la carta postal), sino que también se extiende a cualquier medio o sistema de comunicación privada de las personas, dado que con el desarrollo y avance de la tecnología, actualmente se cuentan con múltiples formas y sistemas de comunicación privada como son, la telefonía fija, telefonía móvil, y el correo electrónico6. De ahí que, la inviolabilidad de correspondencia y de todas las formas de comunicación privada, que garantiza la Constitución, está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos: 1) La libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; y, 2) La reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado.
Sobre éste tema, también se ha pronunciado en su momento el brillante jurista boliviano José Antonio Rivera Santivañez, quien considerando que este derecho tiene diversas connotaciones en la sociedad de que se trate, sus circunstancias particulares y la época o el periodo correspondiente; señaló que no es posible plantear un concepto uniforme o universal. “Con la advertencia antes referida, se puede señalar que el derecho a la intimidad o la vida privada consiste en la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su vida y personalidad, como las referidas al ámbito en el que se desenvuelve, a su ámbito afectivo, de sus convicciones y creencias, su ámbito familiar y relacional, así como al de la manifestación de su voluntad. Se trata de un derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras perturbaciones a la vida privada, que sin embargo está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos. No cabe duda que se trata de un derecho innato y fundamental de la persona, sin el cual el hombre quedaría reducido al nivel de cosa, o de simple objeto. Es un derecho que nace y se fundamenta en la autodeterminación de la persona. En la doctrina constitucional boliviana, se ha entendido que se trata de un derecho que constituye obligaciones negativas para el Estado y los particulares, lo que significa la prohibición de ingerencia o intromisión de extraños en la vida íntima o vida privada de la persona titular del derecho; de lo se puede inferir que surge el derecho a la protección de la vida privada, constituyendo una obligación positiva para el Estado, consistente en la adopción de medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales para establecer vías y mecanismos de protección de la vida íntima o privada de la persona. Pero también se ha entendido que abarca la dimensión positiva con relación a su titular, lo que implica el derecho de la persona a acceder a un banco de datos público o privado a objeto de conocer cuánta información sobre su vida íntima o privada se ha recogido, almacenado o distribuido, con qué finalidad y a quiénes se ha distribuido; es a partir de ello que, en la reforma constitucional de 2004, se ha creado la garantía jurisdiccional de hábeas data”. Cfr. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Derecho a la Protección de la Vida Privada y el Derecho a la Libertad de Información en la Doctrina y en la Jurisprudencia. Una perspectiva en Bolivia. En: REVISTA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Año 6 Nº 1 (2008). Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca. Págs. 43-67. Disponible en: http://t.co/xQEBYsFG 6 El Correo Electrónico, ahora también se encuentra regulado por la citada Ley Nº 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, cuyo artículo 89 establece que el correo electrónico personal se equipara a la correspondencia postal, estando dentro del alcance de la inviolabilidad establecida en la Constitución Política del Estado, por lo que, la protección del correo electrónico personal abarca su creación, transmisión, recepción y almacenamiento. 4
3. El Derecho a la Intimidad o Privacidad en la Constitución Boliviana Un aspecto relevante en este tema, es que actualmente la Constitución Política del Estado aprobada en enero del año 2009, además de declarar que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. (…)”, dedica su Capítulo Segundo a establecer expresamente los “Principios, Valores y Fines del Estado”, a cuyo efecto el artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia “asume y promueve como principios ético‐morales de la sociedad plural, los siguientes: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”; y asimismo señala que nuestro Estado “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. De la norma citada, se extrae con claridad que uno de los valores supremos consagrados en el sistema constitucional, es precisamente la dignidad humana7, de donde emanan los demás derechos humanos; es decir, que su afectación implica también dañar el contenido esencial de los demás derechos, que tienen su fundamento y finalidad, en resguardar la dignidad humana. Todo ello, se desprende de una interpretación sistemática y finalista de las normas contenidas en el texto constitucional, en armonía con los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (DUDH, PIDCP y CADH), que constituyen en su conjunto el bloque de constitucionalidad en Bolivia8. Por su parte, el artículo 9 constitucional, en forma innovadora también dispone expresamente que “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que
Respecto al derecho a la dignidad humana, el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional Nº 0686/2004-R, de 6 de mayo, ha señalado que: “(...) La doctrina del Derecho Constitucional considera a la dignidad humana como un valor supremo inherente al Estado Democrático de Derecho, por lo mismo lo conceptúa como aquel que tiene todo hombre para que se le reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otros. Equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. En el sistema constitucional boliviano, la dignidad humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo sobre el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho fundamental de la persona, conforme lo ha proclamado el art. 6.II de la Constitución (actual artículo 22 de la Constitución vigente). En la dimensión de derecho fundamental, la dignidad humana es la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Este Tribunal Constitucional, en su SC 0338/2003-R de 19 de marzo, lo ha definido como aquel 'que tiene toda persona por su sola condición de 'humano', para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan' (...)”. 8 Cfr. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. El Derecho a la Privacidad y a la Intimidad en el ordenamiento jurídico chileno. En: REVISTA IUS ET PRAXIS. Año 4 Nº 2 (1998). Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Talca, Chile. Págs. 65-106. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/197/19740206.pdf 5
establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras” (el subrayado me corresponde). En este sentido, la misma Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Capítulo dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 21, numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos derecho: "A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad". Asimismo, y reforzando el alcance de este derecho, el artículo 25 constitucional, establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”. Esta disposición constitucional, contiene distintas normas que regulan básicamente lo siguiente: a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio9, que básicamente significa que nadie puede introducirse o ingresar en él, sin consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la misma Constitución. Asimismo, debe considerarse que el carácter domiciliario de un recinto se da por el hecho de que en su interior, una o más personas desarrollan actividades
El derecho a la intimidad o privacidad tiene como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad del domicilio, cuya naturaleza, alcances y limitaciones, han sido desarrolladas por la jurisprudencia constitucional boliviana, siendo de utilidad consultar la Sentencia Constitucional Nº 1420/2004 de 6 de septiembre. 6
pertenecientes a la esfera de la vida privada, es decir, ese ámbito de la existencia de la persona, en donde los demás no pueden introducirse ilícitamente10. b) El carácter inviolable de la correspondencia y los papeles privados, determinando la prohibición de su incautación, excepto en los casos expresamente establecidos por Ley, y previa orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.
Esto, implica, que toda persona tiene el derecho de mantener en reserva su correspondencia y sus papeles privados, y este derecho extiende su aplicación a toda forma de comunicación, por vía escrita, oral o audiovisual, considerando que de acuerdo al avance de la tecnología, ahora existen medios sofisticados para una comunicación pronta y oportuna, como la telefonía fija, fax, telefonía móvil y otros11. c) La invalidez como medio probatorio, de los documentos privados violados o sustraídos, lo que implica que la persona que sustraiga o se apodere ilegítimamente, y/o el funcionario público que incaute un documento privado sin el consentimiento o conocimiento del dueño, o sin una orden judicial expresa, no podrá presentar como prueba dicha documentación y, en caso de ser presentada, la misma no podrá surtir efectos probatorios válidos en el proceso. d) La prohibición de interceptar conversaciones o comunicaciones privadas, implica que ninguna persona particular o funcionario público –cualquiera sea su rango de autoridad–, puede ni debe interceptar, conversaciones o comunicaciones privadas, bajo pena de incurrir en delito sancionado por la Ley Penal. Esto, significa también que ninguna autoridad judicial puede ordenar la intercepción de este tipo de conversaciones. 4. El Derecho a la Intimidad o Privacidad en la Jurisprudencia Constitucional La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, contenida en la Sentencia Constitucional Nº 1420/2004 de 6 de septiembre, también se ha pronunciado sobre la naturaleza jurídica y los alcances del derecho a la intimidad, al establecer lo siguiente:
Cfr. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio, y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. Tercera Edición, actualizada con las reformas del 2004. Cochabamba (Bolivia): Talleres Gráficos KIPUS, Junio de 2005. Pág. 113. 11 “Cabe advertir que, tomando en cuenta que el derecho a la inviolabilidad de correspondencia y papeles privados, forma parte del núcleo esencial del derecho a la privacidad o intimidad, con relación a los documentos privados, este derecho alcanza a todos aquellos producidos en la esfera propia de lo íntimo, de manera que comprende los escritos privados y otros objetos de carácter representativo o declarativo que tienen el mismo carácter íntimo, tales como fotografías, cintas cinematográficas, videos y grabaciones magnetofónicas”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio, y otros. La Constitución Política del Estado: Comentario Crítico. Pág. 112. 7
“El derecho a la intimidad o la privacidad es la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su personalidad. Es un derecho que se inscribe en el marco del valor supremo de la libertad en su dimensión referida al “status” de la persona que implica la libertad ‐ autonomía, lo que importa que esté íntimamente relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la consagración de este derecho se encamina a proteger la vida privada del individuo y la de su familia, de todas aquellas perturbaciones ajenas que, de manera indebida, buscan penetrar o develar los sucesos personales o familiares. El derecho a la intimidad o la privacidad, al ser inherente a otros derechos fundamentales como son el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dignidad humana, goza de mecanismos de protección constitucional y legal; se entiende que la persona debe ser protegida de las molestias o angustias que le puedan ocasionar el que otros no respeten su intimidad, o busquen inmiscuirse en ella. Por ello, la doctrina señala que el núcleo esencial del derecho a la intimidad define un espacio intangible, inmune a intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. En ese contexto el derecho a la intimidad o la privacidad está consagrado por los instrumentos internacionales como un derecho humano; así se pueden citar el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), cuyas normas, en términos generales, prevén que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Ahora bien, conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución. En consecuencia, el derecho a la intimidad o la privacidad es tutelable por la vía del amparo constitucional. En cuanto a los alcances del derecho a la intimidad, cabe señalar que el mismo se identifica jurídicamente con el concepto de vida privada, que es el conjunto de actos, situaciones y circunstancias que por su carácter personalísimo no están, por regla general, expuestos a la curiosidad y a la divulgación, pues están sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños”.
Ahora bien, sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, recientemente la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Nº1738/2010‐R de 25 de octubre, al respecto ha señalado que: “Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el art. 21.1 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz, Concepción, “La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad”), por lo mismo, este autor señaló que la intimidad consiste en “el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado”, así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999 de 15 de julio, señaló que: “El derecho a la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida”. Ahora bien en lo que respecta a la privacidad personal o familiar, el mismo autor señaló que es “el poder de ejercer un control sobre las informaciones que le atañen a uno, teoría que viene a considerar la intimidad como el derecho a poder participar y controlar las informaciones que concierne a cada persona”, de igual forma hace una distinción entre intimidad y privacidad, señalando que la intimidad es “el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones”; mientras que, privacidad hace referencia “al ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales”. De todo lo anterior se tiene que tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que sólo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultado para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose en consecuencia de que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afectan directamente a su imagen, honra y reputación”. (El resaltado del texto, en negrillas y subrayado, me corresponde)
5. El Derecho a la Intimidad en la Jurisprudencia Constitucional comparada A nivel de jurisprudencia comparada, desde el año 1992, la Corte Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la intimidad como un derecho fundamental que permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores. Se dijo en ese entonces que se trataba de un derecho “general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta (…)”. Se afirmó también que la intimidad es “el espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ser lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto.” En 1995, se reiteró esta visión del derecho a la intimidad, cuando se afirmó que “(...) este derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar una mínima consideración particular y pública a su interioridad, actitud que se traduce en abstención de conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace parte del dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros, ni de la intervención o análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones (…) Ese terreno privado no puede ser invadido por los demás miembros de la comunidad a la que se integran la persona o familia, ni por el Estado. Aún dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad personal”. Así entendido, como derecho casi absoluto, la jurisprudencia constitucional parece haber adoptado, en los años inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la Constitución de 1991, y de su artículo 15 en particular –“todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar…y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”‐, una visión del derecho a la intimidad cercana a la célebre formulación del magistrado norteamericano Louis Brandeis, de finales del S. XIX: “The right to be let alone” , es decir, el derecho a la intimidad como el derecho a estar solo, el derecho a la soledad. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de críticas, en varios sentidos: puede verse como un derecho arcaico y obsoleto, incompatible con la vida en sociedades urbanas, industrializadas, tecnificadas y proclives a los fenómenos de masas. Se ha dicho también que es un derecho de elite, creado para proteger los privilegios de las clases aristocráticas y privilegiadas, y muy asociado con la propiedad privada. En esta perspectiva, el derecho a
la intimidad sería simplemente otro mecanismo jurídico para proteger la propiedad privada. Casi por definición, los desposeídos de bienes materiales no tendrían derecho a la intimidad, pues de ellos no se predica la existencia de una esfera de protección infranqueable, al carecer de bienes y recintos que garanticen físicamente ese derecho. Finalmente, se ha criticado también que esta aproximación absoluta hacia la intimidad, que protege el derecho al aislamiento o al ensimismamiento, es imposible de hacer valer jurídicamente, porque no se proyecta al exterior, y no plantea cuestiones en relación con los otros. El derecho, por definición, no podría entrometerse, ni siquiera para protegerla, en la esfera inmune a la vida social de que trata el derecho a la intimidad, pues el derecho regula la vida en sociedad. El derecho a la intimidad sería justamente lo opuesto. Desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, estas críticas, interesantes desde el punto de vista teórico y analítico, carecen de validez o pertinencia. El derecho a la intimidad, junto con otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia, están concebidos para permitir a las personas fortalecer y desarrollar su condición de seres libres y autónomos, que es el presupuesto esencial del estado democrático. La individualidad del individuo, su posibilidad no siempre fácil de separarse del influjo de los otros o de la masa, de realizar las actividades que les son afines y no las que le sean impuestas, de reflexionar solitariamente, de optar por sus propias preferencias, y de llegar a sus propias conclusiones frente a los dilemas de la cotidianidad y de la política, en fin, la posibilidad de aislarse con frecuencia u ocasionalmente del mundo, es de lo que depende el que pueda convertirse en un sujeto de derechos y obligaciones, el que pueda ejercer las responsabilidades democráticas y participar en los procesos que forjan un estado social de derecho como lo es el colombiano. Sólo reconociendo la autonomía e individualidad de las personas, puede hablarse del “respeto a la dignidad humana” que sirve de fundamento al Estado colombiano, según el artículo 1º de la Constitución. La protección de esa esfera inmune a la injerencia de los otros –del Estado o de otros particulares‐, como prerrequisito para la construcción de la autonomía individual que a su vez constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente activo, tiene que ser jurídicamente relevante, y lo es, a través de los mecanismos constitucionales de protección al derecho a la intimidad, los cuales no circunscriben su alcance a cierta clase social económica o ilustrada, sino que se extienden, como no podía ser de otra forma, a todas las personas amparadas por la Constitución12. 6. La Acción de Protección de Privacidad prevista por la Constitución Boliviana La jurisprudencia citada anteriormente, hace referencia a que actualmente en la doctrina existen numerosas reflexiones sobre la necesidad de modificar los esquemas jurídicos con la intención de dar protección legal a los derechos, que puedan ser dañados a partir de los nuevos inventos para la reproducción de la imagen y/o la voz, así como la creciente
Cfr. Sentencia C-640/10 (Agosto 18, Bogotá DC). Ahora se encuentra disponible en: http://t.co/RVPpR7F0 11
posibilidad de comunicación de los mismos, por lo que, resulta de imperiosa necesidad la protección de los datos que revelen la personalidad del individuo. En nuestro país, el art. 130 parágrafos I y II, de la Constitución Política del Estado vigente (que tiene su precedente en lo anteriormente dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de 1994, ahora abrogada) protegiendo estos derechos personalísimos, establece que: “Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o información, en archivos o banco de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”, aclarando además que ésta Acción no procede para levantar el secreto en materia de prensa. De lo señalado, se infiere que la Acción de Protección de Privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados. Por esta misma razón, la doctrina señala que esta acción, en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendida como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y que se hubiese obtenido, almacenado y distribuido13.
Respecto a la naturaleza jurídica y los nuevos alcances de la Acción de Protección de Privacidad, la reciente jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1999/2010 de 26 de octubre, ha establecido que: “La nueva Constitución Política del Estado cambia el nomen juris del hábeas data a acción de protección de privacidad, pero no así su esencia tutelar, empero contempla algunos cambios específicos en cuanto a su redacción, en especial el art. 130. I, en el que se refiere a los casos de legitimación activa que si bien es muy similar al texto del art. 23.I de CPEabrg, tiene una diferencia notoria cuando afirma; “…Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”. Observamos en primer lugar que se añaden a las personas colectivas como posibles legitimados activos, o futuros accionantes, concibiendo que las personas colectivas también tienen acceso a los derechos reconocidos por el art. 21.2 de la CPE, los cuales son: derecho a la intimidad, honra, propia imagen y dignidad. Se entiende que el texto del art. 130.I al reconocer como posibles accionantes a personas colectivas, se refiere a aquellas de orden público como privado, pero con algunas diferencias en cuanto a los derechos tutelados para estas, es decir, que las personas colectivas no podrán aducir la vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar, que son derechos fundamentales de índole personal, pero sí podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen y a la reputación. Corresponde aclarar que si bien el derecho a la imagen, a la honra y a la reputación, parecieran estar dentro del mismo grupo de derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, en el caso de las personas colectivas, que es el objeto del presente análisis, como se indica líneas supra, sólo podrían denunciar la vulneración de los derechos a la imagen y la reputación, pero no así de la honra, debido a que el derecho a la honra es de índole estrictamente personal, es decir, entra dentro de la esfera de la personalidad y es concebido doctrinalmente como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como reconocimiento de su dignidad frente a la sociedad. (…)”. 12
7. Alcances de la Acción Tutelar de la Privacidad Al estar ligado con los derechos señalados precedentemente, la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Nº 0965/2004‐R de 23 de junio, señaló que una acción de tutela de esta naturaleza, tiene los siguientes alcances: 1. Conocer la información o “registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal”; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información. 2. Actualizar los datos existentes, que comprende el “el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”. 3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es “el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona”. 4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la “confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona”. 5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el “Derecho de exclusión de la llamada `información sensible` relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado”.
8. Presupuestos indispensables de procedencia Conforme lo establece la misma Constitución, para la procedencia de ésta Acción se requieren dos presupuestos esenciales: a) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tengan como finalidad proveer informes. De ahí que, la Sentencia Constitucional Nº 0965/2004‐R, señaló que la acción del hábeas data es una modalidad de amparo que permite a toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación; y, b) Que ese banco de datos contenga información vinculada a los derechos protegidos por la Acción de Protección de Privacidad. 9. El Principio de Subsidiariedad en la Acción de Protección de Privacidad Se debe señalar que el art. 131.I de la CPE, en cuanto al trámite de esta acción, establece de manera expresa asimilar el procedimiento previsto para la Acción de Amparo Constitucional; de ahí que le son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez. Respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad, la citada Sentencia Constitucional Nº 0965/2004‐R, de 23 de junio, señaló que: “Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos, o que induce a discriminaciones, y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otra manera, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”. En el mismo sentido, la Sentencia Constitucional Nº 1572/2004‐R, señaló que le eran aplicables al hábeas data los principios de subsidiariedad e inmediatez; consiguientemente, al hábeas data (ahora denominado Acción de Protección de
Privacidad) le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el Amparo Constitucional, por lo que, se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en la misma Constitución; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación. 10. Conclusión Conforme a lo detallado, se establece que la Acción de Protección a la Privacidad, al igual que el Amparo Constitucional, tiene como uno de sus principios la subsidiariedad, que exige el agotamiento de todas las instancias y recursos existentes; ello implica, que si bien en el presente caso no existe un “banco de datos público o privado”, se trata más bien de la difusión pública de una información inherente a las comunicaciones telefónicas privadas de una persona, en este caso, de una Diputada Nacional, quien claramente anunció acudir a la vía penal para esclarecer éste hecho, que pone en duda la seguridad telefónica de las personas que no son adherentes a la corriente oficialista del gobierno de turno. Sin embargo, debe también considerarse que en el presente caso, al no haberse respetado la vida íntima y privacidad de la Diputada, se hace evidente la vulneración de sus derechos, ya que la misma jamás otorgó su consentimiento para que esas grabaciones de conversaciones privadas, que forman parte de su vida íntima, sean divulgadas a través de una Conferencia de Prensa hacia todos los medios de comunicación, como ahora ha sucedido, lo cual afecta directamente a su intimidad y privacidad, como persona y como mujer. Por ello, se hace imperiosa la necesidad de que esas grabaciones de conversaciones privadas sean eliminadas de forma inmediata, a objeto de que no se siga utilizando éste pretexto para desprestigiar la labor solidaria que se ha llevado adelante; con mayor razón cuando el Estado Plurinacional, a través de la Constitución, se ha comprometido a respetar la vida íntima y la privacidad de las personas, acorde con los valores y principios imperantes en un país pluricultural como es el nuestro; consecuentemente, el debate para el otorgamiento o denegación de la tutela que pueda ser eventualmente solicitada por la persona afectada, y para la definición de criterios en este tipo de conflictos tutelares14 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, aún está abierto.
Sin embargo, cabe tener presente que, en ocasión de pronunciarse sobre la imposibilidad de interposición simultánea de las Acciones de Amparo y Protección de Privacidad, el Tribunal Constitucional ya estableció algunos lineamientos acerca de los ámbitos de procedencia de ambas Acciones tutelares; en efecto, la Sentencia Constitucional Nº1478/2011-R de 10 de octubre, estableció: “(…) Habiéndose planteado de manera simultánea las acciones de amparo constitucional y protección de privacidad, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1046/2010-R de 23 de agosto, sostuvo que: “…es necesario precisar, que entre ambas acciones tutelares existe una marcada diferencia, tanto en su naturaleza jurídica, sus fines y objetivos, así como en sus alcances; en efecto, el amparo constitucional tiene por finalidad la tutela inmediata y eficaz de derechos fundamentales y garantías constitucionales restituyéndolos en los casos en que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones indebidos, en cambio del hábeas data, 15
Por último, es necesario dejar claramente establecido, que el derecho a la privacidad no está encerrado entre cuatro paredes (es decir que ¡no se queda en casa!), aún tratándose de personas en ejercicio de la función pública y/o en cargos de representación nacional, porque la Constitución boliviana sabiamente dispone que el domicilio, la residencia o la habitación de las y los asambleístas (vale decir, las oficinas utilizadas durante el ejercicio de sus funciones legislativas) serán inviolables, no pudiendo ser allanados bajo ninguna circunstancia; todo ello, por la sencilla razón de que la intimidad o privacidad, al igual que los demás derechos humanos, nos persiguen como la sombra al cuerpo (si vale el término), y siendo inherentes a la naturaleza humana, no pueden perder su esencia sólo por un afán desesperado de indagar la vida y las relaciones de las personas, mucho más cuando el mismo gobierno de turno, actúa más allá de lo que le permite la Ley. Abog. Alan E. Vargas Lima Responsable del Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano http://alanvargas4784.blogspot.com/ La Paz, 15 de mayo de 2012.
proteger el derecho a la autodeterminación informática, preservando la información sobre los datos personales ante su utilización incontrolada, indebida e ilegal, impidiendo que terceras personas usen datos falsos, erróneos o reservados que podrían causar graves daños y perjuicios a la persona, aunque su tramitación sea igual a la del amparo constitucional; empero, por las marcadas diferencias ya señaladas, no corresponde una tramitación conjunta de ambos recursos. Por las razones referidas, la interposición de los citados recursos, su tramitación y consiguiente Resolución no pueden realizarse de manera simultánea, sino por separado, a fin de garantizar la efectividad de la tutela. Así la SC 0678/2002-R de 10 de junio, ha dejado establecido que: '... por Acuerdo Constitucional 105/2000 de 12 de diciembre, en atención a que tanto las exigencias formales como de contenido son distintas, se establece que los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional presentados en forma conjunta, deben ser admitidos por separado y en caso de no observarse esa disposición, se deberá proceder a la devolución del expediente al Juzgado o Sala de la Corte de origen, para que subsane la deficiencia'. Entendimiento jurisprudencial que también es válido para el recurso de hábeas data, por concurrir las mismas diferencias”. Las finalidades anotadas se encuentran instituidas en forma separada estableciéndose un procedimiento diferente para la tramitación de cada una de las acciones de defensa, establecidas tanto en la Constitución como en la Ley del Tribunal Constitucional, por lo que su interposición así como la resolución que otorgue o deniegue la tutela solicitada, según el caso, no puede ser conjunta sino separada, teniendo en cuenta además, que las sentencias a dictarse deben corresponder a cada una de las acciones independientemente interpuestas”. 16
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