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Timestamp: 2019-09-17 10:47:21
Document Index: 298631031

Matched Legal Cases: ['artículo 248', 'artículo 320', 'artículo 257', 'artículo 26', 'artículo 320', 'artículo 346', 'artículo 77', 'artículo 778', 'artículo 777', 'artículo 777', 'artículo 320', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 84', 'artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

Mundo Tributario Venezuela: julio 2010
El SENIAT activa jornada especial de RIF por dos semanas en CARACAS (sede mata de coco) de 8:30 a 4:00 pm
En la búsqueda de facilitar la atención a los contribuyentes, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, implementó una jornada especial para la tramitación y actualización del Registro Único de Información Fiscal (RIF), en la planta baja de la sede del organismo, ubicada en el Centro Comercial Mata de Coco, en la urbanización La Castellana.
Fuente: http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/01NOTICIAS/NOTICIA05/
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Declaración judicial de la unión concubinaria es indispensable para admitir la demanda de partición de bienes derivados de dicha comunidad Exp. AA20-C
Exp. 2010-000007
En el juicio que por partición de comunidad concubinaria, inició ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara la ciudadana LUZ AMÉRICA GALVIS, representada judicialmente por la abogada en ejercicio de su profesión Elia Rosa Villegas Chacón, contra el ciudadano SEVERINO ELÍAS MASCIAS SEGOVIA, debidamente representado por los profesionales del derecho Benito Barcarola Mascia, Miguel Adolfo Anzola Crespo, Ana María Destro Rodríguez y Angie Cáceres; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó sentencia en fecha 19 de noviembre de 2009, mediante la cual dispuso:
“…1. LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de Noviembre de 2008, por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, así como todas las actuaciones posteriores a esa sentencia incluyendo las efectuadas ante esta Alzada.
2. Se ordena el desglose del Cuaderno Principal, de todas las actuaciones relativas a la incidencia de la medida cautelar, abrir el Cuaderno de Medidas con estas actuaciones y reponer la causa al estado de que vuelva a decidirse en Primera Instancia, tanto el juicio principal como la ratificación o no de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada y ejecutada.
Déjese copia certificada de la referida sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y Regístrese…”.
Contra el precitado fallo dictado por la alzada, anunció recurso de casación el apoderado judicial del demandado, el cual, una vez formalizado, no fue impugnado.
Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, expresada en los términos que a continuación se expresan:
Corresponde a las partes intervinientes en todo proceso de cualquier naturaleza, cuando consideran que sus intereses están siendo vulnerados de alguna manera, ejercer su derecho a petición conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 49, numeral 1, y, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El ejercicio de dicho derecho, supone, necesariamente, la plena garantía y resguardo de la facultad de acceder libremente a los órganos de administración de justicia, y del derecho a obtener un debido proceso, en el cual le sea protegido el derecho a la defensa en todo estado y grado de la causa.
En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en la norma prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional consagrado en el artículo 257 de dicha Carta Magna, referido a que el proceso es un instrumento para la realización de la justicia, esta Sala se encuentra facultada para extender sin formalismos, hasta el fondo del litigio, el examen que corresponda, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando detecte la infracción de una norma de orden público, siempre y cuando tal circunstancia no haya sido denunciada, en cuyo caso, dejará de analizar las denuncias contenidas en la formalización del recurso de casación del cual se trate, y casará de oficio el fallo recurrido, atendiendo en todo momento, a los postulados del artículo 26 eiusdem.
Acorde con lo expuesto, con el constante y más firme propósito de garantizar la recta, sana y efectiva administración de justicia, y en armonía con el fin garantista perseguido por este Supremo Tribunal, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el escrito de formalización correspondiente a la presente actividad recursiva, para ejercer la facultad que le confiere el ya mencionado artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de resolver la situación de hecho configurada en el sub iudice, expresada en los términos que siguen:
El libelo de demanda que da inicio al proceso judicial que cursa por ante esta Sala, en las actuaciones consignadas en ocasión del anuncio del recurso de casación resuelto mediante el presente fallo, fue recibido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 21 de septiembre de 2006.
Se trata, como se constata en el escrito en cuestión (Folios Nº 1 al 16. Pieza Nº 1), de la partición de la comunidad de bienes producto de la unión concubinaria existente para dicha fecha, entre la ciudadana Luz América Galvis (demandante) y el demandado Severino Elías Mascia Segovia.
En fecha 28 de septiembre de 2006, según consta en el folio 397 de la pieza Nº 1, fue admitida la demanda, emplazándose al demandado a contestarla “…DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a su citación…”.
Habiéndole sido designado un defensor ad litem, el demandado consignó en fecha posterior, el poder mediante el cual acreditó a sus apoderados judiciales y en lugar de dar contestación a la demanda, el 19 de junio de 2007, promovió la cuestión previa prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Alegó que de conformidad con la interpretación que la Sala Constitucional hiciera del artículo 77 del código adjetivo civil, en la sentencia de fecha 15 de julio de 2005, dictada en el caso Carmela Manpieri Giuluani, y ratificada en la decisión de fecha 14 de noviembre de 2006 por esta Sala de Casación Civil en el caso J.M. Puerta contra E.I. Castro, con relación a la unión no matrimonial; debe ser declarada la inadmisibilidad de la demanda que pretenda la partición de la comunidad de bienes derivada de una unión concubinaria, si el libelo que la contiene no se acompaña con el instrumento en el cual conste la declaratoria judicial de la existencia de dicho vínculo.
En fecha 8 de agosto de 2007, considerándose “…infundada…”, fue decidida “…SIN LUGAR…” la cuestión previa opuesta, en virtud de “…la inexistencia de una norma jurídica expresa que proscriba el conocimiento al órgano de administración de justicia para conocer y sustanciar esta clase de pretensiones…”.
Apelada dicha improcedencia y oído en un solo efecto el recurso ejercido contra tal decisión del a quo, en fecha 8 de febrero de 2008, fue declarada sin lugar dicha impugnación, con fundamento en la inexistencia de “…una disposición expresa de la ley que prohíba la admisión de la acción propuesta…”, decisión esta que, a criterio de esta Sala, hace pertinente la referencia del criterio que respecto al quebrantamiento de normas procesales que generan menoscabo del derecho a la defensa, ha venido sosteniendo en sus numerosas decisiones.
Debe destacarse que al respecto se ha dejado establecido, entre otras, en sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2006 mediante la cual fue resuelto el recurso de casación Nº 00809, en el caso Enrique José Chacón Breto y otro contra Zoraida del Valle Luján Blasini, expediente Nº 05-730; lo siguiente:
“…Según la doctrina, la indefensión o menoscabo del derecho de defensa, es la consagración del principio que se denomina “equilibrio procesal”.
Según el maestro Humberto Cuenca, en su obra, Curso de Casación Civil. Tomo I. Pág. 105.
“...se rompe la igualdad procesal cuando: Se establecen preferencias y desigualdades; se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella; si el juez no provee sobre las peticiones en tiempo hábil en perjuicio de una parte; se niega o silencia una prueba o se resiste a verificar su evacuación; en general cuando el Juez menoscaba o excede sus poderes de manera que rompe el equilibrio procesal con perjuicio de un litigante....”
Para el jurista Alex Carocca, existen dos presupuestos concurrentes cuya existencia implica indefensión. Según él, se necesita verificar la existencia de ambos requisitos para determinar que en efecto se ha producido violación al derecho a la defensa.
En cuanto al contenido esencial de la garantía del ejercicio pleno y efectivo del derecho a la defensa, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en el expediente Nº 1323, de fecha 24 de enero de 2001, en el juicio de Supermercado Fátima S.R.L., estableció lo siguiente:
En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias...”. (Negritas de la Sala).
De la lectura del criterio citado, se desprende con claridad, que el menoscabo del derecho a la defensa en un determinado proceso judicial, supone para las partes, entre otras cosas, que el juez los coloque en una situación que implique la limitación o imposibilidad de defender los intereses que les son propios, siendo además necesario que: “…1) no obedezca la indefensión a la impericia, abandono o negligencia de la propia parte; y 2) haya habido perjuicio cierto para la parte que arguye la indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar…”. (Sentencia del 20 de octubre de 2004, caso: Luís Antonio Bello Valera, contra Municipio Aragua del estado Anzoátegui).
Expresado el criterio que respecto a la indefensión ha venido sosteniendo pacífica y reiteradamente este Supremo Tribunal; y teniendo en cuenta lo ocurrido en el caso particular, con el objeto de resolver sobre el vicio detectado, la Sala estima oportuno, pertinente y necesario, citar la sentencia de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, publicada en fecha 17 de diciembre de 2001, en el caso Julio Carias Gil, expediente Nº 00-3070, en la cual, respecto a la constancia que necesariamente debe existir en autos sobre la existencia del concubinato, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad de las demandas de partición de bienes presuntamente derivados de dicho vínculo; se dejó establecido lo siguiente:
“…Quiere la Sala apuntar, que en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que solo así podrá conocer con precisión los nombres de los condómines y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condómines, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil).
Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo expresa el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad concubinaria, el recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya que el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento distinto y por lo tanto previo….”. (Negrillas de esta Sala).
Claramente establecido se dejó en la decisión transcrita, que a los efectos de determinar la admisión o no de una demanda de partición de bienes derivados de una comunidad concubinaria, el sentenciador debe constatar en los autos la consignación de la declaratoria judicial de la existencia de dicho vínculo, para demostrar la comunidad.
No basta cualquier instrumento para demostrar la existencia del vínculo que se alega, sino que de acuerdo al criterio reiterado y pacífico, es indispensable que el libelo de demanda se acompañe con la decisión judicial que así lo declara.
Esta Sala de Casación Civil, en decisión Nº 175, del 13 de marzo de 2006, mediante la cual fue resuelto el recurso Nº 00175, expediente 04-361, en el caso José Celestino Sulbarán Durán Contra Carmen Tomasa Marcano Urbáez; acogiendo lo determinado por la Sala Constitucional, expresó lo siguiente:
“…Conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional, que esta Sala acoge en los términos aquí descritos, el concubinato es una situación fáctica que requiere de declaración judicial, por tanto, estamos en presencia de una circunstancia que debe ser calificada y decidida por el Juez, ‘...tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común...’. Para lo cual las partes o los terceros interesados, están obligados a presentar sus alegatos y pruebas que demuestren la existencia de la comunidad.
Todas estas razones conducen a la Sala a casar de oficio y sin reenvío el fallo recurrido, ya que las pretensiones acumuladas en el presente juicio deben ser tramitadas por procedimientos distintos; por otra parte, la declaración judicial definitivamente firme es requisito indispensable para poder incoar la demanda de partición de comunidad concubinaria, pues ésta constituye el documento fundamental que debe ser acompañado al libelo de demanda de la referida partición...”.
Resultó ratificado por esta Sala, como ha quedado transcrito, que para demandar la partición de una comunidad concubinaria, el libelo respectivo, indispensablemente, debe ir acompañado de la declaratoria judicial definitivamente firme, de la existencia de dicha comunidad.
En el caso sub iudice, habiendo sido demandada una partición de bienes, adquiridos, según los alegatos presentados por la demandante, durante la unión concubinaria que mantuvo, como lo narró en el respectivo libelo “…durante 23 años, 7 meses y 23 días…”, con el demandado Severino Mascia Segovia; no se cumplió, al consignar la demanda; el requisito indispensable para su admisión, tal es, la consignación a los autos del documento contentivo de la declaratoria judicial de la existencia de la comunidad alegada.
Al respecto debe hacerse notar, que en su escrito libelar, la demandante destacó que la relación concubinaria que originó la comunidad cuya partición demanda resultó “…debidamente aceptada e incluso reconocida…” por su ex concubino en “…la constancia de CONCUBINATO que ambos firmamos, ante la Jefatura civil de la Parroquia Santa Rosa de fecha 12 de enero de 1996, y La (sic) cual acompaño marcada “B”…”.
Además sostuvo, que dicha constancia fue “…debidamente ratificada y reflejada en documento público suscrito por ambos concubinos en fecha 11 de Julio del año 2001, cuando procedimos a celebrar un contrato por ante la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, a fin de disolver la comunidad concubinaria de bienes…”.
Ahora bien, corresponde a esta Sala dejar establecido en relación con las aludidas constancias, que no obstante haberse constatado su consignación en los autos examinados (Folios Nº 19, 20 y 21, respectivamente), las mismas no resultan suficientes, de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala (aplicable para la fecha en la cual fue introducida la demanda); para demostrar la existencia de la comunidad cuya partición se demanda.
Siendo que para dividir los bienes generados en una comunidad, ésta debe indefectiblemente existir, en ninguna de las instancias en las cuales fue conocido el sub iudice, se constató la consignación de la declaratoria judicial del concubinato alegado para determinar, la real existencia de la unión concubinaria de la cual -como se alegó al demandar- derivaron los bienes cuya partición pretende la parte actora.
La demanda fue admitida, como se narró ab initio del presente fallo, pese a que la misma no estuvo acompañada de la declaratoria judicial en mención.
Constató esta Sala que, no obstante haber sido alegada tal circunstancia por la parte demandada, ambos juzgadores ignoraron lo alegado al respecto, colocando en ventaja a la parte demandante, oyendo su demanda de partición de comunidad concubinaria, pese a la falta de uno de los requisitos indispensables para su admisibilidad (advertida por el demandado); como lo es, de acuerdo a los criterios precedentemente referidos; el documento donde conste la decisión judicial que determina la existencia de la comunidad alegada.
Como consecuencia de lo descrito, la Sala procede a casar de oficio y sin reenvío el fallo recurrido, ya que la declaración judicial definitivamente firme de la existencia del vínculo alegado, siendo el requisito indispensable para poder incoar la demanda de partición de comunidad concubinaria, (documento fundamental que debe acompañar al libelo de demanda de la partición que se alude), y, título que demuestra su existencia; no consta en los autos. Deficiencia, que no habiendo sido advertida por los juzgadores que conocieron de la causa, permitió la admisión de una demanda contraria al orden público. Así se ha decidido.
Por lo expresado, resulta innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y, en consecuencia, se declara inadmisible la demanda incoada por la ciudadana LUZ AMÉRICA GÁLVIS contra el ciudadano SEVERINO ELÍAS MASCIA SEGOVIA, anulándose el auto de admisión de fecha 28 de septiembre de 2006, proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, así como todas las actuaciones posteriores al mismo. Así se decide.
En virtud de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO Y SIN REENVÍO la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2009, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En consecuencia, se declara INADMISIBLE la demanda y se ANULA el auto de admisión de la demanda, dictado en fecha 28 de septiembre de 2006, proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, así como todas las actuaciones posteriores al mismo. Así se decide.
Por la naturaleza de la decisión no se condena en costas a la recurrente
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen, ya mencionado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Exp. AA20-C-2010-0000007
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Número 39.472
Caracas, viernes 23 de julio de 2010
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Gustavo Jesús Guevara Sifontes, como Gerente General de Servicios Jurídicos, en calidad de titular.
Publicado por MUNDO TRIBUTARIO VENEZUELA en 6:48 a. m. No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
BCV fija normas relativas a las operaciones de operadores cambiarios fronterizos
Número 39.469
Caracas, martes 20 de julio de 2010
Resolución Nº 10-07-02
Caracas, 20 de julio de 2010
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 7, numerales 2) y 7); 21, numerales 16) y 26); 33, 52 y 122 de la Ley que rige al Instituto, en concordancia con los artículos 29 y 153 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; y los artículos 3 y 5 del Convenio Cambiario Nº 1 del 5 de febrero de 2003, y 4 del Convenio Cambiario Nº 18 del 1º de junio de 2010.
Artículo 1º—Sólo las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por el Banco Central de Venezuela podrán actuar como operadores cambiarios fronterizos, y a tal efecto estarán habilitados para realizar operaciones de compra y de venta, en efectivo, de reales brasileros y pesos colombianos, según corresponda a su ubicación geográfica, hasta por el monto diario equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 500), siempre que no exceda de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.000) mensuales (no acumulativo) por cliente.
Artículo 2º—Conforme a lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, las personas interesadas en obtener la autorización a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución deberán enviar su solicitud a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual será tramitada conforme a los procedimientos y previa la presentación de los requisitos que a tal efecto establezca la referida Ley así como la normativa dictada en la materia por dicho organismo.
Cumplido el procedimiento a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras presentará al Banco Central de Venezuela la propuesta de otorgamiento o no de la autorización respectiva.
Artículo 3º—Las personas señaladas en el artículo 1 de la presente Resolución deberán anunciar públicamente en sus oficinas, mediante avisos destinados a tal fin, el tipo de cambio oficial de compra y de venta aplicable a tales operaciones con las divisas indicadas en dicho artículo, de acuerdo con la información publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela. Asimismo, dichas personas no podrán cobrar comisión alguna en relación con las referidas operaciones de compra o venta de divisas.
Artículo 4º—Los operadores cambiarios fronterizos autorizados, deberán discriminar en el documento donde conste la operación, el tipo de cambio y el monto de la operación.
Artículo 5º—Los operadores cambiarios fronterizos autorizados deberán suministrar al Banco Central de Venezuela la información que éste les solicite sobre las operaciones a que se refiere la presente Resolución, o la que éstos deban solicitar a sus clientes, así como cualquier otra información relacionada, en los términos y condiciones que se establezca en los instructivos, manuales, circulares o comunicaciones emanadas por el Instituto al efecto, y sin perjuicio de aquella que le sea requerida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en el ámbito de sus competencias.
Artículo 6º—El incumplimiento lo previsto en la presente Resolución podrá ser sancionado administrativamente de conformidad con la Ley y, asimismo, dará lugar a la suspensión o revocatoria de la autorización de funcionamiento otorgada a los operadores cambiarios fronterizos, sin perjuicio de los supuestos que para la suspensión, revocatoria o clausura establece la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Parágrafo Único.—A los efectos previstos en el presente artículo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras enviará al Banco Central de Venezuela un informe explicativo relacionado con el incumplimiento detectado.
Artículo 7º—Se deroga la Resolución Nº 98-03-01 de fecha 9 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.415 de fecha 17 de marzo de 1998.
Artículo 8º—La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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Corrigen norma que reguló tipo de cambio para valorar y registrar activos y pasivos en moneda extranjera
Número 39.466
Caracas, jueves 15 de julio de 2010
Por cuanto en la Resolución Nº 10-06-04 de fecha 10 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.461 de fecha 08 de julio de 2010, se omitió la inclusión de un párrafo al final de artículo 2, conforme se indica a continuación:
"Artículo 2º—A partir del 1º de junio de 2010, la valoración y registro contable de los títulos de capital cubierto emitidos por el sector público nacional mantenidos por bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras, públicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás leyes especiales, se efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América.
A igual tipo de cambio serán valorados y registrados los activos y pasivos en moneda extranjera, mantenidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), salvo a los títulos emitidos por el sector público nacional denominados en moneda extranjera mantenidos por dicho banco, distintos a los títulos de capital cubierto, los cuales serán valorados y registrados al tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América".
Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido error y manteniendo el número y fecha de la Resolución Nº 10-06-04.
Dado en Caracas a los trece (13) días del mes de julio de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Resolución Nº 10-06-04
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 7, numeral 2) y 21, numerales 16) y 26) de la Ley Especial que lo rige, en concordancia con lo previsto en el artículo 3 del Convenio Cambiario Nº 1 del 5 de febrero de 2003, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio Cambiario Nº 14 del 8 de enero de 2010,
Artículo 1º—A partir del 1º de junio de 2010, y salvo lo previsto en el artículo 2 de la presente Resolución, la valoración y registro contable de activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras, públicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás leyes especiales, se efectuará al tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América.
Artículo 2º—A partir del 1º de junio de 2010, la valoración y registro contable de los títulos de capital cubierto emitidos por el sector público nacional mantenidos por bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras, públicas y privadas, regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y demás leyes especiales, se efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América.
A igual tipo de cambio serán valorados y registrados los activos y pasivos en moneda extranjera, mantenidos por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), salvo a los títulos emitidos por el sector público nacional denominados en moneda extranjera mantenidos por dicho banco, distintos a los títulos de capital cubierto, los cuales serán valorados y registrados al tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América.
Artículo 3º—Se deroga la Resolución Nº 10-01-02 de fecha 28 de enero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.356 de fecha 28 de enero de 2010.
Caracas, 10 de junio de 2010.
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BCV fija normas relativas a las operaciones de ope...
Corrigen norma que reguló tipo de cambio para valo...