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Timestamp: 2018-11-18 14:54:34
Document Index: 14210871

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'artículo 90', 'artículo 116', 'artículo 38', 'artículo 166', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 171', 'artículo 126', 'Artículo 116']

﻿ SENTENCIA 2006-00139/1287-2011 DE OCTUBRE 26 DE 2017
SENTENCIA 2006-00139 DE 26 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LAS SENTENCIAS INHIBITORIAS EN PROCESOS LABORALES. EL ALTO TRIBUNAL CONSIDERÓ QUE, EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO, EN EL QUE TIENE PLENA VIGENCIA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, TODAS LAS AUTORIDADES, SIN IMPORTAR SU NATURALEZA, DEBEN SOMETER ACTUACIONES Y DECISIONES AL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO. EN ÉL, LAS DISPOSICIONES CONVENCIONALES Y LAS CONSTITUCIONALES OSTENTAN EL MÁS ALTO RANGO POR LO QUE SE ERIGEN COMO EL REFERENTE OBLIGADO AL QUE HAN DE AJUSTARSE LAS DE INFERIOR JERARQUÍA. CONFORME EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 228 Y 229 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ES NECESARIO SEÑALAR QUE LOS JUECES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR DECISIONES DE FONDO EN LOS ASUNTOS QUE POR RAZONES DE COMPETENCIA LLEGAN A SER DE SU CONOCIMIENTO Y SOLO EN CASOS EXCEPCIONALES, EN LOS QUE EL JUEZ TENGA CERTEZA DE QUE NO HAY OTRA ALTERNATIVA, PROCEDERÁ A LA INHIBICIÓN. DE IGUAL FORMA, LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS PROCESALES DEBE PERMITIR LA REALIZACIÓN, EN LA MAYOR MEDIDA POSIBLE, DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SENTIDO MATERIAL, TAMBIÉN CONOCIDA COMO TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONVENCIÓN COLECTIVA, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL, SENTENCIA INHIBITORIA, RESOLUCIÓN INHIBITORIA, AUTO INHIBITORIO
Sentencia 2006-00139/1287-2011 de octubre 26 de 2017
Rad. 54001233100020060013903 (1287-2011)
Actor: María Mercedes Carreño Navas
Demandado: Nación, Ministerio de Desarrollo, Superintendencia de Sociedades
1. ¿El Auto 440-017405 del 18 de octubre de 2005, “por medio del cual se removió del cargo de liquidadora a la doctora María Mercedes Carreño Navas”, se encuentra sujeto a control judicial?
2. En caso afirmativo, ¿LaSuperintendencia de Sociedades desconoció el derecho al debido proceso de la hoy demandante a través del Auto 440-017405 del 18 de octubre de 2005?
3. ¿La decisión de remoción del cargo de liquidadora tomada respecto de la hoy demandante se ajusta a las normas jurídicas en que debía fundarse?
¿El Auto 440-017405 del 18 de octubre de 2005, “por medio del cual se removió del cargo de liquidadora a la doctora María Mercedes Carreño Navas”, se encuentra sujeto a control judicial?
A efectos de resolver este interrogante, la Sala abordará el estudio de los siguientes asuntos (i) La naturaleza jurídica del concurso liquidatorio de personas jurídicas previsto en laLey 222 de 1995 (ii) El rol del liquidador en el trámite concursal de la Ley 222 de 1995 (iii) Sentencias inhibitorias (iv) Inexistencia de control judicial de los actos jurisdiccionales (v) Caso concreto.
(i) La naturaleza jurídica del concurso liquidatorio de personas jurídicas previsto en la Ley 222 de 1995.
El título segundo de la Ley 222 de 1995(2), vigente a la fecha en que acaecieron los hechos controvertidos, contempló un único trámite concursal con dos modalidades (art. 89 ibídem), una de ellas fue el concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, que tenía como finalidad la protección del crédito de los acreedores pero también la conservación y recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente de empleo, mediante la implantación de procesos de normalización de su operación y relaciones comerciales. De otro lado, se previó el concurso liquidatorio de los bienes del deudor, cuyo propósito era la extinción de este de la vida jurídica en forma pronta y ordenada, buscando el mayor aprovechamiento posible de su patrimonio. En cualquier caso, se tenía como requisito para la admisión del trámite concursal que el deudor estuviera incumpliendo las obligaciones de contenido patrimonial, que se encontrara en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las mismas o que existieran motivos razonables para pensar que entraría en el supuesto anterior (art. 91 ibídem) y lo que determinaba la elección de la vía por la que habría de seguirse el trámite único concursal, es decir, la del concordato o la de la liquidación obligatoria, era el nivel de gravedad de la situación patrimonial en la que se encontrara aquel.
La consagración de un procedimiento unificado, novedad introducida por la Ley 222 de 1995, hoy inexistente por cuenta de la Ley 1116 de 2006, redundó en beneficio de la empresa ya que permitía que el trámite se desarrollara con mayor celeridad y menos costos.
La competencia para conocer de este proceso fue asignada por el artículo 90 de la ley en cuestión atendiendo a la naturaleza jurídica del deudor. Así, mientras que los de las personas naturales correspondían a los entonces jueces civiles especializados, o de no haberlos, a los jueces civiles del circuito, los de las personas jurídicas eran de conocimiento de la Superintendencia de Sociedades de forma privativa. Dicha norma es del siguiente tenor
“ART. 90.—Competencia. La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3º de la Constitución Política.
Como puede observarse, en tales casos la Superintendencia de Sociedades, no obstante ser una entidad de naturaleza administrativa, cumplía funciones de carácter jurisdiccional para el trámite de los concursos, lo que es posible en virtud de la habilitación que el constituyente primario, en desarrollo del postulado de colaboración armónica entre las ramas del poder público, otorgó al legislador para que, excepcionalmente, atribuyese “[...] función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos [...]”(3).
Así pues, en su condición de juez del concurso, la dirección del proceso le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, quien para tales efectos se encuentra investida de amplias atribuciones de ordenación e instrucción que le permiten impulsar y llevar a término el trámite concursal, con los poderes judiciales de que trataba el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de los hechos, e investido de todas las atribuciones y competencias que le concede la citada Ley 222.
Establecido lo anterior, es plausible plasmar las siguientes conclusiones en torno al concurso liquidatorio de personas jurídicas previsto en la Ley 222 de 1995: (i) es un procedimiento de naturaleza judicial (ii) se encuentra dirigido por la Superintendencia de Sociedades, quien no actúa en condición de autoridad administrativa sino en calidad de juez; (iii) está compuesto por una serie de actos complejos (iv) su propósito es la extinción de la persona jurídica a través de la cancelación, en su orden, de sus pasivos externos e internos, si los hay, y en la medida en que existan activos que los cubran, para posteriormente entregar los remanentes a los socios en cuanto ello sea posible.
(ii) El rol del liquidador en el trámite concursal de la Ley 222 de 1995.
En el trámite concursal liquidatorio, el liquidador desempeña un papel protagónico puesto que las múltiples labores que le competen dan cuenta de un encargo, que puede catalogarse como un mandato legal, en virtud del cual ha de emprender diversas acciones tendientes a la satisfacción de los créditos, procurando armonizar los distintos intereses que involucra el proceso concursal.
El artículo 166 ejusdem consagra un listado simplemente enunciativo de las funciones que corresponden al liquidador del concurso en los siguientes términos:
“PAR.—El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de facultades para transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora”.
De lo anterior emerge que el liquidador cumple un rol de (i) representante legal del deudor y, por ende, administrador del patrimonio liquidable y, por otra parte, de (ii) administrador del proceso concursal, papel que desempeña en calidad de auxiliar de la justicia.
El primero de los roles que ha sido encomendado al liquidador se refleja en las múltiples funciones que le competen, dirigidas a la gestión y al manejo de los activos y pasivos sociales, dentro de las cuales se encuentran comprendidas las actividades contables referidas al deudor concursado, los diferentes actos jurídicos celebrados en el tráfico comercial y demás labores afines.
A nivel doctrinal no resulta ser tan pacífica la postura según la cual la representación legal del liquidador se ejerce respecto del deudor concursado pues se cuestiona la posibilidad de sostener tal enunciado cuando es claro que las facultades con las que se encuentra investido el liquidador pueden ejercerse en contra de la voluntad de aquel e incluso en contra de sus intereses y a favor de los acreedores.
No obstante lo anterior, la Sala es del criterio de que, a pesar de que la ley no fue clara al indicar en forma expresa respecto de quien se predica la representación legal que ejerce el liquidador, la misma se refiere al deudor concursado. Ello es así si se tiene en cuenta que dentro de los efectos propios de la apertura del concurso liquidatorio se encuentra la separación de los administradores sociales (L. 222/95, art. 151-1), la disolución de la persona jurídica, que en adelante debe usar para todos los efectos legales la expresión “en liquidación judicial” (L. 222/95, art. 151-3) y la prevención a los deudores del deudor de que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta (L. 222/95, art. 157-4).
De otro lado, bajo la vigencia de esta ley el liquidador se convierte en el administrador del concurso en tanto goza de algunas funciones de impulso del trámite concursal dentro de las cuales es posible destacar por ejemplo el emplazamiento de los acreedores una vez se profiere la providencia de apertura (L. 222/95, art. 157-7); la elaboración del inventario de activos del patrimonio a liquidar (L. 222/95, arts. 166-3 y 180) y la rendición de cuentas de su gestión (L. 222/95, art. 168).
Los auxiliares de la justicia son personas que, sin ser funcionarios judiciales, ayudan a quienes sí lo son en la realización de ciertas actividades que permiten llevar a cabo la tarea de administrar justicia. Así, en su rol de tales, los liquidadores prestan su colaboración al proceso concursal liquidatorio ayudando a la Superintendencia a efectuar trámites que conducen al avance del proceso. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente
“[...] En conclusión, la Superintendecia (sic) de Sociedades tiene asignadas funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de las sociedades comerciales (C.P., art. 116; L. 222/95, arts. 89, 90 y ss., y L. 270/95, art. 13, núm. 2), para lo cual designa a un liquidador quien se convierte en auxiliar de la justicia, que actúa dentro de las estrictas condiciones contempladas por la Ley 222 de 1995 [...]”(4).
De otro lado, en el octavo congreso de derecho concursal organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal se precisó lo siguiente en relación con el liquidador:
“[...] El cargo de liquidador es el de auxiliar de la justicia, que lo desempeña una persona natural o jurídica (quien debe asignar a una persona natural que desempeñará el cargo en su nombre), cuyo oficio es público e indelegable, y debe cumplir con los requisitos establecidos en las leyes, decretos o resoluciones vigentes que lo regulan, nombrado de una lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades [...]”(5).
Establecido lo anterior, debe señalarse que el papel que cumple el liquidador en el concurso de la Ley 222 de 1995 es dual, ya que de un lado funge como representante legal del deudor y por consiguiente administrador del patrimonio a liquidar y, de otro, como auxiliar judicial.
(iii) Sentencias inhibitorias.
En un Estado social de derecho, donde tiene plena vigencia el principio de legalidad, todas las autoridades, sin importar su naturaleza, deben someter sus actuaciones y decisiones al sistema de fuentes del derecho. En él, las disposiciones convencionales y las constitucionales ostentan el más alto rango por lo que se erigen como el referente obligado al que han de ajustarse las de inferior jerarquía.
A la luz de artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, es claro que los jueces tienen la obligación de adoptar decisiones de fondo en los asuntos que por razones de competencia llegan a ser de su conocimiento y sólo en casos excepcionales, en los que el juez tenga certeza de que no hay otra alternativa, procederá a la inhibición. En consonancia con ello, la interpretación de las reglas procesales debe permitir la realización, en la mayor medida posible, del derecho de acceso a la administración de justicia en sentido material, también conocida como tutela judicial efectiva.
El Consejo de Estado, refiriéndose a dicho principio, ha señalado: “[...] Bien sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como un mandato de optimización, es claro que el rol que desempeña un principio, como lo es el del acceso a la administración de justicia, consiste en servir de criterio de interpretación adecuadora de las reglas que desarrollan el principio(6), lo que implica que el juez debe tomar partido, en el ejercicio interpretativo, por la norma jurídica que en la mayor medida desarrolle el principio que le sirve de base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera que se deba atender de manera preferente al mandato de acción u omisión que se derive del principio frente a la regla; de esta manera se garantiza la vigencia del principio a través del resto de las normas producidas en el sistema jurídico [...]”(7) (negrillas fuera de texto)
En la misma providencia, se expuso el marco sustancial convencional, el cual deviene de los artículos 1.1, 2, 8.1, 10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagran la tutela del derecho de acceso a la justicia y se señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde los casos Velásquez Rodríguez(8) y Godínez Cruz(9), ha considerado(10) que “[...] la eficacia de las garantías judiciales consagradas en el artículo 25 no se limitan a existencia de los recursos judiciales, sino que por virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos estos deben ser efectivos(11), esto es, adecuarse y dotarse de la eficacia para la finalidad de justicia material para los que fueron concebidos, de manera que pueda resolver la situación jurídica de cada persona con las plenas garantías democráticas. Lo anterior significa que en el marco de todos los procedimientos, jurisdiccionales o no, que se adelanten por las autoridades estatales es deber indiscutible la preservación de las garantías procesales, de orden material, que permitan, en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, la defensa de las posiciones jurídicas particulares de quienes se han involucrado en uno de tales procedimientos.(12) [...]” (negrillas fuera de texto)
Establecido lo anterior, la Sala concluye, en asocio con la jurisprudencia constitucional, que aunque las sentencias inhibitorias tienen carácter excepcionalísimo, en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico no admite mecanismo alguno para que se profiera una decisión de fondo, es admisible e incluso imperativo proferir un fallo inhibitorio cuando el proceso ha llegado a la etapa de proferimiento de sentencia sin que se hubiere adoptado la medida del caso, es decir, el rechazo de la demanda.
La Corte Constitucional ha identificado dos supuesto bajo los cuales puede estructurarse la decisión inhibitoria, así:
“[...] Se está ante dos formas de sentencia inhibitoria justificada y, por ello, contraria a la Constitución. La primera, el fallo inhibitorio manifiesto, en que el juez expresamente decide no resolver de fondo lo pedido sin haber agotado todas posibilidades conferidas por el ordenamiento jurídico aplicable, y, la segunda, el fallo inhibitorio implícito, caso en el cual el juez profiere una decisión que en apariencia es de fondo, pero que realmente no soluciona el conflicto jurídico planteado y deja en suspenso la titularidad, el ejercicio o la efectividad de los derechos y prerrogativas que fundaban las pretensiones elevadas ante la jurisdicción [...]”(13).
Así las cosas, el funcionario judicial puede inhibirse para fallar tanto de manera expresa, cuando así lo dispone, como en forma implícita, cuando la determinación adoptada no desata el fondo de la controversia que se planteó, como sucede por ejemplo cuando se declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
(iv) Inexistencia de control judicial de los actos jurisdiccionales.
El título XV del Código Contencioso Administrativo establece las reglas por las que ha de regirse la posibilidad de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, teniendo como presupuesto básico que los actos respecto de los cuales se ejerzan los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva sean de naturaleza administrativa pues son estos los que se encuentran sometidos al control de la jurisdicción.
Por el contrario, excepción hecha de las acciones de tutela contra providencia judicial en los eventos en que la jurisprudencia constitucional lo ha establecido procedente, los actos jurisdiccionales que han adquirido firmeza no son judicialmente controlables como quiera que, en aras de amparar el principio de seguridad jurídica, ellos hacen tránsito a cosa juzgada, lo que significa que se les otorgue el carácter de inmutables, vinculantes y definitivos. Esto como una manifestación del derecho al debido proceso en la medida en que resulta completamente legítimo que los miembros de una sociedad tengan la necesidad de que sus controversias puedan obtener una solución última y concluyente, evitando con ello la prolongación indefinida de sus conflictos en el tiempo.
Al respecto, señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-774 de 2001:
“[...] En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio [...]”(14).
De lo dicho hasta ahora, resulta diáfano que los actos judiciales no se encuentran sometidos al escrutinio de la jurisdicción y que, de suyo, esta circunstancia no puede subsanarse en modo alguno para proferir un fallo de fondo debido a que ello implicaría que el funcionario judicial se atribuyese una competencia que no le ha sido normativamente asignada, lo que indiscutiblemente devendría en una vía de hecho.
(v) Caso concreto.
En el sublite, la demandante pretende que se declare la nulidad del Auto 440-017405 del 18 de octubre de 2005, “por medio del cual se removió del cargo de liquidadora a la doctora María Mercedes Carreño Navas”, decisión que fue proferida por la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso concursal liquidatorio de la sociedad Construir S.A. en liquidación.
Es cierto que en el Auto del 23 de octubre de 2008(15), por decisión de dos de los magistrados que entonces conformaban la Sala de subsección, se consideró que la remoción del liquidador “[...] se trata válidamente de una actuación con matices disciplinarios o sancionatorios [...]” y que “[...] si la Superintendencia toma decisiones relacionadas directa o indirectamente con la atribución jurisdiccional, pero ajenas al objeto específico de tal atribución, no adquieren por ese hecho el carácter de decisiones jurisdiccionales sino que conservan su naturaleza administrativa [...]”.
No obstante, siendo este uno de los motivos de inconformidad del recurrente en apelación, esta Sala es competente para pronunciarse sobre la materia, encontrando en su nueva conformación que resulta indispensable corregir la postura antedicha.
Con tal fin, se parte de la base de que, como quedó dicho, el concurso liquidatorio de personas jurídicas previsto en la Ley 222 de 1995 es un procedimiento de naturaleza judicial que se encuentra dirigido por la Superintendencia de Sociedades, quien no actúa en condición de autoridad administrativa, como lo hace por regla general, sino en calidad de juez. De igual manera, se señaló que uno de los roles que cumple el liquidador en dicho trámite es el de auxiliar judicial.
Establecido lo anterior, a diferencia de lo planteado en el auto en cuestión, esta Sala es del concepto de que el proceso, sea judicial o administrativo, es uno solo, de manera que no es posible identificar decisiones de diferente naturaleza a aquella a la que responde el trámite en el que se profieren. En otras palabras, no resulta viable sostener que en un proceso judicial el juez pueda manifestarse a través de actos administrativos. Ello iría en contra de la dogmática jurídica básica que enseña que los actos por medio de los cuales el funcionario judicial adopta las diferentes decisiones para las que se encuentra facultado son autos y sentencias, que por definición aparecen como actos jurisdiccionales. Así, el hecho de que algunos asuntos que está llamada a resolver la jurisdicción dentro del proceso no atañan al fondo del debate, siendo meramente accesorios, no puede convertirse en un criterio para mutar la naturaleza de la decisión judicial a una de carácter administrativa, en desconocimiento del anunciado criterio de unidad del proceso.
Sobre el asunto, son de gran interés las consideraciones que fijó esta corporación en Auto del 28 de agosto de 2003, así:
“[...] De ello resulta que cuando las conductas constitutivas de competencia desleal son denunciadas mediante la acción respectiva ante la Superintendencia de Industria y Comercio, este organismo no actúa como de ordinario, es decir, como órgano de control, inspección y vigilancia, sino que actúa de conformidad con las especiales atribuciones señaladas en los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998 y, por ende, sus actuaciones, desde los puntos de vista antes expuestos, pertenecen a la misma órbita de decisión de los jueces. En consecuencia, las decisiones tomadas dentro de los procesos adelantados con fundamento en esas funciones y atribuciones tienen carácter idéntico a éstas, esto es, jurisdiccional, independientemente de su contenido, ya que por el principio de unidad que rige todo el ordenamiento jurídico, y que por ello opera en todos sus elementos e instituciones, el ejercicio de la función jurisdiccional sólo puede producir actos o decisiones jurisdiccionales, sean de trámite o definitivos, y en los procesos judiciales sólo se producen actos jurisdiccionales, también con ambas posibilidades, sin que al efecto tenga alguna incidencia el específico contenido de los mismos, toda vez que los hay con decisiones que también pueden ser tomadas mediante actos jurídicos de otra clase [...]”(16).
En ese orden de ideas, es preciso señalar que todas las decisiones que profiere la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso jurisdiccional liquidatorio son de carácter judicial, incluidas las cuestiones accesorias como la remoción que se haga del liquidador con ocasión de lo reglado en el artículo 171 de la Ley 222 de 1995. Lo anterior, dejando claro que, por el contrario, los actos que profiere dicha entidad en ejercicio de sus funciones administrativas de inspección, vigilancia y control sí son susceptibles de ser sometidos a revisión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como quiera que comparten la misma naturaleza administrativa.
En conclusión, debido a que el acto demandado es de naturaleza jurisdiccional y no administrativa, el mismo es ajeno al control judicial, resultando de ello la imposibilidad de que esta rama del poder público emita un pronunciamiento para desatar de fondo la controversia planteada.
Por lo cual habrá de declararse probada de oficio la excepción de falta de objeto de control de la jurisdicción.
En virtud del anterior razonamiento, no hace falta que la Sala se adentre en el estudio de los problemas jurídicos restantes.
Decisión de segunda instancia: Por lo expuesto la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se inhibirá para proferir una decisión de fondo.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. REVÓQUESE en su totalidad la sentencia del 17 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar:
DECLÁRASE probada de oficio la excepción de falta de objeto de control de la jurisdicción e INHÍBASE para pronunciarse de fondo sobre la legalidad del Auto 440-017405 del 18 de octubre de 2005, expedido por el superintendente delegado para asuntos mercantiles, coordinación grupo de liquidación obligatoria, de acuerdo a lo expuesto en la motiva de esta decisión judicial.
2 Este título, que regulaba lo atinente al régimen de procesos concursales, fue derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, “por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
3 Artículo 116, inciso 3 de la Constitución Política.
4 Sentencia SU 1023 del 26 de septiembre 2001, Corte Constitucional, expedientes acumulados T-409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970.
5 Fernando Acevedo Arango. Los auxiliares de la insolvencia. En: Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Capítulo Colombiano, Octavo Congreso Colombiano, Derecho Concursal: Trascendiendo paradigmas concursales. Bogotá, Editorial Legis S.A., 2014, p. 121.
6 Cita de la cita: Guastini señala el rol de los principios en este tipo de interpretación: “Los principios influyen en la interpretación de las restantes disposiciones (las que no son principios) alejando a los jueces de la interpretación literal —la más cierta y previsible— y propiciando una interpretación adecuadora”. GUASTINI, Riccardo. Principios de derecho y discrecionalidad judicial. En: Revista Jueces para la Democracia. Información y debate. Nº 34. Marzo, 1999, pp. 38-46, especialmente 44. Sobre esto es importante resaltar que la denominada interpretación adecuadora hace referencia a la adecuación de un significado de una disposición conforme a los postulados bien de una norma jerárquicamente superior o de un principio general del derecho. En ambas situaciones esta interpretación se lleva a cabo al entenderse que el legislador respeta la Constitución como los principios generales del derecho. Para esto véase: GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1999, pp. 47-48.
7 Consejo de Estado. Sección tercera. Sala Plena. Proveído del 22 de octubre de 2015. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 54001-23-31-000-2002-01809-01 (42523)A.
8 Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988.
9 Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989.
11 Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 52. La garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
12 Cita de la cita: Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez vs. Perú, sentencia de 3 de noviembre de 1997.
13 Sentencia T-134 del 18 de febrero de 2004, Corte Constitucional, Exp. T-788807.
14 Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001, Corte Constitucional, Exp. D-3271.
15 Fls. 699-706, cdno. 3.
16 Auto del 28 de agosto de 2003, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Exp. 25000-23-24-000-2002-00779-01 (8746).