Source: https://redlatam.org/es/country/argentina
Timestamp: 2020-01-28 12:38:38
Document Index: 26847238

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 43', 'Artículo 1071', 'artículo 47', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 138', 'artículo 2']

A nivel constitucional, Argentina consagra la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en el Artículo 18 de su Constitución, y en materia de protección de datos se contempla la acción de habeas data en el Artículo 43 de la misma.
En cuanto a leyes nacionales se encuentra la Ley Nº 21.173 sobre Derecho a la Intimidad, que modificó el Código Civil incorporando el Artículo 1071 bis, que dispone “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación.”
Por otro lado se tiene la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos, que fue posteriormente modificada por la Ley Nº 26.343, incorporando a la primera el artículo 47 que regula la eliminación de los datos de obligaciones y calificaciones asociadas de las personas físicas y jurídicas que han incurrido en mora de los bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia.
En último lugar, se debe mencionar la Ley Nº 26.388 que Reforma del Código Penal en materia de Delitos Informáticos, y también deroga y modifica algunos incisos introducidos por el artículo 32 de la Ley Nº 25.326 al Código Penal, precisamente referido a las sanciones penales.
Argentina es uno de los países con un nivel adecuado de protección para la transferencia de datos personales de acuerdo a la decisión C(2003)1731 de fecha 30 de junio de 2003, adoptada por la Comisión Europea.
Argentina cuenta con la Ley Nº 11.723 sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (cuya última modificación fue el 14 de octubre de 1998 por la Ley Nº 25.036). La legislación argentina en materia de propiedad intelectual es una de las más duras y rígidas del mundo, ya que no incluye excepciones educativas ni para bibliotecas; no contempla excepciones en cuanto a copias temporales o transitorias que estén relacionadas con una utilización lícita (usos justos), y tampoco existe una disposición específica que se refiera a la responsabilidad de los ISP, aplicándose únicamente el régimen de responsabilidad del Código Civil.
Argentina ocupa el puesto número 29 en el Ranking de Consumers International 2012 (Consumers International IP Watchlist Report 2012). De acuerdo a este reporte, el sistema argentino de derecho de autor es muy restrictivo; no incluye excepciones para la reproducción de música, películas o respaldos en un ámbito personal o familiar, o para propósitos educacionales. Sólo los tribunales hacen la distinción entre el uso personal y los fines de lucro. Muchas veces la legislación sobre derechos de autor en Argentina colisiona con el acceso al conocimiento, y no hay mucha conciencia en el país sobre alternativas a la propiedad intelectual, como las licencias de código abierto.
Aunque Argentina no cuenta con una legislación específica sobre la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP), los artículos 1109 y 1113 del Código Civil argentino se utilizan como referencia para las decisiones judiciales. Además, una serie de casos en materia de responsabilidad de intermediarios se basa en la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723. Los artículos 9, 13, 71, 72 y 79 se han aplicado en varias ocasiones en las resoluciones sobre responsabilidad de los intermediarios en internet.
En cuanto a leyes nacionales, Argentina cuenta con la Ley Nº 26.388 que modificó el Código Penal en materia de delitos informáticos; la Ley Nº 26.904 de grooming y la Ley Nº 24.034, Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con E.E.U.U.
En cuanto al Convenio de Budapest, en el año 2010 Argentina anunció su adhesión pero a la fecha éste no ha sido ratificado ni firmado.
En cuanto a neutralidad de la red, a nivel nacional no existe legislación al respecto, pero sí se han presentado diversas iniciativas para la legislación de este principio.
De acuerdo a la Fundación Vía Libre, en Argentina hay normas sectoriales vigentes en la materia que establecen el principio de neutralidad: por una parte, el Decreto 764/2000 y por otra la Resolución 05/2013 de la Secretaría de Comunicaciones. El Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones promulgado por el Decreto 764/2000 hace referencia indirecta a la cuestión estableciendo las obligaciones de los prestadores en condiciones de “no discriminación” de los servicios (Art. 10.1.a), no interferencia con otros servicios (Art. 10.1.i.2.), libertad de opción entre prestadores (artículo 10.3.b) y confidencialidad de mensajes transmitidos y secreto de las comunicaciones (artículo 10.3.c, norma también establecida en el artículo 19 de la norma de facto llamada ley de telecomunicaciones 19.798, y en el artículo 5 de la ley de inteligencia nacional 25.520). La Resolución 05/2013 de la SECOM establece para los prestadores de servicios de telecomunicaciones la obligación “garantizar a cada usuario un acceso que de ningún modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade, o restrinja arbitrariamente la recepción o el envío de información” (artículo 2 b).
El marco regulatorio parece ser suficiente para garantizar condiciones de neutralidad, en un sentido algo difuso. No obstante ello, los proyectos en el Senado han seguido su curso. La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión convocó a fines de 2013 a una serie de reuniones para recabar opiniones de distintos sectores. Allí estuvieron, entre otros, organizaciones no gubernamentales como Fundación Vía Libre y ADC, catedráticos como Martín Becerra, y representantes del lobby de la “propiedad intelectual” (SADAIC, CAPIF, etc.).
Actualmente el Senado de la Nación se apresta a tratar varios proyectos de ley sobre “neutralidad de red”, que se hallan pendientes de dictamen en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de ese cuerpo. Ha trascendido por diversos medios un predictamen que unificaría los diversos proyectos.
El proceso de despenalización de los delitos de calumnias e injurias en Argentina lleva aproximadamente 10 años y vio como último hito la aprobación de la Ley No 26.551 que modificó el Código Penal de la Nación Argentina.
The World Factbook: Argentina República Argentina
Argentina es uno de los países latinoamericanos más activos en cuanto a proyectos de ley relacionados con los derechos en el entorno digital. Destaca la presencia de múltiples iniciativas destinadas a regular la neutralidad de la red, ninguna de las cuales ha podido ser concretada hasta la fecha. Este país también presenta un alto número de casos relativos a la responsabilidad de intermediarios en internet, lo cual sin embargo no obsta a que esta jurisprudencia sea dividida y no siempre siga lineamientos concordantes entre sí.
Situación legal en materia de protección de datos personales
La situación en cuanto a datos personales en Argentina está relativamente consolidada –al menos en cuanto estándares de protección de datos de la Unión Europea-, al punto que a inicios de la década pasada Argentina fue declarado como un país con niveles adecuados de protección de datos personales por la Unión Europea.
En relación con internet, la legislación argentina de datos personales no cuenta con provisiones especiales respecto de la privacidad en el entorno digital. Los tribunales de justicia del país tienden a tratar los casos relativos a la privacidad en internet de la misma forma en que tratan los concernientes a otros medios, como la televisión o la prensa escrita.
Proyectos de Ley sobre robo de identidad
En junio de 2010 fue presentado un proyecto de ley sobre robo de identidad enfocado a los usuarios de Facebook, Twitter y otras redes sociales que usurpen la identidad de otra persona, pudiendo ser condenados a una pena de entre seis meses y tres años de prisión. Esta iniciativa incluso va más allá y busca castigar a aquellos que, por medio de falsas identidades, roban las claves bancarias, y a pedófilos que se hacen pasar por menores de edad.
En cuanto a lo mismo, en mayo de 2012 se presentó un proyecto para tipificar en el Código Penal la figura del robo de identidad digital. El mismo prevé penas para quienes se hagan pasar por otra persona en las redes sociales. El proyecto, en su único artículo, dispone multas para quien se hiciera pasar por otra persona con cuentas falsas en las redes sociales (Facebook, Twitter), foros y todo tipo de espacios cibernéticos.
En lo esencial, esta iniciativa propone la incorporación del artículo 138 bis al Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años o multa de pesos veinte mil a pesos doscientos mil, el que sin consentimiento, adquiriere, tuviere en posesión, transfiriere, creare o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, y con la intención de dañar, extorsionar, defraudar, injuriar o amenazar a otra persona u obtener beneficio para sí o para terceros”.
También existen amenazas, como el proyecto de ley que pretende establecer un sistema de identificación de los usuarios de internet y así responsabilizar con multas a los proveedores de servicios de Internet y los buscadores.
El proyecto de ley procura asegurar “la identidad y responsabilidad de los sujetos que emiten opiniones por Internet a fin de que el damnificado pueda defender de los daños causados por la difusión de opiniones que afectan sus derechos personales”. Estas obligaciones amenazan la privacidad y anonimato en internet, que sirve de base muchas veces para poder cuestionar a la autoridad o personas poderosas sin temor a represalias.
La propuesta habilita a que todo habitante de la República Argentina pueda “exigir a las empresas de proveedores de servicio de Internet (ISP), que se impida o bloquee, en modo absoluto, cualquier tipo de acceso a los contenidos en los que se incluya su nombre o denominación, si ello agraviare a dicha persona”. Aunque la iniciativa no impide la aparición de cualquier publicación en la Red, obliga a los ISP, a las empresas que brindan alojamiento de contenidos web (hosting) y a los buscadores de Internet a interrumpir el acceso a esas informaciones, a pedido de alguna persona u organización que alegue algún daño en su reputación.
Responsabilidad de prestadores de internet
El proyecto de responsabilidad de ISP número 2668-D-2012 ofrece un modelo de inmunidad condicionada y la intervención judicial previa a cualquier clase de retirada de contenido. Constituye un avance positivo respecto de versiones previas de este tipo de iniciativas. Sin embargo, no está exento de situaciones puntuales que deben ser mejoradas.
Un primer punto a tomar en cuenta está relacionado con el uso de medidas cautelares muy amplias y generales, cuyos requisitos no están especificados correctamente. Estas medidas pueden constituir una restricción significativa a los derechos de los usuarios, incluso por encima de una responsabilidad ulterior, y puede acarrear problemas de bloqueo de sitios legítimos desde una perspectiva de la libertad de expresión.
Otro punto es que permite la autorregulación mediante mecanismos de notificación y retirada de contenidos en manos de los propios proveedores de servicios de Internet, siempre que éstos no constituyan un nivel de protección menor al otorgado por la ley. Se llega incluso a permitir la cancelación del servicio. Esta cláusula es altamente problemática, no tomando en cuenta los derechos fundamentales de los usuarios y favoreciendo sistemas privados que pueden afectarlos sin revisión judicial ni administrativa que pueda controlar su legalidad.
A fines de 2013, el Senado argentino aprobó un tipo penal que fue duramente cuestionado por activistas de derechos humanos y varios legisladores. La nueva norma legal incorpora al Código Penal argentino el siguiente texto: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
Esa redacción había sido cuestionada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre, que alzaron la voz para advertir sobre la vaguedad y la amplitud que presentaba la figura, la cual finalmente terminó por ser aprobada.
Neutralidad de la Red en Argentina
Es importante destacar que en Argentina salió algo parecido a la neutralidad de la red a través de una resolución de la Secretaría de Comunicaciones (que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), donde se aprobó el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, que en su artículo 2, inciso c) dice:
El problema es que la norma refiere mayormente a temas de telefonía móvil, y por lo tanto no está del todo claro (sobre todo leyendo el Art. 3 del Reglamento sancionado) si aplica o no para Internet, sobre todo porque los medidores de calidad están mayormente orientados a la telefonía móvil. Sin embargo, por las declaraciones del titular de la SECOM, parece que cuando sancionaron el reglamento en efecto estaban pensando en Internet.
Adicionalmente, en los considerandos de la Resolución se menciona el tema de los derechos de propiedad intelectual:
"Que por otra parte, los prestadores deberán garantizar a cada usuario un acceso que de ningún modo distinga, bloquee, interfiera, discrimine, entorpezca, degrade o restrinja arbitrariamente la recepción o el envío de información. Que ello a efectos de evitar que los prestadores jerarquicen o den prioridad al uso, envío o recepción de determinada información en detrimento de otra de similares características; sin perjuicio de las limitaciones de índole legal, como la protección de los derechos de propiedad intelectual y derechos conexos, que pudieran corresponder."
Caso Halabi: privacidad en el tráfico de datos por internet
El caso Halabi, del año 2009, es también un caso destacado, que sienta un precedente positivo y una oportunidad para el avance de los derechos fundamentales en entornos digitales en Argentina. Ernesto Halabi es un abogado que promovió amparo contra la Ley Nº 25.873, modificatoria de la ley de telecomunicaciones Nº 19.798. En virtud de ello, el Ejecutivo había dictado el decreto 1563/04, que incluyó en el concepto de "telecomunicaciones" al tráfico de datos por internet, con diversas disposiciones que facilitaban la intervención de comunicaciones y obligaba a retener datos de comunicaciones por 10 años, superando por mucho los estándares internacionales en la materia, que contemplan alrededor de 1 año de retención de datos.
El accionante planteó sus agravios alegando "violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones con sus clientes". Los jueces de la Corte Suprema fallaron a favor de la protección de la privacidad, en tanto que declararon inconstitucional la Ley Nº 25.873, y su decreto reglamentario 1563/04. De la misma manera, el fallo creó la "acción colectiva", ya que el tema planteado excedía el interés de las partes.
El pedido de inconstitucionalidad fue realizado porque las normas vulneraban los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Magna, en la medida que autorizan la interrupción de las comunicaciones telefónicas y por Internet, sin determinar en qué casos y con qué justificativos. Las normas mencionadas afectan una de las facetas de la libertad individual que constituye el derecho a la intimidad.
Este fallo marcó precedente: por un lado creó la acción de clase que garantiza los derechos de dimensión colectiva, y por otro protegió la privacidad en el uso de Internet y telefonía frente a posibles intromisiones de organismos del Estado.
Oportunidades relativas a mayor ponderación en sentencias judiciales
En cuanto a oportunidades, una de las últimas la constituye el caso Cuevana, del año 2013, que se relaciona con la falta de legislación específica sobre intermediarios en este país (al igual que el caso Taringa). HBO solicitó una medida cautelar innovativa contra Cuevana, la cual consistía en el bloqueo preventivo del acceso al mencionado sitio por todos los usuarios de la red, lo que resultó desproporcionado para el tribunal, habida cuenta que, dado el estado incipiente de la instrucción en cuyo marco se solicitó la medida, no se había imputado debidamente al sujeto o a los sujetos que habrían hecho un uso indebido de la marca y violado los derechos de autor.
En relación con lo anterior, durante 2011, el caso Taringa puso en la agenda pública el debate sobre violación de los derechos de autor, y más específicamente, la responsabilidad penal de los intermediarios de internet por estas infracciones. La resolución dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en este caso constituye el primer precedente en materia penal que, respecto de las descargas de obras protegidas a través de Internet, atribuye responsabilidad penal a los intermediarios.
El caso se inició cuando varias editoriales jurídicas iniciaron una causa por infracción a la ley de derechos de autor en virtud de la existencia de libros completos escaneados disponibles en el sitio. En el caso se atribuyó a los procesados, en su carácter de integrantes de la sociedad que provee el servicio de hosting al dominio de Taringa, el ofrecimiento de un sitio web en el que usuarios anónimos pueden compartir y descargar archivos de manera gratuita sin la autorización de quienes detentan el derecho de autor. El tribunal catalogó así el sitio en cuestión: “[e]l funcionamiento como biblioteca de hipervínculos justifica la existencia de la página que tiene un ingreso masivo de usuarios, mediante el cual percibe un rédito económico con la venta de publicidad” cuyo costo varía dependiendo de la cantidad de visitas que recibe el portal.
Para confirmar el procesamiento el tribunal sostuvo que los imputados son los administradores de la página web y que en calidad de tales han permitido “a través de su sitio que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin el consentimiento de los titulares” de los derechos de autor. En relación con la cuestión técnica del funcionamiento de las descargas de archivos a través de hipervínculos señalaron que era el servicio que prestaba el sitio el que posibilitaba la remisión “a otro espacio de Internet” para reproducir la obra.
Las restricciones más habituales en Argentina provienen del sector privado ante el Poder Judicial por interpretaciones de la ley de propiedad intelectual que data de 1933, y en la que se amparan editores y autores para cuestionar los contenidos abiertos en internet. Casos como el de Cuevana o Taringa tienen que ver con estas interpretaciones de la ley.
Jurisprudencia sobre buscadores de internet
En Argentina existe amplia jurisprudencia sobre buscadores de internet, destacándose varios casos con similares resultados. En general, si bien los fallos parten de derechos como la defensa del honor y la privacidad, el tipo de sanción (obligar a intermediarios de internet como buscadores de internet a remover contenidos e indemnizar a las víctimas) es una solución que crea más problemas de los que resuelve, al no atacar al verdadero productor de los contenidos que lesionan derechos, y promover el bloqueo de contenidos al nivel de indexadores de internet, menoscabando el acceso a información en internet.
Uno de ellos es el caso Da Cunha Virginia c/ Yahoo, donde la Justicia condenó a Yahoo y a Google a indemnizar a la cantante Virginia Da Cunha con el monto de $50.000 cada uno. La resolución justificó la sanción en base al daño moral que sufrió Da Cunha por la divulgación de su imagen en sitios de contenido pornográfico.
Si bien el fallo en primera instancia condenaba a los buscadores a resarcirla con $100.000, la Cámara falló a favor de Google y Yahoo! y determinó que no se los podía responsabilizar por los contenidos subidos a la red por terceros.
Recientemente, un dictamen de la Procuración General de la Nación consideró que no le corresponde responsabilidad alguna a los buscadores de Internet por contenidos publicados por terceros. Este dictamen no resulta vinculante para la Corte Suprema de la Nación pero de igual forma constituye un antecedente importante para los derechos humanos en internet.
Caso parecido a este es el de Lorenzo, Bárbara c/ Gooogle Inc., donde la sentencia de primera instancia condenó a Google Inc. (buscador de internet) por difundir nombre y relacionar la imagen personal de una modelo con sitios pornográficos.
Por su parte, P.P.C c/ Yahoo Argentina S.R.L. s/ daños y perjuicios, es un caso donde se condenó a Yahoo de Argentina a pagar $50.000 a una modelo por no haber removido comentarios injuriantes sobre su persona.
En 2012, la cámara Civil revocó la sentencia de primera instancia y condenó a los buscadores en el caso Paola Krum v. Google. De esta forma, Google indemnizó a Paola Krum con 200 mil pesos, incluidos intereses, por usar imágenes suyas en sitios Web de contenido pornográfico. La sentencia fue dictada por la Cámara Civil, quien además obligó a retirar las fotos de la actriz. Otros casos parecidos son los de Pamela David, Nicole Neumann, Evangelina Carrozo y Julieta Prandi, quienes presentaron demandas similares que obligaron a Google, y en algunos casos también a Yahoo, a retirar sus nombres de sus registros porque remitían a sitios pornográficos.
Otro caso sobre responsabilidad de intermediarios por los contenidos producidos por terceros es el que resolverá la Corte Suprema argentina, esta vez en una causa que enfrenta a la modelo Belén Rodríguez contra Google y Yahoo!. Este tipo de litigios ya es recurrente en Argentina, y tal como ha documentado la Asociación por los Derechos Civiles, la mayoría sigue la misma lógica del caso Rodríguez: modelos, actrices y cantantes demandan a los buscadores porque páginas de terceros vinculan sus nombres a sitios con contenido sexual y pornográfico, obteniendo reparaciones considerables por aplicación de criterios tanto de responsabilidad objetiva como subjetiva.
Estos conflictos nacen como consecuencia directa de la falta de regulación en la materia y de la aplicación de viejos principios sobre responsabilidad civil a un entorno digital que los ha dejado obsoletos.
Jurisprudencia sobre redes sociales
Por otro lado, el año 2012 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de Formosa hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por una mujer y, en consecuencia, ordenó a Facebook Argentina SRL a que en el plazo máximo de 48 horas elimine datos referidos a la actora de un perfil de esa red social.
Según la resolución, la actora había señalado que dichas publicaciones afectaban su derecho a la intimidad y a la imagen, derechos que le otorgaban la potestad de oponerse a toda investigación y divulgación de datos que por su naturaleza están destinados a ser preservados de la curiosidad pública.
En la sentencia se señala que “se ha lesionado el derecho al honor de la actora, el cual es entendido como uno de los principales bienes espirituales que el hombre siente, valora y sublima colocándolo dentro de sus más preciadas dotes”, así como también se desprende una afectación del derecho a la intimidad.”
“Dicho lo cual, y en mérito a las pruebas anteriormente referidas que resultan elocuentes de la verosimilitud de la pretensión esgrimida por la actora, considero que la misma encuadra en los parámetros del remedio procesal intentado en tanto cumple con los requisitos señalados precedentemente, dado que pretende que se intime a Facebook a retirar datos referentes a su persona y los relativos a su actividad laboral y la de la empresa que administra, agotándose su pretensión con el despacho favorable de la misma”.
Por todo ello se concluyó que “resultando evidente la violación de los derechos personalísimos mencionados, de rango constitucional, que a mi criterio en este caso prevalecen, ante la colisión con el derecho de libertad de expresión, considero que corresponde hacer lugar a la pretensión deducida”.
Esta resolución judicial resulta preocupante. Partiendo de derechos fundamentales tales como la protección de la privacidad de la demandante, desconoce en este caso el rol de Facebook como intermediario de contenidos creados por sus usuarios y le ordena abstenerse de afectar la intimidad personal o actividad comercial de la reclamante, en términos preocupantemente amplios. Es importante que las decisiones judiciales consideren cuidadosamente los efectos y plataformas donde han de ejecutarse sus decisiones, especialmente cuando las mismas dicen relación con tecnologías de la información.
Jurisprudencia que reconoce libertad de expresión y derechos de los consumidores
No todo son retrocesos. Otro caso reciente y relacionado con lo anterior es el de un centro odontológico que pidió a la justicia que Google Inc. y Google Argentina dieran de baja dos blogs donde los pacientes criticaban sus servicios, y que también limitara el resultado de las búsquedas. Mientras el fallo de primera instancia dictó una medida cautelar a favor de la empresa, la Cámara Civil y Comercial federal la revocó al considerar que la medida afectaba la libertad de expresión, ya que ésta no puede ser restringida en defensa del derecho de la empresa al uso de su marca.
Un fallo positivo y reciente contra Facebook consiste en una medida precautoria incoada contra este sitio por considerar que sus condiciones de uso atentan o son potencialmente dañosas de los consumidores. Se trata de Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor c/ Facebook Inc. P/Sumario, (Segundo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Expte. Nø. 152.628), 11 May, 2010.
Bloqueo de The Pirate Bay
The Pirate Bay es uno de los principales motores de búsqueda de archivos BitTorrent en internet, en donde pueden encontrarse enlaces hacia todo tipo de material multimedia. En sí mismo, el sitio no almacena los archivos protegidos con derechos de autor. Sin embargo, a fines de junio el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64 hizo lugar a una medida precautoria de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas (CAPIF) y ordenó a los proveedores de Internet el bloqueo del sitio.
A través de un escrito firmado por la Comisión Nacional de Comunicaciones y enviado a todos los proveedores de internet que funcionan en el país, se intimó a que en un plazo no mayor de cinco días hábiles se bloquee el acceso al sitio web The Pirate Bay, en todas sus direcciones conocidas, en el marco de un juicio iniciado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, como medida precautoria y a la espera de la resolución de ese juicio. El bloqueo ha continuado, a pesar de que los internautas han hallado maneras de burlarlo.
Diversos fallos han considerado que el ingreso ilegal a una cuenta de correo electrónico constituye una violación de correspondencia, e incluso que el ingreso ilegal a una cuenta privada de Facebook, al encontrarse ésta dentro del concepto de "comunicación electrónica", también se estaría ante un hecho de violación de correspondencia. Entre ellos, el fallo Zapiola Cortés, dictamen de la Procuradora General de mayo de 2013, que sostiene que el ingreso ilegal a una cuenta de correo electrónico es violación de correspondencia, y el fallo Jutton, dictamen del Procurador General de noviembre de 2012, que asimila Facebook a una comunicación electrónica.
Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS)
Creciente alarma ha generado en Argentina y organizaciones alrededor del mundo la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica por parte del Gobierno, en cuanto afectaría gravemente la privacidad de los habitantes de este país. Este Sistema es una base de datos centralizada en la que se registran datos personales de las personas como su nombre y apellido, estado civil, grupo sanguíneo, fotografía, huella dactilar y demás recursos y herramientas relacionados para la identificación digital y automática de cualquier ciudadano argentino.
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