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Timestamp: 2019-08-18 19:41:51
Document Index: 109183890

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 92', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 93']

diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 196/2019 de 19 Feb. 2019, Rec. 128/2016
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Nº de Sentencia: 196/2019
Nº de Recurso: 128/2016
Diario La Ley, Nº 9382, Sección Jurisprudencia, 21 de Marzo de 2019, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 10230/2019
ECLI: ES:TS:2019:579
Excepcionalmente es posible impugnar la liquidación de IBI cuestionando el valor catastral determinado por acto firme en vía de gestión catastral
INTERÉS CASACIONAL. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Impugnación del valor catastral en sede de gestión y no al girar la liquidación. Posibilidad excepcional de impugnar valores catastrales declarados firmes. Los artículos. 65 y 77.1 . y 5 del RD-Leg. 2/2004 y el artículo 4 del RD-Leg. 1/2004 no se oponen ni obstan a que recurriéndose liquidaciones por IBI y para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas análogas o similares como es el supuesto en que por sentencias firmes se produce una interpretación del art. 7.2 RDLeg. 1/2004, cuya aplicación al caso lleve a la certidumbre de que el inmueble no es urbano a efectos catastrales, el sujeto pasivo pueda discutir el valor catastral del inmueble, base imponible del impuesto, aún existiendo la valoración catastral firme en vía administrativa.
El Tribunal Supremo desestima recurso de casación deducido por el Ayuntamiento de Badajoz contra la sentencia del Juzgado nº. 2 de Badajoz que acordó dejar sin efecto la Resolución de la Entidad Local reclamante relativa a las liquidaciones de IBI correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 a 2015.
Notificada dicha sentencia a las partes, por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Badajoz, en la representación legal que ostenta, se presentó escrito con fecha 16 de noviembre de 2016, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 2 de Badajoz, preparando recurso de casación, y dicho Juzgado, por auto de 25 de noviembre de 2016 , tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA (LA LEY 2689/1998) , como parte recurrente el Ayuntamiento de Badajoz, representado por el procurador D. Ramiro Reynolds Martínez, y como parte recurrida D. Pedro Miguel , representado por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Hidalgo Martínez, bajo la dirección letrada de Dª. María Teresa Bardají Muñoz.
Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, por auto de 1 de marzo de 2017 , la admisión del recurso de casación, en el que aprecia que concurren en este recurso de casación las circunstancias de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia previstas en los apartados 3.a ) y 2.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio (LA LEY 2689/1998) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precisando que:
3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 65 (LA LEY 362/2004) y 77, apartados 1 y 5, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) , y el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004) , aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo".
1.- Infracción del art. 65 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004), aprobado por el R.D.L. 21/2004, de 5 de marzo .
2.- Infracción del art. 77.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004).
3.- Infracción del art. 77.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004).
4.- Infracción del art. 4 del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004) (TRLCI), aprobado por el R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo.
5.- Infracción del art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004), y en consecuencia, aplicando dicha infracción al supuesto debatido, se produce también infracción de los arts. 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998) y 69.c) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998) .
6.- Infracción de la Disposición Transitoria Séptima del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004) (TRLCI), aprobado por el R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo en su redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio (LA LEY 10570/2015), de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario.
- Sentencia de 17-09-2003 (casación 9444/1998 (LA LEY 10791/2004) , FJ 3º).
- Sentencia de 19-11-2003 (casación 6917/1998 (LA LEY 11004/2004) , FJ 6º).
- Sentencia de 5-07-2002 (casación 3626/1997 (LA LEY 469/2003) , FJ 2º).
- Sentencia de 28-03-2003 (casación 4373/1998 (LA LEY 12975/2003) , FJ 3º).
- Sentencia de 10-02-2011 (casación 1348/2006 (LA LEY 3719/2011) ).
A partir de aquí, el recurrente trata todas esas cuestiones, y solicita a la Sala que "dicte Sentencia por la que, de conformidad con el art. 93.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) , anule la sentencia recurrida y de conformidad con lo dispuesto en el art. 87 bis 2) en relación con el art. 93.1, LJCA (LA LEY 2689/1998) , esta parte recurrente solicita respetuosamente a la Sala:
En virtud de la facultad que le confiere el artículo 92.6 LJCA (LA LEY 2689/1998) , la Sección consideró necesaria la celebración de vista pública, señalándose para la celebración de la misma el día 5 de febrero de 2019, fecha en que tuvo lugar dicho acto.
PRIMERO.- Objeto del recurso de casación y cuestión con interés casacional.
Añade la sentencia impugnada la referencia a la Ley 13/2015 (LA LEY 10570/2015), y sus previsiones transitorias, de suerte que el Ayuntamiento de Badajoz se ha dirigido en 22 de diciembre de 2015 a la Gerencia territorial del Catastro para que inicien las actuaciones necesarias para adecuar la clasificación y valoración de los inmuebles del municipio, sin que a la fecha de la sentencia se tuviera constancia de resolución o de inicio de procedimiento al efecto.
Además identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 65 (LA LEY 362/2004) y 77, apartados 1 y 5, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) , y el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004) , aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- Sobre la cuestión que presenta interés casacional y su resolución.
El art. 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (LA LEY 362/2004) , prevé que:
5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año".
El art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004 (LA LEY 356/2004) establece:
1º) Conforme a la Ley del Catastro Inmobiliario, la determinación del valor catastral de cada bien inmueble se inicia con la aprobación de la Ponencia de Valores. Aprobación de Ponencia de Valores y asignación individualizada del valor catastral a cada inmueble, son actos que, estrechamente relacionados, poseen sustantividad propia, por lo que lo procedente es, en principio, que los reparos que se tengan contra la Ponencia de Valores se hagan respecto de dicho acto.
2º) Sin embargo, cuando se individualiza cada valor catastral, y se notifica éste, es cuando el interesado puede valorar los posibles defectos o vicios de la Ponencia de Valores que no se manifiestan más que cuando la misma se proyecta sobre el bien inmueble particular, por lo que no existe inconveniente jurídico alguno que al hilo de la fijación y notificación del valor catastral se extienda la impugnación a aquellos aspectos de la Ponencia de Valores defectuosos en cuanto tienen incidencia en la determinación individualizada del valor catastral.
3º) La Ponencia de Valores goza de presunción de certeza, por lo que corresponde a la parte recurrente desvirtuar la misma asumiendo la carga de la prueba para llevar al convencimiento del órgano jurisdiccional que se ha producido una incorrecta determinación del valor de mercado.
Así lo hemos declarado, entre otras, en las recientes sentencias de 5 de octubre de 2015 ( cas. 3469/2013 (LA LEY 147868/2015) ), 7 de octubre de 2015 ( cas. 1887/2013 (LA LEY 143574/2015) ) y 20 de octubre de 2015 (rec. de cas. 1352/2013 (LA LEY 147863/2015)).
Efectivamente. Así, siendo obligatoria la notificación individual de los valores catastrales, cuando no se ha llegado a notificar en vía de gestión catastral y la primera noticia que tiene el sujeto pasivo de los nuevos valores catastrales es al tiempo de la notificación de la liquidación girada, de no estar conforme con el valor catastral, que constituye la base imponible del impuesto, ningún reparo existe para que pueda indirectamente impugnarlo, so pena de infringir principios básicos, como el de legalidad tributaria, o poniendo en riesgo los mismos, como el de capacidad económica. En la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2003 , rec. cas., después de distinguir entre gestión catastral y tributaria, se dijo que: "Sólo en aquellos casos en que no hubo notificación previa de los valores catastrales, resulta permisible la impugnación del valor catastral en el momento en que se notifica la liquidación correspondiente. La posibilidad de impugnación del valor catastral en el momento de notificación de la correspondiente liquidación queda condicionada pues, a la inexistencia de una notificación de dicho valor por la Administración estatal durante la fase de gestión catastral". En el mismo sentido, sentencia de 20 de febrero de 2007, rec. cas. 1208/2002 (LA LEY 4524/2007) : "Sólo en aquellos casos en que no hubo notificación previa de los valores catastrales, resulta presumible la impugnación del valor catastral en el momento en que se notifica la liquidación correspondiente".
Todo ello sin obviar que estamos ante actos tributarios, las liquidaciones individuales giradas por el IBI, cuya procedencia y validez se hace depender de la correcta aplicación de los elementos esenciales del impuesto, correspondiéndole a los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo el control de la legalidad de la actuación administrativa conociendo de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, arts. 106.1 CE (LA LEY 2500/1978) , 9.4º LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 25 LJCA (LA LEY 2689/1998) , y en plenitud jurisdiccional enjuiciar la conformidad jurídica de las liquidaciones cuando se pone en cuestión la conformidad de uno de los elementos esenciales del impuesto, como es la base imponible.
TERCERO.- Posición de las partes.
El Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Badajoz considera infringido el art. 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004) . Recuerda que en la misma sentencia se distingue entre la gestión catastral y la gestión tributaria, por lo que el valor catastral del inmueble se determina conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, debiendo su impugnación hacerse por los cauces previstos al efecto, siendo de competencia estatal, y una vez anulado se procedería a anular las liquidaciones. De otra manera se quebrantaría el principio de seguridad jurídica.
Añade el Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Badajoz que también se infringe el art. 77 (LA LEY 362/2004), 1 y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (LA LEY 362/2004) . Considera que a través del pronunciamiento judicial se está aumentando sin cobertura legal alguna sus competencias municipales, de suerte que se le autoriza a anular valores catastrales y sustituirlos por otros, lo cual es contrario a la norma, pues discutiéndose estrictamente un acto tributario sólo es posible impugnar, materias referidas a gestión tributaria. Además permitiría que el Ayuntamiento pudiera decidir de forma directa liquidaciones del IBI con independencia de lo que figure en el padrón municipal, así podría haber anulado todas las liquidaciones acogiendo los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 , pese a no haberse anulado la ponencia de valores, lo cual no se extrae de los términos de la propia sentencia, a tal efecto art. 73 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) .
Al hilo de lo anterior también considera que se vulnera el art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004 (LA LEY 356/2004) , pues condenar al Ayuntamiento a anular las liquidaciones giradas en consonancia con la información catastral, competencia estatal, y obligar a girar nuevos recibos como rústica, impone competencias al Ayuntamiento que no se corresponde con la normativa existente. En definitiva, se permite combatir por esta vía resoluciones del Catastro y del propio TEAR sin ser objeto del pleito.
A entender del Ayuntamiento la infracción normativa se ha extendido al art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (LA LEY 362/2004) , en relación con los arts. 25.1 (LA LEY 2689/1998) y 69.c) de la LJCA (LA LEY 2689/1998) . Para el Sr. Letrado del Ayuntamiento dado que de los cuatro recibos impugnados, excepto el correspondiente a 2014, eran actos firmes y consentidos por no haberse impugnado, la sentencia vulnera los citados preceptos en tanto que se pronuncia sobre actos no susceptibles de impugnación.
Por último, señala como vulnerado el art. 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004 (LA LEY 356/2004) , en su redacción por Ley 13/2015 (LA LEY 10570/2015), pues la reforma ya tuvo en cuenta los pronunciamientos jurisdiccionales y estableció un régimen transitorio, sin que pueda afectar los pronunciamientos judiciales a situaciones consolidadas previamente.
A las infracciones normativas añade la parte recurrente la infracción de la jurisprudencia recaída en las sentencias de 17 de septiembre de 2003, rec. cas. 9444/1998 (LA LEY 10791/2004) ; 19 de noviembre de 2003, rec. cas. 6917/1998 (LA LEY 11004/2004) ; 5 de julio de 2002, rec. cas. 3626/1997 (LA LEY 469/2003) ; 28 de marzo de 2003, rec. cas. 4373/1998 (LA LEY 12975/2003) ; 10 de febrero de 2011, rec. cas. 1348/2006 (LA LEY 3719/2011) , y 15 de octubre de 2015, rec. cas. 541/2014 .
Se opone la parte recurrida a la impugnación formulada por el Ayuntamiento de Badajoz, pues objeta que en modo alguno se ha vulnerado la normativa que señala la recurrente. Indica que la Administración municipal nunca ha cuestionado los hechos, esto es, que los suelos son rústicos y sin embargo continúan girando las liquidaciones por IBI como si se tratara de terrenos urbanos. Además, en un supuesto similar al que nos ocupa, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera ajustada a derecho que la Administración revoque sus propios actos si entiende vulnerada la ley; por tanto, cuando una sentencia del Tribunal Supremo contradice lo que el catastro expresa no se vulnera el art. 65 del TRLHL (LA LEY 362/2004). Sin que tenga sentido que se obligue a adelantar una cantidad nada insignificante cuando se conoce que posteriormente se debe devolver. Tampoco se pide que el Ayuntamiento valore los terrenos, competencia del Catastro, sino simplemente que gire las liquidaciones conforme a la naturaleza de los terrenos, así declarada judicialmente, como rústicos. Lo procedente era que el Ayuntamiento, a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, realice las liquidaciones sobre el presupuesto de lo ya sentenciado, aún cuando no se corresponda con lo recogido en el Catastro. Sin que quepa acoger la argumentación de la recurrente de que se anulan actos firmes y consentidos, porque los recibos originales fueron anulados tras ser impugnados, girándose nuevas liquidaciones que son objeto de esta impugnación. Por lo demás, no puede mantenerse que la sentencia cuestione o ignore que la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario sea competencia exclusiva del Estado y que debe ser la Dirección General del Catastro la que regularice dicha situación. Lo cierto es que si el Catastro no se modifica a pesar de las sentencias firmes y continúa el Ayuntamiento girando los recibos, se está consintiendo un enriquecimiento injusto.
CUARTO.- Consideraciones preliminares sobre los hechos y sobre la cuestión en la que se aprecia interés casacional.
Dispone el art. 87.bis.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) que "1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho". En el presente caso, cierto es que no se cuestiona directamente los hechos de los que parte la sentencia de instancia, pero es de notar que la parte recurrente incorpora hechos en su relato fáctico que indirectamente vienen a contradecir el presupuesto principal del que parte la sentencia, hechos recogidos en el escrito de interposición que a su vez son contradichos en el escrito de oposición de la parte recurrida. Ha de advertirse que el enjuiciamiento que se propone y la misma cuestión objeto de interés casacional identificada en el auto de esta Sala, debe integrarse dentro del contexto fáctico del que se pronuncia la sentencia de instancia y que tiene reflejo en la misma; no cabe pues indagar sobre otros hechos que los reconocidos como acreditados por la sentencia y que constituye su sustrato fáctico, ni entrar en consideraciones sobre la respuesta procedente de ser correctos los hechos propuestos por la parte recurrente e incorporados en su escrito de interposición.
Sea como sea, nos encontramos con que la cuestión, tal y como la plantea el Ayuntamiento de Badajoz resulta novedosa en cuanto que no fue tratada, ni, claro está, resuelta, en la sentencia, la que conforme a su dicción literal se extiende a las liquidaciones de los ejercicio fiscales de 2012 a 2015, sin referencia alguna a que respecto de alguna o algunas se hubiera alcanzado su firmeza en sede administrativa, tampoco entra sobre esta cuestión en los argumentos utilizados para resolver el litigio; por tanto, en la mejor de las hipótesis para el Ayuntamiento de Badajoz, estaríamos ante una incongruencia omisiva -no alegada por la recurrente- que debió intentar repararse en la instancia por los cauces que las normas procesales prevén al efecto, arts. 267.5 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 215 de la LEC (LA LEY 58/2000) , al no hacerlo la cuestión que plantea resulta novedosa, y como esta Sala ha dicho en numerosas ocasiones no cabe plantear en casación cuestiones novedosas, resultando evidente que la sentencia recurrida no ha podido incurrir en las infracciones que al respecto denuncia la parte recurrente porque, en todo caso, no ha sido una cuestión considerada en la instancia.
QUINTO.- Los puntos en conflicto.
Con todo, en el acto de la vista la parte recurrida ha aportado sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de fecha 13 de diciembre de 2018, rec. 628/2017 (LA LEY 201115/2018) , que enjuicia el supuesto que nos ocupa en relación con el valor catastral en sede de gestión catastral, estimando el recurso y dándole la razón a la contribuyente en cuanto a la improcedencia del valor catastral por lo incorrecta calificación del inmueble.
Si a lo dicho unimos lo recogido anteriormente, por las razones allí apuntadas, de que no nos encontramos ante actos firmes, sino que se están recurriendo liquidaciones concretas giradas por el Ayuntamiento, no puede mantenerse las quiebras normativas que denuncia la parte recurrente, en tanto que el núcleo del debate, no es el de la distinción del ámbito competencial entre gestión catastral y gestión tributaria, ni estamos ante actos firmes y definitivos que causaron estado en vía administrativa por no haber sido impugnados en tiempo, ni tiene en este recorrido lo estatuido en el art. 73 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) , sino que el enjuiciamiento debe desarrollarse en el sentido de que si respetando dicho ámbito competencial y recurriéndose una liquidación en sede judicial, cabe entrar a dilucidar la corrección de la base imponible a pesar de la valoración catastral del inmueble y si el juzgador viene vinculado a dicha valoración, que en puridad viene a coincidir con la cuestión que en auto de admisión se consideró de interés casacional objetivo.
SEXTO.- La resolución del conflicto.
La sentencia dictada el día 26 de Marzo de 2013 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , resolviendo un supuesto de valoración catastral de un inmueble ante el TEAR, interpretó el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (LA LEY 356/2004) , en su redacción anterior a la reforma por Ley 13/2015 (LA LEY 10570/2015), que consideraba suelo de naturaleza urbana, entre otros, los "terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo", en el sentido de que:
a) El suelo comprendido en los dos Sectores (SECTOR SUB-CC-6.1-1 y SECTOR SUB-CC-9.2-1), que el PGOU de Badajoz establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial.
b) El suelo urbanizable en ejecución (SUB-EE).
Esta interpretación fue avalada por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 , recaída en recurso de casación en interés de la ley nº. 2362/2013. Sentencia que a pesar de su contenido desestimatorio, su tesis ha inspirado de forma directa determinadas modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LA LEY 356/2004) por la Ley 13/2015, de 24 de junio (LA LEY 10570/2015), de Reforma de la Ley Hipotecaria, en cuyo Preámbulo se lee: "Se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica y se aprueban nuevos criterios para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. Para agilizar y regular el cambio de clasificación de estos suelos urbanizables se adapta el régimen transitorio de la Ley y se modifica el procedimiento simplificado de valoración colectiva, lo que también permitirá en lo sucesivo adaptar con mayor agilidad los criterios de valoración contenidos en las Ponencias de valores catastrales a los cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin necesidad de aprobar nuevas Ponencias".
- El legislador estatal, en el artículo 7.2 del TRLCI (LA LEY 356/2004) ha utilizado una amplia fórmula para recoger todos los supuestos posibles que con independencia de la concreta terminología urbanística pueda englobar a esta clase de inmuebles.
Sin que, en estas situaciones, en las que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, como la que nos ocupa, tenga amparo jurídico, el que se pueda seguir girando los recibos por IBI o no anular los ya girados, en su caso, bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales. Ante un sistema impugnatorio complejo y potencialmente creador de disfunciones, cuando se producen estas situaciones, como las que nos ocupa, u otras parecidas o análogas, frente a una Administración que ha de servir con objetividad los intereses generales ( artículo 103.1 CE (LA LEY 2500/1978) ), no es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas; lo cual mal se compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de Justicia y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada uno.
Ya en otras ocasiones hemos hecho referencia al principio de buena administración, principio implícito en la Constitución, arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978) y 103 (LA LEY 2500/1978), proyectado en numerosos pronunciamientos jurisprudenciales y positivizado, actualmente, en nuestro Derecho común , art. 3.1.e) de la Ley 40/2015 (LA LEY 15011/2015) ; principio que impone a la Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles disfunciones derivada de su actuación, sin que baste la mera observancia estricta de procedimientos y trámites, sino que más allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente y mandata a los responsables de gestionar el sistema impositivo, a la propia Administración Tributaria, observar el deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad y de garantizar la protección jurídica que haga inviable el enriquecimiento injusto.
SÉPTIMO.- Contenido interpretativo de la sentencia y pretensión deducida en el proceso.
Conforme a lo expuesto procede interpretar los arts. 65 y 77.1 . y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (LA LEY 362/2004) y art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004 (LA LEY 356/2004) , en el sentido de que los mismos no se oponen ni obstan a que recurriéndose liquidaciones por IBI y para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas análogas o similares a las descritas anteriormente, el sujeto pasivo pueda discutir el valor catastral del inmueble, base imponible del impuesto, aún existiendo la valoración catastral firme en vía administrativa.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA (LA LEY 2689/1998) , al no apreciarse mala fe o temeridad en alguna de las partes, no procede hacer un expreso pronunciamiento sobre las costas de este recurso de casación.
1º) Fijar el criterio interpretativo expresado en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia.
2º) Desestimar el recurso de casación deducido por el Ayuntamiento de Badajoz contra la sentencia del Juzgado nº. 2 de Badajoz, de fecha 29 de septiembre de 2016 , la que se confirma íntegramente.
3º) No hacer una expresa condena sobre las costas causadas en esta casación.
vicente rodriguez ramos|09/04/2019 15:26:19
Verdaderamente necesario este pronunciamiento. Muchas gracias al Diario La LeyNotificar comentario inapropiado
Nordine|05/04/2019 22:24:01
Soy de Melilla tengo deudas del IBI desde hace 15 años. Como puedo beneficiarme de esa ley nueva sobre el valor catastral. Tengo más de 11.000 euros en deudas que no puedo pagar. Pensaba que las deudas antiguas prescribirán. GraciasNotificar comentario inapropiado