Source: https://contralacorrupcion.mx/ilegalidad-presidencial-coronavirus/
Timestamp: 2020-07-14 08:54:17
Document Index: 13535225

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 79', 'artículo 61', 'artículo 127', 'artículo 123', 'artículo 134', 'artículo 134']

La ilegalidad presidencial en tiempos del coronavirus · Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Por: María Amparo Casar y Gerardo Carrasco
El origen y destino de los recursos para enfrentar la emergencia no se apegan a las normas constitucionales y legales. El gobierno no ha informado con un mínimo de exactitud de dónde procederán los supuestos 622 mil 500 millones de pesos con los que enfrentará la emergencia. Pero algo se ha podido indagar.
Buena parte de esos recursos vendrán de las adecuaciones presupuestarias que, sin mayores requisitos, admite la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta práctica, propia de los tan denostados gobiernos neoliberales, “legaliza” la manipulación de la voluntad del Congreso y provoca que grandes cantidades de recursos acaben en un lugar distinto al originalmente asignado. Esta ha sido una conducta reprochada por López Obrador, pero él ha roto el record de adecuaciones. El más alto lo tenía Peña Nieto en 2016 con el 15.9% de modificación al presupuesto (Leonardo Núñez, ¿Y dónde quedó la bolita?). En 2019, López Obrador ha hecho adecuaciones por el 17.3% del presupuesto aprobado. Hablamos de una reasignación de 753 mil 539 millones de pesos a destinos distintos a los aprobados por la Cámara de Diputados.
Otra parte de los recursos excedentes saldrá de un decreto de dudosa legalidad (2 de abril) que ordena la extinción o terminación de fideicomisos públicos que no hayan sido constituidos por ley o decreto, o que no tengan “estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”. Se calcula que estos fideicomisos alcanzaban 250 mil millones al cierre del 2019. Estos recursos no tienen un plan oficial, se encuentran fuera de cualquier presupuesto y hasta ahora no hay transparencia en su destino.
Los 3 millones de créditos “a la palabra” adolecen también de falta de transparencia: no tienen padrón consultable y violan el artículo 4º constitucional pues sólo pueden recibirlos las personas inscritas en el Censo de Bienestar que, como se ha dicho, no es consultable.
Una tercera violación fue la circular de la Secretaría de la Función Pública (10 de abril) que ordenó a todas las dependencias y entidades del gobierno federal que reduzcan sus gastos al 50 por ciento en las partidas de servicios generales y operación, salvo la Secretarías de Salud y Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional. A través de una circular, un acto administrativo, se anula la voluntad del legislador expresada en el presupuesto aprobado en el Congreso para el año 2020.
En el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril, se expidió un decreto mediante el cual se faculta a los gobiernos federal y estatales a contratar a “personal profesional de la salud” con tan solo contar con una “carta responsiva de la autoridad sanitaria del país de origen”. Esta medida viola el artículo 79 de la Ley General de Salud, que establece que “para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina (…) se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.” Vale decir que la Secretaría de Salud no tiene facultades para dictar disposiciones que impliquen una relajación en los requisitos para la contratación de personal de la salud.
Cuando se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana (19-11-19) se modificó la de por sí ya laxa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estableciendo en el artículo 61 que los ahorros generados por la austeridad podrían ser dedicados “al destino que por Decreto determine el Titular del Poder Ejecutivo”.
Primero, muchos de los recursos que se pretenden utilizar con este decreto, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, no son producto de la “eficiencia, honestidad y austeridad” sino de lo acumulado en gobiernos anteriores.
Segundo, en el presupuesto 2020 se estableció que el Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos) se destinaría a programas y proyectos de infraestructura. Pero ahora irán para otras prioridades.
Tercero, el decreto ordena un nuevo recorte a las partidas de servicios generales y gastos de operación en 75% y que no se cumpla con los compromisos de gasto adquiridos.
Cuarto: se establece que la reducción de 25% en los salarios de los altos funcionarios públicos será “de forma voluntaria”. Esta indicación trasgrede el artículo 127 constitucional, que indica que las remuneraciones de los servidores públicos son irrenunciables. Viola también el artículo 123 (apartado B, fracción IV), según el cual “los salarios NO PUEDEN disminuirse dentro del año que fueron presupuestados”. Tampoco pueden eliminarse los aguinaldos ni para éste ni para los siguientes ejercicios fiscales, al ser una prestación protegida por nuestra tan vapuleada Constitución.
Por último, el decreto publicado el 11 de mayo mediante el cual se militariza la seguridad ciudadana es inconstitucional e implica un desacato a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México. Si bien está permitido que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública, en términos de la sentencia referida, su actuación debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El decreto no respeta los primeros cuatro principios indicados que, por cierto, también se encuentran recogidos por nuestra Constitución.
Una es la supuesta “cesión” del 3 de abril de 2020 cuando el Presidente anunció a que emitiría un decreto para “devolver” a las empresas concesionarias de radio y televisión los llamados tiempos fiscales. Esto implica: i) que las empresas tendrán que invertir para generar mayores contenidos, pues los tiempos fiscales no podrán sustituirse con mensajes publicitarios, y ii) que las empresas tengan que pagar el impuesto correspondiente, pues los tiempos fiscales representaban el pago de dicha contribución. En el decreto, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se redujeron los tiempos fiscales a 11 minutos diarios de transmisión en televisión y 21 en estaciones de radio.
Otro ejemplo es la persistencia en las adjudicaciones directas como método regular para compras gubernamentales y obras públicas en contravención al artículo 134 de la Constitución que establece que ese mecanismo sólo puede ser utilizado de forma excepcional. En 2019, el 78.5% de las compras y los contratos del gobierno federal fueron por adjudicación directa. Sólo el 14.7% por licitación. A finales de marzo de 2020, el porcentaje de adjudicaciones directas llegó a 81.7%. Esto, sin poner en la cuenta las adjudicaciones de dependencias que deben atender la emergencia sanitaria (Leonardo Núñez, Más Allá del Coronavirus: Más Adjudicaciones Directas en 2020, MCCI, abril 2020).
Aprovechando la pandemia, el Ejecutivo incurrió en la promoción personalizada de programas sociales, prohibida por el artículo 134 constitucional. Nos referimos a las cartas entregadas por el IMSS y firmadas por el presidente en las que se ofrecía el programa de créditos para aliviar los efectos económicos de la emergencia. El Instituto Nacional Electoral objetó las cartas el IMSS acató la resolución y en una tercera modalidad de la carta se sustituyó el nombre del presidente por el de Gobierno Federal.
Por último, es indispensable señalar las violaciones a la Constitución y a diversas leyes por el acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía el 29 de abril y por la nueva Política del Sistema Eléctrico Nacional publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo. De ambos instrumentos se desprenden violaciones al principio de seguridad jurídica y de confianza legítima de las empresas que han invertido en energías renovables (eólica y solar) en México y se le da preferencia a la producción de energía eléctrica a través de los sistemas tradicionales de quema de combustóleo, carbón y gas a cargo del Estado Mexicano. No sobra mencionar lo grave que pudiera representar este cambio abrupto en la política energética para el medio ambiente en contravención a La Ley de Transición Energética, Ley General de Cambio Climático y el Acuerdo de París. También resulta violatorio de los principios de competencia y libre concurrencia en el mercado de abastecimiento de energía eléctrica en perjuicio del consumidor final.
Convocatorias fantasma. El 26 de marzo de 2020, para atender la emergencia sanitaria del coronavirus y como parte del PLAN-DN-III-E, la SEDENA publicó una convocatoria para contratar a profesionales de la salud y mano de obra calificada, como trabajadores eventuales. Personas de diferentes estados de la República que intentaron postularse denunciaron que en las zonas militares y hospitales les dijeron que “no hay plazas vacantes”, desde el primer día de las convocatorias.
Adjudicaciones millonarias. El IMSS contrató con la empresa Levanting Global Servicios (LLC) para surtir ventiladores con los que se atenderá a enfermos de COVID-19, lo cual derivó en una adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares. Empresarios del mercado declararon que un ventilador pulmonar cuesta alrededor de 20 mil dólares. La adquisición del Gobierno fue a un promedio de un millón de pesos por instrumento. Además, quien se encuentra a cargo de la empresa, está sancionado por la SEC (equivalente al SAT) del Gobierno de los Estados Unidos. El IMSS se vio obligado a rescindir el contrato ante el previsible incumplimiento de la empresa.
Por otro lado, el IMSS adjudicó de manera directa un contrato a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Se acordó la adquisición de 20 ventiladores pulmonares por 31 millones de pesos, los más caros de los que se tenga registro a nivel federal, con un precio unitario de 1 millón 550 mil pesos.
Contrataciones con empresas bajo investigación. Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que el exfuncionario Carlos Lomelí Bolaños no reconoce como suya, recibió en marzo una adjudicación directa por más de 7 millones de pesos para un hospital en Chiapas. La Función Pública asegura que, pese a estar investigada, la empresa puede seguir vendiendo a la administración federal [1].
La legitimidad política no coloca a presidente alguno por encima de la Ley o la Constitución. Las prácticas ilegales que se describen son preocupantes en sí mismas. Muestran el deprecio al Estado de Derecho por parte de las autoridades. Son más preocupantes aún cuando tocan el corazón de principios fundamentales de una democracia: el principio de legalidad, la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales. Cabe preguntarnos nuevamente, ¿tenemos un Estado de Derecho o los derechos y las leyes dependen de lo que “decrete” el Presidente en cada conferencia mañanera?
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó el año pasado que el entonces funcionario de la Secretaría de Bienestar estaba en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos –entre ellas Abisalud–, que habían compartido socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco. Entre 2013 y 2019 Abisalud recibió al menos 150 contratos públicos por 2 mil 188 millones de pesos. Aunque Lomelí negó –como había hecho en el pasado— cualquier relación con Abisalud, MCCI mostró que el exsuperdelegado contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de esa farmacéutica, según documentos contenidos en un expediente judicial donde la empresa es acusada de fraude al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.