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Timestamp: 2017-10-21 14:37:53
Document Index: 58121776

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 350', 'Artículo 41', 'Artículo 52', 'Artículo 78', 'Artículo 76', 'Artículo 333', 'Artículo 71', 'Artículo 355', 'Artículo 63', 'Artículo 355', 'Artículo 1', 'Artículo 95', 'Artículo 29', 'Artículo 317', 'Artículo 9', 'Artículo 19', 'Artículo 18']

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RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (Espectáculos Públicos: Artes, Música y Danza)
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Joaquín Suárez Giménez
1 RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (Espectáculos Públicos: Artes, Música y Danza) Consultor: Julio Roberto Piza R. (Diciembre 15 de 2006)
2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 I. ASPECTOS CONSTITUCIONALES Marco Constitucional de la Cultura en Colombia Marco Constitucional de la tributación en Colombia Tipología Tributaria II. RÉGIMEN LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN Impuesto sobre la renta para personas jurídicas Impuesto sobre la renta para personas naturales Aspectos especiales del Impuesto sobre la renta en las actividades culturales Impuesto sobre las ventas Impuesto de Industria y comercio Otros Tributos III. IMPUESTOS SOBRE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Impuesto Nacional sobre los espectáculos públicos Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos Impuesto Distrital Fondo de Pobres IV. OTRAS FIGURAS TRIBUTARIAS DENTRO DEL SECTOR CULTURAL Estampilla Pro Cultura Fondos Mixtos de Cultura Ley del Cine Ley del Libro V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PÁGINA 2 DE 63
3 INTRODUCCIÓN Este trabajo tiene como propósito describir y analizar el régimen tributario que incide de manera directa e indirecta sobre los espectáculos públicos (danza, música y teatro), para elaborar una propuesta de modificación de la normatividad tributaria que comprende este sector. Adicionalmente, se busca complementar con un estudio jurídico tributario, el diagnóstico económico de los espectáculos públicos de artes escénicas realizado por el CEDE en el marco del convenio 1019 de 2004, celebrado entre el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura y Turismo IDRD- y el convenio Andrés Bello. En el lapso del desarrollo de este trabajo, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para modificar el Estatuto Tributario, por lo que inicialmente se efectúo un análisis tendiente a participar en dicho proceso, e incluso se consideró la posibilidad de incluir en dicho proyecto propuestas normativas en relación con el sector cultural. Sin embargo, el proyecto de reforma tributaria fue reducido sustancialmente y acaba de ser aprobado por el Congreso de la República una reforma que no modifica en nada las condiciones actuales del sector cultural en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre las ventas y, que de otra parte, no incluye ninguna norma respecto a los impuestos del orden territorial. El documento esboza alternativas a considerar por el Ministerio de Cultura en relación con los tributos que gravan los espectáculos públicos. En todo caso, dado que la oportunidad para incluir cambios normativos en el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno ya finalizó, se deberá buscar otro momento para presentar los cambios que se consideren viables. Sin embargo, se presenta a su PÁGINA 3 DE 63
4 consideración además del análisis de los tributos que directa e indirectamente inciden sobre los espectáculos públicos y las propuestas de cambio, un proyecto del articulado con la exposición de motivos, advirtiendo que es preciso analizarlo en el contexto de la política que este siguiendo el Ministerio y con un estudio de cifras que soporte la propuesta normativa. Por tanto, será necesario hacer una discusión más amplia sobre este tema. Por lo de más, el trabajo se ha basado tanto en el informe presentado por el CEDE, en el análisis de las normas tributarias que rigen los espectáculos públicos y la jurisprudencia relevante, así como en los temas discutidos en las reuniones con el CEDE, el Ministerio de Cultura, el IDRD y el convenio Andrés Bello. PÁGINA 4 DE 63
5 I. ASPECTOS CONSTITUCIONALES 1.1. Marco Constitucional de la Cultura en Colombia La cultura, entendida como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan los grupos humanos y que comprenden más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias 1, es uno de los fundamentos de la nacionalidad en Colombia 2. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional y, así mismo, debe estimular la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. De esta manera, el fomento y la promoción de la cultura son una de las tantas funciones a cargo del Estado comprendido no solo el nivel central sino también las entidades territoriales, es decir, departamentos, municipios y distritos, que para ser ejecutada, como sucede con las demás funciones (salud, saneamiento, educación, etc.), requiere de la existencia de un gasto público que se destine para tal efecto. De hecho, la misma Constitución prevé que los planes de desarrollo económico y social incluyan el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura 3, de manera que ésta pasa a ser uno de los rubros que integra el plan de inversiones públicas de los planes de desarrollo y presupuestos de la Nación y entidades territoriales. 1 Artículo 1 de la Ley 397 de Artículo 70 de la CP. 3 Artículo 71 de la CP PÁGINA 5 DE 63
6 En efecto, en el presupuesto de la Nación del 2006 se destinó como inversión para el sector cultura $122 mil millones de pesos y para el 2007 se proyecta destinar una suma de $117 mil millones de pesos 4. Igualmente, en los presupuestos de las entidades territoriales se identifican rubros de inversión en cultura. En el caso de Bogotá, para el comité sectorial de cultura, recreación y deporte integrado, ente otros, por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT-y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD- se destinaron en el 2006 $ millones para inversión y en el presupuesto del 2007 se proyectó una partida de $ millones 5. Un aspecto importante es que el gasto destinado para la cultura no integra el concepto de gasto público social y en esa medida no esta sujeto a las reglas especiales establecidas en el Artículo 350 la CP. El citado artículo asignó al legislador la función de definir mediante una Ley Orgánica, qué partidas del presupuesto hacen parte del gasto público social, dentro de las que no se encuentra la cultura. En efecto, el Artículo 41 del Decreto 111 de 1996 mediante el cual se compilan las leyes orgánicas del presupuesto, establece que se entiende por gasto público social aquel "cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión". Adicionalmente, el Acto Legislativo Nº 2 de 2000 reformó el Artículo 52 constitucional para calificar el deporte y la recreación como un componente de la educación que constituyen gasto público social. Por mandato constitucional, el gasto público social es prioritario excepto en casos de guerra exterior o por razones de 4 Presentación del Presupuesto General de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5 Presupuesto anual de Bogotá. PÁGINA 6 DE 63
7 seguridad nacional, y en el presupuesto de inversión la partida de gasto público social no se podrá reducir porcentualmente en comparación con el año anterior. Además de la financiación que se hace de la cultura como gasto público con recursos propios de la nación y de las entidades territoriales, la cultura también es financiada con un porcentaje de los recursos que integran el Sistema General de Participaciones. De acuerdo con el Parágrafo 3º del Artículo 78 de la Ley 715 de 2001, del total de los recursos de Propósito General, los municipios, distritos y el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia destinarán el 4% para deporte, el 3% para cultura y el 10% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con el fin de cubrir los pasivos pensionales. Estos recursos deben ser utilizados para dar cumplimiento a las competencias municipales establecidas en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001, dentro de las que se incluye la promoción de la cultura. Si bien es cierto que el fomento y promoción de la cultura son funciones del Estado, nada impide a los particulares desarrollar proyectos culturales en ejercicio de la libertad de empresa reconocida en el Artículo 333 de la CP, para lo cual podrán actuar como personas naturales, jurídicas con o sin ánimo de lucro, sometiéndose a las reglas generales de tributación. No obstante, la CP establece que el Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 6 Actualmente, dada la prohibición que tienen las ramas u órganos del poder público para conceder auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de 6 Artículo 71 de la CP. PÁGINA 7 DE 63
8 derecho privado 7, parte del gasto público destinado a la cultura se ejecuta mediante la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, siguiendo los parámetros del Artículo 355 constitucional y los Decretos Reglamentarios 777 y 1403 de Así mismo, el Ministerio de Hacienda mediante el Programa Nacional de Concertación -PNC-, apoya financieramente las iniciativas artísticas y culturales de las regiones del país, contribuyendo así al rescate, defensa y promoción del talento nacional; a la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales; y al fortalecimiento de las instituciones culturales 8. Finalmente, la Ley 397 de 1997, conocida como Ley de Cultura, en su Artículo 63 dispuso la creación del Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las artes, y prevé la creación de fondos mixtos departamentales, distritales, municipales y de los territorios indígenas. Estos fondos Integran el Sistema Nacional de Cultura, son entidades sin ánimo de lucro, dotados de personería jurídica y se nutren con aportes públicos y privados. Su finalidad es promover la creación, la investigación y la difusión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales (...), razón por la cual participan en la financiación de proyectos culturales presentados por personas naturales o jurídicas Marco Constitucional de la tributación en Colombia Para delinear el marco constitucional de la tributación en Colombia se debe señalar, en primer lugar, que uno de los deberes de las personas y de los ciudadanos es 7 Artículo 355 de la CP. 8 Ministerio de Cultura. PÁGINA 8 DE 63
9 contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad 9. Este deber es complementado con reglas y principios también contenidos en la Constitución, que en conjunto, marcan el derrotero a seguir por el legislador, las asambleas departamentales y los concejos municipales en el diseño del sistema tributario. Al respecto, una de las principales novedades de la CP de 1991 fue la consagración de un conjunto de principios específicamente referidos al sistema tributario: legalidad, equidad, progresividad, igualdad y eficiencia, cuyo contenido y alcance ha sido desarrollado de manera importante por la Corte Constitucional, quien además ha utilizado estos principios para juzgar la constitucionalidad de las leyes y normas con fuerza de ley referidos a temas tributarios. Del principio de legalidad podemos decir que es una expresión de la democracia en tanto persigue que en la creación de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) siempre participe el máximo órgano de representación popular, es decir, el Congreso de la República, para de esta manera enervar posibles arbitrariedades. Así, el primer órgano en quién se reconoce competencia para la creación de tributos es el Congreso, no obstante, dado que el Artículo 1º de la CP define el Estado colombiano como una República Unitaria, descentralizada y con autonomía en sus entidades descentralizadas, también se reconoce a las corporaciones públicas de las entidades territoriales entiéndase Asambleas departamentales y Concejos Municipales o Distritales- un poder tributario que, en todo caso, esta sometido no solo a Constitución sino también a la ley. 9 Numeral 9 del Artículo 95 de la CP. PÁGINA 9 DE 63
10 Como expresión de dicha autonomía, se reconoce a las rentas de las entidades territoriales los privilegios de la propiedad privada y la prohibición de conceder exenciones sobre estas rentas mediante leyes, es decir, tales exoneraciones son competencia exclusiva de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Así mismo, se reserva la facultad de gravar la propiedad inmueble a los municipios. De lo hasta aquí dicho, se debe entender de una parte, que el sistema tributario en Colombia es un todo complejo que cobija no solo los tributos nacionales sino también los departamentales y municipales, y de otra, que las entidades territoriales cuentan con un mayor o menor margen de competencia para diseñar los tributos aplicables en su jurisdicción, por lo que, cuando se trate de analizar el alcance de un tributo territorial es menester considerar no solo las disposiciones legales generales, sino también las específicas de cada entidad territorial. En la CP de 1991 el principio de legalidad se amplío en la medida en que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben definir directamente los elementos esenciales de la obligación tributaria, esto es, el hecho generador del tributo 10, los sujetos -activo y pasivola base gravable y la tarifa. Sobre este punto debemos precisar que de la relación jurídico-tributaria, es decir, del vínculo legal que surge entre el Estado y el sujeto pasivo al momento de la realización del hecho generador, se desprenden no solo obligaciones sino también deberes. En efecto, de una parte tenemos la obligación tributaria sustancial, estructurada con la forma de una obligación de dar; por otra, encontramos obligaciones accesorias como el pago de intereses o la práctica de retenciones, y también tenemos un 10 El hecho generador en la obligación tributaria es el supuesto de hecho previsto por el legislador como representativo de capacidad económica, y cuya realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. PÁGINA 10 DE 63
11 conjunto de deberes formales, es decir, cargas instrumentales avocadas a asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial. Las obligaciones se relacionan directamente con el poder tributario y la competencia normativa de las entidades territoriales; los deberes, aunque también nacen del ejercicio del poder tributario, se desarrollan en el marco la potestad tributaria, entendida como el conjunto de facultades para la fiscalización, determinación, discusión y cobro de los impuestos, desplegada por las administraciones tributarias y demás entes autorizados. Continuando con los principios del sistema tributario, además del principio de legalidad, también tienen este carácter, la eficiencia, la equidad, la progresividad y la igualdad. Aunque la jurisprudencia sobre el contenido y alcance de cada uno de estos principios es abundante 11, podemos definir la eficiencia como un principio que propende por el diseño de un sistema en el que los costos de administración de los tributos no absorban lo recaudado; en el que la obligación tributaria de pago y los deberes formales sean fáciles de atender y entender por los contribuyentes, y finalmente, que los tributos generen pocas distorsiones económicas. Por su parte, la equidad, la progresividad y la igualdad son principios muy vinculados entre sí que encuentran por fundamento el valor de la justicia tributaria. Estos tres principios se nutren de un concepto adicional: la capacidad económica, criterio objetivo que permite determinar cuándo la carga tributaria ha sido repartida equitativa, igualitaria y progresivamente. Se persigue entonces que los contribuyentes con igual capacidad económica aporten de igual forma al sostenimiento del Estado, (equidad horizontal, igualdad) y que aquellos otros inmersos en una situación de desigualdad por tener uno frente a otro una mayor o 11 Al respecto, se puede consultar la sentencia C , MP: Manuel José Cepeda Espinosa. PÁGINA 11 DE 63
12 menor capacidad económica, contribuyan de manera desigual, en relación con esa capacidad (equidad vertical, progresividad). Los principios constitucionales comentados son aplicables en general, con algunas distinciones, a todas las formas tributarias, vale decir, impuestos, tasas y contribuciones especiales. No obstante, existe una excepción, pues respecto a las tasas y contribuciones, la Constitución permite que las autoridades administrativas fijen las tarifas siempre y cuando la ley, la ordenanza o el acuerdo determinen el sistema y el método para distribuir los costos de la prestación del servicio y los beneficios derivados de la contribución Tipología Tributaria Otro de los aspectos constitucionales que resulta importante atender en el estudio que se realiza es el atinente a la clasificación de los tributos. Los tributos tienen una clasificación tradicionalmente aceptada que incluye tres categorías: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los primeros, es decir los impuestos, son los más importantes en magnitud y alcance, y representan el poder del Estado para imponer cargas a los ciudadanos tomando criterios como el consumo, la riqueza u otra manifestación de capacidad económica. Si bien todas las categorías tributarias deben tener por fundamento la capacidad económica del sujeto pasivo, cuando se trata de diseñar tasas y contribuciones también participa de manera importante el principio del beneficio, toda vez que estas categorías tributarias involucran la prestación de servicios públicos individualizables o beneficios que favorecen a una comunidad por la realización de obras públicas. PÁGINA 12 DE 63
13 Así, los impuestos pueden ser definidos como erogaciones que se cancelan por virtud de un mandato legal a favor de un ente público, que recaen sobre una manifestación de capacidad económica y que no tienen contraprestación directa para el contribuyente. Es decir, esta modalidad de tributo no guarda una relación directa e inmediata con un beneficio para el contribuyente; una vez pagado, el Estado dispone del impuesto siguiendo criterios y prioridades distintos del contribuyente, y los recursos obtenidos no se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para atender todos los servicios necesarios. 12 Por su parte, las tasas son un modalidad de tributo en la que siempre media un acto de la administración, que puede consistir o en la prestación de un servicio o en la autorización para utilizar privativamente el espacio público u obtener un aprovechamiento especial de él. Como se advierte, la principal característica de las tasas es la mediación de un acto de la administración que se concreta en un beneficio individualizable a favor del contribuyente. Dado lo anterior, y en virtud del principio de legalidad, en la configuración de las tasas solo se puede buscar la recuperación del costo del servicio prestado por la administración, característica que permite diferenciar esta figura de los precios públicos, los cuales, al no ser una categoría tributaria no están sometidas al principio de legalidad y, consecuentemente pueden estar dirigidos a recuperar algo más que el costo del servicio. Finalmente, las contribuciones especiales son una modalidad de tributo en la que se busca gravar el beneficio reportado por un conjunto de individuos como consecuencia de una obra pública o de la ampliación de los servicios públicos. El mejor ejemplo de este tributo en Colombia es la contribución por valorización, la cual se cobra al conjunto de individuos que reciben un incremento en el valor de sus 12 Corte Constitucional, Sentencia C-040 de PÁGINA 13 DE 63
14 inmuebles a raíz de la construcción de una calle o un puente. A lo dicho se suma como característica, que el beneficio reportado no es individual, como el que se percibe en las tasas, sino colectivo. De otra parte, tenemos lo conocido por la doctrina como contribuciones parafiscales, erogaciones que normalmente se cobran a los integrantes de un sector (panelero, cafetero, cinematográfico) para provecho del sector mismo. Ésta es una de las principales característica que señala el Artículo 29 del D.111 de 1996 al definir las contribuciones parafiscales, al respecto señala: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración Sobre la naturaleza jurídica de esta erogación existen varias posiciones en la doctrina; en efecto, algunos la clasifican como una contribución especial, otros como una cuarta modalidad de tributo, y otros tantos no reconocen en ella el carácter de tributo. Se cual sea la posición, por mandato constitucional las contribuciones parafiscales están gobernadas por el principio de legalidad, de manera que siempre debe existir una ley que autorice su cobro. PÁGINA 14 DE 63
15 II. RÉGIMEN LEGAL DE LA TRIBUTACIÓN Teniendo un panorama general sobre el marco constitucional que rige la cultura y la tributación en Colombia, nos proponemos presentar a continuación un análisis de los impuestos nacionales y territoriales- que inciden sobre las actividades culturales, específicamente la realización de espectáculos de danza, música y teatro, tanto desde el punto de vista de la empresa que presenta el espectáculo o que desarrolla las actividades de artes escénicas, como del artista, persona natural. Impuesto sobre la renta para personas jurídicas El impuesto sobre la renta constituye la columna vertebral del sistema tributario colombiano, y si bien ha ido perdiendo participación frente al impuesto sobre las ventas, mantiene su importancia como quiera que representa 42.3% de los ingresos corrientes de la Nación 13. Está conformado por un impuesto básico de renta y dos impuestos complementarios: remesas al exterior y ganancias ocasionales. En su diseño original, el impuesto sobre el patrimonio fue igualmente un impuesto complementario que tenía la función de gravar con un recargo las rentas capitalizadas y controlar los incrementos patrimoniales para efectos fiscales, pero este impuesto fue eliminado en 1991 por la adopción del sistema de ajustes integrales por inflación, y por la disposición constitucional del Artículo 317, el cual reserva a los municipios la renta proveniente de los gravámenes sobre la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, el impuesto sobre el patrimonio establecido en la Ley 863 de 2003, no tiene la función de un impuesto complementario sino independiente, aun cuando económicamente tiene la misma función. 13 Fuente: Dian, Oficina de Estudios Económicos PÁGINA 15 DE 63
16 El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, global y de periodo anual, cuyo sujeto activo es el Estado, y su administración corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-. En el extremo pasivo de la relación jurídico tributaria encontramos a las personas naturales, sucesiones líquidas, asignaciones y donaciones modales, sociedades de hecho y personas jurídicas que realicen el hecho generador del impuesto. De esta manera, serán sujetos pasivos del impuesto la persona natural o jurídica dedicada a la organización o desarrollo de espectáculos públicos. Del hecho generador podemos decir que consisten en la percepción de ingresos ordinarios y extraordinarios durante en el año o período gravable, de fuente nacional o extranjera, susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. De esta manera, la personas naturales residentes 14, personas extrajeras a partir del quinto año de residencia y las sociedades nacionales tributan por las rentas nacionales y extranjeras (renta mundial); y las sociedades extranjeras y personas naturales extranjeras no residentes, solo tributan por las rentas de fuente nacional. La base gravable del impuesto se puede determinar por el sistema ordinario o por el sistema de renta presuntiva. En el primer caso, el impuesto grava lo que se considera renta disponible, de manera que de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos durante la vigencia fiscal se permite restar los costos y las deducciones que sean necesarios, proporcionados y guarden una relación de causalidad con la actividad productora de renta. Los costos responden al criterio contable, esto es, 14 La residencia para efectos fiscales consiste en la permanencia continua en el país por más de 6 meses en el año o período gravable, o que se completen dentro de éste; lo mismo que la permanencia discontinua por más de seis meses en el año o período gravable. Se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aún cuando permanezcan en el exterior. Artículo 9 de Estatuto Tributario. PÁGINA 16 DE 63
17 materias primas que directamente forman parte del producto; las deducciones a gastos generales con relación de causalidad. Por este proceso se llega a la renta líquida, a la cual se aplicará la tarifa para obtener el monto del impuesto generado. Visto el tema desde las empresas que presenten espectáculos públicos o desarrollen actividades de artes escénicas, del total de ingresos percibidos en el año, por ejemplo por de venta de boletería, sería posible deducir los pagos laborales, a condición de haber pagado los aportes parafiscales a la nómina, también los intereses son plenamente deducibles, siempre que estén dentro del marco legal de los créditos del sistema financiero. Lo pagado por concento de otros impuestos no es deducible, salvo el 80% de los impuestos predial y de industria y comercio, siempre que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. El segundo sistema para la determinación de la base gravable en el caso de personas jurídicas es la renta presuntiva, con este sistema se busca controlar el uso eficiente de la propiedad pues opera como una renta mínima y se aplica incluso en casos de pérdida. Consiste en una presunción según la cual la renta es el 6% del patrimonio líquido del año anterior, de manera que quien obtenga por el sistema ordinario una renta liquida inferior a la presuntiva, debe aplicar sobre esta última la tarifa del impuesto. La tarifa para las sociedades es del 35%. Se estableció una sobretasa temporal del 10% durante los años 2003 a 2006, por tanto, la tarifa para este periodo es del 38.5%. La ley reconoce descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior y por reforestación. Sin embargo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta presuntiva, este no puede ser inferior al 75% de dicha renta. PÁGINA 17 DE 63
18 La retención en la fuente opera como un mecanismo de recaudo anticipado que simplemente controla y anticipa el recaudo. Para los pagos al exterior se convierte en la forma de recaudar el impuesto total. Todos los ingresos están sometidos a retención en el momento del pago o abono en cuenta por parte de quien efectúa dicho pago. Practicada la retención, el agente retenedor debe declarar y pagar las retenciones practicada, mientras que el sujeto a quien se le realizó la retención deberá imputar en su declaración anual la suma que le fue retenida como abonos al impuesto liquidado, en caso de ser declarante, de lo contrario, las sumas retenidas serán su impuesto de renta. Además del impuesto, cada año debe calcularse y pagarse un anticipo para el año siguiente que será de 25%, 50% o 75% según sea el primer, segundo o tercer año y siguientes de declaración del impuesto, respectivamente. El impuesto, descontada la retención y el anticipo pagado en el año anterior más el anticipo para el año siguiente se paga en cinco cuotas anuales para los grandes contribuyentes y en dos cuotas para las demás sociedades. Lo descrito hasta el momento corresponde a la estructura general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, y en esa medida es aplicable a las empresas de espectáculos públicos que operan bajo esta modalidad. No obstante, es importante describir las características del Régimen Especial cuya finalidad es estimular el desarrollo por parte de los particulares de actividades que como la cultura redundan en provecho para toda la sociedad. De hecho, bajo este régimen se encuentran la mayor parte de empresas que tienen por objeto el desarrollo de actividades culturales. El Artículo 19 del ET establece que las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro son sujetos del régimen especial siempre que su objeto social principal y sus recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación PÁGINA 18 DE 63
19 formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social; dichas actividades deben ser de interés general, y sus excedentes deben ser reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. Es de anotar que de conformidad con la misma disposición, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que no cumplan las condiciones señaladas son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas. Ha dicho la DIAN, mediante Concepto Nº de abril 12 de 2005 que: < El hecho fundamental a tener en cuenta es que. los excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social para pertenecer al régimen tributario especial y que las actividades que realice sean de interés general; en caso contrario, se perderá la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro sometida al régimen tributario especial> En los términos del Decreto 4400 de diciembre de 2004, se entiende que no hay ánimo de lucro "cuando los excedentes obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o liquidación de la misma".y que la actividad es de interés general, "cuando benefician a un grupo poblacional, como un sector, barrio o comunidad". Por su parte, son actividades culturales las señaladas por el Artículo 18 de la Ley 397 de 1997, es decir, Artes plásticas, musicales, escénicas, audiovisuales, literarias; expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; Museos (Museología y Museografía); Historia; Antropología; Filosofía; Arqueología; Patrimonio; Dramaturgia; Crítica y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura. Así mismo, el Decreto 4400 de 2004 autoriza al PÁGINA 19 DE 63
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