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Timestamp: 2019-02-21 19:58:56
Document Index: 293738615

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 144', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 146']

Corte suprema de justicia sala de casación civil álvaro fernando garcía restrepo magistrado ponente atc478-2015 Radicación n.° 08001-22-13-000-2014-00647-01
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ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado ponente
ATC478-2015
Radicación n.° 08001-22-13-000-2014-00647-01
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).-
1. Correspondería a la Corte decidir la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2014 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de amparo promovida por Manuel del Cristo Mercado Barboza contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -UAEAC, si no fuera porque se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en consonancia con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuación cumplida hasta este momento, como pasa a verse.
1. El señor Manuel del Cristo Mercado Barboza interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -UAEAC, con el fin de obtener la protección constitucional de sus derechos fundamentales a la «“SALUD EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA”, “TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS”, “DEBIDO PROCESO” y “UNIDAD FAMILIAR», los cuales estima vulnerados con ocasión de la decisión adoptada por la autoridad aeronáutica accionada en Resolución No. 04744 de fecha 5 de septiembre de 2014, y que fue confirmada mediante Resolución No. 05718 de 25 de noviembre siguiente, en la que se determinó reubicarlo en la planta de personal del Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Meta de esa entidad.
Solicita entonces, que se ordene a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, que
«suspenda en forma inmediata y urgente los efectos jurídicos contenidos en las Resoluciones Nos. 04744 del cinco de septiembre de 2014 y 05718 del 25 de noviembre de 2014, y [lo] mantenga (…) ubicado en el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Atlántico (…), hasta tanto: se decida en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la legalidad de la Resolución No. 04744 del 05 de septiembre de 2014, y persistan en [é]l (…) las condiciones de salud aquí invocadas» (fl. 20, cdno. 1).
2. En apoyo de tal pretensión, adujo en síntesis, que en atención a su perfil profesional se encuentra vinculado en propiedad a la entidad convocada desde el 9 de febrero de 1994, en el cargo de «Profesional Aeronáutico» adscrito a la Dirección Regional Atlántico, siéndole asignadas las funciones de «Jefe del Grupo de Soporte Técnico» mediante Resolución No. 05271 de 23 de diciembre de 2004, las cuales ha desempeñado a cabalidad.
Indica que a través de la Resolución No. 0857 de 4 marzo de 2013, el Director de Talento Humano de dicho organismo le revocó las funciones que le habían sido conferidas, nombrando en su reemplazo al señor Ronald Rocchi Urruchurtu, acto que demandó ante la jurisdicción contencioso Administrativa, estando a la espera de que se decida sobre su legalidad.
Sostiene que en atención a que viene siendo víctima de acoso laboral desde hace más de 8 años, pues desde que fue relegado del citado cargo no le han sido asignadas funciones, lo cual lo tiene excluido del grupo de trabajo, radicó el 6 de junio de 2013 querella disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra los funcionarios «JOSÉ TONY BERMEO BERMEO, Director de Talento Humano, Clemente Fajardo Chams, Ex Director Regional Atlántico y RONALD ROCCHI URRUCHURTU, Jefe de Soporte Técnico de la Regional», en procura de que cesaran los actos discriminatorios a los que estaba siendo sometido.
Afirma que pese a lo anterior, el doctor José Tony Bermeo Bermeo expidió la Resolución No. 04744 de 5 de septiembre de 2014, «mediante la cual se [le] REUBIC[Ó] en el Grupo de Soporte [Técnico] de la Dirección Regional Meta», acto administrativo que recurrió sin éxito, pues a través de la Resolución No. 05718 de 25 de noviembre siguiente, se mantuvo la decisión.
Asevera que a raíz del acoso y persecución laboral al que viene siendo sometido, le fue diagnosticado «TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE – EPISODIO DEPRESIVO GRAVE, gastritis y colon irritable», razón por la que actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico.
Finalmente refiere, que si bien existe otro mecanismo de defensa para salvaguardar sus derechos, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, éste no sería eficaz por cuanto que «cuando ya se viabilice cualquier medida cautelar (…) ya se estarían conculcando los derechos discutidos», ante la inminencia de la orden de su traslado, razón por cual es procedente el amparo transitorio mientras discute ante la jurisdicción contenciosos administrativa la legalidad de tales actos administrativos (fls. 1 a 22, cdno. 1).
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió la protección, tras considerar que en el presente asunto se dan todos los presupuestos jurisprudenciales para otorgar la protección solicitada de manera transitoria, al evidenciarse «la intención de la (…) entidad accionada de soslayar los derechos del actor y en efecto ocasionarle perjuicios» (fls. 444 a 462, cdno. 1).
4. Impugnada la sentencia por la entidad accionada (fls. 467 a 472, ídem), fue remitida a esta Corte para lo pertinente.
1. Destácase que la acción de tutela se dirige contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -UAEAC, siendo ésta una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 260 de 20041, y perteneciente al sector descentralizado por servicios del orden nacional, tal y como se dispuso en el literal c del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, razón por la cual, la competencia para conocer de la presente acción de tutela en primera instancia, corresponde a los Juzgados del Circuito o con categoría de tales y no al Tribunal, acorde con la regla consagrada en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
2. De contera, el presente proceso se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la cual es insaneable conforme con lo previsto en el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por remisión del artículo 4° del Decreto 306 de 1992, la que es menester declarar a partir del auto que dispuso su trámite, por lo que se ordenará remitir el expediente a los despachos competentes de Barranquilla, a través del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que se efectúe el reparto.
3. En torno a la facultad para decretar “nulidades” a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación ha precisado, que “la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.”
“Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces ‘no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000’ el cual ‘…en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto.” “En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
“Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, ‘[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto’, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hipótesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que serían los mismos en los cuales también procedería contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasión o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades.”
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso’ (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional).”
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación.” “En idéntico sentido, razones de transcendental significación inherentes a la autonomía e independencia de los jueces (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y su sujeción al imperio del ordenamiento jurídico, estarían seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales” (ver entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014).
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del auto que ordenó su trámite, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
2. En consecuencia, por Secretaría, envíese el presente asunto al reparto de los Juzgados del Circuito o con categoría de tales de Barranquilla (Atlántico), lugar en el cual se producen los efectos de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
3. Comuníquese lo aquí resuelto a la interesada mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.
1 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-AEROCIVIL y se dictan otras disposiciones.