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Timestamp: 2017-08-24 02:57:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 41']

ACTUALIDAD « derecho a la seguridad social
Hoy en dia se ejerce en la seguridad social española un convenio que se ejercio cn estados unidos el 30 de septiempbre de 1988.
Aqui os lo dejamos
España y los Estados Unidos de América, animados del deseo de regular las
relaciones entre los dos países en el ámbito de la Seguridad Social han
1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen en el
presente Convenio el siguiente significado:
1º “Estado contratante”. España o los Estados Unidos de América.
2º “Territorio”. Respecto a España el territorio nacional español; respecto a
los Estados Unidos de América, los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado
libre de Puerto Rico, las islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana.
3º “Nacional”. Respecto a España la persona definida como tal en el Título I
del Libro I del Código Civil español; respecto a los Estados Unidos de América,
el nacional de los Estados Unidos, como se define en la sección 101 del Acta de
Inmigración y Nacionalidad de 1952 y enmiendas posteriores.
4º “Legislación”. Las Leyes y demás disposiciones citadas en el artículo 2,
vigentes en los territorios de uno u otro Estado contratante.
5º “Autoridad competente”. Respecto de España, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social; en relación con los Estados Unidos de América, el Secretario
de Sanidad y Servicios Humanos.
6º “Institución”. Respecto a España, el organismo o autoridad responsable
de aplicar la legislación, especificada en el artículo 2, párrafo 1,A.
Respecto a los Estados Unidos de América, la Administración de Seguridad
7º “Organismo de enlace”. Para España, el organismo de coordinación de
las Entidades que deben intervenir en la aplicación de este Convenio; para los
Estados Unidos de América, la Administración de la Seguridad Social.
8º “Periodo de seguro”. Periodo de pago de cotizaciones o periodo de
retribuciones del trabajador por cuenta ajena o autónomo, definido o reconocido
como periodo de seguro por la legislación bajo la cual fueron cubiertos, o
cualquier otro periodo similar en tanto sea considerado por dicha legislación
como equivalente a periodo de seguro.
9º “Prestación”. Cualquier cantidad en dinero abonable por la aplicación de
la legislación especificada en el artículo 2.
2. Cualquier otra expresión o término utilizados en este Convenio y en la
legislación de un Estado contratante tienen, para ese Estado contratante, el
mismo significado que les atribuya la citada legislación.
1º A las disposiciones legales del Régimen General de la Seguridad Social
a) Invalidez provisional o permanente por enfermedad común o accidente no
c) Muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral.
2º A las disposiciones legales sobre los Regímenes Especiales siguientes,
por lo que respecta a las contingencias a que se refiere el inciso A), número 1.
a) Agrario.
b) De trabajadores del mar.
c) De la minería del carbón.
d) De trabajadores ferroviarios.
e) De empleados de hogar.
f) De trabajadores autónomos.
g) De representantes de comercio.
h) De estudiantes.
i) De artistas.
j) De escritores de libros.
k) De toreros.
l) De los jugadores profesionales de fútbol.
B) En los Estados Unidos de América:
A la legislación sobre:
El Programa Federal de Seguros de Vejez, Supervivencia e Invalidez:
1º El Título II del Acta de Seguridad Social y disposiciones a él
pertenecientes, excepto las secciones 226, 226 A y 228 del citado título y las
disposiciones referidas a estas secciones.
2º El Capítulo 2 y el Capítulo 21 del Código Fiscal interno de 1954 y
disposiciones pertenecientes a esos capítulos.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las legislaciones que en el
futuro completen o modifiquen las legislaciones a que se refiere el número
1. Mientras no se disponga otra cosa, el presente Convenio será de
a) Las personas que están o han estado sujetas a la legislación de uno o de
ambos Estados contratantes.
b) Otras personas respecto a los derechos que éstas adquieran de las
citadas en el párrafo a).
2. La persona que está o ha estado sujeta a la legislación de un Estado
contratante y que reside en el territorio del otro Estado contratante tendrá, así
como los que de ella dependan, la misma consideración que los nacionales del
otro Estado contratante en cuanto a la aplicación de la legislación citada en el
artículo 2 del otro Estado contratante, en cuanto al reconocimiento del derecho y
3. Salvo que el presente Convenio disponga lo contrario, cualquier norma de
la legislación de un Estado contratante que limite derechos o abonos de
cantidades económicas exclusivamente en razón a que la persona reside en el
extranjero o está ausente del territorio de ese Estado contratante, no se aplicará
a las personas que residan en el territorio del otro Estado contratante.
TÍTULO II.Disposiciones sobre legislación aplicable
1. Salvo que en este título se disponga otra cosa el trabajador por cuenta
ajena empleado en el territorio de uno de los Estados contratantes estará
sometido únicamente y respecto a ese trabajo, a la legislación de ese Estado
2. El trabajador por cuenta propia o autónomo que, respecto a su trabajo,
pudiera estar asegurado por la legislación de ambos Estados contratantes, sólo
estará sometido a la legislación del Estado contratante en cuyo territorio reside.
1. Si una persona, asegurada por la legislación de uno de los Estados
contratantes respecto al trabajo desarrollado al servicio de una empresa en el
territorio de ese Estado, es enviada por dicha empresa a trabajar en el territorio
del otro Estado contratante, sólo le será de aplicación la legislación del primer
Estado contratante, como si estuviese trabajando en su territorio, siempre que el
trabajo a realizar en el otro Estado no se espere que dure más de cinco años. Si
dicho trabajo se hubiera de prolongar más de los citados cinco años por
circunstancias imprevisibles, se continuará aplicando la legislación del primer
Estado contratante por un nuevo periodo de un año máximo, si la Autoridad
competente del otro Estado contratante ha dado su conformidad. Esta prórroga
deberá ser solicitada antes de que termine el periodo inicial de cinco años.
2. El personal itinerante de empresas de transporte aéreo que realiza su
trabajo en el territorio de ambos Estados contratantes, pudiendo estar asegurado
en los dos Estados con respecto a dicho trabajo, estará sujeto solamente a la
legislación del Estado contratante en cuyo territorio se encuentra la sede social
de la empresa. Sin embargo, si tales trabajadores residen en el territorio del otro
Estado contratante, se les aplicará solamente la legislación de ese otro Estado.
3. La persona empleada como oficial o miembro de tripulación de un buque
con bandera de uno de los Estados contratantes sólo estará sometida, en el
supuesto de que pudiera estarlo a ambas legislaciones, al Sistema de Seguridad
Social del Estado contratante, cuya bandera enarbole el buque. Un buque con
bandera de los Estados Unidos es aquel que está definido como buque
americano por la legislación de los Estados Unidos.
1. Este Convenio no afectará las disposiciones del Convenio de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, ni a las del Convenio de Viena
sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963.
2. Los nacionales de uno de los Estados contratantes empleados por el
Gobierno de ese Estado en el territorio del otro Estado contratante que no estén
exentos de la legislación de este último en virtud de los Convenios mencionados
en el párrafo 1 estarán sometidos solamente a la legislación del primer Estado. A
los efectos de este párrafo el empleo por el Gobierno de los Estados Unidos de
América comprende el empleo por cualquier otra Entidad al servicio del mismo.
Las Autoridades competentes de los dos Estados contratantes pueden
disponer, de mutuo acuerdo, excepciones a las normas recogidas en los
artículos 4, 5 y 6 en relación a determinadas personas o categorías de personas.
Para la admisión al seguro voluntario o facultativo conforme a la legislación
española, los períodos de seguro cumplidos por una persona en virtud de la
legislación de los Estados Unidos serán tomados en consideración como
períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación española, si dicha
persona cumple los demás requisitos establecidos en la misma.
TÍTULO III. Disposiciones especiales sobre prestaciones
CAPÍTULO 1. Aplicación de la legislación española
Cuando un trabajador haya estado sometido a las legislaciones de ambos
Estados contratantes, las prestaciones se concederán en las condiciones
1. Si el interesado satisface las condiciones requeridas por la legislación
española para tener derecho a las prestaciones, la Institución española
determinará el importe de la prestación teniendo en cuenta solamente los
períodos de seguro cumplidos bajo su legislación.
2. En caso de que el interesado no satisfaga el periodo de seguro requerido
por la legislación española, las prestaciones a las que se pueda pretender serán
liquidadas según las reglas siguientes:
a) Los períodos de seguro cumplidos en virtud de cada una de las
legislaciones de los dos Estados contratantes, así como los periodos
reconocidos como equivalentes, serán totalizados a condición de que no se
superpongan, tanto para la determinación del derecho a las prestaciones como a
efectos del mantenimiento o del reconocimiento de este derecho.
b) Teniendo en cuenta la totalización de periodos efectuada como se
menciona anteriormente, la Institución española determinará, según su propia
legislación, si el interesado reúne las condiciones requeridas para tener derecho
a la prestación de que se trate.
c) Si el derecho a prestación es adquirido, se determinará su cuantía como
si todos los periodos de seguro, totalizados según las reglas establecidas en la
letra a) hubieran sido cumplidos exclusivamente bajo su propia legislación
(pensión teórica). Cuando la cuantía de la pensión teórica así hallada sea inferior
a la de la pensión mínima establecida en cada momento por la legislación
española, dicho mínimo será tomado como pensión teórica.
d) La prestación efectivamente debida al interesado se determinará
reduciendo el importe de la cuantía citada en la letra c) a prorrata de la duración
de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación española, con relación al
conjunto de periodos totalizados según lo dispuesto en la letra a) (pensión
prorrata).
3. La totalización de periodos de seguro prevista en el presente artículo se
realizará teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a) Un trimestre de seguro según la legislación de los Estados Unidos
corresponde a noventa y un días de cotización según la legislación española.
b) Los periodos de seguro que resulten de la conversión anterior no serán
totalizados por la legislación española en la medida en que se superpongan con
periodos de seguro cumplidos según la legislación española.
1. A efectos de la aplicación, cuando proceda, del principio de totalización,
cuando la duración total de los periodos de seguro cubiertos bajo la legislación
española sea inferior a un año, y si, teniendo en cuenta exclusivamente dichos
periodos, no nace ningún derecho a las prestaciones en virtud de tal legislación,
la Institución española no concederá prestaciones por los mencionados
2. La disposición del número 1 no será, sin embargo, aplicable cuando por
efectos de la totalización de periodos de seguro inferiores a un año en ambos
Estados contratantes pueda adquirirse un derecho a prestación en base a la
3. Cuando no sea posible precisar la época en que determinados periodos
de seguro hayan sido cumplidos bajo la legislación de uno de los Estados
contratantes, se presumirá que dichos periodos no se superponen con periodos
de seguro cumplidos bajo la legislación del otro Estado.
1. Si la legislación española subordina el reconocimiento del derecho o la
concesión de ciertos beneficios a la condición de que los periodos de seguro
hayan sido cumplidos en una profesión sometida a un régimen especial o,
llegado el caso, en una profesión o un empleo determinado, los periodos
cumplidos bajo la legislación del otro Estado contratante no serán tomados en
cuenta para la concesión de dichos beneficios a no ser que hayan sido
realizados bajo un régimen correspondiente o, en su defecto, en la misma
profesión o, llegado el caso, en el mismo empleo.
2. Si, teniendo en cuenta los periodos así cumplidos, el interesado no
satisfaciera las condiciones requeridas para la obtención de los citados
beneficios, estos periodos serán tomados en cuenta para la concesión de
prestaciones de régimen general.
1. Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del presente
capítulo se revalorizarán con la misma periodicidad e idéntica cuantía que las
previstas en la legislación interna española.
2. Las pensiones prorrateadas a que se refiere el artículo 9, número 2, letra
d) serán actualizadas reduciendo el importe de la revalorización mediante la
aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en dicho artículo.
Para determinar en que medida ha disminuido la capacidad de trabajo del
asegurado, la Institución española tendrá en cuenta los informes médicos y los
datos administrativos que la Institución del otro Estado contratante le remita. No
obstante, la citada Institución tendrá derecho a someter al asegurado a
reconocimiento por un médico de su elección.
1. Para obtener una prestación en los casos previstos en el artículo 9,
párrafo 2, se considerará cubierto el requisito de situación asimilada al alta,
exigido por las disposiciones legales españolas, si la persona en cuestión
estuviera sometida al Sistema de Seguridad Social estadounidense o percibiera
una prestación prevista en la legislación de los Estados Unidos.
2. A los efectos del párrafo 1 se considerará que una persona está sometida
a la legislación de los Estados Unidos si puede hacer valer su derecho a
prestaciones según dicha legislación, o acredita bajo la misma por lo menos un
trimestre durante los doce trimestres naturales inmediatamente anteriores al
último día del trimestre en que se produzca el hecho causante según la
1. Para determinar el cálculo de la base reguladora de prestaciones la
Institución española aplicará su propia legislación.
2. Cuando todo o parte del periodo de cotización elegido por el solicitante
para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido
según la legislación de los Estados Unidos de América, la Institución española
determinará dicha base reguladora sobre las bases mínimas de cotización
vigentes en España, durante dicho periodo o fracción, para los trabajadores de la
misma categoría o calificación profesional que haya ostentado en España la
El auxilio por defunción previsto en la legislación española será reconocido
por aplicación exclusiva de dicha legislación y conforme a los requisitos y
condiciones exigidos en la misma.
AQUI LE DEJAMOS UN VIDEO DE CELESTINO CORBACHO VALORANDO LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD
SEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD
La Seguridad Social viene garantizada, en España, por el artículo 41 de la Constitución Española de 1978 que dice que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
Como norma de desarrollo más importante, la Seguridad social en España está regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad social (BOE del 29). Esta norma ha sido modificada en numerosas ocasiones.
La finalidad de la Seguridad social es el garantizar a las personas comprendidas en su campo de aplicación (por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contigencias y en las situaciones que contempla la ley.
ICristian Santillan.
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En los trabajadores dependientes que perciban salario mínimo, desde enero aplica el aumento obligatorio a de sus salarios, pero en seguridad social, sólo se reporta en los pagos hechos en el mes de febrero.
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este convenio se realiza para conseguir proteger a todos los cuidadanos de la comunidad iberoamericana, con una digna seguridad social.
Para amenizar este proyecto;
espero que sea de tu agrado fernando,, proyecto realizado por Cristian xavier santillan y Alejandro extremera
Para quienes vivimos en un país donde el Sistema Nacional de Salud ofrece asistencia universal pública, resulta difícil de comprender que existan otros modelos sanitarios en los que la atención médica elemental no está garantizada.
Sin embargo, en muchas ocasiones estos seguros se escudan bajo crípticas e inmorales cláusulas legales para evitar el pago de procedimientos costosos o crónicos. Hillary Clinton intentó cuando era Primera Dama en la Casa Blanca impulsar un Sistema Nacional Sanitario de cobertura universal, pero al grito de ¡vienen los comunistas!, los republicanos (y los lobbies farmacéuticos y aseguradores) consiguieron paralizar un plan quizás poco maduro y precipitado.
Ahora las tornas han cambiado, con un presidente que ha fundamentado su campaña electoral en el cambio y ha prometido hasta la saciedad la cobertura universal, parece que ha llegado el momento para que los 45 millones de estadounidenses que todavía no tienen un seguro sanitario levanten sus doloridos cuerpos y acudan al médico sin miedo a ser estafados.
El Congreso aprueba la reforma sanitaria de EEUU
La cámara baja ha respaldado el proyecto de Barack Obama, que puede convertirse en el primer presidente en la historia en acercar al país hacia la medicina universal. La cámara baja ha dado el visto bueno a la reforma sanitaria, con 219 fotos a favor y 212 en contra. Los votos a favor están ligeramente por encima de los 216 que se necesitaban, sobre un total de 431. Un total de 34 congresistas demócratas se han opuesto, al igual que todos los republicanos (178).
Según Obama, la aprobación de la reforma “responde a los sueños de muchos”. «Estamos ante un nuevo día para América», afirmó Marcy Kaptur, congresista demócrata, resumiendo así el sentir de los miembros de su partido. Por el contrario, Mike Pence, republicano, señaló que «no estamos haciendo historia. Estamos rompiéndola, con la toma de la sanidad por parte del Gobierno».
La iniciativa personal de Obama pretende ampliar la cobertura médica en EEUU, país donde no existe sanidad pública universal y gratuita salvo para los mayores de 65 años o las personas sin recursos económicos. Los ciudadanos tienen que contratar su propio seguro con el sector privado, individual o colectivo (pagado por sus empresas) o estar sin cobertura, coyuntura en la que se encuentran 47 millones de personas.
Tras la aprobación, Obama aseguró que la reforma sanitaria “responde a los sueños de muchos”.
Según el presidente, el sí de la cámara baja es “el voto correcto”, aunque la votación no fuera fácil para muchos de los congresistas. “Nos elevamos por encima de la política… y demostramos que somos capaces de hacer grandes cosas”, añadió.
Obama, para el que el voto de ayer representa un enorme triunfo tras un año de negociaciones, se felicitó porque el Congreso había “respondido a la llamada de la Historia”. “No rehuimos nuestras responsabilidades, las abrazamos. No nos acobardamos ante el futuro, le hemos dado forma”, declaró en su comparecencia ante los medios.
El plan del presidente pretende obligar a todos los ciudadanos a tener un seguro, dando ayudas a los que no pueden contratar las pólizas o forzando al sector privado a rebajar los costes de las pólizas. Con esta medida, más descafeinada de lo anunciado en la campaña electoral, sólo 32 de los 47 millones de las personas sin cobertura podrán acceder ahora a la sanidad. La reforma es menos ambiciosa de lo previsto porque sólo así Obama ha podido lograr los apoyos necesarios para su aprobación parlamentaria.
El proyecto de ley, que costará 940.000 millones de dólares (694.726 millones de euros) en diez años y que se financiará principalmente con más impuestos, salió adelante después de que la Casa Blanca lograra el apoyo de varios congresistas demócratas indecisos, representantes de las corrientes más conservadoras del partido, al publicar una orden presidencial que garantiza que no se utilizarán fondos del Gobierno federal para financiar la práctica del aborto. El texto todavía debe ser refrendado en el Senado antes de su firma por Obama.
Los republicanos tienen intención de utilizar toda la artillería parlamentaria para detenerla, incluido intentar fomentar la división entre las filas demócratas. «Tenemos que elegir entre la libertad del individuo para elegir su propia sanidad o entre la tiranía del Gobierno», ha señalado Ted Poe, congresista republicano.
La reforma supone la mayor intervención del Gobierno en la sanidad de EEUU, desde que en 1965 se creara Medicare, el programa público que presta servicios médicos a los mayores de 65 años utilizando infraestructuras del sector privado.
La opinión pública está dividida sobre la iniciativa y ayer varios grupos se manifestaron ante las puertas del Capitolio con pancartas que rezaban «Kill the bill» (asesina el proyecto de ley).
Durante la sesión parlamentaria, los republicanos criticaron el modelo de sanidad universal y gratuita que está en vigor en la mayoría de países europeos. «El modelo de bienestar europeo se ha demostrado insostenible. América no es así y tampoco quiere llegar a serlo», indicó Paul Ryan, congresista del partido conservador.
REFORMA LABORAL 2010;
La reforma laboral incidirá en la salud de los trabajadores
Agosto 2010.-La Secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias, Carmen Marrero, ha advertido de que la implantación de la reforma laboral en España provocará que las condiciones de trabajo de los trabajadores “empeoren considerablemente” y convertirá la prevención de riesgos laborales en “un manto de silencio, miedo y resignación”.
En una nota de prensa, Carmen Marrero ha insistido en que la aplicación de esta reforma laboral “no es favorable para la salud laboral de los trabajadores, puesto que limita fuertemente las condiciones de trabajo y los principios que conlleva la representación y la negociación colectiva”.
“La reforma laboral potenciará a la patronal y posibilita el miedo a la pérdida de los puesto de trabajo hacia los trabajadores, ejerciendo una presión sobre ellos para que trabajen en condiciones más desfavorables”, agrega.
Desde el punto vista psicosocial, la responsable sindical alerta de que esta reforma laboral provocará cambios en la organización del trabajo y esto se traducirá en el aumento de problemas de salud sobre los trabajadores a corto plazo a través de la aparición del estrés, ansiedad, depresión, apatía, agobio, problemas gastrointestinales, problemas de sueño, abuso del consumo de alcohol, tabaco y fármacos.
“Por desgracia, como siempre son los trabajadores los que sufren las consecuencias de la ineptitud de otros y serán los trabajadores los que se verán abocados a soportar unas malísimas condiciones de trabajo que los convertirán en esclavos del mercado laboral en pleno siglo XXI”, recalca. Con este nuevo panorama laboral, señala Marrero, el trabajador “se verá sometido a trabajar rápido o de forma irregular, a no poder adaptar el horario a las necesidades familiares, a no poder decidir cuando puede hacer un descanso, a trabajar aislado sin el apoyo de los superiores o compañeros, con tareas mal definidas o sin la información adecuada o/a destiempo, inseguridad contractual, cambios de puesto
En el ámbito de la contratación temporal se introducen dos novedades. La primera consiste en el establecimiento en el Estatuto de los Trabajadores de una limitación temporal a los contratos de obra, que impide la perpetuación de los mismos. Hasta ahora, en los supuestos de contratos “hasta fin de obra” no era poco común encontrarnos con contratos cuya vigencia, salvo limitación en el convenio o en el contrato, se prolongaba de forma indefinida.
En la mayoría de las ocasiones, dichos contratos por obra o servicio “perpetuados” escondían en realidad contrataciones indefinidas, y como tal eran reconocidas normalmente por la Jurisdicción Social si el trabajador reclamaba. La reforma lo que hace es limitar la duración del contrato por obra o servicio determinado a tres años, que pueden ampliarse hasta doce meses más si así se recoge en la negociación colectiva.
La primera cuestión viene referida a un vano intento de concreción y de apertura de las causas, dando unas someras definiciones de las causas y señalando que se habrá que justificar que de las mismas se deduzca “mínimamente la razonabilidad de la medida extintiva”.
La novedad principal en esta materia y en la reforma en su conjunto, reside en que se ha producido una ampliación de los supuestos en los que será posible realizar el contrato para el fomento de la contratación indefinida. Así, se mantienen los colectivos anteriormente susceptibles de ser incluidos, como mayores de cuarenta y cinco años, personas hasta treinta años de edad, discapacitados, mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. Y junto a ello, se amplían los colectivos por tres frentes: parados inscritos en la oficina de empleo como demandantes de empleo durante al menos tres meses, reduciéndose los seis meses que anteriormente se contemplaban; parados que en los dos últimos años sólo hayan tenido contratos temporales; y parados a los que en los dos últimos años “se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente” (dicción un tanto confusa pero que entendemos que hace referencia a despidos por cualquier causa).
Junto a ello se ha establecido un periodo “transitorio” en el que también se podrá acceder a este tipo de contratos para supuestos de conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Así, para los contratos temporales suscritos antes del 18 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor de la reforma, la transformación en indefinido habrá de realizarse antes del 31 de Diciembre de 2010. Y para los contratos temporales suscritos desde el 18 de Junio de 2010, la transformación podrá producirse hasta el 31 de Diciembre de 2011, pero sólo cuando el contrato temporal haya sido de una duración máxima de seis meses, límite que no se aplica a los contratos formativos.
En referencia a la modificación de las condiciones de trabajo (horarios, términos, etc…), más de lo mismo. La reforma contiene una serie de previsiones, que a la hora de la verdad suponen, tan sólo, modificaciones del procedimiento, pero no una verdadera flexibilización. Al igual que en el caso de la inaplicación del salario, se establece la necesidad de acudir a los procedimientos de mediación que se recojan para este supuesto en el convenio colectivo o en el acuerdo interprofesional, pero no da soluciones para los casos en los que el convenio o acuerdo interprofesional no contenga un procedimiento de mediación al efecto, o el mismo no prevea un arbitraje vinculante.
Se mantienen bonificaciones para algunos supuestos concretos de transformaciones y para determinados colectivos como minusválidos, víctimas de violencia de género, etc… Y en términos generales, se dan unas bonificaciones superiores cuando la persona contratada sea una mujer.
o servicio contra la voluntad de los trabajadores, trato injusto, no reconocimiento, salarios bajo, etcétera”.
Por todo ello, CCOO Canarias anima a todos los trabajadores, representantes de personal, delegados de prevención a apoyar la Huelga General prevista para el próximo día 29 de septiembre de 2010, aludiendo al lema ‘Así No’, y que acudan a los actos unitarios, manifestaciones y concentraciones para denunciar la reforma laboral y la reducción de la actividades preventivas que padecen los trabajadores en Canarias.
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