Source: http://www.stunam.org.mx/8prensa/8forouniver1/forouniver3/8fu3reforma3.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:36:14
Document Index: 78350528

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 99', 'artículo 93', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4']

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EL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM
Y LOS “CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” DEL ABOGADO GENERAL
I. Introducción: costumbre, derecho y legalidad
En los últimos meses se ha hablado de revisar y modificar el Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, para lo cual se ha convocado a la elección de los miembros de la comisión encargada de organizar dicho proceso .
Frente a ello, una opción sencilla sería convertir en ley la manera en que usualmente se interpreta y aplica la legislación universitaria, es decir, formalizar lo que sucede en los hechos, pues muchos artículos son letra muerta, no se aplican ni se pueden aplicar ya que no corresponden a la realidad (algunas de las disposiciones fundamentales de la UNAM -como sus estatutos, por no hablar de su Ley Orgánica- a pesar de que frecuentemente han sido modificadas, en lo substancial tienen más de treinta años de haber sido aprobadas) y, en cambio, otras disposiciones que no están escritas son seguidas rigurosamente y de forma casi inevitable.
Ahora bien, es una costumbre en la UNAM recurrir a los criterios de interpretación de la legislación universitaria que expide la Oficina del Abogado General desde hace por lo menos treinta años, lo cual puede parecer normal pues, entre otras cosas, esta oficina está encargada del estudio de la legislación universitaria y, por ello, ha publicado obras tan valiosas como, primero, el Compendio de legislación universitaria 1910-1997 y, después, el Compendio de legislación universitaria 1910-2001 (este último publicado en cuatro tomos lujosamente empastados y en disco compacto).
En efecto, se ha convertido en una práctica cotidiana en la Universidad que las autoridades y funcionarios traten de resolver los conflictos (por ejemplo, laborales) o justificar medidas arbitrarias (por ejemplo, las sanciones a alumnos y profesores) basándose en esos “criterios de interpretación”, como si fueran leyes y no, simplemente, indicaciones generales, o no hubiera otras interpretaciones u otros criterios posibles o el Abogado General fuera, en realidad, un juez de última instancia, que objetiva y neutralmente, independientemente de las demás instancias y autoridades universitarias, pudiera decidir cómo se deben entender y hacer las cosas en la Universidad.
En los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a la actuación de órganos juridisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral de la Federación, que sí son, a nivel nacional, árbitros supremos, pues pueden juzgar los actos de todos los mexicanos, incluidos los del Presidente de la República, y sus fallos son inapelables.
En nuestro país, prácticamente cada mes se interponen controversias constitucionales, juicios de amparo, revisiones de juicios, impugnaciones a procesos electorales, etc., y los órganos arriba mencionados los resuelven. Para algunos, en México ya está completamente garantizada y es un hecho la independencia del poder judicial respecto del ejecutivo, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, pues se pueden enumerar varios ejemplos en los que este poder ha emitido fallos que no favorecen a éste .
En cualquier caso, sería fácil intentar establecer una analogía entre, por un lado, algunas instancias universitarias, como el Abogado General y su oficina, y, por otro lado, las autoridades y los órganos de justicia federales como los arriba mencionados, que emiten jurisprudencia y resuelven conflictos. Pero ello sería completamente equivocado pues en la UNAM no existe la separación de poderes que se da a nivel federal, los encargados de los mismos son nombrados de modo distinto y tienen funciones diferentes .
El Abogado General es, más bien, el representante jurídico de la UNAM, es decir, en el Gobierno Federal correspondería al titular de la Procuraduría General de Justicia (también llamado “abogado de la nación”), el cual no puede ser, a la vez, el titular de una instancia autónoma como lo es, por lo menos en el papel, la Suprema Corte de Justicia .
En este texto quiero cuestionar el convertir, sin ninguna justificación, una cuestión de hecho (sí, es verdad, el Abogado General emite criterios, se recurre a él para aclarar la interpretación o aplicación de la legislación universitaria, existen acuerdos vigentes del Rector que establecen esa atribución, etc.) en una de derecho (así debe ser y no puede ser de otra manera).
Mi argumentación se centra en cuestionar, ante todo, la supuesta facultad del Rector en turno para emitir criterios de interpretación de la legislación universitaria, capacidad que podría delegar en una oficina constituida por él (cuya estructura y funciones sólo se establecen en sus “acuerdos”), sin necesidad de un estatuto o reglamento aprobado por el Consejo Universitario o de que sus miembros sean aprobados por éste.
Además, el Abogado General “de la” UNAM es, en realidad, simplemente, un subalterno del Rector, designado exclusivamente por él, sin necesidad de consultar a nadie; en concreto, sin consultar a la comunidad universitaria, a la cual se aplican sus criterios como si fueran los de la autoridad máxima de la UNAM.
Incluso, es una figura de la cual no se dice nada en la Ley Orgánica (máxima norma universitaria expedida por el Congreso de la Unión) y a la que en el Estatuto General (aprobado por el Consejo Universitario) sólo se le atribuyen funciones de representante, auxiliar o asesor legal.
Finalmente, las únicas instancias judiciales de las que se habla en la legislación universitaria son el Tribunal Universitario, la Comisión de Honor del Consejo Universitario y la Defensoría de los Derechos Universitarios.
No niego la necesidad práctica y real en la Universidad de una instancia que establezca criterios de interpretación y colabore a resolver conflictos; lo que cuestiono es la facultad del Abogado General para llevar a acabo dicha tarea.
No pretendo demostrar que todos y cada uno de los criterios de interpretación expedidos por la Oficina del Abogado General de la UNAM están equivocados, sino que busco cuestionar su valor general.
Y, en el caso concreto de la revisión y modificación del Estatuto del Personal Académico de la que hablé al principio, pretendo colaborar a atajar los intentos por introducir en él los criterios del Abogado General como si fueran leyes al mismo nivel que las normas y disposiciones aprobadas por el Consejo Universitario (máxima autoridad legislativa de la Universidad) o por el Congreso de la Unión (en el caso de la Ley Orgánica) y no, simplemente, criterios expedidos por una oficina cuyo personal -no sólo el de sus oficinas jurídicas, sino todo en general- está claramente al servicio de las autoridades, sobre todo del Rector y de los directores (en efecto, en las dependencias universitarias las oficinas jurídicas no son ministerios públicos, sino policía judicial que actúa bajo consigna).
Lo que propongo es 1) que el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno asuman las funciones que ha usurpado la Oficina del Abogado General (pero que, según la legislación universitaria, les corresponde legítimamente a ellas) o 2) que el Consejo Universitario cree, a través de un estatuto, y reglamente el funcionamiento de una instancia universitaria verdaderamente independiente dedicada a resolver problemas de interpretación y aplicación de la legislación universitaria, y cuyos miembros (distinguidos abogados y juristas universitarios) sean elegidos por órganos colegiados de ternas propuestas por el Rector.
II. La Oficina del Abogado General
y la política universitaria
Desde 1973, la Oficina del Abogado General de la UNAM ha expedido una serie de criterios de interpretación o jurisprudencia sobre la legislación universitaria. Dichos criterios han sido publicados por la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria (DGELU), dependiente de la misma Oficina.
En 1976 se editó por primera vez la compilación titulada Interpretación de la legislación universitaria, que comprendió criterios expedidos de 1973 a 1976. En la actualidad esa publicación abarca dos tomos: el primero va de 1973 a 1992 y el segundo de 1993 a 2000.
Los criterios que incluye tocan casi todos los aspectos de la legislación universitaria e, incluso, van más allá de ella.
Por ejemplo, en el caso de los académicos, se refieren a su adscripción, antigüedad, año sabático, cátedras y estímulos, comisiones, concurso de oposición, contratos de prestación de servicios profesionales, definitividad, etc., es decir, a cuestiones no sólo académicas o “técnicas”, sujetas a ordenamientos (estatutos y reglamentos) de la Universidad, sino también a cuestiones laborales, sujetas a leyes federales y a los contratos colectivos de trabajo.
No está de más recordar que a mediados de los años setenta se dio una intensa lucha sindical en la UNAM (en realidad, en todo el país) por el reconocimiento los derechos laborales (a sindicalizarse, contrato colectivo de trabajo y huelga), sobre todo de los académicos, y que el Rector en aquél entonces era Guillermo Soberón y el Abogado General, Jorge Carpizo.
En efecto, el Estatuto del Personal Académico vigente es, en términos generales, el aprobado por el Consejo Universitario en 1974, pues en 1977 y 1979 se le adicionó un título decimotercero en el que se trataban las “condiciones gremiales” o laborales, el cual finalmente quedó abrogado, pues desde entonces esas condiciones son negociadas por comisiones mixtas, según la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos federales, y quedan establecidas en un contrato colectivo de trabajo.
En mi opinión, la Interpretación de la legislación universitaria forma parte de una estrategia política que consiste en pretender resolver los problemas que surgen en la Universidad (resultado de políticas del gobierno federal, a su vez, impulsadas por crisis económicas, recortes presupuestales, tiempos electorales, etc.) a través de tesis emitidas por la Rectoría.
Precisamente, el Estatuto del Personal Académico fue el último intento de las autoridades de Rectoría y federales por mantener las relaciones laborales que mantiene la Universidad con los académicos y trabajadores administrativos en términos estatutarios, es decir, de leyes internas a la Universidad, aprobadas sólo por el Consejo Universitario (en el cual estaban y siguen estando sobrerrepresentados los directores) y, por mucho, negociadas con “asociaciones gremiales” (como la Asociación de Asociaciones del Personal Académico de la UNAM o AAPAUNAM), en lugar de contratos colectivos de trabajo pactados con sindicatos.
Igualmente, los criterios del Abogado General fueron publicados, a finales de los años ochenta, en los Cuadernos de Legislación Universitaria, los cuales nacieron de los intentos por reformar a la UNAM durante el periodo del Rector Jorge Carpizo.
Es decir, tradicionalmente, la publicación de los criterios ha obedecido a los intentos de las autoridades de Rectoría por imponer su interpretación a la comunidad universitaria -supuestamente ignorante de ella (recordemos las doctas disquisiciones del momento, dentro y fuera de la UNAM, acerca de lo que realmente querían decir el artículo tercero constitucional, la Ley Orgánica, etc.)- o de modificar en la práctica la legislación universitaria, por medio de su interpretación, sin necesidad de cambiar su letra lo cual, seguramente, producirá inconformidades .
Lo anterior queda confirmado debido a que, en otro periodo en el que se intentaba reformar a la Universidad (o, más bien, cambiar los Reglamentos Generales de Inscripciones, Exámenes y Pagos), a principios de los años noventa, cuando era Rector José Sarukhán y el Abogado General Leoncio Lara, en la “Presentación” a la edición de 1992 de la Interpretación de la legislación universitaria, se justifica esta obra del siguiente modo:
La vida cotidiana de nuestra Universidad es cada vez más dinámica, por lo que el cuerpo normativo que rige la Institución experimenta cambios cada vez más rápidos para adaptarse a la realidad que debe regir.
Frente a esta situación, el cuerpo de criterios de interpretación de nuestras normas también requiere una actualización, ya sea porque la norma que se interpretaba ha cambiado, tal vez como consecuencia de la misma interpretación, o porque las circunstancias a las cuales la norma debe aplicarse no son ya las mismas (Op. cit., p. 5).
Esta justificación puede parecer perfectamente razonable; sin embargo, el problema con ella no es sólo si la interpretación puede o debe cambiar las leyes (el paso del ser al deber ser o la 'falacia naturalista', como la llaman los filósofos) sino, ante todo, a quién le corresponde hacerla.
En la “Presentación” se responde sin dudar:
Siendo función y preocupación de la Oficina de Abogado General velar por la correcta observancia de la Legislación universitaria, se decidió realizar una profunda revisión de los criterios de interpretación emitidos por la Oficina, publicados o no, a fin de depurarlos evitando las duplicidades y contradicciones, para presentar a la comunidad universitaria el cuerpo de criterios de interpretación vigentes (Ibid., p. 5) .
Auxiliar la actividad cotidiana de los universitarios y propiciar “la correcta observancia de la normatividad que rige nuestra Casa de Estudios” (Ibid., p. 6) es, sin duda, un objetivo loable, pero, repito, el problema es si dichas tareas corresponden a una “Oficina” o a una verdadera autoridad universitaria, como lo son el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno.
Más adelante se agrega: “la función de interpretación de la Legislación universitaria por parte del Abogado General, además de ser una costumbre reiterada de nuestra vida institucional, tiene su fundamento jurídico, tanto en la especificidad de diversos reglamentos [¿cuáles?, no se les cita en esta auto-legitimación], como en el acuerdo emitido por el Rector y publicado en la Gaceta UNAM el 8 de junio de 1989”.
Es decir, la manera en que se fundamenta que la Oficina del Abogado General, dependiente de Rectoría, emita interpretaciones de la legislación es, además de la “costumbre reiterada” (como si los hechos repetidos, que pudieran ser ilegales, produjeran espontáneamente derecho), apelando a un “acuerdo” del propio Rector, el cual, en ningún caso, puede estar por encima de lo que establece la legislación universitaria, ya sean los estatutos y reglamentos emanados del Consejo Universitario o, por supuesto, la Ley Orgánica.
Pero lo peor es que el “acuerdo” publicado en Gaceta UNAM el día 8 de junio de 1989 (como puede verificarse consultando la página 29 de los Acuerdos vigentes del Rector, publicados por la propia Oficina del Abogado General) establece, más bien, “las funciones de la Dirección General de Información de la UNAM”, la cual sustituyó a la Coordinación de Comunicación Universitaria y a la Dirección General de Prensa (Op. cit., p. 28) y no tienen nada que ver con la Oficina del Abogado General y, mucho menos, con la presunta facultad de emisión de criterios jurídicos.
La falta de fundamento jurídico de la “costumbre” a la que se hace referencia en el texto de la “Presentación” a la Interpretación de la legislación universitaria que cité arriba, es tal que en el Prontuario de la legislación universitaria 2000 -también publicado por la Oficina del Abogado General- la primera voz, dedicada a esta misma instancia, contiene varias referencias en las que se mencionan que a ella le corresponde la interpretación de ocho reglamentos y un estatuto (aprobados muy tardíamente por el Consejo Universitario a dicha “costumbre reiterada”), pero la justificación no se basa, como debería ser, en la Ley Orgánica o, al menos, en el Estatuto General.
Por ejemplo, la facultad de la Oficina del Abogado General de resolver cualquier problema de interpretación respecto del Estatuto de la Defensoría y de su Reglamento se justifica así: “EDDU, art. 13; p. 264”. Es decir, la interpretación del Estatuto y el Reglamento de la instancia universitaria análoga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (pues en ella los universitarios pueden presentar quejas en contra de las decisiones y acciones de las autoridades), queda a cargo de una oficina dependiente de una autoridad, esto es, Rectoría. Por lo demás, el Estatuto fue aprobado en 1985 y Reglamento en el 1986, de nuevo, cuando Jorge Carpizo (quién después de ser el primer Ombusman mexicano se convirtió en Procurador de Justicia durante el sexenio salinista) era rector.
Algo parecido sucede con el Reglamento General de Inscripciones: en el artículo 37º, adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 1 de julio de 1997, se dice “la interpretación de este ordenamiento quedará a cargo del Abogado General” (Legislación universitaria, p. 292). Es decir, los problemas que se han dado durante décadas en la UNAM (movimientos estudiantiles, paros, huelgas, etc.) en torno a la interpretación de este reglamento, supuestamente desaparecerían mágicamente, gracias a que un Abogado designado por el Rector es el único que puede interpretarlo de manera válida.
De cualquier manera, mucho antes de que en ocho reglamentos y un estatuto (la legislación universitaria incluye, en total, 5 estatutos y 39 reglamentos), no en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General o el Estatuto del Personal Académico, se hablara de que el Abogado General podía o debía emitir criterios de interpretación sobre ellos , ya se hacía, y se hacía en casos muy específicos: además de los ya mencionados, en los reglamentos de Planeación, del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales, General de Estudios de Posgrado, para la Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de Profesores y Alumnos, del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, para la Elección de Consejeros Académicos de Área y del Bachillerato Representantes de Profesores, Investigadores y Alumnos (Prontuario, pp. 181-182), todos ellos modificados o aprobados no antes de finales de los años ochenta.
III. Facultades del Rector
Ante el mar de confusiones que reina al respecto, parece necesario aclarar que las autoridades universitarias son, únicamente, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato, los directores de facultades, escuelas e institutos y los consejos técnicos (artículo 12º del Estatuto General) .
También es importante repetir que las únicas autoridades de justicia reconocidas en la Legislación Universitaria -como puede comprobarse rápidamente consultando el índice de la publicación respectiva de la Dirección General de Estudios de la Legislación Universitaria (DGELU), dependiente de la Oficina del Abogado General-, son el Tribunal Universitario, la Comisión de Honor y la Defensoría de los Derechos Universitarios.
En cuanto a las autoridades universitarias encargadas de legislar, en el artículo 8º de la Ley Orgánica se establece que el Consejo Universitario posee las siguientes facultades: “I. Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad; II. Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones generales, a que se refiere la fracción anterior, le sean sometidas y III. Las demás que esta ley le otorga y, en general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad universitaria” (Op. cit., p. 18).
En el artículo anterior queda claramente establecida la función legislativa del Consejo Universitario, pero, me parece, también su capacidad para interpretar la legislación de la institución, pues ella es un “asunto” obviamente relacionado con las normas y disposiciones que expide y, como veremos, este asunto no se le atribuye explícitamente a ninguna otra autoridad, lo cual es lo que expresa la última fracción.
Pero uno de los principales argumentos para sostener la facultad interpretativa del Consejo Universitario se encuentra en el hecho de que en 1947, dos años después de publicada la Ley Orgánica aún vigente, el Consejo Universitario aprobó una Interpretación de algunos artículos del reglamento para el profesorado universitario de carrera (Compilación de legislación universitaria 1910-1997, pp. 348-352), publicado en 1945, lo cual es completamente lógico: el Consejo aprobó el Reglamento y ante problemas de interpretación en torno a éste, ¿quién mejor que el propio Consejo para solucionarlos? Es decir, históricamente, sí ha correspondido al Consejo Universitario interpretar o emitir criterios de interpretación sobre la legislación universitaria.
Pasando a otra autoridad universitaria, según el artículo 6º, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica, corresponde a la Junta de Gobierno “resolver en forma definitiva cuando el Rector, en los términos y con las limitaciones señaladas en el artículo 9º, vete los acuerdos del Consejo Universitario” y “resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias” (Legislación universitaria, p. 17).
Por otro lado, una de las funciones fundamentales de la Junta de Gobierno -por cierto, una autoridad universitaria relativamente reciente - es resolver conflictos entre las otras autoridades, en especial, el Rector y el Consejo Universitario, para lo cual, inevitablemente, debe interpretar la legislación universitaria o revisar su aplicación y cuyas resoluciones podrían ser consideradas como “jurisprudencia”.
En el artículo 9º se dice que el Rector, además de ser el “Jefe nato de la Universidad” (y, como tal, con facultades ejecutivas), es su “representante legal”, esto es, su abogado, lo cual es muy diferente de un legislador o un jurista .
El tercer párrafo es sumamente importante, pues en él descansa casi toda la tesis acerca del derecho del Rector a encomendar a la Oficina del Abogado General la interpretación de la legislación universitaria. A la letra dice: “el Rector cuidará el exacto cumplimiento de la disposiciones de la Junta de Gobierno y de las que dicte el Consejo Universitario.
“Cuidar el cumplimiento” de disposiciones es muy diferente a interpretar esas disposiciones y, por supuesto, a establecerlas: un policía vigila el cumplimento de la ley, para lo cual debe interpretarla y aplicarla, pero no emite criterios o sienta jurisprudencia con ello, ya que sólo los jueces o los tribunales pueden hacerlo y sólo cuando pronuncian fallos definitivos .
Se puede argumentar que para lograr el “exacto cumplimento” de la legislación universitaria se requiere interpretarla, lo cual, sin duda es cierto, pero el problema es, de nuevo, a quién le corresponde hacerlo, si a una instancia con funciones ejecutivas (como Rectoría y la Oficina del Abogado General dependiente de ella), legislativa (como el Consejo Universitario, del cual forma parte el Rector en calidad de presidente y que también cuenta con atribuciones judiciales, a través de su Comisión de Honor, como comprobaremos más adelante), arbitral (como la Junta de Gobierno), judicial (como el Tribunal Universitario) o independiente (que no existe), establecida, precisamente, para tal fin.
Regresando al artículo 9º de la Ley Orgánica, pero ahora en el cuarto párrafo, se dice: “en asuntos judiciales, la representación de la Universidad corresponderá al abogado general”. Lo anterior deja en claro que la “representación legal” de la que se habla en el primer párrafo se refiere sólo a los asuntos judiciales y, en tales condiciones, que ésta debe ser encomendada al Abogado General (Ibid., p. 19).
En efecto, cuando se expidió la Ley Orgánica de 1945, la Oficina del Abogado General no contaba con las direcciones, coordinaciones y oficinas con las que hoy cuenta , pues ellas son el resultado de dos “Acuerdos” de la Rectoría publicados entre 1997 y 2003. Antes, la Oficina del Abogado General era sólo lo que su nombre indica: el despacho del abogado de la UNAM, encargado de atender los asuntos judiciales, sobre todo, fuera de la UNAM, pues los internos (por ejemplo, las sanciones tanto a autoridades, profesores y alumnos) eran y son competencia del Consejo Universitario, a través de su comisión de honor, y del Tribunal Universitario .
Finalmente, en el Artículo 99º del Estatuto General, modificado en 1998, y en el 5º del propio Reglamento del Tribunal Universitario, se establece que esta instancia conoce, en revisión, sobre las “amonestaciones” impuestas a los alumnos en los términos del artículo 93º del Estatuto General y las resoluciones de los consejos técnicos que impongan sanciones al personal académico en los términos de los artículos 108 a 112 del Estatuto del Personal Académico” (Ibid., p. 450) .
El Tribunal Universitario está integrado por el profesor de mayor antigüedad del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, quien funge como Presidente; el investigador de mayor antigüedad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien es el Vocal permanente; el consejero técnico o interno investigador o académico también de mayor antigüedad de la entidad de la que se trate y que fungirá como Vocal y el Abogado General, que será el Secretario del tribunal con derecho a voz, pero no a voto (Ibid., p. 162) .
Cabe notar, primero, que dado que el Tribunal es una instancia judicial, el Consejo Universitario buscó, al aprobar su Estatuto, como es lógico, que tuvieran en ella una participación preponderante las entidades académicas relacionadas: la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Segundo, los integrantes del Tribunal son consejeros técnicos académicos electos por sus pares, lo que garantiza su legitimidad (además, su antigüedad contribuye a asegurar su conocimiento, experiencia e independencia), y que el único que no lo es, el Abogado General, pues es nombrado por el Rector, no tiene derecho a voto. Tercero, sólo en Estatuto General (aprobado sólo por el Consejo Universitario) se habla del Tribunal Universitario, pero no así en la Ley Orgánica (con carácter de ley federal) .
En cuanto a la Comisión de Honor, una de las comisiones permanentes del Consejo Universitario, su competencia queda establecida en el artículo 23º de la siguiente manera: “La Comisión de Honor del Consejo Universitario revisará las resoluciones emitidas por el Tribunal Universitario, en los términos de los artículos 100 y 101 del Estatuto General” (Ibid., p.453). Es decir, el Consejo Universitario se encuentra claramente por encima del Tribunal Universitario y es frente a él una especie de “Suprema Corte de Justicia”, como lo es el propio Consejo Universitario frente a los consejos técnicos de donde provienen sus miembros con voz y voto.
El artículo 1º del Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios dice que ésta es “un órgano de carácter independiente que tiene por finalidad esencial recibir las reclamaciones individuales de los estudiantes y miembros del personal académico de la UNAM, por la afectación de los derechos que les otorga la Legislación Universitaria; realizar las investigaciones necesarias, ya sea a petición de la parte o de oficio, y proponer, en su caso, soluciones a las autoridades de la propia Universidad”. Como veremos más adelante, su competencia se restringe sólo a los asuntos académicos (y no llega a los laborales, por eso ni siquiera se menciona a los trabajadores administrativos). Como ya se dijo, sería el equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Defensoría, de acuerdo con el artículo 2º de su Estatuto, se integra de un defensor y de dos adjuntos: “el defensor es designado por la comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario de una terna integrada por el Rector y los adjuntos y personal técnico son nombrados y removidos por el Rector a propuesta del defensor” (artículo 3º).
En mi opinión, el procedimiento anterior no garantiza plenamente la “independencia" que debería poseer la Defensoría, pues otorga atribuciones desmedidas al Rector; finalmente, una de las autoridades contra las cuales puede haber y hay muchas “reclamaciones” por parte de la comunidad universitaria.
En el artículo 4º se precisa que “el Defensor deberá ser un jurista de prestigio y cumplir con las condiciones que establece la Ley Orgánica de la UNAM para los miembros de la Junta de Gobierno”, y para los Adjuntos se exigen “las que corresponden a los directores de facultades o escuelas, pero reduciendo la antigüedad a cuatro años al servicio de la Universidad” (Ibid., p. 261), pues no son o no deberían ser simples “funcionarios” o empleados de Rectoría.
Sobra decir que ninguna de estas disposiciones existe en el caso de la Oficina del Abogado General, pues, repito, no hay un estatuto ni un reglamento aprobado por el Consejo Universitario que la rija.