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Timestamp: 2020-05-26 23:45:33
Document Index: 409675322

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 31']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 242, de 05/05/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 242
Sesión plenaria núm. 230
celebrada el jueves, 5 de mayo de 2011
- Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX). (BOE núm.
87, de 12 de abril de 2011) (Número de expediente 130/000041.) ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas, relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona (España), hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 404, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000253.) ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 405, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000254.) ... (Página 12)
- Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 82-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000082.) ... (Página 14)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación.) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación.) ... (Página 24)
- Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 10/11/2004 sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Agencia Europea de Defensa y a su personal, hecha en Bruselas el 10 de noviembre de 2004. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 403, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000252.) ... (Página 24)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 405, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000254.) ... (Página 24)
- Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998, así como Declaración que España formulará al mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 406, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000255.) ... (Página 24)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Armenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 409, de 18 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000256.) ... (Página 24)
- Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, firmado en Madrid el 3 de febrero de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 410, de 18 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000257.) ... (Página 25)
- Acuerdo sobre simplificación de la extradición entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 3 de noviembre de 2010 y Declaración de España al mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 411, de 18 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000258.) ... (Página 25)
- Acuerdo entre España y Ucrania relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 12 de mayo de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 414, de 25 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000259.) ...
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y Seúl el 16 de noviembre de 2010 y el 26 de enero de 2011.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 415, de 25 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000260.) ... (Página 25)
- Convenio entre el Reino de España y Barbados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Bridgetown el 1 de diciembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 416, de 25 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000261.) ... (Página 25)
Propuestas de creación de subcomisiones (Votación.) ... (Página 27)
- Propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una subcomisión para el estudio de las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo española.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 560, de 20 de abril de 2011. (Número de expediente 158/000033.) ... (Página 27)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 5)
Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX) ... (Página 5)
El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 12)
Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas, relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona (España), hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 ... (Página 12)
Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 ... (Página 12)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 14)
Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página 14)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras).
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ...
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, se aprueba por 180 votos a favor y 136 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 24)
Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 10/11/2004 sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Agencia Europea de Defensa y a su personal, hecha en Bruselas el 10 de noviembre de 2004 ... (Página 24)
Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas, relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona (España), hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 404, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 110/000253.) ... (Página 24)
Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 ... (Página 24)
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998, así como Declaración que España formulará al mismo ... (Página 24)
Convenio entre el Reino de España y la República de Armenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2010 ... (Página 24)
Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, firmado en Madrid el 3 de febrero de 2011 ... (Página 25)
Acuerdo sobre simplificación de la extradición entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 3 de noviembre de 2010 y Declaración de España al mismo ... (Página 25)
Acuerdo entre España y Ucrania relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 12 de mayo de 2009 ... (Página 25)
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid y Seúl el 16 de noviembre de 2010 y el 26 de enero de 2011 ...
Convenio entre el Reino de España y Barbados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Bridgetown el 1 de diciembre de 2010 ... (Página 25)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el texto del dictamen.
Votación de conjunto ... (Página 27)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 305 votos a favor y 10 abstenciones.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página 27)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una subcomisión para el estudio de las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo español, se aprueba por asentimiento.
Antes de iniciar los trabajos, deseo anunciarles, por mandato del Reglamento, que hoy hemos de votar, en votación final de conjunto, una iniciativa que tiene carácter orgánico, concretamente el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Dicha votación no se producirá antes de las once horas de esta mañana.
- REAL DECRETO-LEY 4/2011, DE 8 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL "INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR" (ICEX). (Número de expediente 130/000041.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. Para explicar las razones de urgencia que han llevado a la promulgación del real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX.
Con esta finalidad y en el transcurso de esta intervención tengo la intención de compartir con sus señorías los motivos que justifican la oportunidad de convalidar esta norma, una norma cuya urgente aprobación encuentra su razón de ser en la necesidad de acelerar el afianzamiento de la recuperación económica en la dinamización del sector exterior de nuestra economía. Pero no son solo razones coyunturales las que determinan su aprobación. También consideramos perentoria su entrada en vigor por su capacidad para contribuir a la consolidación de un nuevo modelo productivo más competitivo y generador de empleo de calidad, especialmente necesario para afrontar los retos que nos plantea el futuro.
Señorías, la evidencia empírica así lo dice: las empresas exportadoras son más competitivas que las empresas no exportadoras. No solo eso; además tienen una productividad por empleado un 18 por ciento mayor y una tasa de temporalidad en el empleo un 5 por ciento menor que la correspondiente al sector industrial no exportador. Por ello, la buena marcha de la actividad exportadora debe mantenerse no solo en momentos de debilidad de la demanda interna, sino como un elemento estructural de un tejido productivo que tiene la obligación de aspirar cada vez con más intensidad a mayores cuotas de internacionalización de sus empresas.
Especialmente en un momento como el actual, las ventajas de la internacionalización de nuestra economía son de tal magnitud que es obligatorio emplear todos nuestros esfuerzos para fomentar y ayudar a la actividad exportadora. Para canalizar este esfuerzo uno de los elementos fundamentales con el que contamos es precisamente el ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior. Creado en 1982 -el año del Naranjito- el ICEX se ha convertido desde entonces en la entidad de referencia en el apoyo a las empresas españolas que se internacionalizan. La participación cada año de más de 10.000 empresas, tanto en los planes como en las más de 450 ferias internacionales y en las 500 actividades de promoción que organiza y ejecuta el ICEX, así lo acredita. Durante sus casi treinta años de vida el ICEX no ha
sido objeto de ninguna reforma, a pesar de los cambios profundos que se han experimentado, no solamente en España sino en todo el mundo.
Hace apenas tres décadas el nivel de internacionalización de nuestras empresas era muy limitado. Solo un número muy reducido de empresas exportaba y casi ninguna invertía en el exterior. La realidad es ahora bien distinta. Nuestra integración en la Unión Europea, la eliminación de muchas barreras comerciales en todo el mundo, la reducción de los costes logísticos de comunicación y de transferencia de conocimiento gracias a las nuevas tecnologías, la explosión del comercio mundial y la irrupción de las economías emergentes, Rusia, China, Brasil, India, son factores que determinan un cambio de modelo en el que los mercados son cada vez más accesibles. Además y para los próximos años, lo que cabe esperar es una intensificación de este proceso, con un fuerte crecimiento del comercio internacional superior al del producto interior bruto mundial y un papel cada vez más relevante de los países emergentes, que llegarán a suponer más del 50 por ciento de la economía mundial en la primera parte de este siglo.
Señorías, organismos homólogos al ICEX pertenecientes a países de la OCDE, de alto reconocimiento y tradición en el apoyo institucional a la internacionalización, han entendido este nuevo marco institucional y están evolucionando en consecuencia. Nosotros no podíamos quedarnos atrás. Hoy muchas de nuestras grandes empresas son líderes a nivel mundial en sus respectivos sectores y son estas mismas empresas las que han liderado el proceso de internacionalización de nuestra economía y las que han arrastrado a los mercados internacionales a otras empresas de menor tamaño. No obstante, estamos lejos de sentirnos satisfechos porque los datos relevan que el nivel de internacionalización de nuestros sectores productivos es aún pequeño en relación con el potencial que tenemos como país.
En España solamente hay 40.000 empresas que exportan con regularidad. A pesar de ser todavía bajo este número, cada vez son más las empresas que demandan servicios especializados de apoyo a la exportación. Ese crecimiento da lugar a la necesidad de mejorar la red de apoyo institucional a la exportación, no solo por parte de la Administración central, sino también por parte de todos los organismos implicados en esta tarea. En este sentido, durante estos últimos treinta años se ha ido desarrollando un rico y complejo sistema institucional de apoyo a la internacionalización del que participan las comunidades autónomas, las cámaras de comercio, la CEOE, asociaciones profesionales sectoriales y fundaciones privadas. Este nuevo escenario demanda una estrategia de cooperación entre los agentes implicados en el que ya se está trabajando en el seno del Consejo Interterritorial de Internacionalización. En esta estrategia el ICEX debe ocupar un lugar de liderazgo.
Todas estas razones estructurales justifican por sí mimas la transformación del ICEX, pero la actual atonía de la demanda interna, que está limitando la actividad de nuestras empresas y afectando a los niveles de empleo, la hace aún más acuciante en la actual coyuntura.
Señorías, el sector exterior está siendo una de las principales palancas de la recuperación económica. Nuestras exportaciones de mercancías crecieron en 2010 un 17,4 por ciento y en los dos primeros meses de este año 2011 lo han hecho un 26,9 por ciento, acumulando trece meses de crecimientos de dos dígitos. Es más, en febrero, por primera vez en al menos veinticinco años, hemos tenido un superávit comercial de la balanza no energética, en concreto 34 millones de euros de superávit, que contrastan con los casi 5.000 millones de euros de déficit comercial no energético que tuvimos en febrero de 2008. Esta circunstancia determina que si queremos acompañar y fomentar esta dinámica, debemos dar respuesta a la creciente demanda de las empresas para apoyar su proceso de internacionalización fundamentalmente a través del ICEX. En este sentido el ICEX se encuentra ante un gran desafío: conjugar las exigencias de más apoyo a la internacionalización de nuestra economía con un contexto de restricciones presupuestarias, tanto para la Administración central como para las comunidades autónomas, y también de dificultades para las empresas en su acceso a la financiación privada. Este desafío exige que el Gobierno amplíe los apoyos al ICEX con actuaciones específicamente dirigidas a dar respuesta a las necesidades individuales de las empresas.
Además, el ICEX tiene que transformarse en una entidad moderna y eficaz que funcione con criterios próximos a los empresariales, en definitiva, una entidad que ofrezca servicios de calidad debidamente evaluados de forma ágil y flexible, disponiendo de mayores incentivos para autofinanciarse y obtener recursos en función de sus servicios.
Señorías, precisamente el Real Decreto-ley 14/2011 tiene como fin facilitar todos estos cambios mediante la transformación de su naturaleza jurídica de ente público de carácter administrativo a entidad pública empresarial. En concreto, bajo este formato más empresarial y menos administrativo, el ICEX conseguirá, en primer lugar, pasar de ser un organismo subvencionador a ser un organismo prestador de servicios de valor añadido a las empresas, fundamentalmente a las pymes; en segundo lugar, combinar un enfoque sectorial con otro de servicio integral a la empresa, ampliando los servicios personalizados y aumentando su cercanía a los clientes; en tercer lugar, evolucionar desde una cultura interna administrativa a otra cultura más empresarial; en cuarto lugar, poner en marcha operaciones de apoyo financiero a las empresas que permitan la concesión de préstamos, fundamentalmente préstamos participativos, y en quinto lugar, una mayor colaboración con el resto de los agentes públicos y privados involucrados en el fomento de la internacionalización de nuestras empresas.
Señorías, es importante no olvidar que esta reforma ha sido incluida en el Acuerdo social y económico para la competitividad, el empleo y la garantía de las pensiones
de 12 de febrero de 2011, lo que demuestra el interés que también los agentes sociales tienen en su consecución, un interés que a corto y medio plazo queremos traducir mediante esta reforma en la consecución de unos resultados que conviertan a nuestro sector exportador en el motor de una recuperación económica que necesitamos se consolide cuanto antes. En concreto y gracias a este real decreto-ley, queremos conseguir, primero, incrementar el número de nuevas empresas exportadoras, desde las 2.000 anuales actuales hasta 3.000 nuevas empresas al año; segundo, mantener nuestra cuota de mercado en el comercio mundial, pese al empuje que va a continuar de las economías emergentes; tercero, incrementar nuestra presencia en los mercados emergentes, de forma que nuestra cuota de comercio en los mercados fuera de la Unión Europea crezca al 1,5 por ciento anual frente al 0,75 por ciento anual actual, y cuarto, que los nuevos factores de competitividad, tecnología, diseño, marca y servicios se constituyan en la clave de nuestro éxito, de manera que las exportaciones de tecnología media alta y alta crezcan un 20 por ciento anual frente al 15 por ciento actual.
Finalmente, también hemos considerado necesario en el ámbito de este real decreto-ley, al haberse constatado su urgencia, introducir una disposición adicional. Esta disposición amplía de seis a doce meses la posibilidad de prórroga para acreditar la ejecución de las obras, suministros o servicios por parte de los ayuntamientos en el marco del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local. Sé que esto no tiene nada que ver con la reforma del ICEX, pero considerábamos urgente incluirlo en este real decreto-ley.
Concluyo. Señorías, no podemos demorar por más tiempo la reforma comprendida en este real decreto-ley. La situación económica y las perspectivas de futuro de nuestra economía así nos lo demandan. Nuestras empresas necesitan ayuda para salir al exterior, y su internacionalización es uno de los factores de sostenibilidad más importantes sobre el que construir un futuro lleno de retos pero también lleno de oportunidades, oportunidades que no podemos negar a nuestras empresas. Por ello solicito a sus señorías, en el ejercicio de la responsabilidad soberana que tienen encomendada, que convaliden esta norma y no dejen pasar la ocasión de seguir haciendo país, en este caso en un mundo cuyas fronteras ya no son un obstáculo, sino más bien al contrario, un camino para empezar a crecer y a creer en la capacidad de nuestro tejido productivo.
Ningún grupo desea hacer uso de un turno en contra, ¿verdad? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Oramas para fijar posición.
Señor ministro, señoras y señores diputados, hoy viene en este Real decreto-ley de reforma del ICEX una propuesta que a Coalición Canaria le parece fundamental, una reforma que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y que creemos estratégica para el cambio de modelo productivo de este país y sobre todo para los retos a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos años. Desde luego desde Canarias, donde hemos planteado el papel que nuestra comunidad autónoma tiene que jugar en el desarrollo de África, con esa manifestación del propio presidente Zapatero sobre la importancia de África del oeste, creemos que es una oportunidad. En ese sentido, vamos a apoyar la propuesta que hoy nos trae.
Queríamos aprovechar esta intervención para recalcar cuatro actuaciones que hoy nos parecen vitales en el papel del ICEX del futuro, independiente. Como usted sabe, en las famosas reuniones del pacto de Zurbano -y aprovecho para recordárselo-, todos coincidimos en que el papel de Casa África tenía que cambiar, tenía que coordinarse con el ICEX y con su ministerio para jugar un papel en el área comercial y quizá cambiar sus objetivos fundamentales. La primera de las propuestas que le hago es desarrollar un programa específico de apoyo al sector exportador a África del oeste -como ya existió en su momento el llamado programa Papas-, dadas las características de esos mercados y, ahora que el presidente quiere desarrollar una política más intensa con estos países, habría que volver a poner en marcha un programa ad hoc para las pymes, que cobra en este momento mucho más sentido. Las empresas industriales y de servicios canarios deberían tener un plus si fuera posible, y el programa debería ayudar a las empresas en su implantación, valorándose especialmente las transferencias de tecnología, la creación de empleo, la generación de exportaciones a esos países, la sostenibilidad ambiental de los proyectos y, por supuesto, su viabilidad.
En segundo lugar, hay que apoyar al sector turístico canario de una forma experimental, permitiendo que el programa Consorcio sea aplicable a los complejos de pequeño y mediano tamaño para poder agrupar la oferta y cualificarla ofreciendo productos segmentados y así competir en el mercado. Usted sabe que en su momento eso se permitió y deberíamos volver a intentarlo dada la importancia del sector.
En tercer lugar, se debe apoyar al sector productor agrícola e industrial con una campaña piloto para vender al sector turístico -recuerde, 12 millones posibles de compradores- algunos de nuestros productos estrella: tabaco, vino, rones, quesos, plátanos, pesca, jamones, de tal forma que cualifiquemos la oferta con unos inputs deseados por nuestros clientes y pongamos en valor otros temas en el turismo, como es la gastronomía o lo que puede ser la identidad del destino. Las acciones se deberían llevar a cabo en los aeropuertos, en los hoteles, en
las playas y en los supermercados y restaurantes turísticos. El otro día comentábamos que tenemos 12 millones de turistas que están dos horas en un aeropuerto encerrados y que ahí tenemos una capacidad de promoción y de acción exterior importantísima.
Asimismo nos parece muy importante mantener los actuales planes sectoriales -tomate, acuicultura, flores y plantas- e incluir uno nuevo que es el del plátano. Estas medidas que le estoy planteando, señor ministro, con una gestión amplia no irían más allá de 3 millones de euros, pero serían fundamentales para el sector industrial, agrícola y turístico de Canarias.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, va a votar favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley 4/2011 con relación al ICEX. Señorías, la crisis económica y sus efectos demoledores sobre el empleo no admiten soluciones mágicas, es evidente, pero también debería serlo al menos el cambio de la política de ajuste que en nuestra opinión entorpece la recuperación de la economía y equivoca las prioridades. Es negativa y dificulta la propia salida de la crisis. Abaratar y facilitar el despido, alarmar sobre el futuro de nuestras pensiones, provocar su recorte, bancarizar las cajas de ahorros o reducir el déficit público de forma precipitada son, bajo nuestro punto de vista, ejemplos de todo lo anterior.
Señorías, va a ser muy complicado que la actividad económica remonte con estos recortes y sin estímulos públicos; con un ajuste permanente, la actividad económica permanecerá estancada. Va a ser muy complicado recuperar empleo si nuestro tejido productivo no dispone de una financiación suficiente y, además, comoquiera que el empleo en nuestro país lo generan fundamentalmente las empresas de pequeña y mediana dimensión, la demanda interna es la variable fundamental, porque esas empresas orientan su actividad básicamente hacia nuestro propio mercado.
Todo ello significa que es preciso aumentar la capacidad de intervención del Estado programando una reducción razonable del déficit público, pero al mismo tiempo una reforma fiscal en profundidad que procure recursos de los mejor situados económicamente hacia el conjunto de la economía; que se articulen instrumentos públicos de intervención financiera en forma de banca pública, a través del ICO por ejemplo, para financiar actividad productiva; que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y las prestaciones sociales para mantener si no incrementar la demanda.
Esta es nuestra opinión, esta es nuestra política, alejada de la política actual de salida de la crisis que han programado el Gobierno y las instituciones internacionales y que choca frontalmente con la realidad de casi 5 millones de personas en paro.
Lo anterior no significa que despreciemos absolutamente la internacionalización de nuestras empresas para apoyar la recuperación económica, sino que hay que situar en justa medida el sector exterior, que creemos ha de jugar su papel. Pensamos que no es posible mantener los mismos elementos dentro del marco de mejora de la posición internacional de nuestras empresas que hace treinta años o más, y seguramente la deficiente internacionalización de la mayoría de nuestras empresas tiene mucho más que ver con problemas de gestión empresarial que con otras circunstancias. Por eso consideramos necesaria y oportuna la reforma de los criterios de apoyo que utiliza la Administración comercial española, la reforma de los organismos afectados, en particular del ICEX, la adecuación de sus objetivos y la utilización de criterios de calidad y de eficiencia en materia de gasto. Por ello también compartimos en particular, tal y como se recoge en el Acuerdo social y económico, el compromiso del Gobierno de abordar una reforma del ICEX reforzando su capacidad financiera y de los instrumentos que permiten acompañar a las empresas en sus planes de apertura exterior. ¿Por qué no, señor ministro, también una reforma del ICO, que tiene ficha bancaria y que podría ejercer un papel muy importante en la política pública para la pequeña y mediana empresa?
Este real decreto traduce ese concreto compromiso. Con esta reforma se pretende dar al ICEX la flexibilidad necesaria para tener instrumentos que den apoyo al mayor número de empresas posibles para salir al exterior incentivando y potenciando la proactividad de todas sus unidades al servicio de las empresas. Será positivo que el ICEX tenga una mayor capacidad de gestión de los fondos que recibe del Estado para aprovechar al máximo su operatividad y su servicio a las empresas, sobre todo reduciendo su actividad en forma de simple subvención y avanzando en ser un agente prestador de servicios de alto valor añadido y agente financiador de proyectos. Evitaremos de paso más requerimientos y sanciones de la Unión Europea, que ha entendido en el pasado como ayudas de Estado a empresas algunas de dichas subvenciones. Es positivo, en suma, que la nueva entidad pública empresarial supere el papel de agente cofinanciador de empresas en el exterior a fondo perdido para convertirse, como decimos, en un agente prestador de servicios de alto valor añadido que financie proyectos empresariales viables.
El nuevo régimen jurídico del ICEX no nos plantea ningún problema, más aún conociendo que en la práctica lo importante serán los estatutos que han de aprobarse y que en todo caso los derechos laborales estén asegurados y también los mecanismos de control por parte de la Administración General del Estado.
Tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente la convalidación de este Real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad publica empresarial Instituto Español de Comercio Exterior. Pensamos sinceramente que es un paso positivo, ya que de lo que se trata a través de este real decreto es de plantear la modernización del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, que había quedado desfasado desde hace bastantes años. El Grupo de Convergència i Unió venía reclamando insistentemente desde hace dos legislaturas que era necesario modernizar las estructuras de este ente público, a efectos de que pudiera ser útil básicamente para el tejido productivo español y teniendo en cuenta que quizá los clientes potenciales susceptibles de poder utilizar este instrumento público tendrían que ser necesariamente las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el tejido industrial y que pueden dar un salto cualitativo en el comercio exterior mediante el cual puedan internacionalizarse. Este puede ser un punto de arranque del incremento de la actividad económica en nuestro país. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Damos la bienvenida a esta reforma. Entendemos que todavía se puede profundizar más en esta situación y que a lo largo de los próximos años podríamos darle más agilidad. De entrada valoramos positivamente que se pueda pasar de una contabilidad pública a una contabilidad privada.
Probablemente a través de esta medida se podrán optimizar mucho más los recursos. Va a haber un presupuesto estimativo, con lo cual no se van a desaprovechar los recursos que a lo largo de la anualidad no se hayan podido gastar en determinadas actividades. También hay una cuestión que valoramos muy positivamente, y es que el ICEX se pueda endeudar para que las grandes beneficiadas puedan ser las pequeñas y medianas empresas.
Este instituto va a posibilitar a partir de esta transformación que las pequeñas y medianas empresas que se quieran internacionalizar puedan solicitar créditos participativos al ICEX y entendemos que este va a ser uno de los puntos fundamentales de la reforma, ya que va a permitir que este instituto público sea más útil y efectivo para muchas pequeñas y medianas empresas españolas, que hasta la fecha han sido las olvidadas por dicho instituto público, por falta de recursos y porque tampoco se había dado a conocer al tejido industrial español cuáles eran las posibilidades que podían dimanar de un instituto de esta envergadura.
Sería interesante que dentro del futuro reglamento que se tendrá que elaborar -seguramente ustedes lo van a recoger, pero vale la pena que nosotros desde esta tribuna dejemos constancia de ello- se tuvieran en cuenta -seguro que van a hacerlo- todas aquellas colaboraciones que se puedan implementar con las comunidades autónomas. Usted sabe perfectamente, señor ministro, que las comunidades autónomas también tienen institutos orientados al comercio exterior y sería interesante aglutinar todas las sinergias que van en la misma dirección con el fin de conseguir más eficacia, rentabilizar muchísimo más los recursos y al mismo tiempo compatibilizar este esfuerzo que va a hacer la Administración pública a partir de esta convalidación con otras organizaciones empresariales, como son las cámaras de comercio y las patronales, para que junto con las comunidades autónomas puedan plantear un plan efectivo, potente y solvente de la internacionalización de nuestra economía para los próximos años, que, repito, puede ser el primer paso importante desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo para el crecimiento de nuestra economía, que haga posible al mismo tiempo la creación y generación de puestos de trabajo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nadal Belda.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ustedes solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, porque la primera vez que el Gobierno trae una norma para revisar los instrumentos de promoción comercial es en el día de hoy, cuando estamos ya prácticamente al final de la legislatura. Y ha sido así porque la política comercial, en el mejor de los casos, con el Gobierno socialista en esta y en la anterior legislatura ha sido inexistente. Ni usted ni sus antecesores se han preocupado de la política comercial, con una actitud quizás relativamente vergonzante, pensando que el apoyo a los intereses empresariales era algo que no quedaba bien en las relaciones internacionales. Era mucho mejor hablar de Alianza de Civilizaciones, y esto de defender a las empresas españolas no quedaba excesivamente bien.
¿Qué ha ocurrido? Que los fondos presupuestarios se han reducido a la mitad -que esa es la realidad que hay ahora- y, sin embargo, para otros elementos de proyección en el exterior se han multiplicado por dos, por ejemplo, la ayuda al desarrollo. ¿Y hoy en día qué es lo que tenemos? Una política comercial muy desamparada que no se ha revisado en sus instrumentos, no se ha cambiado en absoluto ninguna de sus instituciones ni se ha mejorado la coordinación en todo este tiempo, y estamos como estamos. ¿Las empresas españolas están exportando ahora? Sí, claro que sí. Lo están haciendo porque no les queda otro remedio, porque afortunadamente desde el comienzo de la crisis han
empezado a luchar para salir de ella, pero no por lo que este Gobierno haya hecho.
¿Qué ha ocurrido con este decreto-ley? Sencillamente, que había que hacer unas cuantas reformas económicas adicionales, se toca a rebato y dentro de los cajones lo que hay es una reforma del Instituto de Comercio Exterior más administrativa, más de carácter técnico, y esto se vende como reforma estructural de gran calado. Era una reforma necesaria, pero no es excesivamente revolucionaria en ningún punto; lo único que hacemos es cambiar el presupuesto limitativo por el presupuesto estimativo, se permite hacer operaciones de capítulo 8 al instituto y en todo lo demás queda prácticamente igual. Porque ¿se han introducido instrumentos de evaluación en el ICEX? No. Ahora mismo no tenemos ni un análisis sector por sector. ¿Tiene sentido seguir apoyando los diferentes sectores económicos con los mismos instrumentos de siempre y con las mismas aportaciones de fondo de siempre? Es decir, carecemos de instrumentos objetivos que nos permitan evaluar, en este conflicto de intereses que siempre existe entre los diferentes sectores para recibir apoyo, dónde tiene más sentido: si los sectores o territorios marginales, que es donde más necesidad hay de un apoyo de la política comercial en el exterior, deben recibir un mayor aporte de fondos o si tenemos que seguir apoyando los sectores tradicionales y seguir metiendo los mismos fondos en los países en los que habitualmente se está haciendo la política de promoción.
Lo mismo pasa con la coordinación. Tenemos un entramado -que usted ha definido como complejo, y yo lo definiría como caótico- de promoción comercial en el exterior, porque es verdad que está el Estado, están las cámaras de comercio -luego hablaré de cámaras de comercio brevemente- y están las comunidades autónomas. Tenemos un problema de solapamiento de funciones de diferentes entes administrativos con todo tipo de forma jurídica espectacular. No sé si lo sabe, señor ministro, pero aparte de la red de oficinas comerciales en el exterior, las comunidades autónomas tienen más de 180 representaciones de todo tipo fuera de nuestro país. Yo creo que tener, por ejemplo, nueve oficinas -la del Estado más las de ocho comunidades autónomas- en la ciudad de Miami no es precisamente un buen ejercicio de utilización racional de los recursos públicos ni, en un momento de escasez de recursos financieros como ahora mismo tienen todas las administraciones públicas, de coordinación. Nada de esto se hace en esta reforma del ICEX. Es una mera reforma administrativa y no se está coordinando adecuadamente la política exterior.
Vamos a hablar de cámaras de comercio. Es verdad que se necesita una reforma institucional y probablemente se tenía que orientar toda la actividad de promoción en el exterior, que eran dos tercios de los recursos de las cámaras de comercio, a una política más integrada y dirigida por la política comercial del Estado, que, por cierto, en comercio exterior -no en promoción, pero sí en comercio exterior-, como usted sabe, por el artículo 149 de la Constitución tiene la competencia exclusiva. Ahora, si nos encontramos con que de buenas a primeras se liquida el recurso cameral y se eliminan todos estos recursos, nos quedamos sin la posibilidad de tutela por parte de su ministerio, que es la Administración tutelante, al Consejo Superior de Cámaras y al conjunto de la pirámide de cámaras de comercio que tenemos en nuestro país. Ahora mismo están sin recursos, están de facto sin tutela y están buscándose la vida. Hemos liquidado prácticamente la mitad de los fondos disponibles para la promoción del comercio exterior y no se han sustituido por nada, porque el decreto-ley fue tan brutal que sencillamente dejó en la inanición a las cámaras de comercio en lugar de haber hecho una reforma, que es lo que se tenía que haber hecho.
Por último, este decreto-ley le ha metido de clavo al Ministerio de Industria una ampliación del tiempo para ejecutar las obras del PlanE para los ayuntamientos. Me parece sorprendente que lo haya hecho el Gobierno, porque el mismo Gobierno que ha introducido esta disposición adicional en el decreto-ley sobre el ICEX ha vetado por ese mismo motivo, en la ley de agencias de rating, una enmienda del Partido Popular sobre un fondo para el pago a proveedores de los ayuntamientos porque en esa ley no tocaba. El Gobierno lo puede hacer en su decreto-ley, pero el Poder Ejecutivo veta al Grupo Parlamentario Popular una enmienda que legítimamente presenta en el ejercicio de sus funciones de Legislativo y le impide discutir sencillamente por el hecho de que lo que yo puedo hacer los demás no lo pueden hacer.
Como la política comercial ha sido sin duda la hermanita pobre, como no hemos escuchado nunca unas iniciativas en política comercial en el exterior por parte de este Gobierno, que siempre ha tenido una actitud de decir que esto de defender las empresas y los intereses fuera no es lo más adecuado, y ahora llegamos en el último momento, cuando toca y porque no había muchas más cosas que presentar dentro de lo que era un plan de reformas económicas en España -¡y anda que no hay que hacer reformas económicas en España!-, nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo con el fondo y el contenido de este decreto-ley -es un cambio administrativo que era necesario-, sino porque llamar a esto reforma estructural o cambio en la política comercial y acordarse de la política comercial en el último momento de la legislatura, porque tenemos una crisis económica y porque no sé qué otra cosa vender dentro de las reformas económicas, no tiene ningún sentido. A ese juego no va a jugar mi grupo parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Larrosa Piqué.
El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el debate sobre el presente real decreto-ley de medidas urgentes de impulso a la internacionalización.
Señor ministro, hace unos días, a propósito de otro debate parecido, en el que debatíamos sobre los esfuerzos que tenía que hacer nuestra diplomacia económica para favorecer las relaciones económicas internacionales, decía que esta primera década del siglo que vivimos no se parece en nada al siglo que dejamos exactamente hace diez años. Parece ser que algún portavoz no acaba de darse cuenta de la situación de crisis económica internacional que estamos viviendo y que las medidas que se tienen que tomar, como usted ha dicho, aparte de coyunturales, también son estructurales, pero especialmente coyunturales.
En estos años se han consolidado unas tendencias globales que han modificado las relaciones económicas y que obligan a los países a aprovechar nuevas oportunidades y a la vez paliar perjuicios derivados posiblemente de un nuevo orden económico e internacional. Una primera observación que querría hacer a sus señorías es que cuando se fundó el ICEX, hace ahora veintinueve años, nuestra economía empezaba a abandonar un modelo cerrado al comercio foráneo y que contaba con un número muy limitado de empresas con vocación exterior. Desde entonces la economía española ha protagonizado un proceso de apertura sin precedentes como consecuencia de nuestra integración en el mercado único y la liberalización comercial que ha promovido la internacionalización de nuestras empresas, especialmente a partir de la década de los años noventa. Hoy la crisis financiera económica internacional ha obligado a los Estados a apoyar la internacionalización de las empresas y la apertura de nuevos mercados, al tiempo que las compañías están trabajando para ganar nuevas cuotas de mercado a través del sector exterior. Por ello debemos poner en valor a nuestras empresas, a las líderes en diversos sectores -que las tenemos en la gestión de infraestructuras, del transporte, del turismo, de las telecomunicaciones, etcétera-, pero especialmente tenemos que fijarnos -lo ha dicho algún otro portavoz- en las pequeñas y medianas empresas y fomentar que se hagan un hueco en el mercado global gracias al nuevo entorno.
Nuestras políticas están comprometidas con las empresas y ahora es cuando más necesitan nuestro apoyo, y lo debemos hacer generando complicidades con las personas y también con las empresas, a fin de ampliar la notoriedad internacional de nuestro país. Debemos adelantarnos a los acontecimientos, es difícil, pero hay que hacerlo. Para ello hay que apoyar y coordinar los esfuerzos individuales y colectivos de las empresas y asociaciones empresariales con intereses en el exterior e incentivar la cooperación público privada y la participación de los sectores empresariales en las plataformas de conocimiento e información para el desarrollo del sector exterior. Señorías, esta decisión que trae el Gobierno hoy aquí no es una decisión aislada, forma parte de un conjunto de medidas que en estos últimos años ha puesto en marcha el Gobierno socialista a través del Ministerio de Industria. Permítanme que les recuerde algunas de ellas: contamos con un nuevo sistema de apoyo financiero para la internacionalización, FIEM; se ha incrementado la dotación de los créditos financiados mediante el sistema CARE; se ha ampliado la dotación de los seguros de crédito a la exportación por cuenta del Estado hasta 9.000 millones de euros; se ha puesto en marcha el plan institucional de apoyo a las exportaciones, que ha supuesto solo en el año 2010, en los últimos nueve meses, más de 40.000 millones de contratos conseguidos por las empresas españolas, y se he elaborado otro plan que pretende favorecer la cooperación y coordinación institucional en el seno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, pieza absolutamente importante. El señor Nadal hacía referencia al caos de los organismos de promoción públicos y también a la actuación privada, en cambio no pone en valor el trabajo que se está desarrollando en el consejo interterritorial, donde precisamente esto pretende mejorarse de forma sustancial. Y ha hecho referencia a las delegaciones que tienen las comunidades autónomas en el exterior, pero el día que una iniciativa del diputado de UPN se sometió a consideración de la Comisión de Exteriores el Partido Popular votó precisamente en sentido contrario a lo que el señor Nadal está defendiendo en este momento. Por tanto, las cosas hay que explicarlas como son. Se han diseñado también en el marco de las políticas de promoción comercial proyectos para la mejora del conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles y se han potenciado los planes de iniciación a la exportación.
El señor ministro ha hecho referencia a las empresas exportadoras, 7.000 nuevas empresas en lo que va de legislatura; 2.000 nuevas como objetivo fijado para ampliar precisamente la base exportadora. España ha sido competitiva durante la última década en unas condiciones relativamente poco favorables, pero va a serlo aún más gracias a las reformas estructurales que se han ido implementando y las que se van a desarrollar en lo que queda de legislatura. Hoy se trata de potenciar la principal herramienta de internacionalización que tenemos como uno de los principales factores para la mejora de la competitividad empresarial, un objetivo compartido por todos los agentes económicos interrelacionados con la productividad y la innovación. Por ello, el presente real decreto-ley propone la conversión del ICEX en un ente público empresarial, con el objeto, entre otros -también se ha dicho- de obtener una mayor agilidad y eficiencia en su gestión económica interna que permita optimizar el impacto de sus recursos.
En todos los debates presupuestarios que hemos tenido en la Cámara y en los debates que hemos tenido en el seno de la Comisión de Industria sus señorías
recodarán que ante la petición de dotar de mayores recursos al ICEX el Grupo Parlamentario Socialista respondía que se debía reimaginar el instituto, dotarle de mayores incentivos para autofinanciarse, obtener recursos y colaborar de manera más estrecha con el resto de organismos y con el sector privado, sobre todo pensando no en las empresas en las que por su propia dimensión y sus capacidades la internacionalización forma parte de su ADN empresarial, sino que ponga el foco en las pymes españolas. La reforma del ICEX fue incluida en el acuerdo social y económico para la competitividad, por tanto, su reforma es del interés compartido por los agentes sociales, por el Gobierno y espero que por los grupos representados en esta Cámara.
El actual contexto económico exige realizar los mayores esfuerzos para dinamizar la internacionalización de las empresas, proceso que tiene efectos directos sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo, nuestro principal objetivo y que no permite demora. Por todo ello, señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra forma, va a apoyar decididamente la reforma del Instituto de Comercio Exterior.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA (ESPAÑA), HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000253.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000254.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado intervenir en los números 33 y 34.
Punto número 33: Acuerdo entre el Reino y de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. Punto número 34: Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.
Para intervenir en nombre del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
En mi grupo, desde una cierta perplejidad, no sabemos muy bien si en el desarrollo de la Alianza de Civilizaciones entra la última decisión de intervención de la Alianza Atlántica en Libia. No sabemos de qué estamos hablando, si de diálogo entre civilizaciones o si de confrontación entre civilizaciones. En ese sentido querríamos manifestar que el cielo está siempre, o a veces, empedrado de buenas intenciones. La Alianza de Civilizaciones ha sido algo que hemos respaldado y era una alternativa al enfrentamiento, a la confrontación entre civilizaciones, en palabras de Huntington. Pero, señorías, la realidad va por otro sitio. Una cosa es el discurso, una cosa es lo que publica Naciones Unidas, y otra cosa es la práctica. En la práctica hemos mirado para otro lado con el cambio político que se ha producido en el norte de África, no hemos participado prácticamente en él, ni en la Alianza del Mediterráneo ni en la Alianza de Civilizaciones. Y, cuando nos hemos dado cuenta, hemos sobreactuado y en estos momentos estamos metidos en una dinámica de conflicto, en una dinámica de guerra que tiene poco que ver con la Alianza de Civilizaciones. Por supuesto, los compromisos políticos no se recuerdan y los compromisos económicos, como el Plan Marshall para el norte de África o las medidas con respecto al Sáhara o a Palestina, tampoco están en nuestra agenda. Señorías, por tanto, menos buenas intenciones y más acciones.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
Señorías, formalmente, qué duda cabe, es una buena noticia para la ciudad de Barcelona y para el conjunto de España la ratificación por parte de las Cortes Generales de estos dos convenios internacionales que figuran en el orden del día como puntos 33 y 34, referidos a la instalación en Barcelona, y concretamente en el Hospital
de Sant Pau, del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones. Tan cierto es esto, señorías, como que, hoy por hoy, y después de años y años del desarrollo de este proyecto por parte del Gobierno referido a la Alianza de las Civilizaciones, este es aún un objeto político indeterminado en política internacional. España ha establecido una estrecha alianza con Turquía para impulsar una Alianza de Civilizaciones que tiene algunos objetivos que han sido bien acogidos incluso por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero, sin duda, en estos momentos no solo tenemos que celebrar la aprobación de estos dos tratados internacionales que hacen que España y Barcelona concretamente acoja esta sede, sino que también nos tenemos que interrogar con carácter crítico sobre el contenido y la sustancia de estos organismos y sobre la utilidad de los mismos.
Ayer por la tarde -y con esto voy terminando, señora presidenta- en la Comisión de Asuntos Exteriores mantuvimos un largo y rico debate con la ministra de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos de la política euromediterránea, sobre el papel de liderazgo que precisamente en estos momentos Turquía está jugando en conflictos como los de Libia, Siria o, incluso, en la mediación y estabilización en los Balcanes. Pues bien, España y la política exterior española, a través de este nuevo instrumento y de esta capacidad de acoger en la ciudad de Barcelona la sede de este Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, lo que tienen que hacer es dar un nuevo impulso a la política euromediterránea, ponerse al servicio de la estabilización de la región, del progreso en la democracia y en el respeto a los derechos humanos en la zona del Mediterráneo precisamente a partir de los trabajos que puedan realizarse. El próximo 24 de julio hay elecciones en Túnez. Esta es una buena noticia. En estas primeras elecciones, fruto de los consejos de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, la ley electoral contempla incluso la paridad en las listas electorales. Se van produciendo progresos, se van produciendo avances, pero es evidente que no podemos hacer un análisis acrítico o absolutamente satisfactorio de una política euromediterránea y de una política de la llamada Alianza de Civilizaciones que requiere de un nuevo impulso y de nuevas exigencias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señora presidenta.
No voy a diferir mucho de las intervenciones de mis antecesores: satisfacción por un lado y escepticismo exigente por el otro. Es obvio que la presencia de un organismo internacional en España, concretamente en Barcelona, siempre es motivo de satisfacción, más si se trata de un órgano con cariz académico, con cariz formativo. Pero lo que sí queremos es hacer un llamamiento en el sentido de que la fijación de la sede en Barcelona no sea un objetivo en sí mismo, no sea una meta sino todo lo contrario, que sea un punto de partida. Lo señalo porque entendemos que la Alianza de Civilizaciones debe ser algo más que un remake del diálogo de civilizaciones; debe ir más allá de la teorización, de la filosofización; debe ir más allá de la manifestación de buena voluntad; debe, por consiguiente, convertirse en un instrumento útil para alcanzar sus objetivos fundacionales. España, como impulsora junto a Turquía, tiene que liderarlo, tiene que comandarlo, tiene que llevar la iniciativa y estamos viendo cómo en una coyuntura internacional delicada en la zona es precisamente el otro socio impulsor, Turquía, quien está llevando más la iniciativa en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que tienen planteados muchos de estos países. Lo señalo además porque no hace mucho hemos visto cómo también se fijaba una sede de un organismo internacional en España -muy vinculado a lo que acabo de decir-, la Unión para el Mediterráneo, también en Barcelona, y hemos visto cómo después de su inauguración prácticamente ya está en fase de decadencia. Y vemos cómo España se limita a justificarlo por el eterno conflicto árabe-israelí sin intentar sobreponerse a ello, sin intentar buscar dinamizarla en muchas de las competencias y de los terrenos que permiten trabajar más allá de esos problemas. Por tanto, ser sede supone implicación, supone compromiso, supone dosis de liderazgo, reflexión que además cobra mayor fuerza si vemos el compromiso económico que ello representa. Tener la sede en Barcelona no es gratuito; tener la sede en Barcelona le va a costar a España hasta 2012 4,5 millones de euros y entre 2013 y 2016, 8 millones de euros más. En total, 12.400.000 euros, cantidad que se da por bien justificada siempre que se sea capaz de pasar de la teoría a la práctica. Toda aportación de dinero público necesita una justificación y una buena gestión, y créanme si les digo que por el hecho de tener las sedes ni justificamos ni gestionamos bien. Ahí está, pues, el reto del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ricomá.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
Mi grupo cree que es la de hoy una ocasión importante porque viene a coincidir la autorización, que estoy convencido que va a dar esta Cámara al Gobierno para ratificar los convenios que se han indicado, con la situación en el Mediterráneo, la nueva primavera árabe, que establece claramente la necesidad de la Alianza de Civilizaciones. Si hasta el momento hemos estado viviendo
mirando al otro sin entenderlo, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y en todo el mundo árabe es algo que nos ha de llevar a entender lo que está ocurriendo. Porque lo que hacen los ciudadanos árabes en estos momentos es lo mismo que hacemos nosotros, es decir, preocuparse, actuar y luchar por la dignidad, por el progreso y por la libertad. Esto nos une en la civilización, esto es la esencia de la Alianza de Civilizaciones, que ha sido no solo más o menos atendida sino realmente ratificada completamente por la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene el impulso de su secretario general, Ban Ki-moon, y que supone también el compromiso importante, absolutamente decidido, de una potencia tan importante regionalmente en el Mediterráneo y para nuestros intereses nacionales y generales como es Turquía. El Convenio de creación del Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones con sede en el antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, declarado, por cierto, Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la Unesco, es el comienzo de la actuación.
Hemos estado hablando, hemos hablado mucho y hemos llegado a estos acuerdos internacionales. A partir del momento en que el Gobierno los ratifique, empezaremos a trabajar, y lo haremos en algo en lo que estoy convencido de que todos estamos de acuerdo, que es coger los instrumentos que existen de diálogo intermediterráneo para ponerlos al día después de haberse demostrado también las carencias de las estructuras de la Unión para el Mediterráneo. Esta sede en Barcelona viene a coincidir además con las buenas noticias que nos empiezan a llegar sobre la existencia de una candidatura sólida para nuevo secretario general de la Unión para el Mediterráneo. Esto, unido a los acuerdos del Consejo Europeo de 4 de febrero estableciendo una nueva Asociación para la democracia y el progreso compartido en el Mediterráneo, crea unas posibilidades de sinergias importantísimas que desde Barcelona -y me alegro que sea desde la ciudad que represento en estas Cortes Generales- pueden llevar adelante el necesario nuevo impulso de todos los instrumentos de acuerdo y relaciones en el Mediterráneo y entre las civilizaciones. Por ello, señorías, me alegro extraordinariamente de que hoy podamos autorizar esta ratificación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Pedret.
Con esto damos por examinados los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En concreto, al proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Para intervenir en nombre del Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.
Señora ministra, señorías, el 16 de diciembre, al defender una enmienda a la totalidad sobre la ley que hoy debatimos, dije que nos encontrábamos ante un texto impreciso, impregnado de inmovilismo de ciertos sectores de presión que no están dispuestos a que cambien las cosas de verdad dentro del Ejército. Es cierto que en el trámite de ponencia y Comisión la norma ha mejorado sustancialmente y que muchas de esas lagunas se han resuelto satisfactoriamente y, por tanto, hoy tenemos ante nosotros un texto mucho mejor que el que llegó a la Cámara, y eso es mérito de todos. Pero quiero recordar, para defender las enmiendas que mantengo vivas, que son catorce, que esta ley sigue adoleciendo, a mi juicio, de algunos de los defectos que me llevaron a defender y presentar la enmienda de totalidad.
Una ley destinada a regular el conjunto de derechos y deberes de nuestras Fuerzas Armadas es una ley que ha de estar destinada, como dice su propio título, a regular derechos y deberes de todos, no solo de los mandos, sino del conjunto del colectivo. Un colectivo, señorías, importante, no solo por su número, que lo es, sino también -si me lo permiten- más importante aún por la tarea que desempeña para el conjunto de los españoles, para el Estado de derecho y para el conjunto de nuestro país; un colectivo, por tanto, sustancial, importantísimo en cualquier Estado de derecho y, cómo no, en nuestro país, en España.
El colectivo militar ha sido -y así se ha reconocido por todos nosotros- el colectivo más retrasado en cuanto a la implantación de los principios que la Constitución establece para todos los españoles; el colectivo más retrasado desde todo punto de vista, pero a la vez el más aventajado en cuanto a su aplicación en defensa de la propia Constitución. Creo, señorías, que en eso también podemos establecer un consenso general entre nosotros: hemos tardado mucho en reconocerles derechos y en que esos derechos se hagan efectivos. Es verdad que hay muchas dificultades, que las ha habido, no voy a plantear aquí que las cosas sean fáciles, pero ha sido el colectivo más retrasado a la hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles siendo, a la vez, el colectivo que más esfuerzo y énfasis ha puesto y más reconocimiento ha merecido porque ha defendido como nadie esos derechos y deberes constitucionales para todos los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, ya es hora de pagar la deuda con la institución y con los hombres y mujeres que la componen.
Una buena ley, como esta que queremos hacer entre todos, a mi juicio ha de ser una ley para el ejército del
siglo XXI, que es el que tenemos y del que nos sentimos orgullosos. Es la institución que, junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, siempre que se hace una consulta a los ciudadanos cuenta con el máximo reconocimiento de todos los españoles. Por tanto, es a ese ejército, reconocido por el conjunto de la sociedad española, al que le debemos esta ley, insisto a los mandos y al conjunto de miembros que lo componen.
Para que sea una buena ley, una ley que no caduque en poco tiempo y que sea adecuada a aquello que se pretende regular, hay que hacerla sin miedo a viejos y trasnochados fantasmas. Nuestras Fuerzas Armadas están formadas, como hemos dicho muchas veces, por ciudadanos españoles que son militares españoles por su condición de ciudadanos españoles. Si bien es cierto que hay que regular de forma específica el ejercicio de esos derechos que tienen los militares -insisto, regular de forma específica el ejercicio de esos derechos- no podemos negarles ningún derecho que tienen como ciudadanos porque adquirieron su condición de militares precisamente porque son ciudadanos. Hay que regular su derecho, pero sin obligarles a que renuncien a ninguno de sus derechos de forma previa y mucho menos planteando esa renuncia dentro de esta ley. No podemos hacer una ley que en cualquiera de sus artículos prohíba el ejercicio de un derecho que no está prohibido por la Constitución. Hablaré luego de dos de las enmiendas que mantenemos que, a mi juicio, son nucleares, una de las cuales tiene que ver con esta cuestión. Como he dicho al inicio, mantenemos vivas una serie de enmiendas, concretamente catorce, y plantearemos por acuerdo con el Grupo Socialista una enmienda transaccional a nuestra enmienda 149 que tiene que ver con la vivienda y la movilidad geográfica de los militares. Es una transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Socialista que satisface, a nuestro juicio, lo que la enmienda planteaba, es decir, no penalizar a aquellas personas que en determinadas situaciones y por razones de movilidad tienen una vivienda de protección y deben renunciar a ella. Satisface el texto de nuestra enmienda y, a la vez, alguna de las cuestiones que en estos dos años hemos debatido y planteado por la vía de las preguntas. Por tanto, agradezco la sensibilidad del Grupo Socialista. Repito, plantearemos una enmienda transaccional en este sentido. Mantenemos vivas catorce enmiendas, de las que hay dos nucleares: la enmienda 126 y la enmienda 139. Las dos tienen que ver con derechos fundamentales. La 139 tiene que ver con el derecho a elegir a sus representantes en el órgano de representación y la 126 tiene que ver con el derecho a estar afiliado a un partido político. Empezaré por esta última. Como decía al principio y como sabemos todos, los militares no dejan de ser ciudadanos y la Constitución no prohíbe que estén afiliados a los partidos políticos. La Constitución establece en su artículo 127 que los magistrados y los jueces no podrán estar afiliados a los partidos políticos. Establece eso para el Poder Judicial precisamente porque marca la separación de poderes y para garantizarla prohíbe, insisto, en su artículo 127 la afiliación de magistrados y jueces a los partidos políticos. Lo que no prohíbe la Constitución es la afiliación de los militares, entre otras cosas porque no son un poder del Estado. Quizá cuando esto no era una democracia los militares fueran un poder del Estado, pero hoy no lo son; son un poder militar al servicio del poder civil. Por tanto, no son poder del Estado, son ciudadanos y ha de regularse el ejercicio de sus derechos -todos, el derecho a estar afiliado a un partido político también-, pero no ha de prohibirse en una ley orgánica un derecho que la Constitución no prohíbe.
Por tanto, desde mi punto de vista este artículo, esta prohibición dentro de esta ley orgánica no puede obedecer más que a un viejo atavismo, a un viejo fantasma, a un miedo a un ejército cuando no es este al que tenemos miedo. En el fondo también es una desconfianza sobre la propia Constitución. La Constitución no lo hizo, ¿lo tenemos que hacer nosotros? Francamente, creo que no tiene nada que ver con la realidad del ejército del siglo XXI y no tenemos por qué prejuzgar en una democracia avanzada cómo van a comportarse los militares -el que quiera afiliarse- por el hecho de estar afiliados. Debemos regular el necesario ejercicio entre disciplina y libertad de expresión pero no negarles un derecho constitucional. Insisto en que no hay que tener miedo a la libertad y que la condición imprescindible para que las decisiones que tomemos sean justas y de calidad es esa, que partamos de no negar un derecho fundamental como es el caso. Por tanto, en nuestra enmienda mantenemos sencillamente que se elimine el párrafo en el que se prohíbe la afiliación; no decimos nada, no afirmamos lo que no tenemos por qué afirmar en esta ley, que no es para eso sino que debiera ser para otra cosa. No es para limitar derechos a un colectivo importantísimo que la Constitución no limita en modo alguno.
Por último, la enmienda 139, que tiene que ver con la composición y el sistema de elección del órgano, en este caso del Consejo de las Fuerzas Armadas. En el texto de la ley se ha optado por un determinado sistema de composición del consejo, pero no entraré en detalles porque seguramente mis compañeros lo explicarán. Es verdad que este ha sido un asunto muy debatido en ponencia y en Comisión, que se ha reformado mucho, sobre el que se han aceptado enmiendas, que se ha transaccionado y que reconozco que se ha mejorado, pero desde la perspectiva de que el órgano se compone por designación de las asociaciones, y nuestra propuesta es que sean los militares los que elijan a sus representantes. Creo que aquí se les niega otra vez un derecho, que lo es, a elegir a sus representantes, que es un derecho universal de cualquier democracia, que lo tenemos nosotros como ciudadanos para elegir a nuestros representantes en los órganos que van a negociar cuestiones que nos afectan. En este caso, además, está muy tasada la capacidad y la competencia de ese órgano y muy limitada, es decir, no cabe que ahí se decidan cosas que no corresponden. Restringir el derecho de los militares de forma universal a elegir a sus representantes, aunque para poder optar a ser elegido te presentes dentro de la lista de una asociación
o de una agrupación o incluso regulando la forma individual de poder presentarte, limitar el derecho a que sea por designación y no por elección, me parece que es una decisión trasnochada, del siglo pasado...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...y para un ejército que no es de la sociedad actual, que no es de este siglo y que en modo alguno se compadece con esta imagen que a mi juicio sigue teniendo la ley, es decir esta especie de miedo a dejar que nuestras Fuerzas Armadas y sus miembros tengan un pleno reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y los ejerzan con la única limitación de la función que tienen encomendada por nuestra democracia, con la única limitación de adaptar el ejercicio de sus derechos al ejercicio de la función que tienen encomendada, como lo hacen por cierto otros muchos servidores públicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, debe acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por eso a mi juicio -y termino, presidenta-, si bien hemos caminado mucho, hemos mejorado mucho -el texto que hoy sometemos a votación es muchísimo mejor que aquel que llegó y que mereció una enmienda a la totalidad de esta diputada que les habla en nombre de Unión, Progreso y Democracia y en nombre de todos los españoles; lo digo aprovechando que alguien ha dicho que hablaba aquí en nombre de la ciudad de Barcelona, y quiero recordar que los que aquí estamos hablamos en nombre de todos los españoles, y me gusta mucho más lo que hoy tenemos que lo trajimos, me parece que no hemos hecho lo suficiente.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Señorías, mi grupo parlamentario con moderada satisfacción -y digo las dos cosas: moderada y satisfacción- va a votar favorablemente la ley de derechos y deberes de la Fuerzas Armadas. Es una iniciativa que promovió mi grupo parlamentario mediante enmienda en el marco de la Ley de Defensa Nacional, una iniciativa largamente esperada desde la aprobación de la Ley de Defensa que tenía dos partes fundamentales. Por un lado, el reconocimiento de los derechos y las obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y, por otra parte, la puesta en marcha del Observatorio de las Fuerzas Armadas, que nos parecía un instrumento fundamental como garantía de estos derechos.
Señorías, he dicho moderada satisfacción. Satisfacción porque, en nuestra opinión, con esta ley se avanza en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas en un tema tan importante como es el reconocimiento de sus derechos, como es la participación también de sus asociaciones y la regulación de esa participación. Señorías, habrá quien diga que bastaría únicamente con aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional para que esos derechos se pongan en marcha y para que esa representación se reconozca, pero eso no es así. Si no existiera esta ley estaríamos abocados a una continua litigiosidad en relación con la exigencia de los derechos o directamente a la negativa o restricción en materia de derechos del personal, de los ciudadanos de las Fuerzas Armadas. Por tanto, era necesario regularlo mediante ley, una ley orgánica que, en nuestra opinión, regula una materia muy importante como son los derechos de unos ciudadanos de uniforme y como es, también, su participación, su representación, sus exigencias y sus derechos profesionales. Por tanto, creemos que estamos ante una ley importante y por eso digo satisfacción.
Por otra parte moderada. Señorías, moderada porque todavía gravitan sobre esta ley lo que podríamos denominar tabúes, también tabúes que tienen materia sobre las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Un primer tabú es el que tiene que ver con lo que podríamos llamar la indisciplina en las Fuerzas Armadas. Es un tabú que atraviesa transversalmente el conjunto de la ley, el temor a la indisciplina. En ese sentido abundan reglamentismos, conceptos jurídicos indeterminados, referencias al honor que, en mi opinión y en opinión de mi grupo parlamentario, son criterios anacrónicos y conceptos jurídicos, como digo, indeterminados que crean inseguridad en la aplicación de esos derechos. Un segundo tabú es un viejo tabú de las Fuerzas Armadas, un tabú que tiene que ver con la politización y sindicación de las Fuerzas Armadas que va más allá de los preceptos y limitaciones constitucionales, el miedo al voto dentro de los cuarteles, un miedo que a nosotros nos parece incomprensible y que ha limitado, por ejemplo, la ambición de esta ley. ¿Por qué no reconocer la representatividad de las asociaciones militares mediante el voto, cuando a todas las asociaciones civiles se reconoce su representatividad mediante el voto? ¿Cuál es la limitación para no reconocerlo en el caso de los militares y para hacerlo únicamente en función de sus afiliados? Creemos que es una limitación innecesaria que tiene que ver más con un tabú del pasado que con la realidad de un ejército moderno. Por eso, como digo, es una reforma que nos da una moderada satisfacción, pero que podría haber sido más ambiciosa, en nuestra opinión, y podría haberse correspondido en mayor medida tanto con nuestro entorno, con el entorno de los ejércitos europeos, como, asimismo, con la realidad de nuestros propio ejército, con una realidad que nos parece que está a veces incluso por delante de la propia regulación legal.
Señorías, a lo largo de la tramitación parlamentaria hemos, como se decía antes por la señora Díez, superado buena parte de algunas restricciones.
Por ejemplo, había un primer bloque de reconocimiento de derechos que tenía tantas subordinadas, una vez que se reconocía el derecho, que era un bloque de limitación o de restricción de derechos. En nuestra opinión, ese bloque ha mejorado sustancialmente. Quedan algunos flecos que nosotros querríamos modificar que vienen a plantear una suerte de ordenanzas fuera de zona, una suerte de código deontológico de los militares cuando no están vestidos de militares. A nosotros nos parece realmente un exceso y nos parece que todavía restringen algunos derechos que no restringe directamente la Constitución. Aunque se ha avanzado mucho, quedan algunos flecos. En concreto, en el apartado 1 del artículo 19 el concepto jurídico indeterminado de la condición militar. Asimismo, en relación con el derecho de reunión y manifestación, en el artículo 12, apartado 1, cuando se utiliza el término reivindicativo. Creemos que este bloque de derechos por parte de los militares podría ser más ambicioso.
Hay un segundo bloque que también ha mejorado, no a plena satisfacción pero sí sustancialmente. Digo que no a plena satisfacción porque, como he dicho antes, nos gustaría que la representatividad de las asociaciones en el consejo de personal estuviera determinada por los votos, por el voto directo de los militares y no por el número de afiliados. Al final no ha sido posible, el tabú de la politización de las Fuerzas Armadas ha funcionado y ha limitado esta representatividad; un tabú de la politización que funciona de manera asimétrica, como casi todo, funciona para soldados y para otras escalas pero, por ejemplo, no funciona para altos mandos, a quienes el Gobierno permite argumentar la intervención el Libia en los medios de comunicación sin ningún embozo, cuando en realidad es una politización de las Fuerzas Armadas y esa argumentación debería ser por parte de los políticos y no por parte de los militares. Por tanto, politización por barrios, pero se limita esa elección directa. A nosotros nos gustaría que eso se hubiera superado, aunque en nuestra opinión se superan algunos problemas. Por ejemplo, el consejo de personal ha de emitir dictamen con carácter preceptivo a cualquier norma que tenga que ver con la situación social, económica o profesional de los militares. Nos parece un avance muy importante este carácter preceptivo de la norma. Asimismo, hemos logrado modificar algunas cuestiones en ese consejo de personal que evitan reglamentismos inútiles. Por ejemplo, una medida que hemos modificado en el día de hoy es el hecho de que cada año tuvieran que someterse a una suerte de visado sobre su representatividad o no, ya que creaba una inestabilidad en la representación de las asociaciones de las Fuerzas Armadas que no tenemos ninguna organización sindical ni ninguna organización política. Señorías, por tanto, en lo que se refiere al consejo de personal hemos logrado avances importantes.
Con relación a lo que podríamos denominar el Observatorio de las Fuerzas Armadas también se han alcanzado avances importantes. En primer lugar, el observatorio incluye también en su composición una persona con conocimiento en materia de derechos humanos. No solamente es un observatorio profesional de las Fuerzas Armadas, es algo más con relación al conjunto de la vida social de la Fuerzas Armadas y, por tanto, no solamente expertos en derecho laboral sino también expertos en derechos humanos formarán parte de ese observatorio, además de otras responsabilidades. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Asimismo quisiera destacar, señorías, que en ese observatorio se permite no solamente la investigación de oficio sino también la investigación a iniciativa de parte o, mejor dicho -para que nadie se moleste-, el informe de oficio y el informe a iniciativa de parte. Eso existe casi explícitamente en la regulación del Defensor del Pueblo y lo hemos trasladado al observatorio de la vida militar para que no se convierta en un cementerio de elefantes, para que no se convierta en un observatorio que al final lo único que hace es observar y no intervenir, informar o influir en el conjunto de los derechos de las Fuerzas Armadas. Por ello a nosotros nos parece positivo.
Termino, señorías, refiriéndome a una cuestión que está extramuros de la ley pero que es importante y tendrá que ser tratada inmediatamente una vez aprobada la misma, y es que en seis meses el Gobierno tiene que presentar una modificación de la famosa Ley de la Carrera Militar, que ha dejado muchos flecos y muchos mecanismos de transición pendientes, sobre todo en la unificación de escalas. Por tanto, planteamos al Gobierno que presente esa modificación de la ley en un plazo improrrogable de seis meses y que lo haga previo informe de la propia Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Nos parece muy importante y hemos llegado a un acuerdo todas las fuerzas políticas. Espero que también lo alcancemos en esos flecos, en esos problemas que la Ley de la Carrera Militar haya podido provocar en determinados colectivos para solucionar la representación, pero también para dar satisfacción a los problemas o a las asincronías que se hayan producido en el seno de las Fuerzas Armadas.
Termino, señorías, expresando mi moderada satisfacción sobre el resultado final de esta negociación y recordando, por una parte, a Azaña, en el 80º aniversario de la II República, cuando decía que la cuestión militar era una de las cuestiones de España. Yo creo que esta materia está bastante avanzada y por tanto Azaña estaría satisfecho con la evolución de nuestras Fuerzas Armadas. Por otra parte, recordando a la Unión Militar Democrática, que fue un germen no solamente de antifranquismo sino de participación democrática dentro de las Fuerzas Armadas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don José Ramón Beloki.
Señorías, sea cual sea el colectivo ciudadano de que se trate, sus derechos y deberes son equivalentes a los de todos. Sea cual sea el colectivo. Y estos derechos y estos deberes son hoy entre nosotros, en el contexto en que vivimos, relativamente fáciles de enunciar. Son más difíciles de cumplimentar, de llenar de contenido. El simple enunciado o declaración de derechos, por muy solemnemente que se proceda a hacerlo, por mucha declaración que se haga, no los llena de contenido. Ni siquiera la plasmación legal de los derechos y deberes garantiza sin más su implementación, el que tengan un auténtico contenido. Nunca tampoco los derechos y deberes se implementan y llenan de contenido de una vez y para siempre. Son un proceso. Es el ejercicio constante y comprometido de los derechos y de los deberes el que va haciendo que estos derechos y estos deberes sean cada vez de un contenido más cabal; los que van perfeccionando su desarrollo y su alcance. Y no hay ejercicio cómodo y en ese sentido tampoco hay un ejercicio pacífico de los derechos y deberes si se quiere avanzar en su ejercicio.
El ejercicio de los derechos y de los deberes, sea cual sea el colectivo de que se trate, requiere lucha, requiere empeño, requiere esfuerzo y requiere sacrificios y sobran ejemplos en la historia pasada: de la humanidad en general, de numerosos colectivos particulares y evidentemente del colectivo que es objeto de este proyecto de ley orgánica de derechos y deberes que hoy debatimos y aprobaremos, del colectivo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cabría decir en numerosos sentidos que incluso de forma notablemente especial en este colectivo. Ya el propio proyecto de ley, el hecho de que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley, constituye sin lugar a dudas el testimonio de una lucha pasada: es el resultado de un largo y difícil proceso, no viene caído de no se sabe dónde; de empeño, de lucha por parte de diversos colectivos a los que se ha reconocido ahora mismo desde la tribuna y a cuyo reconocimiento yo me uno en nombre de mi grupo. No se trata en todo caso solo de reconocer el camino de dificultades recorrido hasta hoy, con igual claridad desearía formular aquí el convencimiento de mi grupo de que llegados hasta donde hemos llegado, no estamos en el momento final de este trayecto por lo que a los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas se refiere. Y por lo mismo tampoco estamos en el día después de unos empeños, de unos esfuerzos que se hubieran realizado o que se han realizado: van a ser necesarios más empeños. Van a ser necesarios más compromisos, más luchas y seguro también que más sufrimientos.
Regular los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas no deja de tener su complejidad y su dificultad. Lo tiene la regulación misma de los derechos y deberes de los ciudadanos en general, hemos sido testigos en la historia de ello, y lo tiene todavía más objetivamente hablando cuando esos ciudadanos se encuentran en unas condiciones tan especiales en su vida laboral, y en cierto sentido también más allá de su vida laboral, como son las de un régimen militar, un régimen absolutamente específico. No digamos ya si además de ser un régimen específico se encuentra en situaciones de guerra. Regular todo eso es en sí mismo difícil y el que no lo diga es que simplemente mira hacia el vacío.
A esa complejidad y a esa dificultad per se se añaden a menudo circunstancias históricas diversas en formas pero ligadas todas ellas en muchos casos a un ejercicio que me atrevo a calificar de arbitrario e incluso en muchos casos no democrático del régimen militar. La historia es la que es, hoy no es esa situación pero la historia es la que es, y las historias pasadas dejan rastros y los han dejado también entre nosotros. Esas circunstancias pasadas y esos rastros presentes han llevado a perder la perspectiva muchas veces de que más allá de la especificidad del régimen militar -que es grande- el personal de las Fuerzas Armadas está compuesto de ciudadanos, como todos nosotros y como todos los ciudadanos, en igualdad radical de derechos y deberes, con la especificidad, eso sí, de desarrollar su profesión en uniforme, son ciudadanos en uniforme. El hecho de que estemos aprobando hoy aquí un proyecto de ley que intenta recoger, formular y garantizar los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas tiene que ver mucho con ese pasado; no es casual que estemos en el año 2011, todavía después de tantos años aprobada la Constitución, regulando este derecho. En todo caso este es un momento para mirar más hacia el futuro que hacia el pasado y mi grupo lo hace justamente desde la perspectiva señalada.
Estamos ante un proyecto de ley que va de derechos y deberes de ciudadanos que desarrollan su vida laboral y profesional en uniforme. Ese ha sido el enfoque con el que mi grupo analizó en su día el proyecto de ley presentado por el Gobierno, ese ha sido el enfoque con el que mi grupo presentó las enmiendas, y algunas de las enmiendas restantes que todavía siguen vivas van también, genéricamente hablando, en esa dirección, una dirección que, como antes he dicho, nunca llegará hasta el final.
A nosotros nos hubiera gustado que ya de entrada el proyecto de ley tuviera más claro esto, que lo hiciera con claridad, sin términos confusos y ambiguos, huyendo de conceptos más o menos etéreos, que nos pueden recordar cosas pero que no sabemos muy bien qué significan en el ejército del siglo XXI del que hablaba quien me ha precedido en el uso de la palabra, o que creemos que no significan nada. No solo por lo que a los deberes se refiere hay que hacerlo, también hay que hacerlo sin remilgos por lo que a los derechos se refiere, y nosotros queríamos que se hiciera sin prejuicios.
El proyecto de ley en todo caso llegó al Congreso como llegó, con un deje a nuestro juicio más bien restrictivo por lo que a los derechos se refiere y un cierto criterio expansivo en cuanto a los deberes -porque estaban poco delimitados estos deberes, parecía que podían aplicarse en nombre de los deberes cosas de alto
riesgo- que son, como decía antes, más bien herederos de tiempos, de circunstancias y de prejuicios del pasado. Estas han sido las enmiendas, bastantes de ellas han sido aceptadas, algunas las mantenemos vivas y las someteremos a la votación de sus señorías. Afortunadamente el paso por el Congreso ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley que llegó aquí en su día. Lo ha hecho incluso -subrayé ya en Comisión y quiero dejar constancia aquí- a pesar de que el procedimiento de aprobación que hemos seguido en la Comisión y en el Pleno es francamente mejorable, no es un dechado como procedimiento de calidad justamente. En fin, los procedimientos han sido los que han sido, eso no es imputable al Gobierno sino a nosotros mismos y, en cualquier caso, el resultado final es que el proyecto de ley está mejorado.
Quisiera terminar mi intervención haciendo referencia a lo que creo que todos y desde luego mi grupo hemos entendido que es lo sustancial, el elemento nuclear de esta ley: la instrumentación del derecho de asociación de los militares. Esto viene recogido en el título III de la ley, que tiene 18 artículos y, como saben -puede constatarse en nuestro entorno, en el ámbito europeo por ejemplo-, la regulación de este tema tiene una enorme variedad según los países y las circunstancias, algunos relacionados con la propia dificultad y otros generados o derivados de hechos, culturas y circunstancias en los que se han desarrollado las actividades de los militares en cada uno de los países, pero no solo las actividades de los militares, también de contextos generales. La regulación que finalmente haga este proyecto de ley va a ser un poco de lo uno y un poco de lo otro. Ahora bien -y con esto termino-, el ejercicio de este derecho va a seguir dependiendo sobre todo de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les reconocen, si efectivamente creen que pueden sacar de este procedimiento todo lo que sabemos que muchos de ellos desean. Todo lo más que puede hacer el Congreso es arbitrar una instrumentación que luego tiene que ser rellenada, implementada y ejecutada por lo propios militares, de forma que esta es la ley que hoy finalmente aprobaremos y que deseo que se haga con el máximo apoyo de todos los grupos, a poder ser -sería nuestro deseo-, pero ya veremos qué ocurre finalmente. En cualquier caso, creemos que, más allá de lo que la ley establezca, sus resultados se van a ver en el futuro cuando los militares digan: esta es la ley, estos son los instrumentos y a través de estos instrumentos podemos mejorar el ejercicio de nuestros derechos y regular también con más precisión el ejercicio de los deberes. Esa es la razón por la que nosotros hemos entrado en este tema y deseamos que la ley no sea un triunfo político de nadie aquí sino un triunfo real de los militares que han luchado por sus derechos y por la precisión de sus deberes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Don Jordi Xuclà tiene la palabra.
Señora ministra, señorías, culminamos la tramitación en primera lectura en el Pleno del Congreso de los Diputados de un proyecto de ley del Gobierno, de un proyecto de ley importante, de una ley orgánica, sobre la cual el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no presentó enmienda a la totalidad en el inicio de su tramitación. Mi grupo, que valoró y saludó positivamente el inicio de su tramitación, no regateó en aquel momento el debate con una enmienda a la totalidad ni ahora el reconocimiento a que sea este Gobierno y esta ministra los que precisamente hayan impulsado una ley orgánica de definición de un cuadro de derechos fundamentales que den protección y amparen a unos ciudadanos españoles más, que son los que están en las Fuerzas Armadas, que ejercen como militares, como profesionales en las Fuerzas Armadas. Hoy, fruto de la modernización, de la plena incorporación de las Fuerzas Armadas en una sociedad normalizada y democrática, a diferencia de hace veinte o treinta años, podemos afrontar precisamente el debate de esta pieza importante y que deriva directamente de la Constitución, para amparar a los militares con una ley de derechos fundamentales.
Permítanme, señorías, que empiece con dos consideraciones de carácter previo. Los tiempos parlamentarios y políticos no siempre coinciden con los tiempos mediáticos. Ayer y hoy se me preguntaba si el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votaría a favor o en contra de la ley de derechos y deberes de los militares. Nosotros coincidimos en muchos puntos, y voy a destacarlos, pero quiero recordar que en la vida parlamentaria y en el trámite parlamentario hoy estamos terminando la primera lectura en el Congreso a la espera de la lectura en el Senado y de la votación de las enmiendas que provengan de allí. Hoy no se vota el sí o no definitivo de esta ley; hoy hemos avanzado mucho en los consensos de esta ley, pero aún hay algunos aspectos -voy a detallar tres- en los que hay distancia entre la posición del Grupo de Convergència i Unió y la del grupo de la mayoría y la del Gobierno. Segunda consideración previa.
Lo apuntaba el señor Beloki y yo coincido absolutamente con él. Desde un punto de vista tanto de tramitación como formal, incluso desde un punto de vista de deliberación en ponencia y en Comisión, esta no ha sido la ley que se ha tramitado del modo más armónico, muchas veces porque las leyes se discuten apasionadamente cuando se dialoga con su autor material. En este momento su autor material es el Congreso de los Diputados en su conjunto, pero seguramente los autores materiales del proyecto de ley que salió del Gobierno hoy ya no están en el equipo de la ministra, y esto se nota mucho en el momento de la interlocución y de perfilar los extremos de la ley. Qué duda cabe que esta es una
ley muy importante y queremos reconocer este papel a la ministra.
La ley que hoy estamos discutiendo tiene tres grandes aspectos: primero, la definición de un cuadro de derechos fundamentales. Creo que el proyecto inicial de esta ley contemplaba con demasiadas reservas o prevenciones la protección de algunos derechos fundamentales referidos a los militares. Creemos que hemos mejorado entre todos bastante la redacción del artículo 9, relativo al derecho a la intimidad, que no es más que hacer coincidir la realidad de lo que hoy por hoy se vive en los cuarteles con la protección por parte de la ley de un derecho a la intimidad amplio a los militares. En el artículo 19.2 hay una enmienda transaccional firmada in extremis por el Grupo Parlamentario Catalán que supera la referencia a la condición militar, muy vinculada con el régimen sancionador. Finalmente, respecto a la neutralidad política, artículo 7 de este proyecto de ley, el Grupo de Convergència i Unió, como otros grupos, discrepa del Grupo Socialista y del Grupo Popular respecto a la prohibición de la afiliación de los militares a partidos políticos, como se da en Alemania, en tantos países nórdicos y hasta en trece de los Estados miembros del Consejo de Europa. Algún ponente del grupo de la mayoría decía: ya llegará el día que esto será posible también en España.
Nosotros mantenemos esta enmienda viva y creemos que este es un debate al cual no debemos presentar reservas ni miedos.
Segundo punto importante de esta ley, el consejo de personal, el gran punto de encuentro y de diálogo entre las asociaciones y el Ministerio de Defensa. Señora ministra, hemos llegado muy lejos, pero, fruto de estas urgencias y de este diálogo en el último momento, no hemos conseguido incorporar en la votación de hoy algo que planteamos y que volveremos a proponer en el Senado. Se trata de que en el artículo 47 de la ley haya una representación paritaria de las asociaciones profesionales con suficiente representación para estar incorporadas al consejo de personal y de los representantes del Ministerio de Defensa. No puede ser que este consejo de personal tenga una representación exorbitante del Ministerio de Defensa y quién sabe si de dos, tres o cuatro representantes de las asociaciones que tengan suficiente capacidad para ser representadas.
Hemos hecho una revisión reglamentaria muy amplia a la regulación del consejo de personal a propuesta de otros grupos, especialmente del Grupo Popular, y esperamos culminarlo en el Senado, porque nos parece bastante de justicia a favor de la protección de la equidad entre las partes, y es que haya una representación paritaria de las asociaciones profesionales y de los representantes del Ministerio de Defensa. Celebramos que in extremis, en una enmienda firmada por todos los grupos esta mañana, hayamos podido reformar los artículos 46 y 47.2 para que la renovación de la representación de las asociaciones en el consejo de personal no se produzca de forma anual, sino que lo dejemos al desarrollo reglamentario, porque la reposición y la reforma anual de este consejo le daba poca capacidad de operatividad y de trabajo.
Finalmente creo que también hemos mejorado mucho en el tercer gran aspecto de esta ley, que es el observatorio de la vida militar. Estamos muy contentos del perfil final de este observatorio de la vida militar, que recoge la mejor tradición del trabajo de distintos grupos parlamentarios, también del trabajo en los años 80 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a través del diputado Lluís Recoder, que en aquel momento, cuando no era tan fácil, denunció algunos abusos que se producían en los cuarteles. Pues lo que en aquel momento se hacía de forma puntual, contra viento y marea, ahora tendrá su marco de discusión, que será el observatorio de la vida militar. Hemos mejorado la composición a partir de una enmienda transaccional firmada también hoy para que el número de miembros del observatorio sea impar, para que no se produzcan empates y el presidente tenga que desempatar: cinco miembros elegidos por el Congreso y cuatro miembros elegidos por el Senado.
Habiendo hecho lo difícil, no hemos podido llegar in extremis -también lo hemos dejado para el Senado- a algo que para nosotros es bastante importante, y en lo que creo que sus señorías y la señora ministra, que es especialista en materia de derecho constitucional, van a coincidir conmigo. Es bueno que la elección de los miembros del observatorio sea por una mayoría cualificada -vamos a discutir cuál- del Congreso y del Senado. Este era un requisito que nosotros planteamos pero que no se ha podido incorporar, porque una mala mayoría, la que sea, de un partido o de otro, podría nombrar a unos miembros del observatorio muy cercanos y muy acríticos con el Gobierno y vaciaría de nervio y de contenido la capacidad de trabajo de este observatorio de la vida militar. Proponemos, y propondremos en el Senado, la elección por mayoría cualificada -vamos a discutir cuál- de estos miembros. Estamos muy contentos del trabajo de control parlamentario por parte del ministerio y de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de los informes que anualmente se vayan elaborando por parte del observatorio y también de la capacidad de iniciativa que tiene el Congreso en este sentido.
Termino con una referencia a algo que no es sustancial a la ley, pero que ha planeado sobre las enmiendas de muchos grupos parlamentarios, la Ley de la Carrera Militar. La Ley de Economía Sostenible era la Ley de Economía Sostenible, pero en un momento determinado se convirtió también en la Ley Sinde; esta es la ley de derechos y deberes de los militares, pero también hay una disposición final undécima referida a la Ley de la Carrera Militar. Lo hicimos mal; hicimos mal esta Ley de la Carrera Militar los grupos que la votamos a favor, pero aquí teníamos una gran oportunidad de enmendarla y mejorarla. Nosotros no estamos satisfechos con la enmienda transaccional a la cual ha llegado el grupo de la mayoría con Izquierda Unida sobre el método de una eventual reforma de la Ley 39/2007 a partir de un plazo
de seis meses después de un informe del observatorio conocido por la Comisión de Defensa. Nosotros estamos discutiendo si podemos afrontar la reforma de la Ley de la Carrera Militar en lo que queda de legislatura.
Ayer el vicepresidente primero del Gobierno en la Comisión Constitucional nos anunció 55 proyectos de ley para lo que queda de legislatura. Pues bien, el asunto de fondo, señorías, es si se puede o no se puede reformar la Ley de la Carrera Militar durante esta legislatura. Nosotros consideramos que sí, que la actual disposición final undécima lo permite y discrepamos de esta redacción transaccionada. Por lo tanto, nosotros no presentamos enmienda a la totalidad. Valoramos y apreciamos los avances, apreciamos lo que hemos podido incorporar. Tenemos tres puntos de discrepancia que esperemos que durante la tramitación en el Senado en segunda lectura podamos mejorar respecto a la equidad y a la composición y representación en el consejo de personal entre las asociaciones militares y el Ministerio de Defensa sobre la elección por mayoría cualificada de los miembros del observatorio por parte del Congreso y del Senado y también sobre la forma de afrontar la Ley de la Carrera Militar.
Si todo esto se puede mejorar en la tramitación parlamentaria tengan por seguro nuestro voto favorable en el trámite final de esta ley.
Tiene la palabra doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero saludar a los miembros de las Fuerzas Armadas que están en las tribunas, también a los miembros de las asociaciones que nos acompañan y que nos han ayudado mucho en la tramitación de esta ley.
Voy a mencionar unas cuestiones preliminares antes de entrar en el contenido del proyecto. En primer lugar, creo que es importante, voy a anunciar nuestro voto favorable. Señora ministra, aplaudo el acierto de haber querido encontrar el máximo acuerdo posible. Creo que es una ley con voluntad de permanencia. Es lo que llamamos claramente una cuestión de Estado. Tiene una voluntad de permanencia al conjugar los derechos que, como todos los ciudadanos, tienen los militares con la posibilidad de cumplir los deberes y las misiones que les encomienda la Constitución.
Ella, que reconoce y nos otorga los derechos, impone unos deberes especiales a los militares en cumplimiento de su misión. Por tanto, esta es una ley a la que damos la máxima importancia y nos parece un acierto haberla planteado buscando el máximo acuerdo. En esta voluntad de acuerdo queremos hacer un reconocimiento concretamente a las personas; me gusta hacerlo al subsecretario del departamento y a su equipo que han trabajado no solo con la competencia y la dedicación que se les supone y se les exige, sino con una gran apertura, estudiando las propuestas de todos los grupos, para encontrar denominadores comunes. Me parece fundamental hacerles este reconocimiento; reconocimiento que nos ha permitido, como todos los portavoces han dicho, mejorar enormemente el texto durante la tramitación parlamentaria. Otra cuestión preliminar. A pesar de nuestro voto favorable mantenemos algunas enmiendas, que enumeraré; una de ellas me parece especialmente trascendente, ya que ha sido incorporada al texto del dictamen, sobre el mandato al Gobierno de reformar la Ley de la Carrera Militar. Ponemos el plazo de seis meses. Ha sido incorporada al dictamen una enmienda similar a la que nosotros mantenemos. Me parece que esta es una oportunidad única, no va a haber otra, de tener este mandato de reformar la Ley de la Carrera Militar; vamos a tener que reformarla sí o sí. Todos los grupos lo han señalado -lo digo como cuestión preliminar-, y esperemos que sea posible, si no hoy, en la tramitación del Senado.
He hecho un reconocimiento al equipo del subsecretario, con el que hemos trabajado de forma muy abierta y positiva, y quiero ampliarlo especialmente a todos los comparecientes en la Comisión. Nos han ayudado de forma extraordinaria las asociaciones, los expertos y nuestro letrado, que está aquí, que no solo ha trabajado como un letrado en su competencia sino como un verdadero experto en esta materia.
Después de estas cuestiones preliminares quiero decir que me parece importante encuadrar esta ley en un marco general. Por tanto, antes de pasar a cuestiones concretas que nos importan, y mucho, quiero enmarcar -voy a citar a este respecto a los expertos que nos han ayudado- las grandes líneas de este proyecto. Este es un proyecto que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es solo el proyecto del siglo XXI, es del futuro siglo XXI, de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia. El general Ortega nos insistió en ello especialmente. Hay que encuadrarlo ahí, como lo están haciendo los grandes ejércitos de nuestra área, concretamente los grandes ejércitos europeos. Otra cuestión que me parece preciso resaltar -creo que lo tenemos que tener muy claro- son los principios. Aquí quiero citar al letrado Fabio Pascua Mateo que nos insistía mucho en respetar claramente los principios por los cuales se pueden hacer determinadas restricciones que no hay más remedio que realizar: el de sumisión al poder civil, naturalmente -principio básico que reclama el artículo 37 de la Constitución-, y tres criterios generales en cualquier restricción: que haya una previsión legal, es decir una verdadera seguridad jurídica; que respondan a un fin legítimo y que sean adecuados a una sociedad democrática. Creo que en este texto estos cuatro principios están en cada uno de sus artículos. Todo es mejorable, naturalmente, y lo tendremos que mejorar con la experiencia. Luego está el principio sustancial, señorías, lo que el almirante Torrente llamaba en la Comisión el nudo gordiano de esta ley, al compatibilizar el ejercicio de los derechos, común a todos los ciudadanos, con la garantía permanente
de la seguridad y la defensa de España. Porque lo importante aquí es la defensa y seguridad de España y las Fuerzas Armadas son su instrumento.
Creo que esto no lo hemos perdido de vista, y es sustancial.
Junto a estas consideraciones generales quiero también aplaudir el compromiso de enviar y remitir a la Cámara las leyes disciplinarias, cuya importancia nos señalaba a su vez otro compareciente en esta Cámara, el señor Villasante. Pasamos a tres cuestiones que creo que son muy importantes; en primer lugar, derechos. Me interesa señalar aquí que los vinculados a la acción política -reunión, manifestación, asociación- están correctamente hechos y creo que se ha mejorado mucho el ejercicio del derecho de libertad de expresión, quedando la disciplina estrictamente acotada, dando el máximo derecho de libertad de expresión y corrigiendo muchas ambigüedades. En los deberes también me parece muy importante señalar una cuestión que ya dije el día de la enmienda de totalidad y que creo que debemos repetirlo constantemente. La primera regla de comportamiento de los militares es nada menos, según el artículo 6.1, la disposición permanente para defender España incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario. Señorías, para nosotros es de tal responsabilidad regular sobre un colectivo obligado a esto y es tal por tanto nuestro reconocimiento y nuestro respeto que creo que debe infundir toda la ley. Ahora bien, estos deberes que se les pone no pueden ser dentro y fuera del servicio porque son deberes muy estrictos. Por lo tanto, creemos en la disponibilidad las veinticuatro horas del día, pero nos parece que se ha mejorado el texto cuando se dice que muchos de estos deberes solo son exigibles estando de servicio y no durante las veinticuatro horas del día, que tienen que ser de disponibilidad para el servicio.
En una materia esencial mantenemos una vigilancia y un apoyo, que los hijos sean escolarizados en las lenguas propias, en su lengua madre y no en aquellas de las comunidades autónomas, lo que está causando grandes problemas. El consejo de personal con carácter preceptivo y previo en sus informes nos parece de la máxima importancia. También nos parece que ha quedado muy bien regulado el observatorio de la vida militar adscrito a estas Cortes Generales, lo cual es muy importante.
Termino, presidente. Me gustaría enmarcar esto más allá de la propia carrera militar, y quiero citar para ello, en un encuadre mucho más amplio, al teniente general Muñoz Grandes, que en su muy importante discurso de ingreso, a mi juicio, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas señalaba este encuadre general que me importa dar, y le cito.
Decía el teniente general Muñoz Grandes en este discurso: La sociedad toda ella para subsistir y desarrollarse precisa que haya en su seno instituciones de alta exigencia moral y se sentiría defraudada si las Fuerzas Armadas no fuera una de ellas. Es cierto -termino con esto, continuaba el señor Muñoz Grandes- que el cultivo de valores, afirmado en su ejercicio diario, no es una exclusiva de las Fuerzas Armadas. Son muchas las profesiones con códigos deontológicos muy exigentes, pero la militar es la única que exige la promesa de entregar la vida, y ello distingue a la milicia. Me parece que tenemos que ser conscientes de estas obligaciones, de estas libertades, de estos derechos y deberes tan exigentes cuando regulamos los derechos y deberes de este colectivo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Don Jesús Cuadrado tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
La primera cuestión a la que quiero referirme en esta fase final en el Congreso de los Diputados en el proceso legislativo de la ley orgánica de derechos y deberes de los militares españoles es, como todas sus señorías han señalado anteriormente, que es una ley que tiene un amplísimo consenso. Por tanto, yo creo que es lo que hay destacar. Era una obligación, se lo debíamos a los profesionales de la milicia españoles y el Congreso ha respondido a esa necesidad de consensuar una ley como esta. Además, señora ministra, yo también, como han hecho otros portavoces, quiero felicitar el trabajo que se ha hecho desde el ministerio y por el equipo de la ministra de Defensa. Lo voy a significar también, como antes se ha hecho por parte de la portavoz del Grupo Popular, en la figura del subsecretario, don Vicente Salvador, quien creo -repito- que como parte del equipo de la ministra de Defensa ha hecho un excelente trabajo en la fase previa de elaboración del proyecto, así como de contacto con los grupos parlamentarios posteriormente. Por tanto, primera cuestión que quiero apuntar desde el Grupo Parlamentario Socialista: es una ley amplísimamente consensuada, que tiene un consenso prácticamente universal, como se ha reflejado en las intervenciones de los portavoces.
En segundo lugar, quiero también agradecer la colaboración que hemos tenido de un conjunto de profesionales, de expertos, de académicos, catorce en concreto, en nuestro trabajo parlamentario; los voy a citar porque creo que es importante reflejar hasta qué punto esta ley no solo está amplísimamente consensuada, sino que tiene la manifestación explícita de reconocimiento del propio proyecto de ley y también de la ley que finalmente resulte de un elenco importante -repito- de profesionales, expertos, académicos, etcétera. Se lo agradezco al almirante Francisco Torrente Sánchez; al general Jorge Ortega Martín; al general José Luis Rodríguez-Villasante Prieto; a don Jesús Núñez Villaverde, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda Humanitaria; a don Jorge Bravo Álvarez, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles, que nos acompaña; a don Fabio Pascua Mateo, secretario general de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y autor de un texto importante Fuerzas Armadas y derechos políticos, que nos asesoró también; a don Eduardo González-Gallarza
Morales, presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas; a don Jesús Martínez Paricio, catedrático de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha; a don Andrés Medina, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi; a don Pedro Amador Romero, presidente de la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, Asfas; a don Jesús Navarro Jiménez, asesor jurídico de la Asociación de Militares en Activo y Reserva, Retirados de los Tres Ejércitos y Cuerpos Comunes, Amarte; a don Ignacio San Julián, presidente del Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Ciofas; a don Leopoldo Muñoz Sánchez, presidente de la Asociación de Militares Españoles, AME; y a don Tomás Gisbert, del Centro de Estudios per la Pau de Barcelona. Por tanto, eso es algo que conviene destacar, ha formado parte del trabajo legislativo y hay que resaltarlo.
En segundo lugar, esta ley resuelve una deuda legislativa que las Cortes Generales tienen con el colectivo de los militares españoles. Señorías, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 31 de octubre de 2001, nos dijo a todos que la Constitución española limita algunos derechos a los militares españoles, por ejemplo, les exige neutralidad política -lo que no le exige a otros profesionales- y les prohíbe la acción sindical, es decir, el derecho de huelga, la negociación colectiva y los instrumentos de presión de negociación sindical por todos conocidos. Esto es un hecho. Lo que hacemos con este proyecto de ley que estamos tramitando es responder a lo que el Tribunal Constitucional también dice, que es que esto no quiere decir que los militares españoles no tengan derecho a defender sus derechos profesionales, laborales, sociales y económicos. A esa ecuación planteada por el Tribunal Constitucional respondemos con esta ley, primero con un proyecto de ley que es iniciativa del Ministerio de Defensa y ahora con la ley que hemos tramitado aquí en el Congreso de los Diputados. Este es el marco en el que nos hemos movido, conviene no olvidarlo, si no, nos confundiríamos.
En tercer lugar, esta ley cierra un ciclo intenso reformista de la política militar española, que empezó con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en 2005, que ha continuado con la Ley de Tropa y Marinería de 2006, con la Ley de la Carrera Militar de 2007, con el Real Decreto de las nuevas Reales Ordenanzas de 2009 y ahora con una importantísima ley que es la Ley de derechos y deberes de los militares españoles.
Vuelvo a destacar un hecho que conviene señalar. Esta ley la hemos consensuado entre todos. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la disposición que ha tenido desde el principio para hacer de esta ley, como antes señalaba la señora Rodríguez-Salmones, una ley de Estado; una ley que tiene la voluntad y la vocación de mantener continuidad a la hora de responder al desafío de que los militares españoles, manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender gracias a esta ley sus derechos sociales, profesionales y económicos. Es un hecho que hoy prácticamente el Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones, no mantiene ninguna enmienda, solo mantiene tres enmiendas que tienen el significado que usted ha explicado.
Por tanto, es el resultado de un amplísimo consenso. Quiero agradecer a todos los grupos la voluntad de consenso. Señor Llamazares, agradezco muy especialmente que la izquierda de la Cámara, desde el papel que representan el Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, haya participado en ese consenso, porque eso para el conjunto de los grupos parlamentarios y, desde luego, para el Grupo Parlamentario Socialista y para las propias Fuerzas Armadas es importante, porque significa que tienen un aval importante, desde el punto de vista de la calidad de esta ley, a la hora, repito, de resolver la necesidad de que los militares españoles puedan defender con garantías sus derechos sociales, económicos y profesionales.
Por último, señor Beloki, tiene razón. Habremos acertado con esta ley que hoy prácticamente se concluye con un consenso amplísimo, con un consenso básico, si el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, si las asociaciones que hemos diseñado en esta ley adquieren legitimidad en el desarrollo de sus funciones a la hora de representar a sus 140.000 compañeros en la defensa de esos derechos legítimos y que tienen que poder defender en un marco legislativo que es el que hoy damos. Termino diciendo, señora Rodríguez-Salmones, que teníamos la obligación de llegar a un consenso y hemos llegado a un consenso. Era nuestra obligación, no tienen ningún mérito especial, pero misión cumplida desde ese punto de vista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Tiene la palabra la señora ministra de Defensa.
Tomo la palabra simplemente para dar las gracias a sus señorías. Esta es una ley tan necesaria como compleja y, por tanto, para que hoy vea en este primer trámite la luz con el amplísimo consenso con que lo ve, ha sido necesario mucha voluntad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras. A esta Cámara vino una ley que trajo el Gobierno, trabajada con expertos y representantes del Ejército, de la Armada, del Ejército del Aire y del Estado Mayor, que fue presentada a las asociaciones de militares, que tuvo el aval del Consejo de Estado y que vino a esta Cámara. Después del trabajo de sus señorías, el texto que hoy votamos es mejor que el texto que trajo el Gobierno. Quiero dar las gracias, en nombre del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, a tantos parlamentarios que han trabajado en ella.
Finalmente, quiero plantear dos cuestiones. Hoy nuestros militares son igual de militares que ayer pero son más ciudadanos, y la sociedad española debe así
saldar una deuda tras estos magníficos treinta años de camino democrático de nuestras Fuerzas Armadas. Teníamos una deuda con ellos y la estamos saldando. También por ello quiero dar las gracias. Sin el consenso, sin el amplísimo consenso que hoy tiene esta ley no hubiera visto la luz, entre otras cosas porque esta ley nunca podría ser una ley a la medida de un Gobierno, ni de este ni de ningún otro; esta siempre tuvo que ser una ley a la medida de las necesidades de este país, y creo que todo el mundo ha sido muy consciente de esa necesidad. Quiero dar personalmente las gracias a todos los parlamentarios que la han trabajado, a todos los portavoces, pero permítanme que dé personalmente las gracias a uno de ellos, y es al señor don Gaspar Llamazares, por una razón. Él ha sido muy consciente todo el tiempo de que no era solo un voto, que su apoyo a esta ley representaba mucho más. Yo les quiero dar las gracias a todos los portavoces, todos han trabajado con el Gobierno para que esta ley viera la luz, pero se las quiero dar especialmente al señor Llamazares.
Finalmente, quiero decirles que con ese espíritu, que de nuevo agradezco, seguiremos trabajando en el siguiente trámite en el Senado. Como dirían nuestros hombres y mujeres de uniforme que hoy tienen un marco legal para ejercer sus derechos y deberes en este primer trámite y sus cauces de participación, mantendremos la línea de acción. El Gobierno está dispuesto a ello, sé que ustedes también.
Muchísimas gracias; gracias, presidente. (Aplausos.)
Iniciaremos las votaciones dentro de cinco minutos. (Pausa.)
Señorías, tomen asiento. Vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 180; abstenciones, 136.
¿Algún grupo desea su tramitación como proyecto de ley urgente? (Pausa.) No.
- DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES OTORGADOS A LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA Y A SU PERSONAL, HECHA EN BRUSELAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 110/000252.)
- PROTOCOLO AL CONVENIO DE 1979 SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA EN MATERIA DE METALES PESADOS, HECHO EN AARHUS (DINAMARCA) EL 24 DE JUNIO DE 1998, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULARÁ AL MISMO. (Número de expediente 110/000255.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000256.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, FIRMADO EN MADRID EL 3 DE FEBRERO DE 2011. (Número de expediente 110/000257.)
- ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACIÓN DE LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y DECLARACIÓN DE ESPAÑA AL MISMO. (Número de expediente 110/000258.)
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y UCRANIA RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 12 DE MAYO DE 2009. (Número de expediente 110/000259.)
(Número de expediente 110/000260.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BARBADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN BRIDGETOWN EL 1 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000261.)
El señor PRESIDENTE: Debate y votación del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, enmiendas de la señora Díez. Enmienda transaccional a la número 149. ¿Se opone alguien a su tramitación? (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 187; abstenciones, 128.
Resto de enmiendas de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 151; en contra, 163.
Enmiendas del señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 164; abstenciones, 129.
Enmiendas del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmienda número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 19; en contra, 164; abstenciones, 132.
Hay varias enmiendas transaccionales y pregunto a la Cámara: ¿Hay alguna oposición a que se tramite alguna de ellas? (Pausa.) Por tanto, en los términos de las transaccionales se tramitarán todas las que anuncie.
Enmienda transaccional a la número 10 del Grupo de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 314; en contra, uno; abstención, una.
Enmienda transaccional a la número 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 131.
Enmienda transaccional a la número 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.
Enmiendas del Grupo Vasco, PNV, todas en su conjunto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 20; en contra, 164; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Vasco, PNV.
Votamos el resto de enmiendas no votadas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 19; en contra, 166; abstenciones, 131.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la transaccional a la número 188.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 314; en contra, uno; abstenciones, una.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 15; en contra, 165; abstenciones, 136.
Enmiendas del Grupo Popular. La número 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 178; abstenciones, siete.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 140; en contra, 171; abstenciones, cinco.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda transaccional al voto particular presentado por el Grupo Socialista para rechazar las enmiendas número 244 del Grupo Parlamentario Mixto, señor Jorquera, y número 52 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, aprobadas en la Comisión de Defensa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 174; en contra, 142.
Votación del dictamen. En primer lugar, votación del artículo 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las correcciones técnicas incluidas en esta votación.
En los mismos términos, votación del resto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 306; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen en los términos de las correcciones técnicas que han sido distribuidas.
El señor PRESIDENTE: Siendo más de las once, hora anunciada, pasamos a realizar la votación de conjunto de este proyecto por tener carácter de orgánico que, como saben sus señorías, debe obtener 176 votos para que pueda tramitarse. En esos términos comienza la votación de conjunto del dictamen de este proyecto de ley orgánica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 305; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley sobre derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN.)
(Número de expediente 158/000033.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la creación de la subcomisión para el estudio de las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo española.
Este ha sido un asunto aprobado por unanimidad. ¿Les parece que se apruebe por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.