Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A085-00.htm
Timestamp: 2017-11-21 23:04:17
Document Index: 404046472

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 37']

A085-00
Auto 085/00
Referencia: expediente ICC-118. Conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de tutela promovida por Clara Inés Rodríguez de Velásquez y Otros contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre del año dos mil (2000).
1. Las ciudadanas Clara Inés Rodríguez de Velásquez, Alicia Laverde Maldonado, Ana Elisa Chitiva Rodríguez, Gloria Imelda Beltrán Díaz, Carmenza Ramírez Ramírez, Irene Onofre Velásquez Castillo y el señor José Vicente Pedraza Velásquez, interpusieron ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca) acción de tutela contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual solicitan protección a los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y la dignidad humana, los cuales consideran vulnerados por haberse omitido por el Gobierno Nacional su deber jurídico de elevar los salarios para el año 2000, que, al decir de los actores, implica desconocimiento y quebranto de los derechos fundamentales aludidos.
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca), mediante auto de 8 de agosto del año 2000, declaró su incompetencia para conocer de las aludidas acciones de tutela, por considerar que si la presunta violación de los derechos fundamentales allí invocados pudo ocurrir, el trámite de esta acción corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo dispuesto por el Decreto 1382 de 12 de julio del año en curso.
3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 24 de agosto de 2000, a su turno, consideró que conforme al Decreto 2591 de 1991 la competencia para conocer de las acciones de tutela a que se ha hecho mención corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Junín, por cuanto ante él fueron incoadas, por una parte; y, por otra, en razón de que el artículo 1º numeral 4 del Decreto Reglamentario 1382 de 12 de julio de 2000, es inexequible por ser contrario a la Carta Política, en virtud de lo cual decidió su inaplicación.
1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379).
9. Viene entonces de lo dicho, que asiste plenamente la razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su apreciación sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 y en su decisión de inaplicarlo por ser contrario a la Carta Política y, como consecuencia lógico-jurídica de ello, si los actores que incoaron las acciones de tutela a que se refiere esta providencia optaron por iniciarlas ante el Juez Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca), será a ese despacho judicial al que corresponde la tramitación de las mismas, en razón de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Segundo. Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la acción de tutela promovida por Clara Inés Rodríguez de Velásquez y Otros contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los despachos judiciales mencionados, y no al citado Tribunal.