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Timestamp: 2018-02-20 23:24:47
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Jurisprudencia sobre el alcance de la expresión “el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Jurisprudencia sobre el alcance de la expresión “el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La Sala Primera de Revisión considera que el problema jurídico que le plantea la acción de tutela interpuesta por la señora María Obdulia Zapata Hernández está relacionado con el alcance de la expresión “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, se hará una revisión de la jurisprudencia que ha proferido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sobre este asunto.
Uno de los primeros fallos en los que la Corte Constitucional abordó este tema fue la sentencia C-596 de 199657. En esta providencia se estudió una demanda en contra de la expresión “al cual se encuentren afiliados”, contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 199358. Los demandantes argumentaban que la norma discriminaba a los funcionarios públicos que habían trabajado al servicio del Estado, pero que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones “no tenían vinculación laboral alguna con ningún organismo o entidad pública”.59
La Corte se pronunció sobre el alcance de la expresión demandada y señaló que el régimen de transición hace parte del derecho a la pensión de vejez del régimen de prima media con prestación definida y que este beneficio fue consagrado para aquellas personas que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran vigente una relación laboral.
Respecto de la aplicación del principio de favorabilidad para interpretar el alcance del régimen de transición, la Corte señaló que este principio supone que existan dos (2) normas jurídicas vigentes que regulen una misma situación de hecho, condición que no se presenta respecto de la aplicación de regímenes pensionales anteriores más beneficiosos y los requisitos consagrados en el Sistema General de Pensiones, ya que las normas que desarrollan aquellos regímenes se encuentran derogadas.
Posteriormente, en la sentencia C-789 de 200260, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció nuevamente sobre el alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la demanda, se argumentaba que el régimen de transición constituye un derecho adquirido irrenunciable de las personas que al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) cumplieran las condiciones descritas en dicha norma, razón por la cual el legislador no podía excluir de la protección del mencionado régimen a aquellas personas que cumplieran con los requisitos de edad y tiempo de servicio, aunque se hubieran trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad.
La Corte consideró que debía establecer si era constitucionalmente admisible que el legislador dictaminara como requisito para mantener el derecho al régimen de transición que las personas permanezcan en el régimen de prima media con prestación definida. Para resolver este problema jurídico, la Sala Plena de esta Corporación señaló que en un tránsito legislativo el acceso a un régimen de transición no es un derecho adquirido sino una expectativa legítima. Adicionalmente, señaló:
“La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo.”
Con fundamento en esta afirmación, la Corte señaló que aunque las expectativas legítimas merecen protección, por encima de estas prevalece la potestad configurativa del legislador, lo que le permite darle prioridad a determinados intereses para cumplir adecuadamente “los fines del Estado Social de Derecho.”
Teniendo en cuenta que el régimen de transición es un mecanismo para proteger expectativas legítimas, la Corte concluyó que el requisito de permanecer en el régimen de prima media no es contrario al artículo 58 de la Constitución Política, ya que esta norma tan sólo protege derechos adquiridos.
Respecto del argumento de que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 vulneraba el derecho al trabajo al permitir la renuncia a un derecho laboral mínimo, la Sala Plena de la Corte señaló que el cambio en las condiciones para pensionarse no puede considerarse un derecho laboral mínimo, porque las personas que no han adquirido una pensión no tienen derecho a que se les mantengan las condiciones para acceder a esa prestación. Esta afirmación la fundamentó señalando que condiciones como la edad, el tiempo de servicio o de aportes y el monto de la mesada pensional, son variables fundamentales en la configuración de un sistema de pensiones, lo cual hace que sea necesario que estas condiciones puedan ser modificadas por el legislador en forma razonable y proporcional, teniendo en cuenta los cambios en las circunstancias sociales del país.
Finalmente, la Corte sostuvo que el requisito de permanecer en el régimen de prima media para acceder al régimen de transición no fue asignado expresamente por el legislador a las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran más de quince (15) años cotizados. Por lo anterior, y en desarrollo de los principios de favorabilidad y proporcionalidad, concluyó que el mencionado requisito tan sólo es exigible para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran más de treinta y cinco (35) años de edad si son mujeres o cuarenta (40) años de edad si son hombres.61
El análisis de las sentencias reseñadas muestra que, en concepto de la Corte Constitucional, el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es un mecanismo para proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse de hacerlo con base en los requisitos establecidos en el régimen pensional al que se encontraban afiliadas al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones.
Esta posición fue reiterada recientemente en la sentencia T-080 de 201362. En esa oportunidad se estudió la acción de tutela interpuesta por un beneficiario del régimen de transición que reclamaba el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez que cobija a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, a pesar de que no había estado afiliado a dicho régimen antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones. La Corte consideró que al actor no se le habían vulnerado sus derechos al negarle la prestación reclamada, porque el régimen de transición protege a las personas que antes del tránsito legislativo tuvieren una expectativa legítima de pensionarse con base en determinados requisitos. En concreto señaló:
“Esta Sala […] entiende que la existencia del régimen de transición es en sí misma una manifestación del principio de favorabilidad, pues permite a las personas pensionarse conforme a un régimen que, aunque desapareció con la Ley 100, en virtud del régimen de transición tiene efectos ultractivos para quienes se encontraban afiliados a él y, por tanto, tenían una expectativa legítima de pensionarse según sus reglas. En este orden de ideas, el régimen de transición permite, en el marco de una transición normativa, aplicar de forma ultractiva una reglamentación que es más favorable al trabajador.
[U]na interpretación teleológica de la Ley 100 refuerza la tesis anterior. La Ley 100 de 1993 busca proteger la expectativa a ser pensionado bajo las reglas del régimen al que pertenecía el trabajador cuando comenzó el tránsito normativo. Teniendo en cuenta esta finalidad –protección de expectativas que ya habían surgido al amparo de un arreglo normativo e institucional-, resulta necesario que efectivamente el beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación reclama al momento de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existiría ninguna expectativa que proteger.”
Por lo anterior, la Sala de Revisión concluyó que aunque el actor era beneficiario del régimen de transición, el estudio del reconocimiento del derecho no podía hacerse con base en los requisitos establecidos en el régimen pensional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, porque al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones no estaba afiliado a dicho régimen, y por lo tanto, no tenía ninguna expectativa de pensionarse con base en los requisitos del mismo.
Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado de otra forma la expresión “el régimen anterior al cual se encuentren afiliados” contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En concepto de esa Corporación, dicha expresión implica que los beneficiarios del régimen de transición deben haber estado afiliados a un régimen pensional antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, aunque no estuvieran haciendo aportes efectivos el primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Esta posición ha sido planteada, por ejemplo, en la sentencia No. 13410 proferida por la Sala de Casación Laboral el veintiocho (28) de junio de dos mil (2000)63. En esa oportunidad se estudió el caso de una persona que nació en mil novecientos treinta y ocho (1938), se afilió al ISS en mil novecientos setenta y ocho (1978) y cotizó más de quinientas (500) semanas antes de cumplir sesenta (60) años de edad. El afiliado solicitó el reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 12, literal b, del Decreto 758 de 1990, la cual le había sido negada por el ISS argumentando que no tenía derecho al régimen de transición ya que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones el demandante no estaba afiliado a esa entidad. El Tribunal Superior de Medellín ordenó al ISS que reconociera la pensión de vejez, porque consideró que el demandante era beneficiario del régimen de transición y cumplía con los requisitos del Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez.
El ISS interpuso recurso de casación en contra de esta decisión, porque consideró que se fundamentaba en una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que, en su concepto, en esa norma se establecía que el régimen de transición sólo beneficia a las personas vinculadas laboralmente al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia, porque consideró que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tan sólo establece la edad o el tiempo de servicio cotizado como requisitos para ser beneficiario del régimen de transición. Respecto del alcance de la expresión “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, esa Corporación sostuvo que tiene una finalidad aclaratoria, necesaria por la diversidad de regímenes pensionales que existían antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, y que no puede considerarse que en ella se consagre un requisito adicional para acceder al régimen de transición. En palabras de la Corte:
“No desconoce la Sala que en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 se incluye una alusión al “régimen anterior al cual se encuentran afiliados” que puede inducir al entendimiento que ha sostenido la demandada, pero considera la Sala que se trata de una expresión aclaratoria, necesaria en su momento por la diversidad de regímenes prestacionales que existían. No podía tenerse como un requisito adicional dado que la afiliación corresponde a un concepto de vinculación a un régimen de seguridad social, excluyente, por ejemplo, de los casos en que era aplicable el sistema patronal e incluso de otros en los que tal mecanismo podía no existir formalmente, como también de los eventos en que por circunstancias accidentales una determinada persona podía estar desvinculada de un sistema de seguridad social, con posibilidades de reincorporarse por medio del nuevo sistema e incluso próximo al cumplimiento de los requisitos del anterior. Todas esas situaciones diferenciales, de aceptarse la tesis del recurrente, pugnan claramente con los postulados de un sistema de seguridad social como el establecido en la ley 100 de 1993, particularmente los de universalidad, unidad y solidaridad.
Por eso las alusiones que en los preceptos reglamentarios se hacían a la vinculación laboral, no pueden entenderse como el establecimiento de una nueva condición frente al régimen de transición sino como un desarrollo del carácter universal de la disposición o de su proyección general, o de una precisión para uno de los segmentos del conjunto de beneficiarios de ese régimen especial, pues lo otro conduciría a aceptar que las disposiciones complementarias crearon un requisito adicional que no fue previsto por la norma originaria del régimen especialísimo de transición, que busca mantener unas condiciones de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios que de otra forma verían agravadas las condiciones de acceso a la pensión en virtud de la expedición de la nueva legislación.”
Esta interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sirvió de fundamento para que algunas personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones cumplían con el requisito de la edad para acceder al régimen de transición, pero que no habían estado afiliadas a ningún régimen pensional antes del primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), solicitaran el reconocimiento de la pensión de vejez con base en los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990.
Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia aclaró que aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no exigía que la persona estuviera vinculada a un régimen pensional al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, la finalidad del régimen de transición es la de proteger las expectativas de las personas de pensionarse con base en determinados requisitos. Por lo anterior, concluyó que si antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones una persona no estaba afiliada a ningún régimen pensional, esta persona no tendría ninguna expectativa de pensionarse con base en determinados requisitos.
Este argumento ha sido desarrollado, por ejemplo, en la sentencia No. 43181 del catorce (14) de junio de dos mil once (2011)64. En esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia estudió una demanda interpuesta por una persona que cumplía con el requisito de la edad para ser beneficiaria del régimen de transición, y que reclamó el reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990. El Tribunal Superior de Medellín le negó el reconocimiento de esa prestación argumentando que el actor no había estado afiliado a ningún régimen pensional antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.
Esta decisión fue recurrida en casación por la parte demandante argumentando que la misma se fundamentaba en una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que la expresión “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, debía entenderse como una referencia a algún régimen pensional que estuviera vigente antes de la creación del Sistema General de Pensiones y no como la consagración del requisito de estar afiliado a un régimen pensional.
La Sala de Casación Laboral no casó la sentencia impugnada, porque consideró que la interpretación del régimen de transición hecha por el juez de segunda instancia era correcta. Al respecto, sostuvo:
“[…] al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los trabajadores “antiguos”, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, que estuvieran “afiliados” a un “régimen anterior”, no vieran frustradas abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual venían cotizando, y ninguna expectativa vería frustrada quien, como el demandante, no había estado afiliado a ningún régimen antes de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no se vería afectado con la transición. Caso en el cual, además, como lo señala la réplica, no podría determinarse cuál es el régimen anterior que resultaría aplicable, sin que sea dado al afiliado escogerlo dentro del sector privado o público a su conveniencia.”
En el mismo sentido, en la sentencia No. 38476 del trece (13) de marzo de dos mil doce (2012)65, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió el caso de una mujer que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tenía más de treinta y cinco (35) años de edad, pero que para esa fecha no había estado afiliada a ningún régimen pensional. Esta persona se afilió al régimen de prima media con prestación definida el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) e hizo aportes por más de quinientas (500) semanas. Posteriormente, demandó el reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 12, literal b, del Decreto 758 de 1990, argumentando que había aportado más de quinientas (500) semanas en los veinte (20) años anteriores a la fecha en que cumplió la edad mínima para pensionarse. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Montería concluyó que a la demandante no le era aplicable el régimen establecido en el Decreto 758 de 1990, porque aunque tenía más de treinta y cinco (35) años a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, antes de esa fecha no había estado afiliada a ningún régimen pensional, y por lo tanto, su solicitud pensional debía estudiarse con base en los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
Esta sentencia fue recurrida en casación, argumentando que la decisión se había fundamentado en una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que, en su concepto, los únicos requisitos para acceder al régimen de transición son la edad o el tiempo de servicio, y que la remisión a un régimen anterior consagrada en esa norma debía entenderse como una alusión a uno de los regímenes vigentes antes de la creación del Sistema General de Pensiones.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no acogió los argumentos de la recurrente, porque consideró que:
“[…] los estados de transición buscan paliar los efectos negativos que puede generar todo cambio de legislación, frente a determinadas personas que por largo tiempo han venido reuniendo las condiciones necesarias para adquirir el derecho a la pensión bajo una determinada legislación, que, de forma abrupta, viene a ser remplazada por una nueva, con exigencias diferentes, en muchos casos, más gravosas que las anteriores que está próximo a cumplir el afectado, mediante la conservación ultractiva de normas y requisitos previstos en el régimen derogado, no se ve cómo pueda verse afectada una persona por una variación legislativa, cuando su derecho pensional apenas ha comenzado a consolidarse en el nuevo ordenamiento.”
Con fundamento en la jurisprudencia expuesta, la Sala Primera de Revisión debe concluir que aunque la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tengan interpretaciones distintas sobre el alcance de la expresión “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ambas posiciones concuerdan en que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 busca proteger las expectativas legítimas de la persona que cumpla con los requisitos de edad o tiempo de servicio de pensionarse con base en determinados requisitos, lo que supone que esta persona hubiera estado afiliada al régimen pensional que consagra esos requisitos al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones (interpretación de la Corte Constitucional) o en un momento anterior a la misma fecha (interpretación de la Corte Suprema de Justicia).
Las autoridades judiciales accionadas no vulneraron el derecho al debido proceso de la señora María Obdulia Zapata Hernández, porque su interpretación del régimen de transición no es irrazonable ni vulnera el principio constitucional de la favorabilidad laboral.
La señora María Obdulia Zapata Hernández considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho al debido proceso, porque le negaron el reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990, sin tener en cuenta que, en su concepto, tiene derecho a esa prestación económica porque es beneficiaria del régimen de transición y ha hecho aportes por más de mil (1000) semanas.
Los jueces laborales no se pronunciaron sobre el derecho de la señora María Obdulia Zapata Hernández a pensionarse con base en los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 199066, a pesar que la demandante solicitó en el proceso ordinario que se le reconociera la pensión de vejez con base en el requisito de aportar mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá asumió que la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión con base en los requisitos establecidos en el texto original del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, sostuvo:
“corresponde aclarar que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, contempló el cumplimiento de las mil semanas hasta el año 2004, puesto que, a partir del 1° de enero de 2005 dispuso el incremento del requisitos de densidad de semanas en un número de 50 y a partir del 1° de enero de 2006, estableció un incremento de 25 por cada año hasta llegar a 1300 en el año 2015, por lo tanto, tampoco procede el reconocimiento de la prestación bajo la citada regulación, pues no cumplió la actora con la densidad de cotizaciones exigida para acceder a la pensión de vejez, pues ni siquiera, con las semanas cotizada cumple con las 1050 semanas exigidas para el año 2005.”
Por su parte, el Juzgado Catorce Laboral de Descongestión de Bogotá tan sólo estudió la solicitud pensional de la señora María Obdulia Zapata Hernández a la luz de los requisitos consagrados en la Ley 71 de 198867.
Aunque el apoderado de la accionante no lo manifiesta expresamente, la Sala Primera de Revisión infiere de los antecedentes de la acción de tutela, que el primer argumento para sostener que las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la actora es que sus decisiones se fundamentaron en una interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que constituiría un defecto sustantivo.
En efecto, si el Juzgado Catorce Laboral de Descongestión de Bogotá y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá omitieron hacer el estudio del derecho a la pensión de vejez de la señora Zapata Hernández a partir de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, es porque consideraron que la demandante no podía pensionarse con base en los requisitos establecidos en dicha norma, ya que antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones no estuvo afiliada al ISS. Por lo anterior, para establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la accionante, la Sala Primera de Revisión debe establecer si la omisión de las autoridades judiciales accionadas se fundamenta en una interpretación irrazonable del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En desarrollo de lo anterior, debe empezar por señalarse que no existe duda sobre el derecho que le asiste a la señora María Obdulia Zapata Hernández de beneficiarse del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tenía cuarenta y ocho (48) años de edad. Sin embargo, el problema que se debe resolver es si la condición de beneficiaria del régimen de transición le da el derecho a pensionarse con base en el número de semanas de cotización requeridas en el artículo 12 del Decreto 758 de 199068, a pesar de que no estuvo afiliada a ese régimen pensional antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones.
Al respecto, es pertinente reiterar los argumentos expuestos en el numeral 7 de esta sentencia sobre la interpretación que han dado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional a la expresión “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por una parte, la Corte Suprema de Justicia sostiene que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se protejan sus expectativas legítimas de pensionarse con la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, consagrados en alguno de los regímenes a los que hubieran estado afiliados antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones. Por otra parte, la Corte Constitucional ha sostenido que el régimen de transición les da derecho a sus beneficiarios a pensionarse con la edad, el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, consagrados en el régimen al cual hubieran estado afiliados al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones.
Sin embargo, las dos Corporaciones coinciden en señalar que el régimen de transición protege expectativas legítimas. Por esta razón, se ha concluido que tal régimen no le da el derecho a sus beneficiarios a pensionarse con base en los requisitos establecidos en cualquier régimen existente antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, sino de pensionarse con base en los requisitos consagrados en un régimen al cual hubieran estado afiliados en esa fecha o antes de la misma, porque la primera interpretación no estaría protegiendo ninguna expectativa. En efecto, si una persona no estaba afiliada a determinado régimen pensional antes del primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), no puede afirmarse que tuviera una expectativa legítima de pensionarse con base en los requisitos establecidos en dicho régimen.
En aplicación de la anterior interpretación a la solicitud pensional de la señora María Obdulia Zapata Hernández, la Sala Primera de Revisión debe concluir que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron su derecho al debido proceso, ya que antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones la accionante no estuvo afiliada al ISS, y por lo tanto, no tenía una expectativa legítima de pensionarse con base en el número de semanas de cotización establecidas en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
Aunque los jueces laborales no estudiaron la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez de la señora María Obdulia Zapata Hernández a la luz del Decreto 758 de 1990, esta omisión no implica una vulneración a los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la accionante, porque, como ya se indicó, al no haber estado afiliada al ISS antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones, no tenía derecho a pensionarse con base en los requisitos establecidos en las normas que regían a los afiliados a esa entidad.
Por otra parte, el apoderado de la señora Zapata Hernández considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron del debido proceso de su poderdante, porque no aplicaron el principio constitucional de favorabilidad laboral, lo que constituiría un defecto por desconocimiento directo de la Constitución. El apoderado argumenta que el régimen de transición le da derecho a sus beneficiarios a pensionarse con base en cualquiera de los regímenes pensionales existentes antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones. Por lo tanto, en aplicación del principio constitucional de favorabilidad laboral, sostiene que la señora Zapata Hernández tiene derecho a que se aplique la interpretación más favorable del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a que se le reconozca la pensión de vejez con base en el número de semanas establecido en el Decreto 758 de 1990, aunque no hubiera estado afiliada al ISS antes del 1° de abril de 1994.
La Sala Primera de Revisión no comparte esa posición, porque, como ya se indicó, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional coinciden en afirmar que el régimen de transición protege expectativas legítimas. En consecuencia, debe concluirse que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron el derecho al debido proceso de la señora María Obdulia Zapata Hernández al no aplicar el principio de favorabilidad, porque no existe una duda razonable sobre el alcance del régimen de transición en la solicitud pensional de la demandante.
Sin embargo, la Sala Primera de Revisión revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del presente proceso, en las que se declaró la improcedencia de la acción de tutela porque la accionante no agotó el recurso extraordinario de casación, y en su lugar, negará la tutela de los derechos de la señora María Obdulia Zapata Hernández, teniendo en cuenta que no se acreditó que las decisiones de las autoridades judiciales accionadas hubieran vulnerado su derecho al debido proceso.
Sin embargo, es pertinente indicarle a la señora María Obdulia Zapata Hernández que, tal como lo reconoció la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, su condición de beneficiaria del régimen de transición le da derecho a pensionarse con base en los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. En esta norma se establece la denominada pensión de jubilación por aportes, a la cual se accede con veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo.69 Por lo anterior, si se tiene en cuenta que la señora Zapata Hernández ha hecho aportes durante diecinueve (19) años, diez (10) meses y quince (15) días, como lo estableció la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), debe concluirse que a la accionante le hace falta un (1) mes y quince (15) días de cotizaciones para acceder a la pensión de jubilación por aportes.
Por lo tanto, si la señora Zapata Hernández aporta este número de días antes del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014), fecha en la que finaliza el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, Colpensiones deberá reconocerle la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, sin que pueda reabrir el debate sobre el número de años de aportes acreditados por la accionante, por tratarse de un asunto amparado por el fenómeno de la cosa juzgada.