Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/06/30/no-se-hace-lugar-al-reclamo-de-los-actores-con-el-fin-de-que-el-mercado-de-valores-de-buenos-aires-le-abone-la-garantia-que-preve-el-articulo-35-de-su-estatuto-ante-la-actuacion-ilegitima-de-un-agent/
Timestamp: 2020-08-14 02:33:11
Document Index: 293592099

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 3']

Ed. Microjuris.com Argentina	on 30 junio 2015
En Buenos Aires a los 7 días del mes de mayo de 2015, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa «VIDAL GUILLERMO EDUARDO Y OTRO contra MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. sobre
ORDINARIO» registro N° 22.280/2008, procedente del JUZGADO N° 25 del fuero (SECRETARIA N° 49), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Dieuzeide y Heredia.
Días después del súbito fallecimiento del mentado agente de bolsa, ocurrido el 15 de abril de 1998, fueron informados por el socio de aquel, Albino Bemposta, que habían empezado a vencer las operaciones (pases y cauciones) concertadas por orden de los Vidal, y que no podía recomprar los títulos por haber desaparecido de sus oficinas los contratos de préstamo de dinero suscriptos. Tampoco se encontraba en el lugar la contabilidad del agente que permitiera conocer el destino del dinero de los aquí actores. Por tal razón el «Merval» vendió las acciones caucionadas en el marco de la operatoria de base (ensayó un listado y tasación de aquellas) y como parte de la tarea de liquidación de la oficina de Rodríguez.
Derivaron de lo dicho que Rodríguez utilizó su dinero para su propio beneficio o para superar contingencias con otras operaciones, y que tal maniobra irregular fue facilitada por el defectuoso control realizado por los auditores del Mercado de Valores, quienes desatendieron los mecanismos de vigilancia y no intentaron siquiera comprobar la falaz entrega de fondos, lo cual debía ser constatado por el mecanismo denominado «circularización».
De seguido explicaron el concepto de «responsabilidad patrimonial computable», el cual se endereza a asegurar una solidez económica constante y suficiente de los agentes de Bolsa que les permita hacer frente a fluctuaciones de mercado. Así amén de la «acción» del Mercado de Valores, la circular 3062/91 estableció mayores exigencias en orden a su patrimonio, sin perjuicio de su obligación de denunciar sus pasivos.
Tal «responsabilidad patrimonial computable» debía ser constatada por los auditores del Merval quienes, según los actores, desatendieron tal obligación al dictaminar «sin observaciones» la situación de Rodríguez, cuando su patrimonio neto era negativo. Empero advirtieron que la contadora Liporace ya había constatado esta insuficiencia en julio de 1997, según resulta del expediente Pirato Maza.
Reiteró que las maniobras de Rodríguez y Bemposta contaron con la necesaria complicidad de los auditores del Merval; y recordaron la gravedad de no haber efectuado el procedimiento de «circularización» tanto más cuando lucían recibos firmados por Bemposta del dinero que pertenecía a los actores por un total aproximado de $ 2.200.000.
Por último reiteraron el carácter de «monto indeterminado» de este reclamo, pues al remitirse al artículo 2 del reglamento del Merval, recordaron que el pago que aquí se pretende tiene como límite un porcentaje del «fondo» al comienzo del ejercicio, lo cual a entender de los aquí demandantes, hace imposible conocer ab initio el quantum económico del pleito.
A partir de este escenario, entendió cumplidos los recaudos que habilitaban a concretar la garantía del Merval, pues el agente y su socio actuaron con dolo, o cuanto menos con culpa grave; los actores efectuaron tempestivamente el reclamo administrativo; aún cuando sólo fue condenado Bemposta por haberse extinguido la acción penal contra Rodríguez por su fallecimiento, es obvio que los hechos probados también pueden atribuirse al agente, pues aquel fue ajusticiado como «partícipe necesario» de su principal; además, entendió que las operaciones bursátiles en cuestión estaban incluidas entre las garantizadas, por tratarse de pases y cauciones.
La argumentación que ahora reiteran, y que fuera tangencialmente propuesta en la instancia anterior, resulta desechable en el ámbito de esta defensa. Como lo refiere la propia recurrente, el «Fondo de Garantía Especial fue creado para proteger a los inversores que realicen operaciones dentro de los circuitos establecidos para ello por mi representada» (fs. 608v). Así lo establece, por lo demás, el artículo 35, inciso b del Estatuto de la demandada y el artículo 1 de su reglamento.
Los señores Guillermo Vidal y María Teresa Egozcue definieron de esta forma el «objeto» de su reclamo.
Dijeron (fs. 4) «El objeto de la presente demanda está originado en el incumplimiento que la demandada ha tenido frente a los actores, respecto de la garantía prevista por el art. 35 inciso b), de sus Estatutos Sociales y el art. 1 Inc.d) y concordantes de su reglamentación, y en razón de este incumplimiento peticionamos se dicte oportuna sentencia condenando a la sociedad demandada a hacer efectivo el pago de la suma que resulte de la aplicación de dicho fondo, sus intereses y costas».
Volviendo al «objeto» de la demanda, los actores bajo el título «Encuadre legal del Mercado de Valores de Buenos Aires», fincaron su argumentación en la finalidad y límites de la garantía establecida por los estatutos de esta sociedad, y en el título siguiente, fundamentó su postura en punto a ser aplicable al caso de autos el referido «Fondo de Garantía».
Por último, al intentar definir el monto del proceso a los efectos del pago de la tasa de justicia, lo calificó como de «monto indeterminado», al no conocer la cuantía que podrían percibir de ser admitida esta demanda, pues con base en el artículo 2 del Reglamento del Fondo de Garantía Especial, recordó lo que allí fue establecido:»-las reposiciones a que se refiere el artículo anterior se extenderán como máximo a la décima parte del haber del FONDO al comienzo del ejercicio, ajustado de acuerdo con las pautas aplicables para la formulación de estados contables; este máximo será por acción de este Mercado de Valores, cualquiera fuere el importe a resarcir al o los comitentes».
Derivó de ello que no podía conocer ab initio cual sería el quantum que le sería pagado con causa en el «Fondo», pues el importe resultaría de un cálculo realizado principalmente al estado del «Fondo» en el momento del pago y no de acuerdo al monto cierto que dijo constituye su perjuicio.
Lo hasta aquí dicho, deja en claro que la pretensión de los actores fincó en perseguir el pago del «Fondo de Garantía» y no una acción resarcitoria de daños y perjuicios con base en la atribuida culpa o dolo del Merval por el incumplimiento de su obligación de contralor y los efectos perjudiciales vinculados a aquella actuación reprochada.
Entiendo útil en este punto transcribir parcialmente el voto que emití en la causa «Build Cooperativa de Vivienda Cdto. Cons, y Ed. Ltda. c/ Minera Fame S.A.s/ ordinario» (esta Sala, 28.8.2009).
Allí expresé «Ha dicho la doctrina que ‘Una de las facetas del principio dispositivo impone que son las partes quienes determinan el thema decidendum, es decir, que el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan sólo a las cuestiones que han sido objeto de las peticiones de las partes. Estas determinan el alcance y el contenido de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que se aparte de esas cuestiones. Este principio se encuentra consagrado en los arts. 34 inc. 4 y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación’ (Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 5, p. 343/344)-«.
En el caso el «thema decidendum» fincó en que les fuera otorgada la garantía especial que prevé el estatuto del Merval y su reglamento, sin que fuera requerida, siquiera en forma tangencial, otra indemnización con sustento en los requisitos ordinarios de cualquier acción resarcitoria.
En este punto ha sido dicho que «-La razón de la pretensión es el fundamento que se le da y se distingue entre razón de hecho y de derecho.
«Entre el fundamento o razón de hecho y de derecho existe una diferencia fundamental en los procesos civiles, laborales y contencioso- administrativos; al paso que el primero debe ser formulado necesariamente por el demandante y vincula al juez-, el segundo puede y debe ser aplicado por el juez oficiosamente y poreso su variación no significa la de la pretensión misma ni la del objeto litigioso, por lo cual para que la pretensión prospere basta que el juez encuentre la conformidad entre su fundamento de hecho y el ordenamiento jurídico, sin que importe que ello se deba a las normas materiales citadas por el demandante o a otras que aquél conoce y aplica oficiosamente» (Devis Echandía H., Teoría General del Proceso, página 219/220).
Así el juez puede avanzar sobre los «argumentos» de las partes (el subrayado me pertenece), entendido ello como la razón jurídica de la pretensión (CNCom C, 27.11.1989, «D’Amfin c/ Chesto S. s/ ejecutivo»).
Pero en modo alguno el principio citado por la recurrente («iura novit curia») la autoriza a modificar el objeto de la pretensión o sus razones de hecho.
«-Ya la Sala se había pronunciado en este sentido, mediante el voto desarrollado por el señor Juez Heredia en la causa «Banco Comafi S.A. c/ Falabella y Corsi Inversora Sociedad de Bolsa y otro s/ ordinario» del 25.9.2008.
Allí dijo que «-cabe recordar que, en lo que concierne a la causa, para no incurrir en incongruencia, el fallo debe adecuarse a la concreta situación de hecho invocada por las partes a fin de delimitar los términos de la pretensión u oposición, pues importa alterar la relación procesal, en violación de expresas disposiciones legales (art. 34, inc. 4°, y art. 163, inc. 6°, del Código Procesal), la admisión de un nuevo título o fundamento de la pretensión, modificando la causa petendi, entendida por tal la invocación de la concreta situación de hecho a la cual la parte le asigna una determinada consecuencia jurídica. En ese orden de ideas, la incongruencia aparece, precisamente, cuando -como ocurre en el sub lite- se hace lugar a la pretensión pero con fundamento en razones de hecho no controvertidas en los escritos constitutivos (conf. Palacio, L.y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1988, t. 2, ps. 140/141; CNCom Sala D, 27/6/2008, «Acuña, Marina Inés y otros c/ Di Donato, Roberto Miguel» ).»
Así la Sala calificó de nulo al pronunciamiento que incurría en discordancia entre los considerandos y el veredicto, ya que ello determina que este último quede huérfano de sustento expositivo (conf. CSJN, Fallos 311:264; 314:1633; 324:357 )».
VII. Como lo refiere la sentencia, transcribiendo explícitamente un excelente fallo de la colega Sala «A», el sistema bursátil argentino se encuentra apoyado en diversas instituciones (Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio, Mercado de Valores, Caja de Valores). Evitaré describir sus funciones en tanto lo han sido correctamente en sendos pronunciamientos.
Congruente con los objetivos de los Mercados de Valores, el estatuto del de Buenos Aires en su artículo 35, destina un porcentaje de sus beneficios líquidos y realizados, que anualmente definirá la Asamblea General, para construir un «Fondo de Garantía Especial» que estará destinado a «- garantizar la relación del Agente de Bolsa o Sociedad de las mencionadas en el artículo 3, inciso a), con sus comitentes, para las operaciones registradas en el Mercado».
En cuanto a los Agentes de Bolsa, son definidos como «-aquella persona física o jurídica que habiendo satisfecho determinados requisitos se halla inscripta en el registro del Mercado de Valores correspondiente, y concerta en la Bolsa operaciones por sus clientes de acuerdo a las órdenes recibidas. También opera por sí misma comprando y vendiendo títulos Actúan en nombre propio y por cuenta ajena, compran y venden por encargo de terceros (o para sí) sin dar el nombre de sus clientes.Actuarían como mandatarios sin representación» (Bollini Shaw y Goffan, Obra citada, página 24).
A efecto de realizar estas operaciones, los agentes cuentan con el sistema llamado «Mercado de Concurrencia» donde pueden operar en forma electrónica, ingresando sus operaciones mediante estaciones de trabajo ubicadas en las oficinas de los agentes o sociedades de Bolsa; o concurriendo al recinto (Bolsa de Comercio), donde las operaciones se concretan mediante la modalidad de «voceo» ingresándolas luego mediante minutas.
También puede utilizar para concertar negocios bursátiles en títulos públicos y obligaciones negociables, mediante la llamada «Sesión Continua de Negociación», en este caso tanto con como sin garantía de liquidación del Merval.
En punto al Fondo Especial de Garantía, el artículo primero del Reglamento de tal fondo, incluye como amparados por este mecanismo, «-la reposición de a) los títulos valores entregados al Agente de Bolsa para su venta a través del Mercado de Valores previo depósito en Caja de Valores en la subcuenta respectiva, o proveniente de compras en dicho Mercado, que se hallen depositados en Caja de Valores en las subcuentas respectivas; b) las sumas de dinero entregadas para la compra de títulos valores abonadas mediante depósito realizado en las cuentas del Mercado de Valores o que provengan de ventas percibidas mediante cheques a la orden del comitente emitido por dicho Mercado; c) los saldos en cuenta corriente provenientes de compras y ventas, rentas y amortizaciones y dividendos de títulos valores depositados en la Caja de Valores en las subcuentas de los comitentes, y cualquier otro saldo de operaciones bursátiles contempladas en el Reglamento Interno de este Mercado; y d) los títulos valores entregados físicamente o por transferencia al Agente de Bolsa para su custodia mediante depósito en Caja de Valores S.A. y de los cuales se hubiera dispuesto indebidamente como así también de las acreencias, rentas y amortizaciones que otorgaren los mismos». De seguido, el mentado Reglamento limita económicamente las reposiciones, a un máximo equivalente a la décima parte del haber del Fondo al comienzo del ejercicio- (art. 2), y luego a los casos en que la conducta del Agente de Bolsa involucrado pueda ser calificada como «culpa grave o dolo» (art. 4).
VIII. Según afirmaron los actores en su escrito de demanda, entre los años 1995 a 1998 realizaron por intermedio del agente Rodríguez operaciones bursátiles de «pases» y «cauciones» comprometiendo en tales negocios acciones de su propiedad (fs.4v).
Dijeron que estas operaciones eran renovadas constantemente al momento de su vencimiento, «-por lo que la cancelación de las obligaciones (que asume cualquier ‘tomador’ en este tipo de operaciones bursátiles) era constantemente diferida» (fs. 5, último párrafo).
En tal situación se encontraban al fallecimiento de Rodríguez. Según refirieron, días después del deceso, el señor Bemposta (presunta mano derecha del agente), les comunicó que todas las acciones caucionadas no habían podido ser recompradas a su vencimiento, «-pues misteriosamente habían desaparecido de su oficina y de la Caja de Seguridad de Rodríguez todos los contratos de préstamo de dinero suscriptos».
También señalaron que, según Bemposta, «también había desaparecido de su oficina todo indicio, constancia o registro contable que le permitiera dar con el destino de nuestro dinero y con el nombre y paradero de los firmantes de los contratos de préstamo».
Los actores dijeron haber instruido a Rodríguez para que realice operaciones de «pase bursátil» y «caución bursátil». A tal fin lo autorizó a utilizar las acciones que tenía depositadas en la Caja de Valores.
Cabe destacar que en el «pase bursátil», en el caso de los actores, constituyó una venta de sus accio nes al inversor o prestamista pactando en el mismo momento, la operación inversa de compra de los títulos.La diferencia entre el precio de venta y de compra es la ganancia para el inversor.
En el caso de la «caución bursátil» la operación es similar, aunque con algunas diferencias operativas (al precio de venta de contado se le aplica un aforo que determina el Merval; este aforo es el límite de fondos que puede obtener el tomador a cambio de los títulos que entregó).
En el escrito de demanda que los aquí actores dedujeron contra los herederos de Juan Carlos Faustino Rodríguez, iniciado en el Juzgado en lo Civil N° 61 («Vidal Guillermo Eduardo c/ Di Napoli, María Carmen s/ cobro de sumas de dinero»), brindaron una explicación totalmente diferente del negocio concertado con el Agente de Bolsa.
Dijeron que luego de varios años de operatoria normal, y conociendo que tanto Rodríguez como Bemposta que eran inversores regulares, manteniendo una cartera continua en el mercado que fluctuaba entre los dos y tres millones de pesos, les «-propusieron alquilar la posición de nuestros títulos y acciones con el beneficio de una renta materializada en intereses a acreditar periódicamente en nuestra cuenta».
«Tal propuesta nos refirieron que era para realizar préstamos a terceros clientes suyos que tenían importantes posiciones en títulos públicos, con los cuales tomarían fondos a través de cauciones de nuestra posición dejando en garantía como resguardo nuestro una determinada cantidad de Bonex, los que guardaban directa proporción con los importes equivalentes recibidos; operaciones todas éstas, que quedaban siempre debidamente instrumentadas en un contrato garantizado por dichos bonos, los que ante cualquier incumplimiento de los pagos eran de inmediato vendidos».
«Según nos decía Rodríguez y también lo corroboraba tanto Bemposta como su Secretaria María Graciela Loria,los contratos los firmaba el primero de los nombrados, porque así como nos proponía esta operatoria, también lo hacía con otros clientes de su oficina; asumiendo siempre éste la representación de todos para facilitar la tarea» (fs. 781v del expediente referido).
Congruente con lo dicho, en el mismo escrito, los actores calificaron a Rodríguez como «apoderado bursátil», al sostener que en tal calidad «- disponía la venta de las acciones de mis mandantes, comprometiendo su recompra a los treinta días, reteniendo el dinero de la venta- que jamás pasaba a manos de los actores toda vez que el mismo Rodríguez disponía su utilización» (fs. 782v).
Luego de tal descripción, los aquí y allí actores concluyeron que a la muerte de Rodríguez «-se encontraban vendidas las acciones de Vidal en las operaciones descriptas por el monto de $ 2.232.551,83- y la obligación de recompra de $ 2.247.584,29. Este dinero estaba en poder de Rodríguez por lo que a su cargo quedaba la indicada recompra. Por otra parte, en caso de resultar fallida la operación de mutuo se encontraban los Bonex que garantizaban la mentada recompra» (fs. 782v, último párrafo).
dolo que iniciaron ante el Juzgado del fuero N° 25, (ver fs. 67 y 68; expte.»Vidal Guillermo Eduardo y otro c/ Sucesión de Rodríguez Juan Carlos s/ ordinario»).
A su vez esta versión de los hechos, fue calificada como un «hecho comprobado» en sede penal, pues en su sentencia el Tribunal Oral actuante tuvo por acreditado el desvío en beneficio propio y/o de terceros de la suma de
$ 2.247.584,29 que le fuera entregada por Vidal y Egozcue, «-a fin de que efectuara, en su condición de apoderado y socio del fallecido agente de bolsa Juan Carlos Faustino Rodríguez diversas operaciones referidas a títulos y acciones».
De todos modos, al describir puntualmente las operaciones concertadas, la sentencia identifica a ambos presuntos «socios» en la agencia de bolsa como actores de la maniobra delictiva.
Así refiere que «-los nombrados- (Vidal y Egozcue) -luego de varios años de realizar operaciones bursátiles a través del Agente de Bolsa n° 157 Juan Carlos Faustino Rodríguez y de su socio ALBINO BEMPOSTA, con el conocimiento que tenían de que eran inversiones- (rectius:inversores) – regulares de títulos y acciones, manteniendo una posición continua en el mercado que oscilaba entre los $ 2.000.000 y $ 3.000.000, les propusieron ‘alquilar’ la posición de sus títulos y acciones con el beneficio de una renta consistente en intereses a acreditar periódicamente en su cuenta».
«Para ello, dijeron que tal propuesta tenía como finalidad efectuar préstamos a terceros clientes que tenían importantes posiciones en títulos públicos, con los que tomarían fondos a través de cauciones de su posición, dejando en garantía como aval una determinada cantidad de bonex que guardarían proporción con los importes equivalentes recibidos».
«Estas operaciones quedarían instrumentadas en un contrato garantizado por dichos bonos, los que ante el incumplimiento de los pagos serían a1mente vendidos. Estas convenciones las firmaría Rodríguez, dado que como a ellos les proponía esa operatoria, también lo hacía con otros clientes de su oficina, asumiendo siempre la representación con la finalidad de facilitar la tarea» (fs. 426v/427).
Por último, relataron que quince días después del deceso de Rodríguez, Bemposta les informó que los títulos dados en pase o en caución no podían ser recomprados, pues no sólo carecía de los fondos, sino que habían desaparecido «los contratos de préstamo suscriptos»
económico por tal operatoria; amén que también que la misma se concretara mediante un «alquiler de la posición» de aquellos, pues ello les permitía moverse a Rodríguez con total libertad. A su vez explica el desinterés de los Vidal-Egozcue para reiterar el dinero obtenido de las cauciones y pases.
También resulta ajustado a una realidad lógica, que Rodríguez hubiera sido el «apoderado bursátil» de los actores, pues por la confianza que le dispensaban habían delegado en él la administración de su cartera, lo cual hacía necesario que aquel tuviera facultades para disponer de los fondos; mandato que también operó, cuanto menos tácitamente, en los hechos al autorizarlo a suscribir por sí los contratos de préstamo con los terceros a quienes se les prestaban los fondos y de quienes obtenían los beneficios suficientes para:a) recuperar los títulos caucionados o dados en pase; b) pagar periódicamente el rendimiento prometido a los actores por el «alquiler» pactado; y c) para que Rodríguez obtuviera también algún rédito económico como «inquilino» de la posición de los Vidal-Egozcue.
Tengo por probado en la causa, como lo he desarrollado con anterioridad, que los actores «alquilaron» su posición accionaria al fallecido Rodríguez para utilizarla para hacerse de fondos (mediante cauciones y pases), que prestarían a terceros fuera del ámbito bursátil los que, según lo prometido por el agente, garantizarían su deuda con una cantidad suficiente de Bonex para atender la liquidación del préstamo a su vencimiento.
Por tal «alquiler» los actores reconocieron haber percibido periódicamente un canon de parte de Rodríguez.
Y en este particular mercado «paralelo», es obvio que el Mercado de Valores carecía de toda posibilidad de intervención y menos aún contralor.Consecuencia que los actores no podían desconocer pues, como lo destacaron al demandar, operaban con acciones y títulos hace más de treinta años, al punto de ser el señor Vidal socio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Su experticia en el tema resulta clara.
Entiendo que lo expuesto es suficiente para fundar este voto, por lo cual evitaré referirme a otros aspectos que entiendo sobreabundantes. Cabe recordar, en todo caso, que los jueces sólo están obligados a fallar considerando los argumentos que estimen conducentes y suficientes, prescindiendo de aquellos otros tangenciales o sin proyección jurídica alguna (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; id., 16.6.1976, «Filacchione de Cabezón A. c/ ENTEL», Fallos 295:135; íd., 19.6.1986, «Burger King Corporation c/ Facilven S.A.C.I.C.», Fallos 308:950; íd. «Rem-Ter S.R.L. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano», Fallos 308:2263; íd., 17.4.1975, «Edelberg, Betina c/ Facio, Sara y otros», Fallos 291:390; íd. «Fernández Avello, Raúl A.», Fallos 296:445; entre otros; esta Sala, 13.10.2006, «Paramen c/ Rutilex Hidrocarburos S.A. s/ ordinario»).