Source: https://derechopedia.cl/index.php/Unificaci%C3%B3n_Rol_N%C2%B0_4.591-2018
Timestamp: 2019-11-17 15:14:29
Document Index: 78982257

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 477', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 477', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 162']

Unificación Rol N° 4.591-2018 - DerechoPedia
En autos Ruc 1740042834-4 y Rit O-611-2017 seguidos ante el Juzgado de Letras de San Miguel, caratulados “Muñoz con Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda”, se dedujo demanda en procedimiento de aplicación general solicitando la declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del mismo y el cobro de prestaciones laborales que indica, solicitando que, en definitiva, se acoja y se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones que reclama, con intereses legales, reajustes y costas.
Por sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se rechazó la demanda, al estimarse, en síntesis, que no se acreditó la existencia de relación laboral entre las partes, sino una basada en los contratos de honorarios suscritos al alero del artículo 4° de la Ley N° 18.883.
En contra de la referida sentencia, la parte demandante interpuso recurso de nulidad alegando como fundamento, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, denunciando la infracción de los artículos 7º y 8º del código en mención y el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, decisión contra la cual se dedujo el presente recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y, en consecuencia, la deje sin efecto, y en la de reemplazo se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con costas.
Segundo: Que la unificación de jurisprudencia pretendida, según se indica en el libelo recursivo, se plantea respecto la calificación jurídica que cabe otorgarle a una relación entre una persona natural y una Municipalidad, cuando la función contratada y desempeñada por aquella, corresponde en la realidad a un vínculo de naturaleza laboral, y por lo tanto, regido por el Código del Trabajo, que se verifica a merced de diversos y sucesivos contratos a honorarios sin solución de continuidad, por un período prolongado, superior a un año, hipótesis que exige tratarla como un vínculo laboral.
El recurrente sostiene que la tesis de la sentencia impugnada es contraria a lo decidido en los fallos que acompaña para su contraste, correspondiente a los ingresos de esta Corte Rol 11.584-14 y 5.699-15, dictados respectivamente con fecha 1 de abril de 2015 y 19 de abril de 2016, donde frente a antecedentes fácticos similares se aplicó el derecho en forma diferente.
En efecto, en ambos pronunciamientos se concluyó que una correcta interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, vinculado con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, implica entender la vigencia de dicho cuerpo legal respecto de las personas naturales contratadas por un órgano del Estado, que suscribió sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, al amparo del estatuto especial de dicho órgano público, en las condiciones previstas por el Código del Trabajo. Se indica, textual: “En otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente”.
-	Los sucesivos decretos que autorizaron la contratación a honorarios de la actora desde el 1 de marzo de 2009, en el marco de la implementación de diversos programas suscritos por municipio.
-	La demandante prestó sus servicios en dos programas, denominados “SENDA previene en la Comunidad” y, posteriormente, “Mujer, Ciudadanía y Participación”, en el contexto de la elaboración de políticas destinadas a la prevención del consumo de drogas y alcohol.
-	Dichas contrataciones lo fueron por los períodos precisos y acotados en cada uno de ellos se indica, para ejercer funciones en programas financiados por el gobierno central, contexto en el cual, debía cumplir con una determinada jornada de trabajo y confeccionar informe mensual de actividades, para efectos del pago honorarios.
Sobre dicha base, el tribunal del grado estimó que tales circunstancias configuran cometidos determinados y transitorios que se enmarcan en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, por lo que rechaza la demanda.
Quinto: Que, por su parte, la decisión recurrida rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la de base, aseverando que la contratación que vincula a las partes, conforme los hechos establecidos, no excede la hipótesis que regula el artículo 4° de la Ley N° 18.883, por cuanto las funciones ejecutadas corresponden a actividades que la demandada podía o no ejecutar según la existencia de necesidades específicas, por lo cual son absolutamente transitorias, y si bien los contratos se reiteraron en el tiempo, cada uno de ellos no excedió el plazo de un año.
Séptimo: Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente que el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios a “profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias” para la realización de labores accidentales y no habituales de una municipalidad, o para cometidos específicos, caso en el cual, dichas personas se regirán por las normas del respectivo contrato.
Octavo: Que, contrastado lo manifestado con los hechos establecidos en el fallo de base, referidos en el fundamento cuarto que antecede, es claro que corresponden a circunstancias que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de lo realidad concreta, tuvo dicha relación, al constituir indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración. Inferencia que obtiene mayor fuerza si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide considerar que su incorporación se haya desplegado conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, desde que el ejercicio de labores que se extienden durante más de ocho años y en las condiciones señaladas, no pueden considerarse como sujeta a las características de especificidad que señala dicha norma, o desarrollados en las condiciones de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, concluyendo que el vínculo existente entre las partes, es de orden laboral.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y en conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad deducido en contra de la de base de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, al vulnerarse los artículos 7° y 8 del Estatuto Laboral en relación al artículo 4° de la Ley N° 18.883, y, en consecuencia, se lo acoge y se declara que la sentencia de base es nula, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.
N° 4.591-18.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Juan Fuentes B., Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., y los abogados integrantes señora María Cristina Gajardo H., y señor Iñigo De la Maza G. No firma la Abogada Integrante señora Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Se reproduce la sentencia de base, con excepción de sus fundamentos noveno, undécimo y duodécimo, que se suprimen.
Asimismo, se reproducen los considerandos séptimo y octavo de la sentencia de unificación que antecede. Y se tiene, en su lugar, y, además, presente:
Primero: Que es un hecho probado que la demandante prestó servicios para la demandada desde el 1 de marzo de 2009 para dos programas cuya ejecución le correspondió a la demandante, mediante sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 4º de la Ley Nº 18.883, que se prolongaron hasta el 1 de mayo de 2017.
En cumplimiento de tal vinculación, se estableció que la demandada debía cumplir con una jornada y confeccionar informes de sus labores.
Segundo: Que del mérito de la prueba rendida, en especial de los múltiples contratos celebrados entre las partes, se lee que las funciones que debía realizar debían ejecutarse en una jornada de 44 horas semanales, con una última contraprestación mensual de dinero ascendente a $1.200.000, contra entrega de una boleta de honorarios y un informe mensual, con obligación de asistencia y supervigilancia de la jefatura. Además, se le reconocen beneficios como permisos, feriado legal y descanso por licencias médicas.
Tercero: Que, como se observa, más allá de lo planteado en los instrumentos escritos, en especial de los contratos celebrados por las partes, aportados por la propia demandada, y de los respectivos decretos administrativos que los autorizan y demás documentación aparejada, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir en la práctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el artículo 7º del Código del Trabajo.
Cuarto: Que, el caso, debe ser analizado a la luz de los principios que informan el ordenamiento jurídico laboral, entre ellos, el de primacía de la realidad.
Tal postulado es entendido, conforme lo plantea la doctrina, como aquel axioma que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, ordena dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, perspectiva desde la cual es innegable que los hechos establecidos conducen a concluir la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las formalidades en que se expresó y consolidó, en la apariencia institucional, el vínculo examinado, todo ello, conforme lo expresado en los motivos pertinentes del fallo de unificación.
Quinto: Que, entonces, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores se yergue como conclusión irredargüible la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, por lo tanto, regida por el código del ramo. De este modo, y entrando al mérito de la demanda planteada y sobre la base de la calificación jurídica desarrollada anteriormente, aparece que la desvinculación de la que fue objeto la actora, soslayó la regulación que para dichos efectos establece el código laboral, lo que conlleva a la conclusión de que constituye un despido injustificado.
Sexto: Que, no obstante acreditarse también la mora previsional al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de esa vinculación establecida, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal punición se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.
Séptimo: Que, de esta manera, deberá acogerse la demanda, salvo en lo relativo a la sanción de la nulidad del despido, declarándose la existencia de la relación laboral, y el carácter de justificado del autodespido formulado por la demandante, por lo cual, deberán concederse las indemnizaciones consecuentes. Lo mismo sucede con la pretensión de pago de las cotizaciones previsionales y descuentos por seguro de cesantía. Sin embargo, tampoco se dará lugar a lo peticionado relativo al pago de conceptos vinculados con feriado legal y proporcional, por cuanto, teniendo derecho reconocido expresamente en los contratos suscritos entre las partes a disfrutar de feriado, no se acreditó adeudarse monto alguno por dicho concepto.
I.- Se acoge la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en cuanto se declara la existencia de una relación laboral entre las partes, que se prolongó entre el 1 de marzo de 2009 y el 1 de mayo de 2017, declarándose justificado el despido indirecto planteado por la actora.
En consecuencia, se condena a la demandada a pagar la suma de $1.200.000.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo; el monto de $9.600.000.- por concepto de indemnización por ocho años de servicios; la suma de $4.800.000.- por concepto de recargo legal sobre la indemnización citada anteriormente, más las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía, por todo el período trabajado, debiendo oficiarse a las entidades pertinentes para los fines a que haya lugar.
N° 4.591-18
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