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Timestamp: 2019-02-19 20:46:20
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El derecho de información del socio como fundamento de la impugnación de los acuerdos sociales. Cuestiones sustantivas y procesales - El Derecho
Foro 01-04-2015	Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
¿Cuándo una vulneración del derecho de información puede resultar "esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto de cualquiera de los demás derechos de participación"? A efectos de la impugnación del correspondiente acuerdo social, ¿cuál sería el objeto en tal caso del incidente de previo pronunciamiento y en qué medida su resolución afectará al objeto del proceso principal?
Las reformas de nuestra legislación mercantil se suceden al compás de las estaciones, al punto de que no resulta fácil identificar en los últimos tiempos la norma vigente. Inmerso el intérprete en el proceloso escenario de reformas, contrarreformas y modificación de las normas recientemente reformadas, la primera cuestión que surge es la de la conveniencia misma de la modificación legislativa. Pareciera que se opta por un antiguo positivismo exacerbado, que soslaya cualquier intento sosegado de interpretación doctrinal o jurisprudencial de los preceptos, de adaptación a la realidad social a la que están llamados a servir. Sin duda se ha extendido la especie de que tan sólo la función taumatúrgica del impetuoso legislador, que desciende cual deus ex machina sobre las tablas del escenario del funcionamiento de las sociedades mercantiles, es capaz de resolver, definitivamente, lo que ni doctores ni prácticos alcanzan a clarificar. Sin embargo tampoco resulta justo ocultar que la realidad en que se opera ha experimentado cambios en profundidad en los últimos tiempos y que otros ordenamientos de países del entorno se encuentran sumidos en procesos similares.
La mera relación de trabajos prelegislativos y de normas positivas que han ido modificando el panorama del Derecho societario español serviría para agotar el espacio de este comentario inicial. Si se toma, por ejemplo, la cuestión del gobierno corporativo de nuestras sociedades mercantiles, o más limitadamente, el sector de las sociedades cotizadas, o si se quiere, el de las entidades financieras, se comprobará lo lejano que resulta el escenario contemplado en los informes Olivencia y Aldama y la influencia de decenas de normas, de origen e inspiración tan diversos. En el momento en que llega esta nueva edición del Foro Mercantil, el penúltimo paso se ha dado con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Son numerosas, y muy relevantes, las novedades del texto legal, como en su día hubo ocasión de exponer desde estas mismas páginas. Nos centramos ahora en las modificaciones producidas en la materia que protagoniza quizás la más abultada bolsa de litigiosidad en nuestros pleitos societarios: la impugnación de los acuerdos sociales y, en particular, el fundamento de la impugnación basada en la infracción del derecho de información del socio.
El derecho de información del socio en las sociedades de capital ha experimentado, como es bien sabido, una profunda transformación de la mano de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo a partir de 2011, que ha pasado a convertirlo en un derecho autónomo, desvinculado del tradicional carácter instrumental para el ejercicio del derecho de voto. Esta autonomía, junto con un sistema de impugnación de acuerdos sociales que para algunos se ha entendido con excesiva amplitud, ha llevado al legislador a asumir una postura más restrictiva, en un intento de reequilibrar la balanza entre la seguridad jurídica y la buena fe, de un lado, y por el otro el derecho del socio minoritario de controlar a la mayoría. Se habla así de la necesidad de introducir el test de la relevancia y la exigencia de reaccionar frente a situaciones de abuso. La cita de cientos de sentencias recientes serviría para ilustrar esta afirmación.
Nos parece, sin embargo, que por racional que resulte este propósito, la forma de acometerlo ofrece flancos para la crítica y mucho nos tememos que en la búsqueda del objetivo de lograr una mayor seguridad del tráfico, lo que se esté creando es un escenario de mayor inseguridad. Como enseguida comprobará el lector, las nuevas normas están plagadas de conceptos jurídicos indeterminados de muy difícil precisión en la práctica, cuando no de soluciones procesales de muy defectuosa técnica que aventuran un campo plagado de incertidumbres. Tomamos como ejemplo el nuevo artículo 204, en su apartado tercero, que establece cuatro excepciones a la regla general de la impugnación de los acuerdos sociales; en particular, y en relación con el ejercicio del derecho de información del socio, se establece que no procederá la impugnación de acuerdos basada en la incorrección o en la insuficiencia de la información facilitada en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, pero ello con la excepción de que la información solicitada hubiera resultado esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de los demás derechos de participación. Las palabras que destacamos con la cursiva constituyen un desafío para el intérprete, como en los comentarios que siguen comprobará el lector.
Finalmente hemos querido también poner el acento en la exigencia de que las reformas sustantivas, que a veces resultan forzadas por los acontecimientos, vayan seguidas de normas procesales eficaces y meditadas, coherentes en suma con el sistema en el que se han de implantar, lo que sin duda constituye una obligación insoslayable del legislador. Y lamentablemente comprobamos que las especialidades introducidas en el proceso de impugnación de acuerdos sociales, con la recuperación del incidente de previo pronunciamiento, constituyen un paso en la dirección equivocada, si hemos de atender a las diversas interpretaciones que ha recibido la norma, algunas procedentes de los propios órganos llamados a aplicarla. Las respuestas ofrecidas por nuestros expertos pretenden contribuir al debate, en un intento de ofrecer al intérprete un material útil en una materia singularmente difícil y relevante, cuya solución vendrá las más de las veces condicionada por las peculiares características de la concreta sociedad de que se trate.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Derecho Mercantil", el 1 de abril de 2015.
La ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedade...
La ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806-, introduce modificaciones, tal como declara su exposición de motivos, en un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de las empresas y para el adecuado equilibrio entre sus órganos de gobierno como es el derecho de información de los accionistas. El legislador considera que si bien el ejercicio de este derecho era hasta este momento adecuado, resulta conveniente diferenciar las consecuencias jurídicas de las distintas modalidades de este derecho, así como modular su ejercicio bajo el principio de la buena fe.
Por lo que respecta al régimen de impugnaciones de los acuerdos sociales, para evitar abusos, tal como se expresa la exposición de motivos, se ponderan en la reforma las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con la protección de la minoría y la seguridad del tráfico jurídico, adoptando cautelas en materia de vicios formales poco relevantes y, en consecuencia, se pondera el derecho de las minorías con el abuso en el ejercicio de las acciones judiciales.
Con estas premisas la modificación introducida en el artículo 204.3 LSC declara no procedente la impugnación de acuerdos sociales basada en la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
Presentada la demanda en este caso, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento.
También desaparece la posibilidad de impugnar acuerdos de las sociedades anónimas con fundamento en la vulneración del derecho de información del socio durante el transcurso de la junta que ya no será causa de impugnación de la junta y que solo dará lugar a exigir el cumplimiento de la obligación y los daños y perjuicios causados (artículo 197.2 y 5 LSC -EDL 2010/112805-).
El legislador trata, en definitiva, de evitar que el derecho de información que tradicionalmente ha sido objeto de enorme litigiosidad, sea utilizado de forma abusiva y oportunista, excluyendo la posibilidad de impugnación de acuerdos basada en la incorrección o insuficiencia de la información facilitada con anterioridad a la junta, salvo que ésta hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
La exclusión de la posibilidad de impugnación basada en la incorrección o insuficiencia de la información facilitada con anterioridad a la celebración de la junta tiene la limitación que esa incorrección o insuficiencia sea esencial para el ejercicio razonable del accionista o socio medio del derecho de voto u otros derechos de participación en la junta, pero, además, procesalmente se ve limitada pues, presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de esos motivos impugnación debe plantearse como cuestión incidental de previo pronunciamiento con suspensión, por tanto, del curso de las actuaciones y el posible recurso de apelación.
La cuestión incidental que deberá seguirse por los trámites establecidos en los artículos 387 y siguientes de la LEC, tendrá por objeto delimitar inicialmente si la información previa a la celebración a la junta que se deniega o proporciona de forma incorrecta es “esencial” o “determinante” del ejercicio racional del derecho de voto u otros derechos de participación para el accionista o socio medio al objeto de continuar o no con el procedimiento principal.
No se trata de tener en cuenta los conflictos internos o la estructura real de la sociedad en la que el socio ejercita su derecho de información, o de solicitar información de manera indiscriminada o cualquier documentación, o si esa información es esencial para el socio demandante sino que tiene que ser esencial y determinante para un accionista o socio medio y, además, ser esencial y determinante para el ejercicio racional o consciente del derecho al voto u otro derecho de participación. Todos estos aspectos, por su carácter indeterminado, tendrán que irse modulando en los juzgados de lo mercantil que, al final, deberían concretarse en aspectos objetivos generales para una sociedad media como, por ejemplo, la solicitud de una mayor concreción cuando las cuentas se presenten de forma abreviada o, por ejemplo, respecto de aquellos datos contables sin los cuales no es posible valorar algunos datos generales que se contienen en las cuentas anuales (STS de 19 de septiembre de 2013).
Concretada la cuestión de previo pronunciamiento, el proceso podrá seguir por sus cauces ordinarios hasta la sentencia. La cuestión previamente decidida tendrá efecto sobre el proceso principal, el primero de ellos y más determinante, sobre su continuidad o no. Si la infracción o el vicio alegados no son esenciales o determinantes para que el accionista o socio medio pueda ejercitar racionalmente el derecho de voto u otro derecho de participación, y esta es la única cuestión que se suscita, se pondría fin al procedimiento; lo que no impide en otro caso que, continuado el proceso, luego pudiera desestimarse la demanda por las circunstancias concretas del caso, como por ejemplo cuando sí fueran esenciales o determinantes esas circunstancias para el socio demandante.
Es obvio que en la cuestión incidental se resolverán inicialmente muchos de los litigios societarios que hasta el momento se planteaban, por lo que en cualquier caso parece que el incidente reduce los períodos de incertidumbre, creando seguridad jurídica en el tráfico mercantil al reducir los plazos de decisión y proporcionando que la sociedad demandada tenga información previa a través de la resolución incidental del carácter esencial o determinante del motivo de impugnación y, en consecuencia, pudiendo poner fin al procedimiento por el cauce del artículo 204.2 o del artículo 207 LSC -EDL 2010/112805 o evitar situaciones de incertidumbre que puedan afectar o perjudicar a la sociedad o a terceros interesados en su funcionamiento.
La Ley 31/21014, de 3 de diciembre, por...
La Ley 31/21014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806 (la “Ley 31/2014”), ha introducido relevantes modificaciones en diversos aspectos clave de configuración de la regulación de las relaciones societarias. En este comentario la atención se centrará en dos de esos elementos; el derecho de información y la impugnación de los acuerdos sociales y, más en concreto, en la relación existente entre ambos.
Derecho de información e impugnación de acuerdos sociales son, en efecto, integrantes de un binomio que se ha hecho inseparable en la práctica de nuestros tribunales a lo largo de los años. La experiencia enseña que raro es (o al menos así ha sido hasta ahora) el proceso de impugnación de acuerdos sociales en el que el demandante no invoca como uno de los motivos de impugnación la lesión de su derecho de información. Ello, unido a la elevada litigiosidad que han generado las relaciones societarias, ha dado lugar a una rica y abundante jurisprudencia, amén de la doctrina mercantilista que desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 ha prestado atención a esta materia.
Esa jurisprudencia, además, ha experimentado una interesante evolución en los últimos tiempos, especialmente a partir de 2011. La concepción que podríamos calificar clásica o tradicional del derecho de información lo presentaba como un derecho puramente instrumental y vinculado al ejercicio del derecho de voto; un derecho, además, de pregunta, que no incluía la entrega de documentación societaria salvo en los casos expresamente previstos por la Ley. El Tribunal Supremo ha buscado superar esa concepción para dotar al derecho de información de autonomía y sustantividad propias. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013 -EDJ 2013/197208 es presentada como un significativo exponente de esa evolución. Más recientemente, la doctrina del Alto Tribunal se puede leer en la Sentencia de 12 de noviembre de 2014 -EDJ 2014/225844-, en la que se reitera que “esta Sala ha rechazado la concepción restrictiva del derecho de información” y que se trata “de un derecho autónomo sin perjuicio de que pueda cumplir una finalidad instrumental del derecho de voto”; un derecho que va más allá del puro derecho de pregunta y que comprende la posibilidad de solicitar documentación, siempre que guarde relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, en el entendido de que, como advierte la Sentencia de 19 de septiembre de 2013, “no es precisa una relación ‘directa y estrecha’ entre la documentación solicitada y los asuntos del orden del día, debiendo estarse al juicio de pertinencia en el caso concreto”. En esta resolución se contiene, además, una verdadera declaración de intenciones sobre la importancia y alcance dados al derecho de información: “con carácter general el derecho de información se justifica por la pertinencia de que quien está integrado en una sociedad mercantil, como socio de la misma, y ha invertido parte de su patrimonio en el capital social, pueda tener conocimiento de cómo se está gestionando y administrando la sociedad para que de este modo pueda adoptar de modo fundado las decisiones pertinentes (votación de acuerdos en las juntas sociales, exigencia de responsabilidad a los administradores, venta de su participación en la sociedad, etc.). Dicha justificación se hace más intensa si las características de la sociedad le obstaculizan la enajenación de su participación en el capital social”. Eso sí, lo que no se ha alterado en la jurisprudencia es la consecuencia de la apreciación de la existencia de una lesión del derecho de información del socio: la declaración de nulidad del acuerdo o acuerdos sociales afectados, con independencia de la mayor o menor relación de la información denegada con el derecho de voto.
En la relación existente entre derecho de información e impugnación de acuerdos sociales ha irrumpido el legislador con la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-. Y una de las primeras preguntas que surge es si las modificaciones introducidas han alterado la configuración del derecho de información establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La respuesta es no. La configuración se mantiene en su esencia. Lo que ha cambiado es su relación con la impugnación de acuerdos sociales y las consecuencias de su infracción. Lo veremos enseguida.
Casos en que la infracción del derecho de información es motivo de impugnación de los acuerdos sociales
El derecho de información se reconoce con carácter general en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (“LSC”) y se regula de manera separada para la sociedad de responsabilidad limitada (artículo 196) y para la sociedad anónima (artículo 197). El nivel de detalle en esa regulación es significativamente diferente en cada tipo societario. Para la sociedad limitada, se reconoce el derecho de los socios a solicitar información antes de la junta o durante su celebración en términos que podrían calificarse como genéricos o amplios. En la sociedad anónima, en cambio, la regulación es más detallada. El derecho de solicitar información con carácter previo a la junta tiene una previsión específica en el apartado 1, según el cual los informes o aclaraciones habrán de pedirse hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta y los administradores habrán de facilitar la información por escrito hasta el día de celebración de la junta (a diferencia de lo que ocurre en la sociedad de responsabilidad limitada, en la que la se prevé que la información habrá de suministrarse “en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada”). El ejercicio del derecho durante la celebración de la junta es regulado en el apartado 2, que, como es sabido, contempla la posibilidad de facilitar la información interesada dentro de los siete días siguientes al de terminación de la junta si no es posible suministrarla en la propia junta.
El artículo 197.5 LSC -EDL 2010/112805 contiene una primera referencia a la conexión entre derecho de información e impugnación de acuerdos sociales, al señalar que “la vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 [el ejercido durante la junta] solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general”. No hay, sin embargo, una previsión semejante en la regulación del artículo 196 LSC del derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada, lo que podría llevar a preguntarse si la infracción de ese derecho en la sociedad limitada podría dar pie a la impugnación del acuerdo o acuerdos afectados.
El artículo 204.3 b) LSC -EDL 2010/112805 despeja la duda. Según esta norma, no procederá la impugnación de acuerdos sociales basada en “la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación”. La regla puede enunciarse en términos positivos: sólo cabe la impugnación de acuerdos sociales por infracción del derecho de información en los casos de ejercicio del derecho con carácter previo a la junta y sólo, además, cuando “la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación”. Ello permite excluir también para la sociedad de responsabilidad limitada que eventuales infracciones del derecho producidas en relación con informes o aclaraciones deducidas en la junta puedan invocarse como motivos de impugnación de los acuerdos. La regla del artículo 204.3 b) LSC es común para los dos tipos societarios. La referencia al “accionista o socio medio” parece confirmarlo.
Salvada esta cuestión, la atención ha de centrarse en determinar en qué casos puede entenderse que la información interesada es esencial para el ejercicio razonable por el accionista o socio medio del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación. Cabe aquí retomar el asunto relativo a la vigencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de información tras la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-. Y puede decirse que esa jurisprudencia mantiene su vigencia, si bien sólo en lo atinente a la naturaleza y alcance del derecho de información. Lo que ha cambiado la Ley 31/2014 es las consecuencias de su eventual infracción. La infracción del derecho de información sólo es susceptible de constituir causa de impugnación y, por tanto, de anulación del acuerdo cuando se trata de información pedida antes de la junta que, además, sea esencial para el ejercicio razonable del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación. Si la información se interesó durante la celebración de la junta o si, habiéndose pedido antes, no reviste el carácter de esencial en los términos previstos en la norma, no podrá dar lugar a la impugnación de los acuerdos afectados. Las consecuencias habrán de dirimirse en otro plano: el de la exigencia de suministro de la información y de responsabilidad por daños y perjuicios. Este camino, que en el artículo 197.5 LSC -EDL 2010/112805 se refiere sólo a la sociedad anónima y a los casos de infracción del derecho ejercitado durante la junta, puede entenderse también abierto para la sociedad limitada y para los supuestos de información pedida antes de la junta y no facilitada en forma adecuada, pero que no se considere esencial para el ejercicio del derecho de información y de los demás derechos de participación del socio o accionista.
En los escasos meses transcurridos desde la aprobación de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, los autores que se han ocupado de esta materia coinciden en destacar que el artículo 204.3 LSC -EDL 2010/112805 ha pretendido incorporar al ordenamiento societario positivo las llamadas reglas de la relevancia y de la resistencia para limitar los casos en que la infracción de normas puede dar lugar a la impugnación de acuerdos sociales. Con seguridad en los próximos meses verán la luz destacados comentarios doctrinales sobre la reforma y los tribunales comenzarán a establecer criterios sobre su interpretación y aplicación. De momento podemos citar a CABANAS TREJO, R., “Cambios en el régimen de la junta general de las sociedades de capital en la reforma del gobierno corporativo (Ley 31/2014, de 3 de diciembre)”, en Diario La Ley, núm. 8442, 16 de diciembre de 2014; SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “La impugnación de acuerdos y la cuestión previa sobre el motivo de impugnación”, en El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte, 16 de diciembre de 2014; PERDICES HUETOS, A., “Retorno a la impugnación de los acuerdos de la junta de accionistas”, en AA.VV., en Comentarios a la reforma del régimen de la junta general de accionistas en la reforma del buen gobierno corporativo, IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. (dir.), 2014., pp. 113 a 132; y, respecto del Proyecto de Ley, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La reforma del gobierno corporativo de las sociedades de capital (X)”, en El blog de Jesús Alfaro, 30 de junio de 2014 y CARRASCO PERERA, A., “La Ley de reforma de la LSC. La resistencia de los acuerdos de junta ante los ‘fallos procedimentales’ en el Proyecto de reforma de la LSC”, en Análisis GA&P, septiembre 2014.
El llamado test de resistencia se puede encontrar en las previsiones relativas a las consecuencias de infracciones relativas a la participación de personas legitimadas o a la invalidez de votos (apartados c) y d) del artículo 204.3 LSC -EDL 2010/112805-). La regla de la relevancia está presente en los casos de “infracción de requisitos meramente procedimentales” a que se refiere el apartado a) del artículo 204.3 LSC.
Entre esas previsiones se encuentra la aplicable al derecho de información que, como hemos visto, se contiene en el apartado b) de la norma. Incorpora a esta cuestión la llamada regla de la relevancia, pero lo hace de una manera particular. El elemento quizás más destacable es que, a efectos de de impugnación de acuerdos sociales, se potencia la instrumentalidad del derecho de información respecto del ejercicio del derecho de voto y los demás derechos de participación. El derecho de información puede seguir siendo un derecho revestido de autonomía y sustantividad propias, como ha destacado el Tribunal Supremo. Pero para que su infracción tenga virtualidad impugnatoria de los acuerdos es necesario que esté conectado al ejercicio de esos otros derechos del socio. Si no existe esa vinculación, su infracción y eventual reparación habrá de discurrir por caminos distintos del de impugnación de los acuerdos sociales. Es precisamente esa instrumentalidad la que lleva a excluir como motivos de impugnación infracciones del derecho ejercitado antes de la junta que no se refieran a información esencial, o infracciones del derecho ejercitado durante la junta, que en la sociedad anónima se considera relativo a información por definición no esencial, ya que se permite el suministro de la información después de la junta.
Ahora bien, la forma en que se regula esa conexión plantea serios interrogantes. Para su resolución no ayuda precisamente la fórmula utilizada por el legislador, plagada de conceptos indeterminados. Ha de tratarse de información “esencial” para el ejercicio “razonable” por el accionista o socio “medio” del derecho de voto o “de cualquiera de los demás” derechos de participación. Desgranemos las distintas expresiones contenidas en la norma.
En primer lugar, encontramos el requisito de que se trate de información “esencial”. Adviértase que no se reclama que la información sea simplemente “relevante”; ha de ser esencial para el ejercicio de los derechos indicados, lo que parece apuntar a un plus de exigencia en cuanto a la importancia de la información para el ejercicio de los derechos enunciados en el precepto comentado. Podría incluso entenderse que “esencial” equivale a “decisiva”, en el sentido de que de haberse suministrado la información de manera correcta el sentido del ejercicio de los derechos del socio o accionista hubiera sido diferente. Puede tomarse como punto de referencia lo que al respecto dice la Ley de Sociedades Anónimas alemana en su artículo 243.4: “lo decisivo para considerar nulo un acuerdo es si un accionista que actuase objetivamente y que conociera las circunstancias que constituían el objeto de su solicitud de información habría votado en sentido diverso a como lo hizo sin conocer tales circunstancias, siendo lo relevante (no la respuesta hipotética sino) si el objeto de la pregunta es suficientemente importante como para influir en la votación con independencia de la respuesta”. Antes incluso de la Ley y a propósito del Proyecto de Ley, ALFARO ÁGUILA-REAL, J., op. cit., p. 4, señalaba ya que “que la información deba ser ‘esencial’ nos parece excesivo. Tal vez hubiera sido mejor decir ‘relevante’. En efecto, de acuerdo con la ratio de la regla de la relevancia, no es necesario que la información sea esencial para el ejercicio del derecho de voto, basta con que la información hubiera podido afectar al sentido del voto de un socio hipotético, en la formulación que le da la jurisprudencia alemana a dicha regla”. Este planteamiento limitaría notablemente el ámbito de invocación de infracción del derecho de información. Pero es pronto para saber el camino interpretativo por el que discurrirá la práctica judicial. No puede descartarse que también se entienda que, aun siendo expresiones de distinto significado, lo que se está exigiendo es la relevancia real de la información para el adecuado ejercicio de los derechos del socio o accionista, lo que situaría el requisito en un equilibrado medio camino entre el carácter absolutamente imprescindible de la información pedida y el carácter simplemente conveniente o útil de esa información.
Por otro lado, se habla de “accionista o socio medio”. La información ha de ser esencial para el ejercicio razonable de sus derechos por el accionista o socio “medio”. No se dice qué ha de entenderse por socio o accionista medio. Lo único que está claro es lo que no es: el socio concreto que esté impugnando el acuerdo. El legislador ha buscado establecer un parámetro objetivo, que impide prestar atención a las circunstancias personales o subjetivas de ese socio concreto. La determinación del perfil del socio o accionista medio es cuestión que habrá de ser resuelta por los tribunales. Pueden darse, no obstante, algunos elementos de referencia. Ya que la norma alude también al ejercicio razonable de los derechos del socio o accionista, parece que se está pensando en un socio o accionista razonablemente informado, que ejerce sus derechos de manera activa y no puramente pasiva. El perfil de socio o accionista medio habrá de fijarse también atendiendo al tipo societario de que se trate (sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, cotizada o cerrada) y a las particulares características de la concreta sociedad afectada (teniendo en cuenta factores como la previa práctica aplicada en la sociedad respecto de la información suministrada a los socios o accionistas, la eventual existencia de una regulación propia sobre la forma de ejercicio del derecho y los cauces para la solicitud de información, etc.).
Finalmente, se exige la instrumentalidad de la información solicitada respecto del ejercicio del derecho de información “o de cualquiera de los demás derechos de participación”. La referencia al derecho de información no requiere mayor comentario. Pero sí la alusión a esos otros derechos de participación. No parece que se esté haciendo referencia a un genérico derecho de participación. De hecho, no hay en la LSC -EDL 2010/112805 ninguna previsión que se refiera a un derecho de ese tenor. Más bien parece que el legislador se está refiriendo a los demás derechos del socio cuyo ejercicio pueda verse afectado por el propio del derecho de información. Se revela también razonable entender que habrá de tratarse de derechos concretos, vinculados a los asuntos comprendidos en el orden del día (por ejemplo, el derecho de adquisición preferente en una ampliación de capital) o que, no estándolo, puedan suscitarse durante la junta general (por ejemplo, la propuesta de ejercicio de la acción social de responsabilidad de administradores).
El incidente de previo pronunciamiento sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación
El último apartado del artículo 204.3 LSC -EDL 2010/11285 dispone que “presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento”. Esta remisión al régimen legal de las cuestiones incidentales de previo pronunciamiento reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) plantea serios interrogantes, sustantivos y procesales. La fórmula utilizada no parece muy afortunada, pero corresponde a los operadores jurídicos establecer criterios para su adecuada aplicación. Se dejan, pues, de lado en este momento las críticas a la técnica legislativa utilizada.
En el plano sustantivo, se trata de determinar el objeto del incidente. La LSC -EDL 2010/112805 se limita a hacer referencia al “carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación” del artículo 204.3 LSC. El legislador parece haber buscado el establecimiento de un trámite que rebaje el nivel de litigiosidad en las relaciones societarias y permita, en un momento muy inicial de la tramitación del procedimiento, realizar una labor de depuración de los motivos de impugnación que excluya del proceso los motivos de impugnación de carácter no “esencial o determinante”, que son los referidos en las cuatro letras del artículo 204.3 LSC. En ese incidente previo habrá pues, que examinar si entre los motivos de impugnación deducidos en la demanda se encuentra o no alguno que no pueda ser invocado como tal según lo dispuesto en la norma. Es una pura labor de depuración del objeto del proceso, que no incluye un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre si concurre o no el motivo de impugnación formulado en la demanda. Si a resultas del incidente se llega a la conclusión de que la infracción alegada no es susceptible de constituir un motivo de impugnación, quedará fuera del proceso, lo que comportará o no su sobreseimiento según sea o no el único motivo incluido en la demanda. Si el resultado es que se trata de un motivo de impugnación de carácter “esencial o determinante”, el proceso proseguirá para determinar si se ha producido o no la infracción denunciada. Un ejemplo permitirá explicarlo mejor. Según el artículo 204.3 d) LSC, no cabe la impugnación de los acuerdos sociales basada en la invalidez de uno o varios votos o en el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible. Si lo que se alega es la invalidez de uno o varios votos, el incidente habrá de centrarse en determinar si esos votos que se reputan inválidos por el demandante fueron determinantes de la constitución de la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo. Nada más. Si no lo fueron, el incidente habrá de estimarse. Si lo fueron, entonces el procedimiento habrá de proseguir para decidir si el voto o votos de que se trate fueron o no inválidos.
La labor, sin embargo, se antoja más complicada en el caso de insuficiencia o incorrección de la información facilitada, supuesto al que se refiere el artículo 204.3 b) LSC -EDL 2010/112805-. El término “esencial” aparece aquí en dos ocasiones. De un lado, sólo cabe la impugnación de los acuerdos por insuficiencia o incorrección de la información si ésta hubiera sido “esencial” para el ejercicio del derecho de voto o los demás de participación. De otro, en el proceso se habrá de decidir si el motivo de impugnación basado en la lesión del derecho de información es o no “esencial”. El “esencial” del artículo 204.3 b) LSC, ¿es el mismo “esencial” que el del último párrafo del artículo 204.3 LSC? Para apreciar el carácter esencial o determinante del motivo, ¿es necesario concluir que la información pedida era esencial para el ejercicio de los derechos del socio o accionista, de manera que, fijada esa posición, el proceso posterior habrá de limitarse a establecer si se produjo o no la lesión del derecho de información? Estas preguntas son de difícil respuesta. Quizás podamos ir por partes. En el incidente previo lo que habrá de determinarse es si la infracción denunciada, en los términos en que esté formulada en la demanda, encaja dentro de lo que la Ley establece para constituir un motivo de impugnación válido. Por ejemplo, si lo que se denuncia es la insuficiencia de información proporcionada en respuesta al ejercicio del derecho de información durante la junta, en ese incidente el motivo será excluido, por no encuadrarse dentro de los supuestos de infracción del derecho de información configurados legalmente como posibles motivos de impugnación de acuerdos sociales. Y si lo que se denuncia es una infracción relativa a información esencial, en el incidente habrá de comprobarse que efectivamente es así y la demanda se ajusta formalmente a las exigencias del artículo 204.3 b) LSC. Cuesta más entender que en ese incidente ya quedará resuelto de manera definitiva el carácter esencial de la información y que, por tanto, esta cuestión no podrá ya discutirse en el proceso principal, debiendo éste limitarse a dilucidar si efectivamente se produjo o no lesión del derecho de información. Pero no cabe descartar que la práctica judicial discurra por este camino, sobre todo si se entiende que prima la función de depuración del objeto del proceso del incidente, en el sentido de que las cuestiones discutidas y resueltas en el incidente no puedan ya ventilarse en el procedimiento principal.
En el plano procesal, el principal problema es la coordinación de la regulación del procedimiento ordinario con la de la cuestión incidental de previo pronunciamiento, dispuesta en los artículos 387 y ss. LEC -EDL 2000/77463-. Según el artículo 387 LEC, son cuestiones incidentales “las que, siendo distintas de las que constituyan el objeto principal del pleito, guarden con éste relación inmediata, así como las que se susciten respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso”. El llamado por el legislador “carácter esencial o determinante” de los motivos de impugnación relacionados en el artículo tiene un encaje más que complicado en estos supuestos. Y ello se revela con singular intensidad en el caso de los motivos de impugnación basados en infracción del derecho de información. Parece difícil sostener, en efecto, que si la información era o no esencial para el ejercicio razonable de los derechos del socio o accionista es cuestión distinta del objeto principal del pleito. Y no menos difícil es el encuadre en la definición de las cuestiones incidentales de previo pronunciamiento, que según el artículo 390 LEC son las que “supongan, por su propia naturaleza, un obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios”.
De lo anterior se deriva todo un rosario de posibles problemas y dificultades para una adecuada aplicación de la previsión contenida en el último párrafo del artículo 204.3 LSC -EDL 2010/112805-. Pueden apuntarse algunos.
Podemos comenzar con el planteamiento de la cuestión incidental. La iniciativa ha de venir de las partes (artículo 392 LEC -EDL 2000/77463-). No cabe la iniciación de oficio. Lo normal será que la cuestión incidental sea planteada por la sociedad demandada. La pregunta es en qué momento. ¿Ha de hacerse en la contestación? ¿O puede hacerse en un escrito independiente a la contestación? No parece que haya especial inconveniente en que el planteamiento se haga en escrito independiente, sobre todo con carácter previo a la contestación, lo que puede interesar a la sociedad demanda para no desvelar todos sus argumentos de defensa.
Por otro lado, el planteamiento de la cuestión ha de comportar la suspensión del curso ordinario de las actuaciones. ¿También si se alegan otros motivos de impugnación distintos de los referidos en el artículo 204.3 LSC -EDL 2010/112805-? También. El legislador ha querido dar a estas situaciones el tratamiento de cuestiones incidentales de previo pronunciamiento, cuya característica procesal principal es la suspensión del curso de las actuaciones.
Veamos una última cuestión, relativa al régimen de recursos. Según el artículo 393.5 LEC -EDL 2000/77463-, “cuando la cuestión se resuelva por medio de auto, si éste acordare poner fin al proceso, cabrá recurso de apelación, y si decidiere su continuación, no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que la parte perjudicada pueda impugnar la resolución al apelar la sentencia definitiva”. La aplicación de esta previsión no plantea ningún problema si el motivo o motivos de impugnación son todos de los del artículo 204.3 LSC. Sólo un matiz: la finalización del proceso se decreta en forma de auto, lo que por definición determinará que los casos de estimación de la cuestión incidental no tengan acceso al Tribunal Supremo, ya que el recurso de apelación se resolverá también en forma de auto, no susceptible de recurso extraordinario por infracción procesal ni de casación (disposición final decimosexta.1.2ª LEC). Si en la demanda se invocaron otros motivos de impugnación, por definición la resolución de la cuestión incidental no podrá poner fin al proceso, ni siquiera en caso de estimación, ya que éste habrá de seguir respecto de esos otros motivos de impugnación. Parece razonable que, en ese supuesto, no quepa recurso de apelación independiente y que la cuestión se pueda reproducir al apelar la sentencia definitiva.
No es fácil extraer una conclusión de todo lo expuesto. Pero ello no es excusa para intentarlo. Con la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, el legislador ha querido restringir los casos en que las infracciones y defectos de procedimiento pueden dar lugar a la impugnación y eventual anulación de los acuerdos sociales. Se ha buscado la incorporación de las llamadas reglas de la relevancia y de la resistencia y la introducción de soluciones similares a las adoptadas en otros ordenamientos de nuestro entorno. Teóricamente, ello habría de comportar una reducción de los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales en los que se invoca la lesión del derecho de información del socio o accionista. La fórmula utilizada, sin embargo, presenta serias dudas de interpretación y aplicación, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. Y no es seguro que esas dudas permitan reducir la litigiosidad en el ámbito societario. Más bien pueden contribuir a incrementarla, al menos en estos primeros tiempos de aplicación de la nueva regulación. De hecho, todo parece indicar que el binomio derecho de información e impugnación de acuerdos sociales al que antes hacíamos referencia seguirá más que vivo en los conflictos societarios.
La reciente reforma de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805- (en ...
La reciente reforma de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805 (en adelante, LSC) a través de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, aun cuando en principio dirigida específicamente a la mejora del gobierno corporativo de las sociedades de capital, ha afectado a importantes aspectos de la posición jurídica de socio y del régimen jurídico aplicable a los órganos sociales. Entre las materias afectadas en relación con los derechos de socio, destaca especialmente la reforma del derecho de información, a la que se refiere la cuestión planteada en esta nueva edición del Foro. En relación con el derecho de información del socio la reforma ha consistido, básicamente, en una ampliación de los supuestos en los que cabe negar la información solicitada por un socio, en el establecimiento de un régimen de responsabilidad para el supuesto de ejercicio abusivo por el socio de su derecho de información y, finalmente, en una limitación de las posibilidad de impugnación de acuerdos sociales por vulneración del derecho de información del socio.
En relación con esta última cuestión, de un lado, el nuevo apartado 5 del art. 197, LSC -EDL 2010/112805-, referido exclusivamente a sociedades anónimas, establece que «la vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general» y, de otro, la nueva redacción del apartado 3, del art. 204 LSC, excluye la impugnación de acuerdos, entre otras causas, por «la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación». En consecuencia, la incorrección, insuficiencia o, incluso, falsedad de la información suministrada al socio en respuesta a su solicitud de información formulada durante la celebración de la Junta general en una sociedad anónima (supuesto de ejercicio del derecho de información al que se refiere el apartado 2 del art. 197 LSC), no permite impugnar los acuerdos sociales, en tanto que la incorrección o insuficiencia de la información solicitada por el socio con anterioridad a la celebración de la junta, ya sea en caso de sociedad de responsabilidad limitada (art. 196 LSC) o de sociedad anónima (dentro en este caso de los límites previstos en el propio artículo 197 LSC), únicamente permite la impugnación si concurren los presupuestos previstos en dicho apartado 3 del art. 204 LSC.
El problema se plantea cuando se trata de concretar el contenido de los presupuestos que deben concurrir para que quepa impugnar los acuerdos sociales y, en particular, cuando se pretende delimitar cuándo ha de entenderse que, una información solicitada con anterioridad a la reunión de la junta general pero facilitada incorrecta o insuficientemente, «hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación». Esta norma plantea no pocas cuestiones de interpretación y, desde luego, notables dificultades para su aplicación en el caso concreto.
Antes de abordar propiamente el contenido de la norma, tratando de ofrecer alguna orientación que pueda ayudar a su interpretación y aplicación, hay una primera cuestión que conviene aclarar y que se refiere a la duda de si el ámbito de aplicación de la disposición también comprende el supuesto en el que, a pesar de la petición de información, no se suministre información alguna. Aunque una primera lectura del precepto podría llevar a considerar que se contemplan únicamente los supuestos de suministro de información incorrecta o insuficiente en el sentido de incompleta, en tanto el tenor literal de la norma se refiere a la «información facilitada», un examen atento del precepto y de su finalidad político-jurídica, debe llevar a considerar que se está contemplando no sólo el caso en el que se haya suministrado cierta información que haya sido insuficiente (incompleta) y/o defectuosa (incorrecta) respecto de la información solicitada, sino también los casos de omisión de cualquier información (el precepto se refiere a la «información no facilitada» que cubre por tanto los casos de información insuficiente respecto a la solicitada como los de no suministro de información alguna). Por tanto, en los casos en los que no se suministre información alguna, tampoco cabrá impugnar los acuerdos sociales salvo que la información fuese esencial para el ejercicio razonable de los derechos de socio.
La referencia al carácter esencial de la información es probablemente el aspecto menos problemático de la formulación legal de esta limitación al ejercicio del derecho de impugnación. De hecho, nuestros Tribunales ya habían recurrido en algunas ocasiones, de manera directa o indirecta, a esta idea en orden a determinar el rechazo o la admisión de demandas de impugnación de acuerdos basadas en la infracción del derecho de información (véanse, por ejemplo, las SSTS de 17 de febrero de 2006 o de 16 de marzo de 2010). Desde este punto de vista, no parece cuestionable que cuando la información solicitada tiene un carácter meramente accesorio o complementario, en todo caso no esencial, en relación con los asuntos a decidir, una información incorrecta o insuficiente no debe posibilitar la impugnación de los acuerdos sociales.
Una valoración completamente distinta merece la referencia al «ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio» de su derecho de voto. El ejercicio razonable introduce un amplio margen de incertidumbre y, por tanto, de inseguridad en orden a la aplicación de un criterio cuya finalidad es discriminar si cabe o no impugnar acuerdos sociales en casos en los cuales la información facilitada, siendo esencial para el ejercicio de los derechos de socio, es incorrecta o incompleta. Para tratar de disminuir esa incertidumbre se vincula la determinación de cuál sería el ejercicio razonable del derecho con una categoría genérica de socios, el accionista o socio «medio», cuya delimitación es ciertamente una cuestión problemática (esta es una opción novedosa en nuestro ordenamiento jurídico pero no así en otros en los que, el recurso al «socio medio» se ha utilizado como criterio para determinar el sentido de ejercicio de los derechos de socio, por ejemplo, en relación con la separación de las instrucciones impartidas en caso de representación del socio). Teniendo en cuenta que la motivación y finalidad de la participación de los socios pueden ser muy diferentes, particularmente si confrontamos distintos modelos empíricos de sociedades (a este respecto, no es lo mismo una pequeña sociedad cerrada, con pocos socios estrechamente vinculados entre sí que ejercen una significativa influencia sobre el órgano de administración de la sociedad que una gran sociedad abierta, con un importante número de socios desvinculados y desconectados, que carecen por completo de cualquier posibilidad individual de influir en la actuación del órgano de administración), parece difícil delimitar una categoría genérica de socio sin atender a las circunstancias concretas de cada sociedad en la que se plantee la cuestión. Pero, en cualquier caso, resulta muy llamativo que, en orden a determinar si la información suministrada ha sido suficiente y/o completa para un ejercicio (razonable) de los derechos de socio, se recurra a un parámetro abstracto sin tomar en consideración las concretas circunstancias personales del socio que ejerce su derecho de información (así FARRANDO MIGUEL, I., «Los déficits informativos como causa de impugnación de los acuerdos sociales [arts. 197.5 y 204.3.b) LSC -EDL 2010/112805-]», trabajo de inminente publicación).
Resulta igualmente cuestionable cuáles son los derechos cuyo ejercicio ha de tomarse en consideración en orden a determinar si la información suministrada resulta esencial. El art. 204 LSC -EDL 2010/112805 se refiere al ejercicio de «cualquiera de los demás derechos de participación», lo que plantea la duda de si ha de tomarse en consideración únicamente los derechos que pueden ejercerse en relación y con ocasión de la participación en una reunión de la junta general de socios (asistencia, voz, propuesta y, sobre todo, voto) o si, por el contrario, ha de entenderse referido a cualquiera de los derechos de socio (incluyendo, por ejemplo, también el derecho de suscripción preferente o el propio derecho a impugnar los acuerdos sociales). La referencia a los «demás» derechos de participación parece que conduce a la primera alternativa de modo que, aunque la información no facilitada o incorrecta pueda ser también esencial para el ejercicio de otros derechos de socio como el derecho de suscripción preferente o, incluso, el propio derecho de impugnación de acuerdos sociales, el carácter esencial de la información debe venir referido al ejercicio del derecho de voto o de algún otro de los derechos que el accionista puede ejercer en el seno de la Junta general de socios con ocasión de su participación en la misma.
Finalmente, por lo que respecta a las cuestiones procesales, no parece cuestionable que resultaba necesario abordar expresamente el tratamiento procesal de la impugnación de acuerdos sociales dado que, con anterioridad a la reforma y como consecuencia de la falta de un trámite de admisión de una demanda de impugnación de acuerdos sociales, la fundamentación de ésta se venía examinando a través del procedimiento de medidas cautelares. Con esta finalidad, el art. 204.3 LSC -EDL 2010/112805 determina ahora que «presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento». Sin embargo, es discutible si el procedimiento incidental es el cauce idóneo para abordar una cuestión que tiene carácter sustantivo (carácter esencial del motivo de impugnación) y exige, por tanto, que el juez se pronuncie anticipadamente sobre un aspecto determinante del fondo del asunto. En todo caso, entendemos que en relación con el motivo de impugnación relativo a la insuficiencia o incorrección de la información suministrada, en el trámite incidental deberá verificarse si la información no facilitada o incorrecta es o no esencial para el ejercicio razonable del derecho de voto y de los demás derechos de participación, es decir, exigirá un pronunciamiento previo sobre el fondo del asunto, sin perjuicio de que quepa la apelación en caso de que se rechace el carácter esencial (que pondría punto final al proceso de impugnación) o de que pueda discutirse posteriormente antes de que se emita sentencia sobre el fondo del asunto en caso de que, en el incidente, se aprecie que la información incorrecta o no facilitada sí tiene carácter esencial.
En todo caso, como señala FARRANDO MIGUEL, I., el principal y más grave problema que suscita el procedimiento incidental radica en que, en tanto la apelación concluye con un Auto de la Audiencia Provincial competente, en principio no será posible combatir en casación las interpretaciones sobre el carácter esencial o no de información no suministrada o incorrecta que realicen las diferentes Audiencias Provinciales (cfr. art. 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 únicamente, a lo que podría añadirse el «Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal», adoptado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, con fecha 30 de diciembre de 2011, en el que expresamente se aclara que «están excluidos del recurso de casación los autos, las demás resoluciones que no revisten forma de sentencia, las sentencias que debieron adoptar forma de auto y las sentencias que resuelvan cuestiones incidentales»).
Se nos plantea para el foro en esta ocasión dos cuestiones diferentes (i) ¿...
Se nos plantea para el foro en esta ocasión dos cuestiones diferentes (i) ¿Cuándo una vulneración del derecho de información puede resultar “esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación”? Y (ii), a efectos de la impugnación del correspondiente acuerdo social; ¿cuál sería el objeto en tal caso del incidente de previo pronunciamiento y en qué medida su resolución afectará al objeto del proceso principal?
En cuanto a la primera cuestión, es un reflejo de las pretensiones de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (LSC) que se realiza con la Ley 31/14 -EDL 2014/202806-, puesto que, como ya ponía de manifiesto el informe de la Comisión de Expertos, se trata, por un lado, de garantizar los derechos de la minoría mediante uno de los instrumentos claves de su participación, pero al mismo tiempo de evitar el uso abusivo de los derechos con el fin de preservar el tráfico jurídico. Además, no podemos olvidar el cambio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en las Sentencias de 21 y 30 de noviembre de 2011, 16 de enero y 13 de junio de 2012, así como la de pleno de 19 de septiembre de 2013 -EDJ 2013/197208-), en las cuales se venía a configurar el derecho de información como un derecho autónomo, por contraposición a la configuración clásica de este derecho, como un derecho instrumental, cuya finalidad era obtener la información precisa para poder emitir un voto fundado en la junta de socios o de accionistas. Así la reforma, apunta a reforzar el carácter instrumental del derecho de información, de forma que sólo cuando la misma resulte esencial para que el socio pueda ejercitar su derecho de voto, su carencia (por la negativa del órgano de administración a proporcionarla), determinará la nulidad del acuerdo que se hubiera adoptado.
Ahora bien, aunque podamos estar de acuerdo con los fines de la reforma –que sin duda evita el posible abuso del derecho de información que había propiciado la última jurisprudencia del Tribunal Supremo– lo cierto es que el precepto acude a conceptos jurídicos indeterminados tales como: que la información resulte “esencial”, para el ejercicio “razonable” por parte de un socio o accionista “medio”. Creemos que el legislador está pensando en contraponer esta información que necesitaría un socio “medio” para ejercitar razonablemente el derecho de voto, por contraposición al abuso del derecho. Esto es, como hemos señalado, se vuelve a la concepción tradicional del derecho de información como un derecho instrumental, de forma que la esencialidad y razonabilidad debe conectarse al ejercicio del derecho de voto de forma responsable e informada.
Sin embargo, tal y como señaló en su momento el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe previo a la reforma (de 29 de mayo de 2014), nos encontramos ante conceptos que deberán ser desarrollados jurisprudencialmente. Pero, mientras se produce tal desarrollo jurisprudencial las sociedades quedarían sometidas a una indudable inseguridad jurídica: “con riesgo de que, al cabo de mucho tiempo, confiados los administradores en el carácter irrelevante de los vicios no invalidantes de ciertos acuerdos, se puedan encontrar ellos y los socios, después, con una sentencia de unidad de un acuerdo adoptado quizás en el lejano pasado; anulación cuya ejecución puede crear un caos organizativo interno si existen acuerdos posteriores al afectado por el juicio”. En vista de este riesgo fue el CGPJ quien propuso, siguiendo soluciones de derecho comparado, especialmente de la legislación alemana, que se estableciera “un sistema de filtros rápidos para depurar los defectos invalidantes más triviales y que no distraigan la acción jurisdiccional de los temas relevantes de fondo”. Es decir, el último párrafo del artículo 204, conforme al que, presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación se planteara como una cuestión incidental de previo pronunciamiento, se introduce en la LSC precisamente siguiendo la sugerencia del CGPJ, quien expresamente en su informe remitía a los artículos 390 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 (LEC).
Ahora bien, la solución no es satisfactoria y plantea un gran número de dudas. Y ello porque aunque el artículo 387 LEC -EDL 2003/77463 y siguientes se refieren a cualquier tipo de cuestión incidental, si atendemos los casos de las cuestiones de previo pronunciamiento a las que se hace referencia en el artículo 391 LEC, observamos que se trata, en todos los supuestos, de cuestiones procesales que se plantearan en la contestación a la demanda (artículo 405.3 LEC) y se resolverán en la audiencia previa (artículo 416 LEC), salvo que se trate de hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la misma. De ahí que se prevea para estas cuestiones incidentales de previo pronunciamiento una tramitación especial (art.392 y 393 LEC).
Sin embargo, el legislador de la reforma, sólo introduce la referencia a la cuestión incidental sin regular el procedimiento para plantearla, con lo que olvida que la regulación prevista en la LEC -EDL 2000/77463 parece dirigirse a cuestiones que se puedan plantear una vez que se haya celebrado la audiencia previa (como decíamos el artículo 391 LEC, se refiere a cuestiones procesales que impiden la continuación del proceso, por hechos que han ocurrido después de que se celebre la audiencia previa).
Los jueces de lo mercantil y los secretarios judiciales de Barcelona, conscientes de los problemas interpretativos que plantea esta nueva regulación, han hecho público el acuerdo que han alcanzado el 17 de marzo de 2015 (el Acuerdo) por el cual consideran que la cuestión incidental previa deberá plantearse en la contestación a la demanda, mediante otrosí o a continuación de la misma, puesto que es al demandado al que le corresponde hacer valer en la contestación cualesquiera cuestiones que impidan que se dicte una sentencia sobre el fondo (como ya hemos visto, conforme al artículo 405.3 LEC -EDL 2010/112805-).
En el Acuerdo también se recoge el procedimiento por el que, en su opinión, deberá hacerse valer dicha cuestión incidental. Se considera que ha de plantear como demanda incidental, por lo que deberá reunir los requisitos del artículo 399 LEC -EDL 2010/112805-, a la que se deberán acompañar los documentos necesarios e indicar los medios de prueba de que intente valerse. Sin embargo, el artículo 392 LEC sólo exige que se plantee por escrito.
Planteada la cuestión de previo pronunciamiento el secretario judicial dará cuenta al juez, quien deberá resolver mediante providencia motivada sucintamente, si la admite o no. Si lo hiciera suspenderá el curso de las actuaciones del pleito principal hasta que se resuelva. A continuación, el secretario judicial mediante diligencia de ordenación, dará traslado al resto de las partes para que se pronuncien por escrito (y propongan los medios de prueba de los que pretendan valerse). El Acuerdo justifica que la prueba se deberá proponer en ese escrito para equiparar a las partes y, además, indica que pese a que el artículo 393.3 obliga al secretario judicial a citar a las partes a una comparecencia, debe entenderse que eso sólo se hará “si alguna de las partes ha planteado alguna excepción procesal prevista en el artículo 416 LEC -EDL 2000/77463 o bien si las partes proponen medios de prueba distintos de la documental”.
Según este Acuerdo, si las partes no proponen prueba el secretario, dará cuenta al juez y dejará los autos en su poder para dictar la resolución que corresponda conforme a derecho. Así, si el juez no aprecia el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación alegados, lo declarará mediante auto (susceptible de ser recurrido en apelación) y ordenará el archivo del pleito principal. Por el contario, si estima que el motivo de impugnación si fue “relevante o determinante” para la convocatoria de la junta, la constitución o el ejercicio del derecho de información, el juez lo declarará mediante auto (no susceptible de recurso, porque debe entenderse que podrá recurrirse en apelación con la sentencia) y ordenará continuar el curso del procedimiento principal por sus trámites ordinarios. Para finalizar, el Acuerdo aclara que el pleito principal “tendría entonces como objeto si hubo o no la infracción invocada”.
El Acuerdo pretende resolver, como decíamos antes, una cuestión procedimental dudosa y evitar la indudable inseguridad jurídica que se había planteado con la reforma de la LSC -EDL 2010/112805-, pero nos atrevemos a indicar que el procedimiento que se propone también plantea muchas dudas.
Así, como decíamos antes, se aleja de lo dispuesto en el artículo 392 y 393 LEC -EDL 2000/77463 sobre el planteamiento de las cuestiones incidentales y, sobre todo, obliga al demandado a realizar un doble esfuerzo en su contestación ya que (i) por un lado, tiene que argumentar el carácter no esencial del motivo de impugnación que se haya aducido en la demanda y (ii) por otro lado, obliga a contestar a la demanda en cuanto al fondo, asumiendo el carácter esencial que niega para acreditar que no se ha producido la infracción.
Por eso, a mi juicio, y siendo cierto que, como señala el Acuerdo, el momento preclusivo para plantear la cuestión es la contestación a la demanda, el demandado debería plantear la cuestión incidental, con carácter previo a la misma. Y el juzgado debería ordenar la suspensión del procedimiento, incluido el plazo para contestar a la demanda (de forma similar a lo que ocurre cuando se plantea una cuestión de competencia por medio de la interposición de la declinatoria, conforme a lo previsto en los artículos 63 y siguientes LEC -EDL 2000/77463-); puesto que el artículo 393.2 LEC, sólo exige que se motive si la cuestión es de previo o especial pronunciamiento (y en todos los casos en los que se invoque que la infracción no es esencial, la cuestión es de previo pronunciamiento, por imperativo del artículo 204.3 in fine LSC). Es cierto, que al no establecerse ningún plazo y tener que esperar a que se dicte la resolución para la suspensión del plazo para contestar a la demanda, se puede tener que contestar la demanda ad cautelam en caso de que no se notifique la suspensión. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, se evitaría tal contestación y, sobre todo, la dicotomía a la que debería enfrentarse el demandado al tener que alegar y probar cuestiones tan diferentes como el carácter irrelevante del defecto y su no existencia.
Tampoco estoy de acuerdo con que sólo se debe citar a las partes a la comparecencia cuando se haya propuesto prueba. Aunque es cierto que por equiparación de las partes, debe entenderse, como hace el Acuerdo, que el demandante deberá proponer prueba al dársele traslado de la cuestión de previo pronunciamiento, el artículo 393 LEC -EDL 2000/77463 obliga a convocar a las partes a una comparecencia en todo caso (y la referencia al art. 416 LEC que realiza el Acuerdo no tiene mucho sentido, porque tales cuestiones se deciden en la audiencia previa). Además, como planteábamos al principio, ¿qué prueba se puede plantear sobre el carácter esencial de la información para el ejercicio del derecho razonable por parte del accionista medio? Como señalábamos, es más fácil que se plantee el ejercicio abusivo por parte del impugnante que estos conceptos.
Finalmente, debemos apuntar las múltiples dudas que plantea esta cuestión de previo pronunciamiento y el fondo del asunto, que se acentuarán si, como se propone en el Acuerdo, debe contestarse a la demanda y plantearse con la misma la cuestión incidental. Si se invoca el carácter no esencial de la información parece que, normalmente, se estará admitiendo que no fue entregada, y en tal caso, ¿una vez decidida la cuestión de previo pronunciamiento, no se estará decidiendo también sobre el fondo?
Como vemos, aunque la reforma de la LSC -EDL 2010/112805 responde a motivos justificados y razonables, la regulación que finalmente ha ofrecido el legislador plantea dudas, tanto de fondo como procesales. Será necesario el desarrollo de los conceptos indeterminados y que la práctica procesal determine el procedimiento más adecuado para que la reforma logre otorgar la seguridad jurídica que pretendía.
En la normativa societaria anterior a la actual Ley de Sociedades de Capital ...
En la normativa societaria anterior a la actual Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-, el derecho de información atribuido a los socios [artículo 48.2 letra e) LSA] se regulaba con carácter general en el artículo 112 LSA. Dicha regulación distaba mucho de ser clara en orden a determinar cuáles eran las exactas consecuencias asociadas a la infracción del derecho de información del socio.
La jurisprudencia tuvo que enfrentarse a esta insuficiencia normativa, sin que existieran unos claros criterios de cuándo la infracción del derecho del socio, siendo un derecho esencial, conllevaba la posibilidad de declarar la nulidad de un acuerdo social.
Ello era así porque el derecho de información del socio no se regulaba de manera uniforme ni en la finalidad que con su instauración se perseguía ni en las consecuencias de su infracción. Mientras que en unas ocasiones, el derecho de información del socio tenía como objetivo que el mismo pudiera hacerse una cabal idea de la situación de la sociedad para poder adoptar las decisiones más acertadas en el seno de la Junta –en tal sentido merece destacarse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª) de 16 de junio de 2003, según la cual el derecho de información tiene como objeto “proporcionar al socio los datos necesarios para calibrar y calificar la gestión social y permitir y propiciar el ejercicio consciente de su derecho de voto”-; en otras, no cabía atribuirle tal utilidad, sino que su finalidad se hallaba más ligada a otros fines.
Que las cosas eran así lo demuestra el que ciertas informaciones que cabía solicitar en el seno de la Junta pudieran ser contestadas con posterioridad a su celebración (vid. artículo 112.2 in fine LSA) -como igualmente regula el actual artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-.
La decisión sobre qué extremos eran esenciales para conformar la decisión de votar a favor o en contra de los acuerdos incluidos en el Orden del Día correspondía, en un momento inicial, al socio. De esta manera, podía recabar la información precisa sobre los extremos que creyera necesarios para decidir el sentido de su voto con anterioridad a la celebración de la Junta (ex artículo 112.1 LSA).
De lo que llevamos dicho se desprende que incluso con la normativa derogada, únicamente debía ser soporte para impugnar una Junta por infracción del derecho de información, la que recayera sobre extremos relevantes para adoptar la decisión de votar a favor o en contra de los acuerdos sometidos a debate en la Junta correspondiente.
La infracción del derecho del socio a obtener información que no fuera precisa para decidir el sentido de la votación no debía ser acogido como motivo de impugnación de la Junta por infracción de tal derecho –en tanto que el socio había votado con pleno conocimiento sino que debía tener otras repercusiones diferentes, v.gr. la impugnación de los acuerdos adoptados por otros motivos, o en el seno de la responsabilidad de los administradores.
No cabe desconocer que el derecho de información es un derecho meramente instrumental, que tiene como finalidad “(…)proporcionar al socio los datos necesarios para calibrar y calificar la gestión social y permitir y propiciar el ejercicio consciente de su derecho de voto” [Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 6ª) de 16 de junio de 2003].
Hay que hacer hincapié, además, en que a pesar de que el referido derecho tiene carácter de fundamental para el socio [STS (Sala 1ª) de 13 de octubre de 1994 y STS de fecha 20 de julio de 2001] en su infracción deben valorarse -precisamente por su intrumentalidad las circunstancias concurrentes en cada caso [STS (Sala 1ª) de 31 de julio de 2002].
Ante la incertidumbre preexistente, la nueva redacción del artículo 204.3 letra b) de la Ley Sociedades de Capital, dada en virtud de la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014 de 3 diciembre 2014 -EDL 2014/202806-, intenta introducir un criterio clarificador sobre la cuestión de qué clase de infracción del derecho de información puede ser relevante en orden a impugnar un acuerdo social. Según el mencionado precepto, u0022tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos:(…)b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participaciónu0022.
Esta previsión se coordina con la introducida en el artículo 197.5 LSC -EDL 2010/112805 que sólo habilita para impugnar un acuerdo social, la infracción del derecho de información ejercitado previamente a la celebración de la Junta, puesto que el derecho de información hecho valer durante la celebración de la Junta u0022sólo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la Junta Generalu0022.
Con tales previsiones, el legislador ha tratado de acompasar el derecho de información del socio con la seguridad jurídica que exige el adecuado desarrollo de la vida social, intentado limitar que se produzcan situaciones de u0022abuso de la posición minoritariau0022 en el seno de la sociedad
Como dice SÁNCHEZ CALERO, J. en u0022La impugnación de acuerdos y la cuestión previa sobre el motivo de la impugnaciónu0022, u0022así, por ejemplo, no toda lesión de un derecho tan amplio en su alcance y modalidades de ejercicio como es el de información justifica que se permita la declaración de su nulidad por medio de la acción de impugnación. Hace falta que la información errónea que se facilita, o la que es incompleta, o la que se deniega, hubiera sido esencial para el ejercicio del derecho de voto, no ya por el demandante, -sino por parte del accionista o socio medio [art. 204.3.b) LSC -EDL 2010/112805-]. O es igualmente necesario que cuando el defecto que se advierte apunta a la participación de determinadas personas o al ejercicio o conjunto de los votos, esa participación o esos votos fueron determinantes para la adopción del acuerdo impugnadou0022.
La voluntad legal de limitar, en la medida de lo posible, impugnaciones abusivas o instrumentales, ha llevado al legislador a establecer que la decisión nuclear sobre la admisibilidad de la impugnación, esto es, el u0022carácter esencial o determinante de los motivos de impugnaciónu0022 se resuelva a través de un incidente de previo pronunciamiento.
Se configura tal cuestión como un presupuesto de admisibilidad de la demanda que, por ello, debería impedir su admisión a trámite si el Juez no alcanza la conclusión de que la infracción del derecho de información denunciada mediante la demanda debe ser calificada como de u0022esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participaciónu0022 (artículo 204.3 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-).
Coherentemente con la voluntad de limitar la incertidumbre de la vida societaria derivada de las impugnaciones de los acuerdos adoptados por los órganos sociales, la decisión sobre este extremo debe adoptarse en el momento inicial del proceso, sin que se permita su prosecución si el carácter u0022esencialu0022 en los términos señalados no se encuentra presente.
En todo caso, el objeto del incidente debe ceñirse exclusivamente a si, en la hipótesis en que la concreta infracción del derecho de información denunciada se hubiera producido, si debería considerase u0022esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participaciónu0022; dejando para el objeto del pleito principal extremos tales como si la infracción se ha producido realmente, y el resto de cuestiones planteadas, evitando, en la medida de lo posible, prejuzgar el fondo de la cuestión en el incidente de previo pronunciamiento.
Ante la falta de previsión procesal específica del artículo 204.3 in fine de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-, para la tramitación del mencionado incidente parece que deberá acudirse a la regulación prevista en los artículos 391 y 393 LEC -EDL 2000/77463-.
La reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, p...
La reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, alcanza lo relativo al derecho de información y a su infracción como causa de impugnación de acuerdos sociales.
En relación a ello, y en cuanto es interesante para el mejor argumento a las cuestiones solicitadas, conviene recordar que la reforma mantiene la clásica distinción en atención al momento de ejercicio del derecho de información de nuestra regulación, distinguiendo por tanto entre el ejercicio del derecho con carácter previo a la Junta General del ejercicio actual al momento de la celebración de la Junta. La novedad alcanza a la introducción de un régimen jurídico relativo a su infracción de distinto orden según se trate del caso de la infracción del derecho ejercitado antes o durante la Junta.
En efecto, con la reforma, si bien la infracción del derecho de información constituye causa de impugnación de impugnación de los acuerdos sociales, en el caso de las SA, sólo hay causa de impugnación cuando se trata del derecho de información ejercido antes de la Junta ya que, tratándose el ejercido durante la Junta, lo que se reconoce al accionista es el derecho a exigir su cumplimiento y a ser reparado en daños y perjuicios que en su caso se le hubieren ocasionado (art 197.5 LSC EDL 2010/112805-), pero no a impugnar los acuerdos de la Junta, previsión por cierto que no se contempla respecto de las SL por lo que en principio, la infracción en cualquiera de las fases temporales del derecho de información puede ser causa de impugnación de acuerdos sociales.
Pero lo relevante para lo que nos ocupa es que incluso tratándose de casos de infracción de derecho de información solicitado con anterioridad a la Junta, y respecto de las SL, también respecto de la infracción cometida con ocasión de la Junta, sólo es causa de impugnación de acuerdos sociales la infracción del derecho si la información solicitada resulta esencial para el ejercicio del derecho de voto (art 204-3 b) LSC -EDL 2010/112805-).
Pues bien, con estos antecedentes legales, podemos ya dar respuesta a las cuestiones que se formulan, una de índole esencialmente sustantiva y otra de naturaleza más procesal.
En relación a lo primero. Se cuestiona cuando la vulneración del derecho de información, por haberse suministrado información incorrecta, inexacta o incompleta –de forma absoluta o parcial constituye causa de impugnación de acuerdo social.
El artículo 204-3-b) LSC -EDL 2010/112805 lo que dispone es que la infracción será causa de impugnación sólo cuando la carencia o defecto de información hubiere sido esencial para el ejercicio razonable del derecho de voto. Lo primero que se advierte en ello es una reducción del tono que el derecho a la información tiene respecto del socio lo que, de alguna manera, contrasta con alguno de los últimos pronunciamientos jurisprudenciales que habían venido a desconectar el derecho de información respecto del voto (STS de 19 de septiembre de 2013 -EDJ 2013/197208-).
En todo caso, no reiteraremos ahora la doctrina asentada por el Tribunal Supremo sobre el alcance de derecho de información que en abstracto corresponde a cada socio por el hecho de serlo, pero sí señalar en relación a lo que indicábamos que lo que la reforma parece limitar, si no es el derecho como tal, sí su eficacia en cualquiera de las perspectivas indicadas en que nos situemos. Y es el alcance de ésta limitación la que constituye el paradigma de la cuestión que nos ocupa y para cuya solución debemos comenzar rechazando como parte del sentido negativo de la “esencialidad”, aquello que parecen a primera vista dos límites evidentes al ejercicio del derecho en sí mismo considerador, la abusividad del derecho, que constituye ya en la jurisprudencia un límite infranqueable para el ejercicio de aquél derecho, y el acotamiento natural del derecho de información en relación a los extremos concretos sometidos a la Junta. Y decimos que esos aspectos no deben valorarse al interpretar el carácter esencial de la información porque difícilmente puede estar el artículo 204-3-b) LSC -EDL 2010/112805 haciendo referencia a esos aspectos en tanto tales límites deben analizarse en la configuración natural del derecho de información como factores o bordes delimitadores que son consustanciales al propio derecho y por tanto para el ejercicio del derecho de información, que es distinto al contenido de la misma, que es a su vez lo que constituye el objeto de la esencialidad desencadenante de la causalidad impugnativa de la infracción.
En consecuencia, cuando el precepto societario entiende que la infracción del derecho de información puede constituir causa de impugnación de un acuerdo social, no lo hace para los casos de ejercicio de buena sino para los casos en que, presuponiendo que el derecho ejercitado no es contrario a la buena fe ni al ámbito del ejercicio que corresponde la información, hay un enlace causal entre el derecho correctamente ejercitado –en negativo, objetivamente infringido y el derecho al voto u otro derecho de participación. Pero ese enlace, dice el precepto, están en función de que la información no obtenida u obtenida de forma incompleta o incorrecta, sea “esencial”, adjetivo que cabe interpretar en el sentido de que entre la objetiva infracción de la información y el ejercicio del derecho de voto, de la que aquél se presenta de nuevo como instrumental, la vinculación sea de tal naturaleza que sin aquella no sea dable entender como válido ejercicio de éste u otra forma de participación del socio.
Por tanto, un análisis positivo del sentido de la información –que entre otros factores estará condicionado por la estructura real de la sociedad de que se trate y el acuerdo de referencia, junto a otro negativo de aquello que no resulta relevante para el ejercicio del voto, habrían de constituir los parámetros para excluir lo relevante de lo no esencial en aquella relación causal de que se trata y la forma de obtener una respuesta al caso concreto de que se trate.
Más allá que hacer exposición causística, nos parece mejor parámetro de lo que puede ser esencial los aspectos que destaca la STS de 19 de septiembre de 2013 -EDJ 2013/197208 cuando afirma que “...el derecho de información no justifica la solicitud de cualesquiera informaciones o aclaraciones, tampoco justifica cualquier solicitud de documentos contables, bancarios o fiscales...El socio puede necesitar conocer algunos datos contables sin los cuales no es posible valorar la corrección de los datos globales recogidos en las cuentas anuales sometidas a aprobación y demás documentos complementarios. Tales datos globales son agregados de datos parciales, lo que justifica el interés del accionista por obtener información sobre estos. Y es legítimo que en ocasiones pida también conocer documentos contables, en un sentido amplio, que incluye documentos bancarios y fiscales, que soportan tales datos y cifras e información sobre aspectos relevantes de la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores.”.
Se plantea en segundo lugar cuál ha de ser el objeto del incidente de previo pronunciamiento previsto en el párrafo último del artículo 204 LSC -EDL 2010/112805-, expresamente previsto para resolver la cuestión sobre el carácter esencial de la infracción del derecho de información para el ejercicio del derecho de voto y en qué medida su resolución afectará al objeto del proceso principal.
Desde nuestro punto de vista, el objeto está claramente delimitado en el precepto y por tanto entendemos que la pretensión a dilucidar por la vía 388 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 no puede ser otra que la de obtener una respuesta sobre si la información incorrecta o no facilitada que conforma la infracción del derecho de información alegada para impugnar el acuerdo social, constituye o no causa de impugnación en función de que se considere o no esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
El cómo y el alcance de esta pretensión es sin embargo problemática. A nuestro entender, la pretensión debe resolverse de modo abstracto, es decir, limitada a decidir sobre la naturaleza del hecho tal cual queda planteado en la hipótesis del impugnante, sin posibilidad de interferir, mediante la aportación y valoración de prueba, sobre los hechos distintos a lose de la hipótesis planteada. De lo contrario, el pronunciamiento excedería de la adjetivación que referíamos para poner en valor la relación causal exigida, para alcanzar el análisis de la concurrencia de la causa misma -infracción de la impugnación del acuerdo social que constituye el objeto del pleito principal, lo que provocaría una superposición entre el objeto principal y el objeto de previo pronunciamiento.
Enlaza por tanto lo expuesto con la cuestión relativa a la vinculación del pronunciamiento en relación al objeto del proceso principal porque si el pronunciamiento incidental previo se limita a la calificación de “esencialidad” o “no esencialidad”, sin modelar hechos en función de la prueba, la incidencia de aquél pronunciamiento permitirá proyectar sobre el caso, una vez predeterminada la parte fáctica de la pretensión a través de la prueba practicada, el resultado del incidente previo, bien tal cual quedó fijado si la hipótesis fáctica del demandante se consolida, bien adaptada a los hechos resultantes de la prueba practicada si esta diera como resultado una variación sobre hechos que, poniendo de relieve la objetiva infracción del derecho de información, presentara matices respecto de la su vinculación causal con el derecho del voto o cualquier otra forma de participación del socio. En cualquier caso, las directrices a seguir deberían venir por predispuestas en el pronunciamiento previo para dar coherencia al incidente de que se trata, con las dificultades, sin duda, que en cada caso se presentarán en atención a los múltiples matices que cabría apreciar.