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Timestamp: 2018-11-21 17:29:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 92']

RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN URUGUAY: TENDENCIAS RECIENTES - PDF
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Eugenia Acosta Córdoba
1 RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN URUGUAY: TENDENCIAS RECIENTES Por Álvaro Rodríguez Azcúe 1 Sumario: 1. Introducción. 2 El régimen previsional mixto Régimen de causales jubilatorias Cuantía de la prestación Régimen de pensiones de sobrevivencia. 3. Cambios recientes en el régimen jubilatorio Compatibilidad entre la jubilación y el trabajo Jubilación parcial 3.3. Desafiliación del régimen mixto y otras modificaciones Desafiliación del régimen mixto y revocación de la opción del art Modificaciones al régimen de ahorro individual. 1. Introducción En el presente trabajo se ensaya una descripción general del régimen previsional mixto uruguayo, instaurado a partir del mes de abril de En particular se describen las características principales de cada uno de los pilares (solidaridad intergeneracional y capitalización individual obligatoria). Posteriormente se presentan las causales de jubilación y pensión, para luego ingresar en la explicación de la forma de cálculo de las prestaciones en cada uno de sus componentes. En la segunda parte del artículo se escogen los tres cambios más destacados de los últimos cinco años, referidos a la compatibilidad entre el goce de la jubilación y el desarrollo de actividad remunerada, la instauración de un sistema de jubilación parcial, y por último, una presentación sobre la ley que permite efectuar, dentro de ciertos límites, la desafiliación del régimen mixto y/o la revocación de la llamada opción del artículo 8 de la ley Nº Por último se abordan una serie de cambios de interés correspondientes al régimen de capitalización individual obligatorio. 2. El régimen previsional mixto La reforma previsional del año 1996 (ley Nº de 3 de setiembre de 1995), instituyó, para los afiliados que al 1º de abril de 1996 tenían menos de 40 años, un régimen mixto integrado por el régimen de solidaridad intergeneracional y el régimen de capitalización individual. Asimismo, para los afiliados que tenían a la misma fecha 40 o más años de edad, creó el llamado régimen de transición (Título VI de la Ley). Dicha reforma fue simultáneamente paramétrica y estructural; la primera caracterización surge de la circunstancia de haberse modificado el régimen tradicional de seguro social haciendo más severos los requisitos de acceso a las prestaciones (aumento de los años de servicios y de la edad de retiro para la mujer), tanto en el régimen mixto propiamente dicho, como en el de transición; y la segunda por haber introducido un pilar de capitalización 1 Profesor Asistente de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay). Profesor titular de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho CLAEH (Uruguay). Asesor jurídico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay.
2 individual de prestaciones indefinidas administrado por entidades privadas de naturaleza comercial. El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, administrado por el Banco de Previsión Social, brinda prestaciones definidas financiadas en base a un régimen de reparto asistido, sobre la base del siguiente diseño: a) el aporte personal del 15% (montepío) de las asignaciones computables comprendidas en el primer tramo o pilar que va hasta los $ ($ a valor enero de 2015 equivalentes a U$S 1.477); b) el aporte patronal del 7,5% (ley Nº ) de las asignaciones computables comprendidas en el primer y segundo tramo de ingresos que alcanza hasta los $ ($ a valor febrero de 2015 equivalentes a U$S 4.430). Además, cuenta con los recursos fiscales derivados de más de una tercera parte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, el cien por ciento de la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (I.A.S.S. 2 ) que grava a las pasividades (jubilaciones y pensiones) superiores a $ (enero 2015 equivalentes a U$S 911) y, si resultare necesaria, la asistencia financiera del Estado (art. 67 de la Constitución de la República). El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio cuenta con dos protagonistas: la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional y la Compañía de Seguros, que actúan bajo el contralor del Banco Central del Uruguay. Dicho régimen brinda prestaciones indefinidas y se organiza en base a la técnica de la capitalización individual. Se financia con el montepío personal (obrero) correspondiente al tramo de ingresos que superan los $ ($ a valor enero de 2015) y hasta los $ ($ a valor febrero de 2015 equivalentes a U$S 4.430). Existe a su vez, un tercer pilar de carácter voluntario y complementario del segundo para los ingresos que exceden de los $ ($ , como ya vimos, equivalentes a U$S 4.430). El artículo 8 de la Ley permite a los afiliados comprendidos enteramente en el primer tramo de ingreso, optar por quedar comprendido en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, por sus aportaciones personales correspondientes al 50% de sus asignaciones computables. Asimismo, la misma norma dispone que los afiliados con ingresos ubicados en el sub tramo $ y $ ($ y $ a valores de enero de 2015), podrán ejercer la opción de aportar al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio por el 50% de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000, mientras que el aporte correspondiente a la diferencia se asigna al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. El total de los aportes volcados al régimen de capitalización individual, deducidas las comisiones de la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, e incrementado por la rentabilidad de las inversiones realizadas por la Administradora, es el capital que se transfiere a la compañía de seguros que elige el afiliado 3, a fin de que ésta le sirva una prestación vitalicia, sea cuando cesa para ampararse a la jubilación o cuando cumple 65 años de edad, aunque 2 Ley Nº de 4 de julio de Desde el año 2006, como consecuencia del retiro de las compañías privadas por razones de conveniencia comercial, la única compañía de seguros que toma el riesgo previsional es el Banco de Seguros del Estado.
3 no se haya amparado a la jubilación. Para el cálculo del monto de la prestación se emplean tablas de expectativa de vida por sexo y edad fijadas por el Banco Central del Uruguay 4. La recaudación de los recursos correspondientes a ambos pilares recae exclusivamente en el Banco de Previsión Social; posteriormente, el organismo se encarga de desglosar los recursos correspondientes a cada uno de los regímenes que conforman el sistema mixto, de acuerdo a los parámetros antes explicados. a. Régimen de causales jubilatorias La severidad de los requisitos previstos en la ley Nº (1995) para generar los beneficios jubilatorios, obligó a que, más recientemente se efectuara una revisión de la normativa, con la finalidad de evitar que se produjera una caída pronunciada de la cobertura y para facilitar el acceso a la jubilación. Ese cambio fue instrumentado a través de la ley Nº , del 24 de octubre de , que fue uno de los resultados más importantes del diálogo social sobre seguridad social que fuera convocado por el Poder Ejecutivo en el año En la actualidad las causales jubilatorias o, dicho de otra forma, los requisitos legales exigibles para acceder a la jubilación, tanto de los afiliados amparados por el régimen mixto como de transición, son los siguientes: - Causal común: para aquellos afiliados que cuentan con 60 años de edad y 30 años de servicios. Estas condiciones están vigentes desde el 1º de julio de Causal edad avanzada: que se configura con 70 años edad y 15 años de servicios. A partir del 1º de febrero de 2009, se accede también con 69 años de edad y 17 años de servicios, o 68 años de edad y 19 años de servicios; y, a partir de 1º de enero de 2010, se agregan las siguientes modalidades de causal edad avanzada flexibilizada: 67 años de edad y 21 años de servicios, o 66 años de edad y 23 años de servicios y, finalmente, 65 años de edad y 25 años de servicios. - Causal por incapacidad total: cuando el grado de incapacidad determinado por el Banco de Previsión Social, conforme al BAREMO vigente 7, alcanza o supera el 66% y: cualquier tiempo de servicios, cuando sobreviene a causa o en ocasión del trabajo; 4 La tabla vigente es la aprobada por el Banco Central del Uruguay, en la Circular Nº 2109 de 1 de junio de NICOLIELLO, ARIEL, La reforma del régimen previsional (ley Nº ), en Grupo de los Miércoles, La nueva legislación laboral uruguaya, FCU, Montevideo, 2010, p RODRÍGUEZ AZCÚE, ÁLVARO, Caracterización y resultados del Diálogo Nacional de Seguridad Social, en revista Derecho Laboral Nº 230, p El BAREMO vigente fue aprobado por el decreto Nº 306/013 de 20 de setiembre de 2013.
4 dos años de servicios, cuando sobreviene en actividad o en período de inactividad compensada, salvo que el afiliado tenga hasta 25 años de edad, en cuyo caso se exigirán 6 meses de servicios; diez años de servicios, cuando sobreviene después del cese de la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país y no perciba otra jubilación. Para el caso que la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual sobrevenga en actividad o en período de inactividad compensada, con un grado de incapacidad según BAREMO del 50% y hasta el 65%, el afiliado tendrá derecho a percibir un subsidio por incapacidad parcial por el término de tres años. b. Cuantía de la prestación El monto de la prestación jubilatoria se obtiene mediante la aplicación de la tasa de reemplazo o asignación jubilatoria, prevista en el art. 29 de la ley Nº en la redacción dada por la ley Nº , al sueldo básico jubilatorio o base reguladora, obtenido en la forma establecida por el art. 27 de la ley Nº La base reguladora o, en la nomenclatura uruguaya, el sueldo básico jubilatorio (SBJ) es el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5%. Si fuera más favorable para el trabajador el SBJ será el promedio de los 20 años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral. Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados. Para el cálculo del SBJ, en todos los casos, sólo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta el monto de $ ($ a valor enero de 2015). La actualización se realiza hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Índice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la ley Nº , de 17 de diciembre de Los afiliados que contando con ingresos comprendidos en el primer pilar (régimen de solidaridad intergeneracional), hubieren optado por el régimen mixto en la forma más arriba indicada, tienen reconocido un incentivo en la forma del cálculo del SBJ, consistente en un suplemento del 50% de las
5 asignaciones computables mensuales por las que se efectuaron aportes personales al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. El porcentaje de la base reguladora se obtiene tomando en consideración la edad del afiliado al momento del cese y los años de servicios computados en la jubilación. En el caso de la causal de jubilación común corresponde el 45% del SBJ cuando se computan 30 años de servicios, más un 1% por cada año adicional hasta los 35 años de servicios. A su vez, se suplementa un 0,5% del SBJ, por cada año de servicios que exceda de 35 al momento de configurar la causal, con un máximo de 2,5%. A partir de los 60 años de edad, por cada año que se postergue el retiro, después de haber computado 35 años de servicios, se suma un 3% del SBJ por año con un máximo de 30%; en caso de no computar el número de años indicados, se adiciona un 2% hasta los 70 años de edad o hasta completar 35 años de servicios, si esto ocurriere antes. En el caso de la causal de jubilación por edad avanzada corresponde el 50% del SBJ cuando se configure causal, más un 1% por cada año adicional, con un máximo del 14%. En el caso de la causal de jubilación por incapacidad total corresponde el 65% del SBJ, e igual porcentaje corresponde en el caso del subsidio transitorio por incapacidad parcial. c. Régimen de pensiones de sobrevivencia El régimen pensionario uruguayo administrado por el Banco de Previsión Social se encuentra regulado, fundamentalmente, por la ley Nº (1995) y por decretos reglamentarios. Las causales de pensión de sobrevivencia son: la muerte del trabajador, cualquiera fuera el tiempo de servicios reconocidos, o del jubilado; la declaratoria judicial de ausencia del trabajador o del jubilado; la desaparición del trabajador o jubilado; la muerte del trabajador amparado en el subsidio por desempleo, o dentro de los doce meses inmediatos al cese de la prestación, o al cese de la actividad, cuando no fuere beneficiaria del mismo. Los beneficiarios de pensión son: las personas viudas; los hijos mayores de 18 años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de 21 años de edad excepto cuando se trate de mayores de 18 años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación; los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo; las personas divorciadas; y más recientemente 8, las concubinas y los concubinos, entendiéndose por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria 8 Ley Nº de 27 de diciembre de 2007.
6 de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual 9. Las condiciones del derecho a la pensión son: en el caso del viudo, concubino, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deben acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes; las viudas y las concubinas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ ($ a valor febrero de 2015 equivalentes a U$S 4.430). Las personas divorciadas deben justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia. Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso deben probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exige que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha. La prestación se sirve durante los períodos de tiempo que se indican a continuación. Tratándose de personas viudas, concubinas, divorciadas con 40 o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, percibirán la prestación durante toda su vida. Las personas viudas, divorciadas o concubinas que tengan entre 30 y 39 años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de 5 años y por el término de 2 años cuando los mencionados beneficiarios sean menores de 30 años de edad a dicha fecha. El monto de la pensión, al igual que ocurre con la jubilación, se obtiene aplicando un porcentaje de asignación de pensión, en el caso establecido en el art. 32 de la Ley, sobre el sueldo básico de pensión (SBP). Esta base reguladora es equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la asignación de jubilación por incapacidad total. Si el afiliado ya se encontraba en goce de la jubilación, el SBP será la última asignación recibida. 9 Se excluye a aquellos que no tienen edad mínima (14 años en el varón y 12 años en la mujer); cuando falta el consentimiento en los miembros de la pareja; el parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o natural y, en la línea transversal, el parentesco entre hermanos legítimos o naturales.
7 La asignación de pensión es la siguiente: a) Si se trata de personas viudas o divorciadas o concubinas o concubinos, cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante, el 75% del SBP. b) Si se trata exclusivamente de persona viuda o concubina, o hijos del causante, el 66% del SBP. c) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% del SBP. d) Si se trata exclusivamente de persona divorciada, o padres del causante, el 50% del SBP. e) Si se trata de persona viuda en concurrencia con persona divorciada y/o concubina, o de la persona divorciada en concurrencia con la concubina o concubino, sin núcleo familiar, el 66% del SBP. Si alguna o algunas de esas categorías tuviere o tuvieren núcleo familiar, el 9% de diferencia se asignará o distribuirá, en su caso, entre esas partes. 3. Cambios recientes en el régimen jubilatorio En el período de gobierno pasado (1º de marzo º de marzo 2015), se convocó y desarrolló la segunda etapa del diálogo social sobre el sistema de seguridad, al que fueron convocados los actores sociales, los partidos políticos y la academia. De dicha instancia surgieron algunos consensos que posteriormente inspiraron la aprobación de leyes. a. Compatibilidad entre la jubilación y el trabajo Uno de los resultados más concretos del diálogo fue la ley Nº de 16 de noviembre de ; que consagró un marco jurídico que admite, en determinadas condiciones, la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo. En lo sustancial la referida norma declara compatible la percepción de la jubilación de Industria y Comercio una de los tres ámbitos de afiliación que administra el Banco de Previsión Social 11 con el desarrollo de actividad remunerada de la misma naturaleza o inclusión, en determinadas condiciones. Para que opere dicha compatibilidad se requiere la autorización del Poder Ejecutivo 12, la que deberá fundamentarse en la existencia de escasez de oferta 10 Ley reglamentada por el decreto Nº 163/013 de 28 de mayo de NICOLIELLO, ARIEL, Compatibilidad entre jubilación y actividad en la ley nº de 16 de noviembre de 2012, en revista Derecho Laboral Nº 249, p La afiliación industria y comercio es el ámbito de amparo jubilatorio que comprende a dichas actividades, a los servicios y a toda otra no amparada específicamente por otra entidad previsional; las otras dos son las que corresponden a los funcionarios públicos y docentes del sistema público ( civil y escolar ) y a los trabajadores rurales y del servicio doméstico ( rural y servicio doméstico ). 12 Hasta el momento de cierre del presente trabajo el Poder Ejecutivo ha autorizado, el amparo al régimen previsto por la ley, a encargados de mantenimiento en la industria frigorífica (resolución del Poder Ejecutivo Nº 613/013 de 4 de octubre de 2013), y a los sectores de
8 de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales, así como en la circunstancia de no haberse producido una caída del Producto Bruto Interno desestacionalizado en dos trimestres consecutivos. Dicha autorización es siempre precaria y revocable. A su vez, el Poder Ejecutivo debe consultar a la organización más representativa de jubilados y pensionistas, y contar con la conformidad de las organizaciones más representativas de los empleadores y trabajadores del respectivo sector de actividad, mediante convenio colectivo o pronunciamiento del Consejo de Salarios. Por su parte, la empresa que contrata al jubilado no podrá despedir ni suspender a otros trabajadores de la ocupación, oficio o categoría laboral correspondiente a su calificación profesional, durante el plazo de duración del contrato del jubilado y en los últimos 60 días anteriores, salvo que sea por razones disciplinarias. Las empresas que contraten jubilados deberán estar al día con el pago de los aportes a la seguridad social. El jubilado a contratar deberá desempeñarse en tareas de personal superior (superior a jefe de sección) y contribuir a la formación profesional de trabajadores. Su salario será el que corresponda a la categoría que desempeñe. Si se reinserta en la misma empresa (o en otra que pertenezca al mismo grupo económico), no podrá percibir un salario inferior al que cobraba al egreso, prorrateado a la jornada que cumpla. La remuneración que perciba el jubilado será materia gravada para el régimen jubilatorio, exclusivamente para el régimen de solidaridad intergeneracional, y para el Seguro Nacional de Salud (FONASA). La jornada máxima del jubilado no podrá superar las seis horas diarias. Para ampararse al régimen previsto en la Ley el jubilado deberá haber cesado con una anticipación no menor a 6 meses y el período de contratación del jubilado no podrá ser mayor a dos años. Si el vínculo supera el año o se revoca la autorización por parte del Poder Ejecutivo, el jubilado tendrá derecho a cobrar del Instituto de Previsión Social una prestación equivalente al promedio de los doce meses anteriores. El cobro de ese beneficio bloquea las posibilidades del jubilado de volver a ampararse nuevamente en el régimen especial de la Ley. Las empresas no podrán contratar un número de jubilados que supere el 10% del total de sus dependientes. Las empresas con hasta 9 empleados podrán contratar un solo jubilado. La contratación podrá extinguirse de pleno derecho y sin generar responsabilidad entre las partes, si el Poder Ejecutivo revoca la autorización. actividades producción de neumáticos, para los siguientes oficios: vulcanización, inspección y terminados de neumáticos (decreto Nº 91/014 de 8 de abril de 2014).
9 Se excluye la posibilidad de contratar jubilados que hayan configurado causal por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, y de aquellos que cuenten con servicios bonificados (salvo la actividad docente). A su vez, el jubilado no podrá superar los 70 años de edad. La empresa que desee contratar personal en goce de jubilación de industria y comercio, deberá contratar un trabajador de entre 18 y 29 años, capacitado o en proceso de capacitación, por un plazo mínimo de 180 días, dentro de los 12 meses siguientes al inicio de la relación laboral con el jubilado. El Servicio Público de Empleo remitirá a la empresa una nómina de trabajadores postulantes y el empleador lo seleccionará. La remuneración del joven no podrá ser inferior al salario mínimo que corresponda a la categoría laboral de las tareas que realice. La obligación de contratar un joven por cada jubilado contratado no rige para las empresas con menos de 10 empleados. Está previsto que el incumplimiento provoca la inhabilitación del empleador para realizar nuevas contrataciones al amparo de la ley. Además, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conserva la facultad de aplicar multas en caso de verificar incumplimientos a la normativa laboral. Los servicios prestados al amparo del régimen previsto en la Ley sólo podrán dar lugar a la reliquidación o reforma de la jubilación una vez transcurridos dos años de actividad; y en ningún caso podrá significar la disminución de la jubilación. El jubilado que adquiera amparo al Seguro Nacional de Salud, precisamente por volver a la actividad remunerada, mantendrá esa condición al finalizar la relación laboral al amparo del régimen que se crea, realizando las aportaciones correspondientes. b. Jubilación parcial Otra de las leyes recientes, también negociada en el segundo proceso de diálogo de seguridad social, es la que instituye la jubilación parcial 13 (Ley Nº , de 1º de noviembre de 2013), vigente desde el 1º de febrero de Se trata de aquella jubilación a la que se accede, en el caso de haber configurado causal común o por edad avanzada y encontrarse en actividad, a través de la disminución de la jornada habitual de labor como trabajador dependiente, para un único empleador, en actividades con afiliación Industria y Comercio o afiliación Rural o Doméstico. O, en caso de hallarse en goce de una jubilación común o por edad avanzada, en que se hubieren computado 13 NICOLIELLO, ARIEL, La jubilación parcial, en revista Derecho Laboral Nº 253, p En el proceso de diálogo se tuvo especialmente presente la experiencia española sobre jubilación parcial. De alguna manera se procura retrasar el acceso a la jubilación, al tiempo que el retiro del afiliado se torne más gradual (Ver: VIDA SORIA, JOSÉ, MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS, MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL, Manual de Seguridad Social, Cuarta Edición, Tecnos, Madrid, 2008, p. 327; GONZÁLEZ ORTEGA, SANTIAGO Y BARCELÓN COBEDO, SUSANA, Introducción al Derecho de la Seguridad Social, 6ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 2012, p. 290).
10 servicios como última actividad, mediante el retorno al desempeño de una actividad como trabajador dependiente a tiempo parcial, cesando parcialmente en el goce de la jubilación por servicios de la misma afiliación. La jubilación parcial se circunscribe al régimen de solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social. A su vez, se establece que el acceso a la misma determinará el cese de la aportación al régimen de ahorro individual obligatorio, en su caso, y el derecho a percibir o a continuar percibiendo las prestaciones correspondientes a dicho régimen. Los interesados dispondrán de un plazo de tres años contados a partir de la configuración de las causales jubilatorias o del cese en la actividad, según lo que ocurriere en último término. El afiliado activo que se ampara en la jubilación parcial deberá tener una disminución de la jornada habitual de labor a la mitad; mientras que el jubilado que retorna a la actividad en forma parcial como dependiente, no podrá desarrollar una jornada superior a la mitad de la jornada habitual que tenía al momento de producirse el cese. En cualquier caso la jornada no podrá superar las cuatro horas diarias. Los aportes jubilatorios por esta actividad se realizarán íntegramente, al régimen de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social. El monto de la asignación de jubilación parcial será, en el caso de afiliado que se encuentra en actividad, el 50% del que le hubiera correspondido de haber cesado totalmente su actividad. En cambio, en el caso del jubilado que retorna a la actividad parcialmente, equivaldrá al 50% de la asignación jubilatoria que estaba percibiendo. Quedan excluidos de la jubilación parcial los afiliados con causal de jubilación por incapacidad total o absoluta y permanente para todo trabajo, así como aquellos donde la actividad a ejercerse fuere de la misma naturaleza de las que hubieren sido computadas en la jubilación y hubieran sido bonificadas. En el caso de afiliados con causal jubilatoria mediante el procedimiento de acumulación de servicios (Ley Nº de 6 de agosto de ), el desempeño de la actividad a tiempo parcial amparada por el Banco de Previsión Social, no obstará el pago íntegro de las asignaciones de pasividad a cargo de los restantes organismos involucrados en la acumulación. En definitiva, se trata de una novedad para nuestro régimen jubilatorio, que se inscribe en una tendencia general que se aprecia en los sistemas más avanzados, donde se prevé un retiro gradual del afiliado. 15 Dicha ley permite la acumulación o totalización de períodos de trabajo realizados en actividades amparadas por diferentes entidades previsionales, con pago proporcional al tiempo laborado, al estilo de las reglas de coordinación de la seguridad social internacional (Ver: VIDA SORIA, JOSÉ MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS, MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL, QUESADA SEGURA, ROSA, Manual, ob. cit., p. 53.
11 c. Desafiliación del régimen mixto y otras modificaciones Finalmente, otro de los cambios recientes al sistema de seguridad social es el que introdujo la ley Nº , de 1º de noviembre de , producto también del diálogo social sobre seguridad social. Dicha Ley refiere, por una parte, a la desafiliación del régimen mixto y revocación de la opción por el art. 8 de la ley Nº , los procedimientos a seguir y sus consecuencias jurídicas; y por otra a cuestiones que hacen al funcionamiento del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, como el tratamiento de la expectativa de vida en el caso de afiliados con servicios bonificados, mecanismo de asignación de Administradora cuando el afiliado no elige una dentro del plazo previsto, el reingreso a la actividad y la creación de sub-fondos del Fondo de Ahorro Previsional, con el consiguiente impacto en varias disposiciones de la ley Nº , como por ejemplo, en la regulación de las inversiones permitidas. i. Desafiliación del régimen mixto y revocación de la opción del art. 8 El artículo 1º de la Ley permite la desafiliación del régimen previsional mixto a aquellos afiliados que, sin estar regidos preceptivamente por dicho estatuto jubilatorio, optaron por el mismo en forma voluntaria. Nos referimos a aquellos que configuraron causal jubilatoria, antes del 1º de enero de 1997, al amparo del llamado Acto Institucional Nº 9, o que tenían 40 años o más de edad, al 1º de abril de 1996, y por tanto estaban originariamente incluidos en el régimen de transición (Título VI de la ley Nº ). En todos los casos se exige que el afiliado no se encuentre en goce de una jubilación al amparo del régimen previsional mixto. El artículo 2º de la Ley permite, a todo afiliado que se encuentre dentro del régimen previsional mixto y que en determinado momento haya realizado la opción por el artículo 8 de la ley Nº de 3 de setiembre de 1995, dejar sin efecto o revocar la referida opción, con carácter retroactivo a la fecha que la hubiera realizado. También en este caso se exige que el afiliado no se encuentre en goce de alguna jubilación al amparo del régimen previsional mixto. Reiteramos que sobre esta cuestión no existían antecedentes en nuestro país, cuyo impacto real en el sistema, más allá de algunas estimaciones que se han realizado, todavía no se conoce. Es oportuno tener presente que el artículo 8 de la ley Nº consta de tres párrafos y la posibilidad de revocar la opción la tienen exclusivamente los comprendidos en los dos primeros, es decir aquellos con remuneraciones comprendidas en el primer tramo (hasta $ 5.000, hoy $ ) y quienes, habiendo realizado dicha opción lleguen a tener asignaciones computables de más de $ y hasta $ (hoy entre $ y $ ). El tercer párrafo del artículo refiere a los afiliados que, al inicio de su incorporación al régimen mixto, percibían asignaciones computables de entre $ y $ 7.500, en cuyo caso se les aplica preceptivamente el criterio de distribución de aportes previsto en dicha disposición; donde se establece que aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio únicamente por el 50% de sus 16 La Ley fue reglamentada mediante el decreto Nº 24/014 de 31 de enero de 2014.
12 asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ y por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. Tales disposiciones, según lo preceptuado por el art. 30 de la Ley, comenzaron a regir a partir del 1º de febrero de 2014 y establecen, para el caso de los afiliados que se encuentran comprendidos en el artículo 1º, un plazo de 2 años para solicitar el asesoramiento al Banco de Previsión Social. Por ende dicho colectivo contará con tiempo para promover la desafiliación hasta el día 31 de enero de 2016; mientras que los afiliados que realizaron la opción del art. 8 de la ley , podrán hacerlo desde que el interesado tenga 40 años de edad y hasta que cumpla los 50 años, salvo en el caso de aquellos que, al 1º de febrero de 2014, superen los 48 años de edad, que contarán con un plazo de dos años a contar del momento de vigencia de la Ley, es decir que tendrán plazo hasta el 31 de enero de En ambos casos las revocaciones se realizan ante el Banco de Previsión Social y son irreversibles; la Ley dispone que dichas revocaciones podrán realizarse por una sola vez. La Ley, acertadamente, establece que tanto para desafiliarse del régimen previsional mixto, como para revocar la opción del artículo 8 de la ley Nº , el afiliado deberá contar con asesoramiento obligatorio del Banco de Previsión Social. A dichos efectos la AFAP queda obligada a remitir al Ente la información del fondo acumulado por el afiliado de que se trate. El asesoramiento del Banco de Previsión Social al afiliado deberá contener, un análisis de la trayectoria laboral del afiliado y una proyección estimativa de las eventuales prestaciones a que éste podría acceder según la decisión que adoptare. El Banco de Previsión Social tendrá un año para brindar ese asesoramiento al afiliado. El afiliado que haga efectiva la desafiliación del régimen previsional mixto o la revocación de la opción por el art. 8 de la ley Nº debe suscribir el consentimiento informado donde conste haber recibido el asesoramiento necesario para tomar la decisión. Es importante destacar que una vez que el afiliado recibe el asesoramiento referido, debe ejercer el derecho dentro de los 90 días siguientes. En caso omiso el trámite quedará sin efecto, autorizando al Poder Ejecutivo, por la vía reglamentaria, a habilitar la presentación, por única vez, de una nueva solicitud. En caso que el afiliado haga efectivo el derecho a desafiliarse del régimen previsional mixto, la principal consecuencia es el retorno al estatuto jubilatorio de origen. Además, los aportes personales transferidos a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional se compensarán automáticamente con la deuda por los aportes personales que habrá contraído con el Banco de Previsión Social. En el caso de aquellos afiliados que hayan tenido asignaciones computables superiores a los $ (hoy $ ), deberán abonar al Banco de
13 Previsión Social, sin multas ni recargos, los aportes personales no realizados correspondientes a las asignaciones computables del tercer nivel, de conformidad con la normativa aplicable. Los adeudos se convertirán a Unidades Reajustables de acuerdo a la cotización de cada mes en que debió efectuarse el aporte del mes de cargo correspondiente y podrán ser abonados hasta en 72 cuotas mensuales calculadas en Unidades Reajustables. Es importante destacar que, los afiliados originariamente amparados por el régimen de transición, o en su caso por el régimen general de pasividades vigente a la fecha de sanción de la ley Nº (Acto Nº 9 y modificativas), que revoquen la opción por régimen de capitalización individual, calcularán el sueldo básico jubilatorio por la totalidad de las asignaciones computables; mientras que los que revoque la opción del artículo 8, lo harán por las asignaciones computables hasta el tope de $ (hoy $ $39.871) y, naturalmente, no tendrán la bonificación del 50% a efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio prevista en el art. 28 de la ley Nº ii. Modificaciones al régimen de ahorro individual También se introducen una serie de modificaciones al régimen de ahorro individual, sobre aspectos que también fueron considerados en la segunda parte del diálogo social, aunque no hayan sido necesariamente objeto de un acuerdo formal. El primer cambio refiere a la situación de los afiliados que permanecen dentro del régimen mixto y que cuenten con servicios bonificados. Hasta la vigencia de la Ley, el cálculo de la prestación correspondiente al régimen de capitalización individual se hacía en base a la edad real del afiliado, mientras que, a partir del 1º de febrero de 2014, con toda lógica, deberá tomarse en consideración la edad real más la correspondiente a la bonificación 17. El segundo cambio tiene que ver con el procedimiento de asignación de AFAPs de los afiliados que no realizan la elección de la Administradora 18, premiando a aquellas que tienen la comisión más baja, de acuerdo al siguiente esquema: 1) en caso de que más de una Administradora registre la comisión de administración más baja del régimen, los afiliados serán distribuidos por partes iguales entre ellas; 2) si sólo una Administradora cumple esa condición, los afiliados serán distribuidos, por partes iguales, entre ésa y la que registe la segunda comisión por administración más baja del régimen; 3) si dos o más Administradoras registran la segunda comisión por administración más baja del régimen, el 50 % de los afiliados que les 17 Por tanto, la compañía de seguros deberá aplicar el artículo 92 del compilado de Normas de Seguros y Reaseguros Libro IV Título II, con la redacción dada por la Circular del Banco Central del Uruguay Nº resolución de 31 de mayo de 2012 (D.O. 2012/00647), tomando en consideración la edad real más el adicional de la bonificación. 18 El decreto reglamentario 24/014 establece nueva redacción al art. 41 del decreto Nº 399/995 de 3 de noviembre de 1995.
14 corresponderían conforme al numeral anterior se distribuirá por partes iguales entre ellas; 4) si la diferencia entre las dos comisiones de administración más bajas del régimen superare el 20 % del valor de la menor de las mismas, los afiliados serán asignados en su totalidad a la Administradora que registrare la menor comisión de administración. Dicho margen de diferencia será de 70 % durante el primer año de vigencia de la presente ley, de 50 % durante el segundo, y a partir del tercero se reducirá a razón de diez puntos porcentuales por año, hasta alcanzar el 20 % referido. El tercer cambio supone una modificación al procedimiento de traspaso de Administradora. A partir del 1º de febrero de 2014, el trámite del traspaso lo podrá hacer el afiliado personalmente ante la Administradora a la cual desea incorporarse (en la actualidad debe hacerlo ante la Administradora elegida o asignada de oficio al afiliado). Efectuado el trámite, el cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias. El cuarto cambio guarda relación con la situación de los afiliados que se han acogido a la jubilación común o por edad avanzada por el régimen de ahorro individual obligatorio, y reingresen a trabajar en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, donde se dispone que quedarán eximidos de efectuar aportes personales a aquel régimen. Por tanto, los aportes jubilatorios por la nueva actividad se realizarán, exclusivamente, al régimen de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social. A su vez, el desempeño de dicha actividad de reingreso será compatible con las prestaciones jubilatorias generadas por el régimen de ahorro individual. El quinto cambio disciplina de manera diferente el reingreso a la actividad del afiliado incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, sin derecho a la causal jubilatoria prevista en el art. 19 de la ley Nº , que ejerció la opción prevista en el art. 52 de ley Nº (reintegro de los fondos acumulados en la cuenta individual o transferencia a una empresa aseguradora como capital para obtención de una renta), circunstancia que determinará la reapertura de la cuenta de ahorro individual en la respectiva AFAP, cuando corresponda, en los plazos, forma y condiciones que determine la reglamentación. En estos casos, el afiliado podrá acreditar en su cuenta de ahorro individual, en calidad de depósito voluntario, la suma oportunamente recibida o transferida a una empresa aseguradora. El sexto cambio relevante del régimen de capitalización individual, que desde su origen cuenta con un único fondo de ahorro previsional, refiere a la creación de dos subfondos: uno llamado de Acumulación y el otro de Retiro. El primero caracterizado por una mayor rentabilidad, al tiempo que con mayor riesgo, previsto para las primeras etapas de la vida laboral; y el segundo con menor 19 En la redacción dada por el art. 4 de la ley Nº
15 rentabilidad y más seguro, concebido para la última etapa de la trayectoria laboral. El sub-fondo de Acumulación será en el que se invertirán los ahorros previsionales de los afiliados hasta que cumplan 55 años de edad; a partir de ese momento se prevé un proceso gradual de migración de esos fondos hacia el Subfondo de Retiro, conforme a la siguiente cadencia: al cumplir los 55 años 1/5 del saldo de la cuenta; a los 56 años 1/4 del saldo de la cuenta; a los 57 años 1/3 del saldo de la cuenta; a los 58 años 1/2 del saldo de la cuenta y a los 59 años 100% del saldo de la cuenta. La instrumentación de los Sub-fondos del Fondo de Ahorro Previsional entrará en vigencia el primer día del mes siguiente del cumplimiento de los doscientos setenta días de su promulgación, es decir el 1º de agosto de Bibliografía - Ermida Uriarte, O. Cuarenta estudios sobre la nueva legislación laboral uruguaya. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria. (2010). - Rodríguez Azcúe, Á. Caracterización y resultados del Diálogo Nacional de Seguridad Social. Derecho Laboral, (230), Nicoliello, A. Compatibilidad entre jubilación y actividad en la ley n de 16 de noviembre de Derecho Laboral, (249), Nicoliello, A. La jubilación parcial. Derecho Laboral, (253), Ley N , Plan Nacional de Viviendas. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 17 de diciembre de Ley N , Seguridad Social. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 3 de septiembre de Ley N , Régimen de acumulación de servicios a efectos de configurar causal de jubilación, retiro o pensión. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 6 de septiembre de Ley N , Sistema Tributario. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 27 de diciembre de Ley N , Unión Concubinaria. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 27 de diciembre de Ley N , Régimen tributario de las jubilaciones y pensiones. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 4 de julio de Ley N , Jubilación por Industria y comercio. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 16 de noviembre de Ley N , Jubilación parcial compatible con el desempeño de servicios de misma afiliación. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 1 de noviembre de Ley N , Régimen de ahorro individual jubilatorio. Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 1 de noviembre de 2013.