Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-01299-1437-17-de-febrero-8-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_28f0b5796dc648c7ba3f2d9f3b0e4270&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-16 10:34:29
Document Index: 84217504

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 17', 'artículo 150', 'artículo 55', 'artículo 146', 'artículo 58', 'artículo 146', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 291', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 146', 'artículo 146']

﻿ SENTENCIA 2010-01299/1437-17 DE FEBRERO 8 DE 2018
SENTENCIA 2010-01299 DE 08 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:SITUACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. LA JURISPRUDENCIA HA CONSIDERADO QUE LOS RECONOCIMIENTOS PENSIONALES INDIVIDUALES SUSTENTADOS EN CONVENCIONES COLECTIVAS TAMBIÉN ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993. SE EXPLICA QUE LAS DISPOSICIONES DEL ORDEN TERRITORIAL, COMO DECRETOS ORDENANZAS, REGULABAN SIN COMPETENCIA, EL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, MIENTRAS QUE EN LO QUE SE REFIERE A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS, REGULABAN LA APLICACIÓN SOLO PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y NO PARA EMPLEADOS PÚBLICOSPERO EN ULTIMAS, UNO Y OTRO ERAN EXTRALEGALES, Y EN AMBOS CASOS, LOS SANEÓ EL LEGISLADOR. POR LO ANTERIOR, AUN CUANDO LA CONVENCIÓN COLECTIVA SEA EMANADA POR AUTORIDADES INCOMPETENTES PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, DICHA SITUACIÓN ES CONVALIDADA POR EXPRESA DISPOSICIÓN DEL LEGISLADOR A TRAVÉS DEL REFERIDO ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, RÉGIMEN PENSIONAL, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia 2010-01299 de febrero 8 de 2018
Radicación: 76001-23-31-000-2010-01299-02(1437-17)
Actor: Empresas Municipales de Cali (Emcali)
Demandado: Leonor Moreno Tafur
Consiste en determinar si la situación pensional de la señora Leonor Moreno Tafur, se encuentra amparada por lo dispuesto en artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en su condición de ex empleada pública de EMCALI, al habérsele reconocido su derecho con fundamento en lo dispuesto en la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983.
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizará la naturaleza jurídica de la vinculación laboral de la señora Moreno Tafur a la fecha de expedición del acto de reconocimiento pensional; el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial; los efectos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 respecto de las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho marco normativo; y, por último, los efectos de la declaratoria de nulidad del numeral 4º inciso 3º de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
2.2.1. Naturaleza de la vinculación laboral de la demandada.
Empresas Municipales de Cali (EMCALI), se creó como un establecimiento público descentralizado, con patrimonio propio y autonomía administrativa, mediante el Acuerdo 50 de 1º de diciembre de 1961, expedido por el Concejo Municipal de Cali. Posteriormente y de conformidad con lo señalado por el Acuerdo 14 de 26 de diciembre de 1996, se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994.
En ese sentido, es claro que antes de la aludida transformación, los servidores de EMCALI eran considerados empleados públicos, dada la naturaleza de establecimiento público descentralizado de la entidad.
En el caso de la señora Leonor Moreno Tafur, el reconocimiento de la pensión de jubilación se llevó a cabo a través de la Resolución 2609 de 30 de noviembre de 1994, previo a la transformación de EMCALI de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado; es decir, que la naturaleza jurídica de la vinculación era legal y reglamentaria en calidad de empleada pública, sometida al régimen de derecho público, sin posibilidad legal de negociar sus condiciones laborales, ni beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de lo que sucede con los trabajadores oficiales a quienes les es aplicable, en el aspecto colectivo, el Código Sustantivo de Trabajo.
2.2.2. Régimen prestacional de los empleados públicos del orden territorial.
En vigencia de la Carta Política de 1886, el Acto Legislativo 1 del 11 de diciembre de 1968, asignó al Congreso de la República la competencia exclusiva para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos y autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional. A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, el régimen prestacional de los empleados del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley. Al respecto, señala el numeral 19, literal e) del artículo 150 superior:
...19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
A su turno, la Ley 4ª de 1992, dispone en sus artículos 10 y 12:
Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Se sigue de lo anterior que compete al Congreso de la República, dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; es decir que se presenta una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el Congreso de la República determina mediante la ley marco, los parámetros generales, conforme a los cuales, el Gobierno Nacional habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos.
De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que las entidades del orden territorial carecen de competencia para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales; por lo tanto, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos, al igual que las normas de orden convencional.
En cuanto al último aspecto mencionado, es del caso precisar que si bien el artículo 55 de la Constitución Política(2) garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dicha prerrogativa admite excepciones legales como la misma norma lo prevé. En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-110 de 1994 consideró que una de las excepciones al derecho a la negociación colectiva a que hace referencia el referido artículo, es precisamente el caso de los empleados públicos, en virtud a la naturaleza legal y reglamentaria de su relación y a la trascendencia de su misión en la preservación de los intereses públicos.
Sobre el particular, manifestó lo siguiente:
Posteriormente, en Sentencia C-1235 de 2005 la Corte Constitucional señaló que la imposibilidad de los empleados públicos de presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no pugna con el orden constitucional, en tanto que el derecho a la negociación colectiva no se ciñe únicamente a la posibilidad de celebrar ese tipo de acuerdos, sino que comprende un mayor campo de acción a través de diversas figuras que sí pueden ser utilizadas por los empleados públicos. Adicionalmente, reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas para determinar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria y exhortó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el propósito de materializar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que comporta la naturaleza de su vinculación con el Estado.
En todo caso, los empleados públicos no gozan de un derecho pleno a la negociación colectiva, ni tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones ni de celebrar convenciones colectivas; lo que no quiere decir que estén impedidos para hacer uso de otros medios de concertación, voluntaria y libre, que les permitan participar en la toma de las decisiones que los afectan, sin trasgredir la facultad exclusiva que ostentan el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para fijar las condiciones salariales y prestacionales.
2.2.3. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
No obstante lo dicho con relación a la competencia privativa del Congreso de la República, compartida con el Gobierno Nacional, para establecer el régimen prestacional de los empleados públicos, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento superior. Fue así como el legislador consecuente con dicha realidad y con el fin de salvaguardar derechos laborales consolidados, dejó a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos.
En ese sentido, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 dispuso que las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas bajo el amparo de la legislación preexistente no eran susceptibles de ser alteradas o modificadas por la entrada en vigencia de la nueva ley. Particularmente, el citado artículo, dejó a salvo las situaciones pensionales individuales definidas con fundamento en disposiciones municipales o departamentales, en virtud de la intangibilidad de los derechos adquiridos. Al respecto, la aludida norma señala:
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes)(3) los requisitos exigidos en dichas normas.
Respecto a la constitucionalidad del artículo citado, se pronunció la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997, en los siguientes términos:
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual «se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores».
Bajo esa perspectiva, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, protegió los derechos pensionales adquiridos con fundamento en regímenes pensionales territoriales —con anterioridad a su vigencia—, pese a su origen extralegal; así mismo, estableció que quienes previo a su entrada en rigor, cumplieran con los requisitos para pensionarse conforme a tales regulaciones, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí determinadas.
Entonces, para el caso concreto, en consideración a que la Ley 100 de 1993 entró a regir en el sector territorial a partir del 30 de junio de 1995, la situación particular definida con anterioridad a esa fecha, debe ser respetada.
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido artículo. Particularmente, esta corporación en sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 2434-10, señaló:
En principio podría pensarse, como en efecto lo hizo la Sala en múltiples fallos, que las disposiciones del orden territorial, como decretos ordenanzas, regulaban, sin competencia, el régimen pensional de los empleados públicos, mientras que en lo que se refiere a las convenciones colectivas, regulaban la aplicación sólo para los trabajadores oficiales y no para empleados públicos; pero en últimas, uno y otro eran extralegales, y en ambos casos, los saneó el legislador.
2.2.4. Efectos de la nulidad de la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia de 10 de febrero de 1995, declaró la nulidad de la Resolución GG-11917 de 7 de diciembre de 1977(4) y del numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983(5), ambas proferidas por EMCALI, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado(6) en sentencia de 2 de octubre de 1996, con base en la siguiente argumentación:
Respecto a la legalidad de la Resolución GG-11917 de diciembre 7 de 1977, que decretó el pago de una mesada extra en el mes de diciembre a los jubilados de EMCALI (fls. 11-I 2(sic)), se analiza:
La resolución en comento fue proferida por el gerente general de EMCALI, como solución a la petición elevada por la Asociación de Jubilados de EMCALI, AJUPEMCALI.
Por la referencia en la parte motiva a la Ley 4ª de 1976 que consagra la mesada legal adicional a los jubilados y dada la naturaleza de los destinatarios, se tiene que su reconocimiento tiende a incrementar en su monto los reconocimientos económicos originados con el riesgo de vejez, por lo tanto sin lugar a dudas éste beneficio tiene la categoría de prestación social.
En cuanto a la competencia para crear o modificar prestaciones sociales de los servidores del estado a nivel nacional, departamental o municipal, sólo puede ser establecido por el Congreso o el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias; en este sentido la corporación ha sido reiterativa y normativamente el soporte de éste criterio jurisprudencias radica en:
a. La Constitución Nacional de 1886, en los siguientes artículos:
ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación y la serie de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público.
ART. 76.—Corresponde al Congreso hacer las leyes.
Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: ...
g) Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales,
10) Regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales, ...
b. La Ley 6ª de 1945, artículo 22 dice:
El gobierno, teniendo en cuenta la condición económica de los respectivos departamentos, intendencias, comisarías y municipios, señalará por medio de decreto las prestaciones que hayan de pagar a los empleados y obreros correspondientes.
c. El Decreto 1333 de 1986, artículo 291 reza:
El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales será el que establezca la ley, que también dispondrá lo necesario para que, dentro del marco de su autonomía administrativa, los municipios provean al reconocimiento y pago de dichas prestaciones.
Por lo tanto, los servidores de EMCALI, al igual que los demás del municipio, están sujetos para efectos de reconocimiento del derecho a disfrutar de la pensión de jubilación y sus modificaciones como lo será la mesada extra de diciembre (diferente a la legal ya establecida), a las disposiciones que sobre la materia disponga el legislador.
Como la Resolución GG-11917 fue expedida por el gerente general de EMCALI, se ha de concluir que el referido acto administrativo no tiene sustento válido, porque no es una disposición con categoría de ley, debiendo declararse la nulidad como lo dispuso la sentencia materia de apelación.
En cuanto a la legalidad de la Resolución 1014 de octubre 14 de 1983, que en el artículo 4º, numeral 1º, decretó una prima anual de antigüedad, que va de 4 a 20 años de servicios; en el numeral 2º decreta una prima anual de continuidad y el 3º dispuso como tope el reconocimiento de la pensión de jubilación el 90% del promedio de salarios y primas percibido en el último año, se considera:
1. Los reconocimientos económicos creados:
a. Prima de antigüedad.
b. Prima anual de continuidad.
Es ostensible que tanto la junta directiva como el gerente carecían de competencia para establecer beneficios extralegales como estos; pues la misma radicaba en cabeza del Congreso de la República, según los postulados de la Carta de 1886.
c. El tope de la pensión en el 90% del promedio de salarios y primas percibido en el último año.
Sin ningún esfuerzo u (sic) de la simple lectura del acto acusado en su artículo 4º, numeral 3º se establece que hace referencia al tope de la prestación social «pensión de jubilación», luego en esencia atañe a la cuantificación o monto de la misma; está la razón para que se concluya que la naturaleza jurídica del contenido del acto en referencia si es el de hacer modificaciones favorables a una prestación social.
En consecuencia, por las mismas razones la junta directiva de EMCALI al proferir el referido acto carecía de competencia, porque todo lo concerniente al régimen prestacional de los servidores públicos nacionales o de cualquier nivel en la Constitución Nacional de 1886 era potestativo del Congreso o del Presidente como legislador extraordinario.
Al no existir duda alguna sobre que el establecimiento o modificación de todo régimen prestacional debía ser originado en la ley o en acto de igual jerarquía, la junta directiva de EMCALI no podía legalmente asumir esa atribución, por lo cual el acto acusado es nulo, debiendo mantenerse lo dispuesto por el a quo.
Posteriormente, esta corporación en sentencia del 11 de febrero de 2015, expediente 3787-13, C.P. Gustavo Gómez Aranguren se pronunció, concretamente, acerca de los efectos de dicha nulidad frente a las pensiones de jubilación reconocidas a los empleados públicos de EMCALI bajo el amparo de la aludida disposición territorial retirada del ordenamiento jurídico. Así, en razón a que en esa providencia se analizaron elementos jurídicos y fácticos análogos a los que son materia de litigio en este proceso, la Sala considera pertinente transcribir las consideraciones allí plasmadas:
[...] resulta claro que luego de quedar en firme la sentencia que declaró la nulidad del artículo 4º numeral 3º de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983 proferida por EMCALI, la disposición en que se fundaba el derecho desapareció del mundo jurídico, por lo que se reputa que tal previsión nunca existió.
Empero, no puede olvidarse el régimen de transición establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que dispuso el respeto a las situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales, necesariamente cobijó aquellas situaciones similares en donde normas de orden territorial crearon condiciones especiales para acceder a la pensión de jubilación (por tiempo de servicio, edad y monto) apartándose de las competencias señaladas en la Constitución y en la ley.
Tales situaciones, fueron en su mayoría, contempladas por normas emitidas con falta de competencia de las entidades, situación que se configura en el sub lite, en donde la junta directiva de EMCALI señaló un tope pensional superior al contenido en el régimen pensional vigente. Para esos casos, es que el artículo 146 previó la convalidación en respeto de los derechos adquiridos, cuya aplicación se ha entendido, cobija aquellas situaciones configuradas hasta el 30 de junio de 1997, dependiendo de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 en las entidades territoriales.
Significa lo anterior que nos encontramos en un escenario en donde los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad de la Resolución 104 de 1983 se entrecruzan con los efectos protectores que quiso dar el legislador a través del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, situación que debe resolverse e interpretarse a la luz de los derechos fundamentales del accionado quien hoy cuenta con más de 69 años de edad, en tanto se discute su derecho a la seguridad social y al mínimo vital.
Como en reiteradas oportunidades se ha sostenido, esta determinación obedece a que el régimen jurídico de las nulidades respecto de los actos que reconocen pensiones ilegales, no puede compartir idénticas consecuencias con el esquema clásico de la nulidad, según el cual las cosas vuelven al estado anterior al de la expedición del acto retirado del ordenamiento jurídico, pues con una decisión semejante se pondrían en entredicho los derechos fundamentales señalados que encuentran abrigo por la Carta Política.
Fuerza concluir de lo anterior, que pese a que la Resolución 104 de 1983 fue declarada nula, es evidente que la situación pensional del actor ya había sido convalidada por el legislador atendiendo al artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que el reconocimiento pensional ocurrió el 22 de agosto de 1996, es decir antes de proferirse la sentencia del Consejo de Estado el 2 de octubre de 1996. En este sentido se convalidará la pensión pues el derecho se configuró antes del 30 de junio de 1997, pero también fue reconocido antes de emitirse el fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
Por ello, es viable considerar que los efectos jurídicos de los actos que reconocieron pensiones de jubilación con base en la Resolución 104 de 1983, proferidos antes de la declaratoria de nulidad de aquella, se mantuvieron en la vida jurídica por virtud de la Ley 100 de 1993, artículo 146.
En este orden de ideas y como quiera que la situación pensional del accionado se encontraba ya definida con antelación al pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, se concluye que al demandado le asiste la garantía del respeto a sus derechos adquiridos.
Así las cosas, si bien desapareció del ordenamiento jurídico la disposición territorial que hizo extensivos a los empleados públicos de EMCALI, los beneficios extralegales existentes en la entidad, lo que generaría, en principio, el decaimiento de la resolución que reconoció la pensión de jubilación del accionado; no puede perderse de vista que los actos de reconocimiento pensional fundados en la Resolución 104 de 1983, proferidos antes de que dicha disposición fuera declarada nula, se mantuvieron en la vida jurídica, en virtud de la garantía prevista artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte Constitucional(7).
A la señora Leonor Moreno Tafur le fue reconocida la pensión de jubilación mediante Resolución 2609 de 30 de noviembre de 1994, en cuantía equivalente al 90% del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios (entre mayo 30/93 y mayo 30/94) tal como lo disponía el numeral 3º artículo 4º de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983, proferida por la junta directiva de EMCALI.
En los considerandos de la resolución se lee:
Que según lo determinado por la junta directiva de EMCALI en Resolución 104 de octubre 14 de 1983, numeral 3º del artículo 4º, al personal de empleados públicos que cumpla los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes en EMCALI se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicio, lo cual de acuerdo con la liquidación de la cesantía y demás prestaciones sociales definitivas, arrojó el siguiente resultado:
SUELDOS $ 10.567.250
PRIMAS $ 11.669.877
TOTAL $ 22.237.877
Ahora bien, la mencionada Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, proferida por la junta directiva de EMCALI, «Por la cual se deroga la Resolución JD 100 de octubre 3 de 1983 y se conceden unos beneficios extralegales a los Empleados Públicos de EMCALI», señaló:
Con retroactividad al 1º de enero de 1983, aplíquense los siguientes beneficios a favor de todos los Empleados Públicos de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI:
3. Al personal de empleados públicos que cumpla los requisitos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes de Emcali se pagará jubilación con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidas por el empleado en el último año de servicios.
Como se aprecia, la situación particular de la demandada se encuentra convalidada por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, según el cual dejó a salvo los derechos pensionales otorgados con fundamento en disposiciones de orden territorial, como la señalada en la Resolución 104 de 1983, que creó condiciones más favorables para acceder a la prestación, pese a la ilegalidad de su fuente normativa.
Desde luego, aunque la consecuencia de la nulidad es que las cosas vuelvan al estado anterior al de la expedición del acto retirado del ordenamiento jurídico, es preciso tener en cuenta que los actos que reconocen pensiones involucran derechos fundamentales amparados por la Carta Política, lo que implica que en este caso, deba darse prevalencia a los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la accionada que hoy cuenta con 73 años de edad(8).
Quiere decir lo anterior, que pese a la irregularidad que se configuró en el reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Leonor Moreno Tafur, sus derechos adquiridos se encuentran a salvo por virtud del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto que su situación pensional quedó definida desde el 30 de mayo de 1994, esto es, antes de la entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo y antes de proferirse la sentencia a través de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad de la Resolución 104 de 114 de octubre de 1983.
En ese orden de ideas, se tiene que el acto administrativo demandado, expedido y acusado por Empresas Municipales de Cali (EMCALI), no vulnera las normas invocadas como quebrantadas, lo que conlleva a la Sala a sostener que la presunción de legalidad que lo cobija no ha sido desvirtuada, por lo cual se impone confirmar la sentencia apelada.
CONFÍRMASE la sentencia de 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso instaurado por EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) contra la señora Leonor Moreno Tafur.
2 ART. 55.—Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (resaltado fuera de texto).
3 Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997.
4 Por la cual decreta el pago de una mesada extra a los jubilados de EMCALI.
5 Por la cual se deroga la Resolución JD 100 de octubre 3 de 1983 y se conceden unos beneficios extralegales a los Empleados Públicos de EMCALI.
6 Expediente 11697, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
7 Sentencia C-410 de 1997.
8 Conforme a lo señalado en la Resolución 2609 de 30 de noviembre de 1994, a señora Leonor Moreno Tafur nació el 20 de marzo de 1944.