Source: http://docplayer.es/28978-La-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-universidad-el-caso-de-la-pontificia-universidad-catolica-del-peru-1.html
Timestamp: 2018-08-14 14:42:51
Document Index: 162149780

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 17', 'Artículo 26', 'Artículo 38']

LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 1 - PDF
Download "LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 1"
Purificación Rubio Giménez
1 LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD: EL CASO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 1 Introducción La sociedad es un conglomerado de relaciones interindividuales en el marco de determinados contextos geográficos, económicos, políticos, culturales, entre otros. Unos espacios que reflejan vívidamente este flujo de interacciones son las universidades y, en general, los centros de estudios superiores. La educación no solo es un valor, sino también, un derecho y, por lo tanto, es exigible a los Estados. Está consagrado a nivel constitucional y en distintos instrumentos internacionales por lo que se erige como una obligación al Estado a todo nivel. La educación como derecho económico, social y cultural es también un derecho para las personas con discapacidad. No se limita solo a la educación primaria y secundaria, sino que se extiende a la educación superior. Ahora bien, es innegable que las personas con discapacidad han sufrido una estigmatización social que se ha expresado claramente en el impedimento social de acceso a una educación superior. Esta problemática ha sido específicamente abordad por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) que analizaremos a lo largo del presente trabajo. Los centros de formación superior pueden jugar un rol fundamental en la protección de las personas con discapacidad a través del cambio estructural del modelo educativo, apartándose de la educación tradicional integral, que exige a las personas con discapacidad adaptarse al sistema educativo, y adhiriéndose al modelo de inclusión cuya fundamentación última es el modelo social. No obstante, lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad implica la superación de una serie de barreras en materia de acceso y permanencia. El presente informe busca identificar dichas barreras, así como las buenas prácticas de superación de las mimas, todo ello en el contexto de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El presente informe está divido en tres capítulos. El primero es el marco teórico, en el cual observaremos las definiciones básicas y principios contenidos en la CDPCD y el entendimiento de la educación por este instrumento, así como el entendimiento de la educación por los otros instrumentos de derechos humanos 1 Documento elaborado por Renata Bregaglio Lazarte, coordinadora académica y de investigaciones de IDEHPUCP y Renato Constantino Caycho, investigador de IDEHPUCP. 1
2 vigentes. En el segundo capítulo, se ahondará en las cifras sobre las cuales descansa el estado de la cuestión de la PUCP en materia de inclusión de personas con discapacidad. Allí se verá en detalle las medidas orientadas al acceso de estudiantes con discapacidad, a la permanencia de los estudiantes con discapacidad, así como otros aspectos que enmarca la educación inclusiva a nivel de los estudios superiores. Finalmente, en el tercer capítulo se plantean algunas propuestas para la inclusión personas con discapacidad en la PUCP. 2
3 I. Marco teórico: universidades inclusivas a la luz de la CDPCD Según Agustina Palacios, existen tres modelos sobre la relación entre la sociedad y la discapacidad: a) El modelo de prescindencia que se subdivide en el modelo eugenésico y el modelo de marginación, b) el modelo rehabilitador y c) el modelo social. En el marco del modelo de prescindencia, el modelo eugenésico señala que las personas con discapacidad no pueden ofrecer nada al desarrollo de la comunidad. 2 Es más, la vida con discapacidad, desde un punto de vista individual, no merece ser vivida, y supone una carga para su entorno. En ese sentido, la solución propuesta por este modelo es eliminar a la persona mediante prácticas eugenésicas. Por otra parte, el modelo de marginación afirma que las personas con discapacidad ocupan un sitio en la sociedad, cumpliendo un rol social determinado, aunque como marginados (marginación necesaria). 3 Por su parte, el modelo rehabilitador argumenta que las posibilidades de integración se encuentran disminuidas como consecuencia de la diversidad funcional sin reparar en las causas o factores sociales. La persona es concebida como alguien desviado de un estándar ( no es normal ). Así, se trataría de una enfermedad modificable que debe ser curada. 4 Por el contrario, el modelo social distingue entre deficiencia y discapacidad. Mientras que la primera se refiere a una característica consistente en un órgano con problemas de funcionamiento, sea del cuerpo o de la mente, el segundo término está referido a las restricciones sociales experimentadas. A diferencia del modelo anterior, el modelo social concibe a la discapacidad, no como una patología individual, sino como el conjunto de barreras sociales que aíslan y excluyen a las personas con discapacidad de la participación plena en la sociedad. 5 En este sentido, se debe reorientar el foco de la atención de la deficiencia a la discapacidad, es decir, establecer como centro de la cuestión a las barreras sociales que impiden el pleno desenvolvimiento de la persona con discapacidad al interior de la vida en comunidad. Esta preocupación es de suma importancia para lograr revertir la desigualdad de oportunidades. Este proceso de cambio de perspectiva no se limita a las autoridades, sino que involucra a la sociedad en su conjunto. Ello porque la perpetuación de las barreras 2 PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, 2008, Madrid: Cinca, pp Ibíd., p Ibíd., p Ibíd., p
4 sociales depende, justamente, del entorno. Es en esta perspectiva que se inscribe la CDPCD, al establecer en su artículo 1 que: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 1.1 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: cambio de paradigma Bajo el parámetro del enfoque social que contiene la CDPCD, las personas con discapacidad serían todas aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales o psicosociales y que, por tal motivo, se encuentran impedidas de participar plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones a través de la imposición de barreras. De esta manera, no solo entrarán concepciones tradicionales de discapacidad sino que se podrá incluir otras formas de discapacidad en tanto se presenta la deficiencia y el impedimento de participación plena en la sociedad 6. La CDPCD plantea principios orientados a reforzar el modelo social. 7 Los principios, contenidos en su artículo 3, son los siguientes: el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. En vista de los propósitos del presente trabajo, nos concentraremos en la autonomía, el mandato de no discriminación y la accesibilidad como pautas indispensables para la inclusión universitaria de personas con discapacidad. En relación con el mandato de no discriminación, la CDPCD establece en su artículo 2 que: se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 6 Así lo ha hecho Colombia con respecto al enanismo a través de la Ley 1275 de 2009 y de la Sentencia T- 1258/08 de su Corte Constitucional. 7 DE CAMPOS VELHO MARTEL, Letícia. Ajuste Razonable: Un nuevo concepto desde la óptica de una gramática constitucional inclusiva. En: Revista Internacional de Derechos Humanos, vol. 8, n 14, junio 2011, p. 91. Es preciso indicar que este instrumento jurídico no relega completamente elementos del modelo biomédico, principalmente en relación con los derechos relativos al acceso, promoción y protección de la salud. 4
5 civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. 8 La discriminación a las personas con discapacidad puede ser calificada como directa o indirecta. Es del primer tipo cuando existen normas, procedimientos y/o prácticas que, de manera expresa, excluyen a las personas con discapacidad en base los motivos prohibidos anteriormente señalados. Es una discriminación indirecta cuando la distinción, en principio, aparece como neutra pero cuya aplicación en la realidad tiene efectos discriminatorios. Evidentemente, es más fácil detectar una discriminación directa a una de tipo indirecto que es más difícil de probar, más cuando genera una distinción desproporcionada pero no absoluta 9. La noción de ajuste razonable, originada en Estados Unidos a través de la aprobación de la Equal Employment Opportunity Act de 1972, es definido en el artículo 2 de la CDPCD como: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Siguiendo a PÉREZ BUENO, encontramos los siguientes elementos constitutivos de los ajustes razonables: a. Una conducta positiva que implica la modificación y adaptación (elemento fáctico de cambio). b. Dicha transformación debe estar dirigida a adaptar el entorno a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, proporcionando una solución en todas las situaciones concretas en que estas puedan hallarse (elemento de individualización y satisfacción de las particularidades). c. Las obligaciones generales de protección no permiten la garantía de los derechos de las personas con discapacidad (elemento de subsidiariedad). d. Las adecuaciones que se ejecuten no han de comportar una carga desproporcionada (elemento del carácter razonable) para el sujeto obligado. 8 Es importante precisar que se tiene como un instrumento previo a ser tomado en cuenta a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas Con Discapacidad. Dicho instrumento afirma en su Preámbulo que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. A la luz de ello, define a la discriminación como: Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 9 TOMEI, Manuela. Análisis de los conceptos de discriminación y de igualdad en el trabajo. En: Revista internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), n 4, p
6 e. Se debe facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad en análogo grado que los demás miembros de la comunidad (elemento de garantía del derecho a la igualdad) 10. Unido al concepto del ajuste razonable se encuentra el de carga indebida que es la contrapartida en términos de razonabilidad del ajuste. En ese sentido, a partir de la entrada de la CDPCD, el ajuste razonable puede ser considerado como un derecho de las personas con discapacidad, siempre que no supere el límite de la carga indebida 11. En ese sentido, el análisis de la aplicación de los ajustes razonables depende del supuesto en concreto porque el ajuste razonable se aplica a las personas con discapacidad en diversos ambientes. Por otro lado, el modelo social apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida. 12 La autonomía individual está asociada directamente a la dignidad de la persona humana como se profiere del artículo 3.a de la CDPCD, así como la libertad de la persona (inciso n del preámbulo de la CDPCD). En este sentido, el reconocimiento del principio de la autonomía significa, en el fondo, reconocer la dignidad de las personas con discapacidad. Además, el valor de la autonomía está basado previamente en la capacidad de acción y de los comportamientos auto-dirigidos. Ello puede plantear problemas en el ámbito de la discapacidad. En primer lugar, porque se asocia a la discapacidad la carencia del ejercicio de la libertad y, en segundo lugar, aquellas personas que pueden decidir pero que tienen otro tipo de discapacidad son ignoradas para la toma de decisiones 13. Finalmente, la accesibilidad es reconocida como un principio general de la Convención y definida en el artículo 9 de la misma como medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. El artículo 9.2.b señala, a su vez, que los Estados deben asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público, quedando comprendidas las universidades y las 10 PÉREZ BUENO, Luis Cayo. La configuración jurídica de los ajustes razonables. Consultado el 24 de septiembre de 2012, en: <http://www.coag.es/informacion/novedades/arquivos/la-configuracion-juridica-de-los-ajustes-razonables.pdf > 11 DE CAMPOS VELHO MARTEL, Letícia. Óp. Cit., pp PALACIOS, Agustina. Óp. Cit., pp Curso de actualización para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Unidad 2. La discapacidad en el derecho internacional de los derechos humanos-rol de las Naciones Unidas. 6
7 instituciones de educación superior- tengan en cuenta todos los personas con discapacidad aspectos de su accesibilidad para las La entrada en vigor en de la CDPCD introdujo un elemento de suma relevancia en el concepto mismo de persona: el artículo 12 referido al igual reconocimiento de la capacidad jurídica. De acuerdo con el artículo 12.1 del tratado: Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Del artículo citado se desprende que los Estados partes mediante este tratado reconocen que las personas con discapacidad no deben ser consideradas, por ningún motivo, carentes de personalidad jurídica. 14 Ahora bien, no se trataría de una especie de concesión estatal, dado que tal capacidad sería preexistente a la voluntad de los Estados. Ese es el sentido del verbo reafirmar en la frase. Por otra parte, destaca como efecto jurídico que no se puede negar la personalidad jurídica de las personas con discapacidad en ninguna circunstancia. El artículo 12.2 señala que: Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. La capacidad jurídica debe ser entendida como la posibilidad de toda persona de disfrutar y ejercitar sus derechos 15. Se deriva de la norma que las personas con discapacidad gozan, como presupuesto general, de capacidad jurídica, lo que incluye la capacidad de obrar y que la discapacidad nunca debe ser motivo que valide la discriminación 16. Así, no se podrán establecer limitaciones que les impidan ejercer de manera autónoma su capacidad jurídica como es la institución de la curatela. 14 En el plano jurídico, la persona es un sujeto de derecho, un centro de imputación de derechos y/o obligaciones. Pero subyacente a esta premisa está el hecho de su consideración como ser racional. Por tanto, bajo esa concepción, solo los seres racionales tendrían la posibilidad de ser comprendidos como titulares de derechos y obligaciones. Sin embargo, este paradigma que por siglos había sido incuestionado, es revolucionado con la aparición de la Convención 15 BARIFFI, Francisco. Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con discapacidad a la luz de la Convención de la ONU. En: Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo, PÉREZ BUENO, L. C. (Dir.), Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2009, p Ibíd., p.27. 7
8 La garantía de igualdad supone el inmediato reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. El mérito del artículo 12 de la Convención es, en este sentido, no distinguir entre los distintos tipos de discapacidad, abriendo así un abanico de protección amplio, alejándose de los modelos anteriores al modelo social. Las personas con diversos tipos de discapacidad son capaces jurídicamente en un sentido iure et de iure. Esta postura es intensamente defendida por las propias personas con discapacidad encontrando apoyo en tres fundamentos básicos: 1) el modelo filosófico que inspira la CDPD (modelo social) que supone la plasmación de los valores que sustentan los derechos humanos; 2) que ésta es la interpretación que se encuentra en mayor sintonía con el resto de la CDPD y con el objeto y fin del tratado; y 3) que el artículo 12 incorpora el sistema de apoyo en la toma de decisiones en el inciso 3 para las situaciones donde la intervención de un tercero resulte necesaria. Adicionalmente, el artículo 12 aplicado a aquellas personas que tienen limitaciones o restricciones a la hora de tomar decisiones, pasa del modelo de sustitución al modelo del apoyo Con tal cambio se adopta la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de participación de terceros. Mientras que el sistema tradicional sugiere el reemplazo en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, el modelo de apoyo, basado en el desarrollo de los derechos humanos y según la dignidad intrínseca de todas las personas, aboga por un modelo de apoyo. Estos apoyos son los que permitirían el ejercicio de la capacidad jurídica y su importancia es de tal magnitud que implican la llave para dar efecto al cambio de paradigma que se encuentra implícito en el artículo El derecho a la educación superior en el Derecho internacional de los derechos humanos El derecho a la educación es un derecho contenido en la Constitución Política del Perú y, a su vez, es el derecho humano a recibir educación. Es uno de los principales derechos económicos, sociales y culturales dado que la educación potencia el desarrollo de la persona y permite el ejercicio de otros derechos de índole civil y política así como de índole económica, social y cultural 17. La educación ha logrado un reconocimiento universal en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. 18 En ellos se suele diferenciar entre la educación básica y la educación superior. Esto no debe llevar a pensar que la educación superior no es un 17 LATAPÍ SARRE, Pablo. El derecho a la educación: Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa. En: Revista mexicana de Investigación Educativa, año. Vol.14, N 40, pp.257 y ss. 18 Declaración Universal art. 26; Convenio 169 de la OIT art. 26, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 13, Protocolo de San Salvador art. 13, Carta Social Europa art. 17.2, Convención sobre los Derechos del Niño art. 28, Convención para la Elminación de la Discriminación Racial art. 5.e, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer art. 10, Carta Africana art. 17 8
9 derecho sino que se entiende que la educación superior no es un derecho. Así lo ha manifestado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en su observación general N 13 sobre educación en la cual se señala que las obligaciones de los Estados varían con respecto a la educación primaria, por un lado, y con respecto a la educación secundaria y superior, por el otro. 19 Dado que la educación superior no pierde la categoría de derecho, su realización comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles. 20 La diferenciación realizada es con respecto a la provisión de gratuidad de la educación superior. No obstante, incluso con tal diferenciación, se exige que los Estados tomen provisiones para asegurar, en un futuro, la gratuidad de tal derecho. Por tanto, los mismos elementos que se revisan para evaluar si un Estado cumple o no con el derecho a la educación básica serán utilizados para evaluar si otorga y garantiza efectivamente derecho a la educación superior. Los elementos mencionados tendrán que ser evaluados de acuerdo a las obligaciones que surgen de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, tendrán que ser evaluados de acuerdo a su posibilidad de respetar, proteger y aplicar el derecho a la educación. Instrumentos internacionales como los Principios de Limburgo 21 y las Directrices de Maastricht 22 han establecido cómo deben ser interpretadas las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos económicos sociales y culturales: respetar, proteger y aplicar. 23 Con respecto a ellos cabe resaltar que cada una de las obligaciones será diferente respecto a diferentes ámbitos de la educación. La obligación de aplicar educación es la más evidente y refiere al deber de los Estados de tomar medidas positivas con respecto a la educación. Entre ellas podríamos mencionar el ofrecer educación primaria de manera gratuita y obligatoria 24. La obligación de proteger se referiría al hecho de evitar que terceros impidan el goce de un derecho, mientras que la obligación de respeto busca evitar que el propio Estado impida el goce de un derecho. En este sentido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha establecido ciertos estándares con respecto las obligaciones que tendrían los estados para la educación superior. Podemos mencionar, en 19 Comité DESC. OG 13. Párr Comité DESC. OG 13. Párr Comité DESC. Principios de Limburgo en la implementación del Pacto Internacional de DESC. E/CN.4/1987/17, 2-6 de junio de Comité DESC. Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los derechos económicos sociales y culturales. 24 periodo de sesiones. E/C.12/2000/13, 13 de noviembre 01 de diciembre de Comité DESC. OG 18, párr. 22. Maastricht, párr NOWAK, Manfred. The Right to Education En: EIDE, Asbjorn, KRAUSE, Catarina, y ROSAS, Allan Economic, Social and Cultural Rights. A textbook. Second Revised Edition. La Haya. 2001, p
10 primer lugar: la accesibilidad universal a la educación superior sobre la base de la capacidad de cada uno así como una implementación progresiva 25 de la educación superior gratuita. Tal obligación no es una simple declaración política sino que puede generarse una violación al derecho a la educación si es que no se adoptan "medidas deliberadas, concretas y orientadas" hacia la implantación gradual de la enseñanza superior. 26 Entendiendo esto en los parámetros anteriormente explicados, todo Estado, de acuerdo al deber de respetar, no podría establecer impedimentos para la educación superior de las personas con discapacidad. Impedimentos por razón de discapacidad no serían tolerables y conllevarían una violación de las obligaciones internacionales del Estado. De la misma forma, la obligación de proteger sería violada si es que un particular determina tal impedimento y el Estado no actúa adecuadamente. Como es evidente, las obligaciones estatales están íntimamente ligadas a la no discriminación. Tal obligación ha sido entendida con respecto a los DESC a la obligación inmediata de los Estados de evitar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto 27. En tal orden de ideas, los Estados no solo deben evitar la discriminación formal sino también la discriminación sustantiva, es decir condiciones discriminatorias de facto para las cuales no basta la situación de igualdad formal 28. Así, aplicando esto al derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, se entiende que no basta solo con no establecer limitaciones formales sino que se tienen que tomar medidas positivas que permitan de manera real el goce de este derecho por parte de las personas con discapacidad mental. Incluso, podrían establecerse acciones afirmativas que de manera temporal permitan superar la situación de discriminación contra este grupo La educación superior y la discapacidad La educación es una herramienta básica para el desenvolvimiento de los individuos en el entorno social. En esta línea, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. 30 Como señala la 25 Pacto Internacional de Derechos Ecónomicos, Sociales y Culturales art c, Protocolo de San Salvador art c, UNESCO. Convention against Discrimination in Education. Art. 4. a. 26 Comité DESC. OG 13. Párr Comité DESC. OG 20. Párr Comité DESC. OG 20. Párr. 8. b. 29 Comité DESC. OG 20. Párr CODESC, Observación General núm. 13, adoptada en diciembre de 1999, E/C.12/1999/10, 1. 10
11 Observación General N 13, La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos 31. En ese sentido, desde su dimensión individual, el derecho a la educación favorece el desarrollo del individuo. En el caso de las personas con discapacidad, la educación permite el desarrollo y una mejor participación en la sociedad dado que fortalece el ejercicio de otros derechos. También debemos considerar que, desde su dimensión colectiva, el derecho a la educación favorece a una vida plena en democracia. Respecto de este punto, en el artículo 13.2.c del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señala que: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: ( ) c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (el resaltado es nuestro). Alrededor del mundo se está tomando conciencia, de manera más clara, de la necesidad de adaptar la educación superior a grupos tradicionalmente excluidos de esta: personas en situación de pobreza, indígenas y personas con discapacidad. Esta tendencia no se limita a declaraciones políticas o hechos aislados sino que ha tenido reconocimiento internacional en diversas instancias. Asimismo, en el ámbito nacional nuestro texto constitucional en el párrafo tercero del artículo 16, señala que el Estado debe asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones físicas o mentales. En el caso particular de las personas con discapacidad, se entiende que la igualdad no pasa por separarlos y excluirlos de los espacios de socialización del resto de la sociedad (instituciones educativas, políticas y laborales). Con respecto a la educación, se va alcanzando la convicción que instituciones educativas separadas son inherentemente desiguales. 32 Es este el contexto en el que se inserta el artículo 24 de la CDPCD, que establece: La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) aprobada en 2006 (siendo firmada por el Perú en el 2007 y ratificada en el 2008) hace un repaso por diversos derechos ya consagrados anteriormente en otros instrumentos internacionales. Esto se realiza en tanto las personas 31 Comité DESC. OG 13. Párr Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). Traducción propia. Separate educational facilities are inherently unequal 11
12 con discapacidad han sido invisibilizadas. 33 Y es que se percibía la discapacidad como motivo de exclusión 34 para el goce de ciertos derechos. Así, con respecto a la educación, se impide que las personas con discapacidad accedan a la educación o a la educación de manera igual y efectiva. 35 A partir de ello se da la necesidad de insistir en la igual aplicación de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad. 36 La Convención se propone tal reto y es por ello su énfasis en la reafirmación de derechos que están consagrados ya en otros instrumentos internacionales. Entre ellos, encontramos el artículo 24 referente a la educación. Este señala lo siguiente: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. ( ) 5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Como señalábamos, en la educación básica se ha aceptado normativamente la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad a pesar de los problemas que enfrenta en la práctica. 37 Las ideas señaladas en el artículo precedente establecen la necesidad de asegurar este derecho sin discriminación alguna. Para esto, se realizarán los ajustes razonables que se necesiten para que las personas con discapacidad no se vean 33 QUINN, Gerard y Theresia DEGENER. La autoridad moral para el cambio: los valores de derechos humanos y el proceso mundial de reforma en materia de discapacidad en QUINN, Gerard y Theresia DEGENER. Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad págs. 17 y Ibíd., p Ibíd., p Ibíd., p CLADE, CEJIL y Vernor MUÑOZ. Derecho a la Educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe Páginas
13 excluidas del goce de este derecho. El numeral cinco es particularmente relevante para efectos de esta investigación en tanto establece que el alcance de la no discriminación y las obligaciones de proveer ajustes razonables no se limitan a la educación básica sino que también son parte integral de la educación superior y demás formas de educación posterior a la finalización de la educación básica regular. Se debe entender que, como señala el artículo 24, este derecho debe darse en todos los niveles educativos. Por ello es necesario que las universidades y las instituciones superiores, como espacios de apertura al diálogo y a la creación de conocimiento, asuman el rol de favorecer la participación de personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la vida universitaria, el cual al ser un entorno complejo estimula a los estudiantes con discapacidad a desarrollarse 38. Ante esta situación, es preciso distinguir el concepto de inclusión de aquel de integración a nivel de la educación superior. Mientras que el primero supone una modificación de la estructura del modelo educativo, el segundo destierra tal posibilidad optando por el mantenimiento del sistema 39. Bajo el sistema inclusivo, propugnado por la CDPCD, la institución superior se centrará en conseguir que el sistema educativo se adapte a los estudiantes que tengan alguna discapacidad. Evidentemente, la incorporación de las personas con discapacidad a los institutos superiores, sin efectuar los cambios correspondientes, puede ser el origen de prácticas discriminatorias 40. Como ha señalado el CDESC los efectos de la discriminación basada en la discapacidad son particularmente gravosos en el campo educativo. La educación inclusiva es un modelo pedagógico que propone una educación de calidad y eficaz para todos los alumnos en función de sus necesidades y condiciones de aprendizaje 41. El modelo propuesto cuestiona la educación tradicional que excluye las necesidades educativas especiales. Lo que se quiere conseguir es la adecuación de la educación superior a las necesidades de las personas con discapacidad en todas las actividades de la educación universitaria 42. Finalmente, el objetivo último del modelo inclusivo es eliminar las prácticas discriminatorias. El aspecto más problemático es el de la adecuación metodológica en el caso de aquellas personas con una deficiencia mental, intelectual o física que esté directamente relacionada con el proceso de aprendizaje y que, 38 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N 127. Educación Inclusiva: Educación para todos. Supervisión de la política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares, 2007, p Ibíd., p Ibíd., p Ibíd., p Ibíd., p
14 por esta razón, sean discriminadas. En base a la finalidad de superar el modelo integracionista y pasar a un modelo inclusivo, podrá el esquema metodológico ser útil para el aprendizaje de PCD? En este caso, el modelo no parece per se inadecuado pero debe ser evaluado por los especialistas en educación. Adicionalmente al examen que debe hacerse a este esquema, es necesario que se empleen ajustes razonables como apoyo especial a quienes tengan algún tipo de discapacidad. En cuanto a las adecuaciones curriculares 43, estas son el conjunto de modificaciones de los contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación para atender a las dificultades que se les presenten a las PCD en el contexto donde se desenvuelven, con la finalidad de un impacto significativo en su aprendizaje. Las adecuaciones curriculares conforman la estrategia educativa fundamental cuando una PCD necesita algún apoyo adicional en su proceso de aprendizaje. De la definición se puede extraer la idea que las adecuaciones curriculares están estrechamente ligadas a las modificaciones metodológicas presentadas en los párrafos anteriores. Por otra parte, respecto de la participación de los alumnos en la construcción de una universidad inclusiva, destacan experiencias como el programa de pares que consiste en la participación de estudiantes voluntarios o ayudantes financiados por cada facultad, que apoyen la inclusión de las PCD a través del soporte u orientación académica 44. Esta iniciativa se está desarrollando en la Universidad Complutense de Madrid a través del Programa de Ayuda para Estudiantes Discapacitados (PAED) que es ejecutado por una ONG ligada a la universidad que facilita la asistencia a clase, la movilidad en el campus y cuantas otras actividades tengan que ver con el desarrollo de su aprendizaje y promueve la eliminación de barreras arquitectónicas, así como la integración en la comunidad universitaria 45. En esta última alternativa, también puede contratarse a una ONG que acompañe a las PCD a través de ayudantes financiados que cumplirían la función específica de servir como soporte académico de las PCD Elementos del derecho a la educación superior aplicado a las personas con discapacidad 43 Ministerio de Educación de Guatemala. Dirección General de Educación Especial. Guía de Adecuaciones Curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, 2009, p.5. Consultado el 01 de octubre de 2012, disponible en: > 44 LISSI, Rosa; ZUZULICH, Soledad; SALINAS, Marcela; ACHIARDI, Consuelo; HOJAS, Ana M.; PEDRALS Nuria Discapacidad en Contextos Universitarios: Experiencia del PIANE UC en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Calidad en la Educación. N 30. Julio Servicio de Información sobre discapacidad. Programa de Ayuda para Estudiantes Discapacitados. Consultado el 01 de octubre de 2012 en: < > 14
15 Los elementos de toda educación inclusiva según el Relator Especial y el Comité DESC son la accesibilidad, disponibilidad, calidad y adaptabilidad, los cuales veremos a continuación. Si bien se establecieron estos criterios para la enseñanza primaria, sobre la que se concentró al principio de su mandato, tienen que ser observados en todos los niveles de enseñanza. a. Accesibilidad. Este elemento hace alusión al deber de los Estados de maximizar las oportunidades de acceso al sistema educativo superior, eliminando cualquier tipo de barreras que no estén justificadas. En este sentido la accesibilidad involucra tres dimensiones: a) el principio de no discriminación, b) la accesibilidad física, y c) la accesibilidad económica. El principio de no discriminación será, probablemente, el elemento más amplio de la accesibilidad. Y es que a partir de tal principio se derivarán muchas de las consecuencias jurídicas referentes al derecho a la educación superior de las personas con discapacidad. Así, habrá que entender que la no discriminación tendrá que analizarse desde la posibilidad de ingreso a la educación superior y el mantenimiento en ella. Así, en principio, la no discriminación en esta materia devendrá en asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación superior. Para esto, hay que asegurar que su educación básica haya sido inclusiva y no tenga diferencias significativas con respecto a las personas que no tienen discapacidad. De encontrarnos en situaciones de discriminación estructural, los Estados podrían verse en la necesidad de determinar medidas afirmativas como el establecimiento de cuotas de ingreso. Asimismo, dependiendo de la discapacidad de la persona, una medida orientada a la no discriminación podría ser la realización de ajustes razonables (por ejemplo, dar más tiempo para la realización del examen del ingreso, o tomar el examen de ingreso en un soporte diferente al soporte escrito). De igual manera, una vez que se convierten estudiantes el principio de no discriminación se desplegará en medidas que impidan que la discapacidad se convierta en una imposibilidad de continuar los estudios universitarios. Así, tal principio se traducirá en la inclusión de ajustes durante el proceso educativo, que permitan la educación de la persona con discapacidad. Tales ajustes serán analizados más detalladamente en el apartado sobre adaptabilidad. La accesibilidad física busca asegurar que las características propias de las personas con discapacidad les impidan participar de la educación superior. Esta accesibilidad no deberá ser entendida solo con respecto a las barreras arquitectónicas sino que deberán incluir la accesibilidad a espacios físicos, al transporte, a la comunicación y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC -, a los espacios virtuales o a los 15
16 servicios de todo tipo ofertados en la institución universitaria. 46 Por ello, es necesario establecer que todo lo referente a la institución universitaria sea realizado con un diseño universal (diseño para todos). Esta debe ser entendida como una respuesta adecuada a los diferentes retos que plantea una sociedad cada día más compleja y heterogénea, y con nuevos usuarios de características y potencialidades diversas. 47 Finalmente, la accesibilidad económica es un tema especialmente sensible con respecto a la educación superior. Como ya se estableció, los tratados internacionales no han establecido su gratuidad, pero ello no impide que el derecho interno de cada país pueda establecerlo. 48 No obstante, la gran barrera económica con respecto a las personas con discapacidad se refiere a los costos adicionales que se se intensifican en gran medida debido a la cantidad de materiales y equipamientos especializados que requieren para garantizar, supuestamente, unas condiciones de aprendizaje adecuadas. 49 Así, las herramientas que permitan un adecuado desenvolvimiento del estudiante en el contexto universitario suelen elevar de manera desproporcionada el costo de la educación de las personas con discapacidad lo cual conlleva una discriminación indirecta. Establecer una verdadera accesibilidad económica requiere que los Estados garanticen la presencia de las herramientas que las personas con discapacidad necesitan. b. Disponibilidad. Esta es otra de las piezas claves en la educación inclusiva que se caracteriza por la obligación del Estado de garantizar la asequibilidad de centros de estudios superiores, docentes y material educativo. Tales instituciones y bienes deben ser provistos en cantidad suficiente a la demanda que le es exigida al Estado en este contexto. En ese orden de ideas, el Estado debe asegurar que las diferentes instituciones educativas superiores cuenten con las herramientas necesarias para asegurar la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Así, la presencia de intérpretes, de programas de apoyo y demás implementos serán exigibles al Estado. c. Calidad. La educación que se debe brindar, además de ser accesible y disponible para todas las personas que deseen continuar con estudios superiores, debe ser de calidad. Es decir, que los contenidos impartidos 46 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD. Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad. Pág Ibídem. 48 Así, en el Perú se cuenta con el primer párrafo del artículo 17 de la Constitución que señala: La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. 49 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación de las personas con discapacidad. A/HRC/4/29. Párr
17 sean de primer nivel. Tal exigencia lo es también para los alumnos de educación superior que tengan discapacidad. Para el Relator Especial sobre la educación de Naciones Unidas, tal elemento implica: La necesidad de orientar los procesos de aprendizaje y todo el entorno y la infraestructura escolar para que los conocimientos, habilidades y destrezas se construyan en el seno de una ciudadanía propicia para el respeto de la dignidad y de los valores superiores de la humanidad, la diversidad, la paz, la solidaridad y la cooperación mutua. 50 d. Adaptabilidad. La adaptabilidad es la obligación que tienen los Estados de garantizar una educación superior que responda a contextos socioculturales variados, dentro de los cuales se inserta la discapacidad. La incorporación de ajustes razonables cobra aquí plena vigencia. Es importante señalar que no solamente se deberán establecer las herramientas necesarias para la educación superior, sino que se deberán adaptar los métodos de ingreso, evaluación y dictado de clase para que el estudiante con discapacidad pueda seguir gozando del derecho. Es decir, la currícula universitaria deberá sufrir diversas modificaciones para seguir permitiendo la permanencia del grupo vulnerable. 1.3 Otros aspectos que deben promoverse en una universidad inclusiva Si bien la presente investigación centra sus intereses en las posibilidades de ejercicio del derecho a la educación superior de la persona con discapacidad, no se puede perder de vista el hecho de que la universidad es en sí una comunidad donde conviven diversas personas entre las que también se incluyen las personas con discapacidad. Más aún, dado el rol de la universidad como espacio de investigación es innegable el papel que puede jugar en la construcción de una sociedad más inclusiva. Siguiendo este orden de ideas, a continuación desarrollamos de manera genérica las posibles acciones de incidencia de la universidad para con miembros de la comunidad universitaria (docentes y trabajadores) así como hacia la sociedad en general (programas formativos y otras acciones de sensibilización) Docentes con discapacidad: La educación universitaria se desarrolla en un modelo de enseñanza en la cual el profesor juega un papel muy importante en la formación educativo del estudiante. Así, no 50 Informe anual del Relator Especial sobre el derecho a la educación, E/CN.4/2005/50, 17 de diciembre de 2004, 107 y
18 solo es necesario posibilitar que los estudiantes con discapacidad tengan las herramientas y posibilidades de acceder y mantenerse en la educación superior. También es necesario que esos instrumentos existan para los docentes con discapacidad. Educación en discapacidad: La labor de la universidad es fundamental en la sociedad. Además de formar a futuros profesionales tiene necesariamente un compromiso con la sociedad en que se encuentra. En ese sentido, resulta importantes los aportes que la universidad puede realizar con respecto a la educación en discapacidad, la transversalización del enfoque en el cumplimiento de sus labores de formación y la investigación. Trabajadores con discapacidad: Las labores de la universidad se dan en un espacio determinado. La universidad, así, no es solo el espacio de encuentro entre docentes y estudiantes sino que es un lugar donde se encuentran otros actores como son los trabajadores que aseguran, a través de tareas administrativas y de servicios, la continuidad del quehacer universitario. En ese sentido, la universidad es un centro laboral y como tal tiene que cumplir con las disposiciones normativas relativas a ello, entre las que se encuentran las disposiciones sobre empleo inclusivo. Acciones de sensibilización en torno a la discapacidad: Finalmente, es evidente que el accionar de la universidad tiene una repercusión en la sociedad. Sea a través de la formación o de la investigación, lo realizado en el quehacer universitario tiene impacto en el conjunto social. No obstante, es necesario que lo realizado por la Universidad no se limite a la acción académica. Así, a través de diversas acciones de incidencia, la universidad puede llamar a sensibilizar a la opinión pública con respecto a la discapacidad como un problema de derechos humanos. 18
19 II. La comunidad universitaria PUCP y la discapacidad: estado de la cuestión Una primera inquietud que surge al intentar realizar un diagnóstico sobre la inclusión de personas con discapacidad en la PUCP es la ausencia de datos ciertos y uniformes con respecto a la realidad de las personas con discapacidad en nuestra universidad. El Censo Universitario del año realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) registró 1531 estudiantes con discapacidad en el pregrado de la PUCP, 212 estudiantes en el posgrado. Ello correspondería, respectivamente al 8.73% del total estudiantes de pregrado de la PUCP y al 4.51% del total de estudiantes de posgrado. No obstante, las cifras señaladas no parecen ajustarse a la realidad de la universidad. Ello se debe tal vez a que la encuesta del INEI fue realizada de manera virtual, solicitando a la persona que identificara su propia deficiencia, sin tomar en consideración la noción de barrera que genera la discapacidad. A manera de ejemplo, la encuesta consideraba como persona con discapacidad a una persona con dificultad para ver (deficiencia visual), sin tomar en consideración si el uso de lentes superaba la deficiencia. A nivel interno, la PUCP tampoco cuenta con un registro propio de estudiantes con discapacidad. No obstante, como se explicará más adelante, la implementación de nuevos protocolos de atención de personas con discapacidad, han permitido contar con cierta información sobre el universo de estudiantes con discapacidad, aunque, vale la pena reiterarlo, no hay registro definitivo ni oficial Si bien existen numerosos instrumentos de gestión de la PUCP que han surgido de procesos participativos, como el Plan Estratégico Institucional, 52 estos no han recogido disposiciones específicas sobre discapacidad. No obstante, de acuerdo a su Modelo Educativo, la comunidad PUCP tiene como uno de sus objetivos: Implementar una formación superior de carácter integral, generando estrategias pedagógicas y procedimientos académicos adecuados para atender una variedad de demandas que incluyen desde políticas de inclusión social, hasta apoyo a los estudiantes talentosos. 53 A partir de tal marco y de una idea móvil de la visión social de la discapacidad es que se deberá evaluar el accionar de la universidad con respecto a las posibilidades de formación que ofrece a personas con discapacidad. En este sentido, pese a la ausencia de información sobre la comunidad de estudiantes con 51 INEI. II Censo Universitario. Principales resultados. Disponible en: <http://blog.pucp.edu.pe/media/835/ II%20CNU% pdf> 52 Plan Estratégico Institucional Disponible en 53 Modelo educativo PUCP. Página 19. Disponible en 19
20 discapacidad en al PUCP, y pese a no contar con un instrumento de gestión específicamente orientado a dicha comunidad, es posible identificar algunas prácticas orientadas a la inclusión que serán reseñadas en este acápite. 2.1 Acceso de estudiantes con discapacidad Al abordar las cuestiones vinculadas al acceso de personas con discapacidad, debemos considerar como aspectos básicos como la accesibilidad de la información sobre matrícula, la posible regulación de una cuota de ingreso para personas con discapacidad, y la realización de ajustes razonables en el examen de ingreso. En relación con el primer aspecto, la accesibilidad de la información, esta se encuentra íntegramente contenida en el portal web de la PUCP. Ello facilita que las personas con discapacidad física y discapacidad auditiva puedan acceder a ella sin tener que desplazarse al campus de la universidad, o sin tener dificultades de comprensión de la información por no estar en un formato accesible para personas sordas. Sin embargo, en el caso de las personas ciegas, el sistema de diseño de la web utilizado por la PUCP genera problemas al momento de intentar leerla a través de un programa lectora de pantalla como el Jaws. En concreto, los cuadros, fotos y videos de la web, hacen que el lector de pantalla omita secciones y no faciliten la lectura de la web a la persona ciega. En relación con la regulación de la cuota de ingreso, a partir del año 2004 existe la obligación legal de establecer una cuota de ingreso de 5% para las personas con discapacidad de acuerdo a la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificada por la Ley Nº Dicha disposición se mantuvo en la Ley Ley General de la Persona con Discapacidad Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre del Artículo 26º.- Admisión en universidades Las universidades públicas y privadas, dentro del marco de su autonomía, implementarán programas especiales de admisión para personas con discapacidad En los procesos de admisión para el ingreso a universidades públicas o privadas, institutos o escuelas superiores, se reservarán un 5% de las vacantes para personas con discapacidad, quienes accederán a estos centros de estudios previa evaluación. 55 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de diciembre de Artículo 38. Educación superior 38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación de personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de ingreso. 20