Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/02/
Timestamp: 2020-07-10 08:39:55
Document Index: 139878971

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 52', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 98', 'artículo 167']

Promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales en Aragón.
1. La Orden de 4 de febrero de 2011, publicada en el boletín oficial autonómico del 14 y que entró en vigor el mismo día, convoca para el año en curso las subvenciones reguladas en el Decreto 57/2009 de 14 de abril para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. La finalidad del programa es fomentar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en estas empresas de la economía social, e incentivar la creación y modernización de estas empresas mediante medidas que mejoren su competitividad y faciliten su consolidación.
La partida presupuestaria asignada es de 1.442.21,00 euros, distribuida en dos procedimientos de selección (842.212,00 y 600.000 euros, respectivamente). La tramitación del procedimiento de concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El plazo para la presentación de las solicitudes es el siguiente: para el primer período, desde el 14 de febrero al 31 de marzo, pudiendo concurrir aquellos supuestos en los que el hecho causante de la subvención se haya producido entre el 1 de octubre de 2010 y el 15 de marzo de 2011, y para el segundo desde el 1 de julio al 15 de septiembre, pudiendo concurrir los que se hayan producido entre el 16 de marzo y el 31 de agosto de este año. La base quinta 2 detalla cuáles son los hechos causantes que abren el período para presentar la solicitud: fecha de alta del socio en el régimen de Seguridad Social, fecha de formalización del préstamo sujeto a convenio, fecha de adquisición efectiva de los bienes que constituyen el inmovilizado subvencionable, fecha de contratación del estudio, del asesoramiento o del director gerente, y fecha del alta en la Seguridad Social del primero de los socios que se integren en la entidad.
2. El Decreto 57/2009 adecua al marco organizativo territorial de Aragón a la normativa estatal de referencia, en concreto la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre (recientemente derogada por el RDL 3/2011, aunque temporalmente todavía en vigor), y procede a la derogación del ya antiguo Decreto 48/2004 de 9 de febrero. Con respecto a la norma estatal cabe destacar las modificaciones operadas en la cuantía, incrementada, de algunas subvenciones, así como la atención preferente dedicada a personas afectadas por la actual situación de crisis y a los territorios que la sufren y que sufren pérdida de su población. En la introducción de la norma encontramos también otros puntos normativos y políticos de referencia, como son el Estatuto de Autonomía, la Ley de Empleo, la Ley de Cooperativas autonómica (cuyo artículo 99.2 dispone que las cooperativas “serán objeto de especial consideración en la regulación de las medidas de fomento que, en el ámbito de sus competencias, adopten cada uno de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma”), la programación de los fondos estructurales comunitarios 2007-2013 y la aprobación posterior del programa operativo de Aragón, y por fin, y no menos importante, el acuerdo económico y social para el progreso de Aragón suscrito el 18 de septiembre de 2008, en el que se pide la adopción de medidas de apoyo a la economía social.
La norma prevé varios tipos diferentes de actuaciones que pueden merecer subvención. En primer lugar, nos encontramos con la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo, en cuantías que oscilan entre 5.500 y 10.000 euros según cuál sea el colectivo de referencia y de mayor dificultad para su acceso al mercado de trabajo. Hay que indicar que esta subvención va dirigida no sólo a trabajadores desempleados sino también a quienes mantuvieran una relación contractual temporal con la empresa, siempre y cuando dicho contrato no dure más de 24 meses y lleve en vigor un mínimo de 6 meses desde la fecha de solicitud de la subvención. La incorporación deberá ser a tiempo completo o como mínimo del 50 % de la jornada ordinaria de trabajo. Al objeto de garantizar la creación de empleo y de evitar situaciones fraudulentas, la nueva incorporación deberá implicar un incremento neto del empleo sobre la media de los 6 meses anteriores, y además sólo podrá formalizarla quien no haya ostentado la condición societaria en la empresa en los dos años anteriores a su incorporación como socio.
En segundo término se regula una línea específica de subvenciones para que los desempleados que provienen de sectores en crisis puedan incorporarse a la economía social, previendo que pueden darse tres supuestos: el primero, la prestación de servicios en la actividad inmobiliaria y de la construcción (como también las empresas auxiliares y proveedoras de este segundo sector), siempre que hayan cesado en su trabajo y se mantengan desempleados desde el 1 de julio de 2008, y que además hayan trabajado en el sector como mínimo 12 meses en los 3 anteriores a la extinción. Por otra parte, tenemos a los trabajadores de cualquier sector que a partir de la fecha referenciada hayan extinguido su contrato en virtud de un expediente de regulación de empleo y sigan en desempleo. Por fin, quienes se encuentren desempleados después de haber visto extinguido su contrato por causas objetivas al amparo del artículo 52 c) de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y siempre y cuando tengan una antigüedad mínima en la empresa de 3 años. La cuantía de la subvención es de 7.500 euros por cada nuevo social a tiempo completo (y proporcional cuando se trate de una incorporación a tiempo parcial de, como mínimo, el 50 % de la jornada ordinaria).
Con respecto a la subvención de intereses de préstamos, podrán ser de hasta 3 puntos del tipo de interés, sin superar la cuantía de 5.000 euros por cada nuevo incorporado a la economía social. Para su concesión, la aportación del solicitante debe ser como mínimo del 30 % de la inversión, y además se compromete a mantener las inversiones durante un período mínimo de 5 años.
La norma también contempla la concesión de subvenciones para la adquisición de inmovilizado que contribuya a la creación, consolidación o mejora del empleo, con una subvención prevista de hasta 5.000 euros por cada nuevo socio trabajador incorporado a la empresa de economía social, en el bien entendido que la subvención no podrá superar ni el 50 % del coste de adquisición de los activos ni la cantidad de 30.000 euros por entidad.
Para la asistencia técnica, es decir la contratación indefinida de directores o gerentes, estudios de viabilidad, auditorias y asesoramiento que deberán ser prestados por empresas de reconocida solvencia profesional, se dispone una subvención del 50 % del coste de la acción, sin que la cuantía a percibir por una empresa de la economía social supere los 20.000 euros en cinco años. Cuando la petición sea formulada por entidades asociativas, la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % sin que pueda ser superior a 30.000 euros, y sin que el importe por cooperativa o sociedad laboral resulte superior a 3.000 euros.
Como aportación propia de la normativa autonómica nos encontramos con las subvenciones dirigidas a potenciar la creación de nuevas CTA y SL en pequeños municipios (menos de 5.000 habitantes), o por colectivos específicos como las mujeres (con una proporción mínima de 2/3 del total de socios de la nueva entidad) o las personas afectadas por la situación de crisis (2/3, como mínimo de los nuevos integrantes). En el primer y segundo supuesto, la cuantía por cada nuevo socio será de 5.000 euros, y para el tercero se prevé la de 4.000 euros. La subvención no podrá superar en ningún caso los 50.000 euros por entidad.
En cualquier caso, el importe de la subvención concedida no podrá superar, por sí sola o en concurrencia con otras, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Subvenciones para la promoción de la contratación estable y de calidad en Aragón.
1. La Orden de 4 de febrero, publicada en el boletín oficial autonómico del 14 y con entrada en vigor el mismo día, convoca para el año en curso las subvenciones reguladas en el Decreto 56/2009 de 14 de abril para fomentar en el territorio autonómico la contratación estable y de calidad, es decir referida a trabajadores asalariados. Con carácter general, podrán ser subvencionados los contratos indefinidos iniciales, o aquellos de duración determinada que se transformen, que cumplan los requisitos previstos en el Decreto y que se hayan formalizado, o formalicen, desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 31 de septiembre de 2011. También podrán acceder a las subvenciones los contratos indefinidos iniciales o novados para los que se hubiera denegado la subvención y en fase de recurso de alzada hubieran obtenido una resolución estimatoria, así como también cuando se dicte una resolución en ejecución de una sentencia judicial estimatoria de la pretensión.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 2.000.000 € para el fomento de la contratación estable, 500.000 euros para contratación indefinida de trabajadores discapacitados, y 90.000 euros para la contratación de personal de apoyo en centros especiales de empleo. En el supuesto de contratación de trabajadoras, a excepción de las previsiones sobre subvenciones para contratación de discapacitadas y para adaptación de su puesto de trabajo, el Fondo Social Europeo las cofinanciará en un 50 % a través del programa operativo de Aragón para el período 2007 – 2013. La tramitación se efectuará en régimen de concesión directa, y los plazos para la presentación de solicitudes se detallan para los diversos supuestos en la base quinta: con carácter general, 2 meses desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador que genera el derecho a la subvención, o 2 meses a partir del momento en que se inicia la novación del contrato de temporal a indefinido. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses para la resolución del procedimiento, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud. Ninguna empresa podrá recibir subvenciones por un valor superior a 75.000 euros en cada convocatoria, salvo supuestos excepcionales a los que se refiere el artículo 21 del Decreto 56/2009, norma que por su importancia paso ahora a explicar.
2. Cinco años después de la primera norma dictada en esta materia, el Decreto 47/2004 de 9 de febrero, el gobierno autonómico decidió adaptar la regulación a los importantes cambios normativos y socioeconómicos producidos desde entonces. En efecto, por una parte nos encontramos con el Estatuto de Autonomía aprobado el año 2007 y que atribuye diferentes competencias a la Comunidad Autónoma en materia social y laboral, señaladamente las de ejecución en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales, con mención expresa de las políticas activas de empleo y de intermediación laboral. En segundo término, la normativa estatal de referencia, la Ley 56/2003 de 16 de diciembre (recuérdese que ha sido recientemente modificada por el Real Decreto-Ley 3/2011), prevé que las Comunidades Autónomas pueden adoptar programas específicos de políticas activas de empleo para dar adecuada respuesta a las necesidades de sus mercados de trabajo. Desde la vertiente internacional, cabe hacer referencia al período de programación europea 2007-2103, y consiguientemente de los Fondos estructurales comunitarios, y a la posterior aprobación del programa operativo de Aragón para dicho período, en el que se prevé la adopción de medidas que corrijan los desequilibrios del mercado de trabajo y que dediquen especial atención a las necesidades de aquellos colectivos que más lo necesitan. En fin, en el ámbito autonómico nuevamente, la referencia a la intervención de los agentes sociales en la definición y conformación de la política de empleo es clara a partir de la firma el 18 de septiembre de 2008 del acuerdo económico y social para el progreso de Aragón. Sin olvidar, por último, que la crisis económica internacional tiene un impacto indudable sobre las empresas de algunos sectores, tanto de las principales como de las proveedoras de suministros, y ello requiere de la adopción de medidas concretas para dar respuesta a este problema. En suma, atención especial a jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, y aquellas personas afectadas por extinciones de contratos derivados de la situación de crisis de sus empresas.
Con el Decreto 56/2009 se pretende tanto incentivar la contratación indefinida como facilitar la integración temporal en el mercado de trabajo de los colectivos en situación o riesgo de exclusión social y con más dificultad de acceso. Por lo que respecta a los sujetos beneficiarios la norma se aplicará con carácter general a todas las empresas del sector privado, empresarios individuales, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de bienes, sociedades civiles o cualquier otra unidad económica o patrimonio separado, siempre y cuando no se encuentren en unos de los muchos supuestos de exclusión previstos en el artículo 2.2 y a los que no será de aplicación la norma, mereciendo especial atención la exclusión de aquellas empresas que incumplan la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos.
El primer programa regulado es el de promoción de la contratación indefinida, que prevé diferentes cuantías de subvenciones según cuál sea el grupo en el que se ubica por edad, sexo o formación, la persona contratada, y siempre y cuando la empresa contratante (salvo que se trate de microempresas de 10 o menos trabajadores) tenga unas tasas de temporalidad inferiores a la media del sector en el ámbito autonómico, y además la nueva contratación suponga un incremento neto de la plantilla en el promedio de los 6 meses anteriores. De esta manera, la subvención será de 5.000 euros por contratación de una mujer que lleve, como mínimo, 2 meses en desempleo, y de 4.500 si se trata de un varón menor de 30 años y desempleado desde hace 3 meses, mayor de 45 años y con desempleo de duración no inferior a 6 meses, y quienes se encuentren entre los 31 y 44 años y en desempleo desde hace 6 meses como mínimo; en fin, la subvención será de 4.000 euros, y sin que pueda añadirse a las anteriores, cuando el sujeto contratado sea una persona que ha participado en actividades formativas y la contratación se efectúa en los 6 meses inmediatamente posteriores y vinculada a la formación o experiencia adquirida. Por otra parte, y abriendo una línea de actuación que también se recogerá en los siguientes programas, las indemnizaciones citadas se incrementarán en 1.250 euros cuando la contratación se efectúe en un nuevo centro de trabajo (actividad iniciada dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la contratación) que se ubique en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. La contratación deberá efectuarse a tiempo completo, y puede también realizase a tiempo parcial o en condición de contrato de fijo discontinuo si el cómputo anual de la jornada es igual o superior al 50 % de la jornada ordinaria.
El gobierno autonómico pretende tratar de forma diferenciada la situación de trabajadores afectados por la crisis económica, y para ello pone en marcha un programa de apoyo dedicado a la reincorporación al mercado de trabajo de dichos trabajadores, previendo que pueden darse tres supuestos: el primero, la prestación de servicios en la actividad inmobiliaria y de la construcción (como también las empresas auxiliares y proveedoras de este segundo sector), siempre que hayan cesado en su trabajo y se mantengan desempleados desde el 1 de julio de 2008, y que además hayan trabajado en el sector como mínimo 12 meses en los 3 anteriores a la extinción. Por otra parte, tenemos a los trabajadores de cualquier sector que a partir de la fecha referenciada hayan extinguido su contrato en virtud de un expediente de regulación de empleo y sigan en desempleo. Por fin, quienes se encuentren desempleados después de haber visto extinguido su contrato por causas objetivas al amparo del artículo 52 c) de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y siempre y cuando tengan una antigüedad mínima en la empresa de 3 años. Los restantes requisitos, y también las cuantías de las subvenciones, son idénticos a los del primer programa. A tales efectos, los anexos de la Orden de 4 de febrero de 2011 incorporan las tasas de temporalidad por sectores de actividad económica, los sectores de actividad inmobiliarios, de construcción y empresas auxiliares y proveedoras de la construcción, y las titulaciones universitarias de difícil empleabilidad (aquellas que a 31 de enero de 2011 tienen más de 50 desempleados inscritos en el servicio público autonómico de empleo y en las que la duración media del desempleo de los titulados supera los 150 días
En tercer lugar se regula el programa de apoyo a la contratación temporal con fines integradores. Se prevé la contratación temporal bonificada de colectivos desfavorecidos listados en el artículo 9, y de los que me parece importante hacer referencia, en cuanto que se trata de favorecer la contratación de personas de edad avanzada, a los desempleados mayores de 52 años inscritos como demandantes de empleo en los 12 meses anteriores a la contratación, así como a los trabajadores que provengan de un centro especial de empleo en el que prestaban su actividad con una relación laboral especial y que ahora pasan al mercado de trabajo ordinario si la contratación se efectúa en el plazo máximo de 2 meses desde la baja en la empresa de origen. El contrato deberá tener una duración mínima de 6 meses, y la subvención será de 175 euros/mes, con un tope de 4.200 euros.
El cuarto programa se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad y reproduce sustancialmente la normativa estatal en el apartado de contratación indefinida de personas con discapacidad, si bien se incorpora una mejora propia de la autonomía y referida a los contratos que añadan alguna connotación adicional a la situación de las personas con discapacidad, refiriéndose la introducción de la norma a “condición de mujer, elevado grado de minusvalía o la naturaleza de esta”. El art. 12.1 c) concreta más los términos y se refiere a una discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65 %, y al hecho de que se trate de una discapacidad psíquica, enfermedad mental o parálisis cerebral. Por consiguiente, a la subvención general de 3.907 euros por contrato indefinido y a jornada completa se añadirán 1.000 euros en los supuestos referenciados. No se olvide, por otra parte, la subvención de hasta 902 euros por adaptación de puesto de trabajo.
También se regula la contratación temporal bonificada, al amparo de la posibilidad ofrecida por la Ley 43/2006 de 29 de diciembre y más concretamente de su disposición adicional primera, e igualmente la conversión de contratos temporales en indefinidos con el acogimiento a las subvenciones explicadas en el párrafo anterior. Con respecto a la contratación temporal, cuya duración deberá situarse entre 12 meses y 3 años, con posibles prórrogas hasta alcanzar el período máximo, la cuantía de la subvención será mayor cuando también sea mayor el grado de minusvalía de la persona contratada: 150 euros/mes, y máximo de 5.400 euros si se trata de una mujer con minusvalía igual o superior al 50 %, y 175 euros/mes y máximo de 6.300 euros, si la persona contratada sufre una discapacidad psíquica, enfermedad mental o parálisis cerebral en grado de un 33 % como mínimo, o minusvalía igual o superior al 65 % en caso de discapacidad física o sensorial.
Atención concreta se dedica a la problemática de las mujeres afectadas por violencia de género, cuyo contrato indefinido se subvenciona con 6.000 euros, y cuyos contratos temporales, de duración mínima de 6 meses, se subvenciona con 150 euros/mes y un máximo de 3.600 euros.
Para fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años y que dispongan de una titulación universitaria “de difícil empleabilidad”, la norma prevé incentivar la contratación en prácticas regulada en el artículo 11 de la Ley del Estatuto de los trabajadores (recientemente modificado por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre), siempre que el contrato tenga una duración mínima de 12 meses y que no se trate con el mismo de sustituir a otros trabajadores que también prestaban sus servicios en prácticas y para ocupar el mismo puesto de trabajo. La subvención será de 1.500 euros para la contratación de varones y de 2.000 euros para la de mujeres, remitiéndose a la norma de convocatoria anual la concreción de qué debe entenderse por titulaciones de difícil empleabilidad.
La norma dedica un programa específico de apoyo a los centros especiales de empleo, previendo tanto subvenciones anuales para el apoyo de personas con discapacidad psíquica, enfermedad mental o parálisis cerebral que trabajen en dichos centros, como subvenciones destinadas a favorecer el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario. En el primer supuesto, las subvenciones van destinadas a favorecer la contratación del personal necesario de apoyo, y su cuantía mensual se fija, según dispone el artículo 18, en 5.000 euros para los centros que tengan entre 3 y 10 trabajadores en dicha situación, o de 500 euros (modificación incorporada por la Orden de 4 de febrero, ya que anteriormente era de 400 euros) por cada trabajador en plantilla de un centro que tiene 11 o más trabajadores con esa discapacidad. En el segundo, se prima con 2.500 euros al centro que consigue que trabajadores con discapacidad que han prestado sus servicios durante 6 meses como mínimo accedan a una empresa ordinaria en un plazo máximo de 30 días desde que haya causado baja, siendo la cuantía de la subvención de 2.500 euros.
Por último cabe indicar que con carácter general, y a efectos de computar el número de trabajadores fijos de una empresa, se tomará como punto de referencia los 6 meses anteriores a la contratación subvencionada, y se tomarán en consideración todos los contratos fijos con independencia de la jornada del trabajador, computándose cada trabajador en proporción al número de días efectivamente trabajados en el período de referencia. El cálculo se hará sobre los trabajadores que presten servicios en los centros de trabajo de la misma provincia. Además, la empresa se compromete a mantener durante 1 año como mínimo el número de trabajadores fijos alcanzados con la nueva contratación, y 3 años como mínimo el contrato indefinido bonificado.
Unas notas sobre el diálogo social en materia de inmigración y el acuerdo alcanzado sobre el futuro Reglamento de extranjería.
1. El pasado lunes, 21 de febrero, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el gobierno español hicieron pública una nota de prensa en la que manifestaban que la mesa del diálogo social sobre inmigración había alcanzado “un consenso sobre el acuerdo” en torno a los aspectos sociolaborales del futuro Reglamento de extranjería, cuyo borrador fue presentado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración el 8 de febrero. El texto fue publicado inmediatamente en las páginas web del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de las organizaciones sindicales CC OO y UGT, pero no lo he encontrado en las webs (al menos en los apartados abiertos al público en general) de las organizaciones empresariales.
La nota de prensa informa de siete principales elementos del acuerdo, con el que las partes continúan con el compromiso pactado en 2004, con ocasión de la elaboración del Real Decreto 2393/2004, de considerar la materia de migración laboral “como un ámbito donde es imprescindible que Interlocutores sociales y gobierno alcancen el acuerdo”. Los siete elementos son los siguientes:
“- Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación de flujos basada en la contratación en origen, siempre que lo permita la situación nacional de empleo del mercado español y asegurando en todo caso, la coherencia entre los distintos procedimientos existentes para contratar en el exterior.
- Mejorar la determinación de la situación nacional de empleo y por tanto los sistemas para acreditar que no hay trabajadores y trabajadoras residentes en España que puedan cubrir los puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando exista una necesidad acreditada de acudir a la contratación en los países de origen, esta sea posible y lo suficientemente ágil par dar respuesta a las necesidades empresariales.
- Dar soporte a la internacionalización de las empresas de acuerdo con las necesidades de nuestra economía.
- Incrementar la información dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los distintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales, canalizando a través de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración”.
2. El martes día 22 recibí por dos vías diferentes pero hermanas el borrador del Reglamento de extranjería con las modificaciones incorporadas por el acuerdo social del día anterior, así como un documento de 5 páginas, con membrete de la Dirección general de inmigración, que lleva por título “Acuerdo global en la mesa del diálogo social: Borrador de Reglamento de Extranjería. Principales modificaciones realizadas en relación con el texto sometido a trámite de audiencia. 22 de febrero de 2011”. Se me informó que los textos no eran públicos y por tanto que hiciera un uso interno (para mi estudio) de los mismos mientras no salieran a la luz pública. En efecto, debía tratarse de un documento “no público”, aunque el martes por la tarde ya era conocido por muchos miembros de las organizaciones sindicales y empresariales, así como también por diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia de extranjería, porque no fue publicado, y hasta el momento en que redacto esta entrada tampoco lo ha sido, en las páginas web de los sujetos negociadores, es decir del MTIN y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Pero la sociedad de la información en la que vivimos no permite impedir por mucho tiempo la difusión de un documento que ya circula en ámbitos políticos, económicos y sociales, y el jueves 24 el Boletín semanal de la prestigiosa Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona, dirigida por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Ferran Camas, publicó en su apartado de materiales inéditos el texto del acuerdo. Poco después se publicó el texto y otros documentos en las webs más especializadas en materia de extranjería y que consulto habitualmente, la del Colegio de Abogados de Madrid, la del Colegio de Abogados de Zaragoza, y la que dirige la profesora titular de Derecho Internacional Privado, y buena amiga, Aurelia Álvarez de la Universidad de León con el título "Migrar con derechos". Como todavía no he encontrado en ninguna web una síntesis de estas “principales modificaciones”, la realizo a continuación.
3. En primer lugar, se ha reducido la cuantía de los medios económicos para reagrupar al primer familiar, disminuyéndola desde el 175 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), requerido en el borrador de Reglamento, al 150 %, manteniéndose la cuantía del 50 % adicional del IPREM para cada nuevo familiar reagrupado. Es decir, las cuantías de las que se requeriría disponer para poder reagrupar serían las de 798,76 € mensuales para el primer familiar y 266,25 € mes para los restantes, justificándose la modificación porque de esta manera se puede conseguir un equilibrio “entre que la cuantía sea suficiente para el sostenimiento del reagrupante y sus familiares y el no establecimiento de un requisito de imposible cumplimiento (dados los salarios percibidos por los trabajadores empleados para determinadas ocupaciones)”. Se ha modificado el artículo 54.
En segundo término, se matiza cómo deberá calcularse el mantenimiento en el tiempo de los medios económicos para reagrupar, de tal manera que mientras que en el borrador del RELOEX se preveía tomar en consideración la perspectiva de mantenimiento de una fuente de ingresos “en el año inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud de reagrupación”, en el acuerdo alcanzado se intentan disipar las dudas que el texto había planteado a los agentes sociales sobre la posible obligación de acreditar disponer de un contrato de trabajo de un año de duración o con ingresos garantizados durante dicho período. Para los redactores de la norma, su objetivo era que el reagrupante pudiera acreditar que durante los próximos doce meses iba a tener una mínima perspectiva de estabilidad laboral y económica, por lo que se ha aceptado una nueva redacción del texto que disipe las dudas planteadas, que se denieguen las solicitudes en que “de forma indubitada” se estime que no hay perspectiva de mantenimiento de los ingresos en dicho año posterior a la solicitud, y que a efectos de realizar dicha valoración de los medios disponibles se tomen también en consideración como han evolucionado los ingresos del reagrupante en los 6 meses anteriores a la solicitud. La modificación afecta al artículo 54.2.
En tercer lugar, y me parece positiva la modificación, se trata de conseguir que el trabajador que no va a prestar sus servicios para el empleador que lo contrató pueda hacerlo para otro, a fin y efecto de permitir que pueda trabajar en España en condiciones de regularidad. Si en el borrador del Reglamento se preveía tal posibilidad en caso de fallecimiento del empleador (persona física) o de su desaparición (persona jurídica), el acuerdo lo amplía al supuesto de que el empresario que iba a contratar al trabajador comunique a la autoridad laboral que no puede hacerlo, y por consiguiente el trabajador podrá ser contratado por un nuevo empleador siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 meses desde su entrada en España, previéndose además la posibilidad de que el extranjero que busca trabajo, con independencia de la causa por la que se ve obligado a buscar un segundo empleador, “pueda recurrir para ello a la intermediación del Servicio Público de Empleo competente”. El precepto modificado es el artículo 67, núms. 8 y 9.
En cuarto lugar, se disipa un interrogante sobre la interpretación de un determinado precepto, el artículo 69.1 i, que no preveía de forma expresa como causa de denegación de la autorización que el empleador hubiera adoptado con anterioridad una medida de suspensión de contratos y que esta se mantuviera vigente cuando se solicitara por su parte autorización para cubrir tales puestos, incluyéndose ahora de forma expresa como causa de denegación que se quiera cubrir un puesto de trabajo que ya esté ocupado por un trabajador pero con el contrato de trabajo en suspenso. No me parece que fuera necesario aclarar aquello que no se dice en la norma, pero en la explicación del acuerdo se argumenta que esa contratación sí podrá efectuarse cuando “tenga como objetivo cubrir puestos de trabajo distintos a los afectados por la suspensión”.
En quinto lugar, se amplia de 15 a 25 días el período mínimo de publicación de ofertas de empleo de trabajos de temporada para que puedan ser conocidas y valoradas por todos los trabajadores residentes en territorio español antes de ser ofertadas a trabajadores extranjeros que no se hallen ni residan en España. Dicho de forma más simple, se pretende que tales oferta de empleo sean cubiertas por personas que sean demandantes de empleo y que por consiguiente se encuentren en España, debiéndose o pudiéndose cubrir solo de forma excepcional cuando quede debidamente acreditado por el transcurso de ese período de tiempo que no hay trabajadores residentes en España que puedan cubrir las ofertas disponibles. El precepto modificado es el artículo 98.2 a).
En sexto lugar, se amplía la duración máxima de la autorización inicial de de determinados trabajos de duración determinada, que pasa de 9 a 12 meses, y sólo se prevé autorización de prórroga si el empleador “acredita circunstancias sobrevenidas que requieren la continuación de la relación laboral”. En concreto se trata, según el texto del acuerdo, de autorizaciones para desarrollar actividades de obras o servicios, contratación en formación o prácticas y contratación de determinados colectivos. Parece que el objetivo es incentivar la contratación vía régimen general de contratación en origen cuando se prevea por parte del empleador que la duración de la relación laboral puede ser superior a un año, ya que posee una mayor flexibilidad en su contenido que la regulación de la autorización de duración determinada, especialmente porque en esta última, algo que no ocurre en del régimen general, el trabajador debe asumir el compromiso de regresar a su país de origen cuando finalice la actividad laboral para la que fue concedida la autorización inicial. Los preceptos objeto de modificación son los artículos 96.3 b) y 100.2.
En séptimo lugar, el precepto modificado es el artículo 167.4 y se amplía de forma expresa a las organizaciones empresariales (con anterioridad ya estaban incluidas las sindicales) la posibilidad de participar como asesoras en los procedimientos de selección de los trabajadores en origen. La presencia sindical ya está prevista en el acuerdo bilateral de regulación de flujos migratorios con Ecuador (tercer país en número de inmigrantes residentes en España), y se argumenta que la ampliación responde a la intención de fomentar “el papel asesor de los interlocutores sociales”.
Por último, la mesa del diálogo social ha reforzado las funciones de la Comisión Nacional Tripartita de Inmigración, y por consiguiente el carácter pactado de la política migratoria en España, en especial en materia laboral, ya que las instrucciones que puede dictar el Consejo de Ministros para procedimientos no previstos reglamentariamente, según lo previsto en la disposición adicional primera 4, requerirán informe previo de dicha Comisión.
Continuará …casi seguro.