Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Per%C3%BA12176sp.htm
Timestamp: 2017-04-28 08:23:44
Document Index: 333998505

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 28', 'artículo 1', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 167', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 47', 'Artículo 167']

Perú - Petición 12.176 Inadmisibilidad
INFORME N° 106/06
PETICIÓN 12.176
ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
1. El 26 de octubre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada en nombre propio por el señor Álvaro Vidal Rivadeneyra (en adelante “el peticionario”) en la cual se alega la responsabilidad de la República del Perú (en adelante “Perú”, “Estado peruano” o “Estado”) en vista de que aquél habría sido sancionado con su destitución como médico cirujano y Jefe del Servicio de Medicina interna en el Hospital “Guillermo Almenara Yrigoyen” de Lima mediante un procedimiento en el cual no se habrían respetado las garantías judiciales del debido proceso y ello no habría sido posteriormente rectificado por las instancias judiciales que conocieron del recurso de amparo interpuesto al efecto.
2. El peticionario alega que el Estado peruano es responsable por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 16 (libertad de asociación) de la Convención Americana (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento. Asimismo, el peticionario alega la vulneración de los artículos 6 (derecho al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) y 8 (derechos sindicales) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (en adelante “Protocolo de San Salvador”). En cuanto a la admisibilidad del reclamo, el peticionario alega que la sentencia de amparo emitida por el Tribunal Constitucional el 15 de octubre de 1997 y que fuera notificada el 6 de mayo de 1998 agotó los recursos internos; y que la petición fue presentada en el plazo de 6 meses.
3. Por su parte, el Estado alegó que la petición resultaba inadmisible debido a que había sido presentada extemporáneamente y que el peticionario habría incurrido en un inadecuado agotamiento de los recursos internos con la interposición del recurso de amparo cuando debiera haber agotado preliminarmente la vía administrativa.
4. Tras analizar la información disponible, y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión declaró el caso inadmisible debido a que los hechos que expone el peticionario no caracterizan una violación a la Convención Americana o al Pacto de San Salvador. Por lo tanto, con base en el artículo 47.b de la Convención Americana, la CIDH decide que la petición es inadmisible; decide igualmente remitir el informe a las partes, publicarlo y ordenar su publicación en su Informe Anual. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
5. La petición fue presentada ante la Comisión el 26 de octubre de 1998. El 21 de junio de 1999 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el número 12.176 y transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado peruano con un plazo de 90 días para que presentara información, de conformidad con las normas reglamentarias vigentes al momento de la transmisión de la referida comunicación.
6. Mediante comunicación de fecha 21 de septiembre de 1999, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 23 de septiembre de 1999, el Estado solicitó una prórroga para la presentación de sus observaciones. Mediante comunicación de fecha 27 de septiembre de 1999, la CIDH concedió la prórroga solicitada otorgándole al Estado un plazo de 30 días para que presente sus observaciones. 7. El 26 de octubre de 1999 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a los peticionarios mediante comunicación de fecha 9 de noviembre de 1999 con un plazo de 30 días para presentar observaciones.
8. Mediante comunicación de fecha 14 de diciembre de 1999, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 21 de diciembre de 1999, el peticionario presentó su escrito de observaciones a la respuesta del Estado. Éste fue remitido al Estado el 20 de marzo de 2000.
9. El 3 de mayo de 2000 el Estado presentó sus observaciones a la información aportada por el peticionario, de las que se efectuó el correspondiente traslado al peticionario. El 10 de julio de 2000 el peticionario presentó sus observaciones a la respuesta estatal. III. POSICIÓN DE LAS PARTES
10. El peticionario alega que para el año 1992 se desempeñaba como Médico-Cirujano y Jefe del Servicio de Medicina interna en el Hospital “Guillermo Almenara Yrigoyen” de Lima (anteriormente denominado “Hospital Obrero”) prestando sus servicios en dicha institución por espacio de 28 años y seis meses hasta la fecha de su destitución. Asimismo, el peticionario señala que se encontraba afiliado a la organización representativa del gremio médico en el Instituto Peruano de Seguridad Social (en adelante IPSS), la Asociación Médica del Instituto Peruano de Seguridad Social (en adelante AMSSOP) llegando ser Presidente del Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, cargo que también habría desempeñado hasta la fecha de su despido.
11. El peticionario alega que de forma sorpresiva, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 8 de enero de 1993, notificada el 17 de febrero de 1993, el IPSS instauró un proceso administrativo disciplinario en su contra por la presunta comisión de la falta prevista en el artículo 28 a) del Decreto Legislativo 276, por haber hecho “uso indebido de descansos médicos concedidos”. Al respecto, el peticionario alega que dicho proceso administrativo adoleció de las garantías judiciales del debido proceso. 12. Concretamente, el peticionario señala que el 11 de marzo de 1993 se emitió una nueva resolución, la cual tuvo el objeto de subsanar una falta tipográfica de la Resolución Ejecutiva de fecha 8 de enero de 1993. 13. El peticionario alega que la resolución por la cual se subsanaron los errores consignados en la anterior, señalaba textualmente que la misma debía ser notificada “bajo cargo personal”, no obstante lo cual, el peticionario indica que se realizaron dos notificaciones distintas, la primera mediante la publicación de la resolución en el periódico “El Peruano” el 13 de marzo de 1993 y una notificación personal, la cual tuvo lugar días más tarde, el 18 de marzo de 1993. 14. El peticionario alega que esta duplicación de notificaciones se tradujo posteriormente en la vulneración de su derecho al debido proceso porque se determinó que se efectuara una arbitraria contabilización de plazos procesales de caducidad. En efecto, el peticionario señala que a los efectos de contabilizar el plazo legal de cinco días para la presentación de los alegatos de respuesta o descargo a la referida resolución, la administración debiera de haber considerado la fecha en que tuvo lugar la notificación personal de fecha 18 de marzo de 1993 dado que la realización de aquella notificación se ordenaba expresamente en el texto de la resolución. Sin perjuicio de lo cual, el peticionario alega que la fecha de la notificación efectuada mediante la publicación el periódico “El Peruano” fue la que se consideró en el procedimiento administrativo para contabilizar el plazo para la presentación de alegatos de descargo por lo que la presentación de sus alegatos se consideró extemporánea dado que se efectuó de conformidad a la fecha en que tuvo lugar la notificación personal.
15. El peticionario alega que el 30 de marzo de 1993 mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva, publicada el 2 de abril en el periódico oficial “El Peruano”, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios le impuso la sanción de destitución de su cargo bajo la consideración de que el peticionario habría omitido presentar en tiempo el descargo al que tenía derecho en términos de ley. 16. Al respecto, el peticionario alega que interpuso un recurso de apelación contra la referida resolución, el cual fue resuelto declarándose infundada la apelación por la Presidencia Ejecutiva el 19 de mayo de 1993. Ante esta situación, el peticionario señala que el día 14 de abril de 1993 interpuso un recurso de amparo alegando la vulneración de sus derechos “de jurisdicción y proceso, igualdad de trato y no discriminación laboral, estabilidad en el trabajo y de sindicación”.[1] 17. El peticionario señala que mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 1993, el Tercer Juzgado Civil de Lima declaró fundada la demanda y dispuso la reposición del demandante en el mismo cargo que ocupaba antes de su destitución. Señala que posteriormente la causa fue elevada ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima y que dicho Tribunal mediante sentencia de 21 de septiembre de 1994 confirmando la decisión apelada declaró fundada la demanda. El peticionario indica que el IPSS interpuso entonces un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia de 22 de mayo de 1995 declaró la nulidad de la sentencia apelada y la improcedencia de la acción de amparo. Por ello, el peticionario alega que interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el cual mediante sentencia de fecha 15 de octubre de 1997 confirmó la sentencia de la Corte Suprema que declaró improcedente el amparo. En consecuencia, el peticionario alega que la violación al debido proceso que vició la sanción de destitución no habría sido corregida por las instancias de la jurisdicción interna, con lo cual el peticionario se le habría denegado la tutela judicial solicitada.
18. En vista de las anteriores consideraciones de hecho, el peticionario alega que el Estado peruano es responsable por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 16 (derecho de asociación) de la Convención Americana (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento. Asimismo, el peticionario alega la vulneración de los artículos 6 (derecho al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) y 8 (derechos sindicales) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (en adelante “Protocolo de San Salvador”). 19. En cuanto a la admisibilidad del presente reclamo el peticionario alega que habría agotado los recursos de la jurisdicción interna con la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de octubre de 1997 y que habría presentado la petición dentro del plazo convencional de seis meses dado que la referida sentencia le habría sido notificada el 6 de mayo de 1998. Asimismo, con respecto a los alegatos del Estado relativos a que no habría recurrido a la vía procesal idónea, es decir, a la interposición de la acción contenciosa administrativa con anterioridad a la interposición de la acción extraordinaria de amparo, el peticionario indicó que el Tribunal Constitucional habría establecido en su jurisprudencia:
“…no corresponde al Colegiado como se ha dicho en reiterada jurisprudencia calificar la viabilidad del proceso disciplinario ni si en el mismo se han acreditado o desvirtuado las imputaciones, ni pronunciarse sobre la sanción, pues ello corresponde a otra vía, pero si corresponde vía Acción de Amparo analizar si el proceso disciplinario se ha realizado con observancia de la ley a efectos de salvaguardar el derecho al debido proceso que tiene todo ciudadano”.[2]
En tal sentido, el peticionario alega que en su caso, el objeto del proceso de amparo fue precisamente determinar si se había verificado una vulneración de su derecho al debido proceso, lo que de conformidad a la reseñada jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta una materia que se encuentra bajo su competencia dado que le corresponde actuar para la tutela del “debido proceso que tiene todo ciudadano”. En consecuencia, el peticionario sostiene que no resulta valedero aseverar que se trata de una equivocación del peticionario haber recurrido a la interposición del recurso de amparo.
20. En sus alegatos el Estado efectúa una reseña de los hechos que dieron lugar al reclamo del peticionario señalando que tales sucesos datan del 4 de abril de 1992, cuando el doctor Álvaro Vidal Rivadeneyra, médico cirujano y Jefe del Servicio de Medicina interna en el Hospital “Guillermo Almenara Irigoyen, se presentó en el servicio de emergencia del referido hospital para ser atendido debido a que había sufrido un accidente automovilístico diagnosticándose en aquella oportunidad una fractura de la clavícula derecha, además de un trauma en la mano derecha. Señala que se procedió a enyesársele las zonas afectadas y se le prescribió un descanso médico por 30 días.
21. Eventualmente, las lesiones del Dr. Vidal devinieron en una serie de complicaciones físicas que hicieron necesario que se le suministrara un tratamiento médico de curación y rehabilitación y, por ende, provocaron que se tuviera que ausentar de sus labores como médico del Hospital Guillermo Almenara Yrigoyen por un período de más de doscientos días en el año de 1992. 22. El Estado alega que a pesar del accidente sufrido, de la presunta gravedad del estado de salud del peticionario y de la necesidad de seguir un tratamiento de rehabilitación, el peticionario habría efectuado un viaje a Chile entre el 26 de julio y el 9 de agosto de 1992 para concurrir a actividades de carácter sindical a pesar de que las licencias para estos fines se encontraban temporalmente suspendidas por el IPSS y de que el peticionario además no había solicitado autorización para efectuar un viaje durante la vigencia de su licencia médica.
23. En consecuencia, el Estado señala que ante esta situación se dispuso la apertura de un proceso administrativo en contra del doctor Álvaro Vidal Rivadeneyra por el uso indebido de los descansos médicos concedidos, dado que de conformidad a la legislación interna el hecho de que el peticionario haya viajado a Chile sin autorización previa durante un descanso médico constituye una falta tipificada en el inciso a) del Artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”.
24. El Estado alega que el proceso administrativo en contra del peticionario se inició mediante la expedición de la Resolución Nº 026-D-IPSS-92, la cual el Estado sostiene, expresaba con claridad el motivo por el cual se aperturaba el proceso administrativo. Dicha resolución fue en su momento notificada al peticionario el 17 de febrero de 1993. No obstante lo cual, el Estado indica que en aquella resolución se incurrió en un error tipográfico debido a que en lugar de indicarse la falta como infracción al artículo 28 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público” se consignó la referencia a la falta estipulada en el artículo 28 inciso c) de la misma ley. 25. Debido al error tipográfico antes descrito, el Estado alega que se expidió una nueva Resolución el 11 de marzo de 1993 (Resolución Nº 288-DE.IPSS-93) para subsanarlo. En dicha resolución, de conformidad a los alegatos del Estado, se reiteró que el proceso instaurado era por el uso indebido de los descansos médicos, aclarándose que la falta estaba tipificada en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Ley Nº 276. En tal sentido, el Estado indica que dicha resolución no daba apertura al proceso administrativo contra el denunciante, pues tal apertura ya se había realizado anteriormente siendo debidamente notificada. A pesar de ello, el Estado alega que el peticionario con fundamento en la existencia del referido error tipográfico y su posterior subsanación mediante la emisión de una nueva resolución, consideró que el inicio del proceso administrativo debía contabilizarse a partir de la notificación Resolución Nº 288-DE-IPSS-93. Asimismo, el Estado alega que la confusión que se generó en el proceso se agravó aun en mayor medida a razón de que la resolución Nº 288-DE-IPSS-93 indicaba que debía ser notificada al peticionario bajo cargo personal, para que en término de ley presente sus descargos. 26. El Estado afirma que la notificación de la Resolución Nº 288-DE-IPSS-93 del 11 de marzo de 1993 se realizó mediante su publicación en el Periódico Oficial “El Peruano”, encontrándose esta posibilidad regulada expresamente por el artículo 167 del Decreto Supremo Nº 005, Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa.[3] El Estado señala que esta notificación se realizó además de forma personal el 18 de marzo de 1993. En consecuencia, el Estado considera que el peticionario al presentar sus descargos el 25 de marzo de 1993 había excedido el plazo legal de cinco días para presentar alegatos de defensa, pues dicho plazo debía contabilizarse a partir de la primera notificación, es decir, a partir de la notificación efectuada mediante publicación en el Periódico Oficial el día 13 de marzo de 1993.
27. El Estado indica que mediante Resolución No. 372-DE-IPSS-93 se resolvió imponer sanción disciplinaria de destitución al peticionario, considerando que aquél no había presentado los descargos respectivos en el término de ley y que había incurrido en el uso indebido de su licencia médica para concurrir a un certamen sobre seguridad social realizado en Chile, incurriendo de tal modo en falta grave al emplear sus días de descanso y su subsidio para fines distintos a los establecidos en el Reglamento de Control de Personal y Acciones Disciplinarias del Instituto Nacional de Seguridad Social.
28. En cuanto a la admisibilidad del presente reclamo, el Estado alega que la petición no se habría interpuesto dentro del plazo convencional de seis meses dado que la petición le habría sido trasmitida por la CIDH mediante comunicación de fecha 21 de junio de 1999 y que el peticionario refiere que habría agotado los recursos de la jurisdicción interna con la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual le habría sido notificada el 6 de mayo de 1998, lo cual evidencia que el plazo se encuentra manifiestamente superado. 29. Asimismo, el Estado alega que el peticionario incurrió en un indebido agotamiento de los recursos internos dado que ante la imposición de la sanción de destitución en su contra, aquél interpuso una acción de amparo, cuando la vía adecuada para cuestionar su destitución era la interposición de la acción contencioso administrativa. El Estado sostiene, que el peticionario no puede sustraerse de la vía procesal adecuada, recurriendo a la excepcional de amparo debido a lo estipulado en el inciso 1 del articulo 28 de la ley No. 23506 “Ley de Habeas Corpus y Amparo”, dado que aquella indica que no es exigible el agotamiento de la acción administrativa cuando una resolución que sea la ultima en la sede administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida, pues olvida que las disposiciones de la administración son ejecutables de inmediato, sin necesidad de que queden consentidas. IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD
30. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana. A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione loci, ratione temporis y
rationi materiae
31. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 32. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición por cuanto en la misma se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte de dicho tratado. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado peruano. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Con respecto a las alegaciones de violaciones de derechos protegidos por el Protocolo de San Salvador, la CIDH es competente para conocer, de conformidad a la normativa del artículo 19 del mismo instrumento, las alegadas violaciones al artículo 8 a) y se encuentran fuera del ámbito de su competencia material el conocimiento de las alegadas violaciones de los artículos 6 y 7 del referido Protocolo.
33. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional. 34. En el presente caso, el peticionario ha alegado que agotó los recursos de la jurisdicción interna, que culminaron con la sentencia del 15 de octubre de 1997 del Tribunal Constitucional de Perú que declaró improcedente la demanda de amparo.[4] El Estado por su parte señala que el recurso de amparo no era la vía idónea para hacer valer los derechos del peticionario, y que por el contrario aquél debiera de haber interpuesto un recurso contencioso administrativo para la decisión del fondo del asunto.[5]
35. Al respecto, la Comisión estima que resulta pertinente efectuar una serie de consideraciones. En primer lugar, corresponde señalar que del análisis de la excepción interpuesta por el Estado se desprende que sus alegatos se refieren al presunto agotamiento indebido de los recursos internos por parte del señor Vidal Rivadeneyra por haber recurrido a la interposición de la acción de amparo en lugar de recurrir a la interposición de una acción contenciosa administrativa. Por ende, en el presente caso resulta necesario analizar si el recurso de amparo constituía el recurso interno idóneo para resolver la situación jurídica del señor Vidal Rivadeneyra. 36. En segundo término, la Comisión observa que el objeto del reclamo presentado por el peticionario ante la CIDH se refiere a la presunta violación a la Convención Americana en vista de que se le habría impuesto una sanción de destitución de su cargo como consecuencia de un proceso administrativo en el cual no se le habrían respetado las garantías del debido proceso y que aquella situación no habría sido corregida por las instancias judiciales de la jurisdicción interna. 37. A la luz de las anteriores consideraciones, y a efectos de considerar la admisibilidad del presente reclamo en cuanto al requisito del previo agotamiento, la Comisión analizará si el peticionario al recurrir a la interposición del recurso de amparo recurrió a la interposición del recurso judicial idóneo para la restauración de sus derechos presuntamente vulnerados. Al respecto, la Comisión observa que con relación a la presunta vulneración del debido proceso en el procedimiento administrativo sustanciado en contra del peticionario, las instancias judiciales que conocieron del recurso de amparo por él interpuesto analizaron tales alegatos y no lo consideraron improcedente por la falta de agotamiento de instancias previas. Por el contrario, de conformidad al texto de la sentencia de fecha 15 de octubre de 1997 del Tribunal Constitucional, última instancia que conoció del recurso de amparo interpuesto, se desprende que el único aspecto que se encontraba fuera del alcance de su competencia se refería a la discusión de la validez de la causal de destitución, para la cual correspondía en consideración del Tribunal recurrir a la vía contenciosa administrativa. En efecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 15 de octubre de 1997 estableció al respecto que:
Que el demandante tomo conocimiento de proceso administrativo disciplinario en su contra desde la notificación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 026-DE-IPSS-93, que motivó el recurso que este interpuso el 25 de marzo de 1993. Asimismo, la Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 288-DE-IPSS-93, aclaratoria de la anterior, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 1993, empleando una de las formas de notificación expresamente admitidas por el Decreto Supremo No. 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público. Hay que señalar que el empleo de la via de notificación no supone violación constitucional alguna, contando el actor con el plazo de hasta cinco días para efectuar sus descargos y ejercitar su derecho de defensa, que realizo vencido el plazo legal y luego de producido el pronunciamiento de la Autoridad. Dicho pronunciamiento se expidió sin transgresión de norma legal alguna.
La discusión sobre la validez de la causal de destitución tiene su propia vía que no es la del amparo.[6]
Por su parte, la Ley No. 23.506 Ley de Habeas Corpus y de Amparo dispone que el recurso de amparo procede en la defensa de los derechos de jurisdicción y proceso en los términos señalados en la Constitución.
38. En vista de lo anteriormente desarrollado, la Comisión considera que el recurso de amparo constituye un recurso idóneo con respecto al objeto de la presente petición, relativa a si se habría producido una vulneración del derecho al debido proceso del señor Vidal Rivadeneyra por el modo en que se llevó a cabo la contabilidad del plazo para la presentación de descargos en el proceso administrativo, lo que se tradujo en su posterior destitución.
39. Con base en los términos del artículo 46 de la Convención y del artículo 31 del Reglamento; su revisión del expediente, en especial tomando en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano del 15 de octubre de 1997 agotó la discusión judicial interna en cuanto a la presunta violación del derecho al debido proceso en perjuicio del señor Vidal Rivadeneyra, lo cual constituye el objeto de la presente petición, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento se encuentra satisfecho.
40. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención para que una petición pueda ser admitida debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. La norma de los seis meses garantiza certidumbre y estabilidad jurídica una vez que una decisión ha sido adoptada.
41. El peticionario alega que la petición fue presentada el día 26 de octubre de 1998 a la Comisión, varios días antes de que venciera el plazo de los seis meses en consideración de que el 8 de mayo de 1998 tuvo lugar la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano de fecha 15 de octubre de 1997. Por su parte, el Estado alega que el peticionario presentó de forma extemporánea la petición el día 21 de junio de 1999, excediendo ampliamente el plazo de caducidad de seis meses establecido.
42. En relación con la presente petición, la CIDH ha establecido que los recursos internos se agotaron con la decisión del Tribunal Constitucional Peruano de fecha 15 de octubre de 1997 notificada al peticionario el 8 de mayo de 1998, de conformidad a la prueba obrante en el expediente; que la petición fue presentada ante la CIDH el 26 de octubre de 1998 y que el 21 de junio de 1999 fue la fecha en que se transmitió al Estado la petición presentada por el señor Álvaro Vidal Rivadeneyra con posterioridad a que aquella fuera recibida, evaluada y decidida la procedencia de su trámite, de conformidad a los requisitos convencionales y reglamentarios pertinentes. En consecuencia, la Comisión concluye que este requisito se encuentra satisfecho.
43. El artículo 46.1.b dispone que la admisión de las peticiones está sujeta al requisito respecto a que la materia “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional,” y en el artículo 47.d de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que “sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional”. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ellas se deducen de los procedimientos.
44. El artículo 47.b de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible una petición cuando en ella no se expongan hechos que tiendan a caracterizar una violación de los derechos garantizados en la Convención. En tal sentido, la Comisión procederá entonces a analizar si los hechos denunciados en esta oportunidad configuran una violación de los artículos de la Convención invocados por el peticionario.
45. En el presente caso, el peticionario ha presentado una serie de argumentos sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales) y 16 (derecho de asociación) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento. Asimismo, el peticionario alega la vulneración de los artículos 6 (derecho al trabajo), 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) y 8 (derechos sindicales) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En particular, el peticionario refiere que el proceso administrativo por el cual se le impuso la sanción disciplinaria de destitución adoleció de las garantías judiciales del debido proceso y que tales vulneraciones no habrían sido corregidas por las instancias que integran la jurisdicción interna en atención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 15 de octubre de 1997, la cual declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto. Por su parte, el Estado alega que la referida decisión del Tribunal Constitucional se llevó a cabo de conformidad a la normativa interna y a las garantías del debido proceso. 46. Conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano, la Comisión no se encuentra facultada para revisar “las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que encuentre que se ha cometido una violación de alguno de los derechos amparados por la Convención Americana”.
[7] La Comisión ha sostenido reiteradamente al respecto que:
Conforme al preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección internacional que otorgan los órganos del sistema regional es de carácter complementario. En consecuencia, la Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia, salvo que existiera evidencia inequívoca de vulneración de las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana.[8]
47. A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que no corresponde analizar la presunta responsabilidad internacional del Estado peruano sobre la base de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a la legislación interna aplicable a la manera de llevar a cabo diligencias de notificación respecto de resoluciones administrativas que dan apertura a procesos disciplinarios y consecuentemente a partir de las cuales corresponde contabilizar el inicio de los plazos para la presentación de alegatos de descargo, desde que dicho análisis conllevaría una interpretación de las normas procesales pertinentes a los efectos de determinar si éstas fueron o no correctamente aplicadas por los tribunales internos. En efecto, la Comisión observa que las cuestiones planteadas por el peticionario requerirían que la CIDH revisara la interpretación de las leyes procesales aplicables al caso efectuada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 15 de octubre de 1997.[9] 48. En consecuencia, la mera discrepancia del peticionario con la interpretación que el Tribunal Constitucional efectuó de las normas legales pertinentes no basta para configurar violaciones del citado instrumento internacional. La interpretación de la ley, el procedimiento pertinente y la valoración de la prueba, es entre otros, el ejercicio de la función de la jurisdicción interna, que no puede ser remplazado por la CIDH”.[10]
49. En suma, de los alegatos de las partes y de la prueba obrante en el expediente no se desprende arbitrariedad judicial alguna ni que se haya impedido a la presunta víctima el acceso a los recursos de jurisdicción interna con las garantías del debido proceso legal. 50. Asimismo, con relación a la alegada vulneración del artículo 16 de la Convención Americana y del artículo 8 del Protocolo de San Salvador, la CIDH considera que el peticionario no ha presentado alegatos de hecho que se correspondan con una presunta vulneración de los derechos anteriormente referidos que puedan considerarse aisladamente del sentido de lo resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 15 de octubre de 1997. Finalmente corresponde reiterar que la CIDH carece de competencia material para pronunciarse con respecto a las alegadas violaciones de los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador de conformidad a lo establecido en su artículo 19.
51. La Comisión concluye que a la luz de lo anteriormente expuesto, que los hechos alegados no tienden a caracterizar una violación de derechos reconocidos en la Convención Americana y por lo tanto la petición debe ser declarada inadmisible.
52. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 47.b de la Convención Americana, debido a que no expone hechos que constituyan violación alguna a los derechos protegidos por dicha Convención.
En virtud de las consideraciones y conclusiones expuestas en este informe,
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2006. (Firmado: Evelio Fernández Arévalos, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Florentín Meléndez, Segundo Vicepresidente; Freddy Gutiérrez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.
[1] Comunicación del peticionario de fecha 26 de octubre de 1998.
[2] Comunicación del peticionario de fecha 14 de diciembre de 1999.
[3] El Artículo 167 del Decreto Supremo Nº 005, Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa señala que “El proceso administrativo disciplinario será instaurado por resolución del titular de la entidad o por el funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto, debiendo notificarse al servidor procesado en forma personal o publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, dentro del término de setenta y dos (72) horas contadas a partir del día siguiente de la expedición de dicha resolución”. Comunicación de Estado de fecha 21 de junio de 1999, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 26 de octubre de 1999.
[4] Comunicación de peticionario de fecha 20 de octubre de 1998, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 26 de octubre de 1998.
[5] Comunicación de Estado de fecha 21 de junio de 1999, recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 26 de octubre de 1999.
[6] Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú de fecha 15 de octubre de 1997.
[7] CIDH, Informe Nº 8/98, Caso 11.671, Carlos García Saccone (Argentina), 2 de marzo de 1998, párr. 53.
[8] CIDH, Informe Nº 122/01, Petición 0015/00, Wilma Rosa Posadas (Argentina), 10 de octubre de 2001, párr. 10. [9]
En efecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 15 de octubre de 1997 estableció al respecto que:
Que el demandante tomo conocimiento de proceso administrativo disciplinario en su contra desde la notificación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 026-DE-IPSS-93, que motivo el recurso que este interpuso el 25 de marzo de 1993. Asimismo, la Resolución de de Dirección Ejecutiva No. 288-DE-IPSS-93, aclaratoria de la anterior, fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 1993, empleando una de las formas de notificación expresamente admitidas por el Decreto Supremo No. 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público. Hay que señalar que el empleo de la via de notificación no supone violación constitucional alguna, contando el actor con el plazo de de hasta cinco días para efectuar sus descargos y ejercitar su derecho de defensa, que realizo vencido el plazo legal y luego de producido el pronunciamiento de la Autoridad. Dicho pronunciamiento se expidió sin transgresión de norma legal alguna.
La discusión sobre la validez de la causal de destitución tiene su propia vía que no es la del amparo.
[10] CIDH, Informe N°39/05 (Perú), Petición 792/01, Carlos Iparraguirre y Luz Amada Vásquez de Iparraguirre.