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Timestamp: 2017-06-29 07:31:05
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Aportes de la Doctrina Patria para la discusión y el análisis Jurídico
Dr. ALEJANDRO SARACHE GOITIA , Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Asistente en el Tribunal Primero del Municipio Caroní, sede Puerto Ordaz y coordinardor académico en Handbook.
A lo largo de los años han existido enormes confusiones en el Derecho, sobre dos conceptos que si bien se asemejan en algunas características; tienen diferencias notables que han tenido que ser explicadas por nuestro Tribunal Supremo de Justicia y recogida dicha diferenciación por los Tribunales de Instancia, estos conceptos son: la prescripción y caducidad. Es por ello que hemos decidido realizar este artículo para reunir las diferencias más notables entre ambos.
La prescripción ha sido definida por algunos autores como Manuel Osorio, en su diccionario de ciencias políticas y jurídicas, como:
…medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina, y que es variable según se trate de bienes muebles o inmuebles y según también que posean o no de buena fe y con justo título. La prescripción llamase adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho. Y es liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son muy variables, conforme a la acción que se trate de ejercitar…
Asimismo, nuestro Código Civil Vigente en su artículo 1.952 dictamina que es:
…un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley…
De todo lo anterior podríamos afirmar que la prescripción no es más que la pérdida u obtención de una determinada acción sobre una obligación (prescripción adquisita u extintiva) , que permanece así debido a la inercia de un titular y en consecuencia del paso del tiempo; y que se convierte entonces en una sanción o una ganancia (dependiendo de las circunstancias) por la no utilización de esa acción durante un tiempo determinado que establece la Ley. Por otro lado la Caducidad es una figura que si bien no tiene un concepto establecido de manera clara en nuestra legislación como la prescripción, ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia; estableciéndose que ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente; y en consecuencia de ello el derecho se extingue por no haberlo ejercido en el lapso establecido en la Ley.
Extinción del Derecho: La prescripción extingue la acción y no el derecho, como ocurre en la caducidad. Quien sufrió la caducidad de su derecho ya no lo posee, pues se acabó, en cambio quien posee un derecho prescrito, lo sigue poseyendo aunque no puede reclamar su cumplimiento por vía judicial, a través de una acción (salvo que lo haga y la otra parte no lo alegue en juicio).
Interrupción: La prescripción puede ser interrumpida en cualquier momento por el titular del derecho mediante el ejercicio del mismo y por las demás causales que la misma Ley establece para ello (Artículos 1.967 al 1.974 del Código Civil Vigente). Si tras ese ejercicio, el derecho siguiese incumplido por el sujeto pasivo, comienza de nuevo el plazo de prescripción, pudiendo posteriormente volver a ser interrumpido. Por su lado la caducidad no puede ser interrumpida, es decir, una vez vence el plazo para ejercitar el derecho, este queda automáticamente extinguido.
Alegación: La prescripción deberá ser alegada por el deudor cuando el acreedor le reclame la conducta debida fuera de los plazos marcados. Por lo tanto y siendo indispensable la alegación, los tribunales no podrán nunca apreciar de oficio la prescripción y sólo será comprobada a instancia de parte. Tal circunstancia se observa del artículo 1.956 del Código Civil que arguye que el Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta. Sin embargo la Caducidad puede ser declarada de oficio por los Tribunales de Instancia en cualquier estado y grado de la causa, ya que si no existe el derecho subjetivo por el transcurso del tiempo, sería inoficioso para los juzgados seguir conociendo la causa, aunque no haya sido alegado por las partes.
Nuestro Código Civil Vigente en el artículo 1.394 define lo que debe entenderse por presunción legal, en los siguientes términos:
Las presunciones son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido.
Asimismo el jurista Devis Echandía sobre las presunciones ha establecido que:
…La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho (lo segundo es presunción judicial o de hombre), con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos. Desde otro punto de vista y cuando son simples presunciones de hombre, son principios lógicos basados en las reglas de la experiencia, que permiten una correcta valoración de las pruebas; por consiguiente, no son en realidad presunciones, sino reglas para el criterio del Juez… De los conceptos anteriores, es indudable que las presunciones constituyan juicios de valor que realiza el juez, ocurrido un determinado hecho o circunstancia y que la Ley le atribuye una consecuencia jurídica determinada para que pueda demostrarse un hecho desconocido. Un ejemplo claro de este tipo de presunciones y que admite prueba en contrario (presunción Iuris Tantum) la encontramos en el artículo 201 del Código ejusdem sobre la filiación paterna:
El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación. Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de la concepción de aquel, o que en ese mismo período vivía separado de ella.
Una presunción absoluta, de hecho y de derecho o presunción Iuris et de Iure es aquella que se establece por la Ley y que no admite prueba en contrario; es decir, no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso, a diferencia de las ya mencionadas presunciones relativas o Iuris Tantum donde se considera verdadero u ocurrido un hecho hasta que se demuestre lo contrario. Cabe agregar que las presunciones Iuris et de Iure son excepcionales en la ciencia jurídica, ya que rige la regla de que todo puede ser desvirtuado a través de los medios probatorios establecidos por la Ley.
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A lo anterior es necesario agregar que no constituye en sí un medio de prueba; sino un medio de valoración de la prueba practicada, que se funda en el enlace lógico entre el hecho demostrado y aquel que se trata de probar y que permite considerar probado un hecho relevante para la resolución del litigio en curso (hecho presumido) carente de prueba directa a través de otro plenamente acreditado (hecho base) y respecto del cual aquél se presenta como lógica consecuencia en consonancia con las disposiciones de nuestro Código Civil Vigente.
Eso supone a efectos procesales, que el objeto de la prueba se desplaza del hecho presumido al hecho cierto que constituye la base de la presunción, caracterizándose la presunción “Iuris et de Iure” por no permitir al interesado desvirtuar el hecho presunto y por ende no poder efectuar prueba en contrario.
Presunción Iuris et de Iure y la Jurisprudencia
Un ejemplo claro de este tipo de presunciones y establecido a su vez por la jurisprudencia, lo tenemos en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece lo siguiente:
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco, (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo…
En ese orden, en sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Nro.1300 de fecha 15/10/2004 ratificado por la Sala Constitucional de ese alto Tribunal mediante decisión Nro. 771 de fecha 06/05/2005 y en el Exp. 02-2278 de fecha 18/04/2006, se estableció sobre el artículo supra mencionado lo siguiente:
…Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia (confesión ficta), revistirá carácter absoluto por lo tanto no es desvirtuable por prueba en contrario (presunción Iuris et de Iure). Es decir la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la acción por no estar amparada por la Ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho…
De lo anterior es evidente y a título de ejemplo que el caso contemplado en el artículo 131 de la Ley Orgánica ejusdem, es una presunción Iuris et de Iure, toda vez que no admite o acepta prueba en contrario por estar así plasmado expresamente por la legislación adjetiva laboral.
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Por todos los razonamientos antes expuestos puede concluirse que las presunciones Iuris et de Iure son aquellas que se establecen por la Ley y que no admiten prueba en contrario; es decir, no permiten probar que el hecho o situación que se presume es falso, entendiéndose la imposibilidad de desvirtuar la consecuencia jurídica que producen este tipo de presunciones. Esperamos te haya gustado el artículo y nos vemos en una próxima oportunidad.