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Timestamp: 2018-01-17 07:51:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 65']

Nuevas obligaciones para las empresas derivadas del nuevo régimen de protección de los consumidores vulnerables de energía eléctrica - Lexology
Notas al Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
El Boletín Oficial del Estado del 7 de octubre del 2017 publica el esperado Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que, con varios meses de retraso, viene a dar cumplimiento a la disposición final segunda del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. El día 9 de octubre se ha publicado la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla dicho real decreto.
Este documento pretende exponer de forma sintética las principales novedades que los dos textos normativos introducen en el régimen de protección de los consumidores de energía eléctrica, haciendo especial hincapié en las nuevas obligaciones impuestas a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica. Se acompaña de dos anexos que explican esquemáticamente el nuevo régimen de protección de las diversas categorías de consumidores vulnerables y el procedimiento de interrupción del suministro por impago. Nuevas obligaciones para las empresas derivadas del nuevo régimen de protección de los consumidores vulnerables de energía eléctrica Ana I. Mendoza Losana Profesora contratada doctora de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha Departamento de Gestión de Conocimiento de GA_P Análisis | Octubre 2017 2 1. Definición de tres tipos de consumidores vulnerables en función del tipo de renta o de otras circunstancias independientes del nivel de renta: consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo, consumidor (vulnerable severo) en riesgo de exclusión social (arts. 3 y 4 RD 897/2017). Son los consumidores vulnerables quienes podrán beneficiarse del bono social. El umbral de renta se fija en función del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), depende del número de miembros que compongan la unidad familiar y puede verse incrementado si se acreditan determinadas circunstancias especiales en las que pueda encontrarse uno de los miembros de la unidad familiar. Conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 28 de junio del 2017, los valores para el IPREM a partir del 29 de junio quedan fijados en 537,84 euros al mes (IPREM mensual) y en 7519,59 euros al año (IPREM anual, catorce pagas). Las familias numerosas y las familias en las que todos los miembros de la unidad perciban pensiones mínimas también podrán beneficiarse del bono social, independientemente de que superen o no los umbrales de rentas fijados por el reglamento. 2. El bono social supone una reducción del 25 % sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) para los consumidores vulnerables y del 40 % para los consumidores vulnerables de grado severo. 3. La potencia contratada (hasta ahora 3 KW como máximo) ya no es un criterio determinante del beneficio del bono social. 4. El bono social no se aplicará a la totalidad de la energía consumida sino sólo hasta el límite fijado reglamentariamente. El resto será facturado al precio voluntario para el pequeño consumidor. A estos efectos, será necesaria la modificación de la Resolución de 23 de mayo del 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad, para adaptarla a la nueva metodología del bono social en la que se establece un límite de energía de bonificación. 5. Se imponen nuevas obligaciones informativas a las empresas comercializadoras y distribuidoras. Las empresas comercializadoras deberán informar a los consumidores en distintos momentos de la contratación a fin de garantizar que éstos son conscientes de que sólo podrán beneficiarse del bono social y de la cualidad de consumidor vulnerable si contratan en el mercado regulado al precio voluntario para el pequeño consumidor (art. 5 RD 897/2017). Así, cuando un consumidor que, estando acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor, no sea perceptor del bono social, vaya a suscribir un contrato en el mercado libre, el comercializador entrante deberá informar expresamente al consumidor de que, si cumpliera los requisitos para acogerse al bono social, la suscripción del nuevo contrato impediría la aplicación de aquél. Análisis | Octubre 2017 3 Del mismo modo, cuando un consumidor beneficiario del bono social va a contratar en el mercado libre, se le deberá entregar un documento denominado «Renuncia a la aplicación del bono social», regulado en el anexo VII del reglamento de referencia, que será firmado por el consumidor. Por último, cuando la empresa comercializadora lleve a cabo un requerimiento de pago porque el consumidor no ha pagado la factura en el plazo de veinte días naturales desde su expedición, junto con el citado requerimiento informará, en su caso, de la posibilidad del consumidor de acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor y de solicitar el bono social y de que estos descuentos sólo podrán ser ofrecidos por un comercializador de referencia. No obstante, hay que advertir que la posibilidad de acogerse a estos descuentos no deja sin efecto el requerimiento de pago. El incumplimiento de estos deberes informativos constituye una infracción administrativa grave del artículo 65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. También se imponen nuevos deberes informativos a las empresas distribuidoras. Para ello, se da una nueva redacción al artículo 7.1 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión, de modo que se añade un nuevo párrafo ag al citado precepto, según el cual las empresas distribuidoras deben disponer de una base de datos referidos a todos los puntos de suministro conectados a sus redes y a las redes de transporte de su zona, permanentemente completa y actualizada, en la que consten, entre otros muchos datos, el código universal de punto de suministro, esto es, el CUPS completo, que incluirá también a partir de ahora «información relativa a la aplicación del bono social al consumidor» (disp. final segunda.tres RD 897/2017). 6. El reglamento comentado regula el nuevo procedimiento de solicitud del bono social (arts. 7 y 8 RD 897/2017). El consumidor solicitará el bono social al comercializador de referencia (COR) y éste comprobará el cumplimiento de los requisitos para ser consumidor vulnerable por medio de la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y regulada en la orden de desarrollo del reglamento. La citada Orden ETU/943/2017 regula los modelos de solicitud de aplicación del bono social, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario del bono social que debe acompañar a dicha solicitud, los criterios de cómputo del requisito de renta y los mecanismos con los que se comprobarán los requisitos establecidos en el reglamento para ser consumidor vulnerable y vulnerable severo y percibir el bono social. La solicitud podrá presentarse por alguno de los siguientes medios: a) por teléfono, a través del número disponible en la página web del comercializador de referencia, que se publicará también en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; b) en las Análisis | Octubre 2017 4 oficinas del comercializador de referencia, cuando éstas existan; c) por fax o mensaje digital enviado a la dirección de correo electrónico que comunique el comercializador de referencia en su página web y en su factura; d) por correo postal a la dirección que comunique el comercializador de referencia en su página web y en su factura, o e) a través de la página web del comercializador de referencia. Esta solicitud incluirá el consentimiento del titular del punto de suministro de electricidad y de todos los miembros de la unidad familiar de más de catorce años y con capacidad de obrar para que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pueda recabar información de otras Administraciones competentes en la materia relativa al cumplimiento de las condiciones que justifican la aplicación del bono social. Como se ha dicho, el comercializador de referencia comprobará los datos a través de la plataforma informática disponible a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Nunca accederá a los datos concretos relativos a la renta que sean cedidos por las Administraciones a tal ministerio. El comercializador de referencia deberá contestar en un plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde la recepción de la solicitud completa del bono social. En el caso de que la solicitud sea denegada, el comercializador de referencia deberá indicar al solicitante la razón de tal denegación. La fecha de puesta en marcha de la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para acogerse a dicho beneficio queda condicionada a lo que disponga una resolución del Secretario de Estado de Energía que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Esta resolución podrá determinar también el ámbito geográfico en que vaya a ser utilizada la mencionada aplicación (disp. adic. única Orden ETU/943/2017). Transitoriamente, en tanto se pone en marcha la plataforma electrónica y a pesar de que se ha afirmado que el comercializador de referencia no accederá directamente a los datos de renta de los consumidores, la consulta y comprobación de estos datos se efectuará mediante la aportación de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar presentadas por el solicitante a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido o, en su caso, mediante certificado de imputaciones emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por el organismo equivalente en el caso del País Vasco o Navarra (disp. trans. primera Orden ETU/943/2017). 7. Las discrepancias sobre la aplicación del bono social serán resueltas por «los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores» (arts. 8.2 y 9.8 RD 897/2017). Obsérvese que no se exige la previa reclamación al comercializador mediante el servicio de atención al cliente, sino que se remite directamente a la intervención de los servicios de consumo. 8. El reconocimiento del derecho al bono social tiene una vigencia temporal de dos años, transcurridos los cuales y previo aviso del comercializador de referencia en la última factura que Análisis | Octubre 2017 5 emita antes del vencimiento del plazo para solicitar la renovación del bono social, el consumidor tendrá que volver a solicitarlo presentando la documentación requerida (art. 10 RD 897/2017). El texto aprobado finalmente ha ampliado a dos años este plazo que en el proyecto inicial tenía una duración de un año. En el caso de las familias numerosas que sean perceptoras del bono social, la aplicación de éste se extenderá al periodo en que se encuentre vigente el correspondiente título de familia numerosa. En cualquier caso, si antes del transcurso de los dos años o de la finalización de la vigencia del título de familia numerosa cambian las circunstancias del consumidor, éste deberá comunicar la modificación al comercializador de referencia. 9. Los consumidores que el día 10 de octubre, fecha de entrada en vigor de la ETU/943/2017, perciban el bono social tienen un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha orden en el que seguirán percibiéndolo con las mismas condiciones (disp. trans. primera RD 897/2017). Durante ese periodo podrán solicitar la renovación con las nuevas condiciones. A estos efectos, los comercializadores de referencia deberán remitir a sus clientes acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor la carta del anexo VI del Real Decreto 897/2017 junto con las facturas que se emitan durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la orden con el fin de comunicar la existencia de las nuevas condiciones para aplicar el bono social y publicitar el procedimiento para solicitarlo (disp. adic. primera RD 897/2017). 10. El reglamento facilita los cambios de titularidad del punto de suministro, así como los cambios de suministrador, para que los consumidores puedan acogerse al bono social. En este sentido, el artículo 5.4 del reglamento comentado establece que, en el caso de que un consumidor que cumpla los requisitos para percibir el bono social y quiera solicitar su aplicación no figure como titular del punto de suministro de electricidad en vigor, la solicitud de modificación de titularidad del contrato de suministro de electricidad se podrá realizar de forma simultánea a la solicitud del bono social y, en este caso, no se aplicará lo dispuesto sobre la revisión de las instalaciones de más de veinte años en el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro de electricidad y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Este precepto establece que «para las modificaciones de contratos en baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras deberán proceder a la verificación de las instalaciones, autorizándose a cobrar, en este caso, los derechos de verificación vigentes. Si efectuada dicha verificación se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir la adaptación de las instalaciones y la presentación del correspondiente boletín del instalador». Entiendo que lo que hace el nuevo reglamento no es exonerar de la verificación de instalaciones, sino limitar la posibilidad de cobrar por ello. Por otra parte, en la misma línea de facilitar el acceso al beneficio del bono social, también se facilita el cambio de suministrador a los consumidores vulnerables, de modo que las cláusulas de permanencia o penalización previstas en los contratos de suministro en el mercado libre no tendrán efectos cuando quien solicita el cambio de suministrador es un consumidor vulnerable Análisis | Octubre 2017 6 con derecho a acogerse al bono social. Así, cuando un consumidor que tenga contratado su suministro en el mercado libre solicite a su comercializador acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor, éste tendrá la obligación de informarlo de que esta modalidad de contratación sólo puede llevarla a cabo un comercializador de referencia. Y, en este caso, «el cambio de la modalidad de contratación a PVPC, acreditando los requisitos para ser considerado vulnerable, siempre que no se modifiquen los parámetros recogidos en el contrato de acceso de terceros a la red, se llevará a cabo sin ningún tipo de penalización ni coste adicional para el consumidor» (art. 5.3 RD 897/2017). Resulta llamativa la regulación del régimen de cambio de suministrador prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 5 del reglamento de referencia porque supone la posibilidad de dejar sin efecto las eventuales cláusulas de permanencia y penalización existentes en los contratos (privados) cuando el consumidor cumpla las condiciones previstas en la normativa para ser considerado vulnerable. Por tanto, las empresas comercializadoras en el mercado libre estarán obligadas a soportar un coste adicional por la calificación de los consumidores como vulnerables. A estos efectos, los procedimientos de cambio de comercializador y los formatos de intercambio de información asociados que sean aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según la normativa vigente establecerán las previsiones necesarias para que el comercializador saliente tenga la información que le permita aplicar lo anterior. En este sentido, la base de datos del sistema de información de puntos de suministro (SIPS) puede incluir una referencia a la percepción del bono social en cada código universal de punto de suministro (CUPS), si bien en ningún caso podría incluir una referencia al cumplimiento de las condiciones para la percepción del bono social de consumidores. Con el fin de que dicho sistema incorpore esta información, se da la nueva redacción al artículo 7.1 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, comentada supra en el apartado 5. También se prohíbe que los contratos de los comercializadores en el mercado libre incorporen cláusulas que «prevean penalizaciones, excluyan o limiten de cualquier otro modo el acogimiento al bono social del consumidor que cumpla los requisitos para ser considerado vulnerable» (nuevo artículo 4.5 del Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión en redacción dada por la disposición final segunda.uno del Real Decreto 897/2017). 11. El plazo para el pago de las facturas se fija en veinte días naturales desde la emisión de la factura tanto para los suministros al precio voluntario para el pequeño consumidor como para los suministros en el mercado libre, si bien el contrato en el mercado libre podrá modificar este plazo (art. 18 RD 897/2017). Como hasta ahora, en el caso de que el último día del periodo de pago fuera sábado o festivo, éste vencerá el primer día laborable siguiente. Análisis | Octubre 2017 7 12. La interrupción del suministro por impago debe ajustarse a un (complejo) procedimiento regulado por el reglamento y aplicable tanto a los suministros acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor como a los suministros en el mercado libre a personas físicas en su vivienda habitual con potencia contratada igual o inferior a 10 kW (arts. 18 a 21 RD 897/2017). Este procedimiento prevé varias comunicaciones (entre tres y cuatro) por medios que permitan tener constancia de su recepción, así como de la fecha y contenido (v. anexo II). Sólo señalaré aquí las novedades más significativas de este procedimiento en relación con el preexistente fijado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: a) Ámbito de aplicación del procedimiento regulado: suministros tanto a precio regulado como en el mercado libre a personas físicas, para su vivienda habitual y con potencia contratada inferior a 10kW. b) Comunicación de la situación de impago: la empresa comercializadora remitirá un primer escrito al consumidor en el plazo máximo de dos meses desde la emisión de la factura o en el momento en que se produzca el rechazo del pago si fuera con posterioridad a dicho plazo. El incumplimiento de esta obligación de información en el plazo indicado supondrá una infracción grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. c) Regulación de los formularios para efectuar las correspondientes comunicaciones y requerimientos de pago establecidos en la norma (anexos II a IV con diversos apéndices en función de que quien remita la comunicación sea una comercializadora en el mercado libre o una comercializadora de referencia). d) Determinación de los modos de comunicación fehaciente: burofax, correo certificado y medios telemáticos mediante firma electrónica que permitan tener constancia de su recepción. e) Comunicación semanal al órgano determinado por la comunidad autónoma de los puntos de suministro en situación de impago con indicación de la fecha a partir de la cual se puede llevar a cabo la interrupción (anexo V). f) Ampliación del plazo para llevar a cabo la interrupción del suministro por impago. Con carácter general, el plazo para ejecutar la interrupción es de dos meses, y de cuatro para los consumidores vulnerables acogidos al bono social. Estos plazos comienzan a computarse desde el requerimiento de pago que se practicará tras haberse verificado el impago y haberse comunicado esta situación al consumidor en el plazo máximo de dos meses desde la emisión de la factura o en el momento en que se produzca el rechazo del pago si fuera con posterioridad a dicho plazo, para informarlo de tal circunstancia de acuerdo con el modelo recogido en el anexo II. Análisis | Octubre 2017 8 Del mismo modo que hasta ahora, no se podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni aquellos en que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente tanto comercial como técnico a efectos de la reposición del suministro de electricidad, como tampoco la víspera de los días en que se dé alguna de estas circunstancias. 13. Los consumidores en situación de pobreza energética no sufrirán cortes de suministro eléctrico, pero sólo si los servicios sociales de la comunidad autónoma o del ayuntamiento pagan el 50 % del importe de su factura eléctrica previo a la aplicación del descuento por bono social y el pago queda acreditado ante el comercializador de referencia en el plazo de cinco meses desde la emisión de la factura (art. 20 RD 897/2017). No deja de sorprender que la calificación de consumidor en riesgo de exclusión social quede condicionada a la financiación o no por parte de un tercero de su suministro, máxime si se tiene en cuenta que ese tercero son los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Los riesgos de desigualdad territorial que genera este sistema no son desdeñables. La cualificación de este colectivo debería vincularse a unas determinadas condiciones socioeconómicas de ámbito nacional para que no hubiera riesgos de situaciones discriminatorias. A efectos de la financiación del suministro a consumidores en riesgo de exclusión social y con objeto de que los servicios sociales correspondientes puedan prestar y acreditar mediante el certificado pertinente la ayuda económica para el pago de las facturas, las empresas comercializadoras de referencia podrán suscribir convenios con las Administraciones autonómicas o locales que establezcan los mecanismos de coordinación para evitar que a estos consumidores se les suspenda el suministro de electricidad por razón de impago (art. 12.3). Para coordinar la actuación de los servicios sociales y de los comercializadores de referencia, las Administraciones autonómicas o locales podrán habilitar un registro administrativo de puntos de suministro de electricidad para los consumidores en riesgo de exclusión social y solicitar la colaboración de la Administrción General del Estado para compartir los datos, de tal forma que los comercializadores de referencia puedan efectuar en él las consultas correspondientes (art. 8.6). El reglamento no prevé mecanismos específicos para la financiación ni de los convenios de colaboración con las comercializadoras ni del sistema unificado de información. Serán los servicios sociales locales y autonómicos los que deberán asumir esos sobrecostes. 14. Las comercializadoras de referencia tendrán que cofinanciar el suministro a los consumidores vulnerables en grado severo atendidos por los servicios sociales (arts. 12 y 13). En las liquidaciones anuales, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, fijará el límite máximo que tales comercializadoras percibirán por este concepto. La Comisión, en los mismos plazos y condiciones Análisis | Octubre 2017 9 análogas a las de las liquidaciones efectuadas para el bono social, procederá a abonar a la empresa comercializadora de referencia las cantidades que haya asumido del coste de cofinanciación en estos casos hasta el límite anual que se establezca por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Adviértase que esta obligación supone un cambio significativo con respecto a la normativa anterior que no imponía al comercializador de referencia el deber de asumir el suministro en caso de impago. 15. El bono social y el suministro a consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social será financiado por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario (arts. 13 y 14). El reparto se lleva a cabo en función del número de clientes. Es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la encargada de analizar la información facilitada por los comercializadores, de publicar parte de esa información en la web y, finalmente, de proponer el porcentaje de reparto que será aprobado por orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital antes del 1 de diciembre del año anterior al que corresponda fijar los porcentajes. El porcentaje de reparto de las cantidades que se vayan a financiar se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades «de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno de los sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras». Las aportaciones que deba realizar cada uno de los sujetos obligados se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador que será responsable de su gestión. Obviamente, las comercializadoras en el mercado libre repercutirán este coste a sus clientes y los comercializadores de referencia presionarán para que aquél se considere al fijar el precio voluntario para el pequeño consumidor1 . 1 Sobre el impacto competitivo en el mercado de este sistema de financiación del bono social y del suministro a consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, puede verse mi artículo «¿Quién paga el bono social? Consumidores frente a eléctricas», publicado a comienzos del mes de septiembre del 2017 (http:// www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/quien-paga-el-bono-social-consumidores-frente-aelectricas.pdf). Análisis | Octubre 2017 10 Anexo I: Tipos de consumidor vulnerable de energía eléctrica, requisitos y régimen de protección en el Real Decreto 897/2017 Tipo de consumidor Requisitos Comunes: persona física, punto de suministro para vivienda habitual, potencia contratada ≤ 10 kW Régimen de protección Consumidor vulnerable Nivel de renta (consumidor o unidad familiar) General Especial TUR = PVPC – Bono social Consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar en alguna de estas situaciones: — discapacidad ≥ 33 %; — violencia de género; — terrorismo. — Bono social = descuento del 25 % del PVPC (límite anual máximo de energía anexo I, exceso a PVPC). — Plazo de suspensión del suministro por impago: 4 meses desde primer requerimiento de pago. 1,5 x IPREM (14 pagas), sin menores [11.279,38 €] 2 x IPREM (14 pagas), sin menores [15.039,18 €] 1200 kWh anuales (prorrateados por los días del periodo de facturación) 2 x IPREM (14 pagas), un menor [15.039,18 €] 2,5 x IPREM (14 pagas), un menor [18.798, 97 €] 1680 kWh anuales (prorrateados por los días del periodo de facturación) 2,5 x IPREM (14 pagas), dos menores [18.798, 97 €] 3 x IPREM (14 pagas), dos menores [22.558,77 €] 2040 kWh anuales (prorrateados por los días del periodo de facturación) Otras circunstancias Familia numerosa. 3600 kWh anuales (prorrateados por los días del periodo de facturación) Todos los miembros de la unidad familiar deben ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y han de percibir pensiones mínimas. 1680 kWh anuales (prorrateados por los días del periodo de facturación) Análisis | Octubre 2017 11 Tipo de consumidor Requisitos Comunes: persona física, punto de suministro para vivienda habitual, potencia contratada ≤ 10 kW Régimen de protección Consumidor vulnerable severo Consumidores vulnerables + niveles inferiores de renta General Especial TUR = PVPC – Bono social ≤ 50 % niveles de renta de consumidor vulnerable — Bono social = descuento del 40 % del PVPC (hasta límite de energía anexo I, el exceso a PVPC). — Plazo de suspensión del suministro por impago: 4 meses desde primer requerimiento de pago. ≤ 2 x IPREM (14 pagas), familia numerosa ≤ 1 x IPREM (14 pagas), todos los miembros de la unidad familiar deben ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y han de percibir pensiones mínimas Consumidor en riesgo de exclusión social Consumidor vulnerable severo + atención servicios sociales (pago 50 % factura) — Acogido a la TUR. — Suministro esencial, no interrumpible por impago (pero sólo si los servicios sociales financian el 50 % de la factura). Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Octubre 2017 12 Anexo II: Nuevo procedimiento de interrupción del suministro eléctrico por impago Factura Pago: 20 días naturales Comunicación de impago (Máximo: 2 meses desde factura) Anexo II: Advertencia de futuro requerimiento 1.er requerimiento fehaciente de pago Anexo III: de 2 a 4 meses para la interrupción desde la recepción 2.º requerimiento fehaciente de pago Anexo III: si el primero es infructuoso, transcurridos 7 días hábiles (preferiblemente otro medio) Comunicación a las CC. AA. 3.er requerimiento fehaciente de pago Anexo IV: 15 días hábiles antes de la interrupción del suministro Solicitud de interrupción al distribuidor