Source: http://noticiasjuridicas.top/index.php/2017/11/08/procedente-la-revocatoria-de-un-convenimiento-antes-de-su-homologacion-sala-civil-del-tsj-venezuela-08-de-noviembre-de-2017/
Timestamp: 2018-06-22 14:47:57
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Procedente la revocatoria de un convenimiento antes de su homologacion. Sala Civil del TSJ Venezuela 08 de Noviembre de 2017. - Noticias Juridicas
Procedente la revocatoria de un convenimiento antes de su homologacion. Sala Civil del TSJ Venezuela 08 de Noviembre de 2017.
8 Noviembre, 2017/ Sala Civil/ No hay comentarios/
Sala Civil del TSJ Venezuela 08 de Noviembre de 2017.
Procedente la revocatoria del convenimiento antes de su homologacion y revocatoria del poder.
N° SENTENCIA: RC.000692
N° EXPEDIENTE: 17-574
Partes: CARMEN GRACIELA CORREA contra FERNANDO JOSÉ ARISTIGUIETA CORREA Y OTRA
Exp. 2017-000574
En el juicio por cumplimiento de contrato, seguido por la ciudadana CARMEN GRACIELA CORREA, representada judicialmente por los abogados Juan Vicente Ardila, Bernardo Antonio Cubillán y Ludy Pérez González, contra FERNANDO JOSÉ ARISTEGUIETA CORREA y SAMIRA ELENA SAAP DE ARISTEGUIETA, representados judicialmente por los abogados Alfredo Jiménez Casanova y José Dautant Contreras; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó sentencia interlocutoria el 9 de mayo de 2016, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 15 de diciembre de 2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, confirmó dicha sentencia mediante la cual se niega la homologación del convenimiento presentado en nombre del ciudadano Fernando José Aristeguieta Correa, asimismo, dictó sentencia definitiva, el 10 de mayo de 2017, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de julio 2016, por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 8 de julio de 2016, por el pre nombrado juzgado de primera instancia, sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato verbal y confirmó la sentencia.
Contra las referidas sentencias de alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual una vez admitido, fue oportunamente formalizado, hubo contestación, no hubo réplica, ni contrarréplica.
Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia, pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:
RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, la parte demandante denuncia el quebrantamiento del derecho a la defensa, en consecuencia la infracción de los artículos 15 y 479 del Código de Procedimiento Civil, 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este sentido, en el escrito de formalización afirmó, para fundamentar su delación textualmente lo siguiente:
“…Primera Delación (sic): Según el artículo 313,1 del Código (sic) imputo que la recurrida quebrantó la defensa de CORREA por cuanto le negó por anticipado su derecho a la prueba al desechar inopinadamente las testificales promovidas y desahogadas oportunamente, en infracción al artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 2 y 257, constitucionales, y de paso el artículo 479 del mismo Código (sic).
El derecho a la prueba, de conformidad a la doctrina constitucional, no estriba solamente en la posibilidad del ciudadano de hacer uso en abono a sus peticiones de cuanto medio lícito esté a su alcance, sino también cubre el que le sean considerados y valoradas acertadamente, al grado que se le permite cuestionar apreciaciones probatorias incorrectas.
En principio, este es un asunto que compete exclusivamente a la prudencia y perspicacia de los jueces ordinarios, luego un tema de mera legalidad; tanto que contra ella ni siquiera amparo o revisión sirve para desvirtuar el criterio empleado por los jueces y en materia de casacón se necesita acudir a la denominada “casación sobre los hechos”.
Sin que lo anterior sea impedimento, sí se permite cuestionamiento en casos excepcionales, que la Sala Constitucional ha enumerado y entre éstos, aquellos supuestos en que: “la valoración de la prueba resulta claramente errónea arbitraria” (cfr. SC 241 de 29.03.2016)
Y resulta que la alzada al penetrar en el estudio de los testigos promovidos y evacuados con el objeto preciso de probar los extremos de la pretensión deducida por CORREA, procedió sin visión de futuro porque amparado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil les desechó valor probatorio por ser sus parientes.
En la especie se ha producido una ostensible iniquidad. Podrá la honorable Sala registrar con su sola lectura que la causa versa sobre una pretensión que por cumplimiento de contrato verbal dirigió la Sra. Correa contra su hijo y nuera; se trató en fin de un asunto familiar, hasta de carácter reservado; y con el propósito de demostrar la verdad de su petición, suministro (sic) al proceso testigos.
¿Pero, quiénes fueron esos testigos? Nada menos que sus otros hijos y hermanos del demandado; la doctrina, la ley y los jueces siempre en este tipo de casos, lo admiten, calificados por algunos de necesarios (Alsina. Derecho Procesal, Civil y Comercial, Tomo (sic) II, pág. 486) y para otros, insustituibles (CARNELÜTTI. Sistema de Derecho Procesal Civil, Tomo (sic) IV, pág. 288)
Y ésa (sic) calidad responden nuestros los testigos; pensar en contrario, sería la de estimular el uso de testigos falsos o insinceros; por que, dada las circunstancias del negocio, se advierte que a éste (sic) le asiste un carácter reservado, cerrado al solo conocimiento de la familia; Entonces, ¿según indica la experiencia, quiénes serian (sic) las personas que supieron del negocio? Nada más y nada menos que los miembros de la familia y mientras más cercanos mejor.
Estando en estos antecedentes, menester concluir que, toda norma o precepto, sea cual su naturaleza y origen, la interpretación que se haga de los mismos ha de girar siempre en que sea lo más conforme a su letra y espíritu, pero, su aplicación rígida, a la postre, podría engendrar situaciones injustas, donde victima (sic) de ese veredicto se le arrebate lo que éticamente le corresponde; trance que impulsa a de buscar la solución justa o más justa apoyada en las mejores y más sólidas razones como meta para alcanzar una tutela judicial también justa.
Al desechar la alzada los testigos por esa exclusiva razón, dejó fuera de combate el derecho a la prueba de mi representada. Está dicho que en la hora actual, la exclusión expuesta por el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil no guarda consonancia con los nuevos postulados constitucionales de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, fuentes inmediatas del derecho a la defensa, porque siendo Venezuela un Estado de Justicia, es de concluir que para el caso concreto y por las anotadas características del asunto en conflicto, la única manera de probar por mi representada la verdad de su pretensión fue la de acudir a testigos como sus hijos para enervar la voluntad de otro hijo, a quien demandó por no cumplir con el contrato verbal habido entre ellos.
En ese sentido, se violó su derecho a la defensa al utilizar un motivo o inhabilidad testifical que perdió vigencia con el advenimiento de la Constitución; y al sacar de juego esos testigos no actuó con justicia y sumió a mi representada en una profunda iniquidad y dejarla en el desamparo jurídico, pues, en estos momentos, esos testigos útiles, necesarios e insustituibles. La alzada utilizó una causal no prevista en la ley, en vista que el artículo 479 del citado Código (sic) colapso (sic) sobre sí mismo y viene al caso, por lo que la valoración que hizo la alzada proclive a la arbitrariedad y por demás encubre una maldad.
Resueltamente, quebrantado el artículo 26, Constitucional, porque no se dio acato a la tutela judicial efectiva al dictar un fallo injusto; y perjudicada su defensa en juicio y demasiado menguada porque en estricto su derecho a la prueba al prohibirle utilizar los testigos a que echó mano para probar sus peticiones, en infracción al artículo 49.1, constitucional y 49,3, constitucional, porque no fue procesada con las debidas garantías.
Se ataca un acto del juez que privó a mi representada de un derecho procesal que le ley le pone a sus disposición, al paso que de hecho le concedió indebidamente una ventaja a la otra parte; hay un perjuicio evidente en su contra (Cfr. SCC 140 de 31.03. 2017)…”.
El recurrente denuncia que el juzgador de alzada incurrió en menoscabo del derecho a la defensa, indicando que la recurrida quebrantó la defensa de la demandante, por cuanto le negó por anticipado su derecho a la prueba al desechar inopinadamente las testificales promovidas y desahogadas oportunamente, en infracción al artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 2 y 257, Constitucionales, y de paso el artículo 479 del mismo código.
Señala el recurrente que “…resulta que la alzada al penetrar en el estudio de los testigos promovidos y evacuados con el objeto preciso de probar los extremos de la pretensión deducida por CORREA procedió sin visión de futuro porque amparado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil les desechó valor probatorio por ser sus parientes…” agregando que el presente caso se evidencia .que la pretensión versa en cumplimiento de contrato verbal, incoado por la ciudadana Carmen Correa contra su hijo y nuera, por consiguiente por tratarse de un asunto familiar, hasta de carácter reservado; son testigos los otros hijos y hermanos del demandado, por consiguiente al desecharse queda fuera del debate probatorio las pruebas de la parte demandante, lo cual viola los nuevos postulados constitucionales, infringiendo en consecuencia, el derecho a la defensa.
En cuanto al vicio de menoscabo al derecho a la defensa, ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina de esta Sala, destacando que el mismo se produce cuando el juez priva o limita a las partes la utilización de medios que la ley le concede para la defensa de sus derechos y cuando se rompe la igualdad procesal, tal y como lo ha dicho en sentencia N° RC 126 de fecha 10 de marzo de 2008, Exp. N° 2007-000549, en el juicio por cobro de bolívares, seguido por el ciudadano Yamil Mahomed Valdés, en contra de los ciudadanos Carlos Julio Castillo López, María Eladia Castillo López y otros, la cual textualmente señaló lo siguiente:
“…el menoscabo del derecho de la defensa debe ser imputable al juez y no a las partes, el cual se produce cuando se priva o coarta a una parte la facultad procesal para efectuar un acto de petición que privativamente le corresponde por su posición en el proceso, o bien resulta afectado en virtud de que el juez ha disminuido o reducido los plazos concedidos por la ley para ejercer el derecho a la defensa, o finalmente, cuando el sentenciador concede indebidamente derechos a una parte, con perjuicio de la otra. (Sentencia de fecha 24 de abril de 1998, Caso: Antonio Locantore Gallo c/ Eleonora Capozzi de Locantore)…”.
En aras de atender a los postulados constitucionales, respecto a este punto, esta Sala pasa a pronunciarse en relación, si efectivamente operó el menoscabo al derecho a la defensa, de modo que ante la delación planteada, para una mayor comprensión del caso sub iudice, la Sala estima necesario dejar sentado lo establecido por el referido Juzgado Superior Tercero, en la sentencia (folios 386 al 389 de la primera pieza), la cual textualmente estableció lo siguiente:
“…Como punto previo, observa esta alzada que debe pronunciarse en relación al argumento planteado por la representación judicial de la parte actora y recurrente en la presente causa, en cuanto a que el convenimiento es irrevocable de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, aun antes de la homologación del tribunal, esta sentenciadora en apego al principio de veracidad de los actos procesales, mediante el cual los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, y en uso de las facultades conferidas por la ley, considera que, si bien es cierto que el legislador patrio en el artículo 263 de nuestra ley adjetiva civil, estableció en su único aparte, que el acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable aun antes de la homologación del tribunal, no es menos cierto que este precepto fue establecido bajo las influencias doctrinarias que imperaban para la época de su publicación en el año 1.987, y aun cuando el juez está llamado por imperativo de ley, a decidir en apego ésta, no debe decidir en contraposición de los postulados establecidos en la Constitución de la República de Venezuela, de data más reciente que nuestra ley adjetiva civil, como lo son el principio a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, y el principio teleológico consagrado en el artículo 257 eiusdem, mediante el cual el proceso se considera el instrumento fundamental del estado para alcanzar la justicia, en sintonía con la norma contenida el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, por lo que existiendo en el proceso indicios e instrumentos probatorios, mediantes los cuales surge para quien juzga la presunción de que el ciudadano Fernando José Aristiguieta (sic) Correa, no autorizó el convenimiento del cual se solicita su homologación, inadmiculado con el hecho de que el poder mediante el cual se le confirió la facultad al abogado Pedro Elías Aristiguieta (sic) Correa, para convenir fue revocado, por lo que resulta procedente, y en aras de garantizar la justicia, es apartarse del postulado contenido en el único aparte del artículo 267 Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Establecido lo anterior y tomando en cuenta que para homologar el convenimiento formulado, el juez debe analizar en primer término, si la parte tiene capacidad para disponer del objeto sobre el cual versa la controversia, debiendo verificarse si la parte actuó en su carácter representada o asistida por un abogado y en el segundo supuesto que la facultad para convenir le haya sido otorgada expresamente al apoderado judicial, conforme a lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido se observa que, el convenimiento de la demanda fue presentado por el abogado Pedro Elías Aristiguieta (sic) Correa, facultado para ello, mediante poder judicial que le fue conferido por el ciudadano Fernando José Aristiguieta (sic) Correa, ante la Notaria (sic) Pública Segunda del estado Lara, en fecha 27 de septiembre de 2007, quien en fecha 10 de diciembre de 2015, se opuso a la actuación realizada por su mandante, antes de que el tribunal de la causa homologara el acuerdo. Asimismo, se desprende de las actas procesales que corren insertas desde el folio 33 al 35, que el ciudadano Fernando José Aristiguieta (sic) Correa, revocó en todas y cada una de sus partes el poder judicial que le otorgó por ante la Notaría Pública Segunda de Barquisimeto, en fecha 27 de septiembre de 2007, a los ciudadanos Pedro Elías Aristiguieta (sic) Correa y Alejandro Guillen Lozada, por lo que, surge para quien juzga, de la apreciación de los indicios y de las pruebas que corren insertas en los autos, en especial el instrumento contentivo de la revocatoria del poder, presunción de que el ciudadano Fernando José Aristiguieta (sic), no autorizó tal convenimiento, máxime cuando quien se opone a tal actuación es el mismo sujeto del derecho adjetivo, es decir, quien se vería afectado o beneficiado por la homologación impartida por el tribunal. Así se establece.
Por último, en cuanto al argumento planteado por la recurrente, mediante el cual solicitó se declare nulo el auto recurrido por carecer de los requisitos necesarios para su validez, se evidencia que el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, establece que “En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin para el cual estaba destinado.”.
En consecuencia de lo antes expuesto, esta juzgadora considera que lo procedente en la presente causa, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de diciembre de 2015, por los abogados Ludy Pérez de González y Juan Carlos Rodríguez Alfonzo, en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 15 de diciembre de 2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y en consecuencia, se confirma la decisión apelada. Así se declara…”.
Ahora bien, de la lectura íntegra de la recurrida, la Sala constata que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, se pronuncia en cuanto a la procedencia de la homologación del convenimiento presentado por el abogado Pedro Elías Aristeguieta Correa, no obstante, no se observa, pronunciamiento referido a testigos promovidos y su respectiva valoración, igualmente, se evidencia que en la presente incidencia referida a la homologación del referido convenimiento, no fueron promovidos testimoniales por ninguna de las partes, fundamentándose la recurrida en las documentales cursantes en autos, como bien es señalado expresamente.
Por lo antes expuesto, concluye esta Sala, en sintonía con la supremacía y eficacia de las normas y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme con los señalamientos antes esbozados, que no se evidencia, el menoscabo de formas procesales del procedimiento que causan indefensión a las partes, todo lo cual, constituye razones suficientes para declarar la improcedencia de la denuncia examinada. Así se decide.
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, la parte demandada denuncia el quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, en este sentido, en el escrito de formalización afirmó, para fundamentar su delación textualmente lo siguiente:
“…Segunda Delación (sic). Según el artículo 313,1 del Código de Procedimiento Civil invoco que la alzada dejó indefensa a mi representada al extremo atropello formas esenciales del diligenciamiento procesal en menoscabo a su derecho a la defensa, el que no le fue garantizado con infracción a la tutela judicial efectiva de la cual es acreedora yendo en contravía al cumplido y debido proceso.
Entre los modos de terminación anormal de los juicios se encuentra el allanamiento traducido en sencillo en el reconocimiento por el demandado del derecho que le exige al actor con su demanda; con esto, el demandado por su misma intención, se da una sentencia que obra exclusiva suya; nuestra doctrina de casación, tras las ideas de Borjas, Marcano y Feo, lo equipara a una confesión judicial por cuya razón no cabe retractación alguna, pues en palabras de la jurisprudencia “no ha querido el legislador dejar a la parte el derecho de retractarse” (cfr. SCC 4.02. 1976, en Juan Martínez, Código de Procedimiento Civil, Tomo (sic) II, pág. 461).
El juez en el trance de darlo por consumado, sólo en el imperativo de cerciorarse sigue al expediente: (i) el ánimo y las ganas expresas de convenir en todos los pedimentos del actor, sin dejar ninguno de lado; (ii) que, el acto no esté sometido a términos, condiciones ni modalidades, pues siempre se reclama de continuo por la ley, el que sea puro y simple; (iii) que, sea llevado a cabo en su presencia o que conste auténticamente en el expediente de la causa que el juez conoce; (iv) que, la parte tenga libre disposición de su voluntad y asistido de abogado; (v) que, si lo adelanta un apoderado, verificar si le subsidia la facultad de convenir; estos son los requisitos materiales sobre lo que se apoyará la homologación.
No está de más recordar:
Quiere decir que su actividad se ciñe a comprobar y controlar el aspecto formal, sin que sea de su delicado quehacer dejar en evidencia para el proceso, por ejemplo, la sinceridad de la declaración o examinar previamente, si la parte conoció o no del acto, cuando fue obra de un apoderado, como sucedió en la especie.
El juez sin autorización ni fuero, así lo adquiera por otra vía, de poner en su fallo requisitos distintos a lo que la ley reclama para estar en condiciones únicamente de homologar dicho auto de composición procesal.
En la especie, el juez empleó su oficio en cuestión distinta a aquella que la ley asigna previamente; con olvido de que esos presupuestos adjetivos constituyen para el caso bajo examen, reivindicaciones de derecho necesario que le marcan su radio de acción en la tramitación de ese especial supuesto; no puede salirse de ello a riesgo de comprometer el derecho a la defensa de las partes.
De la lectura ligera del fallo de la alzada, fácil caer en la cuenta que “desaplica el artículo 263, único aparte, del Código de Procedimiento Civil”, precepto que estatuye el carácter irrevocable de todo acuerdo de este tipo; ciertamente, a la parte que conviene por si (sic) o mediante apoderado, la ley no tolera que dé otra contraorden y revoque esa declaración suya en orden a la seriedad del proceso.
Absolutamente al punto hay más. El juez se extravía y va en dirección opuesta que le señalan los sustanciales procederes de cómo enjuiciar el asunto en particular. Entró y se inmiscuyó en materia impropia y distinta al problema de la homologación. Y siguiendo el esquema de nuestros reproches advertimos que del estudio y trabajo que hizo la alzada del caso, ésta llegó a establecer que ARISTEGUIETA no autorizó el convencimiento; de lo cual, en su decir corren indicios y pruebas; y que, después de celebrado el allanamiento, fue cuando revocó el poder.
Este planteamiento estuvo fuera de los poderes de actuación de la alzada; pues, si como ella misma se encargó de decir, el apoderado actúo (sic) con poder para convenir (cfr. pág. 6 de la interlocutoria recurrida) y que a la par, consta el hecho sobrevenido de que luego de convenir fue cuando se le revocó el poder (cfr. pag.5 de la recurrida); naturalmente, el pronunciamiento de que se valió para concluir que el convencimiento no fue autorizado es un asunto extraño a su competencia natural. Con esta sola información negó la homologación aunada a que no va utilizar para resolver el incidente, el artículo 263, único aparte.
Ahora, conviene recalcar que si nuestro ordenamiento positivo dispone de diversos mecanismos para que el juez se aboque a la sinceridad o no de la declaración expuesta por el abogado, siendo así, debió mediar una denuncia por fraude procesal o abrir una incidencia para que las partes probaran sus puntos de vista sobre el problema, mas no, la alzada penetrar en el caso de homologación a conocer y decidir materia distinta.
Visto esto, significa que la alzada no fue el juez natural para trabajar una materia que no le correspondía asumir jurisdicción sino a través de otros mecanismos, con lo que adulteró y subvirtió la observancia de los procedimientos que vengan al caso.
De plano violado el artículo 49, 4, constitucional, porque para el conocimiento de la materia de que se sirvió de propia iniciativa está fuera de su poderes de actuación, reducidos simplemente a revisar el aspecto formal del acto de composición, como se ha expresado y no otros.
Y violado el artículo 24.6 del Código de Procedimiento Civil porque la alzada en estricto, no fue el juez llamado por la ley para conocer.
Dicho esto, franco predecir que mi representada no fue enjuiciada con todas las garantías judiciales que le son debidas en infracción al artículo 49,3 constitucional, con vista a lo cual su derecho a la defensa quedó arruinado en quebrantamiento al artículo 49, constitucional.
Remata lo anterior en transgresión al artículo 15 del Código de Procedimiento Civil puesto que la agresión al derecho a la defensa de la Sra. Correa desembocó en que se le arrancó la posibilidad de lograr a través de un acto de autocomposición procesal válido y eficaz, el de conseguir un sentencia definitiva con valor de cosa juzgada porque, al negarse homologarlo, entonces se le despojo (sic) de tal derecho.
Como la alzada no se percató al confirmar el fallo del a quo, no hizo otra cosa que solidarizarse con el error cometido por el tribunal de la primera instancia; y lo hizo suyo, porque ante un acto de autocomposición procesal como el de la especie, debió conjurar a tiempo la irregularidad formal de que padeció el procedimiento seguido en primera instancia con la finalidad de que el proceso recuperara su estabilidad y regularidad perdida y en esta crítica situación emitir un fallo de nulidad procesal al violarse formulas esenciales de procedimiento...”.
El recurrente denuncia de manera confusa, que el juzgador de alzada quebrantó el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, por menoscabo al derecho a la defensa, a la tutela judicial y al debido proceso, por cuanto ante un convenimiento, el juez debe limitar su actividad a comprobar el aspecto formal, “…sin que sea de su delicado quehacer dejar en evidencia para el proceso, por ejemplo, la sinceridad de la declaración o examinar previamente, si la parte conoció o no del acto, cuando fue obra de un apoderado, como sucedió en la especie…”.
De modo que el recurrente considera, que el juez superior desaplicó el artículo 263, único aparte, del Código de Procedimiento Civil, entrando a conocer una materia diferente a la sometida a su consideración, llegando a establecer que el demandado ciudadano Fernando Aristeguieta, no autorizó el convenimiento; aun cuando cursa en autos que posterior a la presentación del convenimiento, fue que revocó el poder, que le fuera otorgado a su hermano ciudadano Pedro Elías Aristeguieta Correa, siendo lo cierto que el mismo al momento de presentar el convenimiento tenía facultad para convenir, señalando además de ello que la alzada no es el juez natural “…para trabajar una materia que no le correspondía asumir jurisdicción sino a través de otros mecanismos, con lo que adulteró y subvirtió la observancia de los procedimientos que vengan al caso…”.
Además de ello indica que correspondía, reponer la causa al estado de que el juez de la primera instancia homologara el allanamiento.
En aras de atender a los postulados constitucionales, respecto a este punto, esta Sala pasa a pronunciarse en relación, si efectivamente operó el menoscabo al derecho a la defensa, en el entendido que en caso de ser procedente es inminente la reposición de la causa, a los efectos que se ordene al tribunal de instancia proceda a la homologación del convenimiento presentado.
A los fines de resolver el presente asunto es necesario dar por reproducido el extracto citado en la denuncia que precede la delación bajo estudio, en relación con lo establecido por la sentencia de fecha 9 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Ahora bien, consta en autos (folios 39 al 42 de la primera pieza del expediente), que el ciudadano Pedro Aristeguieta, en fecha 3 de diciembre de 2015, presenta escrito en el cual en su carácter de apoderado judicial de su hermano ciudadano Fernando José Aristeguieta Correa, conviene en la demanda instaurada por su madre ciudadana Carmen Graciela Correa, en este sentido, consigna poder general que le fuera otorgado por dicho ciudadano en fecha 7 de septiembre de 2007, ante la Notaría Segunda Interina de Barquisimeto, estado Lara, quedando anotada bajo el N° 18, tomo 170 de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría (folios 43 y 44 de la primera pieza.
Ahora bien, consta en autos que en fecha 20 de octubre de 2015, comparece el ciudadano codemandado Fernando José Aristeguieta Correa, quien otorga poder apud-acta especial, a los abogados Lenin José Comenarez Leal y Raúl Darío Graterón (folio 36 y su vuelto).
A mayor abundamiento, en cuanto a la revocatoria de poder, se ha pronunciado esta Sala, en sentencia N° RC 899, de fecha 19 de agosto 2004, Exp. N° AA20-C-2003-000720, en el juicio por cobro de bolívares derivados de liquidación de bienhechurías intentado José Antonio Madriz Flores y Yenitza del Rosario Martínez de Madriz, contra los ciudadanos Guillermo Martínez y Betty Omaira Valentíni, la cual textualmente señaló lo siguiente:
“…Por interpretación al contrario, al aplicar el criterio jurisprudencial transcrito ut supra al caso que se estudia, resulta evidente que al haberle otorgado los actores en fecha 18 de diciembre de 2000, poder especial al abogado Miguel Guillermo Franco Duque, sin expresar en el texto del mismo que tal otorgamiento no revocaba el mandato general que le confirieron en fecha 5 de junio del mismo año al abogado Olivo Vargas Barragán, como lo ordena el ordinal 5° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, resulta evidente que en este caso operó la revocatoria tácita de este último instrumento poder, en lo que se refiere a la actuación de dicho abogado en el presente juicio.
Ahora bien, aun cuando al abogado Olivo Vargas Barragán se le había revocado tácitamente el mandato conferido por los actores para actuar en el presente juicio, la Sala observa que al folio 234 del expediente cursa diligencia suscrita por el prenombrado profesional del derecho mediante la cual anunció el presente recurso de casación, de lo que se infiere que el referido abogado carecía de legitimidad procesal para el momento en que interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2003, proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.
En consecuencia, habiendo operado en el presente juicio la revocatoria tácita del mandato conferido por los actores al abogado Olivo Vargas Barragán, en el dispositivo de este fallo se declarará de manera expresa, positiva y precisa la inadmisibilidad del recurso de casación que anunciara sin tener legitimidad procesal para hacerlo. Así se decide…”.
De acuerdo a lo antes señalado, conforme con la norma antes citada, la presentación de un poder para el mismo juicio produce la revocatoria del que fuere otorgado previamente, mutatis mutandi, en los casos de ser otorgado un poder general y posteriormente, en un juicio en curso es otorgado un poder especial apud acta, dirigido a la defensa del caso en cuestión se produce la derogatoria tácita del poder general para el caso en particular, por interpretación al contrario conforme con la desarrollada doctrina de esta Sala de Casación Civil.
Ahora bien, en la decisión de esta Sala, cuyo extracto fue previamente transcrito, la norma objeto de análisis se corresponde al artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 5° el cual dispone:
“…La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
5° Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo contrario…”. (Cursivas y subrayado de la Sala).
Nótese que la Sala por interpretación en contrario, del citado artículo, concluye que el poder general otorgado, previo a un juicio es susceptible de ser revocado, en caso de ser otorgado un poder especial, solo en lo que se refiere a la actuación en el caso en concreto, y ello por cuanto, la citada disposición se refiere a la revocatoria tácita de un poder especial, tal como lo ha señalado la reiterada doctrina de esta Sala, bajo el supuesto que sea otorgado con posterioridad otro poder especial, salvo que este último indique expresamente que se mantiene vigente el primer poder otorgado (ver sentencia N° 383, de fecha 14 de junio de 2005, Exp. AA20-C-2004-000935), vale decir, que la norma se refiere solo a los casos de poderes especiales, sin embargo, nada dice cuando existiendo un poder general otorgado por una de las partes previo al juicio, se presenta un poder especial en el mismo, infiriendo la Sala que en estos casos es evidente que se produce la revocatoria tácita del poder general, en lo que se refiere al juicio en concreto, como quiera que se entiende que el ánimo del poderdante, es que el abogado o los abogados a quien le otorga poder especial, le defiendan en el caso concreto, y de no mencionar el poder general (previamente otorgado) expresamente, se produce la consecuencia, prevista en la norma, es decir, la revocatoria tácita.
En los mismos términos, se pronunció esta Sala al señalar, “…La observación de ambos textos, fehacientemente demuestra el carácter general de los poderes aludidos, pues ninguno de ellos fue otorgado especialmente para un determinado juicio, tampoco expresa, aquel poder otorgado en fecha posterior, que se faculte a los abogados allí designados para la representación judicial de la empresa en un juicio específico; razón por la cual, en aplicación de la doctrina ut supra transcrita, estima la Sala que en el caso in comento no opera la tácita revocatoria establecida en el ordinal 5° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil…”, (Ver sentencia N° 552, de fecha 4 de agosto de 2005, Exp. N° AA20-C-2004-000874), ratificando, esta Sala que a todo evento el poder otorgado posteriormente, para producir la consecuencia de revocatoria tácita, debe ser de carácter especial, como sucede en el caso bajo estudio.
De modo que, como fue indicado previamente y conforme con el criterio jurisprudencial antes transcrito, el poder otorgado por una de las partes para la defensa de sus derechos en un caso particular, revoca de forma tácita el poder general otorgado previamente a un abogado o varios abogados, es decir, se reitera opera la revocatoria tácita del instrumento poder general, en lo que se refiere a la actuación del respectivo abogado, en el juicio en cuestión, vale destacar solo en lo que respecta al juicio en que es otorgado el poder especial, quedando vigente el poder general, para cualquier otra actuación dentro de los límites o facultades otorgadas en dicho poder general. Así se establece.
En el presente caso, se evidencia que el ciudadano Fernando José Aristeguieta Correa, co demandado, otorgó un poder especial para la defensa del presente caso a los abogados Lenin José Comenarez Leal y Raúl Darío Graterón, de modo que todo poder previo especial o general queda revocado en lo que se refiere al juicio en curso, por consiguiente, el poder general que fuere concedido al ciudadano Pedro Aristeguieta, en fecha 7 de septiembre de 2007, carecía de validez para la presente causa, en consecuencia, en la oportunidad que presenta el convenimiento no tenía legitimidad para actuar en nombre del prenombrado co demandado.
Por lo antes expuesto, concluye esta Sala, en sintonía con la supremacía y eficacia de las normas y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en el presente caso no se violó el derecho a la defensa de las partes por la negativa del juez a homologar el convenimiento, todo lo cual constituye razones suficientes para declarar improcedente la denuncia examinada. Así se decide.
INMOTIVACIÓN POR CONTRADICCIÓN
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la violación del artículo 243 ordinal 4° del mismo código, por haber incurrido la alzada en el vicio de inmotivación, indicando textualmente, lo siguiente:
“…Tercera Delación (sic): Según y conforme al ordinal 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil alego la falta de motivación del fallo recurrido.
Durante el curso de la causa se produjo por el codemandado FERNANDO JOSÉ ARISTEGUIETA CORREA una conveniente adhesión al convenir totalmente en la pretensión deducida por CARMEN GRACIELA CORREA; habiéndose solicitado la homologación de rigor, entonces el juez de la primera instancia, la negó; apelado, al igual la alzada, lo confirmó en todo.
Al respecto la alzada dispuso que si bien el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil estatuye la irrevocabilidad de ese acuerdo de Índole procesal, no resulta menos cierto que bajo el influjo de los nuevos derechos constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el principio impuesto por el artículo 257, constitucional, el proceso vale como un instrumento para alcanzar la justicia, por lo que en aplicación del artículo 206 del Código (sic) ritual le urgió aplicar por encima de las disposiciones previstas en ese Código (sic), las normas constitucionales en virtud a que el articulo 263 ibídem “estableció en su único aparte, que el acto por el cual conviene el demandado, es irrevocable, aun (sic) antes de la homologación”, en realidad, con todo y eso, el juez en el imperativo de no ir en “contraposición de los postulados establecidos en la Constitución”
Ante de nada, llamar (sic) la atención de que entendemos que cuando la alzada alude al “único aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil”, en verdad se refiere, como se desprende del hilo de su discurso, al único aparte del artículo 263 del mismo Código (sic), que es la norma jurídica que señaladamente habla de la irrevocabilidad del allanamiento procesal.
Pero en lo que interesa a la delación, la honorable Sala en condiciones de caer en la cuenta que cuando la alzada declara: “por lo que existiendo en el proceso indicios e instrumentos probatorios mediante los cuales surge para quien juzga la presunción de que…Aristeguieta Correa, no autorizó el convenimiento del cual se solicita su homologación -Subrayado fuera del original-, incurrió en una manifiesta falta de motivación.
La doctrina del alto Tribunal nos instruye que debió el juez precisar cuáles fueron esos indicios e instrumentos de dónde sacó la presunción, por cuanto perentorio para el sentenciador aislar para el proceso el medio de prueba regular y conducente que certifica el establecimiento de un hecho extraño a la controversia y sobre el cual construye la presunción de la existencia del hecho desconocido que, al revés, sí interesa; esta es la regla de oro en esta materia.
0 con otro giro, toda presunción yace en la demostración objetiva del hecho que le sirve de base (Cfr. G.F n.° 5, 2et., pág. 398); la presunción no nace por generación espontánea.
Y de ahí la necesidad de que el juez explique más allá de toda duda, el origen de la presunción a que arriba, qué la estimula; en el caso, puntualizar los indicios que encontró probados.
Y pese a que más adelante vuelve sobre el asunto, todavía no aprovecha la ocasión para remediar el vicio de ausencia de fundamentación sino que otra vez declara y repite: “de la apreciación de los indicios y de las pruebas…en especial al instrumento contentivo de la revocatoria del poder, presunción de que…Aristeguieta no autorizó el convenimiento”; pero, aun así, relapsa la alzada en señalar en que’ consisten esos indicios.
Y fuera de lo anterior, lo que está a la vista en el fallo es que para la sentenciadora de la alzada “surge para quien juzga la presunción de que…Aristeguieta Correa, no autorizó el convenimiento del cual se solicita su homologación” sobre el mérito de un único indicio que extrajo de la revocatoria que se hizo del poder conferido al abogado que convino la causa; con un olvido de que el artículo 510 del Código de Procedimiento estatuye que el juez puede acudir a indicios que sean convergentes, graves y convergentes entre si y utilizarlos para fundar su fallo; siempre que se extraigan de varias pruebas, advirtiéndose por Casación (sic) que dicho artículo no se erige en una regla de valoración. Si esta es un regla fundamental que gobierna el manejo de los indicios, debió la alzada explicar y dejar constancia de cuál otra prueba obtuvo ese indicio de “no autorización” para convenir; no dijo ni una ni otra cosa; evento que hace declinante el fallo impugnado hoy.
En fin, debió la alzada ser más detallista en este punto, tan empedrado y difícil, ya que, como exterioriza la Casación (sic), “los indicios resultan de un cúmulo de hecho probados para el proceso con diferentes pruebas” (cfr. SCC 148 de 5.04. 2017) y no de un solo hecho y no como encaró el problema de dar por demostrado por vía de un solo indicio, más en lo demás, si bien dispuso que usó diversos indicios y pruebas, se ignora cuáles son esos otros indicios, pruebas e instrumentos a que se refiere.
De una vez, la orfandad de motivación muy evidente; la sentencia no hace tránsito a una exposición seria y eficiente, que persuada; porque la alzada “dejó de explicar qué hechos establecidos para el proceso, le llevaron a tomar una determinada conclusión (cfr. SCC 183 de 7.04. 2017), por lo que jamás convencidas del por qué sucumbieron en el proceso y además conscientes de que el juez ha librado una decisión objetiva que permita conocer las razones que sustentan su pronunciamiento (cfr. SCC 203 de 21.04. 2017) y toda a raíz de esa falta de fundamentación (cfr. SCC 251 de 5.05. 2017), con lo que se rompe con la garantía más preciosa para conjurar la arbitrariedad y el dogmatismo judicial, elevado en un derecho fundamental de todo ciudadano (cfr. SCC 136 de 30.3. 2017) y por vía de esta circunstancia, fulminado el principio de la autosuficiencia del fallo (cfr. 33 de 30.01.2009 y por supuesto, vedado para mi representada saber las circunstancias de hecho y de derecho que confirman el supuesto de hecho que cabe en la norma que tuvo a bien aplicar el juez ( Cfr. SCC 185 de 17.04. 2017)
Pero, desde otro enfoque, incurre en otra falta de motivación porque abona una conclusión con la siguiente simplicidad: “y en aras de garantizar la justicia, es apartarse del postulado en el único aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil”.
Relevante que la alzada no aclaró porque (sic) desaplica la norma; debió concretar, si redunda en inconstitucional como asegura, decir por qué; y porque, ese precepto contraviene la Constitución; porque viola el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y porque se alza en un óbice en detrimento de la justicia que constituye la meta del proceso venezolano.
Y aparte de lo anterior, cuál la norma jurídica de mayor rango que tácitamente la deroga; se limitó a dar ideas generales y al voleo (sic) sobre la vigencia del principio de la veracidad de los actos procesales; que, la norma incluida en el Código de Procedimiento Civil de 1987 y que las normas constitucionales son posteriores y más nuevas.
Semejantes afirmaciones hacen incierto el alcance jurídico del fallo porque afincado sobre ella, procede aplicarlas; tal modo de enfrentar el problema de irrevocabilidad del convenimiento nos luce dictatorial; y de cualquier manera esa maniobra o circunloquio terminan en punto muerto y paga con la pena de atribuirle una manifiesta inconsecuencia.
Simplemente y lo alerta hasta la intuición, debió analizar su texto como única manera de resolver con justicia el punto; esto es, si consta expresamente la voluntad de convenir en todos los pedimentos (cfr. GF. N.° 46, pág. 615), si redunda en expreso, efectuado ante el juez de causa y presentado en forma pura y simple; tener en cuenta que el abogado apoderado, como dice la recurrida, asistido de facultad para convenir, máxime que el poder estaba vigente porque fue revocado después; esos elementos materiales fueron los que debió considerar el juez a la hora de abordar el punto de la homologación pero no lo hizo. Se basó exclusivamente en que el artículo 263, único aparte no cabe sin dar mayores razones del porqué de esa conclusión. Por lo que la sentencia se destruyó a sí misma.
Sin reparo la sentencia tarada porque carece de los fundamentos mínimos que le sirvan de sostén; por consiguiente, violado el artículo 243,4 del Código de Procedimiento Civil…”.
Se observa que la denuncia parcialmente transcrita, está planteada en una forma confusa, no obstante, como fuera indicado en la delación precedente, en criterio de esta Sala el poder otorgado al ciudadano Pedro Aristeguieta, en fecha 7 de septiembre de 2007, por ante la Notaría Segunda Interina de Barquisimeto, estado Lara, quedando anotada bajo el N° 18, tomo 170 de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría fue revocado de forma tácita, en consecuencia, la homologación del convenimiento presentado por el mismo en fecha 3 de diciembre de 2015, resulta improcedente, como fue declarado por la recurrida, en consecuencia, la juzgadora de segunda instancia actuó ajustada a derecho, lo que significa que aún si hubiera cometido el vicio de forma delatado, este no sería determinante del dispositivo. Así se establece.
Con vista a lo antes señalado el tribunal ad quem declara en el dispositivo del fallo sin lugar la apelación y confirma la sentencia de primera instancia que negó la homologación del convenimiento por consiguiente, la presente delación debe ser declarada improcedente. Así se decide.
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 5° del mismo, por haber incurrido la alzada en el vicio de incongruencia.
“…Cuarta Delación (sic): Según el artículo 313,1 del Código de Procedimiento Civil se incrimina a la alzada el vicio de falta de congruencia.
Los jueces a la hora de entrar a homologar un “convenimiento”, la propia ley le impone un modo de actuar y no otro diferente.
En efecto, lo primero que deberá verificar es que sea él quien conoce de la causa donde se produjo (cfr. SCC 149 de 18.06. 97); que, conste en forma auténtica (cfr. SCC n.° 70 de 24.02. 1999) y que sea puro y simple, sin términos ni condiciones ni modalidades de ninguna especie; que, sea irrevocable (cfr. SCC de 30.11. 1988, caso Salgar); que, cubra todos los pedimentos de la demanda; que, al fin y al cabo, tenga capacidad jurídica y de obrar; que, si se actúa por apoderado éste (sic) asistido de facultad para hacerlo, (cfr. SPAD. N.° 490 de 18.07. 1996) y por encima de todo expreso (Cfr. M. 1889, pág. 16).
Y critico (sic) para su validez que, por virtud del acuerdo, que no haya espacio ni oportunidad para dar pie a que se produzcan quebrantamientos al orden público y las buenas costumbres, (cfr. SPAD n.° 341 de 29.05. 1996)
A esto reduce la ley el papel del juez en estos especiales menesteres; si encuentra cumplidos esos extremos facilitados por la doctrina pacifica del alto Tribunal, siendo así, obligado a homologar o consumar el allanamiento con efecto hasta contra terceros porque, desde ese momento se equipara a una sentencia definitiva.
En la especie, la alzada extendió su rol del conocimiento del fallo apelado a otros asuntos muy diferentes a los precedentemente señalados; como muestra se hace el siguiente esquema del alcance de su pronunciamiento: que, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación o como expresa la alzada “apartarse del postulado contenido en el único aparte del artículo 267” (lo correcto: único aparte del artículo 263); que, si bien, la norma en cuestión estatuye que es irrevocable aun antes de impartirle la correspondiente homologación; pero que como el juez no puede ir en contra de los dispositivos constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y la regla de la veracidad de los actos jurídicos que está ínsito en el principio teleológico previsto en el artículo 257 constitucional, procede a desaplicar el artículo 263, único aparte sin dar mayores explicaciones de derecho.
Importa destacar que el juez entró indebidamente a resolver asuntos extraños a la actividad que la propia ley le apunta en los casos de homologación de acuerdos de autocomposición procesal; su tarea es hacer conato sobre aspectos formales, objetivos, como ya se ha puesto de manifiesto al inicio de esta delación y no buscar otros derroteros, ajenos a lo que le tocó tratar por mandato legal: únicamente certificar su validez formal; no puede el juez entrar en otro juego como el de que “no se tuvo conocimiento del mismo” porque el poder fue revocado, hecho que se sucedió después de ocurrido, lo que para las partes absolutamente fuera de lugar porque justamente, como dice la alzada, solo existe su constancia después de presentado convenimiento y no antes.
Quiere decir que la alzada extendió fuero a tema alejado de círculo de lo que se corresponde con su fuero y la autoridad que sobre esta exclusiva materia le atribuye la ley por anticipado; sus poderes de actuación limitados a verificar los requisitos legales impuestos para estar en condiciones de homologar, con lo que dictó un fallo fuera de la órbita de sus atribuciones y por tanto, su sentencia tachada de incongruente.
El fallo nos revela que si el acto de composición fue expreso, puro y simple, hecho ante el juez por medio de un apoderado con facultad para convenir, sin herir en normas o situaciones de orden público, debió la alzada ordenar su homologación, a despecho del alegato de ARISTEGUIETA de que no tuvo conocimiento del mismo, tanto que revocó el poder después de ocurrido el acuerdo, puesto que esta es una complicación que no puede afectar a mi representada; el juez debió y no hizo refrendar la existencia y cumplimiento de los requisitos formales que dan virtualidad y fuerza al allanamiento y no tomar otros rutas distintas a la que la ley le asigna obligatoriamente.
Como se ha visto, la alzada en síntesis, decidió lo siguiente: que, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación o como expresa la alzada por “apartarse del postulado contenido en el único aparte del artículo 267” ( lo correcto: único aparte del artículo 263); lo que de paso no fue alegado; que, si bien, la norma en cuestión estatuye que todo acuerdo de esta naturaleza es por esencia y definición, irrevocable aun antes de impartirle la correspondiente homologación; pero, que como el juez no puede ir en contra de los dispositivos constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y la regla de la veracidad de los actos jurídicos que está ínsito en el principio teleológico previsto en el artículo 257 constitucional, procede a desaplicar el artículo 263, único aparte sin dar mayores explicaciones de derecho. Lo que nunca fue alegado.
Por eso, la alzada armada con esta premisa declara que siguen “indicios e instrumentos probatorios” de que el convenimiento no fue autorizado por ARISTEGUIETA; y aunque su apoderado sí tenía la facultad de convenir, con vista a la revocatoria inserta a los autos, llega a la conclusión de que aquel estuvo desinformado del acuerdo y por tal motivo, niega su homologación.
Pues bien, lo que ARISTEGUIETA alegó fue otra cosa. Que, se encontró con su hermano; que, este le pidió que conviniera en la demanda; que, como se negó, siendo así, su hermano le respondió que con todo lo haría por él, asistido de un poder que le confirió en 2007; con evidencia la alzada no actuó dentro de lo alegado cuando entró a resolver si el convenimiento no fue autorizado; porque no obstante a que esto constituyó el punto neurálgico del problema; así y todo, la alzada se alejó de él y sentenció otra cosa porque dispuso que de la revocatoria del poder infirió, por vía de presunción, que no lo autorizó.
Ya como tiene que ser, sin sujeto a cambios, y a título de conclusión a la que debemos llegar después de lo dicho, fue que la sentenciadora puso sobre la mesa un hecho nuevo; esto constituyó un ademán que distorsionó la causa de pedir de la oposición formulada por ARISTEGUIETA, a punto que actuó de oficio e inquisitivamente en contra de los derechos procesales de mi representada.
Verdaderamente, debió la alzada centrarse en esos puntos de hecho, pero no lo hizo sino que torció el conflicto y resolvió algo distinto, con lo que cayó en incongruencia positiva al transfigurar el planteamiento del codemandado.
Así pues, el resultado de todo esto es que la alzada libró, desde un doble punto de vista, un fallo incongruente que rebasó sus poderes de actuación y quebrantó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y 243,5 del mismo Código (sic) porque no se atuvo a lo alegado…”.
De la anterior transcripción, se observa que el formalizante delata de forma confusa el vicio de incongruencia positiva, no obstante, como fuera indicado previamente, esta Sala al conocer la segunda delación, estableció que el poder otorgado al ciudadano Pedro Aristeguieta, fue revocado de forma tácita, en consecuencia, la homologación del convenimiento presentado por el mismo en fecha 3 de diciembre de 2015, resulta improcedente, como fue declarado por la recurrida, en consecuencia, la juzgadora de segunda instancia actuó ajustada a derecho, lo que significa que aún si hubiera cometido el vicio de forma delatado este no sería determinante del dispositivo. Así se establece.
Con vista a lo antes señalado el tribunal ad quem declara en el dispositivo del fallo sin lugar la apelación y confirma la sentencia de primera instancia que negó la homologación del convenimiento, por consiguiente, la presente delación debe ser declarada improcedente. Así se decide.
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción de los artículos 263, 264 y 363 del Código de Procedimiento Civil, indicando textualmente, lo siguiente:
“…Primera Delación (sic). Según el artículo 313,2 del Código de Procedimiento Civil se delata la infracción de los artículos 263, 264 y 363 del Código de Procedimiento Civil.
En la especie, con arreglo a los datos avalados por la recurrida, el codemandado ARISTEGUIETA convino en todo en la demanda (cfr. pág. 3 de la recurrida; que, el mismo fue realizado por un apoderado (cfr. pág., ídem); que, este tenía facultad para convenir (cfr. pág. 5); que, el poder le fue revocado en todo, pero después de celebrado ese acto de convenir (cfr. pág. 5,); que, fue hecho en forma pura y simple (cfr. pág. 3); que consta en el expediente (cfr. pág. 2 y 3) .) ; en tal caso, el juez debió examinar y verificar la existencia de esos requisitos y aunque constan en el expediente, la alzada en vez de hacer acto la homologación, la negó.
Y a vuelta, regresando a lo que nos interesa a la delación en particular, resulta inevitable que habiendo constancia expresa de que están colmados los presupuestos que relevantemente hacen eficaz dicho acuerdo procesal, resultará evidente que, conforme al artículo 263 del Código de Procedimiento Civil debió el tribunal de causa y a su turno el de alzada aprovecharlo con el objeto de ordenar su consumación; comoquiera que los hechos establecidos en el proceso y reconocidos paladinamente en el fallo impugnado hoy en casación, como ha quedado expuesto, cuadran perfectamente en el supuesto legal genérico estatuido en dicha norma y pese a ello no se valió de él para resolver el conflicto; por vía refleja, la alzada tampoco se ocupó del artículo 264 del mismo Código (sic) en atención a que existe el dato ofrecido por la alzada de que el apoderado de ARISTEGUIETA tenía facultad para convenir, de modo que salta a la vista la imprescindible capacidad para disponer del objeto sobre el que versó la controversia y, sumamente claro que en un juicio de cumplimiento de contrato verbal, no estuvieron envueltas normas de orden público.
Y por encima de todo, la alzada suministra la información de que el poder con que actuó el dicho apoderado fue revocado el 27 de diciembre de 2007 y el acto de composición procesal que le sirvió para convenir ocurrió el 3 de diciembre de 2007. Positivamente, la mesa servida para sacar de sitio el que el alegato de que la revocatoria del poder hace presumir el no conocimiento de aquél (sic) acuerdo, pues para el instante en que se hizo acto, todavía el apoderado con facultad para comprometer a ARISTEGUIETA.
Por lo pronto, como es en Derecho (sic) suficientemente conocido a los fines de justificar la homologación, solo bastaría desentrañar el que dicho apoderado haya estado revestido de esa calidad para el instante en que convino en nombre de su representado, lo que sucedió en la especie, porque la recurrida nos avisa cándidamente de ese hecho; por lo que fuera de propósito e inútil que tal revocatoria siga al expediente, pero ello desnuda un hecho estéril, de consiguiente en nada influye sobre la eficacia y validez del acto por el que se convino en la demanda. Se debió utilizar otra herramienta procesal y otros modos de actuación para comprobar las desavenencias y desinteligencias entre mandante y mandatario, como expresa la jurisprudencia transcrita antes.
Entonces, visiblemente quedó expuesto para el proceso mínimo qué se necesita para convenir en la demanda, no otra cosa que llenar de contenido el artículo 264 del referido Código (sic) ritual. Norma, repito que no aplicó.
Y el efecto previsto en la ley será el contemplado en el artículo 363 del Código (sic) de rito: una vez homologado, la causa quedará terminada como en cosa juzgada; norma que tampoco aplicó la alzada.
Aún más, insisto, la “no autorización” del mandante a su apoderado, en casos como el de la especie, es un asunto que trasciende a la suerte del proceso porque, de ser así, el conflicto nacería entre ellos dos y no con relación a las partes; inmunes de principio a esos avatares; por tanto, fuera de esa disputa y contingencia; llegado a esto, no sobra señalar al respecto.
Si las hubiera aplicado todas, la alzada habría mandado la homologación del acto de allanamiento formulado por el apoderado de ARISTEGUIETA, no empeciente que usó como pretexto, el de que el artículo 363, en su único aparte, del Código de Procedimiento, el de no darle importancia porque sus preceptos van en contrario a la Constitución y por eso, la alzada se desentendió del mismo, cuando en la realidad tenía prudente cabida para resolver la controversia; de haberlo lecho, sin espacio para la duda, la suerte del asunto en discusión, habría sido otro: el que debió haber declarado la orden de homologar el convenimiento…”.
El formalizante no fundamentó la denuncia de infracción de ley en forma clara, no obstante, del confuso escrito, se infiere que denuncia la falta de aplicación de los artículos 264 y 363 del Código de Procedimiento Civil, como fuera indicado al resolver la segunda delación, aún si hubiera cometido el vicio delatado este no sería determinante del dispositivo del fallo, como quiera que en criterio de esta Sala el poder otorgado al ciudadano Pedro Aristeguieta, en fecha 7 de septiembre de 2007, fue revocado de forma tácita, en consecuencia, la homologación del convenimiento presentado por el mismo en fecha 3 de diciembre de 2015, resulta improcedente, como fue declarado por la recurrida, en consecuencia, la juzgadora de segunda instancia actuó ajustada a derecho. Así se establece.
Con vista a lo antes señalado, la presente delación debe ser declarada improcedente. Así se decide.
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la falta de aplicación de los artículos 1.394 y 1.399 del Código Civil, indicando textualmente, lo siguiente:
“…Segunda Delación (sic): Según el artículo 313,2 del Código de Procedimiento Civil en conexión con el artículo 320 ibídem, acuso la infracción del artículo 510 del mismo Código (sic). En la recurrida, su sentenciador se expresó de esta guisa (sic):
(…) Por lo que existiendo en el proceso indicios e instrumentos probatorios mediante los cuales surge para quien juzga la presunción de que….Aristeguieta…, no autorizó el convenimiento del cual se solicita su homologación, inadmiculado (sic) con el hecho de que el poder mediante el cual resulta procedente y en aras de garantizar la justicia, es apartarse del postulado contenido en el único aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Omitido (…) surge para quien juzga, de la apreciación de los indicios y de las pruebas que corren insertas a los autos, en especial del instrumento contentivo de la revocatoria del poder, presunción de que…Aristeguieta, no autorizó tal convenimiento
De esa lectura se infiere que el juez sacó una sola presunción a partir de un único indicio que extrae de un mero instrumento que declaró se revocó el poder al apoderado de ARISTEGUIETA; esto en principio está bien; el juez en condiciones de lograr indicios y presunciones a partir del contenido de un instrumento.
Pero lo que está mal es que base su dispositivo en un solo indicio; la jurisprudencia reciente de la honorable Sala censura ácidamente ese comportamiento de los jueces al grado divulga que siempre provienen de un cúmulo de hechos probados en el proceso con diferentes pruebas para que de este modo en condiciones de ser catalogados como graves, concordantes y convergentes entre sí, (cfr. SCC n.° 148 de 5.04. 2017).
Esta instrucción no fue obedecida por la alzada, puesto que luce que se fundamentó en un solo indicio obtenido de un simple instrumento, con lo que dejó fuera el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil y por vía de contragolpe, viola por falta aplicación el artículo 1.394 y 1.399 del Código Civil por cuanto al dar por demostrado un solo indicio en la forma dicha/ quiere decir que violentó un principio de la prueba circunstancial o crítica de presunciones porque de ese único indicio en la imposibilidad de conseguir la prueba del hecho desconocido, en el caso la no autorización.
Y se invoca la no aplicación porque la alzada ni por casualidad lo citó en favor de la nobleza de su fallo sino que se esmeró en aludir de modo genérico a que siguen indicios y pruebas o instrumentos; mas, de lo dicho, se averigua por mera intuición que solamente sigue un indicio adquirido por intermedio de lo declarado en un solo instrumento, cuando el precepto del artículo 510 ibídem habla de varios indicios algún indicio llegados al conocimiento del juez a través de varias pruebas que convergen en la demostración del hecho presumido y desconocido que necesita ser probado verosímilmente por conjeturas jurídicas.
La infracción sumamente clara porque a criterio de casación, en casos con el que hoy examinamos no sería suficiente, harto y bastante que: “con base en un único indicio, el cual obtuvo de una única prueba, quebrantó el espíritu de la norma delatada, pues como bien se dijo anteriormente, los indicios resultan ser un cúmulo de hechos probados en el proceso con diferentes pruebas” (cfr. SCC .1.152 de 30.09. 2004, 415 de 9.07. 2015 y 889 de 9.12.2016)
Hay una falta de aplicación de las citados preceptos puesto que la alzada ni tan siquiera cita dichas normas, por tanto no hay sitio para aducir su falsa aplicación; pero, viéndolo desde otro enfoque, si el juez las hubiere utilizados, no habría usado el único indicio porque el artículo 510 ibídem observa que deban ser varios y lo peor obtenido de varias pruebas; y por vía directa, tampoco arribar a la presunción de no autorización del convenimiento porque los artículos 1.394 y 1.399 del Código Civil le está diciendo que estas deberán ser graves, precisas y concordantes y no, como actúo (sic) de que desde un solo indicio sacado de un instrumento, lo llevó a presumir el hecho desconocido.
Por consiguiente de no haber incurrido en las infracciones dichas del artículo 510 del citado Código (sic) y de aplicar, además, las otras normas, la situación del dispositivo otra porque, en lugar de negar la homologación, debió ordenar que se efectuara…”. (Subrayado del texto).
El formalizante pretende delatar la falta de aplicación de los artículos 1.394 y 1.399 del Código Civil, al respecto, como fue indicado previamente, aún si hubiera cometido el vicio delatado este no sería determinante del dispositivo del fallo, como quiera que en criterio de esta Sala el poder otorgado al ciudadano Pedro Aristeguieta, fue revocado de forma tácita, en consecuencia, la homologación del convenimiento presentado por el mismo en fecha 3 de diciembre de 2015, resulta improcedente, como fue declarado por la recurrida, en consecuencia, la juzgadora de segunda instancia actuó ajustada a derecho, Así se establece.
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la falta de aplicación, indicando textualmente, lo siguiente:
“…Tercera Delación (sic): Según el artículo 313,2 del Código de Procedimiento Civil en conexión con el artículo 320 ibídem, alegó la infracción del artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil; y el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, y la de los artículos 363 y 364 del Código (sic) de trámite.
Los indicios y presunciones constituyen medios de pruebas admitidos por la ley; se les denomina también prueba indirecta, crítica o circunstancial. Fuente de conflictos en cuanto que si son conceptos o figuras jurídicas equivalentes o diferentes; nuestro Código (sic) de rito, en su artículo 510, preceptúa que los jueces apreciarán los indicios y calla con respecto a las presunciones; lo que permitiría concluir que son lo mismo, pero, a todo lo largo de su historia, en su doctrina el alto Tribunal, los hace diferentes.
En el caso concreto, la alzada para negar la homologación de rigor pasó por indicios y presunciones; así lo puso al descubierto expresamente en el texto de la recurrida; por cierto indicios que no precisó ni de dónde los extrajo; pero, igualmente deja correr que acudió a otras pruebas e instrumentos de los que obtuvo presunciones y lo expresó de la siguiente manera:
(…) de la apreciación de indicios y de las pruebas que corren insertas en los autos, en especial el instrumento contentivo de la revocatoria del poder, presunción de que…Aristeguieta, no autorizo el poder.
Por consiguiente, el juez de la alzada quebrantó las reglas que regulan al pie de la letra el mecanismo de la prueba por indicios y presunciones.
Pues, si se acude al indicio y a la presunción que de él se logra por medio de una pluralidad de pruebas que convergen por graves y concordantes para establecer el hecho, que será conocido después que encuentra su comprobación en esos otros medios de pruebas; en esa coyuntura, si la revocatoria del poder fue un hecho litigioso alegado amén de controvertido en el incidente abierto con ocasión a la solicitud de homologación del convenimiento, no hay más que indagar, el instrumento lo demostró directamente; por tanto, no necesitó de indicios y menos de presunciones para dar por cierta la revocatoria del mandato. Es de recordar que el indicio no funciona como prueba plena o derivado de cualquier hecho distinto al que se averigua (cfr. Memoria 1945, Tomo (sic) II, pág. 326; GF n° 8, Vol., 2 et., pág. 109) y GF n.° 140, Vol. III, 3 et., pág. 1.504)
El hecho conocido y demostrado debe estar en relación directa con el que se trate de probar; no otro que la no autorizo el convenimiento; ese instrumento probó dicha revocatoria, efectiva después de haberse celebrado aquel acto de autocomposición y nunca en capacidad de comprobar un indicio y menos por medio de un solo medio de prueba: el instrumento de revocatoria.
No hay más remedio, ese instrumento no sirvió para extraer la presunción dicha porque, fue destinado exclusivamente para probar la revocatoria- que fue un hecho alegado con la oposición- y nada más; el “no autorizó el convenimiento”, que fue la presunción a que arribó la alzada; en este caso, se nos antoja fuera de lugar.
En este trance, la alzada violó por falta de aplicación, los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil porque el documento auténtico, equiparable a los efectos de este recurso de casación, a un instrumento público dio fe de los hechos jurídicos que declara haber oído y visto, de donde se certifica la verdad de lo declarado por el otorgante del instrumento. En vista de esto, el instrumento revoco (sic) en todas sus partes el poder judicial que ARISTEGUIETA confirió a su hermano el 27 de septiembre de 2007; ese es el hecho controvertido que fue comprobado por ese documento, más no, al ser prueba directa de dicho hecho, derivar la presunción en comento.
En todo caso, se insiste que la alzada, si haber vamos, derivó de un único medio de prueba, una presunción, pero no logró explicar en el fallo de que otros medios de pruebas se valió para incorporar al proceso ese indicio, ya que solo atinó a decir a secas que “de la apreciación de indicios y de las pruebas”, y nada más. Ya por aquí quebrantada el artículo 510 ibídem, por falta de aplicación, pues de haber aplicado habría caído en la cuenta que necesitó de varias pruebas y de varios indicios y no de uno aislado y solitario, como se expresó antes.
Resueltamente, desconocidos por la alzada, los principios que rigen la prueba de presunciones y al mismo tiempo ignora el juez “la verdad que aparece del propio expediente” (Cfr. GF n.° 4, 2 et., Pág. 723 y 724).
En este estado de cosas, al comportarse así, la alzada al sacar una presunción de un documento que, a lo sumo, probaba un hecho litigioso de modo directo, quebrantó las reglas que descubren los principios de las presunciones, pues el hecho demostrado y conocido a través del instrumento contentivo de la revocatoria, lo que comprueba es un hecho controvertido mas no será útil para certificar el hecho desconocido que importa a la controversia y por tanto controvertido, porque no necesita de la prueba critica (sic) o circunstancial de presunciones.
Luego al arribar que con ese medio de prueba descubre para el proceso la presunción de que “no autorizó el convenimiento”, esto queda sin sustento.
Violados por falta de aplicación, los artículos 1.394 del Código Civil y 1.399 del Código Civil, puesto que de haber tenido en cuenta los supuestos legales genéricos desarrollados en sus preceptos, no habría sacado esa presunción; porque urge que el juez indague la existencia de un hecho conocido que no importa a la controversia y en el caso, no fue así, como quedó explicado. Volvemos a insistir que la alzada no se amparó en ninguna norma jurídica que apoye sus consideraciones probatorias.
Con lo que dejó de aplicar el artículo 1.394 ibídem; y el otro, el 1.399 ibídem porque se hizo uso de una única prueba para fijar un indicio, cuando en verdad, según casación, este habrá de quedar fijado para el proceso a través de varias pruebas que converjan, concurran y sean graves en apuntar a ese hecho desconocido; pero, también a contrapié violado el artículo 510 del Código de Procedimiento, porque si lo hubiere empleado para resolver el conflicto, no habría utilizado la presunción a que arribó…”.
Se observa que el formalizante de forma confusa denuncia la falta de aplicación de los artículos 1.359, 1.360, 1.394 y 1.399 del Código Civil, nótese que en relación con las dos primeras disposiciones mencionadas, fueron denunciadas en la delación anterior, ahora bien, esta Sala no entra a conocer la presente denuncia, en virtud que aún si la recurrida hubiera cometido el vicio delatado este no sería determinante del dispositivo del fallo, ya que esta Sala concluyó que el poder otorgado al ciudadano Pedro Aristeguieta, en fecha 7 de septiembre de 2007, fue revocado de forma tácita, en consecuencia, la homologación del convenimiento presentado por el mismo en fecha 3 de diciembre de 2015, resulta improcedente, como fue declarado por la recurrida, en consecuencia, la juzgadora de segunda instancia actuó ajustada a derecho. Así se establece.
RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2017
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4°, por haber incurrido la alzada en el vicio de inmotivación.
“…RECURSO CONTRA LA DEFINITIVA DE 10 DE MAYO DE 2017. Recurso por defecto de actividad
Según el artículo 313,1 del Código de Procedimiento Civil le hago el cargo de inmotivado al fallo dictado por la jueza sentenciadora de la recurrida.
Aquí vamos encarar esa falta de motivación; el juez interpreta bien el contenido de la prueba informática y a ese respecto lo copia; y luego al entrar a valorarla se afinca en un mero no; utiliza una expresión sincopada por el que llega a una conclusión de su trabajo probatorio, pero no pasa por premisas.
Enteramente, entre aquella interpretación que se hace de un medio de prueba como paso previo del estudio y trabajo probatorio y la valoración propiamente dicha, se encuentra un estado intermedio: el de la calificación jurídicaque el juez ha de efectuar a los hechos establecidos en la prueba; esto es una cuestión de puro derecho; esencial esta actividad porque sólo mediante ella, es que podrá el juez aplicar la norma que cuadra a los hechos constatados por esa prueba y verificar si “hallan asiento en el supuesto de hecho genérico previsto en la norma” (cfr. GF n.° 61, pág. 276).
De la pálida argumentación realizada por el ad quem para sostener su opinión jurídica, se nota que señaladamente afirma que “no se desprende inequívocamente para esta juzgadora la existencia del contrato verbal” y luego la remata: “en cuanto a que no se traduce como un reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones pactadas en el año”.
Debió y no hizo hacer entrar en sus análisis, hechos que constan en el correo electrónico que van más allá del simple reconocimiento a ese contrato verbal; a saber: a) La adquisición se hizo a mi nombre por razones obvias en el año 1998; hecho afirmado en la demanda y negado con la contestación; b) …se me ha planteado que la venda y la coloque a nombre de Mamá (sic) y Francisco. Hecho alegado por la actora y negado por los demandados; c) Seria (sic) una insensatez colocarla a nombre de mama (sic) por razones sucesorias e impositivas. Hecho alegado por CORREA, pero que la parte demanda (sic) niega, pero también relapso en poner la casa a nombre su madre, un reconocimiento claro de no cumplir; d) Ese bien es de nuestra Madre (sic); entonces, no que es de él como afirmó al contestar la demanda.
Repetimos, la jueza sentenciador, si (sic) vio el correo y sobre el mérito de los artículos 395 y 431 del Código de Procedimiento Civil, fue de la idea de que redundaba en estéril a los efectos de la controversia Y si bien, puntualizó, en su labor de interpretación del medio, se preocupó en transcribir los hechos ahí declarados, debió una vez constatados que si sucedieron, pasar a otra tapa de carácter intelectual, el de hacer su calificación jurídica, esto es enjuiciarlos para al final verificar si mediante su mediación, los hechos primero importaban a la controversia y después si obran para probar lo alegado en el escrito de la demanda sobre la cuestión de que ARISTEGUIETAy su esposa se negaron a cumplir el contrato de verbal; el de que CORREA sea la dueña, declarado ahí (sic); el de que, será una insensatez traspasarle el bien que todavía está a su nombre, son hechos que necesariamente interesan en abstracto a la controversia, mas, a despecho de esto, no quiso la alzada analizarlos.
Fácil deducir que esto constituyó un antecedente o premisa lógica para comprender que la alzada efectuó un análisis detallado y completo del correo electrónico; sin que se llene este extremo, muy difícil que la alzada se halle en situación óptima para aplicar el tipo legal que corresponda a los hechos establecidos para el proceso, eso si (sic), no solo mencionar los hechos, como ocurrió en este caso, sino ir más allá y entrar a calificados debidamente; Lo que no hizo y la hace acreedora de tildarla de inmotivada.
Más todavía la alzada asevera que ese medio de prueba resulta inútil, inservible para la causa, cuando en verdad, debió y no hizo hacer conato en ellos porque fueron hechos establecidos como ciertos por la alzada, por lo que en sana actitud debieron ser objeto de calificación jurídica y no escudarse en un no, como lo hizo. No existe una conexión entre aquello que la alzada declara establecida y la valoración que hizo del correo, vemos la ausencia de una explicación qué efecto tienen esos hechos en el mérito del medio.
Buenamente colegir se incurrió por la sentenciadora en una petición de principio, un razonamiento circular que a nada llega en el delicado oficio de valoración probatoria; por eso, en esta parte de la formalización invocamos una falta de motivación en el análisis probatorio.
Si a ver se va, quebrantado el artículo 243, 4 del Código de Procedimiento Civil porque esa parte del análisis de la pruebas aparece desguarnecido jurídicamente porque la alzada no se ocupó de fundamentar esa conclusión…”.
De la precedente transcripción se desprende que el formalizante delata el vicio de inmotivación del fallo, señalando que existe falta de motivación de la sentencia del juez superior, ya que se fundamenta en simplemente negar que el correo electrónico aporte elementos de convicción, agregando que debió analizar los hechos lo cual en su criterio va más allá que del “…simple reconocimiento a ese contrato verbal…”, ya que considera que la recurrida debió verificar si de su contenido se extrae lo alegado en el libelo de la demanda, en relación que los co-demandados se negaron a cumplir el contrato verbal; que la demandante es la dueña, del inmueble objeto de controversia, ya que dicho correo señala “…que una insensatez traspasarle el bien que todavía está a su nombre…”, por tanto considera que hay unos hechos establecidos como ciertos por la alzada, que se niega a reconocerlos, sin constar ninguna explicación sobre “…qué efecto tienen esos hechos en el mérito del medio…”.
Respecto del vicio de inmotivación, esta Sala ha sostenido que existe cuando el sentenciador omite totalmente los motivos de hecho o de derecho, o se contradicen los unos con los otros, o son tan vagos o inocuos que impiden conocer el criterio jurídico, ver sentencia N° 000361 de fecha 28 de junio de 2013, Exp. N° AA20-C-2013-000092, caso: incidencia de medida cautelar, surgida en el juicio por daños y perjuicios seguido por la ciudadana Francy María Tononi Mendoza, contra el ciudadano Pedro Rafael Jiménez, cuyo extracto señaló lo siguiente:
“…Sobre el particular, la doctrina ha establecido de manera reiterada que una sentencia es inmotivada: “…a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, y; d) Cuando hay una contradicción en los motivos…”. (Vid. sentencia N° 183, de fecha 25 de mayo de 2010, caso: Desarrollos Punta Alta Despunta, C.A., contra Chevron Texaco Corporation).
En efecto, esta Sala indica que el vicio de inmotivación del fallo se configura cuando los argumentos son ambiguos o indeterminados; exista ausencia absoluta de motivos de hecho y de derecho por el juez para fundamentar su decisión; o los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicción o entre éstos y la dispositiva…”.
Asimismo, respecto a este vicio ha establecido de forma reiterada esta Sala que el mismo, se configura igualmente, cuando el juez da por cierto un hecho sin indicar el medio probatorio, que lo lleva a dicha convicción, tal es el caso de la sentencia N° 362 de fecha 16 de noviembre 2001, Exp. N° AA20-C-2000-000171, caso: juicio por cumplimiento de contrato de promesa de venta seguido por el ciudadano Alí Muñoz, contra la sociedad mercantil Promotora Turística Puerto Bahía C.A., en la cual estableció lo siguiente:
“…Por tanto, si el juez afirma un hecho sin acreditar el respaldo probatorio que lo soporta, se estará en presencia, eventualmente, de un defecto en la motivación de la sentencia, mas no en el del vicio de suposición falsa, pues para que éste se verifique se requiere, como ya se indicó, que el juez soporte el establecimiento del hecho en una prueba que especifica en cuanto su existencia y valor probatorio, y de la revisión de las actas procesales se constata que la prueba referida por el juez no aparece en el expediente.
En sentencia de 22 de octubre de 1998, al referirse al segundo caso de suposición falsa, la Sala estableció lo siguiente:
“(…) Si el Juez (sic) afirma en forma general que un hecho está probado, sin señalar un concreto elemento probatorio, tal fallo estará viciado por inmotivación, no por suposición falsa…”. (Negrillas de la Sala).
Hechas estas apreciaciones, nótese que el formalizante al fundamentar la denuncia, no hace referencia a los supuestos bajo los cuales se configura el vicio de inmotivación, no obstante, esta Sala extremando una vez más sus funciones pasa a conocer si la recurrida incurrió en dicho vicio, al respecto constata esta Sala, que la jueza del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, fundamenta su decisión con base en los siguientes argumentos:
“…En cuanto a los hechos controvertidos, se observa que la parte demandada negó la existencia del contrato verbal, negó que haya recibido de la ciudadana Carmen Graciela Correa, cantidad de dinero con el objeto de comprar a nombre de ésta el inmueble objeto de la presente controversia, así como el hecho de que se haya comprometido a adquirir dicho bien para luego hacer el traspaso de la propiedad a nombre de la actora.
El artículo 1.354 del Código Civil, establece que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Por su parte el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil contempla que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
En consecuencia, para la procedencia de la presente acción de cumplimiento de contrato verbal, corresponde al actor la carga de probar la existencia del contrato verbal, el pago del precio en las cantidades y fechas alegadas y el incumplimiento de parte del demandado en su obligación de formalizar el traspaso del inmueble.
En el caso que nos ocupa, la parte actora acompañó a su escrito libelar las siguientes documentales: (…) Promovió marcado “C”: Documento electrónico contentivo de impresión en la pantalla de recepción de mensajería de correos electrónicos, impresión de mensaje de correo electrónico e impresión de un documento adjunto, cuya dirección de correo electrónico del emisor es franaris@hotmail.com, asociada al usuario Fernando José Aristeguieta Correa, y de la dirección de los correos receptores son: paristegieta@yahoo.cpnfranaris@hotmail.com, rodolfoaristeguieta@autlook.com, ariste@hotmail.com, Graciela_aristeg@bellsouth.net, madmagies@aol.com, de fecha 21 de agosto de 2014, inserta al folio 70 al 79 de la pieza N° 1, del cual se constata el siguiente contenido:
CASA DE LOS LIBERTADORES:
La adquisición se hizo a mi nombre por razones obvias en el año 1998.
a raíz de la remodelación que hiciera Francisco para su uso y disfrute, se me ha planteado que la venda y la coloque a nombre de Mamá y Francisco.
Sobre esta petición debo decir lo siguiente:
Frank NUNCA expuso PREVIAMENTE esta condición para la remodelación.
i.i Tampoco aclaró el ALCANCE de la remodelación.
iii. Sería una insensatez colocarla a nombre de mama por razones sucesorales e impositivas.
Ese bien es de nuestra Madre y mi posición es que nadie pueda disponer del mismo hasta que haya dejado esta tierra.
En caso de que TODOS acuerden que debe trasladarse la propiedad en estos momentos, entonces Frank debe adquirir la casa por completo,….”
Los cuales se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 395 y 431 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, adminiculado a la experticia informática promovida por la representación judicial de la parte actora, cuyo informe pericial riela a los folios 119 al 133 de la pieza N° 1, del análisis de la precitada documental no se desprende inequívocamente para esta juzgadora la existencia del contrato verbal, del cual la parte demandante solicita su cumplimiento, es decir, no conteste con la interpretación del a quo, en cuanto a que no se traduce como un reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones pactadas en el año 2000, y así se establece.
De las pruebas promovidas y valoradas favorablemente por esta sentenciadora, se evidencia que la actora no logró demostrar la existencia de un contrato verbal, entre su persona y los ciudadanos Fernando José Aristeguieta Correa y Samira Elena Saap de Aristeguieta, sobre el bien inmueble identificado supra, y como consecuencia de dicho contrato la obligación a cargo del codemandado Fernando José Aristeguieta Correa, de hacer la tradición legal y traspaso a la actora de inmueble objeto de la controversia, razones por la cual lo procedente es declarar sin lugar la acción por cumplimiento de contrato verbal, y así se declara…”.
Ahora bien, la recurrida en la oportunidad de valorar dicha prueba electrónica, con fundamento en los artículos 395 y 431 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, concluye que de la misma no se desprende la existencia del contrato verbal, manifestando su desacuerdo con el tribunal a quo en cuanto a que dicha prueba se desprenda el reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones, sobre lo cual considera esta Sala que el análisis intelectual es lógico con vista que la recurrida parte de la premisa, que para la procedencia de acción de cumplimiento de contrato verbal, corresponde al actor la carga de probar la existencia del contrato verbal, así como accesoriamente, el pago del precio en las cantidades y fechas alegadas y el incumplimiento de parte del demandado en su obligación de formalizar el traspaso del inmueble, siendo pertinente en primer término verificar la existencia del contrato verbal, a los fines profundizar en cuanto a su cumplimento posterior.
Con vista a ello el tribunal ad quem declara en el dispositivo del fallo sin lugar la apelación y sin lugar la demanda.
Ahora bien, en cuanto a la valoración del correo electrónico impreso, la recurrida procede acertadamente, por cuanto se sustenta en el artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, sobre esta materia la Sala se ha pronunciado en reiteradas decisiones, entendiéndose que poseen el mismo valor probatorio al que tienen las copias o reproducciones fotostáticas simples, por lo que podrá ser desvirtuado a través de cualquier otro medio de prueba regulado de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en relación con el valor probatorio de los mensajes de datos o correos electrónicos, (ver sentencia N° 369 de fecha 15 de junio de 2016, caso: juicio por resolución de contrato de obra, incoado, por la empresa Orion Realty, C.A., contra el ciudadano Franklin del Valle Rodríguez Roca, expediente N° 2015-909).
Con vista a las motivaciones antes señaladas, se observa que el tribunal ad quem, realiza el análisis del medio probatorio en cuestión, correo electrónico, infiriendo que del mismo no se desprende la existencia de un contrato verbal, supuesto de hecho en el cual se fundamenta el presente juicio, asimismo, no da por establecido ningún hecho sin mediar las motivaciones pertinentes, lo cual configuraría el vicio de inmotivación.
Observándose que la juez superior, conforme con lo antes indicado, analizó la prueba, realizó un examen de la misma, lo cual permite a la Sala concluir que el juzgador de instancia sí valoró dicha prueba, del cual no deriva ningún hecho. En todo caso, si el recurrente considera que el juzgador no arribó a las conclusiones e inferencias que -según su criterio- deben colegirse de la referida probanza, ello no configura el vicio de silencio de prueba, por lo que debió ser planteado a través de otra denuncia, lo cual ha sido reiterado por la doctrina de esta Sala, entre las cuales vale mencionar sentencia N° RC-200, de fecha 1 de junio de 2010, caso: Elías José Nederr Donaire, contra Ana Elisa Ibarra, expediente N° 09-574, ratificado en sentencia N° 754, de fecha 16 de noviembre de 2016, la cual textualmente señaló lo siguiente:
“…Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil…”. (Negritas de la Sala).
Conforme con el criterio antes transcrito, esta Sala ratifica que si el formalizante con su denuncia pretendía discutir su inconformidad con la apreciación efectuada por la juez de alzada del acervo probatorio, específicamente del medio electrónico cursante en autos, debió fundamentar su denuncia de infracción de ley, por casación sobre los hechos, en torno al establecimiento y valoración de las pruebas, pues la inconformidad con el análisis de los medios probatorios, su incorporación a juicio y la valoración que hace el juez de las pruebas, no comporta el vicio de inmotivación, tal como lo ha señalado esta Sala, siendo que las mismas van dirigidas a controlar otra actividad intelectual del juez distinta a la aquí planteada.
Conforme con las consideraciones expresadas, no se configura de esta manera, el vicio de inmotivación, puesto que el juez de la recurrida como se evidenció, valoró la prueba en referencia, por consiguiente, analizó el contenido de la misma.
Por las razones anteriores, la presente delación deberá ser declarada improcedente. Así se decide.
“…Primera Delación (sic): Según el artículo 313,2 en combinación con el 320, ambos del Código de Procedimiento Civil la infracción del artículo 479, 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil.
La causa en términos absolutos estriba en una demanda de cumplimiento verbal de venta de un inmueble ubicado en la Urbanización (sic) “Parque Los Libertadores”; que, el precio fue pagado por CORREA producto de una venta anterior efectuada por una compañía que ella representaba; que, se acordó colocar la propiedad a nombre de su hijo, FERNANDO JOSÉ y de su esposa, SAMIRA HELENA SAAP; que, siempre lo poseyó durante quince (15) años; que, la venta consta en documento auténtico de 28 de febrero de 2000; que, fue pacto expreso de que la negociación no se protocolizara en la oficina de registro público.
Que, después de todo FERNANDO JOSÉ y SAMIRA HELENA se negaron a cumplir con lo convenido verbalmente y se niegan hacer la tradición del inmueble; circunstancia más que demasiada para justificar el intentar una pretensión de cumplimiento de contrato verbal.
Con vista a que los demandados negaron sistemáticamente la demanda, no obstante reconocer que existe “vinculo (sic) filial” con la actora y admitir estar casado con SAMIRA HELENA, con todo y esto, se alegó por FERNANDO JOSÉ fue y ha sido el dueño del inmueble y haber aceptado que su madre continuara (sic) ocupándolo porque así lo acordaron voluntariamente.
Siendo que, por la forma cómo se contestó la pretensión deducida, correspondió a CORREA la carga de la prueba, por lo que ésta promovió y evacuó como testigos a FRANCISCO ARISTEGUIETA CORREA, PEDRO ELIAS (sic) ARISTEGUIETA CORREA Y BEATRIZ ARISTEGUIETA CORREA.
Los demandados objetaron las testificales por estar incursas en la prohibición estatuida en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil; mientras la alzada dispuso: “las cuales se desecha de conformidad con lo establecido el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes o descendientes, y así se establece”.
De ayer a hoy, las cosas han cambiado por la gracia de los modernos postulados constitucionales sobre la naturaleza y razón de ser del proceso, usado este como un mecanismo para lograr la justicia por encima de toda otra consideración.
Para 1.987, año de la publicación de nuestro actual Código de rito, se podría sostener con gran ventaja que el artículo 479 ibídem rige por todo lo alto sin que al punto pudiera originar disputas.
Esto es, tildar a esos testigos de incapaces se traduciría en abrir una brecha a la injusticia y autorizar a desprestigiarlos y degradarlos por adelantado sin que previamente dar oportunidad al juez, el utilizar la sana crítica para calibrar esos testigos, que pese a que tienen la calidad de parientes, como dice VOLTAIRE y ratifica CAPPELETTI, en palabras de SENTÍS: “ha podido ver bien y oír bien”.
Más, no resulta ser total y fielmente correcta su aplicación irrestricta; desde hace mucho tiempo los juristas han hecho resistencia a esa prohibición de que los parientes y familiares no sirven como testigo en una causa, bien a favor o en contra de otros familiares y parientes.
Ni siquiera en gracia de discusión cabe sacar los testigos porque, en un asunto reservado al conocimiento de la familia, no parece acertado dejar fuera a los parientes que son los únicos en capacidad de dar la mayor y mejor información de lo sucedido; adquieren la calidad de testigos necesarios porque sobre el mérito a las circunstancias especiales en que se halla el testigo, su declaración útil e importante, no obstante estar investido de una singular inhabilidad para testificar y justamente, esa relación de parentesco es la que transforma su declaración en esencial y crucial en orden a que su condición de más allegados “tienen la mayor oportunidad para conocer los hechos y estar mejor informados” (Cfr. Alsina, Derecho Procesal Civil y Comercial Tomo (sic) II, pág. 486)
Ahora bien, en la especie, necesariamente ha de enjuiciarse de modo más cauto el de sacar de cuajo a los testigos sobre el mérito del precepto contenido en el articulo 479 ibídem.
Porque conduce a lo injusto. Entendemos, por ejemplo que si CORREA hubiere demandado a un tercero, no le será posible hacerse de parientes como testigos para que declaren en su favor; como tampoco plausible que aquel tercero que la demande se haga ayudar de sus parientes para que declaren en su contra. Esto es muy claro.
Pero dónde la cuestión se complica es un caso del tipo que se ha conocido en esta causa. Según Correa, su hijo y nuera o hija política, se comprometieron a cumplir un contrato de traspasar un inmueble, cuyo precio se pagó con dinero de un compañía representada por CORREA, que durante 15 años, desde el momento de la autenticación de la compra que hicieron el hijo y la nuera, CORREA poseyó el bien; pero, ahora resultó que ni el hijo ni la nuera quieren hacer la tradición del bien.
Con el fin último de probar los hechos afirmados en la demanda para dar lugar a la aplicación de la norma que cabe al caso, CORREA buscó los testimonios de otros hijos, quienes declararon lo que sabían en torno a ese negocio.
La alzada los desechó de plano y pleno por estar incursos en la inhabilidad prevista en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil y por esa exclusiva razón desembarazada de analizar el fondo de lo declarado por ellos.
Esos testigos asumieron la calidad de necesarios o, en voz de CARNELUTTI, testigos que no pueden ser reemplazados; porque siendo el negocio celebrado revestido de singular reserva, conocido sólo por el ámbito familiar, bastante que imposible, el de recolectar testigos en personas extrañas al núcleo familiar, son éstos, como dice Alsina, los más allegados se entienden como lo idóneos para saber a ciencia cierta de los intríngulis del mismo.
Significa que para CORREA impedida hacerse de testigos; y dentro de esta trama, quiénes los únicos con la capacidad moral de dar información del alcance del negocio, cuyo cumplimiento se pide; no otros que la familia, los hermanos, los primos.
Pensar lo contrario, primero, seria (sic) estimular el uso de testigos insinceros o falsos, lo que hubiera comprometido la responsabilidad y conciencia de CORREA, de ahí que como recurso de último minuto acudió a sus hijos como testigos; quitarle esa posibilidad o expectativa daría paso a una injusticia notoria, como indican ROCHA y CARNELUTTI.
En redondo, debió recibirse el testimonio, mas (sic) no excluirlo de plano sino el de considerar el mérito de cara a las declaración que sigan al interrogatorio; luego coordinarlas con los otras para valorar bien la fidelidad, verificar si son contestes; y confrontarlas con otros medios de pruebas, porque esa sensación de conjunto será la que, a la postre, dará contenido a la convicción del juez sobre el problema judicial sometido a consideración y resolver el conflicto mediante una decisión prudente y comedida basada en serios y contundentes razones y no servirse de un fallo abrupto, precipitado y, precipitado como el de la especie.
Esos testigos, pese a que les podrá caber el calificativo de sospechosos o imparciales, con todo y eso, debió la alzada examinar el interrogatorio a que fueron sometidos para sacar a verdad y la justicia, a cuyo afin asesorado por un sistema de alto rendimiento social como la sana critica (sic) que, en definitiva se traduce en un antídoto contra la mentira y la falta de fiabilidad de los testigos.
Conexo con todo lo anterior, se pide a la honorable Sala desaplique para el caso concreto, el artículo 479 del Código Civil porque choca contra los principios y espíritu de la Constitución que vela por la preservación de un Estado de Justicia, concepto que cambió radicalmente la función de nomifilaquia de Casación (sic), en el sentido anotado anteriormente; por esa exclusiva razón hizo la alzada una falta aplicación de dicha norma.
Debió aplicar el articulo (sic) 507 del Código de Procedimiento Civil porque, con todo y la aparente parcialidad y sospecha de los testigos, ello no obstaculiza que vea toda la declaración de los testigos, interprete el contenido de sus declaraciones y luego, valore el contenido de ellas; la sana critica (sic) en este caso es una herramienta útil para fijar en la imparcialidad e integridad y honradez de los testigos.
Y violó por falta de aplicación el articulo 508 del mismo Código (sic) porque haciendo exclusión de la inhabilidad prevista en el articulo (sic) 479 ibídem, luce proporcionado a que debió concentrarse en el fondo de las declaraciones abonadas por ellos y no pasarlas por alto; para después considerar las reglas de la sana critica (sic) preconcebidas expresamente en ese precepto y, realizado esto cumplir con otras de tarifa legal como la de examinar si las declaraciones de los testigos concuerdan entre sí y con las demás pruebas y claro analizar cada una de ellas íntegramente. Debió la alzada utilizar la norma para efectuar una correcta y justa valoración probatoria sin estorbo a la calidad de parientes de los testigos como la Sra. CORREA…”.
Respecto del vicio de falta de aplicación de una norma, reiteradamente esta Sala ha sostenido que se configura cuando el juez no emplea una norma jurídica, expresa, vigente, aplicable y subsumible, la cual resulta idónea para la resolución de la controversia planteada. Asimismo, en cuanto a la técnica que debe emplear el formalizante, como ya lo ha señalado de forma reiterada la doctrina de la Sala, por ser la carga procesal más exigente impuesta al recurrente, observándose que la presente denuncia, contiene argumentos imprecisos y vagos, de modo que no respecta la técnica casacionista establecida,
Ahora bien, no obstante, las consideraciones previas, esta Sala extremando sus funciones, una vez más entra a conocer la presente delación, entendiendo que el formalizante pretende denunciar la falta de aplicación de los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, alegando en tal sentido, en primer lugar, que los demandados negaron la demanda, no obstante reconocieron que existe “vínculo filial” con la actora, correspondiendo la carga de la prueba a la demandante, quien promovió como testigos a los ciudadanos FRANCISCO ARISTEGUIETA CORREA, PEDRO ELÍAS ARISTEGUIETA CORREA y BEATRIZ ARISTEGUIETA CORREA, quienes son sus hijos, agrega que los co-demandados objetaron dichas testimoniales, por estar incursas en la prohibición estatuida en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil; lo cual fue declarado procedente por la recurrida, considerando que conforme con los postulados constitucionales se debió valorar a dichos testigos, para evitar una decisión injusta, adminiculándolo con los otros medios de prueba, solicitando se desaplique para el caso concreto, el artículo 479 del Código Civil, considerando, por consiguiente, que se debió aplicar los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, y examinar las declaraciones de los testigos.
“…Llegada la oportunidad procesal para presenta escrito de promoción de pruebas, la parte actora reprodujo el mérito de los autos, especialmente todos aquellos hechos que formaron parte de la demanda y que fueron admitidos por los demandados, así como aquellas que formaron parte de la comunidad de la prueba en razón al principio de adquisición procesal.
Promovió las testimoniales de los ciudadanos Graciela Aristeguieta Correa, Rodolfo Aristeguieta Correa, Alí Francisco Álvarez Dávila, Elsa NurySacasas de Aristeguieta, Esnay Rodríguez, Marta Bravo de Aristeguieta, Mirna Pérez Franco, Anna Aristeguieta Pérez Franco, Esnay Rodríguez, Marta Bravo de Aristeguieta, Mirna Pérez Franco, Anna Aristeguieta Pérez Franco,quines no comparecieron al acto de declaración, por lo que esta juzgadora no tiene que valorar.
Asimismo, promovió las testimoniales siguientes: Ciudadano Francisco Aristeguieta Correa, venezolano, mayor de edad, quien al ser interrogado respondió en estos términos: (…)
PRIMERA: Diga el testigo si conoció de vista, trato y comunicación a los ciudadanos Fernando Aristeguieta y SamiraSaap de Aristeguieta: “Si, los conozco de vista, trato y comunicación por cuanto el señor Francisco es mi hermano y Samira es mi cuñada”.
Ciudadano Pedro Elías Aristeguieta Correa, venezolano, mayor de edad, quien al ser interrogado respondió en estos términos:
PRIMERA: Diga el testigo si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Fernando Aristeguieta Correa y Samira Saap. Contestó: Si los conozco de vista trato y comunicación, son mi hermana y mi cuñada.
Ciudadana Beatriz Aristeguieta Correa, venezolana, mayor de edad, quien al ser interrogado respondió en estos términos:
PRIMERA: Diga el testigo si conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Fernando Aristeguieta Correa, SamiraSaap de Aristeguieta. Contestó: si, si los conozco Fernando es mi hermano y Samira es mi cuñada.
SEGUNDA: Diga el testigo si conoce de vista trato y comunicación a la ciudadana Carmen Graciela Correa. Contestó: si la conozco es mi madre
Las cuales se desecha de conformidad con lo establecido el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes o descendientes, y así se establece.
De las pruebas promovidas y valoradas favorablemente por esta sentenciadora, se evidencia que la actora no logró demostrar la existencia de un contrato del verbal, entre su persona y los ciudadanos Fernando José Aristeguieta Correa y Samira Elena Saap de Aristeguieta, sobre el bien inmueble identificado supra, y como consecuencia de dicho contrato la obligación a cargo del codemandado Fernando José Aristeguieta Correa, de hacer la tradición legal y traspaso a la actora de inmueble objeto de la controversia, razones por la cual lo procedente es declarar sin lugar la acción por cumplimiento de contrato verbal, y así se declara…”
De la presente transcripción parcial del fallo recurrido, esta Sala de Casación Civil, desechó a las testimoniales de los ciudadanos Francisco Aristeguieta Correa, Pedro Elías Aristeguieta Correa, Beatriz Aristeguieta Correa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 479 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido es el siguiente:
“…Artículo 479: Nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes o descendientes o de su cónyuge. El sirviente doméstico no podrá ser testigo ni en favor ni en contra de quien lo tenga su servicio…”.
En este sentido, sobre estos particulares, esta Sala ha establecido criterio, entre las cuales vale mencionar la sentencia N° 504 de fecha 25 de julio 2007, Exp. N° 2017-000205, caso: demanda merodeclarativa, de simulación y reivindicatoria, incoada, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela, C.A. (Inverbanco), contra los ciudadanos Román García Machado y otros, y la sociedad mercantil distinguida con la denominación Meridian Investments A.V.V., la cual señaló textualmente lo siguiente:
“…Finalmente, esta Sala respecto al análisis de la prueba de testigos, en sentencia N° RC-448, de fecha 20 de diciembre de 2001, caso de Francisco Vieira De Abreu contra Barinas E. Ingeniería, C.A. y otro, expediente N° 01-158, señaló lo que a continuación se transcribe:
“…En este sentido, la Sala ha señalado lo siguiente:
“…En este orden de ideas, la Sala aprecia que la frase ‘regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba,’ tiene relación con el tradicional sistema de tarifa legal, que ha venido siendo desplazado con la incorporación a los textos legales de las reglas de la sana crítica y de la libre convicción. Por tanto, la inclusión en las normas jurídicas de las reglas de la sana crítica, transforma a éstas en un método de valoración impuesto al Juez por disposición de la Ley, en el que el mérito de la prueba lo obtiene el Juzgador después de utilizar en su análisis las reglas de correcto entendimiento humano, como también lo expresa Rengel Romberg, citado en el texto de la obra de Márquez Añez, ‘El Recurso de Casación, la Cuestión de Hecho y el Artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.’
Por todos los argumentos expuestos, la Sala abandona la doctrina imperante desde el 23 de mayo de 1990, estableciendo que a partir del presente fallo el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil debe ser considerado como regla de valoración de la prueba testimonial.
En consecuencia, es obligatorio para el Juez:
3.- En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias…”. (Subrayado y resaltado de la Sala).
Así pues, la Sala reitera el criterio jurisprudencial citado, y por tanto, considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación testifical y su determinación es una cuestión subjetiva.
De igual manera, respecto al artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, el mismo constituye tan sólo las inhabilidades de carácter relativo de los testigos, asimismo, el artículo 479 eiusdem, refiere a la imposibilidad de testificar en contra ni a favor de sus ascendientes o descendientes o de su cónyuge; (…)
El Juez (sic) deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones,y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación (sic), cuando el Juzgador (sic) incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva…”. (Destacados de la sentencia).
Por tanto considera, que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva, y sólo es atacable en casación conforme a la doctrina de esta Sala antes citada, mediante una denuncia por infracción de ley y en el sub-tipo de casación sobre los hechos, si cometió un error en el establecimiento y valoración de los hechos, que lo condujo a la infracción de la ley, más no, si se ataca el razonamiento que emitió de forma soberana sobre la validez o no de sus deposiciones como una labor de juzgamiento privativa del juez de instancia.
Por lo cual, y en consideración a todo lo antes expuesto, esta Sala desecha la presente denuncia por falsa aplicación del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, y por falta de aplicación de los artículos 12, 478, 479 y 480 eiusdem. Así se decide…”. (Subrayado y negrilla del texto).
En este sentido, ha sido criterio de esta Sala que el juez debe acatar en la valoración de la prueba testimonial, los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, las cuales consagran incapacidades para rendir declaración y, por ende, “…la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles…”, asimismo, ha aseverado la Sala que los fundamentos para desechar un testimonio escapa del control de la Sala, considerando que el juez es soberano sobre dicha determinación, reiterándose que es atacable en casación a través de una denuncia por infracción de ley y en el sub-tipo de casación sobre los hechos, si cometió un error en el establecimiento y valoración de los hechos, que lo condujo a la infracción de la ley, por lo tanto, no es procedente la casación atacar el razonamiento que emitió de forma soberana sobre la validez o no de sus deposiciones, lo cual es función privativa del juez de instancia.
Verificado lo anterior, se concluye que las normas de valoración denunciadas por falta de aplicación, específicamente, los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, no son las aplicables a las testimoniales bajo estudio, como quiera los mismos manifestaron ser hijos de la demandante y hermanos de uno de los co demandados, por consiguiente, se encuentran subsumidos en las inhabilidades consagradas en dichas disposiciones.
Aunado a lo anterior el artículo 1.387 del Código Civil, establece la inadmisibilidad de la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención, exceda de dos mil bolívares, norma desarrollada por la doctrina de esta Sala, aplicable al caso de marras, constituyendo otro fundamento por el cual las testimoniales analizadas deben ser desechadas, en virtud de la prohibición expresa de ley.
Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2°, denuncia el formalizante el vicio de silencio de pruebas, en consecuencia, no dio aplicación a los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.363 del Código Civil.
“…Tercera Delación (sic): Según el artículo 313,2 y el 320, ambos del Código de Procedimiento Civil invoco que la alzada no dio aplicación al artículo 509 del mismo Código (sic) ya que cometió el radical e inexcusable vicio de silencio parcial de pruebas.
Esas expresiones finales de que: (…)… del análisis de la precitada documental no se desaprende inequívocamente para esta juzgadora la existencia del contrato verbal, del cual la parte demandante solicita su cumplimiento, es decir, no conteste con la interpretación del a quo, en cuanto a que no se traduce como un reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones pactadas en el año, y así se decide, muy precarias e inestables y no constituyen un fiel valoración probatoria.
Y no lo es porque la calibración jurídica de la prueba reclama un examen exhaustivo, sin que esa tarea quede cumplida con tan descuida conclusión.
Ya en otra parte, se atacó porque justamente la alzada, a pesar de dejar consignado ciertos hechos litigiosos que constan en lo declarado en ese medio de prueba, se zafo (sic) de su obligación de enjuiciar esos mismos hechos, darles una cumplida calificación jurídica para después mediante la debida subsunción jurídica busque dentro del universo normativo cuál el tipo legal que deberá aplicar y para ello se necesita la aportación de buenas y mejores razones. Esto es lo que doctrina de casación ha dado en llamar: “falta de motivación probatoria”.
En esta parte de la formalización observamos que la alzada dejó de analizar hechos que importan a la controversia porque será sencillo determinar que ese correo electrónico, ARISTEGUIETA declara firmemente: a) La adquisición se hizo a mi nombre por razones obvias en el año 1998 b) (…) se me ha planteado que la venda y la coloque a nombre de Mamá (sic) y Francisco c) Sobre esta petición debo decir lo siguiente: (…) Seria (sic) una insensatez colocarla a nombre de mamá por razones sucesorias e impositivas, d) Ese bien es de nuestra Madre (sic) y mi posición es que nadie puede disponer del mismo hasta que haya dejado esta tierra.
Estos hechos relacionados estrechamente con lo afirmado en la demanda debieron ser objeto de análisis probatorio; la alzada tuvo la urgencia de acometer la tarea para tener obedecido su quehacer jurídico; no es que, desde ahora, digamos que esos hechos resuelven en favor de CORREA la controversia, pero si, a partir de una revisión de primera vista, verosímilmente tienen cabida e importan a la suerte de la misma.
Sin pretender que la honorable Sala se salga de su competencia natural de controladora de la legalidad, visiblemente, en ese correo, reconoce que CORREA ha sido y es dueña de la casa, lo que fue alegado en la demanda; que ARISTEGUIETA no quiere por razones muy personales, traspasarla a su madre, siendo ella a quien pertenece; lo que fue alegado; asimismo, consta la manifestación que se le puso a su nombre, lo que también fue alegado.
Siendo así, se delata el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica que autoriza a que la honorable Sala a desocuparse de su competencia natural de controladora de la legalidad e inmiscuirse de cómo la alzada ha pretendido constatar los hechos, en vista que ese artículo contiene una norma dirigida a establecer los hechos para el proceso.
Como se ha expresado, el contenido del correo, esto es, lo declarado en él por el codemandado ARISTEGUIETA ha sido plenamente interpretado al punto que la alzada copió su texto; quiere decir que verificó la existencia histórica de esos hechos, señaladamente ahí indicados, sin embargo no se ocupó abocarse a la calificación jurídica de los mismos porque no los consideró para nada; un asunto muy importante en el análisis probatorio.
No escapa a esta representación que esa calificación jurídica forma parte de los poderes jurisdiccionales del juzgador, de modo que será éste el que determinará el Derecho (sic) aplicable a los hechos que dará por existentes para el proceso; y obrando dentro del límite que le señala la cuestión fáctica planteada por las partes y sin transfigurarla, sin apartarse de la causa de pedir expuesta por la parte, llegue al culmen de analizar el contenido de la prueba y de este modo nutrir la premisa menor del silogismo; sin que curse eficiente prueba, no podrá el juez establecer, calificar y valorar los hechos; y aquí la grande utilidad de esa actividad juzgadora.
Fue de la inteligencia de la alzada al sub-entrar al análisis del correo electrónico expresar que “de conformidad con lo establecido en los artículos 395 y 431 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley Sobre Mensajes y Datos y Firmas Electrónicas” que dicho medio de prueba “no se desprende inequívocamente la existencia del contrato verbal” y que “no se traduce como reconocimiento expreso de una negociación y su condiciones pactadas en el año 2.000”. (Cfr. f. 36 vuelto de la recurrida = pág. 36 de la misma)
Ese análisis resulta alicorto. Dejó cabos sueltos en atentado al principio de la exhaustividad probatoria porque en el correo electrónico cohabitan hechos o datos de hechos vinculados con los alegados en el escrito de la demanda, que no fueron considerados para una integra y fiel valoración probatoria; sin embargo, la alzada automáticamente pasa por ellos y sin explicación alguna concluye que no aportan nada a la controversia.
A despecho de que en el correo está dicho por ARISTEGUIETA que la casa “es de su mamá”, que, no tiene intención de traspasársela; que, es esto resulta una insensatez; que, la casa se le puso a nombre; esas declaraciones con vista a su afinidad con lo alegado en la demanda, debieron ser objeto de análisis probatorio y dignos de una eficiente calificación jurídica para dar luz sobre las normas que la alzada debió aplicar o, en su defecto, dejarlas de aplicar. Aquí la formalización se ocupa de una carga impuesta por la doctrina de señalarle a la honorable Sala, cuáles los hechos expuestos y declarados en el medio de pruebas fueron quitados de en medio por la alzada.
Y hay silencio de pruebas porque pese a que la alzada le desechó valor probatorio al correo, no obstante esto, lo hizo sin realizar análisis alguno con relación a su completo contenido (cfr. SCC 151 de 5/04/ 2017); siendo que el juez al encarar esta actividad de “examinar la prueba”, no “obvie puntos relevantes en ella contenidos, que resulten determinantes para acreditar hechos discutidos por las partes” (cfr. SCC n.° 203/ 21.04. 2017), pues, si bien, repito, mencionó el correo electrónico, y que le otorgó una precaria valoración, ciertamente se empeña en ir en contravía a su inexcusable trabajo probatorio porque no se ocupó de realizar un estudio a su contenido, a fin de llegar analizarlo y valorarlo íntegramente; que, por lo demás, tiene gran utilidad y vital importancia para la solución del problema (cfr. SCC 151 de 5.4. 2017).
El correo electrónico hace las veces de un medio probatorio legal y conducente; regular y visiblemente pertinente; de gran utilidad para resolver con nobleza la controversia; tiene una fuerza probatoria que no las desmerece ni desestima otro medio probatorio de mayor rango y mejor calidad; fue oportunamente promovido, evacuado al grado que circuló una experticia que determino (sic) la veracidad de lo declarado; sin embargo, la alzada acomodó una incolora y anémica conclusión, como se ha hecho mérito, pero a ese fin remisa en analizar debidamente los hechos declarados en el mismo; se restringió a copiar el texto y pasar a esa macilenta apreciación probatoria, que no lo es, con el propósito de ocultar los hechos expuestos en el medio, que están enlazados con lo alegado en la demanda, fuente directa de la pretensión.
Violado el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; y con el agregado de la oportuna cita del articulo 320 ibídem, la Sala con las herramientas para revisar el correo electrónico y certificar la certeza de nuestras afirmaciones.
Violado, por falta de aplicación, el artículo 12 del mismo Código (sic) porque la alzada no se atuvo a lo probado.
Y trascendente la infracción, porque de haber analizado concienzudamente el contenido de lo declarado en el correo electrónico, habría declarado con lugar la demanda, porque ahí sigue la plena prueba de la pretensión deducida con infracción por falta de aplicación del artículo 254 ibídem.
Y solo a mayor abundamiento, la infracción al artículo 295 del Código de Procedimiento Civil porque el correo en referencia es un medio de prueba no prohibido por la ley y en consecuencia, mi representada podía utilizarlo para probar su derecho. Y como quiera que el contenido de dicho correo quedó válidamente corroborado por la experticia producida en el juicio, siendo así, al emanar de ARISTEGUIETA el valor de documento privado, según doctrina de casación, con lo que fue violado por falta de aplicación el artículo 1.363 del Código Civil…”.
En cuanto a la técnica que debe emplear el formalizante, como ya lo ha señalado de forma reiterada la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización.
Ahora bien, sobre esta materia existe reiterada jurisprudencia en cuanto, a la técnica requerida en las denuncias de los recursos de casación por infracción de ley, entre las cuales vale destacar la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001, caso: juicio de nulidad de contrato de compra-venta seguido por la ciudadana Cecilia Pastora Querales, contra la ciudadana Miriam Aurelia Ramírez Suárez, Exp. N° 2000-1013, la cual textualmente, señaló lo siguiente:
“…Sobre este asunto la Sala en la sentencia N° 202, de fecha 14 de junio de 2000, en el juicio de Yajaira López contra Carlos Alberto López Méndez y otros, expediente N° 99-458 y bajo la ponencia del Magistrado que aquí suscribe, se ratificó:
“…el criterio según el cual es obligación del recurrente, especificar y razonar los fundamentos de sus denuncias, explicando cuándo, cómo, dónde y en qué sentido se produjo el quebrantamiento delatado, e igualmente en que forma fueron cometidas las infracciones que se la endilgan a la sentencia, así como destacar los argumentos de ella que se consideran violatorios de la disposición denunciada, siendo ésta la carga impuesta al formalizante, a fin de que su escrito permita establecer claramente, cuando se han cometido las violaciones censuradas; pues, de otra manera, enfrentar a este Máximo Tribunal, a argumentos imprecisos, vagos y enrevesados, lo obligaría a tomar para sí una labor que no le compete, cual es la de interpretar la intención del formalizante, ¿qué fue lo que quiso decir?. Sobre este asunto se transcribe, a continuación, el criterio que la Sala en decisión de fecha 25 de noviembre de 1999, dejó asentado:
“Respecto de la denuncia del recurso de casación por infracción de ley, la Sala ha precisado que el formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2ª del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el referido ordinal 2º del artículo 313, la que se pretende denunciar; errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 ejusdem; d) explicar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, indicando las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
La fundamentación de las denuncias de infracción de ley, como ha explicado la Sala en numerosas decisiones, debe hacerse en forma clara y precisa sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden violadas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, es decir, que la violación debe ser demostrada, sin que baste al efecto señalar que la sentencia infringió tal o cual precepto legal, pues es necesario, además, que se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación…”.
Se observa que la denuncia parcialmente transcrita, no respeta la técnica casacional, ya que es vaga e imprecisa, sin embargo, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales, entiende que el formalizante pretende delatar, que la infracción en la que incurrió la sentencia recurrida es por silencio de pruebas, en cuanto al correo electrónico, según el cual considera que las siguientes expresiones “…a) La adquisición se hizo a mi nombre por razones obvias en el año 1998. b) (…) se me ha planteado que la venda y la coloque a nombre de Mamá y Francisco. c) Sobre esta petición debo decir lo siguiente: (…) Seria (sic) una insensatez colocarla a nombre de mamá por razones sucesorias e impositivas, d) Ese bien es de nuestra Madre (sic) y mi posición es que nadie puede disponer del mismo hasta que haya dejado esta tierra…”, debieron ser objeto de análisis, por cuanto de acuerdo a su criterio del mencionado correo, se desprende que la demandante ciudadana Carmen Correa, es dueña de la casa objeto del presente caso.
Finalmente, señala el recurrente que la alzada desecha el valor probatorio del correo, “…sin realizar análisis alguno con relación a su completo contenido…”, siendo el mismo de gran utilidad para la resolución de la controversia.
Respecto del vicio de silencio de pruebas, esta Sala ha sostenido que este existe cuando el sentenciador omite o soslaya total o parcialmente el análisis de las pruebas, o cuando a pesar de mencionarlas, no expresa su mérito probatorio, ni los hechos que pudieran ser demostrados. (Ver sentencia de fecha 10 de octubre del 2012, Exp. N° AA20-C- 2012-000054, Caso: Guillermo Enrique Ortega Arango, contra los ciudadanos Elizabeth Ortega Caruso Scannella y Francesco Scannella Adorna).
Asimismo, se ha sostenido que el referido vicio procede “…sólo cuando el juez omite dar criterio o mención alguna sobre la prueba o se limita a referirla sin dar alguna valoración de ésta…”, “…conforme con su doctrina pacífica y reiterada siempre que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo…”.
Hechas estas apreciaciones, la Sala pudo constatar que el juez del tribunal superior, señaló lo siguiente al referirse a la citada prueba documental, específicamente el poder bajo estudio, lo siguiente:
“…En el caso que nos ocupa, la parte actora acompañó a su escrito libelar las siguientes documentales:
Llegada la oportunidad procesal para presenta escrito de promoción de pruebas, la parte actora reprodujo el mérito de los autos, especialmente todos aquellos hechos que formaron parte de la demanda y que fueron admitidos por los demandados, así como aquellas que formaron parte de la comunidad de la prueba en razón al principio de adquisición procesal.
Promovió marcado “C”: Documento electrónico contentivo de impresión en la pantalla de recepción de mensajería de correos electrónicos, impresión de mensaje de correo electrónico e impresión de un documento adjunto, cuya dirección de correo electrónico del emisor es franaris@hotmail.com, asociada al usuario Fernando José Aristeguieta Correa, y de la dirección de los correos receptores son: paristegieta@yahoo.cpnfranaris@hotmail.com, rodolfoaristeguieta@autlook.com, bariste@hotmail.com, Graciela_aristeg@bellsouth.net, madmagies@aol.com, de fecha 21 de agosto de 2014, inserta al folio 70 al 79 de la pieza N° 1, del cual se constata el siguiente contenido:
iii. Sería una insensatez colocarla a nombre de mama (sic) por razones sucesorales e impositivas.
Ese bien es de nuestra Madre (sic) y mi posición es que nadie pueda disponer del mismo hasta que haya dejado esta tierra.
En caso de que TODOS acuerden que debe trasladarse la propiedad en estos momentos, entonces Frank debe adquirir la casa por completo,…”
Los cuales se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 395 y 431 del Código de Procedimiento civil, en concordancia con el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, adminiculado a la experticia informática promovida por la representación judicial de la parte actora, cuyo informe pericial riela a los folios 119 al 133 de la pieza N° 1, del análisis de la precitada documental no se desprende inequívocamente para esta juzgadora la existencia del contrato verbal, del cual la parte demandante solicita su cumplimiento, es decir, no conteste con la interpretación del a quo, en cuanto a que no se traduce como un reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones pactadas en el año 2000, y así se establece…”.
De lo anterior se observa, que el juez de la alzada al valorar las pruebas analizó el correo electrónico, en concordancia con el artículo 4 del Decreto con fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, adminiculado a la experticia informática que cursa en autos la cual fue promovida por la actora, de cuyo examen infiere que de la misma no se desprende la existencia del contrato verbal, asimismo señala, no estar de acuerdo con la interpretación del a quo, “…en cuanto a que no se traduce como un reconocimiento expreso de una negociación y sus condiciones pactadas en el año 2000…”.
Observándose que la juez superior, conforme con lo antes indicado, analizó la prueba, realizando un examen de la misma, lo cual permite a la Sala concluir que el juzgador de instancia sí valoró dicha prueba, del cual derivó que no se extrae del mismo la existencia del contrato verbal ni las condiciones del mismo, reconociendo esta Sala, que debió ser más explícito en este análisis, destacando por qué considera que del mismo es imposible extraer la existencia de un contrato verbal, lo cual sin embargo, no se configura en silencio de pruebas, por cuanto como fuera indicado dicho medio probatorio sí fue objeto de análisis por parte de la recurrida.
Nótese, que el recurrente de forma confusa como fue indicado previamente, manifiesta su desacuerdo con la valoración de la recurrida al correo electrónico, en cuanto que del mismo no se desprende la existencia del contrato verbal cuyo cumplimiento se demanda, lo cual no se configura dentro del vicio de silencio de pruebas, pues en este vicio, no se denuncian los hechos soberanamente establecidos por el juez, sino, la ausencia de valoración por parte del juez, por consiguiente, esta Sala ratifica que si el formalizante con su denuncia pretende discutir su inconformidad con la apreciación efectuada por la juez de alzada del acervo probatorio, debe fundamentar su denuncia de infracción de ley, en torno al establecimiento y valoración de las pruebas, pues la inconformidad con el análisis de los medios probatorios, su incorporación a juicio y la valoración que hace el juez de las pruebas, no comporta el vicio de silencio de pruebas tal como lo ha señalado esta Sala, siendo que las mismas van dirigidas a controlar otra actividad intelectual del juez distinta a la aquí planteada. (Ver sentencia N° RC-200, de fecha 1 de junio de 2010, caso: Elías José Nederr Donaire, contra Ana Elisa Ibarra, expediente N° 09-574, ratificado en sentencia N° 754, de fecha 16 de noviembre de 2016).
Aunado a lo anterior, y conforme fue referido, el formalizante no fundamentó la denuncia de infracción en forma clara y precisa, incurriendo en imputaciones genéricas, de tal modo pues, que de acuerdo a las consideraciones expuestas la Sala necesariamente debe concluir, que el recurrente no cumplió con las exigencias impuestas por la técnica casacional, para la denuncia por error infracción de ley.
Conforme con las consideraciones expresadas, se desecha la denuncia del vicio de silencio de pruebas, como se evidenció, en consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.
Por las razones anteriores, la presente delación deberá ser declarada improcedente y, en consecuencia, sin lugar el recurso de casación. Así se decide.
En mérito de las precedentes consideraciones, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha el 9 de mayo de 2016, y la sentencia definitiva, dictada en fecha 10 de mayo de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandante al pago de las costas procesales.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Particípese de esta decisión con copia del presente fallo al juzgado superior de origen ya mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Desalojo de Locales Comerciales.
CONMORIENCIA Y PREMORIENCIA . SALA CIVIL DEL TSJ 14 DE AGOSTO DE 2017.