Source: http://abogadopoblete.blogspot.com/2008/08/
Timestamp: 2017-08-19 10:59:36
Document Index: 55227902

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'ARTÍCULO 43', 'artículo 43', 'artículo 294', 'artículo 306', 'artículo 294', 'artículo 52', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 474', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 5', 'artículo 41', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 5', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 41', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52']

derecho penal al dia: 1/08/08
Ley 26394 Codigo Justicia Militar y Reformas a Codigos Penal y Procesal Penal
Publicada en el Boletín Oficial el 29 de agosto de 2008-
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26394 —
MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL Y AL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓNARTICULO 1º.- Incorpórase como párrafo cuarto del artículo 77 del Código Penal el siguiente texto:
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS ARMADOS
ARTICULO 34. - Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Consejo General de Guerra, integrado por el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas y quien le suceda en jerarquía en dicha instancia. Tendrá competencia para:
ARTÍCULO 43.- Asesoramiento. Cada Consejo de Disciplina contará con la asistencia de un oficial proveniente del cuerpo profesional - escalafón jurídico de la fuerza de que se trate. Asesorará en todos los casos en que cualquiera de los integrantes del Consejo de Disciplina lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
Decreto reglamentario 2666/2012 Anexos II IV y V LEY 26394
Etiquetas: legislacion, modificacion codigo penal, modificacion codigo procesal penal 2 comentarios Vínculos a esta publicación
a la/s 9:13 p.m. Publicadas por Jorge Poblete
http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/PENAL_LIT/
puede apreciarse el analisis de abogados penalistas sobre distintas obras literarias,
desde el angulo del derecho penal.
Es que quizas el delito, el orden, la ley, o la lucha entre el bien y el mal,
son los grandes temas de la humanidad,
y es una experiencia enriquecedora tanto leer las obras allí comentadas
como los comentarios de aquellos abogados.
Es una buena costumbre del abogado leer los clásicos, porque pueden enseñar estrategias y mejorar el desempeño profesional, aunque no se trate de obras técnicas del derecho.
Por eso la recomendacion.
Se pueden bajar a la computadora ya que los formatos son pdf y word.
En el sitio pueden encontrarse otros tantos recursos de interes profesional.
Etiquetas: interés general, literatura 0 comentarios Vínculos a esta publicación
a la/s 11:28 p.m. Publicadas por Jorge Poblete
Video y comentario sobre derechos y garantias relacionados con el suicidio de Ariel Vilan y la "masacre de General Rodriguez".
Este video de todo noticias, "desgrana" el suicidio de un allegado de quien en vida fue Sebastián Forza, una de las víctimas de la "masacre de General Rodríguez".
Los comentarios, las hipótesis que establecen los periodistas, olvidando el modo potencial, modo obligado de la hipótesis, son humillantes.
Es que existe un límite poco claro entre el derecho a la información y el derecho de los familiares de las víctimas y de los imputados, a resguardar su intimidad.
En este video puede verse la soltura con la que pretenden establecer que la viuda de Forza, "sabe más de lo que dice" o que "no habla porque tiene miedo".
Estas conclusiones apresuradas implican un perjuicio para la viuda de Forza. Atentan contra su intimidad, contra el duelo que debe afrontar y contra la integridad de su hijo, porque parece que los periodistas olvidan a menudo que los familiares de las víctimas y de los imputados tienen un círculo social al que pertenecen y sus hipótesis suelen provocar graves daños en esos círculos de amigos, de compañeros de escuela o de jardín de infantes, en vecinos, e incluso en la familia.
Lamentablemente no llegué a grabar la entrevista que le hicieron a la viuda de Forza, sobre el suicidio de Ariel Vilan, a quien se lo sindicó como testaferro de Sebastián Forza. La señora negó que tuviera un testaferro porque todo estaba a nombre de su familia y de Forza, y pidió que no la molesten más.
El modo en que se trata este caso (con posible vinculación con narcotraficantes de donde aseguran que provenía la fortuna de Forza), se trata por medio de "trascendidos". Es sabido que la fuente periodística, o sea de donde proviene la información que brindan los periodistas, es un secreto de raigambre constitucional, consagrado en los nuevos derechos y garantías del artículo 43 C.N. luego de la reforma de 1994.
Pero a la vez esta garantía trae aparejados estos daños que generan en la imagen de la gente cuando aún no existe una sentencia firme.
En bares, pasillos, ascensores, en cualquier convesación se trata este tema, y existe un prejuicio de que algunas de las víctimas tenían actividades ilícitas.
Pero considero que existe otro perjuicio más grave.
Si realmente lo mató alguna mafia, es lógico que el modo de tratar la información no hace otra cosa más que lograr el objetivo de los homicidios. Perpetuar el silencio. Porque a esta altura de la investigación, (de lo que tratan los distintos medios) no se habla de otra cosa más que de un ajuste de cuentas, y eso que puede o no ser una realidad, genera un mensaje subliminal sobre el resto de la población. "Mejor no hablar de ciertas cosas". Es probable o posible, que quien pueda aportar algun dato de interes calle, por temor. Por temor a que se lo calle o que se divulgue su identidad.
Esta apreciación nos lleva a otro tema, los testigos de identidad reservada, figura que en nuestra legislación nacional sólo se encuentra reservada para los casos de infracción a la ley 23737, o ley de estupefacientes. Sería positivo que si judicialmente se encontrase algun indicio de que las víctimas han sido asesinadas por vinculaciones con el narcotráfico la Justicia Nacional se declare incompetente y siga entendiendo la Justicia Federal o Penal Económica, para asegurar la integridad física y psíquicas a quienes puedan brindar su testimonio para llevar a una sentencia este caso.
Mientras tanto esperamos que no se moleste a los familiares de las víctimas, que los periodistas sepan contener su legítimo interés por la primicia y que toda información sobre el caso sea canalizada por los abogados de los familiares sólo si consideran que sus manifestaciones no perjudicarán la investigación, porque quienes han cometido estos homicidios pueden estar muy lejos pero muy informados gracias a la labor de los medios de prensa.
En otro orden de cosas, es interesante cómo vincula el matutino Perfil el suicidio de Vilan y los aportes a la campaña presidencial.
En ese diario (que tiene una tendencia opositora) se pone de relieve que el 22,6 de los aportes a la campaña provienen del sector de farmacia y salud. Se reproduce el contenido de la nota que puede verificarse en este link.
Se transcribe la nota del link http://www.perfil.com/contenidos/2008/08/25/noticia_0031.html/
"La sangre del crímen de los empresarios que aparecieron masacrados en un descampado de General Rodríguez sigue salpicando de manera indirecta los zapatos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya fue oportunamente destacado que la droguería de Sebastián Forza (con 13 causas judiciales) aportó 200.000 pesos a la campaña oficialista, y ahora se supo que el suicidado Ariel Vilan también puso mucho dinero para apoyar la candidatura de Cristina.
La suma exacta que Vilan depositó puso en manos kirchneristas fue de 160.000 pesos. La droguería Unifarma SA, con CUIT 30-70865694/8, de la que Vilan era gerente desde los primeros meses de 2007, cubrió esa suma en dos pagos, el primero 60 mil pesos, y el otro de 100.000 pesos.
La relación de Vilan con Unifarma había comenzado en 2004, pero fue en 2007 cuando llegó a la gerencia. Las versiones que lo sindican como un testaferro de Forza se apoyan en que, incluso, el suicidado Vilan usaba como propio un vehículo que estaba a nombre de Forza.
Desde la Coalición Cívica ya pusieron el tema de los generosos aportes hechos a la campaña K desde el sector farmacéutico en manos judiciales. Quieren que se “investigue si existió algún tipo de metodología recurrente en la conformación de la recaudación de fondos para la campaña de Cristina Kirchner”. Hay un dato curioso: el 22,6% de los aportes recibidos para la campaña de la Presidenta provienen de los sectores de farmacias y salud. Por eso la oposición reclama que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappacciolli (considerado el “recaudador” del kirchnerismo) expliquen el origen de los fondos de la campaña oficialista. "
Este diario aporta un enfoque mas dirigido a los ribetes políticos del caso que a los ilícitos, y todo parece indicar que otra vez, se va a mantener durante mucho tiempo el interés informativo de este caso, como ya sucedió con el caso de María Marta García Belsunce o los otros homicidios ocurridos en los countries.
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a la/s 10:02 p.m. Publicadas por Jorge Poblete
Apelacion fiscal. Nulidad de sobreseimiento. Acusaciones alternativas. Non bis in idem.
Causa Nº 33608
HERNADEZ QUIROZ, Gustavo Armando s/Sobreseimiento.
Juzgado de origen 17/153
Llega la presente causa a estudio del Tribunal debido al recurso de apelación deducido por el Representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 61. contra el auto de fs. 57/59 punto I. por el cual se dispuso el sobreseimiento de Gustavo Armando Hernández Quiróz en base a los arts. 334, 335, y 336, inc. 4°, CPPN.
Mantenido el recurso por el Sr. Fiscal General -71vta.-, los agravios fueron expresados mediante el informe que luce a fs. 72.
I- Conforme surge de las constancias del sumario el imputado ha prestado declaración indagatoria por el siguiente hecho: "Se le atribuyó a Gustavo A. Hernández Quiróz el haber estado en poder de la motocicleta marca "Beta" motor n° 62573, cuadro n° 104989, sin dominio colocado, con conocimiento de que dicho vehículo provenía de un delito. El día 1 de enero de 2008 el causante, se transportaba conduciendo la mencionada motocicleta, y en la intersección de las calles Solivia y Juan B. Justo de esta ciudad, perdió el control de la misma y cayó al suelo, interviniendo personal policial de la Comisaría 50 de la Policía Federal. La motocicleta de referencia había sido sustraída el día 15 de abril de 2007 entre las 19.15 y las 20,15 horas, en circunstancias en que José Luis Quispe la dejó estacionada en la intersección de las calles O'Higgins y Monroe de esta ciudad de Buenos Aires, habiéndole colocado una cadena, la cual fue cortada, para sustraer el vehículo." (cfr. fs. 54/55).
II- Pues bien, el a quo resolvió sobreseer al nombrado por la sustracción de la motocicleta (art. 336, inc. 4°. CCPN) en razón de que las pruebas reunidas en el legajo no permiten afirmar que Hernández Quiróz haya sido el autor del hecho que damnificó a José Luis Quispe. Sin embargo y teniendo en cuenta que el ciclomotor fue hallado en poder de aquél con conocimiento de su origen ilícito, circunstancia sustentada en los elementos probatorios acumulados a lo largo de la pesquisa, procesó al nombrado por considerarlo autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (arts. 277. incisos. 1° apartado c) y 3º apartado b) del Código Penal y 306. CPPN) -ver punto II del auto recurrido-.
En este sentido, el magistrado señaló que no es un único hecho con calificaciones legales alternativas, sino que son dos sucesos que ocurren en distintos momentos y que afectan bienes jurídicos diferentes.
Planteado el caso de esta manera, el Sr. Agente Fiscal -fs. 61- se agravió pues entendió que el auto de sobreseimiento cuestionado se decretó sin haber prestado declaración indagatoria el imputado por la sustracción del motovehículo. En este sentido, señaló que las resoluciones de mérito -el auto de procesamiento y el que ahora viene impugnado- dictadas en esas condiciones, o sea sin haber sido indagado Hernández Quiroz conforme al artículo 294. CPPN., debieron recaer sobre circunstancias fácticas, más no sobre calificaciones típicas por las cuales se le atribuyó responsabilidad penal. En consecuencia, consideró que en el futuro puede verse afectada la validez del decisorio en cuestión, que resuelve la situación procesal del nombrado de acuerdo al artículo 306. CPPN por la detentación espúrea del ciclomotor objeto bajo análisis, habida cuenta que en base a la plataforma descnpta en el acto de defensa de fs. 54 55. debe hablarse de dos eventos totalmente escindibles -hurto y encubrimiento- en función de la alternatividad y por consiguiente de exclusión, que rige entre ambas figuras típicas, por tratarse de dos hechos dístmtos y excluyentes entre sí.
Por su parte, el Fiscal General entendió que estamos en presencia de un único hecho (ver dictamen de fs. 72).
III- Frente a este panorama, considera el Tribunal que corresponde declarar la nulidad del auto de sobreseimiento dispuesto en favor de Gustavo A. Hernández Quiroz -punto dispositivo I del auto recurrido- (art. 168. CPPN), toda vez que se ha desdoblado indebidamente el único suceso investigado, por lo que se puede ver comprometido el principio del nom bis in ídem, así como garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio de la persona y sus derechos (art. 18 de la Constitución Nacional), ya que se estarían juzgando calificaciones legales en lugar de hechos.
En este sentido, esta Sala tuvo oportunidad de expedirse en casos similares, en los cuales el magistrado instructor dispuso la desvinculación del imputado por el delito de robo y/o hurto de un vehículo cometido en esta ciudad -ante la falta de elementos probatorios que indiquen que éste fue el autor de ese ilícito-, y en consecuencia ordenó la remisión de testimonios a sede provincial para que se investigue la presunta comisión del delito de encubrimiento (art. 277, C.P.). debido a que el automóvil fue hallado en extraña jurisdicción en poder de aquél.
Allí se sostuvo que: ..."Si bien es correcto presentarlo materialmente de esa forma -porque nos encontramos ante tipos penales autónomos y no subsidiarios- lo cierto es, no obstante, que lleva razón el Ministerio Público fiscal cuando señala el obstáculo procesal que se podría estar generando por esa vía comprometiendo el principio de! "non bis in idem ", y donde, por los efectos que se pueden producir, excede incluso ¡a problemática de la equivocada práctica denominada "absolución de calificaciones ".
Pues bien, la fiscalía, razonablemente, señala que el caso lo que presenta es una alternatividad de calificaciones, agregando que su solución se daría por la vía de una acusación alternativa en el momento de requerir la elevación a juicio en esta sede.(...)
Sin embargo, procesalmente como indica la fiscalía, el sobreseimiento por uno de los hechos -hurto- puede viciar la correcta solución del asunto en perjuicio del interés que representa el Ministerio Público fiscal, afectando potencialmente eventuales decisiones de la justicia provincial, comprometiendo lo establecido en los arts. 5, 121, 123 y concordantes de la Constitución Nacional. Esto determina la generación de una nulidad de carácter absoluta de las mencionadas en el art, 168 segunda parte del C.P.P.N..
Por ello, el sobreseimiento dispuesto a fs. 100/103, deviene incorrecto, reconoce la clara cuestión federal mencionada y se debe declarar su nulidad (art. 168, C.P.P.N.) (in re: causas n° 24.344, "Pallini, Rubén Edgardo", del 30/12/04; causa n° 25.763, "Moschella, Héctor Osear", del 26/5/05; 28.159, ''Delgado, Andrés Aveiino", del 18/7/06)....". (inre: causa iiro. 32.052 "Ponce, Juana A, s/sobreseimiento e incompetencia', del 26 9 07).
IV- En virtud de todo lo expuesto, corresponde que se cite a prestar declaración indagatoria a Gustavo A. Hernández Quiróz -artículo 294, CPPN- por la sustracción de la motocicleta marca "Beta" motor Nº 62573, cuadro n° 104989, sin dominio, propiedad de José Luis Quispe.
DECLARAR la NULIDAD del punto I de la resolución de fs. 57/59 (art. 168. CPPN). debiendo el a quo dar cumplimiento a lo ordenado precedentemente.
Notifiquese al Sr. fiscal. Oportunamente devuélvase y sirva lo proveido de atenta nota.
GUSTAVO A. BRUZZONE.
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Fallo sobre la constitucionalidad de la reclusion por tiempo indeterminado art 52
S. 351. XXXV.
Sosa, Marcelo Claudio s/ recurso extraordinario.
Dictamen Procurador General de la Nación
A fs. 221, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 9, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal.
De la lectura de los fundamentos de la sentencia (fs. 234/236) se desprende que, en la opinión de los integrantes del mencionado Tribunal, la figura de la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el precepto contenido en el artículo recién citado, constituye una pena y no una medida de seguridad, como lo entendiera en la causa el representante del Ministerio Público.
Para decidir de tal modo sostuvo, en primer lugar, que la sola denominación de “reclusión” obliga a considerar que dicha medida está enumerada entre las penas del artículo 5 del Código Penal que, a los efectos de designarlas, no distingue entre las temporales, las perpetuas y las de ejecución por tiempo indeterminado.
Por otra parte, señaló que ninguna conclusión contraria podía extraerse de la circunstancia de tratarse, en el sub-lite, de la fijación de una reclusión “accesoria” de la última condena, dado que cuando la ley sustantiva presenta otros casos de penas accesorias a la principal, tal carácter no permite colegir que dejen de constituir una pena.
Como argumentos corroborantes de la opinión expuesta, se indicó que la reclusión puede ser dejada en suspenso del mismo modo que las demás pena privativas de libertad y, en su caso, ejecutarse en los mismos establecimientos y en las mismas condiciones que cualquier otra pena de aquélla característica.
Asimismo, agregó que la diferencia con las penas principales de reclusión estriba en
que éstas tienen como fundamento la culpabilidad por el delito cometido, mientras que la accesoria se basa en la presunta peligrosidad del condenado.
Señaló entonces que junto con la pena fijada conforme a criterios de culpabilidad por el hecho delictivo, se impone al autor una privación accesoria que no guarda ninguna relación con el último injusto cometido, ni con la culpabilidad por el hecho, lo que viola el principio constitucional “nula poena sine culpa” que no se
limita a establecer que la culpabilidad es el fundamento de la pena, pues contempla también que no es posible sobrepasar ese límite por motivos de prevención especial o general o de política criminal.
Por último, concluyó que el artículo 18 de la Constitución Nacional fundamenta un derecho penal de acto y destierra toda posibilidad de un derecho penal de autor, por lo que el artículo 52 del Código Penal desconoce esa prohibición constitucional al sustentar la pena de reclusión en los antecedentes personales del autor y no en el hecho que es objeto del juicio.
Frente a esta resolución el Fiscal General ante ese tribunal interpuso recurso de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 474 del Código Procesal Penal de la Nación, con el objeto de reclamar se revoque parcialmente la sentencia y se declare la constitucionalidad del artículo en cuestión (fs. 240/48).
Luego de fundamentar el remedio elegido y de recordar que los jueces deben actuar con suma sobriedad y prudencia, al momento de analizar si las normas repugnan de forma clara e indudable la letra de la Constitución Nacional, el representante de este Ministerio Público señaló que la interpretación del tribunal es errada.
Para ello, entendió que el principio de la “nulla poena sine culpa” puso límite a la doctrina de la responsabilidad objetiva, de tal modo que nadie pueda ser penado sin que previamente se acredite, mediante el respectivo juicio de valor, su culpabilidad por un hecho delictivo, por lo que la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado de ningún modo ofende la letra de la Constitución.
Asimismo consideró que, sobre esa base, nada impide que el Poder Legislativo, además de establecer las escalas penales correspondientes, adicione a ellas una amenaza secundaria, que se reservará para aquellos individuos que por las condenas anteriores y por la reincidencia en que hubieran incurrido representen un peligro concreto para la sociedad, pues interpretar lo contrario significaría avanzar sobre atribuciones propias de otros poderes.
Sobre esa base, agregó que otra interpretación llevaría inherente el riesgo de considerar la provisoriedad de todas las penas establecidas en el Código Penal, más aún si son los propios jueces los que consideran a la reclusión por tiempo indeterminado como una pena y no una medida de seguridad.
Por último señaló que, conforme lo entiende la doctrina nacional, la reclusión por tiempo indeterminado coloca el acento en la mayor peligrosidad del delincuente, y que su justificación se encuentra en el mayor desapego de aquél a las sucesivas advertencias que ha tenido a través de las condenas cumplidas.
Ello en forma similar a como lo hacen los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal cuando señalan que, a los fines de determinar la pena, se deberán tener en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas y, dentro de esta últimas, no sólo las relacionadas con el hecho sino aquellas que sirvan para juzgar la mayor o menor peligrosidad del autor, entre las cuales cita específicamente el estado de reincidencia.
A fs. 249, el Tribunal Oral concedió el recurso de inconstitucionalidad deducido, el que fue mantenido por el Fiscal General de la Casación a fs.252.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, por el voto mayoritario de sus integrantes, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto y revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Oral en cuanto declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal (fs. 258/68).
Para ello entendió, en primer lugar, que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de su validez, lo que supone su razonabilidad, y que sólo son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, es decir cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta iniquidad.
Sentado ello, señaló que la reclusión por tiempo indeterminado, mas allá de las distintas teorías elaboradas al respecto, se enmarca dentro de las denominadas medidas de seguridad que, en su condición de tales, resultan extrañas al concepto de pena.
Por otra parte, sostuvo que el argumento de la violación al principio constitucional de prohibición de doble juzgamiento confunde el castigo del primer hecho, con un régimen preventivo punitivo especial para aquél que, habiendo sido castigado de tal modo, vuelve a cometer delitos.
En lo que respecta al fundamento de la medida de seguridad dijo que este consiste en la temibilidad del delincuente demostrada por el desprecio a la ley, y que no existe afectación al principio de culpabilidad pues al constituir el artículo 52 una norma de seguridad, su condición de tal resulta extraña al concepto de pena, presupuesto este necesario para debatir acerca del quebrantamiento del principio.
Por último consideró que el mayor reproche formulado al reincidente finca, precisamente, en su mayor culpabilidad, por lo que no es posible identificar, a la norma, con una forma de derecho penal de autor.
Contra esa resolución la defensa oficial del condenado Marcelo Sosa interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 339.
En su presentación de fs. 310/335, el recurrente invoca como agravios argumentos similares a lo que llevaron al Tribunal Oral a declarar la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal, entre los que cabe mencionar:
1- Que la reclusión por tiempo indeterminado no es otra cosa que la pena de reclusión prevista en el artículo 5 del Código Penal, con la gravosa variante de su indeterminación temporal. De allí que no haya distingos en cuanto a las condiciones de su ejecución ni la terapeútica aplicable, lo que las torna idénticas.
2- Que las medidas de seguridad, considerando tan sólo como hipótesis que la reclusión por tiempo indeterminado lo sea, también va dirigida a la satisfacción de un fin de prevención general.
3- Que en el régimen del Código Penal, la peligrosidad es un elemento valorativo de la pena a imponer -artículo 41-, pero referida a un hecho cometido y no a una característica de la personalidad del imputado.
4- Que la sentencia recurrida viola el principio de culpabilidad pues justifica la imposición de una sanción en la peligrosidad del delincuente, por lo que desconoce que la Constitución Nacional consagra un derecho penal de acto.
5-Que la decisión recurrida afecta el principio del non bis in idem pues al justificar la aplicación del artículo 52 en la peligrosidad del delincuente, derivada de la ocurrencia de otros delitos cometidos con anterioridad, desconoce que estos ya fueron oportunamente juzgados.
6- Que la jurisprudencia tenida en cuenta por la Cámara no es aplicable al caso de autos, pues la alusión a la reincidencia en la imposición de la reclusión por tiempo indeterminado, no tiene el mismo alcance que el previsto para ponderar la denegatoria de una soltura anticipada.
7-Que la cita de Fallos 186:514 no es íntegramente apta para resolver la constitucionalidad de la norma cuestionada, toda vez que el texto vigente difiere del que se encontraba al tiempo de su pronunciamiento.
Comparto los fundamentos invocados por el recurrente para sostener la procedencia formal del remedio federal deducido.
Ello así, pues es doctrina reiterada del Tribunal que, en principio, existe cuestión federal susceptible de ser examinada en la instancia extraordinaria cuando el debate tuvo por objeto el conflicto de la ley común con normas de la Constitución Nacional, hay relación directa e inmediata entre la materia del pronunciamiento apelado y las normas constitucionales invocadas, en grado tal que la solución de la causa dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley común aplicada según la interpretación que judicialmente se le asignó, la decisión es contraria a la cuestión federal introducida por el recurrente, la sentencia es definitiva y fue emitida por el Superior Tribunal de la causa (Fallos: 125:580; 304:471, 664,1711,1912; 306:1892; 310:1909; 311:1451; 315:222 y 839).
En cuanto al fondo del asunto, por las razones que a continuación enumeraré, adelanto opinión en el sentido que corresponde confirmar la resolución recurrida.
De modo previo, estimo imprescindible poner de relieve que la hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión de un fallo judicial.
En tal sentido la Corte ha señalado que “el control judicial de constitucionalidad no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales. La realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país, o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérsele el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta manera (Fallos. 211:162 y 308:2268).
La afirmación antes expuesta resulta de singular importancia al tiempo de considerar la pervivencia de instituciones que podrían haber resultado cuestionadas en contextos sociales, culturales o de antecedentes diversos a los tenidos en cuenta por el constituyente y el legislador para establecer los contenidos de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional y de las instituciones contempladas en las leyes de la Nación, entre ellas, el Código Penal.
En este sentido, como expresara Joaquín V. Gonzalez “las garantías constitucionales son todas aquellas seguridades y promesas que ofrece la Constitución al pueblo argentino, y a todos los hombres, de que sus derechos generales y especiales han de ser sostenidos y defendidos por las autoridades y por el pueblo mismo (Manual de la Constitución Argentina, Ed. Mercantil, Bs.As. 1897 pag. 78).
Ello es especialmente así, cuando la comparación de determinados stándares de la vida cívica, entre los cuales no pueden soslayarse los valores de libertad y seguridad, no admiten la homogeneización de criterios de regulación entre supuestos sociales o culturales particularmente diversos, extremo que debió haber tenido en cuenta el legislador y del que no puede prescindir el intérprete.
A partir de tal concepto preliminar, entiendo necesario examinar -en primer término- existen diferencias entre las penas y las medidas de seguridad, tarea esta -por cierto para nada sencilla, a la luz de los elementos que caracterizan a cada una de ellas. Basta para corroborar este aserto recordar que “la franca contraposición entre penas y medidas de seguridad no puede aceptarse sino en los puntos extremos, pues existiría entre aquéllos relación de círculos secantes, y en la zona común la medida de seguridad puede asumir funciones de pena, y viceversa” (conf. Soler “Derecho Penal Argentino” T. II, pag. 406, ed. 1970).
No obstante ello, entiendo que una primera distinción se puede encontrar entre los mismos conceptos. Así, puede decirse que la pena, una vez dictada, consiste en un castigo que lleva implícito un fin de prevención-general tendiente a demostrar en la sociedad el cumplimiento de la amenaza contenida en las normas penales abstractas. Diversamente, la medida de seguridad no significa conceptualmente un castigo por el delito cometido, sino una consecuencia jurídica preventivo-especial frente a la peligrosidad manifestada por el sujeto en la comisión de aquél, aún cuando para quien la sufre pueda tener un componente aflictivo.
Se advierte pues, a partir de la perspectiva conceptual, que los presupuestos de la pena y de la medida de seguridad difieren. El sustento de la pena está dado por la culpabilidad, entendida esta como atribución subjetiva de responsabilidad por el injusto realizado, guiado por una necesidad preventivo-general y también preventivo-especial de sanción. En cambio, la medida de seguridad halla como presupuesto la peligrosidad, puesta de manifiesto a través de la comisión de la conducta típica y antijurídica por un sujeto inculpable, semiimputable e incluso culpable, guiada por una necesidad preventivo-especial, y no preventivo-general de respuesta.
Tan es así que, en el caso de las penas, la necesidad de prevención general imposibilita modificar el castigo impuesto no obstante la falta de peligrosidad demostrada por quien la sufre, lo que no sucede en el caso de la medida de seguridad que, sobre la base de la prevención-especial, puede ser no sólo morigerada sino también dejada sin efecto.
Es a partir de estas consideraciones iniciales que corresponde ahora adentrarnos en el análisis para determinar si el precepto contenido en el artículo 52 del Código Penal, constituye fundamento de la aplicación de una pena o de una medida de seguridad postdelictual.
Si nos atenemos a una interpretación puramente gramatical de la ley, que es la primera que debe privilegiar el intérprete a la luz de la jurisprudencia de la Corte (Fallos: 307:696; 308:1745; 311:1042; 312:2078; 313:254; 314:458; 316:2561; 318:1887; 319:1131 y 320:2131) será necesario concluir que el artículo 52 del Código Penal califica a la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado como “medida” por lo que de modo alguno podría constituir una pena.
Igual tratamiento pareciera asignarle la ley 24.660 cuando, al tratar las salidas transitorias y la libertad asistida, hace mención a la accesoria del artículo 52 del citado Código, como algo distinto a la pena impuesta al condenado (arts. 17 y 54).
También parece haber sido éste el criterio que inspiró la reforma de los artículos 52 y 53 del Código Penal, operada por la ley 23.057 del 15 de marzo de 1985, según resulta de la exposición del miembro informante de la Comisión de Legislación de Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Senador Lorenzo Cortese, tanto en el tratamiento del proyecto en general como al considerar, en particular los distintos preceptos que lo integraran. En tal oportunidad, el legislador comenzó y concluyó su exposición diciendo que la reclusión por tiempo indeterminado, a la que calificó de medida accesoria, debería, en el futuro, ser objeto de un profundo estudio.
A ello debe sumarse lo manifestado por V.E. en el sentido que cuando la ley emplea varios términos sucesivos, “...es la regla mas segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino empleados con algún propósito, por cuanto el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador...” (Fallos: 304:1820 entre otros).
Desde una óptica diversa, si se atiende al fundamento de la medida se advierte fácilmente la diferencia entre el contenido preceptivo del artículo 52 del Código Penal y la pena de reclusión.
Mientras que la pena del artículo 5° del Código Penal encuentra apoyo, como lo dijera anteriormente, en la culpabilidad por el delito cometido; la reclusión del artículo 52 de la ley sustantiva lo hace en la peligrosidad del condenado, cuya presencia impone el mantenimiento indeterminado de la medida (art. 53 del Código Penal).
Son estas características, duración indefinida y relevante función que cumple la peligrosidad, las que demuestran, también desde este horizonte, que la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado constituye una medida de seguridad.
Se sigue de lo antes expuesto que, para que a un sujeto se le imponga la accesoria del artículo 52 del Código Penal, debe haber cometido un delito que haya puesto de relieve una vez más su peligrosidad criminal, como también que esa peligrosidad demuestre la probabilidad concreta de comisión de otros delitos en el futuro.
En efecto, la circunstancia de que la persona haya sufrido condenas anteriores por hechos de similar naturaleza, y que haya cumplido pena privativa de libertad como consecuencia de su actuar, muestra que tales condenas no le han servido de advertencia para no volver a cometer delitos.
Son los antecedentes condenatorios del autor los que reflejan una cierta habitualidad en la ejecución de hechos ilícitos, y es esta habitualidad la que hace necesaria una mayor respuesta desde las necesidades de la prevención-especial.
En apoyo del razonamiento descripto, encuentro aplicables los conceptos expuestos por V.E. al resolver en Fallos: 186:360, 514 y 211:1702, cuando sostuvo que “la reclusión es una medida de seguridad que se impone en defensa de la sociedad a los delincuentes considerados incorregibles y el Código adopta como índice de esa incorregibilidad el número y gravedad de las anteriores condenas que el delincuente ha sufrido” (Fallos: 204:487 y 303: 127 y 670), sin que resulten fundadas –a mi juicio- las razones que expone la defensa para predicar su no aplicación al caso.
Por lo demás, esta postura fue mantenida por el Tribunal cuando señaló que “la ley sustantiva sólo autoriza la suspensión de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por única vez, en los casos de menor peligrosidad en el condenado” (Fallos: 219:380; 220:1189; 229:758; 237:168 y 303:127).
En el marco de estos criterios no parece admisible afirmar que la reclusión por tiempo indeterminado desconozca los postulados del principio de culpabilidad, al pasar de un derecho penal de culpabilidad por el hecho a un derecho penal que juzga la conducta de la persona en su vida.
El principio “nulla poena sine culpa” enunciado en el siglo XIX, supone la puesta en relación de la consecuencia jurídica –pena- con un presupuesto -la culpabilidad- de modo que para poder imponer aquélla debe darse ésta.
En los términos del recurso en examen, la violación al principio expuesto quedaría de manifiesto al pretender invocarse, como fundamento de la medida, todos los hechos futuros cuya comisión quepa pronosticar dada la peligrosidad revelada a partir del hecho cometido, descartándose la sustentabilidad de la respuesta en la culpabilidad por el hecho, esto es el injusto culpable, como lo es en el caso de la pena.
Siguiendo esa metodología discursiva sólo sería admisible, para quien postula la inconstitucionalidad, una proporcionalidad regida por el marco penal abstracto del delito cometido y no aquélla cuyos referentes sean, además del hecho realizado, los ilícitos que es previsible que el sujeto pueda cometer.
Entiendo que tal razonamiento es inválido pues, conforme quedara expresado en el punto II de este dictamen, el legislador penal ha previsto intervenciones distintas para la pena y la medida de seguridad.
De ello debe seguirse que no resultan plenamente trasladables a las medidas de seguridad los principios y criterios que rigen la aplicación de las penas, afirmación que permite salvaguardar la validez constitucional de la norma cuestionada, con arreglo al criterio reiteradamente expuesto por la jurisprudencia de la Corte, al decidir que “…es menester dar pleno efecto a la indudable intención del legislador, siendo regla de hermenéutica de las leyes atender a la armonía que ellas deben guardar con el orden jurídico restante y con las garantías de la Constitución Nacional, y en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos legislativamente” (Fallos 306:940 y sus citas).-
En efecto la medida, por mas que sea vivida como fuente de sufrimiento por el sujeto, no está concebida objetivamente como tal, resultando claro –de otro lado- que el legislador reiteradamente la ha considerado de una naturaleza diversa a la de la pena, presupuesto que no puede soslayarse a la hora de establecer los alcances de la ley, toda vez que también es criterio de hermenéutica que no debe presuponerse la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador (Fallos:303:1041; 304:794; 306:721, 307:518; 310:195; 312:1614; 313:1149; 314:458; 316:2390; 317:1820; 319:1131 y 320:2701).
Es pues evidente que el pronóstico de reiteración, basado en la peligrosidad expresada por el autor, y no la culpabilidad por el hecho con ocasión del cual se impone como accesoria de la condena, constituyó el fundamento tenido en cuenta por el legislador penal para establecer la reclusión por tiempo indeterminado, en el artículo 52 del Código Penal.
En tal sentido la Corte tiene establecido que, “la reclusión por tiempo indeterminado, no configura un complemento necesario de la pena principal” (Fallos: 303: 335) lo que demuestra “que no se está frente a un supuesto de automática vinculación entre dicha accesoria y el hecho materia de la causa” (Fallos: 303:127).
Finalmente, parece cuanto menos discutible que una vez agotado el marco previsto por el delito cometido no existan razones para una mayor intervención penal cuando subsiste una peligrosidad criminal postdelictual. Máxime cuando es la propia ley sustantiva la que legitima la actuación del Derecho Penal frente a la peligrosidad.
Resta considerar, por último, si ocurre en la especie una segunda consideración de las anteriores condenas, extremo del que se agravia el recurrente, y ello constituye una violación a la garantía constitucional de la prohibición contra el doble juzgamiento.
Al respecto es doctrina de V.E. que “el principio del non bis in idem…prohibe la nueva aplicación de pena por el mismo hecho, pero ello no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida esta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal (Fallos: 311:552).
De igual modo sostuvo que “la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito…y que es evidente que esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la valoración integral efectuada en la primera sentencia condenatoria, por lo que mal puede arguirse que se ha vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta” (Fallos: 311:1451).
Se infiere de lo expuesto que la mayor severidad con motivo de ese menosprecio por la pena por parte de quien la ha sufrido, ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no sólo se refleja al momento de individualizar la pena a imponer por el nuevo delito cometido, sino también en el cumplimiento de ésta.
En efecto no puede pasarse por alto que la reincidencia funciona de igual manera en el artículo 41 del Código Penal que en el artículo 52, pues ella proporciona, en ambos casos, un pronóstico de recaída que hace que los jueces evalúen no sólo la pena que debe aplicarse sino también su modo de ejecución.
Los fundamentos y criterios expuestos, que autorizaran la ponderación de los antecedentes para la exclusión de la condicionalidad o la valoración cuantitativa al tiempo de la aplicación de una nueva pena, resultan válidamente predicables respecto de la apreciación judicial sobre la pertinencia de una medida de seguridad, en los términos del artículo 52 del Código Penal.
En definitiva, no se advierte que el distinto tratamiento dado por la ley a aquellas personas que demuestran cierta peligrosidad, respecto de aquellas que no exteriorizan una peligrosidad de futuro, signifique algún riesgo cierto de verse perseguido dos veces por el mismo hecho.
Establecida a partir de las consideraciones expuestas, la naturaleza que cabe asignar a la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52 del Código Penal, y expresados los fundamentos por los cuales esta medida de seguridad no conculca garantías constitucionales, entiendo que es deber del Ministerio Público
Fiscal, en salvaguarda del debido proceso y de los intereses generales confiados (art. 120 de la Ley Fundamental), mantener en un todo los términos de la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, solicito se confirme la resolución recurrida en todo en cuanto ha sido objeto de agravios.
Buenos Aires, 27 de abril de 1999.
Vistos los autos: “Sosa, Marcelo Claudio s/recurso extraordinario”.
Que esta Corte comparte y hace suyos los argumentos del dictamen del señor Procurador General a los que cabe remitirse, en razón de brevedad.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se declara improcedente el recurso extraordinario. Hágase saber y devuélvase.
JULIO S. NAZARENO (según su voto)-
EDUARDO MOLINE O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
Por ello, oído el señor Procurador General se declara improcedente el recurso extraordinario.
Etiquetas: constitucionalidad, reclusion 0 comentarios Vínculos a esta publicación
a la/s 10:50 p.m. Publicadas por Jorge Poblete