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Timestamp: 2017-10-24 05:38:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 135', 'artículo 3', 'artículo 3']

María Santos Villarreal: Trabajo de Seminario de Derecho Constitucional
Nota: El profesor nos encargó un trabajo. Fue tema y formato totalmente libre.
Observaciones preliminares……………………….…………………….…. p. 4
Tesis de doctrinarios constitucionalistas……………………….…………. p. 5
Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación………………….. p. 9
Consideraciones propias……………………….…………………………... p. 13
Conclusión y reflexiones finales……………………….…….…………….. p. 17
Bibliografía…………………….…………………………...………………… p. 19
En el presente documento se aborda, dentro del marco del derecho constitucional mexicano, una paradoja jurídica que siempre ha resultado interesante para quien escribe. La constitucionalidad de las normas es un tema primordial en el estudio del Derecho Constitucional y la diferenciación de las normas constitucionales de las inconstitucionales resulta ser entonces un tema muy importante para comenzar a desarrollar una forma reflexiva de pensar al tratar temas de teoría jurídica.
El objeto de este texto es presentar dos tesis propias: una, concerniente a la jerarquía de las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y otra, concerniente a las dos caras, una formal y una material, del concepto de constitucionalidad de las normas.
Se busca comprobar que existen y/o pueden existir normas constitucionales (es decir, normas contenidas en la Constitución) que sean esencialmente inconstitucionales. Esto, mediante el análisis de la paradoja jurídica del concepto y la presentación de las dos tesis propias que sostienen la existencia de estas normas al poder identificarlas gracias a ciertas características que se postulan como las clave para poder hacerlo.
Para lograr la más efectividad posible, se toman en cuenta las opiniones de cuatro ejemplares y reconocidos doctrinarios constitucionalistas mexicanos, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las razones propias con base en las tesis mencionadas en los dos párrafos anteriores que serán posteriormente explicadas en sus debidos capítulos.
Naturalmente, es menester recalcar que las tesis creadas en el desarrollo del presente documento y las opiniones personales aquí expuestas pueden ser consideradas jurídicamente barbáricas e ilógicas para aquellos formalistas o clásicos. Se pide que lo que se expone a continuación se leído con la mente fresca y abierta; también, tomando en cuenta que se trata de los humildes pensamientos de una joven estudiante en los inicios de su viaje por el mundo del Derecho.
A resolver se tienen dos interrogativas elementales: ¿existen las normas constitucionales inconstitucionales? ¿Cómo identificarlas?
Tesis de doctrinarios constitucionalistas
Para resolver las cuestiones planteadas sobre el tema de las normas constitucionales que paradójicamente pueden llamárseles inconstitucionales, es menester analizar las posturas de los doctrinarios expertos en Derecho Constitucional. Hay decenas de constitucionalistas mexicanos ejemplares, pero se toman las posturas de cuatro principales: Rabasa, Tena Ramírez, Murillo y Carpizo. Estos siendo electos por razones de prestigio y experiencia, pero a su vez por ser los más preferidos para una lectura comprensiva amena, desde la perspectiva de una estudiante de Derecho.
Emilio Rabasa Estebanell[1]
Se acude primero a Rabasa únicamente por ser el primer doctrinario mexicano en abordar el tema de los límites revisionistas de la Constitución dentro de la teoría del derecho constitucional. El autor desarrolla una amplia teoría constitucional sobre el Poder Reformador de la Constitución (o el “poder nacional”, como lo llama él). Explaya en la legitimidad de este y sus diferencias con el Poder Constituyente, sobre los procedimientos legítimos de reformas (al cual le atribuye un poder irrestricto, estableciendo que “no tiene límite alguno en el procedimiento”). No obstante, establece que no se puede “constitucionalmente destruir la Constitución”, puesto que se violaría el artículo 39 de la misma.
Entonces, aunque Rabasa expresamente le confiere al Poder Reformador un, valga la redundancia, poder irrestricto para reformar la Constitución, tácitamente (al posteriormente elaborar en el tema de la voluntad popular) le pone un sólo límite: la no violación al artículo 39. Ahora bien, ¿esto de qué nos sirve a la hora de determinar si una norma constitucional puede o no ser inconstitucional? Aunque el autor nunca se plantea este problema, nos deja como introducción a este debate la imposición de límites al Poder Reformador de la Constitución. Aunque en su doctrina este sólo sea uno, posteriormente se van ampliando.
Felipe Tena Ramírez[2]
Tena Ramírez es claro en el tema. Él argumenta que el Poder Reformador de la Constitución carece de límites (como lo planteaba Rabasa) para reformar la Ley Fundamental y es el único que posee plenitud de soberanía para hacerlo. Así, es que “nada escapa a su competencia, con tal de que subsista el régimen constitucional”.
Por ende, es firme en la postura de que no puede declararse una norma constitucional como inconstitucional; al menos que, debido a lo expuesto en el párrafo anterior, haya alguna falla en el debido proceso o el órgano que pretende reformar la Constitución no sea el competente.
Guillebaldo Murillo Ruiz[3]
El doctrinario Murillo hace una precisión muy interesante que después se transformaría en lo que viene siendo el concepto de “legislación negativa” en contraposición a la “legislación positiva”. El autor argumenta que, en efecto, el Poder Reformador de la Constitución tiene plenas facultades para reformarla, mientras cumpla con las formalidades que esta misma señala. No obstante, establece que “una cosa es reformar y otra cosa muy distinta es deformar”. ¿A qué se refiere con esto? A que este Poder está constitucionalmente autorizado para hacer las reformas que sean, mientras estas “reclamen la felicidad del pueblo” y, por supuesto, que vayan conforme a los lineamientos básicos que la misma Constitución plantea. Empero, el Poder Reformador no está autorizado en ninguna parte de la Carta Magna para cambiar las normas constitucionales “contra el sentir general del pueblo(…) so pretexto de reformarlas”.
La distinción que hace Murillo entre reformar y deformar es precisamente la de reformar o la de hacer cambios en la sustancia de las normas de modo radical pero que no son reformas en sí mismas. Ahora bien, el propio Murillo reconoce la dificultad que existe para poder distinguir uno de otro: es decir, cuál es una reforma autorizada por la Constitución y cuál no lo es. Sin embargo, todo el análisis se reduce a lo siguiente: si una reforma o adición a la Constitución contraviene una norma que ya estaba en la Constitución desde que fue creada en 1917, entonces es totalmente nula y por ende, no puede ser llamada “reforma”, sino que es un cambio inválido nada más. Esto es, bajo la lógica de que el Poder Reformador de la Constitución fue creado y designado por el único y una vez Poder Constituyente y que, por lo tanto, este último es superior en jerarquía de poder al primero. Basándose en la lógica anterior, toda “mal llamada reforma” que contravenga normas constitucionales que fueron impuestas por el Poder Constituyente son nulas totalmente.
En fin, aunque Murillo no se pronuncia expresamente en el tema de si una norma constitucional puede ser declarada inconstitucional, puede deducirse de su teoría de la jerarquía entre Poder Constituyente y Poder Reformador y su teoría de la diferencia significativa entre reformar y deformar, que una norma constitucional no puede ser declarada inconstitucional: puesto que todo cambio a la Constitución que contravenga sus propias disposiciones es nula y por ende nunca existió como norma constitucional. Si nunca existió dicha norma constitucional, no hay nada qué analizar para declarar su validez o no.
Jorge Carpizo McGreggor[4]
Al igual que los autores anteriores, Carpizo no maneja la cuestión particular que se analiza en el presente texto; aunque resulta relevante por su postulación o identificación de cuáles son los principios fundamentales de la Constitución. Carpizo señala como principios fundamentales a los derechos humanos, a la soberanía, a la división de poderes, a la representatividad, al federalismo, a la justicia constitucional y a la supremacía del Estado.
También, Carpizo hace una adición a la línea jerárquica de Murillo: ya no es Poder Constituyente sobre Poder Reformador de la Constitución o “poder revisor” (por el hecho de ser este Poder Reformador un poder constituido, como lo argumenta Murillo). Para Carpizo, en esta jerarquía está en primer lugar el Poder Constituyente, en segundo lugar el Poder Revisor y en tercer lugar los demás poderes constituidos. Esta jerarquía se teoriza bajo el argumento de que, aún y cuando el Poder Reformador es un poder constituido por el Poder Constituyente, no es como los demás poderes constituidos por el simple hecho de que el Poder Reformador puede a su vez alterar de manera válida a los demás poderes constituidos.
Y, ¿de qué nos sirve abordar esto de los principios básicos constitucionales y establecer una jerarquía entre los mencionados Poderes? Sirve para enriquecer el debate en cuanto a qué principios son inviolables en una reforma constitucional: cuáles, dicho de otro modo, son los límites que Rabasa no planteó. Los principios fundamentales que marca Carpizo son, por ende, los límites que tiene el Poder Reformador, impuestos por el Poder Constituyente (que es superior en jerarquía), en el marco de actuación que tiene para hacer reformas a la Ley Fundamental.
Se puede afirmar que nuestros ejemplares doctrinarios constitucionalistas establecen límites (atendiendo a la jerarquía entre los Poderes Reformador, Constituyente y constituidos y a los principios básicos constitucionales) al Poder Reformador de la Constitución para realizar reformas o adiciones a nuestra Carta Magna. Por ende, de esto se deduce que los citados doctrinarios coinciden en que una norma constitucional no puede ser en esencia inconstitucional, atendiendo a la lógica de que si no puede haber norma que viole dichos límites, entonces nunca fue una norma “constitucional” válida.
En esto, el que se adentra más en la explicación del por qué es, sin duda, Murillo. Las razón es que si se hace una adición o reforma a la Ley Fundamental que contravenga a los principios básicos, entonces el Poder Reformador se está extralimitando en sus competencias o, en otras palabras, saliéndose de sus límites (los cuales le fueron impuestos por el Poder Constituyente) y por esto mismo de no tener competencia para expedir una norma así, es nula totalmente y no es una norma constitucional.
Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación[5] cuenta con una tesis que es clara en la cuestión principal de este texto: si puede una norma constitucional ser inconstitucional. No obstante, hay otras dos tesis que elaboran en el tema de fondo que se ha venido desarrollando al analizar las posturas de los doctrinarios anteriores, por lo que también son importantes citar para tener una visión íntegra del razonamiento de la Corte.
Primeramente, se presenta y se analiza la tesis que elabora sobre las facultades y límites del Poder Constituyente. La segunda tesis, decreta específicamente que las normas constitucionales no pueden ser declaradas inconstitucionales. En tercer lugar, hay una tesis que alimenta la anterior al establecer el principio de que los estatutos de la Constitución no pueden ser contradictorios entre sí. Entonces, aunque el orden en las que se presentan no es cronológico, este orden atiende a la lógica de: causa, principio, razonamiento.
PODER CONSTITUYENTE DE LA NACIÓN[6]
Agosto, 1918
En él radica la facultad suprema de modificar las leyes y las instituciones, sin más límites que los que fijan el interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre.
Al establecer la Corte que es el Poder Constituyente el único órgano facultado para modificar las instituciones de la Constitución, le quita esta facultad, a contrario sensu, al Poder Reformador de la misma. Por ello, se entiende que, aunque el Poder Reformador puede, valga la redundancia, reformar y adicionar normas a este ordenamiento supremo, no puede cambiar las instituciones básicas que la conforman. Asimismo, recordando lo de los límites que ponen, de manera distinta, los doctrinarios que se citaron en el apartado anterior, la SCJN establece como límites para toda reforma al interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre. El problema surge en que no se define qué es o quién dice qué es el interés nacional o qué se entiende por civilización como límite. Los derechos naturales, por supuesto, vienen siendo lo mismo que los derechos fundamentales o derechos humanos.
Esta tesis aislada es el manantial de toda la línea de pensamiento en derecho constitucional mexicano que declara que una norma de la Constitución no puede ser inconstitucional. En las siguientes dos tesis, se puede observar de mejor manera el por qué.
CONSTITUCIÓN: TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL[7]
De conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás, por lo que no puede aceptarse que algunas de sus normas no deban observarse por ser contrarias a lo dispuesto por otras. De ahí que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada inconstitucional. Por otro lado, la Constitución únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece.
Aquí, la Suprema Corte marca un principio básico jurídico que, en esta humilde opinión, puede resultar congruente en sentido formal pero falaz en sentido material.[8] Bajo este principio de supremacía constitucional que viene gestándose desde el caso Marbury v. Madison en 1803 en Estados Unidos de América, se deduce que una norma de la Constitución no puede declararse inconstitucional. Esto es así, debido a que si todas las normas que están dentro de la Carta Magna son de igual jerarquía, entonces no hay ninguna superior a otra, por lo que no hay alguna norma que funja como punto de referencia para determinar la constitucionalidad o no de las demás normas.
Esta tesis es particularmente interesante porque entonces los principios básicos o fundamentales de la Constitución que marcó Carpizo resultan obsoletos, o simplemente resultan no ser principios por el hecho de no ser estos superiores a las normas presentadas en la misma Constitución. Por ello, resulta ser que dichos principios fundamentales no serían límite para reformar la Ley Fundamental. Esto, bajo el razonamiento del presente criterio, por supuesto.
CONSTITUCIÓN FEDERAL: SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SÍ[9]
Marzo, 1972
Las reformas a los artículos 49 y 131 de la Constitución, efectuadas por el Congreso de la Unión, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133, la Constitución no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podría hablar de orden jurídico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Además, siendo "la Ley Suprema de toda la Unión", únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo 135 constitucional, y únicamente por conducto de un órgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla.
Este criterio de la Corte puede resultar más sencillo de entender, dado que dice exactamente lo mismo que la tesis anterior, pero a manera de ejemplo. Es menester por supuesto, aunque ya se tiene la respuesta que da la SCJN a la interrogante de la hipótesis, analizar el ejemplo; por ello, a continuación se explica el fondo del amparo resuelto.
En agosto de 1962, un mexicano[10] interpuso un amparo[11] para protegerse de unas reformas constitucionales que se efectuaron por el Congreso de la Unión. Estas reformas, alegó el quejoso, le causaban agravios por violaciones que hubieron en su proceso penal. Esto es irrelevante para el tema del presente texto; lo importante es el carácter de inconstitucional que el quejoso le atribuye a las reformas por contravenir el principio de separación de poderes al considerar que el Legislativo invadía las competencias del Ejecutivo en dichas reformas.
No obstante, sin resolver la Corte de fondo al argumento del quejoso de que se iba en contra de los principios fundamentales de la Constitución y de la Nación, declaró en marzo de 1972 únicamente que era imposible jurídicamente que las normas contenidas en la constitución se contradijeran entre sí, atendiendo al principio de que no existe jerarquía entre estas.
La Suprema Corte es clara en si una norma de la Constitución puede ser declarada inconstitucional: la respuesta es no. ¿Las razones? No hay jerarquía entre las normas constitucionales y no existe contradicción entre estas. Humildemente señalando a la Corte la deficiencia de su fallo, se quiere recalcar que la Corte está atendiendo únicamente a aspectos jurídicos estrictamente formales, no a la esencia de las normas.
Si bien es cierto que formalmente, por los principios de la no jerarquía y la no contradicción, es imposible que una norma constitucional sea inconstitucional como se pretende demostrar que en efecto pueden darse esos casos en el presente texto, nuestra Suprema Corte falla en diferenciar entre los aspectos formales y materiales del concepto de la constitucionalidad. Debido a esto, la SCJN es incompleta en su criterio y, a la vez, este es falaz.
Tomando en cuenta las tesis de los doctrinarios constitucionalistas citados y analizándolas con detenimiento, se entienden dichas posturas y puede decirse que, bajo la lógica que plantean, sin duda tienen la razón. No obstante, aún y reconociendo lo anterior y aún y teniendo en contra que el concepto de una “Constitución inconstitucional” o una “norma constitucional inconstitucional” es una falacia no sólo del lenguaje, sino también jurídica, se sostiene la postura de que sí es posible que nuestra Constitución contenga normas inconstitucionales.
En este apartado, se elabora en las razones de esta postura, dividiendo los argumentos en dos partes: la primera, atendiendo a un concepto de “constitucional” en sentido formal y otro en sentido material; la segunda, atendiendo a cuáles serían las características de una norma constitucional inconstitucional. Esto, con el objeto de ejemplificar el concepto que parece ilógico y falaz para aterrizarlo y demostrar que en efecto existen estas normas. Asimismo, también se toman en cuenta las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demostrar por qué su criterio es incompleto y falaz como se afirma en el capítulo anterior. A su vez, se exponen en el presente capítulo las razones por las cuales se considera que sí pueden existir normas constitucionales inconstitucionales. Por supuesto, aunados los argumentos relativos a este criterio con los argumentos de lógica en cuanto al concepto y a la esencia de las normas que se explica en el párrafo que antecede.
A continuación, se exponen las consideraciones propias para afirmar que existen y/o pueden existir normas constitucionales inconstitucionales.
Razones del concepto
Una constitución inconstitucional. Normas constitucionales inconstitucionales. Estos conceptos resultan, por supuesto, paradójicos en lo lingüístico. Empero, se considera que, a pesar de los criterios de los doctrinarios citados en el segundo apartado del presente documento y de las sentencias de la Corte mencionadas y explicadas en el anterior capítulo, son paradójicos en lo jurídico únicamente de forma parcial.
¿Por qué resulta esto jurídicamente paradójico únicamente de forma parcial y no de forma total como nos presentan los doctrinarios y la Corte? Porque estos, al elaborar en el tema y analizarlo a profundidad, lo hacen solamente en el aspecto formal y se olvidan del aspecto material que conlleva el concepto. En lo formal, se comparte el criterio de estos, por razones de lógica y de obviedad. En lo material es en lo que se difiere. ¿Por qué?
Constitucional, en sentido formal, viene siendo pues una característica que tienen las normas contenidas en la Constitución. Constitucional, en sentido material, por otro lado, atiende a si las normas contenidas en la Constitución no violan principios fundamentales de esta y no violan derechos humanos.
Así, se distingue entre el aspecto formal y el aspecto material de la norma constitucional: el formal, que atiende a los principios formalistas de no jerarquía y no contradicción; y el material, que atiende a la esencia de la norma misma. Son por razones de esencia por las que puede afirmarse que, en efecto, existen y/o pueden existir estas normas.
Razones de la esencia normativa
Por lo dicho en los párrafos que anteceden, se afirma que una norma constitucional es inconstitucional si viola derechos humanos o si viola principios básicos de la misma Ley Fundamental. Esto atiende a la esencia normativa.
Si una norma contiene alguna de las siguientes dos características o las dos, es inconstitucional en sentido material:
A. La norma es violatoria de los principios fundamentales de la misma Constitución.
B. La norma es violatoria de los derechos humanos de las personas.
Con esto, se crea la tesis de que las normas contenidas en la Constitución se dividen en dos sectores y entre dichos sectores sí hay nivel jerárquico (todo esto, por supuesto, ateniendo únicamente al aspecto material; el aspecto formal ya quedó resuelto y claro en que se comparte la tesis de los doctrinarios y de la Suprema Corte). Dichos sectores son:
A. Las normas que contienen principios fundamentales de la Constitución o el reconocimiento de derechos humanos.
B. Las normas que contienen reglas derivadas de los principios fundamentales o de la interpretación de los derechos humanos que son reconocidos por el orden jurídico mexicano.
¿Cómo puede ser que una norma constitucional contravenga principios fundamentales de la Constitución? Verbigracia, si se decreta un día que los Estados Unidos Mexicanos ahora no son una república federal, sino un imperio. Esto contraría el principio básico del federalismo contenido en la Carta Magna. Si una reforma constitucional pretendiera lo anterior, sería en esencia, claro, inconstitucional.
¿Cómo puede ser una norma constitucional violatoria de los derechos humanos de las personas? Esta interrogante es más fácil de explicar, debido a que los casos no son hipotéticos como el anterior ejemplo, sino reales. Verbigracia, se tiene en la Constitución al arraigo. Esta figura jurídica es una “medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte (por el Ministerio Público), cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda(…) Tiene por objeto finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder la sentencia que se dicte”[12]. En materia penal, es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en una averiguación previa o durante un proceso. Este ejemplo tan conocido es el ejemplo perfecto de una norma constitucional que es perfectamente inconstitucional en lo material por ser violatoria de los derechos humanos de las personas reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte: viola el derecho de libertad y viola el derecho más específico de la presunción de inocencia en un debido proceso. No obstante, la Corte lo ha declarado constitucional.
Atendiendo a esta idea de los diferentes sectores de las normas constitucionales, se propone humildemente la tesis siguiente en cuanto a jerarquía constitucional:
Siendo la Constitución la punta de la pirámide, se propone dividir internamente la jerarquía de sus normas: primero, las normas constitucionales que contienen principios fundamentales; segundo, las normas que no contienen principios fundamentales sino disposiciones derivadas de estos. Bajo este esquema, toda norma constitucional, para ser considerada “constitucional” en sentido material, debiera de estar conforme a la primera clase de normas constitucionales: aquellas que dictan principios fundamentales de la misma.
Así, aunque formalmente no pueda considerarse inconstitucional a una norma constitucional o a una Constitución, en sentido material, tomando en cuenta estas consideraciones propias (las dos características clave mencionadas en el presente apartado y a la tesis propuesta de jerarquía de normas constitucionales), se reafirma la tesis de que sí pueden haber y sí hay normas constitucionales que son, en esencia, inconstitucionales.
El estudio de teorías clásicas del derecho constitucional es importante para el estudiante de Derecho; más allá que como una simple materia, como una oportunidad de hacer ejercicios mentales y elaborar tesis propias sobre la forma en la que se compone el ordenamiento jurídico mexicano y los principios que rigen a este.
Es el caso del presente texto en el que se proponen formas propias de observar y de percibir la teoría del derecho constitucional y sus más elementales bases.
Ya ha sido abordado el tema de si una norma constitucional puede ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la mayoría de los doctrinarios más eruditos en la materia.
Todos han concluido que no es posible lo anterior, dado que contraría a los principios de que no hay jerarquía entre las normas de la Constitución y que estas no pueden oponerse entre sí. No obstante lo anterior, estas conclusiones no son compartidas.
Se considera el que se debe de analizar el tema desde dos perspectivas muy distintas, pero paralelas. Se debe de analizar la constitucionalidad de una norma contenida en la Constitución desde un aspecto exclusivamente formal y también desde un aspecto material o de esencia normativa.
Al hacer esta segregación, se comparten las teorías de que una norma no puede ser declarada inconstitucional si está dentro de la Ley Fundamental; empero, solamente desde un punto de vista formal.
En el sentido material es donde se discrepa, puesto que es tesis propia que se debe atender al contenido de una norma adicionada a la Constitución o reformada o modificada y evaluar si este no contraría a los principios fundamentales de la propia Carta Magna.
A. Desde un aspecto formal, una norma constitucional jamás podría ser considerada inconstitucional.
B. Desde un aspecto material, una norma constitucional puede ser en esencia inconstitucional. De hecho, ya existen varias, como se mencionó en el debido apartado del presente documento.
Se está consciente de lo barbárico que puede sonar para un Doctor en Derecho formalista o muy positivista la hipótesis que se plantea: una norma constitucional inconstitucional.
No obstante, se invita a visualizar este concepto como un sólo objeto compuesto de dos dimensiones. Una dimensión, la formalista: no es posible esto, con fundamento en los principios básicos de no jerarquía y no contradicción. La otra dimensión, la que atiende al sentido esencial de la norma: sí puede ser considerada inconstitucional una norma contenida en la Constitución si se valora bajo un lente compuesto de dos principales filtros; estos son, primero, si viola principios fundamentales de la misma y, segundo, si viola alguno o algunos de los derechos humanos de las personas.
Concluyendo con lo dicho en el párrafo que antecede, se deja constado que sería interesante y productivo discutir con el profesor, en persona, lo contenido en este documento. No sólo para efectos de retroalimentación, sino también para dialogar sobre las tesis aquí planteadas.
[1] Rabasa Estebanell, Emilio. La Constitución y la dictadura. México, Editorial Porrúa, 1968.
[2] Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. México, Editorial Porrúa, 1975.
[3] Murillo Ruiz, Guillebaldo. La inconstitucionalidad del artículo 3 de nuestra actual Constitución Federal. México, Editorial Jus, 1941.
[4] Carpizo McGreggor, Jorge. Estudios constitucionales. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma, 1983.
[5] En lo sucesivo: “SCJN”, “la Corte”, “la Suprema Corte”.
[6] Poder Constituyente de la Nación. Tesis 290406. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: desconocida. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo III, p. 587. Agosto, 1918.
[7] Constitución: todas sus normas tienen la misma jerarquía y ninguna de ellas puede declararse inconstitucional. Tesis 205882. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 2083/88. Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, Tomo V, Primera Parte, p. 17. Mayo, 1990.
[8] Este aspecto del criterio citado y las razones por las que se está en contra, son abordadas en el siguiente capítulo del presente.
[9] Constitución federal: sus estatutos no pueden ser contradictorios entre sí. Tesis 233476. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 8165/62. Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, Volumen 39, Primera Parte, p. 22. Marzo, 1972.
[10] No se publicó el nombre. En lo sucesivo, se le denominará “el quejoso”.
[11] Amparo en revisión 8165/62. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponencia del Ministro Enrique Martínez Ulloa. Archivo de la SCJN. Marzo, 1972.
[12] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. México, Editorial Porrúa, 1997.
Carpizo McGreggor, Jorge. Estudios constitucionales. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma, 1983.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diccionario Jurídico Mexicano. México, Editorial Porrúa, 1997.
Murillo Ruiz, Guillebaldo. La inconstitucionalidad del artículo 3 de nuestra actual Constitución Federal. México, Editorial Jus, 1941.
Rabasa Estebanell, Emilio. La Constitución y la dictadura. México, Editorial Porrúa, 1968.
Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. México, Editorial Porrúa, 1975.
Amparo en revisión 8165/62. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponencia del Ministro Enrique Martínez Ulloa. Archivo de la SCJN. Marzo, 1972.
Constitución: todas sus normas tienen la misma jerarquía y ninguna de ellas puede declararse inconstitucional. Tesis 205882. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 2083/88. Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, Tomo V, Primera Parte, p. 17. Mayo, 1990.
Constitución federal: sus estatutos no pueden ser contradictorios entre sí. Tesis 233476. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 8165/62. Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época, Volumen 39, Primera Parte, p. 22. Marzo, 1972.
Poder Constituyente de la Nación. Tesis 290406. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: desconocida. Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época, Tomo III, p. 587. Agosto, 1918.
Publicadas por María Sv a la/s 20:38