Source: http://www.parthenon.pe/columnas/actualidad-socio-ambiental/analisis-del-caso-de-la-comunidad-nativa-de-tres-islas/
Timestamp: 2020-05-28 18:14:08
Document Index: 275423192

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 149', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 7']

Análisis del caso de la Comunidad Nativa de Tres Islas | Parthenon
Si bien es cierto este caso no se encuentra terminado aún, dado que los representantes de la comunidad han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la inejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que les favorecía, en el presente se analizará el Expediente N° 01126-2011-HC/TC por los aportes que nos deja.
La Comunidad Nativa Tres Islas ubicada en la sub cuenca del río Madre de Dios, en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios venía sufriendo la intrusión no autorizada de terceros (mineros ilegales e informales, taladores, transportistas y actividades de prostitución), lo cual generó deforestación de los bosques y la contaminación de su hábitat. Como consecuencia de ello, la Asamblea comunal decidió implementar una caseta de control y una tranquera en la zona de acceso a su territorio, para controlar el ingreso de estos terceros.
Producto de esta acción, dos empresas de transporte ingresaron al territorio de la comunidad sin autorización: Los Mineros S.A.C. y Los Pioneros S.CR.L., interponiendo una demanda de hábeas corpus a fin de que se les permita el libre tránsito; ganando en primera y segunda instancia en Madre de Dios. Siendo así, el Poder Judicial ordenó la destrucción de la caseta de control y la tranquera que construyó la comunidad.
Ante este escenario, la comunidad decidió iniciar un proceso de hábeas corpus en contra del interpuesto por los transportistas, a fin de proteger sus derechos como pueblo indígena. De esta manera, el 11 de setiembre de 2012, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a favor de la comunidad nativa de Tres Islas (reconvertida por el tribunal a un proceso de amparo, al ser lo que correspondía)
La constitución, el multiculturalismo y la realidad social
El Tribunal establece que hay dos maneras de entender el multiculturalismo: como la descripción u observación de determinada realidad social, y también como política de Estado que, en base al reconocimiento de tal realidad, pretende reconocer derechos especiales a minorías estructuradas e identificadas en torno a elementos culturales. Así, la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona como miembro de un Estado multicultural y poliétnico, por lo que no cabe el desconocimiento de la existencia de pueblos y culturas originaras y ancestrales del Perú.
Cabe resaltar que lo multicultural implica la aceptación de distintas culturas, manifestaciones culturales y distintas actitudes de ser y entender lo que es ser peruano, del desarrollo de la libre personalidad, de la visión comunitaria de las costumbres que provienen de la experiencia histórica, religiosa y étnica; lo cual conforma la identidad nacional en todas sus variantes.
De igual forma, debe entenderse que el reconocimiento de otras culturas e identidades no equivale a políticas de asimilación; es decir, construido sobre percepciones que observan que otras culturas minoritarias son “menos avanzadas”; las cuales estarían destinadas a perder su identidad en un proceso de “superación cultural” al ser absorbidas por la sociedad dominante. Por el contrario, una visión que pretenda la integración considerando las diferencias culturales o planteando estrategias de tolerancia es más respetuosa de las realidades e identidad cultural y étnica de los pueblos indígenas.
En ese sentido, detrás de la visión integracionista, está el principio de igualdad consagrado en el artículo 2° inciso 2 de nuestra Constitución, la cual contiene un reconocimiento implícito de “tolerancia a la diversidad” como aspiración de la sociedad peruana. Asimismo, el respeto a la diversidad está relacionado con el reconocimiento de la identidad étnica y cultural (mencionado en el artículo 2° inciso 19). En adición, el artículo 89° de la Constitución reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades nativas, así como la libre disposición de sus tierras; de igual forma, el artículo 149° permite la aplicación del derechos consuetudinario de las comunidades al ejercer funciones jurisdiccionales.
2. Relación de los argumentos del TC con las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo:
Es importante resaltar que este Convenio tiene una concepción intercultural (a diferencia de la visión asimilacionista del Convenio anterior de 1957) descartando el enfoque basado en la ficción de un Estado uninacional. Así, tenemos el preámbulo del Convenio 169 en el que se señala: “reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven”.
De lo anterior, se desprende el reconocimiento de los elementos socio-culturales y religiosos que conforman la identidad cultural de los pueblos; así como la libertad para decidir sus formas de vida y desarrollo.
El reconocimiento de lo multicultural implica, además, no solo la declaración expresa de los derechos con los que cuentan los pueblos, sino también medidas de protección que garanticen la plena satisfacción de esos atributos (tal como menciona el artículo 12°), así como procedimientos de consulta cuando medidas legislativas o administrativas los afecten directamente (artículo 6° del Convenio 169).
La garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas
En este punto, el Tribunal define el derecho de propiedad como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Desde el enfoque del derecho constitucional, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido no solo como un derecho subjetivo sino también como una garantía institucional, según el cual el Estado garantiza su inviolabilidad. Así también, desde el enfoque del derecho civil, la propiedad es un derecho real porque establece una relación directa entre el titular y el bien ejercitando (el propietario) sus atributos sin intervención de otra persona. Además la propiedad es “erga omnes”; es decir, un derecho absoluto, exclusivo; y perpetuo.
El Tribunal Constitucional destaca que la visión civilista de la propiedad debe contener una mirada multicultural, tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas, específicamente en lo concerniente al vínculo espiritual de las comunidades con sus territorios. Cabe resaltar que si bien la Constitución hace referencia a la protección de las “tierras” de las comunidades, tal concepto debe entenderse a la luz del Convenio, en tanto señala que el término “tierras” debe incluir el concepto de “territorios”. Si bien un concepto incluye al otro, se debe hacer la diferencia toda vez que el término “tierra” alude a dimensión civil o patrimonial; mientras que, “territorio” tiene una vocación política de autogobierno y autonomía.
Por tanto, el reconocimiento de los pueblos indígenas traspasa la dimensión de una mera asociación civil, ya que su visión se asienta sobre una dimensión política establecida en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, destacando que esa autonomía para definir sus destinos y proyectos de desarrollo no incluye el elemento separatista o secesionista.
2. Relación de los argumentos del TC con las normas del Convenio 169 de la OIT
Sobre este tema, debemos señalar el artículo 13° del Convenio 169, el cual señala que la utilización del término “tierras” deberá incluir el concepto de “territorios”. Asimismo, destaca el respeto que deberán tener los gobiernos por la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios.
De igual manera, se debe resaltar el artículo 14° en tanto menciona que “deberán reconocerse a los pueblos interesados los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan así como las tierras a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales de subsistencia”. Así también, ese mismo artículo, señala que los Estados deberán tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Sobre la afectación del derecho de propiedad del territorio indígena
Sobre este tema, el TC se pregunta si existe derecho alguno que permita que terceros ajenos a la comunidad ingresen a su territorio sin consentimiento; señalando que ninguna empresa puede ingresar al territorio de la comunidad sin que medie un título que los habilite. En ese sentido, el ingreso o realización de algún proyecto requiere de un título habilitante; de lo contrario, se estaría afectando la integridad territorial de la comunidad nativa tres islas.
Por otro lado, menciona - según la controversia que se analiza - que hay una caso de colisión entre el derecho de propiedad de la comunidad nativa y la libertad de tránsito de los terceros; derechos que deben ser sopesados sin brindarle mayor jerarquía a uno sobre el otro sin previamente haber estudiado todas las aristas que involucran la confrontación de tales derechos.
Cabe mencionar que, del análisis de los hechos, no se desprende que se hayan programado mecanismos de consulta o de expropiación para que haya “servidumbre de paso” sobre territorio de las comunidades, por lo que - en consecuencia - podrán, legítimamente, hacer uso de su derecho a la propiedad; así como determinar quiénes podrán ingresar a su propiedad y quiénes no.
Sobre el derecho a la consulta, debemos entender que este no se limita a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígena, sino que también son aplicables a casos donde se adopten medidas administrativas o legislativas de los Estados que tengan impacto sobre los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Del caso se desprende que las empresas de transportes no contaban con autorización que las habilitara para transitar por el camino que pertenece a territorio de las comunidades.
Así, estos hechos estarían afectando el artículo 6° del Convenio 169, en tanto señala que “los gobiernos deberán consultar, mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarle”. Este artículo implica una obligación de los Estados sobre la consulta que deben realizar, aspecto que se estaría viendo vulnerado pues no hay intervención del gobierno regional promoviendo el diálogo con las comunidades respecto de la afectación a sus territorios con aquella servidumbre de paso. En esa misma línea, el artículo 18° destaca que los gobiernos deberán tomar medidas para prevenir infracciones relacionadas con la intromisión o el uso no autorizado en las tierras de los pueblos interesados.
Finalmente, el artículo 15° establece el derecho a la consulta de los pueblos interesados “a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serian perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar algún programa de prospección o explotación de los recursos”.
Sobre la afectación de la autonomía comunal
Autonomía comunal implica el derecho de organizarse y tomar medidas que estimen pertinentes (las comunidades) para la protección de sus derechos e intereses, lo que se manifiesta en la capacidad de controlar quiénes ingresan a su territorio. En el caso que conoce el Tribunal Constitucional, la comunidad nativas Tres Islas está frente a una determinación no jurisdiccional, en la que plasma una medida sobre el uso y libre disposición de sus tierras.
Respecto a las formas de autonomía, debe tenerse en cuenta que la potestad jurisdiccional no es la única, sino que existen otras manifestaciones como la manera en que se usan o disponen las tierras. La protección de ese derecho a la autonomía, implica el reconocimiento de la identidad cultural de las comunidades nativas y campesinas, puesto que les brinda un espacio material indispensable para el sostenimiento de la comunidad.
El Tribunal resalta que el ejercicio de esta autonomía tiene límites, en tanto debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal. Asimismo, ese derecho no impide que las autoridades estatales no puedan ingresar, en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, al territorio de los pueblos siempre que dicha intromisión sea debidamente justificada y cuando se haya efectuado la consulta.
2. Relación de los argumentos del Tribunal con las normas del Convenio 169 de la OIT
El derecho a la libre determinación no se encuentra mencionado expresamente en el Convenio 169; sin embargo, podemos inferirlo a partir de los artículos que mencionan el derecho a la tierra y los primeros artículos que dan cuenta del enfoque multicultural. Así, el artículo 7° señala que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar cultural y a las tierras que ocupan o utiliza, y de controlar, en la medida de los posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Asimismo, la libre determinación tiene múltiples dimensiones: desarrollo, cultura, lengua, educación, jurisdicción, autoridades, instituciones, etc. (todas ellas reconocidas en el preámbulo del Convenio 169).
Precisamente, una forma de autonomía es tomar medidas que restrinjan el acceso de terceros al territorio de las comunidades, siempre que estos terceros no cuenten con una norma autoritativa.
Por otro lado, el Convenio 169 señala en el artículo 15° el derecho a la consulta de los pueblos y derechos de participación cuando haya actividades que los perjudiquen directamente.
El enfoque multicultural implica la aceptación de distintas culturas y manifestaciones culturales, del desarrollo de la libre personalidad, de la visión comunitaria de las costumbres provenientes de la experiencia histórica, religiosa y étnica; lo cual conforma la identidad nacional en todas sus variantes.
El Convenio 169 de la OIT tiene una concepción intercultural descartando el enfoque basado en la ficción de un Estado uninacional.
La visión civilista de la propiedad debe contener una mirada multicultural, específicamente en lo concerniente al vínculo espiritual de las comunidades para con sus territorios.
El derecho a la libre determinación no se encuentra mencionado expresamente en el Convenio 169; sin embargo, podemos inferirlo a partir de los artículos que hablan sobre el derecho a la tierra como el artículo 7° del Convenio 169.
Los derechos establecidos en el Convenio en favor de las comunidades no reconoce un derecho a constituir un nuevo Estado, en la medida que el Tratado se refiere a pueblos indígenas en países independientes.
El derecho a la consulta no se limita a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígena, sino que también son aplicables a casos donde se adopten medidas administrativas o legislativas de los Estados que tengan impacto sobre los derechos e intereses de los pueblos indígenas.