Source: http://www.elfisco.com/articulos/articulo.aspx?art_id=43
Timestamp: 2013-12-12 09:46:29
Document Index: 361739582

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 67', 'artículo 67', 'Artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 10', 'artículo 67', 'artículo 78', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 24', 'artículo 67', 'artículo 24', 'artículo 67']

Artículo enero 2006
RENTA Y DISCAPACIDAD
El IRPF presta atención a las personas con discapacidad y a sus familias, en particular a aquellas que poseen un grado de minusvalía igual o superior a 65 por ciento o las que, sin alcanzar dicho grado necesitan la ayuda de terceras personas o tiene movilidad reducida.
En primer lugar hemos de prestar atención a la definición de discapacitado a efectos de la normativa del IRPF, para la cual tiene la consideración de discapacitados aquellos contribuyentes que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
El grado de minusvalía deberá acreditarse, en base al artículo 67 del Reglamento del IRPF 214/1999 y de la disposición adicional 12 de la ley 55/1997, de 29 de Diciembre:
- mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios ( IMSERSO) o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas ( en Cataluña denominados CAD, centro de atención a disminuidos, en concreto el equipo de valoraciones de adultos, dirigido por el Departamento de “ Benestar i família” de la Generalitat de Cataluña).
La necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedidos por los organismos citados.
Además, se considerará acreditado un grado de minusvalía:
- Igual o superior al 33%, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de Clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Recordar que estas pensiones son reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS).
- Igual o superior al 65%, a aquellas personas con minusvalía cuya incapacidad haya sido declarada judicialmente en el orden civil, aunque no alcancen dicho grado.
Los mínimos personal y familiar reducen la parte general de la renta del periodo impositivo, sin que ésta pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminución. Si hubiera remanente, se aplicará a reducir la parte especial de la renta del periodo impositivo, que tampoco podrá ser negativa. El resultado de estas minoraciones dará lugar a la parte general y especial de la base imponible, respectivamente.
Las cuantías de los mínimos personal y familiar son iguales para todos los contribuyentes, sean o no discapacitados. La circunstancia de discapacidad se va a tener en cuenta a través de las diversas reducciones por discapacidad referidas más delante de forma detallada.
Por otra parte, dentro del concepto de mínimo familiar se incluye únicamente a los descendientes. Los ascendientes quedan fuera de dicho concepto y pasan a tener una reducción específica en la base imponible.
Para beneficiarse del mínimo familiar, los descendientes han de cumplir los siguientes requisitos:
- ser solteros.
- Convivir con el contribuyente que aplica el mínimo familiar en la fecha de devengo del impuesto ( 31 de Diciembre normalmente). Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.
- No haber cumplido 25 años, salvo que sean discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33%, en cuyo caso es irrelevante la edad.
- No tener rentas anuales superiores a 8.000€, excluidas las exentas.
- No haber presentado la declaración del impuesto no haber solicitado devolución como contribuyentes no obligados a declarar.
En la Ley del IRPF, la circunstancia de discapacidad se tiene en cuenta a través de las siguientes reducciones en la base imponible:
1. REDUCCIÓN POR DISCAPACIDAD DE TRABAJADORES ACTIVOS.
Las reducciones por la obtención de rendimientos netos del trabajo que con carácter general (sea o no discapacitado el preceptor) establece la Ley son:
- Reducción por rendimientos del trabajo. Oscila entre 2.400€ y 3.500€ anuales, dependiendo de la cuantía de dichos rendimientos y de la obtención de otras rentas distintas de las del trabajo.
- Reducción por prolongación de la actividad laboral. Consiste en un incremento del 100% de la reducción anterior. Es aplicable a los trabajadores activos mayores de sesenta y cinco años que prolonguen la actividad laboral.
- Reducción por movilidad geográfica. Consiste igualmente en un incremento del 100% de la reducción por rendimientos del trabajo. Tienen derecho a ella los contribuyentes que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio. Es aplicable en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en la siguiente.
GRADO DE MINUSVALÍA REDUCCIÓN POR DISCAPACIDAD
DE TRABAJADORES ACTIVOS
Igual o superior al 33% e 2.800€
inferior al 65%.
Igual o superior al 33% e inferior
al 65% que acrediten necesitar 6.200€
ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
Igual o superior al 65% 6.200€
- Tener el grado de minusvalía exigido.
- Ser trabajador activo.
Como consecuencia de la aplicación de las reducciones por la obtención de rendimientos netos del trabajo éstos no podrán ser negativos.
2. REDUCCIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE.
Todos los contribuyentes, sean o no discapacitados, tienen derecho a aplicar las siguientes minoraciones de su renta o base imponible:
- Mínimo personal: 3.400€
- Reducción por edad: 800€, si son mayores de 65 años.
- Reducción por asistencia: 1.000€, si son mayores de 75 años.
Los contribuyentes discapacitados, además de las minoraciones anteriores, tiene derecho a la reducción por discapacidad del contribuyente, con el siguiente detalle:
Igual o superior al 33% e 2.000€
Igual o superior al 65%. 5.000€
3. REDUCCIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE POR DESCENDIENTES.
Todos los contribuyentes tienen derecho a aplicar por cada descendiente, sea o no discapacitado, las siguientes minoraciones de su renta o base imponible:
- Mínimo personal por descendiente: 1.400 € por el primero, 1.500€ por el segundo, 2.200€ por el tercero y 2.300€ por el cuarto y siguientes.
- Reducción por cuidado de hijos: 1.200€ por cada descendiente menor de 3 años.
Además de los beneficios anteriores, los contribuyentes con descendientes discapacitados, siempre que éstos reúnan los requisitos para la aplicación del mínimo familiar, tiene derecho a la reducción por discapacidad de descendientes, según el siguiente detalle:
GRADO DE MINUSVALÍA REDUCCIÓN POR DESCENDIENTE
inferior al 65%
Igual o superior al 65% 5.000€
Ha de tenerse en cuenta también el beneficio, que es independiente de los anteriores, establecido en la cuota diferencial del impuesto a que tiene derecho las mujeres trabajadoras por cada hijo menor de tres años ( sea o no discapacitado), esto es, la deducción por maternidad que minora la cuota del impuesto hasta un máximo por cada hijo de 1.200€.
4. REDUCCIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE POR ASCENDIENTE.
Todos los contribuyentes tienen derecho a aplicar por cada descendiente, sea o no discapacitado, las siguientes reducciones de su base imponible:
-Reducción por edad de ascendiente: 800€, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
- convivir con el contribuyente al menos durante la mitad del periodo impositivo. En particular, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.
- Tener 65 o más años, salvo que sean discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33%, en cuyo caso es irrelevante la edad.
- No tener rentas superiores a 8.000€, excluidas las exentas.
- No haber presentado la declaración del impuesto ni haber solicitado devolución como contribuyente no obligado a declarar.
-Reducción por asistencia de ascendientes; 1.000€, cuando el ascendiente tenga más de 75 años y se cumplan los requisitos anteriormente citados.
Adicionalmente a las reducciones anteriores, los contribuyentes con ascendientes discapacitados, siempre que éstos reúnan los requisitos para la aplicación de la reducción por edad, tiene derecho a la reducción por discapacidad de ascendientes, según el siguiente detalle:
GRADO DE MINUSVALÍA REDUCCIÓN POR ASCENDIENTE
5. REDUCCIÓN POR GASTOS DE ASISTENCIA DE DISCAPACITADOS.
El concepto de asistencia de los discapacitados se toma en consideración a través de una reducción en la base imponible que pueden practicar los propios contribuyentes en virtud de su propia discapacidad o por la discapacidad de los ascendientes o descendientes.
Los descendientes deben reunir los mismos requisitos que los establecidos para el mínimo familiar y los ascendientes los requisitos de la reducción por edad de ascendientes, como ya se ha señalado anteriormente.
Es, pues, una reducción adicional a las reseñadas, pero sólo para los contribuyentes, o por los ascendientes o descendientes, que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65% o que, sin alcanzar dicho grado, acrediten necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
GRADO DE MINUSVALÍA DEL REDUCCIÓN POR GASTOS DE CONTRIBUYENTE, ASCENDIENTE ASISTENCIA DE LOS O DESCENDIENTE DISCAPACITADOS
Igual o superior al 33% e inferior al 65% siempre que acrediten necesitar 2.000€
Igual o superior al 65% 2.000€
Pueden aplicar esta deducción los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación de su vivienda habitual por razón de su propia minusvalía o de la minusvalía de su cónyuge, ascendientes o descendientes que convivan con él, siempre que la vivienda sea ocupada por cualquiera de ellos a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.
- Aquellas que impliquen una reforma del interior de la vivienda.
- La modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico.
- Las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.
La base máxima de deducción es de 12.020,24€, siendo independiente el límite de 9.015,18€ establecido con carácter general para la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.
Las obras e instalaciones de adaptación deberán ser certificadas por la Administración competente (IMSERSO u órgano al que corresponde en la Comunidad Autónoma), como necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de dichos contribuyentes.
-Adecuación realizada con financiación propia: 15%.
-Adecuación realizada con financiación ajena si se cumplen los requisitos establecidos para ello:
- Durante los dos primeros años: 25% sobre los primeros 6.010,12€, 15% sobre el exceso hasta 12.020,24€.
- Resto de años:20% sobre los primeros 6.010,12€, 15% sobre el escaso hasta 12.020,24€.
Estos porcentajes de deducción tienen un tramo estatal y un tramo autonómico.
Este último puede ser modificado al alza o a la baja, dentro de determinados límites, por las Comunidades Autónomas. Por consiguiente, las cuantías referidas pueden variar en aquellas Comunidades Autónomas que hubiesen ejercitado las competencias en esta materia. En concreto Cataluña ha aprobado los siguientes porcentajes sobre tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual:
- Por inversión en la vivienda habitual para los contribuyentes que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65% el 6,45 % de las cantidades invertidas con financiación propia. En caso de financiación ajena, durante los dos años siguientes a la adquisición el 9,75% sobre los primeros 4.507,59€ y el 8,10% sobre esa misma cantidad en el resto de años (en cualesquiera de los casos, al exceso hasta 9.015,18€ se le aplica el 6,45%).
- Por gastos de adecuación de la vivienda habitual del contribuyente, cónyuge, descendientes o ascendientes discapacitados, el 6,45% de las cantidades invertidas con financiación propia. En caso de financiación ajena, durante los dos años siguientes a la realización de las obras o instalaciones el 9,75% sobre los primeros 6.010,12€ y el 8,10€ sobre esa misma cantidad en el resto de años (en cualesquiera de los casos, al exceso hasta 12.020,24€ se le aplica el 6,45€).
Además en Cataluña, por alquiler de vivienda habitual cuando el contribuyente acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%, el 10% de las cantidades satisfechas hasta un máximo de 300€ anuales o de 600€ en tributación conjunta
EL GRADO DE MINUSVALÍA
En este apartado voy a referirme a dos puntos en concreto:
a) Calificación del grado de minusvalía.
b) Las diferentes formas de acreditación del grado de minusvalía para el IRPF y la jurisprudencia.
c) Vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución Española.
Para calificar el grado de minusvalía existe el Real Decreto 1971/1999 de 23 de Diciembre, el cual detalla la forma de llevar a cabo dicha calificación; los varemos médicos, quién ha de llevar a cabo la calificación, los órganos competentes para dictaminarla...
En los informes que realiza el IMSERSO o los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas ( primer modo de acreditación reconocido por el artículo 67 del Reglamento del IRPF), se exige que se exprese:
- grado de disminución,
- fecha en que se reconoce, que será retroactiva al día de la solicitud
- si necesita asistencia de tercera persona
- si supera el varemo que determina la existencia de utilizar transportes públicos colectivos y - categoría de la discapacidad ( psíquica o física).
Pero no quiero referirme a estos criterios médico- técnicos ni a esta ley, sino hacer una reflexión sobre cómo determinar con precisión el grado de minusvalía de una persona.
Está claro que para el IRPF y sus posibles deducciones es muy importante la cuantificación del grado de minusvalía , ya que lo divide en tres escalones; inferior al 33%, igual o superior al 33% e igual o superior al 65%. Dependiendo el escalón del contribuyente discapacitado tendrá unas cantidades económicas a deducir u otras.
Personalmente opino que la determinación del grado de minusvalía no es ni más ni menos que una conclusión objetiva a la que llega una persona con importantes y grandes conocimientos sobre medicina ( médico, psicólogo...).
En ningún momento quiero que se entienda que dudo de los conocimientos científico- técnicos de los médicos que llevan a cabo dichas valoraciones. Simplemente me cuesta entender como una persona puede calificar exactamente el grado de minusvalía que padece otra.
¿ Cómo calificas que una persona tiene un grado de minusvalía del 69% y no del 73%? Es obvio que hoy se realiza por unos varemos, los cuales se obtiene a través de pruebas médicas, pero estoy segura que en muchas ocasiones hay dudas acerca de las patologías de una persona y no es posible cuantificarlas exactamente. No me estoy refiriendo a casos en que es claro que una persona no tiene grado de minusvalía o padece una minusvalía del 100%, ya que se podrá apreciar con facilidad la diferencia entra ambas. Pero, ¿ qué ocurre con personas que padecen enfermedades psicológicas? Un enfermo con demencia senil o alzheimer,¿ cómo le cuantifican la mente? Se sabe y está probado que hay fases dentro de esta enfermedad, pero considero una aberración calificar si posee un 32% o un 49% de discapacidad.
A continuación voy a aporta dos resoluciones por las que se califica el grado de disminución de dos personas diferentes, con patologías diferentes, a las cuáles he asistido personalmente. En ambas calificaciones, los pacientes aportan a los médicos pruebas ya realizadas con sus síntomas calificados:
-El primer caso es un varón de 89 años, con pruebas que acreditan que tiene un campo de visión del 1% en ambos ojos debido a glaucoma y cataratas y padece osteoartrosis y problemas graves para desplazarse. Después de examinarlo el médico ( examen que duró aproximadamente 5 minutos, realizando pruebas de movilidad al paciente) y de observar las pruebas, dictaminó que tenía un grado de disminución del 75% y requería de la necesidad de asistencia de terceras personas.
-El segundo caso es una mujer de 88 años, con pruebas que acreditan que padece la enfermedad degenerativa de alzheimer. Después de examinarla el médico (examen de 5 minutos aproximadamente realizando preguntas a la paciente) y observar las pruebas que aportaba, dictaminó que tenía un grado del 75% de minusvalía y requería de la necesidad de asistencia de terceras personas.
Departamento de Bienestar y Familia Equipo de Valoraciones de Adultos de Barcelona
Actuación núm.
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CALIFICA EL GRADO DE DISMINUCIÓN:
Vista la solicitud de reconocimiento de grado de disminución presentada el día.... por la persona arriba referenciada.
Dado que el Equipo de Valoración y Orientación, una vez hechos los reconocimientos necesarios y teniendo en cuenta los informes y la documentación presentada, ha efectuado la valoración de los aspectos y en la forma previstos en los artículos 5 y 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalidez y ha emitido el dictamen propuesta
Teniendo en cuenta el Decreto 402/2000, de 27 de Diciembre de reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, y el Decreto 409/2000 de 27 de Diciembre, de la estructura Territorial del Departamento de Bienestar y Familia y el Decreto 284/1996, de 23 de Julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales, modificado por el 176/2000 de 15 de Mayo.
Por todo esto y en uso de las facultades que me confiere la normativa vigente,
Que el Sr./a.
a) Tiene un grado de disminución del 75%, con efectos desde el día ....
b) Que SI supera el baremo que determina la necesidad de asistencia de tercera persona.
c) Que SI supera el baremo que determina la existencia de dificultades para utilizar transportes públicos colectivos.
d) Que la categoría de la discapacidad es: Psíquica.
Notificar la presente resolución indicando que contra esta, el interesado, en el plazo de los treinta días siguientes al de la notificación de la misma, podrá interponer reclamación previa a la Jurisdicción Social ante este Servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril.
Advertir que no se podrá instar nueva revisión hasta que hayan transcurrido 2 años desde la fecha de esta resolución, a no ser que concurran nuevos hechos o variaciones de circunstancias valorables.
Así mismo le adjunto resumen del dictamen técnico-facultativo de la valoración realizada para que conozca los datos que se han considerado para calificar su grado de disminución.
El/ La directora/a del servicio
El/La directora/a del EQUPO VALORACIÓN DE ADULTS DE BARCELONA (FORN)GENERALITAT DE CATALUNYA
Equipo de Valoraciones de Adultos de Barcelona
Resumen del Dictamen Técnico facultativo de la valoración del grado de disminución efectuada el día....
Expediente núm: Actuación núm:
Deficiencia : TRASTORNO COGNITIVO
Diagnóstico: DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Etiología: DEGENERATIVA
3 . Calificación del grado de disminución en aplicación de los baremos vigentes de Valoración de Deficiencias (Real Decreto 1971/1999, de 23 de Diciembre) 3.1 Grado de discapacidad 75%
Factores sociales complementarios 0
Grado de disminución total 75%
3.2 Supera baremo de 3ª. Persona SI 24
Supera baremo de movilidad SI 7 Barcelona,
El/La Director/a del EQUIPO VALORACIÓN DE ADULTOS DE BARCELONA (FORN)
Equipo de Valoraciones de Adultos
Actuación núm.:
Vista la solicitud de reconocimiento de grado de disminución presentado el día... por la persona arriba referenciada,
Dado que el Equipo de Valoración y Orientación, una vez hechos los reconocimientos necesarios y teniendo en cuenta los informes y la documentación presentada, ha efectuado la valoración de los aspectos y en la forma previstos en los artículos 5 y 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalidez, y ha emitido el dictamen propuesta.
Teniendo en cuenta el Decreto 402/2000, de 27 de Diciembre de reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, y el Decreto 409/2000 de 27 de Diciembre, de la estructura Territorial del Departamento de Bienestar i Familia y el Decreto 284/1996, de 23 de Julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales, modificado por el 176/2000 de 15 de Mayo.
Reconocer que el Señor/a
a) Tiene un grado de disminución del 76%, con efectos desde el día...
d) Que la categoría de la discapacidad es: Sensorial – Física.
Notificar la presente resolución indicando que contra esta, el interesado, en el plazo de los treinta días siguientes al de la notificación de la misma, podrá interponer reclamación previa a la Jurisdicción Social ante este Servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/19095, de 7 de Abril.
Advertir que no se podrá instar nueva revisión hasta que hayan transcurridos 2 años desde la fecha de esta resolución, a no ser que concurran nuevos hechos o variaciones de circunstancias valorables.
Así mismo le adjunto resumen del dictamen técnico-facultativo de la valoración realizada para que conozca los datos que se han considerado para calificar su grado de disminución
El/La directora/a del servicio Por Autorización
El/La directora/a del EQUIPO VALORACIÓN DE ADULTOS DE BARCELONA (FORN)
Resumen del Dictamen Técnico facultativo de la Valoración del grado de disminución efectuada el día ....
Expediente núm. Actuación núm.
1. Datos Personales Apellidos:
Fecha de nacimiento: 2. Evaluación
Deficiencia: PÉRDIDA DE AGUDEZA VISUAL BINOCULAR GRAVE
Diagnostico: GLAUCOMA
Etiología: No filiada
Diagnostico: Catarata complicada
Etiología: Idiopática
Deficiencia: LIMITACIÓN FUNCIONAL DE EXTREMIDADES I C.V.
Diagnostico: OSTEOARTROSIS GENERALITZADA Etiología: DEGENERATIVA
3. Calificación del grado de disminución en aplicación de los Baremos vigentes de Valoración de Deficiencias (Real Decreto 1971/1999, de 23 de Diciembre)
3.1 Grado de discapacidad 75%
Grado de disminución total: 75%
3.2 Supera baremo de 3ª. Persona SI 25
Supera baremo de movilidad SI 9
En ambos casos parece claro que dichos contribuyentes deben calificarse en el escalón del grado de discapacidad del IRPF, de igual o superior al 65%, pero ¿ cómo el médico en 5 minutos dictaminó un 75% de disminución?. Vuelvo a repetir que no es una crítica a los médicos, pero me parecería más oportuno calificar los grados por escalones, para que los médicos tuviesen parámetros más amplios. Por ejemplo, que el médico dijera simplemente si el grado de disminución del paciente supera unos varemos. Pero creo imposible calificar exactamente un 75% o 87% una cosa tan compleja como es una enfermedad, que en ocasiones es difícil encontrarla.
El artículo 67 Reglamento del IRPF al decir que los modos de acreditar el grado de minusvalía son tres, da a entender que son los únicos válidos para la acreditación. Respecto al primer modo que es el que he estado comentando hasta ahora ( Certificado expedido por el IMSERSO u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma), quiero hacer una precisión: en las dos valoraciones anteriores que he comentado, el médico de dicho centro examinó en cinco minutos debido a que ambos pacientes aportaban pruebas médicas que lo acreditaban. Pruebas que no fueron realizadas por el centro donde se valoraba la discapacidad, sino que las llevaron a cabo otros médicos. Con esto quiero llegar a preguntarme, ¿ por qué no es admisible cualquier prueba médica, realizado por un facultativo con licencia? Y no como dice la Ley sólo se admite la que realizan los médicos de estos centros. Es cierto que pueden decirme que en caso de no estar conforme con dicha resolución, puedes recurrirla ante los Tribunales de lo Social. Pero el problema vuelve a subyacer; la parte afectada presentará unas pruebas de un médico particular y la otra parte el grado de minusvalía obtenido por el equipo de valoración. El Juez dictaminará en base a esas pruebas y si tiene dudas usará la figura del médico forense para que le ayude en conocimientos que no pueden exigírsele a un Juez. Por lo tanto, aquí tendremos la opinión de 4 personas, de las cuáles tres de ellas serán médicos ( la otra me refiero al Juez) y cada una de ellas puede tener un punto de vista diferente a las otras, sobre el grado de disminución que padece esa persona.
En conclusión, pienso que es una incongruencia que una persona pueda calificar a otra un grado concreto de minusvalía. Si bien hay que determinar dicho grado, que es necesario en muchos aspectos ( solicitud de subvenciones, transportes públicos, otras ayudas económicas, residencias...) optaría por escalonar la minusvalía como ya he citado anteriormente con el fin que le médico pueda valorar de forma más amplia al paciente.
Además el artículo 67 Reglamento del IRPF y la disposición adicional 12 de la Ley 55/1999, nos dan dos modos más de acreditar el grado de minusvalía. Diciendo que los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez tendrán un grado de disminución igual o superior al 33%, a efectos del IRPF.
Se puede concluir de aquí, que el legislador entiende que la calificación de la Seguridad Social de los distintos grados de incapacidad permanente, no importa a los efectos del IRPF y las deducciones para discapacitados.
En la primera parte del trabajo, dentro del apartado de grados de incapacidad permanente, están recogidas las tres definiciones y se ve con claridad que las lesiones de cada grado son diferentes, siendo en la gran invalidez más graves que en los otros.
Parece que el legislador se contradiga, por un lado exige la acreditación mediante la calificación exacta de un médico y por otro lado reconoce a los pensionistas de la Seguridad Social un grado superior al 33%.
Y para concluir este apartado, el tercer modo de acreditación que nos da el legislador es: “ Las disposiciones específicas previstas en la normativa tributaria a favor de las personas discapacitadas con grado de minusvalía igual o superior al 65%, serán de aplicación a los minusválidos cuya incapacidad se declare judicialmente, aunque no alcance dicho grado”.
De esto se concluye, que es indiferente el grado de minusvalía que te reconozcan judicialmente a efectos del IRPF, porque la ley te reconoce un grado igual o superior al 65% por el mero hecho de acreditar que tienes un reconocimiento judicial.
Por un lado el legislador, da preferencia a la valoración de los Jueces que la de los médicos a la hora de determinar el grado de discapacidad, ya que por el mero hecho de que te reconozca un Juez ya tienes acreditada una minusvalía igual o superior al 65%. Y por otro lado rompe con todos los formalismos anteriores y parece hacer un llamamiento a todas las personas con un grado de minusvalía, para que acudan a los tribunales para obtener un reconocimiento de su discapacidad.
B) DIFERENTES FORMAS DE ACREDITACIÓN DEL GRADO DE MINUSVALÍA PARA EL IRPF Y JURISPRUDENCIA.
En primer lugar voy a referirme a la normativa específica, que se encuentra:
- Artículo 67 Reglamento del IRPF: “1. El grado de minusvalía deberá acreditarse, mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas. No obstante, se considerará afecto de una minusvalía igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
- Disposición Adicional 12 de la Ley 55/1999: “ Las disposiciones específicas previstas en la normativa tributaria a favor de las personas discapacitadas con grado de minusvalía igual o superior al 65%, serán de aplicación a los minusválidos cuya incapacidad se declare judicialmente, aunque no alcance dicho grado”.
A continuación voy a comentar como entienden algunos tribunales las anteriores formas de acreditación, en base a diferentes sentencias:
1) STSJ Madrid, 2109/1998, 26 de Octubre: no contempla contenido de las formas de acreditación, sino que nos dice que el orden social es incompetente para acreditar el grado de minusvalía que le permita acceder a la exención del IRPF, debido a que no posee contenido social. Acaba diciendo que los órganos competentes para esta cuestión son los tribunales contencioso- administrativos.
2) STSJ Asturias, 150/1999, 19 de Febrero: sentencia que se pronuncia tanto par el Impuesto de Sucesiones, como para el IRPF ( declaraciones de 1992 y 1993).
La parte demandante ( familiares de una fallecida) recibe la resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales el 6 de Febrero 1995, en la que reconocen a la fallecida un grado de minusvalía del 75%. Entra en juego el Impuesto de Sucesiones ya que la persona a la cual reconocen el grado de minusvalía muere dos días antes de recibir el certificado. El tribunal le dice a la Administración con palabras textuales “ sin que el certificado tenga carácter constitutivo y no simplemente acreditativo como reconoce la Administración”. El tribunal está reconociendo y advirtiendo a la Administración que el certificado tiene valor declarativo y no constitutivo.
La parte demandada ( ambas Administraciones) sostienen que en la fecha del devengo del impuesto, el recurrente no acreditó que concurrieran circunstancias de minusvalía.
El tribunal por su parte en los fundamentos de derecho señala, que el Reglamento del IRPF 3026/1991 reconoce la acreditación por medios de prueba válidos en derecho, no obstante la condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando se certifica por los órganos competentes que cita el artículo 67 del Reglamento del IRPF 214/1999. Y además reconoce, “ de la regulación se infiere la existencia de varias opciones no excluyentes entre sí como parece entender la Administración regional codemandada al no aplicar la reducción debido a que el reconocimiento de la condición legal posterior, cuando es factible hacerlo a ejercicios anteriores siempre que se acredite ante la Administración Tributaria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho que concurren en la fecha de devengo del Impuesto”.
El tribunal decide el objeto del recurso con pruebas de la parte demandante ( que demuestran que antes 1994 ya tenía minusvalía) y el informe de 6 de Febrero 1995 que reconoce que presentaba enfermedades de minusvalía en 1994.
El Juez estima el recurso y permite aplicar al Impuesto de Sucesiones y al IRPF ( ejercicios de 1992 y1993) las deducciones por discapacidad argumentando que las enfermedades que padecía ( diabetes, demencia senil, insuficiencia cardíaca) no aparecen instantáneamente, sino que son consecuencia de un largo proceso degenerativo que se agrava con la edad de la enferma.
En conclusión, de esta sentencia cabe destacar:
- reconocimiento del carácter acreditativo y no constitutivo del certificado.
- Admisión de cualquier prueba válida en derecho por el tribunal, para resolver el conflicto.
- 3) STSJ Castilla y León, Burgos 75/2005, 15 de Febrero; referida a deducciones por discapacidad del IRPF y aclara cuestiones sobre deducciones de la base y deducciones dela cuota.
La sentencia tiene por objeto la liquidación provisional del IRPF y el posible derecho del demandante a la deducción del 15% como gasto deducible de sus ingresos por rentas del trabajo porque posee un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Deducción por minusvalía que posee en la cuota íntegra del IRPF.
El demandante presenta como prueba el certificado del órgano competente con fecha 11 de Febrero de 2000, que tiene efecto retroactivo desde Enero de 2000 que es la fecha en que solicitó dicho certificado ( artículo 10 RD 1971/1999), y pruebas admitidas en derecho que acreditan que poseía grado de minusvalía antes de la fecha del certificado.
El Tribunal recuerda en sus fundamentos:
- que el grado de minusvalía a que se refiere el 78.1 Ley del IRPF es correspondiente a quienes tengan grado de minusvalía igual o superior al 33% y que podrá acreditarse a la Administración por cualquier medio de prueba.
- No obstante la condición legal se considera acreditada con los medios del artículo 67 del Reglamento del IRPF.
- Y a continuación sigue diciendo el tribunal: “ El legislador parece establecer un diferente mecanismo de acreditación de la procedencia de esta deducción, según sea por el concepto de otros gastos ( deducción de la base) o como deducción de la cuota. Esta interpretación literal no puede admitirse, ya que la Ley del IRPF no impide ni prohíbe acudir a otros mecanismos de prueba”.
Por otra parte el tribunal afirma que la resolución autonómica que declara la incapacidad dispone el reconocimiento de una minusvalía, lo que patentiza su carácter declarativo y no constitutivo, esto es, que constata una situación de hecho preexistente.
Finalmente falla a favor de la parte demandante, permitiendo a esta aplicar las deducciones por minusvalía en el ejercicio del año 1998.
En conclusión, hay que destacar:
- reconoce el carácter declarativo y no constitutivo del certificado, añadiendo que este constata simplemente un hecho preexistente. ( lo califica como una prueba más admitida en derecho).
- Admite cualquier prueba válida en derecho y diferencia condición legal de la mera condición.
- Afirma que para obtener la deducción tanto en la base como en la cuota, lo importante para el IRPF es la concurrencia al tiempo del devengo de la minusvalía igual o superior al 33%.
4) STSJ Castilla y León, Burgos 140/2005:
La parte demandante posee un grado de minusvalía del 69%, reconocido por el órgano competente desde 3 Julio 2003.
En Octubre 2003 presenta solicitud de rectificación de la declaración IRPF del 2001, la cual es denegada por la Agencia Tributaria.
El tribunal vuelve a reconocer que el artículo 78.1 Ley IRPF admite la acreditación del grado de minusvalía por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Y que por otro lado, el artículo 67 del Reglamento del IRPF nos dice los medios de por los que el certificado adquiere la condición legal.
El tribunal sigue diciendo en sus fundamentos de derecho; “ la aparición del artículo 67 Reglamento del IRPF ha producido una variación, que parece limitar los medios de prueba de la condición de minusválido al certificado o resolución expedidos por el IMSERSO o órgano competente de las Comunidades Autónomas, o acreditando la percepción de una pensión de invalides por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez”.
“ Para aplicar las reducciones derivadas de la minusvalía lo trascendente será que en el ejercicio en que se pretendan aplicar efectivamente se reúnan las condiciones para ser reconocido como discapacitado, pues otra interpretación iría en contra de la filosofía del propio impuesto.”
A su vez el tribunal nos afirma que la incapacidad dispone el reconocimiento de la minusvalía, lo que patentiza su carácter declarativo y no constitutivo, esto es, que constata una situación de hecho preexistente.
El tribunal considera que en el presente caso resulta acreditado que las circunstancias determinantes de la valoración de la minusvalía concurrían al finalizar el ejercicio del 2001 y estima el recurso contencioso-administrativo y revoca la resolución recurrida.
En conclusión, cabe destacar:
- reconocimiento del carácter declarativo y no constitutivo del certificado.
- admisión de cualquier prueba válida en derecho para la acreditación del grado de minusvalía. En base a las sentencias anteriores podemos defender la postura del carácter declarativo y no constitutivo del certificado y afirmar todo lo dicho en el apartado anterior, en base a que los respectivos Jueces han condenado a la Administración aplicar las deducciones, deduciendo que lo fundamental para el legislador es que se posea el grado de minusvalía en la fecha del devengo y no tanto su acreditación por los medios tasados, sino admitiendo cualquier prueba de derecho.
C) VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Los medios establecidos en el artículo 67 del Reglamento del IRPF rozan y vulneran los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española y en consecuencia la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales:
-En primer lugar en ambos textos fundamentales se establece el derecho al honor y añaden que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y la paz social.
Por su parte el artículo 67 del Reglamento del IRPF indica, como uno de sus medios de acreditación válido del grado de minusvalía, el certificado del organismo competente ( recordar certificados que aporté en el trabajo). El modus operandi de realizar estos certificados vulnera el honor y la dignidad de la persona calificada, que observa como en apenas cinco minutos otra persona lo califica con un grado de minusvalía exacto, basándose en simples conocimientos y sin examinar a fondo a esa persona.
Nadie puede predeterminar con tanta exactitud ( como es un simple número) algo tan complejo en cinco minutos, y la persona calificada ve su honor y dignidad vulnerada ya que todas sus patologías son reducidas a un simple porcentaje.
La persona afectada es la que más conoce su estado y la necesidad de tercera persona para desarrollar las tareas cotidianas. Puede estar en desacuerdo con la valoración que le han dictaminado y no puede hacer nada respecto ese certificado. Sí es cierto, que puede acudir a los tribunales para que le revisen otra vez el grado y se pronuncien sobre el mismo, pero las bases del Juez serán el certificado expedido y otra valoración que aporte la parte. El Juez ya está afectado por la valoración que se le ha dictaminado al paciente por el organismo competente, y en caso de no ser muy diferentes ambas pruebas dictará el grado de minusvalía en base a estas. En mi opinión no se están respetando las garantías del proceso que establece el artículo 24 de la C.E, y la parte afectada ve mermado sus garantías.
-En segundo lugar se establece en la Carta Magna el principio de igualdad ante la Ley sin que se pueda discriminar por cualquier condición o circunstancia personal.
El artículo 67 del Reglamento del IRPF establece tres medios de acreditación posibles. El primero es el grado dictaminado por el órgano competente al que me he referido en el apartado anterior.
El segundo y el tercero son la condición de incapacidad permanente certificada y la discapacidad dictada por el órgano jurisdiccional. Estas dos situaciones las equipara el Reglamento a un grado de minusvalía concreto sin necesidad de acreditar nada más, (superior al 33% en el primer caso y superior al 65% en el segundo) siéndole indiferente al legislador el grado de minusvalía que determina la sentencia judicial o los años que hace que se le declaró la incapacidad permanente al contribuyente.
En mi parecer este Reglamento vulnera el principio de igualdad al tratar de diferente modo las personas que acreditan su minusvalía de una forma u otra. -En tercer lugar, ¿ por qué si un Juez dictamina un grado de minusvalía el reglamento ha de darle el valor que quiera? ¿ Qué ocurre con el valor de la cosa juzgada? El Reglamento y la disposición Adicional 12 de la Ley 55/1999 quiebran con el principio de cosa juzgada, ya que una sentencia firme impide que se pueda volver a juzgar sobre ese asunto, y es lo que hacen las normas citadas antes de una forma directa dándoles el valor que ellas citan para los contribuyentes del IRPF.
-En cuarto lugar el artículo 24.2 C.E establece el derecho de defensa y a utilizar todos los medios pertinentes para defenderse.
Este artículo al decir pertinentes se refiere a todos los medios admitidos en derecho. El artículo 67 del Reglamento del IRPF y la Disposición Adicional 12 de Ley 55/1999 restringen los medios de acreditación, vulnerando el derecho de defensa. Hay que recordar el parecer de los tribunales de las sentencias citadas en el trabajo, donde admiten diferentes otros medios a los que enumeran los preceptos anteriores, entendiendo que el fin que busca el legislador es que los contribuyentes discapacitados puedan beneficiarse de las deducciones fiscales y que la forma de acreditarlo es válida si se lleva a cabo por un medio lícito.
Copyright © 2003 El fisco. Todos los derechos reservados.