Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/a3d567c85dd030d503256b670045f18c?OpenDocument
Timestamp: 2019-07-18 07:03:26
Document Index: 335873761

Matched Legal Cases: ['artículo 01', 'artículo 08', 'artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 12', 'Artículo 99', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

Decreto 0320/2002. Boletín Oficial n° 29.839 (suplemento), viernes 15 de febrero de 2002, pp. 1-2.
Citas Legales : Ley 25.561, Ley 25.561 - artículo 01, Decreto 00214/2002, Decreto 00260/2002, Decreto 00214/2002 - artículo 08, Decreto 00214/2002 - artículo 12, Decreto 01570/2001, Decreto 00071/2002, Ley 25.561 - artículo 15, Ley 23.696, Decreto 00034/1991, Decreto 00053/1991, Decreto 00383/1991, Ley 23.982, Decreto 01532/1991, Ley 25.344, Decreto 00260/2002
BUENOS AIRES, 15 DE ENERO DE 2002.
Que atendiendo a la modificación del régimen cambiario, dispuesto por el Decreto Nº 260 del 8 de febrero de 2002 y las previsiones del Ar tículo 8º del Decreto Nº 214/02, corresponde establecer pautas que contemplen la situación de las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados.
Que se ha sostenido que “...la necesidad y la urgencia son una razón suprema en derecho...” (Diez, Manuel M., Derecho Administrativo, t. l, página 363), sobre la base de que el término “...‘emergencia’ se asocia a ‘urgencia’, al tiempo que se opone a ‘sosiego’ y ‘normalidad’...” (CSJN, in re Peralta, Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1990-C, 141).
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha sostenido que “El concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria... al influir sobre la subsistencia misma de la organización jurídica y política, o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución...”. Además, -tras recordar que la Constitución Nacional no reconoce derechos absolutos- ha sostenido que “...en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad” (Fallos: 200:450; CSJN, in re Peralta Luis A. y otro c/Estado Nacional; La Ley, 1990-C, 141).
Que como recaudo de admisibilidad de las medidas de excepción adoptadas por el poder administrador, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha exigido desde antiguo “...que la situación de emergencia debe ser definida por el Congreso,...” (en Fallos: 173:65 y reiterado en el fallo “Peralta” ya citado), extremo que en el caso resulta estrictamente cumplido con lo establecido en el Artículo 1° de la Ley Nº 25.561.
Que también ha sostenido que dicha declaración “...responde a una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis, debiéndose tener en cuenta que en el sistema constitucional argentino no hay derechos absolutos y todos están supeditados a las leyes que reglamentan su ejercicio... En esencia se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios, puedan... dañar a la comunidad nacional”. (fallo “Peralta”, ya citado).
Que esta situación fue recogida en el fallo dictado en la causa “BBVA Banco Francés S.A., c/Estado Nacional -Ministerio de Economía s/proceso de conocimiento”, sentencia del 5 de febrero de 2002, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 4, en el cual se sostuvo que la apertura indiscriminada y sin escalas de las medidas de restricción sobre los depósitos, “...sólo puede conducir a la frustración de gran parte de los ahorristas y al derrumbe de la mayoría de las entidades bancarias -en cuyo caso aquella frustración de aproximadamente el 75% de los ahorristas seria definifiva-, por cuanto es menor la cantidad de dinero que tienen éstas, comparado con la que los ahorristas estarían en derecho de exigirles,... y no existe la más mínima posibilidad de que un pronunciamien- to judicial se ajuste a derecho si se alza, a sabiendas, contra los hechos. Es decir, si contiene una orden que sabe de cumplimiento imposible,... Sin embargo, aquellos elementos sirven para comprender que a un juez le resulta imposible calificar de irrazonables las medidas que se han tomado partiendo de esa cruel realidad, sin saber si se podría intentar el conjuro de esa grave situación a través de mecanismos tan razonables, que permitan demostrar que los elegidos hasta ahora no lo son”.
Que a dichas circunstancias se sumó, una súbita y masiva afluencia de los ahorristas para recuperar sus depósitos, lo cual es prácticamente imposible si es requerido en forma generalizada e inmediata, debido a la configuración existente entre los créditos otorgados -acreencias bancarias sujetas a mediano y largo plazo- respecto a las obligaciones con los ahorristas -flujo de administración por colocaciones a corto plazo-.
Que siguiendo las pautas expresadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION en distintos pronunciamientos, media “... una situación de grave riesgo social, frente a lo cual existe la necesidad de medidas súbitas, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados” (caso “Peralta”, ya citado).
Que en esta instancia se encuentra conveniente acotar los alcances del mentado Artículo 12 del Decreto Nº 214/02, circunscribiendo su aplicación a la suspensión transitoria del cumplimiento de las medidas cautelares -cuando se demande al Estado y a las entidades financieras- como también respecto a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios promovidos en esta materia, contra el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios o la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, sus entidades autárquicas o descentralizadas o empresas o entes estatales.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Artículo 1º - Aclárase que las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 214 del 3 de febrero de 2002, son aplicables a todas las obligaciones en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, reestructuradas por la Ley Nº 25.561 a la relación UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).
Artículo 2º - Aclárase que el Artículo 8° del Decreto Nº 214/02, es de aplicación exclusiva a los contratos y a las relaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 25.561.
Artículo 3º - Sustitúyese el Artículo 12 del Decreto Nº 214/02, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 12. - A partir del dictado del presente decreto, se suspende por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días el cumplimiento de las medidas cautelares en todos los procesos judiciales, en los que se demande o accione contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero, en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 1570/01, en la Ley Nº 25.561, en el Decreto Nº 71/02, en el presente decreto, en el Decreto Nº 260/02, en las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA y en las Circulares y demás disposiciones del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA dictadas en consecuencia y toda otra disposición referida a dicha normativa.
Artículo 4º - La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5º - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
DUHALDE. - Jorge M. Capitanich. - Jorge Remes Lenicov. - Carlos F. Ruckauf. - José H. Jaunarena. -
José I. De Mendiguren. - Rodolfo Gabrielli. - Alfredo N. Atanasof. - Graciela M. Giannettasio. -
Ginés M. González García. - Jorge R. Vanossi.
Citas legales: Decreto 0214/2002
Bibliografía: Cayuso, Susana "Acción de amparo e inconstitucionalidad de los decretos 214 y 320/2002". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : B (2002), pp. 806-810
Ghersi, Carlos A. "Leyes y decretos de emergencia (Decreto 1570/01. Ley 25.561. Decretos 214 y 320. Resoluciones B.C.R.A.). Contexto y aplicación". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : B (2002), pp. 977-984