Source: https://boe.vlex.es/vid/tulo-universal-dema-cara-cter-redes-444849738
Timestamp: 2019-10-15 08:24:50
Document Index: 41568155

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 40', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 41', 'artículo 36', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 35', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 45', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 37', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 39', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 14', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 14', 'Artículo 27', 'artículo 14', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'ARTÍCULO 40', 'Artículo 37', 'artículo 40', 'Artículo 38', 'artículo 40', 'Artículo 39', 'artículo 40', 'ARTÍCULO 40', 'Artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 5', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'Artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 52', 'Artículo 48', 'artículo 22', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 22', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 3', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 62', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 40', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57']

REAL DECRETO 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444849738
Marginal: BOE-A-1998-20930
TÍTULO I. Disposiciones generales y principios aplicables en la prestación de las obligaciones de servicio público - arts. 1 a 5
SECCIÓN 1ª. DELIMITACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL - arts. 11 a 17
SECCIÓN 2ª. CARÁCTER ASEQUIBLE DEL PRECIO DEL SERVICIO UNIVERSAL - arts. 18 y 19
SECCIÓN 3ª. OPERADORES OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN Y A LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL - arts. 20 a 22
SECCIÓN 4ª. COSTE NETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL - arts. 23 a 30
SECCIÓN 5ª. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL - arts. 31 a 35
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIÓN GENERAL - art. 36
SECCIÓN 2ª. SERVICIOS OBLIGATORIOS REGULADOS EN EL ARTÍCULO 40.2.a) DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES - arts. 37 a 39
SECCIÓN 3ª. SERVICIOS OBLIGATORIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40.2.b) DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES - arts. 40 y 41
CAPÍTULO IV. Otras obligaciones de servicio público - art. 42
TÍTULO III. - arts. 43 a 51
TÍTULO IV. Derechos de los usuarios - arts. 52 a 61
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 62 a 64
CAPÍTULO II. Los datos de carácter personal en relación con determinados aspectos de los servicios de telecomunicaciones - arts. 65 a 68
CAPÍTULO III. Protección de los datos personales en los servicios avanzados de telefonía - arts. 69 a 80
Disposición transitoria terceraº. perador designado para la prestación del servicio universal.
Norma citada en: 21 sentencias, 17 artículos doctrinales, 41 disposiciones normativas, un formulario, 4 resoluciones administrativas
TÍTULO I Disposiciones generales y principios aplicables en la prestación de las obligaciones de servicio público Artículos 1 a 5
Artículo 2 Régimen jurídico y control.
Artículo 3 Normas aplicables a la imposición de las obligaciones de servicio público a los operadores.
Lo dispuesto en este Título regirá con carácter subsidiario respecto a la regulación específica que para cada categoría de obligaciones de servicio público se establecen en los demás Títulos de este Reglamento y en las normas de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones.
Cuando el Ministerio de Fomento constate, mediante consulta pública, que cualquiera de los servicios a los que se refiere este Reglamento se está prestando en competencia, en condiciones de precio, cobertura y calidad similares a aquellas en que los operadores designados deben prestarlos, podrá, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y audiencia a los interesados, determinar el cese de su prestación como obligaciones de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para las mismas.
Artículo 4 Principios que rigen la imposición de obligaciones de servicio público a los operadores.
No imposición de cargas excesivas a los operadores que puedan afectar sustancialmente la posibilidad de su acceso al mercado.
No dará lugar a derechos exclusivos fundados en la propiedad industrial o intelectual.
Objetividad y transparencia en los métodos utilizados para determinar el operador obligado, las ayudas de las que disfrutará, la cuantía de su contribución a la financiación del servicio y el momento y condiciones en que debe producirse.
No discriminación entre los distintos operadores, procurando mantener el equilibrio en el mercado de forma tal que ningún operador obtenga ventajas o desventajas en su actuación en el mercado, como consecuencia de las obligaciones impuestas.
Neutralidad económica de las obligaciones impuestas y de las ayudas otorgadas.
Prioridad de las opciones que permitan un menor coste para el conjunto del sector o que supongan una menor necesidad de financiación.
Equilibrio en la imposición de las obligaciones y en el otorgamiento de los derechos que se regulan en este Reglamento, de manera que tan sólo se tomarán en consideración, como obligaciones que puedan dar origen a contraprestaciones, las que supongan un coste adicional respecto de las impuestas, con carácter general, a los operadores dominantes o al resto de titulares de licencias individuales.
Artículo 5 Determinación de las obligaciones de servicio público.
Mediante Orden del Ministro de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se aprobarán, si fuere preciso, los planes, generales o por servicios, sobre las obligaciones de servicio público, en los que se especificarán, al menos, los siguientes elementos:
Delimitación de los colectivos y áreas geográficas prioritarias y, en su caso, de las demarcaciones para la prestación de los servicios.
Fijación de los parámetros para la determinación del carácter asequible de los precios de los servicios y de los mecanismos para su medición y control.
Información que deben suministrar los operadores a la Administración.
Programa de asignación de fondos y derechos para lograr los objetivos propuestos.
Calendario de actuaciones o, en su caso, criterios para el establecimiento de prioridades.
Para la elaboración de los planes relativos a los servicios regulados en los artículos 40.2.b) y 42 de la Ley General de Telecomunicaciones, se tomarán en consideración los derechos y ayudas previstos en el apartado 3 del artículo 41.
TÍTULO II Categorías de obligaciones de servicio público a las que se refiere el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones Artículos 6 a 42
Artículo 7 Obligaciones de servicio público de carácter general.
En la prestación de los servicios que lleven aparejados obligaciones de servicio público, sin perjuicio de lo establecido en el Título II para cada modalidad de obligación, los operadores deberán cumplir las siguientes obligaciones:
Garantizar el acceso a los servicios de todos los usuarios que lo soliciten del grupo o territorio al que afecte el título habilitante correspondiente.
Ofrecer el servicio a todos los usuarios a un precio razonable, con las facultades de supervisión por la Administración que se establecen en este Reglamento.
Otorgar igual trato y permitir idénticas condiciones de acceso y uso a los servicios para los usuarios.
Dar continuidad y permanencia a la oferta.
Respetar las condiciones de calidad de los servicios establecidas en los términos de este Reglamento.
Tener capacidad para adaptarse a las diversas necesidades de los usuarios, de acuerdo con lo establecido por la Administración.
Los precios que los operadores exijan a los usuarios se ajustarán a los principios de no discriminación, transparencia, publicidad y flexibilidad. A estos efectos, los operadores ofrecerán a los usuarios el desglose de las facilidades del servicio y tendrán en cuenta las necesidades específicas de los colectivos desfavorecidos a los que se refiere este Reglamento.
Artículo 8 Obligaciones de calidad.
Los operadores a los que se refiere el artículo 1 de este Reglamento deberán sujetarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones, a las condiciones de calidad en el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tengan impuestas.
El incumplimiento de los objetivos de calidad fijados por la Administración para los parámetros específicos dará derecho a los abonados afectados a obtener indemnizaciones o compensaciones.
Artículo 9 Obligaciones de información y de publicidad.
Los operadores deberán suministrar al Ministerio de FomentoyalaComisión del Mercado de las Telecomunicaciones toda la información que éstos les soliciten acerca del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que tengan impuestas. La Comisión deberá poner a disposición de los interesados, previa solicitud de éstos, dicha información actualizada.
Antes del final del primer semestre de cada año, el Ministerio de Fomento elaborará y hará público un informe general sobre el cumplimiento de los objetivos fijados para las obligaciones de servicio público que se establecen en este Reglamento.
El Ministerio de Fomento publicará y dará la máxima difusión al informe general al que se refiere el apartado 2 de este artículo en el mes de julio de cada año.
Artículo 10 Disposiciones comunes a los procedimientos de imposición de las obligaciones de servicio público.
Cuando sea necesaria la ocupación de dominio público local para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, de conformidad con lo establecido en el Título III, se solicitará a la Administración titular de aquél, informe, antes de la designación del operador que deba cumplirlas.
La Orden del Ministro de Fomento o, en su caso, el acuerdo del Consejo de Ministros por los que se impongan obligaciones de servicio público deberán ser comunicados, a efectos de lo dispuesto en el artículo 45, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
CAPÍTULO II Servicio universal Artículos 11 a 35
SECCIÓN 1ª DELIMITACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL Artículos 11 a 17
Artículo 11 Concepto de servicio universal.
Artículo 12 Delimitación de los servicios que se incluyen en el ámbito del servicio universal.
Que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, puedan conectarse a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y de recibir servicios nacionales e internacionales de voz, fax y datos.
Que los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público dispongan, gratuitamente y en todo el territorio nacional, de una guía telefónica, actualizada e impresa, unificada para cada ámbito territorial.
Artículo 13 Acceso a la red telefónica pública fija.
Conectar y utilizar equipos terminales adecuados, de conformidad con la normativa aplicable.
Acceder a los servicios de consulta telefónica sobre información de la guía telefónica.
Artículo 14 Guías telefónicas.
Artículo 15 Teléfonos públicos de pago.
Artículo 16 Discapacitados y colectivos con necesidades sociales especiales.
Artículo 17 Revisión de la relación y de las condiciones de los servicios que se engloban dentro del servicio universal.
El Gobierno, mediante Real Decreto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley General de Telecomunicaciones, podrá revisar y ampliar la relación y las condiciones de los servicios que se engloban dentro del servicio universal de telecomunicaciones en los artículos anteriores, en función de la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado o por consideraciones de política social o territorial. Asimismo, podrá revisar la fijación de los criterios para la determinación de los precios que garanticen su carácter asequible.
En el procedimiento de elaboración del citado Real Decreto, el Gobierno deberá solicitar informe previo al Consejo Asesor de TelecomunicacionesyalaComisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
SECCIÓN 2ª CARÁCTER ASEQUIBLE DEL PRECIO DEL SERVICIO UNIVERSAL Artículos 18 y 19
Artículo 18 Concepto y objetivos.
Se entenderá que los precios de los servicios incluidos en el servicio universal son asequibles para los usuarios, cuando se den las condiciones indicadas en el apartado 2 de este artículo.
A los efectos de lo dispuesto en esta sección, se deberá garantizar:
Que los precios de los servicios incluidos en el servicio universal en zonas de alto coste y zonas rurales sean razonablemente comparables a los precios de dichos servicios en áreas urbanas.
Que se asegure la eliminación de barreras que impidan a determinados colectivos de discapacitados el acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio universal en condiciones equivalentes al resto de usuarios.
Que exista una oferta suficiente, a precio uniforme, de teléfonos de uso público en el dominio público de uso común, en todo el territorio nacional.
Que se ofrezcan planes de precios en los que el importe de las cuotas de alta, el de los conceptos asimilados, y el de las cuotas periódicas fijas de abono no limiten significativamente la posibilidad de ser usuario del servicio.
Los objetivos citados en el apartado anterior podrán alcanzarse a través de los siguientes instrumentos:
Programas de precios de acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio universal que permitan el máximo control del gasto por parte del usuario.
Diferentes límites de crédito asociados a determinados planes que permitan al usuario un mayor control de su gasto, a la vez que reduzcan los niveles de riesgo por impago. Excepcionalmente, podrán exigirse depósitos de garantía con los límites y condiciones que fije el Ministerio de Fomento.
Posibilidad de que el usuario elija la frecuencia de facturación que mejor se adapte a sus preferencias.
Oferta de fórmulas de prepago por el uso del servicio, como alternativa del mejor control del gasto por el usuario.
Posibilidad de restringir y bloquear por parte de los usuarios y sin coste alguno las llamadas de larga distancia, las internacionales y las que se hagan a servicios con tarificación adicional y a teléfonos móviles.
Publicidad e información que los operadores suministren a los usuarios sobre las condiciones de prestación de los servicios, especialmente en relación al carácter accesible de los mismos.
Diseño y puesta en práctica de una Encuesta Nacional del Servicio Universal de Telecomunicaciones.
Publicidad de los planes, antes de su aplicación.
Previsión de las licitaciones que se vayan a realizar.
SECCIÓN 3ª OPERADORES OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN Y A LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL Artículos 20 a 22
Artículo 20 Prestación del servicio universal por operadores dominantes.
Con carácter previo a la designación de un operador para la prestación del servicio universal, tanto en el supuesto previsto en este artículo como en el determinado en el siguiente, será necesario que el Ministerio de Fomento constate que los servicios que se incluyen dentro del ámbito de aquél no se están prestando en el mercado, a precios asequibles.
Para garantizar el servicio universal de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, cualquier operador que tenga la consideración de dominante en una zona determinada podrá ser designado, mediante Orden, para prestar, dentro de ella, cualesquiera de los servicios incluidos dentro de aquél.
La designación de un operador dará lugar, en el caso de que la prestación del servicio universal implique un coste neto y suponga una desventaja competitiva, a la cualificación de dicho operador como receptor de fondos del Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal de las Telecomunicaciones o, en su defecto, del mecanismo de compensación entre operadores que se establece en este Reglamento.
Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de este Reglamento.
Artículo 21 Prestación del servicio universal por un operador designado mediante licitación pública.
Con un año de antelación a la finalización del plazo establecido para la prestación del servicio universal en una determinada zona, el Ministerio de Fomento realizará una consulta pública, para determinar si existen operadores interesados en prestarlo y en qué condiciones. A estos efectos, dichos operadores comunicarán al Ministerio de Fomento el ámbito territorial, período y condiciones en que estarían dispuestos a llevarlo a cabo.
Mediante Orden del Ministro de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se efectuará la convocatoria del correspondiente concurso y la publicación de las bases en las que se determinará el servicio que se debe prestar y en qué ámbito territorial y el período y las condiciones de prestación y financiación del mismo, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
Cuando el ámbito territorial fijado en la Orden por la que se convoca el concurso coincida con la zona en la que un operador manifestó su interés en prestar el servicio universal, la comunicación a la que se refiere el apartado 1 de este artículo será vinculante para el mismo, que deberá presentarse al concurso y mantener como mínimo en su oferta las condiciones de precio y calidad comunicadas. En todo caso, podrán presentarse al concurso los operadores que, en el momento de su convocatoria, contribuyan a la financiación del servicio universal.
El Ministro de Fomento adjudicará el título que habilite a la prestación del servicio universal al licitador que ofrezca las condiciones más ventajosas. En consecuencia, el operador que resulte adjudicatario en la licitación será el designado para la prestación del servicio universal y, por tanto, se beneficiará del sistema de financiación al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior. En este supuesto, la determinación del coste neto del servicio universal prevista en el artículo 39.1, apartado tercero, de la Ley General de Telecomunicaciones será la contenida en la oferta del adjudicatario.
Artículo 22 Operadores obligados a financiar el servicio universal.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará si la obligación de la prestación del servicio universal implica un coste neto y una desventaja competitiva o no, para los operadores que lo presten.
La financiación del coste neto resultante de la obligación de prestación del servicio universal será compartida por todos los operadores que exploten redes públicas de telecomunicaciones y por los prestadores de servicios telefónicos disponibles al público.
Con el fin de incentivar la introducción de nuevas tecnologías, según los criterios establecidos por el Ministerio de Fomento.
Con el fin de favorecer el desarrollo de una competencia efectiva.
SECCIÓN 4ª COSTE NETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL Artículos 23 a 30
Artículo 23 Componentes de coste del servicio universal.
El coste neto de las obligaciones de prestar el servicio universal en zonas no rentables.
El coste neto de las obligaciones de prestar el servicio universal a usuarios discapacitados o con necesidades sociales especiales.
El coste neto de prestar, en la forma establecida en este Reglamento, los servicios de teléfonos públicos de pago, de elaborar las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 14 y de prestar los servicios de información respecto de datos que figuren en dichas guías.
Artículo 24 Componente geográfico: zonas no rentables.
A los efectos de este Reglamento, se consideran zonas no rentables las demarcaciones geográficas de prestación de los servicios que un operador eficiente no cubriría a precio asequible, atendiendo a razones exclusivamente comerciales.
A los efectos de la consideración de una zona como no rentable, se tendrán especialmente en cuenta su nivel de desarrollo socioeconómico, el grado de dispersión y densidad de la población y su carácter de zona rural o insular.
Artículo 25 Componente social: usuarios con necesidades especiales.
Artículo 26 Otros componentes: teléfonos públicos de pago, guías telefónicas y servicios de información.
Será objeto de compensación al operador la prestación por éste del servicio telefónico, mediante teléfonos públicos de pago cuando se le imponga como obligación y dicho servicio no pueda ser prestado en los términos establecidos en este Reglamento, sin incurrir en un coste neto.
Será, asimismo, objeto de compensación, la obligación de elaborar las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 14 y de prestar los servicios de información actualizada relativa a los números de abonados del servicio telefónico disponible al público, cuando no puedan prestarse sin coste neto. Lo establecido en este párrafo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 27 Concepto de coste neto
Costes recuperables y no recuperables.
El coste neto de prestación del servicio universal se obtendrá hallando la diferencia entre el ahorro a largo plazo que obtendría un operador eficiente si no prestara el servicio y los ingresos directos e indirectos que le produce su prestación, incrementando estos últimos con los beneficios no monetarios derivados de las ventajas inmateriales obtenidas por él, con tal motivo.
Los costes recuperables de funcionamiento e inversión de las zonas no rentables comprenden, por una parte, los costes de acceso y de gestión de los abonados de la zona y, por otra, los costes de la red de conmutación y transmisión necesarios para prestar el servicio en la zona y el encaminamiento del tráfico entrante y saliente de la misma.
En el caso de abonados que necesiten de medios especiales para su acceso al servicio o una utilización más onerosa del mismo, podrán tenerse también en cuenta los costes adicionales necesarios o los menores ingresos, que afecten al operador.
El coste neto de la obligación de asegurar la prestación del servicio de teléfonos de uso público en el dominio público de uso común en una determinada zona se calculará hallando la diferencia entre los costes soportados por el operador por su instalación, mantenimiento y encaminamiento del tráfico saliente de los mismos y los ingresos directa e indirectamente generados por dichos teléfonos, junto con los beneficios no monetarios derivados de ello. Cuando el saldo así calculado muestre que los ingresos son superiores a los costes o cuando el número de estos teléfonos en la zona sea superior al exigido para cumplir la obligación de servicio universal y éstos tengan una distribución geográfica razonable, se considerará que no existe coste de la obligación.
El coste neto de la obligación de elaborar las guías telefónicas a las que se refiere el artículo 14 y de prestar los servicios de información respecto de datos incluidos en dichas guías se obtendrá hallando la diferencia entre los costes y los ingresos, directos e indirectos, atribuibles a dicha obligación. En particular, se considerarán ingresos de estos servicios los correspondientes a publicidad, ingresos por tarifas de los servicios de información, incluido el tráfico inducido por su consulta y cualesquiera otros ingresos derivados de dichos servicios, tales como los provenientes de la comercialización de ficheros.
No se incluirán en el cálculo del coste del servicio universal, los costes sufridos como consecuencia de:
La obligación de encaminar gratuitamente las llamadas de urgencia. No obstante, sí podrán incluirse en el cálculo del coste, en los términos establecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, los gastos originados a un operador cuando se le impongan, en relación con este tipo de llamadas, obligaciones que impliquen la necesidad de establecer medios adicionales a los necesarios para el simple encaminamiento.
La aplicación de medidas específicas para la salvaguarda de la seguridad pública.
Las indemnizaciones o reembolsos y todos los costes administrativos relacionados con los mismos, abonados como consecuencia del incumplimiento de garantías en la prestación de los servicios.
El coste del servicio de facturación detallada y de otras prestaciones que se impongan como obligaciones a todos los operadores de telefonía vocal.
En general, los costes sufridos por la prestación de cualquier servicio que, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, quede fuera del ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio universal.
Artículo 28 Criterios aplicables para la determinación e imputación de los costes.
El cálculo del coste neto de la prestación del servicio universal se hallará con arreglo al apartado 1 del artículo 27 y deberá basarse en procedimientos y criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales establecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El sistema de contabilidad de costes deberá mostrar, de una manera transparente, las principales categorías bajo las que se agrupan y las reglas utilizadas para su reparto, en especial las que se refieren a la distribución equitativa de los costes comunes y conjuntos.
La determinación del coste neto se realizará por el operador de telecomunicaciones que, en cada caso, preste el servicio universal, de acuerdo con los principios generales establecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Los costes deberán imputarse a aquellos servicios que son causa de que se incurra en ellos. La determinación de su cuantía habrá de hacerse en proporción a la correspondiente contribución al coste por cada servicio, mediante la definición de generadores de coste.
Para asegurar el adecuado reparto del coste, cada concepto de éste se deberá clasificar, con independencia de otros criterios de clasificación que el operador obligado adopte, en alguna de las siguientes categorías excluyentes:
Costes no atribuibles.
Al evaluar los costes en que incurriría el operador por estar obligado a la prestación del servicio, éste tendrá en cuenta una tasa razonable de remuneración de los capitales invertidos en su prestación.
Las modificaciones que se pretendan introducir en el sistema de contabilidad de costes aprobado, antes de su puesta en práctica, deberán ser sometidas a la aprobación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Si en el plazo de dos meses, desde la presentación ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del sistema de contabilidad de costes o de sus modificaciones, no ha recaído resolución, el operador podrá utilizar el sistema propuesto a todos los efectos, sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento.
Cuando un operador resulte obligado por este Reglamento a formar y presentar contabilidad de costes, deberá acompañar el sistema de contabilidad de costes que vaya a aplicar en el plazo de nueve meses desde que haya sido designado para la prestación de obligaciones de servicio universal, con los efectos recogidos en el apartado 7.
Artículo 29 Consideración de los ingresos asociados y de los beneficios derivados.
Al evaluar los ingresos que dejaría de obtener el operador, de no prestar el servicio, se deberán tener en cuenta:
Los ingresos por cuotas de conexión, cuotas fijas periódicas y por tráfico generados por los usuarios a los que se dejaría de prestar el servicio.
Los ingresos por llamadas pagadas por el resto de los clientes, efectuadas a los usuarios a los que se dejaría de prestar el servicio.
Los ingresos por llamadas de sustitución que realizarían los clientes a los que se deja de prestar el servicio desde teléfonos públicos o teléfonos de otros usuarios.
Asimismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador, en su calidad de prestador de un servicio universal de telecomunicaciones. En dicha valoración se tendrán en cuenta, como mínimo, las siguientes categorías de potenciales generadores de beneficios no monetarios:
Mayor reconocimiento de la marca del operador, como consecuencia de la prestación del servicio.
Ventajas derivadas de la ubicuidad.
Valoración de los clientes o grupos de clientes, teniendo en cuenta su ciclo de vida.
Ventajas comerciales que implica el tener acceso a todo tipo de datos sobre el servicio telefónico.
Artículo 30 Determinación periódica del coste neto, auditoría y aprobación administrativa.
Los operadores con obligaciones de servicio universal harán anualmente una declaración a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de los servicios que ofrecen, cuya prestación sólo pueda hacerse con coste neto para los mismos, detallando sus distintos componentes.
Todo operador obligado a prestar el servicio universal deberá formular, anualmente, declaración del coste neto de las obligaciones de servicio universal que haya asumido, de acuerdo con los principios y las normas de este Reglamento y siguiendo las instrucciones que dicte la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el ejercicio de sus facultades. La cuantificación del coste neto contenida en dicha declaración deberá ser aprobada por la Comisión, previa auditoría realizada por ella misma o por la entidad que, a estos efectos, designe. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones elaborará un informe anual sobre el cumplimiento de los criterios de costes para cada uno de los operadores obligados y pondrá a disposición de los interesados, y a petición de éstos, la cuantificación del coste neto debidamente aprobada.
SECCIÓN 5ª FINANCIACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL Artículos 31 a 35
Artículo 31 Objetivos y principios de la financiación.
El mecanismo de financiación garantizará unos incentivos adecuados que fomenten una prestación eficiente del servicio universal, limitando los posibles efectos negativos sobre el mercado y las inversiones que puedan derivarse de unos costes más elevados de lo necesario.
Que la obligación de prestación del servicio universal no genere un coste neto.
Que el coste neto resultante no suponga una desventaja competitiva para el operador u operadores que presten el servicio universal.
Los objetivos del mecanismo de financiación del servicio universal son los siguientes:
Reducir al mínimo las barreras de acceso al mercado, garantizando al mismo tiempo la financiación del servicio universal.
Respetar el requisito de neutralidad entre operadores del mercado, las tecnologías específicas o la prestación de servicios, integrada o separadamente, con objeto de evitar una distorsión en las estrategias de acceso al mercado o, posteriormente, en las decisiones sobre inversión o en la actividad en dicho mercado.
Mantener al nivel mínimo las cargas administrativas y los costes con ellas relacionados.
Crear unas condiciones que propicien una mayor eficacia e innovación, con objeto de garantizar la prestación del servicio universal al menor coste posible.
El mecanismo de financiación respetará los principios generales de objetividad, proporcionalidad, no discriminación y transparencia, prestando especial atención a las siguientes cuestiones:
Contribuciones equitativas y no discriminatorias.
Mecanismos específicos y predecibles de subsidiación. Los mecanismos de aportación y subsidiación se establecen y publican conforme a lo dispuesto en este Reglamento. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deberá dar la publicidad necesaria a las actuaciones y decisiones que establezcan o modifiquen criterios.
Neutralidad competitiva. El mecanismo de subsidiación mantendrá la neutralidad competitiva, entendiendo por tal la que no suponga ventajas ni desventajas de un operador frente a otro, ni favorezca una tecnología respecto de otra.
Subsidiación a un solo operador. En las zonas geográficas de alto coste, sólo un operador recibirá, por prestar en ellas el mismo servicio, fondos procedentes del Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal.
En ningún caso, las aportaciones de un operador para la financiación del servicio universal darán lugar, directa o indirectamente, a que se duplique el pago destinado a sufragar el coste neto de una misma obligación de servicio universal específica.
Artículo 32 Parámetros de reparto del coste neto, entre los operadores obligados.
Las aportaciones de los operadores obligados a financiar el servicio universal serán proporcionales a la actividad de cada uno en el mercado de referencia.
Redes públicas telefónicas fijas y servicios telefónicos fijos disponibles al público.
Líneas susceptibles de arrendamiento y otras redes públicas de telecomunicaciones.
Redes públicas telefónicas móviles y servicios de comunicaciones móviles y personales disponibles al público.
Anualmente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hará pública la lista de los operadores obligados a contribuir al Fondo y las aportaciones que hayan realizado y pondrá a disposición de los interesados, a solicitud de éstos, dicha información actualizada.
El Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en función de la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado, podrá establecer otros parámetros de distribución que representen mejor la actividad de los operadores, a efectos de un más equitativo reparto de la carga derivada del servicio universal.
Las aportaciones que los operadores designados para la prestación del servicio final telefónico básico deban realizar al Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal de las Telecomunicaciones, por estar obligados a financiar dicho servicio, serán minoradas en las cuantías correspondientes al coste neto que suponga para cada uno de los operadores la prestación que, en su caso, realicen de estos servicios.
Artículo 33 Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal de Telecomunicaciones
Naturaleza y fines. Supresión del Fondo.
El Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal de Telecomunicaciones garantiza la financiación del servicio universal y recoge las aportaciones de los operadores obligados a contribuir a ella.
A través del Fondo se persiguen los siguientes fines:
Gestionar el cobro efectivo de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones.
Gestionar los pagos a los operadores con derecho a recibirlos por la prestación del servicio universal.
En relación con el Fondo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevará a cabo las siguientes funciones:
Conocer su evolución económica y proponer las medidas necesarias para el cumplimiento de sus fines.
Aprobar sus previsiones de ingresos y su liquidación anual.
Aprobar la memoria anual de su gestión que se incorporará al informe anual que ha de presentar al Gobierno.
Gestionar su patrimonio, cobro de derechos y atención de sus obligaciones.
Determinar las contribuciones de cada operador.
Arbitrar, previa sumisión de los operadores, en cualquier conflicto entre ellos, en materias relacionadas con el Fondo.
En el caso de que el coste de la prestación del servicio universal para operadores sujetos a estas obligaciones sea de una magnitud tal que no justifique los costes derivados de la gestión del Fondo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá proponer al Gobierno la supresión del mismo y, en su caso, el establecimiento de mecanismos de compensación directa entre operadores.
Artículo 34 Recursos del Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal
Aportaciones y gestión.
Son recursos del Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal los siguientes:
Las aportaciones que realicen los operadores obligados a financiar el servicio universal.
Las aportaciones realizadas por cualquier otra persona física o jurídica que desee contribuir desinteresadamente a la financiación de cualquier actividad propia del servicio universal.
Las aportaciones pecuniarias se depositarán en una cuenta restringida abierta a tal efecto en una entidad de crédito. Al total de los activos se le deducirán los gastos de la gestión del Fondo.
Los recursos del Fondo sólo se podrán invertir en activos financieros de alta liquidez y rentabilidad asegurada.
Las aportaciones se llevarán a cabo de forma semestral y las revisiones de su importe tendrán carácter anual. Esta revisión la realizará la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En el caso de no realizarse revisión o declarar al operador exento de la obligación de financiación, la aportación para el siguiente año será la misma que la del anterior.
El procedimiento para fijar las aportaciones y llevarlas a cabo será el siguiente:
Cada operador enviará la información relativa a sus ingresos del último ejercicio cerrado, antes del 31 de mayo de cada año, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones calculará las cuotas de mercado de los operadores obligados a contribuir y la aportación que les corresponda realizar a cada uno. Antes del 30 de junio de cada año, notificará a cada uno de los operadores obligados la aportación anual que les corresponda ingresar por este concepto y les requerirá para que efectúen los ingresos semestrales correspondientes, dentro de los períodos de pago a los que se refiere el apartado siguiente.
Las aportaciones se llevarán a cabo mediante el modelo de impreso que apruebe la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Los ingresos se realizarán dentro de los veinte días siguientes al último día de cada semestre natural. Cada ingreso semestral será del 50 por 100 de la aportación anual que le corresponda ingresar a cada operador.
Los operadores con derecho a compensación recibirán ésta dentro del mes siguiente a la finalización del período de pago, de acuerdo con las aportaciones habidas.
Si un operador obligado a realizar aportaciones no las lleva a cabo en el plazo establecido, la deuda devengará un interés de demora igual al interés legal más dos puntos desde el día siguiente al de finalización del plazo de pago.
La obligación de prestar el servicio universal no quedará condicionada, en ningún caso, a la recepción de compensaciones que provengan del Fondo.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones pondrá a disposición de los interesados, a solicitud de éstos, la información disponible actualizada relativa a la gestión del Fondo Nacional de Financiación del Servicio Universal de Telecomunicaciones.
Artículo 35 Costes de administración del Fondo.
Los que ocasione al gestor la supervisión del coste neto.
Los administrativos.
Los derivados de la gestión de las contribuciones.
CAPÍTULO III Servicios obligatorios Artículos 36 a 41
Artículo 36 Delimitación y régimen jurídico.
SECCIÓN 2ª SERVICIOS OBLIGATORIOS REGULADOS EN EL ARTÍCULO 40.2.a) DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Artículos 37 a 39
Artículo 37 Determinación de los servicios a los que se refiere el artículo 40. 2.a) de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 38 Sujetos obligados a prestar los servicios del artículo 40. 2.a) de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 39 Financiación de los servicios a los que se refiere el artículo 40. 2.a) de la Ley General de Telecomunicaciones.
SECCIÓN 3ª SERVICIOS OBLIGATORIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 40.2.b) DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Artículos 40 y 41
Artículo 40 Determinación de los servicios obligatorios a los que se refiere el artículo 40. 2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones, y a efectos de garantizar la suficiencia de su oferta por, al menos, un operador, se consideran servicios obligatorios los de líneas susceptibles de arrendamiento, los de la red digital de servicios integrados y los de correspondencia pública marítima.
Los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento y servicios de la red digital de servicios integrados a los que se refiere este artículo se delimitarán en la Orden mencionada en el apartado 1.a) del artículo siguiente. Esta Orden establecerá como servicios obligatorios, a efectos de líneas susceptibles de arrendamiento, obligaciones adicionales sobre las mínimas impuestas en la Orden de licencias a los operadores dominantes.
Artículo 41 Procedimiento de designación de operadores y financiación de los servicios a los que se refiere el artículo 40. 2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones.
Cuando el Ministerio de Fomento constate que los servicios a los que se refiere este artículo no se están prestando en competencia en el mercado, la designación de los operadores obligados a prestar cada tipo de servicio se efectuará, en los términos del artículo 41.2.A) de la Ley General de Telecomunicaciones, a través de un procedimiento de licitación pública convocada por aquél, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de lo dispuesto, inicialmente, para los servicios de correspondencia pública marítima en la disposición transitoria quinta de este Reglamento.
Mediante Orden del Ministro de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se establecerá el servicio que se deba prestar y en qué ámbito territorial, el período y las condiciones de prestación y financiación del servicio, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. Dicha Orden efectuará, asimismo, la convocatoria del correspondiente concurso y la publicación de sus bases.
Deberán tomarse en consideración, como criterios para la resolución de la licitación, los que se establecen en el artículo 41.2.A) de la Ley General de Telecomunicaciones.
El Ministerio de Fomento adjudicará el título que habilite a la prestación del servicio al licitador que ofrezca las condiciones más ventajosas.
Cuando la licitación resulte desierta, se llevará a cabo la designación directa de un operador que tenga reconocidos en su licencia individual derechos de ocupación de la propiedad pública o privada y se haya beneficiado de ellos, previo el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones al que se refiere el artículo 45 y tomando en consideración los principios recogidos en los apartados 3 y 4 de este artículo. A estos efectos, los derechos otorgados que permitan beneficiarse de la ocupación de la propiedad pública o privada se valorarán en función de su extensión y del ámbito geográfico al que afecten.
El cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere este artículo, se llevará a cabo por los operadores designados, sin perjuicio del cumplimiento por éstos de las obligaciones de servicio público de carácter general establecidas en el capítulo I de este Título.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, el plan parcial de implantación y extensión de las redes y servicios establecerá sus objetivos, que podrán fijarse en fases de desarrollo e incluir todo o parte del territorio nacional. Asimismo, se establecerán los plazos y condiciones de precios aplicables.
La cohesión territorial, con especial consideración de las zonas de menor desarrollo económico.
Los mecanismos de financiación que incluirán:
Las ayudas previstas de las Administraciones públicas distintas de la del Estado.
La financiación con cargo a los ingresos derivados de las tasas a las que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley General de Telecomunicaciones.
La asignación de recursos escasos de telecomunicaciones, como contraprestación a la imposición de estas obligaciones.
En la imposición de obligaciones y en el reconocimiento de los derechos a los que se refiere esta sección, se mantendrá el equilibrio entre operadores en lo relativo a las obligaciones y derechos establecidos para los mismos.
CAPÍTULO IV Otras obligaciones de servicio público Artículo 42
Artículo 42 Delimitación.
Por necesidades de la Defensa Nacional y la seguridad pública.
Por razones de extensión del uso de nuevos servicios y nuevas tecnologías a la educación, la sanidad y la cultura.
Por razones de cohesión territorial.
TÍTULO III Artículos 43 a 51
Artículo 43 Beneficiarios de los derechos.
Artículo 44 Procedimiento de asignación de los derechos a que se refiere este Título.
Los solicitantes de licencias individuales para el establecimiento o explotación de redes públicas de telecomunicaciones que deseen que se les reconozcan genéricamente en su licencia individual los derechos de ocupación de la propiedad pública o privada que se regulan en este Título, deberán hacerlo constar en la solicitud del título y en el proyecto técnico que deben presentar junto a dicha solicitud. En dicho proyecto deberán incluirse las previsiones de extensión y delimitación geográfica de los derechos que el operador considere necesarios para el establecimiento y explotación de la red.
La solicitud del reconocimiento de derechos en los dos supuestos señalados en el apartado 1 de este artículo deberá ir acompañada del compromiso expreso del solicitante de aceptar las obligaciones de servicio público que les sean impuestas, de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones y en este Reglamento. El documento en que se formalice dicho compromiso formará parte de la licencia individual, se incluirá como anexo del documento formalizador de la misma y será objeto de inscripción en el Registro Especial de Titulares de Licencias Individuales.
Artículo 45 Equilibrio de las obligaciones del servicio público impuestas a los operadores a los que se reconocen los derechos recogidos en este Título.
Artículo 46 Derechos de ocupación del dominio público.
Los titulares de licencias individuales para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que, de conformidad con los artículos anteriores, tengan reconocido genéricamente el derecho de ocupación de dominio público y hayan asumido el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de servicio público, podrán solicitar la ocupación concreta de determinados bienes a la Administración titular de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Telecomunicaciones y en la normativa vigente en materia de ocupación de dominio público.
Para el otorgamiento de la autorización de ocupación de dominio público será requisito previo el informe del órgano competente del Ministerio de Fomento que acredite que el operador cumple las condiciones exigidas en el artículo 44 y que el proyecto específico de ocupación de bienes de dominio público que el operador ha presentado ante la Administración titular es coherente con las previsiones de extensión y delimitación geográfica previstas en el proyecto técnico de la licencia individual.
Cuando el derecho de ocupación del dominio público se otorgue sobre bienes demaniales de titularidad de una Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones, será también de aplicación la legislación de Régimen local.
Artículo 47 Expropiación forzosa.
Los titulares de licencias individuales para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones que, de conformidad con los artículos anteriores, tengan reconocido genéricamente el derecho de ocupación de la propiedad privada y hayan asumido el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de servicio público, podrán solicitar ser beneficiarios en un expediente concreto de expropiación forzosa para dicha ocupación o la declaración a su favor del derecho de servidumbre de paso, siempre que cumplan lo previsto en el artículo 46 de la Ley General de Telecomunicaciones y en el artículo 44 de este Reglamento, así como en la normativa vigente en materia de expropiación forzosa.
La aprobación del proyecto técnico concreto por la Secretaría General de Comunicaciones llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos de lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, para la instalación de redes públicas de telecomunicaciones. Del proyecto técnico aprobado se dará traslado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a los efectos de lo previsto en el artículo 45 de este Reglamento.
En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de redes públicas de telecomunicaciones cuyos titulares tengan impuestas obligaciones de servicio universal y de servicios obligatorios de telecomunicaciones, se seguirá el trámite especial de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando así se haga constar en la resolución de la Secretaría General de Comunicaciones que apruebe el proyecto técnico. Para la declaración de la procedencia del tramite especial de urgencia bastará con que el órgano que trámite el expediente constate y declare expresamente que el interesado tiene impuestas dichas obligaciones.
Artículo 48 Uso compartido de infraestructuras instaladas al amparo del ejercicio de los derechos regulados en este Título.
Los operadores con licencias para instalar redes públicas de telecomunicaciones que soliciten y obtengan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores, el derecho de ocupación del dominio público, la condición de beneficiarios en un expediente de expropiación forzosa o el derecho de servidumbre de paso, podrán ser obligados al uso compartido de las instalaciones que realicen sobre las propiedades afectadas o de éstas con otros operadores que exploten redes públicas de telecomunicaciones y que tengan, a su vez, impuestas obligaciones de servicio público.
El uso compartido de tales instalaciones, infraestructuras o propiedades deberá ser objeto de acuerdo técnico y comercial entre las partes afectadas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá, cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes, resolver lo procedente y tendrá la facultad de imponer condiciones de uso compartido, tras un período de consulta pública y audiencia de las partes afectadas cuando dicho uso compartido permita eliminar obstáculos para la competencia en el mercado. Las resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que establezcan condiciones de utilización compartida podrán incluir la fijación de criterios del reparto de costes, del reparto de las instalaciones o de la propiedad.
El uso compartido a que se refiere este artículo se extiende, sin perjuicio de la regulación específica que se establece en este capítulo, al derecho de utilización compartida de los locales de los titulares de redes públicas de telecomunicaciones, para la interconexión, conforme al artículo 22.5 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Artículo 49 Procedimiento para el establecimiento del uso compartido de infraestructuras.
Artículo 50 Ejercicio de los derechos de uso compartido de los locales e infraestructuras para la interconexión de redes públicas de telecomunicaciones.
Los operadores que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, tengan derechos de interconexión podrán incluir, en el documento en que la soliciten, que se les permita la instalación de los equipos precisos para hacerla efectiva en los inmuebles de los operadores que estén obligados a facilitarla. En la negociación de los acuerdos de interconexión, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso compartido de las infraestructuras y los locales y el acceso de personal de ellas dependiente a las del otro operador, que deberá facilitarlo cuando disponga de capacidad suficiente y sea técnicamente factible y económicamente viable.
Para el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior se aplicará lo determinado en este Título y, en especial, lo siguiente:
El operador que desee establecer un acuerdo de interconexión y que solicite para ello el acceso al uso compartido de infraestructuras o locales de otro operador notificará a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la presentación de la solicitud que dirija a éste de inicio de negociaciones.
Transcurridos dos meses desde la fecha de notificación de la solicitud a la que se refiere el párrafo anterior, sin que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes, el propio operador deberá notificarlo a la Comisión. En este caso, la Comisión dictará la oportuna resolución en los términos previstos en los artículos anteriores.
Artículo 51 Protecciones radioeléctricas.
TÍTULO IV Derechos de los usuarios Artículos 52 a 61
Artículo 53 Prestación de los servicios.
Artículo 54 Solicitudes de acceso y conexión.
Artículo 55 Servicio de información de guía telefónica.
Artículo 56 Contrato.
Las relaciones entre los abonados y los prestadores de los servicios a los que se refiere el artículo 53 se regirán por un contrato que se ajustará a la normativa vigente que les sea de aplicación, incluida la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La Secretaría General de Comunicaciones aprobará, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y con audiencia de las asociaciones de consumidores y usuarios, con carácter previo a su utilización, los modelos de contratos-tipo relativos a la prestación de obligaciones de servicio público.
El contrato que los operadores de servicio telefónico disponible al público celebren con los abonados, deberá recoger, entre otros aspectos, el tipo de servicio suministrado, el básico y, en su caso, los adicionales contratados, sus condiciones de facturación, los niveles de calidad y los mecanismos de compensación y reembolso a favor de aquéllos si no se alcanzan los niveles de calidad del servicio fijados u otros términos del contrato. Asimismo, recogerá el procedimiento para actuar en caso de impago de las facturas, un resumen del procedimiento para resolver reclamaciones, fijándose el plazo máximo en el que habrá de procederse a la conexión inicial y a los tipos de servicio de mantenimiento que se ofrecen.
De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley General de Telecomunicaciones, el Gobierno podrá introducir cláusulas de modificación en los contratos celebrados entre los usuarios finales y los operadores para evitar el trato abusivo de éstos a aquéllos. Sin perjuicio de ello, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá introducir cláusulas de modificación en los contratos celebrados entre operadores cuando afecten a la competencia en el mercado.
El contrato de abono se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y, especialmente por voluntad del abonado, comunicándolo, previamente y de forma fehaciente, al prestador del servicio con una antelación mínima de quince días naturales al momento en que ha de surtir efectos.
En los contratos de servicio de los abonados discapacitados incluidos en el ámbito del servicio universal figurarán las condiciones especiales de compensación que tienen derecho a recibir por el mayor coste que, al serlo, soportan en el uso del servicio por causa de sus discapacidades.
Artículo 57 Facturación del servicio y depósito de garantía.
Los usuarios tendrán derecho a que los operadores del servicio telefónico disponible al público les presenten facturas por los cargos en que hayan incurrido.
Los operadores del servicio telefónico disponible al público que tengan la consideración de dominantes o que estén designados para la prestación del servicio universal, deberán suministrar a sus abonados la facturación detallada por los servicios que prestan, en los términos establecidos en este Reglamento y en la normativa que sea de aplicación.
Los operadores de telecomunicaciones que presten el servicio telefónico disponible al público, podrán exigir a los abonados a dicho servicio, tanto en el momento de contratar como durante la vigencia del contrato, la constitución de un depósito en garantía, en las condiciones establecidas en este artículo.
En los contratos de abono al servicio telefónico solicitado por personas físicas o jurídicas que sean o hayan sido con anterioridad, abonados al servicio y hubieran dejado impagados uno o varios recibos.
En los contratos de abono al servicio telefónico cuyos titulares tuvieran contraídas deudas por otro u otros contratos de abono, vigentes o no en ese momento o bien que, de modo reiterado, incurran en demora en el pago de los recibos correspondientes.
Para los abonados titulares de líneas que dan servicio a equipos terminales de uso público para su explotación por terceros en establecimientos públicos.
Los que se establezcan por Orden del Ministro de Fomento.
Artículo 58 Publicación de información y acceso a la misma.
Artículo 59 Suspensión temporal del servicio telefónico.
El retraso en el pago total o parcial por el abonado durante un período superior a un mes desde la presentación a éste del documento de cargo correspondiente a la facturación del servicio telefónico disponible al público, podrá dar lugar, previo aviso al abonado, a su suspensión temporal. La suspensión afectará a la prestación de los servicios al abonado correspondientes al contrato al que se refiere el documento de cargo cuyo importe haya sido impagado.
En el supuesto de suspensión temporal del servicio telefónico por impago, éste deberá ser mantenido para todas las llamadas entrantes y las llamadas salientes de urgencias.
El abonado tiene derecho a solicitar y obtener del operador del servicio la suspensión temporal de éste por un período determinado que no será menor de un mes ni superior a tres meses. El período no podrá exceder, en ningún caso, de noventa días por año natural.
Artículo 60 Interrupción del servicio telefónico.
El retraso en el pago del servicio telefónico disponible al público por un período superior a tres meses o la suspensión temporal, en dos ocasiones, del contrato por mora en el pago de los servicios correspondientes, dará derecho al operador a la interrupción definitiva del servicioyalacorrespondiente resolución del contrato.
El período de mora tras el cual el operador tendrá derecho a la interrupción del servicio podrá ser ampliado, mediante orden, para colectivos discapacitados o con necesidades sociales especiales.
Las condiciones en que puede efectuarse la suspensión o interrupción del servicio en los supuestos previstos tanto en este artículo como en el anterior, serán fijados por Orden del Ministro de Fomento. En la misma Orden se regulará el procedimiento a seguir para la suspensión o interrupción.
Artículo 61 Procedimientos de resolución de conflictos.
Las reclamaciones de los abonados del servicio telefónico disponible al público y las de los usuarios finales de los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento sobre su funcionamiento, su precio, su facturación, la responsabilidad por daños o cualquier otra cuestión que pudiera plantearse en relación con la prestación del servicio, deberán dirigirse a cualquiera de las oficinas comerciales del operador, en el plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que las motive. Formulada la reclamación, si el abonado no hubiera obtenido respuesta satisfactoria del operador en el plazo de un mes, podrá acudir a las vías indicadas en los apartados siguientes.
Los abonados podrán dirigir su reclamación a las Juntas Arbitrales de Consumo, en los términos establecidos en la normativa reguladora de las mismas.
Para el supuesto de que el operador o el abonado no se sometan a las Juntas Arbitrales, éste podrá dirigirse, en el plazo de un mes desde la respuesta del operador o la finalización del plazo para responder, a la Secretaría General de Comunicaciones que, una vez realizados los trámites oportunos, dictará resolución sobre la cuestión planteada. La resolución que ésta dicte agotará la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
El Ministerio de Fomento podrá autorizar la ampliación de los plazos para la suspensión o la interrupción del servicio, previa solicitud de cualquier abonado que haya iniciado el procedimiento de resolución de conflictos al que se refiere este artículo.
TÍTULO V Protección de los datos personales en la prestación de los servicios de telecomunicaciones Artículos 62 a 80
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 62 a 64
Artículo 62 Alcance y sujetos obligados.
El presente Título tiene como objeto el establecimiento de las normas reglamentarias de carácter técnico de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, en relación a la protección de los datos personales en la explotación de redes y en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Los operadores con licencia individual o, en su caso, autorización general para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público o que exploten redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con las Órdenes ministeriales reguladoras de los referidos títulos, deberá garantizar la protección de los datos personales en el ejercicio de su actividad, en los términos establecidos en este Reglamento.
Artículo 64 Ámbito de aplicación.
Lo regulado en este Título es de aplicación al tratamiento de los datos personales en la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
Las disposiciones sobre presentación y limitación de la identificación de la línea llamante y de la línea conectada y sobre el desvío automático de llamadas se aplicarán, en los términos establecidos en el capítulo III de este Título, a las líneas de abonados conectadas a centrales digitales y a las líneas de abonados conectadas a centrales analógicas, cuando sea técnicamente posible y no exija una inversión desproporcionada por el operador. Los operadores deberán obtener del Ministerio de Fomento la autorización correspondiente para quedar exentos del cumplimiento de los requisitos sobre presentación y limitación de la identificación de la línea llamante y conectada y sobre desvío automático de llamadas.
No será de aplicación lo establecido en este Título cuando, de conformidad con la normativa vigente, sea necesario adoptar medidas para la protección de la seguridad pública, la seguridad del Estado, la aplicación del derecho penal y la interceptación legal de las telecomunicaciones para cualesquiera de estos fines.
CAPÍTULO II Los datos de carácter personal en relación con determinados aspectos de los servicios de telecomunicaciones Artículos 65 a 68
Artículo 65 Datos personales sobre el tráfico y la facturación.
Los operadores deberán destruir los datos de carácter personal sobre el tráfico relacionados con los usuarios y los abonados que hayan sido tratados y almacenados para establecer una comunicación, en cuanto termine la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
Podrán ser tratados por los operadores, exclusivamente con objeto de realizar la facturación y los pagos de las interconexiones, los datos a los que se refiere el apartado anterior que incluyan:
El número o la identificación del abonado.
La dirección del abonado y el tipo de equipo terminal empleado para las llamadas.
El número total de unidades que deben facturarse durante el ejercicio contable.
El número del abonado que recibe la llamada.
El tipo, la hora de comienzo y la duración de las llamadas realizadas o el volumen de datos transmitidos.
La fecha de la llamada o del servicio.
Otros datos relativos a los pagos, tales como pago anticipado, pagos a plazos, desconexión y notificaciones de recibos pendientes.
Asimismo, los operadores podrán tratar los datos a los que se refiere el apartado anterior para la promoción comercial de sus propios servicios de telecomunicaciones, siempre y cuando el abonado haya dado su consentimiento previo. A estos efectos, los operadores deberán dirigirse a los abonados, al menos, con un mes de antelación al inicio de la promoción, requiriendo su consentimiento que, de producirse, será válido hasta que los abonados lo dejen sin efecto de modo expreso. Si en el plazo de un mes desde que el abonado reciba la solicitud, éste no se hubiese pronunciado al respecto, se entenderá que consiente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima.
El tratamiento de los datos de tráfico y facturación debe realizarse por las personas que actúen bajo las órdenes del operador prestador del servicio o del explotador de la red que se ocupen de la gestión de la facturación o del tráfico, de las solicitudes de información de los clientes, de la detección de fraudes o de la promoción comercial de los propios servicios del operador.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, se entiende por tratamiento de datos el conjunto de operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación y cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
Artículo 66 Protección de los datos personales en la facturación detallada.
Artículo 67 Guías de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
Los datos personales que figuren en las guías de abonados de los servicios a los que se refiere el artículo 62 que sean accesibles al público o que puedan obtenerse a través de servicios de información, ya sean impresas o electrónicas, deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para identificar a un abonado concreto. Por Orden del Ministro de Fomento, se determinarán las condiciones para hacer constar dichos datos.
Los abonados podrán exigir a los operadores que se les excluya de las guías, que se indique que sus datos personales no puedan utilizarse para fines de venta directa o que se omita parcialmente su dirección. Los operadores requeridos deberán cumplir lo dispuesto en este apartado, sin coste alguno para los abonados.
Artículo 68 Llamadas no solicitadas para fines de venta directa.
Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se efectúen mediante sistemas de llamada automática, a través de servicios de telecomunicaciones, sin intervención humana (aparatos de llamada automática) o facsímil (fax), sólo podrán realizarse a aquellos que hayan dado su consentimiento previo.
Las llamadas no solicitadas por los abonados con fines de venta directa que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el apartado anterior, podrán efectuarse salvo las dirigidas a aquellos que hayan manifestado su deseo de no recibir dichas llamadas.
CAPÍTULO III Protección de los datos personales en los servicios avanzados de telefonía Artículos 69 a 80
Artículo 69 Presentación y restricción de la línea llamante y conectada.
Lo establecido en este capítulo será de aplicación a los operadores que, de conformidad con lo establecido en la Orden reguladora de las licencias individuales y en el artículo 40 de este Reglamento, tengan la obligación de prestar servicios avanzados de telefonía con las facilidades de identificación de la línea llamante e identificación de la línea conectada. Asimismo, deberán cumplir lo establecido en este capítulo los demás operadores que, sin estar obligados por la normativa anteriormente citada, presten voluntariamente dichos servicios.
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por facilidad de identificación de la línea llamante la prestación que permite que el usuario que recibe una llamada, obtenga la información del número telefónico de la línea desde donde se origina esa comunicación y por facilidad de identificación de la línea conectada la prestación que permite que el usuario que origina la llamada, obtenga información del número telefónico de la línea a la que ha sido conectada su llamada.
Los operadores citados en el apartado primero de este artículo, informarán individualmente a cada uno de sus abonados, con quince días de antelación al inicio de la prestación de las facilidades de identificación de la línea llamante y de la línea conectada, de las características de dichas facilidades.
Artículo 70 Supresión en origen llamada a llamada de la identificación de la línea llamante.
Artículo 71 Supresión en origen por línea de la identificación de la línea llamante.
Artículo 72 Código de selección de operador.
Artículo 73 Supresión en destino de la identificación de la línea llamante.
Artículo 74 Filtrado en destino de llamadas sin identificación.
Artículo 75 Eliminación de la supresión en origen de la identificación de línea llamante.
Artículo 76 Supresión permanente en destino de la identidad de la línea llamante.
Artículo 77 Supresión de la identificación de la línea conectada.
Artículo 78 Características técnicas.
Artículo 79 Responsabilidad de los operadores que tengan sus redes interconectadas.
En el caso de que las redes de varios operadores estén interconectadas, será responsabilidad del operador desde cuya red se origine la llamada, la generación y entrega en el punto de interconexión de la identidad de la línea llamante y el respeto de la posible marca de supresión que haya sido introducida por el usuario.
Igualmente, en la prestación de la facilidad de identificación de la línea conectada, los operadores de las redes origen o destino de las llamadas, serán responsables de la correcta provisión de las funcionalidades específicas que correspondan a su red.
El envío de la información sobre la identidad de la línea llamante en la interconexión internacional con terceros países, sólo se realizará hacia aquéllos cuya normativa garantice el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal. La relación de países a los que puede ser enviada información sobre la identidad de la línea llamante se establecerá por la Secretaría General de Comunicaciones, previo informe de la Agencia de Protección de Datos.
Artículo 80 Desvío automático de llamadas.
Disposición transitoria primera Régimen transitorio aplicable al servicio universal y a los servicios obligatorios.
La prestación del servicio universal de telecomunicaciones dará lugar a contraprestación económica a partir del 1 de diciembre de 1998. No obstante, el operador obligado no tendrá derecho al cobro efectivo hasta que se produzca la aprobación del sistema de contabilidad de costes a que se refiere el párrafo siguiente.
Hasta la fijación de las facilidades incluidas en el servicio universal a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento y la aprobación de los programas tarifarios a que se refiere el artículo 18.2, tendrán la consideración de obligaciones de servicio universal, las que estén fijadas, para los operadores, en sus respectivos títulos habilitantes para la prestación de servicios portadores y finales, con arreglo a la derogada Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Hasta la determinación de los servicios obligatorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de este Reglamento, se considerarán como tales los que se encuentren fijados en los contratos concesionales para la prestación de servicios portadores y finales, vigentes a la entrada en vigor de este Reglamento. Igualmente, hasta que se determinen los operadores obligados a su prestación, habrán de llevarlos a cabo los titulares de los referidos contratos.
Las condiciones de calidad para la prestación del servicio universal y de los servicios obligatorios a los que se refiere el artículo 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones, serán, inicialmente, las establecidas en los contratos concesionales para los operadores que, a la entrada en vigor de este Reglamento, tengan título habilitante para la prestación del servicio telefónico disponible para el público y para la explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
En tanto se aprueben los planes a los que se refiere el artículo 5, se podrán imponer obligaciones de servicio público para determinados servicios, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.
Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento, podrán imponerse nuevas obligaciones de servicio público, de conformidad con lo previsto en el artículo 40, a los operadores que obtengan licencia individual y que ya tengan este tipo de obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y en la Orden ministerial sobre Licencias Individuales. Asimismo, dichas obligaciones de servicio público podrán imponerse, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento, a los operadores dominantes que dispongan del título habilitante con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones.
A los operadores no dominantes que dispongan de títulos habilitantes para la prestación de servicio telefónico fijo disponible al público y para la explotación de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, se les podrán imponer obligaciones de las previstas en el artículo 20.1y2deeste Reglamento, transcurridos cinco años desde que aquélla se produzca.
Las obligaciones de servicio público para la extensión del uso de nuevos servicios y nuevas tecnologías a la educación, a la sanidadyalacultura se podrán imponer a los operadores dominantes y a los que tengan asignadas otras obligaciones de servicio público, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento.
Disposición transitoria segunda Guías telefónicas y teléfonos públicos de pago.
Hasta el 31 de diciembre del año 2005, el operador inicialmente dominante deberá elaborar las guías a las que se refiere el artículo 14. Dicho operador habrá de suministrarlas gratuitamente a sus abonados y, previo el pago del importe de su coste, al resto de los operadores que presten el servicio telefónico fijo disponible al público. Durante este período, dichos operadores tendrán, igualmente, la obligación de entregarlas de manera gratuita a sus abonados. En dichas guías, la información relativa a los servicios y abonados de los distintos operadores, deberán recibir el mismo grado de relieve.
Transcurridos dos años tras la entrada en vigor de este Reglamento, mediante orden y con periodicidad anual, se establecerá el porcentaje de teléfonos públicos de pago afectos al cumplimiento del servicio universal que deberán permitir la conexión de fax y módem e incorporar prestaciones adicionales para favorecer la comunicación de los discapacitados, según lo establecido en la Orden a la que se refiere el último párrafo del artículo 16.
Disposición transitoria cuarta Financiación transitoria del servicio de seguridad de la vida humana en el mar.
Disposición transitoria quinta Servicios de correspondencia pública marítima.
Disposición transitoria sexta Derechos de los usuarios.
La cuantía del depósito en el supuesto recogido en la letra a) del apartado 3 del artículo 57 se determinará sumando el importe de los tres últimos recibos impagados del contrato de abono que fundamentan la exigencia del depósito. En el caso de negarse el abonado a su constitución, el operador podrá desestimar su solicitud.
En el supuesto previsto en el artículo 57.3, párrafo b), la cuantía se determinará sumando el importe de los tres últimos recibos facturados al titular del contrato o, en caso de que el contrato tuviera una menor antigüedad, la cantidad resultante de multiplicar por tres el último recibo. En el supuesto de no constituirse el depósito en el plazo de los quince días siguientes a su requerimiento fehaciente por el operador, éste podrá suspender el servicio contratado. También podrá dar de baja al abonado si, transcurrido un nuevo plazo de diez días, desde un segundo requerimiento, no se constituyese el depósito.
En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 3 del artículo 57 de este Reglamento, la cuantía del depósito será la equivalente al triple de la cuota del alta inicial.
El depósito no será remunerado y se cancelará cuando desaparezcan las causas que lo motivaron.
Disposición transitoria séptima Promoción comercial de los servicios de telecomunicaciones por los operadores.
Disposición transitoria octava Guías de servicios de telecomunicaciones.
Disposición transitoria novena Presentación y limitación de la línea llamante y conectada.
ORDEN FORAL 221/2006, de 4 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba inicialmente el 'Plan de Conjunto Obanos - Puente la Reina para el desarrollo de un sector industrial y de servicios', promovido por Promociones Orayen, S.L. y Javier Angel López Iribarren.
RESOLUCIÓ JUI/150/2003, de 22 de gener, per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d'un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària, efectuada mitjançant la Resolució JUI/3337/2002, de 15 de novembre.