Source: http://andradeveloz.com/blog.php?idio=esp&idSubCap=312
Timestamp: 2019-02-21 22:38:50
Document Index: 375428541

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 26', 'artículo 46', 'artículo 8']

El Ministerio de Minería (en adelante el “Ministerio”) se ha propuesto realizar reformas al instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras para minerales metálicos (en adelante el “Instructivo”) (Registro Oficial 722 de 30 de marzo del 201, con última modificación el 28 de julio del 2017). La Subsecretaría Nacional de Contratación Minera, la cual lidera el proceso de reforma, ha indicado que estos cambios buscan garantizar las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las obligaciones que se han establecido para los procesos de subasta o remate iniciados por un particular en el otorgamiento de una concesión minera. Las reformas tratan (i) la postura económica; (ii) solvencia económica; (iii) implementación de una garantía de cumplimiento de la inversión; (iv) el establecimiento de un plazo para la obtención de los actos administrativos previos; y, (v) la continuidad del proceso de subasta o remate.
Postura económica y solvencia económica
A pesar de que la postura económica en los procesos de subasta y remate para el otorgamiento de una concesión minera es un elemento sustancial actualmente este no se encuentra definido. La reforma propuesta por el Ministerio lo define como “el documento mediante el cual, el interesado del área o proyecto minero, presenta a través de un sobre sellado, el monto a invertir para los cuatro primero años de concesión” (artículo siguiente al 36).En definitiva, se lo determina como el valor que se compromete a invertir un solicitante o postulante dentro de un proceso de subasta o remate en caso sea adjudicada la concesión a su favor. El aporte de esta reforma es clarificar la esencia de la postura económica. Adicionalmente, la reforma propone que el monto de inversión para el área o proyecto debe indicarse anualmente y no puede ser superior al doble de lo establecido en el año anterior. De esta forma, se proyecta la inversión para los primeros 4 años contados desde la obtención de los actos administrativos previos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Minería. Bajo esta disposición, si en el año 1 el monto de inversión es US$ 125 000, en el año 2 no podrá ser más de US$ 250 000, en el año 3 no podrá ser más de US$ 500 000 y en el cuarto año no podrá ser más de US$ 1’ 000 000.
De acuerdo al Instructivo, actualmente el proponente de una postura económica debe fundamentarla con su solvencia económica. Se establece que la solvencia económica de un solicitante o postulante en un proceso de subasta o remate se sustenta a través de la presentación de balances generales, certificados de capitalización del mercado, declaración patrimonial juramentada o certificados bancarios. La demostración en cifras deberá ser de al menos el 5% del monto de inversión ofertado en procesos para mediana minería y minería a gran escala, o del 100% del monto ofertado en procesos para pequeña minería. En su propuesta, el Ministerio propone incrementar del 5% al 20% de la postura económica para el área solicitada en mediana y gran minería. Por ejemplo, si una compañía oferta invertir en la concesión US$ 1 millón durante los primeros 4 años de actividad minera, estará obligada a demostrar solvencia económica por al menos US$ 200 000 en lugar de los US$ 50 000 que serían actualmente.
Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, la capitalización del mercado es una opción para sustentar la solvencia económica del solicitante o postulante. A partir de una reforma de octubre del 2016 se incluyó un detalle de lo que comprende la capitalización de mercado, indicándose que podrá obtenerse dicha información financiera de fuentes internacionalmente reconocidas. Además, se determina que el valor a acreditar como solvencia será el 40% del valor total registrado como capitalización del mercado. Ahora, el Ministerio propone reducir del 40% al 20% el valor que se puede acreditar como capitalización del mercado. Es decir, si el valor total registrado como capitalización de mercado es de US$ 100 000 este aportará a la solvencia económica con US$ 20 000 a la solvencia económica. Usando el ejemplo anterior, con una oferta de US$ 1 millón de inversión, en la cual el solicitante o postulante requiere demostrar una solvencia de US$ 200 000, con los US$ 20 000 de capitalización de mercado restaría US$ 180 000 que deberán demostrarse por los demás medios que contempla el Instructivo: balance general, declaración patrimonial juramentada o certificados bancarios.
La reforma reitera lo que en la práctica el Ministerio de Minería aplica actualmente, indicándose que el monto de inversión no puede ser menor al monto mínimo de inversión definido por el Ministerio de Minería (artículo 8 del Instructivo). Sin embargo, se elimina la disposición que permitía la posibilidad de cumplir con las inversiones mínimas para cada concesión anualmente y hasta el final de los 4 años de exploración inicial con el total de la postura económica (segunda oración de inciso primero del artículo innumerado primero después del Art. 46 del Instructivo[1]). Es decir, no se podrá solamente realizar la inversión de US$5 por hectárea para los años 1 y 2 y los US$10 para los años 3 y 4. Con la reforma será necesario cumplir con la inversión total en los montos exactos comprometidos anualmente.
Garantía de cumplimiento de la inversión
En su afán de buscar el cumplimiento de la postura económica, el Ministerio propone en su reforma la obligación del concesionario de entregar una garantía de cumplimiento de la inversión. La garantía debe tener carácter de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a partir del segundo año junto con su informe de exploración. La garantía podrá ser además una póliza de seguros, primera hipoteca de bienes raíces, depósitos de bonos del Estado y certificado de depósito a plazo de una institución financiera. La garantía debe corresponder al 10% del monto anual comprometido el año previo sobre el área o proyecto. Es decir, si se otorgó una concesión en enero de 2019 el concesionario deberá presentar su garantía en marzo de 2020, 2021 y 2022 junto con su primero, segundo y tercer informe de exploración (artículo 38 de la Ley de Minería).
Además, la reforma reitera la obligación establecida en el artículo 38 de la Ley de Minería, la cual indica que los concesionarios mineros deben presentar un informe anual de actividades e inversiones realizadas el año previo y un plan de inversiones para el año en curso. También se dispone que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) debe emitir anualmente un informe de cumplimiento de la inversión en un plazo de 180 días después de que el concesionario presenta el informe anual de exploración. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el concesionario recibirá un informe en septiembre 2020, 2021 y 2022. En caso que el concesionario incumpla con el monto de inversión propuesto, el Ministerio podrá ejecutar la garantía en base a los informes de la ARCOM e iniciar la caducidad de la concesión. La garantía se podrá devolver en caso de renuncia total al área o proyecto. En caso de renuncia parcial, el concesionario debe remplazar la garantía por una que refleje el nuevo monto de inversión en un término de 15 días.
Actos Administrativos Previos
Ante la ausencia de un plazo para la obtención de los actos administrativos previos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Minería y, en reconocimiento de que sin estos no es posible iniciar actividad minera alguna en el área concesionada, el Ministerio ha establecido en su reforma un término de 60 días a partir de la notificación del título minero. Luego de los 60 días se presumirá el inicio del primer año de inversiones. Cabe señalar que el Ministerio ha establecido un término perentorio a pesar de que este conoce que el otorgamiento de los actos administrativos tiende a demorar más de 60 días. Esta reforma no resuelve el problema de la demora en el otorgamiento de los actos administrativos.
Continuidad del proceso de subasta o remate
Se modifica la disposición (artículo 46, segundo inciso, del Instructivo) que declaraba desierto o fallido el proceso de subasta o remate cuando la postura técnica del solicitante no cumple con los requisitos. De esta forma los procesos podrán continuar a pesar de que el solicitante sea excluido del mismo, permitiendo que el Estado se beneficie de un trámite ya iniciado y que terceros interesados se postulen y potencialmente sea otorgada la concesión de interés. Finalmente, la reforma indica que los procesos en curso continúan bajo la normativa vigente.
[1] “Obligatoriedad del cumplimiento de la postura económica.- El oferente al que le fuera adjudicada el área mediante el proceso de subasta o remate iniciado por un particular, deberá cumplir con la postura económica presentada, misma que contiene el monto de inversión de los cuatro primeros años; pues, es en base a ella, que se motiva el acto administrativo de adjudicación. En este contexto, la ARCOM, verificara anualmente que se cumpla por lo menos con los montos mínimos de inversión por año, conforme lo estipula el artículo 8 de esta norma; y, a los cuatro años de adjudicada el área, verificara? el cumplimiento de la postura económica en su totalidad.”