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Timestamp: 2017-09-21 14:17:14
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Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 43/2010, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN DETERMINADAS MEDIDAS DE MEJORA EN LA CALIDAD NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DEL 13)
Art. 2. Principios de actuación y principios inspiradores de la calidad normativa
Art. 3. Memoria que acompaña a los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones de carácter general
Art. 4. Evaluación del impacto normativo
Art. 5. Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos
Art. 6. Evaluación del impacto normativo de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes
Art. 7. Guías metodológicas de aplicación
Art. 8. Funciones en materia de calidad normativa y simplificación y racionalización de procedimientos
Primera. Compulsa de documentación
Segunda. Simplificación, racionalización y coordinación normativa
Única. Aplicación de la evaluación de los impactos normativo y administrativo
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Administración Autonómica, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de octubre de 2010, dispone:
Artículo 1. Objeto y finalidad.—1. Este decreto tiene como objeto desarrollar las previsiones contenidas en los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobando determinadas medidas en materia de calidad normativa, evaluación del impacto normativo y simplificación y racionalización de los procedimientos.
2. Su finalidad es garantizar una implementación más eficaz de las políticas públicas que redunde en la prestación de servicios más eficientes, dar una participación más activa en el proceso de elaboración de las normas a sus destinatarios asegurando su cumplimiento y facilitar las relaciones con los interesados mediante la sencillez y claridad de los procedimientos administrativos.
Artículo 2. Principios de actuación y principios inspiradores de la calidad normativa.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley y de los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general se inspirará en los principios de actuación de la Administración Autonómica de eficiencia, economía, simplicidad y participación ciudadana y en los principios de calidad normativa, necesidad, proporcionalidad, transparencia, coherencia, accesibilidad y responsabilidad, en los términos en los que estos principios aparecen definidos en la citada Ley.
Artículo 3. Memoria que acompaña a los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones de carácter general.—La memoria que, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, debe acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de carácter general contendrá, en un único documento, la evaluación del impacto normativo o administrativo, si fueran preceptivos y, en todo caso, cuantos estudios e informes sean necesarios para el cumplimiento de los principios y medidas regulados en los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, debiéndose redactar por el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de éste.
Artículo 4. Evaluación del impacto normativo.—1. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación sectorial, estarán sometidos a la evaluación del impacto normativo los procedimientos de elaboración de las siguientes disposiciones:
2. La evaluación del impacto normativo habrá de especificar detalladamente la forma en que se han seguido los principios de calidad normativa y, en particular, el efecto del cumplimiento de la futura norma en el resto de políticas públicas.
3. Con carácter potestativo el centro directivo correspondiente podrá someter a evaluación de impacto normativo todas aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones no incluidas en el apartado primero de este artículo.
Se podrán, además, evacuar informes sobre la evaluación del impacto normativo de las normas en vigor, incluidas las que ya están informadas en ese aspecto en su tramitación.
Artículo 5. Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos.—El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que regulen un nuevo procedimiento administrativo deberá incorporar, en la memoria o de forma independiente, el código de identificación del nuevo procedimiento así como una descripción de sus datos, conforme determine la Consejería competente en materia de simplificación y racionalización de procedimientos.
Artículo 6. Evaluación del impacto normativo de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes.— Con carácter previo a la aprobación de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes, se debe llevar a cabo un estudio relativo al análisis y diagnóstico de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formará parte, en su caso de la memoria.
VIGENTE DE 14 DE OCTUBRE DE 2010 A 15 DE FEBRERO DE 2013.
Artículo 6. Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes o que aprueben aplicaciones de administración electrónica.—Con carácter previo a la aprobación de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes y, en especial, con anterioridad a las órdenes que aprueben sus aplicaciones de administración electrónica, se debe llevar a cabo un estudio relativo al análisis y diagnóstico de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formará parte, en su caso, de la memoria.
Artículo 7. Guías metodológicas de aplicación.—Mediante orden de la Consejería competente se aprobarán las guías metodológicas necesarias para definir los criterios de actuación que puedan servir de orientación a los centros directivos para la elaboración y revisión de sus disposiciones normativas y para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos. Podrán ser consultadas en la página web institucional www.jcyl.es.
Artículo 8. Funciones en materia de calidad normativa y simplificación y racionalización de procedimientos.—Conforme al artículo 6 del Decreto 69/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Autonómica, la Dirección General competente en materia de calidad de los servicios ejercerá las siguientes funciones:
Disposición adicional primera. Compulsa de documentación.—El artículo 3 apartado 2.º del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos pasa a tener la siguiente redacción:
«2. No podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas de aquella documentación e información que no sea necesaria para la resolución del procedimiento o que, aún siéndolo, se encuentre en poder de la Administración actuante, que ésta pueda comprobar por técnicas telemáticas o en el caso de procedimientos electrónicos para los que será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Los ciudadanos podrán solicitar la compulsa de aquella documentación o información necesaria que no se encuentre en los supuestos previstos en el apartado anterior».
Disposición adicional segunda. Simplificación, racionalización y coordinación normativa.—En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto, la Consejería de Administración Autonómica presentará a la Junta de Castilla y León una memoria relativa a la situación del ordenamiento jurídico autonómico y una propuesta sobre las medidas a realizar con el fin de reducir, en su caso, el número de normas que afectan al ciudadano.
Disposición transitoria única. Aplicación de la evaluación de los impactos normativo y administrativo.—Será voluntaria la inclusión del informe de evaluación de los impactos normativo y administrativo en los procedimientos de elaboración de disposiciones generales incoados con anterioridad al 1 de noviembre de 2010.
Disposición final única. Entrada en vigor.—Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».