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Timestamp: 2019-02-21 09:51:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 83', 'artículo 585', 'artículo 139']

Registro Oficial. 13 de ABRIL del 2004
Martes, 13 de Abril del 2004 - R. O. No. 312
2004-015 Expídese la Codificación\n de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del\n Estado.
\n CONVENIO:
Convenio\n entre la República del Ecuador y el Reino de Bélgica tendiente a evitar la doble\n imposición y a prevenir la evasión fiscal en materia\n de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
50-2003 Doctor Carlos Echeverría\n Pinos en contra del Director del Departamento Financiero del\n Distrito Metropolitano de Quito.
60-2003 Quito Tennis y Golf Club en\n contra del Director Financiero Tributario del I. Municipio del\n Distrito Metropolitano de Quito.
76-2003\n Manuel y Fernando\n Delgado Vera en contra del Gerente Distrital de Aduanas de Quito.
78-2003 Quito Tennis y Golf Club en\n contra del Director Financiero Tributario del I. Municipio del\n Distrito Metropolitano de Quito.
86-2003\n Compañía\n Constructora Vial Fabara y Asociados Cía. Ltda. en contra\n del Gerente Distrital de la Corporación Aduanera de Manta.
90-2003 ASEINFORS D.D, Cía.\n Ltda. en contra de la Directora General del Servicio de Rentas\n Internas.
96-2003\n Doctor Carlos\n Echeverría Pinos en contra del Director del Departamento\n Financiero del Distrito Metropolitano de Quito
118-2003 Gonzalo Arcesio Amoroso Vélez\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro.
122-2003 Empresa Eléctrica Azogues\n S.A. en contra de la Directora Financiera del I. Municipio de\n Azogues.
Cantón\n Sevilla de Oro:\n Sustitutiva a la Ordenanza y reglamento que rige la construcción,\n ornato, parcelaciones, lotizaciones, urbanizaciones y contribución\n comunitaria en parcelaciones y lotizaciones.
CODIFICACIÓN\n 2004-015
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA\n DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SU ÁMBITO\n DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN
Art. 1.- De la Procuraduría General del Estado.- La\n Procuraduría General del Estado es un organismo público\n de control, con personería jurídica, patrimonio\n y fondos propios, autonomía administrativa, presupuestaria\n y financiera, dirigido y representado legalmente por el Procurador\n General del Estado. Tendrá su sede en la Capital de la\n República y podrá establecer delegaciones distritales\n o provinciales, de acuerdo a sus necesidades administrativas.
Art. 2.- Del Procurador General del Estado.- El Procurador\n General del Estado es el representante judicial del Estado.
Le corresponde el patrocinio del Estado, el asesoramiento\n legal y las demás funciones que determine la Ley. Podrá\n delegar la mencionada representación de conformidad con\n lo establecido en esta Ley.
El período de su gestión los requisitos y la\n forma de elección serán los previstos en la Constitución\n Política de la República.
Art. 3.- De las funciones del Procurador General del Estado.-\n Corresponden privativamente al Procurador General del Estado,\n las siguientes funciones:
a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones\n de conformidad con lo previsto en la ley;
b) Representar al Estado y a los organismos y entidades del\n sector público que carezcan de personería jurídica,\n en defensa del patrimonio nacional y del interés público;
c) Supervisar los juicios que involucren a las entidades del\n sector público que tengan personería jurídica\n o a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten\n con recursos públicos, sin perjuicio de promoverlos o\n de intervenir como parte en ellos, en defensa del patrimonio\n nacional y del interés público;
d) Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del\n sector público en cualquier juicio o reclamo que deban\n proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de acuerdo\n con la Constitución Política de la República,\n los tratados o convenios internacionales vigentes y las leyes\n del Estado Ecuatoriano;
e) Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades\n del sector público, así como a las personas jurídicas\n de derecho privado con finalidad social o pública, sobre\n la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales,\n legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento será\n obligatorio para la Administración Pública, sobre\n la materia consultada, en los términos que se indican\n en esta ley;
f) Emitir informes razonados y motivados sobre aquellos contratos\n que celebren las instituciones del Estado determinadas en el\n artículo 118 de la Constitución Política\n de la República, así como aquellos que celebren\n las personas jurídicas de derecho privado que cuenten\n con recursos públicos, en los términos a los que\n se refiere, para estos efectos, la Ley Orgánica de la\n Contraloría General del Estado, cuya cuantía supere\n la base para concurso público de ofertas, así como\n los contratos sujetos a la Ley de Modernización del Estado.\n La entidad o persona jurídica solicitará al Procurador\n General del Estado el informe correspondiente.
Los informes a los que se refiere el inciso anterior, versarán\n sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales\n y reglamentarios, serán de cumplimiento obligatorio y\n deberán ser emitidos en el término de quince días\n contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud con\n sus documentos justificativos. En casos excepcionales, debidamente\n justificados, dicho término podrá ampliarse por\n diez días improrrogables y por una sola vez. La no emisión\n del informe en dicho término se entenderá como\n dictamen favorable.
La máxima autoridad de la Procuraduría General\n del Estado será responsable de los informes emitidos y\n de los no emitidos, en caso de incumplimiento de lo prescrito\n en esta Ley, se estará a lo preceptuado en el artículo\n 130 de la Constitución Política de la República,\n sin perjuicio de que por la falta de emisión de los informes\n en el término previsto en la Ley, el funcionario responsable\n responda administrativa, civil, pecuniaria y penalmente por negligencia\n en el cumplimiento de sus funciones.
No tendrán valor los contratos celebrados sin que se\n hubiere solicitado el informe, antes de que venza el término\n para su expedición, sin que se incorporen la observaciones\n de fondo formuladas o existiendo informe negativo;
g) Supervisar el cumplimiento de dichos contratos y proponer\n o adoptar, con este fin, las acciones judiciales necesarias en\n defensa del patrimonio nacional y del interés público;
h) Reclamar judicial o administrativamente de terceros los\n bienes fiscales; y, en el caso de los de carácter provincial\n o municipal o pertenecientes a organismos autónomos del\n sector público, requerir de las autoridades correspondientes\n igual medida debiendo actuar por su propia iniciativa en el evento\n de que no lo hicieren;
i) Informar anualmente por escrito al H. Congreso Nacional\n sobre el ejercicio de sus funciones;
j) Presentar proyectos de ley, en las materias que correspondan\n a sus atribuciones específicas;
k) Expedir reglamentos, acuerdos, resoluciones e instructivos\n de carácter general y particular, dentro del ámbito\n de su competencia;
l) Expedir reglamentos internos, regulaciones de carácter\n general, acuerdos, resoluciones e instructivos necesarios para\n normar el patrocinio del Estado y las solicitudes de asesoramiento\n que correspondan a la Procuraduría General del Estado;
m) Elaborar anualmente la pro forma presupuestaria de la entidad;\n y,
\n n) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución\n Política de la República y las leyes.
Art. 4.- Del Subprocurador General del Estado.- El Subprocurador\n General del Estado será designado por el Procurador General\n del Estado. Para el efecto y para el ejercicio de sus funciones,\n reunirá los mismos requisitos y estará sujeto a\n las mismas prohibiciones legales que aquél. Subrogará\n al Procurador General del Estado en caso de ausencia temporal;\n y, en caso de ausencia definitiva, hasta que el Congreso Nacional\n designe el nuevo titular. Se encargará del despacho de\n los asuntos que expresamente le delegue el Procurador General\n del Estado, de acuerdo con el Reglamento Orgánico Funcional\n de la institución.
DEL PATROCINIO DEL ESTADO
Art. 5.- Del ejercicio del patrocinio del Estado.- Para el\n ejercicio del patrocinio del Estado, el Procurador General del\n Estado está facultado para:
a) Proponer acciones legales en defensa del patrimonio nacional\n y del interés público; contestar demandas e intervenir\n en las controversias que se sometan a la resolución de\n los órganos de la Función Judicial, de tribunales\n arbitrales y de tribunales o instancias con jurisdicción\n y competencia en, los procedimientos administrativos de impugnación\n o reclamos, sea como actor, demandado o tercerista, sin limitaciones,\n en los procesos o procedimientos que interesen al Estado y a\n las entidades u organismos del sector público, en la forma\n establecida en esta Ley;
b) Intervenir como parte procesal en los juicios penales,\n controversias y procedimientos administrativos de impugnación\n o reclamo, que se sometan a la resolución de la Función\n Judicial, tribunales arbitrales y otros órganos jurisdiccionales,\n en los que intervengan los organismos y entidades del sector\n público, que carezcan de personería jurídica;
c) Supervisar el desenvolvimiento de los procesos judiciales\n y de los procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación\n o reclamo, en los que participen las instituciones del Estado\n que tengan personería jurídica, e intervenir con\n respecto a ellos, en defensa de los intereses del Estado, ante\n cualquier organismo. Corte, Tribunal o Juez, dentro del país\n o en el exterior;
d) Representar judicialmente al Estado, a los organismos y\n entidades del sector público, de acuerdo con la Constitución\n Política de la República, tratados y convenios\n internacionales y la ley en cualquier proceso o procedimiento\n que corresponda a la jurisdicción de los organismos, jueces\n o autoridades en otro Estado, con facultad para desistir de las\n acciones que hubiere propuesto y con facultad para transigir;
e) Asesorar de oficio o a petición de los organismos\n y entidades del sector público en demanda o defensa de\n los intereses de las instituciones del Estado, tanto en las acciones\n y procesos judiciales, como en los procedimientos alternativos\n de solución de conflictos, así como en los administrativos\n de impugnación o reclamos en los que haya sido notificado\n el Procurador General del Estado. El organismo o entidad proporcionará\n a la Procuraduría todos los antecedentes, su criterio\n jurídico y la información pertinente, para el debido\n asesoramiento;
f) Autorizar a las máximas autoridades de los organismos\n y entidades del sector público, previo informe favorable\n del procurador o asesor jurídico respectivo, para desistir\n o transigir del pleito, cuando la cuantía de la controversia\n sea indeterminada o superior a veinte mil dólares de los\n Estados Unidos de América; y,
g) Exigir a las personas naturales o jurídicas que\n tengan vínculos con el Estado, a través de la contratación\n pública, o de las formas o modalidades previstas en la\n ley y, particularmente a los titulares o máximas autoridades\n de las instituciones del Estado, la información que requiera,\n en cumplimiento de la ley, la misma que será proporcionada\n en el término máximo de diez días, contado\n a partir de la fecha de la entrega- recepción del requerimiento,\n sin que esta facultad pueda afectar al sigilo bancario, documentación\n secreta o reservada, derechos de autor o de propiedad intelectual,\n industrial o comercial, cuyo requerimiento de información\n debe formularse de conformidad con la ley.
El incumplimiento de esta obligación en el término\n indicado, tratándose de servidores públicos, motivará\n que la Contraloría General del Estado, a pedido de la\n Procuraduría General del Estado, establezca las responsabilidades\n y sanciones pertinentes, de conformidad con la ley, sin perjuicio\n de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Para el\n caso de las personas naturales o jurídicas del sector\n privado que tengan vínculos con el Estado a través\n de la contratación pública o de las formas o modalidades\n previstas en la ley, el Procurador General del Estado, oficiará\n obligatoriamente a la Contraloría General del Estado exponiendo\n las razones y motivos del requerimiento no satisfecho, para que\n dicho organismo proceda a adoptar las acciones administrativas\n que el caso amerite, de conformidad con la ley, respecto de los\n eventuales perjuicios ocasionados al Estado y a sus instituciones.
Art. 6.- De las citaciones y notificaciones.- Toda demanda\n o actuación para iniciar un proceso judicial, procedimiento\n alternativo de solución de conflictos y procedimiento\n administrativo de impugnación o reclamo contra organismos\n y entidades del sector público, deberá citarse\n o notificarse obligatoriamente al Procurador General del Estado.\n De la misma manera se procederá en los casos en los que\n la ley exige contar con dicho funcionario. La omisión\n de este requisito, acarreará la nulidad del proceso o\n procedimiento.
Se citará al Procurador General del Estado en aquellas\n acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente,\n y se le notificará en todos los demás, de acuerdo\n con lo previsto en esta ley.
Las citaciones y notificaciones se harán en la persona\n del Procurador General del Estado o de los delegados distritales\n o provinciales del organismo.
De no existir tales delegaciones, las citaciones o notificaciones\n se harán directamente al Procurador General del Estado,\n en la forma prevista en este artículo.
El Procurador comparecerá directamente o mediante su\n delegado.
El Procurador General del Estado podrá delegar por\n escrito el ejercicio del patrocinio o defensa del Estado y de\n los organismos y entidades del sector público, a funcionarios\n de la Procuraduría General del Estado; y, a asesores jurídicos,\n procuradores, procuradores síndicos y abogados de otras\n entidades del sector público. El delegado que actuare\n al margen de los términos e instrucciones de la delegación,\n responderá administrativa, civil y penalmente, de modo\n directo y exclusivo, por los actos u omisiones verificados en\n el ejercicio de la delegación.
El ejercicio de acciones legales y la interposición\n de recursos administrativos, por parte del Procurador General\n del Estado o sus delegados y los representantes legales de las\n instituciones del sector público estarán exentos\n del pago de tasas judiciales y de toda clase de tributos.
La intervención del Procurador General del Estado o\n su delegado, no limita ni excluye las obligaciones de las máximas\n autoridades y representantes legales de los organismos y entidades\n del sector público, para presentar demandas o contestarlas\n e interponer los recursos que procedan conforme a la ley.
Art. 7.- De la representación de las instituciones\n del Estado.- Las entidades y organismos del sector público\n e instituciones autónomas del Estado, con personería\n jurídica, comparecerán por intermedio de sus representantes\n legales o procuradores judiciales.
El patrocinio de las entidades con personería jurídica\n y entidades autónomas de conformidad con la ley o los\n estatutos respectivos, incumbe a sus representantes legales,\n síndicos, directores o asesores jurídicos o procuradores\n judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente\n responsables del cumplimiento de esta obligación, en las\n acciones u omisiones en las que incurrieren en el ejercicio de\n su función, sin perjuicio de las atribuciones y deberes\n del Procurador.
Art. 8.- De los litigios en el exterior.- Los agentes diplomáticos\n y consulares del Ecuador estarán legalmente facultados\n para representar al Estado y a las demás entidades u organismos\n del sector público ecuatoriano, en las calidades de actores\n o demandados en los juicios o diligencias judiciales que se propongan\n en otros estados.
Recibida la citación o notificación los agentes\n diplomáticos o consulares pondrán en conocimiento\n del Procurador General del Estado dichas citaciones ó\n notificaciones, a través del órgano regular, acompañando\n un informe sobre la legislación aplicable al caso, del\n país de que se trate, relacionada con el proceso o procedimiento.
El Procurador General del Estado, en forma fundamentada instruirá\n y autorizará a los funcionarios de que trata este artículo\n para que intervengan en la controversia.
Cumplido este trámite, los agentes diplomáticos\n o consulares no requerirán de poder especial para intervenir\n en el juicio o realizar las diligencias judiciales correspondientes,\n pero informarán al Procurador de la marcha de los procesos\n y éste supervisará que el patrimonio y el interés\n público del Estado Ecuatoriano sean debidamente preservados.
El Procurador, a petición de los agentes diplomáticos\n o consulares, autorizará la contratación de abogados\n particulares para que asuman la defensa o coadyuven a ella. Los\n honorarios serán pagados con cargo al presupuesto de la\n entidad u organismo interesado.
Art. 9.- Términos para contestar demandas.- Los organismos\n y entidades del sector público tendrán el término\n de veinte días para contestar demandas, contado a partir\n de la citación o notificación, sin perjuicio del\n término adicional por la distancia, con arreglo a la ley,\n cuando la acción se hubiere planteado fuera de la Capital\n de la República.
En los casos en que la contestación a la demanda deba\n hacerse en la audiencia de conciliación, ésta no\n podrá realizarse sino después del término\n de veinte días a partir de la fecha de la citación\n con la demanda.
Igual término se observará para todos los demás\n procedimientos y actuaciones contenciosos y administrativos en\n los que deba intervenir el Procurador General del Estado, en\n ejercicio del patrocinio del Estado.
Art. 10.- Del recurso de casación.- Los organismos\n y entidades del sector público tendrán el término\n de quince días para interponer el recurso de casación,\n que deberá ser concedido con efecto suspensivo, sin la\n obligación de rendir caución.
Art. 11.- Del arbitraje y la mediación.- Los organismos\n y entidades del sector público podrán someterse\n a procedimientos de arbitraje de derecho y a la mediación\n nacional o internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley\n de Arbitraje, y Mediación, o en instrumentos internacionales\n que los faculte, previa la suscripción del respectivo\n convenio.
Surgida la controversia, los organismos y entidades del sector\n público pueden someterse a arbitraje de derecho o mediación,\n de conformidad con las leyes pertinentes. Para someterse al arbitraje\n internacional requerirán además la autorización\n de la Procuraduría General del Estado.
Art. 12.- De la transacción y el desistimiento.- Los\n organismos y entidades del sector público, con personería\n jurídica, podrán transigir o desistir del pleito,\n en las causas en las que intervienen como actor o demandado,\n para lo cual deberán previamente obtener la autorización\n del Procurador General del Estado, cuando la cuantía de\n la controversia sea indeterminada o superior a veinte mil dólares\n de los Estados Unidos de América. Los organismos del régimen\n seccional autónomo no requerirán dicha autorización,\n pero se someterán a las formalidades establecidas en las\n respectivas leyes.
En los organismos y entidades del sector público que\n carezcan de personería jurídica, el Procurador\n General del Estado está facultado para transigir o desistir\n del pleito, en las causas en las que interviniere como actor\n o demandado, en representación de dichos organismos y\n entidades, siempre y cuando dichas actuaciones se produzcan en\n defensa del patrimonio nacional y del interés público.
Art. 13.- De la absolución de consultas.- Sin perjuicio\n de las facultades de la Función Legislativa, del Tribunal\n Constitucional y de la Función Judicial, determinadas\n en la Constitución Política de la República\n y en la ley, el Procurador General del Estado asesorará\n y absolverá las consultas jurídicas con carácter\n de vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación de\n las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico,\n a ludido de las máximas autoridades de los organismos\n y entidades del sector público y de los representantes\n legales o convencionales de las personas jurídicas de\n derecho privado con finalidad social o pública, excepto\n cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces\n o tribunales de la República o que estén en conocimiento\n de los mismos, hallándose trabada la litis, incluyéndose\n acciones y recursos que se sustancien o deban sustanciarse en\n el Tribunal Constitucional.
Toda consulta deberá estar respaldada por el informe\n del Asesor Jurídico de la institución, con relación\n al tema objeto de la consulta.
El consultante, podrá solicitar al Procurador General\n del Estado la reconsideración de su pronunciamiento, dentro\n del término de quince días, contados a partir de\n la fecha de notificación del instrumento que lo contiene,\n por una sola vez. La solicitud de reconsideración será\n debidamente fundamentada.
El Procurador General del Estado resolverá motivadamente\n la reconsideración, rectificando o ratificando el pronunciamiento,\n en el término de quince días, y éste será\n definitivo. En consecuencia, no podrá modificarse a petición\n de parte.
Si el pronunciamiento dictado por el Procurador General fuere\n adverso a los intereses de las instituciones del Estado, las\n máximas autoridades de las entidades y organismos del\n sector público o sus representantes legales están\n obligados a solicitar la reconsideración del pronunciamiento.
En todo caso, al emitir sus pronunciamientos, el Procurador\n General del Estado está obligado, bajo las responsabilidades\n previstas en la Constitución Política de la República\n y la ley, a precautelar el control de la legalidad de los actos\n del sector público y los intereses del Estado.
Art. 14.- La pro forma del presupuesto anual de la Procuraduría\n General del Estado, será remitida oportunamente al Ministerio\n de Economía y Finanzas para su ulterior aprobación\n por el Congreso Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos\n 258 y 259 de la Constitución Política de la República\n y en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal.
El Presupuesto de la Procuraduría General del Estado\n se financiará de la siguiente forma:
a) Con los recursos económicos que le sean asignados\n en el Presupuesto General del Estado;
b) Con los recursos establecidos en los artículos 110\n y 111 de la Ley de Contratación Pública; contribución\n que deberá ser cancelada exclusivamente por los contratistas\n y que se causará sobre todos los contratos que, de conformidad\n con el literal f) del artículo 3 de esta Ley y demás\n leyes aplicables, informe la Procuraduría General del\n Estado. Se excluyen de la contribución anotada en esta\n letra, los contratos de endeudamiento público interno\n y externo; y,
c) Con los ingresos propios que le asignen las leyes y los\n que obtenga por las donaciones, ayudas internacionales y préstamos\n no reembolsables.
Art. 15.- De los recursos humanos.- El Procurador General\n del Estado nombrará y removerá a los funcionarios\n y empleados de la institución, sujetándose a las\n leyes y reglamentos que regulan la Administración Pública;\n para el efecto, dictará el correspondiente reglamento\n interno. En el Reglamento Orgánico Funcional de la Procuraduría\n General del Estado se incluirá la clasificación\n de puestos y determinación de funciones.
El Procurador General del Estado dictará acuerdos y\n resoluciones para desconcentrar en todo el territorio nacional\n las funciones que correspondan a la Procuraduría General\n del Estado, a través de direcciones regionales y delegaciones\n provinciales.
El Procurador General del Estado propenderá a la descentralización\n de la Procuraduría General del Estado, y a la desconcentración\n de sus funciones específicas.
Primera.- La fuerza pública prestará al Procurador\n General del Estado, y a los funcionarios de la Procuraduría\n que él delegue, el auxilio que requieran para el cumplimiento\n de sus funciones.
Segunda.- En los casos en que las instituciones del Estado\n sean citadas o notificadas por acciones o juicios en el exterior,\n de cualquier naturaleza, usando mecanismos procesales no supuestos\n en esta ley, la respectiva institución hará conocer\n la denuncia, demanda o requerimiento, así como las providencias\n administrativas o judiciales que se hayan dictado, a la Procuraduría\n General del Estado, sin perjuicio de otras acciones que se tomen\n para la defensa de sus intereses, las que también deberán\n ser participadas a la Procuraduría.
Tercera.- Los funcionarios responsables de ejercer el patrocinio\n del Estado, de conformidad con lo previsto en esta ley, serán\n administrativa, civil y penalmente responsables por acciones\n u omisiones culposas o dolosas en el cumplimiento de sus obligaciones\n y responderán personal y pecuniariamente, de modo directo,\n por los daños y perjuicios que dichas acciones u omisiones\n causen al patrimonio nacional o al interés público.
Cuarta.- El Procurador General del Estado o los representantes\n legales de las dependencias, entidades u organismos del sector\n público, podrán contratar abogados en libre ejercicio\n profesional para que asuman la defensa administrativa o judicial\n de los derechos e intereses de sus representadas, así\n como de modo excepcional para prestar asesoría sobre asuntos\n de interés institucional, que requieran de experiencia\n o conocimiento especializados.
Los honorarios de los profesionales contratados, serán\n pagados con cargo al respectivo presupuesto institucional.
Quinta.- El Procurador General del Estado, presentará\n al Ministerio de Economía y Finanzas, la pro forma del\n presupuesto anual de la institución, elaborada conforme\n a la atribución conferida en el literal m) del artículo\n 3 de la presente ley, para la ulterior aprobación del\n H. Congreso Nacional.
Sexta.- Las sentencias judiciales adversas al Estado, a las\n municipalidades, consejos provinciales y a las otras entidades\n del sector público, dictadas en primera instancia, se\n elevarán obligatoriamente en consulta al inmediato superior,\n aunque las partes no recurran. En la consulta se procederá\n como en los casos de apelación.
Séptima.- El Procurador General del Estado podrá\n solicitar de las autoridades, funcionarios, organismos, entidades,\n o dependencias del sector público, la rectificación\n o modificación de los actos o contratos que se hubieren\n adoptado con violación de la Constitución Política\n de la República o de la ley.
PRIMERA.- En los procedimientos y juicios que actualmente\n se sustancian en el exterior, seguirán actuando válidamente\n por las instituciones del Estado, quienes las representen y patrocinen\n sin perjuicio de informar sobre su trámite a la Procuraduría\n General del Estado, de no haber contado con ésta anteriormente.
PRIMERA.- Los extractos de los informes, dictámenes,\n absolución de consultas, pronunciamientos, resoluciones\n administrativas y reglamentos que el Procurador General del Estado\n expida, serán publicados en el Registro Oficial.
SEGUNDA.- Derogatorias.- Derógase la Ley No. 91, publicada\n en el Registro Oficial No. 335 de 9 de junio de 1998, así\n como el Decreto Supremo No. 1254, publicado en el Registro Oficial\n No. 307 de 31 de marzo de 1977 y el Decreto Supremo No. 3544,\n publicado en el Registro Oficial No. 871 de fecha 10 de julio\n de 1979; el artículo 83 de la Codificación del\n Código de Procedimiento Civil, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 687 de fecha 18 de mayo de 1987; el\n artículo 585 de la Codificación del Código\n del Trabajo, publicada en el Registro Oficial No. 162 de fecha\n 29 de septiembre de 1997; y las disposiciones legales que se\n opongan a la presente Ley, que por ser orgánica prevalecerá\n sobre leyes ordinarias, de conformidad con el artículo\n 143 de la Constitución Política de la República\n y entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
CERTIFICO: Esta Codificación fue elaborada por la Comisión\n de Legislación y Codificación de conformidad con\n lo dispuesto en el número 2 del artículo 139 de\n la Constitución Política de la República,\n y cumplidos los presupuestos del articulo 160 de la Constitución,\n publíquese en el Registro Oficial.
Quito, 30 de marzo del 2004.
FUENTES DEL PROYECTO DE CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA.\n DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
2. Ley 2001-45, publicada en el Registro Oficial No. 372 del\n 19 de julio de 2001.
3. Ley 2003-16, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n No. 176 del 24 de septiembre de 2003.
CONCORDANCIAS DE LA CODIFICACIÓN DE
\n LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL»\n DEL ESTADO
Artículo Anterior Artículo Artículo Artículo\n Artículo Artículo Artículo
\n Anterior Artículo Anterior Actual Anterior Actual Anterior\n Actual
\n 1 1 8 8 15 14 D.G. 6 D.G. 6
\n 2 2 9 9 16 15 D.G. 7 D.G. 7
\n 3 3 10 10 D.G. 1 D.G. 1 D.T. 1 -
\n 4 4 11 11 D.G. 2 D.G. 2 D.T. 2 D.T. 1
\n 5 5 12 12 D.G. 3 D.G. 3 D.F. 1 D.F. 1
\n 6 6 13 13 D.G. 4 D.G.4 D.F. 2 D.F.2
\n 7 7 14 - D.G. 5 D.G.5
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA\n DEL ECUADOR Y EL REINO DE BÉLGICA TENDIENTE A EVITAR LA\n DOBLE IMPOSICIÓN Y A PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL\n EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO\n DEL REINO DE BÉLGICA
DESEOSOS de concluir un Convenio tendiente a evitar la doble\n imposición y a prevenir la evasión fiscal en materia\n de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han convenido\n las siguientes disposiciones:
PERSONAS CONTEMPLADAS
El presente Convenio se aplica a las personas que son residentes\n de un Estado Contratante o de ambos Estados Contratantes.
IMPUESTOS CONTEMPLADOS
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la\n renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados\n Contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus\n entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio\n los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier\n parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias\n derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles,\n los impuestos sobre el importe global de sueldos o salarios pagados\n por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica\n el Convenio son:
a) En lo relacionado con Bélgica:
1° El impuesto a las personas físicas.
2° El impuesto a las sociedades.
3° El impuesto a las personas jurídicas.
4° El impuesto a los no residentes.
5° La cotización especial asimilada al impuesto\n a las personas físicas.
6° La contribución complementaria de crisis.
Incluyendo los impuestos retenidos en la fuente, los céntimos\n adicionales a dichos impuestos así como las tasas adicionales\n al impuesto a las personas físicas, (en lo sucesivo denominados\n "el impuesto belga"); y,
b) En lo relacionado con la República del Ecuador:
1° Los impuestos sobre las rentas de personas físicas\n y sociedades (Ley de Régimen Tributario Interno Ecuatoriano).
2° El impuesto sobre los activos de las empresas.
Incluidas las tasas adicionales a dichos impuestos, (en lo\n sucesivo denominados "el impuesto ecuatoriano").
4. El Convenio se aplicará también a los impuestos\n de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan\n con posterioridad a la fecha de firma del mismo y que se añadan\n a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes\n de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones\n importantes aportadas a sus legislaciones fiscales respectivas.
1. En el sentido del presente Convenio, a menos que de su\n contexto se infiera una interpretación diferente:
a) 1° El término "Bélgica" designa\n al Reino de Bélgica.
2° El término "Ecuador" designa a la\n República del Ecuador.
Dichos términos comprenden los territorios nacionales\n de cada Estado Contratante, incluyendo el mar territorial y aquellas\n zonas marítimas adyacentes al límite exterior de\n dicho mar territorial, sobre los cuales el Estado Contratante\n concernido pueda, de conformidad con su legislación y\n el derecho internacional, ejercer soberanía, derechos\n soberanos o jurisdicción;
b) Las expresiones "un Estado Contratante" y "el\n otro Estado Contratante" designan, según el contexto,\n a Bélgica o al Ecuador;
c) El término "persona" comprende las personas\n físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación\n de personas;
d) El término "sociedad" significa toda persona\n jurídica o a toda entidad considerada como una persona\n jurídica para fines de imposición en el Estado\n del que es residente;
e) Las expresiones "empresa de un Estado Contratante"\n y "empresa del otro Estado Contratante" significan,\n respectivamente, una empresa explotada por un residente de un\n Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del\n otro Estado Contratante;
f) La expresión "tráfico internacional"\n significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado\n por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté\n situada en un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave\n no sea objeto de explotación más que entre dos\n puntos situados en el otro Estado Contratante;
1° En lo relativo a Bélgica, al Ministro de Finanzas\n o su representante autorizado.
2° En lo relativo al Ecuador, al Ministro de Finanzas\n y Crédito Público, al Director General de Rentas,\n o a cualquier representante autorizado; y,
1 ° Todas las personas físicas que poseen la nacionalidad\n de un Estado Contratante.
2° Todas las personas jurídicas, sociedades de\n personas y asociaciones constituidas de conformidad con la legislación\n vigente en un Estado Contratante.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante,\n cualquier expresión no definida en el mismo tendrá\n el sentido que le atribuye el derecho de este Estado relacionado\n con los impuestos a los cuales se aplica el Convenio, a menos\n que el contexto exija una interpretación diferente.
1. En el sentido del presente Convenio, la expresión\n "residente de un Estado Contratante" significa toda\n persona que, en virtud de la legislación de este Estado,\n esté sujeta a imposición en él por razón\n de su domicilio, de su residencia, de su sede de dirección\n o de todo otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo,\n esta expresión no incluye a las personas sujetas al impuesto\n en este Estado solamente por rentas de fuentes situadas en dicho\n Estado o por el patrimonio que está situado en el mismo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo\n 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes,\n su situación se resolverá de la siguiente manera:
a) Esta persona será considerada residente del Estado\n donde tenga una vivienda permanente a su disposición;\n si tuviera una vivienda permanente a su disposición en\n ambos Estados, se considerará residente del Estado con\n el que mantenga relaciones personales y económicas más\n estrechas (centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona\n tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una\n vivienda permanente a su disposición en ninguno de los\n Estados, se considerará residente del Estado Contratante\n donde viva habitualmente;
c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera\n en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado\n del que sea nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno\n de ellos, las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes\n resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo\n 1, una persona que no sea persona física sea residente\n de ambos Estados Contratantes, entonces se considerará\n residente del Estado en que se encuentra su sede de dirección\n efectiva.
1. En el sentido del presente Convenio, la expresión\n "establecimiento permanente" significa un lugar fijo\n de negocios por intermedio del cual una empresa ejerce la totalidad\n o una parte de su actividad.
2. La expresión "establecimiento permanente"\n comprende en especial:
f) Las minas, los pozos de petróleo o gas, las canteras\n o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales;
3. Una obra de construcción, instalación o montaje\n sólo constituye un establecimiento permanente si su duración\n excede de doce meses.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo,\n se considera que el término "establecimiento permanente"\n no incluye:
a) La utilización de instalaciones con el único\n fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías\n pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías\n pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas,\n exponerlas o entregarlas;
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías\n pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean\n transformadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único\n fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información\n para la empresa;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único\n fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter\n auxiliar o preparatorio; y,
\n f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único\n fin del ejercicio combinado de las actividades mencionadas en\n los apartados (a) a (e), a condición de que el conjunto\n de la actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter\n auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,\n cuando una persona -distinta de un agente que goza de un estatuto\n independiente, al cual se le aplica el párrafo 6- actúe\n por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en\n un Estado Contratante poderes que la facultan para concluir contratos\n en nombre de la empresa, se considerará que esta empresa\n tiene un establecimiento permanente en este Estado respecto de\n todas las actividades que esta persona realiza por cuenta -de\n la empresa, a menos que las actividades de esta persona se limiten\n a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de haber sido\n ejercidas por medio de un lugar fijo de negocios, no se hubiera\n considerado este lugar cómo un establecimiento permanente,\n de acuerdo con las disposiciones de este párrafo.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento\n permanente en un Estado Contratante por el mero hecho de que\n realice sus actividades por medio de un corredor, un comisionista\n general o cualquier otro agente que goce de un estatuto independiente,\n siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario\n de su actividad.
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante\n controle o sea controlada por una sociedad residente del otro\n Estado Contratante o que realice actividades en ese otro Estado\n (ya sea por medio de un establecimiento permanente o no) no convierte\n por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento\n permanente de la otra.
IMPOSICIÓN DE RENTAS
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga\n de bienes inmuebles, incluyendo las rentas de explotaciones agrícolas\n o forestales, situados en el otro Estado Contratante, pueden\n someterse a imposición en este otro Estado.
2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá\n el significado que le atribuya la legislación del Estado\n Contratante en que los bienes en cuestión estén\n situados. Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios,\n el ganado y los equipos utilizados en las explotaciones agrícolas\n y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones\n de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo\n de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables\n o fijos por la explotación o la concesión de la\n explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros\n recursos naturales; los buques y aeronaves no se consideran bienes\n inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las\n rentas derivadas de la utilización o del goce directo,\n del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier\n otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican\n igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de\n una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio\n de trabajos independientes.
1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante\n solamente pueden someterse a imposición en esté\n Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro\n Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente\n situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha\n manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición\n en el otro Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse\n a este establecimiento permanente.
\n 2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando\n una empresa de un Estado Contratante realice actividad en el\n otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente\n situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán\n a dicho establecimiento permanente los beneficios que éste\n hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada\n que realizase las mismas o similares actividades en las mismas\n o similares condiciones, y que actúa con total independencia.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento\n permanente se permitirá la deducción de los gastos\n en que se haya incurrido para la realización de los fines\n del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección\n y generales de administración para los mismos fines, tanto\n si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento\n permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar\n los beneficios imputables a los establecimientos permanentes\n sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa\n entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo\n 2 no impedirá que este Estado Contratante determine de\n esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método\n de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado\n obtenido esté de acuerdo con los principios contenidos\n en este artículo;
5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento\n permanente por el mero hecho de que éste compre bienes\n o mercancías para la empresa.
6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables\n al establecimiento permanente se calcularán cada año\n por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos\n y suficientes para proceder de otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente\n en otros artículos de este Convenio, las disposiciones\n de aquellos no quedarán afectadas por las del presente\n artículo.
NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AEREA
1. Los beneficios procedentes de la explotación de\n buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden\n someterse a imposición en el Estado Contratante en el\n que esté situada la sede de dirección efectiva\n de la empresa.
2. En el sentido del presente artículo, los beneficios\n obtenidos de la explotación de buques o aeronaves en tráfico\n internacional comprenderán igualmente:
a) Los beneficios procedentes del alquiler casco vacío\n o no de buques o aeronaves usados en tráfico internacional;\n y,
b) Los beneficios procedentes del uso, mantenimiento o alquiler\n de contenedores y de equipo a fin usado para el transporte de\n contenedores explotados en tráfico internacional; a condición\n que estos beneficios estén relacionados con los beneficios\n a los que se aplican las disposiciones del párrafo 1.
3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa\n de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará\n que se encuentra en el Estado Contratante donde esté el\n puerto base del mismo, y si no existiera tal puerto base, en\n el Estado Contratante en el que resida la persona que explote\n el buque.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplican\n también a los beneficios procedentes de la participación\n en un "pool", en una explotación en común\n o en un organismo internacional de explotación.
a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa\n o indirectamente en la dirección, el control o el capital\n de una empresa del otro Estado Contratante; o,
b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente\n en la dirección, el control o el capital de una empresa\n de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,\n y en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones\n comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o\n impuestas que difieran de las que serían acordadas por\n empresas independientes, los beneficios que habrían sido\n obtenidos por una de las empresas de no existir estas condiciones,\n y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden\n ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a\n imposición en consecuencia.
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un\n Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante\n pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse\n a imposición en el otro Estado Contratante en que resida\n la sociedad que paga los dividendos y según la legislación\n de dicho Estado, pero si -el beneficiario efectivo de los dividendos\n es> un residente del otro Estado Contratante, el impuesto\n así exigido no podrá exceder del 15% del importe\n bruto de los dividendos.
Este párrafo no afecta a la imposición de la\n sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se\n paguen los dividendos.
3. El término "dividendos" empleado en el\n presente artículo significa los rendimientos procedentes\n de acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las\n partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito,\n que permitan participar en los beneficios, así como las\n rentas -incluso atribuidas bajo la forma de intereses- sometidas\n al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones\n por la legislación del Estado en que resida la sociedad\n que las distribuya.