Source: http://cfr.tsj.gob.ve/decisiones/2008/julio/2089-10-AH51-X-2008-000257-PJ0292008000745.html
Timestamp: 2017-02-21 09:44:55
Document Index: 106125646

Matched Legal Cases: ['artículo 466', 'Artículo 174', 'artículo 148', 'Artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 763', 'artículo 171', 'artículo 77', 'artículo 75', 'artículo 22', 'artículo 171', 'artículo 466', 'artículo 191']

Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Sala de Juicio Juez Unipersonal Nº XIV
Caracas, 07 de julio de 2008
ASUNTO PRINCIPAL: AP51-V-2008-001511
ASUNTO: AH51-X-2008-000257
Vista la diligencia suscrita en fecha 17 de junio de 2008, por la Abogada MARTHA LÓPEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) con el Nro. 55.981, en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana AURA JARAMILLO, parte actora en la presente causa, y ampliamente identificada en autos, mediante la cual expuso que visto que el ciudadano Freddy Casares afirmó en la Audiencia de Conciliación que había vendido el automóvil propiedad de la comunidad conyugal, y solicitó, se decretara embargo preventivo de las prestaciones sociales del ciudadano FREDDY ANTONIO CASARES RODRIGUEZ, en CADAFE, y sobre el cincuenta por ciento (50%) de los montos totales contenidos en las cuentas 0134-0385-97-3852371187, 00030019550001013747 y 0151003382600033601-0, de los Bancos BANESCO Banco Universal, Industrial de Venezuela y Fondo Común, respectivamente, pertenecientes al ciudadano supra mencionado, visto lo solicitado esté Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
Examinadas las actas procesales, observa esta Juzgadora que la solicitante, ciudadana AURA JARAMILLO, ha solicitado Medidas Cautelares para resguardar la cuota parte de lo que le corresponde en la comunidad de bienes existente entre ella y el ciudadano FREDDY CASARES, las cuales ya fueron descritas. A este respecto, establece el artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente:
“Las Medidas Cautelares podrán decretarse a solicitud de parte y su plazo será establecido por el juzgador en la resolución que las decrete. La parte que solicite una medida cautelar debe señalar el derecho reclamado y la legitimación del sujeto que la solicita...”
En este caso, al tratarse de un proceso de DIVORCIO, el Código Civil en su articulado, establece lo siguiente:
Artículo 174 del Código Civil Venezolano:
“Demandada la separación, podrá el Juez, a petición de alguno de los cónyuges, dictar las providencias que estimare convenientes a la seguridad de los bienes comunes, mientras dure el juicio”.
Asimismo el artículo 148 ejusdem, establece:
“Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.”
Artículo 191 del Código Civil Venezolano en su ordinal 3° establece: “Ordenar que se haga inventario de los bienes comunes y dictar cualesquiera otras medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes”
Para este caso concreto se observa que la ciudadana AURA JARAMILLO, siendo quien demanda en divorcio a su cónyuge, ciudadano FREDDY CASARES y solicitante de las medidas cautelares objeto de esta sentencia, tiene legítimo interés en éstas por lo que intenta resguardar los bienes comunes generados durante el matrimonio, puesto que a su decir, “…el ciudadano Freddy Casares afirmó en la Audiencia de Conciliación que había vendido el automóvil propiedad de la comunidad conyugal…”. Por lo antes expuesto considera quien aquí sentencia que existe en este caso verosimilitud del derecho alegado, toda vez que la ciudadana antes identificada ostenta un interés jurídico en este juicio, estando habilitada para pretender se tome la medida preventiva solicitada en resguardo de los bienes de la comunidad conyugal. Y así se declara.- En relación al poder cautelar del Juez de divorcio, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 499, de fecha 4 de junio de 2004, referente al contenido del artículo 191 del Código Civil, estableció lo siguiente:
“La citada disposición legal no define límites, sino que por el contrario, contempla un régimen abierto, con gran amplitud. En efecto, este poder cautelar general no tiene las limitaciones del procedimiento civil ordinario, por estar interesado el orden público y la protección a la familia. Se constata del artículo 191 eiusdem, la intención del legislador de otorgarle al Juez que conoce de los procesos de separación de cuerpos y divorcio, un amplio poder tutelar para preservar los bienes de la comunidad, y los derechos de los hijos, incluso durante el desarrollo de este procedimiento especial, se preserva los derechos del cónyuge inocente que no ha dado motivo al divorcio, sin descuidar los derechos del otro. En estos casos, el Juez en uso de ese poder tutelar y discrecional, podrá dictar cualquiera de las medidas provisionales establecidas en el citado artículo 191, cuando la parte interesada así lo requiera o cuando las circunstancias así lo adviertan…” (Resaltado y subrayado de esta Sala).
De igual manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 6 de mayo de 2005, señala que:
“En interpretación del artículo 191 del Código Civil se establece:
Este artículo confiere al Juez especial de la materia un amplio poder cautelar en los juicios relativos al divorcio y a la separación de cuerpos, incluso referidos a la nulidad de matrimonio (art. 125). E (sic) efecto de la norma se evidencia un catalogo de medidas que pueden ser solicitadas por cualquiera de los cónyuges durante la pendencia del proceso y que pueden ser otorgadas por el juzgador a su arbitrio.
Tal potestad viene confirmada por el artículo 763 del CPC que establece que durante el lapso de separación el Juez podrá dictar las disposiciones a que se refiere el art. 191 del CCV...” (Resaltado y subrayado de la Sala).
A este respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de Marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, establece lo siguiente:
“En materia de comunidad matrimonial - patrimonial la ley autoriza al Juez a dictar en su arbitrio las cautelas, a tenor del artículo 171 del Código Civil, y teniendo en cuenta que dicha comunidad nace del matrimonio, el cual, conforme al artículo 77 de la vigente Constitución establece igualdad absoluta de derechos entre los cónyuges, y que el artículo 75 eiusdem al tomar en cuenta al grupo familiar, no desde el punto de vista del parentesco, pero de la unión que conforman los padres con sus descendientes, expresa que las relaciones familiares se basan en respeto recíproco entre sus integrantes, debe concluir que pueden dictarse medidas cautelares cuya finalidad sea preservar el patrimonio familiar, en el caso bajo estudio, el régimen patrimonial matrimonial. En un Estado de Justicia como el que el artículo 22 de la vigente Constitución considera, una medida cautelar fundada en el artículo 171 del Código Civil, con el alcance que señaló el Juez que la dictó, era lo procedente en beneficio del cónyuge que pretende no le dilapiden los bienes de los cuales es copropietario…”
En consecuencia, esta Juzgadora, tomando en cuenta la normativa, jurisprudencia y fundamentos antes expuestos, esta Sala de Juicio Nº XIV del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y con fundamento a los artículos 171, 174 y 191.3 del Código Civil, en concordancia al artículo 466 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente decreta las siguientes Medidas Preventivas:
En cuanto a la solicitud de que se decrete Medida de embargo preventivo de las prestaciones sociales del ciudadano FREDDY ANTONIO CASARES RODRIGUEZ, en la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), Se decreta Medida Preventiva de Embargo sobre las prestaciones sociales, que pudieran corresponderle al demandado, por la prestación de sus servicios. Se ordena oficiar al Director de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), a los fines legales consiguientes. Y ASÍ SE DECIDE.-
En relación a la solicitud de que se decrete Medida de embargo preventivo sobre el cincuenta por ciento (50%) de los montos totales contenidos en las cuentas 0134-0385-97-3852371187, 00030019550001013747 y 0151003382600033601-0, de los Bancos BANESCO Banco Universal, Industrial de Venezuela y Fondo Común, respectivamente, Se decreta Medida Preventiva de Embargo sobre el cincuenta por ciento (50%) de los montos totales contenidos en las cuentas de las Entidades Bancarias antes mencionadas, Se ordena oficiar a los Gerentes de BANESCO Banco Universal, Industrial de Venezuela y Fondo Común, respectivamente, a los fines legales consiguientes. Y ASÍ SE DECIDE.-
Si bien es cierto, que el ciudadano FREDDY ANTONIO CASARES RODRIGUEZ no esta en conocimiento de la presente medida no quiere decir que se le esté violando el derecho a la defensa, lo cual podrá hacer una vez conozca de la misma, cuando se abre la oportunidad de su defensa, en todo caso, este procedimiento de Medidas, de acuerdo a jurisprudencia reiterada, y que acoge esta Sala de Juicio, se dicta sin necesidad oír a la otra parte, tal como quedó establecido en Sentencia N° 499, de la Sala de Casación Social con Ponencia del Dr. Juan Rafael Perdomo, en fecha 04 de junio de 2004, en los siguientes términos: “En el caso en particular, la sala no considera que el tribunal de alzada haya menoscabado el derecho a la defensa de la parte demandada, porque las medidas cautelares se dictan precisamente inaudita alteram parte, es decir, sin oír a la otra parte,, y estas en particular, en protección de la familia, que por ser materia de orden público, se decretan provisionalmente al momento de admisión de la demanda. Conforme a lo establecido en el ordinal 3° del artículo 191-se insiste- el Juez tiene facultades para dictar medidas de orden patrimonial con el fin de salvaguardar los bienes comunes de los cónyuges. Tales medidas tienen dos finalidades primordiales, primero, inventariar los bienes comunes, y segundo, evitar cualquier acto de uno o ambos cónyuges que pongan en riesgos esos bienes, con el correspondiente perjuicio que pueda ocasionársele al otro. Ahora bien, si en el transcurso del proceso, el juez, de acuerdo con las pruebas contenidas en el expediente, considera necesario levantar las medidas, podrá hacerlo”. Sin embargo, se observa en los autos que el ciudadano FREDDY ANTONIO CASARES RODRIGUEZ, se encuentra a derecho en el presente juicio. Líbrese lo conducente. Cúmplase.-
YLV/CAF/
AH51-X-2008-00527