Source: http://parlamentaria.blogspot.com/2007/
Timestamp: 2017-08-23 19:26:55
Document Index: 145834195

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 130', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 130', 'artículo 25', 'artículo 395', 'Artículo 133', 'Artículo 931', 'artículo 931', 'artículo 182', 'artículo 931', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 74', 'artículo 51', 'artículo 77', 'artículo 333', 'artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 84', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 501', 'artículo 4', 'Artículo 4']

Parlamentaria: 2007
El pensador alemán, Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que “En el mundo hay ya demasiados males reales como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios, que además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos: esto es lo único que logra la superstición necia y malvada”.
Esta reflexión describe fielmente lo que ocurre con la planta de la Cannabis en nuestra sociedad, y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.
El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de 8 mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la Colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos rituales y lúdicos se encuentra plenamente documentada y forma parte importante, todavía, de la tradición popular.
Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad, y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de prejuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un daño grave a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente, y ni siquiera por abusar de ella; una cualidad de la que carecen muchas otras sustancias, incluso legales y reguladas como el alcohol o el tabaco.
En resumen: reconocemos que, eventualmente, el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a una nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad, a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.
Buscamos, también, hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco con el Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libertad de elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada, siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.
Para los consumidores proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad, actualmente vigentes, por otras informativas y educativas que permitan proteger de modo efectivo su salud, y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.
Nuestra propuesta contribuye, también, a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ellas reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.
Hacemos énfasis, también, en que la iniciativa considera y observa, las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.
Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por lo tanto, una definición mucho más precisa que remite a la Ley General de Salud y que permite que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable.
La Constitución, en su artículo 18, ordena que los sistemas penales federal y estatales se orienten en función del trabajo y de la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa; pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud cuando se trata de consumidores.
En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal.
Proponemos, así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afectan a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.
Los consumidores, definidos por las cantidades de cannabis que se presumirá son para consumo personal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En este caso proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal de hasta tres plantas de cannabis.
En Alternativa Socialdemócrata tenemos la convicción de que sólo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.
Señora presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y también le solicito, en nombre de los integrantes del Grupo Cáñamo aquí presentes que nos permita entregarle el original de esta iniciativa impresa en papel cáñamo.
(Texto que leí en tribuna el pasado 27 de noviembre de 2007)
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Iniciativa para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano
La iniciativa que presentamos hoy, 22 de noviembre de 2007, tiene por objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado Mexicano. La suscribimos un grupo plural de legisladores pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara:
ELSA CONDE RODRÍGUEZ Y AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA; MARTHA TAGLE MARTÍNEZ Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE DEL PARTIDO DE CONVERGENCIA; ROSARIO ORTÍZ MAGALLÓN, MARICELA CONTRERAS JULIÁN, RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, JAVIER GONZÁLEZ GARZA; DAVID SÁNCHEZ CAMACHO Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; IRMA PIÑEYRO ARIAS Y MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GODÍNEZ DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; MARÍA BEATRÍZ PAGÉS REBOLLAR Y CARLOS CHAURAND ARZATE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; RICARDO GARZA CANTÚ DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
Esta iniciativa tiene, además, la fortuna de ser acompañada por Roberto Blancarte, prestigioso académico y experto en la materia; por diversas asociaciones civiles, como Católicas por el Derecho a Decidir, el Frente por la Cultura Laica y el Foro Intereclesiástico Mexicano. A todas estas personas e instituciones agradecemos su profesionalismo e interés compartido por trabajar en el fortalecimiento de una cultura laica en nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 130º el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como la libertad de creencias y de culto en su artículo 24º. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 3º: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros.” También afirma: “El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.” A pesar de lo anterior, no existe más allá de dicha ley reglamentaria, un artículo de la Constitución que establezca en ese rango la libertad de conciencia y la laicidad del Estado Mexicano.
La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de toda la ciudadanía a la esfera pública.
La laicidad del Estado, en ese sentido, significa y supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva. Este respeto implica la libertad de adherirse a una religión o a convicciones filosóficas, el reconocimiento de la autonomía de la conciencia individual, de la libertad personal de los seres humanos y su libre elección en materia de religión y de convicción. Significa igualmente el respeto por parte del Estado, dentro de los límites de un orden público democrático y del respeto de los derechos fundamentales, a la autonomía de las religiones y de las convicciones filosóficas. La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.
Un elemento esencial del Estado laico es el establecimiento, dentro de los límites indicados, de condiciones que aseguren un trato igualitario a los seres humanos de diferentes religiones y convicciones. La igualdad no debe ser solamente formal; debe traducirse en la práctica política en una vigilancia constante para que no sea ejercida alguna discriminación en contra de las personas en el ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos ciudadanos cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su sexo, origen étnico, capacidades físicas, preferencias sexuales o de otro tipo.
Para garantizar la igualdad y las libertades de la ciudadanía, el orden político debe tener la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La laicidad puede ser definida, entonces, como una forma de convivencia social, cuyo Estado obtiene su legitimidad ya no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular, tal como lo establece el artículo 39º de nuestra Constitución. La laicidad supone de esa manera la armonización de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares, y; 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.
El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la investigación científica y la bioética, la emancipación de las mujeres, la educación de los niños, la condición de los adeptos de minorías religiosas y de otro tipo, así como de los no-creyentes. El principio de la laicidad debe ser en consecuencia rector en los debates en torno a diferentes cuestiones que ponen en juego la representación de la identidad nacional, las reglas de salud pública, los conflictos posibles entre la ley civil, las representaciones morales particulares y la libertad de decisión individual, en el marco del principio de compatibilidad de las libertades.
El Estado laico interviene en esferas hasta ahora consideradas como privadas, léase íntimas y busca equilibrar el respeto de las decisiones privadas y personales con la garantía de los derechos de todos. Es necesario reconocer los vínculos entre la laicidad y la justicia social, así como entre la garantía de las libertades individuales y las colectivas y la ampliación de las mismas.
Considerando lo anterior y reconociendo que la separación entre el Estado y las Iglesias ha sido una medida política importante, pero no suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano, mediante la fórmula siguiente:
Se propone incorporar al texto del artículo 40 constitucional el carácter laico, entre los atributos fundamentales de la República, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).
Asimismo, la laicidad será una obligación que, de no cumplirse, derivará en responsabilidad para los servidores públicos, agregándose a los artículos 108 y 109 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el estado laico y la separación entre la iglesia y el estado.
También como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica. Solicito amablemente a la Mesa Directiva, inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 5:08 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Aprueba la Cámara de Diputados Día Nacional contra la Homofobia
Con fecha 31 de octubre del 2006, esta Cámara de Diputados aprobó en votación económica un Punto de Acuerdo relativo a establecer el día 17 de mayo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Sin embargo hasta ahora el Poder Ejecutivo ha hecho caso omiso del exhorto realizado por ésta Cámara, incumpliendo con la solicitud hecha por ésta Soberanía.
Ante la nula respuesta, el 26 de abril del año en curso, el Partido Alternativa Socialdemócrata presentó un nuevo Punto de Acuerdo con el fin de demandar nuevamente el cumplimiento de la decisión tomada por este Pleno. Al no publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instituye el día Nacional de Lucha contra la Homofobia, las autoridades muestran poco interés por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia. Con ello al Poder Ejecutivo se le olvida que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
Cualquier esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil para lograr una convivencia armónica y de respeto es sumamente valioso. Por ello no podemos dejar pasar la oportunidad de exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo el cumplimiento de su deber publicando el Decreto mencionado.
Poco a poco se ha ido fortaleciendo el marco jurídico en materia de prevención y eliminación de la discriminación, contamos con instituciones públicas que han llevado a cabo acciones conducentes para prevenirla y eliminarla y han contribuido al desarrollo de programas nacionales que fomentan la tolerancia. Con más razón este Poder Legislativo debe exigir la emisión del Decreto correspondiente y con ello contribuir también en la generación de una mayor conciencia social que permita vivir en una sociedad libre de cualquier forma de discriminación.
Por lo anteriormente expuesto el Partido Alternativa invita a todas las fracciones parlamentarias ha votar a favor de este Punto de Acuerdo y con ello colaborar por un México en donde la tolerancia y el respeto sean principios básicos y rectores de nuestra convivencia social.
Palacio Lgislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2007
Publicadas por Elsa Conde a la/s 5:02 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
El análisis y aprobación del presupuesto público es una de las atribuciones y responsabilidades más importantes de esta Cámara, por ello, como Alternativa Socialdemócrata celebramos que del intento de fast-track del jueves pasado, pudimos transitar a una incipiente democratización del proceso de aprobación del presupuesto. El cambio ha sido cualitativo. Hubo una participación relevante de las comisiones legislativas y un mayor diálogo con el Poder Ejecutivo. No hay presupuesto que sea suficiente debido a los grandes rezagos y fuertes desigualdades sociales. Sin embargo, en este proceso se generaron consensos sobre prioridades del gasto y una distribución más equitativa y eficiente de los recursos existentes. No en todos los temas, ciertamente, pero con se distribuyeron recursos con responsabilidad y sobretodo se crearon mecanismos necesarios para transparentar y vigilar el buen uso de los mismos.
En el Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008, se prevean recursos adicionales para Educación Pública y Servicios Educativos por un monto de 9,853 millones de pesos; para Ciencia y Tecnología, por 1000 millones de pesos; Salud por 1500; Cultura por 1800; Justicia por 500; Desarrollo Social por 9990, así como para la Equidad de Género por 1450 millones de pesos, entre otros. Además se fortalecen las Reglas de Operación para el Seguro Popular, lo que ayudará a transparentar los recursos otorgados a dicho programa.
Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos grandes retos por cumplir y uno de ellos se refiere al Medio Ambiente el cual no sólo requiere de mayores recursos sino de un cambio de visión. Como país, ocupamos la quinta tasa de deforestación a nivel mundial. La política actual de promoción del programa Pro árbol no es suficiente para contener el problema de la deforestación y además no se están instrumentando las medidas efectivas para evitar la tala ilegal. Otro compromiso lo tenemos con la Cultura y con la Ciencia y Tecnología que a pesar de contemplarse mayores recursos para el próximo presupuesto siguen teniendo un rezago importante que hay que atender.
Hago una mención especial sobre el tema de la Equidad de Género. Por primera vez en la historia las legisladoras de La LX Legislatura logramos obtener por consenso los mayores recursos otorgados para este rubro. Nos olvidamos de los colores de nuestros partidos y luchamos juntas por más presupuesto. El incremento del presupuesto público a favor de las mujeres manifiesta la responsabilidad del legislativo y la sensibilidad del ejecutivo, por evidenciar las brechas de desigualdad de género y su compromiso en reducirlas; acorde con esto son varios los logros obtenidos en el presente dictamen. Con la ampliación de 1450 millones de pesos se pondrá en práctica una primera etapa de la operación, de dos Leyes vitales para nuestro país: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los Sistemas correspondientes para su efectiva aplicación.
Asimismo, con la inclusión del artículo 25, hemos conseguido que el Ejecutivo Federal se comprometa a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Así como incluir en sus campañas de comunicación social, contenidos que promuevan la igualdad, la erradicación de la violencia de género y la no discriminación. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores. Finalmente con la incorporación del anexo 9 A, se logra etiquetar los recursos destinados a la Equidad de Género con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación y con ello en un futuro próximo, lograr un marco de irreductibilidad del gasto asignado. Sin duda, este presupuesto ha sido un logro importantísimo y una buena oportunidad para ratificar nuestro compromiso, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con los presupuestos sensibles al género. ¡Felicitémonos por ello!
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Publicadas por Elsa Conde a la/s 2:05 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Sindicato El Potrero: un caso paradigmatico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un significativo logro de Alternativa
El conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores del Ingenio El Potrero, S.A. es un caso paradigmático para la democratización del sindicalismo mexicano. Este sindicato cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo y en 1998 demandó a su empresa y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.
La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, mismos que lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato mencionado. Se ordenó entonces un recuento, en el que votaron en forma ABIERTA 1,098 trabajadores. Del total que votaron, 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del Sindicato actor y el resto a favor del Sindicato demandado; no por convicción, sino por el temor a las represalías sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior, y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.
En 2004 el Sindicato de la empresa presentó una nueva demanda reiterando su reclamo original, y la autoridad ordenó otro recuento, en el que "se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional de3l Trabajo,..." que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que de acuerdo al Artículo 133 constitucional tiene rango de Ley Suprema en nuestro país. Pero el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos, así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público NO secreto, con lo que los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados. Qué ordenamiento debe privar? No es papel del legislativo juzgar sobre la inconstitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con esta argumentación, el pasado 17 de Octubre, como Alternativa Socialdemócrata presenté un punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados solicita a la H.Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el Juicio de Amparo presentado el 17 de agosto del año en curso por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores "El Potrero" ante el H. Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional. Este punto de acuerdo recibio el apoyo de todos los partidos políticos y su aprobación, sin duda, será de la mayor relevancia para la democratización del sindicalismo mexicano. Al tiempo.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 12:49 a. m. 1 comentario: Vínculos a esta publicación
Presupuestos Irreductibles: No Violencia, No Discriminacion y Equidad de Género.
Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delitos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida, real y simbólica donde priva la carencia. Carencia no solo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud. Es una carencia sobre todo de oportunidades para el desarrollo y la enfrentan grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños en situación de calle, inmigrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales.
Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza, requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución del gasto público buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, fortalecer las habilidades y a garantizar las libertades.
A principios de septiembre presentamos una iniciativa de ley que tiene por objeto, establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación como programas prioritarios y de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancia puedan ir a la baja, pero también seguimiento y evaluación de su impacto real en la vida de la gente.
Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos, nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria que se les destinada. De modo tal que hasta el año 2005, los montos de los gastos destinados en la Cuenta Pública en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para inmigrantes, para adultos mayores y en contra la discriminación ascienden, apenas, al 1.3% del Presupuesto de Egresos de ese año.
Es necesario establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos discriminatorios, de forma tal que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo.
Proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país, formal y explícitamente se incluya el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.
Tal modificación permitiría que los programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles, lo que significa que no puedan desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no puedan ir a la baja y; que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la Nación.
En consecuencia, nuestra propuesta modifica los artículos 6, 14, 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.
San Lázaro, 6 de septiembre de 2007.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 7:59 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRA FRONTERA SUR
Las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio, los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas, ilegales y criminales.
La cadena que se compone de mercados para la explotación humana de todo tipo, sea sexual, laboral o infantil, de narcotráfico y crimen organizado, de legislaciones inadecuadas o anacrónicas, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada, se ensaña y castiga con mayor dureza a sus víctimas potenciales más vulnerables: las mujeres y las niñas.
La violencia ejercida contra las mujeres y niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra: esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil, prostitución forzada de mujeres, vejaciones, torturas, violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales; corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica.
Los derechos de las mujeres y las niñas no sólo tienen disposiciones particulares en nuestro país, como la recientemente promulgada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que forman parte del entramado universal de derechos que nuestro país se ha comprometido a observar y defender. Contamos, por lo tanto, con elementos jurídicos suficientes para no dilatar ni un día más en afrontar el tema de la violencia contra ellas en la frontera sur como un asunto de seguridad nacional.
Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur, demuestra una vez más que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno, y nunca o casi nunca en su ejercicio: Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como el punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo Federal y a los estados fronterizos del sur.
En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el Punto de Acuerdo que se nos presenta, y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada por el compañero diputado José Jacques Medina, del PRD en abril de este mismo año.
Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes: pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que esos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.
Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Este es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 6:32 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Glosa del I Informe. Comparecencia del Secretario de Hacienda
Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, “continúe presentando grandes rezagos y profundas desigualdades. Aún cuando el PIB real supera ya los 8,000 dólares per cápita, cerca de 50 millones de personas viven todavía en condiciones de pobreza; y de ellas, alrededor de 18 millones se encuentran en situación de pobreza extrema” (UNFPA Hoekman, 2007; en la presentación de La Situación Demográfica de México 2006).
Frente a la pobreza y la desigualdad, la prioridad es contundente: requerimos de una hacienda pública que termine con las inequidades en la distribución del ingreso; de un gasto público que sea eficaz en la generación de empleos y disminuya la vulnerabilidad social. Requerimos cambios profundos y sólidos que permitan que la economía crezca de manera sustentable, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía.
Coincidimos con el diagnóstico que su Secretaría realizó a principios de 2007: la principal restricción para un mayor gasto social e inversión en infraestructura es la baja recaudación no petrolera del país, así como la excesiva dependencia para el financiamiento del gasto público de los ingresos petroleros. Sabemos que el reto de su Secretaría es garantizar nuevas formas de ingreso al margen del petróleo y mejorar la administración tributaria fomentando medidas para reducir la evasión fiscal y lograr una mayor recaudación.
Ciertamente usted reporta incipientes avances señor secretario: un 8.6% de ingresos tributarios no petroleros y un 38.2% por ingresos no tributarios no petroleros. De hecho, se reporta un superávit de 111,363.9 millones de pesos en el balance público. Por lo anterior le pregunto: ¿Cuál es el destino de este superávit?
Sr. Secretario persiste en la hacienda pública una vieja y mala política: de acuerdo con la clasificación del gasto, al primer semestre de 2007 el 85.4% se concentró en gasto corriente y solo el 14.6% se canalizó a gasto de capital.
Sabemos que el escaso gasto de capital y una notable falta de infraestructura es una de las razones por las cuales los indicadores de de competitividad de la economía nacional se mantienen en los últimos lugares a escala mundial. ¿Qué acciones realiza su Secretaría para invertir esta tendencia?
Continuando con el gasto corriente que se reporta, llama la atención el siguiente dato: el gasto en servicios personales del sector público sumó 308,805.5 millones de pesos y se incrementó en 5.2% en términos reales al finalizar el segundo trimestre de 2007. Se menciona que este incremento se da principalmente por mayores erogaciones en las actividades de soberanía con un incremento del 17% y en las de educación con un 9%. Específicamente se menciona un incremento de 26,603 plazas en este año respecto al 2006. ¿A qué secretarías y programas corresponden la creación de estas nuevas plazas? Y una pregunta más: ¿Por qué si el gobierno federal se propuso no incrementar la burocracia y una política de austeridad, por qué crear 26,603 nuevas plazas?
Alternativa reconoce su sensibilidad para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008 se incluyera, por primera vez en un documento de esta naturaleza –y no en los transitorios- una perspectiva de presupuestos sensibles al género: el artículo 25.
Con este artículo, el Ejecutivo Federal se compromete a impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal. Estamos seguras que ante este compromiso las dependencias y entidades se responsabilizarán de incorporar en los programas que estén a su cargo, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores.
Estos avances son un buen inicio pero no es suficiente, tenemos que lograr que los programas que promuevan la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años. Le invitamos para haga suya esta propuesta y para que a través de su secretaría, este país, empiece a saldar la deuda que tiene con las mujeres.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 5:50 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Género y Presupuesto: incipientes logros
La batalla que hemos dado las feministas de la LX Legislatura por la inclusión de los temas relativos a la equidad de género en el ejercicio del presupuesto en materia de gasto comienza rendir frutos. Con las nuevas disposiciones en la materia, plasmadas en el Artículo 25 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 -mismo que se votará a más tardar el 15 de noviembre próximo- las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente, a través del sistema de información y en los términos y plazos que dé a conocer en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las acciones realizadas en materia de mujeres y equidad de género, detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos.
Estas disposiciones establecen lo siguiente:
Artículo 25. El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas de la Administración Pública Federal en los que sea posible. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:
I. Incorporar, en los programas que sea posible, la perspectiva de género y reflejarla en su matriz de indicadores;
II. Identificar cuando sea posible la población objetivo atendida por los mismos, diferenciada por sexo, incluyendo sus padrones de beneficiarias y beneficiarios, en su caso;
III. Fomentar la perspectiva de género en la ejecución de programas que, aún cuando no están dirigidos a beneficiar directamente al género femenino, es posible identificar los resultados que benefician específicamente a las mujeres;
IV. Utilizar indicadores con perspectiva de género en los programas que sea posible y pertinente metodológicamente, y
V. Considerar la perspectiva de género en las evaluaciones que se realicen de los programas en los que sea posible incorporarla.Adicionalmente, el ordenamiento estipula que para el seguimiento de los recursos destinados a las mujeres y a la equidad de género, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar en lo posible dicho enfoque en su matriz de indicadores, procurará generar información de manera desagregada al menos por sexo, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres deberá presentar trimestralmente un reporte en el que detalle los objetivos específicos por programa, población objetivo y sus modificaciones, programación y ejercicio de las erogaciones, modalidades y criterios de evaluación.Asimismo, en tanto no esté disponible el sistema de información mencionado, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como las dependencias y entidades deberán remitir a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Equidad y Género, los informes mencionados anteriormente, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda y deberán ponerse a disposición del público en general.
Por otro lado, durante la discusión de la Reforma Hacendaria, específicamente en las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación del gasto, votada en positivo el pasado jueves 13 de septiembre, promovimos como Alternativa una fracción V al artículo 110, con el fin de conocer qué tan equitativa es la distribución de los recursos públicos dentro de los diferentes grupos de población; insistimos en realizar evaluaciones periódicas de los programas en las que se señale específicamente la población beneficiaria y la magnitud de la problemática en cada caso, para hacer visible el alcance de los programas y recursos del país.
Argumentamos que la información desagregada por sexo es un insumo necesario para generar indicadores de eficiencia y eficacia en materia de equidad de género, tanto en el corto como en el largo plazo, y por ello propusimos incluir nuevas metodologías de evaluación con información desagregada por sexo de la población atendida, para asegurar que se está cubriendo sin discriminación a toda la población. Las evaluaciones de desempeño con tales características permitirán realizar las modificaciones pertinentes totales y/o parciales a cada uno de los programas y así lograr el uso óptimo de los recursos de la población. Buscamos, además, que estas evaluaciones sean dadas a conocer a toda la población mediante mecanismo de transparencia de fácil acceso a toda la ciudadanía.Gracias a este esfuerzo, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Presupuesto y Cuenta Pública, determinaron proponer una modificación al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Fracción V del artículo 110 de la LFRH ”Las evaluaciones, en la medida de lo posible deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo las entidades y dependencias deberán presentar sus evaluaciones con base a indicadores de resultados desagregados por sexo a fin de que pueda medirse el impacto y su incidencia de manera diferenciada entre hombres y mujeres”.
Falta mucho camino por recorrer en materia de presupuestos y de equidad de género en nuestro país. Sin embargo, como Alternativa y como feministas nos hemos propuesto contribuir a la construcción de una política presupuestal que se oriente a una mejor distribución de la riqueza en nuestro país y a erradicar las desigualdades producto de la discriminación, como la discriminación por sexo.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 11:58 a. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
PROPONE ALTERNATIVA INICIATIVA PARA LA REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA
Como integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata presenté al pleno en la sesión del día de ayer, 4 de septiembre, una iniciativa de ley con la que se busca agilizar los trabajos de revisión de la Cuenta Pública para transparentar el ejercicio del gasto gubernamental; fortalecer a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y para dotar de mejores herramientas de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.. La iniciativa propone reformar el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece cambios a los artículos 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
En tribuna mencioné que el marco de la Reforma del Estado y de la Reforma Hacendaria resulta indispensable fortalecer en el país la cultura de rendición de cuentas. Hoy, más que nunca, es necesario que el Congreso reasuma la función de vigilancia que debe ejercer ante el Ejecutivo. El gobierno debe explicar a la ciudadanía la forma en que ha administrado los recursos que han sido puestos a su disposición y los resultados obtenidos a través del ejercicio de los mismos.
Después del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública es la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas. Sin embargo, los mecanismos de control vigentes, la falta de un marco jurídico claro y la ausencia de acuerdos entre las fracciones parlamentarias han sido insuficientes para que el Ejecutivo se apegue a las prioridades del gasto establecidas en el presupuesto; al punto que la Legislatura anterior (LIX) no dio cumplimiento en tiempo a esta obligación y es por ello que la actual legislatura ha tenido la responsabilidad de analizar las cuentas públicas del 2002, 2003 y 2004.
Con esta iniciativa atendemos, además, el llamado del ministro Genaro David Góngora Pimentel formulado en la resolución de la controversia 91/2003, para que el Órgano Reformador de la Constitución Federal y el Congreso de la Unión realicen reformas constitucionales y legales a fin de darle verdadera viabilidad y funcionalidad a la Auditoria Superior de la Federación, dotándola de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 12:46 p. m. 2 comentarios: Vínculos a esta publicación
SE APRUEBA PUNTO DE ACUERDO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el día de hoy 4 de septiembre, Punto de Acuerdo que propusimos para exhortar a la Secretaría de Salud a adecuar y actualizar la Norma Oficial Mexicana 190 relativa a la Prestación de Servicios de Salud en materia de violencia familiar.
Con fecha 9 de marzo del 2000 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-190-SSA1-1999), sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar. Conforme al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, por lo que la Secretaría de Salud, inició la revisión de la misma desde el año 2005, con el fin de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes, pero hasta la fecha no ha sido publicada. El pasado 28 de marzo de 2007, presentamos la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud a fin de que emita los comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-190) sobre Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.
La violencia familiar es reconocida no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito que, además, incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica. Atenderla oportunamente y con calidad tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de delitos como el de violación, el embarazo forzado y la transmisión de infecciones de transmisión sexual.
La NOM-190 tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación, que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar. Las adecuaciones a la Norma son una obligación del gobierno de México para cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, es motivo de satisfacción que el pleno de la Cámara de Diputados, aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Salud, y que con ello se reconozca la necesidad de actualizar y adecuar dicha Norma.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 7:58 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
!O declinas o cuello!
Según Pablo Fernandez Christlieb, tanto la vida cotidiana como la política se construyen en la "afectividad colectiva". Hoy primero de septiembre de 2007 lo único que puedo decir es que en todo lo que fue el numerito de la entrega del informe en la Cámara de Diputados, privó un estado de ánimo que se apropio de todos los actores políticos en juego y que bien podría traducirse en una sola frase: "¡O declinas o cuello!".
Publicadas por Elsa Conde a la/s 6:16 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
QUERIDA ESPERANZA BRITO...
Te vamos a extrañar. Vamos a extrañar tu inteligencia, tu fortaleza, tu lucidez, tu constancia, tu vitalidad, tu rebeldía, tu irreverencia, tu alegría, tu ser contestatario. Vamos a extrañar tus propuestas y tu presencia en nuestro movimiento, como aquella ocasión que junto con Anilú Elías, en el Monumento a la Madre, colocaste -al lado de esa placa oficial del México conservador y posrevolucionario: “A la que nos amó antes de conocernos”- otra placa que dice: “Porque su Maternidad fue Voluntaria”. Esa placa sigue ahí y este lugar se ha convertido en un lugar emblemático para nuestro movimiento. Ojalá que las feministas de todo el país tengamos tu fortuna...la fortuna de ver cumplido un sueño...el sueño de que, al menos, en una ciudad, las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Querida Esperanza, te vamos a extrañar.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 11:04 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
GRUPO “CAÑAMO”
Ante el fracaso de la actual política para combatir el consumo y el tráfico de sustancias ilegales en el país, el pasado 19 de junio del presente año, instalamos el Grupo de Trabajo Cáñamo. Este grupo se propone participar en el análisis de la problemática de las drogas desde una perspectiva crítica, constructiva, metódica y científica -alejada de dogmas o valoraciones morales- con la finalidad de abonar con su reflexión, a la elaboración de una serie de iniciativas de ley que presentaremos como Alternativa en el próximo periodo de sesiones de la LX legislatura.
Alternativa Socialdemócrata es un partido político que tiene interés en abordar de forma seria y multidisciplinaria el problema que representa el fenómeno de las drogas, legales e ilegales en México. La estrategia actual contra el narcotráfico no ha logrado detener el crecimiento ni el poder del crimen organizado que lucra con esta actividad, al grado que actualmente representa el problema de seguridad pública más acuciante del país. La violencia asociada al mercado de las drogas ha crecido de forma exponencial, las instituciones del Estado son cada vez más vulnerables ante el poder del crimen organizado dedicado al narcotráfico. Asimismo, el énfasis policíaco de la política actual contra las drogas constituye una estrategia sumamente limitada para enfrentar un fenómeno multifactorial. A su vez, la incorporación del Ejército a las tareas del combate al narcotráfico conlleva importantes riesgos para los derechos humanos y la seguridad nacional.
Así, el panorama de las drogas en nuestro país es poco alentador toda vez que los índices de consumo han observado un crecimiento en los últimos años, en tanto que el marco jurídico que rige a las drogas no disuade el consumo; la edad de inicio en el consumo es cada vez menor y la variedad de drogas es cada vez mayor.
Por otro lado, la ausencia de una definición jurídica del consumidor, convierte a éste en víctima, ante un mercado en el que carece de garantías y derechos. Una legislación que lo considera un criminal objeto de persecución antes que el sujeto de políticas de salud, educación prevención e información y limita en el caso de los adultos, el ejercicio de sus derechos civiles más elementales.
Durante las sesiones de trabajo, el grupo ha insistido en la necesidad de distinguir entre regular y alentar el consumo de drogas así como establecer las diferencias y categorías con respecto a la peligrosidad de cada droga. Asimismo considera indispensable incorporar a la estrategia de prevención la dimensión familiar y comunitaria, tomando en cuenta las distintas circunstancias de la población estudiantil, ya que no es la misma problemática la que afecta a los medios rural y urbano.
Igualmente, plantea impedir que el consumo de estupefacientes sea una causal de expulsión escolar, ya que separar a los niños y jóvenes de la comunidad estudiantil los coloca en una posición mayor de riesgo ante las adicciones.
Estima a su vez, que es imprescindible encontrar un marco legal que permita la investigación en materia de drogas ya que actualmente es casi imposible trabajar en este campo. Además se propuso revisar el marco regulatorio del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) e incorporarlo a gabinetes específicos como el de seguridad pública y seguridad nacional. El grupo considera que las disposiciones legales para la rehabilitación de consumidores son letra muerta dado “que no hay un solo paciente que llegue por esa vía”.
En la segunda sesión de trabajo del pasado 10 de julio, el Grupo Cáñamo estimó preciso priorizar y ordenar las posibilidades industriales del cáñamo para desarrollar su potencial económico en México. También estimó necesario conocer a detalle la Estrategia Nacional de Seguridad propuesta por el gobierno federal, toda vez que no existen fundamentos legales para combatir el narcotráfico desde los tres órdenes de gobierno, y se carece de directriz en términos del destino de los recursos presupuestados para esta tarea además de no existir una división entre políticas públicas encaminada a la prevención y a la rehabilitación.
Igualmente, el grupo se pronunció por conocer todas las utilidades terapeúticas de la cannabis y por la elaboración de un diagnóstico de las necesidades del sector salud con respecto a una posible regulación de la cannabis con fines médicos y de investigación científica.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 9:09 a. m. 2 comentarios: Vínculos a esta publicación
Cuba: Alternativa Socialdemócrata y el Centro Nacional de Educación Sexual
Durante la novena Reunión Parlamentaria Mexico-Cuba nuestro partido Alternativa, a través de la Embajada de México solicitó una reunión con el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) con el fin de intercambiar experiencias e información sobre las inicitivas de ley que tanto Alternativa como esa institución han presentado en el ámbito legislativo para reconocer plenos derechos a la diversidad sexual, específicamente a las parejas conformadas por personas del mismo sexo así como aquellas iniciativas promovidas por el propio movimiento LGTB en México para que se reconozca formalmente el cambio de identidad transexual y transgénero.
En entrevista con la directora interina del CENESEX, Ada Alfonso, tuve conocimiento de las diversas acciones que realizan para promover los derechos sexuales de la comunidad LGTB; la prevención del VIH-Sida; así como del intenso cabildeo que ha tenido Mariela Castro Espin -directora titular del centro- con la Asablea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano) para que se discuta el proyecto de ley que reformaría el Código de la Familia, vigente en Cuba desde 1975.
Por mi parte, le di a conocer a Ada Alfonso los objetivos y programa de trabajo de la Comisión Especial de No Discriinación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos, que preside Alternativa en la Cámara de Diputados; las iniciativas que hemos promovido en la materia tanto en el ámbito local como federal y; nuestro interés en invitarles a que realicemos un foro conjunto durante el ultimo trimestre del año sobre: "No Discriminación y Derechos para la Diversidad Sexual".
Por último externé le inquietud en conocer más sobre las diversas acciones que realiza el CENESEX para promover la capacitación de médicos cubanos (por especialistas provenientes de Europa, sobre todo de Bélgica) para realizar operaciones de cambio de sexo desde el ámbito de la salud pública.
Más allá de la discusión política que tenemos pendiente en el partido sobre nuestra relación con Cuba, la construcción de este primer acercamiento con una institución como el CENESEX, pone de manifiesto la importancia que tiene para Alterantiva el intercambio y el fortalecimiento de aquellas propuestas que transitan por el camino del reconocimiento de más libertades para las personas, en este caso, para la libertad sexual.
La Habana, Cuba. 7 de julio de 2007
Publicadas por Elsa Conde a la/s 3:05 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Ejerciendo Derechos...Desafiando el Poder!! Encuentro Regional de Reflexión: Mujeres y Participación Política. (primera entrega)
Magaly Pineda, feminista dominicana, fundadora y directora del Centro de Investigación para la Acción Feminista, inicia su conferencia en este encuentro regional (Centroamérica, el Caribe y México) poniendo sobre la mesa dos premisas: que las mujeres convocadas consideramos importante la participación de las mujeres en la política y; que valoramos las acciones afirmativas como una herramienta de primera importancia para avanzar en la participación política de las mujeres. Pareciera innecesario, en un encuentro de esta naturaleza partir de estas premisas...pero no lo es. El movimiento feminista se ha caracterizado por su diversidad y pluralidad, como todo movimiento social que se encuentra vivo y que orienta sus estrategias al cambio social. De esta diversidad han surgido corrientes con distintas denominaciones: “las autónomas”; las “institucionales”; “las reformistas”; “las de partidos”, etcétera, etcétera. De esta manera, la incursión de algunas feministas en la política formal ha sido producto de una incesante crítica y reflexión sobre el impacto real de su quehacer político para cambiar al interior de la “Realpolitik” las estructuras de poder sustentadas y pensadas desde una visión masculina del mundo.
Sin embargo, hasta ahora ha sido complejo plantear con claridad las diferencias que tenemos en el diagnóstico de la realidad y en la estrategia que cada una de nosotras privilegia para avanzar en nuestra utopía de emancipación. Frente a la complejidad, generalmente se opta por la simplificación de la realidad y por la descalificación de la “Otra”. Y en esta simplificación todas perdemos: perdemos la posibilidad de capitalizar políticamente el evance que hemos tenido en el plano de lo cultural y lo simbólico.
Por todo lo anterior, este encuentro de reflexión -donde se propicia un acercamiento de mujeres del movimiento feminista con mujeres feministas que han optado por la política formal- abre una ventana al debate y al intercambio de ideas. Propiciar un diálogo donde las feministas, como bien menciona Morena Herrera de El Salvador, hagamos un compromiso con el pensamiento crítico y con la democracia. Y donde todas y cada una de nosotras hable en “nombre propio” como nos sugiere Sofía Montenegro, feminista de Nicaragua. Sin duda, este encuentro ha sido un buen inicio...
Publicadas por Elsa Conde a la/s 11:33 a. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
Reconocer derechos para la diversidad sexual
Palabras de Elsa Ancona en el Festival Alternativo de la Diversidad Sexual.
Gracias al Instituto Alternativo de Estudios Políticos del DF por la invitación a este FESTIVAL ALTERNATIVO DE LA DIVERSIDAD. Mi nombre es Elsa Ancona, soy maestra en derecho y asesora de Elsa Conde, Legisladora Federal por el Partido Alternativa.
Hemos sido testigos en las últimas décadas del surgimiento y desarrollo de nuevas formas de convivencia, distintas a la familia nuclear tradicional. En todo el mundo los modelos de convivencia están pasando por profundas transformaciones debido en gran medida a la redefinición de las relaciones entre los géneros y a la conquista de nuevos derechos civiles y sociales.
Ante estos hechos las leyes en México a nivel local se han ido modificando y un ejemplo de esto es la Ley de Convivencia vigente desde el 16 de noviembre de 2006 en el Distrito Federal, que contempla y protege estas nuevas formas de convivencia y da certeza jurídica en cuanto a las propiedades, derechos sucesorios y prestaciones sociales al otro, cuando uno de los integrantes de la sociedad los tenga. Otro ejemplo, es la Ley de Pacto Civil de Solidaridad en el estado de Coahuila, que ofrece las mismas garantías a parejas del mismo sexo al igual que a otro tipo de familias independientemente de la orientación sexual de sus integrantes. Existen también propuestas similares en los estados de Guerrero y Chihuahua.
La experiencia nos dice que el trabajo legislativo no ha sido sencillo, simplemente basta saber que en el Distrito Federal tuvieron que transcurrir 5 años de discusión desde que se presentó la primera iniciativa ante el pleno de la ALDF, hasta que se aprobó.
También sabemos que cuando en un Congreso Local se lleva a cabo reformas legales sobre estos temas es un estímulo para que en otros Congresos también se presenten iniciativas de reformas, por ello en Coahuila se llevó a cabo con mucha mayor prontitud la aprobación de la ley que en el Distrito federal.
Sin embargo, aún hay proyectos legislativos pendientes que cuya aprobación ayudaría a resolver uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este tema que es la discriminación.
Entendida ésta como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, preferencias sexuales entre otras, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También entendida como la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, cuya acción deriva en los casos más dramáticos de intolerancia y desgraciadamente en crímenes de odio.
Pero no hay que olvidar que ya en nuestra Carta Magna en su artículo segundo y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por estas razones y que por lo tanto el Estado debe garantizar el respeto a los derechos no por ser una minoría vulnerable, sino por el simple hecho de ser seres humanos como cualquier otro.
Pero ¿qué está pasando a nivel federal? en la actualidad, la agenda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados está de alguna manera nutrida en el ámbito de la diversidad sexual. Algunas de las iniciativas que se pretenden presentar están respaldadas por el PRD y por el Partido Alternativa. Sin embargo es necesario comentar que las leyes de sociedades de convivencias o similares aprobadas hasta ahora su ámbito de aplicación es local y no federal.
En el mes de mayo con el fin de ampliar la gama de derechos que confiere la Ley de Sociedad de Convivencia a las parejas que se registran bajo esa figura legal en el Distrito Federal, el Colectivo de la Diversidad Sexual de Alternativa DF entregó a Elsa Conde, de la fracción parlamentaria de Alternativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a leyes federales.
La iniciativa que pondremos a consideración de la Cámara de Diputados, plantea la inclusión de todas aquellas personas que se encuentren en el supuesto de formar parte de una Sociedad de Convivencia con el fin de que les sean reconocidos los derechos de seguridad social. Esta figura jurídica nueva es la de “conviviente” la cual se obtiene como consecuencia de establecer dicha sociedad. El propósito de esta nueva figura es garantizar los derechos por vía de la legitimación de aquellas uniones que surgen de las relaciones afectivas a las que el derecho mexicano les reconoce ahora consecuencias jurídicas.
Los derechohabientes de instituciones como el IMSS e ISSSTE actualmente no pueden compartir las prestaciones con sus parejas ni volverles beneficiarias de sus pensiones, por lo que están siendo despojados de sus derechos.
Por ello la iniciativa contempla cambios a la Ley General de Salud, del IMSS y del ISSSTE para otorgar beneficios de servicios médicos, pensión, seguro de vida por viudez, donación de órganos y trasplantes, autorización para práctica de necropsias, en caso de muerte por riesgo de trabajo. También prevé que en la Ley Federal del Trabajo se amplíe a los convivientes el derecho a la indemnización.
Estas leyes necesitan reformas sustantivas como es el caso de la ley General de Salud, cuya iniciativa pretende modificar el artículo 77 bis 4 en el que se establece que el núcleo familiar se puede integrar por los convivientes de una sociedad de convivencia. También en cuanto a la donación de órganos se quiere otorgar derechos al conviviente para que este pueda otorgar el consentimiento correspondiente para llevar a cabo la donación cuando exista un consentimiento tácito por parte del otro conviviente. De igual manera se otorgan derechos al conviviente para que pueda donar un órgano en el caso de que el otro lo necesite, esto reformando el artículo 333.
Respecto a la Ley del IMSS se quiere reformar el artículo 5, referente al tema de beneficiarios, entendido como el cónyuge del asegurado o pensionado, y a falta de este la concubina o concubino, o en su caso el conviviente; además en el rubro de riesgos de trabajo el tema de las pensiones incluye al conviviente como beneficiario, lo que se refleja en el artículo 64 fracción II; en cuanto a seguros, maternidades y enfermedades, el artículo 84 fracción tercera, prevé la inclusión también del conviviente; en el ramo de vida e invalidez los artículos 130 y 138 prevén esta nueva figura jurídica.
Por lo que toca a la Ley del ISSSTE, se incluye al conviviente como familiar derechohabiente proponiendo la reforma del artículo 5º; de igual forma para lograr el acceso a la prestación de servicios médicos se propone reformar el artículo 24; para asistencia obstétrica y ayuda para la lactancia en caso necesario se reforma el artículo 28; así como el 75 para los casos de incapacidades y ayuda asistencial y atenciones especiales.
En lo relativo a la Ley Federal del Trabajo se pretende reformar el artículo 501 en el que se establece el derecho a una indemnización que tendría el conviviente en los casos de muerte del otro conviviente.
El espíritu que anima esta iniciativa es evitar injusticias en contra de los que mostraron preocupación y cuidado por sus semejantes con los que hicieron vida en común, otorgándoles certeza jurídica respecto de los derechos y obligaciones que tienen con su conviviente, permitiendo también que se establezcan reglas claras y certeras en lo que a su patrimonio se refiere.
Como una propuesta que busca abrir espacios sociales para la expresión del amplio espectro de la diversidad social, la Sociedad de Convivencia constituye una figura jurídica nueva que no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio ni la vulnera. No impide la práctica del concubinato en su estructura actual y no modifica las normas vigentes relativas a la adopción. Implica reconocer consecuencias jurídicas y derechos como lo es la inclusión y el reconocimiento en las leyes de seguridad social en su carácter de titular o beneficiario (a) de los diferentes derechos y prestaciones que obtienen a través de las diversas formas de convivencia humana, que como formas de integración social, mejoran la calidad de vida de sus habitantes.
En efecto, una de las mayores aportaciones de esta ley reside en reconocer los efectos jurídicos de aquellas relaciones en las que no necesariamente exista trato sexual, sino sólo el deseo de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de solidaridad humana, de comprensión mutua y apego afectivo.
Uno de los elementos de la Ley de Sociedad de Convivencia se refiere a la permanencia, que se traduce en el ánimo que constituye el motivo determinante de la voluntad de los convivientes de estar juntos de manera constante y con los propósitos que inspiran a la Sociedad de Convivencia son la protección de la dignidad de las personas, la certeza, la seguridad jurídica, donde se incluya la seguridad social como un derecho inherente y sobre todo la igualdad ante la ley.
En términos generales la iniciativa pretende que a través de reformar leyes concretas se reconozca acepte y garantice el pluralismo social y con ello lograr el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad social y erradica y previene la discriminación.
Nos comprometimos a presentar en el próximo periodo de sesiones dicha iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados, para ello se está buscando el apoyo de las diferentes fuerzas legislativas que integran la Cámara de Diputados.
Finalmente, es importante resaltar que las reformas legales son necesarias porque fortalecen el marco jurídico y amplían derechos no reconocidos, pero esto no es suficiente. Es necesario exigir al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley y el establecimiento de políticas públicas que incluyan designación de recursos y capacitación para los funcionarios públicos. Además de exigir al Estado que garantice el Estado Laico y el respeto a los derechos humanos de todos, así como el derecho a la no discriminación.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 12:32 a. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
En el marco del “Día de Acción por la salud de las mujeres” el Grupo Parlamentario de Alternativa y Alternativa, DF en un intento por vincular el arte con la salud, inauguró en sus oficinas y Centro Cultural Raices, la exposición fotográfica de Maru de la Garza, fotográfa y creadora feminista, quien con la sensibilidad de la imagen aborda uno de los temas más relevantes sobre la salud de las mujeres en nuestro país. En México cada día mueren 10 mujeres por cáncer de mama; además México ocupa un deshonroso primer lugar de mortalidad a nivel mundial por cáncer Cérvico uterino.
Maru de la Garza, a través de la fotografía y del video, nos quiere mostrar como a través de la imagen, se puede despertar conciencia entre la población sobre esta enfermedad y las medidas de prevención y atención que deben observarse al respecto. Les invitamos a visitar esta exposición durante el mes de junio en Eugenia esquina con Pitágoras. Centro Cultural Raíces. Alternativa. D.F.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 3:24 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
El 17 de mayo: “Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia”.
Alternativa Socialdemócrata es una expresión política que se ha preocupado de forma especial por alentar, en todos los espacios públicos posibles, una cultura de tolerancia, inclusión y respeto hacia la pluralidad social y cultural de nuestro país.
Los crímenes de odio y de corte homofóbico son una trágica constante en nuestra vida social y, es vergonzante que todavía hoy, muchas de nuestras leyes presenten disposiciones discriminatorias, cuestión que resulta inadmisible para cualquier sociedad que se pretenda verdaderamente democrática.
Para Alternativa no existe democracia sin que todas las personas que la conforman, tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y consideramos que el principal papel del Estado y de la política es precisamente garantizar que ello suceda de forma tangible.
Tenemos la convicción de que el problema de la discriminación no es únicamente un problema de los discriminados o de ciertas minorías, sino que además obstaculiza el desarrollo democrático, económico y social de toda nuestra sociedad, y es la sociedad en su conjunto la que tiene que ser consciente de este hecho. Para Alternativa, defender derechos esenciales, aun cuando sean los de una sola persona, es defender los derechos de todos, y Alternativa se ha hecho el firme propósito de contribuir en esta tarea desde todos los espacios públicos y políticos en los que tenemos presencia.
Desde la perspectiva de Alternativa, la sociedad mexicana ha venido desenvolviéndose en los últimos años hacia el reconocimiento de su propia pluralidad, aun a pesar de los embates de ciertos sectores de corte conservador y, en el mejor de los casos, de la indiferencia de sus gobernantes. Por eso, nuestra representación en el parlamento, comprende que una de las tareas más esenciales para eliminar todas las formas de discriminación es hacer que nuestras leyes garanticen los derechos civiles. Por lo anterior, presentaremos próximamente una iniciativa de ley para hacer efectivos y exigibles los derechos sociales, en materia de prestaciones y servicios, de todas aquellas personas que se inscriban en la figura jurídica de sociedades de convivencia.
Las sociedades de convivencia constituyen una figura jurídica, aprobada recientemente en la ciudad de México, que no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio ni la vulnera. No impide la práctica del concubinato en su estructura actual y no modifica las normas vigentes relativas a la adopción. El propósito de esta iniciativa es sencillo: proteger, a nivel nacional, la dignidad de las personas que viven en sociedad de convivencia para garantizarles una seguridad jurídica, hasta el momento inexistente, que les asegure el acceso a los servicios de seguridad social, y al mismo tiempo, que nos haga a todos iguales ante la ley.
La iniciativa propone reformar La Ley General de Salud para incluir a las sociedades de convivencia como una forma más de figura familiar, lo que permitirá a los que vivan bajo este concepto tomar decisiones en materia procedimientos médicos, de donación de órganos y de necropsias, entre otros. Propone también reformar la Ley del Seguro Social para incluir a los convivientes como beneficiarios de estos servicios, y para regular su derecho a una pensión y al seguro institucional en caso de muerte o accidente. Plantea modificaciones a la Ley del ISSSTE para garantizar que los convivientes sean incluidos como derechohabientes plenos de esa institución, lo que incluye acceso a pensiones, asistencia obstétrica y ayuda para la lactancia, entre otros beneficios.
Por último, pretende reformar la Ley del Trabajo para incluir en ella a los convivientes y garantizar su derecho a la indemnización en caso de muerte de su pareja. Nos encontramos el día de hoy en una circunstancia inédita para nuestro país: el desarrollo democrático que hemos alcanzado hasta el momento es producto del esfuerzo de muchísimos mexicanos y mexicanos comprometidos con su comunidad y con su propia dignidad, y no de un acto dadivoso de nuestros gobernantes. Nos encontramos con que el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy sólo es el principio de una transformación cualitativa y verdadera para nuestra vida.
En Alternativa somos optimistas con respecto al futuro de nuestra sociedad en materia de tolerancia, respecto y no discriminación en el corto y mediano plazo. Poco a poco, pero con solidez, Alternativa quiere contribuir genuinamente con esta transformación, y hace suyas las causas de todos aquellos que sufren una cultura de discriminación y de indiferencia por parte de sus gobernantes.
Para despedirme, quiero hacer un reconocimiento al Colectivo Diversa Alternativa, DF. Pues la propuesta de reforma en comento, es producto de su iniciativa y de su trabajo comprometido con los derechos de la diversidad sexual. Su causa es mi causa y quisiera expresar no solo mi solidaridad sino también mi compromiso para llevar esta iniciativa a la tribuna de San Lázaro y para sumar más voluntades. Por el derecho al placer y por nuestro derecho a elegir “con quién” queremos compartir nuestra vida y nuestra sexualidad.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 3:03 p. m. 1 comentario: Vínculos a esta publicación
Iniciativa Federal en materia de aborto
INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 330 Y 333 Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 332 Y 334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
La iniciativa que pongo el día de hoy a su consideración es producto de la reflexión colectiva, del trabajo serio, informado y responsable de diversos grupos de mujeres que durante los últimos 30 años han colocado, en el espacio de lo público, el tema del aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Pero no sólo. El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4º constitucional y el ejercicio efectivo de este derecho nos coloca ante un desafío sobre la calidad de la democracia que queremos.
Marta Lamas menciona que el debate sobre la penalización/despenalización del aborto plantea el reto de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, o el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y privacía.
Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democráticas requiere de un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Las decisiones de la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona, y no de los dictados de funcionarios de gobierno o de instituciones religiosas. La democracia, el conocimiento científico y la modernidad descansan sobre esta premisa. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática que, bajo ninguna circunstancia, puede permitir que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío. De esta manera, los derechos de las personas no pueden otorgarse ni suspenderse, en ninguna circunstancia, por medio de plebiscitos, referendums u otro tipo de consultas. Las mujeres nos pronunciamos por un debate y un diálogo serio, pero, lo decimos y lo decimos claro: nuestros derechos no se votan.
Lamentablemente, las obligaciones del Estado no se ven reflejadas siempre en nuestras legislaciones, y éste es justamente el caso del Código Penal Federal, ordenamiento que data de 1931 y que en materia de aborto no ha sufrido ningún cambio en 86 años, lo que da como resultado una legislación federal deficiente y arcaica para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Lo hemos dicho hasta el cansancio, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser considerado como un problema de salud pública y de justicia social por los graves efectos que tiene en la salud de las mujeres. Según CONAPO, en el país se practican 102,000 abortos al año, mientras que según el Instituto Alan Guttmacher, la cifra en 1994 era de 553,100. En todo caso, 99% de las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo en condiciones inseguras y clandestinas vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales. Tales abortos representan, así, la cuarta causa de muerte materna en el país.
Estos datos nos llevan a dos conclusiones elementales: la primera, que la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad en nuestra sociedad, a pesar, y subrayo esto último, de las posiciones morales, de las deficiencias e insuficiencia legislativas, y del sistema nacional de salud. La segunda: carecemos de una política realista para enfrentar el problema.
Por lo anterior, los términos del debate a los que tenemos la obligación de ceñirnos son aquellos que tienen que ver con las obligaciones del Estado frente a los derechos ganados por las mujeres: mismos que son reconocidos por nuestra Constitución y por distintos tratados internacionales firmados por México; como son la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994, y el Programa de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer de Pekín de 1995.
En suma: La presente iniciativa tiene por objeto principal hacer efectivas, para todas las mexicanas, las disposiciones del Artículo 4º Constitucional. A saber: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”; lo que significa, en términos prácticos, crear las condiciones legales para hacer posible que el Estado garantice un acceso universal al Sistema Nacional de Salud para todos aquellas mujeres que por distintas circunstancias han tomado la decisión, de ninguna manera sencilla ni trivial, de interrumpir un embarazo no deseado.
Las modificaciones que proponemos al Código Penal Federal eliminan las penas para las mujeres que decidan abortar, y brindan certeza jurídica al personal médico adscrito a los hospitales federales que deba ayudarles, de modo tal que sólo permanece la pena para aquellos que obliguen a abortar a una mujer sin su consentimiento o por medio de la violencia, y delega la ejecución de dichas penas a la ley local en la materia.
Para terminar: quiero aprovechar este espacio para expresar la preocupación de Alternativa y la mía propia frente a la agresiva campaña de aquellos que no están de acuerdo en legislar sobre los derechos de las mujeres como se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; una campaña de intolerancia e incitación al odio en la cual han sido amenazados tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil, particularmente, la organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A todos ellos les enviamos nuestra solidaridad.
Queremos dejar claro que es trabajo de todos construir espacios de discusión, tolerancia y respeto a la pluralidad de creencias; y que es deber del Estado garantizar el respeto y la seguridad para instituciones y personas que expresan sus puntos de vista y sus posiciones tanto en éste, como en cualquier otro tema de nuestra vida pública.
En Alternativa consideramos que ha llegado el momento de alentar un diálogo nacional serio, amplio, abierto, constructivo e incluyente; encaminado a lograr resultados tangibles y mensurables para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, tanto en la esfera privada como en la pública. Por ello, solicitamos respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política, de esta H. Cámara de Diputados, que analice la posibilidad de favorecer el diálogo entre las diversas posiciones que respecto al tema del aborto se expresan en nuestra sociedad. Estamos por el debate de ideas y el diálogo, serio, respetuoso e informado, donde la ciencia, el conocimiento y la razón confluyan para encontrar una solución inteligente al problema del aborto. Como representantes populares no podemos permitir que la mentira, el odio y la sinrazón sea la moneda de cambio para mantener una legislación arcaica que solo propicia la injusticia y más muertes de mujeres.
Alternativa Socialdemócrata los conmina a tomar una posición racional, realista y objetiva sobre este asunto, para legislar en función de una política de Estado. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para reivindicar los derechos esenciales de millones de mujeres mexicanas. Esperamos sinceramente que nos acompañen en este esfuerzo.
Agradezco a la Dip. Martha Tagle su adhesión a esta propuesta.
Nota: Después de presentar la iniciativa en Tribuna, la iniciativa contó con las adehesiones de l@s siguientes legisladores: Maricela Contreras, Ruth Zavaleta y María Eugenia Jiménez y Javier González Garza del PRD; Patricia Castillo y Alejandro Chanona de Convergencia; Ricardo Cantú del Partido del Trabajo; Diódoro Carrasco, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional y Marina Arvizu, del Partido Alterantiva Socialdemocrata y Campesina.
Publicadas por Elsa Conde a la/s 8:31 p. m. No hay comentarios.: Vínculos a esta publicación
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