Source: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/f_st141_11.htm
Timestamp: 2016-02-08 22:52:38
Document Index: 79741996

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 2']

Derecho del Bienestar Familiar [F_ST141_11] Inicio
FICHA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL-SENTENCIAS DE TUTELA
SENTENCIA: T-141-2011
TEMA (S): (Derechos constitucionales que concentran la atención de la Corte)	-Derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la igualdad
SUBTEMA(S): (Hechos o condiciones más relevantes que concentran la atención de la Corte)
-Desplazamiento por la violencia
-Encuesta de SISBEN
HECHOS RELEVANTES La accionante presento acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Ella afirma que se desplazó el 4 de diciembre de 2009 a Puerto Trujillo por amenazas de las FARC y se ubicó en Villavicencio con sus 7 hijos menores. La Procuraduría Regional de Villavicencio le negó la inscripción en el RUPD por encontrarse en la SISBEN en la ciudad de Villavicencio en el momento de los hechos del desplazamiento.
PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL QUE ANALIZA Y RESUELVE LA CORTE ¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de la accionante y de sus hijos menores, desplazados por la violencia, al haberle sido negada la inscripción al Registro Único de Población Desplazada al considerar como falta a la verdad el hecho de que la accionante se encontrara afiliada al Régimen Subsidiado a través del SISBEN en un municipio diferente del lugar de desplazamiento? RATIO DECIDENDI
«(…) Desplazado, según el artículo 1o de la Ley 387 de 1997(1), es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (Subrayado fuera del texto).
El desplazamiento(2), ha dicho esta Corte, “causa un desarraigo de quien es sujeto pasivo del mismo, debido a que es apartado de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo, su familia, sus costumbres, su cultura, y es trasladado a un lugar extraño para intentar rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por la falta de atención del Estado como garante de sus derechos y de su status quo”(3). Quien es víctima del desplazamiento forzado está expuesto a un nivel mayor de vulnerabilidad y al empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida, por cuanto su situación implica una múltiple vulneración de los derechos fundamentales. En razón a esa situación de vulnerabilidad, sobre el Estado se erige la obligación apremiante de garantizar los derechos de los ciudadanos incursos en esta situación especial de indefensión en aplicación del artículo 13 Superior(4), que impone la carga al Estado de adoptar medidas que concluyan en la atención, protección y consolidación socioeconómica de los desplazados internos mediante soluciones pacíficas, duraderas y prontas.
4. Precisamente, para el acceso a estas medidas se ha dispuesto de un Registro Único de la Población Desplazada(5), el cual permite, una vez se reconoce por parte del Estado la situación de hecho del desplazamiento declarada por la víctima, el suministro de los componentes de asistencia a que por ley tienen derecho, de allí el carácter fundamental(6) al reconocimiento, a través del Registro, de la condición de persona desplazada por la violencia.
Para el acceso de la persona desplazada al Registro Único, el Decreto 2569 del 2000 dispuso criterios para la recepción y evaluación de la declaración realizada por la persona que dice ser desplazada por la violencia a efectos de ser inscrita en dicha calidad.
Respecto de la 1ª causal de rechazo, relacionada con la deducción de que se falta a la verdad cuando la persona que dice ser desplazada está afiliada a la seguridad social en un municipio ajeno del lugar de desplazamiento(7), esta Corte ha dicho que la entidad encargada del registro debe efectuar una actividad probatoria con el fin de desvirtuar las razones señaladas por la persona que dice ser desplazada para justificar la afiliación. Si no se logra desvirtuar las razones y haciendo uso del principio de favorabilidad y de buena fe, que implica prima facie, tener como ciertas las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante, se debe proceder a su registro como persona víctima de la violencia. (…)
De lo expuesto, se ha de resaltar que la buena fe constituye un elemento primordial en los principios que debe conducir la interpretación de las normas acerca del desplazamiento. Es un criterio que debe guiar el actuar de la autoridad administrativa encargada de disponer el registro y de los operadores jurídicos y, asimismo, es un elemento que se ha de tener en cuenta al momento de considerar si se falta a la verdad en la declaración de quien dice ser desplazado.
Respecto de la prueba de la condición de desplazado, esta Corte ha señalado que la situación de desplazamiento es de muy difícil prueba y por ende no puede tener un manejo probatorio estricto, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra(8). (…)
De este modo, no se le puede exigir a la población desplazada por la violencia plena prueba acerca de su situación, sino que basta una prueba sumaria, en donde los indicios son válidos y se configuran, por ejemplo, cuando una persona abandona sus bienes y una comunidad. No es necesario, así, la certeza de los hechos ocurridos como si se tratara de un juicio ordinario, pues algunas veces la violencia que genera el desplazamiento es silenciosa y por ende la tarea de probar sería imposible de ejecutar.
Finalmente, esta Sala advierte que las razones aducidas por los jueces de instancia en este proceso de tutela no tienen fundamento alguno, por cuanto en primer lugar como lo dijo la accionante y en respuesta de la entidad accionada, la demandante no presentó recurso de apelación contra la resolución que dispuso no incluirla en el registro único de población desplazada. Y en segundo lugar, en razón a que la exigencia a una persona desplazada por la violencia de probar un perjuicio irremediable para justificar el no uso de los medios ordinarios de defensa judicial, va en contravía de la reiterada jurisprudencia de esta Corporación que ha dispuesto que:
“Debe quedar claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados”(9) (…)»
REGLA CONSTITUCIONAL QUE APLICA LA CORTE AL RESOLVER EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO - - Extraer de la Ratio decidendi, sintetizar y redactar Para el acceso de la persona desplazada al Registro Único, el Decreto 2569 del 2000 dispuso criterios para la recepción y evaluación de la declaración realizada por la persona que dice ser desplazada por la violencia a efectos de ser inscrita en dicha calidad.
Determino que la entidad correspondiente no efectuara la inscripción en el registro cuando:
1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad
2. Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1o de la Ley 387 de 1997
3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1o de la Ley 387 de 1997. En tales eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa
Respecto de la 1ª causal de rechazo, relacionada con la deducción de que se falta a la verdad cuando la persona que dice ser desplazada está afiliada a la seguridad social en un municipio ajeno del lugar de desplazamiento, esta Corte ha dicho que la entidad encargada del registro debe efectuar una actividad probatoria con el fin de desvirtuar las razones señaladas por la persona que dice ser desplazada para justificar la afiliación. Si no se logra desvirtuar las razones y haciendo uso del principio de favorabilidad y de buena fe, que implica prima facie, tener como ciertas las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante, se debe proceder a su registro como persona víctima de la violencia. NOTAS AL PIE:
1. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
2. En reiterada jurisprudencia esta Corte ha analizado la situación del desplazamiento forzado y con ocasión a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional ha desarrollado una política pública en función a satisfacer las necesidades básicas de este grupo en situación de vulnerabilidad. De este modo, ha propuesto unos parámetros de política diferencial en razón a los sujetos (niños y niñas, jóvenes, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, grupos afro colombiano, indígenas, otros) y en razón a las necesidades por satisfacer (ayuda humanitaria de emergencia, criterios de reparación, acceso a educación, vivienda, servicios de salud, entre otros).
3. T-600-09.
4. T-025-04.
5. El Decreto 2569 de 2000 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones, determinó en el artículo 4o lo siguiente:
“Artículo 4o. Del registro único de población desplazada. Créase el Registro Unico de Población Desplazada, en el cual se efectuará la inscripción de la declaración a que se refiere el artículo 2o del presente decreto. El Registro se constituirá en una herramienta técnica, que busca identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia”.
6. T-025-04, T-328-07, T-496-07, T-821-07, T-042-09, 7. Este supuesto de hecho general se ha dado en los siguientes casos: T-215-09, T-787-08, T-721-08, T-630-07, T-496-07, T-1076-05.
En la tutela T-215-09 la accionante luego de un primer desplazamiento del Municipio de Turbo, se incluyó en el Sisben del Municipio de Bello. Posteriormente se fue a vivir al Municipio de Valdivia, lugar del que fue desplazada por la violencia al municipio de Bello. Por estar inscrita en el Sisben del Municipio de Bello fue negado su registro. En la sentencia T-787-08 el supuesto de hecho base de esta acción trata de la negativa al registro único de personas desplazadas por la violencia de una menor, por cuanto se encontraba inscrita en el Sisben de Villavicencio y ella aducía que era desplazada de la vereda de Puerto Chispas.
En la tutela T-721-08 la accionante adujo que se afilió al régimen contributivo en Villavicencio para que fuera atendido uno de sus hijos en el sistema de salud, pero que una vez superada la enfermedad retornó a Vista Hermosa (Meta) en donde estaba afiliada al Sisben, lugar del que señaló fue desplazada. Por estar incluida en el régimen contributivo en Villavicencio, fue negado su registro.
En la sentencia de tutela T-630-07 la accionante se encontraba inscrita en el Sisben de Bogotá, por lo que Acción Social consideró que faltaba a la verdad la afirmación de que era desplazada del municipio de Cabrera, Cundinamarca. En la tutela T-496-07 el supuesto de hecho se basa en que la accionante señalaba que era desplazada de Támesis, Antioquia, pero se encontraba registrada en el Sisben de la Estrella, Antioquia. En la tutela T-1076-05 la accionante adujo que se desplazó del municipio de Solita, Caqueta, a Pitalito, Huila. Le niegan el registro, porque se encontraba inscrita en la encuesta Sisben de Pitalito. En este caso, se ha de señalar que la encuesta Sisben se efectuó luego del desplazamiento, pero con posterioridad a la solicitud de registro como persona desplazada. 8. T-397-09 reitera la sentencia T-468-06.
9. T-086-06, T-721-08.
Última actualización: 6 de Diciembre de 2015