Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25693
Timestamp: 2020-02-22 23:02:30
Document Index: 146962422

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 221', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 174', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 173', 'artículo 174', 'artículo 221', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 174', 'Artículo 222']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 71/2018
AUTO 71/2018, de 20 de junio
ECLI:ES:TC:2018:71A
1. El 17 de abril de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal oficio del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona, al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 105-2016 que se tramita ante dicho juzgado, el Auto de 3 de abril de 2018, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en adelante, LGSS 1994).
a) La demandante en el procedimiento a quo solicitó pensión de viudedad por fallecimiento de su pareja de hecho. Con fecha de 23 y 29 de diciembre de 2015, le fueron denegadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social tanto la solicitud como la posterior reclamación, por no resultar acreditada la constitución de una pareja de hecho con el causante y disponer de ingresos superiores a los exigidos en el artículo 174.3 LGSS 1994.
b) En fecha 15 de diciembre de 2016 presentó demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que se le concediera la pensión de viudedad solicitada. La demanda sostuvo una convivencia estable, notoria e ininterrumpida de más de veinte años con el causante. En cuanto a la acreditación de dicha circunstancia, efectuó las siguientes alegaciones: (i) Se habían adjuntado a la reclamación administrativa diversos certificados (entre ellos, unos de convivencia emitidos por el Ayuntamiento de Sitges para el periodo a partir de 12 de julio de 1998), contratos de alquiler de vivienda, cuentas bancarias y el testamento del causante; (ii) La falta de inscripción registral se debe a la inexistencia de registro de parejas de hecho en el citado municipio; (iii) El concepto de pareja de hecho y su acreditación debe efectuarse de acuerdo con lo que disponga la legislación específica: la legislación catalana, aplicable en el supuesto, no exige inscripción en registro alguno, razón por la cual la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 16 de abril de 2012 y 21 de octubre de 2009) exime de dicho requisito a las solicitudes de pensión de viudedad, siempre que se cumplan el resto de los requisitos (convivencia ininterrumpida por dos años).
c) Tras una suspensión, el acto de juicio se celebró finalmente el día 16 de octubre de 2017, con asistencia de la parte demandante y la parte demandada, tal como ha certificado la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona mediante diligencia de ordenación de 23 de abril de 2018.
d) Por providencia de 24 de octubre de 2017, se acordó dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que realizaran alegaciones respecto a la pertinencia de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las partes y el Ministerio Fiscal formularon alegaciones dentro del término conferido. Las alegaciones del Letrado del Instituto Nacional de la Seguridad Social no solo se refirieron a la no pertinencia de la cuestión prejudicial, sino también, con cierta extensión, a la constitucionalidad del precepto legal aplicable en el supuesto. Por Auto de 2 de febrero de 2018 el órgano judicial acordó finalizar el incidente, toda vez que no se consideró procedente el planteamiento de la cuestión prejudicial.
e) Por providencia de la misma fecha (2 de febrero de 2018), el órgano judicial planteó la posibilidad de formular cuestión de inconstitucionalidad con respecto al artículo 174.3, párrafos primero, segundo y tercero, LGSS 1994, que era la vigente en el momento del hecho causante (aunque el mismo redactado se conserva en el artículo 221.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015) con base en la posible vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación del artículo 14 CE, en relación con el artículo 41 CE, con la siguiente argumentación: “en tanto que, una vez equiparada la situación de las personas que han contraído matrimonio con las parejas de hecho, se establece el requisito de dependencia económica a estas parejas, a diferencia de las personas que han contraído matrimonio, lo cual no encontraría ninguna explicación razonable de este tratamiento diferenciado, ya que el fundamento de la pensión sería el mismo para los supérstites de un matrimonio que de una pareja de hecho y la situación de necesidad a la cual se refiere el artículo 41 de la Constitución Española se produce con la falta o minoración de los ingresos de la unidad familiar, lo cual afecta de igual modo al sobreviviente de un matrimonio como de una pareja de hecho”.
f) Por diligencia de ordenación de 9 de marzo de 2018, la Letrada de la Administración de Justicia declaró finalizado el plazo y por presentadas las alegaciones por la parte actora y pasó los autos al órgano judicial para dictar resolución.
g) Mediante Auto de 3 de abril de 2018, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 LGSS 1994.
3. Tras sintetizar los hechos, reproducir el precepto cuestionado en las normas entonces y ahora vigentes y recordar los presupuestos para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el Auto de planteamiento consideró que se cumplían los requisitos formales y procesales para ello en el presente supuesto.
El Auto señala que la STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, fijó los términos del debate en torno a la justificación del desigual tratamiento del matrimonio y las parejas de hecho en materia de prestaciones de la Seguridad Social. Ahora bien, la misma Sentencia en el fundamento jurídico 4 también consideró que el fundamento de la pensión de viudedad no es la situación de necesidad del viudo/a para asegurarle una renta mínima, sino para remediar el daño que produce la disminución de ingresos en la familia a causa de la muerte del cónyuge. De ello el órgano judicial concluye que la concesión de una pensión de viudedad para las “parejas de derecho” es independiente de los ingresos del viudo/a —si bien cuantificada en función de la cotización a la Seguridad Social efectuada por el causante—; en cambio, con la regulación vigente a las parejas de hecho se les exige la concurrencia de ciertos requisitos económicos para causar la pensión.
El órgano judicial recoge un fragmento de la STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 4, en el que, en referencia a la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, el Tribunal Constitucional afirmó que, aunque en su configuración actual, introducida en 1972, la pensión de viudedad en el caso de matrimonio, no tenga por estricta finalidad atender a una situación de necesidad o de dependencia económica, sino más bien compensar frente a un daño, cual es la falta o minoración de unos ingresos, ello no impide que el legislador pueda configurarla legítimamente en el futuro de distinto modo, condicionando su reconocimiento o su cuantía o su compatibilidad con otras rentas o pensiones a la existencia de un estado real de necesidad del supérstite o de dependencia económica del causante, así como, en su caso, a la existencia de cargas familiares. De dicho fragmento el órgano judicial deduce que el Tribunal Constitucional consideró en su momento que la diferencia de trato entre parejas casadas y no casadas era una decisión del legislador que no vulneraba el artículo 14 CE, pero que, cuando el legislador ha establecido la equiparación entre ambos tipos de parejas, no hay razón que justifique la diferencia de trato.
4. Por providencia de 8 de mayo de 2018, la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, y a los efectos que determina el artículo 37.1 LOTC, alegase lo que considerase conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC).
5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 31 de mayo de 2018. Si bien estima cumplidos los demás requisitos procesales, considera que en el Auto de planteamiento no se formula correctamente el juicio de relevancia, por los motivos que se indican a continuación.
En definitiva, a los efectos del juicio de relevancia, el Auto de planteamiento no explica por qué el fallo depende de los requisitos económicos cuestionados, puesto que no afirma, en ningún momento, que se hayan cumplido los requisitos formales que el párrafo cuarto del artículo 174.3 exige para estimar acreditada la existencia de pareja de hecho; tampoco dice que no estime necesario el cumplimiento de dichos requisitos formales. Por tanto, si no se ha descartado en el Auto el motivo principal por el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no concedió la pensión y se ha opuesto a la demanda —que no se ha acreditado la existencia de pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o formalizada en documento público, con al menos dos años de antelación a la muerte del causante—, el Fiscal General considera que no está debidamente justificado que el sentido del fallo dependa de la constitucionalidad de los tres párrafos del artículo 174.3 LGSS 1994 que establecen los requisitos económicos, porque sean o no conformes a la Constitución el fallo seguirá teniendo que ser desestimatorio. Justamente la existencia y exigencia de dichos requisitos fue considerada conforme a la Constitución por la STC 40/2014, de 11 de marzo, doctrina posteriormente confirmada en las SSTC 51/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo. Por ello, no puede considerarse que sea tan evidente que no proceda exigir los requisitos formales del párrafo cuarto del artículo 173 LGSS 1994, hasta el punto de que no sea necesario dar explicación suficiente al respecto.
1. La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona respecto de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 174.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de Seguridad Social (en adelante, LGSS 1994), actualmente derogados pero vigentes en el momento en el que se solicitó la pensión de viudedad que constituye el objeto del litigio en el procedimiento a quo. De todas formas, la redacción del mencionado precepto coincide plenamente con la del vigente artículo 221.1 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.
2. De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), este Tribunal puede rechazar en trámite de admisión y mediante Auto, sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad “cuando faltaren las condiciones procesales”.
Acerca de tales condiciones, es preciso comenzar recordando, como dijimos en la STC 79/2015, de 30 de abril, FJ 3, que los apartados primero y segundo del artículo 35 LOTC exigen, respectivamente, que la norma con rango de ley de la que tenga dudas un juez o tribunal resulte “aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo” y que el órgano judicial “deberá especificar o justificar” en el Auto de planteamiento de la cuestión “en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma” de que se trate. En atención a lo expuesto, es exigible que la norma cuestionada supere el llamado juicio de relevancia, que se erige en uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita (por todas, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2, y 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 2). De ahí que este Tribunal haya estimado que debe darse una verdadera “dependencia” (STC 189/1991, de 3 de octubre, FJ 2), o un “nexo de subordinación”, entre el fallo del proceso y la validez de la norma cuestionada (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 1). Así, no basta con que el Tribunal ordinario considere que la norma es aplicable al caso, sino que también ha de satisfacerse el requisito de la relevancia; si bien la aplicabilidad de la norma es condición necesaria para que el fallo dependa de su validez, no es, en modo alguno, condición suficiente (SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 4, y 156/2014, FJ 2).
3. En la cuestión aquí analizada, el Fiscal General del Estado, al evacuar el trámite del artículo 37.1 LOTC, deja constancia de que el Auto de planteamiento no explica por qué el fallo depende de la validez de los requisitos económicos cuestionados, puesto que no afirma, en ningún momento, que se hayan cumplido los requisitos formales que el párrafo cuarto del artículo 174.3 LGSS 1994 exige para estimar acreditada la existencia de pareja de hecho; tampoco dice que no estime necesario el cumplimiento de dichos requisitos formales para estimar acreditada la existencia de una pareja de hecho. Máxime cuando, por una parte, la exigencia de tales requisitos formales ha sido considerada conforme a la Constitución por este Tribunal (SSTC 40/2014, de 11 de marzo; 51/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo) y, por otra parte, su incumplimiento fue la razón fundamental tanto de la denegación de la pensión en vía administrativa como de la posterior oposición a la demanda por la entidad gestora de la Seguridad Social.
Este Tribunal aprecia, a la luz de la doctrina constitucional transcrita, que la afirmación por el órgano judicial de la aplicabilidad y relevancia de los preceptos legales sobre los que se promueve una cuestión de inconstitucionalidad no es suficiente cuando en el Auto de planteamiento no se contiene un pronunciamiento sobre el cumplimiento o no de los otros requisitos legales que sustentaron de forma principal la denegación de la prestación solicitada en vía administrativa y que han fundamentado también de forma principal la oposición a la demanda en el procedimiento judicial a quo.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 2039-2018
Fecha de resolución 20/06/2018
Se inadmite por inadecuada formulación del juicio de relevancia la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, que exigía a quien fuese pareja de hecho del causante en el momento de su fallecimiento no superar un determinado nivel de ingresos para poder optar a una pensión de viudedad. La estimación o desestimación de la demanda en el procedimiento a quo no dependía solo de la validez de los requisitos económicos impugnados, sino también de la acreditación de la condición de pareja de hecho, lo que no se encuentra debidamente justificado en el auto de planteamiento.
Artículo 174.3 párrafo 1
Artículo 174.3 párrafo 2
Artículo 174.3 párrafo 3
Artículo 174.3 párrafo 1, f. 1
Artículo 174.3 párrafo 2, f. 1
Artículo 174.3 párrafo 3, f. 1
Artículo 174.3 párrafo 4, f. 3
Artículo 222.1, f. 1
Acreditación de la unión de hechoAcreditación de la unión de hecho, f. 3