Source: https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/constitucional-y-derechos-humanos/se-deben-fijar-limites-los-periodistas
Timestamp: 2019-12-07 19:18:04
Document Index: 188313174

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'in dubio', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 20']

¿Se deben fijar límites a los periodistas judiciales? (I) | Noticias jurídicas y análisis de nuevas leyes AMBITOJURIDICO.COM
La Corte Constitucional, a través de una reciente sentencia de unificación, de la que solo se conoce su comunicado, determinó que en una nota periodística de Noticias Uno no se vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre del político Luis Alfredo Ramos, porque dicho informativo siempre se refirió en la información a la existencia de un proyecto de fallo o ponencia en su contra.
Es decir, utilizó expresiones condicionales que indicaban la posibilidad de una condena, pero el noticiero no mencionó una sentencia en firme, ni tampoco calificó al actor como una persona responsable de haber cometido un delito, en el marco de una investigación por “parapolítica”.
Y es que de la noticia, en palabras de la Corte, no se desprende siquiera una afirmación por parte del medio sobre la responsabilidad penal del actor. “Queda claro que está siendo investigado, que existe un proyecto de sentencia con un sentido condenatorio y que la postura allí contenida se debió a ciertos medios probatorios a los cuales hace referencia esa ponencia”.
No obstante, y aquí está el meollo del asunto, la filtración de una ponencia por parte, muy probablemente, de servidores públicos responsables de la tramitación del proceso afectó el derecho de Ramos a un juicio limpio y con todas las garantías, en la medida en que facilita la exposición mediática y el debate, en un entorno distinto del foro judicial, de un asunto sometido a reserva y cuya develación constituye conducta penal y disciplinaria.
“Tales valoraciones de terceros, propiciadas por la filtración, pueden generar una afectación del proceso de decisión del juez, de su imparcialidad e independencia y de la presunción de inocencia del procesado”, explica el fallo.
El pronunciamiento destaca que los trabajos de particulares externos al foro penal hacen parte del libre ejercicio del periodismo y de la opinión, pero insiste en que no es admisible, desde ningún punto de vista, la revelación de documentos reservados por parte de sus garantes. Así mismo, afirmó que defiende la libertad de información, al tiempo que insistió en que los documentos reservados deben mantenerse así, dada la prohibición de su divulgación.
En consecuencia, aclaró, la libertad de información no es absoluta y muestra de ello es que el artículo 20 de la Constitución enfatiza la responsabilidad social de quienes informan. Este artículo textualmente contempla: se garantiza a toda persona recibir información veraz e imparcial. (Lea: Caso Colmenares, verdad jurídica vs. representación audiovisual)
Tensión a resolver
Esta providencia ha generado una reflexión obligatoria sobre la ponderación de derechos iusfundamentales. De un lado, la libertad de expresión de los medios, la cual, en razón a la disrupción del mundo digital, ha generado sobreproducción de contenidos y titulares que capten más audiencias. En otros casos distintos al mencionado al inicio de este informe, al cual se le reconoció rigor periodístico, se han cometido imprecisiones, faltas de interpretación o conceptuales sobre decisiones judiciales:
Las noticias de contenido jurídico exigen rigurosidad y precisión, pues lo contrario puede generar vulneración de derechos y posteriores solicitudes de aclaración o rectificación por parte de los afectados.
Pero también es injusto con la reputación y credibilidad de este gremio, teniendo en cuenta que el comunicador cumple la función social de divulgar y explicar al ciudadano en palabras coloquiales sentencias complejas.
No hablamos del reproche que puede tener un abogado cuando critica una noticia judicial presentada por un medio tradicional, consistente en el uso correcto del lenguaje jurídico; aunque esto ocurre, y es más común para los profesionales del Derecho que para una audiencia no especializada. Algunos errores frecuentes son cuando el comunicador no puede diferenciar entre denuncia y demanda, investigado y condenado, acción popular o de grupo.
Pero nos referimos a la vulneración de la garantía del debido proceso cuando hay una filtración de una ponencia, o la percepción de justicia con la que queda el público cuando los fallos no son informados con la precisión esperada:
Cinco expertos en Derecho Constitucional y Periodismo nos hablaron sobre esta ponderación entre derechos fundamentes:
¿El derecho al debido proceso prevalece sobre la libertad de expresión e información de los periodistas?
Director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda
Los derechos fundamentales a dar información y recibirla, así como el del debido proceso, no entran en conflicto, pues de asumir ello ciertamente uno de ellos no estaría expresamente consagrado en nuestra carta fundamental. No se trata de que uno prime sobre el otro, sino que en ciertos eventos entran en tensión y habrá que analizar cada caso en concreto.
Cuando estamos frente a personajes o funcionarios públicos, y sin lugar a duda aquellas personas que hacen parte de la política, las investigaciones judiciales de cualquier naturaleza contra ellos pasan a ser de interés público. No obstante lo anterior, es claro que la libertad de información y expresión abarca el dar y recibir información, pero el periodista debe ceñirse al estado real de la investigación, sin asumir juicios de valor en relación con la posible culpabilidad o no de dicho personaje o funcionario.
Abogado constitucionalista, magíster en Derecho de la Información en la Universidad de Ámsterdam
Asesor de Dirección de la Fundación para la libertad de prensa
No. Cualquier limitación a la libertad de expresión y de información debe tener en cuenta las reglas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto significa que, además de estar establecidas en leyes y proteger intereses legítimos, como el debido proceso, debe haber un análisis de si la restricción es necesaria y proporcional. Esto, en la práctica, significa que siempre se debe escoger la opción que menos restrinja la libertad de expresión y de información.
Abogado constitucionalista y comunicador social
Director del Departamento de Derecho de la Universidad Central
El derecho a la honra sí debe primar, en general, porque aliados al derecho al debido proceso están la presunción de inocencia y los principios de favorabilidad y de in dubio pro reo. La inmediatez en los medios informativos tiene más cercanías con aspectos de eficacia de la comunicación o proximidad a la primicia, pero precisamente esta preocupación comporta riesgos que, como dice la Corte, a veces producen resultados que incluso una corrección no remedian.
Abogado constitucionalista, magíster en Publicidad
Este tipo de cuestiones, que hacen parte de la órbita de la interpretación constitucional, siempre serán objeto de debate. Categorías como las de "libertad de expresión e información", "debido proceso" o "principio de inmediatez" hacen parte de lo que la teoría constitucional conoce como los "conceptos esencialmente controvertidos". Estos mecanismos metodológicos y conceptuales son especialmente útiles, en consideración a la controversia competitiva que generan.
En otras palabras, se debe valorar qué grado de libertad puede llegar a ser considerado transgresor del núcleo esencial del derecho al debido proceso que efectivamente asiste a la persona. Eso también supone que toda intromisión más allá de dicho núcleo esencial será reconocida como una violación a este derecho. Claramente los juicios de valor suponen y están fundados en los sentimientos, intereses, razones e instituciones sociales que los justifican, por lo que es deber del conjunto de la sociedad determinar hasta dónde está dispuesta a fijar los límites y el alcance de uno u otro derecho.
Abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Los Andes
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas
Los derechos fundamentales son relativos, esto es, ninguno es absoluto, en este caso el debido proceso y la libertad de expresión son derechos fundamentales relativos; así las cosas, ninguno debe primar sobre el otro, porque caeríamos en la tiranía de los derechos. Para evitar esta situación y que todos los derechos puedan convivir en un Estado social de derecho, Robert Alexy argumentó que los derechos fundamentales y los principios se ponderan en casos muy determinados cuando haya que escoger uno sobre el otro.
En ese orden de ideas, si el periodista informa lo que está pasando durante un proceso, pero dicha información es la documentada por los jueces en sus documentos oficiales o en sus entrevistas, en ninguno momento se viola el debido proceso y tampoco estarían los derechos en tensión o en conflicto. Pero si los periodistas, en un ejercicio de inmediatez, informan a la audiencia en general conceptos jurídicos inapropiados que la comunidad jurídica usa con técnica jurídica, se ve sometido a sanciones o violaciones de derechos.
Es obvio que la noticia debe salir lo más pronto posible, pero en estos casos el ejercicio de la profesión periodística debe ser más restringida, delimitada y precisa, la inmediatez no nos puede llevar a la desinformación y afectación de derechos, máxime con el poder de información que tiene el periodismo con un auditorio muy amplio que no entiende de leyes ni derechos
Limitación a la libertad de expresión
Volviendo a la decisión, que muchos catalogan como un precedente, la Corporación dejó por sentando que cuando se trata de la administración de justicia dicha responsabilidad implica deberes de colaboración con subuen funcionamiento.
Esto significa que el legislador puede imponer limitaciones, como lo autoriza el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al ejercicio de la libertad de expresión, pues puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán (i) estar establecidas en forma previa, precisa y clara en la ley; (ii) orientadas a lograr un objetivo imperioso y (iii) ser necesarias para el logro de los fines, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida.
Respecto a esta eventual limitación legislativa, los especialistas invitados dieron su opinión sobre si puede regularse e imponer limitaciones al ejercicio de los que informan.
Es necesario hacer la distinción entre si la información que se divulga involucra un personaje público, un funcionario público o un político, pues las investigación que contra estos cursen pueden llegar a ser de interés público y, en ese orden de ideas, en el periodismo es claro que estos quieren conocer y difundir el estado de las investigaciones. Pero además es un derecho de los ciudadanos el recibir información.
Como bien lo señala la Corte, el primer deber de la reserva de los expedientes judiciales corresponde a los funciones que están adelantando la investigación y a quienes intervienen en el proceso en cuestión, la violación de la reserva de un expediente judicial prima facie se le endilga al funcionario que lo tiene bajo su custodia, salvo casos extremos o irregulares en que el periodista hurte el expediente o soborne al funcionario para que le entregue copias del mismo (eventos claramente ilegales y no éticos).
Es claro que cualquier norma que pudiera expedir el Congreso de la República que tienda a restringir la libertad de expresión (dar y recibir información) sería extremadamente peligrosa y eventualmente inconstitucional si viola las disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 19 del Pacto de San José, si no atienden las limitaciones que se establecen en este último.
Es muy peligroso que la Corte haga este tipo de sugerencias. A pesar de que el legislador tiene competencia para regular derechos humanos, cuando se trata de libertad de expresión, la creación de cualquier tipo de regulación debe verse con cuidado. Existe un riesgo muy grande de limitar el debate público y la difusión de interés público.
Tengamos presente que se trata de una sentencia de unificación, circunstancia que le da un valor agregado especial, por los argumentos que se presentan desde diferentes posiciones. Considero que la decisión del alto tribunal es ajustada a Derecho, porque no existen derechos absolutos, todos los derechos deben ponderarse y equilibrarse de manera adecuada. La Carta Política consagra tanto el derecho a la honra como la responsabilidad de los medios de comunicación.
De manera general puede decirse, sin lugar a duda, que en Derecho no existen libertades absolutas. El ejercicio de los derechos siempre implica el reconocimiento del otro, quien siendo un igual merece las mismas consideraciones. Por lo tanto, el ejercicio de mis derechos y libertades estarán indefectiblemente limitadas por los derechos y libertades de los otros.
A ello precisamente hace referencia el artículo 20 de la Constitución Política, al contemplar que los medios "son libres y tienen responsabilidad social", o el comunicado de prensa, a propósito del caso del político Ramos, cuando afirma que "el legislador tiene competencia para regular esta responsabilidad, siempre dentro del marco de los derechos fundamentales y demás principios de la Constitución". En este sentido, es claro que incluso el legislador encuentra límites a su actividad y prerrogativas ¿por qué no debería tenerlas una profesión como el periodismo?
Todo el mundo debe saber, inclusive los periodistas, que todos los derechos fundamentales son relativos, esto quiere decir que todos estos derechos pueden tener restricciones por parte de los jueces y del legislador. En este sentido, si la vida como derecho fundamental es relativo, porque inclusive en legítima defensa se puede matar, con mayor razón el derecho fundamental acerca de la libertad de información debe tener limitaciones.
Así, los periodistas deben tener muy claro que su derecho fundamental de informar puede verse limitado cuando entra en tensión con otro derecho fundamental como el debido proceso de un ciudadano y el principio general y constitucional como lo es la presunción de inocencia; en estos casos, estos profesionales deben ser muy cuidadosos de lo que informan para no versen involucrados en delitos por violación de derechos fundamentales de las personas, pues queda claro que su derecho a la información no es absoluto.
Si esto no es claro para el ejercicio de la profesión periodística y al mismo tiempo se desea cuidar de ambos derechos, esto es, por un lado el debido proceso y, por el otro, la información, entonces le tocará al legislador señalar algunas restricciones, sin que esto violente el derecho fundamental de la información.
Está abierto el debate sobre el periodismo, sus límites y responsabilidades. Lo cierto es que esta tensión merece un trabajo entre abogados constitucionalistas, directores de medios y periodistas judiciales, así como requiere aportes de académicos de Derecho y Periodismo, para que el debate constitucional sea fructífero.
En nuestra próxima entrega trataremos de resolver preguntas como si las Facultades de Comunicación Social deben hacer transversal la enseñanza de Derecho Constitucional y Penal.