Source: http://gonzaleztorresabogados.blogspot.com.es/2013/11/
Timestamp: 2018-05-24 09:56:00
Document Index: 61879277

Matched Legal Cases: ['artículo 1068', 'artículo 392', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 56', 'artículo 11']

Gonzalez Torres Abogados SL: noviembre 2013
PROCEDE EL DESAHUCIO POR PRECARIO DE UN COHEREDERO QUE DISFRUTE DE UN BIEN HEREDITARIO SIN HABERSE PARTIDO LA HERENCIA
PROCEDE EL DESAHUCIO POR PRECARIO DE UN COHEREDERO QUE DISFRUTE DE UN BIEN HEREDITARIO SIN PAGAR RENTA NI TENER TITULO ARRENDATICIO SIN HABERSE PARTIDO LA HERENCIA NI ADJUDICADO LOS BIENES:
El TS estima el recurso de casación de los coherederos mayoritarios y confirma el desahucio por precario del hermano demandado, que ocupa, sin haber dividido la herencia , varias fincas sin pago de renta. El TS ha señalado que en el período de indivisión que precede a la partición, los herederos poseen el patrimonio del causante colectivamente, permaneciendo indeterminados sus derechos hasta que la partición se realiza, y en este estado de indivisión, ningún heredero puede reclamar para sí, sino para la comunidad hereditaria.
2º) El TS ha tenido ocasión de examinar la cuestión jurídica expuesta en sentencias como la de 16 de septiembre de 2010; en esta resolución, tras analizar detenidamente las diferentes soluciones ofrecidas por las audiencias provinciales, se alcanza a declarar la viabilidad del desahucio por precario instado por los coherederos mayoritarios frente al minoritario, cuando la herencia permanece indivisa; en concreto declara la sentencia citada en su fundamento de derecho segundo, tras analizar las diferentes posturas de las audiencias provinciales: «El artículo 1068 del Código Civil establece que "la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados"; la partición hereditaria tiene por objeto la transformación de las participaciones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto en titularidades concretas sobre bienes determinados, bien en propiedad exclusiva, bien en prodivisión, ya que, efectivamente, de la comunidad hereditaria puede pasarse, por vía de partición, a un estado de indivisión regido por las normas de la comunidad ordinaria, o por cuotas o romana ( artículo 392 del Código Civil), ( SSTS de 20 de octubre de 1992, 25 de abril de 1994, 6 de marzo de 1999, 28 de junio de 2001 y 25 de junio de 2008). Las SSTS de 8 de mayo de 2008 (R.C.11/2001) y 26 de febrero de 2008, han declarado que "si algún heredero, hace uso exclusivo de algún bien, al no tener título que ampare su posesión, se coloca como precarista siendo viable la acción ejercitada, más esa concepción en modo alguno puede comportar la inexistencia del derecho a coposeer como lógica emanación del derecho de propiedad, no encontrándonos, ante una posesión sin título, sino ante un posible abuso en el ejercicio del derecho, exceso que queda determinado por el uso en exclusiva de un concreto bien, necesariamente comporta el implícito derecho a poseer en cuestión por parte de los coherederos".
El Tribunal Supremo tiene declarado que "Hasta que no se efectúe la partición por cualquiera de los medios admitidos en Derecho no adquieren los herederos la propiedad exclusiva de cualquier bien hereditario" ( SSTS de 3 de junio de 2004 y 17 de diciembre de 2007).
En el presente caso, no aparece acreditado en las actuaciones que se hubiera verificado la partición de los bienes hereditarios, tampoco la división de bienes, ni su adjudicación».
Continúa la sentencia antes citada declarando que en el período de indivisión que precede a la partición hereditaria los herederos poseen el patrimonio del causante colectivamente, permaneciendo indeterminados sus derechos hasta que la partición se realiza, y en este estado de indivisión, ningún heredero puede reclamar para sí, sino para la comunidad hereditaria. La partición tiene carácter de operación complementaria de la transmisión y es siempre indispensable para obtener el reconocimiento de propiedad sobre bienes determinados ( STS de 4 de mayo de 2005).
Por lo que el TS exige estimar la demanda instada por la parte actora, en beneficio de la comunidad hereditaria, y acordar el desahucio por precario de las fincas que están siendo usadas por los demandados y que pertenecen a la comunidad hereditaria de los fallecidos.
Publicado por Pedro Torres Romero en 19:04 Enlaces a esta entrada
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FONDO DE GARANTIA DE ALIMENTOS RECONOCIDOS E IMPAGADOS A FAVOR DE HIJOS MENORES DE EDAD
FONDO DE GARANTIA DE PAGO DE ALIMENTOS:
1º) Se puede solicitar el anticipo de la pensión de alimentos al Estado a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, por el que el Estado garantizaría el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos menores de edad siempre que se cumpliera determinados requisitos que quedaron recogidos en el RD 1618/2007, de 7 de diciembre sobre organización y funcionamiento del fondo de garantía del pago de alimentos.
2º) OBETIVO DEL FONDO: Garantizar a los hijos e hijas menores de edad el pago de los alimentos reconocidos e impagados y que se hubieren establecido en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Para acceder a los anticipos de dicho Fondo es imprescindible que la resolución por la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles.
3º) PERSONAS BENEFICIARIAS:
- Españoles menores de edad.
- Menores de edad nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España.
- Menores de edad extranjeros y no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, siempre que:
- Las hijas e hijos mayores de edad con un grado de discapacidad acreditado igual o superior a 65% .
4º) SOLICITUDES: Quienes tengan la guarda y custodia de los y las menores con derecho al pago de alimentos, reconocido en resoluciones dictadas por tribunales españoles y donde conste la exigencia de haber instado la ejecución de esa sentencia sin haber obtenido el pago.
5º) Lugar de presentación de la solicitud:
- Registros de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas.
- Registros de las Delegaciones de Economía y Hacienda.
- Registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o a la Administración Local.
- Cualquier otro Registro que establezcan las disposiciones vigentes.
6º) Órgano competente para resolver: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda.
7º) Requisitos económicos: Debe acreditarse la situación económica de la unidad familiar en la que vivan los beneficiarios.
- La formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad que se encuentren a su cargo.
- La formada por las y los menores y la persona física que los tenga a su cargo por tener atribuida su guarda y custodia.
8º) Cuantía del anticipo: Se considerará siempre en importes mensuales. La persona beneficiaria tendrá derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con una cuantía máxima de 100 euros por cada menor o persona beneficiaria.
9º) Plazo máximo de duración: El plazo máximo será de 18 meses.
10º) Incompatibilidades: Con prestaciones o ayudas de la misma naturaleza y finalidad reconocidas por las distintas Administraciones Públicas.
11º) Procedimiento de urgencia: Para quienes acrediten una situación de urgente necesidad. Se considera tal:
- Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen el límite que corresponda, reducido en 0,5 puntos el coeficiente.
- Cuando la persona que ostente la guardia y custodia del menor sea víctima de violencia de género.
- La ejecución civil de la sentencia con resultado infructuoso y que además se emita una certificación de la misma expedida por la/el Secretaria-o judicial.
- El cumplimiento de determinados requisitos económicos por parte de la solicitante (ejecutante).
12º) En conclusión, las personas beneficiarias deberán ser titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, cuando instada la ejecución de la resolución judicial se acredite, mediante certificación expedida por la Secretaría Judicial, el resultado infructuoso de la misma, y los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar (se incluyen los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y el saldo neto de ganancias y pérdidas patrimoniales), computados anualmente, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren la unidad familiar. Dicho coeficiente será del 1.5 si sólo hubiera un hijo o una hija, y se incrementará en 0.25 por cada hija/o, de forma que el coeficiente será del 1.75 si hubiera dos hijas/os en la unidad familiar y de 2 de haber tres hijas/os, y así sucesivamente.
Publicado por Pedro Torres Romero en 18:21 Enlaces a esta entrada
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NO CABE PRESENTAR DEMANDA O QUERELLA CONTRA EL REY POR ACTOS PERSONALES O REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO
LA FIGURA DEL REY ES INVIOLABLE Y NO PUEDE SER DEMANDADO ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES:
Un AUTO del Juzgado de Primera Instancia nº 19, de Madrid, de 9-10-2012, nº autos 1450/2012, en una demanda civil en la que se solicitaba que declarara que el actor es hijo por vía consanguínea del Rey de España, rechazó la acción de filiación ejercitada, no admitiéndose a trámite, ante al blindaje constitucional de la persona del Rey, no sujeta a responsabilidad. No existe precepto legal que atribuya a este Juzgado o a cualquier otro Tribunal, el conocimiento de las demandas que puedan dirigirse contra el Rey, ya sea por actos de carácter personal o en el ejercicio de su cargo.
El art. 56.3 de la Constitución Española establece lo siguiente: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validad sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2".
Dicho precepto constitucional, recogiendo la tradición histórica e internacional, atribuye al Rey un status o protección especial confiriéndole inviolabilidad e irresponsabilidad lo cual implica la imposibilidad no sólo de exigir responsabilidad penal sino también la de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil considerándose en la doctrina, no sin alguna fisura, que la inviolabilidad viene referida a la conducta personal del Rey, y la irresponsabilidad a los actos realizados en el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas los cuales han de ser refrendados salvo los previstos en el art. 65.2.
Así lo entendió también la Sala Primera del Tribunal Supremo en el Auto de 28 de febrero de 2006 (Pte. Almagro Nosete, José), pues en un supuesto de ejercicio de una acción de rectificación declaró en un único Fundamento de Derecho que "la demanda o escrito que se formula con la pretensión antecedente, por su contenido, resulta manifiestamente improponible, dado el tenor literal del artículo 56 de la Constitución Española en su número tres, cuyo texto se ha transcrito antes y, por tanto, debe rechazarse conforme al artículo 11 de la ley Orgánica del Poder judicial, sin que sea posible jurídicamente considerarla indicación acerca de la abstención de los juzgadores, que actúan conforme a la Ley Orgánica y dentro de la Constitución, al no existir causa concurrente para ello. En consecuencia, procédase al archivo".
A mayor abundamiento, no existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto alguno que atribuya a este Juzgado o a cualquier otro Tribunal, el conocimiento de las demandas que puedan dirigirse contra el Rey o el Jefe del Estado ya sea por actos de carácter personal o en el ejercicio de su cargo. Por el contrario, el art. 56.2 de la mencionada Ley sí que atribuye a la Sala I del Tribunal Supremo el conocimiento de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo que puedan dirigirse contra el Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso o del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial etc.. Por tanto, no existiendo norma legal que atribuya a los Tribunales el conocimiento de las demandas que en el ámbito civil puedan dirigirse contra el Monarca, debe estimarse que ha sido el Legislador quien ha trasladado la inviolabilidad del Rey a las normas orgánicas y procesales al no prever siquiera que ninguno de los órganos jurisdiccionales de nuestro país tenga atribuido el conocimiento de los litigios que puedan proponerse contra el Rey.
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