Source: https://es.scribd.com/doc/133880491/Sentencia-C-591
Timestamp: 2017-01-19 23:38:48
Document Index: 65892390

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseSentencia C-591/05SISTEMA PENAL Características
Las menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas anteriormente, permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características fundamentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo. Se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado, para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales. El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia. En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con todo, en el curso del proceso penal, la garantía judicial de los derechos fundamentales, se adelantará sin perjuicio de las competencias constitucionales de los jueces de acción de tutela y de habeas corpus. JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Características
NUEVO SISTEMA Constitución
PENAL-Armonía
El nuevo sistema procesal penal es perfectamente armónico con la Constitución de 1991, la cual operó una constitucionalización del derecho penal, entre otras materias, pues allí se reconocen derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad, que deben ser respetados a todas las personas, en todo momento, así como las garantías mínimas que debe reunir todo proceso judicial, a fin de impedir el desconocimiento de los mencionados derechos. NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL-Aplicación del bloque de constitucionalidad ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se introdujeron ciertas modificaciones al texto de la Carta Política de 1991, con el propósito de diseñar un nuevo modelo de proceso penal basado en (i) la aplicación del principio “nemo iudex sine actore”; (ii) se mantuvo el carácter judicial del órgano de investigación y acusación; (iii) se creó la figura del juez de control de garantías; (iv) se consagró el principio de oportunidad y (v) se dispuso el carácter excepcional de las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, autoridad que, a su vez, preservó la competencia para imponer medidas restrictivas del derecho a la intimidad, pero bajo control judicial posterior. Cabe asimismo señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática. De allí la necesidad de interpretar tales modificaciones a la luz de determinadas disposiciones constitucionales, en especial, los artículos 6, 15, 28, 29, 30, 31 y 32, e igualmente, por la vía del artículo 93 de la Carta Política, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción. Aunado a lo anterior, en temas vinculados con la administración de justicia penal, tales como los mecanismos alternativos de solución de controversias, la jurisdicción indígena o los juicios adelantados ante la Corte Suprema de Justicia, el Acto Legislativo 03 de 2002 no introdujo cambio alguno. NUEVO SISTEMA PROCESAL exactamente a ningún modelo puro PENAL-No corresponde
MODELO ACUSATORIO NORTEAMERICANO-Características MODELO PROCESAL DE ASCENDENCIA CONTINENTAL EUROPEA-Características ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Abandona el principio de permanencia de la prueba Las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral. En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales. SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Es un sistema de partes El nuevo modelo acusatorio es un sistema de partes, según el cual, el imputado ya no es un sujeto pasivo en el proceso, como lo era bajo el modelo inquisitivo, sino que demanda su participación activa, incluso desde antes de la formulación de la imputación de cargos. Por lo que, sin considerar una inversión de la presunción de inocencia, las cargas procesales se distribuyen entre la Fiscalía y el investigado, imputado o procesado a quien le corresponde aportar elementos de juicio que permitan confrontar los alegatos del acusador, e inclusive los aportados por la víctima a quien también se le permite la posibilidad de enfrentar al imputado. PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LA PRUEBA-Definición
PRINCIPIO DE INMEDIACION DE LA PRUEBA-Aplicación en el sistema penal acusatorio PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PRUEBA-Aplicación en el sistema penal acusatorio PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA PRUEBA-Aplicación en el sistema penal acusatorio PRINCIPIO DE CONTRADICCION Aplicación en el sistema penal acusatorio DE LA PRUEBA-
PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Se ajusta al principio de contradicción/PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIOExcepción valida al principio de inmediación La regulación legal de la prueba anticipada también se ajusta al principio de contradicción por cuanto el artículo 284.4 del nuevo C.P.P. dispone que la misma se debe practicar en audiencia pública “y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en juicio”. De igual forma, de conformidad con el segundo parágrafo de la misma norma, contra la decisión de practicar una prueba anticipada “proceden los recursos ordinarios”, y si ésta es negada, la parte interesada podrá acudir de inmediato, y por una sola vez, ante otro juez de control de garantías con el propósito de que éste reconsidere la medida, no siendo su decisión objeto de recurso. Además, en atención al tercer parágrafo del artículo 284 del C.P.P., de ser posible, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral. En el caso de la prueba anticipada regulada en el nuevo C.P.P. se tiene que el artículo 284.2 dispone que aquella podrá ser solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112 de la misma normatividad, es decir, en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial. De tal suerte que, en materia de solicitud de práctica de pruebas anticipadas, las normas acusadas constituyen una excepción válida al principio de inmediación, ya que aseguran la vigencia del principio de igualdad de armas. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Alcance dado por la jurisprudencia constitucional SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Prohibición del superior jerárquico de no agravar la situación del apelante único/ PRINCIPIO
y ( iii ) permita el ejercicio del derecho de defensa. sin embargo. a cualquier situación. ( ii ) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir. cual es. es decir. En tal sentido. para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional. limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación. el principio de la limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal. al igual que el respeto por los derechos de las víctimas. Por lo tanto. y que a su vez. referidos de manera particular al sistema
. del primer inciso del Acto Legislativo 03 de 2002 conduce a afirmar que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para conocer de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo. si bien deben respetarse los principios generales consagrados en la Constitución en relación con el debido proceso y las garantías judiciales. JURISDICCION PENAL ORDINARIA-Incompetencia para conocer de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo Una interpretación sistemática del artículo 221 constitucional con la expresión “Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. no le resultan igualmente aplicables los principios enunciados en el primer inciso del artículo 250 constitucional. tanto menos y en cuanto. justifican tal ampliación. en la justicia penal militar. pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior. a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso.NO REFORMATIO IN PEJUS-Aplicación en el nuevo sistema penal acusatorio La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus. el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in pejus conlleva a que ésta constituya ( i ) un límite a la actividad del ad quem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo. la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio in pejus es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio. Nada obsta. En suma. ya que aleja el temor al incremento de aquélla. a condición de que no vulnere alguna disposición constitucional. el nuevo modelo procesal penal.
dentro del término de treinta y seis horas ( 36 ) siguientes sobre las capturas que excepcionalmente realice la Fiscalía. para los cuales. se trata de un simple desarrollo del artículo 221 constitucional. no guarda relación alguna. con el contenido del artículo 250 Superior. según cual los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. por lo tanto. como lo pretende hacer ver la demandante. la misma disposición les consagró un fuero sólo para la etapa del juzgamiento. la función de juez de control garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.procesal penal con tendencia acusatoria. y en relación con el mismo servicio. ( ii ) adelantar un control posterior. allanamiento. el artículo 30 de la Ley 906 de 2004 se encuentra ubicado en el Libro I. como ya se indicó anteriormente. conocerán las cortes marciales o tribunales militares. esta norma se aplica únicamente para la investigación de los funcionarios a que se refiere el numeral 4 del artículo 235 Superior. en lo que concierne a la aplicación o no del principio de oportunidad a los miembros de la fuerza pública. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencia JUEZ DE constitucionales CONTROL DE GARANTIAS-Funciones
El Acto Legislativo 02 de 2003 creó la figura protagónica del juez de control de garantías asignándole competencia para ( i ) ejercer un control sobre la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía. ( iii ) ejercer un control previo sobre las medidas restrictivas de la libertad individual y ( iv ) llevar a cabo un control posterior sobre medidas de registro. Título I “Jurisdicción y competencia”. no se viola la Constitución. JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-No puede ser considerado jerárquicamente dependiente de la Corte Suprema de Justicia JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Desempeño magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá por
Cuando el legislador dispuso que en los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
. con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. lo cual señala que se trata de una disposición mediante la cual se organiza el funcionamiento de la justicia penal ordinaria. Ahora bien. incautación e interceptación de comunicaciones. Por el contrario. por cuanto.
en todos los casos. La disposición acusada lesiona los derechos de las víctimas a acceder ante un juez para efectos de que sea este último quien decida si efectivamente se encuentran presentes o no los presupuestos para decretar la extinción de la acción penal.INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda ACCION PENAL-Causales de extinción FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Facultad para archivar actuaciones penales/FISCALIA GENERAL DE LA NACIONFacultad para declarar extinguida la acción penal Al legislador le está vedado romper las reglas propias de los elementos esenciales del nuevo sistema acusatorio. ordenar el archivo de unas actuaciones. por ejemplo. en el curso de una audiencia. en los casos de leyes de amnistía. como es aquella de decretar con efectos de cosa juzgada la ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal y en consecuencia. En otros términos. antes de la formulación de la imputación. cuya constatación no es meramente objetiva o automática. conducen a la Corte a considerar que tales decisiones únicamente pueden ser adoptadas por el juez de control de conocimiento. PROCESO PENAL-Línea jurisprudencial sobre juicios en ausencia CONTUMACIA-Proceso penal acusatorio PROCESAMIENTO EN AUSENCIA-Sindicado que se oculta PROCESAMIENTO EN AUSENCIA-Sindicado que no se oculta DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Naturaleza residual JUICIO EN AUSENCIA EN MATERIA PENAL-No se opone a la Constitución/DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Requisitos de validez
. durante la cual las víctimas puedan exponer sus argumentos en contra de la extinción de la acción penal. al igual que la trascendencia que la misma ofrece. sino que. requiere de una valoración ponderada. el carácter litigioso de las causales de extinción de la acción penal. acordarle adicionales facultades judiciales a la Fiscalía General de la Nación.
De igual manera en el caso de Maryland vs. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. se reconoció el derecho del acusado a renunciar libremente a su derecho a encontrarse presente durante el juicio oral. JUICIO EN AUSENCIA EN MATERIA PENAL Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOSInterpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas JUICIO EN AUSENCIA Y DERECHO COMPARADO-Sistema acusatorio norteamericano En el derecho comparado el derecho a estar presente en el juicio oral se ha entendido en términos absolutos. facilitan el cumplimiento del principio de celeridad procesal. la vinculación del imputado mediante su declaración de reo ausente sólo es conforme con la Carta Política si ( i ) el Estado agotó todos los medios idóneos necesarios para informe a la persona sobre el inicio de un proceso penal en su contra. No obstante lo anterior. dado que por estar ausente por lo general no basta con la constatación de su identidad física. bajo determinadas circunstancias. se tiene que los mismos no se oponen a la Constitución por cuanto permiten darle continuidad de la administración de justicia como servicio público esencial. y ( iii ) la evidencia de su renuencia. Allen. el tribunal orden que se retire al acusado de la sala y continúe el juicio en su ausencia. en el caso Illinois vs. la Corte Suprema Federal resolvió que el derecho de un acusado a estar presente en el juicio no es impedimento para que.
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Procedencia en el sistema penal acusatorio La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. Bussman.En materia de juicios en ausencia. ( ii ) existe una identificación plena o suficiente del imputado. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y
. e igualmente. en el sistema acusatorio americano. Así. pese a la rebeldía o la ausencia real del procesado.
Una vez verificados tales requisitos. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. es decir. no solamente durante el juicio sino en las etapas anteriores a él. al disponer que [T]oda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. sino también elementos materiales probatorios y evidencia física. que esta norma general no se opone al artículo 29 Superior. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. De entrada advierte la Corte. no solamente pruebas. conlleva a que la regla de exclusión sea aplicable durante todas las etapas del proceso. REGLA DE EXCLUSION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS CON VIOLACION DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALESAplicación en sistema penal acusatorio El artículo 23 de la Ley 906 de 2004. trata de una disposición que inspira todo el trámite del nuevo proceso penal de tendencia acusatoria. De igual manera. y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia UNIDAD NORMATIVA-Integración REGLA DE EXCLUSION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS CON VIOLACION AL DEBIDO PROCESO-Prueba inconstitucional y prueba ilícita REGLA DE EXCLUSION-Aplicable durante todas las etapas del proceso Una interpretación armónica del artículo 29 Superior con las nuevas disposiciones constitucionales mediante las cuales se estructura el nuevo modelo procesal penal de tendencia acusatoria. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas. y por el contrario lo reafirma. En tal sentido. con la posibilidad de excluir entonces.razonables para obtener la comparecencia del procesado. y regula la cláusula general de exclusión. al disponer la nulidad de pleno
. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia.
establece determinados criterios para analizar si una prueba realmente deriva o no de otra. todo elemento probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la misma queda contaminada. En otras palabras. implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición de la autoridad competente para el efecto.derecho de la prueba y su exclusión cuando ha sido obtenida con violación de las garantías fundamentales.P. la que según lo considerado por la Corte. DILIGENCIA Presupuestos DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO-
CLAUSULA DE EXCLUSION EN MATERIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS-Elementos materiales probatorios y evidencia física afectados por invalidez/CLAUSULA DE EXCLUSION EN MATERIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS-Inconstitucionalidad de la expresión “directa y exclusivamente” en relación con los elementos materiales probatorios y evidencia física afectados por invalidez La disposición acusada dispone. por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos para el efecto. Al respecto de los criterios determinados por el legislador en el artículo
. por tratarse de una diligencia afectada de invalidez.P. con violación del debido proceso. que tan sólo aquellos elementos probatorios y evidencia física que dependan de manera directa y exclusiva de ella carecen de validez y serán excluidos de la actuación. carece de validez y debe ser excluido de la actuación. así como las que sean consecuencia de las pruebas excluidas. es decir. de conformidad con el artículo 29 Superior. con lo que se restringe el alcance del artículo 29 constitucional para los efectos del registro y allanamiento. con fundamento en una orden viciada. de acuerdo a lo considerado anteriormente. y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente. es una fuente de exclusión de la prueba de conformidad con el artículo 29 Superior. es decir. Ahora bien. si en la diligencia inválida. cuando se efectúe un allanamiento o registro. se refiere a la nulidad de pleno derecho y la exclusión del proceso de la prueba obtenida contrariando la Constitución. se encontraren elementos o evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal. para que sean tenidos como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad. NULIDAD DERIVADA DE PRUEBA ILICITA EN PROCESO PENAL-Criterios para determinarla En tal sentido. el artículo 455 del nuevo C.
tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso. como quiera que el vínculo entre ambas pruebas resulta ser tan tenue que casi se diluye el nexo de causalidad. sino que la prueba
. los criterios que señala el artículo 455 de la Ley 906 de 2004 para efectos de aplicar la regla de exclusión se ajustan a la Constitución por cuanto. cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura. independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria. cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. En otras palabras. y ( v ) el descubrimiento inevitable. esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con el proceso. deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. es decir. en el derecho comparado han conocido tales criterios. NULIDAD POR VIOLACION DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES EN PROCESO PENAL-Prueba obtenida mediante la perpetración de crímenes de lesa humanidad La Corte considera. ( iv ) la fuente independiente. por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos. En tal sentido. En efecto. en estos casos. consistente en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquélla habría sido de todas formas obtenidas por un medio lícito. mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado. lejos de autorizar la admisión de pruebas derivadas ilegales o inconstitucionales. en el sentido de que por vínculo atenuado se ha entendido que si el nexo existente entre la prueba ilícita y la derivada es tenue. debe en consecuencia proceder a su exclusión. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. independiente y autónoma. Además. o cuyo vínculo con la prueba primaria inconstitucional o ilegal sea tan tenue que puede considerarse que ya se ha roto.acusado. como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso. según el cual si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida. Pero. por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal. que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita. apuntan todos ellos a considerar como admisibles únicamente determinadas pruebas derivadas que provengan de una fuente separada. entonces la segunda es admisible atendiendo al principio de la buena fe. En efecto. no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso. el solo hecho de que fue practicada bajo tortura. se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso.
adelantado por una autoridad que conserva ciertas facultades judiciales. sino de un procedimiento. encaminado a salvaguardar el goce del mencionado derecho fundamental. si el supuesto delito cometido por el aprehendido en flagrancia daría o no lugar a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de un juez de control de garantías. regulado en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004. INIMPUTABILIDAD POR DIVERSIDAD SOCIOCULTURALÁmbito personal de aplicación
. frente a capturas que no cumplen con las condiciones constitucionales y legales de la flagrancia. No obstante lo anterior. entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana. de competencia exclusiva del juez de control de garantías. articula lo dispuesto en el artículo 28 Superior con las nuevas disposiciones constitucionales del sistema acusatorio en la medida en que la decisión sobre la legalidad de la aprehensión realizada en flagrancia queda exclusivamente a cargo del juez de control de garantías. De igual manera. con base en criterios objetivos. No se trata. del decreto de una medida restrictiva del ejercicio de la libertad individual. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud de la demanda por ausencia de cargo CAPTURA EN FLAGRANCIA-Procedimiento CAPTURA EN FLAGRANCIA-Autoridad a quien le corresponde decidir sobre la legalidad de la aprehensión/CAPTURA EN FLAGRANCIA-Posibilidad de la Fiscalía de dejar en libertad a quien haya sido ilegalmente capturado El procedimiento en caso de flagrancia. en tanto que la Fiscalía adopta tan sólo una determinación sobre la concesión de libertad en casos en que no se cumplan los requisitos objetivos para decretar la detención preventiva o la captura en flagrancia sea ilegal. de todas formas. en consecuencia.ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. la decisión del fiscal de dejar en libertad al aprehendido se justifica en cuanto. Aunado a lo anterior. y por ende. se le impone al ciudadano el compromiso de comparecer cuando sea necesario. la medida es razonable ya que el fiscal se limita a constatar.
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Papel que debe cumplir en relación con las víctimas en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria Cabe señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó diversas responsabilidades a la Fiscalía General de la Nación en relación con las víctimas. de tal suerte que. de las víctimas”. tales como la negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de oportunidad. aproximadamente un 10%. tales como ( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas necesarias para “la protección de la comunidad. sólo una pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral. al igual que sucede en el modelo americano. dentro del marco estricto de la ley. CONCILIACION-Características CONCILIACION EN Realización ante Fiscal LOS DELITOS QUERELLABLES-
. ( ii ) la consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del procesado. los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal. con el fin de no congestionar el sistema penal. y ( iii ) velar por la protección de las víctimas. ( iii ) la protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas. y ( v ) el recurso. los jurados.MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INDIGENAS-Reintegración al medio cultural propio/MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INDIGENAS-Inexistencia en el ordenamiento jurídico penal colombiano FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Fines en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria Un examen sistémico de la reforma al proceso penal colombiano evidencia que la actividad investigativa Fiscalía General de la Nación se encamina a la consecución de los siguientes fines ( i ) la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos delictivos. lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal. ( ii ) solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas. en especial. ( iv ) la adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba.
de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública. público. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones
. Con todo. La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles judiciales. tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral. Es la regla general. casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación. con inmediación de las pruebas. y en caso contrario. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. según el caso. 3. consideró el legislador como una medida de política criminal que surtieran una etapa de conciliación. concentrado y con todas las garantías. que no se pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia. o con el defensor que le designe el juez. sin que se oponga al nuevo esquema procesal penal que ella se surta ante un fiscal. Conclusiones.Por tratarse de delitos querellables y por ende el contenido de justicia afecta solo la esfera de la víctima y en tal medida admiten desistimiento. caso en el cual no podrá ser utilizado en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo conciliatorio. a fin de que si hubiere acuerdo entre el querellante y el querellado. Adicionalmente. contradictorio. la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. 2.
3. la Corte extrae las siguientes conclusiones: 1. ejercer la correspondiente acción penal. pueden admitirse las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia. proceder a archivar las diligencias. Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas. y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que servicio público esencial. la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia de formulación de la acusación. Solo de manera excepcional. siendo mecanismos de carácter excepcional.
por el cargo analizado. o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso. de conformidad con los términos establecidos en las conclusiones de esta sentencia. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia. 4. Una vez verificados tales requisitos. En tal sentido.”. sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración. bien de oficio o a solicitud del acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. sin causa justificada así sea sumariamente. y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado. o del defensor respectivo. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso. que la actividad del Sistema Nacional de Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia. a fin de que el juez de conocimiento. esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. la Corte declarará exequible el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “Si el indiciado. realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado. al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. Cabe recordar. no compareciere a la audiencia.suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. del artículo 291 de la Ley 906 de 2004. En este orden de ideas. De igual manera. habiendo sido citado en los términos ordenados por este código.
la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia de formulación de la acusación. 3.3. y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que servicio público esencial. Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas. siendo mecanismos de carácter excepcional. 2. tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral. según el caso. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. 4. y que por lo tanto no se agota
. público. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Adicionalmente. La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. la Corte extrae las siguientes conclusiones: 1. pueden admitirse las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia. casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación. concentrado y con todas las garantías. Una vez verificados tales requisitos. Conclusiones. De igual manera. Con todo. En tal sentido. o con el defensor que le designe el juez. con inmediación de las pruebas. Solo de manera excepcional. la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. que no se pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia. de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública. contradictorio. Es la regla general. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles judiciales. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.
deben ser llevados a cabo oralmente. así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso. publicidad y celeridad. de conformidad con los términos establecidos en las conclusiones de esta sentencia. al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. por el cargo analizado. con el propósito de consolidar la confianza de la ciudadanía en la
. sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración.
El juicio está regido por los principios de oralidad. la Corte declarará exequible el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “Si el indiciado. sin causa justificada así sea sumariamente.con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia. habiendo sido citado en los términos ordenados por este código. la etapa de juzgamiento es pública. En este orden de ideas. realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado. todo lo que sucede en el proceso. esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. a fin de que el juez de conocimiento. o del defensor respectivo. De igual manera. bien de oficio o a solicitud del acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. Cabe recordar.
El derecho de defensa se comienza a ejercer únicamente desde la formulación de la imputación. y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado.”. bien sea el interrogatorio del testigo. la producción de la prueba o los alegatos. del artículo 291 de la Ley 906 de 2004. a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia. Así. con determinadas restricciones. no compareciere a la audiencia. o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso. que la actividad del Sistema Nacional de Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado.
surge en ésta la necesidad de crear un sistema eficaz que le permita neutralizar el daño ocasionado con el delito. sin el requerimiento de acusación particular. denominado inquisitivo o inquisitorio. Ed. 1 Cardona Galeano. que compartimos parcialmente con Cardona Galeano1 : a) Iniciación de la investigación de oficio. Sistema Inquisitivo Cuando el delito trasciende el campo de la ofensa privada para convertirse en un atentado contra la sociedad misma. Juan Pablo. 2003
Defensoria LEY 906 DE 2004 (agosto 31)
. Tomo I.administración de justicia. el juicio se debe llevar a cabo en el menor tiempo posible. Leyer. Manual de Derecho Procesal Civil. implica los siguientes elementos. y asimismo. Este sistema. teniendo en cuenta que un proceso penal afecta severamente los derechos fundamentales del sindicado.1 DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS INQUISITIVO Y ACUSATORIO. e igualmente. la identificación de los responsables para su juzgamiento y sanción y para la reparación de los perjuicios causados. Bogotá. la efectividad de los medios de prueba disminuye con el transcurso del tiempo. Si se procedió en forma irregular la actuación procesal estaría viciada de nulidad por violación de las garantías fundamentales
Tesis 45 Javeriana 1.
PODER PÚBLICO Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. el derecho al trabajo. el derecho a la salud. sobre todo. el ámbito de protección del derecho (autonomía personal. bienestar o integridad física). entre otros. 45. el derecho a la vida. al que como tal. como el derecho a la igualdad.657. no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. para la solución correcta de los asuntos constitucionales. ARTÍCULO 1o. constituye un parámetro de
. Alcances. de 31 de agosto de 20041 RAMA LEGISLATIVA . Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana. le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico. porque si bien. y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano. “En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión “dignidad humana” como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos. con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad. basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico. Jurisprudencia constitucional. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. DIGNIDAD HUMANA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA TITULO PRELIMINAR. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES.Diario Oficial No. el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital. Más aún. el derecho a la identidad personal. resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge.
sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica del Estado social de derecho. o el “principio de principios” del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados. 1 Nota: Este es el texto aprobado por el Congreso de la Republica y que actualmente se encuentra vigente. a la intención del legislador y a la estructura del Código que conforma un sistema de procedimiento penal nuevo de orientación acusatoria”. Corte Constitucional en la sentencia C-925 de 2005.657 del 31 de agosto de 2004. a manera de derrotero de interpretación. tal como lo determinara la H. la Corte adelantó “Las posibles incongruencias o confusiones que puedan surgir del texto de la Ley 906 de 2004 que será declarada exequible. en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República.” ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (artículos 12 y 16). sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No.32 Sin embargo. la Ley 906 de 2004. por el cargo analizado. atendiendo al real significado de la norma pertinente. pueden ser resueltas de acuerdo a los métodos de interpretación de la ley. quedando sin efecto las modificaciones que se le hicieran en el decreto Decreto 2770 de 2004. por los cargos analizados.interpretación de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última. En la citada decisión se resolvió “declarar inexequible. el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana. 45. una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de
.” En la misma decisión.
a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella. En conclusión. considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana. con los propios de la dimensión social de la persona humana. 29. que permitan dotarlo de un contenido apropiado. ciertos aspectos de orden circunstancial determinados por las condiciones sociales. los ámbitos de protección de la dignidad humana. sino de sumarle una serie de calidades en relación con el entorno social de la persona. segundo. con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano. deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural. porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. funcional y armónico con las exigencias del Estado social de derecho y con las características de la sociedad colombiana actual. además de su referente natural. De tal forma que integrarían un concepto normativo de dignidad humana. como un verdadero derecho fundamental. En este sentido. resulta de especial importancia. al menos por tres razones: primero. en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991.protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad. Con esto no se trata de negar el sustrato natural del referente concreto de la dignidad humana (la autonomía individual y la integridad física básicamente). De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía
. y tercero. porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana. sino como contenidos concretos.
individual). El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación. bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral). De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física
. la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas. Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia). y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad. sino de un concepto de dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo. como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio. de tal forma que tanto las autoridades del Estado. la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle. De tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar determinado de manera abstracta. la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles.
881 de 2002. emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. igualmente tanto las autoridades del 33 Estado como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos. se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo. (Tutela No. ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad.y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana. Corte Constitucional. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. Magistrado Ponente: Dr. dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la
. en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución. por petición de cualquiera de las partes. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Igualmente. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. M. en especial. Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana. en los términos señalados en este código. diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002). LIBERTAD. de las víctimas.P. normativamente determinada. previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación.. El juez de control de garantías. ARTÍCULO 2o.
viola el principio de legalidad de los artículos 29 y 250. atenta contra la presunción de inocencia y la garantía de la libertad. la norma acusada carece de claridad y precisión que exige la regulación del ejercicio de la facultad excepcional que restringe la libertad personal. la H. la cual se reserva como regla general. <Aparte resaltado INEXEQUIBLE> En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación. la excepción se convierte en regla. Sobre la misma temática. en la
. Magistrado Ponente Dr.convirtieren en irrazonable o desproporcionada. 250-1 C. pues deja al arbitrio del fiscal la calificación de los “motivos fundados” y de las razones por las cuales no tuvo la oportunidad de solicitar la orden del juez para proceder a una captura. razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito. con lo cual. resaltó la calara voluntad del constituyente de sustraerlo de la competencia para ordenar la privación de la libertad del investigado. numeral 1 de la Constitución política. al juez de control de garantías (art. por cuanto consideró que la indeterminación de las condiciones en que se concibe la posibilidad de la captura por la Fiscalía General.) A juicio de la Corporación. existiendo motivos fundados. el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Dijo el máximo tribunal constitucional: para la Corte la adopción de un sistema penal acusatorio implica un cambio fundamental en el papel que le corresponde cumplir al fiscal en el proceso penal y en tal sentido. Lo anterior. y por ende.El aparte resaltado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-730-05. .P. Álvaro Tafur Gálvis. Corte Constitucional en la Sentencia C-1001 de 2005.
límites e hipótesis claramente definidos en la ley . fue la de definir la libertad. oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”. afirmado: “No obstante. requisitos. Desarrollo constitucional del principio de libertad. Preocupación fundamental de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir. Sentencia C456 de 2006 – M. Jaime Araujo Renteria. y por ello se dijo en su artículo 4º que ella “consiste en poder hacer lo que no daña a otro”. y. solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas . principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho.P. Así entonces. reiteró el principio de la reserva judicial en tratándose de afectación de derechos fundamentales en el proceso penal. sustituyéndola. como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola. Corte Constitucional reiteró jurisprudencia. La H.que declaró la inexequibilidad del artículo 300 de la ley 906 de 2005. ajustadas al principio de legalidad”. C-634 de 2000 y C-774 de 2001. a partir de allí se establecieron luego garantías para resguardarla. Dr. Jurisprudencia Constitucional. en el presente caso la Fiscalía General de la Nación. comprende “*l+a posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios. conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. En sentencias C-301 de 1993. la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención. Sentencia C-190 de 2006 M. Lo mismo ocurrió en las
. Alfredo Beltran Sierra. la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de 34 la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos . la Corte afirmó que la libertad personal.P. Dr.
Toda persona es libre. sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. tanto en una como en otra Constitución.Constituciones expedidas durante el siglo XIX tanto en Europa como en América y. principalmente en sus artículos 6. sino por “autoridad judicial competente”. se prohibieron también la servidumbre. 17 y 28 se ocupa de la libertad personal. sin lugar a dudas. y. en todas nuestras Constituciones se consagró expresamente el derecho a la libertad personal en su parte dogmática. lo cual determina claramente. al igual que lo hacía la Constitución anterior en sus artículos 20. para que éste adopte la decisión correspondiente en el
. precisó que la orden de privación de la libertad debe emitirse no simplemente por autoridad competente. Nadie puede ser molestado en su persona o familia. hizo explícito en el artículo 28 que “Toda persona es libre” y. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. a quien se atribuye esa competencia. ni detenido. con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Nuestra Constitución actual. ni reducido a prisión o arresto. por ello. tanto en la una como en la otra. así como la trata de seres humanos en todas sus formas. en ambas se encuentra proscrita la esclavitud. se establecen garantías para la libertad personal. y en la Constitución de 1991. además. los particulares pueden realizar cualquier acto que no les esté expresamente prohibido por la Constitución y la ley. finalmente. ni su domicilio registrado. como culminación de un proceso histórico que se hizo realidad con la ley de 21 de mayo de 1851. como lo señalaba el artículo 23 de la Constitución anterior. 22 y 23. La Constitución de 1991. Así. El artículo 28 de la Constitución Política señala: “ARTICULO 28.
es claro que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. exigen i) motivo previamente definido en la ley. que el artículo 28 de la Carta Política vigente. ni detenido. ni su domicilio registrado. en algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal. En ningún caso podrá haber detención. y iii) que se realice con la plenitud de las formalidades legales. prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. no queda a la discreción de ésta.término que establezca la ley. y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención. De allí. prisión ni arresto por deudas. establezca requisitos para el efecto. Pero esa privación o restricción de la libertad. sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder. con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. en los Estados democráticos debe ser excepcional y no puede ser arbitraria. ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.” (subrayas fuera de texto) Así. ni reducido a prisión o arresto. En ningún caso podrá haber detención. los que parcialmente coinciden con los que antes exigía el artículo 23 de la Constitución de 1886 que establecía lo siguiente:35 “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia. prisión ni arresto por deudas. Analizados estos requisitos. pues el
. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. la reducción a prisión o arresto o la detención.” Desde luego. ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. salvo el arraigo judicial. para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. ii) mandamiento escrito de autoridad judicial competente.
Sobre el particular. siendo claro. ese derecho fundamental es susceptible de limitación. la dignidad personal. Que el motivo de la privación de la libertad sea previamente definido por la ley. todo lo contrario. en virtud del cual no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine. que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal. para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador. pues ésta sólo podrá ser afectada por los motivos previamente definidos en la ley. que la orden sea dada por escrito y por un juez. los casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley. inmune a cualquier forma de restricción. así como tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador. además de la libertad. y. que se realice luego de cumplido lo anterior la privación de la libertad con la plenitud de las formalidades legales. supone que quien la ejecuta se someta a ellas para respetar. empero. es realización concreta del principio de legalidad. en consecuencia. ha dicho la Corte en varias de sus sentencias que el principio de legalidad se convierte así en una garantía insustituible para la libertad individual. fluye del propio texto superior que en determinados supuestos. También se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto.legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a éstos. es garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos por el legislador y no autoriza a nadie distinto de los funcionarios jurisdiccionales la afectación de la libertad individual. y conforme a un procedimiento
y de los derechos
. pues ha de desarrollarse con el respeto de los postulados y preceptos superiores y específicamente de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28. siendo claro. En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad. sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación. perceptible al momento de crear el derecho legislado.también previamente señalado en ella. esa libertad del legislador. tiene su límite en la propia Constitución que. en consecuencia. tarea ésta del legislador que además se encuentra limitada y puede ser objeto de control por parte del juez constitucional. que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal. fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley. traducir en normas legales sus decisiones. el legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad 36 de configuración que le permite. Sin embargo. todo lo contrario. adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política. inmune a cualquier forma de restricción. del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios. tratándose de la libertad individual. Ha dicho la Corte: “*S+e deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto. en cuanto representante del pueblo.
Al respecto la Corte sostuvo en la sentencia C-237 de 2005 que: “la cláusula general de la
. Así pues. según lo establezca la ley. que dispone que toda persona “se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y que quien sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. ese ente podrá realizar capturas sin orden judicial previa. 250-1 C. aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y.consagrados en la Constitución. a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29. el legislador. contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo”. la reserva judicial de la libertad fue reforzada en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema penal.P). por lo tanto. en donde el aprehendido puede ser llevado ante el juez por cualquier persona. ante quien la Fiscalía General de la Nación. que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis horas siguientes (art. deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías. Ahora bien. debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica. La única excepción a la necesidad de mandato judicial escrito fue establecida por el propio Constituyente de 1991 en el artículo 32 superior que regula los casos de la flagrancia. en la que se estableció que por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad. deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales. al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho.
ARTÍCULO 3o. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez su legítimo garante en función de la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a sus decisiones precisamente porque es al juez a quien le está encomendada la tarea de ordenar restringir el derecho a la libertad en los precisos términos señalados en la ley. 17 y 28. la incluyó la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948. pues en último será el juez el llamado a velar por el cumplimiento y efectividad de los mandatos constitucionales y legales en cada caso en particular. su privación a través de autoridad judicial competente ( límite ) . especialmente luego de la segunda guerra mundial. Así por ejemplo. además el artículo 32 Constitucional permite la privación de la libertad en caso de flagrancia ( excepción )” Ha de concluirse sobre este punto que la intervención judicial se convierte entonces en importante garantía de la libertad. ratificada por la ley 16 de 1972. también ha sido preocupación principal la libertad personal. de ella se ocupó en su artículo 12. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y
. en su artículo 5º. Este último artículo preceptúa la libertad inmanente de toda persona ( cláusula general ) . PRELACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. le consagró 37 su artículo 9º.libertad personal así como su límite y sus excepciones fueron establecidas en la Constitución Colombiana de 1991 en los artículos 6 . y en Europa. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ratificado mediante la ley 74 de 1968. la hizo suya en el artículo 7º. de la misma manera que es a él a quien corresponde controlar las condiciones en las que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene. De la comunidad universal.
integran la constitución”. (…. “La Corte constitucional.convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción. el inciso segundo del artículo 93 superior (2) tiene otra finalidad pues esa norma completa y dinamiza el contenido protegido
. por formar bloque de constitucionalidad. Jurisprudencia Constitucional. De acuerdo con el inciso primero primarán en el ordenamiento interno. Alcances. Por su parte. Sobre el particular. la Corte ha señalado: “En tales condiciones. el inciso primero del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al bloque de constitucionalidad. En este orden de ideas. ha señalado que el parámetro del control de constitucionalidad está definido por normas de rango constitucional (bloque de constitucionalidad stricto sensu) y por normas no contenidas en la Constitución pero que la integran a la hora de realizar el control de constitucionalidad (bloque de constitucionalidad latu sensu)” “El contenido del bloque de constitucionalidad latu sensu está definido de manera parcial en el artículo 93 de la Constitución.) La interpretación de los derechos constitucionales (entre ellos a la protección efectiva de los derechos fundamentales) de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. es imperativa según lo manda el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución. pero para ello se requiere que sean derechos no limitables en estado de excepción (1). incluso cuando éstos no han sido reconocidos por el articulado constitucional. debe admitirse que las normas que cumplan con los requisitos mencionados. aquellos tratados referidos a derechos humanos y que prohíben su limitación durante los estados de excepción.
en varias sentencias. los convenios en ésta materia suelen incorporar una cláusula hermenéutica de favorabilidad. ha reconocido el carácter vinculante en el ordenamiento colombiano de ésta regla de hermenéutica. En ese contexto. la Constitución dispone que la incorporación se realiza por vía de interpretación: “ …se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. tal derecho deber ser interpretado con los tratados ratificados por Colombia. acoger la interpretación que las
. Esta Corte. en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad. el intérprete debe preferir aquella que sea mas favorable al goce de los derechos. el interprete debe escoger y aplicar la regulación que sea mas favorable a la vigencia de los derechos humanos. Ahora bien. según la cual. 13. según la cual no puede restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de otros tratados internacionales. Solo es posible (i) fundir ambas normas (la nacional y la internacional) y (ii). Ahora bien. Ello obliga a indagar sobre lo que realmente se incorpora por ésta vía. la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y. conforme a ese inciso.de un derecho que ya está consagrado en la Carta. invocando como pretexto que el convenio en cuestión no los reconoce o los reconoce en menor valor. puesto que. en caso de conflictos entre distintas normas que consagran o desarrollan los derechos humanos. pues no puede interpretarse una norma positiva de textura abierta (como las que definen derechos constitucionales) con otra norma que reviste las mismas características.
sino medidas de protección permitidas por la Carta. en varias oportunidades. por sus condiciones de debilidad manifiesta. no autoriza discriminaciones prohibidas por la constitución. Magistrado Ponente Dr. la opinión política o filosófica.058 de 2003. la condición social. Corte Constitucional) ARTÍCULO 4o. (Sentencia SU. Eduardo Montealegre Lynett. que se efectúan en cada
. El sexo. especialmente. la profesión. Por lo tanto. por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-799-05 de 2 de agosto de 2005. a las personas que estén en situación de desigualdad frente a los demás. Magistrado Ponente Dr. el credo religioso.autoridades competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación 38 al ejercicio hermenéutico de la Corte. física o mental. el origen nacional o familiar. en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. a aquellas personas que por su condición económica. Por ello esta Corte ha señalado. al respecto indicó: la obligación de los servidores judiciales establecida en el artículo 4 de la ley 906 de 2004 no es mas que el desarrollo del precepto constitucional contenida en el inciso final del artículo 13. Jaime Araujo Rentería. como expresión del derecho a la igualada material que protege de manera especial. que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados y por ende de los propios derechos constitucionales ”. la raza. la lengua. expediente T509109.El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE. se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. . IGUALDAD. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger.
los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.39 Algunas precisiones sobre los principio de legalidad y de favorabilidad en materia penal y el
. la aplicación retroactiva de la ley penal mas favorable. Álvaro Tafur Gálvis. IMPARCIALIDAD. al declarar exequible apartes del inciso primero del artículo 533 de la ley 906 de 2004. no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. un elemento fundamental del debido proceso. ARTÍCULO 6o. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos.caso en concreto conforme a las leyes vigentes. de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad. con observancia de las formas propias de cada juicio. preclusión y juzgamiento. Así mismo. ARTÍCULO 5o. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable. la Corte Constitucional reiteró dicha tesis en la sentencia C-708 de 2005 del 6 de julio de 2005. LEGALIDAD. El inciso 3° fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-59205 de 8 de junio de 2005. Al respecto consideró la Corporación que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. como quiera que ese principio constituye. aun cuando sea posterior a la actuación. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. Magistrado Ponente Dr. En ejercicio de las funciones de control de garantías.
controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal”. no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella. En este sentido ha dicho esa alta Corporación “no existe facultad. nulla poena sine praevia lege: esto es. los cuales define de la siguiente manera: “ .significado que a los mismos se ha dado en la jurisprudencia constitucional. en el artículo 29 establece que “Nadie podrá ser
. En el Estado de Derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito. destinadas a “proteger la libertad individual. es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal. cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15-1. definido o establecido en forma expresa.. por su parte. La Constitución colombiana.nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley. y como salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Al respecto. nemo damnetur nisi per legale indicum.. En materia penal dicho principio comporta varios elementos que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”. se refieren en forma particular y explícita a la preexistencia de los delitos y sus respectivas sanciones. deben respetarse estas garantías fundamentales del debido proceso.” Esto quiere decir que para poder legítimamente aplicar sanciones por parte del Estado. nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función. como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 9. clara y precisa en la ley”.
obtuvo su asiento en el desarrollo y regulación del principio se legalidad en materia sustancial (artículo 6 de la ley 599 de 2000). todo ello en aras de garantizar un debido proceso. resaltando el carácter exceptivo del primero frente al segundo en el ámbito penal. (ii) el señalar anticipadamente las respectivas sanciones. pues el texto constitucional ni las normas que la desarrollan permiten hacer diferencias. .Constituye una excepción al principio de la irretroactividad de la ley. siempre que en algún momento haya regido la actuación y que en uno u otro caso. Este enunciado se explica mejor.Constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse en ninguna circunstancia.En ésta materia no cabe hacer distinción. . pudiéndose aplicar en su acogimiento una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o prorrogarle sus efectos aún por encima de su derogatoria o su inexequibilidad (ultractividad). se tiene establecido por parte de esa alta corporación: . dada su indiscutible importancia. exigiendo al legislador (i) definir de manera clara. para dejar en claro que si por el principio de legalidad la norma penal rige hacia el futuro una vez promulgada y de ésta forma el juzgamiento penal debe producirse de conformidad con las
. concreta e inequívoca las conductas reprobadas. así: El principio de favorabilidad.juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. para su aplicación. entre normas sustantivas y normas procesales de efectos sustanciales. así como (iii) la definición de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables. sea más favorable al procesado o condenado. En punto al principio de favorabilidad.
Tratándose de derechos sustanciales como los que tienen que ver con la libertad personal. cometido un delito. Dentro de ese contexto normativo.N. inciso segundo. derecho penal de ejecución y derecho procesal penal. salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente. . incluso reinterpretándose las normas de la ley 153 de 1887 con las normas del vigente artículo 29 de la C.40 También se reiteró en la normatividad legal (artículo 6. toda la normatividad que lo regula en su descripción típica. “ley penal” es comprensiva de normas de contenido sustancial que se encuentren en el derecho penal material. también en algunos supuestos cuando son contrapuestas. la favorabilidad permite que una norma penal al ser mas benéfica al procesado o al condenado pueda aplicarse en forma retroactiva. el principio de favorabilidad en materia penal debe entenderse desde una perspectiva integradora y absoluta para que al lado de las normas que en el Código Penal describen y sancionan
. . de la ley 906 de 2004) que el principio constitucional no permite distinción en materia sustancial y procesal penal.leyes preexistentes al acto que se le imputa. previsión que proyecta esa interpretación de la jurisprudencia Constitucional tanto en vigencia de la Carta de 1. pero esencialmente para resolver conflictos entre leyes que coexisten de manera simultanea en el tiempo. En otros términos. acompañan hasta el final a ese comportamiento y a su autor. sucesión o transito de leyes. en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales.986 como en la de 1991.El principio de favorabilidad se proyecta para solucionar situaciones que se presentan en trámite procesal o de sentencia.
más allá de toda duda. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. C-200 de 2002. C-592 de 2005. “Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra. En consecuencia. Jurisprudencia constitucional. entre otros. Jorge Luis Quintero Milanes. Radicación 23910. se incorporen aquellas de naturaleza procesal de efectos materiales vigentes para el momento de la comisión del hecho o aquellas favorables de carácter posterior que tengan esa misma naturaleza. Radicación 23660. Radicación 23567. ARTÍCULO 7o. julio 19 de 2005. es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado. aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten. febrero 16 de 2005. M. en consecuencia. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO. 23006.P. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y. ver también los siguientes fallos de la Corte Suprema de Justicia: Rad. M.P. mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. T-272 de 2005. Sigifredo Espinoza Perez.P.las conductas punibles. Alfredo Gómez Quintero. junio 1 de 2005. Confrontar sentencias C-619 de 2001. corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. De allí resulta
. M. M. Auto de fecha 4 de mayo de 2005.P. Marina Pulido Baron. C-252 de 2002. la presunción que favorece al procesado.
José Gregorio Hernández Galindo. este tendrá derecho. f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez. la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido.que éste. entonces. ARTÍCULO 8o. Sent. En desarrollo de la actuación. d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos. le es permitido callar. en lo que aplica a: a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge. quien no está en la posición jurídica activa. Y en esa actitud. e) Ser oído. que es justamente la que el debido proceso protege. asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado.P. C-621/98 M. una vez adquirida la condición de imputado. o segundo de afinidad. o segundo de afinidad. si no llegaren a perfeccionarse. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. Más aún. confesar o incriminar a sus allegados”. en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma
. b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. hacer o dejar de hacer. c) No se utilice el silencio en su contra. No debe demostrar su inocencia. decir o dejar 41 de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. DEFENSA. en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal. Le es lícito. se halla exento de la carga de la prueba.
por sí mismo o por conducto de su defensor. si así lo desea. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él.El aparte subrayado una vez adquirida la condición de imputado. l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre. h) Conocer los cargos que le sean imputados. oral. En el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. conocer y controvertir las pruebas. de ser necesario aun por medios coercitivos. contradictorio. imparcial. tiempo y lugar que los fundamentan. . en el cual pueda.42 k) Tener un juicio público. concentrado. g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. voluntaria y debidamente informada. i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia. con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo. con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas.oficial. expresados en términos que sean comprensibles. contenida en el inciso
. j) Solicitar. consciente.
. Jaime Araujo Rentaría. Magistrado Ponente Dr. Estimó la Corporación judicial: la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. ni comprende la contradicción de la prueba que se hace en el juicio. si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa solo se puede ejercer a partir del momento en que se adquiera la condición de imputado.primero. Magistrado Ponente Dr. señalándose que la extensión de la garantía de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes hasta el cuarto grado civil. la limitación establecida en este artículo. en manera alguna vulnera la constitución.el aparte subrayado ”o civil” contenida en el literal b) del artículo 8. cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos.El aparte subrayado contenido en el literal: “l) Renunciar a los derechos contemplados en los
. permite situar en condiciones de igualdad a los hijos adoptivos. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-799-05 de 2 de agosto de 2005. La Corporación precisó que ello no significa un entorpecimiento de la actuación del Fiscal. Por ello. pues además de ser mas garantista. . Así mismo. por la Corte Constitucional mediante Sentencia C799-05 de 2 de agosto de 2005. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive desde antes. Por tal motivo se resolvió condicionar la exequibilidad de la expresión acusada en este sentido. puso de presente que el propio Código señala los cauces y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa en las distintas etapas del proceso. Jaime Araujo Rentería. no obstante que el artìculo 33 de la Carta la circunscribe al grado de parentesco primero civil. fue declarado EXEQUIBLE. sería violatoria de este derecho.
entre los cuales está. la Corte consideró indispensable integrar la proposición jurídica con el resto de la frase demandada. En cuanto se refiere al segmento normativo demandado. La Corporación precisó que lo que consagra esta disposición es la posibilidad del imputado o procesado de renunciar a una de las etapas del proceso. de conformidad con el artículo 29 de la Carta. Esto significa que dichas garantías tienen plena vigencia tanto en la etapa de la investigación como del juicio. es decir bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica. conforme a las consideraciones señaladas en la parte motiva de esa decisión. la celebración de
. La Corte reiteró que todas las garantías propias del debido proceso resultan aplicables al nuevo sistema penal de tendencia acusatoria introducido mediante el Acto Legislativo 02 de 2003. voluntaria y debidamente informada. para conformar el sentido completo de la norma. voluntaria y debidamente informada”.literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre. toda vez que para prescindirse de la misma se requiere que medien determinados presupuestos que se 43 sujetan al control del juez de conocimiento. la verificación de la libre e informada manifestación de voluntad del imputado y la observancia de las garantías constitucionales. y no a la posibilidad de renunciar a cada uno de los principios que rigen dicha etapa. fue declarado exequible por la Corte mediante sentencia C-1260 de 2005. sin que la renuncia a esta etapa implique una violación automática de las mismas. consciente. Resaltó que la norma condiciona esa renuncia a la expresión libre. consciente. la del juicio. a fin de que el proceso termine con sentencia anticipada. La Corte advirtió que.
ORALIDAD. “un proceso penal es oral. sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. la practica de las pruebas. se surtan de manera verbal y no por escrito pues el constituyente ha decidido que de esa forma se realizan de mejor manera los fines del proceso penal”. la presentación de las conclusiones y la anunciación de la decisión que pone fin al proceso. no exime al juez de la valoración de los elementos materiales probatorios que obren hasta ese momento en el proceso. Como principio.acuerdos entre la fiscalía y el imputado o procesado para que se profiera sentencia anticipada y en consecuencia. Concepto del principio. en cambio. En otros contextos. En estos términos. de principio objetivo susceptible de optimizarse en el proceso penal. aquella no se considera como un principio sino como un instrumento que permite realizar los principios del sistema procesal penal. A estos efectos se dejará constancia de la actuación. si la fundamentaciòn de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad. ARTÍCULO 9o. se prescinda de la etapa del juicio. En nuestro ámbito de cultura. introducido verbalmente en el juicio”. “En cuanto al principio de oralidad. hay que recordar que según Gimeno Sendra. respecto de la responsabilidad del imputado o procesado. impone que las pretensiones de la acusación y la defensa. (tomado de “Los Nuevos fundamentos de las pruebas penales: una reflexión desde la
. el segmento normativo acusado del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal no es contrario a la Constitución. la previsión constitucional de la oralidad le imprime el carácter de norma superior.
ACTUACIÓN PROCESAL. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes. sin que implique renuncia de los derechos constitucionales. El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva.2006). El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia.
. la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación. Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales. ARTÍCULO 10. peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.estructura constitucional del proceso penal colombiano – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Autor: José Joaquín Urbano Martínez . testigos.
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