Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-724-de-2003-resolucion-724-de-2003?documento=legcol&contexto=legcol_75992041e28ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 20:22:03
Document Index: 105579855

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 71', 'artículo 11', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 84', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 54', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 55']

﻿ RESOLUCIÓN 724 DE 2003
RESOLUCIÓN 724 DE 07 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. SE CALIFICA LA APLICACIÓN DE LICENCIAS PREVIAS POR PARTE DE COLOMBIA A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CLASIFICADOS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS NANDINA 1507.90.00.90, 1517.90.00.00 ORIGINARIAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA COMO RESTRICCIÓN PARA EFECTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN.
BOLETÍN N°:927 DE MAYO 8 DE 2003
RESOLUCIÓN 724 DE 2003
Calificación de la aplicación de licencias previas por parte de la República de Colombia a las importaciones de productos clasificados en las subpartidas arancelarias nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarias de los países miembros de la Comunidad Andina como restricción para efectos del programa de liberación.
Vistos: Los artículos 30 y 71, 72, 73 y 84 del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406 de la comisión; los artículos 2º, 11 y 13 del protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, denominado “Protocolo de Sucre”; y el reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y;
Que el Gobierno de Bolivia, mediante comunicación MCEI/DM-121/2003 recibida en la Secretaría General de la Comunidad Andina el 7 de febrero de 2003, informó que el Gobierno de Colombia habría promulgado un decreto presidencial, mediante el cual pasaría al régimen de licencia previa y establecería un contingente de 1.105.971 litros mensuales, para la importación de aceites refinados (correspondientes a las subpartidas arancelarias nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00) provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina;
Que la secretaría general, mediante fax SGF/0.5/228/2003 del 17 de febrero de 2003, comunicó al Gobierno de Colombia la denuncia presentada por el Gobierno de Bolivia, y le informó que por aplicación de los artículos 73 del Acuerdo de Cartagena y 49 y 50 del reglamento de procedimientos administrativos, consideraba que existían elementos para iniciar una investigación acerca de los hechos denunciados por el Gobierno de Bolivia. En la misma comunicación se requirió al Gobierno de Colombia que informara en un plazo que no excediera de diez días hábiles sobre la veracidad de la situación denunciada y, en especial, sobre la adopción de una norma que establecería un régimen de licencias previas a las importaciones de los aceites refinados;
Que el Gobierno de Bolivia, mediante comunicación VREI-DGIN-DCA/060 del 11 de marzo de 2003, señaló que la aprobación del Decreto Supremo 446 del 27 de febrero de 2003, por parte de la República de Colombia vulneraría los postulados que persigue la Comunidad Andina y constituiría una restricción del comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que incidiría sobre la importación de productos originarios y provenientes de los países miembros y, por lo tanto, violentaría el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena;
Que, en la misma comunicación, el Gobierno de Bolivia señaló que la medida adoptada por la República de Colombia “pretende burlar lo ya dispuesto por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a tiempo de emitirse la Resolución 671 de 5 de noviembre de 2002, que dispuso “Denegar la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, clasificadas en las subpartidas arancelarias nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena”…”;
Que el Gobierno de Colombia, mediante oficio 2-2003-005854 del 14 de marzo de 2003, señaló que “El comercio subregional de aceites se encuentra prácticamente suspendido, como resultado de las restricciones impuestas por casi todos lo países miembros de la CAN. Venezuela aplica desde octubre de 2001 licencia previa y un arancel del 29 y no reconoce la NMF. Ecuador impuso en septiembre del mismo año la licencia previa y salvaguardia del 29% (modificada luego al 16%), Colombia estableció una salvaguardia con arancel NMF en julio de 2002 (que estuvo vigente hasta ene. 19/2003) y finalmente Perú en noviembre de 2002 impuso un derecho compensatorio del 12%”. El gobierno colombiano agregó que la problemática del comercio intrasubregional de oleaginosas requeriría una solución integral que comprometiera a todos los países miembros, tanto en el desmonte de las restricciones, como en la aplicación de medidas correctivas que equilibren las condiciones de competencia en la subregión. Adjuntó adicionalmente copia del Decreto 446 del 27 de febrero de 2003;
Que el Gobierno del Perú, a través del oficio 243-2003-Mincetur/VMCE/DNINCI de fecha 19 de marzo de 2003, señaló en relación con el Decreto 446 del Gobierno de Colombia que la conducta denunciada constituiría una abierta violación al ordenamiento jurídico andino, la misma que perjudicaría gravemente las exportaciones peruanas, más aún si se tuviera en cuenta que la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Resolución 671, denegó la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de productos clasificados en las subpartidas nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena. En dicha comunicación el Gobierno del Perú dentro del marco del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 425 solicitó el inicio del procedimiento para la calificación de restricciones en contra de la República de Colombia;
Que la secretaría general, mediante comunicaciones SG/F/2.15.19/448/2003, SG/X/2.15.19/362/2003, SG/F/2.15.19/453/2003 del 25 de marzo de 2003, remitió copia a los países miembros de la Comunidad Andina del fax SG-F/05/228/2003 enviado al Gobierno de Colombia y, a su vez, solicitó de conformidad con el artículo 51 del reglamento de procedimientos administrativos elementos de información que estimaren convenientes;
Que la secretaría general de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general remitió a los países miembros, mediante fax SG-X/0.5/375/2003 de 27 de marzo de 2003, copia del documento 2-2003-005854 del Gobierno de Colombia;
Que el Gobierno del Perú, en fecha 7 de abril de 2003 y mediante oficio 309-2003-Mincetur/VMCE/DNINCI, señaló que en su opinión en la comunicación 2-2003-005854 del 14 de marzo de 2003 el Gobierno de Colombia no habría presentado pruebas ni elementos nuevos que permitieran desvirtuar la denuncia presentada, y advirtió que el Gobierno de Colombia se habría limitado “a señalar que otros países miembros de la CAN, también se encontrarían aplicando medidas al comercio de productos oleaginosos, como manera de justiciar la expedición del Decreto 446”;
Que, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 446 del 27 de febrero de 2003 dictado por el Gobierno de Colombia, se pasa al régimen de licencia previa los productos clasificados en las subpartidas arancelarias 1507.90.00.90 (aceite de soya refinado, pero sin modificar químicamente); 1512.19.00.00 (aceite de girasol o cártamo refinado, pero sin modificar químicamente); 1517.90.00.00 (mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16) para las importaciones originarias y provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina. El artículo 2º del mismo decreto fija un contingente de 1.105.971 litros mensuales para las importaciones de los productos mencionados anteriormente provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina;
Que la secretaría general recibió la comunicación 2-2003-011435 de fecha 24 de abril de 2003 del Gobierno de Colombia mediante la cual se comunicaba la expedición del Decreto 446 del 27 de marzo de 2003, a través del cual se dictan medidas relacionadas con el comercio de aceites y sus derivados y se adjunta nuevamente copia del referido decreto;
Que el Gobierno de Colombia expidió el 6 de agosto de 2002 el Decreto 1712, que modificaba el artículo 1º del Decreto 1504 del 19 de julio de 2002, mediante el cual aplicó una medida de salvaguardia en la forma de gravamen arancelario equivalente al menor gravamen cobrado a las importaciones procedentes de países distintos a la Comunidad Andina para las importaciones de aceites refinados de soya, girasol y mezclas de aceites vegetales clasificados por las subpartidas arancelarias 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarias de los países miembros de la Comunidad Andina. El Decreto 1712 fue notificado por el Gobierno de Colombia a la secretaría general el día 6 de septiembre de 2002, con la solicitud de que se autorizaran las medidas impuestas, por invocación de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena;
Que, mediante la Resolución 671 del 5 de noviembre de 2002, la secretaría general denegó la solicitud del Gobierno de Colombia para la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, clasificadas en las subpartidas arancelarias nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00, originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, al amparo del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena y suspendió dichas medidas correctivas, por considerar que no se había demostrado la existencia de una perturbación en la producción nacional;
Que el artículo 71 del Acuerdo de Cartagena, en su texto modificado a través del artículo 11 del Protocolo de Sucre, señala que:
“El programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro”;
Que, según el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, “se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;
Que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena establece que “... la secretaría general, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un país miembro constituye “gravamen” o “restricción””;
Que, por su parte, el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena, en su texto modificado a través del artículo 13 del Protocolo de Sucre, dispone que:
“Los países miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la subregión”;
Que sobre las medidas restrictivas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial emitida el 22 de julio de 1994 (proceso 5 IP-90) que:
“Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que tengan por objeto y como resultado imposibilitar las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del tratado sobre restricciones de todo orden.
Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”;
Que así mismo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia de fecha 22 de agosto de 2001, dentro del proceso 72-AI-2000, señaló que:
“En efecto, la imposición de restricciones al comercio constituye una infracción al programa de liberación previsto en el Acuerdo Cartagena ...”;
Que, sobre el programa de liberación, el Tribunal de Justicia en su sentencia del 24 de marzo de 1997, en el proceso 3-AI-96, indicó que:
“El programa de liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del acuerdo. En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación internacional alrededor de la liberación del comercio se propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse que en este sentido el tratado de integración subregional andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que se asocian”;
Que la medida aplicada por el Gobierno de Colombia a través del Decreto 446 bajo la modalidad de licencias previas constituye una medida dirigida a restringir el acceso a su mercado, limitando las importaciones de aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados provenientes de la Comunidad Andina, lo cual coincide con la definición de “restricción” prevista en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, así como en los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Esta medida del Gobierno de Colombia se aplica a las importaciones de los mismos productos sobre los cuales la secretaría general se había pronunciado anteriormente mediante la Resolución 671, denegando la solicitud de autorización para el establecimiento de medidas correctivas;
Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, corresponde a este organismo comunitario emitir resolución calificando si la medida adoptada por el Gobierno de Colombia constituye una restricción al comercio intrasubregional;
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia,
ART. 1º—Determinar que la exigencia por parte de la República de Colombia de licencias previas para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 406 de la comisión, que incide sobre la importación de productos originarios de los países miembros de la Comunidad Andina, y por lo tanto vulnera el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.
*(Nota: Sustituido por la Resolución 773 de 2003 artículo 1° de la Secretaría General de la Comunidad Andina).
ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se concede a la República de Colombia un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior en lo que se refiere a las importaciones originarias de los demás países miembros.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil tres.