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Timestamp: 2019-12-09 11:19:35
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﻿ Sentencia 2008-00467 de enero 19 de 2012
SENTENCIA 2008-00467 DE 19 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS CONCEJOS MUNICIPALES PUEDEN FIJAR ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, CUANDO LA LEY QUE CREE EL TRIBUTO NO LO HAGA, SIENDO ASÍ NO SE ESTARÍA EN CONTRAVÍA DEL MANDATO CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCEJO MUNICIPAL, ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, ATRIBUCIONES DEL CONCEJO DISTRITAL, CONCEJO DISTRITAL, SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO
Sentencia 2008-00467 de enero 19 de 2012
Ref.: 760012331000200800467 01
Rad.: 18648
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 23 de julio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las súplicas de la demanda.
En este caso, la demandante apeló la decisión del Tribunal insistiendo en que existe transgresión al ordenamiento jurídico con la expedición de la norma demandada, por que (i) el Concejo Municipal de Dagua no tiene competencia para establecer el impuesto de alumbrado público y sus elementos; ii) el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, que creó el impuesto de alumbrado público, no estableció los elementos del tributo, razón por la cual debe ser inaplicado; y iii) la determinación de la base gravable y la tarifa del impuesto no se sujetó a la Constitución y a la ley.
1. Poder impositivo del Concejo Municipal de Dagua. Inaplicación del literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y el artículo 1º de la Ley 84 de 1915.
Por su parte esta Sala, igualmente, ha realizado planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público(2):
Por lo tanto, en la sentencia del 9 de julio de 2009, proferida por esta Sala, haciendo alusión al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, se decidió retomar los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales expuestos en la sentencia de 15 de octubre de 1999(4), Exp. 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo en la que se señaló que “(...) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.
Así mismo, se retomó del citado fallo que “(...) Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”(5) (negrilla fuera de texto).
Se anunció en la sentencia del 9 de julio de 2009 que la doctrina judicial planteada en el año 1994 por el mismo Consejo de Estado es concordante, incluso, con la Sentencia C-035 de 2009 que indicó que “(...) la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho gravado”(6).
Desde esta perspectiva, no resulta procedente aceptar la inaplicación del literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, y el artículo 1º de la Ley 84 de 1915 pues como se observó, esta normativa constituye el marco de la facultad impositiva de los municipios para establecer el impuesto de alumbrado público, la cual determinó los sujetos activos, algunos sujetos pasivos y los hechos gravables, dejando a los concejos municipales la determinación de los demás elementos del tributo, facultad que se encuentra conforme con los artículos 313-4 y 338 de la Constitución Política, según el estudio de constitucionalidad al que fue sometido la norma, y que para el presente caso hace tránsito a cosa juzgada.
— Dada la autonomía conferida a los entes territoriales, el Concejo del municipio de Dagua podía determinar los elementos del impuesto de alumbrado público.
En ese contexto es claro que el Acuerdo Municipal 18 del 8 de diciembre de 2006, fue expedido por el Concejo Municipal de Dagua, en ejercicio y con observancia de las facultades constitucionales y legales, en especial, en desarrollo del principio de legalidad tributaria emanado del artículo 338 de la Constitución Política.
2. Base gravable y tarifa del impuesto.
La base gravable del impuesto ha sido distinguida como el aspecto cuantitativo del hecho gravado, descriptor de un parámetro a través del cual puede expresarse la magnitud de aquel en valores económicos que deben ser establecidos por procedimientos especiales para cada caso(16).
Como tal, la base gravable debe corresponder a la realidad que constituye el hecho generador, de manera que su regulación legal o territorial puede no contener una medición concreta, sino las reglas a partir de las cuales se dimensiona la cuantía de la obligación tributaria con la aplicación de indistintos métodos de determinación. A partir de esta noción, surgen los conceptos de base gravable normativa, como el conjunto de reglas legalmente establecidas para medir la intensidad de la realización del hecho generador, y base gravable fáctica, como la magnitud que expresa la intensidad de la realización en un supuesto dado(17).
En el impuesto de alumbrado público, “el contenido económico” inmerso en el hecho generador y la “capacidad contributiva” del potencial usuario no es evidente, y, por lo mismo, los entes territoriales acuden a distintas fórmulas que, por supuesto, deben referir a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se deriven de él, o se relacionen con este(18).
Desde esta perspectiva, se ha considerado que no se vulnera el artículo 338 de la Carta Política, en tanto las tarifas sean razonables y proporcionales con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la comunidad, sin desconocer que la determinación de los costos reales y su redistribución entre los potenciales usuarios no es uniforme en la práctica, dadas las condiciones particulares de cada entidad territorial(19).
Según las premisas anteriores vistas desde la perspectiva de los cargos de nulidad, no advierte la Sala ningún vicio que invalide los artículos 2º y 3º del acuerdo municipal demandado, pues la categorización del sector de actividades económicas específicas y el sector especial, es en principio, un parámetro de medición admisible para establecer la base gravable del impuesto respecto de tales sujetos pasivos, por tener ellos una condición distinta a la de los demás usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público. Cabe pues la diferenciación que ciertamente integra las dimensiones propias del hecho imponible.
Tampoco el artículo 3º del Acuerdo 18 de 2006 viola el derecho fundamental a la igualdad, por cuanto se trata de actividades económicas diferentes, y por tanto, no es viable adelantar el juicio de igualdad que propone el accionante. Además el hecho de que algunas de las actividades descritas guarden algún tipo de semejanza no significa que estén en la misma condición para que se establezca idéntica tarifa.
En cuanto a la vulneración de la libertad económica, se debe precisar que este principio está consagrado en el artículo 333 constitucional, y en la Sentencia C- 263 de 2011 la Corte Constitucional lo definió como “la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”. En este sentido, el artículo 333 de la Constitución dispone (i) que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, (ii) que “la libre competencia es un derecho de todos” y (ii) que para el ejercicio de estas libertades “nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”.
Por lo demás, la demandante no suministró explicaciones ni pruebas idóneas para cuestionar las tarifas dispuestas, y la distinción de actividades, ni demostró que esas tarifas no hayan consultado la capacidad económica de los sujetos pasivos afectados por las mismas, o que su fijación haya estado desprovista de estudios técnicos sobre costos y beneficios. Es claro que tal actividad probatoria resultaba innata al derecho de acción de quien acude al aparato judicial para desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a las disposiciones acusadas.
CONFÍRMESE la sentencia del 23 de julio de 2010 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
(2) La naturaleza jurídica del gravamen del alumbrado público ha sido catalogada como la de un impuesto, según el Consejo de Estado, sentencia de 6 de agosto de 2009, Exp. 16315, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 9 de julio de 2009. Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).
(5) En el mismo sentido se acogen los argumentos de la doctora María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de diciembre 9 del 2004, Exp. 14453, C.P. Ligia López Díaz y de marzo 5 y 11 del 2004, exps. 13584 y 13576, respectivamente, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de marzo de 2010, Exp. 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(8) Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Ligia López Díaz. Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil ocho (2008). Radicación 07001-23-15-000-2005-00203-01(16170). Actor: Empresa de Energía de Arauca ESP. Demandado: municipio de Saravena.
(9) Óp. cit., p. 4.
(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, 3 de diciembre de 2009. Exp. 16527. Actor: Protabaco. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, 28 de enero de 2010. Exp. 16198. Actor: Coltabaco. C.P. William Giraldo Giraldo.
(11) Óp. cit., p. 4.
(14) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 13 de noviembre de 1998, Exp. 9124, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 11 de septiembre de 2006. Exp. 15344, M.P. Ligia López Díaz.
(16) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de derecho tributario. Tercera edición. Cuarta reimpresión 2009. Editorial Legis. Págs. 262-263-269.
(19) Ob. cit. Nota 7.