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Timestamp: 2019-05-21 15:26:40
Document Index: 149127958

Matched Legal Cases: ['artículo 380', 'artículo 140', 'artículo 380', 'artículo 140', 'artículo 380', 'artículo 142', 'artículo 380', 'artículo 140', 'artículo 1965', 'artículo 1972', 'artículo 1967', 'artículo 1972', 'artículo 143', 'artículo 142', 'artículo 1972', 'artículo 679']

﻿ SENTENCIA NOVIEMBRE 24 DE 1992 DE NOVIEMBRE 24 DE 1992
SENTENCIA noviembre 24 de 1992 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1992
CONTENIDO:ACCIONES REVOCATORIAS EN LA QUIEBRA: CONFIGURACIÓN DE LA PARTE CONTRADICTORIA
TEMAS ESPECÍFICOS:QUIEBRA, PROCESO CIVIL, SOCIEDAD, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:253 DE ENERO DE 1993, PÁG.1
Sentencia de noviembre 24 de 1992
CONFIGURACIÓN DE LA PARTE CONTRADICTORIA
Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Decide la Corte el recurso de revisión interpuesto por Jorge Lozano Rodríguez, Germán Antonio Vega Ospina, Heriberto Oliverio Triana, Fanny Rodríguez Moreno e Ismael Perdomo Navarro contra la sentencia del 10 de octubre de 1989, complementada por la del 23 de enero de 1990, proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso de quiebra seguido contra Olano Portela.
1. Ante el Juzgado Civil del Circuito del Guamo, Tolima, dependencia donde se tramitaba el concordato deprecado por Olano Portela, sus acreedores solicitaron declararlo en estado de quiebra, iniciándose por ello el correspondiente proceso en virtud de proveído calendado el 25 de enero de 1983.
2. El síndico designado para administrar los bienes del quebrado, procedió a impugnar los contratos de compraventa celebrados por éste, dentro de la época cobijada por los efectos de la cesación de pagos, presentando por ello nueve incidentes de acciones revocatorias, resueltos en la sentencia de graduación de créditos.
3. Dirigió el síndico los respectivos escritos introductorios, en contra tanto del quebrado, como de los iniciales adquirentes y de dos de los subadquirentes; más, como posteriormente se enteró de la existencia de otros causahabientes, trató de reformar los libelos para incluir estos como demandados, según trámite que frustró el a quo al considerar la improcedencia de la aludida figura frente a memoriales que no podían ser tenidos como demandas. El ad quem compartió dicho argumento cuando confirmó la decisión del a quo.
4. La situación jurídica de los inmuebles vendidos por el quebrado, a su vez sucesivamente transferidos por sus iniciales adquirentes, provocó el levantamiento, de oficio, de la medida de embargo, conservándose como único gravamen el de la inscripción de los correspondientes libelos, lo que luego permitió la inscripción del fallo.
5. Los trámites incidentales transcurrieron de manera similar, siendo de destacarse la citación por emplazamiento efectuada para cada uno de los demandados, de quienes el incidentalista manifestó desconocer sus actuales domicilios, y el ya enunciado intento de conformar la parte demandada con los subadquirentes que al momento de la instauración de los incidentes, figuraban como últimos propietarios de los inmuebles transferidos por el quebrado.
6. El a quo desató los incidentes de revocación que interesan a los acá recurrentes, en la siguiente forma:
6.1. Respecto del bien inmueble situado en Santafé de Bogotá, concretamente en la calle 103 No. 46A 16, de propiedad del causahabiente Jorge Lozano, revocó el contrato de compraventa celebrado entre el quebrado y Fanny Rodríguez y entre ésta y Germán Antonio Vega Ospina.
6.2. En relación con el inmueble rural denominado “La Autopista”, situado en el municipio de Saldaña, Tolima, del que figuran como causahabientes Ismael Perdomo Navarro, Evangelista Quintana Zaiz y Fanny Rodríguez Moreno, revocó el contrato de compraventa celebrado entre el quebrado y Jorge Eliécer Rodríguez.
6.3. En cuanto al inmueble rural conocido como “La María”, situado en la vereda Jabalcón, en el municipio de Purificación, Tolima, del que son causahabientes Fanny Useche de Olivero e Ismael Perdomo Navarro, revocó el contrato de compraventa celebrado entre el quebrado y Fanny Rodríguez Moreno.
6.4. Relativamente al inmueble denominado “San Isidro”, situado en la vereda Santa Inés, del municipio de Saldaña, Tolima, y en el que aparecen como últimos subadquirentes Evangelista Quintana y Germán Antonio Vega Ospina, revocó el contrato de compraventa celebrado entre el quebrado y Miguel Ángel Villanueva Rojas.
6.5. En lo tocante al inmueble “Leticia Nº 2”, ubicado en la vereda La Boca del municipio de Purificación, Tolima, del cual son subadquirentes Evangelista Quintana y Heriberto Olivero Triana, revocó la venta efectuada por el quebrado a favor de Jorge Eliécer Rodríguez.
La apelación interpuesta contra el fallo proferido por el juzgado del conocimiento fue desatada mediante sentencia confirmatoria que, además, adicionó la condena para revocar otros contratos de compraventa acordados entre los iniciales adquirentes y terceros que habían sido oportunamente demandados, afectándose por ello los siguientes actos jurídicos:
1. El contrato entre Jorge Eliécer Rodríguez e Ismael Perdomo Navarro respecto del inmueble “La Autopista”.
2. El contrato entre Miguel Ángel Villanueva Rojas y Evangelista Quintana, con relación al inmueble “San Isidro”.
3. El contrato entre Jorge Eliécer Rodríguez y Evangelista Quintana, respecto del inmueble “Leticia Nº 2”.
4. El contrato entre Fanny Rodríguez Moreno y Fanny Useche de Oliveros, respecto del inmueble “La María”.
En cuanto a las alegaciones formuladas con el soporte de argumentos idénticos a los que ahora sustentan el presente recurso, el Tribunal dijo que:
“...es verdad, que la acción revocatoria debe enderezarse contra las personas que bien puedan resultar afectadas con el fallo a tomarse, como puede deducirse de lo preceptuado por los artículos 1972 y 1967 del C. de Co., pero también es evidente, que toda decisión judicial sólo afecta a quienes han sido partes en la contienda, lo que implica, que no anduvo descaminado el a quo al resolver las revocatorias de la referencia en la forma en que lo hizo, una vez que se le dio el trámite de ley...” (f. 122, C. del Tribunal).
En cuanto a las nulidades planteadas con base en un presunto emplazamiento irregular, el Tribunal manifestó que el quebrado las había saneado en virtud de haber actuado en los incidentes sin alegarlas, y que, esas circunstancias frente a los restantes demandados tampoco tenía la relievancia pretendida por cuanto no aparecía prueba alguna que permitiera tener como falsa la información suministrada por el síndico, en el sentido de desconocer sus domicilios.
Frente a la situación procesal que dejó por fuera de los incidentes a los últimos causahabientes, dijo el Tribunal:
“Bueno es indicar, que los rechazos a las correcciones presentadas por el síndico, sufrieron la tramitación correspondiente y se encuentran en firme y por tanto, resultan intocables en esta oportunidad procesal” (f. 139).
III. Recurso de revisión
Los impugnantes han esgrimido como sustento de su inconformidad los argumentos que a continuación se sintetizan, de acuerdo con cada una de las tres causales impetradas:
1. Teniendo en cuenta la causal séptima el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el numeral 9º del artículo 140 ibídem, solicitan la revisión del fallo recurrido por cuanto durante el trámite de los respectivos incidentes, en relación con los inmuebles donde figuran como últimos adquirentes, no se les citó, y por ello dicen: “Se decretaron una serie de revocaciones de actos anteriores a los por los cuales ellos adquirieron, decisión que les rompe su cadena de títulos, los deja como eventuales sujetos pasivos de una acción reivindicatoria y los imposibilita para obtener créditos hipotecarios”, agregando que al ordenarse la entrega de los inmuebles fueron “vencidos sin haber sido demandados, ni notificados, ni emplazados, debiendo haberlo sido, puesto que era un litisconsorcio necesario” (fl. 27 del cuaderno de la Corte).
De esa presunta anomalía se duele la totalidad de recurrentes con relación a cada una de las acciones revocatorias adelantadas con respecto a los inmuebles de los que son sus correspondientes propietarios, es decir, Jorge Lozano por la de la casa ubicada en Santafé de Bogotá; Fanny Rodríguez Moreno por la del inmueble “La Autopista”; Germán Antonio Vega Ospina por la de su finca “San Isidro”; Ismael Perdomo Navarro por la del predio “La María”, y Heriberto Olivero Triana por la del fundo “Leticia No. 2”.
2. En la causal séptima del artículo 380 ibídem, pero esta vez en concordancia con el numeral octavo del artículo 140, sustentan los argumentos por los cuales afirman haber sido mal emplazados dentro del trámite de las acciones revocatorias seguidas con respecto a los inmuebles que habían adquirido del quebrado en forma directa, “por cuanto habiendo constancia en cada uno de los incidentes del lugar de donde ellos eran vecinos, se les emplazó en un lugar distinto de su domicilio, con lo cual se les impidió su legítimo derecho de defensa” (fl. 27 cuaderno de la Corte).
Esa causal de revisión la hacen extensiva los impugnantes a la situación de Germán Antonio Vega Ospina y Fanny Rodríguez Moreno por la compra de la casa ubicada en esta capital; de Jorge Eliécer Rodríguez e Ismael Perdomo Navarro por la compra del inmueble “La Autopista”; y, a la de Jorge Eliécer Rodríguez por la compra del inmueble “Leticia Nº 2”.
3. Finalmente, invocando la causal octava del artículo 380, concordante con el inciso final del artículo 142, expresan que la sentencia impugnada es nula “por no haberse ordenado previamente la integración del contradictorio para citar a quienes eran dueños, calidad debidamente demostrada en el proceso a través de sendas copias de folios de matrícula inmobiliaria, con apoyo en las cuales se les intentó infructuosamente en los respectivos incidentes mediante correcciones de las demandas que no fueron admitidas, a pesar de lo cual se les condenó sin haber sido oídos ni vencidos en juicio” (fl. 9).
A renglón seguido, dentro del mencionado escrito introductorio, hacen los recurrentes una completa relación de las distintas incidencias acaecidas en el curso de las acciones revocatorias, antes de formular una serie de pretensiones, que, aunque idénticas, se presentan independientemente para cada incidente, circunscritas a pedir la nulidad de todo lo actuado, en punto al reconocimiento de cualquiera de las dos primeras causales, y, en subsidio, la nulidad de la sentencia por no haberse integrado el litis consorcio necesario.
El recurso de revisión está consagrado para impugnar actuaciones procesales previamente concluidas con decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, cuando en ellas se ha incurrido en alguna de las causales taxativamente enunciadas en el artículo 380 del C. de P. C.
A su vez, el campo de la acción que delimita el tema a tratar dentro del trámite de dicho recurso, lo constituye la confrontación que se haga entre la situación procesal planteada y la causal de impugnación invocada, sin ser, entonces, aquel, escenario válido para revivir debates litigiosos agotados en el transcurso ordinario de la litis.
Sin rebasar pues, esos precisos lineamientos, procede la Sala a resolver lo pertinente con relación a la primera de las causales invocadas y en la cual dicen tener interés la totalidad de los recurrentes, —frente a cada uno de los incientes cuyo objeto es el inmueble del que cada uno es propietario—, esgrimiendo sus calidades de causahabientes.
La causal que se invoca como primer motivo de revisión, encuentra sustento legal en la norma contenida en el numeral 7 del art. 380, que es del siguiente tenor:
“Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el art. 152, siempre que no haya saneado la nulidad”.
Más conviene aclarar que en virtud de la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil por el Decreto 2282 de 1989, la citada causal debe armonizarse es con el artículo 140 (de allí la remisión que a esa norma hacen los recurrentes), concretamente con su numeral 9º, que dice:
“Cuando no se práctica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o que aquéllas que deban suceder en el proceso o cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al ministerio público en los casos de ley”.
Acuden a ella los impugnantes con apoyo en su calidad de causahabientes no citados al proceso o trámite incidental de las acciones revocatorias, y dicen que como propietarios de los inmuebles inicialmente transferidos por el quebrado, se les ha debido demandar en pos de agotar las defensas pertinentes contra la pretensión restitutoria promovida a favor de la masa de la quiebra.
En orden a examinar ese punto, es preciso determinar en primer lugar, la naturaleza y características de la acción revocatoria incidental dentro de los procesos de quiebra, porque sólo el esclarecimiento de tal aspecto permitirá extraer conclusiones acerca de la existencia, o no, de la nulidad, con base en la calidad que a raíz de aquel sea atribuible a los causahabientes dentro de la litis.
Naturaleza y características de la acción revocatoria:
La cesación en los pagos del comerciante judicialmente declarada conduce, a que, mediante el tratamiento jurídico pertinente, el conjunto de sus bienes embargables entre a conformar la masa de la quiebra, cuya gestión es asumida por el síndico, quien en caso de insuficiencia de los bienes para cubrir el total de los créditos, o de entorpecimiento en el pago “por causa de actos del deudor”, podrá promover acciones de reintegro o de recuperación de bienes. Tales acciones, según el origen del acto jurídico celebrado, serán de revocación, de simulación o de liquidación o disolución (arts. 1965, 1966 y 1971 del C. de Co.).
De la acción revocatoria se ocupa, entonces, el artículo 1965, que en lo pertinente el caso sub júdice, expresa:
“Cuando parezca que los bienes de la masa son insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos o que el pago se ha entorpecido por causa de actos del deudor, podrá impetrarse la revocación de las siguientes operaciones del quebrado: (...).
11. Todo acto oneroso de disposición, limitación, gravamen o administración de sus bienes, celebrado dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesación de pagos, cuando no aparezca que el adquirente obró con buena fe exenta de culpa” (se destaca).
De conformidad con la citada disposición, la acción revocatoria, amén de comprender los actos mencionados, ejecutados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesación de pagos, para su prosperidad, requiere de la prueba de la carencia de bienes de la masa de la quiebra para cubrir los créditos reconocidos, o de la demostración de la dificultad en el pago como consecuencia de actos del deudor, según presupuestos que pueden presentarse conjunta o separadamente.
Pero en uno u otro caso, ella puede enervarse en forma absoluta, si, además, no se supera la presunción (art. 835 del C. de Co.) de buena fe exenta de culpa que ampara al adquirente, pues la pate final del transcrito ordinal 11 debe entenderse en armonía con la norma que establece la presunción de la buena fe, aún para la exenta de culpa.
De otro lado, la acción halla su génesis doctrinal en la figura de la acción pauliana, porque busca reprimir los efectos de la conducta fraudulenta del fallido que, en pos de burlar los intereses de sus acreedores, transfiere los bienes de su patrimonio; y, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1972 de la ley mercantil, se diligencia por medio de un incidente seguido dentro del proceso de quiebra, incidente que en la parte contradictora, comprende al quebrado y a los demás demandados, entendiendo por estos no sólo al primer adquirente, sino también a quienes a este han subseguido en la titularidad del bien. Esto último, habida cuenta de lo que a continuación se dirá.
Son diversas las teorías y soluciones que se han propuesto sobre los efectos de las acciones revocatorias promovidas dentro del proceso de quiebra: Al amparo de anteriores disposiciones legales, su alcance tendía hacia la anulabilidad. Hoy, en cambio, se predica que esos efectos se despliegan en el terreno de la inoponibilidad.
Una y otra concepción han tenido como común denominador el evitar que la revocación se confunda con la nulidad absoluta, pues invariablemente se ha destacado que, excluidos otros aspectos, el contrato revocado nace a la vida jurídica revestido de todas las condiciones formales que le brindan un perfil de validez y que, únicamente a raíz del fraude producido en detrimento del interés general de los acreedores, se le puede sustraer su eficacia en la medida en que la situación de la masa de la quiebra lo requiera.
Ese cariz especial de la acción revocatoria fue reconocido por la comisión redactora del estatuto mercantil de 1958, la cual, en el proyecto a la sazón presentado al Congreso, expresó:
“Los actos que pueden ser revocados en el juicio de quiebra son actos de suyo válidos que habrían de producir todos sus efectos si no fuera necesario reintegrar la prenda común de los acreedores menoscabados con ellos” (Proyecto de Código de Comercio, tomo II, pág. 683).
De la noción precedente provino el cambio de orientación legislativa por el cual se abandonó la idea de considerar las acciones revocatorias como particulares manifestaciones de la nulidad, según los siguientes términos:
“Los actos de contenido patrimonial ejecutados por el deudor después de la declaración de quiebra, y los que, por la época y por las circunstancias en que se ejecutan, son sospechosos o perjudiciales para los acreedores, siguen siendo revocables —no anulables, como se dice en el Decreto 750— en interés de la masa de la quiebra, en virtud de acción propuesta por el síndico y previos los trámites de simples articulaciones como en el derecho vigente. Pero tales acciones se subordinan a la insuficiencia de los bienes conocidos del quebrado, para que las personas que han contratado con el deudor no sufran las consecuencias de dichas acciones sino cuando realmente se justifique como medida de protección de los acreedores”. (Obra citada, pág. 683).
Los comentarios anteriores mantienen toda su actualidad porque, en lo pertinente, la legislación vigente se mueve dentro de las mismas coordenadas propuestas por los redactores del proyecto de 1958.
En ese orden de ideas, el artículo 1967 del actual C. de Co., al referirse a los efectos de la acción revocatoria, prescribe que:
“Quienes hayan contratado con el quebrado y los causahabientes de mala fe de quien contrató con éste, estarán obligados a restituir a la masa de la quiebra las cosas que les fueron enajenadas, en razón de la revocación o de la declaración de simulación. Si la restitución no fuere posible se ordenará entregar a la masa de la quiebra el valor de las cosas en la fecha de la sentencia, deducidas las mejoras útiles plantadas por el poseedor de buena fe. Quienes habiendo contratado de buena fe con el quebrado fueron vencidos, tendrán derecho a participar en la quiebra, a prorrata con los demás acreedores por el monto de lo que dieron al quebrado como contra-prestación” (se destaca).
Los varios aspectos involucrados en el precepto anterior, deben ser considerados por separado en orden a despejar la situación legal de los recurrentes en frente de cada uno de los incidentes de los que alegan su nulidad por no haber sido oportunamente citados:
a) El contrato celebrado por el quebrado, cuando concurren los presupuestos del art. 1965, será siempre revocado sin consideración a la conducta asumida por los sujetos contratantes.
b) Quienes hayan contratado con el quebrado, sean adquirentes de buena o mala fe, deberán restituir, si aún lo tienen en su poder, el bien que de tal manera adquirieron.
c) Si la persona que contrató con el quebrado actuó de buena fe, la que, como se sabe, se presume, podrá ingresar como acreedora al proceso de quiebra para recuperar lo reintegrado a la masa de bienes.
d) Cuando el primer adquirente actuó de mala fe, no tendrá derecho a reparación alguna.
e) La acción revocatoria surte plenos efectos en contra de los causahabientes de mala fe, lo que significa, a contrario sensu, que ella no pasa sobre los subadquirentes de buena fe.
f) El causahabiente de mala fe que tenga en su poder el bien inicialmente transferido por el quebrado, deberá restituirlo a la masa.
g) Cuando el causahabiente en poder del bien es de buena fe, el adquirente inicial deberá restituir a la masa de la quiebra el monto de lo entregado al fallido.
Derívase, entonces, de las situaciones de tal manera particularizadas, que no es jurídicamente posible dar la medida exacta de los efectos de una acción revocatoria cuando en ella no se han involucrado, como demandados, los causahabientes en poder del bien a restituir.
En efecto, la acción revocatoria, que genera una decisión concretada en la susodicha revocación, da lugar de suyo a una condena porque dispone, en forma principal, lo relacionado con su objetivo central que consiste en eliminar el detrimento sufrido por el patrimonio del deudor que, en conjunto, conforma la prenda general de los acreedores.
Por eso, la ley agota la totalidad de eventualidades en el punto, determinando que ante la imposibilidad de obtener la restitución del bien transferido, se ordene al adquirente y al causahabiente de mala fe el reintegro del valor de la cosa al tiempo de la sentencia, con las deducciones previstas en la norma. De esa manera, no resulta hipotetizable que la acción revocatoria no logre jurídicamente la restitución patrimonial pretendida por la masa de la quiebra.
De otro lado, al disponer la ley que la acción revocatoria surte efectos contra el causahabiente de mala fe, corrobora la situación procesal planteada en el sentido de considerar indispensable la intervención de los adquirentes en el trámite incidental, ya que sólo ante su presencia en el litigio, se podrá desvirtuar la presunción de buena fe con que legalmente están cobijados, cuando a ello hubiere lugar, en pos de lograrse la restitución pretendida.
Sin la presencia de los causahabientes en el trámite incidental se diluye la posibilidad de obtenerse el reintegro del bien, que es lo que realmente motiva el interés de la masa de la quiebra, y, además, no se puede determinar la obligación correlativa del adquirente inicial, aunándose de tal manera dos razones que le brindan respaldo a la causal invocada por los recurrentes, con las consecuencias procesales pertinentes surjidas a raíz de no haberse citado a quienes han debido comparecer como partes.
Además, como ya se vio, es el propio artículo 1972 el que está diciendo, de manera amplia, que la demanda se debe notificar no sólo al quebrado, sino también a los demás demandados, concepto este que resultaría arbitrario restringir a quienes hubieran contratado con el quebrado, pues aparte de lo ya dicho, los subcontratantes también podrían verse perjudicados por las secuelas de la acción revocatoria.
Fluye del planteamiento precedente una cuestión que es preciso analizar para agotar plenamente el punto, y que consiste en definir el carácter de la intervención que en la acción revocatoria les compete a los causahabientes.
En efecto, debiendo ser citados como partes, cabe observar que los causahabientes no quedan con la facultad de actuar o no, lo que excluye figuras procesales como la citación forzosa y el litisconsorcio facultativo, dentro de las cuales el llamado conserva la facultad potestativa de ingresar al proceso, o permanecer al margen del mismo, sin que por ello se afecte en forma alguna la relación jurídico procesal. En la acción revocatoria de que acá se habla, la parte demandada configura un litisconsorcio necesario, compuesto por personas que tienen un interés común evidenciado en la no prosperidad de aquella, aunque sean titulares de relaciones jurídicas particulares respecto de las cuales puedan surgir secuelas de diferente orden.
Ese litisconsorcio necesario, tiene como fuente inmediata el propio ministerio de la ley que, de antemano, exige la presencia tanto del primer adquirente como de los subadquirentes para agotar en debida forma el debate, encontrándose el elemento cohesionador en el común interés de la no prosperidad de la acción revocatoria, y, de otro lado, en que, como también se anotó, pueda lograr la acción un cumplido efecto en frente de quien resulte obligado a la restitución.
Requisitos formales de la causal invocada:
Actuaciones procesales previas permiten juzgar como tema ya estudiado el que tiene que ver con la oportunidad del recurso y sus presupuestos generales, más es dable entender que dentro de ese análisis preliminar no tenía cabida el que atañe a la legitimación para impetrar la nulidad que genera la viabilidad de la causal invocada por lo que es el momento de definirlo.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 143 del C. de P. C., en su inciso 3º, “La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada”.
De acuerdo con tal precepto, entonces, es claro que los recurrentes están legitimados para invocar la susodicha nulidad, toda vez que cada uno de ellos, con relación al respectivo incidente, dejó de ser notificado y emplazado.
De otro lado, la nulidad no se saneó en ninguno de los incidentes pues a los impugnantes no se les citó en los que correspondía hacerlo en su condición de subadquirentes, y aunque participaron en otras actuaciones tangenciales, esa intervención no extiende sus efectos a los trámites recurridos que, como es claro y dada su propia naturaleza, gozan de plena autonomía e independencia, sin embargo de que aparezcan diligenciados dentro de un mismo proceso.
En ese orden de ideas, no se advierte obstáculo jurídico alguno que impida la declaratoria de la nulidad que genera el éxito de la causal, como así se resolverá.
El inciso 3º del artículo 142, ibídem, fija el alcance de la nulidad decretada en virtud de “la indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma”, al establecer que ella “sólo beneficiará a quien la haya invocado”, para determinar, a renglón seguido, como única excepción a esa regla general, la consistente en que también se extiende a los litisconsortes necesarios.
Ese tratamiento especial deviene, precisamente, de las particulares características propias de la figura procesal del litisconsorcio necesario, conformado por una pluralidad de sujetos vinculados, entre sí, por un objetivo común que les da una fisonomía unitaria dentro del proceso frente a la cual, la invalidez de la actuación debe, por fuerza, involucrarlos a todos, como ocurre con el presente caso.
En efecto, debiéndose configurar la parte contradictora dentro de las acciones de revocación aquí tratadas, con el quebrado, el adquirente y los causahabientes que resulten conocidos del síndico, interesados, en primer término, en enervar la pretensión revocatoria mediante el mantenimiento de la presunción de la buena fe exenta de culpa del adquirente, que los liberará a todos, la actuación debe ser invalidada de manera que el nuevo encuadramiento procesal del debate incluya a todas esas personas.
En el presente caso, los efectos de la nulidad se extenderán hasta el momento procesal en el cual el juzgado del conocimiento, ante la solicitud de parte formulada en procura de involucrar como demandados a los que, hasta entonces, eran los últimos causahabientes, según prueba documental, aportada por el síndico-demandante, denegó esa petición, por cuanto fue a partir de tal momento que ha debido realizarse la citación de quienes ingresarían como litisconsortes necesarios dentro de las respectivas acciones revocatorias, a raíz, cabalmente, de contarse con la prueba a la que se acaba de aludir.
Al renovarse la actuación indicada, se ordenará la notificación a los respectivos causahabientes que deberán ser citados personalmente o mediante emplazamiento, quedando incólume el trámite previo al acto procesal que fija el sendero de la nulidad que hace prospera la causal de revisión estudiada.
Por otra parte, la Sala destaca que las consecuencias jurídicas del presente recurso, evidencian el desacierto tanto del juzgado del conocimiento como del ad quem, quienes minusvaloraron la importancia de la comparecencia de los causahabientes y le negaron el carácter de demanda a los respectivos escritos introductorios de los incidentes, sin tener en cuenta que dicha naturaleza es reconocida por la ley misma, cuando, como en su artículo 1972 del estatuto comercial, ese escrito se califica como “demanda”. Una correcta interpretación en tal sentido habría permitido, ab initio, la reforma de los libelos que reclamaba el síndico de la quiebra, saneando los trámites de vicios que hasta ahora se reconocen.
Como, entonces, no fueron las partes las que dieron lugar a la nulidad que se decreta, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
Por último, vista la causal de revisión que prospera, huelga hacer cualquier comentario en torno a las restantes.
1. Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 1989 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso de quiebra seguido contra Olano Portela.
2. En consecuencia, DECRETA LA NULIDAD de todo lo actuado desde el auto denegatorio de la reforma a la demanda, en los incidentes de acciones revocatorias, que a continuación se detallan:
a) En el incoado contra Olano Portela, Fanny Rodríguez Moreno y Germán Antonio Vega Ospina, a partir del auto proferido el 5 de marzo de 1986 inclusive (f. 59 vto., del cuaderno correspondiente al respectivo incidente).
b) En el seguido contra Olano Portela, Jorge Eliécer Rodríguez e Ismael Perdomo Navarro, a partir de la providencia calendada el 12 de marzo de 1986 inclusive (f. 55 vto., del cuaderno referido al incidente en mención).
c) A partir de proveído calendado el 14 de septiembre de 1986 inclusive, el cual obra a f. 59 vto., del cuaderno contentivo del incidente que se presentó en contra de Olano Portela, Miguel Ángel Villanueva y Evangelista Quintana Sáenz.
d) Desde el auto fechado el 9 de abril de 1986 inclusive, en el incidente contra Olano Portela, Fanny Rodríguez y Fanny Useche de O., que aparece a folio 75 del cuaderno seguido en virtud de dicho trámite.
e) En el incidente iniciado contra Olano Portela, Jorge Eliécer Rodríguez y Evangelista Quintana Sáenz, a partir del auto dictado el 5 de marzo de 1986, el cual obra a folio 55 vuelto, del cuaderno que contiene el citado trámite.
3. Ordénase la cancelación de la inscripción de la sentencia proferida, en relación con los incidentes cuya nulidad se decreta. Ofíciese para el efecto a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Guamo, Tolima.
4. Decrétase la cancelación de la caución con fundamento en lo dispuesto por el artículo 679 del Código de Procedimiento Civil. Ofíciese a la compañía aseguradora que la otorgó.
5. No hay lugar a imponer costas por lo actuado en el trámite de los incidentes que se anulan, ni en virtud del recurso que prospera.