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Timestamp: 2019-09-15 06:23:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 13', 'Artículo 29', 'artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 44', 'Artículo 93', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 228', 'Artículo 13', 'Artículo 29', 'Artículo 230', 'in dubio', 'Artículo 230', 'Artículo 230', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 29', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 113']

Manual derecho procesal de azula camacho tomo 1
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1. 1 MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL
2. 2 Tomo I Primera edición TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
3. 3 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL Tomo I
4. 4 Universidad Católica de Colombia MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL Tomo I Teoría general de proceso Primera edición Editorial U.C.C. Bogotá- Colombia 2010
5. 5 ÍNDICE GENERAL Introducción UNIDAD TEMÁTICA I TEORÍA GENERAL DEL PROCESO CAPITULO I FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 1. Derecho procesal y derecho sustancial. 2. Fundamentos constitucionales del derecho procesal. 3. Principios constitucionales del derecho procesal, clases e integración legal. 4. Mecanismos para administrar justicia de la autodefensa, autocomposición y de la heterocomposición. CAPITULO II RAZÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PROCESAL 1. Formación histórica y concepto de derecho procesal. 2. Historia de los sistemas procesales. 3. Finalidad del derecho procesal. 4. Concepto y características del derecho procesal. 5. Derecho procesal y derecho jurisdiccional. 6. Fuentes del derecho procesal. 7. La ley procesal en el tiempo y en el espacio. CAPITULO III LA JURISDICCIÓN 1. Naturaleza jurídica de la jurisdicción. 2. Elementos y características de la jurisdicción. 3. Poderes que emanan la jurisdicción. 4. Conflictos de jurisdicción. 5. La competencia como medida de jurisdicción. 6. Factores de competencia: objetivo, subjetivo, territorial, funcional y de conexión. 7. Clasificación de competencias. 8. Organización de la jurisdicción: cortes, tribunales, juzgados.
6. 6 CAPITULO IV EL PROCESO EN GENERAL 1. El proceso, naturaleza, concepto y fines. 2. Diferencias entre proceso, procedimiento y litigio. 3. Teoría sobre la naturaleza del proceso: contractualita, cuasicontractualista de la situación jurídica procesal. 4. Clasificación del proceso según sus ramas, funciones y fines. CAPITULO V EL DERECHO DE ACCIÓN Y CONTRADICCIÓN 1. Naturaleza jurídica de la acción. Teorías. 2. Escuelas Alemana e italiana. 3. Elementos de la acción. 4. Clasificación de la acción. 5. La acumulación de las acciones y de pretensiones. 6. El derecho de contradicción. 7. Concepto, elemento y naturaleza jurídica del derecho de la contradicción. 8. Diversas maneras de ejercer el derecho de contradicción. CAPITULO VI DE LA PRETENSIÓN Y LA OPOSICIÓN, DEFENSA DEL DEMANDADO 1. Concepto, elementos y naturaleza jurídica de la pretensión. 2. Clase de pretensión. 3. Elementos de la pretensión, su objeto y razón. 4. Sujetos de la pretensión. 5. La oposición de la pretensión. 6. Medios de defensa. 7. Concepto, elementos y naturaleza jurídica de la excepción. 8. Clasificación de la excepción. 9. La demanda de reconvención y diferencias con la excepción. CAPITULO VII EL INTERÉS PARA OBRAR Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 1. Noción del interés para obrar en el proceso. 2. Del interés sustancial para sentencias de fondo o mérito. 3. Del interés para ejercitar la acción. 4. Del interés para recurrir.
7. 7 5. El interés para obrar en los terceros intervinientes. 6. El interés sustancial en la causa del proceso penal. 7. Legitimación de la causa, concepto y características. 8. Distintas clases de legitimación en la causa. 9. Efectos de la sentencia por ausencia de legitimación. 10.Diferencia entre legitimación en la causa y el interés para obrar. CAPITULO VIII LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES 1. Naturaleza jurídica de los presupuestos procesales. 2. Diferencias con las excepciones de fondo o mérito. 3. Los presupuestos procesales de la acción. 4. Los presupuestos procesales de la demanda. 5. Los presupuestos materiales para la sentencia. 6. Control y declaración de los presupuestos procesales. 7. Diferencia de los presupuestos procesales con los presupuestos materiales y sustanciales. UNIDAD TEMÁTICA II LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO CAPITULO UNICO LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO 1. Debido proceso. 2. Derecho de defensa. 3. Exclusividad y obligatoriedad de la jurisdicción. 4. No autoincriminación. 5. Audiencia. 6. Publicidad. 7. Inmediación. 8. Concentración. 9. Juez natural. 10.Eventualidad. 11.Preclusión. 12.Seguridad jurídica y cosa juzgada. 13.Gratuidad. 14.Alteridad o intersubjetividad. 15.Verdad. 16.Dignidad. 17.Prevalencia del derecho sustancial.
8. 8 18.Primacía constitucional. 19.Libertad. 20.Confianza legítima. 21.Legalidad procesal. 22.Independencia. UNIDAD TEMÁTICA III SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL CAPITULO I EL JUEZ 1. El juez o magistrado como órgano del estado. 2. Jueces de 1ª y 2ª instancia y de casación. 3. Distinción de los jueces según la rama. 4. Poderes del juez o magistrado. clasificación. 5. deberes del juez y su responsabilidad civil y penal. 6. Deberes y responsabilidades civiles y penales de los funcionarios. 7. Organización de la corte suprema y del consejo de estado. 8. Organización de los tribunales superiores. 9. Los conjueces, secretarios y demás subalternos. CAPITULO II SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL –LAS PARTES- . 1. Concepto procesal de parte, los terceros intervinientes y lo sucesores procesales. 2. Parte en sentido procesal o formal y en sentido material. 3. Actor – contradictor y oposición- noción. 4. Igualdad de las partes en el proceso. 5. Distintas clases de partes. 6. Modificación de las partes durante el proceso. 7. Determinación de las partes por su nombre. 8. Sucesión procesal y substitución procesal. 9. Modificación de las partes por intervención de terceros. 10.Pluralidad de las partes.
9. 9 CAPITULO III EL LITISCONSORCIO 1. Concepto. 2. Formación e integración de litisconsorcio. 3. Clases de litisconsorcio. 4. El litisconsorcio necesario. 5. El litisconsorcio voluntario o facultativo. 6. El litisconsorcio voluntario propio o impropio. 7. Efectos procesales del litisconsorcio. 8. El litisconsorcio en el proceso penal. CAPITULO IV INTERVENCIÓN DE TERCEROS 1. Terceros en sentido procesal y material. 2. Intervenciones adhesivas y litisconsorciales. 3. Intervinientes ad-excludendum. 4. Denuncia del pleito. 5. Los terceros llamados den garantía. 6. El llamamiento ex – oficio. 7. Llamamiento de poseedor o tenedor. 8. Diferencias entre intervención y sucesión de partes. 9. La intervención forzada a terceros. Efectos. 10.La intervención voluntaria de terceros. 11.La legitimación en la causa y el interés de los intervinientes. CAPITULO V DE LA CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN Y DERECHOS DE POSTULACIÓN DE LAS PARTES, APODERADOS E INTERVINIENTES EN EL PROCESO 1. Capacidad de las personas físicas y de las jurídicas. 2. Capacidad de los patrimonios autónomos. 3. Capacidad para intervenir en el proceso penal. 4. Capacidad para ser parte del proceso, legitimatio ad procesum. 5. La representación judicial. Clases. 6. La agencia oficiosa judicial. 7. Derecho de postulación, concepto.
10. 10 8. Apoderado, otorgamiento y extinción de poderes. 9. Representación de sociedades nacionales y extranjeras. 10.Facultades del apoderado y curador ad-liten 11.Derechos, facultades, deberes cargas y responsabilidades de las partes y de sus apoderados. El ministerio público. UNIDAD TEMÁTICA IV LOS ACTOS PROCESALES CAPITULO I ACTOS PROCESALES 1. Concepto de acto procesal. 2. Clasificación de los actos procesales. 3. Elementos de acto procesal. 4. Requisitos de acto procesal CAPITULO II ACTOS DE INTRODUCCIÓN 1. La demanda como principal acto de introducción de parte. 2. Significado y características de la demanda. 3. Requisitos de fondo y forma de la demanda. 4. Efectos de la demanda. 5. Modificación de la demanda. 6. Demanda contra herederos indeterminados. 7. Acumulación de pretensiones. 8. Inadmisión y rechazo inlimine de la demanda. 9. Interrupción de la prescripción. 10.Contestación de la demanda. 11.Requisitos de la contestación. 12.Allanamiento a la demanda. 13.Denuncia de la querella en materia penal.
11. 11 CAPITULO III ACTOS DE IMPULSIÓN Y TRÁMITE DEL PROCESO, DE ASEGURAMIENTO, PROBATORIOS Y DE LEGALIZACIÓN 1. Actos de impulsión y de trámite. 2. La impulsión oficiosa del proceso por el juez. 3. La carga de impulsión del proceso de las partes. 4. De los actos procesales de aseguramiento. 5. De los actos procesales probatorios. 6. De los actos procesales de alegación. CAPITULO IV ACTOS DE DECISIÓN DEL JUEZ 1. Providencias judiciales. Clases 2. Naturaleza jurídica, características y clases de autos interlocutorios. 3. Estructura, forma, contenido y efectos de los autos interlocutorios. 4. Naturaleza jurídica y características de la sentencia. 5. Estructura, forma, contenido y efectos de las sentencias. 6. Clasificación de las sentencias. 7. Aclaración, corrección, edición y complementación. 8. Congruencias de la sentencia y resolución sobre las excepciones del fondo. 9. Cosa juzgada. Concepto y naturaleza jurídica. Doctrinas. 10. Elementos y límites de la cosa juzgada. 11. Providencias amparadas por la cosa juzgada. 12. Excepciones a la inmutabilidad de la cosa juzgada. 13. Modificación a la cosa juzgada por acuerdos de partes. 14. Liquidación de la condena. 15. Ejecución de las sentencias y otras providencias. 16. Cumplimiento de las sentencias extranjeras. CAPITULO V FORMAS DE TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO 1. Modos extraordinarios o excepcionales de ponerle fin al proceso 2. El desistimiento. Concepto, características y elemento 3. La transacción. Concepto, características y elemento 4. La conciliación. Concepto, características y elemento
12. 12 5. El pago total de la obligación 6. La nulidad. Concepto, características y elementos CAPITULO VI SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 1. Suspensión. Concepto, características y clases 2. Causales de suspensión 3. Efectos de la suspensión 4. Interrupción. Concepto, características 5. Causales de interrupción del proceso 6. Efectos de la interrupción CAPITULO VII MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y REVOCABILIDAD 1. Medios de impugnación. Concepto y clasificación 2. Recursos ordinarios y extraordinarios 3. Principios que rigen el derechos de impugnar, la impugnación como carga 4. Oportunidad y preclusión del derecho a recurrir 5. Recurso de reposición 6. Recurso de apelación 7. Recurso de súplica 8. Recurso de queja 9. Recurso extraordinario de casación 10.Recurso extraordinario de revisión 11.La consulta
13. 13 MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL INTRODUCCIÓN
14. 14 UNIDAD TEMÁTICA I TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
15. 15 CAPITULO I FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 1. DERECHO PROCESAL Y DERECHO SUSTANCIAL. El derecho objetivo y el derecho subjetivo son modalidades del llamado derecho material o sustancial. Partiendo de este presupuesto se puede definir el derecho sustancial o material que según Azula Camacho ¨es el conjunto de normas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad y reglamentan las relaciones de intereses en orden a la distribución y goce de los bienes de la vida¨1 . Por otro lado para Cabrera Acosta el derecho sustantivo o material es ¨ el que establece derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que prevee, normalmente las sanciones que deben aplicarse a aquellas cuando incurran en incumplimiento¨2 . De lo anterior se puede notar la gran similitud que existe entre la doctrina respecto del concepto en mención; pero se puede ver claramente que el ordenamiento jurídico sería insuficiente e ineficaz si se limitara a establecer normas de derecho sustantivo dejando sujeta su aplicación a la espontánea voluntad de sus destinatarios. Razón por la cual se hizo necesario que no solamente se reconocieran derechos y obligaciones a la comunidad sino que también es imprescindible el reconocimiento de los medios para hacer valer tales prerrogativas, pero no solo eso; institucionalizar los medios para sancionar a los destinatarios por no cumplir cierto precepto legal. En fin para que se pueda hacer cumplir una de esas normas se requiere seguir un procedimiento. Es así como nace de manera autónoma al derecho sustancial o material; el derecho procesal que como bien lo dice Hugo Alsina ¨es el conjunto de normas que regulan la actividad del estado para la aplicación de las leyes de fondo¨3 . Por otro lado encontramos la definición de Jaime Guasp que dice: ¨ el derecho procesal no es sino el referente al proceso, las normas que tienen que ver con el mismo¨4 . Es preciso determinar que la doctrina es unánime al considerar al derecho procesal como una institución totalmente autónoma del derecho sustancial, en otras palabras como lo expresa Hugo Alsina ¨ las normas materiales resuelven directamente el conflicto de intereses entre las personas, es decir actúan sobre la Litis, reconociendo un derecho e imponiendo una obligación, en cambio, las normas instrumentales, disciplinan los requisitos de un acto encaminado a 1 Azula Camacho Jaime, Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del proceso Tomo I. Librería Temis, Bogotá, 2008. 2 Cabrera Acosta, Benigno Humberto. Teoría General del Proceso. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 1994 3 Hugo Alsina, tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, t. 1, 2da ed., buenos aires, editar, 1963, pág. 37. 4 Guasp. Jaime. Derecho procesal civil, tercera Edición corregida. Tomo I, introducción y parte general, instituto de estudios políticos, impreso por graficas Herón S.L., Madrid, 1968
16. 16 solucionar los conflictos de intereses, o sea que regulan los medios para dictar solución e imponerla, atribuyendo al efecto un poder jurídico a determinado sujeto, correlativo a la sujeción de otro¨5 . La doctrina se ha preocupado por posicionar al derecho procesal como una rama autónoma del derecho, desde varios puntos de vista. Según la teoría pura, el derecho procesal es ¨el conjunto de normas que regulan la actividad realizada por las distintas ramas u órganos del estado para crear o aplicar el ordenamiento positivo, sea con carácter general, como cuando cobija a la colectividad, o individual, si solo atañe a una persona determinada¨6 . De acuerdo con este punto de vista el derecho procesal tiene una mayor connotación a como se venía definiendo ya que no solo involucra la actividad personal, sino la actividad de un Estado como administración. Según la teoría pura podemos encontrar el derecho procesal legislativo; como aquel constituido por las normas que regulan la forma como actúan los órganos del estado, en igual forma el derecho procesal administrativo, el derecho procesal jurisdiccional; que consagra las reglas que debe observar la rama judicial en general, cualquiera que sea el asunto sometido a su consideración. Realizado el anterior análisis de cada uno de los conceptos que la doctrina aporta, tanto para el derecho material como para el procesal y sus diferencias, es preciso determinar que estas dos ramas del derecho no trabajan de forma aislada; sino aún mejor de forma unánime como que hay normas materiales con eficacia instrumental y normas instrumentales con eficacia material. Al efecto observa Hugo Alsina ¨ que la norma material tiene eficacia instrumental en cuanto no solo impone una obligación, sino que reconoce una facultad de determinación del titular. La norma instrumental tiene, en este caso, efecto material en cuanto impone una obligación. De otra parte para aclarar aún más las diferencias entre uno y otro, en efecto CARNELUTTI dice ¨la norma sustancial regula las relaciones entre los individuos, por lo cual origina derechos y obligaciones mientras que la instrumental genera situaciones más complejas, como es el atribuir a la rama judicial la potestad de declarar el derecho sustancial y otorgar a los particulares los medios para concurrir ante el órgano correspondiente y obtener por conducto de estos la solución de litigio¨7 . La doctrina es unánime frente a la concepción tanto del derecho sustancial y el derecho material, con diferencias entre sí y con conceptos más amplios unos que otros pero que llevan a un mismo punto. La discusión sobre estas dos ramas 5 Hugo Alsina, tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial, t. 1, 2da ed., buenos aires, Ediar, 1963, pág. 37. 6 Azula Camacho. Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del proceso Tomo I. Librería Temis, Bogotá, 2008. 7 Carnelutti. Francesco. Derecho procesal civil y penal. Ediciones jurídicas, Europa América, Buenos Aires, 1971, Instituciones del proceso civil. Buenos Aires, Editorial jurídica Europa América, 1973.
17. 17 del derecho ha traspasado el muro de la doctrina llegando hasta la esfera constitucional, con la llamada constitucionalización del derecho el cual como es de notar es un componente importantísimo para evaluar estas dos disciplinas jurídicas. El derecho constitucional tiene una influencia muy significativa frente al derecho sustancial como al procesal; materializando principios que nutren los conceptos y los alcances de estos últimos, con el denominado principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial. La constitución colombiana lo consagra en el artículo 228 y ¨la Corte Constitucional en varias ocasiones refiriéndose a él; como es el caso de las sentencias: C-586/92, C-607/92, C- 026/93 y C-026/95: ¨Cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado¨8 . Con la constitucionalización del derecho se gestó un gran aporte a la disciplina del derecho procesal, siendo esta la introducción al tema del capítulo a seguir como lo son los fundamentos constitucionales del derecho procesal. 2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL El derecho procesal se rige por varios principios que están consagrados en la Constitución Política Colombiana. El estudio que se realizará a continuación se basará en el articulado de la carta magna que nutre la disciplina del derecho procesal y en el cual encontramos su fundamentación, pero teniendo en cuenta que hay que hacer la distinción entre el fundamento constitucional y los principios constitucionales del derecho procesal que los estudiaremos en el capítulo siguiente. El fundamento constitucional se refiere a los artículos de la constitución. Los principios constitucionales según Ramírez G. ¨ son las normas fundamentales del ordenamiento jurídico, por ser constitutivas de sus fundamentos esenciales y corresponder a los valores bilaterales fundamentales vigentes en una sociedad¨9 . Hecha la anterior aclaración sobre estos dos conceptos seguiremos con nuestro análisis respecto de la Constitución Política en lo referente a la fundamentación que se encuentra en ella; sobre el derecho procesal. 8 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999 9 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999
18. 18 Como primer fundamento constitucional10 del derecho procesal encontramos el Artículo 2 C.P. El cual consagra los fines del estado y rige toda actividad en cumplimiento de los propósitos del estado, el Artículo 4 C.P. El cual consagra que la Constitución es norma de normas, y que ninguna disposición legal la puede contrariar, el Artículo 5 C.P. Sobre la primacía de los derechos inalienables, el Artículo 13 C.P. El cual institucionaliza el derecho a la igualdad, el Artículo 29 C.P. En el cual se garantiza al ciudadano el debido proceso, el principio de favorabilidad, el derecho de defensa, el principio del non bis in eadem, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, el artículo 30 C.P. Que consagra el habeas corpus, el Artículo 31 C.P. El cual consagra el derecho a la doble instancia; a que toda providencia judicial puede ser impugnada, el Artículo 44 C.P. La prevalencia de los derechos de los niños, el Artículo 93 C.P. Que dispone la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el Artículo 228 C.P. En el cual se encuentran los principios de la administración de justicia, el Artículo 229 C.P. Donde se garantiza el libre acceso del ciudadano a la administración de justicia, el Artículo 230 C.P. Los jueces están sometidos al imperio de la ley, el habeas corpus en Asistencia de un abogado en los artículos 29 y 229 C.P. La prevalencia del derecho sustancial sobre el instrumental Artículo 228 C.P. La celeridad procesal en los Artículos 28 y 220 C.P. La responsabilidad del juez en los Artículos 1, 2, 4, 6, 83, 89 y 90 C.P. La gratuidad de la justicia en los artículos 1, 2, 25 y 53 C.P. Entre muchos más que resaltan la disciplina del derecho procesal y los cuales edifican sus pilares dentro de la actividad del derecho en un sentido más amplio y que tendrá un desarrollo más amplio con los denominados principios constitucionales del derecho procesal tema del capítulo a seguir. 3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PROCESAL, CLASES E INTEGRACION LEGAL. La Corte Constitucional define los principios constitucionales como ¨aquellos que consagran prescripciones generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida, y por consiguiente, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata tanto para el legislador como para el juez¨11 . Por otra parte para Clemente A. Díaz el principios constitucionales son ¨los presupuestos políticos que determinan la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera, estos presupuestos concretan y mediatizan las garantías constitucionales del derecho procesal y en cada uno de 10 Gómez sierra Francisco, constitución política de Colombia anotada. Bogotá D, C leyer editorial. 2009 11 Sentencia T- 406 de junio 5 de 1992, Corte Constitucional, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
19. 19 aquellos puede encontrar un enfrentamiento directo con una norma fundamental¨12 . Y con una definición un poco más general; encontramos la de Valencia Restrepo que nos dice ¨son normas generales que expresan los valores superiores del ordenamiento jurídico y permiten su sistematización¨13 . Para un gran sector de la doctrina constitucional; los principios constitucionales cumplen tres grandes funciones: función creativa; hace que ellos sean fuente material y formal del ordenamiento jurídico, función hermenéutica; el cual sirve de instrumento teórico para la interpretación de las normas procesales conforme al rol que expresamente establecen, y la función integradora; como los métodos para superar los vacíos que se pueden gestar en la legislación. A continuación estudiaremos los principios constitucionales más importantes, mostrando los diferentes puntos de vista de los autores, y la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional para una mejor comprensión del tema sobre cada uno de estos. Como lo son: principio al debido proceso, principio del carácter exclusivo y obligatorio de la administración de justicia, principio de la independencia de la justicia, la imparcialidad del juez, igualdad de las partes, publicidad del proceso, verdad procesal, cosa juzgada, principio de la favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial, celeridad procesal, no autoincriminación. Principio del debido proceso. Art. 29 C.P. Para Ramírez Gómez el debido proceso es ¨un derecho fundamental; un principio general con vigencia en el campo judicial, y también en el administrativo. En el proceso penal, pero también en el civil, en el laboral, en el familiar, etc. En el proceso disciplinario del ente público e igualmente en el del privado¨14 . Por otra parte para Velázquez V. es ¨ el conjunto no solo de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administrativa que se refiera a que la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino para que se constituya en garantía del orden, de la justicia, de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el estado democrático¨15 . 12 Díaz A. Clemente, instituciones de derecho procesal, parte general, T 1, ED. Abeledo- Perrot, buenos aires, 1968, págs. 212 y 213 13 Valencia Restrepo, Hernán, opus, cit., pág. 384. 14 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999 15 Velázquez V., Fernando, comentarios al nuevo código de procedimiento penal, señal editora, Medellín 1987.
20. 20 La Corte Constitucional ha sido enfática a la hora de destacar la importancia de este principio. Así, por ejemplo, en la sentencia T-751 de 1999, la Corte ha expuesto: ¨ Que el debido proceso es el conjunto de actuaciones que deben desarrollar los sujetos procesales y en donde es necesario respetar al máximo las formas propias de las ritualidades, por ende el legislador exige una mayor atención para asegurar el máximo los derechos sustantivos, puesto que entre más se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y hace excluir por consiguiente cualquier acción contra legem o preater legem, por parte de las autoridades y de los operadores jurídicos¨. En sentido restringido la doctrina define al debido proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y correcta administración de justicia, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Desde este punto de vista entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual emanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal, incluso el del juez natural que se suele regularse a su lado. Tal vez sea este el principio que más reiteradamente ha estudiado la Corte Constitucional; entre esas sentencias se destacan T-01 de 1992, T-419 DE 1992, T-442 de 1992, T- 158 de 1993, T- 432 de 1997, T-229 de 1999, T- 181 de 1999, T- 311 de 1997. Principio de exclusividad y obligatoriedad de la administración de justicia. Arts. 2, 3, 23, 116, 228 C.P. Para la doctrina es uno de los principios fundamentales del derecho procesal, para Devis Echandia ¨este un principio elemental, sin el cual la vida en comunidad se haría imposible en forma civilizada, pues es fundamento de la existencia misma del estado, como organización jurídica. Sus consecuencias son: prohibición de la justicia privada y obligatoriedad de las decisiones judiciales. Hay dos aparentes excepciones a este principio: los casos de los árbitros, y de los jurados en conciencia¨16 . Como lo indica la norma la ley puede investir de la función jurisdiccional a las autoridades administrativas para materias precisas, que no sea instruir sumarios o juzgar delitos. Para Ramírez Gómez ¨el postulado tiene una naturaleza bifronte: dogmática y orgánica. Por la primera es un derecho fundamental de los justiciables, porque frente al derecho de acción otorgado a la 16 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Duodécima Edición, 1.999.
21. 21 persona existe el deber del estado de ejercer la función pública de administrar justicia, con su implicación de la cosa juzgada, y con esta, la eficacia o fuerza vinculante de la decisión, pues la obligatoriedad que anuncia la denominación debe ser vista como de doble vía: de un lado como deber del estado, y por otro como poder coercitivo frente al particular¨17 . De alguna manera este principio resulta excepcionado por las jurisdicciones eclesiásticas que reconoce el Art. 42 C.P. Y la indígena del Art. 246. En cambio la institución de los jueces de paz que consagra el Art. 247 C.P. Porque frente a ellos y según la experiencia de otros países lo que se excepciona es el tipo de juez técnico, para pasar al de un lego, tal como lo estableció la ley 497 de 1999 que creó los jueces de paz. La Corte se ha referido en infinidad de casos a la función judicial, pero no ha analizado expresamente el presente principio. En las sentencias C- 226 de 1993 y C- 024 de 1994, trató el ejercicio de la función judicial en torno al Art. 116 C.P. Para dejar por sentada la viabilidad de los llamados equivalentes jurisdiccionales. La carta de 1991 modernizó el concepto en el sentido que administrar justicia ya no es un servicio más prestado por el Estado, sino que la noción de la función es propia de la razón de ser del Estado. Principio de la independencia del juez. Art. 4, 113, 125, 238, 230, 256. C.P. Para lograr el fin de una recta administración de justicia, los funcionarios judiciales deben ser autónomos o independientes y solo pueden estar sometidos al imperio de la ley. Esa autonomía o independencia debe mirarse con relación con los demás órganos del poder público y los grupos de presión privada, incluyendo a las propias partes. Para Devis Echandia la independencia judicial es por medio del cual se ¨obtenga el fin de una recta aplicación de la justicia, es indispensable que los funcionarios encargados, de tan delicada y alta misión, puedan obrar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión¨18 . En cambio para Ramírez Gómez ¨la independencia judicial no es otra cosa que la manifestación de la autonomía 17 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999 18 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Duodécima Edición, 1.999.
22. 22 del derecho frente a cualquier interés estatal¨19 . Y para Gustav Radbruch ¨ es la más eficiente base del estado de derecho¨20 . La Corte Constitucional ha examinado este principio en las sentencias: T-006 de 1992, T-490 de 1992, C-543 de 1992, T 290 de 1993, C-417 de 1993 y C-037 de 1996. Acerca de su alcance se ha dicho. A) Este principio busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos o presiones sobre le funcionario que las adopta. B) Impide que el superior jerárquico imparta órdenes a su inferior al sentido del fallo. C) En este principio encaja la distribución de la competencia entre jurisdicciones autónomas y separadas, dispuestas por el constituyente. D) La necesidad de la independencia judicial se deriva del sentido y alcance de la actividad sentenciadora de los jueces, la que se sujeta únicamente al ordenamiento jurídico estructurado a partir de la constitución, sus principios y valores superiores y aplicados al caso concreto en términos de verdad y justicia. E) De este postulado se concluye con facilidad que en el campo de la administración de justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo revestido de jurisdicción y competencia. La independencia como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones, o consejos, por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial. Imparcialidad del juez arts. 1, 4, 29, 228, 229, 230. C.P. La doctrina constitucional sobre este principio corresponde a lo expuesto fundamentalmente en las sentencias T-582 de 1992 y T-055 de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, así como en la C-037 de 1996, Y C- 657 de 1996 se dice del principio en mención que: 19 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999 20 Radbruch, Gustav, relativismo y derecho, Ed. Temis, Santafé de Bogotá, 1992 pág. 17.
23. 23 A) Es consustancial al debido proceso. B) El postulado de la imparcialidad se concreta en el proceso penal en la obligación que tiene la fiscalía de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el sindicado. C) Con el propósito de asegurar la imparcialidad que deben observar quienes tienen a su cargo la función de administrar justicia, de modo que las decisiones que adopten durante el curso de los procesos que ante ellos se adelanten; respondan a la independencia que constitucionalmente se les reconoce y se ajuste al imperio de la ley. Para Devis Echandia ¨esta imparcialidad es una de las razones que exigen la independencia del órgano judicial, en el sentido opuesto. Pero con ella se contemplan además la ausencia de todo interés en su decisión, distinto de la recta administración de justicia. De ahí las causales de impedimento y de recusación que en todos los códigos de procedimiento se han establecido¨21 . Por otra parte para Aragoneses ¨es una especie determinada de motivación, consistente en que la declaración o resolución se orienta en el deseo de decir la verdad, de dictaminar con exactitud, de resolver justa o legalmente. La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad¨22 . Principio de la igualdad entre las partes. Arts. 13, 19, 228, 229. C.P. Este es uno de los principios más analizados tanto por la Corte Constitucional, como por la doctrina procesalista. Para Ramírez Gómez ¨la igualdad de las partes además de revestir un trato igualitario por el juez, requiere de la ley el ofrecimiento de medios de ataque y defensa jurídicamente equiparables. Sin embargo, como lo cierto es que existen de distinto orden, que introducen desequilibrios, entonces se deben implementar mecanismos de origen legal o judicial con el fin de hacer de la igualdad un principio efectivo y no meramente formal, como lo es la idea de igualdad ante la ley¨23 . Por otra parte para Devis Echandia la igualdad revierte en dos consecuencias a) que en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa, lo cual tiene fundamento en la máxima audiatur ex altera parts, que viene a ser una 21 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Duodécima Edición, 1.999. 22 Aragoneses, Pedro. proceso y derecho procesal, Ed. Aguilar, Madrid, 1960, pág. 90 23 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999.
24. 24 aplicación del postulado que consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la organización de los estados modernos; b) que no son aceptables los procedimientos privilegiados, al menos con relación a la raza, fortuna o nacimiento de las partes. Únicamente se admite que para juzgar a determinados funcionarios del estado y en consideración, no a la persona en sí, sino de la investidura que ostenta, conozcan otros jueces; principalmente en materias penales¨24 . La Corte Constitucional en numerosas providencias ha manifestado el alcance de este principio como por ejemplo: T- 422 de 1992, T 491 de 1992, T 523 de 1992, C-345 de 1999, C- 165 de 1999, C- 248 de 1999. Se extrae los siguientes: A) La igualdad designa un concepto racional y no una cualidad. Es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los términos de comparación. Cuáles sean estos o las características que los distinguen, no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto. B) El principio de igualdad consagrado en el Artículo 13 C.P. Como principio normativo de aplicación inmediata, supone la realización de un juicio de igualdad, a la vez que excluye determinados términos de comparación como irrelevantes. C) El derecho no es, sin embargo, una pura estructura formal, sino una estructura dotada de sentido necesario. Todo orden político- jurídico que se pretende justo relaciona estrechamente la idea de justicia al principio de igualdad. D) El principio de igualdad consagrado en la Constitución no es ni un parámetro formal de valor de toda persona ante el derecho, ni un postulado que pretenda instaurar el igualitarismo, sino una fórmula de compromiso para garantizar a todos la igualdad de oportunidades. Principio de publicidad del proceso. Arts. 29, 228 de C.P. El Artículo 29 consagró la publicidad del proceso como elemento integrante del debido proceso. Según lo dice la doctrina española, el principio de publicidad 24 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Duodécima Edición, 1.999.
25. 25 en el proceso judicial tiene 2 fines: proteger a las partes de un proceso sustraído al control público y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales. Como lo dice Ramírez Gómez ¨la motivación de la sentencia es consecuencia necesaria del principio de publicidad. Ella hace de la sentencia una obra razonable y racional, aun del fallo en conciencia, porque este también debe estar regido por una pauta racional que lo aleja de la arbitrariedad¨25 . Por otra parte para Bernal Pulido el principio de la publicidad es ¨aquel en el cual el proceso deja de ser secreto por lo tanto no se pueden presentar manifestaciones de manipulaciones y a la inequidad, del mismo modo, el principio de publicidad, aplicado a las prohibiciones, penas y sanciones, es un correlato del principio de consentimiento¨26 . Y con un aporte más general encontramos a Devis Echandia que nos dice ¨ese principio que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones; pero ello no quiere decir que todo el proceso deba ser necesariamente público, y que toda persona pueda conocer en cualquier momento de los expedientes. Esto perjudicaría gravemente la buena marcha de los procesos, especialmente en materias penales. La publicidad se reduce a la discusión de pruebas, a la motivación del fallo y a su publicación, y a la intervención de las partes y sus apoderados y a la notificación de las providencias¨27 . En las sentencias T-531de 1992, T-187 de 1993. C- 275 de 1993, C-060 de 1994, T- 532 de 1994, S.V 250 de 1998 y T- 051 de 1999, pueden encontrarse los alcances de este principio a la luz de la jurisprudencia constitucional como lo es: A)La reserva de la etapa instructiva se mantiene aun después de la preclusión de la investigación por protección a la presunción de inocencia que no se desvirtúa. B)La publicidad de la sentencia no se limita al deber de notificar procesalmente o dar a conocer la resolución judicial que pone término, en una instancia o definitivamente, al proceso, sino a sentar en la sentencia misma, tanto las razones de derecho y de hecho, como las pruebas, sobre las cuales, se fundamentó la decisión. C)La publicidad del proceso es un derecho constitucional del acusado y una garantía jurídica. 25 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999. 26 Bernal Pulido, Carlos. Derecho de los derechos, escrito sobre la aplicación de los derechos fundamentales. 27 Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Duodécima Edición, 1.999.
26. 26 D) El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial. Principio del juez natural. Arts. 29, 113, 116, 231 C.P. Como lo señala Bernal Pulido ¨el derecho a un juez natural, es un derecho a un juez preestablecido, con competencias fijadas en la ley y que de esta manera permita que en el juicio exista una garantía de imparcialidad. El principio del juez natural excluye la posibilidad de que existan jueces ad hoc, nombrados para el caso y que pueden resolver los conflictos jurídicos mediante apreciaciones preconcebidas, parciales, no basadas exclusivamente en el imperio de la ley de que habla el Artículo 230 C.P.¨28 . El juez natural como lo define la jurisprudencia constitucional, es aquel a quien la Constitución o la ley le han asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución. Dicha asignación se lleva a cabo mediante el otorgamiento a cada juez de una competencia. Sobre este principio la Corte Constitucional29 se ha ocupado en las sentencias T- 419 de 1992, T-503 de 1992, C. 541 de 1992, T- 597 de 1992, C- 208 de 1993, Y C 226 de 1993. De los cuales se deduce lo siguiente: a) Hace parte del debido proceso b) Prohíbe la creación de jueces, juzgados y tribunales de excepción. c) Asegura en primer término al imputado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran la jurisdicción, evitando la posibilidad de crear ex Novo competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces. d) Significa una garantía para la rama judicial en cuanto impide la violación a los principios de independencia, unidad y monopolio de la jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse su funcionamiento ordinario. 28 Bernal Pulido, Carlos. Derecho de los derechos, escrito sobre la aplicación de los derechos fundamentales. 29 Corte constitucional sentencia C-444 de 1995, MP: Carlos Gaviria Díaz.
27. 27 Principio de favorabilidad. Arts. 29 C.P. Para Bernal Pulido ¨como es bien sabido, un principio básico del derecho es que las leyes rigen a partir de su promulgación, a menos que la ley indique otra fecha, evento en el cual la nueva ley no puede desconocer derechos adquiridos. Pues bien, el principio de favorabilidad impone ciertos matices a este principio básico del derecho¨30 . El principio de favorabilidad, de benignidad o in dubio mitius es una norma procesal para la solución de situaciones conflictivas que se pueden presentar en el tránsito de legislaciones penales. En las sentencias T- 419 de 1992, T- 503 de 1992, T- 438 de 1992y C- 133 de 1999 se puede deducir lo siguiente: a) El principio de favorabilidad esta esencialmente concebido para resolver conflictos entre las leyes que coexisten de manera simultánea en el tiempo. b) Su eficacia se da en torno a las normas penales. c) Cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. Principio de la prevalencia del derecho sustancial. Art. 228 C.P. El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior. En este sentido, el nuevo derecho constitucional, establecido por la Constitución de 1991, ha tenido una muy significativa influencia en el derecho procesal. En varias ocasiones la Corte Constitucional se ha referido al principio consagrado en el Art. 228, entre ellas en las sentencias C- 586 de 1992, T- 597 de 1992, C- 026 de 1993, T 228 de 1994 y 026 de 1995: a) El principio de prevalencia del derecho sustancial no tiene una validez absoluta que se mantenga por encima de cualquier condición fáctica. 30 Bernal Pulido, Carlos. Derecho de los derechos, escrito sobre la aplicación de los derechos fundamentales.
28. 28 b) La interpretación adecuada de la primacía anotada significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas. c) Cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera forma inocua o, más grave aún, contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado. Según lo anterior, este postulado nunca puede entrar en conflicto o colisión con derechos fundamentales como los de libre acceso, debido proceso, defensa o tutela efectiva, porque a priori es posible hacer una jerarquización que implica que en la escala inferior quede el principio objeto de análisis. Principio de la celeridad procesal. Arts. 29 y 228 C.P. La celeridad es economía procesal. Tal vez aquella sea colorario de esta, o ambas una misma cuestión. Sin embargo, pensamos que el principio constitucional es la primera y no la segunda, porque es la celeridad la que reconoce explícitamente la norma principal. El proceso judicial siempre se ha enfrentado con el dilema de seguridad o celeridad. Entre la recta y cumplida justicia, lo ideal es lograr la primera con la segunda, porque duplicar el tiempo, duplica el proceso. Como lo dice Ramírez Gómez ¨la celeridad no es un problema de simple operatividad de la justicia. Ella toca con lo más hondo de la dignidad humana, pues nada sirve a esta una justicia tardía; imaginemos una declaración de inocencia al cabo de los años, tal vez cuando ya se ha el escarnio público y la propia cárcel¨31 . 4. MECANISMOS PARA ADMINISTRAR JUSTICIA DE LA AUTOCOMPOSICIÓN, AUTODEFENSA, Y DE LA HETEROCOMPOSICIÓN. La solución del conflicto puede darse de manera muy diversa. Es lógico que la más antigua y al que resulta natural, como tendencia primitiva del ser humano, es la de la fuerza. ¨La natural evolución social y jurídica va excluyendo la fuerza a 31 Ramírez Gómez, José F. Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín Señal Editora. 1999.
29. 29 medida que se progresa; podemos identificar la evolución con el rechazo de la solución mencionada. Por eso los derechos y las sociedades que no ha evolucionado suficientemente, como sucede en el ámbito internacional, mantienen aún soluciones de conflictos basadas en la fuerza. Y por eso, también, resulta indudable que todas las soluciones de violencia representan un retroceso en la humanidad¨32 . Entre aquella etapa de la fuerza y la actual, han existido otras formas que debemos estudiar, por cuanto todavía todas ellas coexisten con ese poder estatal, de imponer sanciones y de resolver conflictos cuando las partes no lo pueden hacer por sí mismas. Por ende la autocomposición, la autodefensa y la heterocomposición. Para Vescovi ¨la forma de defensa propia, desaparecida hoy en el campo jurídico en general, sin embargo se mantiene para algunos casos de excepción: así sucede con la legítima defensa, el derecho de retención y el de huelga¨. Comenzaremos analizando las tres diferentes formas, persiguiendo sus conceptos y enfrentado sus diferencias para la doctrina en general. En los casos del auto tutela para Vescovi se caracteriza por dos notas esenciales: la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el conflicto y la imposición de la decisión de una de las partes a la otra. Por otra parte para Couture la llamada auto tutela ¨es la reacción directa y personal de quien hace justicia con manos propias¨. Por consiguiente y con el tema en mención la denominada autocomposición que para Azula Camacho es ¨la solución del litigio por los propios sujetos entre quienes surge. En este caso no hay intervención ajena alguna y la forma usual de lograrlo es mediante la transacción, que las partes pueden efectuar antes o durante el proceso. Para Vescovi la autocomposición va más allá ¨porque es la solución del conflicto por las propias partes, en este caso entre ambas, sin que la una imponga nada a la otra¨33 . Los autores mencionan entre otros casos, el caso de la renuncia o desistimiento, solución que proviene del atacante y que consiste en abandonar el conflicto, sacrificando sus propios intereses. Otra forma es el allanamiento, que, por el contrario es la sumisión del atacado que se aviene a reconocer la razón de otro. La tercera es la transacción que se deriva de un acuerdo entre ambas partes en el conflicto, las cuales las resuelven mediante concesiones recíprocas en sus respectivos intereses o pretensiones. 32 Vescovi, Enrique. Teoría general del proceso, Bogotá D, C Ed. Temis 2006 33 Couture Eduardo. Estudios de Derecho Procesal Civil. Ediciones de Palma. Buenos Aires.
30. 30 La heterocomposición supone la intervención de un tercero y la solución del conflicto por parte de este sujeto. Como lo dice Azula Camacho ¨la heterocomposición implica la intervención de un tercero, ajeno a los sujetos, entre quienes se suscita el conflicto, función que se atribuye al estado y realiza por conducto de la rama judicial mediante la sentencia, previo el respectivo proceso¨34 . En la heterocomposición podemos encontrar diferentes formas de solución de conflictos con la intervención de terceros como es el caso de la conciliación que es un tercero que busca un acercamiento de las partes procurando el acuerdo basado en la voluntad de ellas. Por otro lado está el arbitraje que implica la composición del litigio por tercero, que lo resuelve por su voluntad y conforme a un procedimiento preestablecido, puede suponer un órgano público o privado, nacional o internacional. Encontramos también el denominado mediador que es un tercero que intenta comunicar a las partes entre sí, por propia iniciativa de estas o de un tercero que se lo pide, propone medios de solución aceptables, y puede, en consecuencia, lograr el acuerdo de aquellas antes que el pleito. Y por último encontramos el amigable componedor que se asemeja al mediador. En Colombia encontramos un gran número de reglamentaciones como lo es la ley 640 de 2001, ley 1285 de 2009, ley 1395 de 2010. 34 Azula Camacho. Jaime. Manual de Derecho Procesal civil, Teoría General del proceso Tomo I. Librería Temis, Bogotá, 2008
31. 31 CAPITULO II RAZÓN HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL 1- FORMACIÓN HISTÓRICA No es fácil encuadrar las etapas por las cuales ha pasado el proceso. Ello obedece a varias razones en primer lugar, a las diferentes características que distinguen el aspecto probatorio y el procedimental que determinan una evolución propia para cada uno. En segundo lugar porque el nacimiento no fue uniforme y en tercer lugar porque las dos principales ramas del proceso, civil y penal, no han estado uniformadas por los mismos caracteres en virtud de su diversa naturaleza por el primero ser privatista y el segundo público tendencia que tiende a desaparecer35 . El proceso civil y penal estuvieron a veces unidos y en ocasiones, separados; pero, en general, los principios de cada época tiñeron ambos con las mismas tonalidades pese a las mencionadas diferencias36 . Como todas y cada una de las instituciones del derecho en general encontramos su génesis en el derecho romano iniciación que no le es indiferente al derecho procesal, es para nuestro estudio conveniente analizar otras fuentes que son importantes por su contenido. Como lo plantea (Quintero, 1995) ―hay o hubo un derecho procesal romano con caracteres definidos lo mismo puedo afirmar del derecho procesal germano, para puntualizar que la unión de ambos produjo el proceso romano-canónico en la edad media‖; sin dejar su estudio al common law. Proceso Germano Es tan antiguo que el romano y quizás como el griego pero su incursión en el mundo se produce por las invasiones bárbaras; es esa decadencia del poderío romano que permitió el triunfo de los invasores del norte llamados barbaros y a quienes se les conoce como germanos denominación genérica, con cierto primitivismo. Es un proceso eminentemente oral, público y muy formalista pero en extremo simple. 35 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008 36 Véscovi, TEORIA GENERAL DEL PROCESO , 1999
32. 32 No hay una clara separación del penal y civil, es por esto que los autores diferencian dos momentos históricos siendo la primera el germano estricto que va hasta el siglo V a.C, y la segunda el franco, desde esa época hasta el siglo XII, aproximadamente37 . En su primera fase se encontraba el demandante y demandado en una disputa no por un derecho sino por la infracción en una norma, al cual se le atribuía la comisión de una injuria o un ilícito, el proceso penal viene a sustituir un régimen primitivo de venganza privada o de composición, pagándosele una compensación por la ofensa, que distinguía de los delitos públicos y privados38 . Es así como (Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008) la primera fase presenta un proceso común para los asuntos civiles y penales, denominado por la actuación pública y oral, con vigencia total del sistema acusatorio, limitándose el funcionario a presidir la actuación y reconocer el resultado de la prueba, debido a que esta iba dirigida al adversario y tendiente a demostrar afirmaciones y no hechos (p 93). El proceso por si preeminencia oral era realizado frente a una asamblea que es la encargada de proferir sentencia; son los escabinos o jurados creadores de derecho y precedida por un magistrado; este carácter público del proceso germano hizo que las determinaciones tomadas tuvieran el efecto de erga omnes, este de carácter ordinario y además de este estaba también el extraordinario el cual consistía en una ejecución aconsejada para los juzgar los delitos in fragranti. La divinidad fue una las influencias y así lo establece (LOPEZ BLANCO, 2005) desde sus albores el proceso germano estuvo influido por la idea de la divinidad, pues se tenía la creencia de que toda decisión que se tomaba era manifestación de ella; al producirse la conversión de los pueblos invasores al cristianismo se acentuó aún más esa característica, y así, la prueba antes de tener relación con los hechos en litigio, debía revelar la voluntad de la divinidad; esto origino el sistema de las ordalías o juicios de Dios, aplicado tanto en lo penal como en lo civil, pues no existía una clara distinción entre estos dos tipos de procedimiento, como si lo tenían los romanos(p36). Sobre el particular (Véscovi, TEORIA GENERAL DEL PROCESO , 1999) señala: ―el juicio comenzaba con la citación al demandado hecha por el actor directamente. Este, ante la asamblea, contestaba la demanda con palabras sacramentales formalizándose así el debate oral y público. Inmediatamente se 37 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008 38 Véscovi, TEORIA GENERAL DEL PROCESO , 1999
33. 33 dictaba una sentencia interlocutoria, que se limitaba a declarar el derecho e indicar la prueba. ―El demandado ofrecía probar que el demandante no tenía razón. La prueba entonces no se dirige al tribunal si no al adversario, y no supone una carga sino un beneficio. ―La prueba en si no constituyen una demostración o verificación de lo afirmado, como en la actualidad sino la realización de ciertos actos artificiales basados en la creencia de la intervención de la divinidad en la justicia‖. Las sentencia tenían la característica de ser inapelable, pero podía ser rechazada proponiendo otra mejor suplica por parte del condenado; en este último caso se recurría al duelo entre el proponente y el ultimo. La ejecución era privada. La segunda fase o período franco caracterizada por que la asamblea delega en un cuerpo reducido que se denominó Dings, que se dividían en perfectos que eran precedidos por el conde que se limitaban a decidir casos importantes y los imperfectos o mixtos que se encargaban de causas menores y precedido por un subordinado al conde. El avance se da más en el aspecto probatorio. Se reconoce la prueba documental está dividida en dos tipos: las reales que eran inatacables y las privadas susceptibles de impugnación. Se permitió la prueba testimonial y la controversia se resolvía mediante un duelo. En consonancia con esto sur guio otro proceso más redujo y sumario que se surtía ante el tribunal del rey para determinados asuntos; la denegación de justicia y cuando se trata de personas que gozaban de privilegios especiales39 . Proceso Romano Al derecho romano por ser germen en el derecho civil es inevitable su estudio es así como (LOPEZ BLANCO, 2005) ―desde el punto de vista civil resulta innegable que el derecho romano es la base fundamental del derecho en el mundo de occidente‖. Por tanto el derecho procesal no le es ajeno esto. 39 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008
34. 34 En la historia del derecho procesal ha visto un devenir de los principios como así lo muestra, esta tesis se corrobora con el regreso a la regla técnica de la oralidad40 . Es así que por su influencia en el derecho es de obligatorio remitirnos al proceso romano por su influencia en las instituciones modernas pero como así lo expresa (Véscovi, TEORIA GENERAL DEL PROCESO , 1999) que al hablar de roma significa referirse a un largo periodo histórico que para efectos de nuestra reseña, tenemos que dividir, por lo menos en dos etapas: el ordo iudiciarum hasta el siglo III después de Cristo y la extraordinaria cognition desde allí hasta el final. Otros autores toman esta división en tres etapas así lo plantea (Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008) como lo es la primera el cognitio el sistema que impero fue le inquisitivo. El funcionario disponía de facultades casi ilimitadas y no estaba sujeto a observar ningún trámite o actuación determinada. Esa concentración de funciones solo tubo une excepción, relativa a que la sentencia era susceptible de ser apelada ante el pueblo, el cual actuaba mediante formas preestablecidas. La segunda etapa o fase, de la accusatio se caracterizó por el sistema acusatorio. Cualquier persona podía presentar la acusación, aunque existieron ciertas limitaciones en cuanto a le edad y el sexo. El proceso era oral y público. Sobre el acusador recaía la carga de la prueba para demostrar los hechos del autor. La prueba por excelencia fue la confesión, pero por si sola no era suficiente, puesto que requiera la corroboración de otros medios probatorios. Las dos partes se encontraban en pie de igualdad y el acusado podía ejercer su defensa ya en forma directa o a través del procurador. Lo importante a resaltar es que no existe la indagación por cuanto el acusado se le considera sujeto del proceso y no como objeto de este y por tanto de la prueba. La tercera fase o extraordinario cognitio el proceso se caracterizó por ser un proceso mixto, por cuanto se aplicaban los principios del inquisitivo y el acusatorio pero cada uno conservaba su individualidad gestándose así lo que hoy nos rige en nuestro medio. En efecto del inquisitivo se adopta que el funcionario deje de ser un simple arbitro y pase a ejercer funciones de instrucción y decisorias, centrándose a si las funciones que implican acusación y defensa, como 40 LOPEZ BLANCO, 2005
35. 35 consecuencia de corresponderle la prueba para establecer los hechos delictivos (carga) y los atenuantes(descargo). Del acusatorio se toma que el ofendido en los delitos de carácter privado tenía la facultad de presentar la acusación la cual los públicos recayeron en cualquier persona. Pero mirando esta u otra división no es más que una clasificación que los tratadistas implementan para un mejor estudio del derecho procesal que es el tema que nos toca; por eso una u otra clasificación encuentran su ser en las dos planteadas anteriormente la ordo iudiciarum y extraordinaria cognition. Ordo Iudiciarum En este la división se da en dos uno es el actio legis ―el procedimiento de ley‖ y el formulario y estos a su vez en dos momentos: la in iure y la iudicium o apud iudice básicamente el primero se surte ante el pretor o magistrado es este quien niega o permite el acceso a la segunda fase, al arbitraje de los jueces privados. a) El procedimiento de las acciones de ley, era algo formal y estricta que estaba en poder delos pontífices, por lo formal esta debía ser pronunciada exactas y dirigidas por el actor contra el pretor en el cual no podía pedir sino solo aquello que contenía cada formula. Se consideraron cinco de estas acciones civiles taxativas tres de carácter declarativo (per sacramentum, per iudicis postulationem y per conditionem o condictio) y dos ejecutivas (per namus iniectonem y pigoris capione) las cuales tenían específicos y esencialmente formalista. b) El procedimiento formulario como ya se digo del primero ser formalista en esta etapa o fase es algo más flexible, amplio y perímete que al pretor espete otras acciones pero condicionado a que estas aparezcan verosímiles y admisibles. Es un proceso que surgió por la necesidad de evitar inconvenientes que el formulismo imponía, pero con esto traía el riesgo de que los testigos presenciales de la Litiscontestatio fuera de difícil consecución o no relatar fielmente ante el juez la actuación surtida ante el pretor41 . 41 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008
36. 36 Conserva las principales características de la fase anterior, o sea, el ritualismo, predominio de la oralidad y el sistema de la libre apreciación o apreciación racional de la prueba. Extraordinaria Cognitio Después de la ordo iudiciarum que es temporal ya que esta va tan solo hasta el siglo III después de cristo de ahí en adelante surge esta con la desaparición de las dos etapas o fases la in iure y la iudicium o apud iudice se instituye la tarifa legal para la apreciación de la prueba, el procedimiento es de naturaleza oficial y se dirige plenamente por un funcionario público como ESTADO. Va desplazado el sistema dispositivo y acusatorio para darle vía al sistema inquisitivo, sin oralidad pero con escritura y sin inmediatez, dándole un gran valor a la prueba documental no más juez popular ni jurado, que encajaría mejor en un sistema de connotación popular42 . Es así como surge una administración de justicia onerosa imponiéndosele así en costas en quien perdiera la sentencia; emerge lo que con modificaciones la figura de la caducidad o la perención de la instancia que se fundó en el umbral de que una sentencia no podía durar más de tres años como máximo. Como base de ese derecho romano en especial del formulismo nos habla (LOPEZ BLANCO, 2005) se encuentra el art 304 del Código de Procedimiento Civil, que indica que la parte resolutiva de toda sentencia deberá estar precedida de la frase sacramental ―Administrando justicia en nombre de la República de COLOMBIA y por autoridad de la ley‖ fórmula esta que obviamente no tiene caso que se omita o se cite textualmente ni un efecto generador de nulidad, para que observen los jueces en orden a separar las dos partes centrales de una sentencia; la motiva y la resolutiva. Como aspecto importante así lo señala (Quintero, 1995) conviene anotar unos principios de derecho procesal que vienen desde roma y que aún hoy son guías de importancia definitiva; es preferible dejar impune un delito que castigar un inocente; un mismo delito no puede ser juzgado dos veces; no puede ser condenado a quien no ha podido defenderse y el delito del padre no recae sobre el hijo. 42 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008
37. 37 Proceso Romano-Canónico Es un proceso que surge de la unión de los principios del derecho romano y los principio que la iglesia imponía, fue así como estos dos talantes fueron confundiéndose y va inspirando un nuevo régimen jurídico y así mismo se va delineando un nuevo proceso que se va extendiendo por Europa y es lo que conocemos de proceso común o proceso romano-canónico43 . Para profundizar más en el tema de su nacimiento me parece pertinente traer lo que (Quintero, 1995) nos plantea sobre su origen; este es un proceso de la Europa continental. El proceso romano puro pasa a los países de common law. Este proceso romano-canónico es también denominado longobardo-italiano- canónico. Los longobardos son un pueblo germánico, de procedencia tal vez escandinava. En el año 568 se establecen en friuli, Italia. Es en plena edad media donde se da la cúspide de la iglesia que aunque en principio su competencia era en asuntos exclusivamente eclesiásticos tomo para si las llamadas causas mixtas, en las cuales existe intereses cuya solución le concierne a la potestad civil y eclesiástica44 . Autoridad esta que en principio fue acusatorio limitado al matrimonio (potestad civil) y clericales o eclesiásticas; pero luego con el influencia de la iglesia se extendió a otros asuntos, y como consecuencia de su absolutismo, adopto el sistema inquisitivo que caracterizo al penal45 . Es a partir del siglo XII Y XIII que llega a la cúspide con el sistema inquisitivo con el tribunal del santo oficio o de la santa inquisición, lo que (Quintero, 1995) lo denomina cima de perversión, de la cual tuvo que redimirse el proceso, al principio por el mismo derecho canónico, morigerado e influido por el derecho romano en mezcla que fue creado un nuevo procesos, con lineamientos particulares, proceso que se impone en países europeos y lo que hoy recuerda como proceso común o romano-canónico, o italiano-canónico. Italia, sus universidades, sus glosadores y pos glosadores estudian las instituciones del derecho procesal romano y busca adecuarla a la época y a los hombres. Se caracterizó por ser un proceso dirigido por funcionarios oficiales, escrito, en ingrediente de prueba va naciendo de tarifa legal, mediante el cual se proporcionaba a los jueces una serie de complejas reglas para la valoración. Pero 43 Véscovi, Teoria General del Proceso, 1999 44 Lopez Blanco, 2005 45 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008
38. 38 lo más característico y retrogrado es la presunción de culpa esto quiere decir que el acusado o demandado debía probar su inocencia46 . En cuanto a su procedimiento señala (Véscovi, TEORIA GENERAL DEL PROCESO , 1999) el procedimiento civil se desarrolla con apoyo de una demanda escrita, citando al demandado un funcionario judicial a pedido del actor. El reo puede oponer a la demanda excepciones previas o de fondo, renaciendo la litis contestatio como forma de declaración de voluntad de las partes, sin la cual no puede dictar sentencia. (Por eso al demandado se le embargar los bienes si no compárese o se niega). Las afirmaciones controvertidas son objeto de prueba (primero por el demandado como hemos dicho y luego por actor en principio). Existe preeminencia de la confesión que existe en toda la prueba y el régimen la tarifa legal como ya lo señalamos (p28). Contra la sentencia existen los recursos de apelación, nulidad y restitución in integrum. La ejecución es primero personal y más adelante patrimonial aun cuando se mantenía la prisión por deudas. Por ser tan pesado y lento luego se inserta un proceso sumario para los de menor cuantía. El sistema de pruebas legales era lo más profundo y complejo. El desarrollo procedimental se divide en tres partes: la inquisición general, la especial y el juicio. Las dos primeras eran etapas preparatorias y secretas primordialmente. Después en el juicio se recibían nuevas pruebas, se oía al acusador, se escuchaba al acusado y se dicta sentencia que era apelable47 . A todo ello hay que añadir que el clero era el principal depositario de la cultura de aquel tiempo, lo que probablemente contribuyo a que se viera en la iglesia un poder auxiliar del estado48 . Proceso Del Common Law Es un proceso independiente que no tubo influencias directa del proceso romano y el sistema inquisitivo que caracterizo el penal y el común que distingo al civil, no llegaron a Inglaterra no fue tan absoluto como lo veremos más adelante. La iglesia y su inquisición no encontraron acogida, porque Enrique II combatió directamente la herejía catara, no muy arraigada declarándolas fuera de ley en 116649 . 46 Véscovi, Teoria General del Proceso, 1999 47 Véscovi, Teoria General del Proceso, 1999 48 Lopez Blanco, 2005 49 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008
39. 39 Es así como se gesta un nuevo sistema diferente en el contexto mundial extendido a estados unidos por las colonias inglesas establecidas en este territorio y a los demás países de influencia anglosajona. Así lo establece (Quintero, 1995) En el reino unido y estados unidos la gran mayoría de normas son de carácter consuetudinario. El proceso es oral y con presencia de un jurado; no existe el ministerio público; en proceso penal hay un fiscal investigador que actúa como acusador en el sistema predominante, que es el procediendo acusatorio. El proceso como se anotó se cumple fundamentalmente en el trial en forma pública, concentrada y contradictoria se reciben pruebas, se escuchan a las partes y se dicta sentencia. La tendencia es a ser de única instancia en búsqueda de la celeridad en el proceso (p148). Pero este sistema por su oralidad característica de este lo que lo hacía incompatible con algunos asuntos por la fórmula de jurado – juez optaron por acudir directamente al rey fuente de toda justicia y gracia, el soberano resolvía asuntos particulares, el cual atendía por conducto del canciller quien por ultima termino adoptando esta función; decisiones que tomaba estaba regida por la equidad del caso en particular, siguiendo un procedimiento escrito, si mediación de los jurados y orientado por los principios canónicos y romanos. Surge así un sistema análogo al common law denominado equity que es ejercido por el tribunal de canciller institución esta que delega tal función que es controlado por la cámara de los lores a partir de 1624. 2. HISTORIA DE LOS SISTEMAS PROCESALES Es un conjunto de principios regidos bajo un criterio rector, que le otorgan al proceso determinadas características como ―Inquisitivo y el Dispositivo‖. Lo que determina el criterio rector es la naturaleza del derecho sustancial que le permiten dispones a las partes de él, teniendo en cuenta que este sea de interés particular o público. Y que algunos autores los clasifican como sustancial que se refiere a la naturaleza de la relación jurídica y el formal se refiere al funcionamiento del proceso y a la relación jurídica procesal Dispositivo: Por cuanto las partes son los sujetos activos del proceso, porque en ellos recae el derecho de iniciarlo, y el juez es pasivo porque se limita a dirigir el debate y decidir. Características a) Iniciativa
40. 40 b) Impulso Procesal c) Tema de Decisión d) Hechos e) Pruebas f) Disponibilidad del Derecho g) Recursos Inquisitivo: Este es lo contrario al dispositivo, en cuanto a que el juez adopta la calidad de activo porque tiene la facultad de iniciar el proceso, decidir y decretar las pruebas que considere. Antecedentes Del Sistema Inquisitivo En la tarea de explicar los sistemas procesales de enjuiciamiento debo remontarme inexorablemente al año 1215. Con pocos meses de diferencia entre uno y otro en esta fecha acaecieron dos hechos que originaron el tema de estudio. 1) En la Europa occidental, el cuarto concilio de letra dispuso que cesara de una vez y drásticamente los recurrentes herejías que abundaban en la época; y 2) En la Europa insular, el rey de Inglaterra emitió la carta magna para apaciguar a los levantiscos barones sajones. La influencia del concilio de letrana en el proceso Desde los comienzos de la iglesia católica se puso de manifiesto que no todos los creyentes comprendían de igual forma las enseñanzas de Jesús pues hubo algunos que no aceptaron los dogmas como tales. Sin embargo ello no genero problemas de convivencia con las jerarquías eclesiásticas durante varios siglos. Pero en el año 1000 de nuestra era, la Europa cristiana se enfrentó a le revolución del fenómeno que aparentemente se hallaba detenido desde el siglo V; se sucedieron rápidamente en Francia y luego se extendieron a los cuatro puntos cardinales – diversas herejías masivas- que además de impugnar el dogma católico de la trinidad, negaron instituciones básicas de orden religioso y secular (el matrimonio, la autoridad del papa etc.)
41. 41 Contra ello reaccionaron severamente tanto la iglesia como algunos reyes utilizando medios diversos que se universalizaron a partir del concilio de Verona (1184), en el cual nació la institución de la inquisición como organización eclesiástica. La organización eclesiástica El decreto AD ABOLENDUM encomendó a los obispos la inspección anual de los pueblos donde se presentaban numerosas herejías a fin de recabar o inquirir informes secretos acerca de ellas, utilizando al efecto a personas de buena reputación y encargándoles que llegado el caso juzgaran por sí mismo a los sospechosos a quienes se le negaba oponer cualquier privilegio de exención del juzgamiento. Parece claro a los autores que esta época y en tales condiciones, lo que verdaderamente importaba a la iglesia mediante ese juzgamiento era la conversión y no la reparación del hereje, por lo que se afirma que históricamente el sistema carece de trascendencia jurídica que muchos estudiosos le asignan. Pero no fue así si se miran bien los resultados. Mirando así eran personas que iban caminando de pueblo en pueblo buscando pecadores atreves de la indagación y así obtener su confesión. Logrado ello los confesores absolvían y perdonaban los pecados confesados quedando así expedita la inmediata reinserción en el seno de la iglesia. Hasta ese entonces – cierto es- que el teme poco interesa al derecho. Sin embargo rescate tres ideas de lo recién expuesto, los inquisidores se dedicaban a: 1) La búsqueda de pecadores 2) La investigación (inquisición) de sus pecados y 3) Lograr la confesión No duraría mucho tiempo este estado de cosas; cuando andando los años cambiaron los intereses de roma y el papado se alejó de la pura espiritualidad para empezar a privilegiar los bienes materiales con notable injerencia ahora de
42. 42 los gobiernos seculares a quienes disputo el poder civil, decidido a convertir delitos algunas actividades que a esta ese entonces eran meros pecados. El sistema dispositivo o acusatorio Ya como se ha escrito con anterioridad desde tiempos inmemoriales –en rigor, desde la pacificación de los pueblos existía en los hecho una idea parecida a la que hoy tenemos del proceso civilizado: dos personas (actor y demandado) discutiendo ante otra cuya autoridad moral o personal acataban. En el proceso penal y superadas las etapas de la venganza privada, y las ordalías, ocurrió lo mismo entre acusador y reo. Conforme al individualismo imperante de la época antigua y antes de la utilización de estrictas formulas religiosas (que luego fueron dejadas de lado). Parece ser que eran las propias partes quienes disponían libremente su derecho no solo en discusión si no en el método de discutir. A este sistema de libre disposición del método de debate se le asigna desde antaño la denominación de dispositivo (en materia civil) o acusatorio (en materia penal pues nace de la acusación que se ase contra otra) y fue el que impero en Grecia, roma, etc., como se ha visto precedentemente50 . La carta magna Tengo que referirme a ella porque esta es promulgada da a conocer por el rey juan plantagenet conocido como juan sin tierra que tras la muerte de su hermano mayor toma el poder y este lleva un gobierno absolutista, loas gobernados de la época decidieron oponerse a impuesto y guerras caprichosas del rey. Es así como los BARONES INGLESES exigieron un trato de acuerdo a las leyes vigentes en cuanto a procedimiento, y es así como el rey emite el primer acuerdo entre gobierno y gobernados que es conocida por el mundo como la CARTA MAGNA de 1215; en fecha muy cercana a la conformación de a la conformación del concilio de Letrán en la Europa occidental. 50 Alvarado
43. 43 La cual con algunas enmiendas no funciono y los problemas con los barones continuaron y estos declararon la guerra y el rey murió. Con todo se da un proceso en los cuales los barones en 1689 donde se da una declaración de derechos donde se replican ideas de la carta magna contenía en la petición de derechos. Con el devenir del tipo viene los sucesores de juan sin tierra establecen un proceso que se dé ante iguales como método de debate ante un tercero imparcial que asegura jurídicamente esa igualdad que rige desde entonces hasta hoy en gran Bretaña y en los países que integraron el imperio británico y esta trascendencia de Inglaterra de influencia en el common law y en la constitución de los estados unidos. Estos dos sistemas no son absolutos ni únicos Alsina (HUGO, 1963) no dice que dependiendo de cómo se inicie puede ser ya como lo dijimos es dispositivo, en tanto y cuando el juez tenga el poder de impulsar el proceso inquisitivo, pero también pude ser por sus medios de expresión que se utilice durante la tramitación puede ser mediante el uso de la palabra o la escritura, oral o escrito, según puedan intervenir los terceros a los actos de procedimiento, público o secreto; según se administre la justicia serán jueces técnicos o legos, como se aprecie la prueba pruebas legales, criterio del juez ( libre convicciones) o se establecen límites ( sana critica ) el proceso puede terminar, sentencia en única instancia pero por lo menos recorre dos instancias mediante el recurso de apelación, el juez puede ser único o colegiado. A estos distintos modos de desenvolverse el proceso examinado desde el punto de vista externo es lo que Alsina llama sistemas procesales. Alsina (HUGO, 1963) hay que caracterizar lo que entendemos por sistemas procesales y su vinculación con los principios formativos del proceso y la teoría de los actos jurídicos procesales. 3- FINALIDAD DEL DERECHO PROCESAL Finalidad del proceso civil Cuando los intereses individuales o colectivos tutelados por el derecho objetivo no se satisfacen espontáneamente por aquellos obligados por la norma, el Estado provee a su realización por medio de la actividad jurisdiccional. El objeto de ésta es "la declaración de certeza o la realización colectiva y concreta de los intereses tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo, cuando, por falta de certeza o por inobservancia de las dichas normas, no quedan ellos directamente satisfechos por aquellos a quienes se dirigen las normas jurídicas".
44. 44 (Ugo Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo I, pág. 48, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1969). En cada caso concreto, la actividad jurisdiccional se ejerce en el marco del proceso, sobre cuyo fin específico ha escrito Carnelutti: "La conclusión de la investigación hasta ahora efectuada, puede resumirse en esta fórmula: el proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio. "Paz con justicia podría ser, de ese modo, el lema del Derecho procesal. Ni paz sin justicia, ni justicia sin paz. Nada de paz sin justicia, porque el proceso, como se ha visto, no tiende a componer el litigio de cualquier modo, sino según el Derecho. Nada de justicia sin paz, porque el derecho no se aplica o no se realiza por quien está en conflicto, sino por quien está sobre el conflicto: supra partes, no inter partes; a fin de componer un litigio y no de tutelar un interés". (Sistema de Derecho Procesal Civil, tomo I, pág. 287, Ed. UTEHA, Buenos Aires, 1944). Bien lo dice la Corte; 51 la finalidad del derecho procesal en general, y de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización que supone la solución de los conflictos. Como el derecho el derecho procesal, de acuerdo con lo expuesto, es el conjunto de normas que regulan la actividad de la rama judicial, su razón de ser, por tanto es la de servir de medio para la aplicación del derecho material o sustancial, y consecuentemente que es lo esencial o primordial, propender la conservación de la paz, la armonía y la seguridad social, para evitar así la justicia por propia mano y el predominio del más fuerte. 4- CONCEPTO Y CARATERISTICAS DEL DERECHO PROCESAL La doctrina es uniforme frente a las características nos dice que es autónomo, formal e instrumental o de medio. a) Autónomo: Si bien en principio se trató como Derecho Adjetivo, esto es que dependía del sustancial en la medida en que para accionar se requería ser titular de un derecho, con posterior ello cambió, 51 Sentencia No. C-029/95
45. 45 especialmente con FRANCESCO CARNELUTI (Sistema de Derecho Procesal Civil, T. I, Buenos Aires, Uteha, 1.944, num. 6) se fijó el concepto de acción al hacerla radicar en cualquier persona, sin tener presente que fuera o no titular del derecho material, el que solo queda para ser considerado en la sentencia y como determinante de la clase de decisión. Es por ello que hoy, al haberse delimitado la acción del derecho, el derecho procesal adquirió autonomía. En consecuencia, al trazarse una perfecta delimitación entre el derecho material y la acción, como generadora de la actuación judicial y sujeta a sus propias normas y reglas, el derecho procesal adquirió la autonomía que hoy todos los doctrinantes reconocen52 . b) Instrumental o de Medio. Las normas según este criterio se dividen en materiales, e instrumentales o de medio. Los bienes primarios son los concebidos como necesarios para obtener la satisfacción de una necesidad, tal el caso de los alimentos; mientras que los instrumentales, lo necesarios para conseguir los primarios. CARNELUTI hace gravitar toda la estructura del Derecho Procesal en el litigio, y para llegar a su concepto parte del interés, esto es, lo que mueve a una persona hacia determinado bien, en virtud de que este le proporciona la satisfacción de una necesidad. Cuando dos sujetos persiguen un mismo bien, surge un conflicto de intereses entre ellos, que se transforma en litigio si la voluntad de uno se quiere imponer sobre la del otro. Con base en las premisas anteriores divide las normas en materiales, que son las componen inmediatamente un conflicto de intereses, imponiendo una obligación y atribuyendo un derecho subjetivo; y en instrumentales, que lo componen mediatamente, atribuyendo el poder de componerlo e imponiendo correlativamente una sujeción. En otras palabras, según ALSINA, las normas materiales resuelven inmediatamente el conflicto de intereses entre las personas, pues reconocen un derecho e imponen una obligación; mientras que las instrumentales, disciplinan los requisitos de un acto encaminado a solucionar el conflicto de intereses, o sea que regula los medios para dictar la solución e imponerla, atribuyendo al efecto un 52 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, (2008)
46. 46 poder jurídico a un sujeto determinado, correlativo a la sujeción de otro. Ejemplo con el incumplimiento y la acción de resolución de contrato. A) Formal. Este distintivo obedece a la clasificación de la normas en sustanciales y formales. Encuentra su razón de ser al tratar de carácter instrumental o de medio el derecho procesal, ya que las normas sustanciales regulan las relaciones jurídicas entre los individuos, en tanto que las formales rigen la actividad de la rama judicial para obtener la efectividad o reconocimiento de los derechos nacidos de aquellos. Como el derecho procesal está constituido por preceptos que indican la forma cómo actúan los funcionarios judiciales en cumplimiento de su función, se concluye que es de carácter formal; además no tiene un fin en sí mismo, sino que sirve a otro, como es el sustancial53 . 5- DERECHO JURIDICCIONAL Y DERECHO PROCESAL Como nos muestra (Véscovi, Teoría general del proceso, 1999) la jurisdicción es la función estatal que tiene el cometido de dirimir los conflictos entre los individuos para imponer el derecho. Como su etimología lo expresa, significa, ―decir el derecho‖ (juris dicto) a un que en la concepción más moderna no es solo (juzgar) sino también ejecutar lo juzgado. Como se verá más adelante la función jurisdiccional no es solo limitada a juzgar los conflictos entre los particulares también en lo penal se manifiesta al imponer al imputado las sanciones y en lo administrativo entre la administración y los administrados. El estado desarrolla tres funciones que se pueden ver así como legislador; dictar las normas, como administrador, la aplica, y en ejercicio de la función jurisdiccional, resolviendo conflictos o excluyendo la insatisfacción, impone dichas normas (derecho)54 . Como podemos ver entonces que es poder del estado y así (COUTURE, 1973)‖ función pública, realizada por órganos competentes del estado con las formas requeridas por la ley en virtud de la cual por acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. 53 Azula Camacho, Manual de derecho procesal, 2008 54 Véscovi, Teoría general del proceso, 1999
47. 47 Mientras que el proceso es el conjunto de actos dirigidos a un fin (como sucede en todos los demás: proceso químico, fisiológico): la solución de conflictos(o la solución de la pretensión) mediante la imposición de reglas jurídicas, el derecho(o más medidamente, la implantación de la paz y la justicia en el medio social). O como lo dice de igual forma (LOPEZ BLANCO, 2005) el derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas dictadas por el estado para establecer la función jurisdiccional. 6- FUENTES DEL DERECHO PROCESAL Las fuentes que originan el Derecho Procesal se clasifican en fuentes de producción y fuentes de conocimiento. 1.-Fuentes de producción. Originan el derecho procesal considerado como una rama independiente o de legislación. A. FUENTES NATURALES. Se encuentran en la intrínseca naturaleza humana. Este precepto origina las normas procesales. B. FUENTES POSITIVAS. Son las que informan el ordenamiento legal y se dividen en directas e indirectas. Las fuentes directas o inmediatas son las que encierran en sí misma la norma jurídica y están integradas por la Ley (principal), costumbre, y jurisprudencia (accesorias) complementadas por los Principios Generales del Derecho Procesal. La Constitución Política reconoce estas fuentes en el Artículo 230 al preceptuar que ―los jueces, en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, pero agrega que la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial‖. Las fuentes indirectas no encierran la norma jurídica pero sí la originan, como acontece con el derecho histórico y el derecho extranjero que se refieren a las normas derogadas o a las existentes en otros países, respectivamente. 2.-Fentes de conocimiento. Son aquellas de donde el funcionario judicial obtiene la información. Estas plasman o concretan las de Producción, es decir, estas últimas adquieren vida de las de conocimiento y permiten que el funcionario cumpla con su función, y se clasifican en dos grupos de acuerdo
48. 48 con el orden en que corresponde aplicarlas: La Ley; y la costumbre, la jurisprudencia, y los principios generales: Ley procesal Para los efectos del estudio de la TGP el concepto de ley se toma como lo prevé el sentido material, esto es, como precepto sin consideración al órgano del que emane. Se toma el término ley como la que regula la rama judicial, y la forma como ella actúa para cumplir su función, sin considerar el ordenamiento jurídico donde se encuentre el órgano del cual provenga. Existen normas procesales en códigos sustantivos y viceversa como la del derecho del prescribiente a la propiedad (Art. 407 del C.P.C.). Clases. A.- Según la Estructura:  Orgánica. Regula lo relativo a la organización y estructura o composición de la rama judicial. V.Gr. la que determina la existencia de los diferentes despachos judiciales Ley 270 de 1.996 Estatutaria de la Administración de Justicia, y Ley 1.258 de 2.009). En nuestro medio la Constitución Política establece los órganos jerárquicamente más importantes, sin que por ello dichas normas pierdan su calidad de normas procesales.  Norma Procesal Propiamente Dicha. Reglamenta lo concerniente a los actos procesales y al procedimiento en general. V.Gr. las que fijan términos para alegar, o de práctica de pruebas, etc. B.- En relación con los Actos Procesales: puede ser material y formal.  Material. Reglamenta lo concerniente a la calidad de los sujetos o personas que producen los actos procesales y al contenido de estos. Las que consagran la forma como las partes actúan en el proceso; esto es, que si con incapaces lo hacen por conducto de sus apoderados.  Formal. Las atinentes circunstancias de lugar, tiempo y modo en que corresponde llevar a cabo los actos procesales. V. Gr. Término para dictar sentencia, actuaciones que deben llevarse oralmente, forma como se realiza el interrogatorio.
49. 49 C.- Respecto de la Fuerza Obligatoria.  Absoluta o imperativa. Es la de Forzoso cumplimiento o acatamiento, siempre que se den los presupuestos indispensables que ella misma prevé para su aplicación. La mayoría de las normas procesales tienen este carácter.  La Dispositiva. Es la que debe aplicarse o dejarse de aplicar de acuerdo a la actitud, que ante determinado acto procesal asuman las partes, siempre que la norma faculte lo uno o lo otro. Desde un punto de vista positivo solo se aplica cuando todos o alguno de los sujetos realice determinado acto. V.Gr. cuando se interpone un recurso se aplican las normas que lo regulan. Desde un punto de vista negativo, hace referencia a la norma de cuya aplicación puede prescindirse en virtud de acuerdo entre las partes. Por acuerdo expreso como sucede con el Art. 186 del C.P.C. que las parte de común acuerdo solicitan se prescinda de la etapa probatoria. Por acuerdo tácito cuando se infiere por la conducta adoptada por una de las partes y que consiste en abstenerse de infirmar lo realizado por su contraparte y de lo cual depende la aplicación de la norma, como cuando se demanda en dirección diferente y por ende ante el juez que no corresponde, si al contestarse la demanda no se indica nada, se sanea. De acuerdo con la norma sustancial para cuya efectividad sirva de medio, se puede distinguir en procesal civil, laboral, penal, etc. La costumbre Conjunto de actos espontáneos y repetidos que realiza la comunidad en un espacio y tiempo determinados, con la creencia de observar una norma de derecho. Debe tenerse en cuenta que quien dirige y resuelve el proceso es el Juez, y por tanto el único que puede tomas la costumbre como fuente. La costumbre judicial se concibe como el conjunto de actos o pronunciamientos de índole jurisdiccional que realiza el juez de manera reiterada y espontánea en un lugar y tiempo determinados, con la aquiescencia de las partes, cuando dichos actos o pronunciamientos no están conformes con la norma.  Secundum legem. Cuando la misma norma se ha referido a ella permitiendo su adopción, es la ley la que se aplica. V. gr. Si la ley indicara como elaborar los autos interlocutorios.
50. 50  Extra legem. Cuando la costumbre se emplea para suplir aspectos secundarios o accesorios de la actuación que corresponde imprimirle al proceso y ante la ausencia de precepto positivo expreso que lo reglamente. V. gr. Los despachos que la ley se limita a consagrarlo como medios de comunicación entre jueces y tribunales, pero sin mencionar los requisitos de redacción a que deben ceñirse, los que se llenan mediante la costumbre (C.P.C. Art. 111). Guarda estrecha relación con la integración.  Contra legem. Ocurre cuando la norma es reemplaza en la práctica por la costumbre, pues la disposición conserva su vigencia. V. gr. El testimonio debe ser recepcionado siempre por el Juez, pero en la práctica no es así. La jurisprudencia La manera como los funcionarios judiciales entiende la norma y lo exponen en las providencias que profieren. En cuanto al sentido o criterio que se afirme, puede ser uniforme o contradictoria, según si el sentido de varias providencias que se pronuncian cuenta con el mismo o diferente sentido. En cuanto al acatamiento u observancia, la jurisprudencia puede ser optativa u obligatoria. Es optativa cuando los funcionarios judiciales quedan en l posibilidad o no de acogerla en casos similares (Art. 4 Ley 169 de 1.896, indica que tres decisiones uniformes constituyen doctrina probable, si son proferidas por la Corte Suprema de Justicia, y los jueces podrán aplicarla acaso análogos, lo que no obsta para que esa misma corporación la varíe55 . Es obligatoria, cuando el Juez al efectuar el pronunciamiento realiza una doble labor, fija la solución al caso concreto, y legisla pues dicho criterio es obligatorio a futuro para los demás jueces56 . Para el Efecto, Según lo previsto en el Artículo 230 de la C.P., son 55 La opinión actual sobre dicha fuerza vinculante, es expuesta de manera clara y completa por el autor CARLOS BERNAL PULIDO, en su obra EL DERECHO DE LOS DERECHOS, Ediciones UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Bogotá D.C., 2.005, páginas 194 a 227. 56 Art. 243 de la C.P. establece: Los fallos que la Corte constitucional dicte en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer las confrontaciones entre la norma ordinaria y la Constitución. El Artículo 21 del Decreto 2067 de 1.991 estableció: Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. El Artículo 23 del mismo decreto establece: La Doctrina Constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por esta, será criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia. Las modificaciones de la doctrina existente deberán ser explícitas en la Sentencia. Sobre la obligatoriedad del precedente constitucional con relación a los pronunciamientos de la Corte Constitucional debe revisarse la Sentencia C-252 de 2.001. En torno a las características del Precedente Constitucional y partes de la sentencia, ver el fallo C-SU-1300 de 2.001
51. 51 criterios auxiliares en la actividad judicial, la equidad, jurisprudencia, doctrina, y principios generales. Principios generales del derecho procesal 1.- Concepto. Son los criterios u orientaciones generales que inspiran el ordenamiento procesal. Están consagrados en la Constitución Política, y son la base para la integración e interpretación de las normas procesales. 2.- Clasificación. A) De la Legalidad o del Debido Proceso. El Artículo 29 inciso 2°, indica que ―nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante tribunal competente y observando las formas propias de cada juicio‖. Por su parte el Artículo 4 del C.P.C. establece que las dudas deberán aclararse de conformidad con los principios Generales del derecho procesal, de manera que cumpla con la garantía procesal del debido proceso, se respete el derecho de defensa, y se mantenga la igualdad de las partes‖. El C.P. en su Artículo 6 (Ley 600 de 2.000), al cual denomina legalidad, reitera el precepto constitucional cuando dispone que ―nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio; y el C.P.P. (L. 906 de 2.004) en su Artículo 6 con la calificación de la legalidad preceptúa que ―nadie podrá ser investigado y juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia propia de las formas de cada juicio‖. Se viola el debido proceso cuando: B).- Defecto sustancial, por encontrarse fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; Defecto fáctico, cuando resulte que el fundamento fáctico o probatorio de la decisión es absolutamente inadecuado; Defecto Orgánico, en los que el funcionario judicial carece por completo de competencia para resolver el proceso; Defecto procedimental: Si el fallador se desvía por completo del procedimiento fijado por la Ley para dar trámite a determinadas cuestiones.
52. 52 C).- Carácter Exclusivo Y Obligatorio De La Función Judicial. La función judicial solo puede ejercerla el Estado y a través de los órganos establecidos para tal efecto. Precisa distinguir de acuerdo con la Constitución Política entre Jurisdiccional y Judicial. El primero se refiere a la facultad de administrar justicia, y el segundo a una de las ramas del poder público. Hay otras ramas del poder público que por excepción tiene función jurisdiccional como sucede con el parlamente, las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, y en algunos casos los particulares administran justica, como sucede con los árbitros. La Ley Procesal ha dividido jerárquicamente la rama judicial y, de acuerdo con ello se le asigna el conocimiento de procesos, tomando en consideración para ello la calidad de las personas lo cual implica tener en cuenta las condiciones en que ella se encontraba cuando se produjo el hecho que es objeto de consideración por la rama judicial. v.gr su calidad de senador para determinar que es la CS.J. La que investiga y juzga. D).- Trámite adecuado u Obligatoriedad de los Procedimientos. El derecho procesal se divide en diversas ramas como la civil, laboral, penal, etc., puesto que la naturaleza de cada una de ellas exige un tratamiento diferente en cuanto al proceso que corresponde surtir. Esta diferencia se presenta aun al interior de cada una de las ramas, pues lo que se reclama o ventila en el proceso no siempre es lo mismo como por ejemplo el declarativo y el ejecutivo a continuación. La inobservancia de las formalidades propias de cada proceso determina la nulidad del proceso. E).- Necesidad de Oír al Demandado. Consiste en la necesidad de vincular al proceso a la parte contra quien el demandante formula o reclama su pretensión, a fin de que pueda ejercer el derecho de defensa. El principio se cumple mediante la notificación personal de la primera providencia al demandado o acusado, requisito que le da la calidad de parte, y lo habilita para actuar en el proceso. En el proceso penal, es con la acusación judicial. F).- Igualdad de las Partes. Significa que las dos partes, demandante y demandado, o el acusado, dispongan de las mismas oportunidades para formular sus cargos y descargos, y ejercer los derechos tendientes a demostrarlos. G).- Independencia de los Funcionarios Judiciales. Quienes integran la rama judicial, gozan de independencia frente a los restantes funcionarios del Estado, aunque estas tienen el deber de colaborar armónicamente en los términos del inciso 2 del Artículo 113 de la C.P.
CÓMO SE HACE UN PROCESO - FRANCESCO CARNELUTTI
Teoria general de la prueba judicial Tomo I - hernando devis echandia
Martha Margarita
Manual de derecho probatorio para el proceso auditor