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Timestamp: 2019-02-23 15:03:53
Document Index: 390140036

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 20', 'Artículo 7', 'Artículo 34', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 11']

Total de investigaciones y actos conclusivos relacionados con los hechos ocurridos en el mes de febrero de 2014
Total actos conclusivos
Actuaciones de la Defensoría del Pueblo en los sucesos de febrero de 2014
El febrero de 2014 se inició una serie de manifestaciones en varias ciudades del país, algunas de las cuales derivaron en expresiones violentas tales como incendios, obstaculización de vías públicas, ataques a instituciones públicas y privadas, a universidades, servicios de salud, redes de distribución de alimentos subsidiados, infraestructura pública, mercados privados y tala de árboles.26 La Defensoría del Pueblo registró que estos sucesos de violencia causaron directa o indirectamente la muerte de 48 personas y existen suficientes elementos para presumir que la mayoría de las muertes de estas personas se enmarca en delitos castigados por la legislación nacional.
Al respecto, la Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela advirtió públicamente en varias oportunidades que estas expresiones colectivas de violencia configuraban no solo presuntos delitos sino amenazas a los derechos humanos, especialmente a la vida y a la integridad personal, hecho que fue lamentablemente confirmado luego del deceso de varias personas. En este orden, se observó que la mayoría de los homicidios fueron causados por armas de fuego “en circunstancias con suficientes elementos comunes para presumir un patrón de actuación que pudiera reflejar la intencionalidad y un nivel de planificación y coordinación por parte de los victimarios”.27 Por mandato constitucional, la investigación sobre las circunstancias en que ocurrieron, sus autores materiales e intelectuales es responsabilidad del Ministerio Público, órgano también titular de la acción penal.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo precisó que en seis (6) de los homicidios se presume la autoría de agentes del Estado. De acuerdo con el Ministerio Público, órgano a cargo de la investigación penal, 17 funcionarios de seguridad son investigados, 5 de ellos bajo medidas cautelares de privación de libertad y 3 con medidas de presentación. Según declaraciones de la Fiscal General de la República las investigaciones se iniciaron oportunamente y actualmente se encuentran en proceso. En este sentido, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones de vigilancia de los Derechos Humanos constató el inicio y desarrollo de las investigaciones en cada uno de estos casos, así como la atención a las víctimas.
Al respecto, el Presidente de la República formuló varios pronunciamientos públicos categóricos de rechazo a cualquier forma de exceso policial. Por ejemplo, el viernes 21 de febrero refirió en rueda de prensa “No protejo a nadie que le dispare a nadie en este país en manifestaciones”. Este tipo de declaraciones sirven como evidencia de la postura política gubernamental frente al uso desproporcionado e ilegal de la fuerza por parte de agentes de seguridad. Asimismo, los órganos encargados de la Administración de justicia, en el ámbito de sus respectivas competencias, han llevado a cabo actuaciones destinadas a la investigación y enjuiciamiento de los hechos delictivos.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo contabilizó 786 personas lesionadas a nivel nacional como consecuencia de estos sucesos. De este número de personas 67% son civiles y 33% son funcionarios públicos, efectivos policiales o guardias nacionales. Frente a esto, refiere el inicio de 558 investigaciones en las cuales se sospecha que las personas fueron víctimas de excesos policiales. El tipo de agresiones policiales más denunciadas fueron puños en la cabeza, patadas y golpes en las extremidades. En menor número, pero también recurrentes: los puñetazos en el rostro, golpes en la espalda, golpes con objetos contundentes y heridas de perdigón (5% de las personas aprehendidas entrevistadas por la Defensoría del Pueblo señalaron haber sido heridas con perdigones).
Durante el conflicto y a propósito de estas denuncias, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo 143 reuniones con organismos de seguridad del Estado en las entidades en donde han ocurrido los hechos. En tales reuniones se formularon observaciones y recomendaciones acerca de su actuación, tanto en casos individuales como en situaciones generales tales como el abordaje de manifestaciones y uso proporcional, progresivo y legal de la fuerza. La Defensoría del Pueblo también formalizó 266 recomendaciones a órganos a cargo de la investigación penal y de seguridad del Estado.
e) Las agresiones, amenazas y hostigamientos de las que han sido objeto periodistas mientras informaban acerca de las protestas que tuvieron lugar desde el pasado 4 de febrero de 2014, presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad, grupos armados y manifestantes;
Las agresiones, amenazas y hostigamientos de las que han sido objeto periodistas mientras informaban acerca de las protestas que tuvieron lugar desde el pasado 4 de febrero de 2014, presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad, grupos armados y manifestantes;
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus labores de defensa y vigilancia de los derechos humanos estuvo atenta a los presuntos hechos de violencia a los cuales fueron víctimas periodistas mientras ejercían sus funciones en el marco de las manifestaciones presentadas desde el mes de febrero de 2014.
En tal sentido, las Defensorías Delegadas Estadales a nivel nacional se mantuvieron atentas a cualquier acto de violencia ejercido en el desarrollo de las manifestaciones, y en particular a las posibles agresiones en las que pudieron ser víctimas los profesionales de la comunicación social.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de los siguientes casos registrados ante las sedes de las Defensorías Delegadas Estadales:
Casos registrados en las Defensorías Delegadas Estadales
Denuncia de la periodista Amny Perez y el reportero gráfico Hugo Pachano, del diario regional “La Prensa”, quienes presuntamente fueron agredidos el 05-03-14 por un ciudadano identificado como funcionario de lácteos Los Andes, se remitió el caso al Ministerio Público -Fiscalía 5º, bajo el Nº MP 98833-2014 encontrándose en fase de investigación.
Denuncia de los periodistas: Jonas Jiménez, Daudelis Oviedo, Mariangela Velásquez, Sacha Moncada y Luigi Paravani, quienes exponen haber sido víctimas de presuntas agresiones físicas y psicológicas por parte de efectivos de seguridad del Estado. Estas denuncias fueron remitidas al Ministerio Público.
Denuncia de la ciudadana Loreana Evelyn Arraiz de Orozco-comunicadora social- quien alega haber recibido amenaza de muerte, así como a su grupo familiar, la denuncia a su vez la formalizó ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas -expediente: K-14-037300077-, la Defensoría Delegada procedió remitir el caso al Ministerio Público.
f) Actos de represión e intimidación, con el presunto apoyo de la Guardia Nacional, de miembros de la comunidad yukpa, entre los que destacan el homicidio del cacique Sabino Romero, y el ataque a su hijo, Silverio Romero, el 3 de enero de 2014, y las comunidades chaktapa y guamo.
El Homicidio de Sabino Romero Izarra y las Lesiones de su esposa Lucía Martínez, es llevado por la Fiscalías 38 a Nivel Nacional con Competencia Plena, 76 a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales, 24 a Nivel Nacional con Competencia Plena y 91 a Nivel Nacional con Competencia en Materia Indígena, todas del Ministerio Público. Estando la causa en Fase de Juicio Oral y Público ante el Tribunal 17 de Juicio del Circuito Judicial Penal de Caracas, en virtud de la Acusación presentada por el Ministerio Público, por la comisión de los delitos de Sicariato y Asociación Para Delinquir, contra los ciudadanos: Jhon Luis Petit, Angel Antonio Romero Bracho, Giovanny Jose Delgado González, Rigoberto José Socorro Moran, D´Erizan Romero Eusquides Jesús, Delvis José Cárdenas Palencia, todos adscritos a la Policía Municipal de Machiques del estado Zulia, con excepción del ciudadano Ángel Antonio Romero Bracho. En lo que respecta al ataque al ciudadano Silverio Romero, la Fiscalía 4ta. del Ministerio Público del estado Zulia, e inició la investigación, encontrándose en Fase Preparatoria, a la espera de las resultas de diligencias correspondientes, para emitir el Acto Conclusivo.
El 4 de enero de 2014, la Defensoría Delegada del estado Zulia, se trasladó a la Sierra de Perija — lugar donde ocurrieron los hechos — , entrevistó a familiares, testigos, autoridades competentes y participó en una reunión con autoridades tradicionales, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el Gobernador del estado Zulia y funcionarios del Ejercito Nacional Bolivariano, en la que se acordó conformar una comisión, la cual se reunió en Caracas con el Canciller de la República a los fines de abordar las diversas problemáticas, especialmente en la relacionada con la tenencia de la tierra, pago de las bienhechurías ubicadas dentro de las poligonales demarcadas y tituladas de las tierras del pueblo Yukpa y la muerte del Cacique Sabino.
Producto de esta reunión, el Ejecutivo Nacional canceló entre los meses de julio-agosto 28 fundos que ocupaban 14.001,01 hectáreas de los territorios demarcados al pueblo Yukpa, para lo cual hizo una inversión de 138.998.124,16 Bs28.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias, ha estado realizando seguimiento al caso de la muerte del Cacique Sabino Romero, ante el Ministerio Público (MP), la causa fue llevada por el Fiscal 76º con Competencia Nacional, con sede en Maracaibo, estado Zulia, con protocolo de apertura de investigación Nº RP 91058.2013, autopsia de ley, declaración de los testigos, diversas experticias técnicas, allanamientos en Machiques y Tokuko, investigaciones telefónicas.
El MP, solicitó medidas de protección para los familiares del cacique Sabino Romero Izarra, la cual fue acordada por el Tribunal 1° de Control de esa jurisdicción. Las medidas consisten en el apostamiento policial permanente y en brindar asistencia de toda índole a los familiares de Sabino.
El 07 de abril, la causa fue asignada al Fiscal Nº 38 con Competencia Nacional, con sede en Caracas, para la continuación de la investigación. El 04 de julio, el MP impuso medida privativa de libertad para el presunto autor material de la muerte del Cacique.
En la audiencia de presentación, los Fiscales 24° y 38° con Competencia Nacional, respectivamente, realizaron la imputación, por la presunta comisión de los delitos de sicariato y asociación para delinquir. Asimismo, fue imputado por presuntamente incurrir en el delito de lesiones personales en perjuicio de Lucia Martínez de Romero, pareja del dirigente indígena.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del MP, el Tribunal 14° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó medida privativa de libertad. Dicho ciudadano permanece recluido en la Unidad Especial de Apoyo a la Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la parroquia San Agustín de Caracas.
En agosto de 2013, en relación a la misma causa, el MP solicitó privativa de libertad a cinco personas, las mismas fueron imputadas por presuntamente incurrir en los delitos de sicariato, asociación para delinquir e incurrir en delito de lesiones personales en perjuicio de Lucia Martínez. El Tribunal 14 de Control del AMC, admitió la acusación y los medios de prueba aportados por los fiscales 24° y 38° con Competencia Nacional y ordenó su enjuiciamiento. Al cierre del presente informe, estas seis personas se encuentran recluidas en la Unidad Especial de Apoyo a la Investigación del Cicpc.
Ataque al hijo de Sabino Romero, Silverio Romero
El 04 de Enero de 2014, es herido el ciudadano Silverio Romero, el 06 de enero la Defensoría del Pueblo se trasladó al Hospital Dr. Pedro Iturbe (General del Sur), a los fines de verificar su estado de salud.
El médico tratante informó del ingreso del ciudadano el 04 de Enero de 2014, con herida de arma de fuego (escopeta), en la zona del cuerpo intercostal derecha superior. La comisión defensorial entrevistó a Silverio Romero y también pudo observar la presencia de Cuerpos de Seguridad del Estado (Milicia, Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, Policía Nacional, Guardia Nacional) como medida para preservar la integridad física, tanto al ciudadano Silveiro Romero, como de su madre, Lucia Martínez.
A través del seguimiento del caso realizado por la Defensoría del Pueblo, conoce que, fue designada la Fiscalía Cuarta del estado Zulia, para investigar los hechos ocurridos en el sector el Tokuko, parroquia Libertad de Machiques de Perijá, donde fue herido Silverio Romero. En tal sentido el fiscal designado, coordinó las experticias y diligencias de investigación que son realizadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, orientadas a determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho.
Mediación de la Defensoría del Pueblo en el conflicto de los sectores Tokuko
y Río Yaza
En septiembre de 2013, la Defensoría del Pueblo, recibió la solicitud de mediación por parte de autoridades tradicionales indígenas Yukpa de los sectores Tokuko y Río Yaza, en virtud de la situación generada por la muerte de dos ciudadanos indígenas Yukpa. Hechos que según los solicitantes, deberían ser conocidos por la jurisdicción especial indígena.
Esta situación generó un conflicto entre las familias indígenas de ambos sectores, llegándose a prohibir el acceso a la comunidad Tokuko de familiares Yukpa provenientes de otras comunidades. Además, la situación de temor y amenazas a su población. En consecuencia, las madres y representantes no inscribieron ni enviaron a sus hijos e hijas a la escuela de la zona. Por lo que solicitaron entre otras, protección y respeto a las autoridades indígenas de los distintos sectores.
En razón de lo anterior, la Defensoría del Pueblo, realizó actuaciones defensoriales ante la Gobernación del estado Zulia, Guardia Nacional Bolivariana con sede en Machiques y Fiscalía 11 del MP con sede en Maracaibo, a los fines de conocer sobre la investigación penal, Exp. MP 325-192-2013. De igual modo, sostuvo reuniones con las autoridades tradicionales, docentes, líderes, ancianos y familiares de los fallecidos, de los sectores Tokuko y río Yaza. Asimismo, participó en una reunión interinstitucional con presencia de los Ministerios del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Pueblos Indígenas.
En este orden, y a los fines, de propiciar el diálogo de convivencia y paz dentro del pueblo Yukpa, se instaló una mesa de diálogo con participación de las autoridades tradicionales, e instituciones del estado, en la que se acordó, entre otros, establecer de manera conjunta los mecanismos de participación y elaboración de planes y programas de seguridad para la zona, atendiendo a los usos y costumbres, normalizar la asistencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y la realización de un plan de formación en materia de derechos humanos indígenas dirigidos a las autoridades tradicionales y las instituciones del Estado.
La representación de la Defensoría del Pueblo brindó orientación y asesoramiento sobre legislación indígena, en especial sobre el tema de la jurisdicción especial indígena, la competencia del Ministerio Público y de ésta institución Defensorial, así como de los avances de la investigación penal de los hecho acaecidos en la zona.
Pregunta 28. En relación con los casos de represalias y agresiones a defensores de derechos humanos que trabajan para la defensa de víctimas de tortura y malos tratos sírvanse indicar las medidas de protección otorgadas en relación con estos defensores y el número de denuncias recibidas, las investigaciones, enjuiciamientos, sentencias condenatorias y penas impuestas en relación con estas denuncias. En este contexto, informen sobre las investigaciones y las actuaciones disciplinarias o penales conexas, si las hubiera, en relación con los siguientes casos:
a) La muerte del defensor Mijail Martínez, el 26 de noviembre de 2009 en Barquisimeto, Estado de Lara, y las agresiones y amenazas recibidas por su padre, Víctor Martínez, en junio de 2010 y en enero de 2012, presuntamente por distribuir panfletos acerca de su muerte;
Con ocasión al fallecimiento de Mijael Baudilio Martínez, la Fiscalía 2da. del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, acusó el 29 de abril de 2011, ante el Tribunal Tercero de Control del estado Lara por el delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles al ciudadano Carlos Zavarce, siendo realizada la Audiencia Preliminar, el 09 de junio de 2011, la cual fue admitida en su totalidad, dictándose el auto de apertura a juicio.
El 28 de julio de 2011, por los mismos delitos se acusó a Jean Carlos Pérez Moreno, celebrándose el 19 de marzo de 2012, la Audiencia Preliminar donde se admitió la Acusación, dictándose el auto de apertura a juicio correspondiente.
Posteriormente, el 22 de febrero de 2013 se acusó al ciudadano Eliezer Jesús Colmenarez Silva, por el delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles, realizada la Audiencia Preliminar, la causa in comento se encuentra en Fase de Juicio.
Además se solicitó a dicho tribunal ordenara la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el ciudadano Jairo José Salones Ollarves, la cual fue acordada, sin que hasta los actuales momentos se haya materializado la orden de captura. Asimismo.
La Defensoría del Pueblo conoció de oficio el presente caso desde el 03 de diciembre del 2009, en consideración a notas de prensa que reflejaban que la muerte del mencionado ciudadano se encontraba vinculada a denuncias presentadas por su padre, Víctor Martínez en contra de las fuerzas de seguridad del estado Lara. El expediente defensorial es el P-09-00996. Con respecto a ello, se ha efectuado el seguimiento de la causa fiscal iniciada, estando en la actualidad en Fase de Juicio ante el Tribunal de Juicio N° 5, bajo el expediente KP01-P-2009-10855. En el presente caso continúan privados de libertad los ciudadanos Carlos Zavarce y Jean Carlos Pérez, presuntos autores del Homicidio de Mijail Martínez.
Caso Víctor Martínez
Con respecto a la Medida de Protección otorgada a favor del padre de la víctima en cuestión, Víctor Martínez Piñate, y de su grupo familiar, acordada por el Tribunal 8vo. de Control del estado Lara, el 26 de noviembre de 2009; se le informa que en fecha 16 de enero de 2014, dicho ciudadano solicitó al Ministerio Público la continuidad de la Tutela Judicial otorgada, razón por la cual el 17 de enero de 2014, la Fiscalía Superior del estado Lara requirió al mismo Juzgado la extensión de la Medida, por cuanto la víctima manifestó que siguen siendo amenazados, siendo acordada el 19 de mayo de 2014, consistente en Apostamiento Policial por parte de funcionarios del de la Policía del estado Lara, por un tiempo de seis (06) meses.
En fecha 07 de julio de 2010, la Defensoría del Pueblo efectuó el registro del expediente P-10-00677, en consideración a la denuncia presentada por el ciudadano Víctor Martínez Piñate, quien señaló que el día 03/07/2010, se encontraba entregando panfletos alusivos a la muerte de su hijo, en las cercanías de la vivienda del ex comandante de la Fuerza Armada Policial del estado Lara, Jesús Rodríguez Figuera, se presentó un ciudadano, vestido de civil, que procedía a entrar a dicha vivienda, en un vehículo particular, se acercó a él y sin mediar palabra lo insultó empujó y ambos procedieron a golpearse, presume que es un escolta del ex comandante.
Se ha efectuado el seguimiento del expediente iniciado por el Ministerio Público, signado bajo la nomenclatura 13-F7-1476-2010. La misma se encuentra en fase de investigación, no obstante hasta la presente fecha no se ha determinado la participación de funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad del Estado. Desde el 20 de septiembre de 2010, el Tribunal de Control N° 5 de la Circunscripción Judicial Penal del estado Lara, le otorgó Medida de Protección correspondiente a recorrido policial en su vivienda por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Policial del estado Lara, y se acordó su continuidad en fecha 19/05/2014 por 6 meses.
b) Las amenazas recibidas por Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, en junio de 2011 y en mayo de 2012; y el secuestro del esposo de Marianela Sánchez Ortiz, activista de la misma organización, en mayo de 2012;
En cuanto a las amenazas recibidas por el ciudadano Humberto Prado Sifontes, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, se pudo constatar, que efectivamente el prenombrado ciudadano presentó denuncia ante el Ministerio Público en el año 2011, con ocasión a presuntas amenazas recibidas por parte de personas desconocidas. La anterior denuncia, si bien fue desestimada por tratarse el delito denunciado de un delito de Acción Privada, que de acuerdo a las previsiones contenidas en la legislación sustantiva penal venezolana, exige de la interposición de una querella por parte de la víctima, el Ministerio Público requirió de los órganos jurisdiccionales en su favor, la imposición de Medidas de Protección, bajo la Modalidad de Vigilancia Continua. Estas medidas fueron acordadas por el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, encontrándose aún vigentes, toda vez que se han venido prorrogando sucesivamente. En ese sentido, el Ministerio Público se mantiene atento al acatamiento de dichas medidas por parte de los órganos policiales de protección designados al efecto.
Sobre el presunto Secuestro del ciudadano Hernán Antonio Bolívar, esposo de Marianela Sánchez Ortiz, vale acotar que ante el Ministerio Público, solo fue presentada una denuncia, de la cual conoció la Fiscalía 72 del Ministerio Público de Caracas, referida a presuntas amenazas con causarle daño a él y a su familia. En fecha 9 de octubre de 2012, se decretó del Archivo Fiscal, por cuanto la investigación no arrojó elementos suficientes para presentar acusación, sin perjuicio de su reapertura.
Las actuaciones de la Defensoría del Pueblo en torno al caso de Humberto Prado, son las siguientes:
a) Se Trasladó a las instalaciones de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Miranda, a los fines de constatar el cumplimiento de la medida;
b) Se constataron los avances de la investigación contra el ciudadano Humberto Prado, seguida por la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Miranda;
c) Se verificó el estado de la investigación sobre las amenazas y actos intimidatorios en contra de la vida del ciudadano Humberto Prado, dirigida por la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Miranda;
d) Se mantiene contacto personal o telefónico con el beneficiario de la medida, a los fines de constatar su cumplimiento.
Ahora bien, respecto a las medidas a favor de la ciudadana Marianela Sánchez, la Defensoría del Pueblo realiza las actuaciones a continuación:
a) Traslado hasta las instalaciones del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de hacer seguimiento al cumplimiento de la medida de protección personal y familiar;
b) Traslado hasta las instalaciones del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de hacer seguimiento sobre los avances de la investigación;
c) Se mantiene contacto personal o telefónico con los beneficiarios de la medida, a los fines de constatar su cumplimiento.
c) Las amenazas recibidas por Rocío San Miguel en mayo de 2010.
En cuanto a las presuntas amenazas sufridas por Rocío San Miguel en mayo de 2010, se tramitaron las medidas de protección respectivas por parte del Ministerio Público ante el Juzgado 36 de Control de Caracas, siendo decretadas bajo la modalidad de patrullaje policial, a cumplirse por funcionarios adscritos a la policía del Municipio Sucre del estado Miranda, por un lapso de seis (06) meses, prorrogada en 02 oportunidades, siendo la última el 24 de marzo de 2014, a ser cumplida por funcionarios adscritos a la policía del Municipio Baruta del estado Miranda. Siendo preciso agregar que Representantes de la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas, han sostenido permanente contacto con la víctima en cuestión, quien también ha tenido acceso telefónico a dichos funcionarios, ante cualquier eventualidad.
En mayo de 2010, la Defensoría Delegada del Área Metropolitana recibió comunicación suscrita por la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, titular de la cédula de identidad número V-6.974.789, mediante la cual denunció que, a raíz de unas declaraciones brindadas en un medio de comunicación social privado en fecha 06/05/2010, recibió varias llamadas de personas que decían tener información sobre actividades ilegales dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que requerían conversar con ella a los fines de brindarle dicha información; asimismo, denunció en dicho escrito que comunicadores sociales del canal del Estado (Venezolana de Televisión), la tildaban de mentirosa por sus declaraciones sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que el caso quedó registrado bajo Planilla de Audiencia número P-10-02311, a los fines de la investigación pertinente.
Pregunta 29. En relación con las recomendaciones anteriores del Comité (párr. 10, apdo. d), y a la luz de informaciones que indican un incremento de los crímenes de personas por su orientación sexual o identidad de género, así como la falta de información acerca del estado de investigación de más del 90% de los casos documentados, proporcionen información acerca de a) las medidas adoptadas para prevenir las asesinatos, agresiones y amenazas a este colectivo, b) el número de denuncias, procesamientos, enjuiciamientos, condenas y sanciones impuestas en el período a examen por estos crímenes.
En lo concerniente a la petición relativa a los Homicidios presuntamente ocurridos en razón de la orientación sexual o identidad de género, es menester señalar que en el Ministerio Público existe la Dirección de Delitos Comunes y la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, donde se llevan los seguimientos necesarios para poder suministrar información sobre casos de ese índole, y que cuentan con Fiscales especializados en materia de Homicidios; siendo menester obtener datos específicos de los casos para dar respuesta satisfactoria.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha reconocido y asumido la necesidad impostergable de formular, elaborar y viabilizar una política institucional estratégica, encaminada a la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos de las personas LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales) que contemple, entre otras cosas, construir puentes y articular iniciativas conjuntas con otras autoridades y organismos estatales competentes, así como con otros actores sociales vinculados a la defensa de estos derechos.
En este sentido, las acciones de la Defensoría en promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos de la población de LGBTTI han estado dirigidas a:
a) Reconocer a la población LGBTTI como población en situación de vulnerabilidad;
b) Conocer las quejas, denuncias y peticiones en casos de vulneración de derechos por orientación sexual e identidad de género;
c) Diagnosticar con la participación de los y las principales afectados y afectadas la situación de los derechos humanos de la población LGBTTI;
d) Formar a los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos de la población LGBTTI;
e) Formar a los funcionarios y funcionarias encargados y encargadas de hacer cumplir la ley en el área de los derechos humanos de la población sexo-género-diversa;
f) Emprender actividades de promoción y divulgación de los derechos humanos de la población LGBTTI;
g) Proponer acciones judiciales y legislativas en beneficio de la población LGBTTI.
Estas acciones se han venido desarrollando, a través del acompañamiento activo a diversas organizaciones que luchan por los derechos humanos de la población LGBTTI. Cada año, la Defensoría del Pueblo acompaña a los grupos y organizaciones LGBTTI en la Marcha por el Orgullo Gay, a través de la cual esta población defiende su derecho a participar en la sociedad desde el reconocimiento y respeto a la diversidad.
De forma recientemente y a partir de las múltiples solicitudes de varios movimientos LGBTTI, la Defensoría del Pueblo se activó para crear, dentro de la Institución, una Defensoría Especial con Competencia Nacional en el Área de los derechos humanos de las personas LGBTTI. En 2014, se incorporó personal a dicha Defensoría.
Siguiendo con estas acciones, en 2009 la Fundación Juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo celebró el conversatorio “Aspectos psicosociales de la sexodiversidad”, el cual ha sido difundido en los Consejos de Derechos Humanos constituidos por la Institución: Caricuao, La Vega, El Rosario de Baruta, Sucre y Antímano, donde han participado además de los miembros de estas organizaciones, residentes de dichas comunidades, incluyendo niñas, niños y adolescentes.
Entre las situaciones discriminatorias identificadas por el grupo en los conversatorios se encuentran: el acoso y los abusos policiales, la expulsión del hogar familiar y las constantes burlas y vejámenes por parte de otros miembros de la comunidad. Se manifestó igualmente, que en los centros de educación media se habían presentado casos de jóvenes presuntamente homosexuales expulsados de sus hogares por haber revelado su condición ante sus padres y que los docentes no saben cómo manejar, acudiendo a los Consejos de Derechos Humanos en busca de orientación en ese sentido.
En 2010 se estableció una alianza con los representantes de Onusida Venezuela y el Consejo General de Policía, a los fines de organizar el encuentro Sexualidad, vulnerabilidades y VIH dirigido directamente a funcionarios y funcionarias de seguridad de los 5 municipios que integran el Área Metropolitana de Caracas, con el fin de visibilizar y sensibilizar a los y las policías sobre el reconocimiento de prácticas discriminatorias a la población LGBTTI.
Bajo la coordinación de la Defensoría Delegada de Caracas, se iniciaron mesas de diálogo con los cuerpos de seguridad que hacen vida en la capital, con la finalidad de establecer encuentros periódicos con los movimientos sociales LGBTTI quienes solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, para abordar y superar las prácticas policiales discriminatorias por parte de determinados funcionarios contra esta población; especialmente en las zonas que se constituyen como los espacios de encuentro de estas personas, y en específico el tratamiento de los protocolos de actuación al momento de detención y tratamiento de las mismas, y en especial de las personas transexuales.
La Defensoría del Pueblo, ha promovido la acción de denuncia y se ha pronunciado en contra de situaciones de vulneración de derechos humanos de las personas homosexuales y transgénero. Sin embargo, hace un llamado a las autoridades competentes que tienen la tarea de investigar y condenar las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTTI, para dejar de lado sus prejuicios y trabajar por la construcción de una sociedad más humana. En fecha 6 de mayo de 2010 la Defensoría del Pueblo dedicó la edición del programa radial La voz de la Defensoría a la promoción y divulgación de los derechos humanos de la población LGBTTI. También este año la edición n.° 3 de la revista Con Lápiz de Pueblo fue dedicada a las personas sexo género diversas.
En el marco de un acuerdo con el Cenesex se llevó a cabo en 2012, el diplomado “Sexualidades, diversidad sexual y derechos humanos. Herramientas prácticas para la acción”, del cual egresaron capacitadas y formadas 16 personas, entre personal de la Defensoría del Pueblo, de otras instituciones del Estado y personas pertenecientes a los movimientos LGBTTI del país.
En 2012 y 2014, la Defensoría del Pueblo participó en la elaboración del Informe Nacional relativo a los avances en la implementación de la Declaración de Compromisos sobre VIH/SIDA (2001) y Declaración Política VIH/SIDA (2006 y 2011), realizando aportes y colaborando con los movimientos LGBTTI.
En ese mismo año y conjuntamente con ONU Sida Venezuela, ha venido trabajado en un anteproyecto de Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas que Viven con VIH/SIDA y sus Familiares con la finalidad de presentarlo en la Asamblea Nacional. Esta Ley busca promover y proteger el derecho a la igualdad de todas las personas que viven con VIH/SIDA, así como de sus familiares, en todo el territorio nacional, a los fines de asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su condición de salud, orientación sexual o identidad de género.
También, ha efectuado diferentes actuaciones dirigidas a verificar el estado de los servicios para la atención de personas afectadas por VIH/sida, el suministro de medicamentos, personal médico, disponibilidad de camas para hospitalización y la infraestructura de las instituciones en las cuales se atienden a estos pacientes.
De igual forma, se realizaron ocho talleres sobre Diversidad Sexual y el Derecho a la No Discriminación, durante los cuales se analizaron aspectos conceptuales, patrones culturales venezolanos y la normativa vigente. En estas actividades participaron 225 personas, entre ellas voceros y voceras de Refugios y Nuevos Urbanismos, voceras del Movimiento de Mujeres Manuelita Sanz, servidoras y servidores del MPPComunas y Protección Social y del Ipasme.
En agosto de 2013, la Defensoría del Pueblo participó en el Foro “Sexodiversidad en Venezuela: inclusión y realidad”, organizado por el diario Últimas Noticias, en donde, a través de su máxima representante Gabriela Ramírez, se presentó un balance sobre las actuaciones más relevantes de esta institución de derechos humanos en beneficio de la población Lgbtti del país, así como las actividades emprendidas por el Estado venezolano en esta materia.
En fecha 16 de mayo de 2013, se envió al Presidente de la Asamblea Nacional, una comunicación a través de la cual se solicitó considerar decretar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.
En tal sentido, se indicó que la referida fecha conmemora el día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la decisión de eliminar de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, lo cual ha dado paso a que numerosos países acogieran declarar el 17 de mayo como día contra la homofobia.
De igual manera, se enfatizó que la precitada solicitud se enmarca plenamente en los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reconoce a la igualdad como un valor superior de su ordenamiento jurídico, al tiempo que consagra la no discriminación como un derecho que obliga al Estado a adoptar medidas positivas dirigidas a su plena y real materialización.
Pregunta 30. Sírvanse indicar las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente al elevado índice de homicidios entre la población y a manos de agentes del orden y proporcionen datos anuales sobre el número de casos identificados, el número de procesamientos y sentencias condenatorias impuestas, especificando cuando el presunto autor es un agente estatal. En este contexto, indiquen si se ha reglamentado la nueva Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, de 17 de junio de 2013, y las medidas que se han adoptado para el registro de todas las armas y municiones. Asimismo, describan las medidas adoptadas para desarmar, desmantelar e investigar a los colectivos sociales armados y “cuerpos de combatientes”, encargados de mantener el orden público.
El Estado venezolano a través de sus diferentes instancias ejecuta y articula la política pública en materia de seguridad, denominada Gran Misión a Toda Vida Venezuela, desarrollando medidas de seguridad destinadas a proteger a venezolanos y venezolanas y preservar su derecho a la vida.
Enmarcado en los vértices de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, se viene abordando la materia, desde la perspectiva de prevención y garantía de derechos, a través de una seria de programas y proyectos.
En primer lugar, desde la Fundación Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, se desarrollan un conjunto de proyectos que abordan la protección de niñas, niños y adolescentes en función de lo contemplado en esta política pública integral del Estado venezolano. En este sentido, desde su Primer Vértice denominado “Prevención Integral y Convivencia Solidaria”, se trabaja en la formulación de un programa de “Escuela para Padres y Madres”, a fin de promover espacios de encuentros y formación que los orienten en su rol formativo, facilitándoles herramientas motivadoras y reflexivas que mejoren su tarea educativa a nivel familiar, de modo que sus hijos crezcan en espacios propicios para el pleno desarrollo físico, intelectual y espiritual.
Asimismo, desde este primer vértice, se fomentan actividades culturales, deportivas y recreativas en las comunidades, que les permiten desarrollar sus potencialidades. En virtud de ello, se ha logrado la creación de “Escuelas de Música” a través del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y el desarrollo de “Clínicas Deportivas”, en alianza con el Ministerio del Poder para el Deporte y la Dirección General de Prevención del Delito del Ministerio de Interiores Justicia y Paz. Durante estas clínicas, también se realiza la recuperación de canchas y espacios deportivos a fin de promover el sano esparcimiento y garantizar los espacios de prevención del delito. Hasta la fecha se ha iniciado la construcción de 65 canchas de paz con una inversión de 1.454.970 bolívares.
Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz viene trabajando en la generación de una nueva cultura de la seguridad basada en la prevención y en la preservación de la vida en las diferentes parroquias, urbanizaciones y comunidades de todo el país, a través de la implementación del “Plan Patria Segura”, el cual es un dispositivo cívico-militar con énfasis en la prevención integral, el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, la transformación del sistema de justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflicto y la atención a las víctimas de la violencia.
Todo ello se complementa con la labor que viene realizando la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y por la Vida, tomando como referencia los vértices I, V y VI de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y teniendo como propósito construir una política pública que fortalezca la Cultura de Paz y Vida como valor supremo, priorizando el enfoque participativo y protagónico de las poblaciones involucradas en la transformación de los contextos y condiciones que los hacen más vulnerables.
Es muy importante recalcar el trabajo de la Comisión para el Desarme Voluntario, que fomenta la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones que se encuentren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, amparado en el anonimato, respeto y protección de los Derechos Humanos, aumentando la seguridad de la ciudadanía y priorizando la existencia humana.
Asimismo, juega un papel fundamental la profesionalización y el desarrollo integral de funcionarios de la seguridad ciudadana en el país, gracias a la labor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), consolidando cuerpos al servicio del pueblo venezolano que sean transparentes, con sentido ético, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular, a la contraloría social y ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas.
La normativa legal venezolana, obliga a los organismos competentes a iniciar una investigación penal en contra de funcionarios policiales, quienes en el ejercicio de sus funciones presuntamente hayan cometido un delito, en donde la víctima sea niño, niña o adolescente, correspondiendo a las organismos de investigación la obtención de todos los elementos técnicos científicos que conforman un expediente que se remite al Ministerio Público, instancia que verifica la posible violación de derechos fundamentales, y en caso afirmativo, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, ante los Tribunales correspondientes se enjuician a los funcionarios del Estado.
La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones29: tiene por objeto normar, regular y fiscalizar el porte, tenencia posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito y transporte de todo tipo de armas, municiones, accesorios, partes y componentes; tipificar y sancionar los hechos ilícitos que se deriven de esta materia para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, así como crear los planes para ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas e instituciones del Estado, sus propiedades, bienes y valores.
Asimsimo, el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, prevé que las personas que manifiesten su voluntad de entregar armas de fuego o municiones, se les otorgará un permiso temporal para su traslado emitido por el órgano competente de la Fuerza Armada Nacional. Es importante destacar, que mediante este Reglamento, se crea el Servicio Nacional para el Desarme, como órgano desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual estará encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, custodia, vigilancia, procedimientos y control del manejo de armas recolectadas por la entrega voluntaria de armas y municiones por parte de la población.
Pregunta 31. Sírvanse informar sobre el estado de cumplimiento de los dictámenes de este Comité y del Comité de Derechos Humanos, así como de las sentencias de la Corte IDH, en que se haya establecido la responsabilidad del Estado.
Con relación a los casos relacionados con el Comité contra la Tortura el Estado Venezolano, solo recibió la comunicación 110 de 1998, en la que se alegaba que el traslado forzoso al Perú de la Sra. Cecilia Nuñez Chipana implicaría una violación, por parte de Venezuela, del artículo 3 de la Convención de contra la Tortura. El 9 de diciembre de 2005, la República Bolivariana de Venezuela había comunicado al Comité que el 23 de noviembre de 2005 el Embajador de Venezuela en el Perú se había puesto en contacto con la Sra. Núñez Chipana, quien mencionó que estaba recibiendo tratamiento médico, que podía recibir visitas de su hijo, y que la habían colocado en un régimen penitenciario que imponía restricciones mínimas a los detenidos. Por otro lado Venezuela, pidió al Comité que declarase que había cumplido sus recomendaciones de supervisar la situación de la autora en el Perú, por considerar que se ha cumplido la recomendación de que se evitasen violaciones similares en el futuro, con la aprobación de la Ley sobre los refugiados de 2001.
Informen sobre la intención del Estado de reconsiderar su posición sobre la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como recomendó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Al respecto de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado venezolano informó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, durante el dialogo interactivo relacionado con la revisión del último Informe Nacional Consolidado sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su soberanía, ha continuado realizando amplios esfuerzos para la transformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el acompañamiento de otros países de la región y con el objetivo de que los órganos regulados por la Convención Americana puedan ser eficaces para garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas de todo el continente americano sin diferenciación de ningún tipo.
Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela ha promovido el fortalecimiento de la nueva institucionalidad de derechos humanos que paulatinamente se desarrollan en las instancias emergentes a nivel subregional y regional como son los casos de Mercosur, Unasur y CELAC y a nivel internacional como el Consejo de Derechos Humanos, sus Procedimientos Especiales y los órganos de tratado.
Pregunta 32. Sírvanse indicar si el Estado tiene la intención de aceptar la solicitud de invitación emitida en 2011 por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El método de visitas especiales prevé que para la realización de la visita es necesaria la elaboración conjuntamente con el Estado de un cronograma o programa de trabajo que consiste en reuniones con las autoridades e instituciones públicas entre el titular del mandato y el gobierno. Este cronograma requiere que se realicen las consultas interinstitucionales necesarias para garantizar el éxito de las visitas de cualquiera de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Durante el año 2013, el Estado venezolano giro invitación al Relator Especial para la Alimentación, Sr. Oliver de Schutter sin que la visita haya sido posible debido a circunstancias de la agenta del titular del mandato.
Por lo tanto la República Bolivariana estudia las solicitudes de invitación transmitidas por los Procedimientos Especiales, de acuerdo al calendario del Estado.
* * El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
1  El artículo 20 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece entre otras cosas que: “…Las personas naturales que participen en calidad de autores materiales o intelectuales de cualquier forma con él o los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17, 18 y 19, respectivamente, serán sancionadas con una pena equivalente a las tres cuartas partes de la pena principal aplicada a estos agentes activos… De igual forma quien colabore de cualquier forma con los agentes activos de los delitos señalados en este artículo será sancionado con pena de las dos cuartas partes”.
2  Exige la lesión a la integridad física, psíquica o moral de la víctima.
3  Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Gaceta Oficial N° 37995, 05 de agosto de 2004.
4  El Período referido en este apartado cubre desde el 12 de febrero hasta mediados del mes de mayo de 2014.
5  Defensoria Del Pueblo. Febrero: Un golpe a la Paz. En: http://www.defensoria.gob.ve/
dp/phocadownload/userupload/varios/27F2014.pdf.
6  Artículo 34 LODP.
7  Artículo 38 LODP.
8  Artículo 40 LODP.
9  Disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/publicaciones/informes-especiales/1506-informe-pnb-2011.
10  Artículos 280 y 281. Gaceta Oficial N° 5.453, 24 de marzo de 2000.
11  Artículos 7, 12, 15 numerales 5 y 6, Gaceta Oficial N.° 37.995, 05 de agosto de 2000.
12  Articulo 170 A, literal “j”. Gaceta Oficial N° 5.859, 10 de diciembre de 2007.
13  Gaceta Oficial N° 40.212, 22 de julio de 2013.
14  Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Artículo 11. Gaceta Oficial N° 40.212, 22 de julio de 2013.
15  Dos voceros de la Defensoría del Pueblo, un vocero o vocera del Ministerio Público, un vocero o vocera de la Defensa Pública, un vocero o vocera del Tribunal Supremo de Justicia, un vocero o vocera de la Asamblea Nacional y un vocero o vocera del Poder Popular (sociedad).
16  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número 40.248 del 11 de septiembre de 2013 y Resolución 001 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.286, del 4 de noviembre de 2013.
17  Los expertos y equipos especializados pueden ser consultados en detalle a través de la Revista del Ministerio Público dedicada a la mencionada Unidad Criminalística, así como en su página web: http://criminalistica.mp.gob.ve.
18  Fuente oficial de la cartelera del comando de la Guardia Nacional Bolivariana situada en el Internado Judicial Rodeo I, verificada por las defensoras delegadas especiales en materia penitenciaría según acta del 30 de junio 2011.
19  Defensoría Del Pueblo. Elección Presidencial: 14 de abril de 2013. En: .
20  Para información de este caso, sírvase consultar el Informe Brito en: http://www.defensoria.gob.ve/
dp/index.php/publicaciones/informes-especiales/1466-informe-brito.
21  Gaceta Oficial Nº 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009.
22  Gaceta Oficial Nº 5.940 Extraordinario, de fecha 7 de diciembre de 2009.
23  Resolución Nº 136, 03 de mayo de 2010 en Gaceta Oficial Nº 39.415, 03 de mayo de 2010.
24  Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 36.975, de fecha 19 de Junio de 2000.
25  Aprobado por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura el 31 de octubre de 2013. reparación y rehabilitación de las víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (…)”. Para alcanzar ese objetivo el Plan incluye dentro de sus acciones programaticas “impusar medidas para la reparación y rehabilitación de las víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
26  Parte de estas acciones violentas fueron documentadas en el informe Un Golpe a la Paz. I parte (del 12 al 26 de febrero 2014) de la Defensoría del Pueblo. Ver http://www.defensoria.gob.ve/dp/
index.php/publicaciones/informes-especiales/3123-febrero-2014-un-golpe-a-la-paz.
27  Defensoría Del Pueblo, Un Golpe a la Paz. Del 12 de febrero al 19 de mayo de 2014. Junio 2014. Disponible en: .
28  Ministerio del poder popular para la agricultura y tierras. Dirección Regional del estado Zulia.
29  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.190, de fecha 17 de junio de 2013.
G E.14-