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Timestamp: 2017-02-26 05:39:54
Document Index: 247385842

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 58', 'artículo 12', 'Artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 61', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 31']

LEY 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia	LEY 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia Mis Leyes
LEY 12/2001, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia Estado	:
Artículo 3. Modificación de las disposiciones de la parte final de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria para Galicia.
Al amparo del artículo 30.1.1 y 3 del Estatuto de Autonomía para Galicia, que atribuye a la Comunidad Autónoma gallega competencia exclusiva en materia de fomento y planificación de la actividad económica, y en agricultura y ganadería, se promulgó la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria para Galicia, al objeto de solventar algunos de los problemas que afectaban a la rentabilidad económica y social de la actividad agraria, de tanta relevancia en la vida rural gallega.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de de modificación de la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia.
Las zonas que, por su clara vocación agrícola, ganadera o forestal, medida por criterios tales como el número de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial Agrario o en el Régimen Especial de Autónomos con explotaciones agrarias, así como por el número de explotaciones prioritarias, su situación geográfica o su potencial humano (crecimiento vegetativo), faciliten la estabilización de una población agrícola y su desarrollo socioeconómico.
El compromiso de titulares de explotaciones, propietarios o cultivadores a quienes pertenezca el 50 % de la superficie a concentrar de constituir cooperativas, siempre que justifiquen de modo racional y fundamentado que la concentración facilitará su consecución.
Los titulares de explotaciones agrarias a tiempo parcial que obtengan, al menos, un 25 % de sus ingresos procedentes de actividades agrarias tendrán la misma consideración a efectos de la presente Ley que los otros propietarios.
Por la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la Dirección General que corresponda, que actuará en cada provincia por medio del adecuado servicio provincial.
Presidente, con voto de calidad: un representante de la consellería competente en materia de agricultura designado por el titular de la misma.
Secretario, con voz y voto: Un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de la Junta con la condición de Licenciado en Derecho.
Si no se alcanzase la mayoría en la primera Asamblea, se harán nuevas convocatorias, quedando válidamente constituida la Junta Local cuando estuvieran presentes el 40 % de los propietarios residentes.
Aquéllas otras que se establezcan en la presente Ley.
1. El procedimiento de concentración parcelaria podrá iniciarse a petición de, al menos, las dos terceras partes de los propietarios de la zona para la que se solicita la mejora o de la mayoría de los titulares de los lugares acasarados con actividad agraria y que tengan el principal de sus bases territoriales en la zona, de la mayoría de los agricultores de la zona que, como consecuencia de su actividad, estén afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o bien al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en función de su actividad agraria o bien de un número cualquiera de ellos a quienes pertenezca más del 65 % de la superficie a concentrar. Este porcentaje quedará reducido al 50 % cuando quienes soliciten la concentración se comprometan a explotar sus tierras de modo colectivo.
Cuando a través de la Consejería se inste por los Ayuntamientos, que harán constar las circunstancias de carácter social y económico que concurran en cada zona.
Cuando por causas de la explotación de cotos mineros sea necesaria una importante cesión de tierras de utilización agraria, de tal modo que se estime que el procedimiento de concentración parcelaria pueda compensar los efectos de la expropiación y paliar el problema social que pudiera derivarse.
Aquellos otros que se estimen de suficiente entidad como para ser objeto de valoración objetiva a la hora de decidir el Consejo de la Junta la declaración, mediante Decreto, de la utilidad pública e interés social de la concentración de la zona, así como su urgente ejecución.
Determinación del perímetro que se señala en principio como zona a concentrar, con la salvedad expresa de que puede resultar modificado, en definitiva, por las inclusiones/rectificaciones o exclusiones que se acuerden de conformidad con los artículos 23 y siguientes.
Relación de masas forestales autóctonas cuya conservación se proponga, así como de los parajes o entornos de especial interés histórico-arquitectónico o paisajísticos o de cualquier otra área, dentro de la zona de concentración, que por razones de interés general se estime conveniente conservar. De esta relación se dará cuenta a las autoridades u organismos competentes para que, en caso de estimarlo oportuno, se hagan las calificaciones necesarias o se adopten las medidas adecuadas para preservarlos de su destrucción.
Tanto en las concentraciones gestionadas directamente por la Administración como en las privadas, según el artículo 58, se dará la oportunidad a los propietarios que lo soliciten (con las mayorías que establece la presente Ley para abrir los procesos de concentración) de realizar un proceso de permutas previo a la concentración, por un período de seis meses. Finalizado este período, podrá solicitarse una prórroga de igual tiempo, siempre que cuente con el informe favorable de los Servicios agrarios de la Consejería competente en materia de agricultura. Los gastos que ocasionen todas estas labores serán sufragados por la Administración. Ésta delimitará toda carga fiscal o pública para las operaciones de permuta y posterior registro, cuando sea de su competencia.
2. Las alegaciones presentadas serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Junta Local con las modificaciones que procedan. Esta resolución supone la aprobación de las bases definitivas, que serán remitidas al órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura para su publicación en el Diario Oficial de Galicia, en el Ayuntamiento y en los lugares de costumbre. En los treinta días siguientes a la publicación de las bases definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero competente en materia de agricultura, y la Junta Local emitirá informe sobre dichos recursos con arreglo a lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley.
Artículo 31. 1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se nutrirá con los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo.
1. Finalizado el período de exposición al público del proyecto de concentración y estudiadas las alegaciones formuladas, así como introducidas las modificaciones que se estimen pertinentes como consecuencia de las mismas, se redactará el acuerdo de concentración, en el cual se determinarán con precisión las fincas de reemplazo, en las que constarán aquellas que queden afectadas por gravámenes y situaciones jurídicas derivadas de las parcelas de procedencia y que se ajustarán estrictamente a las bases definitivas, y en el que se incluirá el plan de aprovechamientos de cultivos o forestal, en su caso, a que hace referencia el artículo 30 de la presente Ley.
Hasta un 3 % para el ajuste de las adjudicaciones de las fincas de reemplazo.
Hasta un 6 % para realizar, en beneficio de la zona de concentración parcelaria, las obras precisas a que se refiere el artículo 61, número 2.1.
Se garantizará en las horas y días que dure la exposición, al menos en un local por Ayuntamiento, la presencia de personal técnico que haya participado en la elaboración para aclarar a los particulares los extremos que sean pertinentes. Cuando las circunstancias lo aconsejen, a lo largo del proceso de concentración podrá contarse con el apoyo, entre otros, de personal técnico especializado en materia urbanística y sociológica.
Las bases definitivas y el acuerdo de concentración serán notificados a cada uno de los afectados. Cuando éstos sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada la misma no pudiera practicarse, la notificación será sustituida por la publicación del Servicio Provincial correspondiente, mediante aviso inserto por una sola vez en el Diario Oficial de Galicia y en el diario de mayor circulación de la provincia, así como por ocho días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los lugares habituales de la parroquia, advirtiendo que los documentos estarán expuestos durante treinta días naturales, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a la publicación del aviso en el Diario Oficial de Galicia, y que, dentro del citado plazo, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero competente en materia de agricultura.
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo se pongan a disposición de los participantes para que tomen posesión de las mismas, los interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre diferencias superiores al 2 % entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o expediente de concentración. Si la reclamación fuese estimada, la Dirección General podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo, compensar al reclamante con cargo al fondo de tierras o, si esto último no fuera posible, indemnizarle en metálico.
Cuando se trate de disposiciones en favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca que se divide o segrega como la colindante, no resulten de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo a que se refiere el artículo 3.1.b).
Mediante orden del conselleiro competente en materia de agricultura, oída la Junta Local de zona, y por sobrevenir circunstancias excepcionales debidamente justificadas por el Servicio Provincial correspondiente, podrá dividirse una zona de concentración en sectores independientes. En este caso, la ejecución y la publicación de los distintos trámites del proceso podrán realizarse en cada sector con independencia de los restantes.
La entidad concesionaria de la obra, a instancia de la Consejería competente en materia de agricultura, determinará, con referencia a un plano, las parcelas o aquella parte de las mismas que ocupará la obra pública proyectada, con expresión detallada de la superficie.
Previo estudio, en el cual se tendrá en cuenta el trazado y la superficie a ocupar por la citada obra pública, la Consejería, si procede, realizará la concentración, aprobando el Decreto de concentración parcelaria, en el que se determine el perímetro de la zona y se expresen todos los gastos que la misma origine. La reducción para obtener los terrenos a ocupar por la obra pública no será superior a la quinta parte del perímetro de la zona.
La entidad concesionaria valorará, para fijar la indemnización, las parcelas a ocupar, bien por Convenios con los afectados o bien por los medios establecidos en la legislación sobre expropiación forzosa. A estos efectos, regirá la clasificación prevista en el artículo 27 y demás disposiciones del procedimiento de concentración.
Una vez conocida, en la encuesta de bases provisionales y proyectos, la valoración indemnizatoria de la entidad concesionaria, los propietarios podrán optar por recibir de inmediato su importe en metálico. En este caso, la superficie de las parcelas indemnizadas se destinará a mitigar la reducción proporcional de las aportaciones reseñadas en el citado apartado 3 de este artículo.
La ocupación de los terrenos para la ejecución de la obra pública se llevará a efecto en el acuerdo; no obstante, la entidad concesionaria podrá ocuparlos a partir del momento en que sean aprobadas las bases provisionales. En este caso, se incluirán en las mismas los Convenios con los afectados dirigidos a obtener una garantía suficiente en la ejecución de los trabajos de concentración.
Cuando dos o más propietarios titulares de fincas integradas en explotaciones independientes, mediante permuta o por cualquier otro título, agrupen fincas cuya superficie sea, como mínimo, de media hectárea en cultivos intensivos y huerta, 1 hectárea en labradío o prado y 3 hectáreas en monte, los gastos correspondientes al otorgamiento de escrituras, inscripciones registrales y otros legítimos correrán a cargo de la Consejería competente en materia de agricultura.
En el supuesto de que el citado plan contemple obras que afecten a competencias de la Administración hidráulica autonómica, el mismo requerirá informe previo favorable de compatibilidad de dichas obras, con la planificación hidrológica de las cuencas de Galicia costa y con el plan de saneamiento de Galicia, que, a su vez, comportará la autorización administrativa correspondiente a cada una de las mismas, que habrá de emitirse en el plazo de cuarenta y cinco días y será aprobado por orden de la Consejería competente en materia de agricultura y publicado en el Diario Oficial de Galicia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el mismo.
Cuando en el citado plan se incluyan obras o mejoras que tengan que ser financiadas con cargo a presupuestos de otras Consejerías, su aprobación corresponderá a la Junta de Galicia, la cual, por Decreto adoptado a propuesta de la misma, señalará expresamente a quien corresponde la financiación y su ejecución.
4. Las obras complementarias a que se hace referencia en el apartado 2.2 de este artículo, que no tienen carácter obligatorio, serán proyectadas y ejecutadas por la Consejería competente en materia agraria, siendo sufragadas por la misma y estableciéndose reglamentariamente las condiciones y garantías suficientes, a fin de recobrar de los beneficiados directos de las obras y mejoras realizadas el 60 % de su coste, en un plazo no superior a diez años y con la satisfacción anual del importe de los intereses legalmente establecidos para las cantidades a satisfacer.
Transcurridos dos años desde la autorización del acta de reorganización de la propiedad que supone la finalización del proceso concentrador de que se trate-, la Consejería competente en materia agraria deberá realizar una evaluación de la zona de concentración para valorar el grado de consecución de los objetivos fijados, entre otros, el cumplimiento de los planes de aprovechamiento de cultivos, la utilidad económica y social, así como la fijación de población en el medio rural.
Se introduce el nuevo título VII, bajo la rúbrica Infracciones y sanciones, que comprende los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76.
Realizar actos que disminuyan el valor de las parcelas en un valor inferior al 10 % una vez que el Decreto de concentración parcelaria hubiera entrado en vigor.
Destruir obras, talar o derribar arbolado, extraer o suprimir plantaciones o cultivos permanentes y esquilmar la tierra y realizar actos que disminuyan el valor de las parcelas en un valor superior al 10 % una vez que el Decreto de concentración parcelaria hubiera entrado en vigor.
Las infracciones leves con multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
Las infracciones muy graves con multa de 250.001 a 500.000 pesetas.
Al Consejero competente, por la comisión de infracciones muy graves.
Se faculta al Consejo de la Junta para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley sean precisas.
1. El título Preliminar y el título I se refunden en un único título, que será el primero, teniendo como rúbrica Disposiciones generales y que comprenderá los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7 y 8 de la Ley.
2. El capítulo I, relativo a órganos, del título II, rubricado Normas orgánicas, comprenderá los artículos 9, 10, 10 bis y 11 de la Ley.
3. Se modifican los capítulos del título III, relativo a Procedimiento ordinario, quedando del siguiente modo:
Capítulo I, rubricado Fases del procedimiento de concentración parcelaria, que comprende el artículo 15 de la Ley.
Capítulo II, rubricado Bases de la concentración parcelaria, que comprende los artículos 16, 17, 17 bis, 18, 18 bis, 19, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley.
Capítulo III, rubricado Acuerdo de concentración parcelaria, que comprende los artículos 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley.
Capítulo IV, rubricado Publicaciones y comunicaciones, que comprende los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley.
Capítulo V, rubricado Revisión, que comprende los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley.
Capítulo VI, rubricado Ejecución del acuerdo, que comprende los artículos 44, 45, 46 y 46 bis de la Ley.
4. El título IV, relativo a Efectos y conservación de la concentración, comprenderá los artículos 47, 48, 48 bis, 49, 50, 51 y 52 de la Ley.
5. Se modifica el capítulo I del título V, relativo a Procedimientos especiales y simplificados, que comprenderá los artículos 52 bis, 53, 54, 55, 56 y 56 bis.
Artículo 1 (modificación de los artículos 10.1.a y 11.2 de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria para Galicia):
Redacción según Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 1 (modificación del artículo 31 de la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de Concentración Parcelaria para Galicia):
Redacción según Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia. Las referencias contenidas en esta Ley al fondo de tierras se entenderán hechas al Banco de Tierras de Galicia según Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia. Cerrar
Aviso de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de Estructura e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Vileiriz (San Salvador) y Grallás (Santo Estevo) de O Páramo (Lugo)LEY 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de GaliciaAviso de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de San Vitoiro da Mezquita-San Mamede de Urrós (Allariz-Ourense)Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Delegación Provincial de A Coruña, por la que se notifica la resolución de un recurso contra las bases definitivas de la concentración parcelaria de Novela-Liñares-Pezobrés (Santiso-A Coruña)Aviso de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba-A Coruña)Aviso de 12 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Friolfe San Xoán (O Páramo-Lugo)Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de GaliciaAviso de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de San Xulián de Bastavales (Brión-A Coruña)Aviso de 27 de junio de 2008, de la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Codesoso-Roade-Muradelo, en el ayuntamiento de Sobrado dos Monxes (A Coruña)Aviso de 29 de agosto de 2008, de la Direccción General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Graba (Silleda-Pontevedra)Aviso de 29 de mayo de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental de la concentración parcelaria para la zona de Arca (A Estrada-Pontevedra)LEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierrasLEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras	Cerrar PDF
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