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Timestamp: 2019-01-18 14:01:16
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Exiliados, denuncias y organismos internacionales María Teresa Piñero
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Estructura institucional de las Naciones Unidas
Procedimientos para las denuncias en los años 70
Importancia del procedimiento 1503
Las denuncias argentinas en Naciones Unidas
Exilios políticos masivos en Europa y Latinoamérica en el Siglo XX:
dimensiones comparadas y regionales
Exiliados, denuncias y organismos internacionales
María Teresa Piñero1
Los exiliados, tras haber salido de manera forzosa del país, desplegaron una amplia e intensa campaña para denunciar en el exterior las violaciones a los derechos humanos infringidas por la dictadura. Esas denuncias llegaron a los países de acogida y también a los foros internacionales, en especial las Naciones Unidas.
La Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), creada en Buenos Aires un mes antes del golpe del 24 de marzo e integrada especialmente por abogados, tenía entre sus principales objetivos presentar y denunciar internacionalmente la situación argentina ante diferentes organismos. Por ello, convocaba a exiliados, víctimas y familiares, cada vez que sesionaban los órganos de las Naciones Unidas, a fin de informar y sensibilizar a expertos y representantes en una tarea de lobby.
Para aquilatar la importancia que las Naciones Unidas atribuyen a los derechos humanos, esta ponencia describe los inicios de la organización y su estrecho vínculo con la protección y promoción de los derechos humanos, tanto en el documento constituyente, la Carta de las Naciones Unidas, como en los instrumentos fundacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales. También expone su composición y brinda una breve descripción de sus órganos principales, así como su funcionamiento, para que se comprenda mejor cómo se tramitaban las denuncias.
Se analiza luego cómo las Naciones Unidas trataron las denuncias desde sus comienzos y su recorrido en los años 70, el funcionamiento de la División de Derechos Humanos en la recepción y seguimiento de las “comunicaciones”, tal como los organismos internacionales denominan las denuncias que reciben. Se describe cada instancia, la estructura, mecanismos, función e integración, la tarea de los expertos y los períodos de sesiones. Se detallan los principales procedimientos que existían en los años 70 para el tratamiento de las denuncias: el procedimiento 1235, público, y el procedimiento 1503 confidencial.
Se reseña también el funcionamiento de la Comisión y Subcomisión en los distintos períodos de sesiones durante la dictadura. Asimismo se explica la acción de la CADHU y su composición.
Este análisis se basa en la investigación llevada a cabo en los archivos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de NNUU en Ginebra, documentos analizados en la Comisión para la Memoria Histórica de Cancillería, bibliografía de la época -algunos libros de la biblioteca personal de Rodolfo Mattarollo- y la participación personal en la campaña de denuncias y en el trabajo en el Consejo Mundial de Iglesias entre 1979 y 1983.
Antes de la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional no contemplaba a los individuos. El individuo no era sujeto de derecho internacional.
Pero en la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional tuvo conocimiento del asesinato masivo y sistemático de los judíos en toda Europa, de los fusilamientos colectivos frente a fosas comunes, de las matanzas de comunidades enteras inermes, de la brutal aniquilación de las juderías en Europa Oriental, de los nuevos métodos industriales nazis de exterminio, de los discursos legitimadores contra “la subhumanidad judía”.
La tragedia que significó el exterminio físico de dos tercios de la comunidad judía de Europa (Rafecas, 2012) produjo tal conmoción en los países aliados que hubo acuerdo en que era obligación de los Estados respetar y proteger a sus propios ciudadanos. La consternación de la sociedad internacional tuvo consecuencias en las relaciones internacionales.
Los Estados comprobaron que existía una estrecha relación entre las violaciones a los derechos fundamentales hacia los propios ciudadanos y la agresión a otros países, entre el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de la paz. La comunidad internacional adquirió la convicción general de la necesidad de proteger los derechos humanos como requisito para alcanzar la paz entre las naciones.
Esa convicción se plasmó en la Carta y otras declaraciones, pactos y propuestas de las Naciones Unidas. Los derechos humanos nacieron pues del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos se iniciaron con la creación de las Naciones Unidas.
Prolegómenos de las Naciones Unidas
Antes del fin de la guerra, en 1944, se reunieron los países aliados en Dumberton Oaks y mantuvieron conversaciones con miras a crear una organización internacional para
facilitar la solución de los problemas internacionales de orden económico, social y humanitario, y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales
En 1945, al término de la guerra, simultáneamente a la reunión de la Conferencia para crear las Naciones Unidas, tenían lugar los preparativos para los históricos juicios de Nuremberg con el fin de determinar las responsabilidades de la jerarquía nazi. En agosto, en la Conferencia de Londres se habían anunciado la composición del Tribunal Militar Internacional, los nombres de los principales acusados llevados a juicio y, pese al vacío legal existente, los cargos de la acusación: conjura, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra; o persecución por razones políticas, raciales o religiosas). En octubre se inició el procesamiento y los fiscales presentaron sus acusaciones contra 24 jerarcas nazis.
Las propuestas de Dumberton Oaks sirvieron de base para la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional” celebrada en San Francisco el año 1945. Esta Conferencia enriqueció las propuestas con varias cláusulas fundamentales sobre derechos humanos, a instancias de pequeños países, como Panamá y República Dominicana, y de 40 organizaciones no gubernamentales que representaban a mujeres, sindicatos, minorías étnicas e iglesias. Gracias a esas acciones, se logró una redacción más específica con una perspectiva diferente de las relaciones entre los Estados y sus poblaciones. El individuo tiene derechos ante su propio Estado y la Carta de Naciones Unidas garantiza esos derechos.
La Carta de las Naciones Unidas representa la etapa fundacional de los principios internacionales en materia de protección y promoción de derechos humanos. La Carta se firmó en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
La Carta declara solemnemente en el Preámbulo:
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas […], a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad
El artículo 1, que establece los propósitos de las Naciones Unidas, no figuraba en las propuestas de Dumberton Oaks:
Tampoco figuraba en esas propuestas el Artículo 55 del Capítulo IX, donde la organización se compromete a promover
Afirma la voluntad de desarrollar y alentar el respeto a los derechos humanos en el Artículo 13 sobre la Asamblea General2; en el Artículo 62 sobre el Consejo Económico y Social (ECOSOC)3 y en el Artículo 76 que habla sobre el régimen internacional de tutela4. Es decir, la promoción y protección de los derechos humanos forman parte de la columna vertebral de las Naciones Unidas.
En la misma Conferencia de San Francisco se propuso incluir una Carta Internacional de Derechos Humanos. Se encomendó luego a la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946, la redacción de esa carta. Se conformó un comité formal de redacción presidido por Eleanor Roosevelt, viuda de Franklin D. Roosevelt, e integrado, entre otros, por el Premio Nobel René Cassin, de Francia, a cargo de la redacción final. Tras diferentes opiniones, se resolvió por último que esa Carta incluiría una Declaración de Derechos Humanos, una o varias convenciones sobre derechos humanos, y medidas de aplicación. Pese a que se vivía en plena guerra fría, se había logrado encontrar y aprobar un texto común, lo que significó un enorme avance y demandó una tarea colosal.
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General5 aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)6. Mucho más tarde, en 1966, se terminaron, en lugar de las convenciones, dos Pactos sobre derechos humanos: el Pacto internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración se plantea como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.7
La DUDH está compuesta por un Preámbulo y 30 artículos. Establece los derechos humanos y libertades fundamentales que tienen derecho todos los hombres y mujeres en todas partes del mundo sin ninguna discriminación.
El artículo 1 define la filosofía sobre la que se basa la DUDH:
El artículo 2 determina los principios básicos de igualdad y no discriminación respecto al goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales8. El artículo 3 constituye la piedra angular de la Declaración ya que proclama el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de cada persona, derechos esenciales para gozar de los otros derechos:
Los artículos siguientes (del 4 al 21) tratan los derechos civiles y políticos.
El artículo 22, que introduce los derechos sociales, económicos y culturales (art 23 al 27), es la otra piedra angular:
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.
El artículo 29 recuerda que el individuo tiene deberes para con la sociedad. Por último, el artículo 30 instituye una protección importante contra toda violación a los derechos humanos, al advertir que:
La Declaración ha tenido gran influencia en todo el mundo. Así, ha sido citada en legislaciones nacionales y provinciales, constituciones e incluso decisiones judiciales. En varias ocasiones, la Asamblea General ha tomado la DUDH como modelo de conducta y ha dirigido llamamientos a los gobiernos para que garanticen el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha elaborado un número considerable de convenciones internacionales de derechos humanos con miras a hacer efectivos los derechos proclamados en la DUDH. Esas convenciones son instrumentos universales o bien convenciones regionales. Los instrumentos universales han sido adoptados por las Naciones Unidas o bien por las instituciones especializadas: la Organización Internacional del Trabajo o la UNESCO. En cuanto a las regionales, se refieren a la DUDH la Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Desde 1951, en conmemoración del aniversario de la Declaración Universal, el 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos,.
La Carta Internacional de Derechos Humanos se completó en 1966 cuando la Asamblea General adoptó los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos: el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PICP), el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), así como el Protocolo de Firma Facultativa al Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. El PIDESC entró en vigor en enero de 1976 y el PICP y su Protocolo Facultativo en marzo de 1976.
Las Naciones Unidas están compuestas por cinco órganos principales, definidos en la Carta de las Naciones Unidas: tres políticos (Asamblea General, Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social ECOSOC), un órgano administrativo (Secretaría General) y una jurisdicción (Corte Internacional de Justicia). Para facilitar su labor los órganos principales están facultados a establecer órganos subsidiarios.
La Asamblea General (AG) es fundamentalmente un órgano de deliberación, supervisión y revisión de las Naciones Unidas. Está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas9 y cada miembro tiene derecho a un voto. Sesiona una vez al año a partir del tercer martes del mes de septiembre en la ciudad de Nueva York. Cuando las circunstancias lo exigen, puede mantener sesiones extraordinarias.
Colaboran con la labor de la AG seis Comisiones Principales: Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional); Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros); Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales); Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización); Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios); Sexta Comisión (Jurídica). Normalmente los temas relativos a derechos humanos se remiten a la Tercera Comisión.
En cada período de sesiones la Asamblea elige al presidente y a 21 vicepresidentes10. La Mesa de la AG, integrada por el Presidente, los vicepresidentes y los presidentes de las seis Comisiones Principales, organiza la marcha de los trabajos durante cada período de sesiones.
Los órganos subsidiarios de la Asamblea General que se ocupaban en los años 70 de los temas de derechos humanos y libertades fundamentales eran, entre otros, el Comité Especial sobre Descolonización, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, el Comité Especial en contra del Apartheid, el Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.
De la Asamblea General depende también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El Consejo de Seguridad es, según el sistema de la Carta, el órgano más importante de las Naciones Unidas, con “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”. Se compone de 15 miembros, cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia) y diez no permanentes, elegidos por períodos de dos años por la Asamblea General teniendo en cuenta una repartición geográfica equitativa.
Los miembros permanentes tienen derecho de voto privilegiado11 (veto) que les permite bloquear la acción del CS. Sus decisiones tienen carácter obligatorio (hard law) para los miembros de las Naciones Unidas12, mientras la Asamblea General emite recomendaciones, de carácter no obligatorio (soft law).
El tercer órgano político es el Consejo Económico y Social (ECOSOC), un órgano restricto compuesto por 54 miembros encargados de reflexionar sobre los medios de desarrollar la acción de las Naciones Unidas en materia económica, social y cultural. Bajo la autoridad de la Asamblea General, mantiene varias sesiones durante el año y tiene la facultad de instituir comisiones que le ayuden en su tarea. Del ECOSOC dependen actualmente13 cinco Comisiones económicas regionales: para Europa (CEPE), Asia y el Pacífico (CESPAP), América Latina (CEPAL) Asia Occidental (CESPAO) y Africa (CEPA).
En los años 70, el mecanismo económico y social de las Naciones Unidas descansaba en diferentes órganos y programas conexos, entre otros, el ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Todos ellos presentan anualmente sus informes al Consejo Económico y Social, que debe examinarlos.
El Consejo puede establecer comités de carácter temporal o ad hoc, integrados por representantes de Estados miembros, o bien expertos designados por sus gobiernos, o personalidades destacadas. Ha nombrado asimismo relatores especiales para redactar informes específicos.
Los temas de derechos humanos los remite generalmente14 a la Comisión de Desarrollo Social del Consejo, un comité “sesional” en el que están representados los 54 miembros del Consejo. El Consejo ha establecido dos comisiones orgánicas para los temas de derechos humanos: la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
Las convenciones internacionales: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, han constituido órganos (órganos de tratados) para controlar la aplicación de sus disposiciones: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
La Secretaría General está integrada por el Secretario General y el “personal que requiera la Organización”. La Asamblea General, por recomendación del CS, elige al Secretario General, que tiene un protagonismo importantísimo dentro de las Naciones Unidas.
En los años 70, dentro de la Secretaría General, la División de Derechos Humanos se ocupaba15 de todas las cuestiones atinentes a los derechos humanos. Estaba a cargo de un director general, en ese entonces el holandés Théo Van Bowen, que informaba al secretario general por intermedio del secretario general adjunto.
La División debe brindar servicios funcionales y documentación a todos los órganos y organismos de NNUU que se interesen por temas de derechos humanos. Garantiza el secretariado de la Tercera Comisión de la AG y de la Comisión de Derechos Humanos, de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías, del Comité contra la discriminación racial, como también de los órganos subsidiarios que se ocupen de cuestiones relativas a derechos humanos. La División redacta informes y publicaciones sobre tales temas.
Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, creado en 1951 por la Asamblea General, se ocupa de la protección internacional de los refugiados amparados por el estatuto del Alto Comisionado. Se encarga de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados. Recibe directivas de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social.
Cuatro instituciones especializadas de las Naciones Unidas se interesan muy particularmente de la protección de ciertos derechos humanos: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Por último, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funciona de acuerdo con su Estatuto, que forma parte de la Carta. La sede de la CIJ se encuentra en La Haya. La Corte está integrada por 15 miembros16, elegidos por nueve años.
Según el Artículo 93 de la Carta de Naciones Unidas, todos los miembros de las Naciones Unidas forman parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia17. Así, los Estados deben someter las controversias de orden jurídico, por regla general, a la Corte y se comprometen en cumplir sus decisiones. Asimismo, la AG o el CS pueden solicitar a la Corte una opinión consultiva, como también otros órganos de las NNUU y organismos especializados respecto a cuestiones jurídicas referidas al alcance de sus actividades.
Varios instrumentos de derechos humanos establecen que cualquier controversia entre las partes respecto a la interpretación, aplicación o cumplimiento puede someterse a la CIJ.
Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías
La Comisión de Derechos Humanos es una de las comisiones técnicas creadas por el Consejo Económico y Social en 1946. Sus funciones son muy amplias, ya que su mandato le permite tratar toda cuestión relativa a derechos humanos. Efectúa estudios y formula recomendaciones, por propia iniciativa, o a pedido de la Asamblea General o del ECOSOC.
En 1946 estaba integrada por 18 miembros elegidos por tres años, pero su composición fue evolucionando en los años posteriores: en 1961 pasó a tener 21 miembros; en 1966, 32; en 1979, 43; hasta que en 1992 llegó a tener 53 miembros. Esta ampliación de integrantes estuvo basada en respuesta al aumento considerable de miembros de las Naciones Unidas y de la necesidad de que la Comisión garantizara la representatividad del conjunto de la comunidad internacional.
Se reúne cada año durante cinco a seis semanas en Ginebra. Pueden asistir a las deliberaciones como observadores representantes de los Estados miembros designados por sus gobiernos. Asimismo participan en las deliberaciones públicas como observadores representantes de las instituciones especializadas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que gocen de condición consultiva ante el ECOSOC.
La Comisión dispone, para su tarea, de varios órganos subsidiarios. En su primer período de sesiones, en 1947, la Comisión de Derechos Humanos creó la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías:
para ocuparse de estudios, particularmente en vista de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y para hacer recomendaciones a la Comisión en cuanto a la prevención de la discriminación, de cualquier tipo de materia de derechos humanos y libertades fundamentales, y la protección a las minorías raciales, religiosas y lingüísticas;
desempeñar cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por el Consejo Económico y Social o por la Comisión
Desde 1968, la Subcomisión está conformada por 26 expertos, nombrados por sus gobiernos y elegidos por la Comisión, por períodos de tres años, que sesionan a título personal y no como representantes de Estados.
La Subcomisión se reúne cada año durante tres semanas. Pueden asistir a las sesiones observadores de Estados miembros o de las Naciones Unidas, representantes de organismos especializados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales que gocen de estatus consultivo y movimientos de liberación nacional.
La Subcomisión se ocupa de las comunicaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos y libertades fundamentales, para lo cual creó el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones.
Establece a su vez grupos de trabajo y relatores especiales, cuyos estudios pueden servir de base para la preparación de instrumentos jurídicos o la formulación de principios generales sobre los problemas estudiados. Adopta sus propias resoluciones, o bien formula recomendaciones o redacta proyectos de resoluciones y recomienda su adopción por la Comisión.
Por su parte, la Comisión ha creado además el Grupo de Trabajo ad hoc sobre Situaciones que “parecen revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos” y otros. Asimismo, ha designado comités y relatores especiales para estudios o misiones específicas.
A partir de finales de 1960 se ha desarrollado lentamente una compleja y a veces superpuesta red de procedimientos y foros para revisar el estado de incumplimiento de los estándares de derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas. Algunos procedimientos se refieren a situaciones generales en un país específico, otros a denuncias individuales, y otros se ocupan de cuestiones temáticas, y varios consideran una combinación de estos enfoques.
Si bien los instrumentos de las Naciones Unidas, como la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos, asignan una gran importancia al respeto a los derechos humanos, la organización en sus inicios no había establecido de qué manera debía hacer frente a las denuncias o peticiones sobre violaciones a los derechos humanos.
Algunos órganos, tales como el Comité Especial en contra del Apartheid, el Comité Especial sobre Descolonización y el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes en Territorios Ocupados, habían establecido desde sus comienzos procedimientos para tramitar denuncias de particulares, pero para la inmensa mayoría de ciudadanos de otros países la situación era diferente, lo que durante muchos años representó un problema para los órganos de las Naciones Unidas, porque todos los años miles de personas recurren y han recurrido a las Naciones Unidas denunciando que no han podido ejercer un derecho humano o libertad fundamental.
El ECOSOC, ante la cuestión de cómo tramitar las denuncias (comunicaciones) referidas a violaciones a los derechos humanos, respaldó en su resolución 75 de 1947 la declaración de la Comisión de Derechos Humanos que sostenía que
La Comisión no está facultada para tomar ninguna medida respecto de las reclamaciones relativas a los derechos del hombre18
Este criterio se percibió como un menoscabo al compromiso de las Naciones Unidas en el respeto y la defensa de los derechos humanos, por lo que se procuró muchas veces modificar esa resolución que implicaba renunciar a promover el respeto por esos derechos.
Recién en 1959, la resolución 728 F estableció un procedimiento para tramitar las denuncias. Este procedimiento consistía en que el Secretario General, cada año antes del período de sesiones, debía enviar a la Comisión de Derechos Humanos una lista no confidencial con todas las comunicaciones recibidas que se refiriesen al respeto universal de los derechos humanos y su observancia, y otra lista confidencial con las demás comunicaciones (quejas respecto a la negación o violación de tales derechos) para que fuesen tratadas a puertas cerradas. Asimismo se suministraba al país interesado una copia de dichas comunicaciones. El mismo procedimiento se dispuso para la Subcomisión. De todas maneras, la Comisión seguía sin tener facultades para tomar ninguna medida.
La Comisión, ante las limitaciones de medios con que contaba para poner término a las violaciones donde ocurriesen, pidió al Consejo que le autorizara19 a estudiar e investigar a fondo las situaciones que pusieran de manifiesto un cuadro persistente de violaciones a los derechos humanos. En la resolución 1235 de 1967, el Consejo Económico y Social concedió tanto a la Comisión como a la Subcomisión la autorización de efectuar
Un estudio a fondo de las situaciones que revelen un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos […] y presentar un informe al respecto con sus recomendaciones al Consejo Económico y Social 20
El procedimiento 123521 faculta a la Comisión de Derechos Humanos a adoptar resoluciones que condenen o expresen su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en un país; también permite que decida nombrar un informador o representante especial para analizar la situación de los derechos humanos en un país o examinar un problema particular sobre derechos humanos.
La Comisión preparó un proyecto para examinar las comunicaciones, cuyas disposiciones fundamentales fueron aprobadas por el Consejo con la resolución 150322 (XLVIII) del 27 de mayo de 1970 “Procedimiento para examinar las comunicaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esa resolución autorizó a la Subcomisión a designar un grupo de trabajo,
Compuesto de no más de cinco de sus miembros, teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica para que se reúna una vez al año en sesiones privadas durante un período que no exceda de diez días, inmediatamente antes de los períodos de sesiones de la Subcomisión, a fin de examinar todas las comunicaciones, incluídas las respuestas de los gobiernos a las mismas, recibidas por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo, de 30 de julio de 1959, con objeto de señalar a la atención de la Subcomisión las comunicaciones, con las que acompañará, en su caso, las respuestas de los gobiernos, que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito de las atribuciones de la Subcomisión.23
Tomando en consideración los casos transmitidos por la Subcomisión, la Comisión decide
a) Si dicha situación requiere que la Comisión la estudie a fondo y presente al Consejo un informe y recomendaciones al respecto de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 1235 (XLII) del Consejo;
b) Si dicha situación puede ser objeto, por parte de un Comité especial que designaría la Comisión de una investigación que sólo se llevará a cabo si el Estado interesado da expresamente su asentimiento y que se realizará en una colaboración constante con dicho Estado y conforme a las condiciones fijadas de común acuerdo con él.24
La labor de los expertos independientes de la Subcomisión rige pues el procedimiento confidencial de la resolución 1503, si bien la decisión es responsabilidad de la Comisión.
La decisión puede consistir en la elaboración de informes de situación de violaciones de derechos humanos para presentar al Consejo con recomendaciones, o bien la designación de un grupo de expertos para estudiar situaciones de fenómenos de violación, con el consentimiento del país en cuestión.
En el marco de la Resolución 1503 se encuentran los procedimientos confidenciales, respecto a las denuncias, a los debates de los órganos competentes y a las decisiones tomadas, y en el marco de la Resolución 1235, los procedimientos públicos que se pueden establecer y desarrollar sin el consentimiento de los Estados. La confidencialidad del procedimiento 1503 se atenúa porque se da a conocer al público el nombre de los Estados sometidos al procedimiento.
El término “procedimiento” se extiende a todo el proceso de varios niveles que implica un examen por el Grupo de Trabajo de la Subcomisión (Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones), luego por la Subcomisión y por último por la Comisión de Derechos Humanos, previo paso por el Grupo de Trabajo de la Comisión (Grupo de Trabajo sobre Situaciones).
Como primer paso para aplicar la resolución, la Subcomisión elaboró un procedimiento para examinar la admisibilidad de las comunicaciones. El nuevo procedimiento fue aplicado en 1972 por primera vez por el Grupo de Trabajo y por la Subcomisión.
En 1972 el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones estudió más de 20.000 comunicaciones y presentó luego a la Subcomisión un informe confidencial, con las comunicaciones que parecían revelar la existencia de un cuadro de violación flagrante de los derechos humanos, junto con la respuesta de los gobiernos. La Subcomisión destacó la importancia del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones para la labor de la Comisión y la Subcomisión respecto a la resolución 1503.
A su vez, en 1974 la Comisión decidió establecer un grupo de trabajo25, que debía sesionar una semana antes del período de sesiones de la Comisión, a fin de examinar los documentos transmitidos por la Subcomisión. A partir del informe de este Grupo de Trabajo sobre Situaciones, la Comisión podía determinar si requería un estudio profundizado y un informe y recomendaciones al Consejo Económico y Social, o bien la designación de un comité ad hoc para llevar a cabo una investigación.
Cuando una persona, ya fuere exiliado o familiar, o bien un organismo dirigía entonces una denuncia al Secretario General de las Naciones Unidas, ésta era remitida a la División de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. La División llevaba a cabo un examen inicial y si la denuncia cumplía con los criterios de admisibilidad la transmitía al Estado interesado para que emitiese su opinión. Luego pasaba por diversas instancias en la que cada una insumía un tiempo prolongado. Tales instancias eran: denuncia, comunicación al gobierno denunciado, respuesta del gobierno, Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, Grupo de Trabajo sobre Situaciones, Comisión de Derechos Humanos. Esas instancias fueron una de las principales preocupaciones de la Junta para enfrentar e intentar neutralizar lo que se denominó “la campaña antiargentina”.
En plena guerra fría había nacido el primer procedimiento de Naciones Unidas para tratar denuncias en caso de graves violaciones. Fue la primera vez que un órgano de las Naciones Unidas establecía un procedimiento para abordar las denuncias recibidas y preparar medidas ante situaciones de violaciones masivas y flagrantes a los derechos humanos.
El procedimiento 1503 es el mecanismo de denuncias sobre derechos humanos más antiguo del sistema de las Naciones Unidas y permite a toda persona o grupo de personas informar confidencialmente de violaciones de derechos humanos. Marcó una nueva etapa en la acción de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos.
La aplicación de este procedimiento confidencial fue laborioso por múltiples razones. Respecto al plano técnico, tanto la Subcomisión como la Comisión al tratarse de la primera experiencia en este ámbito debieron fijar criterios (admisibilidad, transmisión al órgano superior) y métodos de trabajo. Luego, como las decisiones implicaban a países que se habían opuesto a la creación del procedimiento, como los del bloque del Este y también latinoamericanos bajo dictadura, era muy difícil obtener mayoría entre los 32 Estados miembros de la Comisión para condenar un país.
En ese contexto, era de esperar que la Subcomisión, al estar integrada por expertos independientes, desempeñase un papel más importante en el procedimiento confidencial, pudiese superar las divisiones políticas de la Comisión y garantizase alguna reacción de la comunidad internacional ante situaciones flagrantes de violaciones (Zoller).
Los procedimientos 1235 y 1503 son mecanismos extra convencionales consagrados por resoluciones del Consejo Económico y Social y forman parte del sistema de protección de los derechos establecido por las Naciones Unidas. Se fueron desarrollando de manera totalmente empírica, poco a poco, año a año, batalla tras batalla y por tal razón durante mucho tiempo estos procedimientos revistieron cierta precariedad.
Poco tiempo antes, paralelamente a este procedimiento confidencial, luego que el ECOSOC adoptara en 1967 la resolución 1235, se iniciaron los debates en sesión pública de los casos de violaciones masivas a los derechos humanos dentro de la Comisión y la Subcomisión. Sin embargo, también en el procedimiento público, la Comisión fue reticente a tratar seriamente las situaciones de violaciones masivas que llegaban a su conocimiento. Luego que la Asamblea General creara dos grupos de trabajo para Sudáfrica y las práctica israelitas en los territorios ocupados, la Comisión tomó medidas.
Ante las múltiples denuncias procedentes de diferentes fuentes respecto a violaciones graves, la Comisión en 1975 estableció un Grupo de Trabajo ad hoc para investigar la situación de los derechos humanos en Chile. Pese a que casi ningún país apoyaba a Pinochet, los informes del Grupo de Trabajo fueron objeto de profundos debates durante los años 1976 y 1977 en la Comisión. Sin embargo, la iniciativa para abordar seriamente las situaciones de graves violaciones estuvo a cargo de la Asamblea General y a veces de la Subcomisión, pero no de la Comisión (Zoller).
Tras recibir los informes de la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que
Habían tenido lugar y continuaban teniéndolo en Chile constantes y flagrantes violaciones a los derechos humanos, en particular la institucionalización de la práctica de la tortura, y del trato y castigo cruel, inhumano y degradante, la desaparición de personas por razones políticas, arrestos arbitrarios, detención, exilio y casos de privación de la nacionalidad chilena.
En 1978, el Grupo de Trabajo logró viajar a Chile y produjo un informe muy detallado y grave. La Comisión remplazó al Grupo de Trabajo por un relator especial y designó a dos expertos para que estudiasen el destino de las personas desaparecidas en Chile.
A excepción de la cuestión chilena, la Comisión seguía siendo reticente. En el período de sesiones de 1977, varias organizaciones no gubernamentales plantearon la situación de Argentina. Así, Rodolfo Mattarollo, integrante de la CADHU, habló ante la Comisión en nombre de “Pax Romana”, organización no gubernamental con estatus consultivo.
En su intervención se refirió al terrorismo de Estado:
El terrorismo de Estado es la expresión máxima de un cuadro de graves violaciones de los derechos humanos como el que debemos analizar en este momento y abarca situaciones en las cuales la dominación por el terror que se intenta no va desde el llano político en la búsqueda del control del Estado, sino por parte de los detentadores del poder para garantizar su permanencia en el mismo. [...] La política de aniquilamiento físico de toda forma de oposición mediante la combinación de toda clase de violaciones de los derechos humanos, pero sobre todo de las prácticas que hemos denominado “terrorismo de Estado”. [...] Es extremadamente urgente la creación de un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Huanos para efectuar un estudio exhaustivo de la situación de los derechos humanos en la República Argentina, en base a todos los medios de prueba accesible y tendiente a ayudar al restablecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país.26
Este hecho dio pie a la queja de la delegación argentina, con el apoyo de los países del bloque del Este y el grupo latinoamericano. A partir de ahí, y a instancias del gobierno argentino, se desató, desde la sede de Nueva York de las Naciones Unidas, una persecución a las ong exigiéndoles de manera severa que cumplieran minuciosamente todos los requisitos estipulados para mantener su estatus consultivo.
En 1978, el siguiente período de sesiones los principales debates se desarrollaron en sesión pública en torno a Camboya27 y la Argentina. Continuó el silencio de la Comisión sobre la Argentina, pero adoptó las resoluciones tradicionales sobre Israel, Chile y Chipre. (Zoller)
Recién en 1979, la Comisión tuvo una actitud más concreta y adoptó resoluciones sobre diferentes países que no habían sido analizados hasta ese momento: Guinea Ecuatorial, Nicaragua, Guatemala, el Sahara Occidental.
La Asamblea General había solicitado28 a la Comisión que considerase el tema de las desapariciones forzadas en Argentina con miras a presentar recomendaciones sobre las investigaciones y la prevención de esos actos. El ECOSOC tomó las riendas de la cuestión y solicitó directamente a la Subcomisión que examinase la cuestión y presentase recomendaciones a la Comisión. (Zoller)
Las deliberaciones en sesiones privadas coincidieron con la tendencia que registraron las públicas. La Subcomisión examinó varias cuestiones y presentó varias en el procedimiento confidencial. Adoptó también decisiones públicas sobre algunos países, tal como Camboya y las desapariciones forzadas29 en Argentina.
Cabe destacar que, pese a la opinión mayoritaria de la Subcomisión al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, órgano de la Subcomisión, no transmitió a ésta los voluminosos informes recibidos sobre las desapariciones en Argentina en 1976 y 1977. Seguramente el Embajador Gabriel Martínez, muy activo en la defensa de la política represiva de la dictadura, actuó y presionó a los expertos para impedir que el caso Argentina llegase a ventilarse en la Subcomisión y pasar luego a la Comisión.
Por lo que las organizaciones de defensa de derechos humanos se sintieron decepcionadas ante la falta de acción de la Comisión:
El fracaso de la Comisión para llevar a cabo un cuidadoso estudio o investigación de cada situación desde que fuera adoptada esa resolución en 1970, es profundamente inquietante. Tal vez ha llegado el momento de llevar adelante una revisión del trabajo de acuerdo a este nuevo procedimiento con miras a su perfeccionamiento.30
En 1977 el procedimiento confidencial evolucionó un poco durante el 33° período de sesiones y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones por primera vez asistió a las sesiones privadas de la Comisión, donde se discutió la situación de Uganda, denunciada por la Comisión Internacional de Juristas. Los países del bloque del Este insistieron en que se debía respetar el principio según el cual no se podía mencionar públicamente los países que se examinaban en el procedimiento confidencial. Tras una negociación, el Presidente de la Comisión anunció los países sobre los que en sesión confidencial se habían tomado resoluciones31; para Uganda se designó un representante especial. El procedimiento confidencial había empezado a funcionar. Pero la Argentina no figuraba en la lista, gracias a las presiones y negociaciones del embajador argentino, Gabriel Martínez.
Como el procedimiento confidencial impedía nombrar al país en cuestión, las organizaciones no podían mencionar al país al que se referían por su nombre: “Señor Presidente, en un cierto país”. Ese mismo año, la Subcomisión mantuvo una larga sesión a puerta cerrada, sin embargo la información se filtró y el diario Le Monde, a través de su periodista en Ginebra Isabelle Vichniac, publicó el resultado de la votación. Las sospechas recayeron sobre Madame Nicole Questiaux, experta francesa, sensibilizada por las víctimas de su país en Argentina, especialmente las dos religiosas desaparecidas.
Durante el 35° período de sesiones de la Comisión (1979), organizaciones de derechos humanos con estatus consultivo cedieron su lugar a víctimas de la represión militar en el Cono Sur para que hablasen ante la Comisión. (Zoller) Sin embargo, en una nueva embestida los países examinados con el procedimiento confidencial lograron prohibir que se los mencionase en el procedimiento público, detrás de esa embestida también estaba Gabriel Martínez.
Ese mismo año en la Subcomisión prevaleció el caso argentino, rechazado el año anterior. Pero Nicole Questiaux entabló un gran debate sobre las desapariciones forzadas. Aunque el experto argentino Mario Amadeo había solicitado en vano que no se mencionasen los nombres de los países, Questiaux se refirió a la Argentina y la lista de 8000 personas desaparecidas. Se habló también de desapariciones en Chile, El Salvador, Guatemala y Uruguay. La Subcomisión pidió la autorización para constituir un grupo de expertos sobre el tema. (Zoller)
Al año siguiente la Comisión sesionó durante seis semanas con 43 miembros y el tema de las desapariciones forzadas estaba en el centro del debate. Tras arduas negociaciones, en las que Martínez opuso la mayor resistencia posible y logró que no se constituyese un grupo de trabajo sobre Argentina, se iniciaron los procedimientos temáticos ya que por consenso se adoptó la resolución de crear un Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, integrado por cinco miembros: Varela (Costa Rica), Nyamekya (Ghana), el Vizconte Colville (Reino Unido), Tosevski (Yugoslavia) y Al-Jabiri (Irak).
Esos primeros años de funcionamiento del procedimiento 1503, procedimiento confidencial, pusieron en evidencia una práctica de negociaciones en sesiones privadas que constituyeron auténticos regateos espúrios en los que sobresalió la actuación de la delegación argentina, con Gabriel Martínez a la cabeza.
En los años 80, en el procedimiento público no se nombró a la Argentina porque era objeto de examen en el procedimiento confidencial. La Comisión en 1981 estudió las situaciones de Afganistán, Argentina, Bolivia, Chile, Corea del Sur, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Indonesia, Japón, Mozambique, Paraguay, República Centroafricana, República Demoncrática Alemana, Uganda y Uruguay. Por primera vez, figuró un país del bloque de Europa del Este.
Por su apoyo a que se investigase la situación en Argentina, el director de la División, Theo Van Boven, fue blanco de las críticas de los funcionarios argentinos y se vio obligado a renunciar en los años 80.
Los argentinos se organizaron para llevar adelante las denuncias de lo que sucedía en el país. En febrero de 1976 se conformó en Buenos Aires una comisión de derechos humanos para centralizar las denuncias: la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU). Estaba integrada principalmente por abogados de la Asociación Gremial de Abogados y el Foro por los Derechos Humanos de 1972-1973 (Duhalde, Carlos), entre los cuales: Eduardo Luis Duhalde, Haroldo Logiurato, Liliana Galletti, Ignacio Ikonicoff, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Gustavo Roca, Carlos González Gartland, así como Mario Abel Amaya, Lucio Garzón Maceda, Manuel Gaggero, Vicente Zito Lema, Daniel Antokoletz, Carlos y Marcelo Duhalde, así como varios militantes que armaron una red para recopilar información sobre los secuestros, asesinatos y desapariciones.
En mayo de 1976, después de haber participado en una reunión de la CADHU, fueron secuestrados los abogados Mario Amaya y Roberto Sinigaglia. Ante el recrudecimiento de la represión y la insuficiente organización en el exterior de las denuncias, la CADHU alentó la salida clandestina de varios de sus integrantes, ferozmente perseguidos en Argentina.
En el exterior se unieron Rodolfo Mattarollo, Lili Massaferro, Julio Cortázar, Ricardo Carpani y otros. Con mucho esfuerzo y pocos recursos la CADHU contó con tres sedes físicas, en Madrid, París y Washington.
Con su acción la CADHU procuró que se conocieran rápidamente las violaciones, bajo el lema “cada voz que se alce puede salvar una vida en la Argentina”. Por otra parte, contribuyó a la reflexión política-jurídica y trabajó para incorporar los conceptos de “detenido desaparecido” y “terrorismo de Estado”.
Un eje fundamental de su labor fue la participación en el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas, en especial en la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión.
Así, Rodolfo Mattarollo habló ante la Subcomisión en agoste de 1976, en nombre de la Comisión Internacional de Juristas, organización no gubernamental con estatus consultivo ante el ECOSOC. Como ya se dijo, el mismo Mattarollo volvió a exponer en marzo de 1977, esta vez ante la Comisión de Derechos Humanos, en nombre del Movimiento de Juristas Católicos “Pax Romana”.
Estas pocas páginas son el inicio de un trabajo de investigación sobre las denuncias en el ámbito internacional de lo que sucedía en la Argentina durante el terrorismo de Estado. Esa investigación se deberá completar con el análisis de la respuesta del gobierno militar, en este caso a través del embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Gabriel Martínez.
Para poder comprender esa respuesta es absolutamente necesario conocer el complejo funcionamiento de las Naciones Unidas en los años 70, que se ha tratado de esclarecer aquí.
Muchos fueron los actores que procuraron denunciar de diferentes maneras los crímenes que se estaban cometiendo en Argentina. Impresiona la agresiva respuesta por parte de los diplomáticos argentinos sin dar cuartel, ni permitir el más mínimo resquicio de libertad de decir.
Para terminar, quisiera destacar las palabras del experto inglés Benjamin Whitaker que, refiriéndose a Gabriel Martínez que había acusado a los expertos de la Subcomisión de simpatía para con el terrorismo, dijo:
Que los países que practican el terrorismo en su territorio no traten de usar los mismos métodos en las Naciones Unidas32
Domínguez-Redondo, Elvira. The United Nations Special Procedures System. Edited by Aoife Nolan, Rosa Freedman, Thérèse Murphy.
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Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Oficina de Información Pública. Nueva York, 1979.
Rafecas, Daniel E. Historia de la Solución Final: Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2012.
Taiana, Jorge E et al.. Testimonios de la Solidaridad Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Buenos Aires, 2007.
Weissbrodt, David, and Maria Luisa Bartolomei. "The Effectiveness of International Human Rights Pressures: The Case of Argentina, 1976-1983." Minn. L. Rev. 75 (1990): 1009.
Zoller, Adrien-Claude. La procédure 1503. en Les Nations Unies et les Droits de l’Homme. Enjeux et défis d’une réforme. Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire. Université Panthéon-Assas. Editions A. Pedone. Paris, 2006.
1 Magíster en Políticas Sociales, Facultad de Sociales, UBA. Doctoranda en Derechos Humanos, Universidad de Lanús.
2 “La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: […] fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”
3 “El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.”
4 “promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo;”
5 En ese entonces integraban las Naciones Unidas 58 Estados miembros: 48 votaron a favor, ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes, Ninguno votó en contra.
6 Véase texto completo en Anexo.
7 Preámbulo de la DUDH
8 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
9 En 1973 había 135 miembros, actualmente (2017) los miembros son 193.
10 En los años 70 los vicepresidentes eran 13.
11 Artículo 27: “Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes.”
12 Artículo 25: “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.”
13 En los años 70 esas comisiones eran cuatro: Europa, Asia y Extremo Oriente, América Latina y Africa.
14 Se describen la estructura y prácticas de las Naciones Unidas en los años 70, que posteriormente ha sufrido modificaciones importantes.
15 En 1993 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reemplazó a la División de Derechos Humanos.
16 “Será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional” Artículo 2 del Estatuto de la CIJ.
17 La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta.
18 E/CN.4/14/Rev.2.
19 “Examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales […] en todos los países” Resolución 8 (XXIII) y 9 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos.
20 Resolución 1235 (XLII)
21 Véase el texto de la resolución 1235 en el Anexo.
22 Véase el texto de la resolución 1503 en el Anexo.
23 Párrafo 1 Resolución 1503.
24 Párrafo 6 Resolución 1503.
25 Grupo de Trabajo sobre Situaciones.
26 Intervención del doctor Rodolfo Mattarollo. CADHU, 2014.
27 En esos años había tenido lugar en Camboya la matanza de aproximandamente dos millones de personas por los khmers rouges.
28 Resolución 33/173 del 20 de diciembre de 1978
29 Resolución del 30 de agosto de 1976
30 Revista Comisión Internacional de Juristas, N°16, Junio de 1976, pág. 33.
31 Bolivia, Corea del Sur, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Malawi, Paraguay, Uganda y Uruguay.
32 CADHU, 2014.