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Timestamp: 2019-02-21 20:39:14
Document Index: 281719002

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 351', 'artículo 353', 'artículo 357', 'in fine', 'artículo 305', 'artículo 831', 'artículo 831', 'artículo 831', 'artículo 4', 'artículo 1398', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 831', 'artículo 368', 'artículo 831']

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 7 de octubre de 2009. Expediente 05360-31-03-001-2003-00164-01.
Síntesis: El banco demandó a un ciudadano para que fuera condenado a restituir la suma que de manera equivocada fue consignada en la cuenta del demandado y de la cual éste dispuso indebidamente. Como el Banco no pudo recuperar esos dineros, experimentó una mengua patrimonial que carece de justificación y que, correlativamente, fue de provecho para el denunciado. Independientemente de quién fuera el propietario de los dineros que se consignaron indebidamente, el detrimento económico que sufrió el Banco fue el resultado de la conducta del demandado, de donde emerge que si bien éste no intervino en la relación contractual en virtud de la cual el Banco repuso los dineros dejados de consignar al Centro Recreativo, esa transacción se hizo necesaria por la negativa del demandado a reintegrar los dineros recibidos en franco aprovechamiento indebido del error ajeno. No era impedimento para acoger las pretensiones, el que entre el demandante y el demandado hubiere una relación contractual, ya que la relación que ligaba al Banco con el usuario o cliente, resulta ser ajena a los hechos aquí denunciados, pues en el contrato entre ellos suscrito no estaba previsto qué conducta debía seguir el demandado si recibía consignaciones por error. Se añade que la mención marginal que el Tribunal hiciera del depósito irregular no tiene la fuerza para eclipsar el fundamento capital de la demanda y de la sentencia acusada: la acción de enriquecimiento sin causa.
Como acaba de verse, el recurrente acusa que en la sentencia el Tribunal violó el principio de la no reformatio in pejus, toda vez que -según explica-, en segunda instancia se hizo más gravosa su situación, a pesar de que apenas hubo un recurso de alzada: el suyo.
El artículo 31 de la Constitución Política establece para el ad quem la prohibición de hacer más gravosa la situación del apelante único. Esta norma, incluida en el capítulo de los Derechos Fundamentales, establece una restricción para el juez de segundo grado, quien por virtud del aludido mandato carece de una competencia total, pues el ámbito de la decisión queda confinado, de modo general, a la estricta protesta que formule el recurrente.
Ahora bien, partiendo de la premisa de que en algunos eventos ambos litigantes tendrían interés para recurrir, en tanto la providencia no acoge totalmente sus pretensiones o excepciones, el silencio de uno de ellos no puede ser suplido por el ad quem, por lo que la ausencia de impugnación torna intangible la decisión en aquella zona del litigio que no es disputada en el recurso -para el vencedor porque carece de interés y para el perdidoso porque la consiente-, tolerancia esta que deja al juzgador al margen de ese segmento del debate, atendido el principio dispositivo que gobierna el proceso civil y que en particular informa al recurso en sí mismo.
De este modo, cuando una de las partes es apelante en solitario, no podría ser amenazada con que su suerte, que ya en parte estuvo acompañada de la desventura, pueda ser peor si opugna la decisión, porque tal forma de proceder inhibiría el uso del recurso y colocaría al juez como gestor inconsulto de la posibilidad de impugnar que fue abandonada por propio el agraviado, tarea que, además de comprometer severamente el principio de imparcialidad, sorprendería al recurrente con una inusitada modificación de la providencia en aquello que es pacífico, sin haber tenido ocasión de rebatir los argumentos que inconvenientemente tendría que abonar el juez en sustitución de quien no recurrió, recuperando una causa perdida, sin ruego y a despecho del silencio del propio afectado.
En suma, así haya doble impugnación no siempre la competencia del superior es plena o panorámica, pues hay casos en los cuales existen zonas de la sentencia que ninguna de las partes impugna, ya porque ambas pasan en silencio frente a algunas de las resoluciones, o porque expresamente consienten en su vigencia y su fuerza vinculante.
Ahora bien, según ha recalcado la Corte, para que se configure el fenómeno de la reformatio in pejus, es indispensable: “a) que haya un litigante vencido, excluyéndose por ende cuando se trata de la apelación de fallos meramente formales: b) que sólo dicho litigante apele, puesto que la restricción en examen cede cuando la parte contraria formula también recurso o adhiere al inicialmente promovido; c) que con su decisión, el ad-quem haya modificado, desmejorándola, la posición procesal que para el apelante creó el proveído en cuestión; y d) que la enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de carácter lógico o jurídico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional y a su completa efectividad inmediata, evitando tener que remitirse a nuevas actuaciones posteriores" (subrayados ajenos al texto, Sent. Cas. Civ. de 2 de diciembre de 1997, Exp. No. 4915).
Doctrina que reiteró al señalar que “para hacer efectiva la garantía constitucional del debido proceso y el principio de las dos instancias, el Código de Procedimiento Civil tiene instituido el recurso de apelación para impugnar determinados autos interlocutorios y las sentencias de primera instancia, conforme a lo establecido por el artículo 351 de ese estatuto.
… Ahora bien, el recurso de apelación exige, como es conocido, no solo interés para recurrir y oportunidad para proponerlo, sino, además, que se respete por el juzgador de segundo grado el derecho a que la providencia impugnada por el apelante único no sea reformada en perjuicio de éste, como quiera que, con fundamento en la razón de ser de este recurso, se tiene por establecido que ningún litigante apela para que la decisión objeto de la alzada le haga mas gravosa la situación en que se encontraba hasta entonces (Art. 357, C.P.C.).
Con todo, el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es absoluto, pues, de manera excepcional puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, como ocurre cuando en razón de la reforma de la resolución judicial recurrida se hace imprescindible efectuar modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella, o cuando ambas partes han hecho uso del recurso de apelación, o cuando se interpone la apelación adhesiva (arts. 353 y 357, C.P.C.)” (Sent. Cas. Civ. de 6 de mayo de 1998, Exp. No. 5095).
Y luego insistió en que “como una limitante del poder de decisión del juez de segunda instancia, se erige el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, conforme al cual ‘la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla…’
Dicho postulado que desde antaño había consagrado el art. 357 del C. de P. Civil, hoy tiene el rango de principio constitucional al tenor de lo dispuesto por el art. 31 de la C. P., hallando su justificación en el sistema dispositivo y su concreción en los principios legales de la personalidad del recurso y la congruencia de la sentencia, en tanto se impugna lo perjudicial y es ese agravio el que mide el interés para recurrir, y a su vez determina el thema de decisión del ad quem como actividad de parte en el curso y al interior del proceso, para dar así lugar a una causal de casación específica, la del num. 4 del art. 368 del C. de P. Civil.
Según lo tiene averiguado la doctrina de la Corporación, el principio en comentario resulta vulnerado cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) vencimiento parcial de un litigante, b) apelación de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisión la situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación” (sublíneas fuera de texto, Sent. Cas. Civ. de 19 de septiembre de 2000, Exp. No. 5405).
En el caso que hace tránsito por la Corte, si bien es cierto la entidad demandante adhirió a la alzada interpuesta por su antagonista, conforme permite el artículo 353 del C. de P. C., su recurso -al no verse frustrado por desistimiento o deserción del principal- tenía autonomía y personalidad propias, por lo que no podía quedar limitado a los mismos aspectos de que se ocupó la impugnación inicial, en la medida en que aquello que agravia al apelante principal, en cuanto beneficia al apelante adhesivo, despoja a éste de todo interés para recurrir sobre esa parte de la sentencia. En síntesis, cada una de las partes busca lo suyo en segunda instancia y, además, ninguna dependencia hay entre los recursos, por manera que la aspiración del apelante adhesivo resulta esencialmente distinta de la que puede plantear el apelante principal.
Por lo dicho, es errado el planteamiento del recurrente en casación, según el cual la apelación adhesiva no podía comprender el tema de la corrección monetaria, dado que ese tópico no estaba en la agenda del recurso principal, porque a decir verdad, esa decisión beneficiaba al primer apelante y, por simple sindéresis, no podía estar dentro de sus reproches al fallo de primer grado.
En estas condiciones, descartada como está la existencia de un apelante único, se cierra la posibilidad de que se hubiera violado la prohibición de reformatio in pejus. De hecho, esa es la razón por la que el inciso primero del artículo 357 del C. de P. C., in fine, prevé que “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin imitaciones” (sublíneas ajenas al texto original).
En consecuencia, como la acusación viene montada sobre una incorrección interpretativa, cabe concluir que no puede abrirse paso.
Este cargo se fundó en que la sentencia del Tribunal no está “en consonancia con los hechos ni con las excepciones propuestas por el demandado”, toda vez que “se desconocieron por completo hechos probados en el proceso y la excepción de falta de legitimación en la causa formulada desde la contestación de la demanda”.
Para el recurrente, el Tribunal reconoció “legitimación activa a (…) para entablar la acción de enriquecimiento sin causa, cuando en esa entidad no concurrían las calidades sustanciales necesarias para predicarse esta posición procesal”.
Luego, la censura recordó apartes de la demanda, para reiterar que el empobrecimiento en este caso lo sufrió el Centro (…), razón por la cual (…) no podía reclamar el pago de ninguna indemnización, así sea que por la violación de sus deberes, haya tenido que pagar a dicha sociedad los valores consignados erradamente. Además, acotó que el empobrecimiento de esa entidad financiera no se correspondía con un enriquecimiento correlativo del demandado.
En fin, indica que “el error que se imputa a la sentencia de segunda instancia fue haber desatendido por completo esta excepción de falta de legitimación en la causa por activa”.
En esta censura, se endilga a la sentencia una falta de congruencia basada en que el Tribunal no halló probada la “excepción de falta de legitimación en la causa por activa”, esto es, que para el recurrente la sentencia no está en consonancia con sus excepciones, porque Tribunal las desechó y “reconoció legitimación activa a (…) para entablar la acción de enriquecimiento sin causa, cuando en esa entidad no concurrían las calidades sustanciales necesarias para predicarse esta posición procesal”.
Como fácil se advierte, el recurrente apenas eleva una crítica -por cierto tácita- contra la decisión por la cual se declaró no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva, lo cual lejos está de ser una falta de correspondencia entre los medios de defensa oportunamente alegados y el contenido del fallo acusado.
Téngase en cuenta que la hipótesis de la causal segunda de casación, consiste en que el juzgador afecta la continencia de la causa, para involucrar de su propia inventiva asuntos ajenos a las pretensiones y excepciones, es decir que lo que se busca a través de esa forma de impugnación es corregir la exorbitancia en que incurre el juez, o enjugar la carencia que se expresa en la falta de decisión, pero nunca protestar por el sentido adverso en que fueron resueltas las pretensiones o las excepciones.
Según se desprende del artículo 305 del C. de P. C., acorde con el principio dispositivo que informa el Código de Procedimiento Civil, el postulado de la congruencia supone “una labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relación jurídico procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo, con el fin de establecer una de las tres causas de ocurrencia de la anomalía en cuestión: La de ser la resolución impertinente por ocuparse con alcance dispositivo de extremos no comprendidos en la relación jurídico-procesal (extra petita); la de ser la resolución excesiva por proveer a más de lo que el demandante pide (ultra petita); y en fin, la de ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo exija la ley (citra petita) (Sent. 022 del 16 de junio de 1999)” (Sent. Cas. Civ. de 28 de junio de 2000, Exp. No. 5348).
En cuanto aquí concierne, la inconformidad del casacionista no es porque alguna materia quedó sin resolución (citra petita), o porque la sentencia se remontó a aspectos ajenos al debate (extra petita), o porque se falló más allá de lo pedido (ultra petita), sino porque -en su criterio- el Tribunal en forma equivocada halló acreditada la legitimación del Banco para ejercer la acción de enriquecimiento sin causa, lo cual, de ser cierto, lejos estaría de configurar alguna forma de incongruencia, pues esa circunstancia, a lo sumo, representaría un yerro susceptible de exponerse por la causal primera, esto es, equivaldría a un desacierto que hipotéticamente vulneraría la ley sustancial.
Así las cosas, debido a su equivocado planteamiento, este cargo tampoco está llamado a tener éxito.
El censor afirma que el fallo de segundo grado, es violatorio, “por vía indirecta de una norma de derecho sustancial al haber aplicado indebidamente los artículos 2246 del Código Civil y 1179 del Código de Comercio; por haber aplicado indebidamente el artículo 831 del Código de Comercio; y por haber dejado de aplicar los artículos 4° del Código de Comercio y haber violado norma probatoria al haberse desconocido por completo el documento contractual que regula la relación entre las partes”.
Para desarrollar la censura, el recurrente presenta cuatro secciones que intentan clarificar su disenso.
1. En el umbral del cargo, alegó que hubo indebida aplicación de los artículos 2246 del Código Civil y 1179 del Código de Comercio, originada en que el Tribunal adujo que (…) celebró con sus clientes un “depósito irregular”, cuando en verdad lo que se presentaba era un “contrato financiero de adhesión y afiliación al sistema de tarjeta crédito y débito”, de donde se sigue que hubo error al declarar que los dineros que se consignaron indebidamente eran propiedad del Banco “y que, por tanto, su desvío a las cuentas de (…)sí lo había empobrecido”, porque, a decir verdad, ese “dinero jamás fue de (…) y por ende su desvío nunca le causó empobrecimiento de ningún tipo, al no haber significado disminución de su patrimonio”. Para que en el depósito se restituyan cosas de la misma especie, agregó, se requería del acuerdo expreso de las partes, el cual no existe en este asunto.
En criterio del censor, el Tribunal aplicó las reglas del contrato de depósito irregular a una relación financiera compleja, por lo cual insistió en que “ese desvío jamás causó disminución patrimonial al demandante ni empobrecimiento ninguno”.
Asimismo, el casacionista citó las declaraciones del representante legal del Banco, del abogado interno de esa entidad y de un testigo, quienes, en su criterio, aceptaron que el dinero indebidamente consignado pertenecía al Centro (…), esto es, que “(…) sólo servía de canalizador, sin ser jamás propietario”, de modo que a “falta de este elemento esencial para la configuración del enriquecimiento sin causa… se debieron haber negado las pretensiones de la demanda”.
2. De otro lado, en el mismo cargo el recurrente halló violado de manera “indirecta” el artículo 831 del Código de Comercio, como quiera que de los cinco elementos que esa norma exige para que se configure el enriquecimiento sin causa, en el caso “faltan por lo menos tres”.
Al respecto, aseguró que el empobrecimiento de (…) se debió a la transacción que hizo con el Centro (…), causa que -en su criterio- no es imputable al demandado.
Para respaldar esas afirmaciones, invocó nuevamente las declaraciones del representante legal de (…) y la confesión contenida en la demanda, las cuales demuestran que, a su juicio, el empobrecimiento y el enriquecimiento no están relacionados.
También criticó al Tribunal por acudir a figuras inexistentes como el denominado “empobrecimiento por derivación”, el cual es el resultado de “violar y retorcer la norma contenida en el artículo 831 del Código de Comercio para procurar su aplicación indebida a este caso que claramente no corresponde a su supuesto de hecho”.
De otro lado, el censor esbozó que el demérito patrimonial del demandante provenía de una actividad ilícita, o sea, por haber “violado su deber de prudencia bancaria”; por ende, dijo, “el error del Tribunal fue desconocer las pruebas de la verdadera causa de la erogación de la demandante a pesar de encontrarse patente e incluso confesada desde la misma demanda”.
En apoyo de lo anterior, el recurrente reprocha al ad quem porque desconoció la prueba documental que acreditaba la transacción celebrada entre (…) y el Centro (…), misma que demuestra que el pago realizado por aquél obedecía a su “ilegítimo actuar” frente al cliente.
Finalmente, señaló que (…) no pudo subrogarse en los derechos del Centro (…), “pues la situación del empobrecimiento no fue cedida ni transferida por este último ni podría hacerlo porque su merma patrimonial fue plenamente indemnizada por el infractor…”.
3. En un tercer acápite de este cargo, la censura planteó la existencia de una violación de norma sustancial “por haberse dejado de aplicar el artículo 4°del Código de Comercio y por violación de norma probatoria al no considerar el documento contractual que verdaderamente rige la relación entre las partes”.
Al abrigo de ese rótulo, el accionante afirma que las complejas relaciones de las partes en los contratos atípicos que regulan los sistemas de tarjetas de crédito y débito, se rigen por las estipulaciones contractuales, razón por la cual no había necesidad de acudir a normas impertinentes como las del depósito civil o comercial.
Indica, en ese sentido, que no se valoró el documento que hace memoria del vínculo existente entre las partes con ocasión de las consignaciones electrónicas, prueba a partir de la cual se podía concluir que (…) era un simple canalizador de los dineros que recibía por esa vía y, a cambio de su servicio, cobraba una comisión que, en el presente asunto, ascendió a $9’694.439.oo. Para el censor, ello demuestra que el Banco demandante no se empobreció en este caso por la desviación de los fondos de la cuenta del Centro (…), porque “su patrimonio no se afectaba en las transacciones de tarjeta débito crédito”, en la medida en que “sólo movilizaba dinero ajeno y nunca recursos propios”. De haberse tenido en cuenta lo anterior, concluye, se habrían denegado las súplicas de la demanda.
4. En el último aparte de este cargo, se acusa el fallo del Tribunal por “no aplicar el artículo 1398 del Código de Comercio, que establece la ilicitud del actuar de (…) al desviar fondos”, dado que esa norma asigna al Banco la responsabilidad de rembolsar sumas depositadas a persona distinta del titular de la cuenta.
Sobre ese particular, el recurrente anota que el Banco pretende transferir las consecuencias de sus actos ilegales a (…), comportamiento que, dice, es contrario a derecho y hace que sea calificado como ilícito, lo cual impide que se configure el enriquecimiento sin causa, porque como dijo el Tribunal, citando a la Corte, “la acción in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley”.
Para cerrar, advirtió que si el Tribunal no hubiera cometido ese error, “habría evidenciado la ausencia de uno más de los elementos del enriquecimiento sin causa”, y como colofón precisó: “todos los errores que se mencionaron anteriormente son determinantes y se advierten simplemente con la verificación de los medios de prueba obrantes en el expediente y con la aplicación de las normas pertinentes a una relación financiera compleja…”, es decir, que se produjo una “sentencia violatoria de las normas sustantivas y de las normas probatorias, que por tanto debe ser objeto de casación, reconociéndose en sede de instancia que no concurren elementos propios del enriquecimiento sin causa y negando las pretensiones de la demanda”.
1. Lo primero que hay que decir respecto de esta acusación, que se desdobla en cuatro segmentos, es que se enderezó por la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., y en particular, por la “vía indirecta”. Sin embargo, al desarrollar el cargo, el recurrente se quejó porque el Tribunal aplicó a este asunto las normas del “depósito irregular” para deducir, a partir de ahí, que el dinero erróneamente consignado era de propiedad del Banco. En la perspectiva del casacionista, en el fallo atacado no se tuvo en cuenta que en este caso se presentaba una relación jurídica compleja regulada por las estipulaciones contractuales convenidas por las partes.
Valga resaltar a este propósito, que el censor no se percató de que la discrepancia en torno a la normatividad que aplicó el ad quem, constituiría eventualmente un error meramente hermenéutico, atacable sólo por la “vía directa”, pues en este caso la selección del tipo contractual que hizo el ad quem, con el fin de determinar de quién era el dinero indebidamente consignado en las cuentas del demandado, se debió a un ejercicio puramente intelectivo, y no a una inferencia derivada del análisis probatorio. Nótese que en ese sentido el Tribunal aseguró que la relación de las partes se gobernaba por las reglas del depósito irregular porque “tal es la naturaleza del depósito de dinero en entidades bancarias habida cuenta del carácter esencialmente fungible de dicha clase de bienes, siendo así que la obligación del depositario es simplemente devolver igual cantidad de dinero”, sin que para arribar a esa idea se hubiera servido del caudal probatorio.
Dicho con otras palabras, si el Tribunal concluyó como premisa abstracta y general, que los depósitos realizados en cuentas bancarias tienen el carácter de irregulares y por ende aplicó indebidamente los preceptos que disciplinan ese contrato y dejó de hacer operar otros, tal actividad sería un juicio de razonamiento susceptible de ser denunciado por la “vía directa” prevista en la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., pues -se insiste- para su construcción en nada incidieron los elementos demostrativos arrimados al proceso, de modo que la forma como se atacó esa inferencia, es decir, por la “vía indirecta”, luce desatinada.
De otro lado, en el mismo cargo el casacionista también reprocha al Tribunal por acudir a la figura -según él inexistente- del “empobrecimiento por derivación” y así “violar y retorcer la norma contenida en el artículo 831 del Código de Comercio”, lo cual le sirvió a ese despacho -dice- para corroborar que el Banco sí sufrió un perjuicio económico, pues tuvo que indemnizar al Centro (…) por el error ocasionado al consignar los supradichos dineros en la cuenta del demandado. Desde luego que, conforme puede advertirse con facilidad, esa conclusión también corresponde a un juicio abstracto de legalidad, ajeno a la contemplación probatoria y, en esa medida, igualmente ha debido controvertirse por la vía directa.
En últimas, la discrepancia en torno a esos aspectos obedece a un debate eminentemente jurídico, ajeno por tanto al campo de los hechos, de modo que la existencia de “esos errores esenciales que encuadran en la primera de las causales de casación al aplicar indebidamente las normas jurídicas al caso sub lite”, como describe el propio casacionista, no podía ser sometida al estudio de la Corte por la vía planteada, esto es, por la “vía indirecta” de la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., porque de haber existido las deficiencias, consistentes según se dice en dejar de aplicar las normas citadas y aplicar indebidamente otras, ello depararía la violación directa de la ley sustancial, en tanto que -se recalca- el error cometido no tendría génesis en la apreciación probatoria.
Añádese a ello que cuando el censor emprendió sus críticas contra la labor probatoria del Tribunal y le atribuyó no tener en cuenta las confesiones contenidas en la demanda, los documentos allegados, así como las declaraciones del representante legal, del abogado interno y de los testigos del Banco que demostraban las relaciones jurídicas suscitadas entre las partes y la ilicitud en el comportamiento de (…), lo hizo en ese mismo cargo, lo que deja ver que incurrió en un entremezclamiento de vías, puesto que resulta reñido con la técnica de casación plantear en la misma censura un debate estrictamente jurídico, como el que se mencionó en comienzo, con uno fáctico, en la medida en que tales reproches obedecen a hipótesis diferentes que no pueden coexistir en una misma acusación.
Por si lo anterior fuera poco, el recurrente tampoco dijo qué tipo de error se cometió para que se hubiera producido la violación “indirecta” de la ley sustancial, esto es, si la trasgresión de las normas sustanciales enunciadas sería producto de un error de hecho o de derecho, o dicho de otro modo, si el Tribunal se equivocó al apreciar materialmente las pruebas, o si transgredió las normas probatorias que permitían precisar su alcance y valor.
2. Ahora bien, no obstante esos errores de técnica, que frustran la prosperidad de la acusación, la Corte encuentra pertinente precisar que la acción de enriquecimiento sin causa, consagrada en el artículo 831 del Código de Comercio, tiene como propósito remediar aquellos desplazamientos patrimoniales que pueden existir cuando quiera que la ventaja que una parte obtiene, carece de un fundamento jurídico que la preceda y justifique.
Hay que precisar, a ese respecto, que la jurisprudencia fundacional de lo que hoy es el querer de la ley, se orientaba a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua, mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida, sin que existiera una razón que explicara esa alteración, caso en el cual se imponía al juez el deber de adoptar los correctivos necesarios en procura de que se restableciera la equidad.
Justamente, acerca de esta materia, la Corte ha destacado que “el enriquecimiento sin causa, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia, constituye una pretensión en sí misma considerada, que requiere su encausamiento por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente.
la… pretensión planteada en el recurso extraordinario relativa al enriquecimiento sin causa, tal y como ha sido estructurada por la jurisprudencia nacional e internacional, reclama como uno de sus elementos definitorios e integradores, «que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acción in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El deberá sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia», doctrina ésta que no hace más que reiterar el anunciado carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin causa -o injustificado-, no solamente con arraigo en la esfera patria, sino también en el Derecho Comparado, en general, como se acotó, en el que se tiene establecido que la acción en comento es un típico «remedio supletorio», a fuer de «extraordinario» y, en modo alguno, una vía paralela encaminada a suplir -o a subvertir- los recursos y los procedimientos fijados con antelación por el ordenamiento jurídico. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurrió el demandante con antelación, pues como lo realzó esta corporación hace un apreciable número de lustros, «…carece igualmente de la acción el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho» (Sent. de Cas. del 1º de noviembre de 1918).
En este sentido, la doctrina ciertamente es elocuente. A este respecto, el Profesor LUIS JOSSERAND, puntualizó que, a lo expresado «…hay que añadir que la acción de ‘in rem verso’ se rehúsa también a quien perdió, por su culpa o por su hecho, otro medio de derecho; este deberá sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia;… la acción de in rem verso, no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jurídico que hubiera podido asegurarse bajo el égida de otra acción,…» (Derecho Civil, T. II, Vol. I, Edit. Bosch, Barcelona, 1.950, pág. 460)” (Sent. Cas. Civ. de 10 de diciembre de 1999, Exp. No. 5294).
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