Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-655-98.htm
Timestamp: 2018-01-22 12:28:02
Document Index: 298669801

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 67', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 38', 'artículo 83', 'artículo 83']

T-655-98
En el proceso de tutela T-174136 adelantado por EDGAR ALBERTO CASTRO DIAZ contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.
1. El 8 de mayo de 1998, el señor Edgar Alberto Castro Díaz, interpuso acción de tutela ante el Juzgado 12 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., contra la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, por considerar que ésta ha vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad (C.P., artículo 13), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16), al trabajo (C.P., artículo 25), a la libertad de aprendizaje e investigación (C.P., artículo 27) y a la educación (C.P., artículo 67).
El actor manifestó que, durante los años 1970 y 1971, cursó una especialización en derecho penal en el Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias del centro educativo demandado. Señaló que, "al terminar 1971 y habiendo asistido a todas las materias, en todos los horarios, dejé de presentar el examen final de Derecho Penal de Menores, con el profesor doctor Ricardo Medina Moyano, por inconvenientes familiares entre el profesor y yo, pero asistí a todas sus horas de clase y sólo faltó el examen final, en esa materia. Por eso no me pude graduar aunque sí aparezco en la fotografía en el mosaico (…)".
2. El Secretario Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia se dirigió al juzgado de tutela con la finalidad de informar que el actor había sido estudiante de la Especialización en Instituciones Jurídico Penales desde el primer semestre de 1970 hasta el segundo semestre de 1971. Señaló que el señor Castro Díaz no había obtenido el título respectivo, toda vez que, según su hoja de vida académica, no obtuvo la calificación correspondiente a los cursos Derecho Penal General (Penología) de tercer semestre y Procedimiento Penal (Instrucción), Casación Penal, Pruebas Penales y Seminario III, correspondientes al cuarto semestre.
3. Por sentencia de mayo 21 de 1998, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., denegó la tutela instaurada por Edgar Alberto Castro Díaz contra la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Según el juez de tutela, "toda la razón le asiste a la Universidad Nacional de Colombia no sólo por haber impedido la graduación del abogado Castro Díaz, como especializado en el Instituto jurídico penal, dado que carecía de la evaluación en las asignaturas correspondientes a los documentos incorporados a folios 36 y 37 de esta tramitación, sino también encontrar pleno respaldo en el texto de la norma contenida en el artículo 54 del Acuerdo N° 119 del 22 de diciembre de 1987 de ese centro superior de estudios, (…)". Y agregó que "suponer más de veintisiete años después de haberse presentado la hipotética situación que se pueda variar el status del abogado para declararlo especializado en materia penal y egresado de la Universidad Nacional de Colombia u ordenar su reintegro a dicha universidad, (…), implicaría violar el derecho de igualdad respecto de sus propios compañeros, quienes sí cumplieron los requisitos exigidos por la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia".
De igual modo, el fallador de primera instancia estimó que el demandante había actuado con temeridad, motivo por el cual le impuso una sanción consistente en una multa por un monto de diez salarios mínimos legales mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Sobre este particular, indicó que el actor, "desde el 23 de octubre de 1997 pudo conocer las razones de orden legal por las cuales había quedado excluido del programa de especialización y por lo mismo no podía optar el correspondiente título; sin embargo, no le importó contribuir sin justa causa a congestionar este despacho judicial, atentando contra sus propios condiscípulos y demás discentes del primer claustro universitario de nuestro país, en la medida en que se busca de manera arbitraria se le resuelva su petición, obteniendo un reintegro a ultranza, cuando ningún derecho tiene para ello, amen de atentar contra la economía y eficacia de la administración pública (…)."
4. El actor impugnó el fallo de tutela de primera instancia. En relación con la negativa del juzgado a concederle sus pretensiones, señaló que ésta contravenía jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual, en casos similares al suyo, las peticiones de los actores habían sido acogidas en forma favorable.
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante sentencia de julio 7 de 1998, confirmó el fallo a-quo.
El ad-quem consideró que "si el Dr. Carlos (sic) Alberto Castro Díaz no dio cumplimiento al pénsum académico establecido por la Universidad Nacional de Colombia para optar el título de especialización, (…); fuera de razón está pretender que, a través de la acción extraordinaria de tutela, se le permita presentar el examen final del Derecho Penal de Menores, según lo afirma, si de acuerdo a su hoja de vida académica y el Acta del Comité Asesor de Postgrados, no tiene calificaciones en las asignaturas que destaca esta prueba documental y siendo que la accionada ha dado cabal aplicación al artículo 54 del Acuerdo N° 119 de 1987". En punto a la sanción por temeridad, el fallador de segunda instancia avaló todos los argumentos expuestos por el a-quo.
6. Mediante memorial dirigido a la Sala de Revisión, el actor explicó los motivos que lo llevaron a interponer una acción de tutela contra la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Al respecto, manifestó: "Estudié cuatro semestres de especialización en derecho penal en la Universidad Nacional. Los cuatro semestres los pagué, los cursé sin perder ninguna materia, pero al final o sea en cuarto semestre tuve un problema con un profesor de lo cual conocen o son testigos mis hermanos y la señorita Elizabeth Cifuentes. Por este motivo no volví nunca más a la Universidad Nacional hasta octubre de 1997, para solicitar que se me permitiera volver para terminar los exámenes que me hacen falta. Yo cursé todas las materias y no tengo perdida ninguna materia por faltas. La Universidad me contestó que no es posible ya que el reglamento de 1987 lo prohibe y solo puede hacerse dentro de los dos años. En vista de esto yo consulté con el exdirector de postgrados de la Universidad Nacional el doctor Guillermo Angulo González y me dijo que la única posibilidad sería una acción de tutela. Al día siguiente la presenté como simple ciudadano. En ninguna parte me presenté como abogado y sin embargo la sentencia saca provecho para decir que me sanciona por ser abogado. (…). No actué con temeridad, la verdad, es que sí estudié en la Universidad Nacional, que terminé cuatro semestres, sin materias perdidas y que en mi creencia lícita, pensé que podría terminar con los exámenes debidos y obtener mi diploma. Temeridad es desafío a lo que el hombre no puede hacer, sin riesgo de perder la vida".
1. El señor Edgar Alberto Castro Díaz interpuso acción de tutela en contra de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia por considerar que esta institución educativa ha vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la educación. Señaló que, en los años 1970 y 1971, cursó una especialización en derecho penal en la universidad demandada, de la cual no pudo graduarse, como quiera que no presentó el examen final de una de las asignaturas obligatorias. Manifestó que, en octubre de 1997, solicitó a la autoridad demandada el reintegro a la anotada especialización con el fin de presentar el examen final faltante y, así, poder optar al correspondiente título. Sin embargo, el centro educativo negó sus peticiones, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales.
2. Concuerda la Sala con los falladores de instancia en el sentido de no encontrar traza alguna de arbitrariedad en las actuaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia frente al actor y, por tanto, no estima que los derechos fundamentales por éste invocados hayan sido vulnerados por la demandada.
3. Los jueces de instancia consideraron que el demandante había incurrido en temeridad al solicitar un reintegro al centro educativo demandado sin tener derecho a ello. Conforme a lo anterior, le impusieron una multa de diez salarios mínimos legales mensuales. El actor estima que la sanción antes señalada es injusta, toda vez que al interponer la acción de tutela en contra de la universidad demandada actuó con "ánimo desapercibido y ausencia de mala fe".
4. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria se produce cuando una misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado.[1] Sin embargo, esta Corporación ha estimado que el evento de temeridad antes señalado debe ser complementado con las disposiciones de los artículos 73 y 74 del Código de Procedimiento Civil, en los cuales se consagran causales adicionales de temeridad o mala fe tales como la carencia de fundamento legal para demandar, la alegación a sabiendas de hechos contrarios a la realidad, la utilización del proceso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos, la obstrucción a la práctica de pruebas y el entorpecimiento reiterado del desarrollo normal del proceso por cualquier otro motivo.[2]
Conforme a la normatividad anterior, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (C.P., artículo 83) y, por tanto, ha sido entendida como "la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso."[3] En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera",[4] que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa",[5] que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción",[6] o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".[7]
En estas circunstancias, y en la medida en que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas (C.P., artículo 83), la temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la Corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela. Así, tal conducta "requiere de un examen cuidadoso de la pretensión de amparo, de los hechos en que ésta se funda y del acervo probatorio que obre dentro del proceso, que lleve al juzgador a la fundada convicción de que la conducta procesal de la respectiva parte carece en absoluto de justificación." [8] Sobre este particular, la jurisprudencia ha señalado:
No puede olvidarse que acudir a la acción de tutela es también un derecho fundamental, y, en consecuencia, no es permitido a la autoridad judicial establecer modalidades sancionatorias carentes de sustento, encaminadas a desalentar o a obstruir su ejercicio".[9]
5. Aunque la Sala comparte la preocupación de los falladores de instancia, en el sentido de que el ejercicio abusivo de la acción de tutela atenta contra los principios de moralidad, eficacia y economía que deben presidir la administración de justicia (C.P., artículos 205 y 228), no encuentra que, en el asunto sometido a su revisión, el demandante haya incurrido en un ejercicio temerario de la precitada acción.
[1] Sobre este artículo y las distintas condiciones que determinan la actuación temeraria, véanse, entre otras, las sentencias T-10/92 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-327/93 (MP. Antonio Barrera Carbonell); T-007/94 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-014/94 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-053/94 (MP. Fabio Morón Díaz); T-574/94 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-308/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-091/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-001/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[2] Véanse las sentencias T-443/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-082/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-080/98 (MP. Hernando Herrera Vergara); SU-253/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-303/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[3] T-327/93 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[4] T-149/95 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] T-308/95 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[6] T-443/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[7] T-001/97 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[8] T-300/96 (MP. Antonio Barrera Carbonell). Véanse, también las sentencias T-082/97 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-080/98 (MP. Hernando Herrera Vergara); T-303/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[9] T-303/98 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).