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Timestamp: 2018-10-20 12:44:05
Document Index: 352964425

Matched Legal Cases: ['Artículo 51', 'Artículo 54', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 43', 'Artículo 62', 'Artículo 63']

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y HONORÍFICO.
Artículo 51. Responsabilidad disciplinaria.
Los Habilitados de Clases Pasivas están sujetos a responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes deontológicos y colegiales.
Las faltas cometidas por los Habilitados de Clases Pasivas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en leves, graves y muy graves.
La falta de respeto a los miembros de la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta grave o muy grave.
La falta, no justificada, a la convocatoria del Presidente del Colegio respectivo.
La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de las Juntas Directivas cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
Los actos de desconsideración manifiesta hacia los colegiados en el ejercicio de la actividad profesional.
La embriaguez o consumo de estupefacientes con ocasión del ejercicio profesional.
La no constitución en el tiempo señalado reglamentariamente de las fianzas profesionales.
La reincidencia por dos veces en falta grave dentro del plazo de cinco años.
La embriaguez o toxicomanía que afecte gravemente al ejercicio de la profesión.
La condena en sentencia firme por hecho que le haga desmerecer para el ejercicio de la profesión.
Las sanciones que pueden imponerse a los Habilitados de Clases Pasivas por la comisión de actos tipificados en el artículo anterior, siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo III de este Estatuto, son las siguientes:
Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión de Habilitado de Clases Pasivas por un plazo de hasta un mes.
Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión de Habilitado de Clases Pasivas por un plazo de hasta seis meses.
Expulsión del colegiado.
Artículo 54. Régimen de responsabilidad.
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por:
Muerte del colegiado.
La prescripción de la falta.
2. Las faltas determinantes de sanción disciplinaria prescribirán:
Si son leves, a los seis meses.
Si son graves, a los dos años.
Si son muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción, empezará a contar a partir del día en que se cometieron los hechos que la motivaron, interrumpiéndose los mismos por cualquier diligencia o actuación relacionada con el esclarecimiento de la responsabilidad.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años; y las impuestas por faltas leves, al año.
El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que haya quedado firme la resolución sancionadora.
4. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación a la Junta Directiva del Colegio que la adoptó, con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:
Si fuera por falta leve, a los seis meses.
Si fuera por falta grave, a los dos años.
Si fuera por falta muy grave, a los tres años.
Si hubiera consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.
En caso de expulsión el solicitante deberá aportar pruebas de la rectificación de conducta, que serán apreciadas ponderadamente por la Junta Directiva del Colegio a los efectos de acordar o denegar la rehabilitación, lo que se hará mediante resolución motivada y en un plazo máximo de dos meses desde la solicitud, pudiendo la Junta designar a estos efectos de entre sus miembros un ponente que, previa audiencia del interesado y práctica de las pruebas que estime convenientes, informe favorable o contrariamente la mencionada solicitud.
La resolución de la Junta Directiva se notificará al solicitante con indicación de que en el plazo de un mes, desde dicha notificación, podrá interponer recurso ordinario ante el Consejo General.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que la Junta haya dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada a los efectos oportunos, incluido el de deducir el oportuno recurso ordinario contra tal desestimación, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las faltas leves, graves y muy graves se sancionarán por la Junta Directiva tras la apertura de expediente disciplinario tramitado conforme al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Supletoriamente, se estará a lo dispuesto en el Título IX, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula los principios del procedimiento sancionador.
Artículo 56. Responsabilidad administrativa.
1. Si en cualquier momento de la tramitación del expediente, los órganos competentes estiman que los hechos pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa en los términos de lo establecido en el Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre, o de delito penal, lo comunicarán a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda con competencia para el pago de haberes de clases pasivas correspondiente, respecto a la responsabilidad administrativa, y al Ministerio Fiscal, respecto a la responsabilidad penal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de que se está desarrollando un procedimiento sancionador administrativo o un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán al órgano administrativo o judicial, respectivamente, comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
2. Recibida la comunicación y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción colegial, la administrativa y la penal, o entre cualquiera de ellas, el órgano competente para la resolución del procedimiento regulado en este capítulo acordará su suspensión hasta que recaiga resolución administrativa o judicial.
3. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos colegiales respecto de los procedimientos sancionadores que se substancien.
Artículo 57. Competencia de resolución.
El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad en cualquier momento de la instrucción de los procedimientos disciplinarios mencionados en que quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos hechos, siempre que concurran, además, identidad de sujeto y fundamento.
Artículo 58. Suspensión preventiva.
En los casos en que existan indicios racionales para temer que en la conducta de un habilitado se den hechos en los que se aprecie la posibilidad o existencia de un perjuicio grave para la profesión o el interés público, la Junta Directiva, bajo la personal y solidaria responsabilidad de todos sus miembros, podrá acordar por unanimidad de los asistentes la inmediata suspensión preventiva en el ejercicio profesional del habilitado y el nombramiento de un habilitado sustituto mientras dure la suspensión. De dicha suspensión y sustitución deberá dar cuenta en el siguiente día hábil a la Administración y a la Comisión Ejecutiva del Consejo General quien en el plazo de quince días deberá ratificarla quedando sin efecto en caso contrario. Del acuerdo adoptado por dicha Comisión Ejecutiva, se dará cuenta a la Administración.
Dicha suspensión preventiva podrá dejarse sin efecto durante la tramitación del oportuno expediente disciplinario si el colegiado ofrece las garantías suficientes a juicio de la Junta Directiva.
De dichas medidas deberá dar cuenta la Junta Directiva a la Junta General de colegiados para su aprobación, debiendo exigirse por la misma las responsabilidades oportunas en caso de no encontrarlas justificadas.
Del mismo modo procederá la Comisión Ejecutiva ante el pleno del Consejo General.
Artículo 59. Nombramiento de instructor.
En la misma providencia en que se ordene la incoación del expediente se nombrará un instructor y, en su caso, un secretario, lo que se notificará al expedientado, cargos que deberán recaer en un habilitado de la demarcación del Colegio.
2. La imposición de las sanciones se notificará al interesado, pudiendo hacerse en el domicilio profesional comunicado al Colegio. Si no pudiese ser efectuada la notificación en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio de Habilitados con sujeción a lo señalado en los apartados dos y tres de dicho precepto; y si así tampoco pudiera efectuarse la notificación, se entenderá realizada a los quince días de su colocación en el tablón de anuncios del propio Colegio de Habilitados, que podrá hacerse en la forma prevista en el artículo 61 de la citada Ley. Contra dicho acuerdo cabe recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el Consejo General en los términos establecidos en los artículos 72 y 73 de este Estatuto. En el escrito de interposición se invocarán las razones en que se fundamente, proponiendo las pruebas que estimen oportunas.
Artículo 61. Tramitación del recurso ordinario.
1. Interpuesto el recurso ordinario, se procederá a la práctica de las pruebas propuestas siempre que la Comisión Ejecutiva las considere adecuadas.
Una vez realizadas las mismas, el órgano colegial elevará propuesta de resolución al Consejo General, quien tiene la competencia para decidir, en última instancia, sobre el recurso planteado.
El acuerdo del Consejo General se notificará al expedientado y al Colegio respectivo.
2. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución, se entenderá éste desestimado, salvo en el supuesto que establece el artículo 43.3 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Contra el acuerdo por el que se resuelva el recurso, o contra su desestimación presunta, quedará expedita la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos previstos en la ley.
Artículo 62. Suspensión de la resolución.
1. La resolución no recurrida ganará firmeza. En caso de recurso dicha resolución quedará en suspenso hasta que recaiga sentencia definitiva, salvo en el caso que el Consejo General entienda que existen motivos concretos que justifiquen la posibilidad o existencia de perjuicio grave para los intereses de la profesión o sean contrarios al ordenamiento jurídico.
2. Las sanciones que pudieran imponerse a los componentes de la Junta Directiva y ex miembros de la misma, tanto de los Colegios como del Consejo General, serán siempre acordadas por este último, previa instrucción por el mismo del oportuno expediente.
Artículo 63. Distinciones.
Los colegiados podrán ser distinguidos, mediante acuerdo de la Junta General, a propuesta de la Junta Directiva o a iniciativa de uno o varios colegiados, con las distinciones que a continuación se especifican y que se harán constar en el expediente personal:
Designación de colegiado de honor.