Source: https://joseagceledonio.wordpress.com/page/2/
Timestamp: 2018-04-19 09:30:41
Document Index: 215535038

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 126', 'artículo 126', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 135']

joseagceledonio | Análisis internacionales poco ortodoxos | Página 2
Publicado en Movimientos a seguir, Unión Europea	| Deja un comentario
Con esto de la reforma constitucional hemos tenido oportunidad de leer opiniones de todo tipo, desde las típicas soflamas ultras de ambos lados (sí,he llegado a leer que esta reforma permite a la clase política tener manga ancha para tirar de déficit público, WTF?) hasta muy interesantes artículos y reflexiones de índole politológica y económica merecedoras de figurar en esos panfletos llamados argumentarios que circulan internamente en los partidos políticos, sustituyendo las actuales frases huecas y los razonamientos inacabados. Algunos incluso querría verlos alguna vez en libros, pero ese es otro asunto.
Lo que no he leído hasta ahora, quizá porque ya habrá expertos juristas que quieran publicarlo en primicia en algún sitio indexado, es un análisis jurídico de la cuestión. Yo he pensado varias veces sobre ello,y, leyendo la reforma del artículo 135 propuesta por los grupos mayoritarios del Congreso (o sea, las planas mayores de PP y PSOE), me doy cuenta de que, a la luz del Derecho de la Unión Europea, dicha reforma constitucional (y la consiguiente LO que ha de acompañarla) no sirve absolutamente de nada. Su efectividad jurídica va ser aproximadamente la misma que una resolución de la Asamblea General de la ONU, e incluso menor.
Como sabemos, desde un momento muy temprano en la historia de la integración europea de la posguerra, el Tribunal de Justicia declaró la primacía del Derecho de la Unión (entonces, comunitario) en su Sentencia Costa/ENEL, ya de 1964. La explicación fue sencilla: en tanto las Comunidades Europeas son creaciones resultantes de la cesión de soberanía por parte de los Estados Miembros en ciertas materias, las normas emanadas de las instituciones de las Comunidades Europeas (ahora UE) nacidas según los parámetros y los caminos procesalmente asegurados en los Tratados, prevalecen sobre el Derecho interno de los Estados Miembros. Básicamente es lo que viene a decir esa Sentencia de 1964, que podríamos completar con otras Sentencias clave (Van Gend en Loos, Francovich/Bonifaci, Simenthal…) que vinieron a reconocer las características y las atribuciones de este ordenamiento jurídico que, según las costumbres y los mecanismos constitucionales internos, se fue encajando en los esquemas jurídicos de los Estados Miembro de una manera u otra.
La cuestión se ha ido resolviendo de diferentes formas, según tradiciones políticas y cuestiones constitucionales, con intervención de Tribunales Constitucionales y sus primos hermanos mediante. Así, en España, a día de hoy y tras diferentes pronunciamientos de nuestro “guardián del poder constituyente”, nos plantearíamos que, si bien el ordenamiento jurídico de la UE está por encima del interno en las materias cedidas, total o parcialmente, a las instituciones europeas, ¿cómo encajarían las diferentes fuentes, de uno y otro ordenamiento, entre sí?
Básicamente, nuestro ordenamiento interno tendría unos tres niveles en materia de fuentes: La Constitución, las fuentes de valor legal, y las fuentes de valor infralegal. El ordenamiento de la Unión Europea tiene dos niveles: el Derecho Originario (los Tratados fundacionales, los Tratados de Adhesión, sus protocolos, los Tratados que firma la UE con terceros países, etc…) y el Derecho Derivado o institucional (el emanado de las Instituciones). A grandes rasgos, el Derecho Originario vendría a estar a nivel supraconstitucional (prueba de ello es que la CE tuvo que ser reformada en 1992 por estar en oposición a lo que nos pedía Maastricht), y el Derecho Derivado tiene categoría legal, e incluso un poco por encima (en esto hay un gran debate).
Pues bien, partiendo de esa base, la reforma que vamos a tener en nuestra Constitución, si 35 diputados/as o 26 senadores y el pueblo soberano español no lo impiden, puede ser valorada de muchas maneras, tantas como personas e ideologías, pero, desde luego, no tendrá efectividad jurídica, y esto es por una mera cuestión de jerarquía de fuentes.
El Tratado de Lisboa, que no es más que el instrumento jurídico-internacional por el cual se introdujeron reformas en el marco jurídico vigente para la UE, los Tratados Originarios modificados sucesivamente, dio nueva redacción al antiguo Tratado 104 del TCE, ahora artículo 126.1 del TFUE, que ya habla de estabilidad presupuestaria al evitar déficit público “excesivo”, lo que ya inserta el principio de estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución sin necesidad de tocar nada en la misma. Pero el gran artículo 126 del TFUE limita más: en su apartado 2, remite a un Protocolo anejo al Tratado, el número 12 para ser más exactos, para que fije las reglas adecuadas para tal hecho. Y no cabe duda de que, tanto por ser un Protocolo parte del Tratado como por surgir la norma de una delegación del texto del Tratado mismo, de su carácter obligatorio para los Estados Miembros, cosa que, además, no contradice el ámbito de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.
Pues hemos aquí que dicho Protocolo vinculante jurídicamente dice en su artículo 2 que el máximo de déficit público, previsto o real, en el cual puede incurrir un Estado Miembro, es de un 3% de PIB a precios de mercado. Esto es, de conformidad con la jerarquía de fuentes que antes establecimos y con algunos principios jurídicos casi universales como el “pacta sunt servanda” o el mismo principio de legalidad (consagrado en el artículo 9 de nuestra Constitución, y a nivel de la UE en el Título I del Tratado de la Unión Europea), el derecho originario de la UE AUTORIZA/HABILITA a los Estados Miembros a tener un déficit del máximo del 3%, con valor de un máximo nivel jurídico.
Si fuese nuestra Constitución la que consagrase el principio de un déficit estructural del 0’4%, entraría en contradicción aparente con los Tratados de la UE. Y me explico: dado que el Tratado de la UE dice que el máximo es un 3%, da una habilitación abierta, fijando un margen dentro del cual entra ese 0’4% de déficit estructural. Esto es, sirve como condicionamiento político, como decisión política consciente dentro de ese margen del 3% de déficit público que fija la UE (con independencia de lo estructural o lo coyuntural que sea). Pero, al estar el límite UE más alto que el límite constitucional, CUALQUIER GOBIERNO estaría automáticamente habilitado para no hacer caso a la norma nacional y poder aplicar el margen que le da el Derecho de la Unión. En este caso, no podría aplicarse el principio del derecho “lex posteriori derogat priori”, dado que no son fuentes al mismo nivel.
Pero es que el nuevo artículo 135 ni siquiera dice eso, si no que habilita al legislador para que lo regule por una Ley Orgánica, lo que quiere decir que la brecha jurídica se agranda, al “degradar” el límite de déficit a una fuente de valor jurídico aún inferior a la fuente constitucional, ya que tiene un valor legal reforzado (una de las características de la LO) atribuido por la propia Constitución.
De ahí que no me cabe duda de que esta reforma, por pura jerarquía de fuentes, no es más que un brindis al sol, ya que no puede limitar a los poderes públicos más allá de lo que dice el Tratado (esto es, no podría hablar de más déficit), pero tampoco puede obligarles a utilizar forzosamente un límite del 0’4% en tanto normas de rango jerárquico superior lo permiten, lo que convierte una LO en un mero criterio político y una reforma constitucional en una redundancia de principios ya incorporados a nuestro ordenamiento (a nivel supraconstitucional) por vía del derecho europeo. Como pacto PP-PSOE está bien, pero si algún día a alguien le da por no querer obedecerlo, no pasará nada y tendrá margen.
Vamos, lo que viene siendo una fantasmada que puede tener consecuencias si, algún día, a alguien le da por recurrir al Tribunal Constitucional si tiene la legitimación para ello. Pero nada sorprende cuando vemos que una norma jurídica de un rango tan elevado ha sido transgredida por una amplia mayoría de Estados Miembros de la UE como consecuencia de la crisis económica, sin que demasiado pasase. Y es que la realidad es tozuda… pero mis opiniones me las reservo.
Uno de los elementos que, fuera de la teoría más ortodoxa, permiten saber cuando hay un estado en un sitio es conocer si dicho estado tiene “poder” (entiéndase como administración, funcionarios, dinero o lo que sea) para saber cuántas personas viven en su territorio, esto es, bajo su jurisdicción. Un censo de población, vamos, algo básico en nuestro entorno político pero muy difícil de conseguir en según qué sitios (véase Afganistán o multitud de países africanos), por variados que sean los métodos.