Source: http://observatoriotj.blogspot.com/2016/12/
Timestamp: 2019-10-14 11:51:23
Document Index: 60221944

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 267', 'artículo 2', 'artículo 267', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 267', 'artículo 45', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 267']

Observatorio jurídico-laboral del Tribunal de Justicia: diciembre 2016
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«Procedimiento prejudicial — Política social — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartados 1 y 2 — Discriminación por razón de la edad — Convenio colectivo de trabajo — Alargamiento del plazo de ascenso del primer nivel salarial al segundo — Desigualdad de trato indirecta por motivos de edad»
En el asunto C‑539/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria), mediante resolución de 24 de septiembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 2015, en el procedimiento entre
Daniel Bowman y Pensionsversicherungsanstalt,
El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un convenio colectivo de trabajo nacional como el controvertido en el litigio principal, con arreglo al cual un empleado cuyos períodos de escolaridad se computen a efectos de clasificación en el nivel salarial correspondiente queda sometido a un alargamiento del plazo de ascenso de nivel desde el primer nivel salarial al segundo, dado que ese alargamiento del plazo se aplica a todos los empleados cuyos períodos de escolaridad se computen, incluidos, con carácter retroactivo, los empleados que ya hayan alcanzado los siguientes niveles.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=186490&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=553081
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Etiquetas: C-539/15, caso terminado, convenios colectivos, Directiva 2000/78/CE, discriminación por edad, salarios
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT presentadas el 21 de diciembre de 2016
Asunto C‑258/14
Eugenia Florescu y otros contra Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Statul român,
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía)]
«Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Política social e igualdad de trato — Principios de seguridad jurídica y de primacía del Derecho de la Unión — Normativa nacional que permite la revisión de resoluciones judiciales firmes en caso de vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, pero únicamente en el ámbito administrativo (no en los demás órdenes jurisdiccionales) — Normativa nacional que prohíbe la acumulación de una pensión de jubilación con ingresos salariales — Interpretación de dicha normativa por el Tribunal Constitucional rumano que puede dar lugar a una discriminación entre las personas cuyo mandato tiene su duración prevista en la Constitución y los magistrados de carrera»
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía) de la siguiente manera:
1)El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe ser considerado un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el sentido del artículo 267 TFUE y el Tribunal de Justicia es competente para interpretarlo.
2)Este Memorando debe interpretarse en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta en el sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
3)El artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral.
4)El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una normativa nacional como la considerada en el litigio principal, que prohíbe a las personas empleadas en el sector público acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
5)El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en circunstancias como las del procedimiento principal, a que un juez nacional no tenga la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en el marco de un procedimiento civil, cuando dicha resolución resulte incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque tal posibilidad exista en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos contencioso-administrativos.
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Etiquetas: C-258/14, Conclusiones, Directiva 2000/78/CE, jubilación, principio de efectividad, principio de equivalencia, seguridad jurídica
de 15 de diciembre de 2016 (1)
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Derechos de los trabajadores — Igualdad de trato — Ventajas sociales — Ayuda económica para estudios superiores — Requisito de filiación — Concepto de “hijo” — Hijo del cónyuge o de la pareja registrada — Contribución a la manutención de este hijo»
En los asuntos acumulados C‑401/15 a C‑403/15, que tienen por objeto tres peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour administrative (Luxembourg) (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), mediante resoluciones de 22 de julio de 2015, recibidas en el Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2015, en los procedimientos entre
Noémie Depesme (asunto C‑401/15), Saïd Kerrou (asunto C‑401/15), Adrien Kauffmann (asunto C‑402/15), Maxime Lefort (asunto C‑403/15) y Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que debe entenderse por hijo de un trabajador transfronterizo, que puede beneficiarse indirectamente de las ventajas sociales a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, como la financiación de los estudios acordada por un Estado miembro a los hijos de los trabajadores que ejerzan o hayan ejercido su actividad en dicho Estado, no sólo el hijo que tenga un vínculo de filiación con este trabajador, sino también el hijo del cónyuge o de la pareja registrada de dicho trabajador, cuando éste provee a la manutención del hijo. Esta última exigencia resulta de una situación de hecho, cuya apreciación incumbe a la administración y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que sea necesario que determinen los motivos de esta manutención, ni que calculen de forma precisa su cuantía.
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En el asunto C‑395/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona, mediante auto de 14 de julio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de julio de 2015, en el procedimiento entre
Mohamed Daouidi y Bootes Plus, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal,
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Etiquetas: C-395/15, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, caso terminado, despido discriminatorio, Directiva 2000/78/CE, discriminación por discapacidad, incapacidad temporal