Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-583-13.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:45:31
Document Index: 141936828

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 32', 'artículo 1602', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 34', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 14']

T-583-13
Sentencia T-583/13
ACCION DE TUTELA Y EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia excepcional para evitar perjuicio irremediable
La Corte Constitucional ha sintetizado unas características para que proceda la acción frente al perjuicio irremediable. En primer lugar, debe ser inminente o próximo a suceder, acreditado ello con suficientes elementos fácticos y tomando en cuenta, además, el origen del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, material y/o moralmente, susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas desde la doble perspectiva de dar respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y armonizar con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable. El perjuicio irremediable exigido se refiere entonces al “grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”, para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho.
Esta Corporación ha explicado el derecho constitucional a la vivienda digna, previsto en el artículo 51 superior, que garantiza el goce efectivo y armónico con otros derechos, declarados fundamentales per se, ordenándose la tutela como medio idóneo para superar pronta y eficazmente las contingencias afrontadas. La “dignidad” en el disfrute real de la vivienda no se reduce a una concepción ideal, pues involucra la noción de “habitabilidad”, en condiciones de salubridad, funcionalidad, privacidad y seguridad, comportando responsabilidad de calidad, estabilidad y titularidad por parte del Estado y los urbanizadores.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Caso en que vivienda usada adquirida mediante subsidio no cuenta con las condiciones mínimas exigidas para ser habitada al carecer de acueducto y alcantarillado
Si bien el actor realizó un contrato de compraventa, no puede omitirse que la génesis del mismo fue el subsidio otorgado por Comfamiliar y desembolsado por Fonvivienda con el único y definitivo fin de restablecer en parte su derecho al goce efectivo de una vivienda digna, que a la fecha aún no ha podido disfrutar formalmente, debido a la ocupación del inmueble por terceros, además de las precarias condiciones en las que se encuentra. La sociedad ni las autoridades pueden desentender la vulnerabilidad en que se encuentra el demandante, quien con fundamentos reclama su derecho a disponer de una morada digna, desde donde, después de haber sufrido el dolor del destierro por su condición de desplazado y ahora al ser beneficiario del subsidio de vivienda y titular de una de ellas, lo mínimo que espera es poder pervivir de manera decorosa en su propio inmueble.
Referencia: expediente T-3861023.
Acción de tutela instaurada por el señor Jaime Serrano, contra el Fondo Nacional de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo y la Alcaldía de Mocoa.
Procedencia: Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión realizada por la referida Sala, en virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; en mayo 23 de 2013, la Sala N° 4 de Selección lo eligió para revisión.
2. Indicó que mediante Resolución 750 de junio 8 de 2010 expedida por Comfamiliar, le fue reconocido junto con su hermano Yon Fredy Osman Serrano un subsidio para la adquisición de vivienda, por $15’450.000.
3. Afirmó que una vez obtuvo dicho subsidio acudió a Comfamiliar, donde un funcionario de la entidad lo contactó con una persona llamada José Robert Gaitán, quien “tenía casas que cumplían con todos los requisitos requeridos” para aplicar al beneficio económico (f. 1 cd. inicial).
6. Aseveró que acudió a la Personería Municipal, donde por intermedio de funcionarios de la Alcaldía, Corpoamazonia, Comfamiliar y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Mocoa, Esmocoa, inspeccionó el predio y estableció que “efectivamente la urbanización Villa de Leyva no cuenta con redes de acueducto y alcantarillado en atención a que este sector no cuenta con redes de conexión…, que las viviendas poseen un pozo séptico de 80 cm de alto por 80 cm de fondo, los cuales ya están rebosando su nivel” (f. 2 ib.).
Explicó que la Secretaría de Salud Departamental realizó una visita en agosto 24 de 2012, donde ratificó lo arriba expuesto, y agregó que “las viviendas entregadas no cuentan con las condiciones adecuadas para ser habitadas…, las aguas grises se vierten al frente de la vía pública…, se observa contaminación por vertimientos de aguas negras”.
La Directora Administrativa de la entidad expresó que no se desconocieron los derechos invocados, pues se constató el cumplimiento de los requisitos previos para la entrega del subsidio, verificando mediante una visita las condiciones del inmueble, comprobando su existencia, las instalaciones y funcionalidad de los servicios públicos domiciliarios, sin asumir responsabilidad por la calidad de la construcción, lo que hace que la gestión realizada sea de medios y no de resultados (f. 140 ib.).
Advirtió que para expedir la certificación de habitabilidad del inmueble en el que se aplicaría el subsidio, la Secretaría de Planeación de Mocoa constató que “el predio con matrícula inmobiliaria N° 440-606755 con cédula catastral 01-000586-0015-000, escritura pública N° 1880 de octubre 29 de 2010 pasada por la Notaria Única del Circulo de Mocoa, ‘… está construida en su totalidad, cuenta con los servicios de energía eléctrica con su respectivo medidor, agua con alcantarillado y no se encuentra en zona de riesgo’”. Agregó que dicha entidad expidió la “Resolución 0015 de junio 27 de 2005, que concede la licencia para el loteo” y la “Resolución N° 1082 de diciembre 7 de 2009 por medio de la cual Corpoamazonia, otorgó… licencia ambiental única para la construcción del proyecto urbanístico”.
Señaló que debe acatarse el principio de confianza legítima, pues los documentos aportados como soporte para la entrega del subsidio fueron expedidos por la administración pública, actividad que debe ser desarrollada dentro del respeto al acto propio, en la medida que “certifican que un bien inmueble cumple con los requerimientos de accesibilidad a servicios públicos, por lo que llama a extrañeza que ahora se indique que no los tienen”, como quiera que en la visita se constató que el bien contaba con los servicios de energía, acueducto y alcantarillado provisto de un pozo séptico. Lo anterior, en su sentir, exonera de cualquier responsabilidad a la entidad que representa, pues la función principal fue asignar exitosamente el subsidio, tanto así que el actor logró comprar el bien.
Finalmente expresó que el accionante cuenta con la acción civil de la rescisión del contrato (artículo 1602 del Código Civil) y así invalidar el negocio jurídico de compraventa efectuado sobre el inmueble (f. 142 ib.).
C. Respuesta de la Alcaldía de Mocoa.
El Alcalde encargado indicó que “la administración municipal no ha trasgredido ni a violado ningún derecho fundamental del accionante pues se ve claramente… un problema penal entre el señor Jaime Serrano y el señor que le vendió con engaños y artimañas un predio con todos los servicios, pero en realidad lo que entregó es otra cosa que la prometida”.
Advirtió además sobre la imposibilidad de suministrar los servicios de acueducto y alcantarillado, al no existir redes de conexión (fs.157 a 158 ib.).
El Director Territorial de la entidad como respuesta, transcribió sus funciones y planteó que carece de legitimación por pasiva, pues no ha desconocido los derechos fundamentales del actor. Además, indicó sucintamente que al carecer de alcantarillado, la urbanización debe tener una solución a los vertimientos para evitar una contaminación ambiental (fs.183 a 187 ib.).
Mediante apoderada, la entidad solicitó ser desvinculada, pues el desembolso se realizó mediante orden de pago 400701609717 del Banco Agrario en abril 8 de 2011, a favor de José Robert Gaitán Ortegón, siendo “claro que el pacto de un contrato de compraventa entre el beneficiario y el oferente, y/o constructor, es una relación entre terceros la cual debe seguir las normas del Código Civil y resolverse en una instancia ajena” (fs. 191 a 193 ib.).
Explicó que el accionante y su hermano Yon Fredy Osma Serrano fueron beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social, otorgado por Fonvivienda mediante Resolución 750 de junio 8 de 2010, por $15.450.000.
Agregó que Comfamiliar, como entidad encargada del recaudo de la documentación de la vivienda escogida por aquellos, encontró que en los mismos se leía que para la “Alcaldía Municipal”, el inmueble se encontraba “en condiciones legales, es decir que se trataba de una vivienda de interés social, construida bajo los requisitos exigidos…, con la licencia de loteo o de urbanización. Además la misma administración mediante la Secretaría de Planeación certificó que dicha vivienda construida en su totalidad, cuenta ‘… con servicios de energía eléctrica, con su respectivo medidor, agua con alcantarillado y no se encuentra en zona de alto riesgo’”. Por ende, le asiste razón a Comfamiliar al afirmar que “dado el principio de confianza legitima, asumió en calidad de verdad que la vivienda estaba en esas condiciones, es decir que su origen era legítimo y totalmente habitable” (está en negrilla en el texto original f. 230 ib.).
Agregó que la Alcaldía de Mocoa expidió las Resoluciones 0015 de junio 27 de 2005 mediante la cual otorgó “licencia de loteo para la urbanización Villa de Leyva…, para efectos de que puedan enajenar los lotes a urbanizar, tal y como se especifica en los planos que se anexan a esta resolución”, y 0010 de 2008 por medio de la cual “concediendo en su parte resolutiva licencia de urbanización a nombre del representante legal del proyecto de urbanización villa de Leyva de la zona urbana”.
En diciembre 18 de 2012, el Alcalde de Mocoa solicito revocar el fallo, al no desconocerse los derechos invocados, pues la Secretaría de Planeación Municipal realizó las visitas con el “objeto de verificar las condiciones de las viviendas…, y ellos manifiestan que no pueden ser doblemente desplazados y…, argumentan que esa es la vivienda donde quieren vivir”.
Puntualizó además que la licencia otorgada mediante Resolución 0015 de junio 27 de 2005, fue de “loteo y no de construcción”, acorde con el Decreto 302 de 2000, cuyo artículo 7° expresa que “las condiciones de acceso a los servicios de acueducto se condiciona a la conexión del sistema público de alcantarillado, situación que no se cumple y la responsabilidad directa de la construcción de redes es de los urbanizadores”.
Acorde con lo hasta aquí consignado, la Sala de Revisión definirá si Comfamiliar del Putumayo, Fonvivienda y/o la Alcaldía de Mocoa han vulnerado los derechos fundamentales a la vivienda digna, al medio ambiente sano, a la salud y vida en condiciones dignas del actor, al no constatar que el inmueble adquirido por el aquí demandante o por el contrario, la responsabilidad se deriva del incumplimiento del contrato de compraventa celebrado por él como comprador y el señor Jose Robert como vendedor.
Ello significa que el amparo solamente puede intentarse cuando no existen otros mecanismos judiciales de defensa, que sean idóneos y eficientes, con la mencionada excepción del perjuicio irremediable (inciso 3° del art. 86 Const.). Así se pronunció esta corporación en fallo T-406 de abril 15 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño:
De esa manera, al existir otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de tutela resulta improcedente. Empero, el agotamiento de recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial debe ser examinado en cada caso concreto, ya que la sola existencia de un medio principal de defensa judicial no implica per se la improcedencia del amparo[1], estando sujeta esa circunstancia a la comprobación por parte del juez. Así, en el fallo T-983 de noviembre 16 de 2007, M. P. Jaime Araújo Rentería, la Corte indicó:
(iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas (sic), mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela.”
El perjuicio irremediable exigido se refiere entonces al “grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables”[2], para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho[3].
4.1. Resulta pertinente recordar que la vigencia del derecho a la vivienda digna dentro del ordenamiento interno no sólo obedece a su consagración en el artículo 51 de la Constitución[4], pues también está estipulado en instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos[5], prevalecientes en el orden interno al estar ratificados por el Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 93 ibídem, además de otra amplia gama de enfoques internacionales, comentados por ejemplo en el fallo T-908 de noviembre 7 de 2012, con ponencia de quien ahora desempeña igual labor.
4.2. Tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, para la Corte es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental aquél expresamente reseñado como tal en la carta política, sino también aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales, como elementos merecedores de protección especial[6].
De esa manera, a fuer de ser derecho social, económico y cultural de máxima dimensión, por sí mismo y por su inescindible interrelación con la dignidad humana, la Corte ha reconocido reiteradamente a la vivienda digna su connatural nivel de derecho fundamental[7], frente al cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias para hacerlo real y efectivo, sin distinción, con tres campos específicos de regulación, en torno a la realización de planes de vivienda de interés social; el establecimiento de sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las formas asociativas de ejecución de programas[8].
5.2.1. El accionante de 62 años de edad y su hermano Yon Fredy Osma Serrano, desplazados por la violencia, fueron beneficiarios de un subsidio de vivienda por $15.450.000, reconocido por la Resolución 750 de junio 8 de 2010[9], aprobado por Comfamiliar de Putumayo, una vez constatados los requisitos legales, y desembolsado por Fonvivienda. Por ello, adquirieron un inmueble usado en la urbanización Villa de Leyva de Mocoa, mediante un contrato privado de compraventa con el señor José Robert Gaitán.
5.2.3. El actor afirmó que Comfamiliar le aprobó el subsidio después de analizar la documentación requerida, constatando en su informe que la vivienda ubicada en la urbanización Villa de Leyva, contaba con “la existencia, instalación y funcionalidad de los servicios públicos domiciliarios”[10]. La entidad afirmó que la visita de verificación la realizó un funcionario, el cual se desplazó hasta el lugar y contrastó la información que reposaba en los documentos aportados por el accionante.
5.2.4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa recibió la declaración del funcionario que realizó la referida visita, quien afirmó que en inspección ocular constató la existencia de los servicios públicos, mediante “el encendido de la luz y efectivamente la hay, abro las llaves sale agua, bajo la externa (sic) del baño y todo funciona”. Lo anterior fue confirmado con los soportes o certificados existentes de Planeación Municipal sobre la prestación del servicio (f. 180 cd inicial.).
Frente a la afirmación hecha por el actor al indicar que Comfamiliar lo hizo “incurrir en error” al contactarlo con el vendedor, el referido funcionario indicó que no tienen ninguna responsabilidad, pues los oferentes llegan a la entidad; a ellos se les solicita el número celular para que los beneficiarios que estén interesados se comuniquen directamente, sin tener ninguna intervención, ni compromiso frente al negocio que realicen (f. 181 ib.).
c) En diciembre 7 del mismo año, Corpoamazonia expidió la Resolución 1082, mediante la cual “se otorga Licencia Ambiental Única a nombre de la Junta de Vivienda Villa de Leyva…, para la ejecución del ‘Proyecto Urbanístico Villa de Leyva’ localizado en el Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”.
Dicha licencia lleva implícito: “a) permiso definitivo de vertimientos de uso domestico al colector principal del sistema de alcantarillado del municipio y el cual se efectuara mediante el sistema de conducción por tubería en forma continua; b) permiso para la disposición de escombros en las zonas dispuestas para dicho fin dentro del Municipio de Mocoa”.
El parágrafo 1° del artículo 1º de la citada Resolución señala: “La aprobación de la licencia ambiental se sujetará a la realización de las obras y actividades contempladas en el estudio entregado por el interesado…”. El parágrafo 2° ídem determinó: “Mientras no se garantice en la urbanización la disponibilidad total de los servicios públicos en condiciones optimas de utilización, no se deben permitir que las viviendas sean habitadas”, para ello, el parágrafo 1° del artículo 6° obliga a los funcionarios de la entidad efectuar “visitas periódicas a la zona de intervención, con el fin de constatar el fiel cumplimiento de las normas aquí establecidas”. El artículo 7° otorga la facultad para “revocar o suspender la presente licencia ambiental, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecida no se estén cumpliendo conforme a los términos del presente acto” (fs. 115 a 121 ib.).
d) Resolución 0015 de junio 27 de 2005 de la Secretaría de Planeación Municipal, mediante la cual “se concede licencia de loteo para la urbanización… denominado Villa de Leyva”, considerando que la solicitante ha cumplido a cabalidad con los requisitos de urbanización y parcelación entre los que se encuentra: “Diseño Urbanístico. Red de acueducto, red de alcantarillado…” (fs. 110 a 114 ib.).
e) Carta suscrita por el presidente de la junta de la vivienda comunitaria de la urbanización Villa de Leyva en marzo 26 de 2008, solicitando a la Secretaría de Planeación Municipal “prorroga a la licencia urbanística”, argumentando vencimiento de plazo, “debido a que no se cuenta con los servicios públicos necesarios para una buena calidad de vida y unas vías de acceso en buen estado” (f. 213 ib.).
f) Resolución 0010 de agosto 26 de 2008 de la Secretaría de Planeación Municipal que “concede una licencia de loteo para la urbanización de un predio denominado Villa de Leyva”. En el numeral 7º de la parte resolutiva, se indicó que “el titular deberá garantizar en la ejecución del proyecto… obras para la instalación de la red de acueducto, alcantarillado y energía y demás obras de urbanismo relacionadas con el proyecto” (f. 214 ib.).
a) En mayo 21 de 2002, la Empresa de Energía del Putumayo indicó que “existe disponibilidad de energía, la cual se expide para fines relacionados con la licencia de construcción de Planeación Municipal y Licencia Ambiental” (f. 204 ib.).
b) En mayo 5 de 2003 y julio 6 de 2004, la Junta Administradora de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Mocoa certificó que la urbanización Villa de Leyva “cuenta con disponibilidad de acceso a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo tanto pueden adelantar obras de construcción de los diferentes sistemas”, Advirtió que “por la no existencia de un colector principal, recolector de todas las aguas residuales de este barrio, se debe construir un sistema de tratamiento (Filtro Fitológico) o reactores para poder hacer el vertimiento a un emisario final sin causar contaminación” (fs. 205 y 206 ib.).
c) En diciembre 13 de 2010, la Secretaría de Planeación de Mocoa certificó “la existencia de una casa de habitación urbana ubicada en la urbanización Villa de Leyva… predio con matrícula inmobiliaria N° 440-60755, cédula catastral N° 01000586-0015-000… que la mencionada vivienda está construida en su totalidad, cuenta con los servicios de energía eléctrica con su respectivo medidor, agua con alcantarillado y no se encuentra en zona de alto riesgo” (f. 61 ib.).
“… Esmocoa ofició en varias oportunidades a la Alcaldía Municipal aduciendo que la empresa no podía prestar servicios de Acueducto y Alcantarillado en la urbanización de Villa de Leiva porque este sector no cuenta con redes de conexión.
… Corpoamazonia… manifestó que realizará lo pertinente en cuanto a la parte ambiental, ya que las viviendas ubicadas en el sector cuentan con pozo séptico, por lo tanto se sobreviene una posible contaminación ambiental.
… la Alcaldía Municipal (Secretaría de Obras) argumentó que en la pasada administración… se otorgaron las licencias de construcción para viviendas de esta urbanización, por parte de Planeación Municipal.
… el Presidente de la urbanización… y demás miembros de la comunidad de Villa de Leyva manifestaron su inconformidad con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios en el sector y denunciaron que estas viviendas de interés social están mal construidas y no son dignas de habitar.”
Por lo anterior, el Personero Municipal se comprometió a realizar las “actividades y diligencias a que haya lugar con el fin de subsanar los inconvenientes con la prestación de servicios públicos” (fs. 31 a 36 ib.).
5.2.8. En el informe de inspección sanitaria realizada de agosto 24 de 2012 a la vivienda del actor, ubicada en la urbanización Villa de Leyva, la Secretaría de Salud Departamental concluyó que dada la falta de servicios públicos domiciliarios, no se “debió permitir que sean habitadas”, al no contar con las condiciones mínimas necesarias para ello. Advirtió que existen “vertimientos sobre la vía pública que corresponden a aguas grises provenientes de la vivienda de actividades diarias de aseo y lavado de platos”, debido a que la vivienda se encuentra arrendada a una familia compuesta por 4 integrantes (f. 39 ib.).
5.2.9. En marzo 16 de 2010, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Mocoa realizó un estudio de viabilidad para los servicios de acueducto y alcantarillado para la urbanización Villa de Leyva. Allí se indicó que “a la fecha no existe disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado por cuanto no se han realizado ampliaciones en el sistema y los que se encuentran operando actualmente no disponen de capacidad del servicio…, recomiendo tener en cuenta el contenido de las constancias para los respectivos trámites de licencias de construcción”.
En mayo 4 de 2011, afirmó que la urbanización carece de redes principales de acueducto y alcantarillado y “la disponibilidad de los servicios estarán supeditados a la construcción de sus redes principales” (fs. 43 y 44 ib.).
5.2.10. En mayo 5 de 2011, la Secretaría de Planeación Municipal aseveró que “la urbanización Villa de Leyva es un proyecto de vivienda de interés social que fue aprobada mediante licencia de urbanismo N° 0015 de junio 27 de 2005”. Aclaró que “Esmocoa no está expidiendo licencia de construcción debido a que el servicio de acueducto colapsó en el sector, se están haciendo grandes esfuerzos para solucionar el grave problema de desabastecimiento de agua en el sector”, y para el servicio de alcantarillado, “se tiene proyectado la construcción de una planta de tratamiento para manejar el agua residual del sector”. Agregó que algunas viviendas tienen pozo séptico y que la mayoría de inmuebles pertenecen a personas beneficiarias de subsidios de vivienda (fs. 56 a 57 ib.).
La “dignidad” en el disfrute real de la vivienda no se reduce a una concepción ideal, pues involucra la noción de “habitabilidad”, en condiciones de salubridad, funcionalidad, privacidad y seguridad, comportando responsabilidad de calidad, estabilidad y titularidad por parte del Estado y los urbanizadores[11].
5.6. Aunque el actor fue privilegiado con un subsidio de vivienda, que usó en la compra de un inmueble en la urbanización Villa de Leyva de Mocoa, la Sala observa que ésta presenta dos irregularidades: (i) no cuenta con las condiciones mínimas exigidas por la ley para ser habitada, al carecer de los servicios de acueducto y alcantarillado; y (ii) está ocupada por terceros, impidiendo al accionante habitarla, pese a ostentar un título sobre la misma.
Lo anterior, ha permitido que por más de una década se hayan construido viviendas, entre ellas la del actor, que cuenta con pozo séptico y agua mediante conexiones irregulares. El sector carece del servicio de recolección de residuos sólidos y de una planta de tratamiento que permita mejorar el agua residual de la comunidad. Es claro que en la urbanización Villa de Leyva de Mocoa existen “3 puntos de vertimientos en la fuente hídrica, inadecuado manejo de residuos sólidos, y presencia de malos olores que incrementan el deterioro ambiental”[12], al punto que está “rebosando su nivel causando una posible contaminación ambiental”.
Así, esta Corte se ve en la obligación de requerir a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliario Esmocoa ESP, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Corpoamazonia, a la Alcaldía de Mocoa y a la Secretaría de Planeación Municipal para que dispongan la realización de estudios técnicos, que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente el problema de vertimientos de aguas residuales y someterlas a un tratamiento que asegure la no contaminación de las fuentes receptoras; y realizar las gestiones que conlleven a la construcción y conexión de la red de alcantarillado de los servicios públicos, que debe ejecutar eficientemente, reportando las actuaciones trascendentes que vaya realizando, no solo al Juzgado de primera instancia, 1° Penal del Circuito de Mocoa, sino a la Secretaría de Salud Departamental, información que será constatada con la colaboración de la Personería y la Secretaría de Mocoa, al igual que por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dependencias a las que se enviará copia de esta providencia, para que en ejercicio de sus respectivas funciones también vigilen que las entidades antes referidas cumplan a cabalidad sus funciones.
Para lo anterior se debe tener en cuenta lo indicado en fallo T-418 de mayo 25 de 2010, M. P. María Victoria Calle Correa, en cuanto a las directrices en torno al actuar de la administración frente al derecho al agua, que toda persona tiene a que se le respete, proteja y garantice la posibilidad de disponer de ella, en cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; y al disfrute del servicio de alcantarillado, el cual debe ser adecuado, porque de lo contrario pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas.
5.6.3. El inmueble objeto de esta acción se encuentra ocupado por personas que al momento de incoarse la acción de tutela no tenían vínculo legal ni contractual con el accionante, propietario formal según escritura pública 2.123[13] de la Notaria Única del Circuito de Mocoa y en concordancia con el acta suscrita en diciembre 15 de 2010, donde se da fe del “recibo de solución de vivienda urbana” en la que “el vendedor ha efectuado la entrega real y material de la… vivienda ubicada en la urbanización Villa de Leyva casa N° 1”[14] (no está en negrilla en el texto original f. 100 ib.).
Igualmente, en agosto 1° siguiente, elevó un derecho de petición a la Superintendencia de Subsidio Familiar[15], prácticamente con idéntica plegaria. Pese a ello, la situación continuó, toda vez que en agosto 24 de 2012, el bien aún permanecía en “arrendamiento por una familia compuesta por 4 miembros”, circunstancias que llevó al actor a incoar está acción de tutela reclamando la protección al derecho a la vivienda digna.
A su vez, la Sala ordenará Fonvivienda hacerse parte dentro en los procesos que se deriven de esta decisión, y actuar en defensa de la restitución del inmueble ubicado en la urbanización Villa de Leyva casa N° 1, con matrícula inmobiliaria N° 440-60755, cédula catastral N° 01000586-0015-000, como garante hipotecario del mismo y protector del erario.
Primero.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa en febrero 12 de 2013, que en su momento revocó el proferido en diciembre 11 de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, que concedió el amparo solicitado por Jaime Serrano contra el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, Comfamiliar, y la Alcaldía de Mocoa, para en su lugar, tutelar el derecho a la vivienda digna.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía de Mocoa, si aún no lo ha realizado, dentro del término máximo no superior a dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, reubicar al señor Jaime Serrano en una vivienda digna, sin establecer sobre él cargas que la condición de vulnerabilidad le genere imposibilidad de asumir.
Tercero.- ORDENAR a la Caja de Compensación Familiar de Putumayo, Comfamiliar, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, incluya nuevamente a los señores Jaime Serrano y Yon Fredy Osma Serrano, en el subsidio de vivienda del que son beneficiarios, y prosiga el proceso a partir del estudio de la documentación pertinente encaminada a la obtención de una vivienda que cumpla con los requisitos exigidos en la ley, para su habitabilidad.
Cuarto.- REQUERIR a la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliario Esmocoa ESP, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Corpoamazonia, a la Alcaldía de Mocoa y a la Secretaría de Planeación Municipal para que dispongan la realización de estudios técnicos, que permitan determinar la forma más expedita de solucionar definitivamente el problema de vertimientos de aguas residuales y someterlas a un tratamiento que asegure la no contaminación de las fuentes receptoras; y realizar las gestiones que conlleven a la construcción y conexión de la red de alcantarillado de los servicios públicos, que debe ejecutar eficientemente, reportando las actuaciones trascendentes que vaya realizando, no solo al Juzgado de primera instancia, 1° Penal del Circuito de Mocoa, sino a la Secretaría de Salud Departamental, información que será constatada con la colaboración de la Personería y la Secretaría de Mocoa, al igual que por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dependencias a las que se enviará copia de esta providencia, para que en ejercicio de sus respectivas funciones también vigilen que las entidades antes referidas cumplan a cabalidad sus funciones.
Quinto.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, regional Putumayo, asignar al señor Jaime Serrano un profesional del derecho que inicie las acciones judiciales pertinentes, encaminadas a clarificar el tipo de relación existente entre las personas que habitan el inmueble y el señor José Robert Gaitán y allí tome las medidas civiles y penales pertinentes, si fuere el caso.
Sexto.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, hacerse parte en los procesos que se deriven de esta decisión, y actuar en defensa de la restitución del inmueble ubicado en la urbanización Villa de Leyva casa N° 1, con matrícula inmobiliaria N° 440-60755, cédula catastral N° 01000586-0015-000, como garante hipotecario del mismo y protector del erario.
[1] Cfr. T-972 de septiembre 23 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-719 de septiembre 9 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[2] T-161 de febrero 24 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3] T-1190 de noviembre 25 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[4] Art. 51 Const.: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[5] Numeral 1° del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966; artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; artículo 5.2 del Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social; artículo 5°, literal e, iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 43.1, literal d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; artículo 28.1 y 2, literal d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 14.2 literal h de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 14, 16 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
[6] T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7] Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite, T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1091 de octubre 26 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de junio 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[8] T-1094 de 2012, precitada.
[9] Cfr. f. 92 cd. inicial.
[10] Cfr. fs. 53 a 55 ib..
[11] T-851 de octubre 24 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[12] Cfr. fs. 65 a 67 ib..
[13] Cfr. Fecha de otorgamiento diciembre 2 de 2010, se lee “clase de acto o contrato - compraventa con subsidio familiar”; intervención del señor José Robert Gaitán Ortegón (vendedor) y Jaime Serrano (comprador y beneficiario); registrado el bien con matrícula inmobiliaria 440-60755 y cédula catastral número 01-000586-0015-000; dirección del inmueble “casa de habitación urbana # 1, ubicada en la urbanización Villa de Leyva…” (fs. 96 a 98 ib.).
[14] Cfr. Documento firmado por José Robert Gaitán (vendedor) y Jaime Serrano (comprador beneficiario del subsidio y quien lo recibe) y la Coordinadora UIS Mocoa como testigo.
[15] Cfr. fs. 85 y 86 ib..