Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-007-19.htm
Timestamp: 2019-05-20 17:08:16
Document Index: 66460399

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10']

T-007-19
Acción de tutela instaurada por Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, el Magistrado Alejandro Linares Cantillo y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
En el trámite de revisión del fallo proferido el 29 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, el cual fue confirmado el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín.
El 15 de marzo de 2018, Natalia Arbeláez Ospina instauró acción de tutela[1] contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y al debido proceso. Lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos:
1.1. En 2009 fue una de las profesoras con mejores calificaciones en el concurso docente, por lo que escogió la Institución Educativa José Acevedo y Gómez para desarrollar sus actividades como docente de inglés, área en la que “han sido vinculados otros dos docentes el último en el año 2017”.[2]
1.2. El 24 de abril de 2017, la accionante denunció -en cumplimiento de la Ley 1620 de 2013[3]- al Rector de la Institución Educativa (Jaime Alberto Sierra Torres) ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín, por presuntos actos de maltrato infantil cometidos el 21 de abril de 2017.[4]
Por ende, pretende evitar que se realice un traslado inconsulto o su reubicación, pues su deseo es continuar vinculada con la Institución Educativa José Acevedo y Gómez.
3. Admisión, trámite y respuesta de las accionadas
“(…) con base en el relato por su parte, descrito y sin evidencia adjunta, se pudo identificar, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, (…) y el artículo 7 (…), la conducta del Rector de la Institución Educativa descrita por su parte no se tipificaría; por el contrario, se adecúa a la formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral, descrita en el literal d del artículo 8 de la Ley 1010 de 2006, como una conducta que no constituye acoso laboral.”[10]
El referido estudio técnico “originó la reubicación de docentes adscritos a la planta de personal de la Secretaría de Educación, considerándose, entonces, en una necesidad de carácter administrativo”[13]. En el caso concreto “mediante reunión realizada el 15 de enero de 2018, plasmada en el acta N° 933-3, se realizó la entrega de la plaza del Área de inglés que estaba siendo ocupada [por Natalia Arbeláez Ospina] en la Institución Educativa JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.”[14]
“(…) efectivamente se expidió por la Secretaría de Educación de Medellín el Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018, en el cual quedó establecido, entre otras cosas, que los docentes de carrera que hubiesen radicado ante la Secretaría (…) y con antelación al proceso de reubicaciones denuncias por acoso laboral en contra del Directivo Docente-Rector, deberían considerarse en última instancia para su reubicación.
En su caso concreto, se hizo referencia a una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación que tiene que ver con unos presuntos casos de maltrato infantil que presenció y que fueron radicados también ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, sin que propiamente se trate de un proceso por acoso laboral presentado ante la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Medellín. Adicional a esto, se determinó por parte del Directivo Docente-Rector de la Institución Educativa, de conformidad con los elementos técnicos, la entrega de la plaza del Área de Inglés, ocupada por [Natalia Arbeláez Ospina], de conformidad con las facultades que le asisten.”[15] (Subrayas no originales)
3.3.1. La Secretaría de Educación de Medellín[17] indicó -en relación con los presuntos actos de acoso laboral- que no era cierto que en la queja ante la Procuraduría la accionante hubiera declarado sobre las frases intimidantes del Rector y la advertencia sobre la vigilancia especial sobre su trabajo, y que no le constaba que el Rector le hubiera prohibido ejercer sus funciones. Añadió que el Rector “ha tenido procesos que han sido adelantados, en Personería, Control Interno y Comité de Convivencia Laboral; con el archivo en cada una de dichas instancias.”[18]
Precisó que era cierto que el Rector le retiró la asignación académica a la docente, pero de conformidad con el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 715 de 2001, por la “reducción del número de alumnos en la relación técnica alumno-docente de la Institución (…)”.[19] Asimismo, resaltó que se retiraron varias plazas en otras instituciones.
Por otro lado, sostuvo que la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá remitió el 19 de septiembre de 2017 la queja de la accionante por acoso laboral al Comité de Convivencia Laboral. No obstante, dicho Comité “no realizó conciliación, puesto que (…) consideró que el caso en concreto no se tipifica como acoso laboral, dicha comunicación fue notificada personalmente (…) [el] 20 de marzo de 2018”, en respuesta al derecho de petición presentado el 1 de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina.
Señaló que era cierto que el Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018 estableció que los docentes de carrera que hubiesen radicado -con antelación al proceso de reubicaciones- denuncias por acoso laboral en contra del Directivo Docente-Rector, debían considerarse en última instancia para su reubicación. No obstante, el caso de Natalia Arbeláez Ospina tenía que ver con una denuncia por presuntos casos de maltrato infantil, “sin que propiamente se trate de un proceso por acoso laboral presentado ante el Comité de Convivencia Laboral (…)”.[20]
Corolario de lo expuesto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues los derechos fundamentales invocados por Natalia Arbeláez Ospina no fueron vulnerados: (i) el de petición, porque la solicitud de 1 de febrero de 2018 se respondió el 20 de marzo de 2018, razón por la que se ha configurado el hecho superado; (ii) el del trabajo, porque actualmente la docente “goza de empleo, con salario digno, más cerca de su residencia, y con todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho de conformidad con su escalafón docente”[21]; y (iii) al debido proceso, en la medida que la reubicación es una facultad de la Secretaría de Educación y del Rector cuando sea necesario para la prestación del servicio, de conformidad con la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015.
3.3.2. La Alcaldía de Medellín[22] se limitó a transcribir la información que le fue remitida por la Secretaría de Educación de Medellín -la cual es la misma que ésta esbozó en su respuesta a la acción de tutela (supra, antecedente N° 3.3.1.)-, solicitando que se declarara la improcedencia de la tutela por configurarse un hecho superado. Esto, porque se dio respuesta al derecho de petición presentado por Natalia Arbeláez Ospina.
3.3.3. El Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez[23] presentó una respuesta idéntica -salvo algunas cuestiones de redacción- a la de la Secretaría de Educación de Medellín (supra, antecedente N° 3.3.1.).
3.4. El 29 de marzo de 2018, Natalia Arbeláez Ospina radicó un oficio[24] en el que -además de reiterar varios puntos de la acción de tutela- daba cuenta de que el 20 de marzo de 2018 la Secretaría de Educación de Medellín había dado respuesta a su derecho de petición de 1 de febrero de 2018, pero que la misma no correspondía a lo solicitado.
En particular, manifestó que en las respuestas niegan la denuncia por acoso laboral, puesto que la confunden con la queja que ella presentó poniendo de presente los casos de maltrato por parte del Rector contra los estudiantes de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez.
Llamó la atención en el hecho de que el 15 de marzo de 2018 había sido trasladada a la Institución Educativa El Limonar, afectando su debido proceso al no tener en cuenta su denuncia por acoso laboral y la directriz que establece que los docentes que hayan radicado quejas por acoso laboral deben ser tenidos en cuenta en última instancia en caso de reubicación. Agregó que con posterioridad a su vinculación en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, fueron vinculados otros dos docentes en la misma área, pese a que ella contaba con mayor antigüedad.
Lo primero, porque “la entidad accionada para el día 20 de marzo del año en curso (…) expidió un (sic) respuesta que puso de presenta (sic) a la actora (…)”[27], la cual resolvió la solicitud de Natalia Arbeláez Ospina de fondo, de forma clara, precisa y congruente.
Lo segundo, porque después de reiterar in extenso -aunque de forma fragmentada- algunas consideraciones de la T-316 de 2016 sobre “El ejercicio del ius variandi para la prestación efectiva del servicio de educación y sus límites ante las solicitudes de traslado por los docentes” (cuando el traslado es solicitado por el propio del docente); concluyó que, como el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación determinó que no se habían perpetrado actos de acoso laboral por parte del Rector contra Natalia Arbeláez Ospina, ella no debía ser considerada en última instancia para ser reubicada, quedando “en igualdad de condiciones que los demás maestros o docentes para ser sujeto de un traslado.”[28]
Respecto de la vulneración al derecho de petición, el ad quem también consideró que se configuró un hecho superado, pues la respuesta dada por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación de Medellín era de fondo y congruente con lo solicitado por Natalia Arbeláez Ospina.
Aunado a lo anterior, destacó que -de acuerdo con lo informado por el Rector- la accionante “goza de empleo, con salario digno, más cerca de su residencia, y con todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho de conformidad con su escalafón docente, situaciones estás (sic) que desvirtúan la veneración al derecho fundamental al trabajo.”[35] (Negrillas originales)
5.2.1. Natalia Arbeláez Ospina[41] indicó[42] que fue reubicada en la Institución Educativa El Limonar, sin tener en cuenta que desde el 31 de julio de 2017 se estaba adelantando un proceso por acoso laboral. Destacó que, al momento de decidir su reubicación, no se había resuelto su queja por acoso laboral.
5.2.2. A su vez, la Secretaría de Educación de Medellín[44] señaló[45] que (i) el procedimiento que se sigue en los casos de acoso laboral es el señalado en la Resolución 652 de 2012[46]; (ii) Natalia Arbeláez Ospina “presentó queja por presunto acoso laboral ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá (…) el día 31 de julio de 2017”, la cual fue remitida a la Secretaría de Educación hasta el 19 de septiembre de 2017, siendo resuelta por el Comité de Convivencia Laboral el 20 de marzo de 2018, el cual encontró que el Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez no había cometido conductas constitutivas de acoso laboral; y (iii) de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, al establecer la planta de cargos de la Institución Educativa para el año 2018, su Subsecretaría de Planeación -mediante acta suscrita el 15 de enero de 2018 por funcionarios de la Secretaría y otros funcionarios, incluyendo el Rector- concluyó que por necesidad del servicio (como causal de traslado no sujeto al proceso ordinario, según el numeral 1 del artículo 2.4.5.1.5. de la misma norma) la Institución debía entregar una plaza de inglés para ser reubicada en otros establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín. En consecuencia, por la disminución del número de alumnos la plaza requerida no tendría “asignación académica, lógicamente, porque no tendrían alumnos que atender (…).”[47]
En el caso de Natalia Arbeláez Ospina “el Comité de Convivencia Laboral Conceptualizó (sic), que su caso no se trataba de un acoso laboral por parte del Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en el radicado 201830074191 del 20 de marzo de 2018, se trató de formulación de exigencias técnicas para mejorar la eficiencia laboral, descrita en el literal d del artículo 8 de la Ley 1010 de 2006 (…).”[51]
Finalmente (v) señaló que de conformidad con la Resolución Nº 201850016466 de 15 de febrero de 2018, Natalia Arbeláez Ospina “se encuentra prestado el servicio educativo en la Institución Educativa el Limonar, Institución Educativa cerca al lugar de la residencia de la docente y con la carga académica debidamente asignada de acuerdo con su idoneidad.”[56]
5.2.3. Por su parte, el Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez[57] esbozó[58] -respecto del primer cuestionamiento- una respuesta exacta a la que dio la Secretaría de Educación de Medellín al contestar el tercer interrogante que se le planteó (supra, numeral “iii” del antecedente Nº 5.2.2.).
Por otra parte, especificó que la reubicación de Natalia Arbeláez Ospina se dio con base en un estudio técnico, y por la necesidad del servicio. Agregó que no conoce la institución educativa a la que fue trasladada, y que no le consta lo que dispone la Resolución Nº 201850016466 de 15 de febrero de 2018 de la Secretaría de Educación de Medellín.
Concluyó -respecto de la cuarta pregunta que se le realizó- que en “la Institución Educativa José Acevedo y Gómez no se tramitan quejas por acoso laboral, puesto que el competente para tramitarlas, es el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín (…).”[59]
5.3. Debido a la necesidad de ampliar el contenido y alcance de la información recibida, con Auto de 26 de septiembre de 2018[60] la Magistrada Sustanciadora resolvió solicitar al Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez que aclarara algunas respuestas.[61]
- Denuncia por maltrato infantil presentada el 24 de abril de 2017 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín (cuaderno 1, folio 7 a 9).
- Queja por acoso laboral presentada el 31 de julio de 2017 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá (cuaderno 1, folio 50 a 21).
- Derecho de petición presentado el 1 de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina ante la Secretaría de Educación de Medellín (cuaderno 1, folio 10 a 13).
¿La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación de Medellín vulneraron el derecho fundamental de petición de Natalia Arbeláez Ospina con la respuesta que dieron a la solicitud presentada el 1 de febrero de 2018?
¿La Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez vulneraron los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso de Natalia Arbeláez Ospina al reubicarla en otra Institución Educativa a pesar que la denuncia por acoso laboral instauró no se había resuelto?
3. Análisis de procedencia
La Sala Segunda de Revisión advierte que la acción de tutela presentada por Natalia Arbeláez Ospina cumple con los requisitos de procedencia.
3.2. La acción de tutela presentada por Natalia Arbeláez Ospina cumple -respectivamente- con los requisitos de procedencia de legitimación por activa y por pasiva e inmediatez, puesto que fue instaurada (i) por sí misma; (ii) contra entidades públicas debidamente vinculadas, como lo son la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez; y (iii) por un lado, el derecho de petición fue instaurado el 1 de febrero de 2018 y la Resolución N° 201850016466 -mediante la cual se ordenó su traslado- es del 15 de febrero de 2018, y por el otro, la acción de tutela fue instaurada el 15 de marzo de 2018. Esto es, entre el primero de los eventos y la presentación del recurso de amparo trascurrió apenas un mes y catorce días, lo cual es un término razonable y oportuno, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la acción de tutela se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el requisito de subsidiariedad (iv) la accionante alega la vulneración de su derecho de petición por la respuesta recibida a su solicitud de 1 de febrero de 2018, y porque consideraba que, en razón de la situación de acoso laboral ejercida por el Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, se había ordenado su traslado a otra Institución, desconociendo sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso.
3.3. En conclusión, la Sala Segunda de Revisión considera que la acción de tutela instaurada por Natalia Arbeláez Ospina es procedente. En consecuencia, pasará a realizar algunas consideraciones -conforme lo dispuesto en el fundamento jurídico N° 2.2.- para, posteriormente, realizar el análisis del caso concreto.
4. Derecho fundamental de petición. La eficacia de este derecho fundamental depende de la respuesta de fondo a lo solicitado. Reiteración de jurisprudencia
c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: 1. oportunidad, 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo solicitado y 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (…).”[79] (Negrillas originales)
4.2. En relación con los requisitos del literal “c”, la Sala Plena precisó que la respuesta de los derechos de petición es válida en términos constitucionales si es “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente (…).”[80] (Negrillas originales)
5. Derecho fundamental al debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia
6. El acoso laboral y su relación con el derecho fundamental al trabajo: no es posible separar el derecho al trabajo de la dignidad humana[85]
6.1. Protección de la dignidad humana en las relaciones laborales
Un claro ejemplo de ello es lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 (que se analizará detenidamente infra, fundamento jurídico Nº 6.3.2.), pues dispone que ninguna persona que esté inmersa en una relación laboral puede cometer conductas de acoso laboral: “(…) se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno (…).” (Subrayas no originales)
6.2. El ejercicio del ius variandi para la prestación efectiva del servicio de educación y sus límites frente al traslado de docentes. Reiteración de jurisprudencia
3. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo.” (Subrayas no originales)
6.3. Marco jurídico sobre el acoso laboral[113]
“(…) el estrés ocasiona serios perjuicios para la salud física y mental del trabajador, además de impedir el desempeño laboral en condiciones dignas y justas. El estrés laboral ha sido desarrollado en multiplicidad de artículos académicos en los cuales se lo ha relacionado con lo que en el área de la medicina se conoce como el “Síndrome de Burnout” o “síndrome del trabajador desgastado”. Este fenómeno fue explicado por los psicólogos estadounidenses Herbert Freudenberg y Geraldine Richelson en 1998 en su libro “Burnout: The high cost of high achievement” y consiste principalmente en que quien lo padece presenta síntomas como sentirse permanentemente cansado o que a pesar de cumplir con sus compromisos, su trabajo no es bien reconocido y nunca termina, pierde la capacidad de disfrutar las cosas que le gustan o los incentivos que lo motivaban a trabajar. En su tiempo libre se siente estresado y sufre de complicaciones físicas como insomnio, dolores de cabeza, mareos, dolencias musculares, infecciones, manchas en la piel, trastornos respiratorios, circulatorios y digestivos, etc.”[118]
7. Estudio del caso concreto
7.1. Respecto del derecho fundamental de petición (primer problema jurídico), se tiene que en el momento en que se instauró la acción de tutela (15 de marzo de 2018), la Secretaría de Educación de Medellín no había dado respuesta a la solicitud presentada por Natalia Arbeláez Ospina el 1 de febrero de 2018 (supra, antecedente N° 1.5.).
7.2. Otra de las pretensiones de la accionante (supra, antecedente Nº 2) estaba encaminada a que no se efectuara el traslado determinado en sesión de 15 de enero de 2018 -acta Nº 933-3- y formalizado el 15 de febrero de 2018 mediante Resolución N° 201850016466 de 15 de febrero de 2018 (supra, antecedentes Nº 3.2.2.). Lo anterior, porque su solicitud era permanecer vinculada en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez (supra, antecedente Nº 2), en tanto consideraba que la reubicación -y otras conductas- configuraban una situación de acoso laboral, lo que vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso (segundo problema jurídico).
Sin embargo, la Sala encuentra que la decisión de reubicación de Natalia Arbeláez Ospina desconoció su derecho fundamental al debido proceso administrativo. Si bien la decisión de trasladar docentes por parte del nominador es discrecional, ello no puede implicar el desconocimiento de las normas y garantías que rigen ese tipo de actuaciones.
7.2.1. Al respecto, aunque la decisión de cambiarla de institución educativa perseguía una finalidad legítima, como lo era garantizar la prestación del servicio de educación, y la misma era adecuada en tanto era idónea para alcanzar ese objetivo; la medida no era necesaria, por cuanto se podía trasladar a otro de los docentes de inglés que también trabajaban en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, quienes llevaban menos tiempo vinculados y, según lo afirmó la accionante (supra, antecedente 5.2.1.) y no fue desvirtuado por el Rector de la Institución (supra, antecedente 5.3.), cuando se va a reubicar a un docente, se elige a la última persona que llega.
Sin embargo, la razón determinante para que la medida no sea considerada necesaria ni indispensable, es que Natalia Arbeláez Ospina había interpuesto una queja por maltrato infantil y otra por acoso laboral por lo que, de acuerdo con el Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018[129] proferido por la Secretaría de Educación de Medellín (supra, antecedente Nº 3.2.2.), “los docentes de carrera que hubiesen radicado ante la Secretaría (…) y con antelación al proceso de reubicaciones denuncias por acoso laboral en contra del Directivo Docente-Rector, deberían considerarse en última instancia para su reubicación.”
En consecuencia, se corrobora que la decisión de reubicar a Natalia Arbeláez Ospina no solo desconoció las directrices que le eran aplicables (es decir, no se respetaron plenamente las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico), lo que configura una vulneración al derecho fundamental al debido proceso administrativo; sino que también contrarió el principio de la buena fe, pues el mismo exige el respeto de los actos propios (venire contra factum proprium non valet), razón por la que la Secretaría de Educación de Medellín no podía desconocer sus propias determinaciones, esto es, lo que había dispuesto en el Oficio N° 201830001082 del 3 de enero de 2018.
7.2.2. En este punto, también se cuestiona que, aunque la queja por acoso laboral fue presentada el 31 de julio de 2017 y remitida por la Procuraduría el 19 de septiembre de ese mismo año (supra, antecedente Nº 3.3.1.), el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín solo se pronunció -someramente- tras la instauración de la acción de tutela, sin que previamente hubiera adoptado las medidas que ordena la Ley 1010 de 2006 (numeral 2º del artículo 9[130]) y la Resolución 652 de 2012 (artículo 6[131]). Así, se constata que el Comité de Convivencia Laboral (i) señaló que no existían elementos para afirmar la configuración de un acoso laboral, sin llegar al convencimiento del mismo, (ii) no sustentó la razón de su decisión, y (iii) tampoco escuchó a Natalia Arbeláez Ospina.
7.2.3. En conclusión, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina al disponer un traslado que no tuvo en cuenta las directrices que eran aplicables, y porque su denuncia por acoso laboral fue estudiada sin cumplir con lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y la Resolución 652 de 2012.
7.3. Por otra parte, la Sala también llama la atención respecto de la conducta desplegada por la Secretaría de Educación de Medellín en el curso de la acción de tutela. En primer lugar, se encuentra que las respuestas emitidas por dicha entidad son contradictorias. Así, en los antecedentes N° 3.2.2. y 3.3.1. indicó que la queja presentada por Natalia Arbeláez Ospina ante la Procuraduría no era propiamente por acoso laboral, sino por presuntos actos de maltrato infantil. Sin embargo, en los antecedentes N° 3.3.1. y 5.2.2. manifestó que la queja que le remitió la Procuraduría sí era sobre acoso laboral (afirmación que sí se encuentra respaldada en el material probatorio).
7.4. De conformidad con lo expuesto, se revocarán las decisiones de instancia dictadas el 29 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín, y se concederá el amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina. En tal sentido, se ordenarán las siguientes medidas:
En el término máximo de (2) dos meses posteriores a la notificación de esta providencia, la Secretaría de Educación de Medellín debe adelantar un proceso de traslado no sujeto al proceso ordinario (de conformidad con la Ley 715 de 2001, el Decreto Ley 1278 de 2002, el Decreto 520 de 2010, el Decreto 1075 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias), reubicando a Natalia Arbeláez Ospina en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo (v.gr. trasladar otro docente).
Por su parte, tan pronto sea notificada esta providencia, el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín debe reabrir el trámite de la queja por acoso laboral presentada por Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la normatividad aplicable, en particular, en la Ley 1010 de 2006 y en la Resolución 652 de 2012 (supra, fundamento jurídico Nº 7.2.2.). Lo anterior, independientemente del resultado, pues lo importante es que la actuación se surta con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico.
También se ordenará que se remita copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, determine (i) si la irregularidad en el traslado de la docente Natalia Arbeláez Ospina tiene como resultado la responsabilidad individual disciplinaria de los implicados; (ii) la consecuencia jurídica a la respuesta extemporánea (de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011) del derecho de petición presentado el 1 de febrero de 2018 por Natalia Arbeláez Ospina, el cual fue contestado hasta el 20 de marzo de 2018; y (iii) si la omisión injustificada del Rector de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez señalada en el antecedente N° 5.3. de esta providencia (consistente en no dar respuesta a los requerimientos de esta Corporación), es contraria a lo establecido en los artículos 34 (numeral 1) y 35 (numerales 1 y 24) de la Ley 734 de 2002.
Correspondió a la Sala Segunda de Revisión analizar la acción de tutela instaurada por la profesora de inglés Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, en la que solicitaba la protección de sus derechos fundamentales de petición, al trabajo y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados por la decisión de las accionadas de trasladarla a otra Institución, pese a que había instaurado una queja por maltrato infantil y otra por acoso laboral. En particular, señaló que (i) no se dio respuesta de fondo al derecho de petición que había presentado solicitando información sobre el trámite de las referidas quejas; (ii) el Rector de la Institución Educativa la había acosado laboralmente -por ejemplo, quitándole la carga académica-; y (iii) ella no debió ser trasladada porque en la Institución había otros dos profesores de inglés con menos antigüedad y, al haber instaurado una queja por acoso laboral, debió ser tenida en cuenta en último lugar. Conforme con lo anterior, solicitó que se ordenara a las accionadas que respondieran su petición, se restableciera su carga académica, y se adoptaran las demás medidas pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales.
A continuación, entró a resolver el caso concreto, donde determinó que (i) se vulneró el derecho de petición porque si bien la entidad accionada respondió los puntos de la solicitud elevada por la accionante, dicha respuesta carecía de motivación en tanto no explicó las razones por las cuales la queja de acoso laboral no prosperó; (ii) no se vulneró su derecho fundamental al trabajo en tanto no se logró acreditar la comisión de una conducta repetida y pública o de una conducta privada revestida de un carácter complejo, continuo y sistemático, que se enmarcara en algunas de las acciones proscritas por el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006; y (iii) se vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina al disponer un traslado que no tuvo en cuenta las directrices que eran aplicables, y porque su denuncia por acoso laboral fue estudiada sin cumplir con lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y la Resolución 652 de 2012.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión decidió (i) revocar las decisiones de instancia, concediendo el amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina; (ii) ordenar a la Secretaría de Educación de Medellín que adelante un proceso de traslado no sujeto al proceso ordinario, reubicando a la accionante en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo; (iii) ordenar al Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín que reabriera el trámite de la queja por acoso laboral presentada por Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de que dicho procedimiento se surta con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; y (iv) remitir copia de la Sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que determine si constituyen faltas disciplinarias el traslado irregular de la accionante, la respuesta extemporánea al derecho de petición que ella había presentado, y la omisión injustificada del Rector de la Institución en dar respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional.
Primero.- REVOCAR las sentencias de tutela proferidas el 29 de marzo de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín y el 4 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín. En consecuencia, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de Natalia Arbeláez Ospina.
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de Medellín que, en el término máximo de (2) dos meses posteriores a la notificación de esta providencia, adelante un proceso de traslado no sujeto al proceso ordinario (de conformidad con la normatividad aplicable), reubicando a Natalia Arbeláez Ospina en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando para tal efecto las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo.
Tercero.- ORDENAR al Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín que, tan pronto sea notificada esta providencia, reabra el trámite de la queja por acoso laboral presentada por Natalia Arbeláez Ospina, con el fin de que la actuación se surta con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico.
[4] Según la accionante, se encontraba en clase de grado séptimo y una de estudiante le manifestó que el Rector la jaló del brazo por estar fuera de clase. Ese mismo día el Rector ingresó al salón para tratar una situación de indisciplina de otra estudiante, la cual hizo caso de sus requerimientos, por lo que aquel “enfurecido la paró de la silla por la fuerza, le pidió que saliera del salón y la estudiante se negó una vez más desafiando su autoridad, entonces el Rector sacó a las estudiante a los empujones.” (Ibidem., folio 8)
[5] Específicamente, la accionante señaló “(…) se dieron situaciones de acoso laboral, tales como: // 1. Abordarme el día que interpuse la denuncia para decirme frases intimidantes en donde me manifestaba que habría una vigilancia especial sobre mi trabajo. 2. Gritos y el uso de términos descalificativos sobre mí ante los miembros del comité de convivencia escolar (…). 3. Gritos en presencia de la comunidad educativa cuando a solicitud de la psicóloga de Secretaria (sic) de Salud llevaba una de las estudiantes agredidas a su despacho para recibir atención psicológica, además impidiendo mi libre circulación por los espacios de la institución. 4. Me impuso una prohibición expresa de algunas de mis funciones como docente activa, tales como citar acudientes y acercarme al consultorio de la psicóloga de Secretaria (sic) de Salud asignada para la institución. // 5. Se me retiró mi asignación económica el día 26 de Enero de 2018 (…). 6. Se me retira de mi plaza en la institución educativa bajo la figura de REUBICACIÓN (…)” (Negrillas originales. Cuaderno 1, folio 1).
[37] Acción de tutela instaurada por Yohanna Rosana Redondo Bonivento contra Positiva Compañía de Seguros S.A. y Ocuservis S.A.S.
[38] Acción de tutela instaurada por Natalia Arbeláez Ospina contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín y la Institución Educativa José Acevedo y Gómez.
[42] Cuaderno de revisión, folio 37 a 40. Adjuntó, entre otros documentos, tres denuncias presentadas en abril de 2017 por dos estudiantes del grado 7b ante la Personería Municipal de Medellín, en las que denunciaban los malos tratos del Rector (una de las denuncias viene con una lista de “testigos” de 23 estudiantes del mismo grado). (Ver, folio 41 a 46).
[44] A la Secretaría se le preguntó: “(i) ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en los casos de acoso laboral? ¿Qué sucede cuando no son suficientes las medidas preventivas y correctivas establecidas en el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006? // (ii) ¿Cómo se tramitó la denuncia por acoso laboral presentada por la docente Natalia Arbeláez Ospina? // (iii) ¿Existe alguna justificación para que, en casos como el de la accionante, las instituciones educativas reduzcan la carga laboral de los docentes? // (iv) ¿Cómo funciona el traslado de docentes? ¿Hay alguna limitación cuando estos han presentado una denuncia por acoso laboral? En concreto, ¿cuál es el alcance de las circulares 20170000023 de 17 de agosto de 2017 y 20173030486 de 29 de noviembre de 2017? // (v) ¿Cuál es la situación laboral actual de la docente Natalia Arbeláez Ospina? En particular, si le fue reestablecida la carga académica o si fue reubicada en la Institución Educativa El Limonar, de conformidad con lo que dispuso en la Resolución N° 201850016466 de 15 de febrero de 2018.”
[57] A la Institución Educativa José Acevedo y Gómez y a su rector (señor Jaime Alberto Sierra Torres) se les preguntó: “(i) ¿Por qué se le quitó la carga académica a la docente Natalia Arbeláez Ospina? // (ii) ¿La institución realizó alguna solicitud para que la docente Natalia Arbeláez Ospina fuera reubicada? // (iii) ¿Cuál es la situación laboral actual de la docente Natalia Arbeláez Ospina? En particular, si le fue reestablecida la carga académica o si fue reubicada en la Institución Educativa El Limonar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 201850016466 de 15 de febrero de 2018 de la Secretaría de Educación de Medellín. // (iv) ¿Cómo tramita la institución las quejas por acoso laboral que le ponen de presente los docentes? ¿Desde la expedición de la Ley 1010 de 2006 cuántos casos de acoso laboral se han presentado y cómo se han resuelto?”
[61] Específicamente, se le requirió precisar: “(i) De acuerdo con la respuesta a las preguntas Nº 1 y 2 (…), se indicó que por la necesidad del servicio y por la disminución del número de alumnos se tuvo que entregar -entre otras- una plaza de inglés. ¿Antes de la determinación de disminuir el número de plazas cuántas de estas había para la clase de inglés? ¿Había más de un profesor para dictar esa asignatura? De ser así, ¿cuál fue el criterio para determinar que fuera la docente Natalia Arbeláez Ospina y no otro profesor el que debía ser reubicado? // (ii) En relación con la respuesta a la pregunta Nº 4 (…) se aclaró que la Institución Educativa no tramita quejas por acoso laboral. Al respecto, es necesario precisar la segunda parte de la pregunta, en el sentido de especificar cuántas quejas por acoso laboral se han presentado -ante la Secretaría de Educación- contra funcionarios de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez desde la expedición de la Ley 1010 de 2006 y cómo se han resuelto.”
[64] Sentencias T-493 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, fundamento jurídico N° 3; T-194 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N° 2.2.3.; SU-055 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4; T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 2.1.1.; y T-036 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 3.1.1.
[65] Sentencias T-1015 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico N° 3; T-626 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 3.1.5; T-678 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 4; y T-332 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 3.1.2.
[66] Sentencias SU-189 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 2; y T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, fundamento jurídico Nº 2.3.
[67] Sentencias T-374 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4.1.3; T-060 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 27; y SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 3.4.
[68] Estos criterios fueron sintetizados en la Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 62. También son referidos en las Sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 19; SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 11; y T-195 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 4.4.
[70] Sentencias T-235 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 1.2; T-627 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 6.2.1.5; T-549 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 5.1; T-209 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico Nº 5; T-195 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 4.3.; y T-036 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico Nº 3.1.3.
[71] Sentencias T-798 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 4; SU-772 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, fundamento jurídico Nº 5.2.; y T-161 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 3.3.1.
[72] Sentencias T-851 de 2014. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 3; T-161 de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico Nº 3.3.2.; T-442 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 3; y T-332 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 3.1.4.
[74] Sentencia T-882 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 5. Similares consideraciones fueron plasmadas en las Sentencias T-238 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N°5.5.3.; y T-572 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico N° 5.3.
[75] La Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sentencia de 23 de febrero de 2017, Radicado Nº 08001-23-33-000-2012-00098-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter) conoció de un caso en el que se alegaba que un acto administrativo con el que se aceptó una renuncia estaba falsamente motivado al encubrir una situación de ese tipo. No obstante, esa Corporación determinó que “al no probarse el posible acoso laboral que impulsó a la demandante a renunciar al cargo de secretaria del circuito nominada (…) no puede determinarse que la Resolución 43 (…) de 16 de enero de 2012 (…) haya sido expedida mediante falsa motivación, puesto que la renuncia es una manifestación libre y espontánea que, a pesar de que el dimitente la motive por cualquier causa, no invalida el acto administrativo que la acepta (…).”
[76] La Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sentencia de 7 de febrero de 2018, Radicado N° 730012331000200800100-01. M.P. Danilo Rojas Betancourth) señaló -respecto del acoso laboral- que “de encontrarse configurado, el mismo constituye una evidente falla en el servicio, en tanto implica el desconocimiento de todo el compendio normativo que protege, entre otros, el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.”
[78] Sentencia C-951 de 2014. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, fundamento jurídico Nº 4.2.2. y nota al pie N° 122 -respectivamente-: Sentencias “T-377 de 2000, T-249 de 2001, T-1006 de 2001, T-1089 de 2001, T-1046 de 2004, T-189ª de 2010 y C-818 de 2011” y “T-464 de 2012, T-554 de 2012, T-984[A] de 2012, T-801 de 2012, T-047 de 2013, T-149 de 2013, T-167 de 2013, T-172 de 2013 y T-489 de 2014”. En el mismo sentido, Sentencia T-515 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán, fundamento jurídico N° 5.1.
[79] Sentencia C-951 de 2014. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, fundamento jurídico Nº 4.2.2.
[81] Sentencias T-587 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.1; y T-515 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán, fundamento jurídico N° 5.2.1.
[82] Sentencias C-331 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 5.3.; y T-543 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera, fundamento jurídico N° 5.1.
[83] Sentencias C-983 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 4.2; y C-491 de 2016. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 4.1.
[84] Sentencias C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 5.5; C-758 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 4; y C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico “el debido proceso administrativo y la facultad de aportar y controvertir las pruebas”.
[85] Cita tomada de la Sentencia C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.
[86] Sentencias SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, fundamento jurídico Nº 2; C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, fundamento jurídico Nº 3; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo, fundamento jurídico Nº 4.2.1.
[87] Sentencia C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 3.
[88] Sentencias C-288 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 7.2.2.; C-143 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 3; y C-333 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo, fundamento jurídico Nº 4.2.1.
[89] Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, fundamento jurídico Nº 10. Reiterada -entre otras- en las Sentencias T-1096 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 2.3.; T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 29; T-063 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 4.5.; SU-214 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 10; C-134 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico Nº 7.4.2.; y T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico Nº 3.10.5.
[90] Sentencias T-084 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz, tercer fundamento jurídico; T-882 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3; C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.; C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico Nº 3; y T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.
[91] Sentencia SU-519 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fundamento jurídico Nº 4.
[92] “Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: // Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. // (…) La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” Es importante tener en cuenta que “En el ámbito del Derecho del Trabajo se presenta una característica muy sui géneris, por cuanto es la única rama del orden jurídico regulada Constitucionalmente por Principios mínimos fundamentales (…)” (Ver: Pinilla Campos, Ernesto. El proyecto de reforma judicial constitucional, su incidencia en el sistema de fuentes y en los principios mínimos fundamentales del derecho del trabajo. En: Pensamiento jurídico., Número 30, p. 311-342, 2011. ISSN electrónico 2357-6170. ISSN impreso 0122-1108, p. 325).
[93] Sentencias C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.; C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico Nº 3; y T-541 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 6.
[94] Sentencia T-882 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3.
[95] Sentencias C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 3.2.; y T-541 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico Nº 6.
[96] Sentencias T-484 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fundamento jurídico “Derecho de la peticionaria a trabajar en condiciones dignas y justas”; SU-519 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fundamento jurídico Nº 4; T-311 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz, fundamento jurídico “b”; y C-815 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, fundamento jurídico Nº 3.
[97] Esta es una doctrina alemana -que literalmente traduce “efecto frente a terceros de los derechos fundamentales”-, que tuvo origen jurisprudencial a raíz del pronunciamiento del 15 de enero de 1958 del Tribunal Constitucional alemán en el caso Lüth (en 1951 el cineasta Veit Harlan demandó a Erich Lüth -presidente de la Asociación de Prensa de Hamburgo- por boicotear su película “La amada inmortal”, debido al apoyo que había prestado al régimen nacionalsocialista. La justicia ordinaria condenó a Lüth al pago de los perjuicios causados, decisión frente a la cual instauró un recurso de amparo, llegando el caso al Tribunal Constitucional alemán, el cual protegió el derecho a la libertad de expresión del Lüth).
Respecto de esta doctrina, la Corte Constitucional se ha pronunciado -entre otras- en las Sentencias T-009 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 1; T-547 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-012 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 3; T-148 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-1217 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico “Naturaleza de los contratos de medicina prepagada, límites a la autonomía de los contratantes en razón de la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales entre particulares. Reiteración de jurisprudencia”; T-632 de 2007. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 5; T-158 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 4, nota al pie 27; T-160 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 3; C-378 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 3.2.; T-171 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.1., nota al pie 15; T-783 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 3.1., nota al pie 20; T-126 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 8, nota al pie 12; T-392 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico “Procedibilidad de la acción de tutela para discutir controversias desatadas de contratos de medicina prepagada”, nota al pie 5; T-720 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 66, nota al pie 24; y T-550 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez, fundamento jurídico Nº 6.9., nota al pie 85.
[98] Sentencias T-264 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería, fundamento jurídico N° 3.1.; T-048 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, fundamento jurídico N° 3.4.1.; y T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 3.
[99] Sentencias T-468 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, fundamento jurídico N° 4; T-250 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico N° 3; T-351 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 3.4.; T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 3; y T-075 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 6.
[100] Sentencias T-564 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 3; T-175 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 2; y T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 4.1.
[101] Sentencia T-319 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 6.
[102] Sentencia T-682 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 3.
[103] Sentencias T-280 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 5; T-213 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, fundamento jurídico N° 5; T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 4.2.; y T-095 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 27.
[104] Sentencia T-528 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 4.5.
[105] Sentencia T-376 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 72.
[106] Sentencias T-316 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 4.4.1.; y T-376 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 55.
[107] Ver -entre otras- las Sentencias T-316 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 4.4.2.; T-376 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 56 a 70; y T-095 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico N° 28 a 34.
[113] Sobre el acoso laboral, la Corte Constitucional se ha pronunciado -en diferente grado y medida- en las sentencias C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 de 2006 , M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-898 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-078 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-282 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-780 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-960 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-238 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo; T-192 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo; T-372 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-462 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-293 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-472 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-572 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; y T-239 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[114] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4. Esas mismas consideraciones fueron reiteradas en las Sentencias C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 11; T-238 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico Nº 5.5.2.; T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5; y T-472 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico Nº 5.1.
[115] “(…) una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo.” Nota al pie Nº 5: “Ver al respecto, Leymann, H.; Mobbing: la persécution au travail. Seuil. Paris 1996; “The content and development of mobbing at work”. Rev. European Journal of Work and Organitzational Psichology, núm. 2. 1996 y Leymann, H. Gustafson, a.; “Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders”. Rev. European Journal of Work and Organitzational Psichology, núm. 2. 1996.”
[116] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4. Este análisis fue reiterado y complementado en la Sentencia C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 12 a 14.
[117] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4.
[118] Sentencia T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.
[119] Sentencia T-882 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 4. Estos elementos han sido reiterados en las Sentencias T-462 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico Nº 144; y T-472 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento jurídico Nº 5.1.
[120] El parágrafo de este artículo establece que “La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.” Esta disposición fue declarada exequible condicionadamente, en el entendido que la protección de la ley “a todas las situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar el tipo de contrato formal que se hubiere celebrado ni la denominación del mismo” (Sentencia C-960 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento jurídico Nº 4).
[123] Este artículo establece que se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de ciertas conductas. Esa presunción fue declarada exequible por la Corte, pues “no se erige en una carga desproporcionada para el sujeto que ha sido hostigado en privado, pues al igual que quien ha sido víctima de estas conductas de manera pública, está en el deber de acreditar el acaecimiento de los hechos que considera configuradores de acoso laboral, con la diferencia de que debe llevar al juzgador a la convicción de que de las conductas denunciadas se desprenden las consecuencias jurídicas establecidas ante la ocurrencia de acoso laboral.” (Sentencia C-780 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 33).
[124] En este artículo se establecían dos expresiones que fueron estudiadas por la Corte. En primer lugar, el literal “f” determinaba como atenuante los “vínculos familiares y afectivos”, lo cual fue declarado inexequible (Sentencia C-898 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; la cual fue confirmada por la C-078 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño). En esta última providencia también se analizó la atenuante de “condiciones de inferioridad síquicas” contenida en el literal “e”, la cual fue declarada exequible, pues “dicha expresión debe ser entendida como referida a una situación circunstancial de debilidad extrema y manifiesta del actor de la falta al momento de cometerla. En este sentido dicha expresión no estigmatiza, denigra o insulta a grupo o sector alguno de personas”, y porque la norma “persigue que la sanción responda al principio de proporcionalidad el cual exige la valoración integral del daño cometido pero también de las circunstancias en las cuales se encontraba quien cometió la falta.”
[125] Este artículo se demandó porque (i) la expresión “reglamento de trabajo” hace una discriminación efectiva entre las empresas que lo han adoptado en cumplimiento de las normas laborales y las que no lo han hecho o no deben hacerlo (tal como ocurre, especialmente, con las entidades estatales); y (ii) la exigencia que la denuncia sea realizada por escrito viola el derecho de petición al desconocer que gran parte del sector laboral es analfabeta o difícilmente puede presentar una reclamación por ese medio. La Corte Constitucional desestimó ambos cargos, pues (i) la expresión “reglamentos de trabajo” no excluye a una parte del sector privado o a las entidades del Estado del ámbito de aplicación de la Ley 1010 de 2006, pues “el hecho de que una determinada empresa o entidad no tenga reglamento de trabajo o que, en general, no haya desarrollado los mecanismos preventivos y correctivos de que trata la ley, no impide que con la intervención de alguno de los funcionarios previstos en el artículo 9º, se tomen las medidas correspondientes frente a situaciones concretas de acoso laboral, exista o no reglamento de trabajo”; y (ii) “el legislador ha previsto la forma en que las autoridades administrativas deben actuar para garantizar la efectividad del derecho de petición de las personas que no manejan el lenguaje escrito” (Sentencia C-282 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[128] Esta disposición fue demandada porque no fijaba el procedimiento a seguir para la imposición de la sanción, desconociendo el derecho de defensa en la medida que el sancionado no podía presentar pruebas ni controvertir las allegadas y la multa se descontaría de manera automática del salario sin que esa decisión pudiera ser impugnada. Al respecto, la Corte determinó que el vacío se llenaba -parcialmente- porque la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código Disciplinario Único sí establecen el procedimiento aplicable para la imposición de multas por conducta temeraria -incluso la de temeridad en la queja de acoso laboral-. No obstante, declaró la inexequibilidad de la expresión “los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición”, porque “la forma en que debe hacerse el descuento de la multa por temeridad es contraria al principio de igualdad, por no ser necesaria en términos de protección del derecho y por establecer un tratamiento más drástico en contra de quien comete una conducta de menor envergadura”, haciendo referencia al acoso laboral propiamente dicho. Esto, porque “la Ley 1010 prescribe en su artículo 10 que la sanción por acoso laboral podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva, pero para la acusación temeraria, la ley ha dispuesto un procedimiento de ejecución directa, desprovisto de las garantías propias de la jurisdicción coactiva.” (Sentencia C-738 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).