Source: https://blogextranjeriaprogestion.org/2018/03/07/recomendaciones-sugerencias-recordatorios-defensor-del-pueblo-extranjeria/
Timestamp: 2018-03-24 19:21:12
Document Index: 123464373

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 224', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 62', 'artículo 16']

Resoluciones Defensor del Pueblo - Blog Extranjería Asociación Progestión
A continuación destacamos las últimas resoluciones publicadas en relación a la materia nos ocupa, referentes a aspectos tales como la protección internacional, menores extranjeros no acompañados, nacionalidad española (extravío de expedientes, demora para jura, etc.), Centros de Internamientos de Extranjeros, autorización de residencia de Larga Duración, expulsión de extranjeros o solicitud de visados, entre otros.
– Recomendación relativa a los “Centros de Internamiento de Extranjeros. Asistencia social, cultural y jurídica” (sin respuesta por parte del Ministerio del Interior. Comisaría General de Extranjería y Fronteras)
Se formulan varias recomendaciones a la vista de las deficiencias detectadas en la asistencia social, cultural y jurídica que se presta en los centros de internamiento de extranjeros.
1. Establecer en los centros de internamiento de extranjeros unas directrices comunes para la gestión de la asistencia social, jurídica y cultural, coordinada desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sin perjuicio de la competencia atribuida reglamentariamente a las plantillas policiales donde se encuentran los centros.
2. Dotar de manera urgente a todos los centros de internamiento de mobiliario suficiente en la zona de ocio, que incluya el necesario mobiliario para el descanso, así como con un receptor de televisión, y también con prensa diaria, biblioteca, juegos de mesa u otros elementos recreativos. La dotación de este material deberá ir acompañada de la correspondiente partida presupuestaria para su mantenimiento y reposición en caso necesario.
3. Revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los centros de internamiento de extranjeros a la vista de las significativas carencias detectadas en las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo.
4. Elaborar a la mayor brevedad en cada centro, bajo la coordinación y supervisión del director, los proyectos de actuación que, según mandato reglamentario han de ser elaborados por trabajadores sociales y aprobados en junta de coordinación.
5. Dictar instrucciones para que en cada centro se haga efectivo el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y de estas a visitar los centros y a entrevistarse con los internos. Recordando expresamente a los directores de los centros que las limitaciones al ejercicio de estos derechos habrán de estar suficientemente fundamentadas, evitando en todo caso alegaciones genéricas de seguridad para su restricción.
6. Promover la firma de convenios con los colegios de abogados para la prestación de un servicio de orientación jurídica en aquellos centros de internamiento en los que aún no se presta este servicio.
– Recomendación relativa a la “Adquisición de nacionalidad. Cumplir el plazo de vencimiento de ciento ochenta días” (sin respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Secretaría de Estado de Justicia)
Respetar el plazo de vencimiento de 180 días también concierne a la Administración competente, por lo que se deben realizar, antes de dicho vencimiento, todas las actuaciones necesarias para que los interesados puedan cumplir los requisitos que contempla el artículo 23 del Código Civil respecto al acto de jura o promesa y el de inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil. (…)
3. El artículo 12.1 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia -en parecidos términos a los que contempla el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil, el artículo 21.4 del Código Civil y el artículo 12.1 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre- establece que la eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado o a su representante, se realicen ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones a que se refiere el artículo 23 del Código Civil, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes. Hasta el momento de elaborar esta resolución y pese al tiempo transcurrido, no se ha cumplimentado el plazo legalmente establecido para efectuar la declaración de voluntad ante el Juzgado.
4. Por su parte, el artículo 13.1 del citado Real Decreto 1004/2015, prevé que en el plazo de cinco días desde las manifestaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, el Encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado en España, procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, poniéndose con ello fin al procedimiento.
5. El retraso en el presente caso no es imputable a la persona a la que se ha otorgado la nacionalidad. Esta institución considera que la eficacia de la resolución debe pasar por que la Administración del Estado cumpla también el plazo de los ciento ochenta días requeridos; no como vencimiento del plazo de caducidad desde una cuestión estrictamente procesal, sino por razones de interés público, de seguridad jurídica y de buena administración. La expiración del plazo puede afectar de modo sustancial al carácter constitutivo que exige la legislación registral para que llegue a producirse -con todas las garantías- el acto de estado civil que se pretende obtener.
Impartir instrucciones en las que se disponga que el cumplimiento del plazo de vencimiento de ciento ochenta días contenido en el artículo 21.4 del Código Civil, relativo a la adquisición de nacionalidad, también concierne a la Administración competente. Se deben realizar, antes de dicho vencimiento, todas las actuaciones necesarias para que el interesado pueda cumplir los requisitos que contempla el artículo 23 del Código Civil respecto al acto de jura o promesa y el de inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil.
– Recomendación relativa al “Informe previo de diagnóstico sanitario temprano de extranjeros. Elaborar con urgencia un protocolo de coordinación sanitaria” (sin respuesta por parte del Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad)
No existen garantías de que los servicios médicos de los CIE tengan conocimiento documentado de la asistencia médica recibida in situ por los extranjeros, tras su rescate, por lo que esta omisión puede suponer un riesgo para la salud de las personas afectadas por una enfermedad y podría conducir a situaciones de riesgo para la salud pública. (…)
– Recomendación relativa a los “Residentes en España afectados por impago de pensiones venezolanas. No computación como ingreso el importe de las pensiones no abonadas” (en trámite por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social)
No computar como ingreso de los interesados o de su unidad familiar el importe de las pensiones no abonadas desde enero del 2016 por Venezuela a sus pensionistas residentes en España, a fin de que se les pueda reconocer el abono de complemento a mínimos y demás prestaciones de carácter no contributivo o asistencial, cuando acredite que carecen de recursos económicos suficientes para su subsistencia. (…)
6. Por tal motivo, el Defensor del Pueblo recordó a la citada entidad gestora la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias dictadas en casación de doctrina de fechas 22 de noviembre de 2005 y 21 de marzo de 2006, sobre el abono del complemento a mínimos por la Seguridad Social española, en el caso de que el otro Estado no haga efectivo el pago de pensiones reconocidas en virtud de convenios internacionales, así como los posteriores fallos de al menos cuarenta y ocho Tribunales Superiores de Justicia, que reconocen el derecho al cobro de dichos complementos, al entender que los importes reales de las pensiones son los que efectivamente se perciben, y no los teóricos, sin perjuicio de que, de percibir la proporción de la pensión que corresponde a Venezuela, los interesados deban comunicar su importe y proceder a su regularización (TSJ Baleares Sentencia número 85/2016 de 2 de marzo; TSJ Galicia Sentencias número 2095/2016 de 14 de abril, 5204/2016 de 16 de septiembre y 530/2017de 24 de enero, entre otras). (…)
12. Así pues, a juicio de esta institución, para reconocer el derecho al cobro de complemento a mínimos y demás prestaciones de carácter asistencial, debe tenerse en cuenta exclusivamente la efectiva percepción de ingresos, al ser este el criterio recogido en la Ley General de la Seguridad Social y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, confirmada en sucesivas y recientes sentencias estimatorias de diversos Tribunales Superiores de Justicia, sin que resulte procedente realizar ninguna otra interpretación que se aparte de la intención protectora del legislador. (…)
14. Este mismo fallo judicial continúa indicando que: “Una interpretación teleológica y sistemática del mencionado artículo 14.3 y, en especial, acorde con las exigencias constitucionales del artículo 41 CE, lleva a interpretar que el importe a tener en cuenta en cuanto a las pensiones reconocidas por la Seguridad Social de un estado extranjero para fijar el complemento a mínimos, es el efectivamente percibido; pues de otro modo se estaría frustrando la finalidad protectora del sistema de Seguridad Social prevista en el artículo 41 de nuestro texto constitucional; y además, por cuanto la finalidad, como señaló el Tribunal Supremo en las sentencias citadas, del complemento a mínimos es garantizar ingresos suficientes, garantía que sería meramente ilusoria si a tal efecto se computasen pensiones reconocidas pero no percibidas por otro estado”. (…)
– Sugerencia relativa al “Registro Civil de Orihuela. Notificación de una concesión de nacionalidad y cita urgente para la jura y la inscripción” (sin respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Secretaría de Estado de Justicia)
Comprobado que un ciudadano al que se le ha concedido la nacionalidad no puede hacerla efectiva por la demora en realizar los trámites sucesivos de jura e inscripción, sin que le sea posible obtener cita por el colapso e inaccesibilidad que sufre el Registro Civil de Orihuela, se sugiere que el este registro notifique urgentemente al interesado la resolución que le concede la nacionalidad citándole a la mayor brevedad para proceder a los sucesivos trámites de jura e inscripción.
– Sugerencia relativa a “Solicitud de autorización de residencia de Larga Duración. Valorar el tipo de delito cometido, su gravedad, así como el peligro potencial que representa el solicitante para el orden público o la seguridad pública” (en trámite por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Subdelegación del Gobierno en Alicante)
No resulta ajustado a derecho igualar a los ciudadanos que han residido en España durante cinco años de modo legal, con los que solicitan una autorización inicial. Asimismo, se considera que no se puede hacer de peor condición a los solicitantes de residencia de larga duración, que a los que solicitan la renovación de la autorización de la residencia que ostentaban, que sí pueden obtener dicha autorización pese a contar con antecedentes penales. (…)
– Sugerencia relativa a “Expediente de nacionalidad extraviado. Tramitación preferente y urgente” (sin respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Secretaría de Estado de Justicia)
Para hacer efectiva la tramitación preferente y urgente de un expediente de nacionalidad extraviado se ha sugerido su Localización en el Centro Nacional de Digitalización ya que sin este paso previo no se evitarían demoras adicionales a los siete años que ya acumula.
Localizar el expediente del interesado en el Centro Nacional de Digitalización y darle una tramitación preferente y urgente que evite adicionales demoras a los siete años que ya acumula.
– Sugerencia relativa a “Autorización de residencia temporal. Resolución sobre residencia temporal no lucrativa” (en trámite por parte de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta)
– Sugerencia relativa a “Demorar la materialización de la ejecución de una expulsión. Tras la solicitud formulada por el Comité de Derechos del Niño” (sin respuesta por parte del Ministerio del Interior. Comisaría General de Extranjería y Fronteras) y al “Cese de internamiento de presunto menor de edad. Solicitud formulada por el Comité de Derechos del Niño” (sin respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Ministerio Fiscal)
– Sugerencia relativa a la “Solicitud de visados. Embajada de España en Beirut” (en trámite por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios)
– Sugerencia relativa a “Expediente de nacionalidad. Reconstruir y dar tramitación urgente y preferente al expediente de la interesada para que no acumule demoras adicionales” (en trámite por parte del Ministerio de Justicia. Secretaría de Estado de Justicia)
Comprobado el extravío de un expediente de nacionalidad se sugiere su reconstrucción y tramitación preferente y urgente para que no acumule dilaciones adicionales
1. Se constata el incumplimiento del deber de custodia del expediente de la interesada.
2. La inadecuada dotación de medios humanos y materiales para la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, que se prolonga desde casi diez años, según se ha venido reflejando en lo informes anuales a las Cortes de esta institución, provoca que estos no se tramiten según la fecha de presentación, resolviéndose los del año 2012 y siguientes antes que los que tuvieron entrada en 2010 y 2011.
3. Con frecuencia se extravía parte de la documentación o, como en este caso, el expediente completo.
4. Las consecuencias del funcionamiento de la Administración en estos casos las está asumiendo el ciudadano que ve muy demorado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.
– Recordatorio relativo a los “Menores extranjeros indocumentados. Poner en conocimiento de la Fiscalía a efectos de disponer de la determinación de la edad y se dicte el correspondiente decreto” (en trámite por parte del Ministerio del Interior. Comisaría General de Extranjería y Fronteras)
– Recordatorio relativo a los “Menores extranjeros no acompañados. Comunicación de datos y actualización de los mismos a las autoridades competentes” (sin seguimiento por parte de la Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales y Familia)
Se iniciaron actuaciones con los servicios de protección de menores madrileños, con la Fiscalía General del Estado y con las autoridades policiales, en relación con la permanencia en un Parque de Madrid de un grupo de menores extranjeros no acompañados. De la información recibida se comprobó la discrepancia existente en los datos referidos a los menores implicados y la falta de actualización de los que constan en las bases de datos policiales sobre la tutela de los menores, las medidas de protección acordadas, la fuga de los centros asignados, etcétera. (…)
– Recordatorio relativo a la “Ley de Extranjería. Asistencia de abogado y comunicación reservada” (en trámite por parte del Ministerio del Interior. Comisaría General de Extranjería y Fronteras)
Queja de un letrado sobre las condiciones en las que tuvo que prestar asistencia jurídica a varios extranjeros que habían llegado en patera a las costas de Almería. Manifiesta que las entrevistas se realizaron sin guardar la más mínima confidencialidad, debido a que las dependencias que normalmente se usan estaban siendo utilizadas por agentes de policía de FRONTEX. (…)
Con ocasión del informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre asistencia jurídica a los detenidos en España, en el año 2005, en el Apartado Conclusiones referentes a cuestiones generales, se indicaba: “Resulta imprescindible que aquellas dependencias administrativas en donde los ciudadanos extranjeros pueden permanecer en situación de privación de libertad (comisarías, puestos fronterizos, centros de internamiento, etc.), estén dotadas de espacios que permitan el desarrollo de entrevistas entre abogados y clientes en condiciones reservadas. A estos efectos, la reserva implica la imposibilidad de seguimiento de la comunicación por cualquier medio, sea por funcionarios o por terceras personas”. (Apartado 1.2.5).
La relación entre el abogado y su defendido resulta esencial de cara a lograr una asistencia jurídica eficaz. A estos efectos el Código Deontológico de la Abogacía, establece que esa relación se basa en la confianza y exige del abogado una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente. Para lograr todo eso, resulta esencial el trato personal y la entrevista reservada entre el letrado y el ciudadano extranjero al que asesora. (…)
Que le incumbe de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el artículo 62 bis f) de la vigente Ley de extranjería, que reconoce el derecho de los extranjeros internados a ser asistidos de abogado y a comunicarse reservadamente con ellos.
– Recordatorio relativo a las “Solicitudes de asilo en frontera. Resolución en plazo” (en trámite por parte del Ministerio del Interior. Subsecretaría del Interior)
Se recuerda el deber legal de resolver en el plazo máximo de 96 horas las solicitudes de asilo presentadas en frontera. (…)
– Recordatorio relativo a la “Ley del Derecho de asilo y protección subsidiaria. Reconoce el derecho de los nacionales no comunitarios y de los apátridas presentes en territorio español a solicitar protección internacional” (en trámite por parte del Ministerio del Interior. Comisaría General de Extranjería y Fronteras)
El letrado compareciente expone que dos ciudadanos saharauis llegados al Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, fueron retornados sin que se les permitiera formalizar solicitud de protección internacional, pese a que expresaron su voluntad de pedir asilo. (…)
4. En La Guía Práctica editada por la European Asylum Support Office (EASO) dedicada a la entrevista personal que contempla el procedimiento de asilo, se aconseja su aplazamiento cuando el solicitante no esté capacitado para ser entrevistado por la razón que sea. Si se le considera apto y capaz para realizar la entrevista, debe tenerse en cuenta si pueden adoptarse medidas prácticas especiales encaminadas a abordar con sensibilidad sus necesidades específicas. (…)
Que le incumbe de cumplir lo establecido en el artículo 16 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, del derecho de asilo y la protección subsidiaria, que reconoce el derecho de los nacionales no comunitarios y de los apátridas presentes en territorio español a solicitar protección internacional.
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