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Timestamp: 2018-02-19 19:46:40
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Ponencia de un Joven Patriota
Coamo, 12 de marzo de 2013. Esta es la Ponencia de Luis Omar García en la Vista pública del Senado que propone la derogación de la "Ley Tito Kayak". Para reflejar con precisión y emotividad lo que representa la puesta en vigor del Art. 200 del Código Penal.
Comienza la cita. “Buenos días. Mi nombre es Luis Omar García Mercado, y comparezco en el día de hoy para expresarme a favor de la aprobación del Proyecto de la Cámara 230 radicado por el Honorable Representante Luis Vega Ramos, y bajo consideración de esta comisión legislativa.
Estoy aquí en mi carácter de ciudadano, y como parte de un grupo de 6 puertorriqueños que en diciembre de 2011 fuimos detenidos por la Policía de Puerto Rico y denunciados por violentar el entonces artículo 208(a), hoy artículo 200, del Código Penal de Puerto Rico. Nuestro caso es el único en todo el país donde el artículo 200 del Código Penal ha sido aplicado.
Mi ponencia no pretende ser un tratado jurídico, ni la opinión de un experto. Pretendo brindarles la cara humana de las consecuencias de la aplicación del nefasto artículo 200 que convierte en delito nuestro derecho a la libre expresión.
El 15 de diciembre de 2011 me encontraba participando de una manifestación pacífica, amparada por el Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado que en su Sección 4 establece que “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.
La manifestación se desarrollaba en las cercanías de la construcción de un complejo de 44 gigantescos molinos de viento de la compañía Pattern Energy en las mejores tierras cultivables de Puerto Rico en el Valle de Santa Isabel.
Nuestro propósito era alertar sobre el grave daño a las tierras cultivables y a la salud de los obreros agrícolas que la construcción de los molinos, de 430 pies cada uno, representaba.
Otros deponentes abundarán sobre la importancia del Valle Agrícola de Santa Isabel y las consecuencias del establecimiento de una “finca de vientos” en sus tierras.
Por el momento, basta señalar un dato. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha clasificado las tierras del Valle Agrícola de Santa Isabel como “suelo primordial”. De la totalidad de la superficie terrestre del planeta, solamente el 11% es arable, y de esa cantidad, el 3% es suelo primordial. Las tierras de Santa Isabel son parte de esa porción del 3% del suelo primordial del mundo.
Desde el momento en que nuestra manifestación comenzó en la mañana del 15 de diciembre de 2011, era notable en el lugar la presencia de oficiales estatales de la Policía de Puerto Rico. A dichos oficiales les peticionamos que hicieran cumplir la ley 242 de 2008 que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico.
Los oficiales de la Policía desoyeron nuestros reclamos. En un momento del desarrollo de la manifestación fuimos detenidos selectivamente de la totalidad del grupo presente, el Dr. Robinson Rodríguez, el Agrónomo Raúl Mari, los estudiantes universitarios Rosemarie Vázquez, Javier Smith, y Edwin González, y este servidor.
Nos esposaron y transportaron hasta el cuartel de la Policía estatal de Santa Isabel. Estuvimos recluidos en una celda desde horas del mediodía hasta aproximadamente las 6 de la tarde que fuimos llevados al Centro Judicial de Ponce para ser presentados ante un juez. La vista de causa para arresto se celebró a las 11 de la noche y fue presidida por la Honorable Juez Superior Zoraida Lamboy. Desde el momento de nuestra detención hasta la vista de causa para arresto, pasaron 11 largas horas.
Durante la vista de causa para arresto la Honorable Juez Lamboy reconoció la validez de nuestra manifestación determinando no causa. Como dato curioso, esta juez no fue renominada a su cargo por la pasada administración gubernamental.
La fiscalía de Ponce solicitó vista de causa para arresto en alzada. La vista de causa para arresto en alzada tuvo 6 señalamientos de fecha entre el 10 de enero y el 17 de febrero de 2011. El día 17 de febrero de 2011 la jueza de la vista de causa para arresto en alzada, Gladys González Segarra, encontró causa. Fuimos arrestados en sala, se nos impuso una fianza nominal, y nos llevaron a la Comandancia de Ponce donde se nos fichó como a criminales comunes.
Como dato relevante, durante la vista de causa para arresto en alzada, el encargado de la construcción del complejo de molinos de viento declaró que la compañía Pattern Energy no interesaba que se radicaran cargos en nuestra contra. Dijo que la continuación del caso se debió a la insistencia de la Policía y la Fiscalía de Ponce.
La siguiente etapa en los procesos judiciales, Vista Preliminar, fue presidida por el Juez Javier Varela Rivera. La Vista Preliminar se extendió desde el 2 de marzo hasta el 10 de agosto de 2012. Se señalaron 10 fechas durante esta etapa, dado la continua suspensión de los procesos por parte del Juez Varela Rivera.
Desde el inicio de la Vista Preliminar el Juez Javier Varela Rivera demostró que su decisión de encontrar causa para juicio estaba tomada de antemano. En contestación a una moción presentada por la defensa sobre la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), hoy 200, se refirió a nosotros los arrestados como delincuentes. En varias ocasiones resolvió planteamientos de derecho de manera viciada. Cuando la defensa presentó una moción solicitando su inhibición por falta de imparcialidad, aunque la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, el mismo Juez Varela Rivera resolvió “no ha lugar” ignorando los debidos procesos de ley.
El Juez Javier Varela Rivera fue asesor en materia de seguridad de José Figueroa Sancha mientras éste era Superintendente de la Policía. Figueroa Sancha brindaba servicios de seguridad a Pattern Energy en el complejo de molinos de viento al momento en que se celebraba nuestra vista preliminar. ¿Debió haberse inhibido el Juez Varela Rivera de ver nuestro caso? Juzgue usted.
Ante lo viciado del proceso de Vista Preliminar, renunciamos al mismo. Solicitamos ser juzgados en un juicio por jurado.
El proceso del juicio se ha extendido desde el 16 de octubre de 2012 hasta el 17 de enero del presente. Está señalado para comenzar el próximo 11 de marzo. Esta etapa de los procesos ha tenido 9 señalamientos.
Desde que fuimos detenidos el 15 de diciembre de 2011, los 6 acusados hemos comparecido al Centro Judicial de Ponce en 26 ocasiones. Un año y dos meses después de nuestra detención, aun esperamos por el inicio del juicio por jurado.
Las consecuencias negativas de haber sido sometidos a este largo proceso judicial han afectado nuestras vidas en todos sus aspectos. Hemos tenido que ausentarnos continuamente de nuestros empleos y cursos universitarios, y en mi caso, faltado a compromisos de búsqueda de empleo.
Pero más que tener que ir continuamente al tribunal, pesa sobre nuestras familias la incertidumbre sobre el desenlace final del caso. Imaginen señores legisladores, la posibilidad de ser encarcelados durante 3 años, como establece el artículo 200, por participar en una manifestación pacífica.
Por suerte contamos con un equipo legal que ha donado solidariamente su tiempo, los licenciados Martín González Vázquez, Martín González Vélez, Pedro Santiago, Miguel Castro Vargas y Luis Quiñones.
Ciudadanos y ciudadanas solidarios con la defensa del futuro alimentario de Puerto Rico nos han acompañado durante este largo proceso legal. La mayoría nos expresan continuamente lo indignados que se sienten ante la criminalización de nuestro derecho a la libre expresión.
Señores legisladores, está en sus manos decidir que ningún habitante de nuestra nación tenga que pasar por un proceso criminal tan injusto como el que hemos pasado, por amar nuestra Patria y tomar acción para defenderla.
Las organizaciones ambientales y comunitarias que luchamos por la protección de nuestro medio ambiente contamos con limitados recursos económicos para ejercitar nuestro derecho a la libre expresión. No tenemos cabilderos a sueldo, ni podemos pagar anuncios a página completa en la prensa escrita, o pautas de radio y televisión, para visibilizar nuestros reclamos. Solo nos queda la protesta legítima y creativa como medio para hacernos escuchar ante el Estado y los grandes intereses económicos.
Habrá quienes planteen que existen procesos de tipo administrativo en las agencias gubernamentales para nuestras quejas o que podemos acudir a los tribunales a solicitar remedios. Pero cuando se trata de la defensa de nuestro medio ambiente se nos va la vida. Esperar a que la burocracia del Estado decida actuar, puede ser en muchos casos, catastrófico.
Ningún tribunal ni agencia pública puede volver a su estado original un bosque que ha sido talado, una quebrada secada, una costa erosionada, un sistema de corales que ha sido destruido, o unos terrenos agrícolas que tardaron millones de años en constituirse.
El hoy gobernador de Puerto Rico Honorable Alejandro García Padilla, y miembros de esta Asamblea Legislativa hicieron un compromiso con el pueblo de derogar los artículos del Código Penal que criminalizan la libre expresión. Señores legisladores, hoy venimos aquí a recordarles ese compromiso. Cumplan su palabra.” Termina la cita.
Nota: El 13 de marzo de 2013 continua el Caso de los Molinos de Santa Isabel en la Sala 501 del Centro Judicial de Ponce (9:00 AM) todos están invitados. RLVC