Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP201010280201.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-29 03:37:50
Document Index: 118392761

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 158', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 30']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 201, de 28/10/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 201
Sesión plenaria núm. 190
celebrada el jueves, 28 de octubre de 2010
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 3)
- Proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria de las Cortes Generales (antes denominada proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 90-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000076.) ... (Página 3)
- Proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 80-1, de 28 de mayo de 2010.
(Número de expediente 121/000080.) ... (Página 6)
- Proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 92-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 22)
Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 30)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 30)
Enmiendas del Senado ... (Página 3)
Proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria de las Cortes Generales (antes denominada proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados.) ... (Página 3)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 6)
Proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación ... (Página 6)
La señora ministra de Ciencia e Innovación (Garmendia Mendizábal), presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada, interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra intervienen los señores Canet i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Replica la señora Díez González y duplican los señores Canet i Coma y Llamazares Trigo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos ... (Página 22)
El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 30)
Sometidas a votación, en bloque, las enmiendas del Senado a la proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria de las Cortes Generales (antes denominada proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados), se aprueban por 323 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 30)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, se rechaza por un voto a favor, 330 en contra y una abstención.
Sometida a votación a la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, se rechaza por ocho votos a favor y 324 en contra.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Ruego a sus señorías presten atención, porque se va a tomar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
En sustitución del diputado don Joan Herrera Torres pregunto a doña María Nuria Buenaventura Puig si jura o promete acatar la Constitución.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Prometo. (Aplausos.)
En sustitución de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz pregunto a doña Margarita Pin Arboledas si jura o promete acatar la Constitución.
La señora PIN ARBOLEDAS: Prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Doña María Nuria Buenaventura y doña Margarita Pin Arboledas han adquirido plenamente su condición de diputadas. Les doy en nombre de la Cámara la bienvenida, y les deseo éxito en su nueva tarea.
- PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE CREA LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LAS CORTES GENERALES (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE CREA LA OFICINA PRESUPUESTARIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS). (Número de expediente 122/000076.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, antes denominada proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados. Se trata de examinar las enmiendas del Senado, y tiene en primer lugar la palabra para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, don Joan Ridao.
Señorías, me satisface hoy, como proponente inicial de esta iniciativa legislativa, culminar este trámite después de su paso por el Senado. Esta proposición de ley de creación de una oficina presupuestaria que, como ustedes conocen, no deja de ser una reivindicación tradicional de algunos grupos de esta Cámara, no es un debate novedoso. De hecho ya en 2006 nuestro grupo parlamentario suscitó un debate análogo al que estamos hoy teniendo, y fue una reivindicación que hoy finalmente ve la luz en forma de esta iniciativa legislativa. Es conocido que año tras año, a través de enmiendas a la Ley de Presupuestos, de iniciativas legislativas, incluso en sede de debate reglamentario, se planteaba esta cuestión. También hay algún precedente, como la creación de una oficina de control presupuestario, de duración más bien efímera, como ustedes recordarán, durante la etapa de gobierno del Partido Popular, y la existencia de esta oficina venía ya mandatada o amparada por algunos textos legales. Quiero referirme al antecedente que supuso la disposición adicional vigésima de la Ley de Presupuestos del año 1990, que ya contemplaba la eventual creación de una oficina de esta naturaleza, vinculada a la Secretaría General del Congreso, con el propósito de asesorar desde el punto de vista técnico a los grupos parlamentarios, incluso al vigente reglamento de esta Cámara, que en el artículo 60.2 ya contiene una previsión genérica para dotar a la Comisión de Presupuestos de los medios materiales y personales necesarios. En cualquier caso la ausencia de un instrumento como esta oficina presupuestaria podría considerarse una auténtica rara avis. Si echamos una mirada al marco de nuestro derecho comparado comprobarán ustedes que este tipo de oficinas tiene una larga tradición. Por ejemplo, Estados Unidos ya tiene su Budget Office dependiente de la Cámara de Representantes, así como en países de nuestro entorno más próximo de la Unión Europea -Italia, Francia, Irlanda, Reino Unido, etcétera-, en la propia Unión Europea y en otros países desarrollados de la OCDE. Por tanto con esta iniciativa, señorías, subimos un peldaño más en la necesaria transparencia y nos acercamos un poco más a otros países de larga tradición democrática. Estamos convencidos de que vamos a mejorar ostensiblemente no solo la tarea de esta Cámara, sino la de las Cortes Generales en su conjunto, y se van a dinamizar y a enriquecer, tanto la actividad legislativa presupuestaria como el control de la ejecución y la liquidación presupuestarias, sobre todo este último porque como ustedes saben es un ejercicio común de los diputados y las diputadas de esta Cámara, y especialmente de la oposición, ese combate contra el oscurantismo que profesan año tras año los gobiernos de cualquier signo, de cualquier color político ante cualquier intento de fiscalización del estado de ejecución de una partida presupuestaria. Señorías, estamos creando un instrumento de ayuda para los diputados de esta Cámara en una cuestión fundamental como la función legislativa presupuestaria, ya que esta oficina de nueva creación va a servir también para coadyuvar en la preparación de enmiendas, de iniciativas en el procedimiento legislativo no solo presupuestario, sino también ordinario, y en la tramitación de proyectos y de proposiciones de ley que pueden afectar a créditos presupuestarios en vigor, como a raíz del veto que el Ejecutivo pueda presentar ante cualquier iniciativa legislativa que pueda comprometer créditos presupuestarios en vigor.
Señorías, hoy estamos
concretando y perfeccionando una iniciativa que va a ser muy importante de cara al futuro.
Quisiera acabar diciendo que a su paso por el Senado esta iniciativa ha experimentado algunos cambios. No quisiera dejar de decir que nuestro grupo está un poco perplejo ante algunos cambios suscitados en la Cámara Alta, concretamente por el Grupo Popular, que por cierto abonó en su totalidad un texto que fue consensuado en el seno de la ponencia en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso no desmerece en exceso el texto que salió del Congreso con los cambios experimentados en el Senado.
Creemos positivo que esta oficina de control acabe siendo la oficina de control presupuestario de las Cortes Generales, y que por tanto sirva para el asesoramiento y la información de los miembros de ambas Cámaras.
Otra cosa es que haya algunos aspectos dudosos que han motivado la introducción de enmiendas, que luego serán objeto de votación, como la regulación, la organización y el funcionamiento de la oficina no a través del reglamento, sino a través de las resoluciones de las Mesas del Congreso y del Senado -lo que nos parece dudoso-, artículo 1.2 y disposición adicional única, y que se suprima el apartado d) del artículo 3, concretamente la función atribuida a Mesa y portavoces de la Comisión de Presupuestos para la supervisión y el control del cumplimiento de las funciones atribuidas a la oficina presupuestaria. Estas dos enmiendas que han sido introducidas en el Senado no varían singularmente el texto de la iniciativa. En su conjunto es una buena iniciativa, e incluso vamos a votar favorablemente estas enmiendas introducidas en el Senado. A pesar de todo es una buena ley, un gran instrumento e insisto en que nuestro grupo está satisfecho de la misma, en tanto que proponente, también del buen trabajo, y quisiera saludar esta iniciativa como algo importante de cara al futuro, sobre todo para el buen funcionamiento de esta Cámara y de la democracia.
¿El Grupo Vasco PNV desea intervenir? (Denegación.) Por el Grupo Catalán Convergència i Unió tiene la palabra don Pere Macias.
Señores diputados, nuestro grupo desea intervenir, aunque sea brevemente, en este apartado de trámite de las enmiendas del Senado a una proposición de ley de creación de la oficina de gestión y control presupuestario, y lo quiere hacer porque esta es una excelente noticia para la Cámara, para el trabajo de las señoras y los señores diputados, y en consecuencia una excelente noticia para el conjunto de los ciudadanos que, a través del trabajo de la función de control de los diputados y las diputadas de la Cámara, va a poder conseguir un nivel mayor de transparencia en el conocimiento de las cuentas públicas. No hace falta recalcar la importancia que tiene para un régimen democrático el hecho de que los fondos públicos -aquello que es de todos- sean administrados con la mayor diligencia, y esta administración diligente pueda ser constatada y controlada en cualquier momento por los representantes de los ciudadanos.
Este no es un aspecto banal ni sencillo. La complejidad de las cuentas del Estado, que como las señoras y los señores diputados conocen perfectamente, se ciñe no solamente a las cuentas de los entes sometidos al control estricto presupuestario, sino a todos los entes, sociedades, empresas públicas, etcétera, es decir, a todo el entramado de sociedades y entidades dependientes del Estado, algunas de las cuales no están sometidas a régimen público, sino a fórmulas de régimen jurídico-privado, y ello representa un nivel añadido de dificultad para los que debemos en uno u otro momento ejercer esta función.
Por otra parte, la existencia hoy en día de métodos absolutamente informatizados en toda su extensión tendría que hacer posible el desiderátum de todos: un control en tiempo real de cualquier partida.
Este es el objetivo: que en el mismo momento en que cualquier organismo del Estado impute un determinado gasto a una partida o contabilice unos determinados ingresos en tiempo real cualquier ciudadano pueda saberlo.
Por ejemplo, en el momento en el que el ministro de Fomento impute un contrato porque acaba de licitar una obra, aquello debe estar al alcance de todos los ciudadanos, lógicamente por vía telemática. Como no estamos aún en este nivel, al cual deberíamos tender, sí hay que conseguir que al menos los representantes de los ciudadanos podamos disponer con la suficiente diligencia de esta información. Tampoco debo decirles aquello que todos sabemos: que cuando pedimos información sobre el desarrollo de determinadas partidas presupuestarias no suele ser inmediata; a veces suelen pasar algunos meses. Cuando uno pide algo en primavera sabe que con el otoño a lo mejor le llegan las informaciones, y en esta sociedad nuestra esto no parece de recibo. Por tanto, señoras y señores diputados, bienvenida sea la oficina de gestión y control presupuestario de las Cortes Generales. A nosotros como no podía ser de otra manera nos parece bien lo que el Senado ha introducido, y bienvenida sea la figura que empieza con un alcance desde un punto de vista técnico suficiente, y desde un punto de vista político quizá un tanto modesto, pero como todo en la vida hay que echar a andar. Nuestro grupo lo que sí plantea y solicita es que, en el momento en el que sea ya una ley vigente, se implementen en primer lugar todos los mecanismos técnicos para dar cobertura política y que cuanto antes podamos disponer de todas estas informaciones.
Termino como he empezado. Todo esto va en favor de los ciudadanos porque hoy día, cuando los recursos públicos son tan escasos, merecen saber mucho más que nunca; pero, como nunca, necesitan saber a qué se destina hasta el último euro de los recursos públicos. Y hoy, señoras y señores diputados, estoy convencido de que damos un paso importante y decisivo en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Jesús Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero resaltar que estas enmiendas que se presentan del Senado a esta proposición de ley han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos del Senado, y eso marca y condiciona la posición de todos los grupos. Por ello, en primer lugar, tengo que hacer una cierta crítica a esta costumbre que existe -y que probablemente tiene su razón de ser- de introducir en una proposición de ley como esta unas enmiendas sobre la Ley de vehículos a motor y de circulación de vehículos que no tienen nada que ver, que probablemente eran necesarias, pero es una fórmula legislativa mala, cuando ni siquiera hay referencia en el título de la ley. En segundo lugar, entrando en la proposición de ley, como ha explicado muy bien el señor Ridao, es una iniciativa que preparamos todos los grupos del Congreso, y debo decir -porque presidí esa ponencia- que tras discusiones profundas hubo unanimidad, y en la dirección que han apuntado quienes me han precedido en el uso de la palabra se estableció un sistema creo que bastante bueno de oficina presupuestaria del Congreso. Pues bien, pasa al Senado y allí tiene dos posibilidades: admitir lo que de aquí venía y hacer en el Senado algo semejante o transformarla en oficina presupuestaria de las Cortes Generales, que es lo que han decidido todos los grupos del Senado. Por tanto el Grupo Popular va a apoyar todas las enmiendas que vienen del Senado. Pero también debo decir que hay una característica, y es que quizá el organismo que ahora se dibuja es más técnico, menos político que el que nosotros habíamos preparado, y en segundo lugar, aunque yo estoy convencido de que tendrá éxito, conseguir que un organismo que depende de las Mesas de las dos Cámaras salga adelante y ejerza una labor continua y eficaz no es sencillo, y hay que hacer un esfuerzo para que esto vaya adelante.
No vale la pena ver cada una de las enmiendas del Senado porque van encaminadas a eso, a transformarlo de una oficina presupuestaria del Congreso a una oficina presupuestaria de las Cortes Generales, pero sí me quiero referir a una. En la proposición de ley que salió del Congreso el artículo 2 párrafo primero decía: La oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados estará presidida por el presidente de esta Cámara y, por delegación, por el presidente de la Comisión de Presupuestos. A esto el Senado pone una enmienda que dice: Supresión. Por lo tanto, yo no presidiré esta oficina presupuestaria. Como ya he dicho antes, apoyo y pido el voto favorable para todas las enmiendas, pero comprenderá, señor presidente, que para esta la pida con algo menos de entusiasmo. (Risas.) Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Posada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María José Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como se ha dicho anteriormente, traemos a esta Cámara la proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria que se ha iniciado en esta legislatura. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Ya hemos visto que esta es una de las ocasiones de una larga lista en que ha venido este tema a la Cámara. Fue iniciada en marzo de 2009, a propuesta de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; su texto final llegó a esta Cámara en junio de 2010, fecha en que se trasladó al Senado. Como se ha dicho aquí la oficina presupuestaria ha tenido un amplio debate en esta Cámara; prácticamente en todas las legislaturas se ha hecho alguna proposición, creo que la primera vez fue en 1980. En su momento nos interesamos por el debate que se había producido en el Senado acerca de este organismo, y vimos que no se había producido ese debate ni nunca se había presentado una proposición para crear este organismo; de hecho, la ponente del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno del pasado día 20 decía que en los últimos quince años no se había conocido propuesta alguna sobre este tema; señalaba igualmente que ni siquiera ahora se había realizado ningún debate sobre su utilidad -cito literalmente-, cuando se produzca la reforma del Senado tan anhelada, decía ella. Quizá por esta razón fue por la que no se incluyó directamente en esta Cámara al Senado en esta oficina. Consideramos que quizá tenía que ser el Senado quien se pronunciara acerca de qué tipo de organismo quería. Es posible que el Senado quisiera crear su propia oficina, como se ha dicho aquí, o esperar a esa tan anhelada reforma.
Se ha dicho casi todo ya. Las modificaciones que se han introducido en el texto versan fundamentalmente sobre la transformación de la oficina presupuestaria del Congreso de los Diputados en oficina presupuestaria de las Cortes Generales, y en ese sentido tenemos que decir que mi grupo está de acuerdo. También se dijo allí que compartimos que los senadores y los grupos parlamentarios del Senado no deben prescindir del asesoramiento técnico en materia de control y ejecución presupuestaria que va a realizar esta oficina.
Por otra parte, como decía el ponente del Partido Popular, del texto inicial que hoy debatimos se han excluido algunos temas que quizá no entendemos. En primer lugar, se ha eliminado del texto la presidencia de la oficina. Hubiera recaído en los presidentes de las Cámaras o por delegación en los presidentes de las Comisiones de Presupuestos. Y, en segundo lugar, se ha eliminado la participación de la Mesa y portavoces de dicha comisión, quienes tenían encomendada la supervisión de las actuaciones de la oficina y el cumplimiento
de las funciones que se les habían atribuido. Todos los grupos acordamos que, aunque no fuera indispensable, esto mejoraría la utilidad de la oficina presupuestaria. Dicho esto, señorías, quiero manifestar que mi grupo dará su conformidad a la proposición de ley. También nos felicitamos por que se cree y se apruebe por todos los grupos, ya que consideramos totalmente necesario contar con un instrumento de asesoramiento técnico sobre la ejecución y el control que en todo caso -y eso sí es importante- sea ágil, flexible y transparente puesto al servicio de diputados, senadores, y grupos parlamentarios que nos facilite conocer no solo los datos porcentuales de ejecución del presupuesto, sino también y sobre todo si se están cumpliendo los objetivos que motivaron cada partida presupuestaria del mismo. Con seguridad la oficina nos va a facilitar también el análisis de la ingente cantidad de información que ya manda el Gobierno a las Cámaras para dar cuenta de su gestión presupuestaria.
En otro orden de cosas, efectivamente -se ha comentado aquí- en las disposiciones finales se incluyen cuestiones relativas a tráfico, a la circulación de vehículos a motor. Obviamente no tiene nada que ver con la proposición que estamos debatiendo, pero mi grupo considera que es importante porque su inclusión crea más beneficios al ciudadano que su no inclusión, por cuanto acelera la entrada en vigor.
Termino ya, señorías, celebrando que esta oficina que ha sido requerida, como hemos dicho, desde hace muchos años sea ya prácticamente una realidad -esperamos que cercana-, y que finalmente estemos siendo incluidos ya en el amplio grupo que aquí se ha comentado de países democráticos que cuentan con un instrumento similar. Celebramos que se apruebe con el consenso y el apoyo de todos los grupos, y -por qué no decirlo- celebramos también que se apruebe con un Gobierno socialista empeñado siempre en la transparencia en la gestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Vázquez.
- PROYECTO DE LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. (Número de expediente 121/000080.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar el del proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para presentar el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Ciencia.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para presentarles el proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación y para debatir con ustedes esta iniciativa legislativa del Gobierno que ha sido objeto de una enmienda a la totalidad planteada por la diputada del Grupo Mixto, doña Rosa Díez. Quiero comenzar mi intervención subrayando dos convicciones. La primera es que el proyecto de ley del Gobierno es ante todo un texto abierto que aspira al máximo consenso; un texto que considero un buen punto de partida que estoy segura que sus señorías perfeccionarán con sus aportaciones. La segunda es que esta ley representa un hito en la historia de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. Esta ley está llamada a culminar un proceso de modernización que debe poner a la ciencia en el centro de la sociedad y a la innovación en el centro de nuestra economía. Un proceso que comenzamos en los años ochenta y que nunca antes en nuestra historia pudimos abordar con profundidad.
Señorías, en 1986 España promulgó la vigente Ley de la Ciencia para corregir el histórico retraso de nuestro sistema científico, la insuficiente dotación de recursos, y la desordenada gestión de los programas de investigación. Aquella ley culminaba un intenso periodo político incorporando la reforma de la ciencia y de las universidades al proyecto de modernización en el que se encontraba nuestro país. Sus resultados están a la vista de todos. La ley de 1986 ha permitido un gran avance de la ciencia y la tecnología españolas en términos de tamaño, diversificación y calidad, apoyando por igual la generación de infraestructuras de vanguardia y la consolidación de grupos competitivos a escala internacional. Además la ley ha sentado las bases para el desarrollo de políticas científicas y tecnológicas a partir de los sucesivos planes nacionales.
Como resultado de todo ello España ocupa hoy la novena posición mundial en cuanto a producción científica, y ha alcanzado cotas de innovación tecnológica que difícilmente podían preverse en el año 1986. Las políticas públicas desarrolladas por la Administración General del Estado así como por parte de las comunidades autónomas son responsables de estos resultados, pero el éxito debe atribuirse sobre todo a la propia comunidad investigadora que ha mostrado durante estos años un elevado grado de compromiso y de capacidad de trabajo.
Hay que subrayar igualmente el creciente papel de las empresas que, partiendo de cifras muy bajas de inversión en I+D, han empezado a desarrollar una cultura innovadora, así como una cultura de cooperación con las universidades y los centros de investigación, que resulta esencial para mejorar su competitividad. Su creciente compromiso con la inversión en innovación es junto con la creación de empresas de base tecnológica el verdadero motor del cambio de modelo productivo en el que todos
estamos inmersos; un nuevo modelo en el que la innovación se concibe como actividad estratégica y sistemática de las empresas, con independencia de su tamaño y de su sector, y en el que los sectores de media y alta tecnología cobran un creciente protagonismo. Me van a permitir que les señale que, según los últimos indicadores publicados por la Comisión, este martes tenemos una muy buena noticia en este sentido y es que en el año 2009 las principales empresas, las empresas más grandes que tenemos en España, han aumentado su inversión en I+D un 15,4 por ciento, cuando la media de la Unión ha descendido el 2,6 por ciento.
Señorías, han pasado más de dos décadas desde que entró en vigor la Ley 13/1986. Desde entonces han surgido nuevas realidades, realidades que exigen renovar nuestra visión y nuestro compromiso, una vez más, desde el consenso. En primer lugar, en estas dos décadas hemos asistido al desarrollo de las competencias en materia de investigación e innovación de las comunidades autónomas. Este desarrollo estatutario, unido a la emergencia de nuevos actores como los parques científicos y tecnológicos o los centros tecnológicos, ha aumentado la complejidad y la madurez del sistema español de investigación, desarrollo e innovación y lo ha convertido en un verdadero sistema de sistemas. Esta nueva realidad demanda en aras de una mayor sinergia y eficiencia el establecimiento de nuevos mecanismos de gobernanza, unos mecanismos que permitan al Estado ejercer plenamente su competencia de coordinación general, respetando las competencias autonómicas y promoviendo activamente la cooperación de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y de estas entre sí. En segundo lugar, España se ha convertido en un socio particularmente activo en la Unión Europea, cuyas políticas de ciencia e innovación nos ofrecen grandes oportunidades, por lo que también hemos de contar con mecanismos que faciliten la implicación de nuestro país en la construcción del espacio europeo de investigación. En tercer lugar, el tamaño alcanzado por nuestro sistema de I+D exige una transformación profunda del modelo de gestión de la Administración General del Estado.
Se trata de avanzar hacia un nuevo esquema de financiación y evaluación de la investigación y de la innovación más eficiente y flexible, pero igualmente transparente y exigente. En cuarto y último lugar, la comunidad científica española, que es hoy seis veces mayor que la que contábamos en 1986, ha de dotarse de una carrera científica predecible, basada en méritos y reconocida socialmente, y para ello el sistema español de ciencia, tecnología e innovación debe incorporar los criterios de máxima movilidad y apertura que rigen en el ámbito internacional. Es en este contexto de final de ciclo, de misión cumplida para la Ley de 1986 y de nuevos retos sociales y económicos, que exigen profundas reformas, en el que se enmarca el presente proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Los aspectos clave del proyecto, señorías, son cuestiones que científicos y empresas llevan años reclamando y que han sido identificadas y diagnosticadas en múltiples informes sobre las debilidades de nuestro sistema de I+D. Algunas son cuestiones que la Ley del año 1986 ya contemplaba, pero que siguen en parte pendientes, como el impulso a la participación privada. Otras responden a problemas que no teníamos entonces, precisamente, por el importante desarrollo de nuestro sistema de ciencia e innovación. Ahora, que ya tenemos una ciencia que cumple con los estándares internacionales, afrontamos retos más ambiciosos: la necesidad de primar la excelencia investigadora y de definir una carrera investigadora clara y predecible; la necesidad de garantizar un mejor aprovechamiento del conocimiento que generan nuestros centros de investigación, estableciendo nuevos mecanismos para promover la transferencia de tecnología al sector privado; la necesidad de mejorar las condiciones para los emprendedores tecnológicos, apoyando más a las jóvenes empresas innovadoras; o la necesidad de alcanzar consensos amplios y estables en materia de ciencia y tecnología entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Estos son algunos de los desafíos a los que este proyecto de ley de la ciencia pretende dar respuesta con medidas transformadoras que pasaré a exponer a continuación.
Señorías, el sistema español de ciencia y tecnología está compuesto por diferentes actores que actuando en distintos territorios cumplen funciones diversas, desde la generación del conocimiento a su transferencia, difusión y aplicación. Si bien hay agentes especializados en cada una de estas funciones, los sistemas científicos avanzados -como ya lo es el español- desarrollan una creciente transversalidad, de modo que, por ejemplo, las universidades están cada vez más implicadas en la transferencia y en la puesta en valor del conocimiento y las empresas, con independencia del tamaño y del sector en el que operan, se implican cada vez más en la investigación y en la generación del conocimiento.
Hablamos, por tanto, de un sistema científico denso, complejo y tremendamente dinámico al que se siguen incorporando nuevos agentes de naturaleza pública y privada y en el que los agentes tradicionales siguen desarrollando nuevas actividades. Nuestro proyecto parte de esta realidad y, por tanto, no contempla el detalle de la identificación y la diferenciación de los diferentes agentes, puesto que daría lugar a enumeraciones inevitablemente incompletas y condenadas a la obsolescencia.
La responsabilidad de las administraciones en los ámbitos que son objeto de esta ley está determinada por el artículo 149.1.15ª de la Constitución, según la cual el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. En consecuencia, tiene potestades de orden ejecutivo y normativo sin perjuicio de las medidas de promoción y avance de la investigación que puedan impulsar las comunidades autónomas, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional.
Para garantizar esta coordinación general, el proyecto de ley crea como marco de referencia plurianual un instrumento de planificación que no existe en la actualidad: la estrategia española de ciencia y tecnología.
Asimismo, crea como órgano de coordinación un consejo de política científica y tecnológica constituido por los departamentos ministeriales con competencias en materia de investigación y por las comunidades autónomas. El texto también define un consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación, que constituye el órgano de participación de la comunidad científica y de la sociedad, y un comité español de ética en la investigación, como órgano independiente y consultivo en esta materia.
Para reforzar la coordinación entre administraciones, se constituye el sistema de información sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, un instrumento común para un mejor seguimiento, el análisis y la planificación de las políticas de ciencia e innovación.
Por lo que respecta a las competencias del Estado, en el fomento de la I+D el Plan estatal de investigación científica y técnica definirá los objetivos, las prioridades y la programación de los departamentos ministeriales en el marco de la estrategia española de ciencia y tecnología. Además, el proyecto de ley recoge la existencia de una estrategia estatal de innovación en la que se definirán los elementos e instrumentos disponibles para consolidar una economía basada en la innovación.
En cuanto a la actividad de financiación de la Administración General del Estado, el proyecto define dos agentes: la agencia estatal de investigación, cuya creación la autoriza la propia ley y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI. La agencia estatal de investigación buscará la autonomía y la flexibilidad de la gestión garantizando a su vez el control del uso de los fondos públicos. La agencia estará orientada de forma prioritaria al impulso de la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental, utilizando el mérito científico o técnico como criterio evaluativo para la asignación de los recursos. El otro agente de financiación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI, cuya actividad se orienta prioritariamente hacia el fomento de la innovación mediante el impulso de la I+D aplicada y la incorporación de nuevas tecnologías, utilizará para la asignación de sus recursos criterios de evaluación que incorporan el mérito técnico o de mercado y se orientará a gestionar los programas liderados por las empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, y respecto al papel de la Administración General del Estado como agente de ejecución de la investigación, haré referencia a los organismos públicos de investigación. El texto que hoy les presento pretende modernizar los organismos públicos de investigación, optimizando sus capacidades a través de planes plurianuales de acción, homogeneizando las condiciones de trabajo y fomentando la movilidad de sus empleados. La ley reconoce además la transferencia del conocimiento, la prestación de servicios tecnológicos y la difusión de la ciencia como nuevas funciones de estos organismos públicos de investigación.
Señorías, paso a continuación a detallarles las medidas que contempla la ley en materia de recursos humanos, unas medidas ambiciosas en correspondencia con la importancia que las personas tienen como principal activo en el sistema de ciencia e innovación y que responden a las necesidades de la comunidad científica española, que ha aumentado de forma muy notable en las últimas décadas. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los científicos y fomentar su movilidad, pues al hacerlo mejoraremos de forma efectiva las condiciones para despertar vocaciones científicas entre nuestros jóvenes y para atraer y retener talento dentro de nuestras fronteras. Para ello, el proyecto diseña una carrera científica estable, predecible y basada en méritos; sustituye las becas predoctorales por contratos; incluye un itinerario que mejora la estabilidad profesional de los investigadores que hayan demostrado su excelencia; crea un contrato para investigadores distinguidos; y reconoce al personal técnico de investigación.
El desarrollo profesional del personal investigador se estructura como un proceso que integra una etapa previa predoctoral y una etapa posterior de acceso al sistema, desde el cual es posible acceder a la Función pública en universidades públicas y en organismos públicos de investigación adscritos a la Administración General del Estado. Se establecen además, de acuerdo con las indicaciones de la Carta europea del investigador, los derechos y deberes del personal investigador y los del personal técnico.
Por otra parte, entendemos que la movilidad tanto a escala nacional como internacional constituye un elemento central en materia de política científica y de innovación y, como tal, debe ser reconocida en los procesos de evaluación. En este sentido, el texto que hoy debatimos incluye mecanismos de fomento de la movilidad entre entidades públicas, entre el sector público y el sector privado y entre el sector público y las sociedades mercantiles creadas o participadas por el mismo. Se regulan además las estancias formativas en centros nacionales y extranjeros dirigidas a mejorar la capacitación de los profesionales de la ciencia.
Del mismo modo, la evaluación del desempeño se configura como un elemento fundamental de la regulación del empleo público del personal investigador, una evaluación que tendrá en cuenta los méritos del personal investigador en todos los ámbitos, investigador, de desarrollo tecnológico, de dirección y gestión, de transferencia del conocimiento, de divulgación o de cooperación al desarrollo, y cuyos efectos serán directos en la trayectoria profesional, en la formación, en la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de retribuciones complementarias. Al hacerlo garantizamos que el personal de I+D tendrá incentivos para desempeñar estas funciones que, más allá de la producción del conocimiento excelente, son esenciales para asegurar y garantizar una mejor conexión entre el sistema científico y el
productivo y también una mayor implicación social con las actividades científicas y el cambio de modelo productivo. En consonancia con este nuevo marco normativo, el proyecto de ley aborda la reorganización de las actuales escalas de los organismos públicos de investigación y su régimen retributivo. Al mismo tiempo, se crea una nueva escala, la escala de tecnólogos, con un horizonte profesional y retributivo análogo a la escala mejor retribuida de las escalas científicas, la de profesores de investigación. La creación de esta escala posibilita la captación de unos profesionales imprescindibles para el desarrollo de proyectos de I+D y ofrece a los titulados superiores existentes un recorrido profesional análogo al del personal investigador.
Señorías, una vez explicadas las claves de las medidas relacionadas con los recursos humanos, me centraré en las dirigidas de forma específica a favorecer la cooperación público-privada y la transferencia del conocimiento y tecnología eliminando barreras y creando nuevos incentivos. El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas y que ha logrado posicionar nuestra ciencia en el panorama internacional debe complementarse ahora con un mayor énfasis en la transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo por una mayor implicación del sistema científico con la empresa y de la empresa con la ciencia. Precisamos para ello un enfoque más amplio para las políticas de innovación y que hasta ahora no habíamos contemplado. En este sentido, el proyecto consagra la existencia de una estrategia estatal de innovación, en la que se abren nuevos cauces, como la mejora del entorno de financiación de la innovación, el impulso a la compra pública innovadora, la cooperación entre administraciones, la internacionalización de las actividades innovadoras o el impulso a la generación de nuevos empleos para una economía innovadora.
El proyecto contempla asimismo un nuevo instrumento, el estatuto de la joven empresa innovadora, orientado a apoyar a las compañías de base tecnológica en los primeros años de existencia en las que las empresas asumen un elevado riesgo técnico y de mercado. Además de ofrecer un enfoque más amplio a la innovación, el proyecto aspira a mejorar el marco de la cooperación público-privada en todos los ámbitos, desde los proyectos de investigación hasta la explotación de patentes de invención y otros resultados, la puesta en marcha de centros mixtos o la prestación de servicios técnicos al sector privado relacionados con los fines propios de las entidades públicas. Esta colaboración es la forma más efectiva de llevar a cabo la transferencia de conocimiento que en nuestro país se genera mayoritariamente en los centros de naturaleza pública.
Constituye además una de las claves para transformar nuestro modelo productivo y, a diferencia de otros aspectos del proceso de innovación que dependen en gran medida de la iniciativa privada, se trata de un ámbito en el que la regulación pública es clave. El presente proyecto contempla estos aspectos, pero quiero recordar que es en la ley de economía sostenible, señorías, donde el Gobierno ha abordado de forma específica la eliminación de barreras que impiden a los centros públicos de investigación rentabilizar de forma eficiente los resultados de su trabajo. En particular, el proyecto de ley de economía sostenible contempla mecanismos más flexibles para la explotación de la propiedad intelectual e industrial, permite la aplicación del derecho privado en contratos de transferencia bajo determinadas circunstancias y habilita a las universidades y a los organismos públicos de investigación para que participen en el capital de sociedades mercantiles que tengan fines relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación.
La contemplación en conjunto de ambos proyectos de ley permite afirmar rotundamente que estamos en disposición de superar algunas limitaciones históricas que nuestro sector público de ciencia sufre para devolver precisamente a la sociedad en forma de productos y servicios los recursos que esta deposita a través de las políticas de I+D. Hablamos, por tanto, de una forma de impulsar el cambio de modelo productivo desde la investigación pública, pero también de una estrategia para mejorar el retorno social y económico de la inversión pública en ciencia y tecnología.
En este mismo orden de cosas, señorías, quiero hacer mención a las medidas que conforman la dimensión más social de este proyecto de ley. La ley hace una apuesta clara por la vertebración del diálogo entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad, y lo hace al reconocer las actividades de divulgación y de cultura científica como propias de los investigadores, pero también al apostar por la promoción de la publicación en abierto de las investigaciones financiadas en su totalidad con los fondos públicos provenientes de la Administración General del Estado. Pero el proyecto de ley ha sabido ir incluso más allá, incorporando un conjunto de medidas muy novedosas que persiguen situar a la legislación española en la vanguardia internacional. Entre estas medidas destacan la incorporación del enfoque de género con carácter transversal, la incorporación de la dimensión ética profesional con la creación de órganos que velen por los aspectos éticos de la investigación o la promoción de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo.
Señorías, voy terminando. Tenemos en las manos un proyecto de ley ambicioso, que supera los objetivos establecidos en la Ley 13/1986, que por primera vez aborda de forma integral las políticas de investigación y de innovación, que ofrece soluciones a problemas concretos que durante años científicos y empresas han señalado al evaluar las debilidades de nuestro sistema de ciencia e innovación, y sin duda es un proyecto que se presenta en el momento en que nuestra economía y nuestra sociedad más lo necesitan. Desde este punto de vista, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación no solo completa el ciclo abierto con la Ley de 1986, sino que se integra en el paquete de las grandes reformas que el Gobierno está impulsando en estos meses, aquellas
reformas en las que nos jugamos nuestro futuro, y yo espero sinceramente, señorías, que así lo entiendan también ustedes.
Por nuestra parte, y como decía al comienzo de mi intervención, entendemos que el presente proyecto es un texto abierto que aspira al máximo consenso. Con este espíritu, hemos trabajado hasta el último momento previo a su remisión a las Cortes Generales, incorporando aportaciones de todos los agentes en aspectos tan relevantes como la creación de unidades de excelencia, la carrera del personal técnico o la conexión del Sistema Nacional de Salud con el sistema de ciencia y tecnología. Con este mismo espíritu, lo defendemos hoy aquí, convencidos de su relevancia histórica, su importancia singular y su profunda capacidad transformadora, dispuestos a prestar a esta Cámara todo nuestro apoyo y colaboración para que este proyecto de ley se convierta lo antes posible en la ley que todos necesitamos.
Al proyecto se ha presentado una enmienda de totalidad. Para su defensa tiene la palabra doña Rosa Díez.
Las políticas activas de promoción de la investigación científica son, sin duda alguna, una de nuestras asignaturas pendientes más trascendentales.
La Constitución las incluye entre los principios rectores de la política social y económica en su capítulo tercero, como muy bien sabemos, y específicamente en el artículo 44.2. Es decir, no es la apelación a la competencia exclusiva lo sustancial de esta materia sobre la que estamos hablando, sino el hecho de que la Constitución española lo incluya como los principios rectores -insisto- de la política social y económica, tanto por la importancia de la ciencia en sí misma en ambos aspectos como por su papel decisivo en el cambio del modelo productivo español y por su estrecha vinculación con la no menos urgente reforma de la educación. La mejora de la investigación científica y de la innovación tecnológica está estrechamente ligada al necesario cambio de los modelos productivo y educativo. Este es el gran problema nodal que, a nuestro juicio, esta ley no solventa.
Pues bien, lamentamos que el proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento vuelva a eludir este objetivo esencial. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad de dicho proyecto de ley, pero quiero explicarles las razones que tenemos para considerarlo insuficiente y erróneo y, por tanto, solicitar su devolución. Algunas de estas razones ya han sido expuestas y argumentadas por algunas de las principales organizaciones científicas españolas, como la Confederación de Sociedades Científicas de España, que llegó a decir que no se trata de engordar, sino de tener más músculo, o la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología de España o la Federación de Jóvenes Investigadores.
Consideramos que razones tan bien fundadas no deben ser desoídas ni ignoradas por este Parlamento. Por eso hemos incorporado a nuestras enmiendas no pocas de estas reivindicaciones.
En primer lugar, las empresas y las instituciones académicas dedicadas a la investigación e innovación tecnológica siguen formando mundos separados. No hemos sabido implicar a las empresas en la investigación académica ni en la transferencia a la empresa de los resultados académicos o del personal investigador que los ha logrado. En resumen, empresa y mundo académico siguen dándose la espalda, es uno de nuestros principales problemas, sobre todo para conseguir un cambio de modelo productivo donde ciencia e innovación deben tener un papel fundamental.
La participación e integración de la empresa privada en la investigación e innovación tecnológica es muy inferior, a pesar de los avances -la señora ministra lo sabe bien-, a la de países homologables de la OCDE.
En segundo lugar, los abusos de la descentralización del Estado han conducido a un incremento de la burocratización y del minifundismo científico -lo segundo es más importante que lo primero, aunque van unidos-. Al dar a las comunidades autónomas un papel que no les corresponde en la política científica, pues la ciencia no es materia autonómica, sino universal y crecientemente internacional, se han duplicado las estructuras estatales en clones autonómicos adicionales, con el consiguiente aumento del gasto fijo y disminución de inversiones productivas, resultando un sistema de financiación ineficiente y burocratizado, rígido y opuesto a la movilidad. Por tanto, el resultado es lo que hay que juzgar, no el modelo sino el resultado que se produce de ese modelo, que es más burocratización y menos eficiencia investigadora.
En tercer lugar, seguimos sin una definición clara de la carrera personal del investigador a nivel nacional. Este es un tema, a mi juicio, muy importante. La señora ministra le ha dedicado un espacio en su intervención, pero no creo que se corresponda nada de lo que ha dicho con lo que contiene la ley. No se avanza apenas en la lucha contra la endogamia del mundo académico; no se mejora la precaria situación laboral de miles de investigadores jóvenes y no tan jóvenes, indispensable para que la carrera científica sea profesionalmente atractiva; no se combate la fuga de cerebros de investigadores españoles de vanguardia obligados a buscar en terceros países las facilidades profesionales y laborales que nuestro país les niega injustamente. Por ejemplo, el proyecto de ley no contempla desvincular las plantillas de los departamentos
universitarios o servicios hospitalarios de las necesidades docentes o asistenciales ni la creación de itinerarios de selección de personal para investigación. En resumen, relación productiva empresa universal; inversiones más eficaces en un sistema de I+D más eficiente y menos burocratizado; carrera profesional del personal investigador son, a nuestro juicio, tres problemas clave que el presente proyecto de ley de ciencia deja de nuevo sin resolver.
A continuación, voy a expresar brevemente lo que a nuestro juicio son seis fallos del proyecto de ley, seis fallos importantes que son los que motivan -insisto- la presentación de esta enmienda de totalidad. En primer lugar, el proyecto de ley abusa de una regulación detallista que se entromete en asuntos de los que debe dar autonomía a los agentes implicados, empresas y mundo académico; legisla sobre aspectos ajenos y entra en conflicto con otras leyes, con las competencias de varios ministerios y de instituciones como universidades, hospitales y fundaciones. Por ejemplo, no es procedente que esta ley aborde aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; tampoco procede, a nuestro juicio, la mención expresa y reiterada a la implantación de una perspectiva de género para asignar recursos, seleccionar personal y decidir la composición de los órganos de gestión y evaluación. Señorías, adoptar este tipo de criterios aumenta la ineficiencia del sistema, pues solo deben seleccionarse -estamos hablando de investigación e innovación- las personas mejor capacitadas, según criterios estrictamente científicos y técnicos.
En segundo lugar, como es lo habitual, el proyecto de ley asume el modelo sistema de sistemas surgido de la cesión de competencias de investigación científica y técnica a las comunidades autónomas con el consabido resultado: uso ineficaz de los recursos públicos; creación de barreras de todo tipo a la igualdad de oportunidades entre personas -importante-; más dificultades para la formación y movilidad del personal investigador. En definitiva, oposición al desarrollo de un modelo económico más competitivo, innovador y productivo, que no puede surgir de la suma de diecisiete modelos divergentes. Esta es la cuestión. Coloca en un plano de igualdad al Estado y a las comunidades autónomas en el consejo de política científica y tecnológica, convertido inevitablemente en un organismo proclive a la defensa de intereses locales y sin una visión del interés general. Señora ministra, el artículo de la Constitución que usted cita referido a la competencia exclusiva no es el que debiera marcar el conjunto de esta ley y orientarla, es el artículo 44.2, que dice: Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. De ahí se derivan todas las demás manifestaciones o referencias que en la Constitución se hacen a la ciencia y a la innovación; de ese artículo 44.2, que está en el capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica. No se trata de hablar de competencias exclusivas, se trata de legislar en defensa del interés general del conjunto de los ciudadanos y del conjunto del país.
En tercer lugar, el proyecto de ley tampoco se adecúa a las directivas, estrategias, políticas y documentos aprobados por la Unión Europea, como veremos en el transcurso del tiempo si se aprueba la ley tal como va. En cuarto lugar, no contempla la constitución de una agencia de financiación nacional única encargada de la gestión de los recursos y de una agencia de evaluación científico-técnica también nacional, única e independiente de la anterior. En quinto lugar, perpetúa la separación entre la denominada ciencia básica y la ciencia aplicada o innovación, manteniendo las barreras existentes -uno de los problemas crónicos de España en la transferencia tecnológica del que en alguna ocasión a usted misma le he oído hablar-, esto no se resuelve en esta ley sino que al contrario se mantiene esa dualidad. Y en sexto lugar, no presta atención a la mejora de la calidad de la enseñanza obligatoria, bachillerato y universidad pública, que permita formar personal de alta capacitación para las futuras actividades del I+D+i.
Nosotros consideramos que una nueva ley sobre ciencia, tecnología e innovación debe perseguir cuando menos los siguientes objetivos. En primer término, el fomento de la excelencia y la competitividad en el sistema de investigación e innovación. En segundo, la eliminación de la rigidez y la burocracia a favor de un sistema con un grado suficiente de autonomía y flexibilidad, y además exigente en la evaluación de resultados y rendición de cuentas. En tercer lugar, la asunción por el Estado de la competencia sobre investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para conseguir que España tenga un modelo común, congruente con los futuros modelos europeos evitando la fragmentación de estas políticas. En cuarto término, la creación de órganos de decisión independientes, ágiles y eficientes. En quinto, la consecución de una carrera de investigador atractiva, con capacidad real de progresión, estable pero a la vez flexible y evaluada de forma periódica por entidades externas e independientes de presiones políticas.
Esto exige clarificar y simplificar las figuras de contratación, la mejora de condiciones y derechos de los jóvenes investigadores en las universidades y centros de investigación proporcionándoles salarios y beneficios sociales en consonancia con su formación y sus resultados y promoviendo a los mejores, los mejores, señora ministra, mediante una carrera profesional incorporada al tejido productivo. En sexto lugar, aumentar la movilidad de los investigadores convirtiéndola en una exigencia -la movilidad- combatiendo así la endogamia, el conservadurismo intelectual y el conformismo con los procedimientos burocráticos que han estancado a las universidades españolas entre las menos avanzadas de los países más avanzados. En séptimo término, la creación de agencias nacionales de financiación y evaluación independientes de los vaivenes políticos gobernadas por criterios científicos de calidad. En octavo, conseguir un compromiso estable de inversión
en I+D+i acorde con nuestro desarrollo económico y sobre todo con los requerimientos del cambio de modelo productivo. Compromiso estable. El año pasado en el ejercicio 2010 se redujo el presupuesto del conjunto no solo de su ministerio en un 2 por ciento, este año en un 9 por ciento. Un compromiso estable de inversión porque esto es política de Estado o debiera serlo, y si es política de Estado hay que garantizar que venga quien venga después esta política se va a seguir poniendo en marcha porque si no, no hemos hecho nada; por tanto, también hay que garantizar la estabilidad desde el punto de vista económico. En noveno lugar, fomentar beneficios fiscales a las actividades de I+D+i en las empresas y favorecer legalmente la transferencia de conocimientos y personal entre organismos públicos y privados, centros académicos y empresas.
Por desgracia, señora ministra, señores y señoras diputados, el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación es paradójicamente conservador y poco innovador. Se estanca en el más de lo mismo y profundiza un modelo anacrónico y fallido que, como la comunidad científica y los empresarios más innovadores no se cansan de repetir, no está a la altura del desarrollo económico de España, de sus necesidades presentes y futuras ni -acaso esto sea lo más importante- hace justicia a las decenas de miles de investigadores e innovadores abocados a la precariedad laboral, las dificultades burocráticas y financieras y la falta de reconocimiento social a su labor.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Asentimiento.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds intervendrá don Francesc Canet. Entiendo que se trata de un turno en contra de la enmienda.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante todo quiero reconocer que en la tramitación de este proyecto de ley es de agradecer la actitud del secretario de Estado, el señor Pétriz, que se ha reunido con cada uno de los grupos parlamentarios, porque no solo el texto de los proyectos de ley tienen importancia sino también las explicaciones en directo, personales, porque en política, aunque a veces lo olvidemos, las formas son muchas veces contenido. Nuestro grupo considera necesario que se articule una ley de la ciencia y compartimos alguno de los aspectos, como explicaré después, que se contemplan en este proyecto aunque, como he anunciado a la ministra, a través de las enmiendas esperamos darle otro aire, mejorarlo en la medida de lo que seamos capaces entre todos a partir de este diálogo que ya se ha empezado a establecer. De todas formas, la enmienda a la totalidad, que es sobre lo que estamos debatiendo hoy, puede coincidir en algunos aspectos de mejora -ha planteado lo que reclaman algunas asociaciones científicas, empresariales-, pero creo que el fondo de la enmienda a la totalidad es otro muy distinto y por eso nos oponemos. El núcleo de la enmienda a la totalidad es liquidar de un plumazo la autonomía universitaria y liquidar, no sé si de uno, de dos o de tres plumazos, la autonomía en el Estado español; si no, no se entienden los argumentos que se han planteado. A nuestro juicio, la razón de fondo es la concepción del Estado, de la Constitución, de la democracia incluso, que rezuma el texto de la enmienda a la totalidad que estamos discutiendo. El grupo proponente de la enmienda la basa, entre otros aspectos, en la asunción por parte del Estado -se ha dicho- de la competencia exclusiva sobre todos los aspectos relacionados con la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica para que España tenga un modelo común integrable en futuros modelos europeos y evitar la fragmentación de las políticas en materias de I+D+i. Qué bien está pensar que solo de esta manera se pueda conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que en determinadas comunidades autónomas esos minifundios, de los que ha hablado la proponente, en todos los certámenes internacionales están obteniendo magníficos resultados.
Por tanto, ni en el aspecto práctico podríamos coincidir más allá de la concepción ideológica del Estado que, como he dicho, rezuma. Aunque solo sea por este argumento, el Grupo de Esquerra Republicana no puede votar a favor de dicha enmienda. No estamos de acuerdo en volver a un Estado preconstitucional y poco enriquecedor para nuestro sistema de I+D. Le guste o no a la señora diputada, tenemos una Constitución que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, que dice que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas que gozan de autonomía en la gestión de sus intereses y, además, provee de un instrumento a las comunidades autónomas que es el estatuto como norma básica y que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico, y las comunidades autónomas tienen la competencia de fomento de la investigación de acuerdo con la misma Constitución española. Evidentemente, cada uno lee, señora diputada, los artículos que le conviene, como usted le ha advertido a la señora ministra. En orden a estas competencias, el Estatuto de Autonomía de Cataluña define las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Por tanto, es un aspecto que, como sabe, para mi partido político no es suficiente. No aspiramos a eso, pero nos parece una buena fórmula de convivencia en estos momentos políticos, y por ello estamos absolutamente en contra de su enmienda a la totalidad.
Hemos dicho que la valoración del proyecto es positiva, con algunas cosas que hemos traducido ya en las
enmiendas. Voy a resumir brevemente los aspectos que consideramos positivos, aunque matizables, del proyecto de ley. Valoramos positivamente los objetivos de impulso e internacionalización de la ciencia y, en especial, en el asiento de las bases para garantizar que el esfuerzo público en I+D sea lo más eficiente posible. La I+D+i, en estos momentos de dificultades económicas, de reconversión del sector productivo y de cambios globales, es una apuesta segura. Vamos a poner algunos ejemplos. Consideramos un paso adelante el fomento de la movilidad, que permite la contratación de investigadores españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y extranjeros. Con esta voluntad de facilitar el intercambio y la colaboración investigadora, sería interesante que las facilidades para la movilidad pudieran ser de aplicación a todos los agentes para fortalecer la masa crítica global del sistema. Un segundo elemento. Otra de las cuestiones importantes es que la nueva ley reconoce en la definición del sistema de ciencia y tecnología la existencia en paralelo de eso que tanto molesta a la diputada proponente que es el sistema de I+D+i propio de las comunidades autónomas que, a su vez, son sistemas complejos que cuentan con sus propios agentes de investigación y, repito una vez más, con resultados comprobables en el ámbito estatal e internacional.
El artículo 158 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva de sus centros de investigación. El pacte nacional per a la recerca i la innovació, al cual se han adherido las universidades, todos los grupos parlamentarios y las principales organizaciones empresariales y sindicales de Catalunya, refuerza el modelo de los centros de investigación. Se trata de entidades independientes presididas, en su mayoría, por la Administración de la Generalitat y con personalidad jurídica propia, con un modelo de gestión privado con flexibilidad máxima, una política propia de contratación para la captación y la retención de talento asesorados y evaluados por un comité científico externo, con una masa crítica suficiente para su impacto internacional, con una financiación estructural adecuada a través de un contrato-programa con la Administración de la Generalitat y con una inversión en equipamiento científico más avanzado. Entiendo que desde su concepción le pueda molestar, pero funciona, le guste o no.
Finalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta es el relativo al diseño de la carrera profesional del personal investigador. Cualquier regulación sobre este tema tiene que ser flexible y adaptable y no debe suponer un condicionante a otros modelos, como es el caso que se aplica en los centros de investigación de la Generalitat y que, siguiendo modelos internacionales, se basan en un modelo de revisión interna con consulta externa a la comunidad científica internacional. En este sentido, a través del trámite parlamentario del proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, creemos que se puede mejorar el texto y ser aún más ambicioso en la apuesta por la internacionalización de la calidad científica, lo que pasa por evitar políticas uniformadoras y confiar en la capacidad de gestionar políticas de captación y retención de talento por parte de los agentes de ejecución. En cualquier caso, después de superar el trámite de la enmienda a la totalidad -lamentablemente presentada en los términos en que se ha presentado, más políticos que científicos o técnicos- esperamos colaborar todos en la mejora del proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el mismo grupo parlamentario y en el mismo sentido tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
Señorías, como ha dicho mi compañero, el señor Canet, mi grupo parlamentario utiliza el turno en contra de la enmienda de totalidad de Unión Progreso y Democracia presentada en el día de hoy a la ley de la ciencia. En nuestra opinión no hay soluciones simples a problemas complejos, y la investigación científica y la ciencia es una cuestión compleja. El grupo parlamentario que ha presentado la enmienda de totalidad ha confundido el método. Se trata, sobre todo, de una enmienda a la Constitución, de una enmienda al título VIII, de una enmienda a la autonomía universitaria, que no una enmienda a la ley de la ciencia.
Además, señorías, parte de una premisa falsa que tiene más que ver con los prejuicios que con las valoraciones. La valoración de la aplicación de la ley en vigor no es que haya estado dificultada por el Estado autonómico; al contrario. Si hay algo que se ha demostrado con la ley en vigor es que se han podido constituir grupos científicos; que las comunidades autónomas, sobre todo en materia de innovación, han tenido un papel muy importante; y también que nuestra ciencia y nuestra investigación se han internacionalizado. Por lo tanto, ahí no está el problema; es un prejuicio y, además, equivocado, con la dificultad que tiene siempre trabajar con premisas que son prejuicios. Uno de los principales problemas a los que debe dar respuesta la ley -dar respuesta de forma parcial porque hay cosas con las que no estamos de acuerdo y enmendaremos en los próximos días- en lo que se refiere a la debilidad fundamental de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación es que, en nuestra opinión, no ha incorporado la innovación tecnológica como elemento estratégico a la sociedad y a las empresas. Ahí donde está el problema fundamental de nuestro sistema de ciencia e innovación. Tenemos también un problema de carrera profesional, que no acabamos de constituir, de estabilizar, a la que debe dar respuesta también esta ley.
Por otra parte, también es importante que no hemos logrado el objetivo básico de coordinación entre los distintos agentes del sistema público de I+D. Pero, señorías, los agentes del sistema público de I+D no son solamente Estado y comunidades autónomas. Son agentes mucho más diversos, más complejos y no tienen
la solución ni en la nostalgia ni en la melancolía con respecto a un Estado jacobino que nunca fue; por lo menos nunca fue en nuestra experiencia.
Señorías, por tanto, ¿qué condiciones, en nuestra opinión, debe cumplir la ley? En primer lugar, el objetivo debe ser que todas las actuaciones se basen en criterios de coherencia, complementariedad y cooperación, y en el principio de corresponsabilidad entre iguales para lograr un sistema de ciencia e innovación avanzado. En segundo lugar, es imprescindible dar respuesta a la necesaria relación y clarificación de las relaciones entre sector público y empresas. Para ello, tiene que haber una relación clara del conflicto de interés, con criterios claros sobre propiedad intelectual e industrial y sobre los retornos de las actividades comunes.
Ahí está también una forma de avanzar en la difusión de la innovación al conjunto de la sociedad y a las empresas. Debe basarse además en la legitimidad y, para ello, tiene que partir necesariamente del acuerdo en una materia de Estado, del acuerdo con los agentes sociales y del acuerdo también con las comunidades autónomas. No puede ser comenzar con una ley de la ciencia contra las comunidades autónomas o con una ley de la ciencia sin sus principales actores.
Señorías, los avances de esta ley, para nosotros podríamos decir las fortalezas, son: En primer lugar, que mejora parcialmente la movilidad dentro del sector público de investigación. En segundo, que se sustituyen los dos años de beca actuales por contratos de trabajo para los jóvenes investigadores en formación a través del contrato predoctoral, sin embargo, con garantías salariales, en nuestra opinión, inferiores a las actuales. En tercer lugar, que se valora la transferencia de conocimiento y de los resultados de la investigación de acuerdo con su valor a precio de mercado. En cuarto término, que introduce criterios de igualdad de género y hace más énfasis en la política de ciencia para el desarrollo; la relación ciencia-sociedad no nos parece un problema sino un avance. En quinto lugar, que las administraciones públicas fomenten las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación, la divulgación y el reconocimiento adecuado de las actividades del sistema español de ciencia y tecnología. Pero esta ley, en nuestra opinión, tiene debilidades.
Nuestro grupo parlamentario quiere manifestarlas porque también va a utilizar el periodo de enmiendas para mejorar las debilidades que, creemos, tiene la ley. En primer lugar, esta ley se presenta sin memoria económica que asegure su financiación. Es verdad que en materia de investigación hemos mejorado la financiación. Ahora bien, en estos momentos y en plena crisis económica no es lógico que recortemos de manera drástica el presupuesto de investigación, cuando más necesaria es y sobre todo un nuevo modelo de desarrollo para el futuro económico y social del país. En segundo término, en nuestra opinión, hay todavía elementos de debilidad en la carrera profesional del personal investigador. Tanto en la intervención de la señora Díez como en el propio documento del Gobierno hay una concepción del personal investigador como el científico individual encerrado en su laboratorio.
-La misma que también traslada que la política somos los políticos-. No, señorías, la carrera investigadora y el científico es algo más que una persona individual, es un equipo y, por tanto, la interdisciplinariedad, superar los problemas de precariedad; también la carrera investigadora para el conjunto de científicos, técnicos y personal de gestión nos parece un elemento de debilidad de esta ley que debe ser superado.
Tercero. Se mantiene la dualidad de dos agencias de financiación; es decir, el sistema de ciencia y tecnología no nos parece suficientemente claro en la propuesta del Gobierno. Mantiene la dualidad en las agencias de financiación, una para la investigación y otra para la innovación, lo que impide una estrategia común y no facilita la coherencia de los sistemas de evaluación y el seguimiento de los recursos asignados.
Tampoco se decide ni define claramente el estatus legal de las OPI.
Después de aprobar la transformación del Cesic en agencia estatal aún no se ha implementado el contrato-programa y el resto de las OPI aparecen como congeladas en un estatus actual indefinido. Por último, sorprende la ausencia total de medidas destinadas a la evaluación social de la ciencia y la tecnología o de programas de vigilancia tecnológica, entendidos como medios de anticipación de tendencias y ayuda a los procesos de decisión en todos los ámbitos, en el laboral, en el ciudadano y en el educativo.
El objetivo a largo plazo debe ser la integración democrática entre ciencia, tecnología y sociedad, creando mecanismos de corresponsabilidad entre científicos, tecnólogos y sociedad civil.
Señorías, la ley merece una vuelta en una materia eufemísticamente denominada de gobernanza. Si el sistema no aparece acabado y tendrá que ser mejorado con las enmiendas, el gobierno del sistema no es un gobierno claro tampoco. Estamos de acuerdo con el Consejo de política científica, tecnológica y de innovación y con que estén los principales agentes de la investigación, de la ciencia y la innovación. Además es necesaria la existencia de la comisión delegada o del Comité español de ética de la ciencia. Creemos, asimismo, que debe haber un ámbito como el Consejo asesor de ciencia, tecnología e innovación, con competencias y composición renovadas como órgano de participación, negociación y consulta, de agentes sociales, asociaciones empresariales y demás órganos representativos en la configuración y seguimiento de las políticas de I+D. Estas son nuestras enmiendas, nuestras posiciones sobre esta materia que creemos que debe ser claramente mejorada en el Congreso de los Diputados, pero no estamos para aplazar de nuevo la necesaria ley de la ciencia y mucho menos para hacerlo en base a premisas que son prejuicios.
Muchas gracias. (La señora Díez González pide la palabra.)
La señora Díez tiene derecho al turno de réplica.
Interesantes las cosas que se me han dicho desde la tribuna por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. El señor Canet me ha criticado que sea una enmienda política. ¿Qué quiere que fuera religiosa, gastronómica, o qué? Si este es el Congreso de los Diputados, las enmiendas a la totalidad de las leyes que son políticas deberán ser políticas. Vamos, digo yo. El señor Llamazares ha criticado duramente la ley, parece que nos vamos a encontrar en muchas enmiendas. De todas sus críticas se podía haber derivado una enmienda a la totalidad, con todo respeto a la autonomía para decidir lo que se presenta. Pero, sobre todo, ha apelado a mi prejuicio a la hora de presentar esta enmienda a la totalidad. Prejuicio y pretenciosidad, porque con esta enmienda a la totalidad nada más y nada menos que según el señor Llamazares he querido cambiar la Constitución, la Ley de Autonomía Universitaria, todas las leyes incluso los tratados internacionales. Seamos menos pretenciosos, por lo menos en lo que respecta a esta enmienda a la totalidad. Es una enmienda política, sí, naturalmente, que pide la devolución de un proyecto de ley, que es político también, y que pretende mejorar o conseguir a través de la ley objetivos que también son políticos, aunque incidan en la ciencia y en la innovación. Es decir, el objetivo es político que es fomentar la ciencia y la innovación y hacer progresar a nuestro país y darles posibilidad de progreso a las personas que trabajan en esta materia. Lo del prejuicio y además equivocado y todas esas cosas, señor Llamazares, vamos a dejarlo, ¿no? Me ha recordado lo que le dijo la sartén al cazo: No me toques que me tiznas. Vamos a dejar lo del prejuicio y vamos a analizar el contenido de mi intervención y de mi enmienda a la totalidad, de lo que Unión Progreso y Democracia ha planteado en la enmienda a la totalidad.
Dejémonos de juegos previos porque si no, no nos escuchamos y creo que tenemos que hacer el ejercicio de escucharnos. Podemos no estar de acuerdo sobre lo que uno cree que es lo mejor para el interés general respecto de lo que el otro cree, pero si no partimos del respeto previo, de que cada cual tiene derecho a construir sus argumentos desde el respeto y desde la autonomía, mal asunto, si todo está basado en el prejuicio.
Vamos al fondo de la cuestión. Esta ley es una ley conservadora, no aporta soluciones a los verdaderos problemas de la ciencia española. Gastamos más, poco porque no tenemos mucho tampoco y hemos de adaptarnos a las necesidades, pero si no podemos gastar más podemos gastar mejor. La ley de ciencia era una oportunidad para ello, pero desgraciadamente no va a ser así. A esta nueva ley le falta una apuesta prioritaria por la calidad, por la internacionalización y por la competitividad. En esta nueva ley no se abordan temas de mayor calado que permitan a nuestro sistema alcanzar niveles de calidad, internacionalización y competitividad absolutamente imprescindibles si queremos construir una economía basada en el talento. Exigimos una ley que nos permita llegar a tener un premio Nobel. Tampoco se resuelven en la ley los actuales problemas de la carrera científica, aunque establece un nuevo sistema de contratos que a nuestro juicio es un funcionariado sin oposiciones, que es lo mismo que tenemos pero peor. No vemos cómo podemos competir por el talento que está distribuido por el mundo con este nuevo sistema de contratación. Gran indefinición que existe en los contenidos y plazos de creación de dos instituciones claves para el sistema: la agencia estatal de investigación -una antigua reivindicación por cierto- y el consejo asesor de ciencia y tecnología e innovación. Esta ley no sienta las bases para un futuro claramente mejor. Aunque tenemos un sistema mejor de lo que se puede pensar a veces, con este sistema no podemos competir con los mejores y esta nueva ley recoge uno de los peores defectos de la universidad española. El sistema requiere de un proceso de selección de investigadores claro, contundente y razonable en el que la promoción no sea automática.
Señorías, este es el contenido de la enmienda a la totalidad, pero todo lo que les acabo de leer son reclamaciones, manifestaciones y posición oficial de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Muy prejuiciables todos ellos; todos ellos quieren cambiar la Constitución y el Estado de derecho y todo; muy prejuiciables y muy poco políticos. La confederación española es la que acaba de decir exacta y brevemente lo que les acabo de relatar. Por todas estas cuestiones, porque creemos en el objetivo que la ministra ha planteado en esta tribuna pero que el instrumento que nos trae al Congreso de los Diputados es incapaz de conseguir ese objetivo, presentamos y seguimos defendiendo la devolución de este texto al Gobierno a través de esta enmienda de totalidad.
Señor Canet.
No voy a hablar sobre el tono de las enmiendas, de si son políticas o no, aunque a veces más que política parece fundamentalismo, pero bueno es igual. Se ha basado la argumentación no tanto en las recomendaciones que nos ha leído sino en un aspecto nuclear que es que si la ciencia y la tecnología no están centralizadas, o sea, si no se deja a las comunidades autónomas desprovistas de esta capacidad la eficacia del sistema se resiente. Y ahí negamos desde mi grupo la mayor. La implicación global en el pacte per a la recerca i la innovación para la ciencia de la Universidad de Catalunya ha
demostrado que el éxito es muy factible. Uniendo esfuerzos públicos y privados se ha conseguido atraer capital privado para unirlo al público.
Se ha evaluado y los resultados a la vista están, por más que se quieran ignorar. Por tanto, ese axioma no funciona. Hay una segunda frase, que en el fondo va en la línea de la primera, que he anotado de la intervención primera de la señora Díez. La ciencia es mundial, es internacional, no autonómica. Pues muy bien, resulta que Cataluña, aunque alguno parece que no quiere enterarse, está en el mundo y lo está demostrando. Lo que pasa es que me da la sensación de que algunos quieren hacer realidad una vieja aspiración en algunos casos concretada: a través del Estado, todo; sin el Estado, nada. Y eso pertenece a regímenes que todos conocemos.
Señora Díez, ¿qué pretende usted con esta enmienda? Lo dice usted misma en la redacción del texto: La homogeneidad necesaria para fomentar la excelencia, garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la movilidad de los investigadores, superando la endogamia, que constituye una de las principales lacras de la investigación española. Para ello es necesario reformar el sistema de selección del profesorado y restituir a los funcionarios universitarios y de organismos públicos de investigación el derecho al traslado. Ello exige sustituir la habitual interpretación estrecha de la autonomía universitaria y de la autonomía de los centros de investigación por una interpretación más amplia. No lo digo yo, lo dice usted en su argumentación. El problema no es que usted defienda un Estado centralista, lo cual es legítimo y forma parte de su ideario político: el Estado autonómico es un problema. Lo que pasa es que no le acompañan los datos ni la realidad.
En materia de investigación científica y en la aplicación de la ley actualmente vigente se demuestra que los problemas fundamentales están en la transferencia de la investigación a las empresas o en relación con la carrera profesional, pero no están en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han sido, al igual que los grupos de investigación o al igual que la internacionalización, una aportación positiva a la investigación española. Por eso digo prejuicio, porque no se corresponde con una premisa sino con un prejuicio, y un diagnóstico erróneo, basado en obsesiones o en fobias, en este caso en la fobia al Estado autonómico, lleva a medidas equivocadas. Las medidas que usted plantea son equivocadas, aunque hay algunas con las que nosotros podemos coincidir y coincidiremos en la tramitación, pero hay una diferencia fundamental.
Usted cree que se puede parar en estos momentos la ley de la ciencia después de un proceso de negociación, de diálogo, con diferencias entre los distintos agentes de la ciencia, y nosotros creemos que no se debe parar, que precisamente ahora, en plena crisis económica, no se debe parar la ley de la ciencia.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki para fijar posición.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, mi grupo mostró tiempo atrás, allá por el mes de febrero, su concepción sobre las bases en las que nosotros entendemos que debe articularse una nueva ley de la ciencia y la tecnología.
Recordaré a sus señorías que lo hicimos en términos de una moción, consecuencia de una interpelación urgente, y recordaré también, y especialmente a la señora Díez, que fueron 341 parlamentarios y parlamentarias los que estaban ese día en el hemiciclo, y los parlamentarios y las parlamentarias, los 341, votaron favorablemente. Le diré por qué hago esta anotación.
Para quien de sus señorías tenga en su memoria los tres puntos y numerosos subpuntos de aquella moción no es necesario que yo me extienda en explicar las diferencias que a mi grupo le separan de los argumentos recogidos -por cierto, en un amplísimo texto de dieciséis páginas- con los que UPyD ha presentado la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que hoy debatimos, y como todo el mundo puede deducir de aquel posicionamiento nuestro, nos es imposible apoyar esta enmienda a la totalidad de UPyD. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Evidentemente, no discrepamos con la diputada Rosa Díez y con todo lo que ella y su grupo afirman en esas dieciséis páginas o en algunas de las cosas que hoy ha dicho aquí. Sería imposible, aun pretendiéndolo, discrepar hasta ese extremo. Ni la diputada Rosa Díez tiene tanta originalidad, ni este diputado pretende tenerla tratándose de un tema, iba a decir que tan manoseado, tan lleno de lugares comunes -que abundan también en su texto, por cierto-, como es este tema de la investigación, del desarrollo y la innovación, del que todo el mundo ha hablando en extenso y sigue hablando por todas partes. Pero hay algo en lo que la discrepancia de mi grupo con determinadas reflexiones y posicionamientos de la diputada Rosa Díez es tan fundamental y tan radical que quiero extenderme sobre ello.
Me refiero a esa tendencia obsesivamente centralizadora y uniformizadora que la diputada muestra con insistencia y machaconería en muchos temas y ahora, con relativa sorpresa para este diputado, también en este tema de la investigación, desarrollo e innovación. Centralizadora y uniformizadora, claro, a nivel del Estado:
ahí arranca y ahí termina todo. Que nadie imagine otra cosa. No hay planteamientos regionales ni supraestatales ni subestatales en su exposición. Todo empieza y todo acaba en el Estado. Por cierto, ¿de dónde ha extraído usted que Europa está en estos posicionamientos? ¿Pero de dónde, señora diputada? La tendencia descentralizadora marcada por la estrategia de Lisboa del año 2000 es una realidad, se les ha dado un papel a las regiones. Pero si es algo que sabemos todos, está en la literatura europea y ha habido fondos comunitarios de apoyo a las regiones en el tema de la investigación, desarrollo e innovación. ¿De dónde ha extraído usted esto? Salvo que sea algo que, o no lo conoce, o efectivamente algo le hace ocultar las realidades que ahí están. No le estoy hablando todavía del Estado, le estoy hablando de lo que Europa ha hecho en estos últimos años en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las regiones. Las regiones han sido activas y Europa ha querido que las regiones sean activas en este ámbito y han montado programas a este efecto, pero, para usted, la investigación, el desarrollo y la innovación no tienen otro marco que el Estado. Es el Estado por cierto representado solo por la Administración central, por nadie más, que se retire todo el resto de los agentes, esos a los que de vez en cuando se les reclama que tienen que tener sentido de Estado. Pero en estas cosas no, que se retiren todos porque el Estado es la Administración central en soledad. Ella es la que tiene que definir estrategias, ella es la que tiene que decir a todo el mundo lo que hay que hacer, ella es la que tiene que establecer los presupuestos que sean de fomento de la investigación, desarrollo e innovación y ella también tiene que controlar y decir qué sí o qué no. Esta es la obsesión. Esto a mi juicio, señora diputada, es un puro prejuicio político de raíces bien conocidas; un prejuicio que por cierto para mi grupo no tiene absolutamente nada que ver con las dinámicas y las actitudes idóneas con las que hay que fomentar todos, señora diputada, todo el mundo tiene que fomentar la investigación, desarrollo e innovación, o volvemos al que inventen otros, o que investiguen otros, o que innoven otros, que es lo que en el fondo se deduce de su enmienda a la totalidad.
¿Cree de verdad, señora Díez, que la forma de promover e impulsar en un país la investigación, el desarrollo y la innovación es algo así como disponer de viejos gobernadores civiles de la investigación, del desarrollo y de la innovación. ¿Los reinstauramos para que ellos sean los que digan lo que hay que hacer y quién tiene que hacer qué? ¿A eso volvemos, señora Díez? Bien uniformados, si hace falta todos vestidos igual, igualito; con su bigotito igual, si quiere. Es que es justo lo contrario de lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación.
¿Dónde queda el riesgo, que es absolutamente inherente a todo proceso de investigación, desarrollo e innovación? ¿Dónde queda el compromiso, dónde queda la proactividad, sin la que no hay investigación, no hay desarrollo, no hay innovación? Creo que por esa vía lo que usted está negando es justamente la mayor, la de que efectivamente este país pueda algún día transformarse por la única vía por la que puede hacerlo, que es por que todo el mundo se implique en estos procesos de investigación, desarrollo e innovación.
Dice usted textualmente: La asunción por el Estado de la competencia exclusiva sobre todos los aspectos relacionados con la investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, de forma similar a la de educación y sanidad, para hacer que España tenga un modelo común integrable en futuros modelos europeos. Esto de futuros modelos europeos de verdad me conmueve, porque esa Europa que por lo visto no ha llegado todavía en este ámbito es un anacronismo, señora Díez. Es que estamos en Europa o no estamos. ¿Qué es eso del futuro de Europa que ha de venir en estos ámbitos? Dice usted, y sigo leyendo: Debe servir para evitar la fragmentación de las políticas en materia de I+D+i. Eso es lo que propone usted y, como digo, se trata simplemente de un apriorismo político que nada tiene que ver con una ley de ciencia, tecnología e innovación que pretendiera responder a las necesidades y problemas en los que se encuentran ahora mismo la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado español, abierto a un mundo competitivo a nivel global.
Para fijar aún más la posición de mi grupo me gustaría añadir algunas reflexiones sobre el propio proyecto de ley, que, como he dicho anteriormente, mi grupo votó. Trajo aquí una moción y dijo sobre qué bases se sustentaba, no hace falta que me extienda nuevamente sobre ello.
Le decía lo de los 341 parlamentarios que lo votaron porque si usted lee algunos de los apartados, verá que son absolutamente contradictorios con los que usted trae hoy y, digo yo, ¿ese día que todo el mundo votó favorablemente, estaba usted aquí o simplemente no estaba o ha cambiado de opinión de febrero aquí? Como digo, el posicionamiento del grupo está ahí, en los términos, y también debo reconocer que el proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación que el Gobierno nos ha presentado no recoge a satisfacción de este grupo las bases que aprobamos aquí aquel día de febrero de este año, pero hemos decidido no presentar una enmienda a la totalidad, y lo hemos decidido, a pesar de haber dudado en este aspecto, porque aquel día conseguimos hacer una moción, tras una negociación con el Grupo Socialista, que llevó a un punto satisfactorio la enmienda, y creemos que aquel espíritu debe seguir estando presente en el Grupo Socialista y en el Gobierno y que este proyecto de ley puede transformarse.
Como ha dicho la señora ministra, es un texto abierto que aspira a un máximo consenso e incluso ha hablado de un punto de partida. Ahí, en ese punto de partida, estamos nosotros, porque si algo deseamos es que, de hacer una ley, hagamos una ley a la altura de los desafíos de la actualidad. Esos retos sociales y económicos a que se ha referido la propia ministra requieren de profundas reformas y este es el problema con el que nos vamos a encontrar a la hora de la elaboración de esta ley, si realmente vamos a hacer una ley para las profundas reformas
que hay que acometer para poder responder a un cambio de modelo productivo y no nos vamos a contentar con salir del paso. Hacen falta reformas legales -a juicio de mi grupo una reforma legal no resuelve estos problemas- y hacen falta también reformas organizativas y cambios culturales. Para lo uno, para lo otro y para lo último mi grupo estará plenamente dispuesto a llegar a acuerdos con quienes deseen que el Estado español cuente efectivamente con una nueva ley de ciencia y tecnología que responda a las necesidades, a los retos y a los desafíos de una economía y de una sociedad que lo tiene francamente complicado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, señora ministra, el Grupo de Unión Progreso y Democracia ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, una enmienda que no compartimos y con la que discrepamos en sus fundamentos de manera muy rotunda, muy clara y muy evidente. Señora Díez, nuestro grupo es un grupo democrático -como lo ha sido siempre el nacionalismo- que entiende que el debate parlamentario es el marco de contraste de defensa de los propios posicionamientos dentro de la actividad legislativa. Le recuerdo, señora Díez, que la Constitución consagra el Estado de las autonomías -muy a pesar suyo- y que existen leyes orgánicas aprobadas por este Parlamento, por ejemplo la del Estatut de Catalunya, que reconocen la pluralidad y la riqueza del Estado. Somos un grupo que entiende que la riqueza del Estado reside en esta pluralidad, expresada también en unas nacionalidades que ejercen responsablemente, en el marco que nos ocupa, su autogobierno, como lo han demostrado los resultados de la política de investigación por ejemplo en Cataluña y que hoy reconoce toda Europa. Por ello defendemos la pluralidad y riqueza de la realidad de la ciencia e innovación a través de la existencia de varios sistemas que conviven y que contribuyen a la competitividad global del mismo y con ello a la competitividad de nuestra economía y al crecimiento de nuestra sociedad. Somos muy respetuosos con un pacto constitucional que prevé el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y, en este caso, en materia de ciencia e innovación.
No podemos compartir los fundamentos de la enmienda a la totalidad, que representan un retroceso en todo lo democráticamente conseguido en estos años tanto en términos políticos como en términos económicos, sociales y científicos. Por una parte, en el marco de la ciencia y la innovación, usted reclama en la enmienda a la totalidad más flexibilidad, más apertura y, por otra, reclama más centralización, es decir más burocracia, más funcionarización y con ello menos flexibilidad y menos libertad para la ciencia y la innovación. Las competencias asumidas por algunas comunidades autónomas en materia de ciencia e innovación han permitido crear un sistema plural, enriquecedor y más competitivo, en el que organismos públicos conviven con otros centros de excelencia, con modalidades y capacidades diversas pero complementarias; un sistema que, en lugar de debilitar y generar ineficiencias, ha fortalecido la investigación y el desarrollo y nos ha permitido avanzar; un sistema que cuenta con unas bases que han de permitir impulsar más y mejor la transferencia y por tanto acercar más la investigación y el conocimiento a la propia realidad productiva y a la competitividad de nuestra economía y de nuestro sistema.
Todos compartimos la necesidad de reforzar las políticas de I+D+i, pero desde enfoques diversos. A nuestro entender, se trata de un reforzamiento que pasa en primer lugar por una nueva ley que permita avanzar en la investigación, el desarrollo y la innovación incorporando los cambios del mercado y de la sociedad y los nuevos retos que estamos obligados a afrontar. Veinticuatro años, desde 1986 hasta hoy, han transformado el mercado, nuestra economía y nuestra sociedad; veinticuatro años son los que separan la Ley del año 1986 del proyecto de ley actual, y es el tiempo que marca la necesidad de una nueva ley suficientemente flexible y abierta que persiguiendo la marca de la excelencia, sea capaz de romper las rigideces actuales del sistema y pueda enfocarse hacia tres ejes fundamentales: el reconocimiento y el refuerzo de la realidad de un sistema de ciencia plural, el impulso hacia una investigación más cercana a la actividad productiva y que por tanto permita poner en valor a todos los agentes del sistema, y el refuerzo de la competitividad, que pasa necesariamente por un impulso cuantitativo y cualitativo de la internacionalización y de la innovación, una innovación que ha de marcar el cambio y ha de contagiar la ciencia y la actividad productiva, sin olvidar tampoco que hablar de internacionalización y de innovación es hablar de conocimiento, de talento, de movilidad y de competitividad.
Este es el espíritu que entendemos ha de recoger el proyecto de ley y es el espíritu con el que trabajaremos en nuestras enmiendas. No apoyamos, señora Díez, una enmienda a la totalidad que pretende anular la pluralidad del sistema que ha permitido logros y reconocimientos importantes, seguramente no suficientes pero sí importantes a nivel internacional. Es cierto que el sistema de investigación en España adolece aún de falta de innovación en sus sistemas de organización, de falta de más ambición y de una voluntad más marcada y contundente hacia la excelencia, lo que conlleva un uso poco eficiente en algunos casos de los muchos recursos públicos que se dedican a la política científica. A pesar de ello, en los últimos años se han llevado a cabo desde distintos ámbitos esfuerzos importantes para elevar el nivel de la investigación, iniciativas que han contribuido de manera determinante a situar en muy pocos años la investigación
en España en una posición muy destacada, como han mostrado de manera muy clara las distintas convocatorias de grants del Consejo Europeo de Investigación, la última de ellas, hace pocos días, el pasado 22 de octubre, situaba a España en la quinta posición en atracción de talento entre los veintisiete países de la Unión Europea.
Si en su momento nos preocuparon los borradores de la ley de la ciencia, ahora hemos de destacar las mejoras que se han introducido en el proyecto de ley en ámbitos estratégicos. Creemos que se abre el camino del cambio, entre otros aspectos para superar la desconfianza legal hacia la empresa privada. Trata también temas pendientes, como la permeabilidad del sistema con las empresas de tecnología e introduce un reconocimiento implícito a la investigación que hace el sector sanitario. Entendemos que es un proyecto de ley que finalmente afronta temas tan importantes en ámbitos estratégicos como la participación del personal de instituciones de investigación y de universidades en actividades emprendedoras y de innovación o la transferencia en la creación de spin-off. Consideramos que el proyecto tiene amplio margen de mejora y será el trámite parlamentario el que nos permitirá debatir y presentar enmiendas de mejora en campos como el de la gobernanza de las instituciones públicas del sistema de investigación en España, que entendemos son importantes, y nuestro grupo parlamentario espera que en ese debate se puedan introducir cambios hacia una mayor eficiencia del sistema y un uso eficaz de los recursos públicos.
A nuestro entender hay dos elementos que podrían equilibrar las carencias actuales del sistema: primero, que la ley garantizase que las innovadoras instituciones de investigación del entorno público impulsadas en los últimos años, que han demostrado su éxito, vean reconocido su modelo de funcionamiento, que es diferencial, y segundo, que la ley explicitase lo que es ya una celebrada iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación, un programa de reconocimiento de centros de excelencia que, al igual que las grants del European Research Council, no filtre territorios ni cuotas y establezca un número acotado de la primera división de centros de investigación sin distinción de su titularidad ni modelo de organización.
La ley, como decía al principio de mi intervención, tiene que contribuir al cambio de modelo productivo que necesitamos, al que nos vemos obligados, un modelo productivo más competitivo basado en la innovación, es decir en el valor diferencial. Si bien en estos últimos años hemos demostrado la capacidad de avanzar en la investigación de frontera, que genera valor añadido al sistema productivo, debemos ser conscientes también de que tenemos aún un déficit de transferencia y de competitividad, es decir de innovación. La ley ha de marcar un cambio de tendencia en estos dos aspectos y para ello hemos de activar todos los mecanismos y generar un entorno favorable a la transferencia y a la innovación en el que, desde una estrategia competitiva, participen todos los agentes del sistema. Todos ellos han de tener una función en el cambio y en el impulso de una investigación de frontera, aquella que incorpore de una manera efectiva la transferencia y se traduzca de una manera tangible y real en competitividad.
Nuestro crecimiento social y económico y nuestra competitividad dependen de una apuesta contundente por la I+D+i y no podemos de ninguna manera perder la oportunidad y la necesidad de que este proyecto de ley sea un instrumento preferente de cambio y de impulso que nuestra sociedad y economía necesitan. Estamos ante una reforma clave, exigida e inaplazable que requiere consenso y estamos convencidos de la voluntad ya manifestada por el ministerio de trabajar conjuntamente. Creemos que ha sido, es y será un gran activo esta actitud...
...y esta predisposición para todos los grupos parlamentarios y sobre todo para el conjunto del sistema de investigación, desarrollo e innovación.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para exponer la posición de mi grupo en torno a la enmienda a la totalidad presentada por la diputada Rosa Díez, del Grupo Parlamentario Mixto, con relación al proyecto de ley de ciencia, tecnología e innovación remitido por el Gobierno a esta Cámara. En primer lugar, quiero destacar que desde el Grupo Parlamentario Popular hace tiempo que venimos reclamando una reforma de la Ley 13/1986, la conocida como Ley de la Ciencia. La aprobación de esta norma, que gozó de un amplio consenso a mediados de los años ochenta, supuso un revulsivo y en alguna medida un detonante para el inicio de la construcción de un sistema científico moderno en España. Bien es cierto que la regulación de 1986 tuvo un respaldo presupuestario muy exiguo durante los primeros años. Realmente el esfuerzo inversor se agotó prácticamente tras el primer Plan nacional de ciencia e innovación. Por dar algunas cifras que pongan en su contexto este esfuerzo, en 1990 la función 54 de los Presupuestos Generales del Estado tenía una dotación de 1.250 millones de euros; en 1996, seis años después, tenía 1.150 millones de euros, es decir, había descendido más o menos un 10 por ciento en pesetas corrientes, mucho más en pesetas constantes, dadas las altas tasas de inflación de esos años. Tuvo que cambiar el Gobierno
y venir el Partido Popular para llevar, desde 1996 al año 2004, hasta los 4.400 millones de euros los presupuestos destinados a I+D dentro de la actividad pública del Estado, es decir, se incrementaron los recursos un 380 por ciento a lo largo de esos ocho años y por lo tanto se situó el esfuerzo inversor en los niveles a que ahora estamos más acostumbrados.
Si queremos ver cómo se transformó en prioridad política ese esfuerzo presupuestario, basta ver también el peso que ha tenido la función 54 a lo largo de los años en los presupuestos. En el año 1996, cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, pesaban un 0,72 por ciento el total de los recursos del presupuesto. Cuando salió el Partido Popular del Gobierno en el año 2004 eran un 1,91, es decir, había aumentado un 265 por ciento la importancia de los recursos públicos dedicados a I+D en España. Esto explica por qué, en el conjunto de gasto de I+D sobre el PIB en España, desde el 0,81 de gasto en I+D en el PIB en el año 1996 se pasó al 1,06 en el año 2004, es decir, por qué se incrementó un 30 por ciento el esfuerzo o la capacidad inversora en I+D en España a lo largo de esos años. Es cierto que no solo se hizo un esfuerzo presupuestario, sino que también a lo largo de esos años hubo importantes reformas legales y tienen que ver con lo que hoy hablamos, puesto que, entre otras cosas, la Ley de la Ciencia del año 1986 sufrió una gran transformación entre 1996 y el año 2004.
En concreto, más de la mitad de sus artículos fueron reformados durante esos años y fue entonces cuando se introdujeron algunos de los elementos más valorados actualmente en la ley: se flexibilizaron las fórmulas de contratación, se modificó el sistema de retribuciones, se incrementó la capacidad de movilidad de los científicos, se estableció la posibilidad de participación de los investigadores en los resultados de la investigación y otros muchos aspectos. En esos años se creó también por primera vez la Oficina de Ciencia y Tecnología en la Presidencia del Gobierno y por primera vez hubo un ministerio responsable de ciencia, el ministerio de Ciencia y Tecnología a partir del año 2000. Se crearon durante esos años programas tan celebrados como el Ramón y Cajal y el Torres Quevedo, que tanto impacto han tenido sobre la carrera investigadora en España, y desde luego en esos años se configuró el marco fiscal más favorable para la inversión en I+D que había en Europa y que lamentablemente, desde el año 2004 no ha venido más que deteriorándose.
Eso explica por qué -y lo decía la ministra- España ocupa hoy el noveno puesto en producción científica mundial; noveno puesto que ocupa desde el año 2003 y en el cual se mantiene inalterado desde entonces, dato que no siempre se recuerda.
A pesar de todo esto, a pesar de cuál ha sido la evolución de la ley y de cuáles han sido los esfuerzos de unos y otros, lo cierto es que compartimos plenamente con el Gobierno la necesidad de la reforma. Hay muchos factores que se han reiterado -y no me voy a extender-. El marco europeo ha evolucionado notablemente desde el año de nuestra incorporación, 1986, hasta hoy también en ciencia e innovación; se ha producido un amplio despliegue del Estado autonómico; se han incrementado -como estaba narrando- notabilísimamente en la última década los recursos presupuestarios disponibles y sobre todo se ha creado una inmensa comunidad científica desde todos los puntos de vista en número de investigadores, en recursos, en centros, en fin, cualquiera que sea el parámetro que tomemos. Por lo tanto nuestro sistema científico hoy tiene muy poco que ver con el año 1986 y es necesario abordar la reforma. En ese sentido coincidimos, insisto, en que la necesidad de la reforma es absolutamente cierta y es urgente.
¿Para qué hace falta la reforma? Básicamente la reforma nos hace falta para potenciar la coordinación del sistema, una de las carencias puestas de manifiesto reiteradamente por todos los que lo analizan; para potenciar la excelencia dentro del sistema científico, y en ese sentido tengo que mencionar que se están dando pasos precisamente en la dirección contraria, es decir, la proliferación de subvenciones nominativas en los presupuestos es exactamente el camino inverso al de la búsqueda de la excelencia. Hay que potenciar la carrera investigadora, mejorar los mecanismos de captación y de retención del talento. Hay que crear un modelo estable de financiación para la ciencia que no la tenga sometida a los vaivenes que estamos viendo en estos años. Hay que reforzar la autonomía investigadora, exigir responsabilidad a nuestros investigadores y a nuestros centros y tener sistemas fiables y rápidos de evaluación de rendimientos, porque es la única manera de ir mejorando, y desde luego hay que dar sentido social a la enorme inversión de recursos públicos que se está haciendo en el sistema de I+D. Es decir, hay que transformar todo el conocimiento que se está produciendo en bienestar económico para los ciudadanos y para eso hay que potenciar enormemente la colaboración pública y privada. En ese sentido también hay muchas cosas que hacer, hay datos que reflejan de manera muy clara que las cosas no van bien. La tasa de cobertura de las exportaciones de alta tecnología desciende año tras año de manera dramática desde el año 2004; cada vez compramos más tecnología de alta capacidad en el extranjero y somos capaces de exportar menos, medido en términos relativos. Tenemos que dar pasos mucho más allá de la idea de transferencia del conocimiento, que hoy se ha repetido muchas veces. Necesitamos auténticas oficinas de demanda del conocimiento, necesitamos que el sector empresarial sea capaz de trasladar al sector científico cuáles son sus necesidades para que se trabajen sus prioridades, y algunas instituciones importantes, como son los centros y los parques tecnológicos, no reciben en este momento en el proyecto de ley la importancia que merecen. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hay muchas razones por las que hay que avanzar mucho en el marco legislativo.
El proyecto de ley tiene muchas carencias que no puedo dejar de mencionar y sobre las que trabajaremos a través del trámite de enmiendas. La ley no avanza en el contrato de incorporación para los investigadores en el sistema científico, más bien retrocede en relación con la figura actual de los contratos Ramón y Cajal. No avanza en la financiación, no se crea la agencia de financiación de la investigación; la previsión legal para crearla está establecida por ley desde el año 2006 y en todos estos años el Gobierno simplemente no ha tomado las disposiciones reglamentarias necesarias para hacerlo. El proyecto de ley, tal y como está en este momento, tan solo añade obstáculos a la creación de esta agencia y no refuerza sus capacidades. También en muchos sentidos -y en eso coincido con doña Rosa Díez- el proyecto retrocede en la necesaria coordinación del sistema, sobre todo en lo que supone una desvertebración del sistema de innovación, que se incorporó precisamente en los gobiernos del Partido Popular incorporando al Plan nacional de I+D la segunda i, el Plan nacional de I+D+i; esa idea ahora se desvanece en el proyecto que estamos viendo. Y este proyecto de ley -lo decía de otra manera la ministra, pero lo decía en su intervención- ha sufrido por el proyecto de ley de economía sostenible, que ha desgajado del texto elementos consustanciales a lo que debería ser una ley moderna de ciencia, tecnología e innovación en España y que hacen que pierda ese carácter integral que desde nuestro punto de vista debería tener.
En relación con la enmienda de totalidad, no compartimos la oportunidad de devolver este texto, ya que, aunque indudablemente es mejorable, su tramitación es urgente. La señora Díez sabe que comparto algunas de sus preocupaciones, sobre todo lo que se refiere al funcionamiento del Estado autonómico, no tanto así alguna de las soluciones que propone, y tiene bastante razón en algunos de los aspectos -lo han dicho muchos otros portavoces- que en el texto de la enmienda se plantean. Coincido en un punto, es un texto en este momento excesivamente conservador. Si algo se necesita en este momento es un revulsivo, es un cambio profundo, es dotar al sistema científico de instrumentos realmente eficaces. Y creo sinceramente que en la voluntad del Gobierno y en la de todos los grupos parlamentarios está trabajar conjuntamente para conseguirlo. Por eso, quiero expresar desde esta tribuna la máxima disposición del Grupo Parlamentario Popular para trabajar en este texto y conseguir una norma mucho más completa, mucho más ambiciosa, un texto que debe ser consensuado, porque sería un elemento positivo en sí mismo que fuese una ley de amplio acuerdo; nosotros vamos a trabajar en él como lo venimos haciendo también en los últimos meses. Solo tendrá sentido la aprobación final por esta Cámara de esta ley si la futura ley de la ciencia, la tecnología y la innovación trae a nuestro sistema jurídico las reformas que todo el sistema reclama, y esas me atrevería a decir que son compartidas muy ampliamente por todos. Por lo tanto, hagamos a partir de este momento el trabajo necesario para hacer posible entre todos que el texto que salga finalmente de las Cámaras sea el mejor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la enmienda de totalidad que ha presentado la señora Díez por varias razones. La primera es porque para el Grupo Socialista la mejor ley que sale del Parlamento es siempre la que tiene el mayor consenso.
Como usted sabe, señora Díez, desde hace dos meses llevamos hablando no solo con todos los grupos de la Cámara sino con todos los partidos que están representados en ella, y lo que ha sido sorprendente es que, de esos once partidos, diez nos hemos puesto de acuerdo para ir por la senda del diálogo, por la senda del consenso, al mismo lugar, que es obtener la mejor ley de la ciencia, la tecnología y la innovación en el trámite parlamentario. Y de pronto aparece usted, sola, en dirección contraria y con una ruta imposible de acordar y de marcar con usted. Le voy a dar las razones para decirle por qué esa ruta que usted marca en su enmienda de totalidad es imposible de seguir, ni siquiera es posible dialogar.
Primera razón. Lo que usted pide es una cosa sorprendente y es que las competencias y las transferencias, no ya solo de educación y de sanidad sino ahora nada menos que de investigación y de innovación, vuelvan al Gobierno central, al Estado, dice usted. Las comunidades autónomas también son Estado. Me sorprende que pueda decir usted eso cuando los artículos 148 y 149 de la Constitución dan competencias en I+D a las autonomías. El 149.1.17.ª Realmente nos ha sorprendido. Eso significa que -se lo digo con cortesía-, en el fondo, en vez de presentar una enmienda de totalidad a la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, usted ha presentado una enmienda a los artículos 148 y 149 de la Constitución, y esta Cámara no podría aprobar, con lo que usted está diciendo, esta ley si aceptásemos lo que usted dice, porque sería una ley recurrible por inconstitucional. Segunda razón que nos ha sorprendido -usted ha dado varias a lo largo de las 17 páginas de su enmienda-, segunda razón que nos ha llamado la atención, pretende que retiremos la perspectiva de género de esta ley. Señora Díez, eso también es ir en contra de la legalidad vigente, porque en marzo de 2007 en esta Cámara se aprobó la Ley de Igualdad y es un mandato legal que tenemos que cumplir. Por tanto, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación hace eso porque debe hacerlo. Usted se basa en el artículo 14 de la Constitución, un artículo absolutamente hermoso y que no me resisto a leer ante la Cámara: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. Y dice usted: Gracias a este artículo hay que retirar la perspectiva de género. Pero olvida que esta ley está hecha precisamente por un gobierno socialista y nosotros, además de respetar, como toda la Cámara, el artículo 14, aplicamos el artículo 9.2 y lo ponemos en práctica continuamente. Se lo recuerdo, señora Díez: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Por ello, habrá de remover todos los obstáculos que sean necesarios para que no se lo impidan. Señora Díez, quiero decirle con eso que ese artículo 9.2 dio lugar a que nosotros en esta Cámara aprobásemos la Ley de Igualdad, que obliga a que en la ley de ciencia, tecnología e innovación aparezca precisamente la perspectiva de género.
¿No estamos en nada de acuerdo con usted? Sí, lo estamos en dos cosas.
Una, cuando en su enmienda dice que gracias a la Ley de la Ciencia del año 1986 ha cambiado de forma excelente -creo recordar que dice literalmente excelente- la ciencia y todo el ámbito de la I+D en nuestro país. Nosotros, el Grupo Socialista se lo agradece, porque la Ley de 1986, la Ley de la Ciencia actualmente vigente, es de un gobierno socialista, del Gobierno de Felipe González. Dice usted también, en la introducción y en algún otro punto, que está viendo que no solamente era necesaria la norma sino que, además, ha habido inversiones históricas que han puesto a nuestro país en una banda totalmente distinta, que hemos progresado enormemente en la I+D+i. Se lo agradezco, porque de alguna manera esas inversiones históricas provienen de otro gobierno socialista, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le digo esto porque las inversiones en I+D+i han crecido nada menos que un 159 por ciento. Si no niego que a lo mejor en el Partido Popular se hiciese aquello, sí digo que aquí hemos pasado de rozar el uno por ciento del PIB en I+D+i al 1,36. Dicho eso, la ley que nosotros presentamos no es un capricho, no es algo que se nos ha ocurrido ahora, porque de forma oficial, por la Orden gubernamental 1933/2008, el Gobierno nombró un grupo de expertos para que analizase el borrador del proyecto de la ley. Y voy a leer, porque de acuerdo con lo que ellos plantean la ley ha ido siguiendo sus vericuetos, lo que dice este grupo de expertos: La vigente Ley de 1986 ha permitido un gran avance del sistema español de investigación en tamaño, infraestructuras, calidad y resultados, pero en estos años han surgido cambios muy sustantivos. Las comunidades autónomas -que usted rechaza- han desarrollado sus competencias en materia de I+D, el entorno económico nacional se ha modificado radicalmente en torno al tema de la innovación, se ha incrementado y diversificado la acción de la Unión Europea en este ámbito, se plantean nuevos desafíos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación y al cambio en el modelo productivo de nuestro país. Por lo tanto -termina este documento, terminan los expertos-, la vigente Ley de 1986 presenta dos importantes carencias: una, con relación al cambio de modelo productivo en la actual situación económica y, otra, con relación a las metas fijadas por la Unión Europea en el proceso de Lisboa.
Señora Díez, quiero que sepa que la Cosce no solamente habla con usted, habla con todos los grupos de la Cámara, desde luego, con nosotros mucho, y, de cara al trámite parlamentario, estamos pendientes de ver qué enmiendas de las que ellos planteen se pueden introducir. Por lo tanto, no se arrogue que solo usted tiene ese diálogo con los científicos de este país, porque lo tenemos, no solo el Grupo Socialista, todos los grupos de la Cámara. Con la Cosce, con la CRUE, con los jóvenes investigadores -anteayer me reuní con ellos durante dos horas y media-.
Termino. La señora ministra ha explicado perfectamente en qué consiste la ley, es una ley progresista que quiere arreglar las carencias y problemas que este grupo de expertos ha planteado al Gobierno para la redacción de la nueva ley. Insisto, el Grupo Socialista es un grupo siempre dispuesto al consenso y al diálogo. En este caso solo usted ha presentado esta enmienda de totalidad, el resto estamos de acuerdo en seguir la senda del consenso. Eso sí, señorías, quiero recordar una cosa, un buen acuerdo no es aquel en el que todos los partidos que lo hacen ganan. Un buen acuerdo -como me dijo un día el diputado señor Guerra, hablando de la transición y de los pactos que hubo- lo es cuando todos los partidos cedemos un poco para que ganen los que de verdad tienen que ganar, los protagonistas de esta Cámara, de esta casa, que son los ciudadanos. Y, si me lo permite, un poco en plan de broma, señora Díez, le diré que también las ciudadanas investigadoras y las ciudadanas científicas pueden ganar muchísimo con esta ley.
Gracias, señorías. Gracias, señora ministra. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serna.
- PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES O PRODUCIDOS POR MATERIALES RADIACTIVOS. (Número de expediente 121/000092.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad a la Ley de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. ¿Desea presentarla algún miembro del Gobierno? (Pausa.) En tal caso, turno de enmienda de totalidad, tiene la palabra doña María Nuria Buenaventura.
(El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón, pide la palabra.) Señor ministro, ¿desea intervenir? (Asentimiento.) ¿No le importa, señora Buenaventura? Es la primera intervención de la señora diputada y ya ve la generosidad de la misma para dejar el turno al señor ministro, que cuando se lo ofrecí no estaba. (Aplausos.) Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente. Mi disculpa a su señoría por este despiste involuntario.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor ministro, estaba puesto un tiempo pero su señoría no tiene limitación de tiempo en esta ocasión.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias.
El objeto principal de este proyecto de ley, como saben sus señorías, es regular la responsabilidad civil nuclear de conformidad con los convenios internacionales de los que España forma parte. Asimismo, se establece un régimen específico de responsabilidad civil por los daños que puedan causar accidentes en los que se vean involucrados materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares. En concreto, la legislación española en esta materia deriva de los convenios de Paris y de Bruselas, establecidos en el seno de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE. Estos convenios, que datan de 1960 y 1963 respectivamente, tienen las siguientes características: en primer lugar, establecen que la responsabilidad por daño nuclear es objetiva; es decir, no es necesario que exista culpa por parte del operador para que este sea el responsable. En segundo lugar, determinan los valores mínimos de responsabilidad atribuible a los operadores. En tercer lugar, delimitan el plazo de tiempo en el que se han de reclamar las compensaciones por los daños. Y, en cuarto lugar, obligan a que la responsabilidad tenga que estar cubierta mediante una garantía financiera, ya sea a través de una póliza de seguro o mediante otra garantía solvente que se considere válida. La última modificación de estos convenios, los protocolos de enmiendas aprobados en febrero de 2004, mantiene esta misma estructura pero determina una compensación por accidentes del orden de cuatro veces superior a la prevista en la revisión anterior de estos convenios. En concreto, establece tres tramos de responsabilidad: un primer tramo de hasta al menos 700 millones de euros, a cubrir por el titular de la instalación. Un segundo tramo desde 700 hasta 1.200 millones de euros, a cubrir por el Estado, siempre que tal responsabilidad no le sea atribuida al titular de la instalación. Y un tercer tramo, desde 1.200 hasta 1.500 millones de euros, a cubrir con fondos públicos que se aportan entre todos los Estados parte de los convenios, según una fórmula de reparto en la que se tiene en cuenta el número de instalaciones nucleares y el producto nacional bruto. Además, esta modificación mantiene la opción de que los legisladores nacionales reduzcan la responsabilidad mínima obligatoria del explotador en los casos de instalaciones nucleares cuyo riesgo no requiera una cobertura mayor y de transportes de sustancias nucleares. Sin embargo, en estos casos las cantidades mínimas de responsabilidad obligatoria también se incrementan, no pudiendo ser inferiores a 70 y 80 millones de euros respectivamente.
Esta modificación introduce otros cambios significativos en el régimen de responsabilidad civil. Cabe destacar la extensión del concepto de daño nuclear, añadiendo al daño a las personas y a los bienes, que ya se contemplaba anteriormente, el daño al medio ambiente, la extensión del ámbito geográfico de aplicación del Convenio de París y la ampliación del periodo de reclamación por daños personales de diez a treinta años.
Señorías, en la actualidad la responsabilidad civil por daños nucleares en España tiene su base legal en los capítulos VII, VIII, IX y X de la Ley 25/1964, sobre energía nuclear. Esta normativa fue actualizada por última vez mediante la disposición adicional primera de la Ley 17/2007, por la que se modifica la Ley 54/1997, del sector eléctrico, con el objeto de incrementar la responsabilidad de los titulares de las instalaciones nucleares por daños a personas y a los bienes hasta 700 millones de euros. Con el establecimiento de esta cobertura, que es cubierta por los operadores mediante las correspondientes pólizas de seguros, nos adelantamos en este aspecto a la entrada en vigor de la enmienda 2004 del Convenio de París. Ahora, con el objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las nuevas obligaciones resultantes de las citadas enmiendas de los convenios de París y de Bruselas, el Gobierno ha aprobado y remitido a las Cortes este proyecto de ley que hoy se somete a su consideración, un proyecto de ley que empieza por establecer que el segundo tramo de compensación complementaria, el establecido entre 700 y 1.200 millones de euros, al igual que ocurre con el primer tramo, tiene que ser garantizado íntegramente por los explotadores de las instalaciones.
A estos efectos, los explotadores de las instalaciones están obligados a establecer una cobertura de responsabilidad civil por daños nucleares por una cuantía de 1.200 millones de euros. De esta forma, el proyecto contempla una responsabilidad limitada en línea con la mayoría de los países firmantes de estos convenios, pero obligando al titular a hacerse cargo de una cobertura de las más exigentes entre las consideradas en dichos países. El procedimiento para establecer dicha cobertura será la contratación de una póliza de seguros o cualquier otra garantía financiera con una entidad autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda o una mezcla de ambas. No obstante, durante la tramitación de este proyecto de ley se puso de manifiesto que algunas de las novedades que introducen estas enmiendas de los convenios plantean dificultades que no son exclusivas de nuestro país para su cobertura por parte del mercado del seguro privado. Por ello, con carácter residual, se contempla la posibilidad de que, como contraprestación al pago de una prima por parte del titular de la central, el
sistema eléctrico pueda cubrir aquellos riesgos no asegurables ni por las entidades de seguros ni por el Consorcio de Compensación de Seguros. Así, se viene a definir un sistema flexible al que pueden recurrir los titulares de la central cuando las condiciones del mercado de las entidades aseguradoras no ofrezcan cobertura para alguno de los daños previstos en el Convenio de París.
Es de destacar que el sector nuclear se caracteriza por el reducido número de accidentes producidos en instalaciones con daños a terceros. Por daño a tercero se entiende que se hayan visto afectados personas o bienes ajenos a la propia instalación, así como el medio ambiente. En concreto, en España hasta la fecha no se ha producido ningún accidente nuclear que haya dado lugar a compensaciones a terceros por daños nucleares. Tampoco se han registrado accidentes de transporte de materiales nucleares que hayan originado compensaciones a terceros por daños nucleares. Esta circunstancia dificulta que las empresas de seguros puedan hacer una tarificación rigurosa de sus pólizas de seguros en términos de riesgo estimado sobre la base de recurrencias, tal y como suele hacerse con otro tipo de accidentes considerados catastróficos. Esa es la razón por la que se propone establecer el sistema flexible al que ya he hecho referencia, un sistema que en todo caso garantiza la cobertura del riesgo, de acuerdo con las enmiendas de los convenios de los que España es parte. Por otra parte, los convenios no determinan preferencia alguna en el orden de pago de las indemnizaciones, dejando esta cuestión a criterio de los Estados que los suscriben. Esta ausencia de prelación puede dar lugar a dificultades que intenta superar este proyecto de ley, estableciendo, en primer lugar, una prelación de las reclamaciones dando prioridad a aquellas que se formulen en los tres primeros años desde la fecha en que se produjo el accidente. Estas deben atenderse sin demora. Tendrán preferencia las reclamaciones por los daños a personas, seguidas de las que sean consecuencia de la degradación del medio ambiente y de los daños a los bienes que se formulen dentro de los tres primeros años. A partir del tercer año quedará extinguida la prelación, debiéndose atender las reclamaciones por su orden de presentación hasta el agotamiento de la cuantía máxima establecida en el proyecto de ley para la compensación de los daños.
Es importante significar que, en caso de que los fondos necesarios para hacer frente a las reclamaciones por daños personales superasen la cuantía máxima establecida, el Estado se obliga a arbitrar los medios legales para compensar a las víctimas que se produzcan en España, tal y como se establece en la legislación actual. Las reclamaciones tendrán un periodo de caducidad de treinta años para los daños a las personas y de diez años para el resto de daños. Por otra parte, y por lo que hace referencia a la responsabilidad civil por daños causados por materiales radiactivos y dispositivos generadores de radiaciones ionizantes, se ha considerado oportuno establecer un régimen específico, aunque ni el Convenio de París ni ningún otro hagan referencia específica a este tema.
En concreto, se establece que los titulares son responsables de los daños ocasionados a los bienes, a las personas o al medio ambiente, siempre que tales daños se produzcan como consecuencia de la emisión de radiaciones ionizantes. Para determinar tal responsabilidad es indiferente que el accidente acontezca dentro de las instalaciones o se produzca durante el transporte, almacenamiento o manejo de dicho materiales radiactivos en cualquier lugar fuera de la instalación.
El procedimiento que se establece para la reclamación por los daños es análogo al que se contempla para el material nuclear, debiéndose realizar las reclamaciones de acuerdo con la legislación civil, aunque en este caso el plazo de reclamación se limita a diez años. La cobertura mínima que exige la norma para estos materiales radiactivos que no son sustancia nuclear se establece en función del tipo de material y de su actividad radiactiva para los daños a personas y a bienes. En cuanto a la responsabilidad por daños medioambientales, este proyecto de ley remite a la normativa vigente sobre responsabilidad medioambiental. Habilita al Ministerio de Industria para que, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, establezca la cobertura mínima obligatoria que corresponda según la gravedad o intensidad del daño que se pudiera causar. Por último y en relación con la responsabilidad cuando los materiales estén fuera de las instalaciones, se mantiene la responsabilidad por los daños que puedan causar, incluso cuando hayan sido abandonados, extraviados, robados o hurtados.
Señor presidente, señorías, con este proyecto de ley España cumple con sus obligaciones internacionales, las derivadas de los convenios de París y de Bruselas, y establece un sistema garantista y moderno en materia de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Por ello es por lo que, en atención a su sentido de la responsabilidad y su compromiso con nuestros intereses como país, les solicito que rechacen la enmienda de totalidad que se ha presentado a este proyecto de ley y les animo a que colaboren a enriquecerlo durante el trámite parlamentario.
Tiene la palabra doña María Nuria Buenaventura para defender su enmienda a la totalidad.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Muchas gracias, presidente.
Señorías -ahora sí-, con este proyecto de ley de responsabilidad civil por daños nucleares hemos podido constatar que el Gobierno se inclina una vez más por mantener subvencionada a la industria nuclear. No les negaré que supone un avance respecto a la situación actual, pero un tímido avance al fin y al cabo. En realidad,
creemos que supone una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para construir un sistema energético más equitativo y justo, donde cada instalación internalice los costes en los que incurre y no lo acabemos pagando entre todos, como pasa en la mayoría de casos. Este Gobierno sigue siendo pronuclear y este proyecto de ley es la guinda a las políticas en materia energética, al funcionamiento del mercado eléctrico, con el déficit tarifario que arrastra. No sé si recuerdan la moción que presentó Joan Herrera sobre el mercado eléctrico hace justo un mes. En ella pedimos que se eliminaran los beneficios caídos del cielo de las nucleares y las hidráulicas, para que pasasen a regirse por un mecanismo que tuviera en cuenta los costes en los que realmente incurren. ¿Y qué pasó? Que se negaron a modificar el sistema eléctrico, permitiendo que las nucleares sigan cobrando millones de beneficios en inversiones que ya están más que amortizadas.
¿Por qué presentamos una enmienda a la totalidad? Porque no puede ser que sea el Estado quien finalmente asuma el coste de las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños nucleares. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Cuando uno monta un negocio asume los beneficios y también los riesgos que estos implica, pero aquí, en cambio, los beneficios son para el titular de las instalaciones y los riesgos se socializan entre todos los demás. ¿Por qué se permite a las nucleares que no asuman los riesgos que su actividad económica genera? El proyecto de ley establece una responsabilidad civil limitada, tanto en cuantía como en tiempo, a los explotadores de las instalaciones, que además podrá verse reducida hasta una cantidad de 70 millones de euros, y fija la disponibilidad de fondos públicos para que el Estado complete la cantidad a abonar en concepto de reparaciones hasta un total de 1.500 millones de euros. Resulta incongruente que mientras la Ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada en la pasada legislatura, tiene en cuenta una responsabilidad ilimitada de las empresas por los daños medioambientales, se haga una excepción para el régimen nuclear y acabemos pagando los daños entre todos. ¿No resulta esto un agravio comparativo para el resto de empresas? Mientras que otros países que forman parte de los convenios de París y Bruselas han optado por establecer una responsabilidad civil ilimitada por los daños que puedan causar las instalaciones nucleares como, por ejemplo, Alemania, en la legislación que se propone se sigue limitando la responsabilidad de los titulares hasta la cifra de 1.200 millones de euros, que si bien se ha incrementado con respeto a la actual, está a años luz de los costes que habría que sufragar en caso de un accidente nuclear importante. Chernobil se cifra en más de 250.000 millones de dólares.
Además de que el Estado se obliga a aportar fondos públicos para cubrir las indemnizaciones, lo más grave es que no se aclara qué ocurre con las indemnizaciones por los daños que superen los 1.500 millones. ¿Qué ocurriría con la parte que falta hasta estos 250.000 millones de dólares? Si el titular no es el responsable y el Estado va a cubrir hasta un máximo de 1.500 millones, ¿quién se va a hacer cargo del resto? Pero las propuestas de ayuda a la nuclear no acaban aquí. Se exonera de responsabilidad a los titulares por los daños causados a los trabajadores. La pregunta es si quiere esto decir que en caso de accidente nuclear quedarán las familias de los trabajadores sin las debidas compensaciones de la empresa y de nuevo será el Estado el que se haga cargo de pagar las cuentas de las nucleares o la liberación de toda responsabilidad a los responsables del material nuclear después de tres años de que este haya podido ser sustraído y utilizado. En este caso, también deberá ser el Estado quien se haga cargo de indemnizar a las víctimas.
Si no fuera suficiente la cobertura del Estado en los daños producidos por la nuclear, se prevé un mecanismo según el cual es de nuevo el Estado, a través del sistema eléctrico, quien podrá proporcionar a los explotadores garantía de los riesgos por daños no asegurables por las entidades de seguros. Entiendo perfectamente que las entidades de seguros que operan en España no cubran la totalidad de la garantía requerida o que no ofrezcan aseguramiento para algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear en particular, de los medioambientales y de los personales, que se reclamen después de transcurridos diez años de la fecha del accidente. En algún momento nos podríamos preguntar por qué no quieren correr con el riesgo. Las empresas deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias, y si no pueden conseguirlas de las empresas de seguros deberían asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor -ahora sí- igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal y como hacen por ejemplo, como decía antes, las centrales nucleares alemanas. ¿Por qué motivo todos los ciudadanos tienen que corresponsabilizarse a través de la tarifa eléctrica del pago de unas indemnizaciones por unos daños de los que no han tenido culpa alguna y menos todavía si tienen la opción de obtener el suministro de electricidad de fuentes de energías limpias como las renovables?
Tampoco nos parece adecuado el establecimiento de franquicias para este tipo de riesgos, ya que su único fin es reducir el precio del seguro de las nucleares. Todo el proyecto está trufado de mecanismos que no hacen sino seguir subsidiando a la energía nuclear. Desde la reducción de la responsabilidad de algunas instalaciones y transportes, la exoneración de responsabilidad a los titulares por los daños causados a los trabajadores, hasta el límite de los tres años por sustracción. Así podríamos seguir enumerando una larga lista de riesgos que finalmente acabarán siendo sumidos por el Estado. No es justo que cuando el seguro por responsabilidad civil del explotador de una instalación nuclear no sea suficiente para cubrir las indemnizaciones causadas por un accidente nuclear se disponga de fondos públicos para que el Estado satisfaga las cantidades necesarias para reparar
el daño producido. No es justo que cuando las aseguradoras no quieren hacerse cargo de los riesgos de las nucleares deba ser el Estado quien asuma el coste. No es justo que la energía nuclear solo pueda funcionar gracias a las ayudas del Estado. Las empresas tienen que ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias.
Podría parecer que la ley, en vez de proteger a los afectados por los daños nucleares, acabe protegiendo a la industria nuclear. ¿Por qué tiene el Estado que subvencionar una energía que, además de tener unos beneficios caídos del cielo, acarrea consigo una serie de problemas no resueltos, como todas las toneladas de residuos que genera? Le recuerdo que se culpaba a las energías renovables del déficit tarifario del sistema eléctrico. ¿Por qué no se plantean que el funcionamiento distorsionado del mercado eléctrico hincha los beneficios de las compañías nucleares y permite la existencia de los beneficios caídos del cielo? ¿De dónde van a salir los fondos públicos que deberá abonar el Estado para reparar los daños nucleares que no asuman las compañías? ¿De dónde van a salir los fondos del sistema eléctrico para proporcionar a los explotadores garantía de los riegos por daños no asegurables por las entidades de seguros? Así es fácil decir que la energía nuclear es barata y que no contamina. Pero ¿para quién es barata en realidad?
Por todos estos motivos no podemos aceptar este proyecto de ley, porque aunque suponga un tímido avance con respecto a la situación actual, también es una oportunidad perdida para establecer un modus operandi de la industria más responsable y que internalice esos costes que hasta ahora pagamos entre todos. Esperábamos el establecimiento de una responsabilidad civil ilimitada y así se lo pedimos. Los únicos responsables de los daños que pueda ocasionar la actividad económica que desarrollan son los propios titulares de la instalación. Por estas razones proponemos el rechazo del texto del proyecto de ley y su devolución al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
Para la fijación de posiciones tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Vasco don Pedro Azpiazu.
Señor ministro, señorías, intervendré brevemente para fijar nuestra posición con relación a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Nuestro grupo entiende que la adaptación mediante este proyecto de ley a los convenios de París y Bruselas es no solo necesaria sino obligatoria.
No solo es importante la adaptación de la legislación de los Estados a las modificaciones introducidas en los convenios de París y Bruselas del año 2004, sino que también lo es que se refuerce la coordinación comunitaria sobre este tema, ya que se trata de un problema que afecta más o menos de la misma forma a todos los Estados contratantes. Estos problemas derivan en la práctica fundamentalmente del hecho de que el sector asegurador y reasegurador no quiere hacer frente a algunos de los riesgos previstos en los convenios ya sea por considerarlos poco definidos, sea por excesivamente elevados, dado que hay que compensar los daños inducidos a terceros países, y no vale con que unos países se adapten y otros no.
En el Estado español ya ha entrado en vigor la legislación sobre responsabilidad medioambiental por la que se traspone al derecho interno la legislación comunitaria en esta materia. Dicha legislación excluye expresamente los riesgos nucleares con la justificación de que los daños nucleares al medio ambiente quedarían cubiertos en el Convenio de París-Bruselas. Los protocolos de enmienda de las convenciones de París y Bruselas deben poder ratificarse en un plazo razonable; en caso contrario habría que exigir a la Unión Europea que obligue a incluir los daños nucleares al medio ambiente en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria sobre daño medioambiental.
En el caso del Estado español, al objeto de evitar un trato favorable de la energía nuclear con respecto a otras industrias potencialmente contaminantes sometidas a la legislación sobre la responsabilidad medioambiental, aprovechando la tramitación de la Ley 27/2007, por la que se reforma la Ley 54/1997, que regula el sector eléctrico, en julio de 2007 el Parlamento aprobó un cambio de la Ley 25/1964, de Energía Nuclear, por el que se introduce un régimen transitorio, cuyo ámbito de aplicación se restringe al territorio del Estado, sobre la responsabilidad civil nuclear por daños al medio ambiente. Naturalmente este régimen deberá derogarse cuando se complete la tramitación del presente proyecto de ley de responsabilidad civil por daños nucleares.
Por último, quisiera señalar que es necesario desarrollar y establecer los mecanismos jurídicos y financieros que permitan ofrecer métodos de aseguramiento alternativos al mercado de seguros en caso de que dichas entidades, como está ocurriendo, cubran la totalidad de las garantías requeridas. Por tanto, y a tenor de estos argumentos, nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
Señorías, sean mis primeras palabras de bienvenida a la nueva diputada de Iniciativa per Catalunya Verds en esta Cámara, Nuria Buenaventura.
Asimismo me gustaría trasladar a su antecesor en el escaño de Iniciativa, el
hasta ayer diputado Joan Herrera, el afecto y la proximidad por esa trayectoria de más de seis años en esta Cámara.
Señor presidente, hoy se nos trae una enmienda a la totalidad de devolución de un proyecto de ley que no debe ser devuelto al Gobierno.
Este proyecto de ley va en la línea adecuada, en la línea de cumplimiento de los convenios de París y Bruselas, y aporta mayores garantías que la legislación actual, que debe adaptarse a dichos convenios. Por tanto, no entenderíamos que hoy el Congreso de los Diputados votara la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. Se podrían enmendar aspectos de su articulado, pero no parecería lógico que hoy esta Cámara lo devolviera al Gobierno, tal y como nos propone el grupo parlamentario que ha presentado esta enmienda a la totalidad, por lo que la vamos a rechazar.
Estamos de acuerdo en que dicha adaptación era urgente y necesaria y que avanza en la línea correcta, y asimismo nos gustaría abrir una reflexión, toda vez que ahora pasaremos a las enmiendas parciales, y es que en la medida de lo posible dichas enmiendas vayan en la línea del proyecto de ley presentado y no sean un instrumento para, vía enmiendas al articulado, modificar toda la Ley de Seguridad Nuclear en aspectos como la vida útil o sobre el diseño, aspectos que ya forman parte de otro proyecto de ley para cuyo informe el Gobierno ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que no sería bueno mezclar ambos en uno solo vía enmiendas parciales. Entendemos que sería bueno que cada uno tuviera su tramitación independiente.
Reitero también el trabajo de esta Cámara en la subcomisión sobre políticas energéticas que en breve va a realizar unas conclusiones. Está aquí el presidente de la Comisión de Industria, don Antonio Cuevas, que conoce bien el buen trabajo que se está haciendo en esa subcomisión, donde estamos llegando a unas reflexiones que esperemos que sean de consenso. En esas reflexiones no siempre coincidimos totalmente en la misma dirección el Grupo de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, de Convergència i Unió y el resto de grupos. Porque es cierto que hay costes en la producción de energía, pero también lo es que el proyecto de ley que hoy presentamos, que hoy estamos debatiendo, aumenta la necesidad de realizar pólizas de seguros en cantidades muy importantes para los explotadores, para las empresas que están explotando una instalación nuclear, y que a partir de determinadas cantidades es el propio Estado el que debe responder con los límites finales que la propia legislación que hemos firmado vía convenio aconsejan y definen. Por tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Intentaremos que salga con el máximo consenso en ponencia y Comisión cuando tenga que debatirse en las próximas semanas. Pedimos al Gobierno que en todos los temas de energía nuclear intente llegar siempre a puntos de acuerdo y de consenso para que de alguna manera seamos capaces... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Jané. Por favor, tengan la amabilidad de hablar más bajo porque incomodan mucho al orador con las conversaciones en volumen muy alto.
Decía que el Gobierno debe ser capaz en todos los temas que afectan a la energía nuclear de buscar siempre fórmulas de consenso. Creemos que este proyecto de ley de hoy, más allá de la enmienda a la totalidad presentada, tiene ese consenso generalizado de la Cámara. Entendemos que es bueno recordar hoy -y con eso ya termino, señor presidente- lo que implican los convenios ya firmados y su adaptación. Este proyecto de ley intenta mejorar el Convenio de París; fija responsabilidad objetiva, fija obligaciones del explotador de cubrir responsabilidad mediante seguro o garantía financiera, fija reglas especiales para el transporte de material nuclear, limitación de la responsabilidad en cuanto a cantidades, garantía subsidiaria del Estado. Vamos en esa dirección de los convenios firmados y, por tanto, señor presidente, señor ministro, señora Buenaventura, nuestro grupo va a votar en contra de la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en virtud de los numerosos tratados internacionales firmados y ratificados por España, el régimen especial de responsabilidad por daños nucleares se fundamenta en los cuatro principios básicos siguientes: primero, la responsabilidad objetiva, es decir, la responsabilidad sin culpa; segundo, la responsabilidad exclusiva del explotador de la instalación nuclear; tercero, la limitación de la responsabilidad en cuanto a importe de la cobertura, y finalmente la limitación de la responsabilidad en el tiempo. Como he subido a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, voy a tratar de explicar brevemente cada principio básico que, repito, fundamenta todo el derecho a la materia que hoy nos ocupa y que sin ningún género de duda rebate cada línea y cada párrafo de esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Porque, señorías, no olviden que estamos en un Estado de derecho que otorga a la Constitución española el máximo rango; pero, en segundo lugar -aunque existe debate sobre si ocupa el primero-, están los tratados internacionales que, en cualquier caso, están por delante de todo tipo de leyes, orgánicas, ordinarias, decretos-leyes y todas las normas emanadas por el Ejecutivo. Por
eso, parece necesario recordar aquí que los tratados internacionales son aquellos firmados por el Estado español, como es el caso que nos ocupa de los de París y Bruselas. Discutir esto ahora es sencillamente perder el tiempo, y poner constantemente en jaque al Estado de derecho es una irresponsabilidad. Pero, al parecer, todo vale con tal de atacar de forma injusta a la industria nuclear, por cierto, la única industria tecnológica española que todavía tiene prestigio a nivel internacional, incorpora al producto interior bruto elevados retornos económicos y mantiene un know how muy destacado gracias a las 30.000 personas de alta especialización que, a pesar del Gobierno y de los grupos proponentes, luchan por sobrevivir.
La enmienda que aquí se discute basa su presentación en argumentos tales como que la industria nuclear está subsidiada por el Gobierno y la industria nuclear es peligrosa. Pues bien, todo el mundo sabe que toda la industria energética, renovable y no renovable -por ejemplo, el carbón, la eólica, la solar-, sencillamente no existiría sin el subsidio del Estado. Y la afirmación de que es peligrosa hay que demostrarla, pero desde luego no se demuestra poniendo el ejemplo de Chernobil, que se produjo en la ex Unión Soviética y que nunca -repito, nunca- se hubiera producido en occidente ni por supuesto en España. Comparar una central nuclear española con Chernobil solo implica dos cosas: o la utilización de la demagogia del miedo o una gran ignorancia.
Además, señorías, esta enmienda no dice toda la verdad cuando afirma que otros países que forman parte de los tratados de París y Bruselas establecen una responsabilidad ilimitada por los daños que puedan causar las instalaciones nucleares. Solo dos Estados miembros de la Unión Europea imponen responsabilidad civil ilimitada, Alemania y Austria.
Austria lo tiene fácil porque no alberga ninguna instalación nuclear, y de Alemania les sugiero que lean la letra pequeña en relación con la cobertura de la responsabilidad. Como decía al comienzo de mi intervención, la responsabilidad del explotador se define expresamente como responsabilidad objetiva, para dejar en claro que la responsabilidad no está sujeta a las exoneraciones clásicas, tales como la fuerza mayor, los casos fortuitos o los actos de terceros, independientemente de que fueran o no razonablemente previsibles o evitables, y sí en caso de que la causa de los daños del incidente nuclear se debiera directamente a conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección.
En segundo lugar, de acuerdo con el articulado, el explotador será el responsable exclusivo si el accidente nuclear ocurre en su instalación nuclear o si ocurre en el curso del transporte de sustancias nucleares hacia o desde su instalación. Es decir, la responsabilidad se canaliza jurídicamente hacia el titular de la instalación nuclear, quedando exonerada cualquier otra parte que pudiera ser responsable.
El tercer principio básico que rebate esta enmienda es el relativo a la limitación del importe de la responsabilidad y la limitación de la cobertura de la responsabilidad. Es verdad que la limitación del importe de su responsabilidad está claramente concebida en beneficio del explotador, pero es importante señalar, no obstante, que, a diferencia del Convenio de París, la Convención de Viena no establece un importe máximo de responsabilidad, por lo que el Estado de la instalación es libre de imponer un importe de responsabilidad más alto e incluso la responsabilidad ilimitada. Pero resulta que España no es parte de ese Tratado de Viena y sí lo es del de París. Por tanto, señorías, no traten de boicotear una ley que es el fruto de un tratado internacional vigente.
En honor de la verdad hay que decir que en la práctica pocos Estados han optado por la responsabilidad ilimitada, que podría fácilmente llevar a la ruina al titular de la instalación nuclear y de transporte, sin contribuir de una manera sustancial a la indemnización de los daños causados. De hecho, incluso si la responsabilidad del explotador es ilimitada en cuanto al importe, la cobertura del seguro no puede ser ilimitada, aunque en efecto el explotador debe estar obligado a tener y mantener una garantía financiera para hacer frente a su responsabilidad ante el daño a las personas o al medio ambiente. Además es muy importante resaltar que tanto la cultura de la seguridad como la tecnología de seguridad han avanzado considerablemente estos últimos años, y lamento no poder extenderme sobre ello.
En cuarto y último lugar merece destacarse que la responsabilidad del explotador también está limitada en el tiempo. Y como no parece justo fijar un periodo de limitación demasiado breve porque las lesiones físicas causadas por una potencial contaminación radiactiva pueden no manifestarse hasta un tiempo después del incidente nuclear, parece razonable ampliar el plazo de responsabilidad de diez a treinta años.
Señorías, en los primeros años de la década de los sesenta podía decirse que en lo relativo a la responsabilidad por daños nucleares la reglamentación internacional había alcanzando los resultados más sustanciales. Además, en opinión de muchos, el régimen jurídico internacional encarnado por el Convenio de París de 1960 y la Convención de Viena de 1963 representaba una fórmula de compromiso razonable entre la necesidad de ofrecer una indemnización adecuada y efectiva a las víctimas de incidentes nucleares y la de propiciar el desarrollo de la industria nuclear civil, que se encontraba entonces en sus comienzos. Con el transcurso del tiempo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gómez Darmendrail.
Señorías, les ruego tengan la bondad de hablar en voz más baja por cortesía con el orador.
Con el transcurso del tiempo, decía, sin embargo, la protección de las personas ante incidentes nucleares ha pasado a ser vista por la opinión pública mundial como el objetivo primordial de la reglamentación jurídica internacional. Por tanto, la necesidad de un régimen de responsabilidad más eficaz empezó a hacerse sentir. Y fruto de ello, señorías -y con esto concluyo-, es la constante renovación que los tratados internacionales están haciendo y la constante actualización de los requisitos de seguridad que tanto los organismos reguladores como los titulares de las instalaciones implantan en las instalaciones nucleares. Por tanto, señorías, por estas razones y por otras muchas que se quedan en el tintero el Grupo Popular considera necesaria la tramitación de este proyecto de ley, enriquecido, como es natural, por las enmiendas de todos los grupos, y por ello no vamos a aceptar esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Darmendrail.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero dar la bienvenida y la enhorabuena a la señora Buenaventura al Congreso de los Diputados.
El Grupo Socialista va a rechazar esta enmienda a la totalidad que presenta su grupo porque, lejos de tener un carácter constructivo, desde nuestro punto de vista significa poner de manifiesto una vez más la posición profundamente demagógica que ustedes mantienen con respecto a las centrales nucleares que ya existen hoy en España. Les recuerdo que en España hay centrales nucleares por una decisión del pasado. Nos puede gustar o no la energía nuclear; nuestro posicionamiento en este tema es claro, pero hay que tomar decisiones. Su grupo no propone nada y se oponen a todo. Por ejemplo, en los años 2004 y 2006 en esta Cámara se aprobó instar al Gobierno para construir un ATC; después dicen que no, pero no dicen qué hay que hacer con los residuos radiactivos. Ahora rechazan que se pueda ampliar la responsabilidad por daños nucleares a los titulares de las centrales nucleares, a pesar de saber que van a seguir funcionando dichas centrales nucleares.
Señora Buenaventura, este proyecto de ley es consecuencia natural del cumplimiento de un compromiso internacional, la firma por España de dos convenios, el Convenio de París y el Convenio de Bruselas y sus respectivas enmiendas. Con su tramitación parlamentaria damos patente de ley a lo que es una realidad internacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a incrementar en 1.200 millones de euros la responsabilidad de los accidentes nucleares y hacer responsables de esa indemnización a los titulares de estas explotaciones y además establecer una garantía a favor de los potenciales damnificados. Afortunadamente, hasta la fecha, ya se ha dicho, las centrales nucleares en España son seguras, no ha hecho falta esto y esperemos que no la haga en el futuro. Todo esto parece que a usted le molesta porque en su intervención decía que tenía que haber una responsabilidad ilimitada. Mire, le voy a decir lo siguiente, demagogias aparte: en el mercado de seguros no es posible obtener una cobertura financiera por una responsabilidad ilimitada, porque -por si no lo ha tenido usted en cuenta- si el operador tuviera una responsabilidad ilimitada tendría que pagar con sus propios activos cualquier compensación superior a la cantidad asegurada, lo cual como usted comprenderá no está garantizado, ya que el principal activo que tiene un operador es precisamente la instalación y a partir de ese momento se convertiría en un pasivo de gran entidad. Por tanto, aunque se establezca una responsabilidad ilimitada del operador, siempre hay un límite y ese límite lógicamente es el patrimonio societario del operador. En consecuencia, en la práctica, señoría, la única garantía para compensar a las posibles víctimas es la cobertura asegurada, y por eso este proyecto de ley establece la máxima cobertura financiera que establecen los convenios anteriormente mencionados. De esta forma se obliga al titular a garantizar una responsabilidad de 1.200 millones de euros, a pesar de que en los convenios como usted sabe se establece una compensación mínima de 700 millones de euros. Además el nivel de cobertura que se exige al titular en este proyecto de ley es de los más exigentes de los Estados de la OCDE, que también son al mismo tiempo parte de los referidos convenios. Por poner solo unos ejemplos, Francia y Bélgica han establecido una responsabilidad por daños nucleares de 700 millones -es decir 500 millones menos que los que establece nuestro país a través de este proyecto de ley- y también lo ha hecho con esa misma cantidad el Reino Unido. (Rumores.)
En cuanto a la disponibilidad de fondos públicos que se establecen en el artículo 5.2 del proyecto de ley se limita a reproducir lo establecido en el Convenio de Bruselas. Pero me gustaría hacer referencia a alguno de los argumentos y cuestiones a las que usted se ha referido para oponerse a este proyecto de ley. Ha concluido diciendo que todo el proyecto esta trufado de mecanismos que no hacen sino seguir subsidiando la energía nuclear. (Rumores.) Le voy a aclarar algunos aspectos. En primer lugar -y creo que es lógico-, este proyecto de ley -porque así lo dice el Convenio de París- establece que algunas instalaciones y transportes puedan reducir la cobertura financiera que tiene que garantizar el titular de esa explotación nuclear o de una actividad nuclear cuando tenga un riesgo menor. Es lógico que por ejemplo en un almacenamiento de baja o media actividad, como pueda ser el de El Cabril, su titular no tenga que establecer una cobertura financiera como si fuese una central nuclear (Rumores.), y a eso se refiere la parte en la que para instalaciones de bajo riesgo se establece que pueda haber una responsabilidad civil del titular
de 70 u 80 millones de euros. También habla usted de la exoneración de responsabilidad de los titulares por daños causados a los trabajadores.
(Rumores.) Quiero aclararle que el propio Convenio de París establece que esta exoneración se refiere única y exclusivamente a responsabilidad a terceros -usted comprenderá que cuando hay accidentes laborales o enfermedades profesionales están cubiertos mediante el sistema de Seguridad Social- y no a la responsabilidad por los propios daños en las instalaciones u otro tipo de responsabilidades de los titulares, como son los daños laborales.
El señor ALIQUE LÓPEZ: No tiene tampoco mucho sentido que usted haga referencia a la Ley de Responsabilidad Ambiental, pues siendo cierto que efectivamente se establece una responsabilidad ilimitada en esa ley no resultan comparables las cantidades, puesto que la Ley de Responsabilidad Ambiental en su artículo 30 establece que la garantía que se fije para cada instalación para cubrir la responsabilidad en ningún caso será superior a 20 millones de euros, y aquí estamos hablando de 1.200 millones de euros en esta ley. (Rumores.) En definitiva, señoría, no se puede decir gratuita e irresponsablemente que este proyecto de ley está elaborado para dispensar un trato de favor a los titulares de las centrales nucleares, porque bien al contrario se trata de un proyecto de ley responsable...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alique. Por favor, resulta imposible escuchar al orador, quien lo desee, y quien no lo desee ya saben que van a ser llamados a votación. Por favor, les ruego tengan la bondad de guardar silencio, y comprendo que no se me oiga; es imposible.
Adelante, señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía -y voy ya concluyendo- que en definitiva no se puede, al menos gratuitamente y de una manera irresponsable, decir que este proyecto de ley es una dispensa en favor de los titulares de las centrales nucleares.
Al contrario, se trata de un proyecto de ley responsable porque se da cumplimiento a un compromiso internacional que tenemos como país en los convenios de París y de Bruselas. En segundo lugar, porque se establece una garantía a favor de los posibles damnificados. Y, en tercer lugar, porque se establece la obligatoriedad de que los titulares de las explotaciones nucleares se hagan cargo de una responsabilidad de hasta 1.200 millones de euros, que es de las máximas que han establecido los países que tienen que cumplir los convenios internacionales a los que anteriormente me refería. Por todo ello rechazamos esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley, y pedimos con ello que se continúe la tramitación parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.
Como habrán podido comprobar sus señorías, los dos diputados anteriormente preopinantes han tenido una intervención para fijar la posición de sus grupos que, especialmente la del señor Alique, se han referido a contestar de modo casi exclusivo la enmienda de totalidad. Esto es perfectamente legítimo, pero para esto existe un turno, que es el turno en contra de la enmienda. En lo sucesivo la Presidencia no ha de limitar la libertad en la tribuna, pero sí considerará la posibilidad -no es el caso hoy, señora Buenaventura, además es su primer día en la Cámara- de dar la palabra al diputado enmendante.
Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley por la que se crea la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Se votan todas en bloque.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación... (Varios señores diputados presentes en la sala se dirigen hacia sus escaños.-Rumores.-Protestas.-Una señora diputada: No se puede; están las puertas cerradas.)
Un momento, por favor. Los señores diputados y las señoras diputadas que acceden al hemiciclo, si estaban dentro de la sala, pueden hacerlo (Varios señores diputados: ¿Dónde?), y es así. Muchas gracias, pueden acceder. (Rumores.-El señor Ayala Sánchez: ¡Lo han
visto los ujieres!) Silencio, por favor. No se puede poner en duda la palabra de los diputados, y desde luego la Presidencia no la pone.
(Aplausos.-Rumores.) Silencio, señor Ayala, no tiene la palabra; tiene derecho a sentarse, pero no tiene la palabra (Risas.); ya ha defendido la Presidencia su derecho.
Vuelvo a presentar la votación de la enmienda de totalidad al proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se trata de una enmienda de devolución.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, uno; en contra, 330; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda de devolución de totalidad al proyecto de ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, ocho; en contra, 324.