Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_10_08/1430
Timestamp: 2020-02-21 13:16:13
Document Index: 154649948

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 18', 'artículo 72', 'artículo 58']

Gaceta: LXII/2PPO-26
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO; Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Propone reformar el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo con ello que el patrón deberá pagar el día anterior hábil en que inicie el trabajador a disfrutar su periodo vacacional, una prima no menor al veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.
Con la adición de un segundo párrafo, se establece que en lo que respecta a aquellos trabajadores que perciban en concepto de salario cuota diaria hasta el equivalente a cuatro salarios mínimos generales, tendrán derecho a recibir una prima no menor a cien por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones a disfrutar.
Propone abrogar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando sin efecto la actual disposición que señala que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa considera que la redacción actual resulta atípica, ya que desde la perspectiva del Derecho Internacional, se puede calificar a la decisión como una reserva encubierta la cual es inadmisible dentro del Derecho Internacional y mucho menos admitida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La propia autora señala que la disposición que se planea abrogar, no trata sobre un reconocimiento liso y llano de la jurisdicción de la Corte; sino somete la aplicación del Estatuto a la aprobación del Senado en el caso concreto.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto crear el Expediente Clínico Electrónico, mismo que se construirá con el almacenamiento de la información cronológicamente detallada sobre los datos de la salud de un paciente en formato digital, de manera segura y de libre acceso para los propietarios y profesionales de la salud. Establece que el expediente clínico, será método de prevención de enfermedades para toda la población capaz de generar un solo sistema para cualquier establecimiento médico sin la necesidad de un nuevo trámite o coordinación de validación de los documentos.
Propone que la Secretaría de Salud sea la responsable de la coordinación, administración y funcionamiento del Sistema de Operación Expediente Clínico Electrónico y se asistirá de profesionales de informática y con el apoyo de instituciones universitarias públicas para desarrollar, administrar y actualizar el sistema electrónico que almacenará la información, garantizando la protección de los derechos de privacidad de los usuarios.
De igual manera, se establece por parte de la Secretaría de Salud la generación una sola credencial que sea aceptada en cualquier establecimiento médico sin la necesidad de nuevos trámites o Convenios de validación, la cual accederá al expediente clínico por el IMSS, SSP o ISSSTE sin distinción y hacer uso sin cambios o particularidades en gustos, asimismo propone que deberá llevar un registro de las credenciales electrónicas que emita y de los que han sido revocados, así como a hacer uso de los datos personales con fines estadísticos en un índice nacional de pacientes, respetando el principio de privacidad.
Esta nueva Ley le otorgará la titularidad del expediente clínico al paciente y no al establecimiento de salud, para que el paciente mantenga control sobre la toma de decisiones y protección a sus datos personales en uso de terceros autorizados.
Entre otras cosas se prohíbe implementar, compartir y administrar un expediente clínico que no cuente con la certificación de la Secretaría de Salud Pública o no se observe la metodología necesaria.
No se podrá violar de cualquier forma la confidencialidad y uso del expediente clínico y a quien, adultere, falsifique o distribuya de manera ilegal la información contenida en el expediente clínico, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y multa equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
Se sancionará con multa equivalente de diez mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate a quien remplace, dañe o falsifique la información del expediente clínico. De igual manera, se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de dos a cinco años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien venda o de cualquier forma distribuya sus datos de ingreso al sistema.
Propone reformar los incisos XI, XII y XIII del artículo 3º; se adiciona un Capítulo V a la Ley General de Población.
La iniciativa propone el establecimiento de la definición y límites conceptuales del desplazamientos interno, que permita el diseño de políticas con perspectiva transversal e integral para reconstruir los tejidos sociales y prevenir la situación adversa que viven cientos de miles de mexicanas y mexicanos que son afectados en su esfera jurídica.
De manera complementaria, se propone establecer la creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas Internas que permita conocer el número de población nacional en esa situación, el lugar en donde se encuentran, así como el tipo de necesidades más urgentes, entre otros indicadores, que serían diseñados por las instituciones correspondientes.
Las reformas establecen que la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para asegurar los derechos de las personas desplazadas internas, con base en programas especiales de asentamiento de dichas poblaciones; promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados y desplazados; y coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra desplazamiento interno de manera forzada.
El Capítulo, que se propone adicionar, se denomina del Desplazamiento interno forzado, y en él se consideran como desplazadas y desplazados internos de manera forzada a las personas o grupos de personas que han sido impuestas a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales y que no han cruzado la frontera mexicana.
En la Ley se dispone de manera enunciativa y no limitativa, como causas del desplazamiento interno forzado, los conflictos agrarios; la presencia de grupos paramilitares y delincuenciales; la violencia generada por conflictos religiosos y armados; las disputas por el control de recursos naturales y proyectos de desarrollo; los conflictos económicos y políticos; y, los Desastres ambientales.
Por lo que se refiere al desplazamiento interno forzado, se faculta a la Secretaría de Gobernación para investigar las causas que den o puedan dar origen al desplazamiento y dictar medidas para regularla y prevenirla; dictar medidas intersecretariales tendientes a la protección contra los desplazamientos y durante el desplazamiento, asistencia humanitaria, regreso, reasentamiento y reintegración; promover en coordinación con las dependencias competentes, con los gobiernos estatales y municipales, organismos nacionales e internacionales, la celebración de acuerdos en la materia; diseñar programas para atención y prevención de desplazamientos internos forzados de personas o grupos de personas; y, velar por los derechos humanos de las y los desplazados internos de manera forzada de acuerdo al marco jurídico aplicable.
Finalmente se le atribuye a la Secretaría de Gobernación la obligación de establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos para la elaboración de un Registro Nacional Único de Desplazadas y Desplazados Internos Forzados y de un diagnostico nacional anual, debiendo para ello coordinar los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal, y en su caso de los órdenes estatal y municipal y organismo participantes.
Propone eliminar las causales para fincar en los socios o accionistas responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de las personas morales y se incrementa esta al porcentaje de su participación social o accionaria por lo cual se establece una responsabilidad directa, haciendo caso omiso de la diferencia elemental entre la personalidad jurídica de una persona física, y de una persona moral como entes completamente independientes. También se elimina el párrafo en el que se establecen los requisitos para ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión respecto de un mismo periodo y contribución limitándolo a los casos donde hubiera nuevos hechos que la justificaran, para ahora dejar en libertad a la autoridad de revisar en forma reiterada a los contribuyentes lo que rompe con el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Se pretende reducir el secreto fiscal y confidencialidad de la información que el SAT debe guardar para facultarle de hacer público los nombres de los contribuyentes incumplidos, o que han sido sentenciados por delitos de carácter fiscal.
Finalmente, propone que se establezca como culpables del delito de omisión por no evitar la comisión de un delito fiscal de las personas morales al administrador único, al presidente del consejo o cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad su administración, asimismo, se establece la culpabilidad de los profesionistas (contadores, abogados, agente aduanales, etc.) en el ejercicio de su profesión.
Propone adicionar una fracción para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de fomento a la creación, organización y participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA Y SIN DISCUSIÓN FUE APROBADO.
El dictamen establece que para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, solicitando además la opinión del Consejo; y señala que el Atlas Turístico deberá ser actualizado cada dos años. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.
Finalmente, se incluye la obligación de la Secretaría de Turismo, además de promover, el de conservar con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente.
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 12 de noviembre de 2013, por el que se desechó el proyecto que reformaba la Ley General Turismo. (Dictamen en sentido negativo)
Propone adicionar un párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, que acrediten las cualidades o propiedades del producto o servicio.
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Fecha de Publicación: Jueves 25 de septiembre de 2008.
BLANCA ALCALÁ RUÍZ, PAN.
La iniciativa propone el izamiento de la Bandera Nacional a toda asta el día 5 de junio de cada año, fecha en que se conmemora el Aniversario del nacimiento en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana.
La Minuta propone reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de fortalecer la participación social en el establecimiento de áreas naturales protegidas.
Las comisiones dictaminadoras, previo análisis del proyecto de decreto, concluyen que no es necesaria la reforma en virtud de que la participación de sectores estratégicos en la elaboración de estudios previos justificativos ya se encuentra regulada, toda vez que ya se incorporan las opiniones de los gobiernos locales, las dependencias federales, las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas y personas físicas o morales interesadas, así como instituciones y centros de investigación entre otros.
Las comisiones resuelven desechar la Minuta con proyecto de decreto, e instruyen remitir el expediente a la Cámara de Diputados, para efecto de lo establecido en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Fecha de Publicación: Jueves 08 de marzo de 2012.
La Iniciativa en estudio propone adicionar un Capítulo III Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo para establecer la obligación de la Secretaría de Turismo de impulsar y promover el turismo rural sustentable, el cual comprende todas las actividades turísticas desarrolladas sustentablemente por actores locales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron que la ley en la materia no hace referencia a ningún segmento turístico en especial, ya que no se pretende limitar a ninguna actividad turística que hoy existe. Por ello, de implementarse la figura del turismo rural sustentable, se dejaría en estado de indefensión a los demás segmentos turísticos así como aquellos que se puedan desarrollar en el futuro.
En este sentido, las que dictaminan consideran que actualmente ya se están implementando políticas públicas que tienen como finalidad desarrollar el turismo rural y que a través de ellas se atiende la preocupación que el promovente plasma en su iniciativa. Por todo lo anterior, no se aprueba la iniciativa en comento.
La iniciativa en estudio propone atribuirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte la facultad de formular y conducir política y programas que permitan acceder a la población a una conexión a internet gratuita, fiable, accesible y de alta velocidad.
Las comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta es contraria a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la misma no establece que el Estado tenga la obligación de otorgar de manera gratuita el servicio de internet, por lo que la desechan.
La iniciativa en estudio propone actualizar el marco normativo que permita que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, puedan contar con indicadores que les faciliten identificar las prioridades comunes para cada región.
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras no coinciden con el objeto y fin de la iniciativa, debido a que diversos organismos han venido realizando correctamente sus funciones en relación a indicadores, además la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encarga de los objetos que propone el legislador, razón por la cual no consideran viable la creación de un Sistema de Información e Indicadores del Desarrollo Regional.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de reformas a la Ley General de Desarrollo Social.(Dictamen en sentido negativo)
La iniciativa en estudio propone establecer que el aumento sostenido de la migración sea un criterio adicional para determinar las Zonas de Atención Prioritaria.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta, pero consideran que la falta de acceso a los derechos sociales general, como consecuencia, la pobreza y la marginación caldo de cultivo para la migración y la violencia. Por lo tanto, desechan la iniciativa.
Fecha de Publicación: Jueves 18 de marzo de 2010.
INTERVINO EL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, PRD.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, PRD, QUIEN PRESENTÓ VOTO PARTICULAR.
ADRIÁN FRANCO ZEVADA,
SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE,
JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ BARROS,
SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN,
MARÍA OLGA NORIEGA SÁENZ,
MARÍA DEL ROSARIO TORRES MATA,
LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LA TOMA DE PROTESTA SE REALIZARÁ EN PRÓXIMA SESIÓN.
Oficio con el que remite propuesta de ternas de siete Comisionados para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día martes 8 de octubre de 2013, a las 10:30 horas, en el salón 2 del edificio del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión de Comisiones, a celebrarse el día 8 de octubre de 2013, a las 10:30 horas, en las salas 2 y 3 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.