Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74994
Timestamp: 2018-01-21 01:06:39
Document Index: 305789509

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 157', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 167', 'ARTÍCULO 170', 'ARTÍCULO 153', 'ARTÍCULO 156', 'ARTÍCULO 167', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 170', 'artículo 170', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 157', 'ARTÍCULO 163', 'ARTÍCULO 167', 'ARTÍCULO 170', 'ARTÍCULO 153', 'ARTÍCULO 156', 'ARTÍCULO 167', 'artículo 105', 'artículo 157', 'artículo 163', 'artículo 167', 'artículo 170', 'artículo 153', 'artículo 156', 'artículo 167', 'Artículo 153', 'Artículo 156', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 170', 'Artículo 157', 'artículo 170', 'Artículo 163', 'artículo 364', 'artículo 260', 'Artículo 170']

Gaceta: LXIII/3PPO-1/74994
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El objetivo de esta iniciativa es modificar la redacción de diversos artículos Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de aplicarse la prisión preventiva justificada de forma más efectiva por parte de las autoridades. Lo anterior, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, comunidades, organizaciones que han sido víctimas de la delincuencia y se encuentran en una situación donde puedan tener encuentros con los agresores denunciados dentro del nuevo sistema penal.
The objective of this initiative is to modify the wording of various articles National Code of Criminal Procedures, with the purpose of applying the preventive detention most effectively justified by the authorities. The above, to provide greater security to citizens, communities, organizations that have been victims of crime and are in a situation where they can have encounters with the aggressors denounced within the new criminal system.
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 170 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA, al tenor de la siguiente:
El derecho a la seguridad pública.
En un Estado Social y Democrático de Derecho se ha de guardar un equilibrio entre los derechos de todas las personas, en particular entre aquellos que entran en colisión. De ahí que la sociedad en su conjunto así como cada una de las personas que la integran tienen derecho a la paz, a la tranquilidad y a una convivencia armoniosa.
A raíz de la implementación inadecuada del Código Nacional de Procedimientos Penales que se ha traducido en la instauración de los juicios acusatorios, públicos y orales en la totalidad de la República sin el ejercicio de todas y cada una de las atribuciones del Ministerio Público, se ha registrado un incremento significativo en la incidencia criminal. La ola delictiva que se caracteriza por el alza de ilícitos como homicidios, robos con violencia y secuestros tiene su origen en la omisión en que han incurrido las instituciones de procuración de justicia así como las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el esquema de colaboración que han de desarrollar con aquellas. El aumento de conductas delictivas no deriva de la vigencia del principio de presunción de inocencia, sino de que las procuradurías de justicia así como las fiscalías generales se han abstenido de solicitar la prisión preventiva justificada. En la mayoría de las entidades federativas el crimen va en aumento. Como muestra basta hacer referencia a los delitos cometidos en Baja California, estado representado en el Senado por el autor de esta iniciativa. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, de enero a julio de 2017 se registraron 30,586 delitos de robo en todas sus modalidades contra 26,834 en el mismo período del 2016. Se incrementó alrededor del 13% [*]
En 2017 hubo 7,264 delitos de robo con violencia contra 5,124 en el 2016: Un aumento del 70%
Homicidio Doloso: En 2016 se registraron 610 contra 1,098 en 2017 en el período de enero a julio. Un incremento del 80%
Secuestros: En el período de enero a julio en el 2016 hubo 7 y en 2010 10: aumentó el 40%
La delincuencia habitual, sensible a cualquier circunstancia que le favorezca, se ha percatado de que el catálogo de delitos que traen aparejada la prisión preventiva de oficio se ha reducido significativamente pasando de cientos de ilícitos a sólo una docena. La persona que de manera reiterada es detenida por cometer infracciones a los bandos de policía y buen gobierno o delitos previstos y sancionados en los Códigos Penales o en las leyes penales en blanco seguirán desplegando su conducta criminal a menos que se levante una barrera, con carácter excepcional, para contenerlos. Para esta clase de delincuentes los beneficios de libertad se han convertido en un auténtico factor criminógeno. Los números no mienten y un delincuente habitual seguirá incurriendo en su conducta delictiva destruyendo y poniendo en riesgo los más altos bienes jurídicos de la sociedad, sabedor de que aún en el caso de resultar detenido en flagrancia, cuasi flagrancia o por caso urgente, la única consecuencia que sufrirá será recuperar casi de inmediato su libertad.
Una preceptiva que resultó insuficiente.
La denominada por la doctrina como prisión preventiva justificada ha sido acogida en la Recomendación número 80 del Comité de Ministros del Consejo de Europa en caso de delitos graves; en el marco de disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre medios no privativos de libertad (Reglas de Tokio) en el Apéndice 2, Número 8, Regla 6 apartado 9) que autoriza la prisión preventiva para proteger a la sociedad y las víctimas y en la Recomendación sobre tratamiento no privativo y privativo de la libertad del delincuente en el Octavo Congreso Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y el tratamiento al delincuente de 1990.
A pesar de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad dos supuestos extraordinarios en que se puede aplicar la prisión preventiva, las instituciones de procuración de justicia del país han caído en una parálisis en ocasión de un malentendido humanismo de la nueva ley penal.
El artículo 19 invocado establece con claridad en su segundo párrafo que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
Sin embargo esta norma en defensa de la sociedad no tiene el desarrollo necesario para hacerla valer en la ley secundaria. En efecto, el precepto relativo a las reglas generales de las medidas cautelares que es el 153 se refiere únicamente al riesgo en que se puede colocar a la víctima u ofendido y a los testigos pero omite la referencia a la sociedad. Por otra parte, si bien es cierto al valorar el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva se ha de aplicar cabalmente el principio de proporcionalidad, también lo es que la decisión judicial requiere de una ponderación donde se tomen en cuenta también el derecho a la seguridad pública de la sociedad, con miras a que los imputados no hagan un uso abusivo como si fuera una patente de corso de un beneficio concebido bajo el más alto humanismo.
La prisión preventiva justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental deviene prácticamente en letra muerta cuando en el artículo 170 se restringe notoriamente la posibilidad probatoria para hacerla realidad. Éste numeral constriñe a las partes y al juez a tomar únicamente en cuenta las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentren la víctima u ofendido, los testigos o la comunidad.
Oportunidad probatoria.
Es bien sabido que durante la dinámica delictiva los sujetos activos por lo general no incurren en actos, indicios o hechos que denoten riesgo para los sujetos aludidos en el futuro, ya que en la lógica del Iter Criminis el delincuente busca desplegar una fuerza aplastante, principalmente a través de la violencia, para vencer la resistencia pero únicamente la relativa al ilícito que pretende cometer. Por ello, la referencia al análisis de las circunstancias del hecho resulta notoriamente insuficiente para demostrar el riesgo que habrán de afrontar principalmente la sociedad, en su conjunto, que no comunidad a la que ha sido degradado el concepto constitucional por el citado artículo 170 del Código Nacional.
En este orden de ideas, para que el Juez pueda llevar a cabo una ponderación integral tomando en cuenta desde luego los derechos del imputado en particular la aplicación del principio de proporcionalidad en contraste con el interés social de preservar a la sociedad en su conjunto a salvo de muy probables nuevos ataques o vulneraciones a altos bienes jurídicos, se requiere obligadamente de llevar a cabo un análisis entorno a la conducta del imputado. A efecto de que la valoración se realice de manera objetiva, el autor de la presente iniciativa considera que se debe asegurar la objetividad, para lo cual propone la práctica de tres dictámenes:
Uno psicológico para acreditar la ausencia de control de impulsos que predispone al imputado a delinquir,
Otro, en materia de criminología, para determinar el ambiente propicio que estimula al imputado a desplegar conductas antisociales y, finalmente,
Uno de criminalística que revela el grado de sofisticación mostrado por el imputado al cometer el hecho y que demuestra una trayectoria y experiencia criminal acumuladas que hacen de alta probabilidad el riesgo para la sociedad de nuevas infracciones.
La única forma tangible, al correr del periodo de detención cuando los imputados han sido detenidos en flagrancia, cuasi-flagrancia o por caso urgente, consiste en confrontar los registros que revelen infracciones a bandos o reglamentos de policía o buen gobierno, o la integración de carpetas de investigación que no hayan sido aún llevadas a juicio. De ahí que el detonante para saber si el imputado resulta un riesgo para la víctima o el ofendido, los testigos o la sociedad se materializa en los registros policiales. Cabe mencionar que los antecedentes policiales o de carpetas de investigación no se tomarán en cuenta por sí mismos para valorar el riesgo, sino que dan pie a la práctica de los dictámenes periciales mencionados, sin perjuicio de que los especialistas en cada disciplina consideren necesario tomar en cuenta dicho material registral.
Por otra parte, es frecuente casi una práctica generalizada que los Agentes del Ministerio Público se concentran en llevar los casos al órgano judicial sin preocuparse por saber si el imputado se encuentra en los supuestos procesales que justifiquen la prisión preventiva. Por ello, y en razón de que se encuentra sumamente avanzado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito judicial tanto federal como local, se propone que de manera sistemática y permanente el juez habrá de verificar el reporte para saber si le asiste a la sociedad, aunque no haya sido pedido ni por el M.P. ni por las víctimas u ofendidos ni por los testigos, decretar la prisión preventiva justificada por encontrarse sujeto a juicio o haber sido condenado previamente el imputado. Lo anterior sin perjuicio de que simultáneamente el Juez pida la misma información al Ministerio Público al menos respecto a la noticia que tenga la Procuraduría o Fiscalía General a la que pertenezca de procedimientos penales o condenas previas al imputado.
Las bondades derivadas de la reducción al mínimo del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, se ha traducido en el temor de las víctimas u ofendidos así como de los testigos de presentar denuncias puesto que en unas pocas horas se percatan de que el delincuente se encuentra de nuevo en las calles, además de que es frecuente que de llegar a presentar la denuncia, el delincuente por el solo hecho de hacerse acompañar de otros sujetos con indudable apariencia criminal induce, aun sin pedirlo, a la víctima o el ofendido a entrar a una conciliación que resulta así forzada y distorsiona los altos fines de los juicios orales. Por ello, se faculta como un nuevo sujeto procesal que puede solicitar la prisión preventiva justificada a cualquier persona, a las asociaciones de vecinos y comités de participación ciudadana o a los organismos empresariales y sindicatos siempre interesados en elevar el nivel de seguridad de la sociedad.
Finalmente, en la presente iniciativa se hace eco de una demanda reiterada por parte de los Agentes del Ministerio Público tanto de la Federación como del fuero común y que consiste en que se incluya en la tabla de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio al menos a la evasión de presos con violencia, a la privación de la libertad y al abuso sexual así como la violación entre cónyuges o concubinos. Mención aparte se ha de hacer al robo con violencia cometido sin armas pero destruyendo chapas y cerraduras, removiendo protecciones o rompiendo ventanas, se ha de tener presente que el robo es el delito que más se comete en México, principalmente motivado por la adicción del sujeto activo. La proliferación de robos a casa habitación así como establecimientos cuando el sujeto activo piensa que se encuentran vacíos, ha dado lugar a acciones de justicia por propia mano, linchamientos que han culminado con la muerte ya sea del sujeto activo o de la víctima y a resultados no deseados de la implementación de los juicios orales, ya que en casi todos los Estados hay personas que se encuentran ellos sí tras las rejas en prisión preventiva por haber privado de la vida a intrusos que penetraron a su domicilio o establecimiento que con posterioridad se sabe iban únicamente a sustraer objetos pero que al ser sorprendidos tratan de hacerse con algún arma y en la contienda resultan privados de la vida por la víctima que pasa así a victimario injustamente.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 170 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Artículo Único.- Se adiciona la fracción IX al artículo 105; el tercer párrafo al artículo 157 que consta de las fracciones I y II; el segundo párrafo al artículo 163; las fracciones de la XII a la XVI al artículo 167; los párrafos del segundo al sexto del artículo 170 y se reforman el primer párrafo del artículo 153; el primero y el tercer párrafo del artículo 156 y la fracción III del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:
I. a VIII.
IX. Las personas habilitadas por este Código para solicitar la prisión preventiva justificada.
Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares.
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o de la comunidad, o evitar la obstaculización del procedimiento.
Artículo 156. Proporcionalidad
El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, salvo en los supuestos del segundo párrafo de este precepto constitucional en cuyo caso deberá ponderar también brindar seguridad a la comunidad.
En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Para efectos de ponderar la prisión preventiva justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, el Ministerio Público tiene el deber de aportar los medios de prueba establecidos en el artículo 170 de este Código.
Artículo 157. Imposición de medidas cautelares
Lo anterior con excepción de la prisión preventiva justificada, la cual podrá ser decretada por el juez en los términos del artículo 170 de este Código aun cuando no haya sido solicitada por los sujetos procesales legitimados para ello.
Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida
Tratándose de prisión preventiva justificada cuando se encuentre en riesgo la comunidad, cualquier persona, asociaciones de vecinos o civiles, organismos empresariales o sindicatos, o comités de participación ciudadana podrán solicitar la prisión preventiva justificada y el desahogo de las pruebas conducentes al órgano judicial.
III. Violación prevista en los artículos 265, 265 bis, 266 y 266 Bis;
XII. Robo en cualquiera de sus modalidades siempre que se cometa con violencia en las personas o en las cosas.
XIII. Evasión de presos prevista en los artículos 150, 152 y 154.
XIV. Privación de la libertad, previsto en el artículo 364.
XV. Abuso sexual previsto en el artículo 260.
XVI. Delitos relacionados con la portación y acopio de armas de fuego y cuartuchos previstos en los artículos 83,del 83 Bis al 83 Quintus y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad
Para garantizar el derecho de la víctima, los testigos y la comunidad a mantenerse a salvo de afectaciones a sus bienes jurídicos, cuando el imputado represente un riesgo, el órgano judicial procederá de la siguiente manera:
Verificará en el Sistema Judicial y solicitará al Ministerio Público le informe si el imputado ha sido procesado o sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez solicitará un reporte a la justicia municipal o de barandilla donde tenga su residencia el imputado, a la propia institución de procuración de justicia que esté ejerciendo acción penal en su contra así como a la delegación de la Procuraduría General de la República respectivamente sobre infracciones a bandos o reglamentos de policía y buen gobierno municipales o delitos por los cuales el imputado sea investigado.
Siempre que el imputado cuente con al menos dos de los registros establecidos en el párrafo anterior en el lapso de un mes, el órgano judicial ordenará la práctica de los dictámenes siguientes:
De psicología con el objeto de conocer la ausencia o bajo control de impulsos del imputado en función de su propensión a delinquir.
De criminología con el objeto de determinar si el imputado se encontraba con anterioridad al hecho en un ambiente que propicia la comisión de delitos que haga inviable la medida cautelar diversa de prohibirle acudir a dicho lugar.
De criminalística con el propósito de establecer el grado de sofisticación en el delito y modalidad derivado de los hechos, que revele una arraigada conducta delictiva.
Con base en las circunstancias del hecho, cualesquiera otro posterior que resulte idóneo, a las condiciones particulares en que se encuentren los sujetos a proteger y en los dictámenes anteriores observando siempre un criterio de ponderación objetivo, el juez resolverá sobre la prisión preventiva justificada.
La prisión preventiva justificada se podrá solicitar por quienes tienen derecho a ello en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia.
SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación en coordinación con los Poderes Judiciales de los Estados y la Ciudad de México deberá implementar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto el Sistema Judicial que contenga los juicios penales y condenas que se hayan dictado para efectos de ordenar la prisión preventiva justificada.
Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 4 de septiembre de 2017.
[*] Véase la página web : https://www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2016/inci_Estado.pdf?id=243488178
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=74994