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Timestamp: 2017-09-21 18:27:24
Document Index: 231247394

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 56', 'artículo 177', 'artículo 60', 'artículo 104', 'artículo 132', 'artículo 14']

Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Sanidad Animal. TITULO X. Régimen Sancionador.
En la aplicación del Régimen Sancionador regulado en el Título VII de la Ley 6/1994 de 19 de mayo de Sanidad Animal, se observarán en todo caso las disposiciones del presente Reglamento.
1.- Serán sujetos responsables de las correspondientes infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas.
2.- Las infracciones en materia de sanidad animal serán objeto de las sanciones administrativas que correspondan, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o de otro orden que puedan concurrir.
3.- En caso de que la comisión de la infracción haya producido algún tipo de quebranto a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, el órgano sancionador fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan.
Será competencia de los Jefes de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, la incoación de los expedientes sancionadores que se instruyan como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como infracciones administrativas en la Ley de Sanidad Animal.
a) A los Jefes de los Servicios Territoriales cuando la cuantía de la multa no exceda de 100.000 pesetas.
b) A los Delegados Territoriales cuando la cuantía de la multa esté comprendida entre 100.001 y 1.000.000 pesetas.
c) Al Director General de Agricultura y Ganadería cuando la cuantía de la multa esté comprendida entre 1.000.001 y 5.000.000 pesetas.
d) Al Consejero de Agricultura y Ganadería cuando la cuantía de la multa esté comprendida entre 5.000.001 y 10.000.000 pesetas.
e) A la Junta de Castilla y León cuando la multa exceda de 10.000.000 pesetas.
Contra las resoluciones dictadas por los órganos anteriormente mencionados se podrán interponer por los interesados los recursos legalmente previstos.
Las competencias sancionadoras establecidas en el presente Reglamento no podrán, en ningún caso, ser objeto de delegación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley 6/1994, de Sanidad Animal de Castilla y León, las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
1.1. La realización de actividades propias del ganadero o la compraventa de animales vivos, cuando la «Cartilla de Explotación Ganadera» no se encuentre debidamente actualizada.
1.2. El transporte de cadáveres, canales, vísceras, despojos u otros productos procedentes de animales muertos por enfermedad común, sin las garantías sanitarias y sin la autorización correspondiente.
1.3. La realización de actividades propias del ganadero o la compraventa de animales vivos sin estar en posesión de la correspondiente «Cartilla de Explotación Ganadera».
1.4. Las acciones u omisiones que a continuación se exponen, siempre que se realicen cuando no exista declaración oficial de enfermedad de las recogidas en el apartado I-a del Anexo, cuando no se hayan adoptado oficialmente las medidas especiales a las que estén sujetas por su riesgo epidemiológico las enfermedades recogidas en el apartado I-c del Anexo o en ausencia de Acciones Sanitarias de Carácter Especial y siempre en relación con las especies animales afectadas.
1.4.1. La falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona encargada del cuidado o custodia de los animales, con los Servicios Veterinarios en el control de las condiciones higiénicas de los alojamientos, explotación, cuidado y manejo de los mismos y, en su caso, la no ejecución de las medidas que con este objeto estén establecidas o puedan establecerse.
1.4.2. El abandono de animales vivos de explotaciones, o la falta de vigilancia y control sobre los mismos y los animales de compañía.
1.4.3. La falta de notificación de la aparición de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria en los animales por parte de sus dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada de su cuidado o custodia, así como de los funcionarios civiles o militares, bajo cuya responsabilidad se hallaren los animales, y facultativos que los hubieran atendido.
1.4.4. La negativa, resistencia o falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, en el cumplimiento de las medidas adoptadas por los Servicios Veterinarios para controlar o evitar la difusión de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria.
1.4.5. La no realización, resistencia, o falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales en la adopción de las medidas que impongan los Servicios Veterinarios para mejorar el estado sanitario de la población animal en el área correspondiente.
1.4.6. La no realización, resistencia, o falta de colaboración por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, en relación con la adopción de las medidas dispuestas para la realización de campañas de tratamientos sanitarios o de vacunación obligatoria.
1.4.7. La realización de vacunaciones sin el reglamentario control veterinario, o la falta de comunicación de las actuaciones practicadas por parte de los veterinarios actuantes a los Servicios competentes en esta materia de la Consejería.
1.4.8. La realización de vacunaciones u otro tipo de tratamientos preventivos por cualquier persona, sea o no facultativo, sin autorización previa de los Servicios Veterinarios cuando reglamentariamente así se disponga.
1.4.9. La circulación y transporte de animales por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los mismos, sin la correspondiente documentación legalmente prevista, cuando por el número de animales trasladados el 20% del valor de mercado de los mismos no supere las 100.000 pesetas.
1.4.10. La inobservancia por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, de las condiciones impuestas para garantizar la higiene en la circulación y transporte de ganado.
1.4.11. El incumplimiento por parte de los organizadores de concentraciones de animales de la normativa zoosanitaria prevista para su celebración.
1.4.12. El abandono de animales muertos o moribundos por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, sin enterrarlos o tratarlos en la forma y lugares adecuados.
1.4.13. La no realización o falta de colaboración en las tareas de desinfección, desparasitación, desratización y prácticas similares que los Servicios Veterinarios hayan establecido o estén llevando a efecto, por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales.
1.4.14. El sacrificio de animales afectados o sospechosos de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria sin la autorización correspondiente.
2.1. Las acciones u omisiones siguientes:
2.1.1. La manipulación, alteración, eliminación o falsificación en las señales y marcas de identificación individual de los animales establecidas reglamentariamente.
2.1.2. La administración a los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, de cualquier substancia con el objeto de falsear o dificultar el diagnóstico de enfermedades, o la aplicación de cualquier fármaco o producto no autorizado.
2.1.3. El incumplimiento por parte de los laboratorios y centros de diagnóstico de las obligaciones derivadas de la Ley, así como la negligencia comprobada de los Servicios Veterinarios.
2.1.4. La negativa o resistencia de los responsables de mataderos a que los Servicios Veterinarios de la Consejería realicen las comprobaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
2.1.5. La no realización, resistencia o falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, en la adopción de las medidas que impongan los Servicios Veterinarios para extinguir cualquier foco epidémico, prevenir su aparición o asegurar la eliminación por los animales de fármacos, productos o sustancias de uso no autorizado que hubieran sido aplicadas a los mismos.
2.1.6. La negativa por parte de los dueños o encargados de los animales a trasladarlos fuera de «zona de alto riesgo» cuando así se haya determinado.
2.1.7. La negativa, resistencia o falta de colaboración por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, al cumplimiento de las normas que se decreten en las posibles declaraciones oficiales de enfermedad o enfermedades.
2.1.8. Toda maquinación dirigida al aprovechamiento de la carne o productos obtenidos a partir de cadáveres de animales, con infracción del artículo 25 de la Ley 6/1994, de Sanidad Animal de Castilla y León.
2.1.9. El transporte de cadáveres, canales, vísceras, despojos u otros productos procedentes de animales muertos por enfermedad infectocontagiosa y parasitaria, sin las garantías sanitarias y sin la autorización correspondiente.
2.1.10. Las actividades de tratamiento y aprovechamiento de cadáveres, vísceras, despojos o decomisos en establecimientos o centros no autorizados.
2.1.11. La concurrencia a abrevaderos o pastizales de Municipios Saneados por animales enfermos o procedentes de explotaciones no saneadas en relación con las enfermedades objeto de Campañas de Saneamiento Ganadero.
2.1.12. El empleo de productos no autorizados o no registrados para el control de vectores mecánicos o biológicos, reservorios bióticos, hospedadores intermediarios y parásitos o formas parasitarias.
2.1.13. La no realización, resistencia o falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, en la adopción de las medidas dispuestas para la realización de «Campañas de Saneamiento Ganadero» o «Programas Especiales de Acción Sanitaria».
2.1.14. La administración de cualquier sustancia o la realización de cualquier práctica o manipulación de los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, para provocar intencionadamente falsas reacciones diagnósticas, tanto positivas como negativas, en relación con las enfermedades objeto de «Campañas de Saneamiento Ganadero» o «Programas Especiales de Acción Sanitaria».
2.1.15. La compraventa con destino a «vida» de animales enfermos o diagnosticados positivos o enfermedades objeto de «Campañas de Saneamiento Ganadero» o «Programas Especiales de Acción Sanitaria», por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales.
2.1.16. La incorporación a explotaciones saneadas o en proceso de saneamiento de animales sin la debida documentación acreditativa de su adecuado estado sanitario.
2.1.17. Los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales que, procedentes de otras Comunidades Autónomas, los introduzcan en zonas saneadas del espacio geográfico de Castilla y León sin haberlos sometido a la normativa sanitaria de esta Comunidad Autónoma.
2.1.18. La negativa, resistencia o falta de colaboración de los dueños, administradores, encargados, tratantes, y cualquier otra persona en la realización del sacrificio obligatorio de animales en el tiempo y forma establecidos.
2.1.19. Toda maquinación dirigida al aprovechamiento de las canales o vísceras decomisadas procedentes de animales sometidos a sacrificio obligatorio.
2.1.20. La expedición de documentación sanitaria para el movimiento de animales cuando se hallasen enfermos o sospechosos de estarlo, o bien estuvieran localizados en zonas sometidas a prohibición de movimiento de animales.
2.2. Las acciones u omisiones consideradas en el apartado 1.4 de este artículo, siempre que se realicen cuando exista declaración oficial de enfermedad de las recogidas en el apartado I-a del Anexo, cuando se hayan adoptado oficialmente las medidas especiales a las que estén sujetas, por su riesgo epidemiológico, las enfermedades recogidas en el apartado I-c del Anexo o en presencia de Acciones Sanitarias de Carácter Especial y siempre en relación con las especies animales afectadas.
2.3. Las acciones u omisiones contempladas en los apartados 1.3 y 1.4 de este artículo cuando, en relación con las mismas, el infractor hubiera sido sancionado por resolución firme debido a la misma falta, al menos una vez en el año anterior al inicio del expediente sancionador.
2.4. La circulación y transporte de animales por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los mismos, sin la correspondiente documentación legalmente prevista cuando por el número de animales trasladados el 20% del importe del valor de mercado de los mismos supere las 100.000 pesetas.
2.5. El abandono de animales muertos o moribundos por parte de los dueños, administradores, encargados, mayorales, tratantes, transportistas o cualquier otra persona, encargada del cuidado o custodia de los animales, sin enterrarlos o tratarlos en la forma y lugares adecuados cuando por el número de animales en relación con la especie y el lugar de abandono, supongan un riesgo en el estado sanitario de la ganadería, fauna silvestre o salud de la población humana.
Las acciones u omisiones contempladas en el apartado 2.1 de este artículo, cuando en relación con las mismas, el infractor hubiera sido sancionado por resolución firme debido a la misma falta, al menos una vez en el año anterior al inicio del expediente sancionador.
1.- Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 6/1994, de Sanidad Animal de Castilla y León, según la siguiente graduación:
- Infracciones leves: Hasta 100.000 (cien mil) pesetas.
- Infracciones graves: De 100.001 (cien mil una) pesetas a 1.000.000 (un millón) de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los animales o servicios objeto de infracción.
- Infracciones muy graves: De 1.000.001 (un millón una) pesetas a 10.000.000 (diez millones) de pesetas, pudiéndose rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los animales o servicios objeto de infracción.
2.- Para la graduación de las sanciones se atenderá especialmente al grado de culpabilidad y, en su caso, al daño producido o riesgo derivado de la infracción y su trascendencia, número de animales o censo de la explotación, según corresponda, a los que afecte la infracción.
3.- La cuantía de la sanción nunca podrá ser inferior al beneficio obtenido por el infractor.
4.- En su caso, se detraerá de la cuantía de la sanción el valor de los animales sacrificados que no hayan sido objeto de indemnización cuando ésta sea preceptiva.
5.- Cuando en la comisión de una infracción participase funcionario público, se pondrá en conocimiento de los órganos oportunos a efectos de la incoación, si hubiera lugar, del correspondiente expediente disciplinario.
6.- El órgano sancionador competente, de acuerdo con el artículo 177, podrá hacer públicas las sanciones impuestas una vez que sean firmes, en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
7.- En los supuestos de infracciones calificadas como muy graves, podrá decretarse el cierre temporal de la explotación, debiendo el titular mantener a los animales de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 104.
8.- Con independencia de las sanciones impuestas, la Junta de Castilla y León podrá acordar, en los casos de infracciones muy graves, la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de toda clase de ayudas que el infractor tuviese reconocidas o solicitadas.
1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Dichos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, si éste fuera desconocido, desde el momento en que hubiera podido iniciarse el procedimiento sancionador.
2.- En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Dichos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
1.- En el procedimiento para la imposición de sanciones derivadas de la comisión de infracciones contra lo dispuesto en el presente Reglamento se observarán los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Decreto 189/1994, de la Junta de Castilla y León, de 25 de agosto («B.O.C. y L.» nº 170, de 2 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en lo que no se oponga o contradiga a este último, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2.- En aquellos supuestos en que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar los hechos como infracción administrativa leve, podrá seguirse el procedimiento sancionador abreviado a que se refiere el apartado segundo del artículo 14 del Decreto 189/1994, citado anteriormente.
3.- En el supuesto de que la infracción administrativa pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración, iniciado el expediente, pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción competente.
Iniciado un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador se suspenderá hasta tanto haya recaído resolución firme en aquél. En ningún caso podrá imponerse sanción administrativa derivada de los hechos que hubieran motivado condena en proceso penal, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por otros hechos que no hubieran motivado la condena.
4.- De no estimarse por los tribunales la existencia de responsabilidad penal, la Administración proseguirá la tramitación del expediente sancionador.
5.- El órgano competente para ordenar la incoación del expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, adoptará las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como aquellas necesarias para evitar perjuicios al interés público o a terceros.