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Timestamp: 2019-09-23 14:33:13
Document Index: 271013028

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DERECHOS DIGITALES EN LA NUEVA LEY DE PROTECCION DE DATOS - Datagestion
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Cuando se cumplen 40 años de la promulgación de la Constitución española cobra plena vigencia su artículo 18.4: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Ni de lejos, la revolución digital de nuestros días era previsible, y ya existía una norma que contemplaba un derecho básico. Ahora se da un salto de gigante, en muchos de sus conceptos. Por ejemplo, la ley ya no habla de “ciudadanos”, sino de “usuarios”, un concepto mucho más específico.
La recién promulgada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales marca un hito.
Ampliando el mandato del Reglamento Europeo, incorpora a su objeto la de “garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución” (art. 1.b).
Derecho a la neutralidad de Internet (artículo 80). El usuario tiene derecho a que su tráfico en internet sea tratado de forma imparcial y a que no sea discriminado en función del contenido, página web, plataforma o aplicación a que acceda, o el equipamiento, dispositivo o mecanismo de comunicación que utilice para el acceso. Esta obligación se concreta en la obligación de los proveedores de servicios de Internet de proporcionar “una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos”
Derecho de acceso universal a Internet (artículo 81). Toda persona tiene derecho al acceso universal a internet, independientemente de su ubicación geográfica, nivel económico, discapacidades u otros condicionantes personales, para de ese modo asegurar el respeto de otros derechos humanos. Ese acceso será “universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población”,
Derecho a la seguridad digital (artículo 82). Toda persona tiene derecho a una red que garantice la confidencialidad e integridad de sus datos frente a las amenazas externas. Se trata más bien de una declaración de intenciones, en que muchas veces los poderes públicos son ajenos a la complejidad de ciberataques.
Derecho a la educación digital (artículo 83). Si la educación es la base para el ejercicio de cualquier derecho, la ley es consecuente con este principio. Es un derecho a la alfabetización digital, de tal forma que la persona tenga acceso a la información en la red, crear contenidos y comunicarse. Se traslada esta obligación a las Administraciones Públicas, profesorado, universidades y pruebas de acceso a cuerpos superiores. En la práctica supone una obligatoria inserción de profesores y alumnos en las enseñanzas sobre entornos digitales.
Protección de los menores en Internet (artículos 84 y 92). La ley se despega en el primero de los preceptos de los “derechos”, introduciéndose en las “obligaciones”. Obligación de los padres o tutores hacia el uso responsable de los menores. Y la encomienda al Ministerio Fiscal de adoptar las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. También el artículo 92, otorga obligaciones de protección a los “Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad”.
Derecho de rectificación en Internet (artículo 85). Bajo este epígrafe, se reconoce el “derecho a la libertad de expresión en Internet”. Se trata en la práctica de que esta libertad no se vea limitada mediante técnicas de filtrado o bloqueo automático, ataques de denegación de servicio, eliminación de resultados de búsquedas y otros mecanismos ilícitos. La contrapartida es la orden a “los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación”. Existe una remisión a la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (artículo 86). Aunque en dos preceptos distintos, guarda una íntima conexión con el anterior. Es el derecho a la actualización en los medios de comunicación digitales “cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio”. No olvidemos de la dificultad de esta práctica, cuando las opiniones vertidas en muchos medios de comunicación son anónimas, y la pluralidad de los medios dificulta la efectividad de las rectificaciones.
Derechos en el ámbito laboral. La ley concede una gran importancia a los derechos digitales en el ámbito laboral, dedicándole cinco artículos. Veámoslos separadamente:
Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (artículo. 90). Se permite estos sistemas, con la previa obligación de informar sobre los mismos y dentro del marco legal correspondiente.
Derecho al olvido (artículos 93 y 94). La Ley recoge en sendos artículos el derecho al olvido digital en buscadores (artículo 93) y «redes sociales y servicios equivalentes» (artículo 94). Es una “utilidad”, del derecho reconocido por el artículo 15 de la Ley. En el artículo 93 se establece el derecho frente a los motores de búsqueda y en el art. 94 frente a los “servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes”. Este derecho no es frente a un medio de comunicación, y que “no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho”. En el artículo siguiente se trata de la supresión en las redes sociales, para los casos en que “hubiesen sido facilitados por terceros”, “cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo” o cuando las “circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio”.
Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (artículo 95). Tiene este derecho el seguimiento del ya establecido por el artículo 17 de la Ley, y con el procedimiento del artículo 20 siguiente. Es una transmisión de contenido, con la única salvedad de su posibilidad técnica.
Derecho al testamento digital (artículo 96). Es el derecho de la persona a la gestión de su identidad y herencia digital con carácter mortis-causa. Ello a fin de que pueda establecer los mecanismos para la adopción de decisiones sobre la eliminación, rescate o conservación de su legado digital. El legado digital se integra por activos digitales, con valor emocional y económico para la persona (blogs, perfiles en redes sociales, cuentas de correo electrónico, documentos gráficos y fotográficos digitales, etc.). La Ley en su artículo 3 concede a las personas vinculadas al fallecido el ejercicio de los derechos de acceso, utilización o supresión, siempre que la persona fallecida no lo hubiese prohibido expresamente (o así lo establezca una ley) y si bien dicha prohibición “no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto”. No cabe duda, y ya lo señala la Ley, que este precepto precisa de un importante desarrollo reglamentario.
Hasta aquí los derechos reconocidos en la Ley. Sin embargo para finalizar no podemos menos de enumerar otros derechos, que la Universidad de Deusto, señala:
Derecho a la protección de la integridad personal ante la tecnología, que se traduce en el respeto a los derechos y las libertades públicas en el ciberespacio, atendiendo de forma especial al derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor.
Derecho a la identidad personal digital. La identidad de la persona en la red, debe verse libre de injerencias de terceros.
Derecho a la privacidad en entornos tecnológicos. Es el derecho a controlar el uso y destino de los datos personales, para evitar la recopilación, comunicación y tratamiento de éstos de modo ilícito o lesivo para la dignidad y los derechos de los interesados.
Derecho a la transparencia y responsabilidad en el uso de algoritmos. Ello en cuanto mediante algoritmos puedan tomarse decisiones que les afecten.
Derecho a disponer de una última instancia humana en las decisiones de sistemas expertos. Debe garantizarse la revisión por personas de cualquier decisión automatizada que incida sobre derechos y libertades.
Derecho a la igualdad de oportunidades en la economía digital. Toda persona tiene derecho a tener las mismas oportunidades en el intercambio de bienes y servicios digitales.
Derecho a las garantías de los consumidores en el comercio digital. Toda persona que use o consuma bienes y servicios en la red tiene derecho a recibir información veraz sobre los mismos y que los medios de pago y sean totalmente seguros para el usuario.
Derecho a la propiedad intelectual en la red. Toda persona tiene derecho a decidir acerca de la protección de las producciones literarias, artísticas, científicas o técnicas de las que sea autora en la red.
De las líneas anteriores puede observarse la revolución que ya se está produciendo en esta materia. También lo mucho que queda por hacer. Ello en una dinámica en que la velocidad del entorno digital siempre va por delante de las sucesivas regulaciones. Pero bienvenida sea esta Ley.
CELEBRAMOS EL AÑO DE ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS