Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24843
Timestamp: 2020-05-27 04:13:23
Document Index: 412008540

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 1', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 33', 'Artículo 38', 'Artículo 53', 'Artículo 5', 'Artículo 20', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 37', 'Artículo 10']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 39/2016
ECLI:ES:TC:2016:39
1. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de doña Mónica Rebeca Liberato Rodríguez, bajo la dirección del Letrado don Enrique Arce Mainzhausen, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de diciembre de 2013, por entender vulnerado los arts. 14, 15, 18 y 24 CE.
Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013 se desestimó la demanda y se declaró procedente el despido. Señala el Juzgado que la empresa ha acreditado plenamente con arreglo al art. 105 de la Ley reguladora de la jurisdicción social los hechos que constan en la carta motivadores del despido, en base a lo siguiente: “A) Por la declaración testifical del responsable de seguridad de INDITEX, que manifestó que en el puesto de trabajo y en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante se habían detectado irregularidades de las que pudieran derivarse una apropiación dineraria de carácter indebido. Por lo que se encargó a la empresa PROSEGUR la colocación de una cámara de videovigilancia. B) Por las declaraciones testificales de la responsable de recursos humanos y de la dirección de la empresa demandada en Castilla y León, que se valoraron como muy verosímiles por la contundencia y coincidencia respecto de los términos en que se hicieron. Y que, en síntesis, manifestaron que cuando a la actora se le leyó la carta de despido reconoció plenamente los hechos, pidiendo perdón y diciendo que su conducta respondía a una necesidad por una mala racha que duraba mucho tiempo. C) Por el escrito de finiquito firmado por la actora, tal y como se reconoció en el acto del juicio, que sin perjuicio de lo ya dicho en cuanto a la falta de enervación por el mismo de la acción de despido nulo, implícitamente está admitiendo los hechos, por la renuncia a la impugnación del despido ordinario”. Y, por lo que se refiere a la instalación de la cámara de videovigilancia afirma la Sentencia que “en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. En efecto, con arreglo a la STC 186/2000, de 10 de julio, concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible dicho control para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se tenían conocimiento”.
11. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal de 23 de febrero de 2015 presentó la recurrente escrito de alegaciones en el que vuelve a reiterar los mismos argumentos expuestos en la demanda de amparo.
Ciertamente hemos declarado en distintas ocasiones que la indebida prolongación de la vía judicial previa por causa de la interposición de un recurso no autorizado por la Ley puede ocasionar la extemporaneidad del recurso de amparo por prórroga indebida del plazo establecido en el art. 44.2 LOTC. Pero para que dicha consecuencia se produzca, este Tribunal ha venido exigiendo que la improcedencia del recurso sea evidente, esto es, comprobable prima facie sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar por medio de criterios no absolutamente indiscutibles, ya que el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa (entre otras muchas, STC 135/2007, de 4 de junio, FJ 4, y las que en ella se citan). De este modo, es doctrina consagrada que debe permitirse la utilización de cuantos recursos se consideren útiles para la defensa de los intereses de las partes, “siempre que no se vislumbre en ello una intención meramente dilatoria o defraudadora del carácter preclusivo y perentorio del plazo para demandar en amparo” (así, SSTC 352/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 122/1996, de 8 de julio, FJ 3; 267/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; 131/2004, de 19 de julio, FJ 2; 77/2005, de 4 de abril, FJ 2, y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 2).
Específicamente en relación con la formulación del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), este Tribunal ha afirmado que cuando es admitido a trámite, analizado y resuelto por el órgano judicial, aunque pudiera resultar dudosa su utilización, debe rechazarse este óbice procesal si la demanda de amparo se presenta ante este Tribunal dentro del plazo previsto en el art. 44.2 LOTC, contado a partir de la fecha en la que los órganos judiciales dieron por agotada la vía judicial al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones (SSTC 76/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 148/2003, de 14 de julio, FJ 2; 20/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 131/2004, de 19 de julio, FJ 3; 85/2005, de 18 de abril, FJ 2; 127/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 2; y 47/2006, de 13 de febrero, FJ 2).
Por lo que se refiere a la alegación por primera vez en el incidente de nulidad de actuaciones de la vulneración del art. 18.4 CE, debemos recordar que “con esta exigencia de ‘que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello’ [art. 44.1 c) LOTC], este Tribunal ha reiterado su importancia para proteger el carácter subsidiario del recurso de amparo, que resultaría desvirtuado si ante la jurisdicción constitucional pudieran traerse cuestiones sobre las que previamente no se hubiese dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder Judicial, que son los que de modo directo y en primer término garantizan los derechos fundamentales que la Constitución proclama, según resulta claramente del art. 53.2 CE. De este artículo, interpretado conjuntamente con el art. 44 LOTC, se desprende entonces que solamente cuando en sede ordinaria se descuide la protección del derecho puede recabarse la tutela del mismo de este Tribunal Constitucional. De ahí que aunque deba rechazarse una interpretación literal o excesivamente rigorista del requisito, que imponga la cita concreta y numérica del precepto constitucional presuntamente infringido o la mención del nomen iuris del derecho supuestamente vulnerado, sí deba al menos exigirse que se dé a los órganos de la jurisdicción ordinaria la posibilidad de pronunciarse y reparar, en su caso, la lesión constitucional posteriormente alegada ante este Tribunal. Lo contrario sería tanto como vaciar de contenido una norma cuya trascendente finalidad ya ha quedado explicitada (son exponentes de esta doctrina, entre muchas otras, las SSTC 53/2012, de 29 de marzo, FJ 2, y 201/2000, de 24 de julio, FJ 3)” (STC 117/2014, de 8 de julio, FJ 3).
3. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la vulneración del art. 18.4 CE, derecho a la protección de datos, debemos recordar que la imagen se considera un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que considera dato de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, y el art. 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.
Como afirma la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7, “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos”.
Son así elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales “los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele” (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7).
El consentimiento del afectado es, por tanto, el elemento definidor del sistema de protección de datos de carácter personal. La Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD) establece el principio general de que el tratamiento de los datos personales solamente será posible con el consentimiento de sus titulares, salvo que exista habilitación legal para que los datos puedan ser tratados sin dicho consentimiento. En este sentido, no podemos olvidar que conforme señala la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 16, “es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es el quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias”.
En todo caso, el incumplimiento del deber de requerir el consentimiento del afectado para el tratamiento de datos o del deber de información previa sólo supondrá una vulneración del derecho fundamental a la protección de datos tras una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada. Como señala la STC 292/2000, FJ 11, “el derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución”.
4. Aplicando la doctrina expuesta al tratamiento de datos obtenidos por la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, que es el problema planteado en el presente recurso de amparo, debemos concluir que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, que establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario.
5. Como señala la STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 6, “el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 LET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo. Los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4). Este Tribunal viene manteniendo que, desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de las facultades empresariales sólo puede derivar del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la restricción del derecho (SSTC 99/1994, de 11 de abril, FJ 7; 6/1995, de 10 de enero, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 7). Pero, además de ello, la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984, de 16 de octubre; 108/1989, de 8 de junio; 171/1989, de 19 de octubre; 123/1992, de 28 de septiembre; 134/1994, de 9 de mayo, y 173/1994, de 7 de junio), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 22). Por eso, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos como el presente, preserven “el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito —modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente— de su libertad constitucional (STC 6/1998, de 13 de enero), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo deberá producirse en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado respeto de los derechos fundamentales del trabajador y, muy especialmente, del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18.1 CE, teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad”.
En efecto, de conformidad con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [ SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8].
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 7222-2013, al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita.
En esta fase preliminar de la exposición de mi disentimiento, me siento obligado a manifestar la insólita forma con la que la presente resolución se separa de la jurisprudencia ya elaborada por este Tribunal sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal en supuestos de video-vigilancia laboral, contenida de manera señalada en la STC 29/2013, de 11 de febrero, y que se articula —y es esta omisión la que me parece en verdad censurable— sin hacer esfuerzo alguno por abrir un diálogo en divergencia, ofreciendo al menos explicaciones, aun cuando fueran de manera sumaria pero fundada, en relación con los dos siguientes aspectos: de un lado, la identidad o no tanto de las circunstancias fácticas —que, por cierto, el Ministerio Fiscal niega— como de los derechos controvertidos en una y otra resolución y, de otro, los motivos de tan relevante alteración. De seguro, la nueva opinión del Tribunal se erige desde el mismo momento de su adopción, conforme dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en fuente de interpretación y aplicación de las normas en relación con esta tipología de conflictos; pero el proceso de cambio doctrinal se ha llevado a cabo sin aportar la obligada argumentación jurídico-constitucional sobre las razones que conducen a abandonar una jurisprudencia cuyo objetivo, primero y esencial, fue el fijar los límites del contenido esencial del derecho fundamental que el art. 18.4 CE confiere a los trabajadores. En relación con este silente modo de introducir un drástico giro en la doctrina establecida por este Tribunal, no me parece impertinente recordar la obligación de motivar, en particular en caso de apartamiento de nuestros propios precedentes.
3. Descartando este obligado método de enjuiciamiento, la presente Sentencia olvida que el contenido esencial de los derechos fundamentales constituye el obligado e imprescindible referente del juicio de constitucionalidad y que no cualquier factor comprometido, como aquí acontece con el interés o el derecho empresarial de vigilar el cumplimiento de la relación laboral, puede oponerse a su garantía sustantiva. Aceptando de manera acrítica que cualquier escenario de “conflicto de intereses” abre en el ámbito de las relaciones laborales un “conflicto de derechos fundamentales o bienes constitucionales merecedores de tutela”, la Sentencia de mi disenso sortea y da de lado el juicio propio del contenido esencial de los derechos fundamentales, desembocando en una lógica de ponderación y proporcionalidad. Con semejante proceder metodológico, el contenido esencial del derecho fundamental a examen se diluye y la razón empresarial termina siempre imponiéndose, pues en la práctica totalidad de los conflictos entre las dos partes del contrato de trabajo resulta una tarea sencilla el crear recursos dialécticos para su empleo en una inteligencia de proporcionalidad. Y ello, aun cuando en modo alguno tales recursos resulten útiles en un examen dirigido a asegurar el contenido esencial de los derechos frente a medidas invasivas articuladas con meros apoyos legales.
Por ello, ante esos expedientes técnicos que diluyen el contenido esencial del art. 53.1 CE, me veo obligado a recordar las palabras de nuestra STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2, que había ya confiado en no tener que reproducir treinta años después de ser escritas: “ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de ‘feudalismo industrial’ repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)”.
4. Bastaría con lo expuesto para dar por cerrada mi discrepancia. Sin embargo, la Sentencia de la que me aparto ha elegido ir más lejos todavía. No se conforma con la levedad argumental de convertir cualquier actividad vinculada con el ejercicio de las facultades y derechos del art. 20.3 LET en una directa expresión amparada en los arts. 33 y 38 CE, ni con la pretendida concurrencia de tales preceptos constitucionales para deducir de manera errática la existencia de una colisión con los derechos fundamentales de los trabajadores, extrayendo el conflicto interpretativo del análisis del contenido esencial y arrastrándolo así a un juicio de ponderación entre derechos constitucionales. En el presente caso, lejos de detenerse en el enunciado y defensa de esa doctrina, la Sentencia procede a dar una extravagante vuelta de tuerca, sosteniendo la tesis de que el escenario de confrontación entre derechos —y, por tanto, la necesidad de utilizar juicios de ponderación y proporcionalidad— concurre incluso si los poderes empresariales se ejercitan con manifiesta irregularidad o exceso; esto es, fuera del marco de la ley.
Tras haberse enunciado con la necesaria continencia y con la debida cita de la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE) no es ilimitado y puede encontrar condicionantes en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, la presente resolución, en efecto, se libera de todo complejo y concibe esa concurrencia conflictiva no solo en casos de un ejercicio ordinario y ajustado a Derecho por el empresario de las facultades empresariales que le reconocen el art. 20.3 LET, instaladas con presteza y universalidad, como ya se argumentó, en los arts. 33 y 38 CE; superando toda razonable limitación argumentativa, hace constar que también resulta obligado recurrir al juicio de ponderación cuando el poder empresarial ejercitado incurre en incumplimientos legales. O por formular la idea en términos más próximos al caso a examen, en el decir de la Sentencia hay conflicto de derechos y necesidad de ponderación en clave de proporcionalidad incluso si el empresario manifiestamente no atiende e inobserva, sea cual fuere la causa, el deber legal de informar a los trabajadores ex art. 5 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD). A fin de no razonar en el vacío o, lo que es igual, con vistas a acreditar la anterior aseveración, remito a la lectura de algunas afirmaciones contenidas en los párrafos tercero y cuarto del fundamento jurídico 4, de las que se deducen sin esfuerzo alguno proposiciones tan insólitas como las que se transcriben en su literalidad: “sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad”; o “en efecto, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de video-vigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto”.
Acaso, el tránsito por camino tan espinoso puede haber sido debido a la desatención hacia la STC 29/2013, de 11 de febrero, que expresamente recordaba que la Constitución ha querido que la ley, y sólo la ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Pero sea como fuere y más allá de la razón determinante, me resulta imposible admitir que el derecho de los trabajadores a ser informados sobre la suerte de los datos obtenidos por su empleador, derecho este que forma parte del núcleo fuerte del habeas data, pueda concretarse en una mera pegatina con el correspondiente distintivo visible en un cristal, una vez cumplido, eso sí, en contenido y diseño —como recuerda la Ponencia aprobada— el sin duda trascendente anexo de la Instrucción citada. Contrariando de manera frontal la doctrina sentada por este Tribunal, según la cual el afectado o los afectados por la captación han de conocer el contenido de las imágenes captadas y el propósito perseguido por la implantación de sistemas de video-vigilancia, ahora se sostiene que, una vez insertado el distintivo y cumplidos los anexos, ya no es preciso especificar “la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”, pues lo único importante será determinar si “el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena” (FJ 4). Por este lado, se ha suprimido todo rastro del derecho a conocer el uso y destino de los datos, aunque para alcanzar esa conclusión haya sido preciso, en el trance final, confundir el consentimiento con la información, acertadamente diferenciados en el anterior fundamento jurídico 3.
Por lo pronto, no tiene escasa entidad el modo cómo fluye el alegato de la Sentencia en el juicio de proporcionalidad, a tenor del cual (fundamento jurídico 4 in fine) procederá el examen “de conformidad, nuevamente, con las exigencias del principio de proporcionalidad (SSTC 186/2000, de 10 de junio, FJ 6, y 98/2000, de 10 de abril, FJ 8)”. Se entiende como inevitable que ese es y no otro el control de constitucionalidad, según puede inferirse. Así lo demuestra que, al anunciar esta pauta de enjuiciamiento, se citen aquellas Sentencias (SSTC 98/2000 y 186/2000), como si la colisión de derechos que se apreció en los supuestos en ellas resueltos fuera generalizable a cualquier juicio del art. 18.1 CE; es decir, como si solo pudiera concebirse la tutela del art. 18.1 CE en la relación laboral desde el prisma de la proporcionalidad.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado por el Pleno del Tribunal número 7222-2013.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 7222-2013
La empresa en la que prestaba sus servicios la recurrente en amparo instaló una cámara de videovigilancia, sin notificarlo expresamente a los trabajadores, aunque en un lugar visible del establecimiento colocó un distintivo informativo. En virtud de las imágenes captadas, se constató que la demandante en amparo se había apropiado de efectivo de la tienda, razón por la que fue despedida. Frente a ello, la recurrente solicitó la declaración de nulidad del despido, ya que consideró que la empresa había incumplido la normativa referida a la instalación de mecanismos de grabación.
Se desestima el recurso. En relación con el derecho a la protección de datos, la Sentencia declara que fueron respetadas las reglas relativas al tratamiento de datos personales: el dato recogido fue utilizado para el control de las obligaciones laborales y la empresa cumplió con el deber de información previa a través del distintivo informativo, pues no es necesario especificar al trabajador la finalidad exacta que se le ha asignado al sistema de control por videovigilancia. Asimismo, la Sentencia resuelve que la medida no vulneró el derecho a la intimidad al haber superado el juicio de proporcionalidad, toda vez que existían sospechas razonables de ciertas irregularidades y la grabación de imágenes se limitó a la zona de caja.
La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo reside en que permite al Tribunal aclarar su doctrina en relación al alcance de la información que se debe brindar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa.
Teniendo la trabajadora información previa de la instalación de las cámaras de videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo y habiendo sido tratadas las imágenes captadas para el control de la relación laboral, no puede entenderse vulnerado el derecho a la protección de datos personales [FJ 4].
La medida de instalación de cámaras de seguridad era justificada, idónea para la finalidad pretendida por la empresa, necesaria y equilibrada, por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal [FJ 5].
La dispensa del consentimiento se refiere a los datos necesarios para el cumplimiento de la relación laboral; ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento, el deber de información sigue existiendo y permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición [FJ 3].
La empresa cumplió con el deber de información, toda vez que colocó el correspondiente distintivo en el escaparate de la tienda, sin que sea necesario especificar la finalidad exacta que se le ha asignado al control por videovigilancia [FJ 4].
Doctrina sobre los requisitos que deben satisfacer las medidas restrictivas de derechos fundamentales (SSTC 66/1995 y 37/1998) [FJ 5].
Artículo 1.1, VPI
Artículo 18, f. 2, VPI
Artículo 18.1, ff. 1, 2, 5, VPI
Artículo 18.4, ff. 1 a 4, VPI
Artículo 33, f. 4, VPI
Artículo 38, f. 4, VPI
Artículo 53.1, VPI
Artículo 5.1, VPI
Artículo 20.3, ff. 4, 5, VPI
Artículo 5, ff. 3, 4, VPI, VPII
Artículo 6.2, f. 3, VPI
Articulo 15 y siguientes, f. 4
Artículo 37.1 c), f. 4
Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos. Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras
En general, f. 4 VPI
Artículo 10.3 b), f. 3
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de julio de 2003 (Perry c. Reino Unido)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero de 2016 (Barbulescu c. Rumania)
Cobertura legal de medidas limitativas de derechos fundamentalesCobertura legal de medidas limitativas de derechos fundamentales, ff. 3 a 5, VP I
Contenido del derecho a la protección de datos personalesContenido del derecho a la protección de datos personales, ff. 3, 4, VP I, VP II
Datos personalesDatos personales, ff. 3, 4, VP I, VP II
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, Respetado, f. 5
Fichero de datos personales de los trabajadores de una empresaFichero de datos personales de los trabajadores de una empresa, ff. 3, 4
Garantías frente al uso de la informáticaGarantías frente al uso de la informática, ff. 3, 4, VP I, VP II
Garantías para la restricción de derechos fundamentalesGarantías para la restricción de derechos fundamentales, ff. 3 a 5, VP I
Limitaciones debidas a la filmación de determinadas actividadesLimitaciones debidas a la filmación de determinadas actividades, ff. 3 a 5, VP I
Limitaciones derivadas de relaciones contractualesLimitaciones derivadas de relaciones contractuales, ff. 3 a 5
Límites a la protección de datos personalesLímites a la protección de datos personales, ff. 3, 4, VP I, VP II
Principio de proporcionalidadPrincipio de proporcionalidad, f. 4, VP I
Proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentalesProporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, ff. 3 a 5, VP I
Tratamiento de datos personalesTratamiento de datos personales, ff. 1, 3, 4, VP I, VP II
Cámara ocultaCámara oculta, ff. 1, 3 a 5, VP I, VP II
Contrato de trabajoContrato de trabajo, ff. 1, 3 a 5
Despido por transgresión de la buena fe contractualDespido por transgresión de la buena fe contractual, f. 1
Falta de consentimiento del interesadoFalta de consentimiento del interesado, ff. 1, 3, 4 VP I, VP II