Source: https://www.peritosdeaccidentes.com/tribunal-supremo-sts-17002014/
Timestamp: 2019-05-24 01:15:56
Document Index: 75828930

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20']

Tribunal Supremo: Sentencia 1700/2014
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 841/2011 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 213/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la procuradora doña Montserrat Padrón García en nombre y representación de doña Sofía que a su vez actúa en su condición de tutora legal de su hija doña Antonieta, compareciendo en esta alzada en su nombre y representación el procurador don Jaime Briones Méndez en calidad de recurrente y la procuradora doña Magdalena Cornejo Barranco en nombre y representación de don Indalecio y de AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, en calidad de recurrido.
PRIMERO .- 1.- La procuradora doña Montserrat Padrón García, en nombre y representación de Sofía que actúa en nombre y representación, en su calidad de tutora legal, de la incapacitada doña Antonieta , interpuso demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad por importe de 1.127.549,38 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil derivada de accidente de circulación, contra don Indalecio y contra AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros S.A. (antes WINTERTHUR) y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia.
2.- La procuradora doña María Eugenia Beltrán Gutiérrez, en nombre y representación de don Indalecio y de AXA, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia.
3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:
Que estimando en parte la demanda promovida por el procurador de los tribunales D.ª Monserrat Padrón García en nombre y representación de D.ª Sofía , defendida por el letrado D. Leopoldo Cologan Rodríguez de Azero contra D. Indalecio y contra la mercantil Aseguradora AXA, Seguros Generales Sociedad Anónimade Seguros y Reaseguros, representados por la procuradora de los tribunales D.ª Eugenia Beltrán Gutiérrez y defendidos por la letrada D.ª Rita María González Toledo, debo condenar y condeno a los demandados a que abonen solidariamente al actor la suma de doscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y siete euros con dieciséis céntimos (217.497,17 euros) debiendo tener en cuenta las cantidades ya entregadas que ascienden a 140.000 euros, con más el interés legal; y ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales.
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia con fecha 16 de diciembre de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:
Se desestima el recurso interpuesto por la representación de D.ª Sofía.
No se efectúa expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.
Y en fecha 25 de enero de 2012, se dictó Auto de aclaración cuya parte dispositiva señala:
LA SALA ACUERDA que no procede la aclaración y complemento de sentencia interesado por la apelante. Contra la presente resolución, no cabe recurso alguno.
TERCERO .- 1.- Por D.ª Sofía , actuando en su condición de tutora legal de la incapacitada doña Antonieta , se interpuso recurso de casación basándose en los siguientes motivos:
PRIMERO.- Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 8/2004 , del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la moderación de responsabilidad en los supuestos de responsabilidad objetiva, en cuanto que, atendiendo a los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, el conductor del vehículo debió ser declarado el responsable único en la causación del resultado dañoso.
SEGUNDO.- Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, por interpretación errónea de lo dispuesto en el baremo de valoración de daños, tabla IV (en lo que se refiere al factor de corrección por “grandes inválidos”, con necesidad de ayuda de otra persona para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria), del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
TERCERO.- Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, por interpretación errónea de lo dispuesto en el baremo de valoración de daños, tabla IV (en lo que se refiere al factor de corrección “adecuación de la vivienda”), del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
CUARTO.- Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, del artículo 20.3 y 20.8 de la Ley 50/1980, de 18 de octubre, de Contrato de Seguro.
Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 25 de septiembre
de 2012 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto y dar traslado a la parte recurrida personada
para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Magdalena Cornejo Barranco, en nombre y representación de AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros (antes Winterthur Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros) y de don Indalecio , presentó escrito de oposición al mismo.
PRIMERO .- En la sentencia recurrida se declara que:
“En efecto, dos son las cuestiones que convergen en estas actuaciones, la primera, referida al hecho de que la víctima cruzó el paso de peatones en fase roja del semáforo, y la segunda, que el vehículo lo cruzó en fase verde. Teniendo en cuenta las características del cruce, perfectamente descritas en la sentencia recurrida y que aquí se dan por reproducidas, debe concluirse con que nos encontramos ante un cruce regulado por semáforos con las especialidades puestas de relieve en la sentencia de instancia, lo que conlleva en primer lugar, que el mismo se regulaba por las luces de los semáforos, y en segundo lugar y en concurrencia con la anterior, que al disponer solamente de luces de peatones, el vehículo ignoraba en que fase se encontraba el referido semáforo, de forma que es la confianza en la normalidad en el funcionamiento del sistema semafórico el que le lleva a la creencia de que se encontraba en fase roja para los peatones, como efectivamente ocurrió.
Consta también acreditado la velocidad a la que circulaba el vehículo que por ser ligeramente superior a la permitida -no llegaba a 52 km. hora- carece de relevancia en sí misma para determinar la culpabilidad exclusiva del conductor. Lo mismo ocurre respecto de las características de la calzada, la existencia de numerosos peatones en la zona, en atención a la hora y condición de la vía, el vehículo detenido en el carril derecho, hechos que por el contrario de lo señalado en el recurso, solo pueden tener la transcendencia que la sentencia de instancia les otorga para estimar la concurrencia de culpas, pero en modo alguno para declarar que la culpa sea exclusiva del conductor demandado, pues carecen todos y cada uno de ellos de efectos enervantes respecto de los hechos objetivos de los que partimos, y que no son otros que la peatón cruzó con el semáforoen rojo, que fue la única que lo hizo de todas las personas que esperaban para cruzar y que, por último, corrió cuando vio venir al vehículo.
Por lo tanto, todos los hechos probados tenidos en cuenta en la sentencia de instancia, además de estimarlos adecuadamente valorados, no puede llevar a otra conclusión que no sea la determinación de la concurrencia de culpas y en la proporción fijada, desestimándose, por ello, el motivo del recurso”.
Tras el siniestro de circulación la accidentada quedó en coma vigil, calificado de gran invalidez, por las partes, sin discusión. Se encuentra internada en un hospital de crónicos, insertado en el sistema de Seguridad Social.
No se discutió por los demandados la cuantificación de los días de hospitalización, secuelas fisiológicas, perjuicio estético, daño moral complementario, factor de corrección (se impugnó el porcentaje) invalidez absoluta y perjuicios morales de los familiares.
En este recurso de casación se postula la culpa exclusiva del conductor, la necesidad de ayuda de tercera persona, la ayuda para la adaptación de la vivienda y el recargo del art. 20 de la LCS .
SEGUNDO .- Motivo primero. Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 8/2004 , del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la moderación de responsabilidad en los supuestos de responsabilidad objetiva, en cuanto que, atendiendo a los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, el conductor del vehículo debió ser declarado el responsable único en la causación del resultado dañoso.
Alega la recurrente que de acuerdo con la sentencia de esta Sala de 12 de diciembre de 2008 no cabe apreciar concurrencia de culpas cuando la conducta del conductor es tal entidad cuantitativa y cualitativa que se constituye en causa determinante de la colisión, aún cuando exista una contribución causal de la víctima de escasa entidad o desproporcionada en relación con la del conductor del vehículo de motor. Pretende la recurrente que en sede de casación se vuelva valorar toda la prueba, discutiendo su apreciación, y convirtiendo este recurso en una tercera instancia, que no lo es, por precepto legal.
La sentencia de esta Sala núm. 200/2012, de 26 marzo , señala que “constituye jurisprudencia reiterada, que corresponde al tribunal de instancia fijar el grado de participación de los distintos agentes en la producción del resultado dañoso a los efectos de determinar las cuotas de responsabilidad por concurrencia de culpas, estando constreñida su revisión en casación a los supuestos de grave desproporción o defectuosa apreciación del nexo causal (entre las más recientes, SSTS de 25 de marzo de 2010, RC n.º 1262/2004 ; 20 de mayo de 2008, RC n.º 1394/2001 y 11 de noviembre de 2010, RC n.º 645/2007 ). En dicha labor el tribunal debe partir de los hechos probados, los cuales no pueden ser alterados en casación ( SSTS de 25 de marzo de 2010 RC n.º 1262/2004 ; 10 de diciembre de 2010 , RCIP n.º 1963/2006 ; 13 de octubre de 2011, RC n.º 1354/2007 y 17 de noviembre de 2011 , RCIP n.º 981/2008 , entre muchísimas más)”.
Por otro lado, la sentencia núm. 1130/2008, de 12 diciembre , destaca que “En el caso de accidente de circulación con víctimas ajenas a la circulación de vehículos, como es el caso de los peatones, debe rechazarse la interpretación de que la responsabilidad del conductor es paralela a la responsabilidad de la víctima negligente, pues la ausencia o moderación de la responsabilidad del primero deriva de la falta de imputación objetiva a pesar del riesgo creado, y no de una responsabilidad subjetiva del conductor paralela a la posible responsabilidad subjetiva de la víctima por los daños causados. Como consecuencia de ello, debemos concluir que es plenamente correcta la doctrina de aquellas Audiencias Provinciales que mantienen que no es de aplicación la exención de responsabilidad del conductor o la concurrencia de culpas prevista en el artículo 1 LRCSVM , al menos cuando, contribuyendo a la producción del resultado dos conductas, la del conductor del vehículo de motor y la de la víctima ajena a la circulación de estos vehículos, la conducta del conductor es de tal entidad cuantitativa y cualitativa que se constituye en causa determinante de la colisión, aun cuando exista una contribución causal de la víctima de escasa entidad o desproporcionada en relación con la del conductor del vehículo de motor” ( STS. 15-7-2013, RC. 761 de 2011 ).
A la vista de los hechos declarados probados debemos considerar razonable la cuota de responsabilidad atribuida a cada uno de los intervinientes, a saber, 70 % a la peatón y 30 % al conductor del turismo. Esta influencia desigual en el desarrollo del siniestro se deduce de que la peatón cruzó un paso de peatones en fase semafórica roja, para ella, con velocidad del vehículo de 52 km/h cuando el límite era de 50 km/h, unido a que un vehículo detenido en el carril derecho le restaba visibilidad. El resto de los peatones no cruzó y la peatón al percatarse del vehículo del demandado, en lugar de detenerse, corrió.
Esta Sala ha declarado que: “De esto se sigue que la moderación de la responsabilidad del conductor se integra en la apreciación del nexo de causalidad en su aspecto jurídico determinando su alcance. Esta es la razón por la que la negligencia del perjudicado no solamente aparece considerada en las tablas II, IV y V del Anexo LRCSVM como factor de corrección de las indemnizaciones básicas (en relación con el Anexo Primero, apartado 7, LRCSVM), sino también, como elemento determinante del alcance de la responsabilidad del conductor por daños a las personas, en el artículo 1 LRCSVM y en el Anexo Primero, apartado 2 , en el que se contienen criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización”. STS, del 11 de noviembre de 2010, RC. 645/2007 .
TERCERO .- Motivo segundo. Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, por interpretación errónea de lo dispuesto en el baremo de valoración de daños, tabla IV (en lo que se refiere al factor de corrección por “grandes inválidos”, con necesidad de ayuda de otra persona para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria), del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Se alega por la recurrente que el factor de corrección referido a los “grandes inválidos”, con necesidad de ayuda de otra persona para realizar actividades más esenciales de la vida diaria, y su independencia de la concurrencia de gastos médicos o sanitarios ocasionados por la gran invalidez, solo está supeditado a la concurrencia del supuesto de hecho, con independencia del sitio en el que la afectada se encuentre internada o de quién hace frente a los gastos médicos.
En función de ello, a la vista de la edad de la demandante 43 años y su estado de coma vigil, procede aceptar la cantidad de 322.000 euros, y dada la contribución en un 70 % a la causación del siniestro se
condena, solidariamente, a los demandados al pago de 96.600 euros.
CUARTO .- Motivo tercero . Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, por interpretación errónea de lo dispuesto en el baremo de valoración de daños, tabla IV (en lo que se refiere al factor de corrección “adecuación de la vivienda”), del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Pretende la recurrente que se le conceda la cantidad solicitada para adaptación de la vivienda. En la sentencia recurrida se deniega al no acompañar presupuesto o factura, ni tan siquiera indicar en qué vivienda será necesaria la adaptación.
Este es un concepto que no es de aplicación automática pues la propia Tabla IV del Baremo lo supedita a “las características de la vivienda y circunstancias del incapacitado en función de sus necesidades”, por lo que no habiéndose acreditado el primer requisito, procede mantener la desestimación de tal petición.
QUINTO .- Motivo cuarto . Infracción de las normas aplicables para resolver el fondo del asunto; en concreto, del artículo 20.3 y 20.8 de la Ley 50/1980, de 18 de octubre, de Contrato de Seguro .
Se solicita la aplicación del recargo establecido en el art. 20 de la LCS .
Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órganojurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 ).
STS 17 de mayo de 2012, RC. 1427/2009 .
SEXTO .- Estimado parcialmente el recurso de casación no procede expresa imposición de costas ( art. 398 LEC ).
Estimada parcialmente la demanda y el recurso de apelación no procede expresa imposición de costas en las instancias.
1. ESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por D.ª Sofía , actuando en nombre y representación, en su condición de tutora legal, de la incapacitada D.ª Antonieta representada por el Procurador D. Jaime Briones Méndez contra sentencia de 16 de diciembre de 2011 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
2. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida en el sentido de condenar solidariamente a los demandados a que abonen a la actora 96.600 (noventa y seis mil seiscientos) euros, en concepto de ayuda de tercera persona, manteniendo el resto de lo acordado en la sentencia recurrida.
3. No procede expresa imposición de costas en la primera y segunda instancia.
4. No procede imposición en las costas del recurso de casación.
5. Devuélvase el depósito constituido al recurrente. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.
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