Source: http://ley.com.es/regularizacion_extranjeros/rd2393-2004.t11.html
Timestamp: 2017-07-23 12:51:21
Document Index: 320349021

Matched Legal Cases: ['Artículo 112', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'artículo 53', 'Artículo 117', 'artículo 31', 'Artículo 118', 'artículo 55', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 57', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'artículo 135', 'artículo 42', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 55', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'artículo 83', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'artículo 54', 'artículo 53', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'artículo 53', 'Artículo 135', 'artículo 52', 'artículo 115', 'artículo 52', 'artículo 55', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'artículo 57', 'artículo 53', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'artículo 118', 'artículo 54', 'Artículo 141', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 28', 'Artículo 142', 'artículo 57', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'artículo 118', 'artículo 54', 'artículo 54', 'Artículo 147', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 141', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'artículo 54', 'artículo 53', 'Artículo 155']

Regulacion de extranjeros en España, infracciones en materia de extranjeria
TÍTULO XI. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 112. Normativa aplicable.
3. Cuando se trate de los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c, grave del artículo 53.b, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1.d de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el procedimiento aplicable será el previsto en los artículos 148 y 149 de este reglamento.
4. En todo aquello no previsto en este reglamento será de aplicación supletoria el procedimiento regulado en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Artículo 113. Modalidades del procedimiento sancionador.
Artículo 114. Actuaciones previas.
Artículo 115. Iniciación del procedimiento sancionador.
Artículo 116. Instructor y secretario.
En el acuerdo de incoación del procedimiento se nombrarán instructor y secretario, que deberán ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio de que tales nombramientos puedan recaer en otros funcionarios de las Oficinas de Extranjeros cuando se trate de procedimientos sancionadores que se tramiten por las infracciones leves e infracciones graves de los párrafos e y h del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Artículo 117. Colaboración contra redes organizadas.
Si se dictase resolución por la que se declare al expedientado exento de responsabilidad administrativa, la autoridad gubernativa competente podrá conceder, a elección del extranjero, y para facilitarle su integración social, autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000 así como autorización para trabajar, o facilitarle el retorno a su país de procedencia. La concesión de dicha documentación podrá ser revocada si el titular, durante el tiempo que dure el procedimiento en el que es víctima, perjudicado o testigo, cesa en su cooperación o colaboración con las autoridades policiales o judiciales.
3. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo, y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa a los efectos de que valore la inejecución de su expulsión durante el tiempo necesario. En caso de que ya hubiera sido expulsado, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, todo ello sin perjuicio de que se adopte alguna de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales.
Artículo 118. El decomiso.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los supuestos de infracción del párrafo b del artículo 54.1 de dicha ley, serán objeto de decomiso los vehículos embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción.
3. Para la determinación de la sanción que se imponga, además de los criterios de graduación a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 55 de la Ley Orgánica 4/2000 se valorarán también, a tenor de su artículo 57, las circunstancias de la situación personal y familiar del infractor.
Artículo 120. Ejecución de las resoluciones sancionadoras.
3. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
Su régimen de ejecutividad será el previsto con carácter general.
Artículo 121. Caducidad y prescripción.
1. El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento será de seis meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento simplificado en el artículo 135. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la expresada resolución, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados, o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su suspensión.
2. La acción para sancionar las infracciones previstas en la Ley Orgánica 4/2000 prescribe a los 3 años si la infracción fuera muy grave; a los dos años si fuera grave, y a los seis meses si fuera leve, contados a partir del día en que los hechos se hubiesen cometido.
5. Tanto la prescripción como la caducidad exigirán resolución en la que se mencione tal circunstancia como causa de terminación del procedimiento, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, según lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. CAPÍTULO II. MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 122. Supuestos en que procede el procedimiento ordinario.
Artículo 123. Iniciación del procedimiento ordinario.
1. Excepto en los supuestos calificados como infracción grave del artículo 53.b, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, o muy grave del artículo 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los que se estará a lo dispuesto en su artículo 55.2, el acuerdo de iniciación del procedimiento se formalizará con el contenido mínimo siguiente:
Instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de estos.
Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia,
Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante este de conformidad con los artículos 55 y 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
Artículo 124. Actuaciones y alegaciones en el procedimiento ordinario.
Artículo 125. Prueba en el procedimiento ordinario.
4. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, éste tendrá los efectos previstos en el artículo 83 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 5. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
Artículo 126. Colaboración de otras Administraciones públicas en el procedimiento ordinario.
Artículo 127. Propuesta de resolución en el procedimiento ordinario.
Artículo 128. Trámite de audiencia en el procedimiento ordinario.
Artículo 129. Resolución del procedimiento ordinario.
Artículo 130. Supuestos en que procede el procedimiento preferente.
La tramitación de los expedientes de expulsión se realizará por el procedimiento preferente cuando la infracción imputada sea alguna de las previstas en los párrafos a y b del artículo 54.1, así como en los párrafos a, d y f del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Artículo 131. Iniciación y tramitación del procedimiento preferente.
Artículo 132. La resolución en el procedimiento preferente. Ejecutividad.
Artículo 133. Comunicaciones en el procedimiento preferente.
Artículo 134. Concurrencia de procedimientos.
Si durante la tramitación del expediente seguido por el procedimiento preferente y por la causa prevista en el párrafo a del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el extranjero expedientado acreditase haber solicitado, con anterioridad a su iniciación, la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31.3 de la citada Ley Orgánica y 45 de este reglamento, el instructor recabará informe de la autoridad competente sobre el estado de tramitación de dicha solicitud. En caso de que el interesado no reuniera, de acuerdo con este informe, los requisitos previstos para la obtención de la autorización de residencia, el instructor decidirá la continuación del expediente de expulsión y, en caso contrario, procederá su archivo. De entender procedente la prosecución del expediente y previo acuerdo dictado al efecto, continuará por los trámites del procedimiento ordinario regulado en este reglamento.
Artículo 135. Supuestos e iniciación del procedimiento simplificado.
Este procedimiento se tramitará cuando los hechos denunciados se califiquen como infracción de carácter leve prevista en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Este procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo dictado al efecto por alguno de los órganos competentes establecidos en el artículo 115.2 de este reglamento, o por denuncia formulada por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, excepto cuando la infracción imputada sea la establecida en el párrafo c del citado artículo 52, en que se estará a lo dispuesto en el artículo 55.2 de la mencionada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Este procedimiento simplificado deberá resolverse en el plazo máximo de dos meses desde que se inició.
Artículo 136. Procedimiento simplificado.
Las denuncias formuladas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se extenderán por ejemplar duplicado. Uno de ellos se entregará al denunciado, si fuera posible, y el otro se remitirá al órgano correspondiente con competencia para acordar la iniciación del procedimiento. Dichas denuncias serán firmadas por el funcionario y por el denunciado, sin que la firma de este último implique conformidad con los hechos que motivan la denuncia, sino únicamente la recepción del ejemplar a él destinado. En el caso de que el denunciado se negase a firmar o no supiera hacerlo, el funcionario así lo hará constar.
Las denuncias se notificarán en el acto a los denunciados haciendo constar los datos a que hace referencia este artículo. En el escrito de denuncia se hará constar que con ella queda incoado el correspondiente expediente y que el denunciado dispone de un plazo de 10 días para alegar cuanto considere conveniente a su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas ante los órganos de instrucción ubicados en la dependencia policial del lugar en que se haya cometido la infracción.
Recibida la denuncia en la dependencia policial de la Dirección General de la Policía, se procederá a la calificación de los hechos y graduación de la multa, se impulsará la ulterior tramitación o se propondrá por el órgano instructor a la autoridad competente la correspondiente resolución que declare la inexistencia de infracción en los casos de que los hechos denunciados no fuesen constitutivos de aquélla.
Artículo 137. Resolución del procedimiento simplificado.
Artículo 138. Supuestos en que procede el procedimiento de expulsión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.5 y 6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, cuando el infractor sea extranjero y realice alguna o algunas de las conductas tipificadas como muy graves o conductas graves de las previstas en los párrafos a, b, c, d y f del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español. Asimismo, constituirá causa de expulsión la condena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
Artículo 139. Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión.
El derecho del interesado a la asistencia jurídica gratuita, en el caso de que carezca de recursos económicos suficientes.
Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse conllevará la prohibición de entrada en España por un período mínimo de tres años y máximo de 10, que será extensiva a los territorios de los Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido.
Artículo 140. Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión.
2. En iguales términos que los establecidos en el artículo 118 de este Reglamento, el instructor podrá mantener la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan servido para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Artículo 141. La resolución del procedimiento de expulsión, sus efectos y ejecución.
4. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo 54.1.b de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos, salvo cuando haya quedado acreditado que los expresados bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente.
5. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la expulsión acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.
6. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata de acuerdo con las normas específicas previstas en este Reglamento y en la Ley Orgánica 4/2000.
Que la infracción que haya motivado la resolución de expulsión sea la contenida en el artículo 53.a de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Que existan garantías suficientes o pueda comprobarse la realización de la oportuna salida obligatoria prevista en el artículo 28.3.c de la Ley Orgánica, y c Que el extranjero esté, por su nacionalidad, sometido a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores en aplicación de un acuerdo de régimen común de visados, de carácter internacional, en el que España sea parte.
Artículo 142. Extranjeros procesados o inculpados en procedimientos por delitos o faltas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000 cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, oído el interesado y las partes personadas, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación.
Artículo 143. Comunicaciones en el procedimiento de expulsión.
Artículo 144. Supuestos de aplicación del procedimiento para imposición de sanción de multa.
Artículo 145. Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento para imposición de sanción de multa.
Los demás trámites procedimentales, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, serán los establecidos para el procedimiento ordinario contenidos en la sección I del capítulo II de este título. Artículo 146. Medidas cautelares en el procedimiento para imposición de sanción de multa.
1. En iguales términos que los establecidos en el artículo 118 de este reglamento se podrá proceder a la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
2. Cuando se siga expediente sancionador por alguna de las infracciones previstas en el artículo 54.2.b y c de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y los transportistas infrinjan la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, la autoridad gubernativa podrá acordar alguna de las siguientes medidas:
Suspensión temporal de sus actividades, que no podrá exceder de un período de seis meses.
Artículo 147. Resolución del procedimiento para imposición de sanción de multa. Efectos y ejecutividad.
2. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo 54.1.b de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos, salvo cuando haya quedado acreditado que los expresados bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente.
Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución se adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 3. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la sanción de multa acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.
Vencido el plazo de ingreso establecido en el párrafo anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, la exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos 52.c, 53.b, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán sancionadas de conformidad con el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, y por lo dispuesto en este artículo.
Las leves, en su grado mínimo, con multa de 30 a 60 euros; en su grado medio, de 60 a 150 euros, y en su grado máximo, de 150 a 300 euros.
Las graves, en su grado mínimo, con multa de 301 a 1.200 euros; en su grado medio, de 1.201 a 3.000 euros, y en su grado máximo, de 3.001 a 6.000 euros.
Las muy graves, en su grado mínimo, con multa de 6.001 a 12.000 euros; en su grado medio, de 12.001 a 30.000 euros, y en su grado máximo, de 30.001 a 60.000 euros.
La iniciación, contenido de las actas, notificación y alegaciones se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. En los casos de infracción prevista en el artículo 53.b, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y del artículo 54.1.d, cuando el empresario infractor sea extranjero, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en el acta de infracción se hará constar expresamente que, en virtud de lo establecido en el artículo 57 de la referida Ley Orgánica, el órgano competente para resolver podrá aplicar la expulsión de territorio español en lugar de la sanción de multa.
9. Instruido el expediente, el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social competente por razón del territorio lo elevará, con la propuesta de resolución, al Delegado o Subdelegado del Gobierno competente para resolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos probados, su calificación jurídica y la cuantía de la sanción que se propone imponer y, en el caso de que el acta de infracción incluyese la sanción accesoria a que se refiere el artículo 55.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, también se efectuará propuesta de resolución sobre aquélla.
10. El órgano competente para resolver, previas las diligencias que estime necesarias, dictará la resolución en el plazo de diez días desde la finalización de la tramitación del expediente, de conformidad con lo establecido para las resoluciones sancionadoras por el Reglamento regulador del procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. En el caso de que el órgano competente para resolver decida aplicar la sanción de expulsión del territorio español, en lugar de la sanción de multa, dictará resolución de expulsión, que tendrá los requisitos y efectos establecidos en el artículo 141.
Artículo 150. Otras infracciones y sanciones.
Artículo 151. Comunicación interorgánica de infracciones.
1. La Dirección General de Inmigración, la Inspección deTrabajo y Seguridad Social y las Áreas y Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales darán cuenta a la autoridad gubernativa y a los servicios policiales correspondientes de los supuestos de infracciones, relativas a la entrada y permanencia de extranjeros en España, de que tuviera conocimiento en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 152. Comunicaciones de los órganos judiciales a la autoridad gubernativa en relación con extranjeros.
CAPÍTULO VI. CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS.
Artículo 153. Centros de internamiento de extranjeros.
Que haya sido detenido por encontrarse incurso en alguno de los supuestos de expulsión de los párrafos:
y b) del apartado 1 del artículo 54, así como los párrafos a, d y f del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Que se haya dictado resolución de retorno y este no pueda ejecutarse dentro del plazo de 72 horas, cuando la autoridad judicial así lo determine.
Cuando se haya dictado acuerdo de devolución de conformidad con lo establecido en este reglamento.
4. La detención de un extranjero a efectos de expulsión, devolución o retorno será comunicada al consulado competente, al que se le facilitarán los datos sobre la personalidad del extranjero y la medida de internamiento.
Esta comunicación se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando no se haya podido notificar al consulado o este no radique en España. Si así lo solicitase el extranjero, se comunicará el internamiento a sus familiares u otras personas residentes en España.
7. Las personas ingresadas en centros de internamiento de carácter no penitenciario gozarán durante este de los derechos no afectados por la medida judicial de internamiento y, en especial, de aquellos recogidos en los artículos 62 bis y 62 quáter de la Ley Orgánica 4/2000. Igualmente, estarán a obligados a cumplir y respetar los deberes y obligaciones derivados de la condición de internamiento, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sus normas de desarrollo.
Artículo 155. Creación y normas sobre régimen interno de los centros.
1. La creación de centros de internamiento de extranjeros se establecerá por orden del Ministerio del Interior.
2. Igualmente, mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Administraciones Públicas, se establecerán las normas técnicas y organizativas que se consideren necesarias para establecer, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en este reglamento, el funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, especialmente en lo relativo a las condiciones de ingreso, las medidas de seguridad y de otro tipo aplicables, así como lo referente a la prestación de la asistencia sanitaria, asistencia social y a la formación específica de los funcionarios.