Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/215/1.
Timestamp: 2018-04-25 09:06:19
Document Index: 254278042

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 86', 'artículo 99', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 109', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 60', 'artículo 15']

BOJA Histórico > 2007 > Boletín 215 > 1. Disposiciones generales >
Debe advertirse, no obstante, que algunas de las cuestiones que podría abordar la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía pueden incardinarse en aspectos del régimen jurídico que cuenten con un "tratamiento común" por parte de la legislación del Estado (por incidir en la actividad externa de las Administraciones Públicas o en la esfera de derechos e intereses de las personas administradas), en cuyo caso el margen normativo autonómico es menor. Por otra parte, el título competencial que tiene reconocido el Estado para regular el procedimiento administrativo común, expresado en el propio artículo 149.1.18ª de la Constitución, reviste singular fortaleza, gozando de mayor penetración y alcance que el título estatal sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Pese a ello, el Tribunal Constitucional también ha declarado que el calificativo "común" no agota la materia que abarca el "procedimiento administrativo", por lo que esta Comunidad Autónoma también dispone de un margen competencial para legislar al respecto, tal y como se desprende de los artículos 47.1.1.ª, 47.2.2.ª y 3.ª, 47.3 y 4, 112 y 123.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En este marco constitucional y estatutario, la Junta de Andalucía ha expresado su firme voluntad, como paradigmáticamente refleja el documento "Andalucía. Segunda modernización", de apostar por una Administración más ágil y cercana al ciudadano, configurando un modelo organizativo que conjugue los principios de eficacia, eficiencia, igualdad de trato entre hombres y mujeres y modernización del aparato administrativo con la mejora continuada de la calidad de los servicios y la adopción de las nuevas tecnologías en orden a simplificar la gestión administrativa.
A estos objetivos responde el modelo organizativo previsto en esta Ley, en la que se ofrece una regulación de la llamada "Administración instrumental", de su diversa tipología y del régimen jurídico propio de cada una de las entidades que la componen.
Las "Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía" se regulan en el Título III, que constituye una de las novedades más destacadas de la Ley. La norma define, en aras de una adecuada racionalización del sector público, las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Ha de notarse, en este sentido, que la terminología empleada por la Ley es del todo novedosa, reservando la categoría de "agencias administrativas" para los organismos autónomos a los que se refería el artículo 4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de "agencias públicas empresariales" para las entidades de Derecho Público del artículo 6.1.b) de la citada Ley, y además se introduce una nueva categoría, denominada "agencia de régimen especial", con ciertas peculiaridades en su régimen de personal, presupuestario y de gestión de su actividad, atendiendo a la naturaleza de las funciones asignadas que implican ejercicio de autoridad. Pero este cambio terminológico no es un mero prurito formal, sino que refleja adecuadamente la naturaleza jurídica y el subsiguiente régimen que corresponden a las distintas personificaciones que nuestro Derecho conoce. En esta línea, la Ley realiza un considerable esfuerzo por definir y sujetar a cada una de estas entidades al ámbito de actuación material que le es propio en consonancia con las exigencias inherentes a su respectiva naturaleza jurídica.
El Título IV, por último, se refiere al "Régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa". Su Capítulo I consagra los "Derechos de la ciudadanía ante la actuación administrativa", entre los que figuran el derecho a la información, que se conecta con los principios de publicidad y transparencia que han de presidir la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma, y el de petición y el de acceso a los archivos y registros, que se regulan en desarrollo de las previsiones establecidas en la normativa básica vigente. En este Capítulo también se contiene la regulación de los registros de la Comunidad Autónoma, que incluye la previsión de los registros telemáticos, con los que la Ley responde a su propósito de hacer más ágil y fluida la relación entre la Administración y la ciudadanía. El Capítulo II establece el "Régimen jurídico de los órganos administrativos", y el Capítulo III el "Régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativo", donde se avanza en aquellos aspectos propios de la organización de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad, de nuevo, con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Los consorcios en los que la Administración de la Junta de Andalucía o cualquiera de las entidades que integran el sector público andaluz hayan aportado mayoritariamente dinero, bienes o industria, o se hayan comprometido en el momento de su constitución a financiar mayoritariamente dicho consorcio, han de someter su organización y actividad al ordenamiento autonómico y estarán sujetos al régimen económico-financiero, de control y contabilidad establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen se aplicará igualmente a los consorcios en los que la designación de más de la mitad de los miembros de sus órganos de dirección corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades del sector público andaluz.
Artículo 13. Organos administrativos.
Artículo 17. Organos superiores y directivos.
Artículo 19. Organos colegiados.
Artículo 20. Organos colegiados de participación administrativa.
Sección 2.ª Organos interdepartamentales
Sección 3.ª Organos de participación
Artículo 32. Organos de participación ciudadana.
Artículo 35. Organos territoriales.
i) Velar por el cumplimiento de las normas y actos emanados de los órganos de la Administración de la Junta de An­dalucía.
1. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo, es el órgano directivo encargado de la representación y defensa en juicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía, en los términos del artícu-
lo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los menores, asumirá la representación y defensa de estos en juicio a través de los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu­lo 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, para el conocimiento y resolución de los procedimientos civiles en que sean parte la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra sobre competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento.
2. En orden a facilitar el derecho a la información de la ciudadanía, la Administración de la Junta de Andalucía está obligada a:
1. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía existirá un registro general y los registros auxiliares que se establezcan. Asimismo, en las agencias administrativas, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y en los órganos de ámbito inferior a la provincia que, en su caso, se creen existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar.
Sección 1.ª Organos colegiados
2. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad delegante. La firma deberá ir precedida de la expresión "por autorización", o su forma usual de abreviatura, con indicación del cargo que autoriza y del órgano autorizado.
Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la consideración de agencia administrativa dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, las oficinas de registro se regirán por las normas que regulan los registros de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.
1. Las letras a), b), c) y d), excepto el último inciso, del apartado 1 y los apartados 2, excepto el último inciso, y 3 del artículo 8; el párrafo primero del apartado 2 del artículo 86; el apartado 2 del artículo 99; los apartados 2 y 3 del artículo 102; el artículo 103; el artículo 104; los apartados 1 y 2 del artículo 105; y el artículo 109, excepto el último inciso del apartado 1, todos ellos de la presente Ley, reproducen las siguientes normas dictadas por el Estado al amparo del ar-
tículo 149.1.18.ª de la Constitución: las letras a), b), c) y d) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 4; el apartado 8 del artículo 37; el apartado 3 del artículo 12; los apartados 7 y 4 del artículo 13; el artículo 14; los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 15; y el apartado 1 del artículo 17, excepto el último inciso de su párrafo primero, todos ellos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
a) Adecuación de los actuales organismos autónomos, cualquiera que sea su carácter, al régimen de las agencias administrativas previsto en esta Ley.
b) Adecuación de las entidades de Derecho Público previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía al régimen de las agencias públicas empresariales previsto en esta Ley.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando concurran las circunstancias previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III de esta Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, podrá adecuar los actuales organismos autónomos y las entidades previstas en la letra b) del artículo 6.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía al régimen de las agencias de régimen especial.
4. El Consejo de Gobierno podrá también acordar la supresión de los organismos autónomos, por no reunir los requisitos previstos en el Título III de esta Ley, o decidir su mantenimiento, hasta la concurrencia de las causas de extinción previstas en su artículo 60. El decreto de supresión podrá acordar la integración de los órganos y unidades administrativas del organismo autónomo en un servicio administrativo con gestión diferenciada de los previstos en el artículo 15 de esta Ley o en una Consejería. Dicho decreto establecerá las medidas aplicables en materia de personal, presupuestos y tesorería, y acordará la integración de los bienes del organismo en el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
a) Las referencias efectuadas en la considerada Ley a los "organismos" u "organismos autónomos" se entenderán hechas a las "agencias administrativas".
b) Las referencias efectuadas en la considerada Ley a las "empresas" se entenderán hechas a las "agencias públicas empresariales" y a las "sociedades mercantiles del sector público andaluz", según corresponda.
"Disposición adicional octava. Régimen jurídico supletorio.
En todo lo no previsto en esta Ley, será de aplicación, en lo que proceda, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía."
Disposición final tercera. Aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las agencias de régimen especial.