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Timestamp: 2018-07-16 17:52:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 591', 'artículo 592', 'artículo 591', 'artículo 591', 'artículo 592', 'artículo 592', 'artículo 591']

octubre | 2015 | Detrás de la Toga
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. El expediente de deslinde sobre fincas no inscritas.
Texto de la La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
Dentro de la vorágine legislativa que ha marcado los últimos meses de la legislatura, quizás una de las normas cuya reforma ha provocado menos ruído, frente a otras de igual mayor calado, ha sido la promulgación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
Dentro de la corriente existente en nuestro entorno de separar, del mayor modo posible, aquellos ámbitos de la denominada jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, destaca la publicación de esta norma que tiene como razón de ser la actualización y simplificación de “las normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más rápido, desde el respeto máximo de las garantías y de la seguridad jurídica, y tomando especial cuidado en la ordenación adecuada de sus actos e instituciones” [Exposición de Motivos, III].
Pero… ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? A esta cuestión responde el artículo 1.2 de la Ley 15/2015, al afirmar que Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Esto es, es nota característica la ausencia de controversia entre las partes intervinientes en él, pese a que el procedimiento se sigue encomendando a los Órganos Jurisdiccionales del Orden Civil, en la persona del Juez o del Secretario.
En materia de derechos reales, el Título VI se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales
[Nota del autor: Desde este momento, se hablará del expediente de deslinde sobre fincas no inscritas, arts. 104 a 107 LJV, quedando la autorización judicial al usufructuario para futura entrada, arts. 100 a 103]
.- El expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad.
Por expediente de deslinde se entiende a aquel procedimiento por el que se pretende obtener el deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. Esta es la primera de las notas características, su restrictivo ámbito de aplicación, pues se diferencia de aquellas fincas si inscritas, al ser de aplicación la Ley Hipotecaria o si pertenecen a cualquiera de las Administraciones públicas, pues será de aplicación el derecho administrativo.
¿Notas características del expediente de deslinde? [Art. 105 LJV]
1.- ¿Competencia territorial? Conocerá el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella.
2.- ¿Inicio? A instancia del titular del dominio de la finca o, de ser varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma.
3.- ¿Intervención preceptiva de abogado? Si el valor de la finca es superior a 6.000 euros.
“El expediente se iniciará mediante escrito en el que se harán constar las circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, así como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, con su domicilio si fuera conocido por el solicitante” [Art. 106.1 LJV]. Cabe destacar que el procedimiento es hábil para deslindar la totalidad o parte de una finca.
En todo caso se deberá aportar representación gráfica de la finca, bien mediante certificación catastral, bien mediante representación gráfica alternativa, de no coincidir fielmente Catastro y realidad.
Tras admisión de solicitud, y en un plazo de quince días para alegaciones, el Secretario Judicial citará a colindantes a un acto de deslinde donde se practicará el deslinde solicitado.
El expediente puede terminar, bien por avenencia (total o parcial), o sin avenencia, en cuyo caso se producirá el archivo de las actuaciones. En caso de avenencia, dice el art. 107.3 LJV, “el Secretario judicial remitirá testimonio del acta y del decreto al Catastro a los efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que correspondan”.
En todo caso, este expediente no deja de ser Jurisdicción Voluntaria, por lo que la comparecencia no es obligatoria para ninguno de los requeridos. Por ello, en caso de negativa o ausencia en la práctica, cabe acudir ante la Jurisdicción Civil para ejercer el procedimiento declarativo correspondiente en defensa de tal pretensión; procedimiento que gozará de todos los principios que son reconocidos en nuestra legislación procesal en defensa de las garantías a los ciudadanos.
‘Una realidad, dos Registros’. Catastro y Registro de la Propiedad
// Situación: A y B son propietarios colindantes. A planta un árbol que, pese a cumplir las distancias legales del artículo 591, tras su crecimiento, termina por invadir la propiedad de B, tanto con sus ramas como con sus raíces. (Ver esquema). ¿Qué derechos asisten al propietario B sobre la invasión que se produce por el crecimiento del árbol? //
A esta situación trata de responder el artículo 592 del Código Civil, cuyo contenido se transcribe a continuación.
Esta norma recoge dos procedimientos distintos de reacción del afectado según la forma en que se pueda producir la invasión de su propiedad. Así, si es por las ramas que invaden el vuelo de la finca propia, se puede reclamar que se corten, pero no se puede hacer por sí mismo. En ningún caso se podrá realizar motu proprio (está prohibida la autotutela), hasta el punto de que de realizar tal acto sin consentimiento, el causante será responsable de aquellos Daños y Perjuicios que se causen.
Por el contrario, sí que se tiene reconocida la facultad de cortar las raíces por uno mismo, y siempre hasta el límite de la propiedad. Esta facultad, muestra de autotutela, no impide que se pueda solicitar judicialmente su corta, con amenaza de condena ante los Juzgados y Tribunales del Orden Civil.
Se trata de un artículo plenamente compatible con el artículo 591 del Código Civil, que establece la regla de distancias a la que estas especies deberían estar plantadas, dos metros o cincuenta centímetros dependiendo de la calificación como árbol “alto” o “arbusto o bajo”, siendo la Jurisprudencia la que ha especificado tal división. De este modo:
Y ello porque ambos artículos tienen objetos de protección diferentes. Mientras el artículo 591 protege las relaciones de vecindad entre propiedades, evitándose la creación de ‘pantallas’ naturales que puedan evitar, entre otros supuestos, la entrada de luz, el artículo 592 protege a las heredades vecinas de aquellas invasiones que se puedan producir por el desarrollo natural de especies vegetales, con las consecuencias que este hecho podría provocar.
Del mismo modo, se podría pedir el corte de ramas (artículo 592 Código Civil) sin pedir el arranque de los arboles (artículo 591 del Código) toda vez que podrían estar autorizadas mediante cualquier otro negocio jurídico interpartes.
Fundamental en todo caso será tener bien delimitada cual es la línea divisoria entre ambas heredades, toda vez que esta línea, clara en materia de suelo y subsuelo, pero problemática en materia de vuelo, marcará los límites de actuación y de corta.
Quizás una de las mayores peculiaridades de este artículo es que, pese a que se refiere únicamente al <<propietario>>, la práctica jurisprudencial ha admitido también legitimación activa a cualquier titular de derecho real sobre cosa ajena (usufructuario, mero poseedor,…)
En todo caso, y a modo de conclusión, cabe destacar que estos preceptos no son absolutos, sino que cabria la posibilidad de adquirir, como una limitación al propio dominio (esto es, una servidumbre), el derecho a mantener la invasión de las ramas. Opera aquí el principio de libertad de disposición de las partes, y su fundamentación como una servidumbre voluntaria. Además, en tal supuesto, salvo pacto en contrario, la servidumbre habría de entenderse constituida no sólo en relación con el estado actual de raíces y de ramas, sino también para el estado futuro, pudiendo “limitarse la extensión del gravamen mediante la obligación de realización de cortas y podas periódicas con la finalidad de no superar cierta intromisión en el predio ajeno”.
Ángel Luis, Rebolledo Varela. Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Santiago de Compostela. Abogado
Grandes Tratados. Tratado de Servidumbres.
Editorial Aranzadi, SA, Octubre de 2007.
ISBN 978-84-8355-292-6