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Timestamp: 2019-04-22 18:44:28
Document Index: 33867120

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 695', 'artículo 698', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 695', 'artículo 698', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 10']

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Nueva tasación del inmueble antes de ser vendido en subasta — Validez del título ejecutivo — Artículo 11 — Medios adecuados y eficaces contra las prácticas comerciales desleales — Prohibición de que el juez nacional aprecie la existencia de prácticas comerciales desleales — Imposibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria — Artículos 2 y 10 — Código de buena conducta — Inexistencia de carácter jurídicamente vinculante de dicho código»
En el asunto C‑109/17,
– en nombre de Irlanda, por el Sr. A. Joyce y por las Sras. M. Browne y J. Quaney, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. M. Gray, BL;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Rius y N. Ruiz García y por la Sra. A. Cleenewerck de Crayencour, en calidad de agentes;
«(9) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las acciones individuales ejercidas por quienes hayan resultado perjudicados por una práctica comercial desleal. La presente Directiva tampoco afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia contractual [...]
(22) Es necesario que los Estados miembros establezcan sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva y garanticen su aplicación. Estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.»
b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.»
«La presente Directiva no excluye el control, que los Estados miembros pueden fomentar, de las prácticas comerciales desleales por parte de los responsables de códigos, ni el recurso a tales organismos por parte de las personas u organizaciones a las que se hace referencia en el artículo 11, siempre y cuando el procedimiento ante tales organismos sea adicional al procedimiento administrativo o judicial mencionado en dicho artículo.
El recurso a tales órganos de control nunca supondrá la renuncia a las acciones judiciales o administrativas a que se refiere el artículo 11.»
b) prohibir la práctica comercial desleal o emprender las acciones legales pertinentes para que se ordene la prohibición de la práctica, cuando esta no haya sido todavía utilizada pero sea inminente su utilización,
12 El artículo 13 de dicha Directiva es del siguiente tenor:
13 El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone, en su apartado 1:
«En los procedimientos a que se refiere este Capítulo solo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:
1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada [...].
2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. [...]
3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento [...].
4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.»
14 El artículo 698, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:
«Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo.»
15 El artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, precisa que este tiene por objeto establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria.
16 El artículo 5 de dicho Real Decreto-ley dispone:
4. Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez que se produzca la acreditación por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusión, serán de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas Prácticas. [...]
9. Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Código. [...]»
17 El artículo 6 del mismo Real Decreto-ley establece:
4. La comisión de control recibirá y evaluará la información que, en relación con los apartados 5 y 6, le traslade el Banco de España y publicará semestralmente un informe en el que evalúe el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. [...]
6. Podrán formularse ante el Banco de España las reclamaciones derivadas del presunto incumplimiento por las entidades de crédito del Código de Buenas Prácticas, las cuales recibirán el mismo tratamiento que las demás reclamaciones cuya tramitación y resolución corresponde al citado Banco de España.»
22 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, en virtud del Derecho nacional, la oposición al procedimiento de ejecución hipotecaria únicamente puede fundarse en una de las causas previstas con carácter exhaustivo en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, mientras que la existencia de una cláusula abusiva en el contrato que sirve de título ejecutivo constituye una de esas causas, este no es el caso de la existencia de prácticas comerciales desleales, que solo pueden ser objeto de control mediante una acción judicial distinta. Sin embargo, el ejercicio de tal acción no acarrea la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, pues el juez que conozca del proceso declarativo no está facultado para suspender dicho procedimiento de ejecución, conforme al artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
23 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente considera que, si el Derecho de la Unión le permitiera controlar el comportamiento desleal del comerciante en el procedimiento de ejecución hipotecaria, como le permite la Directiva 93/13 en lo que respecta a las cláusulas abusivas, podría juzgar la validez de la novación del contrato de préstamo con garantía hipotecaria efectuada el 18 de octubre de 2013. Además, si el Código de Buenas Prácticas bancarias fuera vinculante para las entidades de crédito que lo han suscrito, los demandados en el litigio principal podrían efectivamente exigir la aceptación de la dación en pago, lo que pondría fin tanto a la ejecución hipotecaria como a su responsabilidad personal.
24 En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Cartagena (Murcia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
26 Para empezar, es preciso señalar que, según Bankia, la reducción del valor de tasación del bien hipotecado realizada en el asunto principal no puede ser considerada una «práctica comercial», a efectos del artículo 2, letra d), de la Directiva 2005/29, puesto que no está «directamente relacionada» con la promoción, la venta o el suministro de un producto o un servicio al consumidor. Aduce que, en cualquier caso, esa reducción no es «desleal», en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la citada Directiva. A su entender, dado que, en estas circunstancias, la Directiva 2005/29 no es aplicable al caso de autos, no procede responder a la primera cuestión prejudicial.
27 A este respecto, basta con señalar que solo en el caso de que el juez remitente pudiera, incluso debiera, controlar la validez del título ejecutivo a la luz de la Directiva 2005/29, lo cual depende precisamente de la respuesta a la primera cuestión planteada por ese mismo juez, debería entonces dicho juez comprobar si esta Directiva se aplica a los hechos del litigio principal.
28 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial.
29 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la Directiva 2005/29 tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores llevando a cabo una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, UPC Magyarország, C‑388/13, EU:C:2015:225, apartado 32 y jurisprudencia citada).
30 La Directiva 2005/29 establece una prohibición general de las prácticas comerciales desleales que distorsionan el comportamiento económico de los consumidores, precisamente para garantizar ese elevado nivel de protección de estos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Trento Sviluppo y Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, apartados 31 y 32).
31 No obstante, según jurisprudencia igualmente reiterada, dicha Directiva se limita a enunciar, en su artículo 5, apartado 1, que «se prohibirán» las prácticas comerciales desleales y, por tanto, la Directiva deja a los Estados miembros un margen de apreciación respecto de la elección de las medidas nacionales destinadas a combatir, conforme a los artículos 11 y 13 de la citada Directiva, tales prácticas, a condición de que dichas medidas sean adecuadas y eficaces y de que las sanciones así previstas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, UPC Magyarország, C‑388/13, EU:C:2015:225, apartados 56 y 57 y jurisprudencia citada).
32 Además, conforme al considerando 9 de la Directiva 2005/29, esta se entiende sin perjuicio, en particular, de las acciones individuales ejercidas por quienes hayan resultado perjudicados por una práctica comercial desleal y de las normas del Derecho nacional y de la Unión en materia contractual, incluidas, según resulta expresamente del artículo 3, apartado 2, de esta Directiva, las normas relativas a la validez, la formación o el efecto de los contratos.
35 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente, haciendo referencia, en particular, a la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), se pregunta asimismo si el artículo 11 de la citada Directiva, que exige, en particular, que las medidas nacionales destinadas a luchar contra las prácticas comerciales desleales sean adecuadas y eficaces, se opone a una normativa nacional, como los artículos 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, no solo el consumidor no puede oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria alegando la existencia de prácticas comerciales desleales que fundamentan el título ejecutivo, pues el juez de ejecución no está facultado para ejercer tal control, sino que además, a estos efectos, está obligado a iniciar un procedimiento declarativo ante otro juez, el cual no puede suspender dicho procedimiento de ejecución hipotecaria.
36 Pues bien, contrariamente a lo que sostiene, en particular, la Comisión Europea, la conclusión que alcanzó el Tribunal de Justicia en esa sentencia, dictada en el contexto de la Directiva 93/13, no puede extenderse a la Directiva 2005/29, dado que, si bien estas dos directivas tienen por objeto garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, persiguen no obstante dicho objetivo de diferente modo.
37 En efecto, la Directiva 93/13 establece expresamente, en su artículo 6, apartado 1, que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor.
38 Dado que esta disposición imperativa pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas, el juez nacional debe apreciar, incluso de oficio, el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartados 40 y 42 y jurisprudencia citada).
39 Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia estimó, en el apartado 59 de la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), que un régimen procesal como el resultante en esencia de los artículos 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, podía menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva.
40 No ocurre así en el caso de la Directiva 2005/29.
42 Además, por un lado, el artículo 11 de la Directiva 2005/29 se limita a exigir a los Estados miembros que velen por que existan medios adecuados y eficaces para luchar contra las prácticas comerciales desleales, medios que pueden consistir en la posibilidad de proceder judicialmente contra tales prácticas comerciales o en un procedimiento administrativo acompañado de la posibilidad de efectuar un control judicial y que en ambos casos tienen la finalidad de hacer que cesen esas prácticas. Por otro lado, en virtud del artículo 13 de la citada Directiva, incumbe a los Estados miembros establecer un régimen de sanciones apropiadas en relación con los comerciantes que recurran a las prácticas comerciales desleales.
45 Por la misma razón, si bien no cumple las exigencias del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 una normativa nacional que no prevé la posibilidad de suspender un procedimiento de ejecución hipotecaria de manera que, en todos los casos en que se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión solo permitiría garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria (sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 60), no sucede lo mismo en cuanto a las exigencias del artículo 11 de la Directiva 2005/29.
49 En efecto, si bien la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial no permite determinar automáticamente por si sola el carácter abusivo de una cláusula contractual, sí constituye uno de los elementos en los que el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato, apreciación que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe tener en cuenta todas las circunstancias propias del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, apartados 43 y 44).
50 Obviamente, la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial no incide directamente en la cuestión de si el contrato es válido con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, apartado 46).
53 Bankia y el Gobierno español estiman que no procede responder a estas cuestiones, ya que, en cualquier caso, el Código de Buenas Prácticas bancarias de que se trata en el litigio principal no es un código de conducta en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2005/29.
55 Por otra parte, dado que las dudas formuladas a este respecto no permiten desvirtuar la presunción de pertinencia de que goza toda cuestión prejudicial (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 20), procede responder a dichas cuestiones.
57 Pues bien, como resulta del considerando 20 de la Directiva 2005/29, el papel atribuido por esta a dichos códigos es permitir a los propios comerciantes aplicar los principios de la Directiva de forma eficaz en ámbitos económicos específicos, dar cumplimiento a los requisitos de diligencia profesional y evitar tener que recurrir a acciones administrativas o judiciales.