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Timestamp: 2018-03-23 01:16:01
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Matched Legal Cases: ['Artículo 116', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 116', 'Artículo 250', 'Artículo 251']

¿Sigue siendo constitucional la ley 600 de 2000? | A La Luz Pública, Principal Medio de Comunicación Digital en Ibagué - Últimas noticias de Ibagué y el Tolima alaluzpublica.com
¿Sigue siendo constitucional la ley 600 de 2000?
La constitucionalidad de la ley, cualquiera sea su naturaleza jurídica y la materia de que se ocupe, es requisito de existencia jurídica y de aplicabilidad para que produzca los efectos que le haya asignado el legislador, conforme con la Constitución Política.
De Ahí que, luego de haberse expedido el Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (19 de diciembre), mediante el cual se adoptó a nivel constitucional el sistema penal de tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2.004 (agosto 31), contentiva del nuevo Código de Procedimiento Penal, y de haberse reformado, por sustitución total, los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución de 1.991, resulta oportuno preguntarnos, si pese a todo esto, la Ley 600 de 2.000 (julio 24) , contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal, ¿sigue siendo constitucional?
Sinceramente y siendo rigurosamente objetivos, estimamos que no, conforme con las explicaciones que, a continuación, se plantean como fundamento para esta rotunda, tajante, clara y precisa afirmación.
Primero. Los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991, eran, hasta le entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 03 del 2.002 (diciembre 19), del siguiente texto:
Artículo 116. “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no le será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Artículo 250. “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:
1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere el caso tomar las necesarias para ser efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
3. Dirigir coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
4. Velas por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.
Artículo 251. “Son funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación:
2. Nombrar y remover, conforme con la ley, a los empleados bajo su dependencia.
5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
Estas normas superiores de rango constitucional fueron derogadas, en su orden, por sustitución total por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (diciembre 19), habiendo quedado, en definitiva, con el siguiente texto:
Artículo 116. Modificado. Acto Legislativo 03 de 2.002, art. 1. “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley”.
Artículo 250. Modificado. Acto Legislativo 03 de 2.002, art. 2. “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, (al solo efecto de determinar su validez).
PARÁGRAFO 2. Adicionado. Acto Legislativo 06 de 2.011, art. 2. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar de forma permanente”.
Artículo 251. Modificado. Acto Legislativo No. 03 de 2.002, art. 3. “Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
Así las cosas no cabe duda alguna que el Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (diciembre 19) entró en vigencia, como aparece en el art. 5 del mismo, “a partir de su aprobación” pero dejando a salvo que se aplicará “de acuerdo con la gradualidad que determina la ley” y se aplicará “únicamente a los delitos cometidos” con posterioridad a su vigencia.
Se agregó que la aplicación del nuevo sistema penal de tendencia acusatoria que se adoptó por dicho acto legislativo y que se desarrolló con la Ley 906 de 2.004 (agosto 31), “se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1 de enero de 2.005 de manera gradual y sucesiva” abarcando a todo el país, a más tardar para el 31 de diciembre de 2.008, como en efecto sucedió.
Segundo. Conforme con lo que se acaba de consignar, aparece claro que la Ley 600 de 2.000 (julio 24), contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal de tendencia inquisitiva, se expidió, promulgó y aplicó con fundamento en los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991, a la vez que la Ley 906 de 2.004 (agosto 31), contentiva del nuevo Código de Procedimiento Penal de tendencia acusatoria, se expidió, promulgó y se aplica con fundamento en los arts. 116, 250 y 251 superiores, modificados, en su orden por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 del 2.002 (Diciembre 19).
Tercero. El Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (diciembre 19) no hizo ninguna reserva bien de carácter constitucional o bien de carácter legal, pues en el art. 5 que trata, precisamente, de su vigencia, simplemente se dijo que se aplicaría el nuevo sistema penal de tendencia acusatoria a partir del 1 de enero de 2.005, señalándose, de otra parte, que para el 31 de diciembre de 2.008 la vigencia de esta nueva forma de administrar justicia tendría cubrimiento nacional.
Cuarto. Lo anterior significa que con la aplicación, sin limitaciones de ninguna naturaleza, de los arts. 116, 250 y 251 modificados, respectivamente, por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (diciembre 19), por sustitución total, se produjo la revocatoria de dichos mandatos superiores conforme fueron originalmente consignados en la Constitución Política de 1.991 y que, como consecuencia, dejaron de regir a partir del 1 de enero del 2005 en los distritos judiciales en que se aplicó inicialmente la Ley 906 de 2.004 (agosto 31) y de manera total en el territorio nacional el 31 de diciembre de 2.008.
Quinto. Esto significa, ni más ni menos, que la Ley 600 de 2.000 (julio 24), contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal de tendencia inquisitiva quedó sin respaldo constitucional, por lo cual no puede aplicarse a ningún proceso penal por hechos sucedidos con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo No. 03 de 2.002 (diciembre 19), porque se podría estar incurriendo en el denominado, por la Corte Constitucional, defecto material o sustantivo, acorde con la Sentencia T-309 de 2.012.
Sexto. ¿Qué hacer?. Simplemente aceptar la realidad, gústenos o no, sin desconocer que no siempre las actuaciones de los congresistas, bien de orden legislativo o bien de orden constitucional cuando procuran modificar la Constitución Política, resultan afortunadas, porque en la mayoría de los casos obran sin medir consecuencias, pasando por alto advertencias de distintas vertientes, pero muy especialmente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Esta última entidad, en la sentencia de casación penal de 5 de noviembre de 2.008, proferida dentro del Proceso No. 29.853, con ponencia del Magistrado JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, por ejemplo le llamó la atención duramente al Congreso Nacional por lo que denominó “inflación legislativa”, situación que ha originado, entre otras consecuencias, inestabilidad jurídica y ha creado problemas como el de la hacinamiento carcelario.
Séptimo. Lo cierto del caso, es que la Ley 600 de 2.000 (julio 24), contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal, desde el 31 de diciembre de 2.008 carece, de manera total de respaldo constitucional, lo que significa que los miles de procesos que aún se tramitan conforme a su ritualidad, están y estarán afectados de nulidad, independientemente de las consecuencias que se originen y de la etapa de desarrollo en que se encuentren.
Esta desafortunada realidad jurídica no puede ser desconocida, porque, como se anotó antes, se podría incurrir en situaciones que hacen responsable al Estado colombiano, ya que podrían originar daños antijurídicos, acorde con lo dispuesto en el art. 90 de la Constitución Política.
Además, en las condiciones en que se encuentra actualmente la Ley 600 de 2.000 (julio 24), contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal, resulta imposible administrar justicia con fundamento en la misma, pues no puede pasarse por alto que, como lo recuerda el doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en su nueva obra jurídica denominada “CASACION PENAL” (Editorial Leyer, Bogotá 2.011), hay estrechos vínculos “entre los modelos estatales, los parámetros de legitimación del poder público y los sistemas de justicia” que hacen que “el proceso penal no sea más que el reflejo de la concepción del poder público que se tiene en un entorno determinado” agregando que en la actualidad “el ejercicio del poder público se justifica por el respeto a los derechos fundamentales” de donde resulte imperioso que “el proceso penal se conciba también como un espacio de afirmación de la verdad y la justicia en un contexto caracterizado por el estricto respeto de los derechos de los distintos intervinientes”. A la vez que nos recuerda que la Constitución Política “no es solo normas de normas, sino norma de aplicación directa”, pues es, como se sabe, fuente de derecho, que se aplica “junto a la ley” y frente a esta “tiene supremacía en el ordenamiento jurídico”.