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Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. TÍTULO VI. Presupuesto y gasto público (Vigente hasta el 13 de Noviembre de 2003).
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (Vigente hasta el 13 de Noviembre de 2003).
Vigencia desde 31 de Diciembre de 1988. Esta revisión vigente desde 27 de Abril de 2003 hasta 13 de Noviembre de 2003
CAPÍTULO PRIMERODe los Presupuestos
a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven; y b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo.
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. 2. Los Organismos Autónomos de las Entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma siguiente: a) Organismos Autónomos de carácter administrativo.
1. El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la LE0000163784_20070101Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:
Número 1 del artículo 146 redactado por el número 2 de la Disposición Adicional Única de la Ley 18/2001, 12 diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria («B.O.E.» 13 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
Número 1 del artículo 147 redactado por el número 1 del artículo 57 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.
a) La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la de por programas, constará de tres niveles: El primero relativo al grupo de función, el segundo a la función y el tercero a la subfunción. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al programa y subprograma respectivamente.En todo caso, los niveles de grupo de función y función habrán de ser los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.
b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios: - En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.
c) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.
El control contable de los gastos se realizará sobre la partida presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 153, 2, de la presente Ley. 5. Las Entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. A partir de: 10 marzo 2004
c) Anexo de personal de la Entidad local. d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 2. El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. 3. Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
4. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al «Boletín Oficial» a que se refiere el apartado anterior. 5. El Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 160 y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. 7. Copia del Presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. 3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. A partir de: 10 marzo 2004
SECCIÓN 2DE LOS CREDlTOS Y SUS MODIFlCACIONES
1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos Presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme. 2. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.
Número 2 del artículo 154 redactado por el número 2 del artículo 57 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 54, de conformidad con las reglas contenidas en el Capítulo VII del Título Primero de esta Ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del Capítulo IX del Estado de ingresos.
Letra b) del número 6 del artículo 154 redactado por el número 3 del artículo 57 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
Número 6 del artículo 154 introducido por el artículo 140 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.Téngase en cuenta que la citada Ley 13/1995, de 18 de mayo, ha sido derogada por R.D. Leg. 2/2000, 16 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 21 junio).
Letra b) del número 2 del artículo 155 redactada por el apartado 7.º del artículo 66 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1998
c) Arrendamiento de bienes inmuebles. d) Cargas financieras de las Deudas de la Entidad local y de sus Organismos Autónomos.
Letra e) del número 2 del artículo 155 redactada por el apartado 7.º del artículo 66 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1998
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluidos en los apartados a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en el tercero y cuarto, el 50 por 100.
Número 3 del artículo 155 redactado por el apartado 2.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
6. Los compromisos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización. A partir de: 10 marzo 2004
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 150 de la presente Ley.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 5. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:
- Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. - Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos. - Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. 3. Los Organismos Autónomos podrán realizar operaciones de transferencias de crédito con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores. 4. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 150, 151 y 152 de la Ley.
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad local o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos. b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local o de sus Organismos Autónomos.
2. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización. 3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. A partir de: 10 marzo 2004
2. Las Entidades locales podrán en la forma que reglamentariamente se establezca abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución de las enumeradas en el apartado anterior. A partir de: 10 marzo 2004
2. El Pleno de la Entidad local, a propuesta del Presidente, podrá crear una Unidad de Ordenación de Pagos que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones administrativas de la Ordenación de Pagos. La sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, 16 diciembre («B.O.E.» 20 enero 2000), declara que el número 2 del artículo 167 no tiene carácter básico, por ser contrario al orden constitucional de competencias.
La sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, 16 diciembre («B.O.E.» 20 enero 2000), declara que el número 3 del artículo 167 no tiene carácter básico, por ser contrario al orden constitucional de competencias.
4. La Ordenación de Pagos en los Organismos Autónomos la ejercerá el órgano de los mismos que, por Estatutos, la tenga atribuida. A partir de: 10 marzo 2004
Los Ordenadores de gastos y pagos, en todo caso, y los Interventores de las Entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. A partir de: 10 marzo 2004
1. Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición, según previene el artículo anterior, tendrán el carácter de «a justificar» y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. 2. Las Bases de Ejecución del Presupuesto podrán establecer, previo informe de la Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los Presupuestos de gastos, determinado los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, y sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación.
1. La liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior. Reglamentariamente se regularán las operaciones de cierre del ejercicio económico y de liquidación de los Presupuestos, atendiendo al carácter de los citados Organismos. 2. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma y a los efectos previstos en el artículo siguiente.
2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 158.5 de esta Ley. 3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.
5. Las Entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la Entidad de que se trate. A partir de: 10 marzo 2004
2. Los preceptos contenidos en el presente capítulo serán de aplicación, asimismo, a los Organismos Autónomos. 3. La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria.
1. Son funciones encomendadas a la Tesorería de las Entidades locales: a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.
2. Asimismo las Entidades locales podrán autorizar la existencia de Cajas de efectivo, para los fondos de las operaciones diarias, las cuales estarán sujetas a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan. A partir de: 10 marzo 2004
2. Las Entidades locales podrán asimismo pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior. A partir de: 10 marzo 2004
CAPÍTULO IIIDe contabilidad
1. Las Entidades locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en esta Ley. 2. Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las Entidades locales estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al LE0000008270_19960101Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, serán objeto de tratamiento contable simplificado aquellas entidades locales cuyas características así lo requieran y que serán fijadas reglamentariamente por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Número 2 del artículo 184 redactado por el apartado 3.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
a) Establecer el balance de la Entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su Patrimonio, así como sus variaciones. b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial.
2. En los citados libros, registros y cuentas, se contabilizarán la totalidad de los actos u operaciones de carácter administrativo, civil o mercantil, con repercusión financiera, patrimonial o económica en general. A partir de: 10 marzo 2004
Artículo 189 redactado por el apartado 4.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
Número 1 del artículo 190 redactado por el apartado 8.º del artículo 66 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1998
2. Las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
Número 2 del artículo 190 redactado por el apartado 5.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
Número 3 del artículo 190 redactado por el apartado 5.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre)Vigencia: 1 enero 1997
Número 4 del artículo 190 redactado por el apartado 8.º del artículo 66 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1998
Número 5 del artículo 190 suprimido por el apartado 8.º del artículo 66 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1998
El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
Artículo 191 redactado por el apartado 6.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 500.000 pesetas que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Número 1 del artículo 200 redactado por el apartado 7.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 155 de esta Ley.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente.El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
Número 2 del artículo 200 redactado por el apartado 7.º del artículo 138 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público. 4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las Entidades locales y de todos los Organismos y Sociedades de ellas dependientes es función propia del LE0000007998_20150401Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica reguladora del mismo y su LE0000008011_20140918Ley de Funcionamiento.
3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la Entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable. 4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las Entidades locales, tengan atribuidas por sus Estatutos las Comunidades Autónomas. A partir de: 10 marzo 2004
1. Se modifica el LE0000007636_20160101artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que queda redactado en los siguientes términos:
2. Se modifica el LE0000007636_20160101artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que queda redactado en los siguientes términos:
Tan sólo en los municipios en los que el número de unidades urbanas sea superior a 200.000, los Ayuntamientos podrán solicitar a la Dirección General del Catastro que los valores catastrales se fijen, se revisen o modifiquen por fases anuales, de forma sucesiva y no simultánea.
En aquellos municipios en los que el número de unidades urbanas sea superior a 750.000, la eficacia de los nuevos valores se producirá en el año posterior a aquel en que concluya totalmente el proceso de notificación, salvo que la Dirección General del Catastro, previa solicitud del Pleno municipal, acordase que la entrada en vigor de los valores se produjera al concluir cada una de las fases anuales del proceso.
En los supuestos señalados en los párrafos anteriores, los Ayuntamientos podrán establecer, en los términos señalados en el artículo 73 de la presente Ley, tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles diferenciados, según se trate de bienes con nuevos valores catastrales o no.
En los supuesto anteriores, el acuerdo de realizar una revisión por fases, exclusivamente podrá adoptarse por razón de circunstancias objetivas que imposibiliten la realización simultánea de la revisión y siempre en el marco de una ponencia única.
Los órganos responsables de la Dirección General del Catastro, en aras de la mayor homogeneidad en el proceso de valoración, vigilarán especialmente la plena coordinación de los valores catastrales de todo el término municipal.
Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y en tanto no se apruebe una nueva Ponencia de valores o se modifique la existente, se mantendrá el mismo régimen de asignación de valores catastrales y bases liquidables para los bienes inmuebles de naturaleza urbana que pasen a formar parte de otro término municipal. En estos casos, los Ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles afectados un tipo de gravamen igual al vigente en el municipio de origen en el momento de dicha alteración, salvo que acuerden establecer otro tipo de gravamen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la presente Ley.
Ultimo párrafo de la Disposición Adicional 2.ª introducido por el apartado 36 del artículo 18 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
Disposición Adicional 2.ª redactada por el artículo 8 de la Ley 53/1997, 27 noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la Base Imponible del Impuesto sobre bienes inmuebles («B.O.E.» 28 noviembre).Vigencia: 29 noviembre 1997
Disposición adicional segunda derogada, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
1. Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones. 2. La formación, conservación, renovación, revisión y demás funciones inherentes a los Catastros Inmobiliarios, serán de competencia exclusiva del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con los Ayuntamientos o, en su caso, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares u otras entidades locales reconocidas por las leyes, a petición de los mismos en los términos que reglamentariamente se establezcan. Todo ello sin perjuicio de la configuración de dichos Catastros Inmobiliarios como base de datos utilizable tanto por la Administración del Estado como por la autonómica y la local.
Número 2 de la Disposición Adicional 4.ª redactado por el apartado 37 del artículo 18 de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre). Número 2 de la Disposición Adicional 4.ª redactado por el número 4 de la Disposición Adicional 24 de la Ley 49/1998, 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999 («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
Disposición adicional cuarta derogada, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
1. Conforme al artículo 6.3 de la LE0000008099_20150614Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, éstas podrán establecer y exigir un impuesto sobre la materia imponible gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2. La Comunidad Autónoma que ejerza dicha potestad establecerá las compensaciones oportunas a favor de los Municipios comprendidos en su ámbito territorial que revestirán una o varias de las siguientes fórmulas: a) Subvenciones incondicionadas.
4. El ejercicio de la potestad a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional supone la creación de un tributo nuevo, propio de la Comunidad Autónoma correspondiente y, la supresión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica regulado en esta Ley respecto de los Municipios comprendidos en el ámbito territorial de aquélla. 5. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas supriman el Impuesto propio que hubieren establecido al amparo de lo dispuesto en la presente disposición adicional, los Ayuntamientos integrados en los territorios respectivos de aquéllas vendrán obligados a exigir automáticamente el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Número 6 de la Disposición Adicional 5.ª introducido por la Disposición Adicional 19 de la Ley 18/1991, 6 junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («B.O.E.» 7 junio).Vigencia: 1 enero 1992
Disposición Adicional 6.ª redactada por el artículo 66 de la Ley 25/1998, 13 julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público («B.O.E.» 14 julio).Vigencia: 15 julio 1998
Téngase en cuenta que la citada Ley 44/1978, de 8 de septiembre, ha sido derogada por Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («B.O.E.» 7 junio).
1. Se da nueva redacción al artículo tercero de la LE0000008123_19881231Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, que queda redactado en los términos siguientes:
2. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo cuarto de la LE0000008123_19881231Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, que queda redactado en los términos siguientes:
2. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer beneficios fiscales en los tributos locales regulados en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 9 de la misma. A partir de: 10 marzo 2004
Disposición Adicional 10 derogada por el apartado 5 de la Disposición Derogatoria Unica de la Ley 42/1994, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1995
Disposición Adicional 11 derogada por el apartado 5 de la Disposición Derogatoria Unica de la Ley 42/1994, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1995
Disposición Adicional 12 derogada por el apartado 5 de la Disposición Derogatoria Unica de la Ley 42/1994, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1995
Disposición Adicional 13 derogada por la Disposición Derogatoria 5.º de la Ley 50/1998, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1999
El Estado podrá compensar las deudas firmes contraidas con el mismo por las entidades locales con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado.
A los efectos previstos en los párrafos precedentes se declara la responsabilidad solidaria de las Corporaciones locales respecto de las deudas tributarias o con la Seguridad Social, contraidas por las entidades a que se refieren las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de las que en su caso se contraigan por las Mancomunidades, Comarcas, Areas Metropolitanas, entidades de ámbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones asociativas voluntarias públicas en las que aquéllas participen, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir, en su caso.
Ultimo párrafo de la Disposición Adicional 14 redactado por el artículo 49 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
Disposición Adicional 14 redactada por el artículo 141 de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1997
Los Presupuestos Generales del Estado de cada año incluirán crédito en favor de aquellas Entidades locales que, cualquiera que sea la forma de gestión, tengan a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano. La distribución del crédito, que estará determinada por las correspondientes Leyes, podrá efectuarse a través de alguna de las siguientes fórmulas:
El Ministerio de Economía y Hacienda modificará tanto la estructura de los presupuestos de las Entidades locales como los criterios de clasificación a la que hace referencia el artículo 148 de esta Ley con objeto de adaptarlos a los establecidos para el sector público estatal en cada momento. A partir de: 10 marzo 2004
Los territorios históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico financiero en los términos de la LE0000109167_20020101Ley del Concierto Económico sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de las Corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás Corporaciones locales sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma.
Cualquier dotación o aportación empresarial para la cobertura de previsión del personal realizada entre el 29 de junio de 1987 y la fecha de formalización de un plan de pensiones, será deducible en la imposición personal del empresario, siempre que éste se comprometa ante el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento que éste establezca, a acogerse a los requisitos y demás condiciones establecidos en la disposición transitoria primera del LE0000017640_20080101Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Será requisito ineludible que el plan de pensiones se encuentre formalizado en un plazo no superior a veinticuatro meses desde la entrada en vigor del antes citado Reglamento.
Antes del día 1 de enero de 1990, las Entidades locales habrán de adoptar los acuerdos precisos de imposición y ordenación de tributos al objeto de poder exigir tasas y contribuciones especiales con arreglo a las normas contenidas en la presente Ley. Asimismo, y antes de la referida fecha, las respectivas Corporaciones deberán adoptar los acuerdos precisos al objeto de poder exigir precios públicos con arreglo a las normas contenidas en la presente Ley. Entre tanto, y hasta la fecha indicada, las Entidades locales podrán continuar exigiendo tasas y contribuciones especiales con arreglo a las normas contenidas en el LE0000007676_20131231texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Téngase en cuenta que la disposición transitoria segunda de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario («B.O.E.» 24 diciembre), establece que lo establecido en la citada Ley respecto a la determinación del valor catastral queda en suspenso respecto a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante Ley se establezca la fecha de su aplicación, manteniendo su vigencia mientras tanto, a los efectos indicados, la disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como el procedimiento de renovación del catastro rústico regulado en el artículo 31 y disposiciones concordantes de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y su normativa de desarrollo.
Número 2 de la disposición transitoria segunda derogado, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
3. El plazo de disfrute de la bonificación establecida en el artículo 74 de la presente Ley, cuando las obras de urbanización y construcción a que se refiere el apartado 3 de dicho artículo se hubiesen iniciado con anterioridad al comienzo de la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se reducirá en el número de años transcurridos entre la fecha de inicio de dichas obras y la de la entrada en vigor del referido impuesto. Número 3 de la disposición transitoria segunda derogado, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
4. Hasta la fecha señalada en el apartado 1 de esta disposición transitoria, la referencia hecha al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el artículo 16.2, B), de la LE0000039752_19910528Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su nueva redacción dada por la disposición adicional tercera de la presente Ley, se entenderá realizada a la Contribución Territorial Urbana.
Número 4 de la disposición transitoria segunda derogado, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
Número 5 de la disposición transitoria segunda derogado, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
Con efectos exclusivos para el período impositivo de 1992 y en orden a la exacción del impuesto que se devenga el 1 de enero de ese año, las Ordenanzas fiscales por las que, al amparo de lo previsto en los artículos 88, 89 y 124, se fije el coeficiente de incremento, las escalas de índices de situación y el recargo provincial que hayan de ser aplicados en el referido período, deberán publicarse, en los términos previstos en el artículo 17.4 de la presente Ley, antes del 1 de julio de dicho año. Con este mismo alcance, se amplía en cinco meses el plazo fijado reglamentariamente en desarrollo de la Disposición Transitoria Undécima de la presente Ley para la comunicación a la Administración del Estado de los correspondientes coeficientes de incremento y recargos provinciales. Tal ampliación no afectará, sin embargo, al plazo fijado reglamentariamente para la comunicación a la Administración del Estado de la encomienda del ejercicio de las funciones de gestión tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Párrafo 2.º del número 1 de la Disposición Transitoria 3.ª redactado por la Disposición Adicional 19 de la Ley 18/1991, 6 junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («B.O.E.» 7 junio).Vigencia: 1 enero 1992
3. La notificación de los actos de calificación de las actividades y de señalamiento de las cuotas correspondientes, a que se refiere el artículo 92.1 de la presente Ley, derivada de las declaraciones de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas que deban realizarse con motivo del comienzo de la aplicación de éste, se practicará mediante personación del sujeto pasivo, o persona autorizada al efecto, en las oficinas públicas que reglamentariamente se determine.
Transcurrido el plazo que reglamentariamente se fije para la retirada de dichas notificaciones, si el sujeto pasivo no lo hubiera realizado, se entenderá a todos los efectos como notificado.
Número 3 de la Disposición Transitoria 3.ª introducido por la Disposición Adicional 19 de la Ley 18/1991, 6 junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («B.O.E.» 7 junio).Vigencia: 1 enero 1992
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica comenzará a exigirse en todo el territorio nacional a partir del día 1 de enero de 1990. Hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, continuará exigiéndose el Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos.
2. A partir de la fecha indicada en el párrafo primero del apartado anterior, y a los efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 108 de la presente Ley, se aplicará lo establecido en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la referida Ley. A partir de: 10 marzo 2004
Las Entidades locales, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, clasificarán sus Organismos Autónomos de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 145. A partir de: 10 marzo 2004
1. Durante los dos primeros años de aplicación de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas, las competencias que en relación a los mismos atribuyen a los Ayuntamientos los artículos 78 y 92 de la presente Ley, respectivamente, podrán ser ejercidas por la Administración Tributaria del Estado, cuando el Ayuntamiento interesado así lo solicite en la forma y plazos que reglamentariamente se establezca. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación al impuesto sobre Actividades Económicas, en aquellos casos en los que los Ayuntamientos establezcan el índice de situación regulado en el artículo 89 de la presente Ley.
Párrafo 2.º del número 1 de la Disposición Transitoria 11 redactado por el artículo 7 de la Ley 6/1991, 11 marzo, por la que se modifica parcialmente el Impuesto sobre Actividades Económicas y se dispone el comienzo de su aplicación el 1 de enero de 1992 («B.O.E.» 12 marzo).Vigencia: 13 marzo 1991
Párrafo 2.º del número 1 de la Disposición Transitoria 11 introducido por el artículo 6 del R.D.-ley 4/1990, 28 septiembre, por el que se modifica la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre («B.O.E.» 29 septiembre).
Disposición transitoria undécima derogada, en cuanto se refiere a la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 28 diciembre). Lo dispuesto en la citada letra a) se entiende sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias de la Ley 51/2002.
Véase R.D. 375/1991, 22 marzo, por el que se desarrolla, en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas, la Disposición Transitoria 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 26 marzo).
Véase R.D. 831/1989, 7 julio, por el que se desarrolla parcialmente la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» 12 julio).
c) Disposición adicional decimotercera de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983. d) Título VIII, disposición transitoria octava, disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, inciso final y séptima, apartado 2, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.