Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Noviembre/01936-281107-2007-2007-0605.html
Timestamp: 2016-12-07 16:25:27
Document Index: 172969531

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 67', 'artículo 161', 'artículo 9', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1']

Nº 2005-5366
octubre de 2005 ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
el N° 37.517, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ANA
CRISTINA AGUILERA CARROZ, titular de la cédula de identidad N° 6.503.891,
interpuso recurso por abstención o carencia contra la conducta omisiva de la DIRECCIÓN DE INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, (hoy Ministerio del Poder Popular
para la Educación) “en cuanto al cumplimiento de su deber de tramitar el
ingreso y remuneración de [su] representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33
HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa
Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida”.
de 2005, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de
Sustanciación, a los fines de la admisión del recurso.
noviembre de 2005, la apoderada judicial de la recurrente, requirió a la Sala librar oficio a fin de solicitar el expediente administrativo correspondiente.
2005, el referido Juzgado admitió el recurso
interpuesto y, en consecuencia, ordenó practicar la citación de los ciudadanos
Fiscal General de la República, Ministro de Educación y Deportes, y a la Procuradora General de la República; así como librar el cartel a que hace referencia el
aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicitó al órgano recurrido los antecedentes
abogada Carmen Josefina Gil Lugo, actuando con el carácter ya expresado,
sustituyó la representación en los abogados Alberto José Nava Pacheco, Reina
INPREABOGADO bajo los números 17.443, 13.299 y 90.981, respectivamente.
2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia en autos de las
notificaciones practicadas a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Ministro de Educación y Deportes,
2006, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento, el cual fue
año para su publicación, siendo consignado en el expediente un ejemplar del
Milagros Rivero Otero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 25.033, actuando
con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, se dio por citada en el presente juicio.
febrero de 2006, la representante de la actora solicitó nuevamente que esta
Sala oficie al órgano recurrido a fin de que remita los antecedentes
febrero de 2006, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, ya identificada, solicitó
se “proceda a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia oral
y pública”, conforme a lo establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 1.645 de fecha 19 de agosto de
2004 (caso: Constitución Federal del Estado Falcón), o que en caso
contrario “se pronuncie sobre cuál es el procedimiento aplicable a los
efectos de orientar el procedimiento”. En este mismo acto promovió pruebas.
En esa fecha, la representante de la República consignó los antecedentes administrativos correspondientes.
el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a esta Sala, a los
cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los
Mediante sentencia N° 00982 de
fecha 20 de abril de 2006, esta Sala declaró improcedente la solicitud
Josefina Gil Lugo, ya identificada, y ratificó que
el procedimiento aplicable para la tramitación de los recursos de abstención o
carencia, es el establecido en los artículos 18 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 17 de mayo de 2006, la
abogada Carmen Josefina Gil, ya identificada, solicitó la remisión del
expediente al Juzgado de Sustanciación, lo cual fue acordado el 13 de junio de
2006, el referido Juzgado ordenó notificar a la Procuradora General de la República de la decisión dictada por esta Sala el 20 de abril de
2006, y ordenó la continuación de la causa una vez que conste en autos la
referida notificación.
Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas presentadas por la parte actora. El 15 de noviembre de 2006, concluida
la sustanciación, se pasó el expediente a la Sala.
dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, y se
fijó el tercer (3er) día de despacho para comenzar la relación de la causa. El 12 de diciembre de 2006 comenzó
la relación y se fijó el acto de informes para el décimo (10) día de despacho
siguiente. Dicho acto fue diferido los días 18 de enero y 22 de febrero de
2007. El 7 de febrero de 2007, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz,
oportunidad fijada para el acto de informes, se dejó constancia de la
comparecencia de las partes y de la consignación de sus respectivos escritos. En fecha 4 de julio de 2007, se dijo
octubre de 2005, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, actuando con el carácter
ya expresado, interpuso recurso por abstención o carencia contra la conducta
omisiva del “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, con
Música, mención educación, y desde el 1° de noviembre de 2001 ingresó “como
personal contratado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (…) con
carácter de interino en el área de Música, para el Centro Educativo Escuela
Básica Carlos Soublete” en la población La Azulita del Estado Mérida.
referido Ministerio, convocó a nivel nacional un concurso de credenciales para
la provisión de cargos, ingresos y ascensos a la carrera docente para el
período 2001-2002, al que se inscribió su representada consignando la
mediante acta de fecha 12 de marzo de 2002 que “En la confrontación no se
observó nada irregular”, la declaró ganadora del referido concurso el 30 de
mayo de 2002, “ocupando la posición número uno (1), con una puntuación de
cinco coma noventa puntos (5,90 Ptos) (…) por lo que a partir de esa
fecha es TITULAR DEL CARGO por el cual concursó”.
Que el 6 de junio de 2002 la Jefa de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, le otorgó la credencial a la ciudadana Ana
Cristina Aguilera Carroz, para ejercer el cargo en el que resultó ganadora, en
sustitución del ciudadano Ortega L. Ramón.
Que dicho ciudadano se rehusó a entregarle
el cargo a su representada, lo cual provocó que la Jefe de División de Personal de la Zona Educativa N° 14, enviara comunicación a la Directora del Núcleo Estatal Rural N° 159, dependencia donde debería desempeñar el cargo,
ordenándole que colocase en posesión del cargo a la legítima ganadora del concurso.
Que el ciudadano Ortega L. Ramón fue
trasladado físicamente a otra institución, pero continúa apareciendo en la
nómina de personal del Núcleo Estadal Rural N° 159, donde fue designada su
representada y no en la que le corresponde, “es decir, se le continúa
pagando con la misma partida del cargo que le corresponde a la Ganadora del Concurso (…), irregularidades que el Ministerio de Educación a nivel central no
ha corregido…”.
2002, la recurrente fue ingresada por la Zona Educativa N° 14, en el Centro Educativo NER N° 159 (Mesa Alta), “La Azulita” como Docente Ordinaria I/Aula/Música, prestando sus servicios con una carga horaria de 33, 33 horas, “pero hasta la fecha ha sido imposible que el Ministerio de
Educación a nivel central la incluya en la nómina regular del Ministerio de
Educación y Deportes con el cargo de Docente de Aula con 33,33 horas (…)
a pesar de estar cumpliendo con la prestación integral de sus servicios en
el cargo por el cual concursó” (sic). Que lo anterior ha traído como
que ocupa actualmente, pagándosele todavía como contratada, “es decir, sólo
por veinte (20) horas contratadas, como interina no graduada…”.
Que su representada realizó múltiples
diligencias ante las autoridades de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para solicitar su inclusión en la nómina de personal del referido Ministerio,
siendo la última de ellas la comunicación de fecha 18 de agosto de 2005,
dirigida al Director y al Jefe de División de Personal de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, en la que les solicitó información sobre los trámites
Que en respuesta a dicha petición se
le informó que las actuaciones referidas a la tramitación de su ingreso,
reposan en el expediente N° 5376.04 que cursa ante el Juzgado Superior Civil y
Contencioso Administrativo de la Región Los Andes. Que una vez obtenidas las copias
certificadas de dichas actuaciones se pudo evidenciar que la Zona Educativa N° 14 de Estado Mérida, tramitó el procedimiento de ingreso ante el Ministerio
de Educación y Deportes, como se observa de las planillas de proposición de
Que de dichas actuaciones se observó igualmente
una “planilla de relación de movimientos devueltos”, expedida por la División de Trámites de Pago Docente del Ministerio de Educación y Deportes de fecha 8 de junio de 2004, con la que se devuelven los recaudos de su representada “por falta de datos del saliente”.
memorando N° 5779 del 8 de septiembre de 2003, con el que la Dirección de Ingreso y Clasificación solicitó a la Dirección de Relaciones Laborales y
Gremiales del referido Ministerio, que emitiera opinión relacionada con la
acreditación como profesionales de la docencia a los Licenciados en Música
Que en respuesta a dicha solicitud la Dirección de Relaciones Laborales y Gremiales, en memorando N° 1672 de fecha 3 de mayo de
2004, indicó que “el título de Licenciado en Música mención docencia no
acredita a la ciudadana Aguilera Carroz Ana Cristina (…) como profesional de la
docencia”, y que “el referido título la capacita para el conocimiento
musical teórico y de ejecución incluyendo la actividad de enseñanza en el área
de su competencia y en consecuencia el título de licenciado en música no es un
título docente y su mención educación no modifica su denominación principal”. Que todo lo anterior “demuestra
que hasta la presente fecha su representada no ha sido incluida en la nómina de
Educación…”.
Que la Dirección de Asuntos Gremiales y Laborales del referido Ministerio, “a casi tres (3) años de haberse acreditado
por la Zona Educativa N° 14, como titular del cargo a ANA CRITINA AGUILERA
quien detenta el título de Licenciada en Música mención Educación, dictamina
asignado en virtud del concurso, colocándola en una grave situación de
incertidumbre con respecto a su ubicación dentro del sistema educativo, que
lesiona y desmejora además su condición profesional, económica, laboral, moral
y gremial…” (sic). Que el título obtenido por su
representada sí la acredita para desempeñarse como docente en la especialidad
de música al servicio de las entidades públicas o privadas, y por ello la Junta Calificadora de la Zona Educativa del Estado Mérida la declaró ganadora del concurso de
artículo 67 de la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente.
Que mediante Resolución N° 01 de
fecha 15 de enero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.881 del 17 de enero de 1996, el Ministerio de Educación “a los fines
de definir los títulos y certificados necesarios para el desempeño de la
función docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema estableció
ingreso al servicio de la docencia en la condición de personal ordinario,
título obtenido por el aspirante”.
del concurso dando como ganadora a su representada, “correspondía a la Oficina de División de Personal coordinar con la Junta Calificadora Zonal N° 14 del Estado Mérida, la tramitación de la proposición de
movimiento de personal ante el Nivel Central del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes para su inclusión en la nómina definitiva, de conformidad
con las previsiones del artículo 161 del Reglamento Interno del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de Diciembre de 1999 (…)”. Que tramitado el procedimiento para
el ingreso de su representada a nivel central por la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, “correspondía de conformidad con las
estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento Interno del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes y específicamente a la Dirección de Ingreso y Clasificación de Dicho Ministerio, tramitar lo concerniente al
movimiento de personal, en lo referente al ingreso, remuneración,
incorporación y cambio de sueldo de (su) representada”.
Que dicha dependencia ministerial “en
vez de cumplir con tal obligación (…), se limitó a enviar oficio a la Dirección de Asuntos Gremiales y Laborales, a los fines de emitir opinión sobre la validez
del título de (su) representada”. Que “la Dirección de Ingreso y Clasificación de Personal Docente del Ministerio de Educación a Nivel
Central, violó el debido proceso administrativo para el ingreso como personal
ordinario a (su) representada (…), incurriendo así en una abstención formal de
la actividad administrativa a la que se encuentra sometido por imperio de la Ley, ocasionándole a (su) representada, violación en sus derechos laborales, económicos,
educativo, con justificaciones contrarias a derecho” (sic). En tal sentido, solicitó “se
declare la abstención del Ministerio de Educación y Deportes en cuanto al
cumplimiento de su deber de tramitar el ingreso y remuneración de (su)
representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida (…); se ordene al Ministerio de Educación y
Deportes incluir en la nómina de personal ordinario titular fijo de dicho
Ministerio, a la Licenciada en Música, mención Educación: ANA CRISTINA AGUILERA
CARROZ”, y “se ordena igualmente a dicho Ministerio el pago a (su)
la prestación de servicio de las 33,33 horas que efectivamente cumple…” (sic).
oportunidad para pronunciarse sobre el fondo del asunto, considera la Sala necesario examinar, como punto previo, su competencia para conocer de la acción incoada,
presupuesto procesal de orden público revisable en cualquier estado y grado de
Lugo, actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana Ana
contencioso administrativo de abstención o carencia contra la presunta conducta
omisiva del “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes” (hoy
Ministerio del Poder Popular para la Educación), en cumplir con su deber de tramitar el ingreso y remuneración de su
representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida, quien a su decir resultó ganadora del concurso
de credenciales para la provisión de dicho cargo celebrado por el referido
Ministerio para el período 2001-2002.
conocimiento del presente asunto corresponde a esta Sala Político Administrativa
del artículo 5 de la Ley Orgánica que rige sus funciones, el cual dispone:
“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia
como más alto Tribunal de la República:
la abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades
de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional,
específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes;
El Tribunal conocerá (…) En
Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37”. Conforme la norma anterior, esta
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia detenta la
máximos representantes de los órganos de la Administración Pública Nacional, entre los que se encuentran los Ministros o
Ministras del Ejecutivo Nacional, y de los demás
organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y
al no cumplir con determinados actos a que están obligados por la ley.
señaló que conforme al procedimiento administrativo de ingreso como docente al
sistema educativo, “correspondía a la Oficina de División de Personal coordinar con la Junta Calificadora Zonal N° 14 del Estado Mérida, la tramitación de la proposición de
Educación, Cultura y Deportes, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de Diciembre de 1999”.
Asimismo, indicó que una vez
tramitado dicho procedimiento por la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida ante el nivel central, “correspondía de
conformidad con las estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento
Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y específicamente a la Dirección de Ingreso y Clasificación de Dicho Ministerio, tramitar lo concerniente al movimiento
de personal, en lo referente al ingreso, remuneración, incorporación y cambio
de sueldo de (su) representada”, y que dicha Dirección de Ingreso “en
del título de (su) representada”. En tal virtud, denunció que la Dirección de Ingreso y Clasificación de Personal Docente del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes violó el debido proceso administrativo de su representada para el
ingreso como personal ordinario, incurriendo así en una abstención formal de la
actividad administrativa a la que se encuentra sometida por imperio de la Ley, ocasionándole “violación en sus derechos laborales, económicos, gremiales y
con justificaciones contrarias a derecho”, estimando en consecuencia que se
del recurso por abstención o carencia “puesto que existe la obligación
específica de la Administración, es decir, del Ministerio de Educación y
Deportes, a través de la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal
Docente (…), para tramitar oportunamente el ingreso y la remuneración
correspondiente” (Negrilla de la Sala).
apoderada judicial de la recurrente, se desprende que, en principio, la acción aparece
interpuesta contra el “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, precisando
que es deber del Ministerio cumplir con la obligación específica demandada, pero
a través de la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal Docente de
dicho Ministerio, órgano al que le atribuye directamente la facultad de
tramitar el procedimiento de ingreso de su representada, “de conformidad con
las estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento Interno del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de diciembre de 1999.
Por lo tanto, conforme a lo señalado
por la actora, es la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal Docente
del Ministerio del Poder Popular para la Educación el órgano al que corresponde tramitar lo referente al ingreso del personal docente adscrito a ese Ministerio, razón
acción propuesta, es atacar la inactividad administrativa de dicha Dirección y
no la abstención del ciudadano Ministro como máximo representante del organismo
encontrándose el presente recurso dirigido contra alguna de las autoridades
señaladas en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente contra el ciudadano Ministro del Poder
Popular para la Educación, como máxima autoridad del organismo, esta Sala
resulta incompetente para decidir el presente recurso. Así se declara.
ahora analizar cuál tribunal es el competente para decidir del caso de autos, y
apoderada judicial, la hoy recurrente ingresó “como personal contratado en
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (…) con carácter de interino en
el área de Música, para el Centro Educativo Escuela Básica Carlos Soublete”
en la población La Azulita del Estado Mérida, y que virtud de haber resultado
ganadora del concurso de credenciales para la provisión de cargos, ingresos y
ascensos a la carrera docente para el período 2001-2002, se desempeña como
personal docente dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el Centro Educativo NER N° 159 (Mesa Alta), “La Azulita” como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS).
Alegó que no obstante haber ganado el
concurso “hasta la fecha ha sido imposible que el Ministerio de Educación a
nivel central la incluya en la nómina regular del Ministerio de Educación y
Deportes con el cargo de Docente de Aula con 33,33 horas (…) a
pesar de estar cumpliendo con la prestación integral de sus servicios en el
cargo por el cual concursó” (sic), pagándosele todavía como contratada, “es
decir, sólo por veinte (20) horas contratadas, como interina no graduada…”,
motivo por el cual ejerció el presente recurso con el fin de que se ordene al
órgano competente incluir a su representada en la nómina de personal ordinario
titular fijo con el referido cargo, así como al pago correspondiente a la
examen la accionante se desempeña como personal docente dependiente del
Ministerio del Poder Popular para la Educación, el cual forma parte de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, por lo que es necesario determinar el régimen legal que rige
su relación de empleo con la Administración Pública y específicamente su relación con el ente administrativo recurrido.
reiteradas oportunidades, ha señalado que los docentes al servicio de la Administración Pública Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, son funcionarios públicos, y por tanto, se encuentran amparados por el conjunto de
sentencia N° 01699 del 24 de octubre de 2007).
al ámbito de aplicación de la derogada Ley de Carrera Administrativa, que ésta
se encontraba limitada por mandato constitucional a los funcionarios públicos
de la Administración Pública Nacional, con las excepciones establecidas en el
artículo 5 eiusdem, en las cuales no se excluía a los docentes
dependientes del Poder Ejecutivo, ya que sólo lo hacía respecto a los miembros
del personal directivo, académico, docente y de investigación de las
litigios surgidos entre éstos y la Administración Pública en lo referente a sus relaciones laborales, era de la jurisdicción
contencioso- administrativa, a través del Tribunal de la Carrera Administrativa. Posteriormente, con la entrada en
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se dictó la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002, reimpresa en fecha 6 de septiembre de
2002, mediante Gaceta Oficial Nº 37.522, la cual derogó la Ley de Carrera Administrativa, y unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de
empleo público de la Administración Pública nacional, estadal y municipal, señalando en el Parágrafo Único de su artículo 1º, los funcionarios excluidos de su ámbito
de aplicación, el cual no abarcó al personal docente dependiente del Poder
Asimismo, la mencionada ley suprimió el
Tribunal de la Carrera Administrativa, asignándoles sus competencias a los
se evidencia una relación de empleo público, son, en virtud de la entrada en
vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, de
una funcionaria pública al servicio de la Administración Pública, el presente caso debe ser conocido por el Juzgado Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, atendiendo a la relación funcionarial existente y al lugar donde la recurrente presta sus servicios,
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública. (Vid. Sentencia N° 1365, de fecha 6 de abril 2005). Finalmente, determinada
Político-Administrativa, conforme a los términos establecidos en sentencia N°
00982 de fecha 20 de abril de 2006, recaída en esta causa, cumpliéndose las
instancia, deben pasar los autos al tribunal declarado competente, manteniéndose
todo lo actuado, en virtud de que si se anulasen todos los actos se ocasionaría
un perjuicio a las partes. En consecuencia, deberá dicho Juzgado considerar
como válidas las actuaciones practicadas y pasar a decidir el fondo de la
controversia con los elementos cursantes en autos, garantizando así una tutela
judicial efectiva y una justicia sin formalismos o reposiciones inútiles. Así
razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
para decidir el recurso por abstención o carencia interpuesto por la ciudadana ANA
CRISTINA AGUILERA CARROZ, contra la conducta omisiva de la DIRECCIÓN DE INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, en cuanto al cumplimiento de su deber de
tramitar el ingreso y remuneración de la recurrente como Docente I/AULA/MÚSICA
(33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.
Juzgado en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, la competencia para conocer dicho recurso.
3. Se ORDENA al Juzgado
Superior Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que debe decidir la presente causa con los elementos cursantes en autos.
Remítase el expediente al referido Juzgado Superior, a los fines consiguientes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete
(27) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación. La Presidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ
En veintiocho (28) de noviembre del año dos mil
siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01935, la cual no
esta firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en
la discusión por motivos justificados.