Source: https://preparadoresjc.com/ley-16-1985-02-proyecto-tras-debate-comision/
Timestamp: 2020-08-09 23:41:26
Document Index: 41311960

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 116', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 334', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 351', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 26', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 72', 'artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 69', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 75', 'artículo 30']

Ley 16/1985-02. Proyecto tras debate Comisión. - Preparadores JC
Ley 16/1985-02. Proyecto tras debate Comisión.
TITULO I De la declaración de Bienes de Interés Cultural.
TITULO II.- De los bienes inmuebles.
TITULO III.- De los Bienes Muebles.
TITULO IV.- Sobre la protección de los bienes muebles e Inmuebles.
TITULO V.- Del Patrimonio Arqueológico.
TITULO VI.- Del Patrimonio Etnográfico.
TITULO VII.- Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos.
CAPITULO 1.- Del Patrimonio Documental y Bibliográfico.
CAPITULO Il.- De los Archivos, Bibliotecas y Museos.
TITULO VIII.- De las medidas de fomento.
TITULO IX.- De las infracciones administrativas y sus sanciones.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. 18 febrero 1985. Texto del proyecto de Ley tras el dictamen de la Comisión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Dictamen emitido por la Comisión de Educación y Cultura, relativo al Proyecto de Ley sobre el Patrimonio Histórico Español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 1985.- P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.
La Comisión de Educación y Cultura, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha examinado el Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico Español y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vigente Reglamento, tiene el honor de elevar al señor Presidente de la Cámara el siguiente:
Exigencias, que en el primer tercio de siglo constituyeron para el legislador un mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, como es buena muestra el positivo legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933. Pese a este reconocimiento, lo cierto es que la recuperación por nuestro pueblo de su libertad determinó que, desde los primeros momentos en que tan feliz proceso histórico se consumó, se emprendiera la tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales exigencias, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro se conformaran a partir de las experiencias acumuladas.
Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o inexistentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que España ha suscrito y observa pero a los que su legislación interna no se adaptaba. La revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados I y 2 del artículo 149 de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración estatal suponen tanto un mandato como un título competencial.
Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que lo constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el. Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.
Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio Histórico Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal, En torno a ese concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención que son competencia de la Administración del Estado, en particular su defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación.
La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible. Pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.
Así, la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que ahora se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él. Pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas.
Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.28 de la Constitución, la Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación[1].
En relación al Patrimonio Histórico Español la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.
A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1 número 3 de la Constitución.
La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma designado por su Consejo de Gobierno y el Director General correspondiente de la Administración del Estado, que actuará como Presidente.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en la presente Ley, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar a una Comunidad Autónoma las instituciones por ella reconocidas. Todo ello con independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros organismos profesionales y entidades culturales1F[2].
A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento podrá interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.
Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el artículo 26 de esta Ley, precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado en la forma que se establezca por vía reglamentaria.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y sin perjuicio de lo que establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como de aquellos otros que, por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare expresamente inexportables.
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico y artístico.
b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesario su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los competentes para suspender cualquier clase de obra o intervención y para autorizar cualquier tratamiento en bienes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado, así como para la conservación de los bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico pertenecientes a dichos servicios.
Los Ayuntamientos velarán por la conservación del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal. Deberán adoptar las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, y notificarán a la Administración competente cualquier amenaza o daño que tales bienes sufran o la dificultad en que se encuentra el Municipio para atender a su conservación. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que esta Ley expresamente les atribuye.
Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de Interés Cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada.
La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley. En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 3, párrafo segundo, o que tengan reconocido idéntico carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un período de información pública.
En todo caso, el expediente deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha en que hubiera sido incoado. De lo contrario, no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular.
No podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración.
De oficio, o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, y previo informe favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, podrá acordarse por Real Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto.
La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al Bien afectado la aplicación previsional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de Interés Cultural.
La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.
Los bienes declarados de Interés Cultural serán inscritos en un Registro General dependiente de la Administración del Estado cuya organización y funcionamiento se determinará por vía reglamentaria. A este Registro se notificará la incoación de dichos expedientes que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva. En caso de bienes inmuebles, la declaración dará lugar a inscripción en el Registro de la Propiedad.
Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un Bien declarado de Interés Cultural deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone.
Los propietarios de cualquier bien que haya sido declarado de Interés Cultural deberán mantener actualizada una Guía oficial de cada bien declarado, en los términos que por vía reglamentaria se establezcan.
Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública al menos cuatro días al mes en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado por la Administración competente en atención a la conservación y seguridad de los bienes protegidos y podrá igualmente ser sustituida por el depósito del Bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición, durante un período mínimo de dos meses por cada año natural.
Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos.
Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios históricos, así como Zonas arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.
Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, y científico o social.
Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.
Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existan bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas.
La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto a un bien inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en todo caso, autorización de los organismos competentes para le ejecución de esta Ley.
La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución del expediente incoado o, en todo caso, expirará al transcurrir el plazo de 18 meses previsto en el apartado 3 del artículo 8.
En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos, parajes naturales que conforman los bordes del Conjunto.
En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias, sin autorización expresa de los organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas y cubiertas cualquier clase de rótulo, señal, conducción o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. En ningún caso se autorizará construcción alguna que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este articulo o perturbe su contemplación.
Asimismo, las obras que afecten a los Jardines históricos declarados de interés cultural y a su entorno, necesitarán la autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial en los Monumentos y Jardines históricos declarados de interés cultural.
La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural determinará la obligación de redactar un Plan Especial de protección del área afectada por la declaración por parte del Municipio o Municipios en que se encontraran y conforme a la legislación vigente en materia de planes urbanísticos. La aprobación de dicho plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de la redacción de dicho Plan Especial no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento general o parcial contradictorio con la protección ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
Los Planes Especiales a que se refiere el apartado anterior establecerán el orden prioritario de las instalaciones para todos los usos públicos en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente contemplarán las posibles áreas de rehabilitación que, de acuerdo con la legislación urbanística correspondiente, permitan la recuperación del área residencial.
Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados y, en todo caso. no se permitirán alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones, agregaciones o alineaciones nuevas.
Desde la aprobación del Plan Especial las obras realizadas al amparo de licencias contrarias al mismo serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión.
En la declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico y en los correspondientes Planes Especiales se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.
Excepcionalmente, el plan especial de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio conjunto.
La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. En todo caso se mantendrán las alineaciones urbanas existentes.
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 8, párrafo 2, de esta Ley.
Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos Bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley.
No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta haya sido concedida.
Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del Patrimonio Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.
Cuando, según lo establecido en la legislación urbanística, hubiérase incoado expediente de ruina de algún inmueble afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, el organismo que lo hubiere iniciado lo pondrá de inmediato en conocimiento de la Administración competente para la ejecución de la presente Ley, la cual requerirá informe de al menos dos de las Instituciones consultivas a las que se refiere el artículo 3.0 , que deberá ser favorable a la demolición para proceder a la misma.
Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiere incoado el expediente de ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas, sin disponer ningún acto de demolición.
No obstante lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo, de esta Ley, la Administración competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de aprobación inicial de un plan especial o de otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística.
La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, no declarados de interés cultural, que tengan singular relevancia.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, las Administraciones competentes podrán recabar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, las informaciones pertinentes en relación a los mismos, para su inclusión, si procede, en dicho Inventario.
Los propietarios titulares de derechos reales poseedores de bienes muebles de notable valor histórico, artístico, científico, técnico o cultural, tendrán derecho a las medidas de fomento previstas a tal efecto en el título VIII de esta Ley, si comunican la existencia de dichos bienes a la Administración competente en el plazo de un mes desde que adquieran su titularidad, posesión o tenencia, y siempre que se acuerde la inclusión del bien declarado en el Inventario General.
Las personas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, quedan obligados a formalizar ante la Administración competente un libro de registro de las transacciones que realicen sobre dichos bienes. Asimismo, deberán comunicar la existencia de aquéllos que reúnan el valor y características que se señalen por vía reglamentaria, en el plazo de un mes desde que adquieran su titularidad, posesión o tenencia, y en todo caso antes de su venta o transmisión a terceros.
Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser declarados de Interés Cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y sean parte esencial de su historia o uso.
A los bienes Inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley, que serán imprescriptibles, se les aplicarán las siguientes normas:
b) Sus propietarios v, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los mismos, están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada y a prestarlos a exposiciones temporales que se organicen por los poderes públicos con las debidas garantías.
c) La transmisión por actos inter vivos o mortis causa, así como cualquier otra modificación en la situación de los bienes deberá comunicarse a la Administración competente y anotarse en el Inventario a que hace mención el artículo 26.
d) Los bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
e) Las Administraciones Públicas no podrán enajenar bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español, salvo lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley.
La exportación de un bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización prevista en el artículo 5 de esta Ley será considerada delito o, en su caso, infracción administrativa de contrabando, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia. Serán responsables solidarios por el delito o la infracción cometida cuantas personas intervinieran en la exportación y aquellas otras que, por su actuar doloso o negligente, la permitieran o facilitaran.
La fijación del valor de los bienes objeto de contrabando a que se refiere el apartado anterior será realizada por una Junta de Calificación. Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, dependiente de la Administración del Estado, cuya composición y {unciones se establecerán por vía reglamentaria.
Quien exportare indebidamente bienes del Patrimonio Histórico Español cuya recuperación se lograse deberá abonar al adquirente de buena fe el precio satisfecho por los mismos y perderá lo exportado con independencia de las penas o sanciones que le fueran aplicables. Estos bienes pasarán a propiedad del Estado español, que los destinará a un Centro público. Si el adquirente fuese un súbdito extranjero y el enajenante no le reintegrase el precio o la prestación en un plazo de tres meses, el Estado español abonará su importe, procediendo por vía de apremio contra el enajenante.
Los bienes objeto de contrabando son inalienables e imprescriptibles y corresponderá a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a su total recuperación.
– La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años siguientes a su importación siempre que ésta se hubiere realizado de forma legal, esté reflejada documentalmente y los bienes no hayan sido declarados de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley.
– La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen parte del Patrimonio Histórico Español.
– La exportación de objetos muebles de autores vivos.
C) Sujeto pasivo: Estarán obligados al pago de la tasa las personas o entidades nacionales o extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de exportación.
E) Tipo de gravamen: La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa: Hasta 1 .000.000 de pesetas, el 5 por ciento. De 1.000.001 a 10.000.000, el10O por ciento. De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por ciento. De 100.000.001 en adelante, el 30 por ciento.
H) Gestión: La gestión de esta tasa quedará atribuida al Ministerio de Economía y Hacienda.
I) Destino: El producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, generándose de modo automático el crédito oportuno en favor del organismo correspondiente de la Administración del Estado, que se destinará exclusivamente a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio Histórico Español.
La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en Ja forma que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos al régimen previsto en el artículo 5 de esta Ley. En todo caso deberá constar en la autorización el plazo y garantías de la exportación. Los bienes así exportados no podrán ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición.
El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes que de ese modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación ilícita.
Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté debidamente documentada, de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán ser declarados de Interés Cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación.
Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que posean alguno de los valores señalados en el artículo 1 de esta Ley podrán ser declarados de Interés Cultural antes del plazo de diez años si su propietario solicitase dicha declaración y la Administración del Estado resolviera que el Bien enriquece el Patrimonio Histórico Español.
Salvo lo previsto en el artículo 32, siempre que se formule solicitud de exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado, que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de seis meses pata aceptar la oferta y de un año a partir de ella para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta que siempre habrá de ser expresa.
El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad pública pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica, se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español.
El Consejo del Patrimonio Histórico Español elaborará y aprobará los Planes Nacionales de Información referidos en el apartado anterior.
Los diferentes Servicios Públicos y los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Español deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Planes Nacionales de Información.
Los bienes declarados de Interés Cultural, así como los bienes muebles incluidos en el Inventario General deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.
La utilización de tales bienes quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
Cuando los propietarios, los titulares de derechos reales sobre tales bienes o los poseedores no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1 de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los Bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.
Será causa de interés social justificativa para la expropiación forzosa de los bienes declarados de Interés Cultural el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo.
La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de Interés Cultural.
Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hacen mención los artículos 15 y 26 de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada, o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés Cultural.
Será causa justificativa de interés social para la expropiación de los bienes afectados por una declaración de Interés Cultural el peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que incidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de Interés Cultural o den lugar a riesgos para los mismos.
Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventario General al que se refiere el artículo 26, deberá notificarlo al Organismo competente para la ejecución de esta Ley y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación, las subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio Histórico Español.
Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado anterior, la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una Entidad benéfica o para cualquier Entidad de Derecho público, obligándose al pago del precio convenido o, en su caso, el del remate en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
Cuando el propósito de enajenación no se hubiere notificado correctamente la Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la enajenación.
Si los propietarios o poseedores de otros bienes muebles de notable valor histórico, artístico, científico, técnico o cultural, distintos de los mencionados en el apartado primero, no hubieran comunicado a la Administración del Estado el propósito de proceder a la venta o transmisión de los mismos, ésta podrá ejercer también el derecho de retracto respecto a estos bienes. A tal efecto, será de aplicación el plazo de seis meses previsto en el apartado anterior, a no ser que la venta o transmisión se hubiera realizado con infracción de lo dispuesto en el artículo 26.4, en cuyo caso, y sin perjuicio de la imposición de las correspondientes sanciones, se podrá ejercer el derecho de retracto dentro del plazo de un año a partir de la fecha en que la Administración del Estado tenga conocimiento fehaciente de la enajenación.
Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos por los demás organismos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el ejercicio de tales derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el que se transmitiese la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos requisitos en él se recogen.
Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de Interés Cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. Tales bienes no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin la autorización expresa de los organismos competentes, para la ejecución de la Ley.
Las actuaciones sobre los bienes a que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conservación y consolidación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser siempre reconocibles y evitar las confusiones miméticas.
Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de esta Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo o en el mar territorial. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.
A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como de los componentes geológicos con ellos relacionados.
Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior.
Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente que, mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará los trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico.
La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o Centro que la Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley,
Las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente serán ilícitas, así como las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fue concebida, y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley. En tales casos la Administración competente dispondrá la paralización de los trabajos y tomará posesión de todos los objetos o bienes hallados.
La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en los que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa.
Cuando se trate de terrenos destinados a la prestación de un servicio público gestionado por la Administración del Estado, la ejecución de los trabajos requerirá el informe favorable de los órganos de la Administración del Estado competentes para la protección del Patrimonio Histórico Español.
Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días. En ningún caso será de aplicación a tales objetos Io dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.
Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo
El descubridor y el propietario del lugar en que hubieren sido encontrados los objetos tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se les atribuya. La cantidad que lo exprese se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo privará al descubridor y, en su caso al propietario, del derecho al premio indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de objetos que formen parte de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural cuando el propietario lo restaure íntegramente a sus expensas. No obstante, el hallazgo deberá ser notificado a la Administración competente en un plazo máximo de treinta días.
Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cualquier título, se depositarán en los Museos o Centros que la Administración adquirente determine, teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apartado 2, de esta Ley.
Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos.
Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
Se considera que tiene valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes.
A los efectos de la presente Ley forma parte del Patrimonio Histórico Español el Patrimonio Documental y Bibliográfico constituido por cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo en este Capítulo.
El Patrimonio Documental y Bibliográfico se regulará por las normas específicas contenidas en este Título. En lo no previsto en ellas les será de aplicación cuanto se dispone con carácter general en la presente Ley y en su régimen particular de bienes muebles.
Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.
Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras Entidades públicas, y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos, en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cincuenta años, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso, por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.
La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración. La incoación del correspondiente expediente administrativo producirá los mismos efectos que la declaración.
Forman parte del Patrimonio Bibliográfico los ejemplares de obras literarias, históricas, científicas o artísticas, de carácter unitario o seriado, de más de cien años de antigüedad, que consten en escritura manuscrita o impresa y las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública. Asimismo forman parte de este Patrimonio cualesquiera de dichas obras de las que, sin tener esa antigüedad, no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos.
La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Bibliográfico aquellos ejemplares o colecciones que, sin alcanzar la antigüedad indicada en el apartado anterior, merezcan dicha consideración. La incoación del correspondiente expediente producirá los mismos efectos que la declaración.
Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales y otras similares cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de películas cinematográficas.
La Administración del Estado, en colaboración con las demás Administraciones competentes, confeccionarán el Censo de los Bienes integrantes del Patrimonio Documental y del Bibliográfico.
A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración competente podrá recabar de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del Patrimonio Documental y del Bibliográfico las informaciones pertinentes en relación con los mismos para su inclusión, si procede, en dicho Censo.
Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados.
Si los obligados incumplen lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración competente adoptará las medidas de ejecución oportunas, conforme a lo previsto en el artículo 36.3 de la presente Ley. El incumplimiento de dichas obligaciones, cuando además sea desatendido el requerimiento por la Administración, podrá ser causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes afectados.
Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio Documental y del Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los organismos competentes para comprobar la situación o estado de los bienes, y habrán de permitir el estudio por los investigadores, previa solicitud razonada de éstos. Los particulares podrán excusar el cumplimiento de esta última obligación, en el caso de que suponga una intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en los términos que establece la legislación reguladora de esta materia.
La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser sustituida por la Administración competente, mediante el depósito temporal del bien en un Archivo, Biblioteca o Centro análogo de carácter público que reúnan las condiciones adecuadas para la seguridad de los bienes y su investigación.
Los Bienes integrantes del Patrimonio Documental y del Bibliográfico, que tengan singular relevancia, serán incluidos en una sección especial del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español, conforme al procedimiento establecido en el artículo 26 de esta Ley.
Quienes por la función pública que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 de la presente Ley, están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda.
La retención indebida de los documentos a que se refiere el apartado anterior por personas o instituciones privadas dará lugar a que la Administración que los hubiera conservado, generado o reunido ordene el traslado de tales bienes a un Archivo público, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.
La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y los demás de titularidad pública deberá ser autorizada por la Administración competente.
En los demás casos la exclusión o eliminación deberá ser autorizada por la Administración competente a propuesta de sus propietarios o poseedores, mediante procedimiento que se establecerá por vía reglamentaria.
Los actos de disposición, exportación e importación de bienes constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico quedarán sometidos a las disposiciones contenidas en el artículo 5 Y Títulos III y IV de la presente Ley que les sean de aplicación.
En todo caso, cuando tales bienes sean de titularidad pública serán imprescriptibles, inalienables e inembargables, así como inexportables, salvo lo previsto en los artículos 31 y 34 de esta Ley.
1. La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental Español se atendrá a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y catalogados en los Archivos centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán de libre consulta, a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de «Secretos Oficiales» o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar la autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha autorización podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en los demás casos, por el Jefe del Departamento Ministerial encargado de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los Archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos, corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria. Asimismo, podrán constituirse Comisiones Calificadoras en los organismos públicos que así se determine.
Son Archivos [os conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas tísicas, jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos, las instituciones culturales, donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.
Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información.
Quedarán sometidos al régimen que la presente Ley establece para los Bienes de Interés Cultural los inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad pública, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados.
La Administración del Estado podrá crear cuantos Archivos, Bibliotecas y Museos considere oportunos, cuando las necesidades culturales y sociales así lo requieran y sin perjuicio de la iniciativa de otros organismos, instituciones o particulares.
Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante Real Decreto.
La Administración del Estado promoverá la comunicación y coordinación de todos los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal existentes en el territorio español. A tal fin podrán recabar de ellos cuanta información considere adecuada, así como inspeccionar su funcionamiento y tomar las medidas encaminadas al mejor cumplimiento de sus fines.
Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal podrán admitir en depósito bienes de propiedad privada o de otras Administraciones públicas de acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan.
Los Bienes de Interés Cultural, así como los integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico custodiados en Archivos y Museos de titularidad estatal no podrán salir de los mismos sin previa autorización que deberá concederse mediante Orden ministerial. Cuando se trate de objetos en depósito se respetará lo pactado al constituirse.
El mismo régimen previsto en el apartado anterior se aplicará a los Bienes de Interés Cultural custodiados en Bibliotecas de titularidad estatal, sin perjuicio de lo que se establezca sobre servicios de préstamos públicos.
Cada Departamento ministerial asegurará la coordinación del funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio y de los Organismos a él vinculados, para el mejor cumplimiento de lo preceptuado en la presente Ley y en los Reglamentos que se dicten para su aplicación.
La documentación de los Organismos dependientes de la Administración del Estado será regularmente transferida, según el procedimiento que por vía reglamentaria se establezca, a los Archivos del Estado.
Constituyen los Sistemas Españoles de Archivos de Bibliotecas y de Museos, respectivamente, los Archivos, Bibliotecas y Museos, así como los servicios de carácter técnico o docente directamente relacionados con los mismos, que se incorporen en virtud de lo que se disponga reglamentariamente.
El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación realizadas en bienes declarados de Interés Cultural tenga preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras. A tal fin, la Administración del Estado podrá establecer, mediante acuerdos con personas y entidades públicas y privadas, las condiciones para disfrutar de los beneficios crediticios.
En el Presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por ciento de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.
Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la participación financiera del Estado, el 1 por ciento se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución.
Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los fondos resultantes de la consignación del 1 por ciento a que se refiere este artículo.
En compensación a las cargas y limitaciones que en esta Ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la Contribución Territorial Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se establecen los beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes.
Para disfrutar de tales beneficios, salvo el establecido en el artículo 72.1, los bienes afectados deberán ser inscritos previamente en el Registro General que establece el artículo 11 en el caso de Bienes de Interés Cultural y en el Inventario General a que se refieren los artículos 26 y 53, en el caso de bienes muebles.
Asimismo los citados bienes estarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, sin que en este caso proceda la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en favor de las Entidades Locales interesadas.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a una deducción sobre la cuota equivalente al 20 por ciento de las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de Interés Cultural, en las condiciones que por vía reglamentaria se señalen. El importe de la deducción en ningún caso podrá exceder del 30 por ciento de la base imponible.
Asimismo, los contribuyentes de dicho impuesto tendrán derecho a deducir de la cuota el 20 por ciento de las donaciones puras y simples que hicieren en bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español siempre que se realizaren en favor del Estado y demás entes públicos, así como las que se lleven a cabo en favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, incluso las de hecho de carácter temporal, para arbitrar fondos, clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública para los órganos competentes del Estado, cuyos cargos de Patronos, Representantes legales o Gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan cuenta al Órgano del protectorado correspondiente. La base de esta deducción no podrá exceder del 30 por ciento de la base imponible.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, un porcentaje del importe de las cantidades que destinen a la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las condiciones que se señalen reglamentariamente.
En el Impuesto sobre Sociedades se considerarán partidas deducibles de los rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las bases imponibles, las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, realizadas en las condiciones a que se refiere el artículo 70.2. La cuantía de la deducción no podrá exceder del 30 por ciento de la base imponible.
Quedan exentas del pago del Impuesto sobre el Lujo las adquisiciones de obras de arte siempre que sus autores vivan en el momento de la transmisión.
Quedan exentas de todo tributo las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario o declarados de interés cultural conforme a los artículos 26.3 y 32.3, respectivamente. La solicitud presentada a tal efecto por sus propietarios, en el momento de la importación, tendrá efectos suspensivos de la deuda tributaria.
El pago de la deuda tributaria del Impuesto sobre Sucesiones, del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, en la forma que reglamentariamente se determine.
Las valoraciones necesarias para la aplicación de las medidas de fomento que se establecen en el presente Título se efectuarán en todo caso por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Patrimonio Histórico Español, en los términos y conforme el procedimiento que se determine por vía reglamentaria. En el supuesto del artículo anterior, las valoraciones citadas no vincularán al interesado, que podrá optar por el pago en metálico.
1. Salvo que sean constitutivos de delito, los hechos que a continuación se mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionados conforme a lo dispuesto en este artículo:
a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de los titulares de derechos reales o los poseedores de los bienes de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 26.2 y 4, 28, 35.3, 36.1 y 2, 38.1, 39. 44, 51.2 y 52.1 y 3.
c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto en el artículo 24.
d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas sin la autorización exigida por el artículo 23.
e) La realización de cualquier clase de obra o intervención en un Bien de Interés Cultural que contravenga lo dispuesto en los artículos 18, 19.3, 20 y 39.
f) La realización de excavaciones o prospecciones arqueológicas ilícitas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.
h) La exportación ilegal de los bienes a que hacen referencia los artículos 5º y 56.1 de la presente Ley.
i) El incumplimiento de las condiciones de retorno fijadas para exportación temporal legalmente autorizada.
A) Multa de hasta 10.000.000 de pesetas en los supuestos a) y b) del apartado 1.
B) Multa de hasta 25.000.000 de pesetas en los supuestos c), d), e) y f) del apartado 1.
Las sanciones administrativas requerirán la tramitación de un expediente con audiencia del interesado, para fijar los hechos que las determinen, y serán proporcionales a la gravedad de los mismos, a las circunstancias personales del sancionado y al perjuicio causado o que pudiera haberse causado al Patrimonio Histórico Español.
Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley prescribirán a los cuatro años de haberse cometido.
Segunda.- Se considera, asimismo, de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 499/1973.
Tercera.- 1. a) Los documentos del Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España se incorporarán al Registro General al que se refiere el artículo 11 de esta Ley.
b) Los documentos del Inventario Artístico se incorporarán al Inventario de bienes muebles del Patrimonio Histórico Español previsto en el artículo 26.
2. Asimismo, los documentos propios del Censo-Guía de Archivos y del Registro-Inventario del Tesoro Documental y Bibliográfico se incorporarán al Censo del Patrimonio Documental y Bibliográfico que se establece en la presente Ley.
3. Por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos se procederá a la integración de los documentos a que se refieren los apartados precedentes en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Cuarta.- La exigencia a que se refiere el artículo 69.2 de la presente Ley obligará igualmente a los titulares de los bienes señalados en el artículo 6 j) de la Ley 50/77, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, para beneficiarse de la exención que en el mismo se prevé. La misma exigencia se incorpora a las establecidas en el Real Decreto 1382/1978, de 2 de junio, en que la referencia al Inventario contenida en su artículo 2º queda suprimida.
Quinta.- Quedan sujetos a cuanto se dispone en esta Ley cuantos bienes muebles e inmuebles formen parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del artículo primero sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio.
Primera.- En tanto se elaboran las normas precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, se entenderán vigentes las de rango reglamentario que regulan el Patrimonio Histórico-Artístico Español, el Tesoro Documental y Bibliográfico, los Archivos, Bibliotecas y Museos, en todo aquello que no contravenga lo dispuesto en la misma.
Segunda.- En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, dictará el Reglamento de Organización, funcionamiento y personal de los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así como de los Servicios Técnicos o docentes relacionados con ellos o con las actividades que competen a la Administración del Estado en la protección del Patrimonio Histórico Español.
Tercera.- Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley fuesen propietarios, poseedores o tenedores de algunos de los bienes a que se refieren los artículos 26 y 53 de la presente Ley, dispondrán del plazo de un año para comunicar la existencia de dichos bienes a la Administración competente. En tal caso, la citada comunicación determinará la exención, en relación a tales bienes, de cualesquiera impuestos o gravámenes no satisfechos con anterioridad, así como de toda responsabilidad frente a la Hacienda Pública o los restantes órganos de la Administración por incumplimientos, sanciones, recargos o intereses de demora.
Cuarta.- El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y Cultura, desarrollará, por vía reglamentaria, las condiciones para la exención a que se refiere la anterior disposición transitoria.
Se autoriza al Gobierno para dictar. además de las disposiciones reglamentarias expresamente previstas en la presente Ley, las que sean precisas para su cumplimiento.
El Gobierno queda, asimismo, autorizado para proceder por vía reglamentaria a la actualización de la cuantía de las multas que se fijan en el artículo 75 de la presente Ley, sin que los porcentajes de los incrementos que por tal vía se establezcan puedan ser superiores, en ningún caso, al Indice Oficial del Coste de la Vida.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará anualmente las fórmulas de actualización de la base imponible y de los tipos de gravamen de la tasa por exportación a que se refiere el artículo 30.
Se autoriza también al Gobierno para que, a iniciativa del Ministerio de Cultura y a propuesta del Ministerio del Interior, disponga la creación en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de un Grupo de Investigación formado por personal especializado en las materias que son objeto de la presente Ley y destinado a perseguir sus infracciones.
Quedan derogados la Ley de 7 de julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas; el Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza artística; la Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos de más de cien años de antigüedad; la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico; la Ley de 22 de diciembre de 1955 sobre Conservación del Patrimonio Histórico Artístico; el Decreto 1641/1959, de 23 de septiembre, sobre exportación de objetos de valor e interés arqueológico o artístico y de limitaciones o copias y la Ley 26/1972, de 21 de junio, sobre Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, salvo las disposiciones relativas al Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, las cuales, no obstante, tendrán en adelante rango reglamentario y el Real Decreto 2832/1978, de 28 de octubre sobre el 1 por ciento cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 1985.- El Presidente de la Comisión, Rafael Ballesteros Durán.- El Secretario de la Comisiona Victorino Mayoral Cortés.
[1] Se corrigieron los errores que hubo en la publicación inicial de este artículo en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados de 22 de febrero de 1985.
[2] Se corrigieron los errores que hubo en la publicación inicial de este apartado en el Diario Oficial del Congreso de los Diputados de 22 de febrero de 1985.