Source: http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2012/12/corte-suprema-de-justicia-se-pronuncia.html
Timestamp: 2017-07-21 20:44:26
Document Index: 80529966

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1']

DERECHO PENAL COLOMBIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se pronuncia sobre legitmidad para recurrir la negativa de preclusión y el término para legalizar la captura
El caso fue asignado, el día 3 de ese mes, a la Fiscal Seccional María Constanza Ramírez Bustos, quien a las 3 de la tarde de esa fecha radicó petición para celebrar audiencia de legalización de captura, la que fue repartida al Juez 2º Promiscuo Municipal Carlos Alberto Valencia Ocampo, quien para realizarla señaló las 5:30 de la tarde del mismo día, pero como la Fiscal no asistió por encontrarse atendiendo otros asuntos, dispuso que se llevaría a cabo el día siguiente, 4, a las 8 de la mañana y, a pedido de la defensa, accedió a que ello se hiciera media hora más tarde; asistió como delegado de la Fiscalía Miguel Hernando Laverde Neira. Para ese entonces el lapso máximo de 36 horas había expirado, no obstante lo cual el funcionario declaró la legalidad del acto, decisión recurrida por la defensa y el Ministerio Público.
4. El 3 de octubre de 2012 el Tribunal realizó la audiencia reclamada por la Fiscalía y adoptó la decisión recurrida. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
2.2. Sobre los jueces de control de garantías de primera y segunda instancia, no se demostró la ausencia de dolo; las 36 horas vencieron a las 7:50 de la mañana del 4 de marzo, luego cuando se inició la audiencia (a las 8:45) el plazo había expirado, dejando de lado que los términos son perentorios (artículo 156 procesal) y que todos los días y horas son hábiles (157). El juez de primer grado Carlos Alberto Valencia Ocampo bien pudo habilitar horas nocturnas para realizar la audiencia, pues conocía que la fiscal se encontraba atendiendo otro asunto similar y desde que rige el sistema acusatorio se implementaron turnos, de donde surge que el funcionario estaba al tanto de poder realizar diligencias en horas de la noche, pero optó por fijar una hora que ya excedía el tiempo legal. Así, no existe prueba de ausencia del dolo, pues, por otra parte, bien pudo indagar por la hora de finalización de la otra audiencia, o pedir a la Dirección de Fiscalías que lo apoyara con otro funcionario, pero optó simplemente por despreocuparse de sus funciones, además de que, soportado en la captura en flagrancia, no se ocupó en responder las inquietudes del Ministerio Público sobre el vencimiento del plazo legal.
De la versión del indiciado y de la audiencia respectiva surgen elementos para pregonar la ausencia de dolo, esto es, que no actuó en forma calculada para violar la ley, pues ponderó que la captura fue legal, en tanto hubo flagrancia, que la aprehendida fue puesta a disposición de la Fiscalía dentro del término de ley y que esta pidió la audiencia, la cual se inició igualmente dentro de ese plazo. De la sentencia C-163 del 2008 surge que el intervalo de 36 horas es el máximo para legalizar la captura, pero en el momento de los hechos ello no era claro, pues la disposición indicaba que en ese lapso debía “solicitarse” la audiencia, presentándose un vacío, pues podía entenderse que la carga era pedir, no que se agotara la audiencia y en este caso se pidió la audiencia y se inició antes del vencimiento del plazo, pero por ausencia de la Fiscalía se suspendió. Ese razonamiento excluye el dolo.
1. Norma acusada LEY 1142 DE 2007
3.2. Problema jurídico planteado Corresponde a la Corte determinar, si el inciso final del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, contempla un estándar de protección menor a la libertad al que se deriva de los mandatos de los artículos 28, inciso segundo y 250-1, inciso tercero de la Constitución, conforme al cual el plazo perentorio de 36 horas está previsto para poner la persona privada de la libertad a disposición del juez competente y efectuar el correspondiente control de legalidad de la aprehensión. 3.3. Decisión
Declarar exequible el inciso tercero del artículo 1º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Razones de la decisión Después de dar una mirada sistemática de la institución del control de legalidad de la captura en cualquiera de sus modalidades, bien como consecuencia de una autorización judicial previa, en virtud de la flagrancia o en ejercicio de la facultad excepcionalísima de la Fiscalía, la Corte concluyó que el término de 36 horas establecido en las diversas disposiciones que regulan la materia, tiene como propósito suministrar un límite temporal para que se lleve a cabo el control de legalidad y evitar las privaciones arbitrarias de la libertad. Esta interpretación resulta congruente, con el carácter restrictivo de las disposiciones que prevén afectaciones a la libertad. Es además, la única compatible con los postulados constitucionales pro libertati y reserva legal y judicial de las restricciones a la libertad, en cuyo marco es inadmisible una privación de la misma que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad, que conforme a los mandatos constitucionales tiene un límite máximo de 36 horas. Habida cuenta que de la configuración semántica del inciso demandado, admite varias interpretaciones, entre ellas la que da origen a la presente demanda, que sería evidentemente contraria a la Constitución, la Corte profirió una sentencia interpretativa, declarando la constitucionalidad condicionada del inciso tercero del artículo 2º de la Ley 906 de 2004, tal como fue modificado por el artículo 1º de la ley 1142 de 2007, que incluya dentro del término de 36 horas posteriores a la captura, dicho control de legalidad por la autoridad judicial competente”.
El asunto no parece tan claro como se plantea, cuando menos no con el grado de convencimiento pleno exigido para precluir, como que se deja de lado que, de necesidad, el nuevo Fiscal constató la expiración de los plazos y, al igual que el juzgador, hizo caso omiso, no solamente de esa circunstancia objetiva, sino de los insistentes planteamientos del Ministerio Público en el mismo sentido. Por modo que si por percepción directa no lo estaba, fue alertado de la situación objetiva y nada hizo por restablecer la garantía quebrantada, como que pudo solicitar al juez, y no lo hizo, declarar ilegal el acto por prolongación indebida de la privación, pero fue más allá al insistir se declarara legítimo lo que no lo era. Así, no puede inferirse que el fiscal no tenía injerencia en la decisión, en tanto en el sistema procesal de la Ley 906 del 2004 el juez no actúa oficiosamente, sino a petición de parte, en este caso, de la Fiscalía.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍASecretaria