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Timestamp: 2020-07-07 23:48:45
Document Index: 44050215

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 467', 'artículo 485', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 493', 'artículo 489', 'artículo 162', 'artículo 163', 'artículo 172', 'artículo 168', 'artículo 489', 'artículo 452', 'artículo 485', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 489', 'artículo 173']

Jurisprudencia nueva justicia laboral: 6 de marzo de 2011
TUTELA; 2do JLT Santiago 23/09/2010; Acoge demanda de tutela (afectación a dignidad, intergridad psíquica y honra); las imputaciones por el robo de mercadería que hace la empresa al actor, dejando la impresión de su responsabilidad en los hechos, resultan absolutamente infundados, lo que queda en evidencia del solo tenor de la carta de despido incorporada en juicio, la que resulta de una vaguedad extrema, así como su rebeldía en el proceso sin lograr desvirtuar ninguno de los indicios de vulneración planteados por el actor, lo que unido a la existencia de prueba concreta de la vulneración denunciada, permite concluir que la denunciada con su actuar ha vulnerado el derecho a la honra y la integridad psíquica del denunciante; RIT T-179-2010
En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil diez.
PRIMERO: Que ante este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, comparece don ........................, operador de perecibles, domiciliado en calle Devoción N° 401, Villa Comercio, Comuna Pudahuel, Santiago, quien deduce Denuncia por Vulneración del Derechos Fundamentales con ocasión del despido y en forma conjunta Demanda de Nulidad de Despido y Cobro de Prestaciones en contra de su ex empleadora MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., sociedad del giro de grandes establecimientos hipermercados, venta al por menor de pescados, mariscos y productos conexos, restaurantes, servicios de comida preparada en forma industrial, entre otros; representada legalmente por don EDUARDO RIVERA GUAJARDO, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en avda. Manuel Antonio Matta N° 437, comuna Quilicura, Santiago.
Fundamenta su acción tutelar en que con fecha 22 de agosto de 2008, comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para su ex empleadora MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., suscribiendo el respectivo contrato de trabajo, para desempeñarse en el cargo de fiambrero, que luego, por anexo de contrato de fecha 01 de agosto de 2009, fue ascendido a Primer Operador de Perecibles IB, que corresponde a Jefe de Sección Fiambrería, en el Supermercado Santa Isabel de Quilicura, ubicado en Avda. Manuel Antonio Matta N° 278, comuna de Quilicura, señala que desempeñando el cargo de Jefe de Sección Fiambrería debía controlar al personal a su cargo consistente en 17 personas, estaba encargado además de las compras para la sección, realizar informes de costos manualmente, hacer el control de inventario y mermas, y el control de temperatura de las máquinas de la sección, entre otras funciones propias del cargo.
Agrega que en el desempeño de sus labores recibía instrucciones directamente del Gerente de Sala don Eduardo Rivera y del Subgerente del Supermercado don Fernando García, y su jornada efectivamente realizada era de Lunes a Domingo, con un día de descanso a la semana, coincidiendo 2 de ellos con un día domingo. El horario era desde las 7:30 a las 17:30 horas aproximadamente, con media hora de descanso para colación.
Indica que por sus servicios percibía un remuneración compuesta por: a) un sueldo base de $178.982.-, b) gratificación legal cuyo promedio los últimos 3 meses asciende a la cantidad de $51.625.- mensuales, c) asignación de movilización por la cantidad de $13.035.- mensuales. Para los efectos del inciso 1° del artículo 172 del Código del Trabajo, su última remuneración asciende a la suma de $243.642.- mensuales.
Hace presente que mientras prestó servicios cumplió a cabalidad con las instrucciones entregadas por el demandado, y llegó siempre puntual al desempeño de sus funciones.
Respecto al término de sus servicios, señala que el día viernes 12 de marzo de 2010, su ex empleadora a través del Jefe de Guardias de seguridad don Orlando Hermosilla, le niega la salida al término de su jornada y procede a revisarle el bolso que portaba, acusándolo de haber sustraído mercaderías del supermercado y que esa información le había sido informada por una niña del supermercado que denunció la pérdida de unas camisas. Al no encontrar nada en su bolso, le acusa que éste era propiedad de la empresa, a lo cual contestó que era usado y se lo había comprado su hija. Así las cosas, el guardia le dice que deberá realizar un procedimiento con Carabineros, por lo cual solicitó llamar a su hija para que le llevara la boleta de compraventa del bolso que le imputaba el guardia era de la empresa.
Indica que llamó a su hija que se encontraba en Lampa en su trabajo, y no podía traerle la boleta muy pronto, lo cual explicó al guardia, quien comenzó a llamar a Carabineros y a tomar fotografías de su bolso indicándole que él lo habría roto para hacerlo aparentar usado; todo lo cual hizo en presencia del público y demás funcionarios que circulaban en el establecimiento.
Agrega que aproximadamente 45 minutos después llegó Carabineros de la 49 Comisaría de Quilicura ubicada en Calle Quilicura N° 526 de dicha comuna, quienes con unos papeles entregados por el guardia lo esposaron y lo llevaron en el furgón a constatar, lesiones al Consultorio en la Plaza de Quilicura, y luego a la Comisaría encerrándolo en un calabozo junto a otros detenidos a la espera de la respuesta que debía dar el Fiscal de Turno. Al cabo de unas horas Carabineros lo libera por orden del Fiscal, quien según le indicaron en la Comisaría, habría dicho que lo liberaran porque "no era imputado sino víctima", ya que le habían explicado que su hija venía en camino con la boleta de compraventa del bolso. Mientras se encontraba en proceso de ser liberado, concurre su hija a la Comisaría con la boleta de compraventa del bolso que acreditaba que había sido adquirido por ella en el mismo supermercado con fecha 11 de marzo de 2010, misma que tuvo que buscar en la basura y que indicaba que el bolso se compró por un precio de $990.- Sin embargo, Carabineros ni siquiera verificó dicha situación, por lo que se retiró junto a su hija a su domicilio.
Indica que al día siguiente, sábado 13 de marzo de 2010, concurrió normalmente a trabajar con la boleta de compraventa del bolso y se presentó a las oficinas del administrador del supermercado don Eduardo Rivera, quien sólo la mira y se mantiene esperándolo hasta las 12:00 horas, sin posibilidad de retomar sus funciones, citándolo para el día lunes 15 de marzo a la oficina. El día lunes 15 de marzo de 2010, se presenta nuevamente al trabajo con el administrador, quien lo hace esperar hasta las 10:00 horas, momento en que le indican subir a las oficinas del Sub administrador que le solicitó firmar una copia de carta de despido por un hecho de robo, razón por la cual se negó a firmar por no encontrarse de acuerdo con los hechos que se le imputaban.
Agrega que dejó la respectiva constancia de tal hecho en Carabineros de la 49° Comisaría de Quilicura, añade que en la comisaría le tomaron la constancia del despido y respecto de la detención del día 12 de marzo de 2010, le indicaron que su Rut no registraba detención, por lo que no le podían dar copia de denuncia alguna, posteriormente se dirigió a la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, e interpuso un reclamo por el despido, el que fue consignado con el N° 1318/2010/5123, siendo citados con su ex empleadora a una audiencia el día 15 de abril de 2010 a las 15:00 horas.
Señala que luego de unos días, recibió la carta de despido en su domicilio, e invoca la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, siendo los hechos el supuesto robo de mercadería observado en las cámaras de seguridad en la sala de ventas y que a la salida de su trabajo habría sido sorprendido portando mercadería propiedad de la empresa y que Carabineros habría realizado el procedimiento de rigor, lo anterior, en el tenor siguiente:
“Cumplo en informar a usted que nuestra Empresa, MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., RUT. 82.148.100-7, ha dispuesto poner término a su contrato de trabajo con fecha de hoy, en virtud de lo dispuesto en el Articulo N° 160 N ° 7 del Código del Trabajo, "Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato".
Causal de hecho: El día viernes 12 del 2010, usted es detectado por CCTV tomando un producto de sala de ventas, para luego llevarlo a sector de vestidores, momentos más tarde, al término de su turno y en circunstancias que pasó por el sector de recepción, personal de seguridad, en cumplimiento a los procedimientos habituales de control de salida del personal, le solicitó que mostrara sus pertenencias, donde se detectó que usted portaba mercadería de propiedad de la empresa, mercadería que había sustraído previamente de la sala de ventas sin autorización y sin cancelar. Por lo anteriormente expuesto se solicita la presencia de Carabineros quienes realizan procedimiento de rigor.”
Hace presente la ambigüedad en el tenor de la carta de despido, ya que la misma no menciona el supuesto producto que habría sustraído, ni la hora y lugar del hecho que se le imputa.
Indica que el día 15 de Abril de 2010, se consigna en el Acta de Comparendo por su ex empleadora que reconoce relación laboral entre el 22 de agosto de 2008 y el 15 de marzo de 2010, manteniendo como causal la del artículo 160 N° 7 y no se produce conciliación, sin embargo, se le paga feriado legal, menos vale de mercadería, por la cantidad de $46.179.-
Contradictoriamente con lo que consigna la carta de despido, el representante de la empresa en el acta declara respecto al mismo que: "lo encontraron a la salida del local con un bolso que no tenía como justificar, con la boleta, que había sido comprado al momento en que se le iba a dar la salida".
Indica que el fundamento legal de su despido, según consta en la misma carta, es el "incumplimiento grave a las Obligaciones que Impone el Contrato", según lo prescribe el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, y no lo hace por falta de probidad pese a que los fundamentos de hecho se encuadran en tal causal. Así, su ex empleadora terminó unilateralmente la relación contractual que los unía hasta dicho momento, despidiéndole, después dos años de servicios, luego de haber realizado una carrera en ascenso dentro de la empresa; ya que comenzó como fiambrero y debido a su desempeño fue ascendido a encargado de fiambrería y luego a Jefe de Sección Fiambrería con 17 personas a su cargo; y donde no sólo se desempeñaba como Jefe de Sección sino que también desempeñando labores de compra y abastecimiento de la sección, desarrollaba informes de costos y realizaba el control manual de mermas y de temperatura de las máquinas.
Hace presente que con motivo y en el contexto de la grave imputación que se le hiciera el día 12 de marzo del presente año, se provocó su despido el día lunes 15 de marzo de 2010, en virtud del cual se vio envuelto en la imputación de sustracción de mercaderías señalada en la propia carta de despido en la que se le consigna como perpetrador directo en la autoría de aquello, y aludiendo además al procedimiento policial del cual fue objeto, en el que se determinó su inocencia y no se le imputó delito alguno que haya hecho plausible la grave imputación que le hace su ex empleadora.
Indica que, debido a que la naturaleza de los servicios de Jefe de Sección de Fiambrería cuenta con un incuestionable rol de confianza en la empresa y en relación a su personal y a sus clientes, dadas las funciones que desempeñaba en éste; el hecho de que se le asocie el delito de sustracción de mercaderías le ha ocasionado un grave perjuicio a su honra y autoestima personal, como es normal, debido a la gravedad del hecho.
Sin perjuicio de lo anterior, indica que no medió investigación alguna por parte de la Fiscalía, que ordenó fuera liberado de la detención de la que fue objeto el día 12 de marzo de 2010, en razón de no haberse constatado por Carabineros que portaba mercadería sustraída alguna; y hasta la fecha no se le ha contactado por ninguna autoridad judicial ni policial para llevar a cabo la investigación de rigor que procede en un caso de esta gravedad. Dice que no obstante, no habérsele imputado por la autoridad competente la autoría del delito que consigna la carta de despido; su ex empleadora procedió a despedirlo a pesar de los resultados anteriores que avalan su inocencia respecto a los hechos que se le pretenden imputar, y más aún dicha carta consigna hechos que no son reales, que no puede probar y que nunca realizó; y sigue relacionándole a los mismos, sin considerar las nefastas consecuencias que dicha actitud ha implicado para su honra, su integridad psíquica, familia y su normal desarrollo en el campo laboral.
Agrega que, tal como consta de los certificados de cotizaciones de seguridad social que acompaña en esta denuncia, su ex empleador se encuentra al día en las cotizaciones de seguridad social, previsionales en AFP Próvida S.A. y de salud en Fonasa. Sin embargo está en mora en el entero y pago de las cotizaciones del seguro de cesantía por el periodo que va desde agosto a diciembre de 2008 y las del mes de enero de 2009. Por ello, no se ha dado cumplimiento a la obligación legal de hacer, impuesta en el D.L. 3.500 de 1980, en relación con la Ley 17.322 y 18.469, y demás normas legales pertinentes, encontrándose en infracción de las normas de seguridad social, produciendo en la especie un evidente perjuicio al no poder cobrar el seguro de cesantía, y existiendo dolo directo el delito prescrito en el artículo 19 inciso final del D.L. 3.500 de 1980, en relación, con el artículo 13 de la Ley 17.322, que sancionan lo antes descrito con las penas contenidas en el artículo 467 del Código Penal.
Indica que conforme a los hechos relatados circunstanciadamente, queda de manifiesto que el despido del que fue objeto el día 15 de marzo de 2010, por parte de la demandada, configura los requisitos de procedencia de la acción de Tutela regulada en el artículo 485 del Código del Trabajo, pues, vulnera su garantía constitucional de Derecho a la Integridad física y psíquica y su derecho a la Honra.
Señala que el despido que fue objeto en las condiciones que se ha señalado, lesiona el derecho constitucional establecido en el Artículo. 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, que es: "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona".
Añade que con el actuar de la demandada, se puso en juego su derecho a la integridad física y psíquica, puesto que al ser objeto por parte del guardia de seguridad don Orlando Hermosilla en el sector de salida del supermercado, de una pública y forzada revisión y habiendo sido fotografiada su persona y el bolso que portaba; además de la divulgación entre el resto del personal del supermercado respecto de su supuesta vinculación a una sustracción de mercaderías (sin mediar prueba de ello y sin resguardar la confidencialidad de un hecho no probado); que luego conllevaron a su pública detención por Carabineros de Chile - lógicamente derivaron a que se configure una situación "estresante" fuera de lo normal, que aparejó un daño a su autoestima y a su honra, producto de todo el vulneratorio proceso en que se vio envuelto.
Agrega que la mayor medida sancionatoria del despido adoptada por su ex empleadora, a pesar de conocer que no se demostró su participación en los supuestos hechos - ya que no quedó citado a la Fiscalía del Ministerio Público y no fue sometido a investigación alguna - hace por sí mismo que se configure la lesión de su derecho a la integridad psíquica, en relación directa a lo que manda el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; por cuanto además de haber sido sometido a los actos del guardia de seguridad y luego ante la autoridad policial, se le despide invocando una causal legal y hechos que ninguna relación guardan con su intachable conducta laboral y que le han afectado a tal nivel su autoestima que no ha podido acreditar su intachable historial laboral con la carta de despido que se le entregó, ya que además se le exigen recomendaciones de sus ex empleadores. Todo ello, afecta directamente su integridad psíquica a la que tiene legítimo derecho que sea resguardada.
Indica que en la especie, la demandada conculcó y vulneró gravemente su Derecho a la Honra, consagrado en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental; porque sin derecho a hacerlo lo sometió al público vejamen de la revisión de sus pertenencias e imputación de robo por parte del guardia de seguridad, a su pública detención y puso permanentemente en tela de juicio su honra, sin tomar en cuenta la ejemplar carrera funcionaría que había desarrollado con anterioridad y que le hizo acreedor de ascensos hasta llegar a la Jefatura de la Sección Fiambrería, durante los más de dos años que presté servicios para la demandada.
Señala que las medidas adoptadas por su ex empleadora le han significado un grave perjuicio, y vulnera además lo que la doctrina viene en llamar los derechos de "ciudadanía dentro de la empresa" \ especialmente el derecho al respeto y protección a la honra y dignidad de las personas, porque le acusó de una supuesta participación en los hechos que le imputa la carta de despido, revisó públicamente sus pertenencias, con la detención difundió entre los demás trabajadores lo sucedido, a pesar de que a la fecha no ha mediado investigación judicial alguna en orden a esclarecer tales hechos; a los que además su ex empleadora no ha tenido reparo en vincularme en la carta de despido y ratificándolos en sede administrativa con posterioridad, como se observa en la documental que acompaña en su denuncia.
En la especie, estos indicios son los siguientes:
1. La carta de despido fechada el 15 de marzo de 2010, en la cual consta la manifiesta "preparación" de su despido por parte de su ex empleadora, con el objeto de subsumir su conducta de trabajador intachable durante la relación laboral en la causal de "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato", por hechos delictivos que no se condicen con la realidad material de los hechos acaecidos el día 12 de marzo de 2010.
Dicha prueba más que indiciaría es objetiva y claramente no detalla en los hechos que le imputa ni el producto y/o mercadería supuestamente sustraído, la hora y lugar precisos en que éste hecho acaeció; razón por la que intenta subsanar tal omisión con la nueva versión ante la Inspección del Trabajo que además se contradice con los hechos de la carta.
2. La manifiesta contradicción en que incurre su ex empleadora en el comparendo de conciliación en sede administrativa, al señalar esta vez hechos que no se condicen con los invocados e imputados en la carta de despido.
3. La carencia de un proceso judicial que se le haya notificado con ocasión de los hechos que indica la carta de despido, o que le haya consignado como partícipe en tales hechos.
4. La ratificación de los hechos imputados en la carta de despido, por la demandada en sede administrativa, al cabo de un mes de acontecidos los supuestos hechos; oportunidad en la que insiste en que fue actor de un delito.
5. Por último, la causal invocada es a todas luces contraria al principio de razonabilidad y a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia; pues no es posible aceptar que su ex empleadora no haya realizado gestión judicial alguna tendiente a esclarecer los hechos que invoca en la carta de de despido; máxime cuando se trata de un trabajador de conducta intachable, y que labora más de dos años sin reproche alguno y por el contrario por méritos personales de honradez, lealtad y profesionalismo fue ascendido a una jefatura teniendo 17 trabajadores a su cargo y velando por el patrimonio de su ex empleador.
Señala que de los antecedentes aportados, se desprenden indicios suficientes e inequívocos sin lugar a yerro que en la especie se han vulnerado los derechos fundamentales que denuncia, hechos que hacen del todo procedente lo regulado en el artículo 493 del Código del Trabajo.
En conclusión, señala que el despido efectuado por la denunciada MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., ha vulnerado las garantías constitucionales del derecho a la integridad psíquica y derecho a la honra que le asiste. Dicho despido, en consecuencia, es vulneratorio de derechos fundamentales y para producir sus efectos propios, exige acreditar el pago de las cotizaciones de seguridad social.
Agrega que en la especie, al momento del despido, su ex empleadora le adeudaba cotizaciones de seguridad social de cesantía en AFC Chile S.A. del periodo que va desde agosto a diciembre de 2008 y las de enero de 2009, siendo la consecuencia jurídica, de ello que el despido no produzca sus efectos, de manera que el efecto de esta "nulidad" es mantener vigentes la obligación del empleador de remunerar y las demás que se establezcan en el contrato respectivo, hasta la "convalidación" del despido.
Por último, el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, regula que en caso de acogerse la denuncia de vulneración de derechos fundamentales, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163 y, adicionalmente, a una indemnización que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES ADEUDADAS:
De acuerdo a la base de cálculo ordenada en el inciso 1° del artículo 172 del Código del Trabajo, su última remuneración mensual asciende a la cantidad de $409.235., por lo que las indemnizaciones y prestaciones que la demandada le adeuda son las siguientes:
1. Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, equivalente a la cantidad de $ 243.642.-;
2. Indemnización por años de servicios, por un año y fracción superior a seis meses, equivalentes a 2 remuneraciones, esto es, la suma de $ 487.284-;
3. Incremento de un 80% de mi indemnización por años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, equivalente a la cantidad de $ 389.827.-;
4. Cotizaciones de Cesantía en AFC CHILE S.A., por los siguientes periodos: Agosto a diciembre de 2008 y Enero de 2009.
5. Indemnización por la cantidad de $2.680.062.- por concepto de 11 remuneraciones mensuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 39 del Código del Trabajo, o lo que el tribunal determine.
6. Todo lo anterior con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y
7. Costas de la causa.
SEGUNDO: Que la empresa demandada, MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., no obstante encontrarse legalmente notificada, no contestó la demanda en la oportunidad prevista por el artículo 452 del Código del Trabajo, precluyendo por ello su derecho a pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta como lo señala norma legal precitada.
TERCERO: Que, se llevó a efecto la audiencia preparatoria celebrada con fecha 16 de octubre de 2009. El tribunal llamó a las partes a conciliación la que no se produjo atendida la rebeldía de la denunciada. Posteriormente se recibe la causa a prueba y se fijaron como hechos controvertidos los siguientes:
1.- Efectividad de haber incurrido la empresa denunciada en los hechos alegados por el denunciante como vulneratorios de sus derechos fundamentales.
2.- Hechos, motivos y circunstancias del término de los servicios del actor.
3.- Si al término de los servicios, la denunciada se encontraba al día en el pago de las cotizaciones de seguro de cesantía en la AFC Chile.
CUARTO: Que en la audiencia de juicio, la parte demandante incorporó la siguiente prueba:
1- Carta de despido de fecha 15 de marzo de 2010.
2- Certificado de Pagos Previsionales para Remuneraciones, emitidos por CCAF La Araucana, con fecha 10 de julio de 2009
3- Presentación del reclamo ante la Inspección del Trabajo N ° 1318/2010/5123 de fecha 15 de marzo de 2010.
4- Acta de comparendo de conciliación de fecha 15 de abril de 2010.
5- Certificado de Cotizaciones Previsionales de la cuenta individual por cesantía de fecha 23 de abril de 2010, emitida por AFC Chile S.A por el periodo 2008-2009 y 2010.
6- Boleta de compraventa del bolso aludido en la carta de despido del actor, de fecha 11 de marzo de 2010.
Llamado a prestar confesión en juicio don EDUARDO RIVERA GUAJARDO, este no compareció.
1) Comparece don …….., quién legalmente juramentado expone sobre los hechos que constan en el registro de audio.
2) Comparece doña …………, Rut N° …., quién legalmente juramentada expone sobre los hechos que constan en el registro de audio.
• Oficio respuesta de la 49 Comisaria de Carabineros de Quilicura, el que se encuentra digitalizado en el proceso.
QUINTO: Que la acción de tutela laboral introducida por el nuevo procedimiento laboral tiene por objetivo dotar a los trabajadores de un mecanismo de defensa de sus derechos ciudadanos, introduciendo el concepto de ciudadanía en la empresa desarrollado por la doctrina y de aplicación en la legislación comparada.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 485 del Código del Trabajo, el procedimiento de tutela se aplica: a) Respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales; b) Que afecten a los derechos fundamentales de los trabajadores señalados en la misma norma, entre los cuales se cuentan el contemplado en el artículo 19 N° 1 y 4 de la Carta Magna.
SEXTO: Que el artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, protege: "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona", y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, dispone que la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la honra de la persona y su familia.
Que en la especie, de conformidad a lo alegado por el denunciante, la vulneración de su derecho a la integridad psíquica, es consecuencia directa de la vulneración de su honra, para lo cual, primeramente el tribunal establecerá si su derecho a la honra fue vulnerado con la actuación de la denunciada.
Al efecto, oportuno es consignar lo señalado el profesor José Luis Cea Egaña, en su obra Derecho Constitucional Chileno Tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, Primera Edición, indica que “La honra es la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general”, de manera que la honra resguardada es el honor en sentido objetivo, y en ningún caso la valoración personal que cada persona tiene de sí mismo, lo que se conoce por autoestima.
Que, lo más importante acá, es como se ve afectado el derecho en su dimensión externa, representada por la percepción (buena fama) que los restantes compañeros de trabajo tienen sobre la persona del demandante y su integridad moral. En ese sentido la prueba de la demandante, permite establecer que con la imputación que se le hace de haber sustraído mercaderías del supermercado, se inicia un procedimiento policial que culmina con la detención y traslado del actor a la 49 Comisaría de Quilicura, procedimiento efectuado a vista y paciencia de sus compañeros de trabajo y clientes del supermercado que presenciaron el procedimiento, asimismo, se enteró también la familia del denunciante, al tener que concurrir su propia hija con la boleta del producto que supuestamente su padre habría sustraído, a demostrar la inocencia de éste, con la consecuente preocupación y alteración de todo su entorno familiar, tal como lo relata doña Mara Belén Miranda Rojas, hija del denunciante, quien declaró como testigo en la audiencia de juicio,
Por su parte, como lo manifiesta el testigo Cabrera Salinas, los hechos acontecidos y la imputación delictual que se le formula al actor, se tradujo en que la imagen del denunciante frente a sus compañeros de trabajo fuese mancillada y deteriorada, evidentemente producto de la solapada imputación y posterior despido, que dejó al actor a los ojos de sus compañeros de trabajo, como verdaderamente autor del ilícito que le fue imputado.
El Tribunal constitucional chileno ha señalado que: ”el respeto y protección del derecho a la honra que asegura la Constitución, es sinónimo de derecho al respeto y protección del ‘buen nombre’ de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1°, que se vincula también, con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado en el número 1 del artículo 19, pues las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien pueden significar en ocasiones, una pérdida o menosprecio de carácter patrimonial (…) la generalidad de las veces generan más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral carente de significación económica mensurable“. En el mismo sentido Humberto Nogueira Alcalá, señala que el derecho a la honra protege el buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida de las personas que por su naturaleza afectan su reputación. En una perspectiva positiva, el derecho a la honra implica la posibilidad real de preservar la integridad y verdad sobre la persona y de no ser humillado o vejado por terceros. Agrega que la honra de una persona se afecta cuando se le atribuye una conducta basada en hechos falsos, eventualmente constitutivos de delito, a través de la palabra o cualquier otro lenguaje simbólico, siendo su núcleo esencial el derecho de toda persona a ser respetable ante sí mismo y ante los demás, la que se construye con la verdad e integridad personal y el cumplimiento de sus obligaciones familiares y sociales, como asimismo en el respeto al orden jurídico vigente.
Que en la especie, las imputaciones por el robo de mercadería, que hace la empresa al actor, dejando la impresión de su responsabilidad en los hechos, resultan absolutamente infundados, lo que queda en evidencia del solo tenor de la carta de despido incorporada en juicio, la que resulta de una vaguedad extrema, asimismo, su rebeldía en este proceso no permite al tribunal desvirtuar ninguno de los indicios de vulneración planteados por el actor, por lo cual, al no ser desvirtuados los mismos, y al existir prueba concreta de la vulneración denunciada, sólo se puede concluir en definitiva, que la denunciada con su actuar ha vulnerado el derecho a la honra y la integridad psíquica del denunciante.
SEPTIMO: Que por todo lo señalado precedentemente, y no habiendo la denunciada desvirtuado los indicios vulneratorios que se le imputan por su rebeldía en este proceso, la demanda será acogida condenándose a la denunciada a las prestaciones que se indicaran en la parte resolutiva de esta sentencia.
OCTAVO: Que, el denunciante solicita que se declare que el despido del cual fue objeto, no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo, que lo unía con la demandada, en virtud de que al momento del término de la relación laboral, la demandada no se encontraba al día en el pago de las Cotizaciones del Seguro de Cesantía correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2008 y enero de 2009, al efecto, se incorporó en juicio por la demandante el certificado de pago de Cotizaciones de fecha 10 de julio de 2009, del cual se puede establecer que efectivamente no figuran pagadas las cotizaciones de cesantía del actor correspondiente los días 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2008, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año y el mes de enero de 2009.
NOVENO: Que, atento a lo establecido en el fundamento anterior, forzoso es concluir que a la fecha del despido –15 de marzo de 2010- la demandada no se encontraba al día en el pago de las Cotizaciones de Seguro de Cesantía del actor, de manera que el despido en cuestión no produjo el efecto de poner término al contrato de trabajo y, como consecuencia, la demandada deberá pagar al denunciante, las remuneraciones desde la fecha del despido esto es desde el 15 de marzo de 2010, hasta que efectúe el pago efectivo de las cotizaciones adeudadas, lo que convalida el despido, lo anterior en base a una remuneración mensual imponible de $243.642.-, la que además, se tendrá como tácitamente admitida para todos los efectos indemnizatorios.
DECIMO: La prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, y la restante documental no contiene información que contradiga aquellos hechos asentados por los medios que se han tenido en consideración para fijar los indicios.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N°s 1 y 4 de la Constitución Política de la República 1, 2, 3, 7, 160, 162, 162, 168, 172, 425 y siguientes, 456, 459, 485 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:
I.- Que se hace lugar a la demanda declarándose que la demandada empresa MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A., representada legalmente por don EDUARDO RIVERA GUAJARDO, vulneró la dignidad del demandante don ........................, su honra e integridad psíquica con ocasión del despido producido el día 15 de marzo de 2010.
II.- Que la demandada MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A deberá pagar al actor las siguientes prestaciones:
a) Indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, equivalente a la cantidad de $ 243.642.-
b) Indemnización por años de servicios, por un año y fracción superior a seis meses, equivalentes a dos remuneraciones, por la suma de $ 487.284.-
c) Incremento de un 80% de la indemnización por años de servicios, equivalente a la cantidad de $ 389.827.-
d) Indemnización adicional por la cantidad de $2.680.062.- equivalente a 11 remuneraciones mensuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo.
Todas, con las actualizaciones del artículo 173 del Código del Trabajo.
III.- Que la demandada deberá enterar en AFC CHILE S.A., las cotizaciones de cesantía del actor por los periodos correspondiente a los días 28, 29, 30 y 31 de agosto, y los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y el mes de enero de 2009, lo anterior en bases a una remuneración mensual imponible de $ 243.642.-
IV.- Que declara que el despido de la demandante don EDUARDO RIVERA GUAJARDO, no produjo el efecto de poner término a su contrato de trabajo y, por lo tanto, la demandada MONTECARLO ADMINISTRADORA S.A, deberá pagarle las remuneraciones durante el período comprendido entre la fecha del despido, esto es, del 15 de marzo del año 2010, a la fecha en que las cotizaciones indicadas en el acápite anterior sean enteradas, lo que convalida el despido.
V.- Que se condena en costas a la demandada, las que se fijan y regulan en la suma de $500.000.-
VI.- Ejecutoriada esta sentencia, remítase copia a la Dirección del Trabajo y cúmplase lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.
Regístrese, notifíquese personalmente y dese copia a los abogados que concurran en la fecha y hora indicada al efecto en la audiencia de juicio.
RIT: T-179-2010.-
Dictada por don Ricardo Araya Pérez, Juez titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Publicado por César Toledo Corsi en 7:46 No hay comentarios:
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