Source: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/704-1996.html
Timestamp: 2019-10-20 02:41:41
Document Index: 355550262

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Steve Shaw v. Jamaica, Comunicación No. 704/1996, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/704/1996 (1998).
Comunicación Nº 704/1996 : Jamaica. 04/06/98.
CCPR/C/62/D/704/1996. (Jurisprudence)
16 de marzo - 9 de abril de 1998
- 62º período de sesiones-
Comunicación Nº 704/1996**
Presentada por: Steve Shaw (representado por el Sr. Lehrfreund, de la firma de abogados Simons, Muirhead & Burton)
Fecha de la comunicación: 6 de junio de 1996 (comunicación inicial)
Reunido el 2 de abril de 1998,
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 704/1996 presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Steve Shaw, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,
1. El autor de la comunicación es Steve Shaw, ciudadano jamaiquino nacido en 1966, que actualmente aguarda su ejecución en la prisión del distrito de St. Catherine, Spanish Town, Jamaica. Afirma ser víctima de la violación por parte de Jamaica de los artículos 6 y 7, de los párrafos 2 y 3 del artículo 9, del párrafo 1 del artículo 10 y de los párrafos 1 y 3 b), c) y d) del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Actúa representado por Saul Lehrfreund, de la firma de abogados Simons Muirhead and Burton (Londres).
2.1. El autor fue declarado culpable, junto con otros dos inculpados, Desmond y Patrick Taylor / Véanse las comunicaciones Nos. 705/1996 (Desmond Taylor c. Jamaica), dictamen aprobado el 2 de abril de 1998, y 707/1996 (Patrick Taylor c. Jamaica), dictamen aprobado el 18 de julio de 1997./, de cuatro delitos de asesinato punibles con la pena capital, y condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de St. James, Montego Bay, el 25 de julio de 1994. Su apelación contra la sentencia fue rechazada por el Tribunal de Apelación el 24 de julio de 1995. El 6 de junio de 1996 le fue denegada su petición de venia especial para recurrir ante el Comité Judicial del Consejo Privado.
2.2. El 27 de marzo de 1992 fueron hallados en estado de descomposición los cadáveres de Horrett Peddlar, su esposa Maria Wright y sus dos hijos pequeños, Matthew y Useph, en los terrenos que rodeaban la casa de Peddlar. Habían sido asesinados a machetazos en la cabeza, tronco y extremidades.
2.3. Entre el 17 y el 22 de abril de 1992 un tendero del lugar suministró al autor (conocido también como "Curly") productos alimenticios a cambio de una grabadora de cinta que el autor había traído y que dejó como fianza. El 27 de abril la grabadora fue llevada a la policía y el 28 de abril fue identificada, en presencia del autor, como perteneciente al fallecido. El autor declara que fue detenido el 28 de abril de 1992 y llevado al centro de detención de Sandy Bay. Se afirma que las pruebas de su complicidad en los asesinatos son una serie de declaraciones verbales hechas entre la Semana Santa y el 14 de noviembre de 1992:
- En la Semana Santa de 1992, el autor dijo a una tal Sra. Sutherland que había participado en los asesinatos de Horrett Peddlar y su mujer.
- En una entrevista que precedió a una declaración hecha previa advertencia de sus derechos el 29 de abril de 1992, el autor dijo, al parecer, "ya ve usted en lo que Boxer [Desmond Taylor] me ha metido"; en la declaración el autor explicó que se hallaba presente en la casa de Peddlar cuando ocurrieron los asesinatos, con Boxer, un hombre llamado "President" y Mark [Patrick Taylor]. "Boxer" y "President" entraron en el patio. Vio como Boxer mataba a machetazos a la Sra. Peddlar y President perseguía a uno de los niños. Después ayudó a Boxer y a President a deshacerse de la ropa y a él le dieron una grabadora de cinta.
- El autor hizo una declaración oral en la comisaría de policía en presencia de Patrick Taylor diciendo: "yo y Mark nos juntamos en la puerta principal y vimos a Boxer y President entrar en el patio y matar a machetazos a las personas que allí estaban".
- En una declaración oral hecha el 5 de mayo de 1992 en presencia de Desmond Taylor, el autor dijo "yo vi cuando President corría detrás del hijo y Boxer le daba machetazos a la mujer".
- Y en una declaración hecha el 14 de noviembre de 1992 ante los presos que estaban con él en prisión preventiva, que acertó a oír el agente Wright, dijo "yo maté al chico Peddlar de un machetazo".
2.4. En el juicio, el autor hizo una declaración sin juramento negando su presencia en el asesinato y negó haber hecho confesiones a la Sra. Sutherland y al agente Wright. No se citó a ningún testigo en su defensa.
2.5. Después de ser detenido el 28 de abril de 1992, el autor fue trasladado del centro de detención de Sandy Bay al centro de detención de Montego Bay. Después de su confesión oral hecha en la entrevista que precedió a la declaración hecha previa advertencia de sus derechos en la comisaría de policía de Montego Bay el 29 de abril de 1992, fue devuelto a Sandy Bay. El 7 de mayo de 1992 fue llevado de nuevo a Montego Bay y acusado de asesinato. Según su propio relato, fue encarcelado después durante ocho meses en régimen de incomunicación, es decir, sin poder comunicarse con abogados, amigos ni familiares. El abogado defensor explica que ha tratado, al menos en dos ocasiones, de que esta información sea corroborada; el relato del autor sobre este punto ha sido congruente. El Sr. Shaw indica que pasó alrededor de tres meses en prisión preventiva antes de ser llevado ante el juez, y casi un año en el centro de detención policial de Montego Bay antes de ser trasladado a la prisión del distrito de St. Catherine, donde lo volvieron a encarcelar hasta que fue condenado.
3.1. El abogado defensor denuncia que la detención del autor durante 19 días antes de ser acusado de asesinato, y la demora de tres meses en ser llevado ante un juez o funcionario judicial constituyeron una violación de los derechos del Sr. Shaw en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Pacto. El autor afirma que durante ese período fue tratado brutalmente por la policía, y en tales circunstancias era esencial que lo llevaran ante un funcionario judicial sin demora.
3.2. El autor alega que se violó el párrafo 3 del artículo 9 y el párrafo 3 c) del artículo 14 del Pacto, porque el Estado Parte no lo llevó ante un tribunal en un plazo razonable. De esta forma, pasó dos años y tres meses recluido en los centros de detención de Sandy Bay y Montego Bay y en la prisión del distrito de St. Catherine antes de que se celebrara su juicio; no se le asignó un abogado hasta abril de 1994, unos dos años después de su detención. El abogado admite que al determinar si ha habido o no violación de las disposiciones anteriormente mencionadas un factor importante que debe tenerse en cuenta es la complejidad del caso, pero sostiene que en el caso contra el Sr. Shaw las cuestiones no eran complejas, ya que las principales pruebas contra él eran sus supuestas confesiones. Tampoco pidió él en ningún momento que se aplazara el juicio.
3.3. El Sr. Shaw afirma que las condiciones en que estuvo recluido en Sandy Bay y Montego Bay antes de ser condenado constituyeron una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. Señala que llegó a compartir una pequeña celda con otros 21 detenidos, por lo que la mayoría de los detenidos tenían que permanecer de pie o sentados durante toda la noche. Se afirma que el gran hacinamiento en la celda, el hecho de tener que dormir en un suelo húmedo, la escasa ventilación y la imposibilidad de ver a la familia, a los parientes o a un abogado constituyen una violación del artículo 7 del Pacto.
3.4. El autor afirma que se ha violado el párrafo 3 b) y d) del artículo 14 por no existir medios adecuados para preparar su defensa. Señala que la primera vez que habló con un abogado fue cuando fue a verlo el Sr. Hamilton (QC), abogado de los hermanos Taylor, el cual lo ayudó a lograr los servicios de un abogado defensor; pero éste fue nombrado después para un puesto de magistrado residente y tuvo que abandonar su representación. Luego transcurrieron diez meses hasta que el autor pudo lograr asistencia letrada. El abogado observa que el Sr. Shaw pidió a la nueva abogada que llamara a su padre como testigo de la defensa, pero ésta hizo caso omiso de esa petición. El abogado afirma además que aquella abogada no investigó la coartada del autor y no actuó con arreglo a ninguna de sus instrucciones. El hecho de que la abogada del autor no lo representara adecuadamente en el juicio hizo que el autor perdiera una oportunidad de presentar alguna defensa ante el jurado y permitió que el juez de la causa, de acuerdo con la jurisprudencia interna, dijera a los miembros del jurado que podían hacer caso omiso de la declaración no jurada del autor (en la que había dicho que no se hallaba en el escenario del crimen) si lo consideraban oportuno. Si hubieran llamado a declarar a testigos en favor suyo no se habría podido hacer esa sugerencia a los miembros del jurado.
3.5. Se dice que las condiciones de detención en la prisión del distrito de St. Catherine constituyen una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. Se hace referencia a las conclusiones de varios informes preparados por organizaciones no gubernamentales acerca de las condiciones de reclusión en la prisión del distrito de St. Catherine. Entre las condiciones de detención aplicables a Steve Shaw pueden citarse las siguientes:
- No se proporciona ropa de cama ni colchones.
- El saneamiento de las celdas es totalmente deficiente, no hay luz eléctrica, la ventilación es insuficiente y la única luz natural penetra a través de pequeños respiraderos; para el saneamiento sólo se dispone de un cubo para desperdicios.
- Los presos pasan la mayor parte del tiempo recluidos en sus celdas en una oscuridad casi total. El autor estuvo encerrado durante un mínimo de 23 horas al día.
- No se dispone de asistencia sanitaria ni de instalaciones médicas.
- No existen programas de reeducación y trabajo para los presos que están en el pabellón de los condenados a muerte.
El autor afirma que se están violando sus derechos como individuo con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pese a formar parte de una clase tipificable de personas -los presos del pabellón de los condenados a muerte- que están encarcelados en condiciones similares y sufren violaciones similares de sus derechos. Pero una violación del Pacto no deja de ser una violación por el mero hecho de que otros sufran las mismas privaciones al mismo tiempo.
3.6. El abogado afirma que las condiciones de reclusión y la celda en la que está preso el autor representan también una violación de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Se hace referencia a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos / Véase el dictamen sobre el caso 458/1991 (A. W. Mukong c. el Camerún), aprobado el 21 de julio de 1994, párr. 9.3./.
3.7. El abogado afirma que una ejecución que podía haber sido lícita si se hubiera llevado a cabo inmediatamente, y sin someter al condenado al castigo adicional de trato inhumano durante un prolongado período de reclusión en el pabellón de los condenados a muerte, puede convertirse en ilícita si se produce al final de un largo período de reclusión en condiciones intolerables. El abogado invoca el fallo del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Pratt y Morgan en respaldo de su argumento de que ejecutar una sentencia de muerte puede llegar a ser ilícita cuando las condiciones en que se mantiene a un condenado, bien en términos de tiempo o de malestar físico, constituyen un trato inhumano y degradante contrario al artículo 7 del Pacto. El Sr. Shaw "fue condenado a muerte y no a muerte precedida de un largo período de trato inhumano... la existencia de un trato inhumano... hace que la ejecución de la sentencia sea ilícita".
3.8. Se considera que el Estado Parte violó el párrafo 1 del artículo 14 y el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, al denegar al autor el derecho a acceder a los tribunales para pedir una reparación (recurso constitucional) por la violación que había sufrido de sus derechos fundamentales. El abogado señala que el hecho de que el Estado Parte no haya proporcionado asistencia letrada para una moción constitucional viola el Pacto porque niega al Sr. Shaw un recurso efectivo en el proceso de la determinación de sus derechos. Para el abogado, los procedimientos en el Tribunal Supremo (Constitucional) deben adecuarse a la exigencia de que la persona sea oída con las debidas garantías, tal como se entiende en el párrafo 1 del artículo 14, lo cual abarca el derecho a la asistencia letrada.
Observaciones del Estado Parte y comentarios del abogado
4.1. En su respuesta de 10 de octubre de 1996, el Estado Parte no impugna la admisibilidad del caso y ofrece comentarios sobre el fondo.
4.2. El Estado Parte desmiente que hubiera una violación del párrafo 2 del artículo 9 del Pacto: "Tal vez transcurrieron 19 días hasta que el autor fue acusado formalmente, pero es evidente que él conocía las razones de su detención antes de ese día. El autor fue trasladado de una comisaría de policía a otra e hizo varias declaraciones (aunque ahora lo niegue) sobre los delitos. En tales circunstancias no es válido argüir que no conocía las razones de su detención".
4.3. Respecto de la cuestión de los tres meses que se tardó en llevar al autor ante un juez, el Estado Parte reconoce que este período es más largo de lo que sería deseable, pero "no puede argüirse necesariamente que ello represente una violación del Pacto".
4.4. Respecto de la supuesta violación del párrafo 3 del artículo 9 y del párrafo 3 c) del artículo 14 por la duración de la prisión preventiva (dos años y tres meses) del autor, el Estado Parte señala que durante ese período se llevó a cabo una investigación preliminar y no acepta que ese período constituyera una demora indebida.
4.5. El Estado Parte indica que investigará la denuncia del autor de que después de su detención se le mantuvo incomunicado durante ocho meses. Con todo, el Estado Parte observa que "es significativo que esas denuncias, al parecer, no fueran hechas por el abogado del autor durante el juicio, ya que esta información, si hubiera sido aceptada, podía haber tenido repercusiones importantes en el proceso incoado contra el autor". Al 31 de diciembre de 1997 no se había recibido ninguna información sobre el resultado de la investigación del Estado Parte.
4.6. Con respecto a la denuncia en virtud del párrafo 3 b) y d) del artículo 14 del Pacto en el sentido de que el autor no pudo ver a un abogado de su propia elección y se vio obligado a consultar con el abogado de sus coacusados, el Estado Parte recuerda que las declaraciones del propio autor muestran que estaba representado por un abogado que actuaba sólo en su nombre. Este abogado fue nombrado posteriormente Magistrado Residente y, por consiguiente, no pudo seguir representando al Sr. Shaw. En el juicio el autor estuvo representado por una abogada, que consultó con él antes de que comenzara el juicio. Sobre esta base, el Estado Parte niega que se violara el párrafo 3 b) y d) del artículo 14: como se asignó al autor una asistencia letrada tanto para la investigación preliminar como para el juicio, el Estado Parte ha cumplido con sus obligaciones con arreglo a las antedichas disposiciones.
4.7. Por lo que respecta a la denuncia de que debía haberse puesto a disposición del autor una asistencia letrada para presentar una moción constitucional, el Estado Parte reconoce que no existe esa asistencia letrada con ese fin, pero niega que ello constituya una violación del Pacto: "por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 14, no existe ninguna condición... según la cual deba ponerse a disposición una asistencia letrada para mociones constitucionales".
5.1. En sus comentarios, el abogado reitera su alegación con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del Pacto. Señala que el Estado Parte no ha hecho ningún intento por averiguar por qué el autor no fue llevado ante un tribunal durante tres meses y por qué esa conducta no viola el Pacto. Si el Sr. Shaw no fue acusado hasta 19 días después de ser detenido, ello significa que no pudo haber sido llevado "sin demora" ante un juez, tal como se entiende en el párrafo 3 del artículo 9. El abogado invoca la Observación general 8 [16] del Comité en la que se dice que las demoras con arreglo al párrafo 3 del artículo 9 no deben exceder de unos pocos días, al igual que la jurisprudencia del Comité según la cual la expresión "sin demora" no permite una demora de más de dos a tres días.
5.2. El abogado reafirma que el Estado Parte es el único responsable de la demora en llevar al autor a juicio: al Sr. Shaw no se le asignó un abogado para el juicio hasta el 21 de abril de 1994, dos años después de su detención, lo que indica que las autoridades judiciales no estaban dispuestas a actuar antes de esa fecha. Además, el hecho de que se realizara una investigación preliminar no quita valor a la denuncia de una demora indebida en virtud del párrafo 3 del artículo 9 y del párrafo 3 c) del artículo 14 del Pacto: con arreglo a la legislación jamaiquina, en todos los casos de asesinato se realizan investigaciones preliminares, que normalmente no se traducen en una detención preventiva de más de dos años.
5.3. El abogado afirma que la detención del autor en régimen de incomunicación en los calabozos de la policía de Sandy Bay y Montego Bay viola el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. Las condiciones de la prisión preventiva del autor, como el gran hacinamiento en la celda, el tener que dormir sobre un suelo húmedo, la escasa ventilación y la imposibilidad de ver a los parientes, a la familia o a un representante legal, constituyen una violación del artículo 7.
5.4. Por lo que respecta a los párrafos 3 b) y d) del artículo 14, el abogado señala que la obligación del Estado Parte en virtud del Pacto no es simplemente asignar asistencia letrada al autor para la instrucción del caso y el juicio, sino velar, especialmente tratándose de una persona acusada de un delito castigado con la pena capital, por que se le den el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa: "el derecho a la defensa significa que el acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar con diligencia utilizando todos los argumentos disponibles, y a impugnar la tramitación de la causa si creen que no es imparcial". El hecho de que el abogado del Sr. Shaw no investigara su coartada ni actuara con arreglo a sus instrucciones hace que su representación no fuera efectiva.
5.5. El abogado observa que el Estado Parte no ha reaccionado ante las afirmaciones hechas por el autor en relación con las espantosas condiciones de detención existentes en el pabellón de los condenados a muerte, que, según se afirma, constituyen una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10; dice que, aparte de ser contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, esas condiciones son contrarias a lo dispuesto en la resolución 1996/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre "Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte".
Examen de las cuestiones en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al fondo
6.1. Con la denegación al autor por el Comité Judicial del Consejo Privado, en junio de 1996, de la venia especial para recurrir, el autor ha agotado todos los recursos internos disponibles. El Comité observa que el Estado Parte no ha formulado ninguna objeción por lo que respecta a la admisibilidad. En tales circunstancias, el Comité considera conveniente proceder al examen de las cuestiones que considera admisibles en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto en cuanto al fondo.
6.2. Por consiguiente, el Comité declara admisibles las denuncias del Sr. Shaw en virtud de los artículos 7, 9 y 10 de los párrafos 1 y 3 b), c) y d) del artículo 14, y procede a examinar su fondo, teniendo en cuenta la información que le ha sido facilitada por las partes, como se exige en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.
7.1. El autor afirma que se ha violado el artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 10 porque fue mantenido en condiciones inaceptables durante varios meses después de su detención. El Estado Parte no ha refutado esta denuncia y ha prometido investigarla, pero no ha transmitido al Comité las conclusiones que haya extraído de su investigación. En tales circunstancias, debe darse la debida importancia a la afirmación del autor. El Comité observa que durante su detención preventiva, gran parte de la cual transcurrió en los calabozos de la policía de Montego Bay, el autor estuvo recluido en una celda muy superpoblada, tuvo que dormir sobre un suelo de cemento húmedo y no pudo ver a la familia, a los parientes o a un representante hasta finales de 1992. Concluye que esas condiciones representan una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto y constituyen un trato inhumano y degradante y que el Estado Parte no ha respetado la dignidad del autor como ser humano.
7.2. El autor alega que su ejecución tras un largo período de reclusión en el pabellón de los condenados a muerte, en condiciones que equivalen a un trato inhumano y degradante, sería una violación del artículo 7 del Pacto. El Comité reafirma su jurisprudencia uniforme de que la reclusión en el pabellón de los condenados a muerte durante un período específico -en este caso tres años y medio- no viola el Pacto si no existen otras circunstancias imperiosas. Empero, las condiciones de detención pueden constituir una violación de los artículos 7 ó 10 del Pacto. El Sr. Shaw afirma que está detenido en el pabellón de los condenados a muerte en condiciones particularmente malas e insalubres; esta afirmación está apoyada por informes que se adjuntan a la declaración del abogado. Se denuncian las malas condiciones sanitarias y la falta de luz, ventilación y camas, la reclusión durante 23 horas al día y los servicios médicos inadecuados. La declaración del abogado recoge los principales argumentos de esos informes y muestra que las condiciones de la prisión afectan a Steve Shaw, que está preso en el pabellón de los condenados a muerte. Las denuncias del autor no han sido refutadas por el Estado Parte, que ha guardado silencio en relación con la cuestión. El Comité considera que las condiciones de detención descritas por el abogado y que afectan al Sr. Shaw directamente son tales que violan su derecho a ser tratado con humanidad y con respeto a la dignidad inherente a su persona, y, por consiguiente, son contrarias a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.
7.3. El autor ha denunciado una violación del artículo 9, porque transcurrieron 19 días desde que lo detuvieron hasta que fue acusado oficialmente. Sin embargo, del expediente se deduce que el autor fue detenido el 28 de abril de 1992 y no el 18 de abril de 1992, como se indica en la declaración del abogado. El Sr. Shaw firmó una declaración el 29 de abril de 1992 delante de un juez de paz. El Estado Parte no niega que el autor fuera mantenido en prisión preventiva por lo menos durante nueve días antes de ser formalmente acusado ni que se produjo una nueva demora de tres meses antes de ser llevado ante un juez u oficial judicial. Ello, a juicio del Comité, constituye una violación del párrafo 3 del artículo 9.
7.4. En cuanto a la afirmación del Sr. Shaw de que no fue juzgado sin una demora indebida porque transcurrió un lapso de 27 meses entre su detención, en abril de 1992, y el juicio, en julio de 1994, el Comité ha tomado nota del argumento del Estado Parte de que la demora no es indebidamente larga principalmente porque durante ese período se realizó una investigación preliminar. Considera, sin embargo, que una demora de 27 meses entre la detención y el juicio, durante la cual el autor estuvo encarcelado, constituyó una violación de su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad. Por otro lado, la demora es tal que constituye una violación del derecho del autor a ser juzgado sin una demora indebida. El Estado Parte no ha presentado ninguna justificación, por ejemplo, por complejidades particulares del caso, lo cual ayudaría a explicar la demora. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que en este caso ha habido una violación del párrafo 3 del artículo 9 y del párrafo 3 c) del artículo 14 del Pacto.
7.5. El autor ha afirmado que no tuvo una oportunidad suficiente para preparar su defensa y que inicialmente tuvo que consultar con el abogado de sus coacusados para pedir consejo. El Estado Parte señala que se asignó al autor asistencia letrada para la investigación preliminar y para el juicio, razón por la cual cumplió sus obligaciones en virtud del párrafo 3 b) y d) del artículo 14. El Comité observa que es axiomático tratándose de personas acusadas de un delito castigado con la pena capital que éstas estén representadas en la investigación preliminar y en el juicio. En el caso actual causa preocupación el hecho de que, como el abogado que se asignó al autor para la investigación preliminar tuvo que abandonar la defensa del Sr. Shaw por haber sido designado para otro cargo profesional, el autor se quedara sin abogado por un período considerable. No obstante, al parecer no se tramitó procedimiento alguno durante este período y se designó un abogado para que representara al autor unos meses antes que comenzara el juicio. Ello no representa por sí mismo una violación del párrafo 3 b) y d) del artículo 14. El autor afirma además que la abogada defensora que se le asignó de oficio para el juicio no llamó a su padre como testigo de descargo y no actuó de acuerdo con sus instrucciones, aunque de la transcripción del juicio y de la documentación que tiene ante sí el Comité no se deduce que el hecho de que la abogada no actuara de acuerdo con las instrucciones del Sr. Shaw se debiera a cualquier otro motivo y no a su criterio profesional. No hay pruebas de que el comportamiento de la abogada fuera arbitrario o incompatible con los intereses de la justicia. En tales circunstancias, no ha habido violación alguna del párrafo 3 b) y d) del artículo 14 del Pacto.
7.6. El autor afirma que el hecho de que el Estado Parte no le proporcionara una asistencia letrada para interponer un recurso de inconstitucionalidad constituye una violación de sus derechos en virtud del Pacto. La determinación de los derechos en las actuaciones ante el Tribunal Supremo (Constitucional) de Jamaica debe ajustarse al requisito de una audiencia imparcial, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 / Véanse la comunicación Nº 377/1989 (Anthony Currie c. Jamaica), dictamen aprobado el 29 de marzo de 1994, párr. 13.4; y la comunicación Nº 707/1996 (Patrick Taylor c. Jamaica), dictamen aprobado el 18 de julio de 1997, párr. 8.2./. En el caso del Sr. Shaw, se pediría al Tribunal Constitucional que determinara si la sentencia condenatoria del autor en un juicio penal violó las garantías de un juicio imparcial. En tales casos, la aplicación del requisito de una audiencia imparcial en el Tribunal Constitucional debe ajustarse a los principios enunciados en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14. De lo anterior se desprende que cuando un condenado trate de obtener la revisión constitucional aduciendo irregularidades en su proceso penal y carezca de medios para sufragar el costo de la asistencia letrada que necesita para interponer su recurso de inconstitucionalidad, el Estado Parte deberá proporcionar un defensor de oficio, siempre que el interés de la justicia así lo exija. En el presente caso, el hecho de carecer de asistencia letrada privó al Sr. Shaw de la oportunidad de que se demostrara la existencia de irregularidades en su juicio, en un juicio imparcial en el Tribunal Constitucional; ello constituye una violación de lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto.
7.7. El Comité considera que la imposición de una pena de muerte tras la conclusión de un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto constituye, cuando no es posible recurrir de nuevo contra la sentencia, una violación del artículo 6 del Pacto. En el presente caso, la sentencia firme de muerte se pronunció sin que se hubieran cumplido los requisitos de un juicio justo establecidos en el artículo 14 del Pacto. Debe, pues, deducirse que el derecho protegido en virtud del artículo 6 también ha sido violado.
8. El Comité de Derechos Humanos, con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opina que los hechos que tiene ante sí revelan violaciones de los artículo 7; del párrafo 3 del artículo 9; del párrafo 1 del artículo 10 y de los párrafos 1 y 3 c) del artículo 14, y, por consiguiente, del artículo 6 del Pacto.
9. En tales circunstancias el autor, en virtud del párrafo 3 a) del artículo 2 del Pacto, tiene derecho a un recurso efectivo que entrañe la conmutación de su pena de muerte.
10. Al adquirir la calidad de Estado Parte en el Protocolo Facultativo, Jamaica ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto. Este caso se presentó antes de que la denuncia que hiciera Jamaica del Protocolo Facultativo entrara en vigor el 23 de enero de 1998; de conformidad con el párrafo 2 del artículo 12 del Protocolo Facultativo, sigue sujeto a la aplicación del Protocolo Facultativo. Conforme al artículo 2 del Pacto, el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y ejecutable en caso de determinarse la existencia de una violación. El Comité desea recibir del Estado Parte, dentro de los 90 días, información sobre las medidas que ha adoptado para dar efecto al dictamen del Comité.
* Los siguientes miembros del Comité participaron en el examen de la presente comunicación: Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra N. Bhagwati, Sr. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Sr. Omran El Shafei, Sra. Elizabeth Evatt, Sr. Eckart Klein, Sr. David Kretzmer, Sr. Rajsoomer Lallah, Sra. Cecilia Medina Quiroga, Sr. Fausto Pocar, Sr. Martin Scheinin y Sr. Maxwell Yalden.
** Se adjunta como apéndice al presente documento el texto de un voto particular de los miembros del Comité Sres. N. Ando, P. N. Bhagwati, Th. Buergenthal y D. Kretzmer.
Voto particular de los Sres. N. Ando, P. Bhagwati,
T. Buergenthal y D. Kretzmer
El autor de la presente comunicación fue juzgado junto con Desmond Taylor, sobre cuya comunicación acabamos de dictaminar. Estamos de acuerdo con las opiniones expresadas por la mayoría en los párrafos 7.1 a 7.5, pero no con las que figuran en el párrafo 7.6. Consideramos que en el presente caso el Estado Parte no estaba obligado a proporcionar asistencia letrada al autor para que interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este argumento basado en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 se presentó también en nombre del autor en el caso de Desmond Taylor, pero, en desacuerdo con la mayoría, lo rechazamos, sosteniendo que dicho apartado no se aplicaba al caso en cuestión y que el Estado Parte no estaba obligado a conceder al autor asistencia letrada gratuita para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese mismo razonamiento ha de aplicarse en el caso presente; por consiguiente sostenemos que, en lo que al autor se refiere, no hubo violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 y, por este motivo, tampoco del párrafo 1 del artículo 14.