Source: https://www.scribd.com/document/308043459/01165-2013-AA-1
Timestamp: 2018-10-22 18:28:37
Document Index: 173424150

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 239', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 38']

Expo rafa
~UBUCA DEcoe
IIIII II I
FXP N ° 01165 2013-PATEC
I WAT RA
ROBER FO RODOLFO RUMIAS
En Lima, a fecha 25 de agosto de 2014, la Sala Primera del Tribunal
onst itucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de
aboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Raúl Carrera
13arro'n, en representación de don Roberto Rodolfo Ruidías Navarrete, contra la
resolución de fojas 364, del 3 de enero de 2013, expedida por la Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Iluaura, la cual declaró improcedente la demanda de autos.
Iil día 18 de octubre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable
la Resolución 67070-2011-0NRIDPR.SC/DL 19990, del 19 de julio de 2011. En
consecuencia, que se le otorgue una pensión de jubilación según el régimen general del
Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita que se disponga el pago de los devengados, los
intereses legales y los costos del proceso.
La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no cumple los
requisitos para percibir una pensión del régimen general debido que los medios
probatorios presentados resultan insuficientes.
FI Primer Juzgado Civil de Iluaura, el 7 de mayo de 2012, declara fundada la
demanda, por considerar que el demandante ha cumplido con acreditar la cantidad de
aportes fijada por la ley para acceder a la pensión de jubilación.
1,a Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la
demanda, por estimar que el accionarte no ha acompañado medios probatorios idóneos
para la acreditación de aportes.
Hl objeto de la demanda es que se otorgue al demandante una pensión según el
régimen general del Decreto Ley 19990.
electoral y . expresa que mediante Informe Grafotécnico 1940-2010-DSOSI/ONP. señala que la parte demandada no ha motivado correctamente la resolución mediante la cual decide reducir el número de aportaciones reconocidas.1. Asimismo. Al resolver la SIC 0023-2005-AUTC. Argumentos del demandante Manifiesta que reunió los requisitos para acceder a una pensión de jubilación del régimen general conforme al Decreto Ley 19990. afectándose sus derechos constitucionales al debido proceso y a una debida motivación..TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 VII I1lI11 FXP N 01163 2013-PA/TC IICAURA ROBERTO RODOLFO RUIDÍAS NAVARRETE Considera que se han desconocido sus aportaciones sin poner en su conocimiento las irregularidades atribuidas a los documentos que las sustentan. en reiterada jurisprudencia. privándosele del sustento que le permite solventar su subsistencia. 2. Asimismo.) los derechos . se verificó que el certificado de trabajo y la hoja de liquidación presentaban anacronismos en su elaboración. que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. ebe tenerse presente que. Asimismo. Sobre la afectación del derecho al debido proceso (artículo 139.fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria.1. 2.3.3 de la Constitución) 2.2. Argumentos de la demandada Manifiesta que el actor no tiene derecho a percibir una pensión de jubilación según el Decreto Ley 19990. Como fluye de autos que la pretensión del actor estaría comprendida en el supuesto previsto en la jurisprudencia precitada. por lo que corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.3. 2. constitucional. así como su derecho a la pensión. debido a que no existe medio de prueba que acredite fehacientemente las aportaciones que reclama. Consideraciones del Tribunal Constitucional 2. y más propiamente en sus fundamentos 43 y 48.. este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho. respectivamente. este Tribunal ha expresado que "(.
están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer .. FI tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo. se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Así.)" ((ir. no solo en el seno de un proceso judicial. tales como las que establecen el juez natural. ha tenido oportunidad de justificar mejor su posición. el procedimiento preestablecido. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad. la fundamentación con los razonamientos en que se apoya. . están garantizados. sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas.' (énfasis agregado).. el derecho de defensa y la motivación: y en su expresión sustantiva. el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas. por tanto. el debido proceso administrativo supone. [. el respeto -por parte de la administración pública o privada — de todos los principios y derechos normalmente intocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada. etc. Respecto a la motivación de los actos administrativos este nal.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111111111i II FXP N 01165 2013-PARC 1111AURA ROBERTO RODOLFO RUIDÍAS NAVARRETE militar) y que pueden ser extendidos. arbitraje y relaciones entre particulares. manifestando que [. y los derechos que contiene son intocables. el contenido constitucional del derecho al debido presenta dos expresiones: la throial y la sustanlb. En ¡a de carácter formal. derecho de defensa. y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo. Es indiscutible que la exigencia de motivaciOn suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad Y no arbitrariedad de la decisión administrativa.. Y con anterioridad también ya se había pronunciado para precisar que "El derecho al debido proceso. en lo que fuere aplicable.a. procedimiento legislativo. A ello. entre >irasy'.2.][ER derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza. y que.] La motivación de la actuación administrativa es decir. SIC N° 4289-2004-AA/Te: fundamento 2). a los cuales se refiere el artículo 139" de la Constitución (juez natural. en toda circunstancia. y. imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos enlanados de una potestad reglada como discrecional. es decir.. que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. juez imparcial e independiente. presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. 2:3. es una exigencia ineludible para todo lipo de actos administrativos.
exponer en forma sucinta pero suficiente— las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. en el artículo IV de su .' Adicionalmente.)". iír7 .3. este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad.1.11‘. al adoptar la decisión. o cuando el órgano administrativo. minas 3. la exposición de fórmulas generales o vacías de jundamentación pura el caso concreto o aquellas fórmelas que 1207' SU oscuridad vaguedad contradicción o insuficiencia no resulten . De modo que_ motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo. tilC. y la exposición de las razones jur ídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N. A su turno. Así. de Ley 27444 señalan respectivamente que. no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar ti decisión. En ese sentido. criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PACTO 5514-2005/ir Oir .3. 6. v. la Ley 27444. la falta de Fundamento racional tente de una actuación adminiStrEttiva es por si sola contraria a las garantías del o procedimiento administrativo. O ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada Mulada en derecho (..). decisiones o informes °brames en el expediente. (STC 00091-2005-PA' PC. 1. a condición de que se les identifique de modo certero.3. el cual reconoce que 'los admini. fundamentalmente. la motivación constituye.' 27444.slitajo. que comprende el derecho a exponer sus argumentos.v gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. se ha determinado en la S'Ir 8495-2006-PA/TC. 5 a S. La motivación deberá ser expresa. para su validez "El acto adntinistr Iriso debe estor debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. los artículos 3. fundamento 9.Hado Preliminar establece que el debido procedimiento es tino de los principios del procedimiento administrativo. 2. sino.2 y 6.. y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto": y que.. mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 lllllll 1111111 1111 EXP 011E5 2013-PAITC HUAURA ROBERTO RODOLFO RUMIAS NAVARRI7112 En esa medida. Ley del Procedimiento Administrativo General. 6. entre otros aspectos. "No 5071 WOOLsibh>s C01170 1110lOwción. que Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos conclusiones de anteriores dictámenes. Por lo tanto.4. entre otras. una garantía y un derecho del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos.
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora" (resaltado agregado).3. que. son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación. puesto que los documentos en los que sustentaba sus aportaciones. cabe precisar que el artículo 14. constituyen un anacronismo.4 de la Ley. sobre "Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública". suspensión. cese o destitución atendiendo a la gravedad de la jaita. incurren en taita administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y. incluido en su Capítulo 11 del Título IV. inclur=esa su aci útthbD. del ¿edimiento Administrativo General. Por otro lado. Sobre el particular. se advierte que se le denegó al actor la pensión de jubilación adelantada cn virtud de que se reconocieron 25 años y 4 meses de aportaciones 2. según estudio realizado. incluso cuando se hubiera una motivación por remisión.) Resolver sin n2otivación algún asunto sometido a su competencia". .5 Consta en la Resolución 67070-2011-0NR/DPR. la ONP resolvió enmendar la resolución mencionada en el fundamento precedente en cuanto al extremo referido a los años de aportaciones reconocidos al demandante. Ley del Procedimiento Administrativo General. (énfasis en la obligación de motivar. precisando que debían ser cinco meses. en caso de: (. de la Resolución 82594-2005-0NR/IXI/DL 19990. conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 27444. de fecha 19 de setiembre de 2005 (fojas 104). el dan() causado y la intencionalidad con que liman actuado. debe tenerse presente que el artículo a Ley 27444 exige a la Administración que la notificación "el texto íntegro del acto admintstratiro. la reincidencia. se debe recordar que el artículo 239. por ende.1 de la Ley 27444 establece que "Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente. 2013-PA/TC HUAURA ROBERTO RODOLFO RUIDIAS NAVARRETE específicamente esclarecedoras para la motivación del ad< agregado).TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11 11 11 11 LXP 01162. por haber sido elaborados con posterioridad a la fecha de emisión.SC/DL 19990. prevalece la conservación del acto. señala que "las autoridades y personal al servicio de las entidades. independientemente de su régimen laboral o contractual.. del 19 de julio de 2011 (fojas 18).
3. procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora" (resaltado agregado). la Administración ha cometido un acto arbitrario con la expedición de la Resolución 67070-2011-0NP/DPR. mediante carta notarial ante la ONP (fojas 95) que se active su expediente de jubilación. prevalece la conservación del acto. . se advierte que con fecha 12 de enero de 2011. de fecha 13 de agosto de 2010 (fojas 134). en concordancia con el Decreto Ley 25967 y la Ley 26504. en el presente caso. lo cual le permitía acceder a una pensión según el régimen general del Decreto Ley 19990 una vez que cumpliera la edad establecida en la Ley 26504 (65 años). pues se ha empleado una norma legal que no es aplicable al caso de autos. más aún cuando la entidad demandada alega que se han verificado irregularidades en la documentación presentada por el actor para acreditar sus aportes como asegurado obligatorio. por cuanto en dicha resolución se le reconocieron al recurrente 25 años y 4 meses de aportes. constituyen un anacronismo aber sido elaborados con posterioridad a la fecha de emisión. y en virtud de los 25 años y 4 meses de aportes que la Administración le había reconocido el año 2005. 2. El artículo 14. Este es el a) por el cual se reconocieron cinco meses de aportaciones en lugar de los 25 años y 4 meses de aportes consignados en la Resolución 82594-2005ON139C/DL 19990. la ONP no ha motivado correctamente la resolución mediante la cual rectifica la cantidad de años de aportaciones reconocidos al demandante. éste había solicitado.9. de modo que se le otorgue la pensión del régimen general 19990.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11)(1) 0116 2013-PA/TC HUAURA ROBERTO RODOLFO RUID1AS NAVARRETE 2 .1 de la Ley 27444 establece que "Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente. antes de expedirse la resolución que enmienda los años de aportes del demandante. la resolución enmendada por la entidad previsional no es un acto administrativo que pueda ser calificado de intrascendente.S1/ONP. En consecuencia. En efecto. toda vez que la resolución que se enmienda no es un acto administrativo intrascendente.3. La ONP ha presentado el Informe Grafotécnico 1940-2010-DSO. acreditándose de este modo la vulneración del derecho a la motivación. es decir. mediante el cual se determinó que el certificado de trabajo y la liquidación de beneficios sociales presentados por mandante para acreditar sus aportaciones.7. tal como se observa. Por lo tanto. En este caso.SC/DL 19990. integrante del derecho al debido proceso.
a pesar de reunir los requisitos para que se le otorgue dicha prestación.SUONP. modificado por el artículo 9 de la Ley 26504. siempre que acrediten un total de 20 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 3. s. 3.3.3.3. Argumentos de la demandada Sostiene que no se ha vulnerado el derecho a la pensión. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 3.3. por haber sido elaborados con posterioridad a la fecha de emisión. conocieron inicialmente. tampoco ha presentado documentación con la que acredite un mínimo de 20 años de aportaciones para acceder a la pensión solicitada. Consideraciones del Tribunal Constitucional 3. Asimismo.1. se ha podido determinar que el actor había acreditado otro tipo de aportaciones. del Decreto Ley 19990. establece que tienen derecho a una pensión de jubilación los trabajadores que cuenten 65 años de edad. en virtud del Informe Grafotécnico 1940-2010DSO. En consecuencia. resulta necesario precisar que el recurrente no ha presentado medio probatorio alguno que desvirtúe el alegato de la emplazada concerniente a la falsedad de los documentos que sustentaban sus aportaciones como asegurado facultativo. Argumentos del demandante Aduce que al emitir una resolución en la que se le reconocen cinco meses de aduermes. . al haberse verificado que no reúne los requisitos legalmente previstos para percibir la prestación reclamada. Al respecto. la ONP está vulnerando su derecho a la ocasión . 3. privado del acceso a una pensión de jubilación según el régimen general j0111 10# . 401. no se ha acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.4.3. De autos se advierte que.2. conforme lo dispone el artículo 1 del Decreto Ley 25967. 3.1. en lugar de los 25 años y 4 meses de aportes que se le 0.2. El artículo 38 del Decreto Ley 19990. pues los documentos en los que sustentaba sus aportes constituyen un anacronismo.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL IIII I III II EXP N 0116 2013-PA/Te HUALIRA ROBERFO RODOLFO RUIDiAS NAVARRETE 3.3. I?" 0 3.
INFUNDADA la demanda en el extremo relativo a la vulneración del derecho a la pensión del demandante. y ordena que la entidad demandada expida una nueva resolución debidamente motivada. el Tribunal Constitucional. la demanda. N L LA la Resolución 67070-2011ONP/DPR. al haberse acreditado la vulneración del derecho al debido proceso. SS. MIRANDA CANALES SARDÓN DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA BARRE .SC/DI. en parte. la ONP debe proceder a expedir una resolución debidamente motivada.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I III 11111 I FXP N 0116a 2013-PA/TC M'AURA ROBER10 RODOLFO RUIDÍAS NAVARRETE 4. 2. integrante del derecho al debido proceso. Por estos fundamentos. en consecuencia. Declarar Puhlíquese y notifíquese. 19990. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO I Declarar FUNDADA. Efectos de la presente Sentencia A I haber quedado acreditada la vulneración del derecho a la motivación.
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