Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00382-de-noviembre-22-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_35303398408c4c749329cb7655785a39&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-05-27 23:16:24
Document Index: 118754431

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'artículo 2', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'Artículo 13', 'artículo 333', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 132', 'artículo 8', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 152', 'artículo 229']

﻿ AUTO 2016-00382 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017
AUTO 2016-00382 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LUJO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS TIPO TAXI, NO EXCEDE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. SE ESTABLECE QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES Y FACULTADES LEGALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 105 DE 1993, EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 336 DE 1996 Y EL DECRETO 172 DE 2001, TIENE EL DEBER DE PLANEAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL TRANSPORTE TERRESTRE, DISEÑANDO Y DEFINIENDO POLÍTICAS TENDIENTES A QUE ESE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL SE CUMPLA DENTRO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, IDONEIDAD Y CALIDAD. POR ELLO, SI EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ESTABLECIÓ PARA EL GOBIERNO NACIONAL LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR EL SERVICIO DE LUJO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS TIPO TAXI, SE INFIERE QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE ACTUÓ DENTRO DEL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS LEGALMENTE PARA LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 2297 DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO 1079 DE 2015, QUE COMPILA LAS NORMAS DE CARÁCTER REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE. EN ESE SENTIDO, NO SON DE RECIBO LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL ACTOR ALEGANDO FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA Y A LA IGUALDAD, EN TANTO LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO INDIVIDUAL DE LUJO, PERMITE LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y SU REGULACIÓN NO IMPLICA UNA DESMEJORA, RESTRICCIÓN O DESVENTAJA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INDIVIDUAL BÁSICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE PERSONAS, PASAJERO, ACTIVIDAD TRANSPORTADORA, CLASES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE
Auto 2016-00382 de noviembre 22 de 2017
Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2016-00382-00
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Exp. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:
“[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho. […]”(9) (negrillas fuera del texto).
También la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Exp. 2015-00022, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo:
“[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad”. (10)(Negrillas no son del texto).
Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.(12)
Acerca de la manera en la que el juez aborda este análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Exp. 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:
Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, se trata de “mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto”.(14)
El actor pretende la suspensión provisional de los efectos del Decreto 2297 de 2015, “Por el cual se modifica y adiciona el capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual”, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Que el artículo 2º de la Ley 105 de 1993 señala los principios fundamentales del transporte, y dispone que le corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. Igualmente, el citado artículo establece que la seguridad de las personas es una prioridad del sistema y del sector y que el transporte constituye un elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que rindiera concepto sobre el presente acto administrativo, entidad que manifestó, “el proyecto persigue una finalidad pro competitiva, como lo es la de crear un nuevo producto que satisfaga el interés de los consumidores de contratar un servicio de transporte terrestre individual de lujo y que haga uso de las tecnológicas de la información. Sin embargo, existen preocupaciones específicas en relación con algunas disposiciones del proyecto de decreto, las cuales podrían tener como efecto una restricción de la oferta y de la demanda tanto en los servicios de lujo como básico, así como la creación de posibles barreras de entrada al servicio de lujo. Lo anterior, acentuaría las fallas de mercado actualmente existentes y podría afectar el cumplimiento del propósito competitivo del proyecto de decreto, teniendo como un posible efecto que se generen incentivos para que la oferta informal atienda las necesidades de la demanda insatisfecha. La imposición de limitaciones a la prestación del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas directamente al usuario podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que resuelvan eficazmente las fallas del mercado sin requerir la intervención del estado en la economía”;
Que las modificaciones efectuadas mediante el presente decreto al capítulo 3 título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015 no vulneran la libertad de competencia, pues tienen como finalidad incentivar la creación de empresas en el servicio de lujo y garantizar la participación de las empresas que se encuentran debidamente habilitadas para prestar el servicio en el nivel básico, así como establecer las condiciones que deben cumplir los vehículos que se destinen al nivel de lujo, los cuales estarán sujetos al cumplimiento, no solo de lo dispuesto en la presente norma, sino también a todas aquellas que buscan garantizar la seguridad de los usuarios;
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 2.2.1.3.1 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 2.2.1.3.1. Objeto y principios. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en los niveles básico y de lujo, y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los convenio internacionales”.
“Artículo 2.2.1.3.3. Servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo. El transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes.
Artículo 3º. Modifíquese el artículo 2.2.1.3.4 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 4º. Modifíquese el artículo 2.2.1.3.2.1 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Parágrafo 2º. Las empresas, personas naturales o jurídicas, actualmente habilitadas en el servicio de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros, se consideran autorizadas para prestar el servicio básico. Podrán prestar el servicio en el nivel de lujo mediante la modificación de su habilitación, presentando la respectiva solicitud ante la autoridad de transporte competente, la cual deberá cumplir con las condiciones fijadas en el artículo 2.2.1.3.2.9 del presente decreto.
Artículo 5º. Adiciónese un artículo nuevo a la Sección 2 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
2. Acreditar que cuentan de manera directa, o a través de contratos con terceros, con plataformas tecnológicas debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Dichas plataformas deberán garantizar el monitoreo, control de la tarifa, así como la disponibilidad y el cumplimiento de los servicios requeridos por los usuarios.
Así mismo, esas plataformas deberán ser interoperables con todos los vehículos del nivel de lujo de la empresa y garantizar las condiciones previstas en el presente decreto y en la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.
Parágrafo 1º. Lo dispuesto en los numerales 3º, 4º, y 5º del parágrafo 3º del presente artículo deberá acreditarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la habilitación obtenida para el nivel de servicio de lujo.
Artículo 6º. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.1.3.2.5 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 7º. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.1.3.5.1 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 8º. Adiciónense dos parágrafos al artículo 2.2.1.3.6.1 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
9. Poseer un motor con cilindrada igualo superior a los 1.600 centímetros cúbicos o la potencia debe asegurar una relación mayor a un (1) HP SAE neto a nivel del mar, por cada veinticinco (25) kilogramos de peso bruto vehicular.
Artículo 9º. Adiciónense tres parágrafos al artículo 2.2.1.3.6.5 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, los cuales quedarán así:
“Parágrafo 2º. El paz y salvo para el cambio de empresa podrá solicitarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato de vinculación, pero deberá ser expedido con una antelación no inferior a sesenta (60) días calendario a la fecha en que se produzca el cambio de la empresa. La empresa dispondrá de cinco (5) días calendario para resolver la solicitud; si no la resuelve dentro de este término, se entenderá que fue resuelta favorablemente. Cuando se trate de cambio de nivel de servicio de básico a lujo dentro de la misma empresa no será exigible dicho documento.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que tenga el propietario del vehículo con la empresa de la que se desvincula. En todo caso, esta contará con las vías legales respectivas para el cobro de lo debido. Para la vinculación del vehículo repuesto, el propietario podrá ingresar a la empresa y nivel de servicio que escoja.
Artículo 10. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.1.3.7.1 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 11. Adiciónese un parágrafo al artículo 2.2.1.3.7.3 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 12. Modifíquese el numeral 3º del artículo 2.2.1.3.8.4 del capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 13. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación” (negrillas del despacho).
A juicio del demandante, el acto acusado es ilegal porque vulnera lo preceptuado en el artículo 333 de la Constitución Política, en tanto se restringe la libertad de empresa y la autonomía privada; así mismo, quebranta lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 8º de la Ley 1437 de 2011, por cuanto no se cumplió con el principio de publicidad que rige las actuaciones administrativas, en la medida en que no se permitió la participación de la ciudadanía en la elaboración del proyecto del decreto, con el fin de que se hicieran las sugerencias y observaciones del caso.
Adicionalmente, que el acto demandado adolece de motivación, pues no se explicaron las razones por las cuales el Ministerio de Transporte no acogió el Concepto 15-280358 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se señalaron las repercusiones negativas de la regulación en materia de transporte tipo taxi de lujo.
Y finalmente, que se quebrantó el derecho a la igualdad, en la medida en que solo un sector de la población que cuente con el servicio financiero para realizar pagos electrónicos podrá hacer uso del transporte individual en el nivel de lujo.
Sobre el particular, se debe indicar, en primer lugar, que de conformidad con lo previsto en el literal b), artículo 2º de la Ley 105 de 1993, “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
En armonía con esa disposición, el artículo 3º ibídem preceptúa que la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.
Ahora bien, el servicio público de transporte terrestre automotor tipo taxi se encuentra reglamentado por el Decreto 172 de 2001 proferido por el Ministerio de Transporte, norma esta que fue modificada parcialmente por el Decreto 1047 de 2014, en el que se reguló el punto relacionado con la seguridad social de los conductores de taxi.
En forma ulterior, fue proferido el Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” y, finalmente, fue expedido el Decreto 2297 de 2015, “por el cual se modifica y adiciona el capítulo 3, título 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en los niveles básico y de lujo”.
Ahora bien, en el artículo 32 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se establece el mandato para el Gobierno Nacional de reglamentar el servicio de lujo en la modalidad individual de pasajeros, dentro de los seis (6) meses a la expedición de la citada ley.
El texto de la norma, es como se transcribe a continuación:
“ARTÍCULO 32. Apoyo a los sistemas de transporte. Modifíquese el artículo 132 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
Parágrafo 6º. El Gobierno Nacional impulsará modelos para la gestión de movilidad en las ciudades, en donde se contemplen alternativas para mejorar la calidad de vida, la utilización eficiente de los recursos, la reducción del tiempo de desplazamiento, la promoción de los transportes limpios y la utilización de tecnologías que contribuyan a la gestión del tráfico. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá reglamentar el servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros […]” (Se resalta).
En ese contexto, la reglamentación del servicio público de transporte automotor de pasajeros tipo taxi, en el nivel de lujo, obedece a lo normado en la ley transcrita y al cumplimiento de desarrollo de políticas públicas para ese específico servicio, de lo que se infiere que el Ministerio de Transporte actuó dentro del marco de las competencias definidas legalmente para la expedición del decreto demandado.
Por otra parte, en cuanto al argumento atinente a que no se cumplió con el deber de información al público respecto del proyecto de regulación, según lo prevé el artículo 8º, numeral 8º de la Ley 1437 de 2011, debe señalarse que la parte actora no aportó ninguna prueba que sustente su manifestación, máxime si se tiene en cuenta que en la parte considerativa del Decreto 2297 de 2015, se indicó que el contenido del texto fue socializado por medio de mesas de trabajo realizadas con los diferentes actores del sector transporte y que fue publicado con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, afirmación esta última que corrobora el propio actor.
De otro lado, frente al argumento dirigido a cuestionar la ausencia de motivación del acto acusado, en tanto, según el actor, se desconoció por parte del Ministerio de Transporte el concepto con Radicación 15-280358-1-0 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, se advierte, en primer lugar, que los conceptos emitidos por la administración no son vinculantes, pues, sus efectos son facultativos, auxiliares o indicativos, de ahí que sean considerados como una fuente de interpretación del ordenamiento jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante poner de presente que en el concepto al que alude el actor, se indicó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(15) que el proyecto de decreto tiene una finalidad pro competitiva, en consideración a que se crea un nuevo producto destinado a satisfacer el interés de los consumidores en contratar un servicio de transporte terrestre individual de lujo en el que se hagan uso de las tecnologías de la información.
Si bien en el concepto se hicieron algunas observaciones frente a temas puntuales relacionados con una eventual restricción de la oferta y la demanda tanto en el servicio de lujo como en el básico, así como la creación de barreras de entrada al servicio de lujo, lo cierto es que la regulación del servicio del transporte individual de lujo obedece a la intervención del Estado en la implementación de políticas claras enderezadas a garantizar la prestación de ese servicio en condiciones de seguridad para el usuario, para lo cual se requiere no solo del señalamiento de parámetros técnicos que deberán cumplir los vehículos y las empresas, sino además, la utilización de equipos y tecnologías de la información y las comunicaciones tendientes a mejorar la competitividad en el servicio y a que este sea más dinámico, cómodo y de fácil acceso.
En ese sentido, se tiene que no son de recibo las razones expuestas por el actor cuando alega una supuesta falta de motivación del acto y la vulneración del derecho a la libre competencia, en consideración a que la reglamentación de ese servicio por parte del Ministerio de Transporte fomenta, precisamente, la libertad económica y la iniciativa privada, pues permitirá que se creen empresas que cuenten con la tecnología necesaria para la prestación del servicio de lujo y la participación de las empresas habilitadas para el servicio básico, de acuerdo con la dinámica y exigencias del mercado.
Por último, respecto de la violación al derecho a la igualdad, el despacho tampoco acoge las razones planteadas, en la medida en que el acto demandado contiene una reglamentación para la puesta en marcha del servicio individual de lujo, al que podrán acceder quienes cuenten con los recursos económicos y el sistema de pago habilitado por la respectiva entidad bancaria para la cancelación del costo del servicio, sin que tal regulación implique una desmejora, restricción o desventaja en la prestación del servicio individual básico.
El actor no acreditó, en modo alguno, que con la reglamentación de que trata el Decreto 2297 de 2015, el Ministerio de Transporte hubiera conferido prebendas o un trato más favorable a las empresas que pretendan prestar el servicio público individual de lujo, ya que, se reitera, se expidió una regulación para efectos de contar con las políticas claras para la prestación del servicio en condiciones de seguridad e idoneidad.
Por consiguiente, para la Sala Unitaria, un primer examen de la legalidad del acto acusado permite inferir que no se reúnen los requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitada, en tanto no se observa contradicción del Decreto 2297 de 2015 frente a las normas que se invocan violadas.
Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Exp. 2013-00503. C. P. Guillermo Vargas Ayala), al expresar que:
En ese contexto, comoquiera que no se cumplieron los requisitos fijados en el artículo 231 del CPACA para la procedencia del decreto de la medida de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, se impone la denegación de la misma.
2. TÍENESE al doctor Hernán Darío Santamaría Peña como apoderado de la Nación - Ministerio de Transporte, de conformidad con el poder y los demás documentos visibles a folios 38 y siguientes del cuaderno de la medida cautelar.
6 Ver ampliación de esta definición en la Sentencia C-379 de 2004, de la Corte Constitucional.
7 Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencia de 13 de mayo de 2015 (Exp. 2015-00022, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: “… se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda ‘la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón”.
9 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente 2014-03799, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: “(…) Se ha sostenido en anteriores ocasiones:
En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos … El propio artículo 231 del CPACA da lugar a estar consideración imperativa en el numeral 4º, literales a) y b), cuando prescribe como exigencia: ‘Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones:
11 El artículo 230 del CPACA señala que el juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1º); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2º); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3º); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4º); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5º). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la ley (parágrafo).
12 Providencia citada ut supra, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
13 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Exp. 2014-03799), en la cual se puntualizó: “Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva.” (Resaltado es del texto).
14 Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Exp. 2013 00503. C. P. Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CPACA expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ […]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.
La jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa […]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”. (Negrillas fuera del texto).
15 http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/15-280358.pdf.