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Timestamp: 2016-10-26 16:02:33
Document Index: 160968877

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 16', 'Artículo 292', 'artículo 287', 'artículo 292', 'artículo 292', 'Artículo 1']

⭐LA PRONTA LIBERACIÓN DE BUQUES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR
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Óscar Santos Sosa
1 Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año VI, Número 9, 2012 LA PRONTA LIBERACIÓN DE BUQUES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR Por Leopoldo M. A. Godio RESUMEN El presente trabajo analiza la labor del Tribunal de Hamburgo en los procedimientos de pronta liberación de buques y su tripulación, considerando la doctrina vinculada al tema y la jurisprudencia del propio Tribunal, para luego identificar sus contribuciones al desarrollo del Derecho Internacional. La influencia significativa del Tribunal permitió aclarar el valor del Derecho Internacional en su aplicación, y especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, brindando pautas de interpretación en cuestiones sustanciales de la misma y en aspectos procedimentales. A pesar de algunos pronósticos que vaticinaban el fracaso del Tribunal de Hamburgo, su labor en estos primeros quince años ha superado tales profecías, gozando del máximo respeto por la comunidad internacional, llegando incluso a valorarse su jurisprudencia por los propios relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional, con todo lo que ello implica. En definitiva, su labor durante estos primeros quince años constituirá la más sólida base del Derecho del Mar, e incluso del Derecho Internacional durante el Siglo XXI. PALABRAS CLAVES Derecho del Mar Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar Tribunal Internacional del Derecho del Mar Pronta liberación. URL: 612 THE PROMPT RELEASE OF VESSELS IN THE JURISPRUDENCE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA By Leopoldo M. A. Godio SUMMARY The present report examines the performance of the Hamburg Tribunal as to procedures of prompt release of vessels and their crews taking into account the doctrine related to this matter and the own Tribunal s jurisprudence, to later identify their contributions to the development of International Law. The Tribunal s significant influence has permitted to clarify how worthy the application of International Law was, and specially of the United Nations Convention on the Law of the Sea, providing guidelines to construe substantial questions thereof as well as procedural aspects. In spite of those predictions that anticipated the failure of the Hamburg Tribunal, its tasks along these first fifteen years have overcome said prophecies. The Tribunal has gained the highest respect from the international community and even Special Rapporteurs of the International Law Commission themselves have started to consider the Tribunal s jurisprudence as a worthy reference, which fact is quite meaningful. Definitively, its activities during these first fifteen years shall constitute the most solid milestone of the Law of the Sea and also of International Law along this 21st Century. KEYWORDS Law of the Sea United Nations Convention on the Law of the Sea International Tribunal for the Law of the Sea Prompt Release. URL: 623 LA PRONTA LIBERACIÓN DE BUQUES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR Por Leopoldo M. A. Godio * I. Introducción. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés y en adelante la Convención ) i regula, en términos generales, numerosas cuestiones referidas a los usos y recursos del mar como la pesca, la delimitación de áreas marítimas, la protección y preservación de medio marino, la investigación científica, los regímenes del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la Alta Mar, los fondos marinos y oceánicos, la navegación por los estrechos, entre otras. Justamente, por la magnitud e importancia de estas cuestiones, las delegaciones advirtieron durante la Tercera Conferencia la necesidad de un sistema de solución de controversias, acordando el establecimiento en la sección 5 de la Parte XI, y particularmente en la Parte XV de la Convención, un régimen de libre elección conocido como fórmula de Montreux ii, que fuera incluida definitivamente en el art La flexibilidad de ésta norma permitió superar las objeciones a cada uno de los medios pacíficos de solución. De esta forma, el artículo referido enumera en su redacción final cuatro medios a disposición de las partes: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Internacional de Justicia, el arbitraje, y el arbitraje especial 2. Así es como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés y en adelante el Tribunal o Tribunal de Hamburgo, indistintamente) 3 es parte del sistema de solución de controversias y por ello, se sostiene que se trata de un órgano judicial especializado y que su creación ha sido un paso importante en el desarrollo del Derecho Internacional. No pocos autores han destacado sus * Abogado (). Magister (c) en Relaciones Internacionales ( ). Tesis en elaboración sobre el tema: "El uso de información satelital para el control de áreas de pesca y su impacto en las relaciones internacionales. Docente de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, y en la Universidad Católica Argentina. 1 En efecto, la Parte XI establece el mecanismo de solución de controversias y opiniones consultivas aplicables a las actividades de exploración y explotación de recursos minerales en la Zona y cuya solución se encuentra reservada a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos. 2 También deben incluirse los Anexos V (conciliación), VI (Estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar), VII (arbitraje) y VIII (arbitraje especial, aplicable a las controversias de: pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina, y navegación). La Parte XV se compone de tres secciones: la primera establece las disposiciones generales, la segunda trata los procedimientos de solución jurisdiccional obligatorios y la tercera, señala las limitaciones y excepciones de estos procedimientos. 3 En funcionamiento desde el 1º de octubre de 1996 con Sede en Hamburgo, República Federal de Alemania. Formado por veintiún Jueces elegidos a título personal que representan los principales sistemas jurídicos del mundo, de modo geográficamente equitativo. Con relación a Argentina tres Magistrados han formado parte del mismo en sus primeros quince años. Desde su inicio, Hugo Caminos y Tullio Treves (nacido en Tucumán, pero con una destacada URL: 634 efectos en las relaciones internacionales, en virtud del art. 286 de la Convención (norma modelo que no existe en ninguna otra Convención), al permitir el sometimiento de las controversias no resueltas, de acuerdo a las condiciones que establecen su acceso jurisdiccional (CAMINOS 2007: 2). El rol del Tribunal de Hamburgo inspira el presente trabajo y nuestro objeto de análisis será intentar destacar su labor en uno de sus procedimientos: la pronta liberación de buques prevista en el art. 292 de la Convención 4. Para ello, es necesario realizar una breve presentación de algunos aspectos básicos del Tribunal, como su acceso jurisdiccional y su competencia para entender en los asuntos llevados a su consideración y funcionamiento. A partir de allí analizaremos el procedimiento referido, para luego, examinar la contribución del Tribunal en el tema propuesto. II. El Tribunal. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción del Tribunal comprende todos los conflictos y aplicaciones que se le sometan de conformidad con la Convención, incluyendo todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera competencia 5. Asimismo, el Tribunal es competente para conocer acerca de las controversias (jurisdicción contenciosa) y de cuestiones jurídicas (función consultiva) que se le presenten. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Tribunal de Hamburgo puede también conocer controversias en los que sea parte una organización internacional, como es el caso de la Comunidad Europea, que es parte de la Convención. Asimismo, el Tribunal o la Sala de Controversias de los Fondos Marinos también puede conocer casos en que actúen personas jurídicas. El Tribunal posee varias salas de acceso para las partes en una controversia; ello a fin de obtener una mayor especialización en el asunto a resolver o bien, para beneficiarse de la experiencia particular de los jueces que conforman las mismas. En ese sentido, el Tribunal ha establecido salas en cuestiones referidas a la pesca, el medio marino y la delimitación marítima. Sin embargo, el Estatuto prevé una Sala de Procedimientos Sumarios que autoriza a tratar con celeridad cualquier controversia que pudiera presentarse al Tribunal constituido en pleno. Con relación a las opiniones consultivas, la Convención no establece expresamente la competencia del Tribunal. Sin embargo, el art. 21 del Estatuto ya referido extiende la competencia del mismo a todas las controversias y demandas que se le sometan (CAMINOS 2007: 6). formación en Italia que le valiera la propuesta por este Estado) han tenido un paso muy valioso por el mismo, mientras que Elsa Kelly ha asumido sus funciones a partir del 1º de octubre de Por razones de brevedad, se omitirá el análisis de todas las opciones de solución pacífica de controversias y sus recursos de procedimientos obligatorios de solución jurisdiccional (competencia ratione fori, ratione materiae y ratione personae) previstos en la Convención. 5 Conf. Anexo VI (Estatuto del Tribunal Internacional de Derecho del Mar), art. 21: La competencia del Tribunal se extenderá a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con esta Convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al Tribunal. URL: 645 Debe destacarse que el art del Reglamento del Tribunal autoriza el dictado de una opinión consultiva a los fines de la Convención si ello se encuentra previsto en un acuerdo internacional. En efecto, dispone: Article 138: 1. The Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an international agreement related to the purposes of the Convention specifically provides for the submission to the Tribunal of a request for such an opinion. Respecto de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, el art. 191 de la Convención faculta a la misma para emitir una opinión consultiva, a solicitud la Asamblea o del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 6. A pesar de lo anterior, las partes en una controversia pueden solicitar al Tribunal que se constituya una cámara ad hoc, tal como ocurrió en el asunto concerniente a la conservación y explotación sostenible de las poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico Sudoriental 7. Con relación al acceso jurisdiccional del Tribunal, Caminos explica que sin perjuicio de la competencia obligatoria de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, las partes ( ) podrán recurrir unilateralmente al Tribunal cuando hayan hecho una declaración, al firmar, o ratificar o al adherirse a la Convención o en cualquier momento ulterior, en la que opten por el Tribunal. Si las partes en la controversia no han elegido el mismo foro, ésta será sometida al arbitraje (CAMINOS 2007: 3). En otras palabras, la Convención estipula al arbitraje como un procedimiento de carácter residual y que en la práctica se encuentra activo ya que la mayoría de los Estados parte no han hecho uso de la referida opción 8. Asimismo, el art de la Convención faculta la competencia del Tribunal como opción en varios instrumentos internacionales. Por ejemplo, este recurso ha sido implementado como sistema de solución en el Acuerdo sobre Aplicación de las Disposiciones de la Convención Relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios de , que autoriza la intervención del Tribunal cuando los Estados no acuerdan en materia de conservación y administración pesquera iii. 6 Cabe destacar que la Sala de Controversias de los Fondos Marinos ya resolvió recientemente la solicitud de opinión consultiva realizada por el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos referida a las responsabilidades y obligaciones de los Estados que patrocinan a personas y entidades respecto de actividades en la Zona Internacional de los Fondos Marinos. 7 Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (Chile / European Union). 8 Información disponible en (consulta el 14/10/2011). 9 Con el objeto de reforzar la obligación de conservar y preservar los recursos vivos en el mar, este documento compuesto por 50 artículos y dos anexos ya cuenta con 77 miembros, incluida la Unión Europea y la mayoría de los principales países pesqueros del mundo (Argentina aún no la ratificó, a pesar de que cuenta con la aprobación del Congreso mediante Ley ). Su artículo 7.5 remite al procedimiento de la Parte VIII del Acuerdo (Solución Pacífica de Controversias) en caso de presentarse un diferendo durante las negociaciones tendientes a acordar las medidas compatibles de conservación y ordenación pesquera (Concordante con el artículo 16.2 y especialmente los arts. 31 y 32). Disponible URL: 656 De la misma manera, puede tener jurisdicción cuando las partes en una controversia optan por el mismo procedimiento mediante acuerdos especiales, tal como puede observarse en los asuntos Saiga Nº 1 y Nº 2, ocasión en que las partes emplearon un acuerdo especial para habilitar la competencia por el Tribunal (SOHN 2010: 506) 10. Los Estados y entidades no estatales pueden acceder a las instancias de solución de controversias del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en los arts (acceso al Tribunal por los Estados), 20.2 (entidades no estatales en asuntos referidos a la explotación de los Fondos Marinos) y 1.2 de la Convención (referencia a otras entidades) 11. Sin perjuicio de los medios de solución ya mencionados, el Tribunal posee competencia obligatoria en dos casos: 1º la pronta liberación de buques y su tripulación, objeto central del presente trabajo; y 2º la prescripción de medidas provisionales. En el primer caso, la Convención autoriza al Estado del pabellón del buque retenido la posibilidad de plantear la cuestión de su liberación ante el Tribunal, en caso de transcurrir más de 10 días contados desde el momento de la retención, salvo que las partes acuerden someter la cuestión a una corte o Tribunal y el Estado del pabellón no opte por llevarla ante otra corte o Tribunal aceptado por el Estado apresor. Asimismo, dicha competencia se encuentra también disponible cuando éste último no libere el buque y/o su tripulación, una vez constituida una fianza razonable u otra garantía financiera. Lo expresado tiene fundamento en la letra del art. 292, que dispone: Artículo 292. Pronta liberación de buques y de sus tripulaciones 1. Cuando las autoridades de un Estado Parte hayan retenido un buque que enarbole el pabellón de otro Estado Parte y se alegue que el Estado que procedió a la retención no ha observado las disposiciones de esta Convención con respecto a la pronta liberación del buque o de su tripulación una vez constituida fianza razonable u otra garantía financiera, la cuestión de la liberación del buque o de su tripulación podrá ser sometida a la corte o tribunal que las partes designen de común acuerdo o, a falta de acuerdo en un plazo de 10 días contado desde el momento de la detención, a la corte o tribunal que el Estado que haya procedido a la retención haya aceptado conforme al artículo 287 o al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a menos que las partes convengan en otra cosa. 2. La solicitud de liberación del buque o de su tripulación sólo podrá ser formulada por el Estado del pabellón o en su nombre. 3. La corte o tribunal decidirá sin demora acerca de la solicitud de liberación y sólo conocerá de esa cuestión, sin prejuzgar el fondo de cualquier demanda interpuesta ante el tribunal nacional apropiado contra el buque, su propietario o su tripulación. Las autoridades del Estado que haya procedido a la retención seguirán siendo competentes para liberar en cualquier momento al buque o a su tripulación. (Consulta el 06/10/2011). 10 Debe recordarse que el acceso conjunto de la UE y Chile a una Sala ad hoc del Tribunal fue realizada mediante este tipo de acuerdos especiales. 11 Este último artículo fue el que habilitó el ingreso de la Unión Europea como parte de la Convención. URL: 667 4. Una vez constituida la fianza u otra garantía financiera determinada por la corte o tribunal, las autoridades del Estado que haya procedido a la retención cumplirán sin demora la decisión de la corte o tribunal relativa a la liberación del buque o de su tripulación. Además del artículo citado, cuatro disposiciones de la Convención referidos tienen estrecha relación con el instituto de la pronta liberación: los arts. 73.2, 220.6, y b. El primero de ellos forma parte de un grupo de normas (arts. 61 a 73) que desarrollan lo dispuesto en el art. 56.1, referido a los derechos de soberanía y se remite expresamente a la Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño en el ejercicio de derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la ZEE, su autorización para legislar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con la Convención, incluyendo las visitas, las inspecciones, el apresamiento y, llegado el caso, la iniciación de procedimientos judiciales 12. Al respecto, Hugo Caminos explica que La pronta liberación está prevista para casos de apresamiento por el Estado ribereño para garantizar el cumplimiento de sus leyes y reglamentos dictados en el ejercicio de sus derechos de soberanía sobre la explotación de los recursos vivos de su Zona Económica Exclusiva. Otro caso es el de las medidas de ejecución por los Estados ribereños de las reglas y estándares internacionales para la prevención, reducción y control de la contaminación causada por buques en su mar territorial o Zona Económica Exclusiva (CAMINOS 2007: 4). Por su parte, los arts y de la Convención se refieren esencialmente a las facultades que posee el Estado ribereño para prevenir y sancionar la contaminación marítima y sus efectos. En consecuencia, disponen que, en caso de existir una prueba manifiesta de que un buque que ha cometido una infracción a las reglas y estándares internacionales aplicables para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por buques o bien, una infracción de leyes y reglamentos dictados en su consecuencia por un Estado ribereño y tenga como resultado una descarga que cause o amenace causar graves daños a sus costas o intereses conexos o a cualesquiera de los recursos de su mar territorial o su ZEE, ese Estado podrá, y si las pruebas lo justifican, iniciar un procedimiento que autorice la retención del buque, de conformidad con su Derecho interno. No obstante, de iniciarse un procedimiento apropiado, mediante una organización internacional competente (o de otra forma convenida), y se asegure 12 Conf. The M/V "SAIGA" Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release, ITLOS, Judgment of 4 December 1997, Párrafo 66. Al respecto, el art. 73 referido dispone: 1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. 2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía. 3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal. 4. En los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente. URL: 678 el cumplimiento de requisitos en materia de fianza u otras garantías financieras, el Estado ribereño puede autorizar al buque a continuar su viaje 13. Por último, el art b, aplicable a la investigación de buques extranjeros 14 dispone que, en caso de revelarse una infracción y se retenga al buque, el mismo deberá ser liberado sin dilación mediante la constitución y el cumplimiento de una fianza u otra garantía financiera apropiada 15. III. El procedimiento del Tribunal. El Tribunal se rige por varios instrumentos, a saber: la Convención; el Estatuto; el Reglamento; la Resolución sobre práctica Judicial Interna; y las Directrices sobre la preparación y presentación de las causas 16. Debe destacarse que el Reglamento ha sido elaborado por el propio Tribunal de Hamburgo y su art. 49 cumple una función clave al impulsar y establecer un ritmo de trabajo para el Tribunal e imprime celeridad a los procedimientos que se le sometan, constituyendo un principio rector para la labor del Tribunal (CAMINOS 2007: 7). La cuestión adquiere una mayor trascendencia al momento de plantearse la adopción de medidas provisionales 17. Pese a que el Tribunal de Hamburgo elaboró su Reglamento teniendo en cuenta el Reglamento de la CIJ, el mismo posee características propias, entre las que se destacan: fijación de una fecha para el inicio del procedimiento oral una vez finalizado el procedimiento escrito, que no debe exceder los seis meses; plazos no superiores a seis meses para la presentación de los alegatos; plazos exiguos entre las audiencias y las sentencias en asuntos de pronta liberación y el procedimiento ante la Sala de Controversias de los Fondos Marinos (CAMINOS 2007: 8). Por su parte, las Directrices sobre la Preparación de casos ante el Tribunal establecen pautas de extensión, formato y presentación de documentos y alegatos, entre otras funciones secundarias. Asimismo, permiten el uso de medios electrónicos: s, fax y videoconferencia como una manera de comunicación entre las partes y el Tribunal (CAMINOS 2007: 8).. 13 El art. 220 dispone: 6. Cuando exista una prueba objetiva y clara de que un buque que navega en la zona económica exclusiva o en el mar territorial de un Estado ha cometido, en la zona económica exclusiva, una infracción de las mencionadas en el párrafo 3 que haya tenido como resultado una descarga que cause o amenace causar graves daños a las costas o los intereses conexos del Estado ribereño, o a cualesquiera recursos de su mar territorial o de su zona económica exclusiva, ese Estado podrá, con sujeción a la sección 7, y si las pruebas lo justifican, iniciar un procedimiento, incluida la retención del buque, de conformidad con su Derecho interno. 7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, cuando se haya iniciado un procedimiento apropiado por conducto de la organización internacional competente o de otra forma convenida, y mediante ese procedimiento se haya asegurado el cumplimiento de los requisitos en materia de fianza u otras garantías financieras apropiadas, el Estado ribereño autorizará al buque a proseguir su viaje, en caso de que dicho procedimiento sea vinculante para ese Estado.. 14 La misma debe respetar un trato igualitario y no discriminatorio, tal como lo dispone el art. 227 de la Convención. 15 El art b expresa: Si la investigación revela que se ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos aplicables o de las reglas y estándares internacionales para la protección y preservación del medio marino, el buque será liberado sin dilación una vez cumplidas ciertas formalidades razonables, tales como la constitución de una fianza u otra garantía financiera apropiada. No obstante, el Estado ribereño puede condicionar la misma cuando entrañe un riesgo excesivo de daño al medio marino. En caso de que la liberación haya sido denegada o se establezcan otras condiciones, éste Estado debe informar al Estado de pabellón del buque (Conf. Art c de la Convención). 16 Fuente: URL: 689 IV. Jurisprudencia en materia de pronta liberación de buques y su tripulación. Conforme al Registro General de casos del Tribunal de Hamburgo, han sido 19 los asuntos presentados hasta la fecha, permitiendo identificar dos grandes grupos temáticos: 9 demandas de pronta liberación de buques y sus tripulaciones por un lado; y 5 de medidas provisionales por el otro. La competencia del Tribunal en materia de pronta liberación de buques es autorizada en situaciones donde el Estado ribereño procede a la detención de un buque de pabellón extranjero y/o de la tripulación del mismo, condiciones sine qua non para plantear el caso. En efecto, las situaciones que habilitan la competencia del Tribunal son limitadas y de carácter restrictivo. No obstante, la pronta liberación de buques constituye, estadísticamente, la principal vía de acceso al Tribunal, cuestión que concentra prácticamente la mitad de los asuntos que llegaron a su conocimiento (SOHN 2010: 507). Una lectura atenta de los arts. 73, 220, 226 y 292 de la Convención (Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño en la Zona Económica Exclusiva; Ejecución de procedimientos de protección del medio marino por los Estados ribereños; Investigación e inspección física de buques extranjeros; y Pronta liberación de buques y de sus tripulaciones, respectivamente) nos permite especular que la situación de los buques detenidos por el Estado ribereño durante períodos prolongados puede causar, por un lado, enormes dificultades financieras para el armador (si se trata de un pesquero durante la temporada de pesca o de un petrolero), y por el otro, plantear cuestiones referidas a los derechos humanos de la tripulación que requieran la actuación diplomática de los Estados involucrados (WOLFRUM 2008: 7). Por su parte, el art. 292 de la Convención establece el mecanismo por el que el Estado pabellón puede obtener (por sí mismo o en su nombre) una orden de pronta liberación del buque y su tripulación, mediante el depósito de una fianza razonable o garantía financiera con el objeto de proteger los intereses del Estado ribereño (WOLFRUM 2008: 7) iv. Así, el objeto del artículo 292 de la Convención consiste en conciliar los intereses del Estado de pabellón para con su buque y tripulación; y el interés del Estado apresor asegurar la comparecencia del capitán y el pago de las multas 18. Por su parte, el art. 73 de la Convención señala dos intereses: el del Estado ribereño para tomar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus leyes y reglamentos y el del Estado del pabellón para asegurar la pronta liberación de sus buques y sus tripulaciones. En esencia, el art. 73 constituye un justo equilibrio entre los dos intereses y por ello se habilita el depósito de una fianza u otra garantía razonable, cuya función es proteger los intereses del Estado del pabellón y de otras personas afectadas por la detención del buque. 17 El referido artículo en su texto oficial en inglés expresa: Article 49 The proceedings before the Tribunal shall be conducted without unnecessary delay or expense. 18 Conf. The "Monte Confurco" Case (Seychelles v. France), Prompt Release, ITLOS, Judgment of 18 December 2000, Párrafos 70 y URL: 6910 La legitimación activa para el inicio de este procedimiento ha sido objeto de análisis por el Tribunal. Al respecto, determinó que en el esquema del art. 292 de la Convención, es el Estado del pabellón del buque quien posee la legitimación activa para solicitar la pronta liberación y que, asimismo, cualquier otra entidad puede presentar una solicitud única en nombre del Estado del pabellón del buque conforme a lo dispuesto en el inciso 2º que expresa: ( ) La solicitud de liberación del buque o de su tripulación sólo podrá ser formulada por el Estado del pabellón o en su nombre 19. También, del análisis del art surge claramente que el Tribunal sólo conocerá la cuestión de la pronta liberación sin que ello implique juzgar el fondo del asunto ni prejuzgar sobre cualquier demanda interpuesta contra el buque, su propietario o su tripulación ante el tribunal nacional apropiado; y finalmente, que las autoridades del Estado ribereño seguirán siendo competentes para liberar el buque y/o su tripulación en cualquier momento (SOHN 2010: 507). Cuando una solicitud de pronta liberación de un buque y su tripulación se presenta, el Tribunal de Hamburgo en virtud del art. 113 de su Reglamento, está obligado a decidir si procede o no tal solicitud y, de corresponder, analizar el fundamento de la misma. Si el Tribunal ordena la liberación, es necesario determinar la fianza o garantía financiera requerida para la liberación del buque y su tripulación 20. Con relación a la competencia para conocer el caso, el Tribunal de Hamburgo sostuvo que un tribunal debe en todo momento estar convencido de su propia competencia para conocer el caso sometido. Por ello, posee la facultad de examinar de oficio la base de su jurisdicción, tal como lo hizo en el asunto Saiga 21 y como lo ha realizado la CIJ al señalar que el tribunal debe estar convencido de que tiene competencia y, si es necesario, analizar motu proprio la cuestión 22. Sin perjuicio de lo anterior, debemos destacar que el art de la Convención dispone que la Corte o Tribunal (referidos en el art. 287) decidan sin demora la solicitud de la liberación. El reconocimiento a la jurisdicción del Tribunal en estos casos es producto de un intento de poner freno a los Estados ribereños en el ejercicio de su legislación interna, a fin de evitar abusos. En ese sentido, al permitirle al Tribunal liberar rápidamente al buque y su tripulación en un procedimiento que, a la luz del art. 113 del Reglamento del Tribunal, es de carácter especial e independiente 23. Asimismo, el Tribunal de Hamburgo esclarece el alcance de la jurisdicción contemplada en los procedimientos de pronta liberación, interpretando que la misma abarca sólo a los casos en que se alegue 19 The "Grand Prince" Case (Belize v. France), Prompt Release, ITLOS, Jugment of 20 April 2001, Párrafo 66. El Tribunal destacó también la importancia de asegurarse que la solicitud realizada en nombre del Estado de pabellón del buque, cumpla con las exigencias del art de la Convención. Fuente: The "Grand Prince" Case (en nota 19), Párrafo The "Monte Confurco" Case (en nota 18), Párrafo The M/V "SAIGA" Case (en nota 12), Párrafo 40. En idéntico sentido ver The "Grand Prince" Case (en nota 19), Párrafo Conf. Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.J. Reports 1972, pp Fuente: The "Grand Prince" Case (Belize v. France), Prompt Release, ITLOS, Judgment of 20 April 2001, Párrafos 77 y 78). 23 The M/V "SAIGA" Case (en nota 12), Párrafo 50. Para el Tribunal, el procedimiento establecido en el artículo 292 de la Convención es un proceso independiente de conformidad con la sección E de la Parte III reglamento del Tribunal (art ), lo que no impide su análisis posterior por parte del Tribunal u otra corte competente, de URL: 70 Mostrar más
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