Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S7-05.html
Timestamp: 2014-10-23 15:07:53
Document Index: 61105332

Matched Legal Cases: ['artículo 330', 'artículo 97', 'artículo 8', 'artículo 82', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 47']

Ricardo Noboa Bejarano v. Ecuador, Caso 1103/03, Informe No. 7/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 7/05
1. El 15 de diciembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por Xavier A. Flores Aguirre (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la responsabilidad de la República del Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”) en perjuicio del señor Noboa Bejarano por la privación de su derecho a la libertad de expresión y pensamiento y del derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior en el marco del proceso penal que lo sentenció a tres meses de prisión por la comisión del delito de injurias graves no calumniosas. 2. El peticionario alega que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8(2)(h) (derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior) y 13 (libertad de expresión y pensamiento) en relación con los artículos, 1(1) (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”). Con respecto a la admisibilidad del reclamo, el peticionario alega que se interpusieron y agotaron los recursos disponibles y adecuados de la jurisdicción interna para la protección de los derechos vulnerados en perjuicio del señor Noboa Bejarano. El Estado, por su parte, solicitó a la CIDH que dispusiera el archivo de la presente petición alegando que la misma carece de fundamento jurídico, ya que los hechos del caso no se traducen en la violación de derechos consagrados en la Convención Americana.
9. El peticionario indica que una vez notificado de la sentencia de condena, el señor Noboa Bejarano interpuso un recurso de nulidad alegando la incompetencia de la Jueza Segunda de lo Penal de Pichincha para el conocimiento de la causa de conformidad con lo dispuesto por la normativa del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, el peticionario indica que el señor Noboa Bejarano interpuso un recurso de apelación, alegando que no habría existido dolo en sus declaraciones públicas, ya que estaba cumpliendo con su deber constitucional de denunciar conforme lo establece el artículo 97 de la Constitución Política de Ecuador. 10. En cuanto a la resolución de tales recursos, el peticionario señala que mediante sentencia de fecha 6 de junio de 2003, la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito rechazó el recurso de nulidad en consideración de que la causa de la nulidad alegada por el accionante no había influido determinantemente en la decisión del proceso. En relación con el recurso de apelación, el peticionario indica que la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito estableció mediante sentencia de fecha 16 de julio de 2003 que las expresiones y referencias ofrecidas por el señor Noboa Bejarano habían “sobrepasado innecesariamente el limite del deber de informar y del derecho de denunciar y combatir actos de corrupción consagrados constitucionalmente”. En consecuencia, el peticionario señala que la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia desestimó ambos recursos y confirmó la sentencia apelada, por la cual se le impuso al señor Noboa Bejarano la sanción de tres meses de prisión. 11. Posteriormente, el 17 de julio de 2003, el señor Noboa Bejarano interpuso ante la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito un recurso de casación contra la sentencia por la cual el referido tribunal denegó el recurso de apelación. El peticionario indica que el 22 de julio de 2003, la Sexta Sala concedió el recurso interpuesto y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Seguidamente, el peticionario alega que, mediante sentencia de fecha 25 de septiembre de 2003, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación bajo la argumentación de que la normativa del ordenamiento jurídico ecuatoriano excluía la aplicación de dicho recurso en casos de acción penal privada. 12. En respuesta, el 26 de septiembre de 2003 el señor Noboa Bejarano interpuso un recurso de revocatoria, alegando que la normativa del Código de Procedimientos Penales no hacia alusión alguna en cuanto a que las sentencias susceptibles del recurso de casación se circunscriban únicamente a aquellas que provengan de procesos instaurados por delitos de acción pública, y que ello, además, supondría una manifiesta vulneración del derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El 2 de octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de revocatoria interpuesto. 13. Seguidamente, la petición indica que el señor Noboa Bejarano interpuso ante el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha una solicitud de revisión de la denegación del recurso de casación. Al respecto, el peticionario señala que el mencionado recurso se fundamentó en la normativa del artículo 8(2)(h) de la Convención Americana y en la aplicación retroactiva de la Resolución Nº 006-2003 DI del Tribunal Constitucional Ecuatoriano, por la cual se estableció que la restricción del recurso de casación para las sentencias dictadas con respecto a delitos de acción penal privada constituía una vulneración de las garantías del debido proceso y del derecho a la igualdad. El peticionario indica que mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2003, la Jueza Segunda de lo Penal de Pichincha declaró inadmisible la solicitud de revisión y consecuentemente la denegó. 14. Simultáneamente, el señor Noboa Bejarano interpuso un recurso de hecho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Penal Ecuatoriano.[2] Mediante sentencia de fecha 16 de octubre de 2003, el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha denegó la petición formulada. Por ello, el referido Juzgado ordenó el cumplimiento de la sentencia expedida por la Corte Superior de Quito que le impuso al señor Noboa la pena de prisión de tres meses. Ante esta situación, el señor Noboa insistió ante el Juzgado solicitando la revocatoria de la providencia de fecha 16 de octubre de 2003, solicitud que le fue denegada. El señor Noboa, entonces, procedió a apelar esta decisión, sin éxito. Ante esta situación, el peticionario señala que el señor Noboa nuevamente interpuso un recurso de hecho, el que le fue concedido por el Juzgado, por lo que las actuaciones fueron remitidas a la Sexta Sala de Corte Superior. Finalmente, el peticionario señala que dicho recurso fue denegado por la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito en fecha 18 de noviembre de 2003.
15. En cuanto a la admisibilidad del presente reclamo, el peticionario alega que se han agotado los recursos de la jurisdicción interna con la denegación, de fecha 27 de octubre de 2003, por parte del Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha en cuanto a la solicitud de revisión interpuesta por la defensa del señor Noboa Bejarano con relación al fallo que denegó el recurso de casación. 16. En cuanto al fondo del asunto, el peticionario alega que los hechos arriba referidos constituyen la violación por parte del Estado ecuatoriano de los derechos a las garantías judiciales y la libertad de expresión y pensamiento, previstos en los artículos 8(2)(h) y 13 de la Convención Americana, así como de la obligación genérica de asegurar el respeto de los derechos protegidos en el Tratado, conforme a su artículo 1(1) y de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno prevista en su artículo 2.
20. El Estado en su escrito de respuesta señaló que el señor Ricardo Noboa Bejarano ocupó altas funciones durante el Gobierno de su hermano, el Presidente Gustavo Noboa Bejarano, despeñándose como Presidente del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) y que en esa calidad mantuvo ciertos criterios divergentes con algunos sectores de la política nacional, particularmente en cuanto a privatizar las empresas eléctricas y telefónicas del Estado ecuatoriano[3], lo que determinó el surgimiento de la problemática que dio origen al presente caso. 21. El Estado indica que en el referido contexto, el señor Ricardo Noboa Bejarano se presentó en una cadena nacional de televisión y que como lo reconoce el peticionario, se refirió “en duros términos a varias personas que en su opinión habían efectuado una campaña para evitar la privatización de la administración de PACIFITEL”. Señala asimismo, el Estado que el resultado de esta intervención televisiva fue la demanda penal interpuesta en su contra por el diputado José Alvear Icaza. Concretamente, el Estado indica que el diputado José Alvear Icaza interpuso la querella penal en el Juzgado Segundo de lo Penal de Pichincha el 21 de junio de 2002 y que el juicio concluyó con una sentencia condenatoria de tres meses de prisión correccional contra el señor Noboa Bejarano.
30. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona física, respecto a quien el Estado ecuatoriano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 31. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado. La Comisión tiene competencia ratione temporis para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
34. En la petición bajo estudio, la CIDH ha establecido la renuncia tácita del Estado ecuatoriano a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 32 del Reglamento de la Comisión. Sin embargo, los requisitos reglamentarios de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. En tal sentido, la CIDH observa que la petición original fue presentada el 15 de diciembre de 2003, dentro de los seis meses posteriores a la decisión de fecha 18 de noviembre de 2003 de la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, que denegó el recurso de hecho interpuesto por la defensa del señor Noboa Bejarano. Por consiguiente, la CIDH considera que fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
36. El Estado solicitó a la Comisión disponer el archivo de la presente petición señalando que la misma “carece de fundamento jurídico a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no existe violación alguna de los derechos del peticionario”. 37. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si hay o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso c del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación. 38. En efecto, el artículo 47(b) de la Convención Americana dispone que la Comisión considerará inadmisible toda petición o comunicación que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. La Comisión considera que, prima facie, y a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano, las alegaciones del peticionario relativas a la presunta violación del derecho a las garantías judiciales y a la libertad de expresión podrían caracterizar la violación de los derechos garantizados en los artículos 8 y 13 en concordancia con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana. Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos del reclamo no resultan evidentes, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana.