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Timestamp: 2016-02-05 23:08:22
Document Index: 58227274

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 54', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 51', 'artículo 74', 'artículo 104', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 79', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 44', 'artículo 74', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 74']

Princios constitucionales de los tributos
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RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES A LA REGULACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PERÚ (*)Función del tributoSTC : N. º 06089-2006-PA/TC (11/06/2007)Caso : Express Cars S.C.R.L.”siendo la función principal del tributo la recaudadora –entendida no como fin en sí mismo sino antesbien como medio para financiar necesidades sociales–, pueda admitirse que en circunstanciasexcepcionales y justificadas para el logro de otras finalidades constitucionales, esta figura sea utilizadacon un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación, cuestión que, indiscutiblemente, no debe seróbice para quedar exenta de la observancia de los principios constitucionales que rigen la potestadtributaria.” (FJ 13).El Tributo: Definición y elementos esencialesSTC : N.º 3303-2003-AA/TC (27/01/2005)Caso : Dura Gas S.A“El tributo se concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que no constituye sanciónde acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguienpuesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus elementos esenciales son: a) sucreación por ley; b) la obligación pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y c) su caráctercoactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito” (FJ 4).Potestad Tributaria - LímitesSTC : Nº 9165-2005-AA/TC (02/03/2006)Caso : Grupo Mustafa“La potestad tributaria del Estado regulada en el artículo 74° de nuestro Texto Constitucional, seconstituye como un ámbito reservado al legislador para crear tributos mediante leyes o decretoslegislativos, encontrándose dicha facultad ligada al respeto de los principios de reserva de ley,igualdad y los derechos fundamentales de la persona; encontrándose proscrita la confiscatoriedadtributaria.” (FJ 1)“De otro lado, como lo ha sostenido este Tribunal en el FJ. N.° 27 de la STC N.° 0004-2004-AI/TC,“(...) nuestra Carta Política no ha constitucionalizado (o a su turno, prohibido) ningún impuesto.Tampoco ha determinado qué tipo de actividades económicas puedan ser o no, objeto deregulaciones fiscales”. Así, siempre y cuando el legislador conserve los lineamientos establecidos en laConstitución, podrá gravar determinadas manifestaciones o fuentes de riqueza sustentando para ellola naturaleza, medios y fines del tributo.” (FJ 2).(*) En: Revista Peruana de Derecho Tributario, Universidad de San Martín de Porres Tax Law Review. Editada por el Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Año 2 / Número 8 / 2008. Lima - Perú. www.derecho.usmp.edu.pe/cet
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWPotestad Tributaria - LímitesSTC : N.º 0042-2004-AI/TC (12/08/2005)Caso : Ley de tributación municipal: espectáculos públicos“El Tribunal consideró que la calificación de "cultural" que, por mandato de la ley, debe hacer elInstituto Nacional de Cultura, no le otorga facultades para extender tal calificación -por analogía o porvía interpretativa- a otros espectáculos que no sean los que están previstos numerus clausus en elartículo 54 de la Ley de Tributación Municipal. A su vez, señala que tal calificación es obligatoria pormandato de la ley, pero no tiene efectos constitutivos para la exoneración del pago del impuesto a losespectáculos públicos no deportivos” (FJ 19).Potestad Tributaria - LímitesSTC : N.º 0053-2004-AI/TC (12/08/2005)Caso : Municipalidad de Miraflores - arbitrios”La regulación legal de la potestad normativa tributaria municipal debe sujetarse al respeto a losprincipios constitucionales tributarios de reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y capacidadcontributiva, desarrollados por la jurisprudencia constitucional, así como también a la garantíainstitucional de la autonomía política, económica y administrativa que los gobiernos locales tienen enlos asuntos de su competencia” (FJ VII. A. 2).Potestad Tributaria - LímitesSTC : N.º 0041-2004-AI/TC (10/03/2005)Caso : Municipalidad de Santiago de Surco - arbitrios”La Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal constituyen el parámetro deconstitucionalidad que rigen el correcto ejercicio de la potestad tributaria municipal para la creación detasas y contribuciones” (FJ 4).Potestad TributariaSTC : N.º 0042-2004-AI/TC (12/08/05)Caso : Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos (Corrida de toros)“De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del Estadopara crear, modificar o derogar tributos, así como para otorgar beneficios tributarios. Esta potestad semanifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u órganos del Estado –central, regional ylocal–. Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que suejercicio no puede realizarse al margen de los principios y límites que la propia Constitución y las leyesde la materia establecen.La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejerciciode la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, garantizaque dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales delas personas. Por ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites alejercicio de la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad;de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observanciade los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74 de la Constitución, tales como elde legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de las personas y elprincipio de interdicción de la confiscatoriedad.” (FJ 7)“Se debe señalar que cuando la Constitución establece dichos principios como límites informadores delejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en laque puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 2
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWestablecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que“no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”.De ahí que la potestad tributaria del Estado, a juicio de este Colegiado, debe ejercerse principalmentede acuerdo con la Constitución –principio de constitucionalidad– y no sólo de conformidad con la ley –principio de legalidad–. Ello es así en la medida que nuestra Constitución incorpora el principio desupremacía constitucional y el principio de fuerza normativa de la Constitución (artículo 51). Según elprincipio de supremacía de la Constitución todos los poderes constituidos están por debajo de ella; deahí que se pueda señalar que es lex superior y, por tanto, obliga por igual tanto a gobernantes comogobernados, incluida la administración pública tal como lo ha señalado este Tribunal Constitucional enSentencia anterior (Exp. N.° 050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC 009-2005-PI/TC, Fundamento 156).En segundo lugar, se debe señalar que la Constitución no es un mero documento político, sinotambién norma jurídica, lo cual implica que el ordenamiento jurídico nace y se fundamenta en laConstitución y no en la ley. En ese sentido, el principio de fuerza normativa de la Constitución quieredecir que los operadores del Derecho y, en general, todos los llamados a aplicar el Derecho –incluso laadministración pública–, deben considerar a la Constitución como premisa y fundamento de susdecisiones, lo cual implica que:“a) dado que la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes ycualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán deaplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurarde un modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a laConstitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma sobrenormas, sino norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino también fuente delderecho sin más” [9]. [9] DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel, 6.a reimpresión, 1998. p. 76.Por ello, se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al principio delegalidad, está vinculado por el principio constitucionalidad; de ahí que su ejercicio no pueda hacerseal margen del principio de supremacía constitucional y del principio de fuerza normativa de laConstitución. Sólo así el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado tendrá legitimidad yvalidez constitucionales.” (FJ 8)“De acuerdo con estas precisiones, este Colegiado entiende que la distinción realizada entre ambosprincipios no puede ser omitida, en la medida que la Constitución no sólo faculta al Poder Legislativo,a los Gobiernos regionales y Gobiernos locales (artículo 74) para ejercer la potestad tributaria, sinoque también prevé el supuesto del poder tributario a favor del Poder Ejecutivo (artículo 104) en elsupuesto que el Congreso de la República le delegue facultades legislativas en materia tributaria; casoen el cual el ejercicio se realiza, únicamente, a través de un decreto legislativo.La Constitución, por tanto, también ha previsto que dicha potestad pueda ser ejercida por el PoderEjecutivo, lo cual no quiere decir, sin embargo, que el Constituyente haya otorgado la potestadtributaria en igualdad de condiciones a ambos poderes del Estado. Se debe tener claramenteestablecido que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo, a diferencia delPoder Legislativo, de los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales, no es una potestad originariasino derivada. No existe, pues, equiparidad ni igualdad en el ejercicio de la potestad tributaria entreaquéllos y el Poder Ejecutivo; la de los primeros es una forma originaria y ordinaria de ejercer dichapotestad; el de éste es una forma derivada y extraordinaria.En atención a esta naturaleza extraordinaria del ejercicio de la potestad tributaria por parte del PoderEjecutivo, se exige que la observancia del principio de reserva de ley, en este caso, es y debe ser aunmás estricta; es decir, no sólo se debe cuidar de respetar el aspecto formal del principio de reserva deley, sino también su dimensión material. En tal sentido, el decreto legislativo por el cual el PoderEjecutivo ejerce la potestad tributaria debe estar sometida a los siguientes controles: 3
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW1. Control de contenido, a fin de verificar su compatibilidad con las expresas disposiciones de la ley autoritativa, asumiendo que existe una presunción iuris tantum de constitucionalidad de dichos decretos;2. Control de apreciación, para examinar si los alcances o la intensidad del desarrollo normativo del decreto legislativo se enmarca en los parámetros de la dirección política –tributaria– que asume el Congreso de la República en materia legislativa; y3. Control de evidencia, para asegurar que dicho decreto legislativo no sólo no sea violatorio de la Constitución por el fondo o por la forma, sino que también no sea incompatible o no conforme con la misma.” (FJ 11)Principio de legalidadSTC : N.º 0001-2004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC - Acumulados (05/10/04)Caso: Ley que crea el fondo y contribución solidaria para la asistencia previsional“El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo nullum tributum sine lege,consistente en la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de rangoequivalente no lo tiene regulado. Este principio cumple una función de garantía individual, al fijar unlímite a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos,y cumple, también, una función plural, toda vez que se garantiza la democracia en los procedimientosde imposición y reparto de la carga tributaria, puesto que su establecimiento corresponde a un órganoplural donde se encuentran representados todos los sectores de la sociedad.A tal efecto, el artículo 74° de la Norma Fundamental dispone que: “(...) los tributos se crean,modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo”,estableciendo como única excepción el caso de los aranceles y las tasas, los cuales pueden serregulados por decreto supremo. Asimismo, establece la posibilidad de que los gobiernos locales,mediante las fuentes normativas que les son propias, creen, modifiquen o supriman contribuciones ytasas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.Debe precisarse que para la plena efectividad del principio de legalidad, los elementos constitutivosdel tributo deben estar contenidos cuando menos en la norma de rango legal que lo crea, es decir, elhecho generador (hipótesis de incidencia tributaria), sujeto obligado, materia imponible y alícuota.”(FJ 39)Principio de legalidad y de reserva de ley – DiferenciaSTC : N.º 0042-2004-AI/TC (12/08/05)Caso : Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos (Corrida de toros)“A criterio de este Tribunal Constitucional no existe identidad entre el principio de legalidad y el dereserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como lasubordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su formade ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por juecesindependientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, implica una determinaciónconstitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias.Es tal sentido, cabe afirmar que “mientras el Principio de legalidad supone una subordinación delEjecutivo al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, a través desus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la Constitución al Legislativo. De ahíque se afirme la necesidad de la Reserva, ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad,en cuanto es sólo límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora”[10]. (FJ 9) [10] DE CABO MARTÍN, Carlos. Sobre el concepto de Ley. Madrid: Trotta, 2000. p. 69. 4
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW“En el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir que el ejercicio de lapotestad tributaria por parte del Estado está sometida sólo a las leyes de la materia, sino, antes bien,que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo con lo establecido en la Constitución.Por ello, no puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene[11]. La potestadtributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley.”(FJ 10) [11] SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo y Luis VARGAS LEÓN. “En torno a la defición de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. En Ius et veritas, N.° 17, Lima, 1998. p. 297.Principio de Reserva de LeySTC : N.º 0042-2004-AI/TC (12/08/05)Caso : Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos (Corrida de toros)“A diferencia de este principio (principio de legalidad), el principio de reserva de ley significa que elámbito de la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos quedareservada para ser actuada únicamente mediante una ley. Este principio tiene como fundamento lafórmula histórica “no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean establecidos porlos representantes de quienes van a contribuir.Ahora bien, conforme hemos señalado supra, los principios constitucionales tributarios previstos en elartículo 74° de la Constitución no son sólo límites sino también garantías. En tal sentido, el principiode reserva de ley es también, ante todo, una cláusula de salvaguarda frente a la posible arbitrariedaddel Poder Ejecutivo en la imposición de tributos[12].” “El subrayado es agregado) (FJ 10) [12] ALGUACIL MARI, Pilar. Discrecionalidad técnica y comprobación tributaria de valores. Valencia: Diálogo S.L. p. 27.”Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha señalado en anterior oportunidad (Expediente N.° 2762-2002-AA/TC) que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una reservarelativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución, que estásujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa). Para los supuestos contemplados en el artículo 74°de la Constitución, la sujeción del ejercicio de la potestad tributaria al principio de reserva de ley –encuanto al tipo de norma– debe entenderse como relativa, pues también la creación, modificación,derogación y exoneración tributarias pueden realizarse previa delegación de facultades, mediantedecreto legislativo. Se trata, en estos casos, de una reserva de acto legislativo.Asimismo, en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente,derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en lapropia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de concreciónde sus elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota;será menor cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse laentrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia.De este modo, la regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima observanciadel principio de reserva de ley–, debe comprender la alícuota, la descripción del hecho gravado(aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto personal), el momento delnacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el lugar de su acaecimiento (aspectoespacial), según ha señalado este Tribunal (Expediente N.° 2762-2002-AA/TC y N.° 3303-2003-AA/TC).En consecuencia, lo que se quiere advertir es que toda delegación, para ser constitucionalmentelegítima, deberá encontrarse parametrada en la norma legal que tiene la atribución originaria, puescuando la propia ley o norma con rango de ley no establece todos los elementos esenciales y loslímites de la potestad tributaria derivada, se está frente a una delegación incompleta o en blanco delas atribuciones que el constituyente ha querido resguardar mediante el principio de reserva de ley. 5
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWAhora bien, si esa es la forma de interpretar las relaciones entre la ley autoritativa y el decretolegislativo que la desarrolla, en la delimitación de los elementos esenciales para la creación del tributo,corresponde analizar cómo ello opera cuando se disponen exoneraciones tributarias.” (FJ 12)”El principio de reserva de ley, en tanto límite de la potestad tributaria y garantía de las personasfrente a ella, debe observarse también en el caso de los beneficios tributarios, tal como se deriva de laConstitución (artículo 74º). En virtud de esta disposición, en cuanto se refiere al principio de reservade ley, nuestra Constitución no le da un tratamiento distinto a la facultad de crear, modificar oderogar un tributo, sino que también exige la observancia del principio de reserva de ley cuando setrata de establecer beneficios tributarios.Ello porque el Estado, al establecer beneficios tributarios, no sólo rompe con la regla general aldeber/obligación de las personas de contribuir al sostenimiento del gasto público, sino también, con lafunción constitucional de los tributos como es el permitir al Estado contar con los recursos económicosnecesarios para cumplir, a través del gasto público, con los deberes de defender la soberaníanacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de lasamenazas contra su seguridad, así como promover el bienestar general que se fundamenta en lajusticia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44° de la Constitución).En tal sentido, de establecerse beneficios tributarios, sin observar el principio de legalidad y dereserva de ley, u obedeciendo a motivaciones que no son necesarias, objetivas y proporcionales,dichos beneficios pueden ser consideradas lesivos de los principios de universalidad e igualdadtributaria[13], representando auténticas violaciones constitucionales.” (FJ 13) [13] LA ROSA, Salvatore. “Los beneficios tributarios”. En Tratado de Derecho tributario. T. I. Colombia: Temis, pp. 389, 397.Función del tributoSTC : N. º 06089-2006-PA/TC (11/06/2007)Caso : Express Cars S.C.R.L.“El primer párrafo del artículo 74 de la Constitución establece que “los tributos se crean, modifican oderogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso dedelegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decretosupremo. Los gobiernos locales, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerarde éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”.La potestad tributaria del Estado debe ejercerse, antes que en función de la ley, en función de laConstitución –principio de supremacía constitucional (artículo 51)– y de los principios que ellaconsagra e informa. Dichos principios, por otra parte, constituyen una garantía para loscontribuyentes, en tanto establecen que no se puede ejercer la potestad tributaria contra laConstitución ni de modo absolutamente discrecional o arbitrario.” (FJ 49)“Respecto al contenido de la Reserva de Ley, este Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarseen dos casos en los cuales se cuestionó, por un lado, la alícuota del Impuesto (SSTC 2762-2002-AA/TC, 2302-2003-AA/TC)), y, por el otro, el establecimiento de sujetos pasivos del tributo (STC3303-2003-AA/TC), por cuanto, en ambos casos, la regulación efectuada vía norma infralegal excedíalos limites de la Reserva de Ley. En esa oportunidad, se señaló lo siguiente: La Reserva de Ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede admitir excepcionalmente derivaciones al Reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley. El grado de concreción de los elementos esenciales del tributo en la Ley es máximo cuando regula el hecho imponible y menor cuando se trata de otros elementos; pero, en ningún caso, podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 6
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW La regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima observancia del principio- comprende la descripción del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor tributario (aspecto personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal) y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial). En algunos casos, por razones técnicas, puede flexibilizare la reserva de ley, permitiendo la remisión de aspectos esenciales del tributo a ser regulados por el reglamento, siempre y cuando sea la Ley la que establezca los límites al Ejecutivo. Podrá afirmarse que se ha respetado la reserva de ley, cuando, vía ley o norma habilitada, se regulen los elementos esenciales y determinantes para reconocer dicho tributo como tal, de modo que todo aquello adicional pueda ser delegado para su regulación a la norma reglamentaria en términos de complementariedad, mas nunca de manera independiente. El máximo escalón posibilitado para regular excepcionalmente la materia será el Decreto Supremo y dentro de los parámetros fijados por ley. (FJ 12, STC 3303-2003-AA/TC, para la regulación de los sujetos pasivos)” (FJ 50)“Conforme lo ha señalado Sunat la regulación del Régimen de Percepciones parte de una base legalhabilitante, concretamente los artículos 1 y 2 de la Ley 28053, que modifica y sustituye el Ley delImpuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo. No obstante, según ha manifestado esteColegiado en la jurisprudencia precedente, la sola habilitación no resulta satisfactoria por sí misma aefectos de poder afirmar que el principio de Reserva de Ley en materia tributaria haya sido respetado,siendo necesario evaluar si la Ley habilitante, por lo menos, establece una regulación mínima de sucontenido.” (FJ 51)“Al desarrollar la doctrina jurisprudencial sobre el Principio de Reserva de Ley expuesta en elfundamento 50 supra, el Tribunal Constitucional ha admitido la relativización de la reserva, en elentendido de que exigir una regulación extremadamente detallista o condiciones rigurosas en algunoscasos concretos podría resultar antitécnico e, incluso, inconveniente para la propia protección de otrasfinalidades constitucionales igualmente valiosas, como es el caso de la lucha contra la informalidad yla evasión fiscal. (FJ 52)“No obstante también fue claro en precisar que, aun en estos casos, la relativización de la materia nodebe ni puede suponer jamás poner en riesgo su propia efectividad o representar su vaciamientototal, mediante remisiones en blanco o sin parámetros suficientes a la norma reglamentaria.Evidentemente, la evaluación sobre qué debe entenderse por esa regulación mínima o suficiente, seráuna cuestión a ponderarse en cada caso, dependiendo del tipo de tributo y las circunstancias que lorodeen, siendo imposible establecer, a priori, criterios estándares generalizados para todos lossupuestos.En todo caso cualquier consideración respecto a los parámetros “suficientes” deberá atender a que elobjetivo es que la Administración tenga pautas claras de actuación evitando la discrecionalidadabierta, esto es, parámetros que sirvan justamente para controlar la legitimidad de su actuación[4].”(FJ 53) [4] En esos términos, ALGUACIL MARI, Pilar. Discrecionalidad Técnica y comprobación tributaria de valores. Editorial Dialogo SL, 1999. Pág. 32.No debe olvidarse que la Reserva de Ley constituye un principio garante de la voluntad del ciudadanofrente a exigencias de carácter tributario; de ahí que su inobservancia mediante habilitaciones oremisiones extremadamente abiertas a normas reglamentarias termine por exponer al ciudadano a ladiscrecionalidad de la Administración y, con ello, al riesgo de ser objeto de posibles actos dearbitrariedad. (FJ 54) 7
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWPrincipio de reserva de leySTC : N.º 00042-2004-AI/TC (12/08/2005)Caso : Ley de tributación municipal: espectáculos públicos“La reserva de ley en materia tributaria es en principio una reserva relativa. En tal sentido, es posibleque la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando,los parámetros estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello,se debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos esenciales será máximocuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otroselementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades alEjecutivo para regular la materia” (FJ 12).Principio de reserva de leySTC N.º 02302-2003-AA/TC (30/06/2005)Caso : Inversiones DREAMS S.A”El principio de reserva de ley significa que el ámbito de creación, modificación, derogación oexoneración de tributos se encuentran reservada para ser actuada mediante una ley” (FJ 33).Derecho a la igualdadSTC : N.º 0001-2004-AI/TC (05/10/2004)Caso : Ley que crea el fondo y contribución solidaria para la asistencia provisional.“El principio de igualdad, en materia tributaria, se encuentra íntimamente vinculado a la capacidadcontributiva, garantizando que la carga tributaria sea directamente proporcional a la capacidadeconómica de los contribuyentes (FJ 49).”El principio de igualdadDerecho a la igualdadSTC : N.º 048-2004-PI/TC (01/04/2005)Caso : Ley de Regalías Mineras.“La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2º de la Constitución de1993, de acuerdo al cual: «(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debeser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o decualquiera otra índole». Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal,estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigirun trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idénticasituación.” (FJ 59)“Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en laley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que seencuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica queun mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casossustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de susprecedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable[12].” (FJ 60) [12] Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701.“Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector dela organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos.Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues nose proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad 8
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWsolamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva yrazonable[13]. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; porello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realicesobre bases objetivas y razonables.” (FJ 61) [13] Álvarez Conde, Enrique. Curso de Derecho constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4.° edición, 2003. pp. 324-325.“Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categoríasjurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarseque la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual esdiscriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde encausas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonableni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad detrato constitucionalmente intolerable.” (FJ 62)"Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas oportunidades promueve eltrato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándoles ventajas, incentivos o, en general,tratamientos más favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como “discriminaciónpositiva o acción positiva –affirmative action–“. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra quecompensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, quedichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas delEstado.” (FJ 63)“Ahora bien, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándoestamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frentea un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno deesos instrumentos a los que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad.”(FJ 64)“El test de razonabilidad o proporcionalidad, como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia(Sentencia N.° C-022/96), es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o nodiscriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho-principio a la igualdad. Dicho test se realiza através tres subprincipios: 1. subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2° subprincipio de necesidad;y 3. subprincipio de proporcionalidad strictu sensu [14]. Criterios que en su momento fueran utilizadospor este Colegiado en las sentencias 0016-2002-AI y 0008-2003-AI, entre otras. [14] Bernal Pulido, Carlos. «El juicio de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana». En Juan Vega Gómez y Edgar Corso Sosa (coordinadores). Instrumentos de tutela instrumentos de tutela y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México D. F.: UNAM, 2002. pp. 71-74; también Cianciardo, Juan. El conflictivismo en los derechos fundamentales. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2000. pp. 323-352.Subprincipio de idoneidad o de adecuación. De acuerdo con este, toda injerencia en los derechosfundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. Enotros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo;y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada.Subprincipio de necesidad. Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales seanecesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la mismaidoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Setrata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cualse analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menorgrado de intervención en el derecho fundamental.Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu. Según el cual, para que una injerencia en los derechosfundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menosequivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la 9
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWcomparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y laafectación del derecho fundamental.” (FJ 65)“Debe considerarse, por último, como señala Pérez Royo, que el principio de igualdad no impide queel legislador diferencie; lo que proscribe es que se diferencie de una manera no objetiva, no razonabley no proporcionada[15]; lo cual, dicho sea de paso, no ha sucedido en el presente caso. Más aún si contal diferenciación se persigue un fin constitucionalmente legítimo, urgente, necesario y posible, comoes el de promover el desarrollo integral del país, en general, y de los sectores menos favorecidos, enparticular.” (FJ 75) [15] Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho constitucional. Madrid: Marcial Pons, 7.° edición, 2000. p. 311.Principio de capacidad contributivaSTC : N.º 0053-2004-AI/TC (12/08/2005)Caso : Municipalidad de Miraflores - arbitrios”El principio de capacidad contributiva es un principio constitucional exigible, no es indispensable quese encuentre expresamente consagrado en el artículo 74º de la Constitución, pues su fundamento yrango constitucional es implícito en la medida que constituye la base para la determinación de lacantidad individual con que cada sujeto puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiarel gasto público; además de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para evaluar unaeventual confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado con el propio principio deigualdad, en su vertiente vertical” (FJ VIII. B. 1).Principio de capacidad contributivaSTC : N.º 04014-2005-AA/TC (02/10/2006)Caso : Industrias Nettalco“El hecho de que el legislador haya considerado de manera extraordinaria y temporal, la capacidad depago de remuneraciones como un síntoma o presunción de riqueza gravable, no vulnera en abstractolos principios de capacidad contributiva, igualdad y el de no confiscatoriedad. Si bien un impuesto entérminos generales no es inconstitucional, este hecho no desvirtúa la posibilidad de los efectosconfiscatorios en algún caso específico, o incluso que siendo este hecho gravado una expresión decapacidad económica, el recurrente carezca de capacidad contributiva. Pero este hecho debe serdemostrado por el demandante.” (FJ 9 y 10).Principio de no confiscatoriedadSTC : N.º 4227-2005-AA/TC (10/02/06)Caso : Royal Gaming S.A.C.“...este Tribunal ha establecido que para acreditar la confiscatoriedad en cada caso, es necesarioprobar la afectación real al patrimonio empresarial de la persona jurídica, como en el caso de autos. Yes que no podría ser de otra manera cuando se alega afectación exorbitante a la propiedad privada...”Principio de no confiscatoriedad – AplicaciónSTC : N.º 0004-2004-AI/TC y Acumulados (27/09/04)Caso : Impuesto a las Transacciones Financieras“Este principio es un concepto jurídico indeterminado; por ello, su contenido constitucionalmenteprotegido sólo puede ser determinado casuísticamente, considerando la clase de tributo y lascircunstancias concretas de los contribuyentes...” 10
CET REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO, UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEWPrincipio de no confiscatoriedad - Sumatoria de TributosSTC : N.º 2302-2003-AA/TC (30/06/05)Caso : Inversiones DREAMS S.A“La capacidad contributiva de una persona es una sola y todos los tributos que recaen en el mismocontribuyente afectan un mismo patrimonio. De este modo la confiscatoriedad no se configura por simisma si un mismo ingreso económico sirve de base imponible...”Principio de no confiscatoriedad - AspectosSTC : N.º 0041-2004-AI/TC (10/03/05)Caso : Municipalidad de Santiago de Surco – arbitrios“...la confiscatoriedad puede evaluarse no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino tambiéncualitativo, cuando se produzca una sustracción ilegitima de la propiedad por vulneración de otrosprincipios tributarios...” *** 11
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