Source: http://participa.jcyl.es/forums/255180--2014-06-anteproyecto-de-ley-de-transparencia-ac
Timestamp: 2019-08-19 17:09:16
Document Index: 11593688

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 14', 'artículo 105', 'artículo 14', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 1']

(2014/06) Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso y reutilización de la información pública, y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León (Cerrado): Hot (12 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
(2014/06) Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso y reutilización de la información pública, y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León (Cerrado)
En la redacción de este anteproyecto se han tomado en consideración las sugerencias formuladas en el espacio de participación abierto en su día para su elaboración
La transparencia, el acceso a la información pública, la reutilización de la misma y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos se han convertido en exigencias ciudadanas y en ejes de toda acción política, fortalecen el funcionamiento democrático y fomentan la responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la ciudadanía.
La transparencia de la actuación de los poderes públicos se articula en la presente Ley a través de la publicidad activa, del acceso a la información pública y su reutilización. Esta ley regula, también, la participación ciudadana con el objetivo de que el ciudadano pueda conocer toda la información que pueda necesitar para así tener una participación real en la toma de las decisiones que le afectan.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , fija unos mínimos en materia de transparencia aplicables a las entidades y organismos del sector público de todas todo el Estado. Lo mismo hace la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público que fija con carácter básico las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León , en su artículo 8, atribuye a los poderes públicos de Castilla y León la responsabilidad de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; en su artículo 11 establece el derecho general de participación en los asuntos públicos y en su artículo 12 contempla el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos.
El Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León , puso en marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León como un canal de comunicación directa entre el Gobierno y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de acuerdo con los principios de transparencia, participación y colaboración.
Partiendo de estas referencias normativas el anteproyecto de Ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública, y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León completa, en la Comunidad de Castilla y León, la citada legislación estatal: incluye información adicional que ha de ser objeto de publicidad sobre la establecida en la legislación estatal, determina la competencia de los distintos órganos en el ámbito de la Comunidad Autónoma, crea el Comisionado y la Comisión de Transparencia y atribuye sus funciones al procurador del Común, y eleva a rango de ley la participación ciudadana en los asuntos públicos. Además, el anteproyecto modifica la legislación en materia de incompatibilidades y de declaración de bienes de los altos cargos de la Comunidad, estableciendo la obligación de efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales; además de al inicio de su mandato que ya es exigible, al finalizar este; y de presentar anualmente las declaración de la renta y del patrimonio, en su caso; por último, establece que se publicarán en el “Boletín Oficial de Castilla y León” el contenido sus declaraciones notariales de bienes patrimoniales.
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 15:00 h. del 19 de junio de 2014. Agradecemos todas las aportaciones realizadas, que serán valoradas y respondidas en las próximas fechas.
Los archivos y la gestión documental como garantes de la efectividad del derecho de acceso
La garantía del derecho de acceso a la información exige que los sujetos obligados a facilitarla cuenten con una organización que haga posible su ejercicio efectivo. La ley debería considerar la existencia de los sistemas institucionales de archivo existentes y su normativa reguladora. La nueva ley debería definir claramente el papel de los archivos en el gobierno abierto, como principales agentes de la gestión de documentos, con un conocimiento global de la producción documental de sus organizaciones y con una dilatada experiencia en acceso a la información y la formación, métodos y herramientas necesarias para garantizar las exigencias de la futura ley. En esta línea consideramos que las unidades específicas de acceso a la información contempladas en el anteproyecto deberían estar vinculadas directamente a los servicios institucionales de archivo. Y la norma debería imponer a los sujetos obligados el establecimiento de archivos como unidades de información para cumplir con el objetivo de transparencia y acceso a la información que justifica la norma.
Asimismo la futura ley debería incorporar, en forma de mandato, a los sujetos que se encuentren obligados por la misma, la necesidad de diseñar e implementar políticas de gestión de documentos para dar cumplimiento a las exigencias que implica en esta materia la normativa de transparencia y acceso a la información pública. La ausencia de esta política y de los medios necesarios para implementarla será motivo de infracción en el régimen que se establezca al efecto de la ley.
Respecto a la regulación del derecho de acceso consideramos que, en línea con las normas y buenas prácticas internacionales, la ley debería contemplar unos plazos específicos a partir de los cuales la información pública y los documentos en que se contiene se consideren, con carácter general, de acceso libre en los archivos públicos, sin que resulte necesario tramitar un procedimiento. Únicamente será necesaria autorización cuando, a pesar del transcurso de los mencionados plazos, persistan otras causas legales de restricción claramente definidas.
Respecto a los temas procedimentales consideramos que el sentido del silencio administrativo debería ser positivo pues es un precepto en el que se juega la garantía efectiva del derecho de acceso.
La garantía del derecho de acceso a la información exige que los sujetos obligados a facilitarla cuenten con una organización que haga posible su ejercicio efectivo. La ley debería considerar la existencia de los sistemas institucionales de archivo existentes y su normativa reguladora. La nueva ley debería definir claramente el papel de los archivos en el gobierno abierto, como principales agentes de la gestión de documentos, con un conocimiento global de la producción documental de sus organizaciones y con una dilatada experiencia en acceso a la información y la formación, métodos y herramientas necesarias para garantizar las exigencias de la…
Su sugerencia relativa a que las unidades de acceso a la información contempladas en el anteproyecto deberían estar vinculadas directamente a los servicios institucionales de archivo, no se rechaza en esta norma, la misma atribuye, transitoriamente, a los Servicios de Estudios y Documentación las funciones atribuidas a las unidades de acceso a la información, fundamentalmente la tramitación de los procedimientos de solicitud de acceso a la información y de reutilización de la misma, y la de realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información. En esta última tarea es donde existirá esa vinculación directa entre las unidades de acceso y los servicios de archivo. Ello no obstante, la asignación a los Servicios de Estudios de las unidades de acceso a la información es transitoria, por entender que su encaje organizativo corresponde a las normas que establecen las correspondientes estructuras orgánicas.
Respecto a la sugerencia de que la regulación del derecho de acceso, “…en línea con las normas y buenas prácticas internacionales, debería contemplar unos plazos específicos a partir de los cuales la información pública y los documentos en que se contiene se consideren, con carácter general, de acceso libre en los archivos públicos, sin que resulte necesario tramitar un procedimiento…” y que “únicamente será necesaria autorización cuando, a pesar del transcurso de los mencionados plazos, persistan otras causas legales de restricción claramente definidas.”, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, es la norma que actualmente regula el acceso a la información pública en sustitución del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que ha sido modificado por la referida Ley 19/2013. El capítulo III del Título I de la referida ley de trasparencia estatal contiene una regulación del derecho de acceso a la información pública más amplia que la contenida en artículo 37, antes citado. Reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública y canaliza ese acceso, como toda la actividad administrativa, a través de un procedimiento, sin que pueda identificarse acceso libre con ausencia de procedimiento. La actual regulación del derecho de acceso no contempla el transcurso de unos determinados plazos para poder acceder a la información pública a la que, en principio, se puede acceder sin sujeción a otros plazos que los necesarios para tramitar las correspondientes solicitudes de los interesados. Los límites al acceso a la información están en el perjuicio que el mismo suponga para la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos y disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Y tales límites no operan para que sea precisa una autorización para el acceso, sino que pueden impedir el acceso a la información.
En cuanto a su referencia al silencio administrativo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dictada en uso de las competencias exclusivas atribuidas al Estado tal como establece la propia Ley en su disposición final octava, ha establecido el sentido del silencio, fijando el carácter desestimatorio de las solicitudes no resueltas expresamente en plazo.
El sentido negativo del silencio administrativo no cuestiona la garantía del ejercicio del derecho. El silencio administrativo negativo, que se produce cuando ha transcurrido el plazo de que dispone la Administración para resolver sin que haya dictado resolución, no hace desaparecer la obligación de la Administración de resolver expresamente y permite al interesado, ante la inactividad de la administración, entender desestimada su solicitud y poder acceder a la vía judicial o presentar una reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia. El derecho de acceso a la información, está sujeto a límites que necesariamente han de valorarse al dictar la resolución, entre ellos, los relativos a la protección de datos personales de terceros, o de propiedad intelectual o industrial, la seguridad nacional, etc., si se estableciera que la falta de resolución en plazo supone la estimación de la solicitud, se podría estar vulnerando la protección de tales datos.
Respecto a la sugerencia de que la…
Eliminar entrevistas y proyectos en la baremacion de méritos
Para cubrir puestos en la administración, que no sean por oposición l ( lo mas recomendable), eliminar entrevistas y proyectos, dan lugar a designaciones digitales
El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa en materia de función pública por lo que no puede ser objeto de regulación en esta norma.
Publicación previa a cualquier concurso u oposición de las plazas ofertadas
Para garantizar la transparencia del proceso, cualquier concurso u oposición debe de tener las plazas libres para las que se opta, o la creación de las citadas plazas. La expectativa de destino debe desaparecer y se debe adjudicar las plazas, primero provisionalmente y luego definitivamente para que todos puedan ver las plazas existentes. En caso de suprimir alguna debe de suprimirse el concurso u oposición. Esta medida aumenta la justicia y transparencia de las pruebas y facilita la conciliación de los empleados públicos, sin establecer dos niveles (con/sin destino definitivo). Esta defición previa de plazas es realmente oscuro y escandaloso en el concurso de traslados de Consejería de Educación.
Para garantizar la transparencia del proceso, cualquier concurso u oposición debe de tener las plazas libres para las que se opta, o la creación de las citadas plazas. La expectativa de destino debe desaparecer y se debe adjudicar las plazas, primero provisionalmente y luego definitivamente para que todos puedan ver las plazas existentes. En caso de suprimir alguna debe de suprimirse el concurso u oposición. Esta medida aumenta la justicia y transparencia de las pruebas y facilita la conciliación de los empleados públicos, sin establecer dos niveles (con/sin destino definitivo). Esta defición previa de plazas es realmente oscuro y escandaloso…
El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa reguladora de la función pública por lo que por lo que queda fuera del objeto del anteproyecto que nos ocupa.
Eliminar de toda la legislación el silencio administrativo
Cualquier ley de transparencia, por definición no puede contener el término silencio administrativo, ni positivo, ni negativo. Cualquier solicitud de un ciudadano debe ser contestada afirmativa o negativamente con sus respectivos argumentos. Si esto existe es una ley fracasada antes de comenzar, en todo caso se puede aceptar un escrito de recepción y flexibilizar los plazos, pero dentro de unos límites razonables.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidades Autónoma a partir del 10 de diciembre de 2015, establece el silencio administrativo negativo para las solicitudes de acceso no resueltas en plazo.
El instituto jurídico del “silencio administrativo” se configura como una garantía para los ciudadanos ante la inactividad de la Administración, pues, al entrar en juego la presunción de que ha existido una resolución, positiva o negativa, en función de cómo esté regulado el sentido del silencio en cada procedimiento, el interesado puede realizar las actuaciones que correspondan en defensa de sus derechos o intereses. En el caso del silencio negativo, se abren las vías de impugnación administrativas o judiciales.
Además, el silencio administrativo negativo no hace desaparecer la obligación de la Administración de resolver expresamente, pero, ante su inactividad, de acuerdo son la referida ley estatal, los interesados pueden acudir a la vía judicial o presentar una reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia.
Además, el silencio administrativo negativo no hace desaparecer la obligación de la Administración de resolver expresamente, pero, ante su inactividad, de acuerdo son la referida ley estatal,…
Atención de las peticiones de información, siendo deber inexcusable su admisión en procedimientos especialmente sensibles para el ciudadano
Que las solicitudes de información, especialmente las concernientes a los procedimientos que atañen a los ciudadanos, la Administración, de forma preferente, conceda el acceso a dicha información, y, en caso de denegarlo, lo notifique de forma motivada al solicitante. Igualmente la Administración elaborará una relación de procedimientos especialmente sensibles (por ejemplo, los relativos a servicios prestados a desempleados) en los que primará el acceso a la información, con independencia de la procedencia de ésta.
El anteproyecto de ley se remite al capítulo III del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que regula el derecho de acceso a la información pública, que incluye el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información. La regulación estatal reconoce en los términos del artículo 105 b) de la Constitución el derecho a acceder a la información pública y, en su artículo 14, relaciona los límites aplicables cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que las resoluciones que concedan o denieguen el acceso deberán notificarse en el plazo de un mes y que serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
El anteproyecto de ley se remite al capítulo III del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que regula el derecho de acceso a la información pública, que incluye el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información. La regulación estatal reconoce en los términos del artículo 105 b) de la Constitución el derecho a acceder a la información pública y, en su artículo 14, relaciona los límites aplicables cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y…
Mantenimiento de los datos históricos
Debería establecerse expresamente que, una vez publicado cualquier conjunto de datos en una página web institucional, su disponibilidad no debe estar sujeta a caducidad alguna. Es práctica habitual que la información actualizada sustituya a la de períodos anteriores, hurtándose la posibilidad de efectuar comparaciones o estudios de series históricas.
El anteproyecto no incluye esa obligación dada la gran variedad y distinta naturaleza de la información del sector público objeto de publicidad activa, lo que desaconseja adoptar una decisión común y uniforme para información tan heterogénea, y por considerar que en los casos en los que no se mantengan los datos históricos, el interesado puede solicitarlos al amparo del derecho de acceso a la información pública.
Actualmente, la Junta de Castilla y León, en el Portal de Gobierno Abierto, incluye la serie histórica cuando por la naturaleza de los datos se considera que resulta útil para el reutilizador. Por ejemplo, tanto en el portal de contratación como en el portal Open Data se mantienen los datos históricos de licitaciones y se puede consultar el histórico de datos de calidad del aire.
Para evitar que se creen profesionales de la politica, no se debería permitir que un cargo de libre de
Para evitar que se creen profesionales de la política, NO se debería permitir que los cargos de libre designación, cualquiera que fuese su rango, ejerciesen más de dos legislaturas seguidas en el mismo cargo u otro del mismo rango.
Asimismo, deberían elaborar mensualmente una memoria de su gestión al frente de su Consejería, Dirección General o Territorial, que debiese poder ser valorada por los ciudadanos y esta valoración ser tenida en cuenta para la continuidad en el cargo. Como los cargos directivos de cualquier empresa.
El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa reguladora de la función pública o de la organización y funcionamiento del gobierno y de la administración de la Comunidad, por lo que queda fuera del objeto del anteproyecto que nos ocupa.
Ello no obstante, conviene precisar que los puestos de libre designación son puestos ocupados por funcionarios de carrera, no son puestos políticos o de altos cargos.
La libre designación es un sistema, junto con el concurso de traslados, de provisión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera. Tal como establece el artículo 48 de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, la libre designación “Constituye el sistema excepcional de provisión de puestos de trabajo, mediante el cual podrán proveerse los puestos iguales o superiores a Jefes de Servicio y los de Secretarías de Altos Cargos, así como aquellos otros que, por la importancia especial de su carácter directivo o la índole de su responsabilidad, y en atención a la naturaleza de las funciones, se determinen en las relaciones de puestos de trabajo.”
Por su parte, los puestos ocupados por los altos cargos se encuentran regulados en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y normas concordantes. Tienen tal consideración, además del presidente de la Junta de Castilla y León y de los consejeros, los viceconsejeros, en su caso, los secretarios generales, los directores generales y los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León.
La libre designación es un sistema, junto con el concurso de traslados, de provisión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera. Tal como establece el artículo 48 de la ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función…
Publicar la relación de procuradores asistentes a las diversas sesiones de las cortes regionales.
Publicar la relación de procuradores/as asistentes a las diversas sesiones de las cortes regionales, constatando las incidencias -retrasos, salidas antes de tiempo-. Es de justicia que los/as procuradores/as que no acudan -salvo caso de baja por enfermedad, o permisos de todo trabajador (matrimonio, maternidad/paternidad...)- no cobren los honorarios correspondientes. Además, los que solo hagan acto de presencia, y se marchen antes de que la sesión haya terminado, así como los que lleguen significativamente tarde (más de quince minutos), se les descuente la parte proporcional del salario. Este sería un modo eficaz de "ahorro" sin recortar siempre al ciudadano de a pie.
Publicar la relación de procuradores/as asistentes a las diversas sesiones de las cortes regionales, constatando las incidencias -retrasos, salidas antes de tiempo-. Es de justicia que los/as procuradores/as que no acudan -salvo caso de baja por enfermedad, o permisos de todo trabajador (matrimonio, maternidad/paternidad...)- no cobren los honorarios correspondientes. Además, los que solo hagan acto de presencia, y se marchen antes de que la sesión haya terminado, así como los que lleguen significativamente tarde (más de quince minutos), se les descuente la parte proporcional del salario. Este sería un modo eficaz de "ahorro" sin recortar siempre al ciudadano de a…
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incluye en su ámbito de aplicación a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Entre la información que han de publicar no incluye la propuesta en esta sugerencia. El anteproyecto no es de aplicación a las Cortes de Castilla y León, de modo que no se contempla para ellas obligaciones adicionales a las establecidas en la ley estatal.
Se deberían publicar en la web todos los gastos que realice la Junta, con independencia de la materia
Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidades Autónoma a partir del 10 de diciembre de 2015, como el de anteproyecto de ley establecen la obligación de publicar abundante información económico-financiera, presupuestaria y estadística sobre las cuentas públicas. Información que se considera lo suficientemente exhaustiva como para poder conocer el destino y la utilidad de los ingresos y gastos de los diferentes organismos públicos.
Actualmente ya se hace pública en la Web de la Junta de Castilla y León información sobre esta materia en el Perfil del contratante, en Ayudas, subvenciones y becas y en Información contable y presupuestaria_
Potenciar conjuntos de datos abiertos
Artículo 2 Punto 2. Los conjuntos de datos abiertos ofertados no deben restringirse a aquellos más solicitados si no que deberían ponerse a disposición todos los materiales con los que cuenta la Junta de Castilla y León de manera paulatina.
Tener en cuenta al desarrollador de aplicaciones informáticas a la hora de ofertar conjuntos de datos. Dichos conjuntos deberían presentarse como mínimo en formatos JSON y XML, de forma sencilla y teniendo en cuenta las tendencias del sector (microformatos, etc).
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno aplicable en la Comunidad de Castilla y León a partir del 10 de diciembre de 2015, establece que la información sujeta a las obligaciones de transparencia se publicará, preferiblemente, en formatos reutilizables.
Ni la referida ley estatal, ni el anteproyecto de ley establecen la obligación de publicar la información en formatos abiertos. Lo establecen como preferible, sujeto, en consecuencia, a la progresiva implantación de los correspondientes recursos electrónicos, que, en el caso de nuestra Comunidad, es un compromiso de la Junta de Castilla y León sujeto, como todo compromiso que conlleva gasto, a la correspondiente disponibilidad presupuestaria.
La Junta de Castilla y León en la actualidad publica un volumen importante de información en datos abiertos. Los formatos utilizados dependen de la naturaleza de la información, hay conjuntos de datos publicados en formatos cartográficos, y otros en CSV, XML, RDF, JSON, etc. Además, la Junta de Castilla y León atiende, en la medida de lo posible, las peticiones de publicación en formatos distintos.
La Junta de Castilla y León en la actualidad publica un volumen importante de información en datos abiertos. Los formatos utilizados dependen de la naturaleza de la información, hay conjuntos de datos publicados en formatos cartográficos, y…
ASEGURAR EN LEY DE TRANSPARENCIA EL CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE LIBRO DE QUEJAS Y SU REFORMA.
Siguiendo la linea de ORDEN PAT/1452/2004, de 3 de septiembre, por la que se regula el Libro de Sugerencias y Quejas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 10.º– Tramitación de quejas por el órgano competente.
1.– El órgano al que corresponda conocer de la queja podrá no admitir a trámite aquéllas en las que se advierta falta de fundamento o inexistencia de pretensión, debiendo comunicarse tal acuerdo al interesado. Y PODER RECURRIRLO
2.– Admitida a trámite la queja, el órgano competente podrá requerir al interesado para que, en el plazo que se señale, aclare o subsane la misma, con indicación de que si así no lo hiciera se archivará sin más trámite.
3.– Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Ad ministración Autonómica en el cumplimiento de sus funciones, el órgano competente dará traslado de la misma al afectado y al jefe de la unidad de la que dependa o, en su caso, al inmediato superior jerárquico Y AL CONSEJERO ,para que en el plazo de cinco días expongan los hechos y circunstancias concurrentes , tiempo durante el que quedará interrumpido el plazo de contestación.
4.– El órgano competente contestará la queja en el plazo de quince días desde su recepción. ESTO NO SE CUMPLE (se alude a otras leyes)
5.– En la contestación al interesado se indicarán las actuaciones realizadas , y, en su caso, las medidas adoptadas o que se vayan a realizar.
6.– La contestación a las quejas no será susceptible de ningún tipo de recurso. DEBE PODERSE RECURIR Y SI NO AL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
7.– Concluida la tramitación , se dará traslado de la queja y de la contestación al interesado al correspondiente Secretario General o Delegado Territorial y CONSEJERO , o a sus equivalentes en la Administración Institucional.
Artículo 11.º– Falta de contestación.
En el supuesto de que, transcurrido el plazo establecido en el artículo 1 0 . º 4 , el ciudadano no haya recibido comunicación alguna, podrá dirigirse a la Inspección General de Servicios , que llevará a cabo las actuaciones necesarias tendentes a conocer los motivos que hubieran originado la falta de contestación e instando, en su caso, a que ésta se produzca. EN EL PLAZO DE ..... 15 DÍAS OTRA VEZ POR EJEMPLO.
EN CASO DE NO CONSTESTAR DEBERA BUSCARSE AL RESPONSABLE DE DICHO SILENCIO ADMINISTRATIVO
2.– Admitida a trámite la queja, el órgano competente podrá requerir al interesado para que, en el plazo que se señale, aclare o…
El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa reguladora de las sugerencias y quejas en relación al funcionamiento de los servicios públicos, por lo que queda fuera del objeto del anteproyecto que nos ocupa.
http://www.ultimocero.com/articulo/la-junta-declara-“secretas”-las-‘bufandas’-para-“preservar-la-intimidad”-del-selecto-grupo
En el espacio correspondiente a esta sugerencia se ha insertado un enlace con un artículo de un periódico digital relacionada con la petición en las Cortes de Castilla y León de la relación de las personas que han percibido retribuciones extraordinarias.
Suponiendo que la sugerencia pretende la inclusión de la publicación de esta información en la ley de transparencia, a continuación se da respuesta a esa propuesta, en la confianza de que coincida con la intención no expresada de su autor.
El anteproyecto incluye entre la información objeto de publicidad activa, las retribuciones o incentivos anuales de los empleados públicos. Esa información irá referida a los importes de los distintos conceptos retributivos, pero no consistirá en una relación de los empleados y de sus correspondientes retribuciones porque la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal prohíbe la cesión de datos de carácter personal sin el consentimiento del afectado.
El anteproyecto incluye entre la información objeto de publicidad activa, las retribuciones o incentivos anuales de los empleados públicos. Esa información irá referida a los importes de los distintos conceptos retributivos, pero no consistirá en una relación de los empleados y de sus correspondientes retribuciones porque la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal prohíbe la cesión de datos de carácter personal…