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Timestamp: 2019-10-19 09:00:26
Document Index: 180644768

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 164', 'artículo 71', 'artículo 159', 'artículo 164', 'artículo 32']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 676, de 27/11/2018
cve: DSCD-12-CO-676
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 676
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril). (Número de expediente 121/000021) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y POR EL QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, Y LA DIRECTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2018, DE 13 DE ABRIL). (Número de expediente 121/000021).
En primer lugar, vamos a ratificar la ponencia designada para informar de las siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva UE 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril. ¿Queda ratificada la ponencia? (Asentimiento).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la aprobación con competencia legislativa plena a la vista del informe elaborado.
Empezamos con las intervenciones. Me ha dicho el Grupo Parlamentario Mixto que renuncia al turno de intervención. El Grupo Vasco tampoco va a intervenir. Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
En mi grupo valoramos positivamente la novedad que supone la modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y su trasposición a las directivas europeas. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia). De hecho, el actual proyecto de ley procede de un real decreto presentado por el anterior Gobierno con el objetivo de incorporar al ordenamiento jurídico la directa de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo. Es la trasposición de una directiva y, por tanto, con esta ley se incorporan algunos de esos elementos y supone un avance en ese sentido.
Por capítulos, consideramos fundamentales las novedades introducidas en el capítulo II, sobre todo por lo que se refiere a la gestión colectiva de los derechos reconocidos en la ley. En pro de la transparencia de la gestión actual, valoramos precisamente esas medidas de transparencia en la gestión de los derechos recaudados por la entidades de gestión y, en concreto, la situación jurídica del titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con la entidad de gestión. En ese sentido, consideramos fundamental -por tanto, es el elemento clave- regular el instrumento jurídico que lo articula, el contrato de gestión. En pro de esa misma transparencia, el contrato de gestión deja muy claro cuál es el marco de relaciones entre el propio autor y la propia entidad de gestión. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder la propiedad de los mismos, encomienda a su gestor una entidad de gestión. Dentro de este marco de mecanismos de transparencia se incorpora también el derecho del titular a revocar su contrato total o parcialmente, siempre que se realice un preaviso razonable, no superior a seis meses, que regularán los estatutos de cada entidad de gestión. Por lo tanto, incorpora también que sea el propio autor quien tenga capacidad de revocar el mismo contrato.
El capítulo III se centra en la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. En primer lugar, queremos manifestar que acogemos con agrado las enmiendas dirigidas a mejorar la democracia interna de las entidades de gestión. Creemos que es muy importante la modificación que se propone en la enmienda número 39, sobre el artículo 159.f), para que la gestión colectiva pueda funcionar de forma correcta, para garantizar la legitimidad de los órganos de gobierno de una entidad para representar los intereses de todos sus miembros y que estos últimos puedan ejercer el control interno. En ese sentido, compartimos la propuesta de asegurar que todos los miembros de las entidades de gestión tengan garantizada su participación en la toma de decisiones con al menos un voto en la asamblea general. También estamos de acuerdo con la propuesta que quiere evitar la concentración de votos en un número reducido de miembros y que en ningún caso el número de votos máximos que una minoría pueda ostentar supere la cantidad que impida a la mayoría ejercer su derecho a la participación efectiva y democrática de las decisiones.
El capítulo VI, siguiendo esa misma línea de transparencia, agrupa las distintas obligaciones de información, transparencia y contabilidad a las que están sujetas las entidades de gestión. La principal novedad en ese sentido es quizás la obligación de elaborar un informe anual de transparencia en paralelo a las cuentas anuales, que provea un elevado nivel de detalle de información financiera y sobre gestión económica. Creemos que esa ley supone un avance real en la cuestión de la transparencia sobre la gestión entre la propiedad de los autores y la gestión de las propias entidades de gestión. En este sentido, creemos que es un avance y, por tanto, como mínimo, la aprobación de esta ley ya vale la pena.
Por otro lado, hay un asunto que a nosotros nos preocupaba, y era el tema del marco competencial. La propuesta que se presenta precisamente contempla la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con la sentencia 196/1997 del Tribunal Constitucional. De hecho, sé que se han incorporado al texto las diferentes demandas del Grupo Parlamentario Mixto y del PNV, enmiendas de tipo transaccional que se recogen en una disposición final segunda, de aplicación en las comunidades autónomas con competencia en la materia. Dice lo siguiente: la aplicación de lo dispuesto en el título IV del libro tercero en relación con la inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual y de los operadores de gestión independiente, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, se llevará a cabo, en su caso, en las comunidades autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad intelectual por los órganos que estas determinen. En todo caso, recoge el marco competencial sobre la propia revisión o el propio control que tienen las comunidades autónomas. En ese sentido -y esto es importante-, esta ley debería suponer un cambio de modelo de la gestión actual de los derechos de autor y que, por tanto, pudiésemos avanzar en este sentido sobre modelos de gestión que funcionan en estos momentos.
En todo caso, creemos que es una oportunidad y, por tanto, con la aprobación de esta ley debemos avanzar hacia un nuevo modelo y hacia nuevas direcciones, aunque sí resulta cuestionable la propia capacidad para adaptar satisfactoriamente, mediante modificaciones parciales, la actual regulación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años. Por tanto, creemos que esta ley deberá ir avanzando a medida que se vaya adaptando todo el proceso tecnológico e informativo que hay detrás. En ese sentido, apoyaremos la ley y respecto de las enmiendas, estaremos de acuerdo sobre todo en aquellas que respetan la cuestión competencial.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Eritja.
A continuación, pasamos al Grupo Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
Señorías, hoy ponemos punto final a muchos meses de trabajo para sacar adelante este informe, porque se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas europeas. Durante semanas hemos estudiado detenidamente la documentación que se nos hizo llegar y hemos mantenido diferentes reuniones, tanto conjuntas como particulares, con las partes concernidas por el cuerpo legislativo que hoy se trae a votación. Hemos trabajado en varios frentes, por ejemplo intentando avanzar en la transparencia y control interno de las entidades de gestión. El real decreto-ley que traspone la directiva persigue incrementar la eficiencia del mercado de derechos de propiedad intelectual y mejorar los derechos de sus titulares estableciendo garantías, herramientas de control y requisitos de transparencia en las entidades
de gestión. Las enmiendas presentadas tocan diversos asuntos, desde facilitar la migración de entidades de gestión a los autores hasta limitar los porcentajes de música para evitar casos como la rueda. Se ha tratado también de intensificar el control de las entidades de gestión que facturen más de 100 millones de euros anuales, imponiendo miembros independientes en los órganos de control interno.
Se ha establecido un sistema de abono de tarifas entre titulares y usuarios de derechos de propiedad intelectual para disminuir la litigiosidad entre las partes. Esta ley hace una apuesta decidida por la lucha contra la piratería mediante la mejora del procedimiento denominado función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital. España es uno de los países líderes en fraude de contenidos. Los derechos de los creadores se ven continuamente conculcados porque, aunque es una legislación garantista, se salta demasiadas veces, y lo hemos denunciado; también influye la falta de medios para la lucha administrativa contra las infracciones. Hemos intentado dar un impulso a la protección de la propiedad intelectual en forma de lucha contra las páginas que ofrecen contenidos ilegales; recordemos que esas páginas se basan en el uso fraudulento de cientos de miles de contenidos individuales. Las denuncias pasan por un larguísimo proceso, que puede extenderse hasta dos años, antes de culminar con la obligada retirada de contenidos ilegales. La reforma que hoy proponemos agiliza las actuaciones contra los infractores reincidentes, suponiendo así un apoyo tanto a los creadores y a las industrias como a aquellas páginas que ofrecen legalmente sus contenidos. Nuestra legislación, afortunadamente, es garantista, y creemos que debe seguir siéndolo, entre otras cosas, porque contamos con un sólido proceso administrativo llevado a cabo por funcionarios del Estado. Pero hay que intentar que los infractores no aprovechen el respeto a la legalidad para burlar los derechos de propiedad intelectual, algo que está entorpeciendo el desarrollo de las industrias culturales y perjudicando directamente a nuestros cineastas, a nuestros músicos, a nuestros autores o a nuestros desarrolladores de videojuegos. Asimismo, y por medio de una enmienda presentada por todos los grupos, se aumenta la presencia del Ministerio de Cultura en la composición de la Sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. También se introduce la facultad de la Administración para promover la elaboración de códigos de conducta entre servicios de intermediación, de pago electrónico y de publicidad. Otra de las enmiendas consensuadas por todos los grupos hace referencia a la centralización del pago por préstamo hipotecario.
Esta es solamente una parte de las muchas novedades que incorpora este texto y les puedo asegurar que los avances de esta Comisión han sido presididos por el rigor, por la lealtad y por la voluntad de consenso.
Es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y, para ello, tiene la palabra el señor Maura Zorita.
El señor MAURA ZORITA: Gracias, presidente.
Señorías, la reforma que aprobamos hoy es el resultado de la trasposición de dos directivas europeas y de algunos añadidos coyunturales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Esto no significa que no sea necesario pensar en la propiedad intelectual, así como en el ecosistema digital español, desde un punto de vista más amplio, con más cabeza y con una mirada más larga. En ese sentido, la primera reflexión que hacemos desde el grupo confederal es la de alertar de la necesidad de una reforma integral que garantice la neutralidad tecnológica de la norma. Necesitamos una ley de propiedad intelectual que recoja las prácticas sociales vigentes asociadas al cambio tecnológico, que clarifique las situaciones y que no incurra en ninguna presunción de culpabilidad asociada a la transformación social y cultural que acarrean las modificaciones tecnológicas o el cambio tecnológico que tanto influye en nuestras vidas. Por tanto, es necesaria una reforma integral, reforma que no hemos ejecutado, que no hemos podido llevar a cabo y que, sin embargo, es importante y queda pendiente.
Hecha esta reflexión, paso a enumerar lo que más nos gusta, lo que más nos satisface de esta reforma. Por un lado, el tope a la rueda de las televisiones del 20 %. La rueda es mala para el ecosistema musical español. Es un agujero por el que se han colado numerosos fraudes, menores y mayores, y es problemática en todos los sentidos, privativa en muchos e inaceptable en casi todos. La reforma introduce la trazabilidad en los artículos 175 y 177. Necesitamos incorporar al ordenamiento jurídico español en materia de propiedad intelectual el principio de trazabilidad, esto es, que la gestión colectiva entre recaudación y reparto sea de líneas continuas, sin agujeros, sin saltos, sin vacíos; que todo sea gestión de líneas continúas. Pensamos también que la incorporación de la trazabilidad al ordenamiento jurídico
puede ayudar a acabar con una vieja figura de la gestión colectiva en España conocida como el repertorio pendiente de identificar. Tenemos un montón de mecanismos, de herramientas tecnológicas que nos permiten identificar cada vez más y mejor repertorio, hacerlo con mayor precisión, hacerlo en todos los momentos del día y en todos los soportes. Es fundamental que avancemos en esta dirección, la de identificar el repertorio de manera apropiada, y que abandonemos las viejas prácticas del repertorio pendiente de identificar.
Valoramos también positivamente las medidas de control interno de la SGAE. Sabemos que la Directiva Europea de Gestión Colectiva y la norma europea en general vienen siendo, en los últimos tiempos, bastante restrictivas y bastante exigentes en materia de control interno. A la Directiva Europea sobre Gestión Colectiva este Congreso le añade medidas de control para las entidades de gestión que recaudan más de 100 millones de euros, tales como que el órgano de control interno esté compuesto por igual número de miembros externos e internos a la entidad o, lo que es igual, que por cada persona que nombre la entidad o por cada miembro de la entidad que sea nombrado para el organismo de control la entidad deberá nombrar una persona ajena a ella misma, lo cual garantiza un equilibrio y un debate sano sobre cuál debe ser la gestión de la entidad, sobre la salud interna de la entidad y, sobre todo, en lo relativo a la gestión -no lo olvidemos- de los derechos de otras personas. La unanimidad aquí es muy sana y creo que ha ayudado a que avancemos rápidamente. También valoramos positivamente otras medidas de control interno que introducía la directiva europea, así como facilitar la movilidad entre entidades de gestión, algo que añadimos en este Congreso a la directiva. Los autores y tenedores de derechos van a poder trabajar más fácilmente con diferentes entidades, evaluar positiva o negativamente la gestión que hace su entidad de referencia de sus derechos y otras opciones, otras posibilidades de gestión. Es importante que esta movilidad se dé con naturalidad, como corresponde a un mercado abierto, como corresponde a un mundo abierto y a un ecosistema digital cada vez más conectado.
Hasta aquí las cosas que valoramos más positivamente. En realidad, hay muchas más que valoramos positivamente, pero no me queda tiempo. Solo hablaré de una de las enmiendas que nos importan más y también de lo que no nos gusta, muy brevemente. Lo que más nos preocupa de esta reforma es el artículo 195. El artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual ya es de por sí farragoso. Ha sido un gran generador de litigios y de conflictos de interpretación y tiene, por su naturaleza, consecuencias económicas y administrativas en forma de sanciones. Esta combinación entre farragosidad, dificultad de interpretación y sanciones administrativas y económicas aconseja reforzar el papel judicial, no rebajarlo, tampoco en el supuesto de la reiteración. Lo que menos nos gusta es esto, la reforma del artículo 195. Nos opusimos en su momento, pública y privadamente, y nos oponemos hoy también -que conste, por favor- en esta Comisión. Voy avanzando también en la dirección no tanto de comentar la posición del grupo confederal respecto al informe como de llamar la atención sobre una de las enmiendas que quedaron vivas durante el proceso de ponencia y que se van a votar hoy, puesto que no generaron el acuerdo suficiente. Es una enmienda del grupo confederal que se refiere a la derogación del artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual. Es importante, porque este artículo, que lleva en la ley desde 1987, ha supuesto una excepción histórica al contrato editorial. Por el lado del contrato editorial musical, introduce una excepción a la duración de la cesión de los derechos de comunicación pública. Los derechos de comunicación pública, que se refieren, prácticamente, a todo el montante económico de la relación contractual entre autor y editor, tiene que ver con el streaming, con Internet, con las radios, con las televisiones y, en general, como el artículo indica, con la comunicación pública del bien cultural de la canción, en este caso de la partitura, de la composición. Es una cesión histórica a favor de intereses editoriales multinacionales que los autores musicales tienen que ceder esos derechos de comunicación pública al 50 % durante toda su vida y hasta ochenta años después de su muerte. Nos parece que normaliza una excepción, que no tiene parangón en Europa, que no tiene parangón en el mundo y merece ser derogado.
Hemos recibido, y he de agradecerlo públicamente, el apoyo de ECSA, asociación autoral musical más importante de Europa. También hemos recibido el apoyo de numerosas entidades y asociaciones profesionales musicales españolas, así como de CIAM, la coalición autoral musical más importante del mundo, que han pedido al resto de grupos que apoyen la derogación del artículo 71. Insisto, se trata de eliminar una excepción histórica y de normalizar el contrato editorial musical, no de cambiar las reglas del juego; solo de normalizar el contrato editorial musical para que se homologue al contrato editorial estándar, tal y como hacen los autores literarios, por ejemplo, o cualesquiera otros autores que firman contratos, como es natural, en el negocio cultural.
Solo pedimos esta normalización del contrato editorial musical que solo se puede hacer por la vía de la derogación de este artículo 71 y de la cancelación de la excepción histórica que favorece a los intereses editoriales multinacionales. Pedimos a los grupos que consideren estos argumentos a la hora de votar esta enmienda; nos parece decisivo. Agradecemos de antemano la consideración que han tenido siempre a la hora de valorar esta cuestión y solo pedimos que esa consideración se convierta en un voto afirmativo a esta enmienda. Hasta aquí lo que podíamos aportar. Quiero agradecer también el trabajo de todas y todos los portavoces; ha sido muy duro este proceso, lo saben todas y todos, pero creo que hay cosas buenas en esta reforma que tenemos que celebrar. Ojalá no sea la última, ojalá avancemos -insisto- hacia una LPI más sostenible y más adaptada al ecosistema digital.
Señorías, hace unos días, después de acabar el Pleno de la mañana, continuamos directamente con los trabajos de la ponencia, de modo que llegamos a las cuatro de la tarde sin haber probado bocado. Sin duda, hasta ahí íbamos bien. El problema es que sabíamos que nos darían las ocho o las nueve y seguiríamos trabajando en la ponencia. Y como la tesis de que el hambre agudiza el ingenio está a todas luces sobrevalorada, decidimos parar media hora para comer. Llegamos al comedor y justo antes de que cerraran cogimos las bandejas y nos sentamos juntos en una de las mesas corridas, y ya algo más repuestos alguien le preguntó al señor letrado, al señor Astarloa, cómo fue posible que se redactara nuestra Constitución en tan corto espacio de tiempo. El señor Astarloa contestó que por dos razones: la primera, porque los jefes de entonces confiaron en los ponentes, y la segunda, porque los ponentes trabajaron con tanta lealtad entre ellos que terminaron por hacerse amigos. Nuestro letrado concluyó con una frase: como vosotros.
Si es verdad que nobleza obliga -y es verdad-, yo estoy obligado a dejar constancia en el Diario de Sesiones de la Comisión de mi gratitud y mi amistad a todos los ponentes y, especialmente, de la gratitud y la amistad que proceso a Marta Rivera, Emilio del Río y Eduardo Maura, que han trabajado mucho y lealmente; y lo han hecho con lealtad a nuestro país, a los intereses generales y con lealtad a quienes hemos trabajado a su lado. Honraré aquí su independencia de criterio, su inteligencia, su generosidad y su valentía, todas ellas virtudes necesarias e imprescindibles para traer a puerto, en una mar muy embravecida, la trasposición de dos directivas europeas y, con ellas, la modificación de algunos aspectos de la Ley de Propiedad Intelectual que requerían atención urgente. En el Ejército, los generales de brigada todavía conservan las insignias del arma a la que pertenecen, pero cuando ascienden a generales de división pierden las insignias de su arma y ya son solo generales del Ejército de España. Marta, Emilio y José Luís se despojaron de sus insignias de partido y han trabajado como diputados de la democracia, sin otro interés que el beneficio de la cultura en España y son, como mínimo, generales de división de la política cultural de nuestro país.
En el capítulo de agradecimientos, debo incluir a Íñigo Méndez de Vigo, el anterior ministro de Educación y Cultura, y a Fernando Benzo, el anterior secretario de Estado de Cultura. Durante unos cuantos años, prácticamente desde 2011 a 2015, los socialistas nos sentimos bastante solos en nuestro empeño de reequilibrar la situación de la cultura; es decir, de los creadores culturales en relación con otros sectores de la economía, tanto en lo referido al reparto de la riqueza como en lo referido al reparto del poder. La llegada de los señores Méndez de Vigo y Benzo al ministerio contribuyó a cambiar el clima y a que pudiéramos iniciar un diálogo que no debería terminar aquí. También quiero expresar mi gratitud al ministro Guirao y a su equipo, en especial a la señora Moscoso y al señor Guervós, por el respeto al Legislativo que han demostrado, un respeto que incluye su cooperación cada vez que la hemos pedido.
Los derechos de autor y la propiedad intelectual no están al margen de la pugna general de nuestras sociedades por la apropiación de la riqueza y del poder, no lo han estado nunca. De hecho, por eso surgieron, para intentar poner orden y justicia en un ámbito en el que, como en cualquier otro de la vida social, si no hay regulación solo hay un desolado paisaje hobbesiano, un lugar de guerra de todos contra todos en el que nadie está seguro a la hora de invertir su dinero y su trabajo, en el que no puede crecer ni la industria ni la prosperidad. Sin lugar a dudas, tanto la crisis económica como el rápido cambio tecnológico hacen que los equilibrios y los consensos en el ámbito de la propiedad intelectual y de los
derechos de los creadores cambien muy rápidamente y hasta ahora la legislación ha ido bastante por detrás de esos cambios.
Lo de hoy es solo una meta volante. Lo sabemos muy bien los miembros de la ponencia. No nos han sorprendido, por tanto, las peticiones más o menos insistentes, más o menos apasionadas, o dicho sin eufemismos, las peticiones muy insistentes y apasionadas de los sectores interesados, de todos. No nos escandalizamos ni nos molestamos; efectivamente, se trata de una pugna por el poder y el dinero, y los seres humanos, demasiado olvidadizos de nuestra menesterosa naturaleza, nos solemos apasionar bastante con esas dos cosas. Así que sin rencores, con buen rollo, nos sentimos en paz con todos y pedimos disculpas si alguien no se siente suficientemente atendido.
Por otra parte, la legislación europea, cada vez más necesaria ante la magnitud de los operadores multinacionales, también en este sector, nos obligará a reemprender reformas en pocos meses. Lo digo para que nadie se relaje ni se desespere. Seguirá siendo necesario el trabajo de todos, incluido el de los abogados y expertos en propiedad intelectual, lobistas, representantes de los intereses de los creadores, de los usuarios, periodistas del sector, y también de los legisladores.
La democracia se ha demostrado un sistema político resistente, pero no es invulnerable. También me gustaría dejar testimonio de nuestra experiencia como legisladores. Hay un grave error de diagnóstico sobre el flanco más vulnerable de nuestra democracia. Creo, sinceramente, que es muy difícil que la democracia sea comprada, pero es muy fácil que sea cegada en una sociedad compleja como ha teorizado mi amigo Daniel Innerarity. Lo hemos visto en esta reforma. El principal problema que hemos tenido ha sido de información. No digo que nadie nos haya mentido deliberadamente para que legisláramos a favor de sus intereses; digo que, como cada cual ve el mundo desde su subjetividad, tiende a presentar una visión del mundo muy subjetiva y, en ocasiones, sesgada hasta el descrédito.
El Poder Legislativo necesita de personal experto, como lo tiene el Ejecutivo y como lo puede conseguir en el mercado del sector privado. Obviamente, no es la cuestión que tratamos hoy en esta Comisión, por cierto, con capacidad legislativa plena, pero es la cuestión nuestra de cada día en muchos parlamentos de las democracias avanzadas, también en este. De igual modo que en el fútbol suele haber una alta correlación entre el presupuesto de los clubes y su lugar en la tabla, también ocurre con las democracias, y quien se escandalice, que haga lo que dice el Evangelio a los que se escandalizan, porque una buena legislación es garantía de prosperidad, además de justicia, y una buena legislación mejora con la información y el conocimiento experto, aunque eso no baste ni pueda sustituir a la política a la hora de legislar, pero la verdad es que ayuda.
Con esta reforma, hemos tratado de poner algo de orden y de justicia en un sector que últimamente va demasiado a los tribunales. Como se ha dicho aquí -y no voy a reiterar-, hemos mejorado la transparencia de las entidades de gestión, hemos mejorado su democracia interna y hemos tratado de evitar algunos excesos y abusos que han estado demasiadas veces en los medios de comunicación, algunos de ellos protagonizados también por los medios de comunicación. Pero del mismo modo que no basta con trasladar la Constitución de Suecia a Siria para arreglar aquel país, me temo que si algo no cambia en los comportamientos de los diversos actores relacionados con la propiedad intelectual, ni esta reforma ni una que hiciera el mismísimo Solón redivivo serviría para mucho.
La cultura y la creación son, además de valiosos bienes de carácter espiritual, bienes económicos de primera magnitud. Para que una industria prospere necesita seguridad jurídica, y para eso son necesarias buenas leyes. Y como ninguna legislación es perfecta y para siempre, es necesario un clima que permita ir adaptándola a los cambios; un clima de confianza, diálogo y entendimiento, como el que ha existido en la ponencia y como el que existe en esta Comisión, y sería bueno, por el bien de la cultura y por el bien de nuestra democracia, que se mantuviera sin demasiadas intromisiones. Si los grupos políticos nos hemos puesto de acuerdo, si hemos establecido el clima propicio, si hemos sido capaces de llegar a un acuerdo tan amplio en estos momentos en los que se antoja difícil que eso pueda ocurrir en este Parlamento, estaría bien que los jefes de los distintos sectores con los que hemos hablado hablaran más entre ellos directamente que a través de sus abogados, así como que en lugar de enviarnos a sus expertos aquí, al Congreso, ellos directamente hablaran con nosotros, con los legisladores.
Se han mantenido vivas las enmiendas que algunos grupos no han retirado y otras que no vamos a apoyar, pero no porque las rechacemos. Muchas son iguales a las que presentamos el resto de los grupos, pero sinceramente creo que las hemos mejorado escuchando a todo el mundo y deliberando en la ponencia, así que más que rechazadas muchas de ellas deben entenderse como asumidas en el texto.
Hemos detectado -mi compañero Emilio también- un error de carácter técnico en el punto 5 del artículo 164, relativo a las tarifas generales, de manera que donde dice "el 50 %", debe decir "de la tarifa general vigente". Y en el apartado 6, donde dice "el cien por cien de la última tarifa" se refiere también a la última tarifa general vigente. Se entiende que si la última es una tarifa nula de pleno derecho, será la anterior a la última, la que fuera vigente de pleno derecho. Por tanto, en ambos casos sería "de la tarifa general vigente".
Para aprobar algunas de las enmiendas restantes, reconociendo que compartimos la justicia de las mismas, somos conscientes de que necesitamos algo más de información y más tiempo para integrarlas. En algún caso se trata de aspectos que ya van a estar incluidos en la próxima directiva europea, por lo que tiene sentido esperar unos pocos meses para no tener que volver a abrir la ley. En otros casos, quizá el trámite del Senado sea una buena oportunidad para incluirlas, razón por la cual yo soy un firme partidario del bicameralismo.
Señorías, esta legislatura ha resultado muy costosa para algunos de nosotros en términos personales y políticos. La aprobación de esta reforma y el clima que la ha hecho posible en mi caso da sentido a todos los esfuerzos y sinsabores y no hubiera sido posible sin tres magníficos diputados: Emilio del Río, Marta Rivera y Eduardo Maura.
Muchas gracias a ellos y a todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Torres Mora.
En nombre del Grupo Popular, el señor Del Río.
En primer lugar, quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista, a mi querido José Andrés Torres Mora, por sus palabras, las cuales suscribo en la parte personal de forma íntegra. Si cuando llegó la transposición de esta directiva en forma de decreto al Congreso la hubiésemos aprobado, que era la posición inicial, creo que no habríamos mejorado como hemos hecho el texto inicial. Todo es mejorable y perfectible, si no, no haríamos falta los parlamentarios ni los Gobiernos, y además después de tantas horas frente al texto de la trasposición de la directiva, del decreto-ley, no habríamos llegado a ese nivel de relación personal al que hacía referencia José Andrés Torres Mora y que suscribo plenamente. Así que gracias a una disposición adicional que se metió en el último momento en aquel decreto-ley, que no tenía que ver precisamente con la directiva europea, hemos llegado a este punto de mejora del texto y de las relaciones personales.
Dicho esto, como se ha señalado ya y como decía, estamos hablando de una directiva europea; aunque parezca obvio -qué tiempos estos en los que hay que luchar por lo evidente, como decía Dürrenmatt- hay que insistir en ello porque cuando algunos dicen que hay que plantearse las relaciones de España con Europa, hay que reivindicar nuestra posición y nuestra situación en Europa, el marco europeo, democrático, cultural, histórico y legislativo en el que estamos, y esto es una muestra de ello.
Quiero agradecer también, como se ha señalado, el papel que jugó en su momento, no solamente en este punto, sino también en crear el buen clima existente en el ámbito de la política cultural en el Congreso y en nuestro país, Íñigo Méndez de Vigo con su equipo, con Fernando Benzo, que está siendo continuado por el actual ministro, José Guirao. Estamos hablando de algo fundamental para nuestro país; la cultura es marca España, la cultura es el alma de la nación y, como la cultura no cae del cielo, sino que es algo que fabrican, que hacen, que construyen, que crean los autores, los creadores, los músicos, los actores, etcétera -los trabajadores que están en torno a la creación y la representación de la cultura-, tenemos que proteger a los que hacen la cultura, a los que la crean y a los que la llevan a los usuarios, de eso es de lo que va esta ley de propiedad intelectual.
Quienes hemos trabajado en esta ponencia lo hemos hecho no solamente, como se ha señalado, en un clima de lealtad y de búsqueda del consenso sobre cuestiones en las que a veces teníamos inicialmente posiciones muy distantes, sino que todos hemos buscado un equilibrio entre, digamos, los usuarios y los creadores de la cultura. La ley de propiedad intelectual tiene que ver con los derechos de autor, pero también con los usuarios de la cultura y, como digo, ahí hemos buscado un equilibrio en el que quizá todos estén razonablemente satisfechos o razonablemente insatisfechos, como podemos estarlo yo mismo o mi grupo parlamentario, que está razonablemente satisfecho o razonablemente insatisfecho con el texto final que ha salido de la ponencia. Pero estamos en la Sala Constitucional, se cumplen este año cuarenta años de la Constitución y supongo que además del hambre que hemos pasado en algunos momentos -como se señalaba-, como bien decía el letrado, esto ha permitido llegar a puntos de acuerdo, el espíritu de
consenso de estos cuarenta años nos ha iluminado durante todo el proceso en el texto que finalmente se presenta hoy.
La cultura, además de ser un elemento básico de la configuración de una nación, además de ser el alma de la nación y de ser una clave de la marca España, es también un valor económico en el que hay conflictos y, por tanto, eso crea una serie de tensiones que se han visto reflejadas en la elaboración de este texto. Pero, como digo, hemos intentado acordar buscando un punto de equilibrio. Decían los romanos: In medio virtus. Pues bien, en el punto medio, en ese equilibrio, está la virtud que yo he buscado, que ha buscado mi grupo, y que creo que hemos buscado lealmente todos para darle forma a ese valor económico de primer nivel que tiene la cultura en nuestro país.
Más allá de puntos concretos que no voy a repetir, hay dos cuestiones fundamentales: una, el equilibrio entre creadores y usuarios, ese buscar la virtud en el punto medio, y dos -se ha señalado también-, la lucha contra la piratería. Esto nos pone sencillamente al nivel europeo, ya que teníamos un déficit en esa materia. Es verdad que se ha avanzado mucho durante los últimos años desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista operativo, pero también es verdad que nos queda camino por andar desde el punto de vista de reforzar los mecanismos que tiene la Administración para luchar contra la piratería. Creo que hoy estamos dando un paso importante para garantizar a los creadores y a los usuarios el acceso a la cultura. Desde luego, para el Partido Popular esto que aprobamos hoy es un paso muy importante, es una muestra de la importancia decisiva que le damos a la cultura como elemento de unidad de nuestro país, de igualdad en el acceso a la misma para todos los españoles y de garantía de libertad. Si la cultura es algo, es una garantía de libertad, de crecimiento, de desarrollo, de progreso personal y social.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular retiramos la enmienda 46, que se refiere a la fecha en la que las entidades de gestión tienen que aplicar la auditoría y las normas de contabilidad. No he querido insistir, por cierto, en que uno de los pasos importantes que se dan en esta ponencia es el de la transparencia en las entidades de gestión, que es una garantía para los creadores y también para los usuarios y para la sociedad. Perdón, como se dice ahora, para el conjunto de la sociedad, no para la sociedad.
Ha señalado ya el portavoz del Grupo Socialista la enmienda a propósito de la tarifa efectiva, que apoyamos también. Y queremos presentar dos enmiendas más. En el punto 159.l), donde se dice: "Será de aplicación una cantidad a tanto alzado". Proponemos añadir: "como remuneración máxima a los editores por dichos usos" -se lo he entregado ya al letrado- "que en ningún caso superará el 20 %". Igualmente, en el punto 164.8 proponemos añadir -que lo tiene también el letrado-: "Las asociaciones de usuarios de más de 1000 miembros podrán instar el procedimiento cuando al menos el 85 % de sus miembros estén al corriente del pago a cuenta con la entidad en relación con la que se proponen instar el procedimiento de determinación de tarifas".
La señora PRESIDENTA: A petición de los distintos portavoces y como se han introducido enmiendas de última hora, vamos a suspender la sesión por unos minutos para que los portavoces puedan hablar y organizar la votaciones porque ahora mismo creo que está esto un poco complicado. Si no hay problema, señor letrado, lo vamos a hacer así y vamos a dar veinte minutos de receso. (Pausa).
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Vamos a retirar la mayoría de enmiendas, menos las números 22, 23, 24 y 25. Las otras creemos que quedan incorporadas ya en otros textos.
Tiene la palabra el señor Emilio del Río.
Señorías, en la enmienda 32 hay una mejora técnica, que es un cambio de posición en el párrafo de la enmienda que presentamos, y luego la que retiramos es la 31, no la 46 como he dicho antes.
Pido disculpas a todos por el retraso insólito e inédito; y reiterando mis disculpas como presidenta de esta Comisión y responsable de organizar este tinglado, vamos a empezar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, todas las enmiendas del Grupo Mixto que quedan vivas tras lo anunciado por su portavoz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 7.
Votamos ahora las enmiendas que quedan vivas del Grupo Vasco PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 8.
Votamos, a continuación, la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al artículo 71.
Votamos a continuación la enmienda número 46 del Grupo Popular.
Votamos la transacción propuesta por Emilio del Río en relación con el artículo 159 l).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 6.
A continuación, votamos las transacciones propuestas por los señores Torres Mora y Del Río, en relación con los párrafos 5, 6 y 8 del artículo 164.
Votamos el nuevo apartado 4 del artículo único, en los términos propuestos por la ponencia, pero con la mejora técnica propuesta por el señor Del Río, respecto al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Votamos el artículo único en los términos propuestos por la ponencia y con todas las enmiendas incorporadas en el informe y aprobadas por la Comisión de hoy.
Votamos las disposiciones adicionales a la transitoria única, la derogatoria única y las finales, en los tiempos propuestos por la ponencia y con todas las enmiendas incorporadas en el informe.
Finalmente, votamos la aprobación con competencia legislativa plena de todo el proyecto de hoy.
Queda, pues, aprobado por esta Comisión de Cultura y Deporte el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 y la Directiva UE2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, procedente del Real Decreto 2/2018, de 13 de abril.
Señoras y señores, muchísimas gracias a todos.