Source: https://elderecho.com/la-imputacion-de-pagos-por-el-fogasa
Timestamp: 2020-03-30 06:13:12
Document Index: 321952735

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 35']

La imputación de pagos por el FOGASA - El Derecho
La imputación de pagos por el FOGASA
Foro 03-01-2020 Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell
El art.33 ET -EDL 2015/182832- regula las obligaciones del Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia o concurso de la empresa y, entre otras cuestiones, establece que debe abonar a los trabajadores:
1º) El importe de los salarios pendientes de pago. Y, señala, que a los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el art.26.1 -EDL 2015/182832-, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.»
2º) Las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los art.50, 51 y 52 de esta ley –EDL 2015/182832-, y de extinción de contratos conforme al art.64 L 22/2003, de 9 julio, Concursal –EDL 2003/29207-, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al art.50 de esta ley -EDL 2015/182832-, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.
El problema jurídico surge cuando el trabajador tiene una sentencia favorable que le reconoce el derecho a percibir determinadas cantidades en concepto de indemnización por despido, salarios de tramitación y salarios adeudados por mensualidades vencidas, y la responsabilidad del Fogasa no alcanza a cubrir el importe total de lo reconocido en la sentencia por estos dos últimos conceptos.
La cuestión que se plantea a los integrantes de este foro es el modo en que se deben imputar los pagos realizados por el Fogasa: si a los salarios de tramitación derivados del despido -tal como viene realizando en ocasiones el citado Organismo, con la consiguiente repercusión que puede tener sobre una eventual prestación por desempleo- o a los salarios adeudados por las mensualidades vencidas.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de diciembre de 2019.
Si examinamos la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal S...
Si examinamos la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo reflejada, entre otras, en su ya añeja sentencia 15-7-97 -ROJ: STS 5056/1997 -ECLI:ES:TS:1997:5056-, rec 4603/96, que a su vez se hace eco de lo manifestado en su anterior sentencia 24-12-96, dictada también en recurso de casación para unificación de doctrina, vemos que en la misma, tras analizar los art.1172 y 1174 CC -EDL 1889/1 que regulan la imputación de pagos, se dice en primer lugar que el deudor contemplado en el primer párrafo del art.1174 CC al disponer que «se estimara satisfecha la deuda más onerosa del deudor» es aquel que hace efectivo el pago, y por ello no entran en juego las particulares situaciones de otros deudores distintos de carácter subsidiario, pues «no es razonable convertir la figura de la imputación de pagos en un arma del deudor subsidiario que no hizo efectivo el pago objeto de la imputación». Continúa diciendo la meritada sentencia que la tesis expuesta se ve corroborada por el hecho de que la imputación produce sus efectos en el momento en que se abona la cantidad correspondiente, por lo que cuando llega el tiempo de exigir responsabilidad al deudor subsidiario la imputación ya ha sido realizada al margen de los intereses y conveniencias de este último. Es cierto que en la meritada sentencia se contemplaba un supuesto en el que el deudor principal, esto es, el empresario, había satisfecho parte de la deuda salarial, pero la doctrina expuesta también resulta de aplicación aun cuando no haya habido un abono parcial de la deuda por parte de la empresa ya que en todo caso el deudor principal de los salarios y de las indemnizaciones derivadas de la prestación de servicios es siempre el empresario y es, por lo tanto, al mismo al que se refieren los indicados preceptos del Código Civil.
De la doctrina expuesta se evidencia que el Fondo de Garantía Salarial al ser un deudor subsidiario no goza de la prerrogativa establecida en el art.1172 -EDL 1889/1 y, por consiguiente, al no tener la facultad de realizar la imputación de pagos respecto a las deudas del empresario, entra en juego lo establecido en el art.1174, que asimismo se ha de interpretar en el sentido de que la onerosidad de la deuda se mide en relación con el deudor que es la empresa y no en relación con el deudor subsidiario que es el Fondo de Garantía Salarial.
Llegados a este punto, resulta que si concurren indemnización y salarios de tramitación, como ambas deudas tienen la misma naturaleza y gravamen, el pago de las mismas se habrá de realizar a prorrata, así lo ha afirmado además nuestro Alto Tribunal en las meritadas sentencias, mientras que si concurren salarios ordinarios, con indemnización y con salarios de tramitación, en primer lugar se habrá de imputar el pago a los salarios ordinarios por ser los más onerosos para el empresario en la medida en que devengan los intereses previstos en el art.26.3 ET -EDL 2015/182832-, esto es, el 10 por ciento de interés anual por mora que hoy por hoy es bastante más alto que el interés legal del dinero que resulta aplicable a la indemnización y a los salarios de tramitación -art.1108 CC -EDL 1889/1- y solo una vez abonados los salarios ordinarios, se procederá al pago de la indemnización y de los salarios de tramitación, pago que como ya se ha dicho se hará a prorrata por tratarse de deudas de igual naturaleza y gravamen respecto de la empresa.
Es cierto que las consecuencias que se derivan de la doctrina referenciada suponen un perjuicio para el Servicio Público de Empleo Estatal -SPEE y un beneficio para el trabajador, tal y como apunta la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ País Vasco 10-12-13 -ROJ: STSJ PV 1506/2013 ECLI:ES:TSJPV:2013:1506-, Sentencia: 2182/2013 rec 2002/13 –EDJ 2013/287112-, por cuanto que el trabajador que percibe del Fondo de Garantía Salarial los salarios de tramitación, viene obligado a devolver al SPEE el importe de la prestación por desempleo cobrado que corresponde al período de dichos salarios, deber de devolución que no existe si no ha cobrado los salarios de tramitación directamente del empresario deudor o de Fondo de Garantía Salarial, como reconoce la doctrina establecida por la Sala de lo Social del TS a partir de su sentencia de 1-2-11, RCUD 4120/09, de Sala General –EDJ 2011/14015-, seguida por las de 21-3-11, RCUD 1187/10 –EDJ 2011/30916-, y 2-7-13, RCUD 2391/12 –EDJ 2013/142889-, pero dichas consecuencias resultan de aplicar la normativa expuesta y han de respetarse en tanto que no son abusivas ni fraudulentas.
Es verdad que ese mismo precepto extiende en su segundo párrafo la res...
Es verdad que ese mismo precepto extiende en su segundo párrafo la responsabilidad del FOGASA a «los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan», pero eso no desmerece que el ámbito de garantía esencial que corresponde a dicho organismo es el de proteger el derecho del trabajador a percibir la remuneración por la actividad laboral ya realizada, cuyos frutos han pasado a incrementar e incorporarse al patrimonio del empresario insolvente.
Mientras que los salarios de tramitación tienen una base jurídica radicalmente diferente, hasta el punto que se generan con posterioridad a la extinción al menos inicial del vínculo laboral, y en todo caso, no obedecen a la contraprestación por el trabajo realizado en favor de la empresa.
Criterio al que el propio legislador se atiene, justamente, para otorgar las preferencias crediticias que regula en los casos de insolvencia de la empresa. Basta detenerse en el art.84.2. núm 1 de la Ley Concursal -LC -EDL 2003/29207-, que regula los créditos concursales y contra la masa, para constatar que la primera y más preferente categoría es precisamente la de los créditos «por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración del concurso», en lo que supone el reconocimiento de la efectiva prestación de servicios laborales como criterio prioritario en orden a la imputación de pagos. Con la protección adicional que luego otorga le otorga el apartado 3 del mismo precepto al especificar que esos salarios «se pagarán de forma inmediata», para añadir seguidamente que la administración concursal no puede postergar el pago de esos créditos a los trabajadores, en lo que supone un reconocimiento de la preferencia de los salarios que se corresponden con la efectiva prestación de servicios.
El número 5 de ese mismo art.84.2 -EDL 2003/29207 nos ofrece otro criterio que apunta en esa misma dirección, al referirse a los créditos «generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales», en lo que creemos que encuentran mejor encaje los salarios correspondientes a mensualidades ya trabajadas y devengadas, que los generados como salarios de tramitación. Es cierto que en ambos casos traen causa de el ejercicio de la actividad empresarial, pero unos están más directamente vinculados con esa actividad que otros, en tanto que los ya vencidos han generado unos rendimientos y frutos que son productos directos de esa actividad y han ingresado de manera real y efectiva en el patrimonio de la empresa.
Lo que finalmente se cierra con la norma que contiene ese mismo art.84.5 -EDL 2003/29207-, al disponer que «Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores -EDL 2015/182832-», en lo que valoramos como otra manifestación de la filosofía que impregna toda esta materia y que pasa por conceder preferencia a los salarios que realmente obedecen a periodos de efectiva prestación de servicios, incluso en favor del derecho a la subrogación del FOGASA.
En el mismo sentido, el art.176 bis.2 LC -EDL 2003/29207-, al regular las «Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa», vuelve a reiterar esa preferencia de los créditos salariales de los últimos treinta «días de trabajo efectivo», haciendo hincapié en esta especial protección del salario correspondiente a los días de prestación real y efectiva de actividad laboral.
Por otra parte, no hay que olvidar que los salarios de tramitación se encuentran vinculados de manera incompatible con la prestación de desempleo, por lo que nos parece que resulta perjudicial para el trabajador que el FOGASA pudiere imputar las cantidades pagadas a un periodo temporal coincidente con tales prestaciones, que son fruto de las cotizaciones generadas en favor del trabajador en su vida laboral, en lugar de a los salarios devengados por la efectiva prestación de servicios laborales en favor del empresario insolvente, que ya hemos dicho que constituye la prioritaria finalidad de la garantía que debe ofrecer el FOGASA.
En todo caso, habría que atribuir al trabajador la posibilidad de optar por imputar lo percibido del FOGASA a los salarios por mensualidades vencidas o a la prestación de desempleo, teniendo en cuenta las diferentes consecuencias jurídicas que de ello se desprenden.
Por último, la singular especialidad de esta materia impide que puedan aplicarse en sus términos literales las reglas sobre imputación de pagos de los art.1172 a 1174 CC -EDL 1889/1-, que están pensadas para los créditos ordinarios entre particulares, sin considerar las situaciones legales de insolvencia, ni mucho menos la enorme especialidad y complejidad de los créditos laborales, en su interrelación con la acción de garantía que corresponde al FOGASA y la derivada incidencia en las prestaciones por desempleo que pueden desplegar los salarios de tramitación, lo que en ningún caso pueden acabar en perjuicio de los derechos del trabajador en su condición de acreedor de las mismas.
Sobre el modo de resolver como se deben imputar los pagos realizados po...
Sobre el modo de resolver como se deben imputar los pagos realizados por el Fogasa, si a los salarios de tramitación derivados del despido o a los salarios adeudados por las mensualidades vencidas, reconocidos en acto de conciliación o en resolución judicial, art.33 ET -EDL 2015/182832-, podemos partir de dos situaciones, una en la que las deudas empresariales iniciales, hayan sido satisfechas en parte y la empresa tan solo sea declarada insolvente por el resto y por los salarios de tramitación o que no haya satisfecho deuda alguna y por tanto deba la empresa la totalidad de las mismas.
Para el primero de los casos. «La imputación de pagos viene regulada en los art.1172, 1173 y 1174 del Código Civil -EDL 1889/1-. Y a la vista de las normas que en estos artículos se contienen, resulta claro que el supuesto debatido no encuentra encaje en el párrafo primero del art. 1172, pues la empresa deudora no hizo declaración alguna, en el momento de cobrar los actores la suma de 1.300.000 pesetas, con respecto a qué concepto adeudado debía aplicarse ni tampoco en el párrafo segundo de este art.1172, dado que no ha mediado recibo alguno de los acreedores -en que se hiciese aplicación del pago ni, por último, puede incluirse en el art.1173 ya que no se trata de satisfacer el principal de la deuda y los intereses de ella, sino del pago de dos conceptos diferentes: de un lado indemnizaciones por despido, y de otro salarios de tramitación». TS Sala 4ª, 13-10-95, rec 1178/95 –EDJ 1995/4910-.
Por tanto, continúa dicha sentencia, «necesariamente el caso de autos ha de regirse por lo que establece el art.1174 CC -EDL 1889/1-».
En el párrafo primero de este artículo se dispone que «cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas». Ahora bien, el deudor que se ha de tener en cuenta, al objeto de este precepto, es decir a la hora de dilucidar la mayor onerosidad de los débitos, es aquél que hace efectivo el pago de modo que si quien lo abona es el deudor principal, la determinación de la mayor o menor carga de las distintas deudas se tiene que hacer en relación con él, no considerando las particulares situaciones de otros deudores distintos de carácter subsidiario. Ello es así habida cuenta que:
a-. Es totalmente justo y equitativo que quien hace efectivo el pago de una obligación, logre con él liberarse del mayor gravamen entre los varios que pudieran pesar sobre él no siendo, en cambio, razonable convertir la figura de la imputación de pagos en un arma en manos del deudor subsidiario que no hizo efectivo el pago de la cantidad objeto de tal imputación, de modo que pueda jugar con ella en razón de sus propios y exclusivos intereses o conveniencias, aplicándola, según las circunstancias, a la solución que le pueda ser más beneficiosa.
b-. Además, la imputación produce sus efectos en el mismo momento en que se abona la cantidad correspondiente, lo cual refuerza la conclusión de que en ella se han de tomar en consideración, en todo caso, las condiciones y circunstancias de quien hace el pago, y no del deudor o deudores subsidiarios, puesto que en ese momento no se sabe a ciencia cierta si les alcanzará alguna responsabilidad en orden a la satisfacción de esos débitos.
c-. A lo que se añade que la regulación de la imputación de pagos que se recoge en los artículos mencionados, constituye un todo armónico e interrelacionado, aunque en ella se prevean las distintas modalidades que esta figura puede presentar de ahí que la interpretación de cualquiera de esos artículos debe hacerse teniendo en cuenta también lo que se afirma en los demás y este criterio hermenéutico confirma lo que venimos diciendo, puesto que el art.1172 -EDL 1889/1 se refiere al deudor que efectúa el pago -de forma explícita en su párrafo primero, e implícita en el segundo-, y de ello se deduce, en buena lógica, que también la regla del párrafo primero del art.1174 se debe poner en conexión con el deudor que abonó la cantidad objeto de la imputación».
En el mismo sentido, la TS Sala 4ª, 24-12-96, rec 2147/96 –EDJ 1996/10128-, declara que «la cuestión versa sobre la imputación del pago parcial de deudas contraídas por una empresa con sus trabajadores, cuando se deben a éstos cantidades en concepto de indemnización de despido y cantidades en concepto de indemnización de salarios de tramitación y ni la empresa deudora ni los empleados acreedores han procedido a la aplicación de pago prevista en el art. 1172 del Código Civil -EDL 1889/1-. Declarada insolvente la empresa deudora en el presente litigio, el Fondo de Garantía Salarial -FGS-, responsable subsidiario del abono de uno y otro tipo de indemnización en los casos de insolvencia, quiebra, suspensión de pago o concurso de acreedores de los empresarios -art. 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores -EDL 2015/182832--, ha reclamado la imputación del pago a la deuda de salarios de tramitación, alegando que, al ser ésta la más onerosa entre las dos existentes, nos encontramos en el supuesto del art. 1174 párrafo primero del CC -Cuando no pueda imputarse el pago, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas-. Por el contrario, los trabajadores han aducido que no es el párrafo primero del art. 1174 CC, sino el párrafo segundo del mismo, que ordena la imputación a prorrata -Si éstas -las deudas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata-. La Sala mantiene la doctrina unificada ya establecida en nuestra sentencia de 13 de octubre de 1995 que se puede resumir como sigue:
1 El deudor múltiple que se ha de tener en cuenta a los efectos de la ponderación de onerosidad de sus distintas deudas contemplada en el art. 1174 -EDL 1889/1 es el deudor principal -el empresario, en casos como el enjuiciado y no el eventual deudor subsidiario -FGS en el ámbito de la responsabilidad del art. 33.1. y 2 ET -EDL 2015/182832--.
2 Las deudas de indemnización de despido y de indemnización de salarios de tramitación son igualmente gravosas para el empresario, teniendo en cuenta la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre preferencias de créditos laborales.
3 No es razonable convertir la figura de la imputación de pagos en un arma en manos del deudor subsidiario que no hizo efectivo el pago de la cantidad objeto de tal imputación».
Con lo cual se concluye que es el deudor principal, cuando paga, el que procede a imputar el pago a la deuda que estime pertinente, art.1172 CC -EDL 1889/1-, la imputación produce sus efectos en el mismo momento en que se abona la cantidad correspondiente, lo cual refuerza la conclusión de que en ella se han de tomar en consideración, en todo caso, las condiciones y circunstancias de quien hace el pago y también la regla del párrafo primero del art.1174 se debe poner en conexión con el deudor que abonó la cantidad objeto de la imputación.
Para el segundo, cuando ante el impago empresarial de la totalidad de lo adeudado por ambos conceptos, lo realiza el FOGASA, ante la insolvencia de aquél, la STSJ Comunidad Valenciana -Social-, sec. 1ª, núm. 38, 8-1-08, rec 1207/07 –EDJ 2008/47261-, entiende que «el art. 1174 del CC -EDL 1889/1-, en su segundo apartado establece que si las deudas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata. Este precepto tan sólo entra en aplicación cuando no se pueda imputar el pago según las reglas establecidas en los artículos 1172 y 1173 del Código Civil, previendo el primero de dichos preceptos que -El que tuviere varias deudas de una misma especie a favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse-. En el presente caso al ser el Organismo demandado el obligado al pago de las prestaciones de garantía salarial devengadas por el actor, es el quien decide a cuál de las deudas efectúa la imputación los pagos, siempre y cuando respete lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».
De la misma manera la STSJ País Vasco -Social-, sec 1ª, núm 2182, 10-12-13, rec 2002/13 –EDJ 2013/287112-, Inadmitiendo el recurso contra ella, el Auto del Tribunal Supremo -Social-, sec. 1ª, 8-9-15, rec 1939/14 –EDJ 2015/175347-, también, aunque en caso diferente, en el que Solicitada la ejecución, acumulada a una anterior, resultando insolvente total el empresario en el pago y la trabajadora solicitó al Fondo de Garantía Salarial, en la misma fecha, el pago de las deudas reconocidas a su favor en esos dos títulos ejecutivos, dando lugar a sendas resoluciones, de 30 de septiembre de 2011, por las que se acordaba el pago total de los salarios de tramitación -equivalente a 139,99 días de salario y otros 781,13 euros por la deuda salarial conciliada, reclamando el SEPE a la misma 4.582,07 euros en concepto de prestación por desempleo y por ello, esta ante el FOGASA, pretendiendo que se declarase que debió hacerse abonando primero la deuda conciliada y, en el remanente hasta el tope legal, salarios de tramitación, con base en su mayor onerosidad por ser la más antigua, o, cuando menos, a prorrata entre una y otra, la Sala rechaza tal pretensión con el siguiente argumento.
«El art. 1.172 CC -EDL 1889/1 establece un criterio legal de imputación preferente al anterior, que es el de dejar que el deudor haga la imputación de pagos a su libre voluntad, con tal de que estemos ante deudas de una misma especie y a favor de un solo acreedor. En tal caso, prima la imputación que hace, sin más excepción que la que resulta de que hubiere aceptado del acreedor un recibo en el que éste hiciese la aplicación del pago -a salvo que mediare causa que invalidase el contrato-. Imputación de pago que, cabalmente, es lo que hizo FOGASA cuando, como deudor de la trabajadora por dos deudas distintas -los salarios que a ésta adeudaba su empresario hasta la fecha de su despido y los salarios de tramitación-, dado que está limitada con un tope que no le permite asumir la totalidad de ambas, opta por pagar preferentemente la correspondiente a salarios de tramitación en lugar de la deuda salarial conciliada. Cierto es que, con ello, sale indirectamente perjudicada la demandante, ya que entonces viene obligada a devolver al SPEE el importe de la prestación por desempleo cobrado que corresponde al período de salarios de tramitación -deber inexistente en tanto no los haya cobrado directamente del empresario deudor o de FOGASA, como reconoce la doctrina aplicativa establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 1 de febrero de 2011, RCUD 4120/2009 –EDJ 2011/14015-, de Sala General, seguida por las de 21 de marzo de 2011, RCUD 1187/2010 –EDJ 2011/30916-, y 2 de julio de 2013, RCUD 2391/2012 –EDJ 2013/142889--, pero no estamos ante una actuación abusiva ni en fraude de ley, ya que la otra opción redundaría, sí, en beneficio de la trabajadora, pero en perjuicio del SPEE -que sería quien se quedase colgado con esa deuda del empresario de la demandante-.
A mayor abundamiento, hemos de resaltar que tampoco es exacto que la deuda de FOGASA por la deuda conciliada fuese más onerosa que la relativa a los salarios de tramitación, ya que el momento de nacimiento de la deuda, para dicho Organismo -que es lo que aquí relevante-, sería común para ambas y no se generarían intereses -ya que se habría agotado su responsabilidad-, por lo que de no haber efectuado la imputación de pagos que hizo y tener que entrar en juego los criterios subsidiarios del art. 1.174 CC -EDL 1889/1-, operaría el de reparto a prorrata, sin que fuese preferente imputar su pago a la deuda salarial conciliada».
En el mismo sentido que ésta, se pronuncia la STSJ Cataluña -Social-, sec. 1ª, núm 4874, 18-7-17, rec 3324/17 –EDJ 2017/211092-, en la que cita a la anterior, al declarar que el criterio preferente para la imputación de pagos no lo da la mayor onerosidad de la deuda, ya que como bien revela el art.1174 CC -EDL 1889/1-, se trata de un criterio subsidiario respecto a los contemplados en los arts. 1172 y 1173 CC, ya que sólo entra en juego cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores. «Posibilidad que, desde luego, se dio y se ejercitó. En efecto, el art. 1.172 CC establece un criterio legal de imputación preferente al anterior, que es el de dejar que el deudor haga la imputación de pagos a su libre voluntad, con tal de que estemos ante deudas de una misma especie y a favor de un solo acreedor. En tal caso, prima la imputación que hace, sin más excepción que la que resulta de que hubiere aceptado del acreedor un recibo en el que éste hiciese la aplicación del pago -a salvo que mediare causa que invalidase el contrato».
Por lo que podemos llegar a esta conclusión. Si las deudas salariales han sido pagadas en parte por el empresario e imputado el pago a las mismas a deudas salariales, tales cantidades no podrán ser imputadas por el FOGASA al pago de salarios de tramitación. De las cuantías restantes debidas por salarios y salarios de tramitación o de la totalidad de las mismas, por ambos conceptos, si son debidas por el empresario y declarado insolvente éste, es el Organismo quien paga, éste decide a cuál de las deudas efectúa la imputación del pago.
Existen, no obstante, resoluciones divergentes que conviene señalar, con esta conclusión y así la STSJ Islas Baleares, num 110, 28-3-19 rec. Supli. 453/18 –EDJ 2019/575703-, sobre desempleo, al contrario, da preferencia al acreedor respecto a la imputación de pago a los salarios debidos, con preferencia a los de tramitación, razonando que «el artículo 33.1 ET -EDL 2015/182832-, establece un límite máximo del importe a abonar por el FOGASA por todos los conceptos de salarios adeudados y salarios de tramitación y una vez aclarado que la empresa no sólo adeudaba los salarios de tramitación y la indemnización sino también salarios es lo procedente, a los efectos de establecer el carácter indebido de las prestaciones por desempleo percibidas, considerar que las cantidades abonadas por el FOGASA lo fueron en concepto de salarios adeudados, por ser ésta la imputación de pagos más favorable al demandante» y a los solos efectos de establecer si hubo percepción indebida de prestaciones por haberse simultaneando con salarios de tramitación, parece desproporcionado exigir al trabajador impugnar la resolución ante el FOGASA para después poder combatir la resolución del SEPE, teniendo en cuenta que no existe ninguna norma que obligue al FOGASA a imputar la prestación a los salarios de tramitación y la indemnización antes que a los salarios adeudados.
Cuando en una relación laboral el trabajador es titular de varios cré...
Cuando en una relación laboral el trabajador es titular de varios créditos contra el empresario -salarios puros, salarios de tramitación, indemnizaciones por extinción de contrato, conceptos extra-salariales es necesario determinar a cuál de ellos ha de imputarse el pago que realice el empresario, sea voluntariamente o en vía ejecutiva, con la finalidad de conocer los créditos y cuantías garantizados por el Fondo de Garantía Salarial -en adelante FOGASA-. Al trabajador le interesará que el pago se impute a cuenta de los créditos no protegidos por dicho organismo, o a aquella parte de los protegidos que exceda de los límites de la garantía -por ejemplo, los que excedan de ciento veinte días mientras que el FOGASA estará interesado en que la cantidad se impute al crédito cuyo pago le reduzca más sus responsabilidades.
Si el trabajador tiene una sentencia favorable que le reconoce el derecho a percibir determinadas cantidades en concepto de indemnización por despido, salarios de tramitación y salarios adeudados por mensualidades vencidas, puede acontecer que la responsabilidad del FOGASA, por aplicación de los topes legales del art.33 ET -EDL 2015/182832-, no alcance a cubrir el importe total de lo reconocido en la sentencia por estos dos últimos conceptos, surgiendo entonces la problemática de cómo imputar los pagos realizados por el FOGASA: si a los salarios de tramitación derivados del despido, en cuyo caso el trabajador resulta más perjudicado al deber devolver las prestaciones de desempleo que se superpongan con el periodo de los salarios de tramitación, o a los salarios adeudados por las mensualidades vencidas.
La imputación de pagos supone así determinar la obligación a la que se aplica el pago produciendo su cumplimiento, existiendo varias entre acreedor y deudor. Consiguientemente es presupuesto de la imputación la existencia de un pago o entrega y la de una pluralidad de deudas.
Al no concurrir un precepto laboral específico que contemple y regule esta cuestión hemos de acudir indefectiblemente a las reglas generales sobre imputación de pagos contenidas en los art.1172 a 1174 CC -EDL 1889/1-, que establecen un criterio preferente y otros subsidiarios.
El art.1172 CC -EDL 1889/1 contiene dos reglas del siguiente tenor: a «El que tuviere varias deudas de una misma especie a favor de un solo acreedor, podrá declarar al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse» b «Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá reclamar contra ésta, a menos que hubiera mediado causa que invalide el contrato». El art.1173 precisa que: «Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses». Y, finalmente, el art.1174 señala que: a «Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas» b «Si éstas fueran de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata».
El criterio legal de imputación preferente es el de dejar que el deudor, en nuestro caso el FOGASA, cuando su responsabilidad no alcance a cubrir el importe total de lo reconocido en la sentencia, haga la imputación de pagos, ora a los salarios de tramitación ora a los salarios adeudados vencidos por mensualidades, a su libre voluntad, puesto que estamos ante deudas de una misma especie, al tratase de deudas monetarias derivadas de su responsabilidad subsidiaria del empresario, y a favor de un solo acreedor. Prima, en su consecuencia, la imputación que haga el FOGASA -TSJ Cataluña 18-7-17, rec 3324/17 –EDJ 2017/211092- sin más excepción que la que resulta de que hubiere aceptado del acreedor -el trabajador un recibo en el que éste hiciese la aplicación del pago y siempre que no mediare causa que invalidase el contrato. Y si la imputación la realiza en un porcentaje mayor sobre los salarios de tramitación que sobre las mensualidades adeudadas atrasadas en las que resulta acreedor el mismo trabajador no por ello el comportamiento del FOGASA sería abusivo o fraudulento, por cuanto entonces el perjudicado sería el SEPE -TSJ País Vasco 10-12-13, rec 2002/13 -EDJ 2013/287112--.
Nótese pues que el criterio preferente para la imputación de pagos no lo da la mayor onerosidad de la deuda, predicable respecto del deudor y no respecto del acreedor, ya que, como pone de relieve el art.1174 CC -EDL 1889/1 se trata de un criterio subsidiario respecto a los contemplados en los art.1172 y 1173 del mismo cuerpo legal, y que solo entraría en juego «cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores». No parece entonces ajustado a Derecho considerar que el FOGASA carezca de libertad para hacer la imputación de su pago a una deuda que no sea la más onerosa.
En suma, es el FOGASA, en cuanto obligado al pago de las prestaciones de garantía salarial devengadas, quien decide libremente a cuál de las deudas efectúa la imputación los pagos, siempre y cuando respete lo establecido en el art.33.1 ET -EDL 2015/182832 -TSJ Valencia 8-1-08, rec 1207/07 –EDJ 2008/47261--.
Cuando el trabajador tiene una sentencia favorable que le reconoce el d...
Cuando el trabajador tiene una sentencia favorable que le reconoce el derecho a percibir determinadas cantidades en concepto de indemnización por despido, salarios de tramitación y salarios adeudados por mensualidades vencidas, y la responsabilidad del Fogasa no alcanza a cubrir el importe total de lo reconocido en la sentencia por estos dos últimos conceptos, creo que los pagos realizados por el Fogasa han de imputarse a los salarios adeudados por mensualidades vencidas.
Es cierto que en la mayoría de los casos se hace la imputación por el organismo a los salarios de tramitación derivados del despido, con la consiguiente repercusión que puede tener sobre una eventual prestación por desempleo.
También es verdad que existen criterios que pueden justificar la postura de hacer la imputación a tales salarios de tramitación.
Por ejemplo, el art.1172 CC -EDL 1889/1 establece un criterio legal de imputación preferente cuando deja que sea el deudor quien haga la imputación de pagos a su voluntad, siempre que estemos ante deudas de una misma especie y a favor de un solo acreedor. En tal caso, prevalecería la imputación que hace aquel, sin más excepción que la que resultaría por haber aceptado del acreedor un recibo en el que se hiciese la aplicación del pago.
Las deudas, salarios de tramitación y salarios, por mensualidades impagadas, son de la misma especie, ya que se trata de deuda monetaria y derivada de la responsabilidad subsidiaria.
La norma preferente surgiría del hecho de que la imputación de pagos no la da la mayor onerosidad de la deuda, si, como expresa el art.1174 CC -EDL 1889/1-, se trata de un criterio subsidiario respecto a los contemplados en los art.1172 y 1173 CC, y sólo resulta operativo «cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores».
Por ello, desde esta postura, cuando el FOGASA, como deudor por dos deudas distintas -los salarios que el empresario adeudaba al trabajador hasta la fecha de su despido y los salarios de tramitación-, y su responsabilidad está limitada con un tope que no le permite asumir la totalidad de ambas, opta por pagar preferentemente la correspondiente a salarios de tramitación en lugar de la deuda salarial, estaría ajustándose a tal regla principal del Código Civil de que la imputación ha de hacerla el deudor.
Sin embargo, tal aplicación del Derecho civil sin matices perjudica indirectamente al trabajador, ya que entonces viene obligado a devolver al servicio de empleo el importe de la prestación por desempleo cobrado que corresponde al período de salarios de tramitación -deber inexistente en tanto no los haya cobrado directamente del empresario deudor o de FOGASA, como reconoce la doctrina aplicativa establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a partir de su sentencia 1-2-11, RCUD 4120/09 –EDJ 2011/14015-, seguida por las de 21-3-11, RCUD 1187/10 –EDJ 2011/30916-, y 2-7-13, RCUD 2391/12 –EDJ 2013/142889-.
La devolución de las prestaciones de desempleo a cargo del trabajador procede respecto de aquéllas temporalmente coincidentes con los períodos cubiertos por salarios de tramitación aunque no proceda considerar la prestación como indebida cuando no se han percibido tales salarios ni con cargo a la empresa, por insolvencia, ni con cargo al FOGASA.
Por ello, esa no es la imputación de la prestación más beneficiosa para el trabajador, como ha entendido de forma indirecta alguna Sala -Sentencia del núm 110/19, 28-3-19, del TSJ Baleares, rec 453/18 –EDJ 2019/575703--.
Ha de optarse entonces por la imputación que es más favorable al trabajador, es decir, a los salarios adeudados por mensualidades vencidas. El principio in dubio pro operario o pro beneficiario, aplicable en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, cuando existen dudas, como la expresada, deben solventarse de la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o beneficiario -aequitas in dubio praevalet-. Nos hallamos ante una consagración del principio de equidad, cumpliendo su función de «readaptación individualizadora» de la norma esto es, ponderando su aplicación, tanto su interpretación como su integración. En palabras del propio Tribunal Supremo, en sentencia 25-9-86, con cita de las de 31-10-81, 3-3-83 y 11 y 19 de octubre de 1983 y 18 de febrero de 1985, «el principio ‘in dubio pro operario’ sólo tiene efectividad cuando exista o surja duda racional en cuanto a los efectos jurídicos de una determinada situación fáctica, siendo aplicable únicamente en la interpretación del derecho, en caso de duda respecto a su sentido y alcance, no en la apreciación de la prueba o dicho de otro modo, cuando se den frente a un hecho posibilidad de hacer efectivas diversas normas igualmente razonables, cuando se dé una situación tal que la interpretación normativa ofrezca de forma manifiesta y patente una duda”. Éste es el caso.
Además, a partir de la Constitución, el criterio de adecuación con ésta es el que ha de ser el prevalente en el proceso de decidir el sentido de una norma, entre los varios posibles. En este orden de ideas, ya el Tribunal Constitucional, en Sentencia núm. 39/1988, de 9-3-88 –EDJ 1988/355-, expresaba que los poderes públicos, entre los que se encuentran los órganos jurisdiccionales del Estado, se encuentran vinculados por la Constitución, lo que indudablemente les obliga a realizar la interpretación de las normas legales aplicables al caso, que sea más conforme con los dictados de la Constitución y el artículo 35.1 –EDL 1978/3879 dispone que: «Todos los españoles tienen el derecho -... a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia».
Desde la estricta perspectiva formal, en el mismo escrito de solicitud de prestaciones -http://www.mitramiss.gob.es/fogasa/impresos/solicitud.pdf es el trabajador demandante quien debe concretar las prestaciones que solicita, de manera que, conociendo los topes o límites de la responsabilidad del FOGASA, bien puede decantarse por los salarios adeudados por mensualidades vencidas.
1. No existiendo un precepto concreto sobre la imputación de pagos por...
1. No existiendo un precepto concreto sobre la imputación de pagos por parte del FOGASA entre salarios de tramitación y salarios «puros» adeudados, ni en el Estatuto de los Trabajadores ni tampoco en las normas administrativas que regulan la gestión de los expedientes -RD 505/1985, de 6 marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial –EDL 1985/7973 y L 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –EDL 2015/166690--, hay que acudir a las reglas del Código Civil contenidas en los art.1172 a 1174.
La regla de supletoriedad del Código Civil contenida en el art.4.1 -EDL 1889/1 es aplicable a esta materia. En este sentido, conforme a jurisprudencia civil consolidada desde muy antiguo -STS Civil 21-4-36 «el claro sentido del Código Civil al regular la imputación de pago en caso de pluralidad de créditos, admite como variedad de ellas: a la imputación hecha por el deudor b la imputación realizada por el acreedor y consentida por el deudor por el hecho de aceptar de aquel un recibo en que se haga la aplicación el pago, y c la imputación hecha por la Ley en defecto de las dos anteriores -...-». Ya el extinto Tribunal Central de Trabajo en sentencias de 2 y 3 de marzo de 1988, sobre imputación de cantidad pagada en ejecución, considera que al no existir un precepto concreto sobre esta cuestión hay que acudir a las reglas de imputación de pagos contenidas en el Código Civil.
2. La cuestión planteada en el foro de discusión, en el momento en que se redacta esta opinión, no parece haber tenido respuesta en unificación de doctrina. Sí que hallamos un Auto del Tribunal Supremo -Social de ATS, 8-9-15 -ECLI: ES: TS: 2015:7615A –EDJ 2015/175347 que inadmite por falta de contradicción un recurso de casación de unificación de doctrina contra la STSJ País Vasco 10-12-13 -rec 2002/13 –EDJ 2013/287112 que resuelve la misma cuestión que se nos somete a respuesta en este foro. El ATS citado refiere con relación a la sentencia recurrida del País Vasco que «el deudor es libre para hacer la imputación de pagos a su libre voluntad, con tal de que estemos ante deudas de una misma especie y a favor de un solo acreedor, como es el caso».
La citada sentencia del TSJ del País Vasco 10-12-13 –EDJ 2013/287112-, alumbra la respuesta a esta cuestión. En su fundamentación contiene una recta interpretación de los artículos del Código Civil en esta materia al señalar que el primero -y principal de los criterios de imputación de pagos es que no es el de la mayor onerosidad de la deuda, ya que como bien revela el art. 1174 CC -EDL 1889/1-, se trata de un criterio subsidiario respecto a los contemplados en los art. 1172 y 1173 CC, ya que sólo entra en juego «cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores». El art.1172 CC establece un criterio legal de imputación preferente al anterior, «que es el de dejar que el deudor haga la imputación de pagos a su libre voluntad, con tal de que estemos ante deudas de una misma especie y a favor de un solo acreedor», y considera que ambas deudas -salarios adeudados y salarios de tramitación en favor de la trabajadora «son de la misma especie, ya que se trata de deuda monetaria y derivada de su responsabilidad subsidiaria del empresario de la demandante». «Imputación de pago que, cabalmente, es lo que hizo FOGASA cuando, como deudor de Dª Carolina por dos deudas distintas -los salarios que a ésta adeudaba su empresario hasta la fecha de su despido y los salarios de tramitación-, dado que está limitada con un tope que no le permite asumir la totalidad de ambas, opta por pagar preferentemente la correspondiente a salarios de tramitación en lugar de la deuda salarial conciliada. Cierto es que, con ello, sale indirectamente perjudicada la demandante, ya que entonces viene obligada a devolver al SPEE el importe de la prestación por desempleo cobrado que corresponde al período de salarios de tramitación -deber inexistente en tanto no los haya cobrado directamente del empresario deudor o de FOGASA, como reconoce la doctrina aplicativa establecida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 1 de febrero de 2011, RCUD 4120/2009 –EDJ 2011/14015-, de Sala General, seguida por las de 21 de marzo de 2011, RCUD 1187/2010 –EDJ 2011/30916-, y 2 de julio de 2013, RCUD 2391/2012 –EDJ 2013/142889--, pero no estamos ante una actuación abusiva ni en fraude de ley, ya que la otra opción redundaría, sí, en beneficio de Dª Carolina, pero en perjuicio del SPEE -que sería quien se quedase colgado con esa deuda del empresario de la demandante-».
3. Abundando más en la cuestión confirmaría este criterio de imputación de pagos de dejarlo preferentemente a la opción del deudor -el FOGASA cuando se trate de deudas por salarios «puros» y «salarios de tramitación» si tenemos en cuenta al menos dos criterios jurisprudenciales aledaños al tema:
-a Por una parte el contenido en la sentencia del TS -Social 29-9-15 -ECLI: ES: TS: 2015:3289 –EDJ 2015/129753 que estimó un recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el FOGASA apreciando que este organismo puede descontar las cantidades ya abonadas por la empresa, que después devino insolvente, incluso en el caso en que la indemnización pactada sea superior a la legal porque la deuda es una y no cabe hacer distinción. En su fundamentación, rechaza las reglas de imputación de pagos en este caso al puntualizar: «a en primer lugar, la imputación de pagos tiene un presupuesto elemental que resalta el art. 1172 CC -EDL 1889/1 al describir tal fenómeno jurídico, diciendo que «[e]l que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor -...-», y este presupuesto -varias deudas de una misma especie está ausente en el caso que debatimos, porque no hay sino una sola deuda indemnizatoria, sin que -como acertadamente sostiene el Ministerio Fiscal «pueda argüirse que esta última [el exceso sobre los 20 días] es complementaria de la indemnización legal, dada la insuficiencia de la misma», de forma que resulta totalmente voluntarista la aplicación del referido mecanismo de extinción de las obligaciones b en segundo término, ni siquiera aplicando la referida institución podría llegarse a la solución pretendida, porque conforme a las reglas civiles la opción corresponde al deudor «al tiempo de hacer el pago» [art. 1172] y en defecto de ella se estimará satisfecha la más onerosa [art. 1174] y si todas fuesen de igual gravamen -caso que sería el de autos, de aceptarse a efectos dialécticos la dualidad de deudas se imputaría a todas a prorrata [art. 1174] y c en último lugar ha de tenerse en cuenta que la doctrina -citada por la recurrida por virtud de la cual esta Sala se refería a la imputación de pagos en relación con el FGS iba referida -como no podía ser menos a supuestos en los que realmente había dos deudas, indemnizatoria y salarial, sobre las que efectivamente aplicar el mecanismo extintivo que regula el Código Civil no a casos como el presente, de una sola deuda [en parte legal y en parte pactada]”.
-b Por otra parte, la doctrina unificadora plasmada en la sentencia del Tribunal Supremo -Social de 19 de diciembre de 2001 RCUD núm. 2319/2000 –EDJ 2001/53693 confirmaría implícitamente la posición de que en la interpretación del tope máximo legal, salarios de tramitación y salarios “puros” adeudados están comprendidos en el tope máximo legal, lo que abriría sin más la regla del Código Civil en materia de imputación del pagos del FOGASA, y muy en particular la contenida en el art.1172, párrafo primero, del Código Civil -EDL 1889/1-. El problema que se planteó en este recurso era si a efectos del cómputo del límite máximo garantizador de salarios han de considerarse las cantidades ya abonadas anteriormente por el FOGASA. La trabajadora había percibido ya, por razón de la insolvencia de la empresa codemandada, una cantidad equivalentes a 44 días de salario y, de ello se deriva que la condena del FOGASA deba limitarse al equivalente de 76 días de salario, dado que lo abonado conjuntamente no debe superar el máximo legal de 120 días. En consecuencia, esta sentencia sienta el criterio de que los 120 días de salario comprenden los adeudados, en su caso, en concepto de salarios de tramitación.
4. Aplicada esta doctrina jurisprudencial al caso planteado en nuestro foro de discusión, nos permite concluir que no estamos ante una sola deuda, sino dos –salarios puros y salarios de tramitación de la misma especie, con lo cual procede activar las reglas de imputación de pagos contenidas en el Código Civil. Sólo si no hay imputación expresa por el FOGASA hasta «el tiempo de hacer el pago» -art.1172 CC -EDL 1889/1- se podría pasar al siguiente escalón en el orden de prelación de reglas de imputación de pagos. Ese segundo escalón sería la imputación hecha por el propio acreedor -el trabajador en el caso que se traduciría en la resolución administrativa del FOGASA que ordenase materialmente el pago por tal concepto expresamente. Decimos realizar materialmente el pago en el bien entendido de que a la hora de aplicar topes máximos, si hay salarios «puros» y de tramitación, el FOGASA también tendría oportunidad al «tiempo de hacer el pago» realizar esa imputación. Prácticamente no tendrían cabida en su aplicación, salvo supuestos muy excepcionales – por ejemplo, mediando un silencio administrativo –aquellos que dieran lugar a la consideración del tercer criterio de imputación -el legal-, en defecto de los dos anteriores: los contenidos en los art.1173 – para el caso de que devenguen intereses y en el art.1174 -la onerosidad y el prorrateo, para el caso de que fueran de igual naturaleza y gravamen-.
5. No puede desconocerse que hay sentencias que no aluden en estos casos a la aplicación del mecanismo de imputación de pagos establecido en el Código Civil, pero no por ello puede entenderse que estén diciendo que no pueda operar en el seno del expediente administrativo de prestaciones del FOGASA el acudimiento a la imputación de pagos «al tiempo de hacer el pago». Así acontece en el asunto examinado por la sentencia del TSJ de Islas Baleares, -Sala de lo Social núm. 110/2019 de 28-3-19, rec 453/18 –EDJ 2019/575703 al señalar que no existe «ninguna norma que obligue al FOGASA a imputar la prestación a los salarios de tramitación y la indemnización antes que a los salarios adeudados». Esta consideración se hace en un caso sobre demanda contra la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, que revocó las prestaciones por desempleo reconocidas a un trabajador, declarando la existencia de cobro indebido de prestaciones por un determinado importe. Bien es cierto que la sentencia de la Sala detecta que lo que se produjo fue un error material en el auto título habilitante, lo que determinó que se dejase sin efecto la resolución declarando las prestaciones indebidas por desempleo.