Source: http://docplayer.es/2473404-Capitulo-i-disposiciones-generales.html
Timestamp: 2018-01-20 21:30:06
Document Index: 291065480

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 171', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 110', 'Artículo 28', 'artículo 117', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 3', 'Artículo 25', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 2']

Gustavo Valdéz Valverde
1 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Ámbitos de validez espacial y material ARTÍCULO 1o Objeto ARTÍCULO 2o Ámbito personal ARTÍCULO 3o Áreas estratégicas ARTÍCULO 4o Sindicatos, copyright ARTÍCULO 5o Sociedades cooperativas ARTÍCULO 6o Precios máximos ARTÍCULO 7o
2 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Ámbitos de validez espacial y material ARTÍCULO 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica. COMENTARIO Aunque se enmarca en una Constitución que permite un Estado interventor, la LFCE es un instrumento de política económica liberal. 2 La LFCE contribuyó al arranque del proceso que reformó 2 Bajo el sexenio de Miguel de la Madrid, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cobró su estructura actual. El citado presidente con sid eraba desde 1969 que la redacción del artículo 28 era incoherente y que había dado lugar a una ambivalencia en su interpretación pues servía de apoyo tanto a los que veían en él la defensa de un régimen de libre concurrencia, como a los que habían fundado en el mismo artículo la legislación intervencionista del Estado federal mexicano. Cfr. Madrid, Miguel de la, Conferencia pronunciada en el Colegio de Economistas de México, 27 de marzo de 1969, Estudios de derecho constitucional, México, Porrúa, 1986, p. 31. En efecto, la lucha ideológica izquierda-derecha, así como la teoría keynesiana y la política del New Deal, hab ían favorecido la participación activa del Estado en la economía en casi todo país del orbe. En México la realización de actividades económicas por parte de organismos estatales, empresas paraestatales, organismos descentralizados y fideicomisos, rebasaba por mucho las excepciones formales legales antimonopolio en moneda, correos, y otros que se le permitían al Estado. La reforma de 1983 acabó con el espíritu liberal del artículo 28 constitucional y elevó a rango constitucional los principios de intervención del Estado en la econ o- mía, curiosamente esto sucedió con el primer presidente considerado neoliberal. 5
3 6 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA estructuralmente la económica mexicana, proceso que la llevó del Estado interventor mexicano a una economía abierta al comercio exterior, desregulada y cuyas fuerzas de desarrollo descansan básicamente en el sector privado. En este sentido la LFCE es parte de la revolución microeconómica del país. 3 No obstante lo anterior, lo importante no es que la LFCE haya servido de punto de partida para una economía de mercado, sino que pretende ser un elemento de consolidación para la misma. La LFCE busca fijar un marco para el suave funcionamiento de los mercados por lo que, a diferencia de legislaciones previas, lleva al mínimo el uso de instrumentos de control directo sobre los agentes económicos, como fijación de precios y control de la oferta. Buscar el funcionamiento eficiente de los mercados mediante intervención estatal no es una contradicción del modelo liberal, sino antes bien, condición de funcionamiento del mismo. En efecto, bajo la tradición liberal, la participación estatal no está excluida, sino dirigida a garantizar el sistema económico mismo: El Estado surge en primer lugar para definir y salvaguardar los derechos de propiedad privada; en segundo lugar, el régimen liberal requiere de un sistema legal designado tanto a preservar la competencia económica como a hacerla operar tan bien como sea posible. 4 Garantía de libre concurrencia Se ha dicho que el artículo 28 constitucional, junto con el 25 (rectoría económica del Estado), 26 (planeación democrática del desarrollo), 27 (tierra propiedad originaria de la nación), 73 (facultad del Congreso sobre planeación nacional), 131 (comercio exterior) y 134 (administración del gasto gubernamental) de la carta magna integran lo que se denomina el capítulo económico 3 Levy, Santiago, Notas sobre la nueva Ley Federal de Competencia Económica, Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, México, UNAM, 1994, p Hayek, F.A., The Road to Serfdom, Londres, Routledge, 1944, p. 28.
4 DISPOSICIONES GENERALES 7 de la Constitución. 5 Esta definición de la teoría constitucional mexicana tradicional giraba alrededor de la idea del Estado inter - ventor. Hoy día que ha habido un resurgimiento del individualismo y liberalismo en contraposición al colectivismo e intervencionismo, es necesario reconsiderar y volver a definir en nuestra teoría constitucional el capítulo económico ; algunos intentos se han hecho al respecto, pero tímidamente. 6 Bajo una lectura liberal, todas las garantías individuales que aseguran una sociedad sin restricciones y competitiva constituyen el capítulo económico de la Constitución, que se integraría por los siguientes artículos: 1o. (universalidad de garantías individuales), 2o. (prohibición de esclavitud), 5o. (libertad de trabajo), 6o. (libertad de pensamiento), 7o. (libertad de prensa), 9o. (libertad de asociación), 11 (libertad de tránsito), 14 (garantía de audiencia), 16 (garantía de legalidad), 17 (derecho de justicia), y 28 (garantía de libre concurrencia). El artículo 28 constitucional está inserto en la parte dogmática de la Constitución y tanto formal como materialmente forma par - te de las garantías individuales que debemos gozar en una sociedad liberal. Si el artículo 28 constitucional tuviera que ser calificado en pocas palabras podría ser referido como la garantía de libre concurrencia. 7 Desde el establecimiento de la garantía señalada 8 se ha dado una gran discusión respecto a su naturaleza jurídica. Por un lado hay quienes consideran que protege a la socie- 5 Valadés, Diego, El capítulo económico de la Constitución, La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, México, Porrúa, 1985, pp Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 558 y ss. 7 Aguilar Álvarez de Alba, Javier, Análisis constitucional de la Ley Federal de Competencia Económica, Informe de la Comisión de Competencia Económica, México, CFC, 1996-II, p Artículo 28, Constitución de 1857: No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo li mitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora. Hubo antecedentes de la garantía antimonopolio antes del congreso de 1857, mismos que se remontan al artículo 171, fracción IX y 335 de la Constitución de Cádiz de No obstante, dichos antecedentes se establecieron como prohibiciones a las facultades de los congresos, y no como garantías del gobernado.
5 8 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA dad en primer término, mientras que otros consideran que protege primordialmente al ser humano. En el fondo existe un conflicto a dilucidar entre los intereses que resguarda: particulares o sociales?, bien común o individual?, limitación a los derechos del hombre o garantía individual? Hay tratadistas que consideran a la garantía de libre concurren - cia como una limitación a otras libertades, tales como las de trabajo, industria y comercio, y que dicha limitación es difícil de justificar por motivos sociales. Mariano Coronado, representante de un individualismo extremo, sostenía por ejemplo que cuando varios comerciantes se ponen de acuerdo para elevar el precio de un efecto que sólo ellos expenden; tales monopolios no están vedados por la ley, que tiene que respetar la libertad de industria y de comercio. 9 Por otro lado, existen opiniones más preocupadas por el interés público, que aunque consideran a la garantía de libre concu - rrencia como contraria a otras garantías, principalmente la de trabajo, ven a la primera como indispensable para proteger a la comunidad de un individualismo exacerbado. José María Lozano justificaba la garantía de libre concurrencia señalando que en la sociedad, los derechos del hombre no son absolutos, sino que tienen naturales y justas limitaciones. 10 La teoría constitucional ha supuesto que las garantías individuales son un límite a los excesos de los poderes públicos, ello puede ser cierto dado el supuesto de que existe el Estado y seguirá existiendo de la forma como hasta ahora lo ha hecho, y que los postulados del individualismo moderno seguirán vigentes aunque la modernidad llegue a su fin. Sin embargo, en la actualidad pareciera que las esferas privadas renacen, la sociedad civil cobra una gran fuerza y la esfera pública se desvanece como una construcción artificial y lejana. En el Estado que conocemos, la Constitu- 9 Coronado, Mariano, Elementos de derecho constitucional mexicano, México, Librería de Ch. Bouret, 1906, p Lozano, José María, Tratado de los derechos del hombre, México, Imprenta del Comercio de Dublán y Compaña, 1876, p. 397.
6 DISPOSICIONES GENERALES 9 ción limita al poder público, no a la sociedad; pero hoy día hay poderes, no institucionalizados, tan peligrosos o más para la libertad que postula la mentalidad moderna, y con una pujanza y efectividad mayor que los legalmente instituidos. Este fenómeno seguramente hará que la idea misma de Constitución cambie radicalmente. 11 La observación anterior nos hace apreciar a la garantía de libre concurrencia como una garantía un poco distinta de las otras, no únicamente dirigida a salvaguardar al particular del poder del Estado, sino de los poderes no institucionalizados de la sociedad civil. La garantía de libre concurrencia consagra el derecho público subjetivo a vivir en una economía competitiva; este derecho es oponible tanto al Estado como a todos los otros miembros de la sociedad. En este sentido la garantía de libre concurrencia implica un aspecto negativo, el deber de todos los demás agentes eco - nómicos de no actuar monopolísticamente. La garantía de libre concurrencia evidentemente se contrapone a otras garantías de libertad, y en su protección el Estado tiene el deber de encontrar el balance justo entre los intereses de los individuos en particular y el de la comunidad como un todo. Diferen - tes cortes han señalado que el Estado goza de cierto margen de apreciación para encontrar dicho balance. 12 Es necesario señalar que la garantía de libre concurrencia no es pretexto para la intromisión del Estado de manera discrecional y abusiva en la esfera privada de los gobernados. Desde el punto de vista de la teoría económica, la falta de condiciones de competencia en un mercado o el ejercicio de poder sustancial en un mercado relevante constituye una falla de mercado; en este esquema la intervención del Estado tiene como fin solucionar dicha 11 Esto no es otra cosa que un aspecto del fenómeno posmoderno (a falta de un mejor término) del fin del monopolio de la legalidad por parte del Estado, el fenómeno de la justicia informal, de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Cfr. Sousa Santos, Boaventura de, Towards a Postmodern Understanding of Law, en Arnaud, André-Jean (ed.), Oñati Proceedings 1, Legal Culture and Everyday Life, Instituto Internacional Oñati para la Sociología del Derecho, López Ostra v Spain, ECHR Ser A vol. 303-C, 41/1993/436/515.
7 10 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA falla, y llevar al mercado a condiciones competitivas. Lo anterior no significa de modo alguno que la función del Estado sea sustituir al mercado, el gobierno no debe fijar precios, ni cotas de pro - ducción de manera discrecional. De hecho, una vez que el mercado ha alcanzado condiciones competitivas el Estado debe dejarlo funcionar por sí mismo. Ámbito material En cuanto al ámbito de validez material, la LFCE es reglamen - taria del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. La LFCE no es reglamentaria de todo el artículo 28, pues dicho numeral regula otras materias, por ejemplo: el funcionamiento del banco cen - tral 13 y el llamado régimen de servicio público. 14 La LFCE es re El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conced er financiamiento. 7. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exc lusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autorid ad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científica s, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestació n de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
8 DISPOSICIONES GENERALES 11 glamentaria también de la fracción V del artículo 117 constitucional. 15 Respecto a la materia de competencia, existe cierta discrepan - cia entre lo establecido por la Constitución y lo que regula la LFCE. Así, el primer párrafo del artículo 28 constitucional establece la regla general antimonopolio y señala que en México están prohibidos los: I. Monopolios II. Estancos III. Exenciones de impuestos IV. Prohibiciones a título de protección a la industria La LFCE menciona específicamente lo relativo a monopolios y estancos; las otras dos prohibiciones constitucionales como que quedaron olvidadas, aunque cabe la interpretación de que pueden entrar en las demás restricciones a que hace referencia el artículo 2o. de la LFCE. Respecto a los comentarios en materia de monopolios y estancos, remitimos a lo señalado en los artículos 2o. y 8o. de la LFCE. Acerca de las exenciones de impuestos el artículo 28 constitucional las prohíbe. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha dicho que para que se configuren las exenciones de impuestos debe existir un obligado o grupo de personas obligadas al pago del impuesto relativo, y de entre ellas eximir a algunas del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 16 Por lo tanto, si la ley señala como obligados al pago de cierto impuesto únicamente a una categoría de gobernados, sin comprender al resto, en ese caso, 11. La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 Véase comentario al artículo 15 de la LFCE. 16 PLANIFICACIÓN, NO CONCULCA LA GARANTÍA INDIVIDUAL QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LO DISPUESTO EN EL TÍTULO NOVENO DE LA LEY DE H ACIEN - DA DEL DEPARTAMENTO DEL D ISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL IMPUESTO DE. Amparo en revisión 5032/69, Fábricas de aceites La Rosa, S.A., 2 de mayo de 1973, unanimidad de 17 votos, ponente: Manuel Rivera Silva, séptima época, vol. 53, p. 40.
9 12 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA no se puede hablar propiamente de una exención de impuesto,... en tanto que se realizan en relación con clases de personas y no de determinado o determinados sujetos; es decir, las exenciones tienen las características de ser, como el impuesto, de índole abstracta e impersonal; y si la ley que regula el impuesto expresamente releva de la carga fiscal, en los casos de exención, a los directamente obligados, con mayor razón debe liberar, aun cuando no lo diga, a los que no señala como sujetos del impuesto. 17 Por otro lado, el constituyente de 1857 estableció que en México no habría prohibiciones a títulos de protección a la industria en clara referencia a ciertas prohibiciones establecidas por Lucas Alamán, mismas que según el diputado Mata, habían hecho per - der al país más de 104 millones de pesos para beneficiar sólo a seis industriales. 18 La ilegalidad de las prohibiciones que buscan proteger una industria ha sido un principio poco estudiado pero de fundamental importancia para entender el espíritu liberal de nuestro artículo 28 constitucional. Después de la crisis de 1929, inspirados en teorías que justificaban la intervención del Estado con el fin de promover el crecimiento económico, gobiernos de todo el mundo establecieron ciertas prohibiciones para proteger sectores o industrias y con ello lograr consolidar una economía nacional. México no fue la excepción y bajo el modelo de sustitución de importaciones, cerró el mercado nacional a la competencia exterior prohibiendo las importaciones. La experiencia demostró que lo único que se logró fue hacer ricos a unos cuantos, ofrecer malos y caros productos al público en general y nunca constituir, para dolor de los impulsores nacionalistas, la pretendida industria mexicana. Nuestras cortes justificaron dicha actitud proteccionista y mediante inter - pretaciones rebuscadas asimilaron el beneficio de unos cuantos industriales con el del pueblo mexicano, sosteniendo que: 17 Idem. 18 Zarco, Francisco, Crónica del Congreso Constituyente , México, El Colegio de México, 1957, sesión del 14 de agosto de 1856.
10 DISPOSICIONES GENERALES 13 el artículo 28 constitucional señala que en México no habrá prohi - biciones a título de protección a la industria... esto se refiere a los empresarios nacionales, para que entre sí no acaparen, monopolicen o se coludan en forma contraria al interés del pueblo en general, sin que del texto ni del espíritu del precepto aparezca que se prohíbe una protección a la industria nacional, incipiente o establecida, respecto de la importación de productos extranjeros que vendrían a lesionar esa industria nacional, con detrimento del público en general o de los productos nacionales, y en consecuencia, de la economía de la Nación. El precepto prohíbe a los empresarios nacionales obtener ventajas indebidas y realizar maniobras tendientes a fijar precios exagerados, pero no ordena que se les deje a merced de importaciones extranjeras que puedan lesionar la economía nacional. 19 Respecto al ámbito material, la LFCE es aplicable a todas las áreas de actividad económica. El problema legal ha sido definir qué debe entenderse por actividad económica. Desde el punto de vista de la economía, casi toda actividad puede reputarse como de trascendencia económica; sin embargo, legalmente se han clasificado las actividades humanas en económicas o no económicas (comerciales vs. no comerciales). De manera consistente nuestras cortes han dicho que la materia de competencia sólo es aplicable a actividades comerciales o lucrativas. 20 Así, en el caso de la denuncia presentada por los Corredores Públicos del Distrito Federal en contra del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, y otros por la realización de supuestas prácticas monopólicas, el pleno de la comisión resolvió imponer multas a los notarios participantes en dichas prác- 19 IMPORTACIONES. CONSTITUCIONALIDAD DE SU PROHIBICIÓN. PRIMER TRIBUNAL COLE - GIADO EN M ATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER C IRCUITO. Amparo en revisión 411/73, American Optical de México, S. A., 8 de octubre de 1973, unanimidad de votos, ponente: Guillermo Guzmán Orozco, séptima época, vol. 59, p DERECHOS DE AUTOR, CARÁCTER DE LA LEY FEDERAL DE. Amparo en revisión 672/57, Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, Sociedad Autoral, 9 de abril de 1958, mayoría de 3 votos, ponente: José Rivera P. C., sexta época, vol. XII, p. 103.
11 14 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA ticas y al Colegio de Notarios del Distrito Federal por haber ser - vido de vehículo en la realización de las mismas. Además, el pleno recomendó al Registro Público de la Propiedad y del Comer - cio del Departamento del Distrito Federal aplicar el criterio interpretativo de la Ley Federal de Correduría Pública emitido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y, por tanto, inscribir los actos fedatados por los corredores públicos cuando se relacionen con inmuebles y otorgamiento de poderes. 21 A esta interpretación de la actividad económica no concurrieron nuestros jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien reconoció que la actividad de los notarios encuadraba en personas físicas que participan en la actividad económica, 22 confirmó sentencia por medio de la cual se concedía el amparo y protección de la justicia federal, bajo el argumento de que la prestación de los servicios de notario público no era un acto de comercio al estarles vedado a los notarios el ejercicio del comer - cio por el artículo 17 de la Ley del Notariado del Distrito Federal y no estar reputados como tales por el artículo 75 del Código de Comercio, y por lo tanto la inclusión que pretendía hacer el artículo 3o. de la LFCE era contrario al artículo 28 de la Constitución. 23 En este caso, los argumentos de ámbito personal se mezclaron con los de ámbito material. Pero el argumento de actividad económica estuvo presente siempre en la discusión y al final se decidió que aunque un privado desarrolle una actividad que pueda ser de trascendencia económica, dicha actividad tiene que ser reputada como comercial por la ley para poder ser regulada por la LFCE. 21 Resolución del 23 de octubre de 1997, DE Véase comentario al artículo 3o., LFCE. 23 La resolución de la corte se hizo con independencia de lo correcto o incorrecto de las razones expuestas por el Juez de Distrito, y ante la falta de poder suplir la deficiencia de la queja. Amparo en revisión 3531/98, quejoso: Javier Isaías Pérez Almaraz, ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Primera Sala, SCJN, 12 de enero de 2000.
12 DISPOSICIONES GENERALES 15 Ámbito espacial En cuanto al ámbito territorial de validez, la LFCE establece que es de observancia general en toda la República; esa disposición sigue el principio leges non obligant extra territorium. 24 No obstante lo anterior, parece haber una tendencia mundial por aplicar las leyes de competencia de manera extraterritorial, esto es, con efectos mas allá de las fronteras. El Restatement of Foreign Relations Law of the United States, documento elaborado por académicos de los Estados Unidos, y que según la opinión generalizada refleja la ley como es aplicada por las cortes de aquel país, establece que bajo el derecho inter - nacional un Estado tiene límites sobre su: a) Jurisdicción prescriptiva b) Jurisdicción para juzgar c) Jurisdicción para hacer cumplir su ley 25 El Restatement también establece que un Estado tiene jurisdicción para prescribir el derecho respecto a: I Conductas que, en todo o en parte sustancial, toman lugar dentro de su territorio (principio de territorialidad) El status de personas o intereses en cosas presentes den - tro de su territorio (principio de territorialidad) Conductas fuera de su territorio con el intento de tener un efecto sustancial dentro del mismo (principio de efectos). II. Actividades, intereses o situaciones en relación con sus nacionales fuera y dentro de su territorio (principio de nacionalidad, activa y pasiva). 24 Pereznieto, Leonel, La Ley Federal de Competencia Económica un nuevo instrumento para una nueva economía, Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, México, UNAM, 1994, p American Law Institute, Restatement of Foreign Relations Law of the United States, Third, 1987, párrafo 401.
13 16 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA III. Ciertas conductas fuera de su territorio llevadas a cabo por un no nacional y dirigidas contra la seguridad del Estado o contra una clase limitada de otros intereses del Estado (principio de protección). 26 Aun cuando alguna de las bases de la jurisdicción esté presen - te, un Estado puede no ejercer jurisdicción para prescribir el derecho respecto de una persona o actividad que tenga relación con otro Estado cuando el ejercicio de dicha jurisdicción no sea razonable. 27 Por otro lado, un Estado tiene jurisdicción para definir y prescribir la penalización de ciertas ofensas reconocidas por la comunidad de naciones como una preocupación universal, tales como piratería, comercio de esclavos, ataques o secuestro de aviones, genocidio, crímenes de guerra, y quizá ciertos actos de terrorismo aun cuando ninguna de las bases citadas en el párrafo 402 esté presente (principio de universalidad). 28 Los principios de jurisdicción aplicados por los Estados Unidos de América no han sido aceptados como derecho internacional por la comunidad internacional y algunos de sus postulados han sido sumamente controvertidos, y han dado lugar a protestas y aplicación de leyes que buscan esterilizar dicha jurisdicción. 29 Los problemas fundamentales se han presentado respecto del principio de universalidad, la aplicación de los principios de nacionalidad y del principio de efectos, empleados para proteger estadounidenses en el extranjero y para proteger a la sociedad nor - teamericana por actos que han tenido lugar fuera de dicho país, tal es el caso de diversos casos antitrust. El primer supuesto de aplicación extraterritorial de la ley antimonopolio estadounidense tiene lugar cuando una empresa nor - teamericana comete violaciones en perjuicio de otra conacional. 26 Ibidem, párrafo Ibidem, párrafo Ibidem, párrafo Al respecto nuestro país ha promulgado la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, 10 de oct u- bre de 1996.
14 DISPOSICIONES GENERALES 17 Así, en Mannington Mills Inc. v Congoleums Corporation 30 una empresa estadounidense que producía cubrimiento para pisos ejerció acción antitrust en contra de una segunda empresa estadounidense alegando que patentes extranjeras fueron aseguradas por medio de fraude por este segundo productor, lo cual si se hubiese hecho en los Estados Unidos, hubiera llevado a responsabilidad antitrust. El tribunal de apelaciones señaló: a) Cuando dos litigantes estadounidenses se involucraran en actividades monopólicas en el extranjero que resultan en un daño a las exportaciones de uno de ellos, las cortes federales tienen jurisdicción en la materia. b) La mera emisión de patentes por un poder extranjero no constituye por sí un acto estatal o compulsión gubernamen - tal extranjera, por lo que tales defensas resultan inoperantes. c) Declinó jurisdicción aduciendo que cuando naciones ex tran - jeras estuvieran involucradas, motivos de política extranjera, reciprocidad, cortesía y limitación del poder judicial eran consideraciones que deberían tomarse en cuenta para decidir ejercer o declinar la jurisdicción. La Sherman Act ha sido aplicada extraterritorialmente no sólo a nacionales norteamericanos, sino a empresas de otra nación que han actuado legalmente en su país de origen. Así en Hartford Fire Insu - rance Co v California, 31 con motivo de una crisis en la industria de seguros en los Estados Unidos, los demandantes alegaron que diver - sas compañías aseguradoras actuando en el Reino Unido, habían acordado no otorgar reaseguros a ciertas negociaciones norteamericanas excepto en los términos pactados entre los primeros, lo que constituía una violación a la Sherman Act. La defensa dijo que sus acciones habían sido legales en el lugar donde ocurrieron (Inglaterra) y que habían actuado de conformidad con la regulación británica de seguros por lo que las cortes de los Estados Unidos carecían de jurisdicción. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por una 30 USCA., 595 F 2nd 1287 (1979). 31 US Supreme Court, 133 S Ct 2891 (1993).
15 18 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA mayoría reñida de 5/4, sostuvo que sí tenía jurisdicción y señaló en resumen: los acusados ingleses no niegan que sus acciones tuvieron efectos en los Estados Unidos, de hecho, efectos sustan - ciales y directos, sin embargo sostuvieron que su conducta fue legal donde tomó lugar y que habían operado en cabal cumplimiento con el régimen de regulación que prescribe el Parlamento Británico y bajo los principios del derecho internacional. No obstante, la ley británica no requiere acuerdos que constituyen la base de los alegatos bajo la Sherman Act. Si uno mira al efecto, entonces la aplicación de la Sherman Act no sería extraterritorial. Un verdadero con - flicto existiría si el cumplimiento de una ley de los Estados Unidos constituyera una violación a la ley de otro Estado. Esta aplicación extraterritorial de leyes antitrust no ha sido un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos, la otrora Comunidad Europea enfrentó situaciones semejantes. Así, en Re Wood Pulp Cartel: A Ahlstrom Oy v EC Commission, 32 la Corte de Justicia Europea conoció de un caso donde más de 800 productores de papel establecidos en la comunidad constituían el principal mer - cado de cierta pulpa de madera en el mundo; sin embargo, relativamente poca era producida internamente y las principales fuen - tes de insumos provenían de Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia. La Comisión Antitrust sostuvo que 41 productores y dos asociaciones de comercio, todos fuera de la comunidad, se habían involucrado en prácticas de concertación de precios y por lo tanto impuso multas. La corte dijo que cuando un productor de un bien establecido fuera de la comunidad vende directamente a compradores situados dentro de ésta y se involucra en competencia de precios a fin de ganar órdenes de dichos consumidores, ello constituye competencia dentro del mercado común y se sigue que si dicho concierto de productores sobre los precios es cargado a los consumidores en la comunidad y que la concertación tuvo efecto en los precios de venta los cuales son realmente coordinados, en - tonces dichos productores están tomando parte en una concerta- 32 (1988) 4 CMLR 901, Court of Justice of the European Communities.
16 DISPOSICIONES GENERALES 19 ción que tiene como objeto y efecto restringir la competencia dentro del mercado común. Un caso de aplicación de normas que buscan esterilizar la ex - traterritorialidad de las leyes antitrust norteamericanas se presen - tó en British Airways Board v Laker Airways Ltd. 33 Los hechos fueron: Laker Ltd, una corporación británica dedicada a viajes charter, alegó que British Airways, Pan American Airlines y TWA, habían bajado sus tarifas causándole problemas económicos y que dichos actos eran contrarios a la legislación antitrust de los Estados Unidos. Laker Ltd comenzó un caso en los Estados Unidos y pidió una orden judicial, misma que fue otorgada, pro - hibiendo a las compañías extranjeras acudir a cualquier corte en el mundo para contestar el derecho de Laker por mantener su acción. British Airways buscó una orden judicial en las cortes inglesas para prohibir a Laker Ltd continuar su acción en los Estados Unidos. En el ínterin, un ministro inglés con base en la Protection of Trading Interest Act emitió una orden prohibiendo a British Airways cumplir con ciertos requerimientos impuestos por las cortes de Estados Unidos. Laker Ltd presentó una contrademanda de revisión judicial para combatir dicha orden ministerial. La Casa de los Lores sostuvo que la orden ministerial, estando en la esfera de las relaciones internacionales, podría solamente ser sujeta de revisión judicial si el apelante hubiera mostrado que el ministro de Estado no podía razonablemente emitirla, Laker Ltd ha fallado en demostrar ello en su caso por lo que se le niega la revisión judicial y se otorga a British Airways la orden para que Laker Ltd renuncie a su acción en los Estados Unidos. En el caso de México, la legislación ensaya ser extraterritorial. Según la exposición de motivos, la LFCE busca evitar que prácticas originadas en el extranjero tengan efecto adverso en el mercado nacional. 34 Lo anterior se dispuso según sus promotores con el fin de poner a México en igualdad de circunstancias en relación 33 (1985) AC 58, House of Lords. 34 Ley Federal de Competencia Económica, exposición de motivos, 26 de noviembre 1992.
17 20 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA con las legislaciones de otros países y abrir la posibilidad para negociar acuerdos internacionales de cooperación en la materia. 35 En este sentido, la comisión no ha dejado la tendencia mundial y ha ejercido atribuciones de manera extraterritorial. En el caso de una concentración entre Corporation Mobilcom S.A. de C.V., Nextel Communications Inc., y Nextel Investment Company, 36 la comisión apercibió a uno de los participantes a notificar cualquier operación que realizara en el extranjero que pudiera tener efectos dentro de la República mexicana, lo anterior en virtud de que no se había informado oportunamente a la comisión de una concentración llevada a cabo entre Motorola Inc. y Nextel Com - munications Inc., el 28 de julio de 1995 en los Estados Unidos. Otro caso de aplicación extraterritorial de la LFCE tuvo lugar a raíz de sanciones impuestas por Estados Unidos con motivo de un acuerdo llevado a cabo en dicho país entre los años 1993 a 1995, entre Archer Daniel Midland Co., Haarmann & Reimer Corporation y F. Hoffmann ---- La Roche, Ltd. Esta concertación tuvo como fin suprimir y eliminar la competencia entre los agen - tes económicos participantes los cuales acordaron fijar el precio del ácido cítrico, intercambiar información con ese objeto, coor - dinar aumentos de precio y asignar volúmenes de venta tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Con base en lo anterior y considerando que dicho comportamiento tuvo efectos en México, la comisión inició su propia investigación e impuso sanciones. 37 CONCORDANCIA ---- Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. 35 Levy, Santiago, op. cit., nota 3, p Radicada en el expediente CNT Informe de competencia económica, CFC, México, segundo semestre de 1996, p Expediente IO-14-98, 6 de septiembre de 2001, Gaceta de Competencia Económica, CFC, año 5, núm. 12, enero- abril 2002, p. 319.
18 DISPOSICIONES GENERALES 21 JURISPRUDENCIA ---- PLANIFICACIÓN, NO CONCULCA LA GARANTÍA INDIVIDUAL QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LO DISPUESTO EN EL TÍTULO NOVENO DE LA L EY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL IMPUESTO DE. Amparo en revisión 5032/69, Fábricas de Aceites La Rosa, S. A., 2 de mayo de 1973, unanimidad de 17 votos, ponente: Manuel Rivera Silva, séptima época, vol. 53, p I MPORTACIONES. CONSTITUCIONALIDAD DE SU PROHIBI- CIÓN. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD- MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 411/73, American Optical de México, S. A., 8 de octubre de 1973, unanimidad de votos, ponente: Guillermo Guzmán Orozco, séptima época, vol. 59, p DERECHOS DE AUTOR, CARÁCTER DE LA LEY FEDERAL DE. Amparo en revisión 672/57, Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, Sociedad Autoral, 9 de abril de 1958, mayoría de 3 votos, ponente: José Rivera P. C., sex - ta época, vol. XII, p RESOLUCIONES ---- Resolución del 23 de octubre de 1997, DE Amparo en revisión 3531/98, quejoso: Javier Isaías Pérez Almaraz, ponente: Olga Sánchez Cordero de García Ville - gas, Primera Sala, SCJN, 12 de enero de Corporation Mobilcom S. A. de C.V., Nextel Communica - tions Inc., y Nextel Investment Company, radicada en el expediente CNT Informe de competencia económica, México, CFC, segundo semestre de 1996, p Archer Daniel Midland Co., Haarmann & Reimer Corporation y F. Hoffmann ---- La Roche, Ltd, expediente IO-14-98, 6 de septiembre de 2001, Gaceta de Competencia Eco - nómica, CFC, año 5, num. 12, enero-abril de 2002, p. 319.
19 22 LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA ---- Mannington Mills Inc. v Congoleums Corporation, USCA., 595 F 2nd 1287 (1979) Hartford Fire Insurance Co. v California, US Supreme Court, 133 S Ct 2891 (1993) Re Wood Pulp Cartel: A Ahlstrom Oy v EC Commission, (1988) 4 CMLR 901, Court of Justice of the European Com - munities British Airways Board v Laker Airways Ltd, (1985) AC 58, House of Lords López Ostra v Spain, ECHR Ser A vol 303-C, 41/1993/ 436/515. BIBLIOGRAFÍA AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA, Javier, Análisis constitucional de la Ley Federal de Competencia Económica, Informe de la Comisión de Competencia Económica, México, CFC, 1996-II. AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of Foreign Relations Law of the United States, Third, CORONADO, Mariano, Elementos de derecho constitucional mexicano, México, Librería de Ch. Bouret, FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa- UNAM, HAYEK, F.A., The Road to Serfdom, Londres, Routledge, KANT, Immanuel, Principios metafísicos de la doctrina del derecho, (1797), México, UNAM, KELSEN, H., Teoría pura del derecho, trad. de Roberto Vernen - go, México, Porrúa, L EVY, Santiago, Notas sobre la nueva Ley Federal de Competencia Económica, Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, México, UNAM, L OZANO, José María, Tratado de los derechos del hombre, México, Imprenta del Comercio de Dublán y Compaña, 1876.
20 DISPOSICIONES GENERALES 23 M ADRID, Miguel de la, Conferencia pronunciada en el Colegio de Economistas de México, 27 de marzo de 1969, Estudios de derecho constitucional, México, Porrúa, PEREZNIETO, Leonel, La Ley Federal de Competencia Económica un nuevo instrumento para una nueva economía, Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, México, UNAM, SOUSA SANTOS, Boaventura de, Towards a Postmodern Under - standing of Law, en Arnaud, André-Jean (ed.), Oñati Proceedings 1, Legal Culture and Everyday Life, Instituto Internacional Oñati para la Sociología del Derecho, VALADÉS, Diego, El capítulo económico de la Constitución, La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, México, Porrúa, Z ARCO, Francisco, Crónica del Congreso Constituyente , México, El Colegio de México, 1957, sesión del 14 de agosto de Objeto ARTÍCULO 2o. Esta ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Para efectos de esta ley, se entenderá por Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y por Comisión, la Comisión Federal de Competencia. COMENTARIO El bien jurídicamente tutelado por la LFCE es la eficiencia eco - nómica. En teoría económica, la eficiencia económica se logra bajo un proceso de competencia y libre concurrencia. El concepto clave de este artículo es por lo tanto el de eficiencia.