Source: http://www.leyesinmobiliarias.seuvella.com/na-lf10-1994.html
Timestamp: 2019-05-19 13:22:44
Document Index: 229487390

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 137', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 197', 'Artículo 198', 'Artículo 199', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'Artículo 208']

Artículo 2. Aspectos de las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 3. Finalidades y atribuciones de la actividad administrativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 4. Funciones públicas e iniciativa privada.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN LEGAL Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
CAPÍTULO III. NORMAS URBANÍSTICAS COMARCALES
CAPÍTULO IV. PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
TÍTULO III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL
CAPÍTULO II. MÓDULOS DE RESERVA DE TERRENOS
CAPÍTULO III. PLAN MUNICIPAL
CAPÍTULO V. OTROS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO VI. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO
CAPÍTULO VII. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS
CAPÍTULO VIII. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES
CAPÍTULO IX. DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA
Artículo 137. Ejecución del planeamiento.
Artículo 139. Presupuestos de la ejecución.
Artículo 140. Concepto, principios, objeto y límites de los convenios.
Artículo 141. Procedimiento para la celebración y el perfeccionamiento de los convenios.
Artículo 142. Publicidad de los convenios.
CAPÍTULO II. UNIDADES DE EJECUCIÓN
Artículo 143. Unidades de ejecución.
Artículo 144. Abono proporcional de las obras de urbanización.
Artículo 145. Requisitos para la delimitación de unidades de ejecución.
Artículo 146. Procedimiento para la delimitación de las unidades de ejecución.
Artículo 147. Sistemas de actuación.
Artículo 148. Elección del sistema de actuación.
Artículo 149. Sustitución de un sistema privado por incumplimiento de plazos.
Artículo 150. Unidades de ejecución con exceso de aprovechamiento.
Artículo 151. Unidades de ejecución con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación.
Artículo 152. Compensación en determinadas actuaciones.
Artículo 153. Gastos de urbanización.
Artículo 154. Cargas adicionales en el planeamiento a ejecutar mediante convenio.
SECCIÓN SEGUNDA. SISTEMA DE COMPENSACIÓN
Artículo 155. Sistema de compensación.
Artículo 156. Tramitación de los Estatutos y Constitución de la Junta.
Artículo 157. Exclusión del sistema.
Artículo 158. Proyecto de reparcelación.
Artículo 159. Reparcelación.
Artículo 160. Criterios de formulación.
Artículo 161. Tramitación del proyecto.
Artículo 162. Régimen jurídico de la Junta de Compensación.
Artículo 163. Transmisión de los terrenos.
Artículo 164. Responsabilidad de la Junta y obligaciones de sus miembros.
Artículo 165. Vinculación directa de inmuebles.
SECCIÓN TERCERA. SISTEMA DE COOPERACIÓN
Artículo 166. Sistema de cooperación.
Artículo 167. Gastos de urbanización.
Artículo 168. Formulación del proyecto de reparcelación.
SECCIÓN CUARTA. SISTEMA DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA
Artículo 169. Sistema de reparcelación voluntaria.
Artículo 170. Reparcelación económica y normalización de fincas.
SECCIÓN QUINTA. SISTEMA DE EJECUCIÓN FORZOSA
Artículo 171. Supuestos.
Artículo 172. Iniciativa de cooperativas y promotores de viviendas de protección oficial.
Artículo 173. Iniciación del sistema.
Artículo 174. Gastos del sistema.
Artículo 175. Ocupación de terrenos.
Artículo 176. Comisión gestora.
Artículo 177. Proyecto de reparcelación.
Artículo 178. Facultades de la Comisión gestora para la financiación del sistema.
Artículo 179. Programa de construcción.
Artículo 180. Control público sobre la Comisión gestora.
Artículo 181. Adjudicación de terrenos.
SECCIÓN SEXTA. SISTEMA DE EXPROPIACIÓN
Artículo 182. Aplicación del sistema.
Artículo 183. Liberación de expropiaciones.
SECCIÓN SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 184. Ejecución de los programas de actuación urbanística.
Artículo 185. Concursos para la formulación y la ejecución de programas de actuación urbanística.
Artículo 186. Adjudicación.
Artículo 187. Redacción del programa de actuación urbanística.
Artículo 188. Formulación directa y concurso para la ejecución.
Artículo 189. Ejecución de los programas de actuación urbanística por expropiación.
Artículo 190. Incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario.
CAPÍTULO IV. ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO
SECCIÓN PRIMERA. TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS
Artículo 191. Ajuste de aprovechamientos.
Artículo 192. Plazo para la solicitud de licencia.
Artículo 193. Modalidades.
Artículo 194. Parcela con aprovechamiento lucrativo nulo o inferior al patrimonializable.
Artículo 195. Proyecto con aprovechamiento superior al patrimonializable.
Artículo 196. Proyecto que no agota el aprovechamiento real.
Artículo 197. Ajuste en caso de condiciones mínimas de altura o volumen.
Artículo 198. Imposición coactiva de la transferencia.
Artículo 199. Transferencias y localización de las parcelas.
SECCIÓN SEGUNDA. INTERVENCIÓN MEDIADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO
Artículo 200. Adquisición de aprovechamientos por la Administración.
Artículo 201. Transmisión de aprovechamientos.
Artículo 202. Ofrecimientos de adquisición o transmisión.
SECCIÓN TERCERA. REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS
Artículo 203. Registro de Transferencias y Registro de la Propiedad.
Artículo 204. Certificación previa a la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 205. Suelo urbano con aprovechamiento tipo.
Artículo 206. Suelo urbano sin aprovechamiento tipo.
Artículo 207. Suelo urbanizable programado.
Artículo 208. Expropiación y ocupación directa.
CAPÍTULO I. EXPROPIACIONES
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE LA VENTA FORZOSA
TÍTULO VI. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
TÍTULO VII. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO
CAPÍTULO III. DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO SOBRE SUELO Y EDIFICACIONES
La primera Ley Foral promulgada, la 12/1986, de 11 de noviembre, de Ordenación del Territorio, supuso ya una primera innovación en el ordenamiento jurídico foral, al crear ex novo cinco instrumentos de planificación espacial, estableciendo su objetivo y función, contenido, efectos y procedimiento de formación y aprobación, además de incorporar medidas complementarias relativas a la formación del planeamiento municipal.
Un segundo texto legal en la materia fue la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para protección y uso del territorio. Esta Ley, lejos de configurarse como un instrumento de planificación territorial, como así lo catalogaba en su inicio la Ley Foral de Ordenación del Territorio, constituye una auténtica disposición general que ha permitido:
Establecer la normativa básica para una adecuada protección del suelo no urbanizable, posibilitando una racional utilización del suelo compatible con la preservación de este recurso natural digno de la mayor protección; y
Regular de un modo más congruente y ordenado el crecimiento urbanístico de los núcleos de población, impartiendo pautas de comportamiento y criterios de ordenación territorial materializables a través del planeamiento urbanístico municipal.
Las anteriores Leyes Forales han regulado la ordenación del territorio y el urbanismo desde 1985, año en que se produjo el traspaso de servicios y funciones de la Administración del Estado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de modo fundamentalmente complementario, respecto de la legislación estatal nucleada en torno al texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, sobre todo las de contenido eminentemente más urbanístico. Junto con este texto estatal, sus modificaciones ulteriores a través de los Reales Decretos-leyes 3/1980, de 14 de marzo, y 16/1981, de 16 de octubre, y los reglamentos de desarrollo (planeamiento, gestión y disciplina), las leyes navarras amalgamaron un ordenamiento urbanístico armonizado y homogéneo, válido en líneas generales para afrontar la ordenación del territorio navarro en los primeros años de ejercicio de las competencias asumidas.
No obstante, ha de reconocerse que este primigenio ordenamiento urbanístico vigente en Navarra, se ha visto impactado últimamente por la aparición de ulteriores Leyes emanadas del Estado. Así, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, ha establecido los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales como un instrumento básico y obligatorio para la planificación de los recursos naturales, previo y preceptivo a la declaración de un área como Espacio Natural. Un año más tarde, la promulgación de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, introdujo importantísimas y trascendentales innovaciones en el ámbito jurídico-administrativo, al punto de configurar un novedoso régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, vertebrado sobre la sucesiva y gradual adquisición de cuatro facultades urbanísticas integradoras del contenido de la propiedad inmobiliaria. La Ley estatal modificó los criterios de valoración del suelo a efectos expropiatorios, reformó la institución expropiatoria e introdujo nuevas técnicas para la adquisición de terrenos con destino a reservas públicas de suelo. En último término, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha efectuado una reforma del procedimiento administrativo común y que, lógicamente, afecta a los procedimientos urbanísticos.
Esta revisión que ahora se postula persigue tres objetivos generales. El primero, ya se ha señalado, es el de adecuar a Navarra las disposiciones normativas establecidas en la nueva legislación estatal, ejercitando la Comunidad Foral sus competencias exclusivas sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y desarrollando la legislación básica estatal en aquellos aspectos que se considere menester. En la consecución de este objetivo, se ha optado por partir del mismo esquema en que se estructura el texto estatal, con lo que se ratifican y mantienen las líneas vertebradoras del sistema jurídico existente desde que en 1956 se aprobará la Ley del Suelo, habida cuenta de la validez, eficacia y conocimiento de esta norma por quienes se relacionan con las materias urbanísticas.
El segundo objetivo persigue codificar y armonizar en un solo cuerpo normativo, en la mayor medida posible, el conjunto hoy disperso de preceptos legales reguladores de la ordenación del territorio y el urbanismo. Para alcanzar este objetivo se han refundido en un único texto legal las disposiciones con rango formal de Ley provenientes de la Comunidad Foral de Navarra y que atañen a estas dos materias, junto con los preceptos de alcance supletorio contenidos en la normativa estatal, acudiéndose en casos puntuales, pero necesarios, al desarrollo de la legislación básica del Estado en otras materias, pero partiendo siempre del pleno respecto al reparto competencial que, entre el Estado y Navarra, ha operado la Constitución.
En la regulación de este régimen del suelo destacan las siguientes aportaciones: La definición legal del suelo urbano vinculada a la suficiencia de los servicios urbanísticos previstos por el plan, con lo que el criterio de la realidad fáctica del suelo urbano queda subordinado a la finalidad urbanística prevista pro futuro por el plan, y no, como hasta ahora, a la constatación de la existencia de unos pretendidos servicios cuya insuficiencia para atender las posteriores necesidades urbanísticas pretendidas era más que notable; la limitación de la potestad de clasificar suelo urbanizable no programado a los municipios de más de 10.000 habitantes, los más aptos para prever el desarrollo de este tipo de suelo; la posibilidad de autorizar viviendas familiares aisladas en suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y genérico en las condiciones y zonas que reglamentariamente se determinen, posibilitando con ello el mantenimiento de un tradicional modus vivendi en la zona norte de Navarra; la fijación supletoria de plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos por los propietarios de suelo urbano y urbanizable, en defecto de previsión expresa por el planeamiento; la simplificación del procedimiento administrativo para edificar, mediante la regulación de los plazos de edificación y de un procedimiento excepcional que permite la implantación directa de industrias o actividades terciarias en suelo urbano o urbanizable, en supuestos justificados de interés general; y la adaptación de los límites máximos de densidad de la edificación residencial o industrial a los estándares más propios de la población navarra, alejados de los máximos fijados supletoriamente en la legislación del Estado.
El transcurso del tiempo ha permitido demostrar la necesidad, más que conveniencia, de proceder a una reforma parcial de dicho texto, con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos de elaboración de instrumentos de ordenación del territorio, especialmente en el caso de las Normas Urbanísticas Comarcales; procedimientos complejos y sinuosos capaces de disuadir y entorpecer la voluntad de la Administración a la hora de promover la planificación territorial. También se entiende conveniente remitir a la legislación específica que se dicte sobre conservación de los espacios naturales la regulación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, establecidos por la legislación básica del Estado, y que de facto han venido a sustituir, cuando no a anular, la validez de los anteriores Planes de Ordenación del Medio Físico regulados por la Ley Foral de Ordenación del Territorio. Por otro lado, la existencia de algunas lagunas jurídicas suscitadas alrededor de la ejecución de los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal se configura como un motivo añadido para promover una modificación legal que complete y desarrolle, engarzando con la escala de derechos y facultades urbanísticas, los extremos relacionados con el contenido y aplicación posterior de estos instrumentos.
En el campo del planeamiento urbanístico municipal, el título III de la Ley Foral unifica en una sola figura el Plan Municipal, los anteriores Planes Generales y Normas Subsidiarias, simplificación más metodológica que real, pues la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, ya había convertido las Normas Subsidiarias en el auténtico plan ordenador de los municipios navarros de menos de 10.000 habitantes. Los nuevos planes municipales, cuyo contenido varía según la entidad y dinámica de crecimiento de cada municipio, agregan además una importante novedad respecto al régimen común, cual es la de poder ordenar y regular directamente el suelo urbanizable, sin necesidad de remitirse a un Plan Parcial siempre que se recojan los contenidos propios de éste. El Plan Municipal puede desarrollarse mediante tres figuras ya existentes en la legislación precedente: El Plan Parcial, el Plan Especial y los Estudios de Detalle, y sus previsiones se materializan mediante los proyectos de urbanización. La Ley desarrolla igualmente algunos puntos relativos a las Areas de Reparto y al Aprovechamiento tipo en consonancia con las disposiciones estatales.
La Ley Foral delimita también las competencias entre los municipios y la Administración foral en materia de planeamiento urbanístico. A los municipios les corresponde impulsar su propio planeamiento integral, y sólo en tres supuestos precisos esa facultad se residencia en la Administración foral:
Cuando el plan afecte a más de un municipio y en defecto de acuerdo expreso entre los municipios afectados;
En los supuestos de subrogación previstos en la legislación, por negligencia o incapacidad de la entidad local, y
En supuestos específicos de necesidades constatadas de vivienda o suelo industrial que hagan necesaria la intervención de la Administración de la Comunidad Foral en sustitución de la Administración Local.
El título IV regula la ejecución del planeamiento. Los aspectos más novedosos son la introducción de la ejecución por convenio con la iniciativa particular y la simplificación, al máximo admisible de la tramitación de los sistemas de actuación, en el que el proyecto de reparcelación adquiere la condiciones de instrumento clave en cualquier actuación privada. Los sistemas quedan configurados en cinco: Compensación, cooperación, reparcelación voluntaria, en cuanto fórmula más simple de actuación, ejecución forzosa, sistema ya incorporado por la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, y expropiación.
El título VI contempla, con una nueva visión, la intervención administrativa en los edificios y uso del suelo y la disciplina urbanística. A tal efecto, se precisan los actos sujetos a licencia urbanística. En materia de protección de la legalidad urbanística, se depositan en la Administración nuevas facultades tuitivas, algunas cautelares, para garantizar la restauración del orden infringido a su situación inicial. Se completa este título con la adaptación del régimen disciplinario en la materia a los modernos principios del Derecho Administrativo sancionador proclamados por la Constitución, y recopilados en la reciente, y ya antes citada, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De este modo, la Ley Foral clasifica las infracciones en muy graves, graves o leves, según el valor del bien jurídico protegido, y se revisan y, en su caso, actualizan las sanciones según la nueva concepción social de la gravedad del ilícito. La competencia para sancionar recae, por regla general, en las entidades locales con competencia en materia de disciplina urbanística, salvo en casos tasados, en que la competencia se atribuye al Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
El título VII recoge todos los instrumentos de intervención en el mercado del suelo hoy vigentes: Constitución de patrimonios públicos, derecho de superficie y derechos de tanteo y retracto. Entre sus novedades aparece la obligación de los Ayuntamientos de más de 2.000 habitantes de constituir su propio patrimonio municipal de suelo, en coherencia con la previsión de la Ley Foral 7/1989, de medidas de intervención en materia de suelo y vivienda, que imponía a estos mismos municipios el deber de reservar suelo para viviendas de protección oficial; así como la posibilidad, tanto por la Administración Foral como por los Ayuntamientos de Navarra, tengan o no planeamiento municipal, de establecer reservas de suelos sobre terrenos clasificados como no urbanizables o urbanizables no programado.
Finalmente, el título VIII aborda, en el marco de la legislación sobre Administración Local, las relaciones interadministrativas, precisando la Constitución por los Ayuntamientos de mancomunidades urbanísticas y reconociendo su facultad para desconcentrar y descentralizar sus funciones sin ningún tipo de control tutelante de la Administración Foral. La Ley Foral prevé la sustitución puntual de la actividad local por la Administración Foral en los supuestos excepcionales de incumplimiento de los deberes legales emanados de la legislación urbanística. Dentro de este título, se crea la Comisión de Ordenación del Territorio, órgano consultivo y foro de encuentro entre las distintas Administraciones territoriales, tendente a dictaminar, en su proceso de formación, los principales instrumentos de planificación territorial.
Asimismo, y como importante novedad conexa a la potenciación de la autonomía municipal, se prevé la facultad de delegar el ejercicio de competencias urbanísticas del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en los municipios.