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Timestamp: 2017-01-18 17:29:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 82', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 272']

ORDEN de 6 de mayo de 2013 por la que se aprueban los estatutos del Colegio de Procuradores de A Coruña.
Publicado en DOG núm. 99 de 27 de Mayo de 2013
Derogación de la Orden de 25 de enero de 2005
. Estatuto del Colegio de Procuradores de A Coruña
Relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia
CAPÍTULO I. Régimen de colegiación
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios
Suspensión de la condición de colegiado
Tramitación electrónica y comunicaciones de las resoluciones de los procedimientos sobre colegiación
TÍTULO II. Del Colegio
De ordenación del ejercicio profesional
De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados
Del arbitraje y mediación institucionales
De las formas de ejercicio profesional y del control del ejercicio societario
SECCIÓN 2. Funciones de servicio y colaboración con la Administración de justicia
Servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias y documentos
Servicio de representación jurídica gratuita
Servicio de depósitos de bienes embargados
Designación como entidad especializada en la realización de bienes
SECCIÓN 3. De la calidad de la práctica profesional
Participación en la capacitación profesional
Régimen de los tutores
De la Junta General y sus competencias
Proposiciones de los colegiados
SECCIÓN 3. Junta de Gobierno
Del vicedecano, secretario, vicesecretario, tesorero y vicetesorero
SECCIÓN 4. Régimen de provisión de cargos
Carácter electivo y duración del mandato
SECCIÓN 5. Régimen electoral
Proclamación como electos de candidatos únicos
Modalidades de votación. Voto por correo
Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones
Régimen general de impugnación
Especialidades del procedimiento de recurso
Contribuciones de los procuradores
Eficacia y ejecución de las sanciones
SECCIÓN 4. Prescripción y cancelación
SECCIÓN 5. Procedimiento disciplinario
Régimen jurídico del procedimiento
CAPÍTULO VI. Régimen de distinciones, protocolo y símbolos
Colegiados y cargos de honor
Tratamientos honoríficos y protocolarios
CAPÍTULO VII. De los procedimientos de disolución y constitución de nuevo colegio por fusión
Fusión con otros colegios de procuradores de Galicia
Exigencia del título profesional de procurador de los tribunales y dispensas
Exigencia del título de licenciado en Derecho
Mandatos de cargos de gobierno del Colegio
Mantenimiento de vigencia de previsiones del anterior estatuto
Modificación de los partidos judiciales
Adecuación y desarrollos normativos
Efectos derogatorios
La transferencia en materia de colegios oficiales o profesionales se hizo efectiva a través del Real decreto 1643/1996, de 5 de julio, y se asumió por el Decreto 337/1996, de 13 de septiembre, de la Xunta de Galicia. Corresponde a la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia las competencias en esta materia en virtud del Decreto 7/2011, de 20 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de dicha consellería.
La Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia, dictada en virtud de la citada competencia, dispone en su artículo 16 que los colegios profesionales gozarán de autonomía para la elaboración, aprobación y modificación de sus estatutos, sin más límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la misma norma establece la obligatoriedad de comunicar la consellería competente en materia de colegios profesionales los estatutos aprobados, así como sus modificaciones.
Dando cumplimiento a esta disposición, el Colegio de Procuradores de A Coruña acordó, en asamblea general de 18 de diciembre de 2012, la aprobación de sus estatutos, que fueron presentados ante la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia a efectos de su aprobación definitiva, previa calificación de legalidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Objeto Esta orden tiene por objeto aprobar los estatutos del Colegio de Procuradores de A Coruña, que figuran como anexo a la presente orden.
Publicación e inscripción Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Galicia y la inscripción correspondiente en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Derogación de la Orden de 25 de enero de 2005 Quedan derogados los anteriores estatutos aprobados por Orden de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, de 25 de enero de 2005, y modificada por Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 29 de marzo de 2010.
Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
ANEXO Estatuto del Colegio de Procuradores de A Coruña
Objeto El objeto del presente estatuto es regular la organización y funcionamiento del Colegio de Procuradores de A Coruña (CPAC), que actúa al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.
Naturaleza y personalidad 1. El CPAC es una corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la ley e integrada por quienes ejercen la profesión de procurador de los tribunales.
Ámbito territorial y domicilio 1. El ámbito territorial del CPAC es la provincia de A Coruña y comprende las demarcaciones judiciales de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Carballo y Ortigueira.
2. No obstante lo anterior, el Colegio podrá realizar legítimamente actuaciones fuera de su ámbito territorial, respetando las competencias del Consejo General y del Consejo Gallego de Procuradores, en el ejercicio de sus fines y funciones, en el marco de lo dispuesto en este estatuto.
3. El domicilio del Colegio radica en A Coruña; c/ Bolivia no 6, 2º.
Fines esenciales 1. Son fines esenciales del CPAC:
a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión.
b) Ostentar la representación institucional exclusiva de la procuraduría en su ámbito territorial.
e) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los procuradores y promover la calidad de la actividad profesional de sus colegiados mediante la formación continuada, y cooperar en la mejora de los estudios que, conforme a la legislación vigente, resulten necesarios para la obtención del título que habilite para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.
Relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia 1. El CPAC se relacionará con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, en las cuestiones relativas a los aspectos institucionales y corporativos, a través de la consellería competente en materia de colegios profesionales y, en las cuestiones referentes al contenido de la profesión, por medio de la consellería o consellerías competentes al respecto.
2. El Colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, las administrativas que le atribuya la legislación estatal y autonómica, y las competencias administrativas que le delegue el correspondiente órgano de la Administración. Asimismo, podrá colaborar con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia haciendo uso de las técnicas relacionadas en el artículo 7 de la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia (LCPCG).
3. El CPAC mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con la Administración general del Estado, las administraciones locales y demás organismos e instituciones públicos.
Capítulo IRégimen de colegiación
Obligatoriedad 1. Para el ejercicio de la profesión de procurador vienen obligados a la incorporación al Colegio de Procuradores de A Coruña los procuradores que tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio.
3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al CPAC, en beneficio de los consumidores y usuarios, éste deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (LAASE).
Libertades de establecimiento y de prestación de servicios El ejercicio permanente en España de la profesión de procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.
Adquisición de la condición de colegiado 1. Son condiciones necesarias para ingresar en el CPAC:
Procedimiento de incorporación 1. La Junta de Gobierno resolverá y notificará las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de un mes, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. La Junta podrá delegar en el decano esta competencia.
3. Podrá suspenderse el plazo para resolver, por término no superior a dos meses, a fin de subsanar deficiencias de la documentación presentada o de efectuar las comprobaciones pertinentes para verificar su autenticidad y suficiencia.
4. La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y podrá ser impugnada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales, en los términos dispuestos en el capítulo III del título III del estatuto.
Pérdida de la condición de colegiado 1. Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:
b) El incumplimiento o la no persistencia, debidamente comprobados, de las condiciones de incorporación al Colegio consignadas en el artículo 8.
d) El impago de las contribuciones colegiales. Incurre en dicha causa el colegiado que deja de abonar tres recibos, de forma sucesiva o alternativa, correspondientes a las cuotas ordinarias, fijas o variables, en un mismo ejercicio, las extraordinarias y las demás cargas colegiales establecidas por la Junta General.
3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias determinantes de la eventual baja colegial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia por un período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo, adoptará la correspondiente resolución en el plazo máximo de un mes.
5. En el supuesto previsto en la letra d), la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de impago de las contribuciones, y le concederá trámite de audiencia por un período de quince días hábiles. Transcurrido el mismo, y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución en el plazo máximo de un mes. Acordada, ensu caso, la baja, la eventual reincorporación quedará condicionada al abono de las cantidades adeudadas con el interés legal correspondiente.
6. La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado podrá ser impugnada ante el Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales en los términos previstos en el artículo anterior para la denegación de acceso al Colegio.
Suspensión de la condición de colegiado 1. Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:
Tramitación electrónica y comunicaciones de las resoluciones de los procedimientos sobre colegiación 1. El Colegio dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 10 bis de la LCPCG.
2. El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los cambios de domicilio profesional, al Consejo General a efectos de su anotación en el Registro Central de Colegiados, al Consejo Gallego de Colegios de Procuradores y a los juzgados y tribunales de su territorio.
Colegiados ejercientes y no ejercientes 1. Los procuradores incorporados al Colegio de Procuradores de A Coruña tendrán la condición de ejercientes o de no ejercientes.
2. Sólo podrá ser admitido como colegiado no ejerciente quien haya ejercido con anterioridad y de modo efectivo la profesión de procurador de los tribunales durante al menos un año ininterrumpidamente.
3. Cada procurador ejerciente tendrá un número de colegiado, en todos los documentos profesionales que suscriba deberá consignarlo así como mencionar el Colegio al que pertenece.
4. En el Colegio de Procuradores de A Coruña la categoría de no ejerciente subsistirá en los términos dispuestos en la disposición transitoria tercera.
Capítulo IIDerechos y obligaciones
Principios generales 1. La incorporación al Colegio de Procuradores de A Coruña confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente estatuto.
2. Todos los procuradores de los tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos en el estatuto. Los actos o acuerdos colegiales que impliquen restricción indebida o discriminación de los derechos u obligaciones son nulos de pleno derecho.
Derechos de los colegiados Son derechos de los procuradores colegiados:
a) La petición de amparo en su actuación profesional a los órganos corporativos para la protección de su independencia y su libertad de ejercicio. A tal efecto, podrán pedir que se ponga en conocimiento de los órganos de gobierno del poder judicial, jurisdiccionales o administrativos, la vulneración o desconocimiento de este derecho.
b) La participación en el gobierno del Colegio, la intervención y voto en las sesiones de la Junta General y la facultad de elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno.
c) La formulación de peticiones y la presentación de quejas y reclamaciones ante los órganos del Colegio, así como el derecho de a los recursos contra los acuerdos y resoluciones de aquéllos.
d) La obtención de información regular sobre el gobierno corporativo y la actividad de interés profesional, así como el examen de los documentos contables que reflejen la actividad económica del Colegio.
Obligaciones de los colegiados 1. Los procuradores colegiados están obligados a:
b) Cumplir con las obligaciones legales que le impongan las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, en el desempeño de su profesión y, en particular, de colaboración y cooperación con los órganos jurisdiccionales, así como disponer de los medios y recursos adecuados y actualizados para ello.
c) Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerzan la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.
e) Guardar el debido respeto a los titulares de los órganos colegiales y, en el ejercicio de su profesión, a sus colegas, litigantes, letrados, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás miembros de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia.
j) Satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio y abonar, en su caso, los servicios colegiales de que hagan uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.
k) Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de los cargos colegiales para los que sean elegidos o designados.
2 Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del procurador. Su observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente estatuto.
TÍtulo IIDel Colegio
De las funciones del Colegio Para la consecución de los fines esenciales señalados en el artículo 4 del estatuto, el CPAC ejercerá, en su ámbito territorial, las funciones que le atribuye tanto la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales como las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, que se describen en el presente capítulo.
De ordenación del ejercicio profesional Son funciones de ordenación del ejercicio profesional las siguientes:
b) El registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. El Colegio comunicará las inscripciones practicadas en el registro de sociedades al Consejo General a efectos de su constancia en el Registro Central de Sociedades Profesionales y al Consejo Gallego de Procuradores.
f) La adopción, dentro del ámbito de sus competencias, de las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y a evitar los actos de competencia desleal que se produzcan entre los colegiados.
De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:
d) Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o se prevea su participación con arreglo a la legislación vigente.
e) Informar los proyectos de disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma de Galicia que afecten a los profesionales de la procuraduría o se refieran a los fines y funciones a ellos encomendados.
g) Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones y órganos análogos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia cuando la misma lo requiera o así se establezca en la normativa vigente, así como en los de las organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.
h) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las administraciones públicas y colaborar con ellas mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serle solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.
j) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativa, cultural, médico-profesional y otros análogos, o la colaboración, en su caso, con instituciones de este carácter, así como para la cobertura de responsabilidades civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.
Del arbitraje y mediación institucionales El CPAC impulsará y desarrollará la mediación, así como desempeñará funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Servicio de atención a consumidores y usuarios 1. El CPAC velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.
2. A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquéllos que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
3. Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia. El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, archivando o adoptando cualquier otra decisión según corresponda.
Ventanilla única 1. El CPAC dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible hacerlo por otros medios.
3. El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas así como crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.
De las formas de ejercicio profesional y del control del ejercicio societario 1. Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales de la misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente.
3. Se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del CPAC aquellas que tengan su domicilio social único o principal en el ámbito territorial del Colegio.
4. La inscripción de la sociedad profesional en dicho registro de sociedades profesionales determina su incorporación al Colegio y la consiguiente sujeción de aquélla a las competencias que la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.
Sección 2Funciones de servicio y colaboración con la Administración de justicia
Servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias y documentos El Colegio de Procuradores de A Coruña organizará un servicio de recepción de notificaciones y traslados de copias y documentos de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.
Servicio de representación jurídica gratuita 1. El Colegio de Procuradores de A Coruña organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
a) El territorio del Colegio se dividirá en las zonas que reglamentariamente se determinen, a efectos de prestar el servicio de representación gratuita.
b) La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para todos los procuradores. Excepcionalmente, podrá suspenderse la obligación de prestación en casos debidamente justificados por razones graves de carácter personal o de orden profesional.
c) Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten podrán ser dispensados de la obligación de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita durante su mandato en atención al cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
3. Los procuradores adscritos al servicio deberán cumplir las condiciones mínimas de formación y especialización necesarias que reglamentariamente se determinen al objeto de asegurar la calidad y competencia profesionales.
4. El Consejo General de Procuradores supervisará la creación y el funcionamiento del servicio colegial y se asegurará de que la prestación de la asistencia jurídica gratuita se haga de forma eficaz y continuada.
Servicio de turno de oficio 1. El CPAC organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.
2. El Colegio designará procurador, por turno de oficio, cuando, sea preceptiva o no su intervención, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos arancelarios y suplidos del procurador por la prestación de los servicios profesionales.
Servicio de depósitos de bienes embargados El CPAC podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.
Designación como entidad especializada en la realización de bienes El CPAC podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes. Asimismo, el Colegio podrá organizar un servicio de valoración de bienes embargados.
Sección 3De la calidad de la práctica profesional
Participación en la capacitación profesional El CPAC intervendrá en el proceso de capacitación profesional conducente a la obtención del título profesional de procurador de los tribunales en los términos previstos en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y su reglamento de desarrollo.
Régimen de los tutores Las condiciones que deben satisfacer los procuradores que aspiren a desempeñar las funciones de tutor de las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de procurador, así como el procedimiento de selección de los mismos, serán los determinados en el Estatuto general de la organización colegial de los procuradores de los tribunales de España, que regulará, asimismo, los derechos y obligaciones de los mismos.
Formación continuada Los procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.
Organización básica 1. Son órganos necesarios del CPAC:
Delegaciones territoriales El Colegio podrá establecer delegaciones territoriales para el mejor cumplimiento de sus fines y mayor eficacia de sus funciones colegiales. Las delegaciones tendrán las facultades y competencias que les delegue la Junta de Gobierno.
Sección 2Junta General
De la Junta General y sus competencias 1. La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y la constituyen todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.
a) Aprobar el estatuto, el Reglamento de régimen interior y el código deontológico del Colegio, así como sus modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para dictar las correspondientes normativas de desarrollo.
b) Conocer y sancionar la memoria anual del Colegio, que tendrá el contenido que se describe en el artículo 10.ter de la LCPCG.
Juntas generales ordinarias y extraordinarias 1. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.
Proposiciones de los colegiados Hasta cinco días antes de la junta general ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la Junta General. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el apartado denominado Proposiciones cuando se presenten suscritas por un mínimo del diez por ciento del censo de colegiados.
Convocatoria 1. La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con quince días de antelación, que en los casos de urgencia, debidamente justificada, podrá reducirse a diez.
2. La convocatoria se publicitará con la antelación prevista en el apartado anterior en la página web del Colegio y por medio de circular que habrá de remitirse a cada colegiado mediante su depósito en los correspondientes cajetines de notificaciones o por medio electrónico cuando el colegiado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización.
Celebración de las sesiones 1. Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primera o, si procediera, en la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados ejercientes.
4. Si, reunida la Junta General, no pudiera en una sesión tratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.
Ordenación del debate 1. El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.
2. El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por el presidente, por hallarse fuera de la cuestión o por otro motivo justificado, a juicio de la Presidencia.
Adopción de acuerdos 1. Las votaciones podrán ser ordinarias o secretas. La Presidencia de la Junta General decidirá la modalidad de votación a emplear. La votación secreta se efectuará mediante papeletas que deberán depositarse en urna.
2. Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de acuerdos relativos a la moción de censura, disolución y fusión del Colegio exigirá la concurrencia de los quórums de asistencia y de votación especialmente previstos en estos estatutos. El voto de los ejercientes tiene valor doble que el de los no ejercientes.
3. El voto deberá ser ejercido personalmente, sin que se admitan los votos por escrito de los colegiados no asistentes ni el voto por delegación.
Aprobación de las actas Los acuerdos adoptados en la junta general se harán constar en acta que confeccionará el secretario del Colegio y que será autorizada por él mismo y por el decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente legalizado o serán incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta General.
Sección 3Junta de Gobierno
De la Junta de Gobierno 1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.
2. La Junta de Gobierno está integrada, al menos, por los siguientes miembros: decano-presidente; vicedecano; secretario; vicesecretario; tesorero; vicetesorero y cinco vocales.
Competencias La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General ni las asignadas específicamente a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes funciones:
a) Resolver sobre las solicitudes de colegiación, así como sobre la pérdida y suspensión de la condición de colegiado, pudiendo delegar esta facultad en el decano.
d) Organizar y gestionar los servicios de notificaciones, traslados de escritos, depósitos y realización de bienes y cuantos otros servicios le encomienden las leyes procesales y orgánicas.
g) Elaborar la memoria anual del Colegio, con el contenido prescrito por el artículo 10.ter de la LCPCG, y darle publicidad a través de la página web del Colegio, una vez aprobada por la Junta General.
2º. Con relación a la actividad externa del Colegio:
c) Realizar y promover en nombre del Colegio cuantas mejoras se estimen convenientes para el progreso y los intereses de la procuraduría y el correcto funcionamiento de la Administración de justicia.
3º. Con relación al régimen económico del Colegio:
Régimen de funcionamiento 1. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes previa convocatoria del decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, el decano ostenta voto de calidad.
Decano 1. El decano ostenta la representación legal del Colegio, ejecuta los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno y adopta en los casos de urgencia las medidas o acuerdos procedentes, que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.
Del vicedecano, secretario, vicesecretario, tesorero y vicetesorero El Reglamento de régimen interior del Colegio desarrollará las previsiones sobre las competencias de los restantes miembros de la Junta de Gobierno a partir de las siguientes previsiones básicas:
b) El secretario da fe de los actos y acuerdos del Colegio, lleva y custodia sus libros, extiende las actas y certificaciones y dirige al personal administrativo siguiendo las directrices de la Junta de Gobierno.
d) Es competencia del tesorero controlar todos los documentos de carácter económico cuya utilización sea obligatoria para los colegiados, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio.
e) Corresponde al vicetesorero sustituir al tesorero en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
De los vocales Además de su labor como miembros de la Junta de Gobierno, y las funciones que les pueda asignar ésta, los vocales, en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, sustituyen a los otros miembros del modo siguiente: el vocal primero sustituye al decano y vicedecano; el vocal segundo al secretario y vicesecretario; el vocal tercero al tesorero y vicetesorero; el vocal cuarto al vocal primero y segundo; el vocal quinto al vocal tercero y cuarto.
Sección 4Régimen de provisión de cargos
Carácter electivo y duración del mandato 1. Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.
3. Su duración será de cuatro años. Agotado el período de mandato, podrán ser reelegidos para el mismo o distinto cargo.
Condiciones de elegibilidad 1. Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno será requisito indispensable hallarse en el ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido, salvo el cargo de decano, que requerirá de diez años de ejercicio también ininterrumpido.
Causas de cese Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:
Moción de censura 1. La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros deberá sustanciarse siempre en junta general extraordinaria convocada a ese solo efecto.
2. La solicitud de esa convocatoria de junta general extraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.
4. La válida constitución de la junta general extraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto. En esta junta el voto será siempre personal, directo y secreto.
5. Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los asistentes.
6. Hasta transcurrido un año de su celebración, no podrá volver a plantearse otra moción de censura.
Provisión de vacantes Si por cualquiera otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno que no sobrepasen el veinticinco por ciento del total de sus miembros, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes de la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones establecidas en el capítulo tercero del presente título, sin perjuicio de convocar elecciones para cubrir las vacantes habidas.
Junta provisional 1. Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Gallego de Procuradores o, en su defecto, el Consejo General de Procuradores de España, designará una junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La Junta provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección.
2. Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable salvo por razón de grave enfermedad.
Sección 5Régimen electoral
Derecho de sufragio activo Son electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria del proceso electoral se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos colegiales.
Convocatoria 1. La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con al menos cuarenta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.
2. La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la elección, y calendario electoral.
Junta Electoral 1. Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la Junta Electoral, que estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegidos mediante sorteo entre procuradores ejercientes con más de cinco años de ejercicio profesional.
Censo electoral 1. El secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.
2. El censo estará expuesto en la sede del Colegio durante los quince días naturales siguientes desde la convocatoria de las elecciones. Dentro de los primeros diez días podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de electores. Las reclamaciones serán resueltas por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes. Sólo los colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.
Presentación y proclamación de candidatos 1. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio, con al menos veinte días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.
3. La Junta Electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la Secretaría del Colegio a tal efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres y se levantará acta. A continuación, se procederá a la proclamación de candidatos de quienes reúnan los requisitos estatutarios.
Proclamación como electos de candidatos únicos En el supuesto de que se presentara una sola candidatura para cada cargo y fuera proclamada por la Junta Electoral, la Junta General debidamente constituida podrá acordar su proclamación como decano o miembro de la Junta de Gobierno sin necesidad de proceder a la votación.
Campaña electoral 1. Proclamados los candidatos, dará comienzo la campaña electoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para la celebración de las elecciones.
2. No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña.
Modalidades de votación. Voto por correo 1. El voto se podrá ejercer personalmente o por correo.
2. La votación por correo requiere que quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, se garantice el secreto del voto y sea recibido por la Junta Electoral antes de la finalización de la votación.
b) El voto se presentará en cualquiera de los registros y oficinas públicas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, debiendo constar la fecha de la presentación. El envío se hará a la sede del Colegio de Procuradores, haciendo constar junto a las señas: «Para la Junta Electoral». El Colegio registrará la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la Junta Electoral el día de la votación.
Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones 1. Finalizada la votación, la Junta Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamará electos para cada cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.
3. Finalizado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el presidente de la Junta Electoral hará público el mismo a los presentes en la sala. La Junta Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.
4. Las reclamaciones contra el resultado de las elecciones se presentarán ante el Consejo Gallego de Colegios de Procuradores en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las elecciones.
Toma de posesión 1. Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de su elección.
2. En los diez días siguientes, el decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General de Procuradores, al Consejo Gallego de Procuradores y a la consellería competente en materia de colegios profesionales.
Normativa aplicable 1. El Colegio de Procuradores de A Coruña se rige por las siguientes normas:
c) El Reglamento de régimen interior, el código deontológico y demás normas que se adopten en desarrollo y aplicación del estatuto.
2. La legislación vigente sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común será de aplicación supletoria en defecto de previsiones contenidas en las normas estatutarias o reglamentarias en las actuaciones sujetas al derecho administrativo.
3. Están sujetas al derecho administrativo las actuaciones del Colegio relativas a la constitución de sus órganos y el ejercicio de funciones administrativas.
5. En materia de comunicaciones comerciales se estará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
Eficacia de los actos 1. Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia. De esta regla sólo se exceptúan las resoluciones en materia disciplinaria que se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 82 del estatuto.
2. Cuando el Colegio no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus actos administrativos, lo pondrá en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la consellería de adscripción. A tal efecto, recabará de ésta el auxilio ejecutivo necesario para la ejecución forzosa de sus actos administrativos.
Régimen general de impugnación 1. Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiales, incluso los actos de trámite que directa o indirectamente decidan el fondo del asunto e impidan la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en los siguientes términos:
a) Los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General son recurribles ante el Consejo Gallego de Colegios de Procuradores de los Tribunales.
b) Los acuerdos de los demás órganos colegiales serán recurribles, en su caso, ante la Junta de Gobierno.
3. Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas de la Comunidad Autónoma de Galicia estarán sometidos al régimen de impugnación general de los actos de la misma.
Especialidades del procedimiento de recurso 1. Los recursos de que conozca el Consejo Gallego de Colegios de Procuradores de los Tribunales se interpondrán ante la Junta de Gobierno, que deberá elevarlos, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Consejo Gallego de Colegios de Procuradores dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.
2. El Consejo Gallego de Colegios de Procuradores deberá resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la interposición del recurso. El silencio tendrá efectos desestimatorios. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y el Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales podrá acordarla o denegarla motivadamente.
3. La Junta de Gobierno estará legitimada en todo caso para recurrir los acuerdos de la Junta General. Si la Junta de Gobierno entendiera que el acuerdo recurrido es nulo de pleno derecho o gravemente perjudicial para los intereses del Colegio, podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido al Consejo Gallego, que podrá acordarla o denegarla motivadamente.
Revisión jurisdiccional Los actos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del CPAC, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Recursos económicos 1. Son ingresos ordinarios del Colegio:
d) Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios y cualesquiera otros asesoramientos que se requieran al Colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones.
2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio
c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.
d) Los ingresos por patrocinio publicitario.
Contribuciones de los procuradores 1. Son contribuciones económicas de los procuradores:
3. A los procuradores procedentes de otro colegio que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del CPAC no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.
Régimen presupuestario 1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referidos a un año natural.
Auditoría Cuando se produzca la renovación total de los miembros de la Junta de Gobierno o la renovación parcial, en porcentaje igual o superior al 80 % del total de sus miembros, el Colegio, previo acuerdo de la Junta General convocada al efecto, deberá ser auditado, por auditor de cuentas titulado, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello.
Del patrimonio y su administración 1. Constituye el patrimonio de cada colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.
De los empleados La Junta de Gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la corporación.
De la potestad disciplinaria 1. Los profesionales integrados en el CPAC deben tener como guía de su actuación el servicio a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas propias de la profesión.
2. El CPAC sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales y, en su caso, de las sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el estatuto y reglamentos colegiales o el código deontológico.
Competencia 1. El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.
2. La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del CPAC reside en el Consejo Gallego de Procuradores de los Tribunales
e) La práctica de comunicaciones comerciales no ajustadas a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, o en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
h) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional de la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como de los deberes impuestos en el artículo 26 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
Clases de sanciones 1. Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:
1ª. Apercibimiento por escrito.
2ª. Reprensión pública.
3ª. Multa de hasta 300 €.
4ª. Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta seis meses.
5ª. Multa desde 301 a 6.000 €.
6ª. Multa desde 6.001 a 12.000 €.
7ª. Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo superior a seis meses e inferior a dos años.
8ª. Expulsión del Colegio.
Correspondencia entre infracciones y sanciones 1. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1ª, 2ª y 3ª descritas en el apartado primero del artículo anterior; a las graves, las sanciones 4ª y 5ª, y a las muy graves, las sanciones 6ª, 7ª y 8ª.
Eficacia y ejecución de las sanciones 1. Las sanciones impuestas por el Colegio surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LCP.
3. De todas las sanciones, excepto de la 1ª, así como de su cancelación, se dejará constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General, al Consejo Gallego y, en su caso, al colegio de pertenencia.
Sección 4Prescripción y cancelación
Prescripción de infracciones y de sanciones 1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
Cancelación de las sanciones Las sanciones se cancelarán al año si la sanción impuesta fuera la 1ª, 2ª o 3ª; a los dos años si fuera la 4ª o 5ª; a los cuatro años si fuera la 6ª o 7ª y a los cinco años la 8ª. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.
Sección 5Procedimiento disciplinario
Régimen jurídico del procedimiento 1. El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente expediente.
2. La tramitación del procedimiento disciplinario se ajustará a lo dispuesto en la presente sección y, en lo no previsto, por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Actuaciones previas 1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar actuaciones previas al objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su incoación.
3. La apertura de este trámite se comunicará al denunciado, con aportación, en su caso, de la queja o denuncia presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estime oportunas en el plazo de diez días.
5. Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de dos meses desde su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de las mismas, lo que deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra dicho acuerdo.
Procedimiento disciplinario 1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa propia, petición razonada del decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La denuncia deberá contener la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo de infracción, así como su fecha y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.
2. El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con indicación del régimen de recusación de los mismos y la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará a los interesados.
5. Se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que alegue por escrito y formule escrito de alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa. Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita en el expediente.
6. La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos imputados, la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De la misma se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto estime conveniente a su derecho.
7. La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente decidiendo todas las cuestiones planteadas. No podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución. Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno, no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.
Capítulo VIRégimen de distinciones, protocolo y símbolos
Colegiados y cargos de honor 1. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegiados de honor a las personas, físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su caso, concederse a título póstumo.
2. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la procuraduría.
Otras recompensas 1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económico-científico.
2. Las recompensas honoríficas podrán consistir en felicitaciones y menciones; propuesta de condecoraciones oficiales; designación como miembros honoríficos y otorgamiento de la Medalla de Honor del Colegio.
3. Las recompensas de carácter económico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de Gobierno y serán concedidas por ésta, pudiendo consistir en premios a trabajos de investigación y publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que en cada momento se acuerde editar.
Tratamientos honoríficos y protocolarios 1. El decano del Colegio tendrá la consideración honorífica de presidente de sala del Tribunal Superior de Justicia. Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y actos solemnes a los que asistan en ejercicio de los mismos.
Escudo 1. El escudo del Colegio, distintivo que tradicionalmente viene usando, consiste en un conjunto integrado por el escudo del Estado español a la derecha y ligeramente inclinado a su izquierda, el de la ciudad de A Coruña en el centro, y el representativo de la Justicia a la izquierda y ligeramente inclinado a su derecha. El escudo distintivo del Colegio no podrá modificarse sin acuerdo adoptado en junta general.
2. En todos los documentos que el Colegio expida, así como en sus comunicaciones, se estampará un sello en el que se represente el escudo distintivo expresado.
Capítulo VIIDe los procedimientos de disolución y constitución de nuevo colegio por fusión
Disolución 1. La disolución del Colegio de Procuradores de A Coruña se producirá cuando venga determinada por disposición legal, estatal o autonómica, y será acordada por la Junta General, convocada al efecto, siendo necesario para su aprobación la asistencia de, por lo menos, tres quintas partes de los colegiados y el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes. La Junta General decidirá sobre el destino del patrimonio colegial y designará una comisión encargada de liquidarlo.
2. El acuerdo se comunicará a la consellería de la Xunta de Galicia competente en materia de colegios profesionales, al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España y al Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales.
Fusión con otros colegios de procuradores de Galicia 1. El Colegio de Procuradores de A Coruña podrá fusionarse con todos o algunos de los colegios de procuradores de los tribunales que desarrollan su actividad profesional exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Galicia y no rebasen dicho ámbito territorial para constituir un nuevo colegio profesional de procuradores.
2. La operación de fusión requerirá la aprobación de la Junta General por mayoría absoluta de los asistentes, con la asistencia, al menos, de la cuarta parte de los colegiados, que se pronunciará sobre un protocolo de fusión, que habrá propuesto la Junta de Gobierno.
3. Acordada la fusión por la Junta General, se someterá a informe preceptivo del Consejo Gallego de Procuradores y se enviará a la consellería competente en materia de colegios profesionales, para su ulterior aprobación por decreto del Consello de la Xunta de Galicia.
4. Si la aplicación de este procedimiento de fusión conllevara la disolución del Colegio, no sería de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.
Exigencia del título profesional de procurador de los tribunales y dispensas 1. El título profesional de procurador de los tribunales, que se erige en condición necesaria para el ingreso en el Colegio en el artículo 8.1.b) de este estatuto, sólo es exigible desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y con las dispensas previstas en sus disposiciones adicionales octava y novena y en su disposición transitoria única.
2. Quienes no resulten afectados por la exigencia del título profesional de procurador de los tribunales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior deberán poseer el título oficial de procurador de los tribunales expedido por el Ministerio de Justicia para poder ingresar en el Colegio contemplado en el artículo 8.d) del Real decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, y cumplir las demás condiciones establecidas en el artículo 8.1 del presente estatuto.
Exigencia del título de licenciado en Derecho 1. La condición de licenciado en Derecho recogida por el artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil, tras la modificación efectuada a la misma por la disposición final primera de la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, se entenderá exigible desde la entrada en vigor de esta última disposición, producida el día 28 de mayo de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final cuarta.
2. De acuerdo con la disposición transitoria segunda de aquella ley, la exigencia del título de licenciado en Derecho no afectará a las situaciones anteriores a su entrada en vigor, no siendo, por tanto, de aplicación a quienes se encontraren amparados por la misma la condición de ingreso en el Colegio contenida en el artículo 8.1.a) del estatuto.
Colegiados no ejercientes 1. Los procuradores que, a la entrada en vigor del Estatuto general, tuvieran la condición de no ejercientes con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto general de los procuradores de los tribunales de España, aprobado por el Real decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, podrán seguir vinculados en tal condición al Colegio al que pertenecieran.
2. No será posible adquirir la condición de no ejerciente desde de la fecha de entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de ingreso en el Colegio que se reconoce en el apartado tercero de la disposición transitoria única de aquella ley.
Mandatos de cargos de gobierno del Colegio 1. Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración de su mandato, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 2.
2. En las elecciones previstas para el ejercicio 2016, para la provisión de la Junta de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto se procederá a la renovación completa de todos sus miembros.
Recursos Los recursos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor del estatuto continuarán la misma de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su interposición.
Mantenimiento de vigencia de previsiones del anterior estatuto Entre tanto no se apruebe el Reglamento de régimen Interior del Colegio en desarrollo del presente estatuto, se mantendrán en vigor las previsiones del anterior estatuto sobre competencias de los miembros de la Junta de Gobierno siempre que no se opongan a lo dispuesto en este estatuto.
Modificación de los partidos judiciales La alteración o supresión de los partidos judiciales que según el artículo 3 de estos estatutos determinan el ámbito territorial del Colegio no afectarán, en ningún caso, a éste, que seguirá teniendo el mismo ámbito espacial.
Adecuación y desarrollos normativos 1. La Junta General del Colegio adecuará la normativa reglamentaria interna del Colegio a las previsiones del presente estatuto. En particular, aprobará las siguientes normas:
a) Reglamento de régimen interior, en desarrollo de las previsiones organizativas contenidas en el capítulo II del título III.
b) Reglamento sobre régimen económico-financiero, en desarrollo del capítulo IV del título III.
c) Reglamento de organización del servicio de recepción de notificaciones y traslados previos de copias de escritos y documentos, para los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Carballo, Betanzos y Ortigueira.
d) Reglamento del servicio de guardia para el mes de agosto, a los efectos previstos en el artículo 272.2 de la Ley orgánica del poder judicial.
e) Reglamento del servicio para asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.
f) Reglamento del servicio de guardia para atender las designaciones de los denominados juicios rápidos.
g) Manual del procedimiento del Colegio para el servicio de depósitos de bienes muebles y realización de bienes por entidad especializada.
2. La normativa interna del Colegio mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente estatuto.
Entrada en vigor El presente estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Efectos derogatorios Quedan derogados los estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña, cuya publicación en el Diario Oficial de Galicia dispuso la Orden de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local, de 25 de enero de 2005, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta.