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Timestamp: 2019-03-22 22:16:59
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Reflexiones jurídicas sobre los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en Colombia | Colombia sin minas
Reflexiones jurídicas sobre los erradicadores manuales de cultivos ilícitos en Colombia
Por Angélica Suárez, abogada de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)
El Estado colombiano suscribió la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa) el 3 de diciembre de 1997, la ratificó el 6 de septiembre de 2000, la aprobó mediante la Ley 554 de 2000 y su aplicación se regló en la Ley 759 de 2002. En diciembre de 2009, organizó la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte de la Convención (Plan de Acción de Cartagena).
En atención a las obligaciones de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos que le competen al Estado colombiano, en virtud de su papel fundamental de regulador de la actividad económica pública y privada y, sobre todo en vista de sus deberes específicos con respecto a los grupos poblacionales más vulnerables como las personas en situación de discapacidad y, en general, las víctimas de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), es imperativo que tome las medidas necesarias para asegurar que los sobrevivientes gocen de una atención médica adecuada y permanente, una rehabilitación física y psicológica continuada, y se beneficien de los planes y programas de reinserción socioeconómica. De igual forma, que se abstenga de impulsar o aprobar cualquier iniciativa legislativa o de otra índole que atente contra el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de estos artefactos.
Así como lo ha establecido la Ley 1448 de 2011, las garantías otorgadas a las víctimas no pueden convertirse en un afán de presentar garantías y luego decir que no hay condiciones económicas para ofrecer las ayudas. Estas peculiaridades sólo se evidencian en la observación diaria de nuestro trabajo con los sobrevivientes, los cuales la única fuerza garante que tienen para ejercer sus derechos es la acción de tutela.
Fuente: Ejército Nacional de Colombia. Agosto 2011
Es entonces que el encuentro entre las víctimas y el Estado se convierte en un asunto problemático. La mayoría de víctimas, en el momento del accidente, se encuentran desprovistas del acceso a la prestación de servicios de salud y transporte, motivo por el cual se activa la intervención del Estado. Pero esta responsabilidad es trasladada al ciudadano y la prestación de las ayudas a otras instituciones no estatales.
En la misma línea, la responsabilidad internacional del Estado por los accidentes ocurridos con ocasión de llevar a civiles a zonas de conflicto para erradicar cultivos ilícitos viola los derechos humanos y evoca, una vez más, la tragedia de las víctimas por minas antipersonal, pero esta vez contratadas por el Estado.
La erradicación manual de cultivos ilícitos se realiza en el marco de la Gestión Presidencial Contra los Cultivos Ilícitos (PCI). Estos programas tienen como propósito apoyar la lucha del Estado colombiano contra las drogas ilícitas, mediante la implementación de dos estrategias: erradicación manual voluntaria y erradicación manual forzosa; además de la ejecución de proyectos especiales.
Para la obtención del recurso humano el PCI contrató hasta el año 2015 a la compañía Empleamos, S.A. A partir de este año, y por medio del contrato estatal No. 085 de 2015, opera LABORANDO Ltda., quien se encarga de realizar los contratos de obra o labor con los erradicadores, por lo general, jóvenes campesinos en situación de vulnerabilidad y pobreza, muchos de los cuales denuncian que jamás obtuvieron una copia de ese contrato.
Comparando las estadísticas de la Dirección de Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (DAICMA), con los datos enviados por la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT) en mayo de 2015, de las 4.284 víctimas civiles de minas antipersonal (MAP) municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) registradas entre 1990 y 2015, 442 son erradicadores manuales de cultivos ilícitos, precisando que las labores de erradicación comenzaron en el año 2006.
De acuerdo con las cifras facilitadas por la UACT, esto demuestra que los erradicadores afectados por MAP, MUSE y AEI suponen una gran mayoría respecto a las víctimas por hostigamiento durante las tareas de erradicación, los cuales suman 46 entre el año 2006 y mayo de 2015.
Fuente: Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT). Respuesta presentada a la CCCM el 12 de mayo de 2015 mediante un derecho de petición.
El 29 de abril de 2015, la Campaña Colombiana Contra Minas presentó nuevos derechos de petición para saber cómo se estaban realizando las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Al respecto, la Policía contestó: “el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) ha detectado concentración de cultivos de coca. Los resultados del censo muestran que al 31 de diciembre de 2013 Colombia tenía 48.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos del país, el mismo nivel reportado en el año anterior. 13 departamentos mostraron tendencia al incremento. El 76% del incremento se concentró en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Guaviare, Caquetá, Cauca y Meta. Esto indica que el fenómeno de cultivos de coca se consolida en algunos departamentos, pero se mantiene la tendencia a la reducción en otros”.
La gran mayoría de los erradicadores víctimas de minas antipersonal presentan en la actualidad distintas secuelas físicas y psicológicas, lo que ha afectado su vida personal, familiar y laboral. También han tenido diversos obstáculos para el disfrute de un adecuado nivel de salud en términos de atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación, cuyos costos, según el artículo 21 de la Ley 418 de 1997 y el artículo 2 del Decreto 3990 de 2007, debe asumir el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).
Asimismo, han tenido serias dificultades para poder obtener la indemnización por incapacidad que debe otorgar el FOSYGA, según el artículo 2 del Decreto 3990 de 2007, y/o la asistencia humanitaria que debe proveer Acción Social, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008. En algunos casos se ha anotado que las Juntas de Calificación de Invalidez no emiten los conceptos de incapacidad. Sumado a eso, las víctimas deben pagar un salario mínimo para obtener la resolución de invalidez, indispensable para la obtención de una pensión.
En el caso concreto de Arauca, por certificación de la Defensoría del Pueblo, se ha solicitado a la Junta Regional de Bucaramanga (dado que en Arauca no hay Junta de Calificación) que las víctimas que soliciten el certificado solo paguen un salario mínimo diario. Se está a la espera que esto se repita a nivel nacional.
Esta falta de acceso a los derechos se debe, en muchos casos, a que no están certificados como víctimas de minas antipersonal por el alcalde o personero municipal. Su situación suele equipararse a un simple accidente de trabajo, a pesar de que la erradicación manual de cultivos ilícitos no está contemplada dentro de las actividades económicas del Decreto 1607 de 2002.
Esta situación es una irresponsabilidad del Estado colombiano a escala nacional e internacional. En el orden nacional, surge en virtud del riesgo excepcional al que son sometidos los erradicadores, dado que se cumplen las tres condiciones que exige el Consejo de Estado: la realización de una actividad peligrosa, daño sobre un bien jurídico tutelado y el nexo de causalidad entre ambos elementos.
A nivel internacional, surge la responsabilidad por el desconocimiento de los deberes de respeto y garantía de los derechos humanos, previstos en los tratados internacionales. La sola existencia del Programa de Cultivos Ilícitos puede desconocer la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno tendientes a garantizar los derechos, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La falta de acceso a los derechos en materia de salud y seguridad social, en perjuicio de los erradicadores víctimas de minas, provoca también la vulneración de los derechos a una vida digna, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, entre otros.
En el prisma del Derecho Internacional Humanitario, se produce una violación del principio de distinción entre combatientes y civiles, fijado en el artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, al vincular a la población civil en el conflicto; y del principio de inmunidad de la población civil, consagrado en el artículo 13 del mismo instrumento, al no protegerla contra los peligros que procedan de las acciones militares. Finalmente, se viola el artículo 5 de la Convención de Ottawa al enviarse a personas civiles a campos minados sin demarcación ni señalización.
Por estas razones, es conveniente, tanto para el Estado como para la sociedad en general, la revisión estructural del Programa de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos que lidera la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial con el aval del Gobierno Nacional, dado que esta actividad debe corresponderle exclusivamente a la Fuerza Pública.
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