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Timestamp: 2019-05-21 05:20:35
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 101', 'artículo 19', 'artículo 101', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 87', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 18', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 18', 'e contrario', 'artículo 9', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 101', 'artículo 101']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 36
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
ATAQUE A IRAQ: NECESIDAD DE ACTUAR; EL SILENCIO ES COMPLICIDAD
INOPORTUNIDAD DE CONTRALOR REGIONAL DE ATACAMA ANTE IRREGULARIDADES EN MUNICIPIOS DE TIERRA AMARILLA Y COPIAPÓ. OFICIO
APLICACIÓN DE RESOLUCIÓN Nº 377 POR ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. OFICIOS
MOCIÓN DEL H. SENADOR JOSÉ RUIZ DE GIORGIO CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA ARTÍCULO 101º DE LA LEY Nº18.834, RELATIVO AL AUMENTO DEL FERIADO DE FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN DETERMINADAS ZONAS DEL PAÍS. (3210-13)
Sesión 36ª, en miércoles 26 de marzo de 2003
(De 16:22 a 18:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y CARLOS BOMBAL, VICEPRESIDENTE
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar carácter de permanente a Comisión Especial Mixta de Presupuestos (3051-07) (queda para segunda discusión)
Ataque a Iraq: Necesidad de actuar; el silencio es complicidad (observaciones del señor Lavandero).........
Inoportunidad de Contralor Regional de Atacama ante irregularidades en municipios de Tierra Amarilla y Copiapó. Oficio (observaciones del señor Prokurica)........
Aplicación de resolución Nº 377 por Asamblea General de Naciones Unidas. Oficios (observaciones del señor Ávila)..................
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 23 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 33ª, ordinaria, y 34ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 18 y 19 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Del señor Ministro de Agricultura , mediante el cual responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Prokurica, solicitados durante la discusión del proyecto de ley que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por medio de la cual pone en conocimiento del Senado que, en sesión del día de ayer, acordó, por la unanimidad de sus miembros, formar el Grupo de Amistad Chile-Colombia.
Con este propósito, resolvió invitar a los señores Senadores que deseen integrar el mencionado Grupo a inscribirse en la Secretaría de la Comisión, antes del 15 de abril de 2003.
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en los proyectos de reforma constitucional, en primer trámite, originados en mociones de los Senadores señores Chadwick, Larraín y Romero y del ex Senador señor Díez, y de los Senadores señores Silva y Viera-Gallo y de los ex Senadores señores Bitar y Hamilton, con los que introducen diversas reformas a la Carta Fundamental (Boletines Nºs. 2.526-07 y 2.534-07).
Del Senador señor Ruiz de Giorgio, por medio de la cual inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 101 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, relativo al aumento del feriado de funcionarios que se desempeñan en determinadas zonas del país (Boletín Nº 3.210-13).
(Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
Señor Presidente , el proyecto recién mencionado es muy sencillo; no otorga ningún beneficio extraordinario.
En la actualidad, conforme al Estatuto Administrativo, los trabajadores de las zonas extremas, para tener derecho a gozar de cinco días adicionales de feriado, están obligados a trasladarse a una región distinta de aquella en que se encuentran prestando servicios Según la interpretación dada por la Contraloría a esta norma, dicho traslado debe realizarse a otra región de nuestro territorio; no basta con salir fuera de la zona donde la persona se desempeña. Y ocurre que gran parte de los trabajadores de Magallanes se dirige al sector argentino a vacacionar, los cuales, para hacer uso de esos cinco días, se ven en la obligación de ingresar posteriormente a otro punto de nuestro país.
Por tal razón, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que tenga a bien incluir el proyecto en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria.
Se trata de una iniciativa -reitero- muy simple y que, a mi juicio, no ocasionará problemas en su tramitación.
Antes de entrar al Orden del Día, deseo hacer presente que en la Comisión de Constitución se ha llegado a un principio de acuerdo en torno al modo de tratar las reformas constitucionales cuyo informe les será distribuido dentro de poco. La idea sería abordarlas en sesiones continuadas los días 15 y 16 de abril y así lo haré ver en la reunión de Comités del próximo martes, oportunidad en la que propondré, de común acuerdo con dicha Comisión, un procedimiento para los efectos de la discusión de esos proyectos, porque revisten cierta complejidad.
Sobre el particular, hay un aspecto no menor que debe ser considerado. La referida Comisión, antes del período legislativo que se inició en marzo de 2002, declaró inadmisibles una gran cantidad de indicaciones, lo cual impide verlas en la Sala. Y lo peor es que muchas de ellas sí estaban dentro de las ideas matrices de las distintas reformas en estudio.
Por tanto, solicito que esta materia sea tratada con especial atención por los Comités y la Comisión de Constitución.
Señor Senador, no puedo modificar las declaraciones de inadmisibilidad acordadas por la Comisión. Si no han sido rectificadas, debo respetar en forma estricta lo que ella resolvió. Ello, sin perjuicio de poner el tema en conocimiento de los Comités.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 19 de la ley Nº 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el propósito de dar el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3051-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Matthei y de los señores Boeninger, Foxley, García y Ominami)
En primer trámite, sesión 27ª, en 10 de septiembre de 2002.
Constitución, sesión 35ª, en 25 de marzo de 2003.
El proyecto tuvo su origen en una moción de los Honorables señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami.
La Comisión lo discutió en general y en particular a la vez, puesto que se trataba de una iniciativa de artículo único.
Su objetivo principal es permitir que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, una vez concluida su labor, pueda seguir funcionando para realizar un seguimiento de la Ley de Presupuestos del Sector Público hasta que se constituya la siguiente Comisión Especial.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina, Moreno y Silva.
Cabe señalar que el artículo único del proyecto debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , deseo llamar la atención sobre la importancia de este proyecto de origen parlamentario. Fue suscrito por todos los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, y refleja una voluntad, a mi juicio, ampliamente compartida. Por mi parte, me felicito por la unanimidad que generó la iniciativa en la Comisión de Constitución, lo cual estimo que debiera anticipar un gran apoyo a ella.
¿De qué se trata, señor Presidente ? No creo exagerar si digo que de todas las iniciativas que el Senado conoce a lo largo del año la más importante es, probablemente, la Ley de Presupuestos. Ése es el momento en que esta Corporación tiene la oportunidad de revisar la definición de las distintas políticas públicas. Es el momento en que el Gobierno y los Ministros vienen a defender sus balances anuales de gestión y a pedir recursos para poder continuar con ésas u otras políticas durante el año siguiente, e incluso durante los años siguientes, porque muchos presupuestos van más allá de una definición puramente anual.
Ahora, ¿cuál es el problema? Históricamente, los Parlamentos se constituyeron justamente para discutir acerca de cómo se generan y utilizan los ingresos de la nación. Y lo cierto es que nosotros enfrentamos el debate presupuestario en condiciones bastante desfavorables. Es decir, se da una gran paradoja: la ley más relevante del año la discutimos en las peores condiciones, con muy poca información en cuanto a la ejecución presupuestaria. En realidad, cuando nos reunimos a analizar durante 30 a 45 días la Ley de Presupuestos, no se produce un diálogo efectivo que permita evaluar con rigor, con profundidad y con todo el sentido crítico necesario el desempeño de los distintos Ministerios y sus programas.
Considero importante lo que hemos hecho durante estos últimos años en el sentido de ir generando sistemas de evaluación del desempeño de determinados programas públicos. Sin embargo, siento que todavía queda mucho camino por recorrer. Somos un Parlamento que está bastante por debajo de otros que se han tomado muy en serio esta tarea. En lo que a mí respecta, me tocó participar hace algunos meses en un encuentro de presidentes de comisiones de hacienda o de presupuesto de los países que constituyen la OCDE, y la verdad es que daba un poco de vergüenza dar a conocer la forma como nuestro Poder Legislativo enfrentaba la discusión presupuestaria, no tanto en comparación con la Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano, sino en relación a Parlamentos como el de Corea del Sur, que cuenta con un organismo donde más de 50 profesionales se dedican a hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria en cada uno de los ámbitos específicos en que se desarrolla la acción gubernamental. Ahí existen analistas y capacidades técnicas propias, para evaluar el desempeño de los distintos ministerios y, sobre esa base, permitir a los parlamentarios pronunciarse informadamente sobre la ley, con todas sus partidas.
Lo que se busca, en consecuencia, es resolver esta tremenda asimetría. Por un lado, existe gran cantidad de información por parte del Gobierno, y por el otro, mucha desinformación y precariedad en la forma como enfrentamos la discusión presupuestaria. Realmente resulta muy difícil discutir con un ministro o con los equipos ministeriales respecto de una determinada partida, pues ellos disponen de un nivel de información del cual nosotros carecemos. Y esto, no por mala voluntad, sino, simplemente, por nuestras propias deficiencias.
A mí me parece que sería muy importante tener en algún momento una verdadera oficina de presupuesto en el Congreso Nacional. Pienso que si nuestro Poder Legislativo desea recuperar prestigio, estar en sintonía con lo que ocurre en Parlamentos con mayor reconocimiento en el mundo, debería ser capaz de generarla. Tiempo atrás hicimos un planteamiento similar; desgraciadamente no prosperó. Terminamos en una solución bastante modesta, pero que por lo menos ha sido útil. Tenemos un par de funcionarios que ayudan en la discusión presupuestaria, aunque en condiciones bien esforzadas.
Desde ese punto de vista, constituye un avance -tampoco nos hagamos ilusiones excesivas, porque el proyecto no resuelve ni con mucho todos los problemas de asimetría de información- el lograr, a través de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tenga carácter permanente y se reúna de manera periódica por lo menos cuatro veces al año, de tal forma de efectuar un seguimiento de la ejecución presupuestaria y realizar algo que, a pesar de ser fundamental, hasta el momento no hemos podido hacer. En efecto, la Ley de Presupuestos y los protocolos correspondientes establecen un conjunto de evaluaciones de desempeño de programas públicos. Y el Gobierno ha cumplido: se han realizado más de 50 evaluaciones de programas públicos. Sin embargo, como carecemos de capacidad técnica para analizar los informes solicitados, éstos se acumulan y acumulan sin que podamos evaluarlos. Disponemos de bastante información respecto de la ejecución presupuestaria, pero no tenemos capacidades técnicas para evaluar los antecedentes que recibe el Congreso Nacional en virtud de la Ley de Presupuestos.
Por eso considero tan importante avanzar. Creo que éste representa un pequeño paso dentro del objetivo de dotar a nuestro Parlamento de capacidades técnicas en una materia tan relevante como es el uso de los recursos públicos.
Estamos -y con esto termino, señor Presidente - en un país sometido a gran tensión, a un gran peso en la utilización de los fondos fiscales. Muchas necesidades sociales postulan permanentemente a más recursos públicos, y creo que la principal tarea del Parlamento es velar por el buen uso de ellos. Sin embargo, para cumplir con eficacia esa labor, resulta fundamental contar con las capacidades técnicas requeridas y ocuparnos de manera permanente de la cuestión presupuestaria. En ese sentido, me parece un avance significativo el que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos pueda funcionar en forma periódica durante el curso del año y que los Parlamentarios podamos especializarnos en el estudio de distintas áreas del quehacer gubernamental.
Considero que se trata de una buena iniciativa, y me felicito de que, teniendo origen parlamentario -subrayémoslo-, haya sido incluida en la Agenda de Probidad y Pro Transparencia convenida hace poco entre el Gobierno y la Oposición, de que haya sido suscrita por todos los miembros de la Comisión de Hacienda, y de que cuente con el respaldo unánime de los Senadores integrantes de nuestra Comisión de Constitución.
Señor Presidente , desde luego quiero manifestar mi complacencia por estar tratando un proyecto que en reiteradas oportunidades hemos solicitado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Consideramos una necesidad disponer de mayor tiempo para analizar los nuevos presupuestos, así como el texto de la normativa que debatimos año tras año, porque el que tenemos actualmente -entre septiembre y noviembre- hace que la aprobación de la ley se esté convirtiendo casi en un mero trámite para el Ejecutivo . En tan corto lapso resulta imposible interiorizarse de cada una de las partidas.
En dicho período, los ministros y los directores de los distintos servicios públicos vienen y se comprometen ante la Comisión. Sin embargo, con la aprobación de la ley, termina el mandato de los miembros del referido organismo y no se puede realizar un seguimiento de la ejecución de los diversos programas. Entonces, cuando reasumimos dicha tarea en octubre del año siguiente, nos damos cuenta de que no se ha hecho nada con respecto a lo acordado. De ahí la necesidad de efectuar un seguimiento. No se trata de una labor fiscalizadora, que como tal corresponde -lo tenemos muy claro- a la Cámara de Diputados, sino de efectuar un seguimiento del presupuesto de la nación: cómo se va ejecutando durante el año y qué partidas se están estudiando para el próximo.
Por eso, al funcionar la Comisión en forma permanente -no digo todas las semanas, pero sí una vez al mes o cada dos meses- existirá la posibilidad de reunirse con los ministros y directores de servicio para ver cómo se están ejecutando cada una de las partidas y si se están cumpliendo los compromisos que ellos adquirieron con la Comisión o con alguna de sus Subcomisiones.
Por lo tanto, estimo que el proyecto es absolutamente pertinente. No se trata de invadir facultades de la Cámara de Diputados, sino de que la buena relación que se da con las autoridades en el proceso presupuestario se mantenga durante todo el año.
He sido miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en los últimos trece años y conozco sus tremendas falencias. Nuestro período termina en noviembre y con ello cortamos el cordón umbilical, no tenemos nada más que hacer. No se responde ante ninguna otra instancia. En cambio, con la legislación en proyecto podremos requerir información acerca del desarrollo de cada una de las partidas del Presupuesto.
Señor Presidente , simplemente quiero dejar constancia sobre un punto del debate que se resolvió de manera adecuada en la Comisión de Constitución (y lo hago porque no se encuentra presente el Presidente de ésta): la duda de constitucionalidad planteada respecto de si esta iniciativa, referida a la creación de una Comisión Especial Mixta de Presupuestos permanente, significa de alguna forma invadir las facultades fiscalizadoras exclusivas de la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 48, número 1), de la Carta Fundamental.
En primer lugar, no cabe duda de que éste es un gran proyecto, que avanza en la dirección de que el Parlamento pueda conocer cada vez mayores detalles y hacer un seguimiento de la legislación más importante del país: la Ley de Presupuestos. Es en ella donde se fijan las prioridades y se ponen los acentos para la asignación de los recursos públicos. Y, por supuesto, el Congreso Nacional tiene todo el derecho a conocer si las prioridades se han ido cumpliendo; si los dineros se gastan adecuadamente, sobre todo para evaluar al año siguiente los cambios que será necesario introducir.
Tocante a la constitucionalidad, el debate estaba planteado en términos de si la circunstancia de que la Comisión en comento tuviera facultad para solicitar, recibir y examinar información podría ser incompatible con la norma del artículo 48, número 1), de la Carta.
El punto fue expuesto en su momento por el Senador señor Silva . Y la Comisión de Constitución, luego de analizarlo, concluyó en forma unánime que no se configuraba el acto de la fiscalización.
¿Y por qué aquella conclusión?
En primer lugar, porque la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados exige que ésta adopte acuerdos y, en virtud de ellos, formule observaciones a la gestión del Gobierno o recabe información. La acción individual de un Parlamentario que pide antecedentes no constituye fiscalización. El acto de fiscalización definido en la Constitución se configura cuando hay un acuerdo de la Cámara Baja, adoptado por las mayorías que establece la Constitución, para requerir antecedentes. Tanto es así que el artículo 48 señala que, cuando un Diputado desea solicitar antecedentes al Gobierno, para que ello se convierta en acto de fiscalización precisa el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de esa Corporación. De manera que, a nuestro juicio, no hay acto de fiscalización en la circunstancia de que, en forma periódica, se remita a la Comisión Especial Mixta información que le permita hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria.
En segundo lugar, debe recordarse que, conforme al artículo 9º de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, ambas Cámaras están autorizadas para pedir informaciones a la Administración del Estado. Por lo tanto, si la propia Ley Orgánica Constitucional autoriza a ese respecto sin limitación alguna, no puede interpretarse que una Comisión Especial como aquella de que trata el proyecto está realizando un acto de fiscalización al requerir antecedentes.
A mayor abundamiento, según pueden ver los señores Senadores, en la parte final del artículo permanente propuesto se dice: "En caso alguno, esta tarea podrá implicar ejercicio de funciones ejecutivas," -como sería entrometerse en labores propias del Gobierno- "o afectar las atribuciones propias del Poder Ejecutivo , o realizar actos de fiscalización.".
Por consiguiente, la Comisión de Constitución quiso dejar claramente establecido que en tal caso no hay acto de fiscalización, sino el requerimiento de información periódica para efectuar -como dice la propia norma- el seguimiento de la ejecución presupuestaria de un año.
Nosotros votaremos favorablemente. Creemos estar ante una muy buena iniciativa, como ya dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y he querido dejar testimonio de que en la Comisión de Constitución hubo unanimidad respecto del punto en cuestión, en el entendido de que no se trata de un acto de fiscalización, sino de acciones propias del cumplimiento de los roles que se otorgan a una Comisión especial.
Señor Presidente , el Senador señor Silva me pidió una interrupción, que concedo encantado, con la venia de la Mesa.
Debo recordar que específicamente me quise referir, no sólo a lo planteado por el Senador señor Espina, sino también, de manera mucho más particular, a la eventual implicancia o discrepancia que podría existir entre la iniciativa primigenia del Ejecutivo y la disposición del artículo 87 de la Constitución, el cual establece de manera explícita que "Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco", etcétera. De modo que era esta norma la que podría aparecer discrepando del proyecto original. Y de allí que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con muy buen criterio, procedió a sugerir la enmienda a que se refirió el Honorable señor Espina en cuanto a declarar explícitamente que la Comisión Especial Mixta no podrá ejercitar facultades fiscalización.
Fue por eso, señor Presidente, que procedí a votar favorablemente esta iniciativa, pues a mi manera de ver, en los términos en que aparece ahora, tal discrepancia queda totalmente superada.
Gracias por la interrupción, Honorable colega.
Puede continuar con el uso de la palabra el Senador señor Espina.
Ya concluí, señor Presidente.
Perdón, Su Señoría, pero está con la palabra el Senador señor Viera-Gallo , a quien puede pedir una interrupción.
¿Me concedería una breve interrupción, Honorable colega?
Señor Presidente , como ya se expresó, estamos ocupándonos en una materia que se discute desde que llegamos al Parlamento: que los Senadores tengamos acceso a la información para evitar pronunciarnos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos en breve lapso y sin conocimiento previo de todos los antecedentes.
Ahora bien, con el mayor respeto a los constitucionalistas, quiero solicitar que se me aclare una duda.
Un señor Senador manifestó que la iniciativa en debate tiene por objeto acceder a información sobre el modo como se ejecuta la Ley de Presupuestos. Sin embargo, atendida la redacción propuesta, me surge la inquietud en el sentido de que podría tratarse de una gestión de fiscalización. Porque, ¿para qué se hace el seguimiento?, ¿para qué se quiere la información? Si eso no es fiscalización, no sé cómo interpretar este concepto para que tenga sentido el planteamiento de diversos señores Senadores, como es el caso del Honorable señor Ominami .
No vaya a suceder, señor Presidente , que terminemos en una legislación que en la práctica no dé resultados, pues habrá dos Poderes en pugna: por un lado, el Ejecutivo , que postula la independencia para elaborar el Presupuesto sin presión de los Parlamentarios, y por otro, nosotros, que estamos ante un texto que evidentemente envuelve fiscalización.
Gracias por la interrupción, Su Señoría.
Recupera la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , siguiendo el raciocinio del Senador señor Muñoz Barra , planteé muchas dudas en la Comisión de Constitución.
En todo caso, no dudo de la buena intención de los Parlamentarios que promueven la iniciativa y del Gobierno, que estaba representado en aquel organismo por el Ministro señor Huenchumilla.
En mi opinión, aquí se presentan dos problemas.
Primero, cuando uno alude a la Ley de Presupuestos está tocando un aspecto neurálgico del sistema político chileno, especialmente por nuestra tradición. No olvidemos la historia de este país. La guerra civil de 1891 devino precisamente a raíz de la Ley de Presupuestos. Y eso quedó marcado en la conciencia nacional, a tal punto que tanto la Constitución de 1925 cuanto la de 1980 fijaron con mucha precisión la naturaleza de la tramitación de la mencionada Ley.
Ahora bien, de la Carta Fundamental fluye con claridad que el Gobierno presenta el proyecto de Ley de Presupuestos en un plazo muy determinado; si el Congreso Nacional no lo aprueba, rige la iniciativa formulada por el Ejecutivo. ¿Y quién fiscaliza? La Cámara de Diputados.
Ésa es la norma básica.
Aquí se introduce una variante: la Comisión Especial de Presupuestos, que tiene tiempo limitado para discutir el proyecto pertinente, adquiere carácter permanente, con las facultades que indica la iniciativa en discusión, en el sentido de solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información relativa a la ejecución presupuestaria. ¿Con qué objeto? Para informar, si así se estima, a las Cámaras o a la Comisión que analizará el proyecto de Ley de Presupuestos del año siguiente.
Evidentemente, aquí estamos en una zona gris: la existente entre recibir información y fiscalizar. Porque si se recibe información y se sigue la ejecución presupuestaria, no es con afán académico, sino para que un Poder del Estado realice un acto público, consistente básicamente en evaluar si aquella ejecución es buena o mala, si se ajusta o no a la ley. Eso, en mi opinión, es muy parecido a la fiscalización.
Por lo tanto, se planteó tal problema en la Comisión, donde se buscaron fórmulas para solucionarlo. El Ministro señor Huenchumilla propuso un texto. Por mi parte, sugerí entrar derechamente a la reforma de la Constitución.
Sin embargo, independiente de si se trata o no de un acto de fiscalización, hay un aspecto más de fondo: uno debe legislar para períodos de normalidad y para períodos de turbulencia.
En períodos de normalidad, ¿no sería razonable que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, formada por Senadores y Diputados, dispusiera de toda la información del caso durante todo el año? ¡Fantástico! Pero en períodos de turbulencia, de conflicto social, de malquerencia entre el Gobierno y el Parlamento, ¿qué ocurriría si, a través de un método diferente del que consagra la Carta Fundamental, el Congreso Nacional fiscalizara constantemente al Ejecutivo , a cada uno de los servicios involucrados, y citara a las autoridades respectivas? Y, por cierto, eso no lo haría con afán académico; porque imagino que después los señores Senadores y Diputados tomarían acuerdos sobre el particular y los darían a conocer a la opinión pública señalando, por ejemplo: "Este Ministro no cumple con el Presupuesto. Se salta tal cosa. Pasa los ítem de un lado a otro. No se atiene a la normativa pertinente".
Eso no está previsto en la Constitución de 1980, salvo en lo que respecta a las atribuciones exclusivas otorgadas a la Cámara de Diputados. No se halla prevista la existencia de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados permanente para controlar la ejecución presupuestaria de la Administración.
Considero, señor Presidente , que ésa es una reforma mayor del sistema político chileno. Y hay que pensarla bien.
Entiendo que aquí medió un acuerdo entre el Gobierno y la Oposición, firmado por todos y de muy buena fe. No dudo de ello. Pero por lo menos llamo a reflexionar, para que se piense qué paso se está dando.
Yo no soy partidario de dar ese paso, si bien creo que, en la Constitución que nos rige, el Parlamento tiene pocas facultades.
¿Cómo se podría obviar el problema? Lo más razonable sería que la Cámara de Diputados y el Senado crearan una Oficina de Información Conjunta que recibiera toda la información del caso. Pero dar a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos un carácter legal, y prácticamente constitucional, es un cambio de gran significación que no ha tenido suficiente debate en el Parlamento.
Lo anterior, por cierto, no es culpa del Gobierno, ni del señor Ministro que aquí lo representa, ni de los Parlamentarios que presentaron la moción, quienes de buena fe quieren perfeccionar sus facultades, pero, a mi entender, corriendo el riesgo de entrar en un campo extremadamente complejo.
Sólo quería llamar la atención a ese respecto, señor Presidente .
Perdón, señor Senador , pero el Honorable señor Ominami le está solicitando una interrupción.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami .
Señor Presidente , el análisis de la ejecución presupuestaria se lleva a cabo todos los años al momento de iniciarse la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, a partir del 30 de septiembre. Y eso se hace en las condiciones que la Constitución prevé: a través de la Comisión Especial Mixta de Diputados y Senadores. Por lo tanto, la Cámara Alta no se está arrogando ninguna facultad.
Lo que ahora se presentó como moción es el resultado de un proyecto de acuerdo suscrito y aprobado unánimemente por el Senado, y de un proyecto de acuerdo suscrito y aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados. Y lo que estamos haciendo es, simplemente, mejorar las condiciones para acometer un trabajo que nos corresponde. Al momento de efectuar la discusión presupuestaria, naturalmente, debemos interrogarnos acerca del buen uso de los recursos que año tras año el Congreso pone a disposición del Gobierno.
Por lo tanto, me parece que se está generando aquí una discusión que va mucho más allá de los alcances de esa moción. Se trata, lisa y llanamente, de ir resolviendo una asimetría brutal existente entre la acumulación de información que, por razones evidentes, tiene el Ejecutivo y la gran falta de antecedentes con que el Parlamento debe enfrentar un debate que debe hacer de todas maneras.
Recupera la palabra el Honorable señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , concuerdo con lo expresado por el Honorable señor Ominami . Sin embargo, en la Constitución aquello está limitado a tres meses -ése es el punto- y aquí se quiere que sea permanente.
Tiene la palabra el señor Ministro , y en seguida, el Honorable señor Romero.
El señor HUENCHUMILLA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , cuando estudiamos la moción surgieron algunas dudas constitucionales. Básicamente, decían relación, primero, a que el sistema constitucional chileno fija en forma acotada los órganos supracamerales donde intervienen el Senado y la Cámara de Diputados, que son el Congreso Pleno y las Comisiones Mixtas establecidas por la propia Carta, cada uno con sus respectivas competencias, y en el caso de las Comisiones Mixtas, con referencia exclusivamente a materias legislativas, para dirimir las controversias que puedan suscitarse entre ambas Cámaras durante la tramitación de la ley.
Por otro lado, también nos mereció dudas el hecho de que la Comisión Mixta Especial de Presupuestos pudiera tener carácter permanente, porque eso sí sería materia constitucional. Empero, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esa Comisión Especial tiene carácter transitorio, y además, una finalidad específica: informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos.
Y la última duda se vinculaba con la circunstancia de si recabar información constituye o no un acto de fiscalización.
Así, preparamos una indicación que a nuestro juicio salvaba las dudas que legítimamente habían surgido a la luz del estudio de la moción, que es aprobada en su conjunto por el Gobierno y el señor Ministro de Hacienda , quien firmó el Protocolo correspondiente con ocasión del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2003.
Por lo tanto, la solución que nos pareció pertinente dentro del marco constitucional calza con la siguiente reflexión teórica: si hay un órgano que aprueba los gastos -el Parlamento-, lo lógico es que pueda efectuar un seguimiento de cómo se están haciendo los gastos que él mismo aprobó.
El problema radica en la manera de realizar el seguimiento. Pensamos que debe efectuarse conforme a la Constitución y la ley. Por consiguiente, no estamos en condiciones de decir: "Vamos a crear por ley un organismo supracameral". Y tampoco estableceremos un organismo permanente.
Entonces, lo que consignamos en la disposición que se propone es que la misma Comisión Especial que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en su artículo 19 pueda realizar el seguimiento de lo que aquélla y el propio Parlamento aprobaron, para lo cual será factible recabar información sobre cómo se ha estado haciendo el gasto en el año presupuestario respectivo.
Ahora bien, en el proyecto dejamos expresamente consignadas dos salvedades. Primero, en el ejercicio de esa función, la Comisión Especial no puede tener funciones ejecutivas, porque, en nuestro ordenamiento público, la ejecución presupuestaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al Parlamento. Y segundo, no puede realizar actos de fiscalización.
Naturalmente, discrepo de lo que dijo aquí el Honorable señor Viera-Gallo en cuanto a qué se entiende por "acto de fiscalización".
Durante los doce años que fui Diputado , asiduamente recabamos información conforme al artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a los Reglamentos. ¿Pero podemos decir que el acto a que se refiere el proyecto que ocupa al Senado es de fiscalización? Por supuesto que no. Porque el artículo 48 de la Carta dispone que la fiscalización corresponde a la Cámara de Diputados, pero como órgano, no en forma individual. ¿Y en qué consiste esa fiscalización? No consiste en recabar información y hacer una denuncia, aunque sea pública. La fiscalización que consagra ese artículo 48 es un acto de reproche jurídico y político que la Cámara Baja, como órgano propiamente tal, formula al Ejecutivo por los actos de gobierno.
En consecuencia, estimo que con la redacción propuesta salvamos las dudas de constitucionalidad a que se refería el Honorable señor Viera-Gallo -surgidas en el estudio de la moción-, y por ende, la iniciativa que hoy conoce esta Sala.
Señor Presidente , en primer lugar, saludo al señor Ministro . Me parece bueno hacerlo con quienes han pertenecido al Congreso Nacional. Y es oportuno decir que le tenemos un gran respeto y afecto.
Este debate, del mayor interés y muy de fondo, significa resolver una iniciativa que presenté hace 13 años al Senado, relativa a la modificación del artículo 24 ó 26 -no recuerdo bien- de la Ley de Administración Financiera del Estado.
Me gustaría que el Senador señor Ominami prestara atención, porque lo que ahora exponga podría ser muy útil para una posterior explicación de Su Señoría.
El Honorable colega sabe que un artículo de dicha ley permite al Ejecutivo hacer cambios de ítem o de partidas, sin preguntar a nadie. Lo hace de acuerdo con su absoluto criterio. En la práctica, se ha producido una situación extraordinariamente frecuente: todos los Gobiernos modifican la Ley de Presupuestos, que con tanta dedicación estudiamos durante dos meses. Entonces, se produce una situación bastante curiosa: lo que nosotros aprobamos es enmendado completamente y con entera libertad por el Ejecutivo .
Entiendo que, si no se cuenta con una facultad fiscalizadora, la instancia que se propone crear se inscribiría en lo que llamaría una Comisión autoflagelante. El seguimiento -utilizando las palabras del señor Ministro - de las partidas y de los ítem confirmaría que lo aprobado entre septiembre y octubre fue cambiando en tal medida que, cada vez que recibamos la noticia, tendríamos que golpearnos. Y, en la práctica, no tendríamos ninguna posibilidad de hacer otro acto que no sea el de seguimiento.
Con esto no estoy tratando de hundir ninguna iniciativa, sino, simplemente, de hacer presente una situación real. Mientras el Gobierno tenga claridad en cuanto a que no quiere modificar ese artículo -no lo hará, porque le permite tener la flexibilidad y el poder para introducir cambios de un ítem a otro o de una partida a otra-, sin duda la función de la Comisión que se propone crear sólo corresponderá a un seguimiento mudo, no habrá ninguna posibilidad de intervenir ni de fiscalizar ni de decir nada y se confirmará lo que sospechamos durante todo el tiempo: lo que el Congreso hace en septiembre y octubre únicamente tiene el sentido de cumplir con el ritual constitucional de aprobar la Ley de Presupuestos. Ésa es la verdad.
Pregunto al señor Ministro si el Ejecutivo está de acuerdo en introducir una modificación de esta naturaleza y si en alguna medida se halla dispuesto a recibir sugerencias, indicaciones o señales -no sé cómo decirlo para que no parezca fiscalización-, de modo que, cuando se piense en incorporar cambios de ítem o de partidas, se escuche a este Parlamento tan escaso de facultades.
Para mí, ése es el tema de fondo.
Lo otro simplemente es anotar en la bitácora del Congreso Nacional una situación que todos conocemos o suponemos que es así.
Señor Presidente , el Honorable señor Espina me había solicitado una interrupción.
Que se la pida ahora al Senador señor Ávila.
No siempre estoy disponible para interrupciones, señor Presidente. Pero en este caso no tengo inconveniente.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
Yo no puedo dejar de hacerme cargo de lo manifestado por el Senador señor Viera-Gallo , porque me parece algo muy de fondo.
En primer lugar, planteó que se produciría una especie -entre comillas- de temor (y lo digo en el mejor sentido) en cuanto a que la aplicación de una facultad de esta naturaleza pudiera transformarse, en períodos de gran convulsión política, en obstáculo para el buen funcionamiento de los gobiernos. Si alguna lección se ha aprendido durante los últimos meses es que, en la medida en que haya mayores mecanismos de control y de información, ¡por Dios que nos vamos a evitar dolores de cabeza respecto al buen funcionamiento de la Administración Pública! Por lo tanto, tengo la más absoluta convicción de que muchos de los problemas que han ocurrido en la CORFO y en otras instituciones se habrían evitado con controles adecuados.
En consecuencia, mi visión es contraria a la del señor Senador.
Asimismo, no puedo dejar de señalar lo siguiente, considerando que el tema constitucional podría levantarse en alguna instancia.
Hoy el Senado tiene facultades para pedir informes, sin que ello signifique fiscalización. El artículo 9º de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece expresamente que "Los organismos de la Administración del Estado deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras" -en plural- "o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos".
Entonces, si la Sala del Senado lo puede hacer, ¿por qué no una Comisión?
En segundo término -y esto es muy importante-, lo que decía el ex Diputado y actual Ministro , señor Huenchumilla , es de la esencia de la fiscalización. Lo que pasa es que hay distorsiones. Cuando en Incidentes los Diputados piden oficios, creen que están fiscalizando. ¡Y no lo están haciendo! La Constitución es clara al decir que la facultad de fiscalización corresponde a la Sala de la Cámara Baja. Y se exigen mayorías: para hacer observaciones, mayoría de los presentes; para pedir antecedentes, un tercio de los presentes.
Por lo tanto, quiero aclarar que por ninguna circunstancia esta moción establece un acto de fiscalización. Y plantearlo así es limitar el ejercicio de las atribuciones constitucionales del Senado.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Ávila.
Al final, el de la interrupción fui yo.
¿Me queda tiempo, señor Presidente ?
Le restan doce minutos, Su Señoría.
Señor Presidente , primero, deseo señalar que la zona gris de que se habla no está en el texto de la propuesta, sino en la mirada de quienes la juzgan.
El señor Ministro ha sido claro al explicar el verdadero sentido de la fiscalización. Por cierto, no es un acto pasivo. Implica que, a la luz de una información determinada, la autoridad investida con esa facultad debe proceder en algún sentido. Pero esto no se halla contemplado en las disposiciones que facultan la actuación de esta instancia.
El Senador señor Romero aludió a un rito que carece de sentido. Pero le diría que, entre un rito mecánico y un rito reflexivo, es preferible este último. Es mejor disponer de los elementos que permitan juzgar al propio Parlamento acerca de la labor que le tiene encomendada la Constitución. No se puede establecer una solución de continuidad en cuanto a lo que se realiza año tras año, precisamente porque estamos en presencia de la Ley Fundamental y, por lo tanto, se trata de la tarea esencial que ha de cumplir el Parlamento en su conjunto.
Ahora bien, para que este pequeño paso -como bien lo calificaba el Honorable señor Ominami - no se dé en el vacío, es absolutamente indispensable dotar de profesionales idóneos al área correspondiente: la Unidad de Asesoría Presupuestaria, actualmente constituida, según entiendo, por dos técnicos, profesionales del nivel que corresponde al desarrollo de esta importante labor. Y hay algo muy relevante que deseo enfatizar de modo especial: aquí se requiere asumir el compromiso de que por ningún motivo se caerá en la tentación del patronazgo político en la designación de estas personas.
Creo que fue una buena experiencia la del año 1997, cuando, por concurso público, se seleccionó a dos destacados profesionales: uno, ingeniero comercial, y el otro, administrador público. El primero de los contratados en esa oportunidad postuló a la CEPAL y está desempeñándose allí con todo éxito. Eso habla a las claras del nivel que tenía para desempeñar la función en el Parlamento.
Se requiere, entonces, insistir en el mismo predicamento, esto es, que cuando llegue la oportunidad de efectuar las contrataciones, éstas se hagan por concurso público, y por ningún concepto se ceda a la tentación de buscar un método diferente.
Creo que si cumplimos a cabalidad con esa exigencia, tal vez no tendremos la asesoría que el Senador señor Ominami constató en Corea, según entiendo. No especificó si en la del Sur o en la del Norte.
En la del Sur.
¡En la del Norte hay más misiles y menos asesores, señor Senador ...!
Pero, a lo menos, estaremos dotando al Parlamento de una unidad que, aunque pequeña, se sustente en criterios estrictamente técnicos, y que, por supuesto, ha de prestar una gran contribución a la labor que va a desempeñar la Comisión permanente que se crea.
Señor Presidente , a propósito del tema que nos convoca, deseo hacer una reflexión que tal vez no necesariamente se imbrique lógicamente con el contenido de la moción presentada por distintos señores Senadores. Lo cierto es que constituye un paso, pero muy pequeño en relación al que deberíamos dar.
Con otros Honorables colegas, hace mucho planteamos la necesidad de terminar con algo que forma parte del arcaico proceso constitucional y político chileno: las dos legislaturas. No tiene ningún sentido distinguir entre una ordinaria y otra extraordinaria. Como se constató en el censo dado a conocer el día de ayer, hace mucho que Chile dejó de ser un país agrario, pues 80 por ciento de la población vive en ciudades. En consecuencia, es ilógica la secuencia legislativa en función de la época de cosechas, que fue lo que motivó la incorporación de dos legislaturas en la Constitución del 25. Además del período ordinario de sesiones, debería convocarse a todo el Parlamento a discutir la única iniciativa donde realmente el Poder Legislativo tiene algún tipo de injerencia fundamental en el desarrollo de los hechos políticos y administrativos de la nación, cual es la Ley de Presupuestos. Digámoslo francamente: en un país extremadamente presidencialista -el más presidencialista que conozco en varios barrios vecinos; no hay ningún otro donde el Presidente de la República tenga tantas atribuciones de carácter legislativo-, el proyecto de Ley de Presupuestos es el único que posibilita al Parlamento la discusión de un tema tan fundamental para el desarrollo de la nación. Tradicionalmente (esto viene de hace mucho), la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por no más de 20 ó 30 Parlamentarios -muy selectos-, es la única instancia donde este tema se analiza. Normalmente sus miembros se eligen de manera poco informada; pero no importa, pues esto no es de ahora, sino de 50 ó 60 años atrás.
Es una especie de club. En mi concepto, ello no corresponde, dada la realidad del país.
Es el único proyecto que debiera discutir el Congreso en su conjunto, en un período especial -de 30 a 45 días-, con dedicación exclusiva y con todos los Ministros presentes, pues es el único momento en que podemos tener la posibilidad de una atención plena del Ejecutivo a los intereses que naturalmente importan, y sin perjuicio de que puedan funcionar las Comisiones. Vengo planteando esta modificación hace mucho tiempo. De esta manera se limita modestamente el presidencialismo que impera en el país. Pero es insuficiente, dado que en la Constitución de 1980 se estableció la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el mecanismo de discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. No avanzamos mucho. Y ahora se propone que dicho organismo, además de ser un club que ya tiene 60 años, funcione durante todo el año.
Sin perjuicio de la existencia de una Comisión de la naturaleza propuesta, el Parlamento en su conjunto debiera debatir en un período especial la única iniciativa de ley que le da cierto poder frente al Ejecutivo.
En resumen, estoy de acuerdo con el proyecto, pero tengo las mismas dudas constitucionales aquí señaladas.
Como digo, esta discusión es de larga data. Dentro de poco -entiendo que en las próximas semanas- comenzaremos el despacho de reformas constitucionales, oportunidad en la cual tendremos la posibilidad de analizar temas muy fundamentales y de presentar indicaciones. Pero mientras tanto quiero aprovechar la ocasión para hacer este planteamiento.
Deseo expresar a la Sala que, respecto de la constitucionalidad, la Mesa tiene algo que decir. Por de pronto, invito a los señores Senadores a leer el artículo 18 de la Ley de Presupuestos vigente.
¿En conjunto?
No, lo planteo así porque lo considero conveniente para aclarar el aspecto constitucional. Y Sus Señorías verán que no se trata de fiscalización, sino de atribuciones que, de hecho, están vigentes.
La referida norma consigna:
"La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
"1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central", etcétera.
"2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y de gastos del Gobierno Central", etcétera.
"3. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado", etcétera.
"4. Informe semestral de la deuda pública bruta", etcétera.
"5. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las empresas del Estado", etcétera.
Es decir, lo que se pretende es -y por eso no nos mereció la menor duda la constitucionalidad de la moción-, no entregar atribuciones a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados por separado, sino traspasarlas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que funcionará, de acuerdo con el proyecto, hasta cuando se constituya la siguiente Comisión Especial que deba informar un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos.
¿Me permite una interrupción, señor Presidente?
Y por esa razón la Mesa -no voy a referirme de nuevo al tema constitucional- estimó que no hay ningún aspecto que lleve a sostener que el proyecto sea inconstitucional. Es decir, no hay base para discutir su constitucionalidad.
Señor Presidente , concuerdo con la explicación dada por el Presidente de la Comisión de Hacienda en cuanto a la necesidad de contar con una legislación como la que se está discutiendo. Y como no quiero repetir lo señalado por él, sólo me referiré brevemente a lo siguiente.
Es efectivo que, cuando discutimos el proyecto de la Ley de Presupuestos, el Parlamento está en una condición de inferioridad tremenda frente al Poder Ejecutivo . No contamos con los elementos para hacer un estudio a fondo y, así, aprobar o rechazar fundadamente las normas propuestas por éste.
En segundo lugar, la discusión del Presupuesto, no obstante la limitación referida, es el único momento en que tenemos la posibilidad de conocer a fondo cómo funcionan las distintas reparticiones públicas.
En tercer término, como paliativo de esta situación, hemos entrado a firmar protocolos o a aprobar normas del proyecto de Ley de Presupuestos como una forma de ir proporcionando al Congreso diversos antecedentes: evaluación de programas, seguimiento de instituciones, informes periódicos sobre el nivel de gastos, detalle de cómo se emplean algunas partidas. Por ejemplo, el Ejecutivo está obligado a indicar los aportes que se hacen a instituciones sin fines de lucro y, así mismo a entregar el detalle de las donaciones que se reciben.
Todo lo anterior se ha venido haciendo y nunca ha habido una interferencia entre la imposibilidad del Senado para ejercer una función fiscalizadora y el hecho de que se reciba esta información.
De alguna forma el proyecto viene a consagrar legalmente lo que ha estado ocurriendo. Por lo tanto, creo firmemente que no hay inconveniente en que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos funcione durante todo el año con las atribuciones que se señalan, las que sólo repiten lo que hoy día se está haciendo. No creo que el Senado o los Senadores que participen en la Comisión vayan a violar, de algún modo, la Carta, en cuanto a que ella nos prohíbe fiscalizar.
Con la misma convicción, cabe precisar que, si en los antecedentes recibidos aparecen hechos que deben ser fiscalizados, los Diputados integrantes de esa Comisión para nada se hallarán limitados de cumplir su función fiscalizadora.
El segundo propósito de la iniciativa, muy loable, es contar con una unidad de asesoría presupuestaria en el Congreso que permita procesar la información y también -tal como lo señala el texto en análisis- entregar mayores antecedentes a esta nueva Comisión Especial para que pueda discutir el presupuesto del año siguiente en mejores condiciones que las actuales.
En consecuencia, no hay un problema de constitucionalidad y tampoco podría verse afectada la función fiscalizadora de los señores Diputados si al participar en la Comisión toman conocimiento de hechos fiscalizables.
En nuestra opinión, éste es un proyecto que vale la pena apoyar y sacar adelante, porque es un paso adecuado en la modernización del Estado.
Señor Presidente , yo me pregunto: ¿cuál es la situación actual, sin considerar la iniciativa? ¿Qué facultades tienen el Senado y la Cámara de Diputados respecto de la materia?
El señor Presidente ya señaló que en la Ley de Presupuestos existe un texto específico sobre los informes que debe entregar Hacienda.
Pero, además, el artículo 9º de la actual Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional permite a todos los Senadores y Diputados pedir la información que estimen pertinente respecto de la Ley de Presupuestos, no sólo al Ministerio de Hacienda, sino a toda la Administración del Estado.
¿Qué se hace aquí? Dar a una Comisión especializada, que ha trabajado en un tema tan importante como el de los ingresos y gastos de la nación, la atribución de hacer un seguimiento sobre el particular, eso sí que con dos salvedades que el Ejecutivo ha hecho presentes. La primera de ellas es que corresponde a éste la facultad de administrar el Estado desde el punto de vista financiero. Eso es claro. La política fiscal le es exclusiva y, por tanto, no hay posibilidad de interferencia en ese plano. La segunda se refiere a los actos de fiscalización, en cuanto a la Cámara de Diputados y a las atribuciones de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, señor Presidente , las mismas facultades que se indican en el artículo 9º referido permitirían a la Comisión Especial recabar información mucho más especializada acerca de los ingresos y gastos sobre los cuales debe pronunciarse.
¿Me concede una interrupción, señor Ministro ?
El señor HUENCHUMILLA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Tiene la palabra el señor Senador .
Señor Presidente , trataré de ser breve.
En mi opinión, lo que está en discusión es qué quiere decir "fiscalizar". Al respecto hay varios informes de la Cámara de Diputados - sería bueno tenerlos a la vista- de la época en que el señor Ministro y yo estábamos en esa Corporación.
En todo caso, fiscalizar no es sólo un reproche jurídico. Fiscalizar también es que cualquier Diputado pueda solicitar determinados antecedentes al Gobierno. Pero para eso se requiere un tercio de los votos favorables de la Cámara Baja. ¿Cómo se ha burlado la disposición? Usando el Reglamento de esa Corporación, que permite hacer lo mismo por la vía de los oficios. Ése es el resquicio que se ha empleado. Porque constituye algo muy estricto. En el caso del Senado, la situación es la misma; es exactamente igual en lo que se refiere a los oficios.
Cuando el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dice que las Cámaras pueden pedir antecedentes a los organismos de la Administración del Estado, se entiende, en nuestro caso, primero, que ello sólo se puede hacer votando en la Sala y, segundo, que es para legislar y no para fiscalizar.
Termino refiriéndome a otra cosa.
El señor Presidente trajo a colación el artículo 18 de la Ley de Presupuestos, que se ha ido repitiendo y perfeccionando. Ésa es la forma que ha tenido la práctica del sistema político de irse apartando de la Constitución. Y es algo que ocurre muchas veces. Nuestra Constitución es muy estrecha para lo que quieren los actores políticos. Pero, ¿hasta dónde se va a llegar con la falta de correspondencia entre la norma y la práctica constitucional? Mientras estemos en periodos normales no habrá problemas. Mas quisiera saber qué ocurrirá el día de mañana con una Comisión permanente que, en el fondo, evaluaría lo que hace el Gobierno en todos sus aspectos.
Ahora bien, como dice el Senador señor Romero , es evidente que no se plantea una facultad real y concreta, pero sí media un peso político enorme, porque en el propio informe se sostiene que la Comisión puede citar o invitar a un ministro a rendir cuentas. En el fondo, sería eso: una rendición de cuentas ante 26 Parlamentarios.
Gracias por la interrupción.
Recupera el uso de la palabra el señor Ministro .
Señor Presidente , me remito a lo que señalé. No comparto las expresiones del señor Senador respecto de lo que se entiende por actos de fiscalización, porque incluso en el ejemplo que expresa se requiere la participación de un quórum determinado de la Cámara de Diputados. Ello es así.
Termino recordando que el proyecto forma parte del acuerdo político que el Gobierno firmó con todos los partidos. Por lo tanto, es un compromiso frente al país. Y espero que, en esa perspectiva, podamos perfeccionar la iniciativa y discutirla. Desde luego, el Ministro que habla no participó en la etapa mencionada, pues todavía no asumía la Cartera cuando se firmó el acuerdo y eran otros los que estaban al frente del Partido.
Tomen nota los señores Senadores.
Señor Presidente , concuerdo con la finalidad de la iniciativa, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por las razones que aquí se han dado a conocer y que es innecesario repetir. Fundamentalmente, se da mayor transparencia a un proyecto tan importante como el de la Ley de Presupuestos, que es probablemente el más significativo, en su tramitación y sus efectos, de los que conoce y aprueba el Congreso.
En todo caso, me parece que el texto que nos ocupa no hace sino perfeccionar lo existente, porque, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Senado y la Cámara de Diputados pueden establecer en sus respectivos reglamentos las comisiones que estimen convenientes. Por lo tanto, en virtud de esa facultad pueden constituir una comisión para realizar el seguimiento de determinada ley.
Además, los órganos del Estado están obligados -como señaló el señor Ministro - a proporcionar la información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º de la citada ley. Pero ese precepto previó la situación de que los informes a que se refiere pudieran prestarse para efectos de fiscalización. Es así como en su inciso final dispone: "Todo lo anterior es sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del número 1) del artículo 48 de la Constitución.". Vale decir, la solicitud de informes no obsta ni dificulta la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados; queda incólume la facultad fiscalizadora que le otorga la Carta Política. De manera que no hay contradicción entre una cosa y otra, sino una simple consecuencia entre todas las disposiciones.
Por otra parte, la Carta estatuye expresamente que el Senado y sus órganos no podrán fiscalizar. Todos concordamos con esto.
Teniendo en cuenta, entonces, la atribución que otorga el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, con la excepción de no fiscalizar a que se refiere el mismo precepto, no vemos inconveniente para que el proyecto en definitiva se apruebe.
Y del texto propuesto no se concluye que se pretenda fiscalizar, porque la facultad que se concede a la Comisión Especial Mixta -y en Derecho Público sólo se puede hacer lo que la ley permite y establece- es para el solo efecto de realizar un seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos.
Ése es el encabezamiento del texto en estudio. Ése es el sentido de la Comisión Especial. Si ella intentara fiscalizar, excedería las normas de la ley y de la Carta, y, naturalmente, el Ejecutivo no estaría obligado a cumplir una exigencia inconstitucional. No se trata de que la norma sea contraria a la Ley Fundamental, sino de que lo sería el requerimiento que la Comisión hiciese al Ejecutivo y que se transformase en un acto de fiscalización.
No veo cómo la labor de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos podría derivar en una fiscalización sin violar la juridicidad. Porque cualquier requerimiento de una Comisión se puede considerar, en definitiva, como un acto de fiscalización. Y si el Ejecutivo estima que reviste tal carácter y que, por lo tanto, vulnera la Constitución, simplemente no está obligado a cumplirlo. Porque la fiscalización no compete a un órgano del Senado, ni menos a una Comisión formada por las dos Cámaras.
En lo que dice relación al proyecto propiamente tal, no sé si es el momento o la oportunidad para hacer algunas correcciones formales, pero creo que debemos poner especial cuidado en su redacción. A mi juicio, se halla bien establecido el propósito inicial: el seguimiento -eso es lo que puede hacer el Congreso- de la ejecución de la Ley de Presupuestos.
Después se consigna: "Para los efectos de realizar el seguimiento, la comisión especial podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información relativa a la ejecución presupuestaria". Aquí se entra en una enunciación de facultades absolutamente innecesaria. Bastaría con decir "solicitar", porque esa facultad implica la de recibir. Al recibir, indudablemente podrá sistematizar y examinar. Sería absurdo que no pudiera examinar lo recibido. De manera que las palabras "recibir, sistematizar y examinar" están de más. No corresponden a una buena técnica legislativa. Porque, si no se puede hacer todo lo que se estime necesario con la información que se solicita, carece de sentido pedirla.
Lo que no se podrá hacer en caso alguno, como lo establece la misma disposición, es ejercer funciones ejecutivas -por ejemplo, exigir al Gobierno que mientras termina el estudio de determinada partida no siga aplicando las normas como lo hacía hasta ese momento- o, con mayor razón, afectar las atribuciones propias del Poder Ejecutivo , ni tampoco, como se agrega acertadamente, realizar actos de fiscalización.
Me parece que la iniciativa contribuye a dar al Congreso facultades suficientes para cumplir en mejor forma su cometido. Porque no sólo permitirá ver cómo se ha efectuado la ejecución presupuestaria, sino que, como este antecedente quedará a disposición de los Parlamentarios, resultará muy útil durante el estudio de los futuros proyectos de ley de presupuestos: se sabrá cómo se cumplió la ley anterior, en qué se falló, de qué manera es factible corregirla la próxima vez y en qué forma adecuar su votación.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el texto propuesto, pero deberían introducírsele las modificaciones de redacción que señalé. Aunque no se trata de un problema de fondo, pienso que las leyes deben reflejar claramente su sentido. Y, si la normativa amerita observaciones como aquellas a que he hecho referencia, creo que se emplea mal el lenguaje.
Pongo en conocimiento de la Sala que hoy nos visita el Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado argentino, señor Jorge Pardal, a quien saludamos desde acá.
Señor Presidente , no aludiré al pacto político, por supuesto, porque no pertenezco a una tienda política, pero quiero plantear algo que para mí es esencial. El espíritu del proyecto encierra, a mi juicio, un cambio fundamental en las líneas conceptuales que diseñaron la Constitución del 80. Y ese cambio conceptual consiste en que determinadas facultades de la Cámara de Diputados ahora se amplían, a través de un juego de lenguaje, al Senado y, por tanto, al Congreso en pleno.
En la actualidad, nuestra legislación faculta a cualquier Comisión de la Cámara Alta, y especialmente a los Senadores, para pedir todos los datos correspondientes con el objeto de examinar si los valores acordados en la Ley de Presupuestos se han invertido o empleado en forma correcta. Ir más allá implica pasar a llevar funciones de otros órganos, en circunstancias de que las facultades tanto del Senado como de sus miembros se encuentran consagradas en diferentes cuerpos legales.
¡Para qué introducir una modificación como ésta, sobre todo si se consideran los dos problemas muy delicados que expondré a continuación!
En primer término, se dice que la Comisión Especial seguirá funcionando para realizar un "seguimiento" de la ejecución de la Ley de Presupuestos.
Seguimiento de algo significa tener a la vista la planificación, el detalle y, a renglón seguido, estar en condiciones de recibir los informes que muestran si, según lo indicado en las columnas a, be o ce, o en el Ministerio zeta, determinada inversión se ha hecho o no durante el transcurso del año conforme a la velocidad programada. Es decir, se trata de determinar si se acelera o se retarda.
Sin embargo, cabe formular algunas preguntas. ¿Qué información obtendrá la Comisión a través del sistema? Y si la obtiene, ¿cómo planteará su desacuerdo? ¿Dirá al Ejecutivo : "Mire, se ha acelerado mucho la inversión" o "Se ha hecho un mal uso y cambiado los ítem"? Porque existe facultad para hacerlo.
Entonces, si la Comisión Especial Mixta de Presupuestos no cuenta con poder suficiente, la normativa resulta innecesaria. Porque ya la legislación vigente permite que cada Senador y las Comisiones soliciten los antecedentes del caso para conocer cómo se desarrolla el proceso.
En segundo lugar, hay un problema técnico sumamente complejo. Para apoyar la labor de la Comisión Especial se crea una unidad de asesoría presupuestaria. ¿Quiénes la formarán? ¿Cuánto costará? ¿Funcionará permanentemente o sólo a petición del Presidente de la Comisión ? Etcétera.
Insisto en que estamos en presencia de algo innecesario, contemplado ya en diferentes leyes. Lo que falta es, sencillamente, que una persona específica asuma la tarea de hacer las consultas.
La presente iniciativa no agrega nada, y, lo que es más importante, representa un cambio fundamental en las líneas conceptuales que diseñaron la Constitución del 80. En efecto, se trasladan facultades de una Cámara a todo el Congreso y media una intromisión en sectores en que ello no corresponde, afectándose funciones como las del poder contralor.
Es decir, se están invadiendo otras áreas, porque, como se cambia el criterio respecto del diseño de la Constitución, aparece una zona de confusión en diferentes roles y tareas.
A mi juicio, la proposición es innecesaria y de antemano anuncio mi voto negativo.
Señor Presidente , quiero recordar que los parlamentos deben su origen precisamente a una discusión presupuestaria, ya que en Occidente el primero de ellos nació durante el reinado de Juan sin Tierra cuando los nobles se reunieron para discutir lo concerniente a los impuestos determinados por la monarquía.
Por tanto, la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos constituye un elemento de nuestra función; y diría que, junto con la labor legislativa, en la medida en que el ejercicio financiero de la Nación expresa las prioridades públicas, son la principal tarea. Y, en ese sentido, como cuestión previa a la discusión del proyecto mismo, deseo expresar que, en mi opinión, aquélla es una de las que peor realizamos.
Me ha correspondido participar en varias Comisiones Especiales Mixtas de Presupuestos, y he podido comprobar que la discusión sobre el tema es particularmente deficiente, poco profunda, sin muchos antecedentes, y que se realiza en un tiempo muy breve. Y eso necesariamente nada tiene que ver con que además el Parlamento carece de ciertas atribuciones en esta materia, al extremo de que ni siquiera puede distribuir gastos entre distintas partidas presupuestarias. Todos los órganos legislativos del mundo, en general, cuentan con esas facultades, tanto en regímenes presidencialistas cuanto parlamentarios.
Según la tendencia moderna -que también recoge la Constitución chilena del 80, con lo cual concuerdo-, el Parlamento no puede generar gasto público. La experiencia en este sentido así lo aconseja; pero ello no puede significar que el Congreso carezca de influencia en la discusión presupuestaria.
Segundo elemento: tengo la impresión de que el razonable proceso de discusión realizado en las Comisiones y Subcomisiones de Presupuestos durante estos doce años ha resultado en general más bien útil, desde el punto de vista de los intereses del país. Se han modificado aspectos y se ha establecido una adecuada relación entre el Congreso y el Ejecutivo .
Estoy de acuerdo con el proyecto; sin embargo, pienso que falta un elemento central, que someteré a la consideración de los señores Senadores y del Gobierno (desgraciadamente, parece que el Ministro señor Huenchumilla no se encuentra presente en la Sala en este momento). Me refiero al factor tiempo. A mi juicio, uno de los defectos de la discusión presupuestaria es que el lapso dedicado a su tratamiento es muy breve. El debate del proyecto de Ley de Presupuestos no puede ser abordado en 60 días. Y ese elemento -crucial, a mi entender- no lo resuelve la iniciativa en análisis.
Por lo tanto, sugiero que durante el segundo trámite se considere la posibilidad de aumentar el tiempo de tramitación del proyecto de Presupuesto. Creo difícil que un parlamento que presuma de serio en el mundo pueda discutir la materia en 60 días. En el Congreso de los Estados Unidos el proceso dura seis meses. Ignoro el tiempo que en los parlamentos europeos demanda su estudio, pero estoy seguro de que es más de 60 días, a fin de alcanzar a hacer un debate serio.
Deseo expresar mi sorpresa -aunque a estas alturas de la vida uno se sorprende de muy pocas cosas- ante el argumento de que pedir información a la Administración constituye un acto de fiscalización, sobre todo en un mundo donde en general la transparencia de los actos de aquélla se ha ido convirtiendo en un derecho de los ciudadanos y no sólo de los Congresos.
La transparencia informativa de los actos de la Administración constituye el elemento central de una gestión moderna y democrática, salvo en aquellos espacios donde eventualmente proceda todavía el modelo del viejo Estado secretista, que son muy pocos: las áreas de seguridad interna y los aspectos más delicados de la seguridad exterior.
En consecuencia, el pensar que cuando se pide información se ejerce un acto de fiscalización, me parece que no tiene asidero en la doctrina. Me preocupa que toda solicitud en este sentido se asimile a fiscalización. Ésta tiene otros objetivos, como el de señalar responsabilidades políticas y administrativas o de otro tipo, y se lleva a cabo con instrumentos distintos.
Desde el punto de vista del Congreso, indudablemente la facultad fiscalizadora la tiene la Cámara de Diputados, aunque es claro que no se ha hecho buen uso de ella. Pero éste es otro tema.
El hecho de mantener información sobre la ejecución presupuestaria es, evidentemente, un instrumento fundamental para una buena discusión. Y nadie podrá decir que ésa no es una facultad del Congreso.
Por todas esas razones, voy a votar favorablemente la iniciativa. Pediría al Gobierno eso sí que, en los trámites sucesivos, considere la posibilidad de prolongar el período de discusión presupuestaria. Estimo que si no se hace, vamos a perder la oportunidad de mejorar el trabajo del Ejecutivo y del Parlamento respecto de ella. A mi juicio, un plazo mínimo debería ser por lo menos de 90 días. Y lo digo porque si recurrimos a la legislación comparada, comprobaremos que en casi todos los parlamentos del mundo tal debate toma mucho más de tres meses.
Señor Presidente , como se trata de un proyecto con rango de ley orgánica constitucional, pediría votarlo en general y, si se aprueba, fijar plazo para las indicaciones.
No doy mi acuerdo en ese sentido.
Una moción de orden, señor Presidente .
No me cuento entre los más interesados en la aprobación del proyecto, pero pienso que quienes sí lo están debieran pedir segunda discusión.
Hay una solicitud al respecto, pero la primera discusión debe quedar terminada.
Señor Presidente , quiero llamar la atención sobre algo que tal vez sea lo más importante: el que una Comisión Especial Mixta de Presupuestos trabaje en forma permanente constituye una necesidad, la cual ha sido expuesta durante los últimos trece años. He desempeñado la presidencia de dicho organismo técnico durante seis o siete años, y en cada oportunidad lo declaré así, por considerar imprescindible que el Congreso Nacional estudie en mejores condiciones la Ley de Presupuestos.
Señor Presidente , si alguien adujera que esta facultad no debería radicarse en una Comisión, ya sea de la Cámara o del Senado, querría decir que el funcionamiento mismo de los órganos especializados de ambas Cámaras sería inoperante. Por eso están los artículos 9º y 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, mencionados por algunos señores Senadores. El último de ellos es más drástico al respecto. En efecto, dispone que si un funcionario público se niega a proporcionar la información requerida por el Parlamento o sus Comisiones, puede ser suspendido de su cargo. Y a nadie se le ha ocurrido pensar que si para el estudio de un proyecto de ley una Comisión del Senado necesita antecedentes del Ejecutivo , no puede pedirlos porque ello constituiría un acto de fiscalización.
Además de estos argumentos y de los expuestos con mucha claridad por el Ministro señor Huenchumilla , deseo destacar que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos no es un órgano del Senado, pues fue creada con facultades especiales. De manera que no podemos confundir su acción con la de esta Alta Cámara.
Hay otro elemento que Sus Señorías no pueden confundir: el referente al conocimiento del asunto por parte del Senado, para cuyo efecto debemos tener la capacidad suficiente. Es cierto que el conocimiento de cualquier materia constituye una especie de fiscalización, pero ello tampoco tiene nada que ver con las atribuciones políticas especiales de la Cámara de Diputados.
Por lo demás, como no existía la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en su oportunidad legislamos para que las Comisiones de Hacienda de ambas ramas del Parlamento recibieran obligatoriamente los balances de las empresas del Estado. El examen de ellos es una forma de conocimiento y también -por qué no decirlo- de fiscalización, lo cual -reitero- no dice relación alguna con las facultades de la otra rama legislativa.
Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad de que no sólo solicitemos los antecedentes necesarios mediante oficios en la hora de Incidentes de las sesiones de Sala, sino que ello se puede hacer también a través de las Oficinas de Informaciones tanto del Senado como de la Cámara Baja, que tienen una legislación especial respecto del cumplimiento y la entrega de la documentación respectiva.
Por lo anterior, señor Presidente , me parece necesaria -repito- la aprobación del proyecto para el Congreso Nacional en general y, en especial, para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a fin de que pueda desarrollar bien su labor. Si esto no se logra, el trabajo sobre la principal normativa que debe aprobar el Parlamento, que es el proyecto de Ley de Presupuestos, carecerá de los elementos indispensables, no sólo para examinar cómo se invierten los recursos públicos, sino también para disponer de los antecedentes necesarios con motivo de la discusión de los próximos ejercicios presupuestarios.
Quiero hacer notar a los señores Senadores que el Ejecutivo comienza el estudio del proyecto de Presupuestos en las diversas reparticiones ya en marzo de cada año. Primero lo hace en las alcaldías, luego en las intendencias y después en los diferentes ministerios, hasta conformarlo íntegramente. Por cierto, nosotros debemos conocer todos los antecedentes en un plazo extraordinariamente breve.
Por eso, señor Presidente -ojalá así lo entiendan los señores Senadores, pues lo digo aportando un poco la experiencia que tengo en esta materia-, considero que esto es una necesidad. Y yo diría que no por una cuestión semántica, como el confundir ciertas facultades políticas de la Cámara de Diputados con el conocimiento de cada asunto que compete a los Parlamentarios -también, por cierto, al Senado- y al organismo creado con características propias, como la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que se diferencia de ambas Cámaras, vamos a negar a aquélla los elementos indispensables para su buen funcionamiento.
Por esa razón, pido encarecidamente a Sus Señorías que no por un asunto semántico dejen de proporcionar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las atribuciones que requiere en forma imperiosa.
Sin lugar a dudas, votaré a favor de la iniciativa. Sin embargo, en caso de no haber quórum, solicito segunda discusión a fin de que sea despachada con el conocimiento necesario, con toda la amplitud y con presencia de todos los señores Senadores, que es lo que se necesita para pronunciarse sobre una normativa de mucho fundamento, como la que se pretende entregar para el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día hasta el término del debate, por cuanto falta que hablen seis señores Senadores.
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención este largo debate, y el que se haya prolongado en exceso precisamente revela la confusión existente entre los Senadores frente al proyecto.
Estoy de acuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Lavandero . A mi juicio, es muy importante que la Ley de Presupuestos sea objeto de seguimiento durante el año, para así disponer de información; si es necesaria la fiscalización, habrá que hacerla.
Por lo mismo, resulta conveniente un seguimiento en tal sentido, y sobre la base de lo expresado por aquel señor Senador -que es algo muy importante-, me parece que está mal lo que estamos haciendo hoy. Por eso votaré en contra del proyecto.
Me pronunciaré en esa forma -y lo digo entre paréntesis; por lo tanto, queda excluido de mi primer argumento- por una razón práctica.
Acá se ha sostenido que existe un acuerdo político, sin haberse consultado la opinión de todos los señores Senadores. Es muy fácil decir "No puedo votar". Pero se me ha señalado lo siguiente: "Usted tiene que pronunciarse, porque se trata de un acuerdo político". Sin embargo, no estoy dispuesta a hacerlo así, por cuanto no ha sido tomada en cuenta mi opinión.
A mi entender, lo leído por el señor Presidente es mucho más claro y preciso que la proposición formulada. En esta Corporación existe una Comisión de Hacienda que hace su trabajo, o al menos todos esperamos que lo haga. En ella se podría perfectamente realizar un seguimiento e incluso recabar información mediante el envío de oficios, todos los cuales deberían ser contestados. Tenemos confianza en que dicha Comisión cumplirá en buena forma su labor.
Por lo tanto, no veo por qué crear una superestructura que a lo mejor funcionará sólo una vez antes de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos correspondiente y que tal vez termine fiscalizando. Porque, por desgracia, hay una sombra entre lo que se va a fiscalizar y lo que se ha de seguir. Eso no está claro. Según mi parecer, de esta forma estaríamos impidiendo la existencia de un buen seguimiento respecto de la Ley de Presupuestos.
Creo que era mucho más claro lo presentado por los miembros de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, desafortunadamente, por supuestas razones de inconstitucionalidad, se siguió otro camino. Creo que se equivocaron, porque tengo la impresión, en virtud de lo leído por el señor Presidente , que no habría indicios de inconstitucionalidad. Y si ya tenemos algo como lo que vimos hace poco, profundicémoslo, pero no iniciemos un nuevo proyecto que, por lo observado aquí, más que arreglar crea confusión.
El Senador señor Núñez señaló que la moción en análisis constituía un pequeño avance. Tuvimos la oportunidad -aún es tiempo- de dar un gran paso, pero con el texto propuesto estamos dando uno pequeño y, además, en el camino equivocado. Reitero: la iniciativa no produce una mejora, sino, por el contrario, mayor confusión.
El proyecto de Ley de Presupuestos -como manifestó el Honorable señor Lavandero - es muy importante y sería bueno que lo analizáramos durante todo el año. Pero debemos hacerlo bien, con un órgano técnico que realmente funcione, integrado por los Senadores de la Comisión de Hacienda y no por una mezcla de los de Hacienda y de Constitución, quienes, además, deben dar su visto bueno a lo realizado por cualquier Comisión. Los respeto mucho, pero hay materias acerca de las cuales no les corresponde dar largas explicaciones.
Los Senadores señores Foxley y Boeninger , de la Comisión de Hacienda, no han intervenido esta tarde, y ellos deberían ser los más interesados en informarnos acerca de la materia en debate.
Por lo mismo, señor Presidente, anuncio que votaré en contra.
Señor Presidente , como señaló la Senadora señora Frei , en realidad, en esta materia hay más que confusión.
Se ha hablado mucho de la "fiscalización" y un señor Senador manifestó que habría que ponerse de acuerdo acerca de qué es "fiscalizar". Pero tampoco explicó lo que ello significa. En verdad, no sólo en el régimen chileno, sino que a nivel mundial el término "fiscalización" se engloba dentro de un concepto denominado "Sistema nacional de control", que en cada país contempla distintas modalidades para la voz "fiscalizar".
En Chile, la fiscalización se entiende, en primer lugar, desde un punto de vista político. La potestad de fiscalizar corresponde políticamente al Congreso Nacional, por disposición expresa del Nº 1) del artículo 48 de la Carta Fundamental.
¿Qué significa fiscalizar los actos del Gobierno? Ello, que es potestad de la Cámara de Diputados, está definido explícitamente en la Constitución y no necesito reproducirlo, porque parto de la base de que los señores Senadores lo conocen perfectamente bien.
La segunda acepción de "fiscalizar" es la jurídica y financiera, consistente en revisar financieramente los actos del Presupuesto. De acuerdo con la Constitución, esta facultad corresponde a la Contraloría General de la República, y significa examinar si los actos relativos al Presupuesto se ajustan o no a las disposiciones legales en general.
Resulta, señor Presidente , que esta iniciativa no transgrede ni una ni otra norma. Se persigue algo distinto. Tal como señala explícitamente su artículo único, se trata de que una Comisión de carácter permanente realice el seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos para que -como dice expresamente la moción- durante el siguiente ejercicio presupuestario y hasta que se constituya la Comisión Especial Mixta que debe informar un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos, el Congreso sepa cómo el Ejecutivo ha estado invirtiendo.
Cabe preguntarse si este proyecto transgrede las disposiciones constitucionales. Sinceramente, pienso que no.
Vale la pena aclarar cómo se materializa uno y otro acto de fiscalización en Chile.
La fiscalización política se manifiesta, como lo expresa el Nº 1) del artículo 48 de la Constitución, en adoptar acuerdos o sugerir observaciones al Ejecutivo sobre determinadas materias. Y nada más. De allí puede derivarse ulteriormente que el Gobierno acoja los acuerdos, acepte las sugerencias, no las recoja o aun, hipotéticamente, que la Cámara de Diputados inicie un juicio político en la eventualidad de que se hubieran transgredido gravemente las normas constitucionales.
En el caso de la fiscalización financiera de la Contraloría General de la República, si ésta formula un reparo al revisar un gasto presupuestario, se da origen a lo que se denomina constitucionalmente un juicio de cuentas, mediante el cual se persigue la responsabilidad civil de la persona que realizó el gasto transgrediendo la ley.
¿Algo de esto se transgrede en el proyecto? Evidentemente que no. La iniciativa tiene una finalidad absolutamente distinta: hacer el seguimiento del Presupuesto. Y el Gobierno -por intermedio del señor Ministro Secretario General de la Presidencia -, con mucha serenidad de juicio y cautela, hizo la salvedad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que nadie pueda pensar que en función de dicho seguimiento se realizarían actos de fiscalización, genéricamente entendidos, ni políticos ni financieros. Y el proyecto no podría establecer ni una u otra cosa, porque ello significaría infringir dos disposiciones de la Carta Fundamental.
En la especie, no se trata de eso, sino de una labor mucho más sana y razonable, y que en manera alguna transgrede la Constitución. En efecto, se pretende hacer un seguimiento razonable de la Ley de Presupuestos, a fin de que en el siguiente proyecto de presupuestos a que se aboque el Congreso, por la vía de esa misma Comisión Especial, se conozca cómo invirtió el Gobierno dicho Presupuesto. Porque, hipotéticamente, el Ejecutivo podría invertir relativamente mal una partida, sin que ello llegue a significar una transgresión de la ley. En consecuencia, el Parlamento está haciendo uso de una sana razón al idear una iniciativa de esta índole, que le permita hacer el seguimiento de la Ley de Presupuestos.
En suma, estimo que aquí hemos trastrocado interpretaciones de la norma, confundido conceptos y, en fin, arribado a conclusiones que, por la vía de esta suerte de confusión, nos han conducido a pensar que se estarían transgrediendo preceptos constitucionales. El señor Presidente ha hecho muy bien al decir que esto último no es efectivo y, sobre todo, al recordar el artículo 18 de la Ley de Presupuestos para el año 2003.
En seguida, también se incurre en el error de perder de vista que, así como la facultad de administrar corresponde al Presidente de la República y la de fiscalizar financieramente pertenece a la Contraloría, el legislador es perfectamente soberano para aprobar una norma de esta naturaleza, que conduzca a que los órganos del Estado -compenetrados constitucionalmente- realicen su misión en términos de conducir a una mayor eficacia en el manejo de la Hacienda Pública, no sólo durante un año, sino en el seguimiento de reiterados presupuestos.
Por eso, señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto, en la convicción, en primer término, de que no infringe la norma constitucional y, en segundo lugar, de la conveniencia de la medida cuya aprobación se sugiere al Senado.
Señor Presidente, deseo retomar un punto que no fue abordado con la suficiente profundidad, con una argumentación exactamente inversa.
Aquí se señaló que una de las razones por las cuales la Comisión en comento sería inoficiosa es que en Chile existe un sistema de flexibilidad presupuestaria. Pienso que es absolutamente al revés y me gustaría profundizar qué significa la flexibilidad presupuestaria en el país.
El señor Senador que mencionó lo anterior aludía a que lo que aprobamos puede ser convertido al día siguiente en letra muerta por el Ejecutivo y cambiarse enteramente. Y ello es así. Es decir, en la práctica, lo único que aprueba el Parlamento cuando discute el proyecto de Presupuestos es el límite de endeudamiento y el gasto máximo del Estado, nada más. Pero la flexibilidad presupuestaria significa que todos esos programas, a los que hemos dedicado horas y horas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, pueden variar por completo después de ser aprobados. A través de operaciones triangulares entre Ministerios, o a través del Tesoro Público, el Ejecutivo , el Gobierno central, puede realizar cambios entre las partidas.
Por eso, señor Presidente , por el argumento exactamente contrario al que plantea un señor Senador, pienso que la labor de la Comisión no sería inocua, sino que tendría muchísimo valor. Si hay flexibilidad presupuestaria, la lógica indica que para que el Parlamento pueda realizar efectivamente algún tipo de seguimiento a las diferentes partidas -cuáles son las que se modifican, en qué consisten las alteraciones, cuáles son las razones de los cambios-, debe existir un órgano de carácter permanente, cuyo trabajo serviría además, tal como lo han hecho ver otros Parlamentarios, como un importante antecedente para la discusión de la próxima Ley de Presupuestos.
Quienes hemos participado en el debate presupuestario, con los pocos elementos de juicio disponibles, hemos logrado detectar cosas relevantes. Pero termina la discusión y el tema se agota. Se comprometen determinados documentos, pero éstos no llegan.
Y aprovecho de aclarar a la Senadora señora Carmen Frei que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos está integrada por miembros no sólo de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, sino también de otros órganos de trabajo. El grado de especialización resulta fundamental.
Pero vuelvo a repetir, señor Presidente : en un sistema de flexibilidad presupuestaria, es esencial contar con un órgano que efectivamente haga un seguimiento de la ejecución de las distintas partidas, sobre todo si se producen cambios entre ellas. De lo contrario, el Parlamento debería limitarse a aprobar el nivel máximo de endeudamiento o de gasto y los miembros de la Comisión Especial nos vamos todos para la casa, porque ahí sí que la discusión pasa a ser completamente inoficiosa.
Señor Presidente , a estas alturas del debate y de las ponencias, parece difícil encontrar algún argumento adicional a los que ya se han planteado aquí en forma tan elocuente.
El punto que deseo resaltar es que actualmente, con la información que recibe el Senado a través de la Oficina de Asesoría Presupuestaria, sería posible iniciar todos los actos de fiscalización que el Congreso quisiera llevar adelante, sin ninguna dificultad. Y la normativa que se propone no va a cambiar esa posibilidad cierta.
A partir de la información con que hoy se cuenta, si un congresista tiene la intención de desarrollar algún tipo de acción política, de -dicho de otra manera- aprovechamiento de las situaciones, lo puede hacer perfectamente. Puede pedir la información, elaborarla, procesarla y dar su opinión, con todas las facultades y libertades que al respecto posee en su calidad de Parlamentario. A lo más se le podría criticar falta de rodaje o de experiencia, pero eso está dentro de las reglas del juego.
En consecuencia, con los antecedentes que ahora existen en la Corporación, es posible fiscalizar o realizar actos políticos independientes, según si la situación general del país es de tensión o no.
Sobre esa base, y considerando que lo propuesto no modifica tal situación, apoyo la iniciativa. Algunos la rechazan de plano, otros quisieran mucho más, pero constituye un avance.
El Senado, en particular, y el Congreso, en general, están recibiendo permanente y sistemáticamente informes del Gobierno relacionados con la ejecución presupuestaria. Sin embargo, no tenemos interlocución válida con el Ejecutivo . Se nos envían informes, éstos quedan en una oficina, pero nadie los evalúa. Desde esta perspectiva, me parece que el proyecto presenta dos elementos importantes. Primero, crea en esta Corporación un interlocutor con la misión de preocuparse de la información recibida, y segundo -otra cosa muy relevante-, estructura una oficina de apoyo y asesoría a la Comisión Especial que en este momento prácticamente no existe. Claro, porque si ahora yo pido información evaluada sobre una determinada materia, no la obtengo, y debo elaborarla en forma personal.
Por lo tanto, habría que descartar la inquietud de algunos Parlamentarios en el sentido de que la iniciativa permitiría desarrollar o ejercer una actividad fiscalizadora impropia del Senado. El proyecto no cambia en nada la situación actual, incluso, en una de sus partes, prohíbe expresamente la realización de actos de fiscalización. Su aprobación o no aprobación tampoco evitará acciones políticas o el aprovechamiento político de las situaciones que plantea el Presupuesto, pero sí nos va a ayudar a todos los Senadores a tener, en la próxima ejecución presupuestaria, mejor conocimiento de los cambios, de las orientaciones y del cumplimiento de las metas programadas. En ese sentido, el seguimiento es fundamental.
La vez pasada, me habría sido muy útil contar con información evaluada en lugar de metros cúbicos de papel con antecedentes y números que no me indicaban absolutamente nada, por cuanto no habían sido medidos desde un punto de vista técnico.
Por todas estas razones, señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la idea de legislar.
Señor Presidente , si uno observa qué señores Senadores iniciaron el proyecto en debate, descubre que se trata de una moción de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda, dos de los cuales la han presidido.
Y lo primero que surge es que ellos, por alguna razón, proponen la permanencia de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y creo que hacen bien porque, dentro del proceso de modernización del Congreso Nacional, resulta importante dotar a un organismo relacionado con todo lo referente al manejo presupuestario de la facultad para efectuar un seguimiento que permita saber exactamente que lo aprobado se ha ido cumpliendo. Eso no constituye ningún acto de fiscalización, como no lo podría haber bajo ninguna circunstancia a partir de dicha Comisión.
Pienso que la interpretación del Senador señor Silva es absolutamente correcta. El sistema nacional de control no incorpora este tipo de órganos. Está muy claro qué es el sistema nacional de control y qué es la fiscalización. Su Señoría lo describió magistralmente bien.
Considero que la iniciativa tiene que ver con la modernización del Congreso Nacional. Su artículo único precisa que la Comisión podría seguir funcionando "para el solo efecto de realizar un seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos". Y a continuación señala que, con ese único fin, "podrá solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información (...) que sea proporcionada por el Ejecutivo " y ponerla a disposición de las Cámaras. Ya verán éstas cómo manejan esa información.
Lo anterior tiene bastante que ver con la atribución contenida en el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, relativa a la posibilidad de pedir antecedentes a diversos organismos del Estado, que muchas veces se confunde con la facultad fiscalizadora. El que exista una instancia del Parlamento que solicite información no necesariamente significa fiscalizar al Ejecutivo . Se piden informes para mejor legislar; eventualmente, en el caso de la Cámara de Diputados, para fiscalizar, en fin.
Entonces, me parece que la iniciativa representa un avance muy relevante. Y han hecho bien los integrantes de la Comisión de Hacienda al proponer la continuidad de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, pues ello dice relación a la modernización del Congreso Nacional.
Por lo pronto, sabemos que la Comisión de Hacienda no puede hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria, porque está abocada al conocimiento de diversos proyectos. Y es sano para el Ejecutivo y el Congreso que exista una instancia veedora que, de alguna forma, obligue al primero a cumplir los compromisos que suscribe en el Senado cuando aquí se discute la ley más importante de la República, de manera de dar eficacia a este cuerpo legal.
Esto también debería ir unido a otra iniciativa que tendría que surgir en cuanto a la eficacia de la ley propiamente tal. Aquí estamos hablando de la eficacia de la ley presupuestaria. Pero yo me pregunto: ¿cuántas leyes no se aplican hoy en Chile? ¿Cuántas de ellas están de más? ¿No sería interesante que en el Senado existiera también una comisión permanente para estudiar la eficacia de la ley en sí y, de ese modo, despejar una inmensa cantidad de normas contradictorias? Bueno, eso es materia de otra iniciativa. Pero debo decir que, en lo concerniente a modernización, se avanza mucho.
Lo manifestó muy bien el Senador señor Silva : aquí no hay intromisión alguna en las potestades fiscalizadoras. Y es muy expreso el artículo cuando se refiere al "solo efecto de realizar un seguimiento".
Ese seguimiento tiene la gran ventaja de ofrecer a la comunidad, a la ciudadanía y a los medios de comunicación en su conjunto la posibilidad de ir conociendo con certeza, a través de una Comisión permanente del Senado, cómo va desarrollándose la política financiera del Estado o realizándose el gasto de las distintas instancias.
Para el Ejecutivo -no se piense únicamente en el Ejecutivo al que, desde las bancadas opositoras, miramos para fiscalizarlo- también es muy sano que exista en la instancia del Congreso una Comisión de esta naturaleza: hace bien a la modernización del Estado, a la transparencia y a la eficacia. Y creo que esta iniciativa podría perfectamente inscribirse en la agenda de probidad hoy día tan vigente (incluso, se afirma que está un poquito demorada).
Por último, me parece que la legislación en proyecto dará al Senado una prestancia que hoy día no tiene en materia de control del gasto público.
De otro lado, tengamos en cuenta que, siendo distintos los sistemas, el Senado de los Estados Unidos dispone del gran instrumento de control completo de la ejecución presupuestaria. Y si no se está cumpliendo un programa, se avisa al Ejecutivo: "Esos dineros se van a retirar porque usted no ha cumplido con los objetivos que la ley le fijó para gastarlos".
Hay que avanzar en el proceso de modernización. Considero que nos hallamos ante una gran iniciativa y, desde luego, anuncio mi voto favorable.
Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.
Señor Presidente , entiendo que el Honorable señor Lavandero pidió segunda discusión. Me parece bien. Estimo importante hacerlo, porque es indispensable aprobar la iniciativa que se sometió a nuestro conocimiento, más allá de que exista o no un acuerdo político.
Como afirmó aquí el Honorable señor Lavandero , desde hace años se ha venido haciendo presente la necesidad de buscar una instancia como la que hoy día se nos sugiere. Y fue Su Señoría quien formuló el planteamiento del caso: en el seno de la Comisión de Hacienda, primero, y en la Sala, después.
De lo expuesto por varios señores Senadores, aparece evidente la conveniencia de que aprobemos este proyecto, a fin de tener una instancia donde se pueda hacer el seguimiento de una materia tan importante y trascendente como la ejecución de la Ley de Presupuestos.
Reitero: me parece indispensable la aprobación de la iniciativa en debate, pues sitúa en la instancia parlamentaria la posibilidad de, contribuyendo a la mayor transparencia, establecer un adecuado, eficaz y pronto seguimiento en el ámbito presupuestario.
Con todo gusto, si la Mesa lo autoriza.
Señor Presidente , omití decir en mi intervención que tengo cierta reserva ante el hecho de que la Comisión pertinente sea bicameral. Me parecería mejor -tal vez se puede debatir- que fuera atribución exclusiva del Senado.
Para eso no se requiere ley.
Habiendo concluido la primera discusión, como el Comité Demócrata Cristiano pidió segunda discusión, el proyecto queda pendiente hasta el próximo martes.
Terminó el Orden del Día.
Solicito al señor Vicepresidente que presida durante la hora de Incidentes.
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
A los señores Director Nacional del Servicio Nacional de Turismo , Gerente General de SERCOTEC y Directora de SERNATUR de la Novena Región , solicitándoles información respecto de PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA FOMENTO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE COMUNA DE LONQUIMAY.
Al señor Alcalde de Purén , pidiéndole confirmar ENVÍO A GOBIERNO REGIONAL DE DOCUMENTACIÓN CONDUCENTE A OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCTOR GARRIGA.
Al señor Alcalde de Curacautín , tocante a SITUACIÓN DE PROFESORES DE ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERA CON MOTIVO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA (todos de la Novena Región).
De la señora FREI (doña Carmen):
Al señor Ministro del Interior , solicitándole ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA ACCIONES DELICTUALES EN PROVINCIA DE EL LOA (SEGUNDA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole RECURSOS PARA PROTECCIÓN DE TERRENOS CONTRA DESBORDES DE ESTEROS Y CANALES EN COMUNA DE CODEGUA (SEXTA REGIÓN).
A Su Excelencia el Presidente de la República , con copia al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , solicitando precisiones sobre EXENCIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS A CONJUNTO HABITACIONAL "LA TORTUGA", DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Educación , pidiéndole la AGILIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE ESCUELA QUINTERQUÉN G-890, DE QUEMCHI.
Al señor Ministro de Obras Públicas , concerniente a REPARACIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINO COCHAMÓ-RÍO PUELO (ambos de la Décima Región).
El Comité Partido por la Democracia no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.- Me alegra mucho hacer uso de la palabra bajo la presidencia del nuevo Vicepresidente del Senado, Honorable señor Bombal.
Señor Presidente, la conciencia del mundo está siendo estremecida por una guerra insensata, unilateral y alevosa.
Afortunadamente, la globalización de la información ha permitido crear este nuevo factor de poder que se llama "sociedad civil", el que ha venido forjándose en luchas valerosas contra las injusticias que encierran la globalización de los poderosos, que se llevan adelante a expensas y a espaldas de las necesidades de los pueblos más débiles del mundo.
Ahora, esta misma opinión de la civilidad, esta misma masa humana generosa y vigilante, nos está brindando con su ejemplo una lección sorprendente y definitiva: advertir a los dirigentes del mundo que no pueden actuar más a su antojo; que deben atenerse a valores democráticos y a una ética humana y social aceptable; que la política ha de volver a dignificar la vida en sociedad y a ser usada para fomentar la justicia y el progreso universal.
Estos valores, Honorables colegas, son los que nos inspiraron a muchos de los aquí presentes para ingresar a la actividad política. Es cierto que ella pasa por un mal momento, tanto en Chile como en el resto del mundo. La corrupción y la falta de solidaridad para con las necesidades populares causan descrédito, desconfianza y abandono de la vida partidaria y del respeto por la actividad del servicio público.
Hemos visto actos masivos de gente de todas partes del orbe que, sin coordinación alguna, sale a la calle a manifestar su descontento, su indignación por lo que se entiende como un acto de prepotencia injustificable: el hecho de atacar a una nación ignorando los esfuerzos de todas los países reunidos en las Naciones Unidas para buscar salidas pacíficas, en los que Chile también puso una importante dosis de protagonismo.
Esos hombres que se toman las calles en cantidades impresionantes, que son golpeados, y hasta asesinados, por la represión de autoridades que aún no entienden el cambio que se avecina en las relaciones de poder social, son los que me inspiran a levantar la voz para protestar también, desde el Senado, por la flagrante violación del Derecho Internacional, por el atropello a la dignidad de todos los países que se han comprometido a convivir sobre bases de legalidad y de respeto mutuo.
Como Parlamentarios y como chilenos, no podemos quedarnos en silencio. Chile, país pequeño pero con un gran contingente de juristas internacionales a lo largo de su historia, ha sido parte de casi todos los acuerdos entre las naciones. Hemos sido, en democracia, una sociedad solidaria, y aún más, respetuosos de las reglas del juego internacional que en conjunto nos hemos dado. Por eso, nuestro país exhibe una extensa trayectoria de respetabilidad en el mundo. En nuestra democracia existe una sociedad que respeta los derechos humanos y alienta a que sean respetados a nivel universal; esto nos obliga a ser respetuosos de la soberanía al interior de cada nación y a promover la democracia real como fórmula única de desarrollo y convivencia social.
Podemos criticar y nos pueden criticar respecto a los regímenes que nos gobiernan, pero jamás aceptaremos la intervención de un país sobre otro, bajo cualquier expediente o pretexto, excepto que se inspire en resoluciones legitimadas en las instancias internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas.
Permitir que cualquier país invada, intervenga, ataque o presione a otro de manera unilateral y desconociendo los derechos básicos de la convivencia y del respeto internacional a la autodeterminación, implica abrir las puertas de par en par a la más demencial de las arbitrariedades potenciales.
El Derecho Internacional debe ser nuestro norte, y su respeto, nuestro lema inclaudicable. No hay otra opción, especialmente en los países más pequeños, como el nuestro.
Ahora que la agresión se ha producido; ahora que la guerra se ha instalado a operar su destrucción calculada y feroz, tenemos que volver a ponernos de pie para exigir que se retorne a la paz, que se retiren las armas, que cese la violencia. No debemos permanecer tranquilos o indolentes en nuestras bancas hasta que triunfen la sensatez, la paz y la voluntad de las mayorías universales.
Chile no puede guardar silencio, pues será acusado de complicidad por intereses subalternos. Los tratados se hacen entre naciones libres y no sobre la base del chantaje, del forzamiento o de sanciones.
Si no actuamos con soberanía y criterio de independencia en lo político, después tampoco seremos respetados en nuestros derechos económicos; de hecho, se nos ha atropellado más de una vez, con descaro ominoso y con pérdidas enormes para los empresarios y para el país.
El Gobierno ha actuado con lucidez, a pesar de las presiones externas e internas. Sin embargo, debe seguir esforzándose para que la voz y la voluntad de nuestro pueblo sean escuchadas; para que cese la barbarie, y para que mañana podamos decir con orgullo que pertenecemos a aquellos que quieren reivindicar la decencia política para construir un mundo sustentado en el respeto, en el progreso y en la dignificación humana universal.
No entraré, señor Presidente , a juzgar las motivaciones de esa guerra. Todos sabemos que allí se mezclan factores económicos, geopolíticos, de interés empresarial y de cálculo menor o subalterno. Ya habrá tiempo para analizar y emitir los juicios que caerán sobre las conductas que afectan a los países involucrados.
Por ahora, me interesa que Chile presione a las Naciones Unidas para que establezca la resolución Nº 377, que se conoce como "Unión Pro-Paz", junto con la resolución Nº 378, a los efectos de que, ante el fracaso del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz, sea el conjunto de los miembros el que se reúna para estudiar recomendaciones de acción orientadas a recuperar aquélla en la región en conflicto.
Aliento a mis Honorables colegas a mantener una vigilancia permanente y a sostener un criterio de unidad frente a esa demanda insoslayable de solidaridad con las Naciones Unidas, con la paz y con los pueblos que claman por el reinado del Derecho y de la Justicia a nivel planetario.
En tales condiciones, solicito que mis palabras sean remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de que la Canciller, doña Soledad Alvear , no sólo sepa que desde este Senado se levantan voces para apoyar la acción desarrollada por el Gobierno en aquel sentido, sino que también plantee -si ello es posible- los dos criterios que señalé, referidos a la resolución Nº 377, conocida como "Unión Pro-Paz", y a la Nº 378. Es mi deseo que la Cancillería, si lo tiene a bien, realice los esfuerzos necesarios, el lobby de rigor, y procure el consenso dentro de las Naciones Unidas para buscar un camino como el que estoy señalando.
Se procederá conforme lo solicitó Su Señoría.
Con mi adhesión.
Con su adhesión, señor Senador.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente , frente a los continuos hechos constitutivos de corrupción que han afectado en el último tiempo a Chile, se requiere más que nunca que las autoridades que por ley están llamadas a fiscalizar tengan una actitud firme, eficaz y decidida ante esa lacra que amenaza con institucionalizarse y asentarse en el seno de nuestra sociedad.
Como dijo esta semana un dirigente gremial, llegó la hora de establecer la tolerancia cero con la corrupción.
La situación que paso a relatar es de suma gravedad, y me veo en la obligación de denunciarla, a fin de que el Contralor General de la República disponga una investigación al respecto, adopte las medidas que el resultado de ella aconseje y aplique las más severas sanciones que el caso amerita, máxime cuando se trata de funcionarios de su confianza.
En el año 2000 se detectaron en las Municipalidades de Tierra Amarilla y de Copiapó sendas irregularidades, consistentes en ordenar trabajos de impresión que fueron adjudicados a empresas gráficas de la Región, las que emitieron facturas falsas, no obstante lo cual se percibieron los montos cobrados, ascendentes a un total de 20 millones de pesos.
Esa acción motivó que el Servicio de Impuestos Internos interpusiera una querella en contra de los propietarios de la imprenta -se encuentra radicada en el Cuarto Juzgado del Crimen de Copiapó-, quienes se hallan procesados y a punto de recibir la sentencia, que está por dictarse.
Cabe señalar que el Contralor Regional de Atacama, don Raúl Hurtado Clunés , dispuso la investigación pertinente con bastante posterioridad al descubrimiento de esos hechos dolosos. Sin embargo, ahora se ha establecido, a través de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, que el funcionario contralor mencionado tenía conocimiento de ellos a lo menos un año antes de denunciarlos a dicho Servicio.
La pasividad del Contralor Regional, indudablemente, ha causado un serio perjuicio al erario, al no haberse obtenido por concepto de tales adquisiciones la recaudación tributaria correspondiente. ¡Quizás cuántos casos similares podrían haberse evitado de existir una denuncia oportuna, como corresponde, de acuerdo a la ley! Y, sobre todo, resulta inexplicable que un Contralor que toma conocimiento de un hecho que reviste el carácter de delito no lo denuncie a los Tribunales de Justicia.
La actitud del funcionario llamado a fiscalizar las finanzas públicas y municipales de la Región es de suyo grave. Más aún, se encuentra sancionada conforme a nuestra legislación penal. En efecto, el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal establece la obligación de todo funcionario público de denunciar los delitos de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y el artículo 85 fija un plazo de 24 horas para ese objeto. Y el Código Procesal Penal que rige plenamente en la Región de Atacama consagra similar obligación en sus artículos 175, 176 y 177.
A lo anterior, debe agregarse que, en el caso de la Municipalidad de Tierra Amarilla, tres de sus concejales estuvieron permanentemente dando la voz de alerta, denunciando esta irregularidad y haciendo presentaciones al Contralor Regional. Sin embargo, no obtuvieron ningún resultado positivo.
Con actitudes indolentes de los funcionarios fiscalizadores, como las descritas, no se podrá poner atajo a la corrupción, lo cual, obviamente, permitirá que este verdadero cáncer siga corroyendo nuestra sociedad.
Por estas razones, y dada la gravedad de los hechos, solicito oficiar en mi nombre al señor Contralor General de la República , a fin de que investigue esta situación que afecta a un funcionario de su confianza y que representa al organismo contralor en la Región de Atacama; y de que aplique, conforme al mérito de la indagación, las máximas sanciones que fueran pertinentes en este caso.
Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
No usarán sus tiempos los Comités Socialista e Institucionales 1.
Le corresponde el turno al Comité Institucionales 2 e Independiente.
Perdón, señor Presidente , olvidé felicitarlo por su nuevo cargo, el que ya ejerce. Lo está haciendo muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila en el tiempo del Comité Institucionales 2 e Independiente.
Señor Presidente , he sido sistemáticamente interrumpido esta tarde, frustrando mi propósito de iniciar en forma normal mis intervenciones. Ahora le correspondió el turno al Senador señor Prokurica, quien tuvo un gesto, podríamos decir, de nobleza al felicitar al señor Vicepresidente , lo que yo también hago en nombre de los independientes del Comité Institucional 2.
Muchas gracias, Honorable colega.
Señor Presidente , dado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido incapaz de actuar de acuerdo con el mandato en virtud del cual fue creado, cual es, garantizar la paz mundial, crece el rechazo de la ciudadanía internacional. Gobiernos, parlamentarios, centros académicos, organizaciones sociales, han alzado su voz frente a las implicaciones de la invasión norteamericana a Iraq.
En Chile, un grupo de organizaciones -como la Alianza Chilena por un Comercio Justo, Ético y Responsable; la Plataforma por la Paz; el Movimiento Ciudadano, y el Foro América- han impulsado una campaña para aplicar la resolución Nº 377, denominada "Unión Pro-Paz". A nivel internacional, la iniciativa es promovida por importantes instituciones, como el Center for Constitutional Rights de Estados Unidos; el Equipo Nizkor de la Unión Europea; Serpaj Europa; Greenpeace Internacional, y ha sido recogida por los Gobiernos de Francia, Bélgica, Rusia y Canadá, entre otros.
La resolución Nº 377 de la ONU, llamada "Unión Pro-Paz", establece que "si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de "medidas colectivas".".
Señor Presidente, el hecho de que el Consejo de Seguridad no cumpla con las responsabilidades que le incumben en nombre de todos los Estados miembros no exime al resto de la obligación que les impone la Carta de la ONU de mantener la paz y la seguridad internacionales.
En concordancia con lo anteriormente señalado, solicito sugerir al Presidente de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores que Chile se sume al clamor mundial para restaurar la paz, conforme al derecho y normativas internacionales, y se pida una sesión extraordinaria de la Asamblea General con el objeto de formular recomendaciones específicas a los países miembros.
Tales recomendaciones deberían tender a:
1.- Condenar el uso de la fuerza contra Iraq.
2.- Exigir a Estados Unidos, Reino Unido y otros Estados miembros que actúen de acuerdo con sus obligaciones según los principios de la Carta Universal y el derecho internacional, y demandar al país del norte el cese inmediato de la guerra.
3.- Reafirmar los derechos humanos de la población de Iraq, en consonancia con la Carta Fundamental, para determinar su futuro y su forma de gobierno.
4.- Reafirmar que la integridad territorial es un principio esencial de la Carta de las Naciones Unidas y que cualquier violación del mismo es contraria a la normativa de la ONU, y
5.- Declarar que la acción militar contra Iraq sin la correspondiente resolución de las Naciones Unidas que la autorice es contraria al Derecho Internacional.
El Senador señor Lavandero me pidió consignar su adhesión a este planteamiento y, también, a los oficios que solicité remitir.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Lavandero .
--Se levantó a las 18:46.
1. El inciso segundo del artículo 101 de la ley 18834, Estatuto Administrativo, dispone que “Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles, siempre que se trasladen a una región distinta de aquélla en la que se encuentren prestando servicios”.
2. Este beneficio otorgado a los funcionarios que se desempeñan en las zonas extremas del país constituye un incentivo para ejercer labores de servicio público en dichos lugares y tiene en consideración que estos trabajadores normalmente al desplazarse fuera de la región deben disponer de varios días de viaje, pues normalmente dichos traslados los realizan por vía terrestre.
3. Lamentablemente la jurisprudencia administrativa ha entendido que el traslado “a una región distinta de aquélla en la que se encuentren prestando servicios”, sólo se refiere a una región diferente dentro del país y no se comprendería en esta norma la situación de quienes abandonando la región donde prestan sus servicios se dirigen fuera del país. Esto ha resultado en el caso de Magallanes injusto en relación con quienes dejando la región se dirigen a la República Argentina.
4. Mediante la presente iniciativa se busca poner fin a la injusta situación antes descrita, haciendo aplicable el aumento de feriado a todos los funcionarios que se trasladen fuera de la región donde prestan sus servicios, sea que se dirijan a otra región del país o fuera de él.
Por todo lo anterior, en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, venimos en presentar el siguiente
Artículo Único. Modifícase el inciso segundo del artículo 101º de la ley Nº18.834, intercalando entre la palabra “servicios” y el punto(.) que le sigue, las expresiones siguientes: “o hacia fuera del país”.
(FDO.): JOSÉ RUIZ DE GIORGIO Senador de la República