Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-pl-hu.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2019-10-18 01:30:15
Document Index: 238528178

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 68', 'Artículo 74', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 175', 'artículo 184', 'artículo 28', 'artículo 50', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 3']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Polonia
La Constitución polaca no contempla el derecho a limpios, sanos, favorables, etc.).
Art. 5 de la Constitución establece la regla general de que la República de Polonia garantiza la protección del medio ambiente con arreglo al principio de desarrollo sostenible.
A tenor del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá ocuparse de la calidad del medio ambiente y serán responsables de provocar su degradación. Los principios de esta responsabilidad se especificará por ley.
Art. 74, ap. 1,2 y 4 de la Constitución establece la obligación general de que los poderes públicos para proteger el medio ambiente.
Las autoridades públicas deben desarrollar políticas que garanticen la seguridad ambiental de las generaciones actuales y futuras.
Protección del medio ambiente tendrán el deber de las autoridades públicas.
Las autoridades públicas deben apoyar las actividades de los ciudadanos a proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.
El artículo 68.4 de la Constitución establece que las autoridades públicas deben combatir la epidemia de enfermedades y evitar consecuencias negativas para la salud de la degradación del medio ambiente.
Artículo 74 apartado 3 reconoce a todos el derecho a obtener información sobre la calidad del medio ambiente y de su protección.
Sería insuficiente para invocar únicamente las disposiciones constitucionales en los procedimientos administrativos o judiciales, ya que las citadas disposiciones constitucionales establecidos por los artículos 86 y 74 deben especificarse en la legislación (véase la última frase del art. 81 y del art. 86 de la Constitución). No obstante, pueden ser invocados como argumentos adicionales para reforzar la argumentación de la demanda.
Acuerdos internacionales puede invocar directamente en los procedimientos judiciales y administrativos, ya que, de conformidad con el artículo 91, apartados 1 y 2 de la Constitución, los tratados internacionales, después de su publicación en el Diario Oficial de las legislaciones, cuando se conviertan en parte integrante del ordenamiento jurídico interno y se aplican directamente. En la práctica, sin embargo, se ha recomendado a invocar los acuerdos internacionales y la legislación nacional aplicable.
El Convenio de Aarhus puede ser aplicado directamente por los órganos administrativos o ante los tribunales si se cumplen las condiciones de aplicabilidad directa — cumple las condiciones del artículo 91 de la Constitución.
En un caso, el Tribunal consideró el Convenio de Aarhus no cumplen esta norma debido a sus disposiciones, instando a las partes a «adoptar las necesarias medidas legislativas, reglamentarias y de otro tipo», en una serie de sentencias el Tribunal, sin evaluar su aplicabilidad directa, se han acogido a la Convención de Aarhus además a la normativa nacional aplicable (y no como un elemento único o principal, base jurídica).
Según el artículo 175.1 de la Constitución, el sistema jurídico polaco consiste principalmente en las siguientes categorías de tribunales:
Denominado Cortes Generales, divididos a su vez en:
a) los tribunales civiles, en el que — aparte de las ramas civil «general», es decir, mercantil, de familia y trabajo de sucursales;
b) los tribunales penales;
Los tribunales militares.
Los citados Tribunales se dividen en niveles (instancias). Hay tres casos de los tribunales generales — Supremo constituye el Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy). Sin embargo, no todos los casos puede dirigirse al Tribunal Supremo (en algunos casos solo hay dos casos disponible).
Los tribunales administrativos se dividen en dos veces, la segunda instancia (y mayor) es el principal Tribunal Administrativo (Naczelny Sąd Administracyjny). Con arreglo al artículo 184 de la Constitución, su función es proporcionar actividades de revisión judicial de la administración pública.
En la práctica, la mayoría de los asuntos relacionados con el medio ambiente estén sujetos a la jurisdicción del tribunal administrativo (como los problemas ambientales generalmente se deciden mediante una decisión administrativa u otros actos administrativos).
Examinará los casos específicos de los órganos jurisdiccionales civiles de Derecho privado (litigios entre particulares), incluidos los casos en que se trate de daños a los bienes medioambientales.
Los tribunales penales estudiar los casos relacionados con delitos medioambientales o faltas en el Código Penal o prevista en la legislación ambiental.
En Polonia, los asuntos sobre medio ambiente sean resueltos por los órganos y tribunales de competencia general, no existen tribunales o salas especiales en materia de medio ambiente.
Llamado «forum shopping» (elección de un órgano jurisdiccional competente por una parte en el procedimiento) no es posible en Polonia. Esto significa que hay que presentar el caso en el Derecho administrativo general (p. ej., o), del nivel adecuado y en el lugar adecuado (ciudad).
El sistema de apelación difiere en función del tipo de órgano jurisdiccional.
En el caso de las decisiones administrativas (incluidas las decisiones en los asuntos medioambientales), el recurso ordinario régimen consta de tres etapas:
primero, a saber, la presentación de una reclamación a la autoridad administrativa de segunda instancia (superior a la autoridad que dictó la resolución recurrida). Por ejemplo, las autoridades de autonomía para la segunda instancia sería la autoridad autónoma samorządowe kolegium odwoławcze (Comisión de Recursos) de la Voivoda (wojewoda) — el Ministro competente, etc.
En el caso de que la decisión de la autoridad de segunda instancia no es favorable al solicitante, podrá presentar una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia, es decir, ante el Tribunal administrativo de la región (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
En caso de que el Tribunal de Justicia no dictó sentencia a favor del demandante, puede interponer una reclamación ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia, es decir, el principal Tribunal Administrativo (Naczelny Sąd Administracyjny)
Los recursos extraordinarios podrán tomarse en los procedimientos administrativos (es decir, antes de que las autoridades administrativas) cuando:
La decisión administrativa final (ya que no existe la posibilidad de impugnación en el régimen ordinario)
las decisiones ha determinado, defecto grave — uno de los enumerados en los artículos 145 y 156 del Código de procedimiento administrativo (Kodeks postępowania administracyjnego), por ejemplo cuando la persona que debía ser tratada como parte en el procedimiento — y que tendrán derecho a participar en dicho procedimiento — se ha visto privada de dicho derecho por la autoridad (por ejemplo, si la autoridad no ha notificado a dicha persona correctamente).
Las quejas podrán ser presentadas por personas acreditadas (véase el capítulo VII).
El Tribunal de Justicia no es competente para modificar la Decisión en sí misma.
En caso de que el tribunal administrativo considera que la reclamación contra una decisión administrativa estuviera justificada, anular la Decisión, lo que significa que el procedimiento administrativo se remonta a la autoridad que lo había expedido. La Autoridad, si bien a continuación de volver a abrir el caso, quedará sometido a las interpretaciones dadas por el Tribunal de Justicia.
En Polonia no hay tribunales medioambientales especiales o procedimientos judiciales específicas aplicables a asuntos ambientales.
Por regla general, los tribunales administrativos están vinculados por el contenido de las peticiones presentadas por las partes del procedimiento (no actúen por iniciativa propia).
Así pues, el juez ha de examinar únicamente las infracciones de la ley o de otra índole presentados por las partes, pero determinadas infracciones más graves debe ser tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia aun si esta no es conocida por el demandante.
Los tribunales administrativos relé exclusivamente en los documentos del procedimiento administrativo en cuestión y a las pruebas presentada por las partes (no tiene derecho a convocar a los expertos).
La denegación de información debe adoptar la forma de una decisión administrativa. Por lo tanto, el programa normal de impugnarla (tal como se describe en el capítulo II anterior), es decir:
una reclamación ante la autoridad administrativa de segunda instancia
Si la autoridad de segunda instancia confirma la denegación — reclamación ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia, es decir, ante el Tribunal administrativo de la región (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
Si el veredicto del Tribunal es insatisfactorio — Voivodato una queja ante el Tribunal administrativo principal
En el caso de que la decisión denegatoria fue adoptada por la autoridad superior (es decir, una autoridad sobre la que no existe una «segunda instancia», por ejemplo un ministro), la persona que le fue denegada la información, tiene que presentar ante dicha autoridad una petición para considerar el asunto. Cuando la autoridad confirma su denegación inicial, la persona interesada podrá presentar la demanda ante los tribunales administrativos (el tribunal provincial principal y después al tribunal administrativo.
La denegación de una solicitud de información debe incluir información sobre los recursos disponibles, como todas las decisiones administrativas). En la práctica, las autoridades, a veces, a pesar de la obligación) no incluyen esta información, que, sin embargo, no significa que los recursos no están disponibles.
Denuncia a la autoridad administrativa de segunda instancia (o instancias a reconsiderar el caso) debe ser presentada en el plazo de 14 días desde la denegación de decisión fue entregada a la persona interesada.
Reclamación ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia — (debe cumplimentarse) a través de la autoridad administrativa correspondiente en un plazo de 30 días tras la decisión del órgano de segunda instancia (o la confirmación de la denegación).
Reclamación ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia — debe ser presentada en el plazo de 30 días desde que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue dictada.
En lo que se refiere al acceso a la información (tanto el acceso general a la información y el acceso a la información medioambiental) aplica normas especiales de procedimiento, concebido para acelerar el procedimiento y facilitar una pronta revisión por el Tribunal de Primera Instancia. Así, la autoridad administrativa a través de la denuncia que se presentó ante el tribunal administrativo, esté obligada a transmitir al Tribunal de Justicia tanto la solicitud como la respuesta a la reclamación en un plazo de 15 días. El Tribunal debe examinar la denuncia en un plazo de 30 días. De este modo se garantiza una rápida revisión por el Tribunal de Primera Instancia en relación con otros casos en los que tengan fecha usual de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia es varios meses.
Cada denuncia necesidades:
A fin de incluir los datos del solicitante,
al Estado al que la autoridad o tribunal) va dirigido,
para indicar que se trata de la Decisión (sentencia),
para indicar lo que el demandante solicita la anulación de la denegación (por ejemplo),
firmar a mano.
Las quejas presentadas ante el Tribunal de Justicia deben contener una justificación adecuada de las alegaciones. Reclamaciones dirigidas a la autoridad de segunda instancia no formalmente, pero en la práctica la justificación aumenta considerablemente las posibilidades de ganar el caso.
Solo las reclamaciones dirigidas al Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia (Tribunal administrativo principal) tendrán que ser elaborada y firmada por un abogado que representa al demandante; Para el resto de las denuncias no existe tal requisito.
Las autoridades judiciales no poseen generalmente la información cuya accesibilidad es objeto de controversia.
Deciden basándose en la descripción de la propuesta del solicitante en la información y las alegaciones de la autoridad denegó el acceso a la información.
Si el Tribunal de Justicia aprecia la queja está justificada, ésta anula la resolución denegatoria y proporciona la justificación de la denegación era incorrecta.
La autoridad está vinculado por su interpretación y, por tanto, indirectamente, la obligación de divulgar la información. No obstante, no se excluye que la autoridad haga uso de nuevos motivos de denegación (excepciones que permiten denegar la información) que no se ha indicado anteriormente y, por lo tanto, no considerado por el Tribunal de Justicia.
Los asuntos ambientales puede ser decidida por las autoridades:
en forma de decisión administrativa — cuando un caso concreto, como, por ejemplo, un permiso para las emisiones de una instalación, una «decisión de EIA» la conclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el nuevo proyecto (previsto), o de una decisión por la que se impone una multa a una planta que provoca la contaminación ilegal;
en forma de una resolución (uchwała) adoptada por un órgano colectivo como el Consejo de la comunidad local (Rada gminy); la adopción de resoluciones pueden referirse, por ejemplo, a los planes de ocupación de terrenos u otros planes o programas.
Los aspectos procedimentales de las resoluciones administrativas individuales se regulan en el Código de procedimiento administrativo (Kodeks postępowania administracyjnego — CSA).
En dichos procedimientos, a determinadas personas (que tengan un interés suficiente en el asunto) tienen derecho a participar y, en consecuencia, para impugnar la decisión. Estas personas se encuentran en situación de «partes del procedimiento». La APC y disposiciones prevén normas específicas que se considerará una parte en un caso determinado (véase el capítulo VII).
La decisión administrativa pueda impugnarse ante la autoridad administrativa de segunda instancia.
En caso de que el superior jerárquico haya dictado la resolución (es decir, una autoridad sobre la que no existe una «segunda instancia»), por ejemplo un ministro, la persona interesada podrá presentar ante dicha autoridad una petición para considerar el asunto.
Las decisiones administrativas en primera instancia no pueden recurrirse directamente ante un tribunal.
Por regla general, antes de que uno entabla un pleito ante un tribunal administrativo) tiene que pasar por procedimientos administrativos. Esto significa que cualquier acto u omisión de una autoridad pública) (incluida una decisión administrativa debe poder impugnarse en un procedimiento administrativo, primero con mayor frecuencia, ante una autoridad de segunda instancia), y solo después de que el procedimiento haya finalizado su intervención, el caso puede llevarse ante un tribunal administrativo.
Los tribunales administrativos, teniendo en cuenta al mismo tiempo el caso, verificar tanto la legalidad procesal como sustantiva de la Decisión. Esto significa que su misión consiste en comprobar si el organismo administrativo emitió su decisión de conformidad con la legislación aplicable o no.
Por lo tanto, los tribunales pueden examinar la documentación técnica solamente en la medida en que la legislación establece los requisitos específicos que deben cumplir dichos documentos obligatorios (por ejemplo, la lista de cuestiones que se abordarán en el informe de EIA). Los tribunales podrán entonces comprobar si se incluyen todos los elementos requeridos, y, por lo general, no quieren estudiar la exactitud de los datos técnicos aportados (en particular que los tribunales administrativos no cuestionan los jueces y expertos sí no tienen los conocimientos técnicos pertinentes).
Los propietarios del terreno cubierto por un plan de utilización del suelo, así como en los países vecinos de las propiedades de este tipo podrán poner en tela de juicio el plan.
Para hacerlo, necesitarán:
a presentar al Consejo municipal que adoptó el plan una solicitud para reconsiderar el caso;
Si el Consejo confirma lo anterior del stand — a entablar una acción legal ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia, es decir, ante el Tribunal administrativo de la región (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
Si el veredicto del Tribunal es insatisfactorio — Voivodato de entablar una acción judicial ante el Tribunal administrativo principal.
En el escrito de demanda una persona interesada debe demostrar que posee «interés jurídico» (es decir, en el caso de que sea el propietario de los bienes que pueden resultar afectados por el plan).
Durante el procedimiento de EIA para los denominados «proyectos del Grupo II» una autoridad competente emita una «primera» decisión de examen de la EIA (postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) en la que se determina si un procedimiento EIA debe llevarse a cabo para el proyecto o no.
La decisión sobre la EIA («decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach») es el siguiente paso.
«Las decisiones de examen de la EIA (postanowienia»), pueden ser recurridos por separado por las partes del procedimiento (es decir, en la forma del «zażalenie») cuando estén «positiva», es decir, cuando las autoridades deciden llevar a cabo procedimiento de EIA.
En el caso de que la «decisión de examen de la EIA» (postanowienie) es negativo (las autoridades decidir no llevar a cabo un procedimiento EIA) puede ser impugnado en un recurso de casación (odwołanie) contra la decisión de la EIA decyzja środowiskowych uwarunkowaniach («o»).
Las decisiones de examen» («dotyczące postanowienia zakresu raportu) son las resoluciones dictadas en el procedimiento de EIA en los que la autoridad competente determina el alcance de la declaración, un informe de EIA (estudio de impacto ambiental), que deberá ser preparado por un promotor.
Grupo II a «proyectos» la decisión positiva sobre la selección (postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) define al mismo tiempo el ámbito de aplicación del informe. Dicha Decisión (postanowienie) pueden ser impugnadas por las partes en el procedimiento.
Grupo I de «proyectos» la autoridad competente emite una decisión de delimitación del campo (postanowienie dotyczące zakresu raportu) únicamente a petición de un promotor. Tal delimitación del campo (postanowienie) no pueden ser recurridos por separado (a través de la denuncia — zażalenie). No obstante, pueden ser impugnadas por las partes del procedimiento en un recurso de casación (odwołanie) contra la decisión de la EIA decyzja środowiskowych uwarunkowaniach («o»).
Las partes en el procedimiento, así como a las ONG que han intervenido en el procedimiento con los derechos de una parte puede impugnar las decisiones de la EIA»: En primer lugar ante la autoridad administrativa de segunda instancia y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
En sus denuncias, los partidos y ONG podrá plantear cuestiones tanto de procedimiento como sustantivas.
Partes en el procedimiento por lo que respecta a una decisión de la EIA (es decir, personas jurídicas cuyos intereses puedan resultar afectados por la Decisión que, normalmente, los propietarios de propiedades adyacentes), así como a las ONG que participan en el procedimiento puede impugnar la decisión: En primer lugar ante la autoridad administrativa de segunda instancia y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
Los tribunales administrativos teniendo en cuenta el caso, verificar tanto la legalidad procesal como sustantiva de la Decisión. Esto significa que su misión consiste en comprobar si el organismo administrativo emitió su decisión de conformidad con la legislación aplicable o no.
Por lo tanto, los tribunales pueden examinar los aspectos técnicos de procedimiento (por ejemplo, la documentación técnica) únicamente en la medida en que la legislación establece los requisitos específicos que deben cumplir dichos documentos obligatorios (por ejemplo, la lista de cuestiones que se abordarán en el informe de EIA). Los tribunales podrán entonces comprobar si se incluyen todos los elementos requeridos, y, por lo general, no quieren estudiar la exactitud de los datos técnicos aportados (en particular que los tribunales administrativos no cuestionan los jueces y expertos sí no tienen los conocimientos técnicos pertinentes).
Partes en el procedimiento relativo a la decisión sobre la EIA y las ONG medioambientales pueden impugnar la decisión de EIA, con independencia de su participación en la fase de consulta pública.
La interposición de un recurso ante la autoridad administrativa de segunda instancia tiene efecto suspensivo, lo que significa que la decisión de la EIA no pueden ser ejecutados por un promotor. En la práctica, esto significa que el promotor no puede solicitar un permiso de construcción o de otra decisión necesaria para el desarrollo del proyecto.
No obstante, las autoridades competentes a veces de una «orden de aplicabilidad inmediata» en la decisión sobre la EIA, en particular en lo que se refiere a los proyectos de infraestructuras como carreteras, etc. este «orden» provoca que el promotor puede solicitar que se le conceda un permiso de construcción después de la decisión de EIA.
La presentación de una demanda ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia no automáticamente, suspender la ejecución de la Decisión objeto de la reclamación administrativa. No obstante, los tribunales administrativos pueden suspender la ejecución de la Decisión, a partir de la propuesta de la demandante, cuando existe un riesgo de que la ejecución pueda generar un daño significativo o efectos difíciles de revertir. En tales casos, el demandante tiene que demostrar que la amenaza es creíble.
Las partes en el procedimiento, así como a las ONG que han intervenido en el procedimiento con los derechos de una Parte podrá impugnar permiso IPPC»: En primer lugar ante la autoridad administrativa de segunda instancia y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
Por lo tanto, los tribunales pueden examinar los aspectos técnicos de procedimiento (por ejemplo, la documentación técnica) únicamente en la medida en que la legislación establece los requisitos específicos que deben cumplir dichos documentos obligatorios (por ejemplo, la lista de cuestiones que se abordarán en el permiso PCIC). Los tribunales podrán entonces comprobar si se incluyen todos los elementos requeridos, y, por lo general, no quieren estudiar la exactitud de los datos técnicos aportados (en particular que los tribunales administrativos no cuestionan los jueces y expertos sí no tienen los conocimientos técnicos pertinentes).
Partes en el procedimiento en relación con los permisos PCIC y ONG medioambientales pueden impugnar los permisos, con independencia de su participación en la fase de consulta pública.
Las actuaciones u omisiones de particulares o personas jurídicas» que lesione el medio ambiente puede impugnarse ante los tribunales civiles solo en el caso de que causen un perjuicio al mismo tiempo en su interés material o moral (por ejemplo, cuando la contaminación del agua causa daños en la granja). En tales casos los afectados pueden reclamar una reparación por parte del contaminador (pero no puede reclamar la reparación del medio ambiente como tales).
En caso de que una acción u omisión afecta al medio ambiente como un «bien común», las ONG medioambientales pueden entablar una acción legal ante la jurisdicción civil contra una entidad (persona) que causen daños o amenazas de daños por impacto de su influencia en el medio ambiente. En el escrito de demanda, podrán pedir el restablecimiento de la situación, de conformidad con la ley o para emprender medidas preventivas pertinentes (Art. 323 de la Ley de protección medioambiental de 2001).
La demanda puede presentarse contra ambas «particular» (por ejemplo, una empresa que opere una instalación industrial) y una autoridad pública — cuando no actúa en su capacidad reguladora sino, por ejemplo, en calidad de propietario o administrador de determinados bienes, o como operador de una instalación.
Las decisiones de las autoridades puede ser impugnada por titulares (partes del procedimiento, etc.).
Actos u omisiones de organismos del Estado, como por ejemplo una decisión de la inspección para la protección del medio ambiente (Inspekcja Ochrony Środowiska) de no exigir el cumplimiento de los requisitos medioambientales de la contaminación (o imponerle sanciones demasiado indulgente) no puede ser impugnada por los ciudadanos.
Las ONG pueden, no obstante, exigir de las autoridades públicas para intervenir en los casos en que se infringe la legislación medioambiental por una tercera persona y tengan derecho a impugnar la inacción de las autoridades administrativas (Art. 31 de la Ley de protección). Cuando una autoridad pública (por ejemplo, Inspector para la protección del medio ambiente) reconoce la demanda de la organización, ya que está justificada, puede decidir iniciar el procedimiento de oficio. La decisión de negarse a incoar el procedimiento puede impugnarse por la organización al órgano de segunda instancia — por consiguiente — y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
Directores regionales para la protección del medio ambiente (regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska) son las autoridades competentes para tratar con cuestiones de responsabilidad medioambiental (los regulados por la Ley de 2007 sobre la prevención y reparación de daños medioambientales; La transposición de la Directiva 2004/35).
En el caso de los daños causados por los OMG, la autoridad competenet es el Ministerio de Medio Ambiente (Ministro środowiska).
Toda persona puede notificar a dichas autoridades acerca de un daño medioambiental observado invitándoles a emprender las acciones pertinentes. La persona que presenta la notificación deberán adjuntarse los datos e informaciones pertinentes que respalden las observaciones presentadas en relación con los daños ambientales (art. 24.1 y 2 de la Ley de 2007 sobre prevención y reparación de los daños medioambientales).
En caso de que la autoridad competente se niegue a actuar, la persona que haya presentado una solicitud de acción puede impugnar dicha denegación ante el tribunal administrativo.
Las ONG de medio ambiente o las instancias estatales que hayan notificado un daño a la autoridad competente también podrá participar en el procedimiento y que presenten una denuncia contra una «decisión positiva» expedido por la autoridad (es decir, una decisión por la que se impongan obligaciones a una persona que han causado un daño). Tal decisión también puede ser impugnada por la persona destinataria de la Decisión (en lo sucesivo, «causante»). Otras personas que hayan notificado un daño no tienen derecho a hacerlo.
No existen otros medios adicionales, además de los mencionados anteriormente.
Aparte de la mencionada medios administrativos y civiles, penales, también hay medio que puede emplearse cuando el acto u omisión constituya al mismo tiempo una infracción penal.
En tal caso, todo el mundo (incluidas las ONG) que es consciente de que se ha cometido la infracción tiene la obligación de notificar al fiscal o a la policía (art. 304 del Código de procedimiento penal de 1997).
El Ministerio fiscal está obligado a actuar de oficio. Ahora bien, si decide no iniciar la investigación (porque considera injustificado), el derecho a impugnar tal decisión solo se concede a:
la persona perjudicada (y debe recordarse que en los asuntos ambientales existen típicos que normalmente no se podía alegar que el perjudicado),
La ONG (así como las autoridades u organismos públicos), la notificación de la infracción.
Las personas físicas (los ciudadanos), comunicando la infracción no están legitimados para impugnar la negativa del Ministerio Fiscal.
La decisión de poner fin a la Fiscalía que inició la investigación (en caso de no encontrar justificación ni pruebas suficientes para formular una acusación) únicamente podrán ser impugnados por la persona perjudicada (las ONG no tienen tal derecho).
En Polonia no se han especificado los defensores del pueblo, los Fiscales que conozcan de los asuntos ambientales y, por lo tanto, estos casos serán instruidos por los fiscales generales y los defensores del pueblo.
Los defensores del pueblo y los fiscales tienen capacidad procesal en los procedimientos administrativos: Se podrá incoar el procedimiento o intervenir en procedimientos en curso (incluidos impugnar las decisiones). Aunque actúen de oficio, suelen llevar a cabo sus actuaciones después de haber recibido información o denuncia de un particular o una ONG.
Los fiscales son también competentes para incoar un procedimiento penal, incluidos los casos de delitos ambientales (descrito en el capítulo XXII del Código Penal o en otros actos jurídicos).
La acusación particular no está contemplada en los asuntos de naturaleza medioambiental.
En los casos en que la autoridad no haya presentado la decisión dentro del plazo señalado y a informar a las partes acerca de los motivos de la demora, partes en el procedimiento (pero no a terceras personas) puede presentar una reclamación a la autoridad administrativa de segunda instancia y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
La reclamación puede presentarse también en el caso en que el procedimiento es demasiado largo (przewlekłość postępowania), es decir, que la prórroga del plazo por la autoridad parece injustificada.
La autoridad de segunda instancia y, posteriormente, el tribunal administrativo, la primera Instancia competencia para fijar el caso (una Decisión).
En el marco de procedimientos administrativos relativos a las resoluciones administrativas individuales, goza de capacidad «partes» en el procedimiento administrativo, mientras que un partido que — con arreglo al artículo 28 del Código de procedimiento administrativo), que puede ser una «persona cuyo derecho o interés legítimo está afectado por el procedimiento o actividad que exige que la autoridad de este derecho o de un interés jurídico». La definición de «parte en el procedimiento administrativo», por lo tanto, es crucial entender quién puede impugnar las decisiones de la administración.
Por tanto, se concede a aquellas personas (personas físicas o jurídicas) que tengan un «interés jurídico» (que incluye también tareas administrativas). Una persona tiene interés jurídico alguno en el caso cuando dicho interés está protegido por una prestación de otro tipo (administrativos, civiles o de derecho). Por ejemplo, cuando una decisión administrativa puede afectar a la propiedad (por ejemplo, en el caso de la construcción de un nuevo objeto de los propietarios de las propiedades colindantes podrían verse afectadas). Una persona que presentó una solicitud de una decisión administrativa impugnada posteriormente ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo o ante un destinatario siempre ha «interés jurídico» en el caso y, por lo tanto, gozan de capacidad procesal. Estas personas se consideran «partes» en el procedimiento administrativo.
THA como un recurso ante los tribunales administrativos en caso de decisiones administrativas individuales constituyen el seguimiento de un procedimiento ante la autoridad de segunda instancia, el círculo de personas facultadas para presentar una queja ante el Tribunal de Primera Instancia viene determinada por la fase administrativa del procedimiento.
Sin embargo, una persona que no participó en el procedimiento administrativo, pero cuyo interés se vea afectado por los procedimientos podrán también presentar una reclamación (artículo 50.1 Ley de procedimiento contencioso-administrativo; PACLA). Pero para una organización social para tener derecho a presentar una denuncia, debe haber participado en el procedimiento administrativo previo.
Además del derecho a presentar una denuncia, tiene la posibilidad de participar en los procedimientos con los derechos de una parte a las siguientes personas:
las personas que hayan participado en el procedimiento administrativo previo (ambas partes del procedimiento administrativo y las organizaciones con los derechos de una parte), pero no pueden presentar una denuncia ante el Tribunal Administrativo (participación de dichas personas se concede de oficio, sin que éstos tengan que presentar una propuesta — artículo 33.1 de pacla);
las personas jurídicas cuyo interés se vea afectado por el litigio judicial-administrative, pero que no han participado en el procedimiento administrativo precedente (la participación de esas personas puede ser concedida por el Tribunal en el momento de su desplazamiento; la negativa de los tribunales pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia — artículo 33.2 de pacla); Esta situación puede suponer, por ejemplo el cónyuge de una persona que impugnó la decisión de la autoridad administrativa de segunda instancia, en los casos en que dicha Decisión iba dirigida originalmente a ambos cónyuges.
Las organizaciones sociales gozan de legitimación en los casos relativos a decisiones administrativas individuales que representen un interés común. La Organización podrá participar en los procedimientos con los derechos de una parte, lo que significa que no tiene los mismos derechos que una parte en el proceso, incluido el derecho de recurso. Para ser admitidos a participar, una organización debe presentar la correspondiente propuesta.
La autoridad pública evalúa la solicitud y decide si lo considera justificado. La evaluación no se limita a la comprobación de requisitos formales, sino que afecta también merecen justificación (necesidad) de la participación de la organización en un caso determinado (en otras palabras: La Autoridad decidirá si lo considera útil para permitir la organización de participación). Las resoluciones denegatorias pueden ser impugnadas por la organización (art. 31 del Código de procedimiento administrativo).
Las ONG podrán actuar «en casos de interés legítimo de otras personas», pero no necesariamente para proteger esos intereses. En los asuntos medioambientales, por ejemplo una ONG actúa para proteger el medio ambiente no el interés jurídico de persona a la que afecta al medio ambiente (por ejemplo, un operador industrial) — no obstante el asunto versa sobre el interés de dicho operador.
En algunos casos las ONG dedicadas al medio ambiente, el medio ambiente goza de mas derechos farreaching (véase respuesta a la pregunta 2).
Las ONG que no hayan participado en el procedimiento administrativo precedente también gozan de capacidad procesal ante los tribunales administrativos.
Las ONG que no hayan participado en el procedimiento administrativo precedente judicial-administrative si el litigio se refiere al alcance de su actividad, la participación de las organizaciones podrá ser concedida por el Tribunal en el momento de su desplazamiento; la negativa de los tribunales administrativos podrán ser impugnados ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia. Según la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia también ha de comprobar si el «interés público» se refiere a la participación de las ONG.
En los asuntos medioambientales, las ONG medioambientales certainn goza de mas derechos farreaching (véase respuesta a la pregunta 2).
Las personas jurídicas tienen los mismos derechos que los particulares
Sin embargo, igual que las ONG polacas pueden tener problemas para demostrar que su participación esté justificada (que protege el interés común en un asunto concreto).
Misma ONG polacas.
Otros [1]#_ftn1
Las autoridades públicas en algunos casos concretos podrán iniciar acciones contra otra autoridad pública. Voivoda (por ejemplo el jefe de servicio de la administración pública en la región, quien supervisará — en cierta medida — a la actividad autónoma de las autoridades y, en determinados casos, tiene el derecho de anular los actos de dichas autoridades o presentar una queja contra tales actos ante los tribunales administrativos.
Además, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal también puede incoar el procedimiento administrativo o el procedimiento ante el Juzgado de lo contencioso administrativo.
Las ONG medioambientales más amplios derechos de que disfrutan otras organizaciones sociales sobre los asuntos medioambientales en los que se exige la participación del público (es decir, EIA e IPPC [2] [3]).#_ftn2#_ftn3 Sin embargo, el derecho a recurrir una decisión de una autoridad pública no está limitada a las cuestiones de participación pública. Una vez que la participación de los ciudadanos, las ONG dedicadas al medio ambiente, obtener el derecho a impugnar todas las cuestiones procesales y sustantivas relativas a la Decisión. La diferencia entre las normas generales de participación de las ONG (de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del Código de procedimiento administrativo) y los derechos de las ONG de medio ambiente (de conformidad con lo dispuesto en el Art. 44 del estudio de impacto ambiental) puede explicarse como sigue:
Art. 31 del ACC establece que una ONG pueden participar en los procedimientos con los derechos de una parte (es decir, que disfruta de los mismos derechos que una parte en el proceso, incluido el derecho de recurso) solo cuando el poder público considera que el interés de la sociedad exige la participación de las ONG (en otras palabras: La Autoridad decidirá si lo considera útil para permitir la organización de participación).
Según el art. 44 de la Ley de la EIA, ONG de medio ambiente podrá tomar parte en las deliberaciones con el Derecho de una de las partes, pero, contrariamente a otras organizaciones sociales — no tienen que demostrar que «el interés público exige su participación». En otras palabras: En este caso, la autoridad solo examina si una organización ambiental cumpla los requisitos formales (véase más abajo), pero no tiene derecho a decidir si la participación de estas organizaciones es «necesario» y «justificado» desde el punto de vista del interés público. Los derechos más amplios en un procedimiento administrativo como consecuencia automática permanente más amplia en el procedimiento ante el tribunal administrativo.
Además, una ONG medioambiental podrá interponer recurso contra la resolución de la autoridad de segunda instancia, aun en el caso de que no habían participado en la primera instancia del procedimiento administrativo.
No existe la acción popular en Polonia.
El único mecanismo que puede asimilarse a la actio popularis es el «procedimiento» las quejas y propuestas reglamentado en el Código de procedimiento administrativo de 1960 (artículos 260 a 221), pero con un ámbito de aplicación general. Con arreglo a este procedimiento, cualquier persona puede presentar una queja o presentar una propuesta en aras del interés público o de hecho en su propio interés (interés jurídico sustantivo o derechos aquí). Ambas denuncias y propuestas podrán referirse a cualquier actividad (u omisión) de cualquier institución o autoridad pública (y, de hecho, también otras instituciones como, por ejemplo, los sindicatos, etc.). Una denuncia debe ser examinado por una autoridad superior de la autoridad a la que se hace referencia en la denuncia. La propuesta debe ser examinada por la autoridad responsable para determinados asuntos. Si se presenta una denuncia o propuesta de organismo inadecuadas, dicho organismo debe remitirlo al caso (competente). El organismo competente) tiene que examinar una reclamación o una propuesta y responder en el plazo de un mes. Las quejas y propuestas en el marco de este procedimiento se considera «medios legales imperfecta» porque el usuario no tiene carácter oficial en relación con el fondo del asunto, ningún derecho a seguir adelante con el caso, y seguirlo con una demanda ante los tribunales.
Defensor del Pueblo Europeo y los fiscales no son «órganos de recurso»; no obstante, se les reconocerá la capacidad legal en el procedimiento administrativo: Se podrá incoar el procedimiento o intervenir en procedimientos en curso (incluidos los que impugnaba las Decisiones). Aunque actúen de oficio, suelen llevar a cabo sus actuaciones después de haber recibido información o denuncia de un particular o una organización.
Las normas de acceso a la justicia en los asuntos ambientales difieren de las decisiones estratégicas (tales como planes de calidad del aire y otros documentos estratégicos) y a una resolución administrativa individual (como la decisión de EIA, el permiso de PCIC, permisos de emisiones sectoriales).
El acceso a la justicia de las decisiones estratégicas es muy limitado.
En caso de que los actos jurídicos obligatorios especificar su estatuto de «Derecho nacional», pueden ser recurridas por personas jurídicas cuyos intereses puedan verse afectados por la aplicación del plan.
Sin embargo, no siempre está claro si un determinado tipo de plan local es «derecho» o no.
Por ejemplo planes de uso del suelo locales de calidad del aire o planes de acción local son considerados «legales», respectivamente, por la Ley de ordenación territorial o la Ley de protección del medio ambiente.
Al mismo tiempo, el estatuto de tales actos, por ejemplo la protección del medio ambiente uno de los programas es imprecisa, pues la Ley de protección del medio ambiente y no la define la jurisprudencia también es incoherente a este respecto (por ejemplo, el Tribunal administrativo regional de Cracovia declaró que los planes de gestión de residuos, que forma parte de la protección del medio ambiente no son programas — legislación local; No obstante, este punto de vista no siempre es válido).
Esta diferencia en la calificación de las decisiones estratégicas es importante, ya que el acceso a la justicia esté garantizada únicamente por las decisiones estratégicas que se consideran «legislación nacional».
No existen derechos especiales de ONG a impugnar las decisiones estratégicas.
Para las resoluciones administrativas individuales, la capacidad procesal de los particulares y las ONG puede depender del tipo de decisión. Las normas generales se describe en el cuadro anterior y los derechos especiales de las ONG medioambientales — en la respuesta a la pregunta 2.
Existen también algunas modificaciones de la legitimación activa de los particulares:
El edificio Law Act (BLA) establece que las partes en el procedimiento en relación con un permiso de construcción son únicamente el solicitante y los propietarios o administradores de propiedades situadas en la zona afectada por la estructura del edificio, mientras que «la zona afectada» se define como la zona indicada por disposiciones especiales que prevén limitaciones de uso de la zona (artículo 28.2 y artículo 3, punto 20, de la Ley del Trabajo). Dicha disposición limita considerablemente el círculo de partes, como «disposiciones particulares que prevean limitaciones en el uso del espacio» son más bien raras.
El círculo de partes en un procedimiento de permiso de construcción se determina con arreglo a las normas generales, es decir, sobre la base del AAC en el presente procedimiento), solo cuando la evaluación de impacto ambiental «reiteración» se lleva a cabo.
Ley de protección del medio ambiente (EPLA) limita el círculo de partes en el procedimiento relativo a los permisos «sectoriales» para las emisiones a la atmósfera o a las aguas, así como permisos para la generación de residuos. Según el EPLA disposiciones, solo el operador que solicita la autorización y propietarios de fincas situadas en la zona de «uso restringido» cuando tal zona se haya establecido con la instalación sean partes.
El círculo de las partes en un procedimiento de permisos de emisión se determinan según las normas generales (es decir, sobre la base de la APC) únicamente en lo que respecta a los permisos PCIC (como exige la Directiva PCIC).
Ley de aguas establece que «parte en el procedimiento incoado para el agua permiso: (1) personas que solicitan un permiso; (2); (3) el propietario efectivo de agua de la red de alcantarillado aguas residuales industriales a las que se vayan a introducir; (4) el actual propietario de agua situada dentro del alcance del impacto de la actividad sujeta a permiso de agua; (5) el propietario de los terrenos situados en el ámbito del mecanismo de impacto de la actividad sujeta a la autorización del agua; (6) personas con derecho de pesca en la zona dentro del ámbito de incidencia de la actividad sujeta a la autorización del agua» (art. 127.7 de la Ley de aguas).
Sin embargo, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, el art. 127 de la Ley de aguas no parece limitar el círculo de partes en el procedimiento, sino que solo especifica que, aún siendo de conformidad con el art. 28 del AAC.
Ley geológica y minera que establece que las partes en el procedimiento sobre concesión de extracción de recursos minerales son propietarios de los terrenos en los que la actividad minera se proyecta (Art. 41 de la Ley geológica y minera).
No es obligatorio estar representado por un abogado ante la administración ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia. Dicha obligación se refiere únicamente a los asuntos pendientes ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia — la casación conforme ha de ser redactado por un abogado (Adwokat) o un abogado (radca prawny).
Algunos despachos de abogados especializados en Derecho medioambiental. Una persona que lo está buscando un bufete debe consultar sus sitios web para verificar su experiencia en este ámbito.
Puede ocurrir que algunas ONG medioambientales también proporcionar asesoramiento jurídico (gratuitamente o a precios reducidos) pero es por lo general proyectos (es decir, trabaja para una ONG lleva a cabo un proyecto dentro del cual está previsto el asesoramiento jurídico para los ciudadanos). En la práctica, por tanto, las ONG no de proporcionarlo de forma permanente.
Los tribunales administrativos resolver los casos sobre la base de los documentos recabados durante el procedimiento administrativo anterior a la fase jurisdiccional, ya que el procedimiento judicial se centra en comprobar la exactitud de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades administrativas.
Cuando el Tribunal de Justicia señala las pruebas reunidas en la fase administrativa era insuficiente, anula la resolución y sobre el asunto a la autoridad administrativa que le ordena repetir el procedimiento de prueba.
Como se ha indicado anteriormente, los tribunales administrativos evaluar las pruebas recabadas durante el procedimiento administrativo y, por lo tanto, no llevan a cabo diligencias propias pruebas.
Tribunales administrativos (por lo general, examinar los asuntos medioambientales) no cuestionan los expertos. Sus sentencias se basan en los documentos obtenidos durante el procedimiento administrativo. Las partes en el procedimiento podrán presentar sus propuestas y alegaciones y, en teoría, pudieran acompañarlos a los dictámenes de expertos, el Tribunal de Justicia no está vinculado por ellas.
La interposición de un recurso ante la autoridad administrativa de segunda instancia tiene un efecto suspensivo sobre esta.
En casos excepcionales, el órgano de primera instancia podrá conceder su decisión sobre el denominado orden de ejecución inmediata («luz verde»). Concesión de dicha Orden establece que la decisión de primera instancia se puede ejecutar inmediatamente con independencia de que se haya interpuesto un recurso o no (en este caso el recurso de casación no tiene efecto suspensivo). Las condiciones en las que una orden de ejecución inmediata especial son: protección de la salud o la vida de las personas, otros intereses públicos importantes o especialmente importantes los intereses de una de las partes.
Si la orden se dicta, no se dispone de otros medios a nivel administrativo de suspender la ejecución de la resolución, no obstante el auto (que forma parte de la resolución administrativa) pueden ser impugnadas en los tribunales administrativos.
Para las decisiones de la EIA y para las decisiones medioambientales permisos de emisión (incluidos los permisos PCIC) pueden concederse con arreglo a las normas generales, en las condiciones descritas anteriormente.
Sin embargo, en el caso de determinados proyectos de infraestructura (tales como aeropuertos, carreteras, infraestructuras de inundaciones) el acto jurídico especial que regule su proceso de construcción que prevé muy amplias posibilidades para los promotores para obtener la orden de ejecución inmediata de las autorizaciones de construcción (zezwolenie na realizację) de un determinado proyecto. En la práctica, estos actos jurídicos, en especial la orden de ejecución inmediata de tales autorizaciones se concede casi automáticamente — a petición del promotor.
La presentación de una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Primera Instancia no automáticamente, suspender la ejecución de la Decisión objeto de la reclamación administrativa. No obstante, los tribunales administrativos pueden suspender la ejecución de la Decisión, a partir de la propuesta de la demandante, cuando existe un riesgo de que la ejecución pueda generar un daño significativo o efectos difíciles de revertir. En tales casos, el demandante tiene que demostrar que la amenaza es creíble.
Normalmente, el demandante no está obligado a depositar ninguna cantidad a tanto alzado (Garantía) como un aval, pero esta obligación puede imponerse por el Tribunal de Justicia en el procedimiento sobre el permiso de construcción. En caso de que la denuncia sea desestimada, el bono se transfieren al promotor a fin de cubrir su demanda.
En los casos en que una decisión se dictó una orden de ejecución inmediata en el nivel administrativo (sin que se haya impugnado ante el órgano jurisdiccional o el Tribunal de Justicia confirmó el auto), el Tribunal podría desestimar asimismo la propuesta de suspender la ejecución de la resolución (véase la sentencia del Tribunal administrativo principal OSK 289/11 de 1 de marzo de 2011 (anexo I) en la que el Tribunal de Justicia declaró que dicha suspensión iría en contra de la figura de la «Ejecución inmediata» y su objetivo estatutario).
La interposición de un recurso ante la autoridad administrativa de segunda instancia (y, al mismo tiempo, el procedimiento de recurso) es gratuito.
En teoría, una de las partes del procedimiento (incluido el recurso) y las personas con los derechos de una Parte podrá, no obstante, imputarse los costes de procedimiento que (1) fueron causados por culpa de la parte, por ejemplo, cuando la autoridad se ve obligada a repetir algunas diligencias durante el procedimiento por la parte no tomó parte en la presente Acta; (2) se produjo en interés o sobre la base de una propuesta del partido y, al mismo tiempo, no se derivan de las obligaciones reglamentarias de las autoridades, por ejemplo, cuando la parte llamante expert-witness exigencias adicionales de otro. Las costas procesales se pueden incluir, por ejemplo, los gastos de viaje de los testigos y peritos o gastos de examen in situ, así como gastos de traducción — en caso de extranjeros que participan en el procedimiento. No se dispone de datos estadísticos sobre la frecuencia con que las autoridades hagan uso de esas disposiciones; Los autores de este informe, sin embargo, no han llegado a entrar en este caso en su práctica jurídica.
En caso de que, cuando una persona decide tener un abogado (abogado) o un experto en procedimientos administrativos, debe cubrir los honorarios. Cada parte en el procedimiento administrativo abarca, además de sus propias costas, las autoridades administrativas no decida sobre las costas).
Por lo que se refiere a la tasa judicial por denuncia ante los tribunales administrativos de primera instancia, el ordenamiento jurídico polaco utiliza las tasas judiciales que varían en función de la cuantía del asunto «», pero solo en los casos en los que el valor de este caso pueden medirse (si se trata de obligación pecuniaria, por ejemplo el pago de un canon por la utilización del medio ambiente o la multa administrativa en caso de incumplimiento de las exigencias medioambientales). En tales casos, una tasa judicial:
En los casos del valor en juego hasta 10.000 PLN (2 500 EUR), lo que representa un 4 % del valor en juego, pero no menos de 100 PLN (25 EUR);
En los casos del valor en juego entre 10.000 PLN (2 500 EUR) y 50.000 PLN (12,500 EUR), lo que representa un 3 % del valor en juego, pero no menos de 400 PLN (100 EUR);
En los casos del valor en juego entre 50.000 PLN (12,500 EUR) y 100.000 PLN (25,000 EUR), lo que representa un 2 % del valor en juego, pero no menos de 1500 PLN (375 EUR);
En el caso de que el valor en liza en 100.000 PLN (25,000 EUR), lo que representa un 1 % del valor en juego, pero no menos de 2000 PLN (500 EUR) y 100.000 PLN (25,000 EUR).
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el valor medioambiental del asunto en cuestión no pueden medirse. En este caso, la tasa judicial por denuncia ante los tribunales administrativos de primera instancia en los asuntos medioambientales se fijó en 200 PLN (unos 50 EUR). Se trata de un importe relativamente pequeño y no puede considerarse un obstáculo para acceder a la justicia.
La tasa judicial por denuncia ante el Tribunal de lo contencioso-administrativo de segunda instancia es del 50 % de la primera instancia, la tasa judicial por un caso determinado, pero no menos de 100 PLN (25 EUR).
Además de las tasas judiciales, las partes deben sufragar sus propios gastos de viaje (como el Tribunal de Justicia), incluidos los costes de representación (si deciden tener una representación).
Ni las autoridades administrativas de la segunda instancia, ni los tribunales administrativos citar a testigos o peritos, así que no hay costes derivados de su participación.
No obstante, las Partes podrán acordar y presentar a la Autoridad un dictamen pericial en apoyo de la opinión de la parte. Coste de dicho dictamen no reembolsados por la parte perdedora.
La base fiscal de las tasas se establece por ley. Los tipos mínimos en los procedimientos ante los tribunales administrativos (en los asuntos ambientales) son los siguientes:
a) ante el Tribunal del Primera Instancia — 240 PLN (60 EUR)
b) en el Tribunal de segunda instancia — el 75 % de dicho importe.
Las tarifas mencionadas podrán aumentarse en un caso determinado por el Tribunal hasta el 600 % del tipo mínimo. A los efectos de fijar el importe final de honorarios del abogado, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la complejidad del caso, la cantidad de trabajo necesaria, etc.
Sin embargo, en la práctica, los honorarios de abogados reales superen los mencionados importes, se calculan sobre la base horaria o diaria) y están sujetos a contratos individuales entre el abogado y el cliente. Sin embargo, el recargo no serán reembolsados por la parte contraria vencida.
Los honorarios del perito siempre estarán sujetas a contratos individuales entre el experto y el cliente.
En caso de que las autoridades pierden el caso deben pagar el ganador sus costes (en los tribunales y los honorarios de abogados no sobrepase los referidos tipos legales, pero no los costes de posibles expertos), sino si las autoridades Win — que no podrán solicitar el reembolso de sus costas.
(personas tanto físicas como jurídicas, incluidas las ONG) que no puedan soportar las costas judiciales o a contratar a un abogado, puede acudir al tribunal administrativo de concesión de la asistencia jurídica gratuita, que en Polonia se denomina «derecho de ayuda» (Prawo pomocy). La solicitud deberá ir acompañada de los justificantes acerca de la situación financiera de la demandante. El derecho de ayuda engloba la exención de las tasas judiciales y nombramiento del fiscal que, de forma gratuita, representarán a la demandante ante el Tribunal. El derecho a la ayuda podrá invertirse si las razones de su abandono. Sin embargo, no existen estadísticas sobre la frecuencia de la concesión o denegación de la ayuda por los tribunales. Organizaciones raramente aplicable a dicha ayuda, puesto que los costes del procedimiento no sean excesivamente altos.
Las ONG medioambientales pueden recibir financiación pública para los proyectos que llevan a cabo. La financiación pública también puede cubrir los gastos relacionados con un procedimiento judicial (por lo general, las ONG han de incluir este tipo de gastos en el presupuesto del proyecto).
Algunas ONG lleve a cabo la actividad consistente en la defensa de otras ONG o particulares, incluida la asistencia en procedimientos judiciales. Esas organizaciones también pueden recibir el dinero público para este tipo de actividad. Dado que dicha actividad está basado en proyectos, no existe una lista de dichas ONG que se ocupan de la defensa del Derecho medioambiental.
En Polonia existen Law School clínicas, sin embargo, generalmente no se centran en la legislación medioambiental.
El plazo básico para lograr una decisión de un órgano de administración es de un mes y en casos especialmente complejos, un plazo de dos meses.
No obstante, el Órgano podrá ampliar este plazo para informar a las partes en el procedimiento sobre este hecho, las razones del retraso e indicará la nueva fecha límite de determinación del caso.
En los casos en que la autoridad no haya presentado la decisión a su debido tiempo o a informar a las partes acerca de los motivos de la demora, la parte podrá presentar una queja a la autoridad administrativa de segunda instancia y, a continuación, ante el tribunal administrativo.
La reclamación puede presentarse también en el caso en que el procedimiento es demasiado largo (przewlekłość postępowania), es decir, en la que la ampliación del plazo por la autoridad parece injustificada.
Un funcionario que no ha presentado, en el momento de fijar el caso sin una justificación adecuada, estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria. Las disposiciones de la Ley no especifica qué tipos de sanciones puedan imponerse al empleado (es un asunto interno de un determinado organismo de la administración).
Las personas que deseen impugnar una decisión administrativa (de forma individual o estratégico) ante el Tribunal Administrativo deberá presentar una demanda en el plazo de 30 días desde que se dictó la resolución, o se publicó.
No suele haber plazos definidos en la legislación para los tribunales para emitir un veredicto. Solo en determinados casos, señalada por la ley existen tales plazos — por ejemplo, en materia de acceso a la información (véase la sección III).
Normalmente, el procedimiento judicial ante el Tribunal de primera instancia tarda unos pocos meses (entre 3 y 7 meses). El procedimiento judicial ante el Tribunal de segunda instancia tarda entre 6 y 12 meses.
Como se ha indicado anteriormente, no suele haber plazos fijados por la Ley de tribunales para emitir un veredicto. Solo en determinados casos, señalada por la ley existen tales plazos — por ejemplo, en materia de acceso a la información (véase la sección III).
No se contemplan sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso.
Las decisiones en materia ambiental son impugnadas por las partes después de su emisión por el órgano de primera instancia. A continuación, la decisión del órgano de segunda instancia podrá interponerse recurso ante el Tribunal administrativo
No fue posible descubrir información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a disposición del público de un modo estructurado ni accesible.
En la fase de procedimiento administrativo un contencioso administrativo puede ser resuelto por la «liquidación» de común acuerdo entre las partes del procedimiento (que pueden considerarse mecanismos alternativos de solución de conflictos). Los pagos pueden efectuarse tanto dentro de la primera y la segunda instancia.
No obstante, solamente las partes en el procedimiento y no ONG («participantes con el Derecho de la parte») podrán participar en la liquidación.
En el procedimiento judicial ante el Tribunal Administrativo, las partes del litigio pueden entrar en la mediación con el fin de resolver el litigio.
En la práctica, el Acuerdo en los procedimientos administrativos así como ante el Tribunal administrativo de mediación se utiliza raramente.
Cláusulas antidiscriminatorias relativas a la lengua o al país de origen polaco no son prestados directamente por las leyes procesales.
Sin embargo, el hecho de que la legislación no excluyen los ciudadanos de los recursos judiciales disponibles significa que se concederán los mismos derechos que a los ciudadanos polacos.
Sin embargo, todos los procedimientos ante las autoridades y los órganos jurisdiccionales de Polonia deben efectuarse en polaco. Esto significa que los extranjeros que no hablan polaco debe disponer de un intérprete.
Los costes de traducción en los procedimientos ante el Tribunal administrativo correrán a cargo del extranjero y — cuando haya obtenido satisfacción al final del procedimiento, puede solicitar la condena en costas de la parte vencida.
La cuestión de los costes de traducción en los procedimientos ante las autoridades administrativas no está específicamente regulado, por lo que las normas al respecto no están claras.
En caso de que Polonia es el país de origen (la actividad desarrollada en Polonia tiene efectos en otro país) el procedimiento civil polaco normas no sean discriminatorias y no excluir los públicos.
No obstante, tampoco hay ninguna normativa general sobre esta cuestión. El problema está regulada únicamente en aquellos casos en que — según los requisitos de las Directivas de la UE y el Convenio de Espoo (EIA, PCIC), la legislación polaca prevé un procedimiento transfronterizo. En caso de dicho procedimiento, los Gobiernos de ambos países (país de origen y país afectado) son responsables de llevarla a cabo.
En el Derecho polaco, no existe ninguna definición específica de «público interesado» en un contexto transfronterizo. Solo en los casos en los que un procedimiento transfronterizo de conformidad con el Convenio de Espoo y otros acuerdos internacionales es necesaria y realizar, las normas de la identificación del público interesado en otro país son prestados por dichos acuerdos.
No hay ningún tipo de disposiciones especiales relativas a la participación de las ONG extranjeras en los procedimientos de medio ambiente, sin embargo, la legislación polaca no excluir a las ONG procedentes de otros Estados miembros de la posibilidad de participar en los procedimientos con los derechos de una parte. Por tanto, puede concluirse que las ONG medioambientales extranjeras tienen los mismos derechos que las ONG nacionales.
Los autores de este informe no son conscientes de todo intento por parte de otras organizaciones sociales o medioambientales extranjeras para acceder a procedimientos administrativos en Polonia, por lo que no pueden evaluar las prácticas en este sentido, lo más probable es que no existe una práctica).
Cuando un caso entra en la jurisdicción de los tribunales polacos, no existe la posibilidad de elegir tribunal de otro país (denominado «forum shopping» no existe en la legislación polaca).
La legislación nacional en materia de medio ambiente (en polaco):
Las autoridades medioambientales nacionales principales:
http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (organismo especializado de la información medioambiental)