Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Scolombia36-00.html
Timestamp: 2013-12-10 19:04:44
Document Index: 12418995

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 64']

Masacre "Caloto" v.
Colombia, Caso 11.101, Informe Nº 36/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 468 (1999). I. RESUMEN
3. Durante el trámite del presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad por los hechos alegados por los peticionarios. El 7 septiembre
de 1995, las partes iniciaron un proceso de solución amistosa con los buenos
oficios de la Comisión. A pesar de los esfuerzos realizados tanto por el
como por los peticionarios y del reconocimiento de responsabilidad efectuado,
el 5 de octubre de 1998 las partes dieron por terminado el proceso de solución
amistosa y se decidió continuar con el trámite del caso.
4. Tras analizar los elementos de hecho y de derecho aportados por las partes durante el trámite, así como los reconocimientos resultantes
del proceso de solución amistosa, la Comisión declaró el caso admisible,
la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 4, 5, 7, 8,
25 y 1(1) de la Convención Americana y evaluó las medidas adoptadas para
5. El 21 de enero de 1993, la Comisión abrió el caso bajo el número 11.101 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado
colombiano con un plazo de 90 días para presentar información. El 17 de marzo
de 1993 el peticionario envió información adicional sobre el caso, la cual
debidamente transmitida al Estado. 6. El Estado presentó su respuesta el 10 de junio de 1993. Los peticionarios presentaron sus observaciones e información adicional el 25 de agosto, el 10 de septiembre y el 30 de diciembre de 1993, las cuales fueron debidamente remitidas al Estado.
10. El 23 de febrero de 1996, durante el 91° período ordinario de sesiones, se celebró una segunda audiencia en la cual el Comité de Impulso presentó un informe final donde se formulan una serie de recomendaciones. En dicha reunión las partes acordaron continuar con el proceso de solución amistosa mediante la creación de un Comité de Seguimiento a las Recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso. 11. El 21 de mayo de1996, el Estado presentó copia del acta de entendimiento suscrita por el Estado y los peticionarios donde se crea el
Comité de Seguimiento a las Recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso.
El 8 de octubre de 1996, durante el 93º período ordinario de sesiones de
Comisión, las partes expresaron su parecer sobre los obstáculos en el funcionamiento
del Comité con el fin de evaluar los avances en el proceso de solución amistosa.
El 9 de octubre de 1996, el Estado presentó un "Informe de Implementación de las Recomendaciones sobre los casos Los Uvos, Caloto y Villatina". El 18 de octubre de 1996, la Comisión instó a las partes a superar las dificultades surgidas en el proceso de seguimiento a las recomendaciones del Comité. En febrero de 1997, el Comisionado Robert K. Goldman -Relator para Colombia--, el Embajador Jorge E. Taiana --Secretario Ejecutivo de la Comisión-- y la entonces
Especialista Denise Gilman, se trasladaron a Colombia con el fin de participar
en una serie de reuniones relativas al estado del proceso de solución amistosa. 12. El 7 de octubre de 1997, en el marco de una audiencia celebrada durante el 97º período de sesiones de la Comisión, el Comité de Seguimiento presentó un informe de evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el primer Comité de Impulso a la Administración de Justicia. El 16 de octubre de 1997, la Comisión emitió una Resolución mediante la cual resolvió continuar con los esfuerzos para solucionar en forma amistosa el presente caso hasta el 98º período de sesiones. 13. El 16 de febrero de 1998, el Presidente del Comité de Seguimiento comunicó a la Comisión que las partes presentarían sus informes por separado ante la Comisión. En la audiencia celebrada el 23 de febrero de 1998, durante el 98º período ordinario de sesiones de la Comisión, las partes expresaron su intención de dar por terminado el procedimiento de solución
amistosa y solicitaron un pronunciamiento sobre el fondo del caso. En esa oportunidad,
los peticionarios presentaron sus observaciones respecto del cumplimiento de
las recomendaciones contenidas en el informe del Comité de Seguimiento presentado
en octubre de 1997 ante la Comisión. El 3 de marzo de 1998 la Comisión solicitó
al Estado información adicional sobre las medidas adoptadas para investigar
y juzgar a los responsables de los hechos por la justicia penal ordinaria.
31 de marzo de 1998 el Estado solicitó una prórroga de treinta días, la cual
fue concedida. El 31 de julio de 1998 el Estado remitió copia del discurso
por el Presidente de la República en el acto de reconocimiento de responsabilidad
en los hechos del caso Caloto, entre otros. El 5 de octubre de 1998, en el
del 100° período ordinario de sesiones, se celebró una nueva audiencia en la
cual las partes reiteraron su convicción sobre la imposibilidad de llegar a
una solución amistosa del asunto. El 2 de marzo de 1999, durante el 102° período
de sesiones, los peticionarios reiteraron su solicitud de un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto con base en el artículo 50 de la Convención.
14. Los peticionarios alegan que el día 16 de diciembre de 1991 aproximadamente 80 personas pertenecientes a la comunidad indígena Paez
del norte del Cauca, habitantes del Resguardo de Huellas, acudieron a una
aparentemente convocada por los nuevos dueños de ese predio en la parte montañosa
de la hacienda "El Nilo", Corregimiento El Palo, Municipio de Caloto. La reunión habría sido convocada con la finalidad de discutir la presencia
de la comunidad indígena, así como el reconocimiento de las mejoras por ellos
al terreno en los últimos cuatro años. A las 21:00 horas, aproximadamente,
hombres fuertemente armados se presentaron en el lugar. Los peticionarios
conforme a los testimonios recabados algunos de ellos portaban vestimenta de
las fuerzas de seguridad. Parte de estos individuos habrían procedido a retener
y amedrentar al grupo de indígenas reunido mientras el resto se desplazó
los alrededores en busca de los miembros de la comunidad indígena que permanecían
en sus viviendas. Una vez reunidos todos los indígenas que vivían en la Hacienda,
identificaron a los supuestos líderes de la comunidad y los fusilaron. Los
alegan que los atacantes dispararon indiscriminadamente sobre el resto de los
miembros de la comunidad quienes, presos del pánico, intentaron huir del lugar. Como resultado perdieron la vida Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas,
Carolina Tombé Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio
Dicue Calambas, Mario Julicue Ul (o Mario Julico), Tiberio Dicué Corpus,
Jesús Guetia Pito (o María Jesusa Güeitía), Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana
Mestizo Corpus, Nicolás Consa Hilamo (o Nicolás Conda), Otoniel Mestizo Dagua
(u Otoniel Mestizo Corpus), Feliciano Otela Ocampo (o Feliciano Otela Campo),
Calixto Chilgüezo Toconas (o Calixto Chilgüeso), Julio Dagua Quiguanas, José
Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete (o Daniel
y Domingo Cáliz Soscué (o Domingo Cálix Sescué). Jairo Llamo Ascué resultó
herido de bala en el brazo derecho. Los peticionarios señalan asimismo que
masacre fueron destruidos y quemados los ranchos que la comunidad indígena
había construido en el predio, así como sus enseres y animales domésticos.
16. En cuanto al deber de brindar la debida protección judicial con relación a las violaciones perpetradas, los peticionarios alegan que los
órganos del Estado han incurrido en diversas acciones y omisiones que han
impunidad. Sostienen que inicialmente la investigación habría sido adelantada
por el teniente Libardo Morales Lagos, miembro de la Policía Nacional, Jefe
de la Unidad Investigativa MECAL, quien presentó un testigo mediante el cual
se acusó a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) de haber perpetrado
los hechos. El mayor general Miguel Antonio Gómez Padilla, Director General
de la Policía, afirmó por su parte que mediante una investigación interna
había confirmado que la Policía no había participado en los hechos. Sostienen
asimismo que, pese a la seriedad de los elementos recabados desde un comienzo
contra el mayor Durán Argüelles y el capitán Castañeda Mateus, éstos no fueron
indagados con la celeridad del caso. Señalan que algunos de los testigos, en ampliación de indagatoria, se retractaron de las acusaciones contra los oficiales
de la Policía Nacional y otros civiles, y que estas retractaciones fueron
de modo de obstaculizar la investigación y encubrir o eximir de responsabilidad
a los autores y cómplices de la masacre. En su opinión, el desarrollo del
penal tendió a descartar la responsabilidad penal de miembros de la Policía
Nacional. Los peticionarios también han cuestionado la actuación de la Procuraduría
General de la Nación en la investigación sobre las relaciones de los oficiales
implicados con los civiles Luis Alberto Bernal Seijas y Orlando Villa Zapata.
21. El Comité fue definido como un organismo de impulso a procesos internos, lo que le impidió recibir y valorar directamente pruebas y pronunciarse
sobre responsabilidades individuales e institucionales. El mandato del Comité
consistió en: 1) propender por la realización de las actuaciones judiciales
y disciplinarias que garanticen la marcha diligente de los procesos; 2) identificar
elementos de prueba sobre los hechos de que se trata y propender por su judicialización;
3) promover la protección de testigos y, de ser el caso, de los funcionarios
judiciales y disciplinarios que adelanten las investigaciones; 4) respaldar
tanto el debido ejercicio del derecho de defensa de los sindicados como los
derechos y las actividades de la parte civil; 5) propender, cuando ello fuere
conveniente para la tarea investigativa, por el cambio de radicación de los
procesos y la creación de unidades especiales de Fiscalía y del Cuerpo Técnico
de Investigaciones; 6) propender por la reparación de los perjuicios generados por los hechos de que se trata; 7) presentar un informe a la CIDH en su siguiente
período ordinario de sesiones sobre el ejercicio de las funciones enunciadas
en los puntos anteriores y sobre los resultados de las respectivas gestiones
y los factores que hubieren incidido en su éxito o fracaso.5
22. La composición del Comité de Impulso incluía representantes de las víctimas en una serie de casos tramitados ante la Comisión, en el caso de Caloto; el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y la entonces Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombiana; representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional
la Consejería Presidencial de Derechos Humanos; representantes de la Defensoría
del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y la Procuraduría General de la
en representación de los organismos estatales de control; y representantes
del Episcopado colombiano6. El Comité de Impulso se instaló formalmente el 29 de septiembre de 1995 en la ciudad de Bogotá en un acto público y presentó su informe final en febrero de 1996 en el 91° período ordinario de sesiones de la Comisión. Dado el consenso sobre el valor de la labor realizada por el Comité de Impulso, la Comisión tendrá en cuenta sus conclusiones y recomendaciones a lo largo del presente análisis.
23. En un plano general, las recomendaciones del Comité se concentran en la problemática indígena de la zona. En ese sentido, el Comité
concluyó que la masacre de Caloto afectó al conjunto de la comunidad indígena
Paez del norte del Cauca, y que las medidas a adoptarse con relación al caso
deben tener en cuenta las pretensiones y reivindicaciones planteadas por
comunidad, además de revestir un carácter preventivo con el fin de evitar que
hechos como el que nos ocupa se repitan en el futuro. Las recomendaciones
Comité señalan que el Estado debe atender a la obligación de protección de
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, cuyo primer derecho,
la vida, debe entenderse en términos colectivos, como el derecho a la reproducción
étnica y cultural, el derecho al territorio y el derecho a la autodeterminación.
Cabe señalar que con anterioridad a los hechos del caso el Estado celebró
con los representantes y las autoridades de la comunidad indígena Paez del norte del Cauca, con la finalidad de completar su territorio y garantizar su autodeterminación
mediante la dotación de tierras y la puesta en marcha de un plan alternativo.
El informe señala que dichos compromisos han sido objeto de cumplimiento parcial.7 El 23 de diciembre de 1991 el Estado se comprometió a adquirir y entregar 15.663 hectáreas, de las cuales sólo se habrían adquirido 5.296 hectáreas. Asimismo, el 14 de mayo de 1992 se comprometió a llevar adelante un Plan de Desarrollo Alternativo compuesto por 16 proyectos a ejecutarse en el norte del Cauca, para el cual sólo se habría obtenido financiación para dos proyectos. En vista de estos compromisos, el Comité instó al Estado a darles pleno y pronto cumplimiento y planteó algunas propuestas para complementar y facilitar este proceso.8 Finalmente, el Comité solicitó a la Comisión que, independientemente del trámite y de la conclusión del caso 11.101, se mantenga atenta a la evolución de la problemática territorial y de autodesarrollo de esta comunidad y a su potencial incidencia en la ocurrencia de futuros hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos9.
24. En lo que se refiere a la masacre de Caloto en sí, el Comité formuló alrededor de 30 recomendaciones con relación a la realización de diligencias, ampliación de declaraciones e incorporación de pruebas en el contexto del proceso penal, con la finalidad de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables10. En materia disciplinaria las recomendaciones estuvieron dirigidas a agilizar los procesos con el objeto de que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes11. En cuanto a los procesos en materia contencioso administrativa, el Comité de Impulso instó a las partes a celebrar acuerdos conciliatorios. 2. La creación y la labor del Comité de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité
Impulso para la Administración de Justicia
35. La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios relativas a la presunta violación de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, así como la falta de sanción efectiva a los responsables y la demora en la investigación, podrían caracterizar una violación de los derechos garantizados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana. Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos del reclamo no resultan evidentes, máxime cuando el Estado ha reconocido expresamente su responsabilidad, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana. C. Conclusiones sobre competencia y admisibilidad
38. En segundo término, corresponde establecer los estándares interpretativos a ser empleados por la Comisión a la luz de los hechos y las características de las violaciones alegadas y reconocidas por el Estado en este caso. El artículo 29(b) de la Convención Americana establece que ninguna disposición del Tratado puede ser interpretada de manera de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho reconocido en otra convención de la cual sea parte el Estado en cuestión.22 En este sentido corresponde señalar que Colombia es parte del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales (en adelante "el Convenio 169")23.
El artículo 4 del Convenio 169 establece que los Estados parte deben adoptar las medidas especiales que sean necesarias para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos y que tales medidas especiales no deben ser contrarias a sus deseos, expresados libremente. 40. En el ámbito americano también se han consagrado normas que deben ser tenidas en cuenta por la Comisión al analizar los derechos y el alcance de las obligaciones del Estado conforme a la Convención. La norma de interpretación establecida en el artículo 29(d) de la Convención Americana establece que los derechos protegidos no deben ser interpretados de manera de excluir o limitar el efecto que puedan producir actos internacionales de naturaleza similar a la Declaración Americana. En este sentido cabe señalar que la Carta Americana de Garantías Sociales de 1948 se refiere al deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para amparar la vida, libertad y propiedad de la población aborigen24. La Comisión misma en su Resolución sobre la "Protección Especial de los Pueblos Indígenas" ha recomendando a los Estados miembros adoptar medidas para asegurar que sus agentes actúen
con suma diligencia en esta tarea25.
41. En el presente caso, el Comité de Impulso reconoció que los sucesos de la masacre de Caloto afectaron al conjunto de la comunidad indígena Paez del norte del Cauca, y que las medidas a adoptarse para reparar el daño deben revestir un carácter preventivo y atender las pretensiones y reivindicaciones de esta comunidad26. Por lo tanto, en el presente caso, la Comisión considera necesario interpretar las obligaciones establecidas en la Convención Americana
a la luz de las obligaciones especiales de protección de la vida, la integridad
física, la propiedad, la cultura, el medio ambiente y el trabajo de los pueblos
indígenas o tribales previstas en el Convenio 168, la Carta Americana de Garantías
Sociales y la resolución sobre la "Protección Especial de los Pueblos Indígenas".
42. El Informe del Comité de Impulso señala que el 6 de diciembre de 1991 la Sociedad Agropecuaria Piedra Blanca Ltda. adquirió el predio "El Nilo" a sabiendas de que se encontraba habitado por indígenas que ejercían la posesión de una parte de la hacienda desde hacía aproximadamente cuatro años. Una vez adquirido el predio, esta entidad intentó lograr que los indígenas abandonaran las tierras a cambio de una compensación por el valor de sus ranchos y las mejoras realizadas al predio. Tras el rechazo de la oferta, los indígenas comenzaron a ser víctimas de hostigamientos y presiones, incluyendo la destrucción de algunos de sus ranchos días antes de la masacre, con el fin de que abandonaran la finca. El 16 de diciembre de 1991 un grupo de individuos llegó a la casa principal de la hacienda "El Nilo" portando armas de uso privativo de la fuerza pública. Algunos tenían la cara pintada y otros cubrían su rostro con pasamontañas.
Estos individuos obligaron a las víctimas a tenderse en el suelo en hilera,
bocabajo, donde las ejecutaron.27
44. El artículo 4(1) de la Convención Americana establece que nadie debe ser privado de su vida arbitrariamente. Esta obligación del Estado
debe ser interpretada a la luz de su deber de brindar especial protección
las comunidades indígenas y tribales que habitan bajo su jurisdicción. La Comisión
considera que los hechos, según fueran establecidos por el Comité de Seguimiento,
creado por el Estado y los peticionarios bajo los auspicios de la Comisión,
y según han sido reconocidos por el Estado, constituyen una grave violación
de la obligación de garantizar el derecho de toda persona a que se respete
vida y al deber especial de protección de los miembros de la Comunidad Indígena
Paez del norte del Cauca. Las motivaciones de la masacre --desalojar a los
del predio en el cual habitaban conforme a derecho-- y la metodología conforme
a la cual fue ejecutada --la identificación y ejecución de los líderes de
comunidad con la clara intención de amedrentar al resto de sus miembros-- constituyen una gravísima violación a las obligaciones internacionales del Estado conforme
al artículo 4 de la Convención Americana a la luz de los estándares vigentes
sobre protección especial.
46. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho que preceden y en vista del reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Comisión
concluye que el 16 de diciembre de 1991 un grupo de civiles actuado de manera
conjunta con agentes de la Policía Nacional privaron arbitrariamente de la
a Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas, Carolina Tombé Ñusque, Adán
Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicué Calambas, Mario Julicué
Ul (o Mario Julico), Tiberio Dicué Corpus, María Jesús Guetia Pito (o María
Jesusa Güeitía), Floresmiro Dicué Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás
Hilamo (o Nicolás Conda), Otoniel Mestizo Dagua (u Otoniel Mestizo Corpus),
Feliciano Otela Ocampo (o Feliciano Otela Campo), Calixto Chilgüezo Toconas
(o Calixto Chilgüeso), Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secué Canas, Jesús
Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete (o Daniel Pete) y Domingo Cáliz Soscué
(o Domingo Cálix Sescué) e hirieron a Jairo Llamo Ascué, en la hacienda "El Nilo", Corregimiento El Palo, Municipio de Caloto en violación a las obligaciones
establecidas en los artículos 4(1) y 5(1) de la Convención Americana sobre
Humanos a la luz del especial deber de protección de las poblaciones indígenas.
derechos protegidos en la Convención
47. Según surge de la información aportada por las partes, así como del Informe del Comité de Seguimiento, el Juzgado de Instrucción de
Orden Público de Cali inició la investigación en diciembre de 1991 y vinculó
a ella al mayor de la Policía Nacional Jorge Enrique Durán Argüelles, quien
se desempeñaba como comandante del distrito de Policía de Santander de Quilichao
y al capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, Jefe de Antinarcóticos de
de Quilichao. El 7 de abril de 1992 el Juez de Instrucción de Orden Público
de Cali se abstuvo de proferir medida de aseguramiento contra los oficiales.
El representante del Ministerio Público apeló esta decisión, pero ella fue
en segunda instancia. El 28 de enero de 1994 se produjo la calificación del
sumario y se decidió proseguir la investigación contra los oficiales de la
Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y Capitán Fabio Alejandro Castañeda
Mateus, y los civiles Orlando Villa Zapata, Leonardo Peñafiel Correa, Edgar Antonio Arévalo Peláez y Nicolás Quintero Zuluaga. Algunos de los civiles se acogieron a la opción de la sentencia anticipada y fueron condenados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública. El 4 de septiembre de 1996 el Fiscal de conocimiento adscrito a la Unidad de Derechos Humanos calificó el mérito de la investigación y profirió resolución de acusación contra los oficiales Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus por homicidio múltiple en "concurso real homogéneo heterogéneo" y como coautores responsables de los ilícitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas
de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. Dicha decisión
apelada y confirmada en segunda instancia.
48. En febrero de 1997, el Juzgado de Primera Instancia de la Policía Nacional promovió colisión de competencia positiva. Mediante resolución
de marzo de 1997, los jueces regionales de Cali remitieron el proceso a la
penal militar. La apelación de esta decisión fue declarada improcedente. En
septiembre de 1997, la jurisdicción castrense declaró la nulidad de todo
actuado en la justicia ordinaria, revocó las medidas de aseguramiento que pesaban
contra los oficiales de la Policía acusados y ordenó la libertad incondicional
del capitán Alejandro Castañeda Mateus, único miembro de la institución que
se encontraba detenido. La parte civil solicitó se reenviara el proceso a
justicia ordinaria, con fundamento en la Sentencia C-358 de la Corte Constitucional
de Colombia que establece que los casos que involucren graves violaciones
los derechos humanos deben ser juzgados en aquella jurisdicción. Esta solicitud
fue desechada por el juez penal militar. La Comisión ha tomado conocimiento de que, finalmente, el 26 de julio de 1999 el Tribunal Superior Militar resolvió
cesar todo procedimiento contra el mayor Durán Argüelles y el capitán Castañeda
49. Cabe señalar que la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria
el 10 de enero de 1992 como resultado del informe evaluativo del Juez de
Público de Cali del 22 de octubre de 1992, que establece que "las pruebas recopiladas [] indican seriamente que los oficiales de la Policía Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, el Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus,
tuvieron relaciones con personas que proyectaban amedrentar a un grupo de indígenas
de la Comunidad de Paez, dirigiendo uno y participando efectivamente el otro.
Existen suficientes elementos de juicio que ameritan la apertura de formal
disciplinaria contra los oficiales de la Policía"31. La averiguación fue remitida a la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos, la cual corrió pliego de cargos contra el mayor Durán
y el capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus el 18 de diciembre de 1992. El
8 de julio de 1993 se profirió resolución de absolución. El 10 de agosto de
1993 el Defensor del Pueblo presentó consideraciones sobre esta Resolución
solicitó al Procurador General de la Nación que estudiara su posible revocatoria.
El 14 de agosto de 1996, la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos
y el Ministerio del Interior se sumaron a la solicitud. El 30 de septiembre
de 1997 el Procurador General informó al Comité de Seguimiento que la cuestión
se encontraba en trámite ante su despacho. Sin embargo, en su informe final,
el Comité señaló el hecho de que transcurridos ya cinco años desde la masacre,
no era posible instar acciones adicionales. Como consecuencia, cabe concluir
que los oficiales implicados no han sido y aparentemente no serán objeto de
sanción disciplinaria alguna32.
a desarrollar posibilidades de recurso judicial, y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Estas normas establecen la obligación de prever el acceso a la justicia con garantías de legalidad, independencia e imparcialidad dentro
de un plazo razonable y con las debidas protecciones, así como la obligación
general de proporcionar un recurso judicial eficaz frente a la violación
los derechos fundamentales, incorporando el principio de eficacia de los instrumentos
o mecanismos procesales. Según ha señalado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "la Corte")
Los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos artículo 25-, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal artículo 8.1-, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio
de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentra
bajo su jurisdicción.35
En su decisión del 5 de agosto de 1997, la propia Corte Constitucional de Colombia estableció que Para que el sistema de justicia penal militar pueda ser competente con respecto a un delito debe existir desde el comienzo un vínculo evidente entre el delito y las actividades propias del servicio militar. En otras palabras, el acto punible debe constituir un exceso o un abuso de poder que tenga lugar en el contexto de una actividad directamente vinculada con una función legítima de las fuerzas armadas. El nexo entre el acto delictivo y la actividad vinculada con el servicio militar se rompe cuando el delito es extremadamente grave, como ocurre con los delitos contra la humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser remitido al sistema de la justicia civil37.
56. La Comisión considera que la masacre de veinte miembros de una comunidad indígena con el fin de desalojarlos del predio que habitaban
en la Hacienda "El Nilo", Municipio de Caloto, no puede ser considerada como parte de las funciones legítimas de los agentes de las fuerzas de seguridad.
Consecuentemente, el hecho de que los acusados hayan sido juzgados en jurisdicción
penal militar constituye una seria violación del derecho a la protección
y las garantías de imparcialidad del juzgador consagrados en los artículos
8(1) y 25 de la Convención Americana.
59. La protección judicial debida por el Estado incluye también el deber de reparar a las víctimas o sus familiares por las consecuencias de
las violaciones sufridas. La víctima sobreviviente y los familiares de las
fallecidas tienen derecho a una reparación que incluya una compensación de
tipo monetario por el daño sufrido. Conforme a la información aportada por
y aquella recabada durante el proceso de solución amistosa, se arribó a una
serie de conciliaciones en los procesos intentados en lo contencioso-administrativo
cuya ejecución aun no se habría hecho efectiva. En el marco del proceso de
amistosa, el Estado también se comprometió a cumplir con compromisos de reparación
social que involucran la asignación de tierras a la comunidad indígena de
Estos compromisos se encuentran en proceso de ejecución. Concretamente, se
habría asignado una partida presupuestal de mil quinientos millones de pesos
para la compra de tierras en el año en curso y de mil millones para el año siguiente.
El artículo 1(1) de la Convención establece la obligación de los Estado partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
63. Según ha señalado la Corte, los Estados parte tienen el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos,41 y esta obligación "abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos
humanos"42. La Comisión considera que existen elementos que indican que el Estado incumplió con su deber de prevención en conjunción con el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 del Tratado. La información aportada por las partes señala que más de una semana antes de la masacre, el 7 de diciembre de 1991, miembros de la comunidad indígena Paez denunciaron las amenazas de las cuales eran objeto y solicitaron la protección de las autoridades43. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación señaló que:
Como los indígenas se negaron a llegar a un acuerdo fueron amenazados, según sus aseveraciones[], por el supuesto representante de la sociedad compradora Gilberto Márquez quien, al parecer, se hacía
acompañar de un grupo de hombres armados. Ante esta situación, los indígenas
a informar al Alcalde y a la Personera; y en reunión efectuada en la Vereda
El Carrizal, pusieron en conocimiento de la problemática, al Gerente Regional
del INCORA y al Secretario de Gobierno Municipal. Esto fue corroborado
el Alcalde y la Personera en sus declaraciones[..]44
El Gobierno del Cauca fue informado a tiempo, por parte de la Comunidad Indígena del Resguardo de Huellas, de las graves amenazas
que pesaban sobre su integridad, sin que éste tomara medida alguna para
protegerlos. Fue, como lo ha dicho el Consejo Regional Indígena del Cauca, "una muerte anunciada"45.
66. El 28 de septiembre de 1999 la Comisión aprobó el Informe 114/99 conforme al artículo 50 de la Convención Americana. En dicho Informe la Comisión, en vista de la información recabada durante este proceso, así
como del reconocimiento de responsabilidad de la República de Colombia, concluyó
que agentes del Estado junto a un grupo de civiles violaron el derecho a la
vida de Darío Coicué Fernández, Ofelia Tombé Vitonas, Carolina Tombé Ñusque,
Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicue Calambas, Mario
(o Domingo Cálix Sescué), el derecho a la integridad física de Jairo Llamo
Ascué y el derecho a las garantías y a la protección judicial de todos ellos,
a los artículos 5(1) y (2), 8 y 25 de la Convención Americana. La Comisión
también concluyó que el Estado había faltado parcialmente a su obligación de
estos derechos y de tomar las medidas necesarias para prevenir su violación
a la luz del artículo 1(1) del Tratado. Asimismo recomendó al Estado "(1) Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la masacre. (2) Adoptar las medidas necesarias para reparar a Jairo Llamo Ascue, así como a los familiares de las víctimas que aún no hayan sido compensados. (3) Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social en favor de la comunidad indígena Paez del norte del Cauca. (4) Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. (5) Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria".
68. En primer lugar, el Estado informó que había dado cumplimiento pleno a 21 de las 31 recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso en
materia penal. Aclaró que había cumplido con otra recomendación de manera
que había incumplido cuatro y que carecía de información sobre la implementación
de las seis recomendaciones restantes. En cuanto al proceso ante la justicia
penal militar, el Estado sostuvo que las causas adelantadas contra Jorge
Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus, que se encontraban en apelación
ante el Tribunal Superior Militar, fueron resueltas el 22 de julio de 1999
cesación de procedimiento a favor de los implicados. También señaló que la
parte civil en el proceso se habría abstenido de interponer recurso alguno,
de existir la posibilidad de solicitar la confirmación del fallo de primera
instancia que negaba la cesación de procedimiento y promover colisión de
ante el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a los procesos que se adelantan ante la justicia ordinaria, señaló que se profirió sentencia condenatoria contra el Cabo Segundo Pedro Pablo Agredo Montilla y los agentes de la Policía Edgar Montoya Ojeda, Luis Ernesto Soto Cardona y Héctor Marín Mejía; y los particulares Luis Alberto Bernal Seijias, Orlando Villa Zapata, Neimberg Marín Z., Carlos Alberto Flórez Alarcón y Leonardo Peñafiel Correa, quienes se encontrarían recluidos, con excepción del señor Alberto Bernal Seijas, quien no habría sido capturado aun, y el señor Orlando Villa Zapata, quien se habría fugado de la prisión "Vista Hermosa" de Cali a mediados de 1998. Esta fuga estaría siendo investigada por la Unidad de Delitos contra la Administración de Justicia de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cali. Asimismo, ante la Unidad Nacional de Derechos
Humanos cursa una investigación contra el señor Carlos Mario Vásquez Velásquez,
quien aún no se ha presentado ante las autoridades.
71. El Estado confirmó que ni el señor Jairo Llamo Ascué --sobreviviente de la masacre quien, según se determinara, resultó herido-- ni ninguno de sus
familiares se encuentra registrado como demandante en las acciones interpuestas
ante el Tribunal Administrativo del Cauca, ni en las conciliaciones realizadas
en virtud de la Ley 288 de 1996. Sostiene que tampoco aparecen en la lista
en la solicitud de pago por conciliación que presentó la Corporación Colectivo
de Abogados "José Alvear Restrepo" al Ministerio de Defensa el 23 de septiembre de 1999.
72. En cuanto a las recomendaciones del Comité de Impulso en materia de reparación social, el Estado sostuvo que han sido cumplidas parcialmente
y que algunas aun se encuentran en etapa de implementación. Concretamente,
Estado sostiene que el procedimiento para la adquisición y adjudicación está
en marcha y gradualmente se estaría comenzando a adquirir algunos terrenos.
El Estado apuntó que se produjeron dificultades de orden legal en el desembolso
de los recursos asignados, así como en la identificación de propietarios
la región que estuvieran dispuestos a vender sus tierras. Informó que hasta
el presente se habrían adquirido un total de 6.877.829 hectáreas, restando
8.778.171
hectáreas por adquirir. Afirma que la Dirección General de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior continúa en la tarea de búsqueda de predios y
en que durante los primeros meses del año se concretará su adquisición. En
cuanto al desarrollo de las obras concertadas dentro del Plan de Desarrollo Alternativo Indígena del Cauca, el Estado señaló que se han ejecutado la mayoría de los
proyectos propuestos, restando la implementación de cuatro de ellos cuyos
se encuentran pendientes de legalización ante la Unidad de Contratos del Departamento
Administrativo de la Vicepresidencia de la República. 73. Por último, el Estado destacó la importancia y el valor de la solución amistosa como mecanismo que en este caso particular permitió alcanzar importantes logros en algunas de las áreas abordadas durante el proceso y reconoció la voluntad y el compromiso de las partes. Asimismo, se comprometió a seguir adelantando y promoviendo las gestiones tendientes al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión.
74. La Comisión desea expresar su reconocimiento al esfuerzo realizado por los peticionarios y el Estado colombiano para solucionar el caso
mediante un proceso de solución amistosa, y lamenta que este proceso haya
en su etapa final. En vista de la información recabada durante este proceso,
del reconocimiento de responsabilidad de la República de Colombia, y de su
la Comisión reitera su conclusión de que agentes del Estado junto a un grupo
de civiles violaron el derecho a la vida de Darío Coicué Fernández, Ofelia
Vitonas, Carolina Tombé Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera,
Eleuterio Dicue Calambas, Mario Julicue Ul (o Mario Julico), Tiberio Dicué
Corpus, María
Calixto Chilgüezo Toconas (o Calixto Chilgüeso), Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secué Canas, Jesús Albeiro Pilcué Pete, Daniel Gugu Pete (o Daniel Pete)
y Domingo Cáliz Soscué (o Domingo Cálix Sescué), el derecho a la integridad
física de Jairo Llamo Ascué y el derecho a las garantías y a la protección
de todos ellos, según los artículos 5 (1) y (2), 8 y 25 de la Convención Americana.
El Estado ha faltado parcialmente a su obligación de garantizar estos derechos
y ha incumplido con su deber de tomar las medidas necesarias para prevenir
violación conforme al artículo 1(1) del Tratado. VII. RECOMENDACIONES
75. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente Informe, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO COLOMBIANO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a
los responsables de la masacre.
3. Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social en favor de la comunidad indígena Paez del
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de
los derechos fundamentales reconocido en la Convención Americana.
76. El 24 de febrero de 2000 la Comisión transmitió el Informe 2/00 adoptado de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana
a los peticionarios y al Estado colombiano y le otorgó un plazo de un mes
último para presentar información sobre el cumplimiento con las recomendaciones
precedentes. El 23 de marzo el Estado se dirigió a la Comisión con el fin
solicitar una prórroga la cual fue debidamente concedida. Finalmente el Estado
presentó su respuesta por nota del 31 de marzo de 2000.47
77. Con relación a la reparación de la víctima sobreviviente y los familiares de los fallecidos, el Estado informó que el Comité para la
Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional estudiaría la posibilidad
de indemnizar al señor Jairo Llamo Ascué mediante el procedimiento establecido
en la Ley 288 de 1996. Cabe señalar que tras la emisión del Informe 2/00 los peticionarios se comunicaron con la CIDH con el fin de aclarar que el señor
Ascué se habría abstenido de plantear reclamos ante la jurisdicción contencioso
administrativo por causa del temor originado a raíz de los hechos de violencia
ocurridos en el presente caso. Con relación a los familiares de las víctimas
restantes, el Estado informó que se habría programado una audiencia de conciliación
con el fin de evaluar la situación de una nueva lista de demandantes por
hechos de Caloto. En relación con la recomendación del Comité de Impulso en
materia de ampliación territorial para el pueblo Paez del norte del Cauca
que se han aprobado para el presente año $1.000.000.000.oo destinados a la
ejecución del proyecto "Adquisición de tierras para comunidades indígenas afectadas por la masacre del Nilo. Acuerdo La María Piendamó" (15.663 hectáreas) y la Dirección General de Asuntos Indígenas se encontraría adelantando los
trámites correspondientes. Asimismo, los proyectos cuyo trámite se encontraba
de legalización en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
ya se encontrarían en etapa de ejecución. El Estado también hizo referencia
a las medidas adoptadas para asegurar que en el futuro se aplique la doctrina
de la Corte Constitucional colombiana y la CIDH en materia de investigación
y juzgamiento de hechos similares a los ocurridos en Caloto ante la justicia
5 Acta de entendimiento firmada el 7 de septiembre de 1995 por Carlos Vicente de Roux,
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, en representación del
y por María Victoria Fallón, Gustavo Gallón Giraldo y Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en representación de las organizaciones peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Participaron como observadores
calificados a nombre de la Comisión Claudio Grossman y Leo Valladares.
6 El Comité también incluía a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, el
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC- y las madres de Villatina, en calidad de observadores.
8 Las propuestas planteadas fueron: 1. Expedir un decreto presidencial que contenga: a) La orden
de dotar al pueblo de Paez de una ampliación territorial de 10.367 hectáreas,
correspondiente al saldo del plan de adquisición de tierras contemplado en
acuerdo del 23 de diciembre de 1991. b) La asignación de recursos de destinación
específica al Instituto de Reforma Agraria (INCORA) para proveer dicha adquisición.
c) El establecimiento de un procedimiento especial de emergencia para las
adquisiciones. d) La declaratoria de las áreas de ampliación territorial que
se adquieran como "zona de reserva agrícola alimentaria" en orden a la reconstrucción de la economía tradicional del Pueblo de Paez. 2. Tramitar de inmediato los proyectos de "Desarrollo Alternativo" del Pueblo de Paez, de acuerdo con el compromiso adquirido por el gobierno de Colombia,
a través de los fondos del Sistema Nacional de Cofinanciación, estableciéndose
un procedimiento para el efecto.
10 Las principales recomendaciones en materia penal formuladas en el Informe final del Comité de Impulso a la Administración de Justicia en los casos de Los Uvos, Caloto y Villatina presentado en la audiencia celebrada en el 91º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana, son las siguientes: a) Verificar
la existencia de la supuesta diligencia de allanamiento a la finca La Josefina
(al mando del teniente Marín, de la Tercera Brigada de Cali), días antes de
la masacre y allegar copias al proceso. Realizar las diligencias tendientes
a precisar la plena identidad del Teniente Marín y oírlo en versión juramentada.
b) Allegar a la investigación, los recibos de la Empresa de Telecomunicaciones
de llamadas de larga distancia, realizadas desde los teléfonos de personas
en los hechos, así como desde el Comando de Policía de Santander de Quilichao,
en el período comprendido entre octubre de 1991 y marzo de 1992. c) Ampliar
la declaración al indígena García Ciclos, para que informe si el Mayor Jorge
Enrique Durán Argüelles, el Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, u otros
mandos superiores conocían de la permanencia de dos agentes de la policía en
las haciendas Canaima, La Selvita y La Selva, así como realizar diligencias
tendientes a precisar la plena identificación de los policías, sus grados,
superiores y dependencias a las que estaban vinculados. Oirlos en versión jurada.
d) Indagar sobre las cuentas corrientes y de ahorros a nombre de Jorge Enrique
Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus, en las entidades bancarias
y de ahorros del país, allegando extractos, recibos de consignación y el origen
de las transferencias. Con la colaboración de la Unidad de Patrimonio de la
Fiscalía General de la Nación, investigar el origen de eventuales incrementos
en los patrimonios de estos oficiales, a título personal o a nombre de terceros,
y determinar la posible relación de estos hechos con el objeto de la masacre
de Caloto. e) Establecer si Luis Alberto Bernal Seijas ha tenido o no vínculos
con el sector oficial, concretamente con las Fuerzas Militares o de Policía,
en qué calidad o condición y durante qué períodos. Pedir copias a la Fiscalía Regional de Cali, de la investigación preliminar que se adelanta contra Luis Alberto Bernal Seijas, José Antonio Bernal Seijas y Lliliana Díaz Cadena, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. f) Determinar en qué libro se registra el ingreso y salida de personas ajenas a la institución. Verificar si el libro destinado para esos efectos existe y si en él aparecen relacionadas las personas que ingresaron a la Estación de Policía el día 16 de diciembre. g) Realizar las diligencias de inteligencia necesarias a fin de establecer la naturaleza de los vínculos entre los oficiales Durán Argüelles y Castañeda Mateus con los testimoniantes (el Presidente del Consejo y la Secretaria de Gobierno Municipal) para determinar el valor probatorio de sus versiones. h) Recibir la declaración de la totalidad de los agentes que prestaban servicio en la fecha de los hechos, en las Estaciones de Policía de Santander de Quilichao y Caloto, con la finalidad de establecer las tareas ejecutadas los días anteriores y
posteriores al 16 de diciembre de 1991, las actividades desplegadas por el
Capitán Castañeda
Mateus y el mayor Durán Argüelles, entre otras. i) Solicitar a la Policía Nacional
las diligencias realizadas en la investigación interna llevada a cabo por esa
institución y adjuntarlas al proceso. j) Averiguar el curso de la investigación
penal de la muerte del señor Valencia Vacca (presunto comprador de la Hacienda
El Nilo), asesinado al día siguiente de ocurrida la masacre y allegar copias
de la misma al expediente. k) Oír la declaración del miembro de la Policía
quien advirtió al indígena Lino Adrián Zapata sobre la inminencia de una agresión
a su comunidad. l) Escuchar en ampliación de indagatoria al mayor Durán Argüelles
y al capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, sobre las circunstancias de
modo y lugar en que se planearon y ejecutaron los hechos. m) Que se reiteren
las órdenes de captura contra los señores Carlos Vahos Mejía y Luis Alberto
Bernal Seijas y se requiera a las autoridades encomendadas para la ejecución
de dichas órdenes, a fin de que informen las gestiones realizadas al efecto.
n) Que se evalúe la situación de seguridad de cada uno de los testigos en el
proceso y junto con la Oficina de Protección de Testigos y Derechos Humanos
del Ministerio del Interior se estudie la posibilidad de incluirlos en estos
programas. o) Que se solicite información a la oficina de investigaciones Especiales
de la Procuraduría General de la Nación, sobre el estado de la investigación
que cursa en ese despacho por la muerte del abogado Oscar Elías López, asesor
jurídico del CRIC, y quien asesoraba a los indígenas en la investigación de
11 En materia disciplinaria recomendó: a) Solicitar información a la Procuraduría Departamental
del Cauca sobre si esa dependencia adelantó o no investigación disciplinaria
contra el alcalde y la personera municipal. En caso positivo, cuál fue el
De no existir tal investigación, solicitar que la Delegada de Derechos Humanos
asuma la investigación por la actitud dilatoria y negligente de dichos funcionarios;
b) solicitar al Procurador General de la Nación información acerca de los
de la petición elevada por el Defensor del Pueblo, el 10 de agosto de 1993,
en la que pedía que se integrara una Comisión de Orden Público, que estudiara
la posibilidad de revocar directamente el fallo de la Delegada de Derechos
del 8 de julio de 1993, mediante el cual absuelve de los cargos formulados
a los oficiales de la Policía Nacional; c) Insistir al Procurador General
Nación, la necesidad de revocar directamente el fallo en los términos solicitados
por el Defensor del Pueblo; d) Reiterar a la Procuraduría General de la Nación, información acerca de la sanción a los miembros de la Policía Nacional, cuestionados por los vínculos de amistad con algunos de los autores materiales e intelectuales de la masacre y por encubrir irregulares relaciones e insistirle en que se pronuncie de fondo lo más pronto posible; e) Solicitar a la Procuraduría para los Derechos Humanos el envío de la investigación por supuestas torturas, con el fin de establecer la incidencia que hubiera podido tener en la decisión del 8 de julio de 1993, mediante la cual la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos absuelve de los cargos formulados a los oficiales de la Policía Nacional. Se debe ahondar en el esclarecimiento de la conducta omisiva, presumiblemente constitutiva de falta disciplinaria, del Alcalde y la Personera Municipal, toda vez que las declaraciones obrantes incriminan a estos funcionarios. Incluso el mismo Alcalde, en su exposición, reconoce al menos una actitud dilatoria y negligente para reclamar la intervención y ayuda de otras autoridades que pudieron haber impedido
la pugnacidad, que culminó con el genocidio; f) Solicitar a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Agrarios, a la Procuraduría Departamental del Cauca y
a la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, el envío de los resultados
de las investigaciones disciplinarias adelantadas sobre los hechos de Caloto
y sobre la legalidad de la titulación de las tierras, a la Procuraduría Delegada
para los derechos Humanos; g) Solicitar a la Procuraduría General de la Nación
culminar la investigación que se adelanta contra la doctora Tahí Barrios Hernández,
Procuradora Delegada para los Derechos Humanos, por las supuestas irregularidades
cometidas en el ejercicio de sus funciones en la investigación disciplinaria
de Caloto Uno, de acuerdo a las consideraciones del Defensor del Pueblo en
de Revocación Directa de Fallo y los argumentos contenidos en la queja presentada
por el Ex-Senador Anatolio Quirá y miembros del CRIC.
22 Véase Corte IDH Opinión Consultiva OC-1/82 "Otros tratados" objeto de la opinión consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), 24 de septiembre de 1982, Serie A N°1.
32 Informe Final del Comité de Coordinación para el Seguimiento de las Recomendaciones acordadas por el Comité de Impulso a la Administración de Justicia en los casos de Los Uvos, Caloto y Villatina, p. 9. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional abrió una investigación contra oficiales y suboficiales de
la Policía por vínculos de amistad con presuntos narcotraficantes o personas
conocidas en la región como autores de hechos punibles. Pero esta averiguación,
conocida como "Caloto 2", no se relaciona en forma directa con los hechos del caso. En todo caso, el 30 de octubre de 1997 la Procuraduría Delegada
para la Policía Nacional dio por terminado el proceso disciplinario en forma
anticipada con base al principio de favorabilidad, a solicitud de los inculpados.