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Timestamp: 2019-08-23 15:24:27
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Ley de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias (Ley 6/1999, de 3 de abril) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 74097888
Ley de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias (Ley 6/1999, de 3 de abril)
Publicado en: BO Illes Balears de 17 de Abril 1999
TÍTULO PRELIMINAR. Conceptos generales
CAPÍTULO I. Objeto, ámbito, vigencia y vinculación - arts. 1 a 5
CAPÍTULO II. Elementos básicos - arts. 6 a 12
TÍTULO I. Las áreas homogéneas de carácter supramunicipal
CAPÍTULO I. Los planes territoriales parciales - arts. 13 y 14
CAPÍTULO II. Determinaciones para todas las áreas homogéneas de carácter supramunicipal - arts. 15 a 18
CAPÍTULO III. Determinaciones para todas las áreas sustraídas al desarrollo urbano - arts. 19 a 25
CAPÍTULO IV. Determinaciones para todas las áreas de desarrollo urbano - arts. 26 a 31
CAPÍTULO V. Determinaciones que regulan los crecimientos de las áreas de desarrollo urbano - arts. 32 a 34
CAPÍTULO VI. Cambio de clasificación de suelos urbanizables o aptos para la urbanización a suelos rústicos - arts. 35 y 36
CAPÍTULO VII. Áreas de reconversión territorial (ART) - arts. 37 a 40
CAPÍTULO VIII. Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Mallorca - arts. 41 a 43
CAPÍTULO IX. Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Menorca - arts. 44 a 47
CAPÍTULO X. Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Eivissa y Formentera - arts. 48 a 52
CAPÍTULO XI. Los planes de ordenación del medio natural - arts. 53 a 55
TÍTULO II. El sistema de infraestructuras y equipamientos
CAPÍTULO I. La ordenación de las infraestructuras y de los equipamientos - arts. 56 a 59
CAPÍTULO II. El Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears - arts. 60 a 66
CAPÍTULO III. Los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos - arts. 67 a 69
CAPÍTULO IV. El Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears - arts. 70 a 72
CAPÍTULO V. El Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Illes Balears - arts. 73 y 74
CAPÍTULO V BIS. El Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears - art. 74.bis
CAPÍTULO VI. El Plan Hidrológico de las Illes Balears - arts. 75 y 76
CAPÍTULO VII. Ordenación de los equipamientos - arts. 77 y 78
TÍTULO III. La gestión territorial
CAPÍTULO I. Principios generales de la gestión territorial - arts. 79 a 83
CAPÍTULO II. Redacción del planeamiento de desarrollo de las Directrices - arts. 84 a 86
CAPÍTULO III. Adaptación del planeamiento territorial a las Directrices de Ordenación Territorial - art. 87
VIGÉSIMO PRIMERA.
VIGÉSIMO SEGUNDA.
VIGÉSIMO TERCERA.
ANEXO I. Matriz de ordenación del suelo rústico
ANEXO II. Representación gráfica de las determinaciones reguladas en el artículo 19 y en la disposición adicional duodécima de esta Ley
Norma citada en: 72 sentencias, 3 artículos doctrinales, 11 disposiciones normativas, una resolución administrativa
LEY DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS ILLES BALEARS Y DE MEDIDAS TRIBUTARIAS
Es un deber de los poderes públicos en el Estado social y democrático de derecho promover aquellas condiciones que permitan a los individuos un desarrollo personal libre, y en este sentido, facilitarles los medios a su alcance para el desarrollo social y económico, sin que ello suponga una carga para las generaciones futuras. En esta tarea, no puede olvidarse el territorio, el elemento que sirve de soporte físico a casi toda actividad humana y que es un recurso susceptible de ser transformado por la acción del hombre, como objeto del tráfico económico y como conjunto de valores naturales de los cuales no podemos prescindir. En este contexto surge, en nuestra tradición jurídica, el derecho sobre la ordenación del territorio, del cual es un puntal básico la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears.
Las Illes Balears disponen, de conformidad con el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía, de la competencia exclusiva sobre la ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y vivienda, por lo cual en materia de ordenación territorial, la potestad legislativa corresponde al Parlamento de las Illes Balears, mientras que la potestad reglamentaria y la función ejecutiva corresponden al Gobierno de las Illes Balears, todo ello complementado por la jurisprudencia que el supremo intérprete de la Constitución ha dictado sobre el concepto de ordenación del territorio, la competencia de las comunidades autónomas y los planes de ordenación territorial, valga para todas, la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1998, de 2 de julio, fundamento jurídico tercero, en la que proclama:
«Es necesario determinar el alcance de la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio en relación con las competencias que al Estado reserva el art. 149.1 C.E. 3. Este Tribunal ha elaborado al respecto una consolidada doctrina jurisprudencial cuyo recordatorio resulta, por tanto, oportuno y conveniente. En una primera aproximación global al concepto de ordenación del territorio, ha destacado que el referido título competencial «tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial [SSTC 77/1984, fundamento jurídico 2; 149/1991, fundamento jurídico 1° B]. Concretamente, dejando al margen otros aspectos normativos y de gestión, su núcleo fundamental "está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador cuyo objeto consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio del mismo" [SSTC 36/1994, fundamento jurídico 3°; 28/1997, fundamento jurídico 5°]. Sin embargo, también ha advertido, desde la perspectiva competencial, que dentro del ámbito material de dicho título, de enorme amplitud, nose incluyen todas las actuaciones de los poderes públicos que tienen incidencia territorial y afectan a la política de ordenación del territorio, puesto que ello supondría atribuirle un alcance tan amplio que desconocería el contenido específico de otros títulos competenciales, no sólo del Estado, máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de las políticas sectoriales tienen una incidencia o dimensión espacial [SSTC36/1994, fundamento jurídico 3°; 61/1997, fundamento jurídico 16; 40/1998, fundamento jurídico 30]. Aunque hemos precisado igualmente que la ordenación del territorio es en nuestro sistema constitucional un título competencial específico que tampoco puede ser ignorado, reduciéndolo a simple capacidad de planificar, desde el punto de vista de su incidencia en el territorio, actuaciones por otros títulos; ordenación del territorio que ha de llevar a cabo el ente titular de tal competencia, sin que de ésta no se derive consecuencia alguna para la actuación de otros entes públicos sobre el mismo territorio [SSTC 149/ 1991, fundamento jurídico 1° B; 40/1998, fundamento jurídico 30]".
La elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial ha sido impulsada, desde su inicio, por el Gobierno de las Illes Balears, siguiendo el procedimiento fijado por la Ley de ordenación territorial. De acuerdo con su artículo 14, se redactó un primer texto, conocido como Avance de las Directrices, que tuvo una amplia difusión en el público en general. El texto del Avance fue sometido a información pública y remitido a todos los organismos afectados, así como también a la Comisión de Coordinación de Política Territorial, que emitió su informe el 19 de marzo de 1998.
Las peculiaridades de este texto condicionan, como no podría ser de otra manera, su contenido y su estructura formal. Por ello, las Directrices de Ordenación Territorial, atendiendo a lo que se establece en el artículo 11 de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears, parten de unos antecedentes y de un diagnóstico sobre los problemas existentes, y están formadas por un texto normativo que recoge el texto articulado, vinculante para los instrumentos de ordenación territorial y para el Plan Hidrológico de las Illes Balears, además de un bloque de disposiciones de aplicación inmediata y directa.
Es en el texto normativo donde se definen los rasgos básicos de las Directrices, así como aquellas disposiciones que, por su importancia y mayor efectividad, deben aplicarse de manera inmediata y directa. No es superfluo remarcar el carácter normativo y el rango de ley que nuestro ordenamiento jurídico otorga a las Directrices, lo cual supone la vinculación directa de todas las personas y colectivos, incluidas las administraciones públicas. Este carácter normativo es imprescindiblepara poder garantizar una ordenación homogénea de aquellos elementos que, por su naturaleza, tienen una vocación supramunicipal y, por tanto, han de ser tratados con una visión más general, por encima de intereses particulares o localistas.
Dos grandes ejes determinan el modelo territorial que se define a continuación. Por una parte, las áreas homogéneas de carácter supramunicipal, que coinciden con las islas de Mallorca, Menorca y las Pitiusas y que determinan los tres planes territoriales parciales que se prevén. Por otra, el sistema de infraestructuras y equipamientos que se ordena por los distintos planes directores sectoriales de forma general para todas las áreas homogéneas.
Buena parte de estas normas se encuentran en las disposiciones adicionales y transitorias, y establecen medidas de carácter jurídico, a fin de fijar un régimen transitorio de aplicación del texto articulado, hasta que los diferentes instrumentos de ordenación territorial se aprueben. Así, empieza a configurarse el régimen jurídico de las diferentescategorías de suelo rústico, específicamente por lo que se refiere al protegido, y se determinan, con carácter de mínimo, los usos y las actividades permitidos, condicionados o prohibidos, según la Matriz de Ordenación del Suelo Rústico del anexo I de esta ley. Por otra parte, se fijan unos límites provisionales respecto del crecimiento del suelo urbanizable, y se da la posibilidad a los ayuntamientos para que, en el ámbito de su competencia urbanística, puedan decidir los suelos a desarrollar sin poner en peligro el límite máximo de crecimiento que pretende el modelo territorial y que perfilará el plan territorial parcial.
Es evidente que las Directrices, a la hora de definir su modelo territorial no pueden olvidar la realidad económica, social, cultural y medioambiental del territorio y, por este motivo, se hace necesario establecer aquellas medidas destinadas a corregir los desequilibrios interterritoriales más evidentes, ya sea apoyando determinadas actuaciones promovidas por los poderes públicos, por su importancia a nivel supramunicipal, ya sea estableciendo medidas singulares para algunos municipios. Éste es el caso de Campos, donde el abandono forzado de las actividades agrarias más tradicionales y la ausencia de una actividad económica terciaria han conducido a este municipio hacia una situación de crisis económica y social, ante la cual los poderes públicos no pueden permanecer indiferentes. El principio de solidaridad interterritorial, recogido en el artículo 9 de nuestro Estatuto, justifica de forma clara la adopción de medidas singulares que, por la gravedad de la situación, no pueden esperar al desarrollo de los distintos instrumentos de ordenación. En cualquier caso, estas medidas no suponen otra cosa que la corrección de unos desequilibrios que, a largo plazo, podrían poner en peligro el propio modelo territorial definido en estas Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears.
TÍTULO PRELIMINAR Conceptos generales Artículos 1 a 12
CAPÍTULO I Objeto, ámbito, vigencia y vinculación Artículos 1 a 5
Las Directrices de Ordenación Territorial tienen una vigencia indefinida, si bien serán susceptibles de revisión o de modificación, siguiendo el mismo procedimiento que para su aprobación, cuando se den las siguientes circunstancias.
Causas de revisión: a los 10 años de vigencia de la Directrices de Ordenación Territorial, el Gobierno de las Illes Balears analizará la oportunidad de proceder a su revisión, que se llevará a cabo en cualquier momento, anterior o posterior, si se produce alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando otras circunstancias acaecidas de análoga naturaleza o importancia semejante lo justifiquen, porque afecten a criterios determinantes del modelo territorial de las Directrices de Ordenación Territorial y así lo acuerde el Consejo de Gobierno de las Illes Balears.
Causas de modificación: se entenderán por modificación de las Directrices de Ordenación Territorial, toda alteración o adición de sus determinaciones o criterios que no constituya causa de revisión conforme con lo que se dispone en el punto anterior y, en general, las que se puedan aprobar, en su caso, sin volver a considerar la globalidad de las Directrices de Ordenación Territorial, por no afectar más que de manera puntual y aislada al modelo territorial de las Illes Balears.
Las Directrices de Ordenación Territorial establecen las disposiciones de inmediata y directa aplicación siguientes:
Los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39; todo el capítulo 1 del título II; los artículos 63 y 64.1; el título III completo; las veintitrés disposiciones adicionales, las dieciseis disposiciones transitorias, la disposición derogatoria, las dos disposiciones finales y el anexo I, correspondiente a la Matriz de Ordenación del Suelo Rústico y la definición de los usos y actividades que en ella se regulan.
Los instrumentos de planeamiento general vigentes a la entrada en vigor de esta ley, deberán adaptarse a lo establecido en la misma en el plazo máximo de dos años, a contar desde su publicación, sin perjuicio de la aplicación inmediata y directa de las determinaciones legales que tienen este carácter. En cualquier caso, la adaptación deberá tramitarse con la primera modificación o revisión del instrumento de planeamiento general que se redacte.
La aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y del Plan Hidrológico de las Illes Balears obligarán a la adaptación de los instrumentos de planeamiento general por parte de las administraciones competentes, en los plazos previstos en los planes territoriales parciales, planes directores sectoriales, planes de ordenación del medio natural y en el Plan Hidrológico de las Illes Balears.
Las zonas declaradas de interés para la defensa nacional, situadas en las Illes Balears, se regirán por lo que dispone la presente ley, sin perjuicio de las determinaciones de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y de la disposición adicional primera de la Ley 8/ 1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
CAPÍTULO II Elementos básicos Artículos 6 a 12
La isla de Mallorca, considerando las diferencias entre la Sierra de Tramuntana, la bahía de Palma y la costa de Ponent, el Pla de Mallorca, las bahías de Alcúdia y Pollera, el Migjorn-Llevant de Mallorca y el Raiguer.
La isla de Menorca, considerando la bipolaridad existente entre los municipios de Maó y Ciutadella de Menorca.
Las islas de Eivissa y de Formentera, considerando el ámbito de los Amunts, con sus características propias.
El suelo rústico protegido es el comprendido en las áreas sustraídas al desarrollo urbano, para el cual, por sus valores excepcionales, la preservación de la fauna, la flora y el mantenimiento de la biodiversidad, se establece un régimen especial de protección distinto del general. Dichas áreas están constituidas por las cinco categorías siguientes:
Asimismo, tendrán la consideración de suelo rústico protegido las áreas que los instrumentos de planeamiento general consideren necesario preservar justificadamente de acuerdo con los anteriores criterios.
Las áreas de desarrollo urbano son los suelos aptos para los asentamientos urbanos, de cualquier tipo de uso, reconocidos por los instrumentos de planeamiento general con las dimensiones y las características básicas que éstos les otorgan, sin perjuicio de lo que indiquen los planes territoriales parciales.
Tendrán también esta condición los asentamientos que cumplan los requisitos que la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y la legislación urbanística de las Illes Balears exigen para la clasificación de los terrenos como suelo urbano.
TÍTULO I Las áreas homogéneas de carácter supramunicipal Artículos 13 a 55
CAPÍTULO I Los planes territoriales parciales Artículos 13 y 14
Los instrumentos para la ordenación de las áreas homogéneas de carácter supramunicipal son los planes territoriales parciales previstos en la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears.
La aprobación de los planes territoriales parciales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes con la finalidad de expropiación o de imposición de servidumbres.
CAPÍTULO II Determinaciones para todas las áreas homogéneas de carácter supramunicipal Artículos 15 a 18
Para el desarrollo social y cultural, los planes territoriales parciales deben tomar en consideración los objetivos en relación con:
El empleo y la formación laboral.
El fomento de nuevas actividades.
El equipamiento educativo, asistencial, administrativo, cultural y deportivo.
El patrimonio histórico para el que, en todo caso, deberán establecer medidas para completar los catálogos de patrimonio histórico y favorecer su restauración, investigación y rehabilitación o posibilidad de uso.
Para el desarrollo económico, los planes territoriales parciales indicarán los objetivos considerados en cuanto a:
El mantenimiento de la población y de la actividad productiva en el medio rural, de la mejora y diversificación de sus rentas y condiciones de vida y de la formación y asistencia técnica continuadas.
La formación técnica y especializada, y la calificación profesional.
La innovación empresarial para los sectores tradicionales.
La creación de empresas de nuevas tecnologías.
Las nuevas actividades relacionadas con la recuperación y los nuevos usos del patrimonio histórico, la gestión del medio ambiente, los espacios naturales, los residuos y la energía.
La ubicación y las características de las grandes infraestructuras.
Para el desarrollo medioambiental, los planes territoriales parciales señalarán objetivos de:
Preservación, gestión y conocimiento de la vulnerabilidad referidos a recursos, especies y sistemas naturales.
Incorporación de la Agenda Local 21 en las administraciones públicas territoriales y de sistemas de gestión de calidad ambiental en las empresas.
Integración paisajística y ambiental, tanto en lo referido al ámbito urbano como a suelo rústico.
CAPÍTULO III Determinaciones para todas las áreas sustraídas al desarrollo urbano Artículos 19 a 25
En las Illes Balears las áreas de suelo rústico protegido son las siguientes:
Las áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP), definidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, así como también los espacios naturales protegidos, declarados según la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Las áreas naturales de especial interés (ANEI), definidas por la Ley 1/ 1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, que no se incluyen en la categoría anterior.
Las áreas rurales de interés paisajístico (ARIP), definidas por la Ley 1/ 1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears.
Las áreas de prevención de riesgos (APR), que son las que presentan un manifiesto riesgo de inundación, de incendio, de erosión o de desprendimiento, independientemente de su inclusión en las categorías anteriores.
Las áreas de protección territorial (APT), que son, independientemente de su inclusión en las categorías anteriores, las siguientes: e.1) La franja de 500 metros para las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y la de 100 metros para la de Formentera, medidas desde el límite interior de la ribera del mar. e.2) La franja comprendida entre dos líneas longitudinales paralelas a las aristas de explanación de las carreteras y una distancia de éstas de 25 metros en las carreteras de cuatro o más carriles, de 18 metros en las carreteras de dos carriles de las redes primaria y secundaria y de 8 metros en las carreteras de dos carriles de las redes local o rural, según lo que dispone la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de las Illes Balears, excepto cuando se trate de travesías.
En ningún caso tendrán la consideración de áreas de protección territorial (APT) las siguientes:
Las zonas portuarias de titularidad estatal o autonómica y la proyección ortogonal posterior desde la zona de servicios del puerto hacia el interior.
El suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización, existente a la entrada en vigor de esta ley, y sus proyecciones ortogonales posteriores hacia el interior.
Lo que se dispone en el punto anterior regirá aún cuando, por motivo de cambio de alineación de la línea poligonal que define la ribera del mar, se produzca una superposición del área de protección territorial en la zona de excepción.
Las áreas de interés agrario (AIA), que serán delimitadas por los correspondientes planes territoriales parciales.
Las áreas de transición (AT), que comprenderán una franja a definir por los planes territoriales parciales entre un mínimo de 100 metros y un máximo de 500 metros a partir del suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización, en aplicación de esta ley.
Las áreas de suelo rústico de régimen general (SRG), integradas por el resto del suelo rústico común.
Para las áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP), promover la conservación, la investigación y la mejora de los recursos naturales.
Para las áreas naturales de especial interés (ANEI), promover las actividades tradicionales y aquellas otras que generen los recursos necesarios para la conservación y que sean compatibles con las del punto anterior.
Para las áreas rurales de interés paisajístico (ARIP), promover la conservación y la mejora de los recursos paisajísticos.
Para las áreas de prevención de riesgos (APR) de desprendimientos, de erosión, de incendios o de inundaciones, establecer las condiciones y limitaciones de desarrollo de los usos y de las actividades en función del nivel de riesgo; determinar las acciones de protección y de previsiones de las infraestructuras, siguiendo los criterios de la administración pública competente, así como promover las acciones que eviten estos riesgos.
A los efectos de la delimitación prevista en el artículo 25 de esta ley, las áreas de prevención de riesgos de incendios serán las definidas por la administración competente, en base a su vulnerabilidad.
Para las áreas de protección territorial (APT), proteger las áreas próximas a la costa y a las infraestructuras ejerciendo la función de corredor biológico para la conexión de las áreas protegidas.
Para las áreas de interés agrario (AIA), definir medidas que protejan el potencial productivo del suelo, la permanencia del arbolado, los incentivos para las actividades agrarias y la mejora de las rentas rurales.
Para las áreas de transición (AT), destinarlas a las previsiones del futuro crecimiento urbano y a la armonización de las diferentes clases de suelo.
Los planes territoriales parciales podrán ordenar las áreas de especial protección atendiendo los criterios de los artículos 53, 54 y 55 de esta ley, o disponer que sean ordenadas mediante un plan de ordenación del medio natural o, excepcionalmente, un plan especial.
Los planes territoriales parciales preverán la redacción, por la iniciativa privada, de proyectos de modernización de explotaciones rústicas, al amparo de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, que para el desarrollo y la mejora de una o diversas explotaciones agrarias, ordenen sus usos y actividades, como último escalón en la aplicación al suelo rústico de la normativa en vigor.
Los planes territoriales parciales definirán unos recorridos paisajísticos y culturales que conecten las áreas recreativas, los centros de interpretación, los parques y demás elementos de interés etnológico, paisajístico,cultural o natural de titularidad pública.
Asimismo, podrán incorporarse voluntariamente recorridos paisajísticos y culturales o áreas recreativas de titularidad privada.
Dado el interés estratégico del mundo rural y agrario, se declara de interés preferente su conservación.
La gestión de las actividades de investigación, de educación ambiental, de ocio, de usos recreativos y de tiempo libre que deban realizarse en suelo rústico de titularidad privada corresponderá a su titular, sin perjuicio de que se puedan otorgar instrumentos de colaboración con las administraciones públicas competentes.
CAPÍTULO IV Determinaciones para todas las áreas de desarrollo urbano Artículos 26 a 31
Sin perjuicio de las competencias municipales, los planes territoriales parciales fomentarán la reutilización y el esponjamiento de las zonas degradadas de los núcleos urbanos, mediante la creación de áreas de reconversión territorial (ART), señalando los ámbitos de aplicación de los planes y programas de actuación, y el orden de prioridad de los que hayan de ser financiados por el Gobierno de las Illes Balears o por los consejos insulares.
Específicamente, los planes territoriales parciales podrán caracterizar áreas de reconversión territorial (ART) para centros históricos degradados, zonas turísticas donde puedan aplicarse operaciones de las previstas en el Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística, otras zonas que por la tipología y la calidad constructivade sus edificios e infraestructuras hagan necesaria una rehabilitación y la eliminación de aquellos elementos singulares que supongan un deterioro de la calidad ambiental o paisajística de una zona.
CAPÍTULO V Determinaciones que regulan los crecimientos de las áreas de desarrollo urbano Artículos 32 a 34
Los nuevos suelos urbanizables o aptos para la urbanización destinados a uso residencial, turístico o mixto deberán desarrollarse de forma integrada o contigua a los núcleos existentes que no sean de uso industrial o de servicios.
Para que los nuevos suelos urbanizables o aptos para la urbanización estén integrados o sean contiguos a los núcleos existentes, a los efectos del punto anterior, deberán cumplir las tres condiciones siguientes:
Deberá haber contacto entre el área de transición del suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización y el nuevo polígono o sector.
Deberá haber interconexión de los sistemas viarios.
No todos los espacios intermedios pueden estar clasificados como suelo rústico.
Los planes territoriales parciales limitarán el incremento del suelo clasificado como urbanizable o apto para la urbanización, destinado a uso residencial, turístico o mixto, y no computaran las superficies destinadas a grandes equipamientos que formen parte del nuevo polígono o sector, por cada municipio según los porcentajes máximos por isla que se indican a continuación, los cuales tendrán un horizonte temporal de 10 años:
Isla de Mallorca: 10%
Isla de Menorca: 12%
Islas de Eivissa y de Formentera: 10%
Para obtener la población máxima de crecimiento se utilizará una densidad media de 100 habitantespor hectárea.
A los efectos de calcular el porcentaje máximo de crecimiento se considerará el suelo urbano y el suelo urbanizable o apto para la urbanización con plan parcial aprobado definitivamente a la entrada en vigor de estas directrices, exceptuando aquél que quede reclasificado como suelo rústico por disposición de esta ley.
Necesidades de dinamización económica de un municipio inmerso en un proceso de disminución del empleo y de las actividades económicas tradicionales en su ámbito.
Disponibilidad de solares no edificados en el suelo urbano en cada municipio.
Las superficies de suelo destinadas a planes de reconversión territorial, incluidas las áreas turísticas.
Necesidades de suelo para el desarrollo demográfico.
Variaciones de la composición media familiar y de las superficies de las viviendas.
Fomento del equilibrio interterritorial referido a actividades económicas y de empleo.
CAPÍTULO VI Cambio de clasificación de suelos urbanizables o aptos para la urbanización a suelos rústicos Artículos 35 y 36
A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, las acciones de cambio de clasificación que deban efectuarse se realizarán mediante los instrumentos de planeamiento general, los cuales analizarán, para cada núcleo, los datos referentes al techo de población ordenado, a la capacidad de habitación construida y al porcentaje de viviendas desocupadas en estos núcleos.
Estos instrumentos considerarán los casos en que no haya patrimonialización de los derechos urbanísticos y aquéllos potencialmente más conflictivos en relación con el modelo territorial de esta ley.
En cualquier caso, las acciones de cambio de clasificación incorporarán siempre los resultados de los procesos de conciliación llevados a cabo.
CAPÍTULO VII Áreas de reconversión territorial (ART) Artículos 37 a 40
A los efectos establecidos en el artículo anterior, se podrán redactar y aprobar los siguientes instrumentos de reconversión territorial:
El Plan de Reconversión Territorial (PRT).
El Proyecto de Mejora Territorial (PMT).
El Plan de Reconversión Territorial tiene por objeto la realización en áreas de desarrollo urbano, de operaciones de esponjamientos, de implantación o mejora de los equipamientos, de infraestructura y de dotaciones de servicios.
El Proyecto de Mejora Territorial tiene por objeto la mejora del paisaje urbano o rural.
CAPÍTULO VIII Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Mallorca Artículos 41 a 43
El equilibrio interterritorial.
La coordinación supramunicipal entre los ayuntamientos, especialmente en lo que se refiere a los de labahía de Palma.
La promoción del patrimonio natural y de las actividades agrarias.
La reconversión territorial y la estructuración de los procesos de desarrollo urbano.
La incorporación y la previsión de la estructura territorial de la isla de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial y con el Plan Hidrológico de las Illes Balears, considerando los ejes Palma-Alcúdia y Palma-Manacor estructurados por las carreteras, el ferrocarril y las autopistas y su integración en el paisaje.
CAPÍTULO IX Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Menorca Artículos 44 a 47
La coordinación supramunicipal entre los ayuntamientos.
La incorporación y la previsión de la estructura territorial de la isla de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial y con el Plan Hidrológico de las Illes Balears, considerando el eje Maó-Ciutadella de Menorca.
El Plan Territorial Parcial de Menorca estudiará la ubicación del abastecimiento energético con barco en coherencia con el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears y, en el caso de que hubiera desituarse fuera del Puerto de Maó, establecerá su ubicación, así como el dimensionamiento de la delimitación de las zonas de servicios aeronáuticos, especialmente para que la pista de rodadura del aeropuerto de Menorca quede habilitada como pista de vuelo.
CAPÍTULO X Criterios particulares para la redacción del Plan Territorial Parcial de Eivissa y Formentera Artículos 48 a 52
La incorporación y la previsión de la estructura territorial de ambas islas de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial y el Plan Hidrológico de las Illes Balears.
El Plan Territorial Parcial de Eivissa y Formentera llevará a cabo la ordenación de las acciones de mejora de infraestructuras y de dotación de los equipamientos de Formentera, atendiendo a su doble insularidad.
CAPÍTULO XI Los planes de ordenación del medio natural Artículos 53 a 55
Las áreas de especial protección de interés para las Illes Balears, cuando no estén ordenadas por un plan territorial parcial, se ordenarán mediante planes de ordenación del medio natural y, excepcionalmente, mediante planes especiales.
Los planes territoriales parciales podrán establecer la formulación de un plan de ordenación del medio natural para más de un área.
Los planes de ordenación del medio natural delimitarán las cinco categorías de ordenación del suelo rústico protegido definidas en el artículo 19 de esta ley.
La redacción y la aprobación, mediante decreto, de los planes de ordenación del medio natural corresponde al Gobierno de las Illes Balears, que los tramitará de acuerdo con el artículo 29.1 de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears, con informe previo, de acuerdo con sus respectivas competencias, de los consejos insulares, de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears, de las mancomunidades y de los ayuntamientos afectados. En todo caso, en la elaboración del instrumento se cumplirá lo que dispone el artículo 80.1 de esta ley.
Los planes de ordenación del medio natural, además de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears, tendrán en cuenta la importancia de los factores ambientales bióticos y abióticos, además de los valores paisajísticos, socioculturales e historicoartísticos, atendiendo a la necesidad y posibilidad de desarrollo económico. Por ello, considerarán los siguientes aspectos:
La protección de las especies, de las comunidades y, en general, de los elementos que contribuyen a la riqueza de la biodiversidad.
La ordenación y protección del patrimonio histórico, etnológico y natural, diferenciando aquellos elementos que deben ponerse al alcance del público como oferta unitaria de los que deben ser preservados por ser objeto de investigación.
La consideración de su conexión con otras áreas protegidas a través de los corredores biológicos constituidos por las franjas de las áreas de protección territorial (APT) y las áreas de prevención de riesgos (APR).
La reducción de las limitaciones que las vallas diferentes de las tradicionales y el trazado de las infraestructuras suponen en el desplazamiento de la fauna.
La incorporación de los dispositivos adecuados para evitar la electrocución de las aves en los tendidos eléctricos aéreos.
Favorecer la investigación científica, con el desarrollo de programas e iniciativas públicas y privadas para conocer sus valores y sus necesidades de conservación.
Fomentar los usos recreativos y de ocio, como el establecimiento de áreas recreativas en zonas de fácil acceso o de centros de interpretación de la naturaleza, que podrán ser de iniciativa y gestión tanto públicas como privadas, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 23 de esta ley, considerando la capacidad de carga del espacio. Asimismo se permitirá su conexión con otras iniciativas territoriales, como los centros de interpretación o los parques etnográficos.
TÍTULO II El sistema de infraestructuras y equipamientos Artículos 56 a 78
CAPÍTULO I La ordenación de las infraestructuras y de los equipamientos Artículos 56 a 59
Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales.
Plan Director Sectorial de Canteras.
Plan Director Sectorial de Carreteras.
Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos de Mallorca.
Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos de Menorca.
Plan Director Sectorial de Residuos Sólidos de Eivissa.
Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca.
Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de Eivissa y Formentera.
Artículo 57 apartado 1 suprimido por Disposición Adicional 2.1 de la Ley 10/2005, de 21 junio, de Puertos de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 2 de Julio de 2005.
Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears.
Los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos no peligrosos y peligrosos.
Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Illes Balears.
Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears.
Artículo 58 apartado 5 añadido por Disposición Adicional 12.1 de la Ley 6/2007, de 27 diciembre, de Medidas de las Illes Balears de 2008, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2007.
Artículo 58 apartado 1, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
Artículo 58 apartado 2, modificado por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Para la redacción de planes directores sectoriales no previstos en los artículos anteriores, se seguiránlos criterios y las determinaciones que dispone con carácter general esta ley y la Ley de ordenación territorial de las Illas Balears.
CAPÍTULO II El Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears Artículos 60 a 66
Capítulo II, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 60 Concepto y ámbito de aplicación
El Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears (PDSMIB) constituye el marco orientador para la ordenación de la movilidad y de los servicios y las infraestructuras del transporte, de acuerdo con los principios y los objetivos de movilidad establecidos en la Ley de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears y demás normativa sectorial vigente.
El ámbito de aplicación del Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears es la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 60, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 61 Vinculación y elaboración
El Plan director sectorial de movilidad deberá ser respetado por los restantes instrumentos de planificación, evaluación y mejora de la movilidad, siendo vinculante para los consejos insulares, las entidades locales, los organismos públicos y demás organismos dependientes del Gobierno de las Illes Balears o de otras administraciones públicas.
La elaboración del Plan director sectorial de movilidad se basará en encuestas de movilidad que permitirán caracterizar las pautas de movilidad de la población residente y turística de las Illes Balears, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 61, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 62 Contenido
El Plan director sectorial de movilidad deberá ajustarse a los principios establecidos en esta ley, en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y en el resto de normativa que resulte de aplicación, e incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos relativos a su ámbito de aplicación:
El diagnóstico de la situación actual de la movilidad, con especial atención a sus pautas temporales y espaciales, su reparto modal y la relación entre la movilidad terrestre y el resto de medios marítimos y aéreos.
La proyección previsible de las variables de movilidad y su concreción en escenarios futuros de referencia para la movilidad.
Los objetivos generales en materia de movilidad sostenible, con indicación expresa de su horizonte temporal.
Las orientaciones y los criterios de intervención que deben guiar la actuación de las administraciones públicas para eliminar las disfunciones detectadas en relación a la movilidad sostenible.
Las medidas generales a adoptar para la consecución de los objetivos establecidos en materia de movilidad sostenible y, en todo caso, para conseguir mejorar las conexiones interinsulares, especialmente en el caso de Formentera, coordinar e integrar los distintos medios de transporte, específicamente la conectividad del puerto de Ibiza con el aeropuerto y los centros sanitarios, optimizar la oferta de transporte público terrestre y promover los desplazamientos no motorizados.
Las directrices sobre el desarrollo, en su caso, de nuevas infraestructuras tanto de la red viaria como ferroviaria, o de su modificación, con el objeto de satisfacer la demanda potencial.
La determinación de aquellos municipios que deberán ser objeto de un plan de movilidad urbana sostenible.
Los indicadores de evaluación y control para hacer el seguimiento de la evolución de la movilidad.
Corresponderá al Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de movilidad, la iniciativa para la elaboración del Plan director sectorial de movilidad, así como, en su caso, para su revisión. Durante el procedimiento de elaboración se garantizará la coordinación con los departamentos del Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos cuyas competencias puedan quedar afectadas.
Corresponderá al Gobierno de las Illes Balears, previo informe del Consejo Balear de Transportes Terrestres, la aprobación del Plan director sectorial de movilidad. Hasta que este plan no se haya aprobado definitivamente podrán elaborarse los instrumentos de planificación, evaluación y mejora de la movilidad previstos en esta ley, de acuerdo con los principios inspiradores y los criterios señalados en la misma.
Artículo 62, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 63 Revisión
El Plan director sectorial de movilidad de las Illes Balears se revisará, en los términos que reglamentariamente se establezca, como mínimo cada ocho años. Con carácter bienal, o con una periodicidad inferior si así lo estableciera el Plan, se realizará un seguimiento de la consecución de sus objetivos y se revisarán sus determinaciones.
Artículo 63, modificado por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
(Dejado sin contenido)
Artículo 64, apartado 1, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 46/2007, de 1 de marzo de 2007. Recurso de inconstitucionalidad 3165-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto a los artículos 64.1 y 79.2 y la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley balear 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias. Competencias sobre aeropuertos, ordenación del territorio y dominio público marítimo-terrestre: prohibición legal de nuevas infraestructuras aeronáuticas; informe vinculante a planes estatales con incidencia territorial; determinación de la ribera del mar. Nulidad de preceptos autonómicos, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 27 de Marzo de 2007.
Artículo 64, dejado sin contenido por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
Artículo citado en: 2 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa
Artículo 65 modificado por Disposición Adicional 2.2 de la Ley 10/2005, de 21 junio, de Puertos de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 2 de Julio de 2005.
Artículo 65, dejado sin contenido por la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 28 de Junio de 2014.
Se priorizará la ampliación y la mejora de las infraestructuras existentes para los diferentes usos portuarios en lugar de la construcción de nuevos puertos.
El desarrollo de infraestructuras portuarias y las actuaciones que se desarrollen sobre las existentes deberán incorporar las medidas correctoras necesarias para evitar efectos negativos sobre la dinámica litoral.
La integración ambiental y funcional de las zonas portuarias con los núcleos urbanos.
CAPÍTULO III Los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos Artículos 67 a 69
Capítulo III, rúbrica modificada por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
La ordenación, prevención y gestión de los residuos se tiene que establecer mediante los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos no peligrosos, de ámbito insular, y el plan director sectorial de prevención y gestión de residuos peligrosos, de ámbito autonómico.
Artículo 67, modificado por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Para la redacción de los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos se deberán tener en cuenta los principios y criterios establecidos en la Ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Artículo 68, modificado por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
Artículo 69, derogado por la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
CAPÍTULO IV El Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears Artículos 70 a 72
Fomentar la eficiencia y el ahorro en el consumo, especialmente en lo que se refiere al alumbrado público sin disminuir la calidad del servicio, procurando la minimización de los impactos ambientales ocasionados por el suministro, la generación, el transporte y la distribución de la energía.
Potenciar la utilización de las fuentes energéticas renovables y de las autónomas y promover la diversificación energética según la viabilidad de las distintas soluciones, realizando un estudio previo de los emplazamientos de los puntos de suministro y, en su caso, de las instalaciones de almacenamiento y tratamiento y de las principales redes de distribución.
CAPÍTULO V El Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Illes Balears Artículos 73 y 74
Definición de las diferentes infraestructuras necesarias para las telecomunicaciones de acuerdo con un análisis de situación y un diagnóstico de necesidades.
Este diagnóstico debe prever la comunicación interior, la interinsular y con el exterior, considerando, especialmente, el enlace de los principales núcleos urbanos, centros públicos y privados, el Parc Bit y las instalaciones universitarias, y los principales centros de servicios como los puertos, aeropuertos y hospitales.
Establecer los criterios de ubicación e integración paisajística de las infraestructuras de telecomunicación, tanto las existentes como las de nueva creación. Los tendidos de distribución telefónica serán subterráneos en el suelo rústico. El Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones de las Illes Balears establecerá las condiciones del enterramiento de las redes telefónicas existentes en el suelo rústico.
Prever la reconversión territorial necesaria para la eliminación de las instalaciones obsoletas, la aplicación de la Ley 6/1993, de 28 de septiembre, sobre adecuación de las redes de instalaciones a las condiciones históricoambientales de los núcleos de población, y del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, que establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes en las edificaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Promover el desarrollo de servicios avanzados de telecomunicaciones, teletrabajo y teleestudio para la sanidad, las administraciones públicas, la formación y las actividades económicas, incluidos los criterios para la ubicación de centros públicos para estos servicios, distinguiendo las redes que implican el uso del dominio público del resto.
Prever la formación necesaria de los usuarios de estos servicios y hacer atractiva la implantación de los servicios avanzados de telecomunicaciones en las Illes Balears.
Favorecer la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación a todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y medioambientales.
CAPÍTULO V BIS El Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears Artículo 74.bis
Capítulo V BIS de Título II añadido por Disposición Adicional 12.2 de la Ley 6/2007, de 27 diciembre, de Medidas de las Illes Balears de 2008, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2007.
Para la ordenación de las instalaciones de saneamientos y depuraciones de aguas residuales de las Illes Balears se redactará un plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears, cuya elaboración y aprobación corresponden al Gobierno de las Illes Balears.
Para la redacción del Plan director sectorial de saneamiento de las Illes Balears se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
La realización de un diagnóstico de la situación actual y de las necesidades.
La recogida de la totalidad de instalaciones públicas existentes que conforma los sistemas de saneamiento y depuración en alta.
El establecimiento de las nuevas infraestructuras necesarias en materia de saneamiento y depuración en alta.
La previsión de ampliación, remodelación y/o mejora de las infraestructuras existentes para optimizar y adaptar su funcionamiento a las condiciones reales.
La previsión de la adaptación de las instalaciones existentes y las de nueva creación a la normativa vigente, y muy especialmente a las Directrices Marco del Agua, de aguas residuales y de aguas de baño, al Plan Hidrológico de las Illes Balears, a la legislación autonómica de zonas sensibles, y, en su caso, a la normativa básica estatal que determine las condiciones básicas para la reutilización de las aguas depuradas.
El fomento de las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) como instrumento previo para conseguir los objetivos fijados y definir nuevas perspectivas.
El fomento de las medidas de eficiencia y ahorro energético y la utilización de fondos energéticos renovables.
El establecimiento de medidas correctoras a fin de minimizar los impactos medioambientales de las instalaciones, la contaminación lumínica, la contaminación del suelo y, en su caso, la contaminación por ruido.
El impulso de la realización de los estudios de viabilidad técnica y económica necesarios para fomentar los proyectos de reutilización de aguas regeneradas.
Artículo 74 BIS añadido por Disposición Adicional 12.2 de la Ley 6/2007, de 27 diciembre, de Medidas de las Illes Balears de 2008, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2007.
CAPÍTULO VI El Plan Hidrológico de las Illes Balears Artículos 75 y 76
Se establecerán las medidas necesarias para reducir al máximo las pérdidas en la red de distribución.
Se programarán las actuaciones dirigidas a la distribución de las aguas depuradas destinadas preferentemente a los regadíos en acuíferos sobreexplotados o salinizados.
Las nuevas concesiones deberán justificar su necesidad atendiendo a los criterios que el mismo plan establezca, sin perjuicio de que, en el caso de nuevos regadíos, siempre sea prioritaria la utilización de las aguas depuradas.
Para las concesiones existentes, se pondrá límite al caudal máximo y al volumen anual, y se exigirá la instalación de contadores volumétricos.
El Plan Hidrológico de las Illes Balears establecerá las medidas para evitar la explotación de los acuíferos por encima de su capacidad de recarga y fijará los límites de aprovechamiento para cada una de las unidades hidrogeológicas.
Con carácter general, el Plan Hidrológico de las Illes Balears considerará las siguientes prioridades de uso:
El abastecimiento a la población residente y estacional, incluyendo las industrias de bajo consumo conectadas a la red municipal.
Los usos agropecuarios, excluidos los regadíos, exceptuando fincas con casas habitadas en las cuales se podrán atender regadíos hasta 0,2 hectáreas.
Los regadíos y usos agrarios.
Los usos industriales no incluidos en el apartado a).
Los usos recreativos incluyendo el riego de campos de golf.
La recarga artificial de acuíferos.
Otros aprovechamientos.
Entre las demandas de agua debe incluirse la demanda natural de los ecosistemas ligados al agua para su mantenimiento. Estas demandas serán establecidas según los criterios y las previsiones del Plan Hidrológico de las Illes Balears.
El Plan Hidrológico de las Illes Balears asegurará el suministro de agua a todos los municipios de las Illes mediante una red en alta cuando sea necesaria.
El Plan Hidrológico de las Illes Balears establecerá las medidas para la aplicación de las nuevas tecnologías en la red de distribución, así como contadores individuales y otras destinadas a la reducción del consumo.
El Plan Hidrológico de las Illes Balears señalará los criterios de buenas prácticas de uso y mantenimiento de las instalaciones destinadas a la población.
CAPÍTULO VII Ordenación de los equipamientos Artículos 77 y 78
Escala de comunidad autónoma, que se aplicará a los equipamientos que prestan servicio al conjunto de las Illes, con localización preferente en Palma.
Escala supramunicipal, que corresponde a los equipamientos de estos ámbitos, cuya localización corresponde a los planes territoriales parciales, según los criterios establecidos en el artículo siguiente.
Satisfacer las necesidades de la población considerando la residente más la estacional.
Procurar la igualdad de la accesibilidad de la población a los equipamientos y fomentar la aplicación de lo que dispone la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas en el ámbito de las Illes Balears.
Asignar los equipamientos insulares y supramunicipales, atendiendo a las singularidades de cada isla por lo que se refiere a sus interconexiones, especialmente en el caso de Formentera.
Procurar el establecimiento de equipamientos que deban ubicarse en suelo rústico mediante la reutilización de edificios, siempre que sea posible.
TÍTULO III La gestión territorial Artículos 79 a 87
CAPÍTULO I Principios generales de la gestión territorial Artículos 79 a 83
Esta ley vincula la actuación de todas las administraciones públicas en el territorio de las Illes Balears, sin perjuicio de las competencias de cada una de ellas.
El Gobierno de las Illes Balears deberá emitir informe, previamente a la aprobación de un plan de la Administración General del Estado o de sus entidades autónomas, siempre que éste tenga incidencia en el territorio de las Illes Balears, sobre la conformidad del plan con estas directrices.
Artículo 79, apartado 2, carácter vinculante del informe previsto, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 114/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 630-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 10 de la Ley de las Cortes Valencianas 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por la Ley de las Cortes Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los arts. 7 y 10 de la Ley 13/2004. Competencias sobre medio ambiente y caza: nulidad del precepto legal autonómico que, contraviniendo la normativa básica y el Derecho de la Unión Europea, incluye un método no selectivo de caza, el parany, entre las modalidades tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Junio de 2013.
Artículo citado en: 3 sentencias, una disposición normativa, una resolución administrativa
En las Illes Balears la gestión territorial se regirá por los principios de coordinación, de programación y de colaboración entre las administraciones públicas competentes.
El Gobierno de las Illes Balears desarrollará, en coordinación con los consejos insulares y los ayuntamientos, un sistema de información territorial.
El Gobierno de las Illes Balears presentará al Parlamento de las Illes
Balears una memoria relativa a la aplicación de estas directrices, dentro del tercer año desde su promulgación y, a partir de esta primera memoria, lo hará cada cuatro años. Juntamente con la memoria se propondrán las medidas necesarias para corregir las disfunciones que se hayan detectado.
Los ayuntamientos y los consejos insulares deberán facilitar los datos, cumplimentando los cuestionarios que les remita el Gobierno sobre licencias de edificación y uso del suelo otorgadas, superficie construida y de nuevo suelo, número de habitantes potenciales, plazas de alojamientos, y aquéllos que puedan determinar los instrumentos de ordenación territorial, con la finalidad de elaborar la memoria citada en el punto anterior.
CAPÍTULO II Redacción del planeamiento de desarrollo de las Directrices Artículos 84 a 86
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los planes territoriales Insulares deberán ser aprobados en los siguientes plazos:
El de Menorca en cuatro años.
El de Mallorca en seis años.
El de Eivissa y Formentera en seis años.
La prioridad de los planes de ordenación del medio natural será la establecida por los correspondientes planes territoriales parciales.
Artículo 84 apartado 1 modificado por Artículo 1.1 de la Ley 8/2003, de 25 noviembre, publicada en el BO Islas Baleares del 4 de Diciembre de 2003.
CAPÍTULO III Adaptación del planeamiento territorial a las Directrices de Ordenación Territorial Artículo 87
El planeamiento territorial se modificará según lo que dispone esta ley, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
Los planes territoriales parciales y los planes directores sectoriales tienen el mismo rango jurídico y vinculan a los aprobados con anterioridad.
Cuando la aprobación de un plan suponga la modificación de un plan anterior, debe determinar de forma expresa los aspectos concretos que se modifican.
Un plan de ordenación del medio natural sólo podrá ser modificado por otro plan del mismo tipo, excepto cuando otro instrumento de ordenación territorial suponga un aumento en las medidas de protección establecidas.
Para la modificación de un plan, el plazo de información pública y emisión de informes será de un mes.
En cualquier caso, las tramitaciones a que se refiere el punto anterior se regirán de forma supletoria por la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears.
Disposición Adicional Tercera derogada por Artículo 1 de la Ley 9/1999, de 6 octubre, de Ordenación del Territorio de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 12 de Octubre de 1999.
El Gobierno de las Illes Balears aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollodel sistema de información territorial previsto en el artículo 80.2 de esta ley.
La aplicación, antes de un año, de la Agenda Local 21 en los municipios y núcleos de las Illes Balears, de acuerdo con el Programa 21 de la Conferencia de Río (1992).
Las actuaciones de educación ambiental destinadas a sensibilizar la población en cuanto a las necesidades de protección del medio ambiente, a la conservación de la naturaleza, al uso responsable de los recursos naturales, a los tratamientos adecuados de los residuos, de la energía, de las aguas y, en general, a la promoción de las prácticas respetuosas con el medio ambiente.
La creación de incentivos para la conservación y mejora de los recursos naturales y de medidas para la generación de rentas en compensación de aquellas fincas que, por sus excepcionales valores ecológicos y paisajísticos, están afectadas por las áreas de especial protección de interés para las Illes Balears.
Dispondrá, en cumplimiento y sintonía con las modificaciones estatales del procedimiento administrativo común en relación con la obligación de resolver, los plazos máximos de obtención de una resolución y tratamiento del silencio administrativo, la actuación pertinente para su regulación en las Illes Balears en un período que no excederá de seis meses.
El fomento de las actividades complementarias, de acuerdo con la Ley 19/ 1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, y con la política agraria común (PAC), con la finalidad de conseguir mejoras para las rentas rurales.
Los nuevos usos compatibles con el modelo territorial y la conservación de construcciones, bancales, caminos y otros elementos etnológicos, para las fincas que han abandonado la actividad agraria.
El fomento y la captación de recursos, así como la elaboración de los instrumentos de colaboración entre administraciones públicas y los propietarios de fincas rurales para potenciar una gestión económica activa que permita su mantenimiento. Específicamente, se promoverá la creación de los instrumentos previstos en el artículo 23 de esta ley.
Disposición Adicional Octava Apartado 1 desarrollada por el Decreto 123/2002, de 4 octubre, publicado en el BO Islas Baleares del 12 de Octubre de 2002.
Las administraciones autonómica y local preverán medidas y actuaciones que favorezcan la adquisiciónde la primera vivienda para aquellas personas residentes más de cinco años en las Illes Balears que se comprometan a mantener su propiedad por un período no inferior a cinco años.
Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado por un plan general de ordenación urbana con vigencia superior a doce años.
Los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para la urbanización, que no tengan un proyecto de urbanización aprobado definitivamente y que se encuentren en una de las dos situaciones siguientes:
Que formen un núcleo aislado, incumpliendo alguna de las condiciones a), b) o c) del artículo 32.2 de esta ley.
Que se encuentren en la franja de 500 metros medida desde el límite interior de la ribera del mar, para las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y de 100 metros para la isla de Formentera. Se exceptúan los terrenos que queden dentro de la proyección ortogonal posterior a la ribera del mar, en una de las siguientes circunstancias: b.1) De la zona de servicios de un puerto de titularidad estatal o de las Illes Balears. b.2) De un suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización que tenga proyecto de urbanización aprobado definitivamente.
Los terrenos clasificados como suelo urbanizable programado, y que, incumpliendo los plazos establecidos, no hayan iniciado la tramitación del planeamiento parcial.
Los terrenos clasificados como suelo apto para la urbanización, que tengan una vigencia igual o superior a cuatro años y que no hayan iniciado la tramitación del planeamiento parcial.
Disposición Adicional Décimotercera apartado 2 modificado por Artículo 2 de la Ley 20/2001, de 21 diciembre, de Medidas de las Illes Balears 2002, publicada en el BO Islas Baleares del 31 de Diciembre de 2001.
Disposición Adicional Decimotercera apartado 1 modificado por Artículo 4.3 de la Ley 11/2002, de 23 diciembre, de Medidas de Baleares 2003, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Diciembre de 2002.
Disposición Adicional Decimotercera apartado 2 modificado por Artículo 1.2 de la Ley 11/2002, de 23 diciembre, de Medidas de Baleares 2003, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Diciembre de 2002.
Disposición Adicional Decimotercera, derogada por la Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2014.
Se modifica el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente manera:
"Por declaración de interés general podrán autorizarse nuevos usos a las edificaciones a que hace referencia el párrafo anterior así como a otras edificaciones del medio rural".
Se añade un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y derégimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente manera:
"En ausencia del planeamiento de ordenación del espacio, se aplicarán los usos legalmente previstos".
Se modifica la disposición adicional quinta de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, que queda redactada de la siguiente manera:
"Las disposiciones de la presente ley tienen carácter de mínimas y, en consecuencia, prevaldrán las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de los instrumentos de planeamiento general que supongan una mayor restricción, ello no obstante, los planes de ordenación territorial podrán fijar unos límites de restricción, en función de las características de cada territorio y del nivel de protección que se requiera, que vincularán el planeamiento urbanístico municipal".
"5. Las limitaciones establecidas en los puntos anteriores no serán de aplicación a las declaraciones de interés general relativas a dotaciones de servicios contempladas en el artículo 30.3 de esta ley, ni a las relativas a infraestructuras públicas a que se refiere el artículo 24.2 de la presente ley, a las cuales resultarán de aplicación las limitaciones específicas definidas en esta ley para ambos tipos de actividades".
"2. Sólo tendrán el carácter de edificios e instalaciones vinculados a las actividades señaladas en el punto 1.a) del artículo 21 de esta ley los necesarios para el desarrollo de las actividades agrarias o de conservación y defensa del medio natural, en los términos que reglamentariamente se establezcan. En el resto de los casos deberá acudirse a la declaración de interés general de la actividad que, cuando suponga el uso de la vivienda unifamiliar, deberá someterse a los mismos trámites y cumplir idénticas condiciones que las determinadas por esta ley para las actividades vinculadas al uso de vivienda unifamiliar".
Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento general que tengan por objeto su adaptación a las determinaciones de un instrumento de ordenación territorial, se realizarán de acuerdo con la siguiente tramitación:
El proyecto de revisión o modificación se someterá a la aprobación inicial del pleno del ayuntamiento, sin ningún trámite previo que no venga regulado en la normativa de régimen local.
Seguidamente, el proyecto se someterá a información pública y a audiencia simultánea del resto de administraciones públicas competentes en la materia, por un plazo máximo de un mes. El anuncio se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en un periódico de la isla.
Agotado el período de información pública, el pleno del ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de un mes para la aprobación provisional y su presentación a la comisión insular de urbanismo correspondiente.
La comisión insular de urbanismo deberá resolver sobre la aprobación definitiva, en el plazo de tres meses desde la presentación del expediente completo en su registro; transcurrido este plazo, si el ayuntamiento no hubiera sido notificado de ninguna resolución al respecto, la aprobación definitiva se entenderá otorgada por acto presunto estimatorio. En este caso, el ayuntamiento dispondrá la publicación de la aprobación definitiva en elButlletí Oficial de les Illes Balears.
En el caso de incumplirse el plazo fijado por el instrumento de ordenación territorial para la adaptación de los instrumentos de planeamiento general, ésta deberá tramitarse con la primera modificación o revisión del instrumento de planeamiento general que se redacte sin la cual no podrá aprobarse.
"Disposición adicional tercera.
Previamente a la formulación de instrumentos de ordenación territorial podrán dictarse por el Gobierno de las Illes Balears o por el consejo insular debidamente facultado por éste, normas territoriales cautelares que regirán hasta la aprobación de aquéllos; cuyos ámbito, finalidad y contenido serán los definidos en el acuerdo del Consejo de Gobierno que inicie su formulación o que faculte al consejo insular para su redacción.
Su tramitación será la siguiente:
La aprobación inicial la realizará el órgano que las haya redactado.
Este mismo órgano abrirá un plazo de información pública de 15 días. En este plazo, solicitará informe a los ayuntamientos afectados y al Gobierno de las Illes Balears, en el caso de que sean redactadas por un consejo insular, o a éste en caso contrario.
La aprobación definitiva deberá realizarse por este órgano en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación inicial.
La aprobación inicial de las normas territoriales cautelares supondrá la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para aquellas actuaciones que no se ajusten a sus determinaciones que, una vez aprobadas definitivamente, prevaldrán sobre las de los instrumentos de ordenación territorial o de planeamiento general afectados".
"Artículo 11.
A los efectos de lo que se dispone en el artículo anterior, el organismo que haya cursado la orden de ejecución concederá al propietario un plazo acomodado a la envergadura de las medidas a adoptar para que proceda al cumplimiento de lo ordenado. Transcurrido el cual, si no lo hubiera ejecutado podrá concederse un último e improrrogable plazo para la ejecución ordenada que, si no se cumple, se llevará a efecto por el organismo requirente, a costa de lo obligado a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el artículo 98 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común".
VIGÉSIMO PRIMERA
Los cerramientos de las explotaciones agrarias que no supongan obras de fábrica, se efectuarán siguiendo los sistemas tradicionales de la zona y sin que sea necesaria la obtención de licencia municipal.
En los casos no comprendidos en el punto anterior, se realizarán con piedra arenisca o caliza en muros de pared seca y queda expresamente prohibido el enfoscado de los mismos. La altura máxima del cerramiento macizo será de un metro, y se admitirá sobre su coronación y hasta una altura máxima de 2,20 metros, la disposición de elementos diáfanos ejecutados mediante los sistemas tradicionales de la zona.
Disposición adicional vigésimo segunda, declarada inconstitucional y nula por la Sentencia 114/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 630-2010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 10 de la Ley de las Cortes Valencianas 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, en la redacción dada al mismo por la Ley de las Cortes Valencianas 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los arts. 7 y 10 de la Ley 13/2004. Competencias sobre medio ambiente y caza: nulidad del precepto legal autonómico que, contraviniendo la normativa básica y el Derecho de la Unión Europea, incluye un método no selectivo de caza, el parany, entre las modalidades tradicionales de caza en la Comunidad Valenciana, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Junio de 2013.
El Gobierno de las Illes Balears creará una red de parques y reservas naturales que contemplarán una representación significativa de los hábitats insulares, que incluirá, como mínimo, los espacios previstos en la disposición adicional tercera de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears.
Hasta la entrada en vigor de los planes territoriales parciales, los instrumentos de planeamiento general o parcial que impliquen crecimiento de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización, destinado a uso residencial, turístico o mixto, existente a la entrada en vigor de esta ley, sólo podrán tramitarse cuando este crecimiento, en cada municipio, no supere el menor de los siguientes valores:
El que resulte de aplicar un 3% del suelo urbano existente, en el término municipal, en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
El que resulte de aplicar un 2% del suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización, en el término municipal, existente a la entrada en vigor de esta ley.
Por causas excepcionales expresadas en la memoria que debe presentar el Gobierno al Parlamento de las Illes Balears o por otras justificadas, y a propuesta de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, corresponderá al Consejo de Gobierno aprobar las modificaciones de los porcentajes del punto anterior para uno o más municipios.
Se exoneran de lo que se dispone en el punto 1 de esta disposición los suelos que se amparen en la disposición transitoria sexta.2 de esta ley.
Hasta que se aprueben los planes territoriales parciales correspondientes, por lo que se refiere a las áreas de transición (AT), éstas estarán formadas por la franja de 350 metros a partir del suelo clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización del núcleo según el instrumento de planeamiento general vigente, de acuerdo con lo previsto en estas Directrices de Ordenación Territorial.
Los instrumentos de planeamiento general, para su ordenación, preverán medidas encaminadas a obtener un adecuado grado en la intensidad de las actividades, de los usos y de las actuaciones para favorecer la adecuada integración paisajística de los núcleos en su entorno.
Sin perjuicio de lo que dispone el punto anterior, y en lo referente a los crecimientos de los núcleos urbanos situados a menos de 500 metros del límite interior de la ribera del mar, para las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y 100 metros para la isla de Formentera, que no se encuentren en zonas en las que sea de aplicación el Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística, éstos podrán efectuarse siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Las condiciones de contigüidad del artículo 32 de esta ley.
Que la proyección ortogonal de los nuevos urbanizables sobre la línea de la ribera del mar no sobrepase la proyección ortogonal definida por el actual suelo urbano.
Los espacios comprendidos entre el suelo urbano y la zona de dominio público marítimoterrestre, deberán mantener su clasificación como suelo rústico.
Excepcionalmente mantendrán la clasificación urbanística de suelo urbanizable o apto para la urbanización los terrenos que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
Que no se encuentren a una distancia inferior a 500 metros de la ribera del mar, para las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y a 100 metros para la isla de Formentera.
Que el ayuntamiento así lo declare, mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta.
Que el sector urbanizable o apto para la urbanización se destine preferentemente a la construcción de establecimientos de alojamiento turístico de máxima categoría y con una ratio mínima de 100 m2de suelo por plaza turística.
Que las edificaciones se integren paisajísticamente en el entorno y tengan correspondencia con las tipologías de la zona en cuanto a morfología, colores y materiales.
Que el Consejo de Gobierno así lo apruebe, previo informe vinculante de la Comisión Insular de Urbanismo, y oída la Comisión de Coordinación de Política Territorial.
Asimismo, mantendrán su clasificación de suelo urbanizable o apto para la urbanización, con independencia de las condiciones fijadas en la disposición adicional duodécima de esta Ley, los polígonos o sectores siguientes:
Los terrenos destinados a innovación tecnológica, según lo que dispone la Ley 2/1993, de 30 de marzo, de Creación del Parque Balear de Innovación Tecnológica.
Los terrenos que disponen de plan parcial aprobado definitivamente, en los cuales se hayan realizado, en ejecución del planeamiento, obras de urbanización que precisen completar su desarrollo urbanístico a efectos de:
b.1) Garantizar la ejecución de la totalidad de infraestructuras y de servicios exigibles.
b.2) Alterar las características de la ordenación inicialmente previstas.
Disposición Transitoria Sexta apartado 2 modificado por Artículo 2 de la Ley 9/1999, de 6 octubre, de Ordenación del Territorio de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 12 de Octubre de 1999.
Disposición Transitoria Sexta apartado 2 c) añadido por Artículo 1.2 de la Ley 8/2003, de 25 noviembre, publicada en el BO Islas Baleares del 4 de Diciembre de 2003.
Disposición Transitoria Sexta apartado 2 c) derogada, en cuanto que este apartado ha sido derogado por la Ley 4/2008, de 14 mayo, por Disposición derogatoria 3 de la Ley 4/2008, de 14 mayo, publicada en el BO Islas Baleares del 17 de Mayo de 2008.
Disposición citada en: 11 sentencias, 4 disposiciones normativas
En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, los ayuntamientos, por acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta, comunicarán al Gobierno de las Illes Balears y a la Comisión Insular de Urbanismo los terrenos que consideren prioritarios a los efectos de que tengan la clasificación de urbanizables o aptos para la urbanización, en los límites establecidos en la disposición transitoria cuarta de la presente ley. En ningún caso, estos suelos pueden ser los incluidos en el punto 2 de la disposición adicional duodécima de esta ley.
El Gobierno de las Illes Balears determinará los terrenos cuya clasificación queda suspendida hasta que se apruebe el plan territorial parcial.
En relación con la isla de Mallorca:
La zona cerealística del centro de la isla, formada por los 18 municipios de Muro, Santa Margalida, Llubí, Maria de la Salut, Ariany, Petra, Sineu, Costitx, Sencelles, Santa Eugenia, Lloret de Vistalegre, Sant Joan, Manacor, Vilafranca de Bonany, Montuíri, Algaida, Porreres y Felanitx.
Las zonas de regadío.
Las áreas con explotaciones agrarias susceptibles, por su proximidad, de ser regadas con aguas depuradas.
Superficies catalogadas como cultivo frutalsecano.
Superficies cultivadas con pendientes superiores o iguales al 10%.
Superficies destinadas a cultivos de forrajes.
Superficies cuyos cultivos están ligados a una denominación de calidad.
En relación con la isla de Menorca:
Superficies cuyos cultivos o producción ganadera estén ligados a una denominación de calidad.
En relación con las islas de Eivissa y de Formentera:
Superficies cuyos cultivos estén ligados a una denominación de calidad.
Hasta que se apruebe definitivamente el Plan Territorial Parcial de Mallorca, la Conselleria de Turismo del Gobierno de las Illes Balears podrá otorgar las autorizaciones previa y de apertura para actividades turísticas, y los ayuntamientos podrán otorgar las licencias de edificaciones y usos del suelo correspondientes a las áreas de la Serra de Tramuntana excluidas del Plan Director de Ordenación de la Oferta Turística de Mallorca, previo informe de la administración competente en materia medioambiental.
Durante un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo de Gobierno de les Illes Balears, para la ejecución de las actuaciones demostrativas a que se refiere la disposición adicional segunda de esta ley, podrá delimitar áreas de actuación y aprobar proyectos, lo cual supondrá la declaración de utilidad pública a los efectos de expropiación.
Todos los ayuntamientos de las Illes Balears, en el plazo de 60 días contados desde la entrada en vigor de esta ley, deberán comunicar, a través de certificación municipal, a la Comisión Insular de Urbanismo y al Archivo Central de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, las siguientes superficies expresadas en hectáreas, individualizadas para cada núcleo, polígono o sector y reflejadas en un plano general del término municipal, indicando su uso global y su población:
De los núcleos urbanos.
De los urbanizables o aptos para la urbanización con plan parcial inicialmente aprobado.
De los urbanizables o aptos para la urbanización con plan parcial definitivamente aprobado respecto de los cuales se indicará si cuentan o no con proyecto de urbanización definitivamente aprobado y con qué fecha.
De los urbanizables con programa de actuación urbanística definitivamente aprobado.
Del resto de urbanizables o aptos para la urbanización.
De los terrenos clasificados como suelo rústico protegido como consecuencia de las determinaciones de inmediata y directa aplicación de esta ley.
No podrán aprobarse definitivamente revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento general en aquellos municipios que no hayan cumplido el deber de comunicación que se establece en el punto 1 de esta disposición, o que no se hayan adaptado a la normativa autonómica sobre regulación de capacidadde población en los instrumentos de planeamiento general y sectorial.
Disposición Transitoria Decimoquinta, derogada por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Marzo de 2014.
Disposición citada en: 9 sentencias
En estos municipios se clasificará como suelo urbano lo que determine la legislación vigente.
Concesión de licencias de edificación y uso del suelo en suelo rústico: mientras no se apruebe el planeamiento que legalmente corresponda y no haya plan territorial parcial, la concesión de licencia en suelo rústico se regulará por lo que establece la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, y las categorías de suelo rústico serán las definidas en los artículos 19 y 20 de esta ley; y tendrán la consideración de suelo rústico protegido los ámbitos definidos por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears. El resto de los terrenos tendrán la consideración de suelo rústico común y les será de aplicación lo que dispone el artículo 25.4 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears.
Las normas urbanísticas en suelo urbano serán las siguientes:
Zona de núcleo antiguo e intensiva
Parcela mínima: 150 m2
Índice de intensidad de uso: 1 vivienda/100 m2 de parcela.
Parcela mínima: 400 m2
Edificabilidad: 0,5 m2/m2
Superficie máxima edificada/edificio: 600 m2
Condiciones de integración estética y ambiental: para ambas zonas, se mantendrá el carácter tradicional e histórico de la zona, respetando las características y los valores ambientales del núcleo.
Los colores, materiales y acabados de las fachadas deberán corresponder a los de las edificaciones tradicionales, teniendo en cuenta sobre todo estos aspectos: a.1) La composición de la fachada procurará el predominio de los macizos sobre las aperturas. El diseño de los bajos comerciales quedará integrado en la composición general de la fachada. a.2) El color de la fachada será de la gama de ocrestierra. Se prohiben los acabados de ladrillo visto y los muros pantalla. a.3) Las ventanas serán, en general, más altas que anchas, y de madera. Las persianas serán de postigo o listón.
Las cubiertas serán preferentemente de teja arábiga de color ocre.
Elementos salientes:
Sólo se permitirán los siguientes: c.1) Los voladizos de cubierta, las cornisas y otros elementos decorativos clásicos y tradicionales. c.2) Los balcones tradicionales abiertos y descubiertos de 60 cm de ancho como máximo, siempre que la calle tenga más de 8 m de ancho. Estos elementos deberán separarse de las medianeras un mínimo de 60 cm, ocupar como máximo un 50% de la fachada y estar situados a 3,50 m por encima de la rasante de la vía pública. Las barandillas de los balcones serán de hierro. Se prohibe el uso de balaustradas y de otros elementos prefabricados.
En ambas zonas los usos permitidos serán los siguientes:
Equipamiento comercial, oficinas y despachos.
Talleres e industrias artesanales que no provoquen molestias a los demás usos.
Espacios libres de uso público o privado.
Equipamientos públicos y privados.
En los edificios existentes que no cumplan estas normas se podrán realizar obras de reforma o rehabilitación mientras no estén afectados por alguna norma sectorial que los sitúe fuera de ordenación. También se podrán realizar obras de ampliación si no sobrepasan la edificabilidad permitida. Estas ampliaciones deberán cumplir las determinaciones de estas normas.
Para los edificios que se quieran reformar, rehabilitar o derribar se deberá aportar la información planimétrica, fotográfica y descriptiva suficiente para poder apreciar las características de la edificación existente, sus valores arquitectónicos y para poder determinar los elementos que conviene conservar y proteger. La nueva construcción, las reformas y las rehabilitaciones mantendrán, en la medida de lo posible, el carácter del antiguo edificio y conservarán los elementos arquitectónicos que lo caracterizaban.
Definición de los elementos urbanísticos.
Alineaciones oficiales: son las líneas que fijan el límite entre las vías o los espacios públicos y las parcelas olos solares edificables.
Alineaciones de fachadas: son las líneas que señalan el límite a partir del cual podrán o deberán, según los casos, levantarse las construcciones.
Altura reguladora en la edificación según alineación vial: se efectuará desde la rasante de la vía pública, en medio de la fachada de la parcela o solar, hasta la línea de intersección de la cara inferior del forjado decubierta con el plano de fachada.
- Un cuerpo de acabamiento final por cada escalera de uso comunitario del edificio que puede contener las cajas de escalera, maquinaria de ascensores, cámaras de depósitos de agua y maquinarias de aire acondicionado, con una dimensión lineal máxima de la planta de 5 m y una altura máxima de 3,5 m, de forma que todo el cuerpo de edificación quede incluido en el plano de 45° que se sustenta en la intersección del plano de fachada con la cara inferior del último forjado. Se exceptúan de esta posibilidad los edificios de viviendas unifamiliares.
Adaptación al terreno y movimientos de tierras: la edificación, en parcelas con pendiente muy acusada, deberá situarse en las áreas de menos desnivel de tal forma que se eviten grandes nivelaciones y desmontes que tienen un gran impacto paisajístico, por lo cual se prohibe la edificación en las parcelas o en las zonas de éstas en que la pendiente del terreno sea igual o superior al cien por cien.
Quedan derogadas todas las actuaciones y disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta ley.
En particular, quedan derogadas:
La Ley 6/1998, de 23 de octubre, de medidas cautelares hasta la aprobación de las Directrices de Ordenación Territorial.
La disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears.
El Plan Provincial de Ordenación de Baleares, aprobado el 4 de abril de 1973.
El artículo 15 de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears.
Palma, a tres de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Jaume Matas I. Palou.
El Consejero de Madio Ambiento, Ordenación del territorio i Litoral.
Miguel Ramis Socias.
ANEXO I Matriz de ordenación del suelo rústico
Actividades intensives
Industria transformación agraria
Sin construcción
Resto equipamientos
Protecció n y educación ambiental
Transformación y venta directa de los productos de la propia explotación agraria
Resto de actividades complementarias
AANP 1 2 2-3 2-3 2-3 3 2-3 3 3 2-3 3 2
ANEI 1 2 2 2 2-3 3 2 3 2-3 2 3 1
ARIP 1 1 1 2 2 3 2 2 2-3 2 2-3 1
APR 1 2 2 2 2 3 2 2 2-3 2 2-3 2
APT 1 2 2 2 2 3 2 3 2-3 2 3 1
AIA 1 1 1 1 2 2-3 2 2 2-3 2 2 1
AT 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1
SRG 1 1 1 1 2 2-3 2 2 2-3 2 2 1
Categorías de suelo:
SRP. Suelo Rústico Protegido:
AANP. Área Natural de Especial Interés de alto nivel de protección (3).
ANEI. Área Natural de Especial Interés.
ARIP. Área Rural de Interés Paisajístico.
APR. Área de Prevención de Riesgos (1).
APT. Área de Protección Territorial.
SRC. Suelo Rústico Común:
AIA. Área de Interés Agrario.
AT. Área de Transición.
SRG. Suelo Rústico de Régimen General.
Regulación de los usos:
Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica.
Condicionado según establece el Plan Territorial Insular. (2).
2-3 Prohibido con las excepciones que establece el Plan Territorial Insular. En el caso de vivienda unifamiliar aislada se entenderá que el uso es condicionado hasta que el Plan Territorial Insular establezca las excepciones correspondientes (2).
Las determinaciones de los usos de esta matriz tienen el carácter de nivel de protección mínima del suelo rústico, y se pueden incrementar por los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.
(1) Los usos ubicados en las áreas de prevención de riesgos solo se pueden autorizar con el informe previo favorable de la administración competente en materia de medio ambiente. Quedan exceptuados del citado informe preceptivo las APR de erosión y las de contaminación o vulnerabilidad de acuíferos.
A efectos de la autorización de nuevas viviendas en suelo rústico en APR, la parcela mínima será la correspondiente a la calificación del suelo rústico subyacente, y si no fuera conocida, la correspondiente al suelo rústico colindante. Si fueran varias las calificaciones de suelos rústicos colindantes, se aplicará la más restrictiva.
En las áreas de prevención de riesgos de incendios, cuando se destinen a usos o actividades que supongan viviendas deberán incorporar medidas de seguridad vial para garantizar el acceso de personas y vehículos, depósitos de aguas para una primera situación de emergencia, así como actuaciones en la vegetación en un radio de 30 metros alrededor de las edificaciones para reducir la carga de combustible, y se les aplicará el régimen de usos previstos a la categoría de suelo que se correspondería en ausencia de este riesgo de incendio.
En las áreas de prevención de riesgos de erosión:
Se deberán estabilizar los taludes de excavación mediante muros de contención o bancales.
Los bancales y paredes secas, existentes o de nueva creación, se deberán mantener en buen estado de conservación.
La deforestación deberá ser la estrictamente necesaria para la ejecución de la obra.
En las áreas de prevención de riesgos de vulnerabilidad de acuíferos:
El sistema de tratamiento de las aguas residuales deberá cumplir con lo establecido en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
Durante la ejecución de las obras se deberán adoptar las máximas precauciones para evitar el vertido de substancias contaminantes, incluidas las derivadas del mantenimiento de las maquinarias.
(2) A los efectos de la aplicación transitoria de esta Matriz, en relación al sector primario, se entienden incluidos los usos a que se refiere la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Islas Baleares así como la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, aunque no estén previstos en los instrumentos de planeamiento general.
(3) Las actividades en el sector primario estarán condicionadas a que no supongan la construcción de nuevas edificaciones.
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS EN LA MATRIZ DE ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
Protección y educación ambiental
La definición de las actividades del sector primario incluidas en la Matriz de ordenación del suelo rústico será, en todo caso, la establecida en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y en la legislación agraria de las Illes Balears.
Entre otras, habrá que estar a las siguientes definiciones:
Actividad agraria: el conjunto de trabajos necesarios para el mantenimiento de la explotación agraria o para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales, así como la venta directa de la producción propia sin transformación o con una primera transformación, cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integran la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria la que implica la gestión o la dirección y la gerencia de la explotación.
Actividad complementaria, que comprende:
La actividad de transformación de los productos de la explotación agraria.
La venta directa de los productos transformados, siempre y cuando no sea la primera transformación.
Las actividades relacionadas con la conservación del espacio natural y la protección del medio ambiente.
Las actividades de turismo rural y agroturísticas, concepto que incluye las actividades previstas en el artículo 85 de la Ley agraria de las Illes Balears.
Las actividades cinegéticas y artesanales.
La actividad ecuestre, prevista en el artículo 59.2 de la Ley agraria de las Illes Balears.
Agricultura extensiva: la agricultura que se lleva a cabo adaptando los factores de producción agrícola a la extensión y las características de la superficie utilizada. En el caso de la agricultura bajo plástico, la que se realice en estructuras de hasta 50 m2 por unidad de producción.
Agricultura intensiva: la agricultura que se lleva a cabo modificando los factores de producción agrícola, con elevados inputs de capital, medios, tecnología y trabajo, que se caracteriza por realizarse bajo plástico en estructuras con cubiertas superiores a los 50 m2 por unidad de producción.
Ganadería extensiva: la ganadería que no se lleva a cabo en estabulación permanente o tiene lugar en explotaciones agrarias con un factor agroambiental inferior a la cantidad máxima de nitrógeno admisible.
Ganadería intensiva: la ganadería que se lleva a cabo en estabulación permanente o que no se pueda considerar extensiva por superar la cantidad máxima de nitrógeno admisible.
En cualquier caso, no se considera intensiva cuando los efectivos ganaderos en estabulación permanente no superan la cantidad equivalente a la unidad de ganado mayor (UGM) por especie. A estos efectos la UGM se considera la unidad patrón utilizada para calcular las equivalencias entre las distintas especies ganaderas.
Actividad complementaria de transformación agraria: cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos procedimientos, siempre que se realice con productos de la propia explotación o de explotaciones agrarias preferentes asociadas, de conformidad con la legislación agraria.
Industria de transformación agraria: cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos procedimientos que no tengan la consideración de actividad complementaria de la explotación agraria según la legislación agraria.
Industria en general: las actividades destinadas a la obtención, la transformación o el transporte de productos a partir de las materias primas. Se incluyen las construcciones y las infraestructuras que necesariamente deban ubicarse en este tipo de suelo para el desarrollo de estas actividades, siempre que se adecuen a las condiciones de integración establecidas en estas directrices de ordenación territorial.
Equipamientos sin construcción:
Se refiere a equipamientos situados en terrenos no afectos a explotaciones agrarias, los cuales se definen en el punto B) 3.
Se incluirán las instalaciones de mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios desmontables y socorrismo, juegos de niños, papeleras, aparcamientos y la red viaria interna destinadas a tareas de mantenimiento, servicios y vigilancia, así como las derivadas de las concesiones de temporada en el litoral.
Resto de equipamientos:
Consiste en la transformación de las características de un espacio para permitir la realización de una actividad, o para instalaciones y construcciones de nueva planta destinadas a las actividades de ocio, recreativas, científicas, culturales, comerciales y de almacenamiento, educacionales, socio-asistenciales, y al turismo de cierta dimensión que, por sus características, necesariamente se tienen que situar en suelo rústico.
Se incluyen, a manera de ejemplo, los campings, refugios de animales domésticos y/o de compañía, parques zoológicos o circuitos deportivos.
Los refugios de animales domésticos y/o de compañía en riesgo, maltrato o en situación de abandono son un equipamiento de uso admitido de hasta 70 unidades, de las cuales un máximo de 20 pueden ser canes. En cualquier caso, no se considerarán refugios de animales domésticos y/o de compañía cuando los animales sean destinados a actividades deportivas, lucrativas, recreativas o de ocio.
Pequeñas infraestructuras: Torres, antenas y estaciones de telecomunicaciones, de navegación y demás instalaciones de comunicación de impacto parecido, así como también infraestructuras hidráulicas, energéticas y de tratamiento de residuos, de superficie no superior a 200 metros cuadrados.
Vías de transporte: Incluyen autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles y sus instalaciones complementarias.
Conducciones y tendidos: Son el conjunto de redes de transporte o distribución de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, saneamiento y similares, y otras líneas de tendido aéreo o enterrado, junto con los soportes y las instalaciones complementarias a la red.
Puertos y puertos deportivos: Se incluyen las instalaciones destinadas al atraque de embarcaciones para el transporte de pasajeros y mercancías y las instalaciones necesarias para la carga y descarga, almacenamiento y tratamiento de mercancías, áreas de reparación y movimiento y todas las demás superficies, construcciones, emplazamientos y servicios asociados a este tipo de infraestructuras, así como los puertos deportivos, de ocio y de pesca, y sus superficies anexas.
Grandes instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal, como grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre, infraestructuras hidráulicas, energéticas y de tratamiento de residuos, de superficie superior a 200 metros cuadrados, aeropuertos y cualquier otra instalación de interés general o de impacto semejante sobre el medio físico.
Albergues, refugios y similares
Albergues, refugios y similares. Los albergues, casas de colonias, refugios o similares que no tengan la consideración de actividad complementaria de la actividad agraria, participan de la consideración de otros equipamientos y de actividades de educación ambiental, por lo que tendrán la consideración de uso condicionado en todo tipo de suelo rústico.
La autorización del uso condicionado no podrá implicar la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación de las existentes, ni la legalización de edificios fuera de ordenación. Todo ello sin perjuicio de que el planeamiento territorial o ambiental lo declare uso admitido en lugares concretos y regule sus condiciones de edificación.
Estos equipamientos tendrán que ser de titularidad pública o gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro. En el caso de las asociaciones, tendrán que contar con el reconocimiento de una administración pública con competencias en materia de infancia, juventud, servicios sociales o medio ambiente, para llevar a cabo el servicio de alojamiento y educación ambiental; dicha administración tendrá que constar y ser consultada en la tramitación de la autorización del uso condicionado, y, sin perjuicio de otras competencias concurrentes, se hará responsable de regular y velar las condiciones de ejercicio.
Anexo I, modificado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Diciembre de 2014.
Anexo I, modificado por el Decreto ley 1/2016, de12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística.
Anexo I, modificado por el Decreto Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística.
Anexo I, modificado por la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
Anexo I, modificado por la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.
ANEXO II Representación gráfica de las determinaciones reguladas en el artículo 19 y en la disposición adicional duodécima de esta Ley
Representación de las aristas exteriores de la explanación para medir el área de protección territorial (APT) de las carreteras, definida en el artículo 19.1 e).2 de esta Ley.
Representación del área de protección territorial (APT) costera de las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, definida en el artículo 19.1 e).1 de esta Ley.
Representación del área de protección territorial (APT) costera de la isla de Formentera, definida en el artículo 19.1 e).1 de esta Ley.
Representación de la prevalencia de la excepción sobre el área de protección territorial (APT) costera definida en el artículo 19.3 de esta Ley.
Representación del cambio de clasificación del suelo urbanizable o apto para la urbanización a suelo rústico, con la categoría que corresponda, definida en la disposición adicional duodécima de la presente Ley: situación anterior a la entrada en vigor de esta Ley.
Representación del cambio de clasificación del suelo urbanizable o apto para la urbanización a suelo rústico, con la categoría que corresponda, definido en la disposición adicional duodécima de la presente Ley: aplicación de esta Ley.
Ley del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria (Ley 2/2004, de 27 de septiembre)
La limitación del crecimiento urbanístico establecido en los Planes Territoriales Insulares, de acuerdo con la habilitación legal establecida en la LDO...
ORDEN 153/2005, de 14 de febrero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se convocan ayudas a familias que atienden en su domicilio a personas mayores en situación de dependencia.
Real Decreto 3389/1983, de 30 de noviembre, por el que se modifica el artículo 5.º del Real Decreto 2402/1977, de 17 de junio, sobre organización, funciones y dotación del Instituto Geológico y Minero de España.
ORDEN AYG/204/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países.
ORDEN FORAL 5E/2012, de 10 de febrero, del Consejero de Fomento y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de Plan Municipal de Morentin, en la UE-8, promovido por el Ayuntamiento de dicha Localidad.
DECRETO 144/1988 de 17 de Mayo, sobre medidas financieras y régimen de venta y renta en viviendas de protección oficial de promoción privada.
DECRETO 30/1983, de 9 de marzo, de la Diputación General, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a las acampadas juveniles.
ORDEN 11/2017, de 31 de marzo, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la difusión, promoción y fomento del patrimonio de la Comunitat Valenciana declarado por la UNESCO patrimonio mundial o inmaterial de la humanidad.