Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-1306-de-junio-5-de-2009?documento=legcol&contexto=legcol_759920425e2af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-25 18:48:33
Document Index: 110574447

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 427', 'artículo 649', 'artículo 659', 'artículo 655', 'artículo 660', 'artículo 447', 'artículo 659', 'artículo 35', 'artículo 291', 'artículo 299', 'artículo 59', 'artículo 106', 'artículo 44', 'artículo 35', 'artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 582', 'artículo 34', 'artículo 5']

﻿ LEY 1306 DE JUNIO 5 DE 2009
LEY 1306 DE 05 DE JUNIO DE 2009
CONTENIDO:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - DECRETO 2272 DE 1989, Y CÓDIGO CIVIL. SE MODIFICAN, EN LO RELACIONADO ENTRE OTROS ASPECTOS CON EL RÉGIMEN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS, Y SE DICTAN NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INCAPAZ, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, DERECHOS FUNDAMENTALES, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EMANCIPACIÓN DEL MENOR DE EDAD, PROTECCIÓN A PERSONA CON INCAPACIDAD FÍSICA, REPRESENTACIÓN DEL INCAPAZ, CURADOR, DISCAPACIDAD, GUARDADOR TESTAMENTARIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1362 DE JULIO 15 DE 2009, PG.1103
ART. 1º—Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.
La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial, tendrán como objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado.
ART. 2º—Los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio.
PAR.—El término “demente” que aparece actualmente en las demás leyes, se entenderá sustituido por “persona con discapacidad mental” y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley, en lo pertinente.
ART. 3º—Principios. En la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes principios:
ART. 4º—Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las personas en situación de discapacidad aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad.
Para la determinación e interpretación de las obligaciones de protección y restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad mental por quienes se encargan de su protección, se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia y, en general, en las demás normas de protección de la familia, siempre que estas no sean contrarias en su letra o en su espíritu a la presente ley.
ART. 5º—Obligaciones respecto de las personas con discapacidad. Son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano en relación con las personas con discapacidad mental:
b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores (y los parientes consanguíneos a los civiles)*.
El encargado de la protección de la persona, sujeto con discapacidad mental deberá asegurar para este un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda apropiados y a la mejora continua de sus condiciones de vida y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
PAR.—Cuando en la presente ley se mencione al cónyuge o los parientes afines, se entenderán incluidos quienes, de acuerdo con la Constitución Política y la ley, tengan tal condición en la familia extramatrimonial y civil. Cuando existan en una posición dos o más personas excluyentes entre sí, el juez preferirá a la persona que haya permanecido en último lugar con el sujeto, sin perjuicio de sus facultades de selección.
*(Nota: La expresión “y los parientes consanguíneos a los civiles”, contenida en el literal b) del presente artículo, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-296 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.)
ART. 7º—El Ministerio Público. La vigilancia y control de las actuaciones públicas relacionadas con todos aquellos que tienen a su cargo personas con discapacidad mental, será ejercida por el Ministerio Público.
ART. 8º—Derechos fundamentales. Los individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el título I del Código de la Infancia y la Adolescencia —L. 1098/2006— o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o amenazada, y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre discapacidad mental sea asimilable.
ART. 9º—Identidad y filiación. Los sujetos con discapacidad mental deberán tener definida su identidad y filiación, con sus correspondientes asientos en el registro del estado civil.
ART. 10.—Dignidad y respeto personal. En las actuaciones relativas al que está sufriendo discapacidad mental no se podrá atentar contra la dignidad y respeto debido a la persona humana.
PAR. 1º—Los derechos de los padres sobre sus hijos con discapacidad quedan limitados en todo aquello que se oponga al bienestar y desarrollo de estos.
PAR. 2º—Sin perjuicio del respeto de las tradiciones culturales, el régimen de los sujetos con discapacidad pertenecientes a las culturas indígenas es el establecido en la presente ley. Las autoridades propias de estas comunidades serán consultadas cuando se trate de aplicar las medidas previstas en esta ley y sus recomendaciones serán aplicables cuando no contradigan los propósitos u objetivos aquí previstos.
ART. 11.—Salud, educación y rehabilitación. Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997.
ART. 12.—Prevención sanitaria. Las personas con discapacidad mental tienen derecho a los servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, directo o derivado de la prestación alimentaria, le permitan asumir tales gastos.
La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de vida, salud, laborales o profesionales para quienes sufran discapacidad mental se prestará en las mismas condiciones de calidad y alcance que a los demás miembros de la sociedad. Las exclusiones que en esta materia se hagan por parte de los servicios de salud o de las aseguradoras, tendrán que ser autorizadas por vía general o particular, por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación.
ART. 13.—Derecho al trabajo. El derecho al trabajo de quienes se encuentren con discapacidad mental incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo estable, libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles en condiciones aceptables de seguridad y salubridad. El Estado garantizará los derechos laborales individuales y colectivos para los trabajadores con discapacidad mental.
PAR.—La remuneración laboral no hará perder a una persona con discapacidad mental su derecho a los alimentos o a la asistencia social, a menos que esta remuneración supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 14.—Acciones populares y de tutela. Toda persona está facultada para solicitar directamente o por intermedio de los defensores de familia o del Ministerio Público, cualquier medida judicial tendiente a favorecer la condición personal del que sufre discapacidad mental.
ART. 15.—Capacidad jurídica de los sujetos con discapacidad. Quienes padezcan discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos.
ART. 16.—Actos de otras personas con discapacidad. La valoración de la validez y eficacia de actuaciones realizadas por quienes sufran trastornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de protección se seguirá rigiendo por las reglas ordinarias.
ART. 18.—Protección de estas personas. Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del defensor de familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la entidad.
ART. 19.—Domicilio y residencia. Los sujetos con discapacidad mental absoluta tendrán el domicilio de su representante legal o guardador. La persona con discapacidad mental fijará su lugar de residencia si tiene suficiente aptitud intelectual para ese efecto y no pone en riesgo su integridad personal o la de la comunidad. En caso contrario, la residencia será determinada por el guardador, salvo que las autoridades competentes dispongan en contrario.
PAR.—En secretarías de salud de los municipios o distritos, se llevará un libro de avecindamiento de personas con discapacidad mental absoluta, en el que se hará constar el lugar de residencia de estas. Este libro será reservado y solo podrá ser consultado con permiso del juez o del defensor de familia.
ART. 20.—Libertad e internamiento. Las personas con discapacidad mental absoluta gozarán de libertad, a menos que su internamiento por causa de su discapacidad sea imprescindible para la salud y terapia del paciente o por tranquilidad y seguridad ciudadana.
PAR.—La libertad de locomoción que se reconoce en el presente artículo incluye la posibilidad de trasladarse a cualquier lugar del país y del exterior, para lo cual, las autoridades proporcionarán los documentos y el apoyo que sea necesario para el efecto y tomarán referencia de su ubicación únicamente para efectos de su protección.
ART. 21.—Internamiento psiquiátrico de urgencia. Los pacientes con discapacidad mental absoluta solamente podrán internarse en clínicas o establecimientos especializados, por urgencia calificada por el médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
PAR.—El internamiento de urgencia no podrá prolongarse por más de dos (2) meses, a menos que el juez lo autorice de conformidad con el artículo siguiente.
ART. 22.—Internamiento psiquiátrico autorizado judicialmente. Cuando la situación no fuere de urgencia, corresponderá al juez de familia autorizar el internamiento de carácter psiquiátrico de las personas con discapacidad mental absoluta. Esta autorización estará precedida de concepto del médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto sobre su necesidad o conveniencia para el paciente.
ART. 23.—Temporalidad del internamiento. La reclusión preventiva por causas ligadas al comportamiento es una medida temporal que no excederá de un (1) año, pero podrá ser prorrogada indefinidamente por lapsos iguales. Toda prórroga deberá estar precedida del concepto del médico tratante o perito quien dejará constancia de haber observado y evaluado al paciente dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de rendición del concepto.
PAR.—El juez a petición de quien ejerza la guarda o de oficio, solicitará el concepto médico para la renovación de la autorización de internamiento o para disponer la salida, dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del término de esta.
ART. 24.—Fin del internamiento. El internamiento psiquiátrico cesará en cualquier momento en que se establezca pericialmente que las causas que la motivaron han desaparecido.
ART. 25.—Interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta. La interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta es también una medida de restablecimiento de los derechos del discapacitado y, en consecuencia, cualquier persona podrá solicitarla.
1. El cónyuge o compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta el tercer grado (3º).
PAR.—Los parientes que, sin causa justificativa, no cumplan con el deber de provocar la interdicción y, de ello, se deriven perjuicios a la persona o al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta, serán indignos para heredarlo; los directores de establecimientos y los funcionarios públicos incurrirán en causal de mala conducta.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-43 de 2017, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en el entendido que la expresión “del discapacitado” deberá reemplazarse por la expresión “de la persona en situación de discapacidad”.)
ART. 26.—Patria potestad prorrogada. Los padres, el defensor de familia o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, una vez este haya llegado a la pubertad y, en todo caso, antes de la mayoría de edad. La interdicción no tiene otra consecuencia que mantener a este adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la prórroga legal de la patria potestad, al cumplimiento de la mayoría de edad.
PAR.—La patria potestad prorrogada termina:
ART. 27.—Interdicción provisoria. Mientras se decide la causa, el juez de familia podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, cuando cuente con un dictamen pericial que lo determine.
ART. 28.—Dictamen para la interdicción. En todo proceso de interdicción definitiva se contará con un dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2º del artículo 16 de esta ley. En dicho dictamen se precisarán la naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de desempeño del individuo.
ART. 29.—Revisión de la interdicción. Cuando lo estime conveniente y por lo menos una vez cada año, el juez del proceso a petición del guardador o de oficio, revisará la situación de la persona con discapacidad mental absoluta interdicta.
ART. 30.—Rehabilitación del interdicto. Cualquier persona podrá solicitar la rehabilitación del interdicto, incluso el mismo paciente.
PAR.—El juez, si lo estima conveniente, podrá abstenerse de iniciar diligencias respecto de una solicitud de rehabilitación, cuando no hayan transcurrido seis (6) meses desde la última solicitud tramitada.
ART. 31.—Interdicción del rehabilitado y modificación de la medida. El rehabilitado podrá ser declarado interdicto de nuevo cuando sea necesario.
ART. 32.—La medida de inhabilitación. Las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios jurídicos, a petición de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aun por el mismo afectado.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-110 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, bajo el entendido que comprenden también a los familiares con parentesco civil extendido hasta el tercer grado.)
ART. 33.—Inhabilitación accesoria. En los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales, podrá decretarse como medida accesoria la inhabilitación del fallido, a solicitud del representante del patrimonio, de los acreedores u oficiosamente por el juez.
ART. 34.—Alcance de la inhabilitación. La inhabilitación se limitará a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un consejero.
PAR.—El juez, atendiendo las fuerzas del patrimonio señalará una suma para sus gastos personales del inhabilitado y para su libre administración, sin exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos reales netos.
ART. 35.—Situación del inhabilitado. El inhabilitado conservará su libertad personal y se mirará como capaz para todos los actos jurídicos distintos de aquellos sobre los cuales recae la inhabilidad.
ART. 36.—Inhabilitación provisional. Mientras se decide la causa, el juez de familia podrá decretar la inhabilitación provisional. Dicha inhabilitación se limitará a ordenar que todos los actos de enajenación patrimonial cuyo valor supere los quince (15) salarios mínimos legales mensuales sea autorizado por un consejero legítimo o dativo designado en el mismo acto de inhabilitación.
ART. 37.—Domicilio del inhabilitado. El inhabilitado fijará su domicilio de conformidad con las reglas del Código Civil. Con todo, para aquellos asuntos objeto de la inhabilitación también lo será el del consejero.
ART. 38.—Rehabilitación del inhabilitado. El juez decretará la rehabilitación del inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solicitudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.
(El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso.)*
*(Nota: Declarado inexequible el inciso segundo del presente artículo por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-134 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos)
ART. 39.—Oposición a la rehabilitación. El consejero y cualquiera de las personas facultadas para promover el proceso de inhabilitación, podrá oponerse a la rehabilitación.
ART. 40.—Reglas de competencia. Los numerales 6º, 7º, 8º y 9º contenidos en el artículo 5º del Decreto 2272 de 1989, quedarán así:
ART. 41.—Vía procesal. Modifíquense el numeral 3º del parágrafo 1º del artículo 427 y los numerales 4º y 7º del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, así:
ART. 427.—Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento consagrado en este capítulo, los siguientes asuntos:
ART. 649.—Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:
ART. 42.—Interdicción y rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta. El artículo 659 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART. 659.—Interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta. Para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas:
6. Resueltas las objeciones, si las hubiere y vencido el término probatorio se dictará sentencia. En esta se hará la provisión del guardador testamentario, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en esta ley. En la misma sentencia ordenará la confección, en un plazo que no excederá de sesenta (60) días, del inventario y avalúo de los bienes de la persona con discapacidad mental absoluta, por un auxiliar de la justicia cuyos honorarios serán cancelados con cargo al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta o por el ICBF, cuando la persona con discapacidad no tenga recursos suficientes para ello. Recibido y aprobado el inventario, el juez fijará la garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión al guardador y se hará entrega de los bienes inventariados.
ART. 43.—Reconocimiento del guardador testamentario. El artículo 655 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART. 655.—Reconocimiento del guardador testamentario. En los procesos para el reconocimiento de guardador testamentario y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas.
ART. 44.—Rehabilitación del interdicto. El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART 660.—Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta se aplicará el procedimiento de la interdicción, sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados.
ART. 45.—Inhabilitación y rehabilitación. El artículo 447 del Código de Procedimiento Civil quedará así:
ART. 447.—El proceso de inhabilitación se seguirá con audiencia de la persona con discapacidad mental relativa o inhábil negocial. En la demanda podrá pedirse la inhabilitación provisional que autorizan las presentes normas y se decidirá en el auto admisorio de la demanda. Admitida la demanda el juez decretará las pruebas que estime convenientes y dispondrá que se practique el examen psicológico u ocupacional del presunto inhábil, por un equipo interdisciplinario. Las pruebas que se practiquen dentro del proceso se tendrán en cuenta para la decisión de ambos. Decretada la inhabilitación provisional, en el mismo auto se nombrará el consejero interino. Dicho auto será apelable; el que deniega la inhabilitación lo será en el efecto diferido.
PAR.—Sobre los bienes del inhabilitado que vayan a ser dados en administración, se confeccionará un avalúo que se regirá por el numeral 4º del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil con las modificaciones introducidas por esta ley.
ART. 46.—Unidad de actuaciones y expedientes. Cualquier actuación judicial relacionada con quienes sufren discapacidad dará lugar a que se abra un expediente que servirá de base para todas y cada una de las actuaciones posteriores relacionadas con la capacidad jurídica de dicha persona y, en consecuencia, cada despacho judicial contará con un archivo de expedientes inactivos sobre personas con discapacidad mental del cual se puedan retomar las diligencias, cuando estas se requieran. En el evento de requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.
PAR. 1º—El expediente de quien haya sido rehabilitado que no haya tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al archivo general. La interdicción de la misma persona se considerará nueva y será necesario abrir un nuevo expediente.
PAR. 2º—Las reglas del presente artículo no se aplican a las inhabilitaciones accesorias de que trata el artículo 35 de la presente ley.
PAR. 3º—También tendrá expediente único de la persona con discapacidad mental absoluta sujeta a patria potestad prorrogada.
ART. 47.—Registro y publicidad. Las decisiones de interdicción o inhabilitación y el levantamiento de las medidas se harán constar en el folio de nacimiento del registro del estado civil del afectado.
ART. 48.—Eficacia de los actos de los interdictos. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente capítulo, los actos realizados por la persona con discapacidad mental absoluta, interdicta, son absolutamente nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.
ART. 49.—Actos en favor de incapaces absolutos. Todo acto gratuito desinteresado o de mera liberalidad de persona capaz, en favor de personas con discapacidad mental absoluta o a impúberes es válido y se presume el consentimiento de su representante legal.
ART. 50.—Situaciones de familia del sujeto con discapacidad mental absoluta. Todo acto relacionado con el derecho de familia de personas con discapacidad mental absoluta, deberá tramitarse ante el juez de familia. Son ejemplos de estos actos, el matrimonio, el reconocimiento o impugnación de la filiación, la entrega en adopción de hijos, la prestación alimentaria a favor de terceros y otros actos que se asimilen.
En todo caso, para la determinación de la filiación de un hijo atribuido a la persona con discapacidad mental absoluta, concebido durante la interdicción, se deberán practicar las pruebas científicas que permitan tener la mayor certeza sobre la filiación, de conformidad con la Ley 721 de 2001 y las normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen.
PAR.—Los sujetos con discapacidad, no podrán ser discriminados por su situación en cuanto a las relaciones de familia, en especial al ejercicio pleno de sus derechos relacionados con la constitución de una familia y su participación en ella. Corresponde al juez de familia autorizar las restricciones a estos derechos por razones de protección del individuo.
ART. 51.—Labores personales del sujeto con discapacidad. Las personas con discapacidad mental absoluta tendrán derecho a una justa remuneración por todas aquellas labores personales que realicen en favor de terceros, sin importar la causa de la actuación. Quien alegue que la actuación era gratuita, deberá demostrar que existió voluntad sana y consciente de la persona con discapacidad.
PAR.—El juez en la determinación de la remuneración tendrá en cuenta, especialmente, la ventaja económica que la labor de la persona con discapacidad mental absoluta reporta para el beneficiario de la prestación.
ART. 52.—Curador de la persona con discapacidad mental absoluta. A la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria potestad se le nombrará un curador, persona natural, que tendrá a su cargo el cuidado de la persona y la administración de sus bienes.
ART. 53.—Curador del impúber emancipado. La medida de protección de los impúberes no sometidos a patria potestad será una curaduría. La designación del curador, los requisitos de ejercicio de cargo y las facultades de acción serán las mismas que para los curadores de la persona con discapacidad mental absoluta.
ART. 54.—Curador del menor adulto emancipado. El menor adulto no sometido a patria potestad quedará bajo curaduría; el menor adulto, en todos los casos, tendrá derecho a proponer al juez el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador y el juez deberá acogerlo a menos que existan razones para considerar inconveniente el curador propuesto, de las cuales se dejará constancia escrita. El curador del niño o niña seguirá ejerciendo su cargo al llegar estos a la adolescencia, salvo que el pupilo, en ejercicio de las facultades que se consagran en este artículo solicite su remoción y el juez la encuentre procedente.
PAR.—Los padres o el curador y el mismo menor adulto, podrán solicitar la designación de un consejero para el manejo de su peculio profesional y el juez, de considerarlo procedente, decretará la inhabilitación sometiéndose a las reglas pertinentes.
ART. 55.—Consejeros. A la persona con discapacidad mental relativa inhabilitado se le nombrará un consejero, persona natural, que lo guíe y asista y complemente su capacidad jurídica en los negocios objeto de la inhabilitación.
ART. 56.—Curadores y consejeros suplentes. Los curadores o consejeros suplentes serán sucesivos y reemplazarán al principal o al suplente antecesor en sus ausencias definitivas o temporales.
Cuando sea necesario, el juez podrá ordenar al suplente la asunción inmediata del cargo, a pesar de quedar pendiente la rendición de cuentas; pero en tal caso dicho suplente no asumirá responsabilidad patrimonial y esta será de cuenta del curador que va a ser reemplazado, sin perjuicio de la responsabilidad individual del suplente por las acciones que le puedan ser atribuidas.
PAR. 1º—La comunicación deberá hacerse mediante correo certificado y se entenderá cumplida desde el día en que sea recibida en la oficina postal.
PAR. 2º—El curador o consejero que omita la comunicación o que asuma injustificadamente el cargo, responderá hasta de la culpa levísima en sus actuaciones respecto del pupilo.
ART. 57.—Administradores fiduciarios. Cuando el valor de los bienes productivos de la persona con discapacidad mental absoluta o menor de edad supere los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales o cuando sea inferior pero el juez lo estime necesario, se dará la administración de los bienes a un administrador fiduciario.
PAR.—Con todo, los familiares que por ley tienen el deber de promover la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, constituidos en consejo, podrán solicitar al juez que los bienes productivos del mismo no sean entregados en fiducia, sino que queden bajo la responsabilidad administrativa del curador.
ART. 58.—Bienes excluidos de la administración fiduciaria. Se excluyen de la administración fiduciaria los bienes personales, incluyendo la vivienda del pupilo y el menaje doméstico.
ART. 59.—Administradores adjuntos. Los bienes de un menor o mayor de edad con discapacidad mental absoluta, sometido a patria potestad, que no puedan ser administrados por los padres por las causas establecidas en el numeral 3º del artículo 291 y en el artículo 299 del Código Civil o de los niños, niñas y adolescentes y con discapacidad que por expresa disposición del testador o donante no deban ser administrados por los respectivos padres o guardadores, serán dados en administración en las condiciones de la presente ley.
PAR. 1º—Si los bienes no exceden de la suma prevista en el artículo 59(sic) de la presente ley o no se trate de bienes productivos que deban conservar su naturaleza, podrá designarse una persona natural para la administración adjunta siguiendo las reglas para la designación de curadores. El administrador adjunto seguirá administrando dichos bienes aun en el evento de que durante el ejercicio del cargo estos superen el mencionado valor, a menos que el juez disponga lo contrario, con conocimiento de causa.
PAR. 2º—La designación de una persona natural como administrador adjunto se tendrá por no escrita cuando, al hacer el inventario, los bienes superen las cuantías previstas o el juez considere que la complejidad de los negocios amerita que sean manejados por una fiduciaria.
PAR. 3º—El administrador persona natural tendrá las facultades de los curadores respecto de los bienes e intereses que administra y de igual manera queda sometido a todas aquellas limitaciones, incapacidades e incompatibilidades de los curadores.
ART. 60.—Guardadores y consejeros interinos. Cuando se retrasa por cualquier causa la asunción de una guarda por el designado o durante ella sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al guardador seguir ejerciéndola y no haya guardador suplente que pueda asumir la gestión, se dará por el juez de familia un guardador interino mientras dure el retardo o el impedimento.
ART. 61.—Curadores especiales. Se da curador especial cuando se deba adelantar un asunto judicial o extrajudicial determinado y el interesado o afectado no pueda o no quiera comparecer o su representante legal se encuentre impedido de hacerlo.
ART. 62.—Otros representantes de los incapaces. Toda otra persona que obre en nombre o por cuenta de la persona con discapacidad mental o menor, será tomado como agente oficioso, pero responderá, en todo caso, hasta de la culpa leve.
ART. 63.—Curadores testamentarios. Cualquiera de los padres podrá designar curadores y administradores, por testamento, para sus hijos niños, niñas y adolescentes o a la persona con discapacidad mental absoluta, aun para los hijos que están por nacer.
PAR.—Cuando cada padre en su testamento haya designado un curador distinto para su hijo menor o con discapacidad mental, tendrá prelación designación (sic) hecha en el acto testamentario otorgado en último lugar, sin perjuicio de que el juez pueda, luego de la evaluación del caso, desechar esta designación para acoger la del otro padre y en tal caso podrá dejar al otro como suplente.
ART. 64.—Consejeros testamentarios. El padre o la madre que ejerzan como consejeros de sus hijos inhabilitados podrán nombrar por testamento la persona que haya de sucederles en la guarda.
ART. 65.—Designación de administradores adjuntos. Todo el que instituya, legue o done a una persona con discapacidad mental absoluta o a un menor bienes que no se le deba a título de legítima, podrá designar por testamento o por acto entre vivos, administrador adjunto para el manejo de tales bienes.
ART. 66.—Designaciones múltiples. El testador o donante podrá designar guardadores suplentes sin exceder de tres (3).
ART. 67.—Designaciones modalizadas. Las guardas testamentarias admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien o expiren.
ART. 68.—Guardas legítimas. Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria.
1) El cónyuge no divorciado ni separado de cuerpos o de bienes y el compañero o compañera permanente.
2) Los consanguíneos del que tiene discapacidad mental absoluta, prefiriendo los próximos a los lejanos y los ascendientes a los descendientes.
ART. 70.—Selección de fiduciarias. A menos que el testador haya designado la fiduciaria, corresponderá al juez seleccionarla.
ART. 71.—Obligatoriedad del cargo. Los cargos de curador y consejero, así como el de administrador patrimonial persona natural, son obligatorios.
ART. 72.—Sanciones a los guardadores renuentes. El guardador que sin razón válida se abstenga de asumir el cargo, será sancionado con una multa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
ART. 73.—Incapacidades. Son incapaces de ejercer la guarda:
ART. 74.—Incapacidades temporales. El guardador que no pudo ejercer su cargo por incapacidad podrá, una vez recupere la capacidad, solicitar al juez se le designe como guardador, si tiene prelación frente al que la ejerce.
ART. 75.—Denuncia de las incapacidades y ejercicio de guardadores sustitutos. El guardador que se creyere incapaz de ejercer la guarda tendrá treinta (30) días contados a partir de la fecha de la citación para manifestar ante el juez su incapacidad.
PAR.—El juez tomará las medidas requeridas para evitar que durante el plazo concedido al guardador para que manifieste su incapacidad, el pupilo quede desprotegido.
ART. 76.—Consecuencias de la actuación del guardador incapaz. Los guardadores incapaces que, a sabiendas, ejerzan el cargo, además de estar sujetos a todas las responsabilidades de su administración, perderán los emolumentos correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron el cargo.
ART. 77.—Incapacidades sobrevinientes. Las causas de incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la guarda pondrán fin a ella.
ART. 78.—Excusas. Podrán excusarse de ejercer la guarda:
PAR. 1º—Quienes por razones económicas o por excesiva carga laboral o de custodia de otros se consideren imposibilitados para ejercer a cabalidad la guarda, deberán exponerlo al juez, probando las razones aducidas. El juez aceptará o rechazará la excusa, según la conveniencia que reporte al pupilo.
PAR. 2º—El guardador que haya servido la guarda de un mismo pupilo durante más de diez (10) años, podrá pedir que se llame al suplente para que entre a ejercerla, pasando a ocupar la posición de suplente en el último lugar. Si no hubiese suplentes, podrá el guardador solicitar la designación de estos para así poder ejercitar la opción aquí consagrada.
ART. 79.—Alegación de las excusas. Quien se encuentre en una de las causales establecidas en el artículo precedente, deberá invocarla dentro de los mismos plazos establecidos para manifestar al juez las incapacidades y si no lo hace, responderá en la misma forma que el guardador incapaz que omite esa mención.
ART. 80.—Reglas comunes a las incapacidades y a las excusas. Mientras se decide sobre las incapacidades y excusas, el juez tomará las providencias para evitar situaciones perjudiciales para los pupilos. En todo caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encargará temporalmente del cuidado personal del pupilo cuando no haya alguien más que pueda asumir satisfactoriamente esta función.
ART. 81.—Requisitos relacionados con el guardador. Para asumir el cargo de guardador se requiere:
ART. 82.—(Derogado).* Garantías. Quien deba ejercer el cargo de guardador deberá otorgar una caución para responder ante el pupilo por sus actuaciones.
ART. 83.—Montos mínimos. La garantía deberá contemplar la indemnización de perjuicios morales y materiales.
ART. 84.—Guardadores exceptuados. A menos que el juez disponga lo contrario, quedan exceptuados de otorgar caución:
ART. 85.—Posesión. Los guardadores principales y sus suplentes se posesionarán de su cargo ante el juez y se comprometerán a cumplir fielmente con sus deberes. El juez procurará posesionarlos en una sola diligencia.
ART. 86.—Inventario. El inventario contendrá la relación detallada de cada uno de los bienes y derechos del interdicto o del niño, niña y adolescente. Dicho inventario será confeccionado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, por uno o más peritos contables, según se requiera, designados por el juez de la lista de auxiliares de la justicia. En la responsabilidad y la confección del inventario seguirán las reglas establecidas para los administradores de los patrimonios en procesos concursales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.
PAR.—El Presidente de la República reglamentará el modo de hacer el registro y la publicidad de los inventarios en un término similar al contemplado en el artículo 106 de esta ley. Mientras se produce dicha reglamentación, los inventarios se trasladarán a archivo digital, utilizando un programa que no permita la modificación de su texto y se conservarán con las suficientes seguridades por el juez de conocimiento, pero permitiendo la expedición y envío de la información a requerimiento de quien lo solicite justificadamente. En la transferencia e impresión de la información se utilizarán los protocolos de seguridad admitidos por las reglas del comercio electrónico.
ART. 87.—Recepción de los bienes inventariados. Efectuada la posesión, se entregarán los bienes al guardador conforme al inventario realizado de conformidad con el artículo 44 de la presente ley, en diligencia en la cual asistirá el juez o un comisionado suyo y el perito que participó en la confección del mismo. El guardador podrá presentar las objeciones que estime convenientes al inventario dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los bienes, con las pruebas que sustenten su dicho y estas objeciones se resolverán mediante diligencia incidental. Aprobado el inventario, se suscribirá por el guardador y el juez y una copia auténtica del mismo se depositará en la oficina de registro de instrumentos públicos, para su conservación y la inscripción relativa a los bienes sujetos a registro.
PAR.—La ausencia del perito no impedirá la diligencia de entrega, pero lo hará responsable de los daños que aquella ocasione.
ART. 88.—Representación de la persona con discapacidad mental absoluta y el menor. El curador representará al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales que le conciernan, con las excepciones de ley.
ART. 89.—Forma de la representación. El curador realizará todas las actuaciones que se requieran en representación del pupilo, debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado en representación del pupilo si le fuere útil y no de otro modo.
PAR.— La representación de los impúberes y menores adultos será la prevista en este artículo. Con todo, el guardador del menor adulto podrá facultar al pupilo para realizar actuaciones directas y en tal caso, se aplicarán las reglas de que trata el artículo siguiente.
ART. 90.—Representación del inhábil. El consejero solo representa al inhábil cuando haya recibido de este último mandato general o especial.
ART. 91.—Administración y gestión de los guardadores. Los guardadores personas naturales deberán administrar los bienes patrimoniales a su cargo, con el cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando siempre que presten la mayor utilidad al pupilo.
ART. 92.—Actos prohibidos al curador. No será lícito al curador:
PAR.—Los actos en los que el guardador, su cónyuge o sus parientes tengan interés serán celebrados por un guardador suplente o especial designado por el juez y, en todo caso, requerirán autorización judicial.
ART. 93.—Actos de curadores que requieren autorización. El curador deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos, en representación de su pupilo:
a) Las donaciones de bienes del pupilo incluidos aquellos actos de renuncia al incremento del patrimonio del pupilo, con excepción de aquellos regalos moderados, autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos y los dones manuales de poco valor.
d) La enajenación de los bienes esenciales de una actividad empresarial cualquiera que sea su valor salvo que se trate de la reposición de activos. Las operaciones de reposición de activos productivos, deberán constar por escrito y los dineros provenientes de la enajenación no podrán ser destinados a otros fines sin autorización judicial.
ART. 94.—Otras reglas de administración. El manejo de los asuntos del pupilo se someterá a los siguientes criterios:
c) Los dineros ociosos del pupilo y en general los excedentes de liquidez se colocarán en depósitos a término de entidades financieras y papeles del estado de renta fija que garanticen un rendimiento mínimo equivalente al interés promedio que reconocen las entidades financieras por los depósitos a mediano y largo plazo —DTF—. Las transacciones de esos papeles, antes de la época de su redención, se hará por intermedio de una entidad bancaria autorizada para negociar en bolsa y requerirá autorización judicial cuando supere el diez por ciento (10%) del total de los activos del pupilo.
ART. 95.—Administración fiduciaria. Los bienes de pupilos que deban ser entregados en administración fiduciaria constituirán un patrimonio autónomo sometido a las reglas del derecho comercial sobre fiducia mercantil.
ART. 96.—Fondo de protección. De la remuneración neta que reciba la sociedad fiduciaria por la administración de recursos de incapaces destinará el porcentaje que fije el gobierno, pero no menos del veinte por ciento (20%) a la constitución de un fondo de reserva para protección de activos fideicomitidos de pupilos.
ART. 97.—El contrato de fideicomiso de bienes de pupilos. Además de las cláusulas obligatorias y usuales de los contratos de fiducia mercantil, los contratos deberán contener:
PAR.—El contrato deberá ser aprobado por el juez.
ART. 98.—Control de la gestión. La gestión de la sociedad fiduciaria será controlada por el curador o por el inhábil con la aprobación de su consejero. Con todo, cuando la cuantía de los bienes fideicomitidos exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales o la complejidad de la gestión lo amerite, se conformará un consejo de administración en el que participarán el curador —o el inhábil y su consejero— un delegado del Superintendente Financiero de Colombia y un delegado del director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando se trate de bienes fideicomitidos por un inhábil negocial, por la causal establecida en el inciso 2º del artículo 35 de la presente ley, también hará parte del consejo un representante de los acreedores.
ART. 99.—Décima. La remuneración de los guardadores será fijada por el juez, en atención a las cargas de cuidado del pupilo y la administración de los bienes, pero en ningún caso excederá la décima de los frutos netos del patrimonio del pupilo. En todo caso el guardador tendrá derecho a que se le reconozcan y abonen los gastos necesarios para el desempeño de la gestión.
PAR. 1º—El juez podrá reconocer remuneración al agente oficioso del pupilo cuando esta no deba asignarse a otro guardador.
ART. 100.—Forma y oportunidad de la remuneración. El guardador cobrará su remuneración en la medida que se realicen los frutos y si lo desea, podrá recibirlos en especie.
ART. 101.—Reglas especiales sobre frutos. No se consideran frutos los recursos obtenidos de la venta de activos fijos o de productos que al ser retirados impliquen una disminución del valor del bien, salvo los productos de bosques, minas y canteras.
ART. 102.—Recompensas testamentarias. Cualquier asignación que el testador haga en favor del guardador designado, para compensarlo por la gestión, se entenderá devengada para el guardador desde el momento mismo en que se posesiona del cargo, siempre que ese valor pudiese estar comprendido dentro de la porción de que el testador podía disponer libremente, en caso contrario la asignación se tendrá por no escrita.
PAR.—El juez, al fijar la remuneración, tendrá en cuenta el valor de la recompensa.
ART. 103.—Exhibición de la cuenta. Al término de cada año calendario deberá realizar un balance y confeccionar un inventario de los bienes, el cual se exhibirá al juez junto con los documentos de soporte, en audiencia en la que podrán participar las personas obligadas a pedir la curaduría y los acreedores del pupilo, dentro de los tres (3) meses calendario siguientes, para lo cual el curador solicitará al juez la fijación de la fecha para la respectiva diligencia.
PAR. 1º—Quienes estén interesados en ser citados a participar en una audiencia de exhibición de cuentas, deberán informarlo al juez, por escrito, a más tardar, diez (10) días antes del cierre del año judicial, a efectos de que el juez les comunique la fecha de la audiencia. El no solicitar oportunamente la convocatoria, releva al juez de la carga de citar al interesado, pero no impide la participación de este último en la audiencia.
PAR. 2º—En el mismo auto en que el juez fija fecha para la audiencia, podrá ordenar la práctica del examen médico anual a que se refiere el artículo 31 de esta ley, previniendo al médico o equipo perito para que entregue el dictamen a más tardar el día anterior al de la fecha de la diligencia.
PAR. 3º—La copia del acta de la audiencia, firmada por los participantes y el juez, servirá además como la prueba de supervivencia de que trata el artículo 13 de la Ley 962 de 2005 o la norma que la sustituya o complemente.
ART. 104.—Informe de la guarda. Los curadores, simultáneamente con la exhibición de la cuenta, deberán rendir un informe sobre la situación personal del pupilo y del inhábil, con un recuento de los sucesos de importancia acaecidos mes por mes. El informe también se presentará al término de la gestión.
ART. 105.—Rendición anticipada de cuentas. Cuando el juez lo estime conveniente, de oficio o por solicitud de alguno de los interesados, solicitará la rendición anticipada de la cuenta.
Al término de la guarda, el curador deberá rendir cuentas a su sucesor, o al pupilo mayor o rehabilitado y hacer entrega de los bienes.
PAR.—Ni el juez ni el testador podrán relevar a ningún curador de la obligación de rendir cuentas.
ART. 106.—Cuenta de curadores principales y suplentes. Cuando durante un año calendario hayan ejercido el cargo varios guardadores, la cuenta será presentada por todos ellos, a menos que el principal decida presentarla bajo su responsabilidad.
ART. 107.—Responsabilidad de los guardadores. Salvo cuando en esta ley se disponga lo contrario, la responsabilidad de los guardadores es individual y se extiende hasta la culpa leve.
ART. 108.—Juramento estimatorio. El pupilo o su representante tendrá derecho a estimar, bajo juramento el monto, los perjuicios materiales o morales causados por su guardador, siempre que este haya sido condenado previamente por hechos culposos o dolosos o no haya exhibido las cuentas. El guardador, en todo caso, podrá controvertir la reclamación presentando las pruebas que estime pertinentes.
ART. 109.—Intereses sobre saldos a entregar. Sobre cualquier suma de dinero que el guardador resulte adeudando al pupilo, este último reconocerá un interés no inferior al DTF, más tres (3) puntos.
PAR.—La mora en la entrega de los demás bienes se indemnizará con una suma de dinero equivalente al DTF sobre el valor real de los bienes dejados de entregar oportunamente, por el tiempo en que duró dicha mora. Los créditos del pupilo gozarán del privilegio que señala la ley.
ART. 110.—Caducidad de la acción y prescripción de los derechos. Las acciones de responsabilidad por el ejercicio de la guarda del pupilo contra el curador, caducarán en cuatro (4) años contados desde el día en que el pupilo haya salido del pupilaje. Este plazo corre frente a cualquiera de los sucesores del pupilo.
ART. 111.—Terminación. Las guardas terminan definitivamente:
PAR.—Cuando un guardador legítimo o testamentario solicite le sea asignada la guarda que ejerce un curador dativo o de menor grado, el juez hará la designación correspondiente y pondrá al solicitante en ejercicio del cargo, a menos que sea preferible mantener el guardador que está desempeñando el cargo y así lo disponga mediante auto debidamente motivado.
ART. 112.—Acción de remoción. La acción de remoción es popular y puede ser promovida incluso por el pupilo.
ART. 113.—Consecuencias. El guardador removido será condenado a restituir la remuneración y recompensa testamentaria al pupilo, al pago de los perjuicios y perseguido criminalmente si su conducta se encuentra tipificada.
ART. 114.—Clases. Para cuidar y administrar los bienes de los ausentes y de la herencia yacente se designarán administradores.
ART. 115.—Reglas sobre la administración de bienes del ausente. La administración de bienes del ausente se someterá a las siguientes reglas especiales:
ART. 116.—Reglas sobre la administración de bienes de la herencia yacente. La administración de bienes de la herencia yacente se someterá a las siguientes reglas especiales:
2. Administración y liquidación patrimonial: El administrador tendrá las mismas facultades y limitaciones del administrador de bienes del ausente. Cumplido el plazo establecido en el numeral 4º del artículo 582 del Código de Procedimiento Civil, el administrador procederá a la liquidación del patrimonio. Una vez pagados los acreedores del causante y descontados los gastos originados en ese proceso, así como la remuneración del curador, se entregará el saldo al Instituto de Bienestar Familiar.
PAR.—Cuando el difunto tenga herederos en el extranjero, el cónsul de la nación donde estos estén real o presuntamente domiciliados, podrá hacerse presente en el proceso, para que por su intermedio se notifique a los herederos, concediéndoles plazo para que se presenten a reclamar la herencia.
ART. 117.—Remuneración a los curadores de bienes. El juez asignará la remuneración a los guardadores de conformidad con las reglas aplicables a los auxiliares de la justicia.
ART. 118.—Otras curadurías. Las curadurías especiales y ad litem se rigen por las reglas especiales y de procedimiento.
ART. 119.—Derogatorias. Quedan derogados los artículos 261; 428 a 632 del Código Civil. Se modifican parcialmente el artículo 34 del Código Civil, los artículos 427, 447, 649, 655, 659, 660 del Código de Procedimiento Civil; el artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 y las demás normas que sean contrarias a esta ley.
ART. 120.—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.