Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34637-de-diciembre-16-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dfe0f98f8a89032e0430a0101519032&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 11:50:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 66']

﻿ Sentencia 34637 de diciembre 16 de 2009
SENTENCIA 34637 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:REINTEGRO DEL TRABAJADOR. QUE NO SE ENCUENTRE PREVISTO EL EMPLEO EN LA PLANTA DE PERSONAL NO ES UNA RAZÓN ADMISIBLE PARA NEGAR EL REINTEGRO CUANDO SE DECLARA LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL
TEMAS ESPECÍFICOS:PLANTA DE PERSONAL, REINTEGRO LABORAL, INTERRUPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 34637 de diciembre 16 de 2009
Rad. 34637
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de agosto de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido contra la entidad recurrente por la señora Yandira Ruiz Castañeda.
En torno a la afirmación relativa a la improcedencia del reintegro para aquellos eventos en los que no se encuentre previsto el empleo en planta de personal de la entidad, en que se sustenta el ataque, es del caso anotar que esa supuesta restricción, que en principio tendría origen constitucional, no opera frente a la declaración de existencia de la relación laboral, pues esta abarca la concerniente al vínculo legal que, en verdad, debe ostentar la persona al servicio de la entidad empleadora, esto es, si es trabajador particular o del Estado y, en este segundo caso, la condición de trabajador oficial o empleado público, lo que determina implícitamente las garantías y derechos de los cuales es o fue beneficiario, como lo es el de la reinstalación en el empleo.
Así se explicó en la sentencia del 17 de junio de este año, radicado 33772, en un caso en el que se plantearon por la acusación los mismos argumentos, ahora propuestos;
“Se reitera que la inclusión de un trabajador en la planta de personal es cuestión ajena a su voluntad y no puede ser excusa para desconocerle los derechos laborales que le corresponden si estuvo vinculado por una relación laboral. En ese sentido se pronunció esta Sala de la Corte, entre otras, en la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2006, radicado 26539, en la que se expresó lo que a continuación se trascribe:
“Con todo, cumple advertir que esta Sala de la Corte ha precisado en asuntos seguidos contra la misma entidad demanda, que la inexistencia del cargo al cual se ordena el reintegro de un trabajador oficial en la planta de personal no es razón jurídica que impida la aplicación de las normas convencionales a ese servidor y, precisa ahora, tampoco el cabal cumplimiento de ese reintegro, pues el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador no puede verse afectado por las disposiciones internas de la entidad que ha terminado su contrato de trabajo de manera ilegal, aparte de que no existe ningún obstáculo legal para que la plantilla de personal sea ajustada para cumplir con una orden judicial. Y en el caso que nos ocupa, si el cargo del demandante no fue incluido en la plantilla de los trabajadores oficiales del instituto llamado a juicio, es cuestión que no le puede ser a aquel imputable, pues obedeció a la ilegal decisión de esa entidad de no considerarlo como uno de sus trabajadores pese a que, en realidad, como se estableció en el proceso, la prestación personal de sus servicios estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo”.
“En todo caso, importa precisar que no tendría efectos la disposición convencional en la que el empleador oficial, que se obliga voluntariamente a extender sus efectos a todos los trabajadores a su servicio, pactara anticipadamente la exclusión de quienes, sin estar formalmente vinculados como trabajadores oficiales, en virtud de un discutible sistema de contratación de la entidad distinto al laboral, posteriormente se les reconoce ese carácter. Con mayor razón, cabe añadir, cuando la cláusula de marras establece que también serán beneficiarios los trabajadores “…que por futuras modificaciones de estas normas asuman tal categoría” (la de trabajadores oficiales).
“En las condiciones anotadas, no tiene ninguna implicación en este asunto que en la convención colectiva de trabajo referida se haya anotado que se benefician de la misma los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, porque una vez establecida la relación laboral y el consiguiente carácter de trabajador oficial de la actora, se consolidó a su favor la prerrogativa de exigir el reconocimiento, pago o cumplimiento de las garantías o beneficios previstos por la ley para este sector de servidores del Estado y, naturalmente, la aplicación de la convención colectiva en el supuesto de que se extendiera a terceros no sindicalizados, pues en tal evento es por mandamiento legal y no por disposición de la convención, que se beneficia de ella.
“Al respecto, es pertinente indicar que la declaración judicial de la existencia de una relación laboral lleva ínsita la concerniente al vínculo legal que en verdad debe ostentar la persona al servicio de la entidad empleadora, vale decir, si es trabajador particular o del Estado y, en este segundo caso, su condición de trabajador oficial o empleado público, lo cual igualmente determina implícitamente la existencia de las garantías y derechos de los cuales es o fue beneficiario.
“Lo anterior, por cuanto que declarado el vínculo laboral de un trabajador surge para este automáticamente el derecho a beneficiarse de las prerrogativas legales y aun de las extralegales, si fuere el caso, previstas a favor de las personas que tenían reconocida esa calidad por el ente beneficiario de sus servicios.
“Es claro que el constituyente de 1991 quiso garantizar a los trabajadores el derecho a beneficiarse de las prerrogativas de las cuales son verdaderamente acreedores y, entre otras razones, por ello otorgó el carácter de constitucional al principio de primacía de la realidad, por razón del cual la declaración que se haga de la existencia de una verdadera relación laboral no tiene un mero carácter declarativo sino que su finalidad es objetivamente resarcitoria, y, de ser posible, también restaurativa, habida consideración de que la cabal utilización de ese principio propende porque los trabajadores afectados por un sistema de contratación que no se aviene a las condiciones en que son o fueron prestados los servicios personales subordinados reciban las prebendas y garantías laborales de las que son beneficiarios por ministerio de la ley y, naturalmente, las que puedan derivar de la contratación colectiva, si es del caso.
“En este sentido, corresponde señalar que la determinación judicial de la existencia de una relación laboral subordinada, en aplicación del citado principio constitucional de la primacía de la realidad, no depende de que los servicios ejecutados por quien fue vinculado por un aparente contrato de prestación de servicios u otro de naturaleza distinta, con el que se quiso soslayar la celebración de un contrato laboral, estén previstos como actividades propias de un cargo establecido en la planta de personal de la entidad.
“Lo anterior es así porque no es el trabajador quien debe asumir las consecuencias de la imprevisión o el ilegal manejo de las relaciones laborales, en contra de las leyes sociales, que se presenten en el interior de las entidades del Estado, dado que, se insiste, ante el hecho cierto del surgimiento de una relación de trabajo, nace para ese trabajador subordinado el derecho a beneficiarse del régimen laboral aplicable a la calidad que tenga de trabajador oficial o empleado público, por virtud del principio señalado y el de la igualdad que rige nuestro ordenamiento constitucional y legal”.
Y en la sentencia del 16 de septiembre de 2009, radicada con el número 36609, precisó la Sala lo siguiente:
“En esta perspectiva, la censura le atribuyó al tribunal, en el primer y tercer cargo yerros jurídicos, y en el segundo errores de hecho, con el firme propósito de acreditar la imposibilidad del reintegro impetrado.
“Como primera medida, es de destacar, que no es objeto de discusión en sede de casación, las conclusiones a las que arribó el fallador de alzada, en el sentido de que a las partes verdaderamente las ató un vínculo contractual de carácter laboral; que la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2001-2004 en su artículo 5º consagra el derecho a la estabilidad laboral, que “permite que ante la terminación unilateral del contrato sin justa causa, el trabajador pueda optar entre el consecuente reintegro o la indemnización por despido”; y que la actora “fue despedida unilateralmente sin el lleno de formalidades descritas en el citado artículo 5º de la convención colectiva”, habiendo solicitado el correspondiente reintegro.
“Pues bien, bajo esta órbita, en lo concerniente a un primer aspecto, que se contrae a la viabilidad del reintegro de la persona que reúne los presupuestos de la norma convencional en comento para ser beneficiaria de ella, como ocurre con la demandante, la Corte en casos análogos seguidos contra el mismo Instituto de Seguros Sociales, ha tenido la oportunidad de estudiar el tema y fijar su propio criterio, consistente en que para esta clase de asunto, prevalece el derecho a restablecer la relación laboral sobre lo dispuesto internamente por la entidad alrededor de su planta de personal.
“En efecto, se tiene adoctrinado en casos del ISS, que así no exista el cargo al cual se dispuso el reintegro en la actual planta de personal de la entidad, esto per se no constituye razón jurídica suficiente que impida restablecer el vínculo de quien fue despedido sin observar las previsiones legales y convencionales, pues la protección del derecho y por ende la estabilidad del empleo no pueden verse afectados.
“En casación del 4 de noviembre de 2004 radicado 23535, reiterada en sentencias del 21 de noviembre de 2007 y 18 de junio de 2009, radicación 28782 y 35038 respectivamente, esta corporación en un proceso adelantado contra el mismo ISS, puntualizó:
En cuanto a la afirmación que hace la censura concerniente a la inaplicabilidad de la convención colectiva al actor por no encontrarse dentro de la planta de personal de la entidad demandada, tal planteamiento es infundado, pues al tener ocurrencia la relación laboral, surgió para el demandante el derecho a beneficiarse del régimen laboral aplicable a los trabajadores oficiales, incluidas naturalmente las garantías establecidas convencionalmente, en razón del principio de igualdad que rige en el derecho laboral. Sobre este mismo punto la Sala tuvo oportunidad de señalar en sentencia radica con el número 17405 de 4 de febrero de 2002, lo siguiente:
La decisión del Instituto de congelar la “Planta de personal”, expresada en el artículo 35 de la convención colectiva aportada al proceso no significa que no puedan presentarse relaciones laborales, pues de configurarse estas por cualquier circunstancia estarán necesariamente regidas por el régimen laboral aplicable a los trabajadores oficiales, en razón a que sus estatutos o los programas que haya adoptado no pueden imperar sobre las normas laborales dado el carácter de orden público que éstas ostentan. Otras serán pues las consecuencias a nivel interno de la entidad surgidas con ocasión del incumplimiento de sus directivas, pero que no son materia de las que pueda ocuparse la Sala en este asunto.
Igualmente dirigido por la vía directa, denuncia la infracción directa del artículo 25 A del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 13 de la Ley 712 de 2001, que a su vez condujo a la violación de los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, 22, 27, 28 y 33 del Decreto-Ley 3118 de 1968, modificado por el artículo 3º la Ley 31 de 1965, 10 del Decreto-Ley 3135 de 1968, 1º del Decreto Ley 3148 de 1968, 47 del Decreto 1848 de 1969, 17, 20, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993 y 13 de la Ley 344 de 1996.
El ataque comienza con una premisa referente a que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 8º de la Ley 446 de 1998, por medio del cual se había adicionado el Código Procesal del Trabajo con el artículo 25 A, únicamente es viable acumular pretensiones que se excluyan entre sí cuando quiera que se propongan como principales y subsidiarias.
A renglón seguido, se duele de que el juzgador de segundo grado no acogiera esta norma en su decisión, pues no le hizo producir efectos, o bien por ignorancia o bien por rebeldía, pues a pesar de entender correctamente que en la demanda inicial se plantearon separadamente dos grupos de pretensiones incompatibles entre sí, como principales unas y de manera subsidiaria otras, contrariando su claro texto, al conocer de la apelación de ambas partes, condenó al Instituto de Seguros Sociales “...a reintegrar a la señora Yandira Ruiz Castañeda al mismo cargo que ocupaba, de secretaria de la Sección de Medicina Laboral en el Departamento de Pensiones, u otro semejante, con el consiguiente pago de los salarios debidos, como de las prestaciones sociales (legales y extralegales), con los aumentos también legales y extralegales correspondientes, desde el momento del despido” (mar. 31/2004) (fl. 323) y , además, también lo condenó “...al pago de los siguientes valores: por auxilio de cesantía por el contrato que tuvo vigencia hasta el 13 de noviembre de 2002 $ 323.612; por intereses de cesantía $ 81.893; por primas de servicios legal y extralegal $ 1.766.307; por vacaciones compensadas en dinero $ 361.578; por reembolso por cuotas pagadas a la seguridad social $ 976.253; por auxilio de transporte $ 793.603.60; por auxilio de alimentos $ 825.205.90 y por indexación $ 1.280.153.35...” (el texto entre comillas es citado por la acusación).
Sostiene que por haber condenado el tribunal a lo que se pidió de manera principal no podía condenar a la misma entidad demandada por las pretensiones que fueron formuladas de manera subsidiaria, pues considera que si la propia demandante separó las pretensiones que acumuló en su demanda, dividiéndola en principales y subsidiarias, fue porque sabía que unas y otras se excluían entre sí, de modo que simultáneamente no podía obtener unas y otras.
Observa que el sentido común impone considerar que la condena a pagar el auxilio de cesantía parte del supuesto de haber terminado el contrato de trabajo, de manera que si en la sentencia acusada se dispuso el reintegro de la demandante al cargo que desempeñaba cuando fue desvinculada se muestra contrario a la ley, por tratarse de pretensiones excluyentes.
En el mismo sentido, estima que así como fue ilegal la condena del tribunal a pagar el auxilio de cesantía y los intereses correspondientes a dicha prestación social, por haberse accedido al reintegro de la actora, también lo fue la condena a pagar vacaciones compensadas en dinero y los otros conceptos que fueron demandados subsidiariamente. Subraya que por la misma razón el derecho a disfrutar del descanso de las vacaciones sólo puede ser compensado en dinero si el trabajador es retirado sin haber hecho uso de las vacaciones causadas, por lo que deviene ilegal condenar a su pago en un caso en el que judicialmente se ordenó restablecer el contrato de trabajo, también encuentra contrario a la ley el pago de la prima de vacaciones, pues lo preceptuado por el artículo 28 del Decreto-Ley 1045 de 1978 obliga a concluir que el reconocimiento y pago de dicha prima únicamente es procedente cuando se disfruta el “descanso remunerado” de las vacaciones.
En relación con la condena por indexación confirmada por el Tribunal, sin agregar consideración alguna a lo expresado por el juez de la causa, se expresa que su ilegalidad deviene de la circunstancia de no existir norma legal que sirva de fundamento a la corrección de las obligaciones laborales.
Sostiene, en alusión a los cargos segundo y tercero, que si bien el reproche de la acusación resulta lógico en principio, ello no es así, porque el reintegro se dispuso por el tribunal frente a la segunda relación laboral que se reconoció entre las partes, en tanto que la cesantía se dispuso frente a la primera relación que se encontró demostrada.
Afirma que lo resuelto en la sentencia acusada resulta coherente con las pretensiones de la demanda, pues en forma principal se solicitó frente a la primera relación laboral invocada que se condenara a la entidad demandada al pago de las cesantías, pero de igual manera, y también con el carácter de principal, con respecto a la segunda relación laboral aducida se solicitó el reintegro de orden convencional.
No es exacto afirmar que en la sentencia acusada se dispusieran condenas respecto de pretensiones incompatibles entre sí, pues en realidad lo que sucedió en este caso fue que el juzgador de segundo grado, interpretando correctamente la demanda inicial, en la que con total claridad se hizo la precisión sobre la existencia de dos relaciones laborales y se reclamó el reintegro respecto de la segunda, partió de la comprobada realidad de esas dos relaciones laborales entre las partes, independientes y claramente deslindadas, de ahí que, al disponer el reintegro con ocasión de la terminación del segundo contrato, concluyera que no podía prosperar por este vínculo laboral el reconocimiento del auxilio de cesantía por lo que debía revocarse la condena impuesta en esos términos.
Ello, en efecto, se reflejó en la parte resolutiva de la sentencia acusada, pues en la decisión de primer grado se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar por ese concepto y por el tiempo de duración de las dos relaciones laborales referidas la suma de $ 1.046.768, y el juzgador de segundo grado dispuso que se redujera a la suma de $ 323.612, que es la parte que corresponde al primer contrato de trabajo. Importa anotar que esa pretensión de reconocimiento del auxilio de cesantía del primer contrato fue pedida independientemente del reintegro, como se desprende con facilidad de la lectura del libelo.
Que el tribunal tuvo en cuenta que había pretensiones incompatibles con el reintegro, surge del siguiente aparte de su decisión: “En ese orden de ideas, debe ordenarse el reintegro, desconociéndose de paso las peticiones subsidiarias”.
De otra parte, la impugnación no tiene en cuenta que en la demanda inicial se reclamaron, en aparte separado, unas acreencias comunes para las dos relaciones laborales invocadas, que no se oponen al reintegro deprecado con sustento en la terminación unilateral e injustificada de la segunda relación laboral, pues se trata de obligaciones que tienen normalmente su causación durante el desarrollo de la relación laboral. En concreto, en el acápite referido se pidieron los intereses sobre la cesantía, las primas de servicios legales, extralegales y de navidad legalmente establecidas, el auxilio de alimentación y el auxilio de transporte.
Empero, no ocurre lo mismo respecto de la compensación en dinero de las vacaciones, que solamente se causa cuanto termina el contrato de trabajo, de tal suerte que, en este caso, la condena por ese concepto sólo podía proceder respecto de la primera relación laboral que finalizó efectivamente, mas no de la segunda, cuyo restablecimiento se ordenó. Pese a ello, el tribunal confirmó la condena impuesta por el juzgado de primer grado por la suma de $ 361.578, sin percatarse de que esa suma correspondía a “todo el tiempo laborado” (fl. 290, vlto.), esto es, a las dos relaciones laborales.
Cuanto a la prima de vacaciones, encuentra la Corte que sobre esa pretensión no hubo condena.
El cargo, en consecuencia, prospera, pero solamente en cuanto en el fallo impugnado se condenó al pago de la compensación en dinero de las vacaciones por todo el tiempo laborado y por ello habrá de casarse la sentencia.
Denuncia por la vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 66 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que a su vez dio lugar a la violación de los artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, 22, 27, 28 y 33 del Decreto Ley 3118 de 1968, modificado por el artículo 3º de la Ley 31 de 1965, 10 del Decreto Ley 3135 de 1968, 1º del Decreto-Ley 3148 de 1968, 47 del Decreto 1848 de 1969, 17, 20, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993 y 13 de la Ley 344 de 1996. Violación legal que, señala la censura, se originó en los siguientes yerros fácticos que atribuye al juzgador de segundo grado:
“a) No haber dado por establecido, estándolo, que en el escrito presentado por el apoderado de la demandante para sustentar la apelación de manera clara delimitó el objeto del recurso al haber solicitado que se revocara “la sentencia impugnada en cuanto absolvió del reintegro (con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir), del auxilio de alimentación y del auxilio de transporte”; y
“b) No haber dado por establecido, estándolo, que en el escrito presentado por el apoderado de la demandante para sustentar la apelación de manera clara delimitó el objeto del recurso al haber solicitado que “de no concederse el reintegro se pretende la modificación de la condena por cesantías e intereses a las cesantías”.
Dislates que anota se originaron en la apreciación equivocada del escrito de apelación que presentó el apoderado de Yandira Ruiz Castañeda para sustentar la inconformidad planteada, que obra de folios 300 a 304 del expediente.
Dice la censura que en el escrito de apelación de manera clara y ordenada se fijó el alcance del recurso, para pedirle al Tribunal Superior de Medellín que revocara la sentencia de primera instancia “en cuanto absolvió del reintegro (con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir), del auxilio de alimentación y del auxilio de transporte” e igualmente fue claro al expresar que “de no concederse el reintegro” lo único que pretendía al apelar la sentencia era “la modificación de la condena por cesantías e intereses a la cesantía” (El texto entre comillas es de la censura).
En torno del aspecto fáctico planteado estima oportuno recordar que la Sala de Casación Laboral ha sido especialmente estricta en el cumplimiento del principio de consonancia y en exigir la debida sustentación de este recurso, dando como razón para ello que “la segunda instancia es una garantía del debido proceso para las partes y no una tutela oficiosa de control funcional del superior” (Las comillas son del recurrente). En sustento de su posición, la acusación cita una sentencia de esta Corporación de 14 de agosto de 2007, radicada con el número 28474.
Importa anotar que distante estuvo el tribunal de apreciar con error el escrito de apelación de la parte actora y, en consecuencia, de violar el principio de consonancia previsto en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues resumió de manera adecuada esa pieza procesal y decidió la alzada sujetándose de manera estricta a lo pedido por el apoderado de la demandante, que en esencia, fue que se revocara la absolución del reintegro.
En efecto, se dijo en el escrito de sustentación del recurso de alzada que “…se pretende que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín REVOQUE la sentencia impugnada en cuanto absolvió del reintegro (con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales de percibir), del auxilio de alimentación y del auxilio de transporte.
“De no concederse el reintegro se pretende la MODIFICACIÓN de la condena por cesantías e intereses a las cesantías”.
Por su parte el tribunal, luego de estudiar la apelación del demandante, asentó: “Pasamos ahora a considerar los motivos de apelación de la parte demandante. Propugna esta por el reintegro, fundamentado en la cláusula quinta del la convención colectiva aportada al proceso.”
Es claro, así las cosas, que apreció correctamente el escrito de sustentación de la apelación de la parte demandante, pues concluyó que ella giraba en torno al reintegro de la demandante, de suerte que no es dable atribuirle un desacierto evidente en la apreciación de la referida pieza procesal, con mayor razón si se tiene en cuenta que al disponer esa corporación el reintegro de la actora concluyó que no podía prosperar el auxilio de cesantía respecto del segundo contrato que existió entre las partes y en virtud del cual se generó tal reintegro por haber finalizado por decisión unilateral e injustificada del Instituto de Seguros Sociales, y por esa razón consideró que “como consecuencia del acogimiento de la pretensión principal, no puede prosperar el reconocimiento de la cesantía por el segundo contrato realizado por las partes, debiéndose revocar, e igual acontece con la indemnización por el despido injusto, ya que ésta es incompatible con el reintegro”.
Conforme a lo dicho, el cargo no prospera.
Estando acreditado que la demandante solo tiene derecho a la compensación de las vacaciones correspondiente al primer contrato, debe tenerse en cuenta que el salario devengado en el primero fue de $ 650.840, luego por los servicios prestados entre el 14 de mayo de 2002 y el 13 de noviembre de ese año le corresponde la suma de $ 161.806 a título de compensación de tales vacaciones.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de agosto de 2007, en el proceso adelantado por Yandira Ruiz Castañeda contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto condenó al demandado a pagar la suma de $ 361.578 por concepto de compensación en dinero de las vacaciones. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, modifica el literal c) del numeral primero del fallo proferido el 27 de febrero de 2007 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, para condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la demandante la suma de $ 161.806 por concepto de compensación en dinero de las vacaciones.