Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-410-de-septiembre-15-de-1994?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415089f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-14 05:51:50
Document Index: 79709180

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 117', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 267', 'artículo 37', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 242', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 94', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 53', 'Artículo 33', 'Artículo 36', 'Artículo 61', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 117', 'Artículo 133']

﻿ SENTENCIA C-410 DE SEPTIEMBRE 15 DE 1994
SENTENCIA C-410 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1994
CONTENIDO:LA EDAD PARA EFECTOS PENSIONALES, DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO. DECLARAR EXEQUIBLES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE LA LEY 100 DE 1993, PERO ÚNICAMENTE EN LO RELATIVO AL CARGO FORMULADO. ARTÍCULO 33 NUMERAL 1º Y PARÁGRAFO 4º, ARTÍCULO 36 INCISO PRIMERO, INCISO SEGUNDO EN LO ACUSADO Y EL INCISO CUARTO EN SU TOTALIDAD, ARTÍCULO 61 LITERAL B), ARTÍCULO 64 INCISO SEGUNDO, ARTÍCULO 65 INCISO PRIMERO, ARTÍCULO 117 LITERAL A)INCISOS SEGUNDO Y CUARTO DEL LITERAL B), Y EL PARÁGRAFO SEGUNDO Y ARTÍCULO 133 INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO Y PARÁGRAFO 3º.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, DISCRIMINACIÓN SEXUAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, DISCRIMINACIÓN LABORAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:275 DE NOVIEMBRE DE 1994, PÁG.1456
Sentencia C-410 de septiembre 15 de 1994
Ref.: Expediente D-517
Santafé de Bogotá, D.C., quince de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El ciudadano VICENTE PÉREZ SILVA, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad solicita a la Corte que declare inexequibles los artículos 33 parcial, 36 parcial, 61 parcial, 64 parcial, 65 parcial, 117 parcial y 133 parcial de la Ley 100 de 1993, por considerar infringido el artículo 13 de la Carta.
“Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
1. Haber cumplido cincuenta y cinco años (55) de edad si es mujer, o sesenta años (60) años de edad si es hombre.
d) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión;
PAR. 2º—Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente Ley, se entiende por semana cotizada el período de (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada período.
PAR. 4º—A partir del primero (!o) de enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a 57 años si es mujer y 62 si es hombre.
PAR. 5º—En el año 2013 la Asociación Nacional de Actuarios, o la entidad que haga sus veces, o una comisión de actuarios nombrados por las varias asociaciones nacionales de actuarios si las hubiere, verificará con base en los registros demográficos de la época, la evolución de la expectativa de vida de los colombianos, y en consecuencia con el resultado podrá recomendar la inaplicabilidad del aumento de la edad previsto en este artículo, caso en el cual dicho incremento se aplazará hasta que el Congreso dicte una nueva Ley sobre la materia.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
b) Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco (55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad, si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos quinientas (500) semanas en el nuevo régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.
ART. 64.—Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.
ART. 65.—Garantía de Pensión Mínima de Vejez. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.
a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizando a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE;
PAR. 1º—El porcentaje del 90% a que se refiere el inciso quinto, será del 75% en el caso de las empresas que hayan asumido el reconocimiento de pensiones a favor de sus trabajadores.
PAR. 2º—Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que no provenga inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de Caja o fondo de previsión del sector público, ni de empresa que tuviese a su cargo exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores, el cálculo del salario que tendría a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres, parte de la última base de cotización sobre la cual haya cotizado o del último salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha de ingreso al Sistema, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del DANE.
PAR. 3º—Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará como el valor de las cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado.
ART. 133.—Pensión-Sanción. El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 quedará así:
PAR. 3º—A partir del 10 de enero del año 2014 las edades a que se refiere el presente artículo, se reajustaran a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios.
— Presenta el actor las razones de la acción pública de inconstitucionalidad que promueve, en cuatro apartes. El primero de ellos lo destina a la exposición de “los antecedentes universales de la igualdad del hombre y la mujer”. Con base en numerosas referencias tomadas de diversas fuentes —entre las que aparecen la Biblia, la antigua Ley Celta, el Digesto, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano— y basado en conceptos de varios autores pretende el demandante demostrar que “Desde la más remota antigüedad, la historia de la humanidad cuenta con ciertos hitos que determinan claramente el derecho fundamental de la igualdad tanto para el hombre como para la mujer”.
— El accionante dedica el segundo aparte a reseñar los “antecedentes igualitarios del hombre y la mujer en la legislación colombiana” y señala que “Las instituciones jurídicas han evolucionado en nuestro país con relativa lentitud, pero han evolucionado”, prueba de ello es “la igualdad de los derechos políticos para hombres y mujeres” introducida por el plebiscito de 1957; el otorgamiento de iguales derechos y obligaciones a los miembros de uno y otro sexo a partir del Decreto 2820 de 1974, así como las Leyes 28 de 1932 y 75 de 1968, entre otras. En el ámbito laboral destaca la Ley 14 de 1882 que estableció “ciertas reglas sobre concesión de pensiones y gracias; la Ley 50 de 1886 y la Ley 6 de 1945”. Indica el actor que “hasta el año de 1968, la edad de jubilación para el trabajador del sector público era de 50 años con 20 años de servicio, sin que mediara diferenciación alguna de edad, entre los hombres y mujeres para alcanzar esta prestación pensional (...). En dicho año, el Decreto Ley número 3135 aumentó a 55 años el requisito de edad para los hombres”. Se refiere, además, a la regulación contenida en el Código Sustantivo del Trabajo, a la Ley 51 de 1981 mediante la cual se aprueba la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y al Decreto 1398 de 1990 “por el cual se desarrolla la Ley 51 de 1981”.
— En el tercer acápite plantea el accionante que “La desigualdad jurídica determina la reacción hacia la igualdad entre los sexos” y apoya esta aseveración “en el pronunciamiento visionario hecho por un eminente estadista, diez años antes de la expedición del Decreto 2820 de 1974 que, como queda dicho, consagró la igualdad jurídica del hombre y la mujer”. Se limita el actor a transcribir algunos pasajes del pronunciamiento que cita.
— En cuarto lugar manifiesta el demandante que “El principio de la igualdad ante la ley se remonta a las diversas constituciones que se expidieron en el siglo pasado” y cita los artículos pertinentes de la constitución cundinamarquesa de 1811 que “con algunas variaciones de redacción, se repite en las Constituciones de la República de Tunja (1811), en la del Estado de Antioquia (1812); en la de la República de Cundinamarca (1812); en la del Estado de Cartagena de Indias (1812) y en la de la Provincia de Antioquia (1815). A las anteriores referencias el actor agrega las concernientes a las constituciones de 1821, 1853 y 1863; por último, destaca el artículo 13 de la Carta vigente y expone que “Por consiguiente, cualquier discriminación que se haga en su ejercicio y aplicación, rompe con el equilibrio de la igualdad jurídica que debe existir, tanto para el hombre como para la mujer, tal como acontece con las disposiciones acusadas de la Ley 100 de 1993”.
— Finalmente el actor concluye la exposición de sus razones así:
“Los artículos 33, 36, 61, 64, 65, 117 y 133 de la Ley 100 de 1993, establecen una diferenciación de la edad entre hombres y mujeres que, en manera alguna corresponde al ordenamiento del artículo 13 de la Constitución Política que rige en la actualidad.
De acuerdo con esta suprema norma, es evidente que no puede existir discriminación de edad por razón de sexo. En consecuencia, los citados artículos materia de esta acción, en sus textos y apartes pertinentes, son inconstitucionales”.
1. El ciudadano JESÚS VALLEJO MEJÍA, en ejercicio del derecho consagrado en el numeral 1º del artículo 242 de la Constitución Nacional interviene en el proceso para “impugnar la demanda de inconstitucionalidad en referencia”. Según el impugnante la igualdad absoluta de los seres humanos es inexistente, imposible de lograr y no deseable.
Una exagerada pretensión igualitaria “conduciría a eliminar la diversidad humana y la libertad personal, e incluso introduciría nuevos gérmenes de desigualdad”. Desconocer las diferencias físicas, síquicas y culturales que median entre hombres y mujeres “con el ánimo de someter a unos y otras a idéntico tratamiento, puede ser la raíz de discriminaciones intolerables”.
Afirma el impugnante que de acuerdo con un antiquísimo postulado “la justicia consiste en dar el mismo trato a los iguales, y en tratar de modo diferente a los desiguales...”. La diferencia de edades en lo referente a la pensión de jubilación no significa discriminación para los hombres ni favor inequitativo para las mujeres “sino el reconocimiento de realidades naturales y sociales que indican que en esta materia no debe haber exacta igualdad de trato para todos”. Tan cierto es lo anterior que el mismo constituyente dispuso “asistencia y protección a la mujer durante el embarazo y después del parto, y apoyo a la mujer cabeza de familia”.
Finalmente, el ciudadano VALLEJO MEJÍA señala que “los efectos prácticos de un fallo favorable a la demanda serían calamitosos, pues la declaratoria de inexequibilidad de los límites de edades diferentes para hombres y mujeres que contemplan los textos acusados, daría lugar a que no hubiese entonces edades de jubilación para unos ni para otros. En efecto, ¿con qué criterio declararía la Corte que lo inexequible es que las mujeres se jubilen a los 57 años o que sea que los hombres adquieran el derecho a los 62? ¿A qué edad se jubilarían unos y otros?”.
2. El abogado JUAN MANUEL CHARRY URUEÑA actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, se opone a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:
La igualdad no es simple “igualitarismo matemático”, puesto que implica “tratamiento igual a los idénticos y diferente a los distintos”. La Constitución y la ley pueden efectuar diferenciaciones siempre que se reúnan estos elementos: “a) Que existan diferentes supuestos de hecho; b) Que haya una finalidad; c) Que la diferenciación sea racional; d) que sea razonable; y e) Que sea proporcional”.
La diferencia establecida entre hombres y mujeres para efectos pensionales es constitucional, porque a la mujer corresponden las funciones de procreación, lactancia y maternidad; las trabajadoras deben asumir simultáneamente las obligaciones laborales y las funciones biológicas, nada de lo cual sucede con los hombres; por lo tanto, los supuestos de hecho son distintos. Además, las normas acusadas tienen como finalidad la protección de la mujer, lo que resulta acorde con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 10 prevé disposiciones protectoras. La medida es también racional “pues guarda coherencia lógica” y es razonable en cuanto “adecúa los valores, principios y derechos de la Constitución, ya que apunta a proteger a la mujer, y con ello a proteger a la niñez, y la integridad de la familia como núcleo esencial de la sociedad, al tenor de los artículos 44, 5 y 43 de la Constitución”. Las normas guardan proporcionalidad porque a un objetivo concreto aplican una medida adecuada. Indica el interviniente que cuando el Código Civil erige en causal de nulidad del matrimonio que el varón sea menor de 14 años y la mujer menor de 12 “reconoce el hecho fisiológico de un más pronto desarrollo de la mujer, lo cual indica que debe tener un derecho a la jubilación antes que el hombre”.
3. La Consejera Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, GINGER MARINO DE NULE presentó escrito en el que justifica la constitucionalidad de las normas demandadas, con base en los planteamientos que se sintetizan a continuación.
Si bien es cierto la igualdad jurídica entre hombres y mujeres constituye un notable avance, la simple consagración constitucional del principio de igualdad no se traduce en el goce de los mismos derechos y oportunidades para unos y otras. De ello fue consciente el Constituyente al encargar al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y de adoptar medidas en favor de grupos discriminados y marginados. Es evidente que la Carta “establece no sólo la posibilidad sino la obligación” de diferenciar para contribuir “a que la igualdad sea un hecho” y de “tomar medidas especiales que amparen a personas o grupos que han sido de alguna manera discriminados”.
Las condiciones y oportunidades de las mujeres difieren de las disfrutadas por los hombres; las diferencias salariales, la disparidad en el acceso a cargos de dirección, la situación de las trabajadoras del sector informal, la doble jornada que soportan las mujeres, son aspectos indicativos de que en el campo laboral se tornan indispensables “medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, y adoptarlas no constituye una violación sino un cumplimiento de la Constitución Nacional”.
La maternidad, que se encuentra protegida constitucionalmente, es, en sentir de la Consejera Presidencial para la juventud, la mujer y la familia, “la razón que justifica la existencia de edades de retiro diferentes para hombres y mujeres”. El embarazo, el parto y la lactancia tienen notable incidencia sobre el desempeño laboral de la mujer, a quien las condiciones culturales del país atribuyen la responsabilidad de la crianza de los hijos y el desempeño del trabajo doméstico, en forma tal que la suma de las horas dedicadas a las tareas productivas y domésticas indica que “la carga de trabajo de las mujeres es significativamente más alta que la de los hombres” y ello exige “una compensación por parte del Estado, que en este caso se traduce en una edad de retiro más temprana”. Esta medida se justifica mientras se mantengan los desequilibrios actuales.
El Procurador General de la Nación, en oficio 427 de mayo 27 de 1994, rinde el concepto de rigor y solicita a la Corte “declarar EXEQUIBLES los artículos 33, 36, 61, 64, 65 y 117 en los apartes acusados de la Ley 100 de 1993”. Las razones que aduce el señor Procurador se resumen así:
Señala el Jefe del Ministerio Público que en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha sostenido “que la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad” y que la norma pertinente no prescribe un trato igual para todos los destinatarios “siendo posible anudar a situaciones distintas, diferentes consecuencias jurídicas”. La igualdad resultaría violada delante de diferencias desprovistas de justificación objetiva y razonable. En ocasiones se dispensa un trato más favorable a determinado grupo de la población “en virtud de la necesidad reconocida constitucionalmente de 'enderezar las cargas' o promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, cuando lo anterior ocurre, estamos en presencia de las 'discriminación positiva' mecanismo establecido, de conformidad con la actual Constitución, para proteger y apoyar especialmente a personas y grupos tradicionalmente discriminados o marginados de los beneficios de la vida en comunidad”.
El señor Procurador incluye dentro de su concepto algunos “antecedentes de las normas acusadas” y manifiesta que en Colombia la expectativa de vida es mayor para las mujeres debido “a que los hombres son más susceptibles al riesgo de muerte violenta”. En su sentir, de acuerdo con “datos empíricos”, las mujeres inician actividades laborales y responsabilidades socio-familiares antes que los hombres, y “cuando la mujer se encuentra en avanzado estado de embarazo o su condición es delicada durante el mismo, puede verse limitada para cumplir ciertas actividades”. Así las cosas, en opinión del jefe del Ministerio Público, las normas acusadas carecen de todo propósito discriminatorio y se limitan a reconocer “que el rol reproductivo de la mujer y la tendencia hacia la mayor responsabilidad de las mujeres en el trabajo doméstico, exigen una compensación por parte del Estado”.
Estima el señor Procurador que en el ámbito laboral son indispensables medidas para que la igualdad sea real y efectiva, lo que en el caso de debate “justifica la existencia de diferentes edades”. Agrega que, la edad del 75% de las trabajadoras oscila entre los 20 y los 49 años, periodo que corresponde a la etapa reproductiva y durante el cual asumen la mayor responsabilidad familiar como esposas, amas de casa y en ciertos trabajos adicionales, en consecuencia, la jornada “asciende a 12 y 13 horas diarias” con “una mayor predisposición a los accidentes y enfermedades profesionales”.
El contenido de las normas demandadas, según el jefe del Ministerio Público, se ajusta perfectamente a la Carta porque la diferencia consagrada responde a diversos supuestos de hecho, obedece a la finalidad de brindar protección a la mujer y es racional, razonable y proporcional. Así pues, concluye que “las normas acusadas son exequibles por cuanto crean una 'discriminación favorable', debidamente justificada y dirigida a un grupo susceptible de ser favorecido, como son las mujeres, para buscar que la igualdad respecto de los hombres sea real y efectiva”; además, la normatividad cuestionada busca eliminar las diferencias que entre los miembros de los dos sexos se presentan en el campo laboral, y permitir a la mujer “la oportunidad de acceder a un mayor tiempo de descanso del que tenía en su vida laboral”. Por último, señala el jefe del Ministerio Público que “las normas acusadas son aplicación efectiva del principio de la igualdad de los trabajadores consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Internacional del Trabajo, que fueron adoptados por el país, mediante las Leyes 22 de 1967 y 74 de 1968”.
Conforme a los términos de la demanda que en esta ocasión decide la Corte, el único argumento que el actor esgrime para fundar la inconstitucionalidad, cuya declaratoria pide a esta Corporación, radica en que los apartes acusados de los artículos 33, 36, 61, 64, 65, 117 y 133 de la ley 100 de 1993, mediante la cual “se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, quebrantan el artículo 13 superior al establecer para variados efectos, entre los que se destacan el acceso a la pensión de vejez y el disfrute de la pensión sanción, un requisito de edad que difiere según el trabajador sea de sexo femenino o masculino; es así como, en sentir del demandante, las mujeres resultan favorecidas por el señalamiento de una edad menor que la exigida a los varones, a quienes, en consecuencia, se discrimina.
c. Igualdad formal y sustancial.
La más simple aproximación al concepto de igualdad, es suficiente para señalar que no responde a un sentido unívoco sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las particularidades de cada caso. Una perspectiva histórica permite detectar la aparición sucesiva de dos grandes logros sucesivos: la igualdad formal y la igualdad sustancial. La primera categoría constituye, en sus inicios, una de las más preciadas conquistas del estado liberal clásico que reaccionó contra los privilegios propios del antiguo régimen, proclamando la similar posición de todos ante la ley, de modo que los destinatarios recibieran un trato idéntico en las normas y en su aplicación. Los ciudadanos resultan, dentro de esta concepción, receptores de unas mismas normas, sin que haya lugar a hacer excepción de personas; porque la ley es universal, general, abstracta e impersonal, “la misma para todos tanto si protege como si castiga”, en términos del artículo 6o. de la Declaración Francesa de 1789.
d. La igualdad en la Constitución
La Carta Fundamental colombiana recoge las dos dimensiones de la igualdad. Su artículo 13 luego de establecer el principio general, de acuerdo con cuyas voces “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y, reciben “la misma protección y trato de las autoridades”, señala que “gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Este elenco de motivos discriminatorios que la Constitución enuncia, se refiere a algunas cualidades inmutables (sexo o raza) y a otras variables (religión, opinión política o filosófica), que han estado en el origen de la posición desventajosa en la que se ha colocado a personas y a grupos minoritarios, y no constituye un catálogo rígido o cerrado que excluya otros supuestos generadores de tratos discriminatorios.
El principio de no discriminación que la Carta contempla, tradicionalmente es identificado con el perfil negativo de la igualdad, puesto que, ante todo, se destaca su carácter eminentemente prohibitivo de tratos injustificados; empero, cabe precisar que la referencia constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de “un orden político, económico y social justo” (preámbulo); en esa medida, se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones desfavorables. Se impone, entonces, el compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones, por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se derivan.
Así entendida, la prohibición constitucional de discriminar se vincula estrechamente a la noción sustancial de igualdad, formulada de manera más precisa en el segundo inciso del artículo 13, que encarga al Estado de promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” y de adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Es claro que el significado de esta proposición rebasa con creces el marco de la mera igualdad ante la ley, y que su actuación exige agregar a la tutela negativa una protección positiva encaminada a la superación de injusticias seculares y a la promoción de sectores menos favorecidos, en forma tal que los poderes públicos están avocados a tomar medidas que, al favorecer a determinadas categorías y no a otras, cuando menos disminuyan el efecto nocivo de las talanqueras de orden económico y social que les impiden acceder a la igualdad sustancial; en otras palabras, a las medidas adoptadas se les reconoce un designio compensatorio o reparador de previas desigualdades reales.
Es de anotar que la adopción de medidas “en favor de grupos discriminados y marginados” permite la utilización de los criterios que el inciso primero proscribe, porque justamente son esos factores los que muestran mayor propensión al mantenimiento de las situaciones que se busca eliminar. Denota este último argumento la recíproca interacción entre los dos apartados del artículo 13 Superior.
e) Discriminación por razón de sexo.
Las consideraciones acerca de la inferioridad de la mujer y de su sometimiento a la voluntad del varón, tienen una larga historia; a este respecto basta recordar que en los albores del estado liberal, las revoluciones americana y francesa produjeron declaraciones de derechos humanos, pese a lo cual el nuevo orden se abstuvo de reconocer los derechos de participación política de las mujeres, quienes también fueron excluidas de otras esferas reservadas a los hombres. La preocupación básica se tradujo entonces en el logro de la igualdad jurídica, empeño que actualmente, y luego de una lenta evolución, cristaliza en el reconocimiento formal de la igualdad entre los sexos en el ordenamiento jurídico de numerosos países y en el plano internacional.
El principio del tratamiento igualitario y de exclusión de discriminaciones odiosas se halla reiterado en importantes instrumentos internacionales, así, a título de ejemplo, el Pacto de derechos civiles y políticos recoge en su artículo 3º la igualdad de hombres y mujeres “en el goce de todos los derechos civiles y políticos”, y en el artículo 26 consagra la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar por las causales allí mencionadas; otro tanto acontece con el Pacto de derechos económicos sociales y culturales (arts. 2º y 3º) que garantiza el ejercicio y goce de derechos de esa índole sin distinción de sexo. En 1967 las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, y en ella consta el compromiso de los Estados firmantes de propender la igualdad de derechos políticos, civiles y económicos entre las personas de uno y otro sexo; en 1979 se adoptó otra convención sobre el mismo tema y con la misma denominación aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981, mucho más concreta que la anterior en la regulación de las discriminaciones prohibidas.
En nuestro país, tradicionalmente, el derecho civil ha definido el papel de las mujeres en un sentido bastante restrictivo, acorde con el marcado signo patriarcal de las fuentes que informaron el código, entre las que se cuentan el derecho romano, el derecho canónico, el ordenamiento español y el código de Napoleón; hasta bien entrado el presente siglo, rigieron instituciones civiles caracterizadas por el particular énfasis que pusieron en las obligaciones y prohibiciones a la mujer, en contraste con la largueza que caracterizó la concesión de derechos al varón sobre su esposa e hijos; para confirmar lo anterior es suficiente recordar que en la concepción original del código, para proceder al divorcio, que realmente era una separación, bastaba el adulterio de la mujer frente al amancebamiento que se exigía del hombre; la potestad marital otorgaba al marido derechos y obligaciones “sobre la persona y bienes de la mujer” quien tampoco tenía domicilio propio sino el de su esposo, el matrimonio la convertía en incapaz correspondiéndole al marido la representación legal y el manejo exclusivo de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la mujer, la patria potestad se ejercía tan sólo por el padre; el Decreto 1003 de 1939 obligó a la mujer a tomar el apellido del marido, agregándole el suyo precedido de la partícula “de”, indicativa de pertenencia.
Sucesivas leyes fueron concretando el derecho a la igualdad formal; la Ley 28 de 1932 reconoció a la mujer la libre administración y disposición de sus bienes, y en el artículo 5º abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser el representante legal de la mujer; el Decreto 1260 de 1970 eliminó la obligación de la mujer de llevar el apellido del marido; el Decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer; el Decreto-Ley 999 de 1988 en su artículo 94, permite a la mujer casada adicionar o suprimir el apellido del marido precedido de la proposición “de” en los casos que ella lo hubiera adoptado o hubiese sido estatuido por la ley; las Leyes 1ª de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. A ese propósito se suma también la voluntad del constituyente que plasmó especificaciones de la igualdad formal, ya contemplada en el artículo 13, a lo largo de la Constitución; dentro de esas expresiones, algunas se refieren al sexo, el artículo 42, por ejemplo, preceptúa que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja...” y el artículo 43 dispone que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y además que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
Así mismo, en el campo de la legislación laboral se ha dado un proceso similar al que se deja anotado, pues también allí, paulatinamente se han ido paliando las circunstancias desventajosas bajo las cuales se ha encontrado tradicionalmente la mujer. A ese significativo avance no ha sido ajena la jurisprudencia que ha reconocido, desde tiempo atrás, el derecho de la mujer a un tratamiento en igualdad de condiciones con el hombre. Por esa vía se estableció, por ejemplo, el derecho de la compañera permanente (concubina, en la terminología de la época), al tiempo de la separación, a ser indemnizada cuando había contribuido con su trabajo al incremento del patrimonio común.
Aun cuando la igualdad formal entre los sexos se ha incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico colombiano, la igualdad sustancial todavía constituye una meta; así lo demuestra la subsistencia de realidades sociales desiguales. No se trata de ignorar el avance que supone la igualdad ante la ley; fuera de que su ausencia sería un enorme obstáculo para la elevación de las condiciones de la mujer, es preciso tener en cuenta que allana el camino hacia derroteros superiores pues permite recurrir a los órganos del Estado en procura de eliminar la discriminación y legítima, de ese modo, la demanda de efectivas oportunidades para ejercer derechos y desarrollar aptitudes sin cortapisas. No debe olvidarse que, en contacto con la idea de igualdad sustancial, la exclusión de la discriminación por razón de sexo contenida en el artículo 13 de la Carta, no se detiene en la mera prohibición sino que abarca el propósito constitucional de terminar con la histórica situación de inferioridad padecida por la población femenina; esa decisión autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir las desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social. Las medidas de protección, que implican especiales derogaciones de la igualdad formal, exigen la determinación de aquellos ámbitos especialmente vulnerables en los que deben operar; así pues, junto con la familia y el Estado, el empleo es uno de los espacios que ofrece más posibilidades para la discriminación por razones de sexo.
La neutralización de la discriminación sexual a partir de la adopción de medidas positivas se acomoda a normas internacionales que reconocen la necesidad de eliminar diferencias injustificadas. La Constitución colombiana, por su parte, consagra algunas especificaciones de la igualdad sustancial en materia de protección a la mujer; su artículo 43 indica que “durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”, además, señala que “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. En el terreno laboral el artículo 53 es claro al establecer que el estatuto de trabajo que se expida deberá tener en cuenta como principio mínimo fundamental la protección especial a la mujer y a la maternidad.
f) Discriminación de la mujer en el campo laboral.
A la exclusión de las mujeres de la vida política durante un amplio período, se juntó su exclusión de la vida económica general; el trabajo asalariado no estuvo dentro del conjunto de actividades que pudieran ser realizadas por ellas, y cuando se las admitió al mismo fueron relegadas a labores de segunda categoría; los prejuicios sociales imponían el confinamiento de la mujer a las tareas del hogar, comúnmente consideradas improductivas; se difundió, de ese modo, una imagen de la mujer como ser económicamente dependiente y por tal motivo sometida a la autoridad de los padres o del marido. Hoy en día, la mujer ocupa un lugar importante en el campo laboral. El concepto de la Defensoría delegada para los derechos de la niñez, la mujer y el anciano (en adelante la Defensoría) revela que “según la encuesta de hogares realizada en 1991, en las 4 principales ciudades del país, el 41% de la población económicamente activa son mujeres. Entre 1973 y 1985 se incorporaron cerca de tres mujeres por cada hombre que ingresó a la fuerza de trabajo, lo cual significó un aumento importante en su vinculación al mercado laboral”.
Sin embargo, cuando la mujer logra superar el obstáculo inicial de acceder a un trabajo, las dificultades persisten, impidiéndosele en gran medida la promoción dentro del mismo, porque la organización laboral sigue asentada sobre bases masculinas, las normas y las experiencias de los hombres dominan el mundo del trabajo que se estructura conforme a un modelo en el que la presencia femenina se torna extraña y por ende inestable. La delimitación de las esferas de actuación de uno y otro sexo es un dato tan corriente y antiguo que no precisa prueba alguna; la segregación profesional divide el mercado de trabajo, relegando a la mujer a ocupaciones secundarias y mal remuneradas. De acuerdo con la Defensoría, “tradicionalmente las mujeres se vinculan a esferas productivas de menor remuneración y valoración social: servicios sociales y personales (38.4%), comercio, restaurantes, hoteles (27.1%) y la industria manufacturera”; en lo atinente al salario, la Defensoría encuentra lamentables las diferencias “entre unos y otras oscilando entre el 10 y el 30%. En el sector público la diferencia salarial con el hombre es del 17% por el perfil ocupacional: ellas están en cargos administrativos y técnicos, ellos en los directivos a pesar de que éstas constituyen el 43% de los servidores públicos. En 1992, las mujeres ocupaban el 7% de los cargos de decisión en la rama ejecutiva y el 4% de la judicial”.
Es de anotar que el panorama sucintamente descrito ofrece particulares incidencias cuando se trata de hogares con jefatura femenina; la violencia crónica productora de un elevado número de viudas, el divorcio, el abandono, la emigración y el denominado “madresolterismo” incrementan el porcentaje de mujeres cabeza de familia (25%), fenómeno que en una importante proporción se presenta en los sectores pobres. Tampoco puede olvidarse que dentro de los grupos discriminados existen subgrupos sometidos a un grado más alto de presión como consecuencia del estado civil o de la situación familiar. Las mujeres casadas, normalmente soportan mayores dificultades para su acceso y permanencia en el trabajo y de ordinario lo abandonan más temprano. Sin embargo, en muchos países se registra un aumento de su participación en la población activa, independientemente de que tengan o no hijos.
Ahora bien, la creciente vinculación de la mujer a la fuerza productiva no ha sido suficiente para relevarla del cumplimiento de las labores domésticas que tradicionalmente se han confiado a su exclusiva responsabilidad; esas tareas no retribuidas, no reconocidas y ejecutadas sin la ayuda de nadie, preceden a la existencia del mercado económico regular y continúan hoy en día al margen del mismo; de ahí que las heterogéneas y complejas labores del ama de casa ligadas a la función “reproductiva y alimentadora” y que abarcan desde la crianza y educación de los hijos hasta la producción y transformación de alimentos, pasando por la provisión de servicios, el aseo y el cuidado de enfermos o impedidos, además de no retribuidas sean desconocidas como trabajo efectivo, incluso que las mismas mujeres, quienes suelen entender por trabajo exclusivamente el empleo remunerado que desarrollan fuera del hogar. Como invisible, difuso o trivial, el trabajo doméstico que suele coincidir con el período reproductivo de la mujer; la defensoría informa que “el 75% de las mujeres trabajadoras tienen edades entre 20 y 49 años, época en la cual se concentra gran parte de su período reproductivo que puede verse afectado por las condiciones de trabajo, es el tiempo de mayor responsabilidad familiar, donde la mujer asume también el rol de compañera, ama de casa y muchas veces realiza trabajos adicionales para alcanzar un salario que le permita el sustento diario”.
El trabajo doméstico cumple un papel decisivo en el funcionamiento del sistema económico, en el proceso de socialización y en el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo; a pesar de esto, y como resultado de la nula valoración de este tipo de labores, los planificadores ignoran esta faceta del trabajo femenino que según algunos cálculos equivale a una cifra que oscila entre la quinta y la tercera parte del producto nacional bruto; semejante limitación afecta las estadísticas sobre la mujer, que participa cada vez más en la fuerza laboral, supeditando las más de las veces su actividad productiva a las responsabilidades primarias del hogar. El trabajo doméstico, consecuentemente, escapa a los registros de la seguridad social y a los beneficios y prestaciones que ésta proporciona; en definitiva, en una sociedad en la que todavía el papel del sexo femenino es puesto, en buena medida, en el lado contrario al de los roles vinculados al éxito y a la efectividad, lo que se considera trabajo productivo no depende tanto de la actividad que se despliegue como del sujeto que la realice.
La suma del trabajo doméstico y del trabajo remunerado aporta una idea acerca de la complejidad y heterogeneidad de las funciones que las mujeres incorporadas a la fuerza laboral deben atender y, además, permite captar la especificidad de las tareas femeninas en términos de intensidad; los variados campos en los que la mujer trabajadora interviene, la sujetan al cumplimiento de una “doble jornada”, pues habitualmente reservan un tiempo prudencial a las tareas domésticas antes y después de cumplir con su horario de trabajo remunerado. Según datos aportados por la Defensoría “...el trabajo de una mujer con doble jornada asciende a las 12 y 13 horas diarias. En una investigación realizada entre madres usuarias de los Caips se encontró que el 35.2% de las mujeres trabajan más de 5 días, incluyendo los días en que los niños no van al jardín, situación especialmente difícil para las mujeres que laboran también los domingos. Las horas requeridas para las responsabilidades de casa y el tiempo necesario para el trabajo, suma en la mayoría de las veces 96 horas semanales, comparadas a las 48 horas semanales de los hombres”.
Las duras jornadas y la carencia de tiempo libre hacen del grupo femenino, un sector especialmente propenso al deterioro de su salud física y mental. Pese a que, en promedio, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, según el profesor Javier Sáenz Obregón, jefe del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes, “investigaciones en otros países señalan que los hombres gozan de una mayor calidad de vida, padecen en menor grado que las mujeres de problemas de enfermedad, pobreza, soledad e institucionalización”.
Si como lo afirma el profesional citado “...la enfermedad tanto física como mental no constituye un fenómeno exclusivamente biológico”, resulta fácil concluir que la más alta exposición de las mujeres a los factores de riesgo viene determinada por el papel que se les ha atribuido; de modo que la desigualdad entre los sexos tiene incidencias en la posición de unos y otras ante la enfermedad. En concepto que fue pedido al departamento de sicología de la Universidad Nacional —que al igual que los otros citados dentro de esta providencia forma parte del expediente— el profesor Ramiro Álvarez Cuadros expone: “Además de las causas aludidas en las respuestas anteriores acerca del deterioro físico proveniente de trabajos arduos y/o rutinarios —objeto de estudio de la Biología y de la Medicina Laboral— considero que, mientras la procreación, la crianza y el levantamiento de los hijos sea de responsabilidad exclusiva de la mujer, su potencialidad psíquica está abocada a dos fuentes de preocupaciones igualmente ansiógenas o “estresantes”: el hogar y el trabajo, no sólo por la escisión taxativa entre “familia” y “fábrica” (Álvarez, 1993). Sin duda, la intensidad y frecuencia de esta doble presión necesariamente minan la estructura y funcionamiento del organismo de la mujer...”.
El principio de igualdad vincula a todos los poderes públicos y en especial a la rama legislativa, cuya actuación queda entonces sometida a un control de constitucionalidad que debe tomar en cuenta la igualdad como parámetro para enjuiciar la correspondencia de las leyes con el estatuto superior. El legislador, en consecuencia, está obligado a observar el principio, de modo que las diferencias normativas por él establecidas encuentren un fundamento justificado y razonable y por otra parte, se orienten a la consecución de un fin constitucionalmente lícito. Empero, el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, si bien comporta un tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas, implica, en un plano adicional, el otorgamiento de relevancia jurídica a las diferencias sociales de las mujeres para elevar su condición mediante la adopción de una medida compensatoria de las dificultades que enfrentan en virtud de su vinculación al mercado laboral; aspecto este último que se ubica dentro de la perspectiva de la igualdad sustancial que, acorde con los postulados del Estado social de derecho, no se detiene en la mera función de garantía o tutela sino que avanza hacia una función promocional que se realiza normalmente a través de medidas positivas en favor de grupos sociales discriminados o marginados. Proceder de manera neutral ante la realidad social entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que la Constitución consagra, abandonar la búsqueda de una sociedad justa, respetuosa de la dignidad humana y vaciar de todo contenido las normas constitucionales que prohíben la discriminación de la mujer y que disponen su especial protección (arts. 43 y 53).
— Artículo 33 numeral 1º y parágrafo 4º.
— Artículo 36 inciso primero, inciso segundo en lo acusado y el inciso cuarto en su totalidad.
— Artículo 61 literal b).
— Artículo 64 inciso segundo.
— Artículo 65 inciso primero.
— Artículo 117 literal a); incisos segundo y cuarto del literal b), y el parágrafo segundo.
— Artículo 133 incisos primero y segundo y parágrafo 3º.