Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11962
Timestamp: 2020-04-08 01:09:33
Document Index: 68220032

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 33', 'Artículo 150', 'ARTÍCULO 38', 'Artículo 38', 'artículo 150', 'artículo 150', 'Artículo 38', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 2', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 96', 'artículo 209190', 'artículo 355191', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 7', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 150', 'artículo 52', 'artículo 7', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 333', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 42', 'artículo 24', 'artículo 209', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 211', 'artículo 25', 'artículo 211', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 211', 'artículo 25', 'Artículo 221', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 30', 'artículo 209', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 25']

El estatuto general de contratación de la administración pública no comporta la obligación de adoptar un estatuto único mediante una ley estatutaria o una ley marco, sino la de expedir una ley ordinaria contentiva de principios y reglas destinadas a orientar la actividad contractual del Estado.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 33°, DE LA LEY 80 DE 1993
"Articulo 33. DE LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.
Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.
PARÁGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la ley 37 de 1993, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia."
¿Puede el Congreso de la República conservar la vigencia de los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones consagrados en la Ley 37 de 1993, sin violar la generalidad del estatuto de contratación garantizada en el artículo 150 de la Carta Política que establece que la legislación contractual tiene carácter estatutario y único?
«(…) bien podía el legislador conservar la vigencia de ordenamientos especiales como el consagrado en la Ley 37 de 1993 “Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, en lo tocante a procedimientos, contratos, modalidades asociación y adjudicación, dada la especialidad de este ordenamiento jurídico cuya expedición encuentra fundamento en los artículos 365 y 366 de la Constitución Política. De igual forma, podía el legislador por medio del parágrafo impugnado preservar la especialidad de las normas que regulan la contratación de los servicios de televisión.
Las anteriores consideraciones son suficientes para declarar la constitucionalidad del parágrafo demandado en relación con los cargos imputados por el actor.(…)»
El Congreso de la República puede conservar la vigencia de los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones consagrados en la Ley 37 de 1993, sin violar la generalidad del estatuto de contratación garantizada en el artículo 150 de la Carta Política que establece que la legislación contractual tiene carácter estatutario y único, porque:
1. La competencia del Congreso de la República para dictar un estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional, no comporta la obligación para el legislador de adoptar un estatuto único mediante la modalidad legislativa de las Leyes Estatutarias o de las Leyes Marco, sino la de expedir una ley ordinaria contentiva de principios y reglas destinadas a orientar la actividad contractual del Estado.
Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993: El parágrafo del artículo 33°.
Artículo 150 inciso final de la Constitución Política.
Las entidades estatales que tengan por objeto prestar el servicio de telecomunicaciones quedan excluidas del proceso de selección objetiva
Adquisición y suministro de equipos
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 38 LA LEY 80 DE 1993
"Artículo 38. DEL REGIMEN ESPECIAL PARA LAS ENTIDADES ESTATALES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos en esta ley.
Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo adopten las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley."
¿Puede el Congreso de la República excluir de los procedimientos de selección objetiva a las entidades estatales que tengan por objeto prestar el servicio de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, sin violar el artículo 150 de la Constitución Política, el cual establece que todas las entidades deben acogerse a un solo estatuto contractual?
Las entidades estatales no pueden exigir en sus estatutos la incorporación de cláusulas excepcionales en aquellos contratos en los que su inclusión ha sido prohibida por el legislador. «(…) Lo anterior, porque en virtud del principio constitucional de legalidad dichas entidades al no existir norma que las autorice deben prescindir de la utilización de las cláusulas excepcionales. Es decir, que para que se les permita actuar como partes en un contrato con prerrogativas exorbitantes, el legislador debe facultarlas expresamente y si no lo hace las entidades públicas se rigen por los principios y reglas del derecho común donde no existen estas cláusulas. (…)» Autonomía de la voluntad de los consorcios y las uniones temporales «(…)En la intervención de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. Y si quienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es preciso señalar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad. (…)».
«(…) Cuando la norma acusada prescribe que los contratos allí relacionados que celebran las entidades prestadoras del servicio y actividades de telecomunicaciones no están sujetos a los procedimientos de selección de la Ley 80 de 1993, no está excluyendo del ámbito del estatuto contractual la totalidad de la gestión contractual de dichas entidades públicas, sino sencillamente lo concerniente a este aspecto, pues en lo restante resulta imperativa la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento legal.
Pero tampoco se trata de que el perfeccionamiento de esos contratos quede por completo al arbitrio de las entidades contratantes sin que exista un procedimiento reglado de selección, por cuanto la norma acusada es clara al disponer que los estatutos internos de estas entidades deben señalar las cláusulas excepcionales que se pueden pactar, así como los trámites y cuantías a los cuales deben cumplirse para su celebración. Además la norma agrega que estos procedimientos deben desarrollar los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad establecidos en al (sic) Ley 80 de 1993. (…)»
El Congreso de la República puede excluir de los procedimientos de selección objetiva a las entidades estatales que tengan por objeto prestar el servicio de telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen, sin violar el artículo 150 de la Constitución Política, el cual establece que todas las entidades deben acogerse a un solo estatuto contractual, porque no excluye del ámbito del estatuto contractual la totalidad de la gestión de dichas entidades públicas, sino sencillamente a los contratos taxativamente mencionados. Además, el perfeccionamiento de esos contratos no queda a completo arbitrio de las entidades contratantes, por cuanto los estatutos internos de estas entidades deben señalar las cláusulas excepcionales que se pueden pactar, así como los trámites y cuantías para su celebración.
Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993: Artículo 38
Artículos 123 de la Constitución Política.
Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las asociaciones y fundaciones mixtas tienen la calidad de servidores públicos
Corporaciones y fundaciones de participación mixta
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 2°, ORDINAL 2°, LITERAL A) DE LA LEY 80 DE 1993
"Artículo 2. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PUBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: (...)
2° Se denominan servidores públicos.
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas."
¿Puede el Congreso de la República disponer que para efectos de la contratación estatal se consideran como servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas que tienen capacidad para celebrar contratos en representación de esas entidades y los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, sin violar el artículo 123 de la Constitución Política, que establece quiénes tienen la denominación de servidores públicos?
«(…) En las asociaciones y fundaciones de participación mixta, dado que están conformadas por capital público y privado, existen dos tipos de empleados: unos que son trabajadores particulares, y otros, que por ser representantes legales, adquieren la calidad de servidores públicos para efectos de la gestión contractual de dichos organismos. [1]
La ley permite a las asociaciones y fundaciones de participación mixta, someterse a la Ley 80 de 1993, con la precisión de que los funcionarios autorizados para suscribir contratos en su nombre, tienen la calidad de servidores públicos para esos efectos, pero para adelantar otras actividades ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares. Significa esto, que dichos funcionarios responden como servidores públicos en materia penal, disciplinaria y fiscal en el evento en que incurran en irregularidades en la gestión contractual.
Por lo tanto, es razonable que tratándose de las asociaciones y fundaciones de participación mixta se le atribuya la calidad de servidor público a los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas, pues es obvio que en virtud del acto de delegación estas personas comprometen contractualmente la respectiva entidad.
la referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación.
“No hay nada de extraño en la asimilación de dichas personas a servidores públicos, porque la asignación de funciones públicas a los particulares y su sometimiento a las normas especiales en lo relativo al desarrollo de tales funciones es hoy, por designio constitucional y técnica de administración -denominada descentralización por colaboración, que implica el ejercicio privado de una función administrativa- una posibilidad jurídica corriente, como igualmente lo es la sujeción de quienes manejan recursos del Estado a un régimen derecho especial...”
“En tal virtud se concluye, que estando vinculadas dichas fundaciones o corporaciones de alguna manera al cumplimiento directo o indirecto de funciones públicas y teniendo a su cargo el manejo de recursos o dineros públicos, podía el legislador a efectos de controlar su inversión, mediante el sistema de la contratación, asimilar a servidores públicos a sus representantes o delegados para la contratación, con el fin de hacerles aplicable el estatuto de contratación”. Se subraya
Obviamente lo anterior no quiere significar que en una corporación pública los únicos que ostenten la calidad de servidores públicos sean los miembros a quienes se les reconoce la capacidad de suscribir contratos en nombre de aquéllas, pues es bien sabido que todos los miembros de las corporaciones públicas con o sin capacidad de suscribir contratos, tienen la calidad de servidores públicos en virtud del artículo 123 Superior, que expresamente les atribuye esta condición.
La asignación de la calidad de servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicas que tienen la capacidad de suscribir contratos en nombre de la entidad a la que pertenecen, equivale a entregarles la titularidad de la función administrativa en virtud de la cual pueden comprometer la responsabilidad de la corporación en materia contractual. Por su parte, los miembros de estas corporaciones individualmente considerados no son titulares de la función administrativa, pero por ello no dejan de ser servidores públicos, porque lo son para otros efectos, y como tal deben responder penal, disciplinaria y fiscalmente. (…)»
[1] El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone: “CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209190 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355191 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución. Nota:_ Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-671 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
El Congreso de la República puede disponer que para efectos de la contratación estatal se consideran como servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas que tienen capacidad para celebrar contratos en representación de esas entidades y los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, sin violar el artículo 123 de la Constitución Política, que establece quiénes tienen la denominación de servidores públicos, porque:
Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las asociaciones y fundaciones mixtas sólo adquieren la calidad de servidores públicos para efectos de la gestión contractual de dichos organismos, pero para adelantar actividades ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares.
La clasificación de dichos funcionarios como servidores públicos se da en virtud de la figura jurídica de la descentralización por colaboración, que implica el ejercicio privado de una función administrativa. Por consiguiente, debido a que tienen a su cargo el manejo de recursos o dineros públicos, se requiere que sus representantes o delegados sean asimilados a servidores públicos a fin de controlar su inversión, mediante la aplicación del estatuto de contratación.
En relación a las corporaciones públicas, es claro que todos sus miembros ostentan la calidad de servidores públicos en virtud del artículo 123 de la Constitución Política. La asignación de la calidad de servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicas que tienen la capacidad de suscribir contratos, equivale a entregarles la titularidad de la función administrativa en virtud de la cual pueden comprometer la responsabilidad de la corporación en materia contractual.
El artículo 2°, ordinal 2°, literal a), de la Ley 80 de 1993, en lo relacionado con la expresión: “Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación” y el literal b) de la misma norma.
Sentencia C-671 de 1999
Los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para contratar con el Estado
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 7°, SALVO SU PARÁGRAFO 2°, DE LA LEY 80 DE 1993
Artículo 7°. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los efectos de esta ley se entiende por:
2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta, para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
PARAGRAFO 1°. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.
PARAGRAFO 3°. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios.
¿Puede el Congreso de la República otorgarles capacidad contractual a los consorcios y uniones temporales para contratar con el Estado, entidades que carecen de personería jurídica, sin violar el artículo 95, inciso 2, el cual establece que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes?
«(…) Y si quienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es preciso señalar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad.[1]
Es verdad que el inciso 2° del artículo 95 Superior, señala que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y la Ley. La institución de las uniones temporales y de los consorcios tiene la aptitud legal para cumplir con este mandato constitucional, por cuanto el canon constitucional señala el deber de que las personas se sometan al ordenamiento jurídico, y estos sujetos contractuales también se someten a la norma superior en la medida que sus miembros responden ante el Estado por todas sus actuaciones.
No hay que olvidar que el legislador facultado por el Constituyente para expedir el estatuto general de contratación artículo 150, inciso final Superior, le otorgó capacidad para señalar a los consorcios y uniones temporales como sujetos capaces para celebrar contratos, reconociendo que son un instrumento de cooperación entre empresas, que les permita desarrollar ciertas actividades, a través de la unión de esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de asegurar la más adecuada y eficiente realización de las mismas.(…)»
[1] Según el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, “Los consorcios y uniones temporales responderán por las actuaciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7 de esta ley”.
El Congreso de la República puede otorgarles capacidad contractual a los consorcios y uniones temporales para contratar con el Estado, entidades que carecen de personería jurídica, sin violar el artículo 95, inciso 2, el cual establece que “toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes”, porque quienes actúan en nombre de los consorcios y las uniones temporales son personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por tanto, dichas entidades son sujetos capaces para celebrar contratos y están llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad.
El artículo 6° inciso 1°, en cuanto a la expresión: “También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales” y el artículo 7°
Artículos 95 y 150 de la Constitución Política
Diferencia entre unión temporal y consorcio. «(…)unión temporal la imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se individualiza en cabeza de los integrantes de aquélla, según el grado de participación de cada uno de ellos en la ejecución de tales obligaciones, mientras que en el consorcio no se da dicha individualización y responderán por tanto solidariamente todos los miembros del consorcio frente a las correspondientes sanciones. (…)»
Inconstitucionalidad de las prórrogas automáticas
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 80 DE 1993
Articulo 36. DE LA DURACION Y PRORROGA DE LA CONCESION. El término de duración de las concesiones para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, no podrá exceder de diez (10) años, prorrogable automáticamente por un lapso igual. Dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión.
PARAGRAFO. Los contratos vigentes para la prestación del servicio de radio difusión sonora, quedan prorrogados automáticamente por el término para el cual fueron otorgados, siempre y cuando no exceda el lapso de diez (10) años.
¿Puede el Congreso de la República establecer la prórroga automática por 10 años en los contratos de concesión para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones y prorrogar automáticamente los contratos para la prestación del servicio de radio difusión sonora, vigentes al momento de entrar a regir la Ley 80 de 1993, sin violar el proceso de selección objetiva, la libre competencia y el derecho a la igualdad?
«(…) Aún cuando es explicable el señalamiento de un término amplio de vigencia -diez (10) años-, para los contratos de concesión de servicios y actividades de telecomunicaciones, porque la naturaleza del objeto contractual y el interés público subyacente así lo demandan, no parece razonable que con base en una justificación de esta índole se pretenda extender hasta por veinte años el término de duración de estos contratos apelando a la figura de la prórroga automática, toda vez que se produce un sacrificio desproporcionado de los derechos constitucionales a la libre competencia (art. 333 de la C.P.)[1] y de acceso al uso del espectro electromagnético en igualdad de condiciones.
En este evento, lo razonable es que la prórroga deba hacerse por medio del acuerdo de voluntades entre la administración y el contratista antes del vencimiento del término inicialmente pactado y no como lo ordena el primer inciso del artículo 36 que se revisa, según el cual “dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión”, ya que por imperativo constitucional el obrar administrativo requiere de la colaboración voluntaria de los particulares contratistas por medio de un acuerdo creador de relaciones jurídicas (contrato).
De ahí que para la Corte la inconstitucionalidad radica en el carácter automático de la prórroga y no en la prórroga misma que, según se anoto, puede ser una herramienta muy útil en determinados casos.
En este evento, lo razonable es que la prórroga deba hacerse por medio del acuerdo de voluntades entre la administración y el contratista antes del vencimiento del término inicialmente pactado y no como lo ordena el primer inciso del artículo 36 que se revisa, según el cual “dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión”, ya que por imperativo constitucional el obrar administrativo requiere de la colaboración voluntaria de los particulares contratistas por medio de un acuerdo creador de relaciones jurídicas (contrato).(…)»
[1] Según el artículo 333 de la Constitución “La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades”. Así, la libre competencia supone la ausencia de obstáculos entre competidores en el ejercicio de una actividad económica lícita, tarea en la que está comprometido el propio Estado. En la sentencia C-535 de 1997, la Corte delimitó el alcance de la libre competencia en los siguientes términos: “La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los diferentes mercados. La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas económicas que participan en el mercado, redunda en enormes beneficios para el consumidor que podrá escoger entre diversas cantidades y calidades de productos, y gozar de mejores precios y de las últimas innovaciones. Por su parte, los empresarios, si los mercados son abiertos y transparentes, se ponen a cubierto de conductas abusivas y encontrarán siempre un incentivo permanente para aumentar su eficiencia. La competencia, como estado perpetuo de rivalidad entre quienes pretenden ganar el favor de los compradores en términos de precios y calidad, al mediatizarse a través de las instituciones del mercado, ofrece a la Constitución económica la oportunidad de apoyarse en ellas con miras a propugnar la eficiencia de la economía y el bienestar de los consumidores. El objeto tutelado por la Constitución es el proceso mismo de competencia, con independencia de los competidores, sean éstos grandes o pequeños. De ahí la importancia de que el análisis de las medidas legales tome en consideración las condiciones y el contexto reales que en un momento dado se dan en cada uno de los mercados, si en verdad ellas se proponen, como debe serlo, obrar sobre sus fallas estructurales o dinámicas a fin de restablecer o instaurar un margen adecuado de elasticidad y desconcentración”.
El Congreso de la Republica no puede establecer la prórroga automática por 10 años en los contratos de concesión para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones y prorrogar automáticamente los contratos para la prestación del servicio de radio difusión sonora, vigentes al momento de entrar a regir la Ley 80 de 1993, sin violar el proceso de selección objetiva, la libre competencia y el derecho a la igualdad, porque:
Extender hasta por veinte años el término de duración de estos contratos apelando a la figura de la prórroga automática, limita injustificadamente la libre competencia de los demás oferentes y vulnera el derecho de acceder en igualdad de oportunidades al uso del espectro electromagnético.
La prórroga en sí misma no es inconstitucional, sino su carácter automático. Por tanto, es necesario que ésta sea acordada por la administración y el contratista antes del vencimiento del término inicialmente pactado.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “automáticamente”, “dentro del año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión” del inciso primero del artículo 36 y también el parágrafo de esta misma disposición legal.
Sentencia C-535 de 1997
Artículos 75 y 333 de la Constitución Política
Exoneración de la inscripción, calificación y clasificación del registro de proponentes
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 22 INCISO 6 DE LA LEY 80 DE 1993
“Articulo 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.
En relación con los contratos ejecutados, incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el gobierno nacional.
El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.”
¿Puede el Congreso de la República exonerar de la inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes a los contratos de menor cuantía, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de prestación de servicios, los contratos de concesión de cualquier índole, la adquisición de bienes cuyo precio sea regulado por el Gobierno Nacional y aquellos contratos suscritos previa declaración de urgencia manifiesta, sin violar los principios constitucionales que regulan la función administrativa?
«(…) Ahora, la exclusión de la inscripción, clasificación y calificación en el registro de proponentes se justifica en razón de la naturaleza de ciertos contratos, para cuya celebración no se requiere de la información que allí se exige para seleccionar al contratista, toda vez que la escogencia se hace en razón de otras características a saber:
? Los contratos de menor cuantía, dada su menor entidad tanto en precio como en cantidad, se celebran teniendo en cuenta los precios en el mercado y en otros la mejor propuesta presentada por los oferentes invitados.
? Los contratos que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas, el contratista se selecciona en atención a sus calidades, de tal manera que la administración pueda determinar que los objetivos propuestos se ha (sic) de conseguir con el contratista seleccionado.
? En los contratos de prestación de servicios, la adjudicación se hace en razón de las especiales condiciones del contratista, su prestigio profesional, experiencia en el área, y tales circunstancias no son cuantificables materialmente como para que la ley pueda exigir su inscripción en el registro de proponentes.
? Así mismo, los contratos de concesión de cualquier índole están excluidos de dicha exigencia en reconocimiento a una realidad de orden objetivo, puesto que no tendría sentido exigir el registro de proponentes si en la mayoría de los casos estos contratos son suscritos por sociedades con objeto único, consorcios o uniones temporales, que se constituyen en forma accidental, precisamente para prestar el servicio que el Estado está dando en concesión.
? En aquellos contratos para la adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional, no se justifica el registro pues todas las personas que pretendan adquirir los bienes ofrecidos lo hacen en igualdad de condiciones, de modo que el precio será el mismo para todos los compradores que suscriben el respectivo contrato de compraventa.
De modo, que en estos eventos la exoneración del registro no acarrea desconocimiento del principio de transparencia y de selección objetiva en la escogencia del contratista, pues para todos los contratos suscritos por el Estado la selección del contratista, con exigencia o no de su inscripción en el registro de proponentes, en licitación o concurso público o mediante el mecanismo de la contratación directa, debe someterse a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 Constitucional, en especial al de transparencia, de donde se deduce el principio de selección objetiva contenido en la Ley 80 de 1993.
Lo anterior permite concluir que la mayor amplitud que tiene la administración, para valorar las ofertas o seleccionar al contratista en aquellos negocios jurídicos excluidos del requisito del registro de proponentes, no constituye una autorización para que se seleccione al contratista de manera arbitraria o con discrecionalidad, pues cualquier inobservancia a los procedimientos establecidos por la ley o reglamento contractual dará lugar a las respectivas sanciones penal, disciplinaria y fiscal.(…)»
El Congreso de la República puede exonerar de la inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes a los contratos de menor cuantía, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de prestación de servicios, los contratos de concesión de cualquier índole, la adquisición de bienes cuyo precio sea regulado por el Gobierno Nacional y aquellos contratos suscritos previa declaración de urgencia manifiesta, sin violar los principios constitucionales que regulan la función administrativa, porque:
La exclusión del registro de proponentes se justifica en razón a la naturaleza de ciertos contratos, para cuya celebración no se requiere de la información que allí se exige, toda vez que la escogencia se hace en razón de otras características.
En los contratos de menos cuantía, se tienen en cuenta los precios en el mercado y en otros la mejor propuesta presentada por los oferentes invitados. En la contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, el contratista se selecciona en atención a sus calidades. En los contratos de prestación de servicios, la adjudicación se hace en razón de las especiales condiciones del contratista. Igualmente, no se exige el registro de proponentes en los contratos de concesión de cualquier índole, debido a que la mayoría de los casos estos contratos son suscritos por consorcios o uniones temporales, que se constituyen en forma accidental. Finalmente, en aquellos contratos para la adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional, no se justifica el registro pues todas las personas que pretendan adquirir los bienes ofrecidos lo hacen en igualdad de condiciones.
La exoneración del registro no acarrea desconocimiento del principio de transparencia y de selección objetiva, pues la escogencia del contratista debe someterse a los principios de la función administrativa.
Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993: El artículo 22, en su inciso sexto.
Los jefes o representantes de las entidades pueden delegar la celebración de contratos
LEY 80 DE 1993 “Articulo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio: (...) 10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos dichas cuantías las fijará el reglamento.”
¿Puede el Congreso de la República facultar a los jefes o representantes de las entidades para delegar la celebración de contratos, sin violar el artículo 211 de la Carta Política, que establece las condiciones para que proceda la delegación?
«(…) En criterio de esta Corporación los cargos contra el numeral 10 del artículo 25 la Ley 80 de 1993 no están llamados a prosperar, puesto que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 211 Superior, que habilita al legislador para fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, la norma acusada establece los parámetros indispensables para que pueda hacerse uso de esta importante herramienta al servicio de la función administrativa.[1] Ciertamente, la lectura del numeral en mención no deja duda alguna acerca del cumplimiento del citado mandato constitucional, toda vez que allí se determinan claramente cuales (sic) son las autoridades que pueden hacer uso de la delegación - los jefes o representantes de las entidades a las que se les aplica la Ley 80 de 1993-; y se indica la materia objeto de delegación - la facultad para celebrar contratos que está regulada en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993-.[2](…)» [1] Mediante Sentencia T-024 de 1996[1], reiterada posteriormente en los fallos de constitucionalidad números C-496 de 1998[1] y C-561 de 1999[1], la Corte, con fundamento en la Constitución, distinguió los fenómenos administrativos de la descentralización, la desconcentración y la delegación, indicando que todos ellos son mecanismos de coordinación y organización de la estructura administrativa a los que se refieren los artículos 209 y 211 superiores. En lo que concierne a la delegación, puntaulizó: “La delegación desde un punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de transformación de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia. “Todo lo anterior nos lleva a determinar los elementos constitutivos de la Delegación:“1.La transferencia de funciones de un órgano a otro.2.La transferencia de funciones, se realiza por el órgano titular de la función.3.La necesidad de la existencia previa de autorización legal.4.El órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier momento reasumir la competencia.”(...) “Aunque la teoría general la delegación obra entre órganos de un mismo ente o persona jurídica estatal, debe señalarse que la Ley colombiana prevé la delegación entre personas jurídicas”. [2] El artículo 12 de la ley 80 de 1993 también regula lo concerniente a la delegación para contratar, en los siguientes términos: “Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”. Esta disposición fue declarada exequible por la Corte mediante Sentencia C-374 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.
El Congreso de la República puede facultar a los jefes o representantes de las entidades para delegar la celebración de contratos, sin violar el artículo 211 de la Carta Política, que establece las condiciones para que proceda la delegación, porque cumple con lo dispuesto en la artículo superior, toda vez que el legislador fija las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones: establece cuáles son las autoridades que pueden hacer uso de la delegación e indica la materia objeto de delegación.
Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993: El artículo 25 numerales 10 y 19 en su inciso quinto.
Sentencias T-024 de 1996, C-496 de 1998, C-561 de 1999 y C-374 de 1994.
Artículo 221 de la Constitución Política.
Presentación de ofertas por parte de la ciudadanía a la administración
Prefactibilidad técnica y financiera
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993
“Articulo 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
“PARAGRAFO 2o. Las personas interesadas en celebrar contrato de concesión para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en tal sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como mínimo, la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres (3) meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará por escrito al interesado. En caso contrario, expedirá una resolución mediante la cual ordenará la apertura de la licitación, previo cumplimiento de lo previsto en los numerales 2° y 3° del artículo 30 de esta ley.
Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con otra u otras personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus diferentes aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo cualquier otra modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos deberán adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados expresen claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Así mismo deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones.
Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de concesión se celebrará con su representante legal.”
¿Puede el Congreso de la República autorizar que en los contratos de concesión de obra pública los interesados presenten sus ofertas ante la administración, incluyendo la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental, para que ésta evalúe la viabilidad del proyecto y decida si ordena o no la apertura de la licitación, sin violar el procedimiento ordinario de selección objetiva?
«(…) Lo anterior no significa que se esté obviando el procedimiento ordinario de selección objetiva, como lo considera equivocadamente el actor, pues el parágrafo impugnado dispone con claridad meridiana que presentada la oferta la entidad estatal destinataria de la misma debe estudiarla en el término máximo de los tres meses siguientes y si encuentra que el proyecto no es viable debe comunicar tal decisión mediante resolución motivada. En caso contrario, debe expedir una resolución de apertura de la licitación “previo el cumplimiento de lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo esta ley” que se refieren a la elaboración del pliego de condiciones y a los avisos de apertura de la licitación, respectivamente.
Así, pues, la finalidad de la medida censurada no es otra que propiciar la vinculación de la ciudadanía en el impulso de las decisiones administrativas relacionadas con la ejecución de las grandes obras destinadas al servicio o uso público, propósito que es congruente con los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen la función administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 209 de la Carta Política. (…)»
El Congreso de la República puede autorizar que en los contratos de concesión de obra pública los interesados presenten sus ofertas ante la administración, incluyendo la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental, para que ésta evalúe la viabilidad del proyecto y decida si ordena o no la apertura de la licitación, sin violar el procedimiento ordinario de selección objetiva, porque:
La finalidad de la medida es propiciar la vinculación de la ciudadanía en el impulso de las decisiones administrativas relacionadas con la ejecución de obras destinadas al servicio o uso público.
No se obvia el proceso de selección objetiva, pues la oferta tiene que ser estudiada por la entidad estatal. En caso de constatar la viabilidad del proyecto, dicha entidad debe expedir una resolución de apertura de la licitación, previa elaboración del pliego de condiciones y los avisos de apertura de la licitación, respectivamente.
Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993: El Parágrafo 2° del artículo 32.
Las cooperativas nacionales de trabajo asociado pueden ser exoneradas del otorgamiento de garantías contractuales
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 25 NUMERAL 19 (PARCIAL) DE LA LEY 80 DE 1993
Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión en este sentido se adoptará mediante resolución motivada.”
¿Puede el Congreso de la República exonerar a las cooperativas nacionales de trabajo asociado del otorgamiento de garantías contractuales, sin que la medida resulte ser irrazonable y desproporcionada?
«(…) En primer término se trata de una facultad discrecional de la administración, no de una imposición del legislador; en segundo término, la decisión de exonerar a dichos entes procede “ siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen”, con lo cual se establece un parámetro material al ejercicio de esta competencia; y en tercer termino (sic) la norma acusada exige que una determinación en este sentido sea adoptada mediante resolución motivada, lo que permite que los interesados que estén inconformes puedan impugnar la medida e incluso ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si es del caso.(…)»
El Congreso de la República puede exonerar a las cooperativas nacionales de trabajo asociado del otorgamiento de garantías contractuales, sin que la medida resulte ser irrazonable y desproporcionada, porque: 1. La exoneración procede siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los contratos de dichos entes así como sus características específicas de la organización lo justifiquen. 2. La determinación debe ser adoptada mediante resolución motivada
Artículos 58 y 333 de la Constitución Política.
Documento: C-949-2001
El estatuto general de contratación de la administración pública no comporta la obligación de..
Las entidades estatales que tengan por objeto prestar el servicio de telecomunicaciones quedan..
Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las..
Los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para contratar con el Estado..
Exoneración de la inscripción, calificación y clasificación del registro de proponentes..
Presentación de ofertas por parte de la ciudadanía a la administración ..
Las cooperativas nacionales de trabajo asociado pueden ser exoneradas del otorgamiento de garantías..