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Timestamp: 2018-07-22 09:08:59
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Matched Legal Cases: ['Artículo 37', 'artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 47', 'Artículo 111', 'Artículo 71', 'Artículo 100']

Tema 4. El Acto Administrativo [122205] | Derecho Administrativo II (UAB) | Unybook
Tema 4. El Acto Administrativo (2017)
Tema 4. El Acto Administrativo
Tema 4. El Acto Administrativo. (Validez) Validez e invalidez de los actos administrativos Un Acto administrativo es v álido c uando reúne los requisitos que el OJ establece como constitutivos, y además, ha sido regularmente producido, y que se ajustan a las descripciones de la ley, exigen la motivación de los requisitos. Según art. 39.1 L39/2015 (“ 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa” ), se parte de una presunción de validez, se presume que por el mero hecho de ser dictado, son válidos, y además, producen efectos. Es una presunción i uris tantum , que puede ser destruida si los mecanismos pueden conducir a la declaración de invalidez. O también, puede concurrir algún vicio en el procedimiento, que llevará a la consideración de un acto administrativo inválido. Los actos viciados los hay por muchos motivos, y no todos conllevan la misma gravedad en sus consecuencias. Hay vicios más intensos que provocan la n ulidad de pleno derecho , o también, hay vicios que provocan la anulabilidad . Pero también hay vicios de una entidad sin suficiente gravedad o relevancia como para que sea un acto inválido, una regularidad que no invalida. Las irregularidades tienen diferente peso, y se distinguen entre dos grandes tipos de vicios: ­ ­ Invalidez: A quellos que provocan la invalidez del acto administrativo Irregularidad no invalidante: A quellos que no tienen la suficiente entidad para afectar a la validez del acto administrativo (Actos administrativos válidos pero irregulares). Dentro de los supuestos de invalidez, vicios invalidantes, que afectan a la validez del acto administrativo, se distingue entre: ­ ­ Nulidad Radical , de pleno derecho. Anulabilidad. Nulidad y Anulabilidad En función de c ausas : ● La n ulidad es un grado de invalidez que es consecuencia exclusiva de la existencia de unos vicios tasados (no es el régimen general). (Art. 47.1) ● En la a nulabilidad , no son supuestos tasados, sino que (Art. 48) se establece que son anulables aquellos actos administrativos que incurren en cualquier infracción del OJ. El régimen general que se aplica a los actos administrativos inválidos es el de la anulabilidad, y no lo será, cuando el vicio en el que incurre esté dentro de los supuestos del art. 47.1 L39/2015, ya no será anulable, sino nulo de pleno derecho. ● En la i rregularidad no invalidante , n o será inválido cuando sea un supuesto que no provoque la invalidez de los actos administrativos (Art. 48.2), supuestos tasados, actuaciones extemporáneas en las que el tiempo sea determinante (Art. 48.3) y errores materiales o de hecho (art. 109) En función de p rescribilidad : ● Nulidad : El régimen jurídico de los AA inválidos, se tratan de vicios imprescriptibles. Pueden ser revisados sin límite de tiempo, no prescribe la acción de nulidad para revisar los actos administrativos nulos. ● Anulabilidad : El vicio prescribe, los AA anulables pueden revisarse con un límite temporal, prescriben a los 4 años. ● Irregularidad no invalidante , son vicios irrelevante, no afectan a la validez del acto. En función de sus e fectos : ● Nulidad . La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos (efectos e x tunc ), conlleva la eliminación de todos los efectos derivados del acto. ● Anulabilidad . La anulación no tiene efectos retroactivos, sino e x nunc (desde que se declara; Efectos ex nunc , ahora) En función de su r égimen procesal : ● Nulidad . Son vicios de orden público, apreciable de oficio por el juez aunque las partes no lo aleguen en el proceso. Se refiere que, aunque las partes no hayan alegado a d hoc sobre la existencia de unas det. causas de nulidad en un proceso, el órgano jurisdiccional puede, de oficio, concurrir algún vicio de nulidad radical. ● Anulabilidad : Se tiene que alegar por las partes ante el juez, las causas, y la invalidez del acto administrativo. En función de la posibilidad de subsanar o no: ● Nulidad . Los vicios tasados que provocan la nulidad radical son vicios insubsanables. El órgano administrativo no puede por si mismo, dictar ningún acto que subsane las deficiencias. ● Anulabilidad . Mientras que estos pueden ser subsanados. Es posible que la Administración dicte otro acto en el que subsane los defectos o vicios en los que pueden concurrir el acto administrativo inválido de anulabilidad. La nulidad de pleno derecho: supuestos. Art. 47.1. Nulidad de pleno derecho. 1. Los a ctos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. ( ej. Lesionan el derecho a la protección de datos, el ejercicio de la libertad sindical…) Desapareció el “contenido esencial de los derechos…”. Son vicios en el contenido, de forma material. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del t erritorio . A fectan al elemento subjetivo. Vicios subjetivos o regularidades relacionadas con la incompetencia del órgano del acto. “manifiestamente incompetente, en función de materia o territorio”. ** Además, la competència j erárquica , en virtud de la posición o el nivel del órgano, dentro de la estructura administrativa. No provoca la nulidad radical, sino la anulabilidad. ** “ m anifiestamente incompetente” , proviene de la redacción de la Ley 30/1992. La infracción ha de ser evidente, apreciable sin esfuerzos interpretativos. La jurisprudencia ha entendido que, en algunos supuestos, la infracción no era suficientemente manifiesta para provocar la nulidad radical, y debería tratarse de un supuesto de anulabilidad. c) Los que tengan un c ontenido imposible . N ulidad radical o de pleno derecho de actos administrativos, o de vicios en su contenido, i así se pueden declarar nulo aquellos que tengan un contenido imposible. (ej) Seria un contenido imposible cuando se trata de actos de imposibilidad física, de una obligación a hacer un muerto, nombrar ciudadano a un muerto; imposibilidad jurídica. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. También afecta al contenido. La falsedad de documento público, sería un ejemplo claro. La prevaricación. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido(1) o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados(2). Se recogen una serie de causas que pueden motivar que el acto administrativo sea nulo de pleno derecho. Se refiere al elemento formado del procedimiento. Se encuentran dos supuestos (1) y (2). Los órganos colegiados están configurados por la L40/2015, que se remite a las normas específicas de funcionamiento que rigen particularmente para cada órgano. Hay una serie de requisitos para que los órganos puedan adoptar los actos administrativos, y no tener alguno de estos no implicará la nulidad radical de pleno derecho como norma general, sino en algunos casos. Realmente, hay 3 supuestos más, dentro de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: ­ Via del hecho ( actos dictados en ausencia absoluta de procedimiento) ­ Ausencia de algún trámite especial . Se ha podido dejar de realizar alguna fase del procedimiento administrativo, de tal manera que esta omisión se equipara a los efectos de determinar su nulidad radical a los actos del art. 47.1 e). (Ej. Declaración de un impacto ambiental, cuando venga normativamente exigida, antes de su autorización, se considera un vicio que invalida los efectos la autorización de finalmente se conceda) ­ Actos dictados siguiendo un procedimiento que no es el adecuado, previsto por otros supuestos. Sería un supuesto de nulidad por haber usado un procedimiento inadecuado. f ) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Corresponde a la variación del enfoque que se introdujo respecto de la ley 1992. El cambio de enfoque es que no se puede producir un acto estimatorio contrario al ordenamiento jurídico (1999). Con la posterior reforma, se posibilita que independientemente sea ajustado a derecho, si se reúnen los requisitos del art. 24, el acto estimatorio se producía, con consideración de acto administrativo. Otra cosa es que fuera válido o no. Para la revisión del acto, se provoca la causa de nulidad. En la práctica, no se aplica a actos presuntos, sino a actos expresos. La majoria de las veces en que se ha utilizado la causa del 47.1 f), a pesar de estar concebida, la mayor parte de ocasiones se refiere a actos expresos. Ocurre que se trata de una causa difícil de interpretar en su aplicación, y además, en cuanto a los r equisitos esenciales (Concepto Jurídico Indeterminado), que puede acabar subvirtiendo el régimen general de nulidad en cuanto los actos administrativo conspira la Ley 39/2015. Por regla general, los actos administrativos son nulos de pleno derecho (nulidad). Comparación art. 48.1 con el 47.1 f). Una interpretación expansiva le daría otro sentido al art. 48, si se considera que cualquier acto administrativo favorable, que confiere facultades, por el mero hecho de no ajustarse a los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, es un acto nulo de pleno derecho. El lado habitual de nulidad de los AA es el de la anulabilidad. La jurisprudencia, y otros cuerpos constitutivos, dijo que la causa de nulidad del 47 debe ser aplicada e interpretada de forma restrictiva, se trata de una causa que no puede subvertir el régimen general de anulabilidad que se establece en el procedimiento. La restricción de interpretación de la cláusula está en r equisitos esenciales . Se considera que se ha producido una vulneración o no se han reunido los requisitos, y no cualquier ausencia de requisitos implique de forma automática se halle en un supuesto del 47.1 f), o por el contrario, ante un supuesto de anulabilidad del art. 48.1 Requisitos esenciales: A quellos que inexcusablemente constituyen la base de la relación jurídica que derivan las facultades y derechos, cuya ausencia suponen una colisión frontal con la base jurídica. Ej. Nombramiento de un acto administrativo que nombre a una persona técnico municipal cuando resulta no lo es. // El hecho de que una licencia otorga un aprovechamiento que va en contra de los aprovechamientos urbanísticos que prevé el planeamiento. Hay una interpretación difícil y casuística. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. Actos administrativos que son nulos de pleno derecho porque lo establece una disposición con rango de Ley. También, aquellos actos contrarios a la constitución. 2. También serán nulas de pleno derecho las d isposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La diferencia entre el régimen de invalidez de los actos y reglamentos. Cuando un reglamento es inválido, siempre es nulo de pleno derecho. Mientras que un acto administrativo, se distinguen distintos grados: actos nulos y actos anulables. Según la regulación de 2015, se cierran los supuestos de actos administrativos nulos de pleno derecho. Pero, según ésta ley, puede aparecer otro supuesto. Artículo 37. Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47 . Es esto una causa de nulidad radical? Los actos contrarios de una ley son ordinariamente anulables, mientras que un acto contrario a un reglamento, será nulo. Anulabilidad Se regula en el art. 48 Ley 39/2015. Artículo 48. Anulabilidad. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Se distingue entre vicios materiales, de contenido, y vicios de forma. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Como regla general, son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Supuestos de anulabilidad: ­ Vicios materiales : todos los que se cometan provocan anulabilidad, incluso la ilegalidad material. ­ Vicios formales : Art. 48.2: Los actos administrativos que incurran en vicios formales, son anulables, pero no cualquier vicio de forma provoca la anulabilidad del acto administrativo, sino que únicamente provocará la anulabilidad del acto administrativo si se está ante la o misión de trámites e senciales , o provoquen indefensión. El elemento sobre el cual descansa que sea anulable está en que se haya provocada indefensión, lo que determina que un acto anulable sea anulable por vicio. Puede ser de gran gravedad que no se encuadre con el art. 48, sino en supuestos de vicios formales del 47.1 e). Lo esencial para ver si es inválido es que haya provocado i ndefensión . Aquellos vicios que impiden a los interesados de ejercer las facultades de defensa (Dialéctica procesal o procedimental, impidiendo o introduciendo alegaciones que impidan su derecho, de forma indebida, impidiendo aportar medios de prueba; cuando se trate de defectos que impidan acceder al recurso, no dar trámite de audiencia a los interesados...), que se gozan en un procedimiento administrativo. ● ● Ante un supuesto que no sea de nulidad radical (Art. 47.1 e), habrá que ver si realmente se ha provocado una indefensión. En aquellos supuestos en los que la indefensión puede conectar con la vulneración del derecho fundamental (Art. 24 CE), no se está ante un acto anulable, sino ante un acto nulo de pleno derecho por vicio de forma, cuando la indefensión alcanza relevancia constitucional (1). (ej. Alcanza relevancia constitucional cuando se está ante un procedimiento sancionador, por lo tanto, ese vicio de forma provoca la nulidad radical de pleno derecho), o, (2) en el sentido de impedir a los interesados acceder al contenido, actos notificados Conservación. Principio general de conservación de los actos administrativos : El ordenamiento jurídico procura su supervivencia. Implica la necesidad de interpretar los actos de la forma más favorable para que resulten válidos, y da lugar a una serie de técnicas que permite c onservar los actos viciados o sus efectos. En primer lugar, la actuación de la administración goza de la presunción de legalidad, que se puede destruir mediante la nulidad o anulabilidad (Art. 47 y 48). El Ordenamiento Jurídico administrativo se resiste a la excursión y renovación total de cualquier actividad administrativa, incluso en supuestos de nulidad y anulabilidad. En supuestos de nulidad, el ordenamiento tiene unos mecanismos que (1) pretenden intentar interpretar, en la medida de lo posible, que los actos administrativos nulos son válidos. (2) Y también pretenden conservar las partes no viciadas de los actos administrativos. Técnicas. (Art. 49, 50, 51 y 52 Ley 39/2015): 1) T écnica de la Conservación ( e n sentido estricto ): Implica que una vez declarado nulo un acto administrativo, ya sea nulo de pleno derecho o por anulabilidad (irrelevante), no hay porqué invalidar todos los actos administrativos anteriores y posteriores a éste acto administrativo, que no haya sido aplicado o aceptado. También, puede implicar el mantenimiento de actos posteriores. Como r equisitos : Ante los trámites anteriores al acto anulado, no hay ninguno. Ante los trámites sucesivos e independientes, se requisa el nuevo acto expreso que recoja los actos que se mantienen. A e fectos : Ante el trámite anterior, será el mantenimiento de los actos originales. Ante los trámites sucesivos, (e x nunc ), desde que se dicta el acto de conservación. Artículo 51. Conservación de actos y trámites. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. 1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. 2) I nvalidez parcial Es un acto compuesto del que se anula una decisión. Cualquiera puede ser el alcance del vicio. Ningun requisitos. Los efectos es que la decisión independiente sigue siendo válida, aunque la otra se anule. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. 2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. 3) C onversión Se aplica muy raramente, y la jurisprudencia no la menciona mucho. Consiste en la posibilidad de dictar un nuevo acto administrativo, idéntico, convertirlo en otro administrativo válido. Artículo 50. Conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. 4) C onvalidación En este caso, se puede solamente en actos anulables, no podrá ser los actos nulos. La convalidación consistente en un mecanismo que subsane el vicio de anulabilidad, y puede convalidarse. Es necesario un acto expreso administrativo que convalide. Artículo 52. Convalidación. 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Vías de control de validez de actos administrativos En términos generales, existen las vías administrativas o vías judiciales, tanto para las disposiciones (reglamentos) como para los actos administrativos. Los R eglamentos tienen diferentes vías para el control de la validez de los actos. No existen vías de recurso administrativos para los Reglamentos, y por lo tanto hay control judicial, salvo la r evisión de oficio . En un control judicial, puede ser por via directa o indirecta. Por el contrario, lo que respecta a los actos administrativos, existen diversos mecanismos por via administrativa y por via jurisdiccional. ➔ En via administrativa, están aquellos mecanismos que consisten en que son los p ropios interesados los que instan a la administración a que anulen, a través de los recursos administrativos. Pero también existen otros mecanismos, donde son la propia administración, motu propio, a través de las cuales la Administración controla la validez de sus propios actos (d e oficio ). ◆ En el control de oficio se encuentran la revision de oficio de actos nulos de pleno derecho y la d eclaración de lesividad de los actos anulables (prèvia a la impugnación del acto en el Contencioso administrativo). Hay diferentes mecanismos en virtud del grado de invalidez. Revisión de oficio de actos nulos Se puede utilizar para la revisión de disposiciones reglamentarias como para los actos nulos de pleno derecho. El ámbito se centra en actos que la administración considera que puede concurrir cualquier vicio, causa de nulidad radical (Art. 47.1 L39/2015). La Administración, cosa que no ocurre con los actos anulables, puede expulsar por si misma los actos nulos. No hay una limitación temporal, sino que en cualquier momento, la Administración puede declarar nulo. A pesar de nombrarse como una revisión de oficio, lo cierto es que el art. 106, prevé que los interesados puedan solicitar a la administración que incoen un procedimiento de revisión de oficio, y puede parecer un recurso, pero no es así. El interesado, cuando solicita, tiene derecho a que se tome en consideración la solicitud, al menos, de tal manera que puede la Administración inadmitir las solicitudes en determinados casos (art. 106. 3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. ) La resolución de inadmisión es recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa y a veces la sentencia ha obligado a incoar el procedimiento. El órgano competente depende de la administración de la que se hable, de la que ha dictado el acto. De tal manera que con carácter de legislación no básica, únicamente aplicable a la legislación del estado, la Ley 39/205 establece quienes son los órganos competentes para los actos de la administración. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El C onsejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros. b) En la A dministración General del Estado : 1.º Los Ministros , respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado. 2.º Los Secretarios de Estado , respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. Dependiendo del acto que se pretenda declarar nulo. c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: 1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos. 2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. En el ámbito de Catalunya: Ley 26/2010 Artículo 71. Órganos competentes para la revisión de disposiciones y actos nulos. 1. La competencia para i niciar y r esolver los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones reglamentarias y para iniciar el de revisión de actos nulos corresponde a l órgano que los ha aprobado o dictado. La resolución puede corresponder o no al órgano que lo ha dictado. 2. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, la competencia para resolver los procedimientos de revisión de oficio de a ctos nulos q ue provienen del presidente o presidenta de la Generalidad, del Gobierno y de los consejeros c orresponde al ó rgano que los ha dictado, y en el caso de los actos que provienen de otros órganos, incluidos los dictados por los órganos de gobierno de los organismos o las entidades públicas, corresponde al c onsejero o consejera del departamento competente por razón de la materia. 3. La competencia para r esolver los procedimientos de revisión de oficio de a ctos nulos dictados por los entes locales corresponde a los órganos que determina la normativa de régimen local. ¿Cómo es el procedimiento de revisión de oficio? ­ ­ Por Incoación, se llega a un acuerdo. Por Solicitud de los interesados, y se debe llegar a un acuerdo. En el curso del procedimiento, existe un trámite fundamental, debe darse un d ictamen del Consejo de Estado, o de un órgano autonómico equivalente. Debe darse en todo el procedimiento de la R evisión de Oficio , de tal forma que la Administración, a pesar de poder declarar por si misma la nulidad, lo cierto es que NO puede hacerla sin el dictamen favorable del Consejo de Estado, o del órgano equivalente. Es decir que, para poder declararlo nulo de pleno derecho, necesita contar con el dictamen favorable a la solicitud. De tal manera que solo si es favorable y concurren alguna de las causas de nulidad del art. 47.1, puede declararse nulo. Es un d ictamen habilitante o cuasi v inculante , que faculta a la Administración a ejercer una potestad, no la obliga (pero sí que es cierto que, si no es favorable el acto, la Administración no puede declararlo nulo. En este caso, es una cosa h íbrida , porque no se está ante un caso vinculante, sino en un estado medio. Duración: El procedimiento de oficio tiene una duración de 6 meses como máximo. Hay un plazo dentro del que la Administración debe tramitar y resolver el procedimiento de Revisión de Oficio. Si transcurren más de 6 meses, y no se ha resuelto expresamente, dependerá si ha mediado la solicitud o no, y se agotará la caducidad del procedimiento. Por el contrario, si ha habido solicitud, si que opera la figura del silencio , que en este caso, es e stimatorio . Declaración de Lesividad: Por su propia iniciativa, hay actos nulos, pero no sobre la base del art. 47, sino sobre la base del art. 48 (Ley 39/2015). No opera el mecanismo de la Revisión de Oficio, sino que la Administración opera para ver si los actos son nulos o no. ❖ En primer lugar, la Administración puede declarar nulo y expulsar el acto del Ordenamiento Jurídico, pero con el dictamen favorable. Cuando se habla de un acto nulo, la Administración puede incoar, y no acaba con una declaración de nulidad del acto, sino que una vez declarado nulo, y concurre alguna causa de anulabilidad, la Administración puede i mpugnar el acto ante la jurisdicción contenciosa­administrativa (Diferencia con la Revisión de oficio) ❖ En segundo lugar, en el plazo, como recordaremos en la Revisión de Oficio, no está sujeta a los plazos temporales, los vicios de nulidad radical son vicios imprescriptibles, sin embargo, en los de Anulabilidad, son vicio prescriptibles, y esto implica que las facultades revisoras de la Administración si que están s ometidas a plazos, es decir, que d eben incoarse , en un plazo de 4 años , desde que se otorga. Ejecución forzosa ( actos administrativos) Los actos de las administraciones públicas se presumen válidos, y serán inmediatamente ejecutivos. Además, según el art. 38 y 98 (L39/2015) dirán que habían efectos, y estos serán inmediatamente ejecutivos. Esto puede comportar algo para los particulares. Por lo tanto, el acto será ejecutivo (Si no se paga una multa, el proceso del acto administrativo podrá obligarme a hacerlo) ¿ Qué sucede si el particular no cumple los actos administrativos ? Existen mecanismos que son previstos por el ordenamiento que pueden forzar a que se cumplan. Los actos son ejecutables, pero la administración tendrá que advertir, de forma forzosa, para ejecutarlos. Si se procede a hacer la ejecución forzosa, se hará mediante los medios establecidos (art. 100 L39/2015) Artículo 100. Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. Medios de ejecución forzosa 1.
Apremio sobre el patrimonio . Consiste en un medio de ejecución forzosa en que la Administración embargará al particular y enajenará los bienes. (art. 101 “ Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.” ) Respetando siempre el principio de p roporcionalidad . 2.
Ejecución s ubsidiària . Consiste en que, si se le obliga, y no lo hace, lo hará la Administración o quien decida la propia administración a cuenta del obligado. (Ej. Si un particular no vacuna a un animal, lo tendrá que hacer un veterinario). Por lo tanto, la ejecución la podrá hacer otro sujeto (Por lo tanto, Acciones no personalísimas ) (art. 102 “p or no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.” ) 3.
Multa coercitiva. C onsiste en que, por acto NO cometido, se hará pagar una multa para que cumpla. Y la multa se podrá ir poniendo reiteradamente hasta que se cumpla. Entre multa y multa, tiene que haber un tiempo suficiente para que dé tiempo a pagar la primera (lapso de tiempo para cumplir con la obligación) 4.
Compulsión sobre las personas . (pactos personalísimos, una manifestación ilegal). Consiste en que la Administración puede hacer que se anule, y cuando haya violencia con las personas, se tendrá que poner fin a la actividad. Es decir, haciendo uso de los cuerpos de seguridad, y si, voluntàriamente, la gente no se va, entonces los cuerpos de seguridad tendrán que disolver. Supone que la obligación de no hacer” es personal, y las acciones de hacer, es de violencia extrema. Cada medio servirá para el caso concreto, porque la naturaleza y el contenido de los actos son distintos. Además, hay casos en los que la multa puede servir para actos encargados para terceros. ¿Cuándo se podrá escoger ? Cuando es posible más de un medio de ejecución, la ley dice (Art. 100 que “S i fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.” ) Además, se establece que “3 . Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.” Los particulares deberán impugnar los actos, y para esto hay dos casos cautelares: Si se recurre, podrá pedir la ejecución. ...
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