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Timestamp: 2016-12-07 12:48:19
Document Index: 137882838

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 24', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 140', 'artículo 60', 'artículo 52', 'artículo 60', 'artículo 15', 'artículo 97', 'artículo 141', 'artículo 140']

ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 6389/06
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 6389/06	ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 6389/06 Mis Leyes
ANUNCIO de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución recaída en el recurso administrativo 6389/06 Estado	:
MINISTERIO DE FOMENTO	Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación a lo dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la resolución del recurso de fecha 26 de octubre de 2006, adoptada por la Secretaría General de Transportes del Departamento, en el expediente número 6923/06.
«Examinado el recurso de alzada formulado por don Enrique Estrems Ceacero, contra resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera, de fecha 13 de febrero de 2006, que le sanciona con multa de 401,00 euros, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (Expediente. IC-1313/2005).
Primero.-Los hechos sancionados se encuentran acreditados a través del Acta de Inspección realizada por el Agente adscrito a la Inspección General de Transportes, como consecuencia de la inspección realizada el día 19 de agosto de 2005, con objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones reguladoras del servicio de transportes por carretera por parte de don Enrique Estrems Ceacero.
En dicha Acta se comprueba que durante el mes de abril de 2005, don Enrique Estrems Ceacero ha facturado una serie de servicios de transporte público por carretera sin ser titular de autorización administrativa de transporte por carretera o de Operador de Transportes, lo que, en el supuesto analizado, constituye una falta grave de acuerdo con la normativa vigente en materia de transportes terrestres.
La doctrina jurisprudencial sobre la eficacia probatoria de las Actas de Inspección señala que «la presunción de veracidad atribuidas a las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al inspector actuante» (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero y 18 de marzo de 1991. Artículos 265 y 3183), presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia que se recoge en el artículo 24.2 de la Constitución Española, pues la legislación sobre el transporte terrestre se limita a atribuir a tales Actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario.
No obstante lo anterior, el Inspector actuante en su informe emitido con fecha 18 de enero de 2006, el cual ha servido de motivación a la resolución impugnada, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en las que se aprecia un error en la interpretación de la normativa legal para el desarrollo de la actividad de transportes por parte de la cooperativa de trabajo asociado y de los socios que la integran, ha recalificado la sanción, en el sentido de subsumirla en el supuesto legal tipificado por el artículo 141.31 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, imponiendo una sanción de 401,00 euros, en lugar de en el artículo 140.1.9 de la citada Ley, que, en principio, era la infracción objeto de denuncia.
Así, pues, carecen de alcance exculpatorio los argumentos del recurrente, por cuanto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los por cuanto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, tipifica como infracción grave los hechos citados, artículo 141.31, en relación con el artículo 140.1.9 que determina como infracción grave cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente, en concordancia con los artículos 47.1 de la citada Ley 41.1 de su Reglamento de aplicación, que exigen para la realización del transporte por carretera y de las actividades auxiliares y complementarias de la misma la obtención del correspondiente título administrativo que habilite para ello, no pudiendo prevalecer dichos argumentos sobre la norma jurídica; por tanto, el acto administrativo impugnado está ajustado a derecho, al aplicar correctamente la citada Ley.
Sin embargo, esta alegación ha de ser desestimada por falta de fundamento jurídico, habida cuenta que es la cooperativa la que ostenta la titularidad de las autorizaciones de transporte y, por ende, es ella la obligada a contratar como cargador la prestación de sus servicios y asimismo, a facturar los servicios prestados a sus clientes, y así lo señala el artículo 60.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre, que establece que los títulos habilitantes para la realización de los servicios y actividades de transporte regulados en esta Ley podrán ser otorgados directamente a las entidades cooperativas de trabajo asociado, siempre que éstas cumplan los requisitos generales exigidos para dicho otorgamiento.
En este sentido, el artículo 52.1 del citado Reglamento de aplicación de la citada Ley, determina que las personas que formen parte de cooperativas de trabajo asociado de transporte o de actividades auxiliares o complementarias del transporte por carretera, a las que se refiere el artículo 60 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, no podrán obtener personalmente, mientras formen parte de las mismas, títulos administrativos habilitantes correspondientes a la actividad que realice la cooperativa, debiendo transmitir a ésta todos los que, en su caso, anteriormente poseyeran o bien renunciar a los mismos.
Este motivo de impugnación ha de ser igualmente rechazado por cuanto que los artículos 17 y 54 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres señalan que las empresas prestadoras de los servicios de transporte públicos los que se refiere la presente Ley o de actividades auxiliares o complementarias del mismo, llevarán a cabo su explotación con plena autonomía económica, gestionándolos de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura y bajo la dirección y responsabilidad de las personas que lo hayan contratado como porteadores, debiendo efectuar dicho transporte a través de su propia organización empresarial.
E igualmente, es la cooperativa quien debe facturar en nombre propio los servicios que presta a sus clientes a través de su propia organización empresarial con los vehículos amparados en las autorizaciones de las que ella es titular. Por el contrario, no podrán los socios a título individual facturar o percibir contraprestación alguna de quienes hubiesen recibido servicios por parte de la organización empresarial de la cooperativa, conforme se señala en el artículo 15.1.f) de la Ley 27/1999, de Cooperativas, a cuyo tenor los socios de dichas entidades están obligados a no realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la cooperativa salvo autorización expresa del Consejo Rector de ésta, sin perjuicio del régimen de participación en los posibles beneficios de ésta, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley y en sus propios estatutos.
Cuarto.-Por último, en cuanto a la invocación que hace el recurrente del artículo 97 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, que señala que las cooperativas de transporte que adopten la forma de cooperativas de trabajo asociado podrán establecer en sus estatutos, que los gastos específicos se imputen a cada vehículo que los haya generado, así como los ingresos, generando de esta forma una unidad de explotación en cada vehículo, susceptible de ser adscrito al socio que haya aportado el mismo, cabe significar que, en el supuesto analizado se colige que, las autorizaciones de transportes cuya titularidad ostenta la cooperativa de trabajo asociado que nos ocupa, han sido expedidas al amparo de lo previsto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, no refiriéndose, por tanto, a la realización de transportes limitados a la citada Comunidad Autónoma y, por ende, todas aquellas cooperativas de trabajo asociado que sean titulares de autorizaciones de transporte cuyo ámbito rebase el territorio de una Comunidad Autónoma deberán estar sujetas al cumplimiento de todas las obligaciones señaladas en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y, por ende, a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, habida cuenta que, la relación entre ambas leyes (Estatales y de la Comunidad Autónoma) es de competencia y no de jerarquía.
En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, de conformidad con la propuesta formulada por la Subdirección General de Recursos ha resuelto Desestimar el recurso de alzada formulado por don Enrique Estrems Ceacero, contra resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera, de fecha 13 de febrero de 2006, que le sanciona con multa de 401,00 euros, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 141.31 en relación con el artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (expediente IC-1313/2005), resolución que se declara subsistente y definitiva en vía administrativa.
La multa impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0182-9002-42, n.º 0200000470, Paseo de la Castellana, 67, Madrid, haciendo constar el número del expediente sancionador».
Madrid, 20 de febrero de 2007.-El Subdirector General de Recursos, Isidoro Ruiz Girón.
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