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Timestamp: 2018-11-21 20:26:58
Document Index: 24714089

Matched Legal Cases: ['artículo 2344', 'artículo 21', 'artículo 143', 'artículo 136', 'artículo 90', 'in dubio', 'Artículo 114', 'Artículo 250', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2009-00026/41921 DE AGOSTO 24 DE 2017
SENTENCIA 2009-00026 DE 24 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:INEXISTENCIA DEL DAÑO EN LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE QUIEN FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA. NO SE PUEDE PRETENDER UN RESARCIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO CUANDO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL ACTOR SE OCASIONA POR UN PUNIBLE QUE ÉSTE EFECTIVAMENTE COMETIÓ Y POR EL CUAL SE LE ADELANTÓ LA INVESTIGACIÓN PENAL EN SU CONTRA. ASÍ, A PESAR DE QUE DENTRO DEL PROCESO SE HAYA DEMOSTRADO EL PADECIMIENTO MENTAL DEL ACTOR Y QUE LA CONDUCTA POR LA CUAL FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA SE OCASIONÓ POR DICHA SITUACIÓN, FUE SU ACTUAR, EL QUE DIO LUGAR A LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL EN SU CONTRA. POR TANTO, SI BIEN LA SENTENCIA PENAL CULMINÓ ABSOLVIÉNDOLO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, NO SE ENCUENTRA QUE LA ADMINISTRACIÓN HAYA INCURRIDO EN UNA RESPONSABILIDAD, PUES EL ACTOR FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA, LO QUE DETERMINÓ QUE SE INICIARA UN PROCESO PENAL PARA DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD, A QUIEN SE LE RESPETARON TODAS LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, FLAGRANCIA, INVESTIGACIÓN PENAL, INEXISTENCIA DEL DAÑO
Sentencia 2009-00026/41921 de agosto 24 de 2017
Rad. Núm.: 63001-23-31-000-2009-00026-01(41921)
Actor: Daniel Johan Rubio Vega y Otros
Demandado: La Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación
Bogotá D.C., veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete.
Extractos «VI. Consideraciones
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(25), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Daniel Johan Rubio Vega, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, Elizabeth Vega Fuentes (madre), Eliover Vega y Reiner Rubio Vega (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación- Rama Judicial.
Para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación(26) y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito(27)-(28) e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.
De manera que la actuación conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio, entre el juez y el fiscal, se desprende la responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil(29) y no en la teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones(30).
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(31), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(32). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(33).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(34).
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 5 de septiembre de 2008, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(35).
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(39).
En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Código Penal, debe ordenar su reparación.
Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala revocará la sentencia a quo y en su lugar negará las pretensiones de la demanda, de conformidad con los siguientes hechos probados.
La Sala encuentra demostrado que el proceso penal iniciado en contra del señor Daniel Johan Rubio Vega como presunto autor del delito de extorsión tuvo su génesis en la denuncia presentada por los señores Manuel Antonio Robles Hoyos y María Lucelly Valbuena Arce contra indeterminados, en el mes de septiembre de 2005 en la ciudad de Montenegro - Quindío, en la que indicaron ser víctimas de llamadas y mensajes extorsivos, solicitándoles dinero y posteriormente una ayuda en mercados, al parecer por miembros de una agrupación de autodefensas(45).
En el trascurso de la investigación el grupo del Gaula de la Policía Nacional capturó al señor Daniel Rubio Vega en flagrancia, toda vez que él entregó unos documentos a los que eran extorsionados y en consecuencia de ello recibió un paquete que contenía el pago de la extorsión.
El 10 de mayo de 2006 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montenegro-Quindío(46) llevó a cabo la audiencia preliminar solicitada por la Fiscalía Séptima en la que se legalizó la captura y se efectuó la formulación de imputación y medida de aseguramiento y en donde se dijo: (i) que el señor Daniel Johan Rubio es indiciado por el punible del delito de extorsión; (ii) la captura se declaró legalizada; y (iii) se le imputó al demandante el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, cargos que el imputado no aceptó.
Por último, se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en la cual la fiscalía solicitó la detención preventiva del sindicado toda vez que el mismo constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas, petición que refutó la defensa, pero que el juez encontró ajustada, por lo cual dictó detención preventiva en contra del señor Rubio Vega en la Cárcel San Nicolás de Montenegro - Quindío.
El 23 de junio de 2006 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Quindío(47) con Funciones de Conocimiento se constituyó en audiencia pública de juzgamiento para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía Séptima de Montenegro contra el señor Daniel Johan Rubio Vega por el delito de extorsión en la que se señaló: (i) el actor fue capturado en flagrancia; (ii) el imputado aportó como pruebas las que recolectó la policía judicial; (iii) el abogado defensor adujó que el acusado tenía una cita médica a las 11:40 de la mañana del día que fue capturado lo que indica el por qué se encontraba en el lugar; y (iv) por último las partes indicaron que no existía nulidad procesal alguna.
El 20 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro - Quindío adelantó el juicio oral donde la Fiscalía acusó al señor Rubio Vega del delito de extorsión; y en la que el abogado defensor aportó varias pruebas en las que señaló que el actor padecía trastorno psicótico, según consta en la historia clínica, que era analfabeta y una persona manipulable y que para el día de su captura este tenía una cita odontológica.
En continuación de la audiencia, al momento de los alegatos de conclusión, la Fiscalía “declina su teoría del caso, reconsidera las pruebas de la defensa y depreca la aplicación del ‘in dubio pro reo’, es decir, considera que debe ser absuelto su inicialmente acusado, de los cargos imputados”, el ministerio público (…) “consideró que existía ausencia de responsabilidad del enjuiciado, que el mismo fue utilizado de manera instrumental para la comisión del delito”. (Resaltado propias del texto)
Obra en el expediente el acta de juicio oral del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Conocimiento de Montenegro - Quindío en la que decidió absolver al señor Daniel Johan Rubio Vega de los cargos lanzados en su contra por la conducta punible de Extorsión, conforme a la acusación efectuada en su contra por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de esta localidad, por cuanto encontró demostrado la ausencia de culpabilidad en la acción desplegada por el acusado pues su única participación fue llevar el día de su captura el sobre extorsivo a las víctimas, pero desconociendo su contenido, no hubo dolo especifico en su conducta, es decir, conocimiento de la conducta punible y conciencia de la antijuridicidad, que son los dos momentos del dolo(48).
En la misma acta se encuentra que el apoderado del señor Rubio Vega aportó “copia de la historia clínica del acusado solicitada por la Defensoría del Pueblo en donde se indica como este sufre de trastorno delirante y explicación mágica de él y su núcleo familiar”, asimismo señala que la “certificación del Comandante del Batallón de Ingenieros # 8 del 25 de mayo de 2006, indicando como el acusado fue reiterado del servicio militar ya que al efectuársele un examen de aptitud psicofísica presentada trastorno sicótico” y de los profesionales “quienes efectuaron entrevistas al acusado advirtiendo que es persona que no piensa más allá del día de hoy, no se proyecta adelante, cree que puede sucederle, conceptos que son relevantes en la medida que el acusado sufre trastorno delirante conforme se indica en la historia clínica del acusado, y del retiro del servicio militar sicótico”.
Asimismo obra en el plenario la certificación del 13 de abril de 2010 proferida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el que se señaló “me permito informarle que revisada la base de datos de dactiloscopia y sistema nacional se pudo verificar que el señor Daniel Johan Rubio Vega (…) registra ingreso con fecha 11 de agosto de 2006 a este establecimiento mediante resolución 115 de Dirección Regional Viejo Caldas Procedente de la Cárcel Municipal de Motenegro. Sindicado del delito de Extorsión a órdenes del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Montenegro. Dentro del Proceso s/n con fecha de captura 10 de mayo de 2006, y sale en libertad el 7 de septiembre boleta 9627 Ordenada por el Juzgado 2 Promiscuo Municipal Montenegro Libertad Inmediata Proceso 2006-00815”.
Al respecto, en primer lugar se encuentra demostrado en el expediente que el señor Daniel Johan Rubio Vega tenía problemas de salud mental, también, está demostrado que el actor fue capturado en flagrancia entregando un sobre que contenía un paz y salvo de una extorsión y a su vez recibió un sobre que contenía la simulación de un pago.
Al respecto, la Sala resalta que es importante diferenciar la responsabilidad penal y la responsabilidad civil del Estado, pues en el caso bajo estudio si bien el actor dentro del proceso penal demostró su padecimiento mental y que la conducta por la cual fue capturado en flagrancia se ocasionó por dicha situación, los demandantes no pueden pretender un resarcimiento por parte del Estado por cuanto la privación de la libertad del actor se ocasionó por un punible que el cometió y por el cual se le adelantó la investigación penal en su contra.
“(…) entre una y otra acción, la penal y la administrativa se presentan radicales diferencias en su contenido, filosofía, sujetos afectados, regulación legal y procedimental, sin desconocer, desde luego, que en la mayoría de los casos las sentencias penales inciden de manera muy importante en los fallos que profiere la jurisdicción contencioso administrativa... Si bien es cierto que la condena penal genera para el procesado o para quienes patrimonialmente deban responder, la obligación civil de reparar los daños ocasionados con el delito, la responsabilidad extracontractual de la administración no se origina necesariamente en el hecho punible del agente público, que por lo demás puede no existir, sino que su origen se encuentra en la falla de la administración en la prestación de los servicios públicos (…) Pero además de lo anterior, observa la Sala que no siempre son la mismas partes las que intervienen en cada uno de los procesos y en este punto también difieren la acción penal de la administrativa...En las anteriores condiciones, dadas las diferencias rápidamente enunciadas entre una y otra acción, estima la Sala que no puede brindárseles un tratamiento idéntico respecto de sus efectos, hasta el punto de que la sentencia del juez penal en todos los casos condicione la decisión del juez administrativo. Esta, por lo demás, ha sido tesis sostenida en varias oportunidades por la Sala, entre otras, en providencia de 28 de junio de 1991...donde se dijo: “Aquí se repite que el juez administrativo, si tiene otras pruebas u otros elementos de juicio distintos a los que le suministre la sentencia penal podrá, sin desconocer la cosa juzgada, llegar en materia de responsabilidad administrativa a una solución en aparente contradicción con aquella. Se dice en “aparente” contradicción porque en el fondo se refieren a aspectos o realidades diferentes. Así podrá el juez administrativo declarar que hubo falla del servicio a pesar de la absolución penal del agente o absolver a la entidad pública pese a la condena de aquél. Y lo anterior no puede entenderse sino teniendo clara idea inicial expuesta en el numeral 1º de este fallo, que el hecho del agente puede dar lugar a la aplicación de dos normatividades diferentes: la penal para el delito y la administrativa para la responsabilidad del ente a que pertenece el agente que lo cometió”.
Así las cosas, es importante resaltar que, si bien la sentencia dictada dentro del proceso penal que se adelantó contra el señor Daniel Johan Sánchez Vega no culminó con condena, sino absolviéndolo de la responsabilidad penal, lo cierto es que el actor fue capturado en flagrancia de manera que fue su actuar, el que dio lugar a la apertura de la investigación penal en su contra.
Así, si el actor estuviera en la obligación de soportar la investigación penal, no es de recibo para la Sala que los familiares del demandante consideren ser resarcidos por un supuesto daño que se le ocasionó por la privación injusta del señor Rubio Vega, pues ellos conocían de los problemas de salud mental que éste padecía y como mínimo lo debían acompañar a las citas médicas.
En consecuencia, la Sala no encuentra que la administración haya incurrido en una responsabilidad, pues se reitera el actor fue capturado en flagrancia, lo que determinó que se iniciara un proceso penal para determinar la responsabilidad penal del actor a quien se le respetaron todas las garantías constitucionales y procesales.
De conformidad con lo anteriormente expuesto la Sala considera que el señor Daniel Jhohan Rubio Vega dio lugar a la investigación penal y a la privación de la libertad porque el actor cometió el punible que se le imputo, por lo tanto no encuentra una actuación irregular o reprochable por parte de la entidad demandada que amerite responsabilizarla patrimonialmente por la privación de la libertad que se le ocasionó al señor Daniel Johan Rubio Vega, pues por el contrario se acreditó en el proceso que el actor si actuó por su propia voluntad, sin embargó también se demostró el padecimiento de la enfermedad mental que éste sufre.
Con fundamento en el análisis del caso sub examine concluye la Sala, que el actor comprometió su responsabilidad por cuanto actuó de manera negligente e imprudente y en contravía de sus deberes legales e institucionales, al recibir el sobre que contenía el paz y salvo de la extorsión y por otra parte recibir el dinero de la extorsión, pues si actuar le generó una responsabilidad penal y se encuentra configurado un eximente de responsabilidad del Estado como lo es la culpa de la víctima.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Conocimiento de Montenegro - Quindío en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por el delito de extorsión pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, toda vez que no se encuentra configurado el daño pues el actor fue capturado en flagrancia y por ello fue sometido a un proceso penal para que en él se determinara sí existía o no responsabilidad penal, por otra parte, los elementos de prueba aportados en el expediente se encuentra demostrada en la culpa grave y exclusiva de la víctima - Daniel Johan Rubio Vega, en el acaecimiento del daño - privación injusta de la libertad, por lo que no es posible endilgarle responsabilidad al ente demandado.
1. REVOCAR la Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Quindío, y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
2. RECONOCER personería a Sandra Lorena Arias Forero, identificada con la cédula de ciudadanía 24.336.232 de Manizales, Caldas y portadora de la tarjeta profesional 178.619 del C.S. de la J como apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial.
25. Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.
26. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004.
27. Arts. 250 de la C.P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
28. Artículo 250 de la C.P.
29. “ART. 2344.—Responsabilidad Solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
30. La jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”. Consejo de Estado - Sección Tercera, Sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
31. “ART. 21.—Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)
32. Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.
33. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
34. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
36. “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, p.174.
44. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de agosto de 2013, Rad. 27.577 M.P Olga Mélida Valle de De la Hoz.
45. Fl. 44 Cdno.1
46. Fl 33 Cdno.1 CD que contiene la audiencia inicial.
47. Fl. 33 Cdno.1 CD que contiene la audiencia inicial.
48. Fls.44-47 Cdno.1