Source: https://www.slideshare.net/jorgeopiac/sentencia-t-19107
Timestamp: 2017-02-26 02:30:07
Document Index: 11293211

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 4911', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 49']

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Sentencia T-191/07 DERECHOS MINIMOS DE LOS DESPLAZADOS-Protección especial del Estado DERECHO A LA IGUALDAD DE LOS DESPLAZADOS-Respeto de los turnos en la entrega de ayuda humanitaria pero informando una fecha cierta en la que la recibiránSi bien es cierto que se deben respetar los turnos para otorgar el pago de la ayudahumanitaria, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las personas que estén ensimilares condiciones, también lo es que quienes están a la espera del pago tienen derecho aque se les informe sobre una fecha cierta en la cual lo recibirán, es decir, dentro de un términooportuno y razonable. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Ayuda humanitaria de emergencia DERECHO DE PETICION DE DESPLAZADOS-Vulneración por cuanto no se señaló fecha cierta para esperar la ayuda humanitariaAl observar las reiteradas solicitudes de la actora, dirigidas a que se le informara la fechacierta para el pago de la correspondiente ayuda humanitaria, en las respuestas otorgadas porla entidad accionada se evidencia una vulneración del derecho de petición, comoquiera que nose señaló una fecha cierta, dentro de un término oportuno y razonable para que la actorapudiera esperar el pago. ACCION DE TUTELA-Obligación de la entidad accionada de dar una fecha cierta para el pago de la ayuda humanitaria Referencia: expediente T-1500454 Acción de tutela instaurada por María Elena Villada Tapasco contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVISBogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil siete (2007).La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara InésVargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sucompetencia constitucional y legal, ha proferido la siguienteSENTENCIAEn el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Veintitrés (23) Administrativodel Circuito -Sección Segunda- de Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 1 2.
dentro de la acción de tutela instaurada por María Elena Villada Tapasco contra la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. I. ANTECEDENTES La Sala de Selección Número Doce (12) de la Corte Constitucional, mediante auto delquince (15) de diciembre de 2006, seleccionó la presente acción de tutela y la repartió aesta Sala para su revisión.La señora María Elena Villada Tapasco instauró acción de tutela contra la Agencia Presidencialpara la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- , para que se amparen susderechos fundamentales a la vida, igualdad y al mínimo vital previstos en los artículos 11, 13 y25 de la Constitución Política respectivamente, y en consecuencia solicita que se ordene a laentidad accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas haga efectivo el pago de laayuda humanitaria ofrecida por el Estado Colombiano a la población desplazada por laviolencia, la cual le fue reconocida en el mes de agosto de 2004 mediante la correspondienteresolución.1. La demanda de tutela1.1. La accionante sustenta su demanda en los siguientes hechos:1.1.1. Refiere que el catorce (14) de mayo de 2004, falleció su esposo Marco Antonio PiñerosGaitán, víctima de “asesinato selectivo por motivos ideológicos y políticos” a manos de lasFARC, hechos que ocurrieron en la Vereda Yayatá Baja -Finca El Triunfo- del Municipio deSilvania-Cundinamarca.1.1.2. Debido a la terrible situación de orden público de la región en la cual habitaba, en el mesde mayo de 2004, debió dejar abandonada su finca y huir de la violencia junto con su familiapara buscar un lugar más seguro en donde vivir.1.1.3. El veintitrés (23) de julio de 2004, radicó ante la Red de Solidaridad Social -hoy AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- ladocumentación pertinente con el fin de que se le concediera la correspondiente ayudahumanitaria por parte del Gobierno Nacional dada su condición de desplazada por la violencia.1.1.4. El veintiocho (28) de diciembre de 2004 fue aprobada su solicitud para ser incluida juntocon su grupo familiar en la población de desplazados por la violencia, y en consecuencia se hizobeneficiaria de la correspondiente ayuda humanitaria, no obstante, se le informó que eldesembolso de dicha ayuda se haría en el respectivo orden cronológico de acuerdo con la fechaen la cual se haya completado la documentación requerida de conformidad con lo establecido enla Ley.1.1.5. Radicó un derecho de petición ante la Red de Solidaridad Social, solicitando le fueradesembolsada la ayuda económica que le reconoció el Gobierno Nacional mediante resolución,no obstante, le contestaron que debía seguir esperando como quiera que los pagos se realizan enorden cronológico y éste no puede alterarse.1.1.6. Dada su crítica situación económica a causa del desplazamiento, no cuenta con recursospara sostener su núcleo familiar, pues éste dependía económicamente de su esposo fallecido,además a la fecha, vive “hacinada en una pieza” adeudando a la fecha veintidós (22) meses dearriendo a los propietarios del inmueble. 2 3.
2. Argumentos de la Defensa2.1. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -AcciónSocial-2.1.1. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -AcciónSocial-, actuando a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, intervino en la presenteacción de tutela, con el fin de solicitar que sean denegadas las pretensiones formuladas por laseñora María Elena Villada Tapasco, a partir de las razones que a continuación se sintetizan.Afirma que la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora MaríaElena Villada Tapasco, puesto que al cumplir con la documentación requerida para acreditar sucondición de desplazada por la violencia en los términos señalados en la Ley 782 de 2002, se lereconoció tal derecho, y se le informó que el pago se realizaría en el orden cronológicoestablecido, sin que en ningún momento se haya presentado negativa en el sentido de hacerefectiva la ayuda humanitaria.En ese sentido, sostiene que “la fecha de entrega de la documentación completa, determina elturno de pago en que se hará el desembolso, a fin de garantizar así el derecho a la igualdad delos demás solicitantes, lo cual se le comunicó a la accionante mediante oficios RSSS-AGM22686 del 26 de julio de 2005 y SAV-23334 del 26 de marzo de 2006”, de forma tal que, esclaro que Acción Social ha dado cabal cumplimiento a las normas constitucionales y legales, yen consecuencia ha respetado los procedimientos en ellas previstos.De otra parte, explica que para mayor seguridad de los solicitantes, la información sobre losturnos asignados, se encuentra disponible en la página de Internet de Acción Social, en donde sepuede consultar el orden asignado de acuerdo con la fecha en que se haya presentado ladocumentación requerida en forma completa. En efecto, “se ha puesto a disposición de todaslas personas en la página web de esta entidad, el listado que contiene el número de turno, yconsecuente orden de pagos, los cuales son inalterables a fin de garantizar el derecho a laigualdad de todos los beneficiarios y realizar los pagos en el estricto orden establecido”.Advierte que en el caso concreto de la tutelante, de acuerdo con la fecha de aprobación de ladocumentación -caso 1164 de 2004, PIÑEROS MARCO ANTONIO- se encuentra en el turnode pago No. 85.Hace énfasis en que “cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestalesdeberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que garanticen laexistencia de recursos suficientes, y para el presente año, la Subdirección de Atención aVíctimas de la Violencia, ha señalado que el presupuesto ya fue comprometido en su totalidad yque es necesario esperar las nuevas asignaciones de recursos del presupuesto”.Concluye entonces que la ayuda humanitaria solicitada por la señora María Elena VilladaTapasco, no ha sido negada en ningún momento por Acción Social, por el contrario a latutelante ya le fue notificado el reconocimiento de la ayuda solicitada, no obstante, que aún estápendiente el requisito de disponibilidad presupuestal y la sujeción al turno adquirido según elmomento de entrega de los documentos requeridos por la ley para acreditar la condición dedesplazamiento por la violencia.2.1.2. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -AcciónSocial-, actuando a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, intervino posteriormente conel fin de dar alcance al escrito de contestación de tutela, dando así cumplimiento alrequerimiento efectuado por el Juzgado Veintitrés (23) Administrativo del Circuito -SecciónSegunda- de Bogotá D.C., en el sentido de indicar “si la accionante tiene resolución de pago a 3 4.
su favor en relación con la ayuda humanitaria solicitada, y en el evento de tener resolución depago a su favor, se informe la fecha de la misma, y si se han cancelado o pagado ayudashumanitarias a otros solicitantes, que han presentado peticiones posteriores a la suya”.Señala que de acuerdo con la información suministrada por el Programa de Atención a Víctimasde la Violencia a la fecha no se ha proferido resolución de pago a favor de la accionante, deconformidad con el oficio SAV-47966 del 2 de octubre de 2006 proveniente de la Subdirecciónde Atención a Víctimas de la Violencia que indica “La señora Villada Tapasco María Elena enla fecha no cuenta con resolución de pago de ayuda humanitaria a su favor. Es de aclarar quepara la elaboración del acto administrativo o resolución de reconocimiento y pago de ayudahumanitaria, es requisito indispensable contar con disponibilidad presupuestal, la cual no esposible solicitar dada la inexistencia de recursos para la entrega de ayuda a las víctimas de laviolencia. Dado el orden consecutivo establecido, de acuerdo con las solicitudes que hanallegado la totalidad de documentos requeridos para el trámite, informamos que no se hacancelado ayuda humanitaria a solicitudes cuya documentación se haya completado conposterioridad a la presentada por la señora Villada Tapasco”.Reitera que el turno de pago, se adquiere al completar la documentación pertinente, no almomento de elevar la solicitud, y en consecuencia, no se ha efectuado ningún pago a solicitudesque hayan completado los documentos en fecha posterior a la de la tutelante, garantizando enesa medida, su derecho a la igualdad.3. Decisiones judiciales objeto de revisión 3.1. Decisión de Primera InstanciaEl Juzgado Veintitrés (23) Administrativo del Circuito -Sección Segunda- de Bogotá D.C.,mediante fallo del cuatro (4) de octubre del año dos mil seis (2006), decidió conceder el amparode los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los argumentos que acontinuación se sintetizan.Señala el a-quo que en el caso sub-exámine desde la fecha en que la accionante radicó ladocumentación exigida por la Red de Solidaridad Social para acreditar su condición dedesplazada, esto es, desde el veintiocho (28) de diciembre de 2004, transcurrió toda la vigenciafiscal del año 2005, y como lo informa la apoderada de Acción Social en el año 2006 tampocose hará efectiva la ayuda humanitaria de emergencia que ha solicitado, dado que “elpresupuesto ya fue comprometido en su totalidad y que es necesario esperar las nuevasasignaciones de recursos del presupuesto”.Aduce que resulta injustificado e inaceptable que la Red de Solidaridad Social no haya tomadolas previsiones de carácter presupuestal y administrativo que sean necesarias para efectivizar laayuda de carácter humanitario de emergencia, y se excusa simplemente en el hecho de no existirla respectiva disponibilidad presupuestal, desconociendo así el precedente jurisprudencial sobreel tema que fue ampliamente analizado en la sentencia T-025 de 2004 y reiterado en la sentenciaT-097 de 2005.Hace énfasis en que en la medida en que la argumentación de la entidad accionada no se dirija asolucionar el problema en un término prudencial, esto es, acorde con la urgencia de laprestación humanitaria pretendida por la actora, se vulneran los derechos fundamentales de ésta,puesto que cuando han pasado dos vigencias fiscales, y se le informa a la solicitante que tieneun turno y se condiciona el pago a que exista disponibilidad presupuestal, ese hecho se traduce“en un estado de indeterminación frente al derecho que le asiste a quien invoca la ayudahumanitaria solicitada, desnaturalizando por completo la prestación requerida en cuanto a suorigen y prontitud”. 4 5.
Concluye entonces, que si se tiene en cuenta i) que la ayuda humanitaria se encuentra previstaen la Ley con carácter de emergencia, no obstante, se ha informado a la actora solicitante de lamisma que se le ha asignado un turno de pago y que éste se condiciona a que existadisponibilidad presupuestal, ii) que durante la vigencia fiscal 2005 no fue satisfecha la ayudahumanitaria y que para la vigencia fiscal del año 2006 se ha manifestado que el presupuesto seencuentra comprometido haciendo inoperante los derechos fundamentales de la accionante, yiii) que ésta y su núcleo familiar se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta y portanto merecen una especial protección del Estado, es claro que el amparo constitucional se tornaprocedente.3.2. ImpugnaciónLa Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-,actuando a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, impugnó el fallo proferido enprimera instancia, a partir de las consideraciones que se reseñan a continuación.Reitera que en la información reportada por el programa de víctimas de la violencia, se señalóclaramente que el orden de los turnos era inalterable y que en consecuencia, los pagos que sehan realizado hasta el momento y que han agotado los recursos de las vigencias 2004 y 2005,están plenamente ajustados a la normatividad vigente sobre la materia, precisamente paragarantizar el derecho a la igualdad de todos los solicitantes.En ese sentido, afirma que “el programa de víctimas ya ha venido gestionando la asignación derecursos suficientes para efectuar los pagos en enero de 2007, es decir iniciando la vigenciafiscal del próximo año para garantizar los derechos de los ciudadanos víctimas de laviolencia”. A ello se suma, que la entidad accionada nunca le ha negado la ayuda humanitariaa la accionante, por el contrario ésta fue notificada del reconocimiento de la misma, y enconsecuencia debe esperar a que se cumpla el turno asignado para el pago de acuerdo con elmomento en que se hizo entrega de la documentación requerida por la ley para acreditar lacondición de desplazada por la violencia.En ese entendido, advierte que en lo relativo a la asignación presupuestal “ella ha conllevado ungran esfuerzo para la entidad, situación que ha sido desconocida por el fallador, cuandoordena iniciar gestiones tendientes a efectivizar el pago, siendo que las mismas vienen siendodesarrolladas con anterioridad a la sentencia, y se ha comunicado claramente tal situación alseñor juez, indicando las apropiaciones presupuestales por realizarse, el turno de la accionantey la fecha estimada de pago (…) situación que demuestra que no existe omisión en la conductade la Red de Solidaridad Social”.3.3. Decisión de Segunda InstanciaEl Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo fechado el diez (10) de noviembredel año dos mil seis (2006), decidió revocar la decisión proferida por el juez de primerainstancia, exponiendo las consideraciones que enseguida se resumen.En criterio del ad-quem, en la controversia sujeta a examen es claro que, la entidad accionada noha desconocido en ningún momento que a la señora María Elena Villada Tapasco, le asiste elderecho al reconocimiento de la ayuda humanitaria a que se refiere el artículo 49 de la Ley 418de 1997, como consecuencia de los perjuicios sufridos con ocasión del fallecimiento de sucónyuge, no obstante, a pesar de haber adelantado los trámites necesarios para efectuar elcorrespondiente pago, éste se encuentra sujeto a la existencia de disponibilidad presupuestal ycomo quiera que la Red de Solidaridad Social ha efectuado los pagos conforme al turno en quese han radicado las solicitudes de todos los beneficiarios de la ayuda humanitaria, dicha 5 6.
asignación es inalterable, especialmente si se considera que se está gestionando la asignación derecursos suficientes para terminar de efectuar los pagos en enero del 2007.En ese entendido, considera que “la entidad accionada ha realizado todos los procedimientosrequeridos para garantizar a la accionante el reconocimiento de la ayuda humanitaria, perosin embargo, no ha sido por negligencia suya que no se ha entregado la misma, pues elpresupuesto que hasta el momento se le ha asignado, no ha alcanzado para otorgar la ayudahumanitaria a la actora, debido a que existen con anterioridad a la radicación de su solicitud,otras solicitudes que se han tenido que atender por haber sido presentadas en una fechaanterior, lo cual es respetado por la Red de Solidaridad Social con el fin de garantizar elderecho a la igualdad de los demás beneficiarios de esta ayuda”.Concluye entonces que resultaría inequitativo y violatorio del derecho a la igualdad, ordenar a laRed de Solidaridad Social que irrespete los turnos que en orden cronológico se han asignadopara el pago de las ayudas humanitarias, con el fin de cancelar en primer lugar a la tutelante,puesto que ésta no demostró que le asista mejor derecho que a los demás beneficiarios que lepreceden en el turno.4. Actividad Probatoria4.1. Documentos aportados por la parte accionante con la demanda de tutela:a. Copia de la investigación preliminar No. 15.639 tramitada por la Fiscalía 06 de Fusagasugáen relación con la muerte del señor Marco Antonio Piñeros Gaitán. (Folio 4 del Expediente).b. Copia de la certificación de la Personería Municipal de Silvania. (Folio 5 del Expediente).c. Copia del Registro Civil de defunción del señor Marco Antonio Piñeros Gaitán, serial No.04749773. (Folio 6 del Expediente).d. Fotocopia de la comunicación RSS-AGM-20520 del veintisiete (27) de agosto de 2004,proferida por la Red de Solidaridad Social. (Folio 8 del Expediente).4.2. Documentos aportados por la entidad accionada con el escrito de contestación de lademanda de tutela:a. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.SAV-47576 del veintiséis (26) de septiembre de 2006. (Folios 30 y 31 del Expediente).b. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-20380 del veintiséis (26) de agosto de 2004. (Folio 38 del Expediente).c. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-20520 del veintisiete (27) de agosto de 2004. (Folio 32 del Expediente).d. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-23562 del treinta (30) de septiembre de 2004. (Folio 33 del Expediente).e. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-37329/04 del veintiocho (28) de diciembre de 2004. (Folio 34 del Expediente).f. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-19465 del veintisiete (27) de junio de 2005. (Folio 35 del Expediente). 6 7.
g. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.RSS-AGM-22686 del veintidós (22) de julio de 2005. (Folio 36 del Expediente).h. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.SAV-23334 del veintitrés (23) de marzo de 2006. (Folio 37 del Expediente).4.3. Documentos aportados por la entidad accionada con el escrito de ampliación de lacontestación de la demanda de tutela:a. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.SAV-47966 del dos (2) de octubre de 2006. (Folios 50 a 52 del Expediente).b. Copia de la solicitud elevada por la señora María Elena Villada para entrega de ayudahumanitaria en el marco de la Ley 418 de 1997. (Folio 45 del Expediente).c. Copia del oficio expedido por Unidad Territorial de Cundinamarca para el Programa deAtención a Víctimas de la Violencia No. RSS-UTC-3964 del treinta (30) de julio de 2004.(Folios 46 y 47 del Expediente).4.4. Documentos aportados por la entidad accionada con el escrito de impugnación:a. Copia del oficio expedido por la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia No.SAV-48638 del nueve (9) de octubre de 2006. (Folios 74 a 76 del Expediente).b. Copia del segmento de Acción Social - Sección 0210 del Proyecto de Presupuesto General dela Nación. (Folios 77 a 80 del Expediente).II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS1. Competencia.Esta Sala es competente para revisar las providencias de tutela antes reseñadas, con base en laConstitución Política (arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33al 36), así como en el auto de fecha quince (15) de diciembre de 2006 proferido por la Sala deSelección Número Doce (12) de esta Corporación.2. Materia sometida a revisiónLa señora María Elena Villada Tapasco solicita el amparo de sus derechos fundamentales a laigualdad y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados, toda vez que, la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- se ha negadoa hacer efectivo el pago de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho en su condición dedesplazada y la cual le fue reconocida mediante resolución, con el argumento que los pagos sedeben efectuar en orden cronológico.Los jueces de instancia resolvieron de manera diferente la acción instaurada.El a-quo concedió el amparo constitucional solicitado, pues a su juicio resulta injustificado einaceptable que la Red de Solidaridad Social no haya tomado las previsiones de carácterpresupuestal y administrativo que sean necesarias para efectivizar la ayuda de carácterhumanitario de emergencia, y por el contrario, se excusa simplemente en el hecho de no existir 7 8.
la respectiva disponibilidad presupuestal. Considera además, que si se tiene en cuenta i) que laayuda humanitaria se encuentra prevista en la Ley con carácter de emergencia, no obstante, seha informado a la actora solicitante de la misma, que se le ha asignado un turno de pago y queéste se condiciona a que exista disponibilidad presupuestal, ii) que durante la vigencia fiscal2005 no fue satisfecha la ayuda humanitaria y que para la vigencia fiscal del año 2006 se hamanifestado que el presupuesto se encuentra comprometido haciendo inoperante los derechosfundamentales de la accionante, y iii) que ésta y su núcleo familiar se encuentran en condicionesde debilidad manifiesta y por tanto merecen una especial protección del Estado, es claro que elamparo constitucional se torna procedente.Por su parte, el ad-quem revocó dicha decisión por estimar que la entidad accionada no hadesconocido en ningún momento que a la señora María Elena Villada Tapasco, le asiste elderecho al reconocimiento de la ayuda humanitaria a que se refiere el artículo 49 de la Ley 418de 1997, como consecuencia de los perjuicios sufridos con ocasión del fallecimiento de sucónyuge, no obstante, a pesar de haber adelantado los trámites necesarios para efectuar elcorrespondiente pago, éste se encuentra sujeto a la existencia de disponibilidad presupuestal ycomo quiera que la Red de Solidaridad Social ha efectuado los pagos conforme al turno en quese han radicado las solicitudes de todos los beneficiarios de la ayuda humanitaria, dichaasignación es inalterable, especialmente si se considera que se está gestionando la asignación derecursos suficientes para terminar de efectuar los pagos en enero del 2007.Corresponde a la Sala, entonces, analizar si los derechos fundamentales invocados por la señoraMaría Elena Villada Tapasco, resultan vulnerados por parte de la Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, al no haber hecho efectivo elpago de la ayuda humanitaria a que la tutelante tiene derecho dada su condición de desplazada,previo el lleno de todos los requisitos legales; con el argumento que debe esperar a que dichopago se realice en orden cronológico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.3. Protección especial del Estado en relación con los derechos mínimos de las personas quese encuentran en situación de desplazamiento forzoso. -Reiteración de jurisprudencia,Sentencias T-025 de 20041 y 097 de 2005-2Esta Corporación en reiterada jurisprudencia3 ha analizado el fenómeno del desplazamientoforzoso “que como consecuencia del conflicto interno, desde hace años afecta a la poblacióncolombiana, principalmente a los hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores quehabitan en el sector rural y que en muchas ocasiones cuentan con algún tipo de discapacidad(…) advirtiendo las profundas implicaciones del fenómeno del desplazamiento y el granimpacto que tiene en los derechos fundamentales de los afectados.4En ese sentido, la Corte ha hecho énfasis en que si bien no en todas las ocasiones se puedensatisfacer en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible los derechos constitucionalesde toda la población desplazada, dadas las restricciones materiales tales como el carácterlimitado de los recursos y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno deldesplazamiento, ello no es óbice para desconocer que existen ciertos “derechos mínimos” quedeben ser satisfechos en cualquier circunstancia por parte de las autoridades, con el fin degarantizar la digna subsistencia de las personas que se encuentran en esa especial condición.5Así, la Corte en la sentencia T-025 de 2004,6 hizo un análisis de los derechos mínimos que sedeben garantizar al citado grupo poblacional, e indicó que son los siguientes: i) derecho a serregistrados como desplazados, solos o con su núcleo familiar, ii) derecho a ser tratado como unsujeto de especial protección por el Estado, iii) derecho a recibir ayuda humanitariainmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3meses más, ayuda que comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, b)alojamiento y vivienda básicos, c) vestido adecuado, y d) servicios médicos y sanitarios 8 9.
esenciales, iv) derecho a que se les entregue el documento que los acredita como inscritos enuna entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atenciónen salud, v) derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se lespueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional, vi)derecho a que se identifiquen, con su plena participación las circunstancias específicas de susituación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puedentrabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente, vii) derechosi son menores de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo, y, viii) comovíctimas de un delito, tienen todos los derechos que la Constitución y las leyes les reconocenpor esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtengade los autores del delito una reparación.De la misma manera, la Corte en dicha ocasión advirtió que los derechos antes referidos, debenser inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que éstaspuedan establecer como condición para otorgar dichos beneficios que se interponga acción detutela. En igual sentido, señaló que la población desplazada tiene derecho a que se le proveainformación oportuna y completa sobre los deberes de las autoridades y la especial protecciónque ha de recibir por el hecho del desplazamiento.74. El derecho a la igualdad de los desplazados en lo atinente al pago de ayuda humanitariauna vez se ha completado la documentación requerida por la Ley. Establecimiento defecha cierta, dentro de un término razonable y oportuno, con respeto por los turnosestablecidos. -Reiteración de jurisprudencia, Sentencias T-1161 de 20038 y T-373 de 2005-9Esta Corporación, en la sentencia T-1161 de 200310 se refirió al tema de los turnos para el pagode la ayuda humanitaria solicitada por los desplazados y sobre el particular señaló que: “en elsuministro de dicha ayuda humanitaria se deben respetar los turnos asignados en virtud delmomento de la presentación de la solicitud de apoyo económico. La población desplazadaatendida por la Red de Solidaridad, en principio, tiene derecho a un trato igualitario del cualse deriva el respeto estricto de los turnos.(…)No se puede ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda humanitaria contemplada en elartículo 4911 de la Ley 418 de 1997 se realice de manera inmediata, porque de esta manera seestaría vulnerando el derecho a la igualdad de todas las personas que han presentado lasolicitud de esta ayuda con anterioridad al peticionario, según lo señalado por la Red deSolidaridad en su contestación.Sin embargo, se hace preciso indicar que para las personas que se encuentran en condición dedesplazados es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual serealizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los turnos, dentro de untérmino razonable y oportuno.”12En ese sentido, la Corte explicó que si bien es cierto que se deben respetar los turnos paraotorgar el pago de la ayuda humanitaria, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de laspersonas que estén en similares condiciones, también lo es que quienes están a la espera delpago tienen derecho a que se les informe sobre una fecha cierta en la cual lo recibirán, es decir,dentro de un término oportuno y razonable.13Por otra parte, en relación con la ayuda humanitaria de emergencia, esta Corporación ha dichoque la obligación estatal mínima de brindarla es en principio la que determine la ley, es decir,tres (3) meses, prorrogables por tres (3) más para ciertos sujetos. No obstante, existen dos tipos 9 10.
de personas desplazadas que debido a sus condiciones particulares son titulares de un derechomínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un periodo mayor al fijado en la ley,ese grupo especial está compuesto por i) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria yii) quienes no estén en condiciones de asumir su sostenimiento a través de un proyecto deestabilización o restablecimiento socio económica, como los niños que no tengan acudientes ylas personas de la tercera edad, quienes por su avanzada edad o por sus condiciones de salud noestán en condiciones de generar ingresos.14Lo anterior, por cuanto el estado de debilidad manifiesta en que se encuentra ese grupopoblacional lo hace merecedor de un trato especial por parte del Estado, y en esa medida tienederecho a recibir asistencia humanitaria en aspectos tales como alimentación, aseo personal,atención médica y psicológica, vivienda en condiciones dignas, entre otros, de forma tal que, enel evento que ello no ocurra, la acción de tutela procederá para hacer efectivos esos derechos.15En otras palabras teniendo en cuenta la gravedad y urgencia, se ha admitido que cuando en unasituación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección paracon todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para laprotección de los derechos conculcados.165. El caso concretoEn el caso objeto de revisión, la accionante quien es una persona que se encuentra junto con sunúcleo familiar, en situación de desplazamiento forzoso, interpone acción de tutela, porconsiderar vulnerados sus derechos a la vida, la igualdad y el mínimo vital, toda vez que, laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- noha hecho efectiva la ayuda humanitaria que requiere con carácter urgente, a pesar de que ya seencuentra inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; con el argumento que se deberespetar el turno que le fue asignado el día en que completó la totalidad de la documentaciónrequerida para la inscripción (28 de diciembre de 2004), y además porque a la fecha no secuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para suministrarla.De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente y tal como lo afirma la entidadaccionada en el escrito de contestación de la tutela, observa la Sala, que se encuentra probadoque la accionante está inscrita en el Registro Único de Población Desplazada,17 al habercompletado toda la documentación requerida para el efecto desde el veintiocho (28) dediciembre de 2004. Sin embargo, desde esa fecha ha solicitado mediante derechos de peticiónque se le preste la ayuda que requiere con urgencia, recibiendo siempre como respuesta quedebe respetarse el turno que le fue asignado so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de lasdemás personas que se encuentran en una situación similar a la suya, es decir, que están a laespera del pago de la ayuda humanitaria en turno anterior al de la actora, y dado que no existenrecursos suficientes asignados para hacer dichos pagos.18En igual forma, se encuentra acreditado que la Jefe de la Oficina Jurídica RSS de la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, señala en elescrito de contestación de la tutela, así como en el memorial de impugnación, que el pago no seha realizado a la tutelante como quiera que i) hay un déficit de presupuesto de ese programa,para atender a todas las personas que demandan la ayuda humanitaria y ii) porque existen turnospreestablecidos por la propia Entidad para realizar esos pagos, en estricto orden según la fechaen que el solicitante haya completado los documentos para el efecto, sin que pueda saltarse losturnos para beneficiar a alguien a quien se haya reconocido y aprobado el beneficio conposterioridad.En ese orden de ideas, para la Sala, sin lugar a dudas, la actora tiene derecho al pago de la ayudahumanitaria que solicitó a la entidad accionada, pues ésta se la aprobó desde el veintiocho (28)de diciembre de 2004,19 pero a la fecha en que instauró la acción de tutela, el cuatro (4) de 10 11.
septiembre de 2006 (un año y nueve meses después de la aprobación de la ayuda), no habíarecibido el pago efectivo.Por otra parte, encuentra la Sala que en el oficio SAV-47576 del veintiséis (26) de septiembrede 2006 la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia informó a la Jefede la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional -Acción Social- lo siguiente:“El 12 de agosto de 2004 se recibió oficio RSS-UTC-3964 con el cual la Unidad Territorial deCundinamarca remite solicitud de ayuda humanitaria presentada por la señora VilladaTapasco María Elena, por la muerte del señor Piñeros Marco Antonio ocurrida el 14 de mayode 2004 en el Municipio de Silvania-Cundinamarca, a quien se dio respuesta con oficios RSS-AGM-20380 del 26 de agosto de 2004, solicitando la documentación faltante para el trámite deayuda humanitaria, lo que es reiterado en oficio RSS-AGM-20520 del 27 de agosto de 2004,RSS-AGM23562 del 30 de septiembre de 2004, la cual es recibida hasta el 9 de noviembre de2004.Recibidos los documentos, mediante oficio RSS-AGM-37329 del 28 de diciembre de 2004dirigido a la accionante, se informa que la solicitud no tiene documentación pendiente y queuna vez exista disponibilidad de recursos que es el único requisito pendiente, esta seráaprobada.Esto fue reiterado en oficios RSS-AGM-19465 del 27 de junio de 2005, RSS-AGM 22686 del 26de julio de 2005 y SAV-23334 del 26 de marzo de 2006.De acuerdo con lo anterior, le informamos que la documentación del caso se encuentracompleta y está pendiente el trámite de pago desde el 28 de diciembre de 2004, los pagos serealizan en orden cronológico, contado a partir de la fecha en la cual la solicitud dereclamación reunió la totalidad de los requisitos exigidos para el trámite.Es de aclarar que al completar la documentación los casos por muerte se incluyen en ellistado de turnos para pago, para evitar posibles violaciones al derecho de igualdad de otraspersonas cuyas solicitudes fueron presentadas con anterioridad, éste puede ser consultar enla página web www.accionsocial.gov.co, RUTA- trámites en línea, Atención a Víctimas de laViolencia consulta, aparecerá el caso en donde podrá observar el turno en que se completólos documentos. (sic).El pago de la ayuda humanitaria no se ha realizado en razón a no contar con los recursossuficientes, el Programa se encuentra actualmente con una deuda para entregar ayudahumanitaria a las víctimas de la violencia por 200 millones de pesos. (…)Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la ley 418 de 1997, la señora Villada TapascoMaría Elena, en calidad de cónyuge y en representación de la menor Piñeros Villada GinaVerónica, tiene derecho a recibir ayuda humanitaria por muerte del señor Piñeros GaitánMarco Antonio, la cual se otorgará teniendo en cuenta el orden con el que presentó ladocumentación completa ante esta entidad y la disponibilidad presupuestal que para tal finasigne el Gobierno nacional.” (negrilla y subraya fuera de texto).Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia citada en esta providencia, no es posible ordenarque se realice el pago pues es claro que la entidad accionada debe respetar los turnospreestablecidos, con el objeto de proteger el derecho a la igualdad de todos los beneficiarios dela misma ayuda humanitaria a quienes se les aprobó antes que a la señora María Elena Villada 11 12.
Tapasco, a ello se suma que ésta no se encuentra ante una situación de extrema urgencia queamerite alterar esos turnos mediante una orden en ese sentido.Igualmente, no se probó, en el caso concreto, que la entidad accionada hubiera realizado algúnpago sin cumplir con el orden de turnos preestablecido, por lo que tampoco hay vulneración delderecho a la igualdad alegado por la tutelante en su demanda.Sin embargo, al observar las reiteradas solicitudes de la actora, dirigidas a que se le informara lafecha cierta para el pago de la correspondiente ayuda humanitaria, en las respuestas otorgadaspor la entidad accionada se evidencia una vulneración del derecho de petición, comoquiera queno se señaló una fecha cierta, dentro de un término oportuno y razonable para que la actorapudiera esperar el pago, pues solamente se le informa que de conformidad “con la fecha deaprobación de la documentación el caso No. 1164-2004 -Piñeros Gómez Marco Antonio- seencuentra en el turno para pago No. 85”.20En efecto, en el último oficio que la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de laViolencia escribió con destino a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Acción Social y laCooperación Internacional -Acción Social-, el dos (2) de octubre de 2006, le informa losiguiente:“Recibidos los documentos, mediante oficio RSS-AGM-37329 del 28 de diciembre de 2004dirigido a la accionante, se informa que la solicitud no tiene documentación pendiente y queuna vez exista disponibilidad de recursos que es el único requisito pendiente, esta seráaprobada.De acuerdo con lo anterior, le informamos que la documentación del caso se encuentracompleta y está pendiente el trámite de pago desde el 28 de diciembre de 2004, los pagos serealizan en orden cronológico, contado a partir de la fecha en la cual la solicitud dereclamación reunió la totalidad de los requisitos exigidos para el trámite.(…)La señora Villada Tapasco María Elena en la fecha no cuenta con resolución de pago deayuda humanitaria a su favor.Es de aclarar que para la elaboración del acto administrativo o resolución de reconocimientoy pago de ayuda humanitaria, es requisito indispensable contar con la disponibilidadpresupuestal, la cual no es posible solicitar dada la inexistencia de recursos para la entregade ayuda a las víctimas de la violencia. Dado el orden consecutivo establecido, de acuerdo con las solicitudes que han allegado la totalidad de documentos requeridos para el trámite, informamos que no se ha cancelado la ayuda humanitaria a solicitudes cuya documentación se haya completado con posterioridad a la presentada por la señora Villada Tapasco.”21 (negrilla y subraya fuera de texto).Así las cosas, aunque la entidad accionada reitera que la actora tiene su documentacióncompleta y que ésta se encuentra aprobada de conformidad con lo previsto en la ley, condicionala expedición del acto administrativo que reconozca tal derecho y la iniciación del trámite pararealizar el pago, a la existencia de apropiación presupuestal en estricto orden cronológico, pero 12 13.
omite indicar una fecha cierta, dentro de un término oportuno y razonable, en la cual se realizaráel pago de la correspondiente ayuda humanitaria.22A ello se suma, que como bien lo señala el juez de primera instancia, desde el veintiocho (28) dediciembre de 2004, fecha en que a la tutelante le fue aprobada la documentación que acredita sucondición de desplazada, han transcurrido dos vigencias fiscales correspondientes a los años2005 y 2006 sin que se haya hecho efectiva la ayuda humanitaria de emergencia que hasolicitado, prueba de ello es que en el escrito de impugnación de la demanda de tutela, laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-,informa que el presupuesto correspondiente al año 2006 ya fue comprometido en su totalidad yque es necesario esperar las nuevas asignaciones de recursos del presupuesto. Sin embargo,aduce que el programa de víctimas ha venido gestionando la asignación de recursos suficientespara efectuar los pagos en enero de 2007, es decir iniciando la vigencia fiscal del próximo añopara garantizar los derechos de los ciudadanos víctimas de la violencia, sin que de ello obreprueba en el expediente que acredite que dicho pago se hizo con la citada asignaciónpresupuestal.En ese orden de ideas, la Corte estima que en el caso sub-exámine procede la acción de tutela,con el fin de amparar los derechos fundamentales de la tutelante, si bien no en el sentido deordenar a la entidad accionada que realice el pago de la correspondiente ayuda humanitaria,como quiera que para ello se deben respetar los turnos establecidos para el efecto, sí con el finde que dicha entidad, informe a la tutelante sobre la fecha cierta en que recibiría su pago, estoes, dentro de un término razonable y oportuno.En consecuencia, habiéndose encontrado en el presente asunto probada la vulneración a losderechos fundamentales de la señora María Elena Villada Tapasco se ordenará a la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, que dentrodel término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presenteprovidencia, informe a ésta, la fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayudahumanitaria, es decir, dentro de un término razonable y oportuno y en armonía con los turnos delas demás solicitudes que hayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la de latutelante.En resumidas cuentas, la Sala revocará el fallo proferido por el juez de segunda instancia, estoes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar concederá el amparoconstitucional solicitado, con las previsiones y advertencias señaladas en esta providencia.III. DECISIÓNEn mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrandojusticia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,RESUELVEPrimero.- REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo deCundinamarca, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Maria Elena VilladaTapasco contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, y en su lugar CONCEDER el amparo impetrado en relación con los derechosfundamentales de la tutelante a la vida, la igualdad y el mínimo vital, de conformidad con lasrazones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 14.
Segundo.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional -Acción Social- que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horassiguientes a la notificación de la presente providencia, informe a la señora Maria Elena VilladaTapasco la fecha cierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria a que tienederecho, dentro de un término razonable y oportuno y en armonía con los turnos de las demássolicitudes que hayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la de la tutelante.Tercero.- Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto2591 de 1991.Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.ALVARO TAFUR GALVISMagistradoCLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZMagistradaJAIME ARAUJO RENTERÍAMagistradoCON SALVAMENTO DE VOTOMARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANOSecretaria GeneralSALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-191 DE 2007 DEL MAGISTRADOJAIME ARAUJO RENTERIA OBLIGACION JURIDICA-Objeto y alcance (Salvamento de voto)La sentencia T-025/04, la cual sirve de fundamento a la presente decisión, la cual tiene en micriterio una dificultad esencial de construcción jurídica, referida al tema y concepto de laobligación jurídica, en cuanto las obligaciones jurídicas no pueden depender de la voluntad delobligado, sino que por el contrario, la esencia de la obligación jurídica es precisamente su 14 15.
obligatoriedad independiente o incluso en contra de la voluntad del obligado, siendo estacaracterística esencial de la noción de derecho y de obligación jurídica. Aceptar lo contrario,desvirtúa a mi juicio el concepto de obligación jurídica, que pasa a depender de la voluntad delobligado. OBLIGACION JURIDICA DEL ESTADO-Corte debe se clara en cuanto a la garantía integral de los derechos de los desplazados/OBLIGACION JURIDICA DEL ESTADO-Debe garantizar el presupuesto necesario para atender a la población desplazada (Salvamento de voto)A mi juicio, este defecto de construcción jurídica relacionado con la falta de claridad respectoa la exigencia de cumplimiento efectivo de la obligación del Estado de atender de maneraintegral a toda la población desplazada, se traslada a esta sentencia, por lo cual no meencuentro de acuerdo con ésta. En este sentido, considero que la Corte debe ser clara encuanto a que la garantía del goce efectivo de los derechos de los desplazados tiene que sercompleta y en el mínimo que reconoce la Corte, respecto de lo cual el Estado no vienecumpliendo ni siquiera con la asignación presupuestal necesaria para atender el fenómeno deldesplazamiento, agravado por el hecho de que cada día hay menos recursos y más personasdesplazadas. Por lo tanto, reitero que esta Corte debe declarar en forma clara y expresa que elEstado y el Gobierno Nacional tienen la obligación jurídica de garantizar el presupuestonecesario para atender a toda la población afectada por el desplazamiento forzado, y elloindependientemente de su voluntad, pues es obvio que el problema de la atención a estapoblación es un problema esencialmente presupuestal. SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Decisión de informar simplemente a la peticionaria cuando se hará efectivo su derecho al pago de la ayuda humanitaria es insuficiente (Salvamento de voto)Estimo que la decisión adoptada en esta sentencia de revisión de tutela es insuficiente, ya queordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- simplemente que informe a la accionante cuándo se hará efectivo su derecho alpago de la ayuda humanitaria, no hace efectivo este derecho, y si a ello le sumamos elcondicionante previsto en la presente decisión de que la efectividad de dicho derecho se haráde acuerdo con los turnos de las demás solicitudes que hayan sido aprobadas con anterioridada la de la tutelante, puede esperarse, y ello sin lugar a exageraciones sino por el contrariorealizando el más simple de los razonamientos, que la actora ya haya muerto por falta derecursos básicos que garanticen su subsistencia en calidad de desplazada, para el momento enun futuro indeterminado cuando la entidad responsable efectivamente realice el pago de laayuda humanitaria, escenario en el cual sobra decirlo, se hacen completamente nugatoriostodos los derechos de la actora. Referencia: expediente T-1500454 Acción de tutela instaurada por María Elena Villada Tabasco contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 15 16.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sala Octava de Revisión,integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y AlvaroTafur Galvis, me permito exponer las razones de mi discrepancia frente a la decisión adoptadaen la presente sentencia, con fundamento en las siguientes consideraciones:En primer término, considero que la presente decisión es insuficiente y no aborda el problemafundamental del efectivo cumplimiento de la obligación del Estado colombiano respecto de laatención integral a los desplazados víctimas de la violencia, en este caso de la ayudahumanitaria de emergencia, ya que simplemente ordena que se le informe a la actora la fechacierta en la cual se hará efectivo el pago de la ayuda humanitaria a que tiene derecho “dentro deun término razonable y oportuno y en armonía con los turnos de las demás solicitudes quehayan sido presentadas y aprobadas con anterioridad a la de la tutelante”.En mi concepto esta sentencia no solo desconoce el concepto de obligación jurídica que debecumplir efectivamente en este caso el Estado frente a la población desplazada, sino que además,envía a la actora a una fila en orden de turnos de inscripción y aprobación para poder recibirefectivamente la ayuda humanitaria de emergencia, lo cual hace en mi concepto en realidadnugatorio su derecho.En mi concepto, lo mismo ocurre con la sentencia T-025/04, la cual sirve de fundamento a lapresente decisión, la cual tiene en mi criterio una dificultad esencial de construcción jurídica,referida al tema y concepto de la obligación jurídica, en cuanto las obligaciones jurídicas nopueden depender de la voluntad del obligado, sino que por el contrario, la esencia de laobligación jurídica es precisamente su obligatoriedad independiente o incluso en contra de lavoluntad del obligado, siendo esta característica esencial de la noción de derecho y deobligación jurídica. Aceptar lo contrario, desvirtúa a mi juicio el concepto de obligaciónjurídica, que pasa a depender de la voluntad del obligado. En el tema de la atención deldesplazamiento forzado es el Estado el obligado, no obstante lo cual, en la sentencia T-025 del2004 se acepta que haya excusa para no cumplir con dicha obligación por insuficiencia derecursos económicos, cuando lo cierto es que no hay un país que tenga recursos suficientes paraatender de forma completa e integral todas las necesidades de su población. A mi juicio, ese esprecisamente el arte de la economía, esto es, organizar el manejo eficiente de recursos limitadose insuficientes para necesidades ilimitadas.A mi juicio, este defecto de construcción jurídica relacionado con la falta de claridad respecto ala exigencia de cumplimiento efectivo de la obligación del Estado de atender de manera integrala toda la población desplazada, se traslada a esta sentencia, por lo cual no me encuentro deacuerdo con ésta. Así mismo, considero que en las salas de revisión de esta Corte y losconsiguientes fallos de tutela se viene reiterando esta misma tesis, como ocurre en la presentesentencia, según la cual, de un lado, se reconocen los derechos de la población desplazada, perode otro lado, se la envía a una fila de espera para la atención y protección efectiva de susderechos, fila que cada día crece más, haciendo en la realidad nugatorios los derechos de losdesplazados, no obstante que el Estado tiene la obligación jurídica de atender a todos y cada unode los desplazados, y ello de una manera integral, desde la ayuda humanitaria de emergenciahasta la recuperación y estabilización socio-económica del desplazado y su núcleo familiar.En este sentido, considero que la Corte debe ser clara en cuanto a que la garantía del goceefectivo de los derechos de los desplazados tiene que ser completa y en el mínimo que reconocela Corte, respecto de lo cual el Estado no viene cumpliendo ni siquiera con la asignaciónpresupuestal necesaria para atender el fenómeno del desplazamiento, agravado por el hecho deque cada día hay menos recursos y más personas desplazadas. Por lo tanto, reitero que estaCorte debe declarar en forma clara y expresa que el Estado y el Gobierno Nacional tienen laobligación jurídica de garantizar el presupuesto necesario para atender a toda la poblaciónafectada por el desplazamiento forzado, y ello independientemente de su voluntad, pues es 16 17.
obvio que el problema de la atención a esta población es un problema esencialmentepresupuestal.En este orden de ideas, manifiesto mi negativa a seguir votando a favor de enviar a las personasdesplazadas a una fila de espera para que las atiendan después de varios años. Sostengo por elcontrario que el Estado y el Gobierno colombiano son responsables de la atención integral a lapoblación desplazada, y ello tanto por acción como por omisión, pues deben apropiar elpresupuesto necesario y suficiente para la atención integral, adecuada y oportuna de dichapoblación y de no hacerlo, se debe iniciar en contra de las entidades responsables un incidentede desacato.Por consiguiente, en mi concepto debe esta Corte expresar claramente que el principio rector esque el Estado tiene la obligación de garantizarle a los desplazados el goce efectivo de todos susderechos. En forma contraria a esto, el Consejo Noruego de Refugiados clasifica a nuestro paíscomo el segundo con más número de desplazados después de Sudán, número que en vez dehaber disminuido va en aumento. Así mismo, el Estado no está cumpliendo con su obligaciónjurídica de atención integral a TODOS los desplazados, lo cual no se soluciona, en mi criterio,simplemente enviando a los desplazados a unas filas de atención por tunos de inscripción yaprobación, lo cual no hace sino distraer el problema esencial que es el cumplimiento efectivode la obligación jurídica del Estado de atender de forma integral a esta población y protegerle enforma efectiva sus derechos.Por esta razón, estimo que la decisión adoptada en esta sentencia de revisión de tutela esinsuficiente, ya que ordenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional -Acción Social- simplemente que informe a la accionante cuándo se hará efectivosu derecho al pago de la ayuda humanitaria, no hace efectivo este derecho, y si a ello lesumamos el condicionante previsto en la presente decisión de que la efectividad de dichoderecho se hará de acuerdo con los turnos de las demás solicitudes que hayan sido aprobadascon anterioridad a la de la tutelante, puede esperarse, y ello sin lugar a exageraciones sino por elcontrario realizando el más simple de los razonamientos, que la actora ya haya muerto por faltade recursos básicos que garanticen su subsistencia en calidad de desplazada, para el momento enun futuro indeterminado cuando la entidad responsable efectivamente realice el pago de laayuda humanitaria, escenario en el cual sobra decirlo, se hacen completamente nugatorios todoslos derechos de la actora.Por las razones expuestas, discrepo de la presente decisión.Fecha ut supra.JAIME ARAÚJO RENTERÍAMagistrado1 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 17 18.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.3 Sobre el particular, se pueden consultar entre otras, las sentencias T-985 de 2003 M.P. JaimeCórdoba Triviño, T-740 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-025 de 2004, M.P. ManuelJosé Cepeda Espinosa, T-1144 de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-086 de 2006 M.P. ClaraInés Vargas Hernández.4 Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.5 Cfr., sentencia T-097 de 2005.6 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.7 Cfr, sentencias T-025 de 2004 y T-097 de 2005.8 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.9 M.P. Alvaro Tafur Galvis.10 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.11 “Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra lavida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móvilesideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados oagresiones de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de emergencia,tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos.La mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargoal monto del rubro específico que anualmente se asignará al efecto en el Presupuesto Generalde la Nación y hasta por el importe total de dicho rubro.”12 De otra parte, en lo que se refiere al derecho a la igualdad de los desplazados por la violenciaen Colombia, en la sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte hizo 18 19.
énfasis en que “los desplazados son las principales víctimas de la violencia que flagela al país.El hecho del desplazamiento forzado comporta para ellos una ruptura violenta con su devenirexistencial y la violación múltiple y continua de sus derechos. Es por eso que el Estado y lasociedad misma les deben prestar una atención especial. Cualquier acto de discriminacióncontra ellos constituye una vulneración flagrante del principio de igualdad, atacable ante losjueces de tutela. En principio, cualquier tipo de diferenciación - no positiva - que se base en lacondición de desplazado debe considerarse como violatoria del derecho de igualdadcontemplado en el artículo 13 de la Constitución.”13 Sobre el particular, se pueden consultar entre otras las sentencias T-012 y T-086 de 2006 M.P.Clara Inés Vargas Hernández.14 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.15 Sobre la procedencia de la tutela en estos casos, la Corte ha manifestado que con la acción detutela “se logra una atención seria y rápida, un compromiso más dinámico y solidario de losentes encargados de prestar la ayuda humanitaria requerida y así, obtener que los derechosfundamentales se respeten y concreten.”, Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P.Manuel José Cepeda Espinosa.16 Al respecto, consultar entre otras las sentencias T-419 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,T-1635 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-1150 de 2000, M.P. EduardoCifuentes Muñoz, T-258 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-327 de 2001, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra, T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268 de2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-721 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis.17 A folios 22 a 29 obra copia del escrito de contestación a la demanda de tutela suscrito por laJefe de la Oficina Jurídica de la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-.18 A folios 35 a 38 obra copia de las solicitudes resueltas por la Coordinadora del Programa deAtención a Víctimas de la Violencia en el cual se le informa a la accionante que debe esperar suturno y la asignación de recursos para que se le puedan realizar los pagos correspondientes a laayuda humanitaria.19 Según oficio RSS-AGM-37329/04 de septiembre veintiocho (28) de diciembre 2004, de laCoordinadora del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, dirigido a la actora y en elcual por primera vez le informa que “la solicitud no tiene documentación pendiente, razón porla cual una vez exista disponibilidad de recursos, que es el único requisito pendiente esta seráaprobada”. 19 20.
20 Folio 51 del Expediente.21 Folios 50 a 52 del Expediente.22 Sobre el particular, la Corte en la sentencia T-1161 de 2003, M.P. Marco Gerardo MonroyCabra, señaló lo siguiente:“(iii) No se puede ordenar a través de tutela que el pago de la ayuda humanitaria contempladaen el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 se realice de manera inmediata, porque de esta manerase estaría vulnerando el derecho a la igualdad de todas las personas que han presentado lasolicitud de esta ayuda con anterioridad al peticionario, según lo señalado por la Red deSolidaridad en su contestación.Sin embargo, se hace preciso indicar que para las personas que se encuentran en condiciónde desplazados es necesario conocer una fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual serealizará el pago. Esta fecha debe ser fijada con estricto respeto de los turnos, dentro de untérmino razonable y oportuno.” (negrilla y subraya fuera de texto). 20 Recommended
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