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Timestamp: 2020-08-09 21:14:29
Document Index: 65358586

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 30']

Sentencia de Constitucionalidad nº 653/03 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620194
Sentencia de Constitucionalidad nº 653/03 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2003
Fecha de Resolución: 5 de Agosto de 2003
Ley 21 de 1982. Art. 28 (p.). Ley 789 de 2002. Art. 3 (p.). Modifica arts. Codigo sustantivo del trabajo. Regimen de subsidio familiar en dinero. Beneficiarios o personas a cargo hasta los 18 años. Acreditacion de escolaridad de niños mayores de 12 años en establecimiento docente debidamente aprobado. Apoyo al empleo. Proteccion social. Norma derogada. Ineptitud sustancial de la demanda. Trato diferenciado. Libertad de configuracion del legislador. Inhibida y exequibles.
Actor: E.E.M.M.
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, el ciudadano E.E.M.M. demandó parcialmente los artículos 28 de la Ley 21 de 1982 y 3º de la Ley 789 de 2002.
''LEY 21 de 1982 Diario Oficial del 5 de febrero de 1982.
Cuando la persona a cargo sobrepase la edad de dieciocho (18) años y empiece o esté haciendo estudios post-secundarios, intermedios o técnicos dará lugar a que por él se pague el subsidio familiar, hasta la edad de 23 años cumplidos, acreditando la respectiva calidad de estudiante post-secundario, intermedio o técnico.''
''LEY 789 DE 2002 Diario Oficial del 27 de diciembre de 2002.
En el caso del parágrafo 1, los Consejos directivos de las Cajas de Compensación familiar fijarán las tarifas y montos subsidiadas que deberán ser inversamente proporcional al salario devengado.''
Sostiene que el requisito que contienen las normas demandadas para acceder al subsidio no es acorde con las posibilidades particulares de cada familia, con lo que se desconoce el artículo 13 constitucional, ya que unas personas sí pueden acceder a dicha prestación y otras no, por incumplir ''ciertos requisitos caprichosos que no tienen ninguna finalidad diferente a perjudicar a aquellas personas que parten, en la libre competencia de lograr objetivos personales, de una posición económica más baja, o que sencillamente no han tenido, ni tendrán (bajo este parámetro) la oportunidad de acceder al sistema educativo.'' Folio 10 del expediente. El trato diferenciado se genera entre los niños que estudian en un centro educativo y quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, constituyéndose así el requisito contenido en las disposiciones demandadas en un castigo dirigido no sólo al menor sino a la propia sociedad colombiana.
Concluye que basta constatar la diferencia entre el salario mínimo y el valor de la canasta familiar para advertir que las familias de escasos recursos no pueden acceder a ciertas condiciones mínimas, por lo que exigir un certificado de escolaridad no sólo es ''absurdo'' sino que no garantiza el derecho al subsidio familiar.
Finalmente señala que carece de fundamento constitucional que la norma demandada excluya a un buen número de menores de la garantía de un derecho fundamental como la seguridad social - expresado en el subsidio familiar - por la carencia de la certificación exigida y proyecte exclusivamente sobre la familia el deber de brindar la educación de los hijos.
Agrega que el tratamiento que le está dando el artículo 28 de la Ley 21 de 1982 a los niños es igual para todos, puesto que la norma no hace ningún tipo de excepción, simplemente está fijando unos requisitos que deben cumplirse para poder entregar el subsidio. Así "el trato es igual para cualquier estudiante, si no estudia, debe recurrir a otras instancias para reclamar el derecho a la educación y una vez se solucione éste, podrá acudir a su otro derecho, que es el subsidio escolar." Folio 93 del expediente.
En cuanto a la transgresión al derecho a la seguridad social como fundamental de los niños aludido por el actor, afirma que lo que se estaría ''violando es la seguridad social a la educación, y no a percibir un subsidio como consecuencia de esa educación.'' Folio 95 del expediente.
Sobre este particular afirma que: ''en Colombia es frecuente la participación de los niños en las actividades domésticas y productivas; no obstante, debe tenerse presente que la tendencia occidental se encuentra marcada por una sensibilización hacia los niños que los considera dignos de atenciones, y que por ende se encamina a que los menores de edad se encuentren exentos de realizar actividades productivas, de tal suerte que su tiempo sea destinado al juego, al descanso y al aprendizaje escolar, de modo tal que su desarrollo físico, mental e intelectual no se vea menoscabado.'' Folio 111 del expediente.
El P. General de la Nación, precisa en su concepto que el artículo 28 de la Ley 21 de 1982 fue derogado por la Ley 789 de 2002, razón por la cual debe proferirse decisión inhibitoria respecto de esa disposición.
Cuestión Previa. Inhibición por la derogación de una de las normas objeto de control e ineptitud sustancial de la demanda respecto de algunos reproches de inconstitucionalidad
Conforme lo han advertido algunos de los intervinientes y el señor P. General de la Nación, el artículo 28 de la Ley 21 de 1982 que contenía parte de la normatividad sobre las personas a cargo del trabajador que daban derecho al subsidio familiar, fue derogado por el artículo 3º de la Ley 789 de 2002 al haber establecido una regulación integral de la materia, y prescrito en su artículo 52 que derogaba "las disposiciones que le sean contrarias."
La Corte Constitucional ha reiterado que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas únicamente cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos Entre otras pueden estudiarse las Sentencias C-541 de 1993 M.P.H.H.V., C-104 de 1994 M.P.A.M.C.. . En cambio, si el precepto demandado excluido del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto. Sobre este particular puede estudiarse la Sentencia C-332 de 1995 M.P.A.M.C..
Así mismo, a pesar de que en aplicación del principio pro actione Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-898 de 2001 M.P.M.J.C.E., C-520 de 2002 M.P.A.T.G. y C-406 de 2003 M.P.M.J.C.E., entre otras. la demanda de inconstitucionalidad fue admitida, con ocasión de la adopción de la decisión constitucional, encuentra la Sala que las acusaciones fundadas en la supuesta vulneración del Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 5º, 16, 26, 27, 41, 42, 45, 60, 64, 68 a 71, 95, y 366 de la Constitución Política, por cuenta de la disposición legal objeto de control presentan una formulación apenas aparente, lo cual impide la realización del diálogo Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1052 de 2001 M.P.M.J.C.E.. entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de la norma objeto de reproche y el juez competente para juzgarla a la luz del Ordenamiento Superior, propio de los procesos de constitucionalidad.
Sobre este particular en la Sentencia C-1052 de 2001 M.P.M.J.C.E.. la Corte explicó que:
La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra ''la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional''.
Para el señor P. General de la Nación, la Superintendencia de Subsidio Familiar y Ministerio de Educación las expresiones acusadas resultan acordes a la Carta Política por cuanto garantizan que los menores de edad se encuentren estudiando y no sean expuestos o utilizados por sus padres en actividades de tipo laboral, siendo de esa manera una fuente adicional de ingresos para el grupo familiar, en detrimento de su derecho a la formación académica.
Subsidio Familiar y libertad de configuración del legislador
El legislador definió el subsidio familiar como una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Esta definición está contenida en el artículo 1º de la Ley 21 de 1982.
La Corte Constitucional, a su vez, ha analizado en múltiples oportunidades dicha prestación, señalando entre otros aspectos Corte Constitucional. Sentencias C-508 de 1997 M.P.V.N.M., C- 559 de 2001 M.P.A.A.R. y C-1173 de 2001 M.P.C.I.V.H., su naturaleza jurídica, desarrollo histórico y doctrinal, sus características más relevantes y los criterios de fundamentalidad que lo hacen exigible excepcionalmente a través de la acción de tutela Sobre este tema la Corte ha señalado que el derecho a recibir el subsidio familiar, que ha sido reconocido como una derivación prestacional del derecho a la seguridad social, puede ser reclamado por vía de tutela cuando el afectado es un menor de edad, pues la Constitución lo eleva en estos casos a la categoría de derecho fundamental. Cfr. Sentencias T-223 de 1998 M.P.V.N.M. y T-753 de 1999 M.P.A.M.C...
Esta Corporación también ha señalado que el subsidio familiar ostenta una triple condición, por cuanto es: i) una prestación legal de carácter laboral, ii) un mecanismo de redistribución del ingreso y iii) una función pública desde la óptica de prestación del servicio. Corte Constitucional. Sentencia C-1173 de 2001 M.P.C.I.V.H..
En la Sentencia C-508 de 1997 M.P.V.N.M.. se dijo sobre este particular lo siguiente:
Así lo ha advertido esta Corporación al señalar que ''dada la estrechez del sistema actual de seguridad social y las dificultades económicas, confió al Legislador la tarea de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios de seguridad social, con la participación de los particulares, a todos los habitantes (CP art. 48). Así las cosas, es al Legislador a quien corresponde constitucionalmente la apreciación de las condiciones en que los servicios de seguridad social deben ser prestados de manera que se cumpla con el objetivo trazado en la Constitución.'' Corte Constitucional. Sentencia C-149 de 1994 M.P.E.C.M..
N. entonces, que a pesar de existir unos límites constitucionales dentro de los cuales debe enmarcarse la labor del legislador al regular el tema de la seguridad social y dentro de éste el del subsidio familiar, el Constituyente le confirió aquél una amplia libertad de apreciación y configuración, circunstancia que como ha explicado esta Corte, exigen que en estricto respeto de la Carta Política el juez constitucional realice un escrutinio judicial dúctil para que de esa manera la rama judicial no invada las competencias propias del legislativo (Art. 113 C.P.). Corte Constitucional. Sentencia C- 093 de 2001 M.P.A.M.C..
Constitucionalidad del requisito de la acreditación de escolaridad de los niños mayores de doce (12) años para beneficiarse del subsidio familiar
Así, en dicha ley se estableció que: ''tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.''
''4. Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y conviven con él.'' Una disposición similar consagraba el artículo 30 de la Ley 21 de 1982.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 21 de Febrero de 2005