Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-14-noviembre-2007-ministerio-de-justicia-557249
Timestamp: 2016-10-22 16:04:02
Document Index: 224647727

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1257', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 143', 'artículo 18', 'artículo 105', 'artículo 98', 'artículo 34', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 106', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 313', 'e contrario', 'artículo 98']

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Norberto González Sobrino, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Norberto González Sobrino, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Norberto González Sobrino, contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
El día 26 de enero de 2007 don Norberto González Sobrino, Notario de Madrid, autorizó una escritura de préstamo hipotecario otorgada por determinada entidad de crédito.
En dicha escritura se expresa que la citada entidad acreedora, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura de constitución y a su inscripción en el Registro Mercantil), está representada por el apoderado cuyas circunstancias de identidad se especifican; que acredita la representación mediante escritura de poder conferido en su favor por dicha entidad (escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil). En la escritura calificada, el Notario Sr. González Sobrino expresa que se le ha aportado y exhibido copia autorizada de dicha escritura de poder y que, a su juicio, «y de acuerdo con lo que resulta de la escritura de poder antes citada, son suficientes las facultades representativas acreditadas para los actos que se formalizan en la presente escritura de préstamo con garantía hipotecaria».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 26 de enero de 2006, con asiento 1702 del Diario 63.º; fue posteriormente retirado y devuelto para su despacho el 14 de marzo de 2007; y fue objeto de calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente:
... En el título que se califica la entidad acreedora interviene representada por Don ..., que hace uso del poder vigente, según asegura, cuyas circunstancias de fecha, Notario y datos de inscripción son objeto de reseña por el Notario autorizante, que además, afirma lo siguiente "... a mi juicio, y de acuerdo con lo que resulta de la escritura de poder antes citada, son suficientes las facultades representativas acreditadas para los actos que se formalizan en la presente escritura de préstamo con garantía hipotecaria".
I. El Notario autorizante se limita a señalar que el apoderado tiene facultades representativas suficientes "para los actos que se formalizan en la presente escritura de préstamo con garantía hipotecaria", si bien no especifica cuáles son esas facultades representativas. Este tipo de redacción, impide que el Registrador de la Propiedad califique la suficiencia del poder alegado en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
A) La constancia del juicio de suficiencia es una formalidad básica (como se ha señalado anteriormente) exigida por el articulo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre. Decimos que se trata de una formalidad porque de todos modos, si el Notario considera que el poder no es suficiente, debe abstenerse de la formalización de la escritura o denegarla, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 145 inciso 2.° del Reglamento Notarial ya citado. Ahora bien, el juicio de suficiencia produce sus efectos en el ámbito propio del contrato formalizado en escritura pública, tal y como resulta de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de Abril de 2002, cuya doctrina ha sido posteriormente alterada en múltiples resoluciones sobre la base de que se trata de diversas reinterpretaciones. Lo cierto es que supone una "reinterpretación" de tal alcance que implica una revocación de su fallo inicial, que tenía carácter general e interpretativo de una Ley, y que no ha sido declarada lesiva ni revocada expresamente por el Centro Directivo que la dictó.
Este criterio de distinción, entre las funciones que el Estado atribuyo a uno y otro funcionario, aparece nítidamente expresada en la reciente Sentencia de 22 de Noviembre de 2006 de la Sección IV, Civil, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictada por los Magistrados Ilmos. Sres. Don Pablo José Moscoso Torres, Don Emilio Fernando Suárez Díaz y Doña Elvira Alfonso Rodríguez, que señala en su "Considerando" Séptimo lo siguiente: "En primer lugar, se ha de señalar que las presunciones establecidas en la legislación notarial española son las de veracidad e integridad conforme al artículo 17 bis la Ley del Notariado, que además están condicionadas a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Dichas presunciones son exclusivamente las citadas, sin que puedan añadirse otras no previstas, como serían las presunciones de legalidad o de exactitud. Además, con arreglo a una aplastante lógica no podría ser de otra forma, sólo las presunciones de veracidad y exactitud se refieren a hechos (que puedan ser verdaderos o falsos), mientras que los juicios del Notario (legalidad y exactitud) son meras opiniones del notario. En segundo lugar, es clara la separación entre los efectos "inter partes" de la forma notarial, y los efectos "erga omnes" de oponibilidad respecto a terceros y presunciones de exactitud del asiento registral. Los efectos de la escritura frente a terceros son sólo en cuanto al hecho del otorgamiento y en cuanto a la fecha, según el artículo 1.218 del Código Civil, precepto este que es igualmente aplicable al documento notarial extranjero, por lo que la oponibilidad de los derechos reales se produce frente a terceros a partir de la inscripción y no de la escritura, lo que confirma el artículo 1257 del Código Civil, que deja bien claro que los efectos de los contratos -sean o no formalizados en escritura publica notarial española o extranjera, o en documento privado- se producen sólo entre 1os contratantes y sus herederos, no respecto a terceros. Así mismo, las presunciones de exactitud y de existencia y pertenencia del derecho, así como la salvaguardia judicial de los asientos, se producen como consecuencia de la inscripción en el Registro conforme a los artículos 38, 34 y 1.3.° de la LH.
En función de este criterio señalado por dicha Sentencia, la recientemente dictada por la Ilma. Sra. Doña María José Lorena Ochoa Vizcaíno, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla, de fecha 19 de enero de 2007, con idéntico criterio, y tras revocar íntegramente la Resolución dictada con fecha 17 de junio de 2005, por la DGRN, señala en el párrafo quinto de su fundamento de derecho tercero: "... la propia interpretación que efectúa la DGRN en la Resolución recurrida, resulta contraria a su argumentación e impide al mismo Registrador cumplir las funciones encomendadas y que explicita la resolución, sin olvidar el argumento que resulta absurdo que un Registrador que examina una escritura en la que el Notario ha reseñado las facultades aunque sea someramente (lo que no le impide norma alguna y puede suceder a mayor abundamiento), implique que el Registrador a su vez pueda y deba examinarlas y en cambio la DGRN postule en su interpretación que ya con la nueva redacción del artículo 98 desaparece la doble calificación de tales poderes en cuanto a las facultades en sí".
C) Las aseveraciones contenidas en los "Fundamentos de Derecho" A y B, se basaban hasta la publicación de la referida Sentencia de 22 de Noviembre de 2006, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la citada Resolución de 12 de Abril de 2002, fundamental, como se ha dicho, que ha sido objeto de interpretación posterior cambiante por el Centro Directivo. En este criterio cambiante se apoya la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que luego se dirá para que la Sala excluya la imposición de costas al Centro Directivo, "habida cuenta de las dudas de derecho que la cuestión podía plantear al existir diversas RDGRN que apoyaban la tesis de la impugnada" (Fundamento de Derecho IV de la Sentencia). Además, lo dicho anteriormente, y, por tanto, el criterio de la Resolución Circular queda plenamente ratificada por la Sentencia de 25 de Octubre de 2006, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que resulta ponente la Magistrada, Doña María Ibáñez Solaz.
"No puede admitirse que el artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no solo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna, su función calificadora. Al asumir esta postura (ejercicio de la calificación) el Registrador, no está haciendo sino mantener el principio de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito de sus atribuciones de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, al decir que -los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase".
Este criterio jurisprudencial ha quedado plenamente ratificado por el artículo 143 del Reglamento Notarial tras la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, según el cual "Los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los Jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias". Precisamente la fe pública notarial en materia de poderes es uno de los aspectos que queda sujeto a la calificación del Registrador en el ejercicio de sus competencias conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
Segundo. De la congruencia.-La Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, de redacción no excesivamente afortunada, contenía la siguiente frase: "La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario".
Es de destacar, que la Resolución Circular, no se revoca en ningún momento, ni se declara lesiva, para los intereses de la Administración sino que simplemente, se "reinterpreta", fórmula ajena a la técnica de revisión de los actos administrativos a que se refiere el artículo 105 y concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administración Común.
El criterio de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, se revisa en la redacción que da a su artículo 98, el artículo 34 de la Ley 24/05, de 18 de Noviembre. Este nuevo precepto señala literalmente: "la reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le trascriba o acompañe el documento del que nace la representación".
b) Por otra parte, mantiene el criterio de que la valoración por el Notario, de la suficiencia de las facultades representativas "hará fe suficiente, por sí sola, de la representación acreditada, bajo responsabilidad del notario", si bien lo que no establece dicha Ley es el ámbito de eficacia de la dación de fe, que según la Doctrina de la Dirección General, se refiere, no sólo al propio documento que se autoriza, sino también a otros ámbitos distintos, como por ejemplo el registral, mientras que en las dos Sentencias citadas, de fechas 25 de Octubre de 2006 y 22 de Noviembre de 2006, de las Audiencias de Valencia y de Santa Cruz de Tenerife respectivamente, el criterio es radicalmente diferente, puesto que se parte de la base, de que el alcance de la valoración notarial se circunscribe al documento notarial y a las partes que en él intervienen, pero no al ámbito registral, ni a los terceros afectados por el asiento que en su día se practique, tema que queda reservado al ámbito de la calificación del Registrador.
2. Ratifica este segundo criterio, la propia dicción literal del artículo 98 en su actual redacción, que en la primera parte, se refiere exclusivamente a la actuación del Notario y al documento público considerado en sí mismo y así ocurre desde la palabra "reseña" hasta el punto y seguido que separa el párrafo en dos incisos.
En cambio, el inciso segundo, desde "el Registrador" hasta el final del párrafo, se refiere a dos funcionarios diferentes -Notario y Registrador- y además sitúa al documento en una fase posterior a su otorgamiento, es decir, en la fase en que su contenido, una vez inscrito, puede producir efectos "erga omnes".
Esta idea puede expresarse con la aseveración de que la escritura agota sus efectos ante el Registro para quedar sometida a la calificación del Registrador. Tal afirmación no es del Registrador que suscribe, sino que corresponde al "Fundamento de Derecho" Quinto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 87/1997 de 24 de Abril.
También este último punto se refleja, en la ya citada Sentencia de 17 de Enero de 2007, que en el mismo Fundamento Tercero párrafo 6.°, expresa lo siguiente "... es la misma argumentación que expone la DGRN en la resolución recurrida la que determina que no sea posible que el Registrador cumpla, no ya la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sino la función que la DGRN entiende que debe cumplir, esto es, y citando a su vez literalmente la resolución recurrida 'calificar que se ha practicado la reseñe del modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste, y de la calificación que hace el Notario, congruente con el acto o negocio jurídico documentado'. Es decir, que se impone el Registrador un 'juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el acto a efectuar', juicio de congruencia que, sin expresar las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor, resulta no ya difícil, sino imposible saber cómo va a poder efectuarlo el Registrador, como no sea obviando su función de control. Así expresiones limitada a 'tiene a mi juicio capacidad para otorgar este acto por esta escritura de fecha' sin más como el que nos ocupan, impiden cumplir la función encomendada al Registrador, pues no es posible con esa fórmula genérica y sin que se acompañen las escrituras al no ser obligatorio, saber si es congruente o no que se otorgue la escritura por esa persona para ese acto, como congruencia en cuanto a su capacidad".
3. Por último, si se parte del criterio de que el término de comparación es el documento presentado, éste ha de ser motivado. La doctrina administrativista clásica, parte del criterio de que la motivación del acto administrativo cumple varias funciones: básicamente asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la administración que en el terreno formal no es sólo una cortesía, sino que constituye una garantía para el administrado, que podrá impugnar, en su caso, la decisión administrativa, con posibilidad de criticar las bases en las que se fundaron (En este sentido cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1992 -Ref. Arz. 2929-. Además, la motivación del acto facilita el control jurisdiccional de la administración (artículo 106.1 de la Constitución). En este sentido, cabe citar las Sentencias de 17 de Junio de 1981 y 11 de Julio de 1983 del Tribunal Constitucional, que señalan que la motivación es una garantía elemental del derecho de defensa incluida en el haz de facultades que comprende el derecho fundamental a la tutela efectiva, es decir a obtener una resolución fundada en Derecho.
Además de todo lo dicho, es necesario añadir el contenido de la Sentencia dictada el día 14 de Marzo de 2.007 por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia N.° 53 de Barcelona, Doña Berta Pellicer Ortiz, que ratifica plenamente la facultad calificadora del Registrador y, especialmente, la que le corresponde respecto de la congruencia del juicio de suficiencia del Notario en relación con el documento presentado, además de señalar expresamente que toda la doctrina posterior a la fundamental Resolución vinculante de 12 de Abril de 2002 resulta ineficaz por las razones que señala Don José Manuel García García, Registrador de la Propiedad de Martorell en el escrito que da lugar a la Sentencia citada. En tal sentido resulta inexacta la afirmación contenida en las Resoluciones de la DGRN de fechas 14 y 20 de Febrero de 2007, y como consecuencia la negación de la facultad de calificación que por otra parte está recogida de forma expresa en el artículo 98 de la Ley 24/01 modificada por la Ley 24/05, como se argumente suficientemente en la nota de calificación recurrida, y se ratifica por la citada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia N.° 53 de Barcelona, según la cual, si se siguiera el criterio de la DGRN "conllevaría que el Registrador no pueda cumplir ni la función que literalmente le encomienda el artículo 18 de la Ley Hipotecaria (...) pues no se entiende cómo va a poder el Registrador ese [sic] juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el negocio jurídico documentado objeto de inscripción, si no se expresan las facultades en que se basa el Notario para emitir su juicio de valor. De este modo la expresión de fórmulas genérica (ad exemplum 'Tiene a mi juicio suficiente capacidad' (...) impiden el Registrador desarrollar sus funciones calificadoras en cuanto al juicio de congruencia sin una mínima expresión de las facultades representativas".
Madrid, 20 de marzo de 2007.-El Registrador [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador].»
La calificación fue notificada al Notario autorizante de la escritura calificada el 20 de marzo de 2007, según afirma el Registrador, que añade haberlo hecho constar mediante nota al margen del asiento de presentación. El Notario recurrente manifiesta que no le fue notificada por ninguno de los medios establecidos legalmente en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, si bien reconoce haber tenido conocimiento de dicha calificación, aunque no expresa la fecha de tal hecho.
El mencionado Notario solicitó la calificación sustitutoria el 30 de marzo de 2007 en el Registro de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares. El Registrador titular de dicho Registro, don Enrique Rajoy Brey, mediante calificación con fecha 12 de abril de 2007, confirmó la calificación negativa realizada por el Registrador sustituido. En dicha calificación sustitutoria este Registrador expresa que «se confirma la calificación extendida por el Registrador titular del Madrid n.º 19, en base a los fundamentos de derecho alegados en la nota recurrida así como a los que seguidamente se exponen...» [a continuación, en algo más de dos páginas, alega determinados argumentos y añade que «De conformidad con lo establecido en el art. 19 bis, regla 5.ª de la LH y art. 8.1.a) del R.D. 1039/03, se le remite la documentación aportada junto a la presente calificación la cual podrá ser recurrida en los términos señalados en la firmada por el Registrador número 19 de los de Madrid»]. El Notario reconoce que le ha sido notificada la calificación sustitutoria, aunque no expresa la fecha de tal hecho.
Por escrito que tiene fecha de 18 de abril de 2007, que causó entrada el mismo día en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, dicho Notario interpuso recurso contra la calificación del Registrador sustituido en el que, alegó, entre otros extremos, los siguientes argumentos:
La calificación sustitutoria es «inexacta» en la narración de los hechos que la motivan, al hacerse constar que la calificación negativa del Registrador de la Propiedad n° 19 de Madrid «fue notificada a los interesados» (Hecho 1), cuando en realidad el Registrador nunca notificó su calificación negativa.
3.º La escritura es perfectamente inscribible y no adolece de defecto alguno que impida su inscripción: Contiene una correcta reseña identificativa del documento auténtico exhibido para acreditar la representación y expresa el juicio del Notario de que las facultades representativas acreditadas son suficientes para los actos contenidos en la escritura de préstamo hipotecario, siendo perfectamente congruente ese juicio notarial con el contenido de la propia escritura calificada, que es sencillamente préstamo hipotecario.
El artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, modificado por la Ley 24/2005, de 18 de Noviembre, establece que «el Registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial del suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado». El Registrador no puede, conforme a la ley, solicitar que se transcriba o acompañe el documento del que nace la representación.
La postura de ambos Registradores al realizar la calificación negativa pugna, además, con la doctrina terminante que resulta de numerosas y reiterada Resoluciones de esta Dirección, las cuales tienen carácter vinculante para todos los Registradores. El contenido de ambas calificaciones recaídas demuestra no sólo que estos Registradores de la Propiedad no asumen esa doctrina vinculante de la Dirección General, sino que dichos funcionarios públicos no tienen, en modo alguno, ninguna intención de asumirla.
Se pone de manifiesto en estas calificaciones negativas realizadas por los dos Registradores de la Propiedad una contumaz desobediencia de unos funcionarios públicos frente a la doctrina de su Centro Directivo del que dependen. El contraste entre las calificaciones negativas recaídas y las Resoluciones de esta Dirección General evidencian la existencia de una conducta por parte de ambos funcionarios que infringe el deber de acatamiento de las decisiones del Centro Directivo del que depende jerárquicamente el funcionario calificador. Los Registradores, al calificar negativamente la escritura dicha, han cometido, por las razones expuestas, una infracción que está tipificada como «grave» por la ley. La conducta de dichos funcionarios públicos causa graves perjuicios al Notario en su prestigio profesional al imputarse a la escritura un defecto que no existe e impide a los interesados la inscripción de sus títulos en un plazo razonable.
Mediante escrito con fecha 30 de abril de 2007, el Registrador Sr. Arnáiz Eguren emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el 4 de mayo de 2007). En dicho informe sostiene la validez de la notificación de la calificación por medio de telefax que, según manifiesta, ha efectuado.
Por ello, la calificación ahora impugnada no hace sino poner de manifiesto la actitud injustificada y deliberadamente rebelde del Registrador al cumplimiento no sólo de la propia Ley sino de la doctrina contenida en las mencionadas Resoluciones, agravada dicha actitud por determinadas afirmaciones incluidas en su calificación con las cuales pretende apoyar su actitud basada en una opinión que es a todas luces infundada, según esta Dirección General ha manifestado reiteradamente y resulta de una recta y literal interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, según la modificación del mismo introducida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. Y la gravedad de esta conducta del funcionario calificador, Sr. Arnáiz Eguren, se muestra en este caso acrecentada por el hecho de que al tiempo de elevar el presente expediente a este Centro Directivo por no rectificar su calificación ahora impugnada ya habían sido revocadas otras calificaciones suyas casi idénticas a la presente por las Resoluciones de esta Dirección General de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 (publicadas en el B.O.E. 14 de abril).
6. Por cuanto antecede, esta Dirección General entiende que, a la vista de la calificación impugnada, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario conforme al artículo 313, apartados B).k) de la Ley Hipotecaria, pues el Registrador procede en dicha calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo en las sucesivas resoluciones por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto la aplicación del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en la presente, entre ellas las de 21, 22 y 23 de febrero, 1 de abril y 4 de mayo de 2005 que estimaron recursos interpuestos contra calificaciones del propio Sr. Arnáiz Eguren).
Madrid, 14 de noviembre de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.