Source: http://condesso2011.no.comunidades.net/los-regimenes-politicos-en-la-atualidad
Timestamp: 2019-04-22 05:04:22
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III.FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN POLÍTICO EN LA ACTUALIDAD. EJERCICIO COTIDIANO DEL PODER POLÍTICO, ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y DÉFICIT DE REPRESENTATIVIDAD. LEGITIMIDAD ORIGINAL Y FUNCIONAL
“(…) habiendo nacido todos iguales y libres, sólo alienan su libertad por su propia utilidad. Toda la diferencia consiste en que en una familia el amor del padre para con los hijos paga el cuidado que por elles se tuvo; y en el Estado, el gusto de mandar suple el amor que el jefe en él tiene a sus pueblos”.
“No entiendo por eso que tenga de haber esclavos, ni que sea legítimo el derecho de esclavitud, supuesto que se ha probado el contrario: indico tan sólo los motivos porque los pueblos modernos, que se creen libres, tienen representantes, y hago ver porque razón los pueblos antiguos no los tenían. De todo el modo, en el instante en que un pueblo nombra representantes, ya no es libre; deja de existir”.
JEAN JACQUES ROUSSEAU, Del Contrato Social o Principios de Derecho Político
“No será posible ninguna mejoría importante en la suerte de la Humanidad si no se producir una gran alteración en la constitución fundamental de sus modos de pensamiento”.
III.1.SITUACIÓN GENERAL DE CRISIS DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN LA ACTUALIDAD
El funcionamiento en general del régimen democrático denota desvíos tan fuertes en los sistemas de gobierno instalados, ante al ideal de una sociedad verdaderamente democrática, que coloca con acuidad el problema de la urgencia de su regeneración. Y los ejemplos de los casos peninsulares ibéricos son sintomáticos.
Según se constata en general, nunca como actualmente los ciudadanos tuvieron tanta consciencia de la gravedad de la situación económico-social y política y de la crisis tan profunda, en términos simultáneamente del presente y del futuro colectivo e individual, al punto de poder cambiar el sentido del modelo del Estado Social Democrático de Derecho. Esto se reconoce y se camufla y, por lo tanto, es útil recordar actualmente la frase de GEORGE ORWELL, según la cual "ver lo que está ante nuestros ojos, implica una lucha constante".
Estas situaciones derivan de niveles de desorientación sobre objetivos, degradación socioeconómica, aumento de las desigualdades regionalo-sociales, denuncia de alta corrupción, ataque la contra-poderes legítimos (por ejemplo, medios de comunicación, irrespetuosa limitación de poderes ante administraciones indirectas, etc.), sospechas y empobrecimiento intelectual de los cuadros políticos y de los dirigentes partidistas a todos los niveles (gobierno, funcionarios y diputados), a menudo condenados ante la opinión pública en su prestigio y honorabilidad, y el cuestionamiento de los altos cargos de la magistratura judicial (considerados como influenciables por el poder político y como ocultadores de los crímenes de los titulares de esos altos cargos públicos: Es decir, funcionalmente corrompidos por pseudo-"razones de Estado" y por sus dirigentes máximos.
Hoy, en muchos países, como en Portugal o España, no está en cuestión el régimen democrático, en la medida en que hay garantías mínimas de defensa de las libertades y de los derechos fundamentales. Pero no deja de existir un sentir generalizado del estado de enfermedad e incapacidad de la clase dirigente. Se trata de una percepción clara o difusa que se acentúa, en este período de grave crisis nacional.
Esta crisis, quees la verdadera causa de nuestros problemas, que no ha nacido, pero ha sido sólo agravada y, sobre todo, más fácilmente revelada a los ciudadanos y a las oposiciones políticas, por el contexto internacional desfavorable y la necesidad, a veces, como ya ha ocurrido en Portugal, Irlanda, Islandia y Grecia, de apoyo financiero externo, para evitar, finalmente, la falta de pagos.
O sea, crisis ante la sociedad política instalada, a nivel nacional y de instituciones supra-nacionales, y de las crecientes metástasis del malo, difundidas y impunemente interiorizadas, banalizadas, tanto en el mundo económico, como en el político, esencialmente debidas a la incompetencia y políticas de nuestros dirigentes, unas de excesivos gastos para inversiones erradas, con poco poder reproductivo en la economía en general, a acrecentar a los errores colosales del sistema económico, con los bancos a operar con alto riesgo, con excesivo apalancamiento de crédito y no para la economía multiplicadora de riqueza y sí, acumulando con los errores del Estado, para consumo y importación o para la economía del hormigón y el alquitrán.
Naturalmente que, siendo así, ante este estado de espíritu, seguramente asentada en hechos reales, se impone un profundo debate, con objetivos reformistas, acerca del actual sistema político-económico-financiero, que no ha permitido, en este ambiente creciente de Estado mínimo, no intervencionista, incluso cuando es indispensable (y así no vigilante, no fiscalizador) en una economía ultra-liberal “mainstream”.
En el caso portugués y español, este sistema político cuenta con una experimentación histórica, a partir del último cuarto del siglo pasado, que es ya, temporal y funcionalmente, suficiente para considerar que él, tal como está, realiza deficientemente el principio del gobierno democrático.
Urge una reforma que los hechos, tanto los directamente sufridos por la población en general, como los que son continuamente publicitados y multiplicados en la comunicación social de los últimos tiempos, más acentúa y hace apresar, por más que nos juzguemos, hoy, por la integración en la Unión Europea, inmunes a un ambiente propicio al no cuestionamiento de la democracia. Esto es, putativamente protegidos ante las conjuras antidemocráticas y posibles golpes de Estado militares.
III.2.Democracia y representación política
III.2.1.Acerca del régimen democrático
La democracia, en su concreción histórica, es y será siempre un ideal de realización inacabada, con avances y retrocesos. Todo gobierno, inclusive “representativo”, combina elementos democráticos con una dimensión oligárquica[1], o tiende también a la creación de contextos propiciadores de actitudes autocráticas. Y, por eso, ROUSSEAU ya desconfiaba de la noción de representación (“la soberanía no puede ser representada”[2]).
Hacer de la política la profesión principal (y además de eso continuada, como es tendencia de los conquistadores de lugares partidistas y de los poderes públicos, inclusive en democracia), genera intereses y luchas específicas en torno a esos intereses.
No sólo se vive para la política, pero sobre todo de la política. Pero, la oligarquización del poder no es una “ley” histórica, como tangencialmente creen G. MOSCA o VILFREDO PARETO. Es sólo, como refiere ROBERTS MICHELS[3], una tendencia propiciada por la lógica de la división de tareas en las organizaciones de la sociedad.
La historia moderna pode entender-se como una lucha entre esa tendencia para el gobierno oligárquico (dado que la representación permanente se plasma en una hegemonía de los representantes sobre los representados, una irretractable delegación, entre elecciones, del poder de los ciudadanos de dirigir sus destinos colectivos) y la “capacidad individual para la crítica y el control” (R. MICHELS). El fenómeno que llamaría de representación-delegación política aparece como un “despojamiento” de los representados a favor de los representantes. En efecto, estos, con la continuidad de funciones en el tiempo, se vuelven profesionales de la dominación política. Aura, la frontera dominantes-dominados pasa por la división entre “profesionales” de la política y los ciudadanos en general. El trágico para los ciudadanos resulta del hecho de la autonomía inherente al político estar en que “sólo si se desposaren a favor de un porta-voz, se exponiendo a la ‘alienación’, es que escapan “a la alienación política”[4]. Ante la experiencia de desvíos, la alternativa al escepticismoestá en la afirmación de la necesaria intersubjetividad, en el espacio público, con el ciudadano.
Ante los riesgos de pérdida, en esa alienación inscritos, o a las tendencias para los desvíos funcionales de la institucionalización, ha que oponer una dimensión dinámica de las heterosubjetividades activas[5].En la verdad, el que importa es constatar cuan distantes estamos del ideal de la realización de la República de Platón, gobernada por la “sabiduría “ del filósofo-rey, que acede al dominio superior de las “ideas” (las “esencias”, no las “apariencias”). O de las preocupaciones pragmáticas y empíricas, normativas, de la Política de Aristóteles, en la busca del “mejor sistema”, para quien importaba, analíticamente, construir el “más adecuado” para cada sociedad concreta.
Pero, es en este último enfoque queremos inserirnos.
Como resalta de la Utopía de TOMÁS MORO, en su reflexión sobre la tensión permanente entre las presiones de la realidad imperfecta y la busca ideal de su superación, en un camino de realismo, ¿debería aceptare el compromiso con las instituciones con que haya discordancia para intentar mejorarlas?
Se impone una permanente tensión en un “sentido del posible y del practicable”, de una apertura continúa al imposible (FICHTE, BENJAMIM, RANCIÈRE, DERRIDA, LÉVINAS), entre el diálogo del pragmatismo y de la utopía. O una dialéctica democrática infinita, como pretende MERLEAU-PONTY.
Ocurre que la política democrática no existe en la estabilización jerárquica institucional, inclusive se en la teoría politológica y constitucional se considera como representativa, pues sólo se constata y vive con verdad en el permanente “resurgimiento de la colocación en comunes del conflicto”[6]. Ya HITLODEU entendía que el compromiso sólo viene legitimar, permitiendo encubrir y mantener, debajo de formas distintas, la corrupción de las estructuras dirigentes, aunque él no deje de demostrar un optimismo antropológico cuando están verificadas ciertas condiciones sociales, que no permitan que ciertas personas y grupos dominen los restantes.
En la verdad, la democracia, como obra del ser humano, es una promesa, constantemente por realizar. El ser humano y sus sociedades son fundamentalmente algo histórico, en movimiento de autoconstrucción, de emancipación criadora y recreadora. Ninguna construcción política puede ser inmóvil, pues la inmovilidad del contrato social sería contraria al espíritu de la humanidad. Cualquier que sea la definición de esta, ella se caracteriza en un movimiento para la perfectibilidad (FICHTE) y por lo tanto sólo tiene sentido en un movimiento constante de cambio.
Hay que reconocer que inclusive la utopía (o reflexión genérica, ante la praxis del mundo existente, tal como se presenta a la observación) tiene siempre una función heurística[7], porque quien siente necesidad de la pensar acaba por apastarse de la resignación, al volver a mirar la realidad que le rodea. La utopía es el alimento de la crítica social, porque el horizonte utópico nos convida a no nos contentarnos con “el dado”, el existente, buscando el posible[8], incluso en el deseo del imposible.
Vivimos en una “sociedad de comunicación “de-formada”, distanciada de una teoría de la acción comunicativa, segundo el modelo que permita la “crítica de la sociedad tal como es” (JÜRGEN HABERPERO). De cualquier modo, entendemos que ha que partir de la dimensión analítica y de la crítica social para la dimensión “ideal”, normativa, descubriendo e inventando, tentando perseguir “o limite del imposible” (SOPHIE WAHNICH), para poder osar llegar al tal limite del posible.
La paradoja fundamental de la política pode sintetizar-se en esta frase de JACQUES RANCIARE: “No hay orden en la sociedad si no porque unos mandan y otros obedecen. Pero, para obedecer a un orden se requiere por lo menos dos cosas: hay que comprender el orden y hay que comprender que es preciso obedecerle”. Y acrecienta: “Y para eso, ya hay que ser igual a quien manda”[9]. Además, hoy, a la vigencia de la democracia no basta ganar elecciones, o sea, pedir el voto impersonal.
Los ciudadanos exigen comunicación permanente (y una dirección organizada, un liderazgo para su poder, no la delegación de su poder), a través de las tecnologías disponibles. Y exigen un protagonismo activo en el proceso de cambio para el modelo de Administración y de Gobierno Abiertos. Esto implica la transparencia, participación y colaboración. O sea, el acceso a la información (transparencia); posibilidad de influir y orientar las políticas, incluyendo los asuntos exteriores, la política internacional[10] y la normación (participación individual:) y, finalmente, su acompañamiento o como grupos organizados o incluso como personas (colaboración).
Es necesaria una alteración de paradigma relacional gobernantes-gobernados. Se impone una relación horizontal y directa, sin necesidad de su “difusión”, disolución participacional, únicamente en términos de la sociedad civil, con un nuevo contrato social de co-responsabilización.
No se puede desconocer y aceptar las análisis potenciadoras de los mejores resultados en la gestión pública, sean las teorías de “creación de forma interactiva” de BERNEERS LEE, de la “arquitectura de la participación” de O’REILLE, de la “sabiduría de las multitudes” de SUROWIECRI o de la “inteligencia colectiva” de LÉVY. actualmente, el ciudadano quiere transparencia en el ejercicio de los poderes públicos y posibilidades de participación, compartir el liderazgo con el dirigente, asumido como gestor de propuestas y no como un “soberano” iluminado e intocable, confiscador del poder general[11], sabiendo “escuchar todo lo que le rodea y mediar entre las diferentes instituciones y extractos sociales para encontrar allí la salida para los problemas concretos”, pues “la modernidad no reclama liderazgos mesiánicos, sólo la gestión de grupos y propuestas”. Sic condicunt.
La opinión pública asiste a la revelación de la realidad de un sistema social, incluso política que camina para el abismo.
Por eso, conscientes de que ya no vivimos en un mundo dogmático, pero de pensamiento científico, as personas creen que, “como en las orígenes del ser humano, el líder no es electo por designio divino, pero por ser el que más sabe” y que debe trabajar con todas las ventanas abiertas, pues esta sociedad-rede pretende ser protagonista activa de un profundo proceso de mudanza from below, que las clases políticas y dirigentes administrativos tienen bloqueado sistemáticamente.
El concepto de “open government” permite terminar con la idea actual de que es “imposible influenciar las decisiones de los políticos”[12], al defender que los ciudadanos actúen, cada vez más, “abriendo el código del funcionamiento de nuestros gobiernos y Estados. Y, también, actúen desarrollo el código de control de esos reductos a la comunidad”.
Todo, en una evolución en que puedan cuestionar permanentemente las verdades oficiales y “supuestamente incuestionables”[13], afirmadas por cualquier poder público.
Sólo esta postura, nos coloca en el camino de un nuevo modelo de democracia, deliberativa y colaborativa (y no sólo representativa o representativa-participativa). Este modelo resultará de cambios funcionales, de representatividades, culturales, organizacionales, procesales y relacionales, marcantes del nuevo paradigma de Gobiernos y de la Administración Pública, sus procedimientos y dogmas.
Este nuevo paradigma debe basare en tres ejes centrales definidores[14]: conocimiento, participación y colaboración.
El acceso al conocimiento, desde luego, accountability. El derecho a conocer en que se gastan los dineros de los impuestos; favoreciendo as condiciones de abertura de los dados (adecuada estructuración, catalogación y legibilidad; información, explicación y motivación; su tratamiento de manera clara, comprensible, utilizable, abierta). Así, abriendo siempre oficiosamente los procesos administrativos de relevancia para permitir el empowerment real de la ciudadanía.
La participación en las iniciativas y agendas políticas, legislativas, reglamentares, administrativas e incluso de gestión de las organizaciones jurisdiccionales y de política anti-criminal, inmigratoria, salud, etc. La colaboración entre administraciones públicas y entre estas y as privadas y los ciudadanos.
Todo esto exige cambios profundos (una nueva tomada de la Bastilla), culturales, procedimentales, orgánicas y relacionales, implicando a sociedad en el ciclo completo de construcción y ejecución de las políticas públicas. Y el campo cultural, poniendo el ciudadano como centro del servicio público, dictando el modo de hacer y actitudes. No de los procesos de trabajo, reordenando-os para el único objetivo de servir fácilmente el ciudadano. No de organización, haciendo la transición de modelos jerárquicos para modelos en red, orientados a la intersubjetividad, proyectos comunes y resultados hipercontrolados. En general, en las formas de relacionamiento, con comunicación on-line, relación a la distancia, etc.
La abertura a la ciudadanía exige reinventar y reorganizar los sistemas sociales, con radical evolución para formas purificadoras de la idea democrática.
Talsupone un funcionamiento de los partidos políticos sin confiscar la información privilegiada, sin estructuras fechadas, con flexibilidad relacional y decisoria. Esto implica que eles sean convertidos en “espacios abiertos, dinámicos y permeables”[15], en una democracia en reconversión, a través de adaptaciones urgentes a las nuevas realidades globales, una amplia participación de los ciudadanos, nuevos métodos de funcionamiento, representación y control
La verdad es que la democracia, además de ser la única fórmula política institucional que resiste al decurso de los tempos, y aquella que, por sus fundamentos, nos resta defender, no se muestra perfecta en la práctica. Merece críticas constructivas y exige permanentes alteraciones funcionales (y en principio paulatinas, para irse haciendo algunos ajustamientos ante su aplicación), que mejor realicen su idea subyacente. Pero, en Portugal, ellas urgen, sin pudieren esperar o hacerse tan paulatinamente, como sería normal.
En el pos-segunda guerra mundial, Italia, Alemania, y en general en los momentos siguientes al derrumbe de las dictaduras, v.g., en el pos-25 de Abril, en Portugal, en el pos-Franquismo, en España, etc., también se han procedido a alteraciones decisivas, en cortos espacios de tiempo, nos ordenamientos jurídicos e instituciones, lo que siempre es mejor que mantener las soluciones del pasado, cuando el status quo es insustentable.
En términos de realización concreta del ideal de democracia, de la construcción de regímenes, a ter como más democráticos o más igualitarios, recuerdo las quejas de N. BOBBIO, en 1984, sobre el fracaso de las promesas inherentes a la democratización, en sí, destacando la incapacidad revelada para, v.g., conducir a una sociedad de iguales, sin cuerpos intermediarios, eliminando intereses organizados y particulares que se opongan a los de la colectividad, consubstanciados en la representación política, acabando con las oligarquías no destruyendo los poderes y motivaciones invisibles. Esta inejecución, hasta al momento, como vemos en su pensamiento, expreso en 1984, no lo lleva la condenar las democracias reales al banco de las no democracias, antes a concluir que la complejidad de la sociedad actual supera y, por eso, dificulta el proyecto político democrático.
Este ha sido idealizado para algo menos sofisticado, sin prejuicio de la posibilidad de medir las diferencias de los distintos regímenes que no dejan de merecer la designación de democracias, en función de la capacidad de cumplimento mayor el menor de esas promesas, explicitadas por BOBBIO.
También ROBERT DAHL, hace más de veinte años, ha avanzado con tres cambios posibles para mejorar las democracias (o que en si presupone o admite densidades diferentes en su realización), en que incluye, en la línea de BOBBIO, aunque sin exigencias de todas las promesas, la ampliación del proceso democrático la instituciones importantes, dado que, en un país democrático avanzado, v.g., el orden económica en el pode ser entendida sólo como medio orientado para la producción y distribución de bienes y servicios, pero también para la promoción de valores, entre los cuales están los democráticos.
O sea, los regímenes democráticos pueden difundirse, como ha acontecido en las últimas décadas, y pueden y deben aprovechar el fenómeno generalizador para profundar la vivencia democrática.
La teoría democrática parte del presupuesto de que electores y gobernantes, unos racionalmente, otros responsablemente, están en condiciones de ir mejorando las cualidades y valores exigibles en democracia. Por ende, ella acepta y comprende inclusive, como proceso siempre inacabado de reconstrucción de una sociedad cada vez más avanzada y perfecta. En cuestión no está la defensa de cualquier evolución o procesos de cambio rápido y radical.
No se desconoce que, ante problemas de ingobernabilidad, corrupción o inseguridad pública, en ciertas épocas se han producido modificaciones radicales que, después, ni siempre se han conseguido mantener o crearan soluciones mejores. En Portugal, los hombres que desearan y promovieran el movimiento regenerador contra la “anarquía” e inestabilidad crónica de la 1. ª República eran militares demócratas, pero dominado el movimiento, por dentro de la institución militar, por otros, aquellos han acabado por viabilizar, sin querer, la instalación de una dictadura que duró medio siglo. Pero la evolución indeseable no ha ocurrido sólo en Portugal, en el final del primero cuarto del siglo pasado, pero también en la Italia hace dos décadas, en que, a final, las crisis del funcionamiento del sistema partidista ha conducido a soluciones peores, en términos de gobiernos y de valores, ostensivamente revelados. Aquí, los escándalos sobre corrupción y as “caras” ocultas de la dirección de la alta criminalidad, ni alterando ni el régimen ni el sistema de gobierno, no dejaran de llevar a la modificación para peor del sistema de partidos y de las soluciones gobernativas, telecomandadas por el dinero y la prensa ya dominada por él. O sea, ni siempre objetivos regeneradores, purificando el pasado, hacen mejorar el futuro. Todas las alteraciones significativas y bruscas pueden conllevar incógnitas y costos, que sólo se justifican cuando abren vías alternativas suficientemente creíbles y proporcionalmente mejores que el status quo.
De cualquier modo, el medo del “después” no puede hacernos aceptar un cualquier presente, antes obliga a analizar el presente pensando nos peligros posibles del proceso de su descalabro, lo que exige no sólo acción sino la construcción de un pensamiento estratégico de reforma, para que el salto para el futuro no sea ciego pero facilitador de algo mejor[16].
Veremos lo que va a acontecer en el mundo islámico, ahora en lucha dicha democratizadora, pero no sin riesgos de substitución de dictaduras laicas por regímenes totalitarios o sistemas desestabilizados y desestabilizadores, construidos a la sombra de los movimientos democratizadores, como ha ocurrido en el Irán actual.
Nunca, como actualmente, parece oportuno recordar la afirmación del escéptico ROUSSEAU, para quien “renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus propios deberes”. Según él, los pueblos se creen libres, pero están equivocados, porque sólo son libres durante las elecciones. Una vez estas terminadas, vuelven a ser esclavos. No son nada. Acrecentando incluso que, por el uso que de ella hacen, en el corto tiempo de su acto de libertad, bien merecen perderla.
En general, los regímenes democráticos revelan una grave crisis en el funcionamiento de las instituciones públicas. Y, de ahí, la importancia de las reglas sobre la transparencia y, en ciertas materias, en temas sensibles o con funciones de control,y sobre la defensa de organizaciones imparciales, des partidarizadas, compostas de especialistas comprobados (de “sabios”, en el lenguaje usada por el Consejo de Estado francés), que la garantan.
La interpretación que, en general, es dada la una célebre frase de un de los grandes políticos del siglo pasado, WINSTON CHURCHILL, de que la democracia era un régimen malo, pero la dictadura era peor, no me merece concordancia, si se cita esta frase con el sentido de una mera constatación o afirmación de mera resignación, ante los desvíos, imperfecciones o insuficiencias de la idea y del proyecto democrático.
En efecto, la construcción concreta o la vivencia coyuntural del régimen democrático no pode levar la estabilidades conservadoras, se ellas son constatadas como inadecuadas o podres. Exige, antes, reflexión, osadía y capacidad de adecuación de los sistemas sociales a las necesidades o contrariedades de cada momento histórico. Esto con la certeza de que todo puede ser reformado, incluso paulatinamente. Y, portanto, todo puede ser perfeccionado.
Sólo así nos apartamos de una visión pesimista hobbesiana del hombre, en su vivencia en sociedad. Y, desde luego, tanto del hombre político como del hombre que sufre los efectos del político.
La idea democrática moderna de un gobierno del pueblo para el pueblo se basa en el principio de las representatividades de todos los miembros de los cuerpos dirigentes, integrantes de la función política en sentido amplio. Desde luego, de la estructura del poder parlamentar. Pero, no ha representatividad sólo porque hay un cualquier método plural de aceptación de candidaturas y elección entre varias soluciones. En el Bloco de Leste de la época soviética, en RDA o Polonia también existía un parlamento y había partidos que iban a elecciones, tal como acontecía con las candidaturas en Portugal del período pre-25 de Abril. Se impone analizar que margen de elección tiene el electorado, cuales los límites de promesas irrealistas, imposibles o de afirmaciones falsas son admisibles, y después cual el papel del diputado individual.
La estructura parlamentar democrática exige la valorización del papel, individual y colectivo libre, de los deputados, excluyendo radicalmente la actual práctica de mandato imperativo, sujetándolos a los “ordenes” de los directivos partidistas.
La idea de democracia sólo puede basarse en la existencia de un órgano gobernativo mínimamente respetador de los compromisos electorales, que hayan marcado la campaña electoral y su vitoria sobre los demás.
Tiene de partir, funcionalmente, del reconocimiento garantido de los derechos fundamentales, desde luego en la libertad de la comunicación social ante el poder económico y político y del respeto por la relativa más real división de poderes, capaz de permitir un libre y recíproco control efectivo de esos poderes, lo que hoy está comprometido.
La realización de esta idea básica, fundadora de la régie, se encuentra en crisis, insuperable, ante un sistema que parece dar muestras de grave dificultad de adaptación y corrección de desvíos e incorrecciones funcionales.
Son distorsiones que, aunque no impliquen totalmente cuestiones de legitimidad original, de designación que lleve a considerar que estamos en una mera “democracia formal”, falseada por la realidad, todavía no dejan de permitir cuestionar la legitimidad funcional, ya tan importante para el tomismo en la Edad Media.
Legitimación que se puede perder, hoy, en democracia, y es a final tan olvidada, la cual sólo es mensurable en la actuación del día-a-día.
No pueden olvidarse las constitucionalizaciones de desvíos ademocráticos, con la consecuente dificultad de constituir gobiernos de personalidades de mayor mérito, afirmadas primero en la sociedad, profesionalmente experimentados en la vida extrapartidista, y no de mayor o menor militancia o del dominio de los aparatos de los partidos.
Y tal situación cuenta negativamente, con la concomitante incapacidad de los gobiernos para estar a la altura de los problemas concretos, que la dinámica social impone, criando crisis y sobre todo no pudiendo saber resolverlos, en períodos de crisis graves, en general provocadas por los mismos o sus antecesores, agravados o no por momentos internacionales desfavorables.
Los partidos son una modalidad de organización política relativamente reciente. Se aparecimiento se inicia en Reino Unido y en EUA, en el siglo XIX: o a partir de la reunión en los parlamentos de los electos con afinidades políticas (grupos parlamentares) o en el exterior, a partir de la creación de comités electorales locales con la misión de movilizar los electores, entre unos y otros se instituyendo relaciones regulares.
Ocurre que, contrariamente al que acontece nos EUA, desde luego en la Europa ha pasado a existir tendencias hegemonizadoras de la vida de los representados y de la política, que, tomando como ejemplo los EUA, importa erradicar.
No vamos exponer o criticar las múltiples funciones hoy desempeñadas por elles en el interior del sistema social. Estas están enunciadas en análisis clarividentes de las doctrinas funcionalistas, a la manera de R.K. MERTON, o sistémicas, de D. EASTON. Pero, no dejo de registrar algunas consideraciones teóricas pertinentes, ante las funciones de los partidos políticos portugueses.
Pudimos referir, en general, las funciones de formación de la opinión pública y funciones programáticas (propuestas de gobernación, etc.). Ocurre que elles aquí funcionan malo y, peor aún, tienen asumido la hegemonía de las funciones de selección de personal político y administrativo, elegible o no, con monopolización de los candidatos en su origen y actividad.
Los partidos aprovechan su organización y poder para actuaren como vehículos de corrientes, ascendentes y descendientes, de circulación de cuadros (consejeros regionales o locales, que van para miembros de los órganos de soberanía y estos que van para cargos regionales o locales o empresas). Y lo hacen independientemente de criterios de mérito (con prejuicio de la apreciación de cualidades reales, sólo pasible de ser hecha en grupos alargados, que no meramente partidistas, como está ocurriendo).
Sus criterios son antes, como hoy es normal, criterios de pago de adhesiones a los dirigentes, estrategias de conquista de apoyos para futuros liderazgos o de captación de financiamientos para futuras campañas electorales.
Ora, tomando como ejemplo los EUA, vemos que los partidos continúan a ser meras organizaciones de misión, como simples aparatos que actúan en momentos de competición electoral, con funciones de censo, asistencia y movilidades social y económica, como canales de conexión entre electos y población y de canalización de reivindicaciones de esta.
Normalmente,ni los líderes partidistas ni los candidatos a la liderazgo de los gobiernos (y es esto que importa retener), a pesar de las referidas funciones importantes que desempeñan, no caen en la tentación de confiscar la política.
O sea, dejan la política para los electos en general, que el electorado empieza por pre-seleccionar dentro del partido y después escoge en las elecciones en el país, los cuales tienen una gran margen de libertad de maniobra en su actuación futura.
No imponen adhesiones a líneas de actuación o soluciones definidas por el partido, que se debería diluir después de las elecciones hasta las elecciones siguientes.
Al contrario, en Portugal, resbalamos para un sistema partidista basado en formas oligárquicas de poder, traduciendo más o menos tipos de partidos autocráticos. Elles no se limitan a anunciar el programa electoral elaborado por los candidatos. Elles lo elaboran de cima para bajo, en comités tecnocráticos que nombran libremente, a penas controlados por los dirigentes partidistas, totalmente al margen de los candidatos. Y lo imponen al electorado y a los candidatos, sin se preocuparen con su cumplimento futuro, ni con el desprestigio que así exportan para los electos en general. Con esto, se pierde la individualidad funcional de los deputados y su conexión constructiva permanente con el electorado y sus reales deseo, deslegitimándolos y degradando la “política”, como actividad al servicio de la Comunidad.
En cuanto a la legitimidad originaria, no puede olvidarse su deficiencia desde el inicio de los actuales períodos constitucionales democráticos. No es aceptable que, v.g., para la investidura parlamentar del gobierno, en ciertos casos, como el portugués, no se exija una tomada de posición positiva de los deputados.
Ante la fragilidad y gran división partidista e ideológica, se ha retirado al parlamento la legitimación inicial de los gobiernos, con apreciación de su elenco y programas, se intentando así facilitar gobiernos minoritarios y especialmente de gobiernos al centro, una vez que los partidos de los extremos (derecha e izquierda) tienen siempre dificultad en entenderse y mucho más en se coligar con otros partidos, lo que incluso en términos de construcción de apoyos mayoritarios no acontece con los más al centro, que prácticamente pueden más fácilmente ”noviar” y “casarse”, o “amantizarse” con cualquier uno, formando coligaciones o acuerdos parlamentares, estables o coyunturales, que les permitan irse manteniendo en el Poder, por lo menos en parte de la Legislatura, o ir haciendo pasar diplomas y políticas que, de otro modo, serian cuestionadas y recusadas.
El Gobierno, deseablemente, debería estar legitimado democráticamente por el Parlamento, y, por eso, merece fuerte crítica la no exigencia de su aprobación positiva por el Parlamento. De hecho, estamos ante la aprobación meramente ficticia de toda la Cámara. O sea, menos que, presumida o tácitamente, lo que presuponía una voluntad favorable de la mayoría, inclusive si considerada sin necesidad de declaración expresa, lo que no corresponde exactamente al hecho de los deputados de los varios partidos escucharen en el Parlamento su programa de intervención, sin pronunciarse deliberativamente: unos se presumen a favor y otros, muchas veces en mayoría, declaran en sus discursos expresamente que están contra el programa y el gobierno. Esto es, el Parlamento puede verse obligado (y esto ha ocurrido varias veces sin gran beneficio posterior para el país) acepta un gobierno contra la voluntad expresada de la mayoría de la representación popular, luego democráticamente ilegítimo, incluso si constitucionalmente legítimo, situación que ocurrirá no en todos pero en la mayoría de los casos en que se constituyen gobiernos dichos minoritarios o también mayoritarios en períodos de grave crisis nacional, exigente de opciones y políticas con amplios consensos. Y, en general, asistimos al fenómeno de la doctrina también ir dejando caer la idea de que el programa partidista no hace parte de la naturaleza de la institución. Ni este ni su formulación concreta en la campaña electoral.
El programa-ya-promesa, compromiso, no tienen que pasar al programa de gobierno, a apreciar obligatoriamente por el Parlamento. A menos que haya un gobierno de un sólo de los partidos de un de los extremos, que el resto del espectro parlamentario fácilmente reprobaría, las diferencias entre los extremos son tan grandes que no permiten que sus oposiciones puedan bloquear la pronuncia de la cámara parlamentaria contra un gobierno de centro izquierda o centro-derecha.
En cuanto al programa de gobierno, incluso si no es totalmente conforme con el de la campaña electoral, por el menos tendría que ser compatible, bajo “sanción” de admitirse que es legítimo que el electorado sea engañado, con viciación de su voluntad, lo que retira legitimidad a los gobernantes y a los electos que lo viabilizan, por acción u omisión.
No vamos al punto de defender que el Tribunal Constitucional debía escrudiñar los programas de campaña electoral, para verificar se son antinómicos con el programa del partido, tal como aprobado nos congresos en los términos estatutarios, tal como no voy a punto de decir que el parlamento lo debería hacer entre el momento de la presentación y aprobación del programa del gobierno y el de la campaña electoral siguiente (además esto lo deben hacer y anunciar los partidos y grupos independientes concurrentes en la Campaña), pero no dejo de destacar la inadmisibilidad política y ética de estas incongruencias. Tal obliga a cuestionar el interés de campañas electorales, a la partida viciadas por la promoción de la mentira que para obtener votos. Así, es fácil a un liderazgo partidista que hable bien y fotogénico, inclusive si no es lo mejor preparado para las funciones públicas en campaña, o sea, carismático, igual que ni sea imaginativo ni constructivo, que sea mentiroso cuanto baste o inocentemente irresponsable, ganar elecciones ante otros líderes no carismáticos pero política y intelectualmente serios y que hablen verdad, no prometiendo lo que no pueden cumplir. Y, después, es sólo esperar por programas nunca imaginados, un país corriendo para crisis aceleradas y gobernaciones incompetentes y no responsables, comprometiendo el prestigio del país y la vida de los ciudadanos, durante años o décadas. Así, es fácil los saltamontes ganaren a las hormigas y… todos sufrieren, incluso los que no se tengan dejado apañar en el canto de los saltamontes.
Haré algunas observaciones, a modo de enunciado, sobre los constatados déficits de legitimidad y de control del sistema orgánico general del funcionamiento del Estado.
Afirmo, desde ya, preliminarmente, que, hoy, en ciertos países, como es el caso de Portugal y España, el déficit de legitimidad originaria y funcional de la representación popular y la fuerte supresión de la democraticidad interna de los partidos, deformantes, en su conjunto, del sistema global de la gobernación y de su fiscalización.
Por eso, talexige una resistematización democratizadora de las soluciones gobernativas y parlamentares, del cuadro de funcionamiento de los órganos de los partidos y de la organización jurisdiccional y una ampliación de las soluciones de control de todos los poderes públicos, constitucionalizados o, de hecho, desde luego del poder judicial (como ocurre en gran parte de los países europeos). En cuanto a este tema, refiero que en Portugal no existe, desde luego, el derecho de “recurso de amparo”, “recurso público” o “recurso de constitucionalidad”, por parte de los ciudadanos. Aquí aun es inexistente, a pesar de él ya estar instituido, por la primera vez, hace casi 100 años, en el México (1917), donde, con designaciones varias, hace mucho, ha irradiado para otros países democráticos, especialmente europeos[17] e ibero-americanos.
Los Parlamentos sufren una profunda crisis en su actuación y su representatividad. Desde luego, en su constitución y en su funcionamiento, debido al sistema electoral.
Importa empezar por, desdoblando algunos aspectos de la genérica afirmación de estado de crisis, reconocer el fracaso parcial de la fiscalización del Poder por el Poder, en la mera lógica de la separación de las “funciones”, de Two Treatises of Government (1690), de LOCKE y de L’Ésprit des Lois, de MONTESQUIEU (1747). Y esto por dos tipos de razones: por un lado, la teoría de la separación de poderes nunca ha correspondido a la separación de funciones. Y, por otro, un sistema, igual que no sea relativamente modelado (sólo en parte concretado), inclusive en el modelo democrático, será siempre frágil sin un sistema eficaz, en el plano institucional, de control de los propios poderes que controlan la actividad pública.
En algunos casos, huvo retrocesos, como ha acontecido en Portugal, donde – caso único en un país democrático en la fase pos-” Ancien Régime” - el Poder Executivo (tal como en la bitadura del llamado “Estado Nuevo”, que ha vigorado cerca de 50 años en el meollo del siglo XX) acumula un normal poder legislativo concurrente. Él puede, en general, substituirse y revocar o derogar normas del Parlamento, con excepción de ciertas materias especiales, taxativamente fijadas en la Constitución. Unas de estas materias, nombradas de “reserva absoluta”, en que el gobierno sólo puede, y bien, presentar propuestas de ley al Parlamento; otras, en ciertos casos, designados de “reserva relativa”, en que es posible una autorización legislativa, debidamente balizada, por el Parlamento, aunque sujeta a una paralizante ratificación modificativa o no (procedimiento legislativo especial de ratificación parlamentaria), en general ejercida excepcionalmente, dado que el poder partidista-gobernativo se impone sobre los dependientes diputados. Por eso, el gobierno es el mayor legislador y derogador de normas, incluso del Parlamento.
En verdad, el gobierno legisla normalmente, con competencia propia, de base constitucional, sobre las grandes materias del Estado. Esto en nombre de una presumida falta de preparación, capitus diminutio parlamentaria, que siempre es fácil de mantener, no siendo de extrañar, dado que son los partidos que escogen para “sus” futuros diputados los candidatos a diputados entre los “amigos” y fieles, preferentemente del partido y abrumadoramente del aparejo y ni son los ciudadanos ni siquiera los órganos estatutarios competentes de los partidos en grandes y abiertos debates para eligieren los militantes y otras personas entre los dotados de meritos superiores),. Son dominios donde, de cualquier modo, dada la exigida especialización (que la escasa cualidad de la generalidad de los diputados no tiene, pero que los miembros del gobierno, muchas veces también pueden no tener, pagando por eso a expertos pero no alocando los dineros para tal al parlamento), la falta de capacidad revelada por el Parlamento para anticiparse al Gobierno en la contratación de expertos.
Y, conocido que es el apetito gubernamental para legislar en vez de gobernar, se acaba por impedir el papel principal del Parlamento (que es legislar y fiscalizar el Gobierno y la Administración).
Este papel del gobierno legislador, si constitucionalmente posible, es una solución fácil de imponer, por la vía del “diálogo” sobre los montantes financieros, en el Presupuesto del Estado, a atribuir al Parlamento. Pero, contradictoriamente, los gobiernos portugueses no se inhiben de reservar para sí las verbas referentes a contrataciones de estudios y proyectos de leyes a expertos, desde luego juristas.
Después, aprueba estos textos en Consejo de Ministros (en su función político-legislativa, que acumula con la ejecutiva-administrativa) o llevarlos al “disciplinado” Parlamento, ante los abusos de disciplina partidista, que, con su liderazgo en el gobierno, funciona al contrario de la teoría, democráticamente entendida, de la división de poderes, que debería ser de control del Gobierno por el Parlamento.
Y tenemos un Parlamento donde, cada vez menos, aparecen cuadros innovadores y competentes (a no ser en saberes de “libro de bolsillo”, habilidades discursivas y tráfico de influencias). Y, de cualquier modo, igualmente aquellos que son considerados como cualificados parecen paralizados o telecomandados, para no ser retirados de las listas partidistas en las elecciones siguientes o por inercia ante la fuerza de una mayoría telecomandada.
Portanto, unos, en general ya profesionalizados, continúan permanentemente en funciones, en un Parlamento, sin revelaren gran renovación, destituidos de imaginación y de iniciativa propia. Otros están bloqueados, individual y colegialmente, por la práctica de un modelo de “mandatos imperativos” atípicos, al estar sujetos al dominio del “dirigente” partidario máximo, primer-ministro o líder de partido de la oposición. Y, en el caso del partido mayoritario, asistimos cada vez a la supremacía demo-orgánica gubernamental, disfrazada con la existencia de un casi pseudo-líder/porta-voz parlamentar, cuyo único poder libre es hablar de acuerdo con la voz del gobierno o del partido.
Importa recordar la necesidad de se releer, con más frecuencia, los artículos-pilares de nuestra sociedad y democracia, en el exacto contenido expreso en los principios fundamentales regentes del Estado Democrático de Derecho.
Me refiero, incluso, al principio de la universalidad, principio de la igualdad en el tratamiento de los ciudadanos, fuerza jurídica de los derechos fundamentales, suspensión del ejercícío de derechos, acceso al derecho y responsabilidade de las entidades públicas en nuestras Constituciones.
Todo normas en principio con base en las Constituciones modernas, pero, en los últimos tiempos, tan olvidadas, insuficientemente interpretadas y con ejercicio bloqueado por los poderes políticos. Por ejemplo, ¿dónde está la sociedad justa, y la garantía del acceso universal a la justicia, con decisiones jurisdiccionales emitidas fuera de tiempo razonable y a costes tan elevados para el ciudadano común, inclusive para quién, siendo carenciado, no es suficientemente pobre y por eso no tiene acceso a la asistencia judiciaria?
Importante es, desde luego, fundarse claramente la soberanía en la voluntad popular, se afirmando el principio de la supremacía de esta voluntad popular en el ejercicio de la soberanía[18].
También la clausula del Estado de derecho democrático, al referir el principio de la “separación e interdependencia de los poderes”, colocando así la necesidad de rever la situación de hecho, ajeno a la dependencia en democracia del gobierno ante el Parlamento, exigiendo reencuadramientos institucionales que hagan terminar con la dependencia de los parlamentarios ante los gobiernos por vía de los liderazgos partidarios, que ahí toman asiento.
Tal como el realzar la idea de que la profundización, desde la democracia participativa, exige el fin de las opacidades en la gobernación y en las administraciones, substituida por la obligación de difusión oficiosa y de cualquier modo siempre por el libre acceso a toda la información pública (n.º 1 y 2 del artículo 268 de la CRP), camino también, en esta parte inicial, ínsito a la imposición de que el Estado asegure y incentive la participación democrática de los ciudadanos en la resolución de los problemas nacionales.
La clausula del Estado unitario implica como ínsito al Estado democrático el principio general de la descentralización democrática de la Administración, así como impone al Estado la promoción de la igualdad real entre los ciudadanos que el centralismo estatal no puede viabilizar y el desarrollo harmonioso de todo el territorio nacional apunta desde luego el camino para la regionalización del territorio, aunque meramente administrativa. La clausula de soberanía y legalidad afirma el Estado de Derecho[19]. Las normas sobre tareas fundamentales del Estado deben estar previstas en lo esencial y imponer, en general en la vida pública, el respeto por los principios del Estado de derecho democrático, lo que debe entenderse también dirigido a los partidos, dado su papel central en la vida política del país[20].
Hayelecciones con listas nacionales partidistas inmodificables para el órgano de relevancia primaria en democracia, que es el Parlamento, en queelelectorado, donde partirá aunque indirectamente la solución del gobierno, se limita a votar en los candidatos ya previamente escogidos y ordenados por los directivos de los partidos.
Y es esto que lleva a una lógica de apartamiento directo del pueblo en relación con sus mandatarios electos.
Hay la eliminación de la libertad individual de estos, con la consecuente atrofía de sus papeles constitucionales y el desprestigio político generalizado de la “clase” política y del Parlamento.
Portanto, la consecuente falta total de la fiscalización popular indirecta de los actos de los poderes, que a los diputados cabría efectuar.
Y también desaparece la efectuación de la responsabilización política de los gobernantes por elles, escogidos por los líderes partidistas, incluso los que están en el gobierno, con pérdida frecuente de legitimidades funcionales durante los respectivos mandatos.
Teóricamente, en régimen democrático, la Administración Pública, dependiente del Gobierno, responde ante él y, en sistema parlamentarista, no tendría que responder directamente ante el Parlamento, pero el Gobierno sería responsable, por sí y, lógicamente, por la Administración Pública en general, ante el Parlamento.
Pero, de hecho, nos enfrentamos al fracaso de la responsabilización política, objetiva, del Gobierno por actos de su propia Administración Pública.
Basta que los gobernantes no dejen hablar sus subordinados o invoquen el desconocimiento de actos de estos e ya nadie es responsable. Así, quedando todos, administradores y gobernantes, siempre sin responder, se manteniendo en funciones en sus cargos como se nada hubiera pasado[21].
Falta una revolución copernicana para la real democratización del Parlamento, en términos originarios y funcionales. Es necesaria la repersonalización de la función parlamentaria individual.
Tal sólo puede ocurrir por larestitución a los deputados de un papel personal, libre de cualquier mandato imperativo de las direcciones o sus grupos partidistas. Esto no posible sin la subyacente alteración del sistema electoral en el sentido de la creación de una ligación de los cargos electivos (diputados o dirigentes de la Administración territorial) al electorado y no al partido.
Los partidos y la conquista mayor o menor del poder por elles deben funcionar, no como la finalidad y real poder del sistema, pero como un instrumento al servicio de los concretos candidatos diputados o dirigentes territoriales.
No puede aceptarse que unos pocos dirigentes partidistas confisquen concentradamente para si el poder que debería pertenecer difusamente a los mandatarios electos.
Tal como no desempeñan sus funciones de control las comisiones de investigación parlamentaria, irrecuperables en su capacidad de querer averiguar y decir la verdad, blanqueando sistemáticamente las situaciones.
Esto sólo se superaría, naturalmente, siguiendo el modelo de composición y funcionamiento de la comisión de contabilidad pública del Parlamento inglés, siempre presidida por un miembro de la oposición y quedando esta en mayoría.
¿Cómo es posible la imparcialidad de comisiones de encuesta a actos del gobierno o de “su” Administración, se hay parcialidad congénita por el hecho de los partidarios institucionales de los miembros del gobierno cuando cuestionado quedaren siempre en mayoría?
¿Cómo es posible, sin la garantía de que una mayoría de miembros de estas comisiones parlamentarias especiales son diputados de la oposición, debidamente asesorados por expertos independientes en las diferentes materias en aprecio, académicos o no? ¿Cómo puede pedirse imparcialidad a un organismo así, y además también con la atribución de las presidencias y la designación de ponentes ligados a las fuerzas políticas cuyos miembros vean sus actos cuestionados?
Con la simetrización de la mayoría parlamentaria en las encuestas en relación con la mayoría que sustenta el gobierno, que tiene configurado los reglamentos parlamentarios de modo a poner los correligionarios de los cuestionados en juzgadores, como sus “jueces”, no pueden apartarse las sospechas de parcialidad. Además totalmente justificadas en la práctica parlamentar corriente de estas décadas de funcionamiento del Parlamento, porque sedimentadamiente confirmadas al largo de estas décadas de democracia[22].
En cuanto tal no ocurrir, para averiguar situaciones sensibles o institucionalmente no pasibles de absoluta imparcialidad, inclusive ajenas al poder gubernamental en sentido estricto, solamente la designación de Entidades Públicas Independientes de análisis y investigación a actos de la Administración Pública puede garantizar una actuación seria e imparcial.
Y se recuerde que las policías y el Ministerio Fiscal (v.g., el tema de la fuga de información en secreto de justicia) también son Administración Pública, y, por tanto, también elles, en situaciones irregulares, no deben adherir a lógicas de investigaciones corporativas y ser sujetos a la investigación de EAI.
Sólo investigaciones institucionalmente independientes pueden merecer credibilidad para averiguar eficazmente y proponer reformas. Sólo comisiones protegidas por una auténtica garantía de independencia ante otros poderes, con composición de “sabios”, de figuras de gran prestigio técnico e incuestionable reputación moral garantiza que no haya sospecha de distorsión de la realidad. Y con un estatuto parajudicial y de irrevocabilidad de los mandatos en el período legal de funciones[23].
Falta la atribución de representatividad directa, y consecuente fuerte promoción de la participación ciudadana, en las áreas metropolitanas y en general a nivel regional, en los pseudo-modelos vigentes de gobernación regional continental (supramunicipal).
¿Qué parlamento es realmente uno que está rellenado de diputados electos en listas partidistas cerradas, pre-elaboradas en “gabinetes” restrictos o de poder decisorio “uninominal”, al mero gusto de los pocos miembros de las direcciones partidarias?
Estamos ante listas en que el electorado a penas se puede limitar a ratificar el elenco ya previamente forjado por esas personas, dirigentes (o igual que sean designadas por militantes en asambleas partidistas alargadas), unos y otros en general sin nunca se presentaren personalmente a una elección directa, que además se puede suponer que normalmente perderían ante otros del partido o independientes.
En cuanto a los representantes del pueblo, importa recordar que los Diputados están, hace mucho, sujetos a “mandatos imperativos” de nuevo modelo. Ya no del pueblo (que sería menos malo), como acontecía con el Tercero “Estado”, en el período pre-democrático del Estado estamental, pero ahora del líder o de la dirección del partido.
Tenemos un Parlamento constituido, legislatura después de legislatura, con políticos con patente profesionalización, si no tal vez vitalización. Y políticos cuya subsistencia económica pasa a depender de su continuación, a cualquier precio, en la vida pública. Lo que, a la falta de limitación temporal continúa de los cargos (a la semejanza del Presidente de la República o de los miembros electos de los municipios, estos todavía en tiempo excesivamente dilatado), hace acentuar la corrupción del funcionamiento orgánico de los aparatos partidistas, a todos los niveles.
En verdad, ha dejado de existir un mandato imperativo del período pre-liberal, al modo del período estamental, que el liberalismo del fin del siglo XVIII ha eliminado, pero ha pasado a imponerse otro, nuevo y bien más difuso y autocrático.
Dado que el jefe o secretario del partido (en nombre del peligro de que toda la información o negociaciones de la constitución de listas o elencos gobernativos, salga en la Comunicación Social antes del momento de constitución de los nombre finalmente escogidos), decide todo sólo, inclusive el elenco gobernativo y de los futuros grupos parlamentarios, en su pleno arbitrio y sin dar información a nadie. Y, después, puede en él mandar, porque todos saben que podrá eliminar quien quiera en el proceso electoral siguiente.
¿Es posible? Y, ¿esto “invocando” un genérico mandato (en general, anti-estatuario) de los restantes miembros de la dirección partidaria, miembros que el mismo ha escogido y puede no volver a proponer? ¿Cómo no pueden depender únicamente, en el futuro, los titulares de los distintos cargos, tal como los diputados, que así se someten, como corderos mansos, transformados en pseudo-representantes, porque inútiles, meras cadenas de transmisión de la voluntad del jefe partidista?
La inserción de la institución parlamentaria en el actual régimen democrático representativo exige que constatemos una distorsión fundamental en la relación entre los electores, partidos y diputados.
Hay una clara falta de autonomía de los diputados y grupos parlamentarios, ante los aparatos partidistas. Hay una excesiva fungibilidad de su ejercicio en los nuestros derechos parlamentarios peninsulares, ante el sistema de listas electorales partidistas cerradas y sin posibilidad de listas de independientes de los partidos, con el consecuente desvalor político de su función, actuación, claro desprestigio social y ausencia de responsablización política.
No es aceptable, en términos de ética política, el fenómeno de alguien engañar el electorado dando su nombre, o sea se presentando a elecciones, cuando no va a ejercerlas, o porque ya tiene otras, públicas incompatibles o no, o igual privadas, y, en el acto inicial de constitución de un Parlamento, acabado de elegir, aparezca para dimitirse, siendo cierto que este favor, hecho al partido, mintiendo al electorado, al hacer creer que desempeñará funciones (o sea, al dar un nombre que se supone tener algún prestigio, incluso creado a la costa del propio partido, o experiencia profesional en un dado área, con que el electorado contaría), a penas para ser después compensado con un cargo más apetecible (instituciones europeas, administración de empresas, embajadas, etc.).
Tal como no es admisible la aceptación de substituciones parlamentarias libres, sin ser para el ejercicio de funciones gobernativas, enfermedad o otras con clara justificación, en términos que no puedan aparecer como un medio de huir a las responsabilidades políticas personales en ciertas materias o al ejercicio normal del cargo la que se candidata (como hombre de “paja”).
En esta pseudo-democracia partidista, el líder del partido, elegido en congreso de militantes, normalmente ligado histórica y afectivamente al aparejo que en gran parte viene dependiendo de él o sus apoyantes, es en general el más favorecido por juegos dentro de los directivos del aparejo, hasta porque en congresos los votos por inherencia normalmente vician el juego democrático y apartan de la presentación al liderazgo los más cualificados, por temieren esa influencia corruptora decisiva, y, incluso en elección por voto directo, normalmente el candidato con más apoyo del aparejo, puede movilizar más fácilmente los militantes y decir veni, vidi y vinci, y, en sistema de competencia sólo entre líderes partidistas luego llegará a primer-ministrosi está dotado de una psicología de atrevimiento, inclusive errando, y con media capacidad de resistir contra el evidente, como decíamos, con habilidad discursiva, cualquier que sea su cociente intelectual, experiencia de vida y saber (tal vez con meros conocimientos de todo por lecturas apresadas sin una base de conocimientos sedimentada.
El sistema favorece sus responsables máximos, permitiendo que unos oculten o sugieran amenazas a los otros, pues todos tienen su parte de comprometimientos éticamente desviados (o están igual criminalmente implicados).
En este pantano de imagen del político y también de viciación del juego democráticoy partidista, los hombres del aparejo, llenos de truques y, con el tiempo de militancia, de una anti-ética conectada con la idea de que en política vale todo, comportamientos inclusive aprendidos en las juventudes partidistas de que pasan directamente, en continúo, para la vida política activa, eliminan o hacen desistir los de mayor mérito.
En muchas elecciones, se constata que las alternativas, posicionadas al gobierno instalado, y después victoriosas, no revelaran ni un pasado intelectual o profesional, ni una autoridad, ni un prestigio social suficientes para imponerse con prestigio y mucho menos en períodos de crisis grave. Y, con los mejores, muchos otros han desertado, sin alma para oponerse a este estado del Estado corrompido y a cualquier colaboración partidista.
Vivimos en un Estado lleno de políticos de discurso, engaño electoral, omisión, de perdedores sociales con éxito en los juegos partidistas, y no en un Estado de acción, de méritos, de vencedores a todos los niveles que, cívicamente, se permiten decidir durante algún tiempo limitado ir para la política. No vivimos en un Estado en que todos se vean con esperanza, antes vencidos por la fuerza obscurantista y encubridora de errores y actuaciones corruptoras de los titulares de todos los poderes.
Los ciudadanos salen vencidos o vencedores de elecciones, pero no convencidos. Por veces, a penas sometidos al destino, que, sin percibieren como, les propone los políticos que no querrían y ni les presenta ni permite escoger aquellos que elles preferían y en que más confiaban. Y, a veces, ya tan vencidos que no acreditan siquiera que valla la pena cambiar su sentido de voto.
Hace falta volver a la supremacía, natural en democracia, de los diputados y de los Parlamentos, inherente a la lógica de las democracias liberales, con mandatos individuales libres, partidos sin poderes de “soberanía” y sin poder tomar decisiones acolegialmente, gobiernos esencialmente executivos sujetos a la legislación y fiscalización del Parlamento y del Poder Judicial realmente independientes del Gobierno.
No hacen falta magistrados que aprecian casos al servicio de su antiguo partido y antiguos correligionarios (ante una llamada telefónica o invitación para un almuerzo, en que se empieza por recordar el tiempo de su juventud militante o algún comportamiento menos correcto cuyo conocimiento y difusión les perjudicaría).
Los magistrados pueden desafiliarse y simbólicamente deben hacerlo, pero eso no impide que los registros y lasmemorias continúen en los archivos de los partidos. Y, así, pueden ser confiadamente contactados, presionados, amenazados, sujetos a promesas de lugares, todo en orden a seguir juzgando y absolviendo, sin transparencia conocida públicamente sobre sus pasados y solidaridades y sin inhibirse de favoritismos en relación con altos cargos, lo que no permite el control de la parcialidad.
III.2.2. Déficits de la legitimidad originaria y funcional
Ocurre el déficit frecuente de la legitimidad funcional[24]. Este deriva del incumplimento ostensivo de los programas electorales y de los del partido, tal como de la opacidad sistemática en el ejercicio de los poderes, sobre todo por ausencía de transparencia en la Administración Pública, que los gobiernos dirigen y controlan, y el Parlamento portugués, normalmente apenas encuadra legislativamente.
Hay la pérdida del contenido funcional de cargos representativos, desnudados de instrumentos de orientación de políticas y posterior falta de responsabilización de la gobernación ante el electorado. Y la pérdida frecuente de legitimidades funcional, sin consecuencias correctoras, debido los bloqueos sistémicos, al hacerse depender la sustitución de altos cargos de las mismas reglas procedimentales y paninstitucionales implicadas en el nombramiento, incluso en situaciones anómalas, de crisis prolongadas
Falta una mayor democratización de las soluciones gobernativas, en el plano personal y programático, con la exigencia de gobiernos de legitimidad electoral-parlamentar directa, con Primeros-ministros obligatoriamente sufragados previamente en el plano programático y personal, sin prejuicio de mociones de la existencia de censura simples y constructivas.
Tenemos siempre Primeros-ministros electoralmente previsibles en el sentido de que ya son candidatos a deputados que están definidos por el proprio partido para el liderazgo gobernativo, forzando el pueblo, muchas veces, a escoger entre líderes de partido sin querer ninguno de elles, a la manera del sistema parlamentario británico, en cuya familia de modelo constitucional no nos inserimos. Todo agravado cuando los partidos ni presentan previamente al acto electoral el restante cuerpo gubernamental, el gabinete-sombra, los hombres que son conocidos como futuros ministros de las diferentes carteras, cuando el partido está en la oposición, para que se pueda hacer una previa evaluación por el electorado, en términos de su capacidad, ante las elecciones futuras. No son seleccionados en elecciones con amplio margen de selección del electorado, a partir de las listas de diputados candidatos al parlamento y después propuestos para el cargo, a confirmar por legitimación orgánica posterior, de modo directo y positivo, por el Parlamento. Todo pasa en términos que se puede siempre concluir que todo ya está decidido.
El Pueblo nunca es sorprendido con buenas sorpresas, dado que ni puede ordenar la lista de diputados vencedores, ni éstos, una vez elegidos, tienen influencia en la designación del primer-ministro. El Pueblo no puede apuntar candidatos distintos de los partidos. Y sus representantes parlamentarios, incluso los de la mayoría, nada mandan en la solución gobernativa. Todos tienen que soportar durante una o parte de una legislatura una solución gobernativa y programática prevista, conforme gane el partido A o B, y compartir después una clara ilegitimidad funcional del gobierno, que no respete compromisos ni con el pueblo ni con el parlamento.
Falta la democratización y moralización de la Administración Pública y de quien la dirige, con el fin de la ósmosis corruptora, a priori o a posteriori, de su actividad, dada la circulación permanente de los cuadros políticos y extra-políticos, en los sistemas sociales dependientes de la Administración Pública (mundo empresarial) o funcionando como anti-poderes (comunicación social) y con instauración de un sistema de transparencia en el funcionamiento de sus órganos singulares, en open file o “casa de cristal” y con aplicación del régimen de las sunshine laws en sus órganos colegiales, abiertos a la libre asistencia pública (como sucede en muchos Estados anglo-sajónicos).
Falta igualmente, entre los aspectos esenciales de la vida de la comunidad, en términos de reforma del sistema social, encarar la promoción y el encuadre correcto del control directo por los ciudadanos y por instituciones, independientes de los poderes públicos, de los actos de la gobernación en general. O sea, de todos los órganos de ejercicio de poder, sean de soberanía o sus fracciones o la Administración Pública, sean los partidos políticos, que todo condicionan y teledirigen, inclusive clandestinamente
Falta acabar con la idea de la política como espacio de profesionalización, substituyendo esta postura por la idea de ejercicio de funciones en la Comunidad por los mejores, extraidos de sus profesiones y ante sus experiencias de éxito, por cortos períodos entendidos como deber de ciudadanía y no en la demanda de beneficios o medio normal de vida y remuneración, se no incluso con objetivos de enriquecimiento o trampolín para profesiones que de otro modo, por sí y sus habilitaciones, nunca desempeñarían.
En cuanto a la cuestión del control objetivo del funcionamiento de los órganos públicos, una primera técnica pasa por evitar la prorrogación de mandatos, que banaliza el cargo, al punto de crear dinámicas intocables, impunes, de propiedad de los cargos en causa y corrupción o agotamiento de aplicación de competencias individuales.
Es necesario consagrar la limitación temporal de los mandatos de los altos cargos del Estado y de las Administraciones infra-estatales, representativos o no, sin renovación de los mismos, transcurrido un período temporal razonable en funciones (un sólo mandato presidencial más ampliado y un sólo mandato, por el tiempo de la legislatura, para los miembros de las entidades administrativas independientes, dos mandatos en los ejecutivos, nacional, regional y en la cámara municipal; y en el parlamento, etc.). Y la cesación de funciones de altos cargos de la Administración (v.g., el autónomo Fiscal General de la República o el independiente Defensor del Pueblo, para garantizarse que siga siendo verdadero proveedor de justicia) debe ocurrir cuando surjan situaciones de pérdida objetiva de legitimidad funcional, desde luego presumible cuando haya pérdida de la confianza funcional ante un de los intervinientes en el proceso de nombramiento, y, de cualquier manera, por parte del Jefe de Estado si es elegido directamente como ocurre en modelo de semi-presidencialismo.
Para el buen funcionamiento del sistema, ante un bloqueo institucionalizado sistemático, es preferible que las funciones cesen, por exigencia de un de los órganos de soberanía, con flexibilización de la substitución de un alto cargo de la Administración pública.
Y esta solución es preferible a la actual, incluso si su nombramiento es complejo, teniendo implicado originariamente el acuerdo de varios intervinientes[25].
Hay que evitar la alternativa del impase al largo de años por una (de entre las varias entidades implicadas en el nombramiento), con su viabilización solamente con negociaciones demisivas del poder del Estado, que pasan por insuperable promociones[26].
III.2.3. Separación de poderes, crisis de representatividad y sistema electoral
Este tema obliga a consideraciones sobre la realidad actual de la separación y el ejercicio de los poderes de soberanía y a referir la situación del estatuto de hecho de los diputados, telecomandados ante partidos autocráticos, conduciendo a Parlamentos descepados.
La teoría de la separación no resulta si hay falta de control de los poderes en general, siendo cierto que hoy se constata que, en verdad, es menos importante la cuestión de la separación de los poderes que la del control de todos los poderes, y también del poder de los guardianes de los otros poderes.
Hay que reflexionar sobre la crisis, insuperable de la representatividad clásica, en que se basan los sistemas de democracia indirecta, con el fracaso de la teoría de la responsabilidad política, objetiva, cotidiana, de los gobernantes ante el Parlamento, por actos de las Administraciones Públicas, aparatos al servicio del Poder Gubernamental y, por eso, considerado como ni responsable ni fiscalizable totalmente de modo directo por el Parlamento (sólo indirectamente a través de los gobernantes, que cada vez más se proclaman irresponsables, invocando desconocimiento disculpable ante el parlamento, situación que exige un inmediato cambio de marco teórico, con atribución del derecho de encuesta y control directo de los diputados en relación con los titulares de los órganos administrativos, incluso contra la posición de los gobernantes).
Pero, se constata la decepción ante la falta de fiscalización efectiva y responsabilizante del Parlamento sobre el Gobierno y, por medio de él, de la Administración Pública de él dependiente, con relación a uno y otro en continuo proceso hiperbolizador.
Hay que reconocer la sedimentación de la práctica del centralismo partidocrático, generalizado en los partidos peninsulares y en general en Europa, sobre todo en el Sur,en un deslizante proceso histórico contemporáneo (en efecto de contagio del anteriormente por los mismos tan criticado -y teóricamente mal interpretado- centralismo democrático de los partidos comunistas), que va, desde el traslado de la soberanía monárquica hacia la soberanía popular, y de ésta hacia la soberanía parlamentaria, hasta el fenómeno actual de la soberanía factual partidaria).
En un sistema partitocrático, el representante político, una vez elegido, se ve obligado a transformar el partido que lo ha propuesto, y no a los ciudadanos que representa, “en el centro real de sus decisiones”[27].
DAHL afirma que en democracia ni gobierna la masa (pues el modelo rouseauniano es impracticable), ni la elite (pues ningún grupo es capaz de monopolizar los recursos del poder), pero un conjunto de elites asociadas o rivales (modelo poliárquico).
Todavía, lo que interesa destacar, con P. BIRBAUM[28], en la línea de WRIGTH MILLS[29] y sin poder dar razón a J.K. GALBRAITH (en su previsión para una evolución del poder en manos de una oligarquía do saber y del mérito), es que se asiste al ejercicio del poder por “un grupe endogène, vivant en vas clos, monopolisant les postes de commandes, s’autoreproduisant de génération en génération”[30].
Viene ocurriendo la erosión de la cualidad de los dirigentes políticos y consecuentemente del mérito de los gobernantes, con la consecuente erosión acelerada de la confianza en los dirigentes políticos (incluso si presentando capitales simbólicos, como es el carisma personal), y en la capacidad del poder político no someterse al poder económico.
Contrariamente a un dogma mayor del neoliberalismo económico, aunque incorrecto, en la versión marginalista de F.A.HAYEK[31], según el cual el mercado, no siendo justo, es espontáneo, siendo previsible que los individuos se acomoden mejor a sus defectos, la verdad es que en la política, igual en democracia liberal, ninguna espontaneidad en su funcionamiento normal garantiza el rompimiento de sus deficiencias y desvíos, ninguna mano invisible (ADAM SMITH) regula las cosas reconduciéndolas a una armonía general, Eso sólo puede ser tarea de la vigilancia y acción ciudadana.
O sea, también los regímenes democráticos tienen problemas de corrupción oligárquica.
Cuatro principios dominan lo que podríamos llamar la teoría institucional de la corrupción oligárquica de ROBERT MICHELS: toda la organización tiende a ejercer el poder a través de una mayoría a la costa de la mayoría; la minoría dirigente todo hace para conservar y extender su poder, y esta confiscación del poder tiende a ser irreversible.
Como ya afirmaba GAETANO MOSCA, en su teoría dinámica de la búsqueda de legitimación de la dominación por la clase dirigente, incluso las elites democráticas aceptan un mínimo de movilidad ascendente con integración de elementos exteriores.
La clase política con la experiencia que adquiere moviliza fácilmente las creencias de los profanos e instituí lógicas de reclutamiento político (D. GRAXIE) que garantiza, no el mérito al servicio de la Comunidad, pero la defensa de su continuidad.
Por eso, la teoría de naturaleza psico-sociológico de VILFREDO PARETO, no dejando de referir que la clase dirigente tiene el sentido del complot, siempre intentando desarrollar estrategias para hacer triunfar sus intereses, destaca la extrema importancia de la promoción de la circulación de las elites.
La práctica y la capacidad densificadora de los poderes de las organizaciones partidarias, en una lógica en que se puede releer MAX WEBER, ha llevado a la partidarización de la representación, como una experiencia cotidiana, cada vez más asumida, de mandato imperativo sobre los formalmente representantes elegidos por el pueblo[32]; ya no ante los electores locales, sino practicado por los dirigentes partidarios sobre los diputados.
O sea, el control del Parlamento por los Gobiernos, a través de los liderazgos de los partidos que aquí toman asiento; y, en general, de los líderes de los grupos parlamentarios por los partidos[33].
La inserción de la institución parlamentaria en el actual régimen democrático representativo exige que constatemos una distorsión fundamental en la relación entre los electores, partidos y diputados, dada la falta de autonomía de los diputados y grupos parlamentarios ante los aparatos partidarios y la excesiva fungibilidad de su ejercicio en los nuestros derechos parlamentarios[34], con los consecuentes desvalor político de su actuación y su no responsabilización.
No llego al punto de defender elecciones primarias a la americana, cuestión ya colocada por alguna doctrina constitucionalista peninsular[35].
Pero, el problema de la falta de personalización de la función parlamentaria y del alejamiento de los diputados con relación a sus electores[36] exige soluciones relativamente despartidarizadoras, a montante, en el proceso de reclutamiento y legitimación originaria (o sea de selección), y en su ejercicio concreto, que debe dejar de ser concebido como un casi brazo telecomandado de la dirección o del líder del partido, para poder ser individualmente responsabilizante, lo que implica una margen relativa de autonomía.
No en principio al nivel de votaciones ligadas a la garantía en general de estabilidad gobernativa, pero, por lo menos, en las cuestiones que impliquen opciones materiales y procedimentales, o sea, legislativas y fiscalizadoras de los agentes políticos y administrativos.
Debiendo los gobiernos cohibirse de continuar actuando sistemáticamente como legisladores concurrentes, particularmente en diplomas de especial importancia, cuya elaboración confiscan al Parlamento, a quién debería caber, apoyado por los mismos expertos a que el gobierno recurre[37] y paga; y los partidos dejando de poder imponer orientación o disciplinas de voto en el plano de la aprobación de legislación parlamentaria.
Urge una verdadera reforma del sistema electoral de listas abiertas[38], lo que ayudará a la personalización dos deputados.
Urge restaurar el papel indelegable y inalienable del diputado, como tal, libre en el ejercicio de su mandato popular, en cuanto a las propuestas a hacer y defender y a la selección del gobierno o toma de posición ante mociones de censura o confianza.
Sólo diputados libres pueden ser la base democrática de partidos y de gobiernos y de una conexión al electorado verdaderamente representativa y responsable.
Sólo así se creará una nueva cultura de vivencia partidaria y relacional.
Importa que se encare la cuestión de los círculos electorales, nacional, regionales y del círculo de selección única, en conexión con el problema del número de diputados, teniendo presente su importancia fundamental en la problemática interrelacional con una correcta proporcionalidad, principio que ya consta de las modernas Constituciones, aunque su mayor exigencia ocurra en Estados plurinacionales o con minorías.
Enel actual sistema peninsular coexisten múltiplos círculos plurinominales parciales[39] y listas cerradas, sin los electores disponer del poder de alterar el orden de conversión de sus votos en mandatos[40].
O sea, sin la mínima capacidad de selección personalizada, entre los candidatos concretos presentados, listas elaboradas libremente por los aparatos de los partidos y puesta a votación bloqueada (opción sólo existente, en la Europa Occidental, en Portugal y España, solución venida también de preocupaciones de la época post-revolucionaria, en que parecía necesario ayudar a consolidar los partidos).
O sea, no parecen defendibles alteraciones profundas[41] pasando de círculos plurinominales para un sistema únicamente mayoritario[42], que perjudicaría los beneficios del método de conversión proporcional. Y, así, deseable es la coexistencia de un círculo nacional de representación razonable, para garantizar no sólo la elección de los principales dirigentes partidarios, una representatividad partidaria[43] (limitada, pero suficientemente adecuada a la visibilidad de las estructuras partidarias nacionales), sino también la posibilidad de la existencia o emergencia de pequeños partidos y círculos uninominales y, si existen o luego que existan regiones político-administrativas o sólo administrativas, aún con círculos intermedios, parciales a ese nivel intermedio[44].
Recapitulando, en el plano del ideario democrático y de su práctica organizacional actual, hay que reconocer que, en los países de nuestro entorno geográfico (por lo tanto, en que ni se incluirán los países de cultura anglófona, particularmente los EUA, ni los nórdicos) ha ocurrido la declinación de la idea de gobierno representativo del parlamento, de los diputados[45] (además, los de la mayoría, transformados en una especie de miembros de un “Bundesrat”, representantes directos de los gobiernos y no de los pueblos), lo que elimina de hecho la función fiscalizadora del gobierno y de las Administraciones.
III.2.4.FINANCIAMIENTO PARTIDISTA Y TRANSPARENCIA EN SU UTILIZACIÓN
Los partidos tienen gastos significativos. Y, por eso, la cuestión de la financiación, que es importante en términos de disfunción y corrupción funcional del sistema político, no merece un previo, aunque breve comentario, siendo cierto que hay, en general, una información deficiente sobre aquello que verdaderamente está en juego.
El tema no sería relevante en regímenes de partido único, en que esto es un órgano del Estado o, por lo menos, hay identificación entre el partido y el Estado y, por eso, el partido dispone de privilegios en el Estado. Pero, es de una importancia fundamental, en el ámbito politológico, en países de régimen democrático, con pluralismo efectivo.
En cuestión, está la naturaleza y el papel de los partidos, las igualdades de oportunidades en términos de influencia en la formación de la voluntad popular y la compartimentación del Estado en la creación de condiciones de acceso al poder o bloqueos de alternancias. Una cosa es cierta, como decía, ya en el siglo pasado, LAMENNAIS, “es preciso, hoy, dinero, mucho dinero, para tener derecho a hablar”. Y, si los gastos son enormes, ¿dónde se obtienen los ingresos?
Esta es una cuestión clave, que han puesto a los partidos a prueba y a sus dirigentes, y, en muchos países, en el descrédito (Alemania, España, Grecia, Portugal), cuando no en Tribunales (Francia, Italia, España, Grecia), o inclusive en el cárcel (Italia y Grecia, donde, a veces, se constata que las magistraturas son más independientes de los partidos -y del deporte-, y no en Portugal, porque la justicia marcha peor, ante posibles fenómenos de blaqueamiento por las jurisdicciones, ante apoyos solicitados a antiguos militantes de las juventudes partidistas y no sólo).
Los partidos se encuentran, en este ámbito, sujetos a la “prueba de la verdad”, en la medida en que, por influencia directa de los acontecimientos sentidos nacionalmente, internacionalizados por la prensa o nacionalizados por ciertos medios, todos los países europeos se han visto, en las últimas décadas, sumergidos en una reflexión innovadora.
Los ciudadanos exigen conocer el origen de los dineros recibidos por los partidos, para efectuar sus juicos ético-políticos sobre ese origen, sus circuitos y las consecuencias de su recibimiento.
En un sondeo efectuado en 1988 en toda Francia, 62% de los encuestados mayores de 18 años, simpatizantes de la izquierda y de la derecha consideraban que el control del patrimonio de los políticos podría poner fin a los ataques generalizados a sus fortunas, incluso de los candidatos a la presidencia de la república; y defendían límites a los gastos de los candidatos en general, de los donativos, control de las cuentas de campaña y su publicación.
Una de las leyes más avanzadas del mundo, aparece en los EUA, en la primera mitad de la década de setenta. El Código norte americano de Ética de 1978 impone la obligación de publicación no tasada del patrimonio de los congresistas, de los titulares del poder judicial, y del poder ejecutivo (incluyendo a los altos cargos de la AP). Por encima de 1000 dólares, la fuente y el montante de los rendimientos (salarios, honorarios, ganos mobiliarios) tienen de ser publicados; estos y los inmobiliarios tienen de ser identificados, clasificados por categorías tal como las deudas, así como las operaciones de venta, compra y cambio de estos últimos. Un Informe sobre la situación financiera de cada miembro del Congreso es enviado anualmente al secretario general de cada Cámara parlamentaria y comisiones respectivas de estas. Cabe al Fiscal General de los EUA realizar investigaciones e Informes y colocarlos a la disposición del público, para averiguar la aplicación de la legislación, dirigiendo observaciones y propuestas. Y el público puede examinar, sacar copias de estos Informes[46].
En los distintos países, constatamos que hay ingresos publicados. Y, por tanto, conocidos, y otros ocultados. Las donaciones, en general, son las más significativas. Y son ocultadas o para encubrir el incumplimiento de la ley o para evitar el choque electoral ante las exorbitancias practicadas, sobre todo en países o regiones menos desarrolladas o en períodos de crisis económica.
La financiación de los partidos no pone sólo un problema de relaciones entre la política y el dinero. O sea, un problema de interacción al nivel del circuito cibernético. Desde luego, implica un problema de relaciones y influencia entre el sistema político y el sistema económico, en términos analizados por la politología moderna, sobre todo americana, según el modelo eastoniano. ¿Por qué es que, con DE GAULLE, se asistió a un oasis de popularidad en este dominio, en un país ancestralmente desconfiado de esta relación incestuosa?
En la medida en que se establecen relaciones entre el haber de los ingresos provenientes de los subsidios para compensaciones electorales en función de los votos obtenidos, y entre los subsidios hasta las elecciones siguientes por los partidos o sus grupos y estos mismos votos o el número de miembros elegidos para el Parlamento, inclusive sin llegar a imponer, en términos absolutos, límites globales de financiamiento público y privado, relativamente diferenciado en términos absolutos, tal pone un problema sobre el propio funcionamiento de la democracia y los límites de la merecida real alternancia de los partidos existentes y de la capacidad de modificación del sistema partidario instalado.
El financiamiento de los partidos no es una cuestión neutra en términos de encuadramiento democrático de los distintos Estados. Pero, la cuestión de las relaciones entre el dinero y la política sobrepásalo. La financiación condiciona la vivencia o vicia inclusive la posibilidad de afirmación o de vitoria de nuevas ideas y fuerzas.
Pero, inclusive si la cuestión del financiamiento está “bien” solucionada, las exigencias de la democracia van continuar a hacerse sentir, al nivel de la transparencia de la clase política, del fin de toda la opacidad, no sólo de los aparatos partidistas, pero también de los propios políticos.
Esto encamina todo para la cuestión del régimen de control de su patrimonio, rendimientos y intereses. Independientemente de su importancia relativa en términos substantivos, cualquier aspecto de la temática de la transparencia de la vida pública, una vez focalizado sea por quien sea, en una dada sociedad, ya no admite retornos ocultadores defensivos, bajo sujeción de todos los políticos y toda la política de quedar bajo sospecha.
¿Quién puede afirmar que nunca ha escuchado, en una mesa de cafetería al lado de su casa, conversaciones sobre sospechas acerca del uso de fuente irregular de dineros, en general por maniobras corruptas de “agilización” de contratos públicos, para campañas electorales de los partidos, Jefes de Estado electos, titulares de Gobiernos y ejecutivos autárquicos, etc.? ¿O apuntar nombres de hombres cuya fortuna aparece o aumenta exponencialmente en los años de servicio público o político? ¿O, después de estos años, por fuerza de favores concedidos al mundo económico, sin antes hayan desempeñado cualquier función o experiencia empresarial, pagos en administraciones y otros cargos de jugosos rendimientos, indemnizaciones o “reformas” de carácter astronómico para el ciudadano común?
Es que hay cuestiones que no se resorben con buenos argumentos, pero sí y sólo con la transparencia, única forma capaz de desmitificar el tema.
DE GAULLE seducía al electorado ideológicamente a la izquierda, porque también sabía afirmar, en este dominio, una imagen de distanciación ideológica entre el dinero y la política, que seguía en la continuación de posturas que, al nivel del Estado, resumía con una frase lapidar: “la política de Francia no se hace en el mundo de la Bolsa”, en una alusión al deseo de autonomía del Estado con relación a los intereses financieros.
Esta posición, no contrariada en su tiempo al nivel micro-político de las fuerzas y hombres sus adeptos, le daban a él y a la clase política una popularidad que ni un POMPIDOU a la derecha, más tarde, o los socialistas, a la izquierda, en el pos-Giscard d’Éstain, han conseguido repetir. Y esto, aunque DE GAULLE nunca haya necesitado de llegar a gritar, como FRANÇOIS MITTERRAND, discursos tan fuertes de denuncia del poder y de la influencia del dinero, como este Presidente francés, que afirmaba: “el dinero que corrompe, el dinero que compra, el dinero que destruye, el dinero que mata, el dinero que arruina, el dinero que pudre inclusive la conciencia de los hombres”.
Para DE GAULLE, el dinero no era malo. El sistema, que se somete a él, es lo que es denunciable. FRANÇOIS MITTERRAND ha atacado el indefenso y necesario dinero para poder olvidar las vías y medios que los políticos usan, para con él se “financiaren” personalmente y financiaren ilegítimamente las campañas electorales, de modo oculto, pues contra la transparencia de la vida pública “hay” siempre el (inaceptable) argumento civilista de la reserva legítima de la vida privada de las personas[47].
Ya el gran economista y sociólogo, de renombre en el cambio del siglo XIX, VILFREDO PARETO, autor de la teoría de la circulación de las élites, acentuaba, como medios de manutención del poder, aplicable a la clase política contemporánea, las “corrupciones políticas de electores, de candidatos elegidos, de gobernantes, de periodistas, a que se asemejan, durante los gobiernos absolutos, las corrupciones de cortesanas, favoritos y favoritas, gobernantes, generales, etc., que además ni siquiera aun han desaparecido completamente”[48].
Cuantas veces, en nombre de los intereses del Estado, de la democracia y del partido, se distinguen los fines y los medios, prosiguiendo en la estera de MAQUIAVELO: la política es un fin noble, luego son permitidos medios condenables o reprensibles para actuar.
En los procesos franceses de las dos últimas décadas del siglo XX, de investigación a las ilegalidades financieras de los hombres de los partidos, ¿no se ha intentado dirigir la censura para los hombres políticos, que enriquecieran personalmente de modo oculto, pero sin condenar, en nombre del bien de los partidos, el financiamiento oculto de estos, que ha viabilizado parte de las conductas de aquellos?
Como dice G. SARTORI[49], estas “pseudo-nuances” conducen al impass en la solución del problema, por cuanto “la política hombres y la ética no son ni idénticas ni aisladas una de la otra en compartimentos estancos”.
El origen histórico de los regímenes democráticos modernos está en un problema de dinero, lo que ha llevado a imponer al Rey el previo consentimiento de los representantes de las sociedades, en el Estado estamental medieval inglés, para poder lanzar impuestos. Y así a previa información sobre las reales necesidades del “Estado”.
Y esta limitación del poder sobre el dinero ha funcionado como una limitación del propio poder de los hombres públicos de sus excesos.
¿La elaboración progresiva de los modelos democráticos no ha pasado por un alejamiento progresivo del dinero, substituido por la ciudadanía, en la atribución de la soberanía?
Y,¿del voto censitario, que permitió la conquista del nuevo Estado liberal del siglo XIX por la burguesía, para el voto universal, a que a cada hombre, después, a cada mujer y, más recientemente, a cada joven, cabe pronunciarse?
En efecto, el voto ha dejado de asentarse sobre la fortuna (voto censitario) ahora son hombres en el sistema político democrático, afirmando sus valores propios, rehusan el dinero como fuente de regulación, de acceso o de distribución de las prestaciones del Estado, hombres que proclaman el ideal de la construcción de la política sin referencia la bienes no políticos, fijando, por tanto, el principio de “un hombre, un voto”, pasando a tratar todos por igual, lo que no admite el dinero, ni para legitimar diferencias, ni para comprar o influenciar privilegios, corrompiendo el sistema político.
III.3.TEORÍA DE LA SEPARACIÓN Y SINDICABILIDAD DE LOS ACTOS POLÍTICOS
Empezando por la primera cuestión: sin la absolutizar, pero también sin la desvalorizar, importa que se constate que la teoría montesquiana de la separación de poderes nunca ha sido aplicada, a no ser tendencialmente (con mayor o menor intensidad, en términos de búsqueda de no confusión en un solo detentador del Poder de los diferentes poderes materiales del Estado), según marcos variados, efectuados por las diferentes Constituciones.
Estas, de hecho, también en monarquía parlamentaria o en república, nunca han eliminado esa acumulación de materias de todos los poderes en la Administración Pública, ni dejaran los tribunales asumirse plenamente con relación a esta ni en todas las decisiones de esta.
En Estado de Derecho, cualquier acto del Ejecutivo debe ser sindicable por naturaleza. Pero, de hecho, no lo es. No porque no pueda haber legislación que encuadre su justiciabilidad, antes porque, en ciertos países, se continúa declarando la incompetencia de los tribunales administrativos y judiciales para apreciar ciertos actos de los diferentes poderes, previstos en la Constitución.
Es un privilegio de insindicabilidad injustificado no sólo cuando causen perjuicios a los particulares (en que deberían incuestionablemente ser siempre pasibles de apreciación por los Tribunales, desde luego los Administrativos), como en general, cuando interfieren en el ejercicio de competencias al más alto nivel, pues siempre existiría el Tribunal Constitucional, como órgano jurisdiccional[50], para proceder al control de esos actos, en la perspectiva del control público de su constitucionalidad, alargándose sus poderes de fiscalización para allá del campo meramente normativo. Estamos ante una zona de actuación del Estado encuadrada por el derecho, que puede comportarse como zona libre, porque ni sindicable ni sancionable, en que la summa potestas puede pasar al lado del derecho, incumpliéndolo, lo que significa que la construcción global del Estado de Derecho es aún un proceso no totalmente concluido.
En efecto, la teoría de los actos políticos, actos de gobierno o actos constitucionales, tradicionalmente considerados no sindicables, deriva de construcciones jurisprudenciales complejas, ya históricamente sin cualquier justificación, debidas al temor de los administradores-jueces ante los Ejecutivos todo poderosos y no sujetos a un verdadero poder judicial independiente (en ese antiguo modelo de justicia retenida o delegable, hace mucho traspasado, incluso en Francia).
O sea, sólo explicable en el siglo XIX por el tipo de relaciones subordinadas existentes entre la pseudo-“jurisdicción” administrativa, dependiente de nombramientos gubernamentales, no judicial y el Poder Ejecutivo, el Gobierno.
Hay que reconocer que la lista de esos actos de gobierno ha disminuido en los distintos países europeos, debido a la continua penetración del principio de la juridicidad en la jurisprudencia, y, desde luego, por fuerza de imposiciones del derecho intergubernamental y supranacional, tal como el unionista europeo, regido por el principio de la primacía aplicativa en nuestros territorios nacionales. Pero, no ha llegado aún el momento de su eliminación total, formal, igual que sólo en relación con actos lesivos, opresivos, de los derechos de los ciudadanos.
Eso sólo ocurrirá con la declaración de susceptibilidad general de sindicabilidad contenciosa de toda la actuación del Poder Ejecutivo (en España, “ha acabado”, en 1999, la aplicación de tal teoría, por fuerza de legislación del contencioso administrativo, aunque, de hecho, el régimen de los secretos oficiales no permita, o postergue en el tiempo, su plena concreción[51]). El Estado contemporáneo es un Estado ejecutor de la Constitución y por ella controlado, vinculando todo el poder estatal que el funda, porque Estado teleocrático-programador.
Así, la función política, asentada siempre en la Constitución, ya no puede ser aceptada como jurídicamente libre, porque cualquier acto del Estado necesita de habilitación constitucional, pues es la Constitución (desde que no contraríe el derecho intergubernamental y supranacional), que es jurídicamente vinculante en su todo, limitando y dirigiendo toda la actividad estatal, lo que sólo permite una relativa heterodeterminación, o en el plano internacional (basta ver los principios a aplicar en las relaciones internacionales, expresos en las Constituciones), o en el plano nacional con orientaciones de actuación.
En verdad, hay que constatar que la tarea histórica de la construcción de un Estado de Derecho aún no ha terminado, aunque esté más avanzado en unas experiencias democráticas que en otras.
III.4. PODERES DE GOBERNACIÓN EN SENTIDO AMPLIO Y NECESIDAD DE SU CONTROL COTIDIANO
En cuanto a la cuestión del control de los poderes de la gobernación en general, la relativización de la teoría de la separación de poderes tiene de considerarse en el orden del día en el debate de la reforma política[52].
Si el principio de la separación de poderes se asienta también, subyacentemente, en la idea de fiscalización y coordinación-interdependencia, no es de extrañar que se deba averiguar si esa idea continúa viviendo a través de él, o si, por mecanismos de la evolución histórica, esta se ha perdido en parte, siendo necesaria una otra construcción global que la rehaga.
Por eso, LOEWENSTEIN habla de una función de control como función autónoma del Estado, con sus controles políticos, jurisdiccionales, sea de la legalidad de la Administración Pública, sea de la constitucionalidad de la legislación, explicando el papel creciente del poder judicial, verdadero poder y contrapoder y, así, instrumento de la función política, porque fiscalizador de todos los poderes, y por tanto también ya del propio poder legislativo, cuyos actos “anula”, como “verdadero” legislador negativo (juzgador metamorfoseado de legislador revocatorio), idea que la creación de los tribunales constitucionales, por inspiración de Hans KELSEN, ha venido a reforzar.
Esto nos llevaa concluir que la pieza central de la idea de separación de poderes, cuya posibilidad histórica ha quedado comprometida con el fenómeno partitocrático, unificador oculto de la intervención de todos los poderes, pasa cada vez más por el sistema de controles, individuales o colectivos, comunicacionales de masas, jurídicos y sobre todo jurisdiccionales.
El Estado de Derecho ha pasado de un reduccionista Estado de Legislación Parlamentaria a Estado de Jurisdicción, ejecutor de la Constitución, en que el primado político del legislativo y la cotidianización del Administrativo no debían obstar a su control pleno y limitación por el Poder Judicial y otros tipos de control, incluso del propio Poder Judicial.
La tripartición clásica de las funciones del Estado, esfumadas sus fronteras y relativizados los criterios de caracterización material y de distinción, ha hecho acabar con la pretensión de una teoría general, de valor universal y intemporal, de las funciones estatales. Hoy, el principio de la separación, incluso en una perspectiva institucional de ámbito horizontal, sólo puede encuadrarse en términos constitucionalmente situados[53]-[54]-[55]-[56].
Hoy, tenemos de considerar que los clásicos tres poderes funcionales del Estado[57] (además nunca coincidentes con los órganos del Estado y el principio de la separación de Poderes, que tal presuponía), en la perspectiva de la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales, no pasan de tres sub-poderes, todos poderes “materialmente gobernativos” del día-a-día.
En efecto, unos están desarrollando actividades de satisfacción de necesidades colectivas, otros haciendo normas y otros imponiéndolas normalmente, cuando no aplicadas voluntariamente, pero todos pudiendo agredir derechos y irrespetar la Constitución, referencia de la regularidad de su acción, que, pasible de ser desconsiderada, necesita de un control imparcial que garantice la reposición de la regularidad[58].
Y, ante el bloqueo de la fiscalización representativa (por los diputados), de la “opa” lanzada a la comunicación social por los poderes económicos y de la hiperbolización del fenómeno partitocrático, algunos temas de reflexión se imponen aún.
En general, y teóricamente, no podemos descansar en la simple división de poderes.
Lo más importante, como se intuye, es la diseminación de un efectivo control difuso, no sólo de unos órganos de poder sobre los otros, pero también controles sobre todos los órganos de Poder, habiendo como referencia el proyecto societario expreso en la consensualidad relativa de la Constitución evolutiva.
Particularmente, el acentuar de la importancia del control judicial, aunque sin caer en momentos de “gobierno de jueces” no representativos y no desconociendo todos los peligros de la parcialidad jurisdiccional que siguen ocurriendo en nuestros países[59].
El principio legitimador del ejercicio del poder democrático o de órganos dependientes de sus titulares tiene que asentar cada vez más en la idea de la legitimidad funcional, cada día más importante que la originaria, como bien ha discurrido Thomas de Aquino, lo que exige visibilidad sobre su actuación, más que sobre sus microprocesos de designación. Esta última garante necesariamente la democraticidad del inicio de las funciones, pero sólo aquella justifica su continuidad. Por eso, considero inaceptable que el titular de un cargo, cuya titularidad dependa de la voluntad de un conjunto de órganos electoralmente legitimados y así “democráticamente” investido, se pueda mantener cuando entra en crisis su legitimidad funcional, perdiendo la confianza de uno de elles y de otros sectores sociales que garanticen la respetabilidad general de la tarea en que se integra[60]-[61].
III.5.CRISIS DEL MODELO DE SEPARACIÓN DE PODERES EN LA UNIÓN EUROPEA
No se refiere la cuestión de los poderes funcionales al nivel de la proto-estatalidade unionista europea.
Todavía, es conocido el permanente debate teórico sobre el aun no superado déficit de democraticidad en la construcción de su “Constitución” orgánica.
Esta está, aun, concretada a través de tratados negociados por los gobiernos, que se tienen reservado poderes leoninos y distorsores del sistema orgánico y de la propia eficacia en el funcionamiento de la Unión Europea.
¿Por qué una doble titularidad de presidentes? ¿Un electo para presidir a las Cumbres de los Jefes de Gobierno, especie de Consejo Federal, y otro rotativo para presidir a una imitación de “Bundesrat” itinerante (llamado Consejo de Ministros)?
Además, estamos ante un Consejo de Ministros que es, de hecho, el brazo principal del poder decisorio legislativo. Y, por tanto, claramente asumido como Cámara Alta, “sin” reales poderes ejecutivos, que lógicamente deben caber formalmente a la Comisión y a los Gobiernos nacionales en cuanto tales, como Administraciones nacionales indirectas, y no a miembros de los Gobiernos nacionales, “travestidos” en agentes europeos, después de un viaje hasta Bruselas.
¿Por qué no adoptar una solución, inclusive diferente de la aplicada a la institución senatorial americana, de representación sufragada y igualitaria de los Estados (y, por tanto, continuando en la línea actual de la representación de los gobiernos), que atribuya un peso votacional igual de todos los Estados y que acabe con el doblaje de funciones nacionales y europeas por la misma persona.
Actualmente, continua a existir el miembro del gobierno nacional en cada una de las materias de que, en el Estado es responsable o entonces el generalista ministro de los asuntos/negocios extranjeros, simultáneamente como miembro de esta Cámara legislativa europea, llamada Consejo de Ministros, en vez de los gobiernos designaren representantes permanentes de cada gobierno nacional según el modelo y poderes del Bundesrat de la Alemania.
¿Por qué no un Banco Central que no sea meramente tecnocrático?
Se exige un Banco en que, por lo menos, la falta de legitimación democrática originaria sea compensada por un institucionalizado control externo, legitimador democrático funcional y no un organismo, que teniendo extrema importancia para la vida en general de la Unión, está totalmente apartado, en el plan programático, del querer y de las necesidades del conjunto de los pueblos europeos.
Y, ¿por qué no una Comisión ejecutiva más eficaz en composición, competencias y funcionamiento concreto, concebida como órgano complejo? O sea, simultáneamente con poderes colegiales y individuales.
Me explico: por un lado, con poder de funcionamiento sólo colectivamente, con deliberaciones formales en las reuniones periódicas de la Comisión, en las cuestiones fundamentales, definidas como de reserva absoluta y por tanto sólo decididas colegialmente; o en las de reserva relativa, también de competencia del plenario de la Comisión, pero pasibles de autorización de decisión, por parte del colectivo de Comisarios, o el Comisario competente en la materia, bajo previa definición del sentido y de los límites del ejercicio de eso poder del colectivo.
Pero, por otro lado, dotando sus miembros individualmente también con poderes decisorios, en todas las restantes materias, a menos que, por la naturaleza o sensibilidad del tema, quieran comprometer el colectivo. Todo en términos y con las formalidades necesarias a prever en el respectivo Reglamento. Sería una Comisión mucho más eficaz.
Y, ¿por qué es que el presidente no constituye libremente su equipo gobernativo?
Tal solución propiciaría un equipo funcional cohesivo, flexible, en su composición y número, y no de obligatoria representación panestatal? La representación de los Estados-Pueblos (esta proporcionalmente a los ciudadanos de cada país) y la representación de los Estados-Gobiernos “Soberanos” (estos con número igual de representantes) debe hacerse, respectivamente, en las dos Cámaras legislativas.
En el Parlamento Europeo deben ter asiento, como Cámara de Representantes del Pueblo, los diputados, de acuerdo con la dimensión electoral de cada Estado/Círculo Electoral y no, aun, denominado “Consejo de Ministros”, como Cámara de los Estados, en este caso a través de la indicación de los Gobiernos, los representantes permanentes de estos en número exactamente igual.
Hoy, aun, existen los miembros “itinerantes” de los propios gobiernos de los Estados y con poderes de votos “acertados”, también en esta Institución, ilegítimamente en una lógica federal de Estados igualmente soberanos, a favor de los mayores Estados. En esta lógica más funcional y que, además, favorece los pequeños Estados, al ecualizar el peso votacional de todos – grandes o pequeños, porque todos igualmente soberanos- en la Segunda Cámara, la Comisión a penas estaría dependiente de la aprobación y manutención parlamentaria.
I.6.Déficit de legitimación y eficacia de la Justicia
La organización de la Justicia y de su gobierno independiente, tal como existe en la península Ibérica, hace mucho que no andan bien y los problemas se van acentuado, con sucesivos aplazamientos de reformas, con algunas reformas precipitadas y luego contra-reformas, experiencias inacabadas y no debidamente evaluadas, suspensiones de reformas, soluciones casuísticas en vez de resolución de los problemas estructurales, incluso desde luego los del complejo y ineficaz diseño institucional del gobierno de la magistratura, estructuración y ascensión a las funciones[62].
Los ciudadanos tienen derecho a un proceso para obtener justicia, valor de la convivencia social cuya supremacía a penas es sacrificable a valor seguridad en la medida del estrictamente necesario.
El orden judiciario lleno de formalismos se torna inaccesible a la comprensión popular, frustrando una de las finalidades importantes del derecho, que es introducir y mantener la seguridad en las relaciones sociales, porque a pesar de poseerse derechos, se recela los artificialismos y los azares imperscrutables de una lide, dependiente no de la existencia de un derecho, pero de la suerte o de la habilidad.
La tutela judicial va conectada con la interdicción de indefensa y la existencia en España, pero aún no consagrada en Portugal, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Importa constatar que falta, y esto también es fundamental, la democratización de los aparatos de justicia, de investigación y de política anti-criminal del Estado y de los entes de gobierno autónomo de las magistraturas, ante las instancias de jurisdicción.
Así como falta una total fiscalización de estos Poderes por los ciudadanos, y, más del que eso, en Portugal, la cuestión de la sindicabilidad jurisdiccional de todos los actos del Poder.
En cuestión, la garantía de la impugnabilidad, no sólo de actos normativos, pero también de su pretensa aplicación. O sea, de todos los actos de poder, inclusive de los actos políticos, constitucional o de gobierno. Sin esto, continua inacabado el Estado de Derecho.
Y, en el caso portugués, también, es necesaria la introducción urgente de la impugnabilidad de los actos jurisdiccionales terminales, ofensivos de derechos fundamentales (substantivos o procesales), a través de “recursos de amparo” (“recurso público” o “recurso de constitucionalidad directa”).
Sin la consagración de este nuevo instituto de reacción jurídica, van continuar a ocurrir actos liberticidas de los Poderes gubernamental y judicial.
¡Cuantos atentados cuotidianos a los derechos que hacen parte del jus cogens universal, además constitucionalizados o automáticamente recibidos en la Constitución, a la tutela judicial efectiva, a la interdicción de indefensa, a la aplicación de normas inconstitucionales no discutidas en el proceso, por ser aplicada de imprevisto por una última instancia, o sea, en el funcionamiento de órganos de soberanía del Estado!
Estamos ante derechos que, hoy, en Portugal, aun quedan sin defensa (que no sea el conocimiento simbólico de eventual referencia a través de la comunicación social), al contrario de la que ocurre jurídicamente en la mayoría de los Estados democráticos europeos e ibero-americanos, donde se constata que el afirmado Estado de Derecho aun no está totalmente realizado.
El derecho a la tutela judicial efectiva es, desde luego:
a)- el derecho de acceso a los tribunales, que integra, en su ámbito normativo, el derecho de acción (derecho subjetivo de llevar determinada pretensión al conocimiento de un órgano jurisdiccional, pidiendo la efectuación de un proceso, con el deber de pronuncia, mediante decisión fundamentada - derecho al proceso-, lo que incluye el derecho de vista del proceso con la posibilidad de consulta de los autos a penas restringible em situaciones excepcionales, legalmente previstas - secreto de justicia casuísticamente justificado, en la jurisdicción penal, etc.);
b)- el derecho a plazos razonables de acción o de recurso (interdicción de plazos de caducidad exiguos del derecho de acción o de recurso)[63].
c)- el derecho a uña decisión judicial sin dilaciones indebidas (plazo previsto o ley o lapso temporal proporcional a la complejidad del proceso), el derecho a un proceso justo basado en los principios de la prioridad y da sumariedad en el caso de derechos cuyo ejercicio quede comprometido se no se desencadenaren luego medidas expeditas para lo reintegrar (v.g., derecho de habeas corpus, providencias cautelares), el derecho a un proceso de ejecución, el derecho de recurso (doble grado de jurisdicción) em materia penal[64] y de las decisiones que afecten derechos fundamentales, incluso fuera del ámbito penal, por lo que la regulación legal sobre los grados de jurisdicción no puede ser eliminada.
En lo concierne al proceso criminal, hay que asegurar todas las garantías de defensa. Este derecho constitucional de defensa se compone de una pléyade de derechos, garantías de defensa exigibles luego a partir del momento en que el ciudadano asume el estatuto procesal de argüido.
Hay que orientarnos siempre por el principio de la justicia y corregir las principales disfunciones jurisdiccionales, desde luego en ámbito del proceso que debe ser más pronto, atentando a los plazos judiciales y la organización del poder judicial, así como accesible a los ciudadanos en general o sea a la cuestión de los costes.
La cuestión de la simplificación del proceso sólo debe ver sus límites en las posibilidades de suficiente defensa y contradictorio mínimo y sin cercear las exigencias mínimas de la reapreciación concentrada de irregularidades y decisiones anteriores eventualmente injustas y, por ende, de recurso, aunque penalizando fuertemente (de acurdo con sus medios de fortuna, proporcionalmente, como sanción que debe ser en casos claramente dilatorios) todos los recurrentes que no tengan proveimiento (a menos que se trate de recurso para uniformización de jurisprudencia), para evitar expedientes intentando prescripciones.
Pero, también nada impide un movimiento de fuerte desjudicialización de ciertas materias o suspensión de procesos en “masa” y aplicación automática de la primera sentencia a todos los restantes pleiteantes, a la manera de la solución ya adoptada en el derecho administrativo, por influencia de la legislación española de final del siglo pasado.
En cuanto al gobierno de los tribunales, él es desnecesariamente complejo (multiplicación de órganos de gestión y administración y la errada composición, con magistrados y sólo con juristas, em acumulación corruptora de funciones o sin curriculum de mérito, garantizador de eficaz desempeño de funciones) y estructuralmente ineficaz (no racionalización adecuada de la red de los tribunales o sea del mapa judicial y de la estructuración global de las jurisdicciones, especialización incipiente) y con sistema de designaciones o promociones (debía procesarse según un modelo de apreciación pública por parte de una comisión, integrando parlamentarios, profesores de derecho especializados en las materias de especialización de los tribunales y miembros de los respectivos CSM y CSMP, funcionando en el ámbito parlamentario y atentando en el curriculum vitae presentado y en la audiencia sobre conocimientos, y por tanto en el mérito personal; comisión a quien, sin la presencia del representante del Consejo de los jueces, serían prestadas cuentas por el poder judicial), así como sistema de evaluación de los magistrados inadecuado sin real prestación de cuentas y responsabilización, para lo que no bastan las inspecciones internas, exigiéndose auditorías externas, análisis política periódica y medidas de estímulo y de sancionamiento), tanto para la consecución de uma justicia productiva (y por eso extremamente morosa), como para una justicia democrática (tentativa de disminución de pendencias de procesos por la vía da imposición financiera da reducción de la demanda con impedimentos de hecho de acceso a la misma por las clases “remediadas”, en el fondo una gran mayoría de la población) como aún para una justicia independiente (para el exterior, com osmosis profesionales corruptoras, vulnerabilidad a la interferencia de otros poderes y partidos, tendencias de corporativización –dominio de hecho de jueces en los Consejos- y fenómeno de la necesidad y importancia del sindicato que es de eso prueba), y también para una justicia de cualidad (ligada al sistema de nombramiento dominado por la solución de carrera judiciaria funcionalizada a partir da mera aprobación en el Centro de Estudios Judiciarios (a reconfigurar con funciones de especialización y de formación continua) y no de permanente selección abierta (como, v.g., en los países escandinavos, Holanda, Alemania, por medio de comisiones de selección; o, en Reino Unido y ciertos Estados norte-americanos, con las comisiones de mérito, produciendo judicaturas con más cualidad y eficacia), decidiendo con base en la experiencia profesional y formación continua pero también y sobre todo, a final, en el mérito jurídico independientemente del origen o no en la carrera judicial, y de evaluación del desempeño meramente interno, lo que con el actual sistema de acceso a los tribunales superiores no es superables y de reevaluación por estos de la materia de hecho, incluso cuando las primeras instancias deciden em colectivo)[65], ni que no se avance decididamente en la especialización material de los tribunales (funcionarios, agentes del ministerio público y jueces, para aumentar exponencialmente de modo interactuante su cualidad y eficacia).
Como referimos antes, más quer la divisón de poderes en que se basan las democracias modernas nacidas del liberalismo, hou lo más importante son los poderes efectivos de control de todos los poder, incluso los de los jueces y por eso también defendemos el recurso de amparo, sin embargo este creciente y generalizado control judicial (que se justifica social y constitucionalmente en una afirmada “imparcialidad” funcional en la aplicación de la ley), de hecho, al venir ostentar la generalización de la supremacía del saber burocrático[66], obliga a reponderar la cuestión de su legitimación, implicando la lectura subjetiva de los poderes judiciales por el electorado, pues sin la democratización no ocurre la integración del judicial en la soberanía (popular), incluso indirecta, por la superación del ejercicio de los poderes gobernativos del CSMJ y de los tribunales de él dependientes, en mero confisco paracorporativo, reducido apenas a una fuerza legitimada y legitimante por el texto constitucional.
Por lo tanto, este control alargado implica la legitimación de la jurisdicción por el electorado, por lo menos indirectamente a través de la conquista de una legitimidad funcional y incluso una legitimidad origibal, propia, del órgano de Gobierno de los Tribunales, el CSMJ.
Esto es, de la elección del órgano sucedáneo de los poderes que serian naturalmente de un gobierno democrático, y cuya existencia además justifica que se declare la no necesidad de un Ministerio que no existe, el de la Justicia, pues las habituales preocupaciones legislativas (en que ha convolado, para justificarse, sus tareas históricas en democracia, que mejor caben al Parlamento, donde debían, hace mucho, tener su sede natural) y la gestión del sistema policial-penitenciario pueden pasar enteramente para la Administración Interna[67].
En cuanto al déficit de legitimidad gobernante democrático-representativa del Consejo Superior de la Magistratura Judicial portuguesa (CSMJ), basta preguntar si él no es un órgano de Administración de la Magistratura independiente del gobierno general del país y de su Administración.
Y, por eso, por un lado, no legitimado a través de éste y, por otro, no legitimable indirectamente a través de una elección parlamentaria de su elenco completo (lo que además seria una politización indeseable, porque lo partidarizaría aún más claramente)[68].
Este órgano, tal como existe, con más o menos jueces designados por los propios, naturalmente sin mandato popular, no pasa de un “ministerio de la justicia” paracorporativo, compuesto únicamente de juristas, cuya legitimidad general, bebida en una base meramente constitucional, no suple su déficit y el de los tribunales en el plano de la representatividad general, exigible a órganos de “soberanía gobernante”[69].
En cuanto a la estructura orgánica de las instancias de gobierno, tenemos una complejidad que la especialización temática de los tribunales administrativos no justifica.
Concordamos con la separación del Consejo del Ministerio Público con relación al de los magistrados judiciales, pero nada justifica el caso portugués de separación de un Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales, aunque tengamos participado en la elaboración y debate del mismo en 1984. Tal como ni concordamos com la acumulación de funciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Presidente del Consejo Superior da Magistratura (unificada), ni con la participación de jueces en este, fomentando tendencias corporativistas, sino por imposición de mayoría de votos por lo menos por influencia participativa, o la acumulación de funciones en el órgano con el ejercicio de la abogacía, o las comisiones de servicios de jueces en cargos en otros órganos de soberanía o en la dirección de organizaciones de deportes. Ni mandatos cortos y sin ser em exclusividad de funciones, debidamente remuneradas (sin lo que no es posible ejecutar un programa gestionario coherente), ni la exclusividad de formación jurídica de sus miembros, ni la designación que no sea por el parlamento y por fuerte mayoría cualificada (para no decir unanimidad de los votos expresos), ni cualquier posibilidad de renovación de los mandatos, ni uma competencia conformadora de su presupuesto que no sea del parlamento (aunque bajo propuesta del Consejo), ni la administración-gestión-ejecución del mismo sin auditoría externa y aprobación final de la cuenta por el parlamento, aunque la gestión de los edificios y de los recursos humanos deba caber al gobierno, ni una evaluación de los jueces que no se procese simultáneamente por inspectores internos y apreciación complementaria por evaluadores externos, todo publicado y accesible al público y com informes finales apreciados por el parlamento, haciéndose la progresión en la carrera según criterios de mérito y no de antigüedad.
III.6.EXCESIVO PODER, INVERSIONES ERRADAS, ASIMÉTRICO DESAROLLO TERRITORIAL, OPACIDADE FUNCIONAL Y DESPERDICIO EN SISTEMA ADMINISTRATIVO CENTRALIZADO. BENEFICIOS DA REGIONALIZACIÓN REPRESENTATIVA
En cuanto a la cuestión del modelo espacial adecuado a garantizar una mayor proximidad, conocimiento de las realidades y eficacia administrativa, ocurre que hay Estados europeos, como Portugal, donde no ha sido aún creadas regiones administrativas representativas, o sea, administradas no por el Poder Central del Estado y sí por personas elegidas por la propia población de una dad Región.
Y este tema de la regionalización es también importante pues el conocimiento que hay de una administración y gobernanza hecha próxima y por personas próximas de los administrados, permite potenciar el conocimiento de la acción cotidiano de los administradores.
En cuanto a las funciones a que la regionalización, estas deberán prevalecientemente cumplir, naturalmente, las de desarrollo económico, social y cultural, en términos asumidos de modo a poder determinarse coherentemente el modelo espacial de regionalización del país, para allá de consideraciones específicamente geográficas o de simple planeamiento económico.
O sea, esencialmente con base en preocupaciones de estímulo y garantía a las finalidades de desarrollo económico-social, conduciendo a la justa repartición de recursos, a la descentralización de políticas y a la participación, en la elaboración de los diversos planes y programas nacionales, y la elaboración y ejecución de los planes y programas de acción regional, sectoriales y locales.
Con esto, ella amplia la esfera de auto-gobierno de las poblaciones y establece una Administración a la escala regional, capaz de garantizar la proximidad de las decisiones de las poblaciones abarcadas, a través de la descentralización de funciones, de medios financieros, técnicos y humanos de la Administración General (Central del Estado).
La regionalización y la imaginación diversificada de los dirigentes regionales puede ser pionera en soluciones modernizadoras de la administración pública, al poder ser más abierta, participada, movilizada y orientada para el desarrollo, en términos de descentralización y de desburocratización.
Pero hay aquí que destacar que la regionalización en el plan administrativo implica que la administración pública amplia su segmentación en el ámbito local, no se concentrando toda al nivel de la organización del Estado y de sus entidades de administración indirecta y de un poder local de matriz municipal.
Importa destacar la importancia no sólo en el ámbito de la dinamización participativa sino también del mejor acceso al conocimiento de la acción pública cotidiana en tareas que no es adecuado remeter para el nivel tan local como los municipios, pero en que el Estado queda un interventor demasiado distante de las realidades y personas como son las regiones.
En cuestión, está una Administración regional representativa, por lo que esta es más una razón que torna urgente la recolocación, en términos electoralmente aceptables, del proceso de la regionalización, en los Estados donde no esté concretada, como es el caso de Portugal, Irlanda y Grecia, y cuyas razones justificativas de fondo (a pesar del resultado del referendum portugués de 1996), se mantienen.
En efecto, no sólo las razones substantivas y de desarrollo la exigen, por su necesidad continuar a ser incontornable, sino también el aspecto participativo y del acceso al conocimiento en los dos sentidos, de las autoridades ante los residentes del territorio y de los ciudadanos ante la Administración, se facilita en gran medida.
La Administración Pública portuguesa aún padece de un excesivo centralismo, lo que continúa a afectar negativamente la rapidez aplicativa y adaptativa y por tanto la participación, conocimiento y eficacia de las políticas públicas.
El desarrollo armonioso es el primordial objetivo de la institución de las regiones administrativas, pues ellas están vocacionadas para actuar en los dominios del planeamiento, de la programación de las políticas públicas y de la afirmación de las potencialidades regionales.
La meta subyacente a la criación de las regiones administrativas es precisamente elaumento de la eficiencia del Estado, en la medida es que tal permite tornar las decisiones más céleres, más participadas y más próximas de los destinatarios. Las regiones administrativas, a crear en Portugal, por previsión constitucional, deben constituir áreas de poder infra-estatal sin cualquier poder político, o sea de nível intermédio entre o Estado y los municípios para tareas meramente del ejercicio de ciertas atribuciones de Administración, desde luego vocacionadas para intervenir al nível del planeamiento y de la definición de las prioridades de actuación del sector público en cada una de las regiones.
La regionalización deberá, pues, buscar crear capacidades adicionales de intervención en los espacios regionalmente compartidos, promovendo la solidariedad y la cooperación entre municipios y entre regiones, evitando el egocentrismo de la lógica de la capitalidad nacional y de los municipios, contribuyendo, así, de esta forma, para a cohesión y la coherencia nacionales. Pero, como se ha dicho, el aproximar las estructuras y polos de decisión administrativa de los ciudadanos debe ser otra de las metas a alcanzar por la regionalización[70].
Consideramos que a razón fundamental movilizadora do fenómeno regionalizador [71], bebida precisamente en la lección de la historia y de la análisis de la evolución del desarrollo económico-social, a niveles infra-estatales[72].
Tal se prende con la necesidad de acelerar el bien-estar de las poblaciones con claras asimetrías de desarrollo, llevando a la institucionalización de un nuevo modelo espacial que, potenciando la autonomía y el poder “local” infra-regional, imprimirá una amplia cooperación interadministrativa y con los ciudadana.
La regionalización puede contribuir para adelantar un desarrollo auto-centrado y participado mucho mayor en las regiones menos desarrolladas y así terminar con grandes asimetrías y concomitantes desigualdades de bien-estar entre los ciudadanos de un mismo país, incluso por el aprovechamiento, de forma más racional y más controlada electoralmente y funcionalmente, sistemática y coherente con el sentir y necesidades permanentemente medidas de las poblaciones, con mejor conocimiento de las características y valores endógenos y de las potencialidades que la Unión Europea ofrece para la corrección de las asimetrías existentes entre las diversas regiones europeas, desde que sean las Regiones la base “gerencial” y de coordinación ascendente y descendente de los fundos comunitarios cada vez menores.
O sea, partiendo de ellas, pero en estrecha cooperación con la administración municipal, con el Estado y con los ciudadanos locales. Históricamente, en los países desarrollados, las regiones administrativas han nacido de un doble imperativo, económico y técnico.
Pero, hoy la problemática de la opacidad y transparencia debe ser también tomada en cuenta, pues siempre gana con la proximidad de las decisiones y la conexión entre administradores y administrados, que la legitimación electoral imprime.
Las regiones administrativas deben ser meras estructuras de cariz local y naturaleza substantiva metamunicipal.
Estas estructuras regionales no necesitan, en un país pequeño como Portugal y que cuenta sólo con una lengua y con tan fuerte “sentimiento” de pertinencia a un mismo espacio de historia y cultura, cuyos fundamentos vienen ya del inicio del siglo XII, caso único en el mundo, debe intentar sobre todo constituir un factor de minoración y paulatina erradicación de los graves problemas que la Administración Pública centralizada en general no tiene aptitud para efectuar.
De cualquier modo, la regionalización no debe llevar a la duplicación de servicios públicos, debiendo antes, en este momento, ser una oportunidad de favorecer la transferencia de medios excedentarios de la Administración Central para la Regional, por lo que no tiene que ocurrir sobrecarga de gastos globales de las Administraciones, pues las Regiones no tienen que crear nuevos cuerpos de servicios, pero recibir agentes excedentarios de la Administración Central, haciendo un aprovechamiento global de los medios materiales y humanos existentes, y una gestión mucho más eficiente de lo que aquella que la Administración Central puede hacer.
En verdad, la eficacia de la regionalización no está, necesariamente, correlacionada con el volumen de los respectivos medios financieros, pues la cualidad de los recursos humanos mejor movilizables y la imaginación y dinamismo de sus nuevos liderazgos son vitales para su impacte positivo.
No dejo de destacar varias razones para la regionalización, sobre todo la busca y una mejor localización de las decisiones y el aligeramiento de la sobrecarga administrativa del Estado y de su Administración, tanto general (central) como periférica (que con los nuevos desafíos relacionales será mejor gestionada), además del reequilibrio de la responsabilidad participativa entre ciudadanos y organizaciones administrativas.
Hay equipamientos sociales y productivos, proyectos económicos e infra-estructuras de desarrollo científico y tecnológico, que sólo son eficaces a nivel regional, como acontece con el desarrollo económico-social, la ordenación territorial global, la preservación del ambiente, la valorización del medio natural y cultural y la cualidad de vida de las poblaciones, todo objetivos específicos de desarrollo regional, cuya potenciación mejor dependerá de las condiciones geo-económicas, políticas y humanas de cada región concreta[73].
La regionalización lleva a un planeamiento local con una lógica endógena, de implosión progresiva y per-equitativa del desarrollo.
La cuestión fundamental se conecta con la recolocación de los caminos regionales que garanticen la continuación de la política de desarrollo nacional, substituyendo la acción a partir de riba, traducida en una lógica de cordón umbilical y mera visión estatal de las periféricas Comisiones de Coordinación Regional.
Y articulando todo en una síntesis adaptada a las realidades regionales, con los procesos de planeamiento local e inter-municipal conducido por los municipios.
La buena elaboración y realización de estos depende de una voluntad regional y no de una imposición por cualquier nivel de poder.
Así se abre un nuevo espacio de poder articulador, que lleva a la promoción del encuentro entre las políticas nacionales y locales, con el fortalecimiento de los valores de cooperación intra y inter-niveles y de apoyo a la aplicación del principio de subsidiariedad en un contexto de mayor conocimiento de la realidad y de los actos de las autoridades, y por eso en general más participado y más movilizador.
[1] MANIN, Barnard -Principes du government representatif. Paris:Calmann Lévy/Fondation Saint-Simon, 1995, p.305.
[2] Del Contrato Social, 1762.
[3] MICHELS, Robert –Los partidos politicos:Un studio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Traducción de Enrique Molina de Vedia. Buenos Aires:Amorrortu Editors,1991.
[4] BORDIEU, PIERRE –Homo Academicus.Paris: Les Éditions de Minuit, 1984, 2001.
[5] HARDT, M. y Negri, A. –Empire. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2002.
[6] CORCUFF –Las Nuevas Tecnologías. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p.159.
[7] HORKHEIMER, MAX – Teoría Tradicional y Teoría Crítica, 1937.
[8] RICOEUR, PAUL -Lectures on ideology and utopia.Columbia Univ. Press, 1986.
[9] RANCIÈRE, Jacques -Mésentente: Politique et Philosophie, p.37.
[10] RONFEL, David y ARQUILA, JOSEPH -The promise of Noopolitk, First Monday, Aug.2007; GRANT, RICHARD -The democratization of Diplomacy: Negotiating with the internet, Clingendael Discussion Paper 2005.
[11] DE LOS RÍOS, Nagore, o.c., p.188.
[12] CASTELS, M. –Comunicación y Poder. Madrid: Alianza, 2009.
[13] CALDERÓN, César; LORENZO, Sebastián –Open Government: Gobierno Abierto. Alcalá la Real: Algón Editores, 2010, p.13.
[14]Vide, en esta línea de actuación, v.g., Obama:www.whitheh o se.gov/the_press_office/ TransparencyandOpenGovernment): la transparencia radical.
[15] A. y o.c., p.16.
[16] SUETÓNIO -Claudius, 21, apud RUDDER, Orlando de –Cogito, ergo sum, p.37.
[17] Vide las actas con la propuesta del autor y el debate en la Comisión de Revisión Constitucional del Parlamento portugués, en la primera mitad de la pasada década de novienta; revisión abortada por la cesación de funciones de la Asamblea de la República. Su importancia se mide, desde luego, por el volumen de procesos y percentajes de resultados positivos de los mismos, ocurridos en los Tribunales Constitucionales de otros países, y que demuestra también que las propias judicaturas pueden ser liberticidas y la inconstitucionalidad surgir en instáncias finales, sin prosibilidad de recurso en el mismo orden jurisdiccional, a inexistir tal tipo de recurso directo, con decisones subitamente inconstitucionales, desde luego despreciando, v.g., la interdicción de indefensa (CONDESSO, F. -Regime Administrativo e Justiça Administrativa. Autonomia do Direito Administrativo e Jurisdição Administrativa. Princípio constitucional da tutela judicial efectiva e interdição de indefesa. Noções fundamentais sobre direito judiciário e processual administrativo. Texto policopiado, Lisboa: ISCSP, 2007, 201 páginas).
[18] Lo que además impone naturalmente una interpretación sistemática de ciertas clausulas, v.g., del n.º1 del artículo 10, a corrigir, pues, al establecer que “El Pueblo ejerce el poder político”, debe considerarse que el pueblo es titular de todo el poder político y lo ejerce no sólo a través del sufrágio, “universal, igual, directo, secreto y periódico, del referendum y de las demás formas previstas en la Constitución”, sino también a tarvés de las formas de acceso a la información sobre la actividad de todas las entidades públicas y su control no sólo público sino también cotidiano de su actividad.
[19] En lo tanto, este artículo merece de los alteraciones para conformarlo a la realidad de las cosas: el n.º2, en vez que referir que el Estado se subordina a la Constitución, debe afirmar que el Estado se funda en la legalidad democrática, se subordinando a la Constitución, al derecho internacional y al derecho de la Unión Europea; el n.º 3 sobre la “validad de las normas y demás actos (…) depiende de su conformidad con la Constitución”, no puede dejar de acrecentar la conformidad con el derecho internacional “público” y el derecho de la Unión Europea, o sea, que la validad de todas las normas creadas en el país depiende del respeto por esas normas dotadas de natural supremacía normativa. En este artícul cabría mejor el contenido del n.º 6 del artículo 7 (relaciones internacionales), una vez que la integración en la UE es de naturaleza totalmente distinta de la pertencia a la Comunidad internacional en general, dado que aquel es un espacio de transferencia/delegación de poderes soberanos, en cuanto este, en principio, es a penas de normaciones, expresa o consuetudinariamente consentidas (y mucho excepcionalmente decisiones concretas de organizaciones intergubernamentales).
[20] El artículo 5 (territorio), debe ser objeto de una alteración en el sentido de esclarecer que la interdiccióno de enajenación de los derechos de soberanía que el Estado ejerce sobre su territorio no perjudica la existencia de poderes atribuídos en ciertas materias a la UE. El artíclo 7 (relaciones internacionales) debe ser alterado en el n.º1, se reformulando la referencia a la clásica interdiccióno de ingerencia en los asuntos internos de otros Estados, pues la evolución del DIP, hace mucho, há vuelto un principio al contrario, se imponiendo excepcionar las situaciones de obligación de intervenióno, en el caso de agresión en masa a los derechos humanos o a poblaciones minoritarias, o por lo menos se admitiendo tal intervencióno en casos de lucha por la instalación o manutención de regímenes democráticos. El artículo 8 (derecho internacional) debe sufrir un cambio en de los de sus normas: el n.º 3 y el n.º4 deben predecir la vigencia en el orden interno no sólo de normas pero también de decisiones concretas; y el n.º4, sobre el derecho de la União Europea, debe aun sufrir una eliminación de la parte final, que no tiene sentido, al reportarse a un espacio sólo concebible ónticamente o existencialmente en el respeto por la democracia, que nosotros no garantizamos a la restante Europa, pues, al revés, esperamos que sea la Unión que la garantiza. En el artículo 10 (sufragio universal y partidos políticos) debe modificarse el n.º 2, complementando el papel de los partidos en el ámbito del sufragio, pues deben ser tanto los partidos políticos comolas candidaturas de independientes, individualmente, en listas partidárias, y en candidaturas uninominales o a través de listas plurinominales, incluso independientes de los partidos, a concurrir para la organización y para la expresión de la voluntad popular.
[21] ¿Quién no recuerda el caso “ejemplar”, durante la gobernación liderada por Cavaco Silva, del navío de la marina de guerra, afundado por orden de las jefías máximas, contenendo productos tóxicos, que há quedado sin responsabilización, ni funcional ni política, al ser suficiente que el ministro de la defensa del momento, Fernando Nogueira, haya invocado en el Parlamento que no “sabía” del hecho. Lo que ocurre en sistema de responsabilidade objetiva del gobierno es que si el ministro no puede invocar desconocimiento pues si no sabía, según el modelo de responsabilidade indirecta de la Administración que le cumple dirigir, debería saber. Y si no há sido informado, debían ser demitidos, no sólo él, como también el responsable máximo de la rama de las fuerzas armadas en cuestión, que de él depiendía funcionalmente?
[22] El autor ha presidido a varias comisiones de encuesta y a penas há sido nomebrado relator en una de ellas, caso en que se ha hecho sustituir en esta última función, además sin explicaciones, en el momento de la elaboración del Informe (que, para ser independiente, imparcial, no dejaba de apuntar errores indisculpables del miembro del gobierno en cuestión, incluso si enunciando algunos hechos, probados y tenuemente desculpantes), ante la presión efectuada por el partido, en el sentido de ocultar los hechos malos y graves, exculpando indebidamente el investigado. Un colega de partido, aunque siempre lo haya considerado académico serio y pío, inmediatamente ha aceptado asumir el cargo y no ha dejado de blanquear toda la encuesta, contra la verdad apurada en la investigación, tal como los miembros de esta comisión han aprobado eso informe, con excepción del autor y de parte de los miembros de la propria oposición, ligada al tradicional arco de la governación del país. Los hechos hablan por sí.
[23] CONDESSO, 2004; 1998, p.15-19 y 259-265.
[24] Y, en Portugal, en lo concerniente al presidente, al revés, estamos ante un cargo, que, por ser de sufragio directo universal, tienen una legitimidad excesivamente anormal para las funciones cotidianas que, en parte por disposición constitucional, en parte por demisión funcional, inluso en períodos de crisis y de gobiernos minoritarios, viene desempeñando en la práctica durante estas décadas.
[25] Como es el caso, en Portugal, del Procurador-General de la República, dirigente máximo del Ministério Fiscal.
[26] V.g., el caso paradigmático del todo-poderoso Procurador-Geral Cunha Rodrigues.
[27] CALDERÓN y LORENZO, oc, p.57.
[28] L’Ère des Organizateurs, 1942.
[29] Power elit, 1956.
[30] BAUDIN, J.- o.c., p.94.
[31] Droit, legislation et liberté, 1984.
[32] Los Diputados están, hace mucho, sujetos a mandatos imperativos, ya no de pueblo (menos mal!) como el Tercero Estado en el período pre-democrático del Estado estamental, pero del líder o de la dirección del partido, con políticos con patente profesionalización, si no quizás vitalización, y cuya subsistencia económica pasa a depender de su continuación a cualquier precio en la vida pública, lo que, a la falta de limitación temporal continua de los cargos (a semejanza del Presidente de la República o de los miembros elegidos de los municipios, estos todavía en tiempo excesivamente dilatado), hace acentuar la corrupción del funcionamiento orgánico de los aparatos partidarios, a todos los niveles.
[33] Y sólo ficticiamente por elección de sus pares, incluso fuera de régimen parlamentario puro, como el portugués, en que los miembros del gobierno no tienen que ser diputados, ni salir del parlamento ni cumular con la función parlamentaria.
[34] No es aceptable que un engañe el electorado dando su nombre, o sea presentándose y en el acto inicial de constitución del Parlamento, acabado de elegir, aparezca para dimitirse, siendo seguro que su préstamo será compensado con cargo más apetecible; o la aceptación de sustituciones libres sin ser para el ejercicio de funciones gobernativas, enfermedad u otras con clara justificación en términos que no puedan aparecer como un medio de huir a las responsabilidades políticas personales en ciertas materias o al ejercicio normal del cargo.
[35] MIRANDA, Jorge -«Sistema eleitoral e democracia interna a nível dos partidos”. In Direito dos Eleitores, Seminário Internacional, Lisboa, UML, 1998.
[36] Cuestión que había merecido alteraciones al Reglamento del Parlamento portugués en la primera mitad de la pasada década de noventa, cuya esencia global resulta del conjunto de alteraciones presentadas por el autor (entonces diputado nacional, recién llegado de funciones como diputado europeo), particularmente el cambio de los días de reuniones del Plenario durante la semana: medio dejando el lunes y el martes como días libres para contactos con el electorado.
[37] La Constitución portuguesa permítelo fuera de las áreas de reserva de ley formal, pero hay que recordar que esta competencia genérica, comprensible en el Ancien Régime, viene actualmente de la dictadura y Portugal es la única excepción en países democráticos en que eso ocurre.
[38] Que, en las elecciones parlamentarias no tiene que pasar en Portugal por una opción de meros círculos uninominales con de los escrutinios en vez de los actuales círculos miniregionales de sufragio en lista, pero puede pasar por un sistema misto de círculos de ámbito diverso y listas abiertas.
[39] Coincidentes con la región o distrito, que tiene sido en Portugal la opción territorial para permitir la adopción del método de conversión proporcional, luego deseable en 1975 para no impedir la afirmación de varios partidos, en una altura en que acababan de nacer y necesitaban de tener representación para poderse afirmar en el futuro según los méritos que revelasen en el funcionamiento cotidiano de la vida democrática.
[40] Las elecciones, cuya importancia central, sin qua non, en democracia no se cuestiona, son el mecanismo más determinante, con consecuencias que los politólogos consideran “vinculantes”, en términos de ciudadanía sobre la gobernación democrática. Pero, ¿esta afirmación no es a veces demasiado excesiva o en la práctica irrealista? Sobre este tema de elecciones-representatividades, la forma como los candidatos son esencialmente encontrados-seleccionados por los directivos partidarios y no elegidos, no escogidos libremente por el elector (elecciones periódicas, sí, ¿pero libres y justas?, ¿libertad para quién?); ¿libertad para presentarse a una asamblea de voto es igual a libre selección de sus representantes? Ya previamente seleccionados y jerarquizados sin que los ciudadanos tengan alguna opción sobre personas, en términos reales?; Y, si la democracia en gran escala y con sistema proporcional dificulta una libertad absoluta de opciones personales, eso ni ha evitado que la generalidad de otros países hayan adoptado métodos distintos de los consagrados en los Estados Ibéricos, bien más próximos del ideal: voto preferencial dentro de la lista del partido o incluso voto misto, en panaché, a partir de todas las listas presentadas, ni impide sistemas de dualidad de círculos electorales, unos proporcionales, a nivel nacional y regional, y otros uninominales, a un nivel más local. Y naturalmente presentación libre de listas de ciudadanos, que no sólo a través de los partidos. En cuanto a estos temas, vide el debate, con los mayores expertos extranjeros (MASSIMO LUCIANI, DIETER NOHLEN, MIGUEL MARTÍNEZ CUADRADO, LESZEK LECH GARLICHI, MICHAEL KRENNERICH, L O IS FAVOREAU, ANDRÉ R O X, PABLO LUCAS VERDÚ), efectuado en 27 y 28 de Febrero de 1998 (publicado en Direitos de los Eleitores. Lisboa: UML, 1998, 292 páginas), y en que también expusieran sus posiciones el Presidente de la República de entonces, JORGE SAMPAIO, el Juez Consejero del Tribunal Constitucional, LUÍS NUNES DE ALMEIDA, Profesores VITAL MOREIRA, JORGE MIRANDA, MARIA LUÍSA DUARTE, BRAGA de la CRUZ (actual rector de la Universidad Católica), MARGARIDA SILVA PEREIRA, LUÍS CABRAL DE MONCADA, el Ministro de los Asuntos Parlamentares, ANTÓNIO COSTA y representantes de los partidos (ANTÓNIO VITORINO, PAULO PORTAS y LUÍS DE SÁ) y el organizador, FERNANDO CONDESSO.
[41] O sea, no defiendo la existencia sólo de círculos uninominales, aunque personalizados, dado que no se debe poner en causa el método proporcional, en círculos territoriales más amplios, con voto personal para cada círculo existente, pues igual menos personalizado, pero, partidariamente, en sistema de lista, más representativo.
[42] Solución que, además, es deficiente -en el plano de su representatividad y, así, democraticidad-, sin ser naturalmente de de los vueltas, para impedir que una mayoría de electores, sin éxito en la intención de contribuir con su voto para crear una mayoría parlamentaria, a final quede sujeto a un gobierno que, entre todos los posibles, menos desearía y nunca votaría si supiera que su primera selección no vencería, o sea, que nunca tendría elegido, como tiene ocurrido en Reino Unido, técnica para favorecer artificialmente la bipolarización, con la eliminación de partidos más o menos al centro.
[43] Para garantizarles un número suficiente para la estabilidad partidaria, sin lo que es de creer que los directivos partidarios no admitirían alteraciones del sistema electoral.
[44] Pero, nunca a nivel de estructuras artificiales, sin real poder político o administrativo, como ocurre con los «distritos” portugueses, dado que son una creación artificial (ni son “autarquía”, o sea, estructura de poder administrativo autónoma infra-estatal dotada de atribuciones propias, ni área dotada de cualquier centralidad de poder político, apenas una circunscripción con un representante del gobierno y partido gobernante (siendo cierto que el Estado no sólo multiplica diferentes circunscripciones territoriales, estructuras periféricas del Estado, conforme los ministerios y, a veces, dentro del propio ministerio y el gobernador civil además ni siquiera dirige los servicios estatales existentes en esa área regional del Estado, diferentemente de lo que ocurre con el Prefecto francés).
[45] Sea en la fórmula Convención/Comisarios, sea en la parlamentarista o semiparlamentarista, con la posibilidad de existencia de gobiernos sin base parlamentaria actualizada; posibilidades de gobiernos sin apoyo positivo del Parlamento y eventualmente sin base electoral positiva; gobiernos constituidos completamente a la rebeldía de elecciones (de la voluntad del pueblo o de su representación parlamentaria), y, a montante, muchas veces parlamentos sin diputados libres o no libremente elegidos, porque salidos de listas cerradas, elaboradas más o menos autocráticamente, por líderes partidarios, y puestas al voto formal del electorado, sin posibilidad de preferencia entre los propuestos: sin voto de preferencia o sin sistema de panaché. En el fondo, tenemos no sólo gobiernos partidarios, pero también gobiernos de legitimación sociológica partidaria. Y, además, con elencos ministeriales, tal como listas para el Parlamento, de selección intrapartidaria no claramente colegial y, así, ademocrática, con soluciones resultantes de un partidario centralismo «pseudocolegial”; o tal vez, presidencialismo partidario, o sea, en sistema de funcionamiento partidario no democrático, con seleccións plebiscitadas posteriormente por los órganos partidarios estatutarios, en el caso de las seleccións para las listas parlamentarias o para los miembros de los gobiernos y plebiscitadas por el electorado en listas cerradas, propuestas por los partidos, haciéndose vencer la idea de una soberanía partidaria, o quizás caudillista, con afirmación en la práctica de nuevas instituciones o mejor de órganos de poder supremo dentro del Estado: el partido o frecuentemente el líder del partido, nacional, distrital o local. Falta democracia interna en el funcionamiento de los partidos, que ni congresos ni elecciones directas consiguen traspasar, pues la afirmación de las legitimidades funcionales no pasa por ahí. La cuestión del ejercicio de funciones por un elenco gobernativo escogido autocráticamente por un presidente de partido a la rebeldía de sus órganos estatuarios, con invocación del miedo de la danza de los nombres en la prensa, tal como la posibilidad de ascensión a Primero-Ministro de un dirigente de la cúpula partidaria, cuando demisiona el gobierno, no sujeto al voto popular, ¿no dejará mucho a desear en un abordaje democrático de legitimidad originaria, creando la convicción, sobre todo cuando afirmada por la costumbre nunca contrariada, de que en las elecciones generales se “escoge” diputados de un partido como mera técnica para designar el líder, que los ha preseleccionado, como primer-ministro? En esta perspectiva, ¿no sería de considerar que el ejercicio del poder, asiente en la idea de herencia de una solución basada en una reculada mayoría electoral y, por lo tanto, parlamentaria, sufragada con base en el anuncio de un otro Primero-Ministro, sólo excepcionalmente y con gran consenso nacional es aceptable, sino no puede ser considerada como inserida linealmente en la vivencia de la idea democrática?[45] Sobre todo, en crisis política y cuando ya ha decorrido tiempo significativo después del acto electoral o hechos anormalmente desprestigiantes para la conducción de la gobernación, importa reconducir la función de la figura y representante máximo del Estado a una función meramente moderadora, cuyos límites paran en la posibilidad de viabilizar gobiernos en el contexto de un modelo en que la dirección personal y programática de estos no se esté sufragada. Fuera de eso, importa tener presente la vía de la reconducción plena de la legitimidad fundante de la gobernación en las manos directas del electorado. Además, por ejemplo en Portugal, como hoy está prevista la legitimidad presidencial de empeñamiento gubernamental (reducido a la mera presunta legitimidad parlamentaria, dado que el gobierno es investido sin necesidad de voto positivo del Parlamento), debía, coherentemente, llevar a la reconducción de la institución presidencial (que no lidera el gobierno, no es responsable por él, ni se sintoniza realmente con un verdadero sistema semipresidencial) a una normal elección no directa, que sería suficiente para la legitimación de sus generales parcos poderes. Y, ¿por qué tienen los partidos en Portugal miedo de una Cámara Alta, un Senado representativo de las regiones y con asiento para aquellos cuya experiencia es importante, porque han desempeñado altos cargos en la nación? ¿Por sus miembros, seguramente, actuaren, pedagógicamente con relación a los diputados, sin control partidocrático, que estos veteranos ya no admitirían? Pero, los senadores ya existen de hecho, aunque no de derecho y sin Cámara parlamentaria que valorice su experiencia en términos nacionales: ex-presidentes de la república y de la asamblea nacional, ex-primeros-ministros, ex-presidentes de la asamblea general o secretarios-generales de la ONU y otros altos cargos internacionales y de la UE, como ex-comisarios europeos, ex-líderes de grandes grupos parlamentarios y partidarios, ex-presidentes de gobiernos regionales, ex-presidentes de algunos grandes municipios con largos mandatos (designados en términos a fijar legalmente tienen pasado y experiencia política reconocida y continúan hablando en público cuando quieren sin marco institucional que ponga su saber al servicio permanente y organizado de la sociedad). Para eso, hay que vencer las resistencias de una clase dirigente «reaccionaria”, profesionalizada en la habilidad de la manutención de sus propias posiciones. Se impone una reformulación bicameral del parlamento portugués y un nuevo sistema electoral, abierto y de libre presentación de candidaturas en toda la Península.
[46] DOBLET, Y.M. -Le financement de la vie politique, o.c., p.55-56.
[47] MENY, Yves -L'Argent et a Politique, pág. 75.
[48] PARETO, Vilfredo -Traité de Sociologie Générale, Préface de RAYMONDE ARON, Genève, Librairie Droz, 1968, p. 1454 y s.
[49] G. SARTORI -Théorie de la Démocracie, Paris, A.Colin, 1973, pág 145.
[50] O, si un día se unificaren totalmente las jurisdicciones en la cúpula, en un único tribunal supremo, como ocurre en el sistema judicial español ya con el contencioso administrativo, y nada impide incluso la integración de la jurisdicción constitucional en una nueva Sala, en vez de un tribunal autónoma para el derecho constitucional. Y, además en general, con oposiciones generalizadas para jueces de los tribunales superiores, permitiendo así la entrada de grandes doctrinadores conectados con la enseñanza universitaria, como ocurre en otros países.
[51] Vide, CONDESSO, F. -«Segredo de Estado”.In Direito de la Comunicação Social.Coimbra: Almedina, 2005, p.270 y s.; –O direito de aceso à documentação detida pela administração pública portuguesa. (Lição proferida em Provas de Agregação em Ciâncias Jurídico-Políticas). Lisboa, 2005.
[52] La distinción entre las funciones del Estado ha surgido con intenciones garantísticas, dado que la separación orgánico-personal de aquellas funciones intentaba asegurar la libertad y la seguridad individuales. Ha sido el dogma de la reducción del Estado al Derecho y de este a la Ley positiva, asiente en el postulado de que el Estado y el Derecho se identifican, que ha convertido la tripartición funcional en teoría de las Funciones Estatales con pretensiones de validad universal. El Gobierno, apoyado en su Administración Pública, desarrolla actuaciones en todos los dominios de la vida en sociedad y no sólo actividades ejecutivas de normas del Parlamento, pero igualmente comandos de carácter general y abstracto, normalmente camuflados en la designación de reglamentos o incluso aceptados como leyes en el desarrollo normal de un poder legislativo propio de base constitucional, al lado del poder del Parlamento, a quién se reserva algunas materias más importantes y además, en su mayoría, pasibles de autorización legislativa al gobierno (unas y otras leyes rebautizadas, en la designación portuguesa, de Decretos-Leyes y unificadas en el concepto impreciso de leyes materiales, versus leyes formales del Parlamento, lo que en términos de poder legislativo dual competencial – fuera de las áreas de reserva de ley formal, estas normalmente leyes de bases, de valor reforzado o de naturaleza orgánica- es un resquicio del Antiguo Régimen, sólo constatable, en países democráticos, en Portugal) y jurisdiccionales, a través de una Administración sancionadora, arbitral y conciliadora, etc.. Y, por otro lado, desarrolla igualmente actividad política y gobernativa en todos los dominios de la vida en sociedad y, en “régimen administrativo” continental, aplicable en Portugal, no deja también de actuar prescindiendo del poder jurisdiccional (autotutela en general de naturaleza declarativa y ejecutiva y, en materia de infracciones no penales, de naturaleza sancionadora). Es excesivo poder para poder huir a una legitimación electoral, a actualizar siempre que haya propuestas de nuevas jefes de gobierno, y a una legitimidad funcional, permanentemente releída por un control activo y eficaz de instituciones imparciales, lo que el poder parlamentario ya no hace. Pero, no sólo ella, pues es necesario que las sentencias también lo sean siempre por principio, dado que no es suficiente que las normas ya sean controlables por los tribunales en general, por referencia al cuadro constitucional (control difuso de la constitucionalidad, en los procesos concretos, que, en sistema de fiscalización mixto, como el portugués, se une al control en última instancia por el Tribunal Constitucional (o sea, sólo cuando ya el asunto ha sido controvertido en eso proceso concreto en otro Tribunal), aunque también pueda ocurrir, en general, en términos abstractos y a pedido de ciertas entidades oficiales.
[53] Esto, en cuanto al Poder Ejecutivo, a que mejor cabe la designación de Poder Administrativo, porque es mucho más que meramente ejecutivo de las leyes y porque ya no es sólo estatal, al ganar importancia constitucional su segmentación ante el principio de la descentralización administrativa, exigente en Portugal de una verdadera regionalización del continente, formada de meras administraciones regionales (y, por lo tanto, sin cualquier poder político-legislativo), pero con atribuciones propias, autónomas del Poder Ejecutivo Central y del municipal, y con representatividad electoral de los intereses simultáneamente infra-estatales y supermunicipales. En breves notas, diría que mi posición general, en cuanto a una reforma global del Estado en Portugal, es la siguiente: 1.º- hay una Administración Pública con excesivo centralismo, afectando negativamente la rapidez aplicativa y adaptativa, o sea, la eficacia de las políticas públicas y el desarrollo harmonioso de sus territorios, objetivo primordial de la necesaria institución de las regiones administrativas, vocacionadas para la afirmación proactiva de liderazgos y gobernanzas dinamizadores de los distintos territorios y para actuar esencialmente en los dominios del planeamiento y de la definición de las prioridades de actuación del sector público en cada una de ellas, de la programación de las políticas públicas y de la afirmación de las potencialidades regionales, endogenismos, con acrecimos de eficiencia, con decisiones más céleres, más participadas y más próximas de los destinatarios; 2.º-Urge concretar el proyecto de la regionalización, que es algo ínsito al desafío de desarrollo de todas las partes del territorio nacional y a un correcto planeamiento estratégico y territorial regional que potencie niveles iguales de calidad de lo que exige nuevos enmarcamientos y procedimientos que la viabilicen. 3.º- Su encuadramiento debe procesarse en nuevos moldes y con una visión reformista global del Estado. Así: a)-en el ámbito del cuadro constitucional de la regionalización, una revisión constitucional, eliminando la exigencia de la creación simultánea de las regiones y la imposición del referendo nacional; referendo, que a existir, sólo tiene sentido en cuanto a la creación en concreto de cada región y en consulta apenas al electorado de la respectiva región, no siendo aceptable que regiones ya existentes o en formación puedan pronunciarse por lo bloqueo de otras que se pretenden también instituir; b)- en su ámbito procedimental , o se parta en términos reformistas de actuales realidades asociativas o no, la conformación geográfica final debe resultar de la pronuncia de los poderes locales implicados en el proceso, y no de cualquier referendo-ratificación de un mapa nacional, pre-decidido por los poderes nacionales y partidarios o referendo inicial de cualquier proyecto en cuanto al sentido, tiempo constructivo, territorios y capitales o atribuciones, se aceptando ritmos diferentes del proyecto de re-encuadramiento georegional, método ya adquirido en las experiencias asociativas alargadas de esta década; la aprobación final de cada territorio regionalizado, deberá después pasar por Ley de la Asamblea de la República, y marcación de elecciones para los nuevos órganos de la Región en sustitución de los órganos asociativos y de los de la CCDR (representatividad directa); c)- en el ámbito de su estructura orgánica, poderes y atribuciones, debe aceptarse la aplicación de la actual LQRA, aprobada por unanimidad en 1991, sin perjuicio de futuros perfeccionamientos, además en todas las entidades territoriales infra-estatales, no tanto en el plano macro-orgánico o material, pero de la interadministratividad, cooperativa o integrativa; d)- en el dominio general de la concretización del sistema de las representatividades, debe reencuadrarse todo el sistema electoral en el plano global, contando con este nuevo nivel de poder territorial, dándole expresión incluso para el Parlamento nacional; e)- en el ámbito de la reforma de la organización global de la Administración Pública portuguesa, importa repensar la existencia de las entidades infra-municipales (“freguesias”) y hacer coincidir en general las circunscripciones regionales del Estado con los territorios de las nuevas regiones representativas y, en el futuro, a coordinar por lo representante del Gobierno, convolado en función de Administración altamente calificada y no más partidario, siguiendo el modelo francés; f)- en el ámbito del sistema nacional de planeamiento territorial, al Estado debe caber sólo el Programa Nacional de Política de la Ordenación del Territorio, y articuladamente con los órganos regionales, los Planes Sectoriales con Incidencia Territorial. Los Planes ambientales denominados Especiales de Ordenación del Territorio, encuadrados por la legislación supranacional y nacional pertinente, deben caber a los órganos regionales, asó como los Planes Regionales de Ordenación del Territorio, y con sustitución de los Planes Intermunicipales de OT, cuando eso pueda ser útil, por la figura de Plan Regional de OT parcelar, unos y otros en articulación con los municipios; g)- En el ámbito del desarrollo en cohesión territorial, cohesión económica y social para una mayor competitividad, y para una perspectiva transnacional del desarrollo regional, para que apunta el Tratado de Lisboa, importa avanzar regionalmente con planeamiento integral, articulando el planeamiento físico y el estratégico, y apoyos a la programación a las inversiones, con tomadas de medidas decisivas, específicamente en relación con la regiones fronterizas y regiones rurales, que necesitan de una acción muy activa, sin lo que no se mantiene el actual ya mínimo de 25% de ocupación humana, luchando contra el contínuo despoblamiento de estas últimas décadas, para no dejar destruir el mundo rural-humano tradicional, lo que exige evolución en términos de bien-estar y calidad de vida. Como afirmaba la comisaria Hübner, en el Informe Barca, de 27 de abril de 2009: la «política de cohesión es un pilar central del proceso de integración europeo”, debiendo todas las regiones «poder realizar plenamente su potencial en términos de desarrollo económico” y todos los ciudadanos «poder beneficiar de las reformas políticas, independientemente del lugar donde vivan” (Informe Barca, ip/09/642, bruxelas, 27.4.2009).
[54] Las figuras de asociaciones intermunicipales de interés general no resuelven, siendo una mera estrategia inconstitucional, teledirigida a partir de arriba, del Estado, creando estructuras orgánicas de pseudo-sustitución, cuya ineficacia promocional del desarrollo y competitividad ha sido nula, por ausencia de representatividad directa y, por tanto, de órganos y electorado propio, y de su sumisión total a una lógica agregadora de los meros intereses municipales. contrariando un conjunto de principios constitucionales (tipicidad, especialidad, falta de representatividad directa de sus órganos, atribución de poder reglamentar exterior de Administración territorial) y, por lo tanto, la asunción de poderes de ente territorial menor contra la tipología constitucionalmente impuesta. Sobre el debate de las asociaciones municipales, vide, v.g., AMARAL, D. F. –Curso de Direito Administrativo, Vol.I, Coimbra: Almedina, y sobre la Regionalización, CONDESSO, F. –«Planeamento y Qualidade de Vida: Uma visión territorial. Pela reforma global de la Administración Pública”. In II Congresso sobre a Qualidade de Vida. Organización INTEC-CAPP, 29 de noviembre de 2010, Lisboa, ISCSP, site CAPP.
[55]Y, en Portugal, además, de la total reforma de las estructuras periféricas del propio Estado. Sobre desarrollo regional, competitividad, gobernanza, participación, liderazgo e inadecuación del actual modelo institucional, vide la tesis de doctorado en economía y planeamiento territorial de BRANCO, Rosa Maria Pires -Competividade y Governação: O caso de la Área Metropolitana de Lisboa, FCSH-UNL (defendidaa 9.3.2010).
[56] Hace mucho que defendemos, no un concepto de autonomía regional o municipal basado en poderes exclusivos, y sobre todo en la interadministratividad, con intervención general cooperativa o integrativa, en la línea de la concepción burmeisteriana de autonomía local: CONDESSO, F. -O Ordenamento del Território: Direito del Planeamento Territorial, Administración Pública del Território, Economia Regional y Políticas Europeias. Lisboa: ISCSP-UTL; -La Defensa del Medio Ambiente y el Derecho a la Información Administrativa en las Instituciones de la Unión Europea y en los Estados Ibéricos. URJC, Madrid; -El desarrollo armónico de la Península Ibérica: El problema de la ordenación territorial. Barcelona: Erasmus Ediciones, 2010.
[57] El Tratado de Lisboa, en vigor, no ha resuelto aún adecuadamente la cuestión de los poderes funcionales al nivel de la UE, aunque sea conocido el permanente debate teórico sobre el déficit de democraticidad en su construcción orgánica, concretizada en los sucesivos Tratados negociados por los gobiernos.
[58] De ahí, la necesidad de la creación también de recursos de amparo o recurso directo de constitucionalidad contra agresiones a derechos fundamentales por actos ilegales de los jueces (que, en materias importantes para el ciudadano, honorabilidad del Estado, defensa de la libertad de comunicación social y, en general, de los derechos fundamentales, nunca podrá aceptarse que decidan contra la Constitución sin amplio control, incluso cuando la inconstitucionalidad ocurre en la decisión final ya sin recurso, por invocación de nueva norma, por iniciativa del juez). Su importancia y urgencia en los países donde no exista puede medirse refiriendo que, por ejemplo, en España, estos procesos se cifran en más de 60% de los procesos globales del TC.
[59] Vide CONDESSO, F. «A Democracia contra a Democracia”. In Congresso 30 anos de Democracia Organización Asociación 25 de Abril, Fundación Cal o ste Gulbenkian, Lisboa, 11 de noviembre de 2004.
[60] Cuán olvidados están ejemplos históricos que nos deberían orientar, v.g., el de Willy Brand!
[61] En ciertos países, el Ministerio Fiscal, cada vez más decisor y gestor único de las políticas anticriminales, y las magistraturas judiciales en general (y, por sus retrasos, en especial en el campo de la vida económica), tienen protagonizado uno de los aspectos más graves de disfuncionalidad del Estado y, aunque estos sean sólo uno de los fenómenos reveladores de la crisis del sistema que vivimos, asumen una tal importancia, por tocar con el sistema de justicia y de los derechos fundamentales, que importa destacar, ante la cuestión social de su continuada deslegitimación ante el ejercicio considerado demorado, ineficaz, incorrecto o no imparcial de los poderes atribuidos, incluso de las instancias oficiales de control social o, en términos más amplios, de la problemática del sistema jurisdiccional y especialmente lo penal, en que tiene sobresalido el debate sobre el secreto de justicia y la prisión preventiva.
[62] Sobre o tema, vide, em 2011, Lisboa, FFMS: GAROUPA, Nuno -O Governo da Justiça, e GOMES, Conceiçao – Os Atrasos da Justiça.
[63] Acórdão do Tribunal Constitucional nº148/87.
[64] Nº 5 do artigo 14.º do PIDCP e 1, 32 CRP, Acórdão do TC. 210/86.
[65] Jean-Paul JEAN, “La qualité des décisions de justice au sens du Conseil de l’Europe”, Coloquio organizado el 8 y 9 de marzo de 2007 por la Facultad de derecho y de ciencias sociales de Poitiers sobre el tema de “la calidad de las resoluciones judiciales”, ver Estudios de la CEPEJ n°4.
[66] Permitiendo la extensión de la jurisdicción sin límites materiales a todos los actos de todos los otros Poderes, incluyendo del propio poder judicial, y, siendo cierto que el derecho vigente no es realmente lo que el legislador quiere y redije, pero lo que el juez «dice que es”, aplica, tornándolo en el auténtico legislador del caso; o sea, el único dictador en concreto de la norma sociológicamente constatable.
[67] Al ritmo de la privatización a que ni las funciones tradicionales de soberanía escapan, podrá acabar por ir más deprisa para una cualquiera “Securitas”, nacional o extranjera, en un bien “preparado” concurso público, semejante a todos los otros de “regularidad” sistemáticamente bien conocida.
[68]El Estado Democrático asienta en el sistema político en que la soberanía pertenece al Pueblo y los titulares de los poderes supremos son elegidos periódicamente por la totalidad de los ciudadanos en régimen de libre competencia de opciones políticas y con respeto de los derechos y libertades fundamentales, implicando que los titulares del poder actúen por delegación y respondan periódicamente por su ejercicio.
[69] El Ministerio Fiscal (Ministerio Público), quees autónomo, comportase como independiente, gobernándose a si propio, y en verdad imponiendo orientaciones genéricas o casuísticas conformadoras de una política criminal, cual “Ministerio” (Fiscal) de la Justicia, sustituyéndose a la política anticriminal que cabria al Gobierno, a través de un Ministro (cuyo nombre se mantiene aunque sólo «dirija” cárceles y se sustituya al parlamento haciendo leyes que mejor competía a este) y, por tanto, a la rebeldía del electorado, sin cualquier sufragio popular, todo con a sistemática invocación de la sujeción única al principio de la legalidad, como si toda a Administración Pública no estuviera sujeta a este principio. ¿Qué sería de todos los trabajadores públicos y servicios del Estado, si, invocando este principio fundante de cualquier Administración pública, recorriesen a su invocación para se hurtaren a cumplir las políticas de los gobernantes sufragados (buenas o malas, al electorado en democracia cabe pronunciarse, lo que no puede hacer en relación con la actuación del MF)? Lo que exige la clarificación del Estatuto funcional del Ministerio Fiscal, para se saber donde colocar funcionalmente estos funcionarios públicos de la Jefatura delMF (PGR en Portugal), uno de los sectores orgánicos de la Administración Pública del Estado integrado en el Ministerio de la Justicia. A continuar así, ¿donde está el espacio de la gobernación democrática en la imposición de una política anti-criminal electoralmente controlable? La polémica de los últimos años a la vuelta del secreto de justicia, que se mantiene (demostrando el obvio, o sea, que no depende de su régimen jurídico, dado que no ha sido el cambio de régimen y bien acentuada ella ha sido y para mejor, que hace terminar el debate), sirve para una otra reflexión autónoma sobre la dificultad de sustituir el sistema humano y la cultura instalada ni sus titulares no cumplidores(por lo menos, sin promociones acordadas y aceptaciones previas de sucesores dinásticos), o sea, una reflexión sobre el estatuto en términos de designación, independencia y exención, del dirigente máximo de los agentes de investigación y acusación criminal (en Portugal, Procuradores Generales de la República), independientemente del juicio sobre su modo de ejercer funciones.
[70] Hay que referir el hecho de estas estructuras regionales intermedias de poder, existentes en la generalidad de los Estados europeos desarrollados, como Bélgica, Holanda y Dinamarca, contaren, en media, menor área y menos populación que van a tener las regiones administrativas de Portugal. Por tanto, razones suficientes existen, la cuestión a colocar tiene que ver con el proceso de las efectuar.
[71] Sobre el tema, CONDESSO, Fernando de los Reis -«Os fundamentos de la idea regionalizadora y o papel del Professor Eurico de Figueiredo en el proceso referendario de la década de noventa”. In Estudos y Ensaios en Homenagem a Eurico de Figueiredo: Homem, Político y Académico. Porto: CEPESE, Ediciones Afrontamento, 2005, p.165-194; CONDESSO, Fernando de los Reis -Ordenamento del Território: Administración y Políticas Públicas, Direito Administrativo y Desenvolvimento Regional. Lisboa: ISCSP-UTL, 2005.
[72] Tal se prende con la necesidad de acelerar el bien-estar de las poblaciones con claras asimetrías de desarrollo, llevando a la institucionalización de un nuevo modelo espacial que, potenciando la autonomía y el poder “local” infra-regional, imprimirá una amplia cooperación interadministrativa y con los ciudadana. La regionalización puede contribuir para adelantar un desarrollo auto-centrado y participado mucho mayor en las regiones menos desarrolladas y así terminar con asimetrías vincadas y concomitantes desigualdades de bien-estar entre los ciudadanos de un mismo país, incluso por el aprovechamiento, de forma más racional y más controlada electoralmente y funcionalmente, sistemática y coherente con el sentir y necessidades permanentemente medidas de las poblaciones, con mejor conocimiento de las características y valores endógenos y de las potencialidades que la Unión Europea ofrece para la corrección de las asimetrías existentes entre las diversas regiones europeas, desde que sean las Regiones la base gestionaria y de coordenación ascendente y descendente de los fundos comunitários cada vez menores. O sea, partiendo de ellas, pero en estrecha cooperación con la administración municipal, con el Estado y con los ciudadanos locales. Historicamente, en los países desarrollados, las regiones administrativas han nacido de un doble imperativo, económico y técnico. Pero, hoy la problemática de la opacidade y transparencia debe ser también tomada en cuenta, pues simpre gana con la proximidade de las decisiones y la conexión engtre administradores y administrados que la legitimación electoral imprime. Las regiones administrativas deben ser meras estructuras de cariz local y naturaleza substantiva metamunicipal. Estas estructuras regionales no necesitan, en un país pequeño como Portugal y que cuenta sólo con una lengua y con tan fuerte “sentimiento” de pertinencia a un mismo espacio de historia y cultura, cuyos fundamentos vienen ya del início del siglo XII, caso único en el mundo, debe intentar sobre todo constituir un factor de minoración y paulatina erradicación de los graves problemas que la Administración Pública centralizada en general no tiene aptitud para efectuar. De cualquier modo, la regionalización no debe llevar a la duplicación de servicios públicos, debiendo antes, en este momento, ser una oportunidad de favorecer la transferencia de medios excedentarios de la Administración Central para la Regional, por lo que no tiene que ocurrir sobrecarga de gastos globales de las Administraciones, pues las Regiones no tienen que crear nuevos cuerpos de servicios, pero recibir agentes excedentários de la Administración Central, haciendo un aprovechamento global de los medios materiales y humanos existentes, y una gestión mucho más eficiente de lo que aquella que la Administración Central puede hacer. En verdad, la eficacia de la regionalización no está, necesariamente, correlacionada con el volumen de los respectivos medios financieros, pues la cualidad de los recursos humanos mejor mobilizables y la imaginación y dinamismo de sus nuevos liderazgos son vitales para su impacte positivo.
[73] La definición de las atribuciones regionales, en la lógica de la distribución del poder global, debe ser “enformada”, de modo interligado, por cinco principios esenciales. Por un lado, las funciones transferidas para las Regiones deben prever la posibilidad de mejorar la recolocación de los recursos en términos de eficacia o de participación de los ciudadanos (principio de la coordinación). Y el poder regional conduce al refuerzo de las articulaciones y aparcerías entre la Administración Central y la Administración Local y entre el sector público y el sector privado (principio de la aparcería).Se acreciente aun que las competencias regionales se traducen, de preferencia, en la movilización de los servicios de acción de los otros, dado que las Regiones van a tener, sobre todo un papel impulsionador de políticas, dejando a otros su ejecución (principio de la centralización y de la movilización).Y no se regionalizan tareas en que pueda existir un serio riesgo de las diferencias de medios y opciones entre las Regiones condujeren a desigualdades en las condiciones de acceso de los ciudadanos a servicios esenciales (principio de la igualdad).Además, las relacionadas con materias con implicación en la competencia inter-regional o las que presentan fuertes externalidades regionales deben permanecer como atribuciones de la Administración general del Estado (principio de la unidad y coherencia territorial).