Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/06/registro-oficial-2-de-junio-del-2000
Timestamp: 2019-12-07 11:55:10
Document Index: 127772680

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 124', 'artículo 114', 'artículo 59', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 177', 'artículo 19', 'artículo 75', 'artículo 461', 'artículo 383', 'artículo 73', 'artículo 25', 'artículo 75', 'artículo 461']

Registro Oficial. 2 de JUNIO del 2000
Viernes, 02 de junio de 2000
Viernes 2 de Junio del 2000
\n 436\n Créase el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas\n del Ecuador -FODEPI- como entidad adscrita a la Presidencia de\n la República
0242 Dispónese que la Importación\n de mercaderías gravadas con tarifa cero por ciento de\n IVA especificadas, no requieren para su desanuanización\n de certificación emitida por el Servicio de Rentas Internas
\n C.I.073\n Refórmase el Estatuto Codificado del IESS
\n C.I.74 Dispónese que\n a partir del 1 de Julio del 2000 las pensiones unificadas de\n Invalidez, vejez y especial reducida, en los regímenes\n obligatorios del Seguro General y del Seguro del Trabajador Doméstico\n
\n JB-99-159 Modifícase la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria
\n 52-96-OR Esther Genoveva Robayo\n Zambrano en contra de Sandy Rodolfo Vargas Vera
\n 83-96-EP Guillermo Loza Valleio\n en contra de Luis Arturo Moyón Quishpe y otro
\n 159-96-MV Segundo Manuel Cajamarca Romero en contra\n de Rosa María Pilataxi López
\n 217-96-EP Ministerio Fiscal\n General en contra de Luis López Flores y otro
\n 232-96-MV Ministerio Fiscal\n en contra de Jaime Javier Zambrano Saltos
\n 242-96-EP Ministerio Fiscal\n General en contra de Florencio Leo Dan Gamboa Zuriaga
\n 244-96-AG Ministerio Fiscal\n General en contra de Silvio Iván Chuquilla Germán\n
\n 247-96QO Ministerio Fiscal\n General en contra de Eustorgio Sánchez Willes
\n 281-96-JOC Ministerio Fiscal\n General en contra de Byron Arturo Moreano Poma
\n 01-97-MV Ministerio Fiscal\n General en contra de Rubén González Gordón\n y otro
\n 28-97-OR Jorge Enrique Guanopatín\n en contra de Gabriel Ernesto Alarcón Chasi
\n 107-97-OR Ministerio Fiscal\n General en contra de Oscar Ernesto Sanabria Espinosa
\n 133-97-MV Ministerio Fiscal\n General en contra de María Manuela Abrajan Caiza
\n 147-97-MV Segundo Manuel Rodríguez\n Páramo en contra de Belisario Rodríguez Páramo\n y otros
\n 153-97-MS Angel Amadeo Sarmiento\n Ludeña en contra de Pablo Raúl Rivas Castillo
\n Cantón\n Píllaro:\n Que reforma la Ordenanza que reglamenta la administración\n del personal de la Municipalidad sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa
\n Cantón Gonzalo Pizarro:\n Para la aferición de pesas y medidas
Que es deber fundamental del Estado\n el logro del desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo\n de la economía en beneficio colectivo, para erradicar\n la pobreza y promover el progreso económico social y cultural\n de sus habitantes;
Que el Art. 84 de la Constitución\n Política reconoce y garantiza los derechos colectivos\n de los pueblos indígenas del Ecuador;
Que para la eficacia de tales derechos\n se impone que el Estado ecuatoriano otorgue apoyo financiero\n directo y para la obtención de recursos de organismos\n internacionales; así como para la ejecución de\n proyectos de desarrollo de los pueblos indígenas que coadyuven\n a su integración al proceso económico y a su mejoramiento\n social, y,
De conformidad con la facultad contemplada\n en el artículo 11 literal g) del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1. - Créase el Fondo de\n Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador - FODEPI\n - como entidad adscrita a la Presidencia de la República,\n con finalidad social y pública, con autonomía administrativa,\n financiera y operativo, integrada por el Estado y los representantes\n de los pueblos indígenas y con capacidad suficiente para\n gerenciar sus recursos. Coordinará sus acciones y políticas\n con el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos\n del Ecuador, CODEMPE.
El FODEPI tendrá su sede principal\n en la ciudad de Quito.
\n Art. 2. - Objetivos del FODEPI:
1. Promover el desarrollo de los sistemas\n financieros, capacidad técnica, empresarial y financiera\n de los pueblos indígenas;
2. Fortalecer el desarrollo de las entidades\n socio económicas y culturales, representativas de los\n pueblos indígenas;
3. Propender al mejoramiento de la calidad\n de vida de los pueblos indígenas del Ecuador;
4. Implantar sistemas de capacitación,\n autogestión y canalización de recursos públicos,\n privados o provenientes de la cooperación multilateral\n y otros para el fortalecimiento y desarrollo económico\n de los pueblos indígenas,
5. Establecer mecanismos para articular\n las realidades económicas de los pueblos indígenas\n con los modelos económicos que desarrolle el Gobierno;\n y,
6. Desarrollar y aprobar proyectos,\n que contemplen la utilización de recursos reembolsables,\n orientados hacia el desarrollo comunitario y productivos para\n los pueblos indígenas, así colmo de sus integrantes.
Art. 3. - El FODEPI constituirá\n un fondo que se conformará:
1 . Con la aportación que conste\n en el Presupuesto General del Estado;
2. Con los recursos provenientes de\n organismos internacionales de desarrollo y crédito obtenidos\n por el FODEPI o a través del Gobierno Nacional; y,
3. Con recursos obtenidos por autogestión,\n donaciones, herencias y legados.
Este fondo se constituirá en\n capital, el mismo que se preservará, no podrá gastarse\n y se empleará en inversiones seguras y rentables. Las\n utilidades que provengan de esas inversiones se emplearán\n para financiar los proyectos que correspondan a los fines del\n FODEPI y a la cobertura dé los gastos que demande el cumplimiento\n de sus actividades.
Art. 4. - El FODEPI estará dirigido\n por un Directorio, que se constituirá por cinco miembros:
1 .Un delegado del Presidente de la\n República, quien lo presidirá y se dedicará\n a tiempo completo al cumplimiento de estas funciones;
2. El Presidente de la Corporación\n Financiera Nacional o su delegado,
3. El Ministro de Finanzas o su delegado;
4. El Presidente de la CONAIE o su delegado;\n y,
5. El Secretario Ejecutivo Nacional\n del Consejo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.
El Presidente del Directorio tendrá\n voto dirimente en caso de empate. El Directorio designará\n por mayoría de votos, al Vicepresidente y de fuera de\n su seno al Gerente que será el representante legal del\n FODEPI y Secretario del Directorio, durará dos años\n en sus funciones y será libremente removible.
El Directorio se reunirá siempre\n bajo la presidencia del titular o del Vicepresidente por ausencia\n justificada del primero.
Art. 5. - Son atribuciones del Directorio\n del FODEPI:
1. Dictar las normas y reglamentos necesarios\n para el funcionamiento de la entidad y del directorio, así\n como la frecuencia de las reuniones de éste;
2. Autorizar las inversiones que se\n realicen con cargo al capital, mediante el procedimiento que\n determine el Directorio;
3. Autorizar el uso y destino de los\n rendimientos financieros del fondo en el financiamiento o uso\n en proyectos y actividades referidas a los fines del FODEPI;
4. Designar al Gerente del FODEPI y\n determinar sus funciones y forma de remoción,
5. Aprobar el presupuesto anual de la\n entidad y los presupuestos mensuales de gastos,
6. Actuar a nombre de la entidad para\n canalizar recursos humanos y económicos para el funcionamiento\n de la entidad; y,
7. Determinar las normas que regulen\n el régimen de contrataciones y el funcionamiento administrativo\n - financiero del FODEPI.
Art. 6. - El FODEPI estará bajo\n la jurisdicción de la Contraloría General del Estado,\n que intervendrá como organismo de control del uso de recursos\n públicos, con base en las normas vigentes para el sector\n público.
PRIMERA. - Previamente al aporte del\n Estado para la constitución del fondo y el aporte de organismos\n internacionales, en un plazo no mayor a cinco meses se agotará\n la fase de diagnóstico y diseño de las estrategias\n del FODEPI para la consecución de sus fines. Para este\n efecto el Ministerio de Finanzas dentro de treinta días\n transferirá al FODEPI, no como parte constitutiva del\n capital, la cantidad de quinientos mil dólares (USD. 500.000)\n que serán considerados como aporte nacional de contrapartida\n para la ejecución del proyecto BID) denominado "Proyecto\n de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas\n del Ecuador" que corresponde a la ejecución de la\n fase inicial según se señala en lo que antecede.\n Para esta fase, el Directorio designará de entre. sus\n miembros o de fuera de ellos a una comisión técnica\n de seguimiento de su ejecución. Esta comisión técnica\n estará conformada por tres miembros, unos de los que será\n el delegado de la CONAIE en el Directorio. El CODENPE suministrará\n el apoyo técnico y logística a esta comisión\n para el cumplimiento de sus funciones. Una vez agotada esta fase,\n el Directorio designará al Gerente.
SEGUNDA. - El CODENPE asignará\n la infraestructura física necesaria para el funcionamiento\n del FODEPI.
TERCERA. - En el plazo de treinta días\n los miembros del Directorio del FODEPI acreditarán su\n calidad ante el Secretario General de la Administración\n Pública.
De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la firma\n del mismo, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese al señor Secretario General\n de la Administración Pública y al señor\n Ministro de Finanzas y Crédito Público.
Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad\n de Quito, a 30 de mayo del 2000.
Que de conformidad con el Art. 8 de\n la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada\n en el Registro Oficial No. 206 de 2 de diciembre. de 1997, el\n Director General del Servicio de Rentas Internas, expedirá,\n mediante resoluciones, circulares o disposiciones de carácter\n general y obligatorio, necesarias para la aplicación de\n las normas legales y reglamentarias;
Que el Art. 54 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno señala las importaciones gravadas con\n tarifa cero,
Que es importante agilitar y dar transparencia\n a los procedimientos del comercio exterior, en especial en la\n desaduanización de los productos gravados con tarifa cero\n de IVA; y,
Art. 1. - La importación de las\n mercaderías gravadas con tarifa cero por ciento de IVA\n que se detallan a continuación, no requieren para su desaduanización\n de certificación emitida por el Servicio de Rentas Internas:
(Anexo 02JNT1;7)
Art. 2. - La Corporación Aduanera\n Ecuatoriana, CAE, está facultada a incorporar los productos\n y bienes detallados en el Art. 1 de esta resolución en\n sus bases de datos, con el propósito de que, sin más\n requisito, que esta resolución, la CAE permita la importación\n de los productos y bienes señalados, liquidando para el\n efecto con el impuesto al valor agregado tarifa cero por ciento\n (0%).
Art. 3. - El Servicio de Rentas Internas,\n dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario\n y la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de precautelar\n el interés fiscal, procederá a la verificación\n física y/o documental que estime pertinente.
Art. 4. - Las Subpartidas Arancelarias\n contenidas en la presente resolución son de exclusiva\n aplicación en el ámbito del impuesto al valor agregado\n IVA, por lo tanto no afecta ni modifica la estructura vigente\n del Arancel Nacional de Importaciones.
Art. 5. - Las mercaderías importadas\n al amparo de la presente resolución mantendrán\n el margen de tolerancia del 10% sobre la cantidad de mercaderías\n declaradas, según lo determina el segundo inciso del Art.\n 3 del Capítulo I, Título ,Segundo, Libro II: Política\n Cambiaria (Codificación de Regulaciones del Directorio\n del Banco Central).
Art. 6. - La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.\n - Dado en Quito, a los 24 días de mayo del 2000.
f.) Economista Elsa de Mena, Directora\n General, Servicio de Rentas Internas.
f ) Doctora Alba Molina, Secretaria\n General, Servicio de Rentas Internas.
No. C.I.073
Que el Art. 124 del Estatuto Codificado\n del IESS establece las cuantías mínima y máxima\n de las pensiones de jubilación por invalidez y vejez en\n uno y diez salarios mínimos vitales, respectivamente;
Que en las reformas al Código\n del Trabajo contenidas en la Ley 2000 - 4, se dispone la unificación\n salarial mediante la incorporación del decimoquinto sueldo\n mensualizado y el decimosexto sueldo a la remuneración\n que perciben los trabajadores del sector privado, a partir de\n la publicación en el Registro Oficial N° 34 del 13\n de marzo del 2000, y de los valores congelados de la bonificación\n complementaria y la compensación por el incremento del\n costo de vida mensualizados, a partir del 1 de enero del año\n 2001, de manera progresiva;
Que el Art. 93 de la misma Ley 2000\n - 4, sustitutivo del Art. 133 del Código del Trabajo,\n prohibe el establecimiento del sueldo o salario básico\n unificada o el salario sectorial unificada como referentes para\n cuantificar o reajustar toda clase de ingreso de los trabajadores\n de los sectores público y privado;
Que la Dirección Actuarial del\n IESS, mediante sendos informes contenidos en los oficios Nros.\n 01400.321.99 del 8 de noviembre de 1999, y 01400.197.2000 del\n 11 de mayo del 2000, ha recomendado la reforma de los artículos\n 107 y 124 del Estatuto Codificado del IESS; y,
En uso de las atribuciones que le confieren\n la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución\n Política de la República y el Art. 11, literal\n a), de la Ley del Seguro Social
\n Obligatorio,
ARTICULO UNO. - Apruébase las\n siguientes reformas al Estatuto Codificado del IESS:
Primera. - En el último inciso\n del Art. 107, donde dice "artículo 124", debe\n decir: "artículo 114",
Segunda. - Sustitúyase el Art.\n 124, con el siguiente:
"Art. 124 Pensiones Mínimas\n y Máximas de Jubilación por Invalidez o Vejez.\n - Las pensiones unificadas del Seguro General, por invalidez\n y vejez, incluido la jubilación especial y las pensiones\n unificadas del Seguro de Riesgos del Trabajo, por incapacidad\n permanente total o gran incapacidad, no podrán ser inferiores\n a cinco dólares ($5) mensuales, ni superiores a cincuenta\n dólares ($50) mensuales.
El límite máximo establecido\n en el inciso anterior, no regirá para los aumentos a las\n pensiones unificadas, resueltos por el IESS con sujeción\n al Art. 54 de la Ley del Seguro Social Obligatorio.
Se entenderá por pensión\n unificada, la suma del valor de la pensión clásica\n mensual que reciben los pensionistas del régimen general\n del Seguro Social Obligatorio más los valores correspondientes\n a la decimoquinta pensión mensualizada y la decimosexta\n pensión.
En el caso de las pensiones de viudez\n y de orfandad, los valores correspondientes la decimoquinta pensión\n mensualizada y la decimosexta pensión se incorporarán\n según la composición del grupo familiar, de manera\n que la suma de las pensiones unificadas a favor de los beneficiarios\n de viudez y orfandad de un mismo causante, no sea mayor que la\n cuantía de la pensión unificada del jubilado fallecido\n o de la pensión unificada que habría recibido el\n afiliado con derecho, a la fecha de su fallecimiento, según\n el caso.",
ARTICULO DOS. - Derógase la Resolución\n N° 773, expedida por el Consejo Superior del IESS el 4 de\n febrero de 1992.
ARTICULO TRES. - Esta resolución\n entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial.
\n Comuníquese. - Quito, 17 de mayo del 2000.
\n f) Alfredo Mancero Samán.
\n f) Enrique Arosemena Baquerizo.
f.) Dr. Pedro Barreiro Chancay, Director\n General, encargado.
\n f ) Dr. Patricio Arias Lara, Prosecretario,
\n Certifico que ésta es fiel copia auténtica del\n original.
\n f) Dr. Angel Rocha Romero, Secretario General del IESS.
No. C.I.074
Que, en su artículo 59, la Constitución\n Política de la República prohibe la creación\n de prestaciones y el mejoramiento de las existentes a cargo del\n seguro general obligatorio, si no se encontraron debidamente\n financiadas y respaldadas en estudios actuariales;
Que, mediante sendas resoluciones expedidas\n por el Consejo Nacional de Salarios y el Consejo Nacional de\n Remuneraciones, con vigencia a partir del 1 de abril del 2000,\n se han aumentado los sueldos y salarios de los trabajadores del\n sector privado y los sueldos básicos de los trabajadores\n Y servidores del sector público, respectivamente;
Que, mediante Resolución N°\n C.I.067 del 8 de mayo del 2000, la Comisión Interventora\n del IESS aprobó las categorías de sueldos y salarios\n mínimos de aportación al Seguro General Obligatorio,\n por regímenes de afiliación, con vigencia a partir\n del 1 de abril del 2000;
Que, de conformidad con el Art. 54 de\n la Ley del Seguro Social Obligatorio, el aumento de la cuantía\n de las pensiones a los jubilados y pensionistas de viudez y orfandad\n debe sustentarse en estudios actuariales periódicos, realizados\n por el instituto;
Que, mediante oficio N° 01400.197.2000\n del 11 de mayo del 2000, la Dirección Actuarial del IESS\n ha presentado el informe de la situación financiera del\n Fondo Acumulado del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31\n de diciembre de 1999, y del impacto probable de los aumentos\n salariales en el crecimiento de los ingresos por aportes a este\n Seguro durante el año 2000, previo a la recomendación\n de alternativas para el aumento diferenciado de las pensiones\n a los jubilados y pensionistas de viudez y orfandad, a partir\n del mes de julio del 2000;
Que, según el referido informe\n de la Dirección, Actuarial, cualquier decisión\n de revisión de las pensiones debe supeditarse al cumplimiento\n por parte del Gobierno Nacional, de las contribuciones fiscales\n señaladas en el Presupuesto General del Estado del ejercicio\n económico del año 2000, para cubrir el 40% de las\n pensiones en curso de pago y el aumento de la compensación\n del costo de vida de los jubilados, dispuesto en el Decreto Ejecutivo\n No. 129, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 29 del 18 de septiembre de 1998; y,
En uso de las atribuciones que le confieren\n la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución\n Política de la República y el artículo 11,\n literal (a) de la Ley del Seguro Social Obligatorio,
Art. 1 REVISION DE LA PENSION UNIFICADA.\n - A partir del 1 de julio del 2000, las pensiones unificadas\n de invalidez, vejez y especial reducida, en los regímenes\n obligatorios del Seguro General y del Seguro del Trabajador Doméstico,\n así como las que se originan en incapacidad permanente\n o gran incapacidad en el Seguro de Riesgos del Trabajo, serán\n incrementadas de manera diferenciada, según la edad del\n pensionista, en los siguientes porcentajes:
(Anexo 02JNT8)
Se entenderá que el jubilado\n ha completado la edad requerida para acceder a la escala inmediata\n superior del aumento de la pensión, si hasta el 30 de\n diciembre del 2000, hubieran transcurrido seis meses y dieciséis\n días o más desde la fecha del último cumpleaños.
Las pensiones unificadas de viudez y\n de orfandad serán incrementadas en treinta y ocho por\n ciento (38%), también a partir del 1 de julio del 2000.
En todos los casos, el respectivo porcentaje\n de aumento se calculará sobre la cuantía de la\n pensión unificada vigente al 30 de junio del 2000.
Art. 2 MEJOR AUMENTO. - El jubilado\n que a la fecha de su retiro hubiere acreditado cuatrocientos\n veinte (420) imposiciones mensuales y, hasta el 31 de diciembre\n del año 2000, cumpliere o hubiere cumplido más\n de sesenta y nueve (69) años, seis (6) meses y dieciséis\n días de edad, tendrá derecho al mejor aumento en\n una cuantía equivalente al veinte y cinco por ciento (25%)\n de la pensión unificada que recibió por el mes\n de junio del 2000.
El mejor aumento es complementario del\n aumento general establecido en el Art. 1 de esta resolución.
Art. 3 AUMENTO EXCEPCIONAL - El jubilado\n que a la fecha de su retiro hubiere acreditado trescientos sesenta\n (360) imposiciones mensuales y, hasta el 31 de diciembre del\n año 2000, cumpliere o hubiere cumplido más de setenta\n y nueve (79) años, seis (6) meses y dieciséis (16)\n días de edad, tendrá derecho al aumento excepcional\n en una cuantía equivale al veinte y cinco por ciento (25%)\n de la pensión unificada que recibió por el mes\n de junio del 2000, siempre que no reúna los requisitos\n para alcanzar el mejor aumento de que trata el Art. 2 de esta\n resolución.
El aumento excepcional es complementario\n del aumento general establecido en el Art. 1 de esta resolución.
Art. 4 CUANTIA MAXIMA DE LOS AUMENTOS.\n - En ningún caso, los aumentos establecidos en esta resolución,\n incluidos el mejor aumento o el aumento excepcional superarán\n una cuantía máxima de cuatrocientos mil (S/. 400.000)\n sucres mensuales o su equivalente de dieciséis dólares\n ($ 16) mensuales.
DISPOSICION GENERAL - Dispónese\n que la Dirección General del IESS realice ante el Ministerio\n de Finanzas las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias\n para el pago oportuno de las contribuciones fiscales del ejercicio\n económico del año 2000, previo al cumplimiento\n de los aumentos de pensiones aprobados en esta resolución,\n que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición.
\n DISPOSICION FINAL - Publíquese en el Registro Oficial.
\n Comuníquese. - Quito, 17 de mayo de 2000.
f) Dr. Pedro Barreiro Chancay, Director\n General, encargado.
Certifico que ésta es fiel copia\n auténtica del original.
f ) Dr. Angel Rocha Romero, Secretario\n General del IESS.
No. JB -\n 99 - 159
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS PRESIDENTE DE LA JUNTA BANCARIA
Que el mecanismo iv, que contempla el\n literal e) "Técnicas de solución", del\n artículo 24 "Procedimiento de saneamiento" de\n la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area\n Tributario - Financiera, establece la transferencia, total o\n parcial, de activos y/o pasivos a otra persona jurídica\n creada específicamente para este propósito;
Que la referida disposición legal\n prescribe que tal entidad debe contar con una licencia de funcionamiento\n que la Superintendencia de Bancos deberá otorgar;
Que de conformidad con lo dispuesto\n en el literal b) del artículo 177 de la Ley General de\n Instituciones del Sistema Financiero, la Junta Bancaria, en sesión\n celebrada el 8 de septiembre de 1999, aprobó la presente\n resolución, autorizando al señor Superintendente\n de Bancos su expedición, y,
ARTICULO 1. - Incorporar en el Subtítulo\n VIII "Disposiciones generales a otras leyes", del Título\n XIV "Disposiciones generales", (página 288.5)\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, el siguiente capítulo:
"CAPITULO VIII. - NORMAS PARA LA\n CONSTITUCION DE ENTIDADES QUE SE CONFORMEN DE ACUERDO CON EL\n MECANISMO IV, DEL LITERAL E), DEL ARTICULO 24 DE LA LEY DE REORDENAMIENTO\n EN MATERIA ECONOMICA, EN EL AREA TRIBUTARIO - FINANCIERA. .
SECCION 1. - DE LA CONSTITUCION
ARTICULO 1. - El Gerente General de\n la Agencia de Garantía de Depósitos, previa aprobación\n de su Directorio, presentará la solicitud a la Superintendencia\n de Bancos para la constitución del banco puente, cuyo\n objeto social sea el de recibir total o parcialmente activos\n y/o pasivos de otra institución en saneamiento, de conformidad\n con lo dispuesto en el numeral iv, del literal e), del artículo\n 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en\n el Area Tributario - Financiera y en el artículo 19 de\n la Resolución No. AGD - 99 - 002 de 6 de enero de 1999.
ARTICULO 2. - A la solicitud referida\n en el artículo precedente se acompañará\n cuatro testimonios certificados de la escritura pública\n de constitución del banco puente, la misma que contendrá\n como documentos habilitantes:
2.1 Copia certificada del acta de la\n sesión del Directorio de la Agencia de Garantía\n de Depósitos en la cual se decidió su constitución;
2.2 La declaración jurada de\n la forma como se ha integrado el capital de la entidad; y,
2.3 Los demás documentos que\n se consideren necesarios.
SECCION II. - DE LA AUTORIZACION DE\n LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
ARTICULO 1. - El Superintendente de\n Bancos dispondrá que en el término de 48 horas\n de recibida la documentación, la Intendencia Nacional\n de Bancos y Grupos Financieros presente un informe para conocimiento\n y pronunciamiento de la Junta Bancaria.
ARTICULO 2. - Con el pronunciamiento\n de la Junta Bancaria, el Superintendente de Bancos expedirá\n la respectiva resolución aprobando la constitución\n de la nueva entidad y disponiendo el cumplimiento de las diligencias\n que sean necesarias en orden a legalizar su constitución.
Si el pronunciamiento de la Junta Bancaria\n es negativo, el Superintendente de Bancos dispondrá se\n notifique al Gerente General de la Agencia de Garantía\n de Depósitos.
ARTICULO 3. - Una vez que la Agencia\n de Garantía de Depósitos cumpla con las diligencias\n ordenadas en la resolución de la cual trata el artículo\n precedente, remitirá a la Superintendencia de Bancos prueba\n de lo actuado a fin de que, previa la publicación por\n la prensa, por una sola vez, del extracto de la respectiva escritura\n pública, se le confiera el certificado de autorización\n que ampare su funcionamiento.
SECCION III. - DESIGNACION DE AUDITORES
ARTICULO 1. - Una vez que cuente con\n el certificado de autorización, la Junta General de Accionistas\n del banco puente se reunirá para proceder a designar a:
1. 1. El auditor interno; y,
1.2. El auditor externo.
ARTICULO 2. - Los auditores externo\n e interno deberán ser calificados previamente por la Superintendencia\n de Bancos, de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos\n I "Normas para la contratación de las auditores externas\n que ejercen su actividad en las entidades sujetas al control\n de la Superintendencia de Bancos" y II "Normas para\n la calificación de los auditores internos de las entidades\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos", respectivamente,\n del Subtítulo II "Auditorías", del título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad",\n de esta codificación.
SECCION IV. - DISPOSICION FINAL
ARTICULO 1. - Los casos de duda en la\n aplicación del presente capítulo, serán\n absueltos por Junta Bancaria o el Superintendente de Bancos,\n según el caso.".
ARTICULO 2. - La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su expedición,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese\n en el Registro Oficial. - Dada en la Superintendencia de Bancos,\n en Quito, Distrito Metropolitano, a los ocho días del\n mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
f ) Abg. Jorge Guzmán Ortega,\n Superintendente de Bancos, Presidente de la Junta Bancaria.
Proveyó y firmó, la resolución\n que antecede el señor abogado Jorge Guzmán Ortega,\n Superintendente de Bancos Presidente de la Junta Bancaria, en\n la Superintendencia de Bancos, en Quito, a los ocho días\n del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
f ) Lcdo. Fernando Mera Espinosa, Secretario\n General, encargado, Secretario de la Junta Bancaria.
\n f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.
\n 19 mayo 2000.
No. 52 -\n 96 - OR
Quito, 9 de noviembre de 1999; las 16h30.
VISTOS: Esther Genoveva Robayo Zambrano\n interpone recurso de casación - que por el sorteo de ley\n vino a esta Sala - sobre la sentencia dictada por el Primer Tribunal\n Penal de Los Ríos, que declaró a Sandy Rodolfo\n Vargas Vera cómplice de asesinato por haber fallecido\n Johnny Alfredo Muñoz Robayo a consecuencia de heridas\n causadas - con alevosía - ; y le impuso la pena de seis\n altos de reclusión, modificándola a un año\n de prisión correccional por la circunstancia de excusa\n prevista en el inciso segundo del articulo 25 del Código\n Penal, esto es por haber ocurrido la muerte como resultado de\n un exceso de legítima defensa, habiendo aplicado para\n el efecto el inciso cuarto del artículo 75 ibídem.\n - En el escrito de fundamentación la recurrente alega\n que hay violación de la leen la sentencia porque los hechos\n demuestran que hubo asesinato y que al no imponérsela\n al procesado la pena de reclusión mayor extraordinaria\n como autor del mismo, hay falta de apreciación de la prueba,\n - Refiriéndose a la causa de excusa aplicada por el Tribunal\n Penal, expone la recurrente que existe equivocación en\n la sentencia por cuanto no obró el procesado en legítima\n defensa, porque nunca existió agresión legítima\n ni ilegítima de parte del fallecido. Finalmente señala\n que no viene al caso que el Tribunal invoque los artículos\n 26 y 27 del Código Penal, aspecto sobre el cual esta Sala\n observa que el Tribunal Penal ni siquiera menciona en su sentencia\n estas disposiciones legales como causas de excusa para disminuir\n la responsabilidad del procesado, con lo que pierde sentido y\n valor la afirmación y fundamentación de la recurrente\n sobre cuyo escrito el señor Ministro Fiscal General, emitió\n su dictamen de foja 10 del cuaderno de casación, manifestando\n que la Sala debe rechazar el recurso interpuesto porque "la\n sentencia en la forma que ha sido expedida no viola ley alguna"\n y "hállase ajustada a derecho conforme a los cánones\n legales aplicados". - Concluido el trámite del recurso,\n para resolverlo la Sala considera: PRIMERO. - Por lo dispuesto\n en la Constitución Política, la Ley Orgánica\n de la Función Judicial y Código de Procedimiento\n Penal, este Tribunal de Casación tiene competencia para\n dictar sentencia, SEGUNDO. - Sustanciado el recurso conforme\n al rito procesal pertinente y no existiendo omisión de\n solemnidad en esta causa se declara su validez. TERCERO. - De\n los testimonios y otras pruebas transcritas en la sentencia impugnada,\n esta Sala encuentra que el acto punible ocurrió el día\n 3 de mayo 1992, aproximadamente a la una de la madrugada, cuando\n Jhonny Muñoz Robayo y Pedro Jiménez Goya transitaban\n por la calle Malecón y Eloy Alfaro de la ciudad de Babahoyo\n - acompañando a varias jóvenes con quienes habían\n salido de una fiesta bailable - y reclamaron por irrespeto y\n ofensa a una de ellas, irrogada por uno de los integrantes de\n un grupo de personas que también transcriban por el lugar,\n iniciándose con ello una reyerta en la que participaron\n Jhonny Muñoz, Pedro Jiménez, Dixon Vera Vargas,\n Sandy Vargas Vera y Emilio Luigi Vargas Vera, en la cual, por\n disparos efectuados por Jhonny Muñoz Robayo, resultaron\n heridos de bala Sandy Vargas Vera, en el miembro inferior izquierdo,\n y Emilio Luigi Vargas Vera, en el hemitorax izquierdo a la altura\n del tercer y cuarto espacio intercostal, quienes - según\n el certificado médico referido en la sentencia - presentaban\n además contusiones y laceraciones múltiples en\n diversas partes del cuerpo; así como Pedro Javier Jiménez\n Goya y Jhonny Muñoz Robayo, el primero de éstos\n con herida cortopunzante que requirió reposo de cuarenta\n días a partir de la intervención quirúrgica;\n y el segundo con graves heridas cortopunzantes en la cara, en\n el cuello, en la región infra clavicular izquierda, en\n la región infraescapular derecha, en la región\n lumbar izquierda, en el gluteo derecho y en el dedo pulgar de\n la mano derecha, a consecuencia de las cuales falleció\n por hemorragia interna y externa, según el reconocimiento\n exterior del cadáver y necropsia referidos en el fallo.\n - Del análisis de la sentencia no aparece que se hubiere\n comprobado la responsabilidad del procesado, y quizá por\n ello el Tribunal Penal, hallándose demostrada la existencia\n material del cadáver y que el occiso murió por\n causa de heridas que provocaron hemorragia interna y externa,\n estableció erróneamente que el procesado fue cómplice\n porque participó en los hechos de los que resultó\n muerto Jhonny Muñoz. CUARTO. - Indiscutiblemente existe\n violación de la ley en la sentencia dictada por el Tribunal\n Penal en cuanto a la determinación de la responsabilidad\n del sindicado como cómplice, pues del examen de la sentencia\n en armonía con las tablas procesales es de evidencia induvitable\n que Dixon Vera Vargas, Sandy Vargas Vera y Emilio Luigi Vargas\n Vera propiciaron los hechos - reyerta y agresión según\n los detalles testimoniales y demás pruebas de rigor legal,\n que acrediten que la muerte de Jhonny Alfredo Muñoz Robayo\n devino como consecuencia de la participación directa y\n conjunto de tales procesados debiendo ser reputados autores a\n todos los que como ellos, ejercieron violencia sobre la persona\n fallecida. También hay error en la tipificación\n del delito como asesinato, no siéndolo, pues la muerte\n de Jhonny Muñoz ocurrió en agresión y riña\n sin que haya sido posible establecer con certeza cuál\n de los dichos participantes en ella fue quien hirió de\n muerte, lo que obligaba al Tribunal Penal, aplicar el articulo\n 461 del Código Penal. QUINTO. - Cuando el Tribunal de\n Casación Penal encuentra que hay violación de la\n ley en la sentencia, debe - inclusive de oficio - enmendar el\n error que la vicie. En el presente caso se ha comprobado materialmente\n la muerte de Jhonny Muñoz Robayo, la participación\n de aquellos procesados en agresión y riña con las\n condiciones y consecuencias del artículo 461 del Código\n Penal, el Tribunal Penal, violo esta norma en la sentencia. Por\n lo expuesto, de conformidad con dichas normas y con lo que manda\n el artículo 383 del Código de Procedimiento Penal,\n habiendo observado esta Primera Sala de Casación Penal\n de la Corte Suprema de Justicia, que existe violación\n de la ley en la sentencia dictada por el Primer Tribunal Penal\n de Los Ríos, debe casarla para rectificar el error de\n derecho que la vicia; y en consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, enmendando\n la referida sentencia, declara que los procesados Sandy Rodolfo\n Vargas Vera, Dixon Vera Vargas y Emilio Luigi Vargas Vera son\n autores responsables de la muerte de Jhonny Alfredo Muñoz\n Robayo, a quien de conformidad con el Art. 461 del Código\n Penal se impone a cada uno de ellos la pena de 5 años\n de prisión. Y modificándola en razón de\n las atenuantes de los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código\n Penal en relación con el artículo 73 ibídem\n a dos años de prisión correccional y multa individual\n de quinientos sucres de multa, pena que deberán cumplir\n en el Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo. - La\n acusación particular deducida por Pedro Cruz Jiménez\n Gómez y Esther Genoveva Robayo Zambrano es procedente.\n - Con costas, daños y perjuicios. Notifíquese y\n cúmplase.
f) Dr. Carlos Riofrío Corral\n (V. S), Magistrado.
f) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.
Corte Suprema de Justicia, Ira. Sala\n de lo Penal. - Es fiel copia de su original. - Quito, 4 de mayo\n del 2000. .
VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR\n CARLOS X. RIOFRIO CORRAL, MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA DE LO\n PENAL.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE CASACION PENAL
VISTOS: Esther Genoveva Robayo Zambrano\n interpone recurso de casación - que por el sorteo de ley\n vino a esta Sala - respecto de la sentencia dictada por el primer\n Tribunal Penal de Los Ríos, que declaró a Sandy\n Rodolfo Vargas Vera cómplice de asesinato por haber fallecido\n Jhonny Alfredo Muñoz Robayo a consecuencia de heridas\n cansadas - con alevosía -; y le impuso la pena de seis\n años de reclusión, modificándola a un año\n de prisión correccional por la circunstancia de excusa\n prevista en el inciso segundo del artículo 25 del Código\n Penal, esto es por haber ocurrido la muerte como resultado de\n un exceso de legítima defensa, habiendo aplicado para\n el efecto el inciso cuarto del artículo 75 ibídem.\n - En el escrito de fundamentación la recurrente alega\n que hay violación de la ley en la sentencia porque los\n hechos demuestran que hubo asesinato y que al no imponérsela\n al procesado la pena de reclusión mayor extraordinaria\n como autor del mismo, hay falta de apreciación de la prueba.\n Tan confuso. argumento bastaría para que se declare improcedente\n el recurso deducido, pues en casación no cabe revalorar\n la prueba analizada por el Tribunal Penal. - Refiriéndose\n a la causa de excusa aplicada por el Tribunal Penal, exprime\n la recurrente que existe equivocación en la sentencia\n por cuanto no obró el procesado en legítima defensa\n porque nunca existió agresión legítima ni\n ilegítima de parte del fallecido. - Finalmente señala\n que no viene al caso que el Tribunal invoque los artículos\n 26 y 27 del Código Penal, aspecto sobre el cual esta Sala\n observa que el Tribunal Penal ni siquiera menciona en su sentencia\n esta disposiciones legales como causas de excusa para disminuir\n la responsabilidad del procesado, con lo que pierde sentido y\n valor la afirmación y fundamentación de la recurrente\n sobre cuyo escrito el señor Ministro Fiscal General, emitió\n su dictamen de foja 10 del cuaderno de casación, manifestando\n que la Sala debe rechazar el recurso interpuesto, porque "la\n sentencia en la forma que ha sido expedida no viola ley alguna"...\n y "hállase ajustada a derecho conforme a lo cánones\n legales aplicados". - Concluido el trámite del recurso,\n para resolverlo la Sala considera: PRIMERO. - Por lo dispuesto\n en la Constitución Política, Ley Orgánica\n de la Función Judicial y Código de Procedimiento\n Penal, este Tribunal de Casación tiene competencia para\n dictar sentencia. SEGUNDO. - Sustanciado el recurso conforme\n al rito procesal pertinente y no existiendo omisión de\n solemnidad alguna en esta causa se declara su validez. TERCERO.\n - De los testimonios y otras pruebas transcritas en la sentencia\n impugnada, esta Sala encuentra que el acto punible ocurrió\n el día 3 de mayo de 1992, aproximadamente a, la una de\n la madrugada, cuando Jhonny Muñoz Robayo y Pedro Jiménez\n Goya transitaban por la calle Malecón y Eloy Alfaro de\n la ciudad de Babahoyo - acompañando a varias jóvenes\n con quienes habían salido de una fiesta bailable - y reclamaron\n por irrespeto y ofensa a una de ellas, irrogada por uno de los\n integrantes de Fin grupo de personas que también transitaban\n por el lugar, iniciándose con ello una reyerta en la que\n participaron Jhonny Muñoz, Pedro Jiménez, Dixon\n Vera Vargas, Sandy Vargas Vera y Emilio Luigi Vargas Vera, en\n la cual, por disparos efectuados por Jhonny Muñoz Robayo,\n resultaron heridos de bala Sandy Vargas Vera, en el miembro inferior\n izquierdo y Emilio Luigi Vargas Vera, en el emitórax izquierdo\n a la altura del tercer y cuarto espacio intercostal, quienes\n - según el certificado médico referido en la sentencia\n presentaban además contusiones y laceraciones múltiples\n en diversas partes del cuerpo, así como Pedro Javier Jiménez\n Goya y Jhonny Muñoz Robayo, el primero de estos con herida\n cortopunzante que requirió reposo de cuarenta días\n a partir de intervención quirúrgica - y el segundo\n con graves heridas cortopunzantes en la cara" en el cuello,\n en la región infraclavicular izquierda, en la región\n infraescapular derecha en la región lumbar izquierda,\n en el glúteo derecho y en el - dedo pulgar de la mano\n derecha, a consecuencia de las cuales falleció por hemorragia\n interna y externa según el reconocimiento exterior del\n cadáver y necropsia referidos en el fallo. - Del análisis\n de la sentencia no aparece que se hubiere comprobado la responsabilidad\n del procesado, y quizá por ello el Tribunal Penal hallándose\n demostrada la existencia material del cadáver y que el\n occiso murió por causa de heridas que provocaron hemorragia\n interna y externa estableció erróneamente que el\n procesado fue cómplice porque participó en los\n hechos de los que resultó muerto Jhonny Muñoz.\n CUARTO. - Indiscutiblemente existe violación de la ley\n en la sentencia dictada por el Tribunal Penal en cuanto a la\n determinación de la responsabilidad del sindicado como\n cómplice, pues al no haberse juzgado, determinado y condenado\n a otro como autor responsable de, la muerte de Muñoz Robayo\n carece de sustenta lógico Y legal atribuir al sindicado\n responsabilidad como cómplice de un asesinato cuya autoría\n no establece la sentencia. - También hay error en la tipificación\n del delito como asesinato, no siéndolo, pues la muerte\n de Jhonny Muñoz ocurrió en una riña sin\n que haya sido posible establecer con certeza y prueba válidamente\n actuada dentro del proceso, cuál de los varios participantes\n en ella fue quien hirió de muerte, ni quienes ejercieron\n violencia sobre el ofendido, con lo cual habría sido posible\n tipificar el acto punible como homicidio en riña y en\n consecuencia de esa identificación y comprobación\n sancionar a los que intervinieron en ella actuando con violencia\n sobre el fallecido, aplicando entonces el artículo 461\n del Código Penal para tener por autores a todos los que\n ejercieron esa violencia sobre la persona del ofendido, aplicando\n la pena que esta norma legal establece. - Por ello de los autos\n y la sentencia se desprende que no se pudo comprobar que Sandy\n Vargas Vera mató a Jhonny Muñoz o que el procesado\n ejerció violencia junto con otras personas sobre el occiso,\n el Tribunal Penal debió absolverle, y no condenarlo como\n cómplice de asesinato por haber intervenido en la reyerta.\n QUINTO. - Cuando una Sala de Casación Penal encuentra\n que hay violación de la ley en la sentencia, debe - inclusive\n de oficio - enmendar el error que la vicie. En el presente caso\n si bien se ha comprobado materialmente la muerte de Jhonny Muñoz\n Robayo, no se ha demostrado conforme a derecho que fue el procesado\n quien le mató, o quien ejerció - junto con otros\n - violencia sobre la persona del occiso, tanto más que\n en el supuesto de que él hubiese sido, habría actuado\n en legítima defensa de su persona pues de autos sí\n consta según refiere la sentencia, que Sandy Vargas Vera\n fue herido de bala por disparo hecho por el fallecido, sin que\n el procesado haya provocado la agresión para repeler la\n cual habría empleado, como medio racional de defensa,\n el instrumento cortopunzante con el que resultó herido\n quien atacaba con arma de fuego. SEXTO. - El artículo\n 326 del Código de Procedimiento lenta ordena, en su inciso\n tercero, que si no estuviere comprobada la existencia del delito,\n o la responsabilidad del procesado, o existiera duda sobre tales\n hechos. debe dictarse sentencia absolutorio; y el artículo\n 330 ibídem dispone que en la sentencia absolutorio debe\n declararse si la ac