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Timestamp: 2018-01-20 20:43:20
Document Index: 294015529

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 14', 'artículo 98', 'ARTÍCULO 40', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 32', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 6', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 25', 'artículo 35', 'Artículo 36']

Artículo 1º. Objeto del arbitraje. Podrá ser sometida a la decisión de uno o varios árbitros toda cuestión relativa a derechos disponibles que pueda surgir de relaciones jurídicas, contractuales o no, aun después de deducida en juicio.
Art. 2º. Principios. Las partes y las instituciones de arbitraje pueden regular libremente la organización y los procedimientos del arbitraje, siempre que respeten los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.
La confidencialidad de las actuaciones sólo podrá ser dispensada mediante acuerdo de partes expresado por escrito.
Art. 3º. Reglas de interpretación. Intervención del juez. Las normas legales referidas a la organización y procedimiento del arbitraje son supletorias de las establecidas por las partes y, en su defecto, por los árbitros.
En todos los casos deben interpretarse con la mayor buena fe, tendiendo a la flexibilidad y rapidez de las actuaciones.
En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún juez, salvo cuando esta ley así lo disponga.
Art. 4º. Arbitraje de derecho y de equidad. Arbitraje legal. El arbitraje podrá ser de derecho o de equidad. Las partes podrán convenir libremente el carácter del arbitraje. En su defecto o en caso de duda, el arbitraje será de derecho.
En todos los casos en que una norma legal preceptúe que la cuestión en ella prevista debe ser resuelta por árbitros, arbitradores, peritos árbitros o cualquier otra expresión semejante, se entenderá que la referencia es a un arbitraje de equidad, salvo disposición en contrario.
Art. 5º.- Patrocinio letrado. En todos los arbitrajes de derecho será necesario el patrocinio letrado.
Art. 6º.- Arbitraje institucional. El arbitraje puede ser encomendado a una institución arbitral, quedando en tal caso sometido el nombramiento de los árbitros y los procedimientos a lo dispuesto por su reglamento.
Art. 7º. Arbitraje ad hoc. El arbitraje ad hoc se regirá por lo que las partes pactaren en el acuerdo arbitral o posteriormente. En su defecto se aplicarán las disposiciones que establezcan los árbitros y las normas de esta ley.
Art. 8º. Objeto del acuerdo. El acuerdo o convenio arbitral debe expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter al arbitraje todas o algunas cuestiones surgidas o que puedan surgir.
Es nula la cláusula del convenio arbitral que confiera a una de las partes una situación de privilegio para la designación de los árbitros o la determinación del procedimiento.
Art. 9º. Prueba. Interpretación. Arbitraje estatutario El acuerdo arbitral puede probarse por cualquier medio, si hay principio de prueba por escrito.
Podrá consistir en una cláusula incorporada a un contrato principal o en un acuerdo independiente.
No será interpretado restrictivamente y está sujeto a las reglas aplicables a los contratos en general.
Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando se ha consignado en un documento suscripto por las partes, sino también cuando resulte de un intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
Es válida como acuerdo la cláusula de los contratos o estatutos de sociedades, asociaciones, fundaciones y demás personas jurídicas, estableciendo el arbitraje como forma de resolver las controversias con sus miembros, socios o asociados, las que surjan entre éstos, las relativas al cumplimiento de los estatutos o validez de sus acuerdos o resoluciones y las que versen sobre cuestiones relacionadas con las actividades, fines u objeto social. En el caso de las entidades referidas en el Decreto 677/01 se aplicará lo dispuesto en el art. 38 de este Decreto y sus normas reglamentarias.
Art. 10. El acuerdo en los contratos de adhesión. La validez del acuerdo arbitral incluido en cláusulas generales y en los contratos de adhesión requiere la conformidad especial del adherente y la independencia de los árbitros. Se presume la conformidad cuando el predisponente advierte sobre la inclusión del acuerdo mediante caracteres destacados en el anverso del documento.
La invalidez del documento arbitral por incumplimiento de estos requisitos no puede ser alegada por el predisponente.
Art. 11.- Sustitutivos del acuerdo. Arbitraje testamentario. Se equipara al acuerdo la iniciativa de una de las partes que somete la cuestión controvertida a uno o más árbitros, si la otra parte comparece al procedimiento sin objetar el arbitraje.
Es válida la disposición testamentaria que establezca el arbitraje para solucionar las controversias patrimoniales que puedan surgir entre herederos o legatarios.
Art. 12. Independencia del acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral es independiente del contrato del que forma parte o al cual se refiere. La nulidad o extinción del contrato, no implica necesariamente la del acuerdo arbitral.
Art. 13. Efectos. El acuerdo arbitral determina la competencia de los árbitros, que incluye la facultad para decidir acerca de su propia competencia y de las defensas relativas a la existencia y validez del acuerdo de arbitraje.
Ningún tribunal judicial conocerá de las cuestiones que deban ser sometidas al arbitraje, si la parte a quien interesa invoca oportunamente la excepción de incompetencia. El trámite de esta excepción y de todo otro cuestionamiento judicial al arbitraje no constituirá óbice para la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitrales, incluso para laudar, mientras la cuestión esté pendiente ante la justicia.
Art.14. Contenido del acuerdo. Determinación judicial. El contenido del acuerdo arbitral podrá extenderse a la designación de los árbitros, la determinación del procedimiento o su deferimiento al que establezcan los árbitros, las concretas materias que serán objeto del arbitraje y el plazo para el pronunciamiento del laudo. Si las partes no hubieren pactado sobre estos extremos, se regirán por las disposiciones supletorias de esta ley.
En defecto de la designación de los árbitros se procederá con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18, indicando el peticionante los nombres de los árbitros que le corresponda designar o pueda proponer. También la parte que pretenda ingresar en un juicio arbitral podrá requerir en ese mismo procedimiento que se determinen otros contenidos que estime pertinentes; de no hacerlo en esta ocasión, se entenderá que opta por la aplicación de las disposiciones del Capítulo IV.
Los escritos de demanda y contestación determinarán, a falta de acuerdo expreso, las materias concretas sobre las que se pronunciarán los árbitros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.
Art. 15. Medidas cautelares. Los árbitros podrán disponer medidas cautelares, si las partes no excluyeron tal facultad en el acuerdo de arbitraje. Su cumplimiento se requerirá judicialmente, si fuere necesario.
Las partes podrán solicitar medidas cautelares judicialmente, antes o después de iniciado el arbitraje, sin que ello implique contravenir el acuerdo de arbitraje.
Art. 16. Medidas de ejecución. Si fuere necesario los árbitros requerirán al juez el cumplimiento de las medidas compulsorias o de ejecución y éste debe prestar la colaboración necesaria y el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral, sin juzgar sobre su procedencia ni admitir oposición.
Art.17. Designación. Número. Pueden ser árbitros las personas físicas que tengan plena capacidad civil. En los arbitrajes de derecho el árbitro único, el árbitro tercero o el presidente del tribunal, deberán ser abogados.
Serán designados por las partes, que podrán deferir a un tercero su nombramiento. Se entiende así deferido cuando se ha designado a una persona jurídica, a menos que ésta tenga organizado un régimen arbitral propio.
El número de árbitros será determinado por las partes. No habiéndolo establecido será uno.
En el arbitraje colegiado se designará un presidente por mayoría de votos. No lográndose mayoría, presidirá el de mayor edad.
Art. 18. Nombramiento judicial. Se podrá requerir la designación judicial de árbitros, si ésta no se hubiere efectuado después de transcurridos diez días desde que:
a) se requirió por medio fehaciente a una de las parte la designación que le correspondía;
b) se notificó a los árbitros de parte que debían nombrar al árbitro tercero;
c) se solicitó a un tercero la designación del árbitro;
d) se efectuó la primera propuesta de árbitro único.
De la petición se correrá traslado por cinco días a quien fuera la otra parte en el acuerdo arbitral para que designe o proponga árbitros y se pronuncie, en su caso, sobre los otros contenidos que puede incluir la petición conforme a lo dispuesto por el articulo 14. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez decidirá dentro del plazo de cinco días.	'
Son inadmisibles en este procedimiento los cuestionamientos sobre la validez del acuerdo o la arbitrabilidad de las materias que se someten a arbitraje, con excepción de los relativos a la falsedad de la firma o a la personería del firmante del acuerdo y sin perjuicio de las atribuciones del juez respecto de las nulidades absolutas. La resolución es apelable con efecto devolutivo.
Art. 19. Aceptación y sustitución. Imparcialidad. La designación se comunicará fehacientemente a los árbitros. Se tendrá por rechazada cuando éstos no manifiesten por escrito su aceptación ante quien los designó, en el plazo de diez días.
Sea cual fuere el origen de su designación, en el acto de la aceptación los árbitros deberán declarar expresamente que su imparcialidad no se encuentra afectada por circunstancia alguna. También en ese acto deberán poner de manifiesto cualquier circunstancia que, aunque según el criterio de ellos no impida su aceptación, pueda suscitar dudas acerca de su imparcialidad. Igual manifestación deberán realizar, en su caso, durante el trámite del arbitraje. Si durante dicho trámite se configurare cualquier supuesto que afectare la imparcialidad de los árbitros, deberán renunciar inmediatamente.
En los supuestos de falta de aceptación, procedencia de la recusación, renuncia o imposibilidad de desempeño, cualquiera fuere la causa, no habiéndose designado árbitros suplentes, la sustitución de los árbitros se ajustará al mismo procedimiento seguido para su nombramiento. En tanto, se postergará la iniciación o se suspenderá el juicio arbitral.
La incorporación de un nuevo árbitro no retrogradará el procedimiento, a menos que se considere insuficiente la información resultante de las constancias de las actuaciones.	..
Art. 20. Recusación. Los árbitros sólo podrán ser recusados con causa y por las mismas causas que los jueces.
La recusación deberá deducirse acompañada por la prueba pertinente ante el árbitro recusado o el presidente del tribunal en el arbitraje colegiado, dentro del quinto día de conocida la designación o la circunstancia sobreviniente.
En caso de no ser aceptada por el recusado, deberá manifestarlo por escrito dentro del tercer día. Con su informe y demás antecedentes la recusación será sometida a la consideración del juez competente, dentro del plazo de cinco días desde que se emitió el informe. El Juez, si lo estimara necesario, ordenará la producción de la prueba ofrecida, fijando un plazo máximo de diez días para su producción. Producida la prueba, el juez resolverá dentro del plazo de cinco días, siendo su resolución irrecurrible. El arbitraje proseguirá, pero si la resolución declarase procedente la recusación, se anulará lo actuado con participación del árbitro recusado, salvo acuerdo en contrario de las partes. Se le impondrán las costas al árbitro cuando su oposición resultase manifiestamente infundada. Será solidariamente responsable el que propuso al árbitro si tuvo conocimiento de la causal que lo afectaba.
Art. 21. Desempeño. Renuncia. Responsabilidad. La aceptación de los árbitros los obliga al fiel cumplimiento de su cometido. Deben ejercer el cargo con discreción, estricta imparcialidad e independencia.
Sólo pueden renunciar mediando causa justificada y son responsables por los daños y perjuicios que se sigan del incumplimiento o mal desempeño de sus funciones.
Se considera justa causa para la renuncia la suspensión de los plazos que las partes dispongan por más de sesenta días, teniendo derecho los árbitros a los honorarios por las tareas cumplidas.
EL PROCEDIMIENTO EN EL ARBITRAJE AD-HOC
Art. 22. Inicio del arbitraje. Cuestionamientos. El procedimiento arbitral comienza cuando se declara constituido el tribunal arbitral.
El cuestionamiento de la competencia de los árbitros, la existencia o validez del acuerdo arbitral o la arbitrabilidad de la materia, deberá articularse en la primera presentación que corresponda efectuar conforme al procedimiento adoptado. La decisión arbitral desestimatoria de estos cuestionamientos sólo podrá ser impugnada en oportunidad de recurrirse por nulidad del laudo.
Art. 23. Audiencia Preliminar. Procedimiento. Conciliación. Sede. Desistimiento. Cuando el acuerdo arbitral no establezca el procedimiento ni se lo hubiese fijado con arreglo a lo dispuesto por el artículo 14, los árbitros citarán a las partes para que comparezcan a exponer verbal y sumariamente su controversia en una audiencia preliminar a celebrar dentro de los diez días de iniciado el procedimiento. Con su conocimiento o atendiendo a la versión de la única parte que comparezca, los árbitros establecerán los procedimientos que consideren más adecuados y expeditivos, con sujeción a lo preceptuado por los artículos 2° y 3°.
Previamente deberán invitar a las partes a una conciliación y en su caso, según sea la índole del conflicto, a someterlo a una mediación o cualquier otro método de resolución de conflictos.
En esa misma audiencia, en defecto de acuerdo de las partes, los árbitros determinarán la sede del tribunal. Sin perjuicio de esta determinación los árbitros podrán, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estimen apropiado para deliberar entre ellos, celebrar audiencias, oír a las partes, a testigos o a peritos o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
Si ninguna parte compareciera, sin causa justificada, a la audiencia preliminar o si no se dedujera la demanda en el plazo señalado, se tendrá por desistido el arbitraje.
Art. 24. Comunicaciones. Se tendrá por cumplida la notificación que se haya realizado del modo y en el lugar indicado en el contrato o en el acuerdo arbitral. De no haberse expresado en esas oportunidades, deberá practicarse inicialmente, de modo fehaciente, en el domicilio real de las personas físicas, aplicándose lo dispuesto por el artículo 98 del Código Civil, o en la sede de las personas jurídicas.
Todas las notificaciones posteriores se efectuarán en el domicilio que las partes deben constituir en su primera presentación. Si lo omitieren, se tendrán por notificadas en la sede del arbitraje al tercer día de la fecha de cada resolución, excepto el laudo que en tal caso se notificará conforme a lo dispuesto para la notificación inicial.
Los árbitros podrán disponer que las notificaciones se efectúen por la persona que indiquen y por cualquier medio que deje constancia de su entrega.
Art. 25. Plazos. Si las partes nada hubieran pactado al respecto, los plazos se computarán por días hábiles judiciales. Podrán ser prorrogados o suspendidos de común acuerdo por las partes, o por los árbitros por resolución fundada.
Art. 26. Impulso procesal. Caducidad de la instancia. Los árbitros impulsarán de oficio el procedimiento. Cuando no puedan proseguir las actuaciones sin la colaboración de una o ambas partes, los árbitros deberán intimar su prosecución, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia una vez transcurridos quince días desde la notificación de la intimación.
Art. 27. Plazo para laudar. El laudo debe pronunciarse en el plazo que corresponda al procedimiento adoptado o dentro de los quince días desde que quedó firme la providencia de “autos para laudar” o equivalente.
El vencimiento del plazo no causará la nulidad del laudo si la parte que la invoca no hubiere manifestado por escrito su oposición antes de serle notificado. El silencio de las partes importa prórroga del plazo.
Art. 28. Requisitos del laudo y efectos. El laudo será fechado y firmado por los árbitros y decidirá fundadamente todas las materias sometidas al arbitraje.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, quedarán comprendidas las cuestiones accesorias, las costas, las regulaciones de. honorarios de los abogados, apoderados y peritos y aquéllas cuya sustanciación en el arbitraje hubiese sido consentida.
El laudo no será fundado si así lo hubieran convenido las partes. Tampoco será fundado si se tratare de un laudo que incorpore una transacción.
El laudo se decidirá por mayoría de votos y será válido aunque alguno de los árbitros no concurriera a su elaboración, dictado o firma. Perderá derecho a honorarios el incurso en tal omisión.
Si no hubiere acuerdo mayoritario, el laudo será dictado por el presidente. Si hubiesen sido designados árbitros en número par y no llegaren a un acuerdo, nombrarán un árbitro dirimente o requerirán su designación judicial con arreglo a lo dispuesto por el art. 18. Este árbitro dispondrá de la facultad reconocida al árbitro presidente y deberá emitir su voto dentro del plazo de treinta días.
A todos los efectos el laudo será considerado como una sentencia judicial.
OTROS MODOS DE CONCLUSIÓN DEL ARBITRAJE
Art. 29. Desistimiento del proceso En cualquier estado de la causa anterior al laudo, podrán las partes, de común acuerdo, desistir del proceso arbitral, manifestándolo por escrito a los árbitros.
Art. 30. Desistimiento del derecho. Si el actor desistiera del derecho en que fundó su acción, no se requerirá la conformidad del demandado.
Art. 31. Allanamiento. Si la parte demandada se allanara, cualquiera fuera el estado de la causa, los árbitros pronunciarán su laudo. Si el allanamiento fuera parcial, el trámite seguirá a sus efectos.
Art. 32. Conciliación o transacción. La presentación por escrito de las partes dando cuenta de un acuerdo transaccional o conciliatorio pondrá fin a la controversia si concurren los requisitos legales para su validez. Su homologación tendrá forma y efectos del laudo arbitral.
Art. 33. Recursos. Nulidad. Trámite. El laudo en el arbitraje de equidad no es apelable ante la Justicia, sin perjuicio del derecho de las partes a convenir una ulterior instancia arbitral. También las demás resoluciones son irrecurribles.
En el arbitraje de derecho el laudo es inapelable, salvo que las partes hubieran acordado lo contrario. Las demás resoluciones son irrecurribles.
Las partes no pueden renunciar al recurso de nulidad.
Tanto el recurso de apelación, cuando fuere procedente, como el de nulidad, deberán interponerse ante los árbitros dentro del plazo de diez días, por escrito fundado. Del mismo se correrá traslado por idéntico plazo. Una vez contestado el traslado o vencido el plazo para contestarlo, el expediente será remitido dentro de los tres días a la Cámara de Apelaciones con competencia en el lugar de la sede del arbitraje, la que deberá resolver dentro del plazo de cuarenta días.
En el caso del recurso de nulidad, declarada la misma por la Cámara interviniente, ésta dictará sentencia en el mismo acto, siempre que las partes así lo hubieren acordado y que las constancias de la causa lo hicieren posible. La Cámara podrá disponer la producción de pruebas que hubieren sido ofrecidas y dictar medidas para sanear el procedimiento, si ello fuera necesario para posibilitar el dictado de su sentencia. Cuando la Cámara agotare su intervención con la declaración de la nulidad del laudo, las partes quedarán habilitadas para promover nuevamente el proceso arbitral, excepto que la nulidad se hubiere fundado en haber recaído el laudo sobre materias que no son arbitrables o que no fueron sometidas al arbitraje o en la invalidez del acuerdo arbitral.
Art. 34. Aclaratoria. Dentro de los cinco días posteriores a la notificación, a solicitud de parte o por propia iniciativa, los árbitros podrán:
a) corregir errores materiales, numéricos, de cálculo o de naturaleza similar;
b) aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial de la decisión;
c) suplir cualquier omisión en que hubiesen incurrido sobre alguno de los puntos materia de controversia.
En cualquiera de los supuestos precedentes, el plazo para articular el recurso de apelación o de nulidad comenzará a correr desde la notificación de la resolución que decide la aclaratoria.
Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad.
Art. 35. Recurso de nulidad. Causales. La nulidad sólo podrá fundarse, además de los casos referidos en este mismo artículo, en haber laudado los árbitros sobre materias que no fueron sometidas al arbitraje o que no son arbitrables. En estos supuestos la nulidad será parcial cuando el laudo fuere divisible.
También podrá fundarse la nulidad en que se ha dictado el laudo fuera del plazo establecido, siempre que el recurrente hubiere planteado la oposición prevista en el articulo 27, segundo párrafo.
Asimismo, serán causales admisibles para fundar el recurso de nulidad: la invalidez del acuerdo arbitral, la incompetencia, la violación de principios esenciales del arbitraje, la composición irregular del tribunal, siempre que el recurrente las haya planteado oportunamente durante el curso del proceso.
Art. 36. Reglas aplicables. Consentido o ejecutoriado el laudo, podrá demandarse judicialmente su cumplimiento con arreglo a las normas de la ejecución de sentencia.	.
Art. 37. Abogados y procuradores. Los árbitros regularán los honorarios de los abogados y procuradores teniendo en cuenta el carácter extrajudicial del arbitraje.
Art. 38. Peritos. Los honorarios de los peritos podrán ser convenidos con todas las partes, dándose noticia a los árbitros. A falta de acuerdo, serán fijados por éstos teniendo en cuenta la complejidad de la tarea cumplida, el tiempo insumido, los montos implicados y la proporcionalidad razonable que deben guardar con las regulaciones de los letrados, en su caso.
Art. 39. Árbitros. Si el importe de los honorarios de los árbitros no fue convenido con las partes, o no surge del reglamento aplicable al proceso arbitral se los regulará judicialmente. A este fin el tribunal arbitral remitirá el expediente al juez competente quien, con la sola vista del expediente procederá a la regulación, dentro del plazo de cinco días, sin sustanciación previa alguna. Esta regulación será apelable por los interesados. Para la determinación de su monto se tendrán en cuenta la diligencia, calidad, eficacia y extensión de la tarea cumplida, así como la complejidad del caso.
En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, cuando el asunto esté sometido a más de un árbitro, se podrá aumentar la suma total destinada al pago de los honorarios de los árbitros hasta un máximo que en principio, no exceda el triple del honorario que se establece en la siguiente escala:
500 20% de la cuantía del litigio
del m.s.a*.
10.001 / 25.000
del m.s.a.
25.001 / 50.000
del m.s.a..
50.001 / 100.00
100.001 / 500.00
+ 5.5O%
1.000.001 / 2.000.000
2.000.001 / 5.000.000
5.000.001 / 10.000.000
10.000.001 / 50.000.000
50.000.001 / 80.000.000
80.000.001 / 100.000.000
+ de 100.000.001
61 .750
*m.s.a.: monto superior a.
La nulidad del laudo acarreará la pérdida del derecho a percibir honorarios.
ARTÍCULO 40. Honorarios en supuestos especiales. Si el arbitraje concluye por caducidad de la instancia, desistimiento, allanamiento, transacción o conciliación, para las regulaciones de honorarios de los abogados, procuradores y árbitros se tendrán en cuenta las etapas alcanzadas en la sustanciación del proceso. Con relación a los peritos, se tendrá en cuenta el estado en que se encuentre la ejecución del dictamen.
Art. 41. Arbitraje Internacional. Incorpórase como ley vigente en la República Argentina para el arbitraje internacional, la “Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional”, aprobada el 21 de junio de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su enmienda del 7 de julio de 2006, según texto que se incorpora como anexo de la presente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DE APLICACIÓN
Art. 42. Irrecurribilidad de la decisión del tribunal judicial. En todos los supuestos en que la ley habilita la instancia judicial, la decisión del tribunal judicial será irrecurrible, salvo los casos previstos en los arts. 18 y 39.
Art. 43. Inaplicabilidad a arbitrajes del CIADI. Esta ley no se aplicará en los procesos de Arbitraje de Protección de Inversiones Extranjeras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).-
Art. 44. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación y se aplicará a los arbitrajes que se inicien desde esa fecha.
Art. 45. Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 46. Derogación. Derógase el Libro VI del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 47.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional
Artículo 1. Ámbito de aplicación#
1) La presente Ley se aplicará al arbitraje comercial# internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en este Estado.
(El párrafo 2) del artículo 1 fue enmendado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)
f) cuando una disposición de la presente Ley, excepto el apartado a)del artículo 25 y el apartado a) del párrafo 2) del artículo 32, se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención.
Artículo 2 A. Origen internacional y principios generales(Aprobado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)1) En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Ley que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa la presente Ley. Artículo 3. Recepción de comunicaciones escritas1) Salvo acuerdo en contrario de las partes:
Opción IArtículo 7. Definición y forma del acuerdo de arbitraje(Aprobado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)
Opción IIArtículo 7. Definición del acuerdo de arbitraje(Aprobado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)
Artículo 9. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el tribunalNo será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda esas medidas.
Artículo 10. Número de árbitros1) Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros.2) A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.Artículo 11. Nombramiento de los árbitros
4) Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes,a) una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, ob) las partes, o dos árbitros, no puedan llegar a acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o
c) un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6 que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo.
Artículo 15. Nombramiento de un árbitro sustitutoCuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 ó 14, o en los casos de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por acuerdo de las partes o de expiración de su mandato por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir.
CAPÍTULO IV A.
(Aprobado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)Sección 1. Medidas cautelaresArtículo 17. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares
Sección 2. Órdenes preliminaresArtículo 17 B. Petición de una orden preliminar y condiciones para su otorgamiento
4) Toda orden preliminar expirará a los veinte días contados a partir de la fecha en que el tribunal arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la que ratifique o modifique la orden preliminar una vez que la parte contra la que se dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.
Sección 3. Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y órdenes preliminaresArtículo 17 D. Modificación, suspensión, revocación
Sección 4. Reconocimiento y ejecución de medidas cautelaresArtículo 17 H. Reconocimiento y ejecución
Artículo 17 I. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución#1) Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:a) si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida, al tribunal le consta que:
Sección 5. Medidas cautelares dictadas por el tribunalArtículo 17 J. Medidas cautelares dictadas por el tribunal
1) Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en ellos mismos se haya especifi cado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.
Artículo 25. Rebeldía de una de las partesSalvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente,
b) si así lo acuerdan las partes, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo.
2) La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia del mismo. Si el laudo no estuviera redactado en un idioma oficial de ese Estado, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a ese idioma#.
(El párrafo 2 del artículo 35 fue enmendado por la Comisión en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006)Artículo 36. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución
El presente proyecto de ley está destinado a regular el arbitraje nacional o interno, en reemplazo del Libro VI del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a incorporar a nuestro derecho interno la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Internacional.
A.- Arbitraje Nacional
El texto del presente proyecto es el fruto del trabajo llevado a cabo por el Dr. Sergio Villamayor Alemán, a quien se le encomendó elaborar un anteproyecto en el marco del Convenio de Cooperación Técnica para la Reforma Judicial suscripto por Argenjus y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del cual se conformó el grupo 3.3. (Modos Alternativos de Solución de Conflictos), coordinado por la Dra. Gladys Stella Álvarez.
Asimismo, a aquel texto original, que fuera presentado como proyecto de particular en el Honorable Senado de la Nación en el año 2007, bajo el Expte. Nº 25/07 y archivado por falta de tratamiento, se le efectuó la siguiente modificación:
- se suprimió el primer párrafo del arts. 41, referido a la aplicación de normativa supletoria, por entender que son los árbitros quienes deben determinar “los procedimientos que consideren más adecuados y expeditivos, con sujeción a lo preceptuado por los arts. 2º y 3º”, previsto en el art. 23.
La existencia de una legislación supletoria (estos es, para todo aquello que no fue previsto en los procedimientos establecidos) puede llevar a la aplicación lisa y llana del Código Procesal y desvirtuar así al arbitraje. Asimismo, se evita que cualquiera de las partes –normalmente quien desee demorar el trámite- formule planteos fundados precisamente en la previsión legal sobre normas supletorias.
Efectuada dicha aclaración, expondremos los principales motivos por cuales es necesario modernizar nuestra legislación en el tema.
1. En la Argentina el arbitraje interno está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los códigos procesales de la mayoría de las provincias.
En el mundo, y ya desde hace varios años, existe un intenso movimiento legislativo tendiente a actualizar la legislación de arbitraje. Entre otros países, han dictado nuevas leyes sobre el tema Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Alemania, Brasil, Bulgaria, República Popular China, Colombia, Corea, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, India, Inglaterra, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Federación Rusa, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Zimbabwe, Hungría, Irlanda, Egipto.
En el norte de América lo hicieron Canadá y también recientemente California, Conneticut, Oregón y Texas, en E.E. U.U.
España también dictó su ley de arbitraje, que comenzó a regir en marzo de 2004.
La mayoría de estas leyes están basadas en la mencionada Ley Modelo de UNCITRAL, habiéndose producido prácticamente una uniformidad en sus contenidos básicos.
2. Argentina se ha quedado atrás y su legislación procesal actual lejos está de satisfacer las necesidades sobre el tema. No sólo eso: en muchos casos constituye un escollo para el adecuado desenvolvimiento del arbitraje.
Nuestro país necesita urgentemente fomentar y difundir los métodos alternativos de solución de conflictos como modos adecuados de posibilitar el cabal ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la justicia, entendida ésta en un sentido amplio.
En este terreno, una nueva ley de arbitraje ayudaría muchísimo al desarrollo de este instituto; lo haría de más frecuente uso y, además, aseguraría en su campo una rápida y eficiente resolución de los conflictos.
Por otra parte, la mayor utilización del arbitraje posibilitará un descongestionamiento de la justicia estatal, colapsada en algunos de sus fueros.
El proyecto está basado especialmente en la ya referida Ley Modelo de UNCITRAL. Se tomó también en consideración, de modo especial, las leyes dictadas recientemente en los países antes nombrados, así como los últimos proyectos elaborados en Argentina, especialmente en los años 1998, 2002 y 2004, todos ellos también basados en la mencionada Ley Modelo.
Algunos de sus artículos reflejan lo decidido, por consenso, luego del análisis del proyecto efectuado dentro del mencionado grupo 3.3. (Modos Alternativos de Solución de Conflictos), sin que ello signifique que necesariamente el contenido de tales artículos coincida con las ideas expresadas por algunos de sus participantes, sea a título personal sea en representación de las respectivas entidades.
Expondremos a continuación sus principales contenidos.
1. La ley proyectada se compone principalmente de normas supletorias. Ello por cuanto, siendo el objeto del arbitraje los derechos disponibles, las partes disponen de la libertad de resolver sus conflictos a través del modo que estimen adecuado, debiendo respetar siempre los principios de audiencia, contradicción e igualdad.
2. En esa línea, se acepta la intervención de los jueces estatales sólo en los casos indicados, tanto en lo relativo a la integración del tribunal arbitral, como al supuesto de que se planteare la nulidad del laudo arbitral o, una apelación del laudo, cuando fueren admisibles. Asimismo se prevé también la intervención de dichos jueces, sea para efectivizar una medida cautelar, sea para brindar imperio judicial en casos en que sea necesario.
3. Se establece como regla la confidencialidad de las actuaciones, pudiendo las partes convenir lo contrario.
4. Se mantiene la distinción entre el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad, reemplazando con esta expresión la prevista actualmente en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (de amigable composición), como modo de evitar confusiones con la mediación u otro método autocompositivo. Se establece asimismo que si las partes no han acordado lo contrario, el arbitraje será de derecho.
5.- Se establece que, por la índole de la materia de la que tratan, los distintos supuestos de arbitraje forzoso –o legal- deben considerarse como referidos a un arbitraje de equidad, salvo disposición en contrario. A esta categoría queda asimilada, también, la llamada pericia arbitral. Tal solución, que sienta un principio distinto del general, se justifica en razón de que los distintos supuestos de arbitraje forzoso –o legal- o de pericia arbitral se refieren a situaciones de hecho y que requieren conocimientos especiales por parte del árbitro, no principalmente jurídicos (por ej.: art. 1627 del C. Civil; art. 491 del C. de Comercio; art. 57, último párrafo, de la ley de seguros, Nº17.418; art. 516 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación).
6. Se acepta la posibilidad de que el acuerdo arbitral se perfeccione de variadas maneras, en la medida en que constituyan una manifestación inequívoca de la voluntad. Al respecto, se elimina la exigencia de que las partes extiendan el denominado "compromiso arbitral" cuando existe un acuerdo arbitral previo. La experiencia argentina indica que la necesidad de extender el compromiso ha sido muchas veces utilizada para dilatar injustificadamente el procedimiento, sin perjuicio de que, además, requiere la intervención judicial en caso de que alguna de las partes no coopere en la tarea, todo lo cual desvirtúa la finalidad de un mecanismo que se supone precisamente extra judicial y rápido.
7. La cuestión relativa al acuerdo arbitral que se incluye en las cláusulas generales predispuestas o en los llamados contratos de adhesión ha sido resuelta mediante la aplicación de los principios sentados al respecto por la jurisprudencia nacional, en tanto se exige que el adherente haya consentido ese pacto de manera especial o su existencia le haya sido advertida por escrito mediante el uso de caracteres destacados.
8. Se prevé la validez de las cláusulas que, dentro de los estatutos de las sociedades, asociaciones y fundaciones, establecen el arbitraje como modo de resolver los conflictos que se planteen en esos ámbitos. En el caso de las entidades referidas en el Decreto 677/01 (Régimen de Transparencia de la Oferta Pública), la ley remite a lo normado en dicho decreto y sus normas reglamentarias.
9. También se establece la validez de la cláusula testamentaria que prevé el arbitraje como modo de resolver los conflictos entre herederos o legatarios en cuestiones patrimoniales.
10. El proyecto recepta el principio de la independencia o autonomía del acuerdo arbitral, al disponerse que su nulidad no es consecuencia necesaria de la nulidad del contrato que lo contiene. Asimismo, se atribuye competencia a los árbitros para decidir acerca de su propia competencia y de las defensas relativas a la existencia y validez del acuerdo arbitral.
11. Se reconoce la actuación de las instituciones de arbitraje. Al pactar un arbitraje institucional o "administrado", las partes adoptan un marco regulatorio que completará cualquier omisión del acuerdo arbitral.
12. En el arbitraje no institucional o "ad hoc", se reconoce la atribución de los árbitros para establecer el procedimiento aplicable en caso de que las partes no lo hubieran hecho, debiendo fijar el que consideren más adecuado y expeditivo, siempre que garantice los ya referidos principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.
13. Se reconoce la competencia de los árbitros para decidir la traba de medidas cautelares, salvo que las partes hayan excluido esa atribución. En caso necesario, la ejecución de dichas medidas deberá ser solicitada judicialmente. En atención al carácter urgente de estas medidas, y de .la necesidad frecuente de ejecutarlas, se aclara que su solicitud en sede judicial no implica el incumplimiento del acuerdo arbitral.
14. En materia de recursos el proyecto prevé la inapelabilidad del laudo emitido en un arbitraje de equidad. En el arbitraje de derecho se mantiene dicho principio, aunque las partes podrán pactar la apelación del laudo.
Las causas que habilitan el recurso de nulidad, que es irrenunciable, son definidas con precisión y de acuerdo con los principios tradicionales sobre el punto. Por razones de economía y celeridad procesales, se faculta a la Cámara de Apelaciones que conozca en el recurso de nulidad a dictar la sentencia definitiva, y también se la faculta para ordenar la producción de medidas de prueba y dictar medidas para sanear el procedimiento.
15. Se prevé el patrocinio letrado obligatorio, cuando se trate de un arbitraje de derecho.
16. El proyecto enfatiza acerca de la indispensable imparcialidad de los árbitros, sea cual fuere el origen de su designación, previendo normas en tal sentido.
17. Con relación al laudo, se posibilita que, por convenio de partes, sea “no motivado”, modalidad ésta de uso frecuente en otras partes del mundo, receptada expresamente en el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL (art. 32.3.) y prevista también expresamente en la reciente Ley de Arbitraje Española.
B.- Arbitraje Internacional
El 21 de junio de 1985, con la presencia de representantes y observadores de 58 Estados y 18 organizaciones internacionales (entre ellas la República Argentina), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Uncitral) adoptó la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/72 del 11 de diciembre de 1985, recomendó: “… que todos lo Estados examinen debidamente la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta la conveniencia de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la práctica del arbitraje internacional …”.
La mayoría de los países del mundo dictaron ya sus leyes de arbitraje internacional con el objetivo de regular esta herramienta de resolución de conflictos tan necesaria y conveniente.
Estos países han seguido los lineamientos establecidos en la Ley Modelo UNCITRAL o directamente incorporaron su texto completo sin modificaciones.
Nosotros nos inclinamos por esta última opción atento las ventajas que la unificación y armonización de la práctica arbitral internacional presenta.
La regulación del arbitraje internacional a través de la adopción del modelo UNCITRAL, dotará de seguridad y confiabilidad al derecho argentino, y esto redundará en beneficio del desarrollo del proceso arbitral en Argentina, tornándola un país seguro para su elección como sede de arbitraje.
La incorporación de la ley modelo UNCITRAL obtuvo el 28 de noviembre de 2002, aprobación de la Honorable Cámara de Senadores (Expediente 226- S.-02) y dictamen favorable de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados (Orden del Día Nº 2.523 del 2003). Sin embargo, no tuvo tratamiento por la Honorable Cámara de Diputados, razón por la cual la misma caducó.
El presente proyecto tiene como antecedente parlamentario el Expte. 014-D-2010 firmado por los Diputados Paula María Bertol, Federico Pinedo y Jorge Triaca, y que fuera motivo de análisis y reflexión por parte de reconocidos juristas especialistas en la materia en la Jornada de Arbitraje organizada por la Comisión de Justicia de esta H. Cámara de Diputados, celebrada el 09 de noviembre de 2011, quienes coincidieron en resaltar la imperiosa necesidad de actualizar nuestra legislación en materia de arbitraje y prestaron un acuerdo en general a la propuesta formulada por el presente proyecto, haciendo observaciones en lo particular, tal como surge de la versión taquigráfica de aquella jornada.
Se incorporó al proyecto original (Expte 014-D-2010) la cláusula que establece que la presente ley no será de aplicación en los procesos de Arbitraje de Protección de Inversiones Extranjeras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por tener dicho organismo internacional un mecanismo autónomo. (Opinión general de los especialistas reflejada en la Jornada de Arbitraje del 09/11/11 citada anteriormente).
El trabajo y análisis en esta materia está en marcha y creemos importante continuar con el mismo en el presente período ordinario de sesiones.