Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-05315-de-noviembre-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_97896a66f37cd0fee0430a010151d0fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 06:11:12
Document Index: 149296670

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 428', 'artículo 428', 'artículo 428', 'artículo 2319', 'artículo 850', 'artículo 50', 'artículo 258', 'artículo 50', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 89', 'Artículo 9', 'Artículo 768', 'artículo 9', 'artículo 2315', 'artículo 2317']

﻿ Sentencia 2004-05315 de noviembre 4 de 2010
SENTENCIA 2004-05315 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:EXCLUSIÓN DEL IVA DE LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS BÁSICAS DEL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 428 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. SE DEBE OBTENER PREVIAMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, ASI LA MERCANCÍA NO SE SELECCIONE PARA INSPECCIÓN DOCUMENTAL O FÍSICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO, EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO, IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Sentencia 2004-05315 de noviembre 4 de 2010
Rad.: 760012331000200405315-01
No. Interno: 17243
Demandante: Constructora Norberto Odebrecht de Colombia Ltda.
Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil diez .
Para el efecto, la Sala debe resolver: i) Si está excluida del impuesto sobre las ventas la maquinaria pesada para industria básica importada con posterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995, cuando esa importación se hace en virtud de un contrato con entidades públicas y, ii) Si es procedente la devolución del impuesto sobre las ventas, por pago de lo no debido, cuando con la solicitud de devolución se acredita que la maquinaria cumple los requisitos exigidos en la ley, para gozar del beneficio
Habida cuenta que conforme al caso concreto, las operaciones de importación de la maquinaria respecto de la cual se solicitó la devolución del impuesto sobre las ventas se hicieron en vigencia de los decretos 1909 de 1992 y 2685 de 1999, la Sala analizará, en lo pertinente, las dos normas, para resolver los problema jurídicos planteados.
En consecuencia, el Decreto 1803 de 1994 es claro en cuanto exige a los importadores o declarantes presentar el certificado del Incomex, cuando pretendan acreditar en el momento de la importación la exclusión del impuesto sobre las ventas de maquinaria pesada para industria básica, en las condiciones del literal e) del artículo 428 del estatuto tributario.
Conforme se precisó anteriormente, el literal e) del artículo 428 del estatuto tributario consagró la exclusión del impuesto sobre las ventas para la importación de la maquinaria pesada para industria básica que no se produjera en el país. Como las condiciones de maquinaria pesada, de destinación a la industria básica y de no producción en el país, no se pueden advertir con la sola presentación de la declaración de importación, esta Sala avaló que el Gobierno Nacional hubiera reglamentado la norma, en el sentido de que era procedente que se exigiera una certificación que diera cuenta de esos hechos al momento de la importación.
En esa medida, resulta pertinente analizar si es procedente la devolución del impuesto sobre las ventas, por pago de lo no debido, cuando con la solicitud de devolución se acredita que la maquinaria cumple los requisitos exigidos por la ley, para gozar del beneficio.
Por otra parte, se entiende que se ha efectuado un pago por error cuando el que pagó, pagó sin causa legal pero sin conocimiento de esa causa. (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 23/77)
De todas maneras, de conformidad con el artículo 2319 del Código Civil, el que recibe el pago de buena fe, adquiere las obligaciones del poseedor de mala fe, a partir del momento en que se entera que recibió un pago no debido y, en consecuencia, se obliga a restituir el capital y los intereses del mismo (C.C., arts. 961, 964 y 717)(7).
En vigencia del Decreto 1909 de 1992, habida cuenta de que el importador no podía corregir la declaración de importación para disminuir los tributos aduaneros y que no había norma especial que regulara la devolución, esta se regía por el artículo 850 del estatuto tributario y el Código Contencioso Administrativo. De manera que el importador debía iniciar la actuación mediante solicitud presentada dentro del término de firmeza de la declaración, tratándose de pagos en exceso, o dentro del término de prescripción ordinaria, tratándose de pagos de lo no debido.
Es decir que, con la Ley 223 de 1995 se restringió el beneficio de la exclusión a las importaciones temporales. Adicionalmente, el artículo 50 de la citada ley adicionó el estatuto tributario con el artículo 258-2 del estatuto tributario. Conforme con esa adición, el impuesto sobre las ventas que se cause en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, debe liquidarse y pagarse con la declaración de importación, pero que cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares (US$ 500.000), el pago del impuesto sobre las ventas puede realizarse de la siguiente manera: 40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años siguientes. Adicionalmente, para el pago de dicho saldo, el importador debe suscribir acuerdo de pago ante la administración de impuestos y aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional.
Así mismo, si en ejecución del contrato adjudicado se importa maquinaria pesada para industria básica, de conformidad con el parágrafo del artículo 50 de la Ley 223 de 1995, esa maquinaria seguirá con el régimen de la exclusión del impuesto sobre las ventas si se introdujo al territorio nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 223 de 1995, independientemente de la modalidad de importación que haya declarado, esto es, importación temporal o importación ordinaria.
— La sociedad actora presentó las siguientes declaraciones de importación, en las que liquidó por concepto de IVA la suma de $ 409.144.767, por la importación de maquinaria pesada para industria básica no producida en el país. Además, se encuentra probado que esa maquinaria se declaró, inicialmente, bajo la modalidad de importación temporal, modalidad que fue modificada por el importador a importación ordinaria.
0118601076092-0 del 9 de noviembre de 1997 12050010703342 del 10 de septiembre de 2001
13198010619814 del 5 de diciembre de 1997 13198010725884 del 20 de noviembre de 2000 y 34520010600986 del 26 de diciembre de 2001
13198010619807 del 5 de diciembre de 1997 13198010735877 del 20 de noviembre de 2000 y 34520010600993 del 20 de diciembre de 2001
0118601080766-1 del 13 de febrero de 1998 0118601106084-1 del 20 de noviembre de 2000 y del 20 de febrero de 2002 (número ilegible)
2303003086433-7 del 13 de febrero de 1998 2303003124945-1 del 20 de noviembre del 2000 y 0784202070919-1 del 20 de febrero de 2002
2303003089627 del 5 de mayo de 1998 2303003124946-7 del 20 de noviembre de 2000
0901301051378-6 del 14 de mayo de 1998 0901301065535-7 del 22 de noviembre de 2000
0118601089038-9 del 16 de diciembre de 1998 0118601106144-5 del 22 de noviembre de 2000 y 0118601141205-4 del 21 de marzo de 2003
— El 8 de agosto de 2003, la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura profirió la Resolución 081 del 16 de septiembre de 2003(10), en la que rechazó la devolución solicitada,
— El 16 de julio de 2004, la Administración de Aduanas de Buenaventura, mediante Resolución 597(12), confirmó el rechazo de la devolución solicitada.
Conforme con los hechos probados, la Sala pasa a resolver la inconformidad de la demandada contra la sentencia del tribunal a quo, en el recurso de apelación.
En el caso concreto está probado que la demandante presentó las declaraciones de importación en los años 1997 y 1998 bajo la modalidad de importación temporal y que luego las modificó a importación ordinaria en los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
En el caso concreto, está probado que la demandante presentó las declaraciones de importación en el año 1998 bajo la modalidad de importación temporal y que luego las modificó a importación ordinaria en los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
También está probado que la DIAN aceptó las declaraciones y autorizó el correspondiente levante, porque la demandante no invocó el beneficio para ninguna de las dos modalidades. Por eso, también está probado que la demandante no obtuvo el certificado correspondiente antes de presentar las respectivas declaraciones, como era su deber, sino que lo hizo posteriormente, para efectos de solicitar la devolución.
Para la Sala, si bien la demandante demostró que la Licitación Pública MI-100 proyecto hidroeléctrico MIEL I le fue adjudicada al Consorcio MIEL, ese hecho solo es relevante para probar el derecho a que se le respetara el régimen de tarifas del impuesto sobre las ventas para “operaciones gravadas”, conforme a las normas vigentes a la fecha de adjudicación.
En cambio, para probar el derecho a la exclusión del IVA, sea por la importación temporal o por la importación ordinaría de la maquinaria pesada para industria básica, respecto de la que pagó el impuesto, la demandante debió probar que la maquinaria se introdujo antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995. Sin embargo, de las declaraciones de importación que se aportaron como prueba quedó en evidencia que la maquinaria se introdujo al País después de la vigencia de esa ley, es decir, en el año 1998.
Ahora bien, aunque para el año 1998 la importación temporal de maquinaria pesada para industria básica estaba excluida del impuesto sobre las ventas, la demandante reconoció que no invocó el beneficio en las declaraciones presentadas bajo esa modalidad, ni presentó la correspondiente certificación, porque no conocía el alcance del beneficio.
Consecuente con lo anterior, también reconoció que pagó el impuesto en cuotas periódicas, conforme a las reglas de la importación temporal de largo plazo vigentes para el año 1998(13). En esa medida, cuando la demandante modificó las declaraciones, lo pertinente era que pagara únicamente las cuotas insolutas, conforme lo indica el artículo 150 del Decreto 2685 de 1999.
Sobre el particular, la Sala precisa que si bien es cierto que cuando se invoca la modalidad de importación de largo plazo los tributos aduaneros corresponden a los vigentes al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación (D. 2685/99, art. 145), de tal manera que cuando se modifica la declaración a importación ordinaria, por regla general se deben pagar, únicamente, las cuotas insolutas (art.150 ibídem). Por excepción, tratándose del impuesto sobre las ventas, la Ley 223 de 1995 dispuso otra regla, porque gravó la importación ordinaria de la maquinaria pesada para industria básica. En consecuencia, en esos eventos se aplica de preferencia esa ley.
Para la Sala es claro que no fueron los conceptos que se invocaron en los actos demandados, ni los actos en sí mismos, los que modificaron las condiciones de la exclusión. Las condiciones de la exclusión las modificó el legislador, mediante la Ley 223 de 1995, ley que además estableció unas condiciones favorables para aquellos importadores que pretendieran despachar para consumo la maquinaria pesada para industria básica y, reguló un régimen de transición para los que habían importado con el tratamiento especial, antes de la vigencia de la ley.
Por lo tanto, la demandante no tenía derecho a la devolución, razón por la que la decisión adoptada por el a quo será revocada, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda,
1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil cinco (2005). Rad.: 11001-03-27-000-2004-00072-00(14822). Actor: Gustavo Pardo Ardila. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Según el artículo 1º del Decreto 1803 de 1994, reglamentario del precepto legal que consagra el beneficio de la exclusión del IVA en la importación de maquinaria pesada, —art. 428 lit. e)— corresponde al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, certificar que los bienes importados poseen la calidad de maquinaria pesada, no producida en el país, y que los bienes importados se usarán en las industrias básicas enumeradas en la norma. La aludida certificación constituye la prueba idónea para excluir del IVA la importación temporal. En consecuencia, debe ser puesta a consideración de la autoridad aduanera, al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación, teniendo en cuenta que esta se soporta en documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales, tal como está previsto en el artículo 121 del estatuto aduanero (D. 2685/99). Adicionalmente, porque según el artículo 122 del mismo estatuto, es causal de no aceptación de la declaración de importación, entre otras, “e) Cuando de la información suministrada por el declarante se infiera que la mercancía declarada no está amparada con los documentos soporte a que hace referencia el artículo 121 del mismo decreto, según corresponda”. Ahora bien, al exigencia de presentar la certificación del Incomex al momento del levante de la mercancía, prevista en el reglamento acusado, surge de la necesidad de dar efectivo cumplimiento a la ley, pues solo cuando sea presentada y aceptada la declaración de importación y se acredite el pago de los tributos aduaneros en ella determinados, procede la autorización de levante de la mercancía, por la autoridad aduanera, tal como se infiere de las disposiciones previstas en los artículos 124, 125 y 128 del estatuto aduanero, y de la definición de “levante” que expresa el artículo 1 del mismo estatuto, así: “El acto, por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar”.
(3) De hecho, esta Sección, mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil cuatro (2004). Rad.: 11001-03-27-000-2002-0100-01(13533). Consejero Ponente: Juan Ángel Palacio Hincapié. Bogotá, D.C., Actor: María Carolina Suárez Visbal. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, declaró la nulidad del Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas 003 de julio 12 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cuanto interpretó que la única oportunidad para allegar cualquier certificado o documento que se requiera para acreditar el derecho a la exclusión del IVA, era el de la presentación de la declaración de importación. La decisión se fundamentó en que esa restricción no se podía derivar del artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, norma que sirvió de fundamento al concepto.
Por otra parte, el articulo 2318 estipula que “El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad.” El inciso segundo de esta norma, dispone incluso, que si “ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes”.
(5) La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Artículo 9º del Código Civil.
(6) Artículo 768. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio.
Sobre la constitucionalidad de esta disposición, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-544 del 1º de diciembre de 1994 , C.P. Jorge Arango Mejía, dijo:
“¿En qué consiste la alegación del error de derecho? En general, en invocar la ignorancia de la ley como excusa para su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, tiene una relación directa con una de las bases del orden jurídico, plasmada en el artículo 9º del Código Civil: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”. La vigencia del orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla. Con razón escribió G. del Vecchio: “El ordenamiento jurídico no podría fundarse sobre una base tan precaria cual sería el conocimiento de la ley, cuya demostración se tuviera que aportar de caso singular en caso singular para cada ciudadano”. (Filosofía del Derecho, tomo I, pág. 256, ed. UTEHA, México, 1946).
c) Pero, excepcionalmente puede alegarse el error de derecho, como ocurre en el pago de lo no debido, según el artículo 2315; y en el caso del que “da lo que no debe”, previsto por el artículo 2317.”
(7) ART. 961.—<Restitucion>. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado por la ley o por el juez, de acuerdo con ella; y si la cosa fue secuestrada, pagará el actor al secuestre los gastos de custodia y conservación, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse.
ART. 964.—<Restitucion de frutos>. El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.
(10) Folios 92 a 98 del cuaderno principal.
(11) Folios 100 a 115 del cuaderno principal.
(12) Folios 118 a 128 del cuaderno principal.