Source: http://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCYL06042016.html
Timestamp: 2018-01-19 11:30:20
Document Index: 18896062

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 110', 'artículo 105', 'artículo 227', 'artículo 166', 'artículo 200', 'artículo 105', 'artículo 110', 'artículo 103', 'artículo 304', 'artículo 295', 'artículo 18', 'artículo 297']

Despido declarado por primera vez improcedente en suplicación. Órgano ante el que ha de ejercitarse el derecho de opción.
Validez procesal de la opción que se ejercita ante la Secretaría del Juzgado de lo Social cuando la improcedencia del despido se dictó por vez primera ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
Recurso de Suplicación interpuesto por Flor contra sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Leon de fecha 24-9-2015, en demanda promovida por Flor contra Telemark Mediación Agencia de Seguros Vinculada S.L, sobre despido objetivo
En referida Sentencia del Juzgado de lo Social de León nº 2 y como Hechos Probados constan los siguientes:
- La demandante viene prestando servicios para la demandada con una antigüedad reconocida desde el 14-9-2010.
El 3-12-2013 y con efectos de mismo día, la empresa procedió a despedir al trabajador hoy demandante mediante el envío de la carta de despido en la que se relataban las causas productivas que habían servido para aprobar el ERE de extinción cerrado con acuerdo entre la representación de la patronal y los miembros del Comité de empresa el 21-3-2013.
Las causas productivas y económicas alegadas constan en la carta de despido.
El 2-12 CC.OO., comunicó al responsable de Telemark Spain, S.L., la decisión de sustituir a la actual delegada sindical de esa empresa Dª Tatiana por la hoy demandante Dª Flor.
El 3-12 la empresa remite una comunicación informando de la imposibilidad de proceder a dicha sustitución al no ser la actora trabajadora de Telemark Spain.
ÚNICO.- El único motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 193 de la LRJS y denuncia la vulneración de los artículos 56.3 del E.T. y 110.1 y 3 y 279, 280 y 281 de la LRJS. Nos encontramos ante un despido que fue declarado por primera vez improcedente por sentencia de esta Sala de lo Social al resolver el recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social.
La sentencia de la Sala condenaba a la demanda en su fallo a optar, en el plazo de 5 días desde la notificación de la misma, entre readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo, con abono de los salarios de tramitación a razón de 30,28 euros diarios, o indemnizar a la misma en la cuantía de 3.762,43 euros. Posteriormente se dictó auto de aclaración estableciendo que, en el caso de que la empresa optase por la readmisión, la trabajadora habría de reintegrar la indemnización que hubiera efectivamente percibido por el despido objetivo practicado, una vez sea firme la sentencia y ejecutada dicha readmisión, mientras que si optase por la indemnización, se acuerda la compensación entre la indemnización que la trabajadora hubiera efectivamente percibido por el despido objetivo practicado con la que se fija en el fallo de la sentencia de la Sala.
La empresa ejercitó su opción por la indemnización ante el Juzgado de lo Social dentro del plazo conferido para ello, pero antes de dictarse el auto de aclaración, sin volver a reiterarla tras el mismo. Lo que se discute en la solicitud de ejecución de sentencia ante el Juzgado es sobre la validez procesal de dicha opción por haberse realizado antes de dictarse el auto de aclaración y además ante el Juzgado y no ante la Sala.
De acuerdo con la parte ejecutante, al no haberse efectuado válidamente la opción debe entenderse hecha tácitamente por la readmisión, debiendo continuar la ejecución en consecuencia, al no haberse producido dicha readmisión.
En el auto recurrido, el Juzgado de lo Social ha estimado que la opción tras la sentencia de la Sala de suplicación que declara por primera vez improcedente el despido ha de realizarse ante el Juzgado de lo Social y no ante la Sala y además considera válida la opción antes de dictarse el auto de aclaración.
En el recurso de suplicación solamente se cuestiona la validez de la opción empresarial por la indemnización por razón de haberla efectuado ante el Juzgado de lo Social y no ante la Sala de lo Social.
El ejercicio de la opción entre readmisión e indemnización en caso de despido improcedente viene regulado, en primer lugar, por el artículo 110.3 de la LRJS que dice que
"la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma" y después añade "si fuera la de instancia".
Siempre además teniendo en cuenta que el número uno de dicho artículo regula la posibilidad de anticipar dicha opción en el acto del juicio o de excluir el derecho de opción en caso de imposibilidad de readmisión, con las particularidades allí reguladas, que aquí no vienen al caso.
La primera duda sobre la interpretación de dicho artículo la plantea la expresión "si fuera la de instancia", esto es, si dicho artículo limita su ámbito de aplicación a las sentencias dictadas en instancia con carácter general.
En realidad dicha adición proviene del hecho de que bajo la vigencia de los textos de la LPL aprobados por Decreto 909/1966, de 21-4 y por Decreto 2381/1973, de 17-8, el ejercicio de la opción, en caso de despido improcedente, se llevaba a cabo siempre ante la Secretaría de la Magistratura de Trabajo, por cuanto había de hacerse "dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la sentencia" (artículo 105 de ambos textos).
Esto era así porque el artículo 227 de la misma Ley solamente contemplaba, en caso de declaración de improcedencia del despido por sentencia que fuese recurrida en suplicación o en casación (según la condición del trabajador despedido, artículo 166), la ejecución provisional mediante la readmisión del trabajador, sin hacer depender la misma del sentido de la opción.
Por tanto, como quiera que la ejecución definitiva de la sentencia siempre era competencia de la Magistratura de Trabajo (artículo 200), la lógica procesal llevaba a que la opción siempre se ejercitase ante la Secretaría de la Magistratura para determinar el trámite de ejecución definitiva a seguir.
Ese artículo 105 del texto de 1966 ha ido pasando a las leyes procesales posteriores sin grandes cambios, como se puede observar por la comparación entre el mismo y el texto actual del artículo 110.3 de la LRJS:
"El derecho de opción a que se refiere el artículo 103 deberá ejercitarse, por comparecencia o por escrito, ante la Secretaría de la Magistratura de Trabajo dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la sentencia" (texto de 1966)
"La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia" (texto de 2011).
El cambio entre ambos es lo relativo al dies a quo para el ejercicio del derecho de opción, que en la Ley de 1966 se computaba desde la firmeza de la sentencia y en la Ley de 2011 se computa desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma.
Se han llevado a cabo reformas en la legislación procesal que, ya desde 1990, justificarían un cambio del texto de la norma que no se ha producido todavía:
1) Que con la creación de las Salas de lo Social de los TSJ, atribuyéndoles la competencia para resolver los recursos de suplicación que antes correspondían al Tribunal Central de Trabajo y con la creación del recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta frente a las sentencias dictadas en suplicación, con efectos sobre el propio caso particular objeto del litigio, todo ello a partir del desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LPL de 1990 (Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27-4), se hace posible que la sentencia del Tribunal Superior que resuelve el recurso contra la dictada por el Juzgado de lo Social no sea firme, sino susceptible a su vez de otro recurso extraordinario, lo que antes no ocurría.
2) Que la competencia para ejecutar provisionalmente las sentencias corresponde a la Sala de lo Social del Tribunal Superior, si es ésta la que declara la improcedencia del despido que venía calificado como procedente por la sentencia del Juzgado de lo Social (artículo 304.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3) Que el sentido de la opción ante la notificación de sentencia declarando el despido improcedente altera los términos de la ejecución provisional, porque ya no procede la readmisión en ejecución provisional si se opta por la indemnización (todo ello desde la reforma del artículo 295 de la LPL de 1990 por el artículo 18 de la Ley 11/1994, de 19-5 y hoy en virtud de lo prevenido en el artículo 297 de la LRJS).
Y así hoy en día nos encontramos con que, cuando la Sala de lo Social de un Tribunal Superior revoca en vía de suplicación una sentencia del Juzgado en materia de despido y lo declara por primera vez improcedente, si su sentencia es recurrida en casación unificadora será esa misma Sala la que deberá dar ejecución provisional a la sentencia durante la tramitación del recurso, si le es solicitado y para ello necesitará conocer el sentido de la opción entre readmisión e indemnización, porque solamente si se ha optado por la readmisión la sentencia es ejecutable provisionalmente.
Como dicha opción no se habrá hecho al notificarse la sentencia del Juzgado, puesto que no declaró improcedente el despido (bien porque lo declaró nulo, bien porque lo declaró improcedente), el plazo para su ejercicio, no cabe duda, debe comenzar desde que se notifica la sentencia de la Sala. Pero la norma legal aplicable sigue diciendo que la opción ha de manifestarse, mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social y esa norma no se ha cambiado a pesar de las sucesivas reformas legales, incluso manteniéndose en la Ley 36/2011 (LRJS).
Por tanto parece que la voluntad del legislador, que ningún cambio ha introducido en este precepto en más de 25 años, es que la opción se siga llevando a cabo en todo caso ante la Secretaría del Juzgado de lo Social.
No vamos a excluir aquí la interpretación contraria, esto es, que en estos supuestos la opción haya de ejercitarse ante la Secretaría de la Sala de suplicación, para que esta Sala pueda conocerla y tomarla en consideración a efectos de ejecución provisional, pero desde luego si la opción se ejercita ante el Juzgado de lo Social (con todos los requisitos legalmente exigibles) debe darse a la misma los efectos legales prevenidos, por cuanto la empresa actúa de conformidad con la literalidad de la ley procesal y no fue prevenida en sentido contrario por resolución alguna, tampoco al serle notificada la sentencia de la Sala que abría el breve plazo para el ejercicio de la misma.
Además su ejercicio de la opción responde a la finalidad de la norma, en cuanto manifestación expresa de voluntad realizada tempestiva y fehacientemente ante la Secretaría del órgano judicial competente para la ejecución definitiva y más aún cuando además concurren en este caso dos circunstancias:
a) Que la opción fue también notificada a la trabajadora;
b) Que la sentencia de la Sala no fue recurrida en casación unificadora por la empresa para la que fue desfavorable, única que podía interponer ese recurso, de manera que el conocimiento del sentido de la opción no era preciso para ejecución provisional alguna, sino solamente para la ejecución definitiva que corresponde al Juzgado.
Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por Dª Flor contra el auto de 24-9-2015 del Juzgado de lo Social nº 2 de León, en los autos número 77/2014, desestimatorios del recurso de revisión interpuesto por el mismo contra el decreto de 16-7-2015 del Letrado de la Administración de Justicia del indicado Juzgado.
Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los 10 días siguientes al de su notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala
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