Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00381-1147-2014-de-julio-13-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3240484d75494ae6839d5a88afbb8acd&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-05 18:44:22
Document Index: 148381243

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 20', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 34', 'artículo 116', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 125', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 22']

﻿ SENTENCIA 2013-00381/1147-2014 DE JULIO 13 DE 2017
SENTENCIA 2013-00381 DE 13 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:DERECHOS DERIVADOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. SE PRECISARON LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SE ENCUENTRAN LA ESTABILIDAD LABORAL, LOS CUALES NO SE ORIGINAN DE LA SOLA INSCRIPCIÓN, SINO DE QUE LA MISMA SE LLEVE A CABO COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERACIÓN DE UN CONCURSO ABIERTO Y OBJETIVO QUE ASEGURE LA IGUALDAD DE TODOS LOS ASPIRANTES EN LA COMPETENCIA, Y QUE UNA VEZ SURTIDO Y SUPERADO DICHO CONCURSO, TIENE SENTIDO LA DEFENSA DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL CARGO, DEL CUAL NO SON TITULARES LOS FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, NI QUIENES SON INCORPORADOS DE MANERA AUTOMÁTICA. SE CONCLUYE, QUE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU INSCRIPCIÓN ESTÁ EN EL MÉRITO Y EN LA CAPACIDAD DE QUIENES INGRESAN A ELLA, EN TAL VIRTUD LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS IDÓNEOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS, LO CUAL SE CONSTITUYE EN ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, CARRERA ADMINISTRATIVA, DERECHOS EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR
Sentencia 2013-00381 de julio 13 de 2017
Proceso: 25000 2342000 2013-00381 01 (1147-2014)
Demandante: Jacqueline Gómez Cuervo
Asunto: Prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. El empleado debe estar nombrado en propiedad e inscrito en carrera administrativa
Bogotá, D.C., de trece de julio de dos mil diecisiete.
De conformidad con los cargos que se formulan en el escrito de apelación, el problema jurídico que corresponde resolver a la Sala, se circunscribe a establecer si la demandante es beneficiaria del reconocimiento de la prima técnica, por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en el desempeño del cargo de gestor II, código 302, grado 02 de la división de gestión jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
La Sala para el resolver el problema jurídico que se ha planteado desarrollará la siguiente metodología: en primer lugar se analizarán las normas que consagraron el derecho a percibir la prima técnica, en segundo lugar, se revisará lo que al respecto ha señalado la jurisprudencia en el punto específico del requisito de estar en propiedad el empleado para hacerse acreedor a la mencionada prima. En tercer lugar y teniendo como guía las normas que regulan la prestación y lo que la jurisprudencia ha decantado sobre el punto en estudio, se verificará el caso concreto de la demandante para determinar con la prueba allegada al proceso si cumple la condiciones de estar inscrita en carrera administrativa, esto es, en propiedad en el cargo, para hacerse acreedora al reconocimiento de la prima técnica.
De conformidad con lo señalado por el artículo 2º del Decreto-Ley 1661 de 1991, uno de los criterios en virtud de los cuales se adquiere el derecho a devengar la prima técnica es la formación avanzada y la experiencia altamente calificada. Además, se tendrían en cuenta requisitos superiores a los exigidos como mínimo para el ejercicio del cargo respectivo. En concreto, el supuesto indicado se reguló así:
Posteriormente, mediante el Decreto 2164(11) de 1991, se reglamentó de manera parcial el Decreto-Ley 1661 de 1991, en los siguientes aspectos:
Antes de señalar los aspectos principales del mencionado acto, es conveniente advertir que en vigencia del artículo 1º del Decreto 1661 de 1991 tenían derecho a la prima técnica los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público y que el inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 de 1991, por su parte, dispuso que “(…) Tendrán derecho a gozar de la prima técnica los empleados de (…) unidades administrativas especiales, en el orden nacional (…)” y en el artículo 4º (…) tendrán derechos a la prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad (…), normas estas de las cuales no cabe duda que los empleados o funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre y cuando acreditaran desempeñar en propiedad, cargos de niveles ejecutivos, asesor o director y los demás requisitos legales, podían acceder al beneficio de la prima técnica.
“ART. 4º—PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA (…) Los requisitos para la obtención de la prima técnica son: Título de formación avanzada en programas de postgrado y tres (3) años de experiencia profesional calificada.
El régimen de la prima técnica previsto en el Decreto-Ley 1661 de 1991, reglamentado por el Decreto 2164 de 1991, se modificó por el Decreto 1335(12) de 22 de julio de 1999, con el objeto de ajustarlo, principalmente, a los niveles beneficiarios en virtud de lo estipulado en el Decreto 1724 de 1997; con esta normativa se restringió el acceso a la prima técnica y se dispuso que solo serían beneficiarios de ella quienes se encuentren nombrados de manera permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, contemplando así mismo un régimen de transición para los funcionarios a quienes ya se les hubiese reconocido.
“(…) los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas a través del ejercicio profesional en el desempeño de cargos en entidades públicas o privadas; en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, y el ejercicio independiente de la profesión. La experiencia deberá ser por un término no menor de tres (3) años y adquirida con posterioridad a la terminación de los estudios universitarios…”(13).
Para el año 2003, se expide el Decreto 1336 de 27 de mayo, “Por el cual se modifica el régimen de prima técnica para los empleados públicos del Estado”, y con él se introduce una modificación en cuanto a los cargos que serían susceptibles de reconocimiento de la citada prestación y solo quedó para los niveles directivo, jefes de oficina asesora y asesor que estén adscritos a ciertos despachos. De lo anterior, se observa que el nivel profesional fue excluido de la prima técnica. Dice la norma:
En este punto del análisis y teniendo en cuenta la metodología indicada, la Sala se permite traer a colación las consideraciones consignadas por la Sección Segunda, en pleno, en la sentencia(14) de unificación proferida el 19 de mayo de 2016, en donde se dijo lo siguiente:
“[…] La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, asume el conocimiento con la finalidad no solamente de proferir fallo de segunda instancia para el caso en concreto, sino para emitir la respectiva sentencia de unificación jurisprudencial, relacionada con las controversias existentes respecto inscripción automática en el sistema de carrera administrativa de la DIAN fijada por el Decreto 2117 de 1992(15).
Posteriormente, mediante sentencia del 22 de mayo de 2014(16), se rectificó la anterior tesis, para concluir que el citado artículo 116 no adolece de inconstitucionalidad, por cuanto el Decreto 2117 de 1992 que lo contiene fue expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, y que por ende los beneficios de que gozaban todas las personas que resultaron incorporadas automáticamente en virtud de tal norma, se mantenían incólumes por tratarse de derechos adquiridos. Dijo así la referida providencia:
“(…) En efecto, el Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992(17) fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo transitorio 20 de la Constitución Política, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ART. TRANS. 20.—El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una comisión conformada por tres expertos en administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece”.
Fue así como, en cumplimiento del anterior mandato, se fusionaron la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992 dispuso que la planta de personal de esta última entidad debía recoger las de las dos entidades que se fusionan, con la consecuente incorporación automática e inscripción en carrera de los funcionarios respectivos(18).
Así las cosas, se evidencia la necesidad de fijar una posición unificada de la Sección Segunda sobre este tema, el cual resulta de vital importancia, dado que uno de los requisitos —y primero que se debe verificar— de la persona que aspira a ser beneficiario de la prima técnica es acreditar que desempeña el cargo en propiedad(19), es decir, que está inscrito en carrera administrativa.
Por su parte, el artículo 116 del Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992(20), norma expedida en vigencia de la Constitución Política de 1991, dispuso:
Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional en diversas oportunidades(21) se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, para concluir que el fundamento de la carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quienes ingresan a ella y por esa razón la verificación de requisitos, la utilización de mecanismos idóneos para la selección de las personas, constituye un elemento fundamental de la función pública, en tanto que con ellos se determina la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, su solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio.
De igual manera, acudiendo a los mismos argumentos, la Corte Constitucional declaró inexequible el sistema de inscripción automática al régimen general de carrera administrativa de los funcionarios del orden nacional(22) y departamental de la administración(23), en los siguientes términos:
De esta manera, esas normas facilitan el ingreso y permanencia en la carrera administrativa de cierto grupo de personas que, por estar en cierta condición (desempeñando un cargo de carrera), no requieren someterse a un proceso de selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocen, no sólo el mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Constitución, que exige la convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública (Constitución, arts. 13 y 209).
La excepción que establecen las normas acusadas para el ingreso a la carrera administrativa, desnaturaliza el sistema mismo, pues se dejan de lado conceptos como el mérito y capacidades, para darle paso a otros de diversa índole, permitiendo que la discrecionalidad de los nominadores rija este sistema, e impidiendo que todos aquellos que crean tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades”(24).
Esta misma tesis es la que debe adoptarse en esta oportunidad, y que corresponde a la línea jurisprudencial que en su momento tuvo el Consejo de Estado(25) “incluso antes de las primeras sentencias de la Corte Constitucional sobre la material, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de los sistemas de inscripción automática a carrera administrativa, puesto que “para gozar el amparo inherente a una carrera deben cumplirse las etapas y llenarse los requisitos que la ley señala y que carecían de sentido y no tendrían razón de ser si existiese la llamada incorporación automática”(26)”.
En conclusión, al aplicar dichos postulados al caso del sub lite, para la Sala resulta claro que la actora no podía reclamar los derechos propios de los empleados de carrera administrativa, como es el caso de la prima técnica por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que la norma de inscripción automática de la cual pretende derivarla (D. 2117/92, art. 116) es inconstitucional por ser contraria al artículo 125 de la Carta Política y al derecho de igualdad en el acceso a la función pública.
Se concluye de la lectura y análisis de la sentencia de unificación citada que el sustento de la carrera administrativa y su inscripción está en el mérito y en la capacidad de quienes ingresan a ella, en tal virtud la verificación de los requisitos y la utilización de los mecanismos idóneos para la selección de las personas, se constituye en elementos fundamentales de la función pública, en tanto que con ellos se busca determinar la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes personales, su solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y necesidades del servicio.
Igualmente se concluye que para efectos de reconocer la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, se requiere que el empleado se encuentre inscrito en la carrera administrativa(27) de la entidad o, lo que es lo mismo, estar desempeñando el cargo en propiedad.
3 El caso concreto de la demandante. Las pruebas.
Pues bien, la Sala valora cada una de las pruebas allegadas y que conforman el proceso de la demandante encontrando que la misma se vinculó a la entidad el 24 de abril de 1992 y que en la actualidad se encuentra ubicada en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, así lo informa la certificación que se puede consultar al folio 53 del expediente. En este documento mencionado, se consignó lo siguiente:
“…Que de conformidad con el artículo 34 de la ley 909 de 2004, el organismo competente para certificar el registro público de carrera administrativa es la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, y revisada su hoja de vida no se encontró documento alguno que evidencie su inscripción en carrera administrativa.
Que revisada la historia laboral respectiva, se encontraron actas de incorporación efectuadas de conformidad con las disposiciones que se transcribe a continuación:
“ART. 116.—Decreto 2117 de 1992. PLANTA DE PERSONAL E INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS. Para efectos de la incorporación a la nueva planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se entenderá realizada el primero de junio de 1993, los funcionarios de las Direcciones de Impuestos Nacionales y de Aduanas Nacionales, quedarán automáticamente incorporados e incluidos en carrera, sin ninguna formalidad ni requisito adicional…”.
De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 1 de junio 1 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la entidad.
“ART. 2º—Decreto 1267 del 13 de julio de 1999 (transitorio) INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL. Para efectos de la incorporación a la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se realizará a más tardar en los dos meses siguientes a la fecha de publicación del presente decreto, los funcionarios de carrera del sistema específico de carrera quedarán automáticamente incorporados sin requisitos adicionales al cargo actualmente desempeñado o a su equivalente e incluidos en el registro de carrera de la entidad, con la suscripción del acta de posesión respectiva”.
De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 1 de agosto 1º de 1999 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la entidad.
“ART. 5º—Decreto 4051 del 2008. INCORPORACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL”. Para efectos de la incorporación a la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se establecen en los artículos 2º y 3º del presente decreto se realizará dentro de los treinta (30) días siguiente a su vigencia, los funcionarios de carrera del sistema específico de carrera de la DIAN, quedará automáticamente incorporado, sin requisitos adicionales, al cargo equivalente a aquel del cual es titular, para lo cual únicamente deberá suscribir el acta de posesión respectiva”.
De conformidad con la norma transcrita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Resolución 6 de noviembre 4 de 2008 ordenó incorporar en forma automática a los empleados públicos a la planta de personal de la entidad…”(28)
De lo anterior, se llega a la conclusión de que no está demostrada la inscripción de la actora en la carrera administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como producto de un concurso de méritos, lo cual es requisito sine qua non para hacerse acreedora a la prima técnica, y si bien en la certificación cuya parte pertinente, se transcribió, se informa que los funcionarios de esa entidad quedaron automáticamente incorporados e incluidos en ella, sin formalidad alguna, de acuerdo con lo señalado por el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, el artículo 2º del Decreto 1267 de 1999 y artículo 5º del Decreto 4051 de 2008, la afirmación allí contenida no es de recibo para la Sala, toda vez que esas disposiciones son contrarias al artículo 125 de la Constitución Política que prevé el acceso y permanencia en los cargos públicos a través del sistema de méritos, es decir a través de la aprobación de las diferentes pruebas que conduzcan a la obtención de la calificación más alta para ser designada en el cargo de carrera administrativa al cual se esté aspirando.
Las normas que permiten el acceso a la carrera administrativa sin que previamente se haya surtido el trámite legal para el efecto son inconstitucionales y desnaturalizan el procedimiento para el efecto, ya que de esa manera no se tienen en cuenta conceptos como el mérito y las capacidades de los aspirantes; por el contrario, se permite el paso a otras formas de diversa índole para acceder a la administración pública, con lo cual es la discrecionalidad del nominador la que rige este sistema, y también se impide que aquellos ciudadanos que creen tener las condiciones para desempeñar un empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la evaluación de sus méritos y capacidades.
Por tanto, como la actora no logró probar el desempeño del cargo en propiedad e inscrita en carrera administrativa, como resultado de un proceso de selección público y abierto, que garantizara la igualdad de condiciones entre los aspirantes, resulta innecesario verificar las demás exigencias señaladas en el artículo 4º del Decreto 2164 de 1991 para el otorgamiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
En consecuencia, y por las anteriores razones, se confirmará la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda.
1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 26 de septiembre de 2013, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Jacqueline Gómez Cuervo contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Por la secretaría de la Sección Segunda de la Corporación devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y déjense las constancias de rigor.
11 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1661 de 1991.
13 Artículo 4.A.
14 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en pleno, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. 19 de mayo de 2016. Demandante: Yolima de los Ángeles Ramírez Bernal. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
15 Por el cual se fusiona la dirección de impuestos nacionales y la dirección de aduanas nacionales en la unidad administrativa especial dirección de impuestos y aduanas nacionales y se dictan disposiciones complementarias.
16 Dictada por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
17 “Por el cual se fusiona la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan disposiciones complementarias”.
18 “Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992.
La Dirección de Impuestos Nacionales previamente a la fecha de incorporación a la nueva entidad, adoptará la nomenclatura y clasificación señalada en los incisos anteriores. Con el concepto previo y favorable de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para efectos de esta incorporación no se tendrán en cuenta los requisitos para ingreso, escalafonamiento, y el sistema de concursos de que trata el Decreto 1647 de 1991 y sólo se exigirá para la posesión la firma de la respectiva acta (resalta la Sala)”.
19 El artículo 4º del Decreto 2164 de 1991 dispone: De la prima técnica por formación avanzada y experiencia. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo, que sean susceptibles de asignación de prima técnica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º del presente decreto y que acrediten título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años.
20 “Por el cual se fusiona la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan disposiciones complementarias”.
21 Véase las sentencias C-317 de 1995 y 037 de 1996, en las cuales se declararon inexequibles los sistemas de inscripción automática en la Aeronáutica Civil y en la Rama Judicial.
22 Ley 61 de 1987, artículo 5º: Al entrar en vigencia esta ley, los empleados que estén desempeñando un cargo de carrera sin que se encuentren inscritos en la misma, deberán acreditar, dentro del año inmediatamente siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados para sus respectivos empleos en el manual de requisitos expedido por el Gobierno Nacional o en los decretos que establezcan equivalencias de dichos requisitos, según el caso. Acreditados tales requisitos o sus equivalencias tendrán derecho a solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil su inscripción en la carrera administrativa.
23 Ley 27 de 1992, artículo 22. De los requisitos para los empleados del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta ley, los empleados del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el Decreto 583 de 1984, Ley 61 de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.
24 Sentencia C-030 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
25 Véase la sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente 2619-14, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Consejo de Estado, Sección 2ª, Sentencia 4577 del 8 de junio de 1992, M.P. Clara Inés Forero de Castro. Así mismo, sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 10 de abril de 1997, expediente 12198, M.P. Dra. Dolly Pedraza de Arenas y del 16 de julio de 1998, expediente 12429, M.P. Clara Inés Forero; igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 5 de septiembre de 2002, M.P. Alberto Arango Mantilla y Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 2003-00165 del 8 de mayo de 2003, M.P. Jesús María Lemos (acción popular).
27 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERA: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá, D.C., 19 de enero de 2017, expediente 25000 2325000 2912-01123 01 (2714-2015). Demandante. Carlos Arturo Vargas Ríos. Demandado: Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, DIAN.
28 Folio 68.