Source: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/c-313_2004.htm
Timestamp: 2020-07-07 09:48:37
Document Index: 135160907

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 160', 'artículo 306', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 375', 'artículo 37', 'artículo 306', 'artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 306', 'artículo 161', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 242', 'artículo 228', 'artículo 22', 'artículo 241', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 9']

Normograma Municipio de Medellin [C-313_2004]
Artículo ref_endnote_2 ref_endnote_35 ref_endnote_36
Sentencia C-313/04
ACTO LEGISLATIVO-Declaración de inconstitucionalidad/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance de la expresión “sólo” en declaración de inconstitucionalidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance
El juicio de constitucionalidad de los actos legislativos deberá efectuarse confrontando el procedimiento de formación del acto de reforma con "las normas del Título XIII de la Carta, las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento legislativo y que resulten aplicables, y los preceptos del reglamento del Congreso, en cuanto que allí se contengan requisitos de forma cuyo desconocimiento tenga entidad suficiente como para constituir un "vicio de procedimiento de la formación del acto reformatorio", "... entendiendo por éste la violación de los requisitos establecidos en la propia Carta para la aprobación de dichas reformas, los cuales se encuentran sintetizados en el Título XIII.".
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Límites
Resulta pertinente reiterar que el control de constitucionalidad de los actos legislativos se limita al examen de los cargos por vicios de procedimiento planteados en la demanda. Sobre este particular, la Corte en la Sentencia C-543 de 1998 precisó que “... como el control constitucional de los actos legislativos no es de carácter oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la Corporación en estos casos tan sólo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los demandantes”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y DE NORMAS INFRACONSTITUCIONALES-Distinción
El método de control judicial del poder de reforma que la Carta le ha otorgado al Congreso no es igual al que utiliza la Corte Constitucional al efectuar el juicio de las normas infraconstitucionales, puesto que en el primer evento dicho cuerpo colegiado está cumpliendo su función constituyente (Art. 114 C.P. y Artículo 6º-1 Ley 5 de 1992), mientras que en el segundo, hace uso de la función legislativa (Art. 114 C.P. y Artículo 6º-2 Ley 5 de 1992). Por esta razón los requisitos y etapas que debe surtir para la expedición de los actos legislativos, por corresponder cualitativamente a una función constituyente, son más difíciles y exigentes que los que se aplican en el trámite de las leyes.
REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Mandatos que deben observarse
ACTO LEGISLATIVO-Exigencias constitucionales a cumplir en el trámite
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-No discusión ni votación de artículo en comisión ni en plenaria de la cámara en el segundo periodo
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION ESPECIAL-Asociación del Distrito Capital y departamentos contiguos
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Alteración de curso de disposición con ocasión de la supresión en la ponencia para primer debate en segunda vuelta en comisión de la cámara
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Ausencia de voluntad política por no inclusión del tema en cuestión al haber sido aprobado
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Validez de lo aprobado siempre que se den ocho debates completos e integrales
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance de la expresión “debate”
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO QUE ADOPTA REFORMA POLITICA CONSTITUCIONAL-Ausencia de manifestación expresa de voluntad sobre la norma
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Aprobación sin haber surtido totalidad de debates
El artículo demandado fue aprobado sin haberse surtido la totalidad de los debates que exige la Carta Política para que pueda ser reformada por el Congreso, requisito éste sin el cual una norma aprobada en dichas condiciones infringe la cláusula de reforma constitucional.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Ausencia total de discusión en la cámara de artículo cuestionado
COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION-Pautas relativas al funcionamiento/COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION-Discrepancias
La Corte en lo relativo al funcionamiento de las comisiones de mediación ha indicado a partir del texto constitucional, las siguientes pautas: i) su integración corresponde a los presidentes de las Cámaras con el fin de superar discrepancias que surgieren respecto del articulado de un proyecto; ii) preferencialmente se deben integrar por miembros de las respectivas comisiones permanentes que participaron en la discusión de los proyectos, así como por sus autores y ponentes y quienes hayan formulado, reparos, observaciones o propuestas en las plenarias; iii) prepararán el texto que será sometido a consideración de las Cámaras y en el término que les fijen sus presidentes; iv) en el informe que rindan a las plenarias se deben expresar las razones acerca del proyecto controvertido para adoptarse por las corporaciones la decisión final, y v) si repetido el segundo debate en las Cámaras persistieren las diferencias sobre un proyecto de ley, se considerará negado en los artículos o disposiciones materia de discrepancia “siempre que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley”. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que las comisiones de conciliación no están llamadas a sustituir la función de las comisiones permanentes de cada una de las Cámaras, ni la de éstas mismas, por ello si no hay discrepancias entre los proyectos aprobados por una y otra Cámara, no se genera el presupuesto necesario para que se integren y cumplan su función de mediación.
COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION-Exceso al incluir en el informe como artículo nuevo un precepto no debatido ni aprobado en segunda vuelta por una de las cámaras
COMISION ACCIDENTAL DE CONCILIACION-No llena vacío producido por falta de aprobación previa de la materia
ACTO LEGISLATIVO RELATIVO A REGION ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION ESPECIAL-Inconstitucionalidad
“ACTO LEGISLATIVO 01[1]
La Corte precisa que el 16 de enero de 2004 fue radicado en la Secretaría General de la Corte, un escrito de coadyuvancia presentado por el ciudadano Jaime Castro en el cual plantea sus argumentos sobre la norma demandada. El escrito no será tenido en cuenta por haber sido presentado por fuera del término de fijación en lista.[2]B>
Agrega que las normas superiores permiten que durante el segundo debate cada cámara introduzca cambios al proyecto. El segundo inciso del artículo 160 de la Carta expresamente lo autoriza cuando dice: “Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias”.
Lo anterior por considerar que siguiendo lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-551 de 2003,[3] la disposición acusada es inexequible no sólo porque pese a ser negado en la Cámara de Representantes éste es introducido por la comisión de conciliación, sino, porque se refiere a un asunto que no guarda identidad temática con la reforma política.
El acto legislativo 01 de 2003 tuvo origen en el proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002 "por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones" presentado el 20 de julio de 2002 junto con su exposición de motivos por un grupo de más de 20 Congresistas, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 303 del 29 de julio de 2002.[4] De igual manera en el presentado por otro grupo de parlamentarios denominado proyecto de Acto legislativo 03 de 2002 "por el cual se adopta una reforma política constitucional." Proyectos éstos a los cuales también se acumuló el proyecto de acto legislativo 07 de 2002 "por medio de los cuales se reforman los artículos 107, 109, 112, 134, 171, 176, 258, 264, 266 y 281 de la Constitución Política de Colombia."
Analizada la exposición efectuada por la comisión de ponentes designada por la Presidencia de la Comisión Primera del Senado de la República, se observa que el Senador Andrés González sugirió la inclusión de un inciso en el artículo 306 de la Constitución Política, para que el Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca y los municipios contiguos a éste tengan la facultad de asociarse como región administrativa y de planificación especial. Propuesta que al ser sometida a la consideración de la comisión de ponentes fue aprobada por unanimidad.[5]
Sometido a consideración de los miembros de la Comisión Primera el texto del artículo acusado éste fue aprobado conforme aparece en el texto aprobado por la Comisión Primera en el cual el artículo 34 corresponde al texto del precepto acusado.[6] Lo anterior de conformidad con el Acta número 10 del 16 de octubre de 2002.
En la Gaceta del Congreso No.437 del 22 de octubre de 2002, fue publicada la ponencia para segundo debate en el Senado de la República al proyecto de acto legislativo 01 de 2002, en la cual se propone dar segundo debate al texto aprobado en la comisión primera del Senado de la República.[7]
En la Gaceta del Congreso No.509 del 18 de noviembre de 2002[8], se publicó el acta de plenaria No. 19 de la sesión ordinaria del Senado del 29 de octubre de 2002, en la que aparece aprobado el artículo 34 del Proyecto de Acto Legislativo, tal como venía de la Comisión Primera.
El Distrito Capital de Bogotá, el Departamento de Cundinamarca y los municipios contiguos a este podrán asociarse en una región administrativa y de planificación especial cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva ciudad-región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y territorial."[9]
En la Gaceta del Congreso No. 540 de noviembre 22 de 2002, se publicó la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en lo referente con el artículo 34, los ponentes recomiendan no introducirle modificaciones al texto proveniente de Senado,[10] por ello solicitan aprobar el proyecto con el pliego de modificaciones dentro del cual se incluyó el precepto acusado.
En la Gaceta del Congreso No. 305 del 19 de junio de 2003, se publicó el acta de la sesión realizada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 25 de noviembre de 2002 en la cual se aprobó como artículo 35 el texto del precepto acusado.[12]
En la Gaceta del Congreso No. 567 del 6 de diciembre de 2002, se publicó el texto aprobado en la comisión constitucional de la Cámara de Representantes. En el texto del artículo sub examine, aprobado por esta comisión, aparece bajo el artículo 32.[13]
En la Gaceta del Congreso No. 567 del 6 de diciembre de 2002, se publicó la ponencia para segundo debate del proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002, en ella la comisión de ponentes ubicó el texto demandado en el artículo 37 y respecto de él se señala que no sufre ninguna modificación.[14]
La Cámara de Representantes en su sesión plenaria del 9 de diciembre de 2002 aprobó el artículo 37 que contenía el texto del precepto acusado. Lo anterior conforme se constata en la Gaceta del Congreso No.59 del 14 de febrero de 2003.[15]
El Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá y los municipios contiguos a éste podrán asociarse en una región administrativa y de planificación especial cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva ciudad-región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y territorial."[16]
Ante las discrepancias surgidas en la aprobación del proyecto de acto legislativo en las plenarias de cada Cámara fueron designadas sendas comisiones de conciliación las que en el informe aprobado por las plenarias el 16 de diciembre 2002, acogieron el texto aprobado por la Cámara de Representantes el cual corresponde al artículo 37 del proyecto.[17]
Mediante el Decreto 99 de 2003 el Gobierno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 375 de la Constitución Política publicó el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002 en los términos redactados por la Comisión de Conciliación y aprobados por las plenarias de las Cámaras.[18]
En lo referente al precepto demandado, en el pliego de modificaciones presentado por los ponentes se incluyó en el artículo 37 la norma modificatoria del artículo 306 de la Constitución, sin variación alguna a como venía de la primera vuelta.[19]
Iniciada la discusión sobre el artículo 37 del proyecto fueron presentadas durante la sesión ordinaria del 10 de abril de 2003[20] las proposiciones 150[21] y 151[22] las cuales superado el debate, fueron aprobadas por la Comisión Constitucional Permanente.
El Distrito Especial de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los municipios contiguos a este podrán asociarse en una región administrativa y de planificación especial cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva ciudad-región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política territorial"[23].
En la Gaceta del Congreso No.169 del 22 de abril de 2003, se publicó el informe de ponencia para el segundo debate, los ponentes manifestaron su intención de no formular pliego de modificaciones[24] al proyecto, por lo cual el texto sometido a consideración de la plenaria fue el mismo aprobado en el segundo período de sesiones por la Comisión Primera del Senado. Por esta razón el precepto demandado se ubicó en el artículo 14.
No obstante, la Corte constata que algunos ponentes dejaron constancias sobre dicho artículo.[25]
En sesión plenaria del 5 de mayo de 2003 la Presidencia del Senado de la República sometió a consideración de la plenaria el artículo acusado con las modificaciones formuladas en dicha sesión por el Senador Andrés González Díaz, proposición que fue votada afirmativamente. [26]
Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y territorial."[27]
En el pliego de modificaciones al proyecto de acto legislativo, los ponentes suprimieron el artículo acusado, por considerar que "al aludir a un tema que atañe al ordenamiento territorial, resulta ajena y descontextualizado dentro de la reforma política y aunque se reconoce su importancia, se estima que el mismo debe ser tratado dentro de una reforma integral al tema del ordenamiento territorial"[28]
Refuerza el planteamiento anterior el hecho de que en la Gaceta del Congreso No. 271 de 2003 en la que se publicó el texto definitivo al proyecto de Acto Legislativo 01 de 2002 aprobado en segunda vuelta por la Comisión Primera de la Cámara no aparezca el texto del precepto demandado.[29]
En las Gacetas del Congreso números 356[30] del 25 de julio de 2003 y 378[31] del 31 de julio del mismo año, se publicaron las actas de Plenaria de la Cámara de Representantes números 57 y 58 del 16 y 17 de junio de 2003, fecha en las que se discutió y aprobó el proyecto de acto legislativo 01 de 2002.
En él no aparece la adición al artículo 306 de la Carta Política.[32]
En la plenaria de la Cámara de Representantes dicho informe fue presentado, discutido y aprobado según consta en el Acta 060, publicada en la Gaceta del Congreso No. 395 del 11 de agosto de 2003.[33]
Por su parte, en la Plenaria del Senado el informe de la comisión accidental fue presentado, discutido y aprobado en la sesión del 19 de junio de 2003, conforme consta en el Acta No. 066, publicada en la Gaceta del Congreso No. 328 del 11 de julio de 2003.[34]
Al respecto la Corte ha sostenido que "el adverbio "sólo" no puede ser tomado en su sentido literal, pues es obvio que otras normas de la Carta y del reglamento del Congreso resultan aplicables al trámite complejo que se cumple con ocasión de los proyectos conducentes a la modificación de la Carta y que la inobservancia de esas otras normas compatibles con el proceso de reforma constitucional, puede derivar en la inconstitucionalidad del acto reformatorio, situación que adquiere una especial relevancia tratándose del reglamento del Congreso, pues pese a su carácter infraconstitucional, su desconocimiento es susceptible de generar una vulneración de la Carta, por cuanto teniendo la naturaleza de ley orgánica, a sus dictados ha de someterse el Congreso al ejercer su actividad (art. 151 C.P.)."[35]
De esta manera, el juicio de constitucionalidad de los actos legislativos deberá efectuarse confrontando el procedimiento de formación del acto de reforma con "las normas del Título XIII de la Carta, las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento legislativo y que resulten aplicables, y los preceptos del reglamento del Congreso, en cuanto que allí se contengan requisitos de forma cuyo desconocimiento tenga entidad suficiente como para constituir un "vicio de procedimiento de la formación del acto reformatorio", "... entendiendo por éste la violación de los requisitos establecidos en la propia Carta para la aprobación de dichas reformas, los cuales se encuentran sintetizados en el Título XIII."[36]
Resulta pertinente también reiterar que el control de constitucionalidad de los actos legislativos se limita al examen de los cargos por vicios de procedimiento planteados en la demanda. Sobre este particular, la Corte en la Sentencia C-543 de 1998 precisó que "... como el control constitucional de los actos legislativos no es de carácter oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la Corporación en estos casos tan sólo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los demandantes"[37]
Por esta razón los requisitos y etapas que debe surtir para la expedición de los actos legislativos, por corresponder cualitativamente a una función constituyente, son más difíciles y exigentes que los que se aplican en el trámite de las leyes[38].
En el mismo sentido, resulta pertinente recordar la presentación de las exigencias constitucionales que a partir de las normas de la Carta Política y de la Ley 5 de 1992 debía surtir el trámite de los actos legislativos, elaborada en la Sentencia C-543 de 1998[39], así:
- Unidad de materia. Los Actos Legislativos también deben cumplir con esta exigencia constitucional, en cuyo caso, como ya lo expresó la Corte[40] el "asunto predominante del que ellos se ocupan, no es otro que la reforma de determinados títulos, capítulos o artículos de la Constitución, o la adición de ella con disposiciones que no están incorporadas en la Carta pero que se pretende incluir en su preceptiva" (art. 158 C.P.)
La Corte ha precisado que el concepto "debate", en manera alguna equivale a votación, y que ésta "no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión -esencial a él- y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la respectiva comisión o cámara."[41]
Sobre la importancia y necesidad de que se surtan los debates exigidos por la Constitución en la Sentencia C-222 de 1997[42] se señaló lo siguiente:
Sobre este particular hay que recordar que para la fecha del trámite surtido en el Congreso de la República en la aprobación del artículo cuestionado del acto legislativo, el artículo 161 Superior[43] disponía que "Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada Cámara. Si después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto". (Resaltado fuera de texto)
La Corte en lo relativo al funcionamiento de las comisiones de mediación ha indicado[44] a partir del texto constitucional, las siguientes pautas:
Sobre este tema se explicó en la Sentencia C-1488 de 2000[45] lo siguiente:
Repárese que se trata de una Comisión integrada por un número limitado de Senadores y Representantes cuyas decisiones, en este caso, no pueden sustituir la voluntad de una Comisión Constitucional Permanente, y que aun en el segundo debate que se propone en la Plenaria el texto conciliado por las Comisiones, no tuvo en el caso presente el carácter contradictorio y deliberativo ínsito en la naturaleza de todo debate, lo que finalmente lleva al conocido "pupitrazo", uno de los vicios más denostados del procedimiento parlamentario."[46]
Aclaración de voto a la Sentencia C-313/04
CONROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE VICIOS DE PROCEDIMIENTO-Procedencia aunque no hubieren sido alegados/CONROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRAL DE VICIOS DE PROCEDIMIENTO-Procedencia (Aclaración de voto)
La tesis de que la Corte sólo puede controlar los vicios de procedimiento de leyes o actos legislativos que haya invocado el demandante es contraria a los principios que orientan el control constitucional y a la técnica especial que utilizan los jueces constitucionales, que es diferente a la de los jueces ordinarios. Es contraria a las normas constitucionales y legales; es violatoria de los deberes del tribunal constitucional; atenta contra el principio según el cual los jueces deben hacer respetar el derecho sustancial. Confunde en los casos del control, previa iniciativa ciudadana, el inicio del procedimiento con la competencia de la Corte; la historia de la tesis demuestra que carece de bases lógicas y jurídicas y finalmente es una tesis que impide que la Corte cumpla con su deber de salvaguardar la integridad de la Constitución, ya que conduce al absurdo de que la Corte conozca que una ley o un acto legislativo es inconstitucional y sin embargo no lo declare.
Muy respetuosamente me permito presentar las razones de mi aclaración de voto, por cuanto considero que existen vicios de procedimiento en la formación de la Ley. Como lo exprese en la aclaración de voto de la sentencia C-614 de 2002, no comparto la tesis que los vicios de procedimiento sino han sido alegados por los demandantes, no puedan ser controlados por la Corte Constitucional; en consecuencia me veo en la necesidad de reiterar los argumentos allí expuestos:
"Siempre me he apartado del criterio de la mayoría según el cual la Corte sólo debe ocuparse de los vicios de procedimiento señalados por el demandante. Este criterio que la Corte aplica a las leyes, lo ha extrapolado al control de los actos legislativos, haciendo más violatoria de la Constitución la tesis y más notorios los reparos que se le hacen a la misma. Esa tesis es contraria a la Constitución, a los principios del control constitucional y a los deberes que tiene la Corte, como paso a demostrarlo.
Los jueces de constitucionalidad no sólo se escogen de una manera distinta a como se escogen los jueces ordinarios sino que actúan también de una manera diferente. Desde el punto de vista procesal, los jueces del tribunal constitucional tienen la facultad para investigar si se viola la Constitución desde todos los ángulos y puntos de vista, aún en aquellas normas de la Constitución que el demandante no ha señalado como violadas; en una palabra, tiene el poder de indagar más allá de donde llegan las pruebas de las partes.
La Corte tiene el deber de examinar la ley frente a la totalidad de la Constitución.
El principio positivisado en nuestro ordenamiento jurídico, se traduce en un deber constitucional y legal que es de obligatorio cumplimiento para la Corte Constitucional. Este deber es reiterado en el artículo 22 del Decreto Ley 2067 de 1991, que establece el procedimiento a seguir en las acciones de inconstitucionalidad: "La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la Constitución considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21.
El gran riesgo de la tesis que se combate.
La tesis de la mayoría es absurda, como paso a demostrarlo con un ejemplo: Si un ciudadano demanda un acto legislativo por el vicio de procedimiento en su formación, según el cual no se tramitó en dos períodos ordinarios y consecutivos, ya que el segundo período era un período extraordinario y la Corte al examinar este cargo establece que no prospera, pero descubre que el proyecto no tuvo los ocho debates sino que tuvo sólo seis debates, o que no fue aprobada en el segundo período con el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara; no podría con la tesis de la Corte, declarar la inconstitucionalidad del acto legislativo. Si a ésto se agrega que por mandato del numeral 3 del artículo 242 de la Constitución, las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, y si ningún otro ciudadano demanda el acto legislativo o lo demanda pero no por los vicios que la Corte descubrió que eran inconstitucionales, la consecuencia es que el acto legislativo inconstitucional, después del año se convertirá en constitucional, y lo más grave es que la Corte sabiendo que un acto legislativo es inconstitucional, no lo declara así e incumple su deber de salvaguardar la integridad de la Constitución. La misma consecuencia absurda se puede deducir en materia de leyes, ya que las que son inconstitucionales por vicios de procedimiento que son descubiertos por la Corte, no pueden ser declaradas contrarias a la Constitución porque el demandante no alegó ese vicio o no alega ningún vicio de procedimiento y la Corte lo descubre dentro del año, pero no puede declararlo, violando su deber de protección de integridad de la Constitución.
El artículo 228 de la Constitución establece la prevalencia del derecho sustancial en todos los eventos en que haya lugar a impartir justicia, incluida la justicia constitucional. En los juicios de control de inconstitucionalidad, lo sustancial es la guarda de la integridad de la Constitución y esta integridad no puede ser sacrificada por el hecho de que el demandante no señale el vicio de procedimiento correcto.
No es cierto que el control de constitucionalidad sea siempre rogado y la mayoría confunde la iniciativa para poner en funcionamiento la jurisdicción, con las competencias de juez constitucional.
La historia de la tesis demuestra que carece de fundamento.
Acerca de este tópico es importante recordar que el control constitucional confiado a la Corte es integral, por cuanto corresponde a esta Corporación estudiar las normas impugnadas frente a la totalidad de los preceptos de la Constitución, y no únicamente en relación con las disposiciones constitucionales señaladas por el actor. Por ello, si la Corte encuentra que el acto impugnado adolece de vicios de constitucionalidad materiales o procedimentales distintos a los señalados por el demandante, debe entrar a estudiarlos, aun cuando el actor no los haya considerado[47]. En efecto, el artículo 22 del decreto 2067 de 1991 señala con claridad:
La transcripción de todo sobre lo que se dijo en la sentencia C-543 de 1998 demuestra que la Corte no hizo una demostración y ésto es más grave por cuanto se trataba de rectificar una jurisprudencia anterior, lo que le imponía una carga argumentativa mayor y la obligación de refutar los argumentos dados en la sentencia anterior.
Resumiendo todo lo dicho, podemos afirmar que la tesis de que la Corte sólo puede controlar los vicios de procedimiento de leyes o actos legislativos que haya invocado el demandante es contraria a los principios que orientan el control constitucional y a la técnica especial que utilizan los jueces constitucionales, que es diferente a la de los jueces ordinarios. Es contraria a las normas constitucionales y legales (artículo 241 de la Constitución y artículo 22 del Decreto 2067 de 1991); es violatoria de los deberes del tribunal constitucional; atenta contra el principio según el cual los jueces deben hacer respetar el derecho sustancial. Confunde en los casos del control, previa iniciativa ciudadana, el inicio del procedimiento con la competencia de la Corte; la historia de la tesis demuestra que carece de bases lógicas y jurídicas y finalmente es una tesis que impide que la Corte cumpla con su deber de salvaguardar la integridad de la Constitución, ya que conduce al absurdo de que la Corte conozca que una ley o un acto legislativo es inconstitucional y sin embargo no lo declare.
[1] Diario Oficial No. 45.237 del 3 de julio de 2003.
[2] El término de fijación en lista (inciso segundo del artículo 7º del Decreto 2067 de 1991) se inició el 22 de septiembre de 2003 y finalizó el 3 de octubre del mismo año. Folios 20 y 37 del expediente.
[4] Páginas 1 a 7.
[5] Página 5.
[6] Gaceta del Congreso No. 437 del 22 de octubre de 2002, página 10.
[7] Página 5.
[8] Página 11.
[9] Página 22.
[10] Página 3.
[11] Página 11.
[12] Página 42.
[13] Página 7.
[14] Página 15.
[15] Página 37.
[16] Página 15.
[17] Gaceta del Congreso No. 81 del 5 de marzo de 2003, páginas 70 a 72.
[18] Diario Oficial No. 45.071 del 22 enero de 2003.
[19] Página 18.
[20] Acta número 28 de 2003.
[21] Esta proposición fue suscrita por los Senadores Mario Uribe, Rafael Pardo, Claudia Blum y Mauricio Pimiento. Gaceta del Congreso No. 315 del 1º de julio de 2003, página 47.
[22] Esta proposición fue suscrita por el Senador Andrés González Díaz. Gaceta del Congreso No. 315 del 1º de julio de 2003, página 51.
[23] Páginas 55 y 56.
[24] Página 4.
[25] Páginas 13 a 16.
[26] Gaceta del Congreso No. 222 del 26 de mayo de 2003, páginas 30 y 31.
[27] Página 16.
[28] Página 2.
[29] Páginas 17, 18 y 19.
[30] Páginas 14 a 71.
[31] Páginas 11 a 91.
[32] Páginas 5 a 8.
[33] Páginas 39 y 40.
[34] páginas 59 a 62.
[35] Corte Constitucional. Sentencia C-387 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz
[36] Corte Constitucional. Sentencia C-1200 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
[37] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[38] Sent. C-222/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Ver Sentencia C-222/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[39] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[40] Sentencia C-222/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[43] Este precepto constitucional fue modificado por el artículo 9º del acto legislativo 01 de 2003.
[44] Corte Constitucional. Sentencia C-500 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[46] M.P. Fabio Morón Díaz.
[47] Al respecto ver, entre otras, la sentencia C-531/95, Fundamento Jurídico No 2º.