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Timestamp: 2017-11-20 09:22:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 111', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 36']

asemar - Actualidad Ley Orgánica de Protección de Datos
Legislación	> Ley Orgánica de Protección de Datos
(BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999)
Art. 1 - Objeto.
Art. 3 - Definiciones.
TITULO II - PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Art. 4 - Calidad de los datos.
Art. 5 - Derecho de información en la recogida de datos.
Art. 6 - Consentimiento del afectado.
Art. 7 - Datos especialmente protegidos.
Art. 8 - Datos relativos a la salud.
Art. 9 - Seguridad de los datos.
Art. 10 - Deber de secreto.
Art. 11 - Comunicación de datos.
Art. 12 - Acceso a los datos por cuenta de terceros.
TITULO III - DERECHOS DE LAS PERSONAS
Art. 13 - Impugnación de valoraciones.
Art. 14 - Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos.
Art. 15 - Derecho de acceso.
Art. 16 - Derecho de rectificación y cancelación.
Art. 17 - Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
Art. 18 - Tutela de los derechos.
Art. 19 - Derecho a indemnización.
TITULO IV - DISPOSICIONES SECTORIALES
CAPITULO I - Ficheros de titularidad pública
Art. 20 - Creación, modificación o supresión.
Art. 21 - Comunicación de datos entre Administraciones públicas.
Art. 22 - Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Art. 23 - Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Art. 24 - Otras excepciones a los derechos de los afectados.
CAPITULO II - Ficheros de titularidad privada
Art. 25 - Creación.
Art. 26 - Notificación e inscripción registral.
Art. 27 - Comunicación de la cesión de datos.
Art. 28 - Datos incluidos en las fuentes de acceso público.
Art. 29 - Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
Art. 30 - Tratamiento con fines de publicidad y de prospección comercial.
Art. 31 - Censo promocional.
Art. 32 - Códigos tipo.
TITULO V - MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DATOS
Art. 33 - Norma general.
Art. 34 - Excepciones.
TITULO VI - AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Art. 35 - Naturaleza y régimen jurídico.
Art. 36 - El Director.
Art. 37 - Funciones.
Art. 38 - Consejo Consultivo.
Art. 39 - El Registro General de Protección de Datos.
Art. 40 - Potestad de inspección.
Art. 41 - Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
Art. 42 - Ficheros de las Comunidades Autónomas en materia de su exclusiva competencia.
TITULO VII - INFRACCIONES Y SANCIONES
Art. 43 - Responsables.
Art. 44 - Tipos de infracciones.
Art. 45 - Tipos de sanciones.
Art. 46 - Infracciones de las Administraciones públicas.
Art. 47 - Prescripción.
Art. 48 - Procedimiento sancionador.
Art. 49 - Potestad de inmovilización de ficheros.
1ª. - Ficheros preexistentes.
2ª. - Ficheros y Registro de Población de las Administraciones públicas.
3ª. - Tratamiento de los expedientes de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social.
4ª. - Modificación del artículo 112.4 de la Ley General Tributaria.
5ª. - Competencias del Defensor del Pueblo y órganos autonómicos semejantes.
6ª. - Modificación del artículo 24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
1ª. - Tratamientos creados por Convenios internacionales.
2ª. - Utilización del censo promocional.
3ª. - Subsistencia de normas preexistentes.
1ª. - Habilitación para el desarrollo reglamentario.
2ª. - Preceptos con carácter de Ley ordinaria.
3ª. - Entrada en vigor.
Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16 .
No será necesaria la información a que se refieren las letras b, c y d del apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.
No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias.
No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley , o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que esten expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley .
No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b) , la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una ley prevea otra cosa.
En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley .
La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas esten limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.
La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7 , podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales.
El afectado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo competente de cada Comunidad Autónoma en el caso de ficheros mantenidos por Cuerpos de Policía propios de éstas, o por las Administraciones tributarias autonómicas, quienes deberán asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación.
Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 no será aplicable a la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las Administraciones públicas o cuando afecte a la Defensa Nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas .
Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 16 no será de aplicación si, ponderados los intereses en presencia, resultase que los derechos que dichos preceptos conceden al afectado hubieran de ceder ante razones de interés público o ante intereses de terceros más dignos de protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero invocase lo dispuesto en este apartado, dictará resolución motivada e instruirá al afectado del derecho que le asiste a poner la negativa en conocimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, del órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
La obligación establecida en el apartado anterior no existirá en el supuesto previsto en los apartados 2, letras c, d, e y 6 del artículo 11 , ni cuando la cesión venga impuesta por ley.
Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5.5 de esta Ley , en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los derechos que le asisten.
En el ejercicio del derecho de acceso los interesados tendrán derecho a conocer el origen de sus datos de carácter personal, así como del resto de información a que se refiere el artículo 15 .
Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el Registro General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 41 . El Registro General de Protección de Datos podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, debiendo, en este caso, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará por la Agencia Española de Protección de Datos atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.
La Agencia Española de Protección de Datos es un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en un Estatuto propio, que será aprobado por el Gobierno.
En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia Española de Protección de Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . En sus adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta al derecho privado.
Los puestos de trabajo de los órganos y servicios que integren la Agencia Española de Protección de Datos serán desempeñados por funcionarios de las Administraciones públicas y por personal contratado al efecto, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Este personal está obligado a guardar secreto de los datos de carácter personal de que conozca en el desarrollo de su función.
La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del periodo a que se refiere el apartado 1, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo y quedará en la situación de servicios especiales si con anterioridad estuviera desempeñando una función pública. En el supuesto de que sea nombrado para el cargo algún miembro de la carrera judicial o fiscal, pasará asimismo a la situación administrativa de servicios especiales.
Son funciones de la Agencia Española de Protección de Datos:
Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el Título VII de la presente Ley .
Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública establece respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto estadístico, así como dictar las instrucciones precisas, dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la que se refiere el artículo 46 .
El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en la Agencia Española de Protección de Datos.
Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley .
Las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos reguladas en el artículo 37 , a excepción de las mencionadas en los apartados j, k y l, y en los apartados f y g en lo que se refiere a las transferencias internacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49 , en relación con sus específicas competencias serán ejercidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por las Comunidades Autónomas y por la Administración Local de su ámbito territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades de control, a los que garantizarán plena independencia y objetividad en el ejercicio de su cometido.
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá convocar regularmente a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a efectos de cooperación institucional y coordinación de criterios o procedimientos de actuación. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas podrán solicitarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos constate que el mantenimiento o uso de un determinado fichero de las Comunidades Autónomas contraviene algún precepto de esta Ley en materia de su exclusiva competencia podrá requerir a la Administración correspondiente que se adopten las medidas correctoras que determine en el plazo que expresamente se fije en el requerimiento.
Si la Administración pública correspondiente no cumpliera el requerimiento formulado, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá impugnar la resolución adoptada por aquella Administración.
Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2 .
Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que señala el artículo 5 de la presente Ley .
Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley , salvo que constituya infracción grave.
Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5 , 28 y 29 de esta Ley , cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del afectado.
Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando no lo disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7 .
La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7 , así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas.
Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera.
Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa.
Los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo los referidos a infracciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones , tendrán una duración máxima de seis meses.
4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 111 , en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal .
Se modifica el artículo 24.3, párrafo 2 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados , con la siguiente redacción:
Hasta tanto se lleven a efectos las previsiones de la disposición final primera de esta Ley , continuarán en vigor, con su propio rango, las normas reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1993, de 26 de marzo ; 1332/1994, de 20 de junio , y 994/1999, de 11 de junio , en cuanto no se opongan a la presente Ley.
Los Títulos IV , VI excepto el último inciso del párrafo 4 del artículo 36 y VII de la presente Ley , la disposición adicional cuarta , la disposición transitoria primera y la final primera tienen el carácter de Ley ordinaria.