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Timestamp: 2017-11-20 13:44:11
Document Index: 56851295

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'artículo 200', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 10', 'artículo 50', 'artículo 103', 'artículo 3', 'artículo 3']

OTRAS PENAS	(2)
LEGITIMIDAD DE LA REVOCATORIA DEL BENEFICIO DE SEMILIBERTAD POR EL JUEZ QUE EXPIDE LA NUEVA SENTENCIA CONDENATORIA
Published in OTRAS PENAS
Martes, 28 Julio 2015 21:51
EXP. N° 05566-2009-PHC/TC-ICA
VÍCTOR HUGO COELLO DE LA CRUZ
En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2010, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Coello de la Cruz contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 528, su fecha 28 de setiembre de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 4 de marzo de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los Vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ica, señores Coaguila Chávez, Acevedo Vega y Albújar de la Roca, y contra los Vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Rojas Maraví, Villa Stein, Santos Peña, Calderón Castillo y Urbina Gambini, alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo.
Refi ere que en el proceso penal que se siguió en su contra por la comisión del delito de robo agravado (Exp. N° 2006-265) se cometieron irregularidades, las que se materializaron en la indebida motivación de las sentencia condenatoria, así como en la falta de corrección lógica, razonabilidad y coherencia de su posterior confi rmatoria. Sostiene que se vulneró la actividad probatoria en los actos de investigación preliminar, siendo que ha sido sentenciado sin la existencia de pruebas directas o indicios, motivos por los cuales solicita la nulidad de las sentencias en cuestión, habiéndose revocado su benefi cio de semilibertad.
Realizada la investigación sumaria, el recurrente se ratifi ca en su demanda. Por su parte, los Vocales accionados precisan que el proceso penal seguido contra el ahora demandante se realizó en sujeción de las garantías que conforman el derecho al debido proceso, por lo cual no se han vulnerado los derechos alegados por el recurrente, el cual ha hecho uso de tales garantías durante la duración de dicho proceso.
El Primer Juzgado Penal de Ica, con fecha 20 de agosto de 2009, declaró infundada la demanda por estimar que el demandante ejercitó su derecho de defensa durante en el proceso penal que se siguió en su contra, habiendo sido asesorado por su abogado defensor, presentando sus alegatos y medios probatorios pertinentes.
La Sala Penal de Ica, con fecha 28 de septiembre de 2009, confi rmó la apelada por estimar que la pretensión del recurrente no formaba parte del contenido constitucionalmente protegido por los derechos tutelados por el hábeas corpus toda vez que en puridad cuestionaba la valoración de los medios probatorios, competencia que es propia de la justicia ordinaria.
El objeto del presente proceso de hábeas corpus es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha
8 de enero de 2007 y de la Ejecutoria Suprema de fecha 11 de septiembre de 2007 en el extremo que declara no haber nulidad en la sentencia condenatoria, en el proceso que se le siguiera al demandante como autor del delito contra el patrimonio –robo agravado–, en el cual se le condenó a doce años de pena privativa de libertad. Considera el demandante que en ambas instancias se cometieron irregularidades, las cuales se materializaron en la indebida motivación de las sentencias condenatorias, así como en la falta de conexión lógica, razonabilidad y coherencia de su posterior confi rmatoria. Sostiene que se vulneró la actividad probatoria en los actos de investigación preliminar, siendo que ha sido sentenciado sin la existencia de pruebas directas o indicios, motivos por los cuales solicita la nulidad de las sentencias en cuestión. Asimismo alega que se le revocó su benefi cio de semilibertad sin tener el incidente a la vista y por juez distinto al competente. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo.
2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia afectan el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal.
Revocación de la semilibertad por juez distinto al que la concedió
3. En el expediente penal aparecen dos ofi cios emitidos por el Segundo Juzgado Penal de Ica, siendo que mediante el primero (fs. 484) se da cuenta de que se está enviando el incidente de semilibertad que corresponde al demandante y, en el segundo (fs. 502), que ya se ha cumplido con dicho trámite. En ninguna de las audiencias se informa de ello pero se agregan al expediente a fojas 485, 503 y 504, hechos de los cuales deben responder administrativamente tanto Secretaría como Relatoría, de la corte correspondiente.
4. En consecuencia, la omisión de consignar en las actas la remisión del expediente no causa indefensión en el demandante, sino más bien es pasible de una sanción administrativa quien desempeñó las funciones en Secretaría y/o Relatoría, por no haber dado cuenta de la remisión.
5. Si bien es cierto que el artículo 50 del Código de Ejecución Penal es claro en expresar que quien debe conceder el benefi cio penitenciario de semilibertad es el Juzgado que conoció el proceso, el artículo 52 del mismo Código señala que se revoca si el inculpado comete otro delito doloso o si incumple las reglas establecidas, pero al no establecer a quién le corresponde dejar sin efecto dicho benefi cio, es el Poder Judicial, al advertir difi cultades en su interpretación, quien somete el tema al IV Pleno Nacional Penal, el que se lleva a efecto en la ciudad de Iquitos, que acuerda por mayoría darle una sola interpretación: “(…) que en caso de incumplimiento de las reglas de conducta la revocación la dicta el Juez que concedió el benefi cio penitenciario. En el supuesto de comisión de nuevo delito doloso, la revocatoria del benefi cio penitenciario la dicta el órgano jurisdiccional que expide la sentencia condenatoria por el nuevo delito”. De conformidad con dicha interpretación resulta constitucionalmente válida que la Sala que condenó proceda a revocar el benefi cio en mención.
6. De los hechos detallados en la secuela del proceso así como del análisis de las manifestaciones policiales, instructiva, testimoniales y demás diligencias que obran en el expediente penal que este Colegiado tiene a la vista resulta que se le abrió instrucción al favorecido, por el delito contra el patrimonio, robo agravado, quien ejercitó su plena defensa sin que por lo tanto se haya encontrado en estado de indefensión, pues ha esgrimido todo tipo de alegaciones que la defensa material y técnica le permiten.
7. De la sentencia que corre de fojas 364 a 372 se observa que la Sala hace una valoración pormenorizada de los elementos constitutivos del delito atribuido, esclareciendo la participación del demandante como integrante de un grupo organizado, del cual es el único que ha sido identifi cado.
Sufi ciencia probatoria
8. En lo referido a la alegada falta de elementos probatorios que sustentan la imputación del tipo penal, se advierte que dicha pretensión versa sobre un tema de sufi ciencia probatoria, aspecto que, tal como lo ha recalcado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es de competencia del juez ordinario, por lo que no puede ser objeto de análisis en los procesos constitucionales relacionados con la libertad.
9. Por lo tanto, no existiendo afectación del derecho constitucional invocado en la demanda, esta debe desestimarse en aplicación del artículo 2, a contrario sensu, del Código Procesal Constitucional.
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en los extremos referidos a la revocación de la semilibertad y al debido proceso.
Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo referente a la insufi ciencia probatoria.
Poner esta sentencia en conocimiento de la OCMA, para que actúe conforme a sus atribuciones con relación a los fundamentos 3 y 4 supra.
SS. MESÍA RAMÍREZ / BEAUMONT CALLIRGOS / VERGARA GOTELLI / CALLE HAYEN / ETO CRUZ / ÁLVAREZ MIRANDAURVIOLA HANI
LA DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE UN BENEFICIO PENITENCIARIO DEBE ANALIZARSE EN FUNCIÓN DE LA CONDUCTA Y EL MARCO LEGAL QUE CONCIERNE A CADA INTERNO EN CONCRETO
Martes, 28 Julio 2015 21:44
EXP. N° 01318-2010-PHC/TC-PUNO
EMERSON ELIOT PACORI BENAVENTE
En Lima, a los 10 días del mes de setiembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emerson Eliot Pacori Benavente contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de la Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 67, su fecha 5 de marzo de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos.
Con fecha 18 de febrero de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la titular del Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Provincia de San Román, doña Jessica Condori Chata, y los vocales de la Primera Sala Penal de la Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, señores Mamani Coaquira, Coaguila Salazar y Molina Lazo, solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales a través de las cuales desestimaron su pedido de semilibertad y que, además, se disponga la emisión de una nueva resolución que le resulte favorable, pues se han vulnerado sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, la aplicación de la ley más favorable, y los derechos al benefi cio penitenciario y a la libertad personal.
Al respecto, refi ere que los emplazados le deniegan indebidamente el acceso a la semilibertad ya que los hechos ocurrieron antes de la promulgación de la Ley N° 28704, que restringe su concesión. Afi rma que se debe aplicar la ley vigente al momento de la comisión del hecho punible, pues ninguna norma puede tener efectos retroactivos. Señala que en otro procedimiento de semilibertad se concedió dicho benefi cio a otro sentenciado aplicando para ello la ultractividad de la ley, lo cual constituye un grave caso de discriminación. Agrega que ha cumplido todos los requisitos que exige la ley.
El Cuarto Juzgado Penal de Emergencia de San Román-Juliaca, con fecha 23 de febrero de 2010, declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones dictadas por los emplazados se encuentran arregladas a la ley. Señala que la Ley N° 28704 inaplica la concesión de la semilibertad al delito por el que fue condenado el actor, norma que le resulta aplicable por ser la vigente al momento en que solicitó el benefi cio penitenciario.
La Sala Superior revisora confi rmó la resolución apelada esgrimiendo fundamentos similares; agrega que el otro interno, a quien se le concedió la semilibertad, fue sentenciado por un delito distinto.
El objeto de la demanda es que a) se declare la nulidad de la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2009, que declaró improcedente el pedido de semilibertad formulado por el actor, y de su confi rmatoria por Resolución de fecha 1 de diciembre de 2009; y que en consecuencia b) se disponga la emisión de un nuevo pronunciamiento judicial que estime su pedido de semilibertad, en la ejecución de la sentencia condenatoria que viene cumpliendo de cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual de menor de edad (Expediente N° 2007-0069).
Se alega afectación a los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, al benefi cio penitenciario y a la aplicación de la ley más favorable; asimismo, se denuncia la afectación del principio de irretroactividad de la ley; todo ello en conexidad con el derecho a la libertad personal.
2. Es menester señalar que este Colegiado no concuerda con el rechazo liminar de la demanda decretada por las instancias judiciales del hábeas corpus, máxime si a tal efecto realizaron una sustanciación del fondo de la controversia. Al respecto, si bien este Tribunal Constitucional en ciertos casos en concreto ha admitido ocuparse de demandas de hábeas corpus rechazadas de manera liminar, ello ha sido porque aquellas fueron rechazadas por causas específi cas previstas en el Código Procesal Constitucional [STC Exp. Nº 06218-2007-PHC/TC, F. J. 12]. No obstante, en el presente caso, se cuenta con las instrumentales necesarias, por lo que cabe emitir pronunciamiento.
3. El artículo 139, inciso 22, de la Constitución señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya fi nalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, F. J. 208, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “(...) suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justifi cación de las penas privativas de la libertad es, en defi nitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.
4. En cuanto a la naturaleza de los benefi cios penitenciarios, el Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 02700-2006-PHC/TC, caso Víctor Alfredo Polay Campos, que en estricto, los benefi cios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fi n es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas, de ahí que pueden ser limitadas o restringidas sin que ello comporte arbitrariedad. No obstante, no cabe duda de que aun cuando los benefi cios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.
5. A este respecto, el artículo 50 del Código de Ejecución Penal precisa que: “El benefi cio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá nuevo delito”. Por lo tanto, el benefi cio penitenciario de semilibertad, el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta, se concede atendiendo al cumplimiento de los requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juzgador respecto a cada interno en concreto, estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador dando muestras razonables de la rehabilitación del penado y que, por lo tanto, le corresponda su reincorporación a la sociedad en momento anticipado del que inicialmente se impuso a tal efecto. Tal es el criterio adoptado por este Tribunal en la sentencia recaída en el caso Máximo Llajaruna Sare (Expediente N° 1594-2003-HC/TC, F. J. 14), en la que señaló que “La determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado benefi cio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verifi car si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla (...)”. Es por ello que se afi rma que la concesión o denegatoria de un benefi cio penitenciario a un interno y la determinación en contrario en cuanto a otro no afecta el derecho a la igualdad ante la ley, pues tal decisión la efectúa el juez atendiendo concurrentemente al cumplimiento de los requisitos legales y a la estimación que obtenga de una eventual rehabilitación y resocialización respecto a cada interno en concreto.
6. En lo que respecta a la supuesta afectación a los principios de irretroactividad de la ley y el de la aplicación de la ley más favorable al reo en materia penal (establecidos en el artículo 103 de la
Constitución, este Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 4786-2004-HC/TC que pese a que existe un nexo entre la ley penal (que califi ca la conducta antijurídica y establece la pena) y la penitenciaria (que regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta), esta última no tiene la naturaleza de una ley penal, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con otras leyes imponga al juzgador la obligación de aplicar la ley más favorable. Desde esa perspectiva, atendiendo a que las normas que regulan el acceso a los benefi cios penitenciarios no son normas penales materiales sino normas de Derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como normas procedimentales, puesto que establecen los presupuestos que fi jan su ámbito de aplicación, la prohibición de acceder a benefi cios penales y la recepción de benefi cios penitenciarios aplicables a los condenados.
7. Es en este contexto que este Tribunal ha precisado en la sentencia recaída en el STC 2196-2002-HC/TC, caso Carlos Saldaña Saldaña, (FF. JJ. 8 y 10) que “[e]n el caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regis actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. [No obstante, se considera asimismo que] la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como el que atañe a los benefi cios penitenciarios, está representada por la fecha en la cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el benefi cio penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a este”.
8. En el presente caso, la controversia constitucional radica en establecer si resulta válido en términos constitucionales que se desestime –mediante una resolución judicial motivada– el pretendido benefi cio penitenciario del actor aplicando los alcances de la Ley N° 28704, que proscribe su concesión. Así tenemos que en el artículo 3 de la citada norma se señala: “Los benefi cios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A [del Código Penal]”; dispositivo legal referido al tratamiento de los benefi cios penitenciarios de las personas que cumplen condena por los delitos de violación sexual de menor de edad y de violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave.
9. Conforme se aprecia de las instrumentales que corren en los autos, el demandante fue condenado por la comisión del delito de violación sexual de menor de edad, resultando que el artículo 3 de la Ley N° 28704 (cuya fecha de publicación fue el 5 de abril de 2006), vigente al momento de la presentación de la solicitud del benefi cio que se pretende (esto es así porque aquella, obviamente, es posterior al 27 de marzo de 2007, fecha desde la cual el actor se encuentra recluido conforme se explicita en la sentencia condenatoria que corre de fojas 9), proscribe la concesión del benefi cio penitenciario de semilibertad a quienes hayan sido condenados por la comisión del aludido delito. Ahora bien, del análisis de las resoluciones cuestionadas (fojas 3 y 7) se aprecia que los demandados han cumplido con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la materia, al expresar en sus fundamentos una sufi ciente justifi cación descrita de manera objetiva y razonada a efectos de declarar y confi rmar la improcedencia del pretendido benefi cio penitenciario, pues se sustenta la decisión desestimatoria en que conforme a lo descrito por la Ley N° 28704 el benefi cio solicitado por el recurrente deviene en improcedente; a su turno, la Sala Superior agrega que el actor “(...) solicitó la concesión del benefi cio penitenciario de semilibertad el 10 de setiembre de 2009, encontrándose vigente la Ley Nº 28704, que prohíbe expresamente la concesión del benefi cio penitenciario de semilibertad en los casos previstos en el artículo ciento setenta y tres de nuestra normatividad sustantiva penal (...), [resultando que aquella es una] norma procedimental de aplicación inmediata (...)”.
10. Finalmente, este Colegiado considera pertinente señalar, en cuanto a la cuestionamiento del recurrente en sentido de que se habría concedido la semilibertad a otro condenado y a él no, lo cual resultaría discriminatorio, que no existe violación del principio de igualdad de trato al recurrente ya que la prohibición que contiene la Ley N° 28704 se aprecia en función del delito cometido y no de la persona, y de otro lado, porque la concesión o denegatoria de un benefi cio penitenciario se manifi esta respecto a la conducta y al marco legal que concierne a cada interno en concreto.
11. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, a los principios de irretroactividad de la ley y de aplicación de la ley más favorable al reo, en conexidad con el derecho a la libertad personal.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confi eren la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos al no haberse acreditado la afectación de los derechos de la libertad personal invocados en la demanda.