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Timestamp: 2016-10-21 19:05:18
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 57', 'Artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 57', 'Artículo 18', 'artículo 63', 'Artículo 18', 'artículo 57', 'artículo 69', 'Artículo 18', 'artículo 58', 'Artículo 19', 'artículo 61', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 149', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 1']

REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las Entidades de Crédito	REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las Entidades de Crédito Mis Leyes
REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las Entidades de Crédito Estado	:
1245/1995	Boletín Oficial	:
BOE 181/1995	Fecha Disposición	:
31/07/1995	Órgano Emisor	:
TÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CREACIÓN DE BANCOS.
Artículo 1. Autorización y registro de los Bancos.
Artículo 2. Requisitos para ejercer la actividad bancaria.
Artículo 4. Denegación de la solicitud.
Artículo 5. Comienzo de las actividades.
Artículo 6. Limitaciones temporales a la actividad de los nuevos Bancos.
Artículo 7. Autorización de Bancos sujetos al control de personas extranjeras.
Artículo 8. Modificación de los Estatutos sociales.
TÍTULO II. ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
CAPÍTULO I. APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESPAÑA POR ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS.
Artículo 9. Autorización de sucursales de entidades de crédito extranjeras.
Artículo 10. Oficinas de representación.
Artículo 11. Prestación de servicios sin sucursal por una entidad de crédito extranjera.
Artículo 12. Actuación de las Entidades de crédito mediante establecimientos financieros.
CAPÍTULO II. APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO POR ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS.
Artículo 13. Apertura de sucursales en el extranjero por Entidades de crédito españolas.
Artículo 14. Oficinas de representación.
Artículo 15. Prestación de servicios sin sucursal en el extranjero.
Artículo 16. Actuación mediante establecimiento financiero.
Artículo 17. Actuación mediante otras Entidades de crédito.
TÍTULO III. OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
Artículo 18. Cómputo de participaciones en entidades de crédito.
Artículo 18b. Información a suministrar por el adquirente potencial.
Artículo 18b. Interrupción del plazo para resolver.
Artículo 19. Información sobre la estructura de capital de las entidades de crédito.
Artículo 20. Publicidad de participaciones.
Artículo 21. Oficinas operativas.
Artículo 22. Agentes de las Entidades de crédito.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actividades relacionadas con los mercados de valores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación del Decreto 1838/1975, de 3 de julio, sobre creación de Cajas de Ahorro y distribución de los beneficios líquidos de estas Entidades.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificaciones en el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Autorización para la transformación en Bancos de sociedades ya constituidas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Fondos reembolsables del público.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Modificaciones en el Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, por el que se crea el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Entidades de crédito que dispongan de recursos propios inferiores al capital social o fondo de dotación mínimo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Entidades de crédito o sucursales pendientes de autorización.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Normas de desarrollo y ejecución.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Carácter básico de la norma.
La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, introdujo notables cambios en la legislación bancaria y, muy especialmente, en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
En segundo lugar, se desarrollan otros preceptos de la Ley, relativos no sólo a los Bancos, sino al conjunto de las Entidades de crédito. Así, se concreta el régimen de actividad transfronteriza, con sucursal o sin ella, tanto de las entIdades de crédito españolas como de las extranjeras. Para las Entidades de la Unión Europea, se regula con detalle el llamado pasaporte comunitario -auténtica pieza clave para el Mercado Único de los servicios financieros-, en virtud del cual, autorizada una Entidad de crédito en cualquier país comunitario, puede operar en los demás países sin necesidad de autorización alguna de las autoridades de éstos. También se contienen algunas reglas de desarrollo del régimen de las llamadas participaciones significativas, ya ampliamente reguladas en el nuevo Título VI de la Ley 26/1988, y se regulan otras figuras relacionadas con el tráfico bancario, como los agentes o las oficinas de representación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio de 1995, dispongo:
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CREACIÓN DE BANCOS.
4. Las inscripciones en el Registro Especial a que se refiere el apartado 3 precedente, así como las bajas en el mismo, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y se comunicarán a la Autoridad Bancaria Europea.
Tener un capital social inicial no inferior a 3.000 millones de pesetas, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.
Que los accionistas titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos, de acuerdo con los términos previstos en este artículo y en el artículo 4.
No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.
Contar con un consejo de administración formado por no menos de cinco miembros. Todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista, serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y deberán poseer, al menos la mayoría en cada consejo, conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Tales honorabilidad y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados de la entidad y de su dominante, cuando exista, así como en las personas físicas que representen a las personas jurídicas que sean consejeros.
Contar con una buena organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control interno adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la Entidad. En especial, el Consejo de Administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, la Ley de Sociedades Anónimas, u otras disposiciones que sean de aplicación.
Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en las condiciones establecidas en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.
4. Los Bancos deberán cumplir en todo momento los requisitos previstos en el apartado 1 anterior y contar con unos recursos propios no inferiores a la cifra de capital señalada en su párrafo b, excluyendo de aquéllos los elementos citados en el artículo 20, apartado 1, párrafos g y h del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre. No obstante:
Sólo podrá ser revocada la autorización por falta de idoneidad de algún accionista de modo excepcional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 26/1988.
Por falta de honorabilidad comercial o profesional de consejeros o directores, sólo procederá la revocación si los afectados no cesan en sus cargos en un mes, contado desde la recepción del requerimiento que a tal efecto le dirija el Banco de España. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero o director sea inculpado o procesado por alguno de los delitos mencionados en el apartado 2 anterior.
No procederá la revocación por insuficiencia de recursos propios, en los términos señalados, si éstos alcanzan, al menos, las cuatro quintas partes del capital social mínimo y la insuficiencia no dura más de doce meses.
5. Para su inscripción en el Registro de Altos Cargos creado por el Decreto 702/1969, de 26 de abril, los consejeros y directores generales o asimilados de la Entidad deberán declarar expresamente, en el documento que acredite su aceptación del cargo, que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad a que se refiere el presente artículo, y que no se encuentran incursos en ninguna de las limitaciones o incompatibilidades establecidas en la Ley 31/1968, de 27 de julio, o en cualquier otra norma que les fuere de aplicación.
La solicitud de autorización para la creación de un Banco se dirigirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por duplicado, y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el género de operaciones que se pretenden realizar, la organización administrativa y contable, los procedimientos de control interno, así como los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Relación de socios que han de constituir la sociedad, con indicación de sus participaciones en el capital social. Tratándose de socios que tengan la consideración de personas jurídicas, se indicarán las participaciones en su capital que representen un porcentaje superior al 5 %. En el caso de socios que vayan a poseer una participación significativa, se aportará, además, si son personas físicas, información sobre su trayectoria y actividad profesional, así como sobre su situación patrimonial; y si son personas jurídicas, las cuentas anuales e informe de gestión, con los informes de auditoría, si los hubiese, de los dos últimos ejercicios, la composición de sus órganos de administración y la estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezca.
Justificación de haber constituido en el Banco de España, en metálico o en deuda pública, un depósito equivalente al 20 % del capital social mínimo establecido en el artículo 2.
1. La Ministra de Economía y Hacienda, mediante resolución motivada, denegará la autorización de creación de un banco cuando no se cumplan los requisitos de los artículos 2 y 3 y, en especial, cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa o una participación de tal forma que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 por cien. A estos efectos:
Se entenderá por participación significativa en un banco aquella que cumpla con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas, en el sentido previsto en el artículo 2 apartado 2. Esta honorabilidad se presumirá siempre cuando los accionistas sean Administraciones públicas o Entes de ellas dependientes;
El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un vínculo de control, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una empresa o entidad.
2. Denegada, en su caso, la solicitud, y sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan contra la resolución adoptada, se procederá por el Banco de España a la devolución del depósito efectuado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo e del artículo 3. Asimismo procederá su devolución en el supuesto de renuncia a la solicitud.
2. El depósito previsto en el párrafo e del artículo 3 se liberará una vez constituida la sociedad e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, así como en el supuesto de revocación de la autorización conforme a lo previsto en el número anterior.
Durante los tres primeros ejercicios, a partir del inicio de sus actividades, no podrán repartir dividendos, debiendo destinar la totalidad de sus beneficios de libre disposición a reservas, salvo que lo autorice el Banco de España atendiendo a la situación financiera de la Entidad y en particular a que la misma cumpla sus obligaciones de solvencia.
Durante los cinco primeros años a partir del inicio de sus actividades:
No podrán, directa o indirectamente, conceder créditos, préstamos o avales de clase alguna en favor de sus socios, consejeros y altos cargos de la Entidad, ni en favor de sus familiares en primer grado o de las Sociedades en que, unos u otros, ostenten participaciones accionariales superiores al 15 % o de cuyo Consejo de Administración formen parte. Tratándose de accionistas personas jurídicas pertenecientes a su grupo económico, se incluyen en esta prohibición todas las empresas pertenecientes a éste. Esta última restricción no se aplicará a las operaciones con Entidades de crédito.
Una sociedad o grupo no podrá poseer, directa o indirectamente, más del 20 % del capital del Banco, o ejercer el control del mismo. A estos efectos, se entenderá por grupo el que se define como tal en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. No será aplicable esta limitación a las Entidades de crédito y demás Entidades financieras, entendiéndose por estas últimas las previstas en el artículo 3 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisión en base consolidada de las entidades financieras.
La transmisibilidad inter vivos de las acciones y su gravamen o pignoración estarán condicionados a la previa autorización del Banco de España, debiendo constar esta limitación en los Estatutos de la Sociedad.
3. El incumplimiento de las limitaciones operativas citadas en el número 1 precedente, o una desviación sustancial respecto del programa de actividades citado en el artículo 3, párrafo b durante los tres primeros años, podrá dar lugar a la revocación de la autorización conforme a lo previsto en el párrafo d del artículo 57 bis, apartado 1, de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.
Artículo 7. Autorización de Bancos sujetos al control de personas extranjeras. 1. La creación de bancos españoles cuyo control, en los términos previstos por el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, vaya a ser ejercido por personas extranjeras, queda sujeta a lo establecido en los artículos precedentes de este Real Decreto.
Aquellas otras modificaciones para las que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en contestación a consulta previa formulada al efecto por el Banco afectado, haya considerado innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESPAÑA POR ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS.
1. A los efectos de este Título, se entenderá por sucursal una sede de explotación que constituya una parte, desprovista de personalidad jurídica, de una Entidad de crédito, que efectúe directamente, de modo total o parcial, las operaciones inherentes a la actividad de una Entidad de crédito; se considerarán una sucursal todas las sedes de explotación creadas en el mismo Estado por una Entidad de crédito que tenga su sede social en otro Estado.
2. La apertura en España de sucursales de Entidades de crédito extranjeras no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea requerirá la autorización del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España. Se observarán al efecto los artículos anteriores de este Real Decreto en lo que le sea de aplicación, con las particularidades siguientes:
Por capital social mínimo se entenderá la dotación mantenida por la entidad en España de fondos de carácter permanente y duración indefinida, disponibles para la cobertura de pérdidas de la sucursal.
No serán de aplicación los párrafos a, d, e y f del apartado 1 del artículo 2; tampoco será aplicable el párrafo c, ni la referencia a los componentes del Consejo del párrafo d del artículo 3. La mención al proyecto de Estatutos a que se refiere el párrafo a del artículo 3, se entenderá referida al proyecto de escritura de constitución de la sucursal y a los propios Estatutos vigentes de la Entidad de crédito, debiéndose informar al Banco de España de los cambios que posteriormente se produzcan en ambos.
Deberán contar al menos con dos personas que determinen de modo efectivo la orientación de la sucursal y sean responsables directos de la gestión. Serán exigibles a ambas la honorabilidad, conocimientos y experiencia a que se refiere el artículo 2.
El objeto social de la sucursal no podrá contener actividades no permitidas a la Entidad en su país de origen.
La documentación que acompañe la solicitud contendrá la información necesaria para conocer con exactitud las características jurídicas y de gestión de la Entidad de crédito extranjera solicitante, así como su situación financiera. También se incluirá una descripción de la estructura organizativa de la Entidad y del grupo en la que ésta eventualmente se integre. Asimismo, se acreditará que está en posesión de las autorizaciones de su país de origen para abrir la sucursal, cuando éste las exija, o la certificación negativa si no fueran precisas.
La autorización podrá ser también denegada por aplicación del principio de reciprocidad.
3. La apertura en España de sucursales de Entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea no requerirá autorización previa, ni dotación específica de recursos, ni quedará sujeta a lo previsto en los artículos precedentes de este Real Decreto. Sin embargo, quedará condicionada a que el Banco de España reciba una comunicación de la autoridad supervisora de la Entidad de crédito que contenga, al menos, la siguiente información:
Un programa de actividades en el que se indique, en particular, las operaciones que pretende realizar y la estructura de la organización de la sucursal.
El domicilio en España donde pueda ser requerida a la sucursal toda la información necesaria.
El nombre e historial de los directivos responsables de la sucursal.
El importe de los recursos propios, así como el coeficiente de solvencia de la Entidad de crédito y del grupo consolidable en el que eventualmente se integre.
Información detallada sobre cualquier sistema de garantía de depósitos que tenga por finalidad asegurar la protección de los depositantes de la sucursal.
4. Recibida la comunicación citada en el apartado 3, el Banco de España procederá a dar cuenta de su recepción a la Entidad de crédito y ésta, a continuación, procederá a inscribir la sucursal en el Registro Mercantil, y luego en el Registro Especial del Banco de España, comunicando a éste la fecha del inicio efectivo de sus actividades.
El Banco de España podrá fijar un plazo de espera, no superior a dos meses desde la recepción de la comunicación de la autoridad supervisora de la Entidad de crédito, para el inicio de las actividades de la sucursal, a fin de organizar su supervisión. Podrá, asimismo, indicarle, si procede, las condiciones en que, por razones de interés general, deberá ejercer su actividad en España. En el caso de que entre las actividades comunicadas exista alguna que no esté entre las relacionadas en el artículo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, y se trate de una actividad prohibida o limitada para las Entidades de crédito, el Banco de España notificará esta circunstancia a la Entidad y a su autoridad supervisora.
Transcurrido un año desde que se hubiera notificado a la Entidad de crédito la recepción de la comunicación efectuada por su autoridad supervisora, o desde la finalización del plazo de espera fijado por el Banco de España, sin que la Entidad haya abierto la sucursal, deberá iniciarse de nuevo el procedimiento indicado en el apartado 3.
5. Si, una vez abierta la sucursal, la Entidad de crédito extranjera pretendiera modificar el contenido de alguna de las informaciones relacionadas a los párrafos a, b, c o e del apartado 3, deberá comunicarlo al Banco de España, sin perjuicio de la comunicación que proceda a su autoridad supervisora, al menos un mes antes de efectuar el cambio, a fin de que el Banco de España pueda pronunciarse y actuar conforme a lo previsto en los párrafos anteriores. También se deberá comunicar al Banco de España el cierre de la sucursal, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para ello.
Las oficinas de representación no podrán llevar a cabo operaciones de crédito, de captación de depósitos, o de intermediación financiera, ni prestar ningún otro tipo de servicios bancarios, debiendo limitarse a realizar actividades meramente informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, podrán promover la canalización de fondos de terceros, a través de Entidades de crédito operantes en España, hacia sus entidades de origen, y servir de soporte material para la prestación de servicios sin establecimiento a que se refiere el artículo 54 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Corresponderá al Banco de España la autorización para la instalación en España de oficinas de representación de Entidades de crédito extranjeras. En la solicitud se especificarán las actividades que se pretenden realizar, así como el nombre e historial de la persona física que se vaya a hacer cargo de la misma. Presentada la solicitud, el Banco de España deberá pronunciarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde su recepción, transcurridos los cuales sin que exista pronunciamiento expreso, podrá entenderse estimada la solicitud. Para la eficacia de la estimación presunta se deberá solicitar la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los cambios posteriores de domicilio de la oficina de representación, del ámbito de sus actividades o de la persona encargada, así como su cierre, se comunicarán al Banco de España.
1. La realización en España, por primera vez, de actividades en régimen de libre prestación de servicios, por las Entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea podrá iniciarse una vez que el Banco de España reciba una comunicación de su autoridad supervisora indicando las actividades que van a ser ejercidas. Dicho régimen será de aplicación siempre que la Entidad de crédito pretenda, por primera vez, realizar en España una actividad distinta a las eventualmente contenidas en la citada comunicación.
2. Cuando una Entidad de crédito extranjera, no autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea, pretenda prestar servicios sin sucursal en España, deberá comunicarlo previamente al Banco de España, indicando las actividades que van a ser realizadas. El Banco de España podrá pedir una ampliación de la información suministrada, así como condicionar el ejercicio de dichas actividades al cumplimiento de ciertos requisitos como garantía del cumplimiento de las normas dictadas por razones de interés general.
1. El régimen administrativo previsto para las entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea en los artículos 9 y 11 de este Real Decreto será aplicable a la apertura de sucursales y a la libre prestación de servicios en España por los establecimientos financieros autorizados o domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que cumplan los siguientes requisitos:
Tendrán la consideración de establecimientos financieros aquellas Entidades que no sean de crédito y cuya actividad principal consista en adquirir participaciones en otras entidades o ejercer una o varias de las actividades que se enumeran en el artículo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, salvo las previstas en los párrafos a, m y n.
Dichos establecimientos financieros deberán estar controlados por una o varias Entidades de crédito que tengan su misma nacionalidad y que, además, posean el 90 % o más de los derechos de voto.
Los establecimientos financieros deberán estar sujetos a un régimen jurídico que les habilite para realizar las actividades que pretenden efectuar en España, y deberán ejercer efectivamente dichas actividades en el Estado donde tengan su domicilio.
La o las Entidades de crédito dominantes deberán haber demostrado, a satisfacción de sus autoridades supervisoras, que efectúan una gestión prudente de los establecimientos financieros y, con el consentimiento de dichas autoridades, haberse declarado solidariamente garantes de los compromisos asumidos por dichos establecimientos.
Los establecimientos financieros y sus Entidades de crédito dominantes deberán ser objeto de una supervisión sobre base consolidada según los criterios legales prudenciales aplicables.
2. La comunicación al Banco de España prevista en el apartado 3 del artículo 9, deberá contener los siguientes extremos:
Certificación emitida por la autoridad supervisora de la Entidad o Entidades de crédito dominantes que acredite el cumplimiento de los requisitos relacionados en el apartado anterior.
Los demás extremos exigidos en el caso de establecimiento de sucursales o de libre prestación de servicios por las Entidades de crédito autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, la información prevista en los párrafos d y e del apartado 3 del artículo 9 será sustituida, respectivamente, por información sobre los recursos propios del establecimiento financiero y sobre el coeficiente de solvencia consolidado de la Entidad dominante, así como por información sobre el sistema de garantía de inversores al que eventualmente pueda estar adherido el establecimiento financiero.
3. Cuando la actividad especial de alguno de los establecimientos financieros mencionados en los apartados precedentes corresponda a la realizada en España por los establecimientos financieros de crédito creados por la disposición adicional primera de la Ley 3/1994, el Banco de España, una vez cumplidos los trámites previstos en el apartado 3 del artículo 9, inscribirá las sucursales en España de dichos establecimientos en el Registro Especial correspondiente.
Cuando esa actividad sea realizada en España por una categoría de Entidades financieras sujeta al control de otra autoridad supervisora nacional, el Banco de España trasladará a dicha autoridad la comunicación recibida de la autoridad supervisora del Estado miembro de la Unión Europea donde haya sido autorizado o esté domiciliado el establecimiento; aquella autoridad una vez inscrita la sucursal en el Registro Mercantil, la inscribirá en sus registros y podrá fijar el período de espera a que se refiere el apartado 4 del artículo 9, efectuando la indicación allí mencionada. El Banco de España dará cuenta de dicho traslado al establecimiento financiero.
4. Caso de que un establecimiento financiero deje de reunir alguna de las condiciones exigidas en el apartado 1, deberá comunicarlo inmediatamente al Banco de España; de ser exigible una autorización administrativa para el ejercicio de las actividades de la sucursal en España, en el plazo de 6 meses ésta deberá recabar dicha autorización o cerrar la sucursal. En tanto no se obtenga la autorización, la autoridad supervisora nacional competente podrá limitar o condicionar el ejercicio de su actividad.
APERTURA DE SUCURSALES Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO POR ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS.
1. Las Entidades de crédito españolas que pretendan abrir una sucursal en el extranjero deberán solicitarlo previamente al Banco de España, acompañando, junto a la información del Estado en cuyo territorio pretenden establecer la sucursal y el domicilio previsto para la misma, las previstas en los párrafos a y c del apartado 3 del artículo 9 de este Real Decreto.
2. El Banco de España resolverá, mediante resolución motivada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de todas las informaciones.
Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente previsto, podrá entenderse desestimada. Para la eficacia de la desestimación presunta, deberá solicitarse la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando la sucursal se pretenda abrir en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, la solicitud sólo podrá ser denegada por el Banco de España cuando tenga razones para dudar, visto el proyecto en cuestión, de la adecuación de las estructuras administrativas o de la situación financiera de la Entidad de crédito, o cuando en el programa de actividades presentado se contemplen actividades no autorizadas a la Entidad. Si la sucursal se pretende abrir en un Estado no miembro de la Unión Europea, el Banco de España podrá denegar la solicitud, además de por los motivos señalados, por considerar que la actividad de la sucursal no va a quedar sujeta a un efectivo control por parte de la autoridad supervisora del país de acogida, o por la existencia de obstáculos legales o de otro tipo que impidan o dificulten el control e inspección de la sucursal por el Banco de España.
3. Cuando la sucursal vaya a establecerse en otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de España, dentro del plazo de tres meses citado anteriormente, deberá dar traslado, en su caso, de la autorización a la autoridad competente de dicho Estado, acompañando a su comunicación las informaciones contenidas en el apartado 3 del artículo 9 de este Real Decreto.
De dicha comunicación se dará traslado a la entidad solicitante.
4. Toda modificación de las informaciones a que se refiere el apartado 1 habrá de ser comunicada por la Entidad de crédito, al menos un mes antes de efectuarla, al Banco de España.
No podrá llevarse a cabo una modificación relevante en el programa de actividades de la sucursal si el Banco de España, dentro del referido plazo de un mes, se opone a ella, mediante resolución motivada que será notificada a la Entidad. Dicha oposición habrá de fundarse en alguna de las causas citadas en el apartado 2 de este artículo.
Las Entidades de crédito españolas, con anterioridad a la eventual solicitud que al respecto deban realizar a las autoridades extranjeras, deberán comunicar al Banco de España su intención de abrir una oficina de representación en el extranjero, especificando las actividades que va a realizar. También le comunicarán su apertura, una vez llevada a cabo, y su cierre.
Las Entidades de crédito españolas que pretendan, por primera vez, realizar sus actividades en régimen de libre prestación de servicios en otro Estado deberán comunicarlo previamente al Banco de España, indicando las actividades para las que esté autorizada que se propone llevar a cabo. Cuando los servicios vayan a prestarse en otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de España trasladará dicha información a la autoridad competente de dicho Estado en el plazo máximo de un mes a partir de su recepción, dando cuenta de la comunicación a la propia Entidad.
Lo dispuesto en los artículos precedentes podrá aplicarse a la prestación de servicios, directamente o mediante la apertura de una sucursal, en otros Estados miembros de la Unión Europea, por aquellos establecimientos financieros españoles que, controlados por entidades de crédito españolas, se ajusten al régimen previsto en el artículo 12 del presente Real Decreto. La solicitud habrá de venir suscrita igualmente por la Entidad o Entidades de crédito dominantes.
Cuando el establecimiento financiero esté sujeto a la supervisión de una autoridad distinta al Banco de España, éste dará cuenta de la solicitud a dicha autoridad y, en el caso de apertura de sucursales, deberá denegar la autorización si dicha autoridad se opone a la misma atendiendo a las causas citadas en el apartado 3 del artículo 9. Para las actuaciones posteriores será competente, de forma directa, la autoridad supervisora específica. No obstante corresponderá al Banco de España velar por el mantenimiento de las condiciones previstas en el artículo 12.
1. El régimen previsto en el apartado 5 del artículo 30 bis de la Ley 26/1988 será de aplicación, tanto a los supuestos de creación de una Entidad de crédito extranjera o adquisición de una participación en una Entidad ya existente efectuados de forma directa, como a los efectuados de forma indirecta, a través de Entidades controladas, por la Entidad de crédito o grupo de Entidades de crédito interesadas.
2. En el caso de la creación de una participación, a la solicitud de autorización que se presente en el Banco de España, deberá acompañar, al menos, la siguiente información:
Importe de la inversión y del porcentaje que representa la participación en el capital y en los derechos de voto de la entidad que se va a crear. Indicación, en su caso, de las Entidades a través de las cuales se efectuará la inversión.
La prevista en los párrafos a, b y d del artículo 3. La prevista en el párrafo c se sustituirá por una relación de los socios que van a tener participaciones significativas.
Descripción completa de la normativa bancaria aplicable a las Entidades de crédito en el Estado donde se vaya a constituir la nueva Entidad, así como de la normativa vigente en materia fiscal y de prevención del blanqueo de dinero.
3. Cuando se vaya a adquirir una participación, entendiendo por tal aquélla que tenga un carácter significativo, según lo previsto en el artículo 56 de la Ley 26/1988, o se pretenda incrementar una participación significativa, alcanzando o sobrepasando alguno de los porcentajes señalados en el apartado 2 del artículo 57 de dicha Ley, se deberá presentar la información señalada en el apartado anterior, si bien la prevista en el párrafo b se podrá limitar a aquellos datos que tengan un carácter público. También se indicará el plazo previsto para la realización de la inversión, las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios de la entidad participada y, en su caso, los derechos de la entidad en orden a designar representantes en los órganos de administración y dirección de aquélla.
4. En todo caso, cabrá exigir a los solicitantes cuantos datos, informes o antecedentes se consideren oportunos para que el Banco de España pueda pronunciarse adecuadamente y, en particular, los que permitan apreciar la posibilidad de ejercer la supervisión consolidada del grupo.
OTRAS CUESTIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
Artículo 18. Cómputo de participaciones en entidades de crédito. 1. A efectos de lo dispuesto en el título VI de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, las acciones, aportaciones, o derechos de voto a integrar en el cómputo de una participación incluirán:
Los adquiridos directamente por el adquirente potencial;
Los adquiridos a través de sociedades controladas o participadas por el adquirente potencial;
Los adquiridos por sociedades integradas en el mismo grupo que el adquirente potencial o participadas por entidades del grupo;
Los adquiridos por otras personas que actúen por cuenta del adquirente potencial, o concertadamente con él o con sociedades de su grupo. En todo caso, se incluirán:
los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de un acuerdo con un tercero que obligue al adquirente potencial y al propio tercero a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto que poseen, una política común duradera en relación con la gestión de la entidad de crédito o que tenga por objeto influir de manera relevante en la misma;
los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de un acuerdo con un tercero que prevea la transferencia temporal y a título oneroso de los derechos de voto en cuestión;
los que posea el adquirente potencial vinculados a acciones adquiridas a través de persona interpuesta;
los derechos de voto que puedan controlarse, declarando expresamente la intención de ejercerlos, como consecuencia del depósito de las acciones correspondientes como garantía;
los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de acuerdos de constitución de un derecho de usufructo sobre acciones;
los derechos de voto que estén vinculados a acciones depositadas en el adquirente potencial, siempre que éste pueda ejercerlos discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;
los derechos de voto que el adquirente potencial pueda ejercer en calidad de representante, cuando los pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;
los derechos de voto que pueden ejercerse en virtud de acuerdos o negocios de los previstos en las letras f a i, celebrados por una entidad controlada por el adquirente potencial.
Las acciones adquiridas exclusivamente a efectos de compensación y liquidación dentro del ciclo corto de liquidación habitual. A estos efectos, la duración máxima del ciclo corto de liquidación habitual será de tres días hábiles bursátiles a partir de la operación y se aplicará tanto a operaciones realizadas en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado como a las realizadas fuera de él. Los mismos principios se aplicarán también a operaciones realizadas sobre instrumentos financieros.
Las acciones que se puedan poseer por haber proporcionado el aseguramiento o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme, siempre que los derechos de voto correspondientes no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración de la entidad de crédito y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición.
Las acciones poseídas en virtud de una relación contractual para la prestación del servicio de administración y custodia de valores, siempre que la entidad sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones con instrucciones formuladas por el propietario, por escrito o por medios electrónicos.
Las acciones o participaciones adquiridas por parte de un creador de mercado que actúe en su condición de tal, siempre que:
esté autorizado a operar como tal en virtud de las disposiciones que incorporen a su Derecho nacional la Directiva 2004/39/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y;
que no intervenga en la gestión de la entidad de crédito de que se trate, ni ejerza influencia alguna sobre la misma para adquirir dichas acciones ni respalde el precio de la acción de ninguna otra forma.
Las acciones o participaciones incorporadas a una cartera gestionada discrecional e individualizadamente siempre que la empresa de servicios de inversión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o entidad de crédito, sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones con instrucciones precisas por parte del cliente.
la entidad dominante de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva no estará obligada a agregar la proporción de derechos de voto que atribuyen las acciones que posea a la proporción de derechos de voto de las acciones que formen parte del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por dicha sociedad gestora, siempre que ésta ejerza los derechos de voto independientemente de la entidad dominante.
No obstante lo anterior, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la entidad dominante u otra entidad controlada por ella, haya invertido en acciones que integren el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por la sociedad gestora y ésta carezca de discrecionalidad para ejercer los derechos de voto correspondientes y pueda únicamente ejercerlos siguiendo las instrucciones directas o indirectas de la entidad dominante o de otra entidad controlada por ella.
La entidad que ejerza el control de una empresa que presta servicios de inversión no estará obligada a agregar la proporción de los derechos de voto que atribuyan las acciones que posea a la proporción que ésta gestione de manera individualizada como consecuencia de la prestación del servicio de gestión de carteras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Que la empresa de servicios de inversión, la entidad de crédito o la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva estén autorizadas para la prestación del servicio de gestión de carteras en los términos establecidos en el artículo 63.1 d y 65 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores;
Que sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones siguiendo instrucciones formuladas por escrito o por medios electrónicos o, en su defecto, que cada uno de los servicios de gestión de cartera se preste de forma independiente de cualquier otro servicio y en condiciones equivalentes a las previstas en la Ley 35/2003, de 5 noviembre, de instituciones de inversión colectiva, mediante la creación de los oportunos mecanismos, y;
Que ejerza sus derechos de voto independientemente de la entidad dominante.
Artículo 18b. Información a suministrar por el adquirente potencial. 1. El Banco de España establecerá mediante Circular una lista con la información que debe suministrar el adquirente potencial en cumplimiento de la obligación a la que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. El Banco de España dará publicidad al contenido de la lista en su página web o sede electrónica.
Sobre el adquirente potencial y, en su caso, sobre cualquier persona que de forma efectiva dirija o controle sus actividades:
La identidad del adquirente potencial, la estructura del accionariado y la composición de los órganos de administración del adquirente potencial.
La honorabilidad profesional y comercial del adquirente potencial y, en su caso, de cualquier persona que de forma efectiva dirija o controle sus actividades.
La estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezca.
La situación patrimonial y financiera del adquirente potencial y del grupo al que eventualmente pertenezca.
La existencia de vínculos o relaciones, financieras o no, del adquirente potencial con la entidad adquirida y su grupo.
Las evaluaciones realizadas por organismos internacionales de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del país de nacionalidad del adquirente potencial, salvo que sea la de un Estado miembro de la Unión Europea, así como la trayectoria en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del adquirente potencial y de las entidades integradas en su grupo que no estén domiciliadas en la Unión Europea.
En el caso de Estados Miembros de la Unión Europea, la información sobre esta trayectoria se obtendrá en la consulta que el Banco de España realice a las autoridades supervisoras de este Estado de acuerdo con el artículo 69.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio.
Sobre la adquisición propuesta:
La identidad de la entidad objeto de la adquisición.
La finalidad de la adquisición.
La cuantía de la adquisición, así como la forma y plazo en que se llevará a cabo.
Los efectos que tendrá la adquisición sobre el capital y los derechos de voto, antes y después de la adquisición propuesta.
La existencia de una acción concertada de manera expresa o tácita con terceros con relevancia para la operación propuesta.
La existencia de acuerdos previstos con otros accionistas de la entidad objeto de la adquisición.
Sobre la financiación de la adquisición:
Además, se exigirá:
En el caso de participaciones significativas que produzcan cambios en el control de la entidad, se detallará el plan de negocio, incluyendo información sobre el plan de desarrollo estratégico de la adquisición, los estados financieros y otros datos previsionales. Asimismo, se detallarán las principales modificaciones en la entidad a adquirir previstas por el adquirente potencial. En particular, sobre el impacto que la adquisición tendrá en el gobierno corporativo, en la estructura y en los recursos disponibles, en los órganos de control interno y en los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la misma.
En el caso de participaciones significativas que no produzcan cambios en el control de la entidad, se informará sobre la política del adquirente potencial en relación con la adquisición y sus intenciones respecto a la entidad adquirida, en particular, sobre su participación en el gobierno de la entidad.
En los dos casos anteriores, los aspectos relativos a la honorabilidad comercial y profesional de administradores y directivos que vayan a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta.
Artículo 18t. Interrupción del plazo para resolver. 1. El Banco de España podrá determinar que la interrupción del cómputo del plazo de evaluación mencionada en el artículo 58.3 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, tenga una duración máxima de treinta días hábiles, si el adquirente potencial:
está domiciliado o autorizado fuera de la Unión Europea, o;
no está sujeto a supervisión financiera en España o en la Unión Europea.
Artículo 19. Información sobre la estructura de capital de las entidades de crédito. Con independencia de la obligación establecida en el apartado 1 del artículo 61 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, las entidades de crédito comunicarán al Banco de España, en la forma que éste establezca, durante el mes siguiente a cada trimestre natural, la composición de su capital social, relacionando todos los accionistas, en el caso de los bancos y establecimientos financieros de crédito, o todos los tenedores de aportaciones, en el caso de las cooperativas de crédito, que al final de dicho período tengan la consideración de entidades financieras y los que, no siéndolo, tengan inscritas a su nombre acciones o aportaciones que representen un porcentaje del capital social de la entidad igual o superior al 0,25 %, en el caso de los bancos, del 1 % en el de las cooperativas de crédito, o del 2,50 % en el de los establecimientos financieros de crédito.
Información individualizada de las participaciones en su propio capital, al cierre del ejercicio, poseídas por entidades de crédito, nacionales o extranjeras, o por grupos, en el sentido del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores, en los que se integre alguna Entidad de crédito nacional o extranjera, cuando la participación sea igual o superior al 5 % del capital o de los derechos de voto de la Entidad.
Información individualizada de las participaciones de la Entidad en el capital de otras Entidades de crédito, nacionales o extranjeras, cuando dichas participaciones alcancen o superen el porcentaje mencionado en el párrafo a.
2. En los grupos consolidables de Entidades de crédito, las informaciones requeridas en el número anterior se incluirán en la memoria del grupo y se referirán, en el caso del párrafo a precedente, a las participaciones en cualesquiera de las Entidades de crédito integradas en el grupo, y en el caso del párrafo b, a las que en su conjunto posea el grupo.
El fondo de dotación mínimo vinculado permanentemente al capital fundacional será de 3.000 millones de pesetas.
Las Cajas de Ahorro deberán contar en todo momento con una buena organización administrativa y contable, y con procedimientos de control interno adecuado, que garanticen la gestión sana y prudente de la Entidad.
El párrafo b del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
Los párrafos letras a, b y c del apartado 1 del artículo 3 quedan redactados de la siguiente forma:
La autorización para la transformación en un banco podrá otorgarse a sociedades ya constituidas únicamente cuando se trate de una Entidad de crédito comprendida en el párrafo primero, d o en el párrafo segundo, del apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 3/1994, o de un establecimiento financiero de crédito de los creados al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 3/1994. Para obtener la autorización será necesario cumplir los requisitos previstos en el Título I de este Real Decreto, pero en relación con el previsto en el párrafo b del apartado 1 del artículo 2, se entenderá cumplido siempre que la suma del patrimonio neto resultante de un balance reciente auditado y de las aportaciones en efectivo alcancen 3.000 millones de pesetas; además, en la autorización se podrá dispensar del cumplimiento de las limitaciones temporales previstas en el artículo 6.
A los efectos de la prohibición contenida en el párrafo b del apartado 2 del artículo 28 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, se consideran fondos reembolsables del público los pasivos que sean contrapartida de instrumentos de pago, tales como cheques regalo o tarjetas electrónicas prepagadas; no obstante, ello no alcanzará a aquellos instrumentos de esta naturaleza que exclusivamente puedan ser usados para la adquisición de los bienes vendidos o servicios prestados por el propio emisor del instrumento.
Se da nueva redacción al artículo 2, apartado 2, del Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre.
Se da nueva redacción al artículo 3.1 del Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre.
Tratándose de Bancos, no podrán reducir su capital social, ni reembolsar aportaciones a sus socios. Las Cajas de Ahorro no podrán reducir su fondo de dotación.
Los recursos propios ajustados no podrán descender del mayor nivel que hayan alcanzado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, salvo que, como consecuencia de una operación de saneamiento que tenga por objeto reconstituir su solvencia, el Banco de España lo autorice transitoriamente. En las Cooperativas de Crédito quedará condicionado al mantenimiento de dicho nivel el reembolso de aportaciones a sus socios.
Deberán elevar sus recursos propios ajustados hasta el nivel mínimo señalado en sus respectivas normas cuando se produzcan cambios en la composición de su capital social que impliquen la existencia de nuevos socios dominantes o grupos de control, en el sentido del artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Cuando se produzca una fusión entre dos o más Entidades cuyos recursos propios ajustados no alcancen las cifras de capital social mínimo previstas, en el momento en que la fusión se inscriba en el Registro Mercantil los recursos propios básicos de la Entidad resultante deberán alcanzar, salvo autorización expresa de la autoridad que deba resolver sobre la fusión, el capital mínimo exigido para las entidades de nueva creación.
El Real Decreto 1144/1988, de 20 de septiembre, sobre creación de Bancos privados e instalaciones en España de entidades de crédito extranjeras, si bien mantendrán su vigencia los artículos 1 a 8, a los que se remite el Real Decreto 771/1989, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico de las entidades de crédito de ámbito operativo limitado, a los efectos previstos en esta última disposición.
El párrafo c del artículo 9.1 y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
El presente Real Decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.11 y 13 de la Constitución.
Artículos 1 (apdo. 1) y 3 (letra b):
Redacción según Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador. Artículo 2 (apdo. 1.i):
Añadido por Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador. Artículos 2 (apdos. 1.f y 2), 7 (apdos. 2 y 3) y 19 (apdo. 2):
Redacción según Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras Leyes del sector financiero. Artículo 2 (apdo. 6):
Añadido por Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras Leyes del sector financiero. Artículos 4 (apdo 1. primer párrafo y la letra a), 7, 18 y 19:
Redacción según Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Artículos 18b y 18t:
Añadido por Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Artículo 1 (apdo. 4):
Redacción según Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican determinados reales decretos en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión. Cerrar
REAL DECRETO 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de CréditoREAL DECRETO 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los Establecimientos Financieros de CréditoRESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Espirito Santo, S. ARESOLUCION de 24 de julio de 2007, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Sucursales de entidades de Crédito Extranjeras Extracomunitarias de Citibank, N.A. Sucursal en EspañaRESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de aprobación de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes de participación en TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE)RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Exelbank, S.AREAL Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónicoRESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Caminos, S. ARESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de las entidades: Banco de Crédito Balear, S.A., Banco de Castilla, S.A., Banco de Vasconia, S.A. y Banco de Galicia, S.ARESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Self Trade Bank, S.ARESOLUCIÓN de 22 de junio de 2009, del Banco de España por la que se publica la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de Crédito Local de España, S.ARESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de Andalucía, S.ARESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de la de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes de participación en TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE)REAL Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de créditoRESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de aprobación del régimen de delegación de competenciasRESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2010, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de BBK Bank, SARESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Mare Nostrum, SARESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, del Banco de España, por la que se hace pública la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), SARESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 18 de diciembre de 2009, sobre el régimen de delegación de competenciasRESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la inscripción de Unicaja Banco, SA en el Registro de Bancos y Banqueros	Cerrar PDF
REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las Entidades de Crédito	Trámites