Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-9227-de-septiembre-5-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_759f9c14a53c90fee0430a01015190fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 13:47:20
Document Index: 399434079

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 34', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA T-9227 DE SEPTIEMBRE 5 DE 2000
SENTENCIA T-9227 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA, REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL
Sentencia T-9227 de septiembre 5 de 2000
Rad.: 20009227.T.(121/X), sep. 5/2000.
Aprobada según Acta Nº 64 de septiembre 5 de 2000.
Ref.: Acción de tutela contra la Contraloría General de la República.
Negada la ponencia de la Dra. Miryam Donato de Montoya, se procede a decidir la impugnación del fallo emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, dentro de la acción de tutela instaurada por Elba Judith Cohen de Álvarez en contra de la Contraloría General de la República, con fecha 27 de julio del año en curso, mediante el cual la solicitud de amparo fue declarada improcedente.
2.1. La ciudadana Elba Judith Cohen de Álvarez instauró ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, acción de tutela en contra de la Contraloría General de la República, por estimar vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, derecho a la defensa, derechos de petición e igualdad, fundándose en los siguientes hechos:
2.1.1. La accionante se hallaba vinculada a la Contraloría General de la República desde el día 25 de noviembre de 1976 hasta el pasado 15 de marzo, cuando su empleador le comunicó con oficio del día 13 de los mismos mes y año, que su cargo fue suprimido de la planta de personal, y que le daban la posibilidad de optar por una indemnización, o su reincorporación a la nueva planta dentro de los 4 meses siguientes; ante lo cual acogió la primera opción, según comunicación del siguiente día 17.
2.1.2. El día 16 de junio último, recibió una nueva comunicación en que le hacen saber que el cargo que venía ejerciendo había sido suprimido a partir de esa misma fecha, adjuntándole la Resolución 06411 suscrita por el propio Contralor, donde se revocaba la Resolución 00906 del 28 de abril de 1995, por medio de la cual fue inscrita en el cargo de auxiliar administrativo grado 04 en la dirección seccional Sucre, hoy gerencia departamental; igualmente revocó todos y cada uno de los actos administrativos generados con ocasión del proceso de selección de que trata la convocatoria Nº 07-94 del 21 de julio de 1994 en lo referente a la inscripción, oposición y superación de pruebas y posesión de la accionante.
2.1.3. Se trata de un acto administrativo particular y concreto, que a voces del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo requiere del consentimiento expreso y por escrito del titular, como es el caso de la Resolución 00903 del 28 de abril de 1995, por el cual se le inscribió en el escalafón de carrera administrativa. El argumento del accionado es que no se requiere del consentimiento del titular cuando el acto ocurrió por medios ilegales, por cuanto existieron documentos presuntamente apócrifos, lo cual no corresponde a la realidad, y aún si ello fuere así, no podía revocar el acto sin su consentimiento expreso y por escrito, por ende, insiste en que fue violado su derecho al debido proceso, afectándola de manera grave pues no ha recibido la indemnización a que tiene derecho por haber optado por ésta ante la supresión de su cargo.
2.1.4. La presunta falsedad documental, al decir de la jurisprudencia y la doctrina, sólo puede establecerse mediante prueba grafológica practicada por expertos en la materia, y no, por mera apreciación o declaraciones, por lo que la afirmación de la Contraloría es vaga e incierta, violatoria del debido proceso y por ende inexistente, tal y como lo consagran los artículos 28 y 117 de la Ley 200 de 1995.
2.1.5. En proceso disciplinario que se le sigue, sólo se ha tenido en cuenta lo que le pueda perjudicar y no lo que pueda beneficiarla; no se tiene en cuenta que el diploma de bachiller presuntamente apócrifo fue expedido hace más de 29 años, no se ha valorado la declaración de la accionante, ni se ha respondido su solicitud de expedición de copias de la actuación formulada desde el pasado 24 de febrero.
2.1.6. Posteriormente, a través de apoderado impetró derecho de petición solicitando el pago de la indemnización, y las prestaciones sociales a que tiene derecho, así como el archivo del expediente por prescripción de la acción, sin obtener respuesta alguna.
2.1.7. Se ha vulnerado su derecho a la igualdad pues los demás funcionarios cuyo cargo se suprimió, ya fueron indemnizados y sus prestaciones sociales canceladas.
2.2. Como consecuencia de la orden de amparo, la accionante formula las siguientes pretensiones:
2.2.1. Revocar la Resolución 06411 del 16 de junio de 2000, por haberse proferido con base en flagrantes violaciones al debido proceso, derecho a la defensa y defectos fácticos que tipifican vía de hecho.
2.2.2. Tutelar el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, por no haberse dado respuesta a su petición del 12 de junio que, entre otras cosas, solicitaba la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria.
2.2.3. Tutelar el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional por el trato discriminatorio de que ha sido víctima, por el no pago a que tiene derecho por supresión del cargo que venía ejerciendo, de la indemnización, auxilio de cesantías, prima de servicios, intereses a la cesantías y prima vacacional, que sí se han cancelado a otras personas en igualdad de circunstancias, pues según el artículo 44 del Decreto 268 del 2000 en concordancia con el artículo 6º del Decreto 271 de la misma fecha, al optar por la indemnización, se debían cancelar todos sus derechos dentro de los dos meses contados a partir de la comunicación del 15 de marzo.
2.2.4. Se compulsen copias para que se investigue la causal de mala conducta, por la actuación asumida por la Contraloría, al no contestar oportunamente su petición, conforme al artículo 7º del Código Contencioso Administrativo.
2.3. Fueron acompañadas al libelo incoatorio o aportadas en el curso del diligenciamiento, ante la primera instancia, las siguientes pruebas:
2.3.1. Copia de la comunicación datada a 13 de marzo de 2000, donde el accionado (Contralor General de la República), informa al accionante que por mandato del Decreto 271 de febrero 22 de 2000, el cargo que venía desempeñando había sido suprimido, por lo que le era dable optar —irrevocablemente— por la indemnización a que tenía derecho, o que la entidad, dentro de los 4 meses siguientes, estudiara la viabilidad de incorporarla en un cargo equivalente; así mismo le indica que tiene 5 días para elegir o se entenderá que ha optado por la indemnización (6)
2.3.2. Copia de la comunicación del 17 de marzo donde la accionante opta por la indemnización (7).
2.3.3. Copia de nueva comunicación, datada a 16 de junio de 2000, donde la Contraloría informa a la accionante que a partir de la fecha había sido suprimido el cargo que venía desempeñando; con la misma normatividad aludida en el precedente numeral 2.3.1 (8).
2.3.4. Copia de la Resolución 06411 del 16 de junio de 2000, por medio de la cual se revoca la Resolución 00903 del 28 de abril de 1995, por medio de la cual la accionante fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa especial de la Contraloría; revoca igualmente todos y cada uno de los actos administrativos del proceso de selección de que trata la convocatoria 07-94 del 21 de julio de 1994, en lo pertinente a la inscripción, oposición y superación de pruebas, listado de admitidos, resolución de nombrables (sic) y elegibles, nombramiento en período de prueba y posesión de la señora Judith Cohen de Álvarez, que motivaron la resolución de inscripción en el escalafón; y se ordenó comunicarle la decisión advirtiéndole la improcedencia de recursos (9 a 15).
En esta resolución, la Contraloría General de la República, luego de citar algunos antecedentes normativos, considera que conforme a los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo los funcionarios que hayan expedido un acto, o sus inmediatos superiores, pueden revocarlo de oficio o a solicitud de parte, entre otras causales, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o a la ley, o cuando fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales u obtenidos en forma fraudulenta.
Con este precedente y dado que en el cumplimiento de sus funciones la Contraloría revisó las hojas de vida de sus funcionarios, encontrando en algunas de ellas irregularidades.
Se insiste en una serie de antecedentes legales que permitían la revocatoria directa de los actos administrativos de carrera cuando se comprobara la aportación de documentos de contenido falso, así como de normas que se encuentran en vigor, sobre el mismo tópico.
A renglón seguido se indica que los artículos 28 y 74 del Código Contencioso Administrativo establecen el procedimiento para la revocación de los actos administrativos de carácter particular y concreto; “que para los objetivos propuestos, es de necesaria observancia el procedimiento señalado en el Código Contencioso Administrativo, en especial los consagrados en los artículos 14, 29, 34 y 35 de dicho estatuto” (sic).
Que en ese procedimiento es necesario escuchar en audiencia a los presuntos afectados para, si es del caso, tomar la determinación contemplada en las normas en cita.
Así las cosas, se halló que los documentos y el contenido de la información aportada por la funcionaria, le han favorecido o servido, de una u otra forma fraudulentamente o ilegalmente (sic), al funcionario aportante (sic), para su nombramiento inicial, para algún nombramiento o ascenso posterior, para ser admitido en concurso, para aplicarlos en la calificación de pruebas escritas, entrevistas o concurso, estudio y calificación de antecedentes de hoja de vida, aparecer en lista de nombrables y/o elegibles (sic), nombramiento en período de prueba, calificado y escalafonado en el registro público de la carrera administrativa especial de la entidad (sic).
Cita la entidad accionada, en su apoyo, las sentencias T-720 de 1998, T-336 de 1997 y T-639 de 1996 de la Corte Constitucional que indican, en relación con el artículo 72-2 del Código Contencioso Administrativo que el derecho subjetivo sustentado en la violación de la ley no merece protección y apartes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, referentes al mismo tema.
Sobre el aspecto fáctico de autos, puntualizó que la funcionaria cuestionada participó en la convocatoria 07-94, como aspirante al cargo de auxiliar administrativo grado 04, presentando al efecto certificados de 6º a 7º grados del ciclo básico de educación media expedidos por el Liceo Juan XXIII correspondientes a los años de 1966 a 1967; agotado el trámite de la convocatoria resultó efectivamente vinculada a la entidad y ulteriormente inscrita en el escalafón de carrera administrativa mediante Resolución 00903 del 28 de abril de 1995.
Durante la verificación de documentos realizada el 7 de diciembre de 1999 en el Liceo Juan XXIII, no se encontraron registros a nombre de Elba Judith Cohen de Álvarez; adicionalmente dentro de la información suministrada por la entonces aspirante, consignó ser bachiller del precitado establecimiento.
En audiencia celebrada el pasado 12 de junio, la funcionaria dijo haber sido engañada por una persona que le ofreció el programa académico a nombre del dicho liceo; de esta manera la Contraloría concluyó que la encartada no aportó elementos de juicio que desvirtúen la falsedad de los documentos que sirvieron de fundamento para finalmente resultar inscrita en el escalafón de carrera, por lo que se entró a asumir las determinaciones enunciadas al inicio de la síntesis de la prueba a que se viene aludiendo.
2.3.5. Copia de escrito presentado por la accionante y otra ciudadana por interpuesto apoderado, dirigido a la accionada, con fecha 12 de junio del año en curso, solicitando el pago, reconocimiento y cancelación (sic) de la indemnización por suspensión de empleo, auxilio de cesantías, prima de servicios, intereses a la cesantía y prima vacacional; se advirtió en dicha comunicación que si no se había iniciado o fallado investigación disciplinaria alguna, la correspondiente acción ya se hallaba prescrita conforme al artículo 34 de la Ley 200 de 1995 (18 a 21).
2.3.6. Copia de la audiencia celebrada el 14 de junio de 2000, donde la accionante reitera que también fue asaltada en su buena fe (22 y 23).
2.3.7. Oportunamente la Contraloría General de la República por interpuesto apoderado concurrió al proceso pronunciándose sobre el contenido del libelo incoatorio, citando jurisprudencia constitucional referente a la posibilidad de supresión de cargos de carrera administrativa previa indemnización, como refiriendo aquellas normas en que se fundamentó la supresión del cargo de la accionante.
Adicionalmente se dijo que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual, se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en este caso opera el mandato contenido en los artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo por tipificarse la primera de las causales que da lugar a la revocatoria directa.
A continuación, se indicó que el acto de inscripción en carrera administrativa es un acto administrativo, determinado y derivado de la constitución y la ley, declarativo y no constitutivo del derecho de carrera; al efecto se citó jurisprudencia del Consejo de Estado, al igual que sobre la posibilidad de revocar directamente los actos administrativos cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtenerlos; sin que haga falta consentimiento expreso y escrito del afectado.
En el escrito a que se viene aludiendo entró a efectuarse un recuento de la situación fáctica referida a la aportación de los documentos redargüidos de falsos, a su verificación, a la citación a audiencia que se hizo a la funcionaria, dándole la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, sin que aportara argumentos que desvirtuaran la evidente falsedad de aquellos y se reiteró la fundamentación de la decisión contenida en la resolución objeto de ataque en la presente acción y que ya fue reseñada (Cfr. 2.3.4).
En capítulo aparte se indica que no es procedente la indemnización, reservada exclusivamente para los servidores públicos titulares de derechos de carrera, fuero del que no goza ya la peticionaria, amén de encontrarse en término para el pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho.
Para desvirtuar la presunta vía de hecho se indica que la decisión asumida ocurrió previa citación a audiencia de la encartada asistida por abogado, además de contar con otros mecanismos en búsqueda de la eventual nulidad del acto que le revocó su inscripción en el escalafón y posterior retiro del servicio por supresión del empleo.
Sobre la presunta violación del derecho de petición, se dijo por la accionada que al elevar su solicitud, la accionante aún se encontraba vinculada a la Contraloría, por lo que no era procedente el pago de prestaciones sociales, así como tampoco la indemnización que sólo debe pagarse a quienes hayan adquirido sus derechos de carrera al amparo de la ley, cosa que ya ocurrió para quienes optaron por ella, al paso que el pago para quienes optaron por reincorporación, sin lograrlo, tendría lugar en el mes de agosto del año en curso. En torno a la solicitud de copias del expediente disciplinario sostuvo que esta petición es independiente de la actuación administrativa que ocupa la atención de estas diligencias.
Por último, citó jurisprudencia referente a la improcedencia de la acción de tutela para el pago de las acreencias laborales, y aportó copia de los documentos que a continuación se relacionan (43 a 54).
2.3.8. Lista de empleados del nivel administrativo de la Contraloría, regional Sucre, escalafonados, donde aparece relacionada la accionante (69).
2.3.9. Lista de los citados funcionarios, donde convencionalmente se señala cuáles empleados fueron indemnizados en el mes de junio y quienes lo serían en el mes de agosto; allí no aparece relacionada la accionante (70).
2.3.10. Respuesta al derecho de petición elevado por el apoderado de la accionante, donde se le indica que no tiene derecho a indemnización por haberse revocado su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, así como que las prestaciones sociales serían canceladas previos los trámites correspondientes (64).
2.4. Agotado el trámite procesal correspondiente, el a quo en el fallo atacado, luego de un recuento del contenido de la acción, las pruebas recogidas y una serie de comentarios referidos al debido proceso y la actuación disciplinaria, concluyó que la actora se encuentra en la oportunidad legal para concurrir ante la justicia administrativa en defensa de sus intereses, por ende, no encuentra que esté legitimada para actuar en su defensa (sic) en virtud de la acción de tutela que en este caso es improcedente, lo que no le impide presentar dentro del término legal, para accionar contra la resolución objeto de su ataque.
Someramente indicó que el derecho de petición fue contestado oportunamente y en cuanto al derecho a la igualdad, dijo que no se ha establecido que a ex servidores públicos del ente accionado, en condiciones similares a la de la actora, se les haya dado trato diferente; en consecuencia declaró improcedente la acción.
2.5. La impugnación. Dentro del término oportuno, la accionante manifestó su inconformidad con el fallo de instancia aduciendo que la resolución atacada por esta vía excepcional es arbitraria y violatoria del debido proceso, que por mandato constitucional, también abarca las actuaciones administrativas; al efecto indica que el 16 de marzo le fue comunicada su desvinculación y le daban la opción que eligió, de ser indemnizada, advirtiéndole que la decisión tomada sería irrevocable para ambas partes.
Posteriormente, le llegó el oficio del 16 de junio donde le indican una vez más que su cargo era suprimido, lo cual es ilegal, abrupto, absurdo, constituye vías de hecho (sic) por carencia de asidero legal.
Agregó que la indagación preliminar que se le sigue fue tramitada no sólo en la distancia sino en forma oscura, pues el C.D.U da derecho a los disciplinables a pedir copias de la actuación, interponer recursos, etc. y las copias que ella pidió no le fueron suministradas, ni le han dejado conocer la actuación.
Se mostró en desacuerdo con el a quo, pues a su juicio, el propio dicho de la accionada deja ver que a sus compañeros ya se les canceló la indemnización, no así a ella, a pesar de haber escogido esa misma opción; cita jurisprudencia sobre el derecho constitucional fundamental en mención.
En torno al derecho de petición, indicó que la respuesta que le dieron fue incompleta, por cuanto no existió pronunciamiento sobre el archivo por prescripción de la acción disciplinaria; a renglón seguido sostiene que los certificados tachados de falsos fueron aportado personalmente en el año de 1992 y no en 1996 como lo dijo la accionada; insiste allí en que la acción disciplinaria se encuentra prescrita.
Reitera la accionante que con la actuación irregular de la Contraloría, se le está causando un perjuicio irremediable, por cuanto su anciana progenitora que depende de ella se encuentra enferma y las dos contaban con el salario que devengaba como único medio de subsistencia; además, un proceso de nulidad dura entre 2 y 3 años, y por su edad y la situación de desempleo del país, estaría sometida a una muerte civil, adicionalmente la Contraloría se enriquecería ilícitamente.
Sostuvo la impugnante que en las pruebas aportadas por la Contraloría puede constatarse su estado civil, su edad y sus más de 20 años de servicio a la Nación; adicionó que desde el 16 de marzo al 16 de junio no se le canceló salario alguno ni se le reincorporó a la planta de personal, no entendiendo por qué la Contraloría sostiene que ella fue desvinculada a partir del 16 de junio; con tales argumentos insistió en sus pretensiones iniciales ya relacionadas en esta providencia.
A su escrito aportó pruebas tendientes a demostrar que los documentos que se dicen apócrifos los aportó en el año de 1992; solicitó oficiar a la Contraloría de Sucre para verificar si fue incluida en nómina entre el 16 de marzo y el 16 de junio hogaño; posteriormente allegó declaración juramentadas suscrita por Milena María Fernández de Sierra y Ana María Merlano Garrido, que indican que la accionante es la persona encargada de asistir a su progenitora Carlota Regina Sierra Terán, persona enferma que ha tenido necesidad de tratamiento quirúrgico que ameritó que la accionante hipotecara su casa, y que sus únicos ingresos estaban representados en su salario como empleada de la Contraloría (110).
3.1.1. Débese hacer claridad, en primer término, respecto de la confusión que reina en la presente actuación, donde la accionante y el a quo no han sabido concretar el objeto de debate de la presente acción; aquella porque involucró en un mismo ataque una actuación administrativa y una actuación disciplinaria, y éste por cuanto asumió que el ataque se dirigió contra una actuación disciplinaria y no administrativa como en efecto acontece.
Y es que poca noticia se tiene en autos de la actuación disciplinaria que seguramente existe en contra de la accionante, y que aquí se conoce porque la peticionaria en muchas ocasiones aludió a ella, y aún en su escrito impugnatorio pide la prescripción de la acción, al paso que el no haberle respondido solicitud similar, es lo que la lleva a insistir en que se le tutele el derecho de petición.
Dígase por la Sala, sobre el particular, que fue impropia la actuación de la accionante y su entonces apoderado, de elevar en un mismo escrito solicitudes de pago de indemnización y prestaciones sociales y a la vez, de prescripción de la acción disciplinaria; en todo caso, respecto de sus pretensiones económicas, como ya se vio en autos, ya obtuvo respuesta y por este respecto mal podría tutelarse su derecho de petición, al paso que en lo tocante con la solicitud de la prescripción, ella corresponde al rol ordinario del proceso disciplinario, donde cuenta con el instrumento procesal propio para elevar su solicitud, e incluso con los recursos de ley, por lo cual la tutela del dicho derecho constitucional fundamental resulta aquí claramente improcedente.
Por último, se hace caer en cuenta al a quo, que se desgastó inútilmente en su proveído aludiendo interminablemente al debido proceso disciplinario, culminando sin decidir nada sobre él y dejando notar que no comprendió la situación fáctico-jurídica que se le planteó, al punto que de la existencia de otro mecanismo judicial —la acción de nulidad y restablecimiento del derecho—, derivó la falta de legitimidad de la actora, craso error, pues una cosa es la improcedencia de la acción de tutela dada su característica residual, y otra bien distinta la legitimidad que tenga una persona en búsqueda de la tutela de sus derechos fundamentales.
3.1.2. Debe, en consecuencia, dejarse sentado que el contradictorio se centra sobre la necesidad de proteger el mínimo vital de la accionante, y sobre la posible existencia de una vía de hecho por parte de la autoridad administrativa accionada y la procedencia de la tutela para conjurarla y tutelar los derechos fundamentales eventualmente vulnerados con ella.
3.2.1. De la protección del mínimo vital de la accionante y su familia. Sobre este tópico, esgrimió al efecto su condición de persona de la que depende su anciana progenitora, cuyo único ingreso familiar lo constituía su salario, y en ello fue roborada por la prueba testimonial acompañada al escrito de impugnación, amén de la correspondencia con la realidad de los argumentos referidos a la dificultad de conseguir empleo hoy en Colombia, máxime para persona de más de 50 años de edad, como lo es la accionante, sin dejar de mencionar que tal situación fáctica no fue introducida por la accionante en las presentes diligencias, sino que ya las había puesto de manifiesto a la entidad accionada en sus reclamaciones.
Enseña la doctrina, que el mínimo vital está dado, para las personas que ingresan al mercado laboral, por la retribución económica que, en principio, constituye los gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira a superar; de ahí que la idea de un mínimo en condiciones decorosas de vida, no va ligada sólo con la valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida(1).
(1) Jurisprudencia Humanista en el Constitucionalismo Económico. Oscar José Dueñas Ruiz, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá D.C. julio de 2000, pág. 150.
Por estas razones y conforme al acervo probatorio ya relacionado, ha de aceptarse, que el mínimo vital de la accionante y su progenitora se encuentra en inminente peligro y ha de ser objeto de la orden de amparo; toda vez que en autos se ha establecido que los ingresos que percibía la peticionaria de la entidad accionada, constituyen el único sustento suyo y de su madre, por ende, ante la supresión de su empleo, en las prestaciones sociales a que tiene derecho, estaban fundadas las expectativas de satisfacción de sus necesidades básicas en el presente y en el inmediato futuro, expectativas de que de no llenarse ocasionarían, sin lugar a hesitación, perjuicio irremediable para la actora y su progenitora, en términos de susbsistencia, vida y salud(2).
(2) Sobre el punto véanse los fallos de tutela T-144/95 y T-001/97.
Además porque en autos obra la manifestación de la entidad demandada de aprestarse para su pago, sin que se sepa hasta hoy que en verdad se haya materializado este evento (cfr. 2.3.10).
En tales condiciones habrá de revocarse parcialmente el fallo apelado para tutelar el derecho aludido a la accionante y su familia ordenando consecuencialmente a la Contraloría General de la República que, si no lo ha hecho, proceda al pago de las prestaciones sociales que adeude a la accionante, en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
No así la indemnización por la que optara la peticionaria cuando el cargo que desempeñaba con la Contraloría General de la República fue suprimido, pues ésta no hace parte del concepto de salario protegido constitucionalmente como mínimo vital que así fue recientemente definido:
“Para la protección judicial a su pago cumplido, debe componerse de todas las cantidades que tiene origen en la relación laboral y constituyen remuneración (primas, vacaciones, cesantías, horas extras)”(3).
(3) SU-995/99.
Por ende, su otorgamiento está reservado a los jueces ordinarios competentes, previo el agotamiento de los procesos declarativos y/o ejecutivos a que haya lugar.
3.2.2. Del ataque a la resolución que desvinculó a la accionante del escalafón de carrera administrativa especial. Es claro que la demanda sobre este aspecto, va dirigida a dejar sin efectos la Resolución 06411 del 16 de junio de 2000, por medio de la cual se revocó pretérita resolución que dispusiera la inscripción de la accionante en el escalafón de carrera administrativa especial de la Contraloría General de la República.
Lo primero que advierte esta colegiatura, tal y como el texto de la misma resolución lo consigna, es que no admite recurso alguno (14), esto es, que con su suscripción quedó agotada la vía gubernativa; sin embargo, como acto administrativo, sí es susceptible de acción contenciosa, a saber: la de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.
Se dijo por la impugnante que en términos de eficacia el medio ordinario no brinda las mismas garantías que la acción de tutela, argumento relativamente válido, ante la evidencia de la tardanza promedio de unos tres años para estas acciones; sin embargo, en la acción llamada a instaurarse por la petente, ya anunciada, está prevista como medida cautelar, la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos, que con el lleno de los requisitos legales puede ordenarse desde el mismo auto admisorio de la demanda (CCA, arts. 152 y ss.; C.N. art. 238).
Una solicitud en tal sentido que impone al juez contencioso un estudio comparativo del acto y la ley y la determinación correspondiente, conlleva las mismas consecuencias que la suspensión de sus efectos por vía de tutela como mecanismo transitorio, por ende, hay que señalar que el medio ordinario resulta aquí tan eficaz como la acción de tutela y, por contera, con arreglo al contenido del artículo 86 de la Constitución Política hemos de optar por el mecanismo de defensa judicial que se surte por el procedimiento ordinario y en el escenario propio de debate:
“...Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición “otros medios de defensa judicial” que a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela...
La Corte acoge a este aspecto lo expresado por el magistrado Jaime Sanín Greiffenstein en la aclaración de voto formulada el dos (2) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) en los siguientes términos:
“Ahora bien, es fácil comprender que si prevalece la acción ordinaria y no procede la de tutela, Ia preferencia de la Constitución por este remedio es clara y que no se entendería que después de manifestar esa preeminencia y remitir el asunto a esa vía, venga luego a someter el resultado de su ejercicio, trámite y decisión al sistema que desde el principio desechó.
Inclusive cuando por la circunstancia especial anotada (la del perjuicio irremediable) procede la acción de tutela, así acontece para que tenga efectos efímeros, esto es, hasta cuando la ordinaria defina, por preferencia del mismo constituyente, el punto”(4) (subraya la Sala).
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Además, porque como ya se anunciaron medidas tendientes a conjurar la afectación del mínimo vital de la accionante y su familia, no se avizora la necesidad de emitir una orden provisional de amparo de algún otro derecho constitucional fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, —Sala Jurisdiccional Disciplinaria— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Revocar parcialmente el fallo de tutela impugnado para tutelar el derecho al mínimo vital de la ciudadana Elba Judith Cohen de Álvarez y su familia, ordenando consecuencialmente a la Contraloría General de la República, que si no lo ha hecho, proceda al pago de las prestaciones sociales que le adeude, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, conforme a lo dicho en las precedentes consideraciones.
2. Confirmar el fallo apelado, en todo lo demás.
3. Notifíquese esta determinación a la accionante, a la accionada y al a quo.
4. Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temistocles Ortega Miranda—Leonor Perdomo Perdomo.