Source: http://www.lexbasesa.com/FrontPageLex/libreria/cl0003/2-20938-establece-una-excepcion-a-la-medida-de-aislamiento-preventivo-obligatorio-en-bogota-bogota.htm
Timestamp: 2020-07-08 21:59:20
Document Index: 33405463

Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 205', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 82', 'artículo 113', 'artículo 209', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 5', 'Artículo 368', 'Artículo 369', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 313', 'artículo 12', 'artículo 315', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 2']

establece una excepcion a la medida de aislamiento preventivo obligatorio en Bogota :::: VISTA DE IMPRESION ::::
establece una excepcion a la medida de aislamiento preventivo obligatorio en Bogota
Resumen:ARTICULO 1.- Durante la vigencia de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que declare el gobierno nacional, con ocasiÃ³n de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus Covid-19
DECRETO 127 DE 2020
Por el cual se establece una excepción a la medida de aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, el artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, y
Que, el artículo 1 de la Constitución Política prevé: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".
Que de conformidad con el artículo 2 de dicha disposición, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Que atendiendo lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.
Que el artículo 82 de la norma en mención establece que: "Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. (...)".
Que el artículo 113 de la citada norma con relación a la colaboración armónica entre las entidades señala que "(...) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines"; y el artículo 209 dispone que "(...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)".
Que en el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", se prevé que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.
Que el numeral 2 del artículo 3 ídem dispone que entre los principios generales que orientan la gestión de riesgo se encuentra el principio de protección, en virtud del cual "Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados."
Que, en igual sentido, la citada disposición consagra en el numeral 3 el principio de solidaridad social, el cual implica que: "Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas."
Que, de igual manera, la norma en comento prevé el principio de precaución, el cual consiste en que: "Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo."(Negrilla por fuera del texto original).
Que, el artículo 14 ibídem, dispone que: "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción".
" ... Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros".
Que, la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.
Que los artículos 173, 174 y 175 de la Ley 1801 de 2016 señala las medidas correctivas en el marco de las atribuciones de las autoridades de policía así:
Que los artículos 368 y 369 de la Ley 599 de 2000 disponen:
"Artículo 368. Violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 369. Propagación de epidemia. El que propague epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años."
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" el que señala:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. (Subrayado fuera de texto) (...)
Que, el artículo 31 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro".
Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a los municipios, Distritos y al Distrito Capital de Bogotá, dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
Que, en relación con los grandes centros urbanos, dispone el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, que "los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. (...) [L]as autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación".
Que mediante la Resolución 1304 de 2012, la Secretaria Distrital de Ambiente estableció los niveles máximos de emisión y los requisitos ambientales a los que están sujetas las fuentes móviles del sector de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en los sistemas colectivo, masivo e integrado que circulen en el Distrito Capital.
Que mediante Decreto Distrital 444 de 2014 y el artículo 8 del Decreto Distrital 174 de 2006, corregido por el Decreto Distrital 325 del 16 de agosto de 2006, se tomaron medidas para el ordenamiento del tránsito de los vehículos de transporte público colectivo en las vías públicas del Distrito Capital, durante su etapa de transición al Sistema Integrado de Transporte Público -SITP, restringiendo en la ciudad de Bogotá, D.C., la circulación de vehículos de transporte público colectivo, en dos dígitos, conforme al último número de la placa respectiva, durante todo el día, de lunes a sábado.
Que mediante Decreto Distrital 840 de 2019, modificado por el Decreto Distrital 077 de 2020, se establecieron las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital.
Que, el 06 de marzo de 2020, se confirma el primer caso de COVID-l9 en el Distrito Capital, procedente de Milán, Italia, por lo cual, a partir de ahora, todas las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, deberán tomar las medidas que permitan garantizar la detección temprana, contención, la atención y vigilancia epidemiológica ante este evento.
Que, como una acción urgente para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia global del Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hizo necesario recurrir de forma transitoria y progresiva a la competencia extraordinaria de policía con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C., para lo cual se expidió el Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones", y en su artículo 7 se activó con carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.", declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada.
Que la Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social modificó el numeral 2.1 del artículo 1 de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en el sentido de señalar: "Suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. Las autoridades locales deberán adelantar las acciones de vigilancia y control para el oportuno y efectivo cumplimiento de la medida".
Que, el 15 de marzo del 2020, en sesión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, al analizar la situación que se viene presentando en la ciudad por el riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, particularmente lo consagrado en su numeral séptimo, el Consejo por unanimidad recomendó a la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. la declaratoria de calamidad pública.
Que, atendiendo la recomendación efectuada la alcaldesa mayor profirió el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 "Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.".
Que, el Presidente de la República mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, con ocasión de la pandemia del COVID-19.
Que, mediante Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 el Presidente de la República dictó medidas transitorias para expedir normas de orden público y reiteró que la dirección del manejo de las medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 se encuentra en su cabeza.
Que, posteriormente, el 22 de marzo de 2020 mediante Decreto 457 de 2020 el gobierno nacional ordenó: "(...) el aislamiento obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI-19."
Que, considerando lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se adoptaron las acciones pertinentes para la debida ejecución en Bogotá D.C. de la medida de aislamiento preventivo atendiendo las condiciones particulares que caracterizan el territorio, así como definir excepciones adicionales, a través del Decreto Distrital 092 del 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 para garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas en medio de la emergencia sanitaria, se estableció: "Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial." (Negrilla por fuera del texto original).
Que en el artículo 1 del Decreto Nacional 531 del 8 de abril de 2020 se estableció: "Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19".
Que, mediante Decreto Distrital 106 de 2020 se dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C. en los términos previstos por el gobierno nacional.
Que el artículo 4 del acto administrativo en mención señala: "Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes, en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias."
Que el Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", establece en el artículo 1 que: "Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. (...)"
Que mediante Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", en el artículo 1 se prevé: "Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19."
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política, corresponde a los concejos, entre otras: "2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas."
Que en igual sentido, el numeral 2 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, respecto de las atribuciones asignadas al Concejo Distrital señala: "Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas."
Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política, corresponde a los alcaldes, entre otras: "5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio."
Que en ese mismo orden, el numeral 12 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 respecto de las atribuciones del alcalde mayor prevé: "Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Distrito."
Que el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, respecto de la aprobación de los planes de desarrollo contempla: "Los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso." (Negrilla por fuera del texto original).
Que la alcaldesa mayor de Bogotá D.C. el 30 de abril de 2020, radicó ante el Concejo de Bogotá D.C. el proyecto de acuerdo "por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
Que el artículo 3 del Decreto 636 de 2020 señala las actividades exceptuadas de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante, en forma expresa no contempla la ejecución de actividades presenciales por parte de las Asambleas y Concejos de las entidades territoriales.
Que los servidores públicos, según lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política son responsables antes las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Que en aras de permitir las sesiones semipresenciales del Concejo Distrital para que se dé trámite a las ponencias, presentación de proposiciones y llevar a cabo las votaciones en primer y segundo debate del Proyecto de Acuerdo 123 de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se considera pertinente incluir dicha excepción a la medida de aislamiento preventivo obligatorio.
Que el parágrafo 6 del artículo 3 del Decreto Nacional 636 de 2020 indica que: "Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior."
Que en cumplimiento de lo anterior, la excepción objeto de este decreto fue puesta en conocimiento del Ministerio de Interior de forma previa a su adopción, sin que esa autoridad haya manifestado ningún reparo sobre la misma.
ARTÍCULO 1.- Durante la vigencia de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que declare el gobierno nacional, con ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus Covid-19, los concejales de Bogotá D.C. y el personal necesario para el cumplimiento de las labores constitucionales y legales de esa corporación, están exceptuados del aislamiento preventivo obligatorio y por lo tanto les está permitido movilizarse para concurrir a las sesiones semipresenciales que se citen en el Concejo de Bogotá D.C., así como también los vehículos necesarios para realizar sus traslados.
Parágrafo 1. No podrá superarse el aforo previsto por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., el cual en todo caso no excederá de cincuenta (50) personas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, modificada por el artículo 1 de la Resolución 450 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. De igual manera, deberá darse estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad previstos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 2. Las autoridades de policía y las entidades distritales competentes deberán adelantar las acciones de vigilancia y control para el efectivo y oportuno cumplimiento de la limitación de aforo y de los protocolos de bioseguridad.
ARTÍCULO 2.-. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de mayo del año 2020.