Source: http://www.colmed5.org.ar/old/Noticias/consentimientoinformado.htm
Timestamp: 2017-10-18 09:00:56
Document Index: 108446020

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 921', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'artículo 5']

Consentimiento informado y confidencialidad en menores adolescentes
Consentimiento informado y confidencialidad en menores adolescentes.
Por qué es necesario un cambio en la legislación.
Por el Dr. Berstein Pascual Horacio[1]
“Abordar con naturalidad las utopías, mitos y tabúes del consentimiento informado, permitirá comprender la esencia del mismo y el por qué de la necesidad de un cambio en la legislación.”
El consentimiento informado en general (en la parte II nos ocuparemos específicamente de los menores) es al decir de algunos autores una institución jurídica autónoma. Se trata de un acto bilateral, porque es una manifestación de voluntad que será evaluada y/o utilizada por otro.
Los alcances, obligatoriedad, consecuencias, etc. del consentimiento no están dimensionados en su justa medida, ni entre los profesionales de la salud ni del derecho, con excepción de los estudiosos del tema y aquellos que por alguna necesidad debieron aprender sobre el mismo.
No existe una legislación específica que lo regule, por lo que tiene una importante base jurisprudencial, lo que deja al profesional médico en una situación amenazante, al agregar un icono más a los presupuestos de la responsabilidad profesional por la que debe responder; tales como la impericia, la imprudencia, la negligencia y/o el incumplimiento de los deberes a su cargo; ya que ante un acto médico, no sólo puede ser demandado por alguno de los anteriores sino también por la falta de consentimiento informado.
Las corporaciones médicas y las instituciones de salud, sobre todo las que cuentan con departamentos de asesoramiento médico legal y más aún aquellas que también directa o indirectamente ofrecen cobertura de seguros de los denominados de mala praxis, deberían organizarse para que se cuente con una legislación específica y/o al menos se incorpore esta figura jurídica puntualmente (con una reglamentación amplia y clara) a otras leyes preexistentes, como por ejemplo la del ejercicio de la medicina.
No obstante, lo realizado por estas instituciones y/o corporaciones, que desde hace muchos años están trabajando en la concientización de la importancia y alcances del consentimiento informado entre los profesionales médicos, parece haber sido efectivo, dado que las demandas por falta de consentimiento son mínimas en relación a otras causas de juicios por mal praxis, aunque están en aumento y probablemente este sea exponencial en los años venideros si no se produce algún cambio en las leyes.
El consentimiento informado presenta el mismo problema que la mayoría de los actos médicos y por ende generan el mismo interrogante. Si están regidos bajo la órbita de la relación contractual por qué dejarlo librado al azar, o peor aún depender del nivel de litigiosidad del paciente, su familia y/o sus letrados.
Si nos van a juzgar como si tuviéramos un contrato, por qué no hacer uno de verdad donde las partes previamente pactan de mutuo acuerdo lo que la ley prevea es factible de pactar.
Si el bien jurídico que protege el consentimiento informado es la libertad del paciente como ser humano, sobre su vida y sus actos; especifiquémoslo, puntualizando cada uno de los aspectos y alcances, excepciones, tiempo y forma, etc.
No dejemos que se coloque al profesional médico nuevamente en el medio del fuego cruzado de dos leyes o artículos, como sucede desde hace décadas con el “deber de guardar el secreto médico” y todas las causales de “denuncia obligatoria” u otras excepciones, que finalmente en caso de demanda judicial quedan a criterio del juez que tocó en suerte o en desgracia asignado, quien en el mejor de los casos apelará a la amplitud del inciso 3 del artículo 34 del Código Penal que considera inimputable a aquel que causase un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño, o a alguna jurisprudencia favorable aplicable. Lo que de ninguna manera, como en todos los juicios por mal praxis en que no se hace lugar al reclamo (o lo que es más entendible, gana el profesional) significa que el profesional no deba pagar honorarios, costas del juicio, honorarios de peritos, etc., hablando de bienes materiales. Del stress padecido desde que llega la demanda y sus consecuencias mejor ni hacer mensión.
El consentimiento informado es una declaración de voluntad efectuada por un paciente, quien luego de recibir información suficiente referida al procedimiento, intervención, terapéutica, etc., que se le propone como médicamente aconsejable, decide prestar su conformidad y someterse al mismo.
Los formularios de consentimiento informado o cualquier anotación en la Historia Clínica que lo suplanta es el instrumento o la instrumentación del consentimiento informado y si bien se sostiene que con el se logra una mayor concientización del paciente que con las formas verbales, la realidad es que su valor jurídico más importante es contar con un elemento de prueba más eficiente en caso de reclamos posteriores (la prueba en la culpa médica).
Si consideramos al consentimiento informado solamente como un deber del médico y no como el derecho del paciente y el respeto de su libertad, otra vez estamos ante la utilización de una herramienta de la Medicina Defensiva, y otra vez más, por cumplir con la letra de la ley perdemos de vista el espíritu de la misma. Esto en la práctica lleva a que muchos profesionales estén más preocupados en que el paciente firme al pie de un formulario, que en hacerse de unos minutos para sentarse tranquilo a hablar con su paciente, explicarle con claridad su dolencia, los eventuales tratamientos y posible evolución y/o complicaciones.
La misma jurisprudencia que establece “...el profesional médico debe informar de manera suficiente y clara, adaptada al nivel cultural de cada paciente, acerca de los riesgos de la operación según sea el caso, sus secuelas, evolución previsible y limitaciones resultantes...” (C N Civ, sala I, 30/03/90 LL, 1991 – A – 141) comienza diciendo previo al dictamen trascripto: “Aunque no resulta expresamente establecido en la ley 17132 y sus modificaciones” (ley de ejercicio de la medicina) por ampliación analógica de la ley 21541 (ley de transplantes), el Tribunal dictamina: ...
Sin pretender entrar en una discusión jurídica, por no corresponder ello a un médico, lo que resulta de analizar esta jurisprudencia es a) que la ley que rige el ejercicio de la medicina no es explícita, b) que lo que establece la jurisprudencia sería lo justo, correcto, deseable, etc., y c) que se realiza una ampliación analógica con una ley como la de transplantes de órganos, que con suerte fue leída por algunos profesionales, de los pocos que se dedican a transplantes de órganos en la Argentina por lo que el dictamen es apelable. La no explicitación de la ley de ejercicio de la medicina sería motivo para que se legisle sobre el consentimiento en forma puntual, para evitar que los jueces tengan que hacer analogías con leyes que seguramente están en sus bibliotecas, pero no en las de la mayoría de los profesionales que ejercen el arte de curar.
La ley 17132 (1967) en su artículo 19 inciso 3 dice “...hay que respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse...”. Como se objetiva claramente, efectivamente no es explícita, menciona sólo situaciones en donde existiría negativa del paciente y las excepciones “...salvo en caso de inconciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tratativa de suicidio o delitos...”.
En el párrafo siguiente del mismo inciso dice “...En caso de operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo...”. Si además de analogías se hiciese homología temática, podríamos decir que este párrafo es el precursor de la “Medicina Defensiva”. Como las mutilaciones son más evidentes, mejor cubrirse legalmente con una firma.
Recordemos que la medicina defensiva (solicitar estudios y/o realizar tratamientos, no porque sea una indicación médica precisa, sino para tener menores posibilidades de verse envuelto en un juicio por mal praxis), es una de las causas más importantes del aumento de los costos en los sistemas de salud en la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo.
El código de ética de la Confederación Médica de la República Argentina en su artículo 15, repite el concepto de la ley de ejercicio de la medicina, en cuanto a “...solicitar autorización del enfermo, la que se podrá exigir por escrito...” pero refiriéndose exclusivamente a operaciones mutilantes.
Explicitar un consentimiento informado sólo para operaciones mutilantes por el riesgo legal y tener mayores pruebas para defenderse. Sería como aceptar que una Historia Clínica de un paciente abogado o familiar de este debe estar bien confeccionada, ser legible y completa, porque el riego de una demanda es mayor; desconociendo que cualquier Historia Clínica siempre debe ser bien realizada, porque es parte del arte de ejercicio de la medicina; como debería serlo el mantener la mejor relación médico/paciente posible y el respetar el derecho a la libre autodeterminación del paciente. Pero nunca deben constituirse en fin en si mismo para evitar un juicio; ese debe ser el valor agregado de hacer las cosas bien y que corresponden; que no es lo mismo.
No obstante lo expuesto hasta aquí, y hasta tanto la legislación se modifique quede claro que el art. 19 de la Constitución de la Nación Argentina dice “...ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe...”, y que las dos únicas leyes que establecen la obligatoriedad del consentimiento informado en forma explícita son la ley de transplante de órganos N° 24193, pero para los transplantes y el decreto reglamentario de la ley de lucha contra el SIDA 23798 – Dec. 1244/91 para realizar exámenes de laboratorio de detección en forma diagnóstica.
Así como en la primera parte se realizó un análisis (con opinión) sobre el consentimiento informado en general, en esta segunda parte se analizará al consentimiento informado en menores, la confidencialidad y sus implicancias.
La atención de la salud de las personas debe ser integral, oportuna, periódica, continua, de nivel útil, personalizada y accesible. De estos requisitos dos presentan aspectos muy relacionados con el tema.
La medicina debe ser oportuna, entendiéndose por tal, cuando se realiza en el momento más temprano en relación al riesgo, tratando de prevenir o minimizar el daño.
Y debe ser accesible, lo que significa que las acciones de salud para que lleguen oportunamente no debe encontrar en su camino barreras o impedimentos. De las barreras más comunes: las geográficas, las económicas, las culturales, las legales y burocráticas, la que nos preocupa en este artículo es la barrera legal.
La paradoja es que el pedido que subyace en la primera parte, sería que se reglamente el consentimiento informado y la causa de lo que se considera una barrera legal, que atenta contra la accesibilidad y una medicina oportuna, es el reglamento explícito, sobre el consentimiento informado en la ley de lucha contra el SIDA.
El artículo 6 del decreto reglamentario 1244/91 de la ley de lucha contra el SIDA 23798 establece “...el profesional médico tratante determinará las medidas de diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de este...”
Limitar al resto de los profesionales de la salud, integrados en equipos multidisciplinarios, preparados, entrenados y capacitados en SIDA a solicitar el test de detección de la enfermedad, puede hacer perder la oportunidad que estos mismos lograron con mucho esfuerzo; sea por su adherencia, carisma, personalidad y/o por qué no, tal vez por el hecho de no ser médicos. Oportunidad que por otro lado en general constituye uno de los objetivos primarios o metas de estos equipos de trabajo.
Si el profesional de la salud al cual hacemos referencia cumple con el resto de los requisitos exigidos por la ley. Y los resultados en caso de ser positivos los entrega el médico tratante y/o un médico asignado al efecto, opcionalmente acompañado por el profesional solicitante, asegurando la confidencialidad y asesoramiento debidos; el espíritu de la ley no se vería alterado y el trabajo del equipo podría tener un mayor impacto (medido en mayor cantidad de test diagnósticos en la población de su áreas programática).
El aspecto más controvertido de la ley de SIDA, por lo explícito de la reglamentación está referido a la imposibilidad actual de que los menores puedan consentir por si mismos a la realización del test HIV – SIDA, lo que no se manifiesta con la misma intensidad con otras enfermedades de transmisión sexual.
La alternativa de que los menores de edad puedan consentir podría convertirse en un elemento importantísimo en la lucha contra la epidemia de SIDA, ya que detectar y eventualmente tratar precozmente a menores ha demostrado ser una herramienta efectiva. Los menores a quienes se les garantizaría la confidencialidad, asegurada por ley, accederían mucho más fácilmente a la realización de test diagnósticos.
Quienes trabajan con adolescentes conocen muy bien que los mismos no se caracterizan por realizar análisis costo/beneficio de sus acciones u omisiones. Por lo que no importa cuan importante, difundida, costosa, imaginativa, etc. sean las campañas publicitarias que aconsejan sobre la detección temprana y los tratamientos oportunos; el adolescente en general no estaría dispuesto a afrontar el costo o riesgo (desde su óptica) de revelar a sus padres haber estado expuesto a contagio de AIDS – SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual, en ocasiones por razones fundadas, otras no, o simplemente por considerar que su autonomía se ve amenazada. Esta realidad no está sujeta a juicio de valor, sólo es posible su comprensión para poder adaptarse a ella.
La bibliografía consultada permite afirmar que esta problemática se repite en la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Estadísticas realizadas en adolescentes en USA mostraron que menos del 20% de los mismos buscaría cuidados o asesoramiento en forma rutinaria, si ello implicaría tener que notificar y/o involucrar a sus padre en forma compulsiva o mandatoria, en temas como control de la natalidad, enfermedades de transmisión sexual, drogas y abuso de alcohol.
Esto sencillamente permite inferir la importancia de que la ley permita al adolescente firmar su propio consentimiento y le garantice la confidencialidad.
Es interesante que en encuestas realizadas entre adultos, la mayoría también estaba de acuerdo en que el adolescente pueda consentir. Este porcentaje fue mayor (aprox. 75%) a favor de la posibilidad de consentir y la confidencialidad emergente cuando los encuestados fueron médicos.
En Estados Unidos de América, The American Medical Association, The American Academy of Pediatrics, The American College of Physicians, y The American Public Health Association también se expidieron apoyando la confidencialidad para los adolescentes.
Recordemos que en ese país, los 50 estados y el Distrito de Columbia, permiten a los menores consentir para realizar test diagnósticos y tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, incluido el HIV, aunque para esta última enfermedad, tres estados limitan la autorización al test diagnóstico.
Las corte de algunos estados han adoptado lo que se denomina la norma, regla o disposición del menor maduro, entendiéndose por tal al mayor de 14 años, con madurez, inteligencia y discernimiento para comprender la naturaleza de su enfermedad y las consecuencias de no realizar o posponer tratamientos.
El criterio casi unánime para llegar a esto fue la convicción de que si no se aseguraba el acceso a la confidencialidad, los adolescentes simplemente dejarían de buscar consejo o la ayuda médica que ellos desean o necesitan.
En nuestro país el Dr. Ignacio Maglio en su trabajo “El derecho de los menores a participar del proceso de consentimiento informado” establece que el consentimiento no debería regirse por la regla sobre “capacidad” que establece el Código Civil a los 21 años. Ya que por constituir una manifestación de voluntad, sólo es preciso realizarla con “discernimiento” que por imperio del artículo 921 del Código Civil se adquiere a los 14 años.
El mismo autor menciona que criterios similares a los de USA y que aquí se proponen, se utilizan en países como España, Costa Rica, Canadá; y establece que la base de nuestro país está contemplada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (ley 23849).
Es justamente sobre estos derechos del niño y su valor cuando lo enfrentamos con el derecho a la libre autodeterminación de la inminente futura madre, a lo que nos referimos para finalizar esta segunda parte.
Se establece una pugna de derechos cuando la mujer que está por tener su hijo, no quiere consentir la realización del test de diagnóstico de HIV SIDA, lo que impide realizar todas las medidas hoy accesibles para evitar la transmisión vertical (madre/hijo) y/o al menos ofrecerle un tratamiento más precoz y efectivo.
Legalmente nos encontraríamos en la disyuntiva de respetar el derecho de la embarazada a disponer con libertad de su cuerpo y el derecho del niño por nacer. A lo que podríamos agregar un aspecto epidemiológico. Dado que estaríamos agregando un caso evitable a la ya creciente estadística de pacientes HIV, con las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que ello significa. Al respecto obsérvese (tomando la licencia de la analogía) que la ley de ejercicio de la medicina, que prohíbe la divulgación del secreto médico, releva al médico de esta obligación cuando de enfermedades contagiosas de denuncia obligatoria se trata, porque está protegiendo un bien jurídico mayor como es la salud de la población.
Hacer que prevalezca el derecho del niño por nacer, contra el derecho a no consentir de la madre, también estaría legalmente contemplado dentro de los criterios de inimputabilidad del art. 34 inciso 3 del Código Penal “hacer un mal para evitar otro mayor”.
No obstante aunque se viole el derecho a no consentir, puede respetarse la confidencialidad de la madre, salvo que como lo establece la ley de SIDA en su decreto reglamentario art. 2. inc C, punto 7, el médico para evitar un mal mayor debe revelar información, por ejemplo para evitar la lactancia.
Tal vez de la impresión de que se está jugando con los mitos y los tabúes de la medicina y de la ley, pero la situación planteada donde dos derechos se enfrentan, existen ya en el caso concreto del aborto y la ley al respecto es bien explícita. Sin realizar juicio de valor, el análisis frío de la ley determina que el derecho a la libre determinación de la mujer que quiere abortar aunque diere su consentimiento, queda anulado por la prohibición legal de abortar. Si en este caso el legislador optó por el derecho del niño por nacer a vivir, por qué no legislar para que con el mismo criterio se priorice el derecho del niño a nacer a tener la oportunidad de recibir las mejores medidas de prevención y tratamientos.
Para concluir llevemos un ejemplo de una embarazada por parir que no quiere consentir a extremos casi absurdos, con el único objeto de clarificar más el tema. La transmisión vertical es previsible y evitable, así que por definición no es un caso fortuito eximiente de responsabilidad profesional. Supongamos entonces que el médico ante la negativa de la embarazada a consentir, se limita a realizar el parto y como consecuencia del desconocimiento de enfermedad en la madre se produce transmisión vertical y el niño consecuentemente se infecta, enferma, queda discapacitado o muere y entonces el padre inicia una demanda por imprudencia o negligencia contra el médico. ¿Cual sería el resultado del juicio con las actuales leyes que nos rigen?¿Sería justo el veredicto?.
Ahora supongamos a la inversa que el médico convencido del valor de la determinación del test diagnóstico para HIV en la embarazada, para prevenir la transmisión vertical, realiza a todas sus pacientes el test consientan o no. ¿No sería más que injusto que se lo demande por no cumplir con la ley del consentimiento informado?¿Qué impide con la legislación actual que se accione judicialmente contra el profesional?.
Como surge de todo lo expuesto creemos que hay razones más que suficientes para pensar que es necesario un cambio en la legislación, probablemente la discusión previa en distintos ámbitos y el análisis de todas las propuestas que se eleven, sean la única parte del proceso en que los profesionales de la medicina, al igual que las organizaciones que diariamente conviven con la enfermedad y sus secuelas, seamos más útiles, quedando en los legisladores la decisión final.
Aunque se aclara que el artículo 22 de la ley contempla que el poder ejecutivo puede reglamentar las disposiciones de esta ley. Por lo que si el Ministerio de Salud quisiera, se podrían adelantar modificaciones sin necesidad de actividad parlamentaria previa.
En esta tercera parte se pone en consideración un anteproyecto de modificación de la ley de lucha contra el SIDA y su decreto reglamentario.
Las modificaciones son mínimas (cuatro artículos y no más de diez renglones en total) pudiendo ser mejorado, corregido o integrado a otros existentes en el momento oportuno.
Pensar que una problemática médico legal como la descripta en las dos partes previas, que lleva años, finalmente pueda resolverse; tal vez sea una Utopía.
Las metas utópicas en los paises subdesarrollados sirven para justificar fracasos. En cambio en los desarrollados sirve para crecer, dado que no es tan importante lo que la utopía plantea, sino lo que se logra en el intento de alcanzarla.
Belohlavek P.- Estrategia Unicista – Colección Back to Basic
Berstein P.H – Herramientas y Salud – Ed. Ap. Tributaria
Boonstra y Nash – Minors and the right to consent to health care – The Alan Futtmacher Institute.
Ley 17132 Ejercicio de la Medicina.
Ley 24193 De transplante de órganos.
Ley 23798 De lucha contra el SIDA
Maglio I – El derecho de los menoresa participar del proceso de consentimiento informado – Correo de la SAP. Vol 17 N° 2/02
Novellino, Sanchez – Vademecum Jurídico para la Defensa Médica – Ed. Jurídicas.
Renna C.D – Mal Praxis – Ed. Sudamericana.
Wierzba S – Consentimiento Informado. Prevención de la praxis médica. - II Jornada de la Asociación de Médico Municipales de Bs. As.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de modificación de la ley 23798/90 sobre HIV/SIDA y su decreto reglamentario 1244/91
Los resultados obtenidos en la lucha contra el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida tanto en los aspectos diagnósticos como terapéuticos, lo que ha mejorado el pronóstico y la evolución de portadores y enfermos en nuestro país.
Que los progresos alcanzados por los países o estados que incorporaron la confidencialidad para los adolescentes, como medio para luchar contra la epidemia es relevante.
Que corresponde al Estado adoptar o modificar sus legislaciones, cuando está probado que con ello se logra un efecto o impacto mayor en la población.
Que las modificaciones que se proponen, mantienen íntegro el espíritu de la ley original, pero mejora la misma en relación a la detección precoz y su doble beneficio secundario a) la posibilidad de realizar tratamientos también precoces y oportunos y b) romper la cadena epidemiológica o de contagio al menos a partir de quien se ignora es enfermo o portador.
Que tiende a evitar la transmisión vertical (madre a hijo en el nacimiento) en salvaguarda del interés superior del niño a nacer o recién nacido, en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la convención internacional de los derechos del niño (ley 23849).
Que asegurando la confidencialidad del menor adolescente y que su privacidad estará garantizada , los mismos buscarán o solicitarán la asistencia médica para la detección y/o tratamiento que desean y necesitan; sin tener que esperar a su mayoría de edad o emancipación para hacerlo.
El presente proyecto de modificación de la ley 23798/90 y decreto reglamentario 1244/91 de HIV/SIDA.
Ley 23798
Art. 7. (Modificar) - Declarándose obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en la sangre humana destinada a transfusión y elaboración de plasma u otros de los derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declarase obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos para transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para transplante que muestren positividad. La obligatoriedad se extiende a la embarazada de término o parturienta independientemente de su edad o estado civil, para evitar la transmisión vertical (madre/hijo).
Art. 2 Incisos a) y b) (Agregar) – Convención Internacional de los derechos de niño (ley 23849).
Inciso c) (Prohibición de revelar información, salvo circunstancias enumeradas del 1 al 7)
7) (Modificar) - Bajo la responsabilidad del médico a quien o quienes deban tener esa información, para evitar un mal mayor. En caso de menor adulto (entre 14 y 21 años) que hubiese consentido por si mismo a ser sometido a test o estudios diagnósticos se tendrá en cuenta para determinar justa causa, de revelación y violar la confidencialidad; el grado de madurez, inteligencia y discernimiento del menor, para comprender la naturaleza de su enfermedad y consecuencias de su inacción.
Art. 6. (Modificar) - El profesional del equipo multidisciplinario de salud que trabajan con pacientes HIV/SIDA determinará las medidas de diagnóstico a que deberá someterse el paciente, previo consentimiento de este, incluso en caso de adolescente menor maduro (14 a 21 años); excepto en los casos descriptos en el art. 7 de la ley. Le asegurará la confidencialidad y previa confirmación de los resultados, lo asesorará debidamente junto con el médico tratante si lo tenía o al que se designe realizado el diagnóstico, quien cumplirá con el resto de las obligaciones emanadas por esta ley y decreto reglamentario.
Para mayores informes, sugerencias
y/o propuestas:
Dr. Berstein Pascual Horacio
pberstein@intramed.net.ar
TE: 4664-3359
Cel. (15) 4419-2570
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Declaración de interés nacional a la lucha contra el mismo, estableciendo medidas para la detección, investigación, diagnóstico y tratamiento. Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado (expedientes 92. 1. 148, 1.781 y 3.295 - D.87; Orden del día Nº533/90).
Art. 5º- El Poder Ejecutivo establecerá dentro de los 60 días de prmulgada esta ley, las medidas a observar en relación a la población de instituciones cerradas o semicerradas, dictando las normas de bioseguridad destinadas a la detección de infectados, prevención de propagación del virus, el control y tratamiento de los enfermos, y la vigilancia y protección del personal actuante.
Art. 6º- Los profesionales que asistan a personas integrantes de grupos en riesgo de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia están obligados a prescribir las pruebas dagnósticas adecuadas para la detección directa indirecta de la infección.
Art. 7º- Declárase obligatoria la detección del virus y de sus anticuerpos en sangre humana destinada a tranfusión, elaboración de plasma y otros de los derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso terapéutico. Declárase obligatoria, además, la mencionada investigación en los donantes de órganos para transplante y otros usos humanos, debiendo ser descartadas las muestras de sangre, hemoderivados y órganos para transplante que muestren positividad.
Art.10º- La notificación de casos de enfermos de SIDA deberá ser practicada dentro de las cuarenta y ocho horas de confirmado el diagnóstico, en los términos y formas entablecidos por la ley 15.465. En idénticas condiciones de comunicará el fallecimiento de un enfermo y las causas de la muerte.
Art. 11º- Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de aplicación se esa ley establecerán y mantendrán actualizadas, con fines estadísticos y epidemiológicos, la infromación de sus áreas de influencia correspondiente a la prevalencia e incidencia de portadores, infectados y enfermos con el virus de la I.D.H., así como también los casos de fallecimiento y las causas de su muerte. Sin perjuicio de la notificación obligatoria de los prestadores, las obras sociales deberán presentar al INOS una actualización mensual de esta estadística. Todo organismo, institución o entidad pública o privada, dedicado a la promoción y atención de la salud tendrá amplio acceso a ella. Las provincias podrán adherir este sistema de información, con los fines especificados en el presente artículo.
Art. 13º- Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas de profiláxis de esta ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, serán faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudieran estar incursos los infractores.
Art.16º- El monto recaudado en concepto de multa que por intermedio de esta ley aplique la autoridad sanitaria nacional ingresará a la cuenta especial <<Fondo Nacional de la Salud>>, dentro de la cual se contabilizará por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propenden al logro de los fines indicados en el artículo primero.
Art. 19º- En cada provincia los procedimentos se ajustarán a lo que al respecto resuelvan las autoridades competentes de cada jurisdicción, de modo concordante con las disposiciones de este título.
Artículo 1º- Apruébase la reglamentación de la ley Nº 23.798, que declaró de interés nacional la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que somo Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Art 2º- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de la Cuenta Especial Nº 23.798 con el correspondiente régimen de funcionamiento obrante en planilla anexa al presente.
Art.3º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Art. 5º - Las autoridades de cada una de las instituciones mencionadas en el artículo 5º de la Ley Nº 23.798 proveerán lo necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de dicha ley y, en especial lo perceptuado en sus articulos 1º, 6º y 8º. Informarán asimismo , expresamente a los integrantes de la población de esas instituciones de lo dispuesto por los artículos 202 y 203 del Código Penal.
[1] Dr. Berstein Pascual Horacio. Médico Legista Universitario.
Especialista en Administración Hospitalaria. Master en Estrategia.