Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-826-de-octubre-20-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9a991f9d91ca0058e0430a0101510058&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 17:16:05
Document Index: 294214209

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 54', 'artículo 68', 'artículo 38', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 37', 'artículo 72', 'artículo 45']

﻿ Sentencia T-826 de octubre 20 de 2010
SENTENCIA T-826 DE 20 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. AL CARECER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DE UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, SE CONCLUYE QUE, DE MANERA GENERAL LA NORMA APLICABLE EN CADA CASO ES LA VIGENTE AL MOMENTO DEL ACAECIMIENTO DE LA CONDICIÓN QUE HACE EXIGIBLE LA PRESTACIÓN, ES DECIR, LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA DISCAPACIDAD, DECLARADA POR LA JUNTA DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN A PERSONA EN CIRCUNSTANCIA DE DEBILIDAD MANIFIESTA
Sentencia T-826 de octubre 20 de 2010
Ref.: Expedientes T-2.714.362
Acción de tutela presentada por la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis contra el Instituto de Seguro Social, ISS.
Bogotá D.C., veinte de octubre de dos mil diez.
En el trámite de revisión del fallo de tutela adoptado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, del 13 de octubre de 2009, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, del 21 de mayo de 2010, proferidos en el asunto de la referencia, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis.
La señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis presentó solicitud de tutela contra el Instituto de Seguro Social - ISS, invocando la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección especial para los discapacitados, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la entidad demandada, al no reconocerle su pensión de invalidez.
1.1.1. La señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis, nació el 7 de abril de 1959, y a la fecha cuenta con 51 años de edad.
1.1.2. La accionante cotizó al Instituto de Seguro Social en forma interrumpida desde el 1º de diciembre de 1988 hasta octubre de 2005, de los cuales, lo hizo en forma permanente desde el 1º de abril de 2005 hasta el mes de octubre del mismo año.
1.1.3. Dice la accionante que es una persona que sufre de “osteoartrosis degenerativa” como consecuencia de la artritis crónica que padece desde algún tiempo en sus dos rodillas, limitándole el movimiento y casi la imposibilidad de trasladarse de un lado a otro.
1.1.4. Agrega, que a raíz de lo anterior y después de varios meses de tratamiento, ha estado incapacitada por más de 180 días, motivo por el cual fue retirada de su trabajo.
1.1.5. Dice, que el concepto del médico tratante fue: “paciente que además de la osteoartrosis degenerativa de las rodillas que padece como consecuencia de la artritis severa, padece de fibrosis pulmonar severa, que progresivamente está ocasionando la pérdida del pulmón, para lo cual debe someterse a tratamiento constante y permanecer en estado de reposo. El paciente se encuentra en incapacidad para laborar y debe realizar mínimos esfuerzos. El tratamiento es por tiempo indefinido y requiere asistencia médica constante especializada”.
1.1.6. Por ello, mediante dictamen sobre pérdida de capacidad laboral expedido por el ISS de fecha 12 de noviembre de 2008, estableció la patología de la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis, como de origen común, con una pérdida de capacidad laboral del 66.99%, estructurada desde el 27 de octubre de 2005.
1.1.7. Con base en el dictamen anterior, la accionante solicitó al fondo de pensiones del ISS, el trámite de su pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante Resolución 5280 del 29 de mayo de 2009 y ratificada en reposición con la Resolución 6389 del 13 de julio de 2009, por cuanto no cumple lo establecido en el artículo 38 y 38 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, dado que la solicitante solo cotizó 25 semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez.
1.1.8. Asegura que casi no puede salir de su casa a causa de los fuertes dolores que padece, y que además, no ha podido volver a trabajar debido a que su poca capacidad física no se lo permite.
1.1.9. Afirma que es una persona de escasos recursos y no cuenta con los medios económicos para tener un tratamiento especializado para tratar su enfermedad, por lo que no puede costear los medicamentos que aliviarían ostensiblemente su dolor; razón por la cual, se mantiene con los medicamentos genéricos que en algunos casos no producen ningún efecto y que, en ocasiones, ha tenido que recurrir a la tutela para que la EPS se los suministre.
La accionante solicita que se le amparen los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a recibir protección reforzada por su condición de discapacitada, a la favorabilidad laboral y se le aplique el principio de progresividad para personas en debilidad manifiesta, y que se ordene al ISS a que proceda al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de manera definitiva desde la fecha en que se estructuró su incapacidad, dando aplicación al Acuerdo 49 de 1990 y al Decreto Reglamentario 758 del mismo año o el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, admitió la tutela y solicitó al Director del Fondo de Pensiones del Instituto de Seguro Social de Santander pronunciarse sobre los hechos expuestos por la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis.
La entidad accionada respondió, mediante escrito del 7 de octubre de 2009, manifestando que no considera vulnerado los derechos de la accionante, dado que la petición de pensión de invalidez se analizó y decidió conforme a la normativa legal vigente a la fecha de la solicitud y al no reunir los presupuestos para su otorgamiento, la pretensión se despachó desfavorablemente.
Así mismo, explica que lo anterior se debió a que la afiliada cotizó un total de 483 semanas al Sistema General de Pensiones de las cuales 25 semanas corresponden a los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (oct. 27/2005) y lo cual no cumple con uno de los requisitos dispuestos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que exige que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Por lo anterior, solicita no tutelar los derechos pretendidos por la accionante.
1.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gloris Nybia Hidalgo Anquis.
1.4.2. Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS.
1.4.3. Copia de la Resolución 5280 del 29 de mayo de 2009.
1.4.4. Copia de la Resolución 6389 del 13 de julio de 2009.
1.4.5. Copia de recibos de nómina de la empresa Cootrapress Ltda.
1.4.6. Copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones expedida por el ISS.
1.5.1. Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga.
Mediante fallo de primera instancia del 13 de octubre de 2009, se niegan las pretensiones de la accionante.
Dentro del análisis de los hechos precisó, que en el caso concreto no procede la solicitud del amparo, toda vez que la afiliada no acredita lo exigido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que requiere de 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
Mediante oficio del 21 de octubre de 2009, la accionante solicita se revise la decisión anterior y se le aplique el principio de favorabilidad y de progresividad y aplicar el criterio establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-752 de 2008. Dice además, que se debe aplicar en su caso el contenido de la norma que le asegure mayor protección por cuanto que en la vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía el requisito cumplido y con la modificación realizada por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, se impusieron condiciones más gravosas y difíciles de cumplir y que por su condición de persona inválida, merece especial protección.
Y por último, anexa fotocopia de las sentencias T-080 de 2008 y T-043 de 2007, como referentes para su caso.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Penal de Bucaramanga, mediante fallo del 21 de mayo de 2010, confirma la sentencia de primera instancia previo análisis de los hechos. En ella se determinó que la accionante se encuentra cobijada por lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para lo cual no reúne las semanas cotizadas previas a la estructuración del estado de invalidez, y además, no es posible la aplicación ultractiva del principio de favorabilidad solicitado en virtud de la Ley 100 de 1993, del Acuerdo 49 de 1990 y del Decreto Reglamentario 758 del mismo año por cuanto esas normas han dejado de regir.
De acuerdo con los hechos expuestos en el presente trámite, la Sala determinará si la acción de tutela es procedente para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a un afiliado del ISS, por no cumplir con el requisito de las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez exigidas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003, y si con ello se están vulnerando los derechos fundamentales de la accionante.
Para resolver los asuntos planteados, la Sala se pronunciará sobre los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; segundo, la protección del discapacitado en el ordenamiento constitucional; tercero, el tránsito normativo sobre la materia; cuarto, el régimen legal aplicable en materia de pensión de invalidez y requisitos legales exigidos para acceder a ella; y por último se analizará el caso concreto.
2.2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
El artículo 86 de la Carta Política considera la acción de tutela como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, pues en el evento de existir otros medios jurídicos para la protección de los derechos fundamentales, sólo procede cuando estos resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concede de manera transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo asunto por la vía judicial ordinaria.
En relación con los asuntos de seguridad social, la Corte en Sentencia T-1025 del 10 de octubre de 2005(1) ha señalado:
En razón de su naturaleza eminentemente subsidiaria esta corporación en Sentencia T-1309 del 12 de diciembre de 2005(2) ha sido enfática en señalar que:
Ahora bien, esta regla no es absoluta. Así pues, la Corte ha sostenido que, excepcionalmente, es posible reconocer esta clase de derechos por vía de tutela, no sólo cuando se ejercen como mecanismo transitorio, evento en el cual es necesario demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino también, cuando el medio de defensa judicial previsto en el ordenamiento jurídico, apreciado en concreto, resulte ineficaz para el amparo del derecho fundamental invocado y, las circunstancias específicas del caso, hagan necesaria la protección inmediata en el caso concreto(3).
En estos casos, la autoridad judicial analizará las circunstancias concretas en cada caso particular, con el fin de establecer si el medio de defensa judicial ordinario es suficiente para la protección de los derechos fundamentales del accionante, pues ante la afectación de un perjuicio irremediable, el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional(4), y este mecanismo de amparo tiene la virtud de “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”(5).
En este orden de ideas, esta corporación en Sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(6), ha reiterado(7) que es posible el amparo constitucional en forma excepcional cuando se presenten las siguientes condiciones: (i) cuando la conducta desplegada por las entidades de la administración pública responsables del reconocimiento de derechos pensionales, se muestra desde el principio como contraria a los postulados de índole legal o constitucional, al punto de configurarse una vía de hecho administrativa, el mecanismo de amparo constitucional resulta procedente, aun cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital, dado que la protección al derecho se fundamenta, en primer lugar, en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias al ordenamiento constitucional y, segundo, en la protección de los derechos al debido proceso, a la igualdad, y al principio de dignidad humana de los afectados(8); (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; en este caso, para que el amparo al derecho pensional esté llamado a prosperar, es necesario demostrar que la falta de reconocimiento, pago o reajuste de esta prestación se vulnere derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física y el mínimo vital y (iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
“tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto”(9).
Visto lo anterior, se concluye que para la procedencia de la acción de tutela es necesario demostrar la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados o que, de existir, carece de idoneidad; caso en el cual, el amparo constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado, para lo cual la Corte analizará las circunstancias concretas para cada caso(10), teniendo en cuenta, la calidad de la persona y el tiempo de afectación al derecho vulnerado(11).
2.2.2. La protección del discapacitado en el ordenamiento constitucional.
El ordenamiento jurídico constitucional colombiano manifiesta una especial preocupación por las personas colocadas en circunstancias de indefensión y ordena adoptar las medidas para protegerlas.
Así, los incisos 2º y 3º del artículo 13 superior, dice:
Así mismo, el artículo 54 superior preceptúa de manera expresa el deber del Estado de “...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”, y el artículo 68, determina en su último inciso que “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
De acuerdo con lo anterior, en sentencia T-884 de 2006(12) la Corte resume lo relacionado con el alcance de la protección a favor de las personas discapacitadas en tanto grupo de especial protección constitucional.
La Constitución Nacional en sus artículos 13, 47, 54 y 68:
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado esa protección, sosteniendo que la omisión de proporcionar especial amparo a las personas colocadas en situación de indefensión bien sea por razones económicas, físicas o mentales puede incluso equipararse a una medida discriminatoria(13). Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones, así que el Estado no puede negarse a adoptar un conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar —en la medida de lo factible— esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven avocadas.
De conformidad con ello, el Estado debe brindar las condiciones normativas y materiales que permitan a personas colocadas en situaciones de debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y razonable, superar su situación de desigualdad. Este deber de protección no sólo radica en cabeza de las y los legisladores sino también le corresponde ejercerlo a las y a los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo específicas según las circunstancias de cada caso en concreto(14).
En la sentencia T-198 del 16 de marzo de 2006(15) esta corporación especificó que los conceptos de discapacidad e invalidez son disímiles, siendo el último una especie dentro del género de las discapacidades. Puntualmente se dijo: “se encuentra establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa”.
2.2.3. El tránsito normativo sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez.
El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 dice que se considera inválida “la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
Esta disposición fue declarada inexequible por esta corporación en sentencia C-1056 del 11 de noviembre de 2003(16), por vicios de procedimiento en su formación, dado que vulneraba el principio de consecutividad del trámite legislativo.
Esta disposición, exigía requisitos similares a los contemplados en la Ley 797 de 2003. Sin embargo, se observa que disminuye el porcentaje de fidelidad al sistema del 25% en la anterior norma al 20% en la nueva disposición en el tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez; así mismo, extiende el requisito de fidelidad al reconocimiento de la pensión de invalidez originada por accidente de trabajo; y por último, estipula que en caso que el afiliado acredite al menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, para obtener la pensión de invalidez sólo requerirá haber cotizado 25 semanas en los últimos tres años.
No obstante lo anterior, la Corte, en Sentencia C-428 del 1º de julio de 2009(17) resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra este artículo por presunta violación al artículo 53 de la Carta Política, al mostrarse regresiva frente a la protección otorgada por la legislación anterior.
“Ahora bien, la Corte no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del artículo 39 (original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que el legislador agregó un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante. En la norma —numerales 1º y 2º—, se estipuló la demostración de su fidelidad de cotización para con el sistema con cotizaciones mínimas del “veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez (resaltado nuestro).
Las anteriores consideraciones, llevaron a esta corporación a concluir la inexequibilidad del requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1 como en el 2, por cuanto se logró demostrar su regresividad y no se encontró la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma.
En apartes siguientes serán analizadas estas controversias, para luego concluir con la decisión pertinente, de acuerdo a las particularidades de cada caso.
2.2.4. El régimen legal aplicable en materia de pensión de invalidez y requisitos legales exigidos para acceder a ella.
Este tránsito normativo lo resume la Corte en sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(18), a saber: desde 1994 hasta el 28 de enero de 2003, estuvieron vigentes las reglas de la redacción “original” del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Luego, la Ley 797 de 2003 modificó los requisitos, regulación que tuvo vigencia hasta el 11 de noviembre de 2003, fecha en la que esta Corporación declaró inexequible el artículo 11 de la mencionada Ley por vicios de procedimiento en su formación. Así, en consideración a lo planteado por la Corte en el sentido que la declaratoria de inexequibilidad de una norma derogatoria conlleva la reincorporación al ordenamiento de la norma derogada(19), el modelo legal del artículo 39 de la Ley 100/93 pervivió desde el 12 de noviembre de 2003 hasta el 29 de diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigencia la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1º modificó el artículo 39 citado. Y por último, desde esta fecha hasta el 1º de julio de 2009, en la cual la Corte, mediante sentencia C-428 de 2009 modificó los numerales 1 y 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, al declarar inexequible la palabra fidelidad, se exigía el citado requisito.
La Corte ha señalado una serie de factores o criterios que le permiten al juez de tutela, no solamente determinar si los medios de defensa ordinarios resultan eficaces para la protección de los derechos fundamentales involucrados, sino también, para evaluar la gravedad, la inminencia y la irreparabilidad del daño de estos derechos que podrían generarse en caso de no ser protegidos por la vía del amparo tutelar.
En ese sentido, la Corte en Sentencia T-055 del 2 de febrero de 2006(20), sostuvo:
En ese sentido, la Corte en sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007(21) señaló:
En el presente caso, el asunto objeto de revisión se refiere a la negativa para conceder la pensión de invalidez bajo el único argumento de no cumplir el requisito de cotizar 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la estructuración del estado de invalidez, a fin de obtener el derecho a la pensión, de conformidad a la exigencia fijada en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
La señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis, actualmente cuenta con 51 años de edad, y a causa de padecer osteoartrosis degenerativa, derivada de una patología de artritis crónica, enfermedad que afectó severamente sus dos rodillas impidiéndole el desplazamiento, el día 12 de noviembre de 2008 fue calificada por Medicina Laboral del ISS con una pérdida de capacidad laboral del 69.99%, por enfermedad común con fecha de estructuración del 27 de octubre de 2005.
Por tal motivo, y luego de cumplir 180 días de incapacidad, la accionante fue retirada del trabajo por la imposibilidad que presentaba de trasladarse de un lugar a otro.
Afirma, que casi no puede salir de su casa a causa de los fuertes dolores que padece, y que además, no ha podido volver a trabajar debido a que su poca capacidad física no se lo permite; agrega además, que es una persona de escasos recursos y no cuenta con los medios económicos para tener un tratamiento especializado para tratar su enfermedad, por lo que no puede costear los medicamentos que aliviarían ostensiblemente su dolor.
Bajo estas circunstancias, el día 6 de enero de 2009 solicitó al fondo de pensiones del ISS, el trámite de su pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante Resolución 5280 del 29 de mayo de 2009 y ratificada en reposición con la Resolución 6389 del 13 de julio de 2009, por cuanto no cumplía lo establecido en el artículo 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, dado que la solicitante solo cotizó 25 semanas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez.
Para el análisis del caso, la Sala inicialmente procederá a la verificación de las semanas cotizadas, para determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
El reconocimiento de la pensión de invalidez, se concederá previa la verificación por parte de la entidad responsable de otorgarla, del cumplimiento pleno de los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento.
En el caso que se analiza, se puede advertir que la accionante, si bien presenta una situación precaria tanto en su salud como en la parte económica, el incumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional por invalidez, hace inviable la prosperidad de la tutela.
Tal como lo advirtió el a quo, no existe duda que dentro del expediente se aportaron copias del reporte expedido por el ISS de las semanas cotizadas en forma interrumpidas, que comprende un período, desde diciembre de 1988 hasta abril de 2009, en el que claramente se señala los aportes efectuados al sistema de seguridad social, correspondiente a un total de 636 semanas.
Igualmente, no podría accederse a lo solicitado por la accionante, en aplicar a su caso normatividades que ya perdieron vigencia en virtud del principio de favorabilidad, entre ellas el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 49 de 1990 y del Decreto Reglamentario 758 del mismo año, lo cierto es que para la fecha en que se estructuró el estado de invalidez, dichas normas ya habían dejado de regir, luego no es posible la aplicación ultractiva de esas disposiciones a su favor.
Igualmente, en el caso presente el único requisito por el cual se negó a la demandante la pensión de invalidez, fue el de las semanas de cotización al sistema previo a ella, puesto que no cuenta con las cincuenta semanas requeridas por la norma, y que para lo que en este caso interesa, según el reporte del ISS corresponden a 30,3 semanas cotizadas desde el mes de abril a diciembre de 2005, pero como la estructuración del estado de invalidez se produjo el 27 de octubre de 2005, se deducen las semanas cotizadas de noviembre y diciembre de ese año, y además, la última semana del mes de octubre, término que no alcanza al exigido por la Ley 860 de 2003.
A pesar de que la señora Hidalgo solicita en su caso la aplicación de normatividades que ya perdieron vigencia en virtud del principio de favorabilidad, entre ellas el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 49 de 1990 y del Decreto Reglamentario del mismo año, lo cierto es que para la fecha en que se estructuró su estado de invalidez (oct. 27/ 2005) dichas normas ya habían dejado de regir(22), luego no es posible la aplicación ultractiva de esas disposiciones a su favor.
Con base en estas consideraciones, queda demostrado que la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis no cumple con el requisito de haber cotizado al menos cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la estructuración de su invalidez, razón por la cual y con base en los anteriores argumentos esta Sala confirmará el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga del 13 de octubre de 2009, confirmado por el fallo expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Penal, del 21 de mayo del mismo año.
Ahora Bien, la Sala advierte a la accionante sobre las alternativas legales que le asisten al no cumplir con las exigencias para acceder a la prestación solicitada, como una solución al pago de la pensión para quienes no logran acreditar los requisitos para su obtención. Se trata de una garantía establecida por el legislador para reclamar una compensación por el valor de las sumas efectivamente cotizadas, cuyo monto se calcula teniendo en cuenta la fórmula prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
En ese sentido, el accionante puede (i) solicitar la indemnización sustitutiva a la que tendría derecho o (ii) continuar cotizando hasta completar los requisitos necesarios como lo dispone la Ley 100 de 1993 en su artículo 72:
En efecto, en sentencia T-286 de 2008(23), la Corte indicó:
Por lo anterior, y considerando que la señora Gloria Nybia Hidalgo se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta como consecuencia de su estado de invalidez y su precaria situación económica, se advertirá al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social que en caso de que la accionante lo solicite, deberá expedir la resolución correspondiente al reconocimiento de su derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, con fundamento en las normas anteriormente citadas.
Igualmente, se requerirá al Ministerio de Protección Social, Grupo de Discapacidad para que informe a la señora Gloria Nybia Hidalgo, de los programas especiales ofrecidos por el gobierno dirigidos a asesorar y ayudar a las personas colocadas en situación de discapacidad.
De los anteriores planteamientos y en la medida en que la accionante no reúne los requisitos de ley para obtener el reconocimiento pensional por invalidez, esta Sala de Revisión no puede decidir positivamente y confirmará los fallos de instancia.
1. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga del 13 de octubre de 2009, confirmado por el fallo expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Penal, del 21 de mayo del mismo año, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Nybia Hidalgo Anquis, por las consideraciones antes expuestas.
2. Advertir al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social que en caso de que Gloria Nybia Hidalgo Anquis lo solicite, deberá expedir de manera inmediata la resolución correspondiente al reconocimiento de su derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993 y las demás disposiciones aplicables.
3. REQUERIR al Ministerio de Protección Social Grupo de Discapacidad para que informe a la señora Gloria Nybia Hidalgo, de los programas especiales ofrecidos por el Gobierno dirigidos a asesorar y ayudar a las personas colocadas en situación de discapacidad.
(3) Sentencia T-877 del26 de octubre de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(4) Sentencia T-489 del 9 de julio de 1999, M.P. María Victoria Sáchica.
(5) Sentencia T-672 del 13 de noviembre de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(7) Sentencias T-454-04; T-425-04; T-050-04; T-660-99 entre otras.
(8) Sentencia T-529 del 6 de agosto de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
(10) Ver ejemplo sentencia T-043 del 1º de febrero de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(11) Sobre el perjuicio irremediable, ver sentencias T-1316 de 2001, T-225 de 1993.
(12) Reiterada por la sentencia T-093 de 2007.
(13) Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia T-378 de 1997.
(19) Sobre este tópico pueden consultarse las sentencias C-501 de 2001, C-427 de 2002 y C-357 de 2003.
(22) Ley 860 del 26 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial el 29 del mismo mes y año.