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Timestamp: 2018-12-13 18:39:43
Document Index: 282777550

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 117', 'artículo 268', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 67', 'artículo 77', 'artículo 15', 'artículo 52']

﻿ RESOLUCIÓN 4548 DE 1998
RESOLUCIÓN 4548 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE DETERMINA EL TRÁMITE PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1108 DE DICIEMBRE 15 DE 1998, PG. 1338
“Por medio de la cual se determina el trámite para la imposición de sanciones en la Contraloría General de la República”.
(Nota: Derogada por la Resolución 5145 de 2000 artículo 15 de la Contraloría General de la República)
con fundamento en las facultades constitucionales y legales y en especial las previstas en los artículos 268 numeral 5 de la Constitución Política, 99, 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 y la Ley 106 de 1993, y
Que el debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades competentes y de los tribunales contenciosos, si los actos proferidos se ajustan al ordenamiento jurídico previamente establecido, a los efectos de garantizar la legalidad, afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado y asegurar los derechos de los asociados;
Que el debido proceso administrativo es una garantía que se extiende a los órganos de control en la realización de sus fines y objetivos y que cobija todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de sus actos, en especial, los que derivan de la facultad sancionatoria atribuida por la Constitución y la ley;
Que el debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para rendir explicaciones y presentar pruebas, competencias, medios de impugnación y en general, garantías que se establecen en beneficio de los administradores, etapas que deben cumplirse dentro de un procedimiento claramente establecido, para el logro de una organización administrativa racional y adecuada;
Que la Contraloría General de la República es un órgano de control estatal, conforme con el artículo 117 de la Constitución Política, habilitado para ejercer la potestad sancionatoria que le señala el numeral 5 del artículo 268 de la Carta;
Que en desarrollo de tal atribución, la Ley 42 de 1993, contiene en su título II capítulo V, a partir del artículo 99, normas relativas a la autoridad competente para imponer las sanciones, las clases de sanciones, los eventos en que proceden y el pago de las mismas, pero no previó el trámite para su imposición por las contralorías;
Que en el debido proceso administrativo se explicitan las garantías del derecho a la defensa técnica y a la contradicción de las pruebas por lo que, de conformidad con la doctrina de la Corte Constitucional para el ejercicio del derecho a la defensa “no basta con poner en conocimiento de dicha persona la decisión final, sino que es necesario brindarle la posibilidad de que ella muestre al ente decisor competente su verdad, sus alegatos, en fin, su visión de los acontecimientos(1)”;
(1) Corte Constitucional, sentencia T-584 de noviembre 12 de 1992. Alejandro Martínez Caballero.
Que ante la ausencia de norma especial que consagre el trámite administrativo para la imposición de sanciones dispuesto por la ley en la Contraloría General de la República, las normas sobre procedimientos administrativos previstas en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, son aplicables a este órgano de control, según lo dispuesto por su artículo 1º;
Que tales normas imponen la obligación de comunicar el inicio de la actuación administrativa, su examen por el administrado, la rendición de explicaciones, la posibilidad de pedir y allegar pruebas e informaciones, las notificaciones y el ejercicio del derecho de impugnación;
Que el artículo 23 de la Ley 106 de 1993, autoriza al Contralor General de la República para “mediante acto administrativo debidamente sustentado delegar funciones generales o específicas sobre el ejercicio del control fiscal y revocar en cualquier momento la delegación...”;
Que el artículo 6º de la Ley 106 de 1993, establece los niveles de organización de la administración en la Contraloría General de la República, y el campo de acción de sus dependencias; e impone dos niveles: El central y el regional. El primero, diseña los planes, define las políticas y establece los programas generales de la administración de la Contraloría General de la República, y del control fiscal y coordina y controla su ejecución. El segundo, es el encargado de ejecutar los planes, políticas, programas y proyectos administrativos y de control fiscal, en especial la vigilancia de que trata el artículo 25 de la misma ley;
Que no obstante lo anterior y el hecho de pertenecer, tanto la dirección de economía y finanzas públicas como la dirección general de investigaciones y juicios fiscales, pertenecer al nivel central ejecutan funciones especiales atribuidas por las leyes 42 y 106 de 1993. A la primera, corresponde la vigilancia de la gestión fiscal a nivel macro sobre el comportamiento de las finanzas públicas, por lo cual solicita a todas las entidades públicas del país información financiera, presupuestal, contable y de deuda pública (título I - capítulo III Ley 42 de 1993, artículo 67 de la Ley 106 de 1993 y Resolución 3889 de 1996);
La segunda le corresponde, a más de las propias del nivel central, la ejecución del proceso de responsabilidad fiscal (título II, capítulo III Ley 42 de 1993, artículo 77 de la Ley 106 de 1993 y Resolución Orgánica 3466 de 1994); dependencias que en desarrollo de sus funciones especiales, pueden advertir la ocurrencia de conductas de servidores públicos o particulares que obstaculicen su labor y que consecuentemente ameritan la imposición de sanciones,
(Nota: Derogada por la Resolución 5145 de 2000 artículo 15 de la Contraloría General de la República).
PAR.—Para los efectos de aplicación de los artículos 102 y 103 de la Ley 42 de 1993, las direcciones de: economía y finanzas públicas, de investigaciones y juicios fiscales y seccionales territoriales, presentarán informe debidamente sustentado y soportado al contralor general, sobre los casos en que funcionarios públicos o particulares estén comprendidos en las conductas señaladas en las disposiciones aludidas, para proceder al ejercicio de las facultades allí otorgadas.
ART. 3º—Causas que dan lugar a la imposición de sanciones de amonestación o llamado de atención. Los funcionarios competentes podrán amonestar o llamar la atención a cualquier entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la vigilancia fiscal, que:
Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que se deriven por los mismos hechos.
Copia de la amonestación o llamado de atención, será remitida al superior jerárquico del funcionario sancionado para que obre en la hoja de vida y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
ART. 4º—(Derogado).*Causas que dan lugar a la imposición de multas. Los funcionarios competentes impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, de uno (1) a cinco (5) salarios mensuales devengados por el sancionado, cuando sin causa justificada incurrieren en una de las siguientes faltas:
b) No rindan las cuentas o informes que se les exijan o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por la Contraloría;
c) Incurran en forma reiterada en errores u omisiones en la presentación de cuentas o informes;
d) Les sean formuladas glosas de forma en la rendición de sus cuentas;
e) Entorpezcan o impidan en cualquier forma el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría o no suministren oportunamente las informaciones solicitadas;
f) No aseguren los fondos, valores o bienes en forma oportuna o en la cuantía requerida;
g) No adelanten las acciones orientadas a subsanar las deficiencias señaladas por la Contraloría, y
*(Nota: Literales b), c) y d) derogados por la Resolución 4998 de 1999 artículo 52 de la Contraloría General de la República).
PAR. 2º—El salario mensual para los servidores y exservidores del sector público, será el que anualmente el Gobierno Nacional señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
PAR. 3º—En todo caso, la imposición de esta sanción y su tasación la establecerá el competente, valorando la conducta del sancionado y la incidencia de la misma respecto de las funciones del ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y de los procesos que de éstas se deriven.
ART. 5º—Deber de comunicar, solicitud de informes y pruebas. Cuando el funcionario competente inicie la actuación orientada a decidir sobre la imposición de una sanción de las referidas en los artículos 3º y 4º de la presente resolución, deberá comunicar a través de medio idóneo al afectado sobre la existencia y el objeto de la misma, verificando su recibo por el destinatario.
En dicha comunicación solicitará las explicaciones e informaciones que considere convenientes e indicará al procesado la posibilidad que tiene de pedir pruebas o allegar las que considere pertinentes.
ART. 6º—Decisión. Habiéndose dado oportunidad al interesado para rendir las explicaciones necesarias y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que corresponda, la cual deberá estar debidamente motivada.
PAR. 1º—Del recurso de reposición conocerá y decidirá el competente que profirió e impuso la sanción. Del recurso de apelación conocerá y decidirá la secretaría general de la Contraloría General de la República.
PAR. 2º—Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último, se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. El término máximo para resolver los recursos será de quince (15) días.
ART. 9º—Pago de multas. Cuando se imponga sanción de multa y una vez se encuentre en firme la resolución respectiva, el pago deberá hacerse a favor de la tesorería de la Contraloría General de la República en la cuenta destinada para este recaudo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. En caso contrario, la resolución prestará mérito ejecutivo para su cobro por jurisdicción coactiva a través de las dependencias competentes de la Contraloría General de la República.
ART. 10.—Integración. En lo no previsto por esta resolución se aplicarán las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.
ART. 12.—Derogatoria y vigencia. La presente resolución sustituye las resoluciones 3593 de junio 29 de 1995, 3860 de octubre 7 de 1996; deroga las resoluciones 4465 de marzo 31 de 1998, 4504 de agosto 3 de 1998 y demás disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.