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Timestamp: 2019-10-19 07:56:42
Document Index: 85078160

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 67', 'artículo 105', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 53', 'artículo 8']

﻿ LEY 1106 DE 2006
LEY 1106 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:LEY DE ORDEN PÚBLICO. SE PRORROGA POR EL TÉRMINO DE CUATRO AÑOS LA VIGENCIA DE ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 418 DE 1997, PRORROGADA Y MODIFICA POR LAS LEYES 548 DE 1999 Y 782 DE 2002Y SE MODIFICAN ALGUNAS DE SUS DISPOSICIONES EN LO REFERENTE A LOS SIGUIENTES TEMAS: PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, URBANO E INTERMUNICIPAL, PROTECCIÓN DE TESTIGOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ALERTAS TEMPRANAS TENDIENTES A PREVENIR, ATENDER Y CONJURAR LAS SITUACIONES DE RIESGO QUE ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO, Y LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS O EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, Y CON RESPECTO A LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ORDEN PÚBLICO, ESTADO DE EXCEPCIÓN, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1302 DE ENERO 15 DE 2007, PG.1045
DIARIO OFICIAL N°:46490 DE DICIEMBRE 22 DE 2006
LEY 1106 DE 2006
“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
(Nota: Véase Ley 1941 de 2018 artículo 6º )
(Nota: Véase Ley 1941 de 2018 artículo 5º )
(Nota: Véase Ley 1941 de 2018 artículo 4º )
ART. 1º—De la prórroga de la ley. Prorróguese por el término de cuatro (4) años, la vigencia de los artículos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997, y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. Prorróguese de igual forma, los artículos: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 46 de la Ley 782 de 2002.
(Nota: Véase Ley 1421 de 2010 artículo 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21)
(Nota: Se declara exequible condicionalmente el presente artículo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el manual único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.)
ART. 2º—(Modificado).* De las pólizas de seguros para el transporte. El artículo 13 de la Ley 782 de 2002, quedará así:
La entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, redescontará los préstamos que otorguen los distintos establecimientos de crédito a las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 6º de esa ley para financiar la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurídicas, tengan o no la calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales.
Todos estos muebles, enseres e inmuebles, deben ser afectados en los hechos descritos en el artículo 6º.
Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad la entidad financiera de naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, otorgará directamente a las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 6º de esta ley, préstamos para financiar la reconstrucción o reparación de inmuebles afectados en los hechos descritos en el artículo 6º.
PAR.—No obstante la existencia de líneas de crédito para reposición o reparación de vehículos, el Gobierno Nacional mantendrá el seguro de protección de vehículos de transporte público urbano e intermunicipal, a fin de asegurarlos contra los actos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley, caso en el cual el afectado no podrá acceder a los dos beneficios.
*(Nota: La Ley 1421 de 2010 artículo 1º prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia del presente artículo y modificado por el artículo 2°)
(Nota: Véase Ley 1941 de 2018 artículo 7º)
ART. 3º—El artículo 32 de la Ley 782 de 2002, quedará así:
Todos los equipos de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético son de uso personal e intransferible, excepto los equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión. Únicamente los propietarios de equipos móviles podrán transferir su uso transitorio y deberán informar sobre el mismo a las autoridades que así lo requieran.
Para la transferencia de derechos de uso permanente de los equipos de comunicación que utilizan el espectro electromagnético, se requiere la autorización expresa y previa del concesionario o licenciatario que ofrecen el servicio, los suscriptores de servicios de comunicación de que trata esta ley diligenciarán el formato que para tal efecto diseñe la Dirección de Policía Judicial los cuales deberán permanecer en los archivos de los concesionarios y licenciatarios.
Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comunicaciones contemplados en este artículo suministrarán a la Policía Nacional-Dirección de Policía Judicial-Dijin, los datos de suscriptores y equipos en medio magnético o en la forma que se determine, conforme a la reglamentación que este organismo establezca.
La información que suministre el suscriptor o persona autorizada al concesionario o licenciatario con el propósito de obtener autorización para operar los equipos a que hace referencia la ley, se entenderá como rendida bajo juramento, correspondiendo a los concesionarios y licenciatarios agotar los recursos a su alcance en procura de la veracidad de los datos recibidos.
La Policía Nacional Dijin podrá realizar inspecciones en los registros de suscriptores y personas autorizadas con el fin de cotejar esta información con la suministrada por los concesionarios y licenciatarios.
El Ministerio de Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional Dijin la información que con relación a los concesionarios y licenciatarios esta le solicite.
Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comunicaciones relacionados en este artículo proporcionarán en forma oportuna la información que requieran las autoridades facultadas por la ley y mantendrán actualizados los siguientes datos.
Contrato o resolución del Ministerio de Comunicaciones que autoriza el uso de las frecuencias.
Cuadro de características técnicas de la red.
Documento donde se registren los nombres, identificación, dirección y teléfono de los encargados del área técnica.
Registro de suscriptores y personas autorizadas.
(Nota: La Ley 1421 de 2010 artículo 1º prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia del presente artículo)
(Nota: La Ley 1738 de 2014 artículo 1º prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia del presente artículo)
(Nota: La Ley 1941 de 2018 artículo 1º prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia del presente artículo)
ART. 4º—Del programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación. El artículo 67 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, quedará así:
Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.
Para efectos de protección por parte del programa, se entenderá por testigo la persona que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, o cualquier otra circunstancia que resulte relevante para demostrar la responsabilidad penal, que en concepto del funcionario judicial competente está en disposición de expresarlo durante la actuación procesal y de ello se derive un riesgo para su vida o integridad personal.
Así mismo, estará a cargo del programa, los testigos de aquellos casos de violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que no se haya iniciado el correspondiente proceso penal.
ART. 5º—De las alertas tempranas. El artículo 105 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, quedará así:
Corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Los gobernadores y alcaldes deberán atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
(Nota: Véase Ley 1738 de 2014 artículo 8°)
ART. 6º—De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.
Esta contribución solo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
Autorízase a los gobernadores departamentales y a los alcaldes municipales y distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía.
PAR. 1º—En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.
PAR. 2º—Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación.
PAR. 3º—(Nota: Adicionado por la Ley 1430 de 2010 artículo 39)
(Nota: Véase Ley 1430 de 2010 artículo 53)
(Nota: Derogado el penúltimo inciso del presente artículo por la Ley 1738 de 2014 artículo 8°)
ART. 7º—De la vigencia de la ley. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de diciembre de 2006.