Source: https://es.scribd.com/doc/124571475/Nueva-Ley-1437-Requiere-Analisis
Timestamp: 2017-01-21 00:23:14
Document Index: 373261010

Matched Legal Cases: ['Artículo 138', 'artículo 170', 'artículo 138', 'artículo 137', 'artículo 85', 'artículo 138', 'artículo 137', 'artículo 138', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 138', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 47', 'artículo 22', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 90', 'Artículo 140', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 161', 'artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 142', 'Artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 104', 'artículo 141', 'artículo 87', 'artículo 164', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 230', 'artículo 141', 'artículo 44', 'artículo 141', 'artículo 11', 'artículo 77', 'artículo 14', 'artículo 141']

Nueva Ley 1437 Requiere Analisis
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse25El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1.437 de 2.011) requiere de un análisis profundo, debido al nuevo alcance que trae a figuras tradicionales del Derecho Administrativo colombiano: la nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y las denominadas controversias contractuales.
Juan caRlos expósito vélez1
The new Administrative Procedure and Administrative Process Law (Law 1.437 of 2.011) require a deep analysis, because it brings a new perception of old models of the Administrative Colombian Law: nullity, nullity and reestablishment of rights and the controversies relative to public contracts.
Nuevo Código Contencioso Administrativo, nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales.
El autor es Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Profesor e investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado en bogotá D. C. Colombia.
deRecho administRativo, n .º 6,
segundo semestRe /2011, pp.
New Administrative Procedure and Administrative Process Law, nullity, nullity and reestablishment of rights, controversies relative to public contracts.
El contencioso subjetivo es uno de los aspectos que ha sufrido modificaciones con ocasión de la expedición de la Ley 1437 de 2.011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin embargo no todas ellas resultan tan trascendentales como se advierte a priori. Una lectura prima facie detallada de los hoy llamados Medios de Control (tal como lo indica el título III de la parte segunda de la Ley 1437 de 2.011) nos dará la oportunidad de conocer a ciencia cierta las transformaciones realizadas y, eventualmente, nos aventuraremos a plantear posibles consecuencias de las redacciones de los artículos 138, 140 y 141 del nuevo Código. El contencioso subjetivo hace referencia, en últimas, a aquellas pretensiones ante la jurisdicción contencioso administrativa por medio de las cuales no se intenta coadyuvar con el mantenimiento del orden jurídico, como se tiene en el contencioso objetivo, sino que se busca la reparación de un perjuicio causado a un administrado o una entidad pública con ocasión de la expedición de un acto administrativo, una operación administrativa, hecho administrativo u omisión de una entidad pública, así como la celebración, ejecución y/o la liquidación de un contrato estatal. En esa medida se realizará una revisión detallada de las novedades incluidas en la Ley 1437 en relación con la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa y las denominadas controversias contractuales, tomando como punto de comparación el Decreto Ley 01 de 1.984 y sus correspondientes modificaciones hasta el momento de la expedición de la mencionada Ley. Es importante resaltar, antes de entrar en materia, que con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2.011, ante el contencioso administrativo se interponían acciones de diversa índole, entre ellas las que hacen parte del contencioso subjetivo. Una de las novedades de esta Ley está en la transformación de cada una de las acciones a pretensiones, lo cual fue sustentado en la exposición de motivos así:
El proyecto propone cambiar el actual sistema que parte de la existencia de una pluralidad de acciones, por considerar que el derecho a accionar es uno y único, como una de las manifestaciones del Derecho Fundamental de Acceso a la Justicia, de manera que su unificación en un solo esquema procesal, evita que se haga nugatorio el acceso a la justicia por equivocaciones, por parte de los usuarios, en la selección del medio de control adecuado para acceder a la Jurisdicción.
subjetivo que tiene todo sujeto de derecho. Dupré Editores. buenos Aires. t. o pretensión. mientras que con la novedad frente a las pretensiones. en el Decreto Ley 01 de 1. 277-278. empero. en la medida en que. bogotá D. posibilidad que puede suceder en una etapa previa al recaudo probatorio. I: La Constitución y el proceso civil. pp. heRnán Fabio lópez blanco. I: parte general. 3a edición. pp. de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión mediante un proceso”3.
deRecho administRativo. acto procesal que ocurre recién iniciado el proceso. Estudios de derecho procesal civil. p. 26. sólo existiría un pronunciamiento del juez frente a las mismas en la sentencia. en vigencia de la Ley 1437 de 2.. lo cual en la práctica procesal implica un largo recorrido probatorio. conllevaría a una situación menos favorecedora al administrado en la medida en que.
2 3 eduaRdo J.
Tal justificación resulta ajustada a la realidad.984 la indebida adopción de una acción conlleva al rechazo de la demanda. y ciertamente aventurándonos a emitir una especulación en relación con la solución adoptada legalmente. la escogencia de la acción por medio de la cual se buscaba atacar un acto administrativo. hecho administrativo. En efecto. 9ª edición. consideramos de antemano que la multiplicidad de pretensiones tal como se concibe en la normativa. operación administrativa u omisión de la Administración pública. en vigencia del Decreto Ley 01 de 1. T.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. más allá de que la multiplicidad de pretensiones y la única acción sería lo más cercano a la teoría procesal vigente. haciendo imposible su saneamiento en el proceso.. así como el contrato estatal. si bien la multiplicidad de acciones limita la interposición de la acción. 2005. bajo el nuevo sistema al instaurar la multiplicidad de pretensiones se daría el caso de que sólo el juez se pronuncie de fondo sobre la pretensión utilizada únicamente en la sentencia. el mismo encuentra asidero en la teoría procesal. el goce de su derecho violado. por cuanto se rechaza la demanda en caso de que se insista después de haberla inadmitido. la acción debe ser única ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esto sucede. salvo que se reforme la demanda. razón por la cual la multiplicidad de acciones no puede ser una traba de acceso a la justicia. En ese sentido. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Así mismo. es discrecional del demandante y durante el proceso. porque la escogencia de la acción.011. la doctrina nacional que indica que es el “derecho público. claramente. expresando que es “el poder jurídico del individuo de requerir de la jurisdicción la prestación de cuanto es menester para reintegrarle o asegurarle efectivamente.984.C.. el juez debía inadmitir la demanda ordenando así utilizar la acción procedente y rechazar en caso de que no lo hiciera el demandante. en no pocas ocasiones. como lo sustenta la doctrina extranjera. n . Ediciones Depalma. no era la adecuada. coutuRe. 1979. resistido o en estado de incertidumbre”2. En consecuencia.º 6.
segundo semestRe /2011. En relación con la premisa de que el derecho de accionar es uno sólo. éste no puede modificar las pretensiones fijadas.
deja a los particulares y a las entidades públicas que se presenten ante la jurisdicción en una situación menos ventajosa que la del Código de 1. mas no a la utilización debida o indebida de la pretensión.
. Se puede señalar que. que bajo la Ley 1437 de 2. una vez solicitada o el acto administrativo que no lo incluyó en tal reclasificación. Se plantea pues la reflexión en relación con la multiplicidad de pretensiones. debido a que los casos de inadmisión o rechazo de la demanda son los que hacen referencia a los requisitos de la demanda que se encuentran en el Capítulo III de la misma.011. y se le restablezca el derecho.011 son denominadas MEDIOS DE CONTROL. podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular. Nulidad y restablecimiento del derecho. LA NULIDAD y EL RESTAbLECIMIENTO DEL DERECHO Artículo 138.
segundo semestRe /2011. si bien se ajusta a la teoría procesal más autorizada.28
Un caso hipotético frente a lo mencionado se encuentra cuando el demandante plantea ante la jurisdicción una reparación directa por los perjuicios que le produjo la ausencia de respuesta de un derecho de petición donde reclamaba la reclasificación laboral del mismo. el juez debe inadmitir la demanda en la medida en que la acción no ha debido dirigirse a la omisión de dar respuesta. pp. mejor. aspecto sobre el cual se pronunciaría el juez en la sentencia. en el presente caso planteado se insiste. el juez no podrá pronunciarse en la admisión de la demanda frente a tal aspecto. entramos a revisar una a una las pretensiones asignadas al suscrito que hacen parte del contencioso subjetivo. también podrá solicitar que se le repare el daño. Mientras que si esta misma situación se plantea en vigencia de la Ley 1437 de 2. Estos requisitos hacen referencia a las formalidades que debe contener el escrito de demanda.
deRecho administRativo. el demandante deberá reformular su acción y presentarla nuevamente ante la jurisdicción. al no haber sido declarado nulo el acto administrativo presunto o ficto.º 6. Una vez analizado el aspecto novedoso de la multiplicidad de pretensiones a manera de introducción. frente a la cual se debe esperar los pronunciamientos correspondientes de la jurisdicción. A la luz del Decreto-Ley 01 de 1. el juez se pronunciaría en la sentencia indicando que. sino al acto presunto que se configura por la denegación de lo solicitado por el particular. con la cual obtendría mayores ventajas laborales. el restablecimiento que correspondía declarar. expreso o presunto. debido a que la causa eficiente del perjuicio percibido por el administrado fue la ausencia de reclasificación. a tenor de lo establecido en el artículo 170 del nuevo Código. por lo cual reiteramos que. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.984. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. n .984 en ciertas circunstancias. En este caso.
II. no proceda la reparación o.
El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.984 y sus modificaciones. (iii) en forma irregular. existen ligeras modificaciones en la redacción del artículo 138 de la Ley 1437 de 2.. Si bien la esencia de la pretensión no fue transformada. (iii) temporal y (iv) desistible. La pretensión procede en los mismos términos de la pretensión de nulidad.
deRecho administRativo. la nulidad y restablecimiento del derecho será la herramienta por excelencia con la que se contará para buscar la reparación de un daño que perciben en un derecho subjetivo. (ii) sin competencia. (ii) individual.º 6.011 que aclaran algunas de sus características como se entra a revisar. de ejecución o cumplimiento del acto general. con ocasión de la expedición de un acto administrativo.
segundo semestRe /2011. por la (i) infracción de las normas en que deberían fundarse. el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. esto es. pp. (v) mediante falsa motivación o con (vi) desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. siempre y cuando la demanda se presente en tiempo. En esa medida. Si existe un acto intermedio.. Es una pretensión de naturaleza (i) subjetiva. de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2. esto es. nulidad y Restablecimiento
La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho se erige bajo los mismos postulados sobre los cuales reposaba la acción del mismo nombre en el artículo 85 del Código de 1.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por éste al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo. (iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.011. dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. n .
p. 2011. Con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo se adiciona el vocablo “subjetivo” al hacer referencia al derecho que puede ser tutelado por la jurisdicción. esto es. eduaRdo gaRcía de enteRRía. en una sociedad organizada y autónoma. el comportamiento de los miembros de ella en las relaciones que entablan entre sí para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y lograr el bien común” 4. la reparación in natura del derecho conculcado. y posteriormente la aceptación del de plena jurisdicción (asimilado en Colombia al de nulidad y restablecimiento del derecho) con el cual sí se tuvo en cuenta el interés de quien percibe la vulneración de un derecho subjetivo. pp.º 6. enRique José aRboleda peRdomo. 2000. manuel somaRRiva u. Tomo I: partes preliminar y general. Frente a los actos presuntos o fictos. Se advierte de lo anterior. pp. 217.. disciplinan. “Contencioso-administrativo objetivo y contencioso-administrativo subjetivo a finales del siglo XX. Tratado de Derecho Civil. Se ha definido por la doctrina el derecho subjetivo como aquel “interés jurídicamente protegido”. p. No 152. en contraposición al derecho objetivo que es “el conjunto de normas que. claro está siempre demostrando que se encuentra efectivamente afectado en su derecho. Una visión histórica y comparatista” en Revista de Administración Pública. el nuevo Código aclara que pueden ser los actos expresos o los presuntos o fictos 7. Santiago. y en caso de no ser posible esto. Al respecto Cfr. la indemnización económica equivalente. bogotá. esto es. sino de la tutela efectiva de los derechos e intereses de los particulares sobre los cuales recaen los efectos que producen los actos administrativos6.
segundo semestRe /2011. Mayo-Agosto. la búsqueda de una condena a la entidad que profirió el acto administrativo anulado para responder por los efectos dañinos de la ilegalidad. Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Administrativa y de lo Contencioso Administrativo. en razón no sólo del mantenimiento del orden legal al buscar la nulidad del acto que se acusa ilegal. 93 y ss. En esa medida se reitera la evolución de las herramientas judiciales que ostentaban los administrados inicialmente con el recurso por exceso de poder concebido en Francia con la única intención de mantener el orden legal. Consejo de Estado en varias ocasiones:
aRtuRo alessandRi R. que la modificación incluida en este aparte del artículo 138 no hace más que afianzar la lógica de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho como se concibe en la actualidad la acción del mismo nombre que en realidad funge en su doble condición 5. lo cual reitera lo ya advertido por el H. De otra parte. generalmente bajo amenaza de sanción. es decir.
. 15. n .30
La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho sigue teniendo como marco la protección de un derecho de cualquier persona que busca el resarcimiento por el perjuicio causado por un acto administrativo. Legis. y antonio vodanovic. no existe término de caducidad. 1998. dentro de los actos administrativos particulares que pueden ser atacados con ocasión de esta pretensión. Editorial Jurídica de Chile. de acuerdo con lo
lo correcto es demandar tal acto administrativo presunto (…). Resulta destacable también que de la redacción de esta pretensión desaparezca la expresión “la misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal” que se encuentra en el Decreto Ley 01 de 1. y teniendo en cuenta que en la demanda se identifica tal “omisión” como la fuente del daño. Sección Tercera. Consejo de Estado colombiano a partir de la construcción por parte de la jurisprudencia administrativa francesa. o mediante falsa motivación.
segundo semestRe /2011. o en forma irregular.º 6. bogotá. Auto de 15 de mayo de 2003. o sin competencia.011).490. o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió” (artículo 137 de la Ley 1437 de 2. No significa esta exclusión –en nuestro sentir– que no sea posible adelantar los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de obligaciones fiscales. la cual fue introducida en esa norma debido a la necesidad de revisar las actuaciones administrativas que se producían o producen con ocasión de la redefinición de una obligación fiscal que se habría pagado de manera indebida 9. se modificará la providencia impugnada y.. pp. t. Sala de lo Contencioso Administrativo.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Por lo dicho y teniendo en cuenta que los actos administrativos presuntos pueden ser demandados en cualquier tiempo. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. enunciadas atrás. en su lugar. 2004. Consejo de Estado. logro adoptado por el H. p.
Entonces. el nuevo Código incorpora en la redacción del último párrafo del artículo 138 la teoría de los móviles y las finalidades.
. esto es “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse. expediente: 23.. dado que jurídicamente se entiende que el silencio de la administración ante la solicitud de reclasificación presentada por el señor Oñate constituye un acto administrativo. y que en nuestro sistema se ha dado
establecido en el literal D del numeral 1 del artículo 164 del Nuevo Código. 202
deRecho administRativo. Universidad Externado de Colombia. se inadmitirá la demanda para que el actor la adecúe al tipo de acción correcta8. III Contencioso administrativo. n .984.
De lo anterior se entiende que la indicación del nuevo Código en relación con la posibilidad de atacar actos administrativos de carácter particular expresos o presuntos es una recopilación de lo que ya se había advertido por la jurisprudencia contencioso-administrativa. siempre en consideración a que se declararía nulo el acto administrativo. ya que el nuevo Código incluyó que la nulidad procede de acuerdo con las causales establecidas para la pretensión de simple nulidad. o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Jaime oRlando santoFimio gamboa. Por último. Tratado de Derecho Administrativo.
Cfr. notificación. respectivamente. No obstante.
. Consejero Ponente: libaRdo RodRíguez RodRíguez. esto es.
segundo semestRe /2011. III Contencioso administrativo. siempre que dentro de las finalidades de la pretensión se establezca la búsqueda de la sola nulidad o la responsabilidad por el perjuicio causado. la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación. podría entenderse que el requisito establecido por la jurisprudencia administrativa acerca de que el acto a declarar nulo debe ser de relevancia para la sociedad13.32
frente a confrontaciones al interior del máximo tribunal de lo contencioso administrativo10. Sala de lo Contencioso Administrativo. Así mismo. salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”. El literal d) del numeral 2 del artículo 164 d) “Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho. Magistrado Ponente: RodRigo escobaR gil. así como frente a la jurisdicción constitucional 11. Sala de lo Contencioso Administrativo.
deRecho administRativo. Op. Sentencia de 26 de octubre de 1995. expediente: 3332. adoptando la tesis imperante en la actualidad. Sección Primera. Ahora bien. Sentencia de constitucionalidad C-426 del 29 de mayo de 2002. 140 y ss. de nulidad y plena jurisdicción –denominación previa a la de nulidad y restablecimiento del derecho– no proceden contra actos de carácter general y particular. Consejero Ponente: humbeRto moRa oseJo y Consejo de Estado. el texto del artículo 138 hace referencia a la pretensión de restablecimiento cuando el acto administrativo es de carácter particular12 e indica que para los casos de los actos administrativos de carácter general se puede aplicar. bajo esta teoría. Consejero Ponente: caRlos gustavo aRRieta y sus respectivas modulaciones con los siguientes fallos: Consejo de Estado. Tratado de Derecho Administrativo. ejecución o publicación del acto administrativo. no tendría efecto en consideración a que la Ley no estableció requisito más allá de la simple confrontación del carácter general del acto administrativo. Cit. Consejo de Estado en relación con la naturaleza del acto administrativo de carácter general que puede ser impugnado. Sentencia de 10 de agosto de 1961.º 6. Sala Plena. lo anterior en los casos en que la afectación del particular provenga de la misma expedición del acto administrativo general. que es indefinido. n . Para solventar la disparidad de posiciones existente entre la jurisprudencia constitucional y administrativa. Corte Constitucional. está sujeto a la interpretación que se pueda presentar al interior del H. mientras que si existe un acto intermedio o de ejecución o cumplimiento de éste. siempre que la demanda se presente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. razón por la cual no se puede utilizar el término de caducidad de la pretensión de nulidad. Sala de Negocios Generales. Sobre la confrontación de posiciones en relación con esta teoría Jaime oRlando santoFimio gamboa. t. sino que proceden indiscriminadamente contra cualquiera de los dos. Así pues. Sección Primera. según el caso. Sala de lo Contencioso Administrativo. un
10 Al respecto Cfr. Sentencia de 21 de agosto de 1972. Consejo de Estado.. pp. pp. las acciones contencioso administrativas. Consejo de Estado. Consejero Ponente: libaRdo RodRíguez RodRíguez. Sentencia de 26 de octubre de 1995.
acto administrativo de carácter particular. pp. bajo la lógica de que la verdadera afectación del derecho proviene del acto administrativo inicial. Esto trae como consecuencia que la pretensión a intentar podría plantearse por cualquier persona y no sólo por aquél que se viera afectado en un derecho frente a la calificación y clasificación realizada. sino el restablecimiento por los perjuicios causados. una interpretación del juez de lo contencioso administrativo podría ser que la novedad de la multiplicidad de pretensiones y una única acción denota la posibilidad de que aquel que se sienta afectado con la inscripción. ya que en la actualidad el demandante no podrá acudir a la jurisdicción con la intención de demandar un acto administrativo particular (ejecución del general). o sea del general..3. de la Ley 1150 de 2007.
segundo semestRe /2011. llamado también recurso de insistencia. Analizados los cambios correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho.. respectivamente. n . la caducidad seguirá contándose a partir de la publicación del acto administrativo general. por medio del cual las personas pueden solicitar al juez se cumpla con una petición de información o documentación y las de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de expropiación urbana ordinaria y por vía administrativa.
. modificatorio del artículo 22. tal como lo incorpora la Ley 1437 de 2. ésta primaría. se advierte que no existe modificación alguna en relación con las establecidas de manera especial y exclusiva en distintos cuerpos normativos. parece conveniente entender que por ser norma especial la del RUP no sólo en dicha materia sino en la pretenR evista deRecho administRativo.º 6.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Aunque la expedición de la Ley 1437 de 2. reglamentación del artículo 6. estos son el del artículo 21 de la Ley 57 de 1985. o por ser una norma especial la del RUP. obligando pues a contabilizar el término a partir de la expedición de este último. Lo anterior. Tal novedad –insistimos– merece nuestra atención en la medida en que. y no del de su ejecución.Mayor atención merece la establecida en el artículo 47 del Decreto 1464 de 2010.011 no fijó pautas al respecto.011. regulados en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997. ya que en la reforma y su reglamentación se indica que la acción procedente para impugnar el registro único de proponentes es la de nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho como se encontraba en la Ley 80 de 1993. contabilizando el término de caducidad a partir de su notificación. Una posición menos favorecedora a los particulares que se encuentren en dicha situación. clasificación y calificación realizada pida no sólo su nulidad.5 de la Ley 80 de 1993.011 denota una norma posterior en relación con el tema contencioso administrativo y de superioridad jerárquica frente al Decreto. por lo que es admisible que la Entidad pública demandada o el particular cumpliendo funciones propias del Estado puedan alegar que la afectación del particular provino del de carácter general. si bien la Ley 1437 de 2. La pregunta es si se aplicaría la teoría de los móviles y finalidades. Esto cambia el panorama establecido. eventualmente.
En ese sentido. una omisión.
III. En este caso. tal como indica el mismo artículo 189 de la Ley 1437 de 2. n . pp. en los casos en que ella se solicite frente a un acto administrativo de carácter general. pero “La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor”. De conformidad con el inciso anterior. teniendo en cuenta que la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es de carácter subjetiva. entre otras. el efecto siempre será erga omnes. En el artículo 189 de la Ley 1437 se detalló con claridad meridiana que “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes”. Reparación directa. cuando la causa del daño sea un hecho. en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas. y el acto administrativo sea de carácter general o de carácter particular. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. LA REPARACIÓN DIRECTA Artículo 140. una vez aclarada que la misma procede contra actos de carácter general. Lo mismo no sucede con el restablecimiento del derecho. una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.º 6. la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Un último aspecto a resaltar en relación con la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es el efecto que produce la sentencia. teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. la nulidad se declare erga omnes. la consecuencia lógica de éste es que.
deRecho administRativo.011. pero nuevamente es un aspecto que deberá someterse al conocimiento del juez para entender su real alcance. el Estado responderá.34
sión a utilizar sólo procedería la de nulidad. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas.
segundo semestRe /2011. con independencia de que la pretensión sea la de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho.
. esto es.º 6. En esa medida. En esa medida. porque no se requiere petición previa y como es obvio tampoco el agotamiento de la vía gubernativa. Permanece el sentido de que se puede demandar directamente por las controversias que se susciten objeto de esta pretensión. pp. la primera expresión adicionada no entra a modificar lo ya conocido de la reparación directa. n . en aspecto sustancial alguno. temporal y desistible. La primera modificación que incluye el Nuevo Código en relación con esta pretensión se encuentra en la inclusión de la expresión “En los términos del artículo 90 de la Constitución Política”.
segundo semestRe /2011. ya que la aplicación de esta disposición se ha hecho desde que apareció la nueva Carta Magna. sigue siendo una pretensión de naturaleza subjetiva. omisión u operación administrativa. Así pues.984. individual.. sigue siendo la pretensión por medio de la cual. aunque sí se debe acudir a la
La reparación directa continúa con la lógica establecida para la misma en el Código de 1. entidades públicas o particulares pueden exigir un pronunciamiento por parte del juez contencioso-administrativo acerca de un daño antijurídico producido por causa de un hecho.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. y parece ser más una forma de distinguir los dos ámbitos bajo los cuales reposa la reparación directa: por un lado i) la responsabilidad estatal (regulada en el artículo 90 de la Carta Política) y ii) la responsabilidad del particular frente a una entidad pública. el cual no necesariamente implica una transformación de la regulación en materia de reparación directa. que no es necesario acudir previamente en sede administrativa ante la entidad pública que ocasionó el perjuicio.
sino también para que cualquier hecho. En este caso. el artículo 90 de la Constitución Política hace referencia a que la Administración será responsable por los daños causados por sus “agentes” dentro de los cuales se encontrarían este
Consejo de Estado. es extracontractual. es decir. pp. producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Sección Tercera. será la Administración pública competente para otorgar el título la responsable por los perjuicios que ocasione a los mismos. expediente: 10. Se incluye. n .
. Se esperará un pronunciamiento del juez contencioso en el sentido de determinar reglas especificas para estos casos.º 6.Una de las inclusiones que se resalta en la reparación directa es encontrar como sustento para que sea responsable el Estado el hecho de que haya ocurrido el daño por causa de “un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”. con lo que se reitera la concepción traída de la Carta Política y que. pero sin haberse ajustado con precisión a él. esta misma disposición abre una brecha no sólo para este tipo de casos. evidentemente luego de un juicio donde se advierte que el particular causó el perjuicio por estricto cumplimiento de lo establecido en el título o saliéndose de éste en cumplimiento de la instrucción dada por la Entidad pública. esto es. la expresión de que el daño sobre el cual se admite la acción de reparación directa debe ser antijurídico.
segundo semestRe /2011. sin llegar a hacer análisis de la conducta del particular en relación con el conocimiento de lo perjudicial de la actividad y su reproche frente a la Entidad pública que emite la autorización. nuevamente. de acuerdo con lo establecido con el numeral 1 del artículo 161 del Nuevo Código 14. en la medida en que la redacción del mismo conlleva a que la sola instrucción de la Entidad pública le adjudica la responsabilidad a ésta. Sentencia de 4 de septiembre de 1997. vale decir. incumpliendo los preceptos que tal titulo le indicaban.239. por expresa remisión. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. consagra una disposición que se aplicaba plenamente en la jurisdicción contencioso administrativa. sin embargo. ya bien definidos por la jurisprudencia. Con esta disposición se deja claro que en aquellos sucesos en los que el particular ostenta un título tal como una licencia o un contrato. Al respecto puede señalarse que dicho particular no se encontraba en el marco de la instrucción dada.
deRecho administRativo. es claro que se debe tramitar por la pretensión de la reparación directa. además. operación o actuación administrativa por medio de la cual se emita una instrucción a un particular de ejecutar una actividad que cause un daño implica por sí la responsabilidad de la Entidad pública. puesto que la relación entre el particular que sufre el daño y el particular que lo lleva a cabo o la Administración. en desarrollo de los cuales se ocasione un perjuicio a terceros. de la Entidad pública. Ahora bien. Se somete a debate la situación en que el particular cause el daño aun encontrándose en el marco de una licencia o un contrato.36
conciliación como requisito de procedibilidad. Sala de lo Contencioso.
En el mismo sentido. como ya se indicó (arts. con el cual se daba a entender en pleno la otra perspectiva de la acción. Sentencia de 25 de mayo de 2000. De otra parte.818. podrá imponerse en su contra la obligación de indemnizar.253). expediente: 13. pp. Anteriormente.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. aquella según la cual las entidades estatales debían promover juicios de responsabilidad contra sus propios funcionarios cuando sufrieran un perjuicio por su causa. se aplicaba el artículo 2. solidariamente. trayendo como novedad que la misma procede contra los particulares también. Sección Tercera.344 del Código Civil” (Consejo de Estado. Sección Tercera. expediente: 11. fue eliminada de la redacción del artículo 140 de la Ley 1437 de 2.344 del Código Civil.344 y 1568 Código Civil) 15.
Consejo de Estado. dando aplicación al artículo 2. tratándose del concurso de conductas distintas a las de las víctimas. el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en su producción del daño. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.º 6.. por medio del cual se dejaba a ambas partes (entidad pública y particular) como obligados solidariamente a reparar el perjuicio.
. todos los perjuicios causados a los demandantes. tanto la conducta del tercero quien lo provocó materialmente.011 la expresión de que las entidades públicas deben promover esta pretensión “cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo”. independientemente de que lo hayan realizado en estricto cumplimiento del mismo. por lo tanto. n . como la conducta de omisión del Estado quien no adoptó las medidas previsibles que de haberlas adoptado la imputabilidad del daño ya no recaería en él. tal como se advierte del siguiente fallo del Consejo de Estado:
Por otra parte y si bien puede considerarse que en este caso participaron en la producción del hecho dañoso. 2. En la redacción de la reparación directa en el nuevo Código se tiene claro que se elimina la obligación de promover los juicios contra sus propios funcionarios. Otro fallo indica lo mismo: “Sólo en el evento en que el daño resulte imputable a dos o más personas. se genera una obligación solidaria y.. y es la ponderación de las causas del daño que conduce al juicio de responsabilidad. cuando concurría la conducta de un tercero en la producción del daño. Sala de lo Contencioso Administrativo. El último inciso del artículo 140 es completamente novedoso y entra a reglamentar un aspecto que se encontraba ya establecido en la jurisprudencia de otra manera. dejando tal situación específica dentro del artículo 142 como uno de los casos dentro de los cuales se aplica la pretensión de repetición contra los funcionarios. vinculadas todas al proceso de que se trate.
segundo semestRe /2011. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.
tipo de particulares titulares de licencias o concesiones. texto adicionado por la Ley 446 de 1998. esto es. Sentencia de 11 de noviembre de 2002. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
deRecho administRativo. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
del término establecido por la ley. la víctima posiblemente quede desprotegida en la proporción del particular por la insolvencia de este último en no pocas ocasiones. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad. por lo que debe responder cada uno de los condenados únicamente en su proporción. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo. En esa medida. que se declare su incumplimiento. Así mismo. siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.
deRecho administRativo. el cambio incluido en la reforma no sólo entraría a señalar que la causa no necesariamente debe ser culposa. que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales. que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios. que se ordene su revisión.º 6. sino que la responsabilidad será conjunta y no solidaria. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato. en su defecto. Controversias contractuales. Sentencia de 10 de febrero de 2000. expediente: 11. según el caso. con ocasión de la actividad contractual.
Tercera. el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o. pp. n .
Iv LAS DENOMINADAS CONTROvERSIAS CONTRACTUALES Artículo 141. podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. al hablar de “influencia causal”.
segundo semestRe /2011.878. y que se hagan otras declaraciones y condenas. sin acudir a lo que generalmente ha sucedido que es el pago total por parte de la Entidad pública con su patrimonio para posteriormente tratar de repetir contra el particular.38
Así pues. si bien se presenta un favorecimiento al patrimonio público al evitar que las reparaciones siempre salgan del erario.
. podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código.
tal como la acción de hoy una pretensión de naturaleza subjetiva –aunque para alguna parte de la doctrina sea tomada como objetiva en ocasiones–.
. mediante esta pretensión podrán someterse a la jurisdicción contratos estatales propiamente dichos y contratos estatales especiales 16. individual. temporal y desistible. frente a los cuales el inciso 2 del artículo 141 realiza una remisión opcional para solucionar este tipo de controversias al trámite establecido en los artículos 137 y 138 referentes a las pretensiones de nulidad.
segundo semestRe /2011. Un cambio significativo se presentó en relación con la procedencia de la acción cuando la pretensión se refiere a los actos proferidos antes de la celebración del contrato.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. n .º 6. Magistrado Ponente: Juan de dios montes heRnández. en otras palabras.011.. Sala de lo Contencioso Administrativo. pero también puede interponerse por el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo. De lo anterior se colige que sigue siendo.. Sección Tercera. pp. Es importante tener en cuenta que para que opere esta pretensión es indiferente el régimen jurídico aplicable al contrato como se desprende del numeral 2 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2. independientemente de la causa de la producción del perjuicio.
deRecho administRativo. siempre que se solicite la declaración de la nulidad absoluta del contrato.
La pretensión de controversias contractuales. también permanece ostentando la misma idea sobre la cual se soporta hoy en día la acción procedente cuando dentro de los hechos se advierte la celebración. Auto de 20 de agosto de 1998. Expediente: 14202. La pretensión puede ser ejercida por cualquiera de las partes de un contrato. ejecución o liquidación de un contrato estatal.
Consejero Ponente: Ramiro Saavedra. n .40
y de nulidad y restablecimiento del derecho.984 que sólo admite la acción contractual para conocer de estos asuntos. toda vez que el H. Sección Tercera. o una vez suscrito el contrato. sin embargo. ejecución o publicación”. a términos de hoy. después de la notificación. Esta situación trae un cambio sensible y es un aspecto que ya había sido planteado por la jurisprudencia constitucional18. la Corte Constitucional no encontró asidero al planteamiento del demandante. cuando la pretensión sea alguna de éstas. notificación. Consejo de Estado17 dictaminó que dicho término era de treinta (30) días y no de cuatro (4) meses.º 6. Sala de lo Contencioso Administrativo. en la cual el demandante señaló que obligar a que la acción de controversias contractuales fuera la procedente para el pronunciamiento sobre los actos previos una vez suscrito el contrato y no la de nulidad y/o la de nulidad y restablecimiento del derecho. por lo que no parece ser una modificación de relevancia frente a lo que se tiene en la actualidad. Corte Constitucional. reducía la seguridad jurídica frente a la acción a utilizar. de manera excluyente. respectivamente. la Ley 1437 sí incluyó de manera
Consejo de Estado. sino que se aplicará el de cuatro (4) meses contados a partir de su “comunicación. con esto se elimina la discusión acerca del término de caducidad de la acción. pero no ejecutados. en contraposición con lo establecido en el Decreto Ley 01 de 1. Expediente: D-3471. Sentencia de constitucionalidad C-1048 de 4 de octubre de 2001. homologándolo en todos sus efectos al acto de adjudicación y de contera a los demás considerados separables del contrato. al señalar el artículo 141 relativo a la pretensión de las controversias contractuales que quien decida controvertir los actos previos “podrá” utilizar la pretensión de nulidad y/o la de nulidad y restablecimiento del derecho. pero en la práctica será difícil encontrar la situación de actos previos al contrato notificados. Este artículo incluyó como un nuevo momento para contabilizar el término de caducidad la figura de la ejecución del acto.011. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. comunicación o publicación. del acto que declara desierto el procedimiento de selección. Huelga decir que. Auto de 2 de agosto de 2006.
. lleva implícito que el demandante tiene la posibilidad de escoger las pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho o la pretensión contractual para poner en conocimiento de la jurisdicción la nulidad de los actos previos. ya no se contabilizará el término de caducidad de treinta (30) días que se tiene actualmente en el inciso 2 del artículo 87 del Decreto Ley 01 de 1. En aquella oportunidad. al tenor de lo establecido en el literal d del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2. pp. y la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho antes de la suscripción del mismo.984. Expediente 30141. una vez hayan pasado los treinta (30) días de que habla el inciso 2 del artículo 87 de éste.
segundo semestRe /2011. Además de lo anterior. por lo que.
viene dada por solicitar la nulidad del acto. como lo indica el inciso 3 del artículo 87 del Decreto-Ley 01 de 1. se deja abierta la puerta para igualmente acudir a la pretensión de controversias contractuales contra dichos actos. la forma de ejercitar la pretensión contra estos actos previos si no se ha suscrito el contrato.
. excepto que estando en ejecución el contrato se puede pedir la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto previo sin que afecte la legalidad del contrato. incluso. lo cual casi que circunscribe el espectro de los legitimados a plantear esta controversia a los oferentes acreditados en el procedimiento de selección. que hace referencia a la acción contractual.
facultativa la elección de la pretensión a utilizar cuando se pretendan atacar los actos previos indistintamente de la etapa en la que se encuentre el contrato.2 del nuevo Código que concede al juez la posibilidad de suspender los procedimientos administrativos incluido el contractual.. Lo anterior. siempre que se haya celebrado el contrato.984 frente a la imposibilidad de suspender los procedimientos de selección o el contrato cuando se ataquen los actos previos. la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato (redacción del inciso segundo del artículo 87 del Código Contencioso contenido en el Decreto-Ley 01 de 1. permitiendo así que terceros ajenos a la relación contractual no acreditados como proponentes. n . tal como lo ha sostenido
deRecho administRativo. aunado a que se eliminaría también la prohibición establecida en el artículo 87 del Decreto-Ley 01 de 1. En esa medida.
segundo semestRe /2011. a manera conclusión.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. pp. En ese sentido. El nuevo artículo traería cambios significativos al permitir que estén legitimados todos aquellos que vean un derecho afectado con ocasión de la expedición de los actos previos de carácter particular.984. esta nueva disposición. logren atacarlos. a no ser que haya constatación efectiva de la violación de un derecho de la misma naturaleza y su consecuente perjuicio irremediable siempre intentándola como mecanismo transitorio. o de cualquier persona en lo relativo a los actos previos de carácter general. Ahora bien. ya que la correspondiente medida cautelar regulada en el artículo 230. en tanto que una vez se suscriba el contrato. única acción procedente para atacar los actos previos en la actualidad cuando se ha suscrito el contrato.º 6. cuando la norma del artículo 141 establece la posibilidad de interpretar las pretensiones de nulidad y/o la de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que se profieran con antelación a la suscripción del contrato. trae como consecuencia directa que los particulares tengan un mecanismo judicial efectivo con el cual se pueden atacar las irregularidades que se presenten en la etapa previa a la suscripción del contrato. pero con un interés específico demostrado en el procedimiento de selección.984). por lo que la acción de tutela no sería una opción para defender los derechos fundamentales vulnerados en la etapa precontractual.. no limitaría a aquellos terceros que demuestren un interés directo en la pretensión.
Sala de lo Contencioso Administrativo. si bien con el cambio de acciones a pretensiones en el contencioso administrativo se trató de evitar órdenes del juez de modificar las acciones.
19 21 Consejo de Estado. en nada podrán demostrarse perjuicios al licitante vencido. algunos aspectos rituales requieren todavía de una verdadera atención por parte del demandante. Sección Tercera. puesto que logra delimitar dos situaciones totalmente diversas: las pretensiones que se planteen frente a los actos expedidos en la etapa precontractual y la consecuente nulidad del contrato. pero ésta no daría ningún restablecimiento al licitante indebidamente vencido. expediente: 38. Contratos administrativos y contratos privados de la Administración.924. pp. Esta interpretación es sana. tal situación no es motivo para dejar de lado el aspecto sustancial y teórico que se ha construido por la doctrina20 y la jurisprudencia21 alrededor de los actos previos a la celebración del contratos. así como la nulidad expresa de la adjudicación del mismo. ya que en ocasiones. Madrid. n . Sentencia de 4 de septiembre de 1997. sobre todo en el aspecto relativo a los legitimados para presentar la acción. Si bien existen consecuencias procesales como las indicadas que pueden traer un vuelco fundamental. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Siendo ello así. si es interpuesta la demanda alegando la pretensión de nulidad del contrato por la nulidad de algún acto previo. Tecnos. razón por la cual debe ser este último el acto que debe ser atacado para que el licitante vencido pueda alegar perjuicios por esta situación.
segundo semestRe /2011.42
la Corte Constitucional en jurisprudencia de tutela: Sentencia SUT-713 de 2006 y la Sentencia ST-309 de 2010. expediente: 10065. en aras de no caer en imprecisiones a la hora de alegar perjuicios causados. 20 José maRía de solas RaFecas. Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo.º 6. En esa medida. pp.
deRecho administRativo. podría utilizarse la pretensión de nulidad absoluta del contrato por la nulidad de alguno de los actos previos establecida en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. los cuales son verdaderos actos separables del contrato. Otro aspecto salta a relucir en lo relativo al tema recién señalado. cabe precisar que la opción de utilizar las pretensiones de nulidad y/o la de nulidad y restablecimiento del derecho o la pretensión contractual en la demanda de los actos previos va en sintonía con la concepción expuesta por el H. 163 y ss. mientras el acto de adjudicación permanezca con la presunción de legalidad que ostentan todos los actos administrativos. Consejo de Estado19. Auto de 19 de julio de 2010. 1990.
. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Por último. por ejemplo. en lo relativo a que es necesario que el debate procesal gire en torno a lo pedido por el demandante. puesto que la afectación a su derecho únicamente se reflejaría al demostrar la nulidad del acto de adjudicación del procedimiento de selección.
siempre y cuando se hayan agotado las instancias de liquidación de mutuo acuerdo y la posterior liquidación unilateral por parte de la Entidad Estatal.. en relación con la etapa contractual. Para acceder a cualquier pretensión se requiere ser parte.
v. a diferencia de la nulidad absoluta.. Lo primero que se mantiene es que en la pretensión contractual se podrá pedir la declaración de existencia o nulidad. a cuyas voces se lee: “Los actos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles… y del ejercicio de la acción contractual.º 6. ya que en el Decreto Ley 01 de 1. por el contrario. esto es la de nulidad y restablecimiento del derecho y a las controversias contractuales o la reparación directa. pretensión frente a la cual se contará la caducidad a partir del cumplimiento del requisito de perfeccionamiento del contrato.
segundo semestRe /2011. el artículo 141 adiciona de forma explícita el conocimiento de la liquidación judicial por parte de la jurisdicción administrativa. cada una de ellas trae inmersas modificaciones. n .011 entra a complementar lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo”.
De otra parte. En este punto es novedosa la inclusión en esta lista enunciativa sobre la petición de la nulidad de los actos administrativos contractuales. se ocupa de conocer sobre la revisión de la legalidad de los mismos. tal como se consagra en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar perjuicios y cualquier otra declaración y condena. cuando a ello hubiere lugar. además de que puede ser planteada por un tercero con interés directo en la controversia o el Ministerio Público. sí es permitido. otras.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. aunque no se encuentre explícito. aunque esto no modifica la situación que se viene presentando. lo que en realidad no modifica el trámite que se venía realizando. ya que la acción contractual siempre fue la acción procedente para controvertir este tipo de actos y se surtirá el procedimiento judicial establecido para tal pretensión. ordenar su revisión. al indicar que es la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de las controversias relativas a la liquidación del contrato. conservando el carácter de ser una lista meramente enunciativa y no taxativa de las posibles peticiones que se pueden realizar en el proceso. Con esa última expresión se le da al demandante la opción de escoger la pretensión que mejor se adapte a la situación en controversia.011.984. en el fondo. En este tema el artículo 14 de la Ley 1437 de 2. resultan ser verdaderas novedades frente a las cuales
deRecho administRativo. la cual. tal como indica el último inciso del artículo 141 de la Ley 1437 de 2. pp. algunas recopilaciones de lo que la jurisprudencia hasta el momento ha definido.
Como bien se advierte de los comentarios realizados a algunos Medios de Control o pretensiones que conforman el contencioso subjetivo.
Derecho Procesal Administrativo. Juan á ngel. Contratos administrativos y contratos privados de la Administración. Tratado de Derecho Administrativo. de solas R aFecas.. en Iv Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. “Contencioso-administrativo objetivo y contenciosoadministrativo subjetivo a finales del siglo XX. eduaRdo.º 6. 7ª edición. pp. José m aRía. “La responsabilidad precontractual en la actividad contractual de la Administración pública”. Consejo de Estado. pero en todo caso se deben esperar pronunciamientos por parte de la jurisdicción administrativa para concebir su real alcance en la interpretación de cada una de las normas que las cobijan. 2004. Sala Plena. 2003. bogotá. Tecnos. “Responsabilidad Extracontractual del Estado en Colombia” en Jornadas colombo-venezolanas de derecho público”. Medellín. gaRcía de enteRRía. henao péRez.
v. Sala de Negocios Generales. enRique José. Madrid. Sentencia de 21 de agosto de 1972. Tratado de Derecho Civil. Jaime oRlando. Una visión histórica y comparatista” en Revista de Administración Pública. pp. bogotá. caRlos . santoFimio g amboa. Sección Primera. t. e xpósito vélez. Sala de lo Contencioso Administrativo. 1990.
Señal editora. palacio hincapié.
segundo semestRe /2011. Universidad Externado de Colombia. a lessandRi R. 163 y ss. 2011. 2009. Santiago. Nº 152. Consejero Ponente: l ibaRdo RodRíguez RodRíguez. a RtuRo. Sala de lo Contencioso Administrativo. bogotá.. Editorial Universidad Externado de Colombia.
betancuR JaRamillo. bogotá. Juan c aRlos. Consejo de Estado. pp. Derecho Procesal Administrativo. Tomo I: partes preliminar y general. Librería Jurídica Sánchez R. a ntonio vodanovic. Universidad Externado de Colombia. m anuel somaRRiva u. III Contencioso administrativo. Consejero Ponente: humbeRto moRa oseJo.
deRecho administRativo. Editorial Jurídica de Chile. Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. n . 1996.44
nos atrevimos a lanzar juicios de valor. Sentencia de 10 de agosto de 1961. Consejero Ponente: c aRlos gustavo a RRieta. Mayo-Agosto. Consejo de Estado. Sentencia de 26 de octubre de 1995. 1998. 4ª edición. bogotá. 733 y ss. bIbLIOGRAFÍA a Rboleda p eRdomo.
. Juan caRlos. Legis. 2004. 2000.
Consejero Ponente: R amiRo saavedRa. Sección Tercera. Sección Tercera. Consejo de Estado.. Auto de 15 de mayo de 2003. Auto de 19 de julio de 2010. Consejero Ponente: m auRicio FaJaRdo g ómez. expediente: 38. Consejera Ponente: m aRía elena giRaldo g ómez. Consejero Ponente: a lieR e duaRdo heRnández e nRíquez. Magistrado Ponente: maRco geRaRdo monRoy cabRa. Sala de lo Contencioso Administrativo. expediente: 18. Consejo de Estado.
segundo semestRe /2011.253 Consejo de Estado. Sentencia de 10 de marzo de 2011. expediente: 10065. expediente: 9. expediente: 23. Sección Tercera.El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Sentencia de 17 de marzo de 2010.395. Sentencia de 18 de septiembre de 1997. Sala de lo contencioso Administrativo.818. Consejero Ponente: m auRicio FaJaRdo g ómez. Consejero Ponente: a lieR eduaRdo heRnández enRíquez. Consejero Ponente: R icaRdo hoyos duque. Corte Constitucional. expediente: 13. Sentencia de 11 de noviembre de 2002. Sección Tercera. Consejero Ponente: danilo RoJas. Sentencia de constitucionalidad C-426 del 29 de mayo de 2002. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de constitucionalidad C-1048 de 4 de octubre de 2001.. Auto de 2 de agosto de 2006.567.924. Sentencia de 25 de mayo de 2000. Sala de lo Contencioso Administrativo.878. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 10 de febrero de 2000. Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejo de Estado. Magistrado Ponente: RodRigo escobaR gil. Sentencia de 4 de septiembre de 1997. Sección Tercera. expediente: 11.118. Expediente: D-3471. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. n . pp. Consejero Ponente: R icaRdo hoyos duque.
deRecho administRativo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado. Consejo de Estado. expediente: 11.
. expediente: 95.º 6. Consejero Ponente: a lieR e duaRdo heRnández Enríquez. Sección Tercera.490.
Consejo de Estado. Corte Constitucional. Consejo de Estado. Expediente 30141.
Leer más sobre este usuarioFrancisco Carnelutti- Adolfo Alvarado VellosoprincipiosMetafisicosKant.pdfprincipios matematicos de la filosofia natural.pdf860013121001-201400554-00 Valle del Guamuez 20 noviembre 2015Esquema_Ley975_Justicia_Paz FGN.pdf500- CONECTORES-2014120413 Boletin Super Del 24 Al 30 de Noviembre de 2014Carrera Notarial colombiaT-683-12 Vivienda Digna- Zona Alto RiesgoART 2 Avance Jurisprudencial Del Derecho a La Vivienda Digna en Colombia_0RBUSP-- Libro Sobre La Renta BasicaRBUSP-- Libro Sobre La Renta BasicaCartilla_retencion Fuente 2007Capitulo 1TESIS MODIFICADA- Teoria de La Imprevision, Hermeneutica y Analisi JurisprudencialRegimen Rama Judicia. LlanosAd. Justicia en El ESDBloque Constitucionalidad y Su Justificacion en El Derecho Constitucional02andres Botero Bernal La Jerarquia Entre PrincipiosFalacias Del Principio de Primacia ConstitucionalSentencia C 335-2008 Sergio Estrada-cosa JuzgadaNocion de Pirncipios de La CorteDerecho Libertad de ConcienciaPonderacion o Debil Frontera de La...casos dificiles
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulNueva Ley 1437 Requiere Analisis por phejaeaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoFrancisco Carnelutti- Adolfo Alvarado Vellosopor phejaeaprincipiosMetafisicosKant.pdfpor phejaeaprincipios matematicos de la filosofia natural.pdfpor phejaea860013121001-201400554-00 Valle del Guamuez 20 noviembre 2015por phejaeaEsquema_Ley975_Justicia_Paz FGN.pdfpor phejaea500- CONECTORES-por phejaea2014120413 Boletin Super Del 24 Al 30 de Noviembre de 2014por phejaeaCarrera Notarial colombiapor phejaeaT-683-12 Vivienda Digna- Zona Alto Riesgopor phejaeaART 2 Avance Jurisprudencial Del Derecho a La Vivienda Digna en Colombia_0por phejaeaRBUSP-- Libro Sobre La Renta Basicapor phejaeaRBUSP-- Libro Sobre La Renta Basicapor phejaeaCartilla_retencion Fuente 2007por phejaeaCapitulo 1por phejaeaTESIS MODIFICADA- Teoria de La Imprevision, Hermeneutica y Analisi Jurisprudencialpor phejaeaRegimen Rama Judicia. Llanospor phejaeaAd. Justicia en El ESDpor phejaeaBloque Constitucionalidad y Su Justificacion en El Derecho Constitucionalpor phejaea02andres Botero Bernal La Jerarquia Entre Principiospor phejaeaFalacias Del Principio de Primacia Constitucionalpor phejaeaSentencia C 335-2008 Sergio Estrada-cosa Juzgadapor phejaeaNocion de Pirncipios de La Cortepor phejaeaDerecho Libertad de Concienciapor phejaeaPonderacion o Debil Frontera de La...por phejaeacasos dificilespor phejaeaFamilia Matrimonio y Adopcionpor phejaeaParejas Mismo Sexopor phejaeaFamilia Matrimonio y Adopcionpor phejaeaMore from phejaeaFrancisco Carnelutti- Adolfo Alvarado VellosoprincipiosMetafisicosKant.pdfprincipios matematicos de la filosofia natural.pdf860013121001-201400554-00 Valle del Guamuez 20 noviembre 2015Esquema_Ley975_Justicia_Paz FGN.pdf500- CONECTORES-2014120413 Boletin Super Del 24 Al 30 de Noviembre de 2014Carrera Notarial colombiaT-683-12 Vivienda Digna- Zona Alto RiesgoART 2 Avance Jurisprudencial Del Derecho a La Vivienda Digna en Colombia_0RBUSP-- Libro Sobre La Renta BasicaRBUSP-- Libro Sobre La Renta BasicaCartilla_retencion Fuente 2007Capitulo 1TESIS MODIFICADA- Teoria de La Imprevision, Hermeneutica y Analisi JurisprudencialRegimen Rama Judicia. LlanosAd. Justicia en El ESDBloque Constitucionalidad y Su Justificacion en El Derecho Constitucional02andres Botero Bernal La Jerarquia Entre PrincipiosFalacias Del Principio de Primacia ConstitucionalSentencia C 335-2008 Sergio Estrada-cosa JuzgadaNocion de Pirncipios de La CorteDerecho Libertad de ConcienciaPonderacion o Debil Frontera de La...casos dificilesFamilia Matrimonio y AdopcionParejas Mismo SexoFamilia Matrimonio y AdopcionNiklas Luhmann - El Derecho de La SociedadNocion de Pirncipios de La Corte