Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20171114s00414637290.html
Timestamp: 2019-06-18 09:06:56
Document Index: 254178124

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41ª Sesión Ordinaria del 14 de noviembre de 2017
N.º 41 - TOMO 573 - 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
4) y 15) Proyectos presentados
–	El señor senador Pablo Mieres presenta los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se establece la obligatoriedad del régimen de concursos de oposición y méritos para la provisión de los cargos gerenciales en los entes autónomos, servicios descentralizados y empresas privadas de propiedad estatal;
•	por el que se establecen modificaciones que amplían las competencias y las facultades de investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
•	por el que se sustituye el artículo 476 de la Ley n.º 17296, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley n.º 18834, relacionado con el efecto suspensivo de ciertas observaciones del Tribunal de Cuentas de la república;
•	por el que se asigna al Tribunal de Cuentas el cometido de analizar la pertinencia de las excepciones contenidas en el artículo 33 del Tocaf.
•	por el que se modifican los criterios de asignación de los subsidios para los casos de cese de cargos políticos, previstos en el Acto Institucional n.º 9, en la redacción dada por la Ley n.º 15900 y el artículo único de la Ley n.º 16195.
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley relacionado con el funcionamiento del Sistema de Registro de Audiencias en sedes del Poder Judicial.
–	El señor senador Larrañaga presenta un proyecto de ley por el que se prohíbe a los organismos públicos, estatales y no estatales, solicitar o autorizar el otorgamiento de tarjetas corporativas públicas para el uso de sus funcionarios.
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo tome la iniciativa para establecer un régimen especial para que trabajadores de la ex-Fábrica Nacional de Papel y de la cooperativa textil Puerto Sauce puedan acceder a la jubilación.
6) y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Bianchi, Amorín, Aviaga, Moreira, Carámbula, Alonso, García, Delgado y Mujica.
–	Quedan convocados los señores senadores Saravia, Matiaude, Olano, Asiaín, Beramendi, Suárez, Peña, Da Silva, Argimón y Lazo.
7)	Rita Cincunegui de Biassini. Pedro Benito Solari. Ciudadanos insignes del departamento de Salto
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las familias de estos ciudadanos, al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria y a la Junta Departamental de Salto.
8)	Pensión para víctimas de delitos violentos
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor presidente de la república, al señor ministro del Interior y a los integrantes de las comisiones de ambas cámaras que tienen que ver con la seguridad.
•	Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve postergar la consideración de este punto y tratarlo en la primera sesión del mes de diciembre.
10), 12), 14) y 17) Normas para la prevención y combate a la trata de personas
–	Proyecto de ley por el que se las crea.
13)	Prórroga de la hora de finalización de la sesión
•	Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta terminar con el tratamiento del punto en consideración.
16)	Extrabajadores de la Fábrica Nacional de Papel y de la Cooperativa Textil Puerto Sauce
•	Por moción del señor senador Larrañaga, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato un proyecto de minuta de comunicación por el que se establece un régimen especial para que puedan acceder a la jubilación.
«Montevideo, 10 de noviembre de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 14 de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) Continuar con la discusión de un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los padrones n.os 6177 y 7751, ubicados en el predio con frente a la rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como Predio Mauá, con el fin de construir una terminal fluviomarítima;
2.º) por el que se establecen normas para la prevención y combate a la trata de personas;
Carp. n.º 911/2017 - rep. n.º 543/17 y anexo I
3.º) por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, sobre el sistema de subsidios a la demanda habitacional;
4.º) por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste San Martín.
9.º) por el que se designa Arquitecto Juan Pablo Terra el edificio sede de la Dirección Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la ciudad de Montevideo;
10) por el que se designa Profesor Lucio Gabino Núñez el liceo de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Alonso, Argimón, Asiaín, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Suárez, Tourné y Xavier.
FALTAN: la presidenta del Cuerpo, señora Lucía Topolansky, por encontrarse en ejercicio de la presidencia de la república; con licencia, los señores senadores Amorín,Aviaga, Bianchi, Carámbula y Delgado; y con aviso, los señores senadores Besozzi y Olano.
•	por el que se denomina Maestro Olegario Villalba la escuela n.º 97 de Villa Serrana, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se establece la no exigencia de certificados por parte de la sección Registro Nacional de Cooperativas del Registro de Personas Jurídicas;
•	por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 16858, de 3 de setiembre de 1997, sobre riego con destino agrario.
Asimismo, remite copia de una resolución por la que se designa en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de director, al doctor Álvaro Claudio Nodale.
El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Javier García, relacionado con la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV).
•	por el que se designa Perimetral Ingeniero Eladio Dieste el baipás de tránsito de la ruta nacional n.º 30 Brigadier General Eugenio Garzón, de la ciudad de Artigas, que conecta su tramo Artigas-ruta nacional n.º 5 Brigadier General Fructuoso Rivera con la avenida Telmo García da Rosa de esa ciudad.
Por el que se sustituyen cinco artículos desglosados del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2016, referente al régimen de funcionamiento de las cooperativas.
•	por el que se designa Arquitecto Juan Pablo Terra el edificio sede de la Dirección Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la ciudad de Montevideo;
•	por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968, sobre el sistema de subsidios a la demanda habitacional.
•	por el que se designa Profesor Lucio Gabino Núñez el liceo de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
•	por el que se declara de interés nacional la conmemoración del centenario del nacimiento del ingeniero Eladio Dieste San Martín.
La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de representante permanente de la república ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur), a la señora Ana Inés Rocanova Rodríguez.
Asimismo, eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado entre la República Oriental del Uruguay y Ucrania sobre relaciones de amistad y cooperación, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 25 de abril de 2012.
La Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y combate a la trata de personas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de dos proyectos presentados.
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:
•	por el que se establece la obligatoriedad del régimen de concursos de oposición y méritos, para la provisión de los cargos gerenciales de los entes autónomos, servicios descentralizados y empresas privadas de propiedad estatal;
(Texto de los proyectos de ley presentados).
SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 476 de la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley n.º 18834, de 4 de noviembre de 2011, relacionado con el efecto suspensivo de ciertas observaciones del Tribunal de Cuentas de la república.
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se asigna al Tribunal de Cuentas el cometido de analizar la pertinencia de las excepciones contenidas en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los criterios de asignación de los subsidios para los casos de cese de cargos políticos, previstos en el denominado Acto Institucional n.º 9, del 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por la Ley n.º 15900, de 21 de octubre de 1987, y el artículo único de la Ley n.º 16195, de 6 de julio de 1991.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día 8 de noviembre no se registraron inasistencias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de noviembre de 2017
De acuerdo a lo establecido en la ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para los días 15 y 16 de noviembre del corriente, por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 13 de noviembre de 2017
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 14 de noviembre de 2017.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, durante el día 14 del corriente.
De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2017
Por la presente, solicito licencia el día miércoles 15 de noviembre de 2017, por motivos personales.
Se comunica que los señores Rafael Paternain, Virginia Cardozo y Federico Preve han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
7) RITA CINCUNEGUI DE BIASSINI. PEDRO BENITO SOLARI. CIUDADANOS INSIGNES DEL DEPARTAMENTO DE SALTO
SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: en el mes de octubre se aprobaron los proyectos de ley por los que se designan dos escuelas de Salto con el nombre de ciudadanos ilustres del departamento.
La escuela rural n.º 33, de pueblo Biassini, llevará el nombre de Rita Cincunegui de Biassini. Fue ella un ejemplo de mujer pujante, dedicada a su territorio, generosa e inspiradora de generaciones sucesoras. Por su parte, la escuela n.º 105, de la ciudad de Salto, se denominará Pedro Benito Solari, constituyendo esta designación un merecido homenaje a este hijo del departamento, trabajador, visionario, emprendedor, que tanto le aportó a nuestro Salto.
Rita Cincunegui Arruti nace el 9 de febrero de 1902. Contrae matrimonio en 1916 con don Sandalio Biassini. En 1927, el matrimonio compra una hectárea y media de campo en donde actualmente se encuentra el centro poblado rural pueblo Biassini. Hacia el año 1940, don Biassini se establece con una casa de comercio de ramos generales y promueve en su entorno un asentamiento precario de viviendas que, con el tiempo, se convierte en un centro de transacciones comerciales de la zona. Mientras tanto, Rita, era una excelente maestra, tanto en su casa, impartiendo cursos por correspondencia, como en UTU, y hasta llegó a recibir en su hogar a niños y jóvenes víctimas de la vulnerabilidad de sus familias, educándolos igual que a sus propios hijos.
Dentro de la gran actividad que tuvo esta familia en el pueblo, y entre otras acciones, construyó un edificio para la escuela y otro para la alcaldía. Asimismo, donó los terrenos para la instalación allí de UTE, OSE, Mevir y la comisaría, además de construir el edificio de la escuela y fabricar los ladrillos para las primeras cincuenta y cuatro viviendas. También promovió la instalación de oficinas del correo, del Banco de Seguros, de la central telefónica y de Ancap. Fueron invalorables los aportes de esta familia para el desarrollo de una zona rural de estas características.
También en el mes de octubre se hace otro merecido reconocimiento, que recae sobre don Pedro Benito Solari –donante del predio de la escuela que ahora lleva su nombre–, decidido impulsor de la educación pública y ciudadano que dejó huella en el departamento.
Nació en Salto el 11 de marzo de 1904, y falleció a los 78 años, el 27 de octubre de 1982. Desde temprana edad, tras tener que abandonar sus estudios de ingeniería civil en Montevideo por la repentina muerte de su padre, se hizo cargo de la economía familiar. Se dedicó al cultivo de cereales y a las chacras de citrus. Vislumbró desde entonces el potencial que las tierras y el clima de Salto ofrecían para el cultivo de la citricultura como gran fuente de trabajo y riqueza para la región. Viajó a Estados Unidos para aprender y traer tecnologías innovadoras, que resultaron ser grandes aportes para el país.
No solo visualizó la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la producción, sino que también las implementó en ese escenario –en el que continúan siendo utilizadas– para mejorar la calidad y, así, la proyección al mercado externo. Logró una gran corriente exportadora de frutas frescas de Europa, que continúa hasta estos días. Apostó al marketing, a los mensajes publicitarios, con el objetivo de incrementar el consumo en el mercado interno, promocionando las bondades de la fruta con fuerte vitamina C y buscando aumentar el valor agregado.
Fue propulsor de una fiesta tradicional, como la Fiesta de la Citricultura de Salto, que se celebra año a año luego de las cosechas. Presidió comisiones de apoyo, como la de la Agricultura. Fue su pujante manera de ser la que lo llevó también al cultivo de olivos. Primero vendió a fábricas del sur del país para que mejoraran lo que se producía en esas plantas con el agregado de aceite de oliva, y luego, en la década de los setenta, instaló una planta modelo, que importó de Italia y que con la denominación Compañía Olivares Salteños se dedicó a la extracción de aceite de oliva virgen de óptima calidad, que acá se comercializa.
Fue pionero en las plantaciones forestales del país. Se preocupó por el mejoramiento de las razas de ganado. Fue también un gran deportista del río Uruguay. Tuvo, asimismo, una importantísima actuación en diversos ámbitos, siempre presente en las organizaciones sociales que buscaban el mejoramiento del departamento de Salto. Fue también presidente de la Comisión Honoraria del Hospital de Salto y de la Comisión Honoraria Pro-Aeropuerto.
Por todo esto, queremos destacar que fueron de justicia las mencionadas designaciones, por el invalorable aporte –cada cual desde su ámbito– de ambos ciudadanos, orgullo de la ciudad salteña.
–Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a las respectivas familias de estos dos ciudadanos, al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, y a la Junta Departamental de Salto.
El Senado da la bienvenida a los alumnos de 6.º año de la escuela n.º 1 de Rivera, que están haciendo una recorrida por esta casa, y saluda al señor diputado Amarilla, que los está acompañando.
8) PENSIÓN PARA VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: una tarde de mayo de este año, una madre que estaba con su hijo de seis años recibió la visita de un hombre que le dijo «¡Esto es por alcahueta!», y que luego gatilló y la mató. Esa madre, llamada Coni, había asistido a una fiesta en la que dos hombres se enfrentaron por una dosis de pasta base y que acabó con uno de ellos muerto de un disparo. Fue entonces testigo clave, declaró en el juzgado y procesaron al homicida, pero este resolvió tomar represalias. Y por haber sido testigo, esa madre –que había pedido custodia policial que fue dispuesta por el juzgado respectivo– fue asesinada. El Ministerio del Interior y el Poder Judicial se echan las culpas sobre quién retiró la custodia, pero lo cierto es que se le retiró la misma luego de dos semanas y el asesino pudo acabar con su vida.
Ese niño, a través de sus representantes, solicitó al Ministerio del Interior y al Banco de Previsión Social la pensión prevista para las víctimas de delitos violentos, pero ambas instituciones acaban de resolver que no se la van a otorgar. No lo van a hacer porque la norma vigente establece que solamente se tiene derecho a la pensión cuando el homicidio es en ocasión de los delitos de rapiña, copamiento o secuestro, y no en este caso. Evidentemente, esta es una laguna de nuestra legislación.
Hace ya un año, en mayo de 2016, se presentó ante este Cuerpo un proyecto de ley ampliando esa pensión para las víctimas de delitos violentos, incluyendo aquellos fallecimientos ocurridos en ocasión de tentativa de delito, delito consumado, violación, lesiones personales, etcétera. Ese proyecto sigue sin ser tratado. Ese proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo.
Pasó un año de la presentación de la iniciativa, y nos encontramos con un homicidio; y un año y medio después nos encontramos con que se le ha negado a ese niño una pensión, fundados en algo que podíamos haber previsto.
Creo que sería bueno atender ese proyecto de ley y aprobarlo rápidamente para que los «Kevin» –así se llama este niño de seis años– tengan derecho a esos veintiún mil y pocos pesos o seis bases de prestaciones y contribuciones a los que acceden las víctimas de los delitos; para que este niño pueda encarar una buena formación hasta los dieciocho años de edad.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor presidente de la república, al señor ministro del Interior y a los integrantes de las comisiones de ambas cámaras que tienen que ver con la seguridad.
SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del orden del día.
SEÑOR DE LEÓN.- En la reunión de coordinación interpartidaria del día de ayer, el Partido Nacional solicitó postergar el tratamiento del primer punto del orden del día. Entendemos la propuesta y por ello planteamos al Cuerpo que este asunto sea tratado en la primera sesión del mes de diciembre.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la postergación propuesta.
10)	NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para la prevención y combate a la trata de personas. (Carp. n.º 911/2017 - rep. n.º 543/17 y anexo I)».
Tiene la palabra la miembro informante, la señora senadora Tourné.
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: habiendo aprobado en comisión este proyecto de ley, nos gustaría recordar el contexto en el cual creamos, el 18 de mayo de 2016, esta Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo.
A raíz de este análisis, comenzamos el tratamiento de una iniciativa que diera cuenta de las situaciones que íbamos observando y diagnosticando, no solo en el país sino en la región.
Tal como lo fundamentamos –no solo nosotros sino cada uno de los senadores que hizo uso de la palabra en el momento en que se votó la creación de esta comisión especial–, estamos hablando de un delito transnacional de muy larga data en el mundo, que consiste en considerar a las personas como mercancías para ser utilizadas, ya sea vendiendo sus cuerpos o explotando su trabajo. Se trata de uno de los delitos más aberrantes que forman esa trenza perversa del delito transnacional integrado por el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Este delito tiene características terribles de crueldad, justamente porque se desarrolla en base a las personas más vulnerables. Al decir «más vulnerables», no solo nos referimos a las personas con más dificultades económicas, sino también a aquellos que padecen vulnerabilidades de todo tipo, ya sean sociales, afectivas, de posibilidades de vida, etcétera.
Sin los marcos legales que debemos darle, es justamente un delito muy barato para los delincuentes, para los victimarios, porque es altamente redituable en el mercado ilícito y, a su vez, presenta mucha facilidad de impunidad. Por lo tanto, si bien Uruguay tempranamente había aprobado los convenios internacionales que hacen al tema –incluso en la última Ley de Migración ya venía tipificado el delito de trata–, era menester una legislación más abarcativa e integral que atendiera interinstitucionalmente la problemática.
En nombre de la comisión, queremos agradecer especialmente el trabajo de la secretaría, que en todo momento colaboró eficientemente con el tratamiento complejo de esta iniciativa, porque tuvimos un largo proceso de intercambio con las instituciones del Estado que se ocupan del tema y con las organizaciones y personas de la sociedad civil que también tienen larga experiencia de trabajo concreto con las víctimas de trata.
No solo queremos agradecer a la secretaría, sino también a aquellas personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, de enorme vocación, sacrificio y contracción al trabajo –que, como dije, trabajan con la parte más dolorosa del fenómeno, que es directamente con las víctimas, sus problemas y su dolor–, así como a las representantes de los distintos ministerios, que tienen un sólido trabajo sobre la materia desde hace un tiempo, y que nos aportaron todo su saber y experiencia para que pudiéramos traer al plenario un proyecto de ley integral para el combate y la prevención de la trata y explotación.
En especial, me gustaría agradecer a la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, e informar lo importante que fue el trabajo de esta institución, cuya presidencia ejerce el Mides, más concretamente el Inmujeres, a través de su directora, la asistente social Mariella Mazzotti. Esa mesa está integrada por representantes de distintas carteras, entre las cuales se encuentran los Ministerios del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, de Turismo y de Salud Pública; a su vez, las ONG que trabajan sobre el tema también la integran, al igual que el INAU.
En definitiva, todas las integrantes del entramado que tiene que ver con el tratamiento, la solución, el diagnóstico y la defensa de las personas víctimas de trata y explotación son las autoras del proyecto de ley. Y, en una actitud poco común del tan denostado sistema político que tenemos últimamente –y quiero resaltar lo que voy a decir–, fue la comisión especial, con senadores de todos los partidos, quien asumió dar estado parlamentario a la propuesta que redactaron y construyeron las organizaciones representadas en la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas. Por tanto, los integrantes de esta comisión, con sus firmas, les dieron entrada como proyecto de ley.
Creo que es una actitud noble del sistema político, que consideró, unánimemente, que este era un tema relevante. Luego, obviamente, pasado un largo tiempo, llegó el proyecto del Poder Ejecutivo, que agregó alguna modificación.
Creo importante señalar que todos los partidos representados en la comisión dieron su firma para que el esquema de proyecto que la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas había elaborado y nos había presentado, se transformara en proyecto de ley, de manera de poder trabajarlo.
La comisión especial del Senado comenzó su trabajo el 2 de agosto de 2016. Tuvimos una larga primera etapa en la cual se escuchó a las instituciones que trabajaron en el tema, a las organizaciones civiles que trabajan con las víctimas y a muchas de las víctimas, que tuvieron la valentía de concurrir a esta casa para hacernos conocer su experiencia, de manera de comprender la realidad de la trata y la explotación de personas en nuestro país. Creo representar a todos los miembros de la comisión cuando agradezco la generosidad de todos estos aportes; sin ellos, tal vez no se hubiera podido entender hoy, a cabalidad, la dimensión del problema.
Como dije al inicio de esta exposición, se trata de un problema viejo, doloroso y lamentable que padece el mundo, en el cual el cuerpo de las personas y su vida se transforman en mercancías tratables, explotables y vendibles. Lamentablemente es una situación que, si bien es muy vieja en el mundo, hace poco tiempo que ha cobrado la dimensión explícita que tiene. Podríamos decir que antes era un problema que barríamos debajo de la alfombra, que naturalizábamos o sobre el que simplemente decíamos –con esa actitud bien uruguaya–: «Aquí eso no pasa; eso ocurre en otros países». Inmediatamente pensábamos en Asia o en América Central, que son los lugares preferidos para decir que allí pasan estas cosas, y no mirábamos nuestra realidad.
La verdad es que este tema ha ido en incremento en el mundo, y un último informe que tenemos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –que se especializa en el tema relativo al tráfico de personas– nos indica que no hay país que pueda considerarse inmune al tema del tráfico, trata y explotación de personas. ¡No hay país en el mundo! Según la conclusión de este estudio –no voy a aburrirlos ahora nombrando la cantidad de denuncias o países involucrados–, no existe país en el mundo inmune a este problema. Hay algunas situaciones más graves y otras menos graves, pero no hay país inmune a algún tipo de trata, tráfico o explotación de personas.
Otra cosa que suele sucedernos, desde la lógica naturalizada o la lógica común, es creer que se trata de un problema propio de la explotación sexual y pensar que concierne casi exclusivamente a mujeres jóvenes. Sin embargo, de acuerdo con estudios mundiales que también se reflejan de alguna manera en nuestro país, esta realidad ya no es tan así como la tenemos naturalizada y concebida. Si bien la trata y explotación de personas tiene una amplia incidencia en la explotación sexual –casi la mitad de las víctimas son para explotación sexual–, han ido creciendo enormemente el trabajo esclavo –es una de las fuertes preocupaciones que tiene las Naciones Unidas–, la explotación laboral y las condiciones más atroces en las que hombres y mujeres trabajan. Ya no estoy hablando de la explotación sexual sino del trabajo esclavo, y cabe agregar que año a año crece la inclusión masculina en este tipo de tráfico y trata de personas.
Voy a mencionar algún numerito para que vayamos dimensionando y desmitificando el hecho de que la trata de personas es un problema exclusivamente de explotación sexual y de mujeres.
En el año 2004, un 13 % de las víctimas eran hombres. En la última medición, en el 2014, se llegó a un 21 % de hombres que son víctimas de trata de personas. Estoy hablando del trabajo esclavo en las peores condiciones que se puedan imaginar, sin ninguna garantía de nada; esclavos del siglo xxi. Es el nuevo modelo de esclavitud.
En inversa proporción, de acuerdo con estudios internacionales –también sucede en los pocos casos que se pudieron resolver en nuestro país; ese es uno de nuestros déficits–, el 63 % de los explotadores son hombres, y el 37 %, mujeres. Esto condice con temáticas que ya hemos discutido y con lo arraigada que está la concepción de género porque los patrones que mercantilizan los cuerpos, ya sea de hombres o de mujeres, mayoritariamente son hombres.
Hay un dato muy preocupante. Como les decía, el 51 % de las víctimas en el mundo son mujeres y el 21 % son hombres. Pero hay un número que se incrementa y que es aterrador –fue uno de los señalamientos que nos hizo el INAU–: la cantidad de niños y niñas que crecen víctimas de la trata de personas, ya sea para su venta o para el tráfico y la explotación sexual. Un 28 % de niñas, niños y adolescentes –20 % de niñas y 8 % de niños– son víctimas de trata en el mundo. Quiere decir que estamos llegando a dimensiones extraordinariamente preocupantes, con variaciones según la localidad de que se trate.
Como norma general, podemos decir que la gran mayoría de la trata en el mundo es para explotación sexual –supera el 50 %–, que crece paulatinamente la trata para trabajo forzado –a niveles de preocupación seria–, ya sea de niños o adultos, de hombres o mujeres, y en número bastante más reducido –en comparación con las cifras de explotación sexual y trabajo esclavo–, para tráfico de órganos. En este último caso todavía no hay una cifra explosiva, pero en algunos países o regiones está entre el 5 % y el 10 %, lo que no es menor.
Insisto, para que no quede todo matrizado como explotación sexual –más allá de que es el porcentaje mayoritario–, en que tenemos distintos tipos de trata de personas, donde aparecen fenómenos altamente preocupantes.
Vuelvo a señalar el fenómeno de la participación en la trata de niños, niñas y adolescentes –que el INAU planteó como una alarma en el caso de Uruguay– que, de acuerdo a los datos según la región, es fuerte. Al respecto doy algunos números para ver su dimensión. En América Central y el Caribe la participación de los niños en la trata es del 62 %, en la parte este y norte de África es de un 25 %, mientras que en América del Sur –nuestro continente– es el 39 %.
Por tanto, hay dos alarmas fuertes. Por un lado, está el crecimiento de la participación de niños y niñas en este fenómeno de la trata y explotación de personas en el mundo y en nuestro continente, así como también en el Uruguay, según datos arrojados en la comisión, y por otro se observa el aumento paulatino, gradual –pero constante–, del porcentaje de explotación en trabajo forzado, en trabajo esclavo.
Existe un tercer elemento que se ve reflejado en los diagnósticos a nivel nacional: a pesar del incremento de la legislación y de las convenciones internacionales a las que adhieren los países para combatir el tema de la trata de personas, los juicios que acaban en condena son una ínfima minoría. Esto sucede en el mundo y también en nuestro país. A pesar de que se incrementaron las legislaciones en el mundo sobre este tema, y de que las distintas fuerzas –los ministerios del Interior, las Policías del mundo– operan sobre este delito y hay interconexión estatal entre estos estamentos –en algunos casos, incipiente y en otros, más desarrollada–, a la hora de la condena de los delincuentes o victimarios, el número es ínfimo.
Esa es una alerta que tiene que ver con la integralidad de los procedimientos y con algo que he dicho tantas veces en este Parlamento: las leyes son muy importantes –muy importantes, señora presidenta– pero no alcanzan para erradicar y combatir los fenómenos, si no hay un compromiso institucional, de Estado, de llevar adelante las políticas para la erradicación de estas crueldades humanas.
Como decía, hay infinidad de leyes e instrumentos internacionales a este respecto –seguramente mi estimado colega, el senador Bordaberry, lo desarrollará en su exposición porque fue el integrante de la comisión especializado en este tema y realizó un informe–, entre los que se encuentran gran cantidad de convenciones internacionales y de legislaciones en América Latina, en Europa, en el Parlamento Europeo y a todo nivel.
Una cosa muy interesante que señala el senador Bordaberry en su informe sobre la legislación comparada, es que se ha retomado la consideración y modernizado la legislación. Es decir que esta alerta expresada en el último informe de Naciones Unidas está siendo tomada por los distintos países y –por suerte– si todo va bien, también daremos en esta cámara un paso adelante en la materia.
Me parece importante tener en cuenta que Uruguay siempre ha sido muy rápido y conteste a la hora de aprobar la normativa internacional –los convenios–, en todo orden. Tal vez el ritmo se enlentece cuando hay que aterrizarlo en una norma nacional y quizás se enlentece más aún cuando se tiene que pasar a una política concreta de acción.
Me referiré ahora al plano nacional, respecto al que haré solamente algunas anotaciones para no aburrir al Senado, aunque aclaro que los detalles estarán publicados en un informe especial que se repartirá a los senadores y representantes. En este momento estoy haciendo apenas una síntesis de todo el material recabado por la comisión.
Como decía, señora presidenta, no es que Uruguay no haya actuado sobre este tema; se aprobaron convenciones internacionales y se trabaja desde hace ya mucho tiempo a nivel de los distintos estamentos del Estado –en los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, en el INAU y en distintas ONG–, pero de una forma muy desvinculada.
Como dije, tal vez la primera legislación concreta fue en 2008, cuando en los artículos 77 y 78 de la Ley de Migración se tipifica el tráfico y la trata de personas, pero solo queda en la tipificación penal, algo en lo que solíamos incurrir –como si creyésemos que la solución es la tipificación penal, la pena que le ponemos al delincuente–; no existía esto que se impulsó a través de la mesa interinstitucional. Todos esos esfuerzos se mancomunaron en un trabajo integral e interinstitucional, que creo que es el corazón del proyecto de ley que hoy, en forma unánime, recomendamos que esta cámara apruebe.
Tenemos registros obtenidos de las distintas comparecencias a la comisión, que tienen que ver con el desbaratamiento de operativos de tráfico y explotación de personas, procedimientos que desde hace unos cuantos años el Ministerio del Interior viene desarrollando con éxito. En ellos, los señores senadores podrán constatar la cantidad de procedimientos exitosos que ha habido. Asimismo, en la información que se va a publicar verán cómo el Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmujeres, pudo elaborar, con escasísimos recursos y dentro de sus posibilidades, plataformas concretas de trabajo para apoyar a las víctimas de trata. Esto quiere decir que se han hecho esfuerzos.
Creo que este proyecto de ley –que recomendamos aprobar– instaura esa visión integral e interinstitucional para el tratamiento de estos delitos, que es por donde definitivamente podremos avanzar, porque si no hay una concepción integral, si no hay una institucionalidad pautada desde la ley –que debe dar respuesta integral a las víctimas; y no quedarnos solamente en la tipificación del delito, que para nada termina con el problema–, este proyecto, que a mi juicio es muy bueno, no va a terminar con un problema de esta gravedad.
De cualquier manera, me parece importante reconocer –hasta que aprobemos este proyecto de ley– que si bien Uruguay no tiene un nivel aceptable de trabajo, sí ha asumido compromisos en distintas instituciones.
¿Qué características tiene –lo aprendimos a través de la comparecencia de las distintas organizaciones a las que hice referencia– la trata y la explotación de personas en nuestro país? Haré algunas consideraciones muy breves, ya que seguramente los colegas de la comisión las complementarán con su informe.
Uno de los temas es que ya no podemos decir –como se hacía en una época pasada, no tan lejana– que el Uruguay es un lugar de tránsito o de origen. Lamentablemente, el Uruguay es todo: es tránsito, es origen y es destino de la trata.
Cuando los señores senadores puedan leer los distintos operativos, verán que tenemos mujeres y hombres de otros países, que hay mujeres uruguayas en el extranjero y advertirán también que en Uruguay tenemos trata interna. Es decir que tenemos todas las modalidades de trata.
Hace unos instantes estaba compartiendo experiencias con el señor senador Carrera y decíamos que el informe de Inmujeres, del Mides –entre otros que recibimos–, indica que un número muy importante de mujeres han sido víctimas, y se han contactado con ellos. Si observamos el análisis de los operativos, el número se reduce, pero si vemos los resultados judiciales de los procesos, sucede lo mismo que se informa a nivel internacional: es ínfimo el número de investigaciones o de casos de mujeres víctimas de trata que llegan realmente a procesarse.
En esto inciden muchos factores, pero el factor de desprotección de las víctimas es el que prima. No olvidemos que la trata siempre es bajo amenaza, promesas o engaños, donde las víctimas están amenazadas, con miedo por sus vidas o por las de sus hijos, hijas o familiares. Si no existe una institucionalidad que las apoye, ayude y proteja sus derechos humanos, es muy difícil que puedan salir adelante. Si desde la ley no se establece que estas víctimas no pueden ser tratadas desde la discriminación, desde el estereotipo o desde el juzgamiento previo –cosa que sucede–, es muy difícil.
Entonces, hay muchas cosas que este proyecto de ley debe considerar –que pasaremos a explicar– para que realmente podamos llegar a combatir la trata y lograr una prevención eficaz y real –más allá de lo discursivo– de estas situaciones infinitamente dolorosas que no podemos seguir negando, ocultando ni mirando hacia otro lado. El Uruguay tiene capacidad para llevar adelante políticas realmente asertivas en la materia y brindar realmente posibilidades a las víctimas para salir de la situación brutal de esclavitud, de dolor, de desconocimiento de sus derechos, de explotación y de abuso, a que son sometidas.
Son muy pocas las que tuvieron suerte y pudieron escapar con éxito de estas redes. En general, lo lograron porque encontraron apoyo y porque el destino a veces las colocó en situaciones que les permitieron zafar, pero son la minoría.
En lo personal, tengo una idea fija a la hora de tratar los números: me niego a tratar el tema pensando en los números, en que son muchos los casos. No me gusta esa lógica. Creo que hay que atender este tema porque es doloroso, perverso, porque nos interpela como seres humanos y como sociedad si no nos hacemos cargo de estas situaciones brutales, sea el número que sea. Y cuando algún compañero complemente este informe, lamentablemente veremos que tampoco son pocos los números para una sociedad pequeña como la nuestra.
Entonces, por un lado, tenemos la necesidad de brindar una atención integral, en todo el proceso, para lograr efectivamente incidir.
Por otro lado, de tanto ver películas a veces uno cree que la trata y la explotación de personas siempre tiene a mujeres jóvenes, encadenadas en algún sótano. Pero en realidad –según lo que nos informaron y aprendimos de las personas que comparecieron a la comisión–, el proceso en Uruguay es bastante más sutil y tiene mucho más que ver con el engaño a través de la promesa y la seducción.
Como comisión logramos exponer en un cine montevideano la película Tan frágil como un segundo. Esta película, hecha y actuada por uruguayos, está basada en una historia real de explotación y trata de víctimas uruguayas. En la película queda claramente denunciado que si bien esto sucede en los sectores más vulnerables, no tiene que ver con la pobreza porque entre las víctimas había muchachas con muy buen nivel educativo y económico, pero sin embargo, con muy poca contención afectiva y social por parte de su familia, de su círculo primario de contención, lo que podríamos llamar como «gran descuido afectivo». Por otra parte, es verdad que hay una fuerte vulnerabilidad económica y social.
Entonces, tenemos que reconocer que esta realidad es mucho más sutil en su entramado; no se trata de la esclavitud del látigo ni de la prisión, sino de cuando, con engaños, se les promete un mejor trabajo y se les dice: «Vas a estar regio», «Allá se gana mucho mejor» o «¡Hacelo por mí, que te quiero tanto!». Los afectos, el amor y las promesas de matrimonio realmente rinden sus frutos en la situación de los uruguayos.
Un dato alarmante que daba el INAU respecto a esta situación –también la licenciada July Zabaleta, cuando participó por el Ministerio del Interior, relevaba esto como hechos preocupantes en el Uruguay–, es el caso de adolescentes, menores de quince años, casadas con adultos de más de cuarenta años. Estas son cosas que existen y que nos cuesta ver; algunas veces se concretan por promesas económicas y otras, tal vez, por la seducción de alguien que atienda y escuche. Así, terminan en la peor de las esclavitudes y en la explotación de sus derechos, de su vida y sin posibilidad de elegir qué es lo que quieren ser, que es lo que desea cualquier persona. Todos sus derechos humanos se ven absolutamente conculcados al ser tratadas o tratados como mercancía.
Otro de los problemas que surge en la modalidad de trata de personas, la trata interna –no podemos decir que somos solo origen, como se decía hace algunos años con relación a las primeras denuncias, sino que somos origen, destino y tránsito–, es la participación de niños y niñas, el matrimonio forzado y el trabajo forzado, que también apareció. Estamos hablando de mujeres extranjeras que trabajaban en casas de uruguayas y uruguayos y que no tenían absolutamente ningún derecho, ni laboral ni humano: no podían salir, habían sido conculcados sus documentos y, por lo tanto, robada su identidad, señora presidenta. Todo esto se ve agravado –según testimonios que escuchamos de muchas de las ONG que participaron– por lo que sucede en nuestra frontera. ¡En Uruguay, el problema de la trata de personas en las fronteras es serio! Se están desarrollando iniciativas, pero tendríamos que hincar el diente más seriamente al tema porque hay graves problemas. Todos los testimonios que brindaron las ONG que trabajan y las calificadas técnicas que asistieron a darnos su visión, nos hablan de que el desarrollo de estos temas en frontera seca –como la que tenemos al norte de nuestro país– tiene su grado de regionalización y de especialidad y, por lo tanto, hay que prestarle una atención particular.
Por último, constatamos también eso en nuestra realidad uruguaya en dos niveles más. Uno es el nivel de los procesos –de alguna manera, lo habíamos señalado–, la falta efectiva de llegar a una condena en estos temas. A veces la Justicia utiliza otras herramientas del Código Penal para tratar de hacer algo –por ejemplo, la Ley n.º 17815 en los casos de participación de niños–, pero en el tema concreto de la trata de personas cuesta llegar a la condena.
El otro nivel de problema que seguimos constatando –incluso, con la generosidad con que se presentan las delegaciones, que nos han subrayado este error, esta carencia a nivel internacional– es el relevamiento de la situación de trata en el Uruguay, es decir, los números y su estudio y análisis. Por suerte, el articulado de este proyecto de ley, al encomendar a la fiscalía el relevamiento y el banco de datos, va a ir subsanándolo, pero hay una falta de análisis y de diagnóstico certero, científico y profundo que nos permita encararlo. Si uno no conoce la realidad, señora presidenta, es difícil poder cambiarla y, si uno asume el «talenteo», es muy difícil llegar a las medidas correctas que nos garanticen un mejor desarrollo en esta materia de la trata.
Creo que todo esto que pudimos ir viendo en el diagnóstico –en el que tanto colaboraron las distintas instituciones que participaron–, se ve muy bien reflejado en el proyecto de ley que vamos a presentar a continuación.
Es un proyecto de ley extenso –tiene cincuenta artículos y está dividido en seis capítulos– que, por suerte, entra en la especialidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces las normas excesivamente generales se vuelven inocuas porque la generalidad no permite luego la aplicación efectiva en el caso especial y concreto. Por lo tanto, si yo tuviera que resaltar una virtud de este proyecto de ley diría que es integral porque, justamente, trata de proveer de herramientas interinstitucionales para todo el proceso –no solo para la penalidad– y es específico en sus definiciones.
Paso a referirme rápidamente al capítulo I, «Parte general», en donde se establece claramente cuál es el objeto de la ley: justamente, es «la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas».
En el artículo 2.º, señora presidenta, se incluye lo que narrábamos como instrumentos básicos legales o convenciones internacionales, que son el apoyo o el sustento legal de base al desarrollo de este proyecto de ley.
El artículo 3.º para mí es muy importante porque tiene que ver con los principios rectores, con lo que debe regir como sustento al trabajo en materia de trata. Subrayo algunos de ellos, señora presidenta: la debida diligencia del Estado –es decir, no puede haber demora en estos casos; la burocracia tiene que existir, pero debe ser eficiente–, el priorizar los derechos humanos de las víctimas, la igualdad y la no discriminación, –a veces, aunque no en todos los casos, cuando llega una víctima mujer y pobre que, en general, es explotada sexualmente, prostituida, la discriminación tiene mucho que ver con la diligencia que el Estado tiene que tener al actuar en estos casos–, que el prejuicio no prime, que el estereotipo sea derribado y que el precepto constitucional de que somos todos iguales ante la ley sea realidad y no solo una declaración. Por eso es muy importante que a texto expreso se hable de la igualdad y de la no discriminación.
También es importante –por los números que manejamos en cuanto a la participación masculina y femenina en este fenómeno– que exista, como mirada, una perspectiva de género, que se considere siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que se respete la voluntad y la participación de las víctimas, teniendo en cuenta la confidencialidad que hay que proveer y la integralidad de la atención que debe brindárseles. Sobre todo en estos casos, es también muy importante, como principio rector, que esté recogido a texto expreso que la institucionalidad no puede revictimizar –como sabemos que pasa, lamentablemente– y, por supuesto, también la gratuidad de las prestaciones.
Creo que esos son principios que hacen real el tratamiento efectivo de estas víctimas.
En el artículo 4.º se incluyen varias definiciones de los distintos tipos de trata. Creo que es muy importante, también, que esto esté en el texto de la ley para que los operadores de toda la institucionalidad y sobre todo del sistema de justicia tengan claro que hay diferentes tipos de trata que están tipificados, y los tengan en cuenta. Las definiciones, la precisión y la especificidad hacen a la optimización de los resultados. La trata de personas; los delitos conexos; el tráfico de migrantes; la explotación sexual y su significado; el matrimonio, el concubinato o la unión forzada o servil –que por supuesto existen–; el embarazo forzado, que también fue una de las denuncias que se hicieron en la comisión. A muchas mujeres, en esto de la seducción, de las promesas, también se las embaraza para tenerlas prendidas por los niños que luego pasan al circuito de la trata. ¡Es perverso, pero existe y no podemos negarlo!
Como decía, en este artículo también se definen la explotación laboral; el tráfico infantil; la mendicidad forzada; la venta de niñas, niños o adolescentes; la remoción, implante y transferencia de órganos, tejidos o fluidos. En nuestro país no encontramos demasiadas denuncias sobre este tema, pero eso no quiere decir que no debamos tratarlo. Tal vez está demasiado oculto, pero tampoco tenemos evidencia empírica. De cualquier manera, debemos tenerlo tipificado como definición de trata porque, como decía en la primera parte del informe numérico, tiene mucho que ver con sus modalidades.
En este capítulo I, «Parte general», me parece muy relevante la tipificación que se hace en el artículo 5.º de los derechos de las víctimas de trata y explotación de personas, que tiene que ver con esto del respeto, primero, a la dignidad de las personas – hablando de la discriminación, ¿no?– porque, como decía, se sienten en una situación que no es igual a cualquier otra víctima por esos fenómenos de amenazas, de la casi destrucción de la autoestima, de la carencia de todo respaldo. Entonces, tiene que estar previsto qué derecho tienen esas víctimas: el respeto a su dignidad, a su intimidad, a la confidencialidad; el acceso a la información –que se le explique claramente cómo es el proceso–; la atención integral de su salud –tanto física como psicológica y los tratamientos y terapias que necesite–; el asesoramiento –aspecto que es fundamental porque esas víctimas a veces no saben qué derechos tienen, adónde pueden recurrir, qué se les garantiza–; el alojamiento apropiado –porque tampoco tienen dónde pernoctar y por eso, entre esos derechos, debe preverse esa cobertura–; la libre circulación, también, que en general les ha sido conculcada y no pueden hacerlo.
En el artículo 6.º hay un capítulo especial sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de la trata de personas y que necesitan un tratamiento especial. La primera parte, que tiene que ver con las definiciones específicas de lo que es la trata, sus distintos tipos y los derechos de las víctimas, ya sean adultos o niños, me parece que, en su especificidad, garantiza, de hecho, que todo pueda ser contemplado.
La parte institucional es el capítulo II, «Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas», en el que están integrados: un representante del Ministerio de Desarrollo Social –que lo presidirá a través del Instituto Nacional de las Mujeres–; uno del Ministerio del Interior; uno del Ministerio de Relaciones Exteriores; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno del Ministerio de Defensa Nacional; uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; un representante del Ministerio de Salud Pública; un representante del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay; un representante de la Fiscalía General de la Nación; uno del Poder Judicial, y tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de reconocida actuación en la materia, que serán propuestos por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y designados por el Poder Ejecutivo.
Este consejo que se crea –pese a que es numeroso y a que se exige que esté integrado por las personas de mayor jerarquía de esas instituciones– empieza a garantizar la interinstitucionalidad con la que se debe trabajar. Como hemos visto a lo largo de la exposición, este es un tema que exige el compromiso de todo el Estado y no solo, como se ha dicho, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Exige el cumplimiento de todo el Estado!
El consejo también puede conectarse con organizaciones internacionales de gran prestigio, como la Organización Internacional para las Migraciones o la Organización de las Naciones Unidas en esta materia, que podrán ser consultadas y asesorarán.
El artículo 8.º fija los cometidos del consejo, que son lo que todo órgano de esa naturaleza tiene que desarrollar: diseñar y aprobar la política pública; monitorear el buen cumplimiento de la política pública; articular y coordinar las acciones de los diversos estamentos; proponer acciones de difusión y concientización de la población en general sobre la trata y explotación de personas; desarrollar acciones de prevención y desestímulo de la trata; emitir opiniones y pronunciamientos sobre la temática; recomendar los cambios normativos necesarios; aprobar los estándares de actuación; formular recomendaciones; proponer acciones para la capacitación, actualización y especialización de los funcionarios y operadores que trabajan en el tema; realizar y apoyar estudios e investigaciones –esto es un debe, como señalábamos– sobre el tema.
En el artículo 9.º se establece que el consejo tendrá como cometido articular con otros ámbitos interinstitucionales.
En el artículo 10, se establecen las facultades que tendrá el consejo para el cumplimiento de sus cometidos en el territorio –aspecto que es muy importante por lo que planteábamos sobre las diferencias que puede haber en las distintas regiones del Uruguay–: crear comisiones temáticas –también, atendiendo distintos problemas–; crear comisiones departamentales o regionales; celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para atender estos problemas; disponer y administrar los fondos provenientes de asignaciones presupuestales, donaciones, herencias o legados, convenios con organismos regionales o internacionales, así como los provenientes de bienes decomisados en acciones contra la trata. Esto también lo prevé el proyecto, es decir, el decomiso de los bienes, cuando se realizan acciones contra la trata o explotación de personas, para reparar a las víctimas o para prevenir ese delito.
A esos efectos, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Dirección General de Secretaría, será el organismo encargado de ejercer dicha facultad de disposición y administración de fondos.
En el artículo 12 se establece el destino del decomiso de los bienes en procesos judiciales por delitos de trata y explotación de personas que, como decía, en parte son para reparar a las víctimas, y el saldo restante para prevención.
El capítulo III tiene que ver con la concepción de interinstitucionalidad y de integralidad que pretendemos para esta norma. Por eso, lo primero que aborda es la creación del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, que deberá ser integral, interinstitucional, interdisciplinario y descentralizado territorialmente. Asimismo, establece cómo se hará la coordinación y la articulación de la respuesta. En este sentido, se designa al Ministerio de Desarrollo Social si la respuesta es para varones adultos; al Instituto Nacional de las Mujeres si la respuesta es para mujeres adultas, y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay con respecto a los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social articulará las respuestas, con los organismos antes señalados, en las situaciones de explotación laboral.
En este capítulo se establecen también las medidas de prevención –tan importantes como la tipificación de delitos y realmente útiles– a fin de que no tengamos más víctimas en el tema de la trata y la explotación de personas.
Dentro de este sistema interinstitucional también se contempla la creación de programas de asistencia y atención a las víctimas con el fin de encaminar a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas y sus familiares, pues no olvidemos que, como explicábamos, a veces son mujeres con sus hijos e hijas. Por supuesto, se trata de brindar apoyo y sostén en forma gratuita y especializada.
Como este tema se desarrolla a nivel internacional, se especifica claramente que no es necesario para ninguna de estas prestaciones que las víctimas tengan vigentes documentos identificatorios, como pasaporte y cédula de identidad, porque a la gran mayoría le son robados o quitados como parte de la prisión y la esclavitud. Incluso, se prevé la posibilidad de que se le brinden gratuitamente cuando lo necesiten.
SEÑORA XAVIER.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.
SEÑORA TOURNÉ.- Como decía, en este articulado se prevé que las prestaciones que acabamos de mencionar deben brindarse en forma gratuita y obligatoria, pero también de manera inmediata a la detección de la situación de trata. Todo apunta a que sea en forma integral, rápida e inmediata porque, de lo contrario, es muy difícil que podamos vencer la situación de trata.
El capítulo IV, «Respuestas específicas a la trata internacional», refiere a las situaciones que involucren a extranjeras o a uruguayas a nivel internacional. En este conjunto de artículos se prevé cómo deben actuar nuestras misiones y consulados para brindar ayuda e información, documentación, pasajes, etcétera, para que las víctimas, si así lo desean, puedan ser restituidas a su país de origen o a terceros países, tal como ellas lo indiquen. Todos los mecanismos están absolutamente previstos en el desarrollo de este capítulo IV.
El capítulo V requirió un estudio pormenorizado de la comisión porque apunta, precisamente, al acceso a la Justicia. Una de las mayores falencias de nuestro país está, justamente, en el acceso real a la Justicia por parte de las víctimas de trata. A esos efectos, se coloca a la Fiscalía General de la Nación como garante del anonimato de las denuncias y de la accesibilidad para las víctimas denunciantes de la trata.
También se prevé un tema que es fundamental en las situaciones de amenaza y miedo en las que están involucradas estas personas: el manejo confidencial de todos los datos, sean de testigos o de víctimas, que se formulen en el proceso. A su vez, se obliga a la reserva, pero, sobre todo, a la protección de las víctimas en el proceso, porque este es el lugar de mayor debilidad y vulnerabilidad.
Esto me recuerda mucho –es parte del fenómeno– los recaudos que debemos tener en el caso de la violencia hacia las mujeres. Se trata de la misma horrible vulnerabilidad, y necesita de todos los recaudos de confidencialidad, de ayuda, de preservación, de protección, de celeridad en los trámites y de presencia de todos aquellos que puedan colaborar en el mejor desarrollo de este proceso –como traductores y especialistas–, apoyando permanentemente a la víctima que, por lo general –aunque ahora con las modificaciones introducidas al Código del Proceso Penal es diferente–, es quien menos atención recibe. Este capítulo, justamente, garantiza el acceso real, eficiente y protector, para que la víctima no sea un resultante colateral, sino el centro de atención, teniendo la garantía que debe tener para ser oída, para ser apoyada, para recibir una protección integral, física y emocional en el momento del proceso. Parece hasta mentira que haya que establecerlo por ley, pero ¿saben también para qué y por qué es muy necesario? Para que la víctima disponga de tiempo para reflexionar sobre su situación. La víctima no ha tenido tiempo, ya que ha estado en una situación de hostilidad permanente y, por tanto, no ha podido pensar qué es lo que le conviene y no ha tenido la información. Por eso, así como debe garantizarse el asesoramiento y el patrocinio letrado gratuito, también debe garantizarse la presencia de un traductor y que su testimonio no sea desvalorizado. Vuelvo a insistir en el tema del estereotipo –lo que contiene esta norma es sumamente importante–: que su testimonio no sea desvalorizado en base a discriminaciones tales como su origen racial o étnico, los estereotipos de género, la identidad de género, sus creencias, su identidad cultural, entre otros. Debemos garantizar que las víctimas reciban un trato humanizado para evitar la revictimización.
La víctima debe poder decidir sobre su cuerpo, que lo tuvo conculcado; debe tener el derecho a negarse a las inspecciones de su cuerpo si no quiere recibirlas; en los casos de violencia sexual, tiene derecho a escoger el sexo del profesional que, como víctima, quiere que la acompañe; tiene derecho a elegir un acompañante emocional de su confianza para estos momentos, que son de extrema vulnerabilidad porque queda al desnudo la intimidad de su dolor. Por eso, en este proceso es donde debemos dar mayores garantías para que realmente tengan un acceso seguro a la Justicia.
Otra parte sumamente importante de este capítulo tiene que ver con la reparación a las víctimas. Esta reparación no solo deberá ser integral, comprensiva de la indemnización, restitución, rehabilitación, sino que se extenderá a todas las personas afectadas, es decir, sus familiares más cercanos. En esta integralidad el Estado es el responsable de reparar. Y no solo está prevista esta reparación integral, sino también la reparación tarifada. Vamos a leer el artículo –que es breve– para que tengamos una dimensión clara de su alcance. Se trata del artículo 42, que establece: «En la sentencia de condena por trata de personas o alguna de las formas de explotación de personas previstas en esta ley, además de la pena, se debe disponer una reparación patrimonial para la o las víctimas identificadas, por un monto equivalente a veinticuatro ingresos mensuales del condenado para cada una de ellas, o en su defecto veinticuatro salarios mínimos nacionales, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño».
Repito, entonces, que no solo se prevé la reparación integral, sino también la reparación tarifada. Me detengo solo un minuto en esto. Debido a la vida que estas víctimas de explotación y trata han llevado, es muy difícil que puedan encontrar un camino alternativo si no se prevé toda esta institucionalidad que les brinde un soporte y una reparación; si no se incluye específicamente esta disposición en la ley, la posibilidad real de que las víctimas de trata y explotación puedan reiniciar un proyecto de vida diferente no dejará de ser la formulación de buenos deseos y de sueños; será solo una aspiración de esta cámara. Por eso, proveer a estas personas de una forma de reparación y de una institucionalidad que garantice realmente el acceso a la Justicia es, a nuestro entender –dentro de las dificultades que esto tiene–, uno de los caminos que asertivamente les permitirá encontrar la manera de desarrollar, en libertad, el proyecto de vida que elijan. Es la única garantía de que realmente puedan –capaz que por primera vez– elegir.
Por último, me voy a referir al capítulo que fija las normas penales, que quizás sea el que más le gusta a alguno de los señores senadores.
Contiene pocos artículos que aggiornan o perfeccionan algunas de las legislaciones penales ya existentes, como lo referente al comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en el que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces; lo que tiene que ver con la reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, en cuyo caso la pena es de cuatro a dieciséis años de penitenciaría; o lo atinente a la esclavitud sexual. Cuando se someta a una persona a la esclavitud con el fin de que realice actos de naturaleza sexual, la pena prevista en el artículo anterior se agravará de un tercio a la mitad.
Con respecto a la unión matrimonial o concubinaria forzada o servil, en el artículo siguiente se establece: «El que obligue a una persona mediante violencias, amenazas o con abuso de una situación de vulnerabilidad, a contraer matrimonio o a mantener un concubinato a cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para sí o para un tercero, será castigado con dos a diez años de penitenciaría.
Quien, abusando de una situación de vulnerabilidad, establezca o mantenga una unión de naturaleza matrimonial, concubinaria, de noviazgo o análoga, con una adolescente, niña o niño como condición para que acceda a la vivienda, alimentos vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia, aun con su consentimiento, será castigado con dos a quince años de penitenciaría». Recuerden que, dentro del diagnóstico, uno de los emergentes preocupantes en la situación de Uruguay es la existencia de niñas, niños y adolescentes de diez o doce años, en matrimonio con adultos de más de cuarenta años.
El siguiente artículo trata de la prostitución forzada y establece: «Quien, con el fin de obtener un provecho económico o cualquier otra ventaja, mediante la fuerza, amenazas u otras formas de coacción o intimidación, haga que una o más personas realicen uno o más actos de naturaleza sexual, será castigado con una pena de dos a diez años de penitenciaría».
El último artículo, refiere a la apropiación de niñas, niños o adolescentes para la adopción. Es una realidad lamentable y tristísima, pero existe. En esta disposición se establece: «El que para adoptar una niña, niño o adolescente, para sí o para un tercero, ofrezca a quien lo hubiere o a quien pudiera obtenerlo, un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con dos años a seis años de penitenciaría.
La pena aumentará de un tercio a la mitad cuando la finalidad de la adopción sea someter al adoptado a alguna forma de explotación».
Todas estas cosas que nos cuesta oír, suceden en nuestro país y en el mundo.
Por eso, mediante este largo proyecto de ley de cincuenta artículos buscamos –si las políticas del Estado acompañan esta propuesta legal– prevenir y sancionar, con una visión interinstitucional e integral.
La señora presidenta y los colegas saben que en lo personal no soy amiga del aumento general y al barrer de las penas, pero tengo una visión que atiende, digamos, a las diferencias; no tengo una visión lineal de que todas deben aumentarse o todas deben disminuirse. Creo que los delitos contra la liberad y las personas son los más graves, y en esta norma se habla de los delitos contra la libertad de las personas en su peor forma; por eso, realmente no siento que esté yendo contra ninguno de mis principios al disponer penas fuertes a la vulneración, a la privación de la libertad y de la dignidad de muchos seres humanos que son tratados como mercancías para que lucren algunos pocos.
Quiero agradecer a los colegas que integraron la comisión, por el esfuerzo, el trabajo y las ganas con que se dedicaron a la consideración de este proyecto de ley. Estoy segura de que el hecho de que llegue al plenario con el voto unánime de la comisión es también una buena señal.
Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 15 del corriente.
Por la presente solicitamos a usted licencia, por motivos personales, para la sesión del miércoles 15 de noviembre y para el jueves 16 de noviembre de 2017.
Sra. Patricia Ayala
En virtud de haber sido invitado por el comandante en jefe de la Armada, almirante don Leonardo Alonso Chiappara, al acto de conmemoración del 200.º Aniversario de la Armada Nacional, que tendrá lugar el día miércoles 15 de noviembre, solicito a usted me conceda licencia por obligaciones notorias inherentes al cargo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 14 de noviembre del corriente.
Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía, Jorge Saravia y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante los días 15 y 16 de noviembre de 2017, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares.
–20 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el día 21 hasta el día 26 de noviembre de 2017, al amparo del literal D) del art. 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.
12) NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con la consideración del segundo punto del orden del día.
«Fui tratante de mujeres durante más de veinte años. Las compré y vendí como si fueran ganado». Este es el título de un artículo que escribió Manuel Jabois, el domingo pasado, en el diario El País, de Madrid. Allí comenta un libro de Mabel Lozano titulado El proxeneta. Aclaro que no he leído el libro porque todavía no ha llegado, pero sí pude leer la crónica.
Ese libro empieza relatando una anécdota que tiene como protagonista a la selección femenina de taekwondo de Colombia. Dice que en la primavera del año 2000 –el otoño nuestro– sus integrantes llegaron al aeropuerto de Madrid vestidas con el uniforme oficial –amarillo, rojo y azul– y con el escudo de la federación. Tenían las visas en forma, tenían las fichas federativas y tenían la invitación para participar en una competición en España; también tenían los papeles de un gimnasio de artes marciales de Cali. Llegaron al aeropuerto, se subieron a un ómnibus y en el camino tiraron la ropa deportiva y se pusieron lencería. No existía federación de artes marciales, no eran deportistas, nunca habían asistido a un gimnasio de esta disciplina y todo el programa era una patraña.
Lo paradójico del caso es que esto era una apuesta que había hecho uno de los principales proxenetas de España, que aseguró que lograría introducir de una sola vez la mayor cantidad de mujeres para prostitución, y así ganó un auto BMW.
Mabel Lozano entrevistó a un proxeneta al que le decían el Músico, que es lo que en España se conoce como «boquerón» y aquí es la figura del informante, quien le confiesa todas estas cosas que luego aparecen en el libro.
Quizás lo más espeluznante es el relato que se hace de una mujer, Lucía, a quien obviamente convencieron de someterse a estas redes. Le dijeron que trabajar para ellos le iba a costar € 6000, pero luego de trabajar durante tres meses, cuando hizo la cuenta y se presentó, le dijeron que todavía estaba debiendo dinero porque no habían incluido el alquiler y otros gastos. Así la fueron llevando hasta que intentó suicidarse y terminó internada en un psiquiátrico. Lo cierto es que ella pensaba volver a su casa, ya que tenía un hijo menor de edad al que jamás volvió a ver.
Pero seguramente lo más grave de este libro y de este relato es cómo se expresa este señor, el proxeneta conocido como el Músico. Él dice que el negocio cambió en los últimos tiempos: antes estaba el proxeneta individual, el que se conoce como «chulo» en España –uno de los países que recibe mayor ingreso de dinero por esta actividad, pues dicen que genera unos € 5:000.000 por día–, pero ahora eso cambió porque los grandes clubes –él menciona sus nombres– decidieron prescindir de las personas en forma individual y montaron organizaciones en las que participan autoridades, financistas y varios más. Se afirma que montaron una estructura mafiosa para importar miles de mujeres. Esta persona relata las reglas del negocio y dice que la primera de ellas es no mirar a las mujeres como «tuyas», sino como materia prima; que no hay que involucrarse más allá de lo necesario en su vida, como si fuera una Coca-Cola que se vende y hay que tratarla como tal. Más adelante dice: «Si te involucras en su vida o en sus problemas, te puede afectar, porque esa mercancía tiene sentimientos […] Creamos una forma de vida que se sostiene gracias a la esclavitud, sin siquiera saberlo o pensarlo […] un sistema nuevo y cruel. Las convertimos en grandes máquinas expendedoras de dinero».
Este es un tema que no por tratado deja de ser actual y grave.
Dicen que un día Luis Batlle Berres fue a ver a Luis Alberto de Herrera a su casa para mostrarle un proyecto de ley que tenía la intención de aprobar. Este lo leyó y le dijo que estaba muy bien, que lo presentara, que él se iba a oponer. Luis Batlle Berres no comprendió por qué, si estaba bien, se iba a oponer. Entonces, Luis Alberto de Herrera le dijo: «Porque usted lo presenta, yo me opongo, y después se aprueba. Así funciona mejor el país».
Quizás lo que sucede hoy es que este proyecto de ley no tiene la repercusión que debería tener o no se le da la importancia que merecería, porque todos estamos de acuerdo. Lamentablemente, en el mundo actual un proyecto de ley así no genera el mismo interés que cuando se trata de uno que implica que discutamos entre nosotros. Seguramente por ese motivo, cuando hoy se apruebe este proyecto de ley tendrá muy poca repercusión.
Considero que hay que destacar no solo la unanimidad en el trabajo y en la aprobación del proyecto de ley por parte de todas las bancadas, sino también otras cosas. En primer lugar –lo digo con total honestidad política–, hay que destacar a quien fuera la promotora de esta iniciativa, aun antes de que se creara la comisión. Me refiero a la señora senadora Tourné, que fue quien impulsó la aprobación de este proyecto de ley, pero también la creación de una comisión en la que todos encontramos la posibilidad de sentirnos útiles haciendo aportes desde los ámbitos que a cada uno corresponden. Seguramente esta comisión pronto presentará su informe, pero adelanto que en ella se llevó a cabo un trabajo fuera de lo común, y hasta llegamos a ir a tomar el té con chocolate y masitas, en una confitería del barrio Punta Carretas, con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. ¡¿Quién lo hubiera pensado?! Incluso, se realizó una función en el Movie de Punta Carretas Shopping. Como mencionó la señora senadora Tourné, allí se exhibió una película que creo sirvió para que muchos tomáramos más conciencia todavía de la importancia de la aprobación de este proyecto de ley. Vaya, entonces, nuestro reconocimiento a la señora senadora Tourné por el impulso y el liderazgo en la aprobación de este proyecto de ley.
Si miramos este proyecto de ley desde la óptica de las normas legales de la república, podemos concluir que el tema de la trata, del tráfico y de la esclavitud en el Uruguay está presente desde antes de nuestro nacimiento como república independiente. En 1815, en el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados, Artigas beneficia a los negros libres y libertos, aunque no se anima a hablar de la esclavitud. Los historiadores ven dos caminos en eso: por un lado, quizás haya que tener en cuenta que el propio Artigas tenía esclavos –es más, en una carta señala que le manda un esclavo a una de sus hijas–, pero también hay que considerar el problema que se podía plantear si los esclavos ya ancianos y enfermos, que tenían que ser cuidados por sus amos, eran liberados y, por tanto, abandonados a la buena de Dios en los caminos de la patria. Sin embargo, es de hacer notar que sobrevoló en ese reglamento la situación de la esclavitud.
En 1821, en el Montevideo de aquel entonces, tuvo lugar el asesinato de Celedonia Wich a mano de sus dos esclavas: Encarnación y Mariquita. A quienes les interese la lectura, les digo que es apasionante el libro Las esclavas del rincón, de la tacuaremboense por adopción Susana Cabrera. Allí no solo se relata el hecho, sino también la impresionante defensa que hizo el doctor Lucas Obes de esas dos esclavas para que no fueran condenadas a muerte, aunque finalmente lo fueron. La defensa de Lucas Obes, relatada por Susana Cabrera en Las esclavas del rincón, es realmente conmovedora; el relato en sí es muy conmovedor. Pero ese asesinato, y en especial los malos tratos a los que se sometía a Mariquita y a Encarnación, hicieron mella en la sociedad oriental de aquel entonces.
En 1825, si bien en la declaración de la independencia no se logró tomar una decisión al respecto, sí comenzó a discutirse la abolición de la esclavitud y el tráfico de personas.
Es en el artículo 131 de nuestra primera Constitución donde se establece: «En el territorio del Estado, nadie nacerá ya esclavo; queda prohibido para siempre su tráfico e introducción en la República». Y esto, que quizás hoy parece ser bastante lógico, humano o como quiera llamársele, hay que situarlo en aquel 1830. Esa libertad de vientres era un proceso de transición, pues hasta ese momento los hijos de los esclavos pasaban a ser propiedad de los amos de esos esclavos.
Luego, en 1837, las cámaras legislativas aprobaron el reglamento para la prohibición del tráfico; en 1842, el Gobierno de la Defensa de Montevideo, de Joaquín Suárez, decretó la abolición de la esclavitud y la libertad de todos los esclavos, y en 1846, el Gobierno del Cerrito, del general Oribe, hizo lo mismo. Fue así que quedó abolida la esclavitud en el Uruguay.
¿Por qué hago este relato? Porque en Estados Unidos –paladín de las libertades, sin duda alguna, y cuna de los principios democráticos y de los derechos del hombre–, recién se va a abolir la esclavitud en 1865, es decir, muchos años después que en Uruguay.
Lo que hoy estamos haciendo al aprobar un proyecto de ley de combate a la trata y al tráfico de seres humanos, de ciudadanos, de personas, es recoger esos antecedentes que nos vienen desde lo más profundo de la historia. Creo que vienen del propio Reglamento de Artigas, de la Declaratoria de la Independencia, de nuestra primera Constitución de 1830, y de esas leyes de abolición y de libertad de 1842 y 1846.
Cuando uno estudia las normas nacionales encuentra dos etapas; una de ellas va desde 1996 a 2004, donde Uruguay adhiere y aprueba por ley la adhesión de una cantidad de protocolos y convenios internacionales. Son de hacer notar el Protocolo complementario de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; el Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, del año 2002; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belém do Pará–, de 1996; y la Convención sobre la Esclavitud, suscrita en 1926, modificada en los términos del protocolo en 1953.
En una segunda etapa, que va de 2006 a 2015, se aprueban una cantidad de leyes, tales como la Ley de Migración –que prevé los delitos de tráfico de personas, trata de personas y agravantes especiales–; la ley de Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo –que considera como delito precedente el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; personas; secuestro y proxenetismo, entre otros–; la ley de Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces, de 2006; el decreto reglamentario de 2009, de la Ley n.º 18250, y el decreto del 6 de noviembre de 2015, relativo a la creación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas.
¿Por qué cito todo esto? Porque creo que, compartiendo como nación los principios que rechazan la trata, la esclavitud y el tráfico de personas, habiendo adherido el país a los convenios internacionales sobre el tema y existiendo ya normas legales que penalizan y persiguen esta actividad, ahora llega el tiempo de ser efectivos en su combate; llega el tiempo de la administración adecuada para aplicar todas estas normas y evitar así la trata y el tráfico de las personas.
Y creo que este proyecto de ley va más allá de un mero agravamiento de las penas. No voy a tener el mal gusto de decir que estamos agravando penas, como nosotros lo estamos pidiendo –no pensaba hablar del tema–, pero como la señora senadora Tourné dijo que estaba de acuerdo con el agravamiento de penas cuando se cometen delitos contra la libertad –y coincido con ella–, creo que también debemos estar de acuerdo con el agravamiento de penas cuando se cometen delitos contra la vida, porque tan importante como la libertad es la vida misma. ¡Vaya si no se le quita de una forma extrema la libertad a una persona cuando se le quita la vida!
En los artículos finales de este proyecto de ley se agravan las penas de algunos delitos, pero lo más importante que hace la norma es crear un sistema, un organismo o comisiones que lleven adelante la lucha contra el tráfico y la trata. ¡Me parece que eso es lo más importante!
El último informe internacional sobre la trata de personas data de 2016 y estuvo a cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos –realmente no sé por qué no lo hizo Naciones Unidas–, con cuyos representantes, reitero, tomamos el té en Philomène Café, hace algunos meses, un lugar muy paquete. Aclaro que fueron legisladores de todos los partidos políticos, no solamente nosotros, y creo que fue bueno. Y en el mencionado informe se dice que el Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas.
Después de haber participado de esa instancia, estoy seguro de que el próximo informe hablará mucho mejor del Uruguay, porque este es un paso en el camino correcto; este es un paso que, a mi juicio, no solamente pone al día las normas, sino que aprueba normas para perseguir estos delitos. Obviamente que esto debería venir acompañado –digo esto a quienes integramos, como la señora presidenta, la Comisión de Presupuesto– de un refuerzo de presupuestos para realmente poder trabajar en el tema, porque podemos crear grandes instrumentos, pero si después ellos no cuentan con los recursos para funcionar, no podremos avanzar mucho.
En la comisión tuvimos una discrepancia nada más, y cada vez que pienso en ello me enojo por no haber podido lograr un acuerdo sobre un aspecto muy menor que se plantea en el literal E) del artículo 8.º. Concretamente, el artículo se refiere a los sectores claves sobre los que hay que actuar, y se citan ejemplos. Y para mí, el poner ejemplos de sectores claves en materia de lucha contra la prostitución, el tráfico y la trata de personas y señalar el turismo y el transporte es como generalizar demasiado. Me parece que alcanzaría con establecer «sectores claves» y eliminar a partir de «tales como», pues el sentido de la norma sería el mismo. ¡Hemos trabajado tan bien que llegamos a esos detalles en la discusión!
Desde Secretaría me señalaron un error, también menor, que no advertí, en el artículo 50. Allí se dice: «Artículo 280 quinter» y debería decir: «Artículo 280 quinquies». El término «quinter» no existe en el Diccionario de la lengua española. Lo más cercano a esta palabra es «quintar», lo cual trae muy malos recuerdos de las luchas de nuestra independencia cuando se pasaba a uno de cada cinco a degüello. Y no creo que esa sea la intención de la norma.
Por último, señora presidenta, quiero decir que esto no debe terminar acá, y estoy seguro de que la miembro informante, señora senadora Tourné, coincidirá conmigo. Cuando uno ve todas estas redes, lo que se logra, lo que cuesta luchar contra ellas, por recursos, etcétera, y se analiza el derecho comparado –como lo hicimos–, se encuentra con que en algunos países, en especial los nórdicos y algunos estados de Estados Unidos, no solamente están persiguiendo a los que cometen tráfico y trata de personas, sino que están empezando a perseguir también al consumidor de todo esto. Quizá ha llegado el momento de pensar sobre esta cuestión, porque la violencia se puede lograr amenazando con un revólver, ejerciendo violencia emocional e, incluso, poniendo un fajo de billetes sobre la mesa, torciendo la voluntad de alguien que no quiere o no se dedicaría a eso si no le pusieran el dinero delante. Y ese fajo de billetes es el gran camino de entrada a todo lo que viene detrás. Estoy seguro de que dentro de cien o doscientos años, cuando nos miren a nosotros y vean que aceptábamos el consumo de la prostitución, lo harán de la misma forma en que nosotros miramos a los que, allá por 1820, aceptaban la esclavitud. Pienso que debería llegar el momento, no de perseguir a la mujer que se prostituye –eso, nunca; todo lo contrario: esta iniciativa busca protegerla–, sino a quienes consumen, porque de no existir ese consumo no existiría trata ni tráfico de personas con esos fines.
SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la miembro informante.
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: agradezco al señor senador Bordaberry que haya traído a consideración dos temas que quiero aclarar.
Uno de ellos refiere a esa pequeña discrepancia –que es maravillosa, pues es reflejo de nuestras concepciones democráticas– que, a mi juicio, obedece a un malentendido. Pienso que si hubiésemos discutido un poquito más, nos habríamos entendido con respecto a los sectores claves. Cuando el proyecto de ley refiere a los sectores claves y habla de turismo y transporte, no lo hace con el ánimo de enjuiciar a los operadores turísticos ni a los transportistas y, por otra parte, el Código Ético Mundial para el Turismo es sumamente estricto. La Organización Mundial del Turismo tiene casi 530 empresas turísticas afiliadas en el mundo. Fui invitada a un evento en República Dominicana –cuando impulsaba el Frente Parlamentario Latinoamericano contra la Violencia Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia– que estaba organizado por la OMT. Últimamente, con el tema de la responsabilidad social que tienen las empresas, estas han asumido un rol protagónico y reconocen que sus sectores –no por imperio de la voluntad del empresario sino porque es donde resulta más fácil hacer el tránsito– son los que tienen que participar activamente en el combate a la trata. Si leemos el Código Ético Mundial para el Turismo, vemos que tiene desarrolladas y puntuadas las convenciones internacionales que hemos venido mencionando en este proyecto de ley. Ellos se encargan de hacer eventos y de preconizar en su personal, con base en la responsabilidad social empresarial, la necesidad de participar activamente en la prevención y el combate. Además, ayer encontré un ejemplo de una empresa transportista argentina que logró plotear –creo que así se dice– todos los ómnibus de su empresa, manifestando que está en contra de la trata y tráfico de personas, sobre todo porque trabajan líneas que traspasan fronteras.
Creo –es una interpretación– que cuando el proyecto de ley refiere a sectores claves no alude al involucramiento, descuido o desidia –respecto de la trata– de quienes participan en el turismo o en el transporte, sino a las vías más fáciles por donde se puede impulsar la trata. Este es el pequeño malentendido que tenemos.
El segundo gran acuerdo es lo que manifestaba el señor senador Bordaberry. Fracasaremos con total éxito, pero entiendo que hay que empezar a dar el debate de si la prostitución es trabajo o si es parte de la violencia de género. Hay muy diversas opiniones sobre el tema, pero me encanta ponerlo en la arena y que empiece a ser debatido, para ver si por lo menos se nos mueve algo y no lo damos como natural y explícito. Así que también me encanta esta coincidencia, ¡qué quiere que le diga, señora presidenta!
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que coincidimos. Lo que no está bien es citar ejemplos. Empezamos a poner ejemplos y ¿qué hicimos que acá no incluimos los servicios financieros y bancarios? A algún lado va a ir la plata. ¿Ese no es un sector clave de esto? ¿Sí o no? Y no está. ¿Y las aduanas y las oficinas de migraciones no son sectores clave en esto? Así podemos seguir una larga lista. El problema es por qué mencionamos a unos sí y a otros no, y en esa situación de empezar a poner a unos y a otros es cuando quizás se dice: «Metemos al turismo –que está tomando medidas de acuerdo con el Código Ético Mundial de la OMT– y al transporte, y dejamos a otros afuera». Esto es muy menor, porque se incluyen a vía de ejemplo. En ningún momento decimos que se haga una acusación y se diga que se trata solo del turismo; no, pero en esto de incluir a unos sí y a otros no, parecería que lo mejor sería eliminar «tales como» y dejar «sectores claves», que además van a ir variando con el tiempo, porque cuando un sector clave sea atacado y deje de ser importante, surgirá otro, ya que esto funciona así. Pero, como bien dijo la señora senadora, es un tema menor.
Respecto a la segunda parte presentada por la miembro informante, que es la coincidencia que tenemos sobre empezar a hablar del consumidor, quizá eso supla la repercusión que no tendremos por no estar discrepando. Quizás ese aspecto pueda ser noticia y alguno lo anote, lo conversaremos y quizá sea motivo para prorrogar el trabajo de la comisión y centralizarnos en ese punto. De repente, si seguimos trabajando, volvemos a tomar el té en Philomène.
SEÑORA SUÁREZ.- Pido la palabra.
SEÑORA SUÁREZ.- Muchas gracias, señora presidenta.
Un proyecto de ley de este tipo, donde en realidad están involucrados distintos elementos que son absolutamente desgarradores, como los conceptos de esclavitud, explotación sexual, degradación del ser humano –como bien dijo en su momento la miembro informante–, no atañe exclusivamente a las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes; es decir, no son víctimas exclusivas Pero como bien se plantea en la exposición de motivos, sí existe una agudización cuando se trata de estos sectores, porque si el 50 % de las víctimas son mujeres y una tercera parte son niñas, niños y adolescentes, se ve cómo hay una situación de absoluta vulneración de ciertos sectores. A su vez, se considera la intersección de lo que implica esa vulneración cuando se toma el caso de las mujeres migrantes. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley tiene una gran fortaleza, porque además de tratar esta situación desde el punto de vista general, total y universal, también tiene en cuenta las estrategias focalizadas donde predominan las enormes vulnerabilidades e injusticias que surgen de las contradicciones de género y del estigma de la discriminación.
Respecto de las contradicciones de género, cabe señalar que existen personas que por sus condiciones de identidad y género son tomadas como inferiores y que, por lo tanto, son muchísimo más vulnerables y están estigmatizadas. Quiere decir que hay características de su corporalidad y de su integralidad que son tomadas como poco deseables. Por lo tanto, estas personas son torturables y fácilmente desacreditables. Estos son efectos de la discriminación. El estigma y la discriminación tienen una relación directa. El estigma, además de marcar que alguien es indeseable, tiene su puesta en escena a través de la discriminación, que implica actos positivos por los cuales aparto y menoscabo el acceso a los derechos de alguien porque no quiero que, de alguna manera, esa persona roce mi esfera de libertad o de existencia.
En estos casos –como la discriminación no actúa de la misma manera en cada individuo–, se van cruzando ejes de vulnerabilidad. Entonces, en una situación de trata, no es lo mismo lo que le va a suceder a una mujer en el tráfico interno en su país, que lo que le va a pasar a una que es afrodescendiente, trans y, tal vez, migrante, porque entonces se van sumando distintos ejes de estigmatización y distintas puestas en escena de la discriminación, que hacen que la situación de esta persona –que ya de por sí es de explotación– se agudice y llegue a los umbrales más altos de degradación y menoscabo de su personalidad humana.
Justamente, me parece interesante que el proyecto de ley tenga en cuenta estos elementos en forma específica; que no se tomen como excusa –cuando se plantean estas temáticas– y se legisle sobre ellos. Se trata de cuestiones que tienen que ver también con la discriminación, el estigma y el género. Parece ser que existe una concepción en el sentido de que hay ciertos derechos que son jerárquicamente superiores a otros. Los derechos humanos son complementarios, interjerárquicos e indivisibles. Esta definición, que parece tan simple, llevó décadas concebirla a nivel internacional, e implica que no hay manera de que los derechos puedan ser cumplidos a medias: o se cumplen o se violan; no hay grises. Tampoco se puede pretender atender algunos abandonando a los otros, porque se necesitan y se retroalimentan mutuamente.
Otro argumento –que por suerte no ha sido obstáculo para que este proyecto de ley pudiera avanzar– es la utilización de elementos de la coyuntura social para decir que estos otros no son prioridad y que, por lo tanto, pueden esperar a otro momento para ser tratados. En general, este tipo de argumentos utilizados en esta y otras temáticas llevan a barrer bajo la alfombra la responsabilidad que tiene el Estado en estas cuestiones.
En materia de defensa de los derechos humanos, el Estado como tal –y no el Gobierno– no solo tiene la responsabilidad de prevenir, sino, también, de consagrar y proteger. Cuando ya se han violado todas las barreras o defensas que el Estado de derecho le debería proporcionar a todo individuo, sea nacional o no, el Estado no puede permanecer impávido; tiene que dar mecanismos de protección especiales en los que se considere muy especialmente la situación de la víctima y su reparación.
Lamentablemente, muchas veces teníamos un enfoque equivocado en materia de derechos humanos y recurríamos casi únicamente a los mecanismos penales. Si bien hoy en día ha habido un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el proceso penal –que recién se ha empezado a transitar–, más allá de las normas, tenemos una tradición jurídica que va a llevar tiempo deconstruir, porque está totalmente naturalizada. Se centra exclusivamente en la criminalidad, buscando solo la tipificación del delito, y muchas veces se desentiende de la víctima o la desatiende. Eso trajo otro problema de concepción: en aquellos delitos de tipo complejo en los que se funden distintas situaciones delictuales –como en este caso–, se tomaba el camino más simple, que era el de tratar de ver, en esa cadena delictual, el delito más grave y su progresividad. De este modo, se tomaba esa situación y no se evaluaba la totalidad de las circunstancias.
Cuando este proyecto de ley aborda específicamente el acceso a la Justicia, está tomando en cuenta elementos esenciales de protección a la víctima, como el respeto a la identidad, la confidencialidad de los datos, la protección de los testigos y, a la vez, mecanismos específicos de reparación y de evaluación en una circunstancia de análisis complejo que, como dije, funde distintas situaciones delictuales en una sola.
Por tanto, comienza un camino por lo menos prometedor de deconstrucción de situaciones de discriminación y de explotación que, aunque parezca mentira, tenemos tan naturalizadas que llevan a que no nos cuestionemos circunstancias de explotación sexual que podemos ver a diario y que sabemos que son francamente horrorosas.
Es un camino de enorme complejidad social y, si bien la norma por sí misma no va a reparar, es un inicio para brindar a todos –inclusive a los operadores jurídicos– herramientas para comenzar a combatir una situación frente a la cual, hasta el momento, nos hacíamos los tontos.
Muchas veces, en este camino de concientización, las normas terminan siendo el disparador que permite visibilizar e instalar ciertos temas de gran importancia en la cotidianidad social, sin que exista un divorcio entre la norma y la realidad. Cuando el ser de los hechos sociales y el deber ser de la norma tienen un divorcio prolongado, la ley se convierte en letra muerta.
Creo que este es el primer paso para lograr una verdadera protección a las víctimas de la trata. Es el primer paso para tener herramientas jurídicas adecuadas que, obviamente, después tendrán que ser acompañadas con políticas públicas de largo plazo y con un monitoreo efectivo de la aplicación práctica de la norma. Repito que deconstruir las situaciones de discriminación y menoscabo que tenemos naturalizadas implica, no solo cambios en el ordenamiento, sino también un trabajo para modificar los paradigmas incluso de quienes son y hemos sido operadores jurídicos, y empezar a cambiar la manera en que vemos la norma y su aplicación práctica.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: nosotros no integramos la comisión. Obviamente, por la distribución del trabajo, no pudimos participar, y quizás sea por eso que no fuimos invitados al té que el señor senador Bordaberry decía que se hizo en esa casa tan paqueta. Más allá de eso, nos pareció excelente la propuesta de la señora senadora Tourné de creación de esta comisión especial y la presentación de este proyecto de ley que viene a ocupar un lugar imprescindible con respecto a un asunto que golpea duramente la protección de los derechos humanos. Porque son actos que no dudamos en calificar de máxima barbarie, que tienen relación directa con el trato de las personas como esclavas, lo que ocurre prácticamente en todos los países y en el nuestro también. Hemos tenido sonados casos de descubrimiento de situaciones –recuerdo el famoso libro de María Urruzola que hablaba sobre una red de prostitución y de trata de personas del Uruguay hacia Italia; hace ya de esto más de veinte años– de una gravedad realmente inusitada, y todo lo que significó la lucha para descubrir la trama y para responsabilizar.
Ahora que nuevamente somos un país de inmigración, particularmente de países de la región, se han dado situaciones que golpearon nuestra sensibilidad, vinculadas con la prostitución.
Por tanto, por más que nuestra normativa –como decían el señor senador Bordaberry y la señora senadora Tourné– desde temprana época ha prohibido estas prácticas tan graves, lo cierto es que estaba siendo imprescindible que se aprobara una ley general que previniera y combatiera la trata de personas en el país.
Además, si leemos en el informe acerca de los países de la región que han aprobado leyes de este tipo, veremos que estamos siendo tardíos. En realidad, ya hay un elenco importante de países latinoamericanos que tienen esta normativa vigente: Argentina en 2008 y después en 2012; Bolivia en 2012, Colombia en 2005, y podríamos seguir. O sea que la nuestra llega bastante tiempo después.
De cualquier manera, me parece que el proyecto –que hemos tenido oportunidad de leer– es muy abarcativo, es serio y cumple con todas las características que debe tener una norma que busque ser un instrumento para poner a andar el trabajo que las autoridades y las instituciones del Estado deben cumplir para prevenir y, por cierto, reprimir con toda contundencia. En ese sentido me parece bien que el proyecto que hoy se va a votar implique un agravamiento de penas porque nos parece que estas son de las conductas más horrendas que ocurren en nuestra vida en sociedad y, por lo tanto, las sanciones deben tener una correlación con la gravedad de las conductas penadas.
En síntesis, desde el Partido Independiente acompañamos con total convicción la normativa propuesta y felicitamos a la señora senadora Tourné por el impulso que ha dado y el brillante informe que nos ha presentado en esta sesión.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el informe de la miembro informante de la comisión fue abarcativo e importante.
Quiero destacar algunos aspectos del anteproyecto de ley. En este sentido, lo primero que quiero señalar es que este proyecto de ley nos permitirá avanzar un paso más para brindar una verdadera protección a los derechos humanos de las personas que son víctimas de trata y tráfico.
En el rol que desempeñé en el Ministerio del Interior pude tomar conciencia de la importancia de este tema y de que debe ser una prioridad abordarlo, pero solamente desde la perspectiva de la seguridad, sino desde el concepto que está en el anteproyecto: de forma integral.
Fue clarísima la voluntad de la comisión en cuanto al combate de estos crímenes; fue unánime y así lo destacó también el señor senador Bordaberry. Todos partimos de una misma premisa: nos falta mejorar los instrumentos para combatir estos delitos aberrantes que son la trata y la explotación de personas. No tenemos la menor duda de que era necesaria una ley integral que nos permitiera trabajar mejor en el futuro. Esta ley es importante porque establece una herramienta legal y, además, crea ámbitos para su aplicación, como es el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas.
El presente proyecto de ley es la síntesis de la experiencia, las buenas prácticas y la detección de debilidades, todo lo que se conjuga con los principales instrumentos internacionales que han sido aprobados por nuestro país.
No estamos ante un proyecto improvisado, sino ante una iniciativa que tiene mucho trabajo previo, realizado por diferentes sectores. Y acá hay que destacar el trabajo del Poder Ejecutivo, de Inmujeres, que ha tenido un rol fundamental en el diálogo social entre los diferentes organismos del Estado y las distintas organizaciones que trabajan esta temática.
Algo importante de resaltar es que se decidió incluir la explotación en sí misma como parte del proyecto de ley, ya que la experiencia ha demostrado que la explotación es lo que se comprueba más fácilmente, porque aun sin los elementos típicos de la trata, como son la captación y el tráfico de personas o el traslado, sigue siendo el objetivo central.
También queremos destacar y tener en cuenta que en Latinoamérica –como decía el señor senador Mieres– se ha avanzado a nivel de la legislación, pero en muchos países ella no se aplica, primando la impunidad o la persecución punitiva sin la protección o reparación de las víctimas. A partir de este anteproyecto de ley, justamente, queremos trabajar de manera tal que la centralidad esté en las víctimas.
Los criterios de interpretación que hoy mencionaba la señora senadora Tourné son altamente relevantes ya que están en consonancia con las convenciones, las directrices internacionales y la normativa nacional. Se toma en cuenta la debida diligencia del Estado, la igualdad y la no discriminación, la perspectiva de género, la prioridad de los derechos humanos de las víctimas, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la voluntariedad y la participación de las víctimas, la confidencialidad, la integralidad en la atención, el respeto al proyecto de vida, la no revictimización, la gratuidad de las prestaciones de atención psicosocial, médica y de la defensa jurídica, la celeridad y la presunción de la minoría de edad.
Es un anteproyecto de ley muy importante en el que se busca dar una estructura pública para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo ante la trata de personas. Con ello, estamos haciendo lugar a una serie de recomendaciones u observaciones. Por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas sobre la trata de personas ha recomendado al Uruguay crear un organismo central que se ocupe de la trata de personas y mejore la coordinación entre autoridades centrales y locales. También recomendó la formulación de un plan nacional de acción completo e integrador que permita la cooperación entre las diferentes autoridades. Esto es importante porque, a partir de este anteproyecto de ley, estamos dando cumplimiento a estas recomendaciones.
Si nosotros analizamos el anteproyecto de ley, vemos que en el artículo 7.º se crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata y la Explotación de Personas, que funcionará en la órbita del Mides; en el 8.º se establecen todos los cometidos –diseñar y aprobar la política pública–; en el 9.º hay una articulación con otros ámbitos interinstitucionales, y el 10 establece una serie de facultades.
Por lo tanto, es muy importante aprobar este anteproyecto en el día de hoy, porque, realmente, el país va a entrar en otro estatus.
Con respecto a la asistencia y atención de las víctimas, se establece una serie de derechos para las personas en situación de trata o explotación: servicio de información, atención integral en salud, asesoramiento y atención psicosocial, alojamiento apropiado, accesible y seguro, asesoramiento y patrocinio jurídico, traducción e interpretación, acceso a programas de inserción laboral, de educación y capacitación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: no quería interrumpir la intervención del señor senador Carrera –podría haberlo hecho al final–, pero como me la concedió ahora se lo agradezco.
No integro la comisión, pero he estudiado el proyecto y lo he seguido. Quiero reconocer el trabajo de mi colega, la senadora Tourné, y su iniciativa de generar la comisión especial, y de los senadores y las senadoras que se han involucrado en el tratamiento y seguimiento de este tema porque me parece fundamental.
Hoy estamos dando media sanción a este proyecto y mañana vamos a dar media sanción al proyecto sobre violencia hacia las mujeres basada en género. Son dos temas de absoluta importancia, dos marcos integrales que atacan y analizan situaciones que son trascendentes. Ambas iniciativas son analizadas por el Senado –en este caso, como primera cámara– como proyectos integrales. Son proyectos fuertes, de agenda, que ponen al Estado en una situación de responsabilidad, de hacerse cargo de estas circunstancias. Por eso me parece importante señalarlo.
Además, quiero hacer referencia a algunas intervenciones que se hicieron y a algunos puntos que tiene este proyecto –como bien se dijo– de seis capítulos. Tiene una parte general y otra de instalación de institucionalidad. A su vez, hay un tercer capítulo que habla sobre algo que para mí es importantísimo, que es generar un sistema interinstitucional porque, si no, cada uno va por su lado. Acá hay un enroque importante a nivel de los organismos del Estado. Hay un capítulo muy importante vinculado a las respuestas a la trata internacional que –como bien se dijo– es un delito transnacional, pues no tiene fronteras. Nuestro país tiene fronteras secas y de otra naturaleza que hacen que no estemos ajenos a esto. Creí leer en el informe que, de 152 países, más de 124 ya están tipificados como países en los que estos temas están establecidos.
Hay un capítulo V relativo al acceso a la Justicia, que es fundamental, ya que se trata del acceso a la Justicia de personas que están en situación de vulnerabilidad.
También hay un capítulo VI que, como bien se explicitó, refiere a la modificación de normas penales. No voy a extenderme en este tema porque la señora senadora Tourné hizo un planteo que me representa, vinculado a esa cosa rara de «no al aumento de penas, sí a la armonización de algunas», según las circunstancias.
El hecho de prestar especial atención a las víctimas de estos delitos es fundamental. También comparto el planteo que hizo la senadora Tourné en cuanto a que estos son delitos contra la libertad y contra las personas.
Quiero recordar, señora presidenta, que tenemos un debe en la aprobación de un nuevo Código Penal porque los delitos de esta naturaleza se tratan en un capítulo que se llama «De los derechos del hombre». En este sentido, creo que todos deberíamos asumir la responsabilidad de terminar de acordar una modificación del Código Penal y no seguir poniendo ter, quater o quinquies en ese código, sino hacer uno moderno, que se adecue a las circunstancias que estamos analizando hoy y seguiremos analizando mañana. Son temas de derechos humanos y, como bien se decía acá, los derechos humanos son indivisibles; hay que prevenir, hay que consagrar y también hay que proteger.
Señora presidenta: quiero hacer mías las palabras que se pronunciaron como reconocimiento a quienes trabajaron profundamente en esto, pero también señalo que, sin integrar la comisión, he hecho un seguimiento del proyecto, de sus capítulos y de sus normas, y las comparto plenamente. Como bien dijo la señora senadora Tourné, se trata de trabajar en un proyecto integral que nos ponga en guardia, por decirlo de alguna manera, acerca de –como bien la llamó ella– la esclavitud del siglo xxi.
Muchas gracias, señora presidenta y señor senador Carrera.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Carrera.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como decía la señora senadora Tourné, nadie está inmune a este delito aberrante. En la actualidad, nuestro país es origen, tránsito y destino para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes sometidos a la trata con fines de explotación sexual o laboral. Si bien se han detectado víctimas uruguayas trasladadas a otros países con fines de explotación sexual, esas cifras han disminuido. La trata con fines de explotación sexual dentro del país tiene como principales víctimas a mujeres y niñas uruguayas y, en menor grado, a personas trans y varones jóvenes.
En el Uruguay, la trata y el tráfico de personas se rige por la Ley n.º 18250, Migración; en tanto para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o discapacitados rige la Ley n.º 17815 sobre violencia sexual, comercial o no comercial, cometida contra niños, adolescentes o incapaces. A partir de la aprobación de esta ley, junto con las otras que recién mencionaba, realmente vamos a tener un cuerpo normativo potente para enfrentar esta problemática.
Hay que destacar, como decía el señor senador Bordaberry, la ley del año 2004 y también la de 2008 porque, si bien estas herramientas jurídicas han servido para identificar esta problemática y buscar prevenirla y sancionarla, una de las principales debilidades que tenían estos proyectos era, justamente, que no había una mirada integral que garantizara un real acceso a la Justicia y que contemplara la reparación a las víctimas.
Queda claro, además, que existe una urgente necesidad de integrar en un cuerpo normativo los diferentes delitos que se encuentran en distintas normas. Este proyecto de ley, en tal sentido, contribuirá a modificar y actualizar algunos delitos, como el almacenamiento de pornografía infantil. Hoy este crimen no está penalizado, pero creemos firmemente que debe penarse a quien consume productos basados en la violación de los derechos de nuestros niños y niñas. Para enfrentar este problema, este delito aberrante, son necesarias acciones integrales a fin de responder adecuadamente. Desde nuestro rol, debemos ser proactivos y estar atentos en la continua mejora de las respuestas legislativas porque, como bien sabemos, las modalidades delictivas se transforman rápida y constantemente.
SEÑORA ARGIMÓN.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a la bancada del Partido Nacional por permitirme estar hoy en sala para trasladar lo que siento en la jornada de hoy, al tratarse un tema que para mí es prioritario, como lo saben mis compañeros y las senadoras presentes.
Quiero empezar reconociendo la importancia y el destaque que todos deberíamos dar a este proyecto de ley.
Hace más de dos décadas, mujeres políticas de todos los partidos militábamos solicitando en nuestras internas que este fuera un tema prioritario en la agenda de todos los partidos políticos. Sabíamos que, pese a hablar de derechos humanos, votar, firmar y ratificar convenciones que tenían que ver con el tema, había mucho camino por recorrer en lo que tiene que ver con la normativa interna, pero fundamentalmente con cambios de cabeza en lo institucional para entender lo que significa la trata de personas. Era un problema que la sociedad uruguaya tenía, pero muchos preferían no verlo o decían que era un tema menor. Después de dos décadas, señora presidenta –usted conoce este tema y, además, sabe lo que es ser mujer de un departamento limítrofe–, hay que destacar lo que significa plasmar en un proyecto realidades que nos duelen, que debemos seguir viendo y que deben avergonzarnos en el siglo xxi.
Así como avanzamos en normativas que tienen que ver con los derechos humanos y somos de los primeros países en ratificar convenciones en el entendido de que es un tema que marca posiciones de país, también es importante en la interna tener marcos normativos que abarquen lo que significan las respuestas institucionales a todos estos temas. Por eso, para mí es importante asistir en el día de hoy a la consideración de este tema que, sin duda, es de los que más nos interesan en términos de ver la realidad social en todas sus dimensiones.
Por otra parte, quiero reconocer el trabajo de la señora senadora Tourné. Desde hace muchos años la conocemos militando para el conocimiento de todas las dimensiones que esta tragedia tiene y de lo que significa –al menos, desde mi perspectiva– la trata a nivel de niñas y niños. Es un tema que duele y muchas veces parece que no nos tocara. La trata tiene fundamentalmente cara de mujer y de niños y es mucho más dolorosa de lo que muchas personas pueden pensar. Las vulnerabilidades son tales, que hacen que muchas veces esto pase realmente como un tema menor en la agenda política. Por algo en el siglo xxi seguimos hablando de esta suerte de esclavitud y de este comercio; por algo los países más avanzados en su normativa –como decía el señor senador Bordaberry– también ven este tema desde el punto de vista comercial y del cliente. Todavía en el siglo xxi las víctimas de trata y de otros flagelos suelen ser el centro de este tema, y olvidamos quién es el comerciante y quién, lamentablemente, hace uso de ese comercio.
¿Cómo no dar a este tema una gran relevancia en la agenda política de este Parlamento? Es un proyecto de ley que realmente hace a la esencia del problema que tenemos que combatir con todo rigor y es de destacar que, por suerte, el Senado va a votarlo por unanimidad. Sé lo que significa encontrarse con una víctima adolescente de trata y tener que someterse a todos los caminos institucionales que la revictimizan. ¡Cómo no voy a celebrar que uno de los capítulos del proyecto de ley tiene que ver, precisamente –lo hablábamos con la señora senadora Tourné–, con el camino judicial que las víctimas tienen que transitar! Y ni que hablar, señora presidenta, si esa víctima es una niña o un niño. Entonces, ¡si habrá que celebrar que este tema está tratado en toda su dimensión por este proyecto de ley! Es un tema de derechos humanos en el que está implícita la responsabilidad del Estado; el Estado debe responder porque la revictimización está presente en todo el proceso. Quiere decir que la víctima no solo está marcada por todo lo que tuvo que vivir, sino que cuando enfrenta ese camino de salvación que parece tener, sigue siendo revictimizada.
El hecho de que este proyecto de ley defina lo que es la trata y tenga un capítulo específico para los adolescentes y los niños no me parece un tema menor. No es lo mismo abordar esta tragedia en el mundo adulto que hacerlo en el mundo del niño y del adolescente.
A su vez, señora presidenta, me preocupa –recuerdo las largas conversaciones que tuve con el exdiputado Díaz Maynard sobre el tema de la trata y otros, vinculados a la pobreza y la vulnerabilidad en el siglo xxi– el proceso a nivel de la Justicia cuando se tratan estos temas. Precisamente, me preocupa el cuidado que se debe tener con la víctima que tiene que enfrentar el hecho de contar su tragedia, cómo es recibida esa denuncia, cómo es considerado lo que dice, cómo se tiene en cuenta el deterioro psicológico que viene enfrentando desde hace tiempo, el cuidado que se debe tener en los interrogatorios, el cuidado de no revictimizar a la persona y darle una esperanza de salida durante el proceso. También se debe considerar «el después» porque es difícil enfrentar un proceso para salir del tema. El después es no dejarla sola cuando va a intentar vivir una vida plena en el ejercicio de sus derechos. Ya va a llevar una carga muy grande y, si la sociedad se la hace más pesada, no estaríamos dándole un abordaje integral y de finalización al dramático proceso que debe enfrentar la víctima de trata.
Hoy, señora presidenta, es un día de gran importancia ya que no es un tema menor que una sociedad del siglo xxi aún padezca este flagelo. Las normas por sí solas no solucionan el tema –en ese sentido, quiero ser muy terminante–, sino que debemos ver qué sucede en la práctica, cómo el Estado –en primer lugar–, la sociedad y las instituciones saben estar a la altura de las circunstancias cuando se considera este tema.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: a pesar de que la señora senadora Tourné diga que está cansada de las felicitaciones, le doy también las mías porque su persistencia e insistencia no solo dieron lugar a la creación de la comisión, sino que permitieron que hoy estemos aquí aprobando este proyecto de ley, antes de fin de año. Quiero hacer llegar mi reconocimiento también al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo Social y a los compañeros de la comisión por su trabajo y sus aportes para dar forma a esta ley integral.
La señora senadora Payssé decía que estamos votando dos leyes integrales. Una de ellas es la ley integral de trata que consideramos en el día de hoy. Efectivamente, existían antecedentes legales anteriores y también se va desarrollando una política, pero esta es una ley integral y buena parte de ella está constituida por definiciones, que son los ladrillos que contienen los conceptos con los que se construyen la alternativa legal y la política. Mañana estaremos aprobando otra ley integral, no porque no tengamos una ley de violencia de género o leyes parciales, sino simplemente porque en este período nos dedicamos a las leyes integrales o a presentar un recurso legal integral a partir de diferentes iniciativas, y para ello siempre es necesario tener una experiencia anterior.
Cuando en mayo de 2016 se plantea la creación de la comisión, hablamos sobre América Latina. En ese momento, del verde al rojo –siendo el verde una situación saneada desde el punto de vista de la trata y el rojo una situación sumamente crítica–, América Latina se encontraba en el amarillo, mientras que África estaba en el rojo. Esto tiene que ver con la falta de legislación adecuada.
En realidad, la mayor parte de la legislación que tenemos data del año 2008. Cuando la Organización Internacional para las Migraciones, en 2005 o 2006, hizo los primeros encuentros sobre trata, se habló de un fenómeno que requería una política de Estado. Quiere decir que, a pesar de tratarse de uno de los fenómenos más antiguos del mundo, recién hace diez años que hubo un reconocimiento del tema como un problema que necesitaba una solución desde el punto de vista legal y de la política pública. Faltaba legislación adecuada y un Poder Judicial acorde.
La señora senadora Tourné hizo énfasis en el tema de los procesamientos, ya que se procesaba pero a través de otras figuras legales porque no existían estos conceptos. Además –digamos la verdad,– como lo muestra María Urruzola en su libro El huevo de la serpiente, hubo mucha connivencia a nivel del Estado y eso produjo una falta de procesamiento porque detrás de la trata hay peces gordos y corrupción. Incluso, después de aprobada la legislación, en los procedimientos que se llevaron a cabo no solamente hubo una suerte de discordancia entre la forma en que se procesaba y las leyes por la existencia de nuevos conceptos, sino que la trata fue como la punta del iceberg. La connivencia del Estado es lo que explica los pocos procesamientos que hubo en este tiempo.
Hemos trabajado mucho para tener una Policía preparada en materia de violencia de género y también un Poder Judicial preparado en ese tema. Para salir del color amarillo necesitamos la legislación y la actuación del Poder Judicial y de la Policía.
El reporte global sobre trata, de 2016, muestra que América Latina es el cuarto continente en importancia en lo que refiere al aporte de víctimas de trata en el mundo. El primero es el África subsahariana, que está en color rojo en todos los indicadores del mundo. Después está el este asiático, ese que muchas veces admiramos, de los países emergentes, los resultados en educación, etcétera; lo cierto es que el este asiático está en segundo lugar en cuanto a víctimas de trata. Luego vienen Europa del este y Asia central, sobre todo en tráfico de mano de obra esclava, y Sudamérica.
¿Cómo ha cambiado la tendencia en el mundo? Claro; en este caso no sucede lo mismo que se dice al salvar un barco: primero las mujeres y los niños. No; son los últimos siempre. Nunca son los primeros. Y en trata son las principales víctimas: las mujeres y los niños. Y cuando hablamos de niños, señora presidenta, las niñas lo son todavía en mayor medida. O sea que la desigualdad de género se produce también adentro de la población de menores. Así que los más vulnerables son las mujeres y los niños. Las mujeres son la mayoría –por eso la trata es un tema de género–, pero como dijo la senadora Tourné, aumenta el número de hombres en trata, y eso tiene que ver con el tráfico de esclavos. Esclavitud del siglo xxi: trabajo forzado. Digo esto para los amantes de la tecnología; la tecnología ahorra mano de obra pero, entonces, ¿por qué hay cada vez más trabajo esclavo en el mundo? Quizás tenemos un planeta de dos velocidades: en una ahorramos mano de obra y en la otra tenemos trabajo esclavo. El trabajo esclavo aumenta, a pesar de la tecnología con sus promesas de paraísos ahorradores de trabajo.
Hay cada vez más hombres –eso lo dijo la senadora Tourné– y aumentan los niños, mercancías –todas– en el mercado del trabajo y del sexo. El mercado del sexo sigue siendo el más importante, con un 54 %, pero aumenta el mercado de la fuerza de trabajo esclava. Eso es increíble, pero la fuerza de trabajo esclava aumenta en el mundo, que en el 2014 pasó al 38 %. ¡Ahora es peor! No es que esto esté pasando ahora, sino que ahora se descubre más.
La trata no es solamente la trata de blancas a Milán, sino que ahora se da dentro de las fronteras de los países. El principal tráfico que hay en América Latina es intrarregional, es decir, pasamos personas, niños y mano de obra de un país a otro de Sudamérica, y dentro de los países: salen de un departamento y van a otro. Transporte y turismo están englobados en el concepto de tránsito. El tráfico de personas se vincula a todo lo que es frontera y también al transporte y al turismo, que tiene que ver con las empresas, que nosotros incluimos en ese artículo que al senador Bordaberry no le gusta. No lo debería mencionar porque ya veo que después va a pedir la palabra para contestar una alusión.
¿Quiénes son los traficantes? Había una película, que se llamaba El silencio de los inocentes, en la que un asesino, Hannibal Lecter –inmortalizado–, le decía a la detective: «Para que usted pueda saber quién es el asesino, mire lo que está al lado. Busque al lado; no busque lejos. La envidia, el amor y el odio son del prójimo, no del lejano». La trata es igual: hay que mirar al ladito. Los traficantes están en el mismo lugar, hablan la misma lengua y tienen el mismo origen étnico de los traficados. Y luego –¡terrible!– está la mujer que opera como en La cabaña del tío Tom, donde el negro trabajaba para que los blancos esclavizaran a otros negros; las mujeres que están insertas en el mercado de la trata operan para esclavizar a otras mujeres. Además, son las primeras que van presas; tienen mayor participación en el número de procesamientos. Sin embargo, además de participar, también son víctimas, y por eso esta iniciativa, con inteligencia y sabiduría –hemos discutido bastante sobre eso–, tiene una especial consideración por las mujeres que cometen delitos siendo víctimas de trata, por aquello de que el consentimiento voluntario no es libertad. Uno puede consentir voluntariamente en condiciones tales que hacen que ese consentimiento sea realmente forzado.
Señora presidenta: hay explotación para muchos propósitos y el cine ha hecho una contribución muy importante: no solo En la puta vida –el huevo de la serpiente sobre el caso uruguayo–, sino en muchas otras películas. Por ejemplo, en cuanto al tráfico para mendicidad, ¡¿quién no se acuerda de la película Slumdog millionaire –traducida como ¿Quién quiere ser millonario?–, que muestra niños cegados para la mendicidad?! Recordemos también, una y otra vez, Tiempo de gitanos –que es la película que nos ha quedado en el corazón–, sobre la trata para mendicidad infantil.
Tenemos también el caso de los matrimonios forzados. Señora presidenta: todavía tenemos que modificar la ley de matrimonio. Hicimos un gran esfuerzo para elevar la edad mínima de doce años a dieciséis, y todavía tenemos –vale la pena recordarlo– que modificar la edad del matrimonio porque cuanto más jóvenes son las niñas, más dudas se tienen de que ese matrimonio sea consentido, y ni que hablar –lo decía la senadora Tourné– sobre el embarazo forzado en niñas.
La venta de niños para adopción ha sido algo bastante más habitual de lo que creemos. Dinero y vientres de alquiler, por decirlo de algún modo. Esa es una práctica muy habitual en el mundo; lo ha sido acá. En algunos países hay leyes que defienden los vientres de alquiler –no hay nada más corporal que alquilar un vientre–, y nosotros permitimos la subrogación –no el vientre de alquiler– en la ley de reproducción humana asistida. En cuanto a la venta de niños para adopción, yo tuve alguna discrepancia porque creo que aplicar penas inexcarcelables para quien ofrece dinero por la adopción es como pasar de ocho a ochenta: primero lo permitimos y ahora lo prohibimos demasiado duramente. Ese es otro tráfico que, además, no acá en Uruguay pero sí en muchos países, está vinculado con la guerra. La invasión de Estados Unidos a Vietnam cobró la vida de tres millones y medio de vietnamitas; ¡no se sabe la cantidad de niños vietnamitas que fueron adoptados como resultado de eso! De Camboya ni hablo. Precisaríamos afinar los números, pero son fenómenos mundialmente conocidos. Todos los conflictos bélicos están vinculados a poblaciones migrantes dentro de las cuales los niñitos circulan y circulan.
En cuanto a la remoción de órganos, voy a recordar otra película: Estación central, que creo que ganó un Óscar en su época, con la inolvidable Fernanda Montenegro. Trata sobre un niño regalado en adopción para tráfico de órganos, fenómeno bastante más frecuente –sin duda– en Brasil que en Uruguay; como dice la señora senadora Tourné, habrá que ver si el tráfico de órganos existe o no en países como el nuestro.
Luego están los niños soldados, y al respecto menciono otra película: Diamantes de sangre. Se trata de niños raptados para servir como mano de obra en las guerras.
El tráfico por trabajo esclavo es altísimo en África, más que por explotación sexual. La trata por explotación sexual es el fenómeno de América Latina; es también el fenómeno del este asiático. Pero insisto: los esclavos del siglo xxi, en un mundo de tecnologías ahorradoras de mano de obra, deben llamarnos a reflexión sobre el raro modelo de desarrollo que estamos reproduciendo en el mundo.
Veamos los destinos. De África subsahariana y de América Latina van al sudeste asiático; el sudeste asiático compra personas objeto de trata, así como también lo hacen Europa y Estados Unidos, que las compra, sobre todo, de la parte norte de Sudamérica y de América Central. El tráfico es intensificado por las guerras y conflictos. Hay que pensar en todo ese tránsito de migrantes, del cual nos enteramos cuando algún barco se hunde y mueren cuatrocientos, pero eso sucede todo el tiempo. Está la penosa intervención en Siria, y ni que hablar, señora presidenta –aunque ya nadie se acuerda–, de Libia y de toda aquella intervención humanitaria de que fue objeto. ¡Es escandaloso lo que aumentó en Libia –país que tenía indicadores bastante buenos, hasta que el mundo occidental intervino– el tráfico de personas después de las lindas intervenciones de Estados Unidos y los organismos internacionales! Otro ejemplo es la guerra en Yemen. En fin, todo lo que es intervención militar en estos países produce unas migraciones de población escandalosas y allí el tráfico es moneda de todos los días.
Existe un avance legal. En el 2003 solo 33 países criminalizaban la trata; actualmente 158 países criminalizan la trata, pero es algo reciente. Los procesamientos son pocos. La legislación no lo tipificaba como delito específico y esta ley, con todo lo que se corregirá en el futuro, trae un montón de definiciones, que es lo que también hicimos en materia de femicidio y de violencia de género, es decir, poner los conceptos en palabras. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el derecho es muy reaccionario con relación a los nuevos conceptos que designan las nuevas realidades. Es decir, la sociología va antes que el derecho. En derecho, ante cada palabra nueva los abogados se escandalizan porque no existía antes, pero tenemos que inventarlas para que entren y, después, darles estatuto jurídico. Entonces, el derecho reacciona contra los nuevos conceptos, reacciona contra las nuevas palabras, reacciona contra la palabra «femicidio»: que si es femicidio, que si el diccionario, que si la Real Academia Española. ¡En fin! Tenemos que hacer que el derecho y sus normas incorporen los nuevos conceptos que surgen de la teoría social. Como soy un poco socióloga, un poco politóloga y nada abogada, defiendo los conceptos que emanan de la teoría social y que tienen que estar incorporados –lógicamente– en forma coherente, al derecho. Y eso pasa con el femicidio, con la violencia doméstica, con la trata de personas, etcétera.
El reporte para Sudamérica dice que la mayoría de las víctimas son mujeres, que la explotación sexual es el 57 % de la trata, que los ofensores –los tratantes– son hombres del mismo país, y llama especialmente la atención sobre Brasil, donde un tercio de la trata es para trabajo esclavo. Recuerdo que, no hace muchos años, cada tanto salían algunas noticias en el diario, del siguiente tenor: «Escapó un agricultor de una fazenda donde lo tenían desde hacía siete años, con todos los cuerpos armados de ese establecimiento impidiéndole la salida». Quiere decir que el trabajo esclavo –no me refiero necesariamente a trata– en el medio rural profundo de Brasil hasta hace pocos años era moneda corriente, y si alguien lograba escapar, denunciaba al fazendeiro que lo mantenía allí sin salario, sin poder salir y con aquellas famosas deudas porque se veía obligado a comprar en la misma fazenda.
Recuerdo otra película, señora presidenta: Cidade de Deus, que abordaba el tema de los meninos da rua; la mendicidad forzada por adultos a cargo sigue siendo moneda corriente en Brasil, todos los días.
La explotación sexual es la marca de América Latina. En Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú la explotación sexual es lo más importante. Quiero decir que en Uruguay, si uno ve los casos tratados, las dominicanas y los dominicanos aparecen como el primer contingente poblacional. Bueno, señora presidenta: no es solo en Uruguay; me enteré de que esto sucede en toda América Latina. Estamos hablando del contingente poblacional de los dominicanos y las dominicanas; también están los haitianos y las haitianas, pero República Dominicana está siendo un país importante de aporte de trata para toda América Latina. Es decir, lo que pasó en Uruguay está sucediendo en toda América Latina.
Hay una forma de trata que en Uruguay –aunque también en toda América Latina– era muy frecuente en la generación de nuestros padres: los niños y las niñas traídos, a través de tíos, para que sirvan en el hogar como mano de obra doméstica. Los traen «para que ayuden a la familia». Eso es explotación del trabajo infantil. Obviamente, Cenicienta es un cuento que debería ser denunciado como explotación del trabajo infantil, porque es lo que es.
La trata de niños para producción de pornografía infantil es casi el 5 % de los casos. ¡¿En qué mundo vivimos?!
La mayoría de los hombres traficantes son sudamericanos. El tráfico, como dije, en América Latina es intrarregional. El 89 % del tráfico es intrarregional. Quiere decir que de la República Dominicana vienen al Uruguay que, como país de renta media alta –¡qué honor!–, ahora se ha convertido en un país de destino de la trata. Hemos dejado de ser país de origen, fabricador de blancas para ser tratadas, y ahora estamos comprando. ¿Para qué nos sirve ser país de renta media? Estamos comprando de las dos, es decir, trata para explotación sexual y trata para trabajo esclavo.
Como dije, la mayor parte de la legislación se hizo entre los años 2004 y 2008 en América Latina, pero los procesamientos son bajos. El Ministerio del Interior tiene muchos informes sobre varias operaciones que ha hecho, pero de cada cien investigaciones llevadas a cabo por la Policía, solo trece son procesadas ante la Justicia: un poquito más del 10 %. Es un porcentaje bajo, y vuelvo a recordar El huevo de la serpiente, que además de revelar para la sociedad uruguaya el fenómeno de la trata y el involucramiento de varios peces gordos, incluidas agencias de viaje y superabogados, es especialmente una denuncia de la escasa contención legal y penal del proceso de trata en Uruguay. Así que más que importante es esta ley, que interinstitucionaliza y define. No alcanza solo con las leyes criminales, y tampoco solamente con las políticas públicas; hay que juntar las dos cosas. La Ley n.º 18250, de 2008, es básicamente una ley de criminalización pero, para llegar ahí, en el 2005 se organizó el primer seminario, «La lucha contra la trata de las personas: un nuevo desafío para los Estados». Se lo llamó «un nuevo desafío»; quiere decir que en ese momento era nuevo. De eso han pasado solo doce años y es mucho lo que se ha avanzado.
En el 2004 se tipificó el delito de tráfico de menores e incapaces. En el 2008 tenemos la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, que tiene la virtud de combinar instituciones con sociedad civil y la Organización Internacional para las Migraciones.
SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
SEÑORA XAVIER.- Integrábamos este Cuerpo cuando, en el 2008, tipificamos los delitos de trata y tráfico de personas. Y a lo largo de esta discusión uno se pregunta cuánto tiempo tiene que pasar para acumular la información, para definir las políticas, para sensibilizar a las autoridades y para dar una respuesta integral del Estado. Bueno: lo importante es que avanzamos, pero uno no puede dejar de pensar en todas las víctimas que estuvieron desprotegidas de marcos legales que hubieran dado respuesta a sus situaciones. Y hay un aspecto que, en particular, me preocupa, y es el tema de la educación. Cuando tratamos estos temas siempre está en cuestión quién debe decirles a nuestras niñas y niños que estas situaciones existen y quién los empodera para responder cuando no hay un adulto que los ayude o cuando el Estado no se entera de la situación. Entonces, me parece clave que nosotros digamos que estos temas tienen que formar parte del currículo académico en todos sus niveles, que estos temas tienen que estar incluidos en la capacitación de nuestros profesionales en educación, porque podemos tener mucho marco legal y mucha política pública, pero si a nivel de la educación no generamos las condiciones para que cada niño o niña tenga capacidad de respuesta frente a algunas situaciones de amenazas, estaremos siendo estériles.
Por tanto, como acá bien se ha dicho, lo importante es terminar con todas las vulnerabilidades y este tema no está aislado de la capacitación que se pueda obtener en el marco de la prédica de los derechos humanos en general, de la perspectiva de género, de la perspectiva generacional y de la diversidad. Sin duda, cuando tratamos estos asuntos nos damos cuenta de lo importante que es que los marcos legales habiliten políticas públicas que a lo largo de la vida de todos nosotros den esa imprescindible protección en temas tan dolorosos.
Felicito a la comisión y a la compañera Daisy Tourné por su tenacidad para que estos temas se resuelvan, porque muchas veces no están en la primera parte de la agenda política –ni de la agenda de medios–, pero sin duda son esenciales para la vida.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Moreira.
SEÑORA MOREIRA.- Simplemente voy a mencionar algunas acciones que se hicieron en 2016, y luego daré algunas recomendaciones –que no elaboré yo– sobre prevención de la trata de personas.
En cuanto a las acciones, quiero decir que no solamente el aspecto criminal de la política penal merece atención, sino también –y especialmente– la política pública. Se ha avanzado mucho en esto; en forma parcial o fragmentada, pero se han hecho muchas cosas. En 2016 se elaboró el Protocolo de comunicación para la Policía frente a situaciones de violencia que involucren a niños, niñas y adolescentes, y en el curso del procedimiento policial frente a la violencia doméstica y de género hay un módulo denominado Trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y comercial. También se dictaron cursos para fiscales y policías en Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres. Ni que hablar que en la nueva reforma de nuestro sistema de Justicia tendremos que adaptar toda esta capacitación especialmente para la fiscalía. También tenemos una guía de actuación ante consultas y asesoramiento en materia de derechos fundamentales de los trabajadores. A su vez, el Ministerio de Salud Pública señaló la violencia de género como uno de los quince problemas críticos a abordar en este período de gobierno. Además, en mayo de 2016, la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas dictó un curso de capacitación de actores sociales en atención humanitaria para víctimas de trata de personas.
Actualmente, Inmujeres atiende a 131 mujeres –la mayoría dominicanas– en situación de trata y el INAU tiene 333 niños y niñas víctimas de trata y explotación sexual comercial. Debo decir que a través de los papeles supe de la existencia de dos programas: el proyecto Travesía, sobre tráfico en Montevideo, y el proyecto En Ruta, que maneja Gurises Unidos, en el interior. Estos programas atienden cientos de casos, no unos pocos.
SEÑORA MOREIRA.- En definitiva, señora presidenta, tenemos una importante acumulación de datos y experiencias en el Ministerio del Interior, en el Mides y en el INAU, con protocolos y atención de gente. Creo que la capacitación a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Poder Judicial y de la fiscalía –especialmente de estos últimos, y miro a la miembro informante– es todo un tema, porque habrá que encarar el asunto para mejorar esa relación que hay entre investigaciones y procesamientos efectivos.
Ya sabemos que Uruguay hoy compra personas objeto de trata. Y lo digo de manera brutal para sensibilizar. Hoy, en este país de renta media, compramos trabajo esclavo, mujeres y niños.
Tengo ante mí Ideas generales para combatir la trata de personas, escrito por Andrea del Bono, politóloga y docente en Facultad de Ciencias Sociales y en Facultad de Derecho, donde aparecen iniciativas respecto de la prevención, algunas de las cuales son muy frecuentes en Brasil. Teniendo en cuenta sus sugerencias cabría preguntarse, por ejemplo: en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, además de vendernos las cosas del free shop, mostrarnos los destinos del mundo y contar con revistas de moda y turismo, ¿no se podrían realizar gestiones para que hubiera folletería en los aviones? ¿Qué tal proyectar breves videos en las pantallas de los aviones, así como se proyectan videos sobre seguridad aérea, series y películas? Lo mismo se podría hacer con respecto a los barcos de traslado de pasajeros. En Brasil hay –y está muy desarrollado– folletería y gigantografía con los listados de personas desaparecidas, con sus caras y nombres. Existe lo mismo para el tráfico de personas e, incluso, el de animales silvestres. Lo cierto es que hay una folletería gigante que vamos viendo a medida que avanzamos por los aeropuertos. Entonces, creo que en las aduanas, en los puertos y en la terminal Tres Cruces se podría tener, con muy bajo costo, folletería advirtiendo sobre estas situaciones; y sin duda, los funcionarios en todos los puntos de salida del país deberían tener una capacitación especial.
En cuanto a los medios de transporte colectivo dentro de Uruguay, Andrea del Bono propone contar con pósteres informativos en locales de las terminales, en los ómnibus departamentales, interdepartamentales y de larga distancia, así como en los taxímetros.
Por su parte, en los medios de comunicación serían muy bienvenidas las campañas de bien público. Recuerdo que en la rendición de cuentas de 2013 se aprobó un artículo –lamentablemente solo con los votos del Frente Amplio– que obligaba a que los medios de comunicación destinaran al menos quince minutos a lo largo del día para campañas de bien público. De esta forma, si el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer una campaña sobre el dengue, por ejemplo, no la debería pagar; debería ser una campaña del bien público pagada por los medios de comunicación. Si a través de la ley de servicios de comunicación audiovisual conseguimos que esto se reglamente y se ponga en marcha, creo que dentro de las prioridades se debería incorporar una campaña sobre la trata de personas.
Además, las instituciones educativas públicas y privadas a todo nivel –primaria, secundaria, IPA, universidad y demás instituciones de educación técnica, como lo acaba de proponer la senadora Xavier– deberían propiciar y potenciar jornadas y talleres con docentes y estudiantes para concientizar sobre la existencia del problema de la trata de personas.
Una ONG que nos visitó en la comisión señaló que la información más importante viene de la propia comunidad; en los pueblos pequeños todo el mundo sabe qué pasa, quién se fue, cómo se fue y demás. Entonces, es necesario concientizar a nivel de la sociedad para que haya disponibilidad de información y se denuncie. En este sentido, está muy bien la idea de trabajar con las instituciones públicas para la difusión de cartelería y folletería informativa.
Estas son las propuestas que nos deja la politóloga Andrea del Bono para la prevención de la trata de personas.
Creo que hoy damos un paso muy, pero muy importante. El proyecto de ley podrá ser modificado, corregido y aumentado en el futuro, pero la verdad es que hoy es la primera vez que tenemos una propuesta integral sobre el tema de la trata en el Uruguay, con iniciativa parlamentaria; este proyecto de ley no vino del Poder Ejecutivo, sino que se creó una comisión y trabajamos todos juntos para llevarlo adelante. Digo esto porque el profesor Gerardo Caetano siempre señala que el Poder Ejecutivo es el principal legislador de este país y efectivamente es así –por las dudas aclaro que la culpa no la tiene el Frente Amplio, sino que ya pasaba antes–, pero este proyecto de ley recorre otro camino, que creo es muy virtuoso y da al Parlamento el lugar que le corresponde como cámara de resonancia de los problemas reales que afectan al país todos los días.
13) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: solicito que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que se termine con el tratamiento de este punto.
14) NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS
SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: la señora senadora me aludió con nombre y apellido.
Sinceramente, no quiero que la pequeñísima discrepancia relacionada con el literal E) del artículo 8.º empañe las enormes coincidencias que tenemos y se generen más discrepancias.
Quiero aclarar que no soy ciego y sé que en el sector del turismo y del transporte se dan fenómenos de trata de personas y de desarrollo de la prostitución con trata de personas. Hay un informe del Gobierno de Canadá del año 2011 o 2012 que señala que dentro de la cantidad de turistas canadienses que viajan al exterior, muchos van a Cuba justamente en busca de turismo sexual y que dicho país también es el mayor destino de pedófilos que pretenden turismo sexual con menores de edad. Obviamente, es un destino muy complicado e incluso tiene cierta reputación en ese sentido. También se hace referencia al gran auge que tuvo la trata de personas al finalizar la era de la Unión Soviética, cuando todas aquellas prerrogativas de los ultrajerarcas burocráticos soviéticos se tradujeron en una migración a Europa por la trata de personas, a finales de los años noventa. Fue la mayor migración de mujeres que invadió Europa en los años noventa, que provenían de la Unión Soviética y los Balcanes. Justamente el gran auge de la trata de personas en Europa provino de esos países. Así que ¡vaya si el turismo ha tenido algo que ver con esto! Obviamente, hay que tener en cuenta que a las mujeres que venían de la Unión Soviética las llevaban en camiones, que no son precisamente un medio de transporte clásico.
Lo que quiero decir es que señalar solamente al turismo y al transporte es equivocado. ¿Por qué dejamos afuera a los servicios financieros? ¿O no se mueve dinero con la trata y el tráfico de personas? Y hay que decir que no están en el listado señalado como ejemplo ¿Por qué dejamos afuera a las terminales portuarias y aeroportuarias? ¿No pasan por allí las personas víctimas del tráfico? Creo que cuando empecemos a confeccionar la lista veremos que será mucho más larga y lo lógico es poner a todos los sectores claves, pero este es un tema muy menor.
Como he dicho, espero que esto no empañe las unanimidades que hemos logrado en todo este proyecto de ley.
SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para hacer una aclaración.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: en honor a la verdad, el país que está proveyendo el mayor número de víctimas de trata en este momento no es Cuba, sino República Dominicana. En todo caso, creo que la Cuba de Batista fue un horror para la vida y para la explotación sexual de las mujeres. En lo personal, recordaría a la Cuba de Batista pintada de rojo en el mapa de la explotación sexual de América Latina. También quiero decir que es el este asiático y no las exrepúblicas soviéticas las que empañan el mundo con víctimas de trata, y que las víctimas de trata en las exrepúblicas de la Unión Soviética aumentaron cuando el capitalismo aterrizó allí salvajemente.
SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: coincido plenamente en que la trata de personas es un tema absolutamente prioritario y un delito aberrante.
Para tratar este tema parto de la proclamación de nuestra Constitución, que habla de habitantes y no de ciudadanos, y reconoce sus derechos como preexistentes al Estado y a la norma; en todo caso, encomienda al Estado el deber de protegerlos en su vida, en su libertad y en su seguridad. También hace referencia a valores como el honor y el trabajo digno, y encomienda al Estado que combata los vicios sociales por medio de la ley y las convenciones internacionales.
–Gracias, señora presidenta.
Incluso, mandata al legislador a reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, entre otras debidas protecciones.
Coincidimos con la postura que señala que sin cliente no hay trata.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa ruega a los señores senadores que cesen los murmullos en sala.
A los efectos de ser responsable en el voto con el que acompañaría este proyecto de ley, debo decir que tengo una inquietud muy puntual que refiere al artículo 40, «(No punibilidad)», que expresa: «Las víctimas de la trata o de la explotación de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación». Entiendo cuál es el sentido y concuerdo en que en la mayoría de los casos se trata de personas cuya conciencia y voluntad están sometidas por el explotador o el perpetrador de la trata, pero preferiría que fuera el juez interviniente el que pudiera discernir si en cada caso puntual el delito fue cometido por esa sumisión de la voluntad de la víctima, que a su vez comete un delito. Cabe señalar que la víctima podría estar cometiendo delitos graves, como homicidio, narcotráfico, hurto o lavado de dinero.
En definitiva, reitero que preferiría que se le diera al juez interviniente la posibilidad de entender en cada caso si se produce una incapacidad por sumisión de la voluntad de la persona, que anula su intención o su conciencia y voluntad, y que me preocupa que se establezca esta suerte de licencia en abstracto para delinquir.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: no pensaba intervenir porque, como es obvio –es una regla del Parlamento–, los miembros de la comisión están más aptos para hablar que quienes no lo somos. La verdad es que la señora senadora Tourné y el resto de los integrantes de la comisión han presentado un excelente informe, que ha sido votado por unanimidad.
Sin embargo, quiero recordar que con este proyecto de ley el país sigue enriqueciendo y consolidando un fuerte acervo jurídico en esta materia, a los efectos de tratar problemas en los que enfrentamos a verdaderas redes del delito. Por eso, a modo de paréntesis, adelanto algo que iba a decir al final: para aumentar la pena en esta materia no me tiembla el brazo ni la mano a la hora de levantarlos; en esto meto para adelante porque se trata de redes internacionales de delito. Debemos recordar, señora presidenta, que hace poco esta cámara trató el tema del lavado de activos y también polemizamos. Todos estos delitos –este en especial– son precedentes del lavado de activos. El delito precedente es toda actividad ilegal primaria generadora de fuertes ingresos a nivel mundial, que luego se intentará introducir en el sistema financiero legal. Por supuesto, hay que probarlo. El delito de lavado es autónomo, pero previamente tiene que estar alimentado por alguno de los delitos que prescribe el artículo 34 del proyecto de ley que está considerando la Cámara de Representantes, entre los que se encuentra el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito y trata de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, etcétera.
Simplemente, como complemento a lo manifestado por el apreciado señor senador Bordaberry, quería decir que existen muchas leyes –la de lavado de activos, esta, y creo que también la de partidos políticos– que, en general, globalizan y se remiten a muchos temas que están intervinculados, sin ningún tipo de dudas.
Esa era la aclaración que quería hacer, señora presidenta.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con el funcionamiento del Sistema de Registro de Audiencias en sedes del Poder Judicial».
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Jorge Larrañaga presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se prohíbe a los organismos públicos, estatales y no estatales solicitar o autorizar el otorgamiento de tarjetas corporativas públicas para el uso de sus funcionarios.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo tome la iniciativa para establecer un régimen especial para que trabajadores de la ex-Fábrica Nacional de Papel –Fanapel– y de la cooperativa textil Puerto Sauce –ex-Agolán– obtengan el acceso al cobro de haberes jubilatorios.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: por tratarse de una minuta de comunicación que, según tengo entendido, lleva la firma de legisladores de todos los partidos, consulto por qué no se vota ya para que pueda llegar rápidamente al Poder Ejecutivo y este resuelva.
A estos efectos solicito que el tema se declare urgente y se considere de inmediato, si es que existe ánimo en ese sentido.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador.
En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Minuta de comunicación por la que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley que establezca un régimen especial para que trabajadores de la ex-Fábrica Nacional de Papel –Fanapel– y de la cooperativa textil Puerto Sauce –ex-Agolán–, de edades próximas al retiro y dificultad para acceder a un nuevo trabajo, puedan cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación».
17)	NORMAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS
SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado continúa con el tratamiento del segundo punto del orden del día.
Corresponde votar en general el proyecto de ley en consideración.
Consulto a la señora miembro informante si tiene algo para agregar.
SEÑORA TOURNÉ.- No, señora presidenta.
Luego de la votación en general haré una propuesta para la votación en particular.
SEÑORA TOURNÉ.- Como creo que el proyecto de ley ha sido debidamente analizado en la discusión en sala, propongo que se suprima la lectura del articulado y se vote por capítulos.
Si el señor senador Bordaberry no pide ningún desglose, tendríamos que arreglar lo que se mencionó con respecto al artículo 50, en el sentido de que debe decir «quinquies» en lugar de «quinter».
No tengo absolutamente nada más para proponer.
SEÑOR BORDABERRY.- No recuerdo si el artículo 8.º pertenece al capítulo I pero, en ese caso, pediría que se desglosara su literal E), para el que hemos presentado un sustitutivo.
SEÑORA TOURNÉ.- Lo que preocupa al señor senador Bordaberry está contenido en el capítulo II; por lo tanto, el desglose del literal E) del artículo 8.º se hará cuando pasemos al tratamiento de ese capítulo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo I.
En consideración el capítulo II, del que se desglosa el literal E) del artículo 8.º.
En consideración el literal E) del artículo 8.º.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hemos presentado un texto sustitutivo para este literal, al que pediría que se le diera lectura por secretaría.
SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de proceder a la lectura del texto sustitutivo presentado por los señores senadores Bordaberry y Coutinho para el literal E) del artículo 8.º, pedimos una aclaración. Allí se habla de «personas claves», ¿eso es correcto?
SEÑOR BORDABERRY.- No, señora presidenta. El texto debe decir «personas en sectores claves».
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el texto sustitutivo del literal E) del artículo 8.º presentado por los señores senadores Bordaberry y Coutinho.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los abajo firmantes mocionamos el siguiente literal sustitutivo del literal E) del artículo 8.º del proyecto de ley:
“Literal E): Desarrollar acciones de prevención y desestímulo de la trata y de la explotación de personas en sectores claves, así como en zonas o localidades en las que se detecte mayor incidencia de la problemática o de factores de vulnerabilidad a la misma”». (Firman los señores senadores Bordaberry y Coutinho).
SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar, corresponde votar el literal E) del artículo 8.º del proyecto de ley aprobado por la comisión.
–20 en 25. Afirmativa.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se rectifique la votación.
SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto oportunamente, habiendo concluido la consideración del tema, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 13:21, presidiendo la señora Patricia Ayala, y estando presentes los señores senadores Alcorta, Alonso, Argimón, Asiaín, Bordaberry, Cardoso, Carrera, Coutinho, De León, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier).