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Timestamp: 2019-04-19 22:30:58
Document Index: 292770014

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 21', 'artículo 24']

(2016/04) Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (Cerrado): New (11 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
(2016/04) Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (Cerrado)
Mediante este decreto, la Junta de Castilla y León, como órgano supremo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, quiere dar pautas de coordinación de las actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos, con el fin último de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible que, bajo principios de actuación comunes, permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las acciones y los objetivos del gobierno.
Este decreto sienta asimismo las bases para realizar los desarrollos de las estructuras orgánicas sin condicionar la negociación del catálogo de puestos de trabajo ni prejuzgar posteriores decisiones que afecten a la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, así como para facilitar a los empleados públicos la concurrencia a la provisión definitiva de forma abierta y permanente, y el resto de las medidas recogidas en el Acuerdo Marco suscrito con los sindicatos el 29 de octubre de 2015.
Proyecto de Decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la administración de la comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 15:00 h. del 28 de abril de 2016.
No lo entiendo, no entiendo que les hemos hecho los auxiliares.
Sugiero que los puestos de Encargado-a de Laboratorio se amorticen según se van jubilando o cambiando de puesto sus actuales titulares
En el caso como el de los empleados de los Centros de Control de Calidad cerrados hace casi 3 años, y, como parece que no van a reabrirlos, sugiero que se amorticen los puestos de trabajo según nos vayamos jubilando los titulares o cambiando de puesto, ya sea por concurso de traslados ya sea por motivos inexplicables aquí.
El texto del Decreto no modifica ningún puesto de trabajo, las modificaciones se realizarán en las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben tras la aprobación del catálogo de puestos tipo.
Se centra poco en lo mas importante
Como es costumbre, el proyecto de Decreto es una declaración de intenciones, pero deja la puerta abierta para interpretaciones y discreccionalidades.
Pero la chicha de todo esto es la aprobación del famoso catálogo de puestos tipo, que será la base para la transformación de la RPT actual. No especifica para nada ni procedimiento, ni condiciones, y no nos olvidemos de que para eso están los Reglamentos (las declaraciones de intenciones se hacen en ruedas de prensa, no en BOCyL).
La idea de catalogar los puestos de trabajo en principio no es mala, pues puede ser el instrumento para acabar con las diferencias retributivas que existen en puestos de trabajo similares. Todos conocemos algún caso en que, realizando el mismo trabajo, en una Consejería lo hace un auxiliar y en otra un técnico. Pero como siempre, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla, pues las buenas ideas en muchas ocasiones se ven retorcidas por quienes las llevan a cabo. En particular, veo los siguientes inconvenientes:
- La utilización de la exclusión del catálogo de los "puestos existentes de naturaleza singular". Esperemos que no se abuse de ello, y que si se utiliza sea por la naturaleza del puesto y no por la persona que lo ocupa.
- Al reducirse la diversidad de puestos dentro de un mismo grupo la carrera profesional va a verse muy mermada, ya que salvo casos concretos no interesa concursar a otro puesto si no va acompañado de un incremento en las retribuciones.
- En el catálogo de puestos tipo es muy necesario establecer las funciones de los mismos. Y por favor, basta de palabras vanas como "tramitar", "impulsar" y "gestionar", vamos a intentar que el trabajador sepa cual es su trabajo.
- En la transformación de las RPT se darán 3 casos.
1. Plazas de nueva creación: No hay problema, se ajustará al catálogo de puestos tipo. Si el puesto se ajusta o no a las funciones, ya lo veremos.....
2. Plazas existentes que se ajusten al catálogo: Se transforman directamente, y pueden verse mermadas las retribuciones de su ocupante si su equivalencia en el catálogo tiene menor nivel y complementos.
3. Plazas existentes que no se ajusten al catálogo: Procederá su amortización o transformación automática cuando quede vacante, pero esto puede dar lugar a un periodo transitorio de muuuchos años, pues si la plaza es golosa su ocupante se aferrará a ella con uñas y dientes.
¿No es una injusticia que quien ocupe una plaza que se incluirá en el catálogo pueda perder retribuciones y quien ocupe una que quedará fuera no se tocará hasta que quede vacante?.
En fin, que habrá que esperar a la aprobación del dichoso catálogo de puestos tipo para poder opinar sobre la idoneidad o no del Decreto.
La idea de catalogar los puestos de trabajo en principio no es mala, pues puede ser el instrumento para acabar con…
En relación con la primera de ellas referida a los puestos existentes de naturaleza singular: el catálogo de puestos tipo incluye los puestos tipo a que deberán acomodarse los puestos de trabajo de futura creación, es el “modelo”. Los puestos de trabajo de naturaleza singular precisamente por esa singularidad no pueden ser modelo de otros, por tanto no tiene sentido incluirlos en el catálogo.
La carrera profesional se verá mejorada como consecuencia del concurso abierto y permanente, que se prevé poner en marcha una vez aprobadas las relaciones de puestos de trabajo.
El Decreto prevé que los puestos que están provistos de forma definitiva, si no se acomodan al catálogo esa acomodación no se hará efectiva hasta que el puesto quede vacante. Si los puestos se acomodan al catálogo su acomodación no supondrá en ningún caso pérdida de retribuciones. En todo caso, la finalidad de esta regulación es mejorar las estructuras administrativas y sus instrumentos de ordenación de personal, redundando ello en la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y garantizando los derechos de los mismos, así como de un adecuado servicio público.
No obstante, y a la vista de que la redacción suscita dudas se tratará de dar una nueva redacción con el objeto de garantizar su claridad y comprensión.
El Decreto prevé que los puestos que están provistos de forma definitiva, si no se acomodan al catálogo esa acomodación no se hará efectiva hasta que el puesto quede vacante. Si los puestos se acomodan al catálogo su acomodación no supondrá en ningún caso pérdida de retribuciones. En todo caso, la finalidad de esta regulación…
Creo que se aborda la reforma con una enorme falta de perspectiva. Cuando entre en vigor la nueva normativa de procedimiento esteremos empezando a caminar hacia una nueva y única administración, la Administración Electrónica. Se debería afrontar la reforma desde el prisma de la especialización. No convertir a los funcionarios en prototipos de "trabajadores estancos" que es lo anquilosaría aún más esta administración. Se deberían pedir exámenes y méritos específicos para cada puesto de trabajo esto daría lugar a una mejor atención al ciudadano y una mayor eficiencia y calidad lo que redundaría en beneficio de toda sociedad.
La forma de provisión de los puestos de trabajo se contempla en las relaciones de puestos de trabajo, y en ellas ya se establece las características del puesto y las funciones a desempeñar, así como la forma de provisión del mismo. El texto que nos ocupa no modifica la normativa vigente de acceso y provisión.
Mientras en la actualidad es imposible conocer la relación de puestos de trabajo en esta Administración incumpliendo la ley de Transparencia (basta con comparar la rpt publicada en la pagina web de la Junta, donde se desconoce hasta el numero de funcionarios por consejería y compararlo con el resto de publicaciones de rpt en otras Comunidades autónomas o comparar las publicaciones de las estructuras organizativas de otras Comunidades Autónomas ) carece de validez un decreto que pretende modificar algo desconocido para ella...
Las relaciones de puestos de trabajo están publicadas en la página web de la Junta de Castilla y León en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, una obligación adicional a las establecidas en la legislación estatal que no incluye la publicación de las relaciones de puestos de trabajo entre las obligaciones de publicidad activa. En la página web de la Junta de Castilla y León se publican también las plazas cubiertas mediante el sistema de provisión de libre designación aun cuando la legislación en la materia no obliga a ello.
En el proyecto de Decreto, en el artículo Primero, Rango de las unidades administrativas, se dice: “Los órganos superiores y directivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se estructurarán en unidades administrativas, con estricta sujeción a las normas básicas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y del presente Decreto.”
Sin embargo esto no es así. El artículo 37.2 de la Ley 3/2001, al hablar de los órganos Directivos Centrales, establece que “La Secretaría General y las Direcciones Generales podrán organizarse en Servicios, Secciones y Negociados”. En el proyecto de decreto se suprimen los negociados.
El artículo 42.2 de la Ley 3/2001, al referirse a los órganos periféricos, dice: “Cada Delegación Territorial, podrá estructurarse en una Secretaría Territorial, y en Departamentos Territoriales, Secciones y Negociados”. Excepcionalmente podrán existir Servicios. En el proyecto de decreto lo excepcional se hace habitual, y desaparecen los Departamentos.
Claro que al supuesto rango de las unidades administrativas al que se hace referencia en el artículo 2 del proyecto, como no podía ser de otra manera, se establecen las oportunas excepciones, que permitan crear puestos a medida, como son las previstas en el punto 4, a) y b).
El proyecto de decreto carece de la más mínima motivación, y en su preámbulo únicamente se hace una manifestación de intenciones, que no dejan de tener su cierta, y entiendo que calculada ambigüedad, pues cuando se dice “con el fin último de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible”, ¿de qué flexibilidad hablamos, y hasta donde flexionamos?, o cuando se dice: “permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las acciones y los objetivos del gobierno.” ¿A qué se está refriendo? ¿Los funcionarios están al servicio de las acciones y objetivos del gobierno, o al servicio del la Ley y de los administrados?
El artículo segundo, requisitos de las unidades administrativas, no puede ser más ambiguo y falto de concreción, lo cual facilitará la discrecionalidad en su creación, y también en su desaparición, ya que los cuatros factores que supuestamente lo justificarán son escasamente objetivos y cuantificables.
El artículo cuarto, supuestamente se refiere a la “Aprobación del catálogo de puestos de trabajo de funcionarios”. Sin embargo, ninguna referencia se hace a tal aprobación. ¿Y tal catalogo para qué sirve? Un catálogo es una relación ordenada, en este caso de “puestos tipo”, pero nada se dice en artículo de la forma en que se elaborará tal catálogo, con lo que la discrecionalidad está garantizada.
Es llamativo que los puestos de trabajo de nueva creación, tal como se establece en el artículo sexto, habrán de ajustarse a alguno de los puestos tipo del catálogo de puestos, lo cual supondrá que no se crearán puestos nuevos sin no están en el catálogo, salvo que el diseñador de tal catálogo tenga la visión de incluirlos antes de que se creen.
Los importante en el proyecto de decreto es que los puestos de trabajo estén el catálogo, no si sin son necesarios o efectivos, pues deja claro que “Los puestos de trabajo existentes que se encuentren provistos de forma definitiva y que no respondan a las características de un puesto tipo serán transformados de forma automática, en el momento de su vacancia, en el puesto tipo que establezca para cada uno de ellos la relación de puestos de trabajo, salvo que procediere su amortización.” Parece que lo lógico hubiera sido pensar que sentido contrario, es decir, tenemos un puesto de trabajo que es necesario y efectivo, no lo tenemos incluido en el catálogo, pues vamos a incluirlo.
Sin embargo esto no es así. El artículo 37.2 de la Ley 3/2001, al hablar de los órganos Directivos Centrales, establece que “La Secretaría General…
Desde que la Junta es Junta, poco a poco se nos han colado a los Funcionarios de carrera intrusos: Interinos, Contratados, Empresas externas y afines al Gobierno sin oposición. Hace muchos años se no reorganiza la Administración ni los puestos de trabajo ocupados por todos los anteriores, ni tampoco a los Funcionarios de carrera que no deberían ocupar todos estos intrusos. Por eso ya es hora que se pongan las pilas y organicen los cajones, limpien el polvo y pongan a cada uno en su sitio por méritos propios e igualdad y capacidad.
Estamos trabajando para adaptar la estructura administrativa a las necesidades de una administración moderna que mejore el servicio a los ciudadanos.
Lo que se esta dando en la Administración es el acorralamiento de los funcionarios en favor de personal contratado. Esto cada vez más es un cortijo. Se debe de devolver el trabajo a los funcionarios que nos quejamos de falta de trabajo y el propio se lo dan a empresas privadas.
Prohibición explícita de cambios organizativos sin cambio de RPTs
Debería prohibirse explícitamente cualquier propuesta de modificación organizativa que no incluya la correspondiente modificación de RPTs, su valoración económica y su impacto en el personal afectado.
El plazo máximo para hacer efectiva dicha modificación de RPTs debería ser la fecha de aprobación del siguiente Presupuesto de la Comunidad.
Durante el año siguiente a una modificación de RPTs, el personal afectado por dicha modificación debería tener prioridad y preferencia a la hora de concursar a otras plazas.
El texto prevé en sus disposiciones finales aprobar las relaciones de puestos de trabajo derivadas de las órdenes de estructura, fijando plazos concretos. Esa aprobación requiere de informe preceptivo de presupuestos, con lo que queda acreditado en el procedimiento el cumplimiento de los trámites exigidos por la normativa vigente.
El Decreto no regula ningún aspecto referido a los concursos, que son objeto de regulación en otras disposiciones.
Carencias y peligros del proyecto de Decreto
-	El proyecto es consecuencia de uno de los puntos que negociaron CSIF, UGT y CCOO en el Acuerdo Marco publicado en el BOCYL de 5-1-2016, que dice literalmente lo siguiente: “Modernizaremos las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público”. Gracias a esta frase, que parece mentira que fuera aprobada por los representantes sindicales citados, los trabajadores de la Junta pasaremos a tener una regulación de nuestros puestos mucho más débil que la que teníamos (hay realmente una desregulación de nuestras condiciones de trabajo), pudiendo cambiar la Administración nuestro estatus con mucha más facilidad. Esta es la crítica principal. En las demás que aparecen a continuación un aspecto muy importante es el oscurantismo en cuanto a muchos de los motivos de la futura regulación.
-	La denominación del proyecto no recoge aspectos sustanciales de su contenido: catálogo de puestos y modificaciones de Decretos 56/1991, 221/1994, 115/1996 y 36/2002.
-	El preámbulo no justifica muchos de los cambios que introduce el proyecto, por lo que hay una falta clara de motivación. El hecho de no publicarse en Gobierno Abierto la Memoria que debe acompañar al proyecto junto a este, impide conocer las auténticas motivaciones del mismo.
-	El preámbulo dice que el Decreto quiere dar pautas de coordinación de actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos. Si realmente es esta la finalidad, es erróneo el instrumento jurídico utilizado, pues para dar Instrucciones está el instrumento previsto en el artículo 21 de la Ley 30/1992 (que precisamente las llama Instrucciones). Por otra parte si se trata de coordinar, qué buen momento para hacerlo respecto a la reducción de los puestos de libre designación, por ejemplo.
-	En el artículo Primero se recogen unas unidades administrativas distintas en los órganos directivos centrales (Servicio y Sección) y en las Delegaciones Territoriales (Secretaría Territorial, Servicio, Sección y Negociado), sin que se explique realmente el motivo. Además, en su apartado 4 se exceptúan del rango jerárquico de las unidades, sin que se conozca el motivo, diversos supuestos.
-	El artículo Segundo, relativo a los requisitos de creación de las unidades administrativas, está lleno de conceptos jurídicos indeterminados: “…evidentes necesidades administrativas…”, “…cometidos de contenido homogéneo y diferenciado de otros…”, “…gran volumen de gestión…”, “…sin menoscabo de su eficacia…”, “…que esté dotado de autonomía suficiente…”. La discrecionalidad para crear o suprimir estas unidades va a ser muy grande, en función de la interpretación que se haga de dichos conceptos. Además, agravando aún más la situación, para la creación de una unidad se exige la existencia de varios factores de los cuatro previstos (a),b),c) y d)), actuando como si sólo uno de ellos no fuera suficiente, y sí en cambio cualquier otra combinación de los mismos.
-	En el artículo Quinto se introduce para los funcionarios un Catálogo de puestos de trabajo que hasta ahora no existía, sin que se conozca el motivo ni la necesidad de esta figura. Hay una remisión para ello al artículo 24.1 de la Ley de Función Pública, sin que este artículo mencione para nada ese Catálogo. Además, sin conocerse tampoco los motivos, se excluyen del “novedoso” Catálogo los puestos docentes, sanitarios… (en definitiva, una gran parte de los puestos de la Administración de la Comunidad). Según la disposición final segunda es la Junta la que aprobará dicho Catálogo.
-	En el artículo Sexto se prevé que cuando se haga una nueva relación de puestos de trabajo, los que estén ocupados por trabajadores y no respondan a las características de los “puestos tipo” del Catálogo, serán transformados o amortizados de forma automática. Aquí se modifica la situación de los trabajadores sin respetar su situación anterior (ganada por ejemplo en base a los escasos concursos de traslados que existen), lo que puede ser contrario a diversas normas.
-	En la disposición adicional primera, que solo menciona en su título los efectos de la “supresión” (no de la “modificación”) de órganos y unidades sobre los titulares de los puestos, se señala que la alteración (aquí ya no se utiliza el término “supresión”) de unidades por las Órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas provocará una modificación de los puestos de trabajo. Esto en la práctica puede suponer de nuevo ir en contra de situaciones adquiridas por los trabajadores. En su párrafo segundo se introduce un concepto denominado “modificación sustancial”, que no aparece explicado en ningún momento. ¿Cuándo una modificación es o no sustancial y a efectos de qué? También es un concepto indeterminado señalar que permanece el “núcleo funcional del puesto modificado”. Todo ello puede dar lugar a arbitrariedad e indefensión. En esta disposición solo se garantiza que la transformación de puestos respetará dos cosas (retribuciones y carácter de su provisión), pero no el resto de características de los mismos, lo que también puede ser contrario a situaciones consolidadas.
-	Espero que UGT, CCOO y CSIF mediten sobre lo que puede suponer esta nueva regulación para los trabajadores de la Junta y los defiendan debidamente de estos cambios que tienen todo el aspecto de ser para peor respecto de los trabajadores.
-	El proyecto es consecuencia de uno de los puntos que negociaron CSIF, UGT y CCOO en el Acuerdo Marco publicado en el BOCYL de 5-1-2016, que dice literalmente lo siguiente: “Modernizaremos las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público”. Gracias a esta frase, que parece mentira que fuera aprobada por los representantes sindicales citados, los trabajadores de la Junta pasaremos a tener una regulación de nuestros puestos mucho más débil que la que teníamos (hay realmente una desregulación de…
El proyecto de Decreto tiene como finalidad última modernizar las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público. Cuanto mejor y más ágilmente se atiendan las necesidades de los ciudadanos, mejor garantizada estará la pervivencia de la administración y de sus empleados públicos. El comentario indica de manera genérica que hay una regulación más débil que la que había antes pero no apunta ningún artículo o apartado que refleje esa supuesta debilidad, por lo que no se puede contestar nada al respecto.
El título del proyecto se refiere a su contenido y objeto esencial, de forma clara y concisa permite identificar el contenido y objeto de la disposición, sin que proceda, por razones de técnica normativa, una redacción que incluya o relacione la totalidad de los asuntos en el título del decreto.
El preámbulo justifica y motiva la totalidad del proyecto, dando pautas de coordinación de actuaciones a través de una disposición de carácter general en aras de la seguridad jurídica y al mismo tiempo garantizando a los funcionarios que ocupan puestos en destino definitivo que la adaptación efectiva de la plaza se realizará una vez que la misma quede vacante.
El artículo primero recoge unidades distintas para los servicios centrales y periféricos porque las funciones que tienen encomendadas los servicios centrales y periféricos son muy diferentes entre sí, y sus necesidades de organización, por tanto, también difieren.
El artículo quinto recoge el catálogo de puestos, y lo define. Efectivamente el texto excluye expresamente del catálogo de puestos tipo los puestos de trabajo del personal docentes y del personal de centros e instituciones sanitarias.
El artículo sexto prevé una serie de reglas a seguir en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, y concretamente en el apartado 2.c) establece:
“Los puestos de trabajo existentes que se encuentren provistos de forma definitiva y que no respondan a las características de un puesto tipo serán transformados de forma automática, en el momento de su vacancia, en el puesto tipo que establezca para cada uno de ellos la relación de puestos de trabajo, salvo que procediere su amortización”. Se respeta por tanto la situación de los trabajadores que están en destino definitivo, ya que la acomodación del puesto al puesto tipo será efectiva sólo en el momento de su vacancia. En todo caso trataremos de mejorar la redacción de este punto.
Se revisa la disposición adicional primera para mejorar la redacción y aclarar su alcance.
El título del proyecto se refiere a su contenido y objeto esencial, de forma clara y concisa permite identificar el contenido y objeto de la disposición, sin que proceda, por razones de técnica normativa, una redacción que incluya o relacione la totalidad de los asuntos en…
Garantizar la mayor agilidad para el desarrollo de estructuras orgánicas y el posterior desarrollo de las RPT, puesto q llevamos largos años esperando. Q se consiga una provisión de puestos eficaz, dando mayor importancia a los funcionarios de carrera, y a sus posibilidades de movilidad...
El Decreto en sus disposiciones finales prevé unos plazos para la aprobación de las órdenes de estructura y las relaciones de puestos de trabajo. Una vez aprobadas éstas últimas se prevé convocar un concurso abierto y permanente. La finalidad de esta disposición es, precisamente, avanzar hacia una administración más moderna, eficaz y eficiente que preste un adecuado servicio público y garantice los derechos profesionales de sus empleados.