Source: https://acnudh.org/observaciones-preliminares-del-grupo-de-trabajo-sobre-desapariciones-forzadas-o-involuntarias-al-concluir-su-visita-a-chile/
Timestamp: 2020-02-28 06:56:57
Document Index: 331631077

Matched Legal Cases: ['artículo 103', 'Artículo 4', 'Artículo 11', 'artículo 2332', 'Artículo 5', 'Artículo 19']

Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al concluir su visita a Chile – ACNUDH
(SANTIAGO – 21 de agosto de 2012) El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó Chile del 13 al 21 de agosto de 2012. El GTDFI quisiera agradecer al Gobierno de Chile por haberle extendido una invitación para visitar el país, por su positiva cooperación antes y durante la misión y por la apertura al diálogo con los integrantes del Grupo de Trabajo. Adicionalmente, el GTDFI quisiera agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, en particular de familiares de personas desaparecidas y todos los sectores de la sociedad con los que se reunió. Finalmente, el GTDFI quisiera agradecer al sistema de Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago por su valioso apoyo.
El GTDFI señala la importancia de seguir llevando adelante las actividades de exhumación e identificación de las víctimas de las desapariciones forzadas. Se debe dar inmediatamente el necesario apoyo al SML, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y otros obstáculos que tiene el proceso. Hay que prestar particular atención a la determinación en la ley del papel de los familiares como garantes del proceso a fin de fomentar la confianza y la aceptación de los resultados. Las actividades en materia de desapariciones forzadas requieren plena cooperación y coordinación, tanto intersectorial como entre las distintas agencias. El SML debería relanzar su campaña para recolectar muestras de los familiares de la totalidad de las personas desaparecidas.
Durante la dictadura militar y los primeros años del retorno a la democracia prevaleció una total impunidad en los casos de desapariciones forzadas aun cuando se realizaron ciertas investigaciones judiciales. Solamente a partir de 1998, fecha en que se admiten a trámite querellas contra Augusto Pinochet, que se comienzan a producir avances importantísimos en materia de justicia, fundamentalmente a través de la reapertura de causas sobreseídas por la aplica­ción del Decreto Ley de Amnistía y la atribución de los procesos a la justicia ordinaria que antes estaban en la jurisdicción militar.
Sin embargo, el GTDFI estima preocupante que solo 64 individuos condenados por graves violaciones a los derechos humanos con sentencia firme estén actualmente cumpliendo penas de presidio. 173 agentes condenados con sentencia definitiva condenatoria por graves violaciones a los derechos humanos nunca fueron encarcelados. La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante la Declaración) exige que la desaparición forzada sea sancionada considerando la gravedad del delito. Ello no solo requiere la adopción de un delito autónomo de desaparición forzada sino también que dicho delito prevea penalidades proporcionales y que aquellas personas encontradas culpables de la comisión de desapariciones forzadas cumplan efectivamente con tales penalidades. El GTDFI recomienda que el Poder Judicial imponga sanciones de cumplimiento efectivo acordes a la gravedad del delito.
Existiría en Chile un patrón que ha ido imponiéndose desde 2007, de imponer penas no efectivas (penas sin encarcelamiento) a los responsables de estos crímenes, o bien de imponer penas efectivas a personas ya encarceladas. Ello se daría fundamentalmente por la aplicación de dos institutos contrarios a los principios emergentes de la Declaración. Por un lado, la utilización de la media prescripción o prescripción gradual, una forma de atenuante prevista en el artículo 103 del Código Penal. El GTDFI entiende que la prescripción gradual no debe ser aplicada ya que, al considerar el paso del tiempo, en los hechos comparte la misma esencia jurídica que la prescripción. Si el efecto de la prescripción gradual es impedir la sanción efectiva, como lo requiere esta Declaración, la misma no puede ser utilizada judicialmente.
Adicionalmente, el GTDFI desea subrayar que de acuerdo al Artículo 4.2 de la Declaración se debe prestar fundamental y principal atención, al momento de considerar los atenuantes si “quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada.” El GTDFI recomienda que la aplicación de figuras atenuantes debe considerar su efecto en los derechos a la verdad y a la justicia y conforme a la gravedad del delito. Ello está contemplado en el Artículo 11 inciso 9 del Código Penal que prevé la cooperación efectiva. Especial preocupación causa que la aplicación de la prescripción gradual o media prescripción por lo general implica la no aplicación de agravantes especialmente relevantes tales como la alevosía y premeditación.
El GTDFI ha recibido información extensa y consistente sobre el trabajo incansable de innumerables abogados particulares de derechos humanos o de organizaciones de la sociedad civil que han sido los principales promotores de las causas judiciales por desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Este trabajo se ha visto fundamentalmente fortalecido por el nombramiento de los Ministros en Visita, que ha logrado impulsar desde el año 2000 el procesamiento de causas por desapariciones forzadas y otros delitos conexos. Sin embargo, aún hoy en vastos sectores de la sociedad y del estado prevalece la idea de que la investigación de las desapariciones forzadas depende de la iniciativa particular de los familiares y sus abogados antes que ser asumida como un deber propio por parte del Estado. Sólo en el año 2009, como consecuencia de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Programa de Derechos Humanos se le amplía su mandato permitiéndole intervenir plenamente por toda clase de víctima desaparecida o ejecutada. A partir de esa misma época ejerce a motu propio la facultad de perseguir responsabilidades penales en estos procesos como querellante (a través del Ministerio del Interior) en vez de parte coadyuvante. También la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana representa a víctimas que actúan como querellantes en varios casos de desapariciones forzadas.
De acuerdo a la información disponible, los procesos judiciales tienen una larga duración. La mayoría de las causas iniciadas o reabiertas desde 1998 aún siguen en curso más de 15 años después. A pesar de la indudable complejidad de algunas de estas investigaciones, dado que la mayor parte de las desapariciones ocurrieron hace más de tres décadas, el Estado, particularmente el Poder Judicial, la Policía de Investigaciones y el Programa de Derechos Humanos deben actuar con la urgencia necesaria. Por un lado, una investigación eficaz de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos exige que la misma se realice dentro de un plazo razonable. La razonabilidad y eficacia de tales investigaciones se ve agravada en el caso chileno por los efectos del transcurso del tiempo en cuanto facilitan la destrucción o perdida de material probatorio, la posible muerte de testigos, perpetradores y familiares. Con ello, el derecho a la justicia se ve gravemente afectado.
La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha desarrollado una práctica de investigar las violaciones desde una perspectiva sistemática y considerando el modus operandi desarrollado en la dictadura. Esta práctica se ve reforzada por la reciente creación, dentro de la Brigada, de una oficina de análisis y de una base de datos que compila el producto de sus investigaciones.
El GTDFI reconoce la importancia del sistema universal de pensiones a todos los familiares de personas desaparecidas, establecido por la Ley 19.123. Dicha ley asegura un piso mínimo igualitario para todas las víctimas. Sin embargo, este sistema universal no permite individualizar el daño ni el sufrimiento de la persona desaparecida ni de los familiares. Las reparaciones requeridas por la Declaración deben asegurar que las mismas reparen las consecuencias directas de la desaparición forzada para lo cual deben considerarse la situación particular de cada persona y de cada caso. Desde esta perspectiva, el PRAIS es sumamente importante pues es el único aspecto del conjunto de reparaciones que permite considerar las necesidades individualizadas de cada beneficiario/a. La importancia del programa PRAIS debe ser enfatizada y el mismo debe ser fortalecido mediante una dirección técnica y un proceso de evaluación y ajuste periódico que tome en consideración cómo el paso del tiempo afecta la situación individual y genera nuevas y particulares necesidades en el caso de familiares de personas desaparecidas. Adicionalmente, varios familiares de personas desaparecidas informaron que los beneficiarios del PRAIS confrontan problemas tales como carencia de suficientes médicos especialistas en ciertas materias particularmente en el interior lo que acarrea largos tiempos de espera para recibir atención especializada.
En cuanto a la reparación civil en sede judicial, el Consejo de Defensa del Estado y la Sala Civil de la Corte Suprema entienden que no corresponde acoger estas demandas debido a la excepción de pago de los beneficios establecidos por la Ley 19.123 y a la prescripción extintiva de 4 años que establece el artículo 2332 del Código Civil. Se calcula generalmente la fecha por el comienzo de esta prescripción a partir de la entrega pública del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En cambio la Sala Penal de la Corte Suprema entiende procedente la reparación monetaria por parte del Estado como accesoria a condenas penales a oficiales militares en casos de desapariciones forzadas. Dada la contradicción entre ambas Salas, la Corte Suprema tiene una solicitud para resolver esta materia en su pleno. El GTDFI entiende que la Declaración permite distinguir entre la responsabilidad civil del Estado por la desaparición forzada de una persona (Artículo 5) de la reparación a que toda víctima de desaparición tiene derecho de conformidad con el Artículo 19. El GTDFI recomienda que los beneficios de la Ley 19.123 y las reparaciones civiles en vía judicial no sean considerados como excluyentes. En su caso sólo podría establecerse una excepción de pago parcial. Por otra parte, dado que la responsabilidad civil del Estado se genera por la gravedad del crimen de desaparición forzada, no debería aplicarse la prescripción y particularmente los plazos breves que se establecen en el Código Civil.