Source: http://espanito.com/informe-no-8211.html
Timestamp: 2018-07-19 23:01:46
Document Index: 12179454

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 4037', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 7']

Informe no. 82/11
PETICIÓN 616-98
El 30 de junio de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") recibió una petición, por parte de los abogados Ciro V. Annicchiarico, Tomás Ojea Quintana y Rodolfo Ojea Quintana (en adelante los peticionarios), a favor del señor José Luis Hernández y en contra de la República Argentina (en lo sucesivo "Argentina" o "el Estado"). Los peticionarios alegan que el Estado ha incurrido en responsabilidad en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "Convención Americana" o “la Convención”), en específico, por la presunta violación a los derechos del señor José Luis Hernández a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, protección a la familia, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, contenidos en los artículos I, II, V, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos, así como en los artículos 5, 7, 8, 11, 17, 24 y 25, con relación al artículo 1.1 de la Convención Americana. Asimismo, alegan la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En la petición se señala que el 7 de febrero de 1989, el señor José Luis Hernández fue detenido en la Provincia de Buenos Aires, acusado de cometer un delito de acción pública. Se argumenta que el señor Hernández permaneció 1 año y 6 meses alojado en una Comisaría local, en condiciones inadecuadas y contrajo la enfermedad meningitis, de la que nunca fue asistido debidamente, ocasionando que su estado de salud empeorara y le causara daños permanentes. Los peticionarios indican que, al obtener su libertad, el señor Hernández demandó del Estado una reparación, misma que fue rechazada, por motivos de prescripción. Los peticionarios alegan que al señor Hernández le fue negada la protección judicial a que tenía derecho.
El Estado, por su parte, sostiene que una vez diagnosticada su enfermedad, el señor Hernández estuvo hospitalizado en diversas ocasiones y recibió atención médica. Alega que tanto el tribunal de primera instancia, como aquellos de instancias superiores, rechazaron la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el señor Hernández en contra del Estado, en razón de haberse excedido el plazo de dos años que establece la legislación interna para su interposición. Así, el Estado manifiesta que el señor Hernández gozó de todos sus derechos procesales y que la pretensión de los peticionarios es que la Comisión revise resoluciones internas que le fueron adversas a la presunta víctima. Para el Estado, en consecuencia, el caso debía ser declarado inadmisible.
Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión Interamericana concluye que es competente para decidir sobre el reclamo presentado por los peticionarios, el que es admisible a la luz de lo dispuesto en el artículo 46 de la Convención Americana, bajo los artículos 5, 7, 8 y 25 de la misma, así como del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, pero no respecto a los artículos 11, 17 y 24 de la misma. En consecuencia, la Comisión decide notificar a las partes, continuar con el análisis de fondo en lo relativo a las presuntas violaciones a la Convención Americana, publicar el presente Informe de admisibilidad e incluirlo en su informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La denuncia fue presentada por los peticionarios el 30 de junio de 1998 y, el 19 de agosto del mismo año, presentaron información complementaria, así como en fecha 23 de agosto de 2000 y el 30 de agosto de 2001. La CIDH trasladó las partes pertinentes de la petición al Estado argentino el 16 de abril de 2003 y le solicitó que presentara una respuesta dentro del término de 2 meses. El Estado presentó sus observaciones mediante notas del 6 de junio y 21 de julio de 2003. De dichas respuestas, la Comisión hizo el traslado correspondiente a los peticionarios mediante comunicación del 21 de enero de 2004. Por su parte, los peticionarios enviaron sus observaciones mediante comunicación recibida el 28 de abril de 2004, de la que se dio traslado al Estado el 23 de junio del mismo año.
Mediante comunicaciones del 14 de mayo de 2009, la Comisión solicitó tanto al Estado como a los peticionarios, proporcionaran información actualizada del asunto, dentro del plazo de un mes. El Estado solicitó una prórroga, que le fue otorgada el 7 de julio de 2009. El 27 de agosto de 2009 la Comisión recibió la respuesta del Estado, misma que envió a los peticionarios para su conocimiento el 14 de septiembre del mismo año.
Según el relato de la petición, el 7 de febrero de 1989, el señor José Luis Hernández fue detenido en las inmediaciones de la localidad Monte Grande, Provincia de Buenos Aires y trasladado a la Comisaría correspondiente a la zona, donde, ese mismo día, fue sometido a un examen físico en el que se dejó asentado que se encontraba lúcido, apto y autopsíquicamente ubicado, sin signos de intoxicación, ni lesiones traumáticas recientes.
Los peticionarios indican que el 20 de marzo de 1989 el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires solicitó al juez interviniente el traslado del señor Hernández en virtud de la gran cantidad de detenidos que se encontraban alojados en la Comisaría de Monte Grande. El 29 de ese mismo mes, el juez dio la orden de que fuera trasladado a la Unidad Carcelaria N° 1 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Los peticionarios mencionan que la orden judicial no fue cumplida y que el señor Hernández continuó alojado en condiciones de hacinamiento.
Agregan que el 6 de julio de 1989, tras cinco meses de alojamiento carcelario, la madre de la presunta víctima denunció que su hijo presentaba un cuadro gripal y dolencias en un oído y que en la comisaría no se le estaba brindando la atención médica que requería. Denunció también el deplorable estado de la comisaría y solicitó el traslado de su hijo a un lugar donde fuera atendido. Ese mismo día la juez de la causa ordenó la realización de un reconocimiento médico de José Luis Hernández, así como, de detectarse alguna enfermedad, la atención y tratamiento correspondiente. Los peticionarios alegan que, pese a ello, José Luis Hernández nunca fue asistido médicamente.
El 16 de enero de 1990, el jefe de la policía solicitó nuevamente el traslado del señor Hernández a una unidad carcelaria. El 3 de agosto de 1990 la presunta víctima fue trasladada a la Unidad N° 1 Olmos del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
Los peticionarios informan que, dos días antes del traslado, se denunció ante el juez de la causa que el señor Hernández sufría de serios dolores encefálicos y se solicitó se le hiciera un examen médico y, además, la verificación de las condiciones sanitarias de la comisaría, ante la posible existencia de un brote de hepatitis.
El 14 de agosto del mismo año el juez ordenó que se le brindara atención médica a la presunta víctima y el 16 de ese mes, el jefe de la unidad penitenciaria informó que el señor Hernández había sido internado en el Hospital San Juan de Dios y que su diagnóstico era “meningitis de probable etiología T.B.C.”. En los siguientes días, fue trasladado al área neuropsiquiátrica del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero por falta de disponibilidad de camas para el tratamiento específico de meningitis aguda. El 18 de septiembre siguiente, el señor Hernández reingresó a la Unidad Carcelaria N° 1.
Indican que el 28 de septiembre de 1990 se dictó sentencia en la causa seguida contra José Luis Hernández, por la que se encontraba preventivamente detenido. Se le condenó a la pena de 5 años de prisión.
El 2 de octubre de 1990 el Jefe de la Unidad Carcelaria informó al juez que el Director del Hospital San Juan de Dios se habría resistido a la internación del señor Hernández. Agregan que, por falta de tratamiento adecuado, la presunta víctima comenzó a manifestar graves síntomas, por lo que en reiteradas oportunidades se solicitó al juez de la causa su excarcelación extraordinaria a fin de que se le pudiera brindar el tratamiento médico que requería y que no le era brindado por el servicio penitenciario. Los peticionarios informan que el pedido de excarcelación le fue denegado.
Agregan que mediante comunicación telefónica del 24 de octubre de 1990, el juez ordenó nuevamente al Hospital San Juan de Dios la internación de la presunta víctima, lo cual fue negado a falta de camas disponibles. El 2 de noviembre del mismo año, el señor Hernández fue internado en el Hospital San Martin de La Plata. Indican que, en los siguientes días, sin dar aviso a sus familiares y sin autorización del juez, el señor Hernández fue sometido a una intervención quirúrgica y, posteriormente, retirado de ese nosocomio y trasladado nuevamente a la Unidad Carcelaria de Olmos. Los peticionarios indicaron que las secuelas de la meningitis alcanzan la pérdida absoluta de visión en un ojo, incapacidad parcial y permanente de un brazo y pérdida de memoria.
Por otra parte, los peticionarios indican que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires intentó eludir la responsabilidad por el estado de salud crítico padecido por el señor Hernández, manifestando que el mismo padecía el virus del sida. Los peticionarios alegan que, independientemente del modo en que hubiera contraído la meningitis, ésta debía ser tratada adecuadamente y, además, afirman que la presunta víctima no padece del virus y que esa falsa aseveración habría perjudicado su reputación.
Informan que José Luis Hernández obtuvo la libertad condicional el 29 de mayo de 1991 y el 2 de abril de 1993 interpuso ante los órganos judiciales una demanda civil de daños y perjuicios. El 10 de octubre de 1995 la demanda fue rechazada por prescripción de la acción.
Los peticionarios aclaran que la legislación argentina establece, en el artículo 4037 del Código Civil, que en los casos de responsabilidad extracontractual por parte del Estado, la prescripción es de dos años. Los peticionarios alegan que el juez calculó ese plazo equivocadamente desde el momento hipotético en que el señor Hernández contrajo la enfermedad; esto es, el 16 de agosto de 1990, fecha en que se le diagnosticó la enfermedad. Agregan que el juez no tomó en cuenta que la enfermedad continuó por todo el tiempo que estuvo privado de libertad y que la misma lo limitaba a presentar acción judicial alguna. El representante legal del señor Hernández apeló la resolución de primera instancia y, el 12 de septiembre de 1996, el tribunal de apelación confirmó el fallo, imponiéndole el cargo de los gastos y costos. La sentencia de segunda instancia fue recurrida ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y rechazados los recursos el 17 de diciembre de 1996 y, finalmente, el 16 de diciembre de 1997, la Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso extraordinario de queja presentado.
Por lo anterior, los peticionarios afirman que el señor Hernández utilizó los medios legales a su alcance y que el Estado habría incurrido en violaciones a los artículos I, II, V, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como de los artículos 5, 7, 8, 11, 17, 24 y 25, con relación al artículo 1.1 de la Convención Americana, y del 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
El Estado informa que, efectivamente, José Luis Hernández fue detenido el 7 de febrero de 1989 por el delito de robo agravado por su comisión con armas, instruyéndose la causa N° 24.498 ante el Juzgado en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Indica que, según los registros, la enfermedad recién se manifestó el 16 de agosto de 1990 conforme al diagnóstico de “meningitis de probable etiología TBC” que diera el Hospital San Juan de Dios de La Plata, donde en esa fecha se encontraba internado. Agrega que, en consecuencia, antes de ello, no se contaba con un diagnóstico preciso del padecimiento de la presunta víctima y, una vez internado, su estado de salud mejoró y el juez habría resuelto denegar el pedido de excarcelación “… vista la gravedad de la pena impuesta y encontrándose José Luis Hernández con asistencia médica adecuada, debe estimarse que no procede el otorgamiento del beneficio excarcelatorio extraordinario.”.
El Estado manifiesta que el 28 de septiembre de 1990 se dictó sentencia de primera instancia, condenando al señor José Luis Hernández a 5 años de prisión por el delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia el 21 de mayo de 1991 y le fue concedida al señor Hernández la libertad condicional el 29 de mayo de 1991. El Estado alega que el señor Hernández recién presentó la demanda civil de daños y perjuicios el 2 de abril de 1993. Aclara que, por ello, y siguiendo lo establecido en la legislación nacional vigente al momento de los hechos, que indica que las acciones por responsabilidad civil extracontractual del Estado prescriben en un plazo de dos años, el juez de primera instancia, y aquéllos de las instancias sucesivas, habrían rechazado la demanda por prescripción de la acción, tomando en cuenta que el señor Hernández contrajo la enfermedad el 16 de agosto de 1990.
Respecto a lo alegado por el peticionario en el sentido de que la presunta víctima se encontraba detenido y no podía iniciar proceso alguno, el Estado afirma que aún tomando ello en cuenta, debe advertirse que cuando salió en libertad, el 19 de mayo de 1991, no tenía impedimento alguno para presentarla antes de que venciera el plazo de los dos años, esto es, el 16 de agosto de 1992 y, aún así, presentó la acción hasta el 2 de abril de 1993.
El Estado añade que, las normas relativas a la prescripción revisten carácter de orden público, lo que determina la imposibilidad de modificar los plazos previstos por las mismas. El Estado argumenta que el señor Hernández gozó de las garantías del debido proceso e hizo uso de todas las instancias judiciales. Manifiesta que la pretensión del peticionario es que la Comisión actúe como una cuarta instancia de revisión de las resoluciones nacionales. Así, el Estado solicita a la Comisión que declare inadmisible la petición.
Los peticionarios están legitimados para presentar una petición ante la Comisión conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana. En la petición se nombra como supuesta víctima a un individuo con respecto al cual el Estado ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención Americana. En cuanto al Estado, la Comisión toma nota de que Argentina es un Estado parte de la Convención desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión posee competencia ratione personae para examinar la petición.
La Comisión posee competencia ratione loci para considerar la petición, ya que en ésta se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana ocurridos dentro del territorio de un Estado parte de la misma. La CIDH posee competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana regía para el Estado a la fecha en que se afirma que ocurrieron las supuestas violaciones de derechos alegadas en la petición. Finalmente, la Comisión posee competencia ratione materiae porque en la petición se aducen violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
El artículo 46.1.a. de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.
En el presente caso, las partes coinciden en que la presunta víctima interpuso una serie de denuncias y solicitudes con el fin de conseguir condiciones adecuadas de detención y tratamiento médico acorde con la enfermedad que padecía. Los peticionarios aducen que el señor Hernández agotó los recursos internos con la presentación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado, por su parte, confirma que con dicha acción se habrían agotado los recursos internos en cuanto a la pretensión del señor Hernández de obtener una reparación por daños y perjuicios en razón de la enfermedad contraída. La Comisión advierte que se ha cumplido con lo estipulado por el artículo 46.1.a de la Convención.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención, para que se admita una petición ésta debe presentarse dentro del plazo estipulado, o sea, seis meses contados a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva dictada a nivel nacional.
En el presente caso, según información proporcionada por los peticionarios y no controvertida por el Estado, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del recurso extraordinario, le fue notificada al señor Hernández en marzo de 1998 y éste presentó su petición el 30 de junio de 1998, por lo que se cumplió con el requisito estipulado en el artículo 46.1.b de la Convención Americana.
El artículo 46.1.c establece que la admisión de una petición está supeditada al requisito de que el asunto "no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional" y el artículo 47.d de la Convención estipula que la Comisión no admitirá una petición que sea "sustancialmente la reproducción de una petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional." En el caso de autos, las partes no han alegado, ni surge de las actuaciones, ninguna de dichas circunstancias de inadmisibilidad.
El artículo 47.b de la Convención Americana declara inadmisibles las peticiones en que no se expongan hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención. En el presente caso, no le corresponde a la Comisión en esta etapa del procedimiento, decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones a la Convención Americana. La CIDH realizó una evaluación prima facie y determinó que la petición plantea denuncias que, si se prueban, podrían tender a caracterizar posibles violaciones a los derechos garantizados por la Convención.
De la información y alegatos de los peticionarios, se advierte que el señor José Luis Hernández habría estado privado de libertad por más de dos años; el primer año y medio en una comisaría local, en presuntas condiciones inadecuadas de detención. Se alega que dichas condiciones habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades en diversas oportunidades, sin obtener, según dicho de los peticionarios, respuesta oportuna. Asimismo, se observa que el señor Hernández habría sido diagnosticado con meningitis mientras se encontraba en prisión preventiva bajo el cuidado del Estado y, según lo manifestado por los peticionarios, no obstante que reiteradas denuncias fueron interpuestas con este fin, el señor Hernández no habría recibido la atención médica que su estado de salud requería, lo que le habría ocasionado secuelas físicas y mentales permanentes. La Comisión considera que, de probarse lo alegado por los peticionarios, podrían caracterizarse violaciones a los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, así como 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En cuanto al proceso seguido por los daños y perjuicios demandados, el Estado ha indicado que no existieron irregularidades dentro del mismo y que el señor Hernández gozó de todas las garantías judiciales. Arguye que los jueces que conocieron tanto en la primera, como en las siguientes instancias, denegaron la acción, conforme a derecho, por haber sido presentada de manera extemporánea. Así, alega que la finalidad de los peticionarios es que la Comisión revise una sentencia que le fuera desfavorable al señor Hernández en el ámbito interno, por lo que ha solicitado que la petición sea declarada inadmisible. Al respecto, como se indica en el párrafo anterior, la materia de la presente petición no se limita a la acción de daños y perjuicios, sino que se refiere, también, a una serie de condiciones de detención anteriores al diagnóstico de la enfermedad padecida por la presunta víctima, y a posteriores consecuencias. La Comisión considera que la relación entre los diferentes reclamos y las denuncias interpuestas ante diferentes autoridades, requiere de un análisis en la etapa de fondo con respecto a los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Por otra parte, la Comisión concluye que, de la información proporcionada por las partes, no cuenta con elementos de juicio suficientes que permitan inferir presuntas caracterizaciones de violaciones a los artículos 11, 17 y 24 de la Convención, por parte del Estado argentino.
En consecuencia, en el caso de autos la Comisión concluye que los peticionarios han formulado denuncias que, si son compatibles con otros requisitos y se comprueban como ciertas, podrían caracterizar una violación de los derechos que gozan de protección conforme a la Convención Americana; más específicamente de los previstos en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial), con relación al 1.1 (obligación de respetar y garantizar derechos), así como del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En virtud de los argumentos fácticos y jurídicos que anteceden, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
Declarar admisible el caso de autos en relación con las violaciones que se alegan, de los derechos reconocidos en los artículos 5, 7, 8 y 25, con relación al 1.1 de la Convención Americana, así como 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Declarar inadmisible la petición en relación con las presuntas violaciones a los artículos 11, 17 y 24, en relación con el 1.1 de la Convención Americana.
Notificar la presente decisión a las partes.
Proseguir el análisis del fondo del asunto.
Hacer público el presente informe y publicarlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de julio de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.