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Timestamp: 2020-01-20 18:34:18
Document Index: 372758505

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 107', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 67', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 4', 'artículo 126', 'ARTÍCULO 985', 'artículo 985']

Derecho | El Universo Educativo
Tesis: XVII.2o.4 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020258 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Común)
DERECHO SUSTANTIVO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN
1 DERECHO SUSTANTIVO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN
1.1 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
2 PROTEGER EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
2.1 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
2.2 DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
3 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
3.1 SEGUNDA SALA
El derecho de acceso a la jurisdicción, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha definido como una especie del diverso de petición, que permite plantear una pretensión o defenderse de ella ante las autoridades jurisdiccionales y motiva un pronunciamiento de su parte. Esta prerrogativa parte del derecho a una tutela judicial efectiva y tiene distintas dimensiones, entre ellas, una adjetiva, relativa a las garantías que deben ser observadas durante el procedimiento; y una sustantiva, que se expresa como la facultad para exigir del Estado la satisfacción de una pretensión y, por consiguiente, el derecho a renunciar a ella, en virtud de que nadie puede ser obligado a ejercer un derecho contra sus propios intereses. Por otro lado, la institución jurídica del desistimiento, como acto procesal, se contrae a la abdicación del actor en el juicio y deriva del reconocimiento del derecho a demandar con posibilidades de éxito; mientras que, en sentido específico, el desistimiento de la instancia conlleva la renuncia de los actos procesales realizados después de iniciada la acción y produce la terminación del procedimiento, por convenir a los intereses del demandante, a fin de conservar un derecho y dejar subsistente la posibilidad de exigirlo en un nuevo proceso con elementos distintos. De conformidad con lo expuesto, se estima que el acuerdo que niega la petición del actor de desistirse parcialmente de la instancia por lo que hace a un codemandado, dentro de un juicio oral mercantil, se trata de un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues genera una afectación directa e inmediata al derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, que a su vez comprende el derecho a una justicia pronta y gratuita. Es así, en virtud de que dicha actuación determina la prosecución del juicio respecto del aludido codemandado, vinculando al actor a seguir todo el procedimiento en su contra, bajo el principio dispositivo que caracteriza los juicios civiles, a efecto de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre una pretensión que no desea perseguir en esa instancia; lo cual implica pérdida de tiempo y de recursos económicos, además de impedirle ejercer sus prerrogativas para exigir la tutela del derecho sustantivo correspondiente en el momento y por la vía que más convenga a sus intereses.
Queja 44/2019. Carlos Parada González. 8 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Saldaña Arrambide. Secretario: Gerardo González Torres.
Tesis: I.6o.P.140 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020237 1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Penal)
ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. PARA PROTEGER EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, DEBE ATENDERSE LA FORMALIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVA A QUE DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL DEBE CONSTAR POR ESCRITO.
PROTEGER EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
Cuando el Juez de control estime oportuno librar una orden de aprehensión, es indispensable que dé cabal cumplimiento al artículo 67, párrafo segundo, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece como una formalidad, que algunos autos y resoluciones del órgano jurisdiccional deberán constar por escrito, después de su emisión oral, pues con ello, se busca proteger el derecho a la seguridad jurídica de las partes, ya que en ese documento se verterán los argumentos que sirvieron a la autoridad judicial para afectar los derechos fundamentales del imputado; máxime que la audiencia en la que se solicita la orden de aprehensión, únicamente se encuentra presente el agente del Ministerio Público. Lo anterior, en la inteligencia de que las consideraciones expresadas en dicha audiencia no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser sustituidas o completadas en la versión escrita, ya que aun con la certeza que proporcionan las videograbaciones, existen estas resoluciones cuya emisión y registro deben tener un tratamiento acorde a la complejidad que revisten y las directrices que dispone la ley procesal aplicable para su pronunciamiento, en concatenación con los preceptos constitucionales que rigen el proceso penal acusatorio.
Amparo en revisión 265/2018. 4 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Córdova del Valle. Secretario: Alejandro Uribe Moreno.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis destaca la diversa aislada 1a. XXVIII/2019 (10a.), de título y subtítulo: «ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA.», publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de abril de 2019 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril de 2019, página 789.
Tesis: I.18o.A.33 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020283 1 de 1
AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS.
El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud.
Queja 80/2019. Olga Pérez Soto. 25 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretaria: Artemisa Aydeé Contreras Ballesteros.
Tesis: 2a. XLI/2019 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020278 1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h Tesis Aislada (Constitucional)
REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. EL ARTÍCULO 985 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ EL PLAZO DE 3 DÍAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS DE LOS TRABAJADORES ANTE LA POSIBLE SUSPENSIÓN DE AQUÉL, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
De una interpretación armónica de las disposiciones que regulan el reparto adicional de utilidades en favor de los trabajadores, se concluye que el plazo de 3 días previsto en el artículo 985 de la Ley Federal del Trabajo para solicitar su suspensión ante la Junta laboral a efecto de garantizar el interés de aquéllos, se encuentra íntimamente vinculado con los artículos 117, fracción I, inciso d); 121, primer párrafo; y 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para la impugnación de la resolución que emita la autoridad hacendaria cuando ésta aumente la utilidad gravable del patrón, toda vez que el plazo de 3 días previsto en la legislación laboral corre a partir de aquel en que haya presentado la impugnación fiscal correspondiente. En ese sentido, el patrón cuenta, por un lado, con el recurso de revocación, el cual deberá interponer dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación y, por otro, también tiene a su alcance la posibilidad de promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los 45 días posteriores a que surta efectos la notificación respectiva. Atento a ello, el empleador interesado en suspender el reparto adicional de utilidades cuenta con tiempo suficiente para decidir, en su caso, el medio de impugnación que interpondrá (revocación) o el que promoverá (juicio de nulidad) para cuestionar en sede administrativa o contenciosa la resolución fiscal que determina ese reparto adicional, así como para preparar todo lo necesario para la procedencia de su pretensión, lo cual incluye inclusive obtener una póliza de fianza con la que pueda garantizar la suspensión del reparto adicional en la vía laboral. En esos términos, el hecho de que el patrón demore la interposición del recurso de revocación o la promoción del juicio de nulidad hasta los últimos momentos previstos para ello, reduciendo por lógica consecuencia el lapso para tramitar la fianza que se exige en el ámbito laboral para suspender el reparto adicional de utilidades, se trata de una situación particular del solicitante de la suspensión que no vicia de inconstitucionalidad el contenido de la norma, ya que pueden existir muchos otros supuestos en lo que el empleador diligentemente prepare su defensa y genere a su favor un plazo holgado –mayor de 3 días– para obtener la póliza respectiva con el fin indicado. De esta forma, el numeral 985 de la Ley Federal del Trabajo no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, al resultar suficiente el plazo de 3 días previsto para garantizar el interés de los trabajadores ante un reparto adicional de utilidades, pues ese lapso está precedido de otros de mayor amplitud dentro de los cuales el patrón interesado se encuentra en condiciones de tramitar una garantía para obtener la suspensión del reparto adicional.
Amparo en revisión 351/2018. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco