Source: http://grupoonce.com/2013/06/01/boletin-informativo-mayo-2013/
Timestamp: 2018-06-24 19:00:45
Document Index: 302460851

Matched Legal Cases: ['Artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 111', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 38', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 52', 'artículo 254', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29']

BOLETÍN INFORMATIVO: MAYO 2013 – Grupo ONCE
Sábado, 01 junio 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- Reforma Financiera. El pasado 8 de Mayo de 2013, fue finalmente presentado por el Presidente de la República el Proyecto de Reforma Financiera, conformado por 13 iniciativas a través de las cuales se modifican 34 leyes.
De acuerdo a lo expuesto por el Ejecutivo Federal, el objeto principal de esta reforma se centra en propiciar el acceso a más y mejores créditos bancarios, fomentar la competencia en el sector financiero con el fin de abaratar las tasas crediticias, así como fortalecer el sistema financiero para que los bancos presten más.
Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, puntualizó que la reforma se basa en 4 ejes:
Lograr que la Banca de Desarrollo impulse al sistema financiero en beneficio de las familias mexicanas.
Dar mayor libertad a la Banca de Desarrollo para operar, maximizando los beneficios de los préstamos que realice y fomentando el crédito privado.
Crear programas y productos financieros para el desarrollo de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Será mucho más fácil para las personas cambiar de banco y se prohíben las ventas atadas o condicionadas, fomentando una mayor competencia en el sector.
Para que los usuarios cumplidos puedan utilizar su historial crediticio positivo para acceder a más alternativas de financiamiento, se contempla la posibilidad de crear un buró crediticio universal.
La Reforma facilita la transferencia de garantías crediticias incrementando la competencia entre las instituciones.
A efecto de reducir el riesgo en la actividad bancaria se simplifican los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias.
Se crea un Buró de Entidades Financieras, para que los usuarios puedan conocer información relevante de las entidades financieras.
Mejorar la coordinación entre autoridades financieras fortaleciendo el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.
El paquete de iniciativas fue turnado para su eventual aprobación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Diputados, mismas que ya iniciaron el proceso de debate y revisión de la reforma. Estaremos a la espera del dictamen correspondiente.
SEGUNDO.- Inconstitucionalidad del “Aseguramiento Precautorio” previsto en el Artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Como resultado de la Contradicción de Tesis 291/2012, suscitada entre las Salas Primera y Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de este máximo órgano de justicia resolvió por mayoría de seis votos que el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN “no tiene por objeto garantizar un crédito fiscal y se impone sin que existan elementos suficientes que permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha incumplido con sus obligaciones fiscales”; a lo cual añadió que “tal medida de apremio no es proporcional con el fin pretendido por el legislador”.
Con la anterior declaratoria, la cual tiene el carácter de Jurisprudencia, se pretende evitar que las autoridades fiscales impidan arbitrariamente a los particulares disponer sobre los bienes que integran su patrimonio, así como que se obstaculice el desarrollo normal de sus actividades ordinarias, pues es evidente que con ello únicamente se colocaría al gobernado en una situación que conduciría en mayor medida al incumplimiento de las obligaciones derivadas de sus diversas relaciones jurídicas, incluso las de carácter fiscal.
TERCERO.- Se restringe el derecho de aportar en Juicio de Nulidad las pruebas que debieron haberse exhibido durante el procedimiento administrativo de origen. Mediante ejecutoria de fecha 13 de marzo de 2013, dictada en el expediente de Contradicción de Tesis 528/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, por mayoría de tres votos, una jurisprudencia en la cual determina que el particular no puede ofrecer en el Juicio Contencioso Administrativo aquellas pruebas que debió haber exhibido en el procedimiento administrativo de origen; con lo cual se modifica el criterio anteriormente sostenido en la diversa Jurisprudencia 2a./J. 69/2001.
Esta nueva jurisprudencia, aún pendiente de publicación, lleva por rubro el siguiente:
“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].
Lo anterior cobra particular relevancia en el caso de la determinación de créditos fiscales como resultado de procedimientos de fiscalización, pues, contrario a lo que se ha venido estilando en la práctica fiscal, a partir de la aplicación de dicho criterio jurisprudencial el contribuyente inconforme ya no podrá ofrecer como prueba ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aquellos documentos contables y demás información que, conforme a la legislación tributaria, debieren haber sido exhibidos ante la propia autoridad fiscal durante el desarrollo de la auditoría respectiva.
Frente a lo anterior, es importante que los contribuyentes cuenten con la debida asesoría fiscal desde el inicio de un procedimiento de fiscalización, recibiendo orientación precisa con respecto a la información que en cada caso deben exhibir ante las autoridades fiscales, así como en relación a la forma legal en que deben ser atendidos cada uno de los requerimientos formulados durante una revisión. Lo anterior a fin de evitar que éstos queden posteriormente en estado de indefensión, viéndose impedidos a ofrecer los elementos de prueba necesarios para acreditar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales y los derechos que en su caso les correspondan.
En Grupo Once estamos a sus órdenes para brindarle en todo momento orientación fiscal y asesoría legal para el correcto seguimiento de cualquier procedimiento de fiscalización que le sea iniciado por las autoridades fiscales, así como para garantizar la óptima defensa de sus derechos, tanto en la fase administrativa como en la contenciosa.
CUARTO.- Los 10 puntos que propone la PRODECON para la Seguridad Jurídica del Empresario. Mediante conferencia de prensa celebrada el pasado 20 de Mayo de 2013, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente propuso los 10 puntos para garantizar la seguridad jurídica del empresario de cara a la reforma fiscal, los cuales se postularon como premisas fundamentales que deben ser aplicadas por las autoridades fiscales para que en la próxima reforma hacendaria se respeten y garanticen los derechos de los pagadores de impuestos, simplificándose además el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Los 10 puntos propuestos para considerarse en la reforma fiscal próxima, son los siguientes:
Los empresarios quieren cumplir con sus obligaciones ­fiscales. Por lo tanto, el sistema ­fiscal debe reconocer esta circunstancia, disminuyendo los costos del cumplimiento, generando un marco legal accesible y otorgando facilidades cuando ello sea necesario.
Igualmente, los empresarios están dispuestos a corregirse cuando incurren en algún error. En estas circunstancias, no se les debe impedir arreglar su situación ante el ­fisco, ni el ­fisco debe poner trabas o efectuar distinciones que imposibiliten o simplemente generen incomodidades para quienes quieren ponerse al día.
Los distintos sectores y ramas de actividad empresarial enfrentan situaciones diversas y cambiantes; por lo tanto, no es deseable que sean juzgados con un único y exclusivo criterio. Frente a diferencias que se justi­fiquen en la lógica empresarial de su actividad, los empresarios tienen derecho a no ser sometidos a criterios estandarizados.
Debe permitirse que los empresarios revelen al SAT, en tiempo real, sus estrategias ­fiscales, a efecto de que dicha autoridad las valide, y se eviten graves contingencias para la empresa cuando al revisarla, se adopte un criterio diverso.
Nuestro sistema ­fiscal contempla un exceso de formalismos. Debe reconocerse, por ende, que la omisión de requisitos de esta naturaleza no sean sancionados por la autoridad ­fiscal en forma desproporcionada, como puede ser la pérdida de un derecho de fondo.
La ley debe de garantizar un trato igualitario a los empresarios, de forma tal que la autoridad ­fiscal no pueda, en forma discrecional, conceder prerrogativas en forma caprichosa y con ello, provocar se distorsione la competitividad.
Debe combatirse de manera e­ficaz la evasión ­fiscal y el fraude a la ley en que incurren otros sujetos con actividad económica informal o incluso clandestina, para no generar competencia desleal con los empresarios formalmente establecidos.
QUINTO.- SAT recupera 11 mil millones de pesos con el programa “Ponte al Corriente”. El Servicio de Administración Tributaria informó haber recuperado hasta ahora 11 mil millones de pesos considerados incobrables, gracias al programa de regularización de adeudos fiscales “Ponte al Corriente”.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Isabel Trejo Reyes, señaló que más de 30 mil contribuyentes se han visto beneficiados con este programa, señalando que el mismo es para todos aquéllos que deseen regularizarse y que a través de éste no se pretende privilegiar a nadie en particular.
“El decreto tiene la nobleza de decir: págame y te condono multas, recargos e intereses, pero págame en una sola exhibición el 20 por ciento y te perdono lo demás”, agregó Trejo Reyes.
Al respecto, cabe destacar que este programa fue puesto en marcha por el Servicio de Administración Tributaria el pasado 19 de Febrero, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; precepto legal a través del cual se ordena y se fijan las bases para la condonación total o parcial de determinadas contribuciones federales, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de éstas, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago.
1a./J. 26/2013 (10a.)
DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO “OCULTAR” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN 111, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR ÍNTEGRA­MENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA CONSUILTA.­ El mencionado artículo establece que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a quien oculte, altere o destruya total o parcial­mente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar. Ahora bien, para acreditar el elemento típico “ocultar”, no es suficiente atender al hecho aislado consistente en la omisión de desahogar íntegramente los requerimientos de la autoridad fiscal, sino que es necesario advertir, del cúmulo probatorio, que el activo tiene la clara y manifiesta voluntad de impedir la consulta o examen de los sistemas y registros contables solicitados. En efecto, el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 85 y 86, prevé las infracciones y san­ciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, entre las que se encuentran el hecho de no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella y, en general, los elementos requeridos para comprobar el cumplimiento de obliga­ciones propias o de terceros. De lo anterior se advierte una diferencia importante entre las conductas sancionadas administrativa y penal­mente, pues en el primer caso, la ley castiga sólo la omisión de propor­cionar la información a las autoridades fiscales y, en el segundo, la acción u omisión consistente en “ocultar” dicha documentación. Esto quiere decir que a nivel penal se busca sancionar una conducta más compleja, es decir, toda una estratagema para entorpecer o evitar las facultades de comprobación fiscal, lo cual tiene sentido si se atiende al principio de ultima ratio que opera en materia penal, conforme al cual sólo los ataques a los bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima merecen la sanción más grave que se conoce en el o-den jurídico nacional; además, si la expresión “ocultar” se traduce en una acción u omisión tendente a esconder, tapar, no dar a conocer, disfrazar o encubrir a la vista de la autoridad hacendaria la documentación fis­cal requerida, con el consecuente resultado de entorpecer o impedir las labores de comprobación, entonces es necesario que el juzgador valore el material probatorio existente que permita concluir que la falta de desahogo de uno solo o de varios requerimientos administra­tivos es parte de una estrategia tendente a realizar la conducta.
Contradicción de tesis 380/2012.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cual o Cir­cuito.-30 de enero de 2013.-La votación se dividió en dos partes: mayoría’ de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.-Disidente: José Ramón Cossío Díaz.­ Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.-Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.-Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 26/2013 (10a.).-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribu­nal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece.
VII.2o.C. J/2 (10a.)
PERSONAS MORALES. AL RECONOCÉRSELES COMO TITU­LARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL JUI­CIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADAS EN EL DIA­RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011).-La interpretación sistemática, teleológica y progresiva de los artículos lo., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Uni­dos Mexicanos conduce a sostener que el Poder Reformador amplió el objeto de protección que brinda nuestra Constitución, estableciendo como derechos mínimos de los que deben gozar las personas que se encuentren en territorio nacional los derechos humanos consagra­dos en el propio texto constitucional y los establecidos en los tratados internacionales de los que nuestra Nación es parte. En el nuevo diseño constitucional se hace explícita la existencia de garantías que tutelan su protección. Así, el juicio de amparo se erige como la vía jurisdiccional con que cuentan los gobernados para acudir ante los tribunales fede­rales, a fin de que, en sede nacional, una instancia judicial analice si con la expedición de una norma de carácter general, un acto u omisión de la autoridad se vulneran derechos humanos. Esto se corrobora con el pro­ceso legislativo de las reformas correspondientes, de donde se advierte que no fue voluntad del legislador excluir a las personas morales del acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello, se les reconoció, por ampliación, como sujetos titulares de tales derechos, en lo que les resulte aplicable. Lo anterior incluso es acorde con la jurisprudencia internacional, tal como se colige de lo resuelto por la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos en el caso Cantos contra Argentina. De lo contrario, sostener que el juicio de amparo es improcedente tratándose de las personas morales, implicaría quitar a dichos sujetos una vía de protección que la propia Constitución y la Ley de Amparo, previo a las reformas de junio de dos mil once, les otorgaban, lo que conduciría a realizar una interpretación restrictiva sin sujetarse al mandato de buscar la protección más amplia en materia de derechos humanos, como lo ordena el párrafo segundo del numeral 1o, de la Carta Magna, además de vulnerar el principio de progresividad, ahora consagrado en el párrafo tercero de dicho precepto constitucional e ir en contra de la finalidad buscada por el Poder Reformador.
Amparo directo 464/2012.-Servicio Armlo, S.A. de C.V.-8 de noviembre de 2012.-Una­nimidad de votos.-Ponente: Ezequiel Neri Osorio.-Secretario: Mario de la Medina Soto.
Amparo directo 625/2012.-Caja Popular Mexicana, S.C. de Ahorro y Préstamo de R.L.-8 de noviembre de 2012,-Unanimidad de votos.-Ponente: Ezequiel Neri Osorio.-Secretario: Eduardo Castillo Robles.
Amparo directo 702/2012.-Calpan S.A. de C.V-15 de noviembre de 2012.-Unanimi­dad de votos.-Ponente: José Manuel de Alba de Alba,-Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz.
Amparo directo 651/2012.-Fortes Fernández S.C. y otro.-15 de ‘noviembre de 2012.­Unanimidad de votos.-Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés.-Secretaria: Katya Godínez Limón.
Amparo directo 645/2012.-15 de noviembre de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Manuel de Alba de Alba.-Secretaria: Rubí Aguilar Lasserre.
2a./J. 21/2013 (10a.)
ALEGATOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR LOS AR­GUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LÁ AUTO­RIDAD DEMANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN AQUELLOS.-Los planteamientos dirigidos a hacer valer la incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo o la indebida fundamentación de su competencia para emitirlo, por comprender una temática ‘de estu­dio preferente, obligatorio y de orden público, pueden realizase en la demanda o en su ampliación pero, de argumentarse en los alegatos, tales temáticas no pierden su carácter de estudio obligatorio, pues la intención de exponer los argumentos relativos a la competencia implica atraer la atención de la Sala Fiscal a un tópico que, de cual­quier forma, habrá de estudiarse en la sentencia; esto, sin perjuicio de que si oficiosamente advierte que la autoridad es incompetente, pueda declarar la nulidad del acto impugnado, conforme a la facultad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Contradicción de tesis 397/2012.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribuna Cole­giado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-9 de enero de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Sergio A. Valls Hernández-Ponente: Luis María Aguilar1 Mora­les.-Secretario: José de Jesús Cruz Sibaja.
Tesis de jurisprudencia 21/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece.
1a. CXXI/2013 (10a.)
VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE SURTE A CARGO DEL ADQUIRENTE O COMPRADOR CUANDO NO SE CERCIORA SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CUENTA O NO CON ESTABLE­CIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS.-Conforme al artículo 1o,-Ar fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 2005, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enaje­nen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Por ende, en caso de que esas mercancías o bienes se adquieran por una persona física o moral, ésta tiene la obligación de cerciorarse Si el resi­dente en el extranjero cuenta o no con establecimiento permanente en el país, pues de no hacerlo, el adquirente o comprador sustituye al extranjero (con­tribuyente) en el cumplimiento de la obligación de pago que le corresponde por la enajenación u otorgamiento de bienes.
Amparo en revisión 674/2012.-Electrodos Infra, S.A. de C.V.-6 de febrero de 2013.­Cinco votos.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
2a./J. 39/2013 (10a.)
OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRA­BAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POSTERIOR A LA FECHA INDICADA COMO DEL DES­PIDO PERO PREVIA A LA OFERTA, SIN ESPECIFICAR LA CAU­SA QUE LA ORIGINÓ, NO IMPLICA MALA FE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006 E INTERRUPCIÓN DE LA DIVERSA 2a./J. 74/2010).-EI ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón en el juicio laboral, cuando dio de baja al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en fecha posterior a la indicada como del despido, pero previa a esa oferta, sin especificar la causa que la originó, no implica mala fe, porque tal aviso constituye la comunica­ción obligatoria que debe darse dentro del plazo de 5 días hábiles pos­teriores al en que dejó de existir la causa de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social; esto, porque el aviso sólo muestra que la relación de trabajo dejó de estar vigente en determinada fecha, sin prejuzgar sobre la causa de la baja, pues esto será motivo de aná­lisis de la controversia sobre el despido alegado. De manera que la conducta del patrón cuando, habiendo dado de baja al trabajador en fecha posterior a la señalada como de despido, propone al trabajador regresar a laborar, no puede considerarse contraria a un recto proceder que ponga en entredicho su verdadera intención de continuar con la relación de trabajo. Además, el aviso no representa, por sí mismo, modi­ficación a las condiciones fundamentales de la relación laboral, ni afecta los derechos del trabajador previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley del Seguro Social, porque si en el juicio se resuelve que el despido fue injus­tificado, quedará descubierta la verdadera causa de la baja y, como consecuencia, podrá ordenarse restablecer la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo anterior, esta Segunda Sala modi­fica la jurisprudencia 2a,/J. 19/2006, de rubro: “OFRECIMIENTO DEL TRABAJO, EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS LABORES ÉN EL JUICIO RELATIVO, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, IMPLICA MALA FE.” e interrumpe la diversa 2a./J. 74/2010, de rubro: “OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU ALTA POS­TERIOR, AMBAS EN FECHA PREVIA A AQUELLA EN QUE EL PATRÓN LE OFRECE REINTEGRARSE A SUS LABORES EN EL JUICIO RELATIVO, DONDE NIEGA HABERLO DESPEDIDO, SIN ACREDITAR LA CAUSA QUE ORIGINÓ LA BAJA, IMPLICA MALA FE.”
Solicitud de modificación de jurisprudencia 18/2012.-Magistrado y secretario de tri­bunal en funciones de Magistrado integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Mate­ria de Trabajo del Segundo Circuito.-13 de febrero de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: José Fernando Franco González Salas.-Ponente: Sergio 4 Valls Hernández.-Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Tesis de jurisprudencia 39/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del veintisiete de febrero de dos mil trece.
2a./J. 46/2013 (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMA­RIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLU­CIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO.-Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis­trativo, tratándose de los actos impugnables en la vía sumaria, la demanda respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes él en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada y no hacerlo así trae como consecuencia su desechamiento, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, fracción 1, de la Ley Orgánico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados instructores deben desechar la demanda si no se ajusta a lo previsto en la ley. Sin embargo, cuando en la resolución impugnada se informa al particular que cuenta con un plazo distinto para promover el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe estimarse oportuna la demanda presentada dentro del plazo señalado por la autoridad emi­sora, a fin de garantizar el derecho de defensa de los gobernados, ya que ésta fue la intención del legislador al establecer en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la obligación de la autoridad de precisaren sus resoluciones los plazos para impugnarlas. Ignorar la efectividad de tal precisión, implicaría desconocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que su falta de técnica y acuciosidad redunde en perjuicio de los derechos funda­mentales de tutela judicial efectiva, seguridad y certeza jurídicas pre­vistos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Contradicción de tesis 401/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias Admi­nistrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.-13 de febrero de 2013.-Máyoría de tres votos con el sentido del proyecto.-Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; mayoría de cuatro votos con el criterio contenido en esta tesis, en contra del voto del Ministro Luis María Aguilar Morales.-Poniente: Sergio A. Valls Hernández.-Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 46/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del seis de marzo de dos mil trece.
VII-TASR-NOIII-14
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 421
VII-TASR-8ME-18
NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLARÓ LA NULIDAD PARA DETERMINADOS EFECTOS FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Cuando se controvierta en juicio contencioso administrativo la legalidad de una resolución dictada en cumplimiento a una sentencia definitiva que determinó efectos, y esta hubiere sido emitida con posterioridad al plazo de cuatro meses, debe ser declarada nula, por emitirse en contravención al término fijado en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto siempre y cuando la autoridad no se encuentre en el supuesto de excepción, esto es cuando la sentencia firme reconozca un derecho que le confiera una prestación al particular. Lo anterior, porque al emitirse resolución fuera del plazo de cuatro meses se transgrede al principio de justicia pronta que debe imperar en el cumplimiento de un fallo y que forma parte del derecho humano al acceso pronto de justicia, en el caso en concreto emisión rápida de la resolución dictada en cumplimiento a una sentencia, principio que también es trasladado a las autoridades administrativas vía cumplimiento, ya que de lo contrario la demora prolongada, dejaría en estado continuo de incertidumbre al particular.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9523/12-17-08-3.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de septiembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucila Padilla López.- Secretaria: Lic. Faviola Chávez Martínez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 413
VII-TASR-1GO-42
NEGATIVA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De conformidad con los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas que causen agravio en materia fiscal, incluso si se trata de resoluciones en las que no se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; se niegue la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales o no se impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Por tanto, una resolución en la que se niegue a un contribuyente su solicitud de pago en parcialidades de un crédito fiscal se considera una resolución definitiva impugnable ante este órgano jurisdiccional, pues es evidente que le causa un perjuicio en materia fiscal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1209/12-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de septiembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 438
VII-TASR-1GO-41
MULTAS. AL NO TRATARSE DE CONTRIBUCIONES, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTÁ SUJETO A SU PAGO.- Si bien, por regla general, el artículo 254 de la Ley del Seguro Social establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es sujeto de contribuciones federales, estatales y municipales, ello no significa que no esté obligado al pago de las sanciones que se le impongan por infracción a disposiciones legales o reglamentarias. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, sin que en la definición de ninguna de estas queden comprendidas las multas impuestas por infracción a las normas legales o reglamentarias, las cuales tienen el carácter de aprovechamientos en términos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, de la interpretación armónica de los preceptos referidos, debe concluirse que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí es sujeto del pago de sanciones que se le impongan por infracción a disposiciones legales o reglamentarias.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 364/12-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de agosto de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.
VII-TASR-1GO-34
COMPROBANTES FISCALES. QUIEN PRETENDA ACREDITAR FISCALMENTE CON ELLOS DEBE CERCIORARSE QUE FUERON IMPRESOS POR UN ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO.- De conformidad con los artículos 5, fracción II y 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 29 del Código Fiscal de la Federación, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, es necesario que, entre otros requisitos, conste por separado en los comprobantes fiscales que reúnan los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, entre ellos, que hayan sido impresos por un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, además de verificar que el comprobante contenga los datos impresos en el documento tales como el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de Registro Federal de Contribuyentes que sean los correctos, el contribuyente también debe cerciorarse, que se trate de comprobantes impresos en establecimientos autorizados, porque de no ser así, no se puede considerar que reúnan los requisitos fiscales, máxime que de conformidad con la Regla 2.4.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, se tiene por cumplida la obligación prevista en el tercer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, de cerciorarse de que los datos de la persona que expide un comprobante fiscal son correctos, cuando el comprobante de que se trate haya sido impreso en un establecimiento autorizado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2537/11-13-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Guillermo García Apodaca.- Secretario: Lic. Anuar Hernández Hernández.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 21. Abril 2013. p. 431
VII-TASA-III-42
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN VII, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE CONSIGNARSE EXPRESAMENTE DENTRO DEL TEXTO DE LOS COMPROBANTES FISCALES, SIENDO INSUFICIENTE QUE SE CONTENGA EN LA CADENA ORIGINAL CON LA QUE SE GENERÓ EL SELLO DIGITAL A QUE SE REFIERE LA REGLA II.2.6.2.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2012 Y SU ANEXO 20.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29-A, fracción VII, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales, entre otros requisitos, deben contener el importe total consignado en número o letra y, en caso de que la contraprestación se pague en una sola exhibición, en su contenido deberá señalarse expresamente dicha situación; por lo tanto, si del comprobante fiscal o factura se observa que en la cadena original que generó el sello digital a través del medio electrónico se señaló, Pago en una Sola Exhibición, no menos cierto es que con dicho señalamiento no se cumple con el requisito establecido en el citado artículo 29-A, fracción VII, inciso a), del código tributario. Esto es así, pues el hecho de que en la cadena original que genera el sello digital se haya señalado que el pago se realizó en una sola exhibición, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito establecido en el numeral de mérito, ya que según lo establece la Regla II.2.6.2.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012 y su Anexo 20, el concepto de cadena original, es la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, por lo que interpretando dicho concepto, debemos entender que la cadena original se compone del cúmulo de datos plasmados en el cuerpo mismo del comprobante fiscal, de ahí, que aplicado al caso, si en el contenido de la factura no se especificó que el pago se hizo en una sola exhibición, entonces, es impreciso el dato que se generó en la cadena original ya que dicha expresión no coincide con el conjunto de información contenida en el comprobante, por lo que resulta claro que la inserción de datos en la cadena original no constituye el cumplimiento al requisitos previsto por el artículo 29-A, fracción VII, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1960/12-TSA-8 y 3120/12-05-01-9 (auxiliar y de origen, respectivamente).- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, el 18 de enero de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Mario Rodríguez Junco.- Secretaria: Lic. Aurora Mayela Galindo Escandón.
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VII-TASR-2GO-75
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BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE MAYO 2013