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Timestamp: 2017-09-26 19:53:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 1']

Designación de la nueva Corte Suprema | Nicolás Brito Grandes
Designación de la nueva Corte Suprema
Guayaquil, 10 de Noviembre de 2008.
La designación de la nueva Corte Suprema de Justicia
El 25 de mayo de 1997, el Presidente de la República, Dr. Fabián Alarcón, convocó a una Consulta Popular de 14 preguntas. Con la Tercera Pregunta autorizamos “…que se convoque a una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que se reforme la Constitución…”. Con la Décima Primera Pregunta autorizamos “…modernizar la Función Judicial reformar el Sistema de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que su origen sea la propia Función Judicial…”. Finalmente 1’790.383 ecuatorianos dijimos SÍ a la Décima Cuarta Pregunta, y dispusimos “que el Congreso Nacional incorpore como reformas a la Constitución… el mandato de esta consulta…” y dimos un plazo de 60 días para ello, a partir de la publicación oficial de los resultados, lo que sucedió en el Registro Oficial No. 80 de 5 de junio de 1997, el artículo 57 de la Constitución de 1978 mandaba que “La decisión adoptada por este medio (la consulta popular) será obligatoria”. Los políticos se burlaron de la decisión soberana y en la Decimosexta Disposición Transitoria de la Constitución de 1978, reformada en 1997 dispusieron que “El Congreso Nacional designará por esta vez, a los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia…”.
Durante la presidencia del Ing. Lucio Gutiérrez, en el Registro Oficial No. 485 de 20 de Diciembre del 2004, fue publicada la Resolución No. R-25-181 mediante la cual el Congreso Nacional resolvió “Declarar cesante en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a sus correspondientes conjueces…”. Y designaron su reemplazo.
El Presidente Rafael Correa, a través de sus asambleístas, incluyó en el Régimen de Transición, en el artículo 21 que a los 10 días de proclamados los resultados del referéndum terminan los periodos de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia; y en el artículo 25 que “Una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se organizará la comisión calificadora que designará…la primera Corte Constitucional”, pero el Dr. Patricio Pazmiño. Presidente del Tribunal Constitucional, el 21 de octubre último se autocalificó presidente de la primera Corte Constitucional y los nueve vocales como jueces.
Lo reseñado demuestra que la arbitrariedad de nuestros políticos no es algo nuevo así como el afán de captar todos los poderes del Estado. El cambio prometido fue una muletilla para captar el poder.
Ahora que otra vez estamos sin Corte Suprema de Justicia, los políticos se pasan el problema: Los asambleístas dicen que su Corte Constitucional debe resolver el problema, pero las instituciones públicas nacen mediante la ley y en el caso de la primera Corte Constitucional su nacimiento está señalado por el artículo 25 del Régimen de Transición, pero si actualmente no existe la función de Transparencia y Control Social, mal podría existir la Corte Constitucional. Además no hay nada que interpretar porque lo dispuesto en el artículo 21 del Régimen de Transición es meridianamente claro, ya terminaron los periodos de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia, por lo que los ex magistrados no deben volver a asumir sus cargos. El Congresillo al crear una nueva ley de la función judicial no debe contradecir el Régimen de Transición, porque esa es la voluntad popular.
Los asambleístas no contaban con que los jueces de la Corte Suprema de Justicia tengan dignidad y no acepten ser designados mediante una tómbola.
Considero que la única solución legal para resolver este problema es aplicar el artículo 1, segundo inciso, de la Constitución vigente que dice “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”. Por lo tanto, para que tengamos una Corte Suprema de Justicia con autoridad legal y no arbitraria, el Presidente de la República debe convocar a una Consulta Popular para que los ecuatorianos aprobemos que se designe por esta vez una nueva Corte Suprema de Justicia mediante un concurso público de méritos y oposición.
9 noviembre, 2008 a 21:27
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