Source: http://www.franciscosantana.net/2013/07/ley-especial-para-prevenir-y-sancionar.html
Timestamp: 2019-06-17 20:02:55
Document Index: 364368645

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 14', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'artículo 16']

Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (2013)
La presente Ley tiene por objeto la prevención, tipificación, sanción de los delitos de tortura y otros tratos crueles,, inhumanos o degradantes, así como la reparación del daño a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos, promoviendo la participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular, organizaciones sociales y organizaciones de víctimas de estos delitos, en corresponsabilidad con los órganos y entes del Poder Público competentes, en la protección y defensa de los derechos humanos.
La presente Ley desarrolla los principios constitucionales sobre el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral; y la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el deber de toda persona de promover y defender los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social, y la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos, las funcionarias públicas y las personas naturales, atendiendo al principio de imprescriptibilidad de éstos y a su exclusión de todo beneficio procesal.
La presente Ley tiene como finalidad desarrollar el mandato constitucional en el marco internacional de los derechos humanos, en materia de delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el objeto de: 1.- Garantizar y proteger el derecho a la vida, así como la integridad física, psíquica y moral de toda persona humana, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las obligaciones de protección, garantía y vigencia plena de los derechos humanos.
Derechos de las víctimas y sus familiares sujetos a los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
Las víctimas y familiares de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes tienen derecho a exigir medidas de protección y seguimiento, y medidas de prevención a los órganos y entes competentes, previo cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, a fin de preservar su integridad física y obtener la protección necesaria. Es de carácter obligatorio para los órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y de prevención, acoger de manera inmediata estas medidas y proteger a las víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Artículo 7
Constituyen acciones a desarrollar para evitar la consumación de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los órganos y entes del Estado, especialmente del sistema de justicia, del servicio- penitenciario, de los órganos de inteligencia, órganos de investigación penal, cuerpos de policía, entre otros, las siguientes:
El reconocimiento médico, así como el control y registro del estado físico, psicológico y mental de la víctima de los delitos previstos en la presente Ley, debe estar debidamente documentados mediante las resultas del examen médico correspondiente y debidamente refrendado por la medicatura forense que le corresponde.
Toda víctima de los delitos previstos en la presente Ley, tiene el derecho a la reducción o adaptación de su jornada laboral, al cambio del centro de trabajo, y a la suspensión temporal de la relación laboral. Las ausencias el puesto de trabajo, motivadas por la condición física o psicológica derivada de la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, no se consideran suspensión de la relación del trabajo, de conformidad con la legislación laboral vigente.
Es deber del Estado la reparación a las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, quien tiene la obligación de proveer la asistencia médica, psicológica y social a las víctimas y sus familiares, hasta su total rehabilitación. Es deber, del Estado generar las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento al contenido del presente artículo.
Se crea la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que estará integrada a la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, que tendrá por objeto la coordinación promoción, supervisión y control nacional de las políticas y planes nacionales de prevención de la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como la vigilancia de los derechos de las personas privadas de libertad; de igual forma velará por el cumplimiento de la presente Ley, de la garantía del derecho a la integridad física, psíquica y moral, y la prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Corresponde a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: 1.- Establecer planes nacionales de formación anual, en derechos humanos y prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, dirigidos a los funcionarios públicos y funcionarias públicas, a quienes se les deberá informar sobre las responsabilidades en que incurran en caso de comisión de los delitos previstos en la presente Ley.
7.- Realizar visitas libremente a centros de privación de libertad, tales como centros penales, centros de detención preventiva, instituciones policiales, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación farmacológica, zonas de tránsito en puertos internacionales, u otros. Estas visitas podrán ser realizadas sin previo aviso, con la finalidad de garantizar los derechos humanos. 8.- Realizar reuniones con las y los responsables, las funcionarias y los funcionarios de los centros visitados para mantener un diálogo constructivo con las autoridades pertinentes, y elaborar informes que reflejen las situaciones observadas, y el seguimiento acordado desde la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, inhumanos o Degradantes a cada una de ellas. Este informe deberá ser remitido a los superiores jerárquicos de cada uno de los entes que conforman la Comisión Nacional de Prevención.
La Comisión Nacional de Prevención estará integrada por dos voceros o voceras de la Defensoría del Pueblo, quien la presidirá, y un vocero o vocera de los Organismos e Instituciones que a continuación se mencionan: Tribunal Supremo de Justicia, Defensa Pública, Ministerio Público, Asamblea Nacional y de los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Servicio Penitenciario, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comunas y Protección Social, Defensa, Salud, Pueblos Indígenas, y un vocero o vocera del Poder Popular designado del seno del Consejo Federal de Gobierno.
Los voceros y voceras, objeto del presente artículo, serán nombrados dentro del marco de las normas y procedimientos de la institución correspondiente, y tienen derecho a voz y voto en las decisiones que se adopten. Artículo 14
Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, serán provistos con cargo al presupuesto fiscal de la Defensoría del Pueblo.
Cuando los funcionarios o funcionarias policiales, del servicio penitenciario, los o las fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos o las defensoras públicas, los funcionarios o funcionarias militares, los jueces o juezas de la República tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta Ley, deberán notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a cuarenta y ocho horas.
La información que hayan suministrado las personas y entidades a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, será confidencial.
No se podrá hacer pública la información confidencial obtenida a través de visitas a centros de privación de libertad o entrevistas efectuadas a familiares o víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni la información sobre casos individuales sin el consentimiento previo de la persona interesada. Se reserva la privacidad de la fuente. Capítulo IV
De los delitos concernientes a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes
El funcionario público o funcionaria pública que colabore de cualquier forma o encubra a los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17 y 18, será sancionado o sancionada con pena equivalente a lo establecido en los artículos antes señalados. En la misma pena incurrirán los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, que entorpezcan las investigaciones correspondientes que instruya el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, e inhabilitación para el ejercicio función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a rebaja alguna.
Las personas naturales que participen en calidad de autores materiales o intelectuales de cualquier forma con él o los agentes activos de los delitos previstos en los artículos 17, 18 y 19, respectivamente, serán sancionadas con una pena equivalente a las tres cuartas partes de la pena principal aplicada a estos agentes activos, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. De igual forma quien colabore con cualquier forma con los agentes activos de los delitos señalados en este artículo será sancionado con pena de las dos cuartas partes de la pena principal e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a rebaja alguna. Artículo 21
El funcionario público o funcionaria pública que en funciones inherentes a su cargo, cometa actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral, será sancionado o sancionada con la pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada. Tanto la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política no estarán sujetas a rebaja alguna.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas adscritos al sistema nacional de salud, con responsabilidad en el trato de tutelados o pacientes, que maltraten física o psicológicamente a las personas sometidas a su tutela, custodia o disciplina, o a los usuarios y usuarias del servicio, serán sancionados o sancionadas con amonestación escrita, trabajo comunitario, destitución, o con arresto proporcional a los establecido en la ley que regula la materia, de conformidad con la gravedad de la lesión.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables de los centros de detención, donde se encuentren espacios o instrumentos utilizados para infligir tortura, serán sancionados con pena de uno a cinco años de prisión y multa de doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.) a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), así como la clausura del espacio y la destrucción del instrumento de tortura; siempre que los mismos no se constituyan en elementos o instrumentos probatorios enjuicio. Artículo 24
Los funcionarios o funcionarias policiales, del servicio penitenciario, los o las fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos o las defensoras públicas, los funcionarios o funcionarias militares, del sistema educativo, del sistema nacional de salud, los jueces o juezas de la República, que incumplan con la obligación de notificar a la Defensoría del Pueblo cuando tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta Ley, serán sancionado o sancionada con una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) a doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.), trabajo comunitario, o destitución según la gravedad del caso.
El funcionario público o funcionaria pública que se niegue a dar información a los distintos representantes de los órganos y entes que conforman la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, le negare el acceso a los expedientes del centro de reclusión o de la persona detenida, el registro de detenidos o impida la entrevista con los mismos o negare la entrada a un centro de detención o algún lugar dentro del centro de detención, será sancionado con arresto de quince a veinticinco días y multa de doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.) a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.).
El personal de salud que labore en instituciones privadas y con responsabilidad en el trato de pacientes, que maltraten física o verbalmente a las personas de la prestación de sus servicios, serán sancionados con multas de veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T.) a Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) unidades tributarias o arresto proporcional, conforme al maltrato físico causado. Artículo 27
El médico o médica que incurra en falsedad al expedir el informe médico legal, psicológico o mental respectivo, u omita la mención de signos de tortura o maltrato, será sancionado o sancionada con pena de ocho a doce años de prisión y suspensión de la licencia por un período equivalente a la pena.
El funcionario público o funcionaria pública que incurra en violación a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley, será sancionado o sancionada con pena de cuatro a seis años de prisión, con la destitución del cargo, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período de cinco años.
No se considerarán como causas eximentes de responsabilidad de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tipificados en la presente Ley, el que se invoquen o existan circunstancias excepcionales de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas, estados de excepción, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia.
Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, no podrán invocar como causa de justificación, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, para justificar la comisión de los delitos previstos en la presente Ley.
Todo funcionario público y funcionaria pública que presencie o tenga conocimiento de la comisión de los delitos previstos en la presente Ley, o se le instruya una orden para ejecutar actos típicos previstos en esta Ley, aun cuando no se ejecutaren, está obligado u obligada a denunciarlo de inmediato ante las autoridades competentes. El funcionario público o funcionaria pública que incurra en omisión a lo dispuesto en el presente artículo, será sancionado o sancionada con pena de uno a tres años de prisión.
Corresponde al Ministerio Público la investigación para la determinación del hecho punible y la identificación del autor o autores y/o partícipe, de acuerdo a los procedimientos especiales previstos para tales efectos.
Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa.
Etiquetas: Derechos humanos Ley penal Leyes 2013