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Timestamp: 2018-04-21 07:08:55
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Abogados in House - Nº 4 by Abogados in House - issuu
Claus Noceti - Marcelo Brandariz - Pedro de la Fuente â&#x20AC;&#x201C; Eduardo Gil Roca.
Prestando servicios legales a la comunidad de negocios
Es un enorme placer para nosotros poner en tus manos la 4ta edición de la única revista sobre negocios, management y derecho empresario.
Queremos que esta revista sea el punto de encuentro para los abogados de empresa y el espacio donde compartir ideas y opiniones sobre el complejo y fascinante mundo del derecho corporativo en constante cambio. Esperamos que esta edición cumpla tus expectativas y que las notas y artículos de doctrina sean de tu interés. Te animamos a que nos acompañes enviando notas, opiniones y artículos a: info@cedeflaw.org Estamos felices de compartir contigo este proyecto editorial. !Comenzá a disfrutar abogados-inhouse.com!” Pablo A. VAN THIENEN Director académico CEDEF | Law & Finance
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Derogar el artículo 245 LCT: La única reforma válida de la ley laboral para generar más empleo La verdad detrás del pacto de herencia futura y su im(pacto) en las empresas familiares: ¿Un pacto con poco futuro? Contrato de concesión: Libertad de contratación, apreciación jurisprudencial y relevancia del contexto fáctico Sociedad Anónima Simplificada y autonomía de la voluntad: ¿Se aplica el artículo 251 LGS?
Chief Legal Officers 2017 Survey
Law Firms Are Falling Behind on Technology, Client Expectations
From Legal Adviser to Strategic Adviser
Expecting More From Law Firms
Entrevista a Matías Ferrari y Agustín Cerolini
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Derogar el artículo 245 LCT Por Pablo A. Van Thienen o Director académico Instituto CEDEFLaw
la única reforma válida de la ley laboral para generar más empleo I - Introducción.
l artículo 245 LCT es la madre de todas las batallas y por lo tanto, la causa de todos los males en el mercado laboral de la República Argentina. Esta norma que impone indemnizar al trabajador bajo un sistema retrógrado donde se computa un mes por año de antigüedad; sumado a salario anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas (proporcional), celular, garaje, membresía del Jokey Club, colegio de los chi-
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cos, nafta para el auto, pasaje en business y demás rubros remunerativos es, sin duda, la causa principal del vergonzoso empleo en “negro” e “informal” que tenemos, batiendo records a nivel mundial y poniéndonos el podio de los países subdesarrollados donde aún hoy persiste la cultura del trabajo esclavo. Es paradójico pero aquella norma destinada a tutelar y proteger a los
“Descamisados de Evita”, medio siglo más tarde terminó por dejar a los Descamisados completamente desnudos de protección laboral. Medido en términos políticos y en términos de eficiencia en el uso de los recursos podemos sacar la siguiente conclusión: el modelo tuitivo del artículo 245 LCT fracasó por completo. Al empresario le cuesta tomar empleados, precisamente, porque descuenta
los costos de salida de la masa salarial que incorpora. Cuando aquel hace los números del costo de salida, claramente no cierran. Con este panorama el empleador toma tres caminos: no contrata nuevo personal, toma personal informal asumiendo el riesgo del costo de salida, o contrata nuevo personal “negreando” parte del salario. Esta última tiende a reducir y neutralizar el riesgo empresario. Recordemos que es natural al espíritu
emprendedor: tomar riesgos. Tenemos estadísticas de los empleados formales, contamos con cifras serias y creíbles sobre los informales, pero lo que no sabemos con certeza estadística es cuánto de los empleados formales están bajo el modelo mixto de semi-blanqueo. Me animo de decir que éste último debe ser muy significativo, precisamente por las razones que expongo: el costo de salida.
II - El artículo 245 incentiva oportunistas. Todos somos Peronistas! Está claro que quien ingresa a trabajar a una organización adquiere desde el vamos el derecho a ser indemnizado si la organización decide, sin causa, deshacer la relación contractual. Pero aún más grave, en aquellos casos donde el empleador decide rescindir con causa el costo de salida igual existe gracias a la mirada extremadamente tuitiva de los tribunales del foro laboral que han distorsionado por completo el instituto del orden público extendido hasta límites insoportables el principio “in dubio pro empleado”. De esta forma el propio Estado a través del poder judicial genera en el mercado la idea de que el empleador es un explotador oportunista que saca provecho del trabajador débil y desinformado. Así las cosas, como el empresario es refractario a riesgos desmedidos y exorbitantes, prefiere indemnizar y pagar aún sabiendo que el empleado ha sido infiel o, en su caso, no ha cumplido las prestaciones de acuerdo con las obligaciones acordadas. Bajo esta clave observamos que el artículo 245 LCT se ha convertido en una suerte de “plazo fijo” o “caja de ahorro” donde el empleado suma todos los años
un crédito que le permite retirarlo “a la vista”. El derecho a este crédito nace sin importar si la relación se ha extinguido con o sin causa, y lo más grave, sin distinguir si el empleado es tornero o Chief Executive Officer de una multinacional. O sea, basta estar incorporado al payrol para tener derecho a hacer efectivo el crédito en una suerte de “Loto” institucionalizado donde tengo todos los números y las probabilidades de no cobrar son nulas. Es tan fuerte y pesado el derecho adquirido que nos reconoce el artículo 245 LCT que sus beneficiarios o destinatarios no están muy permeables a negociarlo. Incluso, en épocas no muy remotas y en el ámbito profesional, este crédito era fuertemente negociado por el empleador dado el potencial costo reputacional que conllevaba reclamar la indemnización. Me refiero al mercado de empleo profesional: Tier 1. Los años fueron pasando y en la actualidad aquel costo reputacional no tiene hoy el valor que tenía antes y los profesionales y ejecutivos han decidido hacer uso del derecho laboral demandando reclamos “millonarios” contra sus ex – empleadores. Basta repasar la jurisprudencia de la última década para advertir cómo ejecutivos de primera línea de la República
Argentina se han “peronizado” echando mano a un marco legal que lejos estuvo de tutelar a estos destinatarios “informados” que forman parte de una elite ejecutiva. Lo más paradójico de este modelo perverso es que estos empleados “informados” aplican la LCT para emplear. Son ellos quienes terminan usufructuando la ley en su beneficio propio. Incluso hay casos insólitos donde el ejecutivo habiendo contratando personal en negro, utilizó los mismos argumentos de los tribunales en su favor. Con este panorama donde todos ganan y el único que pierde es la empresa, está claro por qué nadie quiere derogar el sistema. Este cheque en blanco pagadero al portador no puede más que generar conductas desleales y oportunistas por parte de los empleados, y el único que termina pagando todos los costos es el inversor. El sistema es tan perverso que alienta la conducta oportunista, y lo más extraño del modelo contractual es que cuanto más larga es la relación más oportunista se torna la conducta; distorsionando por completo la ecuación económica de la relación.
III - Libertad para entrar y libertad para salir: la única manera de generar empleo “blanco”. Nadie puede poner en entredicho que el mercado laboral más dinámico del planeta es el de los Estados Unidos de Norteamérica donde despedir a un empleado tiene costos cercanos a “cero”. Todos hemos visto en las películas de Hollywood al jefe decir: “You Are Fired”! Acto seguido el empleado aparece en escena con una caja con sus pertenecías: el marco de fotos, el diploma de la universidad, los lápices de colores y
se terminó la relación contractual. ¡Así de práctico! ¡Así de simple! Aunque el modelo suene horrible a nuestros oídos lo cierto es que en términos de dinámica laboral el modelo ha mostrado se extremadamente eficiente pues, haciendo simple la salida, hacemos más fácil la entrada. Si la decisión de contratar no tiene costos en el futuro la respuesta inmediata del mercado es tomar personal en abundancia. El único costo para
el tomador es el gasto operativo de tener un empleado; o sea, el sueldo y los aportes patronales. Y ese costo “laboral” el empleador está dispuesto a absorberlo pues está dentro de su estructura de costos operativos dentro del cuadro de resultados y, además, lo asume como obligación social. El empleado es un proveedor más de servicios dentro de su estructura de costos. Está claro que muchas diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 7
“No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”. Juan Domingo Perón.
veces el empresario está dispuesto a soportar el costo laboral como una inversión de largo plazo cuando el talento así lo justica. Hasta tanto el empleador no descubra dicho talento el empleado será percibido como un proveedor más. Y está bien que así sea pues esa dinámica de eficiencia en la producción termina oxigenando las relaciones laborales y humanas y, por sobre todo, libera energías creativas. ¡Lo digo por haberlo experimentado en carne propia! Eliminar los costos de salida tiene por efecto necesario e inmediato que el mercado laboral se torna altamente competitivo pues los empleados comenzarán a tener más ofertas de trabajo. Si el empleador desea retener el talento buscará la manera de seducir al empleado talentoso y convencerlo de quedarse en la organización. No hay duda que dicha seducción se mide en términos monetarios y de oportunidades futuras. Esta nueva dinámica del mercado laboral lleva al empleado a un nuevo paradigma: libertad de selección y fortaleza en la negociación.
Si bien es cierto que en momentos de crisis económica este modelo luce muy agresivo pues el mercado tiende a despedir en forma “masiva”; no es menos cierto que en cuanto comienzan a aparecer los primeros signos de recuperación, el mercado contrata, también, en forma masiva retroalimentando el sistema, el consumo y la economía. El rol del Estado es vital para generar un sistema que proteja al empleado, precisamente, en esos momentos de bache o valle en la producción. En nuestro modelo actual el empleador asume todos los costos y todos los riesgos. Asume no sólo el costo operativo sino además el costo sistémico. Me explico: el empresario argentino no sólo soporta el costo laboral del sueldo más los aportes y las cargas sociales (36% del costo); sino que financia el costo sistémico por “desempleo” estructural. Es el empresario quien tiene que absorber todos estos costos sin que el Estado asuma responsabilidad alguna. Sin duda este modelo está agotado.
IV - Seguro de desempleo: única opción posible. El seguro de desempleo es la única forma de financiar el costo sistémico distribuyendo dicho costo entre todos los operadores del mercado solidarizando la crisis y donde todos los operadores aporten su parte al modelo: empleados, empleador y Estado. Aquí no estamos inventando la rueda, hay modelos exitosos en muchas economías avanzadas del planeta, en particular, la Unión Europea. Me pregunto, si este modelo funciona bien en dichas economías qué estamos esperando para emularlas considerando que nuestro modelo laboral – sindical hunde sus raíces en esa cultura. Tenemos que liberar el mercado laboral eliminando por completo los costos de salida generando entre todos los operadores de mercado una red de contención que permita al desempleado gozar de un ingreso mensual igual o equivalente a un porcentaje de su último sueldo.
(III) Permitimos que los empleadores tengan previsibilidad sobre su estructura de costos. (IV) Generamos un modelo de contención social solidario donde aportan todos los jugadores del mercado: empleados, empleadores, sindicatos, ANSeS y el Estado en sus tres estamentos, nacional, provincial y municipal.
De esta manera generamos las siguientes eficiencias:
Un beneficio o bonus extra de este modelo es la eliminación absoluta de la industria del juicio laboral por despido. Con este modelo, terminamos con la industria del juicio carroñero y oportunista que sólo beneficia a unos pocos. Otro beneficio extra es que liberaríamos al fuero del trabajo de una pesada carga administrativa tornando este fuero mucho más eficiente y liviano en costos en la administración de una verdadera justicia laboral. Si eliminamos el juicio laboral por despido eliminamos una significativa carga de tarea en la administración de justicia.
(I) Flexibilizamos la entrada y salida del mercado laboral.
El modelo que se propone, tiende a generar las siguientes eficiencias extras:
(II) Dinamizamos el mercado del trabajo haciéndolo más competitivo en beneficio de los trabajadores.
(I) El mercado laboral tiende a blanquearse como consecuencia de los propios incentivos económicos. ¿Cuál es la razón para tener
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empleados informales cuando mi costo de salida es “cero”? (II) El efecto del blanqueo laboral por los propios incentivos económicos ter-
mina fortaleciendo el fondo de desempleo con un financiamiento genuino y de largo plazo. (III) Se terminan los juicios extorsi-
vos por empleo en negro o despido sin causa generando un importante ahorro para la economía y para el Estado Nacional reduciendo el fuero del trabajo a una mínima expresión.
V - La flexibilización que propone el gobierno no sirve. Debemos animarnos a innovar. Para fraseando al Sr. Presidente “la Argentina ingresa en un mundo donde el desafío es la constante reforma”. No desaprovechemos la oportunidad de las fuerzas que le dio la ciudadanía en las urnas para llevar adelante una reforma audaz que ponga a la Argentina en un lugar de privilegio en el mercado de la oferta y demanda de empleo y donde los inversores vean en la Argentina un país donde “hundir fierros” y contratar empleo. Aquí no se propone extender la jornada de trabajo, ni eliminar las vacaciones, ni romper con la caja de los sindicatos, ni derogar ninguno de los derechos adqui-
ridos por los Descamisados de Evita. Tampoco se trata de copiar el modelo de flexibilización brasileño. Aquí se propone algo mucho más sensato, simple y práctico: eliminar por completo los cotos de salida y por ende el juicio por despido. Eliminando este costo de transacción eliminamos las conductas oportunistas (de ambos lados de la relación) transparentando el sistema para que la terminación de la relación contractual deje de ser un proceso traumático y costoso convirtiéndolo en un proceso ordenado y virtuoso donde el traba-
jador cuente con una cobertura de desempleo que lo dignifique. Debemos animarnos a reformas profundas que le den un aire renovado a las nuevas relaciones del trabajo y donde el empleador pueda prever sus costos operativos y costos de transacción. Cualquier intento reformista por fuera de este racional económico y social es simplemente un parche. Si este fuera el caso, habremos perdido, nuevamente, el tren del desarrollo. “No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”. Juan Domingo Perón.
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La verdad detrás del pacto de herencia futura y su im(pacto) en las empresas familiares
¿UN PACTO CON POCO FUTURO? I- Introducción.
C Por Pablo A. Van Thienen o Director académico Instituto CEDEFLaw
Coherente con el principio de conservación de la empresa familiar evitando su desguace en etapa de partición hereditaria (tal como lo expresa el nuevo sistema legal en su artículo 2377) hoy se instituye, entre nosotros, el “pacto de herencia futura”. Este pacto está exclusivamente diseñado y dirigido a los dueños de empresas familiares1. Que quede bien claro, el ejecutivo, bombero, contador o carpintero que trabaje en relación de dependencia, o autónomo, está fuera de este esquema de planificación anticipada de partición de la herencia. Sólo están facultados a celebrar estos “pactos de herencia” aquellos que sean titulares de una “explotación productiva” o de “participaciones societarias” (sic). Quizás debamos definir qué es una explota-
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ción productiva puesto que es un concepto vago que encierra demasiadas incógnitas a la hora de sugerir el camino de la planificación de la sucesión y, por lo tanto, la transferencia de los activos productivos a los sucesores y herederos. En esta instancia lo más coherente y seguro para el titular de la explotación productiva será aportar el fondo de comercio o explotación a una sociedad. Con este simple paso logramos disipar todas las incertidumbres sobre la vaga noción de “explotación productiva”. Esto quiere decir que para darle certeza al negocio jurídico debemos incurrir en mayores costos de transacción, como consecuencia de la incertidumbre que genera la semántica de nuestro legislador2.
II - El pacto de herencia futura I. El anterior sistema era refractario a este tipo de acuerdos y los tachaba de nulos desde el vamos (vid., artículo 1175 Código de Vélez). Cualquier intento de acordar sobre derechos hereditarios “futuros” era mal visto y rechazado pues resultaba violatorio de los derechos patrimoniales de los sucesores universales; en particular, el derecho a la legítima hereditaria; que no es otra cosa que el derecho de los herederos forzosos a apropiarse del patrimonio heredado en porciones iguales y sin derecho del causante a violar esa fracción legal. Recordemos que la legítima opera como un “piso” garantizado para el heredero y al mismo tiempo, como un “techo” para el fundador de la empresa quien no puede disponer más allá de ese piso garantizado; hoy equivalente a 1/3 del valor de su fortuna. El pacto de herencia está íntimamente
relacionado con el instituto de la legítima, y por lo tanto no podemos analizar las bondades de aquel sin tener presente el instituto de la legítima hereditaria; columna vertebral de nuestro complejo sistema sucesorio que, en mi opinión, lejos está de brindar una solución eficaz al hombre de negocios y sus herederos. El artículo 2449 CCyC nos está indicando sin rodeos el verdadero peso específico que tiene el instituto de la legítima en nuestro sistema sucesorio: “Es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta”. O sea, no caigamos en la tentación de creer que el pacto de herencia futura, hoy admitido por nuestro régimen jurídico, signifique derogar este principio pues aun celebrando el pacto, no nos evitamos transitar el expediente sucesorio, la “partición judicial” de la herencia y los riesgos propios de juicios y reclamos de herederos insatisfechos, o peor aún, de herederos codiciosos!
III - El pacto de herencia futura II. Qué nos dice el nuevo sistema sucesorio? “Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a: (i) la conservación de la unidad de la gestión empresaria, o (ii) a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos (sea el causante y su cónyuge parte o no del pacto) si: (x) no afectan la legítima hereditaria, (y) los derechos del cónyuge, (z) ni los derechos de terceros”. Tal como está concebido el pacto, sólo puede
ser útil para dos fines: (i) la conservación de la unidad de la gestión y (ii) la prevención de conflictos (familiares). O sea, para el nuevo régimen un pacto de herencia que tenga su razón de ser en otras causas no será útil ni válido; ergo las dos causas previstas son taxativas y por lo tanto causa de invalidez o nulidad del pacto. Más allá de que puedan existir otras razones o causales que pueden dar motivo a una eficiente planificación de la herencia que provoque un pacto anticipado sobre cómo vamos a repartir las vestiduras del fundador, lo real y concertó es que nuestro codificador vuelve a mirar con
Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL 25 de Mayo 487 CABA. Argentina. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 11
sospecha este tipo de acuerdos fijando en forma categórica las únicas causales que pueden legitimar este tipo de acuerdos familiares. No se me escapa que “… la prevención de conflictos …” es una causal lo suficientemente amplia, difusa y vaga para habilitar y justificar razonablemente cualquier tipo de acuerdo. Bastará manifestar que esa es la razón de fondo para que el pacto prospere sin mayor inconveniente. Ahora bien, yendo al fondo del asunto observo que el pacto de herencia futura está sujeto a que no se afecte la legítima, ni los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros; y aquí es donde anida el verdadero problema pues se somete la propia “validez” a eventos futuros e inciertos que son difíciles de predecir al momento de celebrar el pacto y planificar cómo se van a distribuir los bienes a la fecha de fallecimiento del fundador de la empresa familiar. Paso a explicarme: (I) La validez del pacto está sujeto a que no se afecte la legítima hereditaria. Este es el nudo gordiano del sistema y sobre él debemos girar para entender cuál es el real alcance de estos pactos, pues una cosa será celebrar el pacto con mis herederos estando internado en terapia intensiva sin posibilidad de revertir un diagnóstico terminal, y otra muy diferente celebrar el pacto a los 50 años con mis hijos haciendo sus primeras armas en el negocio familiar. O sea, el factor tiempo juega aquí un rol estratégico pues el pacto tiene en sus entrañas un riesgo implícito: el valor de la legítima en el tiempo. Observemos que el mismo sistema expresamente dispone que el pacto debe contener un régimen de “compensaciones”. O sea, dicho en criollo, el pacto debe compensar a los herederos que puedan recibir menos del valor de su legítima. (II) Cómo se mide el valor de la legítima hereditaria en nuestro sistema sucesorio. Para el caso de un pacto de herencia no está expresamente previsto ni
regulado; en cambio sí está regulado para los supuestos de donación o testamento y en particular, para los supuestos de “reducción” o “colación”; o sea, cuando por partición testamentaria o por donación se ha violado la legítima nace el derecho a reclamar por vía de la colación o reducción. Consecuentemente, no nos queda otro camino que transitar la analogía como único sistema posible para entender cómo resolvemos esta incógnita. Todos sabemos que el valor de la legítima es algo simple: si somos 5 herederos y la herencia tiene un valor total de $1.000, a cada uno de los herederos nos corresponde una quinta parte de aquel valor. Ahora bien, este ejercicio es simple cuando los bienes que integran la masa ingresan al sucesorio sin una previa partición privada; o sea, sin un testamento, donación, o pacto de herencia. Es aquí donde el asunto se pone más complicado pues debemos evaluar si entre el momento de la partición testamentaria, de la donación o del pacto de herencia y la fecha de fallecimiento el valor de los bienes y, por lo tanto, el valor de la legítima sufrió variaciones. Y este es el real problema de fondo. De acuerdo con el sistema sucesorio si el heredero sufre algún perjuicio en su legítima nace a su favor el derecho a recuperar el valor perdido ejerciendo las acciones judiciales de “colación” o “reducción”. O sea, aun en la partición por donación con el consentimiento del 100% de los herederos, si al momento de la apertura del sucesorio y de la partición judicial el valor de los bienes se altera generando por lo tanto una alteración en el valor de la legítima hereditaria, nace a favor del heredero damnificado (legitimario) el derecho a cuestionar el testamento o la donación recuperando el valor perdido de su legítima y en consecuencia, agrediendo al resto de los coherederos que se beneficiaron por el mayor valor adquirido. En definitiva estas acciones están siempre disponibles a favor del heredero que, aun consintiendo la donación o aceptando la voluntad del fundador por testamento, igual podría patear el tablero! Tanto la donación como el pacto de herencia futura califican ambos como contrato, o sea son negocios donde las partes involucradas suelen ser el fundador y sus sucesores universales. Nota al margen: Un dato que no podemos
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perder de vista es que el pacto de herencia futura (a diferencia de la donación) lo pueden firmar: (i) los hijos con el fundador (sin su cónyuge), (ii) los hijos con el cónyuge (sin el fundador) o (iii) los hijos entre sí. O sea, la fortuna se podría llegar a repartir según cómo lo acuerden los herederos, y sin que sea necesario el consentimiento del fundador en una suerte de planificación de la sucesión gestada por las bases. Ahora bien, el pacto de herencia futura NO opera como sistema de partición privada de la herencia (tal como lo prevé el régimen legal para la donación y el testamento) pero su efecto jurídico y práctico es bastante parecido. Si bien tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, para el nuevo código, ese animal no es un perro. Para poder conocer si el pacto de herencia futura viola o no la legítima, no nos queda otro camino que recorrer las normas que regulan la acción de colación y reducción. No vemos otra alternativa posible. El nuevo sistema sucesorio argentino fija los siguientes criterios interpretativos: a) “La porción legítima … se calcula sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante más el de los bienes donados … a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación” (Art. 2445 CCyC). b) “En todos los casos, para la colación y el cálculo de la legítima, se debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciado a valores constantes” (Art. 2418 CCyC). c) “Los herederos que concurren a la sucesión (…) deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueron donados (excepto dispensa o cláusula de mejora expresa) … Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación” (Art. 2385 CCyC). Observemos que tanto el apartado (a) como el apartado (c) fijan la misma fórmula de determinación de valor: “se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación”. Observemos además que tanto el apartado (a) como (b) y (c) aluden indefectiblemente a un factor esencial: el transcurso del “tiempo”. Y el factor tiempo es clave cuando se trata de valuar activos, sean éstos financieros, inmo-
biliarios o intangibles. No dará lo mismo un peso hoy, que ese mismo peso 15 años atrás. Es esa diferencia de valor en el tiempo lo que hace incierto el pacto de herencia futura y por lo tanto su validez. Este es el Talón de Aquiles del sistema. Aquello que nació para evitar potenciales conflictos entre los herederos (recordemos que esa una de las causales admitidas por la ley) se convierte (15 años más tarde) en la madre de todas las batallas. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. (III) Cómo se determinar el valor de una empresa según este sistema? La fórmula de determinación de valor de los bienes que ingresan al expediente sucesorio (en nuestro caso acciones de SA o cuotas de SRL junto con otros bienes que deja el fundador) sería el siguiente: El valor de los bienes se determina según el estado del bien a la época del pacto, apreciado a valores constantes. ¿Qué significa esto en términos prácticos cuando hablamos de empresas, fondos de comercio, establecimientos o sociedades? Una verdadera incógnita. ¿Cómo determinamos el “estado del bien” al momento del pacto de herencia futura cuando se trata de una empresa? Una verdadera incógnita. ¿Qué significa “apreciar”? Sin duda el término “apreciar” alude a
”valuación” de los bienes a valores constantes. O sea, tomando el “estado” de la compañía al momento del pacto, aquel valor deberá revaluarse hoy. Pero lo que no sabemos es cuál será el método de revaluación que se aplicará para traer a hoy aquel valor tomando “el estado de la compañía al momento del pacto”. Suponiendo una empresa valuada en 10 millones de dólares hace 15 años (al momento del pacto), y con un valor actual (sucesorio) de $50 millones. Cómo valuamos aquella empresa hoy? Consideremos que el pacto lo firman 4 herederos, uno de ellos se queda con el 100% de las acciones y los 3 restantes son compensados con otros bienes. No se trata de compensar a los 3 herederos con el 75% del valor actual de 50 millones sino de algo mucho más complejo, traer a hoy un valor de hace 15 años tomando la realidad de la empresa hace 15 años; o sea, tomando el EBITDA de hace 15 años, si éste fuera el método de valuación correcto. Esto quiere decir que la foto de la empresa seguirá siendo color sepia, pero revaluado a valores de hoy. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo: Ver anexo 1. El anexo 1 nos muestra lo complejo que puede resultar para un empresario acordar un pacto de herencia planificando a largo plazo la distribución pos-mortem de la empresa, buscando pacificar los ánimos familiares frente a un contexto de potenciales conflictos entre los herederos.
Tel: (5411) 5272-5300 | Juana Manso 205, 7mo. Piso, Puerto Madero CABA. Argentina.
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El factor “tiempo” puede jugar una mala pasada pues lo que resulta justo y equitativo hoy, puede no serlo años más tarde, poniendo en riesgo toda la planificación patrimonial. (IV) Determinar el valor tiene por objetivo conocer si el pacto será anulable o no. Saber cómo determinar el valor de la empresa entre la época del pacto y la fecha de fallecimiento del fundador nos permitirá conocer si el pacto lesiona la legítima y por lo tanto saber si aquel será un pacto nulo. ¿Nulidad absoluta o relativa? Recordemos que la lesión a la legítima en este caso no devenga un ajuste de valor por colación
o reducción sino, la nulidad del pacto y por lo tanto la caída de todo el sistema de planificación patrimonial. (V) Pactar el método de valuación. Considerando que la valuación de la empresa o, la “apreciación del bien” la ordenará el juez del sucesorio, es altamente recomendable que el pacto de herencia futura contenga entre sus cláusulas el método de valuación que deba aplicarse. De esta forma nos aseguramos que la empresa será “apreciada” conforme un método aceptado por todos los herederos.
IV - El riesgo tiempo es la partida de defunción del pacto de herencia futura. Observo que el pacto de herencia está sometido a un riesgo no menor: el factor “tiempo”. Cualquier alteración de los valores de los activos hereditarios repartidos a la fecha del pacto podrá implicar una violación a la legítima hereditaria. Ahora bien, digo que está sometido al riesgo del factor tiempo pues la alteración de valores no devenga colación o reducción sino algo mucho más severo: la “nulidad”. O sea la caída de toda la planificación patrimonial. Y esto sí es GRAVE! Tal como está diseñado el pacto de herencia futura en el nuevo sistema sucesorio observamos que la sanción por alteración de los valores y potencial lesión a la legítima somete al pacto a su total ineficacia y por lo tanto a su absoluta inutilidad práctica. Basta que un heredero, acreedor o el propio cónyuge advierta que sus derechos se han
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visto perjudicados por el pacto, para que intenten dejarlo sin efecto, a cualquier precio y costo. Y este riesgo es el que más me preocupa pues somete el acuerdo a una incertidumbre difícil de estimar al momento de celebrarlo. ¿Cuál será el valor de una renuncia de derecho patrimoniales de esta magnitud? Cuánto más extenso sea el plazo entre el pacto y el fallecimiento del fundador, más incertidumbre tendrá el pacto. Mientras la donación realizada en exceso del disponible o sea la llamada donación (inoficiosa) gatilla la acción judicial de colación o reducción, el pacto de herencia futura (inoficioso) gatilla algo mucho más grave: la nulidad del pacto. Este riesgo es, a mi modo de ver las cosas e interpretar el derecho, la partida de defunción del pacto de herencia futura.
V - El pacto de herencia futura, tal como está diseñado, no resuelve el conflicto y coloca los incentivos en el lugar equivocado. Hemos aprendido que este pacto fue pensado para dirimir dos situaciones bien concretas que preocupan a las empresas familiares: (I) lograr la unificación de la gestión de la empresa, y (II) resolver conflictos. A mi modo ver las cosas el pacto, tal como está diseñado, no resuelve ni uno, ni otro. Paso a explicarme: Si el pacto está sometido al riesgo de “nulidad” por la simple razón de que cualquier heredero o un tercero puedan verse perjudicados por el pacto como consecuencia de la lesión al valor de la legítima (riesgo implícito e inevitable en un contrato de larga duración), esa sola amenaza torna
inviable el pacto, pues no resuelve con eficiencia los problemas para los cuales fue creado. Si con el pacto cedemos el 100% de las acciones de la empresa al heredero-gestor asignándole a los otros una fracción de campo (ver ejemplo anexo 1) y dicha asignación tuvo por objetivo cederle el 100% de la empresa al heredero comprometido con la misión y visión empresaria; y al resto de los herederos entregar un activo productivo que puedan dividir y repartir entre ellos, esa distribución de bienes puede ser objeto de ataque por cualquiera de herederos, y peor aún, por cualquier tercero. Si esto funciona así observo que los
incentivos están mal colocados pues asignándole el 100% de la empresa al heredero gestor, éste siempre corre con el riesgo de que le expropien la empresa si un juez declara nulo el acuerdo. En este contexto de incertidumbre el heredero gestor no contará con los incentivos económicos adecuados para gestionar creando valor pues corre el riesgo de que esa creación de valor le sea expropiada o distribuida injustamente entre los herederos. Demasiada incertidumbre para que los fundadores y herederos estén motivados a celebrar un pacto de herencia futura.
VI - Pacto de herencia futura (sujeto a ratificación). El pacto operaría en la práctica como una subespecie de partición privada de la herencia mediante el cual los herederos, junto con el fundador, (o los herederos entre sí) se ponen de acuerdo en la forma de repartir las vestiduras asignándolo a cada uno según las preferencias. Si bien el efecto jurídico del pacto de herencia es asignar hoy bienes futuros, este pacto está, sin duda, sometido a confirmación o ratifica-
ción por todos los herederos quienes, al fallecimiento del fundador y con la apertura del expediente sucesorio pueden ratificar el pacto con plenos efectos jurídicos, y sin posibilidad de ataques futuros. Esto es lo que prevé el sistema sucesorio como partición privada. O sea, en etapa de partición judicial los herederos pueden ratificar el acuerdo, y por lo tanto, sellar el pacto; pero sólo en esta etapa y siempre den-
tro del expediente sucesorio. Recordemos que el trámite judicialadministrativo de la sucesión tiene por objeto, entre otros, identificar a los herederos, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas y repartir la herencia. El pacto de herencia futura no altera este proceso. El pacto de herencia futura no rompe con el sistema de indivisión de la herencia hasta la partición3.
VII - Pacto de herencia futura (con poco futuro). En el diseño de este tipo de pactos, estimar el tiempo proyectado de vida parece estratégico y vital para la salud del propio sistema de planificación patrimonial. La relación (plazo de duración – riesgo de nulidad) es directamente proporcional. A mayor plazo de duración del pacto, mayor será el riesgo de que el pacto sea atacado y declarado nulo en sede judicial. El riesgo de que el pacto lesione derechos de terceros, o de los propios herederos, se verá incrementado en la medida que el pacto se extienda en el tiempo. Cuánto más cerca esté el pacto de la fecha de fallecimiento, menores serán los riesgos de nulidad; al menos respecto de los herederos, cónyuge y acreedores. No así respecto de los herederos que
puedan surgir en el expediente sucesorio y que no conocíamos al momento de firmar el pacto. O sea, el pacto de herencia futura no está llamado a ser una herramienta eficaz de planificación de la sucesión sino, más bien, está llamado a resolver una situación de potencial conflicto que, en el ocaso de la vida y en vísperas del fallecimiento del fundador puede servir como partición privada extrajudicial de la herencia donde el fundador (al mejor estilo Don Corleone) decide repartir sus vestiduras junto con sus herederos. Desde esta perspectiva, observo que el pacto de herencia futura no es más eficiente que la donación o el testamento, y diré más, éstos encierran menos riesgo que el primero puesto que aun violan-
do la legítima, no están sometidos al riesgo de nulidad sino, simplemente al riesgo de ajuste por colación o reducción. Basta leer y repasar las enseñanzas de la parábola del Padre Misericordioso (conocida también como la del Hijo Pródigo del Nuevo Testamento) para darnos cuenta que la “sucesión” ha sido fuente de celos, caprichos, envidias y conflicto familiar desde los primeros tiempos de la humanidad, y que lamentablemente 20 siglos más tarde el sistema legal no ha logrado resolver. En definitiva, el pacto de herencia futura no sirve como herramienta eficaz de planificación patrimonial de la sucesión, conocida en otros países como “Estate & Wealth Planning”. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 15
Anexo 1. Valor de la legítima en el tiempo
Un fundador justo y equitativo Al momento del pacto el fundador repartió sus bienes otorgando a uno de sus hijos el 100% de la empresa ($10.000.000) y a los 3 restantes les deja un campo valuado en $30.000.000. Considerando que el 100% del valor de la herencia es de 40.00.000, a cada uno le corresponde 10.000.000. Sin embargo, en el tiempo que transcurre entre el pacto y la sucesión, mientras el valor de la empresa se multiplicó por cinco veces gracias a la exitosa gestión de uno de los herederos, el valor del campo se mantuvo estable y sin mayores variaciones. Sin embargo, a la hora de abrirse el sucesorio uno de los herederos plantea en el expediente judicial que el pacto de herencia futura
firmado hace 16 años, viola su legítima. O peor aún, un acreedor del heredero plantea que el pacto viola sus derechos; o un hijo no reconocido aparece reclamando su parte. Lo que se acordó y percibió como justo y equitativo al momento de celebrarse el pacto puede resultar no tan justo años más tarde y, este cambio de “percepciones” puede poner en serio riesgo la planificación lograda con el pacto de herencia futura. El mecanismo de valuación propuesto por el nuevo sistema sucesorio es muy inequitativo pues mientras las empresas están sometidas a valuaciones fluctuantes y variables, y a métodos de valuación específicos (vrg., múltiplos de EBITDA), otros activos (especialmente los inmobiliarios) suelen, en el tiempo, ser mucho más estables; salvo situaciones
de capitalización extraordinarias. Mientras los inmuebles tienen un valor de metro cuadrado o hectárea, las empresas están sometidas a métodos de valuación mucho más complejos pues se trata de valuar en el tiempo los flujos de caja que el negocio genera para sus accionistas. Una empresa que hace 16 años facturaba 10 millones anuales, cómo hacemos para traer ese valor a hoy, es toda una incógnita. “Apreciar”, tal como lo dice el nuevo sistema no es “ajustar” sino “valuar”; y son ambas muy diferentes. Un fundador justo y equitativo al momento de repartir, pero que años más tarde esa misma distribución puede lucir injusta e inequitativa para otros.
El pacto sucesorio y la empresa familiar en la unificación. CESARETTI - María, CESARETTI - Oscar Daniel / Revista: del Notario Nº 918 (oct - dic 2014). 1
1. Maffía, Osvaldo J., Manual de derecho sucesorio, tomo I.
Pactos de atribución particular post mortem. Ámbito del artículo 1271, ap. 2º, del Código civil. XAIME MANUEL
REQUEIXO SOUTO Profesor de Derecho civil Universidad de Santiago de Compostela. ANUARIO DE DERECHO CIVIL.
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DOCTRINA / OPINIÃ&#x201C;N
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CONTRATO DE CONCESIÓN Libertad de contratación, apreciación jurisprudencial y relevancia del contexto fáctico Nota al fallo: “Niro S.A. c. Renault Argentina S.A.”
Por Iván G. Di Chiazza
Por Pablo A. Van Thienen o Director académico Instituto CEDEFLaw
l fallo dictado en “Niro S.A. c. Renault Argentina S.A. y otro” por la Sala D de la Cámara Comercial -25/10/16- invita a su estudio y análisis por varias cuestiones. Primero, por la relevancia práctica de la temática resuelta: la extinción del contrato de concesión y la especial referencia a las actitudes de las partes que pueden desencadenar, según la valoración concreta del caso, conductas culposas o abusivas (tanto durante la vigencia del contrato, como en ocasión de su extinción). Segundo, porque el caso comprende varios fallos. Hay un pronunciamiento previo de la Sala C -en el año 2012- y la resolución de la CSJN que lo dejó sin efecto íntegramente
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ordenando que se dicte una nueva sentencia. Se ofrecen, así, diferentes enfoques respecto de las consecuencias jurídicas de los mismos hechos. Tercero, porque el caso reordena adecuadamente los valores en juego en un conflicto contractual entre empresas. Sabido es que la nueva regulación que en la materia propone el CCyC ha despertado suspicacias acerca del verdadero alcance de la libertad contractual de las partes para diseñar reglas que ellas estimen más convenientes a sus intereses, aunque ello exija apartarse de una previsión legal. En este sentido, el caso “Niro” nos brinda una conclusión de suma relevancia en torno al rol y valoración concreta de la libertad contractual en el marco de contratos de adhesión entre empresas.
- Daños durante la ejecución del contrato (reducción de márgenes de comisiones, cobro indebido de fletes, invasión de zona y competencia desleal). - Daños como consecuencia de la arbitraria y abusiva rescisión de dicho contrato declarada unilateralmente sin haber concedido preaviso alguno. A tales efectos, la actora consideró: 1. Que la extinción del vínculo contractual decidida unilateralmente por la demandada fue una rescisión intempestiva y sin preaviso. 2. Que la renuncia efectuada en el año 1995 por parte de la concesionaria a favor de la concedente acreedora -en ocasión de refinanciar deuda- a diferencias de márgenes de comisiones, de fletes y precios, era inválida. 3. Que la reducción del 2 % de las comisiones como consecuencia de un “Acuerdo” con los diferentes sectores comprometidos en la industria fue ilegítima. 4. Que el incumplimiento de la exclusividad por la demandada y su competencia desleal al haber procedido a la venta de unidades de manera directa y por medio de empresas controladas, sumado a una política comercial discriminatoria respecto de otros concesionarios y al ahogo financiero causado por lo mencionado en 2. y 3., derivó en el incumplimiento del pago de su obligación.
2. Sentencia de la Sala C del año 2012 En el año 2012 se expidió la Sala C de la Cámara Nacional Comercial y ratificó la solución de la 1ra. Instancia1. 2.1. Hechos. Reclamo de la concesionaria actora La demandada concedente resolvió el contrato por mora de la concesionaria en el cumplimiento de una deuda. A criterio de la actora, dicho proceder fue abusivo por cuanto la demandada habría colocado a la actora en situación de ahogo financiero. Vale decir, mientras que para la concedente se trató de una resolución por incumplimiento, para la concesionaria, en cambio, habría sido una rescisión unilateral e incausada sin preaviso. Los aspectos centrales del reclamo de la concesionaria fueron los siguientes: 1
2.1.1. Fallo de 1ra. Instancia El fallo a quo hizo lugar parcialmente a la demanda contra Renault. Rechazó el rubro daño moral. Lo propio con el reclamo de “fletes” por no resultar de la prueba rendida su discriminación respecto de otros conceptos cobrados por la demandada a la actora. Consideró que el contrato había sigo extinguido ilegítimamente por la concedente. No había existido causa a la resolución decidida por la demandada ya que la actora había sido coloca en esa situación de incumplimiento por la acción deliberada de la demandada (se alude a un supuesto “ahogo financiero”). En cuanto a la reducción del 2 % de márgenes comisionales, sostuvo que si bien en el “Acuerdo para la Reactivación y el Crecimiento de la Industria Automotriz” se preveía dicha reducción, el mismo había vencido el 31/12/1992 y hubo prórrogas posteriores. En algunas de esas prórrogas no intervino ACARA en cuanto entidad representativa de los concesionarios. Ello determinaba la improcedencia de las reducciones posteriores a aquella fecha. La sentencia ordenó devolver ese margen de comisiones a partir del 31/05/1993, fecha a partir de la cual no había intervenido ACARA en los acuerdos en cuestión. Sostuvo también que la renuncia a diferencias de comisiones, fletes y precios era inválida por haber sido impuesta por la demandada como contraprestación a la refinanciación que esta última le había concedido a la primera. Entendió que hubo abuso de la superior posición contractual de la demandada
CNCom., sala C, 25/10/2012, “Niro S.A. c. Renault Argenitna S.A. y otros”, La Ley Online: AP/JUR/4037/2012. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 19
respecto de la actora. Agregó también que la demandada había incurrido en competencia desleal por la injerencia en la zona asignada a la actora. Se tuvo por comprobado, a criterio de la 1ra. Instancia, que la concedente apoyó a las concesionarias que eran gestionadas por sociedades controladas por ella misma, llevando a cabo una competencia desleal por haber sido realizada en detrimento de los demás integrantes de la red que incluía a la actora. A partir de allí se consideró que la extinción decidida por la concedente demandada fue abusiva y que debió preavisar con un plazo de seis meses. Rechazó el reclamo de devolución de débitos en concepto de fletes porque los mismos no fueron discriminados en ninguna prueba. Negó también el reclamo por daño moral y el pedido de la demandada de compensar sus créditos con lo que, su caso, se le reconocieran a la actora. 2.2.2. Posición de la Sala C El fallo de la Sala C, del año 2012, confirmó el decisorio de 1ra. Instancia. Veamos algunas consideraciones adicionales realizadas respecto de los aspectos centrales del fallo. - Acuerdo por la reducción del 2 % de las comisiones. Dado que ACARA no participó de las prórrogas posteriores al 31/05/1993, las retenciones realizadas luego de esa fecha son ilegítimas. - Renuncia al reclamo de diferencias de comisiones, precios y fletes. La demandada ejerció abusivamente sus fa-
cultades para imponer cambios en la relación contractual. Situación a la que la concesionaria no pudo oponerse por estar en juego su subsistencia. Consideró que la renuncia en cuestión no ha sido manifestación autónoma de la voluntad de la concesionaria por cuanto ello ocurrió en el marco de la refinanciación de una deuda de ésta respecto de la concedente. En dicho acuerdo, a su criterio, la actora careció de libertad, por consiguiente, aquél no resulta válido. Sobre este punto se ha dicho en el fallo que “…tras haber colocado a su concesionaria en dificultades para poder cumplir,… la concedente exigió a la nombrada que renunciara a efectuar todo reclamo vinculado con esos hechos so pena de no concederle la financiación de marras”. - Extinción del vínculo. Mientras que la demandada resolvió por incumplimiento de la actora, esta última sostuvo que ello se debió a la conducta de la primera que la llevó a una situación de asfixia financiera. Alegó en tal sentido la violación de la exclusividad por la demandada y competencia desleal. El fallo de la Sala C ratificó la existencia de competencia desleal que había apreciado la 1ra. Instancia. A modo de conclusión, sostuvo el Tribunal que fue la concedente quien adoptó conductas que, ya por la vía de cargar a la actora con débitos incorrectos, ya por el camino de mermar su rentabilidad a través de distintos procedimientos, dificultó el cumplimiento de las obligaciones cuya mora la concedente invocó para extinguir la relación. La causal en cuestión no fue justificada. - Plazo de preaviso. Ratificó el plazo de preaviso de seis meses que había concedido la 1ra. Instancia.
3. Posición de la CSJN El 03/11/2015 el Máximo Tribunal de la Nación, en línea con lo dictaminado por la Procuración General, hizo lugar a la queja por denegación del recurso extraordinario. La CSJN consideró que las cuestiones centrales del caso (básicamente: la quita del 2 % del margen de comisiones como concausa de la situación de ahogo financiero de la concesionaria y la consiguiente condena al pago de preaviso omitido) había sido ya resuelto in re: “Rot Automotores SACIF c. Sevel Argentina S.A.” y “Tommasi Automotores S.A. c. CIADEA S.A.”. El dictamen de la Procuración, de fecha 27/04/2015, remitió a lo expuesto en el dictamen del caso “Tommasi” (22/10/2010), fundamentos asumidos por el Máximo Tribunal en la sentencia de este último caso (09/10/2012). Veamos estos precedentes. En “Tommasi”, la Sala A de la Cámara Comercial resolvió de un modo similar a la Sala C en “Niro”. La CSJN hizo suyos los argumentos de la Procuración y ordenó dictar un nuevo fallo. ¿Por qué resolvió de ese modo? El tribunal adhirió a los fundamentos de la Procuración. En dicho dictamen se sostuvo, básicamente, que: - La consideración de los Tribunales inferiores acerca 20 / abogadosinhouse.com/diciembre 2016
de que el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de la concesionaria fue ilegitima, se sustentó en pautas de excesiva laxitud, omitiendo la consideración de circunstancias fácticas, jurídicas y contractuales planteadas en el caso. - En punto a la reducción del 2 % del margen de comisiones, las instancias anteriores debieron realizar un estudio sobre el impacto que tuvieron las concesiones multilaterales en las ventas a fin de determinar en qué medida la modificación de la comisión afectó el patrimonio de la concesionaria, sobre todo, si se tiene en cuenta que en el período comprometido, la actora tuvo crecimiento. - Se agregó que la Cámara, con basamento en generalizaciones tales como la posición dominante de la concedente, la necesidad de protección de la parte débil y la buena fe contractual, desestimó el efecto extintivo de los pagos recibidos por la concesionaria sin protesto y restó valor a las estipulaciones contractuales y a la autonomía de la voluntad de las partes. - En cuanto al tratamiento diferenciado entre distintos concesionarios, el mismo no puede ser calificado en sí como discriminatorio, en tanto pudieron existir desigualdades fácticas referidas a la organización y funcionamiento del negocio en particular que justifiquen comercialmente dicha
conducta. Agregó la Procuración que “…estos aspectos, esenciales para adoptar una decisión al respecto, no fueron debidamente estudiados por los jueces”.
Los mismos fundamentos fueron vertidos por la Procuración in re “Rot Automotores S.A. c. Sevel Argentina S.A.” (13/05/2009). Fallo de la CSJN del 02/03/2011.
4. Fallo de la Sala D del 25/10/16 Finalmente, el 25 de octubre pasado emitió su sentencia la Sala D de la Cámara Comercial con el fallo aquí anotado. Dictó un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta que la CSJN había dejado sin efecto en su totalidad el fallo recurrido de la Sala C, ordenando el dictado de uno nuevo. En cuanto a los fundamentos del fallo caben destacar los siguientes: - Es improcedente hacer generalizaciones al momento de examinar la eventual violación de derechos de la parte “débil”. La asimetría entre las partes no implica una situación abusiva en sí misma. Lo propio en punto al abuso de posición dominante. - Elementos tenidos en cuenta, antes no evaluados, a saber: crecimiento de la facturación de la concesionaria en un 64 % en el año 1991 (conforme la Memoria y el Balance) y acta de reunión de directorio en las que se aprobó la memoria correspondiente a los EECC al 31/12/1994 de los que
se desprende que la situación de la actora no presentaba particulares inconvenientes. - En virtud de lo anterior, las circunstancias en las cuales la actora tomó el préstamo del año 1994 no eran apremiantes o adversas. - La crisis conocida como “efecto tequila” en el año 1995 se tradujo en una importante contracción de las ventas (Memoria de EECC de CIADEA S.A. del ejercicio 1995). - Ello motivó la refinanciación del préstamo, en cuya oportunidad la actora renunció (en fecha 08/08/1995) a cualquier reclamo por diferencias de comisiones, precios o fletes. - De las constancias no se aprecia que la concesionaria hubiera suscripto la renuncia con voluntad viciada o abuso de derecho por parte de la terminal. - En su caso, una eventual nulidad requeriría ciertos recaudos (los propios de la lesión) no acreditados en la causa. - En lo que respecta a la reducción del 2 % del margen de comisiones se consideró abstracto analizar si las prórrogas al “Acuerdo”
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fueron o no oponibles a las concesionarias (como se resolvió en las instancias anteriores) por la falta de intervención de ACARA, ello así, por cuanto, la pretensión de la concesionaria solamente podría referirse a las comisiones no pagadas que se devengaron entre el 08/08/1995 (fecha de la renuncia, en ocasión de la refinanciación del préstamo) y la fecha de la resolución del contrato de concesión, es decir, en un lapso en el que ya no tenía vigencia la última prórroga del mencionado “Acuerdo”. - No se acreditaron descuentos con posterioridad a la vigencia del “Acuerdo” y sus prórrogas. Aunque los hubiera, la actora no los reclamó durante la vigencia del contrato, por lo tanto las comisiones recibidas sin efectuar reservas tuvieron efecto liberatorio, además, la concedente contaba con la facultad contractual de modificar dicho márgenes, y por último,
nada se acreditó acerca de la incidencia de dicha reducción en la situación económicafinanciera particular de la concesionaria. - En punto a los incumplimientos que reclama la actora (competencia desleal e invasión de zona) no son tales. De las normas contractuales surge clara la vinculación “no exclusiva” y el derecho de la condecente a comercializar de manera directa o por medio de compañías afiliadas o subsidiarias. - En virtud de lo anterior, la concedente no era incumplidora y bien pudo ejercer el pacto comisorio. Asimismo, de la prueba rendida surge el carácter de deudora de la actora y que sus incumplimientos tuvieron entidad para fundar la resolución decidida por la demandada. - En consecuencia, no corresponde el reclamo por falta de preaviso. No hubo rescisión unilateral incausada sino resolución por culpa de la concesionaria.
5. Reflexiones finales El caso “Niro”, en el marco de todos sus fallos, nos ofrece aportes de enorme relevancia práctica en materia de contratos de comercialización. Hay dos aspectos que corresponde destacar. Uno, el de los conceptos jurídicos (enfoque teórico y abstracto). Otro, el del análisis y valoración de las incidencias particulares (acreditadas) del caso (enfoque práctico y concreto). Tengamos presente que la objeción de la Procuración General, cuyos argumentos la CSJN hizo suyos, ha sido la excesiva laxitud de las afirmaciones del desarrollo efectuado por la Sala C en su sentencia del año 2012.
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En punto a los conceptos jurídicos y su delimitación teórica cabe destacar lo siguiente: - La vinculación propia de un contrato de concesión que se caracteriza por la adhesión a las condiciones generales impuestas por el concedente no implica, per se, falta de libertad contractual de la concesionaria. - El mayor poder negociador del concedente tampoco implica, per se, abuso de posición contractual en cuanto manifestación del abuso de derecho en el específico ámbito contractual. - El abuso del derecho es una vía de excepción. Sobre todo cuando se la pretende
utilizar para invalidar a la autonomía de la voluntad. - El abuso de posición contractual es una herramienta orientada a garantizar la libertad y la justicia contractual en el marco de una relación, pero no un recurso para alterar los conceptos en torno a los vicios de la voluntad. - La renuncia de derechos en el ámbito de relaciones contractuales de este tenor es válida y no debe ser tachada de ilegal por las diferencias en el poder negociador de las partes. - En su caso, la invalidez de una renuncia requeriría la acreditación de los extremos subjetivos y objetivo propios de la lesión. - La profesionalidad del concesionario es relevante para valorar su propia conducta y la de su concedente en el contexto de un conflicto. No debe dejar de ponderarse que su rol en el negocio presupone aptitudes y capacidades especiales para el manejo de los riesgos empresarios que asume. En lo que respecto al enfoque práctico y concreto del caso es, sin duda, uno de los aspectos sobresalientes de la sentencia. Recordemos que el principal cuestionamiento planteado por la Procuración General en su dictamen del caso “Tommasi” por remisión efectuada en el dictamen del caso “Niro” ha
sido la omisión de las consideraciones fácticas y contractuales planteadas por las partes. El fallo de la Sala D, para resolver de un modo contrario a cómo lo habían realizado la 1ra. Instancia y la Sala C, recurrió a una evaluación y ponderación de las circunstancias económicas y contractuales que rodearon al vínculo en cuestión. Este ha sido un diferencial clave en la sentencia del 25/10/2016. La valoración de la prueba rendida y, en especial, el modo en que aplica aquellos conceptos teóricos al caso concreto, en función de esa prueba, es la nota sobresaliente del fallo. Ese posicionamiento (realista y práctico) para el abordaje del caso, llevó a que el voto del Dr. Heredia tomara elementos que hasta el momento habían pasado desapercibidos o, al menos, no habían sido mencionados siquiera en las resoluciones precedentes. En efecto, si tenemos en cuenta que la actora alegó una situación de ahogo o asfixia financiera generada por la demandada que la llevó a incumplir sus obligaciones, precisar ese extremo era dirimente. Sin embargo, como observó la Procuración General, la sentencia recurrida carecía de referencias concretas y específicas al respecto. La Sala D, como hemos visto, se encargó de incorporarlas a la nueva resolución. Ello le ha dado una perspectiva totalmente distinta
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al asunto. Mencionó, por ejemplo, lo expuesto por la propia actora en la Memoria correspondiente a los EECC del ejercicio 1991 en la que se alude a la superación del panorama desalentador de meses anteriores y al incremento de la facturación. Lo propio en cuanto al supuesto impacto de la reducción del 2% del margen de comisiones, conforme lo expuesto en la Memoria de los EECC del ejercicio 1994. Sobre tal base, apreció que el préstamo del año 1994 fue otorgado en un contexto económico estable. Incluso tuvo por cometido no sólo financiar deuda, sino también comprar automóviles, repuestos y accesorios por parte de la concesionaria actora. Finalmente, consideró que la crisis económica del año 1995 (“efecto tequila”) impactó negativamente en el sector (Memoria a los EECC del ejercicio 1995). Compartimos la solución brindada por la Sala D, a través del pormenorizado y preciso voto del Dr. Heredia. Este fallo es muy relevante en sí mismo, pero también y ello queremos destacar, por su incidencia para otros contratos de comercialización. Cabe recordar que los contratos de comercialización ahora se encuentran tipificados en el nuevo CCyC. Muchísimas de sus pautas y regulaciones son objeto de debate doctrinario y jurisprudencial. No estamos hablando de meras disquisiciones sobre preferencias teóricas, sino de controversias prácticas que impactan en el diseño contractual y en el abordaje de conflictos de estas relaciones de enorme relevancia económica. El nuevo CCyC, en el tema que nos ocupa, presenta soluciones que no se compadecen con la
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jurisprudencia comercial pacífica y uniforme en la materia. Soluciones que en la práctica resultan inútiles e ineficientes. Soluciones que incrementan costes de transacción innecesariamente. Soluciones que pretenden, en teoría, beneficiar a la parte débil pero que terminan colocándola en mayor indefensión ante la elemental necesidad de la parte fuerte de minimizar el impacto de ciertas exigencias. En este contexto se abrieron dos grandes interrogantes. El primero, referido a la posibilidad de que las partes pacten cuanto estimen más convenientes a sus intereses privados y patrimoniales -y por ende renunciables- aun cuando ello implique hacerlo en contra a ciertas previsiones legales en materia de contratos de comercialización. El segundo, referido a cómo se supone que reaccionarán los tribunales ante un conflicto puntual al respecto: ¿priorizarán la libertad contractual (no viciada) de las partes o exigirán el cumplimiento de normas indudablemente dispositivas? ¿Cómo han de incidir las circunstancias concretas, puntuales y particulares de cada caso en orden a valorar determinados conceptos jurídicos, sea que fueren incorporas al contrato, o se los hubiere renunciado, omitido o aplicado de un modo específico? Este fallo, a nuestro criterio, comienza a brindarnos respuestas. No cabe duda de que el caso “Niro” en su integridad brinda un fuerte respaldo a la libertad contractual. El análisis que la Sala D propone sobre la “renuncia”, la falta de reclamo durante la vigencia del contrato a los rubros (diferencias de comisiones y débito de fletes)
luego reclamados tras la extinción, el pacto de “no exclusividad”, la facultad de la concedente para modificar precios y márgenes o para comercializar de manera directa, etc., son acabada muestra del rol que se le asigna a la autonomía de voluntad contractual cuando no median vicios o lesión. Vicio o lesión que, en el ámbito que nos ocupa, debe ser analizado de manera restrictiva sin apreciaciones generales y, sobre todo, sin descuidar la profesionalidad de ambas partes, lo que lleva, necesariamente, a un estándar de actuación agravado en cuanto a la valoración de sus propias responsabilidades. Asimismo, ninguna consideración puede efectuarse de manera aislada, abstracta o descontextualizada de las circunstancias fácticas contractuales del caso concreto. Si así se hiciese el riesgo es muy alto. Se corre el peligro de soluciones alejadas de la praxis contractual y de un método de solución de controversias mecánico y autómata desprovisto de la imprescindible y valiosa apreciación de las particularidades del caso. Si así se hiciese se estaría utilizando la misma lógica de análisis de otros ámbitos contractuales en los que sí resulta válido y justo efectuar esa generalización o abstracción de las circunstancias probadas del caso. En efecto, nos referimos a la lógica propia de los contratos de consumo. Allí es válido, útil y necesario el enfoque que se abstrae de las circunstancias concretas del caso. Las normas tuitivas del consumidor lo protegen independientemente de esas circunstancias. No importa si entendió o no la renuncia efectuada, por ejemplo, e incluso si lo beneficiaba. Allí hay orden público. Las circunstancias concretas,
obviamente que serán evaluadas, pero no para definir el mayor o menor grado de exigencia de las normas emergentes del régimen protectorio del consumidor. Por tal razón, aquellas particularidades concretas del caso, en cierto modo, pasan a segundo plano (o al último plano). No son determinantes para resolver un caso. No es eso lo que ocurre en el ámbito de los contratos de comercialización. Más bien es todo lo contrario. No es la misma la lógica de análisis propia de los contratos de adhesión entre empresas (que no califican como relaciones de consumo). Aquí, las circunstancias fácticas y contractuales del caso concreto determinan, necesariamente, el enfoque que se le debe brindar a los conceptos jurídicos (teóricos y abstractos) que han de ser aplicados para resolver la controversia. Frente a las alarmas que se han encendido en ámbitos académicos -y sobre todo profesionales- en punto a ciertas exigencias legales que en la materia presenta el nuevo CCyC que pueden resultar contrarias a necesidades prácticas de este tipo de contratos y a la función reguladora de la autonomía de la voluntad, en función precisamente de esas circunstancias y particularidades, el caso “Niro” es un mensaje clarificados y tranquilizador. El fallo de la Sala D in re “Niro c. Renault” es un precedente de enorme relevancia. Es práctico, preciso, conceptualmente impecable. Ello hace que irradie tales cualidades y, sin duda, las ha de propagar, así esperamos, a otros precedentes de comercialización como ejemplo de soluciones que atienden a los datos acreditados del caso, priorizando la libertad contractual de cada empresa en el diseño de su esquema de sus riesgos y beneficios.
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Sociedad Anónima Simplificada y autonomía de la voluntad
¿Se aplica el artículo 251 LGS? I. Introducción.
L Por Pablo A. Van Thienen o Director académico Instituto CEDEFLaw
a llamada Ley de Emprendedores Nº 27.349 que incorpora la Sociedad por Acciones Simplificada (“SAS”) como nuevo tipo societario invita a una renovada autonomía de configuración contractual relegando a la Ley General de Sociedades a un segundo plano donde su única función consiste en suplir el vacío legal dejado por la ley SAS. Si bien en una primera mirada la Ley General de Sociedades aparece relegada a un segundo plano, si afinamos un poco más la mirada observaremos que la función de esta ley pasa a ser relevante dado que la ley SAS contiene apenas 18 artículos destinados a regular elementos esenciales del tipo, el capital, las acciones, los órganos de gobierno, administración y control, más algún otro aspecto anecdótico. O sea, dado que el vacío legal a cubrir es muy extenso la Ley General de Sociedades pasaría a jugar un rol relevante en la construcción contractual de este nuevo tipo societario. En esta oportunidad queremos analizar si la función supletoria de la Ley General de Sociedades alcanza, también, al régimen
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de impugnación de actos societarios, tal como está previsto en los artículos 251, 252 y 254 de la Ley 19.550. A mi modo de ver las cosas descifrar este aspecto resulta estratégico y trascendente pues, dependiendo de la conclusión que saquemos dependerá el éxito o fracaso de este nuevo ente societario. La verdad que la simplicidad del tipo no pasa únicamente por la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria o número de cuit, o su registración on-line, sino que su simpleza debe abarcar aspectos más hondos y profundos y que hacen a los costos de salida de toda inversión de riesgo. Aquí nos estamos refiriendo a los costos que deben soportar los inversores cuando ven amenazados sus derechos patrimoniales por conductas oportunistas de los socios de control. El modelo SAS debe dar una respuesta contractual a un sistema de impugnación de actos societarios que se ha mostrado no sólo impotente e inútil, sino costoso a la hora de proteger los derechos del inversor. O sea, no sólo hay que bajar las barreras de entrada sino además, eliminar las barreras de salida. ¿Puede la SAS bajar los costos de salida? Van aquí mis reflexiones:
II. Derechos patrimoniales del socio: la salida es tan mportante como la entrada. Para que una inversión de capital de riesgo sea atractiva no sólo importa el retorno financiero sino los costos que debe soportar el inversor para hacerse de ese retorno. Está claro y es elemental que a mayores costos de salida menor será la tasa de retorno real y por lo tanto mayor será la renta nominal que el inversor exigirá para compensar dichos costos. En nuestro modelo de análisis, dicha inversión serían las acciones de una SAS. La ley SAS suena muy seductora y atractiva con declaradas eficiencias administrativas tendientes a facilitar la creación del ente y reducir los costos de entrada, pero al mismo tiempo deja abierta muchas dudas e interrogantes a lo hora de evaluar los costos de salida; esto quiere decir la protección eficaz de los derechos patrimoniales del inversor. Estudios empíricos han concluido que existe una relación directa entre desarrollo de las naciones y normas de protección del inversor. Estos estudios han demostrado que el nivel de desarrollo de las economías es correlativo y proporcional al grado de protección del inversor y “enforcement” de la ley. Desde la década del 80 del siglo pasado hasta nuestros días hay un profundo debate en el ámbito político, académico y científico donde están enfrentados dos modelos de gobierno corporativo: el modelo codificado europeo y el modelo del Common Law. Entre ambos se debaten cuál ofrece al inversor las mayores seguridades y garantías de protección de la propiedad, y por lo tanto, qué modelo de gobierno corporativo ofrece la plataforma más eficiente para lograr un desarrollo sostenido. La OCDE trabaja permanentemente sobre estos temas1. Está claro que la protección de los derechos del inversor no es eficiente cuando el sistema jurídico crea mecanismos de salida complejos que tornan inviable o muy costosa la salida. Recuperar el capital invertido cuando se advierte que la inversión no rinde los frutos esperados o, quienes controlan dicha inversión la administran a su antojo, de manera abusiva, poco profesional y no transparente es un tema clave en el diseño del tipo asociativo. En definitiva el modelo SAS debiera extraer lo mejor de la ley 19.550 buscando desterrar aquellos institutos considerados obsoletos, costos, ineficientes y expropiatorios de derechos patrimoniales. En mi opinión, el mecanismo de impugnación societario diseñado por la Ley General de Sociedades se presenta como un modelo obsoleto, costoso e ineficaz a la hora de liquidar la participación societaria a causa de abuso de derecho o conductas expropiatorias. (I) Impugnación de actos societarios, abuso de mayorías e ineficacia del artículo 251 LGS. El régimen de impugnación de decisiones asamblearias quedó cristalizado en el sistema regulado en los artículos 251 a 254 LGS, único camino posible para que el inversor defienda sus derechos ante conductas expropiatorias desplegadas por las mayorías. Desde el precedente “Albrecht c. Cacique
Camping”2 hasta nuestros días la única salida posible para el minoritario expropiado es demandar la nulidad del acto jurídico colegiado. Apenas este mecanismo dio a luz comenzó a mostrar su rostro más oscuro convirtiéndose en un largo peregrinaje por tribunales donde el proceso de impugnación derivó en debates académicos y jurisprudencias que aún hoy siguen abiertos y que poco ayudaron a resolver el problema de fondo. Sólo por citar algunos ejemplos, el plazo de caducidad de la acción, la legitimidad para obrar, el régimen de nulidades relativas y absolutas, el interés social detrás de la acción, la doctrina de las nulidades por la nulidad misma, el orden público, entre otros temas, han sido un claro ejemplo de que las cosas no estaban claras desde el principio. Nada de esto sirvió a los intereses de las minorías y fue caldo de cultivo para desarrollar maniobras de asfixia y de expropiación de derechos; lo que la doctrina norteamericana denomina: Minority Squeeze-out Model3. El aumento de capital injustificado, la emisión de acciones a la par, el derecho de preferencia, la capitalización de aportes irrevocables, la remuneración de directores en exceso del límite de mercado, el voto en interés contrario, los dividendos ocultos, el no pago de dividendos sin justificación, la formación de reservas, entre otras maniobras expropiatorias han sido, y siguen siendo en la actualidad, el lugar común donde se entraman las maniobras expropiatorias de renta como estrategia de opresión y asfixia (“Minority Oppression Doctrine”)4. El sistema de impugnación del acto asambleario (art. 251 LGS) ha mostrado ser un instrumento ineficaz para solucionar este problema poniendo todos los incentivos en favor de las mayorías, dejando a los inversores huérfanos de un sistema protectorio más equilibrado y eficiente. Sin ir muy lejos, observo que el método de purgación del vicio previsto en el artículo 252 LGS me suena a “estafa societaria” donde los socios de control tienen la posibilidad de rectificar el acto asambleario viciado y, aún purgado el vicio provocar daño. Que quede muy claro: puede haber daño sin ilicitud. Frente a esta situación el accionista carece de los medios legales para compensar la expropiación que le provocó la decisión societaria. Pero mucho más perverso luce, a mi modo de ver las cosas, el artículo 254 LGS. Esta norma obliga a quienes votaron por la afirmativa la decisión nula a responder en forma solidaria; o sea distribuye el costo del ilícito entre los accionistas de control que votaron favorablemente la decisión nula en una suerte de socialización del costo y subsidio al ilícito. Me explico: en el modelo de capital concentrado (como el nuestro), el costo del daño no lo asumen los accionistas de control pues dicho costo lo termina absorbiendo la propia sociedad, paradójicamente administrada por los accionistas de control. La experiencia jurisprudencial indica que desde la sanción de la ley 19.550 nuestros tribunales mercantiles se han dedicado a declarar nulidades en defensa de la “ley formal”, pero sin que esa defensa haya resuelto el problema de fondo: desindiciembre 2017/abogadosinhouse.com / 27
centivar conductas expropiatorias y oportunistas. (II) No hay acción directa bajo el modelo de la LGS. El sistema de impugnación de actos jurídicos colegiados societarios parte de la base de que la acción de impugnación es “social”. Es decir el inversor que impugna el acto jurídico lo hace en defensa del interés de la sociedad en primer lugar y, en forma indirecta, en defensa de su propio interés. Así lo ha sostenido pacífica jurisprudencia del foro mercantil avalado por unánime doctrina. La acción directa sólo funcionaría en aquellos casos donde la decisión social pueda causar un daño director al patrimonio del socio. Recordemos un caso: la reducción del precio de mercado de las acciones por ilícitos societarios no devenga responsabilidad civil ni acción directa. Siendo esto así, observo que la acción civil por daños queda restringida y muy limitada a casos aislados donde la actuación social cause daño directo al patrimonio del socio. El inversor tiene pocas herramientas para recuperar el valor de su inversión, más daños y perjuicios a causa de conductas expropiatorias .
El modelo impugnatorio de nuestra ley ha llevado a nuestros tribunales a debates “sin solución” donde los jueces se han visto envueltos en discusiones bizantinas resolviendo nulidades formales y centrando la discusión en la violación formal de la ley. Nada de esto tuvo efectos prácticos a la hora de resolver los derechos patrimoniales del inversor o socio minoritario. Si la sanción de nulidad tiene por efecto jurídico retrotraer los efectos del acto ilícito (nulorelativo o nuloabsoluto), observo que el socio minoritario no ve en esta solución una salida práctica puesto que la nulidad lo condena a quedar atado a un contrato donde los accionistas de control seguirán expropiando renta en beneficio propio y en perjuicio de los minoritarios (“The Rent Extraction Theory”). Salvo casos muy aislados, está claro que el régimen de nulidad societaria en nada ha beneficiado a los socios e inversores y sólo ha generado dos efectos muy concretos: (i) excesivo costos de salida y (ii) aprovechamiento del sistema para expropiar renta a muy bajo costo. O sea, el sistema está desbalanceado.
III. La SAS como contrato. La autonomía de la voluntad a la hora de definir la resolución del vínculo asociativo. Si bien no pierdo de vista que el artículo 4 de la LGS expresamente dice que “El contrato por el cual se constituye o modifique una sociedad …” nos remite el “contrato”, la naturaleza contractual del tipo Sociedad por Acciones Simplificada no está expresamente dicho en la ley SAS. En rigor de verdad la ley SAS en su artículo 36 nos remite al “instrumento constitutivo”, y agrega, “… sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir …”. Esto sólo no alcanzaría para afirmar, sin que nos tiemble el pulso, que el ADN del tipo SAS es puramente contractual, pues se aplica, en forma supletoria, las normas de la LGS, entre ellas, las normas que rigen la SRL y la SA. Todos sabemos que ambos tipos han despertado diferentes interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto a su naturaleza contractual. Aun cuando el derecho francés (cuna de la SAS) concibió a este tipo asociativo como un contrato, incluso llamándola “la sociedad contrato”, lo cierto es que en nuestro entorno actual el tema está por verse. Más allá de todas estas dudas adhiero a la tesis contractual de la SAS con los mismos elementos esenciales de cualquier otro negocio jurídico unilateral, bilateral o plurilateral de organización. Partiendo de la naturaleza contractual de este nuevo tipo societario, y por lo tanto del mayor espacio otorgado a la autonomía de la voluntad, queda por analizar cuál será el diseño del nuevo pacto comisorio dentro de este nuevo contrato típico. (I) El pacto comisorio en la SA y la SRL. El contrato asociativo bajo el tipo SRL o SA deja muy poco espacio para ejercer el derecho comisorio; o sea la salida del contrato. Lo cierto es que bajo el sistema asociativo diseñado por la Ley General de Sociedades quien ingresa a un contrato plurilateral de organi28 / abogadosinhouse.com /diciembre 2017
zación tiene muy pocas opciones de salida, y sirva como botón de muestra el derecho de receso del artículo 245 LGS. Fuera de este particular y excepcional derecho (reconocido para ciertos casos previstos en la ley) el inversor no está habilitado para salir del negocio asociativo; incluso en aquellos supuestos de violación al deber de buena fe o lealtad del socio de control, de los administradores o de la propia sociedad. O sea, aun frente a claros incumplimientos a deberes elementales de buena fe y lealtad, que justificarían la resolución por culpa en cualquier contrato, nuestro estatuto societario sale en defensa de la estructura societaria, e indirectamente de los accionistas de control, obligando al socio minoritario mantener el vínculo asociativo. Basta leer los artículos 54, 248, 254 y 272 LGS para advertir con claridad esto que afirmo. Nuestro modelo asociativo no autoriza la resolución contractual y sólo admite la acción civil por daños. Y para colmo, la compensación del daño no va al bolsillo del inversor sino a las arcas de la sociedad; o sea, indirectamente al bolsillo de quienes controlan los flujos de caja. Con esta realidad entre manos me pregunto: ¿dónde están los incentivos para no expropiar? Si concebimos a la SAS como un nuevo tipo societario donde la autonomía de configuración contractual está llamada a jugar un rol estratégico y preponderante en el diseño de nuevas cláusulas asociativas por sobre las normas imperativas (de no orden público) de la LGS, debemos analizar la posibilidad de derogar en forma privada dichas normas imperativas. Esto quiere decir que la supletoriedad de la Ley General de Sociedades respecto de la SAS implica, además, asignar carácter supletorio a
sus normas. (II) Pacto comisorio expreso y derogación contractual del régimen de nulidad societaria. Está claro para mí, que el régimen de impugnación societario regulado en los artículos 251 al 254 LGS no son normas imperativas de orden público y por lo tanto son dispositivos normativos susceptibles de ser modificados y adecuados por las partes; especialmente hoy cuando la ley SAS le otorga a la ley 19.550 un carácter supletorio. La nulidad del acto jurídico colegiado hace a los intereses particulares y patrimoniales de los socios, y por lo tanto son derechos renunciables y transables. A mi modo de ver las cosas el artículo 251 es una norma imperativa de no orden público y por lo tanto los socios están habilitados para derogarla o modificarla según sus propios intereses . Que se entienda bien, lo que busco con este nuevo enfoque es que el pacto comisorio expreso opere como incentivo a la inversión donde los costos de salida estén claros y donde el inversor pueda ver reducido al máximo la posibilidad de conductas oportunistas o de expropiación de sus derechos patrimoniales. (III) Abuso de control, caducidad del artículo 251 y los incentivos perversos del sistema. El plazo de caducidad del artículo 251 LGS (3 meses desde la fecha de la asamblea) resultó ser un “fiasco” cuando se trata de expropiación abusiva de derechos. Y sin duda el plazo de caducidad resultó ser funcional al abuso de la mayoría derivando en otro fenómeno: el abuso de la caducidad. La doctrina de nuestros tribunales tardó más de dos décadas en reaccionar a este fenómeno buscando poner un límite mediante la aplicación de normas del código civil de Vélez y del código de comercio de Acevedo sobre prescripción de actos nulorelativos y la imprescriptibilidad de los actos nuloabsolutos. O sea, el propio sistema ideado en la LGS necesitó su contrapeso obligando a los tribunales aplicar normas extramuros. El régimen de caducidad del artículo 251 no lograba dar una respuesta eficaz al abuso de derecho. La injusticia que presentó un sistema de caducidad de tres meses frente a maniobras dolosas, fraudulentas y expropiatorias de derechos sonaba poco digerible. El precedente “Albrecht” fue pionero en esta innovadora corriente jurisprudencial como reacción a la doctrina del fallo “Pereda” que había sentado la doctrina de la “no justiciabilidad del aumento de capital”. La misma sala D de la Cámara Nacional Comercial generó los anticuerpos. Pero aun aplicando en forma supletoria la prescripción del código civil y/o comercial, lo cierto es que la nulidad del acto jurídico no termina resolviendo el problema del inversor víctima de una maniobra fraudulenta o dolosa. La sanción de nulidad produce los efectos propios de la nulidad: retrotraer el aumento de capital recuperando el inversor su participación en el patrimonio empresario. Ahora bien, la nulidad no le resuelve al socio su problema de fondo: terminar el vínculo asociativo por ruptura de affectio societatis. No se me escapa que la sanción judicial de nulidad puede derivar en la adquisición de la participación accionaria del socio minoritario perjudicado, y por lo tanto alcanzar la ansiada salida; pero tampoco se me escapa que en esa estrategia de salida una de las dos partes se termina apropiando de riqueza y sacando ventaja.
Ya sea soportando el minoritario un descuento exagerado, o pagando el mayoritario una prima excesiva. En ambos casos, el precio de salida no es de mercado. (IV) Debemos buscar una salida alternativa al modelo del artículo 251 LGS. El incumplimiento a los deberes y obligaciones sociales genera en la parte cumplidora el derecho a demandar dos cosas: (i) el cumplimiento o, en su caso, (ii) la resolución más daños. El cumplimiento estaría cubierto por el régimen de impugnación societaria. Esto quiere decir que si el socio damnificado opta por el cumplimiento entonces podrá demandar la impugnación del acto societario poniendo por sobre su interés, el interés de la sociedad; pero si el minoritario decide resolver el vínculo debería contar con un mecanismo de salida que la Ley General de Sociedades hoy no le ofrece. La pregunta que debemos formularnos a esta altura del análisis es la siguiente. ¿Por qué no podemos aplicar al contrato asociativo bilateral o plurilateral una cláusula comisoria expresa? ¿Por qué no darle al inversor la opción de resolver el contrato cuando sus derechos le son expropiados por una decisión abusiva tomada en la asamblea de accionistas, reunión de socios, directorio, gerencia u órgano de administración? (V) El precedente Neumáticos Gutiérrez SA. Un caso para teneren cuenta. En un muy interesante fallo de la sala A de la Cámara Nacional Comercial, el tribunal hizo lugar a un planteo muy disruptivo, produciendo un giro copernicano respecto de la interpretación y aplicación del artículo 251 LGS. Se trató de una acción civil directa planteada por accionistas minoritarios como consecuencia del daño sufrido en el patrimonio personal del socio a causa de un aumento de capital injustificado, incausado y abusivo donde los accionistas minoritarios vieron diluida su participación accionaria del 37% a un insignificante 1.97%. ¡Y se trataba de tres hermanos! El tribunal confirmó el veredicto de 1ra instancia fijando la siguiente doctrina: la acción de impugnación de asamblea tuvo por finalidad determinar la ilicitud del acto colegiado como presupuesto necesario para la acción civil “individual”. El precedente “Neumáticos Gutiérrez” marca un hito trascendente en nuestra literatura jurisprudencial. Este caso habilita la acción de daño directo contra la sociedad y los socios de control por abuso de mayoría . Este precedente pone de relieve la flaqueza del sistema de nulidades societarias y su perverso régimen de impugnación donde los accionistas minoritarios siguen atados al contrato por efecto de la nulidad, en una suerte de “durmiendo con el enemigo” o “atrapado sin salida”. Son los accionistas residuales quienes gracias al sistema de nulidades asamblearias terminan absorbiendo todos los costos, financiando las conductas oportunistas y abusivas, apalancando la exprodiciembre 2017/abogadosinhouse.com / 29
piación de derechos. La perversidad del sistema salta a la vista. Claramente el modelo de nulidades societarias se encuentra agotado y el tipo SAS debe salirse de este esquema de “asimetría de derechos” si quiere ofrecer a los inversores esquemas de salida más transparentes y sensatos, que lleven a este nuevo modelo contractual a convertirse en un vehículo de inversión atractivo para los emprendedores e inversores institucionales .
Debemos tener presente que una mejora en la calidad de las normas de gobierno corporativo (y sin duda el régimen de nulidades es una de ellas) termina pagando sus dividendos pues permite reducir significativamente el costo del capital al mejorar la protección de los derechos de propiedad, y por lo tanto, la percepción de que la salida es menos costosa y traumática.
IV. La resolución parcial por culpa. El artículo 89 LGS como pacto comisorio expreso y la autonomía de configuración contractual. El artículo 89 LGS expresamente dice: “Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial o disolución no previstas en la ley”. Una norma que habilita a la autonomía contractual fijar causales de salida más allá de las expresamente previstas en la ley. Una norma con efecto expansivo que autoriza a los socios imaginar causales de resolución similares a un pacto comisorio expreso, sea la culpa del socio minoritario, de la sociedad o de los socios de control. Ahora bien, cuando recalamos en el tipo SA o SRL observamos con preocupación que esa libertad de creación vuelve a los cauces institucionalistas donde la posibilidad de salir del contrato queda nuevamente restringida. Basta repasar los artículos 153, 220, 223 y 235 LGS sobre recompra de acciones propias, reembolso, rescate y amortización del capital para darnos cuenta que la resolución parcial en el tipo anónimo no es faena sencilla. Hay tres razones muy serias para sostener esta postura negativa; la primera es que el negocio jurídico de reembolso es la contrapartida de la reducción de capital, no pudiendo éste direccionarse en favor de un socio siendo la reducción a pro rata respecto de la totalidad del capital social. La segunda razón es que el rescate sólo se admite para evitar un daño grave (art. 220.2 LGS); y la tercera, no menos importante, es
que las normas que regularían en este tema serían normas imperativas de orden público. Así las cosas, observo con pesar que la resolución parcial no es un camino habilitado en el modelo SA, y muy controvertido en el tipo SRL. O sea, la resolución parcial con pacto comisorio con los alcances del artículo 89 quedaría habilitada para otros tipos societarios por fuera de la SRL o la SA. La pregunta que nos hacemos a esta altura es la siguiente: ¿Qué norma supletoria aplicamos para regular el pacto comisorio en el modelo SAS donde la resolución parcial del contrato implica, necesariamente, un rescate de acciones? La respuesta a esta pregunta es: ninguna. Si entendemos que esta es la respuesta correcta, la posibilidad de rescatar acciones de una SAS mediante la aplicación del artículo 89 LGS, sin estar forzados a aplicar por vía supletoria el régimen restrictivo del tipo SA o SRL, el espacio para la autonomía de configuración contractual se dilata y expande. Recordemos que el artículo 33 de la ley SAS nos dice que la LGS se aplica en forma supletoria al tipo SAS, y sin remitirnos de manera imperativa a ningún tipo específico, y menos al tipo SA o SRL .
V. Incumplimiento a obligaciones de lealtad y buena fe y pacto comisorio en el modelo SAS. La exclusión del socio por incumplimiento “grave” a obligaciones sociales (art. 91 LGS) es una de las causales admitidas para el tipo SRL. Respecto de la exclusión como “salida forzosa” nuestros tribunales han dado muestras de avance muy interesantes admitiendo la exclusión, incluso para el tipo SA; sugiriendo los jueces la incorporación en los estatutos societarios de una cláusula específica de exclusión de accionistas . La cláusula de exclusión no es otra cosa que un pacto comisorio expreso donde la sociedad (como parte inocente) decide resolver el vínculo contractual con causa (culpa del socio). La exclusión no es más que el derecho que tiene la sociedad a rescatar sus propias acciones como consecuencia de un incumplimiento contractual y precisamente para evitar un daño grave (vid., artículo 220.2 LGS). O sea, una opción de rescate por incumplimiento contractual . Observamos que la LGS prevé la exclusión por incumplimiento del socio, pero nada dice a la inversa; o sea, el derecho 30 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
del socio a salir del contrato por incumplimientos de los socios de control como formadores de la voluntad social, y quienes utilizan la estructura jurídica del tipo para implementar su estrategia expropiatoria. Una suerte de artículo 54 interpretado en forma extensiva. Bajo el régimen actual de la LGS observo que el incumplimiento de los socios de control (abusando de la estructura jurídica del tipo) concede al inversor expropiado muy pocas opciones: (i) impugnar la decisión ilícita, (ii) intentar la acción social de responsabilidad en sus diferentes versiones ut singuli y minoritaria y, eventualmente, una acción individual. O sea, el socio expropiado en sus derechos no puede resolver el vínculo contractual; quedando por lo tanto, atrapado y sin salida. El nuevo pacto comisorio que propongo debe habilitar la salida del socio por culpa de los socios de control o
de la sociedad. De esta forma logramos balancear la relación asociativa tal como sucede en cualquier relación contractual. Si los administradores tienen la obligación de obrar de manera leal y diligente (art. 59 LGS) dicha obligación se la deben no sólo a la sociedad como ente jurídico sino, además, al resto de los socios. Si los administradores tienen la obligación profesional de actuar en interés de la sociedad creando valor para todos los accionistas, dicha obligación no sólo es respecto de la persona jurídica que administran sino, respecto de los accionistas. O sea, el deber de lealtad y buena fe se expande a todos quienes integran el contrato asociativo . El modelo comisorio que nos ofrece la Ley General de Sociedades inclina la balanza hacia un solo lado (la sociedad) dejando al socio inocente totalmente desguarnecido y con acceso, únicamente, a las acciones de daños previstas en la ley. Hay un dato no menor: luego de agotar la instancia interna para acceder a la indemnización por daños observo que aquella compensación económica no ingresa al patrimonio del socio damnificado sino
a la caja social. Esto quiere decir que siendo las acciones de responsabilidad de naturaleza “social” y por lo tanto en interés de la sociedad, el costo de expropiar derechos es neutro pues la indemnización termina ingresando, indirectamente, al bolsillo de los socios de control. ¡La inequidad del sistema salta a la vista! La jurisprudencial mercantil viene admitiendo en el ámbito de la SA la exclusión del accionista. Esto es un avance muy importante. Ahora bien, está faltando equilibrar el fiel de la balanza dándole al socio damnificado la opción de salir del contrato por culpa. El tipo SAS no puede quedar atrapado en la estructura desequilibrada de la actual ley 19.550 siendo necesario renovar todo el sistema de gobierno corporativo donde los inversores puedan ver debidamente tutelados sus derechos patrimoniales y diluidas la amenaza de potencial expropiación; único camino posible para que la SAS se convierta en un exitoso vehículo de inversión.
VI. El Buy-out Right y el Involuntary Disssolution Model de los Estados Unidos de Norteamérica. En modelo de sociedad cerrada de los Estados Unidos de Norteamérica (Closley Held Corporation) la doctrina jurisprudencial debatió cuál podría ser la solución más eficaz frente a estrategias de Squeeze-out llevadas a cabo mediante mecanismos de expropiación similares a los que vivimos aquí en estas Pampas. El aumento de capital injustificado, una fusión o escisión fraudulenta, la venta de activos a precio vil, dividendos encubiertos mediante contratos leoninos, remuneración de ejecutivos en exceso del límite de mercado, entre otras estrategias de opresión son, también, moneda corriente en aquel país. O sea el ADN expropiatorio es el mismo tanto en Ohio, Nebraska o Kentuky como en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. Frente a este panorama los tribunales norteamericanos fueron de a poco construyendo una doctrina que, posteriormente fue receptada por muchos estados de la Unión, convirtiendo aquella doctrina judicial en ley formal. La doctrina fue la siguiente: frente a situaciones de abuso el juez puede ordenar la compra forzosa de las acciones del socio minoritario perjudicado “Mandatory Buy-out” o “Compulsory Buy-out”) debiendo la adquisición efectuarla los socios de control y/o la sociedad, indistintamente. Lo que importa es darle una solución eficiente al socio minoritario perjudicado ofreciéndola una salida del contrato asociativo recuperando el inversor minoritario el
precio de sus acciones a valor de mercado (“Fair Market Value”) más los daños y perjuicios. El racional de los jueces fue el siguiente: como el minoritario no tiene un mercado secundario para la venta de sus acciones, su único mercado son sus consocios o, en su caso, la sociedad en la que aquel ha invertido. Pero esto no es todo, el juez de causa puede ordenar la disolución social por abuso de mayoría. Sí, la disolución del ente societario por incumplimiento contractual al deber de lealtad y buena fe. Esto quiere decir la resolución total del contrato. Incluso muchos estados de la Unión han tomado esta solución jurisprudencial y la han convertido en ley de fondo. Este sistema se lo denomina: Involuntary Dissolution Model. Es decir que frente al incumplimiento al deber de lealtad y buena fe el tribunal tiene dos caminos: (i) ordenar la compra forzosa de las acciones del socio perjudicado más daños y perjuicios, u (ii) ordenar la disolución social y liquidación del patrimonio empresario. Entiendo que este modelo de resolución puede perfectamente incorporarse a un pacto privado tal como lo autoriza el artículo 89 LGS.
VII. Gobierno corporativo y los incentivos del sistema. Mientras el modelo de gobierno corporativo de la ley 19.550 tenga la balanza inclinada hacia el control y donde el sistema incentiva conductas oportunistas, las cosas seguirán como hasta hoy. El tipo SAS nos invita a remover los incentivos perversos del modelo actual dándole una renovado espíritu a las cláusulas de gobierno corporativo. El actual sistema muestra claros signos
de agotamiento que se traducen en mayores costos de transacción y costos de capital. El tipo SAS debe ofrecer un nuevo modelo contractual que le permita proteger al inversor de una manera más eficiente y menos costosa. Si seguimos con las mismas prácticas de hoy, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿Para qué la SAS? Interesa aquí confrontar nuestro modelo comparándolo diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 31
con otros que han mostrado ser más exitosos y de esta forma ofrecer al mercado no sólo vehículos de inversión más competitivos, sino sobre todo, análogos a otras economías y jurisdicciones en un mundo globalizado donde las reglas de gobierno corporativo tienden a uniformarse. El modelo SAS debe servirnos para incentivar la creatividad a la hora de diseñar nuevas cláusulas que permitan resolver el vínculo contractual por culpa, dándole al inversor una opción de salida eficiente frente a situaciones de incumplimiento contractual. No hay duda que el camino de la impugnación asamblearia ha resultado ser muy poco eficaz en términos generales, y sólo ha sido útil en contados casos como verdadera solución al problema de fondo. Es vox populi que en nuestro entorno la acción de impugnación societaria ha servido como plataforma de salida negociada. Pero lo interesante es que en este proceso de salida (negociada o extorsiva) el precio nunca es de mercado pues en dicha negociación una de las dos partes posee el monopolio de la negociación y quien posea ese monopolio logrará obtener una ventaja. O sea, en una salida en estas condiciones el precio nunca será de mercado y quien posea el monopolio de la negociación sacará tajada de esa posición de poder obteniendo una ventaja para sí muy encima del valor de mercado; y esa ventaja no es otra que un fuerte descuento (para el minori-
tario) o una prima excesiva (para el control). El Compulsory Buyout Model y el Involuntary Dissolution Model terminan siendo modelos equilibrados de resolución contractual si lo comparamos con nuestro modelo de impugnación. Por un lado, aquellos modelos incentivan a los socios de control evitar conductas oportunistas pues el costo de “violar el deber de lealtad” puede pagar un precio muy alto con la liquidación social, la venta de los activos y/o la pérdida de los intangibles. Y por otro, si se ordena la compra forzosa de las acciones del socio minoritario el juez ordenará una valuación de mercado de la empresa añadiendo a ese valor, el monto total de los daños y perjuicios causados. O sea, el costo de “sacar los pies del plato” especulando con un costo de salida oportunista y a bajo precio es un riesgo de negocios que puede llegar a costar la pérdida total de la inversión por liquidación de la Corporation. En definitiva, el costo de oportunidad no justifica ser desleal. El modelo SAS debe llevarnos a reflexionar sobre nuevas soluciones contractuales siendo el pacto comisorio expreso la salida más eficaz para el incumplimiento contractual asociativo, donde la parte cumplidora tiene la opción de resolver el contrato social.
VIII. Nulidad del acto colegiado societario como presupuesto de la resolución contractual y la acción de daños: el precedente Neumáticos Gutiérrez SA. Para que el socio pueda resolver el contrato ejerciendo el pacto comisorio y por lo tanto la opción de salida deben darse los cuatro elementos de la responsabilidad civil, entre ellos, la antijuridicidad. Entre nosotros, la antijuridicidad significa la nulidad del acto jurídico colegiado que sirve de causa para el ejercer el pacto comisorio, y por lo tanto, la opción de salida. Esto es, en alguna medida, el argumento que sostuvo la CNCom., sala A en el caso Gutiérrez Enedina c Nuemáticos Gutiérrez”. La pregunta que quiero formular aquí es la siguiente: ¿Es la impugnación asamblearia (artículo 251 LGS) el único camino para que la asamblea de accionista sea considerada un acto jurídico ilícito? Palaras más, palabras menos, la sala A sostuvo el siguiente argumento: “más allá de la nulidad de la asamblea, dicha ilicitud sólo tiene 32 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
efecto práctico como presupuesto de antijuridicidad para habilitar la acción civil de daños, no siendo necesario retrotraer los efectos de la asamblea; esto es, retrotraer el aumento de capital abusivo y fraudulento”. Este importante precedente nos invita a reflexionar y repensar el artículo 251 LGS, y su aplicación al modelo SAS. El precedente Neumáticos Gutiérrez debería animarnos a reflexionar sobre lo siguiente: para el ejercicio del derecho de salida por incumplimiento contractual no sería necesario transitar el camino de la impugnación del acto jurídico colegiado siendo suficiente demostrar en el juicio de daños el acto abusivo, sin necesidad de tener que declarar la nulidad de la asamblea en los términos y con
los alcances del artículo 251 LGS. En mi opinión, un pacto comisorio expreso habilitaría la resolución parcial del vínculo por culpa o dolo, con derecho de la parte inocente a recuperar el valor actual de su inversión más daños y perjuicios. En pocas palabras, para que opere la resolución
parcial es preciso el ejercicio de una opción put donde la sociedad está obligada a rescatar las acciones del inversor damnificado pagando por sus acciones el valor de mercado más daños y perjuicios. Una surte de “Buyout Agreement … a la criolla” .
IX. Conclusión preliminar. Si entendemos que la SAS es un nuevo modelo contractual asociativo debemos animarnos a repensar el derecho societario y toda su doctrina, sesgada por viejas interpretaciones de la ley 19.550 inspiradas en visiones institucionalistas de la empresa. Interpretar la SAS desde el prisma de la SRL o la SA, exclusivamente, sin abrirnos a nuevas formas de ver el derecho societario, donde la autonomía de la voluntad está 1 “Investor Protection and Corporate Governance”. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-
Silanes, Andrei Shleifer and Robert Vishny. Department of Economics, Harvard University, Cambridge, MA 02138. “The changing corporate governance paradigm: implications for transition and developing countries”. Berglof, E., von Thadden, L., 1999. “Working paper. Stockholm Institute of Transition Economics: Stockholm, Sweden. “Finance, Investment and Growth”. Carlin, W., Mayer, C., 1999. Working paper. University College: London. “Major Legal Systems in the World Today”. David, R., Brierley, J., 1985. Stevens and Sons: London. “Does investor protection matter?” Johnson, S., 1999. Evidence from Germany’s Neuer Markt. Working paper. MIT: Cambridge, MA y muchos más … 2 CNCom, sala D. 21.08.1996. 3 “New Squeeze-out Devises as Part Of Corporate Law Reform in Korea: What Type Of
llamada a desplegar toda su energía creativa, puede llevarnos a transformar la SAS en un subtipo de SA o de SRL cometiendo un error que pagaremos muy caro. Está claro que el único límite a dicha autonomía de configuración contractual lo encontramos en las normas imperativas de orden público. Fuera de éste, la libertad debe ser absoluta. 9 En cambio en el artículo 49 sobre órganos societarios de la SAS observamos
que la ley nos remite al tipo específico SRL como modelo supletorio. Este dato debe servirnos como pauta de interpretación de que el artículo 33 deja abierta la posibilidad de que el artículo 89 LGS es de aplicación amplia para la resolución parcial por culpa, sea la culpa del socio o de la sociedad. 10 CNcom., sala D. “Nargam SA v Maisti SL”. Voto de los Dres. Heredia y Vasallo.
Vid., “Suspensión de los derechos del accionista por (grave) incumplimiento a las obligaciones sociales”. Pablo A. VAN THIENEN. Paper CEDEFLaw Nº 56. www.cedeflaw.org. Vid., también, “Rescate de acciones por justa causa de exclusión en la sociedad anónima: dos precedentes muy interesantes …”. Pablo A. VAN THIENEN. Iván DI CHIAZZA. Paper CEDEFLaw Nº 81. www.cedeflaw.org
Device Is Required for a Developing Economy?” Hyeok-Joon Rho. Ver: https://www. bu.edu/ilj/files/2014/05/Rho_41-78.pdf. “Minority Investor Protection as Default Rules”. Robert. C Illig. University of Oregon. School of Law. Volume 56. Issue 2.
11 Vid., “Exclusión del accionista en la SA y rescate de acciones”. Pablo A. VAN
4 “Oppression Of Minority Shareholders: Protecting Minority Rights”. Robert O´Neal.
la sociedad sino, además, una carga de los socios de control respecto de los socios residuales. Esta obligación de fuente contractual se observa con más fuerza y nitidez en las sociedades cerradas donde los accionistas de control tienen un deber de lealtad respecto de los socios minoritarios. Vid., “Contract And Fiduciary Duty in Corporate Law”. Victor BRUDNEY. Boston College. Law Review. Volume XXXVIII. 1997. “Fiduciary Duties for Activist Shareholders”. Iman ANABTAWI and Lynn STOUT. Stanford Law Review. Vol. 60, No. 5 (Mar., 2008).
Washington University of St. Louis. College of Law. (1987). “The Balance of Power in Closely Held Corporations”. Morten Bennedsen. Universiy of Copenhagen. Institute of Economics. Journal of Financial Economics. Nº 28 (2000) 5
“Minority Shareholders and Direct Suit in Closely Held Corporations Where Derivative Suits Are Impractical”. Jason M. Tanguay. Pierece Law Review. Vol. 5. 6
Vid., “Orden público: ¿estás ahí? Con especial referencia a las nulidades absolutas, nulidades relativas y derechos indisponibles de los socios” Pablo A. VAN THIENEN. Iván DI CHIAZZA. Paper CEDEFLaw. Nº111. www.cedeflaw.org 7 “Minority Shareholders and Direct Suit in Closely Held Corporations …” Jason M. Tan-
guay. Pierce Law Reiew. Vol 5. “Reasonable Expectations vs Implied In Fact Contracts: Is the Shareholder Oppression Doctrine Needed? Douglas K. Moll. Boston College Law Review. Volume 42. Nº 5. 8 En Chile, México y Colombia la SAS supera el 60% de las nuevas empresas creadas.
THIENEN. Iván DI CHIAZZA. Paper CEDEFLaw Nº 104. www.cedeflaw.org
12 Pero el deber de buena fe y lealtad no sólo es una carga de quienes administran
13 Advertidos de esta inequidad, la Ley de Oferta Pública expresamente prevé
que la indemnización se pagada al inversor en proporción a su participación en el capital social. De esta forma, el inversor tiene los incentivos económicos para promover acciones de responsabilidad donde, más allá de que se buque tutelar el interés social, no escapa al legislador que el deño al patrimonio socio genera, en forma indirecta, un daño al patrimonio del inversor. 14 Vid., “Buyout Agreements y su aplicación a sociedades anónimas familia-
res”. Pablo A. VAN THIENEN. Paper CEDEFLaw Nº 119. www.cedeflaw.org
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PRESTANDO SERV A LA COMUNIDAD
En entrevista exclusiva para abogados-inho de PwC Argentina nos cuentan sobre el pre 1. ¿Qué áreas de especialidad de derecho empresario brindan en Argentina? “Nuestros Servicios de Asesoramiento Legal cubren las principales especialidades de derecho empresario. Poseemos prácticas ya consolidadas en derecho societario y M&A, laboral y previsional, así como en derecho cambiario y aduanero. Estamos creciendo en otras áreas como a derecho regulatorio, principalmente en temas financieros, bancarios y de seguros, Oil & Gas, telecomunicaciones, farma e infraestructura. Nuestro verdadero diferencial en el mercado legal argentino es 34 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
la capacidad de conformar equipos multidisciplinarios, ofreciendo soluciones eficaces e integrales a los desafíos que nos plantean nuestros clientes”, nos comenta Eduardo Gil Roca, Socio Líder de Legales - Contencioso Tributario. 2. ¿Cuál es la cantidad de abogados que integran el Servicio de Asesoramiento Legal de PwC Argentina? Marcelo Brandariz, Socio a cargo de Laboral y Seguridad Social nos explica que “Al ser una firma multidisciplinaria, el servicio está integrado por abogados, contadores y
VICIOS LEGALES D DE NEGOCIOS
ouse.com los responsables del área legal esente y el futuro de los servicios legales. licenciados de comercio internacional. Actualmente somos 45 profesionales, de los cuales dos terceras partes son abogados y a su vez contamos con una cobertura geográfica que cubre todo el país a través de nuestras oficinas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Éstas últimas se encuentran en franco crecimiento acompañando la demanda de servicios jurídicos que el desarrollo y presencia de Compañías de distintas actividades y tamaño cada vez más requieren”. “Quienes conocen nuestros servicios saben que poseemos una sólida formación académica y una acreditada experiencia
profesional. De hecho, muchos de nosotros hemos trabajado durante más de una década en los principales estudios jurídicos de nuestro país. Por su parte, PwC posee un alto compromiso con la excelencia y nos ocupamos de crear un ambiente de trabajo que les permita a nuestros colaboradores continuar su desarrollo personal y su capacitación profesional a través de especializaciones de postgrado, maestrías, perfeccionamientos en idiomas, cursos de liderazgo, e incluso, fomentamos el intercambio internacional” agrega Pedro de la Fuente, a cargo del área de Derecho Societario y Empresario. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 35
Pedro de la Fuente.
Marcelo Brandariz.
36 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
¿En España las Big 4 compiten con las grandes firmas de servicios legales españolas, cómo ven ustedes el panorama en Argentina? Gil Roca nos informa que “El mercado jurídico español es un claro ejemplo de que los equipos legales de las grandes auditoras son tan buenos o mejores que los de los despachos tradicionales. Medido en términos de facturación anual, Tax & Legal Services de PwC España se encuentra hoy posicionado en cuarto lugar, compitiendo en forma directa con los estudios Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez. Algo similar está ocurriendo también en jurisdicciones, como Alemania, Inglaterra, Australia, México, entre otras”. Claus Noceti, a cargo de Regulaciones y Comercio Internacional subraya que “Si bien existe esa competencia, el approach al mercado es diferente por nuestra conformación como firma interdisciplinaria. Ofrecemos una visión global e integral, comprendemos los impactos que nuestro asesoramiento jurídico pudiera generar en todo nivel de la empresa excediendo los aspectos estrictamente legales. En ese contexto, nuestra propuesta profesional integra el asesoramiento y acompañamos a nuestros clientes siendo también parte de la solución”. Marcelo sostiene que “En Argentina, en 1997, nuestros socios fueron pioneros en constituir una sociedad de medios, integrada por abogados y auditores, a fin de prestar servicios multidisciplinarios. Desde entonces, nuestra práctica ha ido creciendo y consolidándose con el esfuerzo de los distintos profesionales que –a lo largo de este tiempo- integraron nuestro staff. Hoy intervenimos no sólo en transacciones sino también en procesos judiciales complejos”. ¿Qué fortaleza posee PwC para competiren el mercado de servicios legales? Para Claus “Pensar y abordar los problemas desde las distintas perspectivas posibles, evaluar sus impactos contables, impositivos y legales, comprender los diferentes procesos y funciones que tienen lugar en una compañía, y analizar las soluciones más efectivas en forma multidisciplinaria está en el ADN de nuestra gente. “ Marcelo agrega “Es interesante destacar que en términos globales, PwC posee un network de firmas independientes que se traduce en unos 3.500 abogados distribuidos en más de 90 jurisdicciones. El intercambio de conocimiento que se genera entre las Firmas que conforman nuestro network potencia la capacidad que tenemos de asesorar a nuestros clientes en asuntos cross-border”. Pedro concluye: “Nuestra profesión se funda en esa relación de confianza que se construye día a día con nuestros clientes y es por eso que procuramos brindar nuestros servicios con alta calidad profesional, estando siempre disponibles para dar soluciones rápidas, adecuadas y sobre todo, eficientes”. ¿Cómo ven ustedes el mercado de M&A y de Capitales en Argentina para los próximos años y cómo están preparados para responder a esta nueva demanda? “Comparado con el año pasado, el 2017 es claramente un año con mayor actividad en el mercado de M&A. Asimismo, tras
un largo período de ausencia en los mercados, las compañías salieron a financiarse, tanto en Argentina como en el exterior. Nuestros equipos han intervenido en más de 15 transacciones a lo largo de este año, y esperamos que, de concretarse la agenda de reformas legislativas que impulsa la administración actual (entre las cuales está la reforma a la Ley de Mercado de Capitales), las inversiones en los distintos sectores de la economía de nuestro país se incrementen en forma exponencial, con el consiguiente incremento que ello conlleva en las operaciones de M&A y de colocación de valores negociables en el Mercado de Capitales. Nuestros equipos legales e impositivos están preparados y listos para ese desafío. Y por supuesto, siempre estamos atentos a poder seguir incorporando talento y experiencia para hacer frente a las exigencias del mercado”, informa de la Fuente. ¿Cómo percibe usted el déficit de abogados “seniors” con sólida formación en deals internacionales? ¿Se percibe un recalentamiento en este sector de búsqueda? “El flujo de transacciones que la firma atiende hace que la mayoría de los abogados senior que hoy integran nuestros equipos de legal societario, laboral y previsional, impuestos y comercio exterior hayan intervenido en esa clase de transacciones”, nos comenta Brandariz. “La formación académica, las cualidades de liderazgo y la experiencia profesional son las características principales que se tienen en cuenta a la hora de contratar a un abogado “senior”. La calidad de nuestros servicios va de la mano de la calidad de nuestros profesionales. Aquí juega la ley del mercado: si hay poca oferta de profesionales con experiencia, o si hay mucha demanda insatisfecha, entonces se percibe un recalentamiento en la búsqueda de esos profesionales, lo que nos obliga a ser creativos en la forma de retener nuestro talento”, agrega de la Fuente.
Eduardo Gil Roca.
¿A modo de reflexión cuáles son sus expectativas a mediano y largo plazo? Eduardo Gil Roca opina que “A lo largo de estos veinte años el área de Servicios Legales logró ser reconocida por los distintos actores del mercado jurídico argentino. En lo personal, creo que nuestra historia se escribe todos los días. En lo sucesivo, y de la mano del crecimiento económico de nuestro país, esperamos seguir consolidando el fortalecimiento de nuestra firma en las distintas áreas de expertise. En especial, las de derecho regulatorio, Oil & Gas y Recursos Naturales, Telecomunicaciones e Infraestructura”. En una visión a largo plazo, frente a un mundo en constante cambio, no tenemos duda que nuestros Servicios de Asesoramiento Legal seguirán siendo un referente en el mercado jurídico argentino. El uso de la inteligencia artificial plantea no sólo desafíos sino oportunidades inimaginables para quienes ejercemos esta profesión. En la era digital, las necesidades del mercado cambiarán y los abogados deberemos atrevernos a desafiar nuestro propio status quo, innovar, y encontrar soluciones a problemas cada vez más desafiantes. Ese siempre ha sido el atractivo de quien ejerce con pasión esta noble profesión”. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 37
2017 Survey A continuaciĂłn una sĂ­ntesis del informe preparado por la ACC. Quienes deseen consultar el informe completo pueden hacerlo en http://www.acc.com/vl/public/Surveys o Fuente: Association of Corporate Counsel.
of CLOs reported handling at least one internal or external compliance investigation in their departments.
he Association of Corporate Counsel (ACC) Chief Legal Officer 2017 Survey is the largest global study of the issues and challenges facing Chief Legal Officers (CLOs) in corporate legal departments. ACC surveyed CLOs and General Counsels (GCs) from around the world to gain further insights on business priorities , career satisfaction, organizational process, outside counsel and vendor management, budget and spend, staffing, compensation and a variety of new topics. The corporate legal landscape is fraught with an increasing complex regulatory framework, the never ending balancing act between risk and compliance, and heightened internal pressure to demonstrate value while lowering cost. Given their global roles, CLOs today are in the front line of managing change in their organizations from keeping abreast of complex regulatory and policy changes in an emerging populist environment to be called upon to weigh in on everything from profit to growing the business while also mitigating major risks.
Top Issues Keeping CLOs Up At Night. Ethics and compliance remain the top issues for CLOs. Regulatory and government changes ranked 2nd on the list. With flouris-
38 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
hing regulations and a growing body of global regulatory guidelines that requires attention, CLOs must ensure that a system is in place to monitor changes.
Big Law Departments Spending More Than Half the Budget On Litigation. Departments with budgets of greater than $50 million spend over half of their budget on litigation on average compared with roughly 13% in departments with a budget of less than $50,000.
CLOs reported that a regulatory targeted their companies in the last 12 months.
Delegation Of Legal Operations Expands Eighty-one percent of CLOs say they use value-based staffing practices such as assigning work to a variety of internal resources, including non-lawyers, based on complexity and risk.
Insourcing versus Outsourcing Complex litigation remains the top area outsourced to law firms, with 97% of CLOs sending this work to an outside law firm. Law firms may see an increase in e-discovery work with 61% of CLOs sending this work to outside law firms. CLOs will likely become more business oriented focusing on decreasing cost and creating value. There will likely be an uptick in time spent and cost incurred on compliance related issues due to regulatory changes globaly.
of CLOs may terminate a law firm or outside counsel relationship next year.
Montevideo 1012, piso 2Â° "C", CABA, Argentina. Tel. (+5411) 5811-3733 / Email: info@bflegal.com.ar
diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 39
Law Firms Are Falling Behind on Technology, Client Expectations A o Fuente: Association of Corporate Counsel.
new report by PricewaterhouseCoopers says that Big Law firms are not keeping pace with cuttingedge technologies and growing client expectations. In a survey of more than half of the U.K.â&#x20AC;&#x2122;s
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100-largest law firms by revenue, PwC found that 70 percent have invested in client collaboration tools and about 40 percent use automated document production software. But just 11 percent of firms surveyed by PwC utilize big data and predictive analytics, while more
sophisticated technologies such as smart contracts and blockchain—a tool that allows information to be shared and updated across a network—are “barely featuring.” David Snell, who heads PwC’s law firm advisory group, said that firms need to take “fundamental action” to improve such areas as client service delivery, business support and recruitment in an increasingly competitive market. “Firms need to be more agile in embracing emerging technologies, which will ultimately help them achieve more effective staffing levels and react faster to changing client demands,” he said. “This will require significant investment, and firms need to think carefully as to how this will be funded.” The report also said that firms must tackle workplace management issues in order to “re-balance” performance and profitability, which has become squeezed by rising staff costs and flattening demand for legal services. PwC has in recent years invested heavily in its own legal services arm, PwC Legal, which now employs more than
3,200 attorneys across 90 countries. The American Lawyer reported last month that PwC is launching a U.S. law firm business. While PwC and other alternative service providers are becoming increasingly significant players in the legal market, a recent survey by research company Acritas found that they still lack the brand strength of traditional law firms. Acritas’ latest global elite brand index, which was published last week, was headed by Baker McKenzie for the eighth consecutive year. Baker McKenzie’s brand is now twice as strong as any law firm’s, according to Acritas data, which is based on interviews with more than 1,000 in-house counsel at billiondollar organizations across 50 countries. EY was the highest-placed alternative legal service provider in Acritas’ global elite ranking, in 77th place. But in another sign that suggests the Big Four will become increasingly serious competitors to Big Law firms, EY would rank among the top 20 elite law firm brands if the responses were limited to in-house lawyers under the age of 40. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 41
urante los últimos meses, Beccar Varela participó asesorando a grandes compañías en operaciones que demuestran que Argentina ha emprendido el regreso a los mercados internacionales, entre ellas la Oferta Pública Inicial (IPO) de Despegar.com y la segunda emisión de acciones (follow-on offering) del Grupo Financiero Galicia en la Bolsa de Nueva York. Abogados Inhouse entrevistó a algunos miembros de los equipos involucrados. Despegar.com, Corp. comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el pasado 20 de septiembre, bajo el símbolo “DESP”. Beccar Varela en Argentina, TozziniFreire Advogados en Brasil, Conyers Dill & Pearman en las Islas Vírgenes Británicas y Simpson Thacher & Bartlett LLP en Estados Unidos asesoraron a la compañía en el lanzamiento de su oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York. Se ofrecieron 42 / abogadosinhouse.com/ diciembre 2017
12.777.000 millones de acciones ordinarias a un precio de US$26 por acción. Abogados Inhouse (AI): ¿Cuáles son los desafíos de transformar procesos de una compañía regional a una compañía que cotice en la NYSE? Juan Pablo Alvarado, Director de Legales de Despegar. com (JPA): Si bien Despegar siempre tuvo procesos que le permitían tener un control y supervisión adecuados, siendo una compañía con operaciones en veinte países de Latinoamérica, tuvimos que mejorar varios de los mismos e incluso implementar nuevos, atento a los requerimientos informativos y de control requeridos por la “Securities and Exchange Comission” de New York, siendo un buen ejemplo el preparar la compañía para cumplir con la certificación requerida bajo
las normas SOX. Asimismo tuvimos que reforzar la implementación de políticas de compliance. Este proceso de mejoras y preparación de la compañía para cotizar lo realizamos con tiempo, siendo el apoyo del directorio, accionistas principales y estudios externos fundamentales para lograrlo. En Argentina trabajamos con Beccar Varela para el proceso de IPO en todo lo que se refiere a los aspectos de disclosure y regulaciones locales. Puedo decir que el hecho que el estudio ya conociera a la compañía y la industria facilitó mucho el proceso. Al ingresar a Despegar comenzamos a trabajar con este estudio, ya que consideraba que uno de los factores de éxito del proceso de IPO es que los abogados externos tengan una buena relación y conocimiento de la compañía, conociendo tanto sus fortalezas como debilidades. El IPO lo vivimos como el comienzo de una nueva etapa con grandes desafíos y con nuevos accionistas que se suman a los que ya tenía Despegar, a quienes tenemos que entregar los resultados esperados desde todo aspecto. AI: ¿Qué análisis realiza sobre las empresas del sector tecnológico en Argentina? JPA: Como todos saben, el sector ha crecido muchísimo en los últimos años, siendo los principales exponentes Despegar, Globant o Mercado Libre. Estas son empresas que nacieron en Argentina persiguiendo los sueños de sus fundadores y confiando en el talento argentino y al diversificarse en el talento regional. ¡Los resultados están a la vista! En Argentina tenemos un espíritu emprendedor muy importante, que se destaca principalmente en el mundo tecnológico. Continuamente se escucha hablar del surgimiento de start-ups, muchas de ellas con buen crecimiento y desarrollo. ¡Hay talento! En el caso de Despegar, creo que su espíritu emprendedor, que aún hoy se conserva, la visión y estrategia de sus fundadores que se supo transmitir al equipo de management, más la diversificación regional y capacidad de crecimiento y desarrollo, han sido claves para su éxito. AI: ¿Cómo fue el timing de la operación desde el punto de vista legal? JPA: Generalmente el timing de la operación está dado por la ventana del mercado y la capacidad de la compañía
de estar preparada. Recuerdo el día del kick off, cuando nos reunimos con los bancos y abogados y acordamos un cronograma del proceso. En ese momento todos considerábamos que era un cronograma muy exigente, pero sabíamos que si trabajábamos en equipo y coordinados, lograríamos el objetivo. Todas las condiciones se fueron dando y llegamos en el plazo acordado. La preparación del prospecto requirió un gran trabajo de coordinación y liderazgo interno para que todas las áreas de la compañía nos entregasen la información necesaria y correcta para incluir en el mismo. Tuvimos dos rondas de varios comentarios de la SEC y una tercera de comentarios muy menores que fuimos respondiendo en tiempo y forma, lo cual hizo que el proceso no se detuviera. En paralelo los abogados de los bancos como los abogados externos de la compañía llevaron adelante un proceso de auditoría. Nuevamente, el proceso se agiliza y se hace más placentero y sin sobresaltos si uno hace una buena elección de los abogados externos. Sin dudas, eso ocurrió en nuestro caso. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 43
Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre pasados, Grupo Financiero Galicia S.A. concretó la emisión de 126.500.000 nuevas acciones ordinarias Clase B (equivalente a US$632.500.000). La oferta se realizó en Argentina y en Estados Unidos, en la forma de American Depositary Shares (ADSs), con el asesoramiento y la participación de estudios jurídicos y colocadores tanto locales como internacionales. Beccar Varela en Buenos Aires y Gibson, Dunn & Crutcher LLP en Nueva York fueron los asesores de la compañía en el lanzamiento de su oferta pública en la Bolsa de Nueva York. Bruchou Fernandez Madero & Lombardi en Buenos Aires y Simpson Thacher & Barlett LLP en Nueva York, fueron los asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities LLC en su rol de colocadores internacionales. AI: ¿Cómo están reaccionando los mercados internacionales a las acciones/bonos de empresas Argentinas, y específicamente con relación al Grupo Financiero Galicia? Luciana Denegri, socia Beccar Varela (LD) y Pedro Silvestri, asociado senior Beccar Varela (PS): Los mercados internacionales están reaccionando de forma inmejorable a las acciones y bonos argentinos. Particularmente en el caso de Grupo Financiero Galicia, la empresa no buscaba financiamiento en el mercado de capitales internacional desde hacía varios años, y por ello este follow-on demuestra el apetito por papeles argentinos de calidad. Cabe destacar que en el último tiempo varias empresas argentinas se han volcado a los mercados internacionales. Por ejemplo, en los últimos meses, Beccar Varela ha participado en emisiones internacionales de Aeropuertos Argentina 2000, Tarjeta Naranja, Capex, Despegar.com y Grupo Financiero Galicia. AI: ¿Cuál es la característica más importante de esta transacción? LD/PS: Sin dudas, la vuelta de GFG a los mercados. Además de esto, si bien la emisión fue por un total de 632 millones de dólares, la misma tuvo una sobresuscripción de cuatro veces dicho monto, posicionándola como una de las emisiones más importante del año. Esto, además, se dio 44 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
en un contexto en el cual el valor de la acción está en franco ascenso. En la semana posterior al follow-on, el ADR no solo no bajó su precio de cotización, sino que alcanzó su máximo histórico. AI: ¿Cómo fue el proceso de aprobación por parte del regulador local y cómo pudieron coordinar este proceso con el internacional? LD/PS: La celeridad y el profesionalismo de la Comisión Nacional de Valores fueron clave para obtener la aprobación de los documentos locales en tiempo record y así poder acompañar el proceso internacional ante la Securities and Exchange Comission, el que por ser un follow-on fue muchísimo más rápido que los procesos normales de un IPO. Una de las cosas más importantes en este tipo de procesos es respetar los tiempos del mercado, dado que las ventanas de inversión están abiertas por breves períodos de tiempo y hay que aprovecharlas. La transacción logró ser aprobada respetando los tiempos establecidos en el primer cronograma, algo que es casi insólito para este tipo de transacciones internacionales, donde los cronogramas son actualizados varias veces, porque siempre el primer cronograma es el ideal pero muy rara vez se cumple. Más allá de esto, nuestro gran conocimiento del Grupo y la excelente relación que tenemos con las personas que trabajan en él fueron fundamentales también para que todos trabajemos como un gran equipo para lograr el objetivo.
Las siguientes firmas líderes apoyan la formación y capacitación de los abogados in-house de la República Argentina.
From Legal to Strategi A
continuación compartimos una breve síntesis de las conclusiones alcanzadas por el informe preparado por Baker Gilmore y el departamento de gobierno corporativo de la New York Stock Exchange en relación a la función del abogado in-house en su rol estratégico dentro de la organización. El presente informe destaca lo siguiente: (i) cada vez es más importante la función del General Counsel como key player y 46 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
asesor estratégico para el directorio y, (ii) la función de General Counsel está llamada a asumir un rol activo en el proceso de toma de decisiones. As the scope of both enterprise risk oversight and corporate governance continue to expand and evolve, so does the role of the corporate general counsel. There is little argument that today´s general counsel has a much wider purview beyond the customary responsibility of serving as the organization´s chief legal officer and, quite often, its corporate secretary. As this roles shift, many organizations are finding that the perspective
Adviser ic Adviser of the general counsel – who has been trained to analyze issues legally, ethically and objectively, is uniquely positioned to bring additional insights to strategic decisions. In addition to the traditional areas of responsibility, such as compliance and transactions, our study shows that the role of GCs will continue to evolve to encompass strategic issues, such as corporate governance, where 85% of directors and officers believe GCs will add value in 2020. This evolution from legal adviser to strategic adviser is significant
because it was not very long ago that GC`s role was more narrowly defined. A review of practice throughout the 20th century shows that most GCs did not report to CEOs like other members of the executive team, but rather to the CFO. The greatest challenge for GCs and other inside lawyers is to reconcile the dual – and at times contradictory- roles of being both a partner to the business leaders and a guardian to the corporation´s integrity and reputation.
of respondents expect the GC to be part of the executive management team by the year 2020. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 47
FUNTIONS WHERE GCs ARE EXPECTED TO ADD THE MOST VALUE TO THE BOARD IN 2020. Sound judgment and integrity are the two most valued assets of a GC ahead of legal expertise.
of directors agreed that one of the GCÂ´s most valuable functions will be to advise the board and the CEO. The role of Chief Risk Officer will double within the next 2 years.
ISSUES ON WHICH GCs ARE EXPECTED TO ADD THE MOST VALUE TO THE BOARD IN 2020. Chart 2.
48 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
There are tremendous benefits that stem from relying on an internal legal team that understands the collective history of the company and its goals and strategic objectives. Unless you are part of the organization and see it on a day-to-day basis, it is difficult to provide the quality service business needs. Utilizing in-house lawyers allows corporations to have an employee who is comfortable in the worlds of business management and law who can translate and mediate between the concepts of business risk and the vocabulary of the law. “A GC needs to be a business person first and a lawyer second,
not a lawyer that understand the business, but a business person that happens to be a lawyer” (Maria Persky former senior vicepresident, general counsel and corporate secretary. Boehringher Ingelheim USA). As the role and responsibilities of a GC continue to expand into broader areas of risk, strategy and compliance, as companies become more global and complex, as global regulatory schemes continue to change and are often inconsistent, and as technological innovation outpaces legal precedent, the demand for a GC with excellent judgment and high integrity will increase, while excellent legal skills will
always be valued but thought of as something that can be purchased as-needed. Today´s GC should also personify four vital virtues: independence, courage, tact and credibility. The independence to express judgment in the corporation´s best interest, the courage to speak out and stand in front of the tank, the tact to contribute their views in a firm yet constructive manner, and the credibility necessary for peers to appreciate the GC´s input, even in disagreement, are all vital to the role.
diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 49
Expecting More From Law Firms o Fuente: The American Lawyer.
oving away from risk and knowledge management, how will clients select law firms in the future? It is often assumed that what differentiates one lawyer or law firm from another is their substantive expertise; that clients will gravitate toward lawyers who seem to know more or appear more deeply expert. However, clients often say that there is little to choose between many good lawyers and good law firms, that they are equally and impressively familiar with black-letter law and market practice.
50 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
What frequently distinguishes law firms, particularly when the work is genuinely bespoke, are the personal relationships that lawyers have with those they advise. (When the work is routine, the interpersonal dimension is of less importance.) To run a successful legal business in the future, therefore, it will not be sufficient for lawyers to be in possession of fine legal minds. Tomorrowâ&#x20AC;&#x2122;s lawyers will need to acquire various softer skills if they are to win new clients and keep them happy. In-house lawyers of the future will not only be more
demanding on costs, they will be more discerning about the relationships they choose to cultivate with external firms. This will place pressures on law firms to make the most of face-to-face interactions and use social networking systems to maintain regular contact. Already clients respond favorably, for example, to law firms that express ongoing, and even passionate, interest in them. They like to feel that the firms to which they pay substantial fees are bearing them in mind and have their interests at heart, even when not working together on a particular job. They appreciate those law firms that have clearly devoted their own time to thinking specifically about them and their business and their industry. Clients like to hear, for instance, about a deal that has been done that may be relevant to them. They appreciate periodic briefings on the trends and developments that may have a direct impact on them. Maintaining this sort of rolling contact does not come naturally to many lawyers and is often trumped by pieces of chargeable work for other clients. This is regrettable because this kind of regular interaction is increasingly vital for the long-term relationships that clients are now deeming important. A related issue to which young lawyers should be sensitive is the need for law firms to empathize with their clients. GCs often observe that their external law firms do not understand their clients, that they have little insight into the daily dynamics and operations of their clients’ businesses. It is not that
the law firms fail, for instance, to read their clients’ annual reports (although some do fall at this hurdle) or that they are ignorant of fundamentals of the sector in which their clients trade. Instead, there is a wider worry: that law firms do not take sufficient time to immerse themselves in their clients’ environments and get a feel for what it is actually like to work in their businesses. For example, it has been suggested to me that most firms do not grasp, in any given client, the tolerance and appetite for risk, the amount of administration and bureaucracy, the significance and extent and tone of internal communications, and, vitally, the broader strategic and business context of the deals and disputes on which they advise. In short, tomorrow’s lawyers will need to be more in tune with tomorrow’s clients. In contrast, when meeting with their clients today, many partners of law firms are said to broadcast and pontificate instead of listening to what is actually on the minds of those they are serving. In other words, many law firms lack empathy. They fail to put themselves in their clients’ shoes and see the business from the clients’ perspective. It is often claimed that, because they do not pause to listen, firms cannot distinguish between those occasions when a client wants quick, roughand-ready guidance as opposed to detailed and exhaustive legal analysis. This lack of empathy and the inability to listen could be deeply prejudicial to long-term relationships between firms and clients in the future.
"Tomorrow’s lawyers will need to be more in tune with tomorrow’s clients".
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NOTA ABOGADOS IN HOUSE
a Matías Ferrari y Agustín Cerolini Abogados in House (AH): ¿Dentro de qué estrategia se enmarca el cambio de oficina? Matías Ferrari (MF): La mudanza se dio a la par de otros cambios dentro del estudio, que incluyeron una modernización en la imagen corporativa, la profesionalización de las áreas de apoyo internas, entre otras cuestiones que reflejan el crecimiento alcanzado en nuestros cuatro años de historia. Para nosotros esta inversión representa una fuerte apuesta al futuro del estudio. AH: ¿Cómo se pensó el diseño las nuevas instalaciones? Agustín Cerolini (AC): Tuvimos la suerte de poder armar la oficina prácdiciembre 2017/abogadosinhouse.com / 53
ticamente de cero, por lo que pudimos reflejar en ella no solo una identidad, sino nuestra cultura de trabajo. Trabajamos de manera muy horizontal por lo que apuntamos a un espacio abierto y transparente, que promoviera el intercambio y el aprendizaje entre todos los miembros del equipo, desde los socios a los paralegals más junior. AH: ¿Qué impacto tuvo el cambio a nivel interno? MF: Desde un primer momento para nosotros la oficina fue también una estrategia de comunicación interna destinada a la atracción y retención de
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talento. Nuestro objetivo era alcanzar un espacio donde nuestro equipo se sintiera a gusto trabajando. En este sentido fuimos muy inclusivos y democráticos en cuánto a cuáles eran las expectativas de los integrantes del estudio respecto a las nuevas instalaciones y así fue como terminamos incluyendo amenities como las zonas de relax, el metegol, los videojuegos y el casco de realidad virtual. Estamos convencidos de que ese bienestar se refleja al final del día en la calidad de trabajo y, por ende, en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. AH: ¿Qué visión tienen del servicio
legal en un mundo en constante evolución? MF: La tecnología y, particularmente, los sistemas de machine learning y data science en general, van a generar grandes cambios en el trabajo de los abogados. En parte por este motivo, los servicios jurídicos van a seguir comoditizándose y la hiper especialización se va a profundizar. En este contexto las competencias blandas o las habilidades del abogado van a ser un diferencial tan importante como el conocimiento jurídico, y la hipercompetitividad en el mercado va a exigir una profesionalización cada vez mayor del negocio. Estas son algunas de las pautas en cuales basamos nuestra estrategia para poder adelantarnos a un proceso que ya está en marcha. AH: ¿Qué fortalezas tienen como firma de servicios legales? AC: Creo que contamos con algunas ventajas que otras industrias tienen asentadas hace ya tiempo pero que
en el mercado legal no son tan comunes. Una de ellas es una estructura de trabajo colaborativa y horizontal. Esto genera que los abogados más jóvenes estén expuestos rápidamente a asuntos de complejidad bajo la dirección y supervisión de abogados senior, lo que potencia su aprendizaje y redunda en un mejor servicio. Paralelamente, pertenecemos a una generación joven dentro del mercado, lo que nos permite tener un trato muy cercano con nuestros clientes y humanizar una profesión históricamente acartonada. AH: ¿Cuál es la proyección del estudio para los próximos años? MF: Desde la fundación del estudio en 2013 hemos consolidado una posición en el mercado que es actualmente reconocida por nuestros colegas, clientes y rankings internacionales. Estamos muy satisfechos con los logros que hemos alcanzado y esperamos poder mantenernos en este camino de crecimiento continuo.
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How Law Firms Are Adapting to Meet Millennials' Needs and Why That's Good for Clients o Fuente: The American Lawyer.
illennials are ruining everything—or so people say. From napkins to golf to restaurant chains, millennials are leaving behind a trail of industry corpses in their wake as they ride past on their bicycles, S’well water bottles in hand. (Don’t know what a S’well water bottle is? Ask your nearest millennial.) And the next target in their sights is Big Law. In a battle of wills in Big Law, law firm management has started to bend to millennial demands. Firms have begun to craft and adopt policies to cater to these new members of the legal profession. In the process, they are casting aside old traditions synonymous with the industry. Firms are swapping out corner offices for collaborative spaces. Large oak desks are now motorized standing desks. Paneled walls are now glass. While these changes might be aesthetic, they are indicative of the very real need 56 / abogadosinhouse.com/diciembre 2017
for Big Law to bridge the gap between the older models of legal practice and the demands of the profession’s future standard-bearers. By making changes to satisfy their youngest talent, law firms may be making the management changes they’ve needed all along. Are millennials the answer to some of Big Law’s thorniest problems? Born between the early 1980s and early 2000s, millennials have remained an ever-elusive, label-defying generation who are, by all accounts, turning the legal profession on its head. “Millennials are cut from a different cloth, says Ru Bhatt, managing director at Major, Lindsey & Africa. “In generations past, you kind of came in, put your head down and didn’t rock the boat—’This is the system and this is how it works,’” Bhatt says. However, as millennials enter and rise through the ranks of Big Law, they’re exposing the inefficiencies of its structures, Bhatt says, in a way that may help develop a better working system and a
better working model. A slew of studies and surveys have attempted to define what’s unique about millennials. While there’s no perfect method for assessing a generation—the endeavor remains inherently subjective—certain trends have emerged. Millennials tend to be deeply committed to their personal learning and development, and they want a good work/life balance and strong diversity policies from their employer, a PricewaterhouseCoopers study found. Millennials are diverse, well-educated and entrepreneurial. They’re also the first generation of “digital natives,” and they want to use that technological knowledge to forge career paths. Millennials also want to be creative and do work that has a positive impact in the workplace and in the wider world, a 2017 Deloitte study found. These distinct characteristics have forced corporations to make changes to the way they do business. It’s no different in Big Law. Here’s how. Millennials want to make a social impact. “People want jobs that they
feel are challenging, that are intellectually rigorous, that are professionally rigorous,” says Perry Teicher, a secondyear associate at Orrick, Herrington & Sutcliffe who was recently named the firm’s first impact finance and investment attorney. Like most Big Law firms, Orrick has been working to make management adjustments to address the needs of its younger associates. After consulting with their associates, law schools and other professional services firms, the firm developed a strategy that focused on the specific desires and wants of millennials in the workforce: opportunities to do work with social meaning, to have flexibility, to leverage the latest technologies, and to develop their own career path. Initially brought into the firm on a fellowship, Teicher saw his role made permanent in July. Teicher, who is based in Orrick’s New York office, works with clients such as private equity firms to early-stage entrepreneurs to help them invest in projects that have a positive environmental and impact. One example is Copia, a food recovery app that collects surplus food and redistributes it to communities in need. Some (but not all) of his work is pro bono. Being able to work on projects like these is what some millennial associates strive for, Teicher says, and he credits the firm for its responsiveness to those desires. “I think that a big part of [creating the position] was the sense of wanting to create an environment where millennial attorneys [are] able to feel acknowledged, feel that they’re doing something that is making a positive impact,” Teicher says of his new title. Millennials want to have an honest dialogue about their career aspirations— which may or may not include Big Law. Millennials clearly want a different type of feedback than has been historically given at law firms, says Joe Conroy, CEO of Cooley. “And that’s sometimes misconstrued.” It’s not that millennials want to constantly be told they’re great, he says. They merely want to get feedback on a consistent basis about their work product and how that translates into the firm’s investment in their development,
Conroy says. And while partnership is on the minds of some millennial associates—nearly 44 percent of millennials wanted to become partner in some capacity, according to a study by Major, Lindsey & Africa—the reality is that most associates will depart for positions in-house or other jobs outside the firm. In the meantime, they want to have an open conversation with their managers at the firm about their career paths. Law firms are traditionally less than great at giving feedback. But it’s in the firm’s best interest to have those conversations and provide mentorship to help associates meet their goals. After all, those associates may end up referring work back to the firm down the road if they’ve had a positive experience, Conroy says. “We certainly cultivate them going into clients, [because] we’re trying to create stickiness with clients and market ourselves into new clients,” he says. Millennials want to leverage technology to solve problems. Technology is changing everything that lawyers do in the law firm, says Darin Snyder, diversity and inclusion partner at O’Melveny & Myers. And millennials bring a greater facility with using devices and technology, he says, including a willingness to experiment with technological solutions and to adopt ones that work. That can help firms looking for ways to exploit new technologies. “It’ll be up to us to be more efficient and find ways to innovate through leveraging technology and to be sure we’re delivering the same unit of value to clients more cost effectively,” Orrick’s Zuklie says. At Bryan Cave, for instance, millennial associates are directly confronting how technology will impact the legal profession and developing solutions as to how it can be used to enhance the value of lawyers. Some midlevels have developed ideas for software that uses “smart tags” required in bankruptcy filings that would make them easily sortable by inhouse and outside counsel. Millennials want flexibility in the way they work. “One of the changes that [technology] has created is the ability to work anywhere, anytime, which creates almost limitless flexibility, and what I
see in millennials is a desire to use that flexibility to their advantage and in a way that works for them,” Snyder says. Of course, millennials aren’t the first lawyers to want more flexibility in their work lives. Work-life balance has been an issue at firms for decades now, especially for lawyers who are parents. But firms are listening harder now. Morgan, Lewis & Bockius was one of several Big Law firms that last spring announced formal plans and policies to allow their associates to work remotely. “The remote working program is obviously a way for us to provide a meaningful benefit to our associates,” says Amanda Smith, associate talent and pro bono partner at Morgan, Lewis & Bockius. “[But], maybe more importantly, even better service to our clients.” One of the unintended consequences of allowing associates to work remotely one or two days a week is that attorneys can now maximize their productivity and work on matters for clients that they didn’t previously have time to do, Smith says. “It’s a win-win that will allow us to be responsive to the way the world actually works,” she says. Millennials love efficiency. Millennial lawyers are skeptical about the billable hour, Bhatt says, and they feel that they can deliver a superior work product without it. “The problem with the billable hour is that it doesn’t incentivize efficiency,” says Deanne Barrow, a third-year associate at Norton Rose Fulbright. She argues that compensation should be separated from timekeeping: “I think that concept has to change.” More and more clients would agree. This summer, for instance, Microsoft deputy general counsel for litigation David Howard announced in a blog post that the tech giant aims to have 90 percent of its legal work by outside firms done under alternative fee arrangements instead of the billable hour. By listening to their associates’ complaints about the billable hour, and taking action to replace it with pay systems that reward efficiency, firms can align themselves more closely with their clients. That’s not a bad place to be in an increasingly competitive legal market. diciembre 2017/abogadosinhouse.com / 57
Abogados in House - Nº 4