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Timestamp: 2017-12-16 22:15:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 90', 'artículo 98', 'Artículo 98', 'artículo 147', 'artículo 74']

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Las cinco novedades más importantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Para todos los profesionales del Derecho que trabajamos habitualmente en el ámbito del derecho administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha sido el texto legal de referencia.
Nada menos que veintitrés años después de su aprobación, la Ley 30/1.992 deja paso a dos nuevos textos legales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
En la presente entrada centraré mi atención en la Ley 39/2015, ya pretendo destacar las que son, a mi juicio, las cinco principales novedades que ofrece el mencionado texto legal que entró en vigor el pasado 2 de octubre de 2016.
Según explicaré a continuación, sin duda la medida estrella de la nueva ley es la integración en el procedimiento administrativo de la tramitación electrónica, y todas las exigencias, novedades y modificaciones que exige la consecución de este objetivo. Además de ello, opino que el legislador ha tenido como aspiración fundamental la simplificación de trámites administrativos, así como la clarificación del procedimiento y sus incidencias.
Sin más, a continuación os detallo las cinco novedades que a mi juicio, resultan de mayor calado:
1.- Los medios electrónicos y el procedimiento administrativo:
El artículo 14 de la Ley 39/2015 resulta esencial para entender el nuevo paradigma de las relaciones entre Administración y administrados. Su apartado primero dice así:
El apartado primero del artículo 14 introduce el concepto de obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP, pero es el apartado segundo el que concreta quienes son aquellos que, necesariamente, deberán utilizar este cauce. Son los siguientes:
Por tanto, a partir del 2 de octubre, sólo las personas físicas (que no reúnan ninguna de las condiciones que obligan a relacionarse por medios electrónicos con la Administración), podrán elegir la forma de comunicación con las AAPP.
2.-La práctica de las notificaciones.
Esta novedad está directamente relacionada con la anterior, y así mismo con inequívoca voluntad del legislador de dar preferencia a la vía electrónica en el funcionamiento ordinario de la Administración.
El artículo 41.1 ilustra perfectamente lo anterior: 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
Así pues, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración recibirán las notificaciones por vía electrónica, en todo caso. Respecto a cómo se llevará a cabo dicha notificación electrónica, hemos de acudir al artículo 43 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que nos indica que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u organismo.
La comparecencia en la sede electrónica entiendo que se refiere al acceso por el administrado al contenido de la notificación en la propia página web, sede electrónica o plataforma habilitada por la Administración u organismo actuante.
La segunda opción, es la dirección electrónica habilitada única consiste, en esencia, en disponer de una dirección electrónica propia en la que el administrado podrá recibir todas las notificaciones: https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action
A este respecto es importante tener en cuenta que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Así mismo, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Todo lo anteriormente detallado no será obligatorio para las personas físicas, que podrán optar libremente por la comunicación electrónica o no. Además, la Ley 39/2015 regula dos supuestos en los que necesariamente la notificación se podrá practicar por medios no electrónicos:
– Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o de su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
Y otros dos supuestos en los que en ningún caso se practicará de forma electrónica:
– Aquellas en las que el acto que haya que notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
Finalmente, respecto a las notificaciones en papel, destacaré como principal novedad la consistente en que en caso de no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Interesante también es la previsión de que con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única.
3.- Eliminación de la reclamación administrativa previa.
Esta novedad no exige mayor explicación. Se trata simplemente de la, a mi juicio acertada, eliminación de este poco útil requisito que obligaba al administrado a formular una reclamación previa en vía administrativa antes de ejercitar acciones de naturaleza civil o laboral contra la Administración.
4.- Ejecutividad de las resoluciones sancionadoras.
El artículo 90.3 y el apartado b) del artículo 98 de la Ley 39/2015 introducen una importante y sorprendente novedad, al menos para mí:
“Artículo. 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva (…)”
Artículo 98 b):
“Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición”.
Por tanto, en el caso de las resoluciones administrativas de naturaleza sancionadora, las mismas no serán inmediatamente ejecutivas. La resolución no será ejecutiva hasta tanto no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Toda una novedad.
5.- Eliminación del plazo para recurrir contra el silencio administrativo.
Se trata de otra novedad de mucho alcance, y con influencia inmediata en la práctica profesional de los abogados.
La novedad es que desaparece el plazo para presentar un recurso administrativo ordinario (alzada o reposición), contra los actos presuntos o que se producen por silencio administrativo.
Estos actos presuntos serán recurribles en cualquier momento desde que se produzca el silencio.
Mi opinión es que este cambio legislativo tiene como base la obligación de la Administración de resolver todos y cada uno de los procedimientos administrativos. El silencio administrativo es en puridad, una “ficción” jurídica, cuyo sentido es únicamente permitir al administrado recurrir contra la decisión presunta, o entender reconocido un derecho a la vista de la falta de cumplimiento de la Administración de su obligación de resolver expresamente. Pero esta ficción no sustituye al acto administrativo expreso, ni dispensa a la Administración de su obligación de resolver. Por tanto, entiendo que dado que en realidad el silencio no produce un acto administrativo, el legislador no ha querido limitar temporalmente la presentación de un recurso administrativo.
Contra la “indefensión” que podría argumentarse contra esa facultad de recurso sine die la Administración tiene un remedio muy sencillo: dictar un acto administrativo expreso.
23 noviembre, 2016 /0 Comentarios/por Ricardo Fernández Puche
http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png 0 0 Ricardo Fernández Puche http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png Ricardo Fernández Puche2016-11-23 17:15:072016-11-23 17:22:16Las cinco novedades más importantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
El pasado día 6 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Es por ello que en Decisio Consulting SLP consideramos interesante efectuar una breve reseña sobre la Ley y en particular, en relación con las principales novedades introducidas respecto de su predecesor, el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
En el preámbulo de la ley encontramos algunos de los objetivos de la misma: Agilizar los trámites en el ámbito de ordenación territorial y urbanístico, de forma que las actividades económicas que para su implantación precisen de licencias, puedan hacerlo en el menor tiempo posible sin pérdida de garantías. Adaptar la legislación regional a la normativa estatal dictada durante los últimos años y, en particular, a la Ley de Suelo estatal aprobada en 2007 y su posterior reforma de 2013, a través de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y finalmente mejorar determinados aspectos que, a la vista de la experiencia de últimos años, se ha constatado que estaban imprecisas o insuficientemente reguladas, a los que nos referiremos posteriormente.
El objeto del texto legal es el mismo que el de su antecesor, esto es, “la regulación de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y de la actividad urbanística n la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje.”
A título meramente informativo apuntaremos que la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia se trata de un texto legal relativamente extenso, que cuenta con 41 artículos más que su predecesor, y una sistemática que, a mi juicio, resulta en su mayor parte, aceptable e intuitiva. La norma se estructura en 300 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
Siendo la nueva norma un texto legal continuista, sí conviene destacar algunas modificaciones y novedades introducidas que, por su trascendencia, deberán ser tenidas en cuenta por todos los operadores en el futuro. Comentaremos algunos de ellos:
Aunque no se modifican, en esencia, las categorías de suelo urbano, el suelo urbano consolidado se identifica plenamente con el suelo urbanizado de la ley Estatal. Del mismo modo, respetando la terminología utilizada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo,se diferencian las U.A. en suelo urbano sin consolidar (nueva urbanización) de las U.A. en suelo consolidado (reurbanización o dotación).
Se ha revisado y matizado también la definición de todas las categorías de suelo no urbanizable, destacando entre todas ellas la del inadecuado: “Suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística. Justificado como tal por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento. Se incluirán en esta categoría los terrenos que no resulten necesarios o idóneos para su transformación urbanística.”
En materia de planeamiento urbanístico, me han llamado la atención, por su alcance, y su impacto en la práctica diaria, las siguientes:
Se ha regulado la dotación mínima de sistema general de equipamientos de titularidad pública según la población del municipio, estableciéndose tres niveles según su población: menos de 20.000 habitantes: 4 m2 por cada 100 m2, hasta 100.000: 8 m2 por cada 100 m2 y más de 100.000 habitantes, 13 m2 por cada 100 m2. También se ha modificado la graduación de la dotación de equipamientos locales, que ahora se fija en función del aprovechamiento (en lugar de un porcentaje de suelo) para todos los usos, residencial y actividad económica y los mixtos en la proporción que el plan general establezca. Sin duda esta medida puede ayudar a la simplificación de su aplicación.
Especialmente interesante me parece la regulación contenida en el artículo 147 en el que, al fin, se detallan los sujetos legitimados para la elaboración de los planes parciales de iniciativa particular. Este artículo, totalmente novedoso, y que aporta sin duda seguridad jurídica en la materia, atribuye dicha legitimación a distintos propietarios (o no) en función del sistema de gestión urbanística del ámbito, lo cual tiene además toda la lógica.
Otro acierto sin duda lo encontramos, a mi juicio, en el artículo 74 denominado “Participación de la comunidad en las plusvalías”: “La cesión de suelo no destinado a vivienda de protección pública se podrá sustituir, por mutuo acuerdo, por su valor equivalente establecido en la legislación vigente, con destino a las finalidades propias del patrimonio público de suelo.” A diferencia de lo que ocurría con el ya derogado texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, la previsión expresa y la literalidad del precepto permite efectuar la sustitución, con plenas garantías, cualquiera que sea el sistema de gestión urbanística empleada.
Interesante también es la nueva redacción de la regulación de la cédula de urbanización, obligatoria ahora para cualquier desarrollo en suelo urbanizable sin sectorizar, así como los avances de planeamiento.
Muy confusa es la fórmula empleada por el legislador regional para la regulación de la reserva de vivienda de protección pública. En resumen, podríamos concluir lo siguiente:
En suelo urbano consolidado no se exige reserva de suelo para VPP, ya que no hay actuaciones de nueva urbanización. En suelo urbano sin consolidar y suelo urbanizable(*), se establecen dos
opciones para la distribución de la reserva del 30% de aprovechamiento residencial para VPP: a) Cesión proporcional de aprovechamientos entre Ayuntamiento (3%) y propietarios (27%) b) Cesión opcional: solo VPP (20%) al Ayuntamiento y 10% propietarios
** Y ojo que estas reservas solo serían exigibles sobre los incrementos de aprovechamiento producidos tras el 1/7/2008, conforme se establece en la disposición adicional 4ª y la moratoria de la D.T.4ª
En materia de gestión urbanística sin duda la medida estrella es que se prohibe que los convenios urbanísticos tengan por objeto modificar el planeamiento para cambiar la clasificación del suelo (salvo el supuesto del suelo no urbanizable inadecuado que no es objeto de protección). Resulta difícil determinar si esta es la medida adecuada para evitar algunos desmanes urbanísticos cometidos en años pasados. Dejemos aparcada por el momento, y para futuros artículos, tan controvertida cuestión….
Muy interesante y acertada también me parece la introducción del régimen de “fuera de norma” para edificaciones no incluidas en fuera de ordenación pero que incumplen alguna condición normativa.
Respecto a la intervención administrativa y la autorización de actuaciones, se crean los denominados genéricamente “títulos habilitantes de naturaleza urbanística”, dentro de los cuales figura la licencia urbanística, la declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo. Se restringen al máximo los supuestos de licencia urbanística, pero a mi juicio, a priori, la nueva regulación y sobre todo la distinción de qué tipo de título habilitante requiere cada actuación va a generar bastantes dudas y la correspondiente conflictividad judicial.
Finalmente, en el ámbito de la disciplina urbanística, el nuevo texto efectúa una sustancial modificación de la protección de la legalidad urbanística y del procedimiento sancionador, que será, sin duda, bien valorada por aquellos empleados públicos encargados de la tramitación de los procedimientos sancionadores. Si en el TRLSRM el procedimiento se articulaba sobre piezas separadas (con la consecuente dificultad e inseguridad en la tramitación), el nuevo procedimiento y pasa a ser de naturaleza única.
3 septiembre, 2015 /0 Comentarios/por Ricardo Fernández Puche
http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/02/libros.png 400 400 Ricardo Fernández Puche http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png Ricardo Fernández Puche2015-09-03 12:29:252016-03-02 07:16:45Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Tras el primer mes de vigencia de la Reforma Local, centrado fundamentalmente en el debate sobre las retribuciones de autoridades y personal eventual, y en la “hoja de ruta” marcada por la Ley para la verificación de eficiencia financiera en la prestación de los servicios y eventual “provincialización” de los mismos, empiezan a plantearse las primeras cuestiones de fondo relacionadas con el grueso “reformista” de la Ley, fundamentalmente, la revisión del marco competencial, y las prevenciones frente al desarrollo por parte de los entes locales de competencias “impropias”.
Las voces más “talibanas”, pronto han empezado a pronunciarse en los mentideros político-administrativos en torno a los efectos de la entrada en vigor sobre las actuaciones desarrolladas en fraude del nuevo marco competencial (excepción hecha de las expresamente resueltas en disposiciones transitorias -salud y servicios sociales-), llegando a postular la radical ilegalidad de cualquier gasto efectuado en ámbitos no expresamente contemplado como competencia propia o delegada (sirva de ejemplo prototípico, el fomento del empleo), incluso cuando éste se materialice a través de instrumentos de cooperación interadministrativa –esencialmente convenios y programas de subvención-, los que se han llegado a tachar de nulos de pleno derecho.
Convendría mantener cierta prudencia, y antes de realizar dramáticos anuncios sobre efectos drásticos, bucear en la propia normativa a la búsqueda de respuestas y posibles soluciones a los conflictos planteados. A éste respecto, entendemos que el nuevo texto del art. 56 de la LBRL, marca el camino a seguir en relación a la práctica mayoría de las situaciones verificables en los ayuntamientos de España, que vienen desarrollando actuaciones prestacionales en ámbitos competenciales Estatales y/o Autonómicos, que, conforme a ciertos titulares y eslóganes, la nueva norma convertiría en territorio vedado para la intervención de los Municipios.
“La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.”
En una interpretación racional del citado precepto, la entrada en vigor no supondría, de forma automática, la ilegalidad de cualquier actuación de gasto relativa a competencias impropias, ni mucho menos la nulidad o invalidez de programas y convenios vigentes, por los que se facilitara la participación, técnica, administrativa o económica de los entes locales, en el desarrollo de competencias propias de otros niveles administrativos, siempre y cuando se tratara de actuaciones o prestaciones orientadas al desarrollo de “asuntos de interés común” del ente local y del titular de la competencia.
Este concepto, el de “interés común” es la piedra angular sobre la que, a nuestro juicio debiera pivotar la necesaria acción concertada de revisión, regularización y formalización de la práctica mayoría de las realidades colaborativas entre administraciones en el desarrollo de prestaciones a los ciudadanos, previa a la asunción de decisiones más drásticas.
Sin perjuicio de la poca fortuna del legislador al ofrecer como cierre a uno de los elementos más polémicos de la norma un concepto jurídico indeterminado no asentado jurisprudencial o doctrinalmente como el de “interés común”, cualquier interpretación que podamos hacer, a primera vista, podría llevarnos razonablemente a entender que, si la ley permite, además del ejercicio de las competencias propias y delegadas, la participación en convenios de colaboración y consorcios reguladores de mecanismos de cooperación técnica, administrativa y financiera entre dos entes administrativos en materias de “interés común”, dicho concepto es más amplio que el de “servicios locales” “competencias propias” o “competencias delegadas”, habilitando la participación de los entes locales en el desarrollo de servicios y competencias propias de otras administraciones, siempre que se verificara un interés propio del municipio en su correcto desarrollo o prestación.
Cabría concluir que, a la vista del artículo, y sin perjuicio del exigente régimen de requisitos que para ambas administraciones supone tanto el propio art. 56 citado (comunicación previa a otras administraciones “interesadas” –seguimos con los conceptos poco claros-, verificación del cumplimiento del principio de estabilidad y justificación razonada de la orientación de la actividad colaborativa a la supresión de duplicidades y racionalidad administrativa), como el general previsto por el art. 57 (el, seguro, más conflictivo requisito de la garantía de la financiación autonómica con cargo a tributos cedidos) las entidades locales estaría habilitadas para conveniar con Autonomías o Administración del Estado, la continuidad en el desarrollo de actuaciones en ejercicio de competencias propias de éstas últimas, a través de tales convenios, los cuales podrían contemplar –sin más (ni menos) límite que la estabilidad presupuestaria y la verificación previa de la racionalidad y no duplicidad de la actuación desarrollada-, la participación de los entes locales en la financiación de dichas actividades (que otro sentido cabría otorgar a la posibilidad de cooperación “económica”) o en la adscripción a la misma de medios personales o materiales propios, siempre y cuando nos halláramos ante asuntos de interés concurrente con el Municipal.
Así mismo, entendemos que ésta posibilidad, obligaría a las entidades locales afectadas, como primer paso, a agotar las vías conveniadas que permitieran “salvar” esas actuaciones, antes de, cómo tanto hemos oído estos días, coger las llaves y enviarlas a la Consejería competente. Por todo ello, el antes mencionado radical y unívoco efecto de invalidez o nulidad de actos asociado a la entrada en vigor de la norma, entendemos que quedaría fuertemente matizado por la posibilidad de solución analizada, ello no obstante, la aplicación de los anteriores mecanismos de solución requerirá de un grado de diligencia en el cumplimiento de las normas, así como de compromiso, lealtad y esfuerzo por parte de las distintas administraciones ciertamente elevado.
6 febrero, 2014 /0 Comentarios/por José Miguel Porras Cerezo
http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png 0 0 José Miguel Porras Cerezo http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png José Miguel Porras Cerezo2014-02-06 11:53:522014-02-06 12:32:53La cláusula “asuntos de interés común” del art. 56 de la LBRL en su redacción "post reforma local".
Haciendas Locales, Noticias, Novedades Legislativas
Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en clave Municipal
En el BOJA de fecha 11.04.13. ha sido publicado el Decreto-Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Sin entrar en el generalizado debate jurídico y político que llena la red en torno al Decreto-Ley de la Junta (aquí tenéis un análisis general del mismo y sus medidas) a que se refiere esta entrada, nos centraremos en el análisis de las principales implicaciones que del mismo se derivan para los Ayuntamientos, que el decreto caracteriza como pieza clave en la ejecución de las medidas que contempla.
Así, el eje central del Decreto es la introducción de dos nuevos Títulos VI y VII en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. En el Título VI, se introduce y regula el concepto de vivienda en desuso o deshabitadas (definidas por el art. 25 del texto legal).
Pues bien, el texto legal deposita sobre los hombros municipales buena parte de la carga administrativa de la implementación del decreto, al disponer, en su art. 29, la obligación municipal de facilitar “información procedente del último censo municipal o padrón de habitantes respecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, no conste inscrita persona alguna”.
De la lectura del primer párrafo pudiera entenderse que se trata de una simple cesión de información sin mayor proceso, no obstante, la exigencia de que se indique, para cada una de las fincas, “al menos, su ubicación concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, razón social, CIF o NIF y domicilio de su titular o titulares” -salvo que el Ayuntamiento disponga de una base centralizada que combine los datos de catastro y padrón municipal- exigirá de una -tan útil a fines estadísticos propios como no exenta de dificultad- tarea de recopilación y contraste de datos.
La, previsiblemente, costosa participación municipal en el desarrollo de las políticas autonómicas de vivienda se ve “compensada” mediante la integración del concepto tributario de vivienda desocupada (previsto por el Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales en su art. 71.4), por extensión de la aplicación del propio de vivienda deshabitada del texto legal andaluz.
Así lo hace el decreto cuando, en el art. 39.2 que introduce en la LRDVA, dispone que, de la resolución de los expedientes declarativos de la condición deshabitada de la vivienda se dará cuenta a los Ayuntamientos “a fin de que por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley reguladora de este tributo”.
No obstante, dicha compensación puede verse frustrada por el cuestionable, y a buen seguro cuestionado a la vista de las primeras reacciones, título competencial de la Junta para proceder al desarrollo reglamentario de una ley estatal dictada en ámbito competencial reservado y aún hoy no desarrollada reglamentariamente.
Ya en su día, fue doctrinalmente cuestionada la operatividad de una previsión legal como la contenida en el TRLHL, necesitada para su aplicación de un desarrollo reglamentario, en principio -cuestión no exenta de debate-, reservado al Estado que pese al tiempo transcurrido con la ley en vigor, nunca se llegó a producir. Esta falta de desarrollo, hasta ahora, había hecho infructuosos aquellos intentos municipales de autoregulación al amparo de la competencia normativa municipal en materia tributaria, los cuales han quedado en su mayor parte como un mero desiderátum condicionado en su vigencia a un futuro desarrollo reglamentario que nunca ha llegado (excepción hecha del País Vasco, cuyo desarrollo normativo se produjo al amparo de su especial régimen foral).
Si es esa la intención del legislador con su pronunciamiento o si por el contrario se trata de un verdadero órdago legislativo, lo iremos viendo con la aplicación del decreto. Hasta entonces, quedamos a la expectativa, pero lo único que podemos afirmar es que, frente a las cargas administrativas para los Ayuntamientos, que sí que están bien a las claras, las medidas que pudieran tener una repercusión tributaria favorable para éstos, además de exigir un elevado grado de compromiso político (siendo el recargo de IBI potestativo) con el sentido de las medidas habilitadas por el Decreto que quizás no en todos los casos sea sencillo, son de una incierta efectividad en su futura aplicación pues, aparte el conflicto competencial normativo, la misma quedará condicionada a la efectividad de la Junta en el desarrollo ulterior de los procedimientos de declaración de vivienda desocupada.
15 abril, 2013 /0 Comentarios/por José Miguel Porras Cerezo
http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png 0 0 José Miguel Porras Cerezo http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png José Miguel Porras Cerezo2013-04-15 17:04:102013-04-15 17:33:01Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en clave Municipal
http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png 0 0 José Miguel Porras Cerezo http://www.decisio.es/wp-content/uploads/2016/03/abogados-decisio-consultores-300x138.png José Miguel Porras Cerezo2012-03-21 09:00:252012-03-21 09:11:34Desarrollo RDL 4/2012. Plan de Ajuste. Modelo. Hoja Excel.