Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-0054-de-julio-11-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_abc04ee6fb6f01d6e0430a01015101d6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 09:30:26
Document Index: 256709635

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 170', 'ARTÍCULO 263', 'artículo 235', 'artículo 52', 'artículo 237', 'artículo 7', 'artículo 263', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 137']

﻿ Sentencia 2010-0054 de julio 11 de 2011
SENTENCIA 2010-0054 DE 11 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE COMUNIDAD INDÍGENA. DE LA EXIGENCIA DEL UMBRAL DEL 30% DEL CUOCIENTE ELECTORAL PARA LA ASIGNACIÓN DE CURULES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA PARA EL SENADO DE LA REPUBLICA. LA ESPECIALIDAD DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN IMPLICA QUE LA SOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 170 C.P. SE PREFIERE AL DEL ARTÍCULO 263, LO QUE DE SUYO IMPLICA QUE SE APLICA EL CUOCIENTE ELECTORAL SIN CONSIDERACIÓN A UMBRAL ALGUNO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE CUOCIENTE ELECTORAL, UMBRAL ELECTORAL, CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DE COMUNIDAD INDÍGENA, COMUNIDAD INDÍGENA
Sentencia 2010-0054 de julio 11 de 2011
Rad.: 11001-03-28-000-2010-00105-00
Actor: Marcelino Chindoy Chicunque y Libardo Espitia Rodríguez
Demandado: Senadores por la circunscripción especial indígena
En los folios 55 al 83 del cuaderno principal reposa copia auténtica de la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 “Por medio de la cual se declara la elección de Senado de la República para el período 2010 - 2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales”
Esta Sala en sentencia del 23 de septiembre de 2010(2), entre otras, ha precisado que el coadyuvante, por disposición legal, sólo puede realizar actos procesales de apoyo a la parte que coadyuva y, por tanto, le está vedado efectuar actos procesales que estén en oposición a ella. Así el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo prevé esta figura para el proceso contencioso electoral y el inciso segundo del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil consagra que el coadyuvante puede efectuar los actos procesales que le son permitidos a la parte que ayuda con dos condiciones: que no estén en oposición con las de este y que no conlleven disposición del derecho en litigio.
Los demandados proponen como excepción la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad establecido en el parágrafo del numeral 7º del artículo 237 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1º de 2009 que a la letra dispone:
“Significa que las demandas electorales contra elecciones por voto ciudadano que se funden en causales objetivas, para que se admitan deben acreditar que los motivos de nulidad que se alegan en el respectivo concepto de violación hayan sido puestos de presente a la autoridad administrativa electoral correspondiente antes de la declaratoria de elección y que lo decidido al respecto de estas irregularidades (constitutivas de causales de nulidad CCA., art. 223), así como sobre las reclamaciones (previstas en el Cód. Electoral), se incluyan en la demanda como actos que también se pide sean anulados, conjuntamente con el que declara la elección”(5).
Por otra parte, la norma constitucional exige que los motivos de inconformidad hayan sido sometidos “antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.”, lo que en el sub lite era imposible de hacer toda vez que la aplicación del sistema de asignación de curules se efectuó en el mismo acto de declaratoria de elección, es decir la Resolución 1787 de 2010 cuya nulidad parcial se solicita(6).
●Copia auténtica de la Resolución 1787 de 2010 proferida por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección del Senado de la República (Fls. 55 al 83 del cdno. Ppal.).
● Copia auténtica del formulario E 26 Senado correspondiente a las elecciones del 14 de marzo de 2010. (Fls. 126 al 154 del cdno. Ppal.).
● Constancia sobre listas y candidatos inscritos para la circunscripción especial indígena para Senado de la República, expedida por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (Fls. 156 y 157 del cdno. Ppal.).
● Copia auténtica del acta general de escrutinios del Congreso de la República y Parlamento Andino. (Fls. 165 al 205 del cdno. Ppal.).
La jurisprudencia constitucional ha establecido que una de las manifestaciones de la diversidad étnica y cultural de la nación es precisamente la diferenciación en materia de representación política que les asegura un mínimo a nivel nacional(8), ligada a un esfuerzo progresivo de construcción abierto al reconocimiento de nuevos actores sociales, que asegure una verdadera democracia, representativa y participativa, “donde la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad, y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de las decisiones que les concierna “(9), de tal manera que se incluya dentro del debate público a los distintos grupos sociales minoritarios o en proceso de consolidación(10).
Resulta claro pues, que al conjunto de las distintas comunidades indígenas debe reservarse un número de curules, destacadas de las restantes mediante asignación de una circunscripción especial, con el fin de dar por su medio expresión política constante a un elemento de la Nación conformado por la pluralidad étnica...”.(11) (Resalta la Sala)
En el primer debate en plenaria de la asamblea se presentó como propuesta sobre la circunscripción electoral especial para grupos étnicos la siguiente: “Habrá una circunscripción electoral especial para indígenas, los cuales elegirán sus representantes a las corporaciones de elección popular con cada número de votos igual a la mitad del último residuo con que se obtuvo curul en la respectiva corporación...”(12).
En el segundo debate se presentó una proposición sustitutiva en los siguientes términos “La circunscripción electoral para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral...”(13).
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno ”.
Sozbre este artículo, la Corte Constitucional considera que, dentro de los objetivos perseguidos por el Constituyente de 1991, fueron claros el de mejorar la representatividad del Congreso de la República(14) y el de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y para ello la circunscripción especial de las comunidades étnicas fue el medio idóneo por excelencia(15).
A nivel latinoamericano el consociacionalismo aplicado a las comunidades indígenas “Se concreta en espacios de representación directa de los pueblos indígenas combinada con la representación política derivada de la voluntad popular expresada en las elecciones. En virtud de este sistema, se establece una suerte de representación compartida en la que se asigna a los indígenas un cupo mínimo de representación directa, cuya integración se efectuará aplicando normas y procedimientos propios”(19) (destaca la Sala).
“La creación de una circunscripción especial constituye un acto que afecta directamente los resultados de los procesos electorales, pues a través de ella se modifica —en mayor o menor medida— la forma en qué surge la representación política. En efecto, los estudiosos del tema electoral afirman que el establecimiento de las circunscripciones electorales —su tamaño, su delimitación— es uno de los aspectos más importantes para la determinación del sistema electoral de un país” (Destacado fuera del texto).
Al respecto, es importante recordar que antes de la reforma constitucional de 2003, para todas las elecciones de corporaciones regía el sistema del cuociente electoral que se encontraba regulado por el artículo 7º del Decreto 2241 de 1986 —Código Electoral—, modificado por el artículo 263 de la Constitución Política que antes del Acto Legislativo 01 de 2003, establecía:
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO 24.045
Partido de Integración Nacional, PIN 11.105
Partido o movimiento Votación C.E Resultado
Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO 24.045 92.020 0,261
Partido de Integración Nacional - PIN 11.105 92.020 0,121
Germán Bernardo Carlosama Lopez
Es así que el inciso 6º del artículo 108 de la Constitución, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2003 creó el régimen de bancadas en los siguientes términos: “Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas”.
Finalmente, tanto la cifra repartidora como el cuociente electoral se aplican a la votación obtenida por las diferentes listas y no a los candidatos como se explica más adelante. (C.P. arts. 263 y 263 A)
En suma, las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a estos y no a los candidatos.
“(...) el problema es que la mitad de las circunscripciones electorales que eligen dos curules en la mitad de esa si aplicáramos umbral y cifra repartidora la dos curules se las lleva una misma lista y eso es nada menos que volver a los llamados feudos podridos, recuerden ustedes que hasta antes de 1968, hasta antes de la reforma constitucional el sistema del cuociente electoral y los sistemas de representación proporcional que existieron como el del voto incompleto se aplicaban a las elecciones donde se disputaban más de dos curules, en las dos no se aplicaba, el que ganaba se llevaba las dos curules y eso se denominó los feudos podridos, de alguna manera este sistema va a impedir que muchos de esos territorios tengan representación proporcional de sus fuerzas minoritarias, nosotros habríamos propuesto en ese momento la doctora Gina Parody si está aquí no me deja mentir en la ponencia del referendo al interior que cuando se elijan dos no se aplicará cifra repartidora, se mantuviera el sistema cuociente electoral, la guerra de residuos para garantizar la representación plural de esas circunscripciones, lamentablemente aquí eso fue negado, si hubiese el consenso necesario para hacer esa salvaguarda en esas circunscripciones me parece que nosotros le haríamos un gran favor a la democracia de los territorios nacionales, pero si no pues es lo que se pueda lograr en esta plenaria” (Destaca la Sala).
“Gracias señor Presidente en ese mismo punto y en la misma dirección que presenta el doctor Navas, tengo radicada en secretaría una proposición para suprimir todo lo relativo con cifra repartidora de este artículo dejando únicamente el primer inciso, si es posible someterla a consideración presidente yo le agradezco, en segundo lugar el umbral del 50% para el caso de los nuevos departamentos es supremamente alto, nosotros hicimos con el doctor Luís Fernando Almario el ejercicio y en 8 de esos diez departamentos la lista más votada se quedaba con la totalidad de curules asignadas, en unos casos con dos y en otros casos con tres, situación que ahí es completamente evidente borra del mapa a la segundas y terceras fuerzas y aun más a aquellas otras expresiones más pequeñas, si es posible rebajar ese umbral para el caso de Cámara de Representantes en concreto en estas circunscripciones, y si los ponentes así lo acogieran sería lo más saludable en el ánimo de que allí donde apenas está empezando a florecer la democracia no se le cortaran las alas de entrada, si se deja como está el mismo doctor Jaime Castro había hecho un ejercicio en el que el 26% de los votos de un departamento se quedaba con la totalidad de las curules dejando al otro 74% sin representación en el Congreso. Por estas y otras razones que están demostradas numéricamente y que tenemos posibilidad de comprobarlas ante los ponentes, insistiríamos en una propuesta que redactamos por aquí con el doctor Eulises, el doctor Almario y el doctor Serrano en el sentido de que bajemos ese umbral para estas circunscripciones donde al máximo elegimos hasta tres curules. Gracias Presidente” (Destacado fuera del texto).
“Es preciso señalarle al libelista que bajo el sistema del cuociente electoral, lo mismo que bajo el sistema de la cifra repartidora, la asignación de escaños en las corporaciones públicas debe hacerse a través de las listas inscritas por los partidos o movimientos políticos (...).
Así, bajo el sistema del cuociente electoral la adjudicación de escaños igualmente se surte entre las listas inscritas por los partidos o movimientos políticos, (...)
Otra prueba de que el individualismo propuesto con la demanda no tiene cabida está dada por el hecho de que los protagonistas ahora, como antes, son los partidos o movimientos políticos, más no los candidatos, lo cual se corrobora con los términos en que fueron redactados los artículos 263 y 263-A de la Constitución (...).
Así las cosas, tanto en los antecedentes de las actas del Congreso de la República como en el texto final que fuera aprobado por esa corporación legislativa, quedó claro que la preeminencia en la actividad política corresponde a los partidos o movimientos políticos, como igual sucede con el sistema de cuociente electoral, y que sólo las listas inscritas por ellos serían las que entrarían en el reparto o asignación de las curules, sin que sea sostenible que frente a las circunscripciones territoriales que elijen dos curules la aplicación del sistema del cuociente electoral, con sujeción a un umbral del 30% del mismo, lleve a considerar que los mayores residuos, cuando no se alcanza el cuociente electoral, se aplicarán tomando en cuenta los candidatos individualmente considerados”(22). (Destacado fuera del texto).
2. DENIEGANSE las pretensiones de las demandas de nulidad electoral acumuladas, formuladas por los ciudadanos Marcelino Chindoy Chicunque y Libardo Espitia Rodríguez contra la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral.
(3) Devis Echandía, Hernando, en Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, pág. 352, en cita de Carnelutti: Instituciones, t. II, num. 105 y Sistemas, t. I, num. 143; Chiovenda: Principios, t. II, num. 36; Guasp: Derecho Procesal Civil, pág. 215 -218; Hugo Alsina: Unificación de la Legislación acerca de la intervención de terceros en la relación procesal, en “Estudios procesales; en memoria de Eduardo J. Couture”, pág. -409-411; Couture: Estudios, ed. Cit., t. III, pág. 219-231.
(4) Sobre el tema, la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 5 de octubre de 2006 consideró: “Si el propósito del tercero interviniente va más allá de la mera coadyuvancia, porque busca la nulidad del acto acusado con base en cargos no presentados en la demanda a la que adhiere, no puede hacerlo a través de su intervención adhesiva porque no puede modificar la causa de dicha demanda [...]”. Exp. 3557. Actor: Unaldo José Rocha Ojeda y otros. En sentencia de 11 de abril de 1996 “[...] como resulta del artículo 137 numerales 3º y 4º, del código quienes en calidad de coadyuvantes comparecen a los procesos electorales encuentran delimitada su intervención por los términos de la demanda, pues, se repite, los hechos y las omisiones de la demanda, el señalamiento de las normas violadas y el concepto de la violación constituyen la materia del proceso, de manera que quien acude al proceso para coadyuvar la demanda sólo puede apoyar la causa del demandante, delimitada a la demanda [...]”. Exp. 1522. Actor: Jaime Rafael Arango Viana.
(7) Ver: Corte Constitucional, Sentencia T 188 de 1993.
(8) Ver: Corte Constitucional, Sentencia T 778 de 2005.
(11) Gaceta Constitucional 54, páginas 13 y 14.
(12) Gacetas Constitucionales números 117 del 24 de julio y 120 del 21 de agosto de 1991.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C 710 de 2010.
(17) Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de de Derechos Humanos. Tomo I, página 426.
(19) Espinoza Cuéllar, Magaly. Autonomía indígena en tierras bajas. IDEA Internacional 2009. Página 31.