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Timestamp: 2018-12-13 02:22:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 241']

﻿ SENTENCIA C-152 DE ABRIL 18 DE 1996
SENTENCIA C-152 DE 18 DE ABRIL DE 1996
CONTENIDO:SE RESUELVE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 207 DE 1995, "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA PARA LA DETECCIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y ACUÁTICO", "SUSCRITO EN CARACAS EL 17 DE MARZO DE 1993."
TEMAS ESPECÍFICOS:TRANSPORTE AÉREO, ENTREGA DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR, MEDIDAS CAUTELARES SOBRE VEHÍCULO AUTOMOTOR, RETENCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, IMPORTACIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia C-152 de abril 18 de 1996
Ref.: Expediente L.A.T. 051
Santafé de Bogotá, D.C., abril dieciocho de mil novecientos noventa y seis.
El nueve (9) de agosto del año anterior, y “en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241-10 de la Constitución Política”, pero recibida en esta Corporación el 16 del mismo mes, la Secretaría General de la Presidencia de la República envió a esta Corporación copia auténtica del texto de la Ley 207 de 1995 (9 de agosto), “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático”, “suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993."
"Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993".
Visto el texto del Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993".
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela, en adelante denominados “las Partes Contratantes",
ART. II—Cada Parte Contratante dispondrá lo pertinente para la captura y retención de los vehículos a que se refiere este Acuerdo e informará de inmediato a la otra Parte la presencia en su territorio de los referidos vehículos.
ART. III—Los vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático que sean identificados por las autoridades competentes como objeto de los delitos a que se refiere el artículo I, serán puestos a disposición del funcionario consular de la jurisdicción donde fueren localizados previo el cumplimiento del procedimiento que adopte la comisión binacional de alto nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático.
ART. IV—El legítimo propietario del vehículo de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de los delitos a que se refiere el artículo I, en cuanto haya probado su calidad de propietario ante el funcionario consular del país de la matrícula, podrá entrar de inmediato en posesión del mismo.
ART. V—Los vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático incautados, quedarán bajo custodia y responsabilidad de la autoridad competente de cada país que conozca del caso.
ART. VI—Las autoridades competentes de las partes contratantes coordinarán el intercambio de información sobre las denuncias de los vehículos que han sido objeto del ilícito comprendido en el artículo I; las organizaciones sospechosas y los modus operandi; los sistemas de adulteración de seriales, de transformación y ocultamiento de vehículos.
ART. VII—Las Secretarías Ejecutivas de la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático intercambiarán cada treinta (30) días, las listas de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de los delitos a que se refiere el Artículo I del presente acuerdo e informarán a las autoridades competentes de su país, para conocimiento de la otra parte.
ART. VIII—Las autoridades competentes de las Partes Contratantes expedirán una certificación en la cual se especifique que no existe denuncia de delito alguno sobre el vehículo de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de una compra-venta o cualquier otro negocio. El funcionario consular respectivo legalizará las referidas certificaciones.
ART. IX—La recuperación de los vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático objeto de los delitos a que se refiere el Artículo I, estará exenta del pago de toda clase de tasa o gravámenes.
ART. X—Las Partes Contratantes reforzarán los recursos humanos y técnicos de sus organismos oficiales dedicados a la prevención, control y represión de los delitos a que se refiere el Artículo I, especialmente en las zonas fronterizas.
ART. XII.—Se designa como órgano de ejecución del presente Acuerdo por la República de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; y por la República de Colombia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a través de la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático.
ART. XIII.—Las Partes Contratantes se comprometen a aplicar para la detección, recuperación y devolución de los vehículos a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento que adopte la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático.
ART. XIV.—Las Partes Contratantes se comprometen a no iniciar ningún procedimiento encaminado a modificar la propiedad de los vehículos de este acuerdo, sin que se haya cumplido con el procedimiento establecido por la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático.
ART. XVIII.—Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas por la vía diplomática
Noemí Sanín de Rubio, Por el Gobierno de la República de Colombia.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7a. de 1944, el que por el artículo primero de esta ley se aprueba, el “Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático.”, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993 obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Juan Guillermo Ángel Mejía, Presidente del H. Senado de la República
Pedro Pumarejo Vega, Secretario General del H. Senado de la República
Álvaro Benedetti Vargas, Presidente de la H. Cámara de Representantes
Diego Vivas Tafur, Secretario General de la H. Cámara de Representantes
Publíquese y ejecútese. Previa su revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Nacional.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 9 de agosto de 1995
Rodrigo Pardo García-Peña, Ministro de Relaciones Exteriores
Nestor Humberto Martínez Neira, Ministro de Justicia y del Derecho
Juan Gómez Martínez, Ministro de Transporte
III. La intervención oficial
Manifiesta que dentro del marco de los artículo 150 numeral 16 y 227 de la Carta Política, el acuerdo establece las reglas para la integración de una autoridad ejecutora y responsable de su ejecución llamada Comisión Binacional de Alto Nivel, la cual en su opinión es expresión del fenómeno jurídico de la integración económica, social y política con las demás naciones, especialmente con las de América Latina y del Caribe a la que se puede llegar mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad y que específicamente admite la creación de organismos internacionales a las que se les puede transferir determinadas atribuciones.
Por último, el interviniente considera que las disposiciones contenidas en la normatividad internacional que se aprueba por la ley en revisión, están circunscritas a los principios de derecho internacional, respetando la soberanía nacional, la libre autodeterminación, la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, y además, se orientan hacia la integración latinoamericana y del Caribe, en desarrollo de los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta Política y que sin duda en aquella se respetan los principios de igualdad, equidad y reciprocidad que son exigidos por la Carta Política para efectos de permitir la participación del Estado colombiano en los procesos de integración económica, social y política con las demás naciones y en especial con los países de América Latina y del Caribe, lo cual, en su opinión, se ajusta en todos sus términos a la Constitución Nacional; por todo ello, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993.
Dentro del término de fijación en lista, y en ejercicio del derecho de participación en el trámite de estas actuaciones de control de constitucionalidad, se hicieron presentes con sendos escritos los ciudadanos José Manuel Abuchaibe Escolar, Robinson Ricardo Rada González y Hector Rincon Figueredo para impugnar la constitucionalidad del tratado que se revisa y para demandar la declaratoria de su inexequibilidad.
El Señor Procurador General de la Nación manifiesta en la parte relacionada con la “celebración del Tratado" que de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, el análisis de la forma de los instrumentos internacionales debe recaer, en el evento en que el Estado Colombiano haya participado en las etapas de celebración y negociación del instrumento público internacional bilateral o multilateral sobre la verificación de la competencia de las autoridades que actuaron a nombre del Estado colombiano.
Además, manifiesta el Señor Procurador General de la Nación que en el presente asunto es un hecho notorio y por demás lógico que Colombia participó en la negociación y celebración del Tratado, como quiera que el mismo fue suscrito por el ministro de relaciones exteriores de entonces, Dra. Noemí Sanín, en representación del Estado Colombiano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º numeral 2º de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, lo cual descarta cualquier posible vicio de constitucionalidad por esta aspecto.
En cuanto hace al “trámite de la ley aprobatoria del instrumento internacional (L. 207/95)”, el despacho del Jefe del Ministerio Público manifiesta que el respectivo proyecto cumplió completamente con los requisitos exigidos por la Carta Política para este tipo de actuaciones del Congreso, y que no existe reparo alguno por el aspecto formal en lo que corresponde al mencionado procedimiento; en este sentido examina de modo detallado las diferentes etapas surtidas para la aprobación del proyecto y destaca el cabal cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 157 y 160 de la Constitución, según lo acreditan los ejemplares de la Gaceta del Congreso que obran en el expediente.
En cuanto hace a la aplicación del tratado en el tiempo, el despacho del Señor Procurador destaca que si bien el artículo primero menciona en modo equivoco a los vehículos “que han sido" objeto de robo, hurto, hurto calificado y secuestro, no puede entenderse que tal disposición comprendas hechos o situaciones ocurridas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, porque de serlo así, tanto el instrumento como la ley que lo aprueba estarían desconociendo el principio de irretroactividad de la ley consignado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 58 de la Constitución Política.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su competencia, corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales después de su sanción presidencial, así como del tratado mismo y antes del perfeccionamiento internacional del instrumento, como es el caso en el asunto de la referencia.
Se observa que el texto de Ley 207 de 1995 fue remitido a esta Corporación dentro del término de los seis días siguientes a su sanción como ley, previsto en el citado artículo 241 numeral 10 de la Carta Política.
2. El Examen de forma.
A. De la “Celebración" del Tratado
Así, según lo señalado en el mencionado artículo de la Carta, en el que se establecen las reglas constitucionales que rigen el procedimiento de control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados públicos, se observa que esta vía tiene carácter preventivo , puesto que, como se ha dicho, al ser el control de constitucionalidad un procedimiento judicial previo al perfeccionamiento del instrumento internacional y posterior a la sanción de la ley que lo aprueba, debe concluirse que, sin el fallo de constitucionalidad de la ley proferido por la Corte Constitucional, el Jefe del Estado no puede adelantar actuaciones enderezadas a perfeccionar el instrumento por ninguno de los diversos procedimientos previstos para este fin en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en los tratados mismos, y aquel no tendría valor alguno, no obstante haber sido aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente de la República como ley.
B. El Trámite en el Congreso de la República
Esta corporación encuentra que el proyecto de ley que culminó su trámite en el Congreso de la República y que fue sancionado como la Ley 207 de 1995, cumplió con todos y cada uno de los requisitos que para dicho fin establece la Carta Política, en especial con los previstos por los artículos 11 inciso 5º, 157 y 163 de la misma, y coincide con el señor Procurador General de la Nación, en sostener la exequibilidad del mismo por este aspecto.
En efecto, como lo advierte el Jefe del Ministerio Público en el concepto que le corresponde, por tratarse de un proyecto de ley que se refería a relaciones internacionales fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores Rodrigo Pardo García-Peña el 14 de septiembre de 1994; fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 151 del quince de septiembre de ese año y distinguido como el número 83/94 del Senado de la República y 149/94 de la Cámara de Representantes.
En conclusión y como se ha podido observar en cuanto hace a la parte relacionada con la “celebración del Tratado" y con su trámite como ley de la República, cabe reiterar que de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, el análisis de la forma de los instrumentos internacionales debe recaer, en el evento en que el Estado Colombiano haya participado en las etapas de celebración y negociación del instrumento público internacional bilateral o multilateral sobre la verificación de la competencia de las autoridades que actuaron a nombre del Estado colombiano; sin embargo, se advierte como lo ha hecho en varias oportunidades esta Corporación que si Colombia no participa en las referidas etapas, o si por las características propias del acuerdo internacional éste no se encuentra sometido a una etapa de negociación previa por parte de los países miembros, porque se trata de un instrumento abierto a la aceptación, ratificación o adhesión de los estados y al correspondiente depósito o canje de notas, no es necesario verificar los requisitos constitucionales atinentes a la representación del Jefe de Estado y de sus agentes.
Es claro pues, como lo advierte el Ministerio Público, que en el presente asunto es un hecho notorio y por demás lógico, que Colombia participó en la negociación y celebración del Tratado, como quiera que el mismo fue suscrito por el ministro de relaciones exteriores de entonces, Dra. Noemí Sanín, en representación del Estado Colombiano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º numeral 2º de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, lo cual descarta cualquier posible vicio de constitucionalidad por este aspecto.
En cuanto hace al “trámite de la ley aprobatoria del instrumento internacional. (L. 207/95)”, se observa que el respectivo proyecto cumplió completamente con los requisitos exigidos por la Carta Política para este tipo de actuaciones del Congreso, y que no existe reparo alguno por el aspecto formal en lo que corresponde al mencionado procedimiento; en este sentido se examinaron de modo detallado las diferentes etapas surtidas para la aprobación del proyecto y destaca el cabal cumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 157 y 160 de la Constitución, según lo acreditan los ejemplares de la Gaceta del Congreso que obran en el expediente.
1. Sea lo primero advertir que corresponde a esta nueva modalidad de actuación del sistema de control judicial de la constitucionalidad de las leyes que se surte en Colombia, en los términos del artículo 241 num. 10 de la Constitución Nacional. En lo que concierne al presente procedimiento,es preciso advertir que este sólo surge de modo expreso y preciso bajo la Carta Política de 1991 y que bajo el imperio de la anterior Constitución ahora derogada, las funciones de control judicial de la Constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos fue objeto de definición jurisprudencial en el seno de la Corte Suprema de Justicia y de una evolución notable.
No sólo el estudio y la definición judicial de la validez formal de la totalidad del texto de la ley aprobatoria del respectivo instrumento internacional a que se deben referir de modo específico aquellas leyes, sino el examen preventivo y definitivo y ante la totalidad del texto de la Carta Política Nacional, con criterios objetivos y generales que comprometen la responsabilidad de la jurisprudencia nacional en una profunda labor de contraste en abstracto, de todas y cada una de las disposiciones jurídicas que aparecen vertidas en los específicos instrumentos de derecho internacional, que se originan en actuaciones internacionales de carácter formal e instrumental de la República que se concluyen, o a los que se vincula Colombia como Estado soberano y como potencia debidamente reconocida, ante el concierto de los Estados y de los sujetos habilitados en dicho plano, o ante los varios organismos de derecho internacional público, con los cuales se compromete o se pone en disposición de vinculación regular y ordenada.
Así, es notoria la ausencia de dicha regulación en el tratado o cuando menos su referencia a dichas disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano, salvo en el artículo III inciso segundo del tratado para el caso de la existencia de una controversia judicial o administrativa previa y diferente a la que surge, a raíz de la identificación administrativa de un vehículo como objeto de un delito, en el territorio del país reclamante, lo cual lleva a esta corporación a declarar la inexequibilidad parcial de la frase final del inciso primero que dice “que adopte la Comisión Binacional de Alto Nivel para la recuperación de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático".
Así mismo se declarará la inexequibilidad parcial de la frase “de acuerdo con el procedimiento indicado en el párrafo anterior y" del inciso segundo del artículo III del tratado.
a) Ahora bien, como se ha advertido de manera reiterada a lo largo de esta providencia, la Corte Constitucional encuentra que desde un punto de vista general y en principio, el tratado que se examina en esta oportunidad se ajusta a los fines esenciales de las relaciones internacionales contemporáneas, como son el respeto y la garantía de los derechos de las personas, así como la persecución de la delincuencia internacional, y que las dos partes contratantes se proponen alcanzar uno de los objetivos primordiales del derecho internacional que consiste en el establecimiento de mecanismos eficaces e idóneos de colaboración para prevenir y controlar la ocurrencia de hechos punibles que afecten intereses comunes entre las naciones;
b) En verdad, las disposiciones del tratado encuentran fundamento general y filosófico en las aspiraciones políticas de la comunidad internacional de persecución del delito y del control de sus consecuencias dañinas; así mismo, por virtud de lo establecido en las disposiciones que se revisan, se pretende hacer realidad los mandatos superiores atinentes a la integración de Colombia con las naciones de América Latina y del Caribe, en los términos de los artículos 227 de la Carta Política, y al desarrollo de las zonas de frontera establecidas en los artículos 334 y 337 de la misma normatividad superior;
c) Ahora bien, hechas las anteriores observaciones de carácter general en las que no cabe reparo alguno de carácter formal y general al tratado ni a la ley que lo aprueba, como quiera que, además, una y otro se ajustan a los principios constitucionales que regulan las relaciones internacionales en materia de persecución de delitos y de protección y garantía de los derechos de las personas, cabe advertir que la Corte entra a pronunciarse sobre aspectos del tratado que desconocen los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso en los asuntos judiciales y administrativos y el derecho de defensa para todas las personas sin distingo alguno, consagrados en la Carta de 1991, y por tanto señalará en este fallo los artículos y expresiones que por no ajustarse al Estatuto Supremo son inexequibles, y
Del artículo III, las expresiones del inciso primero: “que adopte la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático".
Las expresiones del inciso segundo “de acuerdo con el procedimiento indicado en el parágrafo anterior y".
"Las Partes Contratantes se comprometen a no iniciar ningún procedimiento encaminado a modificar la propiedad de los vehículos de este acuerdo, sin que se haya cumplido con el procedimiento establecido por la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático".
1. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 207 de 1995 (9 de agosto), “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático, suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993." y el tratado mismo, salvo las siguientes normas que se declaran inexequibles:
a) Artículo III: las expresiones del inciso primero: “que adopte la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático".
Las expresiones del inciso segundo “de acuerdo con el procedimiento indicado en el parágrafo anterior";
"Las Partes Contratantes se comprometen a aplicar para la detección, recuperación y devolución de los vehículos a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento que adopte la Comisión Binacional de Alto Nivel para la Recuperación de Vehículos de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático”, y