Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2015-00077-22150-de-marzo-9-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe6b399c94c948ea9f50efccc8b33cff&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 22:24:19
Document Index: 349454859

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 189', 'artículo 670', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 48']

﻿ Auto 2015-00077 de marzo 9 de 2016
AUTO 2015-00077 DE 09 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:EN FIRME NORMA QUE CONDICIONA ACCESO A CONCILIACIÓN Y TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIAROS. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS QUE PRODUCEN TANTO EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 4 COMO EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 1123 DEL 2015, REGLAMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS 55 Y 56 DE LA LEY 1739 DEL 2014, SOBRE LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIAROS. SE PRECISA QUE LA NORMA DEMANDADA, LA CUAL SE REFIERE A QUE EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ PAGAR EL 100 % DEL IMPUESTO EN DISCUSIÓN PARA PODER ACCEDER A LA CONCILIACIÓN Y TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE QUE TRATA LA LEY MENCIONADA, NO VA MÁS ALLÁ DE LO REQUERIDO POR LA LEY, PUES RESULTA OBVIO QUE SI EL CONTRIBUYENTE, BIEN SEA POR IMPUTACIÓN, COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN CONSERVARA PARTE DEL IMPUESTO EN DISCUSIÓN, NO ESTARÍA FRENTE AL PAGO DEL 100 % DEL IMPUESTO DE QUE TRATA LA NORMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DIAN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONTRIBUYENTE, CONCILIACIÓN JUDICIAL, LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN, DEMANDA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCILIACIÓN EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Auto 2015-00077 de marzo 9 de 2016
Rad. 110010327000201500077 00
Número Interno: 22150
Demandante: Angélica Acevedo Ogliastri
Solicita la accionante la suspensión provisional de los parágrafos segundos de los artículos 4º y 8º del Decreto 1123 de 2015, que reglamentó los artículos 55 y 56 de la Ley 1739 de 2014.
Para determinar la prosperidad de la medida cautelar se hace necesario que del análisis del acto administrativo demandado y de la comparación de este con las normas superiores invocadas como transgredidas, surja la violación al ordenamiento superior, pues de no ser así, la medida debe negarse, para permitir que el proceso siga su trámite y de acuerdo con el debate se demuestre la ilegalidad del acto administrativo, lo cual será definido en la sentencia que le ponga fin al proceso.
Sea lo primero recordar que, al expedirse el decreto acusado, se ejerció la potestad reglamentaria contenida en la Constitución Política en su artículo 189-11, el cual establece que le corresponde al Presidente de la Republica ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
Ahora bien, dicha potestad está limitada a la Constitución y la a Ley, y “no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador”.(15)
El reglamento está dirigido a hacer clara y precisa la ley que reglamenta, para asegurar la aplicación de esta, tal y como lo ha expuesto esta Corporación al considerar que la potestad reglamentaria “está limitada a la precisión y especificación de los elementos necesarios para la adecuada y efectiva aplicación de la ley”.(16)
Al respecto, el tratadista Libardo Rodríguez, acertadamente expone que:
“(...) el presidente de la república, al encontrarse ante una ley, puede dictar normas también generales como la ley, respetando esta última, pero que concreten más su contenido con el fin de facilitar o hacer posible su aplicación práctica. En el derecho colombiano estas normas reciben el nombre de decretos reglamentarios”(17). Resaltado fuera de texto.
Dicho lo anterior, se procede a transcribir las normas acusadas y las superiores invocadas como transgredidas, para determinar si procede la suspensión provisional de las normas demandadas por estar fuera de la potestad reglamentaria antes explicada.
(se transcribe lo pertinente y se resaltan los apartes demandados) Normas superiores
invocadas comotransgredidas
PAR. 1º—Cuando se trate de sanciones por devolución y/o compensación improcedente a que se refiere el numeral 4 del presente artículo se entiende por sanción, para efectos de la conciliación, el incremento del cincuenta por ciento (50%) de los intereses moratorios de las sumas devueltas de manera improcedente y la sanción del quinientos por ciento (500%) del monto devuelto de forma improcedente, de que trata el inciso 5 del artículo 670 del Estatuto Tributario.
PAR. 2º—En los casos de los numerales 1 y 2, si el contribuyente o responsable ha imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor liquidado en su declaración privada, deberá reintegrar el valor correspondiente al mayor valor devuelto, imputado o compensado, con sus respectivos intereses.
PAR. 2º—En el caso del numeral 1, si el contribuyente o responsable ha imputado, compensado u obtenido devolución del saldo a favor liquidado en su declaración privada, deberá reintegrar el valor correspondiente al mayor valor devuelto, imputado o compensado, con sus respectivos intereses.
PAR. 2º—No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7º—de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º—de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, y los artículos 147, 148 y 149 de Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
PAR. 5º—Facúltese a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para crear Comités de Conciliación Seccionales en las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para el trámite y suscripción, si hay lugar a ello, de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo, presentadas por los contribuyentes, usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdicción.
ART. 56—Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria prestará mérito ejecutivo, de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y829 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión.
PAR. 2º—No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7º—de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º—de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
El Despacho encuentra que de la confrontación directa de los actos acusados y las normas superiores invocadas como transgredidas, no se advierte la vulneración alegada, pues es claro que la norma demandada no contiene requisitos distintos a los enumerados en la Ley 1739 de 2014, la cual se refiere a que el contribuyente deberá pagar el ciento por ciento del impuesto en discusión para poder acceder a la conciliación y terminación por mutuo acuerdo de que trata la ley mencionada.
El reglamento no va más allá de lo requerido por la ley, pues resulta obvio que si el contribuyente, bien sea por imputación, compensación o devolución conservara parte del impuesto en discusión, no estaría frente al pago del ciento por ciento del impuesto de que trata la norma.
El reglamento aclara cómo debe hacerse el pago del total del impuesto discutido en ciertos casos específicos, que no le era obligación a la ley pormenorizar.
La demandante advierte que no decretar la medida cautelar de la suspensión provisional, genera más perjuicios al interés público, ya que “contraviene el propósito de la Ley el cual es permitir al contribuyente conciliar el 20 o el 30%, o transar el 100% de los intereses a que haya lugar, previo cumplimiento de los requisitos enumerados en la Ley.”
Este aspecto no puede definirse a partir de la simple comparación del acto administrativo demandado y la norma invocada como transgredida, pues, para ello, se requiere hacer un análisis de fondo que no es propio de esta etapa procesal, sino de la sentencia.
En conclusión, de la confrontación de los apartes del acto administrativo demandado frente a las normas superiores invocadas como transgredidas, no se puede afirmar, que exista una infracción de las disposiciones invocadas como violadas.
En consecuencia, resulta forzoso negar la suspensión provisional de los efectos de los apartes demandados del Decreto 1123 de 2015.
NIÉGASE la solicitud de suspensión provisional presentada por la parte demandante.
15 Corte Constitucional. Auto 049 del 20 de febrero de 2008. Expediente D-7181.
16 Sentencia del 27 de octubre. Radicación: 11001-03-25-000-2005-00230-00(9863-05). C.P.: Alfonso Vargas Rincón.
17 Libardo Rodríguez R. Derecho administrativo general y colombiano. Bogotá: Temis 2011, p 92.