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Timestamp: 2018-05-20 19:15:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 371', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 160', 'artículo 241', 'artículo 371', 'artículo 224', 'artículo 206', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 26', 'artículo 206', 'artículo 26', 'artículo 206', 'Artículo 206']

Nota Tributaria - Sentencia C-184 de 2016. Expediente LAT-438. (Comunicado de Prensa). - Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Tratado de Libre Comercio - TLC - Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea - Zonas de Libre Comercio - Control de Constitucionalidad de la Ley 1747 de 2014 - Fallo de Exequibilidad Condicionado - Competencias de la Junta Directiva del Banco de la República. Con Aclaraciones de Voto de los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1747 de 2014 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea’, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”, salvo el literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, que se declara EXEQUIBLE con la condición de que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes, por cuanto las competencias constitucionales autónomas del Banco Emisor no pueden tener las restricciones allí previstas conforme al artículo 371 de la Constitución. En consecuencia, ORDENAR al Presidente de la República que al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule esta declaración interpretativa. - Corte Constitucional. - M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. - - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1747 DE 2014. - La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política. // La Corte determinó que la revisión formal de constitucionalidad del instrumento y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: (i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano por el entonces Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados Guida, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como en su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República. Así mismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de agotar el mecanismo de consulta previa; (ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial, la exigencia de anuncio previo conforme el artículo 160 de la Constitución, los quórums deliberatorios y decisorios de los debates legislativos; y (iii) posterior gubernamental: que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución Política.// Sobre las cláusulas específicas del tratado examinado, la Corte efectuó un análisis de manera separada para concluir en su constitucionalidad a priori, sin perjuicio de que desarrollos legislativos concretos del instrumento puedan conducir a infracciones de los postulados y preceptos constitucionales, salvo respecto del literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo, en relación con el cual la Corte ordena al Presidente de la República formule una declaración interpretativa, que preserva la estipulación acordada pero de manera compatible con la Constitución Política de Colombia. En particular, la Corte encontró que el plazo que allí se establece para que el Banco Emisor en cada Estado parte adopten o mantengan medidas temporales de salvaguarda, respecto de pagos y movimientos de capital en situaciones de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconómicos , desconoce la competencia constitucional de la Junta Directiva del Banco de la República, en materia de regulación de cambios internacionales y la fijación de sistemas de cambio, dentro del ámbito de la autonomía que consagra el artículo 371 de la Carta Política. En consecuencia, se declaró la exequibilidad del Acuerdo, salvo lo estipulado en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C, respecto del cual se condicionó a que se interprete que el plazo allí establecido tiene el carácter de una orientación de política exterior a las autoridades competentes y en este sentido, el Presidente de la República, al momento de manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este Acuerdo mediante el depósito del instrumento de ratificación, formule la respectiva declaración interpretativa.
Sentencia C-210 de 2016. Expediente LAT-435. Comunicado de Prensa. Corte Constitucional. Convenios Internacionales - Convenios Comerciales - Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial celebrado entre Colombia y Venezuela - Control de Constitucionalidad de Ley Aprobatoria de Tratado - Control de Constitucionalidad de la Ley 1722 de 2014 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, el 28 de noviembre de 2011 y de seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, el 15 de abril de 2012. FALLO: Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de 2011 y de seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en Cartagena, República de Colombia el 15 de abril de 2012. // Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1722 de 2014, aprobatoria del “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”. M.P. María Victoria Calle Correa. Luego de examinar el trámite gubernamental del “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela” y de la Ley 1722 de 2014 aprobatoria del mismo en las cámaras legislativas, la Corte concluyó que se cumplieron en debida forma, las etapas, procedimiento y requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, para la suscripción de tratados internacionales y su aprobación por el Congreso. // En cuanto al contenido material del Acuerdo y sus seis anexos, la Corte encontró que se ajustan a los preceptos constitucionales. Se trata de un instrumento acordado en el marco de un proceso de integración económica regional entre los países de América Latina que comenzó con la creación de la Asociación Americana de Libre Comercio, ALALC (1960). Venezuela se retiró de otro escenario de integración económica subregional, la Comunidad Andina de las Naciones, CAN, el 22 de abril de 2006. No obstante, suscribió con los demás países miembros de la Comunidad, un Memorando de Entendimiento, en donde se comprometió a mantener las ventajas comerciales recibidas y otorgadas por un plazo que finalizó el 22 de abril de 2011. En este contexto, es que se suscribe el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre Colombia y Venezuela, como un instrumento orientado a mantener las condiciones para un fluido intercambio comercial entre estos dos países vecinos. Según lo informan los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y de Comercio, Industria y Turismo, la celebración de este tratado y su publicación provisional (Decreto 1860 de 2012) ha contribuido a la recuperación de las relaciones de intercambio recíprocas y ha sido un factor decisivo en el crecimiento de la balanza comercial con el país vecino. // La revisión específica del articulado del tratado, permitió a la Corte establecer que se ajusta en su integridad a la Carta Política, toda vez que con él se da cumplimiento al mandato de integración económica prioritaria con los países de América Latina y del Caribe, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad (art. 227 C.Po.). De manera particular, la corporación analizó la cláusula de aplicación provisional del Acuerdo, de conformidad con el artículo 224 de la Constitución, encontrando que respetó los lineamientos establecidos en la jurisprudencia a este respecto y en especial, en la sentencia C-280 de 2014. // En consecuencia, el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial suscrito entre Colombia y Venezuela y sus anexos, así como la Ley 1722 de 2016 fueron declarados exequibles, tanto en su aspecto formal, como material.
Sentencia C-668 de 2015. Expediente D-10678. Corte Constitucional. Principios Constitucionales Tributarios - Principio de Equidad Tributaria - Equidad Tributaria Vertical - Distribución de las Cargas Fiscales - Capacidad Contributiva - Empleados - Impuesto sobre la Renta - Personas Naturales que prestan Servicios Personales - Reconocimiento de Costos y Gastos distintos de los de Trabajadores Asalariados - Rentas Exentas. Con Salvamentos de Voto de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Ernesto Vargas Silva y Anuncio de Aclaración de Voto de las Magistradas María Victoria Calle Correa y Myriam Avila Roldán. FALLO: "Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante” contenida en el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014". M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Norma Demandada: Artículo 26 Ley 1739 de 2014, que adicionó el Parágrafo 4o al Artículo 206 del Estatuto Tributario. Le correspondió a la Corte establecer, si la modificación introducida al artículo 206 del Estatuto Tributario por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014, vulnera el principio de equidad tributaria por prohibir a los empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. //Para resolver este cargo, la corporación comenzó por precisar el contenido del aparte normativo acusado, el cual hace parte de la regulación de las rentas de trabajo gravadas con el impuesto a la renta, a la vez que aquellas rentas que están exentas de este impuesto. De igual modo, el concepto de equidad tributaria, principio consagrado en los artículos 95.9 y 363 de la Constitución Política, el cual se ha entendido como un desarrollo específico del principio de igualdad en materia de tributos. La jurisprudencia ha señalado que este principio incorpora el mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte de asumir que la carga tributaria se distribuye entre todas las personas con capacidad de pago, aunque va más allá al fijar criterios sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha distribución de las cargas fiscales, incluyendo una exigencia de equidad horizontal según la cual el sistema tributario debe tratar de idéntica manera a las personas que antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de modo que queden situadas en el mismo nivel después de pagar sus contribuciones. Así mismo, ha indicado que la equidad tributaria también comporta un mandato de equidad vertical, identificado con la exigencia de progresividad, que ordena distribuir la carga tributaria de manera tal, que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor cuota de impuesto. // En el caso concreto, la Corte encontró que la prohibición establecida en el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014 transgrede el principio de equidad tributaria en su dimensión vertical, en la medida en que desconoce la capacidad de pago de los empleados cuyos pagos o abonos no provienen de una relación laboral, o legal y reglamentaria, la cual se ve reducida por los gastos y costos en los que incurren en el ejercicio, por cuenta y riesgo propio, de su actividad profesional, de la que, a su vez, derivan sus ingresos. Ese desconocimiento genera una tributación igual entre sujetos con diversa capacidad económica: (i) empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria y (ii) empleados asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. // Frente a los argumentos expuestos por algunos intervinientes a favor de la extensión del beneficio de la renta de trabajo exenta correspondiente al 25% de los pagos laborales prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, la Corte observó que esta cuestión no corresponde a la controversia planteada en la presente demanda y que en todo caso, dicha extensión no conjuraría la inequidad entre los grupos de sujetos que hacen parte de la categoría de empelados, pues esa renta exenta para los trabajadores dependientes se calcula con base en sus ingresos netos, en la medida en que no incurren en gastos para la prestación de los servicios, mientras que la aplicación de ese beneficio, en vigencia del precepto acusado, se aplica sobre la renta bruta de los empleados sin relación laboral. // A juicio de la Corte, la disposición acusada comporta un sacrificio del principio de equidad tributaria, en la medida en que desconoce la real capacidad económica de un grupo de contribuyentes y genera una tributación paritaria con los empleados asalariados, quienes cuentan con una mayor capacidad económica, pues por la forma en que prestan sus servicios personales no incurren en los costos y gastos que deben sufragar los empleados que prestan servicios personales por su cuenta y riesgo. En consecuencia, procedió a declarar inexequible el aparte demandado del parágrafo 4º del Artículo 206 del Estatuto Tributario.
Registros 26 a 30 de 90