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Timestamp: 2018-07-16 13:22:56
Document Index: 340265864

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 37', 'artículo 82', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 46']

Vista la reclamación formulada por D. A.P.G., contra la DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, y en base a los siguientes, - PDF
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Gabriel Álvarez Zúñiga
1 Procedimiento Nº: TD/00251/2007 RESOLUCIÓN Nº.: R/00666/2007 Vista la reclamación formulada por D. A.P.G., contra la DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, y en base a los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 01/03/07, tuvo entrada en esta Agencia reclamación de D. A.P.G. contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 17 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, que continúa en vigor de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), se han constatado los siguientes HECHOS PROBADOS PRIMERO: Con fecha 14/02/07, D. A.P.G. solicitó a la Dirección general de Instituciones Penitenciarias la cancelación de sus datos personales existentes en sus ficheros. SEGUNDO: La Dirección General de Instituciones Penitenciarias contestó al afectado, en fecha 12/02/07 comunicándole que "los datos de carácter personal de los reclusos, contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios no serán cancelados conforme determina del art. 9.2 del Reglamento Penitenciario. TERCERO: Con fecha 01/03/07, D. A.P.G. presentó ante la Agencia reclamación de tutela por denegación del derecho de cancelación FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de
2 acuerdo con el artículo 37 d), en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. SEGUNDO: El artículo 18.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal señala: "Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine". TERCERO: El artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal indica: "1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado". CUARTO: El artículo 15, apartados 2, 3 y 4 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, que continúa en vigor de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 15/1999, indican los plazos en que debe contestarse a la solicitud de cancelación y la obligación de contestar: "2. La rectificación o cancelación se hará efectiva por el responsable del fichero dentro de los cinco días siguientes (diez de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999) al de la recepción de la solicitud. En idéntico plazo se efectuará la notificación a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/ En el supuesto de que el responsable del fichero considere que no procede acceder a lo solicitado por el afectado, se lo comunicará motivadamente y
3 dentro del plazo señalado en el apartado anterior, a fin de que por éste se pueda hacer uso de la reclamación prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/ Transcurrido el plazo previsto en el apartado 2 sin que de forma expresa se responda a la solicitud de rectificación o cancelación, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos de la interposición de la reclamación que corresponda". La Ley Orgánica 15/1999 establece un plazo de diez días para hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación frente al plazo de cinco días que establece el Real Decreto 1332/1994. Dado el superior rango de la Ley Orgánica respecto al Reglamento, ha de prevalecer el plazo de diez días que tiene el responsable del fichero para hacer efectivo el derecho de rectificación y cancelación. QUINTO: La Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, señala, en su norma primera, apartados 3 y 4: "3. El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante solicitud dirigida al responsable del fichero que contendrá: Nombre, apellidos del interesado y fotocopia del documento nacional de identidad del interesado, en los casos que excepcionalmente se admita, de la persona que lo represente, así como el documento acreditativo de tal representación. La fotocopia del documento nacional de identidad podrá ser sustituido siempre que se acredite la identidad por cualquier otro medio válido en derecho. Petición en que se concreta la solicitud. Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. El interesado deberá utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud. 4. El responsable del fichero deberá contestar la solicitud que se le dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros, debiendo utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado tercero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos." SEXTO: El artículo 9.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, establece que "Los datos de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios no serán cancelados cuando, ponderados los intereses en presencia, concurran razones de interés público, de seguridad y de protección de los derechos y libertades de terceros, así como cuando posean un valor intrínseco de carácter histórico y estadístico a efectos de investigación."
4 SÉPTIMO: La Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional, establece en su artículo 49.2, que: "Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público..." Por su parte el artículo 55.1 dispone: "La exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico contemplados en el artículo 49.2 y los demás de utilidad pública deberá ser autorizada por la Administración competente." Finalmente el artículo 58 establece que: "El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado... corresponderá a una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos...Asimismo podrán constituirse Comisiones Calificadoras en los Organismos públicos que se determine." OCTAVO: La Orden de 21 de diciembre del 2000 del Ministerio del Interior establece: "Primero.- Se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del Interior, que tiene como finalidad el estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos generados y conservados en el Ministerio del Interior, así como la integración en los archivos, y régimen de acceso e inutilidad administrativa.... Tercero.- Competencias. 1. La comisión ejercerá las siguientes funciones: a) Proponer los plazos de permanencia de los documentos en cada uno de los diferentes tipos de archivos del Ministerio... Sexto.- Acceso a los documentos El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, referidos a los ficheros que contengan datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de Protección de Datos, existentes en los archivos del Ministerio del Interior, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ " NOVENO: En lo referente a los requisitos formales, en el supuesto presente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no contestó la solicitud de cancelación del reclamante dentro del plazo legalmente establecido por cuanto ésta fue formulada el 23/01/07 y respondida el 12/02/07, razón por la que cabría estimar por motivos formales la presente reclamación de tutela de derechos. En cuanto al fondo del asunto debe recordarse que el artículo 16.3 de la LOPD determina que la cancelación dará lugar al bloqueo de datos,
5 conservándose únicamente a disposición de Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión de los mismos. Alega la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que la cancelación de los datos no está contemplada en el Reglamento Penitenciario. Pues bien, el artículo 1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario establece el ámbito de su aplicación en el sentido siguiente: "1. El presente Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, regula la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como el régimen de los detenidos a disposición judicial y de los presos preventivos, siendo de aplicación directa en todo el territorio del Estado. 2. No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, en virtud de su potestad de autoorganización, será de aplicación supletoria lo dispuesto en aquellos preceptos de los Títulos XI y XII que regulen cuestiones organizativas o relativas al régimen económico-administrativo de los establecimientos penitenciarios, así como aquellas disposiciones contenidas en otros Títulos que regulen aspectos de la misma naturaleza. 3. El presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio a los establecimientos penitenciarios militares. Esto es, sólo se aplicara a las personas privadas de libertad recluidas en centros penitenciarios, los detenidos a disposición judicial y los presos preventivos. Ninguna de estas situaciones se da en el caso del reclamante ya que la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha puesto de manifiesto durante la tramitación del presente procedimiento que "... por lo que se refiere al hecho de que el Sr. P. ya no se encuentre interno en un Centro Penitenciario; es evidente que si estamos hablando de datos de carácter histórico han de referirse a personas que en el momento presente han dejado de ser internos. El hecho de haber cumplido una condena no impide un ingreso posterior, por lo que contar con los datos del interno durante su condición de tal es necesario para una más eficaz gestión de su tratamiento." En definitiva cabe concluir que el recurrente no es un recluso al que se le aplique actualmente el citado Reglamento Penitenciario." Por otro lado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias justifica el mantenimiento de los datos porque tienen un valor histórico y estadístico, así como por necesidades de gestión. Pues bien, el valor histórico debe venir avalado por lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Regulación del Patrimonio Histórico Nacional. Asimismo, el valor estadístico ha de
6 justificarse en lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de Función Estadística Pública. Las remisiones al Reglamento Penitenciario al igual que las contenidas en la LOPD referidas al tratamiento de datos con fines históricos o estadísticos (artículo 4, apartados 2 y 5 de la LOPD) deben interpretarse conforme a las leyes reguladoras de tales materias y justificarse por los responsables del tratamiento por referencia a habilitaciones concretas de las mismas, extremos éstos que no han sido puestos de manifiesto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, en la cual se recoge expresamente: "El derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos personales. Añadiendo la citada Sentencia, en cuanto al apartado 2 del artículo 24 impugnado, que en relación con el derecho fundamental a la intimidad hemos puesto de relieve no sólo la necesidad de que sus posibles limitaciones estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sean proporcionadas sino que la Ley que restrinja este derecho debe expresar con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora. De no ser así, mal cabe entender que la resolución judicial o el acto administrativo que la aplique estén fundados en la Ley, ya que lo que ésta ha hecho, haciendo dejación de sus funciones, es apoderar a otros Poderes Públicos para que sean ellos quienes fijen los límites al derecho fundamental. De igual modo, respecto al derecho a la protección de datos personales cabe estimar que la legitimidad constitucional de la restricción de este derecho no puede estar basada, por sí sola, en la actividad de la Administración Pública. Ni es suficiente que la Ley apodere a ésta para que precise en cada caso los límites, limitándose a indicar que deberá hacer tal precisión cuando concurra algún derecho o bien constitucionalmente protegido. Es el legislador quien debe determinar cuándo concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué circunstancias puede limitarse y además, es él quien debe hacerlo mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias...
7 El empleo de en el art LOPD de la expresión "interés público" como fundamento de la imposición de límites a los derechos fundamentales del art y 4 CE, encierra un grado de incertidumbre aún mayor. Basta reparar en que toda actividad administrativa, en último término, persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la Administración con arreglo al art CE... El apartado 2 del art. 24 LOPD establece que los derechos de acceso a los datos (art y 2 LOPD) y los de rectificación y cancelación de los mismos (art LOPD) podrán denegarse también si, "ponderados los intereses en presencia, resultase que los derechos que dichos preceptos conceden al afectado hubieran de ceder ante... intereses de terceros más dignos de protección". Resulta evidente que tras lo ya dicho, a la vista de que este inciso permite al responsable del fichero público negar a un interesado el acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, y al margen de que esos intereses puedan identificarse con los derechos fundamentales de ese tercero o con cualquier otro interés que pudiere esgrimirse, semejante negativa conlleva abandonar a la decisión administrativa la fijación de un límite al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal sin ni siquiera establecer cuales puedan ser esos intereses ni las circunstancias en las que quepa hacerlos valer para restringir de esa forma este derecho fundamental." Y concluye declarando inconstitucional el apartado 2 del art. 24 LOPD. En definitiva, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ha justificado la negativa a cancelar los datos del reclamante en el artículo 9.2 del Reglamento Penitenciario y el Acuerdo de la Comisión de Clasificación de Documentos del Ministerio del Interior que, en virtud del valor histórico, estadístico, y las necesidades de gestión, calificó "de conservación permanente" tanto los expedientes personales de los internos en centros penitenciarios, como el fichero automatizado denominado "SIP- INTERNOS". No puede admitirse tal habilitación legal por cuanto ambos ficheros recogen unos datos, que el caso del reclamante, son inexactos y no se encuentran actualizados, habida cuenta de que éste no se encuentra "interno" en ningún institución del sistema penitenciario. Tampoco puede admitirse como argumento para denegar la cancelación solicitada la referencia genérica a un "supuesto valor histórico o estadístico" que dichos datos pudieran llegar a alcanzar, y mucho menos las "necesidades de gestión" propias de la Administración Penitenciaria ya que el mantenimiento íntegro de datos con dichos fines tiene un carácter excepcional y reglamentariamente regulado por exigencia del artículo 4.5 de la LOPD. En consecuencia no cabe admitir los motivos esgrimidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para denegar la cancelación de datos solicitada por el reclamante habida cuenta que no puede motivarse la falta de
8 cancelación en su ausencia de regulación por parte del Reglamento Penitenciario, al tiempo que debe rechazarse que los datos del afectado continúen en un fichero en el que constan los datos personales de internos (o personas recluidas) en Instituciones Penitenciarias, ya que, en el caso del reclamante, son datos inexactos. En consecuencia procede la estimación de la tutela solicitada debiéndose llevar a cabo la cancelación y el consiguiente bloqueo de los datos personales del reclamante existentes en los ficheros a que se hace referencia en la presente resolución. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación. FALLO El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada por D. A.P.G. e instar al MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, para que en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, remita al reclamante certificación en la que conste la cancelación de sus datos con el correspondiente bloqueo, pudiendo incurrir en su defecto en una de las infracciones previstas en el artículo 44 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente resolución deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo de diez días. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, C/ Alcala, 38, 28014, MADRID, y a D. A.P.G. con domicilio en (C/...). De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 18.4 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley
9 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (en lo sucesivo LJCA), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 de la LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Madrid, 27 de julio de 2007 EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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