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Timestamp: 2018-09-21 16:17:43
Document Index: 102918779

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 164', 'Artículo 21', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2009-01012/45120 DE DICIEMBRE 6 DE 2017
SENTENCIA 2009-01012 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:JUEZ TIENE EL DEBER DE DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, SIEMPRE QUE SE DESPRENDAN LOS PRESUPUESTOS QUE LA CONFIGURAN DE LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE. SE EXPLICA QUE LA CADUCIDAD REPRESENTA EL LIMITE DENTRO DEL CUAL EL CIUDADANO DEBE RECLAMAR DEL ESTADO DETERMINADO DERECHOPOR ENDE, LA ACTITUD NEGLIGENTE DE QUIEN ESTUVO LEGITIMADO EN LA CAUSA NO PUEDE SER OBJETO DE PROTECCIÓN, PUES POR LA LEY EJERCE SUS DERECHOS, NO SE VERÁ EXPUESTO A PERDERLOS POR LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD. POR SER DE ORDEN PÚBLICO, LA CADUCIDAD ES INDISPONIBLE, IRRENUNCIABLE Y EL JUEZ, CUANDO ENCUENTRE PROBADOS LOS RESPECTIVOS SUPUESTOS FACTICOS, PUEDE DECLARARLA DE OFICIO, AUN EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DEBERES DEL JUEZ, JUEZ, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, AUTONOMÍA DEL JUEZ, REQUISITOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA
Sentencia 2009-01012/45120 de diciembre 6 de 2017
Radicación: 25000-23-26-000-2009-1012-01
25000-23-26-000-2009-0643-01 (45.120) acumulados
Actor: Sanín Guzmán Gómez y otros
Temas: Cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra / Suspensión del termino de caducidad - Desde la fecha en que se presenta la solicitud hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venza el término de tres meses contados desde que se solicitó el inicio del trámite, lo que ocurra primero / Caducidad de la acción - Declaratoria, de manera oficiosa, la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes a la ejecutoria de la sentencia absolutoria.
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) caducidad de la acción; 4) compulsa de copias y 5) la procedencia o no de la condena en costas.
En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad del señor Manuel Guillermo Londoño Contreras, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación(20), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(21).
Por lo anterior, resulta claro que esta Sala es competente para conocer el asunto de la referencia.
En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(22).
En el sub lite se pretende la indemnización de los perjuicios causados con la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Manuel Guillermo Londoño Contreras con ocasión de un proceso penal adelantado en su contra por los delitos de concierto para delinquir simple y hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, por tal razón, el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.
Pues bien, de lo afirmado en la demanda y corroborado con las pruebas obrantes en el plenario, es posible establecer que el señor Manuel Guillermo Londoño Contreras estuvo privado de su libertad en establecimiento carcelario entre el 25 de julio de 2002(23) y el 9 de junio de 2003(24).
Asimismo, se encuentra que, mediante sentencia del 31 de agosto de 2004, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al implicado de la acusación formulada por la Fiscalía General de la Nación(25), providencia confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2005(26).
Ahora bien, la decisión absolutoria quedó en firme el 28 de mayo de 2007(27), tal como se evidencia en la constancia de ejecutoria obrante a folios 467 a 470 del cuaderno 2.
De este modo, atendiendo a que lo último que ocurrió en el caso concreto fue la ejecutoria de la providencia absolutoria —mayo 28/2007—, el término para demandar transcurrió, en principio, entre el 29 de mayo de 2007 y el 29 de mayo de 2009.
No obstante lo anterior, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de mayo de 2009 y, posteriormente, el 13 de agosto de ese año, la procuraduría 51 judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallido el trámite conciliatorio(28).
Respecto de la incidencia del trámite conciliatorio en el conteo del término de caducidad, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 estableció que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial lo suspendía hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venciera el término de 3 meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurriera primero(29).
En este punto, el recurrente sostuvo que no existía certeza en cuanto a que la constancia de no acuerdo hubiera sido expedida en la misma oportunidad en la que se declaró fallido el trámite conciliatorio —ago. 13/2009—, razón por la que, en el sub lite, se debía concluir que el término de caducidad se reinició a partir del vencimiento de los 3 meses desde la presentación de la solicitud de conciliación —ago. 19/2009—.
Sin embargo, en este caso, tal como lo informó la procuraduría 51 judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca(30), la Sala encuentra que la constancia de no conciliación se expidió el 13 de agosto de 2009, oportunidad en la que, además, fue retirada por el mismo profesional del derecho que presentó la demanda y que interpuso el recurso de apelación que se resuelve en esta oportunidad(31).
En tal medida, como no habían trascurrido más de 3 meses desde la presentación de solicitud de conciliación prejudicial, a partir de la expedición de la constancia de no acuerdo —ago. 13/2009— se reinició el conteo del término de caducidad.
Ahora, advierte la Subsección que para la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación faltaban 11 días para que se completaran los dos años para que caducara el ejercicio de la acción(32), razón por la que resulta necesario contabilizar en el calendario ese número de días, a partir del 14 de agosto de 2009, día siguiente a la fecha en que se reanudó el conteo del término de caducidad.
Así, dado que los 11 días calendario, contaban hasta el 24 de ese mes, en esta última fecha se completaron los dos años del término de caducidad; no obstante, según la constancia de la secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda se presentó el 25 de agosto de 2009(33), por lo que se hizo cuando ya había fenecido la oportunidad legal de ejercer el derecho de acción.
De otra parte, la Sala encuentra que el recurrente aseveró que al a quo le estaba vedado declarar la excepción de caducidad de manera oficiosa, por manera que, en el caso concreto, al no haber sido alegada por las entidades demandadas, no se podía emitir un pronunciamiento sobre el particular.
En este punto, la Sala precisa que, en garantía de la seguridad jurídica, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio de determinadas acciones judiciales, dentro de un término específico fijado por la ley, circunstancia que impone a los interesados la carga de formular la demanda correspondiente dentro de dicho plazo, so pena de perder la oportunidad para hacer efectivo su derecho.
En ese sentido, al margen de que sea o no alegada por las partes, por mandato legal, de encontrarse probada, el juez al momento de dictar sentencia debe declararla de oficio, así lo consagra el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo:
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (se destaca).
En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera de esta corporación, en múltiples ocasiones, ha señalado el deber que tiene el juez de declarar la caducidad de la acción siempre que, de las pruebas obrantes en el expediente, se desprendan los presupuestos que la configuran:
“(...) la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aun en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el solo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga (sentencias de 24 de abril de 2008, exp. 16.699, M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 30 de agosto de 2006, exp. 15.323, entre muchas otras)(34) (se destaca).
Así las cosas, en el sub lite resultaba procedente la declaratoria de la excepción de caducidad, tal como lo consideró el a quo, por lo que se confirmará la sentencia apelada.
4. Compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura.
Ahora bien, llama la atención el hecho de que el profesional del derecho que interpuso el recurso de apelación que ahora ocupa la atención de la Sala manifestara enfáticamente que desconocía la fecha en que fue expedida la constancia de no acuerdo, cuando lo cierto es que, de conformidad con la respuesta y documentos remitidos por la procuraduría 51 judicial II delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se puede corroborar que fue él quien asistió al trámite conciliatorio y a quien precisamente el día de la celebración de la audiencia le hicieron entrega de la referida constancia.
En ese orden de ideas, la Subsección dispondrá la compulsa de copias con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que, en el marco de sus competencias, determine si la actuación del abogado Daniel Hernando Ortiz Murillo debe ser materia o no de la respectiva investigación disciplinaria.
1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de abril de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad respecto de la acción de reparación directa presentada por el señor Manuel Guillermo Londoño Contreras.
3. Por secretaría de la Sección, COMPULSAR copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de la sentencia de primera instancia(35); del recurso de apelación presentado por la parte actora(36); de los documentos aportados por la Procuraduría General de la Nación(37) y de esta providencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
(20) Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.
(21) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801.
(23) Según se desprende de los antecedentes de la providencia del 23 de enero de 2003 proferida por la fiscalía 135 seccional de Bogotá obrante a folios 12 a 17 del cuaderno 2 (Exp. 2009-01012).
(24) Folios 79-105, cuaderno 2 (Exp. 2009-01012).
(25) Folios 41-219, cuaderno 1 (Exp. 2009-00643).
(26) Folios 236-250, cuaderno 1 (Exp. 2009-00643).
(27) Oportunidad en la que quedó en firme el auto por medio del cual se declaró desierto, por falta de sustentación, un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de noviembre de 2005.
(28) Folios 1 y 2, cuaderno 2 (Exp. 2009-00643).
(29) “Artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
(30) “(...) me permito informar que de acuerdo con la información que obra en el libro radiador de conciliaciones prejudiciales, la audiencia de conciliación con radicación 09-365, solicitada por el señor Manuel Guillermo Londoño Contreras, en la que se convocó a la Fiscalía General de la Nación, fue llevada a cabo el 13 de agosto de 2009, fecha en la cual se entregó la respectiva constancia de fallida, tal y como aparece recibida por el profesional solicitante (...)” folio 358, cuaderno de segunda instancia.
(31) Según se corrobora con los documentos adjuntos a la comunicación del agente del Ministerio Público obrantes a folios 359-360, cuaderno de segunda instancia.
(32) Como se indicó, los dos años del término de caducidad se cumplían inicialmente el 29 de mayo de 2009, pero como la solicitud de conciliación se presentó el 19 de mayo de ese año, se hizo cuando faltaban 11 días calendario antes de que ello ocurriera.
(33) Anverso folio 11, cuaderno 1 cuaderno 1 (Exp. 2009-00643).
(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, exp. 32800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, citada en la sentencia de unificación de la Sección Tercera de esta corporación del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2016, exp. 44602, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 43563 y sentencia del 12 de junio de 2017, exp. 4778.
(35) Folios 145-156, cuaderno de segunda instancia.
(36) Folios 158-163, cuaderno de segunda instancia.
(37) Folios 358-360, cuaderno de segunda instancia.