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Timestamp: 2018-03-21 20:11:58
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A propósito del ex presidente Álvaro Uribe y la Corte Penal Internacional | Chavestroica's Blog
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Posted septiembre 7, 2010 by chavestroica in Uncategorized.	Dejar un comentario
El expediente criminal de Álvaro Uribe Vélez, analizado aquí por este jurista, podría traerle graves problemas al ex presidente de Colombia, si un día llegase a perder la protección de EEUU y la Unión Europea (SoB).
La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aun más las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones políticas y jurídicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó –incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia– pero no consiguió en sus años de presidencia.
Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas –respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial– son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de “colaboradores” en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando “instrucciones ” al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez –suponemos– y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.
Un abultado expediente en la fiscalía de la Corte Penal Internacional
Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el “precursor del Narco-Estado” por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , “The Narco News” (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia –cuya capital es Medellín– de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, “entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar” da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario “El Tiempo” de Colombia, 17/03/2002)
Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente “Tranquilandia” (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.
El “número 82”
Álvaro Uribe ha demostrado tanto “empaque” que hasta tiene una “ficha”, la número 82, en la “Agencia de Inteligencia de la Defensa” de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)
“Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
“La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los más importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como “ejecutores” para cometer asesinatos (…)
“82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)”
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que “brillantemente” habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El fiscal colombiano Luis Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado “un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo” ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).
Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como “Los Erre”, señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar “que no había pruebas suficientes contra los acusados”. Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).
Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República… ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?
Uno de los más sonados “trofeos” que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez” de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como “auxiliador de la guerrilla”, a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.
Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y –según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado “chuzadas del DAS”– convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las “chuzadas” telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.
La política de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como “falsos positivos”: el asesinato de –al menos– 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como “guerrilleros dados de baja en combate”, con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por “dar de baja a guerrilleros”.
Tras ser denunciado el crimen de “los falsos positivos” por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen– cuantitativa y cualitativamente hablando– de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres “NN”. Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de “La Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
No pierda de vista el lector que la “industria criminal”, organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar –emulando la “solución final” del nazismo alemán– hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.
En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Ante tal prontuario “presuntamente” criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe –arriba descritos– son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.
Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por “crímenes de lesa humanidad y de guerra”, o simplemente es la última “pataleta” política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas –no contra Estados o gobiernos– y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:
“(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:
“La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
“a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…).”
“Remisión de una situación por un Estado Parte
“1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.”
Necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada “concurrencia de jurisdicciones” –entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos– supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. “tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”
A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. –como es Colombia– pueden remitir información –equivalente a una denuncia– al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas –escasas e inconcretas– aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.
En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera “determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate”
De forma que el Estado notificado –en este hipotético caso Venezuela– podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
“A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas –la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano– podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”,
O crímenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal “crimen de lesa humanidad” antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente –por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos– a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crímenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
“ARTICULO I Ambito de aplicación material.
“1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
“2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.”
Es una evidencia que dicho conflicto armado –que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares– es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados –diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos– existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
En lo referido al objeto del análisis que nos ocupa –la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas– es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, “los pájaros”, puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos – 46 hombres y 2 mujeres –, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que: “están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos.”
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con más de 60 “frentes” que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano –FARC incluidas– sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe “Noche y Niebla” del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano –empezando por el propio Estado– vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los “Águilas Negras”, manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
“La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.”
“El ‘Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario’ de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.”
Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: “los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia.”
Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas –asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos– que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas –en especial en el período 2002 al 2010– las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la “hoja de vida” arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina
Rebelión, 08/08/10