Source: https://elnidodelseguro.com/uma-efectos-fiscales/
Timestamp: 2020-01-19 05:07:02
Document Index: 226194810

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 123', 'artículo 96', 'Artículo 96']

Unidad de Medida y Actualización (UMA) Efectos Fiscales
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En esta tercera entrega, del tratado, nuestro amigo, el gran profesional fiscalista, L.C.P y L.D. Efraín Salvador Miramón, nos comparte, el análisis, la aplicación práctica de la Unidad de Medida y Actualización UMA Efectos fiscales, en el cual, analiza el segundo tema, de aplicación a todos los contribuyentes, sean personas morales o personas físicas.
Después de analizar, en la segunda entrega de este tratado, en la UMA efectos laborales, pasaremos a observar el efecto fiscal, comenzando por la siguiente pregunta ¿existen en las Leyes Fiscales (LISR, LIVA) pagos que tenga que recibir el trabajador directamente?, lo anterior debido a que si el trabajador tiene recibe alguna percepción, probablemente sería aplicable el SMG, sin embargo, la única percepción que, considero recibe el trabajador, en el ámbito fiscal, es el Subsidio para el Empleo (SAE), pero este no se encuentra basado en SMG sino en pesos; por lo cual, en mi opinión, no existe algún otro pago directo al trabajador, en consecuencia en lo referente a SMG deberá ser considerado como UMA.
En este sentido, desde mi punto de vista, las Leyes Fiscales, buscan regular ciertas situaciones que provoquen la recaudación de impuestos y con ello sufragar los gastos públicos, como lo establece el siguiente fundamento legal de nuestra Carta Magna:
Por lo tanto, en la mayoría de las disposiciones, es utilizado el SMG como unidad de medida o referencia, siendo que no es su naturaleza y en consecuencia se sustituye por UMA.
Así tenemos que, desde el 28 de enero de 2016, se utiliza la UMA para efectos fiscales, recordando que en su momento, no generó incertidumbre debido a que su valor era exactamente el monto del SMG en dicho ejercicio, y la zona de confort fiscal se vio invadida, con la publicación de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida, (LDVUMA DOF 30/12/2016), que dio certidumbre jurídica, para que cada mes de febrero, a partir de 2017, se tenga un valor actualizado.
Tomando en cuenta lo anterior, tenemos el siguiente ejemplo, del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR):
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo, no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley
Como se muestra en el citado artículo, el SMG es utilizado como unidad de medida, ya que este se expresa en veces, es como si por ejemplo la norma estableciera exención por kilos, por lo tanto, el SMG no puede ser utilizado para medir el monto de las exenciones y, por consiguiente, en su lugar debía aplicarse la UMA, desde el 2016, de tal manera que el artículo pudiera traducirse de la siguiente manera:
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general la Unidad de Medida y Actualización elevada al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. El límite de 200 veces el salario mínimo general la Unidad de Medida y Actualización, no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley
Otro ejemplo lo observamos con las exenciones señaladas en el artículo 93 de la LISR:
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: …
XIX. Los derivados de la enajenación de: …
En los preceptos indicados, se muestra que el SMG, es utilizado como una medida o referencia, lo que se encuentra prohibido por la reforma constitucional al artículo 123, anteriormente señalado, y en consecuencia, se tendrá que sustituir por el valor de la UMA, debiendo interpretarse de la siguiente manera:
XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador de la Unidad de Medida y Actualización elevada a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador la Unidad de Medida y Actualización, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador una la Unidad de Medida y Actualización por cada domingo que se labore.
b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este Título.
Como último ejemplo, se considera lo señalado por el artículo 96 de la LISR:
Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente
Al respecto, en mi opinión, no le es aplicable la UMA a tal oración, ello debido a que se regula la percepción que recibe el trabajador y en este caso no se está utilizando como unidad de medida sino como el monto que recibe el trabajador.
En resumen, desde el 28 de enero de 2016, en las Leyes Fiscales (LISR e IVA), se debió considerar la UMA en lugar de SMG, aunque el valor entre ambos fuera coincidente, ya que el artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional, publicada en el DOF el 27 de enero de 2016, así determinó su sustitución.
Por último, durante el 2017, se tendrán dos valores de la UMA, uno vigente durante el mes de enero y otro a partir de febrero, sin embargo ¿Cuál será el aplicable? Para responder a dicha pregunta, te invito a analizar los siguientes artículos del Código Fiscal de la Federación, los cuales nos podrían dar luz al respecto:
Como se puede ver, estamos, ante uno de los ámbitos de validez de las normas jurídicas, siendo, específicamente el ámbito temporal de validez, aquel que se refiere al momento en el Valor de la UMA efectos fiscales, adquiere vigencia, con valores diferentes a partir en 2017, para el mes de enero, exclusivamente, con un valor de $ 73.04, y el valor de $75.49 para el resto de meses.
La vigencia, de los dos respectivos valores UMA efectos fiscales, se encuentra concebido legalmente en la LDVUMA, que puntualmente describimos en la primera entrega del presente tratado, UMA Origen y aplicación, que al comenzar a producir sus efectos jurídicos, ha ocasionado conflicto o Antinomia, al estar acostumbrados a tener valores fijos para cálculos de impuestos durante todo el ejercicio fiscal que se trate, sin embargo al respecto es interesante tener presente lo que establecen, los criterios de los tribunales, que refuerzan nuestro análisis:
La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal.
Amparo directo 293/2009. Jacobo Romano Romano. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Civil, Tesis I.4o.C.220 C (9a.), Tesis Aislada, Registro 165,344, Página 2788, Tomo XXXI, febrero de 2010
Como resultado, podemos colegir que el SMG, en la mayoría de las disposiciones fiscales, es utilizado como una unidad de medida o referencia, siendo contrario a su naturaleza, por lo cual debería sustituirse por UMA, tal como se estableció en los transitorios de la reforma constitucional.
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