Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-31-mayo-2006-ministerio-de-justicia-155914
Timestamp: 2016-10-21 22:35:52
Document Index: 260670155

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 1259', 'artículo 98', 'artículo 51', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 322', 'artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 323', 'artículo 327', 'artículo 103']

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos escrituras de compraventa
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos escrituras de compraventa	RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos escrituras de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos escrituras de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de León don Lorenzo Población Rodríguez contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número 2, de dicha capital don Eugenio Rodríguez Cepeda, a inscribir dos escrituras de compraventa
1. Por medio de escritura autorizada por el Notario de León don Lorenzo Población Rodríguez el día 26 de agosto de 2005, bajo número 667 de protocolo, la sociedad «Construcciones López Pérez, S. L.», representada por doña A.-I. L. C., vendió determinada finca urbana.
En dicha escritura se expresa que doña A.-I. L. C. interviene en nombre y representación, como apoderada, de la referida sociedad vendedora; respecto de la citada representación, que la representante «hace uso para ello del poder especial para actos concretos, otorgado a su favor por el Órgano de Administración de la Sociedad «Construcciones López Pérez, S .L.», autorizado en esta ciudad, por el Notario don José María Sánchez Llorente, el día 30 de junio de 2005, número 1713 de protocolo, que me asevera vigente»; y se añade lo siguiente: «En la citada escritura de poder especial se le conceden a la apoderada compareciente las facultades representativas necesarias, que yo, el Notario, bajo mi exclusiva responsabilidad, considero suficientes para la compraventa y todos los demás pactos complementarios incluidos en este escritura y que aquí se formalizan. Así resulta de la copia autorizada del referido poder especial, que he tenido a la vista».
2. Presentada copia de la anterior escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad número Dos de León, causó, con fecha 9 de septiembre de 2005, asiento de presentación número 1725 del Diario 55 y fue calificada negativamente con base en el fundamento de derecho que a continuación se transcribe:
«... Sin que se ponga en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el acto realizado, cuyo juicio ha sido hecho por el Notario bajo su responsabilidad en cumplimiento del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al tratarse de un poder cuya inscripción en el Registro Mercantil no consta, por ser un poder especial para realizar actos concretos, falta acreditar la legitimación de la apoderada mediante su entronque con la sociedad vendedora, lo cual requiere indicar no sólo que el poder ha sido otorgado "por el órgano de administración de la sociedad", como se hace en la escritura, sino también la identificación de dicho órgano, los datos del documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la regularidad del nombramiento de dicho administrador. Mientras no se acredite como queda dicho la legitimación de la apoderada, el negocio es momentáneamente ineficaz conforme al artículo 1259 del Código Civil.
León, 17 de septiembre de 2005. El Registrador, Fdo.: Eugenio Rodríguez Cepeda.»
3. El Notario autorizante de la mencionada escritura interpuso recurso gubernativo contra dicha calificación negativa el 30 de septiembre de 2005, en el que alegó: 1.º Que la exigencia expresada por el Registrador supone desconocer que el poder ya fue calificado por el Notario recurrente bajo su responsabilidad a la vista de la copia autorizada de la escritura de apoderamiento y su calificación abarca la totalidad del poder. Que el juicio de suficiencia es sólo la consecuencia final de la labor de calificación, y ese juicio lo formuló habiendo examinado en su integridad el poder. Que es innecesario reflejar en la escritura de compraventa toda la actividad desarrollada para llegar a formular el juicio de suficiencia en los términos en que se ha expresado éste. Que exigir un mayor detalle en dicho juicio de suficiencia supondría frustrar la finalidad de la reforma que supuso el artículo 98 de la Ley 24/2001 al tener que transcribir facultades o nombramientos encadenados que luego no se reflejarán en los asientos del Registro. Que aun menos justificado está lo que pretende el funcionario calificador, al exigir que se le acrediten los datos completos del administrador y -nada más y nada menos- que la historia registral de la sociedad poderdante. Que todos esos extremos ya le fueron acreditados en su momento al mismo Notario cuando autorizó la escritura de poder, obrante en su protocolo, en la que formuló su juicio de suficiencia. Que la exigencia del Registrador es arbitraria, dado que conforme al artículo 51.9.ª del Reglamento Hipotecario, el Registrador sólo tiene que hacer constar en su inscripción los datos da la sociedad representada y la identificación del apoderado o representante compareciente y su poder. Que según las Resoluciones de esta Dirección General de 17 de diciembre de 1997 y 3 de febrero de 2001, el incumplimiento de la obligación de inscribir (si lo hubiere) no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad por el administrador; y no importa, por tanto, que esté o no inscrito el nombramiento de Administrador, como señalan también las Resoluciones de 3 de marzo de 1986 y 26 de febrero de 1991. Que plegarse a la exigencia de acompañar el poder infringiría el artículo 98 de la Ley 24/2001 y la doctrina de esta Dirección General. Que, según dicha norma, la calificación de los poderes ha quedado sustraída a la calificación de los Registradores; y en caso de acompañarse un poder no podrá calificarlo el Registrador y deberá solicitar del Notario que éste formule o complete su juicio de suficiencia; 2.º Que, al declarar el Registrador la «ineficacia del negocio documentado» invade la esfera reservada al Poder Judicial, puesto que únicamente podría declarar no inscribible el documento y no la ineficacia de un contrato de compraventa formalizado ante Notario y que, en virtud de la teoría del título y modo, transmite el dominio, fuera del Registro de la Propiedad, siendo función de los Jueces, no de un Registrador, declarar su ineficacia o nulidad; 3.º Que el Registrador ha incumplido la obligación de notificar su calificación al Notario. Que, además, elude la aplicación correcta del artículo 98 de la Ley 24/2001 y numerosas Resoluciones de esta Dirección General, en una actitud de rebeldía contra lo ordenado por su superior jerárquico, en clara resistencia civil y reincidencia, lo que pudiera dar lugar a la apertura de expediente disciplinario.
4. El Registrador de la Propiedad elevó el expediente, con su informe, a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 26 de octubre de 2005. En tal informe no expresa si la calificación fue notificada a dicho Notario.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1216, 1217, 1218 y 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis, 23 y 47 de la Ley del Notariado; 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 143, 145, 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Constitucional 87/1997, de 24 de abril, y 207/1999, de 11 de noviembre; la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 15 de julio de 1954, 29 de abril de 1994, 10 de febrero de 1995, 12 de abril de 1996, 28 de mayo de 1999, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 11 de junio, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 17 de junio, 1 de agosto, 12 (2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª), 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 29 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª) de septiembre y 4 y 15 -2.ª- de octubre de 2005, entre otras.
I. Como cuestión formal previa, cabe recordar una vez más que en caso de calificación negativa el Registrador de la Propiedad debe ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria (según redacción resultante de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre). En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos formales de la calificación negativa del Registrador, lo que en orden a la notificación, se concreta en la necesidad de que se haga por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado (cfr. artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Si la notificación no se efectúa o la practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe someterse y su cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica consecuencia que el recurso no podría estimarse extemporáneo, sin perjuicio, en su caso, del tratamiento que pudiera tener el incumplimiento en el ámbito disciplinario -cfr. artículos 313, apartados B).e) y C).b), de la Ley Hipotecaria-. En el caso objeto de recurso, sostiene el Registrador que la cuestión relativa a la forma de la notificación de dicha calificación no puede ser debatida en el recurso gubernativo, que deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador.
Ciertamente, el hecho de que el Notario recurrente haya presentado el recurso en los términos referidos que constan en este expediente, pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, ex artículo 58.3 de la Ley 30/1992. No obstante, y habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de la fijación del «dies a quo» del cómputo del plazo para la interposición del recurso así como en relación con el inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación (cfr. artículo 323 de la Ley Hipotecaria), debe recordarse que el Registrador está obligado a expresar en su preceptivo informe la fecha y forma de la notificación de la calificación, de modo que por este Centro Directivo pueda examinarse -en general-si el recurso se ha interpuesto dentro de plazo, así como la regularidad de la actuación del Registrador y del expediente.
II. Según la calificación impugnada, en la escritura de compraventa otorgada por una representante de la sociedad vendedora -que alega y acredita un poder especial cuya inscripción en el Registro Mercantil no es obligatoria-no es suficiente indicar que el poder ha sido otorgado por el órgano de administración de dicha sociedad, sino que debe acreditarse la legitimación de la apoderada mediante su entronque con la sociedad vendedora, por lo que, a juicio del Registrador, se requiere expresar también «.los datos del documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la regularidad del nombramiento de dicho administrador».
Por las razones precedentes, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, introdujo dos reformas en el sentido expuesto: Primero, en la actualidad la misma Ley Hipotecaria proclama la vinculación de todos los Registros al contenido de las Resoluciones de este Centro Directivo cuando por ellas se estiman recursos frente a la calificación, mientras no se anulen por los Tribunales (artículo 327 de la Ley Hipotecaria), pues tal explícita vinculación no es sino una consecuencia primaria, directa y lógica del principio de jerarquía que ordena cualquier organización administrativa; y, segundo, se introdujo en el artículo 103 de la citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre, la posibilidad de consultas vinculantes que pueden presentar el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, consultas que una vez resueltas por esta Dirección General vinculan por igual a Notarios y Registradores, obligando a ambos a acatar el contenido de la decisión adoptada por este Centro Directivo.
Madrid, 31 de mayo de 2006.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos escrituras de compraventa	Trámites