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Timestamp: 2020-05-31 03:00:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 17', 'artículo 95', 'artículo 1']

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México [ 07 Julio 2016 ] [Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región] Amparo en Revisión 355/2016 caché ES
Se concede amparo contra la México [ 26 Enero 2015 ] [INAI] Resolución PDP 0094/14
se advierte la intervención de la revista Fortuna, de la cual la quejosa se ostenta como directora; y sí en dicha revista se difundió la nota periodística titulada **, consultable en dicha dirección a través del servicio de motor de búsqueda de la página electrónica www.google.com.mx; es suficiente que la quejosa demostrara ser propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx en la que se difundió esa nota periodística, para concluir que sí tiene el carácter de tercero en el procedimiento de origen en el cual debe dilucidarse su pretensión de que se conserve la información difundida en ejercicio de su profesión o actividad periodística, por lo que sí acreditó su interés legítimo en el juicio de amparo y la autoridad responsable debió otorgarle derecho de audiencia a fin de que manifieste lo que a su interés convenga.
Ver: R3D [24 Agosto 2016] ¡Ganamos! Tribunal anula resolución del INAI sobre el falso «derecho al olvido»
México [ 26 Enero 2015 ] [INAI] Resolución PDP 0094/14 caché ES
Google México, S. de R.L. de C.V. argumentó que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., con domicilio en los Estados Unidos y por ende no atendió la solicitud de ejercicio de derechos del particular. En el análisis del caso, el Pleno del IFAI precisó lo siguiente: 1.- Google México, S. de R.L. de C.V. es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales. 2.- De acuerdo con su objeto social, la empresa presta servicios de motor de búsqueda. 3.- Google México, S. de R.L. de C.V. sí hace un tratamiento de datos personales cuando se coloca en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la Red. 4.- No acreditó que dicho servicio lo realiza o presta una empresa distinta.
El Pleno del INAI, por unanimidad, resuelve:
... ordenar se hagan efectivos de manera indubitable los derechos de oposición y cancelación de datos personales del Titular, en los términos precisados en los considerandos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de la presente Resolución.
... con fundamento en los artículos 61 y 63 fracciones 1, 11, y XVI , de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, 125 y 140, primer párrafo, de su Reglamento, se ordena iniciar el procedimiento de imposición de sanciones, en términos de lo dispuesto en el considerando Sexto de la presente resolución.
Resolución anulada por México [ 07 Julio 2016 ] [Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región] Amparo en Revisión 355/2016
México [ 08 Enero 2014 ] [Veracruz - Instituto Veracruzano de Acceso de la Información] Recurso de Revisión. Expediente: IVAI-REV/976/2013/II
Un particular solicita al Poder Judicial (sujeto obligado) copia en DVD de una audiencia penal
… este Pleno encuentra razonable ordenar al Sujeto Obligado que permita el acceso a la información solicitada por la recurrente, bajo cualquiera de las siguientes modalidades:
A. En la unidad de acceso a la información pública del Sujeto Obligado, realizar la proyección de la videograbación de las audiencias solicitadas, a la que asista la ahora recurrente, y sin que pueda introducir instrumentos que permitan registrar video, sonido o gráficas; dentro del horario de labores de la Unidad, fijando fecha para tal efecto, la que se le deberá notificar a la parte revisionista, con cuando menos tres días hábiles de anticipación, esto dentro de los quince días hábiles que tiene el Sujeto Obligado para dar cumplimiento a la presente; o bien,
B. Elabore versión estenográfica de las audiencias de mérito, en la que se eliminen los datos personales de los intervinientes, y le sea entregada a la parte revisionista, sin costo.
México [ 30 Noviembre 2011 ] [Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos] V1 vs. Comisión Federal de Electricidad caché ES
Comisión Nacional advierte que las transgresiones a los derechos humanos de V1 no se deben únicamente al actuar de los funcionarios involucrados, sino también a que tanto el “Análisis de Accidente Mortal” como el Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, son omisos en fijar lineamientos para normar el manejo adecuado de la información, tanto desde el punto de vista de su precisión como del tratamiento de los datos personales y, más aún, carece de parámetros para orientar la recopilación y valoración de las pruebas y para emitir una decisión que se sustente en éstas: la investigación consiste en el llenado de un formulario predeterminado que no detalla cómo se debe reflejar lo investigado en el documento que se difundirá entre los electricistas a nivel nacional. Todo lo cual es relevante en la medida en que, como se decía, la emisión del Boletín de Accidente Mortal está sujeta al cumplimiento de los lineamientos de la libertad de información (veracidad y objetividad) y al respeto a la vida privada y protección de datos personales, inobservados en la especie, tanto por los términos en que se publicó el mencionado boletín como por el diseño del cuestionario del “Análisis de Accidente Mortal” que le sirve de sustento.
Es así como se concluye que con su actuar la Comisión Federal de Electricidad vulneró en perjuicio de V1 sus derechos a la vida privada y a la protección de sus datos personales.
México [ 15 Julio 2011 ] [Suprema Corte - Primera Sala] Tesis: 1a. CLIX/2011 caché ES
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MOMENTO EN EL CUAL SE CONSIDERA INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO - El correo electrónico se ha asemejado al correo postal, para efectos de su regulación y protección en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, es necesario identificar sus peculiaridades a fin de estar en condiciones de determinar cuándo se produce una violación a una comunicación privada entablada por este medio. A los efectos que nos ocupan, el correo electrónico se configura como un sistema de comunicación electrónica virtual, en la que el mensaje en cuestión se envía a un "servidor", que se encarga de "enrutar" o guardar los códigos respectivos, para que el usuario los lea cuando utilice su operador de cuenta o correo. La utilización del correo electrónico se encuentra supeditada a una serie de pasos determinados por cada servidor comercial. Así, es necesario acceder a la página general del servidor en cuestión, donde se radican todos los mensajes de la cuenta de correo contratada por el titular. Esta página suele estar compuesta por dos elementos: el nombre de usuario (dirección de correo electrónico del usuario o login) y la contraseña (password). De vital importancia resulta la contraseña, ya que ésta es la llave personal con la que cuenta el usuario para impedir que terceros puedan identificarla y acceder a la cuenta personal del usuario. La existencia de esa clave personal de seguridad que tiene todo correo electrónico, lo reviste de un contenido privado y por lo tanto investido de todas las garantías derivadas de la protección de las comunicaciones privadas y la intimidad. En esta lógica, se entenderá que un correo electrónico ha sido interceptado cuando -sin autorización judicial o del titular de la cuenta-, se ha violado el password o clave de seguridad. Es en ese momento, y sin necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos, cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. No sobra señalar, que si bien es cierto que un individuo puede autorizar a otras personas para acceder a su cuenta -a través del otorgamiento de la respectiva clave de seguridad-, dicha autorización es revocable en cualquier momento y no requiere formalidad alguna. Asimismo, salvo prueba en contrario, toda comunicación siempre es privada, salvo que uno de los intervinientes advierta lo contrario, o bien, cuando de las circunstancias que rodean a la comunicación no quepa duda sobre el carácter público de aquélla.
México [ 15 Julio 2011 ] [Suprema Corte] Tesis 1a. CLIII/2011 caché ES
Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Sus diferencias con el derecho a la intimidad. A pesar de ser una manifestación más de aquellos derechos que preservan al individuo de un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros -como sucede con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o la protección de datos personales-, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas posee una autonomía propia reconocida por la Constitución. En cuanto a su objeto, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como una garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con independencia de su contenido. En este sentido, no se necesita en modo alguno analizar el contenido de la comunicación, o de sus circunstancias, para determinar su protección por el derecho fundamental. Este elemento distingue claramente al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de otros derechos fundamentales, como es el de la intimidad. En este último caso, para considerar que se ha consumado su violación, resulta absolutamente necesario acudir al contenido de aquello de lo que se predica su pertenencia al ámbito íntimo o privado. En definitiva, lo que se encuentra prohibido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo decimosegundo, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. La violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra -sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial-, una comunicación ajena, con independencia de que, con posterioridad, se difunda el contenido de la conversación interceptada.
Fuente:Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011. Página: 221
México [ 07 Julio 2011 ] [Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito] Tesis: I.4o.A.792 A caché ES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. CUANDO DETERMINADA SITUACIÓN JURÍDICA Y FÁCTICA QUE SE DIFUNDIÓ POR AUTORIDADES O DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES MEDIANTE UN BOLETÍN DE PRENSA HAYA SUFRIDO UN CAMBIO, DEBEN CORREGIRSE LOS DATOS INEXACTOS, INCOMPLETOS U OBSOLETOS, A FIN DE NO VIOLAR DERECHOS FUNDAMENTALES.
En relación con la información que se encuentra en poder de las autoridades o dependencias gubernamentales, el artículo 20, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece la obligación de procurar que los datos personales con que cuenten sean exactos y actualizados, a sustituir, rectificar o completar oficiosamente aquellos que publiquen y resulten inexactos o incompletos. Así, bajo este marco legal y con apoyo en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla los denominados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición-, se concluye que cuando determinada situación jurídica y fáctica que se difundió mediante un boletín de prensa haya sufrido un cambio, como en el caso de que un particular haya sido arraigado por la investigación de diversos hechos ilícitos, sin que se haya ejercido con posterioridad acción penal, deben corregirse los datos inexactos, incompletos u obsoletos, pues a partir de que feneció el término del arraigo, la información divulgada no se ajusta a la realidad y, por tanto, es incompleta en relación con los actos y resultados obtenidos en la investigación instaurada, lo cual redunda no sólo en el incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones IV y V del citado artículo 20, sino además en una violación a derechos fundamentales, en tanto se difunde información parcial, al resultar pasajera o accidental; de ahí que se estime una afectación a la reputación, fama, imagen y buen nombre del particular afectado, pues, ante la sociedad, al no modificarse la información inicial, se tiene la calidad de probable responsable e indiciado, sujeto a una averiguación previa, lo que evidentemente vulnera los derechos a la protección de datos personales, vida privada, imagen pública y presunción de inocencia que consagran los artículos 6o., fracción II, 16 y 20 constitucionales.
Amparo en revisión 166/2011. Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Anibal Jesús García Cotonieto.
México [ 03 Noviembre 2010 ] [Suprema Corte] Tesis 1a./J. 93/2010 caché ES
Conforme a los artículos 149, 152 y 78 de la Ley de Amparo, los funcionarios o autoridades responsables están obligados a expedir las copias o documentos que les sean solicitados y, si no lo hacen, el juez de distrito puede solicitárselos, siempre que dichas constancias sean necesarias para la resolución del asunto. Aunque lo anterior puede considerarse como una regla general, existen casos de excepción en los que las autoridades o funcionarios no están en posibilidad legal de expedir las copias o documentos solicitados por las partes interesadas para ofrecerlas en el juicio, como sucede en la averiguación previa, en la que el Ministerio Público de la Federación y/o el Subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales están limitados a expedir todas las constancias de esas averiguaciones, pues ante los órganos jurisdiccionales deben promover el principio de reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido cuando éstos son menores, se trate de los delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, no debe aplicarse con rigidez el artículo 149, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de las constancias necesarias para apoyar el informe justificado, pues es innecesario y contrario al principio de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el juez de distrito, a fin de allegarse las pruebas al juicio, solicite a los funcionarios o autoridades la expedición de todas las constancias de la averiguación previa, al existir un impedimento legal para realizar dicha expedición, porque hacerlo ocasiona un daño no reparable en la sentencia definitiva, ya que se trastoca el principio de reserva aludido, vulnerándose las investigaciones practicadas en la averiguación previa que requieren de ese sigilo, ya que se tendría acceso a toda la información, aun la no relacionada con los quejosos. En consecuencia, contra el acuerdo del juez de distrito por el que requiere a las autoridades responsables la totalidad de las constancias de la averiguación previa durante la tramitación del juicio de amparo indirecto procede el recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, y de proporcionarse dicha información, queda bajo la más estricta discrecionalidad del juzgador la guarda, custodia y difusión de las pruebas aportadas al juicio, acorde con los artículos 80 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 232/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.
Tesis de jurisprudencia 93/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de noviembre de dos mil diez.
Texto íntegro de la ejecutoria
México [ 19 Octubre 2009 ] [Suprema Corte - Pleno] Tesis: P. LXV/2009 caché ES
DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.
Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.
Ejecutoria: Registro No. 22636
México [ 07 Octubre 2009 ] [Suprema Corte - Primera Sala] Tesis: 1a. XLI/2010 caché ES
DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES.
Las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad.
Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.