Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/027.htm
Timestamp: 2019-03-20 17:08:00
Document Index: 342093729

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 126', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 94', 'artículo 97', 'artículo 101', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 108', 'artículo 112', 'artículo 113', 'artículo 114', 'artículo 115', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 125', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 75', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 28']

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
Resultando primero. En fecha 3 de octubre del 2000, se recibió en la Oficialía Mayor de esta Legislatura, iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 98 de la Constitución Política de la Entidad, 22 y 23, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, remitió el magistrado Felipe Borrego, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Resultando segundo. Por acuerdo del presidente de la mesa directiva, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción III, 65, fracción II de la Constitución Política del Estado; 58 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 63 y 70 del Reglamento Interior, mediante el memorándum 477/01, del 4 de octubre del 2000, la iniciativa de referencia fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, de conformidad con la siguiente
Mediante decreto número 157, expedido por esta Legislatura y publicado en el suplemento al número 38 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado correspondiente al día 10 de mayo del 2000, se hicieron reformas, adiciones y supresiones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado.
La trascendencia de tales modificaciones ocurren en el contexto del proceso democrático para la reforma del Estado, y su vértice dominante: garantizar a plenitud el principio de división de poderes, en este caso, fortaleciendo de manera notable la autonomía del Poder Judicial y, los nuevos derroteros jurisdiccionales y administrativos que normativamente debe explorar, con el propósito determinante de hacer más pronta, eficaz, honesta y cercana, la administración de justicia.
En ese ámbito de transformación normativa para allanar los obstáculos a la realización de la justicia, resulta indispensable la expedición de nuevos preceptos que organicen las estructuras y funciones del Poder Judicial, en armonía con el diseño avanzado que previene la Constitución Política del Estado.
La presente Ley pretende ser innovadora en forma y fondo, excepto en lo que concierne a la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. Por ello, esta Legislatura la consideró no como una iniciativa de reformas, sino una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
I. La forma.
1. Se busca mejorar la técnica legislativa de la ley en diversos aspectos. El ordenamiento se compacta en cinco títulos.
En el primero, denominado «De la administración de justicia», se precisa el objeto de la ley, se puntualizan los principios rectores de la administración de justicia, las reglas para la distritación judicial y la integración del Poder Judicial.
El título segundo, denominado «Del Tribunal Superior de Justicia», determina la integración, estructura y atribuciones de los órganos básicos jurisdiccionales y administrativos de tal poder público.
El título tercero, denominado «De la justicia de primera instancia», previene la competencia de los juzgados de primera instancia , así como reglas comunes para ambas modalidades de órgano jurisdiccional.
El título cuarto, denominado «Disposiciones generales», aglutina una diversidad de cuestiones sustantivas de necesaria regulación en ley, como son impedimentos, ausencias, alzada o segunda instancia, excitativa de justicia, fe pública, exclusividad al servicio del Poder Judicial, jurisprudencia y responsabilidad de los servidores públicos, entre otras.
En el título quinto, que corresponde al título décimo de la ley que se abroga, denominado «Del Tribunal de Justicia Electoral», no se hace absolutamente ninguna modificación ni a la denominación y divisiones por capítulos, como tampoco al contenido de los artículos, cuyo texto se conserva íntegro, en los términos que lo prevenía la ley anterior.
2. Esta como todas las leyes, debe ser un instrumento normativo de consulta y aplicación cotidiana. Por ello su articulado debe ser claro y, de sencilla lectura y comprensión.
Para abonar a ello, el nuevo formato presenta un índice temático que se disemina a la cabeza de cada uno de los artículos.
3. En la redacción de las fórmulas normativas se procura conservar un equilibrio entre generalidad y casuismo, utilizando éste sólo en lo necesario, ante la imposibilidad de contemplar en ley, todas las posibilidades de conducta específica a regular. No
debemos soslayar que la ley encierra fórmulas hipotéticas, generales, abstractas y permanentes y que la transformación de expectativas y comportamientos, individuales y colectivos, es incesante.
II. De fondo.
1. La propuesta de nueva ley imprime congruencia y desarrollo al texto vigente de la Constitución del Estado, en lo que atañe a diversas estructuras y funciones del Poder Judicial, que en líneas generales implica:
- Trece magistrados inamovibles por catorce años, sustituibles en forma escalonada.
- Funcionamiento del Tribunal Superior en Pleno y cuatro Salas; dos en materias Civil, Familiar y Mercantil y, dos en materia Penal.
- Elección del presidente del Tribunal Superior cada tres años, con posibilidad de una reelección. Para garantizar la ejecución de políticas y programas a mediano plazo en el ámbito jurisdiccional.
- Elección anual de presidente de sala, con opción a que se reelija hasta dos veces en forma consecutiva, con el fin de abrir el cauce a la sana rotación.
- Claridad en los procedimientos que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debe observar en la realización de sus funciones jurisdiccionales en los casos en que debe dictar sentencias derivadas de juicios políticos; conocimiento de controversias que se susciten entre dos o más municipios y entre éstos con el Ejecutivo del Estado, con excepción de asuntos electorales, aquellos que implican controversia constitucional, cuyo conocimiento compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procedimientos administrativos para determinar si ha lugar o no a la formación de causa en contra de magistrados y jueces a quienes se impute la comisión de delito.
- Precisión respecto de la generación de jurisprudencia, que se produzca por el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Pleno y de las Salas. La recta administración de justicia, exige el establecimiento de criterios uniformes de interpretación y aplicación del orden jurídico zacatecano.
- La facultad conferida al Pleno para emitir acuerdos generales que actualicen diversas hipótesis normativas que establece la ley, expidiendo al efecto reglas específicas de carácter común y de aplicación indeterminada, instrumento normativo valioso que permitirá una conducción moderna, flexible y ágil del servicio de administración de justicia.
Así, por dichos acuerdos se establecerá la demarcación de los distritos judiciales, la creación o supresión de juzgados de primera instancia y su especialización o carácter mixto, dependiendo de los factores y circunstancias que prevalezcan en los conjuntos sociales de las regiones.
- La garantía al principio de división de poderes no sólo en lo que corresponde a funciones jurisdiccionales, sino también administrativas. El Poder Judicial ejercerá con autonomía plena tanto el presupuesto anual que le asigne la Legislatura, como el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
- La transformación con sentido moderno de eficiencia, honestidad y eficacia de la Oficialía Mayor, para que con el cumplimiento cabal de las responsabilidades inherentes al funcionamiento administrativo integral, se mejore la consecución de los fines sustantivos del Poder Judicial.
- La remisión al reglamento interior, acuerdos generales, y condiciones generales del servicio de todo lo relativo a la integración y atribuciones del aparato administrativo incorporado a la Oficialía Mayor.
2. Es necesario advertir que el tema relacionado con el Tribunal de Justicia Electoral, su integración, funcionamiento, atribuciones y demás aspectos, se conservó íntegro, sin una sola variación, dado lo inminente del proceso electoral que tendrá lugar en el mes de julio del actual 2001, y por el que se renovarán la Legislatura del Estado y los ayuntamientos municipales.
3. Uno de los aspectos de mayor trascendencia que se someten a la consideración es el que incide en la organización y funcionamiento de los juzgados municipales.
Sostenemos la idea de que la reforma del Estado tiene muchos caminos que deben seguirse. Aproximar el servicio de administración de justicia a la gente, sobre todo a los segmentos sociales más desprotegidos, es una tarea que no podemos ni debemos regatear o mediatizar.
Bajo tal premisa, se estructuran nuevos esquemas para el Sistema de Juzgados Municipales que será administrado, controlado y vigilado íntegramente por el Poder Judicial. Por ello:
- En cada municipio del Estado, funcionará por lo menos un juzgado municipal de competencia mixta o especializada.
- El sistema será flexible porque, cuando por las razones que se prevén, los juzgados de Primera Instancia, por excepción, no como regla, podrán conocer asuntos de la competencia de un juzgado municipal.
Los jueces municipales serán nombrados y removidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ya sin intervención alguna de los ayuntamientos. Tanto las remuneraciones salariales de los jueces, como de su personal y los demás gastos que se requieran para el funcionamiento de la oficina, serán con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
- Su competencia por materia, grado y cuantía, se incrementa notablemente. Ahora conocerán: de juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte principal no exceda de trescientas cuotas de salario mínimo; de todos los juicios que conforme a la ley se tramiten por la vía de jurisdicción voluntaria, también serán competentes para conocer de juicios sobre rectificación de actas del Registro Civil y en materia penal, tendrán competencia respecto de los procesos que con arreglo a la ley deban tramitarse en vía sumaria.
- Con tales asignaturas se cumplen varios objetivos: se aproxima el servicio a la gente que reclama justicia; se vigoriza el hasta ahora desatendido sistema de juzgados municipales. En suma, el deslinde descarga de exceso de expedientes a los juzgados de Primera Instancia y con ello, éstos y los juzgados Municipales están obligados a brindar un servicio de mayor calidad.
- Finalmente, en artículos transitorios se contemplan las pausas temporales en que necesariamente deben entrar en vigor las adecuaciones legales que nos ocupan, ya sea por mandato de la Constitución, por la magnitud de las tareas o por el diseño del conjunto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 132, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 128, 132, 134, 135 y relativos del Reglamento Interior, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se
Objeto, principios y distritación
Artículo primero. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto organizar y regular el servicio de administración de justicia, que en forma exclusiva compete al Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Art. 2º. La justicia se administra en nombre del Estado, en los plazos y términos que fije la ley.
Los órganos jurisdiccionales emitirán sus resoluciones conforme a la ley y con independencia de criterio; de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio a los justiciables, será gratuito; en consecuencia, se prohíben las costas judiciales.
El Pleno, las salas y los magistrados se abstendrán de hacer recomendaciones a los jueces, para que dicten resoluciones en determinado sentido o que les restrinjan su criterio en la aplicación de las leyes.
Ningún juicio civil, familiar, mercantil o penal tendrá más de dos instancias.
Los miembros del Poder Judicial percibirán remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.
Art. 3º Para efectos de jurisdicción y competencia, el territorio del Estado de Zacatecas se dividirá en el número de distritos judiciales que por acuerdo general determine el Pleno, atendiendo a las necesidades del servicio, a las condiciones geográficas, económicas, sociales y de vías de comunicación que prevalezcan en los municipios que integren cada distrito judicial.
En cada uno de los distritos judiciales, el Pleno establecerá, mediante acuerdos generales, lo siguiente:
I. El número, materias de conocimiento o especialidades y límites territoriales de los juzgados de primera instancia;
II. [Derogada].
De la integración del Poder Judicial del Estado
Art. 4º El Poder Judicial del Estado de Zacatecas se ejerce por:
III. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
IV. Los juzgados de primera instancia, que podrán ser civiles, penales, familiares, mercantiles, mixtos, de control y tribunal de enjuiciamiento para adolescentes y de ejecución de sanciones; y
V. [Derogada].
Art. 5º Son auxiliares del Poder Judicial: las corporaciones policiales, las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal , los fedatarios y demás servidores públicos que determine la ley.
Integración, funcionamiento residencia y jurisdicción
Art. 6º El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por trece magistrados y funcionará en Pleno o en salas.
El Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado y ejercerá su jurisdicción en el territorio de la entidad.
Art. 7º Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, durarán en su encargo catorce años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos de título VII de la Constitución Política del Estado y, al vencimiento de su período, tendrán derecho al haber por retiro de carácter vitalicio, el que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá exceder de un 60%, durante los dos primeros años, respecto de la percepción mensual económica total que devenguen al momento del retiro, y del 20% de la referida percepción, hasta su fallecimiento.
Los magistrados en retiro, durante los dos primeros años no podrán ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes, siempre y cuando el negocio tenga carácter de ocasional y obtengan autorización del Pleno del Tribunal; en caso de incumplimiento, perderán en forma definitiva el derecho a percibir el haber de retiro a que se refiere el párrafo anterior. Será causa de suspensión temporal del derecho, si el magistrado en retiro desempeña otro cargo o empleo en la Federación, estado o municipio, aún tratándose de cargos de elección popular.
Se exceptúan de las restricciones señaladas en el párrafo anterior, los cargos de docencia e investigación.
Ninguna persona que haya sido magistrado podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.
Los requisitos para ser magistrado, así como su nombramiento, son los previstos en la Constitución Política del Estado.
Las ausencias temporales de los magistrados, por licencia, incapacidad o vacaciones, serán cubiertas por el magistrado que determine el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si la ausencia excede de tres meses, se procederá en los términos que dispone la Constitución Política del Estado.
Las ausencias temporales del presidente del Tribunal Superior de Justicia, serán cubiertas por el magistrado presidente de sala de más antigüedad en el cargo y, en caso de coincidencia, el de mayor edad.
Las faltas eventuales de los presidentes de sala serán cubiertas por el magistrado que designe el magistrado de la sala de mayor antigüedad en la adscripción. En caso de coincidencia, el de mayor edad.
Si por defunción, renuncia o incapacidad permanente, faltare algún magistrado, se cubrirá la vacante en los términos que previene la Constitución Política del Estado.
Art. 8º El Pleno tendrá cada año dos períodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.
Art. 9º El Pleno se integrará con los magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia, pero bastará la presencia de nueve para que pueda sesionar.
Sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes.
Cuando lo juzgue necesario el presidente, para tratar y resolver asuntos urgentes o bien, cuando lo pidan por lo menos seis magistrados en funciones, podrán celebrarse sesiones extraordinarias.
En el caso de eventos que el pleno determine como relevantes, se celebrarán sesiones solemnes.
Las sesiones serán públicas, salvo cuando se traten asuntos que afecten al interés público, la moral o lo determine la ley.
De su desarrollo y resultado, el secretario general de acuerdos levantará acta que firmarán los magistrados junto con el presidente.
Art. 10. Las resoluciones del pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.
Los magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.
En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión para la que se convocará a los magistrados que no estuvieran legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el proyecto y el presidente del Tribunal designará a otro magistrado para que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el empate, el presidente tendrá voto de calidad.
Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría, podrá formular voto particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva, si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.
Art. 11. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Pleno:
I. Velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial del Estado, la independencia de sus miembros y dictar las providencias necesarias para la mejor impartición de justicia;
II. Elegir a su presidente, mediante escrutinio secreto, el primer día hábil del mes de febrero de cada tres años;
III. Adscribir a los magistrados que deban integrar cada una de las salas, teniendo en cuenta su especialización o experiencia;
IV. Cambiar la adscripción de los magistrados, cuando se estime necesario o se haga nueva designación por la Legislatura por falta absoluta de alguno de ellos;
V. Conocer y calificar los impedimentos, recusaciones y excusas del presidente del Tribunal Superior y de los magistrados, exclusivamente en asuntos jurisdiccionales que competan al Pleno;
VI. Presentar ante la Legislatura del Estado, las iniciativas de ley o decreto que tengan por objeto mejorar la administración de justicia;
VII. Emitir, cuando así se requiera, la opinión a que se refiere el artículo 100 fracción X de la Constitución Política del Estado;
VIII. Expedir y reformar los reglamentos y manuales necesarios para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial;
IX. Emitir acuerdos generales para la mejor impartición de justicia;
X. Disponer que, previo al inicio de su vigencia, los reglamentos y acuerdos generales se publiquen en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;
XI. Crear o suprimir unidades de apoyo a las funciones jurisdiccionales y administrativas;
XII. Determinar el número de distritos judiciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de esta Ley y fijar el lugar en que tendrán su sede los juzgados de primera instancia;
XIII. Establecer o suprimir juzgados de primera instancia, según sea necesario para mejorar la impartición de justicia;
XIV. Variar el ámbito de la competencia de los juzgados de primera instancia, cuando así lo requieran las necesidades del servicio;
XVI. Señalar, cuando así resulte necesario, los periodos y modalidades para la distribución de asuntos que correspondan a los juzgados de primera instancia;
XVII. Ordenar visitas judiciales, ordinarias y extraordinarias, a los juzgados cuando se estime necesario y decretar las medidas que procedan para corregir las deficiencias que se observen;
XVIII. Examinar los informes y actas levantadas por los visitadores y dictar los acuerdos conducentes;
XIX. Nombrar a los jueces de primera instancia, mediante concurso de oposición, de acuerdo con su capacidad y tomando en cuenta además, su conducta, honradez, eficiencia y, en su caso, los antecedentes al servicio del Poder Judicial;
XX. Adscribir a los jueces en los juzgados en que deban ejercer su función y cambiarlos de distrito o de juzgado, cuando así se estime necesario;
XXI. Formular y aplicar los exámenes de oposición a los aspirantes a jueces de primera instancia y demás servidores públicos de Poder Judicial;
XXII. Nombrar al coordinador y a los administradores de los juzgados de control y de los tribunales de enjuiciamiento y demás servidores públicos del poder judicial y determinar su adscripción;
XXIII. Conceder licencias sin goce de sueldo, que no excedan de tres meses por año calendario a magistrados y hasta por seis meses a jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;
XXIV. Conocer de las renuncias de los servidores públicos del Poder Judicial, dándoles el trámite que corresponda;
XXV. Establecer el calendario anual de labores y fijar los períodos de vacaciones que deban disfrutar los servidores públicos del Poder Judicial;
XXVI. Tomar las medidas necesarias para que, en los juzgados y demás dependencias del Poder Judicial, en períodos de vacaciones permanezcan guardias encargadas del despacho de lo urgente;
XXVII. Fomentar la enseñanza jurídica y la capacitación de servidores públicos del Poder Judicial;
XXVIII. Discutir y aprobar el presupuesto de egresos del Poder Judicial, que deberá proponerse a la Legislatura del Estado;
XXIX. Ejercer y administrar en forma autónoma el presupuesto de egresos que apruebe anualmente la Legislatura;
XXX. Ejercer en forma independiente al presupuesto de egresos, el fondo auxiliar para la administración de justicia;
XXXI. Vigilar que se lleve un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles que sean patrimonio del Poder Judicial;
XXXII. Proponer a la Legislatura del Estado, las ternas para el nombramiento de los magistrados que deben integrar los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Especializado en Justicia para Adolescentes;
XXXIII. Imponer correcciones disciplinarias a sus miembros o a cualquier otro servidor público del Poder Judicial, así como a las partes, abogados patronos y procuradores, cuando falten al respeto a los órganos del Poder Judicial;
XXXIV. Vigilar la observancia de la Ley de Profesiones del Estado, en lo que concierne al ejercicio de la abogacía; y
XXXV. Acordar dentro de las posibilidades presupuestales, la conformación de Juzgados, por los Jueces que sean necesarios para una mejor prestación del servicio judicial, quienes actuarán de forma unitaria o colegiada, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales. En estos casos, el Pleno designará, a propuesta del Presidente, a uno de los jueces en calidad de coordinador; y
XXXVII. Las demás que esta ley, su reglamento interior y otros ordenamientos le señalen.
Art. 12. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá además, con arreglo a la ley, las siguientes atribuciones:
I. Dictar sentencia en los casos en que previa resolución de la Legislatura, proceda condena en juicio político, conforme a la Constitución Política del Estado;
II. Conocer y resolver las controversias que se susciten entre dos o más municipios y entre éstos con el Ejecutivo del Estado, con excepción de los asuntos de carácter electoral y de aquellos que impliquen controversia constitucional, cuyo conocimiento compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
III. Declarar previo trámite de procedimiento administrativo, si ha lugar o no a la formación de causa en contra de magistrados y jueces a quiénes se impute la comisión de hechos delictuosos;
IV. Conocer y resolver acerca de las excitativas de justicia que se promuevan en contra de los magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado y aplicar las sanciones administrativas que de ellas resulten;
V. Establecer mediante acuerdos generales el procedimiento para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial; y
VI. Establecer la jurisprudencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y resolver las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas.
Art. 13. El presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por el Pleno, durará en el ejercicio del cargo tres años, podrá ser reelecto por una sola vez, no integrará sala y ejercerá las atribuciones siguientes:
I. Ser el representante legal del Poder Judicial del Estado;
II. Vigilar que la administración de justicia sea pronta, expedita y eficaz;
III. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden;
IV. Convocar a sesiones extraordinarias del Pleno en sus recesos;
V. Participar en el Pleno, teniendo voto de calidad en los casos de empate;
VI. Dar cuenta al Pleno de las funciones inherentes a su cargo y que sean de la competencia de aquél;
VII. Vigilar que se tramiten todos los asuntos de la competencia del Pleno, hasta su resolución;
VIII. Distribuir entre los magistrados los asuntos que fueren de la competencia del Pleno, para que formulen los correspondientes proyectos de resolución, a efecto de que sean discutidos;
IX. Ejecutar los acuerdos del Pleno; acordar y rubricar la correspondencia oficial de éste;
X. Firmar con los magistrados las resoluciones emitidas por el Pleno;
XI. Registrar y distribuir entre las salas los asuntos que fueren de la competencia de éstas, atendiendo a las fechas de presentación, bajo un riguroso orden de número de expedientes;
XII. Designar al magistrado que deba suplir a otro en sus ausencias temporales o, por excusas, impedimentos o recusaciones;
XIII. Designar al juez que deba suplir a otro en sus ausencias temporales, habilitar a jueces en diverso distrito judicial al de su adscripción, en cuyo caso ésta no se verá modificada, por lo cal se reincorporarán al lugar de su adscripción una vez realizada la comisión para la que fueron habilitados. De igual forma, para que integren el tribunal de enjuiciamiento;
XIV. Remitir a los jueces que correspondan, los exhortos, requisitorias y despachos para su diligenciación;
XV. Legalizar la firma de los funcionarios del Poder Judicial, cuando la ley exija este requisito;
XVI. Hacer del conocimiento del Pleno las faltas absolutas de los magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;
XVII. Comunicar al gobernador y a la Legislatura del Estado, las faltas absolutas o temporales de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que deban ser cubiertas o suplidas mediante nombramiento;
XVIII. Expedir oportunamente los nombramientos de los servidores públicos del Poder Judicial que acuerde el Pleno;
XIX. Tomar a los servidores públicos del Poder Judicial, la protesta de ley que deben rendir al asumir el cargo que se les confiera;
XX. Conceder o negar licencias económicas hasta por diez días, con goce de sueldo o sin él, a los magistrados, jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial;
XXI. Dictar las medidas que estime pertinentes, para que en las oficinas del Poder Judicial, se cumpla con el horario de trabajo y el deber de impartir administración de justicia pronta, honesta y sin obstáculos;
XXII. Emitir acuerdos generales para garantizar el buen servicio y la disciplina, en las unidades de apoyo a las funciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial;
XXIII. Ordenar se elabore el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial y someterlo a la consideración del Pleno;
XXIV. Ejecutar los acuerdos del Pleno, relativos al ejercicio del presupuesto de egresos que apruebe la Legislatura del Estado para el Poder Judicial;
XXV. Cumplir los acuerdos del Pleno para ejercer, en forma independiente al presupuesto de egresos, el fondo auxiliar para la administración de justicia;
XXVI. Vigilar el control del archivo judicial del Estado, así como la conservación de los bienes que constituyen su patrimonio;
XXVII. Recibir denuncias o quejas sobre irregularidades cometidas en la administración de justicia y, dictar las medidas conducentes y oportunas para su corrección; o bien, dar cuenta al Pleno para su conocimiento y efectos correspondientes;
XXVIII. Autorizar el registro de los títulos y cédulas profesionales de licenciados en derecho y, las autorizaciones temporales para el ejercicio de la abogacía, cuando se reúnan los requisitos;
XXIX. Representar al Tribunal Superior en los actos oficiales y en caso necesario delegar su representación;
XXX. Vigilar se recabe, mensualmente, un informe estadístico pormenorizado de las salas del Tribunal, de los juzgados de primera instancia y, dictar las medidas adecuadas para agilizar el trámite de los negocios;
XXXI. Rendir en el mes de enero, en sesión solemne, informe anual del estado que guarda la administración del Poder Judicial del Estado; y
XXXII. Las demás que determinen ésta ley y otras disposiciones generales.
De las salas del Tribunal Superior de Justicia
Número, especialidades e integración
Art. 14. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en cuatro salas: la primera y segunda civil y, la primera y segunda penal. Cada una estará integrada por tres magistrados.
Elección de presidente de sala
Art. 15. Cada sala elegirá, de entre los magistrados que la componen, un presidente que durará en su cargo un año y podrá ser reelecto, en forma consecutiva, hasta dos veces más. La elección se hará en la sesión inicial que se realice el primer día hábil del mes de enero de cada año.
Atribuciones de los presidentes de sala
Art. 16. Corresponde a los presidentes de las salas:
I. Presidir las sesiones y los acuerdos, dirigir los debates, mantener el orden durante los mismos y someter a votación las resoluciones;
II. Mediante proveídos o acuerdos, tramitar los asuntos de la competencia de la sala respectiva;
III. Autorizar la correspondencia de la sala;
IV. Procurar el buen funcionamiento de la sala; y
V. Las demás facultades que esta ley, su reglamento, el Pleno o la presidencia le confieran.
Resoluciones de las salas
Art. 17. Las resoluciones que se dicten en las salas se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos, pero en caso de que un magistrado no esté de acuerdo con el resultado, tendrá opción a formular voto razonado sobre su posición, más no a negarse o abstenerse de votar.
Competencia de las salas civiles
Art. 18. Las salas civiles conocerán:
I. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, en los asuntos civiles, familiares y mercantiles;
II. Del recurso de queja que se haga valer en asuntos civiles, familiares y mercantiles, contra resoluciones de los jueces de primera instancia;
III. De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus miembros;
IV. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de primera instancia en los asuntos de orden civil, familiar y mercantil;
V. De los conflictos que sobre competencia se susciten entre los jueces de primera instancia, cuando se trate de materia civil, familiar o mercantil;
VI. De las revisiones forzosas en los términos y casos que ordena la ley procesal;
VII. De los demás asuntos que le señalen las leyes, o les asigne el Pleno.
Competencia de las salas penales
Art. 19. Las salas penales conocerán:
I. De los recursos de apelación y denegada apelación, nulidad y de revisión que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de primera instancia, jueces de control y de tribunal de enjuiciamiento en materia penal, así como en las que emitan en los incidentes de responsabilidad civil que surjan en el procedimiento;
II. De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus miembros;
III. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de primera instancia en asuntos del ramo penal;
IV. De los conflictos de competencia que surjan entre los jueces de primera instancia, cuando se trate de materia penal;
V. Sobre las solicitudes de libertad provisional que se promuevan ante la sala; y
VI. De las quejas presentadas en contra de los juzgadores de primera instancia del ramo penal que no realicen un acto procesal dentro del plazo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales; y
VII. De los demás asuntos que les corresponda conforme a las leyes o les asigne el Pleno.
De los servidores del Tribunal Superior de Justicia en funciones jurisdiccionales
Art. 20. El Tribunal Superior de Justicia para ejercer funciones jurisdiccionales, contará además, con los siguientes servidores públicos:
I. Un secretario general de acuerdos del Pleno;
II. Un secretario de acuerdos para cada una de las salas;
III. Los secretarios de estudio y cuenta que se requieran y permita el presupuesto, para cada uno de los magistrados;
IV. Los directores, subdirectores y jefes de las unidades de apoyo a la función jurisdiccional que se establezcan;
V. Los actuarios, notificadores, oficiales de partes y secretarios auxiliares, necesarios, cuyas funciones se organizarán con las modalidades que determinen los reglamentos y acuerdos generales.
Requisitos para ser secretario de acuerdos o secretario de estudio y cuenta
Art. 21. Para ser secretario de acuerdos, general o de sala y secretario de estudio y cuenta, se requiere:
I. Ser mexicano y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener título de licenciado en derecho y experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la profesión, que contarán a partir de la fecha de expedición del título;
III. No tener vínculo matrimonial, ni parentesco por consanguinidad o por afinidad, hasta el tercer grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia o el oficial mayor, excepto cuando su ingreso al cargo haya sido anterior a la designación de los referidos servidores públicos;
IV. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional.
Requisitos para ser titular de unidad de apoyo
Art. 22. Para ser titular de una unidad de apoyo a la función jurisdiccional, se deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen, excepto el examen de oposición.
Requisitos para ser actuario, notificador, oficial de partes o secretario auxiliar
Art. 23. Para ser actuario, notificador, oficial de partes o secretario auxiliar, se requiere ser mayor de edad, cumplir los requisitos del artículo 21 de esta ley, excepto el contenido en la fracción II, que podrá ser dispensado y aprobar, en su caso, el examen de ingreso o de promoción.
Art. 24. Son atribuciones del secretario general de acuerdos:
I. Concurrir a las sesiones del Pleno con voz informativa y dar fe de los acuerdos;
II. Levantar y firmar las actas de las sesiones y despachar los asuntos que en ellas se acuerden;
III. Vigilar el cumplimiento y, en su caso, practicar las diligencias que se ordenen en los negocios cuyo conocimiento corresponda al Pleno;
IV. Notificar las resoluciones que le encomienden la ley o el Pleno;
V. Cuidar que los jueces y demás servidores públicos cumplan oportunamente con los acuerdos e instrucciones que se les giren;
VI. Autorizar con su firma las actas, documentos y correspondencia, así como expedir constancias y certificaciones que el Pleno o la ley le encomienden;
VII. Recibir de la oficialía de partes que corresponda, las promociones que se presenten, verificando que en las mismas se encuentre el sello oficial con razón del día y la hora en que se hayan exhibido y los anexos que se acompañen;
VIII. Preparar oportunamente el acuerdo de trámite y dar cuenta con él, dentro del término legal;
IX. Informar diariamente al presidente de la correspondencia que se reciba, para los efectos respectivos;
X. Recabar oportunamente los datos necesarios para los informes que el presidente deba rendir en el área judicial;
XI. Llevar el control de procesos;
XII. Organizar y controlar el archivo general del Poder Judicial;
XIII. Ordenar y vigilar la revisión de los procesos penales terminados en la primera instancia, mediante sobreseimiento o sentencia ejecutoriada, cuando por considerarlo necesario así lo determine el Pleno o el presidente de este Tribunal Superior de Justicia;
XIV. Dar cuenta al presidente de los asuntos que deban turnarse a las salas;
XV. Tener bajo su mando inmediato las unidades de apoyo a las funciones jurisdiccionales o administrativas que acuerde el
Pleno; y
XVI. Las demás que señalen esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos del Pleno.
Atribuciones de los secretarios de acuerdos de las salas
Art. 25. Son atribuciones de los secretarios de acuerdos de las salas:
I. Recibir de la oficialía de partes respectiva, las promociones dirigidas a la sala, cuidando que en las mismas se asiente constancia, de la fecha y hora de recibo, en el escrito original y copias;
II. Dar cuenta a los magistrados de la sala con los negocios en los que de acuerdo con el número y fecha, les corresponda ser ponentes;
III. Redactar los acuerdos y actas del Pleno de la sala, recabando la firma de los magistrados y suscribiendo, a su vez, las actuaciones;
IV. Intervenir en todas las diligencias que practique la sala y firmar el acta que se levante con ese motivo;
V. Asentar en los expedientes las razones y certificaciones que procedan, sin necesidad de mandato judicial;
VI. Conservar en su poder el sello de la sala;
VII. Expedir las certificaciones que se autoricen;
VIII. Las demás que las leyes, reglamentos, acuerdos o autoridades superiores les encomienden.
Art. 26. Son atribuciones de los secretarios de estudio y cuenta:
I. Recibir, llevar registro de control y estudiar los expedientes que se les asignen;
II. Formular proyectos de resolución conforme a las instrucciones que reciban del magistrado a cuya ponencia estén adscritos; y
III. Las demás que les encomiende el reglamento y el magistrado de su adscripción.
Atribuciones de actuarios, notificadores, oficiales de partes y secretarios auxiliares
Art. 27. Los actuarios, notificadores y secretarios auxiliares, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Recibir, llevar registro de control y estudiar los expedientes en que actúen;
II. Desahogar en forma pronta, expedita, imparcial y eficaz, las diligencias, proveídos o trámites que se les encomienden; y
II. Las demás que las leyes, reglamentos, acuerdos o autoridades superiores les encomienden.
Serán atribuciones de los oficiales de partes, recibir los escritos y demás documentos que estén dirigidos al Pleno, la presidencia, las salas de apelación, juzgados de primera instancia, unidades de apoyo a la función jurisdiccional y, entregarlos a quien corresponda, en la forma y términos que les señale el reglamento y acuerdos respectivos.
De los servidores del Tribunal Superior de Justicia en funciones administrativas
Art. 28. El Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio de sus atribuciones administrativas, contará con la siguiente estructura:
I. Una oficialía mayor;
II. Una Unidad de Análisis Institucional;
III. Una Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos; y
IV. Las unidades de apoyo a la función administrativa que se requieran y, determinen los reglamentos y acuerdos generales que autorice el Pleno.
Requisitos para ser oficial mayor
Art. 29. Para ser oficial mayor, deberán reunirse los siguientes requisitos:
II. Tener título de licenciado en derecho, contaduría, administración u otro afín y experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la profesión, que contarán a partir de la fecha de expedición del título;
III. Tener más de treinta años de edad cumplidos a la fecha de su designación;
IV. No tener vínculo matrimonial, ni parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia, excepto cuando su ingreso al cargo haya sido anterior a la designación de los referidos servidores públicos;
V. No ser ministro de culto religioso; y
VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional.
Atribuciones del oficial mayor
Art. 30. Son atribuciones del oficial mayor:
I. Instrumentar las normas y políticas administrativas para el manejo de recursos humanos, financieros y materiales de los órganos del Poder Judicial, que disponga la ley o acuerde el Pleno;
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores públicos y, representar al Tribunal Superior en juicios laborales con aquéllos;
IV. Contratar y controlar, en cumplimiento a las indicaciones del Pleno, al personal del Poder Judicial;
V. Proponer los tabuladores de sueldos y prestaciones que deban percibir los servidores públicos del Poder Judicial;
VI. Elaborar y pagar las nóminas del personal del Poder Judicial, realizando las retenciones y enteros que procedan conforme a la ley;
VII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos del Poder Judicial;
VIII. Elaborar y mantener actualizado el escalafón de los servidores públicos del Poder Judicial;
IX. Cuidar que se apliquen las correcciones disciplinarias que dicten el Pleno y las salas del tribunal a su personal;
X. Fomentar actividades sociales, culturales y deportivas en beneficio de los trabajadores al servicio del Poder Judicial;
XI. Formular y administrar los presupuestos de ingresos y egresos del Poder Judicial;
XII. Administrar, conforme lo dispongan el reglamento respectivo y los acuerdos generales del Pleno, el fondo auxiliar para la administración de justicia;
XIII. Llevar un registro de las fianzas y contrafianzas otorgadas ante los órganos del Poder Judicial;
XIV. Programar las adquisiciones y destino de bienes y servicios para las dependencias del Poder Judicial;
XV. Adquirir y proporcionar los bienes y servicios que requiera para su funcionamiento el Poder Judicial y suministrar a sus órganos los elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de sus actividades, con apego a las normas y controles que, para el efecto, expida el presidente del Tribunal Superior;
XVI. Integrar, conservar, mantener actualizado y administrar el patrimonio del Poder Judicial;
XVII. Elaborar e impulsar programas de mejoramiento administrativo en coordinación con los demás órganos del Poder Judicial, que permitan revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se requieran para adecuar la organización administrativa;
XVIII. Llevar una estadística de los negocios sobre los que conozcan los tribunales del Estado e integrar sistemas de control;
XIX. Vigilar que los juzgados remitan puntualmente sus informes;
XX. Recabar oportunamente, los datos que el presidente requiera para rendir su informe en el área de administración;
XXI. Administrar y controlar los almacenes del Poder Judicial;
XXII. Organizar y controlar la recepción, despacho y archivo de la correspondencia oficial;
XXIII. Proponer al Pleno los proyectos de condiciones generales del servicio y manuales administrativos y una vez aprobados, vigilar su observancia;
XXIV. Organizar y controlar el servicio de intendencia; y
XXV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o le encomiende el presidente del Tribunal Superior.
Art. 30 bis. La coordinación administrativa tiene como objetivo estructurar, organizar y planear los proyectos para la implementación y funcionamiento de los tribunales de primera instancia. Tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer los modelos de gestión para el funcionamiento, adoptando las metodologías propias a la estructura, acorde a lo establecido en las leyes;
II. Establecer y mantener actualizados los programas de capacitación al personal;
III. Implementar acciones, en las diferentes instancias del Poder Judicial, con el objeto de que funcionen adecuadamente; y
IV. Las demás que señalen las leyes y los acuerdos del Pleno.
Art. 30 ter. La Unidad de Análisis Institucional dependerá del titular de la Presidencia del Tribunal y se conformará con las áreas de análisis necesarias.
Para ser titular de la Unidad de Análisis Institucional, se requiere:
III. Contar con título de licenciatura, preferentemente, en área económica-administrativa o ingenierías afines;
IV. Contar con experiencia profesional de dos años mínimo, en áreas de administración pública, en áreas relacionadas con gestión de recursos humanos, financieros, materiales, ejercicio de presupuesto o coordinación de equipos de trabajo; y
V. No haber sido condenado, mediante sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso.
Art. 30 quater. La Unidad de Análisis Institucional tendrá las siguientes funciones:
I. Gestionar y auditar la captura y recolección de datos para el monitoreo y la evaluación de los procesos institucionales;
II. Diseñar los sistemas y formatos para la captura de datos que generen diversas fuentes internas;
III. Definir los indicadores y estándares que se utilizarán en los procedimientos de evaluación y monitoreo institucionales;
IV. Alimentar y utilizar, de manera periódica y permanente, los indicadores diseñados para monitorear la calidad, eficiencia, efectividad y el desempeño institucional, así como mejorar y actualizar dichos indicadores;
V. Realizar análisis e identificar las brechas del desempeño institucional;
VI. Operar y vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de evaluación y monitoreo institucionales;
VII. Desarrollar y emitir los informes necesarios, de manera periódica y permanente, para las áreas encargadas de la toma de decisiones; y
VIII. Monitorear el resultado de acciones y el cumplimiento de estrategias, metas y objetivos institucionales.
Art. 30 quinquies. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos en el órgano especializado del Poder Judicial del Estado, encargado de diseñar e implementar las estrategias para la transversalización de la perspectiva de género y una visión protectora de derechos humanos en la institución. Sus acciones están encaminadas a promover la igualdad de género y no discriminación en el ámbito interno, así como a la capacitación y formación del personal en materia de género, para el fortalecimiento de la impartición de justicia.
Art. 30 sexies. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos será encabezada, preferentemente, por una mujer. Su nombramiento será realizado por el titular de la Presidencia del Tribunal, para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana, o ciudadano, mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
IV. Contar con experiencia en administración pública, en las materias de derechos humanos, igualdad de género o diseño de políticas públicas, objeto de la Unidad; y
V. No haber sido condenada, o condenado, mediante sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso.
Art. 30 Septies. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos dependerá de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Para su funcionamiento, la Presidencia se asegurará de que la unidad cuente con el personal que sea necesario para llevar a cabo sus funciones, y de que se autorice el presupuesto para el desarrollo de sus actividades.
Art. 30 octies. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades:
I. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, normas, acciones y políticas públicas del Poder Judicial de manera transversal, así como darle seguimiento y verificar su cumplimiento;
II. Promover la igualdad y la no discriminación en la institución;
III. Coordinar su actuar con las distintas áreas del Poder Judicial;
IV. Proponer y participar en la definición de acciones con instituciones públicas y privadas orientadas a la igualdad sustantiva;
V. Emitir opinión a la Presidencia del Tribunal para que el presupuesto de la institución se elabore con perspectiva de género;
VI. Participar con otras unidades de género en la instrumentación de planes o programas de acción, en el desempeño de sus funciones;
VII. Coordinar la elaboración de contenidos y productos que consoliden el proceso de institucionalización de la perspectiva de género;
VIII. Desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones institucionales realizadas en materia de género e igualdad;
IX. Promover que la generación, sistematización y difusión de información se lleve a cabo con perspectiva de género;
X. Promover la celebración de acuerdos, bases y mecanismos de coordinación y concertación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad, que faciliten alcanzar las metas institucionales en materia de igualdad de género;
XI. Fungir como órgano de consulta y asesoría de la institución en materia de perspectiva de género;
XII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la igualdad y perspectiva de género en la institución; y
XIII. Informar a la presidencia sobre los asuntos encomendados a la Unidad.
Requisitos para ser titular de una unidad de apoyo a las funciones administrativas
Art. 31. Para ser titular de una unidad de apoyo a las funciones administrativas, se requiere:
II. Tener título de licenciatura en derecho o profesión afín a las funciones a desarrollar y experiencia mínima de dos años, a partir de la fecha de expedición del título;
III. Aprobar, en su caso, el examen de oposición;
IV. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional; y
V. No tener vínculo matrimonial ni parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, con los magistrados del Tribunal Superior, jueces de primera instancia y el oficial mayor, excepto cuando su ingreso al cargo sea anterior a la designación de los referidos servidores públicos.
Número, competencia e integración
Art. 32. En cada distrito judicial habrá el número de juzgados de primera instancia que el Pleno del Tribunal considere necesarios, los cuales podrán ser especializados por materia o de competencia mixta.
Las reglas para determinar la competencia por valor, materia, grado y territorio de los juzgados de primera instancia, las establece esta ley y los acuerdos generales que al respecto emita el Pleno.
Los juzgados de primera instancia son competentes para conocer de todos aquéllos asuntos que les asigna la ley.
Cuando haya dos o más juzgados de primera instancia con la misma competencia, en un distrito judicial, se designarán por el número de orden de su creación.
El personal de los juzgados de primera instancia, lo integrarán: un juez, el o los secretarios de acuerdos, los actuarios, notificadores, oficiales de partes, secretarios auxiliares y demás empleados que se requieran.
Los jueces de control y los integrantes de los tribunales de enjuiciamiento comprenden la jurisdicción de primera instancia en materia penal adversarial oral para adultos. En materia de justicia par adolescentes existirá, además, el juez de ejecución.
Los juzgados de control los tribunales de enjuiciamiento contarán, además con los servidores públicos que sean necesarios para su buen funcionamieto.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá determinar que sean prestados servicios comunes de notificación, ejecución, oficialía de partes y otras áreas para dos o más juzgados de un mismo Distrito Judicial.
Los juzgados de control, los especializados para adolescentes y el de ejecución de sanciones se integran por el número de jueces que determine el Pleno. El Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal se integrará de manera unitaria o colegiada; el Pleno determinará, mediante acuerdos generales, los casos de su integración.
En los juzgados de control y en los tribunales de enjuiciamiento podrá nombrarse un administrador, o bien a consideración del pleno las atribuciones que aquel serán asumidas por quien funja como jefe o encargado de causas.
Art. 32 bis. El administrador adscrito a los juzgados de control y a los tribunales de enjuiciamiento tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir las labores administrativas del Juzgado o Tribunal de su adscripción;
II. Vigilar y controlar el buen desempeño de los funcionarios y empleados a su cargo en el ejercicio de las funciones encomendadas, conforme a lo dispuesto por las leyes;
III. Proveer, en la esfera administrativa, la programación de las diligencias a desarrollarse en las Salas de audiencia a su cargo y, en general, todas las medidas necesarias para la buena marcha de los juzgados o tribunales;
IV. Remitir a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, un informe estadístico mensual dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, sobre los trámites realizados en los juzgados o tribunales;
V. Vigilar la conservación y funcionalidad de los bienes muebles e inmuebles asignados, debiendo poner en inmediato conocimiento al área correspondiente sobre cualquier deterioro que sufran;
VI. Custodiar los bienes y valores que se encuentren a disposición del Juzgado o Tribunal con motivo de la tramitación de los asuntos;
VII. Entregar y recibir bajo riguroso inventario, los bienes y valores a que se refieren las dos fracciones anteriores, cuando se requiera;
VIII. Distribuir los asuntos entre los jueces por turno riguroso, respetando la agenda previamente establecida; y
IX. Las demás que determine la Ley o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Art. 32 ter. Para ser Administrador se requiere:
I. Ser mayor de veinticinco años;
II. Ser profesionista titulado y tener conocimientos y experiencia en administración; y
III. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional.
Requisitos para ser juez de primera instancia
Art. 33. Para ser juez de primera instancia se requiere reunir los requisitos que señala la Constitución Política del Estado:
I. Ser ciudadano zacatecano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener veinticinco años cumplidos el día de su designación, título de licenciado en derecho y tres años de práctica profesional;
III. Gozar de buena reputación y observar buena conducta;
IV. No tener parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni con el Procurador General de Justicia del Estado;
V. Aprobar el examen de oposición;
El Pleno, tratándose de la fracción II, podrá dispensar el requisito de la práctica profesional, si el sustentante ha laborado por lo menos dos años al servicio del Poder Judicial y, respecto de la fracción V exentarlo de la presentación del examen, sí con anterioridad ha desempeñado el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia o juez de primera instancia del Estado, siempre que no lo haya hecho con el carácter de interino.
Competencia de los jueces de primera instancia en materia civil
Art. 34. Los jueces del ramo civil conocerán de los asuntos que por materia les corresponda, de conformidad con los Códigos Civil, de Comercio y de Procedimientos Civiles y, de aquéllos que por jurisdicción concurrente o delegada les confieran otras leyes.
Competencia de los jueces de primera instancia en materia familiar
Art. 35. Los jueces de lo familiar conocerán de las cuestiones que les correspondan de conformidad con los Códigos Familiar y de Procedimientos Civiles.
Competencia de los jueces de primera instancia en materia mercantil
Art. 36. Los jueces de lo mercantil conocerán de los negocios que por materia les corresponda, de conformidad con los Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de aquellos que por jurisdicción concurrente o delegada les confieran otras leyes.
Competencia de los jueces de primera instancia en materia penal
Art. 37. Los jueces del ramo penal, los especializados para adolescentes, los integrantes de los tribunales de enjuiciamiento y los de ejecución de sanciones conocerán de los asuntos que por materia les corresponda, de conformidad con las leyes y de aquellos que por jurisdicción auxiliar les confieran otras leyes.
En el proceso penal adversarial oral y en materia de justicia para adolescentes, los Jueces y Magistrados podrán actuar sin asistencia de secretarios o testigos de asistencia, y en ese caso ellos tendrán fe pública para certificar el contenido de los actos que realicen y de las resoluciones que dicten, incluso cuando tales actos consten en registros informáticos, de audio, de video o se transcriban por escrito.
En los juzgados especializados para adolescentes existirán jueces de control, jueces de juicio y jueces de ejecución, quienes para conocer de los asuntos de su competencia, se sujetarán a un riguroso turno e intercambio de roles o funciones a fin de equilibrar sus cargas laborales.
Los jueces de control y los jueces integrantes del tribunal de enjuiciamiento de un mismo distrito judicial, para equilibrar sus cargas laborales, adoptarán el sistema rotativo de roles o funciones basado en la competencia en razón del turno, salvo que el pleno del tribunal superior de justicia determine otra forma.
Todo incidente de liquidación, autorización para el pago en parcialidades o para embargo de bienes, remate en pública almoneda o cualquier otra incidencia o controversia que se suscite en la etapa de ejecución de sentencia, serán resueltas por el juez a quien inicialmente haya correspondido el asunto, salvo disposición legal en contrario.
Competencia de los jueces mixtos de primera instancia
Art. 38. Los jueces mixtos conocerán de los asuntos civiles, familiares, mercantiles y penales a que se refieren los artículos 34, 35, 36 y 37 de esta Ley, según lo determine el acuerdo de su creación.
De los juzgados municipales
Número y materia
Art. 39. [Derogado].
Requisitos para ser juez municipal
Art. 40. [Derogado].
Competencia y jurisdicción de los jueces municipales
Art. 41. [Derogado].
Reglas para los juzgados de primera instancia
Requisitos para ser secretario de acuerdos de juzgado de primera instancia
Art. 42. Para ser secretario de acuerdos de juzgado de primera instancia, se debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 21 de esta Ley.
Requisitos para ser actuario, notificador, oficial de partes o secretario auxiliar de juzgados de primera instancia
Art. 43. Para ser actuario, notificador, oficial de partes o secretario auxiliar de juzgados de primera instancia, deberán reunirse los requisitos que establece el artículo 23 de esta Ley.
Obligaciones administrativas de los jueces de primera instancia
Art. 44. Además de los asuntos de su competencia, los jueces de primera instancia, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Practicar las diligencias que les encomiende el Tribunal Superior de Justicia, dentro de su jurisdicción;
II. Habilitar a los secretarios auxiliares, para que se desempeñen como secretarios de acuerdos, actuarios, notificadores y oficiales de partes, cuando así se requiera;
III. Remitir informe al Tribunal Superior de Justicia dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, de todos los negocios que se hayan iniciado, se encuentren en trámite, o que hayan concluido en el mes anterior, así como los demás que requiera la superioridad;
IV. Proponer al Tribunal Superior de Justicia, el nombramiento de secretarios y empleados para sus respectivos juzgados;
V. Podrá, cuando lo estime conveniente o lo ordene el Pleno, practicar visitas de inspección al reclusorio de su circunscripción territorial, para cerciorarse del estado de la misma y del trato que se dé a los internos que se encuentren a su disposición;
VI. Ordenar y vigilar que se lleven al corriente los libros de gobierno, exhortos, despachos y de control de promociones;
VII. Vigilar el desempeño del personal adscrito y girar las instrucciones necesarias para garantizar que la administración de justicia sea pronta, expedita, honesta y eficaz;
VIII. Conceder al personal a sus ordenes permisos económicos hasta por tres días e imponerle las correcciones disciplinarias que procedan;
IX. Residir en la cabecera de la circunscripción territorial de su adscripción y no abandonarla sin autorización del Tribunal Superior;
X. Las demás que determinen la ley, los reglamentos y acuerdos generales.
Obligaciones de los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia
Art. 45. Son obligaciones de los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia:
I. Recibir de la oficialía de partes que corresponda, las promociones que se presenten, verificando que en las mismas se encuentre el sello oficial, con razón del día y la hora en que hayan sido exhibidas y los anexos que se acompañen;
II. Dar cuenta al juez con las promociones y correspondencia recibida, dentro del término de veinticuatro horas, si el caso fuere urgente, lo hará de inmediato;
III. Autorizar con su firma las providencias, decretos, autos, diligencias, resoluciones, despachos y exhortos a su cargo;
IV. Vigilar que se lleven al día los libros de gobierno, de registro de promociones y correspondencia;
V. Distribuir el trabajo entre los secretarios auxiliares y empleados, cuidando que el despacho de los asuntos sea expedito;
VI. Sustituir al juez en sus ausencias temporales;
VII. Vigilar que los secretarios auxiliares o empleados del juzgado cumplan con sus deberes, dando cuenta al juez de las deficiencias o faltas que notare;
VIII. Conservar en su poder el sello del juzgado;
IX. Recibir y guardar en la caja de seguridad, bajo su responsabilidad, los documentos, valores y objetos o instrumentos de delitos que se consignen;
X. Redactar los acuerdos y actas de los asuntos que se tramiten, recabando la autorización y firma del juez;
XI. En ausencia del responsable, notificar en el juzgado a las partes, con las formalidades legales y facilitarles para el mismo objeto los expedientes;
XII. Autorizar, previo acuerdo, las fotostáticas y copias certificadas de constancias judiciales que soliciten las partes;
XIII. Cuidar que se elaboren los avisos de inicio de procesos y juicios, así como los informes de estadística que requiera el Tribunal Superior de Justicia;
XIV. Residir en la cabecera de la circunscripción territorial de su adscripción y no abandonarla sin autorización;
XV. Vigilar que se mantenga en orden el archivo del juzgado; y
XVI. Las demás que determinen la ley, los reglamentos y acuerdos generales.
Obligaciones de los actuarios, notificadores y oficiales de partes de los juzgados de primera instancia
Art. 46. Los actuarios y notificadores de los juzgados de primera instancia, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Recibir del secretario de acuerdos los expedientes respectivos, en los que deban llevarse a cabo diligencias fuera del juzgado;
II. Practicar con la debida oportunidad, las diligencias acordadas por los jueces, dentro de las horas hábiles o habilitadas del día;
III. Autorizar con su firma las diligencias que realicen y devolver los expedientes a su lugar de custodia en el juzgado;
IV. Las demás que les fijen las leyes, reglamentos, o acuerde la superioridad.
Serán atribuciones de los oficiales de partes, recibir los escritos y demás documentos que estén dirigidos al o los juzgados que se le designen y entregarlos en la forma y términos que le señalen el reglamento o acuerdo respectivo.
El Pleno del Tribunal podrá crear unidades que agrupen a los servidores públicos que se mencionan para, en cumplimiento de sus atribuciones, obsequiar las órdenes que emitan distintos juzgados.
Obligaciones de los secretarios auxiliares de los juzgados de primera instancia
Art. 47. Son obligaciones de los secretarios auxiliares de los juzgados de primera instancia:
I. Cumplir las instrucciones que en el ejercicio de sus labores les giren el juez o el secretario de acuerdos;
II. Formar e integrar los expedientes;
III. Desahogar las diligencias que se les indiquen;
IV. Autorizar con su firma las diligencias y resoluciones en que intervengan; y
V. Las demás que les fijen las leyes, reglamentos y acuerdos.
Suplencia de jueces de primera instancia
Art. 48. Los jueces de primera instancia , en sus ausencias temporales que no excedan de un mes, podrán ser sustituidos por el secretario de acuerdos.
Cuando las ausencias de los jueces de primera instancia excedan del término a que se refiere el párrafo anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designará un juez interino que se haga cargo del despacho, en tanto regresa el titular o se hace la designación definitiva.
Impedimentos, recusaciones, excusas y ausencias
Impedimentos, recusaciones y excusas de magistrados
Art. 49. Cuando los magistrados, al integrar sala, tengan impedimento, sean recusados o presenten excusa para conocer en algún juicio o proceso, previa calificación que haga la sala, serán suplidos por el magistrado que designe el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia al integrar Pleno, se encuentre en los supuestos del párrafo anterior, será sustituido por el presidente de sala de mayor antigüedad en el cargo, si hubiere coincidencia, por el de mayor de edad.
Ausencias, impedimentos, recusaciones o excusas de secretarios de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
Art. 50. En los casos de ausencias temporales, impedimentos, recusaciones o excusas del secretario general de acuerdos o de los secretarios de acuerdos de las salas, serán sustituidos por el secretario de acuerdos que designe el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Impedimentos, recusaciones o excusas de jueces de primera instancia
Art. 51. En caso de impedimento, recusación o excusa de algún Juez de primera instancia, éste será sustituido por el que designe la sala correspondiente.
Ausencias, impedimentos, recusaciones o excusas de secretarios de acuerdos y actuarios de juzgados de primera instancia
Art. 52. Los secretarios de acuerdos y actuarios de los juzgados de primera instancia, por ausencia temporal, impedimento, recusación o excusa, serán sustituidos por el secretario auxiliar que designe el juez.
Procedencia y substanciación
Art. 53. La excitativa de justicia se sujetará a las siguientes reglas:
I. Procede contra omisiones, retrasos o dilaciones en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones, que produzcan daño a alguna de las partes;
II. Toda excitativa de justicia se promoverá por escrito ante el Pleno cuando se trate de las salas, magistrados o servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia; ante la sala correspondiente, cuando se trate de los jueces de primera instancia que conozcan de ese ramo y, ante éstos cuando sea contra los empleados de sus juzgados;
III. Interpuesta la excitativa, se pedirá a la autoridad respectiva, un informe que deberá rendir dentro del término de cinco días. La falta del mismo establece la presunción de ser cierto el acto u omisión que se atribuye, salvo prueba en contrario;
IV. Recibido el informe o transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá sobre su procedencia o improcedencia;
V. Si la excitativa se encuentra fundada, se ordenará a la autoridad que, en un plazo que no exceda de diez días, cumpla con la obligación impuesta, independientemente de la sanción administrativa a que se haga acreedora;
VI. Si no cumpliere se le requerirá para que lo haga en un plazo perentorio y de desobedecer la orden, el Pleno procederá a separarlo del cargo;
VII. Cuando un servidor público judicial, hubiese incurrido en las causales a que se refiere la fracción I en más de tres ocasiones, el Pleno tendrá la facultad de cesarlo del cargo;
VIII. Cuando la excitativa no proceda, se impondrá, a quien la promueva y a su abogado patrono o procurador, respectivamente, una multa hasta de veinte cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado.
Art. 54. Todo servidor público de la administración de justicia, antes de entrar en posesión del cargo o empleo para el que fue nombrado, deberá rendir la protesta de ley ante la autoridad que expidió el nombramiento o la que señale el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Art. 55. Los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, jefes de unidades de apoyo a la función jurisdiccional, actuarios, notificadores, oficiales de partes y secretarios auxiliares, tendrán fe pública en sus respectivos ámbitos de actuación, conforme a la ley.
Exclusividad al servicio del Poder Judicial
Art. 56. Los servidores públicos del Poder Judicial durante el desempeño de su cargo:
I. No podrán ser corredores, notarios, comisionistas, apoderados jurídicos, tutores, curadores, administradores, ni ejercer la abogacía, sino en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes, siempre y cuando el negocio tenga carácter ocasional y obtenga autorización del Pleno, en éste último caso; y
II. No podrán desempeñar otro cargo o empleo de la Federación, del Estado, del municipio o de particulares, salvo los cargos de docencia y los honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.
El Pleno tendrá facultad para calificar los impedimentos a que se refiere ésta fracción y para otorgar, tratándose de actividades docentes y de investigación científica fuera de horario, la dispensa del impedimento.
Art. 57. Las labores del Poder Judicial del Estado se suspenderán los días sábados y domingos, los días de descanso que señale el calendario anual de labores y los que acuerde el Pleno.
Art. 58. Los servidores públicos del Poder Judicial recibirán y entregarán las oficinas a su cargo mediante acta, a la cual se agregarán los anexos que describan, los expedientes, libros, mobiliario, valores y demás objetos que se entreguen; de dichos documentos se conservará un tanto en la oficina, otro se enviará al Tribunal Superior de Justicia, conservándose dos ejemplares a persona que recibe y la que es sustituida.
Art. 59. Las ejecutorias del Tribunal Superior de Justicia, funcionando, según el caso, en Pleno o en salas, constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos por el voto de nueve magistrados, tratándose del Pleno y por mayoría en el caso de las salas.
También constituyen jurisprudencia las ejecutorias del Pleno que resuelvan las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas.
Art. 60. La jurisprudencia que establezca el Pleno y las salas del Tribunal Superior de Justicia, sobre interpretación de la Constitución Política del Estado, leyes civiles, familiares y penales, y reglamentos locales, es obligatoria para las autoridades del Poder Judicial.
Art. 61. La jurisprudencia se interrumpe, dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario, tratándose del Pleno por el voto de nueve magistrados y por mayoría en el caso de las salas.
En todo caso, en la ejecutoria respectiva, deberán expresarse las razones y fundamentos en los que se apoye la interrupción y que se referirán a los que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa.
Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por esta ley para su formación.
Denuncia de tesis contradictorias
Art. 62. Cuando se sustenten tesis contradictorias, las salas, el Procurador General de Justicia del Estado o las partes que intervinieron en los asuntos en que tales tesis hubieren sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el que decidirá, qué tesis debe prevalecer.
Compilación y publicación
Art. 63. La unidad que por reglamento o acuerdo general se establezca, será el órgano competente para compilar y sistematizar las ejecutorias del Pleno y de las salas, así como para que, previa calificación y declaratoria que emita el Pleno, proceda a su publicación en el boletín judicial correspondiente.
Lo mismo deberá hacerse con las tesis que interrumpan o modifiquen la jurisprudencia.
Art. 64. Los magistrados, jueces y demás servidores del Poder Judicial del Estado, serán responsables de las infracciones administrativas, responsabilidades civiles y de los delitos que cometan durante su encargo, quedando por ello sujetos a las sanciones que establezcan las leyes.
Incurren en responsabilidad administrativa y en su caso penal, los auxiliares del Poder Judicial que, sin justa causa, se nieguen a proporcionar el auxilio o colaboración que con arreglo a la ley, se les requiera.
Principios para fincar responsabilidades administrativas
Art. 65. Se aplicarán las sanciones administrativas a que se refiere el presente ordenamiento y la ley de responsabilidades a los servidores públicos del Estado, a los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, que se describen en ambos cuerpos legales.
Responsabilidades administrativas de los magistrados
Art. 66. Los magistrados incurren en responsabilidad administrativa, por:
I. Dejar de asistir a las sesiones del Pleno o de las salas sin causa justificada;
II. Desintegrar, sin motivo justificado, el quórum de los Plenos, vistas o audiencias, una vez comenzados;
III. No presentar oportunamente los proyectos de resolución o negarse, injustificadamente, a firmar éstos dentro del término establecido;
IV. Externar opinión respecto de asuntos que se ventilen en el Tribunal Superior de Justicia y juzgados;
V. Dejar de concurrir, sin causa justificada, al desempeño de sus labores; y
VI. Actuar deliberadamente en los negocios en que estuviesen impedidos conforme a la ley.
Responsabilidades administrativas de los jueces
Art. 67. Los jueces incurren en responsabilidad administrativa, por:
I. Dejar de dictar, sin causa justificada, dentro del término señalado por la ley, las resoluciones que procedan;
II. No concluir, sin causa justificada, dentro del término de ley, la instrucción de los procesos penales de su conocimiento;
III. Fijar fianzas o contrafianzas no ajustadas a derecho;
IV. Dictar, de oficio, resoluciones o trámites notoriamente innecesarios, que sólo tiendan a dilatar el procedimiento;
V. Aplicar los medios de apremio o correcciones disciplinarias, sin causa justificada;
VI. Admitir demandas o promociones de parte de quien no acredite su personalidad conforme a la ley, o desecharlas a pesar de que se hubiese acreditado;
VII. Hacer declaración de rebeldía en perjuicio de alguna de las partes sin cerciorarse de que el emplazamiento hubiere sido hecho en forma legal;
VIII. Actuar en los negocios en que estuviese impedido de acuerdo con la ley procesal de la materia que conozca;
IX. Señalar para la celebración de las audiencias, días fuera de los términos que establece la ley, sin mediar justificación;
X. Incumplir su obligación de vigilar que el secretario de acuerdos del juzgado lleve los libros al día y los expedientes bajo control;
XI. Faltar sin causa justificada, al desempeño de sus labores oficiales durante la jornada de trabajo o presentarse en estado de alteración de sus facultades físicas o intelectuales, que le impida el normal desempeño de su cargo; y
XII. Externar opinión de asuntos que se ventilen en el juzgado o en el Tribunal Superior de Justicia.
Responsabilidades administrativas de los secretarios de acuerdos
Art. 68. Los secretarios de acuerdos incurren en responsabilidad administrativa, por:
III. Impedir el asentamiento en autos, dentro del término de los acuerdos, proveídos o las certificaciones que procedan de oficio o que determine el juez;
IV. No entregar a los notificadores o actuarios los expedientes para que hagan las notificaciones o practiquen las diligencias fuera del juzgado;
V. Impedir que se hagan las notificaciones personales a las partes, cuando éstas ocurran al juzgado;
VIII. Omitir el cuidado y vigilancia de los expedientes, documentos y depósitos que estén bajo su guarda;
IX. Dejar de cumplir con las órdenes expresas del Juez; y
X. Dejar de practicar las diligencias que los códigos procesales, esta ley o su reglamento determinen.
Responsabilidades administrativas de los secretarios de estudio y cuenta
Art. 69. Los secretarios de estudio y cuenta incurren en responsabilidad administrativa, por:
V. Formular proyectos en asuntos en que tuviese impedimento legal; y
VI. Omitir el cuidado y vigilancia de los expedientes y documentos que estén bajo su guarda.
Responsabilidades administrativas de los actuarios y notificadores
Art. 70. Los actuarios y notificadores incurren en responsabilidad administrativa, por:
II. Retardar o no practicar sin causa justificada, las notificaciones y no realizar las diligencias de sus atribuciones, cuando deban efectuarse fuera del juzgado;
III. Retardar, indebida o maliciosamente, las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas;
IV. Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes, en perjuicio de otros, por cualquier causa, en el trámite de las diligencias a su cargo; y
V. Dejar de observar las reglas procesales aplicables en la práctica de las diligencias que se les encomienden.
Responsabilidades administrativas de los secretarios auxiliares
Art. 71. Los secretarios auxiliares incurren en responsabilidad administrativa por:
II. Retardar o no realizar el asentamiento, en los expedientes, de los acuerdos, proveídos o certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial;
III. Retardar, indebida o maliciosamente la práctica de diligencias y notificaciones que le fueren encomendadas;
IV. Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes en perjuicio de otros, por cualquier causa, en el trámite de los expedientes;
V. Externar comentarios de los asuntos que tengan a su cargo;
VI. Omitir el cuidado y vigilancia de los expedientes, documentos y objetos que estén a su cuidado;
VII. Descuidar los registros que deban inscribirse en los libros de gobierno y control;
VIII. Desobedecer las órdenes de sus superiores;
IX. Incumplir las obligaciones de dar cuenta al juez, dentro del término de ley, con oficios, promociones, expedientes y de entregar al secretario de acuerdos los valores afectos o que se exhiban en los expedientes a su cargo.
Responsabilidades administrativas de los oficiales de partes
Art. 72. Los oficiales de partes incurren en responsabilidad administrativa por:
II. Rehusarse a recibir escritos y promociones;
III. Retardar o no dar cuenta con los documentos que reciba;
IV. Externar comentarios respecto de los escritos y promociones que reciba;
V. Omitir en los documentos que reciba el asentamiento del día y la hora que corresponda, la razón de los anexos que se adjunten, su firma y demás datos que señale la ley y el reglamento; y
VI. No asentar cotidianamente, los registros de los documentos, que reciba, en los libros de control que señale el reglamento.
Responsabilidades administrativas de los demás servidores públicos
Art. 73. Sin perjuicio de lo que dispongan la Ley del Servicio Civil y las Condiciones Generales del Servicio, los funcionarios y empleados no individualizados en este capítulo, incurren en responsabilidad administrativa, por:
II. Tratar sin la debida corrección y oportunidad a los litigantes y público en general;
III. Llevar a cabo las actividades propias de su encomienda sin la debida diligencia, profesionalismo, honestidad, eficiencia y eficacia, que requiera su trabajo;
IV. Provocar deliberadamente, conflictos interpersonales con sus compañeros de labores; y
V. Desobedecer las órdenes de sus superiores.
Art. 74. Las infracciones administrativas en que incurrieren los servidores públicos del Poder Judicial, serán tramitadas y sancionadas, según su gravedad, conforme lo señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Art. 75. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia gozan de la inmunidad que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éstos, así como los jueces de primera instancia de la que les otorga la Constitución Política del Estado.
Los demás servidores públicos del Poder Judicial, serán procesados por los delitos en que incurrieren.
Art. 76. [Derogado].
Art. 77. [Derogado].
Art. 78. [Derogado].
De la integración y funcionamiento de la sala del Tribunal de Justicia Electoral
Art. 79. [Derogado].
Art. 80. [Derogado].
Art. 81. [Derogado].
Art. 82. [Derogado].
Art. 83. [Derogado].
Del presidente del Tribunal de Justicia Electoral
Art. 84. [Derogado].
Art. 85. [Derogado].
Art. 86. [Derogado].
Art. 87. [Derogado].
Art. 88. [Derogado].
Art. 89. [Derogado].
Art. 90. [Derogado].
Art. 91. [Derogado].
De las atribuciones de los magistrados electorales
Art. 92. [Derogado].
Del secretario acuerdos
Art. 93. [Derogado].
Art. 94. [Derogado].
Art. 95. [Derogado].
Art. 96. [Derogado].
De la comisión de administración de su integración y funcionamiento
Art. 97. [Derogado].
Art. 98. [Derogado].
Art. 99. [Derogado].
Art. 100. [Derogado].
Art. 101. [Derogado].
Art. 102. [Derogado].
Art. 103. [Derogado].
Art. 104. [Derogado].
Art. 105. [Derogado].
Art. 106. [Derogado].
Art. 107. [Derogado].
Art. 108. [Derogado].
De las responsabilidades, impedimentos y excusas
Art. 109. [Derogado].
Art. 110. [Derogado].
Art. 111. [Derogado].
Art. 112. [Derogado].
De las vacaciones, días inhábiles, renuncias, ausencias y licencias
Art. 113. [Derogado].
Art. 114. [Derogado].
Art. 115. [Derogado].
Art. 116. [Derogado].
Art. 117. [Derogado].
Art. 118. [Derogado].
Art. 119. [Derogado].
Art. 120. [Derogado].
Art. 121. [Derogado].
De las actuaciones judiciales y del archivo jurisdiccional
Art. 122. [Derogado].
Art. 123. [Derogado].
Art. 124. [Derogado].
Del personal del Tribunal de Justicia Electoral
Art. 125. [Derogado].
Art. 126. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá la organización, funcionamiento, competencia, procedimiento y recursos que disponga su propia ley.
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, con las salvedades a que se refieren los siguientes artículos transitorios.
Art. 2º El capítulo II, del título tercero de esta Ley, que se refiere a la organización, competencia y jurisdicción de los juzgados municipales, al nombramiento de los respectivos jueces, así como las demás disposiciones concernientes al funcionamiento de tales juzgados, entrarán en vigor el día 15 de noviembre del año 2001; en tanto las actividades de los juzgados municipales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley que mediante este decreto se deroga.
Art. 3º Se faculta al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para el efecto de que, a partir de la vigencia de este decreto, y hasta antes del 15 de noviembre del 2001, proceda a organizar, en todos sus aspectos, jurisdiccionales y administrativos, el Sistema de Juzgados Municipales, a fin de que, en la fecha referida, tales juzgados inicien funciones bajo el nuevo esquema de competencia y jurisdicción que se les otorga, y reciban de inmediato, los juicios y procesos que se encuentren en trámite en los juzgados de primera instancia, para su seguimiento y conclusión.
Art. 4º Se derogan las normas generales que se opongan a la presente ley.
Art. 5º Se exceptúan de la prohibición de ejercer el notariado, los jueces de primera instancia en cuyas sedes no existan notarios de número y sean o estén habilitados para tal efecto por el Ejecutivo del Estado.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil uno. Diputado presidente. Lic. Mario Rivera Solís. Diputados secretarios. Profr. Everardo Candelas A. y Profr. Rodolfo Ortiz Arechar. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil uno.
253 27 04-abril-01 05-abril-01 LVI
34 4 12-ene-02 13-ene-02 LVII
Se reforman los artículos 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 97, 101, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 122 y 125. Se derogan los artículos 86, 87, 88, 89, 90 91, 95 y 96.
87 55 10-julio-02 11-julio-02 LVII
Se reforma el artículo 39.
117 89 06-noviembre-2002 07-noviembre-2002 LVII
Se adiciona la fracción III del artículo 41.
128 89 06-noviembre-2002 07-noviembre-2002 LVII
Se reforma la fracción XIII del artículo 24.
190 4 11-enero-03 12-enero-03 LVII
Se reforma el artículo 4º y se adiciona el artículo 126.
526 78 29-septiembre-2010 30-septiembre-2010 LIX
Se reforma el primer párrafo, se adicionan un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los actuales en su orden todos del artículo 7º.
427 80 06-octubre-2012 06-octubre-2012 LX
Se reforma la fracción II del artículo 4º; se reforma la fracción XXXII del artículo 11; se reforma la denominación del título quinto; se reforma el proemio del artículo 76; se reforma el artículo 77; se reforma el proemio, se adiciona un tercer párrafo a la fracción II y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII recorriéndose las demás en su orden del artículo 78; se modifica la denominación del capítulo segundo del título quinto; se reforma el primer párrafo del artículo 79; se reforma el párrafo primero del artículo 81; se reforma el proemio, los incisos a), b), c), f) y se adiciona el inciso h) a la fracción I, se reforma la fracción II, se reforma la fracción V y la X del artículo 83; se modifica la denominación del capítulo cuarto del título quinto; se adiciona un párrafo segundo al artículo 84; se reforman, el proemio, las fracciones I, IX, X, XII, XIII, XVIII y XX del artículo 85; se reforman las fracciones V y VII del artículo 94; se reforma el párrafo primero del artículo 97; se reforman, el proemio y las fracciones I, II, III, IV, V, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 101; se reforma la fracción IV del artículo 103; se reforma el artículo 105; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma el párrafo primero del artículo 112; se reforma el artículo 113; se reforma el artículo 114; se reforma el artículo 115; se reforma el artículo 121, se reforma el párrafo primero del artículo 122; se reforma el artículo 123; se reforma el artículo 124; se modifica la denominación del capítulo décimo octavo del título quinto y se reforma el artículo 125.
200 95 26-noviembre-2014 27-noviembre-2014 LXI
Se deroga la fracción II del artículo 4º; se reforma la fracción XXXII del artículo 11 y se derogan los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del título quinto.
260 105 31-diciembre-2014 01-enero-2015 LXI
Se deroga la fracción II del artículo 3°; se reforma la fracción V y se deroga la fracción VI del artículo 4°; se reforman las fracciones XII, XIII, XIV, se deroga la fracción XV y se reforman las fracciones XVI, XIX, XXI, XXII y XXXII del artículo 11; se reforman las fracciones XIII y XXX del artículo 13; se reforman las fracciones I, II, IV y V del artículo 18; se reforman las fracciones I, III y IV y se adiciona una fracción VI, recorriéndose la última en su orden, del artículo 19; se reforma la fracción III del artículo 21; se reforma el segundo párrafo del artículo 27; se reforma la fracción IV del artículo 29; se deroga la fracción II del artículo 30; se reforman el proemio y sus fracciones I, I y III del artículo 30 bis; se reforma la fracción V del artículo 31; se reforman los párrafos sexto, séptimo, noveno y décimo del artículo 32; se reforma el proemio del artículo 32 bis; se reforman los párrafos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 37; se deroga el capítulo segundo del título tercero, integrado por los artículos 39, 40 y 41; se reforma la denominación del capítulo tercero del título tercero; se reforma el artículo 42; se reforma el artículo 43; se reforman el epígrafe y el proemio del artículo 44; se reforman el epígrafe y el proemio del artículo 45; se reforman el epígrafe y el proemio del artículo 46; se reforman el epígrafe y el proemio del artículo 47; se reforman el epígrafe, primer y segundo párrafo del artículo 48; se reforma el artículo 51; se reforma el epígrafe del artículo 52; se reforma la fracción II del artículo 53, y se reforma el primer párrafo del artículo 75.
459 83 17-octubre-2018 18-octubre-2018 LXII
Se reforma la fracción XXXVI del artículo 11; se reforma la fracción V del artículo 12; se adicionan las fracciones II y III recorriéndose la siguiente en su orden también reformada del artículo 28; se adicionan los artículos 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 30 sexies, 30 septies y 30 octies; se reforma el párrafo noveno del artículo 32, y se deroga el párrafo quinto del artículo 37.
Nota: las adiciones de las frcciones II y III del artículo 28 y los artículos 30 ter, 30 quáter, 30 quinquies, 30 sexies, 30 septies y 30 octies, entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2019.