Source: http://derechoyperspectiva.es/el-control-concentrado-de-la-constitucionalidad-en-venezuela/
Timestamp: 2017-06-25 08:56:26
Document Index: 173002272

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 334', 'artículo 266', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 214', 'artículo 25']

El Control Concentrado de la Constitucionalidad en Venezuela | | Derecho & Perspectiva
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Posted on 27 marzo, 201726 marzo, 2017 by William Correa Los métodos de control constitucional han funcionado para mantener uno de los principios fundamentales que rige en todo sistema democrático de gobierno: el respeto a la supremacía de la Constitución como expresión soberana de un pueblo. Por ello en algunos países han aplicado el sistema difuso de la constitucionalidad y en otros el método de control concentrado de la constitucionalidad, siendo éste último ejercido comúnmente por un Tribunal o Corte constitucional. En Venezuela son aplicados los dos métodos de control, es decir, el difuso y el concentrado a la vez, creándose un sistema mixto de control constitucional. En el presente trabajo haremos énfasis en el sistema de control concentrado ejercido de forma exclusiva por la Sala Constitucional, como máximo protector de la constitucionalidad en el país.
En Venezuela, tradicionalmente se ha distinguido dos tipos de métodos de control constitucional; uno concentrado en manos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; y uno difuso, ejercido por los demás jueces de la República. Así que en Venezuela ha sido establecido un sistema mixto de control de la constitucionalidad de los actos dictados por los órganos que ejercen el Poder Público.
El control concentrado en Venezuela tiene su fundamento constitucional en la parte in fine del artículo 334 donde establece: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”.
Como vemos la Ley Fundamental venezolana viene a establecer que el monopolio del control concentrado de la constitucionalidad del país lo tendrá la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual se caracteriza no sólo por la centralización de dicho control, sino además por el poder de anulación que tendrá la Sala antes mencionada, con efectos erga omnes, de las normas que coliden con el Texto Fundamental.
En Venezuela antes de la entrada en vigencia en el año 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el control concentrado era manejado por la “Corte en Pleno” de la extinta Corte Suprema de Justicia, la cual solo tenía poderes de anulación con respecto a normas que colidieren con la Constitución del año 1961. Bajo la vigencia de dicha Constitución empezó a germinar en la mente de diferentes juristas, profesores, ministros, e incluso magistrados, la idea de crear un órgano encargado de manejar el control concentrado de la constitucionalidad, pero que tuviera en sus manos amplios poderes para que así pudiera proteger efectivamente el Texto Constitucional.
En principio, se quería crear un Tribunal o Corte Constitucional al estilo de España o Colombia, que manejara el control concentrado de la constitucionalidad de los actos emanados del Poder Público, y además fuese el máximo guardián de la Constitución, donde sus interpretaciones del Texto Constitucional tuvieran efectos erga omnes para los demás órganos del Poder Público, pero al final los Constituyentes en la reforma constitucional del año 1998-1999 tomaron la decisión de renovar la Corte Suprema de Justicia, creando entonces un Tribunal Supremo de Justicia y en su seno instalar una Sala Constitucional que manejará de forma exclusiva la jurisdicción constitucional, y que además fuese el último y máximo intérprete de las normas y principios constitucionales en el país.
Vitral del Tribunal Supremo de Justicia por el autor Alirio Rodriguez
Según lo anterior, la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999 establece que:
“…se consagra el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se trasladaron a la Sala Constitucional las competencias que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, con el objeto de especializar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y descongestionar de atribuciones a la nueva Sala Plena, para que sólo ejerza las competencias que le son asignadas en el artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitucional, no teniendo en consecuencia, competencia ni atribución alguna en materia constitucional.
Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta última tesis. Sin embargo, la Constitución en el Capítulo referido a la Garantía de esta Constitución, dota a la Sala Constitucional del carácter y de las competencias que tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tribunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación, cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad” (destacado nuestro).
Como ya hemos mencionado y visto lo anterior, la Sala Constitucional es la que tiene la atribución de ejercer el control concentrado del país, anulando cualquier acto dictado por los demás órganos que ejercen el Poder Público, cuando al criterio de la Sala dicho acto sea inconstitucional por violar de alguna manera los principios y normas consagrados en el Texto Fundamental, por ello la principal función de la Sala es la de velar por la supremacía constitucional establecida en el artículo 7 de nuestra Constitución, el cual dispone que: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Además de ejercer el control concentrado, a la Sala Constitucional se le ha atribuido amplias competencias para ser el máximo guardián de la constitucionalidad en el país, como por ejemplo, haberle atribuido la última palabra en relación a la interpretación del Texto Constitucional, revistiendo de fuerza vinculante la interpretaciones que de la Constitución hiciera la Sala Constitucional.
Este control concentrado de la constitucionalidad en el país lo ejerce de dos maneras: el primero de forma previa, el cual trata que para tener validez un acto dictado por algún órgano debe pasar primero el examen de constitucionalidad que hiciera la Sala Constitucional para que pueda desplegar sus efectos; y el segundo, un control concentrado posterior, el cual viene a significar que una vez las leyes ordinarias entran en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial de la República, estas empezaran a surtir efectos hasta que algún interesado demande la nulidad de la ley, o la Sala Constitucional de oficio, verifique que en las disposiciones de una ley, se contrarían o menoscaba normas y principios constitucionales.
Para ser más específicos, la Sala Constitucional ejerce el control concentrado previo, según lo establecido en numerales 5, 14 y 15 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los siguientes casos:
Cuando verifica a solicitud del Presidente de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de la República, de los tratados internacionales que sean suscritos por la República, antes de su ratificación.
Cuando determina, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes que sean sancionadas por la Asamblea Nacional, o de los decretos con Rango, Valor y Fuerza de ley que sean dictados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.
Cuando conoce con respecto a la solicitud que formule el Presidente de la República, en el lapso de diez (10) días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República.
Con respecto al ejercicio del control concentrado posterior, la Sala Constitucional lo ejerce según los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los siguientes casos:
Cuando declara la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República.
Cuando declara la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República y que colidan con ella.
Cuando declara la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República.
Cuando declara la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
Al momento de revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente de la República.
Cuando declara la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República, o las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección.
Cuando revisa las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por las demás Salas que integran el Máximo Tribunal del país, o por los Tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales. Así cuando haya violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
Al momento de revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
En conclusión, en Venezuela existe un sistema mixto en el cual se aplican los dos métodos de control constitucional comunes, éstos son: el control difuso por una parte, ejercido por los jueces de la República para casos concretos y con efectos particulares; y un control concentrado ejercido exclusivamente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con efectos erga omnes, es decir vinculante para las otras Salas del Máximo Tribunal como para los demás jueces de la República.
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