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Timestamp: 2017-10-24 09:33:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 102', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 93', 'artículo 91', 'in dubio', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 7']

DERECHO Y PROCESO: julio 2011
¿Hagamos un receso con Duran Duran - Ordinary World?
Comentarios a la ley N°20.516, reforma constitucional que establece la defensa penal y la asesoría jurídica de víctimas e imputados
El 11 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de Chile la ley N°20.516 que reforma la Constitución en cuanto establece la obligación estatal de otorgar asesoría jurídica a las personas naturales imputadas de delitos y a quienes han sido víctimas de ellos, en la medida que no puedan procurársela. Sin perjuicio de lo anterior, el constituyente aprovechó de incluir una nueva disposición que consagra el “derecho irrenunciable” de todo imputado a la defensa técnica.
Esta última modificación trae aparejados una serie de posibles efectos jurídicos, a propósito de la discusión sobre la legalidad de la detención y la exclusión de prueba por ilicitud de la misma. En efecto, apenas en vigencia la nueva normativa, estas incidencias comenzaros a ser promovidas, tanto en audiencias de control de la detención, cuanto en audiencias de preparación de juicio oral. Pero vamos por parte.
En primer lugar, al inciso 3º del artículo 19 Nº3 de la Constitución se agregó la siguiente oración:
Tal como ya se adelantó, no obstante que el proyecto de reforma constitucional tuvo por finalidad inicial reconocer el derecho a la asesoría jurídica gratuita de las víctimas en los términos ya indicados, durante el transcurso de la tramitación legislativa, fue incorporada una moción del Diputado Burgos para explicitar a nivel constitucional el derecho a la defensa de todo imputado, con lo que, en definitiva, se incorporó, además, un nuevo inciso 4° al artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental que dispone lo siguiente:
“Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.
Si bien, los antiguos incisos segundo y tercero del artículo 19 N°3 de la Constitución, garantizaban constitucionalmente el derecho a la defensa técnica, la incorporación del nuevo inciso cuarto agrega el carácter “irrenunciable” de la misma.
A partir de esta innovación al texto constitucional surge la primera “pregunta del millón”. ¿Qué ocurre con toda aquella evidencia recabada en la investigación que ha sido obtenida a instancias del imputado no asesorado por un abogado? ¿Si el derecho a la asesoría jurídica es ahora irrenunciable para el imputado, puede, por ejemplo, prestar declaración directamente ante los entes investigadores sin asesoría letrada en aquellos casos en que el Código Procesal Penal lo autoriza?
Al haberse explicitado ahora el derecho a la defensa técnica del imputado con carácter de “irrenunciable”, se ha asentado una garantía constitucional bastante importante, ya que, en virtud de esta normativa, el consentimiento del imputado a renunciar a su derecho a guardar silencio sería irrelevante si no cuenta con la asesoría previa de su defensor. El mismo razonamiento sería aplicable a la evidencia obtenida con motivo de la colaboración prestada por el imputado sin asesoría jurídica previa. Recordemos que el artículo 102 del Código Procesal Penal, entre otras disposiciones, dispone que el imputado tiene derecho a designar abogado defensor desde los primeros actos de la investigación dirigidos en su contra.
En este contexto, por ejemplo, no parece peregrino sustentar la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, del inciso segundo del art. 91 del Código Procesal Penal, la que, una vez declarada, permitiría cuestionar la legalidad de la detención, en algunos casos, o instar por la exclusión de prueba o por la valoración negativa de la misma, a propósito de un juicio oral. En efecto, el inciso citado del artículo 91 autoriza a los funcionarios policiales tomar declaración al imputado de manera autónoma, sin la presencia de su abogado defensor, cuando aquél manifestare su deseo de declarar, es decir, cuando decida renunciar a su derecho a guardar silencio, cuestión que no resulta conciliable con el carácter irrenunciable que la Constitución asigna ahora a la asesoría letrada del imputado.
Un primer punto vinculado a esta interrogante involucra preguntarnos si los jueces que conocen de un proceso penal (de garantía, del tribunal del juicio oral o, incluso, los de tribunales superiores de justicia por la vía de los recursos de apelación o nulidad) pueden considerar tácitamente derogada la norma del artículo 91 u otra análoga al aplicar de modo preferente la Constitución, por una cuestión de jerarquía normativa. Esto conlleva, además, definir el rol del Tribunal Constitucional en este escenario.
Una posición, que es la que ha asumido la Defensoría Penal Pública, sostiene que dicho ejercicio interpretativo por parte de los jueces penales es perfectamente posible. Para llegar a esta conclusión, se sostiene que varios fallos de la E. Corte Suprema así lo han dejado entrever.
Así, por ejemplo, el máximo tribunal resolvió en la causa Rol 5.420-2008 que “Incumbe a todo Juez de la República la aplicación del ordenamiento jurídico a los casos concretos sometidos a su decisión (…) La intregralidad y coherencia de dicho sistema de normas obliga al juzgador a elegir la norma o grupo de normas precisas que utilizará y el sentido de las mismas. En el ejercicio de esa labor intelectual de selección e interpretación puede identificar reglas jurídicas que contienen sentidos opuestos, e incluso reglas jurídicas que se oponen a sendos principios rectores del sistema jurídico. Pues bien, la solución de tales conflictos de normas es también objeto del juzgamiento (…) No se discute, en la doctrina constitucional, que los jueces del fondo tengan facultades para interpretar las reglas legales conforme a la Constitución, así como tampoco la utilización de las normas constitucionales de un modo directo para la solución del conflicto específico y, en ambos casos, el juez ha debido interpretar la Constitución (…) Del mismo modo, es de competencia de los jueces del fondo el determinar la vigencia de una regla jurídica, ante la existencia de normas posteriores de contenido opuesto, sea que esa norma posterior tenga rango legal o constitucional”. Agregó en este fallo que “no altera el aserto precedente la modificación de nuestra Carta Fundamental, efectuada con ocasión de la Ley N° 20.050 de 25 de agosto de 2005. En efecto, el inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución Política de la República no prohíbe una actuación de esa índole y sólo contiene una facultad para el juez que conoce del asunto, en el sentido de elevar la consulta al Tribunal Constitucional, en caso de duda relativa a la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución. En consecuencia, los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó si no tuvieron dudas acerca de la existencia de una antinomia, han actuado dentro de la esfera de sus competencias al proceder en la forma cuestionada por el recurso”.
Personalmente, pienso que, si bien los jueces penales estamos facultados para realizar un análisis interpretativo en el que pueda subyacer como fundamento la derogación tácita, a objeto, por ejemplo, de no valorar un cierto medio de prueba en perjuicio del imputado, lo cierto es que, tal análisis, será siempre meramente provisional, ya que, en definitiva, el intérprete constitucional en Chile es sólo uno: el Tribunal Constitucional. En tal entendido, es evidente que la última palabra siempre la tendrá este último tribunal.
Una segunda interrogante, quizás más desvergonzada aún que la primera por sus implicancias prácticas, consiste en precisar el ámbito de aplicación temporal de la reforma constitucional.
No cabe duda que se aplica a los procedimientos iniciados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 11 de julio de 2011.
Sin embargo, esta reforma constitucional otorga un estándar de protección más alto para el imputado, ya que el propio texto del constituyente señala que el derecho a ser asistido por un abogado defensor es ahora “irrenunciable”. Así las cosas, cabrá preguntarse si se aplica o no el principio constitucional pro imputado consistente en la prohibición de la retroactividad salvo que la regla sea más beneficiosa para el imputado.
Como la regla de la irrenunciabilidad a la defensa de un abogado -que convertiría en contrario a la Constitución, entre otros, el artículo 91 inc. 2 del Código Procesal Penal- podría resultar, a veces, favorecedor para el imputado, puede plantearse el asunto de si en estas situaciones la reforma tiene aplicación retroactiva, esto es, para ciertos procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº20.516. En otras palabras, esto equivale a sostener que todos aquellos procedimientos penales donde se haya utilizado o se pretenda utilizar –directa o indirectamente- las declaraciones prestadas por el imputado –ante la policía o ante el fiscal o aún ante peritos o testigos- en ausencia del abogado defensor, como prueba en perjuicio del imputado contravendrían la norma del articulo 19 N°3 inciso 4°. Y éste sí que es un problema inmenso, ya que podría estar en cuestión la legalidad de muchos procedimientos o, incluso, de sentencias susceptibles de ser impugnadas por la vía de la nulidad. Ésta es la posición que, parece, vendría a sustentar la Defensoría Penal Publica conforme el principio in dubio pro reo y la norma Constitucional contenida en el penúltimo inciso del artículo 19 N°3 de la Constitución y el art. 18 del Código Penal.
Sin embargo, éste es uno de los puntos más confusos de este asunto, porque pareciere que las consideraciones referentes a la pena más favorable a que aluden las dos normas antes citadas no son aplicables a los efectos temporales de la ley procesal penal.
Si bien, este es un tema que por sí solo merece un tratamiento individual; me permito una apretada síntesis:
Conforme al artículo 11 del Código Procesal Penal las leyes procesales rigen “in actum”, esto es, no tienen efecto retroactivo. La excepción consignada en esta disposición no se refiere a una hipótesis de retroactividad de la ley nueva, sino de ultraactividad de la ley antigua cuando, a juicio del tribunal, ésta sea más favorable que aquélla para el imputado. No obstante que, al discutirse en el Congreso la redacción del artículo 11 se consignó la asociación que podría existir entre una nueva ley que consagra una pena más favorable, (art. 18 del Código Penal) con una situación análoga en el caso de leyes procesales más benévolas, lo cierto es que se mantuvo el criterio, según el cual, en caso alguno la ley nueva podrá ser retroactiva y sólo por excepción la ley antigua se aplicará cuando sea más favorable. Es claro que éste no es el caso que nos ocupa.
En consecuencia, sólo podría concluirse la aplicación retroactiva de la reforma de la ley N°20.516 realizando una interpretación in bonam partem a propósito de las normas sustantivas que autorizan enmendar lo resuelto en procesos en los que se hubiere impuesto una pena que luego resulta disminuida por una ley posterior que realiza cambios al tipo penal de que se trata. Sin embargo, como se vio, La historia fidedigna del Código Procesal Penal creo que no respalda esta interpretación, con lo que, sería necesario un análisis sistémico constitucional en el sentido contrario por parte del Tribunal Constitucional para llegar a otro puerto que, por lo demás, sería bien complejo por sus implicancias prácticas, en especial, respecto de los procesos antiguos.
Al margen de estas consideraciones que, necesariamente, habrán de ser zanjadas en sede judicial, lo cierto es que, de acuerdo al Art. 103 del Código Procesal Penal, la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma. Disposición que se encuentra conforme con los artículos 159 y 160 del Código Procesal Penal en relación a la nulidad procesal y 373 letra a) y 374 letra c) del mismo código, en relación al recurso de nulidad.
En definitiva, la nueva norma constitucional puede afectar no sólo al Art. 91 inc. 2° del Código Procesal Penal, sino también a otras, conforme el mismo principio desarrollado; a saber:
a) Art. 184 del Código Procesal Penal que regula la asistencia de los intervinientes a las diligencias de investigación, en particular, cuando se trate de diligencias que puedan implicar la asistencia o “colaboración” del imputado.
b) Art. 193 del Código Procesal Penal que regula la comparecencia del imputado ante el Ministerio Público.
c) Declaraciones de oídas de los policías, testigos o peritos: en cuanto permitirá la solicitud de exclusión de aquellos testimonios de quienes declaren sobre lo que escucharon decir al imputado si hubiese declarado o se hubiere auto incriminado ante ellos, sin la presencia de su defensor.
Cualquiera sea el rumbo que emprenda la reforma constitucional contenida en la Ley Nº20.516, la verdad sea dicha: el debate ya se ha iniciado.
en julio 25, 2011 30 comentarios: Enlaces a esta entrada
Corte Suprema acoge recurso de comunidad indigena, revoca decisión administrativa e invoca Convenio 169 de la OIT
En el marco de los habituales conflictos que ocurren en Latinoamérica entre los estados nacionales y los pueblos originarios, descendientes directos de los pueblos precolombinos, el máximo tribunal de Chile hizo, recientemente, un pronunciamiento basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Este convenio fue adoptado en el año 1989 por la Conferencia Internacional del Trabajo con el objetivo de promover y proteger los derechos de alrededor de 370 millones de personas pertenecientes a más de 5000 pueblos indígenas que habitan en no menos de 70 países. Representa el único instrumento internacional, jurídicamente vinculante que trata en forma específica sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En consecuencia, su aplicación es obligatoria para los países que lo han ratificado.
Desde su adopción y ratificación por 20 países, incluidos Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, Noruega, Perú y Paraguay, entre otros, el Convenio ha logrado un gran reconocimiento y aceptación. Sus disposiciones orientan políticas públicas y decisiones legales a nivel regional e internacional.
El Convenio 169 de la OIT contiene 44 artículos que cubren un amplio rango de temas que van desde el reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y territorio, criterios generales para la imposición de sanciones penales, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. Este instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. Específicamente, en el caso de Chile se encuentra vigente desde el mes de septiembre de 2009 y viene a establecer un marco legal respecto del cual debe ser relacionado el restante ordenamiento jurídico nacional.
En este contexto, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una comunidad indígena y ordenó aplicar la consulta, prevista en la ley N°19.300 sobre bases generales del medio ambiente para proyectos de desarrollo. Lo interesante de este fallo es que consideró que el procedimiento de consulta, establecido en términos generales para toda la población en la aludida ley, tiene especial aplicación en el caso de los pueblos indígenas como consecuencia directa de los principios orientadores del Convenio 169 de la OIT. Me parece, entonces, que la Corte hace alusión directa, en este punto, al artículo 7 del Convenio que establece lo siguiente:
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”
Así las cosas, en fallo unánime (en causa rol 258-2011), los ministros de la Tercera Sala Constitucional, Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Jorge Lagos y Ricardo Peralta, ordenaron a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta realizar la consulta a las comunidades indígenas en el proyecto de modificación del plano regulador del pueblo de San Pedro de Atacama, próxima a la frontera con Bolivia. El caso resulta de especial importancia, ya que la modificación administrativa del plano regulador tenía por finalidad ampliar los límites urbanos de la aldea, conocida internacionalmente, como una de las tres principales atracciones turísticas de Chile, junto a la Isla de Rapanui (Pascua) y a la reserva de Torres del Paine en la Patagonia.
Lo medular de la resolución del máximo tribunal que revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había rechazado la acción cautelar indica lo siguiente: “Se acoge el recurso de protección presentado en lo principal de fojas 18, declarándose que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 275/2010 de 15 de septiembre de 2010 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, por lo que el proyecto de “Actualización Plan Regulador San Pedro de Atacama” deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 se rija por los estándares del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.
La resolución del máximo tribunal estableció, además, que se incurrió en arbitrariedad por parte de la Corema de Antofagasta al no realizar la consulta especial a las comunidades indígenas y solo desplegar información a la comunidad de manera general. Sobre este asunto en particular la Corte declaró lo siguiente:
“Desplegar información no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Es decir, la autoridad administrativa recurrida aspira a allanar las dificultades que están experimentando las comunidades indígenas atacameñas provocadas por las nuevas condiciones de vida y de trabajo que les impone el vertiginoso desarrollo del área geográfica de San Pedro de Atacama, prescindiendo de la participación y cooperación de éstas (…) En otras palabras, es posible constatar que se ha optado para la elaboración de un instrumento de planificación territorial que atañe a toda una cultura indígena, sin atender a elementos de análisis propios de la realidad por la que se reclama, como son su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones”.
El fallo de la Corte Suprema termina señalando que la omisión del trámite referido constituye un vicio del acto jurídico administrativo que conculca la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los siguientes términos:
“Tal proceder deviene en que la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos, porque no es fruto de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta las aspiraciones y formas de vidas de las comunidades originarias interesadas. Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas, puesto que la omisión implica no igualar para los efectos de resolver”.