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Timestamp: 2017-08-17 00:41:42
Document Index: 92520240

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 299', 'artículo 299', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6']

CANJE DE NOTAS ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO EN NOMBRE DE MONTSERRAT
A. . NOTA DEL REINO DE ESPAÑA.
B. . NOTA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN NOMBRE DE MONTSERRAT.
Acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Montserrat
Artículo 1 Comunicación de información por los agentes pagadores
Artículo 2 Definición de beneficiario efectivo
Artículo 3 Identidad y residencia de los beneficiarios efectivos
Artículo 4 Definición de agente pagador
Artículo 5 Definición de pago de intereses
Artículo 6 Disposiciones transitorias para instrumentos de deuda negociables
Artículo 7 Procedimiento amistoso
Artículo 9 Entrada en visor
Artículo 11 Inicio y suspensión de la aplicación
NOTA DEL REINO DE ESPAÑA.
Proyecto de acuerdo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Montserrat
Tengo el honor de proponer, si su Gobierno considera aceptable lo expuesto más arriba, que la presente nota, junto con el Apéndice 1 a la misma y su confirmación, constituyan un Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Montserrat.
en español e inglés, en tres ejemplares.-
NOTA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN NOMBRE DE MONTSERRAT.
Confirmo que Montserrat está de acuerdo con el contenido de su nota de fecha 26 de noviembre de 2004.
Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Montserrat.
Hecho en Plymouth,
el 7-04-2005,
1. El artículo 17 de la Directiva 2003/48/CE («la Directiva ») del Consejo de la Unión Europea («el Consejo») en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro dispone que antes del 1 de enero de 2004 los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, cuyas disposiciones se aplicarán a partir del 1 de enero de 2005, siempre que:
ii) se hayan establecido todos los acuerdos u otros arreglos que estipulen que todos los territorios dependientes o asociados pertinentes aplicarán a partir de esa misma fecha un intercambio automático de información del modo previsto en el Capítulo II de la presente Directiva (o que aplicarán, durante el período transitorio definido en el artículo 10, una retención a cuenta con arreglo a las mismas condiciones recogidas en los artículos 11 y 12)».
2. La relación de Montserrat con la UE se expresa en la parte 4 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. A tenor del Tratado, Montserrat no se encuentra dentro del territorio fiscal de la UE.
3. Montserrat toma nota de que, si bien el objetivo final de los Estados miembros de la UE consiste en establecer una fiscalidad efectiva de los pagos de intereses en el Estado miembro de residencia fiscal del beneficiario efectivo mediante el intercambio de información relativa a los pagos de intereses entre ellos, a tres Estados miembros, a saber, Austria, Bélgica y Luxemburgo, no se les exigirá durante un período transitorio intercambiar información, pero deberán aplicar una retención a cuenta a los rendimientos del ahorro objeto de la presente Directiva.
4. Montserrat ha convenido en aplicar el intercambio automático de información del mismo modo previsto en el Capítulo II de la Directiva.
5. Montserrat tiene legislación relativa a los organismos de inversión colectiva cuyo efecto se considera equivalente al de la legislación de la CE a que se hace referencia en los artículos 2 y 6 de la Directiva.
El Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Montserrat, en lo sucesivo denominados una «Parte contratante» o las «Partes contratantes» a menos que el contexto exija otra cosa, han convenido en concluir el siguiente acuerdo que contiene obligaciones únicamente de las partes contratantes y dispone el intercambio automático de información entre las partes contratantes con respecto a los pagos de intereses efectuados por un agente pagador establecido en una parte contratante a una persona residente en la otra parte contratante.
A efectos del presente Acuerdo, por «autoridad competente » cuando se aplique a las Partes contratantes, se entenderá el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado con respecto al Reino de España y el Inland Revenue Department con respecto a Montserrat.
El ámbito territorial del presente Acuerdo, con respecto al Reino Unido, será el territorio de Montserrat.
1) Cuando un agente pagador establecido en cualquier parte contratante efectúe pagos de intereses, según se definen en el artículo 5 del presente Acuerdo, a beneficiarios efectivos, según se definen en el artículo 2 del presente Acuerdo, que sean residentes de la otra parte contratante, el agente pagador comunicará a su autoridad competente;
a) la identidad y residencia del beneficiario efectivo determinadas, de conformidad con el artículo 3 del presente Acuerdo;
b) el nombre y domicilio del agente pagador,
d) la información referente al pago de intereses, de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva; no obstante, cada parte contratante podrá restringir la cantidad mínima de información relativa al pago de intereses que deba comunicar el agente pagador al importe total de los intereses o rendimientos y al importe total de la cesión, rescate o reembolso.
Y las partes contratantes cumplirán el apartado 2 del presente artículo.
2) En el plazo de seis meses siguiente al cierre de su ejercicio fiscal, la autoridad competente de cada parte contratante comunicará a la autoridad competente de la otra parte contratante, automáticamente, la información a que se refieren las letras a) a d) del apartado 1) del presente artículo, respecto de todos los pagos de intereses efectuados durante ese ejercicio.
1) A efectos del presente Acuerdo, por «beneficiario efectivo» se entenderá cualquier persona física que reciba un pago de intereses o cualquier persona física en cuyo beneficio se atribuya un pago de intereses, salvo en caso de que aporte pruebas de que dicho pago no se ha atribuido en beneficio suyo. No se considerará beneficiario efectivo a una persona física cuando:
a) actúa en calidad de agente pagador en el sentido del apartado 1 del artículo 4 del presente Acuerdo;
b) actúa por cuenta de una persona jurídica, una entidad sujeta a imposición sobre sus beneficios de acuerdo con las normas generales de la tributación de las empresas, un OICVM autorizado, de conformidad con la Directiva 85/611/CEE o un organismo de inversión colectiva equivalente establecido en Montserrat, o una entidad de las mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Acuerdo y que, en este último caso, comunica el nombre y la dirección de esa entidad al operador económico que efectúe el pago de los intereses, el cual, a su vez, transmite dichas informaciones a la autoridad competente de la parte contratante en que esté establecido;
2) Cuando un agente pagador tenga datos que sugieran que la persona física que recibe el pago de intereses, o a la que se atribuye un pago de intereses, puede no ser el beneficiario efectivo, y cuando las letras a) y b) del apartado 1 del presente artículo no se apliquen a dicha persona, deberá adoptar medidas razonables para establecer la identidad del beneficiario efectivo. En caso de que el agente pagador no pueda identificar al beneficiario efectivo, considerará como beneficiario efectivo a la persona física en cuestión.
1) Cada Parte adoptará, respecto de su territorio, procedimientos que permitan al agente pagador identificar a los beneficiarios efectivos y su lugar de residencia a efectos del presente Acuerdo, y velará por que se apliquen en su territorio. Tales procedimientos deberán ser conformes con las normas mínimas establecidas en los apartados 2 y 3.
2) El agente pagador determinará la identidad del beneficiario efectivo en función de unas normas mínimas que varían según la fecha de inicio de las relaciones entre el agente pagador y el beneficiario de los intereses:
a) para las relaciones contractuales concertadas antes del 1 de enero de 2004, el agente pagador determinará la identidad del beneficiario efectivo, consistente en su nombre y su domicilio, utilizando la información de que disponga y, en particular, en virtud de la normativa en vigor en su país de establecimiento y de las disposiciones de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, en el caso del Reino de España o la legislación equivalente en el caso de Montserrat relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales;
b) para las relaciones contractuales concertadas el o a partir del 1 de enero de 2004, o para las transacciones efectuadas a falta de relaciones contractuales en o a partir de esa fecha, el agente pagador determinará la identidad del beneficiario efectivo, consistente en su nombre, su domicilio y, si existe, su número de identificación fiscal asignado por el Estado miembro de residencia fiscal. Estos datos se establecerán sobre la base del pasaporte o del documento oficial de identidad que presente el beneficiario efectivo. Cuando en dicho pasaporte o documento oficial de identidad no figure el domicilio, éste se determinará sobre la base de cualquier otro documento acreditativo presentado por el beneficiario efectivo. Cuando el número de identificación fiscal no aparezca en el pasaporte, en el documento oficial de identidad o en cualquier otro documento acreditativo, incluido si fuera posible el certificado de residencia fiscal, presentado por el beneficiario efectivo, la identidad se completará mediante la mención de la fecha y lugar de nacimiento determinados sobre la base del pasaporte o del documento oficial de identidad.
3) El agente pagador determinará la residencia del beneficiario efectivo en función de las normas mínimas, que variarán según la fecha de inicio de las relaciones entre el agente pagador y el beneficiario de los intereses. A reserva de lo que a continuación se indica, se considera que la residencia está situada en el país en que el beneficiario efectivo tiene su domicilio permanente:
a) para las relaciones contractuales concertadas antes del 1 de enero de 2004, el agente pagador determinará la residencia del beneficiario efectivo con arreglo a los datos de que disponga, en particular en virtud de la normativa en vigor en su país de establecimiento y de las disposiciones de la Directiva 91/308/CEE en el caso del Reino de España o de la legislación equivalente en el caso de Montserrat;
b) para las relaciones contractuales concertadas el o a partir del 1 de enero de 2004, o las transacciones efectuadas a falta de relaciones contractuales en o a partir de esa fecha, el agente pagador determinará la residencia del beneficiario efectivo sobre la base de la dirección mencionada en el pasaporte o en el documento oficial de identidad o, de ser necesario, sobre la base de cualquier otro documento probatorio presentado por el beneficiario efectivo, según el procedimiento siguiente: para las personas físicas que presenten un pasaporte o un documento oficial de identidad expedido por un Estado miembro y que declaren ser residentes en un tercer país, la residencia se determinará sobre la base de un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad competente del tercer país en que la persona física declare ser residente. De no presentarse tal certificado, se considerará que la residencia está situada en el Estado miembro que haya expedido el pasaporte o cualquier otro documento oficial de identidad.
1) A efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se entenderá por «agente pagador» cualquier operador económico que pague intereses al beneficiario efectivo, o le atribuya el pago de intereses para su disfrute inmediato, ya sea el deudor del título de crédito que produce los intereses o el operador encargado por el deudor o el beneficiario efectivo de pagar los intereses o de atribuir su pago.
2) Se considerará también agente pagador en el momento del pago o de la atribución del pago cualquier entidad establecida en una parte contratante a la cual se paguen intereses o se atribuyan para disfrute del beneficiario efectivo. La presente disposición no se aplicará si el operador económico tiene motivos para creer, sobre la base de elementos probatorios oficiales presentados por la entidad en cuestión, que:
c) se trata de un OICVM reconocido, de conformidad con la Directiva 85/611/CEE del Consejo o de un organismo de inversión colectiva equivalente establecido en Montserrat.
3) A efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, las entidades mencionadas en el apartado 2 del presente artículo podrán, sin embargo, optar por ser tratadas como un OICVM u organismo equivalente a que se hace referencia en la letra c) del apartado 2. En caso de recurrir a tal opción se exigirá un certificado expedido por la parte contratante de establecimiento de la entidad y presentado al operador económico por dicha entidad. Las partes contratantes fijarán las normas detalladas para el ejercicio de esta opción para las entidades establecidas en su territorio.
4) Cuando el operador económico y la entidad mencionada en el apartado 2 del presente artículo estén establecidos en la misma parte contratante, ésta tomará las medidas necesarias para asegurarse de que la entidad cumple las disposiciones del presente Acuerdo cuando actúe como agente pagador.
5) Las personas jurídicas excluidas de la aplicación de la letra a) del apartado 2 del presente artículo son:
a) los intereses pagados o abonados en cuanta relativos a créditos de cualquier clase, estén o no garantizados por una hipoteca e incorporen o no una cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular los rendimientos de valores públicos y rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas las primas y los premios vinculados a éstos. Los recargos por mora en el pago no se considerarán pagos de intereses;
c) los rendimientos procedentes de pagos de intereses, directamente o a través de una entidad de las mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Acuerdo, distribuidos por:
i) Un OICVM autorizado, de conformidad con la Directiva 85/611/CEE del Consejo, o
ii) un organismo de inversión colectiva equivalente establecido en Montserrat;
iii) entidades que recurran a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4 del presente Acuerdo, y
iv) organismos de inversión colectiva establecidos fuera del territorio en que se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en virtud de su artículo 299 y fuera de Montserrat;
d) los rendimientos obtenidos en el momento de la cesión, el reembolso o el rescate de acciones o participaciones en los organismos o entidades siguientes, cuando éstos hayan invertido directa o indirectamente, por medio de otros organismos de inversión colectiva o entidades mencionados a continuación, más del 40 % de sus activos en los créditos a los que se refiere la letra a):
i) Un OICVM autorizado, de conformidad con la Directiva 85/611/CEE,
iv) organismos de inversión colectiva establecidos fuera del territorio en que se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en virtud de su artículo 299 y fuera de Montserrat.
No obstante, las partes contratantes podrán incluir los rendimientos mencionados en la letra d) del apartado 1) del presente artículo en la definición de pago de intereses únicamente en la proporción en que dichos rendimientos correspondan a ingresos que, directa o indirectamente, procedan de pagos de intereses en el sentido de las letras a) y b) del apartado 1) del presente artículo.
2) Con respecto a las letras c) y d) del apartado 1 del presente artículo, cuando un agente pagador no tenga ninguna información referente a la proporción de los rendimientos que proceden de pagos de intereses, la cantidad total de los rendimientos se considerará un pago de intereses.
3) Por lo que se refiere la letra d) del apartado 1 del presente artículo, cuando un agente pagador no disponga de ninguna información referente al porcentaje de los activos invertidos en créditos o en acciones o unidades como las definidas en dicho apartado, el porcentaje se considerará superior al 40 %. Cuando no sea posible determinar el importe del ingreso conseguido por el beneficiario efectivo, se considerará que se trata del producto procedente de la cesión, el reembolso o el rescate de las acciones o de las participaciones.
4) Cuando los intereses, tal como se definen en el apartado 1 del presente artículo, se paguen o ingresen en una cuenta de una entidad de las mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Acuerdo, y dicha entidad no haya recurrido a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4 del presente Acuerdo, se considerarán como un pago de intereses efectuado por dicha entidad.
5) Por lo que se refiere a las letras b) y d) del apartado 1 del presente artículo, cada parte contratante podrá solicitar de los agentes pagadores en su territorio que anualicen los intereses durante un período que no podrá exceder de un año y considerar esos intereses anualizados como pago de intereses incluso si no se ha llevado a efecto ninguna cesión, rescate o reembolso durante ese período.
6) No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1 del presente artículo, cada parte contratante tendrá la opción de excluir de la definición de pago de intereses cualquier rendimiento mencionado en esas disposiciones proveniente de organismos o entidades establecidos en su territorio cuando las inversiones de esos organismos o entidades en los créditos mencionados en la letra a) del apartado 1 del presente artículo no sean superiores al 15 % de su activo. Del mismo modo, no obstante lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, cada parte contratante podrán decidir excluir de la definición de pago de intereses del apartado 1 del presente artículo los intereses abonados o ingresados en una cuenta de una entidad de las mencionadas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Acuerdo que no haya recurrido a la opción prevista en el apartado 3 del artículo 4 del presente Acuerdo y que esté establecida en su territorio, si las inversiones de esa entidad en los créditos mencionados en la letra a) del apartado 1 del presente artículo no son superiores al 15 % de su activo.
7) A partir del 1 de enero de 2011, el porcentaje a que se refieren la letra d) del apartado 1 del presente artículo y el apartado 3 del presente artículo será del 25 %.
8) Los porcentajes mencionados en la letra d) del apartado 1 del presente artículo y en el apartado 6 del presente artículo se fijarán en función de la política de inversión según lo fijado en las condiciones del fondo o en la escritura de constitución de los organismos o entidades de que se trate o, en su defecto, en función de la composición real de los activos de dichos organismos o entidades.
1) Durante el período transitorio contemplado en el artículo 10 de la Directiva, pero, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2010, las obligaciones nacionales e internacionales y demás instrumentos de deuda negociables, que hayan sido emitidos originariamente antes del 1 de marzo de 2001, o cuyos folletos de emisión de origen hayan sido aprobados antes de esa fecha por las autoridades competentes conforme a la Directiva 80/390/CEE del Consejo o por las autoridades responsables de terceros países, no se considerarán créditos en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del presenta Acuerdo, siempre y cuando no se hayan vuelto a producir emisiones de dichos instrumentos de deuda negociables desde el 1 de marzo de 2002.
Si un gobierno o entidad asimilada, actuando en calidad de organismo público o cuya función esté reconocida en un tratado internacional, tal como se define en el anexo del presente Acuerdo, efectúa otra emisión de los instrumentos de deuda negociables antes mencionados a partir del 1 de marzo de 2002, inclusive, el conjunto de la emisión, es decir, la emisión originaria y todas las sucesivas, se considerará un crédito en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del presente Acuerdo.
Si un emisor no contemplado en el segundo párrafo efectúa otra emisión de dichos instrumentos a partir del 1 de marzo de 2002 inclusive, esa emisión posterior se considerará un crédito en el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del presente Acuerdo.
2) Las disposiciones del presente artículo no impedirán que las partes contratantes graven el rendimiento de los instrumentos de deuda negociables mencionados en el apartado 1, de acuerdo con su legislación nacional.
1) Se preservará la confidencialidad de toda la información facilitada y recibida por la autoridad competente de una parte contratante.
2) La información facilitada a la autoridad competente de una parte contratante no podrá utilizarse para ningún fin distinto de la imposición directa sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte contratante.
3) La información facilitada sólo podrá revelarse a personas o autoridades relacionadas con cuestiones de imposición directa, las cuales únicamente podrán utilizar esa información para dichos fines o a efectos de supervisión, incluida la resolución de cualquier recurso. Con este fin, la información podrá revelarse en audiencia pública o en procedimientos judiciales.
4) Cuando la autoridad competente de una parte contratante considere que la información que ha recibido de la autoridad competente de la otra parte contratante puede ser de utilidad para la autoridad competente de otro Estado miembro, podrá transmitir dicha información a esta última autoridad competente con el consentimiento de la autoridad competente que facilitó la información.
El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha de la última notificación por escrito de los Gobiernos respectivos de que se han cumplido las formalidades constitucionales necesarias, y sus disposiciones surtirán efecto desde la fecha en que sea aplicable la Directiva, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la Directiva.
1) El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que sea denunciado por cualquiera de las partes contratantes.
2) Cualquiera de las partes contratantes podrá poner fin al presente Acuerdo notificando su denuncia por escrito a la otra parte contratante, especificando las circunstancias que han conducido a dicha denuncia. En tal caso, el Acuerdo dejará de surtir efecto 12 meses después de la notificación de la denuncia.
1) La aplicación del presente Acuerdo estará supeditada a la adopción y aplicación por todos los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, y por todos los territorios dependientes y asociados pertinentes de los Estados miembros de la Comunidad Europea, de medidas que se ajusten o sean equivalentes a las contenidas en la Directiva o en el presente Acuerdo y que tengan las mismas fechas de aplicación.
2) Con sujeción al procedimiento amistoso previsto en el artículo 7 del presente Acuerdo, cualquiera de las partes contratantes podrá suspender la aplicación del presente Acuerdo o de partes del mismo con efecto inmediato mediante notificación a la otra parte en la que se indiquen las circunstancias que han conducido a dicha notificación, en caso de que la Directiva deje de ser aplicable, con carácter temporal o permanente, de conformidad con la legislación de la Comunidad Europea, o en caso de que un Estado miembro suspenda la aplicación de su legislación de aplicación de la Directiva. La aplicación del Acuerdo se reanudará en cuanto dejen de darse las circunstancias que condujeron a la suspensión.
3) Con sujeción al procedimiento de mutuo acuerdo previsto en el artículo 7 del presente Acuerdo, cualquiera de las partes contratantes podrá suspender la aplicación del presente Acuerdo mediante notificación a la otra parte en la que se indiquen las circunstancias que han conducido a dicha notificación, en caso de que alguno de los terceros países o territorios mencionados en el apartado 1 deje de aplicar las medidas indicadas en ese apartado. La suspensión de la aplicación no surtirá efecto hasta, como mínimo, dos meses después de la notificación. La aplicación del Acuerdo se reanudará en cuanto se restablezcan esas medidas en el tercer Estado o territorio de que se trate.
A efectos del artículo 6 del presente Acuerdo, las siguientes entidades se considerarán, «entidad asimilada actuando en calidad de organismo público o cuya función esté reconocida en un tratado internacional»:
Région bruxelloisefBrussels Gewest (Región de Bruselas).
Diputación Foral de VizcayaBizkaia.
Réseau Ferré de France (RFF) (Líneas Férreas de Francia)
Pašvald~bas (Gobiernos locales).
Agencia Nieruchomosci Rolnych (Agencia de la Propiedad Agrícola).
Śtátny fond cestného hospodárstva (Fondo Estatal de Gestión de Carreteras).
Fondo Social de Desarrollo del Consejo de Europa EURATOM.
Corporación Andina de Fomento (CAF) Eurofima.
Las disposiciones del artículo 6 se entienden sin perjuicio de cualesquiera obligaciones internacionales en que las Partes Contratantes pueden haber incurrido con respecto a las entidades internacionales antes mencionadas.
1) se considera claramente que la entidad es una entidad pública con arreglo a los criterios nacionales;
2) dicha entidad pública es un productor no comercial que administra y financia un grupo de actividades, proporcionando principalmente bienes y servicios no comerciales, destinados al beneficio de la comunidad y que son efectivamente controlados por las administraciones públicas;
3) dicha entidad pública es un gran emisor de deuda periódico;
4) el Estado interesado puede garantizar que dicha entidad pública no efectuará una amortización anticipada en caso de cláusulas de elevación al íntegro (gross-up).
El presente Canje de Notas se aplicará provisionalmente a partir del 1 de julio de 2005, fecha determinada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2005, en consonancia con la fecha de aplicación de la Directiva del Consejo de Ministros de la Unión Europea 2003/48/CE, y según se establece en el art. 9 del Acuerdo anexo al Canje de Notas.