Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2006/05/registro-oficial-29-de-mayo-del-2006-suplemento
Timestamp: 2019-12-08 13:24:01
Document Index: 406962772

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 95', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 41', 'artículo 95', 'artículo 46', 'artículo 276', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 199', 'artículo 198', 'artículo 46', 'artículo 18', 'artículo 276', 'artículo 124', 'artículo 49']

Registro Oficial. 29 de MAYO del 2006 Suplemento
\n MAYO DE 2006 \n
Lunes, 29 de mayo de 2006 - R. O. No. 279
1122-04-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por la economista Mabel Iturralde Solórzano.
1104-04-RA Recházase la acción de amparo constitucional y confírmase la resolución venida en grado propuesta por el señor Walter Alberto Goya Villacís..
010-2005-RA Revócasela resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Kerlly Azucena Silva Chusan.
016-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Xavier Arturo Vásquez Fajardo.
121-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y recházase por improcedente la acción de amparo solicitada por Luis Carlos Guamán Mullo.
0137-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ex policía Jorge Agustín Guamán Cabay.
0189-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el Teniente Freddy Xavier Maya Bastidas.
0205-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Carlos Alberto Pérez Guaina.
0225-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Mayra Elizabeth Merino Abad.
- Gobierno Municipal de Santa Cruz: Para la gestión integral de desechos y residuos..
- Cantón Déleg: Que expide el Reglamento sustitutivo para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias, alimentación y gastos de transporte del Alcalde, concejales, funcionarios, empleados y trabajadores .
Nro. 1122-04-RA
"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"
En el caso Nro. 1122-04-RA
ANTECEDENTES: Mabel Angélica Iturralde Solórzano\n comparece ante el Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil\n y propone acción de amparo constitucional en contra del\n Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,\n señalando en lo principal, lo siguiente: Que ingresó\n al IESS en calidad de Auxiliar de Oficina, el 7 de noviembre\n de 1989, en el año de 1990 fue trasladada definitivamente\n al dispensario norte de Guayaquil, con la denominación\n de Auxiliar de Estadística y luego fue reclasificado su\n cargo como Analista Económico del Centro de Atención\n Ambulatoria Norte (CAAN), en el cual laboró como encargada\n del Área Financiera hasta el 19 de noviembre del 2003,\n y por disposición del Gerente de dicho Centro, según\n el oficio No. 42226-1101-498 de 10 de noviembre de 2003, fue\n trasladada al área de Administración y Estadística.\n Indica que se dirigió al Director General del IESS, con\n oficio MIS-606.2003 de 7 de diciembre del mismo año, solicitándole\n ordene a la Gerente del Centro de Atención Ambulatorio\n Norte para que sea restituida a su cargo de Responsable del Área\n Financiera, por tener el mayor nivel académico de todo\n el personal en dicha área de trabajo y también\n con el propósito de no ser perjudicada en sus derechos\n económicos, y poder recibir el bono profesional que por\n ley le corresponde. Dice que el 9 de febrero del 2004, con oficio\n No. 13220900-0625 el Abogado Gregory Gines, Director Provincial\n del IESS del Guayas, dispuso que se le trasladara, por convenir\n a los intereses Institucionales, a laborar a la Subdirección\n de Salud Individual y Familiar, a pesar de que el Director Provincial\n del IESS no tiene potestad legal de intervenir en los asuntos\n de Recursos Humanos del área Médica de la Provincia\n del Guayas, según resolución CD021. Que debido\n a que continuaba siendo víctima del hostigamiento y acoso\n laboral por parte del Director General del IESS y de la Gerente\n del CAAN, le dirigió al Ingeniero Jorge Madera, Director\n General del IESS, el oficio No. MIS. 2004.006 de 1 de marzo del\n 2004, en el que le solicitaba se sirva ordenar se deje insubsistente\n toda acción laboral en su contra y se le permita seguir\n trabajando normalmente en la Institución; además,\n solicita se ordene al Director Provincial y a la Gerente del\n CAAN terminen con el acoso profesional del que estaba siendo\n víctima desde el 4 de noviembre del 2003, fecha en que\n asumió la Gerencia la Dra. Betty Campi Carpio. Que no\n obstante de lo antes mencionado, el 8 de marzo del 2004 la Dra.\n Betty Campi, suscribió la circular No. 42226-1101-142\n dirigida al personal donde disponía a los jefes de área\n que no le permitan su presencia física en las respectivas\n dependencias y a todo el personal del CAAN les incitaba diciéndole\n que la presencia física obedecía a un franco desacato\n a las Autoridades Superiores porque estaba tratando de crear\n focos de indisciplina. Que con un nuevo oficio de fecha 9 de\n marzo del 2004, comunicó que continuaba cumpliendo con\n la jornada completa de trabajo en las dependencias del CAAN,\n y debido a que no había recibido respuesta a sus oficios\n dirigidos al Ing. Jorge Madera, Director General del IESS, solicitó\n al Consejo Directivo del IESS ordenar a quien corresponda se\n termine con la vía crucis que está padeciendo la\n actora. Amparada en lo que establece el Art. 95 de la Constitución\n Política del Ecuador propone acción de amparo constitucional,\n a través de la cual solicita se adopten las urgentes medidas\n destinadas a cesar y remediar de manera inmediata los efectos\n del acto ilegítimo que está ocasionando daño,\n esto es, el contenido en el oficio No. 62100000-1758-PI del 23\n de abril del 2004, en el cual, el Ing. Jorge Madera Castillo\n autorizaba se traslade a una dependencia administrativa del IESS,\n en franco perjuicio del área médica donde fue clasificada\n por disposición de la autoridad. Manifiesta que el Director\n General del IESS ha incumplido lo establecido en el Art. 28 de\n la Ley de Modernización del Estado, asimismo hace referencia\n al Art. 18 de la Constitución Política de la República;\n señala que el demandado no tenía facultad para\n ordenar un traslado presupuestario, por lo que solicita se deje\n sin efecto el mismo, se ordene su inmediata restitución\n al cargo de Analista Económico del Centro de Atención\n Ambulatoria Norte, obtenido por el estudio de Auditoria, disponiendo\n además que se le paguen los valores no percibidos durante\n el tiempo que ha sido distraída de sus funciones.
En la Audiencia Pública llevada a efecto en el juzgado\n de instancia la parte recurrida en lo principal señala:\n que la acción es improcedente por el fondo y la forma\n ya que se hacen constar hechos y circunstancias que riñen\n con la verdad como justifican con las copias debidamente certificadas\n que adjuntan al proceso; que se debe resaltar que la actora es\n una servidora del IESS sujeta a la Ley Orgánica de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación\n de Remuneraciones del Sector Público y como tal cualquier\n reclamo o lesión de sus derechos deben ventilarse en la\n vía de lo Contencioso Administrativo.
Que no existe peligro de daño grave e inminente en\n el traslado presupuestario de una dependencia a otra dentro de\n la misma Institución Pública, lo cual es un acto\n legítimo de autoridad competente; que tampoco existe violación\n de derecho político o constitucional alguno, sino una\n acción de personal normal y rutinaria y que es facultad\n de la autoridad administrativa y nominadora de personal como\n es el señor Director General del IESS.
El señor Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil,\n resuelve aceptar la acción de amparo constitucional interpuesta\n por la economista Mabel Angélica Iturralde Solórzano,\n ordenando que el Director General del Instituto Ecuatoriano de\n Seguridad Social reintegre a la accionante a la función\n de Analista Económico del Centro de Atención Ambulatoria\n Norte del I.E.S.S. en Guayaquil; resolución que es apelada\n por el accionado.
PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con\n lo dispuesto en los Arts. 95 y 276, numeral 3 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con el\n Art. 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- En el presente trámite no se ha omitido solemnidad\n legal alguna que pueda incidir en la resolución del mismo,\n por lo que se declara la validez del proceso.
TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dispone: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponerse la acción si el acto o la omisión\n hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de una\n autoridad pública." En consecuencia, para que proceda\n el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista\n un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,\n b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con\n la Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente; y, c) Que amenace causar un daño grave de modo\n inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es\n si el acto administrativo impugnado está dentro de los\n parámetros o conceptos anotados y sobre todo si se trata\n o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
CUARTO.- Que, el acto de autoridad impugnado es el contenido\n en el oficio No. 62100000-1758-PI, de 23 de abril de 2004 (fojas\n 34), mediante el cual se notifica a la accionante con la autorización\n emitida por el Director General del IESS para efectuar su traslado\n presupuestario a la Agencia Norte de Guayaquil, de conformidad\n con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.
QUINTO.- Que, el oficio impugnado No. 62100000-1758-PI, de\n 23 de abril de 2004 (fojas 34) tiene como sustento el oficio\n No. 62100000-1450-PI, de 13 de abril de 2004 (foja 122), mediante\n el cual el Subdirector de Recursos Humanos solicita al Director\n General del IESS autorice el pase administrativo de la accionante\n del Centro de Atención Ambulatoria Norte CAAN a la Agencia\n Norte de Guayaquil, señalando como razones para el traslado\n los problemas que se habían suscitado con respecto a la\n actuación de la accionante en el CAAN, al haber incurrido\n en desacato, distrayendo y trastornando las labores administrativas\n del Centro de Atención Norte. En el oficio mencionando\n consta una nota impuesta por el Director General del IESS, en\n la que se lee: "Acojo este informe. Se autoriza acción\n administrativa sugerida". De lo cual se establece, que el\n acto administrativo fue autorizado por el Director General del\n Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la máxima autoridad\n administrativa del IESS, autoridad que conforme lo establecen\n los literales a) y g) del artículo 32 de la Ley de Seguridad\n Social, es su representante legal y su autoridad nominadora,\n con plenas faculta-des para administrar el recurso humano, por\n tal motivo, la decisión de autorizar el traslado es legítima.\n Adicionalmente, conforme lo establecen los numerales 4 y 27 del\n artículo 19 de Reglamento Orgánico Funcional del\n IESS, publicado en el Registro Oficial No. 222 de 1 de diciembre\n de 2003, es competencia de las Direcciones Provinciales del IESS\n la administración de los recursos humanos de la institución\n dentro de su circunscripción territorial.
SEXTO.- Que, en relación al contenido de dicho Oficio\n No. 62100000-1450-PI, de 13 de abril de 2004, expedido por la\n Subdirección de Recursos Humanos del IESS del Guayas,\n establece que la presencia de la ahora accionante, Economista\n Mabel Iturralde Solórzano resulta ser una mala influencia\n en la dependencia, conclusión que la sustenta en los oficios:\n 13220900.1148 de 2004-03-16, informe del Grupo de Trabajo de\n Recursos Humanos del Departamento de Servicios Generales de la\n Dirección Provincial, que determina que la economista\n Iturralde ha incurrido en desacato, distrayendo y trastornando\n las labores administrativas del Centro de Atención Norte;\n y en el informe de su superior inmediato doctora Betty Campi,\n constante en oficio 422261101-133 de 2004-03-12, en que refiere\n los problemas generados por la accionante, Economista Mabel Iturralde.\n Por lo cual, la Subdirección de Recursos Humanos "considera\n conveniente y solicita su autorización (la del Director\n General del IESS) para realizar el traslado presupuestario de\n la Economista Mabel Iturralde Solórzano a la Agencia Norte\n de Guayaquil, de conformidad a lo establecido en el artículo\n 40 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público\n Codificada", constando que en dicho oficio manifiesta que\n en la dependencia de destino "deberá asumir responsabilidades\n acordes a su nombramiento, con la categoría y remuneración\n iguales a las que posee en la actualidad", por lo cual,\n el acto impugnado en forma alguna desconocía el rango\n y la calificación profesional de la accionante, pues,\n más bien, las reconoce y prevé que el ejercicio\n del cargo de destino se lo desempeñe en iguales condiciones\n al cargo del que está siendo trasladada. El oficio en\n mención justifica plenamente el traslado dispuesto, pues,\n en los oficios: 13220900.1148 de 2004-03-16, informe del Grupo\n de Trabajo de Recursos Humanos del Departamento de Servicios\n Generales de la Dirección Provincial; y en informe de\n su superior inmediato doctora Betty Campi, constante en oficio\n 422261101-133 de 2004-03-12; dejan constancia de que la presencia\n de la accionante generaba mal ambiente en el sitio de trabajo\n y que, por tanto, es una necesidad institucional mantener el\n orden y el buen ambiente en el trabajo, motivos por los cuales,\n la autoridad administrativa resolvió el traslado de la\n accionante, medida que resulta benévola cuando bien pudo\n la autoridad demandada organizar un sumario administrativo para\n sancionar los hechos de desobediencia que causaron malestar en\n el sitio de trabajo; pues, la accionante habría incumplido\n por lo menos los deberes establecidos en el artículo 24\n literales a) y c) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y de Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público Codificada.
SEPTIMO.- Que, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público en el artículo 40 establece:\n "Del traspaso de puestos a otras unidades administrativas.-\n Dentro de la institución o entidad, prohíbese el\n traspaso de puestos a distintas unidades para las que fueron\n destinados, salvo que, por necesidad institucional, la autoridad\n nominadora requiriera disponer del puesto de trabajo en distinta\n unidad administrativa a la actual designación, caso en\n el cual, deberá contar con el informe de la unidad de\n recursos humanos respectiva. El Ministerio de Economía\n y Finanzas una vez que disponga del informe señalado efectuará\n la correspondiente reforma al distributivo de remuneraciones.\n La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo\n entre distintas unidades de la entidad sin que implique modificación\n presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales,\n por un período de hasta 10 meses en un año calendario,\n observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones\n y remuneraciones del servidor". Siendo que, conforme el\n artículo 41 de la mencionada Ley de Servicio Civil, solo\n se requiere aceptación del traslado por parte del funcionario\n cuando tal traslado se lo hace fuera del domicilio del funcionario,\n caso contrario, la decisión del superior debe ser acatada\n por el subordinado.
OCTAVO.- Que, en la presente causa existe ilegitimidad pasiva,\n pues, el acto impugnado por la accionante es el oficio No. 62100000-1758-PI,\n de 23 de abril de 2004 que proviene de la Subdirección\n de Recursos Humanos, acto que no es expedido por el demandado,\n el Director General del Instituto de Seguridad Social, y como\n lo ha expresado anteriormente este Tribunal (p.e. resolución\n No.098-2002-RA-Segunda Sala), la demanda de amparo constitucional,\n conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Constitución,\n no se dirige contra el Estado o la institución como tal,\n sino que se dirige en contra del funcionario del que emanó\n el acto ilegítimo; por tanto, de plano debió inadmitirse\n la acción de amparo propuesta.
NOVENO.- Que, si bien la acción de amparo constitucional\n es una garantía constitucional cuya finalidad es la protección\n de los derechos fundamentales de todas las personas frente a\n cualquier acto u omisión que viole o pueda violar un derecho\n fundamental consagrado en la Constitución, y cause un\n daño al accionante; conforme lo ha dispuesto este Tribunal,\n corresponde al accionante fundamentar y sobre todo demostrar\n que sus derechos subjetivos constitucionales fueron en efecto\n violados por el acto que se impugna. Al respecto, para que proceda\n el amparo "no es suficiente que el acto impugnado aparezca\n como ilegítimo, ya que sólo cuando viola en forma\n clara y concreta normas constitucionales o tratados internacionales\n vigentes, procede el amparo constitucional (Resolución\n No. 0469-2004-RA de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional)",\n circunstancia que no aparece en el presente caso, pues, la pretensión\n de la accionante radica en cuestionar el cambio administrativo\n dispuesto mediante oficio No. 62100000-1758-PI, de 23 de abril\n de 2004; situación que por las características\n concretas del acto y de la petición no puede ser impugnada\n por la vía del amparo; pues, el amparo no es un recurso\n impugnatorio que sirva para el control de la legalidad de los\n actos administrativos. El control de la legalidad de los actos\n se encuentra desarrollado en la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa, cuerpo jurídico que para el\n caso prevé el recurso subjetivo o de plena jurisdicción,\n por medio del cual se pide el reconocimiento de los derechos\n negados, tal como lo ha señalado la jurisdicción\n contencioso-administrativa en reiterados fallos. Asimismo, para\n que proceda el amparo constitucional la accionante no solo debe\n probar que la violación alegada es verdadera o real, sino\n que tal violación es violación de un derecho constitucional\n subjetivo. A este respecto la Tercera Sala del Tribunal Constitucional\n ha señalado en su resolución No. 0119-2004-RA que\n "si como resultado del incumplimiento de la ley se lesiona\n la seguridad jurídica, tal violación no da lugar\n a la acción de amparo (igual sucede, por ejemplo, con\n el derecho al trabajo o la propiedad), pues todo ordenamiento\n jurídico prevé el respeto al principio de legalidad\n y pone a disposición del afectado el procedimiento ordinario\n de justicia". En relación a la demanda propuesta,\n la misma constituye una larga exposición que hace relación\n a los hechos que la accionante considera relevantes, pero en\n ningún momento concreta y ni siquiera cita artículos\n de cuales son sus derechos subjetivos constitucionales vulnerados,\n pues, simplemente indica que su derecho al trabajo (en un hecho\n posterior al acto que impugna) ha sido vulnerado al no permitírsele\n asistir a su lugar de trabajo, cuando en realidad la accionante\n no tenía porque acudir a un lugar en el que ya no realizaba\n funciones; ya que, debía asumir funciones en el lugar\n de destino del traslado administrativo, lo cual, reitera el incumplimiento\n de los deberes establecidos en el artículo 24 literales\n a) y c) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y de Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público.
DECIMO.- Que, para que proceda la acción de amparo,\n el acto de autoridad pública que se impugna, debe evidenciar\n la amenaza de un daño grave que se producirá en\n forma inminente. Al respecto la Primera Sala ha señalado\n que para que un acto de autoridad pública sea considerado\n grave "el efecto que ha de producir es grande, cuantioso\n o casi permanente" (resolución 001-RA-1999-IS). En\n el caso concreto, el acto impugnado no amenaza con producir un\n daño grave e inminente a la accionante, pues, los hechos\n relatados por la accionante, bien pudieron ser la base de un\n sumario administrativo en su contra, pues, al desobedecer lo\n dispuesto por sus superiores, la accionante incumplía\n con su obligación establecida en el artículo 24\n literal d) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, Unificación y Homologación de las\n Remuneraciones del Sector Público. Del mismo modo, el\n traslado ordenado no conduce a concluir que amenaza daño\n grave e inminente; pues, no le ha impedido trabajar y tampoco\n ha menoscabado su estabilidad, el acto impugnado no ha alterado\n la esencia de sus funciones, ni la permanencia en las mismas,\n dado que, el oficio No. 62100000-1450-PI, de 13 de abril de 2004\n (foja 122), anteriormente mencionado, literalmente manifiesta\n que en la función de destino "deberá asumir\n responsabilidades acordes a su nombramiento, con la categoría\n y remuneración iguales a las que posee en la actualidad".
1. Revocar la Resolución venida en grado, y por tanto,\n negar la acción de amparo propuesta por la economista\n Mabel Iturralde Solórzano; y,
2. Devolver al inferior para los fines legales previstos en\n el Art.55 de la Ley del Control Constitucional.-
3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".
f.) Dr. Santiago Velázquez Coello, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Jorge Alvear Macías,\n Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Carlos Soria Zeas\n y Santiago Velázquez Coello y cuatro votos salvados de\n los doctores José García Falconí, Enrique\n Tamariz Baquerizo, Manuel Viteri Olvera y Tarquino Orellana Serrano,\n en sesión del día martes nueve de mayo de dos mil\n seis.- Lo certifico.
f.) Dr. Juan Carlos Calvache Recalde, Secretario General.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES JOSE GARCIA FALCONI, ENRIQUE\n TAMARIZ BAQUERIZO, MANUEL VITERI OLVERA Y TARQUINO ORELLANA SERRANO\n EN EL CASO NRO. 1122-04-RA.
Quito, 9 de mayo de 2006
Con los antecedentes constantes en la resolución adoptada,\n nos separamos de la misma por las siguientes consideraciones:
PRIMERA.- El Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con\n lo dispuesto en los Arts. 95 y 276, numeral 3 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con el\n Art. 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDA.- En el presente trámite no se ha omitido solemnidad\n legal alguna que pueda incidir en la resolución del mismo,\n por lo que se declara la validez del proceso.
TERCERA.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dispone: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponerse la acción si el acto o la omisión\n hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de una\n autoridad pública." En consecuencia, para que proceda\n el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista\n un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,\n b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con\n la Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente, y c) Que cause o amenace causar un daño grave,\n y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar\n es si el acto administrativo impugnado está dentro de\n los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se\n trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
CUARTA.- En el caso, el asunto materia de este amparo se contrae\n a la impugnación del acto de autoridad contenido en el\n oficio No. 62100000-1758-PI, de 23 de abril de 2004, mediante\n el cual se notifica a la accionante con la autorización\n emitida por el Director General del IESS para efectuar su traslado\n presupuestario a la Agencia Norte de Guayaquil, de conformidad\n con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público (fojas 120). Consta también\n a fojas 122 el Oficio No. 62100000-1450-PI, de 13 de abril de\n 2004, mediante el cual el Subdirector de Recursos Humanos solicita\n al Director General del IESS autorice el pase administrativo\n del Centro de Atención Ambulatoria Norte CAAN a la Agencia\n Norte de Guayaquil, señalando como razones para el traslado\n los problemas que se habían suscitado con respecto a la\n actuación de la accionante en el CAAN, al haber incurrido\n en desacato, distrayendo y trastornando las labores administrativas\n del Centro de Atención Norte. En la parte correspondiente\n a conclusión y recomendaciones, el Subdirector de Recursos\n Humanos señala: "Por esta razón, la Subdirección\n de Recursos Humanos considera conveniente y solicita su autorización\n para realizar el traslado presupuestario de la economista Mabel\n Iturralde Solórzano a la Agencia Norte de Guayaquil, de\n conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público, donde deberá asumir responsabilidades\n acordes a su nombramiento, con la categoría y remuneración\n iguales a las que posee en la actualidad. Por lo demás,\n es la doctora Betty Campi Carpio, la responsable directa de la\n administración de la unidad, así como de las acciones\n y decisiones que adopte en torno a este caso y en general, a\n todo lo que concierne a la gestión administrativa y financiera".\n Debiendo anotarse que en el antes referido informe se ve una\n nota suscrita por el Director General del IESS, en la que se\n lee: "Acojo este informe. Se autoriza acción administrativa\n sugerida".
QUINTA.- Al respecto, cabe puntualizar que la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público en el Art. 38\n establece que traslado administrativo es el movimiento de un\n servidor público de un puesto a otro vacante, de la misma\n clase y categoría o de distinta clase, pero con la misma\n remuneración, y el Art. 39 ibídem dispone: "Condiciones\n para traslados.- Los traslados de un puesto a otro podrán\n ser acordados por la autoridad nominadora, siempre y cuando:\n a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, b) El candidato\n al traslado satisfaga los requerimientos para el puesto al cual\n va a ser trasladado. Respecto al traslado administrativo a una\n unidad administrativa distinta, dentro de una misma institución,\n el Art. 40 establece: "Del traspaso de puestos a otras unidades\n administrativas.- Dentro de la institución o entidad,\n prohíbese el traspaso de puestos a distintas unidades\n para las que fueron destinados, salvo que, por necesidad institucional,\n la autoridad nominadora requiriera disponer del puesto de trabajo\n en distinta unidad administrativa a la actual designación,\n caso en el cual, deberá contar con el informe de la unidad\n de recursos humanos respectiva. El Ministerio de Economía\n y Finanzas una vez que disponga del informe señalado efectuará\n la correspondiente reforma al distributivo de remuneraciones.\n La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo\n entre distintas unidades de la entidad sin que implique modificación\n presupuestaria y siempre que se realice por necesidades institucionales,\n por un período de hasta 10 meses en un año calendario,\n observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones\n y remuneraciones del servidor".
SEXTA.-Además de los requisitos arriba señalados\n según el Art. 40 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, Unificación y Homologación de las\n Remuneraciones del Sector Público, la autoridad nominadora\n puede autorizar el cambio siempre que no implique modificación\n presupuestaria, por un período de hasta diez meses, previéndose\n que no exista peligro respecto de la estabilidad, funciones y\n remuneraciones del servidor. En este contexto, es necesario un\n cono-cimiento cabal y certero sobre el cargo al cual la accionante\n sería trasladada, pues ello tiene que ver no solamente\n con las necesidades institucionales que determinarían\n su traslado, sino también con su estabilidad, lo cual\n influiría directamente en su desempeño, con su\n preparación, capacidad, su profesión y obvia-mente\n con la remuneración que percibe.
SEPTIMA.- Respecto del cargo al cual sería trasladada\n la accionante, no se especifica en ninguna parte del oficio impugnado,\n ni tampoco en los otros documentos constantes en el expediente,\n qué tipo de función desempeñaría,\n lo único que se menciona como quedó anteriormente\n citado, es que debería dársele responsabilidades\n acordes a su nombramiento, con la categoría y remuneración\n que están fijadas para ella; tampoco se señala\n el tiempo por el cual regiría tal situación, por\n lo que no se puede determinar si se afectaría o no en\n su caso con su estabilidad que está garantizada en la\n Carta Política Art. 124 inciso segundo; pues, señalar\n escuetamente que debería dársele responsabilidades\n acordes a su cargo no permite tener la certeza de que este derecho\n de la accionante como funcionaria del IESS quedaría garantizada;\n solamente queda claro que la remuneración a percibir sería\n la misma.
OCTAVA.- Este Tribunal considera que, si bien, la autoridad\n demandada tiene plenas facultades para efectuar el traslado administrativo\n ordenado por el acto que se impugna, no es menos cierto que,\n no consta del expediente la Acción de Personal que determine\n con exactitud el cargo que ocuparía la accionante en la\n unidad administrativa a la que se traslada. Este acto provoca\n en la legitimada activa una incertidumbre en la que no sabe si\n las funciones a ocupar están acordes con su preparación,\n experiencia como Analista Económica; si responde a la\n necesidad institucional. La autoridad nominadora si requería\n disponer el traslado a distinta unidad administrativa a la cual\n se le asignaba, debió contar con el Informe de la Unidad\n de Recursos Humanos en el que se fundamenta el requerimiento;\n en el expediente si bien consta un informe de esta dependencia,\n en el mismo no se hace relación a los motivos del traslado,\n sino que se hacen inculpaciones que deben ser materia de análisis\n y recomendación de un sumario administrativo para establecer\n las correspondientes responsabilidades tales como el desacato\n a la autoridad; informe que a su vez no constituye la motivación\n o fundamento del traslado, únicamente trascribe el mandato\n de la Ley, pero no explica su pertinencia al caso; el referido\n informe además se refiere a una figura jurídica\n inexistente en la LOSCA, como es el "traslado presupuestario"\n de la economista Mabel Iturralde Solórzano a la Agencia\n Norte de Guayaquil.
NOVENA.- Llama la atención la circular que consta fojas\n 19 del expediente, suscrita por la doctora Betty Campi Carpio,\n en la que dispone " a todos los responsables de áreas\n que no se permita su presencia dentro de las respectivas dependencias",\n esta actitud arbitraria denota un desconocimiento de los derechos\n fundamentales de las personas como el de la integridad personal\n garantizada en el Art. 23.2 así como también constituye\n una violación al derecho a transitar libremente del que\n gozamos todos los ecuatorianos sin excepción. Art. 23.14\n ibídem.
DECIMA.- De acuerdo con la Ley y la doctrina para que un acto\n de autoridad pública sea considerado legítimo,\n si bien considera que la competencia es esencial, es decir que\n el órgano administrativo tenga facultad legal de expedirla,\n eso no es suficiente, el acto debe nacer de una motivación\n jurídica clara y concreta y en el caso de análisis\n no se expresan las razones o motivos de hecho y de derecho que\n concurren para determinar su legitimidad, justificar el cumplimiento\n de los elementos normativos, de los valores de apreciación\n sobre el mérito y la razonabilidad. La motivación\n tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la\n voluntad que se manifiesta en el acto de autoridad, y lo que\n es más importante, permite o hace posible su control o\n fiscalización. Este principio ha sido incorporado en la\n Constitución del Ecuador como una garantía básica\n para asegurar un debido proceso, así lo consigna el Art.\n 24 numeral 13 que preceptúa: "Las resoluciones de\n los poderes públicos que afecten a las personas, deberán\n ser motivadas"; y, como señala la accionante en la\n escueta Resolución de tras-lado contenida en el oficio\n No. 62100000-1758-PI, del 23 de abril de 2004, hay una ausencia\n de motivación, lo cual la torna en ilegítima por\n contrariar este precepto constitucional.
Por lo expuesto, somos del criterio, que el Pleno del Tribunal\n debe:
1.- Confirmar la Resolución venida en grado, y por\n tanto, aceptar la acción de amparo propuesta por la economista\n Mabel Iturralde Solórzano, dejando sin efecto el traslado\n administrativo impugnado; y,
2.- Devolver al inferior para los fines legales previstos\n en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese\n y publíquese.
f.) Dr. José García Falcón, Vocal.
f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal.
f.) Dr. Manuel Viteri Olvera, Vocal.
f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado\n por f.) Ilegible.- Quito, a 16 de mayo del 2006.- f.) El Secretario\n General.
No. 1104-04-RA
Magistrado ponente: Dr. Carlos Soria\n Zeas
LA SEGUNDA SALA DEL
En el caso signado con el No. 1104-04-RA
El señor Walter Alberto Goya Villacís, por sus\n propios derechos, comparece ante el Juez Primero de lo Civil\n de Guayaquil, y propone acción de amparo constitucional\n en la que solicita la anulación de la sentencia expedida\n el 11 de febrero del 2000, dentro del juicio contencioso administrativo\n número 398-97-LM que se tramitó en el Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad\n de Guayaquil, proceso dentro del cual objetó la legalidad\n del acto emitido el 8 de julio de 1996 por el Jefe del Departamento\n Administrativo (E) de Autoridad Portuaria de Guayaquil, a través\n del cual se le comunicó que, por disposición de\n la Gerencia General de la entidad, dejó de prestar sus\n servicios como Superintendente de Terminales. El accionante,\n en lo principal, manifiesta lo que sigue:
Que cuando propuso su acción ante el Tribunal de lo\n Contencioso Administrativo de Guayaquil, esta fue considerada\n como extemporánea;
Que se han violado y conculcado sus derechos constitucionales\n y legales, pues en vez de acoger su pretensión, el Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, declaró\n la caducidad de la acción; y,
Que conforme el artículo 95 de la Constitución\n de la República interpone acción de amparo en contra\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil,\n a fin de que se anule la sentencia emitida el 11 de febrero de\n 2000, y fundamenta la proposición de su demanda en que,\n de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Control Constitucional,\n no existe distinción en cuanto al tiempo en que debe presentarse\n la acción de amparo, ya que la ley actúa siempre\n frente a la violación de derechos y garantías constitucionales.
A la audiencia pública llevada a efecto en el juzgado\n de instancia el 6 de octubre de 2004, comparecen el Gerente General\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil, por interpuesta persona\n de su abogado patrocinador, así como el Delegado de la\n Procuraduría General del Estado, quienes se excepcionan,\n fundamentalmente, invocando la improcedencia de la acción\n de amparo respecto de decisiones judiciales adoptadas en un proceso\n y la falta de inminencia en el daño, y, alegan, que esta\n acción es un claro ejemplo de mala práctica profesional\n por parte del abogado patrocinador del accionante.
Con estos antecedentes, para resolver, la Segunda Sala del\n Tribunal Constitucional hace las siguientes:
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver este caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución de la República.
\n SEGUNDA.- No se advierte omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución del presente\n caso, por lo que se declara su validez.
TERCERA.- En relación a la acción de amparo,\n el artículo 95 de la Constitución Política\n del Ecuador establece que "Cualquier persona, por sus propios\n derechos o como representante legitimado de una colectividad,\n podrá proponer una acción de amparo ante el órgano\n de la Función Judicial designado por la ley. Mediante\n esta acción, que se tramitará en forma preferente\n y sumaria, se requerirá la adopción de medidas\n urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar\n inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública, que viole\n o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo\n inminente, amenace con causar un daño grave". Es\n decir que, en principio, todos los actos u omisiones ilegítimas\n de autoridad pública pueden ser impugnados por esta vía\n constitucional, siempre que concurran de manera simultánea\n y unívoca, los requisitos de procedibilidad establecidos\n en la norma en alusión.
Sin embargo, la norma constitucional de marras, en su segundo\n párrafo establece expresamente que "No serán\n susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales\n adoptadas en un proceso", disposición con la que\n guardan armonía la letra c) del artículo 2 de la\n Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia,\n publicada en el Registro Oficial número 378 del 27 de\n julio del 2001, y el número 2 del artículo 50 del\n Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional;\n preceptos cuyo espíritu es, en definitiva, salvaguardar\n el principio de independencia de la función judicial en\n lo que concierne al ejercicio de la potestad jurisdiccional por\n parte de los magistrados y jueces que la conforman, tal como\n lo señala el artículo 199 de la Carta Suprema.
CUARTA.- En la especie, el acto de autoridad pública\n impugnado es la sentencia expedida el 11 de febrero del 2000\n por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.\n 2, con sede en Guayaquil, dentro un proceso contencioso administrativo\n de plena jurisdicción o subjetivo, incoado por el accionante\n en contra del Gerente General de Autoridad Portuaria de Guayaquil\n y el Procurador General del Estado, en el que acusa la ilegalidad\n del acto administrativo de fecha 8 de julio de 1996 emanado del\n Jefe del Departamento Administrativo de la referida entidad,\n mediante el cual se le hizo conocer que dejó de prestar\n sus servicios para Autoridad Portuaria de Guayaquil, como Superintendente\n de Terminales.
La sentencia en referencia acogió la excepción\n de caducidad deducida por el Gerente General de la Autoridad\n Portuaria de Guayaquil y Procurador General del Estado, por haber\n vencido, en exceso, el derecho del actor para impugnar el acto\n administrativo antes señalado.
QUINTA.- De la revisión de las piezas procesales, y\n especialmente, del acto recurrido que corre a fojas 27 del expediente\n subido en grado, se puede concluir sin mayor esfuerzo, la improcedencia\n de la acción de amparo propuesta, toda vez que la autoridad\n demandada, esto es, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, ha obrado en ejercicio\n de las funciones jurisdiccionales que le confiere la Ley de la\n Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia\n con lo estatuido en el número 2 del artículo 198\n de la Constitución Política del Ecuador.
Por otra parte, llama poderosamente la atención de\n esta Magistratura, el proceder de los abogados de la parte demandante,\n quienes en claro y abierto desconocimiento de las normas constitucionales\n y legales que versan sobre la acción de amparo constitucional,\n han promovido una demanda de esta naturaleza con el afán\n de lograr la suspensión de una decisión judicial\n que se halla plenamente ejecutoriada, lo cual se contrapone,\n amén de los preceptos invocados en la presente resolución,\n a los principios éticos que un profesional del Derecho\n debe observar en el ejercicio de su actividad.
Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones constitucionales\n y legales, esta Sala,
1. Rechazar la acción de amparo constitucional propuesta\n por el señor Walter Alberto Goya Villacís; y, en\n consecuencia, confirmar la resolución venida en grado.
2. Devolver el expediente al Juez de origen, para los fines\n consiguientes.
f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente Segunda Sala.
f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal Segunda Sala.
\n f.) Dr. José García Falconí, Vocal Segunda\n Sala.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los diez días del mes de mayo del año dos mil\n seis.- Lo certifico.
f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.
Fiel copia del original.- Segunda Sala.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
No.\n 010-2005-RA
CASO No. 010-2005-RA
\n SEGUNDA SALA
Quito, D. M., 10 de mayo del 2006
\n ANTECEDENTES:
Kerlly Azucena Silva Chusan fundamentada en el artículo\n 95 de la Constitución interpone acción de amparo\n constitucional ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil\n del Guayas, Milagro en contra del Alcalde y Procurador Síndico\n del Municipio de Milagro y solicita que se ordene su inmediata\n restitución al cargo de Inspectora del Departamento de\n Avalúos y Catastros.
La accionante, en lo principal, manifiesta que se ha desempeñado\n como Inspectora del Departamento de Avalúos y Catastros\n en la I. Municipalidad de Milagro desde el 2 de abril de 2004\n con la modalidad de contrato de prestación de servicios,\n durante este tiempo ha laborado con honradez, probidad y dentro\n del marco de la ley. Con fecha 19 de octubre del año 2004\n el Director el Departamento de Avalúos y Catastros le\n impidió el ingreso aduciendo que ha sido despedida por\n orden del señor Alcalde, señala además que\n ha sido injuriada gravemente en su honor por parte de dicho Director.\n Ante este hecho presenta su reclamo, junto con otros compañeros,\n ante el señor Inspector Provincial del Trabajo del Guayas\n para determinar ante el Alcalde las causas y motivos por los\n cuales se ha producido el despido, pero por orden del Alcalde\n un grupo de policías no le permitieron el ingreso al Palacio\n Municipal. Con estos actos se está violando la Constitución\n y la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que garantiza\n la estabilidad laboral, así como el derecho al trabajo,\n a la dignidad, honra, buena reputación, y a la defensa.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció la actora,\n quien por intermedio de su abogado defensor se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El abogado\n defensor de la Municipalidad de Milagro, ofreciendo poder o ratificación,\n manifestó que la demanda de amparo constitucional propuesta\n es ilegítima, indebida, irrespetuosa y calumniosa. Ninguna\n función del Estado ni autoridad extraña a la Municipalidad\n podrá interferir en su administración propia. La\n demanda propuesta carece de preceptos legales, como los establecidos\n en el artículo 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional.\n No se señala en la demanda lo estipulado en el artículo\n 72 numeral 2 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,\n por lo que existe falta de personería y de legítimo\n contradictor, siendo la demanda nula. Se debe tomar en cuenta\n el artículo 18 reformado de la Ley de Régimen Municipal\n y declarar sin lugar la acción planteada, calificándola\n de maliciosa, según lo establecido en el artículo\n 56 de la Ley del Control Constitucional.
El Juez de instancia niega el amparo constitucional propuesto\n por la accionante, considerando que la demandante no es servidora\n pública protegida por la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa sino que como contratista cumple con la prestación\n de servicio en la Municipalidad de Milagro, por lo que no puede\n atribuirse al señor alcalde que no ha observado la Ley\n que protege a los servidores públicos.
\n Con estos antecedentes, para resolver, la Segunda Sala del Tribunal\n Constitucional hace las siguientes:
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n en este caso;
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso, por\n lo que se declara su validez;
TERCERA.- La acción de amparo procede con el objeto\n de adoptar medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de autoridad pública que viole cualquier\n derecho consagrado en la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente y que de modo inminente amenace\n con causar un daño grave. También se podrá\n interponer contra los particulares cuando su conducta afecte\n grave y directamente un interés comunitario, colectivo\n o un derecho difuso.
CUARTA.- La pretensión de la accionante en este caso\n está orientada a que se le reintegre a su cargo de Inspectora\n del Departamento de Avalúos y Catastros por cuanto ha\n sido despedida intempestivamente por el Alcalde del I. Municipio\n de Milagro sin motivación alguna.
QUINTA.- Del análisis de los documentos que obran del\n proceso no se encuentra alguno que demuestre la existencia de\n la relación laboral de la accionante con la I. Municipalidad\n de Milagro, por lo que esta Sala ha realizado múltiples\n requerimientos al Municipio en este sentido, sin lograr ningún\n resultado. Sin embargo, por ser un deber primordial de este alto\n Organismo la defensa de los derechos constitucionales y la protección\n a quien se los ha vulnerado, se aduce que la calidad de funcionaria\n del Municipio de Milagro de la accionante queda establecida al\n no haber impugnado tal calidad la autoridad demandada. El funcionario\n público municipal esta sujeto al régimen de personal\n que establezca el Concejo Municipal o en su defecto a lo establecido\n en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público, de conformidad al artículo\n 174 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
SEXTA.- El artículo 124 de la Constitución Política\n del Estado establece el principio de estabilidad de los funcionarios\n públicos, por lo cual, solo excepcionalmente dichos funcionarios\n son de libre remoción. Siendo causales legales para la\n cesación definitiva de funciones las establecidas en el\n artículo 49 de al Ley Orgánica de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público, sin que de lo\n actuado en el proceso haya demostrado la autoridad demandada\n la existencia de causal alguna de destitución y, menos\n aún, la existencia de procedimiento alguno para cesar\n a la accionante de su cargo;
SEPTIMA.- A fojas tres del cuadernillo de primera instancia\n consta el Acta de Inspección realizada el 21 de octubre\n del año 2004, a la cual hace referencia la accionante\n en la demanda, mediante la cual el Inspector Provincial de Trabajo\n del Guayas deja constancia que no se pudo practicar dicha diligencia\n por cuanto el Alcalde no le permitió entrar a las oficinas\n del Municipio, solamente se tomó las versiones de algunas\n personas en los exteriores del lugar. Con lo cual, es evidente\n que la autoridad demandada simplemente procedió a suspender\n de hecho las relaciones de trabajo con la accionante y otros\n empleados municipales, vulnerando así el derecho al debido\n proceso y el ejercicio del legítimo derecho a su defensa,\n así como al trabajo, garantías previstas en los\n artículos 23 numeral 27; 24 numerales 10 y 13; y 35 de\n de la Constitución Política del Ecuador;
OCTAVA.- El trabajo es un deber social que constituye la condición\n que permite al trabajador el respeto a su dignidad y una remuneración\n que le asegure la satisfacción de sus necesidades, c