Source: https://www.cedhu.org/cedhu_old/index.php/noticias?start=70
Timestamp: 2020-02-20 14:14:12
Document Index: 135762224

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 133', 'artículo 215', 'artículo 216']

En el documento presentado, la FIDH demuestra la incompatibilidad del parágrafo del artículo 100 y del parágrafo del artículo 104 del referido proyecto de Ley Estatutaria, con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en particular, con la obligación internacional de Colombia de garantizar los derechos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y a la igualdad ante la ley sin discriminación, así como con los estándares internacionales relativos a los criterios para la nominación o designación de jueces.
Ambos parágrafos, excluyen intencionalmente del goce de un derecho internacionalmente reconocido y protegido, el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad [2], a una categoría de personas que son objeto de especial protección internacional, esto es, a los defensores y defensoras de derechos humanos
"En un país donde los defensores de derechos humanos son asesinados, perseguidos y amenazados resulta prioritario vigilar que el ejercicio de sus derechos sea respetado en toda instancia y no sean objeto de nuevas formas de discriminación"
señaló Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.
Según la información de la Defensoría del Pueblo, desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.
El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado está directamente vinculado al principio de no discriminación, principio rector del Derecho internacional de los Derechos Humanos, consagrado tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por todos los instrumentos internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que "todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial." [3]
Por todas estas razones, la FIDH insta a la Corte Constitucional a revertir una ley que a todas luces no está fundamentada en criterios objetivos y razonables, ni orientada a un fin legítimo y necesario en una sociedad democrática, y que por el contrario, constituye una modalidad de discriminación contra quienes han ejercido el derecho a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Ver aquí el amicus curiae presentado
[2] Ver, inter alia: artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[3] Sentencia de 30 de junio de 2009, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, Serie C No. 197, párr. 72.
En el marco del periodo 167 de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el lunes 26 de Febrero la audiencia “Protección de las personas defensoras del territorio y medio ambiente en la Región Andina”. Solicitada por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos: Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), Broederlijk Delen de Bélgica, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia (Cajar), Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (Cedhu).
Estas organizaciones expusieron la situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos territoriales y ambientales (DDHTA) que denuncian y se oponen a los impactos negativos de los megaproyectos de infraestructura y actividades extractivas en la región. Cada uno de los delegados de las organizaciones fue escuchado con atención en la audiencia y, llamó la atención de los delegados de la CIDH con el fin de fortalecer sus recomendaciones a los Estados frente a las violaciones que enfrentan las y los DDHTA en la región andina.
Durante la audiencia, las organizaciones explicaron la situación de las y los DDHTA a partir de cuatro casos representativos: la resistencia del Movimiento Rios Vivos Colombia a la contrucción de la represa hidroeléctrica Hidroituango en Colombia; las resisencias de las comunidades Shuar y CASCOMI al proyecto minero Mirador en Ecuador; los procesos de denuncia y exigencia de derechos en el Corredor Minero sur Andino en Perú; y la defensa de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Tacana II frente a la explotación petrolera en la Amazonía de Bolivia. Las organizaciones han consolidado un informe (de próxima publicación) que analiza comparativamente el modo en que se producen diferentes tipos de violencia y abuso de poder contra personas, colectividades y comunidades defensoras de los derechos humanos.
Beirut-Ginebra-París, 22 de febrero de 2018 - Ayer, en Baréin, el destacado defensor de derechos humanos Nabeel Rajab, presidente del BCHR y vicesecretario general de la FIDH ha sido condenado a 5 años de cárcel por acusaciones falsas relacionadas con dos tuits que denunciaban la tortura de personas detenidas en la prisión de Jaw y sacaban a la luz el asesinato de civiles en Yemen a manos de la coalición liderada por Arabia Saudita. Esta sentencia surrealista, después de un juicio que fue una auténtica farsa de la justicia, ilustra una vez más la actual represión de toda voz disidente en Baréin, donde decenas de personas críticas permanecen encarceladas. El Observatorio (FIDH-OMCT) y el BCHR reiteran su llamamiento a las autoridades bareinís para que pongan en libertad de inmediato tanto a Nabeel Rajab como a todos/as los/as defensores/as de derechos humanos detenidos/as.
Nabeel Rajab fue condenado hoy con arreglo al artículo 133 del Código Penal de Baréin (“propagar falsos rumores en tiempo de guerra”), el artículo 215 (“ofender a un país extranjero [Arabia Saudita]) y el artículo 216 (“insultar a un organismo oficial”). Los cargos contra Rajab incluyen un tuit de 26 de marzo de 2015, el día en que la coalición liderada por Arabia Saudita lanzó ataques aéreos en Yemen, en el que criticaba las guerras que “traen odio, destrucción y horror”.
El 4 de diciembre de 2017, en una declaración pública en la que se anunciaba el nombramiento de un grupo de expertos para investigar las violaciones cometidas en Yemen, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Rahad al-Hussein utilizó prácticamente las mismas palabras para describir la situación en Yemen: “Durante tres años, la población de Yemen ha sido objeto de muerte, destrucción y desesperación”.
“Nabeel Rajab no es un criminal, es un destacado defensor de derechos humanos y un prisionero político. Esta escandalosa sentencia contribuye aún más a cerrar el espacio de la sociedad civil en el país”, afirmó Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH.
“Se debe poner fin a este acoso continuo, que ilustra una vez más el esfuerzo incansable del Gobierno por silenciar a toda la sociedad civil bareiní. Es urgente que la comunidad internacional vele por que las autoridades del país no puedan continuar por más tiempo la represión de los/as defensores/as de derechos humanos”, añadió Gerald Staberock, secretario general de la OMCT.