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Timestamp: 2020-08-04 17:46:08
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Justia México Estatales Chihuahua Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
TITULO I - DEL ESTADO Y SU TERRITORIO
ARTICULO 1. El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 2. El Estado es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior.
ARTICULO 3. El territorio del Estado es el que de hecho ha poseído y posee, y el que de Derecho le corresponda.
TITULO II - DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
TITULO III - DE LA POBLACIÓN
CAPITULO II - DE LOS CHIHUAHUENSES
ARTICULO 18. Son chihuahuenses: I. Los nacidos en el Estado; II. Los hijos de padres mexicanos y vecinos del Estado que nazcan fuera de éste; y III. Los mexicanos que adquieran vecindad en el Estado; IV. Derogada; V. Derogada.
ARTICULO 19. Los chihuahuenses serán preferidos, en igualdad de circunstancias, a los que no tengan ese carácter, para toda clase de concesiones y para todos los cargos y empleos públicos o comisiones del Gobierno del Estado o de los municipios.
TÍTULO V - DE LA FORMA DE GOBIERNO, DIVISIÓN DE PODERES Y SU RESIDENCIA
ARTICULO 30. El Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.
ARTICULO 31. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se deposita: I. El Legislativo, en una Asamblea que se denominará “Congreso del Estado”.
III. El Judicial, en un “Supremo Tribunal de Justicia” y en los jueces de primera instancia, menores y de paz.
Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
El gobierno municipal se ejercerá por los ayuntamientos, en la forma que prescriban esta Constitución, la Federal y las demás leyes. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] .
ARTICULO 33. En caso de desaparición, solamente del Congreso, del Ejecutivo o del Supremo Tribunal de Justicia, los demás Poderes procederán en la forma prescrita por esta Constitución, a restablecer el Poder desaparecido.
ARTICULO 34. Si desaparecieren al mismo tiempo el Congreso y el Ejecutivo, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia asumirá por ministerio de ley y sin ningún otro requisito el Poder Ejecutivo y convocará, dentro de los noventa días siguientes, a elecciones de diputados al Congreso; y éste, una vez instalado, nombrará Gobernador con el carácter que corresponda.
ARTICULO 35. En caso de que desaparecieren los tres Poderes del Estado, asumirá el Poder Ejecutivo, con el carácter de Gobernador Provisional, cualquiera de los funcionarios que lo hayan sido en el período constitucional anterior al desaparecido en el orden que a continuación se indica: I. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; II. El último Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso; III. El último Vicepresidente del Congreso; IV. El último Secretario General de Gobierno, y [Fracción reformada mediante Decreto No.1199-98 XI P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 1998] V. Sucesivamente, el Presidente Municipal que, habiendo permanecido dentro del orden legal, represente a alguno de estos municipios: Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Guerrero y Madera.
TITULO VII - DEL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO I - DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
ARTICULO 40. El Congreso se integrará con representantes del pueblo de Chihuahua, electos como diputados en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.
El Congreso se compondrá de treinta y tres diputados de los cuales veintidós serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa, y once por el principio de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.
Ningún partido político podrá contar con más de veinte diputados por ambos principios. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida, más el ocho por ciento.
ARTICULO 41. Para ser electo diputado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y chihuahuense, en ejercicio de sus derechos; II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; III. Ser originario o vecino del Estado, en los términos del artículo 13, con residencia de más de un año anterior a la fecha de su celebración en el distrito en que se haga la elección. Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de que se trate; IV. No haber sido condenado a pena mayor de un año de prisión en los últimos diez años por delito intencional, excepto los de carácter político; V. No ser servidor público federal, estatal o municipal, con funciones de dirección y atribuciones de mando.
Los funcionarios comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que al efectuarse la elección tengan cuando menos dos meses de estar separados de sus cargos, y VI. No ser ministro de algún culto religioso o haberse retirado del mismo en los términos de ley.
ARTICULO 42. Los diputados en ejercicio, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión, cargo o empleo de la Federación, de éste u otro Estado o de algún municipio, por los cuales se perciba remuneración, sin licencia previa del Congreso o de la Diputación Permanente.
Concedida la licencia, cesarán en sus funciones representativas mientras desempeñen la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados suplentes cuando estuvieren en ejercicio.
La infracción de esta disposición será castigada, previa audiencia del interesado, con la pérdida del carácter de diputado.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a quienes ejerzan, cuando menos desde dos años antes al día de la elección, actividades docentes en instituciones Oficiales de educación superior.
ARTICULO 43. Los diputados suplentes entrarán en funciones: I. En las faltas absolutas o temporales del propietario.
II. Cuando los diputados propietarios después de llamados para la instalación del Congreso, no se presenten dentro de ocho días contados desde que se les notifique el llamamiento.
III. Cuando los diputados propietarios hubieren dejado de concurrir sin licencia o sin causa justificada a juicio de la Cámara, a diez sesiones consecutivas de las que deban efectuarse en un período de ellas; debiendo entonces los suplentes funcionar tan sólo por este período y el receso respectivo.
V.Cuando deban hacerlo en cualquier otro caso, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado. [Fracción reformada mediante Decreto No. 296-79-3-4 P.E. publicado en el P.O.E. No. 7 del 24 de enero de 1979] En los casos de las fracciones II y IV, los suplentes funcionarán tan sólo hasta que se presente el propietario.
CAPITULO II - DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
ARTICULO 44. El Congreso se renovará totalmente el año que corresponda. Ninguno de sus miembros podrá ser reelecto en el cargo para el período siguiente. Los que tengan el cargo de propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el cargo de suplentes, pero los que tengan el cargo de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, salvo que hayan estado en ejercicio. El Congreso se instalará, en casos ordinarios, el día primero de octubre y en los extraordinarios, únicos en que será necesaria la convocatoria, el día que ésta fije.
El Congreso cambiará su nomenclatura cada tres años.
ARTICULO 45. El Instituto Estatal Electoral declarará diputados electos al Congreso del Estado, a los candidatos que hubieren recibido constancias de mayoría y de asignación proporcional no impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral dentro de los plazos y con los requisitos establecidos por la ley.
ARTICULO 46. El Tribunal Estatal Electoral resolverá las impugnaciones que se interpongan en contra de las declaratorias de validez de elecciones y de las constancias de mayoría y de las de asignación proporcional otorgadas a los candidatos a diputados. Del mismo modo, las que se presenten en materia de referéndum, plebiscito y revocación de mandato.
Las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal Electoral serán definitivas e inatacables.
ARTICULO 47. La Legislatura no podrá instalarse ni ejercer sus funciones sin la presencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los diputados presentes, para la instalación, cualquiera que sea su número, deberán reunirse los días señalados por la ley, o por la convocatoria en su caso, y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los cinco días siguientes, con el apercibimiento de que si no lo hicieren se llamará a los suplentes.
Si en una segunda reunión no hubiere la mayoría requerida para la instalación del Congreso, se llamará desde luego a los suplentes para que desempeñen el cargo durante todo el período constitucional.
ARTICULO 48. El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el primer día del mes de octubre y concluirá a más tardar el treinta y uno de diciembre; y el segundo dará inicio el día primero de marzo y concluirá a más tardar el treinta de junio.
ARTICULO 49. Los períodos ordinarios no podrán prorrogarse sino en el caso previsto en el artículo 59.
ARTICULO 50. Para la discusión y votación de todo proyecto de ley o decreto, se requiere la presencia de más de la mitad del número total de diputados que integren la Legislatura.
ARTICULO 51. El Congreso tendrá períodos extraordinarios de sesiones siempre que fuere convocado por la Diputación Permanente, la que lo acordará por sí o a solicitud fundada del Ejecutivo o de, cuando menos, tres diputados.
En todo caso, quien hubiere promovido la convocatoria presentará al Congreso un informe sobre los motivos y objeto de ella, debiendo ser los asuntos que ésta comprenda los únicos que se aborden en dichos períodos.
ARTICULO 52. Si el período extraordinario se prolongare hasta la fecha en que deba comenzar alguno de los ordinarios, cesará aquél, pero en éste se tratarán de preferencia los asuntos que hubieren quedado pendientes.
ARTICULO 53. Señalado el día para la discusión de iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por el Supremo Tribunal de Justicia, por algún ayuntamiento o por chihuahuenses en ejercicio del derecho establecido por la fracción V del artículo 68, se les dará aviso con anticipación para que puedan intervenir en la discusión, el mismo Ejecutivo por sí o por quien designe, de conformidad con la materia de que se trate; un magistrado del Tribunal por parte del mismo; algún representante del ayuntamiento de que se trate o un representante de los chihuahuenses que hayan presentado la correspondiente iniciativa. A cada uno según sea el caso, si concurrieren, se les concederá el uso de la palabra de igual modo que a los diputados, pero sin derecho a votar.
ARTICULO 54. Siempre que el Congreso abra o cierre un período de sesiones, lo hará por formal decreto.
ARTICULO 55. A la apertura del primer período ordinario de sesiones concurrirá el Gobernador del Estado, quien presentará un informe por escrito en que manifieste el estado que guarda la administración pública. Si el Gobernador le da lectura, el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél y dentro de la misma sesión. El desarrollo de la intervención de dichos representantes se regulará en la ley orgánica del Congreso. Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá rendir por escrito el informe del estado que guarda la administración pública, el primer viernes del mes de septiembre, cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en el artículo 51 de esta Constitución.
ARTICULO 56. Las sesiones del Congreso serán públicas; y secretas solamente las que determine su Ley Orgánica.
ARTICULO 57. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión, las que serán suscritas por el presidente y secretarios.
ARTICULO 58. Son materia de ley aquellas resoluciones emitidas dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo que tengan un contenido general y versen sobre materias de interés común; de decreto, las que dentro de la misma órbita tengan un contenido particular y versen sobre determinados tiempos, personas o lugares; de acuerdo, las que sean distintas de las anteriores; y de iniciativa de ley o decreto las que resuelva presentar conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Federal.
ARTICULO 59. Cuando concluido un período ordinario de sesiones, el Congreso esté conociendo un juicio político o un procedimiento de desafuero, prorrogará aquél hasta pronunciar su resolución, sin ocuparse de ningún otro asunto.
ARTICULO 60. Si una vez instalado el Congreso transcurren treinta días sin que uno o más diputados propietarios de mayoría relativa concurran sin mediar causa justificada se llamará al suplente respectivo. Si éste no concurre dentro de los quince días siguientes al llamado, el Congreso del Estado convocará a nuevas elecciones del distrito o distritos electorales a que corresponda la ausencia.
Si los ausentes hubieran sido electos según el principio de representación proporcional y no concurrieren al Congreso en los términos del párrafo anterior se llamará a los respectivos suplentes, y en caso de no concurrir, al candidato propietario que siga en el orden de acreditación que corresponda al partido de que se trate según el sistema de lista o el de más altos porcentajes de votación válida obtenida en su distrito por cada uno de los candidatos del mismo partido.
ARTICULO 61. La Legislatura se considerará desaparecida: I. Cuando llegado el primero de octubre, no se hubieren electo más de la mitad del número total de diputados que deban integrar la que ha de instalarse en esa fecha, y II. Cuando concluyere un período ordinario de sesiones sin dejar nombrada la Diputación Permanente, y el Congreso no se reuniere dentro de un mes, ya sea espontáneamente o convocado por el Ejecutivo, para hacer el nombramiento.
En tales supuestos, el Gobernador convocará desde luego a elecciones para completar los diputados que falten o bien para integrar totalmente la Legislatura, según el caso que se presente.
ARTICULO 62. En todos los casos no previstos en esta Constitución y en que de hecho desaparezca el Congreso, el Ejecutivo convocará también a elecciones de Diputados tan luego como transcurra un mes contado desde la fecha de la desaparición.
ARTICULO 63. En caso de desaparición legal de un Congreso, el que lo sustituya para concluir el correspondiente período, llevará el número de la Legislatura desaparecida.
CAPITULO V - DE LA FORMACIÓN DE LEYES Y DECRETOS
ARTICULO 68. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde: I. A los Diputados.
III. Al Supremo Tribunal, en asuntos concernientes al ramo de justicia.
IV. A los ayuntamientos, en lo que se relacione con asuntos del gobierno municipal. [Fracción reformada mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] V. A los chihuahuenses, mediante iniciativa popular presentada en forma por ciudadanos debidamente identificados, cuyo número sea cuando menos el uno por ciento de los inscritos en el padrón electoral.
Las iniciativas presentadas conforme a esta fracción, deberán ser dictaminadas a más tardar en el siguiente período de sesiones ordinarias a aquel en que se reciban. [Artículo reformado mediante Decreto No. 403-94 publicado en el P.O.E. No. 79 del 1º. de octubre de 1994] .
ARTICULO 69. Para que un proyecto tenga carácter de ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. La aprobación deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad del número de diputados presentes que integren el quórum a que se refiere el artículo 50.
Igual votación requerirán los acuerdos y las iniciativas de ley o de decreto que se presenten ante el Congreso de la Unión.
ARTICULO 70. El Gobernador podrá, cuando estime conveniente, hacer observaciones a algún proyecto de ley o de decreto, suspender su promulgación y devolverlo con ellas dentro de los treinta días naturales, siguientes a aquel en que lo reciba. Si durante ese lapso se hubiere clausurado el período de sesiones la devolución se hará a la Diputación Permanente.
ARTICULO 71. El proyecto de ley o de decreto devuelto al Congreso con observaciones deberá ser discutido de nuevo en cuanto a éstas, previo dictamen de la comisión respectiva, y si fuere confirmado por el voto de los dos tercios de los diputados presentes, o modificado de conformidad con las observaciones hechas, volverá al Gobernador, quien deberá promulgarlo y publicarlo sin más trámite.
ARTICULO 72. Se reputará aprobado por el Gobernador todo proyecto no devuelto con observaciones al Congreso en el término a que se refiere el artículo 70.
ARTICULO 73. Las leyes que expida el Congreso, excepto las de carácter tributario o fiscal, serán sometidas a referéndum derogatorio o abrogatorio, si dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de su publicación así lo solicita ante el Instituto Estatal Electoral, el cuatro por ciento, cuando menos de los ciudadanos del Estado inscritos en el padrón electoral, debidamente identificados.
El Instituto Estatal Electoral efectuará el cómputo de los resultados del referéndum y ordenará su publicación en el Periódico Oficial. Lo mismo hará con el texto de las leyes ratificadas y, en su caso, remitirá al Congreso o a la Diputación Permanente las que no lo hayan sido para que proceda a su derogación o abrogación inmediata. En este último caso, se convocará a período extraordinario de sesiones en un plazo que no excederá de quince días hábiles a partir de la fecha de su recepción.
ARTICULO 74. Si se hubiese vencido el plazo que el Gobernador tiene para formular observaciones, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado, ypor aprobación del Pleno Legislativo se podrá ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado, si el Ejecutivo no lo hace dentro de los diez días siguientes a dicho vencimiento.
ARTICULO 75. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando hayan sido dictadas en ejercicio de las atribuciones que a éste confiere el artículo 64 en sus fracciones VII, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVII, XLII y XLIII y la fracción II del artículo 82.
ARTICULO 76. Los proyectos de ley o de decreto que hubieren sido desechados, no podrán volverse a presentar dentro de los siguientes doce meses.
ARTICULO 77. En la abrogación, derogación, reforma o adición de cualquier ley o decreto, se observarán los mismos requisitos que para su formación, salvo cuando la derogación sea consecuencia de los resultados de un referéndum, en cuyo caso se dispensarán los trámites respectivos.
ARTICULO 78. Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general obligan a partir del día que en las mismas se fije; en su defecto, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CAPÍTULO VII - DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Artículo 83 bis. La Auditoría Superior del Estado es un órgano del Congreso que tendrá autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión.
El órgano auditará el ingreso y la aplicación de los recursos públicos de conformidad con la Ley; la auditoría comprende la contable, la presupuestal, la técnica, la patrimonial, la jurídica y la de gestión; y se realizará con el objeto de verificar la integralidad, la legalidad, la gestión financiera, la contabilidad y la oportunidad en el empleo de los recursos públicos, para comprobar si su uso se ajusta a los criterios señalados en el presupuesto y se cumplen los objetivos establecidos en los planes, programas y proyectos.
Artículo 83 ter. La fiscalización será posterior. Una vez fiscalizadas las cuentas públicas y emitidos los decretos que contengan, en su caso, irregularidades en el manejo, recaudación y aplicación de fondos públicos, la Auditoría Superior del Estado, bajo su más estricta responsabilidad, deberá presentar, sin dilación, las denuncias penales e iniciar los procedimientos civiles y administrativos a fin de determinar responsabilidades; y en general, ejercitar todas las acciones ante las autoridades competentes hasta en tanto se apliquen las sanciones previstas por la ley y se reparen los daños o perjuicios causados al patrimonio público.
TITULO VIII - DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 84. Para poder ser electo Gobernador Constitucional del Estado, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo del Estado o con residencia efectiva en el mismo no menor a cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección. [Fracción reformada mediante Decreto 364-08 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 99 del 10 de diciembre de 2008] II. Tener cuando menos, treinta años cumplidos y menos de setenta al día de la elección; [Fracción reformada mediante Decreto No. 364-08 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 99 del 10 de diciembre de 2008] III. No ser ministro de algún culto religioso o haberse retirado del mismo en los términos de ley; [Fracción reformada mediante Decreto No. 403-94 publicado en el P.O.E. No. 79 del 1º. de octubre de 1994] IV. No haber sido nombrado Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, en los términos que establece el artículo 90 de esta Constitución; V. No ser Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia, Secretario, Coordinador, ni Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; [Fracción reformada mediante Decreto No. 1199-98 XI P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 1998] VI. No ser servidor público federal con facultades de dirección y atribuciones de mando, ni militar con mando en el Ejército, y VII. La condición que para ser diputado establece la fracción IV del artículo 41 de esta Constitución.
Los servidores comprendidos en las fracciones V y VI, podrán ser electos siempre que al efectuarse la elección tengan seis meses de estar definitivamente separados de sus cargos o empleos.
ARTICULO 85. El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso, ante el que se presentará la renuncia.
ARTICULO 86. La elección de Gobernador será popular y directa en los términos que disponga esta Constitución, la Federal y la legislación electoral.
ARTICULO 87. El Gobernador, en cada período constitucional entrará a ejercer su encargo el día 4 de octubre del año en que se efectúen las elecciones ordinarias, durará en su encargo seis años, cesará en su ejercicio el 3 de octubre en que termine el período respectivo, y, en ningún caso, ni por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese cargo ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto, o cualquiera otra que sea su denominación.
ARTICULO 88. El Gobernador al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso, o ante la Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y del Estado, el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido”. El Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, le amonestará en estos términos: “Si así no lo hiciereis, la Nación o el Estado os lo demanden”.
ARTICULO 89. Las faltas temporales o absolutas del Gobernador se suplirán en la siguiente forma: I. En caso de falta temporal que no exceda de sesenta días, el Secretario General de Gobierno asumirá el cargo de Gobernador Interino, previa protesta que deberá rendir ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente. Si la falta excediere de dicho plazo, el Congreso o la citada Diputación nombrará un Gobernador Interino. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se estará a lo dispuesto en la fracción IV de este precepto. [Fracción reformada mediante Decreto No.1199-98 XI P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 1998] II. En caso de falta absoluta ocurrida durante los dos primeros años del período, el Congreso, por mayoría absoluta de votos, o la Diputación Permanente en su caso, nombrará un Gobernador Provisional y convocará inmediatamente a elecciones, las que deberán efectuarse en un término que no exceda de tres meses. El Congreso, al entrar en sesiones, podrá modificar el nombramiento de Gobernador Provisional hecho por la Diputación Permanente; [Fracción reformada mediante Decreto No. 601-88 publicado en el P.O.E. No. Del 24 de diciembre de 1989] III. Si la falta absoluta ocurriere durante los cuatro últimos años del período, el Congreso por mayoría absoluta de votos, nombrará un Gobernador Sustituto que desempeñe el cargo hasta la conclusión del período y, en caso de receso, la Diputación Permanente hará el nombramiento convocando desde luego a sesiones al Congreso para que éste lo ratifique o haga otro nuevo. [Fracción reformada mediante Decreto No. 601-88 publicado en el P.O.E. No. Del 24 de diciembre de 1989] IV. Si la falta absoluta ocurriere no encontrándose el Gobernador en ejercicio de sus funciones, el Gobernador Interino continuará en el desempeño del cargo hasta que tomen posesión en sus respectivos casos, el Gobernador Provisional o el Gobernador Sustituto.V. Si la falta absoluta ocurriere encontrándose el Gobernador en el ejercicio de sus funciones, el Secretario General de Gobierno, se encargará del Despacho, hasta la toma de posesión del Gobernador Provisional o del Sustituto, en sus respectivos casos. [Fracción reformada mediante Decreto No.1199-98 XI P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 1998] VI. Para poder ser nombrado Gobernador Interino, cuando no lo sea por ministerio de ley el Secretario General de Gobierno, Provisional o Sustituto, se requieren las condiciones que para ser Gobernador Constitucional exigen las fracciones I, II, III y IV del artículo 84 de esta Constitución. [Fracción reformada mediante Decreto No.1199-98 XI P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 1998] .
ARTICULO 90. Nunca podrá ser electo para el período inmediato el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador Provisional, el de Gobernador Sustituto o el que haya sido designado para concluir el período en caso de falta absoluta del Gobernador Constitucional cualquiera que sea el nombre con que se le designe. Tampoco podrá ser electo para el período inmediato, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador con el carácter de Interino, o el que lo haya asumido por ministerio de ley, o con cualquiera otra denominación, durante los dos últimos años del período que precede al nuevo período constitucional.
ARTICULO 91. El Gobernador no puede separarse por tiempo alguno del ejercicio de sus funciones ni ausentarse del territorio del Estado por más de veintiún días sin licencia del Congreso o en su receso de la Diputación Permanente; cuando deba ausentase por un término de veintiún días o menos deberá simplemente dar aviso de su salida al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia; cuando salga de la Capital pero no fuera del territorio del Estado, el Gobernador no necesitará pedir licencia ni dar aviso a los otros Poderes. [Artículo reformado mediante Decreto No. 249-05 III P.E. publicado en el P.O.E. No. 14 del 18 de febrero del 2006] .
ARTICULO 92. El Gobernador se considerará separado del Despacho, cuando saliere de los límites del Estado sin la licencia requerida por el artículo próximo anterior, salvo casos de fuerza mayor.
CAPITULO II - DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR
ARTICULO 93. Son facultades y obligaciones del gobernador: I. Publicar y hacer cumplir las leyes federales.
II. Promulgar y publicar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado. Cuando así lo acuerde la Legislatura, la publicación se hará por medio de carteles que se fijen en los parajes públicos de las municipalidades o bien por bando solemne; III. Ejecutar y hacer que se cumplan las leyes y decretos que expida la Legislatura Local; [Fracción reformada mediante Decreto No. 296-3-4 P.E. publicada en el P.O.E. No. 7 del 24 de enero de 1979] IV. Expedir todos los reglamentos que estime convenientes y, en general, proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario o útil para la más exacta observancia de las leyes; V. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado y por la personal de sus habitantes, protegiéndolos en el uso de sus derechos; VI. Iniciar leyes y decretos, en uso del derecho que le concede el artículo 68 en su fracción II; VII. Hacer observaciones a las leyes o decretos en los términos del artículo 70; [Fracción reformada mediante Decreto No. 296-3-4 P.E. publicada en el P.O.E. No. 7 del 24 de enero de 1979] VIII. Prestar al Poder Judicial los auxilios que demande para el ejercicio de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los Tribunales; IX. Presentar anualmente al Congreso, antes del día diez de diciembre, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para el año siguiente, debiendo comparecer el encargado de las finanzas del Estado a dar cuenta de ambas, en la fecha en que el Congreso lo solicite; [Fracción reformada mediante Decreto No. 403- 94 publicado en el P.O.E. No. 79 del 1º. De octubre de 1994] X. Delegar, a través de patente, la fe pública del Estado para el ejercicio de la función notarial, en los términos de la ley respectiva. [Fracción reformada mediante Decreto No. 336-02 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 94 del 23 de noviembre del 2002] XI. Mandar en jefe la Guardia Nacional en el Estado conforme a la Ley Orgánica relativa; XII. Tener el mando de la fuerza pública en los municipios donde residiere habitual o transitoriamente; [Fracción reformada mediante Decreto No. 403-94 XIV P.E. publicado en el P.O.E. No. 79 del 1 de octubre de 1994] XIII. Organizar conforme a la ley las fuerzas de seguridad pública del Estado, mandarlas en jefe y nombrar y ascender a sus jefes y Oficiales; XIV. Exhortar a los ayuntamientos, presidentes de municipalidad y de sección y comisarios, cuando lo estime conveniente, para que se mejoren los ramos de la administración municipal; XV. Coordinar, con los respectivos presidentes municipales, presidentes de sección y comisarios de policía, los asuntos relativos a los ramos cuya administración corresponda al Ejecutivo; XVI. Solicitar al Instituto Estatal Electoral someta a plebiscito, en los términos que disponga la ley, propuestas de actos o decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la vida pública del Estado; [Fracción reformada mediante Decreto 603-97 II D.P. publicado en el P.O.E. No. 71 del 3 de septiembre de 1997] XVII. Derogada; XVIII. Presidir todas las reuniones Oficiales a que concurra, a excepción de las del Congreso y Tribunales; XIX. Asistir a la apertura del primer período ordinario de sesiones del Congreso, salvo lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo y de los períodos extraordinarios cuando el Ejecutivo hubiere promovido la convocatoria por medio de la Diputación Permanente. En el primer caso, deberá presentar un informe sobre el estado que guarde la administración pública, y en el segundo sobre las razones que lo haya motivado a promover la solicitud respectiva de conformidad con el artículo 51; [Fracción reformada mediante Decreto No. 1102-04 XIV P.E. publicado en el P.O.E. No. 69 del 28 de agosto de 2004] XX. Proponer al Congreso los candidatos a Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; XXI. Pedir informes al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia sobre asuntos de los ramos de su incumbencia, respectivamente, y darlos cuando dichos Poderes los pidan acerca de los que competen al Ejecutivo; XXII. Nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno, Secretarios, Coordinadores y Directores y recibirles la protesta de ley, pudiendo recabar la opinión del Congreso del Estado, si lo estimare conducente.
En acatamiento al decreto que expida el Congreso, el Gobernador extenderá el nombramiento al Procurador General de Justicia y procederá a tomarle la protesta de ley. El Procurador General de Justicia designará a los Subprocuradores, en los términos que se establezca en su ley orgánica y el Gobernador les extenderá su nombramiento y tomará su protesta de ley.
El Gobernador removerá libremente del cargo al Procurador General de Justicia y a los Subprocuradores.
Asimismo, nombrar y remover libremente a los demás funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las leyes; [Fracción reformada mediante Decreto No. 595- 06 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 46 del 10 de junio de 2006] XXIII. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública estatal, trimestral y anualmente. En el primer caso, dentro del mes siguiente a la terminación del período; y en el segundo, dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal; [Fracción reformada mediante Decreto 922-07 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 37 del 9 de mayo del 2007] XXIV. Cuidar de que los fondos públicos estén siempre asegurados y de que su recaudación y distribución se haga con arreglo a la ley; XXV. Organizar y controlar la recaudación de los fondos públicos quedándole prohibido condonar contribuciones adeudadas en el ejercicio en curso; XXVI. Condonar adeudos por concepto de rezagos, cuando lo considere justo y equitativo;XXVII. Otorgar concesiones de acuerdo con las leyes de la materia; [Fracción reformada mediante Decreto No. 296-3-4 P.E. publicada en el P.O.E. No. 7 del 24 de enero de 1979] XXVIII. Representar al Estado en todo juicio o controversia que pueda afectar los intereses de éste, pudiendo nombrar uno o varios apoderados o delegados para tal efecto; [Fracción reformada mediante Decreto No. 277-02 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 94 del 23 de noviembre del 2002] XXIX. Practicar visitas a los municipios del Estado, cuando lo estime conveniente, ya sea por sí mismo o por medio de inspectores que nombre al efecto, proveyendo lo necesario en el orden administrativo e informando al Congreso o al Supremo Tribunal de las faltas que notare y cuyo remedio corresponda a los Poderes Legislativo y Judicial; XXX. Expedir títulos profesionales con arreglo a las leyes; XXXI. Conceder indultos y conmutación de las penas impuestas por los Tribunales del Estado, de acuerdo con las leyes vigentes; XXXII. Proponer al Congreso del Estado la creación de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, patronatos, comisiones y comités; XXXIII. Formar la Estadística y el Catastro del Estado; XXXIV. Adquirir, administrar y enajenar los bienes propiedad del Estado, en los términos y condiciones previstos en la presente Constitución y en la ley. Esta señalará el régimen al que se sujetarán los bienes que adquieran para sus funciones los Poderes Legislativo y Judicial del Estado [Fracción reformada mediante Decreto No. 1011-04 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 87 del 30 de octubre del 2004] XXXV. Convocar a elecciones de Ayuntamientos, cuando por cualquier motivo desaparecieren éstos dentro del primer semestre del período constitucional correspondiente; XXXVI. Dirigir y controlar el funcionamiento del Registro Civil en el Estado; XXXVII. Delegar en las autoridades municipales, en los casos en que lo considere conveniente o necesario, la prestación de servicios públicos que correspondan al Estado, fijando las bases para ello y destinando al efecto los arbitrios necesarios, los que se tomarán de la partida presupuestal correspondiente; [Fracción reformada mediante Decreto No. 130-63 publicado en el P.O.E. No. 56 del 13 de julio de 1963] XXXVIII. Sujetándose a lo que establezcan las leyes respectivas, celebrar con la Federación convenios de carácter general para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal y solicitar a éste la inclusión de reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden común del Estado en los tratados internacionales que se celebren para el efecto de que puedan ser trasladados al país de su origen o residencia; [Fracción reformada mediante Decreto No. 296-79 3-4 P.E. publicada en el P.O.E. No. 7 del 24 de enero de 1979] XXXIX. Enviar al Congreso la terna para ocupar el puesto de Procurador General de Justicia, dentro de los quince días hábiles a que quede vacante el puesto. Si transcurridos quince días hábiles a la recepción de la terna éste no ha sido nombrado, o ninguna de las personas propuestas obtuviera la votación requerida, será designado libremente por el Gobernador. [Fracción adicionada mediante Decreto No. 1133-04 XV P.E. publicada en el P.O.E. No. 75 del 18 de septiembre de 2004] XL. Designar libre y directamente a quien deba encargarse del despacho del procurador por el tiempo que dure el procedimiento que se establece en esta Constitución para nombrar al Procurador General de Justicia; [Fracción adicionada mediante Decreto No. 1133-04 XV P.E. publicada en el P.O.E. No. 75 del 18 de septiembre de 2004] XLI. Las demás que le asignen las leyes, ya sean Federales o del Estado.
CAPITULO III - DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO
ARTICULO 94. La Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo del Estado que estarán a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo y definirá las bases generales de creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo del Estado en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y el Ejecutivo del Estado, o entre éstas y las dependencias centralizadas en su caso.
ARTICULO 95. Para ser Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia, Secretario o Coordinador, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; II. Ser chihuahuense en pleno ejercicio de sus derechos; III. Ser originario del Estado, o bien haber residido en el mismo cuando menos durante cinco años; IV. Ser mayor de 25 años; V. No ser ministro de algún culto religioso o haberse retirado del mismo en los términos de ley.
En los casos del Secretario General de Gobierno y del Procurador General de Justicia, se requiere ser mayor de treinta años y este último tener título de Licenciado en Derecho debidamente registrado y 5 años cuando menos de ejercicio profesional.
ARTICULO 96. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Poderes Legislativo y Judicial, se establecerán entre el Gobernador o el Secretario General de Gobierno en su caso, y los titulares de dichos Poderes.
El Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, los Secretarios y los Coordinadores, luego que esté abierto el segundo período ordinario de sesiones, presentarán al Congreso un informe por escrito del estado que guardan los asuntos de sus respectivos ramos. Asimismo, podrán ser llamados para asesorar y explicar al Congreso, cuando se vaya a discutir un proyecto de ley o a estudiar un negocio relacionado con las funciones de su cargo.
El Procurador General de Justicia concurrirá al Congreso a través de la Junta de Coordinación Parlamentaria, cuando menos una vez al año, para analizar el estado que guarda su gestión. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 1133-04 XV P.E. publicado en el P.O.E. No. 75 del 18 de septiembre de 2004] .
ARTICULO 97. Todas las leyes o decretos del Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 74, deberán ser firmados por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, requisito sin el cual no serán obligatorios; los reglamentos, acuerdos, ordenes y circulares y demás disposiciones del Gobernador, serán firmados por el Secretario General de Gobierno y por el Secretario o Coordinador a que el asunto corresponda o por el Procurador General de Justicia, en su caso.
ARTICULO 98. Las ausencias temporales del Secretario General de Gobierno, cuando no excedan de 60 días, serán suplidas por el Procurador General de Justicia.
TITULO IX - DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 99. La potestad de aplicar las leyes del fuero común en materia civil y penal en el territorio del Estado, corresponde al Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en la ley.
ARTICULO 100. Derogado.
ARTICULO 101. Todos los cargos y empleos en el Poder Judicial son de aceptación y desempeño enteramente libres, pudiendo los nombrados tanto excusarse de aceptarlos como de renunciarlos ante la autoridad que haya hecho la designación.
ARTÍCULO 102. Si al terminarse el período señalado a los magistrados y jueces: 1. No se hubiera emitido el dictamen de evaluación y, con base en el mismo, llevado a cabo su reelección, en su caso, se entenderá que han sido ratificados en sus cargos, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los funcionarios legislativos o judiciales en quienes recaiga la omisión. 2. No se hubieran electo o presentado quienes deban reemplazarlos, continuarán aquellos en el ejercicio de sus funciones hasta que se haga la elección o se presenten los electos o nombrados, respectivamente.
Si al terminarse el período señalado al resto de los funcionarios judiciales no hubieren sido electos o nombrados quienes deban reemplazarlos, o no se hubieren presentado éstos, continuarán aquellos en el ejercicio de sus funciones hasta que se haga la elección o el nombramiento o se presenten los electos o nombrados, respectivamente.
CAPITULO II - DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ARTICULO 103. El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá cuando menos de quince magistrados, que serán designados de la siguiente manera: Cuando exista una vacante absoluta o se autorice la creación de una nueva Sala, el Supremo Tribunal de Justicia emitirá convocatoria pública dirigida a quienes satisfagan los requisitos que establece el artículo 108, por conducto de un Jurado, constituido por dos miembros del Poder Legislativo, dos del Poder Ejecutivo y dos magistrados del Poder Judicial.
El Jurado elaborará los exámenes públicos de oposición que habrán de aprobar los aspirantes en los términos que disponga la Ley Orgánica respectiva. En igualdad de circunstancias se preferirá a aquéllas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en su honorabilidad, competencia y antecedentes, entre otras ramas de la profesión jurídica.
Los magistrados serán electos por el Congreso con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante escrutinio secreto. Si ninguno obtuviere tal mayoría en primera votación, se repetirá ésta entre los dos que hubieran obtenido más sufragios y se declarará electo al que obtenga el expresado número de votos. Si luego de celebrada la segunda ronda de votación ninguno obtuviese la mayoría calificada, se elegirá a quien logre la mayoría absoluta; en caso de empate, se designará magistrado a quien ya preste sus servicios al Poder Judicial o, en su caso, al que tenga más años haciéndolo.
El procedimiento de elección se establecerá en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los magistrados que concluyan su encargo podrán ser, en su caso, reelectos por el Congreso, por mayoría calificada de los diputados presentes.
Los magistrados y jueces en funciones o que disfruten de licencia con goce de sueldo, no podrán desempeñar otro cargo, empleo o comisión que fueren retribuidos, salvo los de docencia y fuera de las horas designadas al despacho de los asuntos del Poder Judicial.
ARTICULO 104. Se deroga.
ARTICULO 105. El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en pleno, en salas colegiadas o en unitarias, que podrán ser regionales, según lo determine la ley. Su presidente rendirá en el mes de enero de cada año, un informe ante el pleno sobre el estado que guarda la administración de justicia. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 595-06 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 46 del 10 de junio de 2006] ARTICULO 106. Nunca podrán desempeñar su función simultáneamente en el Tribunal, magistrados que entre sí sean cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta o colateral dentro del cuarto grado. Tratándose de afines, la prohibición comprende la línea recta y la colateral dentro del segundo grado.
ARTICULO 107. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces de Primera Instancia durarán en su encargo tres años, al término de los cuales, si fueren reelectos los primeros por el Congreso y los segundos por las dos terceras partes del número de magistrados presentes en el Pleno, serán inamovibles y sólo podrán ser destituidos en los casos que determine esta Constitución o las leyes.
La reelección, en su caso, de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se realizará previa emisión de un dictamen, en el que se tomarán en cuenta, de conformidad con la Ley Orgánica respectiva, el desempeño que hayan tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico, que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa; y, los demás elementos que se consideren pertinentes, siempre que consten de manera indubitable.
Los jueces de primera instancia podrán ser reelectos en los términos de esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva. En tanto, los jueces menores y de paz durarán indefinidamente en el cargo y podrán ser destituidos en los casos en que la ley lo estipule o cuando lo estime conveniente el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
ARTICULO 108. Para ser Magistrado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, al día de la elección; III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad legalmente facultada para ello; IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal por más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. Ser del estado seglar; VI. Ser de reconocida honorabilidad y buena conducta; y VII. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses.
ARTICULO 109. Corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia: I. Iniciar ante el Congreso leyes y decretos, conforme a esta Constitución; II. Emitir su opinión sobre los proyectos de ley o decreto relativos a la legislación civil, penal, de procedimientos y organización de tribunales, cuando por ese fin se los remita el Congreso; III. Crear la sala correspondiente cuando la elección de un magistrado así lo amerite; IV. Nombrar y remover: a)A los jueces del Estado; b)Libremente: a los secretarios de salas, visitadores judiciales y demás funcionarios y empleados, cuya designación y remoción no esté determinada de otra forma en esta Constitución o en la ley.
V.Nombrar a su Presidente de entre sus integrantes, mediante votación por mayoría calificada de las dos terceras partes de los magistrados presentes en el Pleno.
VI. Crear y suprimir juzgados de acuerdo a las necesidades de la administración de justicia; VII. Conceder licencias a los magistrados, para separarse de sus cargos cuando aquéllas pasen de cinco días, pero no de veinte; VIII. Conceder licencias por más de diez días y hasta por seis meses a funcionarios y empleados del Poder Judicial.
IX. Suspender hasta por tres meses, por causa grave y justificada que no sea motivo de proceso, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Podrá suspenderlos también, durante todo el tiempo que fuere necesario para realizar las investigaciones conducentes, con objeto de determinar su responsabilidad; X. Aprobar sus reglamentos interiores; XI. Formular y aplicar los exámenes de oposición para la designación de los Jueces de Primera Instancia; XII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, así como administrar y ejercer el que le sea aprobado por el Congreso del Estado.
XIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado, siempre que no sean de la competencia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; XIV. Resolver las controversias que se susciten entre los ayuntamientos y el Congreso del Estado; XV. Resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios de la entidad, así como entre los municipios y el Ejecutivo del Estado, en los términos que disponga la ley; XVI Conocer sobre las violaciones a los derechos de los gobernados en los términos del artículo 200 de esta Constitución; y XVII. Ejercer las demás atribuciones que le señalan las leyes. [Fracciones de la V a la XVII reformadas mediante Decreto No. 951-07 II P.O. publicada en el P.O.E. No. 78 del 29 de septiembre de 2007] .
TITULO XI - DEL MUNICIPIO LIBRE
ARTICULO 125. El territorio del Estado se divide en sesenta y siete municipios que son: 1. Ahumada, 2. Aldama, 3. Allende, 4. Aquiles Serdán. 5. Ascensión, 6. Bachíniva, 7. Balleza, 8. Batopilas, 9. Bocoyna, 10. Buenaventura, 11. Camargo, 12. Carichí, 13. Casas Grandes, 14. Coronado, 15. Coyame del Sotol, 16. Cuauhtémoc, 17. Cusihuiriachi, 18. Chihuahua, 19. Chínipas, 20. Delicias, 21. Dr. Belisario Domínguez, 22. El Tule, 23. Galeana, 24. Gómez Farías, 25. Gran Morelos, 26. Guadalupe, 27. Guadalupe y Calvo, 28. Guachochi, 29. Guazapares, 30. Guerrero, 31. Hidalgo del Parral, 32. Huejotitán, 33. Ignacio Zaragoza, 34. Janos, 35. Jiménez, 36. Juárez, 37. Julimes, 38. La Cruz, 39. López, 40. Madera, 41. Maguarichi, 42. Manuel Benavides, 43. Matachí, 44. Matamoros, 45. Meoqui, 46. Morelos, 47. Moris, 48. Namiquipa, 49. Nonoava, 50. Nuevo Casas Grandes, 51. Ocampo, 52. Ojinaga, 53. Praxedis G. Guerrero, 54. Riva Palacio, 55. Rosales, 56. Rosario, 57. San Francisco de Borja, 58. San Francisco de Conchos, 59. San Francisco del Oro, 60. Santa Bárbara, 61. Santa Isabel, 62. Satevó, 63. Saucillo, 64. Temósachic, 65. Urique, 66. Uruachi, 67. Valle de Zaragoza.
ARTICULO 126. El ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo: I. De los Ayuntamientos, los que serán electos popular y directamente según el principio de votación mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras de las municipalidades que gobiernen, durarán en su encargo tres años y estarán integrados por un presidente, un síndico y el número de regidores que determine la ley, con sus respectivos suplentes. [Párrafo reformado mediante Decreto 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] Los ayuntamientos se integrarán además, con el número de Regidores electos según el principio de representación proporcional que determine la ley, la cual regulará el procedimiento para realizar las asignaciones correspondientes.
El número de Regidores de representación proporcional se fijará por la ley tomando en cuenta el índice demográfico y las condiciones socioeconómicas de cada municipio.
Los regidores electos por el principio de votación mayoritaria relativa y por el de representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.
Los miembros de los ayuntamientos no podrán ser reelectos en sus cargos para el período siguiente. Los que tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el cargo de suplentes, pero éstos sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
El Presidente, cualquiera que sea el carácter con que desempeñe el cargo, no podrá ser electo regidor propietario ni suplente. Los regidores que hayan estado en ejercicio sí podrán ser electos para el período inmediato para el cargo de Presidente.
Las prohibiciones anteriores comprenden también a los miembros de los Consejos Municipales que hayan sido nombrados por el Congreso en ejercicio de sus funciones.
Si alguno de los miembros de un ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley; II. De las juntas municipales, las que residirán en la cabecera de la sección municipal respectiva; durarán en su encargo tres años y serán integradas por los miembros que la ley establezca y de acuerdo con los procedimientos que en la misma se regulen, y III. De los comisarios de policía, los que residirán en los lugares de menor población, durarán en su encargo tres años y serán electos y removidos en los términos indicados en la fracción anterior.
Por cada miembro propietario de un Ayuntamiento o Junta Municipal y por cada Comisario de Policía, se elegirá un suplente para cubrir las faltas del respectivo propietario.
ARTICULO 127. Para poder ser electo miembro de un ayuntamiento o junta municipal o comisario de policía, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, chihuahuense, en pleno ejercicio de sus derechos; II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección; excepto para Presidente Municipal, en cuyo caso la edad mínima será de veinticinco años cumplidos al día de la elección; III. Tener residencia habitual durante los últimos seis meses en la municipalidad correspondiente, salvo la ausencia por el desempeño de cargos públicos; [Fracción reformada mediante Decreto No. 601-83 publicado en el Periódico Oficial No. 103 del 24 de diciembre de 1988] IV. Ser del estado seglar; V. No haber sido condenado en los últimos diez años, por delito alguno intencional que no sea político; [Fracción reformada mediante Decreto No. 73-83 publicado en el P.O.E. No. 105 del 31 de diciembre de 1983] VI. No ser servidor público federal, estatal o municipal con funciones de dirección y atribuciones de mando; pero en este caso podrán ser electos siempre que al efectuarse la elección tengan cuando menos dos meses de estar separados de sus cargos; y VII. Derogada.
ARTICULO 128. No podrán ser reelectos para el período inmediato, los miembros de las Juntas Municipales y los Comisarios de Policía, bajo ningún carácter; pero los Suplentes sí podrán serlo como propietarios, siempre que no hayan entrado en funciones en el período de que se trate.
ARTICULO 129. En las elecciones de ayuntamientos, juntas municipales y comisarios de policía, sólo podrá votar quien reúna los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano y chihuahuense; II. Ser vecino del Estado, y III. Tener cuando menos dos meses de residencia habitual inmediatamente anteriores a la fecha de la elección en la municipalidad, sección municipal o comisaría de policía de que se trate.
ARTICULO 130. Los ayuntamientos se instalarán el día diez de octubre de los años correspondientes a su renovación, y las juntas municipales y los comisarios de policía antes del día treinta de noviembre.
ARTICULO 131. Los Ayuntamientos tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales y no habrá autoridad intermedia entre ellos y el Gobierno del Estado.
ARTICULO 132. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan y en forma especial con los ingresos siguientes: I. Impuestos: A)Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento y división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; B) Espectáculos públicos; C) Juegos, rifas y loterías permitidos por la ley; D) Pavimentación de calles y demás áreas públicas; E) Aumento del valor y mejoría específica de la propiedad, y F) Contribuciones extraordinarias; II. Derechos: A) Por alineación de predios, asignación de número Oficial, licencias de construcción y pruebas de estabilidad; B) Por supervisión y autorización de obras de urbanización en fraccionamientos; C) Por servicios generales en los rastros; D) Por legalización de firmas, certificaciones y expedición de documentos municipales; E) Por ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos; F) Sobre cementerios municipales; G) Por licencias para apertura y funcionamiento de negocios comerciales y horas extraordinarias; para vendedores ambulantes y artesanos a domicilio y las demás que sean competencia del municipio; H) Anuncios y propaganda comercial; I) Por los servicios públicos siguientes: 1. Alumbrado público; 2. Aseo, recolección y transporte de basura; 3. Por servicio de agua potable y saneamiento; 4. Tránsito municipal; 5. Mercados y centrales de abasto; y J) Los demás que establezca la ley.
III. Los productos y aprovechamientos que la ley determine; [Fracción reformada mediante Decreto No. 73-83 publicado en el P.O.E. No. 105 del 31 de diciembre de 1983] IV.Las participaciones federales, que les serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado, a partir de criterios demográficos, de niveles de desarrollo, prioridad regional y disponibilidad de recursos y servicios; V. Las participaciones estatales que les correspondan conforme a la ley, y VI. Los subsidios extraordinarios que les otorguen el Estado y la Federación.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de cualquiera de los ingresos municipales.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] .
ARTICULO 133. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, en la forma y términos que establezca la ley.
ARTICULO 134. Presentar al Congreso la cuenta pública municipal, trimestral y anualmente, dentro del mes siguiente a la terminación del período que corresponda.
ARTICULO 135. Los Ayuntamientos requerirán de la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes para disponer del patrimonio municipal, en los casos que determine la legislación correspondiente. [Párrafo modificado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] La contratación de empréstitos o cualquier otro crédito por parte de los ayuntamientos, se realizará conforme a lo dispuesto por la ley respectiva.
Los actos realizados contra lo dispuesto en este precepto serán nulos de pleno derecho.
ARTICULO 136. Los Ayuntamientos, podrán contratar créditos o empréstitos que deban cubrirse dentro del período administrativo en que se lleve a cabo dicha contratación, siempre y cuando cuenten con la aprobación de la mayoría de sus integrantes.
ARTICULO 137. Derogado.
ARTICULO 138. La ley en materia municipal determinará los ramos que sean de la competencia del gobierno municipal, la que será ejercida por los ayuntamientos en forma exclusiva: Los ramos a que se refiere el párrafo anterior, en forma enunciativa y no limitativa, serán los siguientes: I. En materia de funciones y servicios públicos: a) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; b) Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; c) Pavimentación y nomenclaturas de calles; d) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; e) Alumbrado público; f) Rastros, mercados y centrales de abasto; g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; h) Panteones; autorización para construcción ejecutadas por particulares, su planificación y modificación; i) Alineamiento, ampliación y ornato de las calles, jardines, paseos y caminos vecinales; y j) Todos aquellos que por determinación de la ley o declaración de la autoridad competente deban ser considerados como servicios públicos municipales.
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de municipios de otro Estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Así mismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
II. En materia de acción política gubernativa: a) Castigo de las infracciones de policía; b) Espectáculos públicos; c) Establecimientos fabriles y comerciales en lo que atañe al régimen municipal; y d) Cumplimiento de las disposiciones que le encomienden las leyes Federales y del Estado; III. En materia hacendaria: a) El ejercicio correcto de sus presupuestos de ingresos y egresos; y b) La celebración de empréstitos y obligaciones que legalmente deba contraer; IV. En materia de acción cívica: las actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos patrióticos; V. En materia de trabajo: a) Cooperación con las demás autoridades para la mejor aplicación de la Ley Federal del Trabajo; y b) Vigilancia para que no trabajen menores de edad en cantinas y centros de vicios; VI. En materia de economía: cooperación con las demás autoridades para combatir la especulación y carestía de la vida y fomento del turismo; VII. En materia de agricultura y ganadería: combate de las plagas, del robo de ganado y de productos agrícolas; VIII. En materia de obras públicas y comunicaciones: conservación y mejora de los bienes municipales y planeación de nuevas obras; IX. En materia de educación: a) Sostenimiento de las escuelas municipales; b) Otorgamiento de becas; y c) Fomento de la educación física. X. En materia de acción médico social: a) Vigilancia de los mercados, de los servicios de agua potable y drenaje, de limpia y transporte de basuras, epidemias; y b) Sostenimiento de los hospitales, clínicas y hospicios, asilos, guarderías infantiles y demás centros de asistencia municipal; XI. En materia de desarrollo urbano: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos de construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, y i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, los municipios expedirán los reglamentos y disposiciones que fueren necesarios.
ARTICULO 139. Los ayuntamientos proporcionarán anualmente al Ejecutivo, información del estado de su gestión administrativa, a efecto de que éste cuente con los datos necesarios para informar, a su vez, al Congreso sobre el estado que guarda la administración pública estatal. Tal informe deberán hacerse llegar al Ejecutivo a más tardar el último día hábil del mes de agosto.
ARTICULO 140. Las autoridades municipales colaborarán con el Ejecutivo del Estado en la observancia y ejecución de las leyes, decretos y acuerdos que se relacionen con el orden general. La falta de colaboración en esta materia será causa de responsabilidad.La policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que por escrito le transmita el Gobernador del Estado en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. [Párrafo adicionado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001] .
ARTICULO 141. Los ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
ARTICULO 142. Las facultades que no estén expresamente otorgadas a los municipios se entienden reservadas al Estado. La ley orgánica respectiva determinará todo lo demás referente a la administración municipal.
TITULO XII - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
ARTICULO 143. Todo habitante del Estado en edad escolar, tiene derecho a recibir la educación preescolar, primaria y secundaria, las cuales tendrán el carácter de obligatorias y se impartirán gratuitamente en los planteles Oficiales, de acuerdo con la ley de la materia.
I. Garantizada por el artículo 24 de la Constitución Federal la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, en el respeto a las culturas de los diferentes pueblos indígenas y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: A) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; B) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, por lo que se promoverá la enseñanza bilingüe en todos los niveles, cuando así lo soliciten los pueblos indígenas que habitan en el Estado, y C) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona, y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. [Artículo reformado mediante Decreto No. 403-94 publicado en el P.O.E. No. 79 del 1º. de octubre de 1994] ARTICULO 145. En todo plantel de educación en el Estado, es obligatoria la lectura y estudio de esta Constitución, la Federal, así como de las leyes electorales que regulan los procesos estatales y nacionales, de conformidad con la ley de la materia, la que sancionará el incumplimiento de este precepto.
ARTICULO 147. Para ejercer una profesión en el Estado se requiere la posesión de un título legalmente expedido y registrado.
En los lugares donde no residan y ejerzan profesionistas legalmente titulados o los que haya no basten a juicio del los ayuntamientos de las municipalidades respectivas, para las necesidades de la localidad, el Ejecutivo del Estado podrá permitir dicho ejercicio a las personas prácticas que, careciendo de título legal, llenen los requisitos de capacidad y moralidad profesional que se les exijan. Esas licencias tendrán el carácter de revocables y puramente locales. La ley determinará las profesiones que requieran título, la forma del registro de títulos y el procedimiento para expedir licencias a los prácticos y, en general, reglamentará todo lo relativo al ejercicio de las profesiones.
ARTICULO 148. Derogado.
ARTICULO 149. Derogado. [Artículo reformado mediante Decreto No. 403-94 publicado en el P.O.E. No. 79 del 1º. de octubre de 1994] ARTICULO 150. En el Estado de Chihuahua es altamente honroso y meritorio servir a la educación pública. La ley determinará las recompensas y distinciones a los profesores que las merezcan por sus servicios.
ARTICULO 151. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez Oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares, los que deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Federal y 144 de la presente.
ARTICULO 152. Derogado.
ARTICULO 153. La educación pública en el Estado estará a cargo del Ejecutivo por conducto de la dependencia que determine la ley.
ARTICULO 154. Derogado.
CAPITULO II - DE LA SALUD PÚBLICA
ARTICULO 156. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
ARTICULO 157. Los servicios de salud que dentro de su competencia preste el Estado, con la concurrencia de los municipios, serán: atención médica, salud pública y asistencia social.
ARTICULO 158. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
ARTICULO 159. El ejercicio de profesiones, especialidades, actividades técnicas y auxiliares en el área de salud estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan las leyes.
ARTICULO 160. La Legislatura del Estado establecerá las normas sobre salud que no sean de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
CAPÍTULO IV - DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
ARTICULO 170. El Sistema Estatal de Fiscalización es el conjunto de procesos y obligaciones que asume e integra el Estado, los Municipios, cualquier persona física o moral y a todo ente que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos, así como los órganos encargados de la auditoría y fiscalización con el objetivo de transparentar el ingreso, el ejercicio presupuestal y el gasto. Deberá coadyuvar al desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de la gestión pública y obligará de manera permanente la rendición de cuentas.
ARTICULO 171. La cuenta pública estatal y municipal será trimestral y anual. La cuenta trimestral debe presentarse ante el Congreso a más tardar el mes siguiente de vencido el período que corresponda. La cuenta anual del estado y municipio debe presentarse ante el Congreso dentro de los dos meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal y dentro del mes siguiente a la terminación del período que corresponda, respectivamente.
La cuenta pública anual y trimestral del Gobierno del Estado integrará los estados financieros, contables y presupuestales de los tres poderes, de los organismos autónomos por disposición constitucional y de las entidades de la administración pública paraestatal.
La cuenta pública anual y trimestral de los municipios integrará los estados financieros, contables y presupuestales de la administración pública municipal y paramunicipal.
Los tres poderes, los organismos autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal, los municipios y los organismos paramunicipales, deberán llevar su contabilidad conforme a las disposiciones que establezca la ley. Éstos, así como cualquier persona física o moral y cualquier ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación, deberán poner, sin excusa alguna, a disposición de la Auditoría Superior del Estado y, en su caso, del Congreso la información y documentación correspondiente.
ARTICULO 172. La cuenta pública anual de gobierno del estado y de los municipios, deberán quedar auditadas en los plazos y términos que establezca la Ley y el Programa anual de Auditoría. La falta de cumplimiento de este precepto será causa grave de responsabilidad en los términos de la Ley.
La Auditoría Superior del Estado rendirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso, informe técnico de resultados derivado de la auditoría realizada dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese concluido la misma; a su vez la Comisión dispondrá de dos meses para presentar ante el pleno el dictamen correspondiente.
El titular de la Auditoría Superior del Estado, presentará al Pleno del Congreso en la tercera sesión del período ordinario, un informe del estado que guarda la auditoría de la cuenta pública estatal y municipal y de los estados financieros señalados en la fracción VII del artículo 64 de esta Constitución así como de las acciones de responsabilidades iniciadas y su estado.
CAPITULO V - DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
ARTICULO 173. En el diseño de las políticas públicas, el Gobierno del Estado y los municipios, procurarán que los criterios que las guíen consideren el aprovechamiento sustentable en el uso de los recursos naturales, a efecto de que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por períodos definidos.