Source: https://www.derechoenzapatillas.org/2015/nueva-ley-de-fomento-para-la-agricultura-familiar-campesina-e-indigena/
Timestamp: 2018-11-18 18:59:01
Document Index: 267913773

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'Artículo 1']

Nueva ley de fomento para la agricultura familiar, campesína e indígena – Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
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Por admin	 Ultima actualización Dic 19, 2016
Qué dice la nueva ley de agricultura familiar. Qué sectores fomenta y tipo de producción (orgánica) alienta a generar. Cuál es el organismo de aplicación y adónde pedir los beneficios. Actualizado a diciembre de 2016.
La nueva ley de fomento «para la agricultura familiar, campesina e indígena» fija como objetivos incrementar la productividad, la seguridad y soberanía alimentaria mediante la radicación de la familia en el ámbito rural. También declara como fines, asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo, favorecer la biodiversidad y reconocer las prácticas agrícolas de las “comunidades originarias”, todo ello mediante subsidios, entrega de tierras públicas, asistencia técnica, incentivos estatales y la suspensión de los desalojos si ocuparon un predio privado. Veamos.
Para beneficiarse, el agricultor debe anotarse en el registro. Aparte hay un monotributo agropecuario
Para tener los beneficios de la ley, los «agricultores y agricultoras» (sic) familiares tienen que anotarse en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) que ya opera desde el año 2007. En este link algunos datos actuales del registro; por ejemplo, en Mendoza ya hay registradas alrededor de 7.000 familias en el RENAF y monotributo agropecuario, que es un régimen impositivo especial.
El régimen de monotributo agropecuario tiene, hoy, 40 mil titulares inscriptos y mas de 80 mil beneficiarios del grupo familiar, según datos oficiales. Por ello, el Ministerio de Agricultura ha aportado 100 millones de pesos, es decir, se financia con los impuestos que paga todo el país. Por ello, para el discurso oficial, es una “herramienta de inclusión”.
Desde la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar afirmaron que les “permitirá a los productores ‘ser considerados como sujetos de derechos, pasar por un banco y pedir préstamos, tener la propiedad de la tierra, el acceso al agua, y sobre todo, posibilidades de producir mejor“, según publicó la agencia estatal Telam.
La ley entrega tierras estatales a los agricultores y frena sus desalojos
La ley menciona que se fomentará el acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina e indígena, “considerando la tierra como un bien social.” Para eso, crea un “Banco de Tierras” conformado por las tierras de propiedad de la Nación que el Estado nacional por decreto afecte a esa ley, las donadas o transferidas por particulares o provincias y todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos o de cualquier otra naturaleza. Además, la ley dice que “los titulares de inmuebles que los pongan a disposición del Banco accederán a beneficios impositivos y fiscales en los términos que establezca la reglamentación.” No queda claro si se podrán ceder temporariamente o de qué otra forma.
Además del régimen de regularización dominial que instituye la ley, las tierras que integren ese Banco se adjudicarán en forma progresiva a los «agricultores y agricultoras» (sic) familiares registrados en el RENAF, y/o habitantes urbanizados que por diversas razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar en la agricultura familiar, campesina e indígena, de acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca la autoridad de aplicación, mediante adjudicación en venta, arrendamiento o donación.
Para las adjudicaciones se considerarán: a) Regiones ecológicas; b) Tipos de explotación; c) Infraestructura; d) Capacidad productiva; e) Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condición económica del postulante; f) Cantidad de integrantes del grupo familiar; g) Inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que actualmente habitan y trabajan, o falta de acceso.
La ley suspende por tres (3) años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares que al momento de la entrada en vigencia de la presente norma se encuentren en condiciones de usucapir las tierras rurales que poseen. Y agrega que «la autoridad de aplicación de conformidad a los artículos precedentes, priorizará soluciones inmediatas para garantizar la permanencia y el acceso a la tierra.» Es decir, el propietario de un predio rural al cual hayan entrado «agricultores o agricultoras familiares» no podrá proseguir una acción judicial de desalojo, lo cual equivale a una expropiación que debería ser indemnizada. ¿Quién lo indemnizará? El Estado al cabo de un juicio de más de 20 años, si tiene suerte. ¿Y quién pagará esa indemnización? Toda la ciudadanía por medio de impuestos.
Si bien el acceso a la vivienda es un derecho, ¿Este es el medio constitucional para garantizarlo? ¿O hubiera sido mejor, por ejemplo, créditos hipotecarios que actualmente están en declive?
Políticas públicas de incentivos, tecnología, ferias y prioridad en las contrataciones públicas
La ley indica que debe preservarse la base ecosistémica de los respectivos territorios mediante incentivos como subsidios directos (dinero de los impuestos de toda la población que se transfiere a los agricultores); multiplicación del monto de microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva, y créditos del Banco de la Nación y tasas subsidiadas.
En la ley indica que deben conservarse y mejorarse los suelos y recursos naturales, la preservación y recuperación, multiplicación artesanal y en escala, provisión y acceso de las semillas nativas, los procesos productivos y tareas culturales, la preservación de cosechas, acopio y cadenas de frío, los procesos de industrialización local (se auspiciará y fortalecerán todos los procesos de transformación secundaria y agregado de valor en origen que permita desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y logística de cada zona), los procesos de comercialización.
También le pide al Ministerio organizar ferias locales, zonales y nacionales, y conformar cadena nacional de comercialización, promover marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar.
La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la contrataciones directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional.
Es decir, el Estado ya no comprará la oferta más conveniente sino la que sea producida por los agricultores familiares.
Difusión, asesoramiento técnico, educación y propaganda. Desde la escuela
La ley también le asigna al ministerio la tarea de apoyar la diversificación e innovación productiva enfocada a la instalación de unidades de experimentación, asesoramiento. técnico y aporte de materiales e insumos, la difusión de la producción natural orgánica y ecológica y la investigación tecnológica. En sus palabras, debe «preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza y preservando la diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo» y «Promover hábitos de alimentación sana y su difusión masiva.»
Al efecto, crea un nuevo organismo público que es el Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA), con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas que tendrá como misión contribuir a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, teniendo por objetivo registrar, producir y abastecer de semillas nativas y criollas.
La educación rural se incorporará en todos los niveles, para facilitar «la construcción ciudadana de niños y jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo desarrollará programas que permitan adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de la agricultura familiar.» También se incluirá «la educación alimentaria nutricional, la importancia del consumo de productos de origen nacional, incluyendo los de la agricultura familiar, campesina e indígena, sanos, nutritivos y culturalmente apropiados».
Entre otras prácticas sociales que el Poder Ejecutivo deberá promover, la ley manda: «Auspiciar … el reencuentro con las prácticas deportivas tradicionales en cada lugar, así como actividades de promoción del ocio creativo propias de las costumbres del lugar», y también que «las políticas culturales auspiciarán la creación de escenarios, bienes y servicios culturales que favorezcan la promoción de valores propios de la ruralidad, y se potenciarán en políticas nacionales en su formulación, diseño, ejecución y evaluación desde el territorio rural correspondiente, propiciando su elaboración de abajo hacia arriba.»
Mecanismos de promoción y su costo
Finalmente, la ley dice que debe fomentarse la sanidad agropecuaria y las normativas bromatológicas (como si no fueran obligatorias), dar beneficios impositivos a favor de la agricultura familiar, campesina e indígena cuando sus prácticas que impliquen agregado de valor en origen y servicios ambientales.
En esa línea, se darán certificaciones de calidad, se promoverá contratar seguros y se darán créditos específicos, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles que financien a largo plazo la adquisición de inmuebles, maquinarias, vehículos, y a corto plazo la compra de insumos, gastos de comercialización, transporte, etc. Los créditos de un monto de hasta diez (10) canastas básicas, tendrán como requisitos exigibles al productor estar inscripto en el RENAF, en el monotributo social y contar con un plan de inversión avalado técnicamente por algún organismo nacional o provincial pertinente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Agricultura Familiar.
Al parecer, habrá un régimen previsional especial para los agricultores y agricultoras familiares, según la ley de trabajo agrario.
Desde ya, la ley tendrá un costo para su implementación que se financiará con impuestos que recaude el Estado Nacional, según lo dice. La ley tiene un parentesco con el sistema “Pro Huerta”, un emprendimiento conjunto del Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, del cual he recibido buenos comentarios porque ha beneficiado a muchas familias para la educación en la producción orgánica, pero que no conozco en detalle. Al igual que este programa, la nueva ley enfoca en la producción familiar, que puede ser una alternativa válida para el desarrollo de la economía regional en tanto se respeten criterios de transparencia y eficiencia en la asignación de recursos. Lo que se inicia como producción familiar puede ser un emprendimiento que exporte o se comercialice internamente y así genere empleo y beneficios para la economía. Además, quiebra con el modelo de producción imperante que es el monocultivo de soja, que mal manejada, genera desiertos.
Por otro lado, ¿La ley incentiva la eficiencia? ¿La generación de empresas cooperativas que puedan mejorar continuamente y así competir internamente y con el mundo? ¿Crea las condiciones para el desarrollo o consolida una situación existente? A veces, la cuestión no es la ley que es una herramienta, sino el cumplimiento y aplicación. Pero para esto habrá que esperar. El texto completo de la ley, a continuación.
La ley está frenada pero ahora parecen retomarla…
La Secretaría de Agricultura de la Nación convocó a la primera reunión del año del Consejo Asesor de la Agricultura Familiar el martes 5 de julio, para comenzar a reglamentar la ley que regula al sector.
Según informó el portal Jornada Online, la convocatoria fue realizada para que diferentes organizaciones participen en el proceso de reglamentación definitiva de la Ley de Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014. Como se dijo, esta ley suspende los desalojos portres años, define a la tierra como “bien social”, establece mecanismos para el acceso a la tierra (Banco de Tierras) y fomenta la agroecología.
“El Consejo de la Agricultura Familiar está conformado por 13 organizaciones campesinas e indígenas de nivel nacional y representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA”, explicó el Secretario Nacional de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti.
Las organizaciones que integran el Consejo Asesor son: Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF); la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA); el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); y el Frente Nacional Campesino (FNC); Grito de Alcorta, Movimiento Campesino de Liberación (MCL), Unión de Pescadores Artesanales (UAPA); el Encuentro de Pueblos Originarios (ENOTPO); Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA); la Asociación Mujeres Rurales (AMRAF); el Frente Agrario Evita; y la Federación Agraria y Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA).
José Luis Castillo, integrante de la Asamblea Campesino Indígena (ACINA), celebró la convocatoria al considerar que “esta ley contiene aportes que fueron trabajados y consensuados por organizaciones campesinas de todo el país”.
Ahora, en agosto, dijeron que la ley estaría reglamentada para septiembre. Veremos qué pasa. Mientras tanto, la Provincia de Buenos Aires ya se adhirió a esta novedosa ley…
LEY 14845 EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE
ARTÍCULO 1°: La Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”.
ARTÍCULO 2°: Autorízase al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley.
¿Y vos qué opinás de esta nueva ley? Abajo podés dejar tu comentario.
@dzapatillas @Fdezavalia @ziberial No hay fin noble cuando no hay respeto a la propiedad privada
— tomas thibaud (@tomasthibaud) January 28, 2015
@dzapatillas Nos quieren pobres. El campo, para funcionar, requiere enormes cantidades de capital.
— Francisco (@Fdezavalia) January 28, 2015
ARTÍCULO 3° — Son objetivos generales de esta ley: a) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores de campo y, en general, de los agentes del medio rural, mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir; b) Corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso, mediante una acción integral del Poder Ejecutivo nacional que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria; d) Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; e) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional; f) Valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad, como sujeto prioritario de las políticas públicas que se implementen en las distintas esferas del Poder Ejecutivo nacional; g) Promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de políticas públicas con la participación activa de las comunidades rurales y la interacción con el conjunto de la sociedad; h) Reconocer explícitamente las prácticas de vida y productivas de las comunidades originarias.
ARTÍCULO 4° — Son objetivos específicos de la presente ley: a) Afianzar la población que habita los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas; b) Impulsar el aprovechamiento de atributos específicos de cada territorio para generar bienes primarios, industrializados y servicios diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, procedimientos de elaboración, respeto a los requisitos sanitarios, singularidad paisajística y/o cualquier otra característica que lo diferencie; c) Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios consagrados por la presente ley, adecuando las acciones concretas e implementando políticas específicas de reconocimiento a favor de las mujeres de la agricultura familiar; d) Fortalecer la organización y movilidad social ascendente de la agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las condiciones y necesidades de la mujer y la juventud rural; e) Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la preservación del ingreso; f) Apoyar la generación de actividades agropecuarias, artesanales, industriales y de servicios, orientada al agregado de valor de la producción primaria y la generación de desarrollo local; g) Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio natural, histórico y cultural de la agricultura familiar en sus diversos territorios y expresiones; h) Fortalecer la organización de los productores familiares y la defensa de sus derechos y posibilidades promocionando el asociativismo y la cooperación; i) Garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos; j) Implementar acciones específicas para los pueblos originarios y sus comunidades; k) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a todos los niveles orientadas a planificar, monitorear y evaluar las políticas, programas y acciones del desarrollo local; l) Desarrollo de políticas de comercialización que garanticen la colocación de la producción local en mercados más amplios; m) Generación y afianzamiento de polos económico-productivos en zonas rurales y en pequeñas localidades, promocionando el desarrollo local y la preservación de valores, identidades culturales regionales y locales.
ARTÍCULO 5° — Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los siguientes requisitos: a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente por el productor y/o algún miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción; c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados; d) La familia del agricultor y agricultora reside en el campo o en la localidad más próxima a él; e) Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento; f) Los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productor familiar y, también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e).
ARTÍCULO 6° — Registración en RENAF. Establézcase la obligación por parte de los agricultores y agricultoras familiares de registrarse en forma individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de la presente ley. Ratifíquese la creación del Registro Nacional de Agricultura Familiar conforme lo dispuesto por resolución 255/07 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la sanción de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera incorporada a la presente ley. En caso de existencia de otros registros nacionales, provinciales o municipales de agricultores y agricultoras familiares, deberán compartir la información con el RENAF a los fines de conformar una base única de datos a nivel nacional.
ARTÍCULO 10. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable, a fin de generar empleo y garantizar el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional fomentando la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, generando la legislación para planear y organizar el desarrollo rural y la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, fomentando acciones en las siguientes temáticas: 1. Bienes naturales y ambiente. 2. Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. 3. Procesos productivos y de comercialización. 4. Educación, formación y capacitación. 5. Infraestructura y equipamientos rurales. 6. Políticas sociales. 7. Instrumentos de promoción.
ARTÍCULO 13. — Todas las políticas, planes, programas, proyectos ejecutados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entes desconcentrados o descentralizados del Poder Ejecutivo nacional destinados a favorecer la producción, industrialización comercialización de productos agropecuarios deberán contemplar en su instrumentación a la agricultura familiar y mejorar sus condiciones de vida. Las organizaciones representativas del sector deberán ser integradas a los consejos asesores existentes o a crearse. Los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena deberán ser caracterizados por la autoridad de aplicación para su inclusión prioritaria en las acciones y políticas derivadas de la presente ley, tomando en cuenta los siguientes factores: a) Productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia; b) Niveles de producción y destino de la producción; c) Lugar de residencia; d) Ingresos netos y extra prediales; e) Nivel de capitalización; f) Mano de obra familiar. Mano de obra complementaria; g) Otros elementos de interés.
ARTÍCULO 16. — Banco de Tierras para la Agricultura Familiar. Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, con el objetivo de contar con tierras aptas y disponibles para el desarrollo de emprendimientos productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena en el marco de lo dispuesto en la presente norma. Se invita a las provincias a tomar iniciativas del mismo tipo en sus jurisdicciones. El Banco de Tierras estará conformado por: a) Las tierras de propiedad de la Nación que el Estado nacional por decreto afecte a los fines de la presente ley; b) Las tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional con el fin de ser afectadas al Banco creado por esta norma; c) Las tierras que transfieran los estados provinciales y municipales a la Nación al fin indicado en esta ley; d) Todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos o de cualquier otra naturaleza. La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos necesarios con las dependencias competentes del Poder Ejecutivo nacional a los fines del relevamiento, registro y determinación de las tierras que integrarán el mismo. Los titulares de inmuebles que los pongan a disposición del Banco accederán a beneficios impositivos y fiscales en los términos que establezca la reglamentación. El Registro Nacional de Tierras Rurales en coordinación con la autoridad de aplicación registrará los bienes inmuebles que integren el Banco de Tierras, de conformidad a la información provista por las provincias y por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
ARTÍCULO 17. — Adjudicación. Las tierras que integren el Banco, se adjudicarán en forma progresiva a los agricultores y agricultoras familiares registrados en el RENAF, y/o habitantes urbanizados que por diversas razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar en la agricultura familiar, campesina e indígena, de acuerdo al procedimiento que a tal fin establezca la autoridad de aplicación, mediante adjudicación en venta, arrendamiento o donación. Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas familiares, las que se determinarán tomando en consideración, como mínimo, los siguientes parámetros: a) Regiones ecológicas; b) Tipos de explotación; c) Infraestructura regional, zonal y local; d) Capacidad productiva de la tierra; e) Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condición económica del postulante en los casos de ofrecimiento público; f) Cantidad de integrantes del grupo familiar; g) Inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que actualmente habitan y trabajan, o falta de acceso a la misma.
ARTÍCULO 20. — El ministerio diseñará e instrumentará programas de incentivos a los servicios ambientales que aporte la agricultura familiar, campesina e indígena con procesos productivos que preserven la base ecosistémica de sus respectivos territorios. Estos incentivos consistirán en subsidios directos; multiplicación del monto de microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva, y créditos del Banco de la Nación y tasas subsidiadas. Se diseñarán y ejecutarán planes de prevención, mitigación y restitución frente a las emergencias y catástrofes, tales como sequías, inundaciones, otros, tomando las previsiones que a través del RENAF esté garantizada la atención prioritaria del agricultor y agricultora familiar en esta situación. Los procesos de deterioro de suelos que avanzan hacia la desertificación serán atendidos como emergencias y catástrofes.
ARTÍCULO 21. — Las acciones y programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas rurales. Lo dispuesto se propiciará mediante: a) La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales. Se instrumentarán para tal fin políticas activas y participativas, con métodos sustentables, priorizando las prácticas agroecológicas a fin de preservar, recuperar y/o mejorar las condiciones de la tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los mapas de suelos ya existentes a nivel nacional y de las provincias, con énfasis en las necesidades de la agricultura familiar, campesina e indígena; b) La preservación y recuperación, multiplicación artesanal y en escala, provisión y acceso de las semillas nativas tendrá prioridad en los planes y programas productivos del ministerio, quien articulará con todas las instituciones estatales y no estatales, nacionales, latinoamericanas y mundiales; que tengan políticas orientadas en el mismo sentido; c) Procesos productivos y tareas culturales: los procesos de producción tradicionales y/o los procesos de diversificación que se encaren de cada zona serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, financiero y en insumos cuando se justifique, para la siembra, tareas culturales que ellos demanden y cosecha correspondiente; y serán evaluados periódicamente de una manera participativa desde un enfoque de sustentabilidad económica, social y ambiental; d) Preservación de cosechas, acopio y cadenas de frío: Las producciones que necesiten un período de mantenimiento por producto terminado, o post cosecha y/o de acopios respectivos, el ministerio buscará la máxima articulación asociativa por zona y por producto, para la inversión estatal o mixta en la infraestructura socio-productiva necesaria para tal fin: depósitos, playones forestales, infraestructura de faena y de frío, entre otros; e) Procesos de industrialización local: se auspiciará y fortalecerán todos los procesos de transformación secundaria y agregado de valor en origen que permita desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y logística de cada zona; f) Procesos de comercialización: Se instrumentarán políticas integrales y sostenidas referidas al fraccionamiento, empaquetamiento (“packaging”), el transporte, la red de bocas de expendio propias o convenidas locales, regionales y nacionales, la difusión pedagógica por todos los medios existentes o por existir de los productos de la agricultura familiar, así como la articulación con grupos de consumidores, quienes tendrán acceso permanente a una base de datos con información nutricional; y tendrán una unidad conceptual las políticas en este sentido, aunque tengan una variedad enorme de unidades ejecutoras por territorios y por asuntos temáticos.
ARTÍCULO 22. — El ministerio impulsará: 1. La realización de ferias locales, zonales y nacionales, y pondrá especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias. 2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar. 3. La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la contrataciones directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir.
ARTÍCULO 24. — La autoridad de aplicación contribuirá a: a) Garantizar la preservación, fomento, validación y difusión de las prácticas y tecnologías propias de las familias organizadas en la agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la identidad cultural, la transmisión de saberes y recuperación de buenas prácticas sobre la producción, atendiendo todo lo inherente a logística y servicios públicos; comunicación; servicios educativos rurales; energías renovables distribuidas; manejo, cosecha y recuperación de agua; bioarquitectura para vivienda e infraestructura productiva; agregado de valor en origen; certificación alternativa; b) Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en armonía con la naturaleza y preservando la diversidad genética, respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a través del tiempo; c) Promover hábitos de alimentación sana y su difusión masiva.
ARTÍCULO 25. — El marco de las prioridades de las políticas públicas, el ministerio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, priorizarán la Investigación productiva para el desarrollo de la agricultura familiar y sus productos diversificados. Las universidades, institutos técnicos y tecnológicos, escuelas superiores tecnológicas y otras instituciones públicas, privadas y comunitarias que desarrollan innovación, realizarán investigaciones que abarquen aspectos socioculturales, productivos y organizativos para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, en el marco de las prioridades estatales en coordinación y siguiendo los lineamientos del ente rector del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica.
ARTÍCULO 26. — Créase en el ámbito del ministerio el Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA), con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas que tendrá como misión contribuir a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, teniendo por objetivo registrar, producir y abastecer de semillas nativas y criollas; siendo sus funciones: a) Realizar un inventario y guarda de las semillas nativas a los fines de su registro; b) Promover: la utilización de la semilla nativa y criolla para la alimentación, la agricultura, la forestación, aptitud ornamental y aplicación industrial; c) Organizar el acopio, la producción y la comercialización de la semilla nativa y criolla a fin de garantizar su existencia en cantidad y calidad para su uso; d) Realizar y promover la investigación del uso y preservación de la semilla nativa y criolla. A tal fin podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas; e) Desarrollar acciones tendientes a evitar la apropiación ilegítima y la falta de reconocimiento de la semilla nativa y criolla; f) Coordinar acciones con los organismos de contralor a fin de hacer efectiva la legislación protectora de la semilla nativa; g) Realizar acciones tendientes a garantizar la variedad y diversidad agrícola y que favorezcan el intercambio entre las productoras y productores; h) Proponer y fortalecer formas de producción agroecológica; i) Asesorar en la política a las áreas del Poder Ejecutivo nacional que lo requieran emitiendo su opinión en forma previa y preceptiva al dictado de normas relacionadas con la actividad semillerista.
ARTÍCULO 27. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca elaborará propuestas al Ministerio de Educación sobre temáticas relacionadas a la educación rural, en todos los niveles que tienen carácter de obligatoriedad, afianzando así una educación que revalorice su contexto inmediato, facilitando la construcción ciudadana de niños y jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo desarrollará programas que permitan adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de la agricultura familiar. El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formación técnica superior y capacitación en el área rural, reconociendo las formas propias de aprendizaje y transmisión de conocimientos del sector.
ARTÍCULO 29. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del ministerio y su Unidad de Cambio Rural, priorizará políticas de provisión y mejora de la infraestructura rural en todas sus dimensiones, tales como: infraestructura de transporte, red vial, viviendas, electrificación rural, infraestructura predial según actividad productiva, tecnologías de información y comunicación, agua y riego en todas sus variantes según potencialidad del territorio, infraestructura social, saneamiento básico dirigidos al desarrollo rural, al arraigo y la ocupación armónica del territorio. Se recomendará a las provincias y municipios los siguientes lineamientos: a) Asignar al menos al cincuenta por ciento (50%) de la población rural en provincias y municipios, programas de viviendas rurales (construcción, ampliación y mejoras), a fin de recuperar el déficit crónico en esta materia. También se pondrá especial cuidado de que el diseño de la vivienda se realice de una manera participativa y con un enfoque bioclimático; b) Organizar un sistema de saneamiento articulado por zonas, que incluya el proceso de residuos sólidos y la disposición final de excretas; c) Instrumentar, en el marco del plan general del gobierno, la construcción y mantenimiento de la red caminera troncal de cada provincia, e impulsar el sistema de consorcios camineros para el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales de la red secundaria en cada zona y provincia; d) Asegurar la provisión de agua para riego, para animales y agua potable para humanos en cada núcleo familiar y en cada predio de los agricultores familiares, a través de planes, programas y proyectos que instrumentarán el sistema más adecuado de provisión en cada zona. Los planes no se suspenderán hasta que todas las familias rurales tengan agua para sus necesidades, y se deberá monitorear en forma continua las modificaciones territoriales que signifiquen algún riesgo de déficit de agua.
ARTÍCULO 30. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en tal sentido procederá a: a) Instrumentar todas las medidas necesarias para que ningún predio de agricultura familiar resulte con déficit energético, de acuerdo al plan productivo que encara en el mismo. Tendrá un relevamiento en tiempo real de la planificación de corto, mediano y largo plazo por territorio y arbitrará los planes necesarios para garantizar los requerimientos energéticos que de ellos se deriven, con especial promoción de aquellas que provengan de fuentes renovables; b) Diseñar un programa permanente para mejorar y aumentar el equipamiento y la infraestructura predial y comunitaria destinada a los aspectos productivos o sociales de la población; evaluando según el sector de ingresos y el tipo de necesidad de equipamiento o de infraestructura las características del financiamiento, pudiendo oscilar entre el subsidio directo, sistemas de microcréditos, fondos rotatorios, banca rural, caja de crédito y/o créditos bancarios a tasa subsidiada; c) Promover prioritariamente servicios de transporte públicos o de tipo cooperativo, otorgando especial consideración al transporte rural, tanto de pasajeros como el relativo al transporte de la producción, en el análisis, diseño adecuado a cada zona, frecuencias, ritmos y costos que serán fruto del debate territorial; d) Las comunicaciones, sean de tipo tradicional o de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), estarán al servicio de las necesidades sociales, educativo-culturales y productivas de cada zona; y por ende el ministerio instrumentará un plan permanente en articulación con las estructuras competentes, para que ninguna zona ni familia se encuentre en aislamiento, se supere la brecha digital y se cuente con el mejor servicio que el país o la provincia puede proveer en cada período histórico de acuerdo a los requerimientos de los agricultores y agricultoras familiares en cada territorio.
ARTÍCULO 31. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos respectivos, deberá: a) Garantizar el acceso y funcionamiento de todos los servicios sociales (educación, salud, deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y promoción social, así como la asistencia social directa) para la totalidad de la población rural en el territorio, en función de que su existencia, continuidad y calidad que aseguren el arraigo de las familias rurales. Los procesos de gestión y la administración de los servicios públicos deberán considerar mecanismos de participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena en cada territorio; b) La educación rural será declarada servicio público esencial. Se implementará el método de alternancia en todas las zonas que así se justifique, y en el sistema educativo público tendrá participación de la comunidad en la gestión y monitoreo del funcionamiento del establecimiento; c) Recuperar y desarrollar sistemas de atención primaria de la salud mediante una red de agentes sanitarios que tendrán un sistema de formación continua, e integrados al sistema de salud en sus diferentes niveles; d) Auspiciar un programa de deporte rural zonal y provincial, que favorezca el reencuentro con las prácticas deportivas tradicionales en cada lugar, así como actividades de promoción del ocio creativo propias de las costumbres del lugar; e) Las políticas culturales auspiciarán la creación de escenarios, bienes y servicios culturales que favorezcan la promoción de valores propios de la ruralidad, y se potenciarán en políticas nacionales en su formulación, diseño, ejecución y evaluación desde el territorio rural correspondiente, propiciando su elaboración de abajo hacia arriba; f) El desarrollo social de las comunidades y de los subsectores sociales o generacionales que la componen (la promoción de la mujer, los jóvenes, la niñez, la ancianidad, los discapacitados, y/o minorías existentes) serán optimizados con políticas integrales, en articulación con las jurisdicciones específicas, y/o en forma directa por políticas propias en las zonas que resulte necesarias impulsarlas.
ARTÍCULO 32. — El Régimen de Reparación Histórica de Agricultura Familiar contempla instrumentos de promoción vinculados a: 1. Sanidad agropecuaria: El ministerio instrumentará planes, programas y proyectos para fortalecer la capacidad de cumplimiento de la legislación sanitaria nacional vigente; y las normativas bromatológicas que se exijan en cada territorio. Se trabajará en las acciones adecuadas para el desarrollo logístico, de infraestructura y de gestión en función del cumplimiento de los requerimientos de sanidad agropecuaria. 2. Beneficios impositivos: La agricultura familiar, campesina e indígena y sus actores serán beneficiarios de descuentos impositivos progresivos cuando la autoridad de aplicación certifique prácticas que impliquen agregado de valor en origen y servicios ambientales en sus diversas manifestaciones. 3. Previsional: Se promoverá un régimen previsional especial para los agricultores y agricultoras familiares, de conformidad al establecido en la ley 26.727 sobre Régimen del Trabajo Agrario. 4. Certificaciones: El Poder Ejecutivo nacional a través de sus órganos técnicos autorizados, garantizará la certificación de calidad u otras exigencias del mercado internacional, cuando sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena necesiten exportar. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de un Sistema de Certificación Participativa, asegurará la certificación en procesos y productos de circulación nacional. 5. Promuévase la creación de un seguro integral para la agricultura familiar destinado a mitigar los daños y pérdidas sufridas por fenómenos de emergencia o catástrofe, accidentes laborales, pérdida o robo de animales, productos forestales, agrícolas, máquinas e implementos rurales. 6. Créditos: El ministerio deberá convenir con el Banco de la Nación Argentina, la creación de líneas de crédito específicas, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad, que financien a largo plazo la adquisición de inmuebles, maquinarias, vehículos, y a corto plazo la compra de insumos, gastos de comercialización, transporte, etc. Los créditos de un monto de hasta diez (10) canastas básicas, tendrán como requisitos exigibles al productor estar inscripto en el RENAF, en el monotributo social y contar con un plan de inversión avalado técnicamente por algún organismo nacional o provincial pertinente, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Agricultura Familiar.
Artículo 1°: Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación. En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.
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Bloguero Connor dice 4 años hace
Me parece una manifestación de buena voluntad, pero tal como decis, importa mucho de como se implemente y tampoco sé cual es el universo alcanzado por la medida, si es para casos puntuales donde puede que sirva o si quieren que esto sea algo general. En cualquier caso, es evidente que esto va contra las tendencias del mercado, por lo que a la larga es inviable. Soy mas de proponer lineamientos macroeconomicos, que sean estables y que el mercado se acomode de la mejor manera que encuentre, que siempre será mejor que lo que piense un burocrata desde su escritorio en Buenos Aires por mas buenas intenciones que tenga.
Por otro lado, las imagenes parecen de Corea del norte, lo que me recuerda que la agricultura no es tan linda ni romántica como muestran las pinturas, sino que es un trabajo de mierda que cuanto mas tecnología y menos gente lo haga, mejor.