Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20000177
Timestamp: 2020-01-28 03:31:31
Document Index: 127162740

Matched Legal Cases: ['Artículo 484', 'Artículo 488', 'artículo 65', 'artículo 13', 'artículo 520', 'artículo 524', 'artículo 63', 'artículo 488', 'artículo 489', 'artículo 29', 'artículo 250', 'Artículo 63', 'artículo 122', 'Artículo 483', 'Artículo 471', 'Artículo 488', 'Artículo 489', 'artículo 369', 'Artículo 489', 'Artículo 63', 'artículo 122', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 50', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'artículo 356', 'Artículo 65', 'Artículo 484']

C-6 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020000177CC-SENTENCIAC6200321/01/2003CC-SENTENCIA_C_6__2003_21/01/2003200001772003SENTENCIA C-006/03 COSA JUZGADA MATERIAL -Elementos COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Sentido estricto limita competencia del legislador COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Sentido lato /COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Reproducción de norma declarada exequible Nada impide que el legislador vuelva a expedir una norma declarada exequible, puesto que si ella fue encontrada ajustada a la Carta el legislador no viola la Constitución al adoptar una disposición idéntica a la anterior. Cuando la sentencia previa es de exequibilidad, la Corte puede estarse a lo resuelto en virtud de la cosa juzgada en sentido lato, complementar los argumentos con planteamientos adicionales, reenfocar su análisis constitucional o, si encuentra razones poderosas, apartarse del fallo precedente. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PRIVACION DE LA LIBERTAD -Alcance SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Requisitos para beneficio En ejercicio de la potestad de configuración y de diseño de la política criminal, el legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad a una persona responsable de haber cometido una conducta punible. Para ello, puede definir cuáles conductas son socialmente reprochables y cuáles han dejado de serlo, puede determinar cuándo procede la privación de la libertad y cuándo es necesario imponer sanciones menos gravosas, o también establecer beneficios o subrogados penales cuando a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio dan lugar a la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la reclusión en un establecimiento carcelario. Es en ejercicio de dicha potestad que el legislador estableció la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esta figura constituye un beneficio que otorga la ley penal a quienes habiendo sido condenados a una pena de prisión no superior a los tres años, cumplan con las condiciones establecidas en ella. Este beneficio no opera de manera automática, pues el juez debe evaluar los antecedentes del condenado y la gravedad de la conducta para determinar si es o no necesaria la ejecución de la condena de privación de la libertad. SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -No constituye una condición inconstitucional la indemnización de perjuicios SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA- Obligación de indemnizar perjuicios no es absoluta SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Imposibilidad de pagar la indemnización de perjuicios SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Requisitos de imposibilidad absoluta permanente SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Bienes embargados y secuestrados SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Capacidad económica del condenado SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Ausencia de pago no determina el beneficio PRINCIPIO NON BIS IN IDEM -Requisitos SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Requisitos y obligaciones SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Revocatoria del beneficio La revocatoria no constituye una sanción que comporte el desconocimiento del principio de non bis in ídem, pues al condenado no se le impone una sanción adicional por el mismo hecho que originó la condena, ni se agrava el quantum de su condena. La revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena es la consecuencia jurídica prevista por el legislador para el evento de incumplimiento y no tiene por fin sancionar al condenado, sino garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder gozar de dicho beneficio. SUSPENSION CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA -Imposibilidad de reparar el daño no genera necesariamente la revocatoria de la medida cuando el incumplimiento está justificado INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO -Derecho de la víctima /INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO -Efectividad DERECHO A LA IGUALDAD EN SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA -No afectación en pérdida de beneficios por incumplimiento de la obligación Referencia: expediente D-4127
CLAUDIA PATRICiA BARBOSA SARRIACONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"D2850Identificadores20020000178true9414Versión original20000178Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
"por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
Artículo 484.Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido.
Artículo 488.Prórroga para el pago de perjuicios. Cuando al beneficiado con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir la obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición justificada, podrá prorrogar el plazo por una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la condena.
En primer lugar, porque en opinión de la actora, las disposiciones acusadas establecen una medida represiva que desconoce la prohibición constitucional del establecimiento de detención, prisión o arresto por deudas, pues "si la persona condenada goza del "beneficio-derecho" de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y se sustrae sin justa causa de la obligación de cancelar oportunamente los perjuicios ocasionados con la infracción al ofendido, es castigada con la revocatoria del subrogado, a pesar de estar cumpliendo a cabalidad el resto de obligaciones que exige la normatividad penal en su artículo 65."
En segundo lugar, en cuanto al cargo de violación del principio de igualdad, afirma el Fiscal que la disposición "no quebranta el artículo 13 superior, ya que olvida la recurrente que es potestad del legislador, a través de su cláusula general de competencia, determinar qué conductas dañosas dan lugar únicamente a producir acción indemnizatoria, mediante el mecanismo procesal civil, así como la de señalar si ese mismo hecho puede dar pie a la estructura jurídica de un delito, en el cual estén representados intereses netamente privados, públicos o colectivos, con su respectiva reparación patrimonial, eso si respetando en ambos procedimientos judiciales el derecho al debido proceso y las demás garantías dogmáticas constitucionales."
Finalmente, afirma el Fiscal General que "no es cierto como se plantea en la demanda que el proceso penal sea inflexible y desproporcionado para el victimario que no esté en las (sic) posibilidades de cumplir con sus compromisos de la parte civil, lo que ocasione su pérdida del derecho-beneficio del subrogado penal en estudio, pues las mismas normas adjetivas ibídem consagran como causal exculpatoria la justa causa para no perder dicha prerrogativa procesal por esa razón, medida equitativa y constitucional que recoge el viejo aforismo latino que ante lo imposible nadie está obligado."
En relación con el primer cargo, afirma la Vista Fiscal que los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000 reproducen el artículo 520 y la frase final del artículo 524 del Decreto 2700 de 1991, los cuales fueron objeto de estudio y declarados ajustados a la Carta Política por la Corte Constitucional en la sentencia C-008 de 1994. Por ello, solicita "estarse a lo resuelto en dicha providencia, por la existencia de cosa juzgada material, dado que las normas demandadas fueron transcritas con la misma literalidad de los artículos 520 y 524 antes citados, respecto de los cuales solamente se modificó la denominación del subrogado, que en vigencia del ordenamiento penal anterior se llamaba condena de ejecución condicional, por suspensión condicional de la ejecución de la pena, ajuste denominativo éste que en nada influye en el contenido de los preceptos que fueron estudiados y declarados exequibles por esa Corporación."
En cuanto al cargo de violación del principio non bis in ídem, sostiene el Procurador General de la Nación que la actora parte de supuestos hipotéticos errados sobre el concepto de la indemnización de perjuicios en el proceso penal. Para el representante del Ministerio Público, "no se puede decir que la ejecución mediante la jurisdicción civil encaminada al pago de la indemnización de los perjuicios causados con la conducta penal no puede entenderse como una sanción de carácter penal, por lo que mal podría aducirse que se estaría quebrantando el principio antes señalado cuando se revoca el subrogado penal por el incumplimiento de una de las obligaciones que ha asumido el beneficiado al otorgársele la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como presupuesto para ello."
Afirma también el Procurador que la posibilidad que tiene el perjudicado por un delito de intentar la acción ejecutiva dentro del proceso penal o de hacerlo posteriormente ante la jurisdicción civil una vez se ha proferido la condena penal, es una potestad y no una sanción, como afirma la actora. "Del mismo modo, la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena tampoco es una sanción, sino la consecuencia del incumplimiento de una obligación, que conllevará la efectiva ejecución de una sanción penal previamente fijada por el juez por la comisión de una conducta punible. En este orden, por tratarse de figuras jurídicas -acción ejecutiva y revocatoria de un beneficionone, que no tienen el carácter de sanción no puede sostenerse que exista violación al principio de non bis in ídem."
En primer lugar, porque la "normatividad penal otorga a los perjudicados la posibilidad de acudir dentro del proceso penal en procura de la indemnización de los daños que han sufrido o hacerlo ante la jurisdicción civil, pero conforme al artículo 63 del Código Penal, el ejercicio de esta opción no trasciende en relación con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues ésta "no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible", quedando clara así, la independencia de las consecuencias civiles derivadas de la infracción del beneficio que únicamente ampara la ejecución de la pena privativa de la libertad."
En segundo lugar, porque en opinión del Procurador, "resulta absurdo pretender que el incumplimiento de la sentencia civil tenga los mismos efectos respecto de la libertad del condenado penalmente responsable, pues de una parte la obligación de indemnizar ordenada por el juez civil se convierte en el deber de pagar una obligación civil y su exigibilidad se rige por la normatividad civil, y de otra parte, el incumplimiento de la obligación de reparar los daños cuando esta obligación ha sido impuesta por el juez penal ante la inexistencia de la acción civil, como lo señaló la Corte Constitucional, constituye el incumplimiento de un presupuesto legalmente señalado para poder gozar del subrogado penal en mención. Es decir, la privación de la libertad derivada de la revocación del subrogado no tiene fundamento en el incumplimiento de una obligación civil, sino en la inobservancia de uno de los requisitos previamente señalados para gozar del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por ello, tratándose de supuestos de hecho diversos, y acciones de distinta naturaleza no es posible exigir un tratamiento igual."
1. ¿Son los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000, que consagran como causal para revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional el incumplimiento injustificado de la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados por el delito, contrarios a la prohibición constitucional de imposición de penas privativas de la libertad por deudas, contenida en el inciso tercero del articulo 28 superior
2. ¿Resulta contrario al principio constitucional de non bis in ídem sancionar el incumplimiento injustificado de la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con el delito con la pérdida del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena
3. ¿Se vulnera el principio de igualdad cuando se revoca el beneficio de la condena de ejecución condicional de quien ha incumplido el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados por el delito, impuesto dentro del proceso penal, pero no se establece la misma consecuencia cuando esta obligación pecuniaria ha sido ordenada por el juez civil
De conformidad con la disposición constitucional citada, para determinar si un "acto jurídico" del legislador constituye una reproducción contraria a la Carta, es preciso examinar tres elementos:
2. Que el texto de referencia con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo"; [2]
En el caso bajo estudio, al comparar los textos cuestionados y los artículos 520 y 524 del Decreto 2700 de 1991, aparece sólo una diferencia entre ellos, relativa a la denominación del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, que en el anterior Código de Procedimiento Penal se denominaba "condena de ejecución condicional". No obstante, en el artículo 488 acusado se emplea la denominación anterior.
En primer lugar, porque aun cuando la posibilidad de gozar del beneficio de la condena de ejecución condicional está sujeta al cumplimiento de la obligación de reparar los perjuicios ocasionados, dicha condición no opera de manera absoluta. La ley exige que se tengan en cuenta las circunstancias de cada individuo. En efecto, el artículo 489 de la Ley 600 de 2000, prevé que si las circunstancias del condenado hacen imposible cumplir esta condición porque se ha demostrado que éste "se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo,"[9] ello no impide que pueda gozar del beneficio, si el juez considera que se cumplen las demás condiciones para su otorgamiento.
"El conocido principio denominado non bis in ídem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro Estatuto Supremo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido proceso, contempladas en el artículo 29 de la Carta.
Por su parte, la obligación de reparar los daños ocasionados por el delito ha sido reconocida expresamente por nuestro ordenamiento constitucional en el numeral 1 del artículo 250 superior, que establece como deberes de la Fiscalía General de la Nación el "tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito". Tal como lo ha reconocido esta Corporación,[14] la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito es sólo uno de los elementos de la reparación a la víctima, es uno de sus derechos constitucionales.
[2] Corte Constitucional, C-774 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte analizó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y la idea de una "constitución viviente".
[3] En la sentencia C-447 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte sostuvo que "la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias."
[5]Ley 599 de 2000,Artículo 63.-Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años. 2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. Artículo. 65.-Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las siguientes obligaciones para el beneficiario: 1. Informar todo cambio de residencia. 2. Observar buena conducta. 3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo. 4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se garantizarán mediante caución. [El numeral 2 de este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil, bajo el entendido que la obligación de observar buena conducta sólo es relevante en función del efecto que las eventuales infracciones de los específicos deberes jurídicos que la misma comporta, pueda tener en la valoración acerca de la necesidad de la pena en cada caso concreto] Ley 600 de 2000, Artículo 483.-Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con la conducta punible. Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización, no se fijará término para la reparación de los daños. Artículo 471. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el aplazamiento o la suspensión de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la suspensión de la detención preventiva. Artículo 488. Prórroga para el pago de perjuicios. Cuando al beneficiado con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir la obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición justificada, podrá prorrogar el plazo por una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la condena. Artículo 489. Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación de pagar los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena será exigida a menos que se demuestre que el condenado se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo.
[6] El sentido en que se utiliza la expresión "condición inconstitucional" en esta sentencia es afin, pero distinto del que se emplea en la doctrina de las "condiciones inconstitucionales", desarrollada en el derecho americano por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Según dicha doctrina, el Estado no puede someter el goce de un beneficio o privilegio otorgado discrecionalmente al cumplimiento de condiciones que impidan el ejercicio de derechos protegidos constitucionalmente ni someterlo a requisitos inconstitucionales. Esta doctrina ha sido aplicada en relación con beneficios, permisos y financiación estatal especial para ciertas actividades, ofrecidos por el Estado pero sometidos al cumplimiento de condiciones cuya aplicación ha llevado a los beneficiarios a renunciar a derechos y libertades constitucionales o a permitir que el estado logre de manera indirecta, finalidades constitucionalmente prohibidas. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado que en tales circunstancias, la condición viola la Constitución a menos que exista una relación sustancial con el fin legítimo que se pretende alcanzar. Ver, por ejemplo, Frost v. Railroad Comm'n, 271 US 583, (1926) (el estado no puede negar beneficios de desempleo a una persona que rehusa trabajar los sábados por motivos religiosos). Nollan v. California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987), (Nollan deseaba construir en el terreno perteneciente a su inmueble una ampliación del frente de su propiedad que daba hacia la playa y solicitó el permiso para construir. La Comisión Costera de California le concedió el permiso bajo la condición de que cediera una porción del terreno para facilitar el paso del público por una parte de su propiedad. La Corte Suprema encontró que tal condición constituía una forma de expropiación indirecta que debía ser compensada a Nollan. Aun cuando el propósito perseguido por la comisión nonefacilitar el acceso público a las playasnone era legítimo, la Corte consideró que la condición impuesta no guardaba un vínculo esencial con el propósito perseguido, pues este podía haberse alcanzado expropiando y compensando directamente a Nollan). Pickering v. Board of Education, 391 U.S. 563 (1968).( La Corte decidió que una escuela no podía despedir a un profesor por hacer uso de su libertad de expresión). PruneYard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980) (Un centro commercial negó el acceso a toda persona que ingresara al centro para recoger firmas para apoyar una causa, por considerar que el centro era propiedad privada y por lo tanto podía excluir a cualquier persona que perturbara su derecho de propiedad privada. La Corte Suprema encontró que los propietarios del centro no podían negar el acceso de personas que realizaran actividades relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión porque no había demostrado que la actividad de recolección de firmas tuviera un impacto negativo sobre el valor de la propiedad o impidiera el ejercicio de la actividad comercial). FCC v. League of Women Voters, 468 US 364 (1984), donde la Corte invalidó una disposición que prohibía a las estaciones de radio no comerciales que recibieran financiación pública, apoyar candidatos o expresar su opinión acerca de candidatos a cargos públicos, por considerar que dicha condición obligaba a las emisoras a renunciar a su libertad de expresión. Más recientemente, la Corte modificó el estándar de revisión de la condición inconstitucional para aceptar que la condición cumpla una relación, en lugar de necesaria o sustancial, racional con el fin perseguido. Ver Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co., 478 U.S. 328, 334 (1986) (Se condicionó el permiso de funcionamiento de un casino a que éste se abstuviera de pagar publicidad para promocionarse. Según la Corte, si el Estado tenía el poder para prohibir el funcionamiento del casino, tenía también el poder para regular su funcionamiento). Ver Tribe, Laurence. American Constitucional Law, Second Edition, The Foundation Press, Inc., 1988, páginas 680-682, 780-784. Mitchell N. Berman,Coercion Without Baselines: Unconstitutional Conditions in Three Dimensions, 90 Georgetown Law Journal 1, 13-14 (2001); Kathleen M. Sullivan, Unconstitutional Conditions, 102 Harvard Law Review 1413, 1428-56 (1989).
[7]En otro contexto distinto al caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha reiterado que el ejercicio de un derecho no puede estar supeditado al pago de una suma de dinero. Ver, por ejemplo, la sentencia C-318 de 1998, MP: Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte declaró la inexequibilidad de una disposición que supeditaba la posibilidad de demandar a la administración al pago de una caución.
[8] Ver entre otras, las sentencias C-626 de 1998, MP: Fabio Morón Díaz, en donde la Corte declaró la inexequibilidad de una norma que permitía a las autoridades administrativas la conversión de la sanción de multa en arresto. Dijo entonces la Corte: "..., el arresto supletorio por el incumplimiento en el pago de una multa de carácter correctivo es una institución del derecho de policía contraria al precepto constitucional que prohíbe la detención, prisión o arresto por deudas, además de ser un medio desproporcionado de privación de la libertad respecto de la finalidad buscada, cual es la de garantizar el pago de la obligación pecuniaria pública originada en la sanción de un supuesto contravencional, porque el pago de la multa en arresto no se compadece con el valor otorgado por la Carta a la libertad personal en el orden constitucional." C-316 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, que declaró inexequible el monto mínimo de la caución prendaria que establecía el artículo 369 de la Ley 600 de 2000. Además, T-490 de 1992, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde la Corte tutela los derechos a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso de un ciudadano sancionado por el alcalde de un municipio a pagar una multa o a cumplir una pena de arresto de 6 días impuesto por desacato a la autoridad.
[9]Ley 600 de 2000, Artículo 489.Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación de pagar los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena será exigida a menos que se demuestre que el condenado se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo.
[11] Ley 599 de 2000, Artículo 63.Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años. 2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. Artículo 65.Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las siguientes obligaciones para el beneficiario: 1. Informar todo cambio de residencia. 2. Observar buena conducta. 3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo. 4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
[12]Ley 599 de 2000,Artículo 66.Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena y de la libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada. Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia.
[14]Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP: Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre Lynett (AV. Jaime Araujo Rentería), donde la Corte reconoció que la víctima de un delito tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los perjuicios ocasionados por el delito.
[15]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597 de 1992, MP: Ciro Angarita Barón, SU-067 de 1993, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz; T-451 de 1993, MP: Jorge Arango Mejía; T-268 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell.
[16]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544 de 1993, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-268 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell, C-742 de 1999, MP: José Gregorio Hernández.
[17]En el proceso penal, por ejemplo, la Ley 600 de 2000 establece lo siguiente:Artículo 50.Admisión de la demanda y facultades de la parte civil. Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo. Artículo 58.Ejecución de la sentencia que ordena el pago de perjuicios. La sentencia que condene al pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestará mérito ejecutivo ante los jueces civiles. Éstos informarán al juez penal de la emisión del mandamiento de pago, deber que le será advertido por el juez penal en la sentencia. Recibida tal información, si hubieren bienes embargados o secuestrados, se dejarán a disposición del juez civil sin levantar tales medidas. Artículo 60. Embargo y secuestro de bienes. Simultáneamente a la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento o con posterioridad, el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro de los bienes de propiedad del sindicado. En los eventos en que no haya lugar a resolver la situación jurídica, el funcionario judicial, con posterioridad a la vinculación, de oficio o a solicitud de la parte civil, ordenará el embargo y secuestro de bienes de propiedad del sindicado cuando obre en el proceso la prueba a que se refiere el artículo 356 de este código. El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil. Esta decisión se adoptará mediante providencia de sustanciación. Tanto la solicitud como la orden de decreto y práctica de las medidas cautelares reales tendrán tratamiento reservado hasta que sean practicadas y con ellas se abrirá cuaderno independiente de la actuación principal. El funcionario judicial, una vez decretado el embargo y el secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el sindicado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra. La providencia que revoque las medidas cautelares es apelable en el efecto diferido. Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del sindicado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.
[18]Artículo 65.Obligaciones. (...) 3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo (...).
[19]Ley 600 de 2000, "Artículo 484.Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido."