Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S19-05.html
Timestamp: 2013-12-10 19:38:51
Document Index: 284400026

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 159', 'Artículo 2']

Valdemir Quispialaya Vilcapoma v. Perú, Caso 54/04, Informe No. 19/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME N° 19/05[1]
I. RESUMEN 1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) de fecha 3 de febrero de 2004 por la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), (en adelante la “peticionaria”), se denunció que el Estado del Perú (en adelante “Perú”, el “Estado” o el “Estado peruano”) violó, en perjuicio de Valdemir Quispialaya Vilcapoma, (en adelante la “víctima”), ciertos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), al ser torturado y causar lesiones a su integridad personal, el 23 de enero de 2002 cuando prestaba su servicio militar en la Compañía de Comunicaciones Nº 31 del Batallón 9 de Diciembre del Ejército peruano, en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. Hechos que fueron investigados y procesados como abuso de autoridad por el fuero privativo penal militar, que finalmente profirió sentencia absolutoria a favor del suboficial implicado, con lo cual se vulneró el derecho al juez imparcial y competente. 2. El Estado peruano efectuó su defensa, alegando que por tales hechos se adelantó proceso penal en la jurisdicción militar por tratarse de un delito de función, cometido en actos del servicio por un funcionario militar en las instalaciones de un cuartel militar, no configurándose entonces delito de tortura. 3. En este Informe, la Comisión concluye que la petición es admisible respecto a las alegadas violaciones al derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 5, 8 y 25, en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana, así como el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Valdemir Quispialaya Vilcapoma, y resuelve notificar la presente decisión a las partes, hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. Por comunicación de 3 de febrero de 2004, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), formuló denuncia en contra del Estado peruano, por la tortura de que fuera objeto el señor Valdemir Quispialaya Vilcapoma, así como por la investigación y proceso por el delito de abuso de autoridad, adelantado por la justicia militar. El 7 de abril de 2004, la CIDH envió nota acusando recibo de la denuncia de la peticionaria.
6. Por comunicación de 23 de julio de 2004, el Estado presentó una solicitud de prórroga al estar pendiente el informe de la autoridad respectiva, prórroga que fue concedida por la CIDH por comunicación de 30 de agosto de 2004. 7. El Estado mediante comunicación de 4 de octubre de 2004, remitió el Informe Nº 063-2004-JUS/CND-SE elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, con el cual se dio respuesta a los términos de la denuncia interpuesta, agregando copias de la actuación judicial interna. La información presentada por el Estado peruano, fue trasladada a la peticionaria el 11 de noviembre de 2004. El 7 de diciembre de 2004 se recibió comunicación de la peticionaria, en la cual presentó observaciones al contenido de la respuesta del Estado, que fue trasladado al Estado mediante nota de 21 de diciembre de 2004, por el término de un mes para su conocimiento. Con nota de enero 27 de 2005, El Estado presentó sus observaciones al respecto.
9. Que el día 23 de enero de 2002, aproximadamente sobre las 10:00 a.m., los efectivos de la Compañía de Comunicaciones Nº 31, se encontraban adelantado una práctica de tiro, en la cual se desempeñaba como instructor el suboficial de primera del Ejército peruano, Juan Ilaquita Quispe. En desarrollo de la práctica, el citado suboficial se molestó debido a que Valdemir Quispialaya Vilcapoma, erraba en los disparos, por lo cual lo insultó e increpó para que mejorara su puntería. Como el soldado Quispialaya Vilcapoma, no mejoraba en la instrucción, le arrebató el fusil y con fuerza le golpeó con la culata del fusil en la frente y cerca del ojo derecho. Como consecuencia del violento golpe, el soldado cayó al piso desmayado, perdiendo el conocimiento. Posteriormente, le advirtió a la presunta víctima que no lo denunciara ya que “..si lo haces te voy hacer desaparecer”. No fue la primera vez que Valdemir Quispialaya Vilcapoma, era castigado por el suboficial Ilaquita Quispe, pues en anteriores ocasiones lo había golpeado en las piernas y la espalda con un palo. 10. Por el estado de salud de la presunta víctima, los médicos militares dispusieron el traslado al Hospital Militar Central de la ciudad de Lima, donde fue intervenido quirúrgicamente en el ojo derecho. Pese a dicha intervención, perdió, en forma irreparable, la capacidad visual del ojo derecho. 11. El 28 de febrero de 2002, COMISEDH, denunció al suboficial Juan Ilaquita Quispe, por el delito contra la humanidad en la modalidad de tortura ante el Fiscal de la Nación. La investigación recayó en la Fiscalía Provincial en lo Penal de Huancayo, que el 16 de octubre de 2003, notificó la resolución de denuncia en contra del Suboficial del Ejército peruano Juan Ilaquita Quispe por el delito de lesiones graves, archivando la denuncia por el delito de tortura, al considerar que de acuerdo a la descripción de los hechos relatados por el agraviado y a la descripción normativa, no se configuraba la conducta de tortura. 12. Contra esta resolución, la denunciante presentó recurso de queja que fue resuelto por el Fiscal Superior en diciembre de 2002, con la decisión de ampliar la denuncia por el delito de abuso de autoridad y confirmó el archivo de la denuncia por el delito de tortura. 13. Por la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Huancayo, el 5º Juzgado Penal de Huancayo inició la investigación por el delito de lesiones graves y luego lo amplió por el delito de abuso de autoridad, ordenando incluso la detención de Juan Ilaquita Quispe, la que no se ejecutó.
14. En forma paralela, el 5º Juzgado Militar de la Segunda Zona Judicial del Ejército, abrió un proceso por el delito de abuso de autoridad por los mismos hechos, en contra Juan Ilaquita Quispe y solicitó al 5º Juzgado Penal de Huancayo, que se inhibiera de seguir conociendo del proceso, proponiéndole conflicto positivo de competencia, que de acuerdo a la normatividad interna corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver. 15. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 12 de mayo de 2003, falló el conflicto de competencia a favor del fuero privativo militar, bajo el argumento que los hechos descritos constituían delito de función, por haber sido cometidos en actos del servicio, como quiera que la práctica de tiro fue realizada en las instalaciones de los cuarteles militares, teniendo en cuenta que el suboficial Ilaquita Quispe se desempeñó como instructor en dicha práctica no sólo para el soldado afectado sino para la tropa a su cargo, es decir en el ejercicio de sus funciones, por lo cual se trataba de un delito de función de conocimiento exclusivo del Fuero Privativo Militar.
16. Que convocada y realizada la audiencia de juzgamiento el 19 de agosto de 2004, la Corte Militar absolvió a Juan Ilaquita Quispe, decisión que fue apelada por el Fiscal Militar y se encuentra en la actualidad a despacho para vista.[2] 17. Concluye la denunciante, que el Estado peruano violó el artículo 8 de la Convención Americana al dirimir la competencia de los hechos a favor de la justicia penal militar y haberse entregado a dicha jurisdicción el proceso, que no es un juez imparcial y competente. Reitera además, que la ley 26926 de 21 de febrero de 1998, incorporó al Código Penal Peruano, el Título XIV-A, de los delitos contra la humanidad, entre los que se encuentra el delito de tortura, que a su vez en el artículo 5º del mismo dispositivo, refiere que el conocimiento de dicho delitos corresponde a la vía ordinaria ante el fueron común.
19. Manifestó que de acuerdo a la Ley Orgánica de Justicia Militar, artículo 4 del Decreto Ley 23201, la Corte Suprema de Justicia es la autoridad encargada de resolver las contiendas de competencia que se susciten entre los Tribunales Militares y los Comunes, siendo las sentencias que profiera al respecto, inapelables y la última instancia del procedimiento seguido por la peticionaria. 20. Que el principal argumento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para dirimir la competencia, es que la conducta del suboficial Juan IIaquita Quispe, por tratarse de hechos realizados en su calidad de suboficial del Ejército peruano, en actos del servicio o ejercicio de la función y dentro de un cuartel militar, constituye un delito de función al afectar bienes jurídicos exclusivamente castrenses y orden disciplinario de las Fuerzas Armadas, que debe ser sometido al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. 21. Que de acuerdo al artículo 139 inciso 1 de la Constitución Política, la Jurisdicción Militar constituye una excepción al principio de exclusividad y unidad del Poder Judicial, con naturaleza restringida y límites constitucionales de la actuación funcional de dicha jurisdicción.
22. Indica el Estado peruano, que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 24 de agosto de 2004, a propósito de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley 24150, consideró que las infracciones de competencia del Fuero Privativo Militar son aquellas al bien jurídico propio, particular y relevante para la existencia, organización, operatividad y cumplimiento de los fines de la institución castrense. Que la infracción es a la obligación funcional, que el agente estaba constreñido a mantener, a realizar o a no realizar. 23. Que el autor haya lesionado un bien jurídico militar que comprometa las funciones constitucionales y legítimamente asignadas a las Fuerzas Armadas y de Policía, cuando el agente se encontraba en situación de actividad y en actos del servicio, requisitos estos, que deben concurrir al momento de la realización de la conducta.[4] 24. Que adelantado el proceso contra Juan Ilaquita Quispe en el Fuero Privativo Militar, el 5º Juzgado Penal Militar, emitió el Informe Final Nº 005-2003/5to JMPH-2da. ZJE, el 23 de diciembre de 2003 en cual señaló:
25. Finalmente, El Estado reiteró que los hechos por los cuales se afectó la integridad personal de la presunta víctima, no se adecuan al delito de tortura sino al de lesiones graves de acuerdo a lo descrito en el artículo 121 del Código Penal peruano,[5] como quiera que tuvo como consecuencias la pérdida funcional visual de su ojo derecho, conducta que fue cometida por el sujeto activo en su condición de funcionario, sin encontrarse el soldado Valdemir Quispialaya Vilcapoma bajo detención o aprehensión en ese momento para que se pudiera alegar la conducta de tortura de acuerdo al desarrollo del concepto de tortura en el consenso internacional. Que entonces, la presunta víctima no habría agotado el recurso interno por cuanto aún tendría la posibilidad de interponer denuncia penal por el delito de lesiones graves, porque dicha conducta no está prescrita y que en el entender del Estado, con ello no se vulnera el principio universal de nom bis in idem, porque a pesar de que provienen del mismo hecho, el abuso de autoridad, Juan Ilaquita Quispe fue investigado, procesado y absuelto por la justicia militar en sentencia de 19 de agosto de 2004, siendo las lesiones graves un delito de competencia de la justicia ordinaria sobre el cual no existe pronunciamiento judicial definitivo.[6] IV ANÁLISIS
A. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 26. La Comisión es competente para examinar la materia objeto de esta denuncia, que se refiere a supuestas violaciones de derechos consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) de este tratado internacional, así como a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 27. La peticionara se encuentra facultada por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien Perú se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
B. Requisitos de admisibilidad de la petición 1. Agotamiento de los recursos internos 30. El artículo 46 de Convención Americana señala:
2. Plazo de presentación 37. En referencia al término de presentación de la denuncia, la peticionaria advirtió desde su primer escrito, que si bien la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a la vía interna, tenía fecha de emisión el 12 de mayo de 2003, sólo les había sido notificada el 8 de septiembre de 2003.[14] Como prueba de ello anexaron copia del escrito en que solicitaban fotocopias de la sentencia y la fotocopia expedida con anotación y fecha de 9 de septiembre de 2003.
38. El Estado por su parte en su primera respuesta al traslado de la denuncia, no objetó tal fecha. La denuncia de los hechos por la Comisión de Derechos Humanos COMISEDH, fue recibida en la Secretaría de la CIDH por correo regular el 3 de febrero de 2004, estando dentro del término de los seis meses a partir de la fecha en que la presunta víctima fue notificada de la decisión definitiva. 39. Por lo anterior, la CIDH considera que está cumplido el requisito del término para presentar la denuncia ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. 3. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada internacionales
43. Posteriormente, ante la contienda de competencias suscitada por el Juez del Quinto Juzgado Militar de la Segunda Militar del Ejército, a partir de la investigación que por el delito de abuso de autoridad tramitaba por los mismos hechos contra Ilaquita Quispe, la Corte Suprema de Justicia, determinó que el conocimiento correspondía al fuero privativo militar, con lo cual consolidó de paso la decisión de no investigar en la jurisdicción civil la conducta alegada de tortura y definir que se trataba entonces de un delito de función. Dicha decisión a su vez, cerró la vía interna como quiera que no es susceptible de recurso alguno. 44. Para la Comisión en el estado procesal que se encuentra la petición, con la narración de los hechos por la peticionaria, la fragmentaria documentación remetida por el Estado y a la cual los denunciantes manifiestan no tener acceso por tratarse de una causa militar, considera que podría llegar a configurarse, si además se prueba, que se vulneró la obligación internacional del Estado, en especial la de investigar por el fuero civil los hechos de tortura que fueron denunciados por la Comisión de Derechos Humanos,(COMISEDH).
47. Por el momento, para efectos de admisibilidad, la Comisión concluye que existen elementos suficientes para sostener que los hechos podrían caracterizar violaciones de derechos humanos de ser probados y que la denuncia no se califica como manifiestamente infundada ni evidentemente improcedente. V. CONCLUSIONES
49. La Comisión concluye que la petición es admisible de conformidad con el artículo 47(a) de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
[3] Informe Nº 63-2004-JUS/CNDH-SE, recibido 4 de octubre de 2004. I Antecedentes. [4] Id. II Consideraciones.
[7] Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Castillo Petruzzi, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 56; Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, Sentencia del 1° de febrero de 2000, párrafo 54 a 56. [8] Id. Cita 3, II Consideraciones. 2.3 y Denuncia COMISEDH, 3 de febrero de 2004, párr 35.
[10] Constitución Política de Perú artículo 159 y Código Procesal Penal, Decreto 957. Art. IV. [11] CIDH,Informe Nº 14/04, Caso 11.562, Luis Antonio Galindo Cárdenas, 27 de febrero de 2004, párr 38. CIDH Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas v. Nicaragua, 18 de febrero de 1998, párr. 96.
[16] Artículo 2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. [17] CIDH, Informe de admisibilidad Nº 13/04. Petición 136/03. Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros. Perú, 27 de febrero de 2004, párrafo 59. 11.748, Pueblo Bello, Colombia (2002), párr. 24; Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42.