Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-275-de-abril-12-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a47f3bf0013200e4e0430a01015100e4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 02:05:48
Document Index: 42235218

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 215', 'artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 215', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 214', 'Artículo 215', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 49', 'artículo 47', 'artículo 215', 'artículo 49', 'artículo 214', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 49']

﻿ Sentencia C-275 de abril 12 de 2011
SENTENCIA C-275 DE 12 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:MEDIDAS DE EXCEPCIÓN ASOCIADAS AL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PARA EL NO COBRO A LOS USUARIOS DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA INVERNAL, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CONEXIDAD, FINALIDAD, NECESIDAD, PROPORCIONALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE EL DECRETO 4833 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ESTADO DE EXCEPCIÓN, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Sentencia C-275 de abril 12 de 2011
Ref.: Expediente R.E. 193
Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 4833 del 29 de diciembre de 2010, “Por el cual se decretan medidas asociadas al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tendientes a conjurar el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado mediante Decreto 4580 de 2010”.
Bogotá, D.C., doce de abril dos mil once.
El siguiente es el texto del Decreto 4833 del 2010, tal como aparece publicado en el Diario Oficial Nº 47.937.
ART. 2º—No cobro de los servicios de telecomunicaciones a los damnificados por la situación de desastre nacional. Durante el periodo de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica los proveedores de redes y servicios de telefonía fija (TPBCL, TPBCLE, llamadas de larga distancia y a móvil), televisión comunitaria, televisión por suscripción cableada y satelital y acceso a internet, que presten servicios en las zonas de emergencia, ya sea directamente o a través de interconexión con operadores ubicados en esas zonas, no cobrarán cargo alguno a los usuarios que por su condición de damnificados no les sea posible hacer uso del servicio. Se entiende por damnificado lo definido en el artículo 5º del Decreto 4579 del 2010. Como consecuencia del no cobro de los servicios de telecomunicaciones no habrá lugar al pago de cargos de acceso entre operadores por el tráfico con origen o destino a estos usuarios.
2. Examen formal del Decreto 4833 de 2010.
En cuanto a los requisitos formales que el decreto legislativo revisado debe cumplir, la Corte observa que el Decreto 4833 de 2010: 1) se dictó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4580 de 2010, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional; 2) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; 3) tiene una parte motiva que se refiere a la necesidad de conjurar la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 y versa sobre el no cobro de los servicios de telecomunicaciones a los damnificados por la situación de desastre nacional provocada por el fenómeno de La Niña, durante el periodo de vigencia del estado de emergencia, económica, social y ecológica; y 4) fue expedido el 29 de diciembre de 2010, es decir, dentro del término de los treinta (30) días de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarado por el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010.
3. Declaración de exequibilidad del Decreto 4580 de 2010.
Mediante Sentencia C-156 de 2011(13) la Corte Constitucional encontró exequible el Decreto 4580 de 2010, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional. El decreto bajo estudio fue dictado en ejercicio de las competencias derivadas de dicho decreto, por lo cual la Corte está habilitada para adelantar el estudio de constitucionalidad correspondiente.
Adicionalmente, la Corte puede adelantar la revisión del Decreto 4823 de 2010 porque el mismo se dictó el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término de 30 días de duración del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 4580, el 7 de diciembre de 2010.
4. Examen material del Decreto 4833 de 2010.
El artículo segundo introduce una medida que beneficia a los usuarios que por su condición de damnificados no les es posible hacer uso de los servicios de telefonía fija (TPBCL, TPBCLE, llamadas de larga distancia y a móvil), televisión comunitaria, televisión por suscripción cableada y satelital y acceso a internet, consistente en el no cobro de tales servicios, por parte de los proveedores que operen en las zonas de emergencia, directamente, o a través de interconexión con operadores ubicados en las mismas zonas. Esta misma disposición remite al artículo 5º del Decreto 4579 de 2010 para efectos de establecer que se entiende por damnificado, y prevé que como consecuencia del no cobro de los servicios de telecomunicaciones, no habrá lugar al pago de cargos de acceso entre operadores por el tráfico con origen o destino a estos usuarios(14).
En el parágrafo 1º del artículo segundo, se establece que los operadores en sus procesos de facturación y recaudo deberán tener en cuenta la información proporcionada por el sistema de atención de desastres en relación con el registro único de damnificados.
El parágrafo 2º del artículo segundo prevé que en caso de que los proveedores y operadores hayan remitido las facturas a usuarios catalogados como damnificados con cargas imputables desde el momento de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, dicho cobro deberá ser descontado en la próxima facturación.
Corresponde a esta corporación resolver si las normas relacionadas, promulgadas por el Presidente de la República en virtud de la emergencia económica, social y ecológica declarada por medio del Decreto 4580 de 2010, se ajustan a la Constitución y a la ley estatutaria que regula los estados de excepción (L. 137/94).
Esta Corte ha revisado en varias oportunidades decretos que contienen medidas encaminadas a superar estados de emergencia económica, social o ecológica, ocasiones en la que ha reiterado que únicamente dentro del respeto a los principios del constitucionalismo se puede entender como legítima la utilización de los poderes excepcionales en cabeza del ejecutivo(15).
Los límites constitucionales al actuar del gobierno se encuentran plasmados en varias fuentes: (i) el propio texto de la Carta, (ii) la ley estatutaria de los estados de excepción, y (iii) los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, en especial los que por su función prevalecen en el orden interno en virtud del artículo 93 de la Carta(16).
Con fundamento en la Constitución y en la ley estatutaria de estados de excepción y teniendo en cuenta la jurisprudencia en la materia, a continuación se realiza un resumen de los requisitos que deben cumplir los decretos legislativos dictados al amparo de dicha emergencia(17). Los pasos metodológicos que según la jurisprudencia deben seguirse en el examen de tales medidas son los siguientes:
4.2.1. El juicio de conexidad material,(18) que estudia si las medidas adoptadas se refieren a la misma materia de las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción. Este juicio lo establece expresamente el artículo 215 de la Carta y ha sido desarrollado por la ley estatutaria de estados de excepción(19). Específicamente respecto de las medidas concebidas en un estado de emergencia económica y social, la conexidad puede ser definida de acuerdo a dos elementos:
(i) las medidas han de estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. De esta manera, el objetivo de las medidas únicamente ha de ser el de superar la emergencia por la que se declaró la excepción. No es admisible una medida que tenga otras finalidades(20).
(ii) En cuanto a la materia sobre la cual tratan las medidas adoptadas, ésta ha de tener una relación directa y específica con los temas de que trata la crisis que se intenta afrontar. No son aceptables las medidas sobre temas que no tienen una correspondencia de causalidad inmediata (en términos causales) y concreta con el asunto pro el cual se declaró la emergencia(21).
4.2.2. Un juicio de ausencia de arbitrariedad(22), consistente en establecer si la medida adoptada desconoce alguna de las prohibiciones expresamente establecidas en la Constitución para el ejercicio de las facultades excepcionales.
4.2.3. Un juicio de intangibilidad(23), orientado a verificar si la medida adoptada respeta los derechos intangibles cuyo núcleo esencial es intocable, según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales y la ley estatutaria de los estados de excepción.
4.2.4. Un juicio de no contradicción específica, de acuerdo al cual se analiza si las medidas del ejecutivo están dentro de los demás límites que establecen la Constitución y los tratados internacionales durante la vigencia de un estado de excepción. Específicamente respecto de las situaciones de emergencia económica, social o ecológica, el gobierno tiene las facultades enunciadas en los artículos 47 y 49 de la Ley 137 de 1994(24). A su vez, la constitucionalidad del ejercicio de tales facultades depende de que no exista una contradicción específica con la Constitución y los tratados internacionales(25). Ello se aprecia en cada caso teniendo en cuenta que un estado de excepción permite excepciones a las reglas generales siempre que no se afecten los límites anteriormente señalados.
Tras cumplir los requisitos anteriores, que “versan únicamente sobre violaciones groseras de la Constitución”,(26) los decretos de facultades legislativas excepcionales han de ajustarse a las condiciones establecidas en los artículos 8º, y 10 a 14 de la Ley estatutaria de estados de excepción. Estas corresponden a los siguientes juicios:
4.2.7. El juicio de necesidad, según el cual las medidas adoptadas han de ser “necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción” (L. 137/94, art. 11). Según lo ha establecido la Corte, “este juicio versa sobre la relación de necesidad entre el fin buscado y el medio empleado para alcanzarlo. […] [C]omprende dos partes en las cuales se juzga si el Presidente […] incurrió en un error manifiesto de apreciación acerca de la necesidad de la medida: a) el juicio de necesidad fáctica, orientado a examinar si las medidas adoptadas […] son necesarias para superar las causas de la crisis […] o impedir la extensión de sus efectos; y b) el juicio de necesidad jurídica, o juicio de subsidiariedad, dirigido a establecer si existen normas que regulen situaciones similares en tiempos de normalidad y, en caso afirmativo, si estas medidas ordinarias preexistentes son idóneas para enfrentar la situación excepcional”(27).
4.2.9. Un juicio de proporcionalidad, dirigido a examinar si las medidas adoptadas durante el estado de excepción son excesivas. Las medidas han de “guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar” y a las limitaciones que se impongan al ejercicio de los derechos y libertades “sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad” (L. 137/94, art. 13). A su vez, de acuerdo a la norma citada, el análisis de proporcionalidad cuenta con dos juicios diferentes. El primero de ellos, consiste en estudiar la relación entre los costos de la medida adoptada en términos de limitaciones de intereses constitucionales y la gravedad de los hechos que busca conjurar. Por ejemplo, no sería aceptable la creación de un instrumento excepcional que restringe drásticamente los derechos constitucionales con el fin de contrarrestar marginalmente la crisis. El segundo juicio verifica que no existe una restricción innecesaria de los derechos, dado que esta limitación “sólo será admisible en el grado estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad”. Por ejemplo, si existen un medio exceptivo menos lesivo en cuanto a las limitaciones a los derechos, y a la vez, igual o más efectivo que la medida escogida, ésta última sería desproporcionada y por ende inexequible. La Corte ha establecido que el principio de proporcionalidad “es un concepto relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes en relación de equilibrio. El concepto de la proporcionalidad remite a la relación de equilibrio entre distintos pares de conceptos, como supuesto de hecho y consecuencia jurídica, afectación y defensa, ataque y reacción. (...)”(28).
4.2.10. Un juicio de no discriminación, con el fin de mantener la plena vigencia del derecho a la igualdad durante un estado de excepción, mediante este juicio se asegura que las medidas adoptadas no sean discriminatorias por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica (L. 137/94, art. 14).
Ahora bien, la Corte ha establecido que “cuando una disposición contraviene prima facie algunos de los límites mencionados, es decir, cuando a primera vista no pasa uno de los juicios enunciados, la Corte, sin seguir necesariamente cada uno de los pasos metodológicos sintetizados anteriormente, declara la inexequibilidad de la norma correspondiente”(29).
Esta Corte debe determinar, en primer lugar, si los lineamientos generales del decreto se encuentran en relación de conexidad con los hechos que motivaron la declaración de alteración del orden público social. Establecida dicha conexidad, verificará si las medidas concretas se encuentran en relación de conexidad, necesidad y proporcionalidad con la declaración de la emergencia económica, social y ecológica (D. 4580/2010), y con el contenido mismo del decreto en el cual se insertan.
4.3.1. Conexidad general del Decreto Legislativo 4833 de 2010.
Las disposiciones contenidas en el Decreto 4833 de 2010 están dirigidas a conjurar las causas que con motivo de la agudización de la ola invernal dieron lugar a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, previstas en los considerandos 1.1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2k, y 3.17. del Decreto 4580 de 2010, así:
(iv) Como consecuencia del extraordinario fenómeno de La Niña, se ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se ha perjudicada gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional. (considerando 2c).
(v) Se han provocado graves inundaciones, derrumbes, daños de vías, pérdidas de zonas agrícolas, de viviendas y centros educativos, acueductos, hospitales y daños en la infraestructura de los servicios públicos; la afectación de 52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura, sin incluir las tierras inundadas destinadas a ganadería, la muerte de 30.380 semovientes y el traslado súbito de 1.301.892 animales (considerando 2.d).
(i) Que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los operadores de televisión comunitaria y los operadores de televisión por suscripción cableada y satelital contribuirán en la atención de la emergencia invernal que generó la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica (art. 1º).
(ii) Que los proveedores de redes y servicios de telefonía fija (TPBCL, TPBCLE, llamadas de larga distancia y a móvil), televisión comunitaria, televisión por suscripción cableada y satelital y acceso a Internet, que presten servicios en las zonas de emergencia, ya sea directamente o a través de interconexión con operadores ubicados en esas zonas, no cobrarán cargo alguno a los usuarios que por su condición de damnificados no les sea posible hacer uso del servicio durante el período de vigencia del estado de excepción (art. 2º).
(iii) Que como consecuencia del no cobro de los servicios de telecomunicaciones no habrá lugar a pago de cargos de acceso entre operadores por el tráfico con origen o destino a estos usuarios (art. 2º).
(iv) Que los operadores en sus procesos de facturación y recaudo deberán tener en cuenta la información proporcionada por el sistema de atención de desastres en relación con el registro único de damnificados (art. 2º, par. 1º); y
(v) Que en caso de que los proveedores y operadores hayan remitido las facturas a usuarios catalogados como damnificados con cargas imputables desde el momento de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, dicho cobro deberá ser descontado en la próxima facturación (art. 2º, par. 2º).
4.3.2. Análisis material de los preceptos que integran el Decreto Legislativo 4833 de 2010.
4.5.2.1. Conexidad directa y específica de las medidas con la emergencia.
— Las medidas deben estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. De esta manera, el objetivo de las medidas únicamente ha de ser el superar la emergencia por la que se declaró la excepción(30).
— En cuanto a la materia sobre la cual tratan las medidas adoptadas, ésta ha de tener una relación directa y específica con los temas de que trata la crisis a afrontar. No son aceptables constitucionalmente las medidas sobre temas que no tienen una correspondencia inmediata (en términos causales) y concreta con el estado de emergencia(31).
En los considerandos del Decreto 4580 de 2010 se identifican claramente las situaciones que han generado la necesidad de fortalecer las comunicaciones, como consecuencia del fenómeno de La Niña, y que se pretenden contrarrestar con las medidas introducidas en el Decreto 4833 de 2010, así: (i) se ha producido una considerable destrucción de inmuebles; (ii) se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales; (iii) se ha afectado la infraestructura, incluida la relativa a servicios públicos, perjudicando gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional; (v) numerosas familias y comunidades están expuestas a riesgos extraordinarios en los lugares donde habitan, permanecen en situación de alta vulnerabilidad y con la imposibilidad de acceder al uso de los servicios instalados; (vi) la destrucción y afectación de la red vial primaria, secundaria, terciaria y por concesión que ha ocasionado cierres totales y parciales en numerosos lugares de la geografía nacional acrecienta la necesidad del uso de los servicios y redes de telecomunicaciones como herramienta de conectividad y comunicación entre diferentes sitios; (vii) la necesidad de garantizar la continua y oportuna comunicación entre los damnificados y las personas en riesgo, los socorristas, el personal de atención y las autoridades responsables, y asegurar en envío de los mensajes de prevención y riesgo que las autoridades deben transmitir a la población afectada, así como la información sobre los lugares donde recibirán protección y los beneficios que pueden reclamar en horarios de alta audiencia por los canales públicos y privados.
Finalmente, en los considerandos del Decreto 4580 se hace expresa referencia a la insuficiencia de las medidas ordinarias, dada la magnitud de la calamidad, en particular, del artículo 8º de la Ley 1341 de 2009(32), de los recursos asignados al sistema nacional de atención y prevención de desastres, y de la necesidad de fortalecer el sistema de comunicaciones, instrumento fundamental para colaborar de manera rápida y eficiente en las labores de atención de desastres y de defensa de la vida humana.
El incremento inusitado de las lluvias en todo el país generado por el fenómeno de La Niña, que ha ocasionado múltiples problemas como derrumbes e inundaciones; la pérdida de cientos de vidas humanas; la afectación y destrucción de e inmuebles y parte de la red vial primaria, secundaria, terciaria y por concesión; la situación de vulnerabilidad de numerosas familias y comunidades por las condiciones de sus lugares de habitación y por la imposibilidad de acceder al uso de los servicios instalados; la necesidad de garantizar la continua y oportuna comunicación entre los damnificados y las personas en riesgo, los socorristas, el personal de atención y las autoridades responsables, y asegurar el envío de los mensajes de prevención y riesgo que las autoridades deben transmitir a la población afectada, así como la información sobre los lugares donde recibirán protección y los beneficios que pueden reclamar en horarios de alta audiencia por los canales públicos y privados, han generado la necesidad no solo de fortalecer las comunicaciones, sino de aliviar la situación de los damnificados que no han podido hacer uso de los servicios y sin embargo deben asumir los cobros como si la catástrofe no hubiese tenido lugar.
Según los datos suministrados por la Presidencia de la República, los reportes en los servicios de telefonía arrojan daños en 24.105 líneas fijas y 2.910 accesos a banda ancha en 39 municipios del país,(33) con la consecuente interrupción en la prestación del servicio en cerca de 7.700 hogares,(34) contexto dentro del cual, las quejas por la no prestación del servicio superan el 12% del total de las reclamaciones, circunstancia que evidencia el impacto negativo que tal situación genera en la población afectada.
Las razones jurídicas se refieren a la insuficiencia de las facultades ordinarias del ejecutivo, previstas en el régimen de atención de desastres y en la Ley 1341 de 2009, puesto que su artículo 8º, a pesar de que obliga a los proveedores de redes y servicios a poner a disposición, de manera gratuita y oportuna, las redes de servicios, y a suministrar a las autoridades competentes la información de identificación y localización del usuario, sin costo alguno, no confiere facultades suficientes al gobierno para establecer el no cobro del servicio público a los usuarios que por su situación de damnificados, no pudieron usar el servicio.
Al revisar la normatividad ordinaria, los artículos 4º, numeral 10, y 8º de la Ley 1341 de 2009, imponen a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones por motivos de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública, las siguientes obligaciones: (i) provisión de los servicios y uso de su infraestructura; (ii) poner a disposición de de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios (iii) dar prelación a las autoridades en la transmisión de las comunicaciones que requieran; (iv) dar prelación absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana; (v) dar prelación a las autoridades en la transmisión de comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquellas se consideren indispensables; y (vi) suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible de identificación y de localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la atención eficiente en los eventos previstos en el artículo 8º de la Ley 1341 de 2009 (conmoción interna y externa, desastres o calamidad pública).
Complementariamente, el numeral 1º del artículo 4º de la Ley 1341 de 2009, en desarrollo de los principios de intervención previstos en la Constitución Política, autoriza la intervención del Estado en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros fines, para “proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios”.
Por su parte, el régimen de protección de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, establecido en la Resolución 1732 de 2007, en su artículo 49, prevé que cuando no sea posible la prestación del servicio a causa de la ocurrencia de desastres naturales, hechos terroristas, hurto de infraestructura no imputable al suscriptor y/o usuario o cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito, los operadores no pueden efectuar cobro alguno al suscriptor o usuario correspondiente al tiempo en que haya permanecido la interrupción del servicio(35).
No obstante, la norma ordinaria protectora de los usuarios afectados por una emergencia, calamidad o fuerza mayor, que prevé la exoneración de pago durante el tiempo en que el usuario no tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones, resulta insuficiente frente a las consecuencias de la emergencia ambiental, al no prever de manera expresa las herramientas complementarias contenidas en la parte final del primer inciso del artículo 2º y en los parágrafos 1º y 2º del mismo artículo del decreto bajo análisis: (i) el no pago de cargos de acceso entre operadores por el tráfico con origen o destino a estos usuarios como consecuencia del no cobro de los servicios de telecomunicaciones; y (ii) la manera de proceder cuando los operadores han realizado la facturación del cobro no permitido y, respecto de las reglas excepcionales, que exoneran a los damnificados y a los operadores de los pagos y cargos que en situación de normalidad les correspondería atender, entiende la Sala que la claridad de los textos normativos que las contengan es indispensable para estos casos.
En relación con el procedimiento a seguir, en los parágrafos 1º y 2º del artículo 2º del decreto analizado, se establece que para efectos del no cobro a los suscriptores damnificados, los operadores en sus procesos de facturación y recaudo, deberán consultar el registro único de damnificados; y la obligación de los proveedores y operadores de descontar en la próxima facturación enviada a los usuarios catalogados como damnificados el cobro no permitido. Este procedimiento no estaba previsto en el régimen ordinario, razón por la cual la Corte considera que las medidas ordinarias contempladas en la Ley 1341 de 2009 y en el régimen de protección de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a las que ya se hizo referencia, son insuficientes y, por lo tanto, las medidas dictadas bajo el estado de excepción resultaban necesarias.
Finalmente, el señor Procurador General de la Nación en su intervención ante esta corporación afirma que “De cara a la emergencia, que es una circunstancia en la cual el uso de los servicios de telecomunicaciones, como se anota atrás, es indispensable, aún si se hace uso de alguno de estos servicios, como puede ser por ejemplo el de la telefonía celular, este uso debe ser, como lo dispone la norma, gratuito, siempre y cuando se trate de un uso razonable y proporcionado”(36). Sobre esta hipótesis no prevista en el decreto objeto de estudio no le es dable pronunciarse a la Sala, puesto que el objetivo de la medida es garantizar el no cobro de un servicio que no se ha prestado o al que no se ha podido acceder como consecuencia de los efectos de la ola invernal, más no la exoneración del pago de un servicio efectivamente prestado.
4.3.2.5. No discriminación.
Declarar EXEQUIBLE el Decreto 4833 de 2010, “por el cual se decretan medidas asociadas al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tendientes a conjurar el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado mediante Decreto 4580 de 2010”.
(14) El artículo 5º del Decreto Legislativo 4579 de 2010 dispone: “Para los efectos del presente decreto se entenderán como personas damnificadas o afectadas por el desastre, aquellas que se encuentren en los censos de afectados elaborados por los comités locales de los municipios afectados, con el aval del respectivo comité regional y de una entidad operativa del sistema nacional para la prevención y atención de desastres”.
(15) Así lo dijo la Corte, entre otras decisiones, en la Sentencia C-940 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Marco Gerardo Monroy Cabra; SPV. Calara Inés Vargas Hernández; SPV. Rodrigo Escobar Gil; SPV. Jaime Araújo Rentería) al señalar que la invocación de la antigua razón de Estado es incompatible con un régimen de excepción sometido al Estado de Derecho y resolvió “Primero. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se adiciona el Decreto 1838 de 2002”. Segundo. Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 1º y los artículos 2º y 3º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se adiciona el Decreto 1838 de 2002”.
(16) Según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, los referentes que la Corte debe tomar en cuenta para el ejercicio del control automático que ordena el numeral 6º del artículo 214 constitucional son, en consecuencia, el propio texto constitucional, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, las normas de derecho internacional humanitario, la ley estatutaria de los estados de excepción, y finalmente el propio decreto que declare el estado de conmoción interior. Ver entre otras la Sentencia C-004 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. Ciro Angarita Barón); C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz; SV. Jorge Arango Mejía); C-136 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo. AV. Fabio Morón Díaz; AV. Jorge Arango Mejía); C-802 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. SV. Jaime Araújo Rentería; SV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; SV. Alfredo Beltrán Sierra; AV. Jaime Córdoba Triviño; SPV. Clara Inés Vargas Hernández); C-876 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. SV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. Clara Inés Vargas Hernández; AV. Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño; SV. Jaime Córdoba Triviño); C-939 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. SV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil); C-940 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Alfredo Beltrán Sierra; SV. marco Gerardo Monroy Cabra; SPV. Calara Inés Vargas Hernández; SPV. Rodrigo Escobar Gil; SPV. Jaime Araújo Rentería); C-947 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra; SPV. Clara Inés Vargas Hernández; SV. Jaime Araújo Rentería); C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV. Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
(17) Ver la Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) precitada, mediante el cual se realiza este resumen, pero enfocado a los casos de conmoción interior.
(18) Artículo 215 de la Constitución y artículo 47 de la ley estatutaria precitados.
(19) Ver, por ejemplo, el artículo 8º de la Ley 137 de 1994, que establece: “Los decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias”.
(20) Según el artículo 47 precitado, “en virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. Resaltado fuera de texto.
(21) El artículo 47 referido dice: “Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado”.
(22) ART. 7º—“Vigencia del Estado de derecho. En ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos de estados de excepción, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades”.
(23) Artículo 4º de la Ley 137 de 1994: “Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ninguna disposición de la convención, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de estos Estados. (...)”
(24) ART. 47.—“Facultades. En virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. || Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado. || PAR.—Durante el estado de emergencia el gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. Adicionalmente el artículo 49 establece: “Reforma, adiciones o derogaciones de medidas. El Congreso podrá, durante el año siguiente a la declaratoria del estado de emergencia, reformar, derogar, o adicionar los decretos legislativos que dicte el gobierno durante dicho estado, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa gubernamental. También podrá, en cualquier momento, ejercer estas atribuciones en relación con las materias que sean de iniciativa de sus miembros. Frente a la constitucionalidad de estas normas, mediante Sentencia C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; SV. Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; SV. Jorge Arango Mejía) la Corte dijo: respecto del artículo 47 se observa que “el primer inciso de este precepto legal es reiteración del inciso segundo del artículo 215 de la Constitución, y como se expresó al estudiar la conexidad en el estado de conmoción interior, también en el estado de emergencia económica, social y ecológica, los decretos que el gobierno dicte, deben guardar relación de conexidad directa y específica con las causas invocadas para declararlo. || La validez de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República durante la emergencia, depende también de su finalidad, la cual debe consistir exclusivamente en conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos; […] || Los decretos legislativos que expida el gobierno durante la emergencia, a diferencia de los dictados con fundamento en la declaratoria de conmoción interior, pueden reformar o derogar la legislación preexistente y tienen vigencia indefinida, hasta tanto el poder legislativo proceda a derogarlos o reformarlos, salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición de tributos o modificación de los existentes, los cuales "dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”. Frente al artículo 49, señaló que Recuérdese que los decretos legislativos que expide el gobierno durante el estado de emergencia tienen el poder de derogar y modificar la legislación preexistente en forma permanente, lo que no ocurre con el estado de conmoción interior, en el cual ésta solamente se suspende. || […] Así las cosas en este periodo excepcional, como ya se ha dicho, el Congreso continúa cumpliendo con sus funciones ordinarias, lo cual concuerda con el inciso 3º del artículo 214 de la Carta, según el cual durante los estados de excepción no se suspende el normal funcionamiento de las distintas ramas del poder público”.
(25) Ver, por ejemplo, la Sentencia C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa), donde la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 1º del Decreto 2002 de 2002, porque desnaturalizaba las funciones constitucionales y la independencia de la Fiscalía y de la Procuraduría.
(26) Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil), precitada.
(27) Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, C-179 de 1994 (1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; SV. Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; SV. Jorge Arango Mejía)), donde la Corte examinó la constitucionalidad de la ley estatutaria de los estados de excepción, Ley 137 de 1994; C-122 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz y Fabio Morón Díaz. AV. Jorge Arango Mejía; AV. Carlos Gaviria Díaz; AV. Hernando Herrera Vergara; AV. Fabio Morón Díaz), donde la Corte examina el principio de subsidiariedad aplicado a la declaratoria de emergencia económica y social del Decreto 80 del 13 de enero de 1997.
(28) Sentencias C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) y C-916 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(29) Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) precitada. Por ejemplo en la Sentencia C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 3º del Decreto Legislativo 2002 de 9 de septiembre de 2002, que consagraba la posibilidad de capturar personas sospechosas, sin que mediara autorización judicial, por ser claramente contraria al artículo 28 constitucional.
(30) Según el artículo 47 precitado, “en virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. Resaltado fuera de texto.
(31) El artículo 47 referido dice: “Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado”.
(32) Ley 1341 de 2009. “ART. 8º—Las telecomunicaciones en casos de emergencia, conmoción o calamidad y prevención para dichos eventos. En casos de atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres, o calamidad pública, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios y darán prelación a dichas autoridades en la transmisión de las comunicaciones que aquellas requieran. En cualquier caso se dará prelación absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana. Igualmente darán prelación a las autoridades en la transmisión de comunicaciones gratuitas y oportunas para efectos de prevención de desastres, cuando aquellas se consideren indispensables. // Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán suministrar a las autoridades competentes, sin costo alguno, la información disponible de identificación y de localización del usuario que la entidad solicitante considere útil y relevante para garantizar la atención eficiente en los eventos descritos en el presente artículo”.
(33) Folio 117 del expediente.
(35) El texto del artículo 49 de la Resolución 1732 de 2007, “por la cual se expide el régimen de protección de los derechos de los suscriptores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, proferida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, es el siguiente: “ART. 49.—Improcedencia del cobro. Cuando a causa de la ocurrencia de desastres naturales, hechos terroristas, hurto de infraestructura no imputable al suscriptor y/o usuario o cualquier otro evento de fuerza mayor o caso fortuito, no sea posible la prestación del servicio, los operadores no pueden efectuar cobro alguno al suscriptor o usuario correspondiente al tiempo en que haya permanecido la interrupción del servicio”.
(36) Folios 173 y 174 del expediente.