Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?POLAND&init=true
Timestamp: 2019-08-22 00:42:07
Document Index: 90700254

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 54']

El tribunal dicta una sentencia de divorcio que determina si uno de los cónyuges es responsable de la ruptura del matrimonio y, de ser así, cuál de ellos. Si ambos cónyuges lo solicitan, el tribunal no se pronuncia sobre la responsabilidad de la ruptura.
La separación previa no es requisito indispensable para el divorcio.
Es causa de divorcio la ruptura total e irreparable del matrimonio. Ambas condiciones deben cumplirse (artículo 56, apartado 1, del Código de familia y tutela).
En el plazo de tres meses a partir de que se dicte la sentencia de divorcio en firme, todo cónyuge divorciado que hubiera cambiado su apellido al contraer matrimonio puede retomar el apellido que tuviera con anterioridad a contraer nupcias, presentando una solicitud al responsable del registro civil.
Un cónyuge divorciado puede volver a contraer matrimonio libremente.
A partir de la celebración del matrimonio se establece el régimen económico matrimonial, que comprende los bienes adquiridos por ambos (comunidad de bienes). Este régimen se extingue cuando el matrimonio se disuelve, es decir, cuando se dicta la sentencia firme de divorcio.
A instancia de uno de los cónyuges, el tribunal puede repartir la propiedad conjunta en la sentencia de divorcio. La propiedad adquirida por los cónyuges se compone de los bienes adquiridos por uno de ellos o por ambos mientras era de aplicación el régimen de comunidad de bienes.
A cada cónyuge le corresponde la mitad de la propiedad conjunta.
Por razones de peso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar al tribunal que reparta la propiedad en razón de lo que cada cónyuge haya contribuido a la adquisición de dichos bienes.
Además, si los cónyuges comparten vivienda, el tribunal determinará en la sentencia de divorcio el uso de la vivienda si los ex cónyuges siguen compartiéndola. A instancia de ambos cónyuges, el tribunal puede dividir la vivienda compartida o conceder la vivienda a uno de los cónyuges si el otro accede a abandonar la vivienda sin que se le facilite alojamiento alternativo.
En la sentencia de divorcio el tribunal decide sobre la patria potestad de los hijos menores de ambos cónyuges y sobre el régimen de visitas entre progenitores e hijos. También determina la cantidad a pagar por cada cónyuge para cubrir los gastos de manutención y educación de los hijos (artículo 56, apartado 1, del Código de familia y tutela).
El tribunal puede confiar el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, limitando la responsabilidad parental del otro progenitor a obligaciones y derechos específicos relativos a los hijos.
El ex cónyuge a quien no se considere responsable único de la ruptura del matrimonio y que atraviese dificultades económicas puede solicitar el pago de una pensión alimenticia por parte del otro cónyuge, dependiendo de sus necesidades razonables y la capacidad de percibir ingresos y económica del otro cónyuge (artículo 60, apartado 1, del Código de familia y tutela).
Si el divorcio conlleva un deterioro sustancial de la situación económica de uno de los cónyuges que no sea responsable de la ruptura del matrimonio, el cónyuge considerado como único responsable de la ruptura del matrimonio tiene la obligación de aportar recursos para cubrir las necesidades del otro cónyuge, incluso aunque este otro no atraviese dificultades económicas (artículo 60, apartado 2, del Código de familia y tutela).
La obligación de pago de pensión alimenticia cesa cuando el cónyuge que recibe tal pensión vuelve a contraer matrimonio. En el caso de que el cónyuge obligado a pagar una pensión alimenticia no fuera considerado responsable único de la ruptura del matrimonio, dicha obligación se extingue cinco años después de la sentencia de divorcio (artículo 60, apartado 3, del Código de familia y tutela).
Se trata de una separación formal, es decir, que la dicta el tribunal en virtud del artículo 61, apartados 1 a 6, del Código de familia y tutela.
La condición para la separación es la constatación de la ruptura total del matrimonio.
Los efectos jurídicos de una separación son los mismos que en caso de divorcio. No obstante, el cónyuge separado no puede volver a contraer matrimonio.
Por anulación del matrimonio se entiende la cancelación de todos los efectos del matrimonio con carácter retroactivo, salvo el estatus de los hijos del matrimonio anulado, quienes conservan su condición de hijos nacidos dentro del matrimonio.
Las causas para anular un matrimonio se enumeran en el Código de familia y tutela:
un contrayente es menor de la edad legal para poder contraer matrimonio (artículo 10 del Código de familia y tutela),
un contrayente tiene incapacidad jurídica total (artículo 11 del Código de familia y tutela),
el contrayente padece una enfermedad o discapacidad mental (artículo 12 del Código de familia y tutela),
el contrayente tiene un vínculo matrimonial con otra persona (artículo 13 del Código de familia y tutela),
los contrayentes están emparentados en línea de consanguinidad directa, colateral (hermanos y hermanas, incluyendo hermanastros y hermanastras, y hermanos y hermanas nacidos fuera del matrimonio) o afinidad lineal (artículo 14 del Código de familia y tutela),
los contrayentes están emparentados por adopción (artículo 15 del Código de familia y tutela),
se ha presentado una declaración en la que se alega que, al contraer matrimonio, el cónyuge era incapaz de expresar su propia voluntad, por cualquier motivo, o desconocía la identidad de la otra parte o se encontraba bajo la influencia de una amenaza ilícita (artículo 15, apartado 1, del Código de familia y tutela).
Cualquiera de los motivos citados anteriormente debe surgir en el momento de contraer matrimonio.
Las resoluciones de anulación del matrimonio tienen carácter constitutivo y surten efectos frente a terceros (erga omnes). Existen dos clases de efecto:
ex tunc, es decir, efectos que se remontan a la fecha en que se contrajo matrimonio; por ejemplo, cuando los cónyuges restablecen el estado civil que tenían antes del matrimonio y retoman el apellido anterior; el cónyuge y la familia del otro cónyuge ya no están emparentados por afinidad y la herencia forzosa es imposible,
ex nunc, es decir, efectos que surgen cuando la resolución de anulación del matrimonio es definitiva; por ejemplo, respecto a las relaciones patrimoniales.
Los efectos de la anulación del matrimonio en la relación entre los cónyuges y los hijos fruto del matrimonio y las relaciones patrimoniales entre los cónyuges se rigen por las leyes de divorcio pertinentes. Cabe señalar que el cónyuge que contrajera matrimonio de mala fe es considerado responsable de la ruptura del matrimonio.
En Polonia, se pueden usar los servicios de mediación familiar. Su objetivo fundamental es resolver conflictos entre los cónyuges de manera que se evite el divorcio o la separación, y determinar las condiciones del divorcio (en materia de patrimonio o cuidado de los hijos) de manera amistosa. Los servicios de mediación se ofrecen principalmente a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y la Iglesia.
Los cónyuges que atraviesen conflictos matrimoniales pueden beneficiarse de varias formas de terapia familiar y recurrir a psicólogos, psicoterapeutas, grupos de apoyo, etc.
Las demandas de divorcio, separación o anulación del matrimonio deberán interponerse ante el tribunal regional (sąd okręgowy) que tenga competencia en el último lugar de residencia común de los cónyuges. En ausencia de tal tribunal, las demandas deberán interponerse ante un órgano jurisdiccional regional que tenga competencia en el lugar de residencia del demandante.
Se aplica una tasa judicial en tales demandas. No obstante, si la situación económica de una de las partes no le permite pagar dicha tasa, puede solicitar al tribunal la exención total o parcial de las costas procesales, y también puede solicitar al tribunal la asignación de un abogado ex officio.
Se deberán adjuntar los siguientes documentos a la demanda: copias de los documentos del estado civil (acta matrimonial y partida de nacimiento de los hijos), prueba de ingresos (renta), poder que autorice a un abogado a representar a una parte (si esa parte ha optado por elegir su propio letrado) y otros certificados que sean pertinentes al caso (certificados médicos, decisiones administrativas, etc.)
Véase el apartado 11.
La persona que solicite la exención total o parcial de las costas procesales o la asignación de un abogado ex officio debe adjuntar a la demanda una declaración de su situación económica (en el correspondiente formulario disponible en el tribunal).
Sí, en todos estos casos es posible presentar un recurso al tribunal de segunda instancia. Los cónyuges pueden recurrir ante tribunales de apelación contra las decisiones del tribunal regional.
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, el «Reglamento Bruselas II bis»), tales decisiones son reconocidas en Polonia de forma automática sin procedimiento especial de reconocimiento alguno (artículo 21 del Reglamento Bruselas II bis).
Cualquiera de las partes interesadas puede solicitar una resolución en la que se reconozca o no una sentencia (artículo 21, apartado 3, del Reglamento Bruselas II bis). En Polonia, tales solicitudes se presentan en los tribunales regionales. La jurisdicción local viene determinada por la referencia al lugar de residencia habitual de la persona contra la que se interpone la solicitud para resolver el reconocimiento o no de una sentencia. Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo anterior se encuentre en Polonia, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución (artículo 29, apartado 2, del Reglamento Bruselas II bis).
Polonia es un país signatario de muchos acuerdos internacionales que rigen el asunto citado anteriormente. Tales acuerdos prevalecen sobre el Derecho internacional privado de Polonia. Por tanto, se aplicarán normativas diferentes en función de si los cónyuges tienen diferente nacionalidad. Si no existe un acuerdo internacional, será de aplicación la Ley de 14 de febrero de 2011 relativa al Derecho internacional privado. De conformidad con el artículo 54 de dicha Ley, un matrimonio se disuelve en virtud de la legislación nacional de los cónyuges de aplicación en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si no existe una legislación nacional común aplicable a los cónyuges, se aplicará la del país en que ambos cónyuges residan en el momento en que se presenta la solicitud de disolución del matrimonio. Si los cónyuges no comparten lugar de residencia en el momento en que se presenta tal solicitud, la legislación aplicable se corresponderá con la del último país en que ambos cónyuges compartían domicilio, siempre que se trate del lugar de residencia habitual de uno de ellos. En los demás casos, la disolución del matrimonio se rige de conformidad con la legislación polaca.