Source: http://www.aliadosporlademocracia.org.sv/index.php/Propuestas?doc=7
Timestamp: 2018-12-16 18:03:14
Document Index: 182953082

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 77', 'Artículo 77', 'Artículo 2', 'artículo 131', 'Artículo 131', 'Artículo 3', 'artículo 208', 'Artículo 208', 'Artículo 4', 'artículo 209', 'Artículo 209']

Actualmente, por diseño constitucional, el Tribunal Supremo Electoral es controlado por los partidos políticos, encargándose éstos tanto de la administración de los procesos electorales como de impartir la justicia electoral.
Sin embargo, por la falta de equilibrio en su composición y por la falta de independencia en sus decisiones, se favorece determinados intereses partidarios, con lo cual la ciudadanía ha acumulado desconfianza en la autoridad electoral. De continuar por este camino, se corre el riesgo que en el futuro se ponga en duda no sólo la actuación del TSE, sino también la legitimidad de los procesos electorales.
Dada la alta concentración de esfuerzos que realiza el TSE durante la organización de los procesos electorales, su responsabilidad de impartir justicia electoral pasa a un segundo plano, dando lugar a que los partidos políticos realicen acciones reñidas con lo establecido en la legislación electoral, que quedan en la impunidad. En este sentido es ilustrativa la realización de campañas electorales anticipadas a los períodos legalmente establecidos, práctica generalizada de los partidos políticos, sin que exista un solo caso en el cual se haya aplicado la sanción correspondiente. Todo lo contrario, esta práctica es avalada por los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Para fortalecer la democracia y solucionar las falencias mencionadas, es fundamental impulsar la creación de una entidad que tenga como función exclusiva la administración de los procesos y eventos electorales, al mismo tiempo es necesario delegar en el TSE únicamente la función de impartir justicia electoral.
Contribuir a legitimar el sistema electoral
Contar con una entidad especializada en la administración de eventos electorales
Priorizar las funciones de impartir justicia electoral de manera imparcial y transparente
Se propone separar de una misma entidad las funciones de administrar procesos y eventos electorales y las de impartir justicia electoral
Para estos efectos se propone crear un Instituto Electoral que sea la máxima autoridad en materia electoral, en la administración y verificación de los procesos electorales, a fin de lograr que sean más efectivos y transparentes. Como entidad especializada deberá estar en constante modernización, incorporando tecnología de punta y las mejores prácticas internacionales.
Sobre el órgano de dirección del Instituto Electoral se propone lo siguientes:
Ser un ente colegiado, conformado por tres miembros nombrados por mayoría calificada de los diputados electos, de ternas propuestas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y las universidades acreditadas con carrera de derecho. La ley desarrollará el respectivo concurso público para la selección de las tres ternas.
Los miembros serán electos para nueve años, sin reelección y serán sustituidos de manera escalonada cada tres años. El Presidente será el miembro de mayor antigüedad.
Los miembros deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia notoria, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección, no tener compromisos contractuales con el Estado los cinco años anteriores, ni cuentas pendientes con ninguna institución pública de ninguna índole.
Los candidatos deberán ser evaluados objetivamente en base a estos criterios, tanto por los proponentes como por la Asamblea Legislativa. Cada legislatura deberá elegir únicamente a un miembro. Ver desarrollo de propuesta en anexo.
Mantener la participación de los partidos políticos en los procesos electorales a través de los Organismos de Vigilancia establecidos en la Constitución: Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos.
Transformar el Tribunal Supremo Electoral en una entidad colegiada que asuma exclusivamente las competencias de impartir justicia en materia electoral. En consecuencia dejará de administrar los procesos electorales.
Sobre el órgano de dirección del nuevo TSE se propone lo siguiente:
Será un ente colegiado conformado por tres magistrados nombrados por mayoría calificada de los diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y una terna propuesta por las universidades acreditadas con carrera de derecho. La ley desarrollará el respectivo concurso público para la selección de las tres ternas.
Los magistrados serán electos para nueve años, sin reelección y sustituidos de manera escalonada cada tres años El Presidente será el magistrado de mayor antigüedad.
Los magistrados deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia notoria, no tener ninguna afiliación política partidaria, ni haberla tenido en los últimos cinco años anteriores a su elección. Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección.
Los candidatos deberán ser evaluados objetivamente en base a estos criterios, tanto por los proponentes como por la Asamblea Legislativa. Cada legislatura deberá elegir únicamente a un magistrado
De esta manera el país contará con un TSE autónomo e independiente de los intereses de los partidos políticos. Ver desarrollo de propuesta en anexo.
D. ANEXOS IV
Que la independencia del Tribunal Supremo Electoral debe manifestarse con un alto grado de autonomía técnica, administrativa y jurisdiccional, a fin de no estar sujeto a los órganos de gobierno para la toma de decisiones concernientes a la jurisdicción electoral, a fin que los procesos electorales sean auténticamente libres y competitivos como uno de los factores principales de la democracia, en razón de ello debe existir separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales con personas que garanticen la independencia, eliminando todo riesgo de decisiones que tiendan a favorecer a las entidades partidarias.
Que es necesario que los candidatos surjan de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y las universidades, con el propósito que sean personas con cualidades reconocidas y aceptadas, en aras de garantizar el derecho al sufragio y el derecho a optar a cargos públicos.
Artículo 1.- Refórmese el inciso 1º del artículo 77 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 77.-
Para el ejercicio del sufragio es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral elaborado por el Instituto Electoral.”
Artículo 2.- Refórmese el artículo 131 en su numeral 19, de la manera siguiente:
“Artículo 131.- Corresponde a la Asamblea Legislativa:
19. Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Contralor General de la República y Sub Contralor General de la República, miembros del Instituto Electoral, Fiscal General de la República, Fiscal Adjunto, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
En un mismo periodo legislativo no se podrá realizar dos veces la elección de los funcionarios públicos mencionados, salvo, en casos de muerte, renuncia, destitución o grave impedimento del funcionario electo en esa legislatura.”
Artículo 3.-Refórmese el artículo 208 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 208.-
Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por tres Magistrados, elegidos de forma escalonada cada tres años con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos, quienes durarán nueve años en sus funciones, sin reelección alguna. Dos de ellos serán elegidos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia y el tercero de una terna propuesta por las universidades acreditadas que tenga la carrera de derecho. El Presidente será el Magistrado de mayor antigüedad.
Los integrantes de las ternas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia notoria, no tener ninguna afiliación política partidaria, ni haberla tenido en los últimos cinco años anteriores a su elección. Estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección.
Habrá tres Magistrados suplentes y elegidos en igual forma que los propietarios. Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea legislativa hará la respectiva elección sin la terna que faltare. El Tribunal Supremo Electoral tendrá funciones estrictamente jurisdiccionales, sin perjuicio de los recursos que establece esta Constitución, por violación de la misma.”
Artículo 4. Refórmese el artículo 209 de la Constitución, de la manera siguiente:
“Artículo 209.-
La ley establecerá la creación y funciones del Instituto Electoral y los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio. Estos últimos deberán tener la representación de los partidos políticos o coalición de partidos, cuidando que su representación no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos.
El Instituto Electoral estará compuesto por tres miembros, elegidos de forma escalonada cada tres años con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos, quienes durarán nueve años en sus funciones, sin reelección alguna. Serán propuestos de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y las universidades acreditadas con carrera de derecho. El Presidente será el miembro de mayor antigüedad.
Los integrantes de las ternas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y competencia notoria, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección, no tener compromisos contractuales con el Estado los cinco años anteriores, ni cuentas pendientes con ninguna institución pública de ninguna índole.
Los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre todo el proceso electoral.
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