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Timestamp: 2018-05-22 00:15:55
Document Index: 283488651

Matched Legal Cases: ['artículo 254', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 115', 'Artículo 414']

Sentencia de unificación: CE SIII E 25022 DE 2013
Valoración de copias simples dentro de un procesos y la tasación de perjuicios inmateriales por privación injusta de la libertad -- (Unificación jurisprudencial)
CE SIII E 25022 DE 2013
RUBEN DARIO SILVA ALZATE VS. NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El 21 de diciembre de 1992, unos agentes de policía retuvieron a Rubén Darío Silva Alzate, mientras conducía un taxi e iba detrás de otro vehículo de servicio público.
El señor Silva Alzate decidió seguir el otro taxi, al advertir que éste se encontraba en peligro, toda vez que se dirigía en dirección a una carretera insegura conocida como “la curva del diablo”, ubicada en la carrera 58 con calle 90, del sector Moravia en Medellín.
El taxista de adelante, se encontraba cumpliendo la orden policial de transportar a dos agentes de policía vestidos de civil y a dos delincuentes, inicialmente hacia la Estación de Policía del Norte, y después con destino a “la curva del diablo”, en razón a que los policiales le habían ordenado colaborar efectuando “un paseo” a los criminales.
Posteriormente, uno de los agentes le pidió al conductor del primer taxi que detuviera el vehículo, con el fin de apartarse para darle muerte a uno de los delincuentes, lo cual sucedió. Una vez continuada la marcha, a pocos metros del lugar del crimen, se percataron de la presencia de otros policiales uniformados, por lo cual los agentes que estaban de civil procedieron a bajarse del automotor y ordenaron al taxista seguir y manifestarle a los policías, en caso de ser detenido, que llevaba a un “atracador”.
Al ser interceptado, el taxista manifestó lo ordenado y, en consecuencia, los agentes inmediatamente procedieron a su detención, y se dieron a la búsqueda de dos taxistas que se encontraban trabajando y que minutos antes habían pasado por el lugar, uno de los cuales era el señor Rubén Darío Silva Alzate.
Los tres detenidos y los vehículos fueron puestos a orden de la Fiscalía competente, no obstante, previa a la entrega de los automotores, los miembros de la policía lavaron el carro en el que se habían cometido los ilícitos.
Finalmente, en sentencia del 25 de marzo de 1994, proferida por el Juzgado 21 Penal del Circuito se absolvió al señor Rubén Darío Silva Alzate y a los otros dos taxistas, de los cargos por los que se les acusó, de los delitos de homicidio y secuestro simple.
¿Puede una autoridad judicial decretar medida de aseguramiento consistente en detención sin beneficio de excarcelación por el delito de homicidio y secuestro simple sobre un ciudadano, aun cuando no existen pruebas pertinentes y conducentes dentro de la imputación que demuestren su vinculación con el hecho punible de acuerdo a una decisión absolutoria, sin que se vulneren los derechos fundamentales a la libertad personal y el debido proceso?
Unificación jurisprudencial sobre la valoración de las copias simples en procesos. «(…) si bien, la Corte Constitucional en reciente sentencia del 17 de abril de 2013 consideró que la exigencia de copias auténticas deviene razonable en los términos establecidos en el artículo 254 del C.P.C. , lo cierto es que en criterio de esta Sección, esa hermenéutica no es compartida por las siguientes razones: i) en ella no se analizó la problemática a la luz de los principios constitucionales de buena fe, lealtad y confianza, ii) ni se estudió el contenido y alcance del artículo 11 de la ley 446 de 1998 (en relación con documentos emanados de las partes), así como tampoco el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, iii) se echa de menos un análisis sobre el nuevo paradigma procesal contenido en las leyes 1437 de 2011 (CPACA) y 1564 de 2012 (CGP), en las cuales se eliminan o suprimen esas exigencias formales, iii) no se examinó la jurisprudencia de las demás Altas Cortes, esto es, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, iv) la sentencia de unificación de la Corte Constitucional aborda la problemática desde un razonamiento exiguo que no permite abrir el debate sobre el tópico analizado, y v) el simple argumento de reiterar la posición de la sentencia C-023 de 1998, no es válido porque en esa decisión no se estudiaron las modificaciones y cambios de cosmovisión introducidos por el legislador con las leyes 446, 1395, 1437 y 1564, antes mencionadas.
De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso – y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).
Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus).
De modo que, si la ley establece un requisito –bien sea formal o sustancial– para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso.
Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.(…)»
Unificación jurisprudencial sobre la tasación de los perjuicios inmateriales en escenarios de privación injusta de la libertad «(…)Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa –se insiste– y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. (…)»
«(….)Por consiguiente, la privación de la libertad debe ser justa y adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal.
En efecto, en el presente caso la privación de la libertad se produjo en vigencia del derogado decreto – ley 2700 de 1991 (C.P.P.), y al margen de la abrogación de esa codificación, es necesario aplicar las reglas contenidas en la misma para determinar si el régimen aplicable conforme al artículo 414 es objetivo o subjetivo, debido a que ese precepto contenía y regulaba la responsabilidad patrimonial del Estado en la materia.
En el asunto en estudio, de conformidad con el acervo probatorio, se tiene la certeza de que el sindicado –según la decisión absolutoria– no tuvo participación en la comisión de los delitos de homicidio y secuestro simple, de allí que, se configura como supuesto de responsabilidad un típico caso de los establecidos en el artículo 414 del decreto – ley 2700 de 1991, esto es, que el sindicado no lo cometió, lo que trae como consecuencia lógica la aplicación de un título de imputación de naturaleza objetivo.
Lo anterior, se itera, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias, refuerza la idea de que ante esas premisas rige un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso.
En este orden de ideas, se insiste, es evidente la existencia de un daño antijurídico que el señor Rubén Darío Silva Álzate no tenía la obligación jurídica de soportar, pues no existía razón alguna para la limitación de los derechos que le fueron afectados.
Si bien es cierto que, en un Estado Social de Derecho los ciudadanos deben contribuir a la materialización de los objetivos trazados para la búsqueda de los fines comunes, y en razón de ello es necesario, en algunos casos, que se tengan que someter a ciertas restricciones derechos y garantías -entre ellas la libertad-[2].
La sentencia absolutoria en favor del señor Silva Álzate, es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la privación de la libertad, consagrada en el artículo 414 del C.P.P. de 1991[4]. (…)»
[1] “La prisión provisional constituye una grave intromisión en el derecho fundamental a la libertad de toda persona, por lo que su regulación, tanto doctrinal como legal y jurisprudencial, es objeto de la máxima atención, no sólo en el plano interno de cada Estado sino también en el plano internacional, lo que evidencia su trascendencia real… La prisión provisional indebida, como expresión de la violación de los derechos humanos, por lo que el ordenamiento jurídico dispensa a la víctima una garantía específica de reparación…” GARCÍA Pons, Enrique “Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales”, Ed. J.M. Bosch, Pág. 232 y 239.
[2] CE SIII E 15498 DE 2007.
[3] “ARTICULO 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
[4] “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por esta razón, la justicia rechaza el que la pérdida de libertad de algunos sea justificada en el mayor bienestar compartido por otros. No puede permitirse que el sacrificio impuesto sobre unos pocos sea sobreseído por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos… los derechos garantizados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Siendo las primeras virtudes de las actividades humanas, la verdad y la justicia son innegociables.” (Negrilla nuestra) John Rawls, “A Theory of Justice”, Cambridge: Harvard University Press, 1971, Pág. 3-4, citado por MEJÍA Quintana, Óscar “Carácter y proyección de la filosofía del derecho en el pensamiento contemporáneo”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Pág. 22.
Una autoridad judicial no puede decretar medida de aseguramiento consistente en detención sin beneficio de excarcelación por el delito de homicidio y secuestro simple sobre un ciudadano, aun cuando no existen pruebas pertinentes y conducentes dentro de la imputación que demuestren su vinculación con el hecho punible de acuerdo a una decisión absolutoria, sin que se vulneren los derechos fundamentales a la libertad personal y el debido proceso, porque:
La privación de la libertad debe ser justa y adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal.
De conformidad con el acervo probatorio, se tiene la certeza de que el sindicado –según la decisión absolutoria– no tuvo participación en la comisión de los delitos de homicidio y secuestro simple, de allí que, se configura como supuesto de responsabilidad un típico caso de los establecidos en el artículo 414 del decreto – ley 2700 de 1991, esto es, que el sindicado no lo cometió, lo que trae como consecuencia lógica la aplicación de un título de imputación de naturaleza objetivo.
No se pretende una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del decreto ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio.
Se evidencia la existencia de un daño antijurídico que el señor Rubén Darío Silva Álzate no tenía la obligación jurídica de soportar, pues no existía razón alguna para la limitación de los derechos que le fueron afectados.
UNIFÍCASE la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el valor probatorio de las copias simples y la tasación de los perjuicios inmateriales en escenarios de privación injusta de la libertad, conforme a los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. REVÓCASE la sentencia del cuatro de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone: PRIMERO: Declárese administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Rubén Darío Silva Álzate. SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes los siguientes conceptos: PERJUICIOS MORALES Para RUBÉN DARÍO SILVA ALZATE, la suma equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para DEYSI YURANI SILVA YEPES (hija), la suma equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para BLANCA ESTHER ALZATE OSPINA (madre), la suma equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para SIGIFREDO DE JESÚS SILVA GIRALDO (padre), la suma equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para SANDRA MILENA SILVA ALZATE (hermana), la suma equivalente a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para SIGIFREDO DE JESÚS SILVA ALZATE (hermano), la suma equivalente a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para CARLOS ARTURO SILVA ALZATE (hermano), la suma equivalente a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para JOSÉ ALIRIO SILVA ALZATE (hermano), la suma equivalente a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes; Para JHON ELKIN SILVA ALZATE (hermano), la suma equivalente a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes. PERJUICIOS MATERIALES Para el señor RUBÉN DARÍO SILVA ALZATE la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($9´330.540.oo), por concepto de DAÑO EMERGENTE. Para el señor RUBÉN DARÍO SILVA ALZATE la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($19´290.460.75), por concepto de LUCRO CESANTE. TERCERO: NIÉGASE LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CUARTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
CE SIII E 15498 DE 2007
Decreto Ley 2700 de 1991. Artículo 414.
Documento: CE SIII E 25022 DE 2013
Valoración de copias simples dentro de un procesos y la tasación de perjuicios inmateriales por..