Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000028935
Timestamp: 2019-09-16 20:16:40
Document Index: 26941601

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 30']

CPLT Jurisprudencia | Independencia Administradora General de Fondos SA con Consejo para la Transparencia
Independencia Administradora General de Fondos SA con Consejo para la Transparencia Rol: 603-2018
Corte de Apelaciones de Santiago, 21/06/2019
Se interpuso reclamo de ilegalidad en contra de decisión de amparo emitida por el Consejo para la Transparencia, en la cual se acogió el amparo deducido en contra de Corfo. Corte acoge el reclamo.
Gloria Solis Romero
1°. Que con fecha 28 de diciembre de 2018, comparecen don David Cademartori Gamboa y doña Viviana Díaz Arrepol, abogados, en representación de Independencia Administradora General de Fondos S.A., quién administra a su vez el Fondo de Inversión Privado Expertus, deduciendo reclamo de ilegalidad en contra de la decisión Amparo Rol N° C3075 18, adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en la cual se acogió el amparo deducido en contra de Corfo por don Héctor Cárcamo Silva. En dicha decisión, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia ordenó a Corfo, en lo que al recurso respecta, entregar la siguiente información:
"a) Toda la documentación que recibió Corfo para autorizar la línea de crédito F2 de capital de riesgo por UF 500 mil al Fondo de Inversión Privado Expertus el 13 de diciembre de 2005.
b) Toda la documentación que desde entonces ha ido incorporando Expertus o quienes hayan asumido su representación hasta la fecha de la solicitud.
c) Información y su respaldo documental sobre la situación actual de Expertus en relación a la línea de UF 500 mil entregada en 2005, a saber, entre otras informaciones: monto reembolsado en UF y pesos actualizados, saldo capital e intereses por pagar, repactaciones o postergaciones de la deuda si la hubiera y sus condiciones; cambios en la propiedad de expertus y de las sociedades aguas abajo a nivel de la administración de los proyectos o sociedades que recibieron los fondos (8 sociedades, incluyendo Educa UC y 7 sociedades que representan a 7 colegios o sociedades educacionales)".
Señala que la decisión reclamada debe ser dejada sin efecto por cuanto:
(i) La Decisión Reclamada es ilegal pues es explícita en decidir que deben entregarse los nombres relativos a los cambios en la propiedad de Expertus y de las sociedades aguas abajo a nivel de la administración de los proyectos o sociedades que recibieron los fondos, aun cuando esos terceros involucrados no fueron notificados de la entrega de la información que los involucra, lo que vulnera abiertamente el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
(ii) Vulnera el artículo 21 N° 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues la publicidad de la información requerida afecta los derechos de carácter comercial y económico de la persona jurídica que constituye Independencia y del fondo de inversión privado Expertus que su representada administra.
Divulgar el nombre de los aportantes de este fondo, en lo que el Consejo para la Transparencia denomina "cambios en la propiedad" o el nombre de las sociedades que, en definitiva, recibió los fondos del crédito otorgados por Corfo el año 2005, constituye información sensible tanto para el funcionamiento del mercado en general, así como para las personas particulares involucradas en particular.
(iii) Asimismo la Decisión Reclamada, al decidir la entrega, en el primer caso, de los cambios en la propiedad de Expertus y, en el segundo caso, de las sociedades aguas abajo a nivel de la administración de los proyectos o sociedades que recibieron los fondos, decide divulgar antecedentes de los aportantes en el primer caso; o del grado de participación de los socios en el segundo caso. Es decir, el Consejo para la Transparencia en la Decisión Reclamada, decide que sería correcto divulgar los antecedentes de las personas naturales que son los aportantes o que integran la propiedad de las personas jurídicas citadas.
Sin embargo, tales antecedentes constituyen datos de carácter personal según establece el artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada la que constituye una causal legal de reserva de la información.
A la vez que si tales aportantes o participantes en propiedad de las sociedades que recibieron los fondos fueran personas jurídicas, esta información tiene el carácter de reservada, por así disponerlo el artículo 21 N° 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
(iv) La Decisión Reclamada, por otra parte, redunda en que Independencia vulneraría las normas establecidas en la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y Deroga los Cuerpos Legales que Indica. En específico, el artículo 93 de esta ley, señala que no se podrá promocionar públicamente información respecto de la rentabilidad o inversiones que se obtengan o realicen por los fondos de inversión privados, cual es la naturaleza de Expert.
Pide declarar que se deja sin efecto la referida resolución y, en consecuencia, que se rechaza el amparo al acceso a la información presentado por don Héctor Cárcamo Silva, con expresa condena en costas.
En subsidio, solicita que se declare que no procede la entrega de la información constituida por: (i) registros y títulos de accionistas, suscripción y pago de acciones, asociados a la línea de crédito F2, que se encuentren en poder de Corfo; (ii) registro de aportantes de Expertus y demás fondos de inversión administrados por Independencia y contratos de suscripción de cuotas con sociedades aportantes; (iii) planes de negocios asociados a la línea de crédito F2, que se encuentren en poder de Corfo; (iv) estados financieros y rentabilidades de las sociedades en las que se invirtieron los fondos que constituyeron el crédito otorgado por Corfo; ni, (v) pactos de accionistas que ha firmado Independencia o Expertus en las sociedades en las que se realizaron las inversiones.
2°. Que, informando la recurrida, Consejo para la Transparencia, expone, que la información ordenada entregar constituye uno de los fundamentos de la autorización de la CORFO para otorgar el préstamo al fondo expertus, por lo que es pública en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del art. 8° de la Constitución Política.
Indica que la entrega de la información que se ha ordenado proporcionar en la decisión de amparo C3075 18, de ninguna manera afecta los derechos económicos ni comerciales del Fondo Expertus, por lo que no se configura la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Agrega que existe una imposibilidad fáctica para llevar a cabo tal comunicación a cada uno de los aportantes del Fondo Expertus, puesto que Corfo no posee los datos de contacto de todos y cada uno de esos accionistas de las sociedades aportantes o de los aportantes propiamente tales, ya que dicha información la poseen las sociedades que realizaron aportes y el mismo Fondo de Inversión administrado por Independencia Administradora General de Fondos S.A.
Expone que no existe afectación del derecho a la protección de datos personales al entregar información de los aportantes. Indica que los datos personales son "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables¨.
Indica que el Consejo en forma previa a la entrega de la información, aplicando el principio de divisibilidad, deberá tarjar previamente los datos personales de contexto domicilios, correos electrónicos, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros , por cuanto éstos se encuentran protegidos por la Ley N° 19.628
Señala que no existe vulneración al Art. 93 de la Ley N° 20.712 al entregar los registros de aportantes del Fondo Expertus.
Argumenta que toda vez que dicha norma tiene otro objeto y alcance, por cuanto lo preceptuado en ella se refiere a la prohibición de hacer oferta pública de las cuotas de los fondos y de hacer publicidad del servicio de administración de fondos, ni promoción de su rentabilidad o inversiones, pero no establece el secreto de toda la documentación que recibió CORFO para autorizar la línea de crédito F2 de capital de riesgo por UF 500.000 al Fondo de Inversión Privado Expertus el año 2005, y de toda aquella que ha ido incorporando desde entonces Expertus o de quienes hayan asumido su representación.
Agrega que la reclamante pretende restringir y limitar el legítimo ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública mediante normas de rango infra legal, que contravienen lo dispuesto en la Carta Fundamental, los tratados internacionales de derechos humanos y la propia Ley sobre Acceso a la Información Pública.
En base a lo establecido en el Art. 13 del Decreto Supremo N° 129 del año 2014, la Norma de Carácter General N° 368 del año 2014 de la SVS, y el Oficio Circular N° 563 del año 2010 de la SVS, argumentado que la lista de accionista de una sociedad, es información privada y confidencial, que solo debe estar disponible para los accionistas. A través de dicha alegación, pretende sustraer del derecho de acceso a la información pública, parte de los antecedentes solicitados por el Sr. Cárcamo Silva, sin que exista, como lo establece el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución, una ley de quórum calificado que declare reservados dichos antecedentes.
Cita jurisprudencia que ha ratificado la publicidad de los estados financieros y los planes de negocios de ciertas empresas, que obran en poder de la Administración del Estado, para el ejercicio de funciones públicas.
Agrega que no existe vulneración al Art. 96 de la Ley N° 20.712, al entregar los pactos de accionistas, por cuanto dicha norma no establece el secreto de dicha información, y éstos tampoco resultan reservados en virtud de cláusulas u obligaciones contractuales.
Finaliza señalando que no procede su condena en costas por no ser contraparte de Independencia S.A., sino que un órgano llamado a pronunciarse en una controversia jurídica.
3°. Que el presente reclamo se basa en lo prevenido en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 que señala: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.".
De lo señalado en la disposición transcrita, fluye con claridad que cualquier interesado, cuya pretensión no perjudique la seguridad, la salud, la esfera de la vida privada o los derechos de carácter comercial o económico de las personas, podrá solicitar de los órganos de la Administración del Estado, la información que requiera a sus fines.
4°. Que la solicitud de acceso a la información de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Transparencia, cumple, en lo formal con las exigencias de haberse presentado por escrito, con la individualización del requirente, la indicación del órgano administrativo al que se la dirige, la identificación clara de lo que se solicita y con motivos suficientes para requerirla.
5°. Que la reserva a que alude la entidad recurrente al rechazar la información requerida llevado en esta oportunidad al ámbito del amparo informativo planteado ante el Consejo tiene su fundamento precisamente en la norma del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, ya transcrita, cuando señala que la publicidad puede afectar los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.
Que por otra parte, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que prescribe: " El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
6°. Que, a la luz de los preceptos citados en el motivo precedente, forzoso es concluir que, siendo un deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana respecto de todo ciudadano, la actuación ordenada por el Consejo para la Transparencia, referida a la información y publicidad de las materias solicitadas, trasgrede el mandato constitucional, pues ello implica poner en entredicho la protección de la vida privada de las personas y sus derechos de carácter comercial o económico.
7°. Que, como se ha señalado, la recurrida ha indicado que al resolver como lo ha hecho, ha tenido en especial consideración, que en la especie se trata de una materia ajena a aquellas que presentan el carácter de secretas o reservadas, olvidando por otra parte, sin perjuicio de las normas antes indicadas, el precepto del artículo 35 del Código Tributario, que establece el secreto absoluto de la cuantía o fuente de las rentas, las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 20.285, se acoge el reclamo de ilegalidad, interpuesto por los abogados David Cademartori Gamboa y Viviana Díaz Arrepol, en representación de Independencia Administradora General de Fondos S.A., declarándose que se deja sin efecto la Decisión de Amparo C 30752018 del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de fecha 11 de diciembre de 2018, denegándose en consecuencia, la entrega de la información requerida.
Redacción de la Ministro señora Gloria Solís R., quien no firma por ausencia.
Rol N° 603-2018.