Source: https://xn--derechoespaol-skb.es/derecho-al-juez-legal/
Timestamp: 2020-05-26 00:36:38
Document Index: 98246473

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 24', 'Artículo 9', 'artículo 14']

Derecho al juez legal - Derecho Español
por Fernando Solé Troncoso · 17 diciembre, 2018
En qué consiste el derecho al juez legal
El derecho al juez legal está regulado en la Constitución Española, en sus artículos 24.2 y 117.6 y, además en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Derecho de todos al Juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2. de la Constitución Española).
Prohibición de los Tribunales de Excepción (artículo 117.6. de la Constitución Española).
Es el derecho fundamental, mediante el cual todos los sujetos del Derecho pueden ser juzgados por un órgano jurisdiccional.
Figura del juez legal penal
Dicho órgano jurisdiccional será:
Creado mediante Ley Orgánica.
Perteneciente a la jurisdicción penal ordinaria.
Respetuoso con los principios de igualdad, independencia e imparcialidad y sumisión a la Ley.
Constituido conforme a las normas de competencias preestablecidas.
Conforme a los artículos 53.1. y 81.1. de la Constitución Española, tanto el desarrollo de los derechos fundamentales como las libertades públicas deberán ser reguladas por medio de Ley Orgánica.
Así pues, el derecho al juez legal es regulado por Ley Orgánica, concretamente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Principio del monopolio jurisdiccional de imposición de penas
Conforme a dicho principio, contemplado en el artículo 117.3. de la Constitución Española, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejercutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes.
Las normas de competencia y procedimientos serán también establecidas por las leyes.
Los órganos administrativos no podrán disponer normas penales, ya que, en caso de hacerlo, infringirían el principio del juez legal.
La Administración tampoco podrá inhabilitar a un funcionario, sin que haya recaído previamente sentencia penal sobre el mismo.
Conforme al artículo 24.2. de la Constitución Española, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
De modo que, cualquier jurisdicción especial, como la militar, que las imponga, podrá ser objeto de recurso de amparo.
La jurisdicción militar, está sujeta al orden castrense.
Artículo 9.2. de la Constitución Española: Los poderes públicos deberán promover que las condiciones de igualdad y libertad del individuo sean reales y efectivas.
Artíulo 14 de la Constitución Española: Los españoles son iguales ante la ley, sin cabida a la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal.
Así pues, el juez legal deberá ejercer sus funciones promoviendo y respetando el principio de igualdad.
Independencia e impacialidad
Tal y como dispone la Constitución, los jueces y magistrados deberán ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley.
Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, en su artículo 14.1., el derecho de todos a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
Imparcialidad subjetiva: Esta es presumida siempre.
Imparcialidad objetiva: El juez deberá ser ajeno al asunto del que conozca.
Abstención y recusación: Son instrumentos que garantizan la imparcialidad objetiva del juez.
Cualquiera de las partes del proceso podrán recurrir a dichos instrumentos en caso de duda de la imparcialidad del juez.
El juez predeterminado por la ley es el juez territorial, objetiva y funcionalmente competente.
Competencia objetiva y territorial: Se rigen por normas «ius cogens». Su cumplimiento es controlado de oficio por los órganos jurisdiccionales en todas las instancias.
Su infracción conlleva nulidad radical e insanable.
Competencia funcional: tanto el juez ordinario como la composición del órgano judicial y el procedimiento de designación de los miembros de dicho órgano deberá determinarse por ley.
Su vulneración constituye un violación de la independencia judicial, y por lo tanto, al juez legal, cuando su fin sea manipular las resolución del órgano judicial.
Siguiente historia Principio de legalidad
Historia previa Función del Tribunal del Jurado