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Timestamp: 2017-05-23 08:16:22
Document Index: 5417200

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 87', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 15', 'artículo 70', 'artículo 86', 'artículo 22', 'artículo 90', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 80', 'artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 69', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 120', 'artículo 70', 'artículo 111', 'artículo 111']

n�m. 294 de 9 de diciembre de 1993
TÍTULO VII.RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
CAPÍTULO I.DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA RFET.
El régimen disciplinario de la RFET se rige por lo previsto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva; en cuantas otras disposiciones legales existan ahora o en el futuro en esta materia, y por lo regulado en el presente Título de estos Estatutos.
También serán de aplicación los principios generales del derecho sancionador.
El ámbito disciplinario de la RFET se extiende a las infracciones de las reglas del juego del tenis y de las normas generales deportivas.
Son infracciones a las reglas del juego del tenis las acciones u omisiones que, durante el curso del juego, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.
Son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones que sean contrarias a dichas normas.
El régimen disciplinario de la RFET es independiente de la responsabilidad civil o penal, así como del régimen derivado de las relaciones laborales, que se regirá por la legislación que en cada caso corresponda.
La potestad disciplinaria de la RFET, emanada de lo previsto en el artículo 3.2.f), de los presentes Estatutos, se ejerce:
Sobre las personas que forman parte de su estructura orgánica, definida en el artículo 10, siendo la RFET el órgano competente, en única instancia federativa, para conocer de las infracciones disciplinarias de cualquier tipo cometidas por dichas personas en el ejercicio de sus funciones federativas.
Sobre las personas que se hallen en posesión de licencia expedida u homologada por la RFET o pertenecientes a un Club o Asociación adherida a la misma, y que cometan infracciones disciplinarias a las reglas del juego con motivo de torneos o competiciones de ámbito estatal o interterritorial tal como se definen en el artículo 3 de estos Estatutos. En este caso, la competencia de la RFET se ejercerá, cuando proceda en primera y, en todo caso, en única o última instancia federativa.
Respecto a las infracciones a las normas generales deportivas, la RFET será competente en única instancia federativa, además de en el caso a) anterior, si procede, cuando se den las siguientes dos circunstancias, que tienen, entre ambas, carácter acumulativo:
Que por lo menos uno de los presuntos infractores esté en posesión de licencia federativa expedida u homologada por la RFET, o se trate de un Club o persona jurídica adherida a la misma.
Que los presuntos infractores o los posibles interesados y/o perjudicados, estén incardinados en más de una Federación de ámbito autonómico; o que la infracción, por sus características o consecuencias tenga trascendencia de ámbito interterritorial.
Sobre los Directivos y Presidentes de Clubes o Asociaciones deportivas incardinadas en la RFET, que cometieran cualquiera de las infracciones previstas en el artículo 87 de este Título.En todos estos casos, las Federaciones de ámbito autonómico o Clubes Deportivos deberán inhibirse de su posible competencia disciplinaria y remitir los antecedentes a la RFET para que ésta obre en consecuencia. Igualmente, si la RFET tuviera conocimeinto de los hechos, deberá avocar para sí su conocimiento a los efectos disciplinarios.
La RFET será competente en segunda o ulterior, y última, instancia federativa para conocer de las restantes infracciones no contempladas en los epígrafes precedentes, cuando las normas de las Federaciones de ámbito autonómico o de los Clubes deportivos así lo prevean expresamente. En este supuesto, esta ulterior instancia se regirá por las normas contenidas al respecto en este Título y con aplicación, en todo caso, de los principios generales del mismo.
La potestad disciplinaria atribuye a la RFET la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o Entidades sometidas a aquélla.
Los conflictos positivos o negativos de competencia en materia disciplinaria y en los que sea parte la RFET serán resueltos por el Comité Español de Disciplina Deportiva.
Las responsabilidades disciplinarias de la RFET, como tal Ente, y las de su Presidente, se regirán por lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos y, en especial, en el Real Decreto 1591/1992, y se exigirán por los órganos administrativos estatales que correspondan.
Son sancionables, conforme a este Título las infracciones cometidas en España; también podrán sancionarse las cometidas fuera del territorio nacional cuando se den algunas de las siguientes circunstancias:
Que los infractores sean personas que estén representando oficialmente, como Directivos, Técnicos, Jugadores, o por cualquier otro concepto, a la RFET, a una Federación de ámbito autonómico o una Entidad Deportiva española.
Que los infractores estén en posesión de licencia federativa expedida u homologada por la RFET.
En ningún caso podrán ser sancionadas acciones y omisiones que no se hallen tipificadas con anterioridad a su comisión en la normativa disciplinaria. De igual modo, no podrá imponerse sanción que no esté establecida con anterioridad a la comisión de la infracción correspondiente.
Tampoco podrá imponerse doble sanción por unos mismos hechos, salvo lo previsto expresamente en este Título. No se considerará doble sanción la imposición de una sanción accesoria de la principal, en los términos legal y estatutariamente previstos.
Las normas disciplinarias sólo tendrán efecto retroactivo cuando beneficien a los responsables o presuntos responsables de la comisión de una infracción.
La retroactividad de las disposiciones favorables deberá ser declarada, de oficio o a instancia de parte interesada, por el órgano que estuviere conociendo de la infracción de que se trate, o por aquel que hubiese dictado la resolución en última instancia. Dichos órganos serán también los competentes para dictar las medidas necesarias en orden a hacer efectiva la retroactividad favorable.
Contra la negativa a declarar la retroactividad o a adoptar las correspondientes medidas, cabrán los recursos establecidos en este Título.
No se podrán imponer sanciones sino en virtud del correspondiente procedimiento previsto en la normativa disciplinaria y seguido conforme a lo que en la misma se disponga.
En dicho procedimiento se garantiza a los interesados el derecho de asistencia por la persona que designen y la audiencia previa a la resolución del expediente.
Las Federaciones de ámbito autonómico y los Clubes y Asociaciones deportivas ejercerán su potestad disciplinaria, de acuerdo con sus propias normas, en los casos no comprendidos en las letras a), b), c) y d) del artículo 70 y en el artículo 71.
Serán sancionables conforme a este Título las infracciones cometidas por personas en posesión de licencia expedida u homologada por la RFET con motivo de torneos internacionales celebrados en España, con independencia de las sanciones que puedan imponer los organizadores del Torneo o Circuito de conformidad con su propia normativa, las cuales, sin embargo, podrán tenerse en cuenta para atemperar las que corresponda imponer por la RFET.
CAPÍTULO II.DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
Serán personas responsables disciplinariamente, y podrán ser sancionadas conforme a este Título, todas aquellas que cometan cualquiera de las infracciones en el mismo previstas.
La circunstancia de ser el autor de la infracción menor de dieciséis años no le eximirá de responsabilidad, pero podrá ser tenida en cuenta por el órgano sancionador como circunstancia atenuante.
La responsabilidad disciplinaria podrá recaer sobre una persona jurídica, Club Deportivo o Asociación cuando la infracción derive de acciones u omisiones cometidas u ordenadas por sus órganos representativos en el ejercicio de sus funciones, o cuando éstos hayan colaborado en la comisión de cualquier infracción, o la hayan permitido cuanto tuvieren obligación y ocasión de impedirla.
En estos casos serán también responsables y, por tanto, sancionables con total independencia, las personas físicas que hubieren tomado el acuerdo determinante de la infracción o la hubieran ordenado, cometido o permitido. Si hubiere duda, esta responsabilidad afectará a los componentes del órgano de dirección de la Entidad infractora.
En su caso, quedarán exentos de responsabilidad los miembros de un órgano colegiado que hubieran salvado su voto, o no hubieren participado, desconociéndola en la comisión de la infracción.
En cuanto a los grados de responsabilidad se estará analógicamente a lo dispuesto en el derecho general sancionador.
Se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de cuantas otras puedan establecerse en el presente título:
Haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente.
No haber sido el infractor sancionado con anterioridad en el transcurso de su vida deportiva.
Son circunstancias agravantes de la responsabilidad disciplinaria:
La reincidencia, que existirá cuando el autor hubiera sido sancionado anteriormente por cualquier infracción de igual o mayor gravedad, o por dos infracciones o más de inferior gravedad de la que en este supuesto se trate. La reincidencia se entenderá producida en el transcurso de un año, contado a partir del momento en que se haya cometido la infracción.
El causar con la infracción perjuicios graves a la buena imagen del tenis español, o del deporte o del país en general.
El causar con la infracción perjuicios económicos a terceras personas.
En la determinación de la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el presente Título, los órganos disciplinarios deberán atenerse a los principios generalse del derecho sancionador.
La apreciación de circunstancias atenuantes o agravantes obligará, cuando la naturaleza de la posible sanción así lo permita, a la congruente graduación de ésta. Con independencia de lo anterior, para la determinación de la sanción que resulte aplicable, los órganos disciplinarios podrán valorar el resto de las circunstancias que concurran en la falta y que no estén anteriormente tipificadas, tales como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares responsabilidades en el orden deportivo.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por:
La disolución en forma legal del Club Deportivo, Entidad o persona jurídica sancionado. Ello se entiende sin perjuicio, en su caso, de la subsistencia de la responsabilidad disciplinaria de sus directivos y/o componentes.
La pérdida de la condición de deportista federado o de miembro de la Asociación o Club Deportivo de que se trate. En este caso, cuando la pérdida de dicha condición sea voluntaria, este supuesto de extinción tendrá efectos meramente suspensivos. Cuando se produjera, dentro del plazo de tres años, la recuperación de la condición bajo la cual se estuviera sujeto a la disciplina deportiva, el tiempo de suspensión de la responsabilidad no se computará a los efectos de la prescripción de las infracciones ni de las sanciones. Lo mismo se aplicará cuando la persona o Entidad inculpada cause baja en la RFET por impago de licencia y/o de cuotas o de otras obligaciones de contenido económico.
Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según sean muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción.
A estos efectos, sólo se entenderá paralizado un procedimiento cuando se hubieren agotado cualesquiera de los plazos para el mismo previstos, no hubiera otros en curso y no se adoptara providencia de ningún tipo dentro de los quince días hábiles siguientes.
Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su cumplimiento si éste hubiera comenzado.
Los órganos disciplinarios competentes en cualquier instancia podrán adoptar y ordenar las medidas que estimen oportunas conducentes a asegurar y vigilar el cumplimiento de las sanciones.
La mera interposición de reclamaciones o recursos contra las sanciones no paralizará o suspenderá su ejecución. Ello no obstante, los órganos disciplinarios que estuvieran conociendo de la reclamación o recurso, podrán acordar potestativamente dicha suspensión a petición fundada, expresa y razonada del interesado.
Para el otorgamiento de la suspensión se valorará si el cumplimiento de la sanción puede suponer perjuicios de imposible o difícil reparación.
Por excepción a lo anterior, cuando la sanción consista en la clausura de un recinto deportivo, se producirá la suspensión de la misma por la simple presentación en forma legal del correspondiente recurso, sin necesidad de ningún otro trámite o manifestación por parte del interesado.
CAPÍTULO III.DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones previstas en este Título se clasifican, por su gravedad, en muy graves, graves y leves, y son las que se tipifican en los artículos siguientes, sin perjuicio de aquellas otras que puedan estar establecidas con carácter de observancia obligatoria en las disposiciones legales vigentes en cada momento.
Queda bien entendido que al desarrollo del juego le serán de aplicación las Reglas del juego del tenis y casos y decisiones aprobadas por la Federación Internacional de Tenis y publicadas por la RFET, siendo solamente sancionables como infracciones disciplinarias las conductas tipificadas en este Título y en la Ley como tales.
a. Los abusos de autoridad y la usurpación de funciones o de atribuciones.
b. Los quebrantamientos de sanciones impuestas, incluyendo el impago de multas. El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate de quebrantamiento de medidas cautelares.
c. Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición.
d. Las agresiones y comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de jugadores, cuando se dirijan al árbitro, a los otros jugadores, al público o a los miembros del servicio de pistas.
e. Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y deportistas o socios que inciten a sus jugadores, equipos o espectadores a la violencia.
f. La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las Selecciones Nacionales de Tenis. A estos efectos la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos como a la celebración efectiva de la prueba o competición.
g. La participación en competiciones organizadas por países que promuevan la discriminación racial o sobre los que pesen sanciones deportivas impuestas por organizaciones internacionales o con deportistas que representen a los mismos.
h. Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad. Asimismo, se considerará falta muy grave la reincidencia en infracciones graves por hechos de esta naturaleza.
i. La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas del tenis, cuando puedan alterar la seguridad de la prueba o competición o pongan en peligro la integridad de las personas.
j. La incomparecencia o retirada injustificada de las pruebas, encuentros o competiciones, y en especial, el abandono sin causa justificada de un Torneo por cualquier jugador una vez inscrito en el mismo.
k. La inejecución de las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.
l. Las protestas, intimidaciones o coacciones, individuales o colectivas o tumultuarias, que impidan la celebración de un encuentro, prueba o competición, o que obliguen a su suspensión.
ll. La violación de secretos en los asuntos de que se conozca por razón del cargo desempeñado en el Club, Asociación o Federación.
m. Los actos de rebeldía contra los acuerdos de Federaciones, Agrupaciones, Asociaciones o Clubes.
n. La conducta gravemente atentatoria para la dignidad del tenis español o de sus representantes.
ñ. Las manifestaciones públicas, o realizadas a través de medios de comunicación social, que supongan insulto o menosprecio a las autoridades deportivas o federativas.
o. La utilización de sustancias estimulantes y/o estupefacientes susceptibles de producir alteraciones en el normal rendimiento deportivo; todo ello de acuerdo con la normativa vigente en cada momento en esta materia.
Además de las infracciones comunes tipificadas en el artículo anterior y de las previstas en la ley, son infracciones específicas muy graves de los directivos de la propia RFET y de los Presidentes y directivos de las Entidades incardinadas en la misma, las siguientes:
El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea general, así como de los Reglamentos Electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias.Los incumplimientos constitutivos de infracción serán los expresados en los Estatutos y Reglamentos de los Entes respectivos o aquellos que, aun no estándolo, revistan gravedad o tengan especial trascendencia.
La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado, de sus Organismos Autónomos, o de otro modo concedidos con cargo a los presupuestos generales del Estado.A estos efectos la apreciación de la incorrecta utilización de los fondos públicos se regirá por los criterios que para el uso de ayudas y subvenciones públicas se contienen en la legislación específica del Estado.En cuanto a los fondos privados, se estará al carácter negligente o doloso de las conductas.
El compromiso de gastos de carácter plurianual del presupuesto de las Federaciones deportivas sin la reglamentaria autorización, en los términos del artículo 15.d) del Real Decreto 1591/1992, sobre Disciplina Deportiva.
La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la reglamentaria autorización.
La exigencia de las responsabilidades derivadas de las infracciones tipificadas en este artículo, y la competencia para conocer de las mismas, se regirá por lo que se halle legalmente establecido, siguiéndose, en lo no previsto en la Ley las normas que a continuación se especifican.
Si las infracciones son cometidas por directivos de la RFET será ésta competente en única instancia para conocer de las mismas.
Respecto a las infracciones cometidas por Presidentes o directivos de Entidades incardinadas en la RFET, ésta sólo será competente:
En única instancia, cuando se trate de las infracciones tipificadas en los anteriores puntos c) -salvo en lo relativo a la incorrecta utilización de fondos privados- y e).
En segunda instancia, cuando se den los supuestos previstos en el artículo 70, e) de estos Estatutos.
La manifiesta y reiterada desobediencia a las órdenes e instrucciones emanadas de jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, y en general la conducta contraria a las normas deportivas, siempre que todo ello no revista los caracteres de falta muy grave.
La no convocatoria en los plazos o condiciones legales de los órganos colegiados.
La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas del tenis.
Las protestas, intimidaciones o coacciones, individuales o colectivas o tumultuarias que alteren el normal desarrollo del juego, prueba o competición.
Las protestas individuales airadas y ostensibles, realizadas públicamente contra árbitros, jueces, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
Las observaciones formuladas a jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones de manera que signifiquen una ligera incorrección.
La ligera incorrección con el público, contrarios, compañeros, subordinados y personal de pista.
Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las normas u órdenes deportivas por descuido o negligencia excusables.
Se aplicará el W.O. (pérdida del partido por incomparecencia) a aquel jugador que no se hallare dispuesto a jugar en la pista transcurrido el tiempo señalado en la normativa técnica desde la hora fijada para el comienzo del partido. Todo ello salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada a juicio del Juez Árbitro y/o Juez de Silla.
El presentarse a jugar un partido con equipo y/o vestimenta incorrecta. La sanción consistirá en la pérdida del partido, a no ser que la incorrección sea subsanada en un tiempo razonable a juicio del Juez Árbitro y/o Juez de Silla. El Juez Árbitro y/o Juez de Silla decidirá previamente al inicio del partido en los casos de duda sobre la aceptación de las prendas que vistan los jugadores de acuerdo con la normativa nacional e internacional al respecto.
El jugador que no se reincorpore al juego tras el descanso, en los partidos en que el mismo esté previsto, será sancionado con multa de 5.000 a 25.000 pesetas. Si no comparece transcurrido el tiempo señalado en la normativa técnica desde la hora fijada para la reanudación del juego, será descalificado, sin perjuicio de la multa antes establecida.
El jugador que abandone la pista sin permiso del Juez Árbitro y/o Juez de Silla, será descalificado con pérdida del partido, pudiéndose imponerle, además, una multa de 5.000 a 25.000 pesetas.
El retraso deliberado en el juego, incluyendo el comenzar a jugar después del período de calentamiento, a requerimiento del Juez Árbitro y/o Juez de Silla; el retraso en el cambio de lado, y entre punto y punto.
El recibir consejos o comunicarse con cualquier persona y por cualquier medio durante el transcurso del partido, a excepción de lo reglamentado en las competiciones por equipos.
A las infracciones tipificadas en el artículo 86 de este título corresponderán la siguientes sanciones:
Multas no inferiores a 500.000 pesetas ni superiores a 5.000.000 de pesetas.
Pérdida de puntos o puestos en la clasificación, o descalificación o pérdida del partido.
Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
Prohibición de acceso a las pistas o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.
Pérdida definitiva de los derechos que como socio de la respectiva asociación deportiva correspondan al infractor, con las excepciones que puedan estar previstas en la Ley en esta materia.
Clausura de un recinto deportivo por un período que abarque de cuatro partidos o encuentros a una temporada.
Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal, por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o privación de licencia federativa a perpetuidad. Estas sanciones únicamente podrán acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad.
Estas sanciones se aplicarán en los casos y formas previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva.
Deberán tenerse en cuenta las circunstancias, límites cuantitativos y demás elementos establecidos en el indicado artículo.
Clausura del recinto deportivo, de hasta tres partidos o encuentros, o de dos meses.
Privación de los derechos de asociado, de un mes a dos años, con la salvedad prevista en el apartado f) del artículo 90.
Inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de licencia federativa, de un mes a dos años.
1. Las infracciones previstas en los apartados f), g), h) e i) del artículo 89, serán sancionadas conforme a lo previsto en los mismos.
2. Las restantes infracciones tipificadas en el artículo 89 y cometidas por un jugador en el transcurso de un partido se sancionarán conforme el siguiente escalado:
Primera infracción: Amonestación.
Segunda infracción: Pérdida del punto siguiente.
Tercera infracción: Descalificación: Pérdida del partido.
3. Los demás casos de infracciones leves se sancionarán con:
Inhabilitación para ocupar cargos o suspensión de hasta un mes.
En los casos de infracciones muy graves o graves cometidas por un jugador en el transcurso de un partido, además de la sanción que corresponda por tal tipo de infracación, el Juez Árbitro y/o el Juez de Silla podrá aplicar, en forma inmediata, el escalado de sanciones técnicas previstas en el apartado 2 del artículo anterior, en el grado que estime conveniente de acuerdo con la gravedad de la infracción. El trámite posterior de estas sanciones en materia de recursos será el que les corresponda según su naturaleza.
Los órganos disciplinarios podrán imponer la sanción que estimen justa de entre las previstas para el tipo de infracción que se haya cometido, graduándola en función de la naturaleza de los hechos, grado de responsabilidad y concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, de acuerdo con lo también establecido en el artículo 80.
La concurrencia de dos o más circunstancias agravantes y ninguna atenuante determinará la aplicación de la sanción en su grado máximo; igualmente, la concurrencia de dos atenuantes, o de una muy calificada, y ninguna agravante, determinará la aplicación de la sanción en su grado mínimo.
Únicamente podrán imponerse a los deportistas, técnicos, jueces o árbitros sanciones consistentes en multa cuando éstos perciban retribución por su labor, y de acuerdo con la cuantificación prevista en este Título. A estos efectos, se entenderá aplicable la sanción de multa a las infracciones cometidas por jugadores con motivo de un partido, campeonato o torneo que esté dotado con premios de contenido económico, con independencia de que aquéllos lleguen o no a percibirlos por razón de sus resultados en el mismo.
La sanción de multa podrá imponerse de forma simultánea a cualquiera otra que los órganos disciplinarios estimen congruente al tipo de infracción cometido; su cuantía, dentro de los límites máximos establecidos para cada caso, se determinará por el órgano sancionador de acuerdo con las circunstancias concurrentes.
Las multas se abonarán en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la imposición de la sanción, y deberán hacerse efectivas al órgano que la hubiere acordado. Las multas abonadas a los Jueces Árbitros o Jueces de Silla deberán entregarse a la RFET, que, al igual que las restantes, destinará su importe a sus fines deportivos.
El pago de las multas deberá acreditarse mediante el correspondiente recibo, y su impago tendrá la consideración de quebrantamiento de sanción.
Con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, los órganos disciplinarios tendrán la facultad de alterar el resultado de encuentros, pruebas o competiciones por causa de predeterminación mediante precio, intimidación o simples acuerdos, del resultado de la prueba o competición; y, en general, en todos los supuestos en que la infracción suponga una grave alteración del orden del encuentro, prueba o competición.
CAPÍTULO IV.DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
La RFET, por medio de su Comité correspondiente, llevará un registro de sanciones a los efectos, entre otros, de la determinación de la posible existencia de causas modificativas de responsabilidad y prescripción de infracción y sanciones.
Los diversos órganos disciplinarios deberán comunicar a la RFET las sanciones que impongan, a los efectos previstos en el párrafo anterior.
El procedimiento para la imposición de sanciones por todo tipo de infracciones disciplinarias se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo, en el título II del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, y, supletoriamente, por las normas y principios generales del derecho administrativo y sancionador.
Los órganos disciplinarios competentes deberán, de oficio o a instancia del Instructor del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir los caracteres de delito o falta penal.
En tal caso, los órganos disciplinarios deportivos acordarán la suspensión del procedimiento, según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.
En cada supuesto concreto los órganos disciplinarios valorarán las circunstancias que concurran en el mismo, a fin de acordar motivadamente la suspensión o la continuación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de sanciones, si procediera.
En caso de que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas cautelares mediante providencia notificada a todas las partes interesadas.
Durante el tiempo en que esté suspendido el procedimiento disciplinario por las causas previstas en este artículo no correrá la prescripción respecto a la infracción de que se trate. Aquélla sólo volverá a correr si el expediente disciplinario no se reanuda dentro de los dos meses siguientes a que haya recaído resolución judicial firme que ponga término al procedimiento penal correspondiente.
En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar a la responsabilidad administrativa prevista en el artículo 5.2 del Real Decreto 1591/1992 y a responsabilidad de índole deportiva, los órganos disciplinarios comunicarán a la autoridad correspondiente los antecedentes de que dispusieran, con independencia de la tramitación del procedimiento disciplinario deportivo.
Cuando los órganos disciplinarios tuvieran conocimiento de hechos que pudieran dar lugar, exclusivamente, a responsabilidad administrativa darán traslado, sin más, de los antecedentes de que dispongan a la autoridad competente.
En la disciplina deportiva tenística se consideran interesados, además de los mencionados en el presente Título, todas aquellas persona o Entidades a cuyo favor se deriven derechos o intereses legítimos o se produzcan perjuicios ilegítimos en relación a los efectos de la resolución que pudiera adoptarse, quienes podrán personarse en el procedimiento. Sólo será obligatorio efectuar las notificaciones a aquellas personas contra quienes se dirija directamente el procedimiento y a aquellas otras que se hallaren personadas en el mismo.
Los interesados personados en el procedimiento podrán designar a una persona física que les asista y represente en el mismo, así como señalar el domicilio de ésta a efectos de notificaciones y requerimientos.
El Juez Árbitro y/o el Juez de Silla de un partido será competente para imponer sanciones por infracciones leves a las reglas del juego o competición durante el desarrollo de los mismos, actuando en este caso como órgano disciplinario de la RFET.
Estas sanciones podrán imponerse in situ sin necesidad de trámite alguno y serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio del recurso establecido en este capítulo.
En cualquier caso, las actas suscritas por los Jueces Árbitros y/o Jueces de Silla y las declaraciones de éstos, se presumen ciertas, salvo error manifiesto, que podrá acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
En el caso de infracciones graves o muy graves a las reglas del juego o competición, el Juez Árbitro y/o el Juez de Silla podrá aplicar las sanciones técnicas previstas en el apartado 2 del artículo 93, pero deberá dar cuenta inmediatamente al órgano competente para conocer de la infracción cometida.
La RFET será competente directamente para conocer de todas aquellas infracciones cuya potestad para sancionarlas no esté delegada expresamente en los Jueces Árbitros y/o Jueces de Silla conforme al artículo anterior.
La potestad disciplinaria de la RFET para conocer de las infracciones, incoar expedientes, nombrar Instructor y Secretario de los mismos e imponer y ejecutar sanciones se ejercerá -salvo lo previsto en el artículo 103- a través de su Comité de Disciplina, cuando éste exista y esté facultado para ello en virtud de disposición reglamentaria o por el acuerdo de su creación.
Dicho Comité, en su caso, será también competente para conocer de la segunda instancia que corresponda resolver a la RFET.
Cuando existan dos o más órganos disciplinarios que puedan conocer sucesivamente de un determinado asunto, una misma persona no podrá pertenecer a más de uno de dichos órganos.
El procedimiento disciplinario se incoará por resolución del órgano competente, actuando de oficio o como consecuencia de orden superior o denuncia motivada a instancia de parte interesada.
Al iniciarse el expediente, el órgano disciplinario podrá adoptar las medidas cautelares oportunas mediante providencia que se notificará a los interesados a los efectos del correspondiente recurso ante el órgano superior.
Este recurso se ajustará en sus trámites a lo dispuesto en el presente capítulo, se sustanciará en pieza separada y no suspenderá el curso del expediente.
Los órganos disciplinarios podrán acordar la acumulación de expedientes cuando se produzcan circunstancias de identidad o analogía razonable y suficiente, de carácter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejable la tramitación y resolución únicas.
Las infracciones leves a las reglas del juego o competición se sancionarán procedimentalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.
Las infracciones graves o muy graves a las reglas del juego o competición, tal como se definen en el artículo 69, se sancionarán conforme el procedimiento ordinario previsto en esta sección.
Las infracciones de todo tipo a las normas deportivas generales se sancionarán conforme al procedimiento extraordinario previsto en el capítulo III del título II del Real Decreto 1591/1992, que se da aquí por íntegramente reproducido.
Se ajustará a las siguientes reglas:
Se iniciará por acuerdo del órgano competente, que incluirá el nombramiento de Instructor, o de Instructor y Secretario, si aquél lo estimara conveniente por las características del caso. El Secretario, de haberlo, asistirá al Instructor en la instrucción del expediente. El nombramiento de Instructor y, en su caso, de Secretario, podrá recaer en cualquier persona mayor de edad y con los conocimientos suficientes; podrán ser designados como tales cualesquiera miembros del Comité de Competición de la RFET, pero, en este caso, deberán abstenerse de concurrir y votar en las reuniones del mismo en cuanto traten sobre la imposición de la sanción que corresponda en el expediente instruido.
La abstención y recusación del Instructor y Secretario se regirá por lo dispuesto al respecto en el procedimiento extraordinario.
El inicio del expediente y el nombramiento de Instructor, y de Secretario, si lo hubiere, se notificará al interesado. En el mismo acto se notificará también, por escrito detallado, los hechos que se imputan y la calificación que puedan merecer de acuerdo con el presente Título.
El interesado dispondrá de un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación a que se refiere el párrafo anterior para efectuar cuantas alegaciones considere convenientes en defensa de sus intereses y para proponer y practicar la prueba que solicite y que tenga relación con el caso. Todas estas manifestaciones deberá realizarlas el interesado en debida forma y por escrito dirigido al Instructor; éste podrá -y deberá- llevar a cabo durante el período señalado cuantas diligencias o pruebas estime de interés en orden a la aclaración de los hechos.
El plazo indicado de treinta días podrá prorrogarse en otros treinta días más, como máximo, por acuerdo del órgano competente, de oficio o a instancia del Instructor o del interesado, cuando el volumen o complejidad de la prueba a aportar así lo aconsejare.
Los tipos de pruebas que se presenten y la forma de practicarse se regirán por lo previsto en las leyes de procedimiento administrativo y en las procesales comunes.
Las decisiones que adopte el Instructor sobre la admisión o inadmisión de pruebas y sobre cualquier otro extremo procesal, con excepción de las providencias de mero trámite, serán susceptibles de recurso de alzada ante el órgano sancionador, que deberá presentarse en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de la notificación de la correspondiente resolución. El órgano sancionador resolverá en el plazo máximo de otros cinco días, sin ulterior recurso, si bien quedará la correspondiente constancia de todo ello en el expediente a los fines oportunos.
Terminado el plazo de alegaciones y pruebas, o su prórroga, el Instructor elevará todo lo actuado, con su informe y recomendación, al órgano sancionador, y éste resolverá sin más trámites en el improrrogable plazo de treinta días hábiles.
En todo momento, antes de recaer la resolución, el interesado podrá solicitar ser oído personalmente, tanto por el Instructor como por el órgano sancionador, y deberá accederse a ello, señalando oportunamente día y hora y dejándose constancia del resultado de la comparecencia en la oportuna acta que se unirá al expediente.
Los interesados, distintos del imputado, podrán comparecer en el expediente en cualquier momento, hasta la finalización del plazo de pruebas y alegaciones, y se les dará vista de lo actuado a fin de que puedan proponer y practicar las suyas, sin que ello signifique, en ningún caso, prolongación de los plazos que estén corriendo para los respectivos trámites.
Toda providencia o resolución que afecte a los interesados en el procedimiento disciplinario será notificada a aquéllos en el más breve plazo posible, con el límite máximo de diez días hábiles.
Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución, con la indicación de si es o no definitiva, la expresión de las reclamaciones o recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlas.
Con independencia de la notificación personal podrá acordarse la comunicación pública de las resoluciones sancionadoras, respetando el derecho al honor y la intimidad de las personas conforme a la legislación vigente.
No obstante, las providencias y resoluciones no producirán efectos para los interesados hasta su notificación personal, salvo en los supuestos previstos en los párrafos siguientes.
A los efectos de las sanciones previstas en los números 1 y 2 del artículo 93 bastará la comunicación pública del órgano disciplinario competente -Juez Árbitro o Juez de Silla- para que la sanción sea inmediatamente ejecutiva; para el caso del número 1 del artículo 93 será necesario que, con posterioridad, se efectúe la notificación personal, computándose sólo a partir de ésta los plazos para reclamaciones y recursos.
Las providencias y resoluciones deberán ser motivadas en los casos previstos en la legislación del Estado sobre procedimiento administrativo común y cuando así se disponga en las demás Leyes aplicables, Estatutos y Reglamentos.
Las peticiones o reclamaciones planteadas ante los órganos disciplinarios deberán resolverse de manera expresa en el plazo no superior a quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo se entenderán desestimadas.
Las resoluciones de los Jueces Árbitros y/o Jueces de Silla en materia disciplinaria serán recurribles conforme al siguiente artículo 120.
Las resoluciones de la RFET que agoten la vía federativa podrán ser recurridas en el plazo máximo de quince días hábiles ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.
El plazo para formular recursos o reclamaciones se contará a partir del día siguiente hábil al de la notificación de la resolución o providencia, si éstas fueren expresas.
Si no lo fueran, el plazo será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al que deban entenderse desestimadas las reclamaciones o recursos, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 y 119 de este Título.
La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la resolución recurrida, no pudiendo, en caso de modificación, derivarse mayor perjuicio para el interesado, cuando éste sea el único recurrente.
Si el órgano competente para resolver estimase la existencia de vicio formal podrá ordenar la retroacción del procedimiento hasta el momento en que se produjo la irregularidad, con indicación expresa de la fórmula para resolverla.
En estos casos los interesados podrán recurrir en el plazo improrrogable de dos días hábiles a partir de aquel en que se impuso la sanción.
El recurso podrá presentarse por escrito debidamente motivado ante el órgano competente para conocer del mismo, que será la propia RFET.
Esta, de oficio o a instancia del interesado podrá establecer un período probatorio por plazo no superior a quince días hábiles.
El órgano competente dictará resolución, sin más trámites, en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la interposición del recurso o desde la finalización del plazo probatorio, si se hubiese acordado.
Esta resolución agotará la vía federativa.
En los casos en que conforme al artículo 70.e), de este Título la RFET sea competente para conocer en segunda instancia de una cuestión disciplinaria, el recurso y su trámite se ajustarán a lo previsto en los anteriores artículos 117, 118 y 119 y al procedimiento regulado en el artículo 111, todos ellos del presente Título, con las únicas salvedades previstas en los párrafos siguientes:
Podrá presentar el recurso cualquier interesado, aun distinto del infractor, que se hallare personado en el expediente de origen.
Al iniciarse el expediente de recurso, el instructor comunicará el contenido del escrito de recurso al órgano que hubiere impuesto la sanción en la instancia inmediatamente anterior, y solicitará su informe, que éste deberá emitir en el plazo máximo de quince días hábiles. El instructor también efectuará igual comunicación, a efectos informativos, a las demás partes, distintas del recurrente, que se hubieran personado en el expediente de origen.
Tanto el órgano disciplinario a quo, sin perjuicio del informe que debe emitir, como los demás interesados no recurrentes, podrán personarse en el recurso en el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación a que se refiere el artículo anterior, a los efectos de ser parte en el expediente de recurso e instar y manifestar en el mismo lo que entiendan pertinente de acuerdo con las normas procedimentales.
Terminados los plazos de personación y de emisión del informe del órgano a quo, que serán comunes para éste, y háyase recibido o no dicho informe, se iniciarán los demás plazos y actuaciones previstos en el artículo 111.