Source: https://www.scribd.com/document/52314067/La-construccion-del-Sistema-de-atencion-a-la-Infancia-en-Andalucia
Timestamp: 2017-08-23 18:55:52
Document Index: 59562069

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 52']

La construcción del Sistema de atención a la Infancia en Andalucía
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El desarrollo de las competencias tras 20 años de Estatuto de Autonomía: La construcción del sistema de atención a la infancia de Andalucía
Subdirector General de Infancia y Familia Consejería de Asuntos Sociales
Los veinte años del Estatuto de Autonomía de Andalucía han transcurrido parejos en un tiempo en el que el mundo de la infancia ha vivido una importante eclosión, en especial respecto a la preocupación que los Estados y las Administraciones Públicas han mostrado por los asuntos de los menores de edad. Si tradicionalmente los poderes públicos y su ordenamiento normativo habían prescindido de interés por la situación jurídica de los menores de edad - la estrategia pasaba por encomendar la protección de los menores a manos de sus padres y familias y el Estado se inhibía de penetrar en la esfera familiar y de garantizar los derechos efectivos a los niños- ; hoy día la situación es bien distinta, una serie de fenómenos han alterado sustancialmente la atonía y el desinterés de los poderes públicos. En el mundo de la infancia se han producido tres elementos que han condicionado su desarrollo: a) Nueva legislación protectora de los derechos de la infancia, a nivel internacional, nacional y autonómicos que sitúan a los menores de edad en un plano de igualdad efectiva frente a los adultos. b) Importante potenciación de la organización administrativa de atención al menor. Paralelo al desarrollo normativo se ha ido construyendo una reforzada organización administrativa especializada en la defensa de los derechos de los menores, y se ha articulado una organización institucional específica para atender los derechos de la infancia. c) La intensa descentralización administrativa operada en materia de servicios sociales y en especial en asuntos de infancia ha hecho residir las
competencias en las administraciones públicas más cercana al ciudadano, la autonómica y local. Estos tres factores interactuando en el mismo espacio de tiempo han provocado la eclosión del mundo de la infancia que señalábamos al inicio, que ha supuesto el fortalecimiento del reconocimiento de los derechos de los menores y de la defensa de las situaciones de desprotección. Justamente, el reforzamiento jurídico y orgánico de los asuntos sobre la infancia ha acontecido paralelo en el tiempo a la asunción de las competencias en materia de protección de menores por parte de la Junta de Andalucía, y ello nos permite analizar la situación de partida y la posterior construcción del sistema de atención a la infancia que la Administración de la Junta de Andalucía ha promovido en las dos últimas décadas. En este estudio nos extenderemos en presentar el desarrollo del sistema de atención a la infancia del que se ha dotado la Junta de Andalucía para atender a los menores de edad. El proceso de transferencia se verifica básicamente, a través de dos Reales Decreto de traspasos de funciones: - Real Decreto 251/1982, de 15 de enero se transfirieron las competencias del Instituto Nacional de Asistencia Social. - Real Decreto 1080/1984, de 29 de febrero se traspasan las competencias en materia de protección de menores. La Junta de Andalucía comienza a ejercer las competencias en el año 1.982, con la transferencia de los recursos de asistencia social que se referían a la atención a los menores desprotegidos, y se completan con la transferencia de las Juntas de Protección de Menores y de los recursos que gestionaban dichas Juntas y los centros de los Tribunales Tutelares de Menores, en 1.984. La intervención en la atención a los menores en la etapa anterior a las transferencias, se venía caracterizando por las siguientes notas: - Una intervención pseudopaternalista, escasamente profesionalizada en la que primaba la atención asistencial, con la ausencia de un planteamiento globalizado para la infancia. Se adolecía de planteamientos integrales en la atención a la infancia.
El desarrollo de las competencias tras 20 años de Estatuto de Autonomía: ...
- Regía de una legislación obsoleta, basada en textos legales de 1.948, claramente desfasado de la realidad social y del marco legal europeo. - Se soportaba una gran dispersión de administraciones y organismos que desde diferentes estructuras atendían a la infancia con la consiguiente descoordinación entre ellos. - Imperaba el internamiento en macroinstituciones (orfelinatos y reformatorios) que era la alternativa más común que de forma generalizada se ofrecía a los menores, cualquiera que fuera su problemática, prolongándose en largos periodos la estancia de los mismos. Convivían en las mismas instituciones y con los mismos programas los niños de protección y reforma. - Las alternativas familiares en escasas ocasiones eran utilizadas, siendo la adopción un negocio jurídico privado, y por tanto desconocida su incidencia en el sistema de protección. Se detectaban casos de tráfico de niños. No se ejercitaba la figura del acogimiento familiar. No se garantizaba la selección objetiva de adoptantes. - En ningún caso se propiciaban intervenciones en el medio social de los menores ni el apoyo a las familias que atravesaban dificultades a las que se les ofrecía como única posibilidad la separación de sus hijos para su atención en centros. - La iniciativa social atendía a los menores sin criterio, escaso control y poco apoyo de la Administración. Mediante subvenciones escasas y discrecionales. Recepcionadas las competencias en materia de protección de menores en la Junta de Andalucía se inicia el desarrollo de una inercia de cambios que con el tiempo dieron lugar a las bases de lo que la Ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor, denomina Sistema de Atención a la Infancia de Andalucía. Desde un primer momento, la Junta de Andalucía al asumir las competencias en materia de infancia, apuesta por la modernización del sistema y por la transformación del mismo a semejanza de los postulados que ya imperaban en la Europa desarrollada, y aplica los siguientes principios y orientaciones: - Se parte de una concepción global del menor, coordinando y potenciando por ello programas y actuaciones con otros servicios públicos y priva-
dos de otras áreas del bienestar social en la búsqueda de una atención integral a la infancia. - Se desarrolla la promoción de programas de apoyo a las familias para evitar las situaciones de riesgo de los menores. - La intervención pública tanto en protección como en reforma se basa en la actuación de equipos de profesionales del campo psico-social, jurídico y pedagógico. - Cuando el menor debe separarse temporalmente de su familia, se priorizan las alternativas de carácter familiar (acogimiento familiar). - El internamiento subsidiario y por corto periodo de tiempo, en centros que cada vez se acercan más a un modelo de estructura familiar. - La colaboración con la iniciativa social está regulada y delimitada las obligaciones mediante convenios. - Promoción de la adopción en los casos en que el menor es abandonado o maltratado sin intervención privada y con selección objetiva y profesionalizada de parejas solicitantes. - Diferenciación de Centros de Protección y de Reforma. Sobre la bases de estas orientaciones y principios, y conducida por la nueva legislación sobre infancia, la Administración de Junta de Andalucía en los últimos 20 años ha transformado intensamente un espacio de la intervención administrativa caracterizado por la atonía y el desinterés de los poderes público en una faceta prioritaria de la acción de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma. A continuación vamos a presentar una descripción de los elementos más significativos del Sistema de Atención a la Infancia que se ha construido en Andalucía en salvaguarda de los derechos de los niños andaluces y en defensa de los menores desprotegidos.
EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN ANDALUCÍA: NOCIÓN.
La Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor que establece el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los dere-
chos de los menores en Andalucía, viene a conformar lo que se ha denominado Sistema de Atención a la Infancia de Andalucía que constituye el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las Administraciones Públicas orientados a satisfacer los derechos de los niños a través de la promoción, la prevención de las situaciones de riesgo y el establecimiento del sistema de protección tendente a garantizar su desarrollo integral y promover la vida familiar normalizada. La referida Ley que representa un importante hito jurídico en la efectiva aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989 en el ámbito de Andalucía regula, con una estructura de cuatro títulos, los derechos de los menores, la protección, la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores, y las infracciones y sanciones.
LAS BASES JURÍDICAS:
Las bases jurídicas sobre la que se asienta nuestro sistema de atención a la infancia presenta un contexto tridimensional. En concreto, el entorno normativo en que nos vamos a desenvolver está coronado por la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y otro conjunto de instrumentos internacionales de directa aplicación en España. Un segundo nivel de regulación queda representado por la Constitución Española, en concreto por su artículo 39; y acto seguido se despliega las normas legales, en especial la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y las leyes autonómicas sobre los derechos de la infancia. Este marco jurídico establece el catálogo básico de los derechos que tienen reconocido las niños y las niñas en Andalucía. Veamos más detenidamente cada uno de estos niveles normativos: 3.1. Las normas internacionales: Sin duda el paso más significativo dado en reconocimiento de los derechos de los niños se realiza con la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, que se proclama con la finalidad de que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia. Representa una actualización adaptada a las necesidades de los niños de la Declaración Universal de los derechos de los hombres de 1948.
No obstante el instrumento normativo más importante lo constituye la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. La norma se configura como un instrumento internacional obligatorio por el cual los estados se comprometen a respetar los derechos y deberes de los niños, pasando a formar parte del derecho interno del país. El texto de la Convención persigue, entre otras, las siguientes finalidades: - Satisfacer las necesidades básicas de la infancia, proporcionando al niño atención sanitaria, educación y formación, seguridad social, oportunidades de juego y recreo… - Proteger al niño contra toda forma de crueldad y explotación: maltrato y abandono, tortura, pena de muerte, consumo y tráfico de drogas, explotación laboral y sexual, etc. - Ayudas a la familia, respetando sus responsabilidades y sus derechos y deberes, y creando servicios de atención a la infancia, para que atiendan convenientemente las necesidades de sus hijos. - Dedicar una atención especial a los niños particularmente vulnerables, tales como los niños impedidos, refugiados, los pertenecientes a minorías étnicas e indígenas, niños víctimas de malos tratos, abandono, conflictos armados, niños sin familia, etc. - Permitir al niño expresar su opinión en los asuntos que le conciernen, profesar su religión, buscar y difundir informaciones y asociarse, todo ello en función de su edad y madurez. Otros textos internacionales en materia de los derechos de los menores son los siguientes: - Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores. - Convenio de la Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. - Reglas Mínimas Uniformes de las naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores (Reglas Beijing). 29 de noviembre de 1985.
- Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, adoptado por la Cumbre Mundial a favor de la infancia, celebrada en Nueva York, el 30 de septiembre de 1990. - Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. En síntesis, este escueto repertorio concreta las normas internacionales más significativas en materia de protección jurídica de los menores. Como bases del sistema habría que incorporar también las normas europeas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea que inciden en la materia. 3.2. Las normas nacionales: Nuestra Constitución en su artículo 39 declara que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Y en su apartado segundo, manifiesta que, asimismo, los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos. Por último, el punto cuarto declara que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El marco constitucional reflejado sostiene la protección integral y asistencia de los niños. El art. 39 reconoce el derecho de los niños a recibir la atención social que precisan, cuya obligación recae, en primer lugar en los padres, y de forma subsidiaria en el Estado, que deben garantizar que la asistencia será efectiva en aquellos casos en los que los padres no dispongan de capacidad económica, cultural o social idónea para asegurar la adecuada atención y el normal desarrollo de sus hijos. Esta realidad constitucional exige de los poderes públicos la puesta en funcionamiento de una red de servicios sociales que cumpla una función complementaria con respecto de la acción familiar y de la actuación de la propia sociedad. La política legislativa de los servicios sociales precisa que la acción estatal positiva se convierta en un deber de los poderes públicos, que deberán generar una infraestructura con los servicios y equipamientos sociales necesarios para atender sus obligaciones jurídicas para con los niños y sus familias y garantizar un buen funcionamiento al ser los últimos responsables de la protección y desarrollo integral del niño. Este interés/obligación del Estado en proveer de las instituciones y centros adecuados que permitan garantizar la atención social y los derechos de los niños, exige la configuración de una administración pública que garantice la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes, que justamen-
te constituye la base administrativa que conforma el Sistema de Atención a la infancia. En el orden de prelación de las fuentes del derecho, acto seguido a la Constitución, el texto base que configura la estructura jurídica de los derechos de los niños en España queda conformado por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Como aspectos más relevantes de la ley podemos destacar los siguientes: - La Ley se acoge a la corriente legislativa que tiene como base un mayor reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos. - Establece una amplia gama de derechos adaptados a la realidad de los niños. A su vez, se articulan mecanismos de garantía. - Se enumeran una serie de principios rectores de la actuación de los poderes públicos: supremacía del interés del menor, mantenimiento del menor en el medio familiar, su integración familiar y social, la prevención de situaciones que pueda perjudicar su desarrollo personal, sensibilización de la población, promover la participación y solidaridad social., objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora. - Se introducen una serie de conceptos que facilitan la actuación de los poderes públicos: Situación de riesgo: cuando existe una situación de perjuicio para el menor que no alcanza la entidad suficiente como para justificar la separación de éste del núcleo familiar. Y situación de desamparo: en ella la gravedad de las circunstancias aconseja la extracción del niño de su ambiente familiar y la asunción de la tutela por la Junta de Andalucía. - Crea la figura del acogimiento familiar, con varias modalidades: simple, permanente y preadoptivo. - En el campo de la adopción se introduce el requisito de idoneidad. - Se regulan las competencias de las entidades públicas en materia de adopción internacional. Otras normas importantes en materia de menores serían los siguientes:
- Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la Educación. - Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo. - Código Penal de 1995. - Código Civil. - Ley 14/1986, General de Sanidad. - Ley 21/1987, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. - Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. - Ley Orgánica 5/2000, sobre responsabilidad penal de los menores. 3.3. Las normas andaluzas: Una vez predefinido el marco jurídico internacional y nacional habría que incorporar el repertorio de las normas autonómicas que conforman el conjunto de la legislación de menores,. Las leyes autonómicas de los derechos y la atención al menor en desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales y menores, conforman el último eslabón legislativo de la infancia. Estas leyes inciden en el repertorio de derechos, fortalecen las garantías y desarrollan el sistema público de atención a los menores. En concreto en Andalucía, la ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor representa la base jurídica nuclear del sistema de atención a la infancia de Andalucía. En la exposición de motivos de la norma se justifica la demanda por la practica totalidad de los sectores implicados en este campo de la aprobación de una norma de carácter general en nuestra Comunidad Autónoma que concrete y actualice el ejercicio de las competencias respecto de la protección de los derechos de los menores, y los procedimientos necesarios para la aplicación de las medidas adecuadas, cuya regulación deberá estar impregnada de los principios y concepciones de la normativa internacional de referencia, todo ello en el respeto a la legislación del Estado.
La citada ley se estructura en cuatro títulos. El primero de ellos establece su objeto y ámbito de aplicación, los principios generales que la inspiran y las actuaciones concretas a que se comprometen las Administraciones Públicas de Andalucía para la promoción y protección de los derechos de los menores que se consideran de mayor importancia para su desarrollo integral. El título segundo, dedicado a la protección de los menores, regula los criterios de actuación y el ámbito competencial de las distintas entidades que intervienen en la protección infantil, así como las actuaciones que la Administración ha de llevar a efecto a tal fin. El título tercero, de la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores, viene a precisar las actuaciones y recursos concretos que la Administración Autonómica de Andalucía ha de poner en práctica a tal efecto. El cuarto y último título establece el régimen sancionador de la Ley. Por disposiciones adicionales se crea la figura del Defensor del Menor en Andalucía; se especifica la especial vinculación en la aplicación de esta norma por parte de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunidad Autónoma; se contempla la elaboración del Plan Integral de la Infancia; se crean los órganos de participación; se establecen medidas concretas para la investigación y formación; se prevé la prioridad presupuestaria en esta materia, y, por fin, con esta Ley, Andalucía se compromete con los menores de otros países. Respecto al desarrollo reglamentario de la ley, hasta la actualidad ya se ha verificado la totalidad de la producción normativa que representa la parte institucional u orgánica de la Ley, y se ha avanzado significativamente en los apartados sustantivos de la ley. En relación a la parte orgánica de la ley se han producido las siguientes disposiciones: * Decreto 237/1999, de 13 de diciembre, por el que se regula el Consejo Regional de la Infancia y los Consejos Provinciales de la Infancia (BOJA de 20 de enero). * Decreto 228/1999, de 15 de noviembre, por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores (BOJA de 18 de noviembre). * Decreto 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia de Andalucía (BOJA de 17 de marzo). El avance reglamentario de los apartados sustantivos de la ley se ha materializado a través de las siguientes normas de desarrollo:
* Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA de 16 de febrero). * Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, sobre acogimiento familiar y adopción (BOJA de 19 de noviembre). * Decreto 454/1996, sobre habilitación de Instituciones colaboradoras de Integración familiar y acreditación de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional. * Orden de 9 de mayo de 1997 sobre compensaciones económicas en los acogimientos familiares. * Orden de 13 de abril de 1998, sobre ayudas económicas familiares * Orden de 13 de julio de 2000, por la que se regulan y convocan subvenciones para la realización del Programa de Intervención con familias desfavorecidas y en situación de riesgo social (BOJA de 27 de julio). * Orden de 16 de abril de 2001, por la que se regula la cooperación entre la Consejería y las Entidades Colaboradoras en el acogimiento residencial de menores (BOJA de 3 de mayo). * Orden de 11 de marzo de 2002, por la que se regulan y convocan subvenciones para la financiación de actuaciones de mediación para el acogimiento familiar de menores realizadas por Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar. Por último, en desarrollo de la función promocional de los derechos de los menores, y a instancia de la Consejería de Asuntos Sociales se ha impulsado, en desarrollo de la ley de los derechos y la atención al menor la aprobación del Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad de parques infantiles (BOJA de 9 de junio). Para culminar el desarrollo reglamentario de la ley, en la actualidad se encuentran en avanzada fase del procedimiento de elaboración de las normas las siguientes proyectos de disposiciones: - Proyecto de Decreto sobre la promoción de los derechos y prevención de situaciones de riesgos de los menores.
- Proyecto de Decreto sobre la medida de acogimiento residencial y la organización y el funcionamiento de los centros del sistema de protección de menores. Una vez definitivamente aprobados los anteriores proyectos de decretos veremos completado el sistema de fuentes jurídicas del Sistema de Atención a la Infancia de Andalucía. De esta forma, el sistema dispondrá de un régimen jurídico extensamente definido y construido.
LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA:
Los principios rectores del sistema de atención a la infancia se despliegan de la ley 1/1998, de los derechos y la atención a la infancia, al establecer el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los derechos de los menores. Se parte de la obligación de las Administraciones Públicas Andaluzas de velar para que los menores gocen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de todos los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño, así como del resto del ordenamiento jurídico. En el artículo 3 de la ley se establecen una serie de principios básicos: - Primará el interés superior del menor. - Reconocimiento de la capacidad del menor. - Los poderes públicos otorgarán protección y asistencia a las familias para que puedan asumir sus responsabilidades con los menores. - Los poderes públicos adoptarán medidas para facilitar el adecuado conocimiento y ejercicio de los derechos de los niños. - Fomentarán en los menores los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad, y los principios democráticos. - Actuación coordinada de las administraciones implicadas. - Promoverán iniciativas sociales.
Por otra parte se reconocen de forma específica una amplia gama de derechos: identificación, honor, intimidad y propia imagen, información y publicidad, prevención de malos tratos y de la explotación, integración, salud, educación, cultura, ocio, asociacionismo y participación social de la infancia, medio ambiente, derecho a ser oído. También se establecen mecanismos de garantía de derechos específicas para los niños, ante las propias Administraciones Públicas, Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal A los efectos de la ley, se entiende como protección el conjunto de actuaciones para la atención de las necesidades del menor tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada. El sistema de protección se sustenta en los siguientes principios: - Se fomentarán las medidas preventivas. - Se procurará la permanencia del menor en su propio entorno familiar. - Cuando las circunstancias aconsejen su salida del grupo familiar, se actuará de forma prioritaria a través de las medidas de alternativas familiar. - Cuando no sea posible la permanencia del menor en su propia familia, procederá la acogida en un centro de protección, con carácter provisional y por el período más breve posible. - Se promoverán medidas tendentes a la reinserción familiar. - Se potenciará programas de formación profesional e inserción laboral para los jóvenes tutelados y extutelados. Además, respecto al sistema de protección, la ley distingue las situaciones de riesgo y desamparo. En relación a las medidas de protección, se establecen los siguientes principios operativos: - La medida de acogimiento residencial se acordará cuando no sea posible aplicar otra medida protectora y por el período más breve posible.
- Los centros de protección presentarán las siguientes características: Poseerán un reglamento interno democrático. Tenderá a un modelo de dimensiones reducidas. Cada menor tendrá un proyecto socio-educativo. Potenciar la preparación escolar y ocupacional de los menores.
- La medida de acogimiento familiar se considera prioritaria en su utilización sobre la medida residencial. - Se evitará la separación de hermanos, y procurará su acogimiento en una misma familia. - Se favorecerá la permanencia del menor en su propio ambiente.
EL MARCO COMPETENCIAL.
Si bien la materia de asistencia social corresponde con carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma Andaluza –art.13. Estatuto de Autonomía de Andalucía- , también es cierto que al venir definido el Sistema de Atención a la Infancia como un conjunto de integración de recursos que se suministran desde las diversas administraciones públicas implicadas en el ejercicio de los derechos sociales y en especial en la protección integral de la infancia, habrá que complementar las competencias de ámbito autonómico con las referidas a la administración estatal y local. Veamos de una forma simplificada el catálogo de las competencias asignadas a cada administración pública. 5.1. El Estado: Según el artículo 149.8 de la Constitución Española al Estado le compete el dictado de la legislación civil. Que para asuntos de infancia se materializa a través de las normas básicas que se han señalado al enumerar las bases legales del sistema. A la administración del estado le corresponde definir el régimen legal del derecho de las personas y lo referido a la filiación de las mismas, comprendiéndose todo lo referido a los asuntos de infancia, tutela y protección. 5.2. La Comunidad Autónoma Andaluza. La Comunidad Autónoma Andaluza conforme al art. 13.apartados 22 y 23 EAA disfruta de competencia exclusiva en la siguiente competencia: 624
“22. Asistencia y servicios sociales. Orientación y planificación familiar. 23. Instituciones Públicas de protección y tutela de menores respetando la legislación civil, penal y penitenciaria.”
En desarrollo del marco autonómico, el artículo 18.2 de la ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor, relaciona las funciones que se reserva la Junta de Andalucía: - Planificación, coordinación y control de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de menores. - Desarrollo legislativo y reglamentario en materia de menores. - Entidad pública competente para el ejercicio de las funciones de protección de menores. - La ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados competentes en materia de menores infractores. - Ejecución de las medidas protectoras, educativas y formativas que por los Juzgados de menores se adopten respecto de los menores infractores. 5.3. Las Corporaciones Locales. El mismo artículo 18, en su apartado primero, de la ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor define las funciones que se derivan a las Corporaciones Locales: - Desarrollo de las actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores. - Detección de menores en situación de desprotección y la intervención que requieran actuaciones en el propio medio. - Apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo. 5.4. Las Entidades Colaboradoras: La ley de los derechos y la atención al menor también asigna funciones de colaboración a aquellas asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, entre
cuyos fines figure la protección de menores, y estén inscritas en el correspondiente registro de entidades, servicios y centros de servicios sociales de Andalucía, debiendo disponer de una organización, estructura y medios materiales necesarios en relación a las funciones a desarrollar. En concreto el apartado 4 del artículo 18 menciona que las Entidades Colaboradoras podrán colaborar en funciones de guarda, mediación, prevención, detección, información y promoción de los derechos de los menores.
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA.
La Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor, al configurar el Sistema de Atención a la Infancia de Andalucía fortalece los aspectos jurídico-formales e innova una articulada organización institucional dependiente de la Junta de Andalucía, conformada por la administración autonómica especializada en materia de menores: el Consejo de Asuntos de Menores, el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, y el Observatorio de la Infancia de Andalucía. Ésta amplia red de entidades constituye la organización institucional de la infancia en Andalucía. La disposición adicional quinta de la Ley crea el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia como órganos colegiados de participación y coordinación de las instituciones públicas y privadas, incluidas las integradas por los menores para el asesoramiento, planificación y seguimiento de la aplicación de los derechos infantiles. Desarrollado por el Decreto 237/1999, de 13 de diciembre por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia. El reglamento aporta el régimen jurídico de los Consejos de la Infancia como foros de participación social de las Administraciones Públicas andaluzas y las instituciones públicas y privadas interesadas en promover la planificación y el seguimiento de las políticas públicas, relacionadas con el bienestar social y la calidad de vida de los menores. Entre sus fines se comprenden los siguientes: - Promover la participación efectiva de todos los sectores afectados en la definición y desarrollo de las políticas públicas en materia de menores en Andalucía. - Cooperar con las entidades públicas y privadas en el desarrollo de programas, actividades y campañas informativas y de divulgación relacionadas con los derechos de los menores en Andalucía.
- Promover el desarrollo y seguimiento de los objetivos previstos en el Plan Integral de la Infancia y en los distintos planes sectoriales de actuación aprobados por las Administraciones Públicas. - Elaborar propuestas e informes a las distintas Administraciones Públicas en materias relacionadas con la infancia que sean solicitados por aquéllas o que acuerde el Consejo. - Favorecer la participación activa de los menores andaluces. - Participar y mantener las relaciones con los órganos y consejos de carácter consultivo de menores que se establezcan en el ámbito de otras Administraciones Públicas. De otro lado, el artículo 16 del referido texto legal crea el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, como órgano consultivo y asesor de las Administraciones Públicas Andaluzas en temas relacionados con los menores y en aras a la efectiva protección de la infancia. Desarrollado por el Decreto 228/1999, de 15 de noviembre, por el que se regula el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. En la exposición de motivo del reglamento se incide sobre la razón de ser del Consejo, y se reflexiona que las políticas públicas que se formulan en el marco de actuación de las familias, y más específicamente en el entorno de la infancia y adolescencia han tratado de ir evolucionando conforme a los ritmos que demandan los cambios de la sociedad y las profundas innovaciones que en el ámbito de las familias y los menores se han producido en las últimas décadas en nuestra sociedad. Sin embargo, la pluralidad de factores que inciden en la infancia, las modernas orientaciones pedagógicas, los nuevos modelos de familia, las innovaciones del sistema educativo, la influencia de la publicidad y los medios de comunicación y, en general, un amplio conjunto de elementos que afectan a la infancia y adolescencia, vienen promoviendo la aparición de un cúmulo de incógnitas e interrogantes sobre el horizonte y la definición de las políticas públicas de menores que afectan a la toma de decisión y constituyen un verdadero reto para las Administraciones con responsabilidad en materia de menores. Se defiende que para garantizar la eficacia de las políticas públicas de menores se aconseja integrar en la elaboración y formulación de la política de asuntos de menores el máximo posible de criterios técnicos, sociales y éticos que permitan su mejor adecuación a la evolución de nuestra sociedad.
Se pretende que el Consejo aproveche la visión objetiva e independiente que puedan aportar una selección de pensadores, científicos e intelectuales, andaluces o que desarrollen su actividad en Andalucía, y viene a representar una valiosa y necesaria contribución para el análisis de las soluciones de los problemas complejos que afectan a la infancia y para la definición y formulación de las políticas públicas. Y por último, la disposición adicional sexta de la ley referida a la investigación y formación, configura la creación del Observatorio de la Infancia en Andalucía, con el objeto de desarrollar actuaciones de investigación, estudio y análisis técnico de las materias relacionadas con los derechos y la atención a los menores. Desarrollado por el Decreto 75/2001, de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia de Andalucía. Con el instrumento orgánico del Observatorio de la Infancia, la Ley trata de dotar al sistema público de servicio de atención a menores de los medios y recursos adecuados para promover las funciones de investigación, formación y creación de un sistema de información, elementos organizativos imprescindibles para promover la adecuada dirección y planificación de los servicios. Según el artículo 2 de la norma de desarrollo el Observatorio de la Infancia en Andalucía desarrollará sus objetivos en el ámbito de los siguientes niveles de actuación: a) Investigación: mediante la promoción de proyectos de investigación sobre las materias relacionadas con los derechos y la atención a los menores. b) Documentación: con la producción, coordinación y divulgación de documentación especializada sobre el menor. c) Formación: con el desarrollo de planes y programas de formación sobre los derechos y la atención a los menores, destinados a aquellos colectivos directamente implicados en funciones relacionadas con esta materia. d) Información: con el objeto de disponer de la información necesaria, a fin de permitir el adecuado conocimiento y análisis de la situación de los menores en Andalucía, y el grado de satisfacción de los derechos reconocidos en favor de los menores.
En el plano de la organización administrativa general de la Junta de Andalucía, la Consejería de Asuntos Sociales es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno sobre Política Social General de la Junta de Andalucía. En particular en materia de infancia y familia, corresponden a la Consejería de Asuntos Sociales: “ El desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Infancia y Familia.“ A la Dirección General de Infancia y Familia le corresponde el desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas en relación con las competencias asumidas en esta materia por la Comunidad Autónoma. a) Las relativas al ejercicio de las competencias que tiene atribuidas la Junta de Andalucía en materia de adopción, acogimiento familiar y otras formas de protección a la infancia. b) La ordenación, gestión y coordinación de los recursos destinados a la Infancia y Familia, tanto propios como auxiliares. c) El establecimiento, gestión y control de las ayudas económicas y de otra especie que se otorguen en esta materia. d) El diseño, realización y evaluación de programas específicos en este ámbito. e) Las competencias relativas a centros de atención socio educativa a niños de 0 a 3 años. f) Reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa. Con la finalidad de segregar las competencias del sistema de protección y reforma, a través del Decreto 223/2001, de 2 de octubre, se crea la Dirección General de Reforma Juvenil, a la que le corresponde la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales, en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, excepto las que supongan la aplicación de protección de menores. En cada provincia existirá una Delegación de la Consejería, cuyo titular, además de cuantas competencias le vengan atribuidas, ostentará la representación institucional de la Consejería en su ámbito territorial.
Según el artículo 52 del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, en cada Delegación Provincial se constituirá un órgano administrativo colegiado, denominado Comisión Provincial de Medidas de Protección, que asumirán en sus ámbitos respectivos las siguientes funciones: - Declaración de la situación legal de desamparo de los menores. - Asunción de la tutela de los menores, cuando éstos sean declarados en situación de desamparo o así lo determine una resolución judicial. - Asunción de la guarda de los menores por celebración de convenio con sus padres o tutores, o por resolución judicial. - Designación de las personas, Entidades o Centros a los que se atribuya el ejercicio de la guarda de los menores mediante acogimiento familiar o residencial, y, en su caso, la realización de la correspondiente propuesta al órgano judicial competente para su constitución y cese. - Determinación del régimen de relaciones personales de los menores con sus padres, parientes y allegados. - Coordinación de los organismos y servicios de protección de menores existentes en la provincia. - Colaboración con los órganos judiciales competentes en la materia. El ejercicio de las competencias en materia de protección de menores se desarrollará por las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales, a través de Servicios especializados de medidas de protección, a quienes les corresponderá las siguientes funciones: a) Instrucción y propuesta de resolución de los procedimientos de protección de menores. b) Notificaciones y comunicaciones que se deriven de los procedimientos mencionados. c) Ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas de protección. d) Propuesta de modificación de las medidas de protección.
EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN.
El Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa representa el desarrollo reglamentario de la ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor, en lo que se refiere a los mecanismos de protección al objeto de establecer procedimientos que garanticen la efectividad de los derechos de los menores, a través de una intervención administrativa que cumpla dos objetivos: de una parte, evitar, y en su caso, poner fin a situaciones de maltrato y de desprotección y, por otra, colaborar con la familia de los menores para proporcionarle una asistencia que ésta no puede asumir de forma temporal. Las medidas de protección de los menores objeto de una situación de maltrato o desprotección se adoptan siguiente un procedimiento reglado establecido en el Decreto 42/2002, que trata de conjugar la preservación de los derechos de los menores afectados y las garantías de los padres que soportan la medida. La norma, en primer lugar, refuerza las garantías de los menores sujetos a medidas de protección, y fortalece una serie de derechos con intención de evitar la vulnerabilidad de los menores protegidos por la administración de la Junta de Andalucía. En concreto, se regulan los siguientes derechos específicos de los menores sujetos a protección: derecho a la institucionalización mínima. derecho a disponer de un plan de integración familiar y social. derecho a un trato respetuoso. derecho a ser retirados de sus hogares familiares de la forma menos traumática posible. derecho a recibir un trato personalizado. derecho a relacionarse con sus padres y familiares. derecho a la intimidad e imagen, y a la estricta confidencialidad de su historia personal y familiar. derecho a la salud. derecho a la educación. derecho a la defensa jurídica.
La entidad pública competente en materia de protección de menores es el Consejero de Asuntos Sociales que delega la función en las Delegaciones Provinciales de Asuntos Sociales.
El Servicio de Protección de Menores desarrolla las actuaciones administrativas referidas a la declaración del desamparo y la adopción de la medida de acogimiento residencial o familiar, así como el establecimiento de la medida de guarda administrativa. Una vez detectada una situación de maltrato o desprotección el órgano competente ordena la practica de una información previa, a fin de determinar la existencia de indicios de desasistencia de los menores que justifiquen la iniciación. Una vez constatada una situación de desprotección, el titular de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales inicia de oficio el expediente de protección que se sujeta a las siguientes fases procedimentales: - Instrucción del expediente: constituye la fase de investigación y valoración de la situación personal, familiar y social de los menores objeto del expediente, en el mismo se comprenden informes de índole social, médico, psicológico y, en su caso, psiquiátrica, escolar, jurídico, etc., entrevistas con los padres, exploración a los niños y demás familiares y vecinos, y demás actuaciones que se consideren oportunas para el esclarecimiento de la situación de desprotección. - Alegaciones y actuaciones posteriores: los padres dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios que pretenden valerse para contrarrestar la intervención administrativa de protección. Los padres son informados de la posibilidad de intervenir por medio de representante, y sobre los requisitos y trámites a cumplir para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. - Prueba: el órgano administrativo podrá acordar la apertura de un período de prueba. - Audiencia: de nuevo, antes de redactarse la propuesta de resolución, los padres dispondrán de un período de diez días para alegar lo que le convenga a su derecho. - Propuesta de resolución: el servicio de medidas de protección elaborará una propuesta de resolución sobre la procedencia o no de la medida de desamparo.
- Resolución: deberá ser adoptada por mayoría de la Comisión Provincial de las Medidas de Protección que es el órgano colegiado que tiene atribuida la declaración de la situación legal de desamparo. - Recurso de oposición: las resoluciones de desamparo podrán ser impugnadas ante el órgano judicial competente. El Decreto 42/2002 regula la situación de desamparo provisional que se podrá decretar cuando existan circunstancias que pongan en grave riesgo la integridad física o psíquica de los menores. Declarado la situación de desamparo la Junta de Andalucía asume la tutela de los menores objeto de la medida. El procedimiento de protección de menores previsto en el Decreto 42/ 2002 trata de conjugar la acción administrativa en defensa de los derechos de los menores sujetos a desprotección, y las garantías de los padres o guardadores titulares de la patria potestad de los mismos. Actualmente la Junta de Andalucía tiene tutelados en torno a 6.000 menores, lo que supone una tasa de incidencia del 0,37/1000, situándose en las proximidades de la media española. La guarda administrativa se decretará cuando demandada a instancia de los padres, se constate que concurren circunstancias graves o enfermedades que, objetivamente valoradas, les impidan cuidar de los menores. El Servicio de medidas de protección elaborará un diagnóstico de la situación real en que se hallen los menores, y analizará las circunstancias alegadas por los padres, y tras un período de prueba redactará la propuesta de resolución previa audiencia a los padres. El procedimiento terminará con un Convenio entre las partes en el que se establecerá la guarda, duración de la misma, el acogimiento familiar o residencial, el régimen de relaciones personales y responsabilidad de los padres. La Junta de Andalucía tiene asumidas alrededor de unos 500 menores en guarda.
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
En todos los casos que se ejerza una medida de protección, ya sea a consecuencia de una guarda derivada de la tutela administrativa previa la declaración
de desamparo, o se trate de una guarda administrativa a petición de los padres biológicos, la Administración de protección de menores ejercerá la guarda efectiva del menor, adoptando la medida más adecuada en cada caso, promoviendo el acogimiento residencial o familiar, o la adopción, según proceda. Las medidas de protección son las siguientes; - el acogimiento residencial - el acogimiento familiar - la adopción Veamos detenidamente los aspectos más relevantes de cada una de estas medidas, 8.1. La medida de acogimiento familiar. Esta medida consiste en la integración del menor en una familia distinta a la de sus padres biológico, y se plantea cuando las circunstancias del menor lo aconsejen. El acogimiento familiar durará hasta que pueda integrarse en su familia de origen, o reinsertarse en su medio social una vez alcanzada la mayoría de edad, su emancipación, o bien, hasta que pueda ser adoptado. La medida de acogimiento familiar trata de trasladar al menor objeto de protección desde una familia que carece de competencia o disponibilidad para atenderlo, a otra familia que se presenta idónea para cuidarlo. La medida de acogimiento familiar se regirá por los siguientes principios básicos: - prioridad en su utilización sobre la medida de alojamiento en centros de protección. - se deberá de evitar, en lo posible, la separación de hermanos, y procurar su acogimiento en una misma persona o familia. - se favorecerá la permanencia en su propio ambiente, procurando que se practique en su familia extensa. Atendiendo a su finalidad, el acogimiento familiar presenta la siguientes modalidades:
a) acogimiento familiar simple: se promoverá cuando, existiendo una situación de crisis en la familia del menor, se prevea su reinserción a corto plazo en la misma, o bien, transitoriamente, mientras se acuerde una medida de carácter más estable. b) acogimiento familiar permanente: se constituirá cuando no existiendo previsión de reinserción adecuada del menor en su familia biológica, las características y deseos personales del propio menor o las específicas circunstancias de su situación aconsejen su integración estable y duradera en otra familia, sin creación de vínculo de filiación entre ellos. c) acogimiento familiar preadoptivo: se promoverá cuando se prevea la imposibilidad de reinserción del menor en su familia biológica, y se considere necesario, en atención a su situación y circunstancias personales, la plena integración en otra familia, mediante la creación de vínculos de filiación. La adopción es la figura jurídica a través de la cual se produce la integración de un menor en una familia, que no es la suya biológica, de una manera definitiva y con igual consideración, derechos y deberes que los hijos biológicos. Las personas que adoptan a un menor tienen todas las obligaciones derivadas de la patria potestad, desapareciendo la vinculación entre el niño y sus padres biológicos. Quienes soliciten de la Administración de protección de menores el acogimiento familiar o la adopción de un menor deberán someterse a un proceso de valoración de idoneidad, en base a criterios biológicos y psicosociales. La idoneidad de las personas para el acogimiento familiar, en sus diversas modalidades, o la adopción, garantiza su aptitud para cubrir las necesidades del menor y cumplir las obligaciones establecidas legalmente, ofreciéndole la estabilidad, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que le permitan un desarrollo integral. El procedimiento de estudio y valoración de quienes soliciten la declaración de idoneidad para acogimiento familiar o adopción comprende sesiones informativas, formativas y entrevistas, que versarán sobre la identidad, situación personal, familiar y médica de éstos, su medio social y sus capacidades y motivaciones. Asimismo, se visita el domicilio de los solicitantes. Además, con la finali-
dad de lograr la máxima objetividad en la valoración, se suele incluir cuestionarios y pruebas psicométricas, quedando obligados los solicitantes a cumplimentar los cuestionarios y pruebas que se le indiquen. La declaración de idoneidad no supone el derecho a acoger o adoptar a un menor, sólo otorgará el derecho a integrar el registro administrativo habilitado para ello, en concreto el Registro de solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía, que tendrá por objeto la inscripción de las personas que, habiendo solicitado la integración familiar de un menor en alguna de sus modalidades, hubieran obtenido la correspondiente declaración de idoneidad. Ante la existencia de un menor susceptible de ser acogido o adoptado, la administración de protección de menores seleccionará las personas que se consideren más adecuada de entre las que formen el registro de acogedores o adoptantes. Se propondrá la constitución del acogimiento preadoptivo o la adopción a los solicitantes que ofrezcan las mayores posibilidades para la integración familiar y el óptimo desarrollo del menor, en función del historial y características personales de éste. Para la captación de familias acogedoras, el acoplamiento de los menores y seguimiento de las medidas, la Administración de protección de menores emplea a Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar -ICIF- en la constitución y seguimiento de los acogimientos familiares, así como en el asesoramiento y apoyo técnico a los menores y a las familias acogedoras, y, en su caso, a las familias biológicas. Los acogimientos familiares simple y permanente podrán ser retribuidos, según el régimen jurídico establecido en la Orden de 9 de mayo de 1997 sobre compensaciones económicas de los acogimientos familiares remunerados. En Andalucía el sistema de protección tiene establecida la medida de acogimiento familiar a entorno a 3.800 menores. La mayoría en acogimiento familiar en familia extensa, sólo un 16 % se realiza a través del acogimiento preadoptivo. 8.2. La medida de acogimiento residencial. Los centros de protección de menores se ofrecen como alternativa al medio familiar cuando así lo determine los intereses del menor. Los centros de protección asumen la responsabilidad del desarrollo integral de los menores, garantizando la satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y sociales,
en un ambiente de seguridad y protección, así como la potenciación de experiencias de aprendizaje y el acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones que cualquier otra persona de su edad. Los centros de protección de menores son aquellos establecimientos de acogimiento residencial destinados a la guarda y educación de menores sobre los que se haya adoptado alguna de las medidas de protección contempladas en los artículos 158 y 172 del Código Civil -desamparo o guarda-. El centro como contexto protector y convivencial, debe garantizar que se cubran las necesidades que presentan cada uno de los menores, que promueva el desarrollo de cada una de las áreas de su personalidad y prevea y corrija los desajustes que pudieran producirse a lo largo de su estancia en el mismo. Debe ser un entorno que normalice e integre al/a la menor en el marco más amplio de la sociedad. El acogimiento en un centro residencial conlleva, en la mayoría de las ocasiones, una intervención paralela en el medio socio-familiar del menor, trabajando con su familia de origen al objeto de prestar el apoyo necesario, para que supere la situación que motivó la adopción de la medida y el menor pueda retornar a su medio familiar. Andalucía cuenta con una amplia red de centros de protección, que según la tipología se denominan casas o residencias, en función de la dimensión del recurso. Las casas siguen los patrones habituales que conforman la unidad familiar de tipo medio, y estando ubicadas en viviendas normalizadas totalmente integradas en la comunidad, suelen ser pisos, casas adosadas o casas independientes. Las casas tienen una capacidad máxima de ocho menores. Las residencias ofrecen el alojamiento, convivencia y educación necesario para el desarrollo, durante el tiempo que se haya establecido y hasta que sea posible el retorno a su familia, o bien se adopte otro tipo de medida. Las residencias responderán a un modelo de dimensiones reducidas, en torno a 25 menores, y se distribuirán en núcleos de convivencia que faciliten el contacto entre los hermanos o grupos de menores de edades homogéneas. Los menores que habitan en casas representan casi el 75 por 100 de la población residenciada, y el restante 25 por 100 se alojan en residencias y centros de primera acogida. El caso más común por reproducido queda constitui-
do por una casa de seis menores atendidos por tres educadores más el equipo técnicos de apoyo. De este modo la vida de los menores de los centros de protección es del todo normalizada a la común de sus amigos, que viven con sus padres, del colegio o del barrio donde se encuentra el centro. Más que de centros de protección podríamos hablar de unidades familiares de acogida .Los grandes centros residenciales y macroinstituciones en la que habitaban doscientos o trescientos menores quedan muy lejanas a la situación general de la red de los centros de protección del presente. En todo caso, los centros de protección se someten al Decreto 87/1996, de 20 de Febrero, modificado por el Decreto 102/2.000 de 15 de marzo por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, que obedece a la pretensión de establecer un dispositivo operativo y eficaz, que permita a la Administración Autonómica y Local, garantizar los derechos de los usuarios de los Centros, mediante mecanismos que tiendan sobre todo a ofrecer la mayor calidad posible de los Servicios; para cuya finalidad se establece un sistema de autorizaciones administrativas de carácter reglado, de inexcusable cumplimiento, por quienes pretendan la creación o construcción, puesta en funcionamiento y modificación sustancial de un centro. Como complemento a la anterior normativa la Orden de 28 de julio de 2.000 que desarrolla el referido Decreto, recoge expresamente en su Anexo I, las condiciones materiales y funcionales de obligado cumplimiento para los centros residenciales de protección de menores, ubicados en la Comunidad Autónoma Andaluza. Según el dominio los centros de protección son de titularidad pública –de la Junta de Andalucía o Diputaciones- o generalmente, de entidades colaboradoras en acogimiento residencial. En concreto 18 centros son propios de la Junta de Andalucía, 6 centros dependientes de la Diputaciones Provinciales, y el resto más de 200 pertenecientes a Entidades Colaboradoras (86%). Las Entidades Colaboradoras se rigen por la Orden de 16 de abril de 2002, por la que se regula la cooperación entre la Consejería de Asuntos Sociales y las Entidades Colaboradoras en el acogimiento residencial de menores. Las Entidades Colaboradoras deben hallarse habilitadas para asumir el acogimiento residencial, para ello se exige además del cumplimiento de los requisitos legales sobre la propia entidad y el centro, disponer de la organización, estructura y medios materiales y humanos necesarios, en relación con las funciones a desarrollar.
La relación jurídica entre la Consejería de Asuntos Sociales y las Entidades Colaboradoras se articula mediante la cooperación a través de Convenio de Colaboración El Convenio de Colaboración deduce el contenido obligacional de las partes, en esencia, ejercer la guarda y los cuidados y atención de los menores para las entidades, y abonar la contraprestación económica compensatoria por parte de la Consejería. Se abona una cantidad por plaza conveniada según el tipo de programa residencial establecido. Además se abonan derechos económicos por la reserva de la plaza. La atención de los menores acogidos en los centros de protección, se regirán por los siguientes principios: - Aceptar y asumir la identidad y características individuales del/de la niño/ a acogido/a. - Respetar la proximidad a sus núcleos de origen siempre que esto no sea contrario al interés superior del/de la menor. - Garantizar la convivencia del grupo de hermanos, siempre en función del interés superior de los/las menores. - Favorecer los vínculos familiares, excepto en aquellos casos en que se consideren contrarios o perjudiciales para su integridad e intereses. - Promover la normalización e integración a través del acceso a recursos comunitarios. - Estimular el desarrollo de vínculos afectivos y de los valores de la amistad y el compañerismo, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia a un grupo. Para ofrecer una respuesta específica a las necesidades particulares de los distintos menores que precisan el acogimiento residencial, la intervención protectora se articula conforme a la definición de programas residenciales. En la actualidad se hallan definidos los siguientes programas residenciales: - Programa residencial básico. - Programa de primera acogida. - Programa de desahabituación.
Programa de madre gestantes. Programa de jóvenes con trastornos de conducta. Programa de discapacitados. Programa de emancipación.
Hoy las dinámicas del acogimiento residencial en Andalucía se movilizan conforme tres tendencias: a) La especialización de la función a través de la configuración de una serie de programas específicos de acogimiento residencial. Para ello se ha definido una serie de programas que articulan la intervención educativa y organizativa en función de las necesidades de los menores sujeto a la medida de protección. Se trata se acomodar la organización, los recursos y la intervención a las necesidades de los menores. b) La profesionalización del personal que presta sus servicios en los centros de protección. La Orden de 16 de abril de 2002 al elevar las tarifas abonadas ha significado un importante paso adelante en la profesionalización del personal que presta sus servicios en los centros y atienden educativamente a los menores. La exigencia de que el personal cuente con titulación profesional adecuada y el apoyo del equipo técnico garantizan una función proteccional profesionalizada c) La planificación del sector que permita ajustar la oferta de centros de protección a las demandas del sistema de protección. Para ello se ha construido un mapa de recursos que distribuye en el territorio la red de recursos residenciales según el programa y la tipología. En la actualidad 2164 menores se hallan atendidos en la red de centros de protección, de los cuales el 58 por 100 son niños, y el 42 por 100 niñas. El incremento de las intervenciones de jóvenes adolescentes conflictivos, así como la aparición de los menores extranjeros no acompañados ha quebrado en los últimos años la paridad que existía. Ciertamente la población de jóvenes internados en los centros de protección ha sufrido un importante incremento en los dos últimos años, de este modo, el 58 por 100 son mayores de 12 años, y el 42 por 100 son inferiores a esa edad. El los casos que el menor abandona el recurso residencial al cumplir la mayoría de edad, se incorpora al Plan de reinserción de los jóvenes extutelados de la Junta de Andalucía que trata de garantizarle la adecuada integración socio-laboral a través de una amplia red de recursos de atención a la reinserción.
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