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Timestamp: 2017-11-24 18:27:49
Document Index: 165342811

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5']

Alegación presentada por Sustrai Erakuntza ante el proyecto de incineración de residuos en la planta de Cementos Portland de Olazti | Sustrai Erakuntza
sustrai - 17/09/2012 - 19:36
Alegación al ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 4 de julio de 2012, por el que se declara el Proyecto "Valorización de combustibles alternativos en la fábrica de cementos de Olazagutía", promovido por "Cementos Portland Valderrivas, S.A.", como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
Según la Ley 6/2006, la definición de Evaluación Ambiental del artículo 2, establece claramente que las consultas forman una parte inseparable de la Evaluación y que además, los resultados de ésta se deben tener en cuenta en la toma de decisiones. Si falta alguno de los elementos, no habrá, por definición, una Evaluación Ambiental conforme a la ley. Por otra parte, la Exposición de Motivos al hablar de la Directiva 2001/42/CE menciona "uno de los objetivos principales de la Directiva y así se recoge en esta Ley es el fomento de la transparencia y la participación ciudadana a través del acceso en plazos adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador".
El artículo 6.2 de la Directiva 2001/42/CE menciona que al público "se le dará, con la debida antelación, la posibilidad real de expresar, en plazos adecuados su opinión sobre el proyecto de plan o programa y sobre el informe medioambiental, antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del plan o programa."
Así mismo, el artículo 8, bajo el epígrafe de Proceso de Decisiones establece que "durante la elaboración y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del plan o programa se tendrán en cuenta (...) las opiniones expresadas conforme al artículo 6."
Esto viene a ser lo que se conoce como "proceso de participación temprana" antes de la toma de ningún tipo de decisión sobre la tramitación del plan y que da oportunidad al público de participar en la elaboración del plan y no únicamente expresar opiniones sobre un plan previamente formulado.
"2. Cuando se inicie un proceso de toma de decisiones respecto del medio ambiente, se informará al público interesado como convenga, de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:
4. Cada Parte adoptará medidas para que la participación del público comience al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real."
Por lo que se refiere a la participación prevista en la Directiva 85/337/CEE para los procedimientos de evaluación ambiental de determinados proyectos públicos y privados en cuanto a las informaciones relativas a las características del proyecto y sus efectos sobre el medio ambiente que ha de ser suministradas al público interesado, la Directiva reproduce las informaciones exigidas en el Convenio de Aarhus ya mencionado e incluye además la necesidad de informar sobre las principales razones que llevaron a la elección del proyecto, frente al resto de alternativas, teniendo en cuenta los efectos medioambientales y "la información distinta de la contemplada en el apartado 2 del presente artículo que sea pertinente para la decisión de conformidad con el artículo 8 y que sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de información al público interesado de conformidad con el apartado 2 del presente artículo" tal como establece el art. 6.3 c) de la Directiva.
En cuanto a las modalidades de participación del público en el proceso de decisión, la Directiva establece que se deberán fijar plazos razonables para cada una de las fases, de tal manera que se otorgue tiempo suficiente para facilitar la información y preparar la participación en el proceso de toma de decisiones, debiéndose garantizar además la posibilidad real de expresar observaciones y opiniones en una fase temprana cuando estén abiertas todas las opciones, tal y como también establece el Convenio. La Directiva mejora la calidad de la información que se ha de hacer pública, puesto que una vez adoptada la decisión no sólo ha de ponerse a disposición del público, junto con los principales motivos y consideraciones en los que se basa, como exige el Convenio, sino que también se ha de incluir las condiciones que la acompañan, la información sobre el proceso de participación del público y "cuando sea necesario" una descripción de las principales medidas que se deberán adoptar para evitar, reducir y, si fuese posible, contrarrestar los principales efectos negativos (art. 9.1 de la Directiva 85/337CEE).
B. Inexistencia de alternativas y en concreto de la "Alternativa Cero"
El incumplimiento de la normativa medioambiental, y por ende del interés público que debe velar la administración se revela claramente en la ausencia de la denominada "alternativa 0" o posibilidad de no hacer, a la vista de la situación creada.
Conviene recordar que "alternativa" quiere decir optar entre dos o más cosas, por lo que no solo habrá que considerarlas, sino precisar por qué se opta por una en detrimento de otra u otras.
No hay que olvidar que el legislador estatal, al recoger con carácter de normativa básica, la necesidad de indicar las alternativas al proyecto, entendió de esa manera que era preciso que los proyectos sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debían adquirir un mayor grado de "fiabilidad y confianza", al poder elegir entre varias alternativas posibles. Algo que en el caso que nos ocupa no se da.
"Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el artículo 6 del presente Reglamento, para cada alternativa examinada."
"La valoración de estos efectos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa, expresará los indicadores o parámetros utilizados, empleándose siempre que sea posible normas o estudios técnicos de general aceptación, que establezcan valores límite o guía, según los diferentes tipos de impacto. Cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible, deberán preverse las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior a Aquél umbral; caso de no ser posible la corrección y resultar afectados elementos ambientales valiosos, procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la acción causante de tales efectos".
"Es propio de la naturaleza de Estudios de Impacto Ambiental que especifiquen las distintas alternativas de la solución adoptada. Así lo exige el artículo 5.1 y epígrafe 2 del Anexo III de la Directiva 1985/337, el artículo 2-1-b) del R. D. L. 1302/86 y los artículos 7, 8, 9 y 10 de su Reglamento aprobado por R. D. 1131/88, de 30 de septiembre. Entre las distintas alternativas se encuentran también las referentes al emplazamiento, siendo muy revelador a este respecto el artículo 5.2 de la Directiva 1985/337, que incluye entre las informaciones que el maestro de obras debe proporcionar la "descripción del proyecto que incluya informaciones relativas a su emplazamiento".
"La interpretación llevada a cabo por este Tribunal, supone la aplicación de una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, que se reitera en la reciente sentencia de 30 de octubre de 2009, en la que se citan las sentencias del mismo Tribunal de 30 de octubre de 2003, 3 de marzo de 2004 y 15 de marzo de 2006, que proclama que: "(...) los planes urbanísticos son equiparables a los proyectos de obras o actividades regulados en la citada Directiva comunitaria 85/337/CEE, de 27 de junio, sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente (modificada luego por la Directiva 97/11 / CE, de 3 de marzo e incorporada al derecho español por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio EDL1986/10997), cuando en la ordenación detallada contenida en ellos se prevean y legitimen dichas obras o actividades. Precisamente porque es el plan urbanístico el que califica con precisión el suelo, con carácter vinculante sobre los proyectos de obras de naturaleza urbanística que luego se aprueben en ejecución del mismo (v.g. proyectos de urbanización). Es en la fase de planeamiento -y no en la posterior de aprobación del proyecto de obras o actividad- en la que se podrán discutir las posibles alternativas sobre su trazado, emplazamiento, uso, volumen, alturas, etc. Carece de sentido limitar la evaluación ambiental exclusivamente a la fase última del proceso urbanístico, de aprobación del proyecto técnico de la obra de urbanización, en la que por lo general ya no se pueden plantear más alternativas que la establecida en el Plan del que trae causa. A lo anterior ha de añadirse, a efectos meramente ilustrativos, que a día de hoy, tras la entrada en vigor de la Directiva 2001/42 / CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y su transposición y desarrollo mediante la Ley estatal 9/2006, de 28 de abril y las correlativas autonómicas, se ha despejado toda duda al respecto, quedando claro que los planes urbanísticos deben someterse antes de su aprobación definitiva a un procedimiento específico de "evaluación ambiental estratégica", en los supuestos y forma previstos en esa legislación. Ello sin perjuicio de que, en una fase posterior, los proyectos de urbanización deban también en su caso someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en el actual Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero EDL2008/841, aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (que los incluye en su Anexo II, grupo 7 .b)."
Y ese estudio de alternativas como venimos reiterando debe incluir preceptivamente la denominada "alternativa 0", o posibilidad de que el plan o programa, en este caso la modificación pretendida no se lleve a efecto de ninguna de las maneras por no ser medioambientalmente sostenible, como recoge acertadamente la Sentencia del TSJ de Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 8-3-2010, nº 199/2010, rec. 14/2008. Pte: Martín Coscolla, Pilar (EL DERECHOEDJ 2010/123126)
"Se ha omitido la evaluación ambiental estratégica de planes y programas de la Directiva 2001/42 CE prevista en su art. 5 y anexo 1, y también en el anexo 1 de la Ley 9/06 por la que se incorporó al ordenamiento jurídico español dicha Directiva. Subsidiariamente, de considerar la Sala que tal evaluación ambiental estratégica no es preceptiva al caso, nulidad de la Modificación por omitir el trámite de evaluación de impacto ambiental del R.D. Leg. 1131/88 que aprueba el Reglamento del R.D .Leg. 1302/86 de transposición de la Directiva 85/337 sobre evaluación de la repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en la interpretación dada por el Tribunal Supremo de su aplicación a planes que determinen la localización concreta del proyecto futuro.
En consecuencia la Modificación que analizamos debe incluir un informe ambiental con el contenido que establecen el art. 5 y el anexo 1 de la Directiva 2001/42 /CE (y recogido en el art. 8 y anexo 1 de la Ley 9/2006), a saber: art. 5.1, "Cuando se requiera una evaluación. No podrá aceptarse esta imputación pues conforme al art. 5.1 de la Directiva 2.001/42: "Cuando se requiera una evaluación medioambiental de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, se elaborará un informe medioambiental en el que se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa. La información que se habrá de facilitar al respecto se menciona en el anexo I."
"La información que habrá de facilitarse con arreglo al apartado 1 del artículo 5, a reserva de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, será la siguiente:
j) un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes."
De este modo, creemos que la presente solicitud puede constituir también un paso previo para posteriormente solicitar la autorización necesaria para la quema de otros residuos que puedan tener una mayor contestación social. De hecho, el presidente ejecutivo y consejero delegado de Cementos Portland, Dieter Kiefer, en la junta de accionistas de 2011 ya expresó sus intenciones de incinerar en la planta aceite, neumáticos, disolventes, restos de automóvil...
En primer lugar, consideramos que hablar de residuos plásticos es inexacto y poco científico. El plástico es una propiedad de algunos materiales, que pueden ser moldeables, mediante presión y temperatura, adoptando forma estable, a diferencia de los materiales elásticos. Si queremos hacer referencia a ciertos materiales orgánicos, debemos establecer qué tipo de materiales vamos a quemar y distinguir entre cloruro de polivinilo, poliester, policarbonato, poliamida, polietileno etc, con unas propiedades muy diferentes, especialmente en contenido de aditivos y con poder calorífico muy diferente, especialmente con el caucho. Lo cual produce también contaminación ambiental muy diferente...
La Directiva 2008/98/CE, Marco sobre Residuos, en el art. 23.1.4 dice "Cualquier autorización para incineración o co-incineración con valorización energética tendrá como condición que esta valorización de energía se produzca con un alto nivel de eficiencia energética".
Así mismo, el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, indica textualmente que "las instalaciones de incineración de residuos urbanos deberán clasificarse como instalaciones de valorización energética o de eliminación en función de si superan un umbral de eficiencia energética, calculado en función de varios parámetros (el PCI de los residuos, la energía anual producida, la energía consumida no procedente de los residuos, etc)".
La empresa en su solicitud realiza una defensa del uso de residuos como combustible dado que "disminuye el uso de combustibles procedentes de recursos no renovables y escasos, como son los combustibles fósiles".
Para terminar, es falso que en la cementera "no se generan residuos derivados del proceso que requieran tratamiento posterior". No se nombran los residuos gaseosos y los filtros de mangas y de carbón activo, cuyos residuos son considerados tóxicos y deben ser enviados a vertedero de seguridad. No está permitida la incineración de los propios filtros en la planta.
En primer lugar hay que hacer constar que cuando los residuos se depositan en vertederos desprenden una cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ínfima en comparación con la producida por la incineración de los mismos. Ello es lógico, debido a que en el vertedero, y en condiciones normales, no se produce su combustión, sino que en condiciones anaerobias, donde se degrada la materia, priman los procesos reductores (generándose principalmente metano). A ello hay que añadir lo que se ha indicado en el punto anterior, en relación a que lo imprescindible es reducir la tasa de residuos que son incinerados o vertidos, integrando la participación activa y la educación de la ciudadanía como parte imprescindible en el ciclo de los productos - residuos.
De esta manera, tan solo en el caso de aquellos residuos que procedan de la biomasa se podrá justificar que reducen la emisión de GEI. Y en el presente caso, ello solo podría justificarse en parte para los "residuos de producción de pasta de papel y cartón", que casualmente son los que entrarían en menor proporción en la mezcla de residuos a incinerar. Pero incluso en estos, sería reseñable subrayar que sólo una parte de los mismos pueden ser considerados biomasa, ya que contienen además otros componentes, como cloro para su blanqueo, y otros productos químicos y tóxicos utilizados para su fabricación y tintado. Estos compuestos son además precursores directos del vertido a la atmósfera de contaminantes muy peligrosos para la salud, como se argumenta en puntos posteriores. En el resto de los residuos considerados para incinerar, su combustión no disminuye la producción de GEI, y por lo tanto se comportan de igual manera que los combustibles fósiles que se utilizan actualmente.
"La co-incineración en procesos industriales como en cementeras, centrales térmicas y otros procesos industriales, permite la reducción de las emisiones de CO2, al sustituir combustibles fósiles por residuos, pero requiere un compromiso y una demanda estable que garantice el tratamiento de los residuos, más aun cuando está en riesgo el cumplimiento de objetivos legales, que puede ser variable por diversos motivos. Además del alto coste de la preparación del combustible, se requiere su trasporte a las plantas que habitualmente no se encuentran cercanas a los focos generadores de los residuos.
Por tanto, la alternativa propuesta de valorización energética más adecuada para el tratamiento de la fracción resto y los rechazos es mediante tecnología de incineración con recuperación energética de alta eficiencia."
La empresa no analiza adecuadamente los acuíferos que circundan las instalaciones de la cementera, e incluso afirma que "su vulnerabilidad es baja porque los materiales que forman sus suelos son poco permeables".
Así mismo, tampoco se informa de los momentos del año en los que se han tomado dichas mediciones, ni de la correlación con los frecuentes episodios de "Inversión Térmica" que se producen en la zona. Estas condiciones meteorológicas, que producen un estancamiento de aire frío sobre la superficie del terreno e impide la disipación de los contaminantes producidos por la cementera, son muy frecuentes en periodos anticiclónicos en nuestro valle.
La empresa, cuando establece el "Programa de vigilancia ambiental" informa de los parámetros a controlar en la planta cementera respecto a la calidad del aire, los flujos de agua, y otros aspectos relacionados con la contaminación del medio ambiente. Entre los compuestos potencialmente peligrosos y contaminantes que se pretenden medir, se encuentran las dioxinas y furanos y los metales pesados.
Existen estudios que muestran que el actual estándar de medida de dioxinas y furanos está subestimando las emisiones de dichos compuestos. Así, el propio Tratado de Eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, firmado en Estocolmo en Mayo de 2001, indica que "cuando se lleva a cabo un control continuo, en un periodo aproximado de dos semanas, los resultados son sustancialmente diferentes. La primera técnica [de controles periódicos] subestima de 30 a 50 veces, los niveles de emisión de dioxinas".
En la zona afectada por la cementera existen varias etiquetas de calidad y Denominaciones de Origen, como por ejemplo la del Queso de Idiazabal. Es un hecho contrastado que existe mayor dificultad para vender un producto como natural o ecológico si existe una incineradora en sus inmediaciones. Y hay que tener en cuenta que el Parque Natural de Urbasa-Andía acoge todos los años a 55.000 cabezas de ganado provenientes de toda Navarra, según el trabajo auspiciado por el ITG Ganadero "Uso ganadero de las Sierras de Urbasa y Andía".