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Timestamp: 2016-12-07 19:13:19
Document Index: 56550129

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 43', 'Artículo 21', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 38', 'Artículo 26', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 5', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 12', 'Artículo 47', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo10', 'Artículo 16', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 20', 'Artículo 11', 'artículo 120', 'artículo 57', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 20', 'Artículo 33', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 45']

⭐COMPENDIO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA: ABOGADOS DESPACHOS JURÍDICOS.
COMPENDIO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA: ABOGADOS DESPACHOS JURÍDICOS.
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1 COMPENDIO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA: ABOGADOS DESPACHOS JURÍDICOS.2 ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. I. INFORMES JURÍDICOS - Solicitudes de datos efectuadas por la Policía Judicial sin mandamiento judicial o requerimiento previo del Ministerio Fiscal (Informe 1999/0000) - Difusión de datos de sentencias condenatorias por negligencia médica (Informe 2000/0000) - Tratamiento por abogados y procuradores de los datos de las partes en un proceso (Informe 2000/0000) - Distinción entre ficheros de titularidad pública y privada (Informe 2001/0000) - Naturaleza de los ficheros colegiales (Informe 2002/0000) - Competencias de la Agencia en relación con el Registro Civil (Informe 2004/0002) - Tratamiento de datos en el Registro Civil y su consideración de especialmente protegidos (Informe 2006/0431) - Publicación de datos de carácter personal en repertorios de jurisprudencia (Informe 2006/0434) - Publicación de datos de carácter personal en Sentencias del Tribunal Constitucional (Informe 2006/0451) - Fuentes accesibles al público. Requisitos para incluir entre los mismos a los listados de profesionales (Informe 2008/0164) - Acceso a los documentos necesarios por parte de los colegios de abogados para poder pagar a los abogados de oficio (Informe 2008/0170) - Deber de informar en cesión al CGPJ por colegios profesionales (Informe 2008/0221) - Lista de colegiados como fuentes accesibles al público (Informe 2008/0258) - Consideración de la lista de colegiados como fuente accesible al público (Informe 2008/0321) - Comunicación a un asociado la identidad del resto de asociados (Informe 2008/0333) - La creación de una base de datos en la que sólo aparezca el DNI o el NIF queda sometida a toda la normativa de Protección de datos (Informe 2008/0334). - Titularidad pública de los ficheros de sociedades profesionales de los colegios profesionales (Informe 2008/0356) - Acceso por la Policía local a datos de matrícula en parking (Informe 2008/0433). - Consentimiento al tratamiento de datos especialmente protegidos incorporados a fichero (Informe 2008/0453). - Grabación de conversaciones telefónicas por la Policía local (Informes 2008/0549 y 2009/0078). - Comunicación listado abogados adscritos a servicios de asistencia jurídica gratuita a colegiado del mismo colegio profesional (Informe 2009/0062). - Requisitos de creación, notificación e inscripción de ficheros de Colegio Profesional (Informe 2009/0298) - Cesión de datos de colegiados a compañía aseguradora. Seguro colectivo de responsabilidad civil suscrito por Colegio (Informe 2009/0549) - Cesión de datos de asociados a otros socios y cesión a terceros con fines publicitarios (Informe 2010/0038) - Naturaleza de ficheros colegiales. Forma de creación (Informe 2010/0068) II.- RESOLUCIONES II.1.- Procedimiento Sancionador - Resolución de fecha (PS ). Artículo 6 LOPD. Recurrida. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 5.5 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículos 6.1 y 11.1 LOPD. Página 1 de 3533 - Resolución de fecha (PS ). Artículos 4.2, 6 y 47 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 43.1 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 21 LSSI-CE. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 9 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 10 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículos 9 y 26.1 LOPD. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 38.3 LGT. - Resolución de fecha (PS ). Artículo 26 LOPD. II.2. Tutela de derechos - Resolución de fecha (TD ). Artículo 15 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 15 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 5.5 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículos 15 y 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 15 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 15 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 15 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (TD ). Artículo 16 LOPD. II. 3. Archivo de Actuaciones. - Resolución de fecha (E ). Artículo 12 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 47 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 10 y 11 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 9 y 10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 16 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo y 26 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 2 y 10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 10 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 6 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 6 10 y 11 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 9 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 6.1 LOPD. - Resolución de fecha (E ). Artículo 6.1 LOPD. III. RECURSOS - Recurso de Reposición E Resolución de fecha Artículo 20 CE - Recurso de Reposición E Resolución de fecha Artículos 10, 25 y 26 LOPD. - Recurso de Reposición E Resolución de fecha Artículo 11.1 LOPD. Página 2 de 3534 INTRODUCCIÓN. El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal ha estado regulado, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD). Esta norma vigente hasta el 14 de enero de 2000, previó la creación de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), quedando conformada mediante el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. De este modo, la AEPD se ha constituido como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones, relacionándose con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Una de sus principales funciones, con carácter general, es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, esto es, las vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y sus normas de desarrollo y controlar su aplicación a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Entre otras labores, se encuentra la elaboración de informes jurídicos respecto a las consultas planteadas por los responsables de ficheros (entidades públicas y privadas) en cuanto a la interpretación y aplicación de la LOPD, sus normas de desarrollo, así como otras normas que se interrelacionaran con la materia de protección de datos de carácter personal. No obstante, debe significarse que dichos informes no tienen carácter vinculante y no prejuzgan el criterio del Director de la Agencia en el ejercicio de sus funciones, entre las que la Ley no prevé la evacuación de consultas vinculantes. Además de la AEPD, se han creado autoridades de control autonómicas, en este caso, sólo las Agencias de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. Éstas únicamente tienen competencia respecto a los ficheros o tratamientos de datos personales de las entidades públicas de su circunscripción geográfica. Aunque con menor profusión, estos organismos autonómicos también emiten informes jurídicos. Más cabe decir, que en los informes jurídicos de las agencias autonómicas se interpreta y aplica la normativa de protección de datos, en consonancia con legislación autonómica, que no resulta de aplicación. En el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), en vigor desde Página 3 de 3535 el 19 de abril de 2008, aparecen a partir del artículo 120 los procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora. Debido a que en la actualidad la Agencia Española de Protección de Datos (APD) posee potestad sancionadora atribuida tanto por la LOPD, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, y Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, nos centraremos en los informes, resoluciones, recursos presentados, y archivo de actuaciones de la Agencia referidos a la potestad sancionadora prevista en la LOPD tal como consta en el art. 120 del RDLOPD. No hay que olvidar que al procedimiento administrativo sancionador en materia de protección de datos se aplican también los principios generales de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador que se encuentran en los artículos 134 y s.s. de la Ley 30/92. Los despachos de abogados han sufrido en los últimos años una transformación en todos sus ámbitos de gestión y de organización y han transitado desde el modelo personalista al de empresas de servicios legales. Esa transformación (modernización) ha supuesto también la adopción por el despacho de abogados de las tecnologías de la información y la comunicación. A este panorama ha venido a sumarse la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que son aquellas que tienen por objeto social el ejercicio común de una actividad profesional y a las cuales les son atribuidos los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titulares de la relación jurídica establecida con el cliente. Los abogados de un despacho comparten un espacio común, servicios o incluso el nombre o firma comercial del despacho, sin embargo, cada uno de ellos es como una unidad económica independiente en la que sólo comparten los gastos comunes y facturan directamente de forma personal a sus clientes, cada uno de ellos será responsable del tratamiento y, por tanto, existirán tantos responsables del tratamiento como abogados integren el despacho colectivo. Cada uno de los integrantes del despacho es titular de la relación jurídica establecida con sus respectivos clientes. Este modelo de despacho genera ciertas dificultades de organización y fricciones con respecto a la seguridad de los datos, pues la posible existencia de un flujo de información dentro del propio despacho podrá ser considerada una cesión o comunicación de datos. El RD 1720/2007 recoge en su artículo 57 un supuesto de «ficheros en los que exista más de un responsable», que es aquel del que resultan responsables varias personas o entidades de forma simultánea; de una primera lectura cabe extraer la conclusión de que es el mecanismo adecuado para regular las situaciones que se dan en un despacho colectivo de abogados. Sin embargo, no estamos ante el supuesto que contempla el Reglamento. El fichero de asuntos de un despacho colectivo de abogados no podrá entenderse Página 4 de 3536 como un fichero con varios responsables. Cada abogado será responsable de sus propios expedientes o asuntos y deberá establecer de forma correcta el control de accesos para impedir el uso de datos para quienes no sean de su competencia. Al menos éste es el criterio que ha manifestado recientemente la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Cuál es la situación que podemos encontrar en muchos despachos colectivos/ individuales? Desde el punto de vista de la protección de datos, el fichero de asuntos (clientes, expedientes, etc.) se compone de una parte en formato papel compuesta por las actuaciones, documentos, etc., mientras que parte de los datos de ese expediente están informatizados, es decir, que disponen de un fichero «mixto». Para la gestión informatizada del fichero, nos encontraremos incluso con una aplicación de software compartida entre los profesionales para la gestión de los respectivos expedientes. Los abogados integrantes del despacho colectivo deberán, por tanto, asumir el respectivo rol de responsables del fichero o del tratamiento y cumplir con las obligaciones que prescriben la Ley y el Reglamento. A estas alturas, podemos presumir que la mayoría de los abogados son conscientes de que en su quehacer diario tratan datos de carácter personal, de los clientes, de los proveedores del despacho y de los profesionales y trabajadores del mismo. Sin embargo, desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal, todavía hay un camino por recorrer para la adaptación de los despachos de abogados a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), y a su Reglamento, recién aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en vigor desde el pasado 19 de abril. GESDATOS en el estudio y análisis periódico de la legislación, presta máxima atención a los dictámenes emitidos por la autoridad de control estatal y las autonómicas, y consciente de la situación mencionada ha realizado una labor de selección de aquellos que pueden resultar de interés para los abogados. A estos efectos, GESDATOS ha elaborado el presente compendio de informes jurídicos y resoluciones de la AEPD, el cual obedece a un criterio de ordenación y estructura por materias que pueden afectar a los abogados y a los despachos profesionales de los que formen parte. No habiendo informes relativos a todos los aspectos que puedan verse afectados en la actividad legal diaria, se ha tratado de agrupar los más significativos por razón de la materia que versan y/o corresponden a un área concreta. Este compendio se completa con resoluciones relativas al archivo de actuaciones dictadas por la AEPD en relación a procedimientos sancionadores abiertos a abogados o a despachos profesionales, ante un incumplimiento o supuesto incumplimiento de la normativa. El compendio no recoge todos los informes jurídicos y procedimientos sancionadores de la AEPD, sólo aquéllos que a criterio de GESDATOS resultan de interés o relevancia para los abogados. Página 5 de 3537 GESDATOS sólo permite la reproducción, la transformación, distribución o comunicación pública [por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión o transmisión, con carácter oneroso o gratuito] y, en general, cualquier otra forma de uso, parcial o total, del presente compendio. En definitiva, el único propósito de GESDATOS es aportar, de este modo, un instrumento de ayuda y apoyo en nuestra labor de consultoría, para esclarecer cuestiones emergentes entorno a la aplicación de la normativa de protección de datos en el ámbito de la Abogacía. GESDATOS Página 6 de 3538 INFORMES JURÍDICOS. Solicitudes de datos efectuadas por la Policía Judicial sin mandamiento judicial o requerimiento previo del Ministerio Fiscal - Año 1999 Se ha planteado por diversas empresas la posibilidad de acceder a solicitudes efectuadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ejerciendo funciones de Policía Judicial, cuando no existe un previo mandato del órgano jurisdiccional o requerimiento del Ministerio Fiscal para que se obtengan los datos, llevando a cabo la actuación por propia iniciativa o a instancia de su superior jerárquico. En este caso nos encontramos ante el ejercicio por los efectivos de la Policía Judicial de funciones que, siéndoles expresamente reconocidas por sus disposiciones reguladoras, se identifican con las atribuidas, con carácter general, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que resultará aplicable a este segundo supuesto lo dispuesto en el artículo 22.2 de la LOPD, según el cual "la recogida y tratamiento automatizado para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas, están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad". El citado artículo habilita a los miembros de la Policía Judicial para la obtención y tratamiento de los datos requeridos, lo que llevará aparejada la procedencia de la cesión instada, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta. b) Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos. c) Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto. d) Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la LOPD, los datos sean cancelados "cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento". Con referencia a la última de las conclusiones señaladas, debe indicarse que, tratándose de actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las competencias consagradas en el apartado a) del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Policía Judicial se encuentra obligada a dar cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial y Fiscal de forma inmediata. A mayor abundamiento, debe recordarse que, conforme dispone el artículo 11.2 d) de la LOPD, procederá la cesión si ésta "tiene por destinatario...al Página 7 de 3539 Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas", lo que, conforme se ha señalado, ocurre en el presente supuesto, dada la obligación de los miembros de la Policía Judicial de poner los datos que hayan sido obtenidos en conocimiento de la Autoridad Judicial o Fiscal. Por ello, la cesión solicitada tendrá amparo no sólo en el artículo 22.2 de la LOPD, sino también en el propio artículo 11.2 d) de la misma, siendo en consecuencia conforme a la LOPD el cumplimiento de la cesión solicitada. Página 8 de 35310 Difusión de datos de sentencias condenatorias por negligencia médica - Año Se ha planteado si es posible la difusión a través de Internet de datos relativos a sentencias firmes condenatorias por delitos relacionados con negligencia médica. Se indicaba que los datos serían tratados y cedidos sin recabar con carácter previo el consentimiento del interesado, toda vez que, según indicaba la consulta "los datos se extraerían de fuentes accesibles al público, como lo son las sentencias públicas". En este caso, tras recordar que el artículo 6 de la LOPD parte de la exigencia de consentimiento para el tratamiento de los datos, con las únicas excepciones de su apartado segundo, se indicó que en cuanto a los ficheros en que se contengan datos relacionados con la comisión de infracciones penales y administrativas, el artículo 7.5 de la LOPD establece que tales datos "sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras". En consecuencia, el artículo 7.5 de la Ley establece una regla específica para este tipo de datos, que impide, en todo caso, su tratamiento por parte de cualquier entidad de derecho privado, quedando limitado dicho tratamiento a las Administraciones Públicas y, exclusivamente, cuando así lo establezca una norma con rango suficiente. De ello se desprende que, incluso si los datos contenidos en las resoluciones judiciales fueran considerados incorporados a fuentes accesibles al público, su tratamiento inconsentido se encontraría vedado por la Ley a la consultante, dada su naturaleza jurídico-privada. Dicho lo anterior, y en relación con la alegación de que los datos se encontraban incorporados a fuentes accesibles al público, se recordó que, como se dice en otros lugares de esta memoria, la simple lectura del tenor literal del artículo 3.j) de la LOPD indica que las resoluciones judiciales no pueden ser consideradas como fuente accesible al público, sin perjuicio del principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, recordándose así mismo que la regla general establecida en el inciso primero del artículo 3.j) en modo alguno impide que resulte de aplicación la enumeración taxativa contenida en su inciso segundo, dado que el contenido de este primer inciso no hace sino indicar un requisito indispensable para que los ficheros enumerados por la propia norma puedan ser considerados como fuentes de acceso público. En resumen tales ficheros sólo serán considerados como fuentes de acceso público cuando su consulta pueda ser realizada por cualquiera sin ninguna limitación salvo, en su caso, el abono de un precio, pero sólo son fuentes de acceso público las enumeradas, entre las que no se encuentran las resoluciones judiciales. Por otra parte, la conclusión alcanzada tampoco contradice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, consagrado en cuanto a las sentencias por los artículos 205.6, 232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al que ya hicimos referencia. Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a Página 9 de 35311 obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún modo pueda producírseles indefensión, consagrado por el artículo 24.1 de la Constitución. Por ello, entendemos, no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos la realización de otras actividades que pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, protegido por el artículo 18 de la propia Constitución. La colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las personas ya ha sido, por otra parte, analizado por el Consejo General del Poder Judicial, disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del Reglamento, que "en el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar". En consecuencia, el tratamiento de los datos contenidos en las sentencias condenatorias firmes resulta contrario a las previsiones contenidas en la LOPD, al quedar éste limitado a las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las atribuciones que les son conferidas por la Ley, sin que quepa amparar su tratamiento por partes ajenas al proceso en normas cuyo fundamento es precisamente salvaguardar los derechos procesales de quienes son parte en el propio proceso. En cuanto a la difusión de los datos a través de Internet, se recordó que la misma, dado que el contenido de la citada lista podría resultar conocido por cualquier usuario en la citada red, supondría un cesión de datos de carácter personal, respecto de la cual el artículo 11.1 de la Ley Orgánica prevé, con absoluta rotundidad que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado". Esta regla sólo se ve exceptuada en los supuestos contemplados en el apartado segundo del propio artículo 11, ninguno de los cuales daría cobertura a la publicación pretendida, dado que el único que podría resultar de dudosa aplicación al caso es el contenido en la letra b) del artículo 11.2 ("cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público") y, como se ha dicho, los datos no se encuentran, en este caso, recogidos en fuentes accesibles al público. Debe ponerse de manifiesto que el artículo 44 de la LOPD, que establece los distintos tipos de las infracciones en materia de protección de datos tipifica, incluye, como infracción grave, en la letra c) de su apartado tercero "proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea exigible" y como infracción muy grave, en la letra b) de su apartado cuarto "la Página 10 de 35312 comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas ". Por ello, tanto el tratamiento como la publicación en Internet de los datos a que se refiere la consulta podrían ser, a tenor de lo que se ha venido indicando, constitutivas de sendas infracciones, sancionables, respectivamente con multas de 10 a 50 y de 50 a 100 millones de pesetas, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley. Por último, se planteó si resultaba admisible establecer listas o repertorios de las sentencias dictadas en que existan condenas por negligencia médica, publicándose los datos con referencia exclusiva al nombre e iniciales de los apellidos de los afectados. Con carácter general, y en lo referente a los repertorios, su publicación será posible, a juicio de esta Agencia Española de Protección de Datos, siempre y cuando de la misma no pueda derivarse el conocimiento de la persona que haya resultado condenada por la sentencia. En caso contrario, tal y como se ha venido indicando hasta ahora, no será posible la difusión de las sentencias sin antes recabar el consentimiento de los afectados. En este sentido, las disposiciones de la LOPD no serán de aplicación siempre que los datos hayan sido previamente sometidos a un procedimiento de disociación, que el artículo 3 f) de la Ley define como "todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable". En consecuencia, para que un procedimiento de disociación pueda ser considerado suficiente a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, será necesario que de la aplicación de dicho procedimiento resulte imposible identificar un determinado dato con su sujeto determinado. A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes en el presente caso, en que los facultativos pueden ser identificados no sólo por su nombre y apellidos, sino también por el puesto que desempeñan en un determinado centro sanitario o, incluso, en áreas reducidas, por ser el único especialista en una determinada rama de la medicina, la mera sustitución de los apellidos por sus iniciales puede no resultar suficiente para que la disociación pueda considerarse conforme a lo prevenido en la LOPD, dado que si dicha supresión no va acompañada de la referente al puesto desempeñado y, en su caso, a la del área geográfica en la que el facultativo desempeña su profesión, no será posible considerar que aquél no resulta identificable, debiendo, en ese caso, someterse el fichero a las previsiones de la Ley, que exigen el consentimiento del afectado. Por otra parte, la conclusión anteriormente alcanzada no entorpece la finalidad perseguida mediante la elaboración del repertorio jurisprudencial, que permite al usuario tener conocimiento de la doctrina y jurisprudencia existente en una determinada materia, partiendo del concepto de jurisprudencia como "doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar Página 11 de 35313 la ley, la costumbre y los principios generales del derecho", en los términos prescritos por el artículo 1.6 del Código Civil. En consonancia con lo indicado, la finalidad que debe perseguir la creación de la base de datos será la de permitir al usuario acceder al conocimiento del modo en que el Tribunal Supremo o los restantes Juzgados y Tribunales han interpretado lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin que sea dable que dicha finalidad pueda ser contemplada en un sentido más amplio, con la consiguiente cercenación de los derechos fundamentales de las personas que intervengan en el litigio, como sucedería si se conocieran los datos personales referidos a dichas personas, que en modo alguno aportan información adicional sobre el contenido jurídico de la sentencia. Así lo recuerda el Consejo general del Poder Judicial, en la Exposición de Motivos del Acuerdo de 18 de junio de 1997, al que ya nos hemos referido, al indicar que con la publicidad de las sentencias en el repertorio "se posibilitará un mejor y más directo conocimiento de dichas resoluciones por parte de los Juzgados y Tribunales, contribuyendo al propio tiempo a satisfacer las exigencias derivadas del derecho de igualdad en la aplicación de las Leyes, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional", sin que esta función informadora pueda entenderse en modo alguno completada con el conocimiento de quienes fueron parte en el litigio. Página 12 de 35314 Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso. Se ha consultado si los abogados y procuradores habrán de recabar el consentimiento de sus clientes y de la contraparte de los mismos en procesos en que aquéllos les confieran su representación o defensa. Como regla general, la inclusión de los datos de los clientes y sus oponentes en un fichero supondrá un tratamiento de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, con el deber de informar al mismo de los extremos contenidos en el artículo 5.1 o, en caso de no recabarse los datos del propio afectado, la obligación de informar a éste de dicha inclusión en el plazo de tres meses, tal y como dispone el artículo 5.4, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. En lo referente al tratamiento de los datos de los clientes, podrá efectuarse el mismo sin consentimiento del afectado, a tenor de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/199, que excluye del consentimiento los supuestos en que los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. Sin embargo, el problema se plantea en el supuesto de que los datos se refieran a los oponentes de los clientes del abogado o procurador, dado que en ese caso el tratamiento resulta absolutamente imprescindible para la asistencia letrada al cliente, si bien ese tratamiento pudiera chocar con el derecho a la protección de datos de la persona cuyos datos son objeto de tratamiento. A nuestro juicio, en este caso surgiría una colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos de carácter personal, derivado del artículo 18 de la Constitución y consagrado como derecho autónomo e informador del texto constitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, por un lado; y el derecho a la asistencia letrada, como manifestación del derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, contenido en el artículo 24.2 de la Constitución. Para resolver esta cuestión, debe indicarse que, en primer lugar, la propia Ley Orgánica 15/1999 permite establecer los límites para la exigencia del consentimiento, dado que su artículo 6.1 exige, como regla general, el consentimiento para el tratamiento de los datos salvo que la Ley disponga otra cosa. A la vista de este precepto, el legislador ha creado un sistema en que el derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida. Página 13 de 35315 En este caso, como se dijo, el tratamiento por los abogados y procuradores de los datos referidos a la contraparte de sus clientes en los litigios en que aquéllos ejerzan la postulación procesal trae su causa, directamente, del derecho de todos los ciudadanos a la asistencia letrada, consagrado por el artículo 24.2 del Texto Constitucional. En efecto, la exigibilidad del consentimiento del oponente para el tratamiento de sus datos por el abogado o procurador supondría dejar a disposición de aquél el almacenamiento de la información necesaria para que el cliente pueda ejercer, en plenitud, su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, la falta de estos datos puede implicar, lógicamente, una merma en la posibilidad de aportación por el interesado de los medios de prueba pertinentes para su defensa, vulnerándose otra de las garantías derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho. Por todo ello, si bien ninguna disposición con rango de Ley establece expresamente la posibilidad del tratamiento por abogados y procuradores de los datos referidos al oponente de su cliente en el seno de un determinado proceso judicial, es evidente que dicha posibilidad trae causa directa de una norma de rango constitucional, reguladora además de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución, y desarrollado por las leyes reguladoras de cada uno de los Órdenes Jurisdiccionales, en los preceptos referidos a la representación y defensa de las partes, por lo que existirá, desde el punto de vista de la Agencia, una habilitación legal para el tratamiento de los datos, que trae su cobertura del propio artículo 24 de la Constitución y sus normas de desarrollo. Dicho esto, deberá analizarse si el abogado o procurador se encuentra obligado, por imperativo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica, a informar a los oponentes de su cliente de la existencia de un fichero o tratamiento, su responsable, su finalidad, la posibilidad que los afectados ejerciten los derechos que la Ley les atribuye y los destinatarios de los datos, dada la concurrencia entre el derecho del cliente a obtener la adecuada asistencia de letrado y, en definitiva, a ver satisfecha la tutela judicial efectiva, consagrada por el artículo 24 de la Constitución, y del oponente a la protección de sus datos de carácter personal, lo que supondrá el cumplimiento del citado deber de información. Tal y como sostiene reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 186/2000, de 10 de julio, con cita de otras muchas) el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho. Pues bien, aplicando la doctrina antedicha al supuesto concreto, y sin perjuicio de lo que, en su caso, manifestare en el futuro el Tribunal Constitucional, procederá ponderar en qué caso la limitación del ejercicio de uno de los Página 14 de 35316 derechos en conflicto puede producir una mayor merma de los derechos de la otra parte o, en su caso, las medidas que permitirán mitigar ese potencial perjuicio. Siguiendo esta premisa, en nuestra opinión debería darse una prevalencia al derecho consagrado por el artículo 24 de la Constitución, garantizando a su vez las medidas que evitarán un mayor perjuicio a los afectados (en este caso, los oponentes de los clientes cuyos datos son objeto de tratamiento). Ello se funda en que la comunicación a los afectados de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho). Página 15 de 35317 Distinción entre ficheros de titularidad pública y privada. Se consultó por una Entidad Pública Empresarial dependiente de una Comunidad Autónoma sobre el carácter público o privado de los ficheros de datos de que era responsable, lo que dio pié a considerar con carácter general la naturaleza pública o privada de los ficheros a la vista de lo establecido en la LOPD. Como punto de partida, debe indicarse que la Ley no delimita de forma expresa los criterios delimitadores de la titularidad pública o privada de los distintos ficheros, si bien en el articulado del Capítulo I del Título IV viene a identificar los ficheros de titularidad pública como aquéllos cuya responsabilidad corresponde a las Administraciones Públicas (artículos 20 y 21), estableciendo ciertas especialidades en su régimen jurídico en las restantes disposiciones de este capítulo y en el artículo 46, en lo que se refiere al régimen sancionador. A partir de estos preceptos, deberá determinarse cuál es la interpretación que deba darse al término "titularidad pública", contenido en las citadas disposiciones, planteándose dos posibles criterios: por un lado el meramente subjetivo, que atiende a la naturaleza pública o privada del responsable del fichero; por otro, el criterio planteado por la consulta que atiende a la función desempeñada por dicho responsable. Pues bien, como punto de partida, entendemos que, tal y como se desprende de las disposiciones de la LOPD, el criterio que ha de prevalecer en este punto es el relativo a la naturaleza pública o privada del responsable, ya que la Ley no se diferencia ambas categorías de ficheros con base en criterios relacionados con la actividad llevada a cabo por el responsable, sino con el criterio de la "titularidad" del fichero. Así se desprende, no sólo de las rúbricas de los Capítulos I y II del Título IV de la Ley, sino de lo dispuesto en el artículo 46, que establece una especialidad en materia sancionadora para los supuestos de ficheros de titularidad pública, refiriéndose a los mismos como "ficheros de los que sean responsables las Administraciones Públicas", añadiendo, en su apartado segundo la posible imposición de las sanciones "establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas". En el caso examinado, como se ha indicado, el responsable del fichero era una Empresa Pública, configurada por la norma legal que la creó como entidad de derecho público sometida a lo dispuesto en esa la presente Ley y en sus disposiciones complementarias de desarrollo. Por lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, a las adquisiciones patrimoniales y a la contratación, se establecía por ley su sujeción, sin excepciones, al derecho privado. También se indicaba en dicha norma legal que de los acuerdos que dictasen los órganos de gobierno de dicha Empresa Pública conocería la jurisdicción que en cada caso corresponda, sin necesidad de formular la reclamación previa en vía gubernativa. De este último inciso se desprendía que la entidad se encontraba incluso desprovista de las prerrogativas derivadas del procedimiento de reclamación previa al ejercicio de acciones civiles o laborales, reconocida por los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992. Página 16 de 35318 Por ello, no ostentando la responsable del fichero la condición de administración pública, sometida al derecho administrativo, resulta imposible considerar el fichero al que se refiere la consulta como de titularidad pública, siendo un fichero de titularidad privada, sometido a las disposiciones previstas en la LOPD para este tipo de ficheros. Por otra parte, y en cuanto al criterio para discernir la naturaleza de la actividad desarrollada por la Entidad Pública que formuló la consulta, la cuestión preponderante implicaba atender al ejercicio, en su caso, por la misma, de auténticas potestades administrativas, en el término tradicional del término (tributaria, sancionadora, expropiatoria y disciplinaria); esto es, si la responsable del fichero se encontraba, en el ejercicio de las actividades relacionadas con el fichero, investido de imperium, lo que no sucedía en ese caso. Todo ello aboca a la conclusión ya sostenida, consistente en considerar que el fichero al que se refiere la presente consulta es un fichero de titularidad privada, quedando sometido a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 15/1999. Página 17 de 35319 Naturaleza de los ficheros colegiales - Año 2002 Diversos colegios profesionales han elevado consultas a la Agencia solicitando su parecer acerca de la naturaleza de los ficheros colegiales, en el sentido de considerarlos ficheros de titularidad pública o privada. En relación con esta cuestión, debe señalarse que, si bien la LOPD delimita en su articulado el régimen de los ficheros de titularidad pública y privada, no establece un concepto de los mismos. Por esta razón, la delimitación deberá fundarse en los criterios que determinan la naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada del responsable del fichero. Esta conclusión se alcanza atendiendo a las peculiaridades establecidas para el régimen de los ficheros de titularidad pública, toda vez que los mismos únicamente podrían ser constituidos en caso de que se desarrollen como consecuencia del ejercicio de una competencia administrativa, tal y como se desprende del artículo 21.1 de la LOPD, que permite la cesión entre Administraciones Públicas cuando la misma se funde en el ejercicio de unas mismas competencias. En este mismo sentido, el artículo 20 de la Ley exige que los ficheros se encuentren relacionados con la actuación de una Administración con potestad para dictar la correspondiente Disposición de carácter general de creación del fichero. Por tanto, se considera que la delimitación del régimen aplicable a los ficheros de titularidad pública y privada deberá fundarse en un doble criterio: por una parte el responsable del fichero deberá ser una Administración Pública y por otra, en los supuestos que pudieran plantear una mayor complejidad, sería necesario que el fichero sea creado como consecuencia del ejercicio de potestades públicas. Dicho lo anterior, la delimitación de la naturaleza jurídica de las denominadas corporaciones de derecho público ha sido una cuestión ampliamente debatida por la doctrina administrativista, no habiéndose alcanzado en el momento presente una tesis unívoca sobre este particular. No obstante, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha analizado reiteradamente esta cuestión en numerosas sentencias, cuya cita conviene recordar en este momento. En particular, merece especial atención la Sentencia 20/1988, cuyo Fundamento Jurídico cuarto analiza la naturaleza de los Colegios Profesionales, indicando lo siguiente: "Como ha declarado este Tribunal en anteriores ocasiones -SSTC 76/1983, de 5 de agosto; 23/1984, de 20 de febrero y 123/1987, de 15 de julio-, los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho público cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las determinaciones Página 18 de 35320 obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a estas últimas recabar la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquéllas". Del mismo modo, la Sentencia 87/1989, recordando la doctrina sentada por la sentencia anteriormente transcrita, aclara, en su Fundamento Jurídico tercero que: "Si bien es cierto que el carácter de Corporaciones Públicas que la Ley reconoce a los Colegios Profesionales no oscurece la naturaleza privada de sus fines y cometidos principales, también lo es que la dimensión pública de los entes colegiales les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial, si bien tal equiparación quede limitada a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de los Colegios". De lo indicado por el Tribunal en las dos sentencias transcritas cabe deducir una serie de consecuencias sumamente relevantes en la materia que nos ocupa. Así, si bien es cierto que el Tribunal recuerda que los colegios profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, posteriormente esta afirmación se ve complementada por otras que, reiteradamente, atribuyen a los colegios una naturaleza jurídica que, incluso se indica, les equipara a las Administraciones Públicas de carácter territorial. Así, se recuerda que dichas entidades ejercen en determinadas materias competencias administrativas, del mismo modo en que lo hacen las administraciones territoriales, lo que, precisamente sitúa a los Colegios bajo la dependencia o tutela de dichas Administraciones. Del mismo modo, se indica que estas auténticas potestades administrativas, tales como la ordenación de la profesión colegiada o el ejercicio de la potestad sancionadora, entre otras, se ejercen por expresa atribución del propio legislador que, o bien atribuye expresamente la competencia a las entidades colegiales o le permite recabar la colaboración de las Administraciones territoriales mediante delegaciones expresas de competencias administrativas. La misma conclusión se alcanzaría en caso de considerarse que la referencia a la "delegación" de las competencias ha de entenderse no en sentido estricto, sino que supusiera en la práctica una centralización o desconcentración de competencias, tal y como indican las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1993 (Ar. 1993\8010) y 17 de noviembre de 2001 (Ar. 2001\10273). En consecuencia, a la luz de dicha sentencia, los colegios profesionales ejercen auténticas potestades de derecho público bien por expresa atribución Página 19 de 353 Mostrar más
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