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Timestamp: 2019-08-26 05:51:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 96', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 73', 'artículo 72', 'artículo 16']

Estimados compañeros, el día de hoy, Viernes 16 de Julio de 2010, la Secretaría de Gobernación inició la que esperamos, sea la mesa de negociación definitiva que traiga una solución seria y verdadera a nuestro conflicto. A continuación los detalles.
Una notable victoria conseguida por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro, quizá poco apreciada, pero de importancia fundamental para la vida política de los mexicanos, ha sido la demostración real e inequívoca de que nuestra Constitución Política dejó de ser paradigma y marco referencial de la acción política y jurídica del Estado mexicano. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la supuesta constitucionalidad del decreto que extinguió la paraestatal, acredita fehacientemente que todos, sí, dije bien, todos los medios de control de la constitucionalidad en este país, están agotados. El análisis de los hechos que dieron lugar a la toma violenta de las instalaciones de la empresa por la policía federal, cuya consecuencia, fue arrojar de su empleo a 44 mil trabajadores, desde las perspectivas política y jurídica lo demuestran palmariamente.
Hemos dicho en estas páginas que no debe verse a la Corte como un poder judicial autónomo ni mucho menos independiente, sino como uno que, junto con el Legislativo y el Ejecutivo, ejerce el “Supremo Poder de la Federación”. Estos tres poderes ejercen, mediante un esquema de división del trabajo –término utilizado por Hans Kelsen en su Teoría pura del derecho– las funciones políticas básicas de un Estado. Precisamente por formar parte del Estado, no puede hablarse de autonomía o independencia del poder que representa la Corte por la simple y sencilla razón de que en la organización estatal existe un jefe de Estado, llamado además por la propia Constitución “El Supremo Poder Ejecutivo de la Unión” (artículo 80).
Baste recordar, en este sentido la reforma constitucional de diciembre de 1994, al inicio de la gestión de Ernesto Zedillo, que disuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recrea con una composición distinta en cuanto al número de ministros y en sus atribuciones y facultades para desempeñarse como tribunal constitucional. Es decir, el Poder Ejecutivo que extingue y crea al Judicial. Tampoco hay que perder de vista que los ministros de la Corte son nombrados a propuesta de aquel, conforme al artículo 96.
Pues bien, el caso de los electricistas tiene su origen en la emisión del decreto con el que, Felipe Calderón, titular del Ejecutivo, invocando como fundamento el artículo 89, fracción I, de la Constitución, extingue al organismo descentralizado. Este decreto, junto con el inmediato uso de la fuerza pública, representa el origen del conflicto. La consecuencia material fue impedir el desempeño de sus labores a los trabajadores.
Por elemental orden lógico de jerarquía de las normas, al impugnarse el decreto, lo que debe estudiarse primero es su constitucionalidad y luego, su legalidad; o sea, primero lo concerniente a su origen y después lo relativo a sus consecuencias, según el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La Constitución vigente prevé dos tipos de decretos: a) el decreto administrativo y b) el decreto ley; uno que corresponde dictarlo sólo al Ejecutivo, conforme a su facultad reglamentaria establecida en la fracción I del artículo 89, sin mayor trámite que su firma, refrendo y publicación; y otro, que inicia el Ejecutivo pero requiere la intervención del Legislativo y que debe seguir el procedimiento establecido en los artículos 71 y 72.
El problema esencial de constitucionalidad del decreto radicaba, por tanto, en determinar, primero, cuál de los dos poderes –Ejecutivo o Legislativo– tiene facultades expresamente señaladas en la Constitución para legislar en materia de energía eléctrica; y, después, como consecuencia lógica natural, se colige la naturaleza o tipo de decreto que debe emitirse, en este caso, para extinguir la paraestatal. La respuesta está en el artículo 73, fracción X, que establece: El Congreso tiene facultad: X. Para legislar en toda la República sobre… energía eléctrica y nuclear. En esta expresión, legislar debe entenderse como el medio para interpretar, modificar o extinguir leyes o decretos. Al respecto, el inciso f) del artículo 72 dispone: “En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. De tal manera que si para la creación del organismo, necesariamente por exigencia de esta disposición constitucional, se tuvo que emitir un decreto–ley; para la extinción se debió emitir otro de la misma naturaleza y siguiendo el mismo procedimiento.
Si la facultad para legislar en esta materia es del Congreso, por exclusión constitucional, no la tiene el Ejecutivo. Ello explica que, intencionalmente, se haya desviado la discusión pública hacia el contenido del artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales que, como ley secundaria, establece los requisitos y trámites previos que deben satisfacerse, por el Ejecutivo, para justificar ante el Congreso, sólo la iniciativa del decreto que hubiere correspondido. Es decir, si la Constitución no le da al Presidente una facultad como esta, una elemental lógica jurídica indica, que menos se la puede dar una ley secundaria.
El atropello a la Constitución que comete Felipe Calderón estriba así en que teniendo prohibición, actuando de facto, por no estar facultado para legislar con relación a la energía eléctrica, emitió un simple decreto administrativo con el cual, respaldado con el uso de la fuerza pública, viola la Constitución y priva, arbitraria y autoritariamente, de sus derechos laborales a los trabajadores.
Los diputados y senadores del Congreso de la Unión se han revelado como desleales al juramento que hicieron para guardar la Constitución, cómplices en su violación, inútiles en cuanto a la representación que ostentan en la vida pública del país, no sólo porque el Ejecutivo pasó por encima de ellos, sino porque pudiendo intentar desfacer el entuerto, deciden no hacerlo.
Que el presidente, sin facultades, se tome atribuciones arbitrarias que no le corresponden, no es una decisión jurídica, sino demostración de poder y violencia tan ilegítima como innecesaria; que el Congreso decida no interponer la controversia a que la ley le obligaba, no es tampoco una decisión jurídica sino una demostración de complicidad política; y que la Corte avale la ruptura de todo el orden constitucional y emita una resolución pusilánime casi al mismo tiempo en que están al borde de la muerte los trabajadores que protestan su lentitud y la arbitrariedad gubernamental, menos podría calificarse como conducta jurídica pero sí como deleznable sumisión.
Poco tiempo antes de que la Corte emitiera su fallo, presenciamos que la infraestructura de fibra óptica (fibra negra) que era propiedad de Luz y Fuerza del Centro, ha sido vendida a las grandes empresas de televisión y telefonía. Con ello podemos concluir que el control político del Estado mexicano es el instrumento necesario para privilegiar los intereses económicos de las grandes corporaciones empresariales a costa de los bienes de la Nación; no sólo por encima de los de los trabajadores; sino, sobre todo, pasando sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado mexicano ha burlado el principio de supremacía de la Constitución con perjuicio específico de los trabajadores electricistas, pero también del pacto político fundamental que une a los mexicanos. Dejamos que se instalara en el poder un gobierno que no elegimos y este es el resultado: el ejercicio despótico y arbitrario del poder del Estado para beneficio de las grandes empresas y del sacrificio sin esperanza de los trabajadores. Los signos inequívocos de la dictadura terminaron por afianzarse en nuestro país.
"MUJERES DE LUZ TRABAJANDO CON FUERZA PARA EL SME"
Somos un grupo de mujeres que nace a partir de apoyar a nuestros esposos, padres, hijos, hermanos y amigos electricistas del SME en resistencia, porque la fuerza tenia que salir de los hogares y de la familia,porque no podemos y no queremos quedarnos calladas ante tanta injusticia"
Esta instancia es la que deberá dictaminar si se ha disuelto o no la relación laboral del SME y si procede o no el patrón sustituto. Pero Lozano, en franca violación a la ley que dice respetar, determinó desde el pasado jueves 8 de julio que es improcedente que la CFE sea patrón sustituto y que ese organismo no puede contratar colectivamente a los electricistas del SME porque ya tiene un contrato colectivo vigente con el SUTERM. Vaticinó también que los casi 24 mil juicios interpuestos por despidos injustificados tampoco procederán pues, ¡vaya cachaza!, “no hubo despidos sino la terminación de las relaciones laborales como consecuencia de la extinción del organismo”.
El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, se ha encargado de repetir que “no va a proceder” la demanda de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo la figura de patrón sustituto. Sin querer adelantarse a la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, presagia ya su dictamen, desfavorable por supuesto al SME; seguramente algo sabe, y la historia de resoluciones de la Junta poco ayuda cuando de conflictos y disputas se trata; por ello, algunos abogados han planteado que una reforma a la legislación laboral pondría en entredicho la existencia misma de las Juntas de Conciliación. Agrega también el funcionario que deberían saber los trabajadores del SME que “nosotros no respondemos a movilizaciones ni a chantajes”.
Efectivamente, la política de no ver ni oír en su máxima expresión de este gobierno contrasta con la necesidad de un cambio que implique poner en el centro de la discusión el bienestar de la población; es decir, un gobierno con sensibilidad social, el que no podría lanzar a la calle a 44 mil trabajadores sin opciones de empleo en plena crisis económica.
Por ello, y justamente por esa cerrazón e insensibilidad, preocupa la salud de los trabajadores del SME en huelga de hambre, específicamente la salud de Cayetano Cabrera, con sus 82 días de huelga y la posibilidad de un infarto.
La historia está ahí. Cómo no recordar la acción colectiva de 1981 que acorraló al gobierno de Margaret Thatcher: 10 hombres presos republicanos del IRA, en el bloque H de la prisión de máxima seguridad de Long Kesh, sacrificaron sus vidas para cambiar la historia irlandesa. El 1 de marzo de 1981, Bobby Sands, comandante del IRA en esa prisión, comenzó la huelga de hambre que durara siete meses, y en la que 10 presos murieron entre el 5 de mayo y el 20 de agosto de ese año: Bobby Sands, Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Mickey Devine.
Últimamente el caso de Cuba, de Orlando Zapata Tamayo, muerto después de 83 días en huelga de hambre, pone nuevamente esta forma de lucha sobre la mesa de la discusión y obliga a repensar qué pasa en un país donde la gente decide sacrificar su cuerpo para defender una causa o utiliza como arma su propio cuerpo ante la falta de voluntad de diálogo.
Jueves 15 de Julio de 2010 • Enviar nota • Imprimir
Morelia, Michoacán.- Liberaron al secretario de relaciones exteriores de la Fracción Democrática de la Sección XVIII del SNTE, Eugenio Rodríguez Cornejo, ayer alrededor de las 03:00 horas, luego de que no se obtuvieron pruebas contundentes de su participación en los actos vandálicos en contra del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la movilización de mayo en la Ciudad de México.
Cabe señalar que de manera extraoficial, se mencionó que el gremio pagó una cantidad de 300 mil pesos por la liberación de Rodríguez Cornejo.
Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 15/07/10.- El compañero Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, reiteró el apoyo total del gremio y suyo propio, a los compañeros agremiados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, ante la ratificación que en Asamblea General le dieron al compañero Martín Esparza Flores como Secretario General y a los demás integrantes del Comité Central de esa organización hermana.
Este mensaje lo transmitió el compañero J.Genaro Arteaga Trejo, Secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Mineros, quien agregó que es indeclinable la solidaridad minera, metalúrgica y siderúrgica a los compañeros electricistas en lucha por su autonomía sindical, por su indoblegable lucha por sus derechos como organización democrática e independiente y por las demandas que confrontan con el actual gobierno para la vigencia plena de su Contrato Colectivo de Trabajo.
"Nuestra lucha y la de los hermanos electricistas prosigue sin descanso", añadió Arteaga Trejo, "y no habrá nada ni nadie que nos lo pueda impedir".
Afirmó que es absolutamente reprobable que los traidores al SME sigan haciendo el trabajo sucio de las autoridades laborales, utilizando ilegalmente recursos monetarios que son patrimonio exclusivo del SME y de sus miembros, cuando hay miles de trabajadores sin empleo y sin ingresos. "Los compañeros electricistas están en su pleno derecho de afrontar valientemente las agresiones gubernamentales, disfrazadas hoy de ofertas engañosas de liquidación. En esta y sus otras luchas los hemos acompañado y los seguiremos acompañando", declaró.
Lamentó el compañero Arteaga Trejo el agravamiento de las condiciones de salud del compañero ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, en su larga huelga de hambre de 81 días de duración, que sostiene para que se haga justicia real a los electricistas. "Su entrega, dijo, es heroica y encomiable desde cualquier punto de vista".
"Desde el Sindicato Nacional de Mineros, señaló, les enviamos a todos los trabajadores en huelga de hambre y en general a todos los miembros del SME en lucha, nuestra más profunda expresión de solidaridad, apoyo y respeto".
Jue, 15/07/2010 - 20:18