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Timestamp: 2020-01-22 17:21:10
Document Index: 133739696

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 46', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 34']

Esta página ofrece información sobre el sistema judicial irlandés.
1 Instrumentos jurídicos/Fuentes de Derecho
1.1 Fuentes nacionales
La Constitución irlandesa (en irlandés, Bunreacht na hÉireann), que entró en vigor el 29 de diciembre de 1937, es la ley básica o fundamental del Estado. Establece las instituciones y los aparatos del Estado y prevé la separación tripartita de poderes en ejecutivos, legislativos y judiciales. También garantiza derechos fundamentales que han sido objeto de una interpretación y una extensión rigurosas por parte de los tribunales.
La legislación primaria consta de actos adoptados por el Oireachtas (Parlamento), compuestos por el Presidente de Irlanda, el Seanad Éireann (Cámara Alta) y la Cámara Baja (Dáil Éireann (Cámara Baja). La legislación primaria se divide en: Constituye un acto de modificación de la Constitución que debe ser aceptado por los ciudadanos para que sea efectivo; Leyes generales de aplicación general; y los actos privados, que se dirigen al comportamiento de un individuo o un grupo de personas en particular.
El Derecho derivado es un mecanismo por el que el Oireachtas puede delegar competencias legislativas en un Ministro o en una autoridad particular. El poder de adoptar actos delegados debe estar expresamente conferido por el Derecho primario y su ejercicio debe regirse por condiciones estrictas; los principios y las políticas que se han de aplicar deben establecerse de forma clara e inequívoca en el acto de origen y seguir estrictamente la autoridad que adopta el Derecho derivado. Los instrumentos normativos constituyen la forma más común de legislación derivada, pero también pueden adoptar la forma de reglamentos, órdenes, normas, sistemas o decretos.
En virtud del artículo 50 de la Constitución, siguen en vigor las leyes anteriores a 1922 relativas a Irlanda (por ejemplo, leyes del Parlamento del Reino Unido) y medidas adoptadas por el Estado libre irlandés (1922-1937), que no son incompatibles con la Constitución. Muchas de las leyes anteriores a 1922 que no tenían actualmente relevancia para Irlanda fueron derogadas por la Ley de revisión legislativa 2005-2012.
El ordenamiento jurídico irlandés es un sistema de Derecho común, lo que significa que el Derecho jurisprudencial es una fuente importante de legislación. En virtud de la doctrina del precedente, el stare decisis, el órgano jurisdiccional está obligado a acatar las resoluciones dictadas en asuntos anteriores, en particular las resoluciones de los órganos jurisdiccionales superiores. Sin embargo, se trata de una política y no de una norma inalterable vinculante. Este corpus legislativo incluye normas, principios generales, cánones de construcción y máximos. La doctrina del stare decisis establece una distinción entre los términos decidendi, la parte vinculante de una decisión que debe ser objeto de seguimiento, y un obiter dictum, las observaciones realizadas por un juez en un asunto sobre cuestiones presentes, o bien el material, en el caso de autos, o que se produjeron de un modo que no requería una decisión. El obiter dictum no es vinculante en futuros casos, pero puede resultar convincente.
1.2 Derecho de la Unión
Como Irlanda es miembro de la Unión Europea, el Derecho de la UE es una parte importante del ordenamiento jurídico interno del Estado. Las obligaciones de la adhesión a la UE implican que la Constitución y otras leyes nacionales están subordinadas al Derecho de la UE cuando la Comunidad es competente. Se pidió una modificación de la Constitución para autorizar al Estado a adherirse a la UE y evitar un conflicto entre las disposiciones de la Constitución y el Derecho de la UE.
1.3 Fuentes internacionales
Irlanda es signataria de muchos acuerdos y tratados internacionales y es miembro de muchas organizaciones internacionales. La Constitución establece que Irlanda acepta los principios generalmente reconocidos del Derecho internacional en materia de relaciones entre Estados.
Irlanda es un Estado dualista y para que el Oireachtas se incorpore al ordenamiento jurídico interno los acuerdos internacionales, en vez de entre Estados, es un Estado dualista.
Irlanda es signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos desde 1953 y desde entonces, como consecuencia de las obligaciones jurídicas internacionales del Estado, los ciudadanos podrían recurrir a sus disposiciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha dado el efecto jurídico interno a las disposiciones del Convenio mediante el Convenio Europeo de 2003 sobre derechos humanos, que incorporó al Derecho irlandés el CEDH.
A falta de normas jurídicas formales, el representante del caso y el órgano jurisdiccional pueden citar su decisión. Si bien existe un debate sobre si debe aplicarse en todo y su influencia puede haber disminuido en los últimos años, el Derecho natural y los derechos naturales han sido invocados por los tribunales a la hora de interpretar la Constitución y en la enumeración de los derechos constitucionales no previstos específicamente en el texto de la Constitución.
3 Jerarquía de las fuentes jurídicas
La Constitución se encuentra en el vértice del sistema judicial irlandés. La legislación, las decisiones gubernamentales y administrativas y la práctica pueden revisarse en relación con la Constitución para el cumplimiento.
Sin embargo, la Constitución establece que no invalidará actos ni medidas que sean necesarios como consecuencia de la adhesión a la UE. Así lo establece el artículo 29.4.6 de la Constitución. Por lo tanto, la legislación de la UE tiene prioridad sobre todas las leyes nacionales, incluida la Constitución. Dado que el Derecho de la UE establece que los métodos de aplicación deben determinarse en función de los requisitos procesales nacionales, los instrumentos de aplicación del Derecho de la UE deben seguir ajustándose a los requisitos constitucionales de procedimiento.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2003 permite a los particulares invocar las disposiciones del CEDH ante los tribunales irlandeses. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) se ha integrado a nivel subconstitucional y la Constitución mantiene la primacía. La Ley exige que los tribunales interpreten y apliquen las disposiciones nacionales, en la medida de lo posible, de conformidad con los preceptos del CEDH. Si la legislación nacional no se ajusta al CEDH, se emitirá una declaración de incompatibilidad.
Los tribunales han declarado que los principios del Derecho internacional consuetudinario forman parte de la legislación nacional en virtud del artículo 29, apartado 3, de la Constitución, pero solo en la medida en que no entren en conflicto con la Constitución, la legislación o el Derecho común. Los acuerdos internacionales solo pueden ratificarse si son conformes a la Constitución; en caso contrario, se requerirá un referéndum.
La legislación puede ser sustituida o modificada por la legislación posterior. El Derecho derivado puede ser sustituido por la legislación primaria, al igual que el poder de delegación para elaborar legislación secundaria, pero la legislación secundaria no puede prevalecer sobre la legislación primaria. Los tribunales pueden anular la legislación alegando que es inválida habida cuenta de las disposiciones de la Constitución (legislación posterior a 1937) o que es incompatible con la Constitución (legislación anterior a 1937).Existe la presunción de que la legislación posterior a 1937 es coherente con la Constitución.
Las decisiones de los tribunales pueden ser sustituidas por actos legislativos o constitucionales y por decisiones ulteriores de órganos jurisdiccionales de igual o superior rango.
4 Entrada en vigor de los instrumentos supranacionales
La Constitución en su redacción original no era compatible con el Derecho comunitario. Por ejemplo, establecía que el Oireachtas era el único órgano legislativo del Estado. Por este motivo, se introdujo en la Constitución una disposición que establece que no invalidará ninguna ley, acto o medida exigidos por la pertenencia a la UE. No obstante, se ha declarado que si el ámbito de aplicación y los objetivos cambiaran, por ejemplo mediante un nuevo Tratado, éste deberá ser objeto de un referéndum sobre el pueblo y, si el pueblo lo acepta, se incluirá una disposición que confirme que el Estado puede ratificar dicho Tratado.
Si el Derecho de la UE exige que el Estado lo transponga, este se aplica en virtud de la legislación primaria o, más generalmente, mediante el Statutory Instrument (Statutory Instrument) por parte del Gobierno o un ministro del Gobierno.
Con arreglo a la Constitución, los acuerdos internacionales se convertirán en parte de la legislación nacional si el Oireachtas así lo determina. Por lo general, esto se hará a través de una Ley y un ejemplo de ello es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 2003. en virtud del cual el Convenio pasó a ser de Derecho interno, de modo que los particulares pueden invocar sus disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
5 Autoridades facultadas para adoptar normas jurídicas
La Constitución establece que el Oireachtas (Oireachtas), formado por el Dáil (Cámara Baja) y el Seanad (Cámara Alta) y el Presidente, tiene «el poder único y exclusivo de elaborar leyes para el Estado», sin perjuicio de las obligaciones de la adhesión de la Comunidad previstas en la Constitución. La legislación propuesta en forma de Ley debe ser firmada por el Presidente con el fin de surtir efecto y si el Presidente duda sobre la constitucionalidad de la legislación propuesta, puede convocar al Consejo de Estado y, en su caso, remitirla al Tribunal Supremo para su determinación con arreglo al artículo 26 de la Constitución. .
Como se ha mencionado anteriormente, el Oireachtas puede delegar la competencia para legislar a un ministro o a otra autoridad, y este poder está estrictamente delimitado por el instrumento delegante. Las Directivas de la UE se aplican normalmente a través del instrumento jurídico (Statutory Instrument) de un ministro. La competencia legislativa puede delegarse en varios órganos como los ministros, los consejos estatutarios, los organismos semiestatales, los organismos reguladores, los organismos de expertos y las autoridades locales.
En virtud de la Constitución, el Gobierno es responsable de dirigir las relaciones exteriores y puede firmar tratados y acuerdos internacionales y adherirse a organizaciones internacionales sujetas a requisitos constitucionales.
En el common law el sistema de sentencias es vinculante.
6 Procedimiento de adopción de normas jurídicas
La primera fase de la modificación de la Constitución, de conformidad con el artículo 46, es iniciar un proyecto de ley en el Dáil. Este proyecto de ley debe ser aprobado por ambas Cámaras del Oireachtas y, a continuación, debe presentarse en un referéndum a los ciudadanos para su declaración o rechazo. Se considerará que la propuesta ha sido aprobada por el pueblo si la mayoría de los votos emitidos son favorables a su promulgación por ley.Se vetará una propuesta de referéndum que no modifique la Constitución cuando una mayoría de votos se oponga a la propuesta y los votos emitidos en contra de la propuesta asciendan a no menos de un tercio de los votantes en el registro. El proyecto de ley debe expresarse como «Acto para enmendar la Constitución» y no debe contener ninguna otra propuesta. Si el pueblo lo aprueba, firmará el proyecto de ley y será promulgado en debida forma por el Presidente.»
6.2 Procedimiento legislativo
El primer paso para elaborar legislación primaria suele ser la incoación de un proyecto de ley en la Cámara del Oireachtas. Cada proyecto de ley iniciado en el Dáil deberá ser enviado al Senado para su examen y podrán ser presentadas enmiendas que el Dáil esté obligado a examinar. No obstante, si un proyecto de ley ha sido iniciado y aprobado en el Seanad, y posteriormente modificado por el Dáil, se considera que ha sido iniciado por el Dáil y debe devolver al Senado el Senado para su examen.
Antes de que se promulgue un proyecto de ley, deberá ser aprobada por ambas Cámaras del Oireachtas y estar firmada por el Presidente. En el curso de su tramitación legislativa, un proyecto de ley puede ser objeto de enmiendas en el Dáil y en el Seanad. Sin embargo, la Constitución consolida la supremacía del parlamento electivo popular; El artículo 23 establece que, cuando el Senado haya rechazado o modificado un proyecto de ley contrario a los deseos del Dáil, el Dáil pueda aprobar una resolución en el plazo de 180 días desde el que considere que el proyecto de ley ha sido aprobado por ambas personas. el Senado está facultado para aplazar un proyecto de ley hasta 90 días, pero no está facultado para prohibir que se convierta en ley o para que lo modifique, a menos que el Dáil esté de acuerdo.
La gran mayoría de los proyectos de ley se inician en el Dáil Eireann por un ministro del Gobierno.
La Cámara de Representantes irlandesa solo puede iniciar y aprobar proyectos de ley (por ejemplo, proyectos de ley que se refieran a la imposición, derogación, condonación o modificación de la fiscalidad o la normativa en materia de fiscalidad e impuestos sobre los fondos públicos). Este tipo de proyecto de ley se envía al Seanad para «recomendaciones».
El último paso del procedimiento legislativo es que el presidente firme el proyecto de ley. El Presidente, previa consulta al Consejo de Estado, podrá remitir al Tribunal Supremo, o a una sección de un proyecto de ley, un proyecto de ley de constitucionalidad. Esto es lo que se conoce como referencia al artículo 26. Una vez que el Tribunal Supremo decida que el proyecto de ley es constitucional, nunca podrá ser impugnado de nuevo por razones constitucionales ante los tribunales y el presidente está obligado a firmarlo en Derecho. Si se determina que el proyecto de ley es contrario a la Constitución, el Presidente debe negarse a firmarlo.
6.3 Derecho derivado
Generalmente está previsto en el estatuto parental que la legislación delegada que autorice podrá ser anulada o aprobada por el Oireachtas. En general, estas disposiciones establecen que los instrumentos deben «establecerse antes», o ambas Cámaras del Oireachtas, que pueden anularla en un período de tiempo determinado. Todo el Derecho derivado que aplique las medidas de la UE está sujeto a este mecanismo de anulación. Después de la promulgación, determinados instrumentos legales deben depositarse en las bibliotecas designadas y debe publicarse una notificación de su promulgación en el oficial irlandés oficial del Estado irlandés Oifigiúil.
6.4 Derecho internacional
El Gobierno puede firmar tratados internacionales o acuerdos o adherirse a organizaciones internacionales; sin embargo, se ha declarado que el Gobierno no puede hacerlo si se oponemos al Oireachtas la competencia legislativa exclusiva o si se incumple de otro modo la Constitución. Por este motivo, los tribunales han declarado que los Tratados que modifican el ámbito de aplicación y los objetivos de la Unión Europea no podrán ser asumidos por el Gobierno a menos que sean aceptados por el pueblo en un referéndum constitucional.
7 Entrada en vigor o normas nacionales
Las enmiendas a la Constitución entran en vigor después de que hayan sido aceptadas por el pueblo y el proyecto de ley que propone la enmienda ha sido firmado por el Presidente.
Un proyecto de ley se convertirá en ley el día en que lo firme el presidente y entrará en vigor en esa fecha, salvo que lo prevea la ley. Por lo general, el presidente no firma un proyecto de ley antes del 5.º día o más tarde del 7 de su presentación. Una ley puede especificar la fecha a partir de la cual entrará en vigor o podrá disponer que un ministro pueda dictar una «orden de inicio» (legislación secundaria) para que la Ley, o parte de la Ley, entre en vigor. El presidente está obligado a promulgar un proyecto de ley mediante la publicación de un anuncio en Iris Oifigiúil indicando que se ha convertido en ley.
La legislación derivada especificará la fecha en que entrará en servicio.
Las decisiones de los tribunales suelen estar en vigor desde el día en que se dictan.
8 Medios de resolución de conflictos entre distintas fuentes jurídicas
Corresponde a los tribunales determinar los conflictos entre distintas normas jurídicas o fuentes.
Sin perjuicio de la posición superior de la legislación de la UE, la Constitución es la ley fundamental del Estado y tiene prioridad en cualquier conflicto con otras leyes. De conformidad con el artículo 34 de la Constitución, los particulares pueden impugnar la validez constitucional de la legislación ante la High Court. Tal decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Los particulares también pueden alegar que sus actos constitucionales han infringido sus derechos constitucionales o su procedimiento constitucional.
Se presume que la legislación adoptada tras la adopción de la Constitución de 1937 es conforme con la Constitución hasta que se establezca lo contrario.
Pueden surgir circunstancias en las que las disposiciones de la Constitución, en particular las disposiciones en materia de derechos fundamentales, puedan entrar en conflicto en cierta medida. Los tribunales han empleado varios mecanismos para adoptar decisiones en estos casos, incluida la interpretación gramatical o gramatical, el enfoque histórico, la aproximación teleológica, la doctrina de proporcionalidad, el enfoque jerárquico y el compromiso con el Derecho natural y los derechos naturales.
Ha habido casos en los que, como consecuencia de una determinación constitucional o de una interpretación impopulares por los tribunales, se ha celebrado un referéndum para modificar la Constitución.
Si una persona alega que sus derechos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos han sido violados por una legislación, puede solicitar una declaración de incompatibilidad por parte de los tribunales.
El Derecho de la UE goza de inmunidad constitucional, ya que la Constitución establece que no invalidará actos o medidas que resulten necesarios como consecuencia de la adhesión, aunque los medios para aplicar estos actos o medidas deben respetar la Constitución.
Aparte de las cuestiones constitucionales, la validez de la legislación delegada se juzgará por su conformidad con el estatuto parental.
Más información sobre el sistema jurídico irlandés, la legislación y la Constitución pueden consultarse en los sitios siguientes: