Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20171020.aspx
Timestamp: 2019-05-26 17:08:35
Document Index: 101309552

Matched Legal Cases: ['artículo 161', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 177', 'artículo 59', 'artículo 47']

La Moncloa. 20/10/2017. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración académica, científica y cultural entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Universidad de Sevilla con motivo del 90º aniversario de la constitución del Organismo de Cuenca.
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad Autónoma de Madrid para la edición de la Revista Índice.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre la protección mutua de la información clasificada, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya, adoptadas el 11 de octubre de 2016.
ACUERDO de continuación en vía judicial del procedimiento de extradición, solicitada por las autoridades de Uruguay, del ciudadano de nacionalidad uruguaya Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, por delitos de desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad.
ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros, por importe de 27.500.000 euros para el ejercicio 2017.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la estabilización en la Urbanización "La Verbena" de Arcos de la Frontera (Cádiz), por importe de 1.586.110,95 euros.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1058/2005, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
ACUERDO por el que se impone al Ayuntamiento de Mazarrón y a la sociedad Justo y Manoli, S.L., una sanción de 1.000.000 de euros y la obligación de indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico, en la cuantía de 3.569.239 euros, por la ocupación, sin autorización administrativa, de bienes de dominio público hidráulico y realización de obras de urbanización en la rambla de Los Aznares, en el término municipal de Mazarrón (Murcia).
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor ROBERTO GIOVANNI TANZI-ALBI, exembajador de la República de Finlandia en España.
IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución, en relación con el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña GOV/138/2017, de 2 de octubre, por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.
El Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña atribuye a la Generalidad funciones reservadas al Poder Judicial para determinar si se ha producido una violación de los derechos humanos en la actuación de los poderes públicos.
En concreto, vulnera las competencias exclusivas del Estado previstas en los artículos 149.1.5ª (Administración de Justicia) y 149.1.6ª (legislación procesal), en paralelo a las vulneraciones de los artículos 18, 24 y 117 de la Constitución y por las mismas razones. Igualmente, resultan vulnerados los artículos 149.1.18ª (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común) y 149.1.29ª (seguridad pública) de la Constitución Española, al atribuirse la Generalidad de Cataluña la revisión de la actuación de la Administración General del Estado, sus autoridades y empleados públicos.
También resultan incumplidos los artículos 1.1, 9.1 y 103.1 de la Constitución; así como se vulneran los derechos relacionados con la presunción de inocencia y la prohibición de la indefensión en el artículo 24 de la Constitución, y la garantía del derecho al honor recogido en el artículo 18 de la Constitución Española.
El Acuerdo no prevé trasladar la investigación a los órganos judiciales, lo que resulta inconstitucional y contrario a la legislación procesal (art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Resultan vulnerados también los artículos 1.2, 1.3 y 168 de la Constitución Española, en cuanto se establece que evitar un referéndum ilegal de independencia de Cataluña supone una vulneración de derechos fundamentales y se tiene, además, tal referéndum por celebrado. Igualmente, la policía autonómica estaría al servicio de la nueva Comisión, lo que refuerza su configuración para-judicial.
166,8 MILLONES ADICIONALES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA POLÍTICAS ACTIVAS
La cantidad se suma a los 1.893,3 millones distribuidos en mayo y, en total, las Comunidades Autónomas reciben en 2017 un total de 2.060 millones de euros, un 14,38 por 100 más que el pasado año.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución resultante del remanente de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2017, entre las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del programa de acción conjunto para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración.
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el día 11 de abril de 2017, acordó los criterios de la distribución territorial de los créditos correspondientes al ejercicio 2017, que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo. No obstante, la distribución se llevó a cabo con el presupuesto de 2016 prorrogado para 2017, por un importe total de 1.893.324.400 euros.
Dotación adicional
Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, existía una dotación adicional de 166.768.913 euros a distribuir entre las Comunidades Autónomas. Por ello, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la reunión celebrada el 18 de septiembre de 2017, aprobó por unanimidad los criterios de distribución de fondos de esta cuantía adicional.
Esta cantidad, junto con los 1.893 millones de euros distribuidos anteriormente, totalizan 2.060 millones de euros asignados en 2017 para la ejecución por parte de las Comunidades Autónomas de políticas activas de empleo, lo que supone un aumento de 259 millones de euros respecto a la cantidad asignada en 2016 (un 14,38 por 100).
ASIGNACIÓN SEPTIEMBRE 2017
ASIGNACIÓN ABRIL 2017
Andalucía 39.921.140 358.228.124
Aragón 3.526.719 53.286.516
Asturias 4.613.409 54.831.951
Illes Balears 2.042.651 39.615.987
Canarias 11.475.705 124.571.877
Cantabria 1.979.157 26.000.746
Castilla-La Mancha 8.734.854 84.506.207
Castilla y León 8.557.725 112.012.656
Cataluña 23.485.843 299.151.062
Valencia 19.337.279 191.028.411
Extremadura 5.417.568 76.311.332
Galicia 10.825.516 145.750.224
Madrid 18.614.140 241.069.306
Murcia 5.850.737 54.917.217
Navarra 1.607.908 21.200.625
La Rioja 778.562 10.842.159
TOTAL 166.768.913 1.893.324.400
ASIGNACIÓN TOTAL 2017
Andalucía 398.149.264 369.619.770 28.529.494
Aragón 56.813.235 49.734.188 7.079.047
Asturias 59.445.360 51.998.219 7.447.141
Illes Balears 41.658.638 36.187.743 5.470.895
Canarias 136.047.582 111.205.962 24.841.620
Cantabria 27.979.903 24.216.220 3.763.683
Castilla-La Mancha 93.241.061 82.721.583 10.519.478
Castilla y León 120.570.381 104.846.401 15.723.980
Cataluña 322.636.905 274.747.680 47.889.225
Valencia 210.365.690 180.225.097 30.140.593
Extremadura 81.728.900 71.687.813 10.041.087
Galicia 156.575.740 137.269.183 19.306.557
Madrid 259.683.446 225.134.518 34.548.928
Murcia 60.767.954 51.356.340 9.411.614
Navarra 22.808.533 19.639.736 3.168.797
La Rioja 11.620.721 10.205.047 1.415.674
TOTAL 2.060.093.313 1.800.795.500 259.297.813
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con los ministerios del Interior, de Justicia, de Asuntos Exteriores y de Empleo y Seguridad Social, ha aprobado la Declaración Institucional contra la trata de seres humanos con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra esta lacra. Lo ha hecho con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se celebró el 18 de octubre.
El texto íntegro de la declaración es el siguiente: "Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, 18 de octubre, el Gobierno de España se reafirma, por un lado, en su clara y decidida condena a esta grave violación de los derechos humanos, cualquiera que sea su forma; por otro, muestra su firme compromiso en la prevención y en la lucha contra la trata de seres humanos, haciendo especial hincapié en el apoyo incondicional a las víctimas, que tienen una especial incidencia en un alto porcentaje mujeres y niñas.
Revisión del ordenamiento jurídico español
Los citados instrumentos legales, junto con la adopción en el ámbito de la Unión Europea, entre otras, de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas, han provocado una profunda revisión del ordenamiento jurídico español, que actualmente cumple con elevado rigor los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del delito, en lo relativo a la asistencia y protección de sus víctimas y en el ámbito de la coordinación y colaboración interinstitucional, destacando en este sentido la creación en el año 2014, de la figura del Relator Nacional para la trata de seres humanos.
A tal fin, en relación con la persecución del delito, destaca la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, no solo para la concreción de aspectos concretos de la tipificación del delito en el artículo 177 bis del Código Penal, sino para el refuerzo de otros aspectos en relación con la persecución del delito, como es la extensión de la regulación del decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas.
Sin perjuicio de lo anterior, destaca la revisión de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la protección de las víctimas y un enfoque centrado en la promoción de sus derechos, que se ha operado a través, no solo de la modificación de la legislación de extranjería y la extensión de la protección a todas las víctimas a través de la aprobación del Protocolo Marco de protección de Víctimas de trata, sino mediante la adopción de normas que otorgan una atención a las necesidades específicas de las víctimas atendiendo a la gravedad del delito.
En este ámbito no podemos dejar de mencionar la aprobación de leyes tan importantes como la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículo 59 bis); la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, o la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
En el ámbito multilateral, España participa activamente en las diferentes organizaciones internacionales promoviendo el fortalecimiento de la lucha contra la trata de seres humanos. Muestra de ello ha sido la aprobación por unanimidad de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2331 (2016), liderada por España durante la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre "Trata de personas en situaciones de conflicto armado y postconflicto", así como la reciente aprobación por consenso de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 71/322 (2017) sobre "Fortalecimiento y promoción de medidas eficaces y de la cooperación internacional en materia de donación y trasplante de órganos para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción de órganos y el tráfico de órganos humanos", una iniciativa conjunta de España y Guatemala.
El Gobierno es consciente de que la trata de seres humanos es un delito en continua evolución. Por ello, la evaluación de las políticas públicas deviene fundamental y no se puede circunscribir a un seguimiento de carácter interno del cumplimiento, sino que incluye las recomendaciones y conclusiones realizadas por distintos organismos nacionales e internacionales. En este sentido cabe destacar, entre otras, las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, las conclusiones del informe elaborado por la oficina de la Defensora del Pueblo en su monográfico 'Víctimas Invisibles: la trata de seres humanos en España', las evaluaciones realizadas por el Grupo de Expertos en Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, o los informes TIP (Trafficking in Persons) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El Gobierno es consciente de que se precisa una labor de sensibilización social, de condena y de colaboración. El reciente Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, adoptado por nuestras Cámaras sin el voto negativo de ningún partido político, viene a demostrar que, cuando existen razones fundadas y el firme convencimiento de una sociedad, los principios y valores que esta propugna son capaces de lograr la acción decidida de una y otras fuerzas políticas. Como Gobierno, tenemos la certeza de que la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos es otro de los ejes en los que la acción será compartida por la sociedad en su conjunto".
SUBVENCIÓN A CANARIAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión a la Comunidad Autónoma de Canarias de una subvención nominativa destinada a la financiación del sistema de transporte terrestre público regular de viajeros, por importe de 27.500.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Esta subvención, continuación de las que se han realizado en años anteriores, responde al compromiso del Gobierno para mejorar la calidad del transporte público de viajeros.
Según lo previsto en la Ley General de Subvenciones y dada su cuantía (superior a doce millones de euros), es necesaria la autorización previa del Consejo de Ministros.
MODIFICADO EL REGLAMENTO DE EVALUACIONES Y ASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS PARA INCORPORAR LA INFORMACIÓN PROCESAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por otro Real Decreto del 13 de febrero de 2009, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de la Carrera Militar, modificada por otra Ley del 14 de octubre de 2015. Esta norma dispone que reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para que los órganos de evaluación para el ascenso informen de la situación procesal de los evaluados a la autoridad responsable de la concesión de los mismos.
Mediante el Real Decreto hoy aprobado se añade al citado Reglamento de 2009 la necesidad de que los jefes de unidad en las que se encuentren destinados militares que van a ser evaluados para el ascenso informen directamente al Mando o Jefatura de Personal respectivo de si alguno de ellos se encuentra procesado o inculpado ante la jurisdicción militar, o investigado o encausado ante la jurisdicción ordinaria, o si se han adoptado medidas cautelares contra él en un proceso penal, o si se ha incoado contra él procedimiento disciplinario por falta muy grave. Esta información es conocida en virtud de la Ley Orgánica Procesal Militar, y de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
El Real Decreto fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, y sometido a dictamen del Consejo de Estado. Se han incorporado al texto tales observaciones.
45,1 MILLONES PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS EN DIVERSOS EDIFICIOS JUDICIALES
El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión total de 45,1 millones de euros para la celebración de un contrato de servicio integral de seguridad y control de accesos en 169 edificios judiciales adscritos a gerencias territoriales de Justicia. Entre estos inmuebles se encuentran sedes de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Fiscalías, Juzgados de distintas jurisdicciones, servicios de medicina legal y forense así como oficinas de asistencia a víctimas.
El nuevo contrato tiene una duración inicial de dos años desde su entrada en vigor el día 1 de abril de 2018 y podrá ser prorrogado por otros dos años. Se divide en un total de quince lotes que se distribuyen entre las gerencias territoriales de Extremadura, Castilla y León (Valladolid y Burgos), Castilla-La Mancha, Illes Balears, Murcia, Tenerife, Ceuta, Sevilla, Málaga, Melilla, Cataluña, Valencia, Galicia y Bilbao.
CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN A URUGUAY DEL EXCORONEL FERRO BIZZOZERO
Considerado uno de los principales protagonistas de la "Operación Cóndor", está acusado de delitos de lesa humanidad.
El Consejo de Ministros ha aprobado la continuación del procedimiento de extradición del exmilitar uruguayo Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, solicitada por las autoridades de dicho país para su enjuiciamiento por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de los años 70 y 80.
Ferro Bizzozero, que se encuentra en situación de prisión provisional desde su detención en Madrid el pasado mes de septiembre, será enjuiciado en Uruguay como sospechoso de haber participado en la desaparición de un ciudadano de aquel país, bajo la acusación de delitos de desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad, englobados dentro del estatus de lesa humanidad.
En relación con dichos hechos y según la denuncia formulada por la mujer del desaparecido, en julio de 1977 tres personas acudieron a su domicilio identificándose como miembros de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay. Después de golpear a su marido se lo llevaron a un centro clandestino de detención donde sufrió torturas, tras las que no se le volvió a ver con vida.
Sobre el reclamado, coronel durante los años de dictadura en Uruguay, pesa la acusación de haber sido uno de los principales protagonistas de la denominada "Operación Cóndor", una ofensiva lanzada en los últimos años de la década de los años 70 para acabar con la disidencia política.
LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN PASA A DENOMINARSE REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que por el que se modifican los estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con el objetivo de establecer la nueva denominación de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España con el objetivo de su mejor identificación internacional.
Uno de los objetivos de la modificación de estos estatutos es la de adecuarlos a la evolución de la vida académica y la sociedad española producida en los doce años desde la aprobación de los Estatutos vigentes.
La modificación de estos estatutos se centra, además, en los siguientes apartados:
Se aborda el aumento del número de plazas de Académico de Número y de Secciones científicas, como consecuencia del desarrollo de distintas ramas del Derecho, algunas de ellas surgidas en los últimos tiempos, y para hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres que preside la Ley Orgánica del 22 de marzo de 2007, y todo ello con el propósito de contribuir a la renovación y reforzamiento de la vida académica. En todo caso, se flexibiliza la organización interna de la corporación, previendo que las Secciones se creen, modifiquen o supriman mediante acuerdo del pleno, adoptado por mayoría cualificada de dos tercios.
Para facilitar la elección de Académicos de Número se adopta una previsión que contribuye a que los procedimientos de elección culminen con éxito. En caso de que ningún candidato logre la mayoría cualificada, la última votación se limitará a los dos candidatos más votados y requerirá mayoría de los presentes.
Se crea la categoría de Académico Emérito para aquellos casos en que un Académico de Número, por imposibilidad de asistir a las sesiones, desee pasar a aquella categoría, lo que hará que quede vacante la medalla cuyo número ostentaba.
También se prevé la conveniencia de que profesionales de reconocido prestigio participen en la creciente vida de la Corporación, para lo que se adiciona, a la lista que ya existe, una situación que hace posible el acceso a la categoría de Académico Correspondiente.
Asimismo, para armonizar los Estatutos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación con los del Real Decreto del 17 de septiembre de 2010, por el que se reguló el Instituto de España, se suprime la condición de miembros del Instituto de cada uno de los Académicos de Número a título individual, dado que solo lo son las Academias integradas en él.
COMPROMISO DE GASTO PARA POSIBILITAR LA MODIFICACIÓN DE SIETE PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARMAMENTO
Los compromisos de gasto afectan a los siguientes programas:
Programa ESSOR (segunda fase).
Programa CySAP-RPP.
Programa APOS.
Programa ETAP.
Programa SIRAMIS II.
Programa Munición ACA 155 AP.
Programa SEN21603. Demostrador Instrumental de Firma Infrarroja (DIFI).
Los importes totales de los nuevos compromisos de gasto a adquirir con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria suponen 6.494.000 de euros y se repartirán de la siguiente forma: año 2017: 385.200 euros; año 2018: 2.375.300 euros; año 2019: 2.643.500 euros, y año 2020: 1.090.000 euros.
OBRAS DE EMERGENCIA DE ESTABILIZACIÓN EN LA URBANIZACIÓN "LA VERBENA", DE ARCOS DE LA FRONTERA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la estabilización en la Urbanización "La Verbena" de Arcos de la Frontera (Cádiz), por importe total de 1.586.110,95 euros, IVA incluido.
La zona occidental del casco histórico presenta un problema de inestabilidad de la ladera sobre la que se asienta. Este problema es especialmente grave en la zona denominada "La Verbena". La zona mencionada se encuentra fuera de la delimitación actual del BIC, pero incluida en el entorno de protección afectado por la declaración del Bien de Interés Cultural.
Ante esa situación de riesgo, el pasado 6 de julio el ministro de Fomento y formalizó el día 10 de ese mismo mes un Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
Programa de Rehabilitación Arquitectónica y 1,5 por 100 Cultural
Por otro lado, el Ministerio de Fomento financia diversas actuaciones de intervención en el Patrimonio Histórico Español mediante la aportación del 1,5 por 100 de la contratación de obra pública gestionada por el propio Ministerio.
El programa del 1,5 por 100 Cultural es uno de los instrumentos de la Administración General del Estado para responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.
En el marco de este Programa, se ha publicado una nueva Convocatoria de Ayudas el pasado 19 de julio que supondrá una aportación máxima por parte del Ministerio de Fomento de 50.520.823,21 euros.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON INDIA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO CON KAZAJSTÁN SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre la protección mutua de la información clasificada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.
El Acuerdo, firmado en Astaná el 15 de julio de 2017 tiene por finalidad garantizar la protección de la información clasificada intercambiada o generada entre España y Kazajstán en el marco de la cooperación bilateral que mantienen ambos países.
Con la firma de este Acuerdo se contribuye a la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales, pues estas exigen a veces un intercambio de información clasificada que afecta a la seguridad o a los intereses nacionales. En concreto, en el campo de la industria de la defensa y el armamento, los contratos de fabricación, montaje o suministro implican a menudo el uso compartido de dispositivos o procedimientos confidenciales, por lo que es necesario establecer normas que permitan a los Estados compartir sin riesgo esas informaciones clasificadas. De este modo, se favorece también el desarrollo de la industria española de defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector.
AUTORIZADOS COMPROMISOS DE GASTO AL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARA CONVOCAR LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA SALUD
El Consejo de Ministros ha autorizado límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el presupuesto del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) -organismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad- para posibilitar la convocatoria 2017 de la Acción Estratégica de la Salud (AES), que tiene carácter plurinacional y está orientada a fomentar proyectos de investigación y para potenciar la contratación de investigadores.
La Acción Estratégica en Salud (AES) es la principal herramienta de financiación pública de la I+D+i en el ámbito de la investigación traslacional en biomedicina y fomento de su actividad investigadora. El presupuesto de gasto aprobado para el Instituto en 2017 requiere la necesidad de autorizar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para estas ayudas. Además, ya existen compromisos de gasto para los años 2018, 2019 y 2020 de convocatorias de años anteriores.
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA LA EDICIÓN DE LA REVISTA ÍNDICE
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad Autónoma de Madrid para la edición de la Revista Índice.
La Revista Índice recoge las últimas novedades en materia estadística, así como artículos y comentarios sobre las estadísticas oficiales españolas y europeas, con particular atención a los métodos de obtención de los resultados de dichas estadísticas. Dispone de versión impresa y versión electrónica.
Agotada la vigencia del último convenio, y tras la satisfactoria experiencia de estos años, se ha decidido firmar un nuevo instrumento de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Comunidad de Madrid, con una vigencia de cuatro años, prorrogable.
CONVENIO PARA UNA EXPOSICIÓN SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR Y EL 90º ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Universidad de Sevilla para la organización conjunta de la exposición sobre el río Guadalquivir y el Organismo de Cuenca con motivo de su 90º aniversario.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha puesto a disposición de esta muestra, inaugurada la semana pasada en el Archivo General de Indias de Sevilla, todo el material necesario para dotarla de contenido y ha financiado su montaje con 99.000 euros.
Por su parte, la Universidad de Sevilla ha colaborado en la gestión y coordinación del proyecto expositivo y la recopilación de documentación histórica sobre el río Guadalquivir y ha cedido las dependencias del histórico edificio del Archivo para albergar la exposición, que se prolongará hasta marzo de 2018.
Asimismo, la Universidad de Sevilla ha organizado una exposición digital en el Espacio Virtual de Exposiciones de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, ExpoBUS, para complementar la exposición presencial.
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración y la prórroga de contratos de servicios de mantenimiento de equipos para procesos de la información y la contratación del arrendamiento de equipos para la digitalización de documentos en el Consejo General del Poder Judicial, por un importe total de 477.322 euros para el período 2018 a 2020.
Para ello, ha dado el visto bueno a un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en dicho Organismo.
Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN).-
Nacido el 21 de abril de 1959, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.
Ha sido secretario en la Embajada de España en Irlanda y subdirector general adjunto de Coordinación Comunitaria para Asuntos Técnicos, y para Asuntos Aduaneros y Comerciales de la Unión Europea. Fue vocal asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno y en 2004 fue destinado a la Unidad Política de Alerta Rápida de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. En febrero de 2012 fue designado embajador Representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea.
Embajador de España en la República de Honduras.-
D. GUILLERMO KIRKPATRICK DE LA VEGA.
Nacido el 8 de junio de 1967, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Venezuela, Corea, Bulgaria y República Popular China. Ha sido Consejero Cultural en las embajadas de España en Uruguay y Japón. Fue subdirector general de Desarme y actualmente era subdirector general de Países Andinos en la Dirección General para Iberoamérica y el Caribe.
D. FRANCISCO JAVIER SANABRIA VALDERRAMA.
Nacido el 6 de noviembre de 1962, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1989 en la Carrera Diplomática.
Ha sido jefe del Área de Asuntos de Seguridad, consejero en la Embajada de España en Ecuador, asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional, consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y segundo jefe en la Embajada de España en la República Checa. Fue subdirector general de Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales en el Ministerio de Justicia y consejero en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas. Desde enero de 2015 era director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos.
Director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos .-
D. JUAN IGNACIO MORRO VILLACIÁN.
Nacido el 15 de abril de 1962, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Corea, Rusia, en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y en la República Popular China.
Ha sido jefe de área en la Subdirección General para Asuntos del Magreb; jefe adjunto del Gabinete del Secretario de Estado para Asuntos Europeos; jefe de gabinete del Subsecretario; y desde abril de 2015 era subdirector general de No Proliferación y Desarme.