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Timestamp: 2019-03-25 08:06:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 10']

DERECHO PUBLICO, El interés público y los nuevos contratos administrativos
DERECHO PUBLICO - El interés público y los nuevos contratos administrativos
Análisis de los contratos de participación público privada
Naturaleza y caracteres del contrato administrativo.
Parafraseando a Fayt, los contratos administrativos constituyen una especie del género de los contratos, caracterizados por elementos especiales, como que una de las partes intervinientes es una persona jurídica estatal, que su objeto está constituido por un fin público o propio de la administración y que llevan insertas, explícita o implícitamente, cláusulas exorbitantes del Derecho Privado.
También señalaba el ilustre y hoy extinto jurista en el voto emitido in re “Dulcamara S.A. c/ ENTEL s. Cobro de pesos” (Fallo CSJN del 29.03.1990, citado por Mosset Iturraspe en la publicación aludida al pie de este trabajo, entre las fuentes tomadas para el ensayo), que a los contratos administrativos le son aplicables las normas del Código Civil en cuanto contienen principios generales de los que no cabe apartarse.
El mismo criterio cabe aplicar con los principios resultantes del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1.08.2015.
Ahora bien, la normativa administrativa, que legisla y reglamenta los contratos administrativos, es de orden local, por lo que las Provincias y la Nación tienen cada una su propia regulación, verbigracia, en la Provincia de Santa Fe el contrato de obra pública está regido por la ley 5188 y sus modificatorias.
El interés público es el querer valorativo comunitario que titulariza el Estado, orientado a la obtención de valores, utilidades, ventajas, provechos pretendidos en beneficio del conjunto social.
También se dice que algo es de interés público, aludiendo a la actividad relevante, que el Estado titulariza incluyéndola entre los fines que debe perseguir necesariamente. Es el mismo interés colectivo colocado por el Estado entre sus propios intereses, asumiéndolos bajo un régimen de Derecho Público, exorbitante y derogatorio del derecho común. La finalidad de toda Administración, es el interés público. El Estado no puede tener más que intereses públicos.
Contratos de participación público privada (PPP) de la ley nacional 27328.
Conforme a la ley nacional N° 27328, los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece la nueva ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica (artículo 1°).
Los proyectos que bajo la ley 27328 se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.
Los contratos de participación público-privada podrán celebrarse cuando previamente se determine que esta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de interés público tendentes a satisfacer.
Estos contratos constituyen una modalidad alternativa a los contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias, y por el decreto 1023/2001 y sus modificatorias. En los casos en que los contratos de participación público-privada involucren la prestación de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, dichos marcos regulatorios resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios (artículo 2°).
Las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios tengan participación, podrán también celebrar contratos de participación público-privada en carácter de contratistas, actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones con el sector privado (art. 3°).
Según establece el artículo 4°, en la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en consideración las circunstancias y características de cada proyecto, la contratante deberá:
En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto. En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la documentación contractual, deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (art.5°).
Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de proyectos de participación público-privada deberán ser consistentes con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de la debida rendición de cuentas, en los términos de las leyes 24.156, 25.152 y demás legislación vigente. El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos iniciados y no concluidos como los adjudicados pero no comenzados. Asimismo, deberá incluir en el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del sector público nacional informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación una línea específica con el gasto que en dicho mes demandaron los proyectos abarcados por el presente régimen (artículo 6°).
Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de vehículos, o esquemas asociativos, que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución hasta su total terminación del contrato de participación público-privada. La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades. En el caso de creación de fideicomisos a estos fines, deberán constituirse como fideicomisos financieros en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en el presente artículo podrán estar habilitados a realizar oferta pública de títulos negociables de conformidad con lo dispuesto por la ley 26.831 (art. 7°).
El Poder Ejecutivo nacional podrá, según las características del proyecto y a los fines de actuar como contratista o como parte del consorcio contratista, según corresponda en cada caso, crear sociedades anónimas en las cuales el Estado tenga participación de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades. En estos casos la participación estatal deberá alentar y ser compatible con la participación del sector privado en dichas sociedades. El Poder Ejecutivo podrá también crear fideicomisos con el mismo propósito o disponer la utilización de aquellos ya existentes que tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los contratos contemplados en la presente ley, siempre y cuando no se altere su objeto. Tanto las sociedades anónimas como los fideicomisos constituidos en los términos del presente artículo podrán estar habilitados para realizar oferta pública de sus valores negociables de conformidad con lo dispuesto por la ley 26.831 (art. 8°).
El artículo 9° de la ley establece que sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación, en los pliegos y en la documentación contractual, los contratos de participación público-privada deberán contener las siguientes previsiones:
En todos los casos de extinción anticipada del contrato por parte de la contratante, con carácter previo a la toma de posesión de los activos, se deberá abonar al contratista el monto total de la compensación que pudiese corresponder según la metodología de valuación y procedimiento de determinación que al respecto se establezcan en la reglamentación y en la pertinente documentación contractual, la que en ningún caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada. Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el repago del financiamiento aplicado al desarrollo del proyecto. Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y perjuicios en beneficio del contratante que se hubieran previsto en el contrato (artículo 10°).
La responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en la presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en el contrato. Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 11°).
¿Respeta al interés público el régimen establecido para los contratos de PPP?
El régimen de contratación por medio del sistema de participación público – privada, está concebido como una herramienta orientada a procurar la inversión privada en el sector público. Por ello, atempera la desigualdad entre las partes, característica de los contratos administrativos, eliminando muchas de las cláusulas que exorbitan a aquéllos respecto del Derecho Privado. Además, se excluye expresamente normativa que rige en el sector público (verbigracia, decreto 1023/2001).
De todos modos, la base del contrato administrativo mantiene su esencia: desde el proyecto, deben estar presentes los objetivos de interés público que el acuerdo tenderá a satisfacer.
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