Source: http://www.cidh.oas.org/Terrorism/Span/k.htm
Timestamp: 2017-12-17 23:28:47
Document Index: 172975275

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 13']

Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos (k)
E. Derecho a la libertad de expresión
264. El derecho a la libertad de expresión está establecido en términos amplios en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[639] y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[640] Estos instrumentos establecen lo siguiente con respecto a la libertad de expresión:
Convención Americana, artículo 13
265. A efectos de asistir a la Comisión en la interpretación de esos dos artículos, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elaboró una Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.[641] La Declaración, aprobada por la Comisión en el curso del 108° Período de Sesiones en octubre de 2000, consiste en un conjunto de trece principios que detallan los requisitos de la libertad de expresión de acuerdo con el derecho y la jurisprudencia internacional. Entre las disposiciones cruciales de la Declaración de Principios están incluidas las siguientes:
266. El derecho a la libertad de expresión también está protegido por otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,[642] el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[643] y el artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.[644] Una comparación del artículo 13 de la Convención Americana con cada una de las disposiciones indicadas demuestra “el altísimo valor que la Convención da a la libertad de expresión”[645] y que “las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas”.[646]
267. El respeto y la protección de la libertad de expresión es un factor fundamental del fortalecimiento de la democracia y de la garantía de los derechos humanos al ofrecer a los ciudadanos un instrumento indispensable para una participación informada. La fragilidad de las instituciones del Estado, la corrupción oficial y otros problemas con frecuencia impiden que las violaciones de los derechos humanos salgan a la luz y sean castigadas. En países afectados por estos problemas, el ejercicio de la libertad de expresión se ha transformado en uno de los medios principales a través de los cuales actos ilegales o abusivos que antes pasaban desapercibidos o ignorados por las autoridades o perpetrados por ellas, ahora se denuncian. Como lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática... Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre..[647]
268. La Corte Interamericana ha subrayado que existen dos dimenciones del derecho a la libertad de expresión: el derecho a la libertad de pensamiento y de ideas, y el derecho a recibirlas. Por lo tanto, la restricción de este derecho por una interferencia arbitraria afecta no sólo el derecho de los individuos a expresar la información y las ideas, sino también el derecho de la comunidad en su conjunto a recibir todo tipo de información y de opiniones.[648]
269. La Corte Interamericana, citando una decisión de la Corte Europea, ha declarado que la protección de la libertad de expresión debe abarcar no sólo la información o las ideas favorables, sino también las que “chocan, inquietan u ofenden”, porque “[t]ales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’”.[649] La sofocación de las ideas y opiniones impopulares o críticas restringe un debate que es esencial para el funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas.
270. El ejercicio de la libertad de expresión e información sin discriminación por parte de todos los sectores de la sociedad permite que sectores históricamente marginados mejoren sus condiciones. El derecho a la libertad de expresión también “es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio[.]”[650]
271. Como se indica en el capítulo introductorio sobre los derechos humanos en el presente informe, la libertad de expresión no está incluida en la lista de derechos que no son derogables en los estados de emergencia en el artículo 27 de la Convención Americana. Sin embargo, toda restricción a la libertad de expresión en el contexto de una situación de emergencia debe atender los requisitos de proporcionalidad, alcance y no discriminación establecidos en el artículo 27.[651] Al imponer esas restricciones al derecho a la libertad de expresión, los Estados también deben tener en cuenta la importancia de la libertad de expresión para garantizar otros derechos humanos fundamentales.
a. Censura previa
272. El artículo 13 de la Convención Americana expresamente prohíbe la censura previa excepto para la regulación del acceso a espectáculos públicos para la protección moral de niños y adolescentes.[652] La Corte Interamericana ha indicado que la censura previa constituye una violación extrema del derecho a la libertad de expresión porque “por el poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias.... En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.”[653] Sin embargo, como se indica en la sección sobre la libertad de expresión y el terrorismo, infra, podrían surgir en una situación de emergencia válidamente declarada algunas situaciones en que la seguridad nacional o el orden público permitirían una censura limitada.
273. No obstante la excepción explícita respecto de la protección de menores, las medidas destinadas a impedir la divulgación de expresiones violan la Convención Americana. [654] Según afirmó la Comisión,
La interdicción de la censura previa, con la excepción que prevé el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta. Esta prohibición existe únicamente en la Convención Americana. La Convención Europea y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos no contienen disposiciones similares. Constituye una indicación de la importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e ideas, el hecho de que no se prevea ninguna otra excepción a esta norma.[655]
274. El artículo 13(2) de la Convención Americana, si bien prohibe explícitamente la censura previa,[656] permite la aplicación de sanciones ulteriores en circunstancias limitadas. Esas sanciones “deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”[657]
275. El requisito de que la pena posterior esté “expresamente establecida por ley”, también incluido en el artículo 10 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, ha sido interpretado por la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de que significa que la base para la responsabilidad ulterior debe estar “formulada con precisión suficiente para permitir que el ciudadano regule su comportamiento: el ciudadano debe estar en condiciones -de ser necesario, con el asesoramiento pertinente- de prever, en un grado razonable en las circunstancias, las consecuencias que una determinada acción puede comportar”.[658] Esto no significa que la pena posterior deba estar expresamente establecida en legislación aprobada por el parlamento; puede estar contenida en el derecho consuetudinario, en reglamentos administrativos o fuentes similares. Sin embargo, debe ser razonablemente precisa y accesible para el público.[659]
276. Dos de las posibles justificaciones para la responsabilidad posterior por expresiones emitidas son relevantes en el contexto de la lucha contra el terrorismo: el orden público y la seguridad nacional. El “orden público” como ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.”[660] La Corte también ha declarado que:
[E]l mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.[661]
277. La responsabilidad ulterior puede estar basada en la “seguridad nacional” si “su propósito genuino y efecto demostrable es proteger la existencia del país contra el uso o la amenaza de la fuerza, proteger su integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, proteger su capacidad de reaccionar al uso o la amenaza de la fuerza, o proteger la seguridad personal de los funcionarios gubernamentales principales”.[662] La aplicación de los conceptos de orden público y seguridad nacional serán examinadas más profundamente en la sección sobre el derecho a la libertad de expresión y el terrorismo.
278. Con respecto al requisito de “necesidad”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que ello significa que la pena ulterior es más que “útil”, “razonable” u “oportuna”.[663] Más bien, el gobierno debe demostrar que esa pena debe ser el medio menos restrictivo posible para lograr el interés que impulsa al gobierno.[664] Las penas “deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13”.[665] Además, las disposiciones deben estar encuadradas de tal modo que “no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”.[666] Esta es un estándar sumamente alto y toda disposición que imponga la responsabilidad subsiguiente por el ejercicio de la libertad de expresión debe ser detenidamente examinada, utilizando esta prueba de proporcionalidad a fin de evitar limitaciones indebidas de este derecho fundamental.
c. Confidencialidad de las fuentes
279. La libertad de expresión es entendida en el sentido de abarcar el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus fuentes. Es derecho del comunicador social no revelar información o documentación que ha sido recibida en confianza o en el curso de una investigación. El fundamento principal en que se sustenta el derecho a la confidencialidad es que, en el ámbito de su trabajo, para suministrar al público información necesaria a efectos de satisfacer el derecho de informar, el periodista está cumpliendo un importante servicio público cuando recaba y divulga información que no sería conocida si no se protege la confidencialidad de las fuentes. La confidencialidad profesional tiene que ver con el otorgamiento de garantías legales para asegurar el anonimato y evitar posibles represalias que puedan resultar de la divulgación de cierta información. La confidencialidad, por lo tanto, es un elemento esencial de la labor del periodista y del papel que la sociedad ha conferido a los periodistas de informar sobre cuestiones de interés público.[667] La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de la protección de las fuentes periodísticas, como “una de las condiciones básicas de la libertad de prensa[.]”.[668] La Corte Europea declaró:
Sin esa protección, las fuentes pueden ser disuadidas de asistir a la prensa en la información al público en cuestiones de interés público. En consecuencia, el papel vital de vigilancia pública de la prensa podría verse socavado y podría verse adversamente afectada la capacidad de ésta para brindar información precisa y confiable. Teniendo en cuenta la importancia de la protección de la fuente para la libertad de prensa en una sociedad democrática y el posible efecto paralizante que podría ejercer para esa libertad una orden de divulgación de las fuentes, dicha medida no puede ser compatible con el artículo 10 de la Convención a menos que esté justificada por un interés público superior.[669]
280. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también indicó que la protección de las fuentes es una parte de la garantía general de la libertad de prensa, cuando aprobó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.[670] Es preciso subrayar que este derecho no constituye un deber, pues el comunicador social no tiene la obligación de proteger la confidencialidad de las fuentes de información excepto por razones de conducta y ética profesionales.[671]
281. Como se indicó antes, el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a divulgar y el derecho a procurar y recibir ideas e información. Sobre la base de este principio, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados tienen la obligación de garantizarlo.[672] En términos del objetivo específico de este derecho, se entiende que las personas tienen derecho a solicitar documentación e información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado, en otras palabras, información que se considera es de fuente pública o de documentación gubernamental oficial.
282. “Garantizar la libertad de expresión sin incluir la libertad de información sería un ejercicio formal que negaría la expresión efectiva en la práctica y un objetivo clave que la libertad de expresión procura servir”.[673] El derecho a la libertad de información está estrechamente relacionado con el principio de transparencia en la administración y el carácter público de las actividades del Estado. En una democracia el Estado es un vehículo para garantizar el bien común, derivando sus poderes del consentimiento de los gobernados. En este contexto, el propietario de la información es el individuo que ha delegado la gestión de la cosa pública a sus representantes. El principio de transparencia requiere un enfoque orientado al servicio en la administración, suministrando toda información que haya sido previa, debida y explícitamente solicitada, a menos que esté temporariamente exceptuada del ejercicio de ese derecho.[674]
283. Sin la información a que toda persona tiene derecho, es obviamente imposible ejercer la libertad de expresión como vehículo efectivo de la participación cívica o la supervisión democrática de la gestión de gobierno. La falta de una supervisión efectiva “da lugar a un comportamiento que va contra la esencia del Estado democrático y abre la puerta a perversiones y abusos inaceptables”.[675]
284. Como componente fundamental del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”.[676] En otras palabras, debe presumirse que la información será revelada por el gobierno. Concretamente, como se indicó en el capítulo dedicado a la libertad y la seguridad personales, la información concerniente a personas arrestadas o detenidas debe encontrarse a disposición de sus familiaries, sus abogados y otras personas que posean un interés legítimo en esa información.[677]
285. La ley puede incluir restricciones limitadas a la divulgación, basadas en los mismos criterios que autorizan la aplicación de sanciones en el marco del artículo 13. En estos casos, el Estado tiene la carga de la prueba para demostrar que las limitaciones impuestas al acceso a la información son compatibles con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.[678] Al igual que en el caso de las restricciones ulteriores a las expresiones, los fundamentos más frecuentemente invocados para limitar el acceso a la información en el contexto de la lucha contra el terrorismo serán examinados en la sección de este capítulo sobre la libertad de expresión y el terrorismo.
286. Las restricciones deben estar expresamente definidas en la ley y deben “ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.[679] Ello significa que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de esos objetivos, sino que también debe demostrar que la divulgación constituye una amenaza “de causar substancial perjuicio a ese objetivo”[680] y que el “perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la información”.[681] Esta es esencialmente la prueba de proporcionalidad anunciada antes en la sección sobre responsabilidad ulterior por expresiones. Toda vez que se niegue información sobre la base del análisis que antecede, debe establecerse una oportunidad para una revisión independiente de la decisión.[682]
287. Otro aspecto adicional del derecho al acceso a la información es “la presunción de que todas las reuniones de los órganos gubernamentales son abiertas al público”.[683] Esta presunción es aplicable a toda reunión en que se ejerzan poderes de toma de decisión, incluyendo las actuaciones administrativas, las audiencias de tribunales y los procedimientos legislativos.[684] Toda limitación a la apertura de las reuniones debe estar sujeta a los mismos requisitos que la retención de información.[685]
288. Por último, los Principios de Johannesburg sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información[686] que la Comisión, al igual que otras autoridades internacionales, considera que es una guía autorizada para interpretar y aplicar el derecho a la libertad de expresión a la luz de consideraciones sobre la seguridad nacional[687] confirman que el acceso a la información indica que “toda restricción a la libre corriente de información no debe ser de naturaleza tal que contravenga los propósitos del derecho en materia de derechos humanos y el derecho humanitario. En particular, los gobiernos no pueden impedir que los periodistas o los representantes de organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales con mandato para supervisar las normas de derechos humanos o humanitarias, ingresen a áreas en que existen fundamentos razonables para creer que se están cometiendo o se han cometido violaciones de los derechos humanos o del derecho humanitario”.[688] El acceso a la información también determina que los periodistas tengan acceso a las zonas de conflicto, los lugares de desastre y otros lugares, a menos que dicho acceso plantee un “claro riesgo a la seguridad de los demás”.[689]
289. Aparte del derecho general de acceso a la información en poder del Estado, toda persona tiene el derecho a acceder a información sobre sí misma, sea que esté en posesión del gobierno o de una entidad privada.[690] Con frecuencia denominado derecho de habeas data, este derecho incluye el derecho a modificar, eliminar o corregir la información considerada sensible,[691] errónea, sesgada o discriminatoria.[692] El derecho al acceso y el control de la información personal es esencial en muchas esferas de la vida, dado que la falta de mecanismos jurídicos para la corrección, actualización y eliminación de información puede tener efectos directos en el derecho a la privacidad, el honor, la identidad personal, los bienes y la rendición de cuentas en la reunión de información.[693]
290. En años recientes, el recurso a la acción de habeas data se ha tornado un instrumento fundamental para la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares del pasado en el continente. Familiares de desaparecidos han llevado adelante acciones de habeas data para obtener información vinculada al comportamiento del gobierno, para conocer el destino de los desaparecidos y para determinar responsabilidades. Esas acciones, por ende, constituyen un medio importante para garantizar el “derecho a la verdad”.[694]
291. Con respecto a la relación entre el derecho a la verdad y el artículo 13(1) de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó ante la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos que:
El derecho a la verdad está basado en los Artículos 8 y 25 de la Convención, por cuanto ambos son “fundamentales” en el establecimiento judicial de los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental. Además... este derecho está fundado en el artículo 13.1 de la Convención, por cuanto reconoce el derecho a buscar y recibir información... en virtud de este artículo, es una obligación positiva del Estado garantizar la información esencial para la protección de los derechos de las víctimas, garantizar la transparencia en el gobierno y la protección de los derechos humanos.”[695]
292. Además, la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan información: la obligación de utilizar datos para objetivos específicos explícitamente estipulados y la obligación de garantizar la seguridad de los datos contra accidentes, acceso o manipulación no autorizados. En los casos en que las entidades del Estado o del sector privado obtienen datos indebida y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a esa información, aunque sea clasificada, para que las personas tengan control sobre los datos que las afectan. La acción de habeas data como mecanismo para garantizar la responsabilidad de los organismos de seguridad e inteligencia dentro de este contexto, ofrece mecanismos para verificar que los datos personales se han recogido legalmente. La acción de habeas data da derecho a la parte perjudicada o a sus familiares a determinar el propósito para el que se recabaron los datos y, si se recabaron ilegalmente, determinar si las partes responsables deben ser castigadas. La divulgación pública de prácticas ilegales en la recolección de datos personales puede tener el efecto de evitar tales prácticas por esos organismos en el futuro.[696]
293. Para que la acción de habeas data sea efectiva, debe eliminarse la excesiva complejidad de los trámites administrativos que complican y frustran la obtención de información y es preciso establecer sistemas sencillos, de fácil acceso, que permitan que las personas soliciten la información a bajo costo. De lo contrario, el resultado sería establecer un mecanismo formal que en la práctica no facilitaría el acceso a la información.
294. Generalmente, en lo atinente al acceso a la información cualquier restricción que impida el ejercicio del derecho de habeas data debe cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad.[697] En la mayoría de las circunstancias no debe requerirse a las personas que ejercen la acción de habeas data que indiquen el motivo por el cual se pide la información. La mera existencia de datos personales en los registros públicos o privados ordinariamente es razón suficiente de por sí para ejercer este derecho.[698]
295. La acción de habeas data ha adquirido aún mayor significado con el surgimiento de nuevas tecnologías. El uso difundido de las computadoras y de Internet ha significado que el Estado y el sector privado pueden obtener rápido acceso a una cantidad considerable de información sobre las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar que existan conductos específicos para el acceso rápido a la información, que puedan ser utilizados para corregir modificar toda información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas.
[639] Declaración Americana, nota 63 supra.
[640] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra.
[641] Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en Documentos Básicos nota 13, pág. 189.
[642] Declaración Universal de Derechos Humanos, nota 65 supra.
[643] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nota 66 supra.
[644] Convención Europea sobre Derechos Humanos, nota 137 supra. Aunque los Estados miembros de la OEA no son parte de este instrumento, es especialmente útil incluirlo para efectos de comparación en el área de la libertad de expresión. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 10, es también útil para informar la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana en esferas que aún no han sido abordadas o elaboradas totalmente en el sistema interamericano. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta el más alto valor que se asigna a la libertad de expresión en el sistema interamericano.
[645] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 50.
[646] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 50.
[647] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 70.
[648] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párrs. 30-32.
[649] Corte Europea de Derechos Humanos, Handyside c. El Reino Unido, Sentencia del 7 de diciembre de 1976, Serie A Nº 24, párr. 49. Véase también Corte IDH, Caso Olmedo Bustos y otros (“La última tentación de Cristo”), Sentencia del 5 de febrero de 2001. Serie C. N° 73, párr. 69. CIDH, Informe Annual 1994, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.88, Doc. 9 rev. (1995), 204-205.
[650] Declaración de los Principios de la Libertad de Expresión, nota 641 supra, preámbulo.
[651] Para un examen de la cuestión de la derogación bajo los Instrumentos de Derechos Humanos Interamericanos véase Sección II(B), párrs. 49-52.
[652] Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 13(4).
[653] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 54.
[654] Caso Olmedo Bustos y otros, nota 649 supra, párr. 70.
[655] Caso 11.230, Informe N° 11/96, Francisco Martorell (Chile), Informe Anual de la CIDH 1996 (en relación con la prohibición de la entrada en circulación y distribución de un libro que presuntamente era difamatorio), párr. 56.
[656] Con la excepción establecida en el artículo 13(4) de la Convención Americana. Véase la sección anterior sobre censura previa.
[657] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 13(2).
[658] Corte Europea de Derechos Humanos, Sunday Times c. Reino Unido, Sentencia del 26 de abril de 1979, Ser. A Nº 30 , párr. 49.
[659] Véase por ejemplo Ibid, párr. 49-53 (determinando que el principio formulado en el derecho común, pero no aplicado con anterioridad en otro caso con hechos similares, era razonablemente previsible). Véase también Corte Europea de Derechos Humanos, Rekvényi c. Hungría, Sentencia del 20 de mayo de 1999, Reports of Judgments and Decisions 1999-III, página 423, párr. 34. (indicando que el nivel de precisión requerido depende del contenido del instrumento en cuestión, su materia, y el número y status de aquellos a quienes está dirigido, y decidiendo que una disposición constitucional que contiene términos vagos era lo suficientemente precisa al ser leída conjuntamente con legislación y reglamentos administrativos complementarios); Corte Europea de Derechos Humanos, Hashman and Harrup c. Reino Unido, Sentencia del 25 de noviembre de 1999, Reports of Judgments and Decisions 1999-VIII, página 1, párr. 29-43 (decidiendo que la interferencia a la libertad de expresión no era compatible con el artículo 10 de la Convención Europea porque la definición de la ofensa era demasiado vaga y por lo tanto no estaba adecuadamente “prescrita por la ley”).
[660] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 64. Véase, asimismo, Sección II (B), supra, párr. 55 (análisis del contraste entre el concepto de orden público con el concepto de “ordre public” en la tradición del derecho civil).
[661] Opinión Consultiva, nota 152 supra, párr. 69.
[662] The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information (November 1996), disponibles en http://www.article19.org/ docimages/511.htm, visitado 11 de agosto de 2002 [en adelante Principios de Johannesburgo], Principio 2(a). Para una discusión sobre la naturaleza jurídica de los Principios de Johannesburgo, Véase nota 687 Infra. Ver, también Kate Martin y Andrzej Rzeplinski, Principles of Oversight and Accountability, en The Public Interest: Security Services In A Constitutional Democracy, Project Of The Helsinki Foundation For Human RIGHTS, Varsovia, Polonia, en cooperación con el Center for National Security Studies, Washington, D.C., 6 de enero de 1998.
[663] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 46.
[664] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 46.
[665] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 46.
[666] Opinión Consultiva OC-5/85, nota 152 supra, párr. 46.
[667] IACHR, Informe Anual 2000, Vol. III, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, [en adelante Informe del Relator Especial 2000] OEA/Ser.L/V/II.114, Doc. 20 rev., página 24. See also Felipe Fierro Alvídez, El derecho y la libertad de expresión en México, debates y reflexiones, Revista Latina de Comunicación Social, Dec. 2000, available at http://www.ull.es/publicaciones/latina/04fierro.htm.
[668] Corte Europea de Derechos Humanos, Goodwin c. Reino Unido, Sentencia del 27 de marzo de 1996, Reports of Judments and Decisions, Nº 7, 1966-II, p.483, párr. 39.
[669] Goodwin c. Reino Unido, nota 668 supra, párr.39.
[670] Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, nota 641 supra, Principio 8.
[671] Véase Informe del Relator Especial 2000, nota 667 supra, 24.
[672] Véase la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, nota 641 supra, Principio 4; Véase también Informe del Relator Especial encargado de la cuestión de la protección y la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Abid Hussain, Comisión de Derechos Humanos 55º período de sesiones, ONU Doc. E/CN/.4/1999/64, 29 de enero de 1999. El Relator Especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión declaró que el derecho a procurar y recibir información “cual impone a los Estados la obligación positiva de asegurar el acceso a la información, en particular respecto de la información mantenida por el Gobierno en todo tipo de sistemas de almacenamiento y recuperación, incluidos filmes, microfichas, capacidades electrónicas, vídeo y fotografías, a reserva solamente de las restricciones mencionadas en el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” Idem, párr. 12. (Traducción por la Comisión).
[673] Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Right (2000), disponible en http://www.article19.org/docimages/627.htm.
[674] Véase CIDH, Informe Annual 2001, Vol. II, Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión [en adelante Informe del Relator Especial 2001]. OEA/Ser.L/V/II.114, Doc. 5 rev. 1, página 72; Informe del Relator Especial 2000, nota 667, supra 18.
[675] Véase Alicia Pierini Y Otros, Habeas Data: Derecho A La Intimidad, Editorial Universidad (Buenos Aires 1999), pág. 31.
[676] Artículo XIX, El derecho del público a saber: Principios en que debe basarse la legislación relativa a la libertad de información [en adelante, Principios sobre la libertad de información] Principio 1. Artículo XIX es una organización no gubernamental mundial dedicada a fomentar la libertad de expresión y el acceso a información oficial. Sus principios sobre libertad de información han sido utilizados ampliamente por organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Véase, por ejemplo, Informe Anual 1999, Vol. III, Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión, [en adelante Informe del Relator Especial 1999], OEA/Ser.L/V/II.111.Doc. 3 rev., Vol.III, pág. 88; Comisión de Derechos Humanos, Resolución 2001/47, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 57° Período de Sesiones, Supp. N° 3, pág. 209, E/CN.4/RES/2001/47 (2001), preámbulo.
[677] Véase el análisis Sección III(B), supra, párr. 122.
[678] Véase, Principios de Johannesburgo, supra note 662, Principio 1(d).
[679] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 13(2).
[680] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 4.
[681] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 4.
[682] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 5.
[683] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 7.
[684] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 7.
[685] Principios sobre la Libertad de información, nota 676 supra, Principio 7.
[686] Principios de Johannesburgo, nota 662 supra.
[687] Los Principios de Johannesburgo son una serie de principios voluntarios redactados por una comisión de expertos internacionales sobre derechos humanos y leyes sobre medios de difusión y han sido invocados con frecuencia por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (véase, por ejemplo, Resolución 2002/48 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 58° Período de Sesiones, E/CN.4/RES/2002/48 (2002), preámbulo; Resolución 2001/47, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nota 676 supra, el Relator Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (véase, por ej., Informe del Relator Especial Sr. Abid Hussain, de conformidad con la resolución 1993/45 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ONU, Comisión de Derechos Humanos, 52º período de sesiones, E/CN.4/1996/39, 22 de marzo de 1996, Anexo), el Relator Especial de la ONU encargado de la cuestión de la independencia de jueces y abogados (véase, por ej., Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la independencia de jueces y abogados, Sr. Param Cumaraswamy, Adendo, Informe sobre la misión al Perú, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 54º período de sesiones, E/CN.4/1998/39/Add.1, 19 de febrero de 1998 introduction), y el Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos (véase, por ej., Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión, ONU Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones, E/CN.4/2001/94, 26 de enero de 2001, párr. 14).
[688] Principios de Johannesburgo, nota 662, supra, Principio 19.
[689] Principios de Johannesburgo, nota 662 supra, Principio 19.
[690] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, nota 641 supra, Principio 3.
[691] Se entiende por “información sensible” todo lo que tenga que ver con la vida privada de la persona.
[692] Véase Pierini Y Otros, nota 675 supra, pág. 16.
[693] Véase, Informe del Relator Especial 2001, nota 674 supra, 75.
[694] Véase, por ejemplo, Corte IDH, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C Nº 75.
[695] Ibid, párr. 45.
[696] Véase Víctor Abramovich y Christian Courtis’. El acceso a la información como derecho, 10 Cuadernos De Análisis Jurídico, 197, 206 (Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 2000).
[697] Véase el análisis en supra, párrafo 286.
[698] Véase Miguel Angel Ekmekdjian Derecho a La Información: Reforma Constitucional Y Libertad De Expresión, Nuevos Aspectos. Ediciones Depalma, Buenos Aires (1996), pág. 114.