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Timestamp: 2019-10-22 14:39:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 52', 'artículo 47', 'artículo 208', 'artículo 67', 'artículo 146', 'artículo 113', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 111']

﻿ SENTENCIA C-357 DE MAYO 6 DE 2003
SENTENCIA C-357 DE 06 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN. INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCUA DE LA TOTALIDAD DEL DECRETO 1283 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, EDUCACIÓN BÁSICA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, ORGANISMOS EDUCATIVOS, SERVICIO DE EDUCACIÓN, DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD
Sentencia C-357 de mayo 6 de 2003
Sentencia C-357 de 2003
Ref.: Expedientes D-4295 y 4299 (acumulados)
Demandantes: Luis Alberto Jiménez Polanco y José Hervin Suárez Tapiero (respectivamente).
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 y 11 (parciales), así como contra los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 (en su totalidad) del Decreto 1283 de 2002.
Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil tres.
“DECRETO 1283
4.1. Administración de servicios educativos regionales
4.2. Administración temporal de la educación territorial.
4.3. Indicadores de resultados.
4.4. Resultados educativos.
4.5. Población atendida.
2. Inconstitucionalidad por consecuencia de la totalidad del Decreto 1283 de 2002. Integración normativa.
2.1. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-97 de 2003, declaró la inexequibilidad del numeral 1º del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, norma esta que sirvió de fundamento para la expedición del Decreto 1283 de 2002, “por el cual se organiza un sistema de inspección y vigilancia para la educación preescolar, básica y media”.
Puesto que el artículo 111.1 de la Ley 715 de 2001 no cumplió las exigencias constitucionales en materia de precisión de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República, tales facultades se encontraban viciadas desde el acto mismo de su expedición. Así las cosas, el Decreto 1283 de 2002, dictado en desarrollo de las facultades extraordinarias declaradas inconstitucionales por violar el mandato constitucional de precisión (C.P., art. 150-10), resulta inexequible por consecuencia. Ha sostenido la Corte en relación con la inexequibilidad por consecuencia, también llamada “inconstitucionalidad consecuencial”:
“La Corte de manera general ha señalado que se configura una “inconstitucionalidad consecuencial” cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias (2) .
(2) Ver, entre otras, las sentencias C-448 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz y C-127 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Así mismo, en las sentencias en cita, la corporación, en armonía con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489, que se expidió con efectos desde la fecha de promulgación de la misma, decidió que la inexequibilidad de los decretos dictados en ejercicio de las facultades extraordinarias “por obvias razones de unidad normativa”, debía proferirse con efectos desde la fecha de promulgación, como quiera que fueron expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias declaradas inconstitucionales a partir del acto mismo de su concesión, precisamente por estimar que al haber sido otorgadas en forma viciada, nunca nacieron a la vida jurídica” (3) .
(3) Sentencia C-923 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis. (En esta ocasión la Corte declaró inconstitucional por consecuencia el Decreto 1122 del 26 de junio de 1999, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, previa integración normativa de todas las normas del mencionado decreto por la existencia de unidad normativa, en atención a que el mencionado artículo 120 que habilitaba al Presidente para ejercer las facultades legislativas fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 de 1999).
“ ...del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.
Desde luego la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que hubiera proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política” (4) . Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Se reitera en la sentencia C-969 de 1999, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Se reitera en la Sentencia C-969 de 1999, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
2.3. Observa la Corte que en la presente ocasión los actores no demandan la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto 1283 de 2002, sino únicamente algunos de sus artículos. No obstante, en virtud de la comunidad de fundamento habilitante (L. 715/2001, art. 111, num. 1º) que tienen las normas que integran dicho decreto, tal declaratoria de inexequibilidad habrá de recaer sobre la totalidad de las normas dictadas en desarrollo de las facultades inválidamente otorgadas. Así las cosas, la Corte procede a hacer la integración normativa de todos(sic) artículos del Decreto 1283 de 2002, tanto de los parcial o totalmente demandados como de los no demandados, pero que hacen parte del decreto expedido con base en facultades inválidamente concedidas, para efectos de decidir sobre su inexequibilidad por consecuencia.
3. Efectos de la declaratoria de inexequibilidad. Reviven las normas anteriores que habían sido derogadas por el Decreto 1283 de 2002.
Resta finalmente a la Corte, con miras a evitar un vacío normativo en el ordenamiento jurídico por la declaratoria de inexequibilidad que aquí se declara, determinar los efectos de su fallo. Al respecto cabe observar que, según doctrina constitucional de la corporación, con la declaratoria de inexequiblidad de una norma derogatoria, en este caso el artículo 22 del Decreto 1283 de 2002 (5) , reviven las normas que habían sido derogadas por la norma ahora declarada inexequible. En efecto, ha sostenido la Corte en este punto lo siguiente:
(5) Decreto 1283 de 2002, Artículo 22. “Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.
“(C)onsidera la Corte Constitucional que con la declaratoria de inexequibilidad se restauran ipso jure, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento constitucional, las normas que habían sido derogadas por los apartes de la ley (...) que sean declarados inconstitucionales en esa sentencia.
“No sobra agregar que la presente decisión no crea o desencadena ningún vacío normativo ni coloca a sus destinatarios ante un abismo preceptivo, pues, como es natural y apenas obvio, reviven las normas que el presente decreto trató de remplazar y que regulan la materia” (8) ” (6) .
(8) Sentencia C-608 de 14 de diciembre de 1992. Ponente Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.
(6) Sentencia C-145 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
La anterior doctrina ha sido reiterada posteriormente, entre otras, en las sentencias C-427 de 2002 (7) , en la que a su vez se recoge la tesis sentada en Sentencia C-501 de 2001 (8) :
(7) M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento de voto Jaime Araújo Rentería.
(8) M.P. Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto Jaime Araújo Rentería.
“Cabe recordar que en relación con los efectos de la inexequibilidad de una norma derogatoria, esta corporación en reiterada jurisprudencia ha señalado que tal determinación acarrea como consecuencia que las disposiciones que habían sido derogadas reviven. Así, en reciente oportunidad (9) la Corte Constitucional al reconocer la reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, por efecto de la inexequibilidad del artículo 47 de la Ley 640 de 2001, se refirió in extenso a dicho fenómeno en los siguientes términos:
(9) C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Con salvamentos de voto de Jaime Araújo Rentería y Rodrigo Escobar Gil.
Al ser declarada inexequible la modificación introducida en el parágrafo del artículo 208 de la Constitución por el acto legislativo 1 de 1979, y revivir el antiguo parágrafo de dicha disposición, adoptada como artículo 67 del acto legislativo 1 de 1968, recuperó también su vigencia el artículo 146 acusado y por tanto, la Corte puede ejercer su jurisdicción constitucional sobre la norma demandada".
"Declarado inexequible en sus artículos vigentes el Decreto 700 de 1954, el cual, por medio de su artículo 113 derogó los decretos 2266 de 1952, con excepción de su artículo 1º, 3134 de 1952, artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 8º del Decreto 2187 de 1953 y el artículo 7º del Decreto 2602 de 1951 desea el Ministerio de Hacienda saber si tales disposiciones derogadas por el Decreto 700 han vuelto a tener vigencia por causa de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 700.
"Aplicando los conceptos y conclusiones precedentes al caso consultado por el señor Ministro de Hacienda, el Consejo de Estado considera que la derogatoria que hizo el Decreto-Ley 700 de 1954 de preceptos pertenecientes a otros estatutos, debe tenerse por no hecha desde la fecha de ejecutoria del fallo de la Corte que declaró la inexequibilidad de tal decreto, y que, en consecuencia, tales normas deben aplicarse mientras no hubiesen sido derogadas por otros decretos-leyes no declarados inexequibles, o hasta cuando se cumpla la previsión contenida en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1958".
“C. Como antecedente legislativo están los artículos 123 del Decreto-Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y el artículo 83 de la Ley 38 de 1989. Dice este último:
La misma norma se aplicará en caso de suspensión provisional de una o varias apropiaciones de la ley o del decreto".
Es entonces la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional la continuación de una doctrina nacional, elaborada desde 1958 por el Consejo de Estado, reiterada en 1961. Esta tradición fue recogida en normas legales, (artículos 123 del Decreto-Ley 1675 de 1964, 155 del Decreto 294 de 1973 y 83 de la Ley 38 de 1989) y adoptada en 1982 por la Corte Suprema de Justicia. Es pues un pensamiento jurídico coherente con la teoría constitucional colombiana (10) ”” (11).
(10) Sentencia C-45 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
(11) Sentencia C-427 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Ahora bien, la Corte no entra a pronunciarse sobre la suerte jurídica de los actos y decisiones administrativas dictadas al amparo del decreto durante su vigencia y que ahora se declara inexequible. Un pronunciamiento en tal sentido corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En consecuencia, la Corte hecha la integración normativa de la totalidad del Decreto 1283 de 2002, y declarada la inexequibilidad de la ley de facultades extraordinarias que sirviera de fundamento normativo a la expedición del mencionado decreto, procederá a declarar la inexequibilidad por consecuencia de la totalidad del Decreto 1283 de 2002.
Declarar inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, el Decreto 1283 de 2002, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el numeral 1º del artículo 111 de la Ley 715 de 2000.