Source: https://vlexvenezuela.com/vid/delincuencia-organizada-terrorismo-369360266
Timestamp: 2019-05-23 09:19:58
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. - 30 de Abril de 2012 - Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela - Legislación - VLEX 369360266
TÍTULO II. De la prevención, control, fiscalización y sanción
CAPÍTULO I. De la prevención - arts. 7 a 9
CAPÍTULO II. De las obligaciones y sanciones - arts. 10 a 18
CAPÍTULO III. De las medidas de prevención - arts. 19 a 23
CAPÍTULO IV. De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera - arts. 24 y 25
CAPÍTULO V. De los organismos policiales, de investigaciones penales y del Ministerio Público - art. 26
TÍTULO III. De los delitos y las penas
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 27 a 33
CAPÍTULO II. De los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas - arts. 34 a 36
CAPÍTULO III. De los delitos contra el orden público - arts. 37 a 39
CAPÍTULO IV. De los delitos contra las personas - arts. 40 a 44
CAPÍTULO V. De los delitos contra la administración de justicia - art. 45
CAPÍTULO VI. De los delitos contra la indemnidad sexual - arts. 46 a 49
CAPÍTULO VII. De los delitos contra la libertad de industria y comercio - art. 50
CAPÍTULO VIII. Otros delitos de delincuencia organizada - art. 51
CAPÍTULO IX. Del Financiamiento al terrorismo - arts. 52 y 53
TÍTULO IV. De los bienes y su administración - arts. 54 a 62
TÍTULO V. De la jurisdicción y otros procedimientos especiales
CAPÍTULO I. Del procedimiento aplicable - arts. 63 a 65
CAPÍTULO II. De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas - arts. 66 a 72
CAPÍTULO III. De la jurisdicción internacional - art. 73
CAPÍTULO IV. De la cooperación internacional - arts. 74 a 85
CAPÍTULO V. Cooperación judicial recíproca - arts. 86 a 89
ARTÍCULO 3 Alcance extraterritorial de las normas
Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.
atentados contra la vida de un apersona que puedan causar la muerte;
causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas;
perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.
Actividad sospechosa: aquella operación no convencional, compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. 3. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios o funcionarias de unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para obtener evidencias sobre la comisión de algunos de los delitos previstos en el presente Ley.
Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente.
Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos propietarios o propietarias o quien posea legítimo interés no los haya reclamado dentro de los plazos previstos en la presente Ley.
Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten La propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así como los activos, medios utilizados y los medios que se pretendían utilizar para la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, cometidos por una persona o grupo estructurado, así se encuentren en posesión o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participación en estos delitos. 7. Confiscación: es una pena accesoria que consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún bien, por decisión de un tribunal. 8. Decomiso: es la privación definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien que haya sido abandonado o no reclamado en los términos previstos en esta Ley, decretado por un juez o jueza a favor del Estado.
Delincuencia Organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los cinco años de prisión o afecten intereses colectivos y difusos.
Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles adquiridos de cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad o la participación en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen.
Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito.
Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora, tenedor o tenedora de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley.
Íntimo asociado: es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una persona expuesta políticamente e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona.
Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas.
Operación inusual: aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.
Organización terrorista: grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas.
Órgano o ente de control: todo organismo de carácter público que rige las actividades de un sector específico de la economía nacional, dictando directrices operativas para la prestación del servicio que le compete. Cuando el control, la fiscalización o las directrices, emanen de los órganos del poder central a otros órganos y entes sobre los cuales se ejerce supremacía, se entenderá que actúa como órgano de tutela.
Persona expuesta políticamente: es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaría en su beneficio.
Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito.
Sujetos obligados: todo organismo, institución o persona natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.
Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a una organización o grupo terrorista, diseñe, prepare, organice, financie y ejecute uno o varios actos terroristas.
ARTÍCULO 5 Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Coordinar con los diferentes órganos y entes competentes a nivel nacional e internacional, las diversas operaciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la prevención y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, sin perjuicio de las competencias que le corresponde a cada uno de los órganos y entes involucrados.
Diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control, en la elaboración del plan operativo anual en materia de prevención y control de los delitos previstos en esta Ley.
Recibir, procesar y difundir información sobre actividades relacionadas con la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, así como el análisis situacional que sirva de fundamento para las estrategias y políticas públicas del Estado venezolano.
Diseñar políticas públicas para garantizar la aplicabilidad efectiva del marco jurídico sobre la materia de prevención y control de legitimación de capitales y contra el financiamiento al terrorismo, a los fines de adecuarlas a los estándares nacionales e internacionales.
Diseñar programas de adiestramiento y capacitación para los funcionarios públicos y funcionarias públicas del Poder Judicial, Ministerio Público y de los órganos y entes de control; en materia de prevención, control y fiscalización de los delitos previstos en esta Ley.
Mantener intercambio de información y de trabajo con organismos y redes internacionales en su área de competencia.
Asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, en las relaciones internacionales sobre la materia. 8. Coordinar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, convenios, tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación, que fortalezcan los esfuerzos del Estado venezolano para prevenir y reprimir los delitos previstos en esta Ley.
Representar a la República en el exterior, previa coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores, en los temas relacionados con los delitos previstos en esta Ley.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones. 11 .Cualquier otra atribución que le corresponda conforme a lo establecido en las leyes o que le sea especialmente delegada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.
TÍTULO II De la prevención, control, fiscalización y sanción Artículos 7 a 26
CAPÍTULO I De la prevención Artículos 7 a 9
ARTÍCULO 7 Órganos y entes de control
- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
- La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
- El Banco Central de Venezuela.
- La Superintendencia Nacional de Valores.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, a través de sus órganos Competentes.
- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
- El Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en petróleo y minería, a través de sus órganos competentes.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, a través de sus órganos competentes.
-La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias.
- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio.
- El Consejo Nacional Electoral.
- Cualquier otro que sea designado mediante ley o decreto.
- Controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la instrumentación y aplicación de las medidas de control, para la prevención de los delitos previstos en esta Ley.
- Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, supervisión, fiscalización y vigilancia.
- Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de los sujetos obligados.
- Inspeccionar, supervisar, vigilar, regular y controlar el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de seguridad y protección establecidas en esta Ley, en la Ley Orgánica de Drogas, en reglamentos del Ejecutivo Nacional, por resoluciones o providencias que especialmente dicte el órgano o ente de tutela.
- Solicitar la información que considere necesaria, dentro del marco previsto en esta Ley, exigiendo los reportes, informes y datos pertinentes.
- Intercambiar la información obtenida con otras autoridades legalmente facultadas para ello, a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
- Elevar al órgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y detectar los delitos previstos en esta Ley, según su ámbito de competencia.
- Remitir a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la información requerida, en los plazos establecidos por esta.
- Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados o empleadas.
- Vigilar y supervisar el cumplimiento de programas actualizados de capacitación y adiestramiento del personal de los sujetos obligados en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley, según su marco de competencia.
- Desarrollar programas actualizados de capacitación y adiestramiento dirigidos a su personal en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley, según su marco de competencia.
- Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos, con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control. 14.- Aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos previstos en esta Ley.
- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.
- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
- Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.
- Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
- Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.
- Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.
-Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:
- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea: b.- Compraventa de bienes raíces;
CAPÍTULO II De las obligaciones y sanciones Artículos 10 a 18
ARTÍCULO 10 Obligación de conservar registros y controlar transacciones
- Para los documentos relativos a la identificación de clientes o usuarios (copias o registro de documentos de identidad oficiales, tales como pasaporte, cédula de identidad, permiso de conducir o documentos similares) a partir del día en que finalice la relación.
- Para aquellos documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de ésta.
- Para los reportes de actividades sospechosas, a partir de la remisión del mismo.
- Para la correspondencia comercial, después de haber concluido la relación comercial. El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado con multa equivalente entre trescientas unidades tributarias (300 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
ARTÍCULO 11 Obligación de identificación del cliente
ARTÍCULO 12 Destino de las transacciones
ARTÍCULO 14 Obligación de confidencialidad
ARTÍCULO 15 Obligación de no cerrar cuentas
ARTÍCULO 16 Obligación de identificar a terceros intervinientes
ARTÍCULO 17 Obligación de reportes de transacciones en efectivo
ARTÍCULO 18 De las personas expuestas políticamente
Los sujetos obligados bajo la supervisión del órgano o ente de control deberán diseñar, establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones comerciales con clientes que son, han sido o serán considerados bajo el perfil de una persona expuesta políticamente. Asimismo, deberán establecer sistemas apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados aprobar en todo momento la vinculación de éstos clientes con la institución.
CAPÍTULO III De las medidas de prevención Artículos 19 a 23
ARTÍCULO 19 Medidas especiales sobre negocios y transacciones
ARTÍCULO 20 De las sucursales y subsidiarias de los sujetos obligados en el exterior y bancos extranjeros
ARTÍCULO 21 De la Adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados
ARTÍCULO 22 De la obligación de declarar
ARTÍCULO 23 De la prohibición de transporte de capitales
CAPÍTULO IV De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Artículos 24 y 25
- Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley, dentro del cumplimiento de los deberes de cuidado para prevenir los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de actividades sospechosas, así como operaciones o patrones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
- Intercambiar con entidades homólogas de otros países, la información para el estudio y análisis de casos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otros delitos de delincuencia organizada transnacional, pudiendo suscribir convenios o memorandos de entendimiento, cuando se requiera. 6.- Presentar informes al Ministerio Público cuando se tengan indicios de la presunta comisión de un hecho punible, los cuales estarán debidamente fundados con la información que los sustente.
- Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, y coadyuvar con la investigación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y los órganos y entes de control, las acciones necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta materia dicten los órganos y entes de control.
- Proporcionar la información necesaria a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para el diseño de políticas públicas en la materia de su competencia.
- Otras que se deriven de la presente Ley u otras disposiciones legales y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
CAPÍTULO V De los organismos policiales, de investigaciones penales y del Ministerio Público Artículo 26
ARTÍCULO 26 Órganos competentes de investigaciones penales
- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
- Los cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado.
TÍTULO III De los delitos y las penas Artículos 27 a 53
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 27 a 33
ARTÍCULO 27 Calificación como delitos de delincuencia organizada
ARTÍCULO 28 Sanción
ARTÍCULO 29 Circunstancias agravantes
- Utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, adultos o adultas mayores e indígenas, o en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas.
- Por funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de investigaciones penales o de seguridad de la Nación; o por quien sin serlo, use documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condición.
- Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o a través de medios informáticos que alteren los sistemas de información de las instituciones del Estado.
- Con el uso de armas de cualquier índole, nucleares, biológicas, bacteriológicas o similares.
- Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor para uso militar, colectivo o de transporte público.
- Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algún servicio público o empresa del Estado. 7.- Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Procurador o Procuradora General de la República, Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, Gobernadores o Gobernadoras y Alto Mando Militar.
- Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país, sus sedes o representantes, o contra los representantes de organismos internacionales.
- Con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por fanatismo religioso.
- Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla.
- Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros Estados.
- En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial creada por esa misma ley o en un lugar poblado.
ARTÍCULO 32 Sanciones a las personas jurídicas
- Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley.
- La prohibición de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas.
- La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.
- Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.
- Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo.
- Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.
ARTÍCULO 33 Participación del funcionario público o funcionaria pública
CAPÍTULO II De los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas Artículos 34 a 36
ARTÍCULO 34 Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos
ARTÍCULO 35 Legitimación de capitales
- El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos.
- La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.
- El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas.
ARTÍCULO 36 Incumplimiento de los sujetos obligados
CAPÍTULO III De los delitos contra el orden público Artículos 37 a 39
ARTÍCULO 37 Asociación
ARTÍCULO 38 Tráfico ilícito de armas
Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años.
ARTÍCULO 39 Fabricación ilícita de armas
CAPÍTULO IV De los delitos contra las personas Artículos 40 a 44
ARTÍCULO 40 Manipulación genética ilícita
ARTÍCULO 41 Trata de personas
ARTÍCULO 42 Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas
ARTÍCULO 43 Tráfico ilegal de órganos
ARTÍCULO 44 Sicariato
CAPÍTULO V De los delitos contra la administración de justicia Artículo 45
ARTÍCULO 45 Obstrucción a la administración de justicia
- Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.
- Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona, su cónyuge, familia, honor o bienes, o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de ocho a doce años de prisión.
- Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito, con pena de doce a dieciocho años de prisión, igual pena se aplicará al funcionario público o funcionaria pública, o auxiliar de la justicia que lo acepte o reciba. 4.- Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, con pena de ocho a doce años prisión.
CAPÍTULO VI De los delitos contra la indemnidad sexual Artículos 46 a 49
ARTÍCULO 46 Pornografía
ARTÍCULO 47 Difusión de material pornográfico
ARTÍCULO 48 Utilización de niños, niñas o adolescentes en la pornografía
ARTÍCULO 49 Elaboración de material pornográfico infantil
Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años.
CAPÍTULO VII De los delitos contra la libertad de industria y comercio Artículo 50
ARTÍCULO 50 Obstrucción de la libertad de comercio
CAPÍTULO VIII Otros delitos de delincuencia organizada Artículo 51
ARTÍCULO 51 Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público
CAPÍTULO IX Del Financiamiento al terrorismo Artículos 52 y 53
ARTÍCULO 52 Terrorismo
ARTÍCULO 53 Financiamiento al terrorismo
TÍTULO IV De los bienes y su administración Artículos 54 a 62
ARTÍCULO 54 Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados
ARTÍCULO 55 Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados
ARTÍCULO 56 Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias
ARTÍCULO 57 Depositarios o depositarias, o administradores o administradoras
El órgano rector podrá designar depositarios o depositarías, administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los bienes incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan, quienes deberán someterse a las directrices del órgano rector y presentarle informes periódicos de su gestión. A estas personas se les asimilará a un funcionario público o funcionaría pública a los fines de la guarda, custodia, uso y conservación de dichos bienes y responderán administrativa, civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros agraviados o agraviadas.
ARTÍCULO 58 Procedimiento especial en decomiso de bienes
ARTÍCULO 59 Devolución de bienes
El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del procedimiento de decomiso.
El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos objeto del proceso penal.
El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste, en circunstancias que razonablemente lleven a concluir, que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, decomiso o confiscación.
El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes de manera ilegal; y,
Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, se estimen relevantes a tales fines.
ARTÍCULO 60 Procedimiento especial por abandono
ARTÍCULO 61 Administración de recursos
Financiar y potenciar los proyectos, planes y programas de prevención integral y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, que a tal efecto lleve el órgano rector o el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados.
Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados.
ARTÍCULO 62 Destino de recursos excedentes
TÍTULO V De la jurisdicción y otros procedimientos especiales Artículos 63 a 89
CAPÍTULO I Del procedimiento aplicable Artículos 63 a 65
ARTÍCULO 63 Procedimiento aplicable
Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y demás normas aplicables.
ARTÍCULO 64 Medidas especiales
Intercepción de las comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias.
Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros.
Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), biométricas, antropométrica, evaluaciones médico psiquiátricas.
Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley.
ARTÍCULO 65 Interceptación o grabaciones telefónicas
CAPÍTULO II De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas Artículos 66 a 72
ARTÍCULO 66 Entrega vigilada
ARTÍCULO 67 Autorización previa
ARTÍCULO 68 Requisitos para otorgar la autorización
Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil.
Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles.
ARTÍCULO 69 Licitud de las operaciones encubiertas
Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo previstos en esta Ley para obtener evidencias incriminatorias.
Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos.
Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas.
Evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
ARTÍCULO 70 Agentes de operaciones encubiertas
ARTÍCULO 71 Protección del agente encubierto
ARTÍCULO 72 Infidencia
CAPÍTULO III De la jurisdicción internacional Artículo 73
ARTÍCULO 73 Jurisdicción extraterritorial
Los venezolanos, venezolanas, extranjeros o extranjeras que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero, que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la República Bolivariana de Venezuela.
El investigado o investigada que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en alta mar o en el mar extraterritorial; o en el espacio aéreo internacional.
CAPÍTULO IV De la cooperación internacional Artículos 74 a 85
ARTÍCULO 74 Lineamientos
Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas, ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.
Obstaculizar las actividades de estos grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
Privar a estos grupos de delincuencia organizada del producto obtenido en sus actividades ilícitas a través de las medidas precautelativas de incautación, decomiso o confiscación.
ARTÍCULO 75 Comunicación e intercambio de información
Información sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilícita o su legalización.
Información sobre tipologías o métodos para falsificar pasaportes u otros documentos, sobre el tráfico de personas, armas, drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así como información sobre el ocultamiento de mercancías en materia aduanera o cualquier otra actividad de los grupos de delincuencia organizada.
ARTÍCULO 76 Asistencia judicial
ARTÍCULO 77 Competencia para tramitar las solicitudes de asistencia judicial
ARTÍCULO 78 Equipos conjuntos de investigación
ARTÍCULO 79 Asistencia mutua
Recibir testimonios, declaraciones o tomar entrevistas a personas.
Efectuar inspecciones, incautaciones y aseguramiento preventivo.
Facilitar información, elementos de prueba y evaluación de peritos.
Entregar copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública bancaria y financiera, así como la social y comercial de las sociedades mercantiles.
Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente.
Ejecutar notificaciones de decisiones, documentos y medidas relativas a juicios.
Obtener muestras de sustancias corporales, resultados de ácido desoxirribonucleico (ADN) u otro análisis científico.
Examinar objetos y lugares.
Cualquier otra diligencia sobrevenida y esté autorizada por el ordenamiento jurídico venezolano.
ARTÍCULO 80 Requisitos de la solicitud
La identidad de la autoridad que haga la solicitud.
El objeto y la índole de la investigación del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud, así como el nombre y funciones de la autoridad que las esté efectuando.
Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para la presentación, actuaciones y procedimientos.
Una descripción de la asistencia solicitada.
La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre, así como la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.
ARTÍCULO 81 Denegación de la asistencia judicial recíproca
Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente capítulo.
Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público y derechos fundamentales.
Cuando sea una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia.
Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico interno, en lo relativo a la asistencia judicial recíproca o los tratados jurídicos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
ARTÍCULO 82 Diferimiento
ARTÍCULO 83 De los testigos, expertos u otras personas
ARTÍCULO 84 Gastos ordinarios
ARTÍCULO 85 Remisión de actuaciones penales
CAPÍTULO V Cooperación judicial recíproca Artículos 86 a 89
ARTÍCULO 86 El Estado venezolano en atención a la cooperación internacional, adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscación:
Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto.
De estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley.
ARTÍCULO 87 Identificación, detección, aseguramiento e incautación
El Estado venezolano adoptará las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales u órganos de investigación penal, la identificación, la detección y el aseguramiento preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscación en la asistencia judicial recíproca. A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, el Estado venezolano podrá facultar a sus tribunales penales a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no podrá negarse a aplicar las disposiciones del presente capítulo amparándose en el secreto bancario.
ARTÍCULO 88 Solicitud de decomiso de productos, bienes e instrumentos
ARTÍCULO 89 Disposición
Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes, o de los fondos derivados de la venta de los mismos, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de otros delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
Repartirse con otras partes conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto, bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.
Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en el presente capítulo.
Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar o confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado.
De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o,
De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma medida que éste.
Las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento, incautación, decomiso y confiscación de bienes muebles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, vehículos automotores, semovientes y demás objetos que se emplearen o que sean producto de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, relacionados con la materia de drogas, se regirán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Drogas.
La Ministra del Poder Popular para los ueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO