Source: https://openkratio.org/que-hicieron-los-politicos-con-la-ley-de-transparencia-de-andalucia/
Timestamp: 2019-10-17 19:15:20
Document Index: 177003302

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 34', 'Artículo 41', 'Artículo 47', 'Artículo 49']

Inicio › Actividad › Lobby › ¿Qué hicieron los políticos con la Ley de Transparencia de Andalucía?
Desde OpenKatio hemos realizado un análisis de los cambios que se han producido en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía durante su fase parlamentaria. Esto es, desde que se aprueba el Proyecto de Ley por parte del Consejo de Gobierno y que esta acaba finalmente publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).
No ha sido sencillo, pero hemos utilizado un comparador de textos que nos ha ayudado en el proceso, y que también publicamos para que puedas sacar tus propias conclusiones. Ojalá los técnicos del Parlamento de Andalucía, con quienes estuvimos reunidos no hace mucho, entiendan que lo que necesitamos son menos PDFs y más herramientas como esta y como Proyecto Colibrí.
Herramienta comparador del “Proyecto de Ley” y “Ley de Transparencia”
Resumen de cambios encontrados:
¿En qué medida han cambiado sus señorías parlamentarias el texto de esta Ley? En la web del Parlamento de Andalucía figuran unos 15 trámites asociados (expediente 9-14/PL-000001) y lo que nos hemos encontrado se resume en dos puntos negativos y dos positivos:
No hay obligación de razonar o motivar las subvenciones o ayudas públicas de carácter excepcional, lo cual sí figuraba en el texto de la Ley publicado en el BOPA 465 artículo 15.c. Lo sentimos como una pérdida importante de transparencia.
¿Se relajan obligaciones para los Ayuntamientos? (entidades locales): se han realizado cambios en los artículos 4.1 y 9.7 de forma que pudiera entenderse que las entidades locales tienen autonomía para establecer sus propios plazos para suministrar la información pública a la que están obligados. Esto merecería, cuanto menos, una aclaración. ¿Y tu? ¿Cómo lo interpretas?
Se amplía el número de entidades obligadas a hacer publicidad activa de información: así, por ejemplo, el artículo 3.f obliga no solo a las Universidades sino a sociedades mercantiles y fundaciones, y se equiparan las entidades religiosas (iglesias, confesiones …) a los partidos políticos en cuanto a sus obligaciones de transparencia (artículo 5.1). Esto último mejora a la Ley Estatal.
Se hace más transparente la información sobre contratos públicos (adjudicaciones) al incorporar la obligación de reportar las modificaciones y prórrogas de contratos, qué concursos quedan desiertos, supuestos de resolución/nulidad, revisiones de precios y cesión de contratos.
Nos encontramos insatisfechos con el trabajo realizado por los grupos parlamentarios.
Sin duda nuestra expectativa era que se aprovechara este último trámite para una valiente mejora. Ya en fase de Anteproyecto de Ley, hicimos llegar a la Consejería de Presidencia un documento de 56 recomendaciones para la mejora del Anteproyecto elaborado de forma colaborativa en Internet. Desde OpenKratio nos queda pendiente un análisis completo de cuántas de las peticiones han sido atendidas (prometemos hacerlo), pero somos conscientes de que las siguientes han sido ignoradas:
Que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales se hubieran incluido en el artículo 3.1 para someterlas a las mismas obligaciones de transparencias que las Administraciones Públicas, aunque solo fuera para aquellos que superasen un tanto por ciento en financiación pública. De esta forma no solo estarían obligadas a la publicidad activa de información sino que la ciudadanía tendríamos el derecho realizarles solicitudes de acceso a su información. La ley Andaluza ha creado un artículo específico para ellos (el artículo 5.1) metiéndolos en el ‘mismo saco’ con las asociaciones o entidades de representación de intereses colectivos. El texto resulta muy dudoso, por un lado indica que sus obligaciones serán las que marque la Ley de Transparencia del Estado (19/2013 del 9 de Diciembre) y por otro que, si reciben fondos públicos “podrán ser sometidas a exigencias de publicidad específicas”, sin que se indiquen cuáles son ni en qué supuestos.
Que a la información sobre Altos Cargos (art. 11) no se le incorporaran finalmente nuestra sugerencias: publicar que otros cargos compaginan en el desarrollo de su actividad, los conceptos abonados en dietas/kilometraje y el personal de confianza asignado a su cargo. Al final ha resultado que los Altos Cargos seguirán publicando lo mismo que ya venían haciendo antes de esta Ley.
En contrataciones públicas (art. 15), que no haya obligación de publicar las ofertas técnicas de las empresas o entidades concursantes, algo que ocurre en países como Chile. Así, sólo seguiremos conociendo qué pidió la Administración (pliegos de condiciones técnicas), pero no qué acabó contratando realmente.
En contrataciones públicas, no queda claro que los contratos menores (por debajo de 18.000 euros) tengan las mismas consideraciones de transparencia que el resto (art. 15). Al menos en fase de Anteproyecto se decía explicitamente que la información sobre contratos menores se daría agregada, cosa que denunciamos en nuestro documento de 56 recomendaciones.
Listado de diferencias entre el Proyecto de Ley y la Ley de Transparencia:
A continuación, os dejamos el listado total de las diferencias encontradas para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. La comparativa realizada es el texto del BOPA num 398 versus BOPA num 475 (ver web parlamento expediente 9-14/PL-000001). Consideraciones:
Hemos ignorado aquellas diferencias relativas a correcciones ortográficas, mayúsculas/minúsculas, signos de puntuación, estilo (cabeceras, pies de pagina, etc…) y cambios de redacción que no alteran el significado del texto.
Para cada item del listado figura entre corchetes un código de diferencia ([Dif. X]) con el que podéis localizar rápidamente el cambio en el comparador de los dos textos que hemos dejado a vuestra disposición, y un comentario con nuestra valoración. Ayúdanos a encontrar dónde nos hemos equivocado o si se nos ha pasado algún detalle por alto.
::Preámbulo::
[Dif. 9] Se añaden promesas de un sistema de evaluación de políticas pública que no se concretan ni en el preámbulo ni en su desarrollo en el Artículo 12.
::Artículo 2: Definiciones::
[Dif. 36] b) Publicidad activa: “[...] cuyo conocimiento sea relevante para garantizar” por “[...] de relevancia que garantice”.
::Artículo 3: Ámbito subjetivo de aplicación::
[Dif. 38] f) Se añaden las Entidades instrumentales de las Universidades (Sociedades mercantiles y fundaciones).
[Dif. 39] j) Cambios en el ámbito de las fundaciones. Se refiere a otras leyes para reconocer cuáles entran y cuales no. No logramos entender las implicaciones que esto tiene.
[Dif. 41] Se ha eliminado “[...] para sus instituciones”
::Artículo 4: Obligación de suministrar información::
[Dif. 43] Se ha eliminado “los plazos más breves”, ¿podría esto servir como escudo para que las AALL puedan poner los plazos más ámplios para publicitar información que los que dicta la ley?
[Dif. 45] 5) Se insta a las AAPP a q prevean lo q les cuesta en recursos aplicar la ley para q lo vayan previendo en contrataciones públicas y subvenciones.
::Artículo 5: Otros sujetos obligados::
[Dif. 46] Se incorporan entidades religiosas, se aclaran los límites en el propio artículo (sólo entidades que reciban +100k€ en subvenciones o +40% de dinero publico), pero se sigue delegando en la Ley Transparencia del Estado. El párrafo a continuación no deja claro qué exigencias y en qué supuestos las entidades que reciban dinero a cargo del Presu. Junta de Andalucía serán sometidas a publicidad activa.
::Artículo 6: Principios básicos::
[Dif. 50] h) Se tiene un gesto con personas con dificultades para acceder a la información pública.
::Artículo 8: Obligaciones::
[Dif. 54] d) Se añade que no habrá pagar si se accede a información pública en formato distinto al original.
::Artículo 9: Normas generales::
[Dif. 57] 7) Los cambios resultan como poco polémicos o de retórica enrevesada: Por un lado parece que deja a la Administración de la Junta que publique/actualice información con mayor frecuencia a la exigida (trimestral) y a la par parece ponerse excepciones para que las Entidades Locales estén exentas de esta obligación pudiendo publicar a menor frecuencia. Necesitaría esto, al menos, una aclaración.
::Artículo 12: Información sobre planificación y evaluación::
[Dif. 66]: Se añaden consideraciones sobre evaluación de políticas públicas. Pero tampoco se indica cuándo se hacen, cuando se publican los resultados de las evaluaciones ni cómo ni quien las organiza.
::Artículo 15: Información sobre contratos, convenios, subvenciones::
[Dif. 72] Se hacen transparentes las modificaciones y prórrogas de contratos y las indicaciones de concursos desiertos, supuestos de resolución/nulidad, revisiones de precios, cesión de contratos.
::Artículo 18: Acceso a publicidad activa::
[Dif. 79] Se añade que no solo la Junta, sino también sus entidades instrumentales, estarán obligadas a poner la información accesible a través del Portal de la Junta de Andalucía.
::Artículo 34: Materialización de acceso a la información publica::
[Dif. 96] Se mejora: en ningún caso los costes de publicar un documento público serán motivo para denegar el acceso.
::Artículo 41: Unidades y comisiones de transparencia::
[Dif. 106] Se añade que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía velará por el cumplimiento [...]
::Artículo 47: Dirección del Consejo de Transparencia::
[Dif. 117] La presidencia seguirá siendo cada 5 años, pero será no renovable (cosa que sí establecía el proyecto de ley).
::Artículo 49: Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos::
[Dif. 121] Se apuntan a formar parte representantes del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
‹ ¡Cópiame! Kit formativo #opendata para responsables públicos
Curso de verano “Gobierno abierto y reutilización de la información pública en el ámbito local” (II edición) ›