Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0427_ES.html
Timestamp: 2019-09-21 15:48:41
Document Index: 378055625

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 333', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 53']

Procedimiento : 2018/2094(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0427/2018
266k 106k
sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa
Ponente: Ramón Jáuregui Atondo
Ponente de opinión (*):Ivana Maletić, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA
– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007,
– Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada,
– Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 29 de junio de 2016,
– Vistas la Declaración y la Hoja de Ruta de Bratislava de los veintisiete Estados miembros, de 16 de septiembre de 2016,
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(1),
– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(2),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(3),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(4),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro(5),
– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, y los cinco documentos de reflexión posteriores (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),
– Vista la Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017,
– Vista la notificación del Reino Unido, de 29 de marzo de 2017, de su intención de retirarse de la Unión Europea,
– Vista la Resolución del Comité Económico y Social Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos»(7),
– Vista la Resolución del Comité Europeo de las Regiones, de 12 de mayo de 2017, sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa — Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025(8),
– Vistas las distintas aportaciones de los Parlamentos nacionales sobre el Libro Blanco de la Comisión y los documentos de reflexión sobre el futuro de Europa,
– Visto el discurso sobre el estado de la Unión 2018 pronunciado el 12 de septiembre de 2018 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,
– Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y su hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática, de 24 de octubre de 2017 (COM(2017)0650),
– Visto el discurso pronunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Universidad de la Sorbona el 26 de septiembre de 2017, titulado «Initiative pour l’Europe: Une Europe souveraine, unie, démocratique» («Iniciativa para Europa: una Europa soberana, unida y democrática»),
– Vista la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 29 de septiembre de 2017 en Tallin,
– Vista la Agenda de los Dirigentes refrendada en la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de 2017,
– Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, de 17 de noviembre de 2017, del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,
– Vista la hoja de ruta para la profundización de la Unión Económica y Monetaria de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017 (COM(2017)0821), y, en particular, la propuesta relativa a la creación del Fondo Monetario Europeo (COM(2017)0827), la propuesta de integrar el contenido del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la Unión (COM(2017)0824) y la comunicación sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas (COM(2017)0823),
– Vista la reunión del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2017, así como la reunión de dirigentes y las reuniones de la Cumbre del Euro celebradas al margen de la misma,
– Vista la carta de 20 de diciembre de 2017 firmada por veintiséis Parlamentos nacionales de veinte Estados miembros sobre la transparencia en la toma de decisiones del Consejo,
– Vista la declaración de 10 de enero de 2018, adoptada en la Cumbre de los países del sur de la Unión Europea (Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal), titulada «Bringing the EU forward in 2018», así como la declaración sobre el futuro de Europa formulada el 26 de enero de 2018 por los países del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) y la declaración conjunta de los ministros de Finanzas de Finlandia, Dinamarca, Estonia, Irlanda Letonia, Lituania, los Países Bajos y Suecia de 6 de marzo de 2018,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2018, titulada «Una Europa que responde: opciones institucionales para hacer más eficiente el trabajo de la Unión Europea» (COM(2018)0095),
– Vista la Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo(9),
– Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 23 de febrero de 2018,
– Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2016(10),
– Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales(11),
– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0322),
– Vista la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0325),
– Vista la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018,
– Visto el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a la investigación estratégica OI/2/2017/TE sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo, de 16 de mayo de 2018,
– Vista la Declaración de Meseberg, de 19 de junio de 2018,
– Vista la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 28 y 29 de junio de 2018,
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 9 de octubre de 2018 titulado «Reflecting on Europe: the voice of local and regional authorities to rebuild trust in the European Union» (Reflexionar sobre Europa: la voz de las autoridades locales y regionales para recuperar la confianza en la Unión Europea),
– Vistos los debates sobre el futuro de Europa con los jefes de Estado y de Gobierno, auspiciados por el Parlamento Europeo,
– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0427/2018),
A. Considerando que la Unión Europea es un ejemplo único de integración supranacional que ha traído consigo paz, prosperidad y bienestar duraderos ya desde la revolucionaria Declaración de Schuman de 9 de mayo de 1950; que la seguridad, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y el bienestar de su población de forma compartida han estado en el centro de sus aspiraciones y de sus acciones;
B. Considerando que la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, la moneda única, el programa Erasmus, las políticas regionales, agrícolas y de cohesión y Horizonte 2020 son logros fundamentales de la Unión, entre muchos otros, que contribuyen al bienestar de los ciudadanos europeos; que la Unión necesita contar con los recursos y las competencias adecuados para hacer frente a los retos del siglo XXI;
C. Considerando que en los últimos años la Unión se ha enfrentado a varias crisis que han puesto a prueba su resiliencia y su capacidad para actuar con unidad y determinación;
D. Considerando que durante el período 2014-2017 se han aplicado unas políticas monetarias y macroeconómicas más eficaces y equilibradas desde el punto de vista social que han contribuido a la recuperación económica y social de la Unión, como las políticas no convencionales del Banco Central Europeo, la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Plan de Inversiones para Europa;
E. Considerando que, si bien Europa ha logrado contener y superar parcialmente los momentos más críticos de la crisis financiera y económica, aún quedan por delante reformas importantes y urgentes a nivel de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la gobernanza económica en general y la zona del euro en particular, así como en términos de mayor refuerzo del mercado único y de recuperación y desarrollo de estándares sociales de nuestros estados de bienestar;
F. Considerando que, a la vista de los múltiples retos actuales y futuros a los que se enfrenta la Unión tanto a nivel interno como externo en un entorno global inestable y parcialmente hostil, en particular los relativos a la migración, el declive democrático, el terrorismo, la seguridad, el cambio climático, las cuestiones medioambientales, el mantenimiento del orden mundial multilateral, la realización de la UEM, la globalización, el comercio internacional libre, justo y basado en normas, los asuntos exteriores y la defensa, el desarrollo del pilar social y la lucha contra el populismo antieuropeo, la intolerancia y la xenofobia, la Unión debe promover un espíritu renovado de cooperación y solidaridad entre sus miembros basado en los artículos 2 y 3 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales, y que al mismo tiempo el objetivo consagrado en el Tratado de Lisboa de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa debe seguir inspirando las acciones emprendidas por la Unión, con vistas a reforzar aún más la integración europea y a abordar correctamente estos retos;
G. Considerando que el Parlamento está muy preocupado por el incremento de los movimientos populistas, xenófobos y antieuropeos en toda Europa; que la Unión y sus Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para defender y promover los valores democráticos, los principios fundacionales y los objetivos de la integración europea;
H. Considerando que el referéndum celebrado en el Reino Unido en junio de 2016, que culminó con la comunicación del Reino Unido el 29 de marzo de 2017 de su intención de abandonar la Unión Europea, ha intensificado el debate sobre el futuro de la Unión; que las negociaciones sobre la retirada prevista del Reino Unido de la Unión han puesto de manifiesto el alto nivel de interdependencia de los Estados miembros, el grado en que todos dependemos de los instrumentos y las políticas comunes y los costes que conlleva la salida de la Unión;
I. Considerando que la intensificación del debate sobre el futuro de Europa se refleja, además de en las propias Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa de 16 de febrero de 2017, en la Declaración y Hoja de Ruta de Bratislava, el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, la Declaración de Roma, la Agenda de los Dirigentes adoptada por el Consejo Europeo en octubre de 2017, y en diversas aportaciones realizadas por los Estados miembros individualmente o agrupados entre sí, y por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, al igual que en debates en el Pleno en el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa con jefes de Estado o de Gobierno, en reuniones de comisiones interparlamentarias y en la organización de diálogos ciudadanos y de consultas por parte de diferentes instituciones, órganos y Estados miembros;
J. Considerando que la encuesta Parlámetro, realizada entre el 8 y el 26 de septiembre de 2018, muestra que el 62 % de los encuestados cree que la pertenencia de sus países a la Unión es positiva y que el 68 % considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión, el resultado más elevado obtenido desde 1983;
K. Considerando que los valores y principios en los que se fundamenta la Unión definen una esfera en la que todos los ciudadanos europeos pueden reconocerse, independientemente de las diferencias políticas o culturales ligadas a la identidad nacional;
L. Considerando que las próximas elecciones al Parlamento Europeo brindan la oportunidad de hacer balance del debate sobre el futuro de Europa, también a la vista de las principales prioridades institucionales del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de cara a la nueva legislatura;
M. Considerando que la Unión encara un período especialmente importante en cuanto a su proceso de construcción, dada la naturaleza y dimensión de sus retos, y que estos solo pueden superarse trabajando conjuntamente y mediante una mayor y mejor integración y solidaridad entre Estados miembros, utilizando plenamente las actuales disposiciones del Tratado de Lisboa y, posteriormente, reformando los Tratados a fin de mejorar el proceso decisorio institucional y garantizar el equilibrio adecuado de competencias;
N. Considerando que el objetivo de las reformas institucionales debe ser una mayor democratización de los procesos decisorios y la mejora de la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la Unión y sus instituciones; que, a la luz de estos objetivos, es el momento apropiado y oportuno de promover una participación cívica significativa en el proyecto europeo y de organizar consultas e incentivar un diálogo regular con los ciudadanos y las asociaciones representativas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del TUE;
O. Considerando que la Unión precisa una estructura de gobierno más sólida, con un mayor control democrático por parte del Parlamento, para hacer frente a los retos actuales y futuros; que la transparencia y la integridad de las instituciones y organismos de la Unión constituyen condiciones indispensables para lograr la confianza de los ciudadanos;
P. Considerando que la Declaración conjunta franco-alemana de Meseberg contiene una serie de reflexiones y propuestas para reforzar la cooperación europea, en particular en el ámbito de la gobernanza económica;
Q. Considerando que la promoción de una dimensión europea de la cultura y la educación resulta fundamental para reforzar la ciudadanía europea, teniendo en cuenta que la Unión adolece de un déficit de conocimiento que hace que las generaciones jóvenes tiendan a dar por sentados los avances que logra;
1. Recuerda que las Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa, de 16 de febrero de 2017, hacen hincapié en la importancia de un marco institucional único y del método comunitario y sugieren varias propuestas e iniciativas de especial importancia para la integración europea que pueden contribuir a la construcción del futuro de Europa;
2. Subraya que la Unión debe hacer frente a los retos que plantea su futuro con una mayor y mejor integración política, respetando plenamente y promoviendo los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos, y trabajando conjuntamente; destaca que los ciudadanos quieren una Europa que proteja sus derechos, su bienestar y su modelo social sobre la base de la soberanía compartida, lo que exige una integración política adecuada; invita a los jefes de Estado y de Gobierno a que sigan por este camino con un espíritu de solidaridad y colaboración renovado;
3. Señala que todos los jefes de Estado y de Gobierno que se dirigieron al Parlamento en sesión plenaria durante los debates sobre el futuro de Europa reconocieron la necesidad de afrontar conjuntamente los retos del futuro y de hacer mejor lo que únicamente se puede lograr juntos;
4. Reitera su convicción de que la integración diferenciada debe continuar estando abierta a todos los Estados miembros y seguir sirviendo de método para lograr una integración y una solidaridad europeas más profundas, algo que no debe confundirse con la idea de una Europa a la carta; insiste en la necesidad de evitar cualquier percepción de la creación de Estados miembros de primera y de segunda clase dentro de la Unión en el debate en curso sobre la integración diferenciada;
5. Recuerda que la integración diferenciada no debe servir como medio para disminuir la integración política;
6. Hace hincapié en que la crisis ha provocado un desequilibrio entre las principales instituciones de la Unión, y en que el Consejo Europeo está ejerciendo su propia iniciativa política en detrimento del derecho de iniciativa de la Comisión y está reforzando el método intergubernamental; considera, no obstante, que el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión; recuerda las numerosas resoluciones aprobadas por el Parlamento a este respecto y reitera su petición al Consejo Europeo de que respete plenamente los límites de sus competencias de conformidad con lo dispuesto, en particular, en el artículo 15 del TUE;
7. Reitera que la unanimidad que exigen los Tratados en algunas cuestiones fundamentales supone un obstáculo casi insuperable en momentos y decisiones importantes y defiende, por lo tanto, con respecto a los procedimientos de toma de decisiones, el principio de votación por mayoría cualificada en el Consejo y, en el caso de la legislación, el uso del procedimiento legislativo ordinario en todos los ámbitos en los que sea posible; recuerda que en el marco de los Tratados actuales esto puede conseguirse mediante el uso de diversas «cláusulas pasarela» o, en el caso de la cooperación reforzada, mediante el uso del artículo 333 del TFUE;
8. Acoge con satisfacción, a este respecto, el anuncio del presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 13 de septiembre de 2017 y 12 de septiembre de 2018 de la intención de proponer el uso de la mayoría cualificada en el Consejo en determinados ámbitos políticos específicos, pero lamenta que el Reglamento sobre el marco financiero plurianual no se encuentre entre las cuestiones enumeradas;
9. Acoge con satisfacción, en especial, que la Comisión haya propuesto el uso de la mayoría cualificada en la política exterior y de seguridad común (PESC) en el caso de posiciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en foros internacionales, decisiones para el establecimiento de regímenes de sanciones y decisiones para la puesta en marcha o aplicación de misiones civiles en respuesta a crisis exteriores, habida cuenta de la importancia de acelerar la toma de decisiones y de mejorar su efectividad, así como la necesidad de que la Unión hable con una sola voz;
10. Reitera su propuesta de transformar el Consejo en una verdadera cámara legislativa en pie de igualdad con el Parlamento, tal y como se destaca en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa, y de mejorar la transparencia de su proceso decisorio; señala, en este contexto, el informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo y la carta de las delegaciones de la COSAC de 20 de diciembre de 2017, en la que se pide mayor transparencia en la toma de decisiones políticas, en particular por parte del Consejo y órganos informales como el Eurogrupo, en consonancia con peticiones similares formuladas por el Parlamento a este respecto;
11. Considera que existen diferentes opciones para hacer más ágil a la Comisión adaptando la estructura y los métodos de trabajo del Colegio de Comisarios, por ejemplo, con el nombramiento de vicepresidentes responsables de una agrupación de políticas o el nombramiento de comisarios senior y junior;
12. Recuerda que, aunque el Parlamento no tiene un derecho formal de iniciativa legislativa en virtud de los Tratados actuales, puede solicitar que la Comisión presente cualquier propuesta adecuada sobre cuestiones que, en su opinión, requieran un acto de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados, y recuerda a la Comisión, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(12), su obligación de prestar una atención rápida y detallada a las solicitudes de propuestas de actos de la Unión; recuerda, además, que este acuerdo interinstitucional también contiene disposiciones sobre la programación anual y plurianual interinstitucional, que constituyen una herramienta adicional para que el Parlamento dirija la agenda legislativa;
13. Recuerda su propuesta de que, en caso de una posible revisión futura de los Tratados, el derecho de iniciativa legislativa también pueda atribuirse al Parlamento como representante directo de los ciudadanos de la Unión;
14. Insiste en la obligación de reforzar el poder de control y, en particular, el derecho de investigación del Parlamento y de conferirle unas facultades específicas, reales y claramente delimitadas;
15. Toma nota del informe del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», de 10 de julio de 2018, en el que se presentan recomendaciones sobre una nueva forma de trabajar en materia de subsidiariedad y proporcionalidad; considera que muchas de esas recomendaciones ya han sido destacadas por el Parlamento, sobre todo en lo relativo al papel de los Parlamentos nacionales en la Unión y a la reforma deseable del sistema de alerta temprana; recuerda que dicho Grupo Operativo observó que existe valor añadido de la Unión en todos sus sectores de actividad y, por consiguiente, no identificó ninguna competencia ni ámbito de actuación del Tratado que deban ser delegados de nuevo, total o parcialmente, en los Estados miembros de forma definitiva;
16. Acoge con satisfacción las recomendaciones de las distintas instituciones que piden un papel más activo para los Parlamentos nacionales, especialmente en el control de la acción de sus gobiernos en las instituciones europeas; recuerda asimismo el papel fundamental de las autoridades locales y, en particular, de los parlamentos regionales con competencias legislativas;
17. Subraya la importancia de la cooperación a nivel interinstitucional, en el respeto de las prerrogativas de cada institución consagradas en los Tratados, ya que a esta cooperación se la ha dotado de un nuevo marco con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, y subraya que la simplificación es un ejercicio continuo cuyo objetivo es que los procesos y procedimientos a nivel de la Unión sean más fáciles de comprender, garantizando que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y, en última instancia, facilitando la participación de los ciudadanos en la labor de la Unión Europea;
18. Se felicita de que en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo se proclamara conjuntamente el apoyo al pilar europeo de derechos sociales firmado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; señala que las competencias e instrumentos necesarios para cumplir con el pilar están principalmente en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como de los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que el Semestre Europeo ofrece un marco para seguir la pista a los resultados de los Estados miembros a este respecto; recuerda, asimismo, en este contexto que el diálogo social ha demostrado ser un instrumento indispensable para mejorar el proceso legislativo y de elaboración de políticas de la Unión y reforzar su legitimidad social;
19. Observa el carácter no vinculante del pilar social, que es incapaz como tal de redirigir los esfuerzos de la Unión de las políticas económicas, de mercado interior y presupuestarias hacia objetivos sociales; señala que, en virtud de la cláusula social horizontal consagrada en el artículo 9 del TFUE, la Unión debe analizar detenidamente las repercusiones de su legislación sobre las normas sociales y el empleo, consultando debidamente a los interlocutores sociales;
20. Destaca que la protección del medio ambiente debe convertirse en una prioridad principal para la Unión en vista del actual deterioro medioambiental, y que ha de integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión; señala que la Unión debe emprender una acción eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la proporción de energías renovables en la combinación energética y de ahorro energético hasta llegar a los niveles necesarios para alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París;
21. Pide de nuevo a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Carta Social Europea revisada y el Convenio Europeo de Seguridad Social (STCE n.º 78);
22. Subraya la importancia de continuar el proceso de profundizar y completar la UEM con el fin de contribuir a preservar la estabilidad de la moneda única y mejorar la convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo, así como las cuestiones sociales, entre los Estados miembros; reitera que, a excepción de la exclusión voluntaria de Dinamarca, todos los Estados miembros están obligados a adoptar el euro; apoya la adopción de nuevas medidas para el desarrollo del MEDE;
23. Destaca, en este sentido, la necesidad de un compromiso político firme, una gobernanza eficiente y responsabilidad democrática a escala europea y nacional, en particular en lo que se refiere al control parlamentario en las distintas fases del Semestre Europeo por parte del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, con el fin de conferir mayor legitimidad social, económica y democrática a la gobernanza económica y financiera de la zona del euro y mejorar el seguimiento de las recomendaciones de la Unión;
24. Recuerda su punto de vista, plasmado en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea, de que la política presupuestaria y económica debería convertirse en una «competencia compartida» entre la Unión y los Estados miembros;
25. Toma nota de la convergencia de las posturas adoptadas por Francia y Alemania sobre la idea de una capacidad presupuestaria para la zona del euro; reitera su opinión de que dicha capacidad debe desarrollarse dentro del marco de la Unión;
26. Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y está debatiendo nuevas herramientas presupuestarias para lograr la estabilización;
27. Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a un programa de apoyo a las reformas; destaca la importancia de no debilitar las facultades de codecisión y supervisión del Parlamento a la hora de gastar los fondos de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que en el período 2011-2017 solo se aplicaran plenamente el 9 % de las recomendaciones específicas por país (REP); toma nota del mecanismo de convergencia, que constituirá un incentivo y ayudará a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro a aplicar las reformas y a cumplir los criterios para la introducción del euro a través de políticas presupuestarias y económicas sostenibles;
28. Se congratula por el futuro programa InvestEU y destaca que el fondo debe continuar reduciendo la brecha de inversión en la Unión; apoya las inversiones en activos materiales e inmateriales, incluido el patrimonio cultural, para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, prestando especial atención a las pymes, las empresas de pequeña y mediana capitalización y las empresas sociales, y contribuir así a la mejora del bienestar, a una distribución más justa de los ingresos, y a la cohesión económica, social y territorial de la Unión;
29. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas; señala que la fusión de los puestos de vicepresidente de la Comisión para Asuntos Económicos y presidente del Eurogrupo podría mejorar el control parlamentario a nivel europeo;
30. Opina que el futuro presupuesto de la Unión debe promover el valor añadido europeo en términos de impacto socioeconómico; apoyar la modernización de las políticas de la Unión; garantizar la financiación para hacer frente a los nuevos retos; seguir contribuyendo a la convergencia económica y social y a la cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos, a fin de reforzar la solidaridad, la estabilidad y la igualdad europeas, así como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en particular a la luz de los compromisos de la Unión con respecto al Acuerdo de París; garantizar el respeto y la promoción de los valores fundamentales, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del TUE; y dotarse de nuevos recursos propios, teniendo en cuenta el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;
31. Se felicita de que la propuesta de la Comisión relativa a los recursos propios introduzca verdaderos recursos propios nuevos, tal y como había pedido el Parlamento, aunque lamenta que no se introduzcan otras posibles fuentes de ingresos; expresa su preocupación por la propuesta de la Comisión para el MFP correspondiente al período 2021-2027, ya que carece de un compromiso financiero para afrontar los retos actuales y futuros que se le plantean a la Unión; lamenta la postura adoptada por algunos Estados miembros que se niegan a aportar más recursos a la Unión, a pesar del reconocimiento unánime de la necesidad de hacer frente a nuevos retos y responsabilidades y, por tanto, la necesidad de mayores recursos financieros; señala que el gasto a nivel de la Unión puede ahorrar dinero a nivel nacional al evitar la duplicación y mediante economías de escala;
32. Subraya la importancia de garantizar una convergencia económica y social al alza en el proceso del Semestre Europeo; reconoce la importancia del establecimiento del pilar europeo de derechos sociales; observa que el Semestre Europeo se ha reforzado y racionalizado, pero destaca que una mejor participación de los Parlamentos nacionales ayudaría a mejorar la apropiación nacional, lo que llevaría a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país, mejorando así el proceso del Semestre Europeo; señala que corresponde ante todo a los Estados miembros elegir políticas presupuestarias y económicas sostenibles y adecuadas;
33. Lamenta que hasta la fecha no se haya realizado un seguimiento concreto de su petición de un código de convergencia, que se aprobaría mediante el procedimiento de codecisión, con el fin de disponer de un marco más eficaz para la coordinación de la política económica; recuerda además que, pese a reconocer que el Semestre Europeo ya se ha simplificado, pidió la celebración de un acuerdo interinstitucional con el fin de que se confiriera al Parlamento un papel de mayor calado en el Semestre Europeo; recuerda, en este contexto, su sugerencia, plasmada concretamente en su resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los Parlamentos nacionales, de que es necesario coordinar mejor los calendarios presupuestarios a escala nacional y europea en todo el proceso, a fin de reservar una mayor participación al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales en el Semestre Europeo;
34. Destaca la importancia del compromiso con el proceso para completar la unión bancaria y la necesidad de garantizar la apertura y la igualdad de trato de todos los Estados miembros que participen en ella; recuerda la necesidad de proseguir con la realización de la unión bancaria, en particular mediante un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, así como de medidas para lograr la reducción de los riesgos;
35. Acoge con satisfacción las propuestas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales presentadas por la Comisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF); anima al Consejo a concluir junto con el Parlamento las negociaciones legislativas antes de que finalice la presente legislatura, ya que las políticas contra el blanqueo de capitales deben reforzarse para evitar futuras situaciones en las que las instituciones financieras faciliten de forma activa el blanqueo de capitales;
36. Pide a la Comisión que, con ayuda de las autoridades europeas de supervisión, determine y suprima los obstáculos al mercado interior, así como que contribuya a garantizar la protección de los consumidores; considera que una de las prioridades más importantes de la Comisión debería ser la aplicación efectiva de la legislación de la Unión;
37. Pide a la Comisión que dé prioridad a los reglamentos frente a las directivas como instrumento legislativo para la unión bancaria y la legislación sobre servicios financieros, caso por caso y si procede, para evitar la fragmentación y que se cree una situación en la que los supervisores se tengan que ocupar de los distintos regímenes nacionales;
38. Hace hincapié en la urgente necesidad de completar la Unión de los Mercados de Capitales; señala que unos mercados de capitales sólidos y bien integrados complementan la unión bancaria, gracias a su contribución a la distribución del riesgo privado, al aumento de la convergencia económica, a la protección de las perturbaciones futuras y a su posible promoción para una mejor asignación de fondos donde sea necesario; pide que se realice un estudio exhaustivo sobre el marco más apropiado para poder tener en cuenta mejor la rápida evolución de la naturaleza de los servicios financieros; subraya que un mejor acceso a fuentes adicionales de financiación sería especialmente de ayuda para las empresas emergentes y las pymes, promoviendo su crecimiento sólido y su desarrollo sostenible;
39. Acoge con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha y considera necesario continuar la revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA; destaca la urgente necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; toma nota del trabajo de la Comisión sobre una fiscalidad justa de la economía digital;
40. Invita a todas las instituciones y órganos de la Unión, en particular a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Mecanismo Único de Supervisión, a que intensifiquen aún más sus esfuerzos de comunicación para explicar mejor su trabajo y mejorar la información de que disponen los ciudadanos de la Unión;
41. Destaca que Europa es una fuerza positiva en el mundo y que lo debe seguir siendo, defendiendo sus valores, el multilateralismo y el Derecho internacional; recuerda que la Unión y sus Estados miembros son los principales contribuyentes a la ayuda internacional para el desarrollo;
42. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo que establece la cooperación estructurada permanente (CEP), la revisión anual coordinada de la defensa y el Fondo Europeo de Defensa como pasos importantes hacia una política de defensa común, y señala las propuestas realizadas por determinados Estados miembros de cara a un Consejo de Seguridad de la Unión Europea y una Iniciativa de intervención europea; recuerda su petición de crear un Consejo de Ministros de Defensa, con carácter permanente, bajo la presidencia de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), y subraya la importancia de un control democrático adecuado de las decisiones adoptadas en este ámbito y la necesidad de reforzar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales a este respecto;
43. Aplaude el refuerzo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil y pide una vez más la creación de un Cuerpo Comunitario de Protección Civil, teniendo en cuenta que los tratados en vigor constituyen una buena base a tal efecto;
44. Recuerda la adhesión pendiente de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; pide la incorporación de las disposiciones del Tratado Euratom en el TUE y en el TFUE;
45. Lamenta la falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre las prioridades y la aplicación de una política de inmigración integral a nivel europeo, que haría posible organizar y regular los flujos migratorios, controlar nuestras fronteras exteriores de forma más efectiva, cooperar con los países de origen y de tránsito, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo, entre otros objetivos; subraya que es necesario subsanar las contradicciones obvias en los intereses expuestos por los Estados miembros, así como el descontento expresado por los ciudadanos, con el fin de no poner en peligro el proyecto de integración europea, que sufre directamente las consecuencias de la instrumentalización del fenómeno migratorio por los partidos euroescépticos;
46. Recuerda su posición sobre la revisión del sistema de Dublín; subraya, además, la importancia de reforzar su asociación con África y toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, titulada «Reforzar las vías legales hacia Europa: una parte indispensable de una política de migración equilibrada y global que establezca canales legales para la migración» (COM(2018)0635);
47. Destaca la importancia de una política agrícola común (PAC) respaldada por un presupuesto bien financiado; recuerda la importancia primordial de la PAC para la historia de la Unión; hace notar el papel fundamental que desempeña a la hora de garantizar el dinamismo de las regiones rurales y el abastecimiento seguro de alimentos; señala que la próxima reforma de la PAC constituye una oportunidad para reforzar la consecución de sus objetivos; destaca que la PAC es y debe seguir siendo una de las políticas más importantes y más integradas, y que seguirá contribuyendo a la construcción del futuro de Europa mediante una mayor integración, la preservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la protección de los ciudadanos de la Unión; toma nota de que las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen un gran potencial en términos de suministro de bienes públicos; destaca que la agricultura europea desempeña un papel fundamental en la alimentación del planeta y en la creación de empleo para 46 millones de personas; subraya el papel que desempeña la PAC en el mantenimiento del estado y la calidad del suelo, el agua y otros recursos naturales; hace hincapié en la posición crucial que ocupa la agricultura entre las prioridades de la Unión para mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible; subraya la importancia de una PAC bien financiada y reformada para encarar los múltiples retos que deberá afrontar la Unión en el futuro; pone de relieve que la PAC no se centra únicamente en la agricultura y los agricultores, sino que también pretende ayudar a las comunidades rurales más amplias en las que estos llevan a cabo sus actividades y desarrollarlas;
48. Hace hincapié en que la política comercial común debe seguir siendo un pilar fundamental de la política exterior de la Unión, ya que repercute directamente en la vida de los ciudadanos, y en que debe ayudar a la Unión a adaptarse a su nuevo papel en un mundo de múltiples protagonistas en la esfera internacional; insta al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que cooperen en los siguientes ámbitos:
a) afianzar la política comercial común integrándola en el marco político más amplio; asumir el liderazgo en la política comercial mundial en los ámbitos multilateral y bilateral;
b) liderar la defensa de un sistema comercial mundial abierto, basado en normas, justo, orientado al desarrollo y sostenible, garantizar que las empresas de la Unión puedan operar mundialmente en un marco de igualdad de condiciones, normas predecibles, competencia leal y obligaciones definidas, que debe incluir trabajar de manera constructiva en una posición común de la Unión frente a las negociaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas sobre responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas y las obligaciones vinculantes de diligencia debida de las empresas en relación con las cadenas de suministro y producción;
c) mantener al Parlamento informado, de forma integral e inmediata, acerca de las negociaciones y el mandato del Consejo, y a lo largo de la aplicación de los acuerdos internacionales, con el fin de garantizar el ejercicio de sus competencias y prerrogativas; simplificar y acortar los procesos de negociación y reforzar el control del Parlamento a lo largo de los mismos; aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión mediante la publicación de las directrices de negociación (mandatos) para los acuerdos comerciales antes de que se inicien las negociaciones; respetar plenamente las disposiciones de los Tratados y la jurisprudencia reciente de la Unión que determinan que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión;
d) incluir sistemáticamente capítulos sobre comercio digital, pymes, comercio vinculante y de obligado cumplimiento y desarrollo sostenible, además de disposiciones relativas a la igualdad de género, en los acuerdos comerciales, y asumir el liderazgo sobre estas cuestiones en los debates multilaterales; defender la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión;
e) reforzar la coherencia de la política comercial común con la PESC, la política europea de desarrollo y la política climática, a fin de garantizar los valores y objetivos recogidos en el artículo 3, apartado 5, del TUE y en los artículos 21, 207 y 208 del TFUE, respetando plenamente el Consenso Europeo sobre Desarrollo;
49. Considera que la Unión debe seguir fomentando el comercio internacional, al tiempo que defiende las normas sociales, laborales y medioambientales; advierte contra las guerras comerciales, en las que solo hay perdedores y que aumentan las tensiones políticas y de seguridad;
50. Recuerda que el artículo 17, apartado 7, del TUE establece que «teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea»; subraya su voluntad de seguir con el proceso de designación de cabezas de lista (Spitzenkandidaten) para la elección del próximo presidente de la Comisión, y acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión y de determinados Estados miembros a este respecto; subraya que, en el proceso de investidura del presidente de la Comisión, las consultas adecuadas con el Parlamento son de vital importancia, ya que, tras las elecciones, determinarán el candidato que podrá contar con el respaldo de la mayoría de los miembros que lo componen y transmitirá los resultados de sus deliberaciones internas al Consejo Europeo; destaca que el candidato debe haber sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) por uno de los partidos políticos europeos y haber hecho campaña en favor del cargo de presidente de la Comisión en el período previo a las elecciones europeas; considera que esta práctica ha dado buenos resultados, reforzando la legitimidad social de las elecciones europeas y el papel supranacional del Parlamento Europeo como un exponente de la ciudadanía y democracia europeas; advierte una vez más de que el Parlamento estará preparado para rechazar, en el procedimiento de investidura del presidente de la Comisión, a cualquier candidato que no haya sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) en el período previo a las elecciones europeas;
51. Lamenta la tentación frecuente y extendida de culpar a Bruselas de las decisiones impopulares y de eximir a las autoridades nacionales de sus responsabilidades y medidas políticas, dado que esta actitud injusta y oportunista daña a Europa, fomenta el nacionalismo y los sentimientos antieuropeístas y desacredita a las instituciones de la Unión; considera asimismo que las falsas acusaciones contravienen el imperativo de responsabilidad de la actividad gubernamental; destaca que la correcta aplicación y puesta en práctica del Derecho de la Unión es esencial para la materialización de las políticas de la Unión y para fomentar la confianza mutua entre la Unión, los Estados miembros y los ciudadanos, y expresa su preocupación por las acciones de los Estados miembros que no lo hacen deliberadamente;
52. Destaca la necesidad de llevar a cabo una evaluación más estricta de las consecuencias sociales y medioambientales de las políticas de la Unión, teniendo en cuenta asimismo el coste de la no legislación a escala europea (el denominado «coste de la no Europa»);
53. Subraya la necesidad de prestar especial atención al Derecho administrativo de la Unión, como se indica en su Resolución, de 9 de junio de 2016, en la que se pide una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(13);
54. Subraya la necesidad de reforzar el espacio público europeo como un espacio democrático supranacional; hace hincapié en que los principales retos a los que se enfrenta Europa deben abordarse y debatirse desde una perspectiva europea y no únicamente desde una perspectiva nacional, y dando pleno efecto a las disposiciones consagradas en los artículos 10 y 11 del TUE; señala que, por este motivo, la democracia europea necesita reforzar la dimensión transnacional de sus objetivos y retos, promoviendo al mismo tiempo una ciudadanía europea basada en los valores comunes de la Unión Europea y con más educación institucional europea y un marco social deliberativo y más participativo, así como una campaña más europea y menos nacional de cara a las próximas elecciones europeas de 2019;
55. Acoge con satisfacción el enfoque adoptado por la Unión en las negociaciones en curso sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, y subraya la excepcional unidad mostrada por las instituciones europeas y los Estados miembros; señala que la experiencia en las negociaciones celebradas hasta la fecha ha demostrado la enorme complejidad de tales decisiones;
56. Subraya una vez más que ni la soberanía nacional ni la subsidiariedad pueden justificar ni legitimar que un Estado miembro se aparte sistemáticamente de los valores fundamentales de la Unión Europea que inspiraron la redacción de los artículos introductorios de los Tratados europeos, que todos los Estados miembros suscribieron voluntariamente y se comprometieron a respetar; subraya, asimismo, que la defensa de estos valores es fundamental para la cohesión del proyecto europeo, los derechos de todos los europeos y la confianza mutua necesaria entre los Estados miembros; pide de nuevo a la Comisión que presente sin demora una propuesta por la que se dé efecto a su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;
57. Recuerda que, según el Tribunal de Justicia (asuntos acumulados C-8/15 P a C- 10/15 P(14)), las instituciones europeas tienen la obligación de respetar y defender las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso cuando actúen fuera del marco jurídico de la Unión;
58. Insiste en que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, es necesario reflexionar sobre cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión con el fin de proporcionar un presupuesto adecuado para garantizar la financiación de las políticas previstas y mejorar el equilibrio entre la previsibilidad y la capacidad de respuesta, así como sobre cómo garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas; opina que se debe reforzar la condicionalidad previa de las políticas, en los casos necesarios, sin poner en riesgo la operatividad de los programas, con el fin de garantizar una buena gestión financiera eficaz en la ejecución del gasto de la Unión;
59. Destaca la importancia de centrarse, en particular, en la mejora de la eficiencia de la financiación y en los mecanismos democráticos de control del presupuesto de la Unión; pide que todas las instituciones de la Unión mejoren sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan activamente a un procedimiento de aprobación de la gestión orientado a los resultados; considera, en este contexto, que el procedimiento de aprobación de la gestión es un instrumento indispensable de responsabilidad democrática de cara a los ciudadanos de la Unión, y recuerda las dificultades que se han producido reiteradamente debido a la falta de cooperación del Consejo; insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones; hace hincapié en que no debería haber excepciones en este sentido;
60. Llama la atención sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene consecuencias financieras importantes y supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública; señala la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes de la Unión contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión;
61. Reitera que, habida cuenta de la situación actual del proyecto de integración, la Unión debe agotar todas las vías posibles para garantizar la plena aplicación del Tratado de Lisboa; señala que la posterior revisión de los Tratados debería basarse en la celebración de una convención que garantice la inclusividad a través de su composición de representantes y ofrezca una plataforma para la reflexión y la interacción con las partes interesadas y los ciudadanos, con vistas a debatir y extraer conclusiones de las diversas aportaciones al proceso de reflexión sobre el futuro de Europa realizadas por las instituciones y otros organismos de la Unión y las propuestas presentadas por los jefes de Estado y de Gobierno, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil, y en las consultas a la ciudadanía;
62. Destaca que ya ha comenzado el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa a partir de las diversas posiciones adoptadas por el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión con respecto a la reforma de la Unión; lamenta que, a pesar de estas posiciones, solo se hayan contemplado reformas mínimas; hace hincapié en que, una vez investidos el nuevo Parlamento y la nueva Comisión, deben aprovechar la labor realizada en la anterior legislatura y empezar a trabajar en las propuestas formuladas;
DO C 252 de 18.7.2018, p. 235.
DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.
DO C 345 de 13.10.2017, p. 11.
DO C 306 de 15.9.2017, p. 1.
DO L 45 de 17.2.2018, p. 40.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0056.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0189.
DO C 86 de 6.3.2018, p. 126.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising Ltd y otros / Comisión Europea y Banco Central Europeo, ECLI:EU:C:2016:701.
La Declaración de Roma de 2017 puso fin al proceso de reflexión política iniciado en Bratislava el 16 de septiembre de 2016, a raíz del referéndum británico, con intención de marcar una visión conjunta y una hoja de ruta de acción para los siguientes años. Los Estados miembros se comprometieron a trabajar para lograr:
• una Europa segura y protegida, en la que todos los ciudadanos puedan desplazarse libremente, con fronteras exteriores protegidas y una política migratoria eficaz.
• una Europa próspera y sostenible, que promueva un crecimiento sostenido y sostenible, con un mercado único fuerte.
• una Europa social, que luche contra el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza.
• una Europa más fuerte en el plano internacional, que amplíe las asociaciones existentes y cree otras nuevas, resuelta a reforzar su seguridad y su defensa comunes.
El mundo se mueve y los acontecimientos, en todos los planos, se suceden velozmente. Todo nos afecta, el mundo está conectado y es cada vez más interdependiente. Europea se enfrenta así a nuevos retos que nos obligan a tomar decisiones, desde un sistema institucional no suficientemente eficaz y rápido, ni siquiera coherente con la dimensión y la transcendencia de los problemas. Muchos de los problemas graves de estos años pasados solo están en vías de solución, pero no resueltos. Las migraciones están ahí y reclaman una nueva política. La crisis del euro ha puesto de manifiesto la urgencia de su gobernanza. La crisis económica nos exige más convergencia y nuevas políticas. El Brexit está todavía pendiente de una negociación difícil. Y aparecen nuevos retos: Proteccionismo y ¿guerras comerciales?; Política Internacional y Defensa en un ¿desorden multipolar?; Seguridad contra un terrorismo ¿de largo plazo?; Protección de nuestros datos y de nuestras democracias, frente a las manipulaciones y los ataques cibernéticos, etc.
Muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos son globales y sus soluciones requieren una actuación supranacional, incluyendo a los organismos internacionales existentes. El cambio climático es, quizás, el mejor ejemplo de la articulación internacional necesaria, a pesar del lamentable abandono de los EE.UU. del Acuerdo de París. Los fenómenos migratorios, la ciberseguridad, el comercio internacional, las crisis humanitarias, las pandemias, los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales, etc., no pueden ser abordados por un solo país. Ni siquiera por Europa en solitario. Es por ello que existe una gran mayoría política en Europa que nos pide seguir haciendo conjuntamente lo que hacemos bien en la actualidad y asumir conjuntamente los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como europeos.
Diferentes mandatarios nos han propuesto «repensar Europa». Son constantes las apelaciones del europeísmo a mejorar nuestro sistema institucional haciendo frente a múltiples incertidumbres e inseguridades. «Una Europa que protege» es uno de los eslóganes que se ha utilizado para apelar a una Europa que recupera su sentido de ser y su función social extendiendo un paraguas de seguridades personales y colectivas. «Decidir nosotros», no los acontecimientos ni los demás, es otra de las reivindicaciones europeístas, concretada en la soberanía europea ante el mundo, ante la revolución digital, los retos energéticos, la crisis democrática o el modelo social o el multilateralismo internacional y los equilibrios geopolíticos.
Sin duda, uno de nuestros grandes debates es el que surge entre Nación y Europa, entre nuestras realidades nacionales y la construcción supranacional, como si ambas resultaran incompatibles. Es un debate que atraviesa aspectos técnicos (subsidiariedad, proporcionalidad, reparto competencial, etc.) pero, en los últimos años, no solo. Un nuevo nacionalismo, muchas veces abiertamente antieuropeo, reivindica el Estado-Nación como único espacio de democracia y niega así la grandeza del proyecto europeo y la democracia europea misma. Es obligado encontrar un equilibrio en el ejercicio de nuestras respectivas competencias atribuyendo a Europa solo lo que la Unión debe hacer, pero asegurando que pueda hacerlo sin las limitaciones de un intergubernamentalismo paralizante.
Es obligado reforzar el europeísmo construyendo un «demos» europeo que la política, la educación y la cultura deben fomentar. Es necesario evitar la división europea, debilitar nuestra Unión y desproteger a nuestros ciudadanos con populismos nacionalistas que destruyen derechos y libertades. Es muy conveniente recordar que Europa es una suma de identidades y de pueblos, con enorme peso histórico en los sentimientos y que excitarlos o enfrentarlos será suicida.
El fenómeno migratorio ha adquirido una enorme importancia en el debate europeo. Nuestros principios morales sufren con lo que ocurre en el Mediterráneo. Nuestra política exterior muestra enormes debilidades en escenarios tan conflictivos como el Medio Oriente. Somos incapaces de controlar con eficacia nuestras fronteras exteriores y nuestras decisiones comunitarias no han sido aplicadas por abierta desobediencia al reparto de cuotas de inmigración. Lo peor es quizás que en muchas de nuestras sociedades se producen sentimientos de rechazo y de xenofobia contra la inmigración. Sentimientos hábilmente manipulados y utilizados desde la extrema derecha política y los populismos antieuropeos. Por ello es imprescindible y urgente recomponer la política migratoria europea. Es uno de los grandes desafíos de Europa, no solo por la demografía, sino, y sobre todo, por ser coherentes con los principios y valores (artículo 2 del Tratado) en los que se fundamenta nuestra Unión.
La experiencia de la crisis económica y financiera y de su gestión desde la UEM nos ha proporcionado muchas enseñanzas y ha puesto de manifiesto muchas ineficiencias en el funcionamiento institucional. No solo en lo que afecta a la política monetaria y económica. Diferentes informes del PE han señalado que durante los últimos años se han concentrado en el Consejo Europeo la mayoría de las decisiones políticas y económicas en detrimento de las otras instituciones; que el soporte democrático de muchas decisiones se ha debilitado por la influencia en ellas de organismos técnicos no representativos; que la arquitectura institucional en la gobernanza de la zona del euro es insuficiente y requiere reformas importantes; que la unanimidad que requieren los tratados está siendo un obstáculo casi insalvable en momentos y decisiones importantes; que la política exterior y de seguridad de la Unión necesita mejoras en la toma de decisiones y en los recursos, así como unificar la representación internacional de la Unión, etc. En general, estos informes proponen importantes reformas en el funcionamiento institucional de Comisión, Parlamento y Consejo para aumentar la transparencia y mejorar la eficacia y eficiencia de las decisiones de la Unión.
Muchas de las reformas pendientes y de las decisiones que debemos tomar para hacer frente al futuro exigen una integración política europea más profunda, especialmente en el ámbito de la gobernanza económica y monetaria. Será la única forma de hacerlo con legitimidad democrática.
El cambio en los Tratados podría ser, en última instancia, el mejor camino hacia esa integración, pero no parece aconsejable en estos momentos. Esa será una decisión que corresponde analizar y en su caso tomar en la próxima legislatura. En el corto plazo, sin embargo y sin cambios en los tratados, pueden y deben realizarse muchas reformas como se señala en la Resolución del PE, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro. Las cooperaciones reforzadas seguirán siendo un instrumento útil, como lo puede ser en la Defensa. Una Europa de varias velocidades no debe ser, sin embargo, una Europa a la carta.
Pero la integración política nos reclamara también mejorar la relación entre ciudadanía e instituciones europeas. La identidad política europea supranacional de los ciudadanos es débil. No hay confianza en esa relación y la conexión entre la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones y las orientaciones políticas de la Unión es mínima. El presidente Juncker, los federalistas europeos, los primeros ministros y por supuesto el PE han propuesto y deliberado sobre una mejor relación entre ciudadanía e instituciones europeas y un funcionamiento de la Comisión y el Parlamento más acorde con las reglas de los sistemas parlamentarios nacionales. En este sentido, la Ley Electoral Europea reformada por el PE, la figura del Spitzenkandidaten, el fortalecimiento de los partidos políticos europeos, las mayorías parlamentarias que soportan la acción de la Comisión, las funciones de control del Parlamento Europeo y las relaciones con los Parlamentos nacionales y otras muchas materias semejantes deben ser abordadas para una mayor transparencia política y una mejor relación con la ciudadanía europea.
El debate sobre el futuro de Europa ha ido adquiriendo así una reiterada continuidad a lo largo de esta legislatura y más en particular al final de la misma. Sobre la base de los cinco escenarios que elaboró la Comisión en el primer semestre de 2017 se produjeron sucesivas aportaciones, tanto desde las instituciones como desde investigadores y expertos europeos. En particular, han sido notables las aportaciones que han venido haciendo los presidentes o primeros ministros de los Estados miembros, invitados por el PE a exponer sus puntos de vista sobre el futuro de Europa, a lo largo de este año 2018.
El presente informe pretende sintetizar los temas a debatir sobre el futuro y orientar y clarificar los caminos de la integración europea en vísperas de las elecciones de 2019. En ese sentido conviene precisar que este informe no pretende resolver ni decidir las diferentes alternativas, sino definir los problemas, describir los retos y ofrecer los caminos que la política europea y los nuevos representantes surgidos de las próximas elecciones tendrán que abordar.
Tampoco pretende este informe desarrollar las técnicas y las reformas legislativas que tenemos en nuestra mano para avanzar en la integración. Esa tarea la ha realizado ya el PE ampliamente con la aprobación de las siguientes Resoluciones:
– Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea
– Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa
– Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro
Estos informes y otros citados en los «considerandos» son las bases instrumentales de las reformas y de los avances pendientes para una Europa capaz de asumir sus retos de gobernanza para los próximos años.
Lo que realmente pretende este informe es actualizar a finales de 2018, en el comienzo de un debate político fundamental, que tendrá lugar en las elecciones de mayo de 2019, cuáles son los grandes temas para Europa, cuáles son los retos y cuáles los instrumentos para hacerles frente. No se definen las soluciones, por respeto a las instituciones que surgirán del voto popular y porque serán los elegidos quienes decidan. Solo se pretende establecer una agenda política europea basada en los múltiples y reiterados mensajes que la actualidad nos presenta y en los sucesivos informes, declaraciones y propuestas que las diferentes instituciones europeas y los máximos gobernantes de sus Estados miembros nos han hecho en los últimos meses y que, en su conjunto, pretenden hacer de Europa una potencia geopolítica, comercial, climática, económica, alimentaria y diplomática.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (22.11.2018)
Ponente de opinión (*): Ivana Maletić
1. Toma nota de las opiniones expresadas durante los debates en el Pleno sobre el futuro de Europa; opina que el futuro presupuesto de la UE debe promover el valor añadido europeo en términos de impacto socioeconómico; apoyar la modernización de las políticas de la UE; garantizar la financiación para hacer frente a los nuevos retos; seguir contribuyendo a la convergencia económica y social y a la cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos, a fin de reforzar la solidaridad, la estabilidad y la igualdad europeas, así como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en particular a la luz de los compromisos de la Unión con respecto al Acuerdo de París; garantizar el respeto y la promoción de los valores fundamentales, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE); y dotarse de nuevos recursos propios, teniendo en cuenta el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;
2. Destaca la importancia del compromiso con el proceso para completar la unión bancaria y la necesidad de garantizar la apertura y la igualdad de trato de todos los Estados miembros que participen en ella; recuerda que debe continuar la culminación de la unión bancaria, en particular mediante un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, así como medidas para lograr la reducción de los riesgos;
3. Acoge con satisfacción las propuestas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales presentadas por la Comisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF); anima al Consejo y al Parlamento a concluir las negociaciones legislativas antes de que finalice la presente legislatura, ya que las políticas contra el blanqueo de capitales deben reforzarse para evitar futuras situaciones en las que las instituciones financieras faciliten de forma activa el blanqueo de dinero;
4. Invita a la Comisión a que, con ayuda de las autoridades europeas de supervisión, identifique y elimine los obstáculos al mercado interior, así como a que ayude a garantizar la protección de los consumidores; considera que una de las prioridades más importantes de la Comisión debería ser la aplicación efectiva de la legislación de la Unión;
5. Pide a la Comisión que dé prioridad a los reglamentos frente a las directivas como instrumento legislativo para la unión bancaria y la legislación de los servicios financieros, caso por caso y si procede, para evitar la fragmentación y que se cree una situación en la que los supervisores se tengan que ocupar de los distintos regímenes nacionales;
6. Hace hincapié en la urgente necesidad de completar la Unión de los Mercados de Capitales; señala que unos mercados de capitales profundos y bien integrados complementan la unión bancaria, debido a su contribución a la distribución del riesgo privado, al aumento de la convergencia económica, a la protección de las perturbaciones futuras y a su posible promoción para una mejor asignación de fondos donde sea necesario; pide que se realice un estudio exhaustivo sobre el marco más apropiado para poder tener en cuenta mejor la rápida evolución de la naturaleza de los servicios financieros; subraya que un mejor acceso a fuentes adicionales de financiación sería especialmente de ayuda para las empresas emergentes y las pymes, promoviendo su crecimiento sólido y su desarrollo sostenible;
7. Subraya la importancia de continuar el proceso para profundizar y completar la UEM con el fin de contribuir a preservar la estabilidad de la moneda única y mejorar la convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo, así como las cuestiones sociales, entre los Estados miembros; enfatiza, en este sentido, la necesidad de un compromiso político firme, una gobernanza eficiente y la responsabilidad democrática a escala europea y nacional, en particular en lo que se refiere al control parlamentario en las distintas fases del Semestre Europeo; reitera que, a excepción de la exclusión voluntaria de Dinamarca, todos los Estados miembros están obligados a adoptar el euro; apoya la adopción de nuevas medidas para el desarrollo del MEDE; toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y está debatiendo nuevas herramientas presupuestarias para lograr la estabilización;
8. Toma nota de la propuesta de la Comisión de un programa de apoyo a las reformas; destaca la importancia de no debilitar la codecisión y la supervisión del Parlamento en el gasto de los fondos de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que en el período 2011-2017 solo se aplicaran plenamente el 9 % de las recomendaciones específicas por país (REP); toma nota del mecanismo de convergencia, que constituirá un incentivo y ayudará a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro a aplicar las reformas y a cumplir los criterios para la introducción del euro a través de políticas presupuestarias y económicas sostenibles;
9. Subraya la importancia de garantizar una convergencia económica y social al alza en el proceso del Semestre Europeo; reconoce la importancia del establecimiento del pilar europeo de derechos sociales; observa que el Semestre Europeo se ha reforzado y racionalizado, pero destaca que una mejor participación de los Parlamentos nacionales ayudaría a mejorar la apropiación nacional, lo que llevaría a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país, mejorando así el proceso del Semestre Europeo; señala que corresponde ante todo a los Estados miembros elegir políticas fiscales y económicas sostenibles y adecuadas;
10. Se congratula por el futuro programa InvestEU y destaca que el fondo debe continuar reduciendo la brecha de inversión en la Unión; apoya las inversiones en activos materiales e inmateriales, incluido el patrimonio cultural, para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, prestando especial atención a las pymes, las empresas de pequeña y mediana capitalización y las empresas sociales, y contribuir así a la mejora del bienestar, a una distribución más justa de los ingresos, y a la cohesión económica, social y territorial de la Unión;
11. Acoge con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha y considera necesario continuar la revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA; destaca la urgente necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; toma nota del trabajo de la Comisión sobre una fiscalidad justa de la economía digital;
12. Invita a todas las instituciones y órganos de la UE, incluida la Comisión, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Único de Supervisión, a que intensifiquen aún más sus esfuerzos de comunicación para explicar mejor su trabajo y mejorar la información de que disponen los ciudadanos de la Unión.
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (5.11.2018)
Ponente de opinión: José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra
La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Hace hincapié en que la política comercial común debe seguir siendo un pilar fundamental de la política exterior de la Unión, con implicaciones directas en la vida de los ciudadanos, y debe ayudar a la Unión a adaptarse a su nuevo papel en un mundo de múltiples protagonistas en la esfera internacional; insta, a este fin, al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que cooperen en los siguientes ámbitos:
a) afianzar la política comercial común integrándola en el marco político más amplio; asumir el liderazgo en la política comercial mundial en los ámbitos multilateral y bilateral; reforzar la cooperación con los socios comerciales bilaterales, estratégicos y regionales y con organizaciones multilaterales tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en especial con la Organización Mundial del Comercio (OMC) desempeñando un papel activo en la reforma a fin de hacerla más eficaz y capaz de responder a los nuevos retos mundiales, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como para aumentar su legitimidad; fortalecer el liderazgo de la Unión y su política comercial en el fomento de una política comercial basada en valores mediante el refuerzo de la dimensión de derechos humanos en el comercio y la adopción de las normas europeas más exigentes;
b) liderar la defensa de un sistema comercial mundial abierto, basado en normas, justo, orientado al desarrollo y sostenible con miras a mejorar la competitividad de las empresas de la Unión, garantizando la aplicación efectiva de las normas y acuerdos internacionales, como los acuerdos en materia de medio ambiente y cambio climático, los convenios de la OIT, así como las disposiciones sobre lucha contra la corrupción y los acuerdos sobre transparencia financiera, lucha contra el blanqueo de capitales y cooperación tributaria; garantizar que las empresas de la Unión puedan operar mundialmente en un marco de igualdad de condiciones, normas predecibles, competencia leal y obligaciones definidas, que debe incluir trabajar de manera constructiva en una posición común de la Unión frente a las negociaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas sobre responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas y las obligaciones vinculantes de diligencia debida de las empresas en relación con las cadenas de suministro y producción;
c) mantener al Parlamento informado, de forma integral e inmediata, acerca de las negociaciones y el mandato del Consejo, y a lo largo de la aplicación de los acuerdos internacionales con el fin de garantizar el ejercicio de sus competencias y prerrogativas; simplificar y acortar los procesos de negociación y reforzar el control del Parlamento a lo largo de los mismos; aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión publicando las directrices de negociación (mandatos) para los acuerdos comerciales antes de que se inicien las negociaciones, con objeto de incrementar la previsibilidad y la seguridad jurídica de los operadores económicos, lo que les permitiría utilizar mejor y antes las oportunidades que se presenten para la Unión; respetar plenamente las disposiciones de los Tratados y la jurisprudencia reciente de la Unión que determinan que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión;
d) adaptar la política comercial a las tendencias mundiales de automatización, digitalización y terciarización, al auge de las cadenas de valor mundiales y a la interconexión del comercio de bienes y servicios trabajando por la inclusión de disposiciones adecuadas para garantizar transferencias de datos, precios competitivos de los bienes intermedios y un comercio liberalizado de los servicios en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales;
e) apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el fin de que se beneficien plenamente de la política comercial común; aumentar la inversión en desarrollo tecnológico e innovación, especialmente con vistas a la descarbonización de nuestra economía; apoyar a las empresas europeas con miras a liderar este sector a escala mundial, aumentando con ello la competitividad y creando empleo digno; destacar que el desarrollo sostenible no se ha de percibir como un obstáculo a la inversión; insistir en la cooperación internacional y en un proceso de participación internacional, en especial en el continente africano, que podría fomentar ciclos económicos sostenibles a escala regional, comportar la creación de nuevos puestos de trabajo y facilitar el desarrollo de políticas de protección social;
f) incluir sistemáticamente el comercio digital, las pymes, los capítulos vinculantes y de obligado cumplimiento sobre comercio y desarrollo sostenible y disposiciones relativas a la igualdad de género en los acuerdos comerciales, así como asumir el liderazgo sobre estas cuestiones en los debates multilaterales; defender la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión en la medida de lo consagrado en el Reglamento general de protección de datos de la Unión (Reglamento (UE) 2016/679) y fomentar el fortalecimiento de las normas de la Unión en materia de protección de los consumidores, protección de datos y acceso al mercado; buscar construir una alianza mundial y apoyar a las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia transfronteriza; elaborar una estrategia digital de la Unión que incluya inversiones en infraestructuras digitales y empresas digitales que beneficien a toda la sociedad;
g) facilitar el procedimiento de solicitud y el acceso al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para anticipar los efectos negativos derivados de la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios de bienes y servicios;
h) reforzar la coherencia de la política comercial común con los valores y objetivos de la política exterior y de seguridad común (PESC), la política de desarrollo y la política climática a fin de garantizar los valores y objetivos recogidos en el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 21, 207 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respetando plenamente el Consenso Europeo sobre Desarrollo;
i) reconocer que la politización extrema de los acuerdos comerciales de la Unión puede inhibir el comercio;
j) hacer hincapié en la importancia estratégica de desarrollar una política de vecindad constructiva entablando relaciones comerciales justas y una cooperación económica con las economías de la vecindad oriental y meridional de la Unión, con el fin de fomentar su prosperidad económica y social y la creación de empleo;
k) anticipar los efectos del Brexit y proponer formas de mitigar las consecuencias económicas negativas para la Unión y sus ciudadanos, incluidos los ciudadanos británicos que viven actualmente en la Unión;
l) mejorar la estrategia de comunicación de la política comercial común, difundiendo más análisis públicos y exhaustivos de los posibles efectos de los nuevos acuerdos comerciales antes de adoptar las directivas de negociación (mandatos) pertinentes; comunicar mejor las oportunidades que ofrece el comercio a nuestros ciudadanos y empresas; fortalecer la transparencia y profundizar el diálogo con los interlocutores sociales y profesionales y con la sociedad civil a fin de garantizar su participación adecuada en el seguimiento y la aplicación de los acuerdos comerciales, en particular mediante el diálogo conjunto y los grupos consultivos nacionales, y destinando más recursos a estos mecanismos; ayudar a los ciudadanos y a los operadores económicos de la Unión a entender mejor y adaptarse a los equilibrios cambiantes en la estructura de las relaciones económicas mundiales.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (16.11.2018)
A. Considerando que Europa se encuentra en una encrucijada debido a una cierta crisis de legitimidad en relación con las decisiones europeas;
B. Considerando que es necesario acercar el proyecto europeo a los ciudadanos de la Unión, prestando especial atención a sus necesidades, a sus vidas y a sus expectativas, con el fin, por encima de todo, de reforzar la legitimidad de la Unión y restablecer la confianza y el entusiasmo por el proyecto europeo, gracias a la renovación de la gobernanza de la Unión;
C. Considerando que el control parlamentario del gasto público es un elemento esencial de un sistema democrático moderno;
D. Considerando que el aumento de la democracia en la Unión va acompañado del aumento de la transparencia, la responsabilidad y la integridad, que deben constituir los principios fundamentales de la cultura de las instituciones de la Unión a fin de promover una gobernanza eficiente y garantizar una mayor apertura en el funcionamiento de la Unión y en su proceso de toma de decisiones;
E. Considerando que todas las instituciones de la Unión deben ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión en relación con los fondos que se les confían en tanto que instituciones de la Unión;
F. Considerando que los dirigentes de los veintisiete países de la Unión emitieron una señal clara de «unidad y solidaridad» con la adopción de la Declaración de Roma el 25 de marzo de 2017;
G. Considerando que la inercia a escala europea ya no es una opción, teniendo en cuenta los grandes retos a los que se enfrenta la Unión, en particular en relación con la globalización, la migración, la defensa sobre la base de una cooperación reforzada, las cuestiones sociales, la realización de la unión monetaria europea y la elección de nuevos recursos propios de la Unión;
H. Considerando que el presupuesto de la Unión sigue siendo una valiosa fuente de financiación para los Estados miembros;
1. Considera que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión es fundamental para la democracia, la buena gobernanza y la elaboración de unas políticas eficaces;
2. Subraya que es esencial superar las visiones divergentes de Europa y conciliar las prioridades contrapuestas, con el fin de evitar el riesgo de dividir o debilitar la Unión;
3. Reconoce que el Brexit ha hecho aún más urgente la necesidad de reflexionar en mayor medida sobre la estructura institucional y la estructura del gasto de la Unión, y de diseñar nuevas dinámicas políticas de la Unión;
4. Señala que la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión tendrá consecuencias presupuestarias complejas y afectará negativamente al presupuesto de la Unión; insiste en que los veintisiete países de la Unión restantes deberían ser más ambiciosos en términos de reforma presupuestaria, habida cuenta de los retos actuales y futuros a los que se enfrenta la Unión;
5. Está convencido de que aún hay margen para mejorar la responsabilidad democrática en el marco de la Unión, por ejemplo, desarrollando mecanismos sólidos para garantizar la legitimidad política y la responsabilidad institucional, y racionalizando las estructuras de gobernanza de la Unión, que son cada vez más complejas;
6. Recuerda la necesidad de emprender una reforma administrativa y presupuestaria urgente de la UE que racionalice sus procesos internos y haga que la UE sea más comprensible y accesible para sus ciudadanos;
7. Recuerda que cualquier nuevo cambio en la estructura de la Unión en relación con los organismos existentes o con la creación de nuevas entidades jurídicas siempre debe tener en cuenta las cuestiones de la responsabilidad democrática de la Unión, los procedimientos de auditoría pública y la eficiencia de las actividades;
8. Opina que es necesario reducir las lagunas en materia de responsabilidad dentro de la Unión y avanzar hacia formas de control más colaborativas que combinen actividades de control democrático y auditoría, proporcionando al mismo tiempo una mayor transparencia; estima que esto es necesario para garantizar la plena responsabilidad y el control democrático efectivo del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Central Europeo y de los futuros organismos que pudieran crearse, como el Fondo Monetario Europeo;
9. Subraya, además, que ha llegado el momento de reflexionar de forma pragmática sobre las modalidades de ejecución de la Unión, respondiendo a cuestiones fundamentales como cuál es la mejor manera de aplicar las políticas de la Unión y qué modelos de gobernanza deben aplicarse para preparar el camino hacia una Europa que ofrezca resultados tangibles;
10. Recuerda la necesidad de una visión estratégica a largo plazo de la UE; considera que es hora de presentar nuevas narrativas europeas y de aplicar las políticas de la Unión de una manera más estratégica, sobre la base de una serie de prioridades de la Unión claramente definidas y comprensibles, de objetivos colectivos y de competencias para mejorar la legibilidad y la eficacia;
11. Subraya que la traducción de los objetivos políticos generales en acciones tangibles y visibles y en resultados para los ciudadanos de la Unión debe ser objeto de controles periódicos de la realidad, por lo que es estrictamente necesario mantener el control presupuestario como un elemento fundamental del control democrático;
12. Señala que el refuerzo del control democrático y del control del Parlamento debe basarse no solo en la supervisión tradicional de las reservas y los flujos financieros, sino también en una evaluación minuciosa de la eficiencia del gasto, de un impacto valioso y sostenible para los ciudadanos y del respeto de los valores de la Unión y del Estado de Derecho;
13. Considera que el respeto de los valores fundamentales, la protección del Estado de Derecho en los Estados miembros o la introducción de condiciones ecológicas constituyen requisitos previos democráticos que son necesarios para definir cualquier nueva solidaridad financiera de la Unión; manifiesta su preocupación por los recientes casos de falta de respeto del Estado de Derecho en algunos Estados miembros; celebra, en este sentido, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, presentada por la Comisión (COM(2018)0324); subraya que las instituciones europeas deben tomar medidas con el fin de proteger el Estado de Derecho;
14. Pide que el actual marco para la protección de los intereses financieros de la Unión se refuerce mediante un sistema de sanciones, proporcional al grado de deficiencias o a los intentos de menoscabar el Estado de Derecho, sobre la base de una evaluación independiente, que vayan desde la reducción de la financiación de la Unión hasta la suspensión de los pagos y los compromisos en caso de deficiencias recurrentes; considera que, en tales circunstancias, el Parlamento debe formar parte, en pie de igualdad con el Consejo, del proceso de toma de decisiones relativo a estos procedimientos y al levantamiento de dichas medidas;
15. Recuerda que es necesario promover la búsqueda del valor añadido europeo, es decir, que la puesta en común de recursos a nivel europeo debe producir resultados en función del gasto a nivel nacional, que no puede centrarse en la prestación de bienes públicos europeos;
16. Considera que es necesario diseñar mejores herramientas de reforma estructural en toda la Unión, proporcionando bienes públicos europeos importantes, y que ello se lleve a cabo teniendo debidamente en cuenta la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
17. Opina que es preciso reforzar la condicionalidad previa de las políticas, en los casos necesarios, sin poner en riesgo la operatividad de los programas, con el fin de garantizar una buena gestión financiera eficaz en la ejecución del gasto de la Unión;
18. Insiste en que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, es necesario reflexionar sobre cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión con el fin de proporcionar un presupuesto adecuado para garantizar la financiación de las políticas previstas y mejorar el equilibrio entre la previsibilidad y la capacidad de respuesta, así como sobre cómo garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas;
19. Considera oportuno garantizar un presupuesto que presente un valor añadido real para los ciudadanos de la UE;
20. Destaca que, para mantener un alto nivel de inversión, grandes ambiciones y la influencia de la Unión en la escena internacional, es fundamental garantizar suficientes medios financieros y modernizar el sistema de recursos propios, en particular garantizando unos recursos propios estables, eficaces y verdaderamente europeos;
21. Destaca que las agencias europeas desempeñan un papel insustituible a la hora de proporcionar conocimientos especializados en sus respectivos campos y, al mismo tiempo, en la representación de la UE en los Estados miembros; subraya que, por lo tanto, es esencial garantizar que en el futuro el trabajo de las agencias esté bien estructurado y organizado, que las actividades que desarrollan sean viables y que su visibilidad esté garantizada en todo momento;
22. Subraya, asimismo, que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) debe incorporarse al presupuesto de la Unión, como ya indicaba la nueva propuesta del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, con el fin de evitar la fragmentación del presupuesto; señala que incluir el FED en el presupuesto de la Unión aumenta la capacidad de la autoridad de aprobación de la gestión de controlar el gasto en la Unión Europea;
23. Pide a todas las instituciones de la Unión que mejoren sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan activamente a un procedimiento de aprobación de la gestión orientado a los resultados; considera, en este contexto, que el procedimiento de aprobación de la gestión es un instrumento indispensable de responsabilidad democrática de cara a los ciudadanos de la Unión;
24. Señala la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes de la Unión contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión;
25. Recuerda las continuas dificultades que han surgido hasta la fecha en los procedimientos de aprobación de la gestión, debido a una falta de cooperación por parte del Consejo; insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones; hace hincapié en que no debería haber excepciones en este sentido;
26. Considera que la creación de la Fiscalía Europea constituye un hito importante en la realización de un espacio público europeo; pide a la Comisión que se esfuerce por poner en marcha rápidamente la Fiscalía Europea, destinando recursos suficientes;
27. Llama la atención sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene consecuencias financieras importantes y supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública; reitera su petición a la Comisión de retomar la publicación de un informe anual sobre la corrupción;
28. Pide a la Comisión que proponga opciones para desarrollar futuros métodos de cooperación con el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, entre ellas solicitar la adhesión de la Unión y mantener informado al Parlamento sobre la evolución de dicha solicitud;
29. Solicita que se refuercen la política de integridad y el marco ético de todas las instituciones y agencias de la Unión mediante una mejor aplicación de los códigos de conducta, la protección de los denunciantes, los principios éticos, la transparencia y la responsabilidad;
30. Insta a que, con ayuda de un principio rector, se perfilen los contornos de la Europa del futuro, garantizando un equilibrio entre la responsabilidad y la nueva solidaridad, así como favoreciendo el método comunitario frente al intergubernamentalismo como método de gobernanza para la Unión;
31. Considera que es necesario continuar el debate sobre el futuro de Europa al más alto nivel institucional, centrándose en particular en la mejora de la eficiencia de la financiación y en los mecanismos democráticos de control del presupuesto de la Unión.
Ponente de opinión: Ivan Jakovčić
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que los productos agrícolas de la Unión contribuyen a su desarrollo económico en términos de producción y procesamiento, así como al patrimonio cultural y gastronómico vivo de la Unión, y refuerzan la cohesión territorial y social, así como las tradiciones locales y regionales; que existe una creciente demanda de productos tradicionales y de alta calidad a escala europea y mundial; que el futuro de la Unión depende también de la existencia de zonas rurales prósperas, dinámicas y extensas;
B. Considerando que la agricultura y la silvicultura desempeñan un papel fundamental en la gestión eficaz de las tierras para luchar contra el cambio climático sobre la base del respeto de los acuerdos internacionales, protegiendo al mismo tiempo la salud pública en todos sus aspectos;
C. Considerando que gran parte de las voces críticas de la Unión señalan la existencia de un vacío entre la acción propuesta por la Unión y su realización a nivel nacional y local, y que la retirada del Reino Unido tendrá importantes repercusiones en la futura financiación de la Unión;
D. Considerando que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la demanda mundial de alimentos aumentará un 70 % de aquí a 2050; que la nueva política agrícola común (PAC) debe garantizar un valor añadido económico a la agricultura, mejorar su productividad utilizando menos recursos disponibles y promover una competencia leal y una alimentación sana y de calidad a precios razonables; que estos objetivos de la PAC deben seguir siendo elementos clave para el futuro de Europa;
E. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo fundamental de la Unión y sus Estados miembros; que muchas de las numerosas funciones que desempeñan las mujeres en las zonas rurales contribuyen a mantener la viabilidad de las explotaciones agrícolas viables y el dinamismo de las comunidades rurales; que los esfuerzos para evitar el éxodo rural están relacionados con las oportunidades para las mujeres y los jóvenes, y que las mujeres de las zonas rurales siguen enfrentándose a múltiples desafíos;
1. Destaca la importancia de una PAC respaldada por un presupuesto debidamente financiado; recuerda la importancia primordial de la PAC para la historia de la Unión; hace notar el papel fundamental que desempeña a la hora de garantizar el dinamismo de las regiones rurales y el abastecimiento seguro de alimentos; señala que la próxima reforma de la PAC constituye una oportunidad para reforzar la consecución de sus objetivos; destaca que la PAC es y debe seguir siendo una de las políticas más importantes y más integradas, y que seguirá contribuyendo a la construcción del futuro de Europa mediante una mayor integración, la preservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la protección de los ciudadanos de la Unión;
2. Destaca que la agricultura europea desempeña un papel fundamental en la alimentación del planeta y en la creación de empleo para 46 millones de personas; resalta los desafíos planteados por los acuerdos de comercio internacional y las crisis; señala que las medidas legislativas de la Unión destinadas a eliminar las prácticas comerciales desleales pretenden incrementar la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria en beneficio de los agricultores y los consumidores;
3. Afirma que las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen un gran potencial en términos de suministro de bienes públicos; pone de relieve que la agricultura no solo proporciona materias primas y productos a la industria de la alimentación y a otras industrias, sino que también influye enormemente en el medio ambiente y el paisaje; considera por tanto que la calidad ambiental de la Unión depende en gran medida de cómo se gestionen los recursos y se realice la gestión en las explotaciones agrícolas;
4. Comparte el objetivo a largo plazo de promover la transición a una agricultura europea sostenible e impulsada por el mercado, que contribuya a la competitividad de los agricultores y aminore su necesidad de apoyo a la renta; insta a adaptar la PAC a otras políticas de la Unión y subraya la necesidad de aplicar una disciplina presupuestaria general; señala que, cuando se requieran aumentos presupuestarios para determinadas prioridades, los recortes deben realizarse en primer lugar y prioritariamente en otras rúbricas;
5. Subraya la necesidad de emprender una verdadera simplificación de la PAC, con miras a que sea una política centrada en los resultados y la productividad y no tanto en la conformidad; considera que la PAC debe estar más orientada al mercado, de modo que los agricultores dependan menos de las ayudas públicas y aumente competitividad del sector;
6. Señala que es preciso hacer frente al creciente problema de la despoblación de las zonas rurales con acciones específicas y sinergias entre las políticas de la Unión, a fin de reforzar la sostenibilidad del sector agrícola europeo y así apoyar y animar a los jóvenes agricultores de las zonas en cuestión; recuerda que el relevo generacional es un reto al que se enfrentan los agricultores en muchos Estados miembros;
7. Subraya el papel desempeñado por la PAC en el mantenimiento de la buena salud y el estado de los suelos, las aguas y otros recursos naturales; recuerda los compromisos de los agricultores europeos de respetar las buenas prácticas medioambientales y los objetivos establecidos para enfrentar el cambio climático;
8. Hace hincapié en la importancia de la producción ecológica y de las indicaciones geográficas, así como de las sinergias entre ellas, que benefician tanto a los productores como a los consumidores; recuerda la importancia del acceso a la innovación y el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria; pide que uno de los pilares de la nueva PAC se dedique a las prioridades que contribuyen a crear puestos de trabajo y garantizan la máxima calidad de los productos agrícolas y alimenticios de la Unión;
9. Hace hincapié en la posición crucial que ocupa la agricultura en las prioridades de la Unión para mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible; recuerda, en ese sentido, la necesidad de contar con un presupuesto sólido y suficiente para la agricultura;
10. Señala el descenso en los ingresos agrícolas en la Unión, causado por el aumento de los costes de producción y la volatilidad de los precios, que repercuten negativamente en la capacidad de los agricultores de mantener la producción; destaca los costes que los agricultores europeos tienen que asumir para cumplir las normas más elevadas del mundo en materia de seguridad alimentaria, medioambiental, de bienestar de los animales y laboral; recalca que a través de la PAC se debe compensar a los agricultores por proporcionar bienes públicos a la sociedad;
11. Destaca que los regímenes de calidad de la Unión relativos a las indicaciones geográficas (la denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida y las especialidades tradicionales garantizadas) protegen los nombres de los productos de un uso indebido, dan mayor visibilidad, aumentan su valor en el marco de los acuerdos internacionales, aumentan los ingresos de los agricultores y refuerzan la confianza de los consumidores; destaca que el uso del logotipo europeo confiere una mayor visibilidad y garantiza la calidad de los productos agrícolas destinados a la exportación, como también el uso de términos que indican el origen o la calidad;
12. Insiste en que debe mostrarse una consideración especial hacia los agricultores que tienen que hacer frente a costes extraordinarios debido a las limitaciones específicas de zonas naturales de alto valor, como las zonas montañosas, las islas, las regiones ultraperiféricas y otras zonas menos favorecidas; cree que, debido a sus limitaciones específicas, la financiación de la PAC tiene una importancia fundamental para estas regiones y que cualquier recorte tendría repercusiones muy dañinas en numerosos productos agrícolas; insta a los Estados miembros a que desarrollen y pongan en marcha sistemas de calidad para dar a los productores interesados la oportunidad de introducirlos con rapidez;
13. Recuerda el apoyo expresado por el Parlamento en 2015 a la ampliación de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas; considera que dicha ampliación debería haberse tenido muy en cuenta en el debate sobre el futuro de Europa, ya que podría ayudar a las regiones rurales, al conferir un mayor valor añadido a productos tradicionales y crear empleo; insta a la Comisión a que presente sin demora una propuesta legislativa para ampliar las indicaciones geográficas a los productos no agrícolas;
14. Hace hincapié en la necesidad de mayores inversiones en agricultura y en sistemas agroalimentarios, así como de incrementar el gasto en investigación y desarrollo, a fin de promover la innovación, favorecer el aumento de la producción sostenible y encontrar formas mejores de lidiar con problemas como la escasez de agua y el cambio climático;
15. Destaca la riqueza de los alimentos y los sabores europeos, así como la gran variedad gastronómica europea; subraya, por tanto, la necesidad de preservar los productos y sabores tradicionales regionales y locales de Europa a través de instrumentos de la PAC, como los programas de ayuda al desarrollo rural;
16. Subraya la importancia de una PAC bien financiada y reformada para encarar los múltiples retos que deberá afrontar la Unión en el futuro; recuerda que la PAC debe apoyar más eficazmente a los agricultores para hacer frente a las crisis agrícolas; señala la relevancia de la futura PAC en el fomento de la innovación, la investigación y el desarrollo, y recuerda que cuando se redacte el futuro programa Horizonte Europa deben tenerse en cuenta los objetivos de la PAC;
17. Destaca el papel que desempeñan los agricultores jóvenes en la competitividad actual y futura de la agricultura europea y en la producción garantizada de alimentos; insiste en que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también un componente fundamental de una Unión sostenible; subraya la importancia que tiene la generación más joven para el futuro de Europa;
18. Recuerda la contribución de las mujeres en las zonas rurales como emprendedoras y promotoras de un desarrollo sostenible; subraya la necesidad de desarrollar su potencial en la agricultura sostenible y la resiliencia en las zonas rurales; pide, por consiguiente, un mayor apoyo para las explotaciones agrícolas familiares y los jóvenes agricultores y ayuda para el empleo en el sector agrícola en las zonas rurales, sobre todo para los jóvenes agricultores;
19. Resalta la importancia de la innovación y la investigación, en especial en el ámbito de la mejora vegetal y la selección de plantas, para que la Unión pueda competir plenamente con el resto del mundo en este ámbito;
20. Subraya que las políticas estructurales y de cohesión, así como la PAC, reducen la distancia entre la Unión y sus ciudadanos, al promover la integración a nivel local y garantizar el desarrollo equilibrado del territorio, especialmente en las zonas rurales, periféricas y desfavorecidas; destaca, por tanto, la importancia de apoyar el desarrollo rural y la agricultura ecológica en el marco de la PAC;
21. Destaca la necesidad de preservar la diversidad de la agricultura en la Unión, y reconoce que los mercados locales abastecidos con productos agrícolas frescos y producidos a escala local son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y apoyan a las comunidades agrícolas ya establecidas; pide que se promuevan mejor las cadenas de distribución corta;
22. Destaca que la PAC contribuye a preservar la viabilidad de las zonas desfavorecidas, incluidas las zonas de montaña, por lo que desempeña un papel fundamental a la hora de evitar el abandono y la despoblación de muchas zonas europeas;
23. Subraya la importancia que tiene el desarrollo rural a la hora de apoyar la agricultura multifuncional e impulsar alianzas entre los agricultores, las comunidades locales y la sociedad civil, así como otras iniciativas empresariales, a fin de generar ingresos a partir de actividades económicas diversificadas;
24. Llama la atención acerca de que las zonas rurales se enfrentan al fenómeno de la despoblación, e insiste en el desarrollo de sinergias entre los instrumentos de la PAC y la política de cohesión con vistas a aumentar el atractivo del espacio rural.
25. Pone de relieve que la PAC no se centra únicamente en la agricultura y los agricultores, sino que también pretende ayudar y desarrollar a las comunidades rurales en su conjunto en las que operan; destaca que la Unión debe consolidar su política de desarrollo rural, la cual se concentra en una amplia gama de cuestiones que van desde la prestación de asistencia a empresas emergentes de las zonas rurales y el acceso a banda ancha hasta las dificultades específicas a las que se enfrenta la población rural en materia ambiental o social;
26. Reconoce el preocupante problema del hambre que aflige a nuestro planeta, y considera, por tanto, que la Unión debe tratar de reforzar la resiliencia a las crisis alimentarias, garantizando así la provisión de suficientes alimentos nutritivos y asequibles y contribuyendo a la erradicación del hambre en el mundo;
27. Afirma que los actuales incentivos a los cultivos energéticos sostenibles no deben afectar en modo alguno a la seguridad alimentaria de los ciudadanos;
28. Destaca la importancia del desarrollo rural, incluida la iniciativa Leader, en el apoyo a la agricultura multifuncional y al fomento de nuevas actividades y oportunidades empresariales para generar ingresos derivados del agroturismo y velar por una agricultura respaldada por la comunidad y por la prestación de servicios sociales en las zonas rurales;
29. Insta a los Estados miembros a que faciliten el intercambio de buenas prácticas entre los agricultores europeos con miras a mejorar la cooperación y reforzar la identidad europea.
Asunto: Opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el estado del debate sobre el futuro de Europa — 2018/2094 (INI)
Antes del receso estival, el ponente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Jáuregui Atondo, pidió a las comisiones que emitieran sus opiniones al informe no legislativo de propia iniciativa de la Comisión AFCO sobre el estado del debate sobre el futuro de Europa. En consecuencia, los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos decidieron, en su reunión del 9 de julio de 2018, emitir una opinión en forma de carta, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento interno, centrada estrictamente en las competencias de nuestra comisión. Fui designado ponente de opinión.
En mi calidad de ponente de opinión, desearía expresar mi acuerdo con el planteamiento adoptado en el proyecto de informe de la Comisión AFCO consistente en sintetizar los temas de debate sobre el futuro de Europa y orientar y clarificar los diversos caminos de la integración europea en vísperas de las elecciones de 2019. Por lo tanto, el objetivo de este ejercicio no es, en efecto, decidir sobre las diferentes alternativas, sino definir los problemas, describir los retos y ofrecer los caminos que la política europea y los nuevos diputados al PE surgidos de las próximas elecciones tendrán que abordar.
En la reunión de la Comisión JURI del 3 de septiembre de 2018 tuvo lugar un intercambio de puntos de vista sobre el expediente y, tras los intercambios entre los coordinadores a través de un procedimiento escrito, se aprobó en la Comisión la opinión que figura a continuación, en su reunión del 10 de octubre de 2018, por 20 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención(1).
La Comisión JURI pide a la Comisión AFCO, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Subraya que las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad deben exponerse claramente a los ciudadanos, para demostrar que la Unión Europea trabaja en interés de todos y que las decisiones se toman en el nivel más bajo posible con la participación de los ciudadanos; destaca, además, que las cuestiones relacionadas con la subsidiariedad y la proporcionalidad son responsabilidad común de la Unión, sus Estados miembros y todas las instituciones a todos los niveles implicados en la preparación y aplicación de la legislación y las políticas de la Unión; anima a la Comisión a que presente, según lo anunciado en su programa de trabajo para 2018, la Comunicación sobre el refuerzo de la subsidiariedad, la proporcionalidad y la mejora de la legislación en el funcionamiento cotidiano de la Unión Europea;
2. Hace hincapié en que la correcta aplicación y puesta en práctica del Derecho de la UE es esencial para la materialización de las políticas de la Unión y para fomentar la confianza mutua entre la Unión, los Estados miembros y los ciudadanos;
3. Subraya la necesidad de prestar especial atención al Derecho administrativo de la UE, como se pone de manifiesto en su Resolución, de 9 de junio de 2016, para una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(2), que fue seguida de una evaluación de impacto del EPRS y una consulta pública;
4. Subraya la importancia de la cooperación a nivel interinstitucional —respetando al mismo tiempo las prerrogativas de cada institución, consagradas en los Tratados— a la que se ha dotado de un nuevo marco con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, y subraya que la simplificación es un ejercicio continuo cuyo objetivo es que los procesos y procedimientos a nivel de la UE sean más fáciles de comprender, a fin de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y, en última instancia, facilitar la participación de los ciudadanos en la labor de la Unión Europea;
5. Subraya que los principales retos mundiales actuales, como la digitalización, la automatización, la migración, el terrorismo y el cambio climático, seguirán ejerciendo presión sobre los sistemas judiciales de la Unión Europea y los Estados miembros; está convencido de que estos retos solo pueden asumirse desde una Unión Europea fuerte, con soluciones innovadoras que deben hallarse para lograr una mayor aproximación de las legislaciones nacionales, reforzar la cooperación judicial, proseguir la reforma de la Unión dentro de los límites de los Tratados en vigor y seguir supervisando la aplicación del Derecho de la Unión;
6. Cree que toda política futura sobre nuevas tecnologías debe guiarse por principios éticos para que las personas y sus vidas sigan ocupando un lugar central.
Confío en que todo lo anterior constituirá una aportación útil al informe elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente y ponente de opinión), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux y Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidentes), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech y Tadeusz Zwiefka.