Source: http://www.esdiari.com/las-negligencias-del-pp-de-sanse-ante-el-escandalo-de-las-multas/
Timestamp: 2018-12-11 01:20:13
Document Index: 91950201

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 64', 'Artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 169', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 64', 'artículo 169', 'Artículo 62']

Las Negligencias del PP de Sanse ante el Escándalo de las Multas - EsDiari.com
1. Antecedentes y fundamentos de derecho:
Tal y como consta en la Resolución Nº 1769/09, de 30 de junio de 2009, se “atribuye temporalmente” a un empleado municipal, “con efectos desde el 20 de julio de 2009 y hasta la cobertura definitiva del puesto” las funciones propias de la Jefatura de Sección de Circulación.
Que este nombramiento “temporal” se realiza según lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado.
Precisamente, en su artículo 64, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, acepta que “cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad” por un funcionario. En este sentido, conviene preguntarse si existía en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la urgente e inaplazable necesidad y si por tanto, la Resolución Nº 1769/09 se ajustaba en derecho.
Es también en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, en su tercer apartado, cuando se aclara de forma literal que este tipo de puestos “tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo”.
De este modo, el plazo legal de la persona designada para asumir las funciones propias de la Jefatura de Sección de Circulación expiró el 21 de julio de 2010. Es cierto que el artículo anteriormente citado (64.3), permite la prórroga del cargo por otro año. Sin embargo, no hay constancia de que exista una resolución de prórroga expresa de tal atribución temporal.
En todo caso, queda meridianamente claro que como mucho, este empleado municipal estaba autorizado para promover y gestionar las multas en materia de tráfico y seguridad hasta el 20 de julio de 2011.
Lamentablemente, no es hasta el 10 de abril de 2013, través del Decreto Nº 978/2013, cuando el Gobierno procede a “concluir la atribución temporal de las funciones del puesto de Jefe de Sección de Disciplina Vial autorizada mediante Resolución Nº 1764/09, de 30 de junio”. Es decir, la propia Concejal Delegada de Hacienda y Recursos Humanos admite en este Decreto que la finalización del nombramiento “temporal” se produce casi dos años después de la fecha autorizada por la Ley.
Cuando el Gobierno del Partido Popular encomienda -a través del Decreto Nº 978/2013-, a otro funcionario las funciones del puesto de Jefe de Sección de Disciplina Vial lo hace alegando que hasta entonces no había existido posibilidad de contar “con un funcionario encuadrado en el Grupo A, Subgrupo A1 de la Escala de la Administración Especial (…) con acreditada experiencia, así como con la capacitación y formación suficiente para este puesto”. Algo que no es cierto, pues antes del 15 de abril de 2013 en la plantilla municipal sí existían trabajadores con la cualificación requerida.
Conviene asimismo aclarar que, en la Nota de Prensa enviada por El Partido Popular, se considera que el que hasta ahora ha sido Jefe de Disciplina Vial lo era en todo momento para ostentar esa responsabilidad. Consideración que formulan basándose en el Real Decreto 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Artículo 169C, que confiere funciones de tramitación al personal administrativo: “Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los funcionarios que realicen tareas administrativas, norma lmente de trámite y colaboración”).
Dicho lo cual, hay que hacer el recordatorio de que el hasta ahora Jefe de Disciplina ha venido actuando como “instructor” de todos los procedimientos administrativos iniciados en el consabido periodo.
Esto ha sido así cuando la actividad instructora incluye toda una serie de actuaciones descritas en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que no pueden considerarse como meras y simples tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración –reservadas por el artículo 169c, del Real Decreto 781/1986, a los funcionarios de la Subescala Auxiliar de Administración General; sino que se trata de tareas de gestión, estudio y propuesta reservadas por el artículo 169a, del Real Decreto 781/1986, a los funcionarios de la Subescala Técnica de la Administración General, como así se desprende claramente de la lectura de los artículos 16,17,18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto-.
Es por ello lógico entender que en 2009 se llevase a cabo la autorización al referido funcionario para ejercer como lo ha hecho hasta ahora como Jefe de Disciplina Vial, mediante una resolución de atribución temporal de funciones.
Atribución temporal que se efectúo en base al artículo 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de la Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado; artículo 66 que contempla la posibilidad de atribuir a funcionarios “el desempeño temporal en comisión de servicios, de funciones especiales, que no estén asignadas específicamente a un determinado puesto incluido en la relación de puestos de trabajo”.
En este sentido, cabe recordar que esta atribución temporal se hace por un año, en base al artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, que posteriormente se prórroga supuestamente mediante una nueva Resolución de Autorización de la prórroga. Finaliza la prórroga pero el funcionario continúa ejerciendo como “instructor” de los procedimientos sancionadores de todas las infracciones de tráfico denunciadas; actividad instructora que como se ha explicado, excede del ámbito temporal objeto de la atribución temporal de funciones y su prorroga, e igualmente excede de las funciones expresamente asignadas por el artículo 169c del Real Decreto 7/1986 a los funcionarios de la Subescala Auxiliar de Administración General -cuyas ta reas administrativas, de trámite y cooperación no son tareas de instrucción, ya que las tareas de instrucción son básicamente de gestión, estudio y propuesta-.
Todo lo expuesto explica por qué son “nulas” todas las multas de tráfico impuestas desde el 21 de julio de 2011 hasta el 14 de abril de 2013. Y es que, como fija con precisión el Artículo 62 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho “cuando están dictados por un órganos manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio” y en su formación se ha prescindido del procedimiento “legalmente establecido”.
2. El desconocimiento y la falta de lealtad a la institución del Partido Popular
En base a la argumentación jurídica realizada en esta Nota de Prensa, las acusaciones del Partido Popular de San Sebastián hacía el Partido Socialista pueden ser calificadas, como mínimo, de temerarias.
Al margen del claro desconocimiento de la legislación vigente del Partido Popular, los socialistas de San Sebastián de los Reyes quieren realizar una serie de precisiones:
Sobre la improvisación: El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes no está legitimado para acusar a ningún grupo político de actuar a golpe de improvisación.
Precisamente, actuar a golpe de improvisación consiste en que en menos de seis años de Gobierno, la Delegación de Policía haya estado dirigida por 5 concejales diferentes (Natalia de Bartolomé, Jorge Calderón, el propio alcalde, Lorena Heras y Alberto Matiaces).
Actuar con improvisación es haber tardado casi dos años en subsanar una situación ilegal que puede acarrear la nulidad de todos los procedimientos sancionadores que en materia de tráfico y seguridad se han promovido desde el Ayuntamiento.
Actuar con improvisación no es otra cosa que diseñar la política económica del municipio bajo el firme convencimiento de que 2009 iba a ser el último año de la crisis económica, tal y como aseguró el alcalde Manuel Ángel Fernández en La Tribuna de Madrid Norte Alcobendas y Sanse en su número 63.
Sobre la falta de trabajo: El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes no está legitimado para acusar a ningún grupo político de falta de trabajo.
Falta de trabajo es lo que hizo el concejal de Deportes, Miguel Ángel Martín Perdiguero cuando decidió abandonar el municipio para irse a concursar a Supervivientes, programa de telerrealidad emitido por Telecinco. Participación que se produjo con el visto bueno del alcalde y sin que Martín Perdiguero renunciara a su acta de concejal.
Esto sí que es un claro ejemplo de falta de trabajo: en vez de dedicarse para lo que ha sido elegido en las urnas -recibiendo por ello una remuneración del Ayuntamiento-, irse a miles de kilómetros para salir por televisión.
Sobre la defensa de los intereses de los vecinos de San Sebastián de los Reyes: El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes no está legitimado para acusar a ningún grupo político de no defender los intereses de los vecinos y vecinas del municipio.
Porque no defender los intereses de la ciudadanía significa aceptar que nuestro Hospital público se privatice de la noche a la mañana, o no exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la construcción de un parque de bomberos o las instalaciones que tanta falta hacen a nuestra ciudad.
Cabe recordar que estamos hablando de un Partido Popular que llegó a poner mesas contra la subida del IVA al 18 por ciento porque este incremento perjudicaba a nuestros vecinos, pero que acepta la subida de impuestos al 21 por ciento llevada a cabo por Mariano Rajoy.
A estas alturas, nadie duda de que con tal de no molestar a sus superiores, el alcalde es capaz de que su partido pase de encabezar las manifestaciones contra la M-50 a calificarla como “la vía más natural”.
Sobre la falta de lealtad institucional: El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes no está legitimado para acusar a ningún grupo político de actuar con maledicencia contra los intereses municipales.
Falta de lealtad institucional es hacer un uso partidista de los medios de comunicación públicos, publicando una nota de prensa en la que se vierten graves injurias y calumnias contra el Partido Socialista en la página web del Ayuntamiento -un portal que pagamos todos y cada uno de los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes, incluido los votantes socialistas-.
Falta de lealtad institucional es eliminar de La Plaza de la Constitución toda información que no cuente con el visto bueno del Partido Popular.
Falta de lealtad institucional es afirmar que el portavoz del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, no acude a las comisiones informativas. Acusación que se realiza omitiendo que en su lugar lo hacen el resto de integrantes del Grupo Municipal PSOE.
Por cierto, el que no ha acudido a ninguna de las comisiones informativas es el propio alcalde del Partido Popular, Manuel Ángel Fernández.
Fuente: PSOE Sanse