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Timestamp: 2018-01-19 15:28:53
Document Index: 305999483

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 77', 'artículo 155', 'artículo 155', 'Artículo 19', 'Artículo 19']

2017 diciembre » Comcosur
1) Advierten sobre la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU
2) La llamada telefónica clave en la causa de Lorenzo y Calloia
3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos
4) Otro peón rural de Salto fue agredıdo por su ex patrón, tras reclamar haberes ımpagos
5) Diputados aprobó la creación de una comisión por el voto en el exterior; la oposición se fue de sala por entender que es inconstitucional
6) IMM dio OK a nueva torre de zona franca del WTC
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2157 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de diciembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
1) Advierten que la designación de Ernesto Kreimerman al frente de TNU supone una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Coalición por una Comunicación Democrática expresó su “preocupación” por el anuncio de que Ernesto Kreimerman será nombrado director de Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, dado que “podría configurar una violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
En un comunicado de esta organización se observa que en los registros de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Kreimerman “es el único accionista de Vallemiel SA, la empresa titular de Latina FM de Montevideo y de Veltesur SA, autorizada a operar Latina FM de Punta del Este. A su vez, según la web de la emisora, también tiene una relación indirecta con la 97.9 FM de Colonia, que figura a nombre de Pradomill SA, cuyo accionista formal es el Sr. Pedro Gari Irureta Goyena”.
Por tanto, la organización sostiene que la designación de Kreimerman al frente de TNU “sería claramente violatoria de la LSCA, atento a lo dispuesto en su artículo 159”, que define las incopamtibilidades del cargo: “Los miembros del Directorio del SPRTN y los Directores de Radio Nacional y de Televisión Nacional no podrán tener vínculos directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, televisión, publicidad, comunicación o similar, durante el período de su gestión. Son de aplicación para los integrantes del Directorio del SPRTN las inhibiciones dispuestas en los artículos 200 y 201 de la Constitución de la República”, expresa dicho artículo.
El comunicado finaliza llamando al Poder Ejecutivo y demás organismos con responsabilidad en el asunto a “respetar la ley votada por el Parlamento y darle cumplimiento estricto”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017
El expresidente del Banco República fue condenado por la justicia uruguaya y el exministro de Economía y Finanzas fue absuelto de la acusación de abuso de funciones.
(180.com)
Una llamada telefónica entre el expresidente del Banco República, Fernando Calloia, y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, fue central en la causa que terminó con la condena de uno y la absolución del otro.
En el juicio, la defensa de Calloia argumentó que el ex presidente del Banco República tenía el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas cuando otorgó el aval a Cosmo para participar del remate de los aviones de Pluna. Ese respaldo habría sido por una llamada telefónica que le hizo Lorenzo.
Calloia relató que primero recibió una comunicación telefónica del ministro de Economía y Finanzas. Después, recabó la opinión de los otros dos directores del banco, que le dieron su consentimiento, y cuando se cumplió la operación, el directorio aprobó lo realizado. “Se juzga como conducta individual una decisión que constituye un acto orgánico, un acto administrativo”, aseguró su defensa.
Por su parte, la defensa de Lorenzo sostuvo que la llamada telefónica fue para comunicarle que el empresario Juan Carlos López Mena iba a acercar a la institución una empresa interesada en participar en la subasta y si ello ocurría, le solicitaba que “hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”.
Lorenzo explicó que se trató de un pedido y no de una orden, por la que se solicitó a Calloia que sea “flexible” en la exigencia de los requisitos habituales para el manejo de riesgos inherentes en estas operaciones. Cuando explicó el término “flexible”, el exministro sostuvo que se refirió a que la emisión de avales en presencia de actores que no tienen historia crediticia local ni respaldos locales, como era el caso de Cosmo, podía implicar que hubiera problemas de documentación pendientes y que ellos estaban trabajando para asegurar la concurrencia del mayor número de oferentes.
“Yo le digo al Presidente del Banco República que el Sr. López Mena me dijo en presencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que una empresa se acercaría a tramitar un aval al banco. Quiero aclarar que esta información que le transmití a Calloia estaba también afectada por esta desconfianza y prudencia que tenía con respecto a todo lo que se me decía, yo no tenía la seguridad de que eso fuera a ocurrir. Si eso ocurría fue solicité que hiciera los máximos esfuerzos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular”, declaró Lorenzo. Además, el ex ministro aclaró que “no tenía la autoridad para inmiscuirse en la toma de decisiones en materia de una operación de crédito contra garantía y que el Presidente del Banco República jamás hubiera otorgado una garantía de mantenimiento de oferta solo porque él se lo hubiera solicitado”.
La defensa de Lorenzo consideró que el ministro no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa sobre el director o cualquier funcionario del banco. El “factor decisivo” para conceder el aval no fue solo la llamada telefónica, sino “la directa intervención en su trámite del Sr. Juan Carlos López Mena y que fue a él a quien el Banco finalmente le otorgó el aval. Esto es indiscutible si se tiene en cuenta que quien asumió el pago de la garantía del aval concedido a la empresa Cosmo, ante el incumplimiento por la Aseguradora Boston, fue el nombrado empresario”.
La jueza le dio la razón al planteo de la defensa de Lorenzo en su sentencia y le cuestionó a Calloia que no exigió la presentación de contragarantías, a pesar que la empresa Cosmo no era cliente del banco y no era conocida en el mercado regional. “Si bien el referente era cliente del banco, el Sr. López Mena, la empresa no lo era y sin embargo, no se le exigió la documentación mínima necesaria y no se obtuvo información siquiera de carácter primario, respecto de la solvencia de la Empresa. Y aún a la fecha de aprobación del otorgamiento del aval, días después de la subasta, la información y documentación con que se contaba también era insuficiente (…) El Gerente Ejecutivo de División Empresas del BROU, Sr. Raúl García, le informó al Ec. Calloia las condiciones planteadas por el solicitante del aval y que al ser una firma extranjera sin antecedentes en el Banco, de la que se contaba con muy poca información y sin ofrecer garantía alguna, no podía ser considerada. Sin embargo, el imputado le indicó que era de interés nacional y que además de su consentimiento, contaba con el de los Directores necesarios para el otorgamiento del aval. Así fue que Calvo Sánchez se presentó a la subasta con el documento que le otorgaba un aval por más de trece millones de dólares, pese a no cumplir con los requisitos mínimos para que se le otorgara esa garantía”, explica Mainard en su sentencia.
El aval que pagó López Mena
El aval otorgado por el Banco República por 13.500.000 de dólares a la empresa Cosmo fue para que participe de la subasta de los aviones de Pluna el 1 de octubre de 2012. En ese remate, Hernán Calvo Sánchez levantó la mano y se llevó los aviones por 137 millones de dólares como representante de Cosmo.
Al caerse la subasta, en marzo de 2013, López Mena aceptó pagar el aval y el ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a "no tener nada más que reclamar" al Banco de la República, ni a ninguna otra persona física o jurídica, por ningún concepto, directa o indirectamente vinculado con el otorgamiento del aval, una vez que el banco efectivice su pago al Fideicomiso. El convenio contemplaba un pago inicial de 888.516 dólares y el saldo en ocho cuotas iguales y consecutivas de 1.600.000 dólares.
Este delito está previsto por el articulo 162 del Código Penal, el cual se establece que “el funcionario público que con abuso de cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de diez a 3.000 UR”.
3) Gobierno aprobó la liberación comercial de cuatro nuevos eventos transgénicos de maíz y soja con el voto en contra de los ministerios de Salud y Ambiente
Amanda Muñoz (La Diaria)
El Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) aprobó el viernes las solicitudes para usar ocho eventos transgénicos; la noticia se conoció públicamente ayer, por una nota publicada por Montevideo Portal. Se trata, en realidad, de 14 solicitudes que el gabinete tenía pendientes: algunas para uso comercial, otras para ensayo a campo, para ensayo del Instituto Nacional de Semillas (Inase), o de laboratorio.
En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, secretaría que preside el GNB) catalogó de muy importante la aprobación: “Veníamos con cierto atraso y hoy quedamos al día con las solicitudes que teníamos en la cartera”, saludó, subrayando que algunas habían sido presentadas en 2010. “Es importante respetar el marco regulatorio”, resaltó. Entre esas ocho variedades hay una de papa transgénica, que está siendo estudiada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Los más polémicos son los cuatro eventos que se liberaron para uso comercial, que contaron con el voto en contra de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); sí contaron con el aval de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Industria, Energía y Minería, Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores.
Uno de ellos es el maíz MON89034X- MON88017, de la empresa Monsanto, cuya liberación a nivel comercial había sido solicitada en 2010; apila dos eventos mediante los cuales la planta tiene resistencia a insectos lepidópteros (la Diabrotica speciosa, llamada comúnmente “vaquita de San Antonio”) y tolerancia al glifosato. La otra variedad de maíz es la llamada TC1507XMON810XNK603, solicitada en 2014, resistente a lepidópteros y a dos herbicidas (glifosato y glufosinato). Las variedades de soja son DAS44406- 6, de Dow AgroSciences, cuya liberación comercial había sido solicitada en 2012 y que tiene tolerancia a tres herbicidas: glifosato, glufosinato y 2,4D. El evento de soja MON89788XMON87708, de Monsanto, solicitado para liberar comercialmente en 2013, tiene tolerancia a dos herbicidas: glifosato y dicamba.
Alejandro Nario, responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama, MVOTMA), explicó a la diaria que la aprobación de eventos para investigación no provoca mayores problemas, porque su uso está limitado (se permite sólo en chacras de experimentación), pero dijo que otra cosa ocurre con los que se liberan comercialmente y pueden plantarse en todo el país. Comentó que era necesario estudiar las condiciones de coexistencia de estos nuevos eventos de maíz con el maíz criollo, por el gran riesgo de cruzamiento, que ya ocurre y que provoca la pérdida de semillas de variedades nativas y criollas. Reprobó, además, que las variedades sean resistentes a Diabrotica speciosa, porque se trata de una especie que no es plaga en Uruguay. “No nos parecía bien asumir el riesgo por algo que no es plaga”, comentó.
En cuanto a los eventos de soja, lo que más preocupa a la Dinama es la dispersión masiva de dicamba y 2,4D, que se suma a la amplia dispersión que ya tiene el glifosato. “La ministra [Eneida de León] planteó que no estamos en contra de los transgénicos, pero nos parece que tenemos una responsabilidad ambiental; antes de estudiar no se puede hacer ese tipo de liberación. Pero se votó, y tanto Salud como Ambiente quedaron en minoría”, lamentó. “Nos parece que no hay suficiente estudio, en esas condiciones no estamos para aprobar eso”, afirmó, y dijo que “no hay un monitoreo posterior” y tampoco una solución duradera, puesto que las malezas que hoy son resistentes al glifosato luego generarán resistencia contra el dicamba y el 2,4D. La evaluación que hace el GNB no toma en cuenta el paquete tecnológico asociado, y con eso discrepan el MSP, el MVOTMA, y organizaciones ambientales.
El MGAP no lo ve así. “Las recomendaciones de la CGR [Comisión para la Gestión del Riesgo] es que no se podía evaluar aspectos perjudiciales sobre el ambiente ni sobre la salud humana y animal, y tampoco sobre los aspectos de negocio”, aseguró el subsecretario Enzo Benech. En cuanto a la evaluación de la dispersión de plaguicidas, explicó que “eso no se evalúa, no es parte del Decreto 353”, que regula la aprobación de vegetales transgénicos. Subrayó que los plaguicidas “son una responsabilidad de nuestro MGAP, a través de Dirección General de Servicios Agrícolas; es ahí donde se registra y se indican las formas de uso de los agroquímicos, no es en este gabinete donde se evalúa. […]el marco legal que tenemos no nos habilita a eso”.
En cuanto al riesgo de perder variedades de maíz criollo, Benech reconoció que el cruzamiento de variedades es un problema y que “hay que regular eso de alguna forma”. Para eso, los productores de maíces criollos tienen que registrar en el Inase las variedades que quieren proteger. En cuanto a la Diabrotica, reconoció que no es plaga en Uruguay y que no hay datos sobre si provoca, o no, un daño económico.
Desde el punto de vista sanitario, las principales objeciones contra los eventos de maíz tienen que ver con el aumento de la exposición a proteínas Cry del biopesticida (detectado ya en sangre de mujeres embarazadas y sus fetos), el aumento de reacciones inmunoalergénicas y la falta de información de lo que ocurre al apilar tres eventos transgénicos, como ocurre con el TC1507XMON810XNK603. Benech refutó las objeciones, diciendo que él suspendió por un año el tratamiento de uno de esos eventos luego de que el MSP dijera que era “potencialmente alergénico”, pero lo avaló al cabo de un año “cuando el MSP volvió a presentar la misma información”.
Una declaración de Casa Grande (Frente Amplio), impulsada por Círculo Verde, manifiesta la posición contraria de ese sector a la resolución del Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNB) por la cual fueron aprobados 14 nuevos eventos transgénicos. El texto divulgado por Casa Grande hace un repaso histórico de los cambios introducidos por la biotecnología desde que en 1996 un grupo de científicos anunciaba, en Escocia, la clonación exitosa de una oveja, y recuerda que tres meses después en Uruguay se autorizaba el uso de soja genéticamente modificada para resistir al glifosato. “Desde entonces, a ese primer evento transgénico [el GTS 40-3-2] se le sumaron cuatro eventos más de soja y diez eventos de maíz. Además, la superficie plantada de soja pasó de unas 14.000 hectáreas en la zafra 1999-2000 a más de un millón de hectáreas en la 2016-2017”, afirma.
La declaración cuestiona que se prioricen “los beneficios económicos a corto plazo, por sobre la salud de la población y los derechos a saber y decidir sobre las maneras de producir nuestra comida”, y admite que, tal como denunciaba la Asociación Rural del Uruguay en setiembre de este año, ese posicionamiento crítico obedece a “motivos ideológicos”. Finalmente, Casa Grande declara su apoyo a las carteras de Medio Ambiente y Salud Pública, rechaza la resolución del GNB (y, en particular, “la actuación de las carteras que impulsaron la liberación de los eventos”), solicita al gobierno que suspenda la aplicación de la resolución y promueva “el más amplio debate” sobre los riesgos implícitos, considera beneficiosa “la aprobación de una ley nacional de etiquetado transgénico”, llama a la reflexión pública sobre bioseguridad, con el objetivo de legislar al respecto, y afirma la necesidad de contar con una “estrategia integrada de ambiente y salud”.
Un trabajador rural de 26 años, denuncıó la agresıón de su ex patrón, a quıen fue a vısıtar para que le pagara adeudos salarıales. Los incidentes tuvieron lugar en la Colonia 18 de Julio, departamento de Salto. Según supo Montevideo Portal, el peón trabajó en el establecimiento hasta mayo. El ex patrón le dijo a su empleado que como “estaba la cosa difícil”, a fin de año le iba a pagar la liquidación correspondiente. El hombre fue a reclamar sus haberes, y allí tuvieron lugar los incidentes.
La denuncia policial a la que accedió Montevideo Portal, da cuenta que hasta Entre Ríos y Gran Bretaña, concurrió un móvil policial. Allí los uniformados se entrevistaron con el denunciante, el que señaló que minutos antes, había sido “agredido físicamente por su ex patrón, propinándole un golpe con una trama (trozo de madera) en la cabeza, tirándolo al piso y dándole golpes de puño”. “El denunciante fue trasladado al Hospital Regional Salto, lugar donde el médico de guardia expidió certificado ilegible, dándole de alta” señala el parte policial.
“Averiguado primariamente el denunciado, coincide casi en su totalidad con los dichos del denunciante, salvo en que fue este último quien comenzó la agresión, por lo que debió defenderse”, dijo el ex patrón del peón. El abogado del peón, Gabriel Cartagena confirmó a Montevideo Portal que mañana presentarán la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La última sesión del año de la Cámara de Diputados transcurría con bastante tranquilidad hasta que llegó la hora de debatir el último proyecto de ley, presentado por la bancada oficialista, sobre el voto en el exterior. El primer artículo del texto dice: “Declárase, con carácter interpretativo, de los artículos 77, párrafo 1, y 81 de la Constitución de la República, que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Además, en su segundo artículo establece que se crea una “Comisión Honoraria” con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo en el que se analicen “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración”.
Mientras tanto, en los pasillos de la cámara algunos diputados de la oposición empezaron a señalar que el artículo 77 numeral séptimo de la Constitución de la República establece que “toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara”. Por lo tanto, antes de empezar a debatir el proyecto, el diputado blanco Pablo Abdala solicitó a la Mesa de la Cámara de Representantes que definiera cuál era la mayoría que a su criterio se requeriría para aprobar el proyecto de ley. Acto seguido, José Carlos Mahía, presidente de la cámara, contestó que se necesitaba una mayoría simple.
A continuación Abdala cuestionó a la mesa, porque, dada la importancia del asunto a tratar, esto implicaba “un atropello”. Agregó que su partido no se cierra a analizar alternativas sobre el voto en el exterior pero no está dispuesto a que se les venga “a imponer soluciones”, ya que el proyecto no representa a los partidos de la oposición, que además no tuvieron “la oportunidad” de dialogar sobre el tema. Por último, subrayó que la actitud de Mahía terminaba “siendo funcional” al “designio” de quienes propusieron el proyecto de ley.
En tanto, el colorado Ope Pasquet aseguró que el proyecto de ley es inconstitucional y señaló que su partido también acompañaba “el cuestionamiento a la mesa”. Agregó que el intento de “imponer por mayoría simple” lo que “sólo podría hacerse por la reforma de la Constitución o los dos tercios conspira contra la República y socava las bases de la paz entre los uruguayos”. “Es muy grave lo que se está haciendo, y no conozco precedentes en ese sentido desde 1985 hasta acá, por lo menos. No se puede desconocer la Constitución y un pronunciamiento del pueblo, que fue llamado a votar para habilitar el voto desde el exterior, y lo rechazó”, señaló Pasquet.
Por su parte, Daniel Radío, del Partido Independiente (PI), dijo que “es falso” que la Constitución establezca que para el ejercicio de los derechos y las obligaciones “sea indiferente que uno resida en Uruguay o no”. “La Constitución reclama el avecinamiento. A nadie se le ocurre que cuando la Constitución consagra el derecho a la vivienda esto quiere decir que le tenemos que hacer una vivienda al ciudadano uruguayo que vive en Sri Lanka o en Alto Volta”, señaló el legislador, y remató diciendo que no se iban a quedar en un debate “que pretende pasar por delante” a la Constitución.
“Esta Constitución no es la bicha, es la suprema norma magna de nuestro país, que regula la convivencia democrática. Por la vigencia de las normas corrieron ríos de sangre en nuestro país a través de mucho tiempo”, decía el diputado blanco Pablo Iturralde mientras levantaba el mencionado texto. Agregó que si el proyecto de ley sigue su camino, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia, “que va a decir que es inconstitucional”.
En tanto, Roberto Chiazzaro, uno de los firmantes del proyecto, subrayó que el texto que se iba a tratar no consagra “en absoluto” el voto en el exterior, y que tampoco violenta la Constitución. Agregó que respalda al presidente de la cámara, que leyó “correctamente, sin intencionalidad política”, que el proyecto apunta a conciliar, algo que “gran cantidad” de diputados de los diferentes partidos han comentado: que les interesaba debatir el voto en el exterior. Además, señaló que en la actualidad “sólo vota el que tenga dinero y se pueda pagar el pasaje”, y que el primer artículo del proyecto dice algo “obvio”, porque en todas las elecciones hay ciudadanos que vienen y votan. Por último, dijo que en los demás artículos del proyecto se busca generar consenso con todo el sistema político, y subrayó que lo que hizo la oposición en sala fue “politiquería”, “circo político” y “terrorismo”. Al final, los representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el PI se fueron de sala, y el proyecto se aprobó. Ahora pasará al Senado.
Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.
La Intendencia de Montevideo aprobó esta semana el estudio de impacto territorial para levantar la segunda torre en el área del World Trade Center que se destinará a una zona franca de servicios. Por permitirle construir por encima de lo permitido por la ordenanza municipal, el inversor deberá pagarle a la comuna US$ 2 millones, por concepto de "mayor aprovechamiento".
El edificio tendrá una fachada elíptica diferente a la de las torres ya construidas, con paneles con control solar, de 3 metros de altura, soportados por una estructura de aluminio con perfiles ornamentales horizontales que le otorgarán un ritmo de sombras de día y de reflejos durante la noche. Se integrará con la Torre 1 de Free Zone mediante una plaza central de 3.200 metros cuadrados, que contará con áreas verdes y de esparcimiento.
En la actualidad, la primera torre de WTC Montevideo Free Zone alberga —en sus 24 pisos de oficinas— a más de 130 empresas que generan empleo para 1.350 personas, casi en su totalidad de alta calificación profesional, que trabajan básicamente "para el mundo" y que en un 80% son menores de 40 años.
"Obtuvimos una autorización inicial para empezar a excavar y ahora, con esta aprobación del estudio de impacto, vamos a obtener el permiso de construcción, por lo que en enero comienza la obra, que durará dos años y dos meses. Es una torre de 22 pisos, que costará entre US$ 35.000.000 y US$ 40.000.000", informó a El País el presidente del directorio de WTC Free Zone, Carlos Alberto Lecueder.
La torre estará sobre la esquina de Galarza y Bustamante, pero la ley de zonas francas exige que exista un único acceso controlado. "Esta torre funcionará en equipo con la número 1, que ya está construida, por lo que el acceso se mantiene y será por la calle Bonavita", anotó el empresario.
Las unidades del nuevo edificio se van a alquilar y el plazo estándar suele ser de cinco años, pero se repetirá la experiencia del Innovation Center, que es la opción de arrendar oficinas terminadas más pequeñas con contratos a menor plazo. "Ya tenemos firmadas dos reservas", dijo Lecueder a El País. Según una resolución firmada por el intendente Daniel Martínez, "la propuesta es viable, en la medida que se inscribe dentro de los usos previstos, los aspectos voluméctricos (de) tránsito y ambientales".
El documento señala también que "se valora positivamente los puestos de trabajo que se generarán a partir del desarrollo, sumado al comercio exterior en crecimiento, sobre todo en el sector servicios". Y aclara que "los solicitantes deberán realizar los trámites tendientes a la obtención del Permiso de Construcción ante el Servicio Contralor de la Edificación" de la IMM.
La obra va a ocupar a unas 200 personas (serán menos al principio y más al final). Se estima que una vez que esté terminada, más de 1.000 personas trabajarán en la torre. El edificio dispondrá de oficinas flexibles de hasta 780 m2 de superficie, con posibilidad de subdividir los espacios para adaptarse a los distintos requerimientos. Adicionalmente, contará con cuatro subsuelos con más de 350 plazas de estacionamiento, un punto sensible en la zona en las que, además de las torres de negocios, se encuentra el Montevideo Shopping. También incluirá 60 plazas techadas para bicicletas y un vestuario para quienes desean salir a correr por la rambla.
Una torre más
En el lugar existe un espacio más entre la torre 4 y la zona franca, en el que se proyecta un edificio más con una altura superior a los 20 pisos. "Esa tierra no es nuestra, pero tenemos un acuerdo para hacerla. Y habrá que decidir si se hace la quinta torre del World Trade Center o la tercera del WTC Free Zone. Eso el tiempo y el mercado lo dirán", anticipó Lecueder. Cuando el empresario le planteó al gobierno en 2005 hacer una zona franca, había 15.000 metros cuadrados en el país dedicados a la actividad. Hoy, hay casi 10 veces más dedicados a ese propósito.
1) Elecciones en Cataluña /Claudi Pérez
2) ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont /Camilo S. Baquero
3) Con Piñera el Cono Sur queda en manos de la derecha empresarial /Emilio Marín
4) Uruguay incluyó a la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos
5) Festival de Cine Documental Social y Político
COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1867 – jueves 21.12.2017
1) ELECCIONES EN CATALUÑA
El expresidente sugiere que podría volver a Barcelona y exige a Rajoy que retire la aplicación del artículo 155 después de la "rotunda victoria" del independentismo
Claudi Pérez /El País, Bruselas 22 DIC 2017
Las elecciones catalanas tenían que servir para dar claridad a la situación política después del referéndum ilegal y un par de meses de aúpa que han acabado con la mitad del Gobierno autonómico con sus huesos en la cárcel y la otra mitad en Bruselas. Pero los resultados de la noche electoral dejan las cosas tal y como estaban: el independentismo gana en escaños, los partidos constitucionalistas ganan en votos y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, sigue desatado desde su exilio en Bruselas. Rodeado de un par de cientos de seguidores y en torno a un centenar de medios, Puigdemont ha declarado en la capital belga la "rotunda victoria" del bloque independentista y justo después ha lanzado un duro mensaje: “Rajoy, el Ibex, el entorno mediático y Europa deben tomar nota" de los resultados.
Puigdemont: “Hay mayoría en votos y escaños para un referéndum” El Supremo cerca a Puigdemont: fuga indefinida o detención
“La república catalana ha derrotado a la monarquía del 155", ha recalcado en uno de esos eslóganes destinados al aplauso de sus fieles en el Brussels Square Centre, junto a la Grand Place. "La independencia gana de manera rotunda en condiciones de Estado de excepción, con candidatos en la cárcel, un Gobierno en el exilio y con una criminalización permanente; hay mayoría absoluta en votos y en escaños [sumando los de En Comú Podem] a favor de un referéndum”, ha subrayado en un acto al que han asistido varios diputados de la N-VA, el partido nacionalistas flamenco.
Puigdemont sugiere que podría volver a Barcelona en los próximos días, como ya ha dicho otras veces. “No acatamos el [artículo] 155: a partir de mañana el 155 tiene que quedar en suspenso, hay que liberar a los presos, tenemos que volver, y la política debe retornar; el señor Rajoy tiene que volver a hacer política”, ha asegurado. El expresidente ha dejado también un recado para Bruselas: “Europa debe tomar nota. Si Rajoy sigue aplicando la misma receta obtendrá los mismos resultados: o cambia de receta o cambiaremos de país más rápido de lo que nos habíamos propuesto”.
En un discurso a ratos sosegados y a ratos arrebatado, ha afirmado que la situación actual "urge una rectificación de mucha gente, empezando por el presidente del Gobierno. Hay mucha gente a la que se hizo daño el 1 de octubre y aún no hemos oído una sola disculpa. El Ejecutivo debe proceder a la restitución del Gobierno legítimo, y los presos deben salir de la cárcel cuanto antes", ha concluido.
Claudi Pérez /El País
COMCOSUR INFORMA Nº 1867 – 21/12/2017 _______________________________________
2) ERC SE QUEDA A 12.000 VOTOS DE SUPERAR A PUIGDEMONT
El partido de Oriol Junqueras no logra liderar la victoria del bloque independentista
Camilo S. Baquero /El País. Barcelona 22 DIC 2017
Ni con el mejor resultado electoral de su historia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha conseguido hacerse con la hegemonía política del independentismo catalán. La formación de Oriol Junqueras ha rozado los 920.000 votos, el 21,4% del total, pero Junts per Catalunya ha logrado superarla. Después de que los sondeos la pusieran como la favorita de estas elecciones, ERC ha visto cómo la victoria se le escapaba entre los dedos y ha tenido que contentarse con una tercera posición. Sin embargo, junto con Junts Per Catalunya y la CUP, las tres fuerzas separatistas suman mayoría en escaños y votos.
“Hoy la república le ha ganado al artículo 155 de Mariano Rajoy”, ha asegurado este jueves la número dos del partido, Marta Rovira. La también candidata se ha refugiado en la victoria del bloque independentista en escaños y votos y por “volver a recuperar el mandato del referéndum del 1 de octubre y del 27-S del 2015”. “Los ciudadanos han votado que pueda volver el Govern del exilio”, agregó Rovira entre gritos pidiendo la libertad de Junqueras y el resto de los que denominan “presos políticos”.
ERC se queda a 12.000 votos de superar a Puigdemont Junqueras ya ha votado desde la cárcel de Estremera
Los republicanos se han reunido en la Estación del Norte de Barcelona para seguir la noche electoral y desde muy pronto han empezado a verse caras largas. Para el 21-D ERC se había puesto dos metas. Por un lado, hacerse con la victoria que dibujaban las encuestas e iniciar así una nueva etapa en la política catalana como viga maestra de la centralidad política. Por el otro, liderar la victoria del bloque independentista. Esto, defendían los republicanos, obligará al Ejecutivo de Mariano Rajoy a sentarse a dialogar el encaje entre Cataluña y el resto de España. Anoche Rovira pidió al presidente del Gobierno que “levante el 155, libere los presos políticos y se siente a negociar”.
En el primer objetivo autoimpuesto se ha fracasado por unos 12.000 votos. Los republicanos no han logrado poner freno a la lista encabezada por el expresident Carles Puigdemont. Respecto a la segunda meta, pese a los 70 escaños que ha logrado el independentismo el triunfo de la candidatura de Ciudadanos en votos es un duro golpe psicológico para los secesionistas, que ven en la fuerza naranja la formación más corrosiva para temas con tanto consenso político dentro del catalanismo como la inmersión lingüística.
El pulso con la llamada “lista del president” comenzó pronto para Esquerra. Fue el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, quien alertó pocas horas después de salir de prisión preventiva de la imposibilidad jurídica de que Puigdemont pueda ser investido. Una vez ponga un pie en España, explicó, sería detenido. Esta argumentación llena de motivos a ERC para aupar a Junqueras como president pese a su tercera posición. Una de sus principales promesas electorales es “la libertad de los presos políticos”, algo sobre lo que no tienen ninguna potestad.
ERC soñaba con el sorpasso a Junts per Catalunya, la marca bajo la que concurrió la formación heredera de Convergència, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT). Tanto es así que la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, aseguró en el cierre de campaña que Junqueras era ya el contrincante a la sociovergencia burguesa que ha dominado la política catalana tras la restitución de la democracia.
El último resultado de ERC en solitario es de 2003, cuando obtuvo 544.300 votos, el 16% del total. Los republicanos han sido la formación más beneficiada por el crecimiento del independentismo. Para mantener el pulso al Gobierno central, los republicanos tendrán que pactar con un Junts per Catalunya que le supera por solo dos escaños y 12.000 votos pero que, a fin de cuentas, es la lista secesionista más votada. También habrá que ver cómo quiere jugar la CUP. Una abstención suya sería suficiente en segunda vuelta. Y no hay tripartito de izquierdas posible.
El partido de Junqueras sobrevivió a una campaña con su líder en prisión preventiva y condicionado por la posibilidad de que algunos otros de sus dirigentes, como Rovira, también puedan acabar en la cárcel. Los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, están refugiados en Bruselas.
La ausencia de al menos tres diputados republicanos en una sesión de investidura puede ser clave y la cúpula de la dirección del partido tendrá que evaluar ahora cuál será su estrategia. Mundó reivindicó en varios mítines la larga historia e implantación de ERC en el territorio (tiene alrededor de 300 alcaldías) pero esto no fue suficiente para la victoria. ERC quiso evitar el cuerpo a cuerpo con Junts per Catalunya para evitar polémicas dentro del independentismo –coqueteó con el tema de la corrupción— y eso terminó por pasarle factura.
Esquerra ni de lejos ha abandonado uno de sus objetivos fundacionales, la independencia de Cataluña. Tras el fracaso de la ruta secesionista, los republicanos ahora han modulado el discurso. Aceptan la necesidad de ensanchar el apoyo ciudadano a esa apuesta. Según su programa, buscarán “una negociación bilateral” con el Gobierno que permita la independencia de Cataluña. Sin embargo, Rovira aseguró durante la campaña que la negativa de Rajoy a dialogar reactivaría la vía unilateral.
Camilo S. Baquero /El País
3) CON PIÑERA EL CONO SUR QUEDA EN MANOS DE LA DERECHA EMPRESARIAL
El derechista Sebastián Piñera ganó el balotaje en Chile. Gobernará por segunda vez, porque estuvo entre 2010 y 2014. Fue precursor de Mauricio Macri y ahora empalma con su colega empresario y ajustador serial de este lado de los Andes.
Emilio Marín /ALAI 21/12/2017
El 17 de diciembre hubo una segunda vuelta para elegir presidente en Chile por un mandato de cuatro años. Ganó Sebastián Piñera, de la derechista “Chile Vamos”, con el 54,62 por ciento de los votos, sobre el centrista Alejandro Guillier, de “Nueva Mayoría” (oficialismo, ex Concertación), quien obtuvo el 45,38 por ciento.
El perdedor dijo que la victoria de su rival había sido maciza, visitándolo en su bunker de un hotel exclusivo en Santiago. La mandataria, Michelle Bachelet, llamó por teléfono a Piñera para felicitarlo y convenir una reunión donde comenzarían a arreglar el traspaso del gobierno.
El ganador invitó a la presidenta a su mansión, en la mañana siguiente, para desayunar y hablar de todo eso. Esos detalles fueron realzados por la prensa monopólica argentina para demostrar la supuesta superioridad de Chile sobre Argentina, donde los traspasos se hacen a los ponchazos o no se hacen, como el 10 de diciembre de 2015.
Siendo cierto ese dato, hay que decir que la democracia burguesa imperante en Chile no por eso es adelantada. Aquel es un detalle. Mejor es el sistema donde hay casi 800 genocidas condenados, como en Argentina, mientras allá la abrumadora mayoría de los represores está impune por disposiciones del pinochetismo y la democracia pusilánime que lo sucedió, incluyendo los gobiernos de Piñera (2010-2014) y Bachelet.
Que la política trasandina no goza del masivo apoyo ciudadano se mostró en estos comicios. En la primera vuelta del 19 de noviembre, Piñera obtuvo 36.6 % de los sufragios y Guillier 22.7 %, con una abstención del 54 %: de 14.350.000 personas habilitadas para sufragar, no lo hicieron 7.700.000.
En el balotaje se repitió esa alta abstención: más del 50 por ciento no fue a votar. Los medios de allá y de acá titularon “Amplia victoria de Piñera”. Una verdad menos que a medias. Si votó el 50 por ciento del padrón, y “Chile Vamos” obtuvo el 50 por ciento de los votos, quiere decir que fue apoyado por el 25 por ciento de los chilenos en condiciones de votar. Ese es un voto minoritario, no una “amplia victoria. Chile es el segundo país del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde la participación electoral es más baja, sólo superado por Madagascar.
La ola de abstenciones debe leerse en clave de disconformidad social con las gestiones gubernamentales de variado signo político. Esto incluye al arco derechista pues Piñera estuvo en la presidencia hace pocos años y a la mandataria de origen socialista, que gobernó antes que aquél y el 11 de marzo próximo le devuelve el sillón presidencial.
En el mandato anterior del millonario, una de las crisis políticas más recordadas fue el de la educación. Los Carabineros no podían contener tantas movilizaciones a favor de la educación pública, de estudiantes universitarios y secundarios.
Por cosas como esa le llegó otra vez el turno a Bachelet, que –aleccionada por fracasos de su mandato previo- prometió profundizar reformas. Sin embargo no superó los límites de la tibieza, sin hundir el bisturí (ella es médica) en el hueso del neoliberalismo y el capitalismo salvaje vigente en Chile desde tiempos pinochetistas.
Siguieron gozando de buena salud las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), empresas de la jubilación privada, tristemente célebres en la Argentina del menemo-cavallismo y eliminadas en 2009 a favor de la Anses. Hoy Macri intenta con la “reforma previsional” empezar el regreso a la ominosa privatización, cuando Chile, el líder negativo de las AFP, tiene planteado el camino inverso.
Los logros de Bachelet fueron bien módicos. Sólo logró que 260.000 universitarios tengan enseñanza gratuita, pero la mayoría sigue sin gozar de un acceso universal. También consiguió legalizar uniones de personas del mismo sexo, pero sin una ley de matrimonio igualitario, cajoneado en el Congreso. Otro tanto con el derecho a interrumpir el embarazo no deseado: sólo se permite por violación, riesgo de vida para la mujer o embrión con nulas posibilidades de sobrevida. De derecho al aborto legal, público y seguro, ni hablar, igual que en Argentina donde se lo sigue considerando “un pecado mortal”, como bien ironiza Callejeros en su tema “Imposible”.
En suma, los hermanos trasandinos sufren en un modelo muy desigual. El 5 por ciento de la población más rica se queda con el 51 por ciento de los ingresos, otro récord para el podio de los países más desiguales del mundo. Eso fue así con Pinochet, los gobiernos civiles de la Concertación (la Democracia Cristiana y el “Socialismo”), la derecha de la Renovación Nacional y la UDI pinochetista, etc.
En eso hubo apenas matices de mejoría o no, según fuera la alternancia. El Chile igualitario del socialismo de Salvador Allende y la Unidad Popular murió con los bombardeos del golpe del 11 de septiembre de 1973.
Piñera y Macri se parecen en muchas cosas, comenzando por las alianzas que los llevaron al gobierno. El primero la bautizó “Chile Vamos”, nutrida por la derecha de origen pinochetista: Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, UDI, más socios menores. El segundo se basó en el derechista PRO y luego amplió a Cambiemos, con la venida a menos UCR, en la pendiente desde el derechista Fernando de la Rúa, y el ARI-CC de la impresentable Elisa Carrió.
Ambos presidentes abrevan en el neoliberalismo y la derecha, en el terreno político y frentes importantes como los derechos humanos. El trasandino estuvo en su momento en contra de la detención y juicio contra Augusto Pinochet que promovía el juez Baltasar Garzón.
Y de este lado de la Cordillera Macri habló del “curro” de los derechos humanos. En los últimos meses hay duras represiones de policía, Gendarmería, Albatros, Prefectura y policías provinciales contra diversos reclamos populares. El cronista se entristece hoy por la represión policial en Jujuy ordenada por el gobernador Gerardo Morales contra los trabajadores del ingenio La Esperanza, que no abonó los últimos dos sueldos y despidió a 400 trabajadores. La policía dejó 12 heridos y 50 detenidos, en una continuidad de la represión de Gendarmería en Chubut en agosto y Río Negro en noviembre. El libreto es el mismo empleado por fuerzas policiales y de inseguridad para blindar el Congreso, reprimir y lograr la aprobación del ajuste previsional.
Los dos son empresarios: uno fue dueño de LAN Chile y otras firmas al llegar a La Moneda en 2010. Según la estadounidense Forbes su patrimonio llegaría a 2.700 millones de dólares, entrando en el ranking de los multimillonarios latinoamericanos. Macri fue parte del monopolio Socma, con empresas de construcción como Iecsa y de servicios como Manliba y Correo Argentino, industriales como Sevel, agropecuarias, etc. Supuestamente hubo ventas en esas compañías, sobre todo a partir de 2007, cuando el personaje fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ambos fueron favorecidos por las dictaduras militares. El niño bien de Tandil lo hizo en gran forma, como se documenta en dos fuentes muy diferentes: Luis Majul en su libro “Los dueños de la Argentina” y Horacio Verbitsky en sus notas de Página/12. El último afirmó que al cabo del terrorismo de Estado, Socma había pasado de 7 empresas a 43, además de haber estatizado su deuda de 170 millones de dólares, gracias al Banco Central de Domingo Cavallo en 1982.
Los dos políticos de raigambre empresaria tuvieron muchos procesos judiciales por evasión de impuestos, contrabando, fraudes, coimas, espionaje y firmas en guaridas fiscales. Piñera se adelantó a su colega en eso de inventar un “fideicomiso ciego” luego de conflictos de intereses entre sus compañías y su presidencia. Macri dijo haber hecho lo mismo, pero la eficacia de esos recursos legales está en duda, toda vez que con posterioridad saltó el escándalo del Correo Argentino, donde su gobierno le condonaba deudas a Socma por 70.000 millones de pesos.
La prensa argentina hegemónica califica a Piñera de “centroderecha”, cuando es un claro espécimen de derecha. A Macri lo llama cariñosamente el presidente de los argentinos, sin connotación ideológica, pero también le cabe la calificación de “derecha”. Ambos son parte de la grey obediente del FMI, Banco Mundial, Foro de Davos, Ocde, Alianza del Pacífico y demás colaterales del capital financiero internacional.
Ambos consideran que el pueblo mapuche es el gran enemigo. Piñera quiere aplicarles su “ley antiterrorista” y Macri ya usa los fusiles de Gendarmería y Albatros.
Uno era fanático de Universidad Católica, pero por conveniencia política compró el Colo Colo, más popular. El otro siempre fue bostero y desde Boca hizo su carrera política inicial, aunque no logró convertir al club en una empresa privada, como Piñera.
En 2017 los personajes se reunieron tres veces y antes del balotaje Macri grabó un video donde decía: “hace muchos años que soy amigo de Sebastián, lo admiro, creo que es un gran dirigente”. ¿Se verán una cuarta vez o ya entraron en modo avión, léase en repetidas e inmerecidas vacaciones?
Emilio Marín /ALAI
El parlamento sancionó este miércoles la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018. También se amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
Sudestada /21/12/2017
La cámara de Diputados dio sanción definitiva este miércoles a la ley que actualiza la legislación contra el blanqueo de capitales y que incluye a los delitos fiscales como precedentes del lavado de activos. La norma se aprobó un año después de su envío al parlamento por parte del Poder Ejecutivo.
Además de incluir la evasión fiscal la nueva ley también agrega otros crímenes comunes como precedentes, por ejemplo la rapiña, el sicariato, el copamiento, el abigeato o el hurto en aquellos casos en que el monto de dinero “blanqueado” supere los diez mil dólares. En total la lista de actividades delictivas precedentes se amplió a 33.
También se amplió la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. Ahora también estarán sujetos a la obligatoriedad los contadores, los abogados y los escribanos, además de los estudios jurídicos que se dediquen a la creación de sociedades, los rematadores, las inmobiliarias o los usuarios de zonas francas, entre otros.
La inclusión de abogados, contadores y escribanos había sido objeto de críticas de los colegios profesionales por considerar que se afectaba su derecho de ejercer la defensa de sus clientes, aunque en la ley se aclara expresamente que este aspecto queda especialmente apartado de la obligatoriedad.
La nueva ley permitirá responsabilizar a aquellos directores nominales de las empresas creadas como fachada para el lavado de activos, así como a los estudios profesionales que venden este servicio y que gestionan este tipo de negocios ilícitos.
Convocatoria 2018 a la presentación de documentales
En septiembre de 2018 se realizará en Uruguay, por décimo año consecutivo, el Festival de cine documental social y político Globale.
Globale Uruguay es un colectivo que propone a través de la difusión del cine documental, espacios de información y debate de distintas plataformas de ideas e iniciativas sociales. Estos encuentros tienen el propósito de visualizar y compartir opiniones sobre temas relacionados con los procesos de globalización capitalista.
Hacemos un llamado nacional e internacional a quienes dispongan de documentales y a toda persona o colectivo social que desee compartir sus trabajos.
El material enviado deberá abordar temas actuales, tanto a nivel local como regional o mundial, que refieran a los siguientes ejes:
Tierra, problemáticas asociadas a la tenencia de la tierra, modos de producción, agua, tierra para vivir, contaminación y políticas extractivistas. Conflictos territoriales, pueblos originarios, resistencias campesinas, proyectos autónomos auto gestionados y autonomías territoriales.
Educación, a 50 años de mayo del 68 ¿qué tipo de educación, para qué modelo de sociedad?, privatización y escuelas comunitarias auto gestionadas, reivindicación de los movimientos estudiantiles.
COSIPLAN – IIRSA (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento), militarización del continente, desplazamiento de comunidades y pueblos, devastación de bienes naturales.
Patriarcado, violencia machista, feminicidios.
Arte, el arte como herramienta de emancipación, arte y activismo político.
Migraciones, desplazamiento de poblaciones por conflictos bélicos, defensa de la independencia y autonomía de los pueblos, luchas por territorios, pobreza.
Las obras postuladas no deben exceder los 90 minutos, aquellas que no sean en español, deberán estar subtituladas al español.
El material podrá ser enviado en formato DVD a: Mario Cassinoni 1239, Apartamento 2. C.P.: 11200, Montevideo, Uruguay. O a través de un vínculo de descarga y/o visualización on line al correo globalemontevideo@gmail.com
En el envío será necesario incluir la carta de autorización completa y escaneada, o en su versión original por correo postal, y la ficha de postulación.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2018 y el colectivo Globale Uruguay definirá las obras definitivas para la edición 2018 del Festival, contemplando los siguientes criterios:
– Que los documentales cumplan con los ejes temáticos y duración propuesta.
– Que la producción cuide aspectos relativos a una buena calidad de imagen y sonido.
– Que el abordaje contemple la temática de forma amplia y propositiva.
La selección se comunicará vía correo electrónico y se dará difusión pública a través del sitio web de Globale y sus redes sociales, previo al Festival.
El Festival Globale Uruguay 2018 se desarrollará en septiembre, con fecha a confirmar en distintos espacios de la ciudad de Montevideo y otras ciudades y pueblos del interior del país, como cines barriales, centros sociales, culturales y deportivos, cooperativas, sindicatos y centros educativos.
Globale no es un festival competitivo, por lo cual no se otorgan premios ni menciones y el acceso a todas las proyecciones es libre y gratuito.
Sobre Globale
Globale es un colectivo social autónomo, comprometido con el presente, que a su vez es parte de un amplio movimiento social con diferentes luchas que persiguen un horizonte emancipatorio. Nos proponemos estrechar vínculos con otras organizaciones sociales desde el documental y el foro debate, compartiendo materiales y experiencias acumuladas en años anteriores.
Deseamos así participar en la construcción de un pensamiento crítico desde lo social, que visualice los efectos de la globalización capitalista en nuestro país y forme parte de las reflexiones y luchas de los movimientos que en todas partes resisten los embates de este sistema.
Más allá del Festival…
Habrá exhibiciones en otras localidades fuera de Montevideo; y fuera de las fechas previstas por el Festival. Llamamos a esta modalidad Globale Itinerante y su programación se organiza a partir de las demandas que el colectivo reciba.
Globalito 2018
Es una propuesta dentro de la modalidad Globale Itinerante; el colectivo propone pequeños cortos sobre distintas temáticas sociales, adaptados para niños y niñas.
Festival Globale Uruguay 2018/ Enviado por Henry Flores
1) Asesinado el duodécimo periodista en lo que va del año en México
2) Eugenio Zaffaroni: "Están tratando de inventar un enemigo"
3) Piñera arrasa, el oficialismo se derrumba, la izquierda afirma sus posiciones
4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se supiera
5) Saqueo de recursos y neocolonialismo: la sangría del oro negro africano
COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 851/ Miércoles 20 de diciembre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
Zorayda Gallegos (El País de Madrid)
Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en la escuela donde estudiaba su hijo, en Veracruz
El periodista Gumaro Pérez Águilando fue asesinado la mañana de este martes en una escuela primaria ubicada en Acayucan, un municipio del sur de Veracruz, confirmaron las autoridades de esa entidad. El reportero que cubría temas de seguridad, fue atacado por hombres armados que entraron hasta un salón de clases, donde se encontraba con motivo del festival navideño de su hijo. Pérez Águilando, de 35 años de edad, es el duodécimo reportero asesinado este año en México y con él suman 39 homicidios de periodistas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo a cifras de la organización Artículo 19.
La Coordinación Estatal de Seguridad informó en un breve comunicado que "sujetos desconocidos ingresaron hasta un aula y agredieron con impactos de arma de fuego a Gumaro Pérez Águilando, fallecido en el lugar de los hechos". El periodista, que publicaba en el portal La Voz del Sur, fundado por el mismo, también laboraba en el ayuntamiento local. Juan José Barragán, secretario de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan, explicó que su compañero fue asesinado en un aula de la escuela donde estudiaba su hijo y que él se encontraba ahí porque había acudido a un festival navideño. "El estaba en el festival de su niño, y en eso llegó una persona armada e ingresó al salón y le disparó cuatro veces y huyó. No hubo más heridos y su hijo no vio cuando le dispararon porque estaba jugando afuera del salón", contó en entrevista con este diario.
Apenas el pasado 6 de octubre las autoridades del Estado de San Luis Potosí, en el norte de México, habían informado del hallazgo del cadáver del fotógrafo Edgar Daniel Esqueda Castro. Según denunció su familia, hombres vestidos de policías ministeriales irrumpieron en la casa y se lo llevaron. La fiscalía se deslindó y aseguró que ningún policía "había realizado ninguna acción policial en contra del reportero". Esqueda era fotógrado de nota roja, tenía su propio medio y colaboraba con otros medios de la región.
Barragán, miembro de la asociación de periodistas a la que pertenecía Gumaro, manifestó que las autoridades deben aclalar los motivos del ataque a su compañero. "En Acayucan la violencia va en aumento y es urgente que se haga algo para detener esta situación. El hecho de que lo hayan asesinado en una escuela nos deja conmosionados", expresó. El secretario de la organización periodística mencionó que Gumaro no les había manifestado que temiera por su seguridad. "Él tenía quince años como reportero y siempre se dedicó a la nota roja, pero desde hace cuatro años entró al área de comunicación social del ayuntamiento local y ya no se dedicaba al cien por ciento al reporteo, sino que lo hacía de manera esporádica", expuso.
El comunicador asesinado contaba con medidas cautelares como parte del mecanismo de protección a periodistas desde 2015, informó Ana Laura Pérez, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Promoción de Periodistas, una instancia del Gobierno. La protección sólo era para coberturas, declaró la funcionaria a medios locales. Justificó que no se le había reforzado la seguridad porque jamás les notificó que recientemente hubiese recibido amenazas.
En noviembre de 2012, Gumaro había sido víctima de una agresión en una agencia del ministerio público en la misma localidad de Acayucan. De acuerdo a una nota periodística, el reportero fue golpeado por un abogado al intentar recopilar información sobre unos detenidos.Según la publicación le dañaron el rostro y destrozaron su cámara fotográfica. El ataque ocurrió un día después de que se publicara la ley de protección a periodistas del Estado.
En un mensaje publicado en Twitter, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnes, dijo que había instruido a la secretaría de Seguridad Pública a brindar protección a la familia de Pérez Aguilando y que la Fiscalía del Estado había enviado un grupo especial para investigar el crimen. "Lamento mucho la artera y cobarde agresión en contra del reportero Gumaro Pérez Aguilando", escribió.
Este 2017 se ha convertido en el peor año para la prensa mexicana. Antes del asesinato de Gumaro, el año más fatídico para el gremio había sido el 2016 con 11 homicidios, según el conteo de Artículo 19. En Veracruz suman cuatro los periodistas asesinados en lo que va del año.
MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017 – COMCOSUR
"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el ex integrante de la Corte Suprema. Agregó que "las fuerzas (de seguridad) no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos" durante el operativo represivo del jueves y afirmó que el Gobierno está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentra lo trata de inventar".
"Necesitan inventar terrorismo", sentenció el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al analizar la represión ordenada el jueves pasado por el Gobierno ante la movilización contra la reforma previsional, que hoy se repetirá desde las 12, y las órdenes de allanamientos libradas por el juez federal Claudio Bonadio contra las personas detenidas en la cacería posterior a la represión en la zona de Congreso.
"Estamos alejándonos cada vez más del Estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al Estado policía", lamentó el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Era algo que creía que no volvería a ver", lamentó Zaffaroni al repasar las 8 horas de represión encabezada por la Gendarmería y la Policía Federal el jueves pasado frente al Congreso y señaló tener "pocas esperanzas de que no se repita" ante la nueva marcha convocada al mediodía por gremios y organizaciones sociales para oponerse a la reforma previsional, que ajustaría jubilaciones, pensiones y asignaciones universales.
"Las fuerzas no estaban para resguardar el orden sino para ejercerlo vía el caos. No había un comando centrado sino cada fuerza hacía lo que quería sin ninguna mesura, es algo que creía que no volvería a ver", dijo el ex juez de la Corte Suprema sobre la represión y la posterior cacería en las que fueron detenidos 45 personas, entre ellas, decenas que volvían del trabajo o que viven en la calle.
A pesar de las detenciones irregulares, el juez federal Bonadio ordenó el fin de semana allanar las casas de varios de las personas detenidas al voleo el jueves pasado para encontrar panfletos y propaganda. Zaffaroni explicó que se está "tratando de hallar un enemigo y como no lo encuentran lo tratan de inventar".
"Ya vimos lo que pasa con los mapuches y ahora necesitan inventar terrorismo. Fabricar el enemigo es una vieja técnica de todo autoritarismo", agregó el integrante de la Corte IDH. En ese contexto, el ex juez de la Corte advirtió: "Estamos alejándonos cada vez más del estado de derecho ideal y acercándonos cada vez más al estado policía, o sea, del modelo en el que todos estamos sometidos al que manda".
El integrante de la Corte IDH advirtió que en ese camino al estado de policía "el punto de inflexión lo vamos a ver si se llega a caer totalmente el Poder Judicial" y puso como un ejemplo la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner y varios exfuncionarios y dirgentes sociales por "traición a la patria" en el caso del memorándum con Irán. "Hay que ver si la Cámara y la Corte se animan a sostener esa carátula sin una guerra", señaló y aseguró: "Caeríamos en el campo de la arbitrariedad pura".
Pedro Santander (Celag)
4) Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga
– El "libre flujo de datos", que en la práctica significa que los datos personales de todos y todas se convierten en un commodity que las grandes corporaciones pueden llevarse y explotar, con grandes ganancias, sin ningún beneficio personal ni colectivo para quienes entregan los datos. Significa también que nuestros países poco podrán hacer para proteger la privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del país donde se almacenan los datos (que en el caso de EEUU, son poco favorables para su población nacional y casi nulos para los usuarios extraterritoriales).
– Se negaría a los países en desarrollo la posibilidad de exigir a los inversores transferencia tecnológica, lo que significa perder una oportunidad para desarrollar conocimiento y capacidad local (formación de trabajadores) y desarrollar su propio sector tecnológico.
– Los países no podrán exigir que las grandes empresas extranjeras de comercio electrónico tengan presencia física en el país. Esto significa, por un lado, pérdida de empleos, o su precarización mediante la tercerización o contratación de trabajadores autónomos, y por otro que los consumidores no tendrán recurso legal dentro del país para reclamos.
– Tampoco podrán exigir a las empresas cuyos servicios digitales se contratan que abran el código fuente, o que usen software nacional. Esto es particularmente preocupante en el caso de la inteligencia artificial, ya que son sistemas con capacidad de tomar ciertas decisiones autónomamente, mediante algoritmos, que si no se sabe cómo operan, difícilmente se podrá pedir rendición de cuentas por malas decisiones o garantizar que no tengan un sesgo incorporado.
Al igual que muchos otros temas que se discuten en la OMC, el comercio electrónico (y la nueva economía digital) tiene implicaciones de gran importancia para los derechos humanos, el desarrollo, la justicia social, entre otros. Y estos temas no deben discutirse en espacios cerrados y sin voces de la ciudadanía. Sería un error pensar que la agenda del comercio electrónico es un tema técnico que se puede dejar en manos de “expertos”. El futuro de nuestros países y su desarrollo podría estar fuertemente comprometido si estas negociaciones prosperan. Todo indica que son las críticas a propuestas como éstas que Argentina quiso minimizar en las reuniones de esta semana.
Jerôme Duval (El Salto)
Tres de las cuatro refinerías de Nigeria se han reactivado en julio de 2015, pero no funcionan más que al 60% – 80% de su capacidad, hasta 210.000 barriles por día. Alentado a la dependencia de su recurso petrolero por las IFI, con el Banco Mundial en primer lugar, Nigeria saca el 70 % de sus ingresos y alrededor del 90 % de sus recursos en divisas de las exportaciones del mismo. Solamente el 10 % de su producción es refinada en el propio país. De esta manera, Nigeria, primer productor de petróleo del continente y undécimo mundial, no consigue cubrir su mercado interior y, colmo de la paradoja, importa el 70 % de sus necesidades de petróleo refinado a pesar de disponer de una producción diaria de alrededor de dos millones de barriles de petróleo bruto, cuya mayor parte es exportada hacia Estados Unidos y Europa. Para cubrir su demanda interior, Nigeria importa diariamente millones de dólares de combustible (petróleo refinado), lo que supuso cerca de 14,9 mil millones de dólares en el año 2016, una suma descomunal |1|.
Traducido del francés por Eubilio Rodríguez Aguado
RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA LA LEY DE RIEGO
1) FFOSE lanzó campaña de recolección de firmas contra la Ley de Riego /Amanda Muñoz
2) Las nuevas amenazas a los Derechos Humanos
3) Odebrecht provoca crisis política en Ecuador y Perú: Uruguay reaparece en la trama /Fabián Werner
4) Evo Morales se reúne con Doris Leuthard, presidenta suiza /Sergio Ferrari
5) Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana, de Kintto Lucas /Antonio Salamanca
COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1866 – martes 19.12.2017
1) FFOSE LANZÓ CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA LA LEY DE RIEGO;
DOCENTES HICIERON RECOMENDACIONES PARA REGLAMENTARLA, MODIFICARLA O DEROGARLA
Por Amanda Muñoz /La Diaria, 19.12.2017
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó ayer la campaña de recolección de firmas para derogar la Ley 19.553, que aprobó el Parlamento en octubre y que modifica la anterior Ley de Riego (16.858, que había sido aprobada en 1997). El lanzamiento se hizo en el local de FFOSE, que estaba repleto. Se promueve un recurso de referéndum; para que prospere, se deberán juntar unas 700.000 firmas (25% del padrón electoral) antes del 25 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral. El presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, anunció ayer que la federación mandó a imprimir 5.000.000 de papeletas, “por si nos quedamos cortos”, dijo, en broma y en serio; organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles replicarán la juntada de firmas como en 2004, cuando se impulsó la reforma constitucional para evitar la privatización del agua.
Ricci calificó de “perversa” la nueva ley. Comentó que “los inversores que pueden estar haciendo esas obras de embalse del agua para la distribución y para la correspondiente autorización también van a poder estar utilizando esa agua para generar hasta un máximo de diez megavatios e incorporarlos en el mercado de energía, lo que le da otro componente económico a esa ley en favor de los inversores nacionales y extranjeros”. Agregó que a los inversores “se les va a aplicar la ley de inversiones” mediante la cual “van a estar exonerados de los impuestos, y no de esa obra, sino que van a poder trasladar la exoneración de esos impuestos a sus actividades particulares: se les va a exonerar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, es decir, vamos a seguir transfiriendo recursos de todos en favor de una actividad en particular”, lamentó. Por otra parte, refutó el argumento de los promotores de la ley, que han dicho que la norma favorecerá a los productores familiares, porque se habilita a que se les corte el servicio de distribución de agua (en la zafra siguiente) a los productores que no paguen. “Todo muy perverso. Están transformando el derecho esencial a la vida, como lo definimos en 2004, en una mercantilización burda y en un mercado paralelo de agua”, opinó.
El viernes, representantes de la Universidad de la República (Udelar) presentaron en la sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce un documento firmado por 31 docentes e investigadores de la Udelar, que busca aportar al debate sobre las consecuencias ambientales que traerá la nueva ley. Advierten que la generación de embalses generará cambios en el volumen de la producción agrícola –es la finalidad de la norma–, en “el perfil y relaciones entre los actores vinculados al medio rural, la calidad del agua y ecosistemas que sustentan la biodiversidad y la producción, el acceso al agua como un derecho e incluso el patrimonio histórico-arqueológico material e inmaterial presente en el territorio, sea este actualmente conocido o no”. Señalan, además, que los embalses multiprediales a gran escala generarán “efectos diferidos en el espacio (tanto aguas arriba como aguas abajo), y diferidos en el tiempo, de una magnitud significativa y quizás poco sospechable a priori”. Afirman que esas consecuencias hacen cuestionable la sustentabilidad de la estrategia de riego que se promueve, “en contraposición al mandato de gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”.
Los investigadores sostienen que “en Uruguay son pocos los sistemas acuáticos que cumplen con la normativa de calidad de agua (Decreto 253/79 y modificativos) en lo que refiere a concentración en agua de fósforo total”, y subrayan que “los sistemas de aguas corrientes que drenan campos agrícolas ganaderos llegan a superar por cinco, diez, 20, 40, 80, 120 y hasta más de 300 veces los máximos establecidos” en la normativa. Expresan que hay “evidencia” de que la mayor causa de la mala calidad del agua se debe a la actividad agrícola-ganadera, y que “el modelo de intensificación productiva sobre la base de grandes emprendimientos de riego exacerbará significativamente la problemática”, puesto que “los ecosistemas de aguas quietas, como los embalses, son más vulnerables que los de aguas corrientes al ingreso de nutrientes” (se deterioran antes y más que las aguas de ríos y arroyos, aclaran).
El documento hace ocho recomendaciones, “criterios-guía” para definir o descartar la localización de embalses. Sostiene que el modelo de producción intensiva agrícola-ganadera aplicado por Uruguay permite concluir que la intensificación prevista hará imposible cumplir con los estándares de calidad del agua “para los parámetros asociados a la contaminación por nutrientes y particularmente el fósforo total”. En ese sentido, dicen que no es aplicable “el principio precautorio asociado a la falta de certeza técnica o científica ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos”, ya que “la evidencia indica claramente cuáles serán los resultados esperables”. Afirman que cabe la aplicación de ese principio para otros efectos que no puedan preverse. Para la gestión de los embalses actuales y futuros, recomiendan tomar decisiones en función de “un análisis integral” que considere “el mejor conocimiento científico disponible acerca de los sistemas sociales y ambientales”, y remarcan que “los análisis sectoriales agronómicos-productivos resultan insuficientes”.
El texto critica que esta ley no haya sido discutida “en los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas, ámbitos previstos en la normativa para la planificación, gestión y control de los recursos hídricos donde usuarios y sociedad civil tienen el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación de planes y políticas en estos temas”, y subrayan la necesidad de que la construcción de embalses multiprediales resulten de un proceso participativo que considere la opinión de las poblaciones afectadas, así como el asesoramiento de especialistas independientes al proyecto.
Dan pautas para prevenir la multiplicación y dispersión de floraciones tóxicas y de especies invasoras, mediante el monitoreo, pero también mediante la aplicación de abonos orgánicos, el establecimiento de cargas máximas de nutrientes y la creación de zonas buffer –de transición– que bordeen los embalses, cubriéndolas de pastizales naturales o monte nativo. Sostienen, además, que es “indispensable” prohibir el trasvase de aguas entre cuencas, porque puede provocar el transporte de enfermedades hídricas y el ingreso de especies exóticas invasoras. Advierten, además, que los embalses obstaculizarán la migración de peces, incluso de especies de importancia económica. Por último, pronostican que la multiplicación de embalses tendrá impactos directos sobre el patrimonio cultural, y entre ellos mencionan bienes y valores “históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos y de biodiversidad”, que pueden desaparecer.
Amanda Muñoz /La Diaria
COMCOSUR INFORMA Nº 1866 – 19/12/2017 _______________________________________
Se presentó el miércoles el informe anual del Servicio de Paz y Justicia. La socióloga argentina Maristella Svampa dio un panorama preocupante de la situación regional
Sudestada / 14/12/2017
3) ODEBRECHT PROVOCA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR Y PERÚ: URUGUAY REAPARECE EN LA TRAMA
La prisión del vicepresidente Jorge Glas en Ecuador y la situación del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski vuelven a poner a la empresa brasileña en el centro del debate
Por Fabián Werner /Sudestada, 15/12/2017
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado el miércoles 13 a seis años de cárcel por recibir al menos 14 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, entre 2012 y 2016. Glas afrontaba prisión preventiva desde octubre pasado junto a su tío y testaferro, Ricardo Rivera, quien también ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana.
Al menos 1 millón de dólares de esas coimas se pagó a través de una empresa uruguaya que tenía una cuenta en un banco austríaco.
La sociedad anónima Cilgory que tiene su sede en la calle Zabala 1372 escritorio 21 en la Ciudad Vieja de Montevideo recibió dos pagos por 500 mil dólares cada uno, según la información de las transferencias bancarias a la que accedió Sudestada.
El 24 de agosto de 2014 Cilgory recibió medio millón de dólares en su cuenta del Bank Winter & Co con sede en la ciudad de Viena, en la cuenta número 5009041004. Veinte días después, el 15 de setiembre, la misma cuenta recibió otro monto idéntico.
Según la declaración premiada de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, ese millón de dólares era sólo una parte de una coima total de 6 millones de dólares que se iría a pagar a través de Cilgory pero que finalmente nunca se completó.
Cilgory fue creada el 27 de noviembre de 2008 con un capital inicial de 1,6 millones de pesos y fijó su sede en Zabala 1372 oficina 21, un escritorio del Edificio Atlas que alberga al menos otra sociedad offshore que consta en el registro de direcciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el marco de la investigación conocida como Panamá Papers.
Cilgory se fundó con el objetivo de industrializar y comercializar cualquier tipo de mercaderías y servicios, así como la “Compraventa, arrendamiento, administración, construcción, operaciones con inmuebles, excepto rurales”, y en la “Participación, constitución, (y) adquisición (de) empresas”.
El 19 de mayo de 2011, menos de tres años después de su creación, Cilgory informó a través del diario oficial del extravío de todas sus acciones y exhortó a sus tenedores a presentarse para reclamar sus derechos. El lugar donde los accionistas debían hacer el reclamo era Rivera 6328 oficina 106, dirección del estudio BGL Asesores Legales y Fiscales, que aún hoy funciona en ese mismo sitio.
Las iniciales BGL que figuran en el nombre del bufete refieren a quienes por aquel entonces eran los dos socios principales: la B era de Fernando Belhot y GL eran de Juan Carlos González Lerena, único de los dos que todavía permanece allí. El estudio BGL Asesores Legales y Fiscales aparece en la base de datos del ICIJ como intermediario de 51 sociedades fantasma con sede en distintos paraísos fiscales como el estado de Nevada en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, entre otros.
La Red de Periodismo de Investigaciones Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de OGlobo (Brasil), La Prensa (Panamá), La Nación (Argentina), Armando.Info (Venezuela), Quinto Elemento Lab (México) y Sudestada (Uruguay) ha publicado este año una serie investigativa sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña a altos funcionarios públicos ecuatorianos. Como consecuencia de ello hubo un impulso de las investigaciones fiscales, Glas perdió sus funciones como vicepresidente, luego fue encarcelado preventivamente y ahora ha sido condenado en primera instancia.
La confesión que hundió al vicepresidente de Ecuador fue la de José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, quien confesó que el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibió al menos 14 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016, según publicó el sitio IDL-Reporteros.
Conceição Santos afirmó que el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, le “había pedido plata por todos los contratos” suscritos entre la compañía y el gobierno de Rafael Correa. Cuando se conoció esa confesión el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno retiró a Glas de sus funciones.
La declaración fue hecha a los fiscales brasileños el 15 de diciembre de 2016 como parte del proceso de delación premiada (o colaboración eficaz) de Conceição. Según el ex ejecutivo de Odebrecht, alrededor de junio de 2011 fue contactado vía telefónica por el empresario ecuatoriano Ricardo Rivera, quien le pidió reunirse personalmente “para tratar de asuntos de interés de la compañía”.
La reunión tuvo lugar en el café del Swissotel, en Quito. Rivera “se presentó como el intermediario del entonces del ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Jorge Glas (cargo que ocupó hasta 2012, en que fue nombrado vicepresidente de la República), que tenía el control de los sectores de petróleo, energía y proyectos hídricos en el país”.
Durante el encuentro, Rivera le dijo que Odebrecht debía pagarle a Glas “el 1 por ciento sobre cada contrato público que la compañía obtuviese en el ámbito de ese ministerio”. Y eso se acordó, pero al momento de la adjudicación de cada contrato, “ese porcentaje sufrió incrementos entre el 1 y 1.3 por ciento”. Conceição dijo que esos pagos eran una suerte de “peaje” obligatorio en caso de que la compañía lograse adjudicarse contratos con el Estado.
“Esa forma de pagos exigidos en beneficio de Jorge Glas ya estaba siendo practicada con empresas chinas que estaban en el país y que operaban grandes proyectos de infraestructura en las áreas cubiertas por el Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos. Recuerdo que Ricardo Rivera Arauz llegó a mencionar las empresas SINOHYDRO, CCCC, CWE y HARBIN”, indicó Conceição.
Según Conceição, Odebrecht le pagó sobornos a Glas – a través de Rivera – por los contratos relacionados a la Central Hidroeléctrica Manduriacu, al Proyecto de Irrigación Trasvase Daule –Vinces, la Refinería del Pacífico y el Poliducto Pascuales – Cuenca.
Por eso contratos, Glas recibió, según Conceição, coimas por al menos 14 millones de dólares, de los cuales 5,8 millones fueron depositados a compañías indicada por Rivera – en 16 transferencias – entre junio de 2012 y diciembre de 2013. Una de ellas es la empresa Columbia Management Co. Ltd.
Otros 8,3 millones de dólares en sobornos fueron entregados en efectivo a Rivera. Para hacer estos pagos, el ex ejecutivo de Odebrecht utilizó la misma modalidad que empleó con el ex contralor general de la República, Carlos Pólit. Una proveedora de acero de la constructora brasileña, Diacelec S.A., recibía el dinero del Sector de Operaciones Estructuradas. Luego ese dinero era retirado por el dueño de la empresa, Edgar Quiroz Arias, quien se lo entregaba a Conceição.
4) EVO MORALES SE REÚNE CON DORIS LEUTHARD, PRESIDENTA SUIZA
Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeos, enfatizó Morales. Importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasilero; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú.
5) CARA Y CRUZ DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, DE KINTTO LUCAS
Libro imprescindible para entender la década 2007-2017
La obra Cara y Cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017 es una nueva criatura en la actividad prolífica del autor Kintto Lucas, publicada por la editorial Eskeletra, en Quito, 2017. Como su título indica, es una valoración crítico política del proceso denominado Revolución Ciudadana, en Ecuador. Inicia en 2007 y concluye en 2017 con el cambio de presidente de la República, que marca el fin del periodo de estudio. Es continuación de trabajos del mismo autor como Rafael Correa: un extraño en Carondelet (2007) y parte de su trilogía Ecuador Cara y Cruz. Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana (2015).
Son relevantes también las sombras, las cruces, los riesgos que Kintto Lucas encuentra en este momento de institucionalización. Ellas son semilla y expresión del proceso que llevará luego a que el poder instituido pierda progresivamente la legitimidad y hegemonía originarias: a) la burocracia (de las comisiones que cambian los sentidos de las leyes, a veces a oscuras, con su propia lógica, no necesariamente de izquierda o derecha; del funcionariado administrativo, etc.); b) la perdida de “pueblo” en el ejercicio del poder (de participación popular); c) la dificultades para el diálogo horizontal con el pueblo; d) la cooptación de los cuadros, dirigentes, de movimientos como Alianza País por la burocracia del aparato administrativo; e) el oportunismo político que corrompe el servicio a los intereses comunes desviándolo a satisfacer intereses privados.
* Antonio Salamanca /Docente de Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Texto de la Presentación del libro realizada el 14 de diciembre de 2017.
1) La múltiple discriminación de las madres solas
2) Desigualdad de género en Latinoamérica
3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”
4) Las sospechosas de siempre
COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 545 / Lunes 18 de diciembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
Más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental son pobres, lo que termina por nutrir aún más la pobreza infantil
Rosana Saiz Villar (CTXT)
El dato habla por sí solo: más de la mitad de las mujeres responsables de familias monoparentales o madres solas son pobres, y con ellas sus hijos e hijas, y la mayoría de ellas no trabaja o lo hace en condiciones altamente precarias. La normativa a este respecto es insuficiente, no específica y no atiende a las peculiaridades, necesidades y demandas más significativas de estas mujeres y sus familias.
El contexto de crisis económica que venimos arrastrando ha complicado aún más su situación de precariedad, vulnerabilidad y exclusión, ahondando en la ya antigua y progresiva feminización de la pobreza, una feminización que acaba afectando a los menores que están a su cargo, y que alimenta y cronifica la espiral de pobreza y exclusión social en que están inmersas.
Según el Instituto de la Mujer, el 88,6% de las familias monoparentales están encabezadas por la figura materna, frente al 11,4% de hombres. De modo que nos encontramos de entrada ante una discriminación dual: la que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, y la que añade el hecho de conformar una familia de carácter monoparental. Como consecuencia de esta desigualdad y discriminación surgen brechas salariales injustificables, grandes problemas para acceder al empleo y para permanecer en él, pésimas condiciones laborales, economía sumergida, dificultades en los procesos de promoción, formación y reciclaje y, cómo no, el desempleo. Con este panorama tan poco alentador, el fenómeno de feminización de la pobreza se agranda, se agrava y, como consecuencia inmediata, acaba nutriendo la pobreza infantil. La envergadura de este problema viene siendo denunciada en diferentes informes de Save the Children (2015), UNICEF España (2014) o EAPN (2017), entre otros, y ha sido el foco de atención en un buen puñado de recomendaciones de organismos internacionales, en especial de la Unión Europea.
Desde el punto de vista de las políticas de empresa, se continúa discriminando a la mujer, más aún si es madre sola, ya que el empresario prejuzga su situación y acaba considerando, en no pocas ocasiones, que no va a ser capaz de atender a su familia y, al mismo tiempo, desempeñar el trabajo correctamente. Según la Fundación Adecco, el estigma social de las madres solas es aún muy considerable y se sigue observando prejuicios y falsas creencias en el seno de las empresas; así, se tiende a creer sin fundamento que su compromiso con la organización será menor, cuando lo cierto es que estas mujeres “desean trabajar y aportan fidelidad, estabilidad y motivación, valores que se convierten en garantía de éxito en el desempeño del puesto”.
El papel de los convenios colectivos
En el marco de nuestro trabajo de investigación (Workforall Project), se ha llevado a cabo un estudio específico, titulado Discriminación laboral de las mujeres responsables de familias monoparentales, en el que se analiza la Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres, la normativa sobre conciliación de la vida laboral y familiar, el Estatuto de Trabajadores, los convenios colectivos, así como los planes de empresa a fin de constatar objetivamente la discriminación que sufren las madres solas y subrayar la necesidad de contar con una legislación acorde a las demandas y la realidad de estas familias en el contexto actual.
Dado que, como hemos comentado, la situación de las familias monoparentales implica y atañe en mayor medida y de manera especial a las mujeres, resulta imprescindible la perspectiva de género en su consideración, tratamiento e intervención.
La principal particularidad de las fuentes del Derecho del Trabajo es el convenio colectivo y su fuerza vinculante; sin embargo, la Ley orgánica 3/2007 de igualdad ha querido otorgar un papel importe a los representantes de los trabajadores en materia de igualdad; entre sus facultades estarían la negociación con el empresario, información, consulta, vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, colaboración para implantar medidas de conciliación, así como la prevención y represión del acoso sexual y moral por razón de sexo y la información a sus representados.
Sin embargo, a pesar de que los convenios colectivos estatales de sector hacen referencia en muchas ocasiones a cláusulas genéricas que intentan respetar el principio de no discriminación, en los casos analizados no dejan de mostrarse como medidas de buena voluntad que bien pudieran cumplir una labor de sensibilización pero que en la práctica poseen poca repercusión normativa, y, por ende, no están surtiendo efecto.
En relación con la distribución de la jornada y la organización del trabajo, la negociación colectiva de sector la atribuye en todos los convenios colectivos estudiados al empresario, sin tenerse en cuenta ninguna medida específica de conciliación para las mujeres. Las familias monoparentales, por su parte, no son tenidas en cuenta, ni mencionadas, ni tan siquiera con intención de visualizarlas. Por tanto, los avances en este ámbito y para estas mujeres son nulos.
Los convenios colectivos de empresa analizados reflejan aún menos avances en este sentido, ya que el proceso regulador sobre igualdad y conciliación es menor que en los convenios colectivos del sector, con un panorama todavía peor en lo que se refiere a las madres solas. Con respecto a los planes de igualdad, en aquellas empresas obligadas a ponerlos en marcha, todos los casos analizados han reproducido estrictamente, en total o en parte, lo que indica la ley.
En definitiva, los convenios colectivos de sector no están obligados a la negociación de los planes de igualdad, con lo cual estos remiten a los convenios de empresa, que, o no mencionan nada, o se remiten a la ley, o, para aquellas empresas obligadas, delegan en los planes de igualdad, los cuales a su vez se llenan de medidas programáticas y de buena voluntad, de información, concienciación, etc. Se trata, como puede observarse, de un círculo vicioso del que resulta imposible salir. Y dentro de todo ese complejo proceso, las madres solas, pese a ser un grupo vulnerable, y desoyendo las recomendaciones de la UE y otros organismos internacionales, no son consideradas por la normativa laboral en ninguna de sus fuentes.
Por todo lo señalado, consideramos necesaria una ley estatal sobre estos nuevos modelos familiares que considere de manera integral y específica sus características, necesidades y demandas actuales. La ley debería partir de los principios fundamentales recogidos en la Constitución española y desarrollar normativamente toda una serie medidas que contemplen, en primera instancia, la naturaleza actual, distintiva y plural de estas estructuras familiares: la responsabilidad de cuidado, atención y crianza de los hijos centrada en una única persona. La evolución socio-histórica y la realidad actual han propiciado que esta responsabilidad única recaiga principalmente en las mujeres. En ese sentido, la ley estatal debería partir y contemplar la cuestión laboral como eje central sobre el que desarrollar medidas que den respuestas efectivas a las necesidades de estas mujeres y sus hijos. Estas medidas, sustentadas en la perspectiva de género, deberían diseñarse desde la integralidad y la transversalidad, con el objetivo final de hacer real la inclusión social plena de estas familias.
Para ello se propone la implementación de medidas que contemplen y hagan posible la no discriminación laboral, con todo lo que ello implica en la introducción de cambios significativos en materia normativa laboral: cláusulas sociales para entidades del tercer sector social que desarrollen proyectos de apoyo e intervención social con este tipo de familias; medidas de sensibilización y bonificación para las empresas que contraten a estas mujeres; medidas que pongan en marcha estrategias activas de empleo que desarrollen las habilidades y competencias de las madres solas y mejoren su empleabilidad; programas formativos específicos pre-laborales y de reciclaje profesional; programas personalizados de inserción socio-laboral; medidas de conciliación laboral y familiar concretas, flexibles y adaptables a las circunstancias específicas de cada familia; medidas de coordinación de los servicios sociales y servicios de empleo para generar dispositivos integrados que actúen atendiendo a las necesidades y demandas de estas familias de una manera rápida y sostenida en el tiempo; programas de apoyo educativo para acompañar, asesorar y tutorizar a los hijos en cada nivel formativo; medidas que faciliten el acceso y el uso de calidad de los servicios sanitarios (con especial atención al seguimiento pediátrico de los menores); medidas de acceso y utilización de viviendas adaptadas a sus necesidades específicas (proximidad a los colegios y centros sanitarios, etc.) y que les proteja en caso de impagos y desahucios; medidas de fomento de redes sociales y participación social en la comunidad; medidas fiscales que contemplen las distintas necesidades, perfiles y momentos por los que atraviesan estas familias.
En definitiva, una ley estatal que se desarrolle y se aplique en todo el territorio nacional, haga efectivos en la práctica los principios de igualdad y no discriminación, y establezca las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para que estas familias dejen de ser contempladas como grupos vulnerables.
-Rosana Saiz Villar, investigadora de Workforall Project, Universidad de Oviedo.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
Lucía Converti (CELAG)
Lucía Converti, @ConverL, investigadora CELAG.
Mariana Carbajal.(Página 12)
“El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera”, sostiene la activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con Página/12. Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir cómo configura las violencias que las afectan. Fue una de las oradoras del Foro Feminista frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y trans.
En diálogo con este diario, Rodríguez destacó la importancia de la perspectiva feminista para analizar el tema, frente a otras miradas más tradicionales, “porque tiene una visión del trabajo, que es ampliada, que incluye el económico y remunerado, el invisible, el informal. Justamente la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres tiene que ver con eso, con esa nueva perspectiva del trabajo, que nos da una explicación mucho más acabada de cómo el capital crea mecanismos de control”, señaló la activista, que también forma parte de la Articulación de Mujeres Brasileras y del Instituto Equit, de Río de Janeiro, que trabaja por los derechos de las mujeres.
Al ser consultada sobre la decisión del Gobierno de Cambiemos de rechazar el ingreso al país y deportar a activistas que viajaban a la Argentina para participar de las actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la brasilera fue muy crítica: “Ha sido una actitud absolutamente autoritaria del gobierno argentino pero no ha sido una decisión aislada. En esta ola neoliberal conservadora que estamos viviendo, es una punta de lanza para disminuir la participación de la sociedad civil en los espacios multilaterales, donde hemos logrado influir con nuestras posiciones”, denunció.
En América Latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género, sostiene Rodríguez: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender aún más sus dobles jornadas de trabajo.
-¿Cómo se involucró con esta temática?
-Empecé a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres en una organización feminista en Brasil a finales de los ’80 y decidimos analizar el tema de las políticas económicas porque nos dimos cuenta de que la situación de las mujeres estaba ligada a su desigual incorporación al mercado de trabajo. Nos fuimos dando cuenta de que las desigualdades de género como las de raza son estructurantes del mercado de trabajo, porque son eficientes y funcionales al capital. Y al ser funcionales nos hemos dado cuenta que había que meterse a pensar las políticas macro, las negociaciones internacionales de comercio, de inversiones, para ver cómo eso tenía impacto en la vida de las mujeres y en esa situación de fortalecimiento de la desigualdad como un elemento del beneficio de las empresas. Y en la globalización se vio claro, cada vez se fue poniendo más evidente. Usaban a la mano de obra para bajar la tasa salarial, porque era más barato contratar mujeres o gente discriminada, en algunos países las personas negras, en otros de alguna etnia. Fuimos viendo como eso iba definiendo el mercado. Nos fuimos incorporando por ahí. Estuvimos primero en la negociación contra la incorporación al ALCA, contra la OMC después. Fuimos parte de la creación de la Red de Género y Comercio, que fue muy activa en los años en que fueron parando las negociaciones de la OMC en 2009.
-¿Por qué relaciona la globalización del comercio con los feminicidios en Ciudad Juárez?
-La globalización financiera trajo la incorporación de grandes contingentes de mujeres al mercado de trabajo en México, China, Indonesia, India. El caso de México en la maquila ofrece un ejemplo muy evidente de lo que ha sido el impacto de la liberalización comercial. Esta liberalización fue imponiendo una migración de las personas del área rural hacia otros lugares buscando empleo, hacia asentamientos urbanos o Estados Unidos, desagregando los tejidos sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y en el caso de las maquilas, particularmente, llevando a las mujeres a esos territorios sobre todo del norte del país, en donde están aisladas, separadas de sus comunidades y su entorno de seguridad y expuestas a vulnerabilidades. El feminicidio fue un producto de ese fenómeno, se dio en esos territorios, y se dio por la expansión del libre comercio que destruyó la producción agraria. Mexico pasó de ser exportador de maíz a ser importador de ese mismo producto de EEUU. Y destruyó los tejidos sociales. Esa es la relación que pensamos.
El foro y la asamblea feminista fueron parte de la Cumbre de los Pueblos, que sesiona en paralelo con la XI Reunión Ministerial de la OMC. Rodríguez participó del panel “Las tramas de la violencia económica y el impacto del libre comercio”, junto a la uruguaya Alma Espino, de la Red de Género y Comercio – CIEDUR y las argentinas Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CIEPP-CONICET y Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus sigla en inglés) y Verónica Gago, investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo Ni Una Menos.
-¿Por qué este foro feminista en el marco de las discusiones de la OMC?
-Estuvimos discutiendo justamente cuánto tiene que ver la OMC con nuestras vidas, con la vida cotidiana de la gente y particularmente de las mujeres. El tema de la producción alimentaria y de la soberanía alimentaria, o sea la capacidad que tienen los países de garantizar la llegada de alimentos de calidad a la mesa de las personas, es un tema que está extremamente afectado por las negociaciones de la agricultura de la OMC. Este tema ha sido el más central. Porque se le viene prometiendo a los países desarrollados una solución, frente a la falta de apoyo que tiene y que no puede tener –por las reglas de la OMC—la agricultura de los países más pobres. Este tema está profundizando la desigual distribución del trabajo en el mundo, la migración de millones de personas de los territorios más pobres de África, Asia, India, América latina, hacia los países del norte, con toda la problemática que eso significa. Pero ahí no terminan. En la OMC se negocian todos los temas de servicios, y ahí tenés millones de cuestiones, los servicios de acceso a agua, a la educación, a la salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros. Algunos hablan de servificación de la economía, en el sentido de que cada vez más son los servicios los que ocupan gran parte del PBI de los países, entre el 60 y el 80 por ciento de las economías están destinadas a un conjunto de los servicios. De alguna forma eso feminiza el mercado de trabajo porque los servicios tienen mucha presencia de mano de obra femenina. Ya el empleo y el salario está siendo cada vez menos importante como categoría de inclusión al mercado y está siendo mucho más relevante todo el aspecto de financierización extendida de la vida cotidiana de las personas y su endeudamiento. Hablamos también de los flujos ilícitos de capital que también están proponiendo gran parte de los entretejidos de esta vitalidad económica que tienen los territorios y que está impactando directamente en las mujeres.
-Un ejemplo es lo que está sucediendo en Rio de Janeiro donde el tráfico de drogas y toda la circulación de ese recurso ilegal ha cambiado la cara de la economía local con el apoyo también del lavado de flujos ilícitos que hacen las iglesias pentecostales de mercado, como las llamo, que en alianza han creado toda una perspectiva económica muy activa en las favelas. Y tiene importancia cómo impactan en la vida de las mujeres, en las violencias que ellas sufren, en las redes de trata.
-¿Qué otros temas no se pueden dejar afuera?
-La expansión agrícola en la Amazonia o la Patagonia argentina, que impone una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, que son los que han conservado esos territorios, vinculada a la especulación inmobiliaria y de tierras que tienen que ver con los agro-negocios. Le ves la ligación a todo. Otro tema que no se puede dejar afuera en esta negociación de la OMC es el debate sobre el comercio electrónico y esa discusión también tiene que ser central para pensar cómo se expande la sociedad del control de los datos de la población. Está en juego cómo se crean reglas para esa liberalización que en la práctica significa las grandes empresas transnacionales que tienen el control Amazon, Apple, Facebook Microsoft y Google y hay que mencionar también a la plataforma de comercio on line china Alibaba. Los datos van a ser el nuevo petróleo de la economía mundial, como dicen algunos economistas. ¿Cómo le impacta a las mujeres? Hasta lo ahora hemos estudiado relativamente poco. Vemos que las mujeres tienen un dominio digital menor y esto significará ampliar la brecha de desigualdad de las mujeres pero tenemos que empezar a hilar más fino.
-¿Cuáles son las alternativas en este escenario de Latinoamérica con gobiernos que giran a la derecha?
-Pensar las alternativas es muy complejo porque hay todo un debate sobre las posibilidades de transición, cómo disputarle al capital esta mercantilización de la vida. Mucha gente la está encontrando al salir de los circuitos, otros lo piensan en controlar a las corporaciones o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en un momento histórico civilizatorio donde es importante decir cómo el capitalismo se ha separado de cualquier regulación que lo controle y está autonomizando su forma más salvaje. Hay otros que pensamos que dentro del capitalismo no hay solución para este tema. ¿Cómo haces para construir procesos alternativos? Creo que el feminismo tienen mucho que aportar: nuestra posición viene a partir de la sustentabilidad de la vida y de un trabajo pensado en términos amplios y en cuestionar la división sexual del trabajo. Tenemos que disputar mucho ahí. Pero va a ser un trabajo arduo. No va a ser de un día para el otro.
Carolina Vásquez Araya (Rebelión)