Source: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/introduccion.asp
Timestamp: 2020-04-01 02:52:12
Document Index: 321055317

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 77', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 145', 'artículo 106', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 50', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 2', 'Artículo 64', 'Artículo 20', 'Artículo 64', 'artículo 19', 'artículo 20']

OEA :: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ::Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
OEA » CIDH » Documentos Básicos » Introducción
En esta compilación se recogen los principales instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Su objeto es servir de guía para usuarios y usuarias del sistema. Aquí se encuentran las distintas declaraciones, convenciones y protocolos de los que se derivan los mandatos y funciones de los órganos del sistema -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte IDH”, “la Corte” o “la Corte Interamericana”)- así como las obligaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización”) en materia de derechos humanos.
Los Documentos Básicos incluyen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Seguidamente se incluye la Convención Interamericana en materia de tortura, los protocolos adicionales a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales y relativo a la abolición de la pena de muerte, y las Convenciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”; la desaparición forzada de personas; la discriminación contra las personas con discapacidad; el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y toda forma de discriminación e intolerancia; sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, así como una lista de los Estados de la OEA que son signatarios de dichos tratados, y el estado actual de dichas ratificaciones. Asimismo, se incluyen la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Adicionalmente, se incluyen las siguientes declaraciones aprobadas por la CIDH: Principios sobre Libertad de Expresión; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; Principios sobre Políticas de Memoria en las Américas; Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Incluidos los Refugiados, los Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas. A continuación se incluyen los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana. Finalmente, se anexa el formulario para presentar peticiones individuales ante la Comisión. Esta edición de los Documentos Básicos está actualizada al 24 de enero de 2020.
I. LA OEA Y LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
La OEA es una organización internacional creada por los Estados del continente americano	[1]	con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia (artículo 1 de la Carta de la OEA)[2].
Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA (en adelante “la Carta”) que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización[3].
La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después de su adopción, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que "los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana". Por lo tanto, los Estados americanos reconocen que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado. Tanto la Comisión como la Corte han establecido que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA[4]. Y han indicado además que “la Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA”[5].
En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su segunda parte, la Convención Americana establece los medios de protección: la CIDH y la Corte IDH, a los que declara órganos competentes "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención". Al 24 de enero de 2020, 24 Estados Miembros de la OEA son parte de la Convención Americana[6].
Tanto la Corte como la Comisión han manifestado consistentemente que se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, prohibición que actualmente constituye una norma imperativa del derecho internacional[7].
El artículo 77 de la Convención Americana permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección otros derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador constituye el instrumento complementario a la Convención Americana en derechos económicos, sociales y culturales. El texto del Protocolo de San Salvador se basa en un borrador preparado por la CIDH.
Al ratificar este Protocolo, los Estados partes "se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo".
La Comisión subraya, como lo ha hecho la Corte, que existe una interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello[8].
El artículo 19 del Protocolo, establece los medios de protección, incluida la posibilidad de presentar peticiones individuales por violaciones a los artículos 8 en su inciso a y 13 relativos al derecho a la libertad sindical y a la educación, respectivamente. El artículo 19 del Protocolo dispone además, que los Estados Partes se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto en ese artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la OEA, informes periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta de la pena capital en la Convención Americana no tuvieron éxito en el contexto de la adopción de dicho instrumento en 1969. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue aprobado en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Este protocolo dispone que los Estados partes no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Una vez ratificado por los Estados partes en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la abolición de la pena de muerte a nivel hemisférico.
La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil. Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en su género, ya sea que ocurra en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, su derecho a una vida libre de discriminación. Los Estados partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos.
Durante su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la OEA aprobó esta convención. Este instrumento es el primero a nivel internacional en referirse específicamente a esta forma compleja de violación a los derechos humanos. Los Estados partes se comprometen en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Este tratado asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte. Además reconoce la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares en casos de desapariciones forzadas.
En su vigésimo noveno período ordinario de sesiones celebrado en Ciudad de Guatemala, la Asamblea General de la OEA adoptó este tratado. Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de estas personas a la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un/a representante designado/a por cada Estado parte.
Adopción: 5 de junio de 2013. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 2017
Este tratado refuerza el compromiso de los Estados Miembros de la OEA frente a la erradicación total e incondicional del racismo, la discriminación racial y toda forma conexa de intolerancia; y su convencimiento de que los principios de igualdad y no discriminación presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de la discriminación racial, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública. Dicho deber implica el compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Asimismo, los Estados se comprometen a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de este tipo de tratamiento discriminatorio, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso de estas personas o grupos. Esto comprende además el deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para lograr la efectiva implementación de las disposiciones de este tratado.
Adopción: 5 de junio de 2013. Entrada en vigor: 20 de febrero de 2020.
Este instrumento reafirma en un sentido amplio el compromiso de los Estados Miembros de la OEA de erradicar total e incondicionalmente toda forma de discriminación e intolerancia. Y define discriminación como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. En este sentido, la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra. Los mecanismos de protección que establece y los deberes que asumen los Estados son sustancialmente similares a los contenidos en la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Esta Convención entrará en vigor el 20 de febrero de 2020.
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Adopción: 15 de junio de 2015. Entrada en vigor: 11 de enero de 2017
La Convención para la protección de los derechos de las personas mayores, el primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2015. El objeto de este instrumento es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Establece asimismo que las personas pueden presentar denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas mayores reconocidas en la Convención.
Esta Carta, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para una sociedad democrática, y que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente. La Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 8 que cualquier persona que considere violados sus derechos humanos puede presentar denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
Adopción: 4 de junio de 2012
La Carta Social de las Américas, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2012, parte del reconocimiento de que el desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto éstos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Mediante este instrumento, los Estados Miembros de la OEA se comprometen a promover y a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos y principios económicos, sociales y culturales a través de las políticas y programas que consideren más eficaces y adecuados a sus necesidades, de conformidad con sus procesos democráticos y recursos disponibles. La Carta reconoce las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes al desarrollo del continente, y señala la necesidad de que los gobiernos adopten políticas para promover la inclusión, prevenir, combatir y eliminar todo tipo de intolerancia y discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, para resguardar la igualdad de derechos y oportunidades y fortalecer los valores democráticos.
Adopción: 14 de junio de 2016
La aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de la OEA en 2016 constituye un paso histórico en materia de reconocimiento, promoción y protección de los derechos de los más de 50 millones de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas indígenas en el hemisferio. La adopción de este texto refleja el interés y compromiso de los Estados miembros de la OEA y los pueblos indígenas de las Américas de llegar a un acuerdo consensuado y de promover el respeto y garantía de este conjunto fundamental de derechos. La Declaración es una contribución importante al desarrollo de estándares internacionales adoptados con miras a proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y debe leerse en conjunto con otros instrumentos internacionales.
Este instrumento establece una serie de principios relativos a las personas sometidas a un régimen de privación de libertad. Al inicio de los Principios se expresa que privación de libertad es “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”. En este sentido, la definición abarca no sólo a aquellas personas privadas de libertad por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de otras instituciones, donde se restrinja su libertad ambulatoria. Entre los principios indicados en este instrumento, se encuentran aquellos de carácter general (trato humano, igualdad y no-discriminación, debido proceso legal, entre otros), aquellos relacionados con las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (salud, alimentación, agua potable, albergue, condiciones de higiene y vestido, medidas contra el hacinamiento, contacto con el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por último, los principios relativos a los sistemas de privación de libertad.
Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas
Adopción: 174 período de sesiones, celebrado del 6 al 14 de noviembre de 2019
Los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, adoptados mediante la Resolución 03/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollan lineamientos para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria acordes con las obligaciones estatales de provisión de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de una guía para los Estados a partir de estándares desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de buenas prácticas observadas en los países de la región. Estos principios generales para una política pública en la materia, desarrollan directrices respecto de iniciativas de memoria de carácter educativo, cultural o de otra naturaleza, así como respecto a los sitios de memoria y a los archivos.
Adopción: Sesión celebrada el 7 de diciembre en El Salvador
Los Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas, adoptados mediante la Resolución 04/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consolidan y profundizan directrices y lineamentos para el diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y en situación de desplazamiento y movilidad, acordes con las obligaciones estatales y los estándares interamericanos en esta materia. Estas directrices buscan apoyar la acción de los Estados, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en el progresivo desarrollo y concretización de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las buenas prácticas observadas en países de la región y de otros contextos regionales.
La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 adoptó importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. La Declaración de Santiago proclama que “la armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas” y declara que “los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana[9].
En esta Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue aquella referida a Derechos Humanos, se adoptó una resolución que declara que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos después de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances que paralelamente se experimentaron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa "se halla preparado el ambiente en el Hemisferio para que se celebre una convención". Asimismo, esta resolución toma en consideración que en diversos instrumentos de la OEA se ha consagrado y repetido que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. Esta resolución considera "indispensable que tales derechos sean protegidos por un régimen jurídico a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Con tal propósito, en dicha resolución se encomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un "proyecto de Convención sobre derechos humanos … [y] el proyecto o proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para la tutela y observancia de los mismos"[10].
Mediante dicha resolución, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores dispuso:
El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960 y eligió a sus primeros miembros el 29 de junio de ese mismo año. En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ la situación de derechos humanos. En enero de 1962, durante la Octava Reunión de Consulta, celebrada en Punta del Este, en Uruguay, los Ministros de Relaciones Exteriores consideraron que "no obstante los nobles y perseverantes esfuerzos cumplidos por dicha Comisión en el ejercicio de su mandato, la insuficiencia de sus facultades y atribuciones consignadas en su Estatuto" había dificultado la misión que se le había encomendado. Por este motivo, en dicha oportunidad los Ministros de Relaciones Exteriores recomendaron al Consejo de la OEA la reforma del Estatuto de la CIDH con el objeto de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades de manera que le permitiera llevar a cabo eficazmente la tarea de promoción del respeto a los derechos humanos en el Hemisferio[11].
La Comisión se rigió por su Estatuto original hasta que en noviembre de 1965 la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, resolvió modificarlo, con lo que las funciones y facultades de la Comisión se ampliaron, en los siguientes términos:
4. Solicitar de la Comisión que rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que incluya una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana. Tal informe deberá contener una relación sobre los campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos conforme lo prescribe la citada Declaración, y formulara las observaciones que la Comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquiera otra información que la Comisión tenga a su alcance[12].
De conformidad con lo resuelto por los Estados en esta Conferencia, la Comisión modificó su Estatuto durante el período de sesiones celebrado en abril de 1966. La principal modificación fue la atribución de la facultad de examinar peticiones individuales y, en dicho marco, formular recomendaciones específicas a los Estados miembros[13].
La CIDH se constituyó en un órgano principal de la OEA con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires en 1967. La Carta de la OEA indica que mientras entrara en vigor la Convención Americana, se le asignaba a la CIDH la función de velar por la observancia de dichos derechos (artículo 145). La reforma de la Carta, que entró en vigor en 1970, establece en su artículo 106 que:
La CIDH está integrada por siete personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la Organización que deben poseer alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La duración de su mandato es de cuatro años, renovables por un único período adicional. La directiva de la Comisión está compuesta por un cargo de Presidente/a, Primer/a Vicepresidente/a y Segundo/a Vicepresidente/a, con un mandato de un año, pudiendo ser respectivamente reelegidos/as una sola vez en cada período de cuatro años.
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. El Estatuto de la CIDH establece en sus artículos 18, 19 y 20 las funciones y las atribuciones de dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respecto de los Estados partes en la Convención Americana de aquellas referidas a los Estados miembros de la Organización que no son partes en dicho tratado. Respecto a estos últimos, la competencia de la Comisión se basa en las disposiciones de la Carta de la OEA y la práctica de la CIDH. Por su parte, la competencia de la Comisión con relación a los Estados partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento.
Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado[14].
Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y/o para investigar una situación específica. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños y niñas, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos humanos, de los pueblos indígenas, y de las personas afrodescendientes; y de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex; sobre la libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros.
Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Hemisferio.
Solicita a los Estados Miembros que adopten “medidas cautelares”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte.
Tanto la Convención Americana como el Estatuto de la CIDH la facultan para adoptar su propio Reglamento. La Comisión Interamericana aprobó el Reglamento actualmente vigente durante el 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y entró en vigor el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, y de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 22 de su Estatuto, la CIDH modificó dicho Reglamento el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, estas últimas modificaciones entraron en vigor el 1º de agosto de 2013.
El objetivo central de estas reformas es avanzar en el fortalecimiento del sistema interamericano a través del afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la reforma realizada en 2001, entre otros. Esta reforma aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en los Estados miembros[15].
Esta reforma reglamentaria está complementada con las modificaciones introducidas al Reglamento de la Corte, cuyo texto actual entró en vigor el 1º de enero de 2010, y con la resolución del Consejo Permanente de la OEA que adopta el Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de brindar apoyo financiero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región que ayude a sufragar los gastos relacionados con la tramitación de peticiones y casos ante la Comisión y la Corte Interamericanas[16].
Al respecto, vale destacar que el 1º de marzo de 2011 entró en vigor el Reglamento de la CIDH que regula el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Reglamento establece que la CIDH podrá conceder recursos del Fondo de Asistencia Legal, cuando éstos estén disponibles, a peticionarios y peticionarias en denuncias que hayan sido declaradas admisibles por la Comisión, o respecto a la cual la Comisión haya comunicado su decisión de acumular el análisis de admisibilidad con el fondo del asunto. Asimismo, establece que los fondos serán concedidos a aquellas personas que demuestren la carencia de recursos suficientes para cubrir total o parcialmente gastos relativos a la recolección y remisión de documentos probatorios, así como los gastos relacionados con la comparecencia de la presunta víctima, testigos o peritos a audiencias ante la Comisión, y otros gastos que la CIDH estime pertinentes para el procesamiento de una petición o de un caso.[17]
Posteriormente, el 18 de marzo de 2013, en el marco de su 147º período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana adoptó la Resolución No. 1/2013 por medio de la cual aprobó una reforma a trece artículos de su Reglamento (artículos 25, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79), la cual entró en vigor el 1º de agosto de 2013[18]. El Reglamento modificado es uno de los resultados del proceso de reforma al que se abocó la Comisión Interamericana entre 2011 y 2013, a través de un proceso transparente y participativo que tuvo como insumos esenciales las recomendaciones y observaciones presentadas por los Estados miembros de la OEA, la sociedad civil, las víctimas de violaciones a los derechos humanos, miembros de la academia, entre otros usuarios y usuarias. La reforma al Reglamento tiene el propósito de perfeccionar los mecanismos de los que dispone la CIDH en el cumplimiento de su mandato de promover y defender los derechos humanos en las Américas. Esta reforma aborda diferentes aspectos relacionados con medidas cautelares y solicitudes de medidas provisionales a la Corte Interamericana; el sistema de peticiones y casos; el monitoreo de la situación de países; la promoción y la universalidad.
En la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se adoptó la Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre", en la que se consideró que la protección de esos derechos debía “ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente”. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (1959), que como se dijo creó la CIDH, en la parte primera de la resolución sobre "Derechos Humanos", encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto sobre la creación de una "Corte Interamericana de los Derechos Humanos" y otros órganos adecuados para la tutela y observancia de tales derechos[19]. Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1969; sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor dicho tratado.
De conformidad con el artículo 1º de su Estatuto, la Corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional, que se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana y una función consultiva, que se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 64 de la Convención Americana. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, sólo la Comisión y los Estados partes en la Convención Americana que hubieren reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión y que se encuentra previsto en los artículos 48 a 50 de dicho instrumento. Para que pueda presentarse ante la Corte un caso contra un Estado parte, éste debe reconocer la competencia de dicho órgano. La declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos los casos o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un caso específico. Al 24 de enero de 2020, 21 Estados parte de la Convención Americana han reconocido la competencia contenciosa de la Corte[20].
La reforma más reciente al Reglamento de la Corte fue aprobada el LXXXV período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, y entró en vigor el 1º de enero de 2010. El principal aspecto de esta reforma del Reglamento de la Corte son las modificaciones introducidas en relación con el papel de la Comisión y de las y los representantes de las víctimas en el proceso ante la Corte[21]. En sus disposiciones transitorias, el Reglamento de la Corte establece que (1) los casos contenciosos que se hubiesen sometido a la Corte antes del 1º de enero de 2010 se continuarán tramitando, hasta que se emita sentencia, conforme al Reglamento anterior; (2) respecto de los casos que se remitan a la Corte, y cuyo informe aprobado por la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana hubiera sido adoptado antes del 1 de enero de 2010, el sometimiento del caso ante la Corte, se rige de conformidad con los artículos 33 y 34 del Reglamento anterior.
Al 24 de enero de 2020, según la información disponible en la página del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, los Estados Miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
La OEA es una organización regional del tipo al que hace mención el Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas y, de conformidad con el Artículo 53 de su Carta ejerce sus funciones a través de los siguientes órganos: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las Conferencias Especializadas Interamericanas y los Organismos Especializados Interamericanos. Con el objeto de hacer efectivos los ideales en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la OEA ha establecido los siguientes propósitos esenciales: a) afianzar la paz y seguridad del Continente; b) promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; c) prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; d) organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; e) procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; f) promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; g) erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático; y h) alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros (Artículo 2 de la Carta de la OEA).
Asimismo, se aprobaron varias resoluciones en materia de derechos humanos mediante las cuales se adoptaron convenciones sobre el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer, y se trataron temas como "Condición Económica de la Mujer Trabajadora". Asimismo, se aprobó la "Carta Internacional Americana de Garantías Sociales", en la que los gobiernos de las Américas proclaman "los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase" y que “constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables", pues "los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas" y como consecuencia debe garantizar "simultáneamente el respeto a las libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social". Véanse los textos de ambas Convenciones en Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1956, págs. 172, 173, 192, 195-203.
Véase CIDH. Resolución No. 3/87, Caso 9647, James Terry Roach y Jay Pinkerton (Estados Unidos de América), Informe Anual 1986-1987, 22 de septiembre de 1987, párrs. 46-49; CIDH, Informe No. 51/01, Caso 9903, Rafael Ferrer-Mazorra (Estados Unidos de América), Informe Anual 2000, 4 de abril de 2001; Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párrs. 35-45. Véase también el Artículo 20 del Estatuto de la CIDH.
Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 43; CIDH, Informe No. 38/09, Caso 12.670, Admisibilidad y Fondo, “Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y otros”, Perú, 27 de marzo de 2009.
Al 24 de enero de 2020, según la información disponible en la página del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, los 24 Estados Miembros de la OEA que son parte de la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. Para consultar el estado actual de las ratificaciones a la Convención Americana, véase el sitio web del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, disponible en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional.asp.
La Corte Interamericana estableció esta valoración de la prohibición internacional de la tortura a partir del caso Cantoral Benavides, y comenzó a referirse a que la misma pertenecía al dominio del ius cogens, en su sentencia del caso Maritza Urrutia. Véase, Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 102 y 103; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 92. Véase además, Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 77; en el cual la Corte hace un análisis más abarcador de los numerosos instrumentos internacionales que contienen tal prohibición, incluso en el ámbito del derecho internacional humanitario. Con respecto a las decisiones de la Comisión Interamericana, véase entre otros, CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, párr. 335; CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, Cap. VI, párr. 707; CIDH. Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Cap. VI, párr. 8.
Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 101.
Véase el texto completo de la Declaración de Santiago de Chile adoptada con motivo de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959, Acta Final, Doc. OEA/Ser.C/II.5, págs. 4-6.
Ibid., págs. 10-11.
Véase el texto completo del Acta Final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, Uruguay, 22 a 31 de enero de 1962, Doc. OEA/Ser.C/II.8, págs. 16-17.
Véase transcripción de la Resolución XXII “Ampliación de las Facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aprobada por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, Río de Janeiro, Brasil, 1965, en CIDH. Informe Anual 1976, OEA/Ser.L/VII.40, doc. 5 corr.1, 10 marzo 1977, sección primera, disponible en Internet: www.cidh.org. Ver texto completo en el Acta Final de la Segunda Conferencia, Documentos Oficiales OEA/Ser.C/I. 13, 1965, págs. 33 y 35.
CIDH. Informe sobre la labor desarrollada durante el 13º período de sesiones del 18 al 28 de abril de 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc. 35, 30 de junio de 1966, págs. 26 y 27.
Respecto de los Estados que han ratificado la Convención Americana, el procedimiento de peticiones y casos individuales se rige por lo establecido en los artículos 44 a 51 de la Convención Americana, el artículo 19 del Estatuto y los artículos 26 a 49 del Reglamento. Respecto de los Estados que no son parte de la Convención Americana, la Comisión examina la responsabilidad internacional de los Estados de la OEA con base en la Declaración Americana, y se encuentra facultada para ello por la Carta de la OEA. Respecto de estos Estados, el procedimiento ante la Comisión se rige de conformidad con los Artículos 28 al 44, 47 al 49, 51 y 52 de su Reglamento y el artículo 20 de su Estatuto.
Véase CIDH, Comunicado de Prensa No. 84/09, “CIDH publica su nuevo Reglamento”, 10 de diciembre de 2009.
Véase “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser. G, CP/RES. 963 (1728/09), 11 de noviembre de 2009. Véase también resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES/2426 de 3 de junio de 2008 “creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Véase CIDH. Comunicado de Prensa No. 17/11 “Entra en vigor el Reglamento del Fondo de Asistencia Legal”, 1 de marzo de 2011.
Véase CIDH. Comunicado de Prensa No. 57/13 “Entran en vigor modificaciones al Reglamento de la CIDH”, 1 de agosto de 2013.
CIDH, Informe sobre la labor desarrollada durante el 13º período de sesiones del 18 al 28 de abril de 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc. 35, 30 de junio de 1966, págs. 26 y 27.
Los 21 Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte al 24 de enero de 2020 son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, y Venezuela.
Véase Corte IDH. “Exposición de motivos de la Reforma Reglamentaria”, 2009.