Source: https://redlatam.org/es/country/guatemala
Timestamp: 2020-01-28 14:38:29
Document Index: 354814280

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 274', 'artículo 1645', 'artículo 1645']

El artículo 24 de su Constitución Política establece la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, en los siguientes términos: “La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.” Luego, el artículo 30 se refiere a la publicidad de los actos administrativos, disponiendo que
“Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.”
Por último, el artículo 31, relativo al acceso a archivos y registros estatales señala que “Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos.”
A nivel legal, en el artículo 274, inciso D) del Código Penal (Decreto Nº 17-73 del Congreso de la República), se establece como delito informático la creación de registros prohibidos, regulando que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de Q.200 a Q.1,000, al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas.
Por su parte, el Decreto Nº 57, de 23 de Septiembre de 2008 contiene la Ley de Acceso a la Información Pública, que contempla la protección de los datos personales, y en su Capítulo VI el Hábeas Data. Finalmente, incide también en materia de privacidad el Decreto Nº 06, de 10 de Marzo de 2003 del Congreso de la República, Ley de Protección al Consumidor y Usuario.
Por su parte, el derecho de autor en Guatemala se encuentra regulado en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto No 33-98). Esta ley no contempla la bajada de contenidos de internet ni excepciones relativas al entorno en línea.
Guatemala no cuenta con una legislación específica sobre la responsabilidd de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Sin embargo, la legislación guatemalteca en relación con las obligaciones civiles, establece que los daños y perjuicios causados ​​por cualquier persona deben ser compensados ​​y/o reparados. El artículo 1645 del Código Civil de Guatemala se utiliza como referencia para las decisiones y casos judiciales.
Además, el derecho de autor sería la base jurídica de las decisiones respecto de cualquier caso de responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet en Guatemala que implique la infracción de los derechos morales o económicos pertenecientes a un autor. En caso de infracción, el titular del derecho ciertamente puede responsabilizar al infractor directo al subir los materiales protegidos, pero también puede ser que, de acuerdo con el artículo 1645 del Código Civil, proceda judicialmente contra los proveedores de Internet, si el titular demuestra negligencia o descuido de su parte.
También desde el año 2009 se encuentra la iniciativa que dispone aprobar la Ley de Protección de Datos Personales, la No 4090. A pesar que en Guatemala existen sanciones específicas del tema, contempladas en el Código Penal y la misma Ley de Libre Acceso a la Información, éstas no se respetan y ni se llevan a cabo, lo que hace necesaria la existencia de regulación concreta al respecto. Esta iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso guatemalteco a fines del año 2009.
En Guatemala los delitos cibernéticos no se encuentran regulados. Existen dos iniciativas: la No 4054 del año 2009, que dispone aprobar la Ley Contra el Cibercrimen y la iniciativa No 4055, que dispone aprobar la Ley de Delitos Informáticos, de 2009 también. Actualmente estas leyes no se encuentran aprobadas. De acuerdo a la investigación, ambas iniciativas se fusionaron y se le dio más relevancia a la 4055, la cual ha pasado a primera lectura, pero aún no ha sido aprobada.
Por su parte, los delitos informáticos en Guatemala se encuentran regulados en el Capítulo VII del Código Penal, “De los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y los delitos informáticos”.
En cuanto a neutralidad de la red, Guatemala se encuentra dentro de los países que no cuentan con legislación específica sobre este tema.
No hemos encontrado otras leyes relevantes, más allá de leyes sobre pánico financiero que pueden ser usadas para afectar la libertad de expresión en internet.
The World Factbook: Guatemala República de Guatemala SEDEM - Publicaciones
Aun cuando en Guatemala existen numerosas situaciones relativas a abusos a derechos humanos, en materia de derechos y tecnología la situación no ha generado excesivas alertas: las iniciativas sobre delitos informáticos no han sido aprobadas, así como tampoco lo ha sido la ley de protección de datos personales.
Amenazas por abuso en aplicación de delitos a internet: pánico financiero
En cuanto a jurisprudencia, se tiene el caso de Jean Ramses Anleu Fernández, a quién se le inició proceso penal por el delito de "pánico financiero", en el año 2009. A raíz de un mensaje publicado por este usuario de Twitter en esta plataforma, fue acusado y arrestado de cometer el delito de pánico financiero (“Quien elabore, divulgue o reproduzca información que ponga en riesgo la credibilidad de alguna entidad del sistema bancario incurrirá en el delito de pánico financiero”, con una pena máxima de hasta 10 años). Este caso representa un intento de censura y restricción a la libertad de expresión de las personas.