Source: http://composi.info/for-stpu-oct-12-00-afternoon-v4.html
Timestamp: 2019-03-25 14:12:56
Document Index: 250762813

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 41', 'artículo 55', 'artículo 38', 'artículo 71', 'artículo 19']

Descargar 92.76 Kb.
Tamaño 92.76 Kb.
A/59/508*
Quincuagésimo noveno período de sesiones
Tema 142 del programa
Informe de la Sexta Comisión
Relatora: Sra. Anna Sotaniemi (Finlandia)
El tema titulado “Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes” fue incluido en el programa provisional del quincuagési-mo noveno período de sesiones de la Asamblea General de conformidad con la resolución 58/74, de 9 de diciembre de 2003.
En su segunda sesión plenaria, celebrada el 17 de septiembre de 2004, la Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir el tema en su programa y asignarlo a la Sexta Comisión.
La Comisión examinó el tema en las sesiones 13ª, 14ª, 21ª y 25ª, celebradas los días 25 y 26 de octubre y 5 y 9 de noviembre de 2004. Las opiniones de los representantes que intervinieron durante el examen del tema por la Comisión se recogen en las actas resumidas correspondientes (A/C.6/59/SR.13, 14, 21 y 25).
Para el examen del tema, la Comisión tuvo ante sí el informe del Comité Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes1.
En la decimotercera sesión, celebrada el 25 de octubre, el Presidente del Comité Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes presentó el informe del Comité Especial y propuso algunas correcciones al texto del proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (véase A/C.6/59/SR.13).
II. Examen del proyecto de resolución A/C.6/59/L.16
En la 21ª sesión, celebrada el 5 de noviembre, el representante de Austria, en nombre de la Mesa, presentó el proyecto de resolución A/C.6/59/L.16, titulado “Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes”, con el texto de la Convención en anexo.
En la 25ª sesión, celebrada el 9 de noviembre, el Presidente hizo una declaración sobre los cambios de redacción que había que introducir en el texto del proyecto de resolución (véase A/C.6/59/SR.25).
En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/59/L.16, sin votación (véase párr. 9).
III. Recomendación de la Sexta Comisión
La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General la aprobación del siguiente proyecto de resolución:
Recordando también que la Comisión de Derecho Internacional presentó en el capítulo II de su informe sobre la labor realizada en su 43° período de sesiones un proyecto definitivo de artículos, con comentarios, sobre el derecho de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes2,
Recordando además los informes del Grupo de Trabajo de composición abierta de la Sexta Comisión3, así como el informe presentado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes4 de conformidad con la resolución 53/98, de 8 de diciembre de 1998,
Recordando que en su resolución 55/150 decidió establecer un Comité Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, abierto también a la participación de los Estados miembros de los organismos especializados, para que siguiera los trabajos, consolidara los ámbitos de acuerdo y resolviera cuestiones pendientes con miras a elaborar un instrumento generalmente aceptable, basado en los proyectos de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aprobado por la Comisión de Derecho Internacional y también en las deliberaciones del Grupo de Trabajo de composición abierta de la Sexta Comisión,
Habiendo examinado el informe del Comité Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes5,
Teniendo en cuenta la declaración formulada por el Presidente del Comité Especial al presentar el informe de éste6,
4. Invita a los Estados a hacerse partes en la Convención.
Privilegios e inmunidades no afectados por la presente Convención
Modos de hacer efectiva la inmunidad del Estado
Consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción
Efecto de la participación en un proceso ante un tribunal
b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro acto en relación con el fondo. No obstante, el Estado, si prueba ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de hechos en que pueda fundarse una demanda de
inmunidad hasta después de haber realizado aquel acto, podrá hacer valer la inmunidad basándose en esos hechos, con tal de que lo haga sin dilación.
2. No se entenderá que un Estado ha consentido en que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdicción si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto de:
Procesos en que la inmunidad del Estado no se puede
Si un Estado realiza una transacción mercantil con una persona natural o jurídica extranjera, y si en virtud de las normas aplicables de derecho internacional privado los litigios relativos a esa transacción mercantil corresponden a la jurisdicción de un tribunal de otro Estado, el Estado no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante ese tribunal en ningún proceso basado en dicha transacción mercantil.
Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica:
Cuando una empresa estatal u otra entidad creada por un Estado que esté dotada de personalidad jurídica propia y tenga capacidad:
Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona natural respecto de un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro Estado.
Lesiones a las personas y daños a los bienes
Propiedad, posesión y uso de bienes
Participación en sociedades u otras colectividades
Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo a su participación en una sociedad u otra colectividad, con personalidad jurídica propia o sin ella, y concerniente a las relaciones entre el Estado y la sociedad o colectividad o los demás participantes, cuando ésta:
No obstante, un Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en tal proceso si los Estados interesados así lo han acordado, si las partes en litigio así lo han estipulado por acuerdo escrito o si el instrumento que establezca o por el que se rija la sociedad o colectividad de que se trate contiene disposiciones a tal efecto.
Buques de propiedad de un Estado o explotados por un Estado
Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado que sea propietario de un buque o que lo explote podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo a la explotación de ese buque si, en el momento de producirse el hecho que haya dado lugar a la acción, el buque fuere utilizado para fines que no sean un servicio público no comercial.
Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a los buques de guerra y buques auxiliares, ni tampoco se aplica a otros buques de propiedad de un Estado o explotados por él y utilizados, por el momento, exclusivamente para un servicio público no comercial.
Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa, ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en un proceso relativo al transporte de un cargamento a bordo de un buque de propiedad de ese Estado o explotado por él si, en el momento de producirse el hecho que haya dado lugar a la acción, el buque fuere utilizado para fines distintos de un servicio público no comercial.
Lo dispuesto en el párrafo 3 no se aplica ni a un cargamento transportado a bordo de los buques a que se refiere el párrafo 2, ni a un cargamento de propiedad de un Estado y utilizado o destinado a ser utilizado exclusivamente para un servicio público no comercial.
Los Estados podrán alegar la prescripción y todas las demás exoneraciones y limitaciones de responsabilidad a que puedan acogerse los buques y cargamentos de propiedad privada y sus propietarios.
Si en un proceso se suscita la cuestión del carácter público y no comercial de un buque de propiedad de un Estado o explotado por él, o de un cargamento de propiedad de un Estado, la presentación al tribunal de un certificado firmado por un representante diplomático a otra autoridad competente de ese Estado hará prueba del carácter del buque o el cargamento.
Efectos de un convenio arbitral
Inmunidad del Estado respecto de las medidas coercitivas adoptadas en relación con un proceso ante un tribunal
Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas anteriores al fallo
Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas posteriores al fallo
Efecto del consentimiento a la jurisdicción sobre las medidas coercitivas
Clases especiales de bienes
No se considerarán bienes utilizados o destinados a ser utilizados específicamente por el Estado para fines que no sean un servicio público no comercial conforme a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 19:
Lo dispuesto en el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 y los apartados a) y b) del artículo 19.
Sentencia dictada en ausencia
No se dictará sentencia en ausencia contra ningún Estado sin que el tribunal se haya asegurado de que:
De la sentencia dictada en ausencia contra un Estado se transmitirá a éste copia, a la que se acompañará, de ser necesario, la traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado interesado, por uno de los medios indicados en el párrafo 1 del artículo 22 y de conformidad con lo dispuesto en dicho párrafo.
El plazo señalado para recurrir en anulación una sentencia dictada en ausencia no será inferior a cuatro meses y empezará a correr desde la fecha en que el Estado interesado haya recibido o se entienda que ha recibido la copia de la sentencia.
Privilegios e inmunidades durante la sustanciación del proceso ante un tribunal
1. El hecho de que un Estado incumpla o rehuse cumplir el requerimiento de un tribunal de otro Estado por el que se le inste a realizar o abstenerse de realizar determinado acto o a presentar cualquier documento o revelar cualquier otra información a los efectos del proceso no tendrá más consecuencias que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En particular, no se condenará a ninguna multa o pena al Estado que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento.
Los Estados Partes procurarán resolver mediante negociación las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la presente Convención.
Las controversias entre dos o más Estados Partes relativas a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no pudieren resolverse mediante negociación dentro de un plazo de seis meses serán sometidas a arbitraje previa solicitud de uno de ellos. Si, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Partes no pudieren ponerse de acuerdo acerca de la organización del arbitraje, cualquiera de ellos podrá llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
Cada Estado Parte podrá declarar, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o adherirse a ella, que no se considera obligado por lo dispuesto en el párrafo 2. Los demás Estados Partes no quedarán obligados en virtud del párrafo 2 con respecto al que haya hecho una reserva de esa índole.
El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
La presente Convención quedará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación.
Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
La presente Convención entrará en vigor en el trigésimo día a partir del depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella después de depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de aquél en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o adhesión.
Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación sea recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, la presente Convención seguirá aplicándose a las cuestiones relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes que se susciten en un proceso incoado contra un Estado ante un tribunal de otro Estado antes de la fecha en que surta efecto la denuncia respecto de los Estados interesados.
La denuncia no afectará en nada al deber del Estado Parte de cumplir toda obligación enunciada en esta Convención a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de la Convención.
Depositario y notificaciones
El Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de depositario de la presente Convención, informará a todos los Estados de lo siguiente:
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención, abierta para la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 17 de
Entendimiento con respecto a algunas disposiciones de la Convención
En el artículo 10, el término “inmunidad” deberá entenderse en el contexto del conjunto de la presente Convención.
El párrafo 3 del artículo 10 no prejuzga la cuestión del “levantamiento del velo de la persona jurídica”, las cuestiones relativas a una situación en que una entidad estatal haya hecho deliberadamente una exposición falsa de su situación financiera o haya ulteriormente reducido su activo para evitar el pago de una deuda, ni otras cuestiones conexas.
La referencia que se hace en el apartado d) del párrafo 2 del artículo 11 a los “intereses de seguridad” del Estado empleador es, ante todo, una referencia a los asuntos relativos a la seguridad nacional y a la seguridad de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares.
Según el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el artículo 55 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, todas las personas a que se hace referencia en esos artículos deberán respetar las leyes y los reglamentos del país anfitrión, incluida la normativa laboral. Asimismo, según el artículo 38 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el artículo 71 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción de modo que no perturbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión o de la oficina consular.
La expresión “determinación” designa no sólo la comprobación o verificación de la existencia de los derechos amparados, sino también la evaluación o el análisis de la sustancia de esos derechos, que comprende su contenido, ámbito y extensión.
La expresión “transacción mercantil” incluye las cuestiones relativas a las inversiones.
La expresión “entidad” del apartado c) designa al Estado en tanto que persona jurídica independiente, unidad constitutiva de un Estado federal, subdivisión de un Estado, organismo o institución de un Estado u otra entidad que goce de personalidad jurídica independiente.
La expresión “bienes que estén vinculados a la entidad” del apartado c) se entenderá en un sentido más amplio que el de “propiedad” o “posesión”.
En el artículo 19 no se prejuzgan ni la cuestión del “levantamiento del velo de las personas jurídicas”, cuestión que se refiere al supuesto en que una entidad estatal haya tergiversado intencionadamente su situación financiera o haya reducido ulteriormente sus activos para evitar atender una reclamación, ni las demás cuestiones conexas.
1 * Publicado nuevamente por razones técnicas.
 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 22 (A/59/22).
2  Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 (A/46/10).
3  A/C.6/54/L12 y A/C.6/55/L.12.
4  Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 10 y correcciones (A/54/10 y Corr.1 y 2), anexo.
5  Ibíd., quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 22 (A/59/22).
6  Ibíd, cuadragésimo noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 13ª sesión (A/C.6/59/SR.13) y corrección.
04-60340* (S) 301104 301104
*0460340*