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Timestamp: 2018-11-18 18:54:30
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 257', 'artículo 241', 'artículo 257', 'artículo 257', 'artículo 6', 'artículo 257', 'artículo 257', 'artículo 6', 'artículo 257', 'Artículo 6', 'Artículo 257', 'Artículo 257', 'artículo 1', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 33', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 257', 'artículo 1']

﻿ Sentencia C-851 de noviembre 25 de 2009
SENTENCIA C-851 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:TIPO PENAL EN BLANCO. SE PROTEGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CON LA SIMPLE EXISTENCIA DE LA NORMA AL MOMENTO DE CONFORMACIÓN DEL TIPO INTEGRADO. SE INHIBE DE PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 257 DE LA LEY 599 DE 2000, POR INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ACCESO AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TIPO PENAL EN BLANCO
Sentencia C-851 de noviembre 25 de 2009
Sentencia C-851 de 2009
Ref.: Expediente D-7721
Demandante: Juan Trujillo Cabrera
“ART. 257.—(Modificado. L. 1032/2006, art. 1º). De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 2º—Las conductas señaladas en el presente artículo, serán investigables de oficio” (El aparte resaltado es de la demanda).
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, en los términos previstos por el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, al dirigirse contra disposiciones que integran una ley.
2. Ninguna de las manifestaciones realizadas por el actor hace referencia, si quiera somera, a las razones por las cuales el inciso segundo del artículo 257 del Código Penal vulnera los artículos 2º, 13, 38, 333 y 336 superiores, relativos a los fines del Estado, a la igualdad, al debido proceso, al derecho de libre asociación, la libre iniciativa privada, la libre competencia económica o con la prohibición para establecer monopolios, aspecto que impide concretar un cargo constitucional cierto y concreto, en la medida en que su reclamo radica en que los ingredientes normativos de carácter técnico consagrados en el tipo penal no se encuentran claramente definidos en la ley, sin ninguna otra precisión al respecto.
La imposibilidad de concretar una causa que permita confrontar los preceptos constitucionales en cita y la norma acusada, impide su trámite por vía de la acción pública que se depreca, por ineptitud sustancial, de conformidad con el Decreto 2067 de 1991(2).
La formulación del cargo constitucional es uno de los requisitos materiales de la acción pública de constitucionalidad que impone al ciudadano como carga mínima sustentar de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional(3). Al respecto, la Corte ha establecido que un cargo es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad, solo cuando cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia(4), ninguno de los cuales se reúne respecto de las disposiciones señaladas.
En cuanto al cargo que se pretende estructurar por violación al principio de legalidad, tampoco resulta posible determinar la verdadera causa de reproche, en la medida que el actor lo radica en que los ingredientes normativos del tipo penal “no están claramente definidos”, incurren en “vaguedad” y a que existen “diferentes licencias” y “posiciones encontradas frente al tema”, circunstancia que revela una apreciación personal sobre un sin número de leyes, decretos y resoluciones que regulan las telecomunicaciones lo que impide concretar qué normas de reenvío son las que estima insuficientes, oscuras o ambiguas. Así, el solo hecho de que a su juicio los conceptos resulten vagos o existan diferentes tipos de licencias dicha apreciación no constituye por sí misma un problema que conlleve inconstitucionalidad.
En esos términos, recordará la Corte su jurisprudencia respecto de los tipos penales en blanco y la necesidad de concretar las normas de reenvío para efectuar el estudio de constitucionalidad, para luego presentar los argumentos por los cuales se desestiman las intervenciones que señalan la existencia de una cosa juzgada constitucional. Finalmente, procederá a declararse inhibida ante la falta de concreción, especificidad y suficiencia de los cargos.
4. En términos generales, un tipo penal en blanco es aquel en que el supuesto de hecho se encuentra desarrollado total o parcialmente por una norma de carácter extrapenal. Los tipos penales en blanco responden a una clasificación reconocida por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia constitucional colombiana(5) ante la incapacidad práctica de abordar temas especializados y en permanente evolución, siempre que la remisión normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanción correspondiente(6).
5. Frente al punto se plantea la discusión de si la normatividad a la cual se acude por remisión, debe ser preexistente o precedente al tipo penal en blanco. Al respecto, esta corporación ha expresado que se protege el principio de legalidad no con la exigencia de preexistencia de la norma de complemento respecto de la disposición penal, sino con la simple existencia de esta al momento de conformación del tipo integrado. En esa línea la Sentencia C-605 de 2006, señaló:
“(...) se permite que la disposición que complementa el tipo penal básico se expida con posterioridad a este, pero se exige la existencia de la norma de complemento para la conformación final del tipo penal. En otros términos, la existencia de la norma de complemento del tipo penal en blanco es requisito de configuración definitiva del tipo penal integrado. Solo de dicha manera se garantiza la previsibilidad de las circunstancias punibles y de la sanción penal y solo así se efectiviza el principio del debido proceso que garantiza que nadie sea juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Este requisito permite que la norma penal se complete de manera definitiva antes de que el ciudadano o el juez ajusten su conducta a lo dispuesto por ella”.
6. En el mismo sentido, mucho se ha cuestionado si es posible que la remisión a normas extrapenales suceda respecto de disposiciones que no tengan la entidad de ley en sentido formal. Frente a este interrogante la Corte ha distinguido entre la remisión que ocurre frente a disposiciones de igual jerarquía y aquella que ocurre frente a normas de inferior jerarquía, denominada remisión propia e impropia, según el caso, para concluir que es posible el reenvío a normas de inferior jerarquía, en la medida que una vez integrado el tipo penal este adquiere unidad normativa pues “... la remisión que opera por virtud del tipo penal en blanco constituye simplemente una técnica legislativa de integración del tipo. La norma complementaria se adosa al tipo penal básico para integrar el “tipo penal”, momento a partir del cual este tiene vigencia y poder vinculante completo. Ambas forman una unidad normativa que tiene plena vigencia”(7).
Como se indicó, en la Sentencia C-559 de 1999, la Corte Constitucional admitió la legitimidad del mecanismo alternativo de integración del tipo en blanco, a través del reenvío a otra disposición expedida por una autoridad administrativa. En este sentido, la jurisprudencia sigue el camino de la doctrina especializada, cuando, al decir de esta, concluye que “la integración de estos tipos puede ser hecha por el propio legislador o por una autoridad de inferior categoría perteneciente a una cualquiera de las ramas del poder público, siempre que se trate de una norma legal de carácter general”.
La claridad, precisión e identificación de la normativa de destino de la remisión es en últimas la que permite al usuario de la regulación penal conocer el alcance exacto del tipo integrado y garantizar su derecho de defensa. En concepto de la Corte “esas descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente, lo que la corporación pretende resaltar es la necesidad de que la remisión goce de tal nivel de claridad, que el intérprete comprenda su alcance sin ambages, anfibologías o equívocos. Ello porque, solo a partir de la certeza de la remisión se garantiza plenamente el principio constitucional dependiente del debido proceso que impone la prohibición de que alguien sea condenado por motivo no establecido en la ley”(8).
8. Es así como, no es posible afirmar que con los tipos en blanco se vulnera el principio de legalidad, pues es necesario en materia de criminalidad abordar problemáticas delictivas, que dada su estrecha simbiosis con los adelantos tecnológicos y velocidad vertiginosa con que estos avanzan, desborda la capacidad regulatoria del derecho penal existente. La necesidad de armonizar las garantías penales con la realidad, pone de manifiesto el porqué de las apreciaciones jurisprudenciales anteriores, sobre todo en materia de telecomunicaciones en los que la pauta de acción es señalada por el comportamiento de los mercados y la evolución de las tecnologías, aspecto que en este caso justifica plenamente el tipo penal en blanco contenido en el inciso 2º del artículo 257 que se demanda. En relación con sus ingredientes normativos no es cierto que no existan normas extrapenales que permitan adecuar de manera objetiva el tipo penal, porque ellas existen. Lo que sucede es que ante la imprecisión del cargo es imposible para la Corte determinar a cuál de ellas se acusa de vaga e insuficiente, o cuáles son las licencias o autorizaciones a que hace referencia el actor para concluir que integradas al tipo penal originan confusión y vulneran el principio de legalidad.
10. Las intervenciones sobre el punto han hecho referencia al precedente jurisprudencial contenido en las sentencias C-739 de 2000 y C-311 de 2002, por las cuales se declaró la exequibilidad parcial de algunos apartes tanto del artículo 6º de la reforma introducida por la Ley 422 de 1998, como del artículo 257 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal-, en la medida en que el texto que es materia de reclamo reproduce los preceptos exequibles en el inciso 2º del artículo 257 del Código Penal modificado por la Ley 1032 de 2006.
Pues bien, las providencias en cita declararon la inexequibilidad de las expresiones “u otros servicios de telecomunicaciones” y “o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados” contenidas en el artículo 6º de la Ley 422 de 1998 y en el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, al verificar que dada su vaguedad se impedía otorgar sentido normativo al tipo penal en blanco. No obstante, declararon que las expresiones “o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas” contenidas en dichos artículos, no vulneraban el principio de legalidad y, en consecuencia, resultaban exequibles.
11. La reproducción normativa de textos declarados exequibles ha sido estudiada y decantada por la Corte Constitucional, al referirse al fenómeno de la cosa juzgada de carácter material, la cual opera tanto en sentido estricto como en sentido amplio. La cosa juzgada material en sentido amplio, que corresponde a la que se alega en las diferentes intervenciones, está relacionada con la posibilidad de que el legislador promulgue una disposición cuyo contenido normativo haya sido declarado exequible(9).
Para saber cómo proceder frente a la nueva norma la Corte “deberá apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida, esta adquiría un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al anterior. Lo mismo sucedería en caso de que la Corte encuentre razones poderosas para introducir ajustes en su jurisprudencia o cambiarla(10). De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad. El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad”(11).
En conclusión, la identidad entre un enunciado o un contenido normativo declarado previamente exequible y otro reproducido en un nuevo cuerpo normativo, no puede ser el argumento concluyente para negarse a examinar el nuevo precepto por haberse producido la cosa juzgada material, pues dicha figura —entendida como la obligación de estarse a lo resuelto en un pronunciamiento anterior— está supeditada a la concurrencia de los elementos que sistematizó la sentencia en cita:
(ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta corporación v aquellos que sustentan la nueva solicitud de estudio.
(iii) Que no se hayan producido cambios económicos, sociales, culturales, políticos e, incluso, ideológicos sustancialmente significativos que hagan insostenible, a la luz de la Constitución, el pronunciamiento anterior. Esto es, que se presente una identidad en el contexto fáctico y normativo entre el momento en que la Corte hizo su anterior pronunciamiento y el momento en que se solicita el nuevo análisis”(12) (resaltado fuera de texto).
De conformidad con las consideraciones expuestas, la Corte entrará determinar si con fundamento en los parámetros jurisprudenciales expuestos operó del fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con las expresiones legales demandadas.
1. Artículo 6º, Ley 422 de 1998. Declarado exequible parcialmente por la Sentencia C-739 de 2000. 2. Artículo 257, Ley 599 de 2000. Declarado exequible parcialmente por la Sentencia C-311 de 2002. 3. Artículo 257, Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 1032 de 2006.
Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de telecomunicaciones mediante copia o reproducción no autorizada de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados. Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo. (Texto resaltado declarado inexequible) Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de comunicaciones mediante copia o reproducción no autorizada por la autoridad competente de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo. (Texto resaltado declarado inexequible) De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión de cuatro(4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 2º—Las conductas señaladas en el presente artículo, serán investigables de oficio. (Texto resaltado demandado).
— En los tres casos se está frente a un tipo penal completo que contiene tanto un precepto como una sanción.
— La conducta en los tres casos se circunscribe a los servicios de telefonía pública básica conmutada local, local extendida, o de larga distancia.
— El precepto define el sujeto activo del hecho punible, a través de la expresión “el que acceda o use”, la cual indica que se trata de un sujeto activo indeterminado, en la medida en que cualquier persona puede incurrir en las acciones que se prohíben.
— En cuanto al sujeto pasivo, esto es el titular del bien jurídico que se protege, este también se encuentra definido, tácita, pero inequívocamente en la norma acusada, pues de la redacción de la misma se desprende que lo será el Estado, como titular de los servicios públicos de telecomunicaciones. En igual medida las personas públicas y privadas, debidamente autorizadas para prestar estos servicios.
— En cuanto a la conducta que se señala como punible, el verbo rector es plural: usar, prestar, acceder y comercializar. Si bien, en los dos primeros preceptos el verbo rector es “usar”, este por su generalidad comporta la posibilidad de que “prestar” y “comercializar”.
— En los tres casos se prescribe que el verbo rector “usar”, “prestar”, “acceder” y “comercializar” se ejecute “sin autorización” o sin la “correspondiente autorización”.
No existe identidad absoluta entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad que dio lugar a las sentencias C-730 de 2000 y C-311 de 2002 proferidas por esta corporación por inexistencia actual de cargo.
El contexto fáctico y normativo existente al momento en que la Corte hizo sus anteriores pronunciamientos y el momento en que se realiza la revisión de la presente demanda ha variado lo que confirma que la falta de precisión del actor impide un estudio concreto.
15. Al momento de presentación de la demanda se encontraban vigentes el Decreto Ley 1900 de 1990, expedido con anterioridad a la Constitución de 1991, según el cual los servicios de telecomunicaciones se clasificaban en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y especiales. Entre los servicios básicos se encontraban, los servicios de telefonía pública básica conmutada local y local extendida (TPBCL y TPBCLE), larga distancia nacional e internacional y telefonía móvil rural, los cuales a su turno comprendían —art. 28 ibídem—: i) Los servicios portadores que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de telecomunicaciones y comprendía los servicios a través de redes conmutadas de circuitos o paquetes y a través de redes no conmutadas y ii) Los tele servicios que proporcionan en sí mismos la capacidad completa para la comunicación entre usuarios incluidas las funciones del equipo terminal (telefonía fija como móvil y móvil celular, la telegrafía y el télex).
16. También se encontraban produciendo efecto el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1641 del mismo año, así como las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy de Comunicaciones), en la cuales se definía de manera concreta el alcance de las expresiones telefonía pública básica conmutada, local extendida y servicio de larga distancia nacional e internacional, así:
• Artículo 14 Ley 142 de 1994:
“(...) 14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada. Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. (...).
(…) 14.27. Servicio público de larga distancia nacional e internacional. Es el servicio público de telefonía básica conmutada que se presta entre localidades del territorio nacional o entre estas en conexión con el exterior”.
• Artículo 1º del Decreto 1641 de 1994.
“Para efectos de que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones pueda ejercer las funciones que le han sido otorgadas mediante el Decreto 1524 de 1994, adóptase las siguientes definiciones:
3. Servicio de telefonía básica pública conmutada local extendida. Es el servicio de TBPC prestado por un mismo operador a usuarios de un área geográfica continua conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando esta no supere el ámbito de un mismo departamento.
4. Servicio de telefonía pública conmutada de larga distancia nacional. Es el servicio de TBPC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TBPC y/o local extendida del país”.
• Resolución 87 de 1997.
“ART. 1.3.—Para los efectos de la interpretación de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones, las contenidas en las demás normal legales reglamentarias y regulatorias, y las que señale la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT):
(...) 1.3.57. Servicio de telefonía pública básica conmutada “TPBC”: Es el servicio básico de telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisión conmutada de voz o a través de la RTPC con acceso generalizado al público. Cuando en la presente resolución se haga referencia a los servicios u operadores de los servicios de TPBC, se entenderán incluidos los servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL) local extendida (TPBCLE), telefonía móvil rural (TMR) y telefonía pública conmutada de larga distancia (TPBCLD).
1.3.58. Servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia “TPBCLD”: Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBCL, TPBCLE y TMR del país, o entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en un país extranjero. Este servicio comprende los servicios de TPBCLDN y TPBCLDI.
1.3.59. Servicio de telefonía básica pública conmutada de larga distancia nacional o servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional “TPBCLDN”: Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios de distintas redes de TPBC local y/o local extendida del país.
1.3.60. Servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia internacional “TPBCLDI”: Es el servicio de TPBC que proporciona en sí mismo capacidad completa de comunicación telefónica entre un usuario de la RTPC en Colombia y un usuario situado en un país extranjero.
1.3.61. Servicio de telefonía pública básica conmutada local “TPBCL”: Es el servicio de TPBC uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado al público, en un mismo municipio.
1.3.62. Servicio de telefonía básica pública conmutada local extendida o servicio de telefonía pública básica conmutada local extendida “TPBCLE”: Es el servicio de TPBC prestado por un mismo operador a usuarios de un área geográfica continua conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando esta no supere el ámbito de un mismo departamento”.
• Resolución 575 de 2002 de la CRT. Por medio de la cual se modificó la Resolución 87 de 1997 de la misma entidad.
“(...) “ART. 2.1.5.—Prestación de los servicios de TPBCL, TPBCLE y TMR. La prestación de los servicios de TPBCL, TPBCLE y TMR no requiere concesión de licencia, salvo los permisos y licencias descritos en los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994” (resaltado fuera de texto).
No obstante, en consideración a la velocidad con que se registraban los cambios tecnológicos y la expiración de las primeras licencias otorgadas a los operadores de larga distancia, el Gobierno Nacional opto por facilitar las condiciones de acceso a la prestación del servicio a partir de la expedición del Decreto 2870 de 2007, por el cual estableció un título habilitante convergente, del cual se excluyeron expresamente los servicios de telefonía básica local y local extendida, al igual que los servicios de televisión y radiodifusión.
22. Posteriormente, y durante el trámite de la presente demanda se expidió la Ley 1341 de 2009, que no modificó los conceptos técnicos de “telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, y que con fundamento en el artículo 73 dispuso derogar e implicar las siguientes normas:
“ART. 73.—Vigencia y derogatorias. Sin perjuicio del régimen de transición previsto en esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias y, en especial, la Ley 74 de 1966, la Ley 51 de 1984, la Ley 72 de 1989, el Decreto Ley 1900 de 1990, la Ley 1065 de 2006, la Ley 37 de 1993, lo pertinente de los artículo 33, 34, 35 y 38 de la Ley 80 de 1993, la Ley 422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el artículo 11 de la Ley 533 de 1999 y el artículo 6º de la Ley 781 de 2002. Todos exclusivamente en cuanto hagan referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten contrarios a las normales y los principios contenidos en la presente ley.
A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios (...)”.
“10. Habilitación general. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del fondo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta habilitación comprende a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radio eléctrico”.
23. Lo expuesto confirma la ineptitud sustantiva de la demanda pues para la Sala es claro que el actor estructura el cargo sobre una apreciación subjetiva e inconexa de la normatividad que regula la prestación de los servicios de telefonía, pero omite precisar que normas de tal ordenamiento integradas al tipo penal que reprocha originan su inconstitucionalidad, lo que conlleva a que los cargos elevados carezcan de la certeza y suficiencia debidas para que la Corte Constitucional estudie de fondo la materia.
Adicionalmente, si se tiene en cuenta el cambio reciente de legislación en materia de servicios de telecomunicaciones y, específicamente del servicio de telefonía, no puede la Corte desconocer el carácter participativo del proceso de control constitucional, que debe permitir el más amplio debate ciudadano sobre las disposiciones examinadas por la corporación (C.P., arts. 1º, 40 ord. 6º y 241), participación que se haría nugatoria en este caso si la Corte entrara a referirse a la nueva reglamentación como elemento normativo de reenvío del tipo penal acusado.
INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 257 del Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley 1032 de 2006, que establece “En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro”, por ineptitud sustantiva de la demanda.
(2) Sentencias C-509 de 1996, C-236 de 1997, C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003.
(3) Sentencia C-044 de 1997.
(5) Sentencias C-1490 de 2000, C-599 de 2000, C-605 de 2006, entre otras.
(6) Sentencias C-559 de 1999.
(7) Sentencia C-605 de 2006.
(8) Sentencia C-605 de 2006.
(9) Sentencia C-259 de 2008.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001.
(11) Sentencia C-311 de 2002.
(12) Sentencia C-860 de 2006.