Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-18-noviembre-2006-ministerio-de-justicia-186323
Timestamp: 2016-12-04 14:12:34
Document Index: 179634032

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 326', 'Artículo 201', 'Artículo 3']

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Eduardo Miras Carneiro contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Padrón, a inscribir un acta de protocolización de operaciones particionales en procedimiento seguido contra herederos indeterminados
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Eduardo Miras Carneiro contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Padrón, a inscribir un acta de protocolización de operaciones particionales en procedimiento seguido contra herederos indeterminados Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Eduardo Miras Carneiro contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Padrón, a inscribir un acta de protocolización de operaciones particionales en procedimiento seguido contra herederos indeterminados Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por don Eduardo Miras Carneiro contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Padrón, doña Ana María López Rodríguez, a inscribir un acta de protocolización de operaciones particionales en procedimiento seguido contra herederos indetermi­nados.
Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legimitación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del artículo 99 frente al artículo 100 del Reglamento Hipotecario), su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez.
La cuestión a dilucidar, por consiguiente, es si la demanda interpuesta contra la herencia yacente y los herederos desconocidos e inciertos, equivale al emplazamiento de la masa hereditaria aún no aceptada del titular registral fallecido. No cabe entender, sin embargo, en este caso que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como masa patrimonial carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse omitido el procedimiento legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de las disposiciones procedentes sobre la seguridad y administración de la herencia, en espera de un heredero definitivo, designando un administrador que la represente (artículos 6-4, 7-5, 540, 790-1, 7912-2.º, 797 y 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), con quien sustanciar entretanto el procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los causahabientes desconocidos del causante, con independencia del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual tramitación defectuosa (que no compete al Registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, incongruencia entre resolución y procedimiento que sí en materia a la que alcanza la potestad de calificación registral, conforme al artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
3. La referencia que hace el recurrente a las Resoluciones de esta Dirección General de fecha 26 de octubre de 2001 y 22 de enero de 2003 es improcedente, por cuanto de la primera transcribe parte de la nota de calificación del Registrador, pero no el contenido de la Resolución, que nada tiene que ver con el presente recurso; la segunda afirma expresamente que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria impone restringir el recurso a las cuestiones planteadas por la calificación del Registrador, pese a lo cual desestima el recurso interpuesto y confirma la nota de calificación.
4. Respecto a la aplicación que hace el recurrente de los artículos 279, 285 del Reglamento Hipotecario, 201 y 202 de la Ley Hipotecaria, no es correcta. Dichos preceptos regulan el expediente de dominio, que tiene una tramitación procesal propia y diferente de la de la división de herencia, teniendo especial importancia en aquél el régimen de notificaciones, citaciones, publicación de edictos, y muy especialmente traslado del escrito al Ministerio Fiscal (Cfr. Artículo 201.3 de la Ley Hipotecaria) en defensa de la legalidad y el interés público (Cfr. Artículo 3.6 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según redacción dada por Ley 14/2003 de 26 de mayo).