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Timestamp: 2019-08-23 11:03:05
Document Index: 321645445

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 457', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 21', 'artículo 39', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 61', 'artículo 43', 'artículo 675', 'artículo 674', 'artículo 674', 'artículo 674', 'artículo 683', 'artículo 674', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 638']

Boletin Correspondiente a 2015-03-06Regresar
En el Acuerdo del GATT de 1994, se imparten directrices destinadas a la Administración no discriminatoria de las restricciones cuantitativas, se requiere entonces establecer requisitos y procedimientos para la asignación de cupos o contingentes bajo el mecanismo "primer llegado/ primer servido", garantizando condiciones transparentes y equitativas a los usuarios de comercio exterior.
ARTÍCULO 1o. Establecer un cupo de importación a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para las bebidas alcohólicas clasificables por la partida 2208 del Arancel de Aduanas, salvo la subpartida 2208.90.10.00, equivalente a 377.305 litros.
PARÁGRAFO. El cupo previsto en el presente artículo será distribuido entre las asociaciones que agrupen los comerciantes e importadores de la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribía y Manaure. Para poder acceder a este tratamiento tanto las asociaciones como sus integrantes deberán a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, cumplir con los siguientes requisitos:
2. Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), acreditando su condición de contribuyente declarante del Impuesto sobre la Renta, de responsable del Régimen Común del Impuesto sobre las Ventas y de usuario aduanero importador;
( 2015-03-06) Consultar
La Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que el alcance del fuero de maternidad se determina por la modalidad de contrato, teniendo en cuenta si el empleador conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación.
Según indicó, el desconocimiento del embarazo a la terminación de un contrato de trabajo no impide la protección constitucional, que surge a partir del momento de la concepción.
En el caso analizado, la corporación amparó los derechos al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada y la seguridad social de una mujer que fue despedida a la quinta semana de gestación, y le ordenó al representante legal de una empresa de servicios temporales el pago de la licencia de maternidad, como medida sustituta al pago de cotizaciones.
Jurisprudencialmente, indicó, se ha señalado que para hacer efectivo el fuero de maternidad en caso de despido, deben concurrir los siguientes requisitos:
1. Que el despido haya tenido lugar durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto.
2. Que el empleador conocía o intuía el estado de gravidez de la trabajadora.
3. Que el despido fue por razón del embarazo.
4. Que no medió autorización del inspector de trabajo, tratándose de trabajadora oficial o privada, o que no existió resolución motivada del jefe del organismo, si se trata de empleada pública.
5. Que el despido amenaza el mínimo vital de la gestante y de quien está por nacer.
Las entidades que ofrecen planes adicionales en salud (medicina prepagada) no pueden suspender la cobertura médica de un afiliado o sus beneficiarios alegando preexistencias que no quedaron expresamente excluidas al suscribir el contrato.
Esto es así, incluso, si se trata de enfermedades congénitas que, al momento de suscribir el plan adicional de salud, no han sido diagnosticadas, pues la exclusión de dichas enfermedades no es general. Tampoco es posible suspender la prestación del servicio alegando mora en la cuota o prima a cargo del afiliado, cuando se ha aceptado el pago extemporáneo de lo debido.
Así lo recordó la Corte Constitucional, al advertirle a una entidad de medicina prepagada que no podía obstaculizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus usuarios, tomar decisiones que modifiquen o desmejoren la cobertura ofrecida a sus afiliados y beneficiarios, ni suspender los contratos de salud aduciendo mora en las cuotas que debe cubrir el usuario, a pesar de recibir la suma adeudada, sin objeción.
En el caso de los niños, agregó, dicha suspensión puede tener consecuencias irremediables para el desarrollo armónico de su salud física y mental, obstaculizando el goce de otros derechos, como la educación.
La corporación recordó que las entidades de medicina prepagada deben someter a sus posibles afiliados y beneficiarios a exámenes médicos, para determinar su estado de salud inicial y, con fundamento en el resultado, establecer si hay preexistencias que deban ser excluidas de la cobertura.
La causal de disolución prevista en el numeral 2º del artículo 457 del Código de Comercio, relacionada con las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50 % del capital suscrito, no sufrió ninguna modificación con la entrada en vigencia de las NIIF, precisó la Superintendencia de Sociedades.
Por lo tanto, su aplicación es independiente de las normas contables que se utilicen en el momento de la evaluación de la situación patrimonial de la compañía, para determinar si se incurre en causales de disolución.
Presentada la causal mencionada y siendo debidamente conocidos los estados financieros, los asociados podrán adoptar medidas para enervarla, dentro de los 18 meses siguientes a su ocurrencia, con el fin de restablecer el patrimonio, de acuerdo con la Ley 1429 del 2010, indicó la entidad.
Dentro de las medidas que se pueden tomar, está la venta de bienes valorizados, la reducción del capital suscrito, la capitalización (emisión de nuevas acciones) o utilizar las reservas que tenga la sociedad, etc.
El desconocimiento de este precepto hará solidariamente responsables a los administradores, por los perjuicios que causen a los accionistas o a terceros respecto de las operaciones realizadas después de la fecha en que se verifiquen o constaten las pérdidas, señaló la superintendencia.
El artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, es la norma que se debe aplicar para determinar los factores salariales con los que se debe liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos que consoliden su derecho en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993.
Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia, al recordar que desde las sentencias 17192 del 2002, 44206 del 2012 y SL-1851 (42208) del 2014, para determinar los factores salariales integrantes del ingreso base de liquidación (IBL), se aplica la norma vigente al momento en el que se causa el derecho.
En el caso analizado, el trabajador consolidó su derecho a la pensión de jubilación el 19 de noviembre del 2004, fecha en la que cumplió los 55 años de edad. Desde este punto de vista, el tribunal de instancia no se equivocó al determinar que los factores salariales con los cuales debía liquidarse su pensión eran los previstos en el artículo 1º del Decreto 1158.
Finalmente, agregó que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que las condiciones pensionales de edad, tiempo y monto se rijan por las disposiciones anteriores que les sean aplicables, pero no así el IBL, regulado expresamente en la Ley 100.
De esta manera, para quienes les falten menos de 10 años para adquirir el derecho, el IBL se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100, mientras que para los que les falten 10 años o más, se aplica el artículo 21 de la misma norma (sentencias 44238 del 2011, 53037 del 2012, SL-570 del 2013 y SL-4649 del 2014).
Las misiones han hecho excelentes diagnósticos y recomendaciones de tipo institucional y sobre las políticas públicas en áreas diversas tales como impuestos, gasto público, empleo, mercado de capitales, así como en los asuntos bancarios y financieros. Si bien sus recomendaciones no han sido siempre puestas en marcha de manera inmediata, a lo largo de los años, sí han tenido impacto profundo en la orientación de la política económica colombiana y en la consolidación de importantes reformas estructurales e institucionales.
Como es sabido, durante algún tiempo el pago del auxilio de transporte dependía de la distancia existente entre la residencia del trabajador y el lugar de trabajo, y el derecho se causaba únicamente si dicha distancia excedía los mil metros.
Pues bien, debido a las dificultades que a veces conllevaba el establecer con precisión la distancia, lo cual frecuentemente era fuente de conflictos entre empleadores y trabajadores, el gobierno a través del Decreto 25 del 9 de enero de 1963, reglamentario de la ley 15 de 1959, sustituyó el valor variable del auxilio de transporte (el valor dependía del número de viajes o pasajes que tuviera que pagar el trabajador), por una suma fija, la cual se dispuso entregar directamente a los trabajadores oficiales y particulares, sin tener en cuenta la distancia ni el número de viajes que tuviera que hacer el trabajador para ir a la empresa y regresar a su casa.
ARTICULO 2o. Establece a cargo de los patronos en los Municipios donde las condiciones de transporte así lo requieran, a juicio del Gobierno, el pago de transporte desde el sector de sus residencias hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores cuya remuneración no exceda de un mil quinientos pesos. ($ 1.500.00) mensuales.
El Gobierno podrá decretar en relación con este juicio las exoneraciones totales o parciales que considere convenientes, así como también podrán graduar su pago por escala de salarios, o número de trabajadores, o monto del patrimonio del respectivo taller, negocio o empresa.
PRODUCCION PRIMARIA - Actividad no sujeta / ACTIVIDAD INDUSTRIAL - Imposición de gravamen .
Conforme al artículo 39 de la Ley 14 de 1983, les está prohibido a los municipios imponer gravámenes a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, así como gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trata de producción agropecuaria, con excepción de las fábricas de productos alimenticios y toda industria en donde haya cualquier tipo de transformación, por mínimo o elemental que este sea.
No caben en la noción de transformación, las actividades consistentes en los procesos de selección, limpieza, empaque y conservación, que aun cuando conlleven la utilización de insumos no varíen la naturaleza del producto primario agrícola.
Reiteradamente se ha precisado que el proceso productivo primario culmina con la venta del producto y por ello la venta o comercialización de productos en estado natural o primario, sin ningún tipo de transformación, hecha por el productor de los mismos, no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio.
No determina la ley la forma en que debe efectuarse la producción primaria como tal, ni impone límites en consideración a la infraestructura o tecnología utilizada; pero previene sí, que cuando se trate de fábricas de productos alimenticios o de una industria donde haya un proceso de transformación del producto primario llevado a cabo, bien sea a través de medios artesanales, rudimentarios o elementales, no se estará cobijado por la prohibición.
Lo anterior, en atención a que de conformidad con la naturaleza del impuesto, la transformación de cualquier clase de materiales o bienes constituye actividad industrial, de acuerdo con lo definido en el artículo 34 de la Ley 14 de 1983.
El impuesto de industria y comercio no recae sobre artículos, sino sobre la realización de actividades y que la no sujeción no es en cuanto a las personas, sino en consideración a la actividad, que debe ser agropecuaria, con exclusión expresa de las industrias en las que haya cualquier tipo de transformación.
Establecido entonces, que las prohibiciones cubren la producción primaria agrícola, sin proceso de transformación y que no pueden aplicarse a los trapiches paneleros en los cuales hay un proceso de elaboración y procesamiento en el cual las materias primarias se transforman en productos nuevos, es evidente que el acto acusado visto a la luz de las normas reguladoras del impuesto de industria y comercio, a las que se advierte, de manera primordial debía sujetarse, no merece tacha de ilegalidad.
De donde se concluye que no era necesaria la expedición de la Ley 40 de 1990, para que el municipio incluyera las actividades que se analizan, como sujetas al impuesto a través del acuerdo demandado, en atención a que dicha ley "por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de panela y se establece la cuota de fomento panelero", no tuvo incidencia en las normas legales relativas al impuesto de industria y comercio pues además de no hacer referencia alguna sobre ellas, dentro de su objeto no se cuenta el de adicionarlas, modificarlas o derogarlas, por lo que la citada Ley 40 no modificaba la situación legal del impuesto.
En efecto, la actividad de procesamiento de la caña de azúcar para la producción de panela constituye un elemental proceso industrial, para transformar la caña de azúcar en productos para consumo humano; pero este proceso no constituye prolongación de la actividad primaria agrícola y en consecuencia, no puede beneficiarse de la prohibición establecida. Se colige entonces que los establecimientos fabriles dedicados a la transformación o elaboración de productos agrícolas son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
Se presenta cosa juzgada cuando entre el proceso de nulidad que se tramita y el ya juzgado exista identidad de objeto e identidad de causa.
La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos jurídicos de la pretensión sean idénticos.
Para la Sala, contrario a lo señalado por la señora Procuradora, no se presenta cosa juzgada, porque no se cumplen las condiciones que la originan, toda vez que en el proceso 13290 citado por el Ministerio Público, no se demandó la nulidad total o parcial del artículo 3° de la Resolución 9483 del 17 de noviembre de 2000 que ahora se acusa, sino el artículo 61 de la Resolución 0770 de 1995 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el artículo 43 (parcial) de la Resolución 478 de 2000 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Ahora bien, los fundamentos jurídicos de las pretensiones en aquel proceso no son los mismos que ahora expone el demandante en este caso, pues mientras en el proceso ya resuelto se invocaba la vulneración a los artículos 29 de la Constitución Política; 676 del Estatuto Tributario; y 1608 del Código Civil, ahora se señalan como normas quebrantadas los artículos 674 y 675 del Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta que las pretensiones y sus fundamentos, en el proceso juzgado y en el actual son diferentes, no hay identidad ni en su objeto ni en la causa y por tanto, tampoco existe cosa juzgada que impida a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN IMPOSICION DE SANCIONES TRIBUTARIA - Deben atenderse y no fijar en todos los casos el tope máximo de la sanción.
La Sala ha considerado que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.
Siguiendo este criterio, la Sala estableció algunos parámetros con el fin de hacer efectiva la gradualidad de la sanción por inconsistencias en la información remitida, contemplada en el artículo 675 del Estatuto Tributario. En la Sentencia del 12 de septiembre de 2002, Exp. 12615, que se reitera en esta ocasión, se indicó lo siguiente:"
...Considera la Sala, que para este evento, basta aplicar una regla de tres simple, para determinar un monto proporcional de la sanción, pues si el tope máximo en este caso es de $7.700 (Año 2004 $18.000. D.R. 3804 de 2003), está suma se aplicará cuando los errores alcancen el 3% de documentos errados frente al total de documentos por tipo y la suma se rebajará en la medida en que el porcentaje de error también sea menor.
Conforme con lo expuesto, la Administración debe graduar la sanción y si es el caso incluso imponer el tope máximo, explicando las razones para ello, pero no es posible en forma general determinar que en todos los casos se aplicará la sanción máxima
FACTOR DE GRADUALIDAD EN SANCION POR ERRORES DE VERIFICACION - Está incluido en el artículo 674 del E. T. y por ello no es procedente incluirlo en la resolución que reglamentó su cálculo.
Sin embargo el texto del artículo 674 del Estatuto Tributario contiene unos criterios de gradualidad de la sanción que limitan la discrecionalidad del funcionario, como quiera que se imponen en el primer evento "por cada declaración, recibo o documento recepcionado con errores de verificación, cuando el nombre, la razón social o el número de identificación tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de identificación del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable.
"Tratándose del artículo 674 del Estatuto Tributario se fijan unos lineamientos de razonabilidad muy precisos y que atienden los criterios de justicia contemplados en el artículo 683 del Estatuto Tributario, de tal forma que no permiten introducir razonamientos adicionales que tiendan a valorar otras circunstancias particulares diferentes a las señaladas en la norma.
Incluir razonamientos adicionales para graduar el valor base de la sanción, lograría lo que se pretende evitar: Que cada funcionario estableciera según su propia opinión los criterios de gravedad de los errores, no basado en el comportamiento que se quiere castigar, sino en otros aspectos subjetivos e ilimitados.
Esta circunstancia generaría un tratamiento desigual para las entidades autorizadas para recaudar dependiendo del funcionario que individualmente considerado revise cada caso. La Sala mantiene el criterio que la expresión "hasta" conlleva implícitamente un criterio de gradualidad, y en este caso, revisado el contexto general del artículo 674 del Estatuto Tributario, se observa que la norma lo desarrolla a cabalidad, de tal forma que no es posible adicionar criterios en procura de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las
TERMINO PARA IMPONER SANCIONES TRIBUTARIAS - Tratándose de sanciones mediante resolución independiente es de dos años.
PLIEGO DE CARGOS PARA SANCIONAR - Debe proferirse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que ocurrió la irregularidad.
Al respecto observa la Sala, que contrario a lo estimado por el Tribunal, no es aplicable el articulo 38 del Código Contencioso Administrativo, puesto que debe observarse el principio de la prevalencia de los procedimientos especiales sobre el procedimiento general contemplado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.
De conformidad con el citado artículo 638 del Estatuto Tributario, el término para imponer las sanciones (por resolución independiente) es de dos años. La entidad oficial deberá formular el pliego de cargos, previo a la imposición de la sanción, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que "ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas" y vencido el término de respuesta al pliego de cargos, dispone de un plazo de 6 meses para proferir la sanción correspondiente, como en otras oportunidades lo ha indicado la Sala.
DIAS DE EXTEMPORANEIDAD EN SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Se contabiliza a razón de un día por cada paquete o cinta.
Ahora, en esta instancia, se pide obtener y aplicar el factor de graduación, pero sin siquiera determinar y cuantificar los datos precisos que a su juicio deberían ser tenidos en cuenta para el período de 1996, limitándose al enunciado genérico:
"( No. documentos banco período, total documentos bancos y factor de graduación -500 o 1.000, según el caso) que corresponda a cada año...", lo que imposibilita a la Sala establecer cual sería el factor de graduación aplicable al demandante para el año discutido.
Finalmente, acerca del punto relacionado con la forma de contabilizar la extemporaneidad en la entrega de la información, la Sala no ha variado su criterio, que corresponde al expuesto en diversas oportunidades en las que con apoyo en las normas que rigen la materia, articulo 676 del E.T. en concordancia con la resolución 770 de l995, ha sido constante en precisar que los días extemporáneos se contabilizan a razón de un día por cada uno de los paquetes y cintas, contrario a como lo plantea el Banco actor, de tomar la totalidad de la información en relación con todos los documentos y cintas correspondientes a un mismo día de recaudo.