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Timestamp: 2019-11-17 09:28:17
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 19']

BOE.es - Documento BOE-A-2004-889
Documento BOE-A-2004-889
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2004, páginas 1834 a 1852 (19 págs.)
BOE-A-2004-889
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2003/12/26/24
En la Comunidad Autónoma de Aragón, en los últimos años y como resultado de un inadecuado sistema de financiación de las haciendas locales que ha convertido la actividad urbanística, esencialmente fundada en la iniciativa privada, en medio de financiación de infraestructuras y equipamientos precisos para la comunidad local, entre otros factores concurrentes como el evidente retraimiento de la promoción de vivienda protegida, acaso debido a la incertidumbre competencial en la materia en los primeros años de puesta en marcha del Estado autonómico, venimos asistiendo a un espectacular repunte de los precios del suelo y la vivienda, tremendamente acentuado en la ciudad de Zaragoza, pero también acusado en otras como Huesca o Teruel. No puede imputarse la exclusiva responsabilidad, como hicieron en su momento sucesivas normas urbanísticas estatales, a los agentes privados o públicos. La actuación de unos y otros, la mayor parte de las veces tratando de alcanzar objetivos legítimos, contribuyó a la situación actual. Es más, no sólo los operadores urbanísticos y del sector vivienda son los responsables. Circunstancias sociológicas, económicas o derivadas del proceso de integración europea, entre
Artículo 2. Competencias en la programación pública de vivienda protegida
c) Las promovidas sobre terrenos de titularidad privada no obtenidos en virtud de concurso para la enajenación de terrenos de los patrimonios públicos de suelo incluidos en ámbitos en los que la Administración esté habilitada, como mínimo, para tasar su precio o renta.
El régimen de protección de estas viviendas consistirá, como mínimo, en la tasación de la renta o precio máximo de venta por la Administración de la Comunidad Autónoma y su sujeción a derechos de adquisición preferente a favor de la Administración conforme a lo establecido en esta Ley.
1. Las viviendas protegidas de Aragón que hayan sido adjudicadas en propiedad, tanto en promociones públicas como en privadas, no podrán ser cedidas en propiedad, arrendamiento o precario o por cualquier otro título sin previa autorización expresa de la Administración autonómica, que se entenderá emitida, conforme al régimen que resulte de aplicación y a favor de personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigibles, transcurridos dos meses desde la solicitud, que podrá formularse simultáneamente con la comunicación establecida en el artículo 29 de esta Ley. La enajenación de las viviendas de promoción pública y la primera transmisión de las sujetas a la opción de compra establecida en el artículo 28 se regirán por su régimen específico.
1. La adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública tendrá lugar entre quienes estén inscritos en el Registro como solicitantes de vivienda protegida en la correspondiente modalidad de demanda con la antelación mínima que se señale reglamentariamente respecto del inicio del procedimiento de adjudicación.
b) Tres expertos en materia de vivienda designados por el titular del Departamento competente en materia de vivienda: el primero, a propuesta de las asociaciones de consumidores; el segundo, de las organizaciones de cooperativas de viviendas ; y el tercero, de las organizaciones empresariales de la promoción de viviendas.
1. El primer adjudicatario o adquirente posterior de viviendas nuevas o rehabilitadas de promoción pública, en tanto se mantenga el régimen de protección, únicamente podrá transmitir ínter vivos la vivienda a favor de la Administración promotora por un precio máximo igual al vigente para las viviendas protegidas de análoga tipología en la fecha en que tenga lugar el contrato de compraventa, salvo que, conforme a la normativa sobre financiación de actuaciones protegibles fuese de aplicación otro precio máximo diferente.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la entidad local donde radiquen viviendas protegidas el derecho de opción de compra sobre las mismas. Tendrá preferencia la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la opción, salvo que se trate de viviendas de promoción pública municipal o comarcal o de viviendas de promoción privada concertada por el Ayuntamiento o la Comarca, en cuyo caso la preferencia corresponderá a la respectiva entidad local.
2. Las entidades promotoras de viviendas protegidas, cualquiera que sea su naturaleza, al solicitar la calificación provisional, presentarán simultáneamente a la Administración de la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento y a la Comarca correspondiente la oferta de venta a fin de que, en el plazo de un mes desde la calificación provisional, puedan ejercer el derecho de opción de compra en las condiciones establecidas en función de la modalidad de protección.
1. El titular de viviendas protegidas de promoción privada podrá transmitirlas conforme a la normativa y precios máximos que resulten de aplicación, respetando, en todo caso, el derecho de tanteo que, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes de este artículo, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la entidad local donde radiquen, en tanto se mantenga el régimen de protección. Tendrá preferencia la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio del tanteo, salvo que se trate de viviendas de promoción pública comarcal o municipal o de viviendas de promoción privada concertada por el Ayuntamiento o la Comarca, en cuyo caso la preferencia corresponderá a la entidad local.
3. Con objeto de hacer posible el ejercicio del derecho de tanteo, los propietarios de las viviendas sujetas al mismo deberán comunicar simultáneamente a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la entidad local correspondiente la decisión de enajenarlas, el precio y la forma de pago pactados y las restantes condiciones esenciales de la transmisión.
El mismo régimen previsto en el artículo anterior se aplicará cuando se trate de actuaciones, omisiones o usos concluidos que, requiriendo autorización de los órganos competentes en materia de vivienda, estén realizándose sin ella o contra sus determinaciones o cuando, contando con autorización, sea ésta ilegal, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la infracción. El mero transcurso del plazo para la adopción de las medidas de protección y restauración de la legalidad infringida no conllevará la legalización de las obras que pudieran haberse realizado.
Para la efectividad de las medidas adoptadas conforme a los artículos anteriores, el órgano competente interesará, cuando sea necesaria, la colaboración de la fuerza pública. Finalizado el plazo determinado por la Administración para la ejecución de las medidas adoptadas sin que el interesado la haya llevado a efecto, se procederá a su ejecución forzosa mediante apremio sobre el patrimonio o la imposición de multas coercitivas en la forma establecida en el artículo 61 de esta Ley
m) La publicidad engañosa sobre vivienda protegida. Se entenderá como tal en todo caso la oferta de venta, arrendamiento o adjudicación de viviendas sujetas a lo establecido en esta Ley por precio, renta o coste superiores a los legalmente establecidos.
t) Cualesquiera acciones u omisiones por parte de promotores o constructores que diesen lugar a que la obra no se ejecute conforme a las condiciones de calidad previstas en el proyecto como consecuencia de no utilizar los elementos de fabricación o construcción idóneos, salvo que constituyan infracción muy grave.
c) La percepción de cualquier sobreprecio, sobrerrenta, prima o cantidad prohibida o que exceda de las máximas establecidas conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
l) La enajenación de terrenos destinados por el planeamiento a la promoción de viviendas protegidas por un precio superior al calculado conforme al método residual, aplicado partiendo del valor en venta actualizado a la fecha en que se solicite la calificación provisional y determinado conforme al precio medio máximo que resulte de aplicación a las viviendas y anejos protegidos y a los valores de mercado acreditados de los restantes inmuebles resultantes de la promoción.
1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un año ; para las graves, de tres años, y para las muy graves, de seis años.
1. Se añade un nuevo apartado tercero al artículo 2 de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de Arrendamientos y otros contratos, redactado del siguiente modo: «3. En los contratos de arrendamientos de viviendas protegidas, únicamente podrá pactarse como garantía adicional la prestación por el arrendatario de un aval por importe no superior a cuatro mensualidades de la renta pactada».
2. Se añade un nuevo apartado quinto al artículo 19 de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de Arrendamientos y otros contratos, redactado del siguiente modo: «5. Cuando en la comisión de infracciones graves o muy graves concurran una atenuante muy cualificada o dos o más, en atención a las circunstancias concurrentes, la Administración podrá imponer la multa correspondiente a las infracciones de gravedad inmediatamente inferior. Cuando en la comisión de infracciones leves concurra dicha circunstancia, la multa se impondrá en su cuantía mínima».
«f) Reservas de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.»
«1. En suelo urbano no consolidado, cuando el Plan General prevea actuar directamente a través de unidades de ejecución, incluirá, además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior, el aprovechamiento medio de la unidad de ejecución y, en su caso, la reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.»
«f) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas, en su caso, conforme a la legislación de vivienda.»
«h) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.»
«f) Reserva de terrenos con destino a la construcción de viviendas protegidas conforme a la legislación de vivienda.»
«1. En todo caso, la enajenación o cesión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberá efectuarse en condiciones que aseguren, cuando proceda, los plazos máximos de urbanización y edificación y los precios finales de las viviendas.»
«2. Estarán sujetas al derecho de tanteo y, en su caso, de retracto a favor de la Administración enajenante, las transmisiones onerosas y gratuitas de los bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones, provenientes de los patrimonios públicos de suelo. No obstante, las viviendas protegidas conforme a la normativa de vivienda les será de aplicación el régimen en ella establecido.»
«4. Los propietarios afectados deberán notificar al Ayuntamiento, a través del registro administrativo del apartado anterior, la decisión de enajenar estos bienes con expresión del precio y forma de pago proyectados y las restantes condiciones esenciales de la transmisión a los efectos del posible ejercicio de tanteo. El precio no podrá ser superior al precio de adquisición actualizado conforme al índice de precios al consumo en Aragón. Este derecho de tanteo podrá ejercitarse durante el plazo de sesenta días naturales a contar desde el día siguiente al que se haya producido la notificación.»
«7. Estarán también sujetos al derecho de tanteo y retracto a favor del patrimonio municipal del suelo los bienes inmuebles que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos histórico-artísticos.»
(Publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» número 156, el 31 de diciembre de 2003)
Fecha de disposición: 26/12/2003
Publicada en el BOA núm. 156, de 31 de diciembre de 2003.
la vigencia de los arts. 20.2 y 23, por Ley 2/2018, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2018-5003).
durante el año 2016 la aplicación de los arts. 20.2 y 23, por Ley 2/2016, de 28 de enero (Ref. BOE-A-2016-2408).
SE CORRIGEN errores, con modificación de los arts. 3.4, 27.2, 132-1 y disposición transitoria.2, de la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, en BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2015 (Ref. BOE-A-2015-3278).
SE AÑADE la disposición transitoria 11 y SE SUSPENDE la aplicación, para 2015 de la forma indicada, de los arts. 14, 15.2, 20.2 y 23, por Ley 14/2014, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-950).
los arts. 24 a 26 y 59.3, SE MODIFICA los arts. 13.2, 33, 55 y 61.1 y SE SUSPENDE, para el año 2014, la aplicación de los arts. 14, 15.2, 20.2 y 23 por Ley 2/2014, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2014-1510).
el art.3.1 y el 5.2.b) en la redacción dada a la disposición derogatoria 1 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, BOE-A-2009-11680, por Ley 4/2013, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-2013-6875).
SE MODIFICA los arts. 5, 11, 19, 19.bis, 43, SE AÑADE la disposición adicional 10 y SE SUSPENDEN para 2013 los arts. 14 y 13, por Ley 10/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-1424).
las disposiciones adicionales 8 y 9, por Ley 3/2012, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-2012-5203).
el apartado 3 al art. 9 y la disposición adicional 7, por Ley 4/2010, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2010-13042).
SE DEROGA art. 3.1, por Ley 3/2009, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2009-11680).
arts. 5, 8 y 44.I) y SE AÑADE una sección 3 al capítulo III del título I, por Ley 1/2008, de 4 de abril (Ref. BOE-A-2008-8416).
los arts. 5 y 8 y AÑADE una sección 3 al capítulo III del título I, por Decreto-ley 2/2007, de 4 de diciembre (Ref. BOA-d-2007-90096).
los arts. 3, 14, 23, 27, 28, 29, 38, 43, 44 y SE AÑADE el 30 bis y la disposición transitoria 10, por Ley 9/2004, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-2726).
DEROGA los arts. 16 y 17 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1308).
arts. 33, 35, 37, 45 y 93 bis de la Ley 5/1999, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-1999-8873).
arts. 2 y 19 de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-27351).