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Timestamp: 2014-08-29 22:24:53
Document Index: 51075208

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 19', 'Artículo 23']

Por: Asdruval | Publicado: 21/10/2011 17:20 | | Principios y garantías procesales.
Artículo 1. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados enla Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Concatenado con el 44,46 y 257 de la constitución
Artículo 2. Ejercicio dela Jurisdicción. Lapotestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre dela Repúblicapor autoridad de la ley. Corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado.
Concatenado con el 253 de la constitución.
Artículo 3. Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal conforme a lo previsto en este Código.
Directa como escabino, indirecta como observador.
Artículo 4. Autonomía e independencia de los jueces. En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho.
Concatenado con el 254 y 256. De la constitución.
Artículo 5. Autoridad del Juez. Los jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias y autos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.
Para el mejor cumplimiento de las funciones de los jueces y tribunales, las demás autoridades dela Repúblicaestán obligadas a prestarles la colaboración que les requieran.
Artículo 6. Obligación de decidir. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia.
Artículo 7. Juez natural. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso.
Concatenado con el 49,4 de la constitución
Concatenado con el 49,2 de la constitución.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme ala Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela.
Concatenado con el 46 de la constitución.
Cuando es instancia pública ejemplo homicidios entre otros. Instancia privada cuando la persona afectada tiene que denunciar.
Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.
Concatenado con el 49 de la constitución.
El Juez que inicia debe culminar el juicio.
Artículo 19. Control de la constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar por la incolumidad dela Constitucióndela República. Cuandola ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional.
Concatenado con el 49 ordinal 7 de la constitución.
Artículo 23. Protección de las víctimas. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de los imputados o acusados. La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.
Los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán acreedores de las sanciones que les asigne el respectivo Código de Conducta que deberá dictarse a tal efecto, y cualesquiera otros instrumentos legales.
Concatenado con el 26 de la constitución.