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Timestamp: 2017-07-23 22:37:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 44']

Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia CAM: 2008
Violencia Familiar - Sistemas Juridicos
LAMBERTI, Silvio - VIAR, Juan Pablo M.VIOLENCIA FAMILIARSISTEMAS JURÍDICOSAño: 2008ISBN: 950-679-437-5Páginas: 336Encuadernación: Rús.Las formas de violencia familiar - El castigo al agresor - Violencia familiar y responsabilidad civil - Respuestas en los países desarrollados y en el Caribe - Legislación latinoamericana comparada - Prevención y políticas públicas
¡¡¡¡ Feliz Navidad, es el deseo del Instituto de Niñez y Adolescencia del CAM; que sea un momento en familia, lleno de paz, amor y de unión juntos a todos los seres queridos !!!!
Carrera de Especializacion en Violencia Familiar UBA
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN VIOLENCIA FAMILIARFACULTAD DE PSICOLOGIAUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.Renuncias presentadas el lunes 15 de diciembre de 2008 por Mesa de Entradas de la facultad de Psicología – UBA – individualmente por cada docente firmante.Consideraciones respecto de los motivos de las renuncias presentadas por los docentes responsables de las materias:Metodología de la Investigación aplicada a Violencia Familiar – Dra. María Inés Bringiotti.Maltrato Infantil - Dra. María Inés BringiottiModelos de Asistencia a Niños Maltratados – Dra. María Inés BringiottiSeminario de supervisión del Trabajo final de carrera – Dra. María Inés BringiottiModelos de Prevención de la Violencia Familiar. Dra. Patricia Paggi Abordaje interdisciplinario del Abuso sexual infantil – Lic. Patricia VisirAbordaje interdisciplinario del Abuso sexual infantil – Lic. Sandra BaitaTercera edad y Violencia Familiar – Lic. Graciela BelliniLos abajo firmantes llamamos la atención respecto a los serios peligros que advertimos respecto a la continuidad de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar que se dita en la facultad de Psicología de la UBA.Destacamos nuestra preocupación respecto de:El cambio del sustento ideológico de la especialización, el desconocimiento de lo interdisciplinario y de la autonomía de roles profesionales en los docentes.El serio riesgo de que la carrera no esté dirigida por personas de trayectoria reconocida en la temática y con avales académicos comprobables para el desempeño de la función.Las muestras de autoritarismo y maltrato ejercido desde los niveles de conducción actual de la carrera, en base a la descalificación de los actuales docentes, toma arbitraria de decisiones, imposibilidad de generar espacios de diálogo y construcción conjunta, haciendo del espacio académico un ámbito de negociación política dentro de las contiendas electorales universitarias. Confirman estas preocupaciones, así como las decisiones adoptadas y la necesidad de hacerlas públicas, procedimientos y comunicaciones recientes que se detallan a continuación:Los hechos conocidos que llevaron a la detención del Lic. Corsi, colocaron a los alumnos, docentes y graduados de la carrera de Especialización en Violencia Familiar en una situación de máxima vulnerabilidad. Una carrera de 20 años, donde se trabajaba por la no violencia, y por la protección de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos, podría haber estado dirigida por una persona acusada de pedofilia. La ley tendrá la última palabra al respecto, por nuestra parte ya nos hemos pronunciado desde diferentes ámbitos en repudio de tal situación, en caso de ser comprobada.El desconcierto, preocupación y dolor provocado por tal situación, no encontró eco en el ámbito de la facultad para abrir un espacio de contención, solidaridad y apoyo a todos los que se hallaban trabajando ó estudiando en la misma.El Dr. Osvaldo Varela, Director interino convocó a una primera reunión docente en el mes de agosto. En la misma expresó que:Se garantizaría la continuidad de la carrera, que se tomarían las mínimas mediadas necesarias, consultando al Comité Académico Asesor y a la Comisión de Posgrado – palabras del designado director interino Dr. Osvaldo Varela –Ante la pregunta de los docentes acerca de la preocupación por la designación de un director para la misma, respondió que estaría por un tiempo e indicó que podían acercar los CV aquell@s profesionales que aspiraran a dirigir la misma, sin prometer nada al respecto.Hasta aquí los hechos. A los pocos días se suspendió la entrega de los posibles CV.La Dra. María Inés Bringiotti que ya que había manifestado considerarse apta para el cargo, ya que había estado desde su inicio en las etapas previas – 1988 - y sin interrupción y había sido formadora de la mayoría de los actuales docentes, incluyendo a la coordinadora docente, Lic. Dohmen, vio interrumpida toda posibilidad de aspirar a dicha función.Por otra parte los alumnos preocupados por los mensajes y metamensajes de pasillo comenzaron a preguntar acerca de los destinos de la carrera y cuestiones puntuales de los cursos que se continuaban dictando, ante las cuales los docentes no teníamos información para responder.Durante un cuatrimestre marcado por la confusión, el desconcierto, la desinformación y la gradual toma de posiciones éticas y personales necesarias ante los eventos de público conocimiento se sumaron actuaciones, dichos y entredichos que no hicieron más que agravar la vulnerabilidad de la carrera y sus docentes.A fin de sintetizar el impacto de lo ocurrido en el desarrollo de esta carrera pasaremos a describir una serie de cuestiones acaecidas :1) Todos los docentes consideramos la necesidad de una reunión que incluía a la Lic. Dohmen, ya que veníamos trabajando hace años y muchas cuestiones nos preocupaban. Dicha reunión fue solicitada a las entonces integrantes del Comité Académico Asesor – Dra. Giberti y Dra. Bringiotti -.2) La convocatoria que elaboraron – abierta y transparente ya que la propuesta consideraba una reunión en la misma facultad y con la coordinadora docente presente ­- fue prohibida por el Dr. Varela por medio de una comunicación telefónica a la Dra. Giberti. No recibió igual consideración la Dra. Bringiotti, de modo que no obtuvo aclaraciones respecto a la improcedencia de la convocatoria en la que había participado, a pesar de habérselo pedido la Dra. Giberti. Se adujo, a través de un comunicado a tod@s l@s docentes de parte de la Lic. Dohmen, un reglamento – no presentado – que prohíbe las reuniones de docentes en el ámbito de la facultad sin autorización de las “estructuras jerárquicas – Director interino y Coordinadora docente”-, por lo que se podría deducir que en esta facultad no se hacen reuniones docentes. La palabra “decidir” utilizada en el texto fue mencionada con posterioridad como la disparadora de la prohibición, ya que no se consideró que ningún docente tenía nada para decidir, más allá de su función y de la conyuntura que se travesaba. En esos momentos sin intención de generar ningún tipo de conflicto suspendimos la misma y nos limitamos a concurrir a dar nuestras clases.3) Paralelamente la Agrupación de Graduados de la carrera accedió a una entrevista con la Sra. Decana en la cual le manifestaron su preocupación por su continuidad y sobre todo por el mantenimiento del marco teórico y los lineamientos de la misma. Entregaron en esa oportunidad una carpeta con información sobre la misma y una carta, cuyo contenido fue votado por la mayoría de los miembros de la agrupación para que se tome en cuenta la designación como directora de la misma de la Dra. Bringiotti y los motivos de tal solicitud. La Sra. decana recibió a la misma e informó que la presentaría en CD tal como es lo habitual, aclarando sin embargo las posibles dificultades debido a que ninguno de los títulos de la mencionada profesional, tanto de grado como de posgrado, es en Psicología – Lic. en Filosofía; Lic. en Sociología y Dra. en Filosofía y Letras – UBA – Categoría 1 Coneau.4) A partir de allí se cortó todo tipo de comunicación entre la coordinadora docente y los docentes, a pesar de que a tod@s l@s docentes les llegó de manera indirecta y en ocasiones a partir del alumnado una interpretación de la situación que concluía en que la Dra. Bringiotti “había mandado” a los tres profesionales – Dr. Juan Pablo Viar; Lic. María Eva Sáenz y Lic. Diana Vernaz –reconocidos profesionales y egresados de la Carrera - a esa reunión para que la apoyaran en una supuesta postulación que aún no había ocurrido. Con la misma metodología “off the record”, por los pasillos también se dijo que los docentes y ella en particular, alentábamos a los alumnos, creando malestares en contra de las autoridades de la carrera. Debo decir que en realidad el mensaje de los alumnos era de total desconcierto ante los rumores de cambios en el desarrollo de la misma que no eran comunicados oficialmente y ante los cuales los docentes no podíamos responder por ignorarlos.5) El desarrollo del cuatrimestre fue especialmente difícil, sin comunicaciones, con quejas y reclamos justificados de los alumnos, malestares de los docentes, intercambios vía mail por parte de la coordinadora docente y más rumores acerca de la designación de nuevos docentes para las cátedras vacantes, lo cual era comunicado a los alumnos vía la coordinadora docente, en sus encuentros con los mismos para el dictado de la materia que tiene a cargo, sin saber nada al respecto el resto de los docentes que dictábamos clases, ni las integrantes del Comité Académico Asesor.6) Dada esta situación la Dra. Bringiotti se planteó la necesidad de pedir una entrevista aclaratoria, previa conversación con la Dra. Giberti a fin de conocer los motivos de la falta de participación del Comité Académico Asesor que integraba en las decisiones tomadas y para saber quien y cómo se tomaban. En ese momento muy lamentablemente nos enteramos, por los mismos alumnos, que en la página Web, la Dra. Bringiotti ya no estaba más en el Comité mencionado. No es necesario explicar la sorpresa y desconcierto ante semejante decisión, en particular de la propia involucrada, a la que le incumbía particularmente y sobre la que una vez más no había sido ni consultada, ni informada. En esos momentos comenzó a evaluar la presentación de la renuncia que se adjunta, junto a las de los docentes arriba mencionados. Sus colegas y la Dra. Giberti le sugerimos la necesidad de conversar y aclarar los hechos. Así lo hizo, en principio, la Dra. Giberti, y de su conversación con el Dr. Varela concluyó que no tenía otra opción que presentar su propia renuncia al comité ya que no obtuvo respuesta acerca de las irregularidades ocurridas, ni de la forma en la que se habían tomado esas decisiones. La explicación del Dr. Varela fue que no sabía nada y que todas eran decisiones del CD.7) Durante este período, recibimos una convocatoria para el día 3 de diciembre pasado para una reunión con docentes que había decidido el director interino Dr. Varela. La mayoría del cuerpo docente concurrió, con la esperanza de aliviar los malestares, aclarar dudas y enterarnos cómo se seguiría, y tal vez con la expectativa de participar en la reorganización necesaria, atendiendo nuestra experiencia de años a cargo del dictado y sostenimiento de la especialización. El desarrollo de la misma evidenció, a nuestro criterio, una falta total de respeto hacia nuestras personas y hacia lo que cada un@ representa, en un clima de violencia y agresión no esperado. Como creadores, egresados y docentes de una carrera de Violencia Familiar debimos sostener una violencia relacional desmedida. L@s nuevos docentes de las materias a dictarse, que también estaban presentes, percibieron y señalaron en un par de oportunidades “el uso de la violencia y el abuso del poder” observados. Varias cuestiones fueron consultadas y sobre la mayoría se pidieron explicaciones. Las respuestas obtenidas son las que refuerzan la decisión de muchos de los profesores presentes de presentar sus renuncias:a) El director dijo desconocer los motivos de la decisión del CD respecto a la no aceptación del nombre de la Dra. Bringiotti para integrar el comité asesor – la misma debió poner a disposición su CV de varias páginas, que prueban los títulos obtenidos, las publicaciones, las investigaciones dirigidas, las capacitaciones realizadas y la categorización como docente – investigador por la CONEAU - , Ante el reclamo de la profesional, manifestando que todo indica que se puede entender como un claro objetivo de desplazarla, le respondió que podía, ya, presentar la renuncia a sus cargos docentes. Si bien manifestó que, frente a la renuncia de la Dra. Giberti, él, como director interino “podría ver si entonces la podían incluir en su lugar”, haciendo incongruente su anterior afirmación respecto a su desconocimiento de las decisiones del CD.b) Se nos informó que todos los seminarios a cargo de profesionales que no sean psicólogos, tendrán otro docente a cargo, incluyéndose en todos los casos un psicólogo/a a partir del 2009, como parte de una decisión personal de orden “político” atinente al cargo que desempeña, es decir en un ámbito de arbitrariedad poco acorde al funcionamiento esperado para la UBA. Si bien se propusieron objeciones y dificultades ante una decisión de este orden, sin ninguna planificación o consulta, la respuesta fue que en la Facultad de psicología, a su criterio, los Posgrados debían tener en todos los casos psicólog@s como responsables, más allá de la pertinencia de acuerdo a la materia o la idoneidad en su formación. Esto nos planteó la obligación de revisar la conceptualización de la interdisciplina, como eje de esta carrera, hecho que no fue considerado como relevante por parte del Dr. Varela. Además se plantearon las dificultades para articular las modificaciones, por orden superior y no como decisión académica y pedagógica, acerca de la participación obligatoria de un/a psicólogo/a, en seminarios con objetivos específicos transdisciplinarios tales como Aspectos legales y jurídicos, ó Metodología de la Investigación y muchas otras. No hubo posibilidad de intercambio ante la reiteración de que se trataba de una decisión tomada. O sea que, después de 20 años en los que no hubo ningún tipo de problema en el dictado, tendremos un/a psicóloga designado/a por CD, sin haber armonizado programa alguno y debiendo dividir los honorarios. Sin embargo, lo más grave es considerar que en una carrera interdisciplinaria no se evalúe como competente a otro profesional – trabajador social; médico; abogado…-.que no sea psicólogo, si bien en su titulación se lo habilitaría a operar en el tema, no sólo a dar clase.c) También se nos comunica que todas las carreras, maestrías y doctorados sólo estarán a cargo de psicólogos, que además sean profesores regulares de la casa, independientemente de su formación en el tema, en este caso en violencia familiar.d) El director mostró absoluto desconocimiento de la modalidad de relación con los docentes, alumnos y graduados de la coordinadora docente. Dicha profesional, atribuyéndose, de hecho funciones de contralor en ámbitos externos a la Carrera, ha llegado al punto de pedir explicaciones a la jefa de un servicio –cursante de una de las últimas materias de la especialización-, respecto a la pertinencia de la supervisión realizada por varios de nosotros al mismo, aduciendo que sólo los psicólogos pueden realizar tales supervisiones específicas en Violencia Familiar. Fue necesario brindarle una explicación pública sobre los diferentes ámbitos de supervisión, tales como los metodológicos, más relacionados con un investigador en el tema; de planificación y armado de equipos; de estrategias de intervención, entre otros, aclarándole que existen otros roles en la interdisciplina, tan fundamentales como el psicológico, en el abordaje del problema.Frente a las respuesta brindadas en la reunión en un tono de las mejores épocas militaristas y no encontrando un espacio de discusión, reflexión y producción al interior de la carrera por la que tanto trabajamos, varios de nosotros hemos decidido renunciar a la misma.No dudamos que el espíritu con el que fue creada ya se ha perdido, que de a poco los contenidos y las líneas teóricas fundantes se verán alteradas y que no se ha realizado ningún esfuerzo por conocer la formación, ni la capacidad de sus docentes, sino que por el contrario se los desconoce, descalifica y reduce a lugares de obediencia y aceptación de normas que no están escritas, ni convalidadas.Se trata, a nuestro criterio, de un vaciamiento de la misma que no puede adjudicarse de ninguna manera al efecto Corsi. Lamentablemente estas decisiones sólo traerán como consecuencia el desprestigio de la carrera y de la facultad, para regocijo de violentos y abusadores que verán destruida una instancia de formación reconocida en todos los ámbitos públicos nacionales, que aportaba profesionales de muchas disciplinas preparados cabalmente para afrontar toda forma de violencia individual, familiar, institucional y social. Más lamentable aún fue escuchar como corolario de esta reunión que este proceder se enmarcaría y justificaría por tratarse de decisiones políticas en un año electoral, -palabras textuales transmitidas al finalizar la reunión por el Sr. Director Interino-.Dra. María Inés Bringiotti.Lic. en Filosofía y Lic. en Sociología – UBA –Dra. en Filosofía y Letras – UBA -Profesora Titular Regular Facultad de Filosofía y Letras – UBA –Dtora. del Programa de Investigación en Infancia Maltratada – UBA –Socia fundadora y actual presidenta de ASAPMI – Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil.Dra. Patricia PaggiMédica. Directora Area de Promoción y Protección de Derechos. Municipalidad de San Fernando.Docente responsable Seminario Violencia, Maltrato y ASI.Maestría Políticas Sociales e Infancia. Facultad de Derecho. UBA.Lic. Graciela BelliniLicenciada en Trabajo Social. UBA.Especialista en Violencia Familiar. UBA.Maestranda en Minoridad y Familia - UNLZamoraPosgrado en Gerontología Social – Universidad Maimonides –Lic. Patricia VisirLic. en Psicología – UBA –Consultora en Minoridad.Integrante de la Comisión DIrectiva de AsapmiSupervisora Externa Equipos en Maltrato Infantil: Morón, Vicente López, San Isidro y C.A.B.A.Lic. Sandra BaitaLic. en Psicología – UBA –Socia de ASAPMIEspecializada en el abordaje del abuso sexual infantilInternational Director de la International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD)Miembro del Child & Adolescent Committee de la ISSTDAfiliada a la División de Trauma Psicológico de la American Psychological AssociationDocente capacitadora del Poder Judicial de la Pcia. de Chubut.Supervisora externa de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Luján
Pensar Cromañon
La crónica es sencilla. El lunes se presenta el libro "Pensar Cromañón" que me incluye entre los autores. Orgullo agregado a que el título del libro, y el ciclo de conferencias que lo precedió haya tomado el nombre de nuestro foro nacido en la desesperación y la confusión de la masacre cuando, siguiendo el ejemplo de muchos/as familiares advertimos que había que intentar pensar...y surgió nuestro foro.El título de este mail no es aleatorio. Efectivamente ha sido por lejos mi producción mas sufrida. Escribir sobre la herida sangrante no es sencillo. Si la demanda vino del lado de familiares de los/as chicos/as y sobrevivientes, mas aún. Autores y autoras escribimos, dijimos, pero Memoria y Justicia, nuestro querido Grupo Paso, y esencialmente Diego Rosengardt trabajaron para que este libro sea hoy una realidad que empieza a transitar los caminos de la historia del Movimiento Cromañón.La presentación será el lunes 22 de diciembre a las 18.00 en el 2º piso del Hotel B.A.U.E.N. y allí estaremos y necesitamos que también Uds. anden por allí. Es otro paso mas hacia la marcha de los cuatro años. Es otra forma de decir que no olvidamos. Es otra forma de pedir Verdad y Justicia. AcompañanosJorge Garaventajorgegaraventa@hotmail.com.arMSN jorgegaraventa@hotmail.comwww.jorgegaraventa.com.arEn el 10º año del Proyecto Listas y ForosJusticia para l@s jóvenes de CromagnónDenuncie la violencia doméstica contra la niñez y la mujer.En Capital Federal TE 137:Programa "Las Víctimas contra Las Violencias"Pregunte en su ciudad
TENENCIA: Fallo sobre responsabilidad parental‏
No procede otorgarle la tenencia al padre que abandono a sus hijos con posterioridad al fallecimiento de la madre.PATRIA POTESTAD - GUARDA - MENORES - DERECHOS DEL NIÑO - DERECHO A SER OÍDO - DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRESP. S. - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de RosarioP. S. s/ tenenciaCámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de RosarioSala Primera31-oct-08Cita: MJ-JU-M-39999-AR MJJ39999 No procede otorgarle la tenencia al padre que abandono a sus hijos con posterioridad al fallecimiento de la madre. Sumario: 1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el padre de los menores -actor- contra la sentencia rechazó la demanda de tenencia promovida respecto de sus hijos, en virtud de que el alegado estado de shock generado como consecuencia del fallecimiento de la madre de los menores que invoca el padre para justificar su actitud de no haber respondido con la premura del caso en la entrevista que tuvo con los asistentes sociales, carece de entidad para neutralizar o mitigar la desaprensión del reclamante, lo que hace suponer la ausencia de condiciones personales para que le sea discernida la tenencia que reclama. Lo contrario importaría admitir como esperable o frecuente que, ante el fallecimiento de uno de los progenitores el otro pueda encontrarse relevado de cumplir sus deberes parentales, circunstancia que no es la consecuencia del normal acontecer de las conductas humanas y que para que resulte atendible, requiere una especial demostración que la justifique, prueba que no se ha producido en el caso. 2.-No invalida ni disminuye su responsabilidad la alegada falta de convivencia o la relación concubinaria, pues sus obligaciones nacen de la filiación y están dirigidas a velar por el interés y protección de la minoridad, independientemente de la situación habida entre los progenitores. 3.-Las obligaciones emergentes de la patria potestad son personalísimas, indelegables e intransferibles y si el padre abdica de ellas, no se lo puede premiar con una leve sanción, por mérito de la conducta esforzada de otras personas. 4.-Independientemente de la calificación jurídica que se efectúa en el pronunciamiento cuestionado de que el padre incurrió en abandono y exposición de sus hijos y que los colocó en desamparo voluntario y malicioso,el hecho de que al fallecimiento de la madre de los menores -cuya tenencia se controvierte entre las partes-el padre no estuviera atento a la situación en que se encontraban los niños, ni hubiera reclamado la guarda con la premura que las particularidades del caso exigían, demuestra si no, falta de interés, al menos la ausencia de las diligencias que exigían la circunstancias de tiempo, persona y lugar. 5.-En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 6.-La presencia de los menores en todo procedimiento que pudiera afectarlos resulta esencial, conforme alo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y en la ley 26.061 que la internaliza y reglamenta. Por su parte, la ley 26.061 en su artículo 24 contempla el derecho del menor a ser oído, el que debe ser respetado en función del interés superior del niño" -art.3 ley 26.061-, destacando además que las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos -art.2 ley 26.061-. 7.-La intervención de los menores en el procedimiento ya no es una facultad del juez sino un derecho constitucional del sujeto en su condición de tal. Puede decirse que en el contexto de la ley 26.061 así como el interés superior del niño es un principio guía, el derecho a ser oído representa el derecho esencial en la economía del referido ordenamiento. Los cambios sustanciales acaecidos con la reforma constitucional en este aspecto, así como la normativa nacional 26.061, todavía no han sido reflejados en los procedimientos judiciales, con los alcances y extensión que señalan aquellas disposiciones. En realidad, la intervención del niño en el procedimiento, en tanto se debatan cuestiones personales o patrimoniales que lo afecten, ya no puede ser discutido en el estado actual de nuestra legislación. Su admisibilidad es imperativa, por fuerza de las disposiciones constitucionales vigentes y de la ley nacional 26.061 que sigue sus lineamientos" 8.-Un cambio de guarda -a pesar de su carácter eminentemente precario-es siempre un asunto de extrema trascendencia para el hijo. Esta sola observación, impone un juicio que balancee con especial esmero las consecuencias del infante en términos beneficio-daño, valoración que ha de abarcar ineludiblemente la evaluación del impacto psicológico del desarraigo, pues, que en los procesos en los que se debate la custodia de un niño, ese derecho a la salud -reconocido como atributo inherente a la dignidad humana y, por ende, inviolable-, interpela directamente a los Jueces, como una manda de jerarquía superior, que reclama la búsqueda de los medios más idóneos para su consagración efectiva. 9.-La regla del art. 3.1. de la CDN que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene -al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias-, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los padres. Por tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación puntual en cada caso concreto. Fallo: En la ciudad de Rosario, a los 31 días de octubre de dos mil ocho, se reunieron en acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, integrada por los doctores María Mercedes Serra, Ricardo A. Silvestri y Ariel C. Ariza, para dictar sentencia en los autos "P., S. sobre Tenencia" (expte. n° 86/2007) venidos del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Número 2 de Casilda, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor General contra el fallo número 941 del 17 de agosto de 2006. Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones: Primera: ¿Es justa la sentencia impugnada? Segunda: En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? Sobre la primera cuestión, la señora vocal doctora Serra, dijo: 1. Antecedentes del caso. 2. S. P. promovió demanda de tenencia de sus hijos menores E. A. y F. J. P. (nacidos el24.05.1999 y el 16.02.2001, respectivamente, según las partidas de nacimiento acompañadas a fs.3 y 4).Relató haber conocido en la ciudad de Mendoza a la señora G. B. A. -oriunda de la ciudad de Chabás, Provincia de Santa Fe-con quien mantuvo una relación, fruto de la cual nacieron los menores; que de común acuerdo con la señora A. decidieron que el reconocimiento de los niños se concretaría cuando fuesen más grandes; que tomó conocimiento telefónicamente que estando la señora A.en el Hospital Notti de la ciudad de Mendoza, sufrió una descompostura que motivó su internación en terapia intensiva en el Hospital Central de Mendoza, habiendo fallecido el 24.12.2001; que la conmoción que le provocó la noticia le impidió responder coherentemente en la entrevista que mantuvo con los asistentes sociales que intentaban resolver la situación de los menores; que el actor nunca desconoció su relación con la señora ni a sus hijos. Expresó que cuando reclamó la tenencia de sus hijos, fue informado de que desde la fecha del deceso de A. se dispuso en Mendoza otorgar provisoriamente la guarda judicial de los menores a su tía materna, L. F. A., domiciliada en la ciudad de Chabás; que gestionó y obtuvo el reconocimiento de sus hijos y promovió demanda de reintegro ante el Juzgado de Familia de la ciudad de Mendoza que se declaró incompetente. Consideró que de acuerdo a la prueba irrefutable que representaban las actas de nacimiento y en ejercicio de la patria potestad, se encontraba en condiciones óptimas para cumplir con sus obligaciones y deberes paternales ya que percibía mensualmente la suma de cuatrocientos pesos ($ 400.-) por su desempeño como cantante y contaba para la crianza con la colaboración de su madre con quién convivía y con la de su hermana. En el responde (fs.91/94), L. F. A. se opuso a la pretensión por considerar que el actor no se encontraba en condiciones para cumplir con sus deberes y obligaciones paternales; expresó que los menores estaban en perfectas condiciones y expuso las razones por las que, en beneficio de la salud física, espiritual y mental de aquéllos, pretendía que se le otorgue la guarda definitiva de sus sobrinos. 2. La sentencia de primera instancia. Mediante el fallo número 941 del 17 de agosto de 2006, el juez de grado rechazó la demanda de tenencia promovida por S. P.respecto de sus hijos menores e impuso las costas al vencido (fs.246/252). Para así decidirlo, expresó que los elementos invocados por el actor en sustento de su reclamo (vgrs., los efectos retro activos del reconocimiento de la paternidad que se concretó luego del fallecimiento de la madre y de conferida la guarda judicial a la demandada, fs.37, 38 y 15 y los derechos y deberes que impone lapatria potestad) se deslucían a partir de lo actuado por el Juzgado de Familia de la ciudad de Mendoza y el informe presentado a fojas129/136 por la Gerencia U.C.P. 1 Niñez y Adolescencia de Mendoza; que para otorgar la guarda judicial provisoria conferida a favor de la tía materna, señora A., el tribunal evaluó la intervención que le cupo al Equipo de Preadmisión de la Dirección de Familia y concluyó que esa decisión constituía la alternativa más favorable al mejor interés del niño, ante la inexistencia de familiar más cercano (fs.15). Juzgó, en definitiva, que el actor había desatendido sus deberes paternos colocando a los niños en grave peligro moral y desamparo que calificó de voluntario y malicioso, pues ante el conocimiento cierto de la situación de la señora A. y la necesidad de contactar a familiares que se hicieran cargo delos menores, negó todo vínculo con aquéllos; que los hechos descriptos quedaron ratificados por la prueba testimonial(fs.166/167) y permitieron corroborar que el actor incumplió con sus deberes de cuidado y asistencia para con los menores, incurriendo en una conducta de abandono reiterado y persistente respecto de su pareja e hijos (cfme.declaraciones de los testigos de fs.163, 171, 189, 190, informe de fs.144); que los antecedentes citados eran suficientes para disponer el rechazo de la tenencia, pues la guarda que ella implica nunca fue cabalmente cumplida por el actor. Finalmente, ponderó que las condiciones materiales, morales y espirituales del actor no lo colocaban en una situación favorable para cumplir eficazmente con los derechos y deberes que imponía la patria potestad y con sustento en opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juzgó que el contexto familiar en el que se cumplía la guarda era plenamente satisfactorio y la situación más apta para asegurar los intereses de los menores, por lo que resultaba conveniente mantener la guarda judicial a favor de la tía materna. La decisión fue apelada por el Defensor General a foja 252vuelta. Radicada la causa en esta Sala, expresó agravios a fojas 279/280, los que fueron respondidos por la apelada a fojas 283/286y contestada la vista por la Defensora ad hoc de menores a foja 291. Habiendo quedado firme la providencia de autos y celebrada la audiencia convocada por el tribunal para escuchar a los menores cuya tenencia se controvierte, con la presencia de las partes y del Defensor (v. acta de audiencia a fs.302/303), la causa se encuentra en estado de resolver. 3. Los agravios que sustentan el recurso de apelación del actor. La crítica que formula el apelante a los fundamentos de la decisión pueden enunciarse en estos términos: 3.1. Cuestiona el fallo por cuanto rechazó la demanda de tenencia no obstante que -según el apelante-no quedaron acreditadas las siguientes circunstancias en las que se sustentó la decisión: a. Que Pellegrino incurrió en abandono de sus hijos, pese a lo declarado por los testigos de la demandada; b.Que el actor negó la paternidad de las criaturas al momento de ser entrevistado por los asistentes sociales. Destaca que surge de lo declarado por la testigo Irma Castillo(fs.189) que el actor le compraba cosas a los niños; que la falta de convivencia con la causante se debió a una incompatibilidad de caracteres con la madre de los menores y no a la violencia que se invoca y que no fue acreditada; que ante la situación de orfandad en que quedaron sus hijos, efectuó el acto de reconocimiento paterno y posterior solicitud de la tenencia; que el hecho deque la señora A. recibiera ayuda de la municipalidad y cobrara un plan de asistencia social no constituye prueba suficiente de la falta de ayuda por parte del actor; que como surge del informe ambiental (fs.144) se encuentra en condiciones de hacerse cargo de los niños. 3.2. Expresa el apelante que el fallo resulta contrario a derecho. 3.3. Peticiona que como medida para mejor proveer se realice una entrevista con los menores que no han sido escuchados, en cumplimiento de las normas de rango constitucional (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño). 4. Sobre la procedencia del recurso de apelación. El recurso no habrá de prosperar, ya que la expresión de agravios no reúne los recaudos exigidos por la norma procesal aplicable (art.365 CPCC) por carecer de rigor técnico y de fundamentos suficientes para controvertir idóneamente lo afirmado por el juez de grado. En efecto, para cumplir con la carga que impone el artículo citado, es necesario que la recurrente efectúe una crítica razonada y concreta de los puntos del fallo que la perjudican, que debe ser eficaz (jurídicamente fundada) y puntual (de modo que no pretenda una revisión indiscriminada de la sentencia), que refute los argumentos decisivos en los que se apoya la decisión que impugna y que no se limite a la mera exposición de la discrepancia o disconformidad de la apelante con el resultado que le es adverso (cfr.ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal Culzoni, T.III, págs.1218/1220; T.IV, pág.544/546; PEYRANO, Jorge W.,Análisis doctrinario y jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial, T.I, Ed. Juris, pág.145/155 y sus citas). Contrariamente a lo que impone la exigencia apuntada, el recurso en tratamiento sólo efectúa una vaga formulación de objeciones que, como tales, no resultan idóneas para fundar la apelación. En rigor, el recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en la instancia de grado, tanto al deducir la demanda como en el alegato, pero sin lograr confutar eficazmente, los ejes centrales por lo que discurrió el razonamiento de la decisión que le resulta adversa. En efecto, la sentencia de grado juzgó que Pellegrino había incumplido sus deberes paternos y que colocó a los niños en grave peligro moral y desamparo que calificó de voluntario y malicioso, circunstancias que obstaban la procedencia de la demanda. En este aspecto, la resolución expresa textualmente que: "No invalida ni disminuye su responsabilidad la alegada falta de convivencia o la relación concubinaria, pues sus obligaciones nacen de la filiación y están dirigidas a velar por el interés y protección de la minoridad, independientemente de la situación habida entre los progenitores."; ".las obligaciones emergentesde la pat ria potestad son personalísimas, indelegables e intransferibles y si el padre abdica de ellas, no se lo puede premiar con una leve sanción, por mérito de la conducta esforzada de otras personas" (fs.249 y vta.). Esta afirmación no es adecuadamente rebatida en el memorial de apelación, ya que sólo expresa que el mero hecho de no convivir con la progenitora ni con los niños no permite considerar la falta de cumplimiento de los deberes paternos. 4.2.Como derivación de lo anterior, la sentencia atacada juzgó también que los hechos descriptos quedaron ratificados por la prueba testimonial y por lo actuado por el juzgado de familia que para otorgar la guarda provisoria en fecha 25.12.2001 a favor de la demandada -tía materna de los menores-evaluó la intervención del equipo de preadmisión de la Dirección de Familia; de ello infirió que ante la situación de crisis, el actor incumplió con sus deberes de cuidado y asistencia para con los menores ya que quedó acreditado que al ser abordado por el equipo de preadmisión y notificado del grave estado de salud de la señora A., antes de su fallecimiento, negó toda relación y se desinteresó por el bienestar de los menores. Con relación a este aspecto, no constituye una crítica seria para controvertir el fallo impugnado, que se diga en el memorial del recurso de apelación que no ha quedado acreditado que Pellegrino incurriera en abandono de sus hijos porque, como surge de lo declarado por la testigo Irma Castillo, el actor le compraba cosas a los niños. Independientemente de la calificación jurídica que se efectúa en el pronunciamiento cuestionado de que Pellegrino incurrió en ".abandono y exposición de sus hijos." y que los colocó en ".desamparo.voluntario y malicioso." (fs.249 vta.),el hecho de que al fallecimiento de la madre de los menores -cuya tenencia se controvierte entre las partes-el padre no estuviera atento a la situación en que se encontraban los niños, ni hubiera reclamado la guarda con la premura que las particularidades del caso exigían, demuestra si no, falta de interés, al menos la ausencia de las diligencias que exigían la circunstancias de tiempo, persona y lugar. Por lo demás, cabe señalar que la testigo Castillo declaró que".él siempre decía que le compraba cosas a los niños.", pero añadió también que ".no le consta, que nunca vió cuando compraba cosas.pero no sabe la vida de ellos afuera ni en lacasa tampoco." (resp. pos. 4ª, fs.189), lo que revela la escasa trascendencia del citado testimonio ya que ningún dato relevante aporta para favorecer la posición del demandante, por no haber dado razón de lo dicho ni ha podido corroborarlo personalmente. Frente a esas circunstancias y la ponderación que se hizo en el fallo apelado de la conducta en cierto modo desinteresada adoptada por el actor, el alegado estado de shock generado como consecuencia del fallecimiento de la señora A., que invoca el recurrente para justificar su actitud de no haber respondido con la premura del caso en la entrevista que tuvo con los asistentes sociales, carece de entidad para neutralizar o mitigar la desaprensión del reclamante, lo que hace suponer la ausencia de condiciones personales para que le sea discernida la tenencia que reclama. Lo contrario importaría admitir como esperable o frecuente que, ante el fallecimiento de uno de los progenitores el otro pueda encontrarse relevado de cumplir sus deberes parentales, circunstancia que no es la consecuencia del normal acontecer de las conductas humanas y que para que resulte atendible, requiere una especial demostración que la justifique, prueba que no se ha producido en el caso. 4.3. Cabe agregar que tampoco se hizo cargo el apelante de los tramos del fallo que juzgaron que: "Los antecedentes citados son suficientes para inclinarse por el rechazo de la demanda de tenencia, pues la guarda que ella implica nunca fue cabalmente cumplida por el actor. Las pruebas analizadas permiten proyectar con meridiana certeza que, la observancia de los deberes impuestos por la patria potestad, tampoco será satisfecha por el actor en un futuro inmediato" (fs.251 vta.); "En lo relativo a las condiciones materiales, los elementos aportados en autos tampoco colocan al actor en una situación favorable para atender al cuidado, asistencia y protección de los menores" (fs.251 vta., in fine); "En contraposición con esto, se verifica en autos que la situación actual de los menores, gracias al cuidado de la guardadora, es plenamente satisfactoria.El contexto en el cual se cumple la guarda, constituye a entender del sentenciante, la situación más apta para asegurar los intereses de los menores" (fs.252); "El informe ambiental practicado a fs.121, refleja la inserción de los menores en el ámbito familiar siendo '.público que los niños se han adaptado al grupo familiar pudiéndoselos ver a todos en familia en actos escolares o paseos públicos'" (fs.252); "La contención dada a Emanuel y Francisco se advierte también de la lectura de los informes brindados por la directora del Jardín Nucleado nro. 115 de Chabás (fs.122) y por la médica pediatra que asiste a los menores (ver fs.123/124)" (fs.252); "Bajo esta referencia, no cabe dudas que la guarda discernida a favor de la demandada coadyuva, fuertemente, a satisfacer 'el interés superior del niño' definido por la Corte Interamericana como." (fs.252). Frente a estos argumentos, el apelante no expuso y ni siquiera intentó persuadir en la instancia de grado ni en esta sede -tampoco advierte este tribunal-cuáles son las razones por las que consideraba que el otorgamiento a su cargo de la tenencia de los niños, tendría virtualidad para tutelar adecuadamente el "interés superior del niño", por importar una mejora de las condiciones actuales en que se encuentran los menores, como tampoco precisó los inconvenientes que traería aparejado mantener la guarda provisoria otorgada en su oportunidad, a la tía de los niños. 4.4. Viene al caso señalar que el artículo 3.1. de la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional en el ámbito del derecho público (arts. 75, incs. 22 y 23 Const. Nac.)establece que:"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". En ese contexto y conforme a lo solicitado por el señor Defensor General, la Alzada convocó a una audiencia para escuchar a los menores con la presencia de todas las partes, de cuya celebración da cuenta el acta obrante de fecha 23.10.2008 y en laque los niños manifestaron que: ".están contentos de vivir en Chabás."; ".Saben que el papá vive en Mendoza, pero que no se acuerdan de él. No saben cómo se llama y dicen que nunca lo ven. Dicen que no lo conocen. Que tampoco les interesa conocerlo." (fs.303). Cabe destacar que la presencia de los menores en todo procedimiento que pudiera afectarlos resulta esencial, conforme alo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y en la ley 26.061 que la internaliza y reglamenta. En efecto, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece que: "1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2.Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional". Por su parte, la ley 26.061 en su artículo 24 contempla el derecho del menor a ser oído, el que debe ser respetado en función del "interés superior del niño" (art.3 ley 26.061), destacando además que ".Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos" (art.2 ley 26.061). Tan es ello así que se considera en la doctrina de los autores y en la jurisprudencia que la intervención de los menores en el procedimiento ".ya no es una facultad del juez sino un derecho constitucional del sujeto en su condición de tal. Puede decirse que en el contexto de la ley 26.061 así como el interés superior del niño es un principio guía, el derecho a ser oído representa el derecho esencial en la economía del referido ordenamiento. Los cambios sustanciales acaecidos con la reforma constitucional en este aspecto, así como la normativa nacional 26.061, todavía no han sido reflejados en los procedimientos judiciales, con los alcances y extensión que señalan aquellas disposiciones. En realidad, la intervención del niño en el procedimiento, en tanto se debatan cuestiones personales o patrimoniales que lo afecten, ya no puede ser discutido en el estado actual de nuestra legislación. Su admisibilidad es imperativa, por fuerza de las disposiciones constitucionales vigentes y de la ley nacional 26.061 que sigue sus lineamientos" (cfr. SOLARI, Néstor E., Extradición y derechos del niño, nota a fallo en La Ley, 11.08.2008; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, El derecho constitucional del menor a ser oído, Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 7, Ed.Rubinzal Culzoni, Sante Fe 1994, págs.157/188; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y LAMM, Eleonora, Pasos jurisprudenciales (dos firmes, otro no tanto) a favor de la guarda compartida. Una visión comparativa a través del nuevo derecho español e italiano en la materia, Jurisprudencia Argentina, fascículo 10, 03.09.2008, 2008-III, págs.3/31, y las referencias de las autoras al interés superior del niño y el derecho a ser escuchado en el derecho español e italiano). La audiencia celebrada con la presencia de los menores corrobora lo anteriormente expuesto y la conveniencia de mantenerla guarda otorgada en su oportunidad a la tía materna de los niños. También debe tenerse presente que en un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyos los fundamentos vertidos en el dictamen del Procurador General, sostuvo en relación al denominado "interés superior del niño" al que -como se ha señalado-aluden diversas convenciones internacionales -y que en nuestro derecho han merecido consagración legislativa en el artículo 31 inciso f de la ley 26.061-, que ".ese mejor interés es lo que define la consistencia de cualquier litis en la que se discuta la guarda de una persona menor de edad.", destacando además que ".para sustraer temporalmente al hijo de su ambiente habitual, modificando el régimen de vida que llevaba al entablarse la relación litigiosa, deben mediar causas muy serias relacionadas con su seguridad o la salud moral y material." (v. CSJN,29.04.2008, "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa M.D.H. c. M.B.M.F.", 29.04.2008, en Zeus, bol. del 30.06.2008,Revista n° 9, T.107, fallo nro. 17.017, págs.468/476 y los fundamentos y la copiosa bibliografía que se cita en el dictamen del Procurador Beiró de Concalvez; v. tb.el fallo en La ley,28.05.2008, fallo n° 112.527, con nota de SOLARI, Néstor, Criterios de atribución de la tenencia en un fallo de la Corte Suprema). Se puntualizó en esa decisión que: "En los litigios como el que nos ocupa hoy, se encuentra claramente comprometida la salud del niño, considerada en la acepción más amplia del término, tal como lo hace la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Va de suyo que un cambio de guarda -a pesar de su carácter eminentemente precario-es siempre un asunto de extrema trascendencia para el hijo. Esta sola observación, impone un juicio que balancee con especial esmero las consecuencias del infante en términos beneficio-daño, valoración que ha de abarcar ineludiblemente la evaluación del impacto psicológico del desarraigo. Entiendo, pues, que en los procesos en los que se debate la custodia de un niño, ese derecho a la salud -reconocido como atributo inherente a la dignidad humana y, por ende, inviolable-, interpela directamente a los Jueces, como una manda de jerarquía superior, que reclama la búsqueda de los medios más idóneos para su consagración efectiva" (del dictamen del Procurador General de la Corte en el fallo cit.). Con referencia a anteriores precedentes, también se recordó en el fallo citado que: ".la regla del art. 3.1. de la CDN que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene -al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias-, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de los padres.Por tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación puntual en cada caso concreto". "En otro orden de ideas, se afirmó que en la medida que todo cambio implica un 'trauma' para el niño debe demostrarse que de no llevarlo a cabo le causaría un daño mayor o más grave". "Tales reglas hermenéuticas son las que deben regir la solución del caso, sin que resulte óbice para ello que el expediente citado haya sido sobre una adopción y el presente acerca de una tenencia, pues en definitiva, lo que se trata de interpretares el 'interés superior del niño' (art. 3.1. de la Convención sobre os Derechos del Niño) ante decisiones que puedan perjudicarlo"(CSJN, fallo cit. supra, del voto del doctor Zaffaroni; cfr. tb. sobre el "interés superior del niño", CSJN, 19.02.2008, "G., H. J. y otra", del dictamen del Procurador General de la Corte, en Lexis Nexis, 2008-II, fascículo 8, 21.05.2008, con nota de SAMBRIZZI, Eduardo A., la Corte Suprema de Justicia de la Nación reitera su doctrina sobre la conveniencia de no modificar, en principio, situaciones de hecho consolidadas en materia de guarda preadoptiva, págs.22/31; CSJN, 28.05.2008, "Lagos Quispe, Leonidas", en La Ley 11.08.2008, fallo n° 112.750, con nota de SOLARI, Néstor, Extradición y derechos del niño). Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la apelación. En consecuencia, sobre la primera cuestión, voto por la afirmativa. Sobre esta misma cuestión, el señor vocal doctor Silvestri, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo:Que adhiere a los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra, y vota por la afirmativa. Concedida la palabra al señor vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que coincide con lo manifestado por la señora vocal doctora Serra y vota afirmativamente a esta cuestión. Sobre la segunda cuestión la señora vocal doctora Serra, dijo: Atento al resultado de la votación anterior, corresponde rechazar el recurso de apelación. Las costas de la alzada debe ser íntegramente impuestas al recurrente vencido. Los honorarios de los abogados que actuaron en esta sede deben ser regulados en el cincuenta por ciento (50%) de los que se fijen en definitiva en la instancia anterior. Así voto. Sobre esta misma cuestión el señor vocal doctor Silvestri, dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en la misma forma. Concedida la palabra al señor vocal doctor Ariza, a esta cuestión dijo: Que concuerda con lo expresado por la señora vocal preopinante y vota de la misma manera. Por tanto, la Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia número 941 del 17 de agosto de 2006. 2. Imponer las costas de la alzada íntegramente a la recurrente vencida. 3. Regular los honorarios de los abogados que actuaron en esta sede en el cincuenta por ciento(50%) de los que se fijen en definitiva en la instancia anterior. Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta sentencia en el protocolo del juzgado de origen. SERRA.SILVESTRI.ARIZA. Publicado por
"García Méndez Emilio y Musa Laura s/ causan1 7537".S.C. G. 147; L. XLIV.-Procuración General de la Nación-1-S u p r e m a C o r t e :Al sólo efecto de que V.E. pueda pronunciarse sobrela cuestión planteada, mantengo el recurso de queja interpuesto.Buenos Aires, 10 de abril de 2008.-ES COPIA ESTEBAN RIGHI-2-G. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-3-Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el FiscalGeneral ante la Cámara Nacional de Casación Penal en lacausa García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N°7537", para decidir sobre su procedencia.Considerando:11) Que la Sala III de la Cámara Nacional de CasaciónPenal, al hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidadinterpuestos por la Fundación Sur, resolvió: "II)Declarar la inconstitucionalidad del art. 11 de la ley 22.278,con los alcances aquí fijados. III) Poner en conocimiento delas Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal yCorreccional y Federales, a los jueces de menores y federales,a la Defensoría General y Procuración General de la Nación, delo aquí resuelto. IV) Hacer saber a los jueces de menores yfederales que deberán comunicar lo aquí resuelto a aquellosorganismos administrativos que intervengan conforme lasprevisiones de la ley 26.061 (Título IV) sean Nacionales o dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires. V) Exhortar al PoderLegislativo para que dentro de un plazo no mayor a un (1) año,adecue la legislación penal en materia de menores a los nuevosestándares constitucionales y establezca un sistema integral ycoordinado con la ley 26.061. VI) Encomendar a los jueces demenores a que convoquen a una mesa de diálogo e inviten a losactores involucrados con la problemática de los menores, juntocon el accionante, la Secretaría Nacional de Niñez,Adolescencia y Familia, los Directores o Encargados de losInstitutos de Menores y a organizaciones civiles que pretendaparticipar, para que: 1) Dentro de un plazo no mayor a 90 díasse ordene la libertad progresiva de los menores de 16 años quea la fecha se encuentren dispuestos en los términos de la ley22.278 y se articule con los organismos administrativos con-4-competencia en la materia la confección de los planesindividuales y se adopten las medidas que la normativaautoriza (arts. 32 y ss. de la ley 26.061) para cumplir con elobjeto de la protección integral de los niños; 2) Con relacióna los casos de menores de 16 años que ingresen al sistemapenal por una supuesta infracción a la ley penal, conposterioridad al día de la fecha, aplicar la misma modalidadaquí expuesta, para que Cuna vez comprobada la edad del menorCen un plazo no mayor de 90 días se implementen con relación aellos los planes mencionados en los arts. 32 y ss. de ley26.061, para su oportuna incorporación. 3) Planificar yevaluar las propuestas para una implementación estructural delos planes y políticas mencionados en los arts. 32 y ss. deley 26.061; debiendo remitir a esta Sala en forma bimestral uninforme que dé cuenta del resultado y contenido de los avancesde las reuniones que a tal fin se realicen. VII) Convocar alos jueces de menores, conforme a la representación que ellosacuerden, y a los demás actores que intervengan en la mesa dediálogo para el día 18 de marzo de 2008, a las 11:30 hs. a unaprimera audiencia ante esta Sala a fin de poner enconocimiento los avances implementados, conforme las pautasaquí fijadas". Contra ello, el Fiscal General ante dichaCámara interpuso recurso extraordinario, cuya denegaciónmotiva esta queja.21) Que esta Corte, en su sentencia del 18 de marzodel corriente año, declaró la admisibilidad del recurso extraordinarioy, sin que ello implicara un pronunciamientosobre el fondo del asunto, suspendió la decisión recurrida(fs. 69). El Procurador General, con motivo de la vista que lefue corrida, mantuvo el recurso extraordinario al solo efectode que el Tribunal pueda pronunciarse. Corresponde, entonces,examinar en la presente oportunidad la sustancia del subG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-5-examine.31) Que la Convención sobre los Derechos del Niño (enadelante la Convención), al tiempo que ha reconocido que elniño es un sujeto de derecho pleno, no ha dejado de advertirque es un ser que transita un todavía inacabado procesonatural de constitución de su aparato psíquico y de incorporacióny arraigo de los valores, principios y normas que hacena la convivencia pacífica en una sociedad democrática. De ahíque aluda a la "evolución" de las facultades del niño (arts. 5y 14.2), a la evolución de su "madurez" (art. 12), y alimpulso que debe darse a su "desarrollo" (arts. 18.1, 27.2),físico, mental, espiritual, moral y social (art. 32.1). Es porello, además, que los Estados habrán de garantizar el"desarrollo" del niño (art. 6.2).La Convención, por ende, pone en evidencia un dobleorden de consideraciones, además de la derivada de su art. 43,vale decir, haber dejado intactas, salvo en cuanto las hayamejorado, todas las protecciones que otros textos internacionaleshabían enunciado en punto a los niños. Por un lado,da por presupuesto que los niños gozan de los derechos que lecorresponden, en tanto que personas humanas. Por el otro, enatención a lo antedicho, tiende, como objetivo primordial, a"proporcionar al niño una protección especial", con lo cual eltratado continúa, no sin profundizarla, la orientación que yahabían marcado los instrumentos internacionales queexpresamente menciona el párrafo octavo de su preámbulo.Por ello, a los fines del sub lite, interesa particularmentesubrayar que dicha protección especial importareconocer lo que todo niño es, vale decir, un sujeto pleno dederechos, y, por consiguiente, configurar la "protección especial"en términos de concretos derechos, libertades y garantías,a las que los Estados deben dar "efectividad", adop-6-tando todas las medidas administrativas, legislativas y deotra índole, requeridas a tal fin (Convención, art. 4).La Convención, en breve, supone una redefinición delos nexos que median entre el niño, por un lado, y las institucionesestatales y el universo de los adultos, por el otro,y también las que vinculan a estas últimas con los padres delos niños y la familia en general.41) Que uno de los principios establecidos por laConvención se relaciona con el "trato" a que tiene "derechotodo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales"(Convención, art. 40.1). Este derecho es el de sertratado "de manera acorde con el fomento de su sentido de ladignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño porlos derechos humanos y las libertades fundamentales de tercerosy en la que se tengan en cuenta la edad del niño y laimportancia de promover la reintegración del niño y de queéste asuma una función constructiva en la sociedad" (ídem).Cabe advertir que la noción de reintegración parte de asumirque las dificultades que afronta un niño no son necesariamenteindividuales, y considerar relevante, en cambio, el mediosocial en que vive.Súmase al principio indicado, otro no menos relevante.La Convención dispone que los Estados Partes tomaránlas medidas apropiadas para promover el establecimiento deleyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicospara los niños "a quienes se acuse o declare culpables dehaber infringido esas leyes, y en particular [...] b) Siempreque sea apropiado y deseable, la adopción de medidas paratratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechoshumanos y las garantías legales" (art. 40.3). Un resultadode igual tenor se impone a la luz de las Reglas de BeiG.147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-7-jing, en cuanto establecen que incluso para los "menores delincuentes"pasibles de sanción, "[s]e examinará la posibilidad,cuando proceda, de ocuparse de [éstos] sin recurrir a lasautoridades competentes [...] para que los juzguen oficialmente"(11.1). Esta práctica, explica el comentario de lacitada regla, en muchos casos constituye la "mejor respuesta",y sirve para mitigar los efectos negativos de la continuacióndel procedimiento en la administración de justicia de menores.Para el niño no pasible de sanción, en consecuencia, cobratoda su magnitud el art. 40.4 de la Convención relativo a las"diversas medidas" ajenas a los procedimientos judiciales, y a"otras posibilidades alternativas a la internación eninstituciones", que debe prever el Estado.En esta línea de ideas, asimismo, se inscribe laCorte Interamericana de Derechos Humanos: la jurisdicciónespecial para niños en conflicto con la ley, así como lasnormas y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse,inter alia, por la posibilidad de adoptar medidas paratratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judicialesy, en el caso de que un proceso judicial sea necesario, sedisponga de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológicopara el niño durante el procedimiento, control respectode la manera de tomar el testimonio del niño y regulación dela publicidad del proceso (Caso "Instituto de Reeducación delMenor vs. Paraguay", sentencia del 2-9-2004, Serie C N1 112,párr. 211). Por otra parte, siempre que esté en juego lapersona de un niño, el contenido del derecho a su libertadpersonal "no puede deslindarse del interés superior del niñorazón por la cual requiere de la adopción de medidas especialespara su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad"(ídem, párr. 225). Es pertinente también reproducirlos términos en que la citada Corte ha censurado el com-8-portamiento de gobiernos que toleran una práctica sistemáticade violencia contra niños en situación de riesgo: "En primerlugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria,privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna eimpidiéndoles el 'pleno y armonioso desarrollo de su personalidad',a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar unproyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por lospoderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y enel de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentancontra su integridad física, psíquica y moral, y hastacontra su propia vida" (Caso de los "Niños de la Calle" (VillagránMorales y otros) vs. Guatemala, sentencia del 19-11-1999, Serie C N1 63, párr. 191).5°) Que estos derechos especiales que tienen losniños por su condición, no constituyen sólo un postulado doctrinariosino un imperativo constitucional que se erige, nadamenos, que en pauta determinante de la nueva perspectiva quedebe informar el sistema. Por otro lado, entre dicho imperativoy el régimen de la ley 22.278 en cuanto regula los casosde menores no punibles, media una fuerte tensión. Así, porejemplo, los menores son privados de su libertad, bajo calificacionestales como "dispuestos", "internados" o "reeducados"o "sujetos de medidas tutelares", situaciones que hansignificado, en muchos casos, el encierro en condiciones desimilar rigurosidad que la aplicada en la ejecución de laspenas impuestas a los adultos, aunque con efectos más dañinos,pues interrumpe su normal evolución.La mencionada tensión se manifiesta principalmenteen dos características tan distintivas como criticables, asaber: el "retaceo" de principios básicos y elementales queconforman el debido proceso, y la subsistencia de la doctrinade la "situación irregular" en el régimen de la ley 22.278,G. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-9-especialmente en su art. 11, párrafos segundo, tercero ycuarto.El Comité de los Derechos del Niño, en octubre de2002, expresó a la República Argentina su preocupación por lasubsistencia de legislación basada en la doctrina de la "situaciónirregular", abarcando en tales términos no solamentela ya derogada ley 10.903 (párrafo 15), sino también a la ley22.278 (párrafos 40 y 62). Si bien refiriéndose en conjunto aambas leyes, el Comité puntualizó que el régimen legal vigente,inspirado en la mencionada doctrina, no traza una distinciónclara entre niños que necesitan protección y cuidado yniños en conflicto con la ley penal. Aunque con la sanción dela ley 26.061 y derogación de la ley 10.903, han perdido actualidadalgunas críticas del Comité (como la incluida en elpárrafo 15 de que no hay norma alguna que considera al menorsujeto de derechos), hay otras que sí mantienen vigencia. Enefecto el régimen de la ley 22.278 no ha sido aún ajustado alos estándares prescriptos por la Convención sobre los Derechosdel Niño y otros documentos que apuntan a superar lasprácticas inspiradas en el paradigma de la "situación irregular"y son mencionados por el Comité en sus recomendaciones(párrafo 63.a). Por otro lado, cabe recordar que el Comitétambién puso de resalto el número de niños, especialmente defamilias pobres, que se encuentran privados de un medio familiary colocados en instituciones de asistencia pública o eninternados, a menudo lejos de su hogar (Observaciones finales:Argentina, 9-10-2002, CRC/C/15/Add.187, párrs. 15, 40, 42, 62y 63). El Comité se refirió a la "eliminación del conceptotradicional de 'situación irregular'" también al expedirsesobre la situación de otros países (Observaciones finales:Paraguay, 12-10-2001, CRC/C/15/Add.166, párr. 10. b;Observaciones finales: El Salvador, CRC/C/15/Add.232, 4-6--10-2004, párr. 3. d, y Observaciones finales: Guatemala, 8-6-2001, CRC/C/15/Add.154, párrs. 11 y 56).Como conclusión, el Comité recomendó a la Argentina,inter alia, que: a. establezca mecanismos y procedimientosapropiados para hacer frente a la situación de los niños quenecesitan atención y protección; b. revise sus leyes yprácticas relativas al sistema de justicia de menores paralograr cuanto antes su plena conformidad con las disposicionesde la Convención, en particular los arts. 37, 39 y 40, asícomo con otras normas internacionales en la materia, como lasReglas de Beijing y las Directrices de las Naciones Unidaspara la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices deRiad), y c. asegure que exista una clara distinción, en cuantoa procedimientos y trato, entre los niños que tienenconflictos con la justicia y los niños que necesitan protección(cit. párrs. 41 y 63 a y c).61) Que, con todo, la fuerte tensión señalada nopuede justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tiendaa arbitrar, sin más, una suerte de régimen general sustitutivodel previsto por la ley 22.278, y nada menos que con losalcances que le confiere el fallo apelado. Este último, entérminos generales, no es censurable por el diagnóstico queformula acerca de los males que padece el sistema vigente; sílo es respecto del medio escogido para superarlos. Variasrazones concurren a ello. Tal como lo reiteró esta Corte no espropio del cometido fijado al Poder Judicial en el art. 116 dela Constitución Nacional dictar una sentencia con carácter denorma general derogatoria de las disposiciones en cuestiónimplementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuandoresulta evidente que Cen esta materiaC tal solución requierede la suficiente e indispensable concreción de medidas depolítica pública previas (conf. arg. Fallos: 329:3089;G. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-11-330:4866).Ello implicaría sustituirse a competencias propiasde los otros poderes del Estado (Fallos: 330:4866, 4873/4874); máxime, cuando el convencional constituyente, en laúltima reforma de 1994, le ha adicionado al Congreso la atribuciónespecífica de promover medidas de acción positiva quegaranticen el pleno goce de los derechos reconocidos por laConstitución Nacional y por los tratados de derechos humanos,en particular, respecto de los niños (art. 75, inc. 23, de laConstitución Nacional).No es asunto de desaprobar solamente leyes que,basadas en la anacrónica situación irregular limiten los derechos,libertades y garantías de los niños. Se trata de eso,por cierto, pero de mucho más, como lo es establecer, al unísono,otras políticas, planes, programas generales y específicosen materia de educación, salud, deporte, adicciones,estrategias, instituciones, instalaciones debidamente calificadascon personal adecuado, recursos y normas de coordinación.Tales acciones, cuya implementación es atributo directode los poderes públicos, resultan previas a cualquier medidade alcance general Ccomo la apeladaC que, con el sincero espíritude creer mejorar la situación ya grave, no la favorezcay CeventualmenteC en la práctica lleve a la vulneración de losderechos que intenta proteger.Es dable afirmar que las cuestiones que encierra laproblemática de los menores en conflicto con la ley penal, sonde una delicadeza, gravedad y complejidad extremas, tanto ensus causas, como en sus consecuencias personales y conrelación a la comunidad toda. El análisis de tales aspectosremite al diseño de las políticas públicas en general, y lacriminal en particular, que ameritan un debate profundo yjuicios de conveniencia, que exceden la competencia de esta-12-Corte.71) Que, de todos modos, el tribunal no puede permanecerindiferente ante la gravedad de la situación y lademora en proceder a una adecuación de la legislación vigentea la letra del texto constitucional y, en especial, a la de laConvención sobre los Derechos del Niño. Por consiguiente caberequerir al Poder Legislativo que, en un plazo razonable,adecue la legislación a los estándares mínimos que en lopertinente surgen de los instrumentos internacionales sobrederechos humanos incorporados a la Constitución Nacional (art.75, inc. 22, segundo párrafo).81) Que el texto de la ley 26.061 permite afirmar,sin mayor esfuerzo interpretativo, que la política de protecciónintegral de derechos de las niñas, niños y adolescentes"debe ser implementada mediante la concertación articulada deacciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma deBuenos Aires y los Municipios (...) en la elaboración de a)políticas, planes y programas de protección de derechos, (...)c) recursos económicos; (...) e) medidas de protección dederecho" (arts. 32 y 33).Por lo tanto y en atención a todo lo que se llevadicho, resulta de toda urgencia y necesidad que los organismosadministrativos nacionales y locales con competencia en lamateria emprendan las acciones necesarias con el propósito detrazar y ejecutar políticas públicas que tiendan, en todo loque sea apropiado, a excluir la judicialización de losproblemas que afectan a los menores no punibles, es deciraquellos que no han alcanzado la edad mínima para ser imputadospor infringir la ley penal (arts. 40.3 y 40.4 de la Convenciónde los Derechos del Niño).En este orden de razonamiento, corresponde requerira los Poderes Ejecutivos Nacional y local para que, a travésG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-13-de los organismos administrativos correspondientes, en unplazo razonable, adopten las medidas que son de su resorte.91) Que la función del derecho, en general, es la derealizarse; lo que no es realizable nunca podrá ser derecho.En este cometido, la medida adoptada aparece como la másadecuada para hacer efectivos los derechos y garantías consagradosen la Constitución Nacional. Aquélla se funda en el rolinstitucional que le compete a esta Corte como Poder delEstado, sin desentenderse de las relaciones que deben existircon los otros poderes, los que Cclaro estáC se encuentrantambién vinculados con el propósito constitucional de afianzarla justicia. Dichos departamentos de Estado constituyen, en elcaso concreto, el canal adecuado para llevar a cabo aquellasacciones sin cuya implementación previa, se tornaría ilusoriacualquier declaración sobre el punto.10) Que el deber del Estado de respetar los derechosreconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,incumbe a cualquier poder y órgano, independientemente de sujerarquía, so pena de incurrir en responsabilidadinternacional (Caso "Ultima tentación de Cristo (Olmedo Bustosy otros)" Serie C 73, sentencia del 5 de febrero de 2001 de laCorte Interamericana de Derechos Humanos).No se deja de apreciar entonces, que todos los órganosdel Estado deben asumir los roles de garante (art. 1.1Convención Americana), que a cada uno, de acuerdo a sus atribucionesconstitucionales y legales, les corresponde. Así,entre "las medidas de otra índole" que el Estado debe arbitrarpara dar efectividad a los derechos reconocidos en laConvención (art. 2) se inscriben las sentencias judiciales.Los tribunales están obligados a atender como consideraciónprimordial al interés superior del niño, sobre todo cuando esdoctrina de esta Corte que garantizar implica el deber de-14-tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculosque pudiesen existir para que los individuos puedan disfrutarde los derechos reconocidos en la Convención (Fallos:318:514).En coincidencia, entonces, con los estándares internacionalesya señalados, les corresponde a los jueces, encada caso, velar por el respeto de los derechos de los que sontitulares cada niña, niño o adolescente bajo su jurisdicción,que implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacerefectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y 40.2.b de laConvención sobre los Derechos del Niño).11) Que, la ley 26.061, que establece un sistema deprotección integral de las niñas, niños y adolescentes, únicamentederoga a la ya citada ley 10.903. Por lo tanto, lainterpretación de la ley 22.278 no debe ser efectuada en formaaislada sino en conjunto con el resto del plexo normativoaplicable, como parte de una estructura sistemática, y enforma progresiva, de modo que mejor concilie con la ConstituciónNacional y con los tratados internacionales que rigen lamateria, allí previstos.Es menester tener en cuenta una de las pautas demayor arraigo en la doctrina de este Tribunal, conforme a lacual la inconsecuencia o la falta de previsión jamás debesuponerse en la legislación, y por esto se reconoce comoprincipio inconcuso que la interpretación de las leyes debehacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugnasus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptandocomo verdadero el que las concilie y deje a todas convalor y efecto (Fallos: 310:195; 320:2701; 321:2453; 324:1481, entre otros). Y comprende además, su conexión con otrasnormas que integran el ordenamiento vigente, del modo quemejor concuerde con los principios y garantías de la ConstiG.147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-15-tución Nacional (Fallos: 292:211; 297:142; 307:2053, 2070).12) Que también les concierne a los jueces mantenerun conocimiento personal, directo y actualizado de las condicionesen la que se encuentran los niños sujetos a internación(densidad poblacional de los institutos, higiene, educación,alimentación, adecuado desempeño personal), con el fin detomar todas aquellas medidas que sean de su competencia y quetengan como efecto directo un mejoramiento en la calidad devida de los niños. En especial, deberán revisar, permanentementey en virtud de ese conocimiento inmediato, la convenienciade mantener su internación. Todo ello implica no otracosa que el cumplimiento del artículo 31, tercer párrafo de laConvención sobre los Derechos del Niño, en todo cuanto seaincumbencia de los jueces.Por otra parte, específicamente, en relación a losniños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido laedad mínima, el Comité de los Derechos del Niño, ha reconocido,recientemente, que si bien no pueden ser formalmente acusadosni considerárselos responsables en un procedimientopenal, "si es necesario, procederá adoptar medidas especialesde protección en el interés superior de esos niños" (ObservaciónGeneral N° 10/2007, "Derechos del niños en la Justicia demenores", del 25 de abril de 2007, párr. 31).En efecto, es función también de los magistradoscompetentes en la materia, adoptar dichas medidas, agotandotodas las variables que permitan orientarse, prioritariamente,hacia servicios sustitutivos de la internación que puedan serdispuestos, según las circunstancias particulares de cadaniño, teniendo como horizonte su interés superior. Ello, conel fin de evitar la estigmatización y no solamente porqueresultan más beneficiosas para el menor, sino también para laseguridad pública, por la criminalización que, a la postre,-16-puede provocar la institucionalización y el consiguiente condicionamientonegativo. Obviamente, que en el ejercicio dedicho rol, les corresponde controlar, no sólo su procedenciaen cada caso, sino también, periódicamente, si las circunstanciasque las motivaron han cambiado, tanto como, la vigenciade su necesidad y razonabilidad.13) Que, en tales condiciones, corresponde requeriral Poder Legislativo que, en un plazo razonable, adecue lalegislación en la materia a los estándares mínimos que surgende los instrumentos internacionales incorporados a la ConstituciónNacional y a que, los poderes Ejecutivos Nacional ylocal, a través de sus organismos administrativos competentesimplementen efectivamente las medidas que son de su resorte.En consecuencia, se impone revocar la sentenciaapelada, lo cual en nada impide y en todo exige, naturalmente,que los jueces con competencia en causas relativas a menoresno punibles en la situación de la ley 22.278, dicten, cuandocorrespondiere, las decisiones que en el caso concreto seanrequeridas para la salvaguarda de los derechos y libertadesdel menor y para la protección especial a que éste esacreedor, con arreglo a la Constitución Nacional y con lostratados internacionales que rigen la materia, allí previstos.Por ello, se hace lugar a la queja, y al recurso extraordinariointerpuestos, y se revoca la sentencia apeladacon los alcances indicados. Acumúlese la queja al principal,-//-G. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-17--//- hágase saber, practíquense las comunicaciones ordenadasa los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacional y local, y a laCámara Nacional de Casación Penal a efectos de que transmitala presente a todos los jueces competentes en la materia, a laDefensoría General y a la Procuración General de la Nación.Oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I.HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGOPETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAULZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.ES COPIAVO-//--18-G. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-19--//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGOPETRACCHIConsiderando:1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de CasaciónPenal, al hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidadinterpuestos por la Fundación Sur, resolvió: "II)Declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 22.278,con los alcances aquí fijados. III) Poner en conocimiento delas Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal yCorreccional y Federales, a los jueces de menores y federales,a la Defensoría General y Procuración General de la Nación, delo aquí resuelto. IV) Hacer saber a los jueces de menores yfederales que deberán comunicar lo aquí resuelto a aquellosorganismos administrativos que intervengan conforme lasprevisiones de la ley 26.061 (Titulo IV) sean Nacionales o dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires. V) Exhortar al PoderLegislativo para que dentro de un plazo no mayor a un (1) año,adecue la legislación penal en materia de menores a los nuevosestándares constitucionales y establezca un sistema integral ycoordinado con la ley 26.061. VI) Encomendar a los jueces demenores a que convoquen a una mesa de diálogo e inviten a losactores involucrados con la problemática de los menores, juntocon el accionante, la Secretaría Nacional de Niñez,Adolescencia y Familia, los Directores o Encargados de losInstitutos de Menores y a organizaciones civiles que pretendaparticipar, para que: 1) Dentro de un plazo no mayor a 90 díasse ordene la libertad progresiva de los menores de 16 años quea la fecha se encuentren dispuestos en los términos de la ley22.278 y se articule con los organismos administrativos concompetencia en la materia la confección de los planesindividuales y se adopten las medidas que la normativaautoriza (arts. 32 y ss de la ley 26.061) para cumplir con el-20-objeto de la protección integral de los niños; 2) Con relacióna los casos de menores de 16 años que ingresen al sistemapenal por una supuesta infracción a la ley penal, con posterioridadal día de la fecha, aplicar la misma modalidad aquíexpuesta, para que Cuna vez comprobada la edad del menorC enun plazo no mayor de 90 días se implementen con relación aellos los planes mencionados en los arts. 32 y ss. de la ley26.061, para su oportuna incorporación. 3) Planificar yevaluar las propuestas para una implementación estructural delos planes y políticas mencionados en los arts. 32 y ss. deley 26.061; debiendo remitir a esta Sala en forma bimestral uninforme que dé cuenta del resultado y contenido de los avancesde las reuniones que a tal fin se realicen. VII) Convocar alos jueces de menores, conforme a la representación que ellosacuerden, y a los demás actores que intervengan en la mesa dediálogo para el día 18 de marzo de 2008, a las 11.30 hs., auna primera audiencia ante esta Sala a fin de poner enconocimiento los avances implementados, conforme las pautasaquí fijadas". Contra ello, el Fiscal General ante dichaCámara interpuso recurso extraordinario, cuya denegaciónmotiva esta queja.2°) Que esta Corte, en su sentencia del 18 de marzodel corriente año, declaró la admisibilidad del recurso extraordinarioy, sin que ello implicara un pronunciamientosobre el fondo del asunto, suspendió el pronunciamiento apelado(fs. 69). El Procurador General, con motivo de la vistaque le fue corrida, mantuvo el recurso extraordinario al soloefecto de que el Tribunal pueda pronunciarse. Corresponde,entonces, examinar en la presente oportunidad la sustanciadel sub examine.3°) Que la Convención sobre los Derechos del Niño (enadelante la Convención), al tiempo que ha reconocido que elG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-21-niño es un sujeto de derecho pleno, no ha dejado de advertirque es un ser que transita un todavía inacabado procesonatural de constitución de su aparato psíquico y de incorporacióny arraigo de los valores, principios y normas que hacena la convivencia pacífica en una sociedad democrática. De ahíque aluda a la "evolución" de las facultades del niño (arts. 5y 14.2), a la evaluación de su "madurez" (art. 12), al impulsoque debe darse a su "desarrollo" (arts. 18.1, 27.2), físico,mental, espiritual, moral y social (art. 32.1). Es por ello,además, que los Estados habrán de garantizar el "desarrollo"del niño (art. 6.2), entendido este término "en su sentido másamplio, como concepto holístico" (Comité de los Derechos delNiño, Observación general N° 5. Medidas generales de aplicaciónde la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42y párrafo 6 del artículo 44), 2003, CRC/GC/ 2003/5, pár. 12, yCorte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Instituto deReeducación del Menor" vs. Paraguay, sentencia del 2-9-2004,Serie C N° 112, pár. 161). De ahí también que este tratadodisponga que la educación deberá estar encaminada a "prepararal niño para asumir una vida responsable en una sociedadlibre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdadde los sexos y amistad entre todos los pueblos, gruposétnicos, nacionales y religiosos y personas de origenindígena" (art. 29.1.d). Es el descripto el "incuestionabledato óntico" señalado por el Tribunal en "Maldonado" (Fallos:328:4343, 4381).La Convención, por ende, pone en evidencia un dobleorden de consideraciones, además de la derivada de su art. 43,vale decir, haber dejado intactas, salvo en cuanto las hayamejorado, todas las protecciones que otros textos internacionaleshabían enunciado en punto a los niños (vgr.: PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6.5,-22-10.2.b y 3, 14.1 y 4, 23.4 y 24; Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, arts. 10.3 y 12.2.a;Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 19, 5.5 y4.5, entre otros; asimismo: Declaración Universal de DerechosHumanos, art. 25.2 y Declaración Americana de los Derechos yDeberes del Hombre, art. VII). Por un lado, da por presupuestoque los niños gozan de los derechos que le corresponden entanto que personas humanas. Por el otro, en atención a loantedicho, tiende, como objetivo primordial, a "proporcionaral niño una protección especial", con lo cual el tratado continúa,no sin profundizarla, la orientación que ya habíanmarcado los instrumentos internacionales que expresamentemenciona el párrafo octavo de su preámbulo.Análogas conclusiones, por lo pronto, pueden seguirsedel art. 19 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos: los niños "al igual que los adultos, 'poseen losderechos humanos que corresponden a todos los seres humanos'";pero, además de ello, tienen derecho "a las medidas deprotección que su condición de menor requieren por parte de sufamilia, de la sociedad y del Estado". El precepto, enconsecuencia, debe entenderse como "un derecho adicional,complementario, que el tratado establece para seres que por sudesarrollo físico y emocional necesitan de protección especial"(Caso "InstitutoY , cit., párr. 147 y sus citas; asimismo:Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18-9-2003,Serie C N° 100, párr. 133. V. "Maldonado", cit., p. 4379).4°) Que, a los fines del sub lite, interesa particularmentesubrayar el paradigma al que se ciñó dicha protecciónespecial. Fue cuestión, por lo pronto, de abandonar losmodelos paterno-autoritarios, las orientaciones basadas en lallamada "situación irregular" del niño, los marcos tutelaresdiscrecionales, cuando no marcados por tendencias que entreG.147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-23-cruzaban compasión y represión. Fue cuestión, a su vez, dereconocer lo que todo niño es, vale decir, un sujeto pleno dederechos, y, por consiguiente, de configurar la "protecciónespecial" en términos de concretos derechos, libertades ygarantías, a las que los Estados debían dar "efectividad",adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y deotra índole, requeridas a tal fin (Convención, art. 4). Lacensura a la mentada "situación", por cierto, ya ocupó laatención de esta Corte en el recordado precedente "Maldonado"(cit., esp. ps. 4376/4379), y también la de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, la cual, asimismo, no dejó deobservar que "este cambio conceptual" suele hacer "necesarioun cambio de legislación en todos aquellos países partes deltratado [Convención sobre los Derechos del Niño], así comotambién el impulso de políticas públicas tendientes a lograrun efectivo reconocimiento en el niño de este nuevo carácterde sujeto de derecho" (Tercer informe sobre la situación delos derechos humanos en Paraguay, OEA/Ser./L/VII.110 doc. 52,9-3-2001, cap. VII, párr. 11).La Convención, en breve, tradujo una redefinición delos nexos que median entre el niño, por un lado, y lasinstituciones estatales y el universo de los adultos, por elotro, y también las que vinculan a estas últimas con los padresde los niños y la familia en general. "Implementar losderechos humanos de los niños no debe ser visto ni como unproceso caritativo, ni como el otorgamiento de favores aaquéllos" (Comité de los Derechos del Niño, Observación generalN° 5, cit., párr. 11).5°) Que uno de los principios constitutivos del nuevoparadigma radica, esencialmente, en el "trato" a que tiene"derecho todo niño de quien se alegue que ha infringido lasleyes penales" (Convención, art. 40.1). Este derecho es el de-24-ser tratado "de manera acorde con el fomento de su sentido dela dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño porlos derechos humanos y las libertades fundamentales deterceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y laimportancia de promover la reintegración del niño y de queéste asuma una función constructiva en la sociedad" (ídem).Cabe advertir, pues ilustra la impronta de la Convención, queel empleo de la palabra "reintegración", según se sigue de losdebates desarrollados durante la elaboración de aquélla,obedeció al deliberado propósito de no reiterar el término"rehabilitación" usado en el art. 14.4 del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos y, de esta forma, evitar elriesgo de que algunos Estados abusaran de la rehabilitacióncomo una indeseable forma de control social. Además, larehabilitación implicaba que la responsabilidad recaía sólo enel individuo, que podía ser apartado de la sociedad para sutratamiento, y ser liberado una vez rehabilitado. La noción dereintegración tiene un diferente punto de partida, al rechazarla asunción de que las dificultades que afronta un niño sonnecesariamente individuales, y considera el medio social deéste (Van Bueren, Geraldine, The International Law on theRights of the Child, Nijhoff, La Haya/Boston/Londres, 1998, p.173). Tal criterio, por lo demás, se ve reforzado en el subexamine a poco que se advierta que, a juicio de esta Corte,aun la pena de prisión ha de perseguir los fines"reintegradores sociales" consagrados en virtud del art. 75.22de la Constitución Nacional ("Verbitsky", Fallos 328:1146,1185).Súmase al principio indicado, otro no menos relevante.La Convención dispone que los Estados Partes tomarántodas las medidas apropiadas para promover el establecimientoG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-25-de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicospara los niños "a quienes se acuse o declare culpablesde haber infringido esas leyes, y en particular [...] b)Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidaspara tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,en el entendimiento de que se respetarán plenamentelos derechos humanos y las garantías legales" (art. 40.3).Ahora bien, si este lineamiento es aplicable a los niños queatraviesan la situación indicada, con cuanta mayor razón habráde serlo a aquellos, también mentados en la norma, "de quienesse alegue que han infringido las leyes penales", vale decir, alos que, no obstante esto último, en ningún caso podrían serpunidos, tal como ocurre según la ley 22.278, con los que nohubiesen cumplido 16 años. Es "presupuesto irrefutable" quelos menores por debajo de la edad mínima de responsabilidadpenal "no pueden ser objeto de una acusación formal y sersometidos a un procedimiento penal" (Comité de los Derechosdel Niño, Observación general N° 10. Los derechos del niño enla justicia de menores, 2007, CRC/C/GC/10, párr. 31). Unresultado de igual tenor se impone a la luz de las Reglas deBeijing, en cuanto establecen que incluso para los "menoresdelincuentes" pasibles de sanción, "[s]e examinará laposibilidad, cuando proceda, de ocuparse de [éstos] sinrecurrir a las autoridades competentes [...] para que losjuzguen oficialmente" (11.1). Esta práctica, explica el comentariode la citada regla, en muchos casos constituye la"mejor respuesta", y sirve para mitigar los efectos negativosde la continuación del procedimiento en la administración dejusticia de menores. Para el niño no pasible de sanción, enconsecuencia, cobra toda su magnitud el art. 40.4 de la Convenciónrelativo a las "diversas medidas", ajenas a los procedimientosjudiciales, y a "otras posibilidades alternativas-26-a la internación en instituciones", que debe prever el Estado.Es precisamente sobre el citado art. 40.3.b y 4 que ha puestoespecial énfasis una de las recomendaciones a los Estadosadoptadas por el Comité de los Derechos del Niño al cabo deldebate general "Violencia estatal contra el niño" (Stateviolence against children, 2000, CRC/C/100, punto 18 de lasrecomendaciones; asimismo, del citado Comité, Observacióngeneral N° 5, cit., párrs. 23/27 y 33).En esta línea de ideas, asimismo, se inscribe laCorte Interamericana de Derechos Humanos: la jurisdicciónespecial para niños en conflicto con la ley, así como lasnormas y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse,inter alia, por la posibilidad de adoptar medidas paratratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,máxime cuando el contenido del derecho a la libertad personalde aquéllos no puede deslindarse del interés superior delniño, razón por la cual requiere de la adopción de medidasespeciales para su protección, en atención a su condición devulnerabilidad (Caso "Instituto...", cit., párs. 211 y 225).Todo niño "tiene derecho a alentar un proyecto de vida quedebe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para quese desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la quepertenece" (Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Moralesy otros) vs. Guatemala, sentencia de 19-11-1999, Serie C N° 63,párr. 191).6°) Que habida cuenta que estos derechos especialesque tienen los menores por su condición, no constituyen sóloun postulado doctrinario, sino que su reconocimiento tambiénentraña un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa("Maldonado", cit., p. 4379), resulta evidente que entre dichoimperativo y el régimen de la ley 22.278 en cuanto regula losG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-27-casos de menores no punibles, media una más que fuertetensión. Esta última, en palabras del citado precedente, se hamanejado con "eufemismos". Así, por ejemplo, los menores noson sujetos de privación de la libertad, sino que son"dispuestos", "internados" o "reeducados" o "sujetos de medidastutelares". Empero, estas medidas, materialmente, hansignificado, en muchos casos, la privación de la libertad,incluso en lugares de encierro en condiciones de similar rigurosidady limitaciones que aquellos lugares donde se ejecutanlas penas de los adultos. "En la lógica de la dialécticadel derecho de menores, al no tratarse de medidas que afectanla 'libertad ambulatoria', aquellas garantías constitucionalesdirigidas a limitar el ejercicio abusivo de la prisiónpreventiva u otras formas de privación de la libertad aparecencomo innecesarias" (ídem, p. 4377). Empero, "no hay diferencia,más allá de su denominación, entre la [situación deprivación de la libertad] sufrida por el adulto durante laetapa del proceso y la soportada por un menor durante el períodode tratamiento tutelar, resultando la institucionalizaciónde los últimos, más deteriorante aún, pues interrumpe sunormal evolución. El artificio de nominar de modo diferente laprivación de libertad de cualquier persona, desde hace muchosaños se conoce en doctrina como el 'embuste de las etiquetas'"(L.1157.XL. "L., L. A. s/ causa N° 5400", sentencia del 18 dediciembre de 2007, considerando 10). Todo ello, amén de otrasdos características tan distintivas como criticables: el"retaceo" de principios básicos y elementales que conforman eldebido proceso, y la ausencia de una línea divisoria claraentre el niño imputado de un delito de aquel otro niñodesamparado (o incluso del que fue víctima), tal como sedesprende del art. 2 de la ley 22.278 y de la hermenéutica dela ley 10.903 de Patronato de Menores, conocida como "Ley-28-Agote" (art. 21; "Maldonado", cit., ps. 4376/4377).La doctrina de la situación irregular, reflejada enla ley 22.278, en consecuencia, resulta a todas luces "anacrónica",por cuanto "caracteriza al niño como un sujeto pasivoe incompetente, en contraposición a la doctrina de la'protección integral', sobre la que se basa la Convenciónsobre los Derechos del Niño" (Comisión Interamericana de DerechosHumanos, Quinto informe sobre la situación de los derechoshumanos en Guatemala, 45 OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 21rev., 6-4-2001; en igual sentido: Tercer informe sobre lasituación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1, 26-2-1999, cap. XIII, párr. 22). Una desus consecuencias más graves, es el amplio poder de discrecionalidadque concede a los jueces, lo cual, en la práctica,muchas veces se traduce en violaciones de derechos de losniños infractores de la ley penal (ídem, Tercer informeY Paraguay,cit., cap. VII, párr. 14).No es casual, entonces, que el Comité de los Derechosdel Niño, en 2002, le haya expresado a la Argentina supreocupación por cuanto: a. la ley vigente relativa al niño,10.903, se remonte a 1919 y se base en la doctrina de la "situaciónirregular", en virtud de la cual los niños son objetode protección judicial; b. no existe ninguna ley nacionalvigente en que se considere que el niño es sujeto de derechos,c. la citada ley, así como la 22.278 (que también se funda enla antedicha doctrina) no distinguen, en lo que se refiere alos procedimientos judiciales y el trato, entre los niños quenecesitan atención y protección y los niños que tienenconflictos con la justicia, y d. el número de niños,especialmente de familias pobres, que se encuentran privadosde un medio familiar y colocados en instituciones de asistenciapública o en internados, a menudo lejos de su hogar (ObG.147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-29-servaciones finales: Argentina, 4-10-2002, CRC/C/15/Add.187,párrs. 15, 40, 42, 62 y 63; en sentido análogo: Observacionesfinales: Chile, 1-2-2002, CRC/C/15/Add.173, párrs. 8 y 53). Elobjetivo, según lo indica dicho órgano internacional, no esotro que "la eliminación del concepto tradicional de 'situaciónirregular'" (Observaciones finales: Paraguay, 12-10-2001, CRC/C/15/Add.166, párr. 10.b; Observaciones finales: ElSalvador, CRC/C/15/Add.232, 4-6-2004, párr. 3.d, y Observacionesfinales: Guatemala, 8-6-2001, CRC/C/15/Add.154, párrs.11 y 56), merced al cual los niños "muchas veces se consideranobjetos (Doctrina de la situación irregular) y no sujetos delos derechos" (Observaciones finales: Perú, 21-1-2000,CRC/C/15/Add.120, párr. 17). De ahí que, en la recordadaoportunidad, haya recomendado a la Argentina, inter alia, que:a. establezca mecanismos y procedimientos apropiados parahacer frente a la situación de los niños que necesitanatención y protección; b. revise sus leyes y prácticas relativasal sistema de justicia de menores para lograr cuantoantes su plena conformidad con las disposiciones de la Convención,en particular los arts. 37, 39 y 40, así como conotras normas internacionales en la materia, como las Reglas deBeijing y las Directrices de las Naciones Unidas para laprevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), yc. asegure de que exista una clara distinción, en cuanto aprocedimientos y trato, entre los niños que tienen conflictoscon la justicia y los niños que necesitan protección (cit.párrs. 41 y 63 a y c).7°) Que, con todo, la fuerte tensión señalada nopuede justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tiendaa arbitrar, sin más, una suerte de régimen general sustitutivodel previsto por la ley 22.278, y nada menos que con losvastos alcances que le confiere el fallo apelado. Este último,-30-en términos generales, no es censurable por el diagnóstico queformula acerca de los males que padece el sistema vigente; sílo es respecto del medio escogido para superarlos. Variasrazones concurren a ello. En primer lugar, tal como lo reiteróesta Corte para 2007 en el caso "Badaro" (Fallos: 330:4866),no es propio del cometido fijado al Poder Judicial en el art.116 de la Constitución Nacional dictar una sentencia concarácter de norma general derogatoria de las disposiciones encuestión, pues ello implicaría sustituirse al Congreso en lasfunciones que le corresponden a éste (Fallos: 330:4866, 4873/4874). No es el Poder Judicial, cabe agregar, una suerte deplaza sustitutiva a la que pueden ser desplazados o traídos,para su resolución, temas que son del resorte de otrospoderes. Ni siquiera una finalidad de bien público admite quese arbitren panaceas al margen de las instituciones ("Gallettic. Provincia de San Juan", Fallos: 148:65, 80), mayormentecuando es atributo del Congreso, además del que siempre hacontado para legislar en la materia, promover medidas deacción positiva que garanticen el pleno goce de los derechosreconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados dederechos humanos, en particular, respecto de los niños (art.75.23), norma que descalifica todo accionar que en la prácticalleve a un resultado que afecte tales derechos ("Badaro",Fallos: 329:3089, 3096 y su cita C2006C).En segundo término, no demanda mayores explicacionesafirmar que las cuestiones que encierra la problemática de losmenores en conflicto con la ley penal, son de una delicadeza,gravedad y complejidad extremas. No es asunto, ciertamente, dedesaprobar normas y políticas que, basadas en la anacrónicasituación irregular, desconozcan en plenitud los derechos,libertades y garantías de los niños. Se trata de eso, porG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-31-cierto, pero de mucho más, como lo es establecer, al unísono,otras políticas, planes, programas, estrategias, institucionesy normas de coordinación que, sin incurrir en dichodesconocimiento, hagan realidad las medidas de protección alas que aquéllos tienen derecho y a cuya implementación estáobligado el Estado, para más, mediante la intervención deinstituciones debidamente calificadas para ello, que dispongande personal adecuado, instalaciones suficientes, mediosidóneos y experiencia probada en este género de tareas(Convención, art. 3; Corte Interamericana de Derechos Humanos,Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, OpiniónConsultiva OC-17/02, 28-8-2002, Serie A N° 17, párr. 78 y punto6 de la opinión). Todo ello, por su naturaleza, trasciende nosólo el ya mentado cometido jurisdiccional del Poder Judicial,sino, también, sus capacidades. Por otro lado, la cuestiónexhibe singulares contornos en las actuales circunstanciaspuesto que, en 2005, la ley 26.061 ha derogado a la ya citadaley 10.903 en el sentido de las ya mentadas Observacionesfinales dirigidas a la Argentina por el Comité de los Derechosdel Niño ("Maldonado", cit., 4369), y, después de enunciar elobjetivo de "la protección integral de los derechos de lasniñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territoriode la República Argentina, para garantizar el ejercicio ydisfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidosen el ordenamiento jurídico nacional y en los tratadosinternacionales en los que la Nación sea parte" (art. 1), haprevisto principios, derechos y garantías del niño (títuloII), un sistema de protección integral de éste (título III) ydiversos órganos destinados a ello (título IV). Más aún; elpresente problema de la minoridad, dicho esto al margen delpronunciamiento impugnado, tampoco puede reducirse, so riesgode incurrir en una superficialidad lindante con la-32-irresponsabilidad, a una suerte de toma de posición entre unau otra de las tendencias en juego, máxime cuando "puedesurgir, dialécticamente, una corriente de síntesis, deencuentro, de consenso, devolviendo a la palabra 'tutela' susentido genuino Ccomo se habla de tutela del Derecho o detutela de los derechos humanosC, su acepción original y pura:un Derecho protector, no un Derecho desposeedor de losderechos fundamentales" (Condición Jurídica y Derechos Humanosdel Niño, cit., voto concurrente razonado del juez GarcíaRamírez, párr. 24).En tales condiciones, se impone revocar la sentenciaapelada, lo cual en nada impide y en todo exige, naturalmente,que los jueces con competencia en causas relativas a menoresno punibles en la situación de la ley 22.278, dicten, cuandocorrespondiere, las decisiones que en el caso concreto seanrequeridas para la salvaguarda de los derechos y libertadesdel menor y para la protección especial a que éste esacreedor, con arreglo a las normas del bloque de constitucionalidaddel que se ha hecho mérito en esta sentencia y, encuanto fuere apropiado, a la ley 26.061. No ofrece dudas queentre las "medidas de otra índole" que el Estado debe arbitrar"para dar efectividad a los derechos reconocidos en lapresente Convención" (Convención, art. 4; en sentido análogo,Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2), se inscribenlas sentencias judiciales. Los "tribunales", al respecto,están obligados a atender, como consideración primordial,al interés superior del niño, llevando a cabo una "supervisiónadecuada" (ídem, art. 3), sobre todo cuando es doctrinade esta Corte que "garantizar" los derechos humanosimplica para el Estado el deber "de tomar todas las medidasnecesarias para remover los obstáculos que puedan existir paraque los individuos puedan disfrutar" de aquéllos ("Giroldi yG. 147. XLIV.RECURSO DE HECHOGarcía Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristinas/ causa N° 7537.-33-otro", Fallos: 318:514, 530, con cita de la CorteInteramericana de Derechos Humanos), lo cual comprende elejercicio del "control de convencionalidad" entre las normasjurídicas internas aplicables in concreto y los tratados internacionalesenunciados en el art. 75, inciso 22, de laConstitución Nacional ("Mazzeo", Fallos: 330:3248, 3297, concita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Es funciónelemental y notoria de los jueces hacer cesar, con laurgencia del caso, todo eventual menoscabo que sufra un menoren la situación mencionada de sus derechos constitucionales,para lo cual dicha supervisión implica una permanente y puntualactividad de oficio. Valga la presente, en consecuencia,como recordatorio e instrucción en tal sentido (doctrina de"Verbitsky", citado, ps. 1203/1204). Otro tanto cabe predicar,en su medida, del Ministerio Público de la Defensa.Finalmente, el Tribunal tampoco puede pasar por altoque la cuestión exige, con necesidad y apremio, la actividaddel Congreso y del Poder Ejecutivo nacionales. En consecuencia,al modo en que fue hecho en el mencionado "Badaro"de 2006 (citado, ps. 3096 y 3099), también procede, atento lasrelaciones que deben existir entre los departamentos deEstado, comunicar a dichos poderes el contenido de estasentencia a fin de que, en un plazo razonable, arbitren lasmedidas que son de su resorte.Por ello, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinariointerpuestos, y se revoca la sentencia apelada con losalcances indicados. Acumúlese la queja al principal, hágasesaber, practíquense las comunicaciones ordenadas a los podereslegislativos y ejecutivos nacionales, y a la Cámara-//--34--//- Nacional de Casación Penal a efectos de que transmita lapresente a todos los jueces competentes en la materia y,oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.ES COPIARecurso de hecho interpuesto por Raúl Omar Pleé, Fiscal General ante la CámaraNacional de Casación Penal.Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.Tribunales que intervinieron con anterioridad: Sala V de la Cámara Nacional deApelaciones en lo Criminal y Correccional y Juzgado Nacional de Menores n° 5.
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