Source: https://survey.ituc-csi.org/Barbade.html?id_edi=336&print=yes&lang=es
Timestamp: 2019-10-14 12:01:06
Document Index: 68390568

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 25', 'Artículo 2', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 4']

Barbados - CSI - Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales
El afiliado de la CSI en Barbados es el Barbados Workers’ Union (BWU).
Todos los sindicatos deben registrarse de acuerdo con la Ley de Sindicatos, o quedarán disueltos en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su formación, o a partir de la fecha de cualquier notificación por parte del Registrador rechazando su registro (Artículo 12(1), Ley de Sindicatos).
Cualquier sindicato que no haya sido registrado o disuelto en el plazo de tres meses a partir de su formación, y cualquier directivo del mismo, cometerá un delito sancionable previa condena por un tribunal de la magistratura, al pago de una multa de 25 USD por cada día que permanezca no registrado tras haber expirado dicho período (Artículo 12(4), Ley de Sindicatos). Cuando tras la retirada o cancelación de su certificado de registro, un sindicato continúe activo con otro propósito que su liquidación, cualquier secretario, administrador, miembro del comité o directivo del sindicato que siga en su cargo o que tome parte activa en sus operaciones podrá ser considerado culpable de un delito y pasible de la imposición por parte de un tribunal de una multa de 5 USD por cada día en que el sindicato continúe activo (Artículo 24(5), Ley de Sindicatos).
Cualquier alteración al reglamento de un sindicato registrado sólo tendrá efecto a partir de la fecha de registro ante el Registrador, a menos que se especifique alguna fecha concreta en dicho reglamento (Artículo 22(c), Ley de Sindicatos).
Cualquier persona que haya sido condenada por un delito en virtud del Artículo 19 de la Ley de Sindicatos (Retención o utilización inadecuada de bienes sindicales) dejará de ocupar cualquier cargo que ocupase en el sindicato y quedará inhabilitado para ocupar cualquier cargo sindical a partir de la fecha de la condena (Artículo 20, Ley de Sindicatos). Los menores de 18 años no podrán ser miembros del comité directivo, administradores o tesoreros del sindicato (Artículo 25, Ley de Sindicatos).
Se establecen restricciones de fondo y de procedimiento respecto al uso de los fondos sindicales con fines políticos, y para aquellos miembros de un sindicato que deseen objetar la aportación de contribuciones al fondo político del sindicato (Artículos 35-38, Ley de Sindicatos).
El Registrador puede retirar unilateralmente el certificado de registro a cualquier sindicato registrado, si en su opinión: (i) el sindicato ha vulnerado deliberadamente y pese a haber sido advertido por el Registrador, cualquier disposición de la Ley de Sindicatos; (ii) el sindicato ha dejado de existir; (iii) alguno de los objetivos del sindicato es ilegítimo; o (iv) las principales metas del sindicato, tal como se establecen en su Constitución, no corresponden a los objetivos que figuran en la definición de un sindicato en base al Artículo 2 de la Ley de Sindicatos, o si el Registrador considera que las metas a los que aspira realmente el sindicato no guardan conformidad con dichos objetivos (Artículos 21(d) y 24(1), Ley de Sindicatos).
La Ley de Sindicatos no se aplica a las personas pertenecientes a las fuerzas navales, al ejército o a la fuerza aérea de la Corona (Artículo 44, Ley de Sindicatos).
La Ley de Sindicatos no se aplica a los miembros de las fuerzas policiales (Artículo 44, Ley de Sindicatos).
La legislación no establece el derecho estatutario de los trabajadores a ser reconocidos como agente negociador.
La legislación no establece un sistema mediante el cual pueda declararse que un sindicato esté capacitado para negociar en nombre de los trabajadores.
Cualquier disputa, existente o prevista, puede ser remitida al Gobernador-General por o en nombre de cualquiera de las partes implicadas en la disputa, y el Gobernador-General se encargará de considerar la cuestión, adoptando las medidas que considere necesarias para promover una solución de la misma (Artículo 3(1), Ley sobre Disputas Laborales).
La Ley de Derechos en el Empleo 2012 requiere que el empleador facilite a los empleados una declaración por escrito e individualizada, incluyendo toda una serie de términos y condiciones y aspectos particulares de empleo, y establece procedimientos para garantizar que se aplique este requisito (Artículos 13 y 16). Por otro lado, no existe ningún mecanismo legal para garantizar la aplicación de cualquier convenio colectivo establecido.
No existe ningún mecanismo legal que fomente o promueva la negociación colectiva.
Los empleadores no tienen ninguna obligación legal de reconocer a los sindicatos.
La protección establecida en la Ley de Sindicatos únicamente se aplica en el caso de disputas laborales, que se definen como cualquier disputa entre empleadores y trabajadores, o entre trabajadores y trabajadores, relacionada con el empleo o no empleo, o los términos de empleo, o las condiciones de trabajo, de cualquier persona (Artículos 2 y 5, Ley de Sindicatos).
Las protecciones establecidas en la Ley de Derechos en el Empleo únicamente se aplican a la acción de huelga, definida como el cese de actividades por un colectivo de personas empleadas, actuando conjuntamente; o una negativa concertada, o una negativa en base a un entendimiento común, por parte de un grupo de personas empleadas, a continuar trabajando para un empleador como consecuencia de una disputa. Se emprende como medio para obligar al empleador o a una persona o conjunto de personas, o como medio de ayudar a otros empleadores a obligar a su empleador o a una persona o conjunto de personas a aceptar o no aceptar determinados términos o condiciones de empleo o que afecten a su empleo (Artículo 2(1), Ley de Derechos en el Empleo 2012).
El Artículo 4 de la Ley de 1920 sobre la Mejora de la Seguridad estipula que toda persona que voluntariamente interrumpa un contrato de servicio o de empleo, en conocimiento de que esto pueda causar daño a bienes muebles o inmuebles, será pasible de una multa o una pena de reclusión de hasta tres meses.
Cost-U-Less restringe la acción sindical 15-08-2017
En agosto de 2017, la compañía Cost-U-Less llamó a la policía después de que un delegado sindical cuestionara las políticas corporativas que contradecían los acuerdos negociados con el sindicato. La empresa acusó al delegado de amenazar a los representantes de la empresa con sus afirmaciones. La Secretaria General del sindicato nacional Barbados Workers’ Union (BWU), Toni Moore, indicó que, durante el año 2017, esta empresa había llevado a cabo otras acciones antisindicales, incluyendo el despido de empleados por haberse afiliado al sindicato, y que el clima de intimidación estaba desincentivando la actividad sindical.
Prácticas antisindicales del Gobierno de Barbados05-04-2017
Trabajo precario que impide la sindicalización y la negociación en el servicio doméstico31-12-2011
El trabajo doméstico en Barbados es precario debido a los bajísimos salarios que no corresponden al salario mínimo y el casi nulo acceso a la seguridad social así como a otras condiciones y garantías laborales. Esta situación impide el ejercicio del derecho de asociación y la negociación colectiva negociación colectiva El proceso de negociar términos y condiciones de trabajo mutuamente aceptables, así como de regular las relaciones laborales entre uno o varios representantes de los trabajadores/as, sindicatos o centrales sindicales por un lado, y un empleador, un grupo de empleadores o una o más organizaciones patronales por el otro.
que además, aún existiendo sindicatos, resulta casi imposible por los obstáculos legislativos que la regulan.
No existen leyes que prohíban la discriminación antisindical discriminación antisindical Cualquier práctica que sitúe en condición de desventaja a un grupo de trabajadores/as a causa de su pertenencia pasada, presente o futura a un sindicato, por llevar a cabo actividades sindicales legítimas, o por utilizar los servicios de un sindicato. Puede tratarse de despidos, descensos de categoría, acoso, etc.
, lo que facilita que se produzcan prácticas antisindicales. Así, cuando los trabajadores son despedidos por sus actividades sindicales, difícilmente logran ser reintegrados, y solo recibirán compensación si consiguen un dictamen judicial a su favor. De acuerdo con la Barbados Workers’ Union (BWU), debería adoptarse una ley que sancione legalmente a los empleadores que no respetan el derecho a la libre asociación.
El Gobierno no apoya ni garantiza las negociaciones colectivas31-12-2011
Las negociaciones colectivas tienen lugar únicamente en base a la buena voluntad de las partes o a la tradición, ya que no existe regulación legal. La legislación nacional sólo permite negociar colectivamente en representación de los trabajadores y trabajadoras si más del 50% del personal está afiliado. A menudo, a pesar del reconocimiento reconocimiento Designación por parte de una agencia del Gobierno de un sindicato en tanto que agente de negociación para los trabajadores/as en una determinada unidad de negociación, o aceptación por parte del empleador de que sus empleados puedan estar representados colectivamente por un sindicato. de los sindicatos, los empleadores se niegan a negociar una convención colectiva.