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Timestamp: 2017-10-20 10:49:10
Document Index: 185083875

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 40', 'artículo 46', 'artículo 22']

Laboralnews: RDL 5/2011, de 29 de abril sobre la regularización y control del empleo sumergido
RDL 5/2011, de 29 de abril sobre la regularización y control del empleo sumergido
El pasado 6 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, que entró en vigor a partir del 7 de mayo.
La Exposición de Motivos establece: “Existe un consenso generalizado sobre los efectos negativos de la economía sumergida y, en particular, del trabajo no declarado como elementos que distorsionan el mercado y dificultan el sistema de protección social y garantías de los trabajadores. Inconvenientes que cobran especial relevancia en un momento de la economía española, en el que el repunte de la actividad y el crecimiento económico no alcanzan las cotas suficientes para la creación de empleo neto, obstaculizando las propias posibilidades del crecimiento económico.
Además de las medidas en materia de Seguridad Social, derivadas de dicho procedimiento, en materia laboral, debe tenerse en cuenta que en caso de que el empresario se someta voluntariamente al procedimiento de regularización, podrá acogerse a la modalidad de contratación que responda a las características, finalidad y supuestos previstos en la normativa sobre modalidades contractuales”
Los plazos que se establecen para poder llevar a cabo esta regularización son desde el 7 de mayo hasta el 31 de julio de 2.011.
Las cuotas a la seguridad social que correspondan podrán ser aplazadas por el empresario en los términos reglamentariamente establecidos.
Las infracciones cometidas no serán susceptibles de sanción salvo que ya se hubiera iniciado el procedimiento sancionador o hubiera ya denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o demandas ante la Jurisdicción Social.
Los empresarios, a la hora de regularizar a los trabajadores, deben elegir una modalidad contractual válida, indefinida o eventual, siempre que se den los supuestos y circunstancias necesarias y hay que hacer constar expresamente en el contrato que el mismo se acoge al proceso de regularización previsto en este Real Decreto-Ley.
Si el contrato es eventual, la duración inicial prevista no podrá ser inferior a seis meses desde la solicitud de alta en el régimen de la seguridad social.
“En el Capítulo II, se regulan una serie de medidas destinadas a combatir el trabajo no declarado, que serán de aplicación tras la finalización del proceso de regularización voluntaria previsto en el anterior capítulo.
Por otra parte, se modifica el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, extendiéndose la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a aquellas empresas que hayan incurrido en el incumplimiento tipificado como infracción grave, previsto en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.”
“No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.”
“No comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación o alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos, considerándose una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.”
1º La infracción grave del artículo 22.2 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.
2º La infracción muy grave del artículo 23.1.a) se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros.
1º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros.
2º Las calificadas como muy graves: en su grado mínimo, con una multa de 10.001 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 euros.
“1. Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y salvo lo establecido en el artículo 46 bis) de esta Ley, los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta Ley en materia de empleo y protección por desempleo:
En caso de reiteración de la conducta tipificada en el artículo 22.2, el plazo de exclusión se ampliará a dos años. Se producirá la reiteración cuando entre la comisión de dicha infracción y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días. A estos efectos, no tendrá la consideración de reiteración la conducta empresarial que dé lugar a una pluralidad de infracciones por afectar a más de un trabajador.”
Volviendo a la Exposición de Motivos:
“En las disposiciones adicionales se regulan las consecuencias de los eventuales incumplimientos del régimen jurídico de la regularización y la previsión sobre la evaluación y seguimiento de las disposiciones de este Real Decreto-Ley, oída la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por último, en la disposición final primera, se modifica la actual regulación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual introducida en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo. En concreto, se amplía tanto el objeto de la deducción, que ya no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, como el colectivo de potenciales beneficiarios, al incrementarse el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 53.007,20 a 71.007,20 euros anuales. Al mismo tiempo, se mejora la propia cuantía de la deducción, elevándose del 10 al 20 por ciento el porcentaje de deducción, y de 4.000 a 6.750 euros anuales, la base anual máxima de deducción. Igualmente, se incrementa de 12.000 a 20.000 euros anual la base acumulada de la deducción. La nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se realicen desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012.”
Publicado por Mersus en 0:18
Ya estoy deseando que llegue el 31 de julio para ver cuántos trabajadores se han regularizado.
Pasará a la historia como Zapetero el Regularizador:
-Regularizó a los inmigrantes
-A los trabajadores en negro
-A los fumadores
-A los etarras
Y, no sigo ..... que no quiero utitlizar todo el blog
Ya les gustaría que se regularizaran 200.000 y decir que el paro ha bajado un 4%. Al final entre estos, lo que reciben cursos de formación y algún otro colectivo que se inventen va a resultar que en España no hay paro.
El plazo de regularización es sumamente breve, muchas empresas cuando conozcan el Real Decreto ya habrán perdido la posibilidad de hacer nada.
Mersus sábado, mayo 28, 2011
ElCongreso de los diputados ha convalidado el26 de mayo el Real Decreto comentado.
Desde mi punto de vista esta norma no va a tener ninguna eficacia, salvo en lo que a incremento de las sanciones se refiere.
El pensar que endureciendo las sanciones o sancionando más se va a conseguir regularizar la economía sumergida,es de necios. Las sanciones lo único que conseguirán es frenar aun más nuestra maltrecha economía.
Si queremos que se cree empleo y que desaparezcan los empleos en negro lo primero que hay que hacer es bajar las cotizaciones.
Anónimo viernes, junio 03, 2011
Un informe elaborado por la Fundación de las cajas de Ahorros (Funcas) ha manifestado que la economía sumergida ha llegado al 24%. La perdida de ingresos fiscales se situa en más de 30.000 millones de euros o lo que es lo mismo casi un 6% del PIB.