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Timestamp: 2017-08-21 10:16:50
Document Index: 358600941

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 103', 'artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

Decreto 180/2014, de 30 de diciembre, sobre el certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J) - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 180/2014, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE EL CERTIFICADO DE CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE JURÍDICO (NIVEL J) (DOGC 6780 DE 31)
La Ley 1/1998, de 7 de enero ( LCAT 1998, 13 ) , de política lingüística, reconoce, en los artículos 11 y 13, que en la provisión de plazas del personal al servicio de la Administración de justicia dependiente de la Generalidad debe acreditarse el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como en la escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate, de acuerdo con la normativa específica correspondiente, y en los términos que sean establecidos por reglamento.
Por su parte, la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del poder judicial prevé que el conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas constituye un mérito en los diferentes procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo del ámbito de la Administración de justicia, y así lo han recogido las disposiciones que la desarrollan, como el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre ( RCL 1982, 66 ) ; el Reglamento 2/2011 de la carrera judicial, aprobado por el Acuerdo de 28 de abril, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial; el Reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, aprobado por el Real decreto 1608/2005, de 30 de diciembre ( RCL 2006, 99 y 313) , y el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de justicia, aprobado por el Real decreto 1451/2005, de 7 de diciembre ( RCL 2005, 2532 ) .
Los certificados que se han tenido en cuenta en las diferentes convocatorias de procesos selectivos y de provisión de puestos del ámbito de la Administración de justicia, para atribuir el mérito por conocimiento de lengua catalana, son el nivel intermedio (B2), el de suficiencia (C1) y el superior (C2) de catalán, establecidos en el Decreto 152/2001, de 29 de mayo ( LCAT 2001, 344 y LCAT 2003, 582) , sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán, o sus equivalentes, previstos en la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre ( LCAT 2009, 711 ) , por la que se refunden y se actualizan los títulos, diplomas y certificados equivalentes a los certificados de conocimientos de catalán de la Dirección General de Política Lingüística.
El certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J), hasta la aprobación del Decreto 3/2006, de 17 de enero ( LCAT 2006, 26 ) , se regulaba en el Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán, y era expedido por la Dirección General de Política Lingüística. El Decreto 3/2006, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto anterior, suprime este certificado con el objetivo de circunscribir la evaluación y la acreditación de conocimientos de lenguajes de especialidad, y entre estos los de lenguaje jurídico, al ámbito de organismos, instituciones y entidades que imparten de manera habitual formación de dicho tipo, en la medida en que interesen a un determinado sector profesional y a las personas que aspiren a ellos.
En virtud de la Ley 18/1990, de 15 de noviembre ( LCAT 1990, 420 ) , se crea el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de Justicia, al que corresponden, entre otras funciones, la de llevar a cabo la formación especializada, inicial y permanente del personal dependiente del Departamento de Justicia, y la de colaborar con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en la formación continuada de las personas titulares de los órganos judiciales con destino en Cataluña, miembros del Ministerio Fiscal y titulares de las secretarías judiciales de Cataluña. El programa formativo del Centro acoge un programa de formación en lengua catalana, organizado y gestionado por la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia, que se dirige tanto al personal judicial como al personal al servicio de la Administración de justicia, e incluye cursos de conocimientos generales de lengua catalana y, para el personal que ya ha alcanzado un nivel de suficiencia de lengua (C1), un curso de formación específica y de profundización en lenguaje jurídico catalán (nivel J). Este último curso, de 60 horas de duración, así como el certificado que acredita su aprovechamiento, ha sido asumido por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, desde el Decreto 3/2006, de 17 de enero.
El artículo 22 del Decreto 59/2012, de 29 de mayo ( LCAT 2012, 327 ) , de modificación del Decreto 304/2011, de 29 de marzo ( LCAT 2011, 180 ) , de reestructuración del Departamento de Cultura, dispone que corresponde a la Dirección General de Política Lingüística, entre otras funciones, analizar, planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política lingüística de la Generalidad de Cataluña de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, también le corresponde promover la enseñanza de la lengua catalana a la población adulta, y convocar y administrar las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento de catalán en Cataluña y las pruebas para la habilitación profesional para la traducción y la interpretación juradas de otras lenguas al catalán y viceversa, así como emitir los certificados o títulos correspondientes.
El artículo 2 del Decreto 371/2011, de 19 de julio ( LCAT 2011, 383 ) , de organización transversal de la política lingüística establece que la Dirección General de Política Lingüística es el órgano de la Administración de la Generalidad competente en materia de política lingüística, que elabora propuestas normativas en este ámbito, vela por el tratamiento adecuado de la lengua en la normativa sectorial, elabora los planes de política lingüística, establece los usos lingüísticos de la Administración, promueve las acciones genéricas y sectoriales encaminadas a fomentar su uso, y coordina y evalúa el impacto lingüístico de la acción de gobierno.
El artículo 3.12.1 del Decreto 200/2010, de 27 de diciembre ( LCAT 2010, 876 y LCAT 2011, 18) , de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña atribuye al Departamento de Justicia las funciones relacionadas con la Administración de justicia en Cataluña. Las competencias que el Departamento de Justicia ejerce respecto del personal al servicio de la Administración de justicia, dentro del respeto de lo que establece la Ley orgánica del poder judicial, de acuerdo con el artículo 103 del Estatuto de autonomía de Cataluña, se extienden a todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendidas, entre otras, la selección, la formación inicial y continuada y la provisión de destinos.
De conformidad con lo establecido por el artículo 26.e) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre ( LCAT 2008, 787 ) , de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
Por todo ello, a propuesta de los consejeros de Justicia y de Cultura, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno, Decreto:
Artículo 1. Certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J)
Artículo 2. Valoración del certificado de conocimientos de lenguaje jurídico (nivel J)
Disposición Adicional primera. Certificados equivalentes
Disposición Adicional segunda. Impulso institucional
a) Todos los correspondientes al nivel de conocimientos de lengua general exigido (nivel de suficiencia de catalán –C1–).
Para poder hacer la prueba es preciso tener el certificado de nivel de suficiencia de catalán –nivel C1– de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.
Porcentaje de cada área en relación con el total de la prueba
Área 1: expresión escrita 60 % (mínimo para superar el área: 30 %) 2 horas y 15 minutos
Área 2: conocimientos prácticos de lenguaje jurídico 40 % (mínimo para superar el área: 20 %)
5.1 Área de expresión escrita (área 1)
En esta área se evalúa la capacidad del examinando para redactar textos jurídicos.
Para superar la prueba es necesario obtener una puntuación total mínima del 70 % y obtener como mínimo la mitad de los porcentajes asignados a cada una de las dos áreas.