Source: http://grupoonce.com/2014/12/16/boletin-informativo-noviembre-2014/
Timestamp: 2017-11-23 15:11:18
Document Index: 39816131

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BOLETÍN INFORMATIVO: NOVIEMBRE 2014 – Grupo ONCE
Martes, 16 diciembre 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la Contradicción de tesis 268/2014. Con cuatro votos a favor los Magistrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaron la contradicción de tesis sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito a fin de determinar SI EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46, FRACCIONES I Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS VISITADORES ESTÁN FACULTADOS PARA VALORAR PRUEBAS Y DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LAS ACTAS PARCIALES.
Con motivo de dicha contradicción de tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los visitadores no tienen dentro de sus atribuciones la de valorar documentos, libros o registros que el contribuyente exhiba durante la visita para desvirtuar hechos u omisiones detectadas, pues únicamente están facultados para levantar actas circunstanciadas en la que hagan constar la naturaleza y características de la información y documentación recibida.
En este sentido, se estableció que las fracciones I y IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación son claras al establecer, solamente, que de toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido; que los visitadores podrán levantar actas parciales o complementarias en las que hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto del visitado o de terceros, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita; que en la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia, y que entre ésta y el acta final el contribuyente puede presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal; pero en ningún precepto se establece que los visitadores puedan valorarlos, por la sencilla razón de que dentro de sus funciones sólo está hacer constar en actas circunstanciadas lo que tienen a la vista y revisan, siendo una autoridad fiscal distinta la encargada de analizar todo lo que se levanta en un acta circunstanciada y calificar si da lugar o no a determinar un crédito fiscal, en virtud de que los visitadores son sólo autoridades auxiliares de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal.
En consecuencia, no resultaría procedente considerar que los visitadores pueden valorar los documentos, libros o registros que exhiba el particular en una visita domiciliaria, pues ese proceder está sujeto a la evaluación final de la autoridad fiscal competente.
Por lo anterior, se vertió un importante criterio, en el sentido de que los visitadores sólo deberán levantar actas circunstanciadas en donde su función se limita a hacer constar los hechos u omisiones, sin que para ello se pueda considerar que puedan valorar documentos o pruebas exhibidos durante la visita, pues a dichos auxiliares no les compete determinar la situación fiscal del visitado pese a que lo asentado por ellos pueda derivar en la imposición de un crédito fiscal, dado que no son ellos los que emiten resoluciones, en razón de que ni el Código Fiscal de la Federación ni el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria los faculta para esos fines, tan es así que el propio artículo 46 del Código Fiscal de la Federación evidencia que la tarea de los visitadores al levantar las actas de visita y recabar documentación está sujeta a las normas aplicables y en caso de apreciar su ilegalidad, puede dar origen a la reposición del procedimiento sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor público que motivó la violación; particularidad esta última que evidencia que a ellos no les compete valoración alguna.
SEGUNDO.- Comisiones unidas del Senado de la República aprobaron desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones legales, lo que no significará un aumento a los minisalarios de los trabajadores. El pasado 28 de noviembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto establecer la “unidad de cuenta de la Ciudad de México” como una medida de valor, en sustitución del salario mínimo, para la determinación de las sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes en el Distrito Federal.
El monto de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el mes de diciembre de cada año, se deberá actualizar a partir del primero de enero del año siguiente, con el valor del factor que proponga el Ejecutivo, y que deberá aprobar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
En el caso de que para un año calendario la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no emita el factor a que se refiere el párrafo anterior, se deberá utilizar la metodología de actualización descrita en el artículo 18 párrafo segundo, del Código Fiscal del Distrito Federal. En ambos casos el monto del mismo no podrá exceder el incremento oficial anual de inflación al mes de octubre del año previo a su aplicación, que al efecto establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El valor inicial de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México será el que se determine en la Ley de Ingresos del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2015, y la misma entrará en vigor junto con el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
TERCERO.- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CONTRA LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-K Y 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (BUZÓN TRIBUTARIO Y CONTABILIDAD ELECTRÓNICA). Al resolver una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17 K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, porque con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichas normas, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación.
CUARTO.- Nuevo beneficio para contribuyentes que expiden CFDI por nómina. La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de Noviembre de 2014, prevé en su artículo 22, fracción VI, un beneficio para los contribuyentes que deben emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, consistente en que pueden expedir dichos comprobantes fiscales dentro del periodo comprendido entre la fecha en que se realice la erogación correspondiente y a más tardar el 31 de diciembre de 2014.
Cabe mencionar que aunque esta disposición entrara en vigor el 1° de enero de 2015, junto con la Ley de Ingresos relativa, el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, ha informado que ya se puede realizar el timbrado correspondiente durante lo que resta de 2014.
Este beneficio va a permitir que los contribuyentes que al 1 de abril de 2014 no lograron migrar totalmente al esquema de facturación por concepto de nómina, pero lo hagan al 31 de diciembre de 2014, puedan deducir las erogaciones por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios.
QUINTO.- LAVADO DE DINERO. Es declarado inconstitucionalidad el artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Derivado de un juicio de amparo interpuesto por un Notario Público en contra de diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus respectivas Reglas de Carácter General, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente que el artículo 14 del citado Reglamento es contrario al principio de jerarquía normativa, ello porque el análisis integral de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita permite establecer que el legislador ordinario empleó el concepto de “beneficiario controlador” para referirse a la persona o grupo de personas que en realidad se ven beneficiados con los actos u operaciones que celebren los clientes o usuarios con quienes realizan actividades vulnerables, imponiendo a éstos la obligación de proporcionar los datos que permitan identificar al “beneficiario controlador”, así como las actividades que realizan cuando se entable una relación de negocios, tal como se desprende de los artículos 3, fracción III, 18, fracción II y 24 del citado ordenamiento legal.
En efecto, estimó que la norma impugnada, al establecer que “para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 18 de la Ley, se entenderá como dueño beneficiario al Beneficiario Controlador”, asimila dos conceptos que el legislador no necesariamente quiso o pretendió equiparar, imponiendo así a los sujetos que realizan actividades vulnerables obligaciones adicionales a las previstas en ley, ya que para identificar al “dueño beneficiario”, deberán recabar documentación que, conforme a la ley, sólo es exigible para identificar al “beneficiario controlador”, esto es, a la persona o grupo de personas que en realidad se ven beneficiados con los actos u operaciones que celebren los clientes o usuarios de quienes realizan actividades vulnerables, sin que se advierta disposición legal alguna que permita establecer identidad alguna entre ambos conceptos.
De esa forma, la concesión del amparo implica que para identificar al “dueño beneficiario” en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el notario quejoso no estará obligado a recabar la información y documentación que se exige para identificar al “beneficiario controlador”.
Registro: 2007717
Tesis: 1a./J. 64/2014 (10a.)
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO. Los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano forman parte del ordenamiento jurídico interno, de modo que amplían el catálogo de aquéllos, lo que fue uno de los objetivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio de 2011. Así, en la primera reforma se amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo a aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos previstos en los tratados internacionales, con independencia de que estén reconocidos o no en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en la segunda, se reconoció que en México todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Ahora bien, en atención a que el juicio de amparo es un mecanismo jurisdiccional creado para proteger los derechos humanos, los temas propiamente constitucionales -interpretación directa de preceptos constitucionales- planteados en los juicios de amparo directo y, especialmente, en los recursos de revisión promovidos contra las ejecutorias que resultan de ellos, se referirán a la interpretación de derechos fundamentales. Por lo anterior, sería imposible impugnar en un recurso de revisión la falta o indebida interpretación de un derecho humano reconocido en los tratados internacionales si dicha interpretación no se considera como un tema propiamente constitucional, lo cual resultaría contrario al funcionamiento del amparo directo y del recurso de revisión, así como del propio texto constitucional, pues aun cuando el principio rector del recurso de revisión prevé un campo de acción limitado para su procedencia contra las sentencias de amparo directo, la Constitución se reformó para incluir expresamente a los derechos reconocidos en los tratados internacionales como parte del catálogo de derechos que gozan de protección constitucional, lo cual se armonizó con la reforma en materia de amparo que reconoció la procedencia del juicio para reparar las posibles violaciones cometidas a dichos derechos. En ese sentido, si bien esa ampliación de los derechos tutelados vía juicio de amparo no se incluyó expresamente en el artículo 107, fracción IX, constitucional, ello no puede interpretarse aisladamente del resto de los principios constitucionales, especialmente de aquellos recién modificados. Consecuentemente, el recurso de revisión en amparo directo procede para conocer de la interpretación que los tribunales colegiados de circuito hagan de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, independientemente de su reconocimiento en la Constitución, por ser un tema propiamente constitucional.
Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 1758/2013. Herminio Carlos Treviño Emanuelson. 26 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Recurso de reclamación 557/2013. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.
Recurso de reclamación 620/2013. Esthela Mendoza Pelayo. 23 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Recurso de reclamación 892/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Armando Argüelles Paz y Puente.
Tesis de jurisprudencia 64/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de octubre de dos mil catorce.
Registro: 2007625
Tesis: PC.III.A. J/6 A (10a.)
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL, DESTINADOS PARA COMERCIO Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN I, INCISO B), APARTADO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y 54, FRACCIÓN I, INCISO B, APARTADO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Los preceptos citados, que establecen el pago de una tarifa distinta para el cálculo de los derechos por la expedición de licencias de construcción de inmuebles de uso no habitacional, destinados para comercio y servicios, dependiendo de la zona en que se vaya a llevar a cabo la construcción (vecinal, barrial, distrital, central, regional o de servicios a la industria o comercio), transgreden los principios tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto varía injustificadamente en función de un elemento ajeno a la actividad técnica que realiza la autoridad para la expedición de la licencia o permiso; lo anterior conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 52/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 552, de rubro: “DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.”, el elemento (tipo de zona), no genera un costo mayor para el despliegue técnico o actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa al prestar el servicio, porque su existencia de ese elemento, no implica mayores costos humanos y materiales para que los Municipios realicen la inspección y verificación del cumplimiento de las normas legales aplicables, así como que las edificaciones cumplan con los requisitos normativos conducentes, pues ese despliegue técnico será el mismo que efectúe en una zona vecinal, barrial, distrital, central, regional, o de servicios a la industria, y su costo sólo variará, según las características de la obra, su tamaño y destino, mas no por el nivel de servicios con que se cuente en la zona en que ha de llevarse a cabo la construcción.
Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 25 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, Jaime Crisanto Ramos Carreón, José Manuel Mojica Hernández y Froylán Borges Aranda. Ponente: Jaime Crisanto Ramos Carreón. Secretaria: Jacqueline Molina González.
La tesis III.A.10 A (10a.), de rubro: “DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN DE INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL DESTINADOS PARA COMERCIO Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, INCISO B), APARTADO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, AL PREVER EN SUS DIVERSOS SUBINCISOS, EL PAGO DE UNA TARIFA DISTINTA PARA SU CÁLCULO, TOMANDO COMO BASE LA CLASIFICACIÓN DE LA ZONA DONDE AQUÉLLOS SE UBICARÁN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.”, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2037 y el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión 351/2014, en apoyo del Segundo.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007646
Tesis: XXI.1o.P.A.20 A (10a.)
Página: 2841
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 25, FRACCIONES IV Y IX, DE LA LEY NÚMERO 132 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, AL ESTABLECER QUE SU PAGO SE FIJARÁ TOMANDO EN CUENTA EL VALOR DE LA OBRA OBTENIDO CON BASE EN SU CALIDAD Y LA ZONA EN QUE SE EDIFIQUE, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. El artículo 25, fracciones IV y IX, de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2013, al establecer que el pago de derechos por la expedición y revalidación de licencias de construcción, se fijará tomando en cuenta el valor de la obra obtenido con base en su calidad y la zona en que se edifique, viola los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, para su cálculo, se atiende a un elemento ajeno al servicio público prestado y no al verdadero costo que para la autoridad administrativa implica la expedición de la citada autorización, lo que ocasiona que los contribuyentes paguen un mayor o menor tributo dependiendo de los referidos valor y calidad de la construcción obtenidos de su ubicación en zona económica, de segunda clase, de primera, de lujo o de gran turismo, provocándose con ello que por la misma función del Estado se causen cuotas distintas, distorsionándose la naturaleza de los derechos por servicios, en los que aquéllas deben ser fijas e iguales para quienes reciban servicios análogos.
Amparo en revisión 383/2013. Promotora Majahua, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Gustavo Salvador Parra Saucedo.
Registro: 2008035
Publicación: viernes 28 de noviembre de 2014 10:05 h
Tesis: 2a./J. 128/2014 (10a.)
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El artículo citado otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, consistente en que podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de dicho combustible, el cual se les trasladó en el pago por consumo final; prerrogativa que se condiciona al cumplimiento de diversos requisitos, entre los que destaca el relativo a que la tasa contenida en el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no sea cero o negativa. Ahora, el mencionado estímulo constituye un mecanismo de política fiscal implementado por el Estado para disminuir la carga tributaria de sus destinatarios buscando un fin público, pero no se traduce en un derecho humano, sino una prestación económica que el Estado concede a un grupo de personas, por lo que no le son aplicables los principios de progresividad de los derechos humanos y de irretroactividad de la ley contenidos en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho incentivo no surge de un derecho de los contribuyentes, sino de una facultad del Estado, quien no está obligado a otorgarlo en todo momento, porque incluso, puede desaparecer sin haber generado algún derecho adquirido, sin que pueda afirmarse que el Estado esté obligado a concederlo en todo tiempo y lugar, ni menos aún que los contribuyentes tengan un derecho subjetivo a exigirlo.
Amparo directo en revisión 2650/2014. María Hilarión Carrasco. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.
Amparo directo en revisión 2649/2014. Isaías Valentín Morales. 17 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Amparo directo en revisión 2701/2014. Fidelia Lezama Martínez. 17 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Amparo directo en revisión 2774/2014. Javier Vélez Andrade. 17 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.
Amparo directo en revisión 2652/2014. Julián Rufino Valentín Jiménez. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Tesis de jurisprudencia 128/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de dos mil catorce.
Registro: 2007575
Tesis: 2a. C/2014 (10a.)
Página: 1099
ESTÍMULO FISCAL. EL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. El precepto legal citado, al condicionar a las personas que adquieren diésel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, la obtención del beneficio fiscal que prevé, en su modalidad de devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que se les traslada como parte del precio final por la adquisición de dicho combustible, a que la tasa por enajenación no sea igual a cero o negativa, sin que en la exposición de motivos relativa se haya justificado la inclusión de dicho requisito, no contraviene los derechos fundamentales de fundamentación y motivación legislativa, reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el legislador cuenta con una amplia libertad al configurar el contenido y alcance de ese tipo de estímulos económicos, al corresponderle decidir acerca de la suficiencia de la medida de promoción otorgada, por lo que el Tribunal Constitucional no puede analizar la necesidad de que se establezca de alguna manera determinada o se conserve un beneficio para un sector social, habida cuenta que la mencionada condicionante es razonable y necesaria, pues si bien el incentivo económico se concibió para fomentar al sector agropecuario referido, lo cierto es que se estructuró de forma en que sólo se devuelve parte del impuesto causado por la enajenación de diésel que se traslada al último comprador, lo que se actualiza cuando las tasas aplicables resulten positivas al momento de su venta al público en general ya que, en caso contrario, no se incluye en el precio final el primer impuesto especial sobre producción y servicios causado en términos del artículo 2o.-A, fracción I, de la ley relativa y, por ende, el consumidor final no soporta esa carga económica al no habérsele trasladado como parte del precio final de venta de dichos combustibles, sino se le traslada el segundo impuesto especial adicional relativo (previsto en el artículo 2o.-A, fracción II). Por tanto, es patente la finalidad de restringir la prerrogativa, pues si no existe causación del impuesto en la enajenación primigenia por la falta de una tasa positiva, no se genera el derecho a que el Estado reintegre una cantidad que no percibió.
Amparo en revisión 202/2014. Productores Mecanizados de Santo Domingo, S.C. de R.L. de C.V. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Amparo en revisión 234/2014. Grupo el Paraíso de Metztitlán, S.C. de R.L. de C.V. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval.
Registro: 2007702
Tesis: I.1o.A.78 A (10a.)
Página: 2851
FACTURAS COMERCIALES EXPEDIDAS EN EL EXTRANJERO. NO REQUIEREN APOSTILLARSE PARA QUE PUEDAN SER VALORADAS POR LA AUTORIDAD FISCAL. De conformidad con la fracción II de la regla I.1.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 -que se reitera en las resoluciones de 2011 y 2012-, los documentos privados que anexen los contribuyentes a sus promociones deben estar protocolizados o certificados, así como apostillados si fueron emitidos en un país signatario de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, o legalizados cuando hayan sido emitidos en un país no signatario de ésta. Sin embargo, la citada disposición no es aplicable tratándose de facturas comerciales expedidas en el extranjero, pues la finalidad de la apostilla, de acuerdo con los artículos 1, 2 y 3 del mencionado tratado internacional, es certificar la autenticidad de la firma, la calidad con que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente, requisitos que no pueden verificarse tratándose de esa clase de documentos, ya que, además de que no se acostumbra suscribirlos, no existe disposición legal en el sistema jurídico mexicano que así lo prescriba. Por tanto, en su calidad de documentos privados, deben ser valorados libremente por la autoridad fiscal aun cuando no se encuentren apostillados, toda vez que el cumplimiento de ese requisito puede tener alguna relevancia o significación en relación con documentos que, por ley, deben estar firmados, pero no respecto de aquellos en que no se exige esa formalidad.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 274/2014. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “2” del Servicio de Administración Tributaria. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.
Registro: 2007805
Tesis: 2a./J. 106/2014 (10a.)
Página: 981
IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA FINAL DEL COMBUSTIBLE AL “PÚBLICO EN GENERAL”, Y ESA FRASE EQUIVALE A “CONSUMIDOR FINAL”, ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, establece un tributo específico [cuya naturaleza fue definida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 5/2009 (*)] que se causa por la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas o diésel, el cual se calcula aplicando las cuotas ahí señaladas por litro de combustible; también dispone que quienes realicen la venta final (sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria) trasladarán al comprador un monto equivalente al impuesto causado, con lo que se busca que el efecto económico del tributo impacte en el consumidor final, y se evidencia que el objeto del gravamen es la venta final al público en general, entendido como el consumidor del combustible, esto es, quien lo adquiere para su propio uso y no para su venta posterior. Así, del análisis sistemático de la ley indicada, de la interpretación jurisprudencial realizada por el Alto Tribunal, así como de lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, relativos a la reforma referida, se colige que con la expresión “público en general”, contenida en el artículo mencionado, se hace referencia al “consumidor final”, en la inteligencia de que tiene ese carácter cualquier persona distinta de los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, las estaciones de servicio, tan es así que sólo las ventas realizadas a estas personas están exentas de la contribución referida, acorde con el artículo 8o., fracción I, inciso a), de la propia ley. Lo anterior evidencia que el significado y alcance de la locución “público en general” utilizada en la configuración del impuesto a la venta final de gasolinas o diésel se desprenden de la propia mecánica del tributo; de ahí que no procede acudir al artículo 14, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ni al diverso 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para desentrañar su sentido, pues si bien dichos preceptos prevén que no se considerará enajenación con el “público en general” cuando se expidan comprobantes con los requisitos del artículo 29-A del código citado, lo cierto es que dicha noción no tiene utilidad para efecto de dilucidar cuándo se causa el impuesto a la venta final al público en general de gasolinas o diésel. Por tanto, es irrelevante si los comprobantes expedidos por la enajenación contienen o no los requisitos de referencia, ya que para la actualización del hecho imponible basta que la venta se realice al “consumidor final”. Corolario de lo anterior es que el hecho de que al comprador de gasolina o diésel se le expida un comprobante con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, no lo libera de la carga de aceptar el traslado del impuesto.
Contradicción de tesis 187/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 3/2014, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 5/2012.
Tesis de jurisprudencia 106/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007674
Tesis: 1a. CCCXL/2014 (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL O DECRETOS NO REQUIERE DE UN ACTO DE AUTORIDAD. Del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo deriva que el juicio relativo procede contra los decretos y acuerdos de carácter general sin que se requiera que el primer acto de aplicación constituya un acto de autoridad; de ahí que la existencia de éste resulta innecesaria para que proceda el juicio contencioso administrativo, pues basta con que exista un acto de aplicación de dicha norma, el cual puede ser de una autoridad, un particular, o bien, de una autoridad actuando como particular, ya que lo importante no es quién aplica el acuerdo, sino que efectivamente sea una norma de carácter general y exista su aplicación.
Amparo directo en revisión 1042/2014. Tintorería Electrónica Revolución, S.R.L. de C.V. 21 de mayo de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Página: 2920
RENTA. EL ANTICIPO DE RENTAS POR EL USO DE UN INMUEBLE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE ES UNA INVERSIÓN EN SU MODALIDAD DE GASTO DIFERIDO, PARA EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, POR SER UN ACTIVO INTANGIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Del análisis de los artículos 29, fracción IV, 31, fracción I, 38, párrafo primero, 39, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, así como de las Normas de Información Financiera C-5 y C-8, se concluye que el anticipo de rentas de un inmueble es una inversión en su modalidad de gasto diferido, para efectos de la deducción de dicha contribución, por ser un activo intangible al contar el contribuyente con un título legítimo para usar, disfrutar o explotar un bien, que origina un beneficio económico desde la perspectiva de la planeación de negocios; en el entendido de que los beneficios futuros no implican forzosamente la obtención de ingresos monetarios en razón de su actividad, ya que también pueden identificarse con el logro de un mejor precio o asegurar el uso del bien en un periodo determinado, al ser acciones emprendidas con la finalidad de mejorar los resultados del objeto social de la persona colectiva o, incluso, asegurar el pago, cuando éste se haya pactado en moneda extranjera; de ahí que no sea, en sí mismo, un beneficio económico el que se pretenda obtener con ese pago anticipado.
Registro: 2007846
Tesis: III.3o.A.18 A (10a.)
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A LA AUTORIDAD FISCAL A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO. Los artículos 17-K y 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, 34 de su reglamento, así como las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, adicionadas en la segunda resolución de modificaciones, difundida en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014, establecen que los contribuyentes que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligados a llevar contabilidad tendrán, entre otras obligaciones, la de generar en medios electrónicos los registros o asientos que integran ésta, para lo cual deberán conservar y almacenar como parte integrante de la misma, toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacenen y procesen sus datos contables y los diagramas relativos e ingresar mensualmente su información contable a través del buzón tributario. Así, la información indicada constituye el sustento de la facultad de comprobación denominada revisión electrónica, la cual se encuentra prevista en los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, visible en la página 457 del Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de los actos de fiscalización previstos en dicho precepto que, en ejercicio de las facultades de comprobación, ejerzan las autoridades fiscales, por afectarse el interés social y contravenirse disposiciones de orden público. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión en el amparo contra la obligación de los contribuyentes de enviar mensualmente su información contable a la autoridad fiscal, a través del buzón tributario, porque se causaría perjuicio al interés social, pues existe un interés general de que las referidas autoridades verifiquen que los gobernados cumplan con las obligaciones que la Constitución les impone, ya que mediante su acatamiento se satisfacen necesidades colectivas y se logra un bienestar común.
Queja 190/2014. Hola Innovación, S.A. de C.V. y otras. 4 de agosto de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Elías H. Banda Aguilar. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Aurelio Méndez Echeagaray.
Queja 193/2014. Grupo Aguilarios, S.A. de C.V. y otra. 5 de agosto de 2014. Mayoría de votos, con voto concurrente del Magistrado José Manuel Mojica Hernández. Disidente y Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Sergio Navarro Gutiérrez Hermosillo.
Queja 206/2014. Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2014, con voto concurrente del Magistrado José Manuel Mojica Hernández. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Alejandro Chávez Martínez.
Queja 205/2014. 8 de agosto de 2014. Mayoría de votos, con voto concurrente del Magistrado José Manuel Mojica Hernández. Disidente: Elías H. Banda Aguilar. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretaria: Gabriela Tristán Valadez.
Registro: 2007688
Tesis: XI.1o.A.T. J/5 (10a.)
Página: 2725
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA PARA QUE NO SE MATERIALICEN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO Y 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. A I.2.8.8. DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014. Atento al artículo 148, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no se infiere daño alguno a la colectividad al conceder la suspensión provisional para que no se materialicen los efectos y consecuencias de los artículos 17-K, fracción II, segundo párrafo, 18, segundo párrafo y 28 del Código Fiscal de la Federación, adicionado el primero y reformados los restantes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8. de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, difundida en el medio oficial señalado, el 4 de julio de 2014, a saber: para que el quejoso cumpla con sus obligaciones fiscales en la forma en que lo hacía antes de la entrada en vigor de dichas disposiciones, y hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, porque sólo se suspende la verificación de los procedimientos digitales para la comunicación entre las autoridades exactoras y el contribuyente (los cuales constituyen medios para facilitar a aquéllas el ejercicio de sus facultades), sin que con ello se exente a éste de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual deberá hacer en los términos referidos, aunado a que la suspensión tampoco conlleva restricción alguna para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación por medio de cualquiera de las formas tradicionalmente utilizadas (revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión de estados financieros dictaminados por contador autorizado, entre otras).
Queja 100/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López.
Queja 102/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Minerva Gutiérrez Pérez.
Queja 104/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 18 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Edgar Díaz Cortés.
Queja 109/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Elizabeth Ximena Moreno Villicaña.
Queja 118/2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 27 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Elizabeth Ximena Moreno Villicaña.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de octubre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007684
Tesis: PC.II. J/10 A (10a.)
Página: 2279
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO CONTEMPLA AL TRANSPORTE DE LECHE PARA SER GRAVADO CON LA TASA DEL 0%, AUN CUANDO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS GANADEROS SE LE DENOMINE COMO “RECOLECCIÓN DE LECHE”. El numeral referido constituye una norma de aplicación estricta, conforme al párrafo primero del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, lo cual constriñe al intérprete a aplicarlo única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con su contenido, sin que sea posible efectuar interpretaciones extensivas a supuestos no previstos por el legislador. En ese contexto, el artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establece que los servicios independientes prestados directamente a los agricultores y ganaderos siempre deben destinarse a las actividades agropecuarias y por determinados conceptos que de manera limitativa señala (entre los que se encuentra el de recolección, que resulta aplicable a la ganadería por cuanto hace a la recolección de frutos de origen animal) para ser gravados con la tasa del 0%, no puede hacerse extensivo a la actividad consistente en el traslado de la leche del establo a la empresa industrializadora o pasteurizadora, aun cuando se hubiese denominado a ese servicio en los contratos celebrados por los ganaderos como “recolección de leche”, pues esta última se agota en el propio establo, con su almacenamiento en los contenedores del ganadero, y la denominación que se dé contractualmente a una actividad o a la prestación de un servicio, no es el factor que determina el objeto del gravamen o el hecho imponible, sino la realidad económica por la cual debe pagarse el impuesto. Así, la actividad de trasladar ese producto del establo a la empresa industrializadora o pasteurizadora, en realidad constituye un servicio de transporte de dicho bien, por ser el concepto que le resulta aplicable, conforme al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y su Apéndice, el cual no está contemplado dentro de los conceptos a que se refiere el mencionado artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la ley indicada, la que, en su artículo 14, incluye al transporte de personas o bienes como una prestación de servicios independientes.
PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 6/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 de junio de 2014. Unanimidad de dieciséis votos de los Magistrados José Luis Guzmán Barrera, Urbano Martínez Hernández, Diógenes Cruz Figueroa, Guillermina Coutiño Mata, Salvador González Baltierra, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Arturo Sánchez Jiménez, Olga María Josefina Ojeda Arellano, Jacob Troncoso Ávila, José Antonio Rodríguez Rodríguez, Óscar Espinosa Durán, Mauricio Torres Martínez, Fernando Sánchez Calderón, Tito Contreras Pastrana, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Alejandro Sosa Ortiz. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: Adrián Rivera López.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver las revisiones fiscales 493/2008 y 492/2008, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 239/2011.
Registro: 2007745
Tesis: PC.XV. J/4 A (10a.)
Página: 2301
VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES APLICABLE A LAS COMISIONES OBTENIDAS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMESAS Y ENVÍOS DE DINERO POR VIRTUD DE UN CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL CELEBRADO POR UNA EMPRESA RESIDENTE EN EL PAÍS CON UNA EXTRANJERA. El artículo 29, fracción IV, inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señala que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando uno u otros se exporten, y que se considera exportación de bienes o servicios el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de comisiones y mediaciones. Por su parte, el artículo 58 del Reglamento de dicha Ley define el término aprovechamiento en el extranjero, el cual comprende tanto los que se prestan en el territorio nacional como los proporcionados en el extranjero, y sujeta la procedencia de dicho cálculo a que: 1. Los servicios se contraten y paguen por un residente en el extranjero sin establecimiento en el país; 2. Estos servicios se paguen mediante cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito, o casas de bolsa; y, 3. El pago provenga de cuentas de instituciones ubicadas en el extranjero; ahora, de no cumplirse, resulta aplicable la regla general del gravamen que esté vigente conforme a la ley de la materia. En ese tenor, tratándose del servicio de pago de remesas y envíos de dinero a beneficiarios residentes en territorio nacional que se realiza por virtud de un contrato de comisión mercantil celebrado entre una empresa mexicana con una extranjera, la comisión que recibe la comisionista por esa actividad es de las previstas por el artículo 29, fracción IV, inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que resulta aplicable la tasa del 0%, siempre y cuando se demuestren los requisitos de procedencia y forma que refiere el artículo 58 del Reglamento de dicha Ley.
Contradicción de tesis 7/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 25 de agosto de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Isabel Iliana Reyes Muñiz, Julio Ramos Salas, Gerardo Manuel Villar Castillo, Salvador Tapia García y José Guadalupe Hernández Torres. Ponente: Salvador Tapia García. Secretaria: Laura Isabel Guerrero Vara.
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 150/2011, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal 209/2011.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO LOS PRECIOS Y MONTOS DE LAS CONTRAPRESTACIONES QUE SE HUBIERAN UTILIZADO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES, DEBE ENTENDERSE COMO UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES FISCALES (NORMATIVIDAD VIGENTE HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).- El artículo 215, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que cuando las personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, no cumplan con su obligación de determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando los precios y montos de las contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables prevista en el primer párrafo del mismo precepto legal, las autoridades fiscales podrán hacer dicha determinación. Ahora bien, de la interpretación armónica del artículo referido en relación con los numerales 86, fracciones XII y XV y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como con el artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio de la facultad referida, se encuentra condicionada a que el contribuyente presente la información, datos y documentación necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Por tanto, derivado de la interpretación armónica de los preceptos legales referidos, se concluye que la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se trata de una facultad discrecional de la autoridad, ya que su ejercicio se encuentra supeditado a que el contribuyente proporcione a la autoridad fi scal la información, datos y documentación necesaria, máxime que en términos del artículo 86, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes tienen la obligación de obtener y conservar la documentación comprobatoria de las operaciones que celebren los contribuyentes con sus partes relacionadas residentes en el extranjero.
VII-P-1aS-1008
JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO PUEDE SER APLICADA DE MANERA RETROACTIVA EN PERJUICIO DEL DEMANDANTE.- De conformidad con lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, no puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna; lo anterior, encuentra su justificación en la teoría de los derechos adquiridos y en el principio de irretroactividad de la ley previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que ninguna jurisprudencia emitida con posterioridad podrá variar, suprimir o modificar aquel acto que se haya realizado con base en un criterio previamente establecido mediante jurisprudencia, pues no pueden desconocerse los derechos que el demandante adquirió conforme a un criterio anterior; ya que no debe soslayarse que la jurisprudencia aunque no sea una ley, sino una interpretación obligatoria, se encuentra sujeta al principio de irretroactividad y; por ende, debe aplicarse la imperante al momento de interposición del juicio contencioso administrativo. En ese sentido, la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó la Jurisprudencia 2a./J. 69/2001 cuyo rubro es: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE
EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO”, la cual señalaba que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encontraba constreñido a valorar las probanzas exhibidas en el juicio contencioso administrativo por el demandante, no obstante que estas no se hubieran ofrecido en la fase administrativa. Dicho criterio, fue objeto de modificación mediante Jurisprudencia 2a./J. 73/2013 de rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIERON EXHIBIRSE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, O EN SU CASO, EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO (MODIFICACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001)”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el mes de julio de 2013, por medio de la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una nueva reflexión, fijó como criterio obligatorio para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que no serían susceptibles de valoración en el juicio contencioso administrativo, aquellas pruebas que no fueron ofrecidas en el procedimiento administrativo de origen; o en su caso, en el recurso administrativo respectivo, cuando el particular estuvo en posibilidad legal de hacerlo. Por lo anterior, si el juicio contencioso administrativo es promovido antes del mes de julio de 2013, cuando se publicó la jurisprudencia 2a./J. 73/2013, y se ofrecen pruebas que no fueron ofrecidas en la fase administrativa o en el recurso respectivo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra constreñido a valorar las probanzas exhibidas, porque el juicio se promovió estando imperante el criterio establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 69/2001 referida; ello, a efecto de atender la prohibición establecida en el artículo 217 de la Ley de Amparo, de no aplicar retroactivamente la jurisprudencia en perjuicio del particular.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6653/11-07-03-1/83/14-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-1aS-1027
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 7 DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- CASOS EN LOS QUE PREVALECE LA EXENCIÓN RESPECTO DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- El artículo 7 inciso d), del Convenio sobre Transporte Aéreo celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América establece que el combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de las líneas de una Parte en el territorio de la otra y usados en servicios internacionales, estarán exentos, a base de reciprocidad, de impuestos de aduanas, arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales. Asimismo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de junio de 1989, se modificó el artículo 7 de dicho Convenio con la inclusión del inciso e), a través del cual se agrega un nuevo criterio de exención, relativo a los itinerarios de líneas aéreas, folletos de viaje, panfletos, carteles turísticos y otro material impreso destinado a promover y/o facilitar el turismo o los viajes internacionales, e importados por las líneas aéreas de una Parte en el territorio de la otra para su uso y distribución interna, determinando que estarían exentos sobre bases de reciprocidad de impuestos aduanales, arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales. Sin embargo, la inclusión del inciso e) en el artículo 7 del Convenio en comento, no modificó la exención prevista en el inciso d), lo cual significa que prevalece la exención prevista por dicho Acuerdo respecto al combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de las líneas de una Parte en el territorio de la otra y usados en servicios internacionales, mismos que seguirían exentos a base de reciprocidad, de impuestos de aduanas, arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23111/12-17-09-12/617/13-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de octubre de 2014, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Alejandra Pastrana Flores.
VII-P-2aS-584
JUICIO CONTENCIOS O ADMINISTRATIVO. OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE NO ESTUVO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO.- El artículo 48, fracciones IV y VI, del Código Fiscal de la Federación, establece que los contribuyentes contarán con un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo; por lo que
se entiende que se trata propiamente de documentales, sin que exista oportunidad para los contribuyentes de solicitar a la autoridad fiscal el trámite y desahogo de cartas rogatorias dirigidas a autoridades extranjeras, como lo es la certificación emitida por la aduana de otro país. Por lo que en el juicio contencioso administrativo es factible ofrecer como prueba una certificación que deba ser emitida por una autoridad extranjera, mediante el desahogo de una Carta Rogatoria, toda vez que no se trata de una prueba que el particular podía
exhibir y presentar en el término de 20 días, en el procedimiento administrativo de origen para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, en la medida en que no estaba en posibilidad legal de hacerlo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2115/10-12-01-7/1653/13-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de abril de 2014, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
VII-P-2aS-592
INGRESOS OBTENIDOS POR UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN DE UN LOTE MINERO UBICADO EN TERRITORIO NACIONAL. SE ENCUENTRAN GRAVADOS POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- De lo dispuesto por los artículos 1°, 179 primer párrafo, y 206, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2009, se desprende que se encuentran gravados los ingresos que obtengan los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando en el país no tengan establecimiento permanente o, cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este, considerándose ingresos gravables los obtenidos por: a) otorgar el derecho a participar en un negocio; b) otorgar el derecho a participar en una inversión, y c) cualquier pago para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza. Por tanto, de la interpretación literal, causal, teleológica y sistemática de los mencionados preceptos, resulta que si con motivo de actos jurídicos de cualquier naturaleza, que tienen lugar en México, dichos sujetos perciben ingresos, estos deben ser gravados, por lo que las referidas participaciones actualizan el supuesto relativo que establece la carga impositiva, a pesar de que el extranjero no sea quien explote directamente el lote minero.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28124/10-17-03-8/393/14-S2-06-02.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de junio de 2014)
VII-P-2aS-598
COMPROBANTES FISCALES. REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, constriñen al contribuyente a favor de quien se expiden los comprobantes fiscales, por una parte, a cerciorarse que el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de quien aparece en los mismos sean correctos y, por otra parte, a verificar que tales comprobantes contengan impresos tanto el domicilio fiscal como los datos a los que se ha hecho referencia con inmediata antelación, de la persona que los expida, entendiéndose que dicho cercioramiento únicamente vincula al usuario
de los documentos a verificar que el nombre, razón o denominación social del prestador de los servicios coincida con el dato relativo a la clave del registro federal de contribuyentes que se contenga impresa en los mismos, en la inteligencia de que tal exigencia legal no comprende la comprobación de las obligaciones fiscales a cargo del emisor del documento; por lo que si un comprobante contiene una anomalía que no le es imputable al contribuyente sino forma parte de los deberes en materia contributiva del emisor del documento, tal situación no debe trascender a la afectación del derecho que tiene el primero de ellos para acreditar el beneficio fiscal correspondiente, siempre que de los requisitos legales que al efecto se prevén en materia de deducciones, no se advierta que forme parte de ellos, sin que tal circunstancia implique que se restrinjan las facultades de comprobación de las autoridades para revisar la documentación y, en su caso, determinar omisiones o sanciones respeto de tales obligaciones, pues ello deberá realizarse a la luz de las normas que regulen esas situaciones de manera específica y, no así como requisito de procedencia de la deducción que se pretende.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1050/12-20-01-3/1315/13-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de mayo de 2014, por unanimidad
de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
VII-P-2aS-599
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, RESULTA APLICABLE AUN CUANDO LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA SEAN PROPORCIONADOS A TRAVÉS DE UN TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción XIV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los servicios profesionales de medicina constituyen una actividad exenta para efectos del pago del impuesto, en este tenor, tenemos que si el proveedor del servicio, por verse imposibilitado materialmente, no lo presta de manera directa a las personas que contratan sus prestaciones, sino lo hace a través de un tercero que sea médico con título profesional, actuando ya sea de manera individual o a través de una asociación civil, ello en nada afecta para que dichos servicios por su propia y especial naturaleza queden comprendidos en el supuesto de exención de que se trata, siendo imposible que ante tal situación, el proveedor de los mismos quede obligado a trasladar el impuesto al expedir el recibo al paciente y, por lo tanto a
retenerlos y enterarlos al fisco, al ser la propia normatividad y mecánica del impuesto lo que impide realizar tales acciones.
VII-P-2aS-600
RECIBOS DE HONORARIOS MÉDICOS.- Cuando estos amparan la prestación de un servicio profesional de medicina, para efectos de su deducibilidad, la autoridad no debe exigir el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 31, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que dichos servicios por su propia y especial naturaleza están exentos de pago del impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 15, fracción XIV de la ley relativa, resultando jurídicamente imposible que al momento de facturar los servicios prestados al paciente, se le desglose y retenga la contribución de que se trata, pues resulta claro que dada la mecánica del propio gravamen, el consumidor final es quien se convierte en el contribuyente de facto y, por lo tanto al que está dirigido el beneficio de la exención, por ello las figuras jurídicas de traslación, retención y entero deben guardar exacta relación con la obligación que este último tenga frente al impuesto.
VII-CASR-OR-5
ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- EL TÉRMINO DE SUSPENSIÓN PARA CONCLUIR UNA VISITA DOMICILIARIA SE LEVANTA CON LA DESIGNACIÓN DEL ALBACEA PROVISIONAL DE LA SUCESIÓN DEL CONTRIBUYENTE Y NO HASTA QUE SE DESIGNA AL ALBACEA DEFINITIVO, SIEMPRE Y CUANDO LA DESIGNACIÓN PROVISIONAL SEA DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.- Del texto de la fracción II, punto B, del artículo 46-A del Código
Tributario Federal, se desprende que la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria se levantará en el momento en que se designe al representante legal de la requisito que se tiene por satisfecho con la designación del albacea provisional, pues a partir de su designación este puede ejercer todas y cada una de las facultades conferidas a un representante legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3421 del Código Civil para el Estado de Puebla, en el cual se establece que los albaceas son Órganos representativos de la sucesión para actuar a nombre y por cuenta de esta, entre otros, en la Administración de los
bienes de la herencia y defensa de esos bienes. Por tanto, si el albacea provisional se apersonó con dicho carácter ante la autoridad fiscalizadora para solicitar información relativa al procedimiento de fiscalización seguido en contra del “de cujus” y esta última le reconoció tal carácter al atender su petición de información, a partir de ese momento se debe considerar levantado el plazo de suspensión para concluir la visita domiciliaria y no hasta que se designa albacea definitivo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3927/12-12-01-3.- Resuelto por la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de abril de 2014.- Sentencia: por mayoría de votos. Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Mayra del Socorro Villafuerte Coello.- Secretaria: Lic. Guadalupe Castillo Pérez.
VII-CASR-OR-7
MULTA FISCAL. RESULTA ILEGAL SI LA AUTORIDAD NO CORROBORA EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 53, PRIMER PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI EL PARTICULAR DIO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.- Si el plazo de seis días que prevé el numeral antes citado, se concedió al contribuyente para que proporcionara diversa información, es claro que la autoridad debía corroborar en ese plazo si se había dado cumplimiento a la solicitud correspondiente, ya que el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación, debe interpretarse de forma conjunta al referido artículo 53, primer párrafo, inciso b) del propio Código, pues la ejecutoria de la que emanó la Jurisprudencia 2a./J. 2/2004, de rubro: “VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA”, define con toda precisión que las facultades de comprobación de la autoridad solamente son discrecionales en cuanto a la emisión de la orden y la determinación del sujeto de la revisión, el periodo y demás elementos de ese mandamiento inicial y que la autoridad una vez iniciado ese procedimiento de visita domiciliaria indefectiblemente deberá sujetarse a todas las normas que lo regulan, en especial las que establecen límites temporales, porque se trata ya de facultades regladas, por lo tanto, la actuación de la autoridad fiscal tratándose de visitas domiciliarias debe respetar los límites temporales a que se encuentra sujeta dentro de ese procedimiento, inclusive aquellos que no están expresamente contenidos en las normas pero de cuya interpretación se advierte que no solamente obligan al contribuyente, sino a la propia autoridad; por lo tanto, desde la apreciación de la tipicidad, la omisión de la parte actora no fue exactamente ajustada a la hipótesis legal, dado que la autoridad se presentó en su domicilio fiscal en fecha posterior al vencimiento del plazo de seis días que al efecto establece el aludido artículo 53, en el inciso b).
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13/1751-12-01-03-09-OT.- Resuelto por la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de mayo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Mayra del Socorro Villafuerte Coello.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.
VII-CASR-NCIV-1
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CUANDO SE SOLICITE INFORMACIÓN DE CARÁCTER LABORAL RELATIVA AL PERSONAL DE UN TERCERO, A EFECTO DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE DICHA DEVOLUCIÓN, EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A ELLO.- Si bien es verdad, que los párrafos primero y sexto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, contienen la facultad material de la autoridad para requerir al contribuyente informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud de devolución, también lo es que ello no obliga al contribuyente a exhibir información de carácter laboral relativa a empleados de un tercero, ya que la documentación que sí puede proporcionar se refiere a información de carácter contable y fiscal, pero no laboral, como la que está requiriendo la autoridad fiscal consistente en lo referente al nombre de las personas (empleados) que presten el servicio a la ahora actora, el importe pagado de sueldos y salarios, el importe total del pago y su número de seguridad social, por lo tanto la autoridad de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación debió solicitar directamente al tercero la información y documentación que requiera a efecto de resolver la solicitud de documentación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3029/13-23-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de mayo de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Luis Moisés
García Hernández.- Secretario: Lic. Víctor Ovalle Rodríguez.
VII-CASA-V-43
FACTURA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 146, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 2013, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO CUANDO ESTÁ REGISTRADA EN LOS CONTROLES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- La porción normativa de referencia estatuye que la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo con factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la cual deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación. Por ello, si la autoridad rechaza la factura aportada en el procedimiento administrativo en materia aduanera para acreditar la legal importación, tenencia o estancia en territorio nacional de la mercancía bajo el argumento generalizado de que la contribuyente emisora de la factura se encuentra como no localizada y en consecuencia tiene como inexistentes las operaciones amparadas con dicha documental; tal actuación deviene ilegal al haberse acreditado en el juicio contencioso administrativo que de la verificación de comprobantes fiscales a través del portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria se desprende que los datos de la factura respectiva y su emisor se encuentran registrados en los controles de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por tanto, es válido estimar que el rechazo de dicha documental fue indebido y que la factura goza de pleno valor probatorio para acreditar la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, al ser una de las documentales previstas en el artículo 146 de la Ley Aduanera vigente en 2013 para ese efecto.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 302/14-QSA-1.- Expediente de Origen Núm. 552/14-10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de julio de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas.
VII-CASA-V-47
DISCREPANCIA FISCAL. SI LA AUTORIDAD PARA CONOCERLA SE BASA EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES AL AMPARO DE UNA REVISIÓN DE GABINETE, SE TRATA DE UNA DETERMINACIÓN CIERTA Y NO PRESUNTIVA DE INGRESOS.- Si la autoridad solicitó al contribuyente diversa información y documentación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y con posterioridad solicitó aclarara la discrepancia fiscal entre sus erogaciones e ingresos declarados en un ejercicio fiscal conocidos a través de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y este no exhibió la documentación suficiente para desvirtuar dicha discrepancia, resulta evidente que se está en presencia de una determinación cierta y no presuntiva de ingresos, pues la autoridad tomó como base la información contenida en la documentación comprobatoria proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual no fue desvirtuada por la actora y que constituye un medio directo de prueba respecto de las erogaciones e ingresos que obtuvo el contribuyente en un ejercicio fiscal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 299/14-QSA-7. Expediente de Origen Núm. 2635/13-10-01-1.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2014, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Paulina Elizabeth Ahumada Santana.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE NOVIEMBRE 2014