Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-3-reforma-agraria-70730895
Timestamp: 2019-10-17 22:47:48
Document Index: 75511981

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 14', 'Artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 53', 'artículo 15', 'Artículo 42', 'artículo 53', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 61', 'Artículo 63']

Ley de Reforma Agraria de Andalucía (Ley 8/1984, de 3 julio) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 70730895
Ley de Reforma Agraria de Andalucía (Ley 8/1984, de 3 julio)
TÍTULO PRELIMINAR. Normas generales de los principios que inspiran la reforma agraria - arts. 1 a 4
TÍTULO PRIMERO. Normas orgánicas - arts. 5 a 14
TÍTULO II. De las actuaciones de la administración autónoma andaluza para la reforma agraria
CAPÍTULO PRIMERO. Clases y ámbitos de actuación - arts. 15 a 19
CAPÍTULO II. De la expropiación del uso y del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra - art. 20
CAPÍTULO III. De los planes comarcales de mejora - arts. 21 a 29
CAPÍTULO IV. Del impuesto sobre tierras infrautilizadas - arts. 30 a 41
CAPÍTULO V. De la transformación de grandes zonas de interés General de La Comunidad autónoma
SECCIÓN 1. De las transformaciones en regadio - arts. 43 y 44
SECCIÓN 2. De las zonas de secano - art. 45
SECCIÓN 3. De las transformaciones forestales - art. 46
CAPÍTULO VI. De la concentración de explotaciones y de las permutas forzosas
SECCIÓN 1. De la concentración de explotaciones por causa de utilidad pública - arts. 47 a 50
SECCIÓN 2. De la concentracion de explotaciones por interes privado - art. 51
CAPÍTULO VII. De la expropiación por causa de interés social - art. 52
CAPÍTULO VIII. De la asignación de tierras públicas - arts. 53 y 54
CAPÍTULO IX. De la adquisición de tierras por compraventa - art. 55
TÍTULO III. Del asentamiento en las tierras públicas
CAPÍTULO PRIMERO. De las formas de asentamiento - arts. 56 a 59
CAPÍTULO II. De los beneficios de los asentamientos en las tierras públicas - arts. 60 a 65
Norma citada en: 73 sentencias, 40 artículos doctrinales, 47 disposiciones normativas, un tema práctico
Ley 8/1984, de 3 julio desarrollada por Decreto 402/1986, de 30 diciembre, Reglamento de Reforma Agraria publicado en BO. Junta de Andalucía el 20 de enero de 1987.
Ley 8/1984, de 3 julio desarrollado por Decreto 276/1984, de 30 octubre, Reglamento de Reforma Agraria de Andalucía, publicado en BO. Junta de Andalucía el 23 de noviembre de 1984.
Que el Parlamento de andalucía ha aprobado y yo, en nombre del rey y por la autoridad que me confieren la constitución y el Estatuto de autonomía, promulgo y ordeno la publicidad de la siguiente.
La presente Ley se inserta dentro del cumplimiento de uno de los objetivos básicos de la Comunidad autónoma andaluza tal como los define el artículo 12 del Estatuto de autonomía.
Antes de entrar en la exposición de las formulas normativas que se contienen en la Ley, no es ociosa una reflexión sobre el significado histórico del problema de la tierra y de la reforma agraria, así como sobre su concepción actual a la luz de las necesidades que hoy día se plantean en la Agricultura andaluza.
La sociedad andaluza se ha caracterizado históricamente por una estructura social muy marcada, y que ha tenido en la posesión de la tierra su línea divisoria. De un lado, unos pocos grandes propietarios que explotaban sus tierras de modo extensivo y de otro una gran de trabajadores agrícolas sin tierra y de pequeños campesinos con insuficiente tierra, que debían acudir también al mercado de trabajo para completar sus ingresos.
El aprovechamiento extensivo de las grandes explotaciones y la ausencia de alternativa de empleo en otras actividades daban lugar a situaciones de paro crónico, con prolongados períodos de paro estacional, estableciendo así las bases de una economía en precario que provocaba, especialmente en ciertas coyunturas de malas cosechas, agudos problemas sociales, que daban lugar a un Alto Nivel de conflictivdad, manifestando reiteradamente a través de movimientos huelguísticos y revueltas promovidas por las organizaciones Obreras.
En efecto aunque el desarrollo productivo de la Agricultura andaluza ha sido notorio, la existencia de una determinada estructura de propiedad y explotación ha determinado una evidente infrautilización del recurso tierra. Así, a pesar de que una gran parte de los grandes propietarios acometieron la modernización de sus explotaciones (mecanización, mejora de la técnica de cultivo, introducción de nuevas variedades, etc.), sus estrategias empresariales han conducido a una estructura de cultivos, a un uso del suelo y a unos desequilibrios Agricultura-ganadería que evidencian, entre otras cosas, un aprovechamiento inadecuado de los Recursos Naturales de andalucía.
Ahora bien, hoy una reforma agraria para andalucía no puede plantearse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de cambio económico y social. A este respecto cabe decir que el desarrollo capitalista de la Agricultura ha llevado a que la tierra no sea ya el único factor básico de la actividad agraria. Modificar la estructura de propiedad cuando sólo sobre las grandes fincas es claramente insuficiente hoy, y no tiene por que implicar la transformación de la Agricultura. Es necesario Integrar la transformación de regadío y el adecuado aprovechamiento de los recursos hidráulicos, la actuación en materia de concentración de explotaciones, los estímulos para la adopción de formulas de Agricultura asociativa, que superen los problemas de fragmentación de la propiedad, así como el aprovechamiento forestal y de restauración hidrológico-forestal, que permitan combinar los criterios de planificación productiva con los de conservación de la naturaleza y de los recursos.
Es, por tanto, la filosofía última de esta Ley de Reforma agraria ser un medio para remover los obstáculos de carácter de estructural que se oponen al adecuado desarrollo del potencial de la Agricultura andaluza. Desarrollo que debe orientarse de tal modo que no entre en colisión, antes bien, que se adecue a los criterios de ordenación General de La economía y de la política agraria de la nación; Y a lo que hay que añadir que una Ley de Reforma agraria concebida como tal, y no como un mero programa de reforma de estructuras, transformación en regadíos, concentración parcelaria, etc., sólo tiene sentido en aquellas regiones donde se manifiesta un elevado grado de concentración de la propiedad. Tal vez uno de los errores de la reforma agraria de la república fue su intento de aplicación a todo el territorio nacional. Por ello, esta Ley encuentra su plena justificación no sólo jurídica, sino también política, en el marco del estado de las autonomías, singularmente descrito para nuestro caso en la constitución española y el Estatuto de autonomía.
Para hacer viable este modelo de reforma agraria contiene la Ley un conjunto de normas que se estructuran en cuatro grupos diferenciados: De carácter general, las disposiciones orgánicas, las reguladoras de las diversas actuaciones de la administración autonómica en materia de reforma agraria y las relativas al asentamiento en las tierras públicas.
Las normas generales señalan los grandes objetivos y principios de la reforma agraria, y los criterios que los inspiran indican, básicamente, los instrumentos para la consecución de dichos objetivos y establecen algunas reglas concretas de carácter común a todas las actuaciones previstas en la Ley, como pueden ser las relativas a cautelas jurídicas y a la creación del catálogo de fincas rústicas mejorables, elemento esencial de la publicidad administrativa y fichero de las distintas situaciones en que pueden estar las fincas sometidas a la reforma agraria.
Por lo que hace al primero, es sabido que la función social de la propiedad es un tópico jurídico de muy diversas interpretaciones y, ello no obstante, con carta de naturaleza en casi todos los ordenamientos de nuestra área jurídico-cultural, recogido en la suprema instancia normativa que representa la constitución de 1978. A pesar de esa posible variedad de interpretaciones, se puede decir, con práctica aceptación general, que la función social de la propiedad supone la incorporación de la perspectiva del deber al derecho subjetivo, deber que modaliza su ejercicio; Ejercicio que se aboca a la búsqueda de un logro social, que al mismo tiempo preserve el ámbito de poder del titular.
El segundo gran principio, establecimiento y desarrollo de Explotaciones Agrarias rentables social y económicamente, es consecuencia también del cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra. Es preciso exigir la realización al propietario de una actividad con rentabilidad social y económica. Dentro del conjunto de medidas graduales, es instrumento para la consecución de ello la imposición de planes de mejora a aquellos propietarios o explotadores de la tierra que no alcancen determinados niveles de actividad. En esta misma línea, la Ley contempla el impuesto sobre tierras infrautilizadas, del que más tarde se volverá a hablar.
El tercer gran objetivo, la solución de graves problemas sociales, viene referido a aquellos supuestos de carácter puntual o coyuntural, en los que la actuación de las anteriores medidas no es posible por no concurrir sus circunstancias de ejecución, o por la extremada agudeza de la situación existente, y se haga necesario actuar mediante la expropiación por causa de interés social, donde los derechos del propietario quedan definitivamente sacrificados para la consecución de finalidades prioritarias para la Comunidad, sacrificio concebido, por supuesto, en los términos de garantía e indemnización que prevén las normas generales sobre la expropiación forzosa.
El segundo gran conjunto de la Ley es el dedicado a las normas orgánicas, en el que se contienen las oportunas habilitaciones, tanto al Consejo de Gobierno como a la consejería de Agricultura, para ejercitar las competencias que posean de acuerdo con el Estatuto de autonomía y en función de las transferencias a la Comunidad autónoma de andalucía. Dichas normas orgánicas crean asimismo el Instituto Andaluz de reforma agraria, instrumento esencial para la ejecución de la política de la que es medio legal la presente norma; Disposiciones orgánicas que también determinan la formula de participación de las Organizaciones Sindicales y profesionales. Se concibe tal participación con carácter consultivo y a nivel provincial, con incorporación del nivel comarcal, al ser éste el ámbito normal de actuación de la reforma agraria, como se expondrá más adelante. Por la propia naturaleza de toda la materia orgánica, una vez dibujados sus principios fundamentales, se ha deferido el resto al desarrollo reglamentario.
La tercera rúbrica de la Ley de Reforma agraria es relativa a las diversas actuaciones de la administración para la consecución de aquélla, actuaciones que se pueden agrupar y clasificar convencionalmente en las que inciden más directamente sobre las explotaciones singulares (aunque concebidas dentro de una planificación), y aquellas otras que tienen como objetivo más la transformación del entorno donde se mueven las singulares explotaciones, que la de estas mismas, aunque es evidente que en muchas ocasiones concurrirán ambos tipos de actuación, y que no cabe concebirlas como compartimientos estancos.
Se debe poner de relieve que el ámbito de ejecución de la Ley de Reforma agraria es la comarca, siendo el instrumento normativo utilizado con carácter fundamental el Decreto de actuación comarcal de reforma agraria que reflejando los criterios generales de la Ley, es también un Decreto planificador para cada comarca que persigue una reestructuración global del habitat rural de la zona.
Conviene poner de manifiesto que pieza fundamental de cada Decreto de actuación de reforma agraria es la determinación de los índices técnico-económicos que determinan las diversas medidas sobre las explotaciones y que suponen una objetivación del grado de aprovechamiento de los recursos en tres variables fijas -producción bruta por hectárea, empleo por hectárea e intensidad de cultivo-, aunque pueden ser completadas por otros.
Dedica esta parte de la Ley atención a la regulación de los tipos expropiatorios de que se van a hacer uso en la reforma agraria de la Comunidad autónoma andaluza. Merece resaltarse la metodología que se ha seguido para incardinar dentro de la Ley las figuras expropiatorias, pues al tiempo que la Comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en materia de Reforma y Desarrollo Agrario, en los términos que indica el artículo 18.1.4. Del Estatuto de autonomía, no la tiene en los mismos términos por reservada al estado, según el artículo 149.1.18 de la constitución, en materia de expropiación forzosa; Institución que se considera imprescindible, aunque sea con carácter instrumental, para la realización de la reforma agraria.
La cosa no plantea mayores dificultades, si con esta óptica interpretamos que, al ser competencia para legislar originariamente en materia de expropiación exclusiva del poder central (artículo 149.1.18 de la constitución), mientras corresponde a los Organos andaluces el desarrollo legislativo y ejecución (artículo 15.1.2 del Estatuto de autonomía), ello conlleva necesariamente que, aunque la Comunidad autónoma no puede regular tipos de expropiación distintos a los consagrados por la vigente legislación general, puede remitirse a la legislación básica de la expropiación forzosa, y esto es lo que precisamente se ha hecho, con alusión a la tipología de la Ley de fincas manifiestamente mejorables y la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y a las normas generales que regulan la expropiación por razón de interés social.
Y del mismo modo es de la competencia de la Comunidad autónoma el establecimiento del impuesto sobre tierras infrautilizadas, que se configura como un tributo propio de la Comunidad autónoma, establecido por la misma en uso del poder tributario que le reconocen los artículos 133.2 de la constitución y 64 del Estatuto de andalucía.
La formula establecida para medir estos por el sujeto pasivo es la de restar del rendimiento óptimo el rendimiento obtenido en el año natural, o el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en los cinco años anteriores, si esta última cantidad resultare mayor.
Es evidente que las actuaciones que no inciden solamente sobre expropiaciones singulares, tales como la transformación de grandes zonas repobladas forestales (que la Ley enfoca con un matiz alejado de planteamientos productivistas) y la concentración de explotaciones (de la que debe recordarse la novedosa regulación que va mucho más allá de la concentración parcelaria, entendida como la de parcelas en coto Redondo), se encuentran amparadas por la competencia exclusiva de la Comunidad autónoma en Agricultura, aunque se contengan las necesarias cautelas consistentes en remitirse a la legislación básica de la expropiación forzosa, la referencia a la legislación civil y el respeto a la ordenación básica de la economía, tres límites que se imponen, como es sabido por la propia constitución.
El último gran apartado de la Ley de Reforma agraria hace referencia al asentamiento en las tierras publicas que estén en poder de la administración autonómica y que están destinadas a la reforma agraria.
TÍTULO PRELIMINAR Normas generales de los principios que inspiran la reforma agraria Artículos 1 a 4
La administración autónoma podrá, para determinar a los efectos de esta Ley el cumplimiento de la función social de la propiedad rústica, cualquiera que sea su naturaliza pública o privada:.
Fijar criterios objetivos de obtención del mejor aprovechamiento de la tierra y sus recursos.
Establecer las medidas a adoptar para la protección del suelo y la conservación de la naturaleza.
TÍTULO PRIMERO Normas orgánicas Artículos 5 a 14
Corresponde al Consejo de Gobierno de La Junta de andalucía, además de fijar las líneas generales de la política agraria en la Comunidad autónoma, de acuerdo con la ordenación básica de la economía y Respetando las orientaciones productivas finales de la política agrícola fijadas por el poder central, las siguientes competencias:.
Aprobar los planes para andalucía sobre ordenación y reforma agraria.
Acordar, a propuesta del Consejero de Agricultura y pesca, previo informe del Instituto Andaluz de reforma agraria, la expropiación forzosa de fincas rústicas en los términos de la legislación General del Estado en la materia.
Acordar las actuaciones que, para su aprobación por Decreto, se contemplan en el artículo 15 de la presente Ley.
Fijar para cada comarca la extensión de las unidades mínimas de cultivo, a propuesta del Consejo de Agricultura y pesca, previo informe del Instituto Andaluz de reforma agraria.
Corresponden al iara las siguientes funciones básicas:.
Aportar los informes o los estudios concernientes a la elaboración de los planes de reforma agraria en andalucía.
Proponer las actuaciones en materia de reforma agraria que deban ser aprobadas por la consejería de Agricultura y pesca o elevadas por ésta al Consejo de Gobierno.
Ejecutar las actuaciones anteriormente reseñadas y todas aquellas concernientes a la política agraria que le sean especialmente encomendadas.
La titularidad y ejercicio de los derechos sobre la tierra que sean adquiridos por la administración autónoma para la realización de la reforma agraria.
Las competencias en materia de Reforma y Desarrollo Agrario y de montes y forestal, de acuerdo con las correspondientes normas de asignación con el traspaso de competencias de la Comunidad autónoma.
Al frente del iara existirá un Presidente, que será designado y separado libremente por El Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Agricultura y pesca.
Los Delegados provinciales de la consejería de Agricultura y pesca, en tanto que representantes del Consejo ejercerán el superior control de la actividad del iara y garantizarán la coordinación de éste con las actividades de las restantes unidades provinciales.
Los propietarios cultivadores y entidades están obligados a facilitar cuantos datos sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del iara y a permitir, en consecuencia, el acceso a las fincas o dependencias agrícolas a los funcionarios o personas habilitadas para este fin que el Instituto designe para ello, previa notificación al titular de la visita.
Dependiente del iara, u a los efectos de la exacción del impuesto regulado en esta Ley, se crea un Registro Administrativo, en el que se incluirá la relación de fincas susceptibles de ser gravadas con dicho impuesto.
TÍTULO II De las actuaciones de la administración autónoma andaluza para la reforma agraria Artículos 15 a 55
CAPÍTULO PRIMERO Clases y ámbitos de actuación Artículos 15 a 19
Para el cumplimiento de la función social de la propiedad y el adecuado ejercicio de la explotación agraria, la creación de una infraestructura adecuada a tal finalidad y la solución de graves problemas sociales la administración autónoma andaluza podrá acordar:.
La expropiación del dominio o del uso de acuerdo con esta Ley y en los supuestos regulados en la legislación General del Estado en la materia.
El establecimiento de planes de explotación y mejora o de planes individuales de mejora forzosa.
La expropiación por causa de interés social, de acuerdo con la legislación General del Estado en la materia.
La transformación de grandes zonas de interés General de La Comunidad autónoma.
La concentración de explotaciones.
La asignación de las tierras públicas a particulares, según los criterios sociales que deben presidir la redistribución de la tierra.
La adquisición por compraventa de tierras, cuando sean convenientes a los fines de esta Ley.
Con el fin de realizar un estudio jurídico, social y económico de la comarca en la que se pretenda actuar y para abrir el período de consulta e información a las juntas provinciales de reforma agraria por Decreto del Consejo de Gobierno se declarará la comarca de reforma agraria. Dicho Decreto contendrá:.
El perímetro provisional de la comarca.
Las medidas cautelares que se consideren necesarias para salvar los impedimentos que entorpezcan o imposibiliten las actuaciones de la administración autónoma.
Las características generales de las explotaciones cuyos titulares han de aportar obligatoriamente, en el plazo de dos meses, los datos reales de aprovechamiento de los cinco últimos años.
Las actuaciones en relación con la reforma agraria se determinarán en los decretos de actuación comarcal de reforma agraria, que contendrán:.
El perímetro definitivo de la comarca.
Las orientaciones en materia de producción, según las características agronómicas de la comarca y de acuerdo con la ordenación de la actuación económica General del Estado.
En su caso, el plan comarcal de mejora.
Las correspondientes actuaciones concretas de la administración relativas al ejercicio de la explotación agraria de las fincas que integran la comarca.
Plan de ordenación de explotaciones, en su caso, para promover en la comarca, mediante las ayudas y estímulos que se acuerden, la constitución de explotaciones de dimensiones suficientes y características adecuadas en orden a su estructura, capitalización y organización empresarial, según las condiciones que se fijen en el Decreto.
Relación de obras y actuaciones en orden a la mejora de infraestructura física y de aprovechamiento de recursos.
La adopción de las medidas que, dentro de los programas generales de actuación del Gobierno Andaluz, contribuyan a la industrialización de los Productos Agrarios y su comercialización.
La adopción de las restantes medidas que se contemplan en el presente título con apreciación, en cada caso, de las circunstancias que la justifican.
Autorización al Consejero de Agricultura y pesca para acordar mediante orden la concentración de explotaciones de toda o parte de la comarca afectada.
En relación con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 18, se publicarán:.
Los valores de los índices técnico-económicos que reflejen el nivel de aprovechamiento medio y óptimo de las Explotaciones Agrarias de la comarca. Estos índices tendrán en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios: Producto bruto por hectáreas, nivel de empleo por hectáreas e intensidad de cultivo. En todo caso se entenderá como nivel óptimo el que corresponda a los valores de dichos índices para el grupo de explotaciones que, a través de una adecuada combinación de factores productivos logren el mejor aprovechamiento por hectárea.
La relación de las fincas que, por el incumplimiento de su función social, o según el grado de aprovechamiento Real de los recursos:.
son objeto de inmediata expropiación del dominio o del uso, tras su declaración de fincas manifiestamente mejorables, por no alcanzar el 50 por 100 de los índices medios de la comarca fijados por el Decreto de actuación comarcal de reforma agraria.
quedan sujetas a la elaboración de un plan de explotación y mejora en los términos de la Ley de fincas manifiestamente mejorables, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, por no alcanzar los índices medios de la comarca fijados en el Decreto.
en su caso, quedan sujetas a la realización de un plan individual de mejora de acuerdo con el plan comarcal de mejora, cuya aprobación deberá ser expresamente acordada en este Decreto.
Las restantes fincas no incluidas en la relación anterior y que son susceptibles de ser gravadas con el impuesto sobre tierras infrautilizadas se incluirán en el registro regulado en el artículo 14 de la presente Ley.
CAPÍTULO II De la expropiación del uso y del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra Artículo 20
El Consejo de Gobierno de La Junta de andalucía, podrá acordar la expropiación o del uso de una finca como sanción al incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra, de acuerdo con lo establecido en los siguientes números.
La sanción de dicho incumplimiento se realizará mediante la declaración de finca manifiestamente mejorable en los supuestos regulados en la legislación General del Estado según los criterios objetivos que se fijen por El Consejo de Gobierno de La Junta de andalucía, y se ajustará a lo siguiente:.
la declaración de finca manifiestamente mejorable se hará por El Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Agricultura y pesca, e implicará el reconocimiento del incumplimiento de la función social de la tierra, el interés social de la mejora del inmueble a efectos de la expropiación y la necesidad de ocupación del mismo, por el procedimiento de urgencia, con arreglo a la legislación General del Estado en la materia.
la declaración de una finca como manifiestamente mejorable implicará su inclusión en el catálogo de fincas rústicas mejorables y la posibilidad de su expropiación inmediata.
la expropiación consistirá en la privación singular del derecho de uso o disfrute mediante el arrendamiento forzoso o Convenio forestal forzoso con el iara en la finca afectada, de acuerdo con la legislación General del Estado en la materia.
en cuanto al depósito previo a la ocupación, cuando proceda y al justiprecio, se aplicarán las normas generales en la materia.
La actuación prevista en el apartado c) del número 2 del presente artículo, podrá acordarse para fincas singulares no incluidas en comarcas de reforma agraria.
CAPÍTULO III De los planes comarcales de mejora Artículos 21 a 29
A efectos de lo dispuesto en el artículo 18, la administración autónoma queda facultada en los decretos de actuación comarcal de reforma agraria:.
para Elaborar planes comarcales de mejora en zonas de economía deprimida, caracterizadas por existir en ellas defectos de infraestructura económica, social y técnica que impidan o dificulten la mejor utilización de los recursos.
para establecer, conforme a aquellos, planes individuales de mejora de fincas.
Los planes comarcales de mejora deberán contener las siguientes indicaciones:.
El perímetro de la comarca afectada, y los de las zonas en que se subdivide, en su caso.
Obras a realizar por la administración autónoma, en su caso.
Dimensión de las fincas o explotaciones sobre las que actuará el plan.
Los criterios generales a los que deban ajustarse los planes individuales de mejora.
Las orientaciones productivas.
Quedarán sujetas a la posibilidad de expropiación las fincas incluidas en el catálogo y sometidas a plan individual de mejora:.
cuando el plan individual de mejora forzosa no sea aceptado en plazo de un mes o se declare su incumplimiento o grave entorpecimiento.
cuando el plan individual de mejora al que se haya comprometido su titular se declare incumplido o gravemente entorpecido.
CAPÍTULO IV Del impuesto sobre tierras infrautilizadas Artículos 30 a 41
Constituye el hecho imponible del impuesto la infrautilización de las fincas rústicas, por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo por hectárea fijado para cada comarca en el correspondiente Decreto de actuación comarcal.
No se consideran infrautilizadas las fincas rústicas durante los períodos impositivos e los que no pueda técnicamente realizarse, total o parcialmente, un ciclo de producción agraria.
Las fincas rústicas integradas en una explotación agraria se gravan conjuntamente.
A los efectos de este impuesto, se entenderá por explotación agraria la definida en el artículo 16.
Son sujetos pasivos del impuesto:.
Las personas físicas o jurídicas titulares del dominio o de un derecho Real de disfrute sobre las fincas rústicas, cuando las exploten directamente.
Las personas físicas o jurídicas que las exploten en régimen de arrendamiento o cualquier otro análogo.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos las Comunidades de bienes, Comunidades hereditarias, herencias yacentes, sociedades gananciales, sociedades irregulares y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición.
Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el apartado anterior responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
Será de aplicación el régimen de los apartados anteriores a las explotaciones realizadas en aparcería.
Estarán exentas del impuesto las siguientes fincas rústicas o Explotaciones Agrarias:.
Las de uso público.
Las de servicio público.
Las comunales.
Las que tengan un rendimiento integro en el año natural igual o superior al 80 por 100 del rendimiento óptimo.
Las de extensión inferior a 50 hectáreas en cultivo de regadío, a 300 hectáreas en cultivo de secano, o a 750 hectáreas en aprovechamiento de pastos y montes. En el supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos, cada hectárea de regadío equivaldrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.
Las afectadas con carácter general por la declaración de zona catastrófica, o bien aquellas que determine la administración autónoma por concurrir en las mismas, de modo singular, circunstancias que determinen una disminución notable de la producción.
Las sometidas a un plan de mejora o intensificación de cultivos, tanto de carácter forzoso como voluntario, aprobado por la administración autónoma y en fase de ejecución.
Las retenidas por el iara en los supuestos del artículo 53.
Las expropiadas por el iara mientras no se lleve a cabo el asentamiento.
La base imponible estará constituida por la diferencia entre el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en el año natural, o el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en los cinco años anteriores, si esta última cantidad resultare mayor.
El rendimiento óptimo a que se refiere el apartado anterior se determinará cada cinco años con arreglo a los índices contenidos en los decretos de actuación de reforma agraria, y será actualizado anualmente.
En ningún caso, el rendimiento óptimo, a los efectos de la aplicación de este impuesto, podrá superar el doble del rendimiento medio de la comarca.
El período impositivo coincidirá con el año natural. En los supuestos de cambio de titularidad en la explotación de la finca en día distinto el 31 de diciembre, el período impositivo finalizará en la fecha en que tal cambio de titularidad se produzca y se abrirá otro período impositivo para el nuevo titular, por el tiempo que reste hasta la terminación de dicho año.
Los rendimientos obtenidos se imputarán al año natural en que se hubiera materializado la producción agraria correspondiente.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación a la base imponible del tipo de gravamen que corresponda conforme a la siguiente escala:.
Base imponible Tipo de gravamen Hasta el 30% del rendimiento óptimo 2% Hasta el 40% del rendimiento óptimo 3,25% Hasta el 50% del rendimiento óptimo 4,50% Hasta el 60% del rendimiento óptimo 5,75% Hasta el 70% del rendimiento óptimo 7% Hasta el 80% del rendimiento óptimo 8,25% Hasta el 90% del rendimiento óptimo 9,50% Hasta el 100% del rendimiento óptimo 10,75%
Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos, siempre que la finca rústica o Explotaciones Agrarias tengan una extensión igual o superior a 50 hectáreas de regadío, 300 hectáreas de secano o a 750 hectáreas en aprovechamientos de pastos y montes. En el supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos, cada hectárea de regadío equivaldrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.
La administración tributaria de la Comunidad autónoma practicará la liquidación del impuesto, según los datos contenidos en la declaración, sin perjuicio de su posterior comprobación.
El régimen de Infracciones y Sanciones tributarias será el establecido en la legislación General del Estado en la materia.
CAPÍTULO V De la transformación de grandes zonas de interés General de La Comunidad autónoma Artículos 42 a 46
La transformación económica y social de grandes zonas a la que hace referencia el artículo 15, sin perjuicio de las competencias del poder central en esta materia, tiene por objeto cambiar en profundidad, por razones de interés General de La Comunidad autónoma, las condiciones económicas y sociales de las mismas, cuando ello requiera la realización de obras o trabajos generales o que presenten especial complejidad que por superar la capacidad privada requieran del apoyo técnico, jurídico y financiero de la Comunidad autónoma. En todo caso, la realización de dichas obras o trabajos no liberan del cumplimiento de las obligaciones inherentes a la propiedad agraria.
En este tipo de actuaciones se incluyen:.
las transformaciones en regadío.
las que se realicen en grandes zonas de secano, transformando el sistema productivo, o en zonas en las que los terrenos deban ser defendidos o drenados, cuando abarquen gran superficie.
transformación en materia forestal y de conservación de la naturaleza.
cualquier otra de características análogas que recaiga sobre grandes zonas.
Cuando las transformaciones a que se refiere el presente artículo exijan.
La realización de obras en las que concurran competencias de otros departamentos y organismos se les dará vista para su informe.
El Consejero de Agricultura y pesca, a propuesta del iara someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno la declaración de interés General de La Comunidad autónoma de la transformación. Dicha declaración se hará por Decreto.
En las expropiaciones que se lleven a cabo se estará a lo dispuesto en la legislación General del Estado en la materia.
Podrá, asimismo, el Consejero de Agricultura y pesca, acordar mediante orden la concentración de explotaciones de todo o parte de la zona afectada.
Las actuaciones en las que incidan competencias de la administración Central del Estado y de la Comunidad autónoma requerirán el mutuo acuerdo de ambas.
Artículo 42 desarrollado por Decreto 251/1987, de 14 octubre, publicado en BO. Junta de Andalucía el 1 de diciembre de 1987.
SECCIÓN 1 De las transformaciones en regadio Artículos 43 y 44
La transformación de las zonas regables comprende:.
la creación de infraestructura encaminada al transporte y uso del agua en la zona transformada.
la creación de adecuadas unidades de explotación y la asignación a sus beneficiarios cuando proceda.
las restantes actuaciones que se establezcan en el plan de transformación.
Aprobado el Plan General de transformación y en el plazo que fije el iara, los propietarios que reúnan las condiciones establecidas en aquél podrán solicitar la reserva o asignación de unidades de explotación, comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de transformación y a realizar las obras privadas que se estimen necesarias para el efectivo destino del suelo al cultivo de regadío.
Vistas las solicitudes, el Consejero de Agricultura y pesca, mediante orden, resolverá, especificando:.
las tierras reservadas a sus antiguos propietarios, cultivadores directos, hasta un máximo de tres unidades de explotación individuales fijadas en el plan.
las tierras extimadas en exceso de las anteriores y que serán objeto de explotación para constituir unidades de eplotación individuales o asociadas. Los criterios de asignación de las tierras en exceso serán los establecidos en el plan de transformación y de acuerdo con los preceptos de la presente Ley relativos a los asentamientos. Preferentemente, se hará la asignación a entidades asociativas, sin perjuicio de asignaciones en complemento de las que sean reservadas a pequeños propietarios cultivadores directos.
las tierras sujetas a reserva especial por haberse realizado en las mismas las obras de transformación en regadío o que estén en proceso de transformación, con una inversión superior a la cuarta parte del valor total de la obra. Habrá de demostrarse fehacientemente que están transformadas o en proceso de transformación antes de la publicación del Decreto que declare de interés general la actuación.
Las tierras de reserva especial por riego se beneficiarán de las obras de captación y conducción de la zona, para mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos disponibles, quedando sujetas con las demás pertenecientes al mismo propietario a las normas aplicables a las tierras reservadas, aunque debiendo concederse, en estos casos, como reserva mínima, las tierras que se declaren de reserva especial.
La adquisición de las tierras consideradas en exceso, por parte del iara, se realizará por expropiación o compra, en los términos de la legislación General del Estado en la materia, y tendrán el destino previsto en el artículo 53.
Una vez finalizadas las obras y cumplido el plan de transformación, el iara, de oficio o a instancia de parte interesada, declarará efectuada la puesta en regadío.
Declarada, oficialmente, la puesta en riego y tomada, en su caso, posesión de las nuevas fincas, los titulares de las unidades de explotación constituidas deberán cumplir las siguientes obligaciones:.
alcanzar los índices técnico-económicos de aprovechamiento en el plazo fijado en el plan de transformación.
realizar las obras y trabajos de acondicionamiento en dichas tierras que se consideren necesarios para la puesta en regadío de la explotación.
y, en general, todas las demás establecidas en el Decreto de aprobación del plan de transformación.
En caso de incumplimiento, el iara procederá a la adquisición de las unidades de explotación, de acuerdo con la legislación General del Estado en la materia.
SECCIÓN 2 De las zonas de secano Artículo 45
SECCIÓN 3 De las transformaciones forestales Artículo 46
CAPÍTULO VI De la concentración de explotaciones y de las permutas forzosas Artículos 47 a 51
SECCIÓN 1 De la concentración de explotaciones por causa de utilidad pública Artículos 47 a 50
La concentración de explotaciones tendrá como finalidad la constitución de explotaciones de estructura y dimensiones que permitan un mejor aprovechamiento del suelo agrícola y el desarrollo económico y social de la zona afectada.
Salvo los casos especiales previstos en la Ley, la concentración de explotaciones será acordada por causa de utilidad pública, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Agricultura y pesca y previo informe del iara.
Acordada la realización de la concentración de explotaciones, ésta será obligatoria para todos los propietarios de las fincas afectadas y para los titulares de derechos y otras situaciones jurídicas existentes sobre las mismas.
Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración de explotaciones serán satisfechos por la administración autónoma a través del iara.
En todo caso, en la concentración de explotaciones que regula la presente Ley han de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:.
que la mayoría de propietarios o cultivadores de la zona se comprometan a la explotación comunitaria de sus tierras por período no inferior a doce años. A efectos del computo de dicha mayoría, se admitirá el compromiso del propietario que no sea cultivador directo.
que se aporten fincas públicas o privadas que permitan la constitución de explotaciones de dimensiones y estructura adecuadas.
que resultare necesaria, a juicio del iara, para adaptar la configuración de las fincas a las redes de obras que se realicen con motivo de actuaciones de reforma agraria.
Artículo 48 actualizado, en cuanto que establece que el plazo máximo de resolución es de 1 año y los efectos de la falta de resolución expresa son desestimatorios por el Anejo I. H) del Decreto 137/1993, de 7 septiembre´, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de octubre de 1993.
Las aportaciones de tierras a los fines de concentración comprenderán:.
Fincas adquiridas por el iara por compra o permuta.
Fincas adquiridas por compra o permuta por los afectados en la concentración.
Fincas expropiadas en propiedad o en uso por incumplimiento de los criterios objetivos fijados por El Consejo de Gobierno para el mejor aprovechamiento de las tierras y recursos.
En los dos primeros casos, las adquisiciones o aportaciones darán derecho al transmitente a una subvención de hasta el 10 por 100 del precio de venta siempre que la adquisición de lugar a una disminución del número de propietarios que participen el la concentración y con independencia de los beneficios que conceden los artículos 61 y 62 de la Ley 49/1981, de 24 de diciembre.
Las zonas de concentración de explotaciones estarán constituidas por uno o varios perímetros. En este segundo caso, la concentración sólo podrá ser promovida a solicitud de los interesados s perteneciera a estos la mayoría de la superficie de cada uno de los perímetros que compongan la zona.
SECCIÓN 2 De la concentracion de explotaciones por interes privado Artículo 51
CAPÍTULO VII De la expropiación por causa de interés social Artículo 52
CAPÍTULO VIII De la asignación de tierras públicas Artículos 53 y 54
Las tierras y derechos adquiridos por el iara se destinarán primordialmente al asentamiento de agricultores a través de las figuras que se regulan en el título III de esta Ley.
Podrá, sin embargo, el iara retener la explotación de estas tierras en el supuesto siguiente:.
para la realización de investigaciones y experimentos de nuevos cultivos y técnicas de producción.
para la realización de construcciones y otras obras que estén directamente afectadas al servicio del iara o de las explotaciones radicadas en una comarca o zona.
cuando por su carácter forestal, por conveniencia de la conservación de la naturaleza, destino cinegético, o características análogas su marcado interés social no aconseje su explotación privada.
para atender fines generales que se señalen en los decretos de actuación o en los planes.
En los casos de fincas o derechos adquiridos por el iara, a causa del incumplimiento de los planes de mejora, aquél podrá Asumir su realización antes de su distribución a los particulares o ceder las en propiedad, concesión, arrendamiento o subarriendo a quienes se comprometan a su realización, según los criterios recogidos en el siguiente título y por el procedimiento que reglamentariamente se fije y, en su caso, de acuerdo con la legislación General del Estado en la materia. En caso de incumplimiento, estas tierras revertirán al iara, pudiendo éste proponer al Consejero de Agricultura y pesca la imposición de una sanción económica, que podrá ser hasta del duplo de la inversión realizada.
Artículo 53 actualizado, en cuanto que establece que el plazo máximo de resolución es de 1 año y los efectos de la falta de resolución expresa son desestimatorios por el Anejo I. B) del Decreto 137/1993, de 7 septiembre´, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de octubre de 1993.
CAPÍTULO IX De la adquisición de tierras por compraventa Artículo 55
TÍTULO III Del asentamiento en las tierras públicas Artículos 56 a 65
Título III actualizado, en cuanto que establece que el plazo máximo de resolución es de 1 año y los efectos de la falta de resolución expresa son desestimatorios por el Anejo I. B) del Decreto 137/1993, de 7 septiembre´, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de octubre de 1993.
CAPÍTULO PRIMERO De las formas de asentamiento Artículos 56 a 59
CAPÍTULO II De los beneficios de los asentamientos en las tierras públicas Artículos 60 a 65
Las participaciones de los asociados en las Explotaciones Agrarias de carácter asociativo, en los regímenes de propiedad, concesión, arrendamiento o subarriendo, quedaran sometidas, en cuanto fuere pertinente, a las normas que rigen las explotaciones familiares constituidas por el iara.
Artículo 61 actualizado, en cuanto que establece que el plazo máximo de resolución es de 3 meses y los efectos de la falta de resolución expresa son estimatorios por el Anejo I. B) del decreto 137/1993, de 7 septiembre´, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de octubre de 1993.
Se entiende por explotación familiar agraria el conjunto de Bienes y Derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción agraria, primordialmente con fines de mercado, siempre que constituya el medio de vida principal de la familia, pueda tener capacidad para proporcionarle un nivel socioeconómico análogo al de otros sectores y reúna las siguientes condiciones:.
que el titular desarrolle la actividad empresarial agraria como principal, asumiendo directamente el riesgo inherente a la misma.
que los trabajos en la explotación sean realizados personalmente por el titular y su familia, sin que la aportación de mano de obra asalariada fija, en su caso, supere en el computo anual a la familiar en los términos regulados por la legislación General del Estado en la materia.
La constitución de explotaciones familiares agrarias por los particulares, a los efectos de la asignación de tierras regulada en esta Ley, podrá ser autorizada por la consejería de Agricultura y pesca cuando concurran los requisitos necesarios para ello.
Los elementos necesarios calificados así en la adjudicación o constitución de una explotación familiar agraria habrán de conservarse íntegros y afectos a la explotación, salvo autorización del Consejero de Agricultura y pesca.
Artículo 63 actualizado, en cuanto que establece que el plazo máximo de resolución es de 3 meses y los efectos de la falta de resolución expresa son estimatorios Anejo I. B) del Decreto 137/1993, de 7 septiembre´, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de octubre de 1993.
El asentamiento de los agricultores en las tierras públicas se llevará a cabo según el procedimiento reglamentariamente determinado, de acuerdo con los siguientes criterios preferentes en orden a su otorgamiento:.
para la constitución de Explotaciones Agrarias de carácter asociativo que, según el siguiente orden sucesivo, estén integradas:.
Por los arrendatarios o aparceros de las fincas en el supuesto de tierras propiedad del iara, salvo que cuando la causa que determino su adquisición por el iara fuera la inadecuada explotación a ellos imputable.
Por los trabajadores agrícolas fijos de las tierras adquiridas.
Por los trabajadores eventuales de las fincas o de los pueblos limítrofes, atendiendo a las jornadas empleadas en los últimos cinco años.
Por los demás trabajadores agrícolas, incluidos los Trabajadores por Cuenta Propia que aporten sus tierras para explotarlas en común.
Por los emigrantes del sector agrario retornados a la Comunidad autónoma que al regresar deseen establecerse en la Agricultura, así como por los jóvenes de primer empleo, ambos supuestos en la proporción que reglamentariamente se determine.
no siendo posible la explotación agraria de carácter asociativo o no aconsejándolo el interés de la explotación, se adjudicarán las tierras o derechos a agricultores individuales en el mismo orden de preferencia antes reseñado.
Cuando se trate de adjudicaciones en propiedad, habrán de respetarse los derechos reales de adquisición preferente en favor de los titulares que reúnan la condición de explotador personal y directo.
José rodríguez de la borbolla y camoyán, Presidente de La Junta de andalucía.
Miguel manaute humanes, Consejero de Agricultura y pesca.
DECRETO 19/1993, de 11 de febrero, de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
ORDRE TRI/23/2004, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 14 de març de 2004.
Real Decreto 783/1984; de 22 de febrero, por el que se modifica la Comisión de Grisú y de Seguridad Minera.