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Timestamp: 2019-05-21 14:39:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 123', 'artículo 89', 'artículo 123', 'artículo 47', 'artículo 123']

Agente: Opinadores en La Jornada, segunda parte
Del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2009
La Jornada, domingo 25 de octubre de 2009,
El Estado, las empresas públicas y sus trabajadores
Las empresas públicas, nos enseñaba el maestro Mario de la Cueva, no pueden por más de ser definidas como aquellas que prestan un servicio de naturaleza pública y ello tiene innumerables connotaciones. En nuestro derecho administrativo se ha desarrollado muy poco o muy descuidadamente el concepto de servicio público, el que está señalado en varios artículos de la Constitución y de nuestras leyes. El conflicto que se ha desencadenado a raíz de la ilegal y anticonstitucional extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pone en el centro del debate el tema, sobre todo si nos ponemos a definir el papel que deben desempeñar sus correlatos: el Estado, las empresas que prestan el servicio y sus trabajadores.
El artículo 27 constitucional determina lo que es el servicio público: una actividad de carácter económico o social que debe reservarse al Estado porque no puede ser, para alcanzar sus objetivos, objeto de explotación o usufructo privados. Entre ellos está claramente señalado el servicio público de generación y distribución de energía eléctrica. El artículo 28 establece las condiciones en que ese servicio puede concesionarse a privados, pero sin dejar de ser lo que es originalmente, vale decir, un servicio público. En todo caso, el Estado debe crear los organismos o los entes que se dediquen a la generación o producción y a la distribución de ese servicio.
Como podrá observarse fácilmente, el sujeto principal del razonamiento constitucional es el servicio y el derivado la empresa pública que se encargue del mismo. En una hipótesis extrema, si el servicio desaparece, también lo hace la empresa; pero no puede postularse que cuando el servicio persiste la desaparición de la empresa implica la desaparición del mismo. Ahora supongamos el caso de Luz y Fuerza del Centro. La empresa desaparece, se extingue, pero el servicio sigue. Otra empresa, la CFE, se sustituye a ella o lo hará otro ente que sea creado. El servicio sigue ahí.
De acuerdo con los principios inscritos en la Carta Magna, el gobierno, administrador de los bienes de la nación y proveedor de los servicios públicos, no puede entregarlo a privados. Debe seguir prestándolo él. El decreto de Calderón no anuló el servicio; sólo extinguió una empresa. En su solución, absurda de cualquier forma que se la mire, pasa la prestación del servicio a otro ente público, la CFE. Estaría en lo correcto, en abstracto. Pero existe una relación de trabajo que involucra a los trabajadores encargados de la prestación del servicio. Dejemos de lado que los trabajadores de la CFE son tan ineptos para manejar el servicio (que por cierto se parece muy poco al que opera en Guadalajara, como dijo Elías Ayub). Se trata de la relación de los antiguos trabajadores, los del SME, con el servicio.
En la lógica del decreto de extinción sólo cabrían dos hipótesis: o la CFE opera con los antiguos trabajadores del servicio y firma un contrato con el SME para ese propósito, o, en caso de crearse un nuevo ente, como estúpidamente lo sugirió sin saber de lo que hablaba la secretaria de Energía, ese nuevo ente tendría que revalidar o firmar un nuevo contrato con los antiguos trabajadores de ese servicio público. No entiendo cómo los panistas pudieron imaginar que, deshaciéndose de la antigua empresa pública, podían desembarazarse, así como así, de los trabajadores, que no tendrían nada que ver en este cochupo incalificable.
En el derecho del trabajo hay un concepto que es fundador: el de fuente del trabajo. Cuando se trata de una empresa privada, la fuente es la empresa misma; en una empresa pública la fuente no es la empresa o ente públicos, sino el servicio. En este caso el servicio no podía desaparecer, por lo que la relación de trabajo tampoco podía desaparecer con la extinción de la empresa. La mayor imperfección de nuestro derecho del trabajo es que no distingue ambas situaciones. La una es una relación de derecho del trabajo de servicio privado, la otra lo es de derecho del trabajo de servicio público. Es el rompecabezas de nuestros iuslaboralistas, que deben lidiar con esa ambigüedad, en la teoría y en la práctica.
La mayor iniquidad radica en que eso que podría llamarse derecho del trabajo de servicio público sólo está dedicado a acotar y limitar a los trabajadores al servicio burocrático del Estado y que se consagra en esa monstruosidad constitucional y jurídica que es el apartado B del artículo 123, y que no guarda relación con la situación laboral de los trabajadores al servicio de las empresas públicas. Tratar a las empresas públicas y a sus trabajadores organizados como si fueran entes privados da lugar a las mayores atrocidades desde el poder del Estado, como en este caso.
La historia de LFC parecería una rara avis en el contexto de nuestro orden jurídico y constitucional. Desde que se estableció, en vía de prevención, su liquidación desde los tiempos de Echeverría, se pensaba en la creación de un organismo descentralizado que se hiciera cargo del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país. Nunca se pudo saber por qué no se integró esa zona al ámbito de competencia de la CFE. Se alegaron muchas cosas y siempre sobresalía la versión de que el verdadero obstáculo lo representaba el SME.
En todo caso, el SME tenía sus demandas: crear un organismo especial en la zona centro, con respeto a su contrato colectivo de trabajo y al desarrollo integral de la industria en esa zona. Pero no más y jamás fue pretexto para que no se diera ese proceso. Rafael Galván hizo muchos pronunciamientos y siempre denunció los oscuros intereses que lo impedían. Los mismos funcionarios públicos, asociados con los intereses patronales desde ese entonces, tenían sus intereses aparte con LFC y en ello radicaba su incapacidad para resolver lo único que pedía el SME: que los derechos de sus trabajadores fueran respetados y, por decirlo así, integrados en la integración. Una razón que no dependía del sindicato, era que sus trabajadores tenían mejores condiciones de trabajo. Que su sueldo mensual fuera de 6 mil pesos ya era importante, pero no puede decirse que eso fuera un privilegio.
Da verdadera grima constatar que el caso de esta empresa pública es el de todas las demás, por lo menos desde Salinas: nula inversión, obsolescencia de sus equipos y congelación de iniciativas tecnológicas, como se hizo con Pemex. Es bien sabido que los trabajadores resuelven problemas con diablitos y cables casi podridos. La intención de volverlas inoperantes sólo tiene una razón: hacerlas bocados apetecibles para los empresarios privados que vendrán a darnos un mal servicio, como todos los privados, sólo para engordar su billetera y enriquecerse a manos llenas con estos regímenes derechistas.
En mi próxima colaboración daré cuenta de los preceptos constitucionales y legales violados en esta materia.
Realmente lo que estamos viviendo estos días excede la imaginación más generosa. México pasa por un problema gravísimo de desempleo y lo mejor que se le ocurre al gobierno es despedir, en un solo acto, a más de cuarenta mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), poniendo de manifiesto su odio hacia las organizaciones sindicales democráticas e incorporando a los desempleados, que ya son muchos, un caudal importante, con capacidad adquisitiva.
Felipe Calderón se calificó de presidente del empleo. Y ciertamente parece que lo es, pero del empleo de mecanismos anticonstitucionales e ilegales seguramente para facilitar el camino a una inversión extranjera que está viendo con ojos de codicia el mercado extraordinario que se está poniendo a su disposición; obviamente con la intención de que los nuevos inversionistas no tengan problemas sindicales.
El ya famoso decreto del 11 de octubre es un conjunto perfecto de actos inconstitucionales y violatorios de la Ley Federal del Trabajo, sin olvidar el contrato colectivo de trabajo en vigor en la empresa.
¿De dónde habrá sacado el Presidente que está facultado, conforme a la fracción I del artículo 89 constitucional o, si se quiere, de todo su texto, para liquidar una empresa paraestatal? Desde luego que quien se lo haya aconsejado, sin olvidar que Calderón es abogado, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es bien sabido que los funcionarios del Estado solamente pueden hacer aquello que les está permitido. Basta darse una asomadita al famoso 89 para advertir que ni en sueños pueden hacer otra cosa. Y no justifica la conducta la referencia, metida en el famoso decreto, a que si un presidente de la República dio origen a LFC –y habrá que ver si eso era posible entonces– otro pueda liquidarla.
Pero hay muchas más cosas. Entre otras, el despido rotundo de todos los trabajadores de la empresa, olvidándose del derecho a la estabilidad en el empleo a que se refiere la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, que permite al trabajador injustamente despedido optar por la indemnización o la reinstalación.
Pero además, con un descaro elemental, no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el cual ordena que los despidos se hagan por escrito expresando las causas previstas en el propio ordenamiento, ya que de otro modo el despido se considerará injustificado.
Hoy he sabido que no sólo se ha despedido a los miembros del sindicato sino también a los empleados de confianza, que por culpa del presidente López Mateos no tienen derecho a imponer su reinstalación, sólo a cobrar la indemnización por despido, rompiendo con un derecho consagrado en el texto original del artículo 123 constitucional. Para que se vea que no sólo los representantes del PAN son capaces de tantas barbaridades.
Pero no se acaban ahí los problemas. Los apagones se están poniendo de moda aunque se quieren atribuir a los trabajadores de LFC, que no pueden ocupar sus puestos de trabajo impedidos por la Policía Federal y el Ejército. En realidad son producto de la ineficacia de quienes han sido puestos en su lugar, seguramente por la CFE, que no tan fácilmente pueden sustituirlos manejando sistemas que no conocen.
Se invoca como motivo de la liquidación una causa de fuerza mayor. Pero a los autores del desastre se les olvida que hay fuerza mayor cuando el Estado impide el cumplimiento de una obligación y el Estado no puede invocarla en su propio beneficio.
Están repitiendo el pretexto que utilizaron para tratar de acabar con una huelga en Cananea alegando el deterioro de las instalaciones que, en todo caso, no es producto de fuerza mayor sino de casos fortuitos, suponiendo, sin conceder, que sea cierto.
Pero ahora los titulares del poder, político y de hecho, invocan cualquier cosa. Por ejemplo, la Iglesia católica se opone al aborto aunque todo parece indicar que lo hacen para impedir el nombramiento como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de quien ha defendido el derecho de la mujer a decidirlo por sí misma.
Hay que imaginar lo que puede resultar de la alianza de esos poderes. La España de Franco era buen modelo.
Al convertir en argumento absoluto el de los privilegios salariales y en prestaciones logrados por el SME, se soslaya hasta su desaparición la concentración del ingreso y la riqueza y sus correlatos más estridentes: el régimen general de bajos salarios y desprotección social y laboral de la mayoría de los trabajadores, y el regresivo régimen fiscal que acaba de confirmar el Congreso. Es decir, se incurre en una suerte de populismo del acomodo, una populina barata, siempre a la orden de quienes han hecho de su privilegio individual y de grupo una costumbre inamovible, cuyo respeto es entendido como un deber para el resto de la población.
Al dejar de lado la cuestión productiva y de la productividad, o al achacar su situación al supuesto privilegio de los sindicalizados del SME, se soslaya lo fundamental: que por años se ha descuidado la inversión básica en la industria eléctrica, se ha hecho de lado la organización y la administración que es responsabilidad de los directivos, y que los gobiernos se han hecho de la vista gorda, so pretexto de la ingobernabilidad del sindicato y, tal vez, con el propósito nunca dicho de hacer evidente no la necesidad de la reforma de la industria para ajustarla al mandato constitucional de integración y planeación en condiciones de exclusividad estatal, sino su privatización abierta o solapada.
La ofensiva apenas iniciada ahora contra la CFE confirma esta tendencia, a la que no son ajenos muchos renombrados miembros del palenque político actual. Al regodeo con la satisfacción de los acomodados se suma el de los altos mandos del Estado con su habilidad y astucia para poner debajo de la alfombra los problemas y dilemas fundamentales con los que tendrían que lidiar cotidianamente.
Un orden basado en el soslayo, la mentira y la irresponsabilidad pública, no puede ser atractivo para la inversión ni garante de la mínima estabilidad financiera y social que la acumulación sostenida de capital reclama aquí y en China. No son los supuestos excesos del trabajo organizado, que representa una inicua minoría del mundo laboral mexicano, los que explican nuestro retiro del mundo, sino la contumacia de los grupos dominantes, desde hace mucho inextricablemente amarrados a los grupos dirigentes del Estado, por mantener un estado de cosas unilateral e irreductiblemente favorable a ellos en todos los espacios públicos y privados de la vida en México. De varias maneras, esta circunstancia se despliega en una irrefrenable tentación oligárquica de los ricos y sus patéticos exegetas, pero también en formas de vida cotidiana de ricos, no tan ricos y pobres de toda laya, siempre cercanas a la pesadilla y el miedo personal, familiar y comunitario.
La enésima no reforma fiscal que nos asesta el Congreso es una expresión sinuosa o difractada, directa o desfachatada, según se la quiera ver, de esta desorganización política y mental del Estado, cuya fuente está en la concentración de riqueza, poder y privilegio que ni la Revolución encarnada en el presidencialismo autoritario ni la democracia encarnada en el Espíritu Santo han podido conmover. La distancia lograda por los grupos políticos emanados de la transición a la democracia, respecto de la base social y de sus propias bases y clientelas, puede llevar a algunos a hablar de una clase política, pero también habría que admitir la posibilidad de que se trate de una subespecie suicida, cuya procacidad y gusto por la fantochería sólo la acerca al fascismo corriente que algunos ideólogos oficiosos o bajo contrato de la derecha han empezado a cultivar so pretexto de la lucha contra el privilegio… de los de abajo.
Lo que hay que evitar es que nos arrastren.
El domingo pasado, en este espacio, vimos que Luz y Fuerza del Centro (LFC) casi no tiene capacidad de generación por la falta de inversiones y, en general, por decisiones federales. Dos terceras partes de la energía eléctrica vienen de fuentes ubicadas a más de 300 kilómetros de distancia, con diversas consecuencias negativas.
Se ha hablado, informalmente, de instalar plantas de gas natural de ciclo combinado en la zona central. Sí se van a necesitar, si llega a haber una salida a la actual situación (con negociadores como los secretarios de Gobernación y del Trabajo está por verse si habrá alguna salida), nuevas plantas generadoras de electricidad en la zona central del país. Pero no de ésas.
Los funcionarios ya tienen su dogma. No sólo son las citadas plantas de ciclo combinado, sino trasnacionales privadas como dueñas de éstas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagándoles una fortuna. Se les tiene que pagar no sólo por la energía –de la cual el gas lo pagó, de una o de otra manera, la CFE–, sino también la capacidad instalada; una especie de renta de por vida por sus plantas que, según los contratos, seguirán siendo de la empresa privada, aunque con este pago se completara el valor de la planta misma.
En este caso, esa fórmula sería aun peor que en los anteriores. Ya hubo una experiencia de la CFE con el nombre de Samalayuca II, cerca de Ciudad Juárez. Esa urbe está ubicada a mil 127 metros sobre el nivel del mar. Esa altura contribuye a las pérdidas de la planta, adicionales a fallas u otras.
La capacidad nominal de la planta era de 690 megavatios. Pero su capacidad neta (ése es el término usado en documentos) es de 505.80. Esto representa 74 por ciento de la primera. Son 26 por ciento de pérdidas, por la altura como factor principal. También cuenta la temperatura promedio del lugar: mientras más calor, más pérdidas.
¿Y si se instala por aquí, por este rumbo, a 2 mil metros sobre el nivel del mar? ¡Más pérdidas que en Samalayuca! ¿Y si se van hacia Cuernavaca para bajar un poco la altura? Poco ganan, porque aumenta la temperatura. Vemos en una gráfica del Copar (Costos y parámetros de referencia para la formulación de proyectos de inversión), de la CFE, que si se reduce la altura sobre el nivel del mar de 2 mil metros a mil quinientos, y la temperatura aumenta de 15 a 25 grados, las pérdidas son las mismas en los dos casos. El aumento del precio por estas pérdidas debe sumarse a todos los pagos mencionados en relación con las plantas de propiedad privada.
Hay alternativas. Claro, no se han usado en México como no se han dragado los ríos de las hidroeléctricas en décadas. Pero ahí están. Podemos y debemos usar fuentes renovables hasta donde se pueda en el centro del país, pero no alcanzan, ni de lejos, para resolver este problema. Y hay unas plantas que usan turbinas ultrasupercríticas.
¿De qué se trata? El punto de partida es una caldera, como las de las termoeléctricas convencionales. Normalmente, éstas llegan a unos 530 grados al hervir el agua y luego al calentar más el vapor. Un primer paso es que en vez de tirar, mediante una chimenea, el vapor del agua que hirvió con la caldera y cuya presión se usó para mover un generador y producir electricidad, lo volvemos a inyectar por la entrada. Ya no necesitamos calentar tanto el agua y el vapor. Esto nos da mayor eficiencia.
Esto es, sin embargo, sólo un primer paso. Lo principal es aumentar la temperatura de trabajo de la caldera y de la turbina. Para esto necesitamos materiales que resistan altas temperaturas. Se usan aleaciones; entre sus metales están el níquel y el cromo. Estas plantas ya existen en escala comercial y su eficiencia es de casi 50 por ciento, lo cual rebasaría la de una planta de ciclo combinado a alturas como las que hemos mencionado. Un ejemplo, un caso de una unidad de carbón de mil megavatios, en la provincia de Shandong, en China. El tiempo de construcción, instalación y puesta en marcha sumó 22.3 meses, menos de dos años. En casos como estos la temperatura llega a 620 grados.
Los sistemas más avanzados llegan a temperaturas de 760 grados y, con algunas aleaciones, de 800 grados. Se trata de superaleaciones que ya no contienen hierro y se basan en níquel, cromo y otros elementos. No sólo resisten altas temperaturas, sino la corrosión. Las plantas que usan estas turbinas ya tienen 60 por ciento de eficiencia más que una de ciclo combinado, incluso al nivel del mar. Y así como en China usaron carbón, nosotros podemos usar lo que tenemos: combustóleo u otro material residual. Nos referimos a las sustancias que en una refinería no hierven, sino que siguen en el lugar en que estuvo el petróleo crudo antes de la destilación. Su costo es muy bajo y, obviamente, de producción nacional. No necesitamos importar gas, como hace ahora la CFE. Hay que limpiar el combustible, por ejemplo quitarle el azufre; si Pemex no lo ha hecho es porque los funcionarios no han querido tener más plantas desulfuradoras ni usar plenamente lo que hay.
Ya vimos que la instalación de estas plantas puede ser rápida. En un tiempo relativamente corto podemos empezar a aumentar la capacidad de generación de la zona central. Y no andar con ideas como la de instalar plantas de ciclo combinado, de hacer nuevos negocios con trasnacionales, luego de experiencias como la de Samalayuca II.
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