Source: http://agramontista.blogspot.com/2013/04/boletin-juridico-n-7.html
Timestamp: 2017-10-22 15:43:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 66', 'artículo 20', 'artículo 36', 'artículo 16', 'artículo 75', 'artículo 53', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 121', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 23', 'Artículo 18', 'artículo 25']

Corriente Agramontista: BOLETÍN JURÍDICO N° 7
BOLETÍN JURÍDICO N° 7
BOLETÍNN° 7 Febrero de 2008
La Corriente Agramontista (agrupación de abogados independientes cubanos) se complace una vez más en presentar a ustedes, estimados amigos lectores, otro número de su Boletín —el séptimo—, el cual —como de costumbre— los invitamos a comentar, divulgar y reproducir. Aparecen en él diversos artículos y discursos, cuyo texto —lógicamente— es de la exclusiva responsabilidad de cada uno de sus respectivos autores.
En nuestro número precedente hacíamos alusión al otorgamiento a nuestro Presidente del prestigioso Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux, que conceden conjuntamente diversas instituciones de juristas del Viejo Continente (Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, etcétera).
El 19 de octubre de 2007, después de la publicación de ese número anterior de nuestro Boletín, se celebró en el edificio del Senado del Reino de Bélgica la ceremonia de premiación. En ella no pudo estar presente el colega René Gómez Manzano, a quien las autoridades comunistas le negaron el “permiso de salida” que necesita cualquier ciudadano cubano para viajar al extranjero; no obstante, sí asistió su representante personal, el también abogado agramontista Juan Escandell Ramírez, ex defensor de numerosos presos políticos actualmente exiliado en la Florida. Nuestra Corriente se complace de poder publicar ahora en este boletín los discursos pronunciados en esa ocasión por el doctor Bertrand Favreau, presidente del Jurado Internacional que otorgó el premio, y por el propio Escandell. También incluimos el texto del mensaje que Gómez Manzano, en previsión de la negativa de las autoridades migratorias a concederle el “permiso de salida”, había grabado previamente; de este texto cabe destacar el sentir de nuestro Presidente, que considera que ese galardón es no sólo de él, sino de todos los abogados agramontistas.
Este Número 7 se publica cuando acaba de celebrarse en nuestra Patria la sesión constitutiva de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ha institucionalizado el cese del doctor Fidel Castro en el ejercicio del mando supremo, así como la designación en propiedad, para ocupar las responsabilidades de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, del General de Ejército Raúl Castro Ruz. No deja de resultar curioso que el estreno del nuevo Jefe del Estado haya marchado unida a una evidente infracción del texto supralegal que actualmente exhibe el régimen comunista: Según el inciso d) del artículo 93 de la Constitución, una de las atribuciones del primer mandatario es la de “proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, los miembros del Consejo de Ministros”. Como se sabe, ese precepto fue incumplido, y además, de manera innecesaria, pues de acuerdo con las intenciones anunciadas por el nuevo dirigente supremo, bien hubieran podido ser formalmente ratificados en sus cargos los distintos ministros, sin perjuicio de llevar a cabo posteriormente la reestructuración de la Administración Central del Estado que ha sido anunciada.
Las autoridades del país han insistido en la necesidad de realizar cambios, precisando en algo el alcance de los planteamientos hechos por el General de Ejército el pasado 26 de julio —hace siete meses— acerca de la necesidad de llevar a cabo “reformas estructurales y de conceptos”; esto incluye —como ya hemos apuntado— la reestructuración de la Administración Central del Estado, así como la eliminación de prohibiciones innecesarias, la supresión de la doble moneda, el incremento de las producciones agropecuarias y la eliminación de subsidios irracionales. En la misma alocución del 24 de febrero, el nuevo Jefe del Estado ha expresado que “no hay que temer a las discrepancias en una sociedad como la nuestra”.
Esos planteamientos hacen pensar que el nuevo gobierno dará pasos dirigidos a sacar al país de la honda crisis en que está sumido, y apuntan hacia la posibilidad de alcanzar normas de convivencia social más racionales y modernas, y menos excluyentes y discriminatorias. Esperemos que, para el bien de Cuba, los hechos se ajusten a las palabras, y que esos anhelos no desemboquen en una frustración más.
También cabe saludar la excarcelación de cuatro miembros más del Grupo de los 75, aunque en este caso con la deplorable condición de que abandonen el Territorio Nacional. Nuestra Corriente abriga la esperanza de que se produzcan más liberaciones de presos políticos, así como que éstas sean incondicionales y sin destierro.
El nuevo gobierno de la República acaba de firmar dos pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Se trata apenas —desde luego— del paso inicial en el proceso para que nuestro país llegue a ser parte de esos convenios internacionales, pues faltan la ratificación y el depósito oficial de los instrumentos correspondientes; también cabe destacar que la Parte Cubana ha anunciado que formulará reservas al texto de esos cuerpos legales. Por otra parte, hay que señalar que, antes de la toma de posesión del actual primer mandatario, el régimen comunista ha suscrito documentos que no han sido cumplidos, como la Declaración de Viña del Mar. Esperemos que esa situación no se repita en el caso de los dos importantes pactos internacionales primeramente mencionados, máxime cuando los mismos tienen una jerarquía jurídica mayor.
En el caso del abogado agramontista Rolando Jiménez Pozada, a quien tenemos presente en todo momento, nos vemos obligados a señalar que —lamentablemente— continúa encerrado en la Prisión de El Guayabo, en su natal Isla de la Juventud. Hay que decir no sólo que es injusto su encarcelamiento, sino también que él ha sido objeto de provocaciones groseras, como la artera agresión perpetrada contra su persona por varios presos comunes de elevada peligrosidad, que con la anuencia de las autoridades penitenciarias (que los encerraron a todos juntos en un área del penal), lo golpearon salvajemente, ocasionándole lesiones de consideración. La Corriente Agramontista condena una vez más ese cobarde atentado, así como la injusta situación de encierro y aislamiento en que se encuentra ese colega y hermano de luchas nuestro.
Teniendo siempre presente esa situación, la Corriente Agramontista reitera su pedido de solidaridad con nuestro colega y con todos los cautivos políticos de nuestra Patria, y repite una vez más su justa demanda: ¡Libertad sin destierro para Rolando Jiménez Pozada y los restantes cubanos presos por sus ideas!
La Habana, marzo de 2008.
por Maybell Padilla Pérez
En la práctica, la negociación colectiva es un proceso que se ofrece a las partes conciliadoras: Administración y Sindicato, fundamentalmente. Mediante ella se da la oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver puntos de vista que nacen de la vida cotidiana en una determinada entidad, lo que debe ser congeniado armónicamente, de modo que esas particularidades no queden dentro de las lagunas de la legislación, sino que se precisen en la negociación colectiva para que los derechos de los trabajadores se encuentren debidamente protegidos, sin exclusión alguna —desde una trabajadora enferma del VIH a una ex reclusa—, incluyendo el más alto grado de especialización de un trabajador.
El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de la Administración —de una parte— y la organización sindical en representación de los trabajadores —de la otra—, a fin de establecer las condiciones que regirán las relaciones laborales colectivas e individuales, a la vez que los derechos y obligaciones de ambas partes, mediante la gestión administrativa y el desarrollo de la actividad e iniciativa de los trabajadores, con variantes en las relaciones socioeconómicas, aplicables también a las entidades empleadoras con inversión extranjera.
En sí, la negociación colectiva constituye un intercambio de promesas y compromisos que, según criterios, consta de dos fases: hacer promesas (negociaciones contractuales) y cumplirlas de modo que satisfagan los compromisos adoptados. Ello conlleva precisar la conciliación de intereses e intensificar y mejorar las relaciones laborales.
Los instrumentos jurídicos de este importante aspecto de la vida laboral cotidiana son el Decreto-Ley N 229 (de 1 de abril de 2002, del Consejo de Estado) —Sobre los Convenios Colectivos de Trabajo— y la Resolución N 27 de 2002, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reglamento del mencionado Decreto-Ley), que tiene como base sustancial el espíritu que lo caracteriza (y que sustituyó el instrumento jurídico anterior que lo regulaba).
Con la negociación colectiva se trata de buscar solución a los problemas laborales que se dan en las diversas entidades, sobre todo en lo tocante a lagunas y aspectos no referidos en la vida jurídica, por depender de la dinámica diaria que debe tenerse en cuenta para que esas particularidades aparezcan en la negociación. No es sólo exponer dificultades y necesidades, sino —en conjunto— llegar a un consenso en cuanto al compromiso de satisfacer dichas disyuntivas, conforme a las obligaciones y responsabilidades que a cada cual conciernen en su solución. El proceso de la negociación puede describirse de la siguiente forma:
• Una vez concluida la elaboración del proyecto, se pone a consideración de los trabajadores, en asamblea general, para su análisis, discusión y aprobación, en un término que debe ser no menor de siete días ni mayor de treinta.
• De aprobarse el documento, será suscrito por las partes, reflejando la fecha en que entrará en vigor y su período de vigencia.
• Las controversias surgidas durante su elaboración pueden ser tramitadas por los niveles superiores, con la participación de los interesados.
• De ser detectado algún incumplimiento de las cláusulas, se notificará a la parte infractora para que rectifique; de no resolverse, se elevará a la Administración o al sindicato, para su solución.
• Las discrepancias en el proceso de elaboración, modificación o revisión, o que surjan durante la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, serán sometidas al Órgano de Arbitraje de la Oficina Nacional del Trabajo, donde participan la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y las partes interesadas.
A los efectos legales, son nulas las cláusulas y estipulaciones de los contratos de trabajo o cualquier otro documento que contravengan o se opongan a los acuerdos de los convenios colectivos de trabajo concertados entre las entidades laborales. Se consideran desprovistos de valor legal los vínculos contractuales contrarios a la Ley, cuya nulidad la declarará a sus filiales provinciales la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo.
Los convenios colectivos de trabajo pueden concertarse entre dos o más personas jurídico laborales, al adoptar acuerdos en los que se consignen deberes y derechos de las partes que intervienen en los mismos (administraciones y entidades de capital mixto, organizaciones sindicales correspondientes y empresas empleadoras). Las entidades nacionales que tienen agencias empleadoras pueden dar lugar a una concertación tripartita.
Las unidades presupuestadas o actividades con características homogéneas, autorizan el Convenio Colectivo de Trabajo cuando la similitud o semejanza de las condiciones de trabajo lo aconsejen, siempre y cuando sea motivo de avenencia recíproca, lo cual debe ser plasmado entre el jefe del organismo y el sindicato nacional correspondiente, previa aprobación del Ministro del Trabajo y Seguridad Social.
La vigencia de los convenios es como mínimo de un año y como máximo de tres, según se acuerde. En el transcurso de este período se pueden introducir adiciones, modificaciones y supresiones acordadas o derivadas de otras disposiciones legales o de las características de la entidad de que se trate. Su ámbito de aplicación comprende a todos los trabajadores de la entidad laboral, sindicalizados o no, a los nuevos ingresos y a los que se incorporen posteriormente a laborar. En el Convenio Colectivo de Trabajo no deben faltar, entre otros:
• Especificaciones sobre el ingreso.
• Promoción y permanencia de los trabajadores de la entidad laboral.
• Régimen de descanso, trabajo y riesgos laborales.
• Condiciones salariales, estimulación y capacitación.
• Facilidades a la organización sindical, incorporación a cursos, seminarios y otras actividades.
La elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo se inicia cuando las partes presentan, por escrito, los asuntos a congeniar, guiándose por el Manual de Procedimientos para la Elaboración de los Convenios Colectivos de Trabajo —sin tener que copiarlo—; en ese texto legal aparecen relacionados elementos generales sobre la política laboral, social y sindical a tener en consideración en el proceso de negociación; entre ellos:
• Procedimientos para la admisión, permanencia y promoción del empleo.
• Reglas, maneras e indicadores para evaluar a los trabajadores.
• Principales puestos de trabajo.
• Revisión, divulgación y vigencia del Reglamento Disciplinario Interno, Ramal o Para Cierta Categoría de Trabajadores.
• Procedimientos para definir si un trabajador es idóneo.
• Reubicación laboral de los trabajadores.
• Puestos de trabajo por designación.
• Periodos de prueba y de capacitación técnica y profesional,
• Política sindical, estrategia de preparación de cuadros sindicales y condiciones para realizar el trabajo.
• Participación sindical en los programas de generación de nuevos empleos.
• Atención a la trabajadora; en particular a embarazadas, jóvenes, trabajadoras de nuevo ingreso, jubiladas y familiares de trabajadores fallecidos.
• Atención a los trabajadores discapacitados, albergados y trabajadores de los contingentes.
• Facilidades a los órganos de justicia laboral de base para su funcionamiento.
• Determinación de los trabajadores disponibles y de las causas de las interrupciones laborales.
• Trabajo, descanso, pausas laborales y conclusión de la jornada laboral.
• Plantilla y calificadores de cargos.
• Sistemas de pago y estimulación salarial.
• Créditos y presupuestos a los trabajadores.
• Transportación del colectivo laboral.
• Emulación socialista, moral y material.
• Auto inspección en materia de contratación de la fuerza de trabajo.
• Revisión de la Tarjeta de Salarios Acumulados y Tiempo de Servicios Prestados (SNC-2-25).
• Formas de compensar el trabajo en los días feriados y de conmemoración nacional.
• Número máximo de horas extras a realizar.
• Día del cierre de nóminas y de pagos de salarios.
• Asuntos relacionados con la ANIR y el Forum de Ciencia y Técnica.
• Otros que en materia de política laboral y salarial se consideren necesarios.
El Capítulo II de este Decreto-Ley (Cumplimiento de los Convenios, Terminación y Solución de las Discrepancias Surgidas en su Elaboración y Aplicación), otorga el derecho a solicitar la aplicación de la Ley ante el incumplimiento de lo estipulado en las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo, dando conocimiento al Órgano de Arbitraje al que se contrae este Decreto-Ley.
Este Órgano representa, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos legales esenciales del trabajo sindical, siempre que esta organización sea un fiel exponente de la defensa de los intereses de la clase obrera. Es indispensable que el Convenio Colectivo de Trabajo se redacte correctamente, sin omisiones; y sus cláusulas deben ser respetadas y cumplidas, por la Administración y por el sindicato.
No debe pasarse por alto que, en un sistema como el nuestro, el sindicato no representa a los trabajadores ni sus intereses, de modo que se debe trabajar por que la clase obrera conozca las estipulaciones de este Decreto-Ley, a fin de que en las asambleas los trabajadores propongan los aspectos no contenidos en regulaciones jurídicas, o que sea necesario reflejar, desde el trato a un enfermo del VIH-SIDA o a una ex reclusa, hasta el de un minusválido.
De existir sindicatos independientes reconocidos, éstos podrían participar en el proceso de elaboración de los referidos convenios, pero como no es así, se impone que los trabajadores conozcan sus derechos y los reflejen en la negociación colectiva, fundamentalmente en lo referente a cuestiones que no se reflejan en la Ley o que son típicas de esa entidad laboral y que, desafortunadamente, no se contemplan en los convenios, no se cumplen, o no se reclaman por no conocer los trabajadores las vías a utilizar ni los argumentos jurídicos indispensables para enfrentarse a la Administración y a los sindicatos oficialistas.
Lo que no se encuentre debidamente plasmado en el Convenio Colectivo de Trabajo no puede ser objeto de reclamación. Todo debe estar contemplado en el texto de este documento. Las diferentes condiciones de trabajo deben describirse, para que la ejecución del trabajo, con las particulares intrínsecas de cada lugar, se refleje jurídicamente en ese importante instrumento legal, o para que se subsanen lagunas del derecho mediante esta vía.
Un buen negociador por la parte sindical —sea oficialista o independiente—, tiene que poseer cualidades que le permitan un sustancial aprovechamiento de la oportunidad que da la negociación colectiva, teniendo en cuenta que este proceso debe tender a mejorarse continuamente para dar solución a los problemas. Es la vida laboral la que dice dónde está el problema y cuál es la solución.
Si el negociador desconoce los derechos de los trabajadores, aunque reúna las condiciones señaladas su papel será nulo, por lo que debe ser un estudioso de las regulaciones síndico- laborales y estar consciente de su papel como dirigente sindical. En la práctica es difícil que una persona reúna tan exquisitas cualidades; por ello se debe trabajar en equipo, contar con su ejecutivo y dominar cada uno de ellos la parte que le corresponde.
A pesar de que el actual Decreto-Ley ya tiene años, aún hay empresas que se rigen por el derogado, lo cual significa que hay dificultades. A lo anterior se suma el desconocimiento de muchos trabajadores y la inoperancia de no pocos dirigentes sindicales. Entre los problemas afrontados, podemos señalar:
• Falta de noción sobre aspectos medulares del Decreto-Ley N 229 y la Resolución 27/2002.
• Desconocimiento por parte de los trabajadores de los principales problemas que los afectan y deben ser convenidos.
• Débil instrucción a los dirigentes sindicales, funcionarios administrativos y trabajadores, sobre lo establecido en ambos instrumentos legales.
• Falta de chequeo sistemático de lo convenido.
• Desinformación entre los trabajadores acerca de sus derechos fundamentales.
• Mala redacción.
• Cláusulas que no responden a los problemas de la entidad, o que no se cumplen.
• Ausencia de legislación pertinente.
• Vigencia de algunos de ellos durante más años que lo establecido.
• Falta de discusión con los trabajadores.
• Contradicciones en la entidad.
• Desconocimiento de la legislación laboral vigente, para conocer sus derechos y defenderlos.
Generalmente no se contemplan en ellos:
• Jóvenes trabajadores.
• Trabajadores y trabajadoras que han estado privados de libertad.
• Mujer que por invalidez parcial es obligada a otro puesto de trabajo.
• Atención a la mujer jubilada.
• Trabajo de la embarazada y la madre soltera.
• Incentivación a la mujer para la procreación, a fin de evitar el envejecimiento al que se precipita la nación cubana.
• Sanciones administrativas a dirigentes cuando un trabajador sufra un accidente del trabajo por incumplimiento del establecido sobre la Protección e Higiene del Trabajo.
• Eliminación de las sanciones pecuniarias, que rebajan el salario a los trabajadores.
• Proposición, dentro de las cláusulas relativas a la Administración de Justicia Laboral, de cambios adaptados a las condiciones de su trabajo.
• Garantización del trabajo a las madres que disfrutan de la licencia de un año, cuando el hijo a esta edad no camine y ella no pueda incorporarse al trabajo.
• Estimulación a los buenos trabajadores, dándoles más días de descanso, sobre todo si llevan más de veinte años como trabajadores.
• Otorgamiento de oportunidades a la mujer para ocupar puestos.
• No discriminación de la mujer por razón de su color o religión.
• Afectación monetaria que sufre una trabajadora ante la enfermedad del hijo.
• Otorgamiento de una prestación monetaria, en servicio o en especie, a la madre trabajadora soltera que por razones probadas no pueda realizar su trabajo, lo cual debe aparecer consignado en las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo.
• Consignación en el Convenio Colectivo de Trabajo (con la solución a dar en esos casos) de la situación de la madre trabajadora soltera cuando ella no realice su trabajo fuera del domicilio por el cuidado de sus hijos menores.
• Condiciones laborales y de medio ambiente.
• Garantía de los medios de seguridad e higiene, y adopción de medidas tendientes a prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
• Plan de medidas y programa de prevención de los riesgos, y cronograma de chequeos médicos y especializados.
• Derecho de la trabajadora ex reclusa, con o sin hijos, a que sus condiciones especiales se reflejen en la negociación colectiva.
• Aseguramiento de las condiciones trabajo en correspondencia con el tipo de actividad desarrollado en la entidad laboral, y constancia de sus peculiaridades en las cláusulas de la Negociación Colectiva.
• Valoración de las condiciones y modos de las actividades en las que procede la licencia retribuida y la no retribuida.
• Reflejo de los beneficios de los trabajadores por cuenta propia en la negociación colectiva de aquellas entidades laborales donde los hay, de modo que gocen de iguales derechos que el resto de los trabajadores.
• Reflejo de las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en las entidades laborales y disfrutan de pensión por invalidez total o tienen limitaciones de trabajo por sufrir una invalidez parcial.
• Otros emanados de la riqueza de la vida.
Bien argumentado, discutido, analizado, interiorizado y defendido, el Convenio Colectivo de Trabajo puede convertirse en un importante instrumento en manos de la clase obrera. Debemos pensar que el Derecho Laboral es eminentemente dinámico, dialéctico, cambiante cada día con la vida.
A la negociación colectiva no le queda otro camino que ser o no ser.
por Lázaro Giraldo Godínez González
Se ha tratado de dar explicaciones científicas, filosóficas, políticas, religiosas y de múltiple naturaleza para explicar el origen de la vida. A pesar de la polémica, todas o casi todas coinciden en lo maravilloso, enigmático y prodigioso de ella, lo que contribuye a que sea valorada como el principal de los bienes de la persona humana.
En materia jurídica, lo que diferencia a un país de otro es precisamente la concepción que se tenga en cuanto a la persona, ya que en aquellos países donde el hombre como género es lo más importante, rigen democracias con un debido Estado de Derecho, donde el principio que orienta a la legislación es la protección suprema de la persona y la vida humana. Esto no significa que existan países más o menos democráticos —políticamente hablando— donde la vida no sea respetada; pero como norma, existe una correlación entre democracia, persona y derecho a la vida como bien innato y sagrado. Por tanto, la pena de muerte es la privación de la vida del condenado por la comisión de un delito grave que la Ley sanciona con dicha pena. Es denominada asimismo pena capital.
Escritores y filósofos del siglo XVIII, como Montesquieu, Voltaire o Cesare Beccaria (el Marqués) abogaron por importantes reformas en los sistemas penales, que fueron llevando poco a poco desde la limitación de los delitos castigados con la pena capital hasta su completa abolición en muchas legislaciones. En el transcurso del siglo XIX se hizo hincapié en la vertiente social de la acción criminal, y se estudió el libre albedrío del delincuente, observando que resultaba posible modificar su conducta a través de su educación y de las condiciones de vida. Estos trabajos abrieron el camino a los estudios sobre la readaptación de las penas y la reinserción del delincuente. Por su parte, la abolición de la pena capital (pena de muerte) en numerosos países supuso el abandono del valor “mágico” del castigo, y aunque la toma de conciencia del delincuente sigue siendo uno de los objetivos del encarcelamiento, éste tiene como primera finalidad la de ser eficaz en lo social.
En la actualidad, muchos países admiten la pena de muerte sólo en casos excepcionales, como en tiempo de guerra y en situaciones de extrema gravedad. En Estados Unidos existe esta pena en algunos estados, después de que una sentencia del Tribunal Supremo se pronunciara en contra de la misma aduciendo su inconstitucionalidad, aunque, por desgracia, en aquellos estados de la Unión Americana donde se autoriza tal proceder se aplica con tanta frecuencia que tal pareciera que es un fenómeno de todo el país. Otras sentencias del alto tribunal de los Estados Unidos han sostenido en cambio su adecuación a la Constitución.
En España, la pena de muerte fue abolida por la Constitución de 1978, al igual que en toda la Unión Europea.
Los defensores de la pena capital alegan en su favor su carácter ejemplarizante, que, según su interpretación, no se alcanza con las penas privativas de libertad. Los que se oponen a la aplicación de la pena de muerte aducen todo lo contrario, y añaden como argumento la posibilidad del lamentable error judicial del que nunca se estará exento (que siempre sería imposible de remediar), así como la indefensión de aquellos reos que, al no tener recursos económicos, tampoco podrían pagar una defensa eficaz en el juicio, o simplemente que la defensa haya sido errada o equivocada. Pero por sobre todas las cosas, es una pena terminal, que no admite posibilidad de enmiendas.
Son sobre todo las consideraciones de orden ético y hasta religioso las que más pesan a la hora de abogar por la abolición de la pena de muerte, al considerar el derecho a la vida como algo incuestionable y sagrado.
Las dictaduras o regímenes con apariencia democrática han mantenido en sus legislaciones la sanción de muerte, entre otras cosas para tener un mecanismo de coerción y fuerza que aplaque a las multitudes descontentas.
Existen países donde se regulan excepciones para su aplicación; así vemos que no se aplica:
• Con fundamento en presunciones;
• A las mujeres;
• A los mayores de sesenta años;
• A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y
• A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.
Contra la sentencia que imponga la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte.
Los que defendemos el derecho a la vida, creemos en la inviolabilidad de ésta. En consecuencia, no debe establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo. En ningún caso debe permitirse que las cárceles sirvan para atentar contra la dignidad de la persona; más bien deben asegurar a los procesados y penados persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito, además de proteger a la sociedad contra posibles agresiones de personas que pongan en peligro el bien común.
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se debe garantizar su protección en general desde la concepción, debiendo quedar abolida la pena de muerte de toda legislación. Toda persona deberá ser protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación; todo ello sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona.
Nuestro país tiene una larga tradición con este tipo de sanción en la legislación positiva. Se dice que resulta excepcional y sólo se debe aplicar en los casos más graves de comisión de delitos para los que se halla establecida. No se puede aplicar a los menores de veinte años, ni a las mujeres que cometieron el delito estando encinta, o que lo están al momento de dictarse la sentencia. Se ejecuta por fusilamiento. Sin embargo, el solo hecho de que exista la posibilidad de imponer este tipo de sanción definitiva hace que existan rejuegos con la vida humana como mecanismo de presión y coacción por parte de las autoridades. Esto como jurista lo catalogo de vergüenza para la justicia cubana y para los juristas implicados en ello. Existen otras maneras, otros fallos previstos en la legislación nuestra que pudieran ser alternativas de este fallo bochornoso y lamentable, como bochornosos y lamentables resultan todos los fallos que impongan la pena de muerte como respuesta a las transgresiones de la Ley.
Uno de los más grandes equívocos del ser humano es creerse Dios, y aunque somos hechos a su imagen y somos templo del Espíritu Santo, no por ello tenemos el derecho de decidir sobre nuestra propia vida, ni mucho menos sobre la ajena. ¡Que florezca la cultura de la vida; que cese ya la cultura de la muerte en la que no pocas veces nos educamos, formamos y vivimos nuestras vidas! Ésta es la meta y el camino que debemos recorrer los cubanos.
por Vicente Padrón Casas
Hace algún tiempo apareció publicado en el periódico Tribuna de La Habana un artículo titulado “Descubren Venta Ilícita de Aceite”. Como era de esperar, se trataba de una acción de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a través de la cual fueron ocupados más de cien galones de aceite comestible en una vivienda del municipio de Regla, en esta capital, según informó la propia fuente.
La acción que encabeza el título del mencionado artículo (o sea, “descubren”) motiva el comentario. Para nadie es un secreto que hay personas que deambulan por toda la ciudad o aparecen en cualquier sitio —por apartado que sea— ofertando públicamente comestibles, productos de uso doméstico y otros, entre los que se encuentran desde los útiles de aluminio para el hogar hasta los raquíticos palitos de tendedera plásticos, productos que en muchas ocasiones resuelven necesidades perentorias de la familia cubana, desatendida casi en su totalidad por el paternalista gobierno de Castro, que no es capaz de garantizar ni las insignificantes velas de cera o parafina para brindar algo de iluminación durante los cortes eléctricos en los llamados apagones programados. Esta acción ilegal de la venta ilícita, tan evidente hoy en Cuba, reviste más características de hecho famélico que de delictivo, por las razones que lo motivan y las circunstancias que rodean a muchos de sus autores, debido a las penurias del vivir diario que sufren y padecen hasta los mismos agentes y funcionarios encargados de velar por el orden interior.
Según la propia publicación, la ocupación del aceite comestible fue realizada gracias a la información de la población (de seguro el informante tiene garantizado su aceite para sobrevivir). Esto es motivo de reflexión y análisis, ya que en decenas de ocasiones he tenido que establecer demandas, quejas y denuncias ante las autoridades competentes por violaciones a los derechos ciudadanos míos o de terceros por derecho de representación, violaciones que de manera sistemática vulneran el orden legal establecido y violan flagrantemente los derechos fundamentales que dice el gobierno garantizar en la Constitución de la República, expresados específicamente en el Capítulo VII (artículos del 45 al 61 y 63).
Se reconocen estos derechos ciudadanos como “derechos fundamentales”, y en algunos casos con su limitante o distinción expresada en el propio texto constitucional, como —por ejemplo— en el artículo 53, en el cual se dice reconocer la libertad de expresión conforme a los fines de la sociedad socialista; en el artículo 54 (el derecho a la libertad de reunión y asociación, regulada a través de las organizaciones de masas y sociales reconocidas por el gobierno); la libertad religiosa dentro del respeto a la Ley (ley como expresión de la voluntad política de la clase gobernante atea en el poder); o la inviolabilidad del domicilio con las excepciones reguladas en la Ley; son muchos casos de letra muerta.
Esa propia Constitución de la República de Cuba reconoce formalmente el principio supremo del imperio de la Ley, al expresar en el artículo 66 que “el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos”. Por tanto —cabe señalar—, si existe un orden legal ante el cual todos debemos ser iguales, ¿por qué no se actúa con igual rigor ante hechos puestos en conocimiento de las autoridades competentes por la oportuna información de la población a través de los cientos de reclamaciones, quejas y denuncias que cada mes llegan a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia (MINJUS) y a otras dependencias competentes?
Son hechos tan frecuentes como los tipificados por la ley penal sustantiva (Ley N 62 de 1987) en su Parte Especial (Libro II), Título II, Capítulo I (violación de los deberes inherentes a una función pública), actos que se cometen contra el empobrecido pueblo cuando por necesidad el ciudadano común tiene que realizar trámites administrativos, de jurisdicción voluntaria u otros, donde se ponen de manifiesto, por parte de funcionarios sin vergüenza, reiterados actos de prevaricación, cohecho y abuso de autoridad con el marcado propósito de lucrar, hechos que en el plano personal repudio, ya que no es una manera digna de obtener un sustento económico que ayude a paliar la situación de mísero salario que nos paga el único empleador todopoderoso, que es el gobierno; es a él que se debe exigir lo que por derecho propio nos corresponde, y no actuar como mercaderes de las necesidades del prójimo.
Ante otros actos violatorios de la legalidad (como son, por ejemplo, los hechos ocurridos en la actividad empresarial que se tipifican en el Título X de la mencionada ley penal sustantiva —delitos contra los derechos laborales— o los regulados en el Título XIII —delitos contra los derechos patrimoniales—), por lo general no se actúa de manera adecuada o simplemente se deja de actuar cuando se trata de casos en los que la víctima es una persona natural; algo parecido ocurre en los frecuentes casos de corrupción tipificados en los artículos 224 (uso indebido de recursos financieros y materiales), 225 (abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica) ó 227 (infracción de las normas de protección a los consumidores). Ante tanta impunidad, cabe el calificativo de “Miopía de la Legalidad Socialista”.
Está claro que todo esto responde a un sistema de gobierno donde no existe un verdadero Estado de Derecho y donde la voluntad política de la clase gobernante no es la de proteger los llamados derechos subjetivos del individuo a través de los que puede hacer valer las facultades que las leyes le atribuyen al ciudadano en cada situación específica para su defensa; derechos subjetivos manipulados, que sólo se limitan a la acción de pasar trabajo para reclamar ante las autoridades competentes, la cual es la mejor de las variantes: después de una larga espera dan alguna respuesta, sin convencer al reclamante desgastado en el ir y venir de un lugar a otro en busca de solución a su problema.
Como efecto directo de esta miopía legal, existen, en todas las empresas económicas, órganos administrativos y demás entidades de la producción y los servicios del gobierno y del Estado Cubano, una especie de “legalidad ilegal”, establecida por el jefe máximo de ésta con la incorrecta aplicación de la legalidad. Administradores o directores, miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC), que son designados y rigurosamente seleccionados, tienen el calificativo ocupacional de “cuadros del Estado y del Gobierno” (estos cuadros, aunque son movidos de un lugar a otro y pocas veces caen al suelo, no tienen nada que ver con los cuadros de obras de arte que se exponen en las galerías, y son motivo de una categoría política propia de la jerga del gobierno). Sus funciones, deberes y atribuciones se regulan en los decretos-leyes 196 de 1999 y 236 de 2004, y en su Código de Ética.
Estos señores ejercen su autoridad hábilmente rodeados de un equipo de trabajo o grupo de personas incondicionales o de su entera confianza, una especie de clan, que a cambio de obtener determinadas facilidades personales (como son: asignación de vehículos, puestos de trabajo o cargos privilegiados para ellos, sus familiares y amigos íntimos, y otras facilidades materiales o de acción y movimiento con los medios y recursos de la entidad), se someten a la voluntad del jefe sin tener en cuenta el orden legal, al cual todos en primera instancia debemos obediencia y por el cual ellos en particular deben velar.
Es mi opinión muy personal que este tipo de conducta (la corrupción administrativa) es uno de los mayores males del sistema de gobierno encabezado por Castro, y le ha costado al cada día más empobrecido pueblo cubano más millones que los tan cacareados daños y perjuicios del embargo o llamado “bloqueo” de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica.
La corrupción administrativa no es ajena al gobierno, pero como un mal endémico es casi imposible de eliminar y muy difícil de controlar, a pesar de todas las normas jurídicas que se han establecido en los últimos años, motivadas por la extremada crisis económica; entre ellas se destacan las resoluciones número 01303 del Ministerio de Auditoría y Control, y número 29703 del Ministerio de Finanzas y Precios, emitidas con la finalidad de ejercer un mayor control en las entidades económicas del gobierno, control que en la práctica es poco efectivo, ya que se estructura sobre el principio del autocontrol, con un sistema de comisiones y órganos colegiados en los cuales los controlados son los que controlan, y el presidente o jefe de los grupos de control es el máximo responsable de la entidad administrativa estatal. O sea, que se mantiene la misma norma de la doble moral y legislación de letra muerta, donde todo está escrito pero en la práctica poco se cumple, o se cumple según la interpretación conveniente del director, administrador o jefe de la empresa o entidad económica, y donde de nada vale el conocimiento o trabajo de un asesor. He conocido de casos de juristas dignos que, ejerciendo su profesión como especialistas en entidades económicas del Estado, por realizar su trabajo con verdadera ética han sido hostigados y acosados para separarlos de su puesto, obligados a renunciar y —en consecuencia— a buscar empleo en otro lugar donde al final resulta ser igual o peor.
En nuestro país, bajo un sistema legal u otro, debemos vivir sin anarquía, con todos y para el bien de todos; que sean la Ley con objetividad legislativa, la justicia y la razón, nutridas en la controversia y en el respeto al derecho ajeno, los que primen, y no los intereses personales de unos pocos malos cubanos.
por Manuel Fernández Rocha
EL PRINCIPIO DE IDONEIDAD DEMOSTRADA
NO PUEDE SER VULNERADO IMPUNEMENTE
por Francisco Leblanc Amate
Es un hecho cierto que, desde sus inicios, la aplicación del principio de la idoneidad originó toda una serie de deformaciones en su interpretación, adoptadas unilateralmente por las administraciones estatales como consecuencia de posiciones subjetivistas provocadas por una deficiente y falsa determinación de las condiciones de aptitud, (valoradas muy superficialmente en unos casos, y malintencionadamente en otros), que propiciaron figuras tan antagónicas como la discriminación, el nepotismo, el amiguismo y el favoritismo. Igualmente se pudo constatar el surgimiento de serias irresponsabilidades en las decisiones de los integrantes de las comisiones de idoneidad, que deben actuar con justeza e imparcialidad en los centros de trabajo, ante el ingreso, permanencia y promoción en el empleo de los trabajadores.
Se pudo apreciar que en algunas entidades se entró en comadreo y concesiones a la hora de otorgar un mejor derecho para determinar si el trabajador se promovía o permanecía en el centro, como reconoció la propia prensa nacional.¿Y qué decir de aquellos trabajadores que por una absurda y errónea aplicación de la idoneidad fueron objeto de acciones discriminatorias, motivadas por su sexo, color de la piel, religión, opinión política, origen nacional o social o por cualquier otra lesiva a la dignidad humana?
Y no sólo se ha venido haciendo una inadecuada, injusta y arbitraria interpretación de la idoneidad, sino que su caprichosa y disparatada aplicación ha llegado a tales extremos que ha habido casos en que no sólo por su opinión política se adoptó una decisión desacertada e impropia, sino que tan sólo por conocerse la afiliación a la disidencia o compartir oralmente alguna de sus aspiraciones el trabajador en cuestión, se ha hecho acreedor a su separación del cargo y centro laboral inmisericordemente.
Sí debemos subrayar con énfasis (a fin de que no se pase por alto) que el principio de idoneidad se encuentra recogido universalmente, incluso por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), denominándolo como “capacidad real demostrada” o “idoneidad ciertamente probada” o simplemente como “idoneidad demostrada”. ¿Y cuál es el concepto de la muy bien nombrada “idoneidad”? Ésta no es más que “el conjunto de condiciones especiales que son exigidas para desempeñar ocupaciones o lugares de trabajo, de acuerdo con su naturaleza o características”.
Por ello, cuando el trabajador suscribe con la Administración un contrato de trabajo, en el mismo se consignan los “requisitos de idoneidad” que debe cumplir el trabajador para desempeñar el cargo, si así lo exige. Éste es el concepto; por eso se aduce que el mejor derecho a una plaza o cargo lo caracteriza y fortalece la idoneidad, dado que ésta hace prevalecer que el trabajador más capacitado, más calificado, más hábil y diestro —en fin, más preparado—, pueda desempeñar las funciones y deberes correspondientes, el cual debe atenerse y estar en correspondencia con los resultados de su trabajo.
Luego sin lugar a dudas, algunas administraciones a sabiendas simularon desconocer lo expuesto en los apartados precedentes, y por el contrario, se aprovecharon de la oportunidad para, haciendo una malintencionada interpretación, “sacarse de encima y botar del centro” a aquel trabajador considerado por ellos como “conflictivo”, “polémico” o meramente “peligroso”, tan sólo por emitir sinceros criterios o críticas sobre el deficiente o errático manejo o actuación de la Administración en algún aspecto del trabajo, incluso haciendo pronunciamientos o señalamientos en alguna asamblea o reunión sindical, lo que evidenció inobjetablemente que la “idoneidad” sólo sirvió de punto de apoyo y pretexto para hacer ostensible su enemistad manifiesta, logrando así librarse de dicho trabajador.
Es cierto que la Resolución N 082005, de primero de marzo de 2005 (Reglamento General sobre Relaciones Laborales), del MINTRAB, en su artículo 20, dejó bien establecidos los requisitos generales que conforman la determinación del ingreso de los trabajadores, su permanencia y promoción, así como su incorporación a cursos de capacitación y desarrollo, a través de la “idoneidad demostrada”, los cuales son los siguientes:
• Realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas.
• Cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específicas, y las características personales que se exigen en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos, establecidas en el Reglamento Interno de la entidad.
• Calificación formal, expresada en los certificados de estudios o títulos, en correspondencia con los requisitos exigidos para la ocupación o cargo que aspira a desempeñar.
Por consiguiente, es vital el rol que le corresponde jugar a la dirección sindical, tanto por su participación activa, consecuente y ordenada, como por el asesoramiento y debido encauzamiento que implica el procedimiento que debe seguirse. Y cuando hablamos del importante papel del sindicato, nos estamos refiriendo a aquella organización que, desprendida de toda impregnación o tutelaje por parte de la dirección administrativa, desempeñe a cabalidad su responsabilidad como sindicato, en defensa y representación de los trabajadores de su centro laboral.
De la misma manera, como otras tareas fundamentales que el sindicato debe acometer en la aplicación de los adecuados mecanismos que deben ser cuidadosamente cumplidos a los fines de que no aparezcan actitudes subjetivistas, negativas y contraproducentes en perjuicio de los trabajadores, se encuentran las siguientes:
• Suscribir con la dirección administrativa de la entidad, en el Contrato Colectivo de Trabajo, las técnicas y procedimientos que se emplean en cada caso para la determinación de la idoneidad demostrada.
• Exigir a la Administración de la entidad la suprema preparación de los miembros del Comité de Expertos y del Órgano de Justicia Laboral de Base.
• Procurar que tanto en las comisiones de idoneidad como en el Comité de Expertos, el dirigente sindical designado y los trabajadores elegidos sean los más capaces y preparados para cumplir su deber de orientación y solución.
• Alertar a la Administración cuando no esté cumpliendo adecuadamente lo establecido en la Resolución N 082005 (Reglamento General sobre Relaciones Laborales) del MINTRAB, en lo referente a la idoneidad demostrada.
Por último, es bueno destacar que, ante una supuesta mala o irregular aplicación del principio de idoneidad, el trabajador inconforme con la decisión del jefe facultado para ello puede reclamar, en materia de derecho laboral, conforme así lo dispone el artículo 36 del Reglamento de la susodicha Resolución N 082005 del MINTRAB, ante el Órgano de Justicia Laboral de Base, de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto N 126, de 15 de agosto de 1997 y en su legislación complementaria.
Lo que sí debe quedar totalmente claro es que la idoneidad no es para “quitarse de encima” a un trabajador que pueda tener o no determinado problema. Si el trabajador cometió una indisciplina, hay que acudir al Reglamento Disciplinario Interno; si el trabajador presenta dificultades por problemas de conocimiento, hay que tomar en consideración las directrices establecidas al respecto en materia de capacitación. Lo que sí no se puede separar a un trabajador de su puesto o cargo por situaciones de marginación política o religiosa, o por prejuicios o enemistad manifiesta.
Recientemente, el Consejo de Estado dictó el Decreto-Ley N 246 (De las Infracciones de la Legislación Laboral, de Protección e Higiene del Trabajo y de Seguridad Social), de fecha 29 de mayo de 2007, el que en su artículo 16, numeral 3, establece que comete infracción (y se le impone multa de 200 pesos si es persona natural, y de 4.000 pesos si es persona jurídica) el que: “3.- No tiene en cuenta el mejor derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley, al decidir la incorporación al empleo, permanencia, promoción y calificación de un trabajador.”
De manera que incluso nuestro vigente ordenamiento jurídico prevé todos los casos en que puede incurrirse en una flagrante violación de la idoneidad demostrada, con el objetivo de que la violación de este principio no quede impune.
Por Mario Enrique Mayo Hernández
El viaje hubiera sido más fácil para el señor Ernesto Alonso Martínez si hubiera navegado por las circunvalaciones que marca la Ley de Procedimiento Penal cubana, pero esta carta náutica cayó en desuso, y el trayecto se enmarañó.
Resulta —pues— que el Sr. Alonso decidió denunciar al funcionario del Consejo de Estado René Montes de Oca por un supuesto delito de usurpación de funciones públicas, al haberse tomado la atribución de responderle una carta-denuncia que él enviara al presidente Castro.
En esta misiva se le trasladaban pruebas irrebatibles al mandatario cubano de la injusticia cometida por los antiguos tribunales revolucionarios, quienes lo despojaron de sus bienes y lo enviaron a prisión por tres años.
Cuando el interesado se personó en la Jefatura Nacional de la Policía, en Ciudad Habana, obtuvo como respuesta que presentara una queja en el propio Consejo de Estado, y al insistir en su voluntad de efectuar la acusación, sencillamente le informaron que fuera al cuartel policial ubicado en Zapata y C de esa ciudad. Una vez en el lugar, fue rebotado como una pelota por el actuante número 1982 para el Tribunal Municipal de Plaza, y allá una secretaria de la sala de justicia refirió que no se recepcionaban tampoco, agregando que precisamente estaban siendo inspeccionados ese día por el Tribunal Supremo, una razón más para no acogerla.
Lo cierto es que en todos los intentos y ocasiones, el cargo del funcionario que se pretendía acusar preocupó tanto a los interpelados que éstos prefirieron lanzar la bola a otra base y lavarse las manos como Poncio Pilato.
Con algunos destellos de optimismo, este señor que lleva más de 32 años solicitando a diferentes instancias y autoridades que se investigue su caso, se dirigió al máximo órgano judicial aún con esperanzas, y cuál no sería su decepción cuando en un español muy claro y transparente, el señor Rodríguez y la señora Emma, que evacuan esos trámites a ese nivel, le manifestaron crudamente que ellos conocían el derecho del ya atolondrado acusador, pero que tenían órdenes de no recibirla.
En este supuesto “estado de derecho” suceden hechos como éstos, y aunque la propia Ley de Procedimiento Penal aprobada por el gobierno le otorgue una prerrogativa al ciudadano, si ésta va contra sus intereses se convierte en letra muerta y “no pasa nada”.
El calvario de Alonso pudo ser más largo, pero decidió tomar un descanso, pues ya tiene 76 años; aunque su periplo continuará, porque, según el anciano, en alguna porción del territorio cubano alguien tendrá que escucharlo alguna vez.
El quijotesco andante reside en la calle Séptima número 28 entre D y E, municipio de Vertientes, provincia de Camagüey, y en mi modesta opinión, sólo con la transición a la democracia y a la libertad podrá el señor Alonso arribar a puerto seguro. Por lo pronto, deberá esperar.
LEY N 88: GENERALIDADES
por José Manuel de la Rosa Pérez
El tema me fue recomendado por el licenciado René Gómez Manzano, dirigente de la Corriente Agramontista (de abogados independientes de Cuba) después de haber leído la moción y el escrito de ampliación que un pequeño colectivo de cubanos le dirigimos al señor Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en el año 2005, del que hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna; no obstante, ya tenía en mi mente desde ese año (es decir, 2005) realizar algún escrito para este órgano, pero los dos años de prisión de Gómez Manzano, la no publicación del Boletín durante ese tiempo y el deterioro del diskette donde tenía grabada la primera parte de mi trabajo, me lo impidieron hasta ahora. Hoy hablaré sobre las generalidades en las que se fundaron nuestros criterios o razones para solicitar a la ANPP la derogación de la antes mentada Ley N 88 por inconstitucional; a la vez, deseo dejar esclarecido mi punto de vista sobre esta materia, después de la amenaza de aplicarle dicha Ley al activista René Montes de Oca Martija.
Lo primero que vamos a dilucidar son los antecedentes de esta iniciativa. Para mayo de 2005 se llevaba a efecto en la ciudad de La Habana la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, que tan buen éxito tuvo por esa fecha. Desde antes, es decir, desde el mes de marzo, el presidente del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), Heriberto Portales Rodríguez, me había pedido por vía telefónica que elaborara un proyecto para combatir la Ley Mordaza, como se le conocía a ese engendro comunista. El proyecto se desarrolló en dos partes: el 27 de mayo de 2005 se presentó a la ANPP la moción; y el 15 de noviembre de 2005, el escrito de ampliación al mismo. También formulamos un par de quejas por morosidad del Presidente del parlamento cubano, las que fueron dirigidas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la República, respectivamente. No está de más decir que nunca hemos recibido respuesta.
En un inicio, la moción se sustentaba sobre cuatro principios cardinales que demostraban la incompetencia de los diputados con respecto a esta Ley. Más tarde, con el escrito de ampliación, aclaramos y abundamos mucho más en este tema. Los elementos sobre los que declaramos la inconstitucionalidad de esta Ley eran y siguen siendo los siguientes:
• Tergiversación del principio de notoriedad;
• Incompetencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular para aprobar una Ley con carácter especial;
• Tergiversación del principio de oportunidad (procesal); y
• La analogía como esencia de esta Ley.
Más tarde se añadió un quinto elemento; a saber:
• La inhumanidad de esta Ley.
Expliquemos grosso modo en qué consisten los dos primeros de estos elementos que nos permitieron definir a la Ley N 88 como inconstitucional.
Tergiversación del principio de notoriedad
Lo primero que nos preguntamos es: ¿Qué cosa es la notoriedad? Ésta no es más que lo que es conocimiento público. ¿Dónde radica la tergiversación? Si llevamos bien el hilo de la historia, veremos que la única persona en Cuba que durante algo más de cinco años habló sobre la Ley Helms-Burton fue el doctor Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al parecer, todo el mundo estaba informado sobre la Ley Helms-Burton, pero nadie la ha visto; ni siquiera los fiscales y jueces que aplicaron la Ley N 88 en la primavera de 2003; y esto es muy importante, puesto que este cuerpo legal se refiere específicamente a la Ley Helms-Burton, al “bloqueo” y a la “guerra económica”.
La ley cubana no aclara qué se entiende por “bloqueo”, y realmente no puede aclararlo, porque éste no existe como tal: el comercio con los Estados Unidos ha roto la barrera de los mil millones de dólares; esto con independencia de la ayuda del pueblo norteamericano, que son algo más de 270 millones de dólares. Por otro lado, tampoco la ley podía aclarar qué cosa era la “guerra económica”, puesto que la compraventa de grandes, medianas y pequeñas empresas es un negocio jurídico que practican las naciones libres. Todo esto fue tergiversado por el señor Alarcón de Quesada.
Pero hay más: dentro de la teoría del derecho —y dentro del Derecho Penal en particular— existen toda una serie de normas que por sus características son conocidas como normas penales en blanco. Este tipo de normas se remiten a otras para completar el mandato jurídico. Y la Ley N 88 se refiere siempre a la Ley Helms-Burton, un cuerpo legal que nadie —repito— ha visto; por lo tanto, el gobierno cubano debió haber publicado esa ley extranjera para su justo y cabal conocimiento por la sociedad cubana. A pesar (y no me voy a cansar de repetirlo) de que el gobierno cubano cuenta con los recursos humanos y materiales para llevar a efecto el acto de la publicación de dicha ley norteamericana, no lo hizo. Los tribunales cubanos juzgaron en virtud de una ley desconocida; los fiscales adecuaron sus solicitudes condenatorias a una ley que ellos nunca vieron y que aún en la actualidad no conocen. Tamaño crimen todavía no ha sido reparado. ¿Quién puede decirme que no se tergiversó el requisito de notoriedad? Recuerdo que, a mediados de la década del 90 del siglo pasado, el periódico Granma publicó in integrum la Ley de Ajuste Cubano. Todo esto demuestra que al gobierno cubano no le conviene que el pueblo de Cuba sepa la verdad.
Incompetencia de la Asamblea Nacional para aprobar una ley especial
En uno de los artículos de la Ley N 88 se lee que ella es especial con respecto a cualquier otra que la preceda. Cualquiera que no conozca de derecho acepta de primera intención la validez y legalidad de la Ley N 88; pero alguien que sea ducho en el tema, dirá que no. Según la Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene facultades para aprobar, modificar o derogar cuantas leyes le sean presentadas a sus miembros; pero vamos a ver que el propio artículo 75, en específico el inciso u), nos aclara que la ANPP debe someter a consideración del pueblo alguna ley que, por sus características, así lo requiera. Esto fue violado, y lo voy a demostrar.
En primer lugar, la propia Ley N 88, en uno de sus por cuantos, dice que ella es hija de la llamada Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas. Esta última fue aprobada por el pueblo de Cuba, en respuesta a la Ley Helms-Burton. Si esto es así, ¿por qué la marcada con el número 88 no recorrió el mismo camino?
En segundo lugar, falta la objetividad jurídica. La Ley N 88 lleva por nombre Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, y todos sus artículos se refieren a posibles hechos que nada tienen que ver con la independencia nacional y mucho menos con la economía cubana, por lo que su redacción —como dijimos en aquella ocasión— resultó ser mediocre y se presta para interpretaciones malintencionadas.
En tercer lugar, el artículo 53 de la Constitución vigente trata sobre el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y el derecho a la información. El último párrafo de este artículo dice textualmente que “la Ley regula el ejercicio de estas libertades”. Ahora uno se pregunta y le pregunta al señor Ricardo Alarcón de Quesada: ¿Cuál esta Ley? ¿Dónde está escrita? Inmediatamente comprendemos que esa Ley no existe, y resulta que las distintas figuras delictivas de la Ley N 88 tienen una relación directa con los artículos 53 y 75 de la Constitución; por tanto, lo adecuado era que esta Asamblea llevara a cabo el referendo que este último precepto prevé. Esto se violó.
Teóricamente, la explicación es la siguiente: El doctor Julio Fernández Bulté, catedrático de la Universidad de La Habana, en su obra Teoría del Derecho, haciendo referencia al investigador inglés A. H. L. Hart, dice que en el mundo moderno, y en el Derecho como tal, existen tres grandes tipos de normas jurídicas, que son: de cambio, de adjudicación y de legitimación. Siguiendo el rastro, podemos decir que las normas de cambio en Cuba se hallan contenidas en el Reglamento de la ANPP, en el capítulo que regula la creación de la Ley. Las normas de adjudicación son aquellas que aparecen en el artículo 75 de la Constitución, y en verdad donde aparece la división es en las normas de legitimación. Este artículo 75, en su inciso b), legitima todo acto de creación, modificación yo revocación de cualesquiera normativas de carácter general que emanen tanto de la propia Asamblea Nacional como de los organismos de la Administración Central del Estado; pero seguidamente, el inciso u) legitima al populus; es decir, al pueblo, para que este apruebe por medio de un referendo lo que mejor le convenga. Esto quiere decir que el poder de representación que el sistema electivo cubano legaliza, limita las facultades tribunicias de las que los diputados están investidos. Por demás, el principio de especialidad con que está investida esta Ley es contradictorio con la Constitución de 1976, no así con la Constitución de 1940, en donde el Congreso tenía amplias facultades; a menos que no se haya hecho uso del principio de ultraactividad de la Ley, no encuentro razón alguna para que la ANPP haya actuado de la manera en que actuó.
Veamos la contradicción de la Ley N 88 con la Constitución vigente. El artículo 121 de la Constitución de 1976-92, regula el ejercicio de la libertad funcional de los tribunales populares, concediendo a los jueces al llamado ius decidendi o derecho de decisión, que la ley procesal regula como el ejercicio del libre arbitrio. La cláusula de que los jueces en Cuba no le deben obediencia más que a la Ley es una farsa. Me explico: el doctor Renén Quirós Pírez, también catedrático de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Jurídico-Penales, nos dice en su obra cumbre (Manual de Derecho Penal General, Tomo II) que la especialidad es un principio que se va a dar en el conflicto aparente de normas jurídicas; plantea que la norma especial contiene, frente a la norma ordinaria, una cualidad que va a sobresalir, que la va a diferenciar con respecto al hecho hipotético contenido en ella; abunda en que, producto de esta cualidad, el Tribunal está obligado a sancionar conforme a lo que se decida en esta ley o norma jurídica, y que, por ende, dicho Tribunal no puede, desde ningún punto de vista, entrar a decidir sobre la gravedad de la pena. Y es así: por algo sería especial esta Ley de haber sido aprobada por el pueblo; pero la Ley N 88 no fue aprobada por el pueblo cubano, sino por un órgano superior de poder, que si bien es cierto que está facultado para realizar ese acto jurídico, se encuentra limitado —repito— por la propia Constitución a determinados actos jurídicos generales. Sumémosle a todo esto otra situación que es de importancia capital para el derecho modelo y para el cubano en particular. Desde el momento en que se legaliza una ley de carácter especial, el Estado Cubano está en la obligación de instituir un tribunal especial o una sala especial donde se ventilen estos actos jurídicos. No está de más decir que en esos tribunales o salas especiales no tienen participación ni cabida los llamados jueces populares o legos, puesto que, como bien su nombre lo indica, la sala o tribunal es especial. Si ese mandato no viene contenido en la ley especial (votada y aprobada en referendo —repito— por el pueblo cubano), continúa siendo inconstitucional el acto jurídico de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y para terminar esta primera parte: cuando el 4 y el 5 de abril de 2003 los tribunal desacataron la solicitud de la Fiscalía en el sentido de que se les impusieran a los acusados la condena de privación perpetua de libertad, no debemos verla como el libre arbitrio o ius decidendi de los mismos, sino que todo esto obedeció a que no se encontró en dicha conducta “las marcadas intenciones de la conducta punible, además de la búsqueda de un resultado concreto” (José Luis Toledo Santander), que es el elemento típico que impera en esta ley. A los sancionados no se les exigió responsabilidad civil alguna, por lo que ningún daño cometieron contra las personas o el Estado como tal.
Hasta aquí, algunas consideraciones de la vulnerabilidad constitucional que esta Ley crea, y de las cuales las actuales autoridades cubanas se jactan a diario.
FIRMA Y VIGENCIA EN CUBA DEL PACTO
por Juan Carlos González Leiva
En 2007, el Gobierno Cubano anunció que en los tres primeros meses del siguiente año firmaría el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En efecto, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Felipe Pérez Roque, suscribió ese documento el día 28 de febrero de 2008. En este artículo pretendo dar información sobre este importantísimo código internacional, su espíritu, esencia jurídica y posible aplicación en nuestro país.
En su Preámbulo, el referido Pacto Internacional proclama: “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. Es decir, que el fundamento de la paz internacional, la justicia universal y la libertad, es el decoro de la persona humana, que sólo existe cuando le son respetados sus atributos jurídicos indispensables. Este espíritu lo anima de principio a fin. La letra concorde y diáfana es un baño de luz primaveral para todos los pueblos de la tierra que logran alcanzarla.
Los artículos 19 y 21 refrendan: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.” “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” “Se reconoce el derecho de reunión pacífica.”
Más de cien prisioneros de conciencia languidecen en las cárceles del gobierno cubano. Unos veinte han sido enjuiciados en los últimos tres meses, en procesos sumarios, no públicos, por tribunales parciales sujetos a los militares de la Seguridad del Estado. Más de veinticinco extinguen condenas de hasta cuatro años sin haber cometido delito, según me ha dicho el propio Tribunal Supremo, pues fueron acusados de ser “proclives a cometer delitos” por conducta socialmente peligrosa. Cincuenta y cinco, que pertenecen al Grupo de los 75 encarcelados en marzo de 2003, llevan cinco años de prisión y tortura aniquilante, estando la mayoría muy mal de salud por el riguroso castigo vengador del gobierno de La Habana.
El artículo 10, en su apartado 1, establece: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” Actualmente casi cien mil personas padecen el horrendo cuadro carcelario. Unos 260 son reos políticos; sobreviven subalimentados, sin agua potable, sin asistencia médica adecuada y expuestos a la tuberculosis. Desde todos los centros penitenciarios se reportan con frecuencia descomunales palizas. Al menos 35 penados comunes murieron durante el año 2007, víctimas de este espantoso régimen. Dos fueron matados por los guardias a hierrazos en la Prisión Kilo 8, de Camagüey. En estas condiciones sobrevive medio centenar de condenados a muerte.
Dios, desde el Edén, condenó el derramamiento de sangre y consagró el derecho a la vida de sus criaturas, formadas a su imagen y semejanza. El Pacto, en el artículo 6, declara: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
La detención arbitraria, las injerencias en la vida privada, la familia, domicilio o correspondencia, y los ataques a la honra, quedan proscritos por la normativa del Pacto.
El artículo 23, apartado 1, califica a la familia de “elemento natural y fundamental de la sociedad” y reconoce su “derecho a recibir protección de la sociedad y del Estado”. Sin embargo unas cuatrocientas personas fueron desalojadas a porrazos de sus viviendas el pasado mes en Holguín. El gobierno anunció que demolerá las casas de unas tres mil personas. Veintidós bicitaxis fueron decomisados en La Habana a mediados de febrero de 2008, y sus dueños quedaron sin sustento ni instrumentos de trabajos para alimentar a su familia. Hechos como estos son política y acción cotidiana de las autoridades cubanas en todo el país.
La visita a Cuba del secretario de Estado del Vaticano, monseñor Tarcisio Bertone, no significa que hoy podamos predicar en los parques, plazas públicas o de casa en casa. Aún no se nos ha devuelto el derecho a la radio, la televisión, la prensa y la educación religiosa. Decenas de cristianos defensores de los derechos humanos fueron arrestados o visitados en sus viviendas por la Seguridad del Estado, que impidió su participación en las misas oficiadas por el cardenal Bertone en Santiago de Cuba y Guantánamo los días 23 y 24 de febrero de 2008.
Gerardo Sánchez Ortega, Yorledis Duvalón Guiber, Rolando Rodríguez Lobaina. Abel López Pérez, Kéiber Rodríguez Fernández y Noelmis Cevila Terrero denunciaron por vía telefónica que permanecieron hasta doce horas en unidades de la policía política, siendo interrogados y amenazados por los militares. También fueron víctimas de esta actividad represiva Yordis García Fournier y Ana Belkis Ferrer García.
¿Cuándo comenzará a respetarse este postulado?: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”; así como la libertad de “manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.” (Artículo 18, apartado primero, del Pacto Internacional.)
Sin libertad política no puede hablarse de ningún otro atributo consustancial a la persona humana; por eso el artículo 25, en los incisos a), b) y c), le concede “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, “votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” y “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
El continuismo político, lejos de apertura, acaba de dar en La Habana un estruendoso portazo que ha helado la sangre a amigos y enemigos del régimen, dentro y fuera de Cuba. Raúl Castro ha sido oficializado presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, pero ha hecho acordar que no moverá un dedo en política exterior, castrense y económica si no consulta a su hermano, a quien citó unas quince veces en su discurso, durante el cuál expresó: “Más importante que pensar es trabajar por lo que se acuerde aquí”.
En medio de todo este drama nacional y sin el más mínimo atisbo de alivio, ¿cómo entender la entrada en vigor y la aplicación honesta y práctica de este, el más importante documento internacional que protege a la persona humana y sus más elementales derechos? (Pues este Pacto Internacional es antítesis no sólo de la sucesión dinástica oficial que acabamos de sufrir, sino del secuestro tiránico de 50 años que hoy pretende legitimar ante los ojos del mundo la cúpula gobernante, con el único afán de mantenerse aferrada al poder, a costa del sufrimiento y la vida de todo un pueblo.)
Es cierto que la firma del Pacto entraña el reconocimiento formal por parte del gobierno de los derechos humanos para el pueblo, pero amén de las reservas que sin lugar a dudas formulará, ¿qué ha ocurrido durante este medio siglo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cuál Cuba es gestora y firmante? Los Estados Partes quedan obligados a modificar el ordenamiento jurídico interno para dar entrada a la normativa del Pacto. ¿Abolirá Raúl Castro la Ley N 88 (Ley Mordaza) y pondrá en libertad inmediata a todos los prisioneros de conciencia? ¿Reformará el Código Penal y todas las normas que institucionalizan la violación sistemática en Cuba de los derechos contenidos en el Pacto? ¿Mejorará las criminales condiciones carcelarias y dejará de perseguirme precisamente por defender lo que el mencionado Pacto manda?
En mi opinión, el gobierno confía una vez más en sus consuetudinarios recursos: la manipulación y la burla internacional. Conoce los complejos y disfuncionales mecanismos de verificación y aplicación de Naciones Unidas, las dilaciones y reservas. Cree que escapará por la tangente. Todo es cuestión de esperar con los ojos bien abiertos.
DISCURSO DE BERTRAND FAVREAU, PRESIDENTE DEL JURADO INTERNACIONAL DEL PREMIO LUDOVIC TRARIEUX.
SENADO DEL REINO DE BÉLGICA, 19 DE OCTUBRE DE 2007
Un pueblo no se funda como se manda un campamento
¡Los queríamos tanto!
En El Reino de Este Mundo, Alejo Carpentier —que amaba tanto a Francia y cuya pluma tanto amamos, aunque nada haya sido capaz de abrirle los ojos…— cuenta que cuando los primeros
insurgentes de Santiago tuvieron que erigir un fortín para defenderse de los peligros que los acechaban, no tuvieron otra opción que recobrar viejos cañones abandonados. Quiso la suerte que tuviesen que confiar su supervivencia a una mezcla heteróclita de cosas amontonadas. Un cañón de la Revolución Francesa en cuya caja, en bronce dorado, se podía leer “Libertad, igualdad”, y un cañón español en cuyo brocal —y cito a Carpentier— podía leerse esta melancólica expresión: “Fiel, pero desdichado”. Pero eran dos adjetivos, corría 1949 y se trataba sólo de una novela.
Sin haber comparecido jamás ante sus jueces, René Gómez Manzano permaneció encerrado durante cerca de dos años en una prisión de alta seguridad de Las Villas, nombrada Nieves Morejón. Por conducto de su hermano presentó una solicitud de habeas corpus: una persona encamada con gripe no puede perturbar el orden público, alegaba. La solicitud fue declarada sin
lugar. René Gómez Manzano fue puesto en libertad el 8 de febrero de 2007 sin haber comparecido ante un tribunal. También en esta ocasión Amnistía Internacional lo había declarado preso de conciencia.
A su hijo, en un último mensaje, le escribió: “Adiós, sé justo”. Y le remitió su reloj, como para legarle el sentido del tiempo y la virtud de la paciencia.
A su esposa, ese mismo día, le escribió estas últimas palabras: “La verdad y la ternura jamás serán inútiles”.
Era 1895.
La justicia, la verdad y la ternura. También la paciencia. ¿Cuánto tiempo aún y cuántos sufrimientos tendrá que padecer Cuba para que la última voluntad de José Martí sea por fin cumplida!
PALABRAS DE JUAN ESCANDELL RAMÍREZ,
REPRESENTANTE PERSONAL DEL GALARDONADO, EN LA
CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO LUDOVIC TRARIEUX.
Señor presidente del Senado de Bélgica, Armand de Decker,
Señor presidente del Instituto de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Bertrand Favreau,
Señores presidentes de los diferentes colegios de abogados,
Me apartaré brevemente del protocolo de mis breves palabras en este magnífico acto, para recordar que hace poco más de ochenta años el ilustre penalista español Don Luis Jiménez de Asúa sufrió arbitrario confinamiento en las Chafarinas, y gracias a la solidaridad del gremio de abogados en todo el mundo fue posible su libertad; entre aquellos abogados que protestaron se encontraban abogados cubanos de la talla de Fernando Ortiz y Emilio Roig de Leuchsenring.
Permítanme decirles que ayer mis colegas y el equipo de Radio y TV Martí —radio que ahora mismo trasmite en directo para Cuba esta ceremonia— estuvimos en el Palacio de Justicia de Bélgica; todos coincidimos en considerar que sólo donde se respeta la Ley y la justicia pueda tomarse en serio, podía existir un edificio tan majestuoso para tan importante función.
Personalmente, al entrar al recinto percibí la presencia de la diosa Themis, desterrada de nuestro pequeño país hace ya casi medio siglo, como así están desterrados más de dos millones de cubanos.
Colegas, tengan por seguro que no se equivocaron al elegir al doctor René de Jesús Gómez Manzano como ganador del más prestigioso y antiguo premio que los abogados europeos otorgan a un abogado por su destacada labor a favor de los Derechos Humanos.
Desde Hesiodo hasta Gabriel García Márquez, nuestra profesión ha sido blanco de críticas por la literatura universal. Pero convencido estoy que Aristófanes no habría escrito Las avispas si hubiera conocido a Nelson Mandela, Paz Zúñiga, Digna Ochoa, Gómez Manzano y otros premiados por el Ludovic Trarieux. Todos ellos hasta la fecha constituyen un ejemplo para los abogados de todo el mundo.
Quiero reconocer, en esta ceremonia donde los abogados europeos rinden homenaje a otro abogado, la conducta valiente y heroica del decano Braffort, quien durante la ocupación nazi de Bélgica se negara a entregar al comando militar alemán la lista de los abogados judíos. Los abogados cubanos no olvidarán al distinguido Decano.
Distinguidos colegas, este premio no es sólo de René: es de todos sus colegas que así lo sentimos y así también lo reconoció el propio Gómez Manzano, que lo hizo extensivo a todos los opositores que dentro de Cuba luchan por el respeto de los Derechos Humanos.
Perdónenme en este instante reconocer a mis amigos que me acompañan: al doctor Luis F. Fernández y al ex prisionero político por 17 años, el doctor Pedro Fuentes Cid, que abandonaron sus importantes tareas y, sufragándose sus gastos, están aquí en representación de la abogacía cubana, particularmente en representación del Comité de Abogados por la Libertad del colega Rolando Jiménez Pozada.
Sería imperdonable no aprovechar la ocasión de estar en la capital de la Unión Europea, en la tierra del Rey Caballero, para demandar de los abogados del continente, con espíritu de gremio, que se solidaricen ante la injusta y arbitraria prisión que padece nuestro colega Rolando Jiménez Pozada, sancionado a doce años de privación de libertad en un juicio secreto, sin ninguna garantía y que peculiarmente resulto penado con cuatro años más de los que solicitaba la fiscalía.
Pero desde este lugar sagrado de Bélgica, con espíritu de justicia exhortamos a todos los países de la Unión Europea a que exijan al gobierno cubano que libere a los centenares de presos políticos que se están muriendo en las mazmorras cubanas.
Sepan en Europa que el gobierno interino del señor Raúl Castro no se ha movido un solo milímetro de sus posiciones. La ausencia de René a este acto es la prueba irrefutable de la afirmación anterior.
Como cubano y español, como súbdito del Reino de España al que pertenezco por ostentar la ciudadanía española, le expreso al Rey que el gobierno actual se equivoca en su política hacia Cuba. Condenamos que en su Fiesta Nacional los opositores no hayan sido invitados.
Sin embargo, aquí en Bélgica hemos sido invitados para premiar por su incansable labor al doctor René Gómez Manzano.
La lista de agradecimientos sería larga, pero resulta necesario reconocer a los colegas que se quedaron en Miami y que constituyen el Comité de Abogados por la Libertad del Colega Rolando Jiménez Pozada, a los cubanos que desde innumerables páginas-web apoyaron este evento, y especialmente a los miembros del jurado del Premio Ludovic Trarieux 2007, a Bertrand Favreau, Robert de Baerdemaeker, Ives Oschinsky y Thierry Bontinck.
MENSAJE DE RENÉ GÓMEZ MANZANO
A LOS PARTICIPANTES EN LA CEREMONIA DE ENTREGA
DEL PREMIO INTERNACIONAL LUDOVIC TRARIEUX
Para el día 19 de octubre de 2007, en el salón de reuniones del Senado del Reino de Bélgica, se encontraba señalada la ceremonia de entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux al presidente de la Corriente Agramontista, René Gómez Manzano. Pese a haber iniciado en tiempo las gestiones que las autoridades migratorias cubanas exigen para otorgarle a alguno de sus súbditos el correspondiente “permiso de salida”, nuestro Presidente, previendo la eventualidad de que el régimen totalitario cubano no lo autorizase en definitiva a viajar, grabó el mensaje que aquí reproducimos. Éste, en vista del no otorgamiento del “permiso de salida”, fue escuchado por los congregados para la celebración de dicho acto solemne. Como se observa del texto, los párrafos finales del mensaje aparecían en idioma francés. En la presente versión se ha incluido, en lugar de ese pasaje del original, la traducción al castellano de esos párrafos, realizada por el mismo autor.
Me siento muy honrado de tener la posibilidad de dirigirles estas palabras. Desde luego, hubiera preferido poder hacerlo personalmente, pero si esta grabación se escucha en la ceremonia de entrega del premio, ello significará que esa posibilidad me estuvo vedada por el contumaz inmovilismo del régimen totalitario cubano, el cual se ufana de autodefinirse como una dictadura, mantiene las normas constitucionales que consagran el papel dirigente del partido único sobre el conjunto de la sociedad y del Estado, y no sólo ha borrado de sus textos supralegales toda alusión al derecho de los nacionales a entrar y salir libremente del Territorio Nacional, sino que se arroga de hecho la facultad de autorizar o no cualquier viaje de sus súbditos al extranjero, lo que implica que se comporta como si los ciudadanos fuesen una especie de esclavos o siervos de la gleba que sólo pueden hacer aquello que su señor les autoriza graciosamente.
Por desgracia, así ha sucedido en mi caso, pues a pesar del apoyo generoso que me prestaron el señor Presidente y los miembros del Jurado Internacional, así como otros colegas, todas esas gestiones han resultado ahora baldías, en razón de la negativa del nuevo equipo gobernante del país, encabezado hace ya algo más de un año por el hermano menor del dirigente histórico de casi medio siglo, a otorgar a tiempo el “permiso de salida” que se requería para que yo pudiese viajar a recibir el premio personalmente.
Señoras y señores: Estas palabras mías no deben ser muy largas, teniendo en cuenta que en este acto de premiación debe hacer uso de la palabra en mi nombre el señor Juan Escandell Ramírez. A él y al colega europeo que deberá acompañarlo los he autorizado para que uno de ambos acepte en mi nombre el prestigioso premio internacional que me ha sido otorgado, así como para que reciba las constancias de su otorgamiento.
A pesar de esa necesaria brevedad, debo decir que en mi país es notable la labor de los centenares de organizaciones que de un modo u otro luchan en pro del respeto de los derechos humanos, pese a la intensa represión desatada contra ellas por el régimen totalitario, que ha convertido a Cuba —no obstante su población relativamente pequeña— en el país occidental con mayor número de presos de conciencia en el mundo. Todas esas organizaciones, en algunos casos sin estar conscientes de ello, son seguidoras y continuadoras de la obra inmortal de Ludovic Trarieux, cuya memoria es perpetuada ahora en este galardón que tanto prestigio ha venido adquiriendo desde que hace ya más de dos décadas le fuera otorgado por vez primera al valeroso luchador anti-apartheid Nelson Mandela. Creo que es justo y necesario decir que este premio que se me ha otorgado constituye también un reconocimiento a la notable labor desplegada por todas esas entidades contestatarias cubanas, a todo lo largo y ancho de nuestro archipiélago.
Quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar específicamente a la mayor agrupación de organizaciones independientes de nuestro país —la Asamblea para Promover la Sociedad Civil—, que en mayo de 2005 llevó a cabo en nuestra capital el histórico primer congreso de demócratas cubanos. Me siento honrado por haber sido y seguir siendo uno de los tres miembros del Ejecutivo de esa coalición.
También considero un honor haber presidido, desde su fundación y hasta la actualidad, una de las más de tres centenares y medio de organizaciones que integran la mencionada Asamblea: como seguramente ustedes habrán imaginado, me estoy refiriendo a la Corriente Agramontista, una agrupación de abogados independientes de la que forman parte actualmente en suelo cubano una veintena de juristas aproximadamente, a los cuales habría que sumar varias decenas más que se han visto obligados a emigrar por la represión del régimen totalitario. Nuestra pequeña Corriente, cuyo nombre se deriva del apellido del ilustre abogado, libertador y mártir de la independencia cubana Ignacio Agramonte, caído gloriosamente en combate contra las fuerzas colonialistas en 1873, puede enorgullecerse de ser la única agrupación de juristas que lucha expresamente en nuestro suelo en pro del establecimiento del Estado de Derecho en Cuba, de la independencia del Poder Judicial, del libre ejercicio de la abogacía, de una Fiscalía que ajuste su actividad a criterios técnico-jurídicos y no políticos, y del restablecimiento de los colegios de abogados.
Porque debo decir que en nuestro país, a pesar de que esas instituciones databan de 1840, los colegios de abogados fueron objeto primeramente de una llamada “toma revolucionaria” que permitió echar a un lado a sus directivas democráticamente electas, y después fueron simplemente disueltos. Tras varios lustros sin contar con alguna institución que los representase siquiera formalmente, los hombres de leyes cubanos tuvieron la posibilidad de ingresar a la Unión Nacional de Juristas, institución que, debido a su carácter declaradamente gobiernista, jamás ha podido contar en sus filas con la totalidad de los letrados del país, y que, aunque es formalmente autónoma, en realidad fue creada por el régimen totalitario a su imagen y semejanza, con el único fin de institucionalizar el supuesto apoyo de la clase togada al sistema castrista. También existe la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que encuadra a todos los que ejercen la abogacía, ya que en la Cuba actual está terminantemente prohibido desde 1974 el libre ejercicio de nuestra libre profesión.
La falta de legitimación de esas dos instituciones para que se las pueda considerar como verdaderas representantes de los juristas cubanos, se pone de manifiesto en un hecho objetivo irrebatible: no se conoce ni un solo caso en que una o la otra hayan levantado su voz para defender a un compañero injustamente perseguido; y conste que no han faltado ocasiones para ello: hasta donde sé, nuestra Patria ha tenido el triste privilegio de ser el único país cuyos hombres de leyes han sido objeto de una operación policial en toda regla, dedicada especialmente a ellos, en cuyo curso fueron arrestados, enjuiciados y sancionados a muchos años de prisión decenas y decenas de juristas de todo el país. Este ataque masivo en contra de nuestra profesión recibió el sugestivo nombre de Operación Toga Sucia.
Esta purga de corte estalinista tuvo otra faceta más: en 1984 fueron formalmente “disueltos” los bufetes colectivos hasta entonces existentes, y en su lugar fue “creada” una institución teóricamente “nueva”, a la cual los abogados en ejercicio se vieron obligados a “solicitar su ingreso”. Mediante esta treta, 110 de los cerca de 800 abogados en activo en aquella época fueron separados del ejercicio profesional. Como “justificación” de este arbitrario despido masivo se esgrimió el argumento de que los “no admitidos” no llenaban el requisito establecido en el Decreto-Ley N 81 de que el postulante tuviese “condiciones morales acordes con los principios de nuestra sociedad”. En la práctica, este eufemismo señala la obligación en que se encuentra el abogado cubano de poseer lo que en el argot castrista se denomina “integración revolucionaria”, que no es más que la aceptación expresa de las políticas del gobierno y del partido único, así como la pertenencia a las llamadas “organizaciones de masas”, que también apoyan al régimen que las creó, y en las cuales los ciudadanos son regimentados siguiendo criterios de vínculo laboral, vecindad, sexo, etcétera.
El mencionado Decreto-Ley sigue vigente hasta hoy, lo que ha servido para que los dirigentes de la ONBC nieguen la posibilidad de ejercer la abogacía a aquellos compañeros que no comulgan con el sistema o que simplemente no son de su agrado; además, es frecuente que aquellos que forman parte de esa organización y mantienen una actitud contestataria, sean expulsados de la misma, como en 1995 hicieron con el que les habla sin siquiera incoar el expediente disciplinario que manda la Ley. Estas limitaciones llamarán más la atención si las contrastamos con el reducido número de juristas en activo. Se da la paradoja de que nuestro país, que es el de mayor cantidad per capita de médicos o deportistas en toda la América Latina, es al propio tiempo el de menor número de abogados. Se trata, indudablemente, de una secuela de aquellos tiempos en que los personeros del actual régimen —por entonces con mucha menos antigüedad en sus posiciones de mando— enarbolaban alegremente una consigna pasmosa: “¿Abogados para qué?”
En cuanto a la política legislativa del régimen totalitario, es conveniente señalar que éste ha demostrado una notable vocación por reprimir a todo aquel que disiente y que se niega a admitir el papel del partido único como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” (conforme aparece consignado en la mismísima Constitución de la República). Para todos estos compatriotas de talante contestatario se dictó la tristemente célebre Ley 88, que de manera certera ha sido bautizada por los periodistas independientes cubanos como “Ley Mordaza”. Ese verdadero engendro antijurídico fue empleado por primera vez por el gobierno castrista en 2003 contra los integrantes del tristemente célebre Grupo de los 75, encarcelados, acusados y sancionados por los tribunales del régimen en menos de tres semanas, en procesos sumarios carentes de cualquier tipo de garantía para los derechos de los acusados. Las “piezas de convicción” ocupadas eran unas pocas computadoras personales, algunas máquinas de escribir de carácter museable, libros impresos en el extranjero, papel, bolígrafos... ¿Los hechos supuestamente justiciables? Escribir artículos en los que se criticaba el estado de cosas existente en el país, celebrar reuniones en domicilios particulares, visitar sedes diplomáticas extranjeras, conceder entrevistas a medios de prensa radicados fuera de Cuba…
Por esas mismas fechas fueron juzgados los integrantes de un grupo de ciudadanos que, guiados por la desesperación, secuestraron una lancha y tomaron como rehenes a los pasajeros, exigiendo que se les permitiese viajar a los Estados Unidos. Aunque el hecho constituía sin dudas un delito —incluso de cierta gravedad—, el hecho ciertamente no tuvo mayores consecuencias, ya que el incidente fue liquidado en unas pocas horas, y no hubo desgracias personales que lamentar. Pese a esto, todos los implicados fueron sometidos a un proceso sumarísimo, en el curso del cual tres de ellos fueron sancionados a la pena de muerte. Entre la detención y el anuncio de que esos desdichados habían sido ya fusilados decursó menos de una semana.
Aunque estos sucesos tienen más de cuatro años de antigüedad, merecen ser recordados y criticados todavía, pues los integrantes del glorioso Grupo de los 75, al igual que otros presos políticos y de conciencia, continúan privados de libertad hasta hoy en condiciones francamente deplorables: mezclados con reclusos comunes de toda laya, recibiendo una alimentación pésima y una asistencia médica y odontológica harto deficiente, sufriendo en ocasiones golpizas y otros atropellos, y en muchos casos en cárceles alejadas de sus ciudades de residencia. Por añadidura, el régimen totalitario ha continuado su represión: puedo citar el propio ejemplo mío y de otros compatriotas detenidos en julio de 2005, unas semanas después del histórico primer congreso de demócratas cubanos al que hice alusión anteriormente: todos esos opositores fuimos mantenidos en prisión por un período que en algunos casos excedió de un año y medio, sin juicio y sin acusación formal.
En la actualidad el régimen emplea otra modalidad represiva: incoa contra los ciudadanos que asumen una postura contestataria los llamados “expedientes de peligrosidad”; reconocidamente, esos ciudadanos no han cometido delito alguno, ya que esta clase de proceso penal se sigue, por definición, contra personas que no son culpables de delito, pero que, según el arbitrario criterio de las autoridades, “están en peligro de cometerlo”. Sobre la base de ese verdadero absurdo, muchos hermanos nuestros han sido encerrados en cárceles por períodos de hasta varios años.
Volviendo a la situación específica de los juristas cubanos, debo decir que, en el plano económico, no es mucho mejor lo que puede decirse del sistema de trabajo profesional implantado por el régimen castrista; baste decir que muchos abogados perciben salarios inferiores a los de trabajadores administrativos, y los mejor pagados reciben emolumentos que, cambiados en las casas autorizadas al efecto, equivalen a unos veinte o treinta dólares al mes. Repito el dato para los que tal vez piensen que he sufrido un lapsus linguae: nuestros colegas mejor pagados perciben menos de un dólar al día.
Toda esta triste realidad, así como la actitud de la Unión Nacional de Juristas y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (que jamás han expresado una crítica, sino que se han limitado a aplaudir y apoyar las medidas del régimen), constituyen la razón de ser de nuestro movimiento agramontista, el cual ni siquiera está organizado formalmente, ya que la solicitud hecha al amparo de la vigente Ley de Asociaciones hace ya más de quince años para constituir la Unión Agramontista de Cuba no ha sido respondida hasta hoy. Esto no ha impedido que brindemos asesoramiento legal a quien nos lo solicita, como tampoco que hayamos efectuado encuentros, realizado estudios jurídicos y redactado varios memoriales en los cuales hemos solicitado a las autoridades del país el restablecimiento del libre ejercicio de la abogacía y la independencia de la Administración de Justicia, una amplia amnistía para los presos políticos y algunos otros, reformas legislativas, etcétera. También hemos editado nuestro boletín, el último número del cual (el 6) vio la luz a fines del pasado mes de agosto. Desde luego, aquellos de nosotros que en uno u otro momento hemos estado en aptitud legal para ello, hemos continuado representando a nuestros hermanos opositores y activistas de derechos humanos.
Permítanme por ello que, como primera petición, les dirija la de que expresen su solidaridad con el colega que en estos momentos más necesita de ella, el abogado agramontista Rolando Jiménez Pozada, quien permanece injustamente encarcelado en la Prisión de El Guayabo, en su natal Isla de la Juventud, desde abril de 2003, y a quien a principios del presente año, tras un juicio amañado en el que no le permitieron defenderse a sí mismo (como lo autorizan las actuales leyes cubanas) y en el cual él ni siquiera estuvo presente, fue sancionado a doce años de privación de libertad. Casi está de más decir que cualquier apoyo que ustedes puedan brindarle a él y a los restantes presos políticos cubanos será motivo de nuestro reconocimiento más sincero.
Distinguidos amigos: Quisiera que me permitieran dedicar este premio a aquellos que más han sufrido y sufren por su activismo pacífico en pro de la democratización de Cuba y del respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos: los presos políticos y de conciencia. Son ellos (los que integran el Grupo de los 75 y todos los demás) quienes deben estar primordialmente en las mentes de nosotros, sus compañeros de lucha pacífica, y de ustedes, los extranjeros que no son insensibles a los sufrimientos del pueblo cubano; me sentiría muy reconfortado si mis palabras sirvieran para reafirmar la actitud solidaria que sé que ustedes han manifestado sistemáticamente y continúan manifestando hacia todos los que en el mundo son víctimas de la persecución y la violación de los derechos humanos.
Señoras y señores, para terminar mi mensaje, les ruego que me permitan pronunciar algunas palabras en francés.
En primer lugar, quiero hacerlo a fin de rendir homenaje en su bello idioma a ese gran ciudadano de Francia, de Europa y del Mundo cuyo nombre ilustre lleva el Premio que acaba de serle entregado a mi representante. La obra inmensa realizada por Ludovic Trarieux al luchar contra la injusticia y el racismo y al crear con éxito la primera organización de defensa de los derechos humanos, esa verdadera epopeya merece el recuerdo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ahora y siempre; por lo tanto, cumplo un verdadero deber al rendir homenaje a su gloriosa memoria.
En tercer lugar, quisiera pedirles una vez más que no se olviden del jurista Rolando Jiménez Pozada ni de las otras treintenas de prisioneros de conciencia cubanos, que sufren actualmente en las cárceles de mi país en condiciones terribles. Mis amigos y yo estamos seguros de que ustedes continuarán brindándoles vuestra solidaridad y vuestro apoyo.
Publicado por ernesto garcia diaz en 15:40