Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/sentencia-ejecutoria-contradiccion-26832583
Timestamp: 2019-11-14 05:59:20
Document Index: 407250389

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 525', 'artículo 133', 'artículo 525', 'artículo 525', 'artículo 131', 'artículo 490', 'artículo 525', 'artículo 525', 'artículo 525', 'Artículo 525', 'artículo 114', 'Artículo 131', 'artículo 114', 'artículo 131', 'artículo 525', 'artículo 525', 'artículo 129', 'artículo 1076', 'artículo 1078', 'artículo 506', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 525', 'artículo 525', 'artículo 114', 'artículo 517', 'artículo 525', 'artículo 495', 'Artículo 114', 'Artículo 490', 'Artículo 495', 'Artículo 525', 'artículo 114', 'artículo 525', 'artículo 195', 'artículo 525', 'artículo 195']

Ejecutoria num. 3a./J. 1/93 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26832583
Número de Resolución: 3a./J. 1/93
Fecha de Publicación: 1 de Enero de 1993
CONTRADICCION DE TESIS 33/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.ARRENDAMIENTO. EL TERMINO PREVISTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 525 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO A LA SENTENCIA QUE CONDENA AL INQUILINO DE CASA HABITACION A DESOCUPARLA, DEBE COMPUTARSE POR DIAS NATURALES.
CONTRADICCION DE TESIS 33/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se originó al resolverse amparos en materia civil por dos Tribunales Colegiados de Circuito.
El criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.C. 589/92, en lo conducente es el siguiente:
"Previamente a la determinación relativa sobre los argumentos del quejoso, es necesario determinar si el plazo de treinta días que confiere el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales. Como se ve, esta norma está dirigida a regular los plazos procesales, o sea, aquellos que se dan dentro de un procedimiento jurisdiccional, en cualquiera de sus fases, y se definen comunmente como los espacios temporales o medidas cronológicas que otorga la ley, determina un juez conforme a sus atribuciones, o emanan de una convención entre las partes - cuando así lo admita el sistema legal- para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación dentro de un proceso, la realización de una actuación, el cumplimiento de una resolución, el acatamiento de un proveído, la satisfacción de un requerimiento o prevención, la cumplimentación de un mandamiento, el surgimiento de una consecuencia de derecho, etcétera. Este concepto lo sustentó este órgano colegiado en la ejecutoria cuya sinopsis aparece publicada en la página 370 de la Segunda Parte del Tomo IV, Julio-Diciembre de 1989, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: PLAZO PARA INICIAR UN PROCESO JUDICIAL. NO ES UN TERMINO PROCESAL.- Los plazos que concede la ley para poder iniciar un proceso o procedimiento, ya sea con el ejercicio de la acción o mediante el acto necesario para ese efecto, no quedan comprendidos dentro de la regulación que fijan los ordenamientos jurídicos correspondientes a los llamados términos procesales, toda vez que éstos sólo se dan dentro de un procedimiento jurisdiccional ya instaurado, en cualquiera de sus fases, y son los espacios temporales o medidas cronológicas que otorga la ley, determina un juez conforme a sus atribuciones, o emanan de una convención entre partes - cuando así lo admite el sistema legal- para el ejercicio de un derecho, la realización de una actuación, el cumplimiento de una resolución, el acatamiento de un proveído, la satisfacción de un requerimiento o prevención, la cumplimentación de un mandamiento, el surgimiento de una consecuencia de derecho, etcétera; lo cual significa que para poder calificar como procesal un plazo se requiere como presupuesto o requisito sine qua non la existencia de un procedimiento y que los efectos de tal categoría temporal se den precisamente dentro de dicho procedimiento y este supuesto no ocurre en la hipótesis que nos ocupa, al tratarse precisamente del tiempo que se confiere para realizar el acto provocador de la apertura de un juicio. El legislador acogió tales elementos de definición en el Código de Comercio, según se desprende del contenido de los artículos 1075 a 1079 de dicho ordenamiento, toda vez que en el primero, al precisar cuándo comienzan a correr los términos judiciales y cuándo concluyen, se parte de la existencia de un emplazamiento, citación, notificación, actuaciones que se dan dentro de un procedimiento judicial instaurado; el segundo hace referencia indudable a actuaciones que se practican dentro de un proceso, según se desprende fácilmente de su lectura, aunque en su fracción I habla del término para comparecer a juicio, es inconcuso que se refiere al que tiene el demandado o un tercero llamado para presentarse a un procedimiento previamente iniciado, y no al tiempo que tuvo el actor para entablar la demanda; el tercero determina que una vez transcurridos los términos judiciales y sus prórrogas, basta una rebeldía para que el juicio siga su curso, quedando patente la existencia del juicio para que se dé esa hipótesis; y el último también alude a situaciones que se dan únicamente dentro de un procedimiento judicial". De lo dicho se advierte que para poder calificar como procesal un plazo se requiere: a) que sea otorgado por la ley, determinado por un juez conforme a sus atribuciones o emane de una convención entre las partes, si lo permite el sistema procesal; b) la existencia de un procedimiento; y c) que los efectos del plazo se den dentro del propio procedimiento. Estos principios son reconocidos por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos del 129 al 137, pues en ellos se hace expresa referencia a actuaciones ocurridas dentro de un proceso, lato sensu, como son: el emplazamiento, la citación o notificación, la interposición de la apelación, la celebración de juntas, reconocimiento de firmas, exhibición de documentos o dictámenes de peritos, etcétera. Por su parte, el artículo 133, al establecer que una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse, permite deducir que los efectos de los plazos procesales deben darse dentro del proceso y que por ello a su vencimiento, se debe continuar con el mismo. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114, fracción VI, y 525 párrafo final, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sólo podrá decretar el lanzamiento de un inquilino de casa habitación, para cumplir una sentencia, treinta días después de haberse notificado personalmente el auto de ejecución. Como se ve el plazo de treinta días está contenido en la ley adjetiva civil de esta ciudad, o sea, es de aquellos que confiere la ley procesal, se dictó en un procedimiento judicial ya instaurado, como es el de ejecución de sentencia, previsto y regulado en los artículos del 500 al 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y produce sus efectos en el propio procedimiento, pues se da con el objeto de que se cumpla voluntariamente una resolución judicial, antes de la prosecución de su ejecución forzosa por la autoridad jurisdiccional. Luego entonces, se trata de un plazo procesal, y por ello, la manera en que se debe computar, debe responder tanto al sistema como a las reglas fijadas en la propia ley, de manera que si en el citado cuerpo legislativo se establece de manera categórica que no se tomen en cuenta los días en los cuales no pueden tener lugar actuaciones judiciales, estos días deben descontarse del plazo conferido para el cumplimiento de la sentencia definitiva que decretó el lanzamiento de un inquilino de casa habitación. Por otra parte, este órgano Colegiado de Circuito no desconoce que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustenta la tesis publicada en la página 205 del Tomo VII de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "ARRENDAMIENTO. EL TERMINO PARA CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE LA SENTENCIA QUE CONDENA AL INQUILINO DE CASA HABITACION A DESOCUPARLA, DEBE COMPUTARSE POR D. NATURALES.- Tomando en consideración que los treinta días a que se refiere el último párrafo del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se concedieron para que el inquilino haga valer un derecho, oponga una excepción o defensa, ni para que interponga un recurso, sino para que se evite el cumplimiento forzoso de la sentencia, el cómputo del plazo citado debe hacerse por días naturales, en primer lugar, porque es un plazo que dicho ordenamiento contempla como caso de excepción, y es de explorado derecho que una norma de excepción prevalece sobre la regla general, y en segundo lugar, porque lo dispuesto por el precepto en cita implica que el enjuiciado posea el inmueble treinta días más, o sea, que conserve su calidad de arrendatario en un plazo posterior a la fecha en que se le notificó la ejecución de la sentencia que por días naturales, ya que inclusive el arrendatario deberá pagar la renta correspondiente al mismo". Esta tesis es el resultado de lo resuelto el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno en el toca 269/91, relativo al recurso de revisión interpuesto en el juicio indirecto promovido por R.E.G. contra actos del Juez Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario y del Director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la cual se expusieron, con relación al tema de nuestra atención las siguientes consideraciones: 1. El término de treinta días que establece el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene el carácter de una excepción a la regla general, pues conforme a su texto, en el supuesto de que una sentencia ejecutoria tenga por consecuencia el lanzamiento de un arrendatario de un inmueble destinado a la habitación, no se procederá inmediatamente a poner en posesión de ese bien al actor, como lo estipula el precepto en comento, en su párrafo inicial, sino que una vez hecho del conocimiento del inquilino que se procederá a su lanzamiento se le debe conceder el plazo de treinta días para desocupar el inmueble, lo cual contempla el legislador debido a lo impactante de los lanzamientos. 2. Los treinta días no se le fijan al arrendatario para que haga valer un derecho, oponga una excepción o defensa, ni para que interponga un recurso, sino para que se evite el cumplimiento forzoso de una sentencia. Con base en estos dos razonamientos concluyó: los treinta días, deben computarse por días naturales, en primer lugar, porque es un plazo que el código adjetivo civil contempla como caso de excepción y es de explorado derecho que los casos de excepción prevalecen sobre la regla general; en segundo lugar, porque lo dispuesto en el citado dispositivo implica que el inquilino posea el inmueble treinta días más, o sea, que conserve la calidad de arrendatario durante ese plazo y como el arrendamiento se cumple día con día, sean hábiles o no, de la misma manera debe computarse el término, sobre todo si se tiene presente que el inquilino debe pagar la renta de ese lapso. Este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte el citado criterio por lo siguiente: La circunstancia de que el plazo de treinta días plurireferido se contemple como un caso de excepción a la regla establecida en el primer párrafo de la norma en comentario no le quita el carácter de plazo procesal, pues si bien no se ejecuta de inmediato, como ocurriría si se tratara de lanzamiento de un predio destinado a un uso diferente, de todas maneras se trata de un plazo otorgado por la ley procesal de la materia, se dictó en una de las fases de un procedimiento judicial ya instaurado y sus efectos se dan dentro del propio procedimiento, ya que persigue tener por cumplida una resolución. Además, por regla general, los plazos que se dan o se regulan en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son de carácter procesal, y se rigen por lo dispuesto en el artículo 131, en cuanto a que no cuentan los días inhábiles, o sea, aquellos en los cuales no puedan tener lugar actuaciones judiciales. Dentro de esta generalidad quedan comprendidos los distintos plazos que se dan en los artículos del 506 al 525, para el cumplimiento de una sentencia. No se advierte que existan motivos para establecer una distinción del plazo de treinta días conferido al inquilino de casa habitación para desocupar y los demás que se regulan en los otros dispositivos, razón por la cual, aplicando el principio "en donde la ley no distingue, no se debe distinguir", no se puede considerar válida una diferenciación para computar procesales todos los demás y sustantivo el de nuestra atención. De manera que si llegare a considerarse válida la tesis que se enfrenta, tendría que llegarse a la conclusión, insostenible, de que todos los plazos consignados en la sección de ejecución de sentencias, conferidos a las partes para realizar los actos necesarios para el acatamiento de los fallos no serían de índole procesal y por tanto se regirían por los artículos 1176 al 1180 del Código Civil para el Distrito Federal, tomando en cuenta todos los días naturales del año; y siguiendo esos lineamientos también gozarían de esa calidad todos los que se dan en el curso del juicio para la realización de un acto que no implique comparecencia ante un juez, como por ejemplo, la entrega de un menor por parte del padre a la madre, para el ejercicio de la patria potestad o custodia; la orden para que se permita la práctica de una inspección judicial en un documento o lugar determinados, dentro de cierto tiempo, la disposición para que una persona comparezca a firmar un documento o a celebrar un acto jurídico ante un fedatario, el mandamiento de que se proceda a la división de una cosa común por las partes o por un tercero; casos estos, en los cuales si el último día fuera inhábil ya no se estaría en aptitud de cumplir la resolución, lo cual ni lógica ni jurídicamente puede ser admitido. Aún más, tampoco pasa desapercibido para este órgano colegiado que el plazo de nuestra atención tuvo su origen legislativo al discutirse en la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales del Ejecutivo Federal fechada el dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y tres, con la cual se pretendía reformar y adicionar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, con los cuales se pretendía hacer más ágil el proceso ordinario, modificar sustancialmente y hasta desaparecer procesos sumarios, así como establecer una regulación específica para las controversias del orden familiar. Ciertamente, el veintidós del citado mes tuvo verificativo la sesión en donde se discutió la iniciativa en segunda lectura. En ella un diputado de la facción parlamentaria del Partido Popular Socialista propuso reformar los artículos 114 y 517 de la citada ley adjetiva, para que se reglamentara la notificación personal de la sentencia que condenara al inquilino de casa habitación a desocupar y se le otorgara para ese efecto un plazo de treinta días; esta propuesta después de librar el obstáculo de estimarse inconducente por no ser materia de la iniciativa que se estudiaba, fue acogida, aprobada e incluso ampliada, en la sesión del día veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres, pues las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos estimaron que para ser congruentes con el planteamiento de beneficiar a los inquilinos se ampliara la proposición original contemplada en la iniciativa para reformar el artículo 490, consistente en otorgar veinte días para desocupar, cuando se trate de los juicios de desahucio, para concederle al inquilino, también en ese caso, el plazo de treinta días para pagar el importe de las rentas o desocupar. De este modo, de llegarse a acoger la tesis que se contradice, también este último plazo se tendría que estimar de carácter sustantivo. Tampoco pasa inadvertido que en la opinión en comentario no se dice que la excepción referida excluya al citado plazo de los que tienen la categoría de procesales, como por ejemplo, si se estableciera expresamente que se trata de un plazo de derecho sustantivo. Luego entonces, resulta intrascendente y hasta inocua, la aplicación del principio general de derecho de que el caso de excepción prevalece sobre el general. El hecho de que el mencionado plazo no se da para que el arrendatario haga valer un derecho, oponga una excepción o defensa, ni para que interponga un recurso, resulta irrelevante, porque aun con ello su otorgamiento tiene como finalidad, el cumplimiento de una resolución, lo cual es uno de los objetivos propios del plazo procesal, según se ha visto. Finalmente, es cierto que durante el plazo de mérito, el demandado poseerá el inmueble con el carácter de inquilino, que el arrendamiento se cumple día con día, sin importar si son o no hábiles, y que deberá pagar renta durante ese lapso, en los términos contratados, pero todos esos puntos tan sólo constituyen consecuencias derivadas de la situación en que quedan las cosas con la conclusión de la relación contractual entre las partes, y esto se da independientemente de que exista o no el proceso o de que haya concluido o no, como mera compensación por el uso del bien."
Por su parte, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión R.C. 269/91, en lo sustancial dice:
"El promovente como primer agravio manifiesta que la Juez de Distrito transgrede los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque interpretó en forma errónea e incorrecta el artículo de treinta días que señala el diverso 525 del último ordenamiento citado, para que el inquilino desocupe la localidad que alquila, al referirse al cumplimiento de una obligación y no al ejercicio de un derecho, cuando alega el inconforme, dicho término `implica un derecho que se tiene para usar y disfrutar de la localidad arrendada y lógicamente dicho precepto impone una obligación a los inquilinos, a que expirado dicho término, deban desocupar la localidad', por lo que la juez debió concluir, según el recurrente que el cómputo en cuestión se debía hacer por días hábiles, de conformidad con el contenido del precepto 131 de la ley procesal civil, y no aplicar e interpretar erróneamente el numeral 129 de ese ordenamiento, para apoyar su consideración de incluir en un cómputo días inhábiles, máxime que en el caso, como lo expuso en sus conceptos de violación, no sólo se computaron los sábados y domingos, sino que también los que corrieron del catorce de diciembre de mil novecientos noventa al primero de enero de mil novecientos noventa y uno, en que no hubo labores por encontrarse de vacaciones los tribunales. En el caso, tomando en consideración que el término de treinta días que señala el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene el carácter de una excepción a la regla general, pues tal precepto dispone que en el caso de que una sentencia condene al inquilino de casa habitación a desocuparla, `sólo procederá su lanzamiento, treinta días después de haberse notificado personalmente el auto de ejecución', esto es, que en el supuesto de que una sentencia ejecutoria tenga por consecuencia el lanzamiento de un arrendatario de un inmueble que destina a su habitación, no se procederá inmediatamente a poner en posesión de ese bien al actor, como lo estipula el precepto en comento en su párrafo inicial, sino que una vez que se le haya notificado al inquilino que se procederá a su lanzamiento, se le debe conceder el plazo de treinta días para que desocupe el inmueble, lo cual contempla el legislador debido a lo impactante de los lanzamientos; así como que los treinta días no se le fijan al arrendatario para que haga valer un derecho, oponga una excepción o defensa, ni para que interponga un recurso, sino para que se evite el cumplimiento forzoso de una sentencia; este tribunal estima que los treinta días en comento deben ser computados por días naturales, en primer lugar, porque es un plazo que el código adjetivo civil contempla como caso de excepción, y de explorado derecho es que los casos de excepción prevalecen sobre la regla general, y en segundo lugar, porque tal y como el promovente lo expone, lo dispuesto por el precepto en citaimplica que el inquilino posea el inmueble treinta días más, esto es, que conserve su calidad de arrendatario un plazo posterior a la fecha en que se le notificó la ejecución de la sentencia que declaró terminada la relación arrendaticia, y por ello, toda vez que el arrendamiento se cumple día con día, sean hábiles o no, pues es una relación contractual regulada por el código sustantivo, los treinta días en cuestión deben ser computados por días naturales, ya que incluso el arrendatario deberá pagar la renta correspondiente a los mismos; en consecuencia, resulta infundado lo que el recurrente expone como primer agravio, porque debiéndose computar el plazo de treinta días señalado por el artículo 525 citado, por días naturales, resulta correcto que la juez haya citado el diverso 129 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para fijar el inicio del cómputo, así como el precepto 136 de ese ordenamiento, que dispone que los meses se computarán por el número de días que los comprendan, y los días se entienden de veinticuatro horas, y por lo mismo, no se puede considerar que esa juzgadora haya interpretado o aplicado erróneamente esas normas adjetivas; sin que obste a lo anterior, que al computarse los treinta días de referencia se haya incluido el período vacacional de los tribunales del fuero común, ya que como se señaló, ese cómputo se debe hacer por días naturales, se encuentren o no en funciones los tribunales".
Del examen de las consideraciones supratranscritas, se desprende que sí existe la contradicción de tesis denunciada en la medida que, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estima que el término de treinta días para que el arrendatario de una casa habitación cumpla voluntariamente con la sentencia que lo condenó a la desocupación, antes de su ejecución forzosa por la autoridad jurisdiccional, previsto por el último párrafo del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es de naturaleza procesal y por lo tanto sólo se compone de días hábiles; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio Circuito, sostiene que dicho término debe ser computado por días naturales por ser un plazo de excepción y no tener como finalidad el ejercicio de un derecho.
Es decir, el punto a dilucidar en la presente contradicción es si el término mencionado debe computarse con exclusión de los días inhábiles o si por el contrario deben tomarse en cuenta los mismos.
Esta Tercera Sala considera que la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las razones y en los términos siguientes:
Los criterios materia de la presente contradicción se originan medularmente en torno a lo preceptuado por los artículos 525, último párrafo, y 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dichos dispositivos establecen literalmente lo siguiente:
"Artículo 525. Tratándose de las sentencias a que se refiere la fracción VI del artículo 114, sólo procederá el lanzamiento, treinta días después de haberse notificado personalmente el auto de ejecución."
Artículo 131. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales.
El artículo 114, fracción VI a que se alude en el diverso 525, último párrafo del ordenamiento jurídico en cita, se refiere a las sentencias que condenen al inquilino de casa habitación a desocuparla y la resolución que decrete su ejecución, disponiendo que tales actuaciones deben ser notificadas personalmente en el domicilio señalado por los litigantes.
Así, el planteamiento de la contradicción que nos ocupa a la luz de los preceptos invocados debe resolverse determinando que, la disposición contenida en el artículo 131 no es aplicable para computar el término previsto por el último párrafo del artículo 525.
En efecto, es cierto como lo sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que el término de treinta días establecido por el artículo 525, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal está concebido dentro de un procedimiento, que es el relativo a la ejecución de las sentencias, y se previene en una ley de carácter adjetivo, lo cual conduce a sostener que se trata de un término procesal.
Sin embargo, esto es aceptable únicamente desde un punto de vista formalista, es decir, es admisible que el término referido es procesal sólo por el hecho de estar contemplado por un ordenamiento de carácter adjetivo dentro de un procedimiento, que es el de ejecución de sentencia. En cambio, atendiendo a la naturaleza esencial del término procesal, la cual se desprende de los preceptos legales que los regulan, así como de los criterios emitidos al respecto por este alto Tribunal y el concepto que la doctrina ha dado al mismo, el término que nos ocupa no puede ser considerado como procesal.
Ciertamente, gramaticalmente el vocablo término se define como un tiempo determinado. Hora, día o punto preciso para hacer algo (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, decimonovena edición, Madrid, 1970, página 1257).
Aplicado tal concepto al campo del derecho procesal, encontramos que el procesalista E.P. señala que, el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y validez legales (Diccionario de Derecho Procesal Civil, E.P., undécima edición. México, 1978, página 759).
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado, entre otros, los siguientes criterios:
Tesis de jurisprudencia 1931, publicada en la página 3111 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, S. y Tesis, que a la letra dice:
TERMINOS JUDICIALES. Cuando los Tribunales no están en funciones, no deben correr los términos concedidos a las partes para que hagan valer sus derechos ante aquéllos.
Tesis relacionada con la jurisprudencia antes transcrita publicada en el mismo A. y página, cuyo texto es como sigue:
TERMINOS JUDICIALES. Los términos judiciales se conceden para el ejercicio de un derecho, con una amplitud proporcional a la importancia de su objeto, y si ocasionalmente se cierra el Tribunal prácticamente se restringe el término que la ley concede al interesado, y, de acuerdo con el criterio aceptado por la Tercera Sala de la Suprema Corte, en el cómputo no deben incluirse los días en que el Tribunal estuviere clausurado, debida o indebidamente.
Tesis relacionada con la propia jurisprudencia, publicada en la página 3312 del A. en consulta, y que a la letra dice:
TERMINOS, MODO DE COMPUTARLOS SUSTANTIVA Y PROCESALMENTE (LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO).- El artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo establece que no deben contarse los días inhábiles en los términos, pero tal precepto rige únicamente a los establecidos en el procedimiento civil y no a los que se refiere el Código sustantivo del mismo Estado, que conforme a sus artículos 1938 en relación con los 1233 al 1257 deben computarse naturalmente. En efecto, los plazos y términos a que se refieren los preceptos que integran ese cuerpo de leyes deben computarse naturalmente, esto es de fecha a fecha y no como los procesales en que por razón de lógica y jurídica deben descontarse los días en que no tienen lugar las actuaciones judiciales, y, por tanto, los litigantes no están en condiciones de poder ejercitar los derechos que la ley les concede dentro del juicio.
Tesis aislada sustentada por esta Tercera Sala consultable en la página 1567 del Semanario Judicial de la Federación Tomo XCVI, Quinta Epoca, con el texto:
DEPOSITARIO, TERMINO PARA SUS OBLIGACIONES. LEGISLACION DE GUANAJUATO.- Si bien el artículo 1076 del Código de Comercio determina que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, y el artículo 1078, que transcurrido seguirá el juicio su curso y perdido el derecho que debía ejercitarse, es evidente que el primero de esos preceptos se refiere a términos judiciales para el ejercicio de un derecho, pero no a aquellos en los cuales debe cumplirse una obligación, caso en el cual se encuentra la que tiene el depositario, de rendir cuentas conforme al artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles, término que debe computarse según el 298 del mismo código, por el número de días que le corresponda.
Por otra parte, encontramos que el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que, una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos debió ejercitarse.
Así, de lo hasta aquí expuesto, se desprende que la nota esencial de los términos procesales en estricto sentido es que su objeto es el ejercicio de un derecho, es decir, se conceden a las partes con la finalidad de que éstas hagan valer los derechos que se les otorgan dentro de un procedimiento, de tal suerte que, todos los términos procesales son preclusivos, de conformidad con el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y preceptos análogos de los ordenamientos jurídicos procesales civiles de las entidades federativas del país y de la ley adjetiva civil federal, ya que de su contenido se deriva, que una vez concluidos dichos plazos se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse.
Lo anterior además, se justifica si atendemos a la razón de ser de la determinación de que en los términos procesales no deben contarse los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales (ratio legis).
Efectivamente, resulta lógico y jurídico excluir del cómputo de los términos procesales propiamente dichos los días inhábiles, por virtud de que si la finalidad de otorgarlos es para que las partes hagan valer algún derecho, es obvio que al encontrarse en inactividad los Tribunales, no estarán en condiciones de poderlos ejercitar y en consecuencia el referido plazo se ve restringido.
En esa tesitura, es evidente que el término previsto por el último párrafo del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, si bien puede afirmarse desde un punto de vista amplio y formal es de carácter procesal, en tanto que se encuentra previsto por una ley adjetiva y relacionado con un procedimiento, en cambio no puede considerarse como término procesal en estricto sentido, ya que no se otorga para ejercer algún derecho, sino por el contrario, para cumplir con una obligación consistente en el cumplimiento voluntario de la sentencia que condenó al inquilino de un inmueble destinado a casa habitación a su desocupación de tal manera que no subsiste en el caso la razón en que se funda la exclusión de los días inhábiles para realizar el cómputo de los términos, en la medida que se trata de un plazo otorgado para el cumplimiento de una obligación y por ello resulta intrascendente que en alguno o algunos de los días que se cuentan el Tribunal haya dejado de laborar.
Además, debemos añadir que por las razones apuntadas en el párrafo que antecede, el término en cuestión no es preclusivo, esto es, al no otorgarse para ejercer un derecho no opera la pérdida de alguno y por ende no le son aplicables las reglas que al respecto establece la ley.
A mayor abundamiento, visto el término que nos ocupa, como un plazo para poder realizar la ejecución forzosa de la sentencia de que se viene hablando, igualmente no puede considerarse como procesal, pues visto desde esa óptica, tampoco se otorga para el ejercicio de algún derecho por parte del demandado dentro del procedimiento y el solo transcurso del mismo no trae aparejada como consecuencia la preclusión del que tiene el actor para hacer valer el que sobre el particular le concede la ley.
Igualmente, abundando lo hasta aquí expresado, es correcta la consideración hecha por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en el sentido de que el término en examen es de especial naturaleza lo cual lo hace aún menos compatible con las reglas previstas para los términos estrictamente procesales.
En efecto, cabe precisar que el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal fue objeto de reforma, mediante la cual se le adicionó el último párrafo en el que se establece el término indicado en beneficio de los inquilinos, según lo dicho por un diputado del Partido Popular Socialista, ante las arbitrariedades que se cometen en su contra.
Al discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos referido, presentada por el Ejecutivo Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos setenta y tres, en sesión celebrada el veintidós del citado mes se discutió la iniciativa en segunda lectura, y el diputado aludido propuso la reforma a los artículos 114 y 517 de la mencionada ley adjetiva, para que se reglamentara la notificación personal de la sentencia que condena al inquilino de casa habitación a desocupar y se le otorgara para ese efecto un plazo de treinta días; iniciativa que fue aceptada, aclarada y ampliada para beneficiar a los inquilinos, bajo el siguiente dictamen:
No se ha legislado por legislar, la mayoría no se ha impuesto sólo por el hecho de su mayor número, sino como se verá con el estudio de las proposiciones antes mencionadas, impone su criterio por asistirle plenamente la razón. Creemos que con el estudio de las proposiciones, ha surgido un solo triunfador, que no han sido los partidos políticos aquí representados, sino los inquilinos, pues hay, por encima de todo, un interés de servir al pueblo representado en esta Cámara, que coincide con las expresiones de unánime solidaridad que ha habido con otras iniciativas del Ejecutivo. Consecuente con lo expresado anteriormente en relación con la adición propuesta de una nueva fracción al artículo 114, las Comisiones consideran que para hacer efectivo el plazo de gracia de 30 días, del que deben tener conocimiento los inquilinos que han sido condenados a desocupar una casa habitación, no basta, como lo propusieron los diputados del Partido Popular Socialista, que se les notifique personalmente la sentencia, sino que conozcan, personalmente también la resolución que ordena la ejecución de la sentencia, pues será a partir de esta posterior notificación, cuando empiece a correr el término de 30 días para que los inquilinos desocupen. La adición propuesta al artículo 517, precepto que se refiere a las obligaciones de hacer por virtud de una sentencia, no corresponde la proposición al caso que se pretende resolver, puesto que la desocupación es una obligación de dar, o sea entregar la casa habitación materia del juicio. En este orden de ideas, por tanto, se propone que el plazo de 30 días que se concede a los inquilinos para desocupar, antes de procederse al lanzamiento, se contemple en un cuarto párrafo del artículo 525 del citado Código Procesal. Las Comisiones congruentes con el planteamiento de beneficiar a los inquilinos, amplían la proposición original, pues consideran que cuando se trate de los juicios de desahucio, también debe darse oportunidad al arrendatario de que pueda pagar el importe de las rentas adeudadas en un plazo también de 30 días. Por último, se modifica el artículo 495 del mencionado Código, para establecer una igualdad de derechos del juicio especial de desahucio, con todos los demás procedimientos judiciales de esta naturaleza. Por tanto, se modifica para permitir que se recurra la sentencia del juez que condene a la desocupación, sin suspensión del trámite; y será suspensivo de la ejecución, la sentencia que la niegue. Con esta reforma habrá más garantías en favor de los inquilinos... Por lo expuesto anteriormente, proponemos las siguientes adiciones al proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios, para quedar como sigue: Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes:
VI.- La sentencia que decrete el lanzamiento del inquilino de casa habitación y la resolución que decrete su ejecución; y VII.- En los demás casos que la ley disponga. Artículo 490. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el juez mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de treinta días, si la finca sirve para habitación, o dentro de cuarenta si se sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de nueve días concurra a oponer las excepciones que tuviere. Artículo 495. La sentencia que decrete el desahucio será apelable en el efecto devolutivo; la que lo niegue será apelable en ambos efectos. Artículo 525. ... Tratándose de las sentencias a que se refiere la fracción VI del artículo 114, sólo procederá el lanzamiento, treinta días después de haberse notificado personalmente el auto de ejecución.
(Citado en la contradicción de tesis No. 4/92 resuelta por esta Tercera Sala en sesión celebrada el nueve de noviembre del presente año).
En este orden de ideas, podemos afirmar que por virtud de las reformas precitadas, mismas que fueron aprobadas el veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres, por unanimidad de 172 votos, el artículo 525, en su último párrafo dispone un término en beneficio de los inquilinos que son condenados a desocupar una casa habitación, a fin de que en forma voluntaria den cumplimiento a la sentencia relativa, por lo que es evidente que en razón de ello siguen conservando por el tiempo que duren en posesión del inmueble el carácter de inquilinos y por tanto, atendiendo a la circunstancia de que la relación de que se trata se encuentra regulada por el código sustantivo y de que el arrendamiento se cumple día con día, sean hábiles o no, el término en cuestión debe computarse por días naturales.
Consecuentemente, debe prevalecer la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente quedará redactada con el siguiente rubro y texto:
ARRENDAMIENTO. EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 525, ULTIMO PARRAFO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO A LA SENTENCIA QUE CONDENA AL INQUILINO DE CASA HABITACION A DESOCUPARLA, DEBE COMPUTARSE POR D. NATURALES.- Si bien puede afirmarse desde un punto de vista amplio y formal, que el término de treinta días previsto por el artículo 525, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles es procesal, por estar contemplado en una ley de carácter adjetivo y relacionado con un procedimiento, en cambio no puede considerarse como término procesal en estricto sentido, atendiendo a la nota esencial de esa clase de términos, consistente en que éstos se conceden para el efecto de que las partes ejerciten los derechos que la ley les otorga dentro del procedimiento, y el que nos ocupa se concede para que se dé cumplimiento voluntario a la sentencia que condena al inquilino de casa habitación a su desocupación, de tal suerte que no subsiste la razón en que se funda la exclusión de los días inhábiles en el cómputo de los términos propiamente procesales, es decir, el evitar restringirlos en perjuicio de los interesados, al no estar en condiciones de hacer valer sus derechos cuando los tribunales entran en inactividad.
Por lo expuestoy fundado, con apoyo además, en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en los términos precisados en la presente resolución.
Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial y la parte considerativa que se sustentan en esta resolución al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
N. y cúmplase, remítanse testimonios de esta resolución a los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente J.T.L.C., M.A.G., S.H.C.G. y M.M.G.. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados. Firman el presidente de la Sala y ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.