Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321106.html
Timestamp: 2019-03-18 17:47:41
Document Index: 157881770

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 90', 'artículo 17', 'artículo 821', 'artículo 180']

as201321106
Auto Supremo: 106/2013
Expediente: SC-118-12-S
Partes: Abdón Morón Virhuez c/ Francisco Lázaro Olive y otros.
Proceso: Ordinario de Nulidad de Contratos y Cancelación de Registro de
Propiedad en Derechos Reales.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 414 a 415 vlta., interpuesto por Abdón Morón Virhuez, contra el Auto de Vista Nº 37/2012, cursante de fs. 411 a 412, emitido el 22 de febrero de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario de Nulidad de Contratos y Cancelación de Registro de Propiedad en Derechos Reales, seguido por Abdón Morón Virhuez contra Francisco Lázaro Olive, Miguel Omar Salek Mustafá y Jorge Jiménez Quiroga ; la respuesta de fs. 418 a 419; la concesión de fs. 420; los antecedentes del proceso; y:
El Juez Tercero de Partido Civil-Comercial de Santa Cruz, en fecha 05 de mayo de 2009, dicta la Sentencia N° 53/2009 cursante de fs. 360 a 362 vlta. de obrados, dentro del proceso ordinario de nulidad de contratos y cancelación de partida en Derechos Reales, seguido por Abdón Morón Virhuez, contra Francisco Lázaro Olive, Miguel Omar Salek Mustafá y Jorge Jiménez Quiroga, declarando probada en parte la demanda interpuesta, disponiendo la Nulidad del contrato de donación de propiedad rústica; la nulidad del Instrumento Público N° 141/97 otorgado por ante Notario de fe pública N° 2 de Camiri; del Poder Notarial N° 167/97, otorgado por ante la Notaria de Fe Pública N° 25 de Santa Cruz y el documento de transferencia del fundo rústico efectuada por los apoderados Julio Argentino Salek y Loty Rosario Jiménez de Salek a favor de Jorge Jiménez Quiroga, así como la cancelación de la inscripción registrada en Derechos Reales, con costas.
Notificadas las partes con la referida Resolución, Miguel Omar Salek Mustafá, mediante memorial que corre de fs. 367 a 369 vlta. y Jorge Jiménez Quiroga, cuyo memorial de apelación cursa de fs. 371 a 375, interponen recurso de apelación; tramitados los mismos en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que dictó Auto de Vista en fecha 22 de febrero de 2012, que cursa de fs. 411 a 412, que anula obrados hasta fs. 33 inclusive.
Contra la señalada Resolución, Abdón Morón Virhuez, interpone recurso de casación que corre de fs. 414 a 415 del cuaderno procesal, con respuesta por parte de Jorge Jiménez Quiroga, de fs. 418 a 419.
El recurrente impugna el Auto de Vista interponiendo recurso de casación, acusando la errónea interpretación y aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial al anular obrados hasta la admisión de la demanda, manifestando que la referida ley dispone la nulidad de los actos procesales reclamados oportunamente y que en presente caso a lo largo del proceso, nadie ha reclamado la incorporación de los apoderados a la Litis, artículo que sólo se aplica a los asuntos previstos por la Ley e irregularidades reclamadas oportunamente y que no se han producido en este caso durante la tramitación del proceso.
Que, además, ningún acto es nulo, si la nulidad no está expresamente determinada por la ley y que lo dispuesto por el art. 90 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, se aplica en relación al art. 128 del mismo código que determina expresamente la nulidad.
Manifiesta asimismo que, el Auto de Vista, no indica qué norma sanciona con nulidad la no inclusión de los apoderados al proceso por lo que el mismo carece de fundamento, señalando que la acción de nulidad que se demanda está dirigida únicamente contra el donante, el donatario y contra el tercer adquirente y no así contra los apoderados que son quienes han transferido el bien, que no se trata de una acción simple dirigida contra un poder conferente, sino del cuestionamiento de los actos realizados por los apoderados, señalando erróneamente el Tribunal que si la pretensión es la nulidad de un poder y los apoderados no han sido llamados a la litis, esto implica falta de integración del litis consorcio pasivo que a diferencia del voluntario es necesario, razón por la que el Juez de instancia no podía entrar a decidir el fondo del asunto si no se integre a todos los que incluye la relación jurídico material, anulando todo lo obrado hasta el Auto de admisión.
Que, lo dispuesto por el art. 17 de la Ley del Órgano judicial, no estaba vigente al interponer la demanda, que la misma ha sido promulgada el 24 de junio de 2010 y entró en vigencia a partir del 3 de enero de 2012, sin embargo, el Tribunal de Alzada está aplicando la misma a un acto llevado a cabo el mes de marzo de 2003, vulnerando, infringiendo y conculcando el art. 123 de la Constitución Política del Estado que determina que la Ley solo dispone para lo venidero, por lo tanto la Ley 025 no tiene efecto retroactivo y su aplicación en el Auto de Vista recurrido le causa agravios y lesiona sus intereses.
Refiere asimismo el recurrente que el apoderado está sujeto a cumplir los actos que le han sido encomendados expresamente por su mandante, como lo establece el art. 804 del Código Civil y que en todo caso, el poder conferente, es quien tiene la vía expedita para accionar contra el mismo si lo estima necesario, conforme dispone el art. 817 del Código Civil, refiriendo que él no ha contratado con los apoderados y que por eso no los puede llamar en la demanda, que la relación mandante y mandatarios, es un tema que tiene que resolverse entre mandante y mandatario y que en este caso él es la víctima y lo único que le interesa es la nulidad de la donación, del Poder ilegalmente otorgado por el donatario y la escritura de compra-venta porque las mismas lesionan sus intereses. Se incluye el poder porque es el instrumento de relación con la compra-venta pero la responsabilidad emergente del poder debe arreglarse en conformidad al art. 821 del Código Civil.
Pide a este Tribunal, para que deliberando en el fondo case y/o anule al Auto de Vista recurrido, con costas.
La uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia , con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la Resolución de fondo, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio, unificando la jurisprudencia en la interpretación de las normas jurídicas; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando en su tramitación se hubieren violado las normas del debido proceso.
Que, analizados los antecedentes del recurso y advirtiendo que si bien el recurrente no menciona de manera expresa, en cuál de las dos clases de casación plantea su recurso, de la lectura del mismo, se advierte que los agravios reclamados, atacan errores de forma en que hubieran incurrido los miembros del Tribunal de Alzada, en ese entendido y siendo éste un Tribunal de puro derecho, considera pertinente ingresar a la consideración del mismo.
Corresponde a ese efecto realizar algunas puntualizaciones respecto a la obligación que tienen los Tribunales de verificar y revisar de oficio, el cumplimiento de las normas procedimentales, que son de orden público y obligatorias en su cumplimiento, en cuya observancia, en el caso de Autos, el Tribunal de Alzada hubiera dispuesto la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, bajo el razonamiento de que no se ha incorporado a la Litis, a los apoderados de Miguel Omar Salek Mustafá, señalando que los efectos de la Sentencia les alcanzan y que su no llamamiento al proceso resulta la vulneración de normas de orden público que atentan al debido proceso, al respecto, cabe realizar algunas consideraciones:
Como se tiene de obrados, el recurrente, demanda la Nulidad del Testimonio de donación de propiedad rústica, realizada por Francisco Lázaro Olive a favor de Miguel Omar Salek Mustafá; así como también, del Poder Notarial Nº 141/97 otorgado por el supuesto donatario, en favor de Loty Rosario Jiménez de Salek y Julio Argentino Salek Mery, asimismo, del Documento de transferencia del fundo rústico, que hacen los apoderados en favor de Jorge Jiménez Quiroga, además de la cancelación del Registro de Propiedad de los contratos en Derechos Reales, por haber sido celebrados con ilicitud en la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar los referidos contratos.
Conforme se tiene de la Sentencia de fs. 360 a 362 vlta., se tiene probado que el Instrumento de donación Nº 141/97, fue suscrito de manera unipersonal por el demandado Miguel Omar Salek Mustafá, siendo por lo tanto nulo, resultando en consecuencia también nulos los posteriores actos de inscripción del predio en Derechos Reales y consecuentemente, el Poder Nº 167/97, otorgado por el supuesto donatario Miguel Omar Salek Mustafá a favor de Loty Rosario Jiménez de Salek y Julio Argentino Salek Mery y la transferencia realizada por estos, a Jorge Jiménez Quiroga.
Al respecto, el art. 467 del Código Civil, señala que el contrato realizado por el representante en nombre del representado en los límites de las facultades conferidas por éste, produce directamente sus efectos sobre el representado, en ese entendido y remitiéndonos al caso de Autos, Loty Rosario Jiménez de Salek y Julio Argentino Salek Mery a tiempo de suscribir el contrato de transferencia del fundo rústico “El Despegue”, a Jorge Jiménez Quiroga, lo hicieron investidos de la Autoridad y capacidad de disposición que les había sido otorgado por su mandante y dentro de las facultades expresamente señaladas en el Instrumento de Poder Nº 167/97, no habiendo excedido las mismas, por lo que los efectos que se desprenden de sus actos, no producen efectos contrarios para sus personas, sino para su mandante, en cuyo nombre actuaron, conforme dispone el artículo señalado precedentemente. Motivo por el cual su no llamamiento e integración a la litis, no importa que el proceso se hubiera tramitado con vicios procedimentales que atenten contra el debido proceso o el derecho a la defensa, viciando el mismo de nulidad.
Respecto a las nulidades, cabe realizar algunas consideraciones legales referidas a este instituto jurídico:
1º Por su parte el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, señala que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salva Autorización expresa de la ley, asimismo el parágrafo II de ese mismo artículo dispone que las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo, son nulas. De lo preceptuado, se infiere que un acto procesal que se ha constituido infringiendo una norma procesal y conculcando un derecho o garantía constitucional, es nulo, es decir que no nace a la vida jurídica.
Respecto a la nueva concepción y enfoque con que este instituto está legislado en la Ley 025, en su artículo 17 cuando dice:(NULIDAD DE ACTOS DETERMINADA POR TRIBUNALES). I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.
III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos…”
Como se tiene de lo dispuesto por la norma señalada precedentemente, los Tribunales tienen la facultad de revisar las actuaciones procesales, control que si bien debe ser ejercido de oficio, esta potestad no es ilimitada, debiendo ceñirse conforme dispone el artículo en examen a aquellos aspectos reclamados por las partes en los recursos, conforme el parágrafo II, quedando la potestad del juzgador sujeta a la manifestación que haga la parte que se siente afectada, entendiéndose que aquellos aspectos que no han sido observados por las partes en conflicto, se han convalidado, ciertamente cuando los mismos no vulneran las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, principios constitucionales insoslayables; como se tiene de la redacción del parágrafo tercero del artículo en examen, la nulidad desde la nueva concepción jurídica y, a partir de los nuevos principios constitucionales que rigen a la justicia y de manera concreta a la jurisdicción ordinaria, se constituye en el último presupuesto por el que debe optar el Tribunal para subsanar la tramitación del proceso, cuando en el curso del mismo, los reclamos de la parte afectada no han sido atendidos oportunamente, contraponiéndose esta nueva corriente al exacerbado formalismo con que se procedía en algunos casos, toda vez que no sólo debe tomarse en cuenta si se trata o no de normas de orden público, sino y por sobre todo, la trascendencia que pueda tener la norma que se considera conculcada en el derecho a la defensa de las partes y su trascendencia en el debido proceso, en todo caso, si no se produce daño alguno, o éste es intrascendente para el resultado del proceso, no corresponde decretar la nulidad, así se trate de una norma de orden público, pues la nulidad decretada podría ser de mayor perjuicio, no solo para las partes sino para el sistema jurisdiccional en contraposición a los principios constitucionales de economía procesal, celeridad y oportunidad.
Para el caso de Autos, y conforme dispone el art. 804 del Código Civil, los actos jurídicos realizados por los mandatarios, no son sino las obligaciones a las que se han visto reatados, en virtud del contrato celebrado con su mandante, concordante este artículo con el 814 de la misma norma que dispone que el mandatario está obligado a cumplir el mandato que corre a su cargo, siendo pasible a resarcimiento del daño ocasionado, en caso de incumplimiento.
De manera particular, el art. 816 del Código Civil dispone que el mandatario que ha excedido los límites de su mandato, es responsable frente a los terceros con quienes contrató, en caso de haber contraído obligaciones a título personal, situación no aplicable al caso, toda vez que los apoderados, han actuado circunscritos a lo encomendado en el Testimonio de Poder Nº 167/97, que justifica una vez más que su no incorporación a la Litis, no es de ninguna manera, violatorio a su derecho a la defensa.
Por su parte el artículo 821 del Código Civil, de manera expresa dispone que el mandante, está sujeto a cumplir con las obligaciones contraídas por el mandatario, de acuerdo al poder otorgado; en ese entendido para el caso de Autos, se infiere que los efectos de la Sentencia alcanzan en este caso a Miguel Omar Salek Mustafá y a Jorge Jiménez Quiroga con quien ha contratado a través de sus mandatarios, debiendo asumir las obligaciones emergentes del contrato, no así a los apoderados, razón por la que la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada no es pertinente y resulta mas bien, contraproducente y contraria a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, inmediatez y verdad material, establecidos en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial, cuya base se encuentra en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, pues la inclusión de los apoderados a la Litis, no resulta trascendente para el resultado del proceso toda vez que los mandatarios no obraron por sí, sino para el mandante.
El Autor Carlos Morales Guillen en su libro Código Civil-Comentado y Concordado, señala lo siguiente: “La consecuencia más importante del principio de que el mandatario representa al mandante, es que éste debe cumplir todas las obligaciones que aquél ha contraído dentro de los limites del mandato. El art. 821, sólo tiene presente el efecto jurídico que consiste en contraer obligaciones, lo que no excluye que igual consecuencia puede ser referida a cualquier otro efecto, favorable o adverso al representado, porque el alcance de la representación, no está limitado por la legislación, al efecto de establecer obligaciones ni a la celebración de los negocios obligatorios únicamente. Otras disposiciones (v.gr.arts.61 c.f. y 810 c.c.), mencionan expresamente el matrimonio, los actos de administración, transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio. Realizado un negocio jurídico, por un representante con poder y en nombre del representado, en consecuencia, surte efecto jurídico que en su totalidad afecta directa y exclusivamente a este último (art. 467). El mandante, ejecutado el mandato, deviene deudor directo o acreedor directo de los terceros con los que el mandatario ha tratado por él, pudiendo accionarlos y, a la inversa, éstos pueden actuar contra él…”, por su parte la ratio decidendi extractada de las Sentencias Constitucionales Nros. 645/05-R de 14 de junio ; 1644/04 de 11 de octubre; 373/05-R de 14 de abril y 70/05 de 28 de febrero, señala que:
“La nulidad, conforme a lo establecido en el SC 1644/2004, de 11 de octubre, consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso” En se contexto, en materia civil el art. 251 Código de Procedimiento Civil, dispone expresamente que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley…, De manera complementaria a lo antes señalado, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado en la SC 070/2005, de 28 de febrero, que las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones judiciales son: la evidente vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la ley con nulidad de determinados actos u omisiones…” (El subrayado es nuestro)
Por lo referido, en el caso de Autos y siguiendo la línea de la nueva Constitución Política del Estado y el art. 17 de la Ley 025, al evidenciar que la no incorporación a la Litis de los apoderados de Miguel Omar Salek Mustafá, resulta intrascendente para el resultado del proceso, en virtud de que los mismos no han contratado por sí, sino en virtud del Testimonio Nº 167/97 y que no se han excedido de los parámetros dispuestos por el mismo y no existe posibilidad de que sus derechos y garantías Constitucionales sean conculcados, de manera particular su derecho a la defensa, este Tribunal llega a la conclusión de que la nulidad dispuesta por el Ad Quem, resulta vulneratoria a los principios constitucionales de celeridad, eficiencia y eficacia, debiendo fallar, en conformidad a los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el 42 parágrafo II num. 1) de la Ley Nº 025 y en virtud de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 37/2012 de fs. 411 a 412 y dispone que el Ad Quem, emita nueva Resolución sin espera de turno y previo sorteo, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 87 y 236 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.
En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.