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Timestamp: 2017-11-23 03:37:29
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Magistral ponencia del Ministro Aguirre Anguiano | Solidaridad, por una sociedad mas justa y humanizada
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Magistral ponencia del Ministro Aguirre Anguiano
Publicado el 28 septiembre, 2011	por Fernando Sánchez Argomedo
Si un óvulo de mujer que produce una vez al mes y un espermatozoide que en cada eyaculación se produce por millones, se dice, penetra al óvulo y se aloja en el endometrio, nacerá ser humano, independientemente de las transformaciones que tenga desde momento no nacerá otra cosa, ni perrito, ni gatito, ni nada; bueno, pues esto es incontestable ¿verdad? Por tal motivo, me pronuncio en contra de la interpretación restrictiva que se realiza en el proyecto y claramente contraria a las reglas que en materia de derechos humanos han sido consagradas por el Constituyente en el artículo 1° constitucional, no advierto en qué forma la protección de la vida humana desde la concepción que se consagra en el precepto impugnado, puede ser en detrimento de los derechos de las personas nacidas y que en todo caso de suscitarse un conflicto de intereses en el ejercicio de derechos, será cuestión de aplicación de la ley en el caso concreto, pero no un conflicto de derechos que deben ser establecidos atendiendo al interés general y no al particular que pueda presentare a casos específicos. El Tribunal Pleno en el desempeño de su función de intérprete constitucional y como autoridad sujeta en su actuar a lo dispuesto a la Constitución Federal, está obligada a proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que hoy contiene la Constitución: Universalidad etc., hay que extenderlos, no restringirlos.PRIMERO PUSO EN CONTEXTO LA DISCUSIÓN PORQUE EL MINISTRO FRANCO HABÍA DEJADO FUERA DE SU PONENCIA LOS TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO
En la página treinta y tres, como usted lo mencionó, se precisa que el proyecto realizará un estudio oficioso de los tratados internacionales de derechos humanos aplicables, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, véase por favor la página treinta y ocho. Lo que se sustenta con lo discutido por el Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, en la que se estableció que sí es posible en una acción de inconstitucionalidad acudir a tratados internacionales de derechos humanos no invocados por el promovente, al estudiar la regularidad constitucional de una norma general y en algunos de los criterios derivados del Expediente Varios 912/2010, coloquialmente conocido como “caso Radilla”.
Este apartado me genera dudas, inclinadas todas ellas a ciertos datos que a mi juicio son inexactos. El Tribunal Pleno al resolver el Expediente Varios 912/2010, fijó las reglas que se enumeran a foja treinta y siete de la consulta, entre otros, que los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación, que el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad en el ámbito de los derechos humanos, y que el control de convencionalidad debe ejercerse por todos los tribunales del Estado Mexicano; también lo es que en este expediente no se aprobó el criterio consistente en que el resolver medios de control, como el que nos ocupa, la Suprema Corte deba realizar un estudio oficioso e indiscriminado de los tratados internacionales de derechos humanos aplicables, por el contrario, cuando el Tribunal Pleno discutió la diversa Acción de Inconstitucionalidad 21/2011, en sesiones del seis y del ocho de septiembre de dos mil once, algunos de los señores Ministros expusimos la idea de que los criterios para ejercer el control de convencionalidad se están construyendo, y que el análisis oficioso de tratados internacionales no puede ser absoluto.
Es decir, el estudio de tratados internacionales se llevará a cabo cuando se haga valer de manera expresa violación a éstos, supuesto que obliga a pronunciarse al respecto, y si no se hiciera valer el examen oficioso tendrá que llevarse a cabo cuando el Pleno advierta que existe violación de ellos y solamente en este supuesto hacerse cargo de esa cuestión, máxime cuando el marco constitucional vigente es suficiente para dar respuesta a lo aducido, eso establecimos.
Otro de los aspectos relacionados con la cita del Expediente Varios 912/2010, “caso Radilla”, que es necesario subrayar, consiste en que la consulta no tome en cuenta uno de los criterios fundamentales de lo sustentado ahí por el Tribunal Pleno, a saber aquél que se apoya en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o de la Constitución Federal, consistente en que las normas relativas a los derechos humanos, se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, supuesto en el cual el Pleno precisó que ese tipo de interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos: A. Interpretación conforme en sentido amplio, párrafo segundo del nuevo artículo 101. B. Interpretación conforme en sentido estricto y C. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.
En el caso, si tomamos en cuenta que está de por medio el derecho a la vida, lo correcto sería que la consulta se orientara observando una interpretación conforme en sentido estricto, que implica según lo votado por los señores Ministros, que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde con los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de esos derechos.
Estimo que en congruencia con lo resuelto en el Varios 912 tantas veces mencionado, este Tribunal Pleno tendría que ajustarse a la interpretación del precepto impugnado, a realizarla a la luz del principio de interpretación conforme en sentido estricto, para no excluir alguno de los derechos que en opinión del ponente se encuentran en pugna. Así mismo y en congruencia con este precedente, el análisis de constitucionalidad se tiene que llevar a cabo en términos del control concentrado; es decir, de manera abstracta y sin sustituirse al Legislador y al juez ordinario, pues la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad no permite el análisis de la norma sobre supuestos legales inexistentes o casos prácticos imaginados. Estas son las objeciones que tengo que realizar sobre la advertencia preliminar, parámetros de control aplicables. Gracias.
PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO:
Ruego a la benevolencia del Presidente y a la de los señores Ministros un poco de paciencia; los tiempos signados en algún reglamento totalmente caído en desuso, sabemos que son insuficientes y sobre todo en un tema de esta envergadura.
Pedí la palabra antes para hacer alusión a dos aspectos, hoy me voy a tener que referir a cuatro, pero que no cunda el pánico. Las notas que produje en mi ponencia tienen en cuenta los tiempos del Pleno, y por lo tanto, a remedo de lo que dicen los periodistas y la gente de la prensa, los he hecho a manera de latigazos, o sea, tratando de ser muy claro, pero muy breve, sin intención de darle latigazo alguno, ni en sentido figurado, a nadie.
Pienso que la consulta debe llevarnos a las reflexiones siguientes: La primera y que en mi opinión es de suma trascendencia para el ejercicio de los controles que ejerce este Tribunal, se refiere a la manera en que el mismo aborda el control abstracto de la norma impugnada; según mi parecer desconoce la forma en que aquél resuelve las acciones de inconstitucionalidad, llegando al extremo de declarar la invalidez de la disposición impugnada con base en especulaciones, en supuestos inexistentes, sustituyéndose así al Legislador local y a los juzgadores, forma de proceder que, como apunté, se traduce, según yo, en un desconocimiento de los principios que este Alto Tribunal ha observado en la resolución de expedientes que como el de hoy nos ocupa, y explicaré por qué.
En efecto, la consulta pasa por alto la aplicación del principio de interpretación conforme, la Constitución tiene un fundamento expreso en el nuevo artículo 1o, segundo párrafo, y además también en los anteriores criterios de este Tribunal Pleno en los que se ha sustentado que ese principio resulta de obligada aplicación en materia de control abstracto de la constitucionalidad, criterios que por cierto son anteriores -como decía- uno de los cuales reza así: “INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.”, es tesis plenaria, y creo recordar que unánime y “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.”, esta es jurisprudencia de la Segunda Sala, además no sólo implica este principio, sino que conduce sus razonamientos de manera opuesta a la lógica de la consulta.
La reforma de diez de junio de dos mil once, elevó a rango constitucional el principio de interpretación conforme en los siguientes términos, cito: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, principio, también, pro persona.
El proyecto transcribe íntegramente el artículo 1o constitucional en sus páginas treinta y tres y treinta y cuatro, empero no razona debidamente los alcances del párrafo transcrito, pues se limita a frasearlo, cuando debe de ser la disposición constitucional que oriente la resolución, si tomamos en cuenta que el proyecto plantea, a mi parecer equivocadamente, una supuesta colisión entre el derecho a la vida y lo pongo entrecomillado “derechos de las mujeres” luego referiré por qué, claro que los tiene y muchos, pero no éstos.
Pues bien, este principio no es invocado en el proyecto, cuando que como se dijo, se trata de un principio imperativo cuya aplicación está ordenada por la propia Constitución Federal, extendiendo su aplicación a la interpretación conforme de las normas de derechos humanos respecto a tratados constitucionales aplicables.
Ahora bien, la norma impugnada, a saber el artículo 7o de la Constitución del Estado de Baja California dispone que esta Norma Fundamental tutela el derecho a la vida al sustentar que dentro del momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley, protección de la ley, pongo énfasis en esto y lo subrayo.
El derecho oponible al Estado es que por medio de la ley se proteja el otro derecho. Y se reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida. La lectura de esta disposición demuestra que esta Suprema Corte está en el supuesto en que es conducente la aplicación del principio de interpretación conforme; y por tanto, debe abordar el problema jurídico planteado en abstracto; es decir, partiendo de la base de que el contenido de esta norma puede interpretarse en un sentido que no necesariamente colisiona con la Constitución Federal o con tratados internacionales aplicables; es decir, en este caso es posible dotar a la norma de una interpretación adecuada a la Constitución, toda vez que su texto normativo per se, es solamente declarativo y es posible descartar una interpretación conformativa con otros derechos, máxime que no se trata de una norma punitiva, sancionadora o prohibitiva; por lo anterior, se estima inadecuado que en lugar de emplear este método de interpretación, el proyecto elabore especulaciones de diferente tipo para construir una interpretación que, por el contrario, persigue una colisión de derechos que el texto del artículo impugnado, por sí mismo, no genera. Además, como el propio proyecto recuerda, la reforma constitucional también introdujo, entre otros, el principio de interdependencia de derechos conforme al cual el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados. Vean por favor la página treinta y cinco.
En este sentido, el principio constitucional de interdependencia de los derechos humanos refuerza el criterio de interpretación armonizadora de las normas jurídicas que los contengan, máxime que se trata de un control normativo abstracto que supone la inexistencia de caso concreto alguno que revele una inconstitucionalidad manifiesta de la norma impugnada, aspecto que también, según mi parecer, soslaya el proyecto. De hecho, aun cuando la consulta es omisa en razonar respecto a la aplicación de la interpretación conforme, llega a una conclusión inicial en los siguientes términos. Vean por favor la página cuarenta y tres.
En atención a que el artículo 29 constitucional reconoce expresamente el derecho a la vida aunado a los criterios anteriormente señalados, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a la convicción de que el reconocimiento que hace el artículo 7o de la Constitución de Baja California sobre la tutela al derecho a la vida, es en sí mismo, acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vuélvanlo a leer; sin embargo, a partir de esta constatación elabora un conjunto de lucubraciones que tienden a desaplicar el método de interpretación conforme a efecto de elegir una interpretación menos favorable a la armonización del artículo impugnado frente a la Constitución Federal olvidándose también del diverso principio de presunción de constitucionalidad de la ley impugnada en razón de la legitimidad del órgano que la emite, en este caso, el Poder Reformador de la Constitución local cuyo contenido estrechamente vinculado con el primero ha sido razonado por la Primera Sala en la siguiente jurisprudencia aplicable por analogía: “LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD”. Sigue algún texto y en lo conducente cito textualmente lo que dice: “Por tanto, en virtud de que toda la ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan la carga de la prueba, pues solo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente, el principio in dubio pro legislatore, significa que el análisis debe partir de la premisa de que el Legislador, en este caso el Poder Reformador de la Constitución local, no pretende a priori vulnerar la Constitución, sino respetar el contenido de sus derechos o garantías, y no partir de la premisa contraria; esto es, que las consecuencias o las intenciones de sus normas pretenden violar la Constitución, ─que es lo que se significa en el proyecto─ Federal, ante la falta de claridad o generalidad de sus disposiciones jurídicas.
Además, otro aspecto que evidencia la falta de técnica en el ejercicio de control abstracto, es la aplicación del juicio de razonabilidad o proporcionalidad (brinquen por favor a la página ochenta y siete y hasta la noventa y dos de la consulta). No se crea que estoy tratando de obviarme textos, lo que pasa es que a veces en el proyecto, esto me sucedió cuando lo estudiaba, encontraba que en él había piezas perdidas y las encontraba en otras páginas.
En las páginas ochenta y siete a noventa y dos de la consulta; ello, en primer lugar, porque la legitimidad de esa técnica de interpretación, precisa que no exista otra solución jurídica posible a una colisión entre los derechos fundamentales en disputa, o cuando en este caso, como he afirmado, dicha colisión además es construida por el propio proyecto.
En segundo lugar, porque si el proyecto ya concluyó la supuesta invalidez de la norma impugnada, ningún caso ni efecto útil tiene recurrir a juicio de proporcionalidad, y enfrente a una conclusión ya alcanzada con anterioridad. En todo caso, considero que el estudio de constitucionalidad de la norma de la presente acción debe enfocarse a partir del principio de interpretación conforme, y del correlativo principio de presunción de constitucionalidad de la norma impugnada, o en su caso, razonar el por qué en este ejercicio de control abstracto, tales principios resultan vacuos, irrelevantes e inaplicables.
En este sentido, una interpretación conforme nos llevaría a construir que el derecho a la vida, tal y como está abstractamente establecido en la Constitución local, es una norma que resulta armónica con los artículos de la Constitución Federal y de la Convención Americana de Derechos Humanos –enseguida me referiré a ella– que establece que el ejercicio del derecho a la vida, no podrá restringirse ni suspenderse, incluso, en supuestos de emergencia o excepción del Estado Mexicano, lo que se traduce en su posición normativa privilegiada de derecho insuspendible; y también con los artículos 4.1 y 27 de la Convención Americana, conforme a los cuales el derecho a la vida está protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción, y que también reconoce este derecho como parte del núcleo de derechos insuspendibles, incluso en situaciones de emergencia.
La forma de leerse, en donde hay una observación, una reserva interpretativa del Estado Mexicano, luego me referiré a ella. Además, en su caso, este ejercicio de interpretación conforme también debiera llevar a la conclusión de que la norma impugnada es válida, siempre y cuando se entienda armónicamente con los criterios que esta Suprema Corte estableció principalmente en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147; esto es, que la regulación constitucional local del derecho a la vida del concebido no nacido entra bajo la protección de la ley en un sentido en que el legislador democrático local no tiene por ello ordenado desproteger los derechos fundamentales de las mujeres –que es lo que parecería decir el proyecto, lo cual a mí me parece fantasioso– y no una norma constitucional local declarativa del derecho humano a la vida que este Constituyente estimó valioso aplicar en la Ley Fundamental del Estado de Baja California, sin perjuicio de otros derechos que el legislador local habrá de tomar en consideración en su quehacer legislativo; no puede ser pretexto para elaborar dichas especulaciones la circunstancia de que debe dar respuesta cabal a los conceptos de invalidez planteados, pues aquellos que se hacen descansar en afirmar que la inconstitucionalidad de la norma lleva a ciertos supuestos que no existen, deben declarase –según mi parecer–inoperantes.
El proyecto examina la constitucionalidad de la norma impugnada de manera parcial, pues no justifica cabalmente qué paso tienen los nuevos contenidos de algunos artículos constitucionales destacados que debieran ser analizados detenidamente en el presente asunto, como es el caso del artículo 1o. Este artículo, en su párrafo segundo establece la cláusula de interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales –ya lo vimos– de igual manera, consagra el principio pro-persona que ordena realizar la interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Este principio de interpretación en la materia cobra importancia trascendental al realizar el control de constitucionalidad de la norma impugnada, pues nos obliga a esclarecer si la delimitación del derecho de protección a la vida desde el momento de la concepción implica la posibilidad de contrastar este derecho, que insisto, el artículo 29 de la Constitución consagra sin posibilidad de ser restringido o suspendido con la regulación constitucional de los derechos de las mujeres, no de manera especulativa como lo hace la consulta sino en forma objetiva y atendiendo al principio pro- persona.
El tercer párrafo del artículo 1o también expresa que todas las autoridades en sus ámbitos competenciales deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad; esto es, que sean para todos, incluidos los de los no alumbrados –de las criaturas que estén en el seno materno–; interdependencia, que un derecho humano se correlaciona con otro; indivisibilidad, no se pueden mutilar o darles tajo en parte sí y en parte no; y progresividad, hay que ir a más, y esto obliga a todas las autoridades. ¿A las legislaturas de los Estados? Por supuesto que sí. ¿Al Poder Reformador de las Constituciones estatales? Por supuesto que sí. Estos estándares que sin duda tienen una carga normativa trascendente tampoco pueden obviarse al dar respuesta congruente en el presente asunto.
El nuevo contexto constitucional nos obliga a analizar con mayor profundidad el alcance del texto reformado del artículo 29. Como se sabe, este precepto fue modificado por el órgano reformador de la Constitución para establecer que los decretos que expide el Presidente de la República, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, cumpliendo los requisitos constitucionales establecidos, no podrá restringir ni suspender el ejercicio, entre otros, del derecho a la vida, –vean por favor el párrafo segundo– ello implica la idea de que este derecho posee en la actualidad una resistencia constitucional especial frente a la injerencia de los poderes públicos, al punto que resulta insuspendible o inderogable, incluso en casos de calamidad pública que pudieran poner en riesgo la estabilidad del Estado, en las discusiones en el proceso de reforma constitucional se dijo que eran núcleo duro, doctrinario también, yo creo que es núcleo duro, pues bien, debe discutirse si el nuevo valor jurídico del derecho a la vida en su explicitación como derecho insuspendible implica cumplimiento normativo diferente, al menos en lo que se refiere al tema de la presente acción de inconstitucionalidad, es decir, si puede funcionar como fundamento jurídico desde la Constitución Federal, a efecto de que las Entidades Federativas estén en la posición de reconocerlo, no se nos olvide que la Constitución Federal ya no otorga derecho humano alguno, simplemente los reconoce y otro tanto deben de hacer las Constituciones locales y puede funcionar como fundamento jurídico de la Constitución Federal, al darle a las Entidades Federativas que estén en posición de reconocerlo o darle una expresión particular a sus Constituciones y hasta qué punto ese proceder resulta legítimo, no desconozco que la consulta invoque estas reformas, por ejemplo, a páginas treinta y tres, treinta y seis, cuarenta y nueve, cincuenta, sesenta, sesenta y uno, se refieren al artículo 1°; en las páginas cuarenta, cuarenta y uno y cincuenta al 29. Pero no extraer de ellas ninguna consecuencia jurídica para el control abstracto que nos ocupa, limitándose a afirmar que no es posible conocer cuál es el alcance del derecho a la vida con sólo el texto del artículo 29 constitucional conforme a su redacción vigente –vean por favor la página cuarenta y uno– o afirmar lacónicamente, que el Poder Reformador de la Constitución del Estado de Baja California no prevé introducir al orden jurídico un concepto de individuo que no prevé la Constitución Federal de la República, aquí se da la inversión, ahora resulta que la Constitución General de la República debe de llegar a las precisiones que se contienen en la objeción, esto es, el derecho a la salud debe referirse por ejemplo, a nosotros los diabéticos, a los que tengan leucemia o cáncer ¡qué es esto! la premisa debe de funcionar siempre al revés, si alguien hace la objeción, debe probarla, y no la Constitución tratarla de convertir en recetario de cocina. El Poder Reformador de la Constitución del Estado de Baja California se dice: No puede introducir al orden jurídico un concepto de individuo que no prevé la Constitución General de la República, pues al hacerlo se reducen los derechos constitucionales de los sujetos que sí son reconocidos por ésta, a los cuales son oponibles los del nuevo grupo de sujetos creados por la norma estatal, esto es, simplemente mendaz, no hay tal nuevo grupo de sujetos ni de individuos, siempre hemos hablado del derecho a la vida, los tratados internacionales, luego veremos desde cuando los consideran ─suscritos por México desde luego─ nacidos para todo efecto.
Muy bien, no hay tal grupo de sujetos; en consecuencia, estimo que la consulta debe reenfocar su estudio a la luz de las reformas constitucionales citadas, de manera satisfactoria y completa, ya que ello permitirá comprender qué peso normativo tienen las reformas para la materia de estudio del presente asunto, en el que debe verse, determinarse si la sola declaración de protección a la vida, desde su concepción en el momento jurídico estatal, es acorde o no con la forma en que la Constitución protege al nasciturus, para lo cual, además deberá atenderse de manera armónica a todas las demás normas de nuestro máximo ordenamiento en que se advierte su protección, incluso como se trata de temas novedosos, que no se discutieron en casos anteriores, concretamente en el precedente que se invoca en el proyecto; es decir, la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147, en la que además se analizó el problema jurídico relacionado pero diferente, que fue la despenalización del aborto dentro de las once semanas de gestación.
En una legislación penal local, considero que no nos queda más remedio que revisar en qué medida deben replantearse algunas de las premisas que determinaron arribar a las conclusiones ahí adoptadas respecto del derecho humano a la vida, de su eventual regulación en las Constituciones locales.
Verán ustedes, se hace la mención de que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, existe una declaración interpretativa.
Yo aquí les quiero decir lo siguiente: No fue una reserva, la reserva anula la disposición para el Estado que la formula signante, aunque ya en el Caso Radilla se dijo que si era restrictiva a los derechos humanos, la reserva no valía, a esa no le dimos ningún valor a cierta reserva y aquí a la interpretativa, al cómo debe leerse le estamos dando una que no le corresponde.
¿Qué se dice aquí? Se dice en el tratado, en la Convención mencionada, con respecto al párrafo primero del artículo 4o, considera que la expresión “en general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida al momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado a los Estados.
Esto ¿Qué quiere decir? Por favor, lo que dice el artículo, párrafo primero del artículo 4o, no lo consideren en general, no lo consideren obligatorio, consideren que le corresponde a cada Estado asumirlo en su legislación interna o no.
¿Qué ha hecho el Estado Mexicano al respecto? Nada, no lo ha reprobado jamás, el derecho del Estado Mexicano ahí está, pero el Estado Mexicano que hace los tratados internacionales, casualmente excluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros solamente lo interpretamos, no podemos como parte del Estado Mexicano a través de nuestras interpretaciones, darle un sentido que no tiene, el Estado Mexicano debe de pronunciarse ―pienso yo― a través del titular del Ejecutivo Federal y de la Cámara correspondiente, y esto no lo ha hecho jamás. Entonces esto no es una restricción, para México es vinculativo y obligatorio hasta que no diga lo contrario.
A este respecto, si ustedes me permiten, tengo un pequeño documento que valdría la pena, lo dejo para mejor ocasión, lo que sí quiero decirles es de la interpretación que ha hecho, ahora sí, entro en materia de lo que se ha dicho, del apartado denominado “Concepto de persona o individuo o ser humano y sus implicaciones jurídico constitucionales”.
El proyecto sostiene en este apartado que el producto de la concepción no es sujeto de derechos constitucionales, sino sólo un bien jurídico protegido, lo que deriva, esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como “cosa” en la antigüedad, bueno pues también en el proyecto se dice que son una “cosa” un bien jurídico protegido, lo que deriva del artículo 123 constitucional que hace distinción al hablar del concebido pero no nacido, en función de los derechos laborales de la mujer embarazada, así como el artículo 30 en que se hace referencia al nacimiento como el hecho generador del estatus de persona y de calidad de mexicano, lo que se refuerza con el artículo 7 de la Convención sobre Derechos del Niño.
Con base en lo anterior ―concluye la consulta― que el precepto impugnado de la Constitución local equipara al concebido con una persona nacida para todos los efectos legales mediante una ficción jurídica, con lo cual vulnera el principio de supremacía contenido en los artículos 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución Federal, al conferir derechos a un grupo de sujetos no reconocidos por la Norma Suprema, en detrimento de derechos de las personas nacidas; esto quiere decir, sin restricción de tiempo hasta el noveno mes: “Si no naces, eres cosa”; disiento de ello.
El derecho a la vida constituye algo expresamente reconocido – como les dije– por el artículo 29 de la Constitución, en su texto reformado el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente. Esto sí lo señala la consulta.
Partiendo de tal reconocimiento, adquiere relevancia fundamental el texto del artículo 1o, constitucional, objeto de la reforma mediante el mismo Decreto, pues además de establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, consagra en sus párrafos segundo, tercero y último, el principio “pro homine” en la interpretación de las normas de derechos humanos, la obligación de todas las autoridades en sus ámbitos de competencia de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y consagra la prohibición de toda discriminación, entre otras razones, por edad.
Es un hecho de conocimiento común que toda vida humana tiene un principio y un fin, y constituye un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible, que inicia con la fertilización y termina con la muerte.
El Constituyente no establece norma expresa que disponga cuándo comienza la duda, pero no hay duda de que la protege desde que se inicia. En tales términos, corresponde al legislador delimitar los alcances de esta protección, quedando sujeto en su tarea legislativa a respetar las reglas consagradas en el artículo 1o, constitucional, en materia de derechos humanos, a saber: Las de interpretación pro homine y sujeto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El uso de libertad de autodeterminación del Constituyente local aprobó la norma impugnada que contextualiza el derecho a la vida humana consagrada en el Pacto Federal, decidiendo otorgar la protección de este derecho desde su inicio; esto es, atendiendo al hecho natural que es a partir de la concepción cuando el proceso de la vida tiene su origen, por lo que es claro que no parte como se afirma en el proyecto, de una ficción jurídica, sino de un hecho natural de conocimiento común.
Al realizar esta delimitación de la protección del derecho a la vida, no se incumple alguna de las reglas consagradas en el artículo 1o constitucional, sino que, por el contrario, resulta plenamente acorde a ellos. El principio pro homine de interpretación de los derechos humanos conforme al cual ante dos o más interpretaciones válidas, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho humano, pues es claro que comprender el derecho a la vida humana desde el nacimiento, implica la exclusión de la etapa gestacional.
Al principio de universalidad, porque le impide la exclusión de su protección de los seres humanos no nacidos; al de progresividad porque amplía el objeto de protección a todas las etapas que conforman la vida humana; al de indivisibilidad porque no fracciona la protección del derecho, sino que lo reconoce en toda la amplitud de la existencia humana; al de interdependencia, porque la comprensión de la etapa gestacional como objeto de protección al derecho a la vida humana, es acorde a las demás normas constitucionales y a los tratados internacionales suscritos por México”.
Aquí quiero hacer un paréntesis en mi breve lectura, no existe tratado internacional alguno, y menos aun suscrito por México, que establezca como derecho de la mujer el de abortar.
“El artículo 3° al disponer que la educación deberá de tener como finalidad desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y perseguir el fomento de los diversos valores que el Constituyente ha plasmado en nuestra Carta Fundamental, entre ellos el aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia, sustentando ideales de fraternidad e igualdad en todos los hombres” –si les suena liberal, es que es liberal nuestra Constitución; en muchos de sus pasajes, es absolutamente liberal, no dice fraternidad, pero podría decirlo y nadie se debería de espantar–.
“El artículo 4°, que consagra el derecho a la protección de la salud y la paternidad y maternidad responsables, la protección a la familia y los derechos de la niñez, así como la obligación del Estado de coadyuvar al cumplimiento de estos derechos y de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez.
El proceso de reformas que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, expresamente aludió a la protección que se otorga al producto de la concepción en el dictamen de la Cámara de Senadores, al señalar la importancia de proporcionar a la mujer embarazada, la debida atención y descansos para velar no sólo por su salud propia, sino también por la del futuro hijo, quien de esa manera, antes de su nacimiento, goza de la protección del derecho y del Estado, así como el dictamen de la Cámara de Diputados, que expresamente señala: Que el derecho a la protección de la salud, debe alcanzar por igual, desde el momento de la gestación, tanto a la futura madre como al hijo.
El artículo 123, apartados A, fracciones V Y XV, y B, fracción XI, inciso c), al establecer una protección expresa al producto de la concepción, implica el reconocimiento al derecho de la vida humana desde su inicio.
En el dictamen emitido por la Cámara de Senadores, el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, relativo a la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, expresamente señaló que de esta forma, como garantías sociales de salud, que consagra a los mexicanos, entre otras encontramos: La debida atención y descansos para la mujer embarazada. ¡Ojo! Pretendiendo con esto no sólo velar por su salud propia, sino también por la del futuro hijo, quien de esa manera, desde antes de su nacimiento, goza de la protección del derecho y del Estado.
El artículo Tercero Transitorio del Decreto que reformó los artículos 30, 32 y 37 constitucionales, en materia de nacionalidad, publicado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete y su reforma publicada el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al otorgar derechos en materia de nacionalidad por igual a nacidos y concebidos, y la interpretación conjunta y sistemática de todas sus disposiciones, tanto las que consagran los derechos de los individuos, sean de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, sociales o colectivos, como las relativas a la parte orgánica que tienen como finalidad el bienestar de la persona humana sujeta del imperio de los órganos del Poder.
La Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 4.1 y 1.2, establecen que el derecho a la vida –como vimos– estará protegido por la ley en general, a partir del momento de la concepción, y que para los efectos de la misma persona, es de todo ser humano sin hacer distinción alguna, en relación con el desarrollo biológico en que se encuentre ese ser humano. Si bien, la relación de la expresión “en general” que México hizo de ella una declaración interpretativa, ésta sólo tuvo como objeto el no adquirir un compromiso que fuera contrario a la posibilidad del Estado Mexicano de variar sus normas supremas para hacerlas acorde a su realidad social, lo que se refuerza con el artículo 29 de la propia Convención, en que se establece que las normas de la Convención no podrán interpretarse permitiendo a alguno de los Estados partes suprimir o limitar el goce y ejercicio de los derechos previstos en ella, o reconocidos en la legislación interna de los Estados parte, ni excluyendo derechos y garantías inherentes al ser humano.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo preámbulo se alude a la protección y cuidados del niño, tanto antes como después del nacimiento; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .5, en su artículo 6, en que se prohíbe la pena de muerte a las mujeres embazadas, de lo que deriva la protección a la vida del producto de la concepción: del feto, del cigoto, de como ustedes gusten llamarlo, pues el compromiso de no aplicar dicha pena, no se sustenta en su calidad de mujer como tal, sino en su estado de gravidez.
También hay que traer a colación el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en sus artículos 5, 10 y 12; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 12; el Convenio 110 relativo a las Condiciones de Empleo de los Trabajadores de las Plantaciones Puntos 1, 6 y 8, de su artículo 37.
La Protección Constitucional de Derecho a la Vida del Producto de la Concepción, fue reconocida por el Pleno en jurisprudencia 14/2002, que lleva por rubro: “DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES”.
La cual fue reiterada por mayoría de sus integrantes al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 146 y su acumulada 147, ambas del dos mil siete, aun cuando la sentencia no haya reflejado tal decisión mayoritaria, pero sí se reconoce que en razón de votaciones sentada en la parte final del engrose y puede advertirse además de las interpretaciones de los Ministros en las versiones taquigráficas de las sesiones en que se discutió el asunto.
En tales términos, considero que la postura de considerar al producto de la concepción o feto, sólo como un bien jurídico a proteger, al igual que una cosa o un animal, carece de sustento constitucional, pues es claro que el valor que nuestro Constituyente ha otorgado a la vida humana y de la protección que ha brindado a un ser humano en formación o desarrollo como parte del proceso mismo que la vida humana implica.
Bajo tal concepto, la protección que la norma impugnada otorga a la vida humana desde el momento de la concepción, no implica la inclusión de un grupo de sujetos no reconocidos por la Ley Suprema, sino al contrario, sólo comprende la protección a este derecho desde su inicio, lo que ha sucedido de acuerdo con criterios de la Corte y con un antropológico indiscutible que le oí al señor Ministro Aguinaco Alemán, en su momento.
Si un óvulo de mujer que produce una vez al mes y un espermatozoide que en cada eyaculación se produce por millones, se dice, penetra al óvulo y se aloja en el endometrio, nacerá ser humano, independientemente de las transformaciones que tenga desde momento no nacerá otra cosa, ni perrito, ni gatito, ni nada; bueno, pues esto es incontestable ¿verdad? Por tal motivo, me pronuncio en contra de la interpretación restrictiva que se realiza en el proyecto y claramente contraria a las reglas que en materia de derechos humanos han sido consagradas por el Constituyente en el artículo 1° constitucional, no advierto en qué forma la protección de la vida humana desde la concepción que se consagra en el precepto impugnado, puede ser en detrimento de los derechos de las personas nacidas y que en todo caso de suscitarse un conflicto de intereses en el ejercicio de derechos, será cuestión de aplicación de la ley en el caso concreto, pero no un conflicto de derechos que deben ser establecidos atendiendo al interés general y no al particular que pueda presentare a casos específicos. El Tribunal Pleno en el desempeño de su función de intérprete constitucional y como autoridad sujeta en su actuar a lo dispuesto a la Constitución Federal, está obligada a proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que hoy contiene la Constitución: Universalidad etc., hay que extenderlos, no restringirlos. Hasta este momento en este punto concreto señor Presidente.
2 respuestas a Magistral ponencia del Ministro Aguirre Anguiano
Luz Del Carmen Miller dijo:
29 septiembre, 2011 en 6:33 pm
Felicidades Ministro y muchas gracias!!!!
Adriana Delgadillo dijo:
28 septiembre, 2011 en 10:11 pm