Source: http://docplayer.es/18723873-A-miembros-de-la-comision-de-acceso-al-mercado.html
Timestamp: 2019-01-23 12:44:38
Document Index: 29025424

Matched Legal Cases: ['artículo 223', 'artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 61', 'artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 26', 'Artículo 48', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 68', 'Artículo 66', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 48']

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado - PDF
Download "A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado"
Felisa Belmonte Cordero
1 Comisión de Acceso al Mercado Anexo 1327 INFORME N /INDECOPI-CAM A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado DE : Javier Mori Cockburn Secretario Técnico ASUNTO : Denuncia presentada por la empresa Saneaservice "Hilvic" E.I.R.L. Saneamiento Ambiental y Servicios Múltiples contra La Municipalidad Distrital de Ate (Expediente N /CAM) FECHA : 22 de mayo del 2002 I. ANTECEDENTES: A.- La denuncia: 1. Mediante escrito del 17 de diciembre del 2001, complementado el 9 de enero del 2002, la empresa SANEASERVICE "HILVIC" E.I.R.L. SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS MULTIPLES, en adelante la denunciante, interpuso denuncia contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE, en adelante la Municipalidad, por considerar que la actuación de ésta ultima materializada en la exigencia de trámites y cobros por concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de fumigación en su circunscripción territorial, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 2. Como argumento de su denuncia manifiesta ser una pequeña empresa dedicada al saneamiento ambiental y que, para desarrollar su actividad, cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad denunciada. 3. Adicionalmente, precisa que viene operando en el mercado de acuerdo con las normas contenidas en la Ley N , la Ley N , el Decretos Supremo N ITINCI 3 y N SA 4 y la Resolución Ministerial N SA/DM 5. B.- Tramitación del procedimiento: 1. Mediante Resolución Nº 01-CAM-INDECOPI/EXP del 15 de enero del 2002, se admitió a trámite la denuncia, y se concedió el plazo de cinco días hábiles para que la Municipalidad denunciada formule los descargos que estime convenientes. 1 Ley General de Salud. 2 Ley sobre Simplificación de Procedimientos para obtener los Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de Actividades de las Empresas. 3 Reglamento de la Ley Nº Reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 5 Normas sanitarias sobre trabajos de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos.
2 Página 2 de 9 Asimismo, en dicha resolución se requirió a la Municipalidad denunciada a fin de que cumpla con presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus exigencias, tomando como referencia lo establecido en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución TDC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de Mediante escrito del 7 de febrero del 2002, la denunciante solicitó se declare la rebeldía de la Municipalidad por no haber formulado sus descargos a la presente denuncia. Al respecto, mediante Resolución N 01-STCAM-INDECOPI/EXP del 28 de febrero del 2002, la Secretaría Técnica declaró la rebeldía de la Municipalidad Distrital de Ate, por no haber formulado sus descargos a la denuncia 6. La situación de rebeldía en que se encuentra incursa la Municipalidad, implica que se tengan por aceptadas o merituadas como ciertas las alegaciones y hechos relevantes expuestos en el escrito de denuncia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. II.- ANALISIS A. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado 1. Presentados los argumentos de la empresa denunciante y antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº y el artículo 48 de la Ley N Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N (Ley del Procedimiento Administrativo General). La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de Administración Pública a los Gobiernos Locales, por lo que sus normas también le son de aplicación a estos últimos En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N y 48 de la Ley N aluden al concepto de barrera burocrática, se está refiriendo a todo acto o disposición de la Administración Pública que tiene por efecto impedir o restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado mercado, modificando directamente las condiciones existentes para que dichos agentes puedan ejercer su 6 No obstante que mediante escrito de fecha 13 de febrero del presente año la Municipalidad se apersonó al procedimiento, no ha cumplido hasta la fecha con presentar descargo alguno a la denuncia interpuesta. 7 Ley Nº Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por entidad o entidades de la Administración Pública: 5. Los Gobiernos Locales
3 Página 3 de 9 actividad. Por lo general, dicha modificación está vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos. Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquéllas que modifican la situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado mercado o actividad económica. Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 5. En el presente caso, la exigencia cuestionada está modificando directamente las condiciones existentes para la prestación de servicio de saneamiento en el Distrito de Ate, en la medida en que representa un requisito y costo adicional que las empresas que pretendan operar en dicho distrito deben asumir para el desarrollo de sus actividades, por lo que tal exigencia constituye la imposición de una barrera burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N y el artículo 48 de la Ley N Por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática. 6. A partir del 11 de octubre del 2001, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se modificó tácitamente el artículo 26BIS en los términos siguientes: Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Concejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (El subrayado es nuestro). Del artículo antes citado se desprende que, respecto a presuntas barreras burocráticas que se encuentren sustentadas por medio del instrumento legal de la ordenanza municipal, la Comisión se encuentra facultada a emitir un informe, el mismo que será puesto de conocimiento del órgano municipal correspondiente para que en un plazo legal de 30 días resuelva de acuerdo a ley. En el presente caso, la exigencia cuestionada se encuentra contenida en las Ordenanzas Nº MDA Reglamentó el Saneamiento Ambiental del Distrito de Ate y Nº MDA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Ate). Por lo tanto, corresponde que el pronunciamiento de la Comisión se realice, en caso de declararse
4 Página 4 de 9 fundada la denuncia, a través del informe correspondiente y su posterior elevación al Concejo Municipal para que resuelva legalmente en el plazo de 30 días. 7. Para efecto del presente informe, se toma en consideración lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional 8. B. Determinación de la cuestión controvertida: De los argumentos y de las pruebas aportadas por la empresa denunciante, se desprende que la cuestión controvertida materia del presente informe consiste en determinar si la exigencia de trámites y cobros por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de fumigación, sustentada en lo dispuesto en las Ordenanzas N MDA y N MDA, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. C. Análisis valorativo de la cuestión controvertida: C.1.- La Ordenanza N MDA: El 15 de mayo de 1997, se publicó en el diario oficial el Peruano la Ordenanza N MDA, por medio de la cual se aprobó el Reglamentó el Saneamiento Ambiental del Distrito de Ate. En sus artículos 7 y 10 establece lo siguiente: TITULO IV.- DE LOS SERVICIOS Artículo 7.- Las empresas legalmente constituidas y que cuenten con la constancia de inscripción otorgada por la Municipalidad de Ate, podrán prestar Servicios de Saneamiento Ambiental. La inscripción de estas empresas deben ser actualizadas cada año. ( ) TITULO V.- DE LAS EMPRESAS Artículo 10.- Para que las empresas puedan brindar sus servicios dentro de la jurisdicción del distrito deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Presentar toda la documentación por el trámite documentario (expediente) adjuntado: - Folder S/ Solicitud dirigida al Alcalde. - Registro sanitario R.U. (Expedido por el Ministerio de Salud). - Contrato con un Ing. Sanitario colegiado y habilitado. - Registro Unico de Contribuyente RUC. - Modelo de Certificado y factura debidamente numerados. - Testimonio de Constitución de la empresa, inscrito en los Registros Públicos. - Memoria Descriptiva de los Procesos Técnicos. - Licencia Municipal de Funcionamiento otorgada por la Municipalidad correspondiente. - Declaración Jurada de los equipos de fumigación y protección. - Comprobante de información registrada de la SUNAT. b) Se verificará en el local de funcionamiento de la parte operativa (equipos y protectores). 8 Resolución Nº TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad.
5 Página 5 de 9 c) Recabar la Constancia que otorgará la Municipalidad, luego de su inscripción en el Registro de la División de Salud y Bienestar Social. d) Al inscribirse cada empresa pagará S/ para cubrir los costos administrativos y movilidad para la inspección. e) En caso que la Municipalidad desee contratar los servicios de una empresa de fumigación, obligatoriamente ésta deberá estar inscrita como empresa autorizada por la División de Salud y Bienestar Social. [Los subrayados son nuestro]. C.2.- La Ordenanza N MDA: El 28 de junio del 2001, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N MDA, por medio de la cual la Municipalidad aprobó su TUPA. En cuanto al procedimiento y cobro cuestionado dicha norma establece lo siguiente: N DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS Subdirección de Saneamiento y Medio Ambiente 1 Registro de empresas para prestación de servicios de desinfección y fumigación en el distrito. 1. Solicitud. 2. Derecho de Pago Anual. 3. Copia de constitución de la empresa. 4. R.D. de la autorización del Ministerio de Salud o Reg. Unificado para empresas constituidas a partir de febrero de Certificado de habilidad CIP. 6. Estar inscrito en la Unidad Departamental de Lima, Ate Ministerio de Salud. 7. Copia del certificado de Autorización de Funcionamiento 8. Relación del producto utilizado. 9. Dosificación del producto, detalle de máquina. Equipo con facturas a nombre de la misma. 10. Verificación sanitaria a la empresa de parte de la Municipalidad. 11. Fotocopia de factura a expedirse. 12. Registro de firma del personal Asesor Técnico. DERECHOS POR TRAMITES ADM. (Nota 1) S/ C.3.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la Municipalidad se encuentra facultada para exigir la tramitación de procedimientos y el pago derechos por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de fumigación, en adición a la autorización de apertura de establecimientos (legalidad de fondo). En caso se determine las facultades municipales en esta materia, se procederá a evaluar si su actuación ha respetado los requisitos formales establecidos para la exigencia de los trámites y los cobros cuestionados (legalidad de forma). C Legalidad de Fondo: 1. En primer término, es preciso identificar las facultades y atribuciones municipales en materia de saneamiento ambiental y funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, previstas en su Ley Orgánica y demás normas con rango de ley.
6 Página 6 de 9 2. Al respecto, debe tenerse en consideración que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción (artículo 3). 3. Dicho cuerpo legal, en materia de población, salud y saneamiento ambiental, establece que las Municipalidades tienen como funciones regular y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental, así como la de difundir programas de educación ambiental Asimismo, en lo que respecta a la facultad municipal en materia de abastecimiento y comercialización de productos, el inciso 7 de su artículo 68 dispone que es función de las Municipalidades otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas 10. Sobre este punto, además de las disposiciones generales antes mencionadas, existe un marco normativo especial para el funcionamiento de las pequeñas y microempresas, contenida en la Ley Nº 27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa y su Reglamento. Dentro de este régimen se regula la denominada Licencia Municipal de Funcionamiento Provisional, con una vigencia de doce meses, que supone un régimen promocional por el cual se otorgan facilidades para el acceso al mercado en beneficio de este tipo de empresas, simplificando el otorgamiento de dichas licencias con carácter provisional, como una forma de promover la libre iniciativa privada y la libertad económica. 5. Si bien las normas antes citadas otorgan, con carácter general, facultades normativas y de control a las Municipalidades respecto de actividades que tengan relación con la prestación del servicio de saneamiento ambiental, respecto del funcionamiento de los establecimientos dedicados a dicho rubro existen normas posteriores (con rango de ley y reglamentos) que restringen las facultades municipales únicamente a otorgar las licencias de apertura de establecimientos. 6. En efecto, la Ley N 26935, Ley sobre Simplificación de Procedimientos para obtener los Registros Administrativos y autorizaciones Sectoriales para el inicio de Actividades de las Empresas, establece que las empresas que inicien sus operaciones a partir de su vigencia 11, por el sólo mérito de su inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) que otorga la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), obtendrán en forma automática su registro en los ministerios correspondientes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades. Ello sin perjuicio del trámite de obtención de licencia de funcionamiento que deben efectuar ente el Municipalidad respectiva Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 66.- Son funciones de las Municipalidades en materia de población, salud y saneamiento ambiental: 1.- Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental. 2.- Difundir programas de educación ambiental. 10 La competencia municipal para regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, está reconocida expresamente en el ordenamiento jurídico nacional, precisándose, además, que la misma importa una doble actuación por parte de las municipalidades. Una primera, destinada a otorgar las licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, y una segunda destinada a controlar el funcionamiento de dichos establecimientos con relación a la licencia otorgada. 11 De conformidad con lo dispuesto en su Quinta Disposición Final, la Ley entró en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento, es decir, el 1 de enero de Ley N Artículo 3.- Normas sobre simplificación de trámites. Las empresas que inicien operaciones a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, en una o más de las actividades comprendidas en el Artículo 1, por el sólo mérito de su inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes
7 Página 7 de 9 7. En el presente caso, de acuerdo con la normativa expuesta, la empresa denunciante, en su condición de pequeña empresa, cuenta con su Licencia de Funcionamiento Provisional de fecha 21 de junio del 2001, cuya copia obra en el expediente. Sin embargo, y no obstante la normativa anteriormente citada, la Municipalidad ha establecido a través Ordenanzas N MDA y N MDA el procedimiento denominado de inscripción, registro o autorización como condición para la prestación del servicio de fumigación para aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios relacionados con el saneamiento ambiental. 8. En la misma línea de lo establecido por la Ley Nº 26935, el Decreto Supremo N SA, Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, establece que podrán prestar servicios de saneamiento ambiental quienes se hubieran constituido como personas jurídicas bajo cualquiera de las modalidades previstas por la ley. En el segundo párrafo de su artículo 6 textualmente dispone lo siguiente: Artículo 6.- ( ) Ninguna autoridad municipal podrá exigir a las empresas de saneamiento ambiental su inscripción, registro, empadronamiento, acreditación, certificación o autorización como condición para prestar servicios dentro del ámbito municipal. 9. En conclusión, la exigencia de trámites y cobros por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de fumigación, en adición a la licencia de funcionamiento, sustentada en lo dispuesto en las Ordenanzas N MDA y N MDA, contraviene lo dispuesto en la Ley N y el Decreto Supremo N SA. 10. De otro lado, debe tenerse presente que el Decreto Legislativo Nº 668, Ley de Garantías del Comercio Exterior e Interior, dispone que el Estado garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición, transformación y comercialización de bienes, tanto finales como insumos y materias primas, y prestación de servicios (artículo 2). Asimismo, y específicamente respecto a los órganos conformantes de la Administración Pública, en su artículo 4 establece la eliminación y prohibición de todo tipo de exclusividad, limitación, restricción o práctica monopólica en la producción o comercialización de bienes y prestación de servicios por parte de cualquier organismo o institución del Estado Sobre este punto, es importante señalar que en aplicación de la normativa antes referida, ninguna autoridad ni grupo de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, pueden arrogarse en forma monopólica la prestación del servicio de fumigación, debiéndose permitir que las empresas autorizadas de acuerdo a las normas vigentes, RUC- que otorga la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT-, ( ) obtendrán en forma automática su registro en los ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además del registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS-, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante el Municipio correspondiente, a efectos de obtener la Licencia Municipal de Funcionamiento. 13 Decreto Legislativo N 668. Artículo 4.- Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica monopólica en la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios de toda clase, incluyéndose aquellas realizadas por dependencias del Gobierno Central, entidades públicas ( ) y por cualquier organismo o institución del Estado.
8 Página 8 de 9 operen sin mayores restricciones y con la plena validez de los certificados de fumigación que expiden. En consecuencia, la función de las Municipalidades en esta materia se centra en el establecimiento de programas de fumigación, en la determinación de la periodicidad de los mismos y en la fiscalización de su cumplimiento de acuerdo a las normas sanitarias vigentes, pero no en el establecimiento de restricciones a través de registros y cobros por el mismo que puedan excluir el ejercicio de las actividades económicas de empresas debidamente constituidas. 12. En el presente caso, al establecerse la obligatoriedad de tramitar el registro periódico de empresas, la Municipalidad está limitando la prestación de los servicios de fumigación en su circunscripción territorial. En tal sentido y sin perjuicio de sus funciones en materia de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento (provisionales o definitivas), la decisión de qué empresas desarrollan estas actividades en el Distrito de Ate no le corresponde a la autoridad municipal, las cuales deben actuar en el contexto de un mercado abierto y en competencia. En consecuencia, las exigencias denunciadas en el presente procedimiento, contravienen también lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº En consideración a lo expuesto, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que la exigencia de trámites y cobros por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de fumigación, en adición a la licencia de funcionamiento, sustentada en lo dispuesto en las Ordenanzas N MDA y N MDAconstituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que limita el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. C Legalidad de Forma: Atendiendo a que la exigencia municipal constituye una barrera burocrática ilegal por el fondo y que no puede ser subsanada aún en el supuesto de que dicha entidad haya respetado los requisitos formales que sustentan su actuación, esta Secretaría Técnica considera que carece de sentido continuar con el análisis de legalidad de forma y, en consecuencia, no corresponde evaluar si las ordenanzas en que se sustenta la exigencia de trámites y cobros cuestionados ha sido aprobadas, ratificadas o publicadas conforme a ley. D.- Racionalidad de la barrera burocrática identificada De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la Resolución Nº TDC antes referido, habiéndose declarado ilegal la barrera burocrática cuestionada, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad. III. CONCLUSIONES: En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión de que: 1. La actuación de la Municipalidad denunciada materializada en la exigencia de trámites y cobros por el concepto de inscripción, registro o autorización para prestar el servicio de
9 Página 9 de 9 fumigación, sustentada en lo dispuesto en las Ordenanzas N MDA y N MDA, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en el mercado. 2. En atención a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 27444, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Lince, con la finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. Es todo cuanto tengo que informar. Lima, 22 de mayo del 2002
EXPEDIENTE Nº 000093-2014/CEB DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES DENUNCIANTE : ACORDES E.I.R.L. RESOLUCIÓN FINAL
0342-2014/CEB-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 000093-2014/CEB DENUNCIADA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES DENUNCIANTE : ACORDES E.I.R.L. RESOLUCIÓN FINAL 22 de agosto de 2014 SUMILLA: Se declara barrera