Source: https://es.scribd.com/doc/71525588/REFORMA-CONSTITUCIONAL-DE-1994
Timestamp: 2017-01-22 22:42:12
Document Index: 98075405

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 227', 'Artículo 37', 'Artículo 36', 'Artículo 33', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 41', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 99', 'artículo 6', 'Artículo 75', 'Artículo 75', 'artículo 30', 'artículo 99', 'artículo 6', 'Artículo 85', 'artículo 75', 'artículo 43', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 75', 'in fine', 'artículo 75', 'artículo 75', 'Artículo 97', 'artículo 94', 'artículo 87', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo100', 'Artículo 101', 'Artículo 99', 'Artículo 101', 'Artículo 114', 'artículo 99', 'Artículo115', 'Artículo 115', 'Artículo53', 'artículo 120', 'artículo 14', 'Artículo 36']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseREFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994SUMARIO CAPITULO 1. INTRODUCCION COMPARACION DE LAS REFORMAS DE 1949 Y 1957 ANTECEDENTES DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 CONVENCION CONSTITUYENTE DIVISION DE LA CONSTITUCION SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL DERECHOS DE TERCERA GENERACION CAPITULO 2. TEXTO CONSTITUCIONAL LEY 24.309 CLAUSULAS PETREAS NUCLEO DE COINCIDENCIA BASICAS NUEVOS DERECHOS Y GARANTIAS CAPITULO 3. AUTORIDADES DE LA NACION PODER LEGISLATIVO Composición Formación y sanción de las leyes Atribuciones del Congreso. El artículo 75 Régimen tributario y de coparticipación de impuestos Coparticipación federal. Presupuesto nacional
las actas de las sesiones no fueron aprobadas por el cuerpo. San Juan. que sancionó en Santa Fë y Paraná en los meses de julio y agosto de 1994. emanada de un gobierno de facto. como porque. El análisis de la reforma puede efectuarse desde una perspectiva política. Santa Cruz y Buenos Aires. Inmediatamente después. San Luis. aunque no fueron instrumentadas aún varias de sus disposiciones. si se tienen en cuenta sus objetivos primigenios. Formosa. comenzó un proceso a nivel nacional que culminó con la reforma constitucional en 1994. Chubut.
. quedó en imposibilidad de sesionar por el retiro de los convencionales de varios partidos políticos. La Pampa.
ANTECEDENTES DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 A partir de la reinstalación de la democracia en nuestro país (1983). Estas reformas (realizadas a partir de 1986) brindan los antecedentes para ciertas disposiciones que llegarán.de trabajo y seguridad social a la lista de los que menciona dicho texto. Catamarca. ha sido una reforma innecesariamente exuberante.dado lo abrupto de su finalización. en 1994 a la Constitución Nacional. La legitimidad de esta reforma también fue impugnada. la reforma tuvo vigencia. Dicho proceso incluyó las reformas integrales de sus constituciones de las provincias de Santiago del Estero. Río Negro. En suma. Salta. en varios de los cuales el nuevo texto es mucho más extenso que el sustituido. Tucumán. Córdoba. Tierra del Fuego. La Rioja. ha incorporado más de veinte nuevos artículos de la Constitución Nacional. tanto por su etapa preconstituyente. entre textos definitivos y cláusulas transitorias y ha sustituido más de treinta artículos o incisos. según todos los artífices del Pacto de Olivos. social y jurídica. La reforma constitucional realizada por la convención constituyente nacional. No obstante.
dos capítulos: Declaraciones. una primera parte denominada dogmática y la segunda parte. a través del doctor Carlos Menem) se reúnen en lo que se dio a conocer como “Pacto de Olivos”. correspondiendo 136 al Partido Justicialista. como el de no modificar la parte de declaraciones. 18 al MODIN y el resto a más de quince agrupaciones provinciales. y con el objetivo de alcanzar coincidencias básicas respecto a la reforma. La misma se encontraba integrada por 305 miembros (igual número al de los miembros de ambas Cámaras del Congreso nacional). Este pacto es un acuerdo político programático que explica el porqué y para qué de la reforma. orgánica.
. se refiere a la organización de los poderes del Estado referida a las autoridades de la Nación. La parte dogmática es la primera parte y comprende a su vez. Aquí es donde se coincide en impulsar un proyecto de reforma pero se establecen ciertos límites. derechos y garantías de la primera parte de la constitución. los presidentes de los dos partidos mayoritarios (Unión Cívica Radical. CONVENCION CONSTITUYENTE La convención sesiona de Mayo a Agosto de 1994 en las ciudades de Paraná y Santa Fé. a través del doctor Raúl Alfonsín y Partido Justicialista. 29 al Frente Grande. cuatro convencionales del Partido Demócrata de Mendoza.Antes de esto. la orgánica. derechos y garantías Nuevos derechos y garantías (agregado por la reforma de 1994)
La segunda parte. 76 a la Unión Cívica Radical. entre ellos. DIVISION DE LA CONSTITUCION Nuestra Constitución Nacional se encuentra dividida en dos partes.
esto es. 44 a 86
Poder Arts. es la “norma fundamental” del sistema. 87 a 107
Poder Arts. como. 1 a 35 Nuevos derechos y garantías Arts. producto del poder constituyente. por
. Lo fracciona y lo encierra y limita mediante diversos artificios. 36 a 43
Poder Arts. 31 de la Constitución Nacional La distinción tajante entre poder constituyente y poderes constituidos significa que la constitución formal.A su vez esta se divide en dos títulos: Gobierno Federal Gobiernos provinciales
Primera parte: Declaraciones. 108 a 120
Gobiernos de Provincia Arts. derechos y garantías Arts. 121 a 129
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Art. una especie de “superley” que impone limitaciones sustanciales a las atribuciones de los órganos constituidos que ejercen el poder político. derechos y garantías Declaraciones.
El criterio de validez de una norma o acto jurídico es doble: formal y material. la Constitución ocuparía la cúspide de aquella. por ende. el cual limita el ejercicio del poder de sus representantes. Utilizando el conocido modelo de la pirámide con que se representa a dicho orden jurídico. ampliando el catálogo de los derechos del hombre. Demuestra una gran desconfianza hacia el poder y hacia quienes lo ejercen. Decir que la Cosnitutución es la ley suprema tiene –al menos– dos significados distintos.
. tengan su fuente de legitimidad última en la Constitución. En otras palabras. remontándose así hasta la norma fundamental (Kelsen. Este aforismo aparece como una de las bases del constitucionalismo clásico o decimonónico (del siglo XIX). por medio del dictado de una Constitución. S dice que una norma o un acto jurídico serán válidos solo en tanto y en cuanto deriven validamente de otra norma o acto superior también válidos. sentencias. pero complementarios: a) En primer lugar. ya sean leyes. En efecto si el Poder Constituyente es ejercido por el pueblo. significa que la Constitución es la fuente de la cual emanan las demás normas que integran el orden jurídico positivo del Estado. es obvio que todas las normas que integran el orden jurídico positivo. b) el segundo aspecto de la supremacía constitucional deriva de la anterior y consiste en el criterio de validez de cualquier norma jurídica positiva. convenciones. aparece como una lógica reacción contra el absolutismo monárquico del “Ancien Régime”. hasta llegar a la Constitución. a los que sacraliza y. para que una norma o acto jurídico sean válidos. decretos. Esa “superley” perfecciona las garantías para la defensa de aquellos derechos y crea permanentemente otras nuevas. entre otros). deben estar enlazados con una cadena ininterrumpida de normas válidas superiores a ellos. resoluciones. todas las normas o actos que incluyen ese escalón y los inferiores a él son inválidos o inconstitucionales. Si en uno de estos escalones se interrumpe la validez. traducida en el celebre axioma que afirma que “el mejor gobierno es el que menos gobierna”.ejemplo. otorga intangibilidad.
77 y ss. Petracci. Dr. El art. según la cual el orden jurídico interno es independiente del orden jurídico internacional. Él grafica el orden jurídico del Estado poniendo en la cúspide de la pirámide de la Constitución. La jurisprudencia tradicional había interpretado el primer de art. si estableciera. v. la jurisprudencia de la Corte Suprema privilegió las disposiciones de ciertos tratados. con lo cual se intercala un escalón intermedio entre la Constitución y las leyes. de la Constitución Nacional. 31 de la Constitución Nacional establece en forma sucinta el criterio de la supremacía constitucional y de la validez de las normas a que venimos haciendo referencia en este párrafo. EN nuestro país se había insinuado. en el fallo “Ponzetti de
. sería formalmente válida pero materialmente inválida. en el voto del ministro de la Corte Suprema de Justicia.gr. sería inválida o inconstitucional. Las constituciones más modernas establecen específicamente que los tratados con países extranjeros no pueden ser derogados por las leyes ordinarias sin un procedimiento especial. b) una norma es materialmente válida cunado su contenido no contradice ninguno de los contenidos de la Constitución o de la norma superior. algún tipo de servidumbre personal obligatoria. 31 poniendo en el primer escalón a la Constitución Nacional y en un escalón más abajo a las leyes de la Nación y a los tratados internacionales sin diferenciarlos. Ha seguido aquí la teoría dualista. en cambio. Así. en su caso. ya que los dos criterios de validez deben darse conjuntamente. 75 de la Constitución y con el procedimiento previsto en los art. es decir. por encima incluso.. por ejemplo.a) Una norma es formalmente válida cunado ha sido dictada por el órgano y conforme al procedimiento previsto en la Constitución o en la norma superior. afirmando que son ley suprema de la Nación. aún cunado una ley hubiera sido dictada por el congreso en ejercicio de una atribución que le confiere el art. de ésta. a las leyes de la Nación en su consecuencia sean dictadas por el Congreso y a los tratados con las potencias extrajeras. en su caso. En tiempo de guerra.
DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN En atención al orden histórico en que habrían aparecido. se agrupo un conjunto de derechos de aparición más reciente.). luego de la reforma constitucional de 1994. los cuales estarían otorgados ya se –en forma individual. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande” y “Café La Virginia”). Esta tesis fue adoptada expresamente por el texto constitucional.a los pueblos. en el fallo “Ekmekdjian v. Sofovich”. el derecho de los pueblos al desarrollo.
. el derecho a la defensa del ecosistema. 22 C. a la autodeterminación.N.75. 5° de la Constitución Nacional. no obstante cualquier disposición en contrario que surja de las leyes o constituciones provinciales. etcétera. los tratados están en un escalón jerárquico superior a las leyes. La referencia final del artículo es el Pacto de San José de Flores del 11 de septiembre de 1859. 31 que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. inc. Editorial Atlántida”.a las personal. y constituye una aplicación del art. los particulares. a la integridad territorial. al progreso.Balbín v. y luego confirmada en fallos posteriores (“Fibraza v. por supuesto. Esto es conocido en doctrina como la relación de subordinación entre el Estado federal y los Estados provinciales. si no también el propio gobierno nacional y. por el cual la provincia de Buenos Aires se reincorpora a la Confederación Argentina. La tesis monista fue adoptada por la Corte en 1992. o incluso –en forma genérica. Dice luego el art. el carácter supralegal del pacto de San José de Costa Rica. Pero no solo los gobiernos provinciales deben sujetar sus actos a los dictados de la Constitución y de las leyes de la Nación. según ella los tratados internacionales están por encima de las leyes de la Nación ( art. Según aquella. Como hemos adelantado. a la explotación de los propios recursos. Incluimos en este grupo: el derecho a una mejor calidad de vida.
DERECHO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. su reconocimiento por el organismo máximo de las Naciones Unidas implica ya un importante paso adelante. en la Constitución de España de 1978 (arts. por su reciente aparición. reformadas recientemente.en el desarrollo de las disciplinas auxiliares de la ecología. no así las restantes. No obstante ello. ya sea interno o internacional.limitadas a aspectos parciales.El estudio de estos derechos es de difícil abordaje. La necesidad de protección del medio ambiente humano como asunto de interés político es de reciente data. En lo que atañe al derecho internacional existen algunas disposiciones. 45 y 46) y en las constituciones provinciales de nuestro país. que analizaremos brevemente. en menor medida. por ejemplo. Comprende varios aspectos.en declaraciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y en algún pacto internacional. las normas de este grupo que han tenido más desarrollo son las que se refieren a la seguridad social. del
. Estos son aspectos relativamente nuevos del derecho constitucional. atento a lo expuesto más arriba. El primero de ellos reside en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. La ecología y el derecho constitucional El derecho a una mejor calidad de vida es de reciente data. ya que no están categorizados con rigor sistemático y su elaboración se halla todavía en agraz. si bien tienen ya consagración en algún texto constitucional reciente. En lo relativo al derecho constitucional comparado. Lamentablemente. Se piensa que el modelo de desarrollo que deja como consecuencia el envenenamiento del aire. Se produce a causa de la enorme preocupación suscitada por la contaminación en los países industrializados. muchos de ellos no están presentes aún en el derecho positivo. y –consecuentemente. estos derechos no tienen operatividad aún. en su mayor parte. Otra cuestión que plantean consiste en que.
En los foros internacionales se exige a los países desarrollados la ayuda económica y tecnológica necesaria para que los países en desarrollo puedan adoptar procedimientos industriales limpios. El estado debe ejercer el poder de policía industrial enérgicamente. sobre todo los no renovables. que desde antaño han arramblado el ecosistema. Ya se está hablando de la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En nuestro país aún no se ha tomado conciencia de la importancia del tema. En el derecho interno. mediante el dictado de normas que impongan a las industrias nocivas la preservación de la limpieza del agua y del aire. a diferencia de lo que sucede en Europa. mediante premios y castigos. para que responda eficazmente a la defensa del ecosistema. so pretexto de colonizar. sino como un deber de ésta hacia las futuras. donde se hallan los grandes movimientos ecologistas. ningún partido político lo ha incluido en su plataforma electoral.
. llegando incluso a la modificación del Código Penal para incorporar los delitos ecológicos. no sólo como autoprotección de la actual generación. no habrá actividad económica en un futuro no muy lejano.agua y de la tierra no es deseable. es lógico pensar que este tema adquirirá muy pronto una vigencia real y alucinante. que eviten la degradación de los recursos. para que este desarrollo pueda continuar en el futuro. sino que debe evitar dañar los recursos naturales. Se debe procurar un desarrollo que tenga en cuenta la preservación de los recursos naturales vitales para el ser humano. se debe reformar la legislación vigente. Ni siquiera lo es desde el punto de vista estrictamente económico. como también entre nosotros se advierte ya el deterioro del medio ambiente. ya que si el desarrollo dilapida los recursos naturales. Esta exigencia se funda en la responsabilidad histórica de esos países desarrollados. Hasta donde nosotros sabemos. El núcleo es el del desarrollo económico duradero y no perjudicial. Para hacer efectivos estos derechos es necesario encarar una política energética y global. Esto significa que la actividad económica no sólo debe procurar dividendos materiales. Sin embargo. y existen algunas normas sobre el tema en las constituciones provinciales del último ciclo de reformas. Ello exige una planificación previa.
Un medio fundamental para garantizar su efectivo ejercicio es la acción para demandar judicialmente a los responsables de estas violaciones.” En el ámbito del derecho de la integración humanitaria.
. Todas las reglamentaciones que se dicten deben tener el consenso de la sociedad. que pongan en peligro su perpetuación o que de cualquier modo afecten el medio ambiente actual o futuro. se mostró contraria a reconocer la protección judicial de los intereses difusos. Esto último significa que cada individuo tiene derecho a exigir la intervención judicial contra las violaciones al equilibrio ecológico. es fundamental e reconocimiento de la protección judicial de los llamados “intereses difusos” o sea. incluso la de la Corte Suprema de Justicia. contra los ataques irracionales a las especies animales o vegetales. amplió la legitimación para su defensa. etc. Hasta la reforma de 1994.
Derecho al desarrollo y al progreso social: Declaración de las Naciones Unidas del 11 de Diciembre de 1969 Otro aspecto del derecho a una mejor calidad de vida es el derecho al desarrollo y al progreso. la Asamblea efectuó una declaración reconociendo el derecho de los pueblos y de las Naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Dicha acción debe ser reconocida a cualquier ciudadano. la institucionalización de la llamada “acción popular”. al otorgarles acción al “defensor del pueblo y a la asociaciones que propendan a esos fines. la cual debe ser ejercida en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo. a fin de defender aquellos objetivos.En cuanto a los medios instrumentales para hacer efectivos estos nuevos derechos. Sin embargo. sin llegar a instaurar una “acción popular” para la defensa de estos derechos. En este aspecto. la jurisprudencia en general. descentralización del control hacia las instituciones intermedias y los grupos de interés público.. ya sea que estas violaciones las realice el Estado o un particular... salvo alguna excepción aislada. la reforma de 1994. ya se mediante audiencias públicas. ellos son los de la democracia participativa.
ya que en un futuro no muy lejano seguramente irán adquiriendo ejecutividad. algunos de los cuales resumiremos – muy sucintamente.La declaración mencionada establece que la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo debe favorecer el desarrollo nacional independiente de esos países y respetar la soberanía de éstos sobre sus riquezas y recursos naturales. La reforma constitucional de 1994 agregó un segundo capítulo a la primera parte de la Constitución Nacional. . ni están plasmados en tratados internacionales self executing. a medida que las circunstancias del progreso cultural y jurídico vayan haciéndolo viable. por las graves dificultades que ella acarrea. El art. Por su parte. 42). Lamentablemente.exigibles coactivamente.a continuación: el progreso social y el desarrollo se fundan en el respeto a la dignidad y el valor de la personal humana. dado que no se los ha incorporado al derecho interno de cada Estado. . que es de reciente data. Lamentablemente. 33 de la Constitución Nacional. 41) y a los derechos del consumidor y de los usuarios de servicios públicos (nuevo art. En él se incluyen algunos de los denominados “derechos de tercera generación”. aunque no por ello estaba desprotegido el art. cultural y política de los países.por el momento.el derecho a la libre determinación a la no injerencia y a la integridad territorial de cada país.
.el incremento de la participación del pueblo en la vida económica. Nos referimos al derecho al medio ambiente (nuevo art. social. en su mayor parte. Pero su adopción por el organismo máximo de las Naciones Unidas implica un importante paso adelante. estos nobles principios no son. titulado “nuevos derechos y garantías”. 41 se refiere al denominado “derecho a una mejor calidad de vida”. la declaración de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1969 establece varios principios fundamentales del derecho de la integración humanitaria. estos derechos no tienen operatividad.
Se produce a causa de la enorme preocupación suscitada por la contaminación en los países industrializados. mediante premios y castigos llegándose incluso hasta la modificación del Código Penal para incorporar los delitos ecológicos. del agua y de la tierra no es deseable. reformadas últimamente. Claro está que estos derechos no se garantizan con meras declaraciones líricas. El párrafo final del artículo. El primero de ellos se encuentra en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Para hacer efectivos estos derechos es necesario reformar la legislación vigente. y –consecuentementeen el desarrollo de las disciplinas auxiliares a la ecología. que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos tóxicos y radiactivos. si bien tienen ya consagración en algún texto constitucional reciente y en las constituciones provinciales de nuestro país. aunque no se dicte una ley específica. porque entonces terminan siendo “catálogos de ilusiones”. En el final del primer párrafo del nuevo texto constitucional se establece la obligación de las industrias contaminadoras de resarcir el daño ecológico.Este derecho comprende varios aspectos. La necesidad de protección del medio ambiente humano como asunto de interés político es de reciente data. Los derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos (nuevo art. sino como un deber de ésta hacia las futuras. 42) también pertenecen a los denominados “de tercera generación”. Se piensa que el modelo de desarrollo que deja como consecuencia un envenenamiento del aire.
. ya que implica una obligación directa de no hacer. El estado debe ejercer el poder de policía industrial enérgicamente. sino con medidas de gobierno concretas y eficaces. no sólo como autoprotección de la actuar generación. dejando deferido a la ley su fijación y efectos. Debe procurarse un desarrollo que tenga en cuenta la preservación de los recursos naturales vitales para el ser humano. para que responda eficazmente a la defensa del ecosistema. mediante el dictado de normas que impongan a las industrias nocivas la preservación de la limpieza del agua y del aire. es directamente operativo. Estos son aspectos relativamente nuevos del derecho constitucional.
previendo la participación de las instituciones intermedias (art.
Seguridad Social: El tercer párrafo del art. sin que éste deba depender de un tutor o curador (el funcionario) que generalmente no lo defiende. Regula también el actuar de las Asociaciones de Consumidores. Todas las reglamentaciones que se dicten deben tener el consenso de la sociedad. Los servicios públicos privatizados siguen siendo monopólicos y el usuario cautivo está sujeto a los intereses de las empresas.
. ya sea mediante audiencias públicas. 52) como litisconsortes de cualquiera de las dos partes. previendo la participación de las instituciones intermedias en los organismos de control. etc. Un medio fundamental para garantizar su efectivo ejercicio es la acción para demandar judicialmente a los responsables de estas violaciones.14 nuevo de la Constitución Nacional Un tercer aspecto del derecho a una mejor calidad de vida es el derecho a la seguridad social. la ley 24. sin que los organismos del Estado que debieran ejercer el poder de policía controlen las tarifas ni la calidad del servicio prestado. Dicha acción debe ser reconocida a cualquier usuario o consumidor. descentralización del control hacia las instituciones intermedias y los grupos de interés público. Los únicos medios instrumentales eficaces para hacer efectivos estos nuevos derechos son los de la democracia participativa.El segundo párrafo pone en cabeza de las autoridades la obligación de dictar las medidas necesarias para la protección de estos derechos. EN este sentido. El tercer párrafo del artículo pone a cargo del Congreso la obligación de dictar una ley que establezca procedimientos eficaces para proteger a los consumidores y usuarios.240 (BO del 26/4/1993) establece los procedimientos para proteger a los consumidores y usuarios. que sigue siendo mala. Ya la experiencia diaria nos indica que la actuación de los funcionarios en este sentido es poco menos que nula.
En un segundo sentido. cualquiera que sea el beneficiario y cualquiera que sea la forma de la protección (v. b) Obligatoriedad.gr. sino tampoco implícitamente. v. trasladando las responsabilidad de su cobertura a la sociedad toda. por la mora en el pago de cuotas. c) Irrenunciabilidad. seguridad social es sinónimo de “bienestar general”. mutualismo). en el cumplimiento de requisitos burocráticos. que se menciona en nuestro preámbulo.. más restringido que el anterior.. que lo indemniza compensándole aquellos daños (gastos especiales. se denomina “asistencia social”.En sentido amplio. enfermedad. el Estado está obligado a prestar tales servicios. d) Carácter alimentario. por ende. en un tercer sentido. Definimos la seguridad social como el conjunto de normas e instituciones destinado a conferir protección al hombre y a su grupo familiar. quede desvalido e inerme) a las carencias y perjuicios económicos provocados por estas contingencias sociales.).
. Si no lo hace la sociedad. y que mencionaremos brevemente: a) Integralidad. frente a necesidades económicas provocadas por contingencias sociales. El objetivo esencial de la seguridad social es evitar que el hombre deba hacer frente por sí solo (y. El fundamento de la seguridad social es la solidaridad. más restringido aún. Exige un criterio interpretativo favorable al beneficiario y. etc. accidentes. Si éste participa. disminución del salario. seguridad social es el sistema de protección –obligatorio.contra las consecuencias económicamente desfavorables de los riesgos sociales. consecuentemente. etc.gr. De él se infieren fácilmente los principios rectores que la caracterizan. no sólo expresamente. Finalmente. vejez. seguridad social significa protección contra las consecuencias económicamente desfavorables de ciertos riesgos sociales (muerte. el rechazo de las interpretaciones restrictivas en perjuicio de aquél.). etcétera. cuyo beneficiario es el trabajador en relación de dependencia. Las prestaciones no pueden ser declinadas por los destinatarios del sistema. La seguridad debe cubrir todos los daños causados por todas las contingencias sociales.
v. incluso. el hurto de un automóvil. c) la previsión social. Seguro Social. Características El seguro social participa de las bases financieras y actuariales del seguro mercantil. Esta es fijada sobre la base de cálculos
. y sociales: matrimonio. que es financiada por el empleador. entre la seguridad social y el seguro social. que trascienden del mero internes individual de quien los sufren proyectándose al grupo familiar y a la sociedad toda. Del universo cubierto por el concepto deben ser excluídos.e) Uniformidad. muerte.gr. biológicas: enfermedades (no profesionales).gr. son causa de regocijo: casamiento. 14 bis de la Constitución distingue.: a) la asistencia mutual. vejez. otras. que producen ciertas consecuencias que le dificultan o imposibilitan ganar su sustento y el de su familia. nacimiento de hijos. lo cual significa que no los toma como sinónimos. Se puede clasificar las contingencias sociales en profesionales: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El acceso a estas prestaciones debe garantizárseles a todas las personal en condiciones similares. aunque constituyan un instrumento de trabajo para el damnificado. maternidad. Así. económicas: paro forzoso. sin privilegios a determinados grupos o categorías. el beneficiario de aquél participa (aunque sea en forma parcial) en la financiación de la cobertura del sistema. que es prestada directamente por el Estado con recursos propios. Así. muerte.. v.. invalidez. que es aquella que se prestan recíprocamente los integrantes de un grupo. no es una contingencia social. En tal sentido. obviamente. Todas ellas tienen efectos negativos en la capacidad de percibir el sustento. etc. cargas de familia. b) la asistencia social. pareciera que la seguridad social es el género y comprende distintas especies. y d) el seguro social. Las contingencias sociales son determinadas situaciones que se producen en la vida de un hombre. los eventos que no inciden directamente sobre la capacidad de trabajo del individuo. de libros. El art. Algunas son fortuitas: accidentes. enfermedades. otras son previsibles e inevitables: vejez. en su comienzo.
medicina prepaga). etcétera.gr. protege intereses que no trascienden del individuo. como se hace en otras esferas. invalidez. Hay también algunos seguros especiales. son voluntarios. con compensaciones especiales). Quizá se podría otorgar la administración de estos seguros a una “persona jurídica pública no estatal”.. las mutuales o las obras sociales de las asociaciones profesionales.gr.. a cargo de los empleadores. el matrimonio y las cargas de familia (existen subsidios. y por ende. En ellos se establecen las reservas matemáticas. El texto constitucional también establece quiénes tendrán a su cargo y cómo serán administradas las prestaciones del seguro social: a) entidades nacionales o provinciales. del personal aeronáutico. tiene importantes diferencias con él.estadísticos y actuariales. en cambio. trabajadores rurales. Así. en el seguro social es obligatorio para los beneficiarios y para el Estado (en caso de que no haya otros prestadores). los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (a cargo exclusivo del empleador).
. ya sea las comerciales (v. El mandato constitucional está cumplido sólo parcialmente. v. Si bien el seguro social ha tomado del seguro privado el sistema de financiación. integradas con las primas. el seguro comercial es un contrato en el cual el asegurador tiene ánimo de lucro. de vida para el personal del Estado. El seguro privado. vejez y muerte (jubilaciones y pensiones) y maternidad. generalmente denominadas aportes o cotizaciones. Esto significa que las prestaciones han sido puestas a cargo de la Administración Pública nacional o provincial. Con ello quedan excluídas del manejo del seguro social las administraciones privadas. No están cubiertos por seguros sociales. ya que únicamente están cubiertas con seguros sociales las siguientes contingencias: enfermedad. delegando las funciones estatales. en cambio. el paro forzoso. ya que las repercusiones económicas disvaliosas trascienden del ámbito individual y se proyectan en el grupo familiar y aún en la sociedad. en cambio.
El término “autonomía” está incorrectamente utilizado. capacidad de administración. la salud tampoco debe tener más de una cobertura obligatoria. aunque tenga varias actividades laborales. por tardío. que hagan ilusorio el socorro. queda enervado el sabio principio constitucional. c) Administradas por los interesados con participación del Estado. en las cuales el interventor tiene las facultades de los órganos de gobierno. Esto significa que las entidades autárquicas prestadoras del seguro social deben tener órganos colegiados de conducción con integración tripartita. en la realidad. las normas legales respetan esta integración sectorial. que una persona debe pagar un solo aporte o cotización. lamentablemente. es decir. En efecto: así como un automóvil no puede ser asegurado por robo o hurto más de una vez. En general. como lamentablemente también ha ocurrido en numerosas oportunidades. que en ellos deben estar representados el Estado. debiera pagar un solo aporte a una sola obra social. con la práctica viciosa de las intervenciones permanentes. exige también que no se trate de la administración central. El segundo objetivo consiste en evitar que el gobierno central se apropie de los fondos de las entidades y los utilice para fines ajenos a éstas. sino de la descentralizada. es decir. La superposición de aportes Este es un principio tomado del contrato de seguro privado y significa que no puede haber superposición de coberturas. Aunque el trabajador tenga dos empleos.b) Con autonomía financiera y económica. ya que tendrá una sola cobertura por cada riesgo cubierto por el seguro social. El vocablo que se debió utilizar es “autarquía”. El primero de ellos es el de evitar trámites burocráticos dilatorios. los trabajadores y los empleadores. por dos motivos fundamentales. esto es. porque llegado el caso de que la necesite tendrá obviamente una
. pero en la realidad. Esto no se ha podido evitar. porque éste tiene carácter político y sólo es aplicable a las provincias.
un seguro social de muerte (para los familiares del asegurado. En la sentencia dictada el 13 de mayo de 1963 en los autos “Ponzo. la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la ha desnaturalizado.única prestación (v.
. Esther Lucía” (fallos 279:389. una intervención quirúrgica). La corte suprema ha dicho que debe existir razonable proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de personal en actividad. Las pensiones a que se refiere la norma constitucional que estamos analizando no deben ser confundidas con las “pensiones graciables” que menciona el art. del mismo modo que el dueño de un automóvil. de la Constitución. cobraría una sola indemnización aunque lo tuviera asegurado varias veces en distintas compañías. Pese a la diáfana claridad de esta disposición constitucional. como su nombre lo indica. son concesiones graciosas el Congreso Nacional y nada tienen que ver con los seguros sociales. ya que aquéllas. para cubrir el mismo riesgo social y recibir una única prestación (en cada ocasión. Todo lo expresado en los parágrafos anteriores en relación con el seguro social es aplicable a las jubilaciones y pensiones. Alfredo Blas s/jubilación” (fallos 255:306). Las normas legales que regules los beneficios jubilatorios deber prever mecanismos de actualización y ajustes de éstos. obviamente). con lo cual la prohibición constitucional ha quedado en letra muerta. sucede que nunca podrá darse el caso de que haya aportes superpuestos. si éste le fuera robado. 75. 8). y la pensión.gr. obviamente). la Corte Suprema utilizó por vez primera el concepto de proporcionalidad. En la causa “Ballester Piterson de Tavella. 20. al interpretar que se debe pagar un aporte por cada tarea que se realiza el beneficiario. Jubilaciones y pensiones móviles Hemos señalado más arriba que la jubilación es un seguro social de vejez o invalidez. consid. Al trasladar la prohibición de superposición de coberturas a la de superposición de aportes en la misma actividad.. para evitar su disminución real a causa de la inflación. inc.
se alejó del precedente “Chocobar” al afirmar en el consid. se aleja de esta jurisprudencia al disponer: “En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos”. 5°: “que la necesidad de mantener una protección justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos.afirmó que “uno de los principios básicos que sustentan el sistema provisional argentino es el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes”. Sixto Celestino” el 27 de diciembre de 1996 cabe elevar a dichos criterios interpretativos sentados a partir de meros textos legales a la categoría de principios cardinales o axiomáticos”. 32 de la ley 24. con fecha 17 de mato de 2005. 5° de la ley 24. Como prueba de lo expuesto basta citar el dictamen del procurador fiscal de la Nación en la causa obrante en Fallos 308:1851 en el cual lo denominó como “principio de obligada vigencia” que reviste un carácter “axiomático”. que son financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio”. La Corte Suprema. Cuando el 16 de septiembre de 1999 la Corte Suprema falló el caso “Heitt Rupp.en su actual integración-. 7. segundo párrafo.241) dispone: “Las prestaciones del Régimen provisional Público tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivos”. Administración Nacional de la Seguridad Social” (RDLSS 2005-16-1280).2. Al contrario. asignándole al pasividad naturaleza “sustitutiva” y agregándose que el conveniente nivel se alcanza con una situación patrimonial proporcionada. Esta regla se reiteró en forma uniforme y constante en las decisiones de la Corte Suprema. La ley 24. es consecuencia del carácter integral que reconoce la ley suprema a todos los beneficios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza provisional.463 (BO del 30/3/1995). nuestro más alto tribunal federal. en la causa “Sanchez. Clementita” (fallos 322:2226) reafirmó las atribuciones que tiene el
. María del Carmen s.463 (que modificó el art. en el art. al fallar la causa “Chocobar. Han transcurrido ya más de once años desde su entrada en vigencia y el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer la movilidad de las prestaciones.En relación con el tema de la movilidad cabe señalar que el art.
Aceptar que las deudas a cargo de
. rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. Las prestaciones de la seguridad social tienen carácter irrenunciable. al fallar el 8 de agosto de 2006 el caso “Badaro. modificó el criterio que había sentado en el caso “Heitt Rupp. en un plazo razonable. Elisa Lucinda s/reajuste”. adopten las medidas a las que alude en los considerandos”. La prescripción de las deudas provisionales: Jurisprudencia La prescripción liberatoria es un modo de extinción de las obligaciones. en cuanto estimó que estaba basado en agravios conjeturales. debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes”. consistente en la pérdida de un derecho que ha dejado de ejercer el acreedor. El Art. Por tal causa. ante la pasividad del legislador y hasta tanto se cumpla con el cometido autoimpuesto. 7.463. luego del transcurso de un plazo determinado en la ley. ANSeS s/ reajustes varios”. Con posterioridad. porque como surge del fallo de sala 1° en la causa “González. Se advierte con claridad que la posición de la Corte en este punto difiere de las que sustentaros las tres salas de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.2. 14 bis. es decir que “corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones necesarias que la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del actor que ha llevado a privarlo de un derecho conferido por la ley fundamental. Tal renuncia no es admisible ni expresa ni implícitamente. de conformidad al art. 14 bis de la Constitución Nacional y para establecer el modo de hacer efectivo tal derecho a partir de la vigencia de la ley 24. que han hecho lugar a los pedidos de movilidad de los haberes con posterioridad al año 1995.Congreso para reglamentar el art. Adolfo Valentín v. 45 de la ley 263198 de Presupuesto general de la Administración Nacional determinó para el ejercicio presupuestario de 2007 una movilidad del 13%. Por ende. Clementina” y resolvió: “Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que. es deber de los magistrados hacer operativa esa norma constitucional. CN. que remite a la Ley de Presupuesto.
1277 y concs.los organismos provisionales pudieran prescribir por la inacción de los acreedores sería tanto como admitir que los beneficiarios renunciaran implícitamente a sus créditos por el mero hecho de su inactividad durante determinado plazo.). Concepto El grupo familiar.. debe ser asistido por el Estado. Acceso a una vivienda digna Esta cláusula requiere del Estado la promoción de planes de vivienda.). consistente en la intangibilidad del inmueble donde éste habita. CCiv. 235:272. religioso.
. jurídico. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido la imprescriptibilidad de las acciones tendientes a obtener los beneficios de jubilaciones o pensiones otorgadas por leyes nacionales. Protección de la familia. etcétera.394.. no siempre se cumple satisfactoriamente el mandato constitucional. en especial los de modestos ingresos. limitando la imprescriptibilidad sólo al primero de ellos. arts. De poco vale que una persona obtenga el beneficio en abstracto si no le reporta un ingreso en efectivo que es su goce concreto. aunque. ético. mutila sensiblemente el mandato constitucional de irrenunciabilidad. La defensa del bien de familia es una forma de protección económica del grupo familiar. Fallos 218:635 219:646. Existen diferentes entidades que se ocupan de este objetivo. ley 14. evitando su embargo e incluso su división en caso de muerte de alguno de los cónyuges (art. Los trámites burocráticos y la endémica falta de los fondos necesarios impiden concretar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. 34 y ss. no sólo económicamente sino en particular en los aspectos social. como es de público conocimiento.. a efectos de que todo habitante. etc. cualquiera que sea la naturaleza del beneficio (Corte Sup. puedan acceder a ella. pero ha aceptado la prescriptibilidad de los créditos derivados de él. célula básica de la sociedad.
se han dictado. Estas redistribuyen las erogaciones entre todos los empleadores. que si bien están a cargo del empleador (no integran el seguro social). por el cónyuge. etc. etcétera. evitando así que los trabajadores con familia numerosa tengan dificultades para encontrar trabajo. Asimismo. fundándose en la importancia que tiene la familia para la comunidad toda. por los hijos a cargo del trabajador.no le es más onerosa al empleador. pese a que éste no era procedente por no cumplirse los recaudos propios de él. Cabe reflexionar. los efectos jurídicos de las uniones de hecho (en especial. sobre numerosos temas que interesan a la opinión pública de nuestro país. en este punto. admitiendo el recurso extraordinario por gravedad institucional.417) y la de Protección de los Derechos de las Niñas. y el debate acerca de cuál debe ser la actitud del Estado frente a ellas. La compensación económica familiar es el derecho a percibir determinadas prestaciones en dinero y en especie. ya que tal situación -debido a esta redistribución.
. el tratamiento sucesorio de los hijos extramatrimoniales. La Corte Suprema de Justicia ha utilizado esta cláusula para dirimir los efectos provisionales en las relaciones familiares. tienen reintegros de entes públicos no estatales: las cajas de asignaciones familiares. como la invasión de los medios de comunicación social en el ámbito familiar. A partir del año 1957.061). cuando se discute el derecho a pensión del concubino supérstite). leyes contra la violencia familiar (ley 24. por escolaridad primaria. el plan curricular de enseñanza (en especial. en cumplimiento del mandato constitucional.Se plantea aquí el tema de las relaciones entre esposos y entre padres e hijos. Niños y Adolescentes (ley 26. entre otras. el divorcio vincular. en temas éticos y religiosos). en nuestro país se han ido generalizando las asignaciones familiares.
la creación de la figura del jefe de gabinete.CAPITULO 2. Este Núcleo de Coincidencias Básicas debía votarse en conjunto y sin modificaciones por los convencionales constituyentes. Dentro de esta ley podemos destacar tres partes fundamentales: CLAUSULAS PETREAS Aquellas que de común acuerdo no podían ser modificadas o alteradas por la Convención Constituyente. la regulación de los decretos de necesidad y urgencia y el ministerio público. la cual se encontraba facultada por disposición de la ley a tratar temas con libertad y formular propuestas de reformas
. las mismas comprendían la parte dogmática de la constitución: Artículos 1 al 35. por lo que se lo llamó “cláusula cerrojo”. la incorporación del tercer senador por la minoría con elección directa por provincia. TEXTO CONSTITUCIONAL LEY 24.309 Esta fue la ley sancionada y promulgada en la cual se declara la necesidad de reforma y habilitación de una Convención Constituyente. entre otros. NUCLEO DE COINCIDENCIAS BASICAS Son los acuerdos alcanzados por el doctor Carlos Menem y el doctor Raúl Alfonsín. NUEVOS DERECHOS Y GARANTIAS Este agregado surgió del libre debate por parte de la convención constituyente. en forma directa pero con doble vuelta. Estos temas son: Reelección inmediata del presidente por un período. la creación del Consejo de la Magistratura y un nuevo procedimiento de remoción de magistrados.
871 conocida como Ley Sáenz Peña que establece el voto universal. y excepcionalmente los extranjeros -nacionalizados-. Los derechos políticos consisten fundamentalmente en la facultad que tienen los ciudadanos. Luego establece las penas para los autores de semejantes actos. Estado. Defensa de la democracia Este artículo se incorpora para proteger al sistema democrático de quiebres por golpes militares que imponen gobiernos de facto (y que fueron una constante en nuestro sistema gubernamental). quienes serán pasible no solo de pena de infames traidores a la Patria (tipificado en el artículo 227 del Código Penal con reclusión o prisión perpetua) sino con la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Derecho del sufragio La Constitución de 1853 con sus posteriores reformas no contemplaba los derechos políticos. como un derecho no enumerado que nace del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ni consagraba el derecho de sufragio. Artículo 37. Actualmente la ley 19. de participar en el gobierno del
.010 sancionada en 1947 que otorga el derecho de voto a las mujeres. hombres y mujeres mayores de 18 años. El sufragio fue regulado por las leyes 8. Por último. El texto de este artículo establece varios efectos jurídicos disvaliosos para quienes integren los gobiernos de facto ya que desde el primer párrafo se encarga de declarar como “insanablemente nulos” los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. al referirse al derecho de resistencia se refiere a la lucha que se efectúa contra un régimen de facto o dictatorial evitando trazar una analogía con la desobediencia civil.Es bajo este título donde encontramos los artículos incorporados a la Constitución Nacional y sobre los que vamos a realizar una breve reseña: Artículo 36. Sin embargo éste surgía implícitamente del Artículo 33. secreto y obligatorio y la ley 13.945 y sus modificatorias que rigen en materia electoral mantiene los caracteres es decir.
La Convención Constituyente de 1994 los incorporó en el agregado artículo 38 mediante el cual se les reconoce el rol fundamental que los partidos cumplen en la sociedad. aparecían al igual que el sufragio como derechos implícitos en el texto constitucional. Consagrando al sufragio como universal. que los dirigentes representen la voluntad de la mayoría de los afiliados. En 1994 fueron incluidos en el articulo 37 los derechos políticos. la legislación y la jurisprudencia. b) la representación de las minorías en los cuerpos colegiados de la dirección partidaria en las cuales puedan hacer oír su voz y c) los cargos electivos deben surgir de elecciones internas amplias lo cual implica la prohibición de las designaciones a dedo. Artículo 38. La
. La soberanía del pueblo significa que el conjunto de los ciudadanos que integran la comunidad política son los titulares del poder del estado y quienes ejercen circunstancialmente el poder lo hacen en su nombre y representación. lo cual consiste en la facultad de requerir informes a los tres poderes del estado y a las empresas de servicios públicos sobre sus actividades y el acceso a los espacios en medios de comunicación en épocas de elecciones cuyo costo es sufragado por el Estado. sin embargo. secreto y obligatorio y como principios elementales del Estado a la soberanía popular y la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos.fundamentales del sufragio. Partidos políticos Los partidos políticos antes de la reforma de 1994. el manejo y el destino de los mismos. igual. Establece que en la organización y el funcionamiento de los mismos debe exigirse: a) el respeto a los principios de organización y funcionamiento democrático. para la divulgación de sus ideas y propuestas a la ciudadanía. Establece que el Estado debe contribuir al financiamiento de los partidos y a la formación de sus dirigentes exigiendo como contrapartida que informen a la ciudadanía sobre el origen de los fondos que reciben para sus campañas electorales. Por último se les reconoce a los partidos políticos los derechos al acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. es decir. su papel como intermediarios entre el poder y el pueblo ha sido reconocido por los ciudadanos.
debería cambiar ya que impide a la gente común ser candidata a cargos electivos si no está afiliada a un partido. dentro del plazo de doce meses. el recall. Iniciativa popular El artículo 39 mediante la iniciativa popular permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados que actúa como cámara de origen. presupuesto. No modifican la naturaleza del sistema republicano representativo. Los mecanismos de democracia semidirecta no estaban previstas en la Constitución por lo que fueron incorporados a la misma. no obstante. ley penal y tratados internacionales. Esto. El artículo enumera taxativamente cuales son las materias que quedan excluidas de la posibilidad de presentación de proyectos de ley. exigiendo una base representativa para que se de dicha participación. aparecen en el escenario político como el instrumento adecuado para corregir un defecto que a menudo se daba en la realidad política referida a que los órganos representativos no representaban fielmente la voluntad popular. sino que son compatibles con él. El Congreso debe dar a estos proyectos expreso tratamiento. mantiene la independencia para dar curso favorable o rechazar la inquietud popular.constitución no les confiere el monopolio constitucional para la presentación de candidatos. Artículo 39. Formas de participación semidirecta Estas formas de participación. también llamadas de democracia semidirecta. La tercera disposición transitoria establece que el Congreso Nacional deberá sancionar una ley reglamentaria de esta forma
. que surge del artículo 22. integrando esta última al referéndum consultivo obligatorio y al plebiscito no vinculante y no obligatorio popular. Se caracterizan porque el cuerpo electoral participa en la elaboración y toma de decisiones políticas a través de diversos mecanismos tales como el referéndum. pero sí lo hace la ley reguladora de los partidos. entre otros. el plebiscito. la iniciativa popular. y tales son impuestos. reforma constitucional. En los artículos 39 y 40 se incorporaron la iniciativa popular y la consulta popular. a futuro.
23. La consulta popular no vinculante tiene como características principales: 11. que no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. para el órgano que la convocó.747 que establece requisitos formales en relación con el ejercicio de este mecanismo tales como que la iniciativa debe estar redactada en forma de ley. 22. el requisito porcentual se cumplirá considerándose únicamente el padrón electoral del total de las provincias que componen la región. en el que los electores dan su opinión sobre el problema sometido a consulta. El voto es obligatorio y se rige por el mecanismo de la ley electoral vigente. La iniciativa de ley convocante debe corresponder de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. Consulta popular En el artículo 40 se establece la llamada consulta popular. en este tipo de consulta es facultativo. El voto afirmativo del proyecto por el cuerpo electoral lo convierte en ley. Dicha ley reglamentaria es la 24. cuya promulgación es automática. Artículo 40.5% por lo menos del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y representar como mínimo seis distritos electorales. 12. deberá llevar la firma del 1. 34. dentro de la competencia que a cada uno le corresponde. Si se trata de un proyecto de ley de alcance regional. El cuerpo electoral puede ser convocado por el Poder Legislativo o Ejecutivo. La convocatoria se debe realizar exclusivamente por ley. En estos casos: 11. por su carácter de no vinculante.semidirecta de participación dentro de los 18 meses de sancionada la nueva constitución. por la cual el pueblo puede ser convocado para que se exprese por sí o por no respecto a un proyecto de ley. El voto popular. También dicho artículo habilita un referéndum de tipo consultivo. La decisión del electorado no es obligatoria.
como la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. estableciendo
. seguridad e intereses económicos. la prohibición del ingreso de residuos tóxicos y radiactivos al territorio nacional. Estos derechos no tienen operatividad propia. la reparación del daño ecológico. sino que requieren – al igual que los derechos sociales – normas legales que reglamenten su ejercicio. el artículo impone al Congreso la obligación de reglamentar las materias. Artículo 41 y 42. Con respecto a los derechos de los usuarios y consumidores.33. el desarrollo de disciplinas auxiliares de la ecología. En su último párrafo. a la protección de su salud. Esta ley para ser sancionada requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara pero no se prevé el plazo dentro del cual debe ser sancionada esta ley. donde el interesado es una persona concreta. en los derechos de la tercera generación el interés jurídicamente protegido se relaciona con necesidades comunes a un conjunto indeterminado de individuos que sólo pueden satisfacerse desde una óptica comunitaria. etc). la mala prestación de un servicio público. el artículo 42 establece que tienen derecho en la relación de consumo. los procedimientos y la oportunidad de la consulta popular en sus variantes vinculante y no vinculante. El artículo 41 se refiere al denominado derecho a una mejor calidad de vida y comprende varios aspectos. a al libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. a una información adecuada y veraz. No se somete a consideración del cuerpo electoral un proyecto de ley sino un acto de carácter político fundamental para el Estado. Protección del medio ambiente y del patrimonio A diferencia de los derechos tradicionales. Son derechos cuyo “titular” es indeterminado y donde el perjuicio concreto es difícil de precisar (por ejemplo. la eliminación de un bosque. la construcción de una represa. Los derechos referidos a la protección del ambiente y del patrimonio material y cultural y la protección y defensa de usuarios y consumidores fueron incluidos en los artículos 41 y 42 respectivamente.
y el hábeas corpus. lesione o amenace. o sea la institucionalización de la llamada acción popular. en un Tratado o en una Ley. al defensor del pueblo y a las asociaciones intermedias registradas conforme a la ley.
. que protege el derecho a la libertad de intimidad. También protege a los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos. Amparo. para demandar el cese de todo acto u omisión que en forma actual o inminente. que habilita el acceso inmediato. Por último otorga a los magistrados del Poder Judicial la atribución de llevar a cabo el examen y control de constitucionalidad de todo material infraconstitucional que pugne con la carta magna en el marco del juicio de amparo. Artículo 43. para la protección del derecho de libertad física de todos los habitantes. en relación con los datos de una persona. El tercer y cuarto apartado de este artículo consagra dos garantías nuevas para nuestro texto constitucional como son el hábeas data. Habilita al afectado. a ejercer la acción para protección de intereses difusos. a fin de defender aquello objetivos.obligaciones al respecto para las autoridades y pone a cargo del Congreso la obligación de dictar una ley que establezca procedimientos eficaces para proteger a los consumidores y usuarios previendo la participación de las instituciones intermedias en los organismos de control. con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. rápido y efectivo del justiciable a la jurisdicción judicial. excepto de aquellos derechos protegidos por la garantía del hábeas corpus o hábeas data. Habeas Corpus. Habeas Data El artículo 43 incorpora el recurso de amparo bajo la forma de una garantía tutelar de naturaleza constitucional.
AUTORIDADES DE LA NACION PODER LEGISLATIVO Composición Como ya adelantáramos. la primera Del Poder Legislativo (del art. Conformación del Congreso de la Nación
Provincia Buenos Aires Capital Federal Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo.CAPITULO 3. la tercera Del Poder Judicial (del art. que representa al pueblo en su conjunto y la Cámara de Senadores. la segunda Del Poder Ejecutivo (del art. 87 al 107). éste está integrado por dos Cámaras. que representan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. esta segunda parte del texto constitucional está dividida en dos títulos. el primero referido al Gobierno Federal y el segundo a los Gobierno de provincia. 44 al 86). la Cámara de Diputados de la Nación. El primero a su vez se subdivide en cuatro secciones a saber. del Estero Tucumán Diputados 70 25 5 18 7 7 5 9 5 6 5 5 10 7 5 5 7 6 5 5 19 7 9 Senadores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. Con respecto al Poder Legislativo de la Nación. 108 al 120).
24: Autoriza al Congreso para que. La intervención federal Es un acto complejo de naturaleza política. El art. Tratados internacionales Corresponde al Poder Ejecutivo la negociación y la firma de los tratados internacionales conforme al artículo 99 inc.N. 22: Le atribuye la función de aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones. Su Directorio debe estar integrado por representantes de la provincias. Incluye una lista de 10 Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional.la República Argentina. El Banco Central de la república Argentina fue creado en 1932. Y establece una mayoría especial (2/3) de los miembros presentes para que nuevos tratados humanitarios adquieran en el futuro jerarquía constitucional.N. por el cual se limita o suspende temporariamente la autonomía provincial a fin de cumplir algunos de los objetivos previstos en el artículo 6 de la C. Artículo 75 inc. que prohibe a las provincias la acuñación de moneda o la creación de bancos con facultad de emitir billetes. en los Tratados de Integración Económica.75 inc. Artículo 75 inc. salvo que cuenten con autorización especial del Congreso.11 atribuye al Congreso la función de hacer sellar moneda fijar su valor y el de las extranjeras.E los somete a la aprobación del Congreso. Estos objetivos son: “garantir la forma
. pueda transferir ciertas atribuciones estatales a órganos supranacionales en igualdad de reciprocidad.”. Esta disposición está en acuerdo con el art.11. Es importante tener en cuenta que los tratados que se firmen deben respetar los principios de derecho público establecidos en la constitución de acuerdo al artículo 30. 126 C. Si el Tratado es sancionado y promulgado se incorpora al derecho interno. es el único Banco emisor de moneda de curso legal en nuestro país. Una vez firmados el P. Los tratados y Concordatos (tratados firmados con la Santa Sede) tienen jerarquía superior a las leyes. época en que el gobierno de entonces comenzó a aplicar una política netamente dirigista.
Este artículo se complementa con el artículo 99 inc. financieros y administrativos el cual se sustenta en dictámenes de la Auditoria General de la Nación. Este articulo ha impuesto como atribución del poder legislativo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales. Este es un órgano que ya existía y ahora se le dio jerarquía constitucional y se estableció que el presidente del organismo es designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor numero de legisladores en el Congreso.republicana de gobierno a requisición de las autoridades provinciales. pudiendo éste aprobarla o revocarla. 20 que autoriza al presidente a decretar por sí solo la intervención federal cuando el Congreso está en receso obligándolo a convocarlo simultáneamente. Lamentablemente no se previó la tercera alternativa que es la que normalmente se produce: el silencio del Congreso ante la intervención decretada por el Poder Ejecutivo. La Auditoria no solo ejerce el control de legalidad. Este artículo establece expresamente que la intervención federal es competencia del Congreso. económicos.
. 31 que fue incorporado mediante la reforma. El artículo 6 no explícita a cual de los órganos le corresponde disponer la intervención federal. No obstante. como también de las empresas privatizadas sino que asesora al legislativo en el control sobre desempeño y situación de la administración pública nacional. Auditoria General de la Nación El Artículo 85 ha otorgado jerarquía constitucional al control de la hacienda pública nacional. cuando éstas estuvieran amenazadas o hubieran sido depuestas por sedición interna o por invasión de otra provincia o para repeler invasiones exteriores. ya que con anterioridad se consideraba una facultad implícita del Congreso nacional. descentralizada. análisis de gestión y auditoria de toda la administración de la hacienda pública tanto centralizada. autoriza la Poder Ejecutivo a decretarla durante el receso del Congreso. pero si lo hace el artículo 75 inc.
Si bien la Convención de 1994 lo institucionaliza. el defensor del pueblo es una creación legislativa anterior a la reforma constitucional. Se trata de un órgano extrapoder pues goza de autonomía funcional. También por el artículo 43 se le otorga legitimación para interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación o en protección al medio ambiente. es una institución que recibe quejas de ciudadanos agredidos o no adecuadamente atendidos por la administración pública y que tiene el poder para investigar y recomendar acciones correctivas. 86). incorporándolo al texto constitucional (art. Goza de las mismas inmunidades de los legisladores y dura en el cargo cinco años.284 actualmente en vigencia. Es designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara. que significa “dar trámite”. Esta última función se ejerce para verificar el cumplimiento de la ley e impedir que en la aplicación de ella se causen perjuicio a los administrados y alcanza también a los servicios públicos privatizados. a la competencia. pudiendo ser reelegido una sola vez. mediante la sanción de la ley 24. no integra el Congreso nacional pero le pertenece y colabora con él en el ejercicio de la función de control que le ha sido asignada.Defensor del Pueblo El defensor del pueblo u ombusman. 67 de la constitución de 1949 la cual corresponde a las atribuciones del congreso. El texto constitucional consta de un preámbulo y dos partes normativas:
. al usuario y en general respecto de cualquier derecho de incidencia colectiva. Se corresponde con el art. ANALISIS PARTICULAR DEL ARTICULO 75 Dicho art. Tiene como misión la defensa y garantía de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución nacional y en los tratados internacionales contra los actos u omisiones lesivos de ellos que provengan de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
ARTICULO 75 ACTUAL • • • • Inc. Segunda parte: Autoridades de la Nación (arts. 3º del art.1 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (agregada en 2003). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 3º Nuevo Inc. 2º Reformado (corresponde al anterior inc. Pacto Internacional de Derechos Económicos. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (agregada en 1997). 1º del art. Declaración Universal de Derechos Humanos. los siguientes tratados internacionales:      Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Inhumanos o Degradantes. 2º del art. 1-43).• •
Primera parte: Declaraciones. 
Facultativo.  Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. 67
.  Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.  
Convención Sobre los Derechos del Niño. 1º Reformado (Corresponde al anterior inc. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Derechos y Garantías (arts. 44-129)
Asimismo tienen rango constitucional en virtud del art. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sociales y Culturales. 75 incisos 22. 67) Inc. 67) Inc. 4º Mantiene el anterior inc.
67) Inc. 12 Reformado (corresponde al anterior inc. 9º Mantiene el anterior inc. 30 Reformado (corresponde al anterior inc. 67
. 25 Mantiene el anterior inc. 67 Inc. 14 del art. 7º Mantiene el anterior inc. 13 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 7º del art. 26 Reformado (corresponde al anterior inc. 67 Inc. 25 del art. 23 Nuevo Inc. 67 Inc. 67) Inc. 11 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 5º Mantiene el anterior inc. 9º del art. 67 Inc. 67) Inc. 67) Inc. 32 Mantiene el anterior inc. 28 Mantiene el anterior inc. 67 Inc. 15 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 13 del art. 22 Nuevo (corresponde parcialmente y con reforma al anterior inc. 24 Nuevo Inc. 67) Inc. 20 Reformado (corresponde al anterior inc. 8º Reformado (corresponde al anterior inc. 29 Mantiene el anterior inc. 21 del art. 6º Reformado (corresponde al anterior inc. 27 del art. 28 del art. 11 del art. 14 Reformado (corresponde al anterior inc. 17 Nuevo Inc. 12 del art. 16 Reformado (corresponde al anterior inc. 19 Nuevo Inc. 18 del art. 10 Reformado (corresponde al anterior inc. 23 del art. 67 Inc. 27 Reformado (corresponde al anterior inc. 22 del art. 67 Inc. 18 Mantiene el anterior inc. 67) Inc. 8º del art. 17 del art. 10 del art. 19) Inc. 15 del art. 67 Inc. 4º del art. 67) Inc. 5º del art. 26 del art. 67) Inc. 67 Inc.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Inc. 6º del art. 31 Nuevo Inc. 67 Inc. 16 del art. 21 Reformado (corresponde al anterior inc.
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. 75 preceptúa que: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes” y a continuación enumera diez tratados internacionales de derechos humanos. concluidos. No cabe duda alguna de que dichos tratados tienen carácter supra legal. 24 no han generado aún problemas interpretativos. Gregorio Badeni en su trabajo “El caso ‘Simón’ y la supremacía Constitucional” (1) analiza prolijamente los debates suscitados en la Convención Reformadora de 1994 acerca del punto que nos ocupa. tienen jerarquía constitucional.
En el inc. Si bien los tratados de integración regulados por el precitado inc. no se les ha dado jerarquía constitucional. luego de ser aprobados por el Congreso. concepto que ha suscitado y seguirá suscitando grandes dudas respecto de si esa jerarquía equivale o no también a la prevalencia de ellos por encima de la Constitución Nacional. 24 del mismo art. 22 del art. respecto de los cuales preceptúa que: “en las condiciones de su vigencia. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. firmados y aprobados con las formalidades requeridas por la Constitución Nacional a las que antes hemos mencionado. 22 les asigna jerarquía constitucional. en cuanto si bien tienen jerarquía superior a las leyes.El nuevo inc. agrega como facultad del Congreso “Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad. Menciona que el convencional Rodolfo
. pero el gran interrogante es si también tienen o no carácter supraconstitucional. 75. y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”. muy distinta es la situación que resulta respecto de las convenciones y tratados sobre derechos humanos a los que el inc.
22–. sino que la complementan y que no se niega el carácter supremo de la Constitución porque los tratados no son normas de la Constitución ni se incorporan a ella. 7º de la ley 24. Respecto al carácter “complementario” que la Constitución le atribuye a los tratados. el mencionado convencional señaló que su inserción obedeció al propósito de aseverar que ellos no pueden modificar los artículos 1 a 35 de la Ley Fundamental porque. que declaró la necesidad de la reforma constitucional. Refiriéndose al art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos – incorporada al art. previstos en el art.Barra. inc. con lo que no podrán aplicarse”. porque en la relación de complementación.309. estos derechos no estarán perfeccionados. si en algún caso concreto. Barra destacaba que las normas de ella no pueden limitar los derechos tal como están enunciados en la Constitución y que. El convencional Ernesto Meader señaló que el contenido de los tratados internacionales debe ser considerado “como parte de los derechos y garantías no enumerados. pero que no la integran estrictamente. lo complementario debe seguir a lo complementado. “no existirá la complementariedad exigida ahora por el constituyente. conforme a este principio. se llegara a presentar una contradicción. 33 siempre que no afecten otros ya consagrados y en concordancia con lo establecido en el art. sostuvo que algunos de ellos son elevados al rango constitucional y que al tener tal jerarquía constitucional están en pie de igualdad con la Constitución Nacional. es accesorio a ello”. 75. por lo tanto. 27” y en similar línea de pensamiento. en caso contrario se estaría vulnerando el art. los derechos que consagran los tratados no colisionan con los preceptos constitucionales sino que los complementan. el convencional Humberto Quiroga Lavie sostuvo: “lo que hace la
. tras destacar que todos los tratados tienen jerarquía supra legal pero infra constitucional. que “fulmina de nulidad absoluta cualquier modificación que se quiera introducir a la Primera Parte de la Constitución Nacional y agregó que. “la palabra complementario tiene mucha importancia. explicitan o perfeccionan” y que.
fuera de la Constitución documental”. nos vamos a limitar a comentar en particular dos de los votos que contiene la sentencia en el caso “Arancibia Clavel”. En 1997 Badeni en Instituciones de derecho constitucional (3) sostiene en términos categóricos que “los tratados internacionales sobre derechos humanos. a pesar de tener jerarquía constitucional.nueva norma de la Constitución es afirmar claramente la supremacía de la Constitución por encima de todo el resto del ordenamiento jurídico”. Bidart Campos (2) manifiesta que “la asignación de jerarquía constitucional. pero sí enfatizamos que revisten su mismo rango. 22 que reza: “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. El juez Boggiano. a más de definir una prioridad sobre las leyes”…. Atento a que la doctrina judicial que sientan los integrantes del Alto Tribunal en esos tres casos es similar en su concepción central. La Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver las causas “Arancibia Clavel” (4). están subordinados a una Constitución que no pueden modificar porque ello se lo impiden los arts. 27 y 30 de la Ley Fundamental”. comparten supremacía y que encabezan con ella nuestro ordenamiento jurídico y que no afirmamos que estos instrumentos estén ‘incorporados’ o integrados a la Constitución formal. quiere decir que los tratados se sitúan al mismo nivel de la Constitución. i“Espósito” (5) y “Simón” (6) asigna primacía a los tratados de derechos humanos sobre las normas de la Constitución Nacional. que integra la mayoría. son
. dijo que “… La armonía o Concordancia entre los tratados y la Constitución es un juicio constituyente … no pueden (los tratados) ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un contrasentido susceptible de ser atribuido al constituyente … los tratados complementan las normas constitucionales sobre derechos y garantías … las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía. ubicándose en el llamado bloque de constitucionalidad. Agrega que la asignación de igual jerarquía y rango se reafirma en el concepto del inc. ni que formen parte de ella.
pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual). la ley de presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes. que es una norma legal. por lo tanto.complementarias y. significan que coloca a la Constitución y los tratados de jerarquía constitucional como un bloque de constitucionalidad (al decir de Bidart Campos) o con la misma jerarquía normativa (Boggiano). Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente … el Congreso hace un juicio constituyente de armonía de todos estos preceptos que no pueden entrar en colisión o tener preeminencia pues constituyen la Constitución misma” (considerandos 9 y 10 de su voto). ART 75 inc. conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que. El presupuesto constituye la expresión cifrada. es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero también de control. como máximo. Estos conceptos.
. muy parecidos a los que hemos citado de la obra de Bidart Campos. mediante la correspondiente Ley de presupuestos. Además. pero así no se resuelve el problema que nos venimos planteando. que balancea ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales de año (generalmente los últimos días de diciembre) que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos es el documento financiero del estado u otro poder de la administración pública. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del congreso o parlamento de un país. 8 Ley de presupuesto 24156 Presupuesto público. Por sus especiales características.
principios y derechos que obligadamente reenvían a la parte dogmática. cuando prevé los tratados de integración supraestatal. c) el inc. es decir. 75 para comprenderlo. satisfacer las necesidades de la sociedad. b) el inc. Hay que pasar revista a los 32 incisos del art. Así. 75 se condensa el agrupamiento que de las competencias del congreso hace la constitución. 24. 75 pertenece a la parte orgánica de la constitución. aun cuando hay otras fuera de él. consistente en incorporar a la parte orgánica una serie de valores. los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado.Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones. f) el inc. — En el art. para el crecimiento y el desarrollo desigualitario. entonces. Es fundamental. 75 y la parte dogmática 1. pero sí a citarlos. Por el contrario. d) el inc. e) el inc. Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias que deben estar acordes a lo que garantiza la Constitución del país. 23. para la educación y la cultura. EL SISTEMA AXIOLOGICO El art. también impone pautas valorativas. 22 alude a instrumentos internacionales sobre derechos humanos. al adjudicar las competencias concreciónales encontramos que: a) el inc. que tanto para el ejercicio de las competencias del congreso como para interpretar y aplicar el sistema axiológico y el sistema de
. Por supuesto. a la igualdad real y a los derechos. 2º sobre coparticipación federal impositiva señala las pautas de valor que han de tomarse en cuenta para la distribución de la recaudación. pero ya dijimos que es expresión manifiesta de un fenómeno normativo propio de la reforma de 1994. no vamos a transcribir los que son pertinentes. preferentemente dinero para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. el art. 19 en sus cuatro párrafos suma referencias principistas para el orden socioeconómico. generalmente dinerarias que realiza el Estado para cumplir con sus fines. 17 contiene derechos de los pueblos indígenas argentinos.
más allá de la valoración que pudiera recaer sobre la conveniencia o no de la emisión monetaria como recurso fiscal. 4º es taxa-tiva o no. los recursos. e) empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. pueden agregarse otros no enunciados expresamente. 75 inc. 4º de la constitución prevé la formación y los recursos del llamado tesoro nacional. Se debate si la enumeración de recursos que efectúa el art. pese a la diversidad de opiniones doctrinarias. enumerando las siguientes fuentes de ingreso: a) derechos de importación y exportación. no resultaba violatoria de la constitución. b) se ha agregado entre las competencias del congreso la de “proveer lo conducente… a la defensa el valor de la moneda” (art. que corresponde al anterior art. Para encarar la cuestión después de la reforma conviene tomar en cuenta dos cosas: a) subsiste la competencia del congreso para establecer y reglamentar un banco “federal” con facultad de emitir moneda (art. y de sus proyecciones económicas. 19 párrafo primero). que se refería a un banco “nacional” con facultad de emitir billetes). se preste la debida atención a todo lo que desde el art. 6º. c) renta de correos. 5º. y la emisión monetaria El art. d) contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población impone el congreso general. Si no lo es. (Ver nº 20). b) venta o locación de tierras de propiedad nacional.
. EL SISTEMA RENTISTICO Y FINANCIERO El artículo 4º.derechos de la constitución. 75 se proyecta hacia la parte dogmática. 67 inc. 75 inc. La discusión acerca de la constitucionalidad de la emisión monetaria sin respaldo metálico nos hizo sostener antes de la reforma de 1994 que. Queda la impresión de que esta nueva norma tiende a evitar la inflación causada por la emisión monetaria sin encaje metálico y como recurso habitual y permanente.
75 ha sufrido modificaciones de redacción en la reforma del que antes era inc. que conviene analizar a efectos de resolver el problema de la emisión monetaria sin encaje metálico. 1º del art. 11 y 12). 10. En la constitución material. 19 trae otras pautas obligatorias para el orden socioeconómico. o sea.Sobre el fenómeno inflacionario en sí mismo nada dice la constitución reformada. así como las avaluaciones sobre las que recaigan. 67. 75 inc. 2º). del año 1991. tuvo precisamente la intención y el propósito de erradicar la praxis de la emisión monetaria como recurso fiscal. Concomitantemente. capaz de originar índices de inflación que alteraran dicho valor. la ley de convertibilidad 23. y b) serán uniformes en todo el territorio. De otras normas surge que estos impuestos no son objeto de coparticipación (art. 126.
. Ello es así porque distintas normas han consagrado franquicias Diferenciales en algunas zonas. y con cualquier opinión sobre el tema. 1º del art. ahora dice que: a) al congreso le corresponde legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación. que han significado discriminaciones aduaneras. no hay duda de que antes de la reforma de 1994 la emisión monetaria sin respaldo significó una mutación constitucional por interpretación que algunos reputaron inconstitucional y otros no. Mucho más breve. la prohibición de tarifas aduaneras diferenciales ha transitado por una mutación violatoria de la constitución. El régimen aduanero y la circulación territorial El inc. Después de la reforma. y arts. 75 inc. y que son de competencia exclusiva del estado federal (por ej. pero cabe opinar que aquella emisión monetaria como recurso fiscal quedaría implícitamente vedada cuando objetivamente fuera contraria y dañina para defender el valor de la moneda (que el art. que prohíbe a las provincias establecer aduanas provinciales. De todos modos. 19 obliga a resguardar).928.. el mismo art. 75 inc. art. para no esvirtuar ni dejar incumplidas dichas pautas.
pero no impide a las provincias tener. 14 del art. Del texto constitucional no surge ningún tipo de monopolio a favor del estado federal en materia de correos. 3º del art. teléfonos y otros medios de comunicación similares. en jurisdicción local. por analogía. 5º del art. operaciones financieras. que incluye entre los fondos del tesoro nacional el producto de la venta y locación de tierras de propiedad nacional. encontramos en éste la mención de los “empréstitos y operaciones de crédito que decrete el congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional”. a los telégrafos. y correos El inc. 2º del art. mucho más extenso y objeto de sustancial reforma en el texto de 1994 con respecto al que era inc. 4º.Los impuestos y contribuciones El inc. tiene como núcleo importante la coparticipación federal impositiva. Para ello remitimos Para el régimen tributario en general Los empréstitos. 3º del art. 4º. mensajerías y otros medios de comunicación. como es el caso de sus empresas. 67 y consigna la competencia de arreglar y establecer los correos generales (se ha suprimido la mención de “las postas”).
. 75 reemplaza al que fue inc. La norma se refiere a los correos federales y. 67. Relacionando la norma con el art. El inc. 75 mantiene la competencia de contraer empréstitos (aunque ha suprimido del ex inc. 75. Cabe interpretar que la alusión constitucional expresa a la venta y locación de tierras “nacionales” proyecta la respectiva competencia del congreso a toda venta o locación de cualquier otra clase de bienes que sean del estado federal. también en consonancia con el art. 67 la alusión a empréstitos “de dinero”). 13 del art. 75 autoriza al congreso a disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 2º del art. El inc.
en el cual el estado capta fondos de los particulares por tiempo determinado.549 instituyeron un sistema de “ahorro obligatorio”. porque en el empréstito forzoso hay devolución. el congreso puede acordar
. Nuestra respuesta es la siguiente: a) como principio general. de 1996). cabe distinguirla del impuesto. No es del caso entrar aquí al debate doctrinario sobre la real naturaleza de esta figura. Las leyes de ahorro obligatorio fueron reputadas por la Corte Suprema como actos unilaterales del estado que se justifican por el poder tributario acordado constitucionalmente al congreso (casos “Horvath Pablo c/Fisco Nacional (DGI)”. y ser asimismo de duración razonablemente transitoria. c) el préstamo debe devengar intereses.A. porque ha debido obtener el dinero de terceros a mayor interés que el devengado en el empréstito forzoso) ha de quedar legitimado para demandar al estado el resarcimiento del daño. Sin duda para nosotros.C. cuya composición ya hemos analizado. S.. se nos plantea el problema del empréstito forzoso o compulsivo. En Cambio.pudiendo fácilmente inferirse que está habilitada la concesión del servicio a particulares. Las leyes 23. así como la posible existencia de correos provinciales en jurisdicción local. 75 inc. no cabe indemnización. el crédito tiene que ser actualizado para que la suma prestada recupere su valor real y actual al momento de la devolución.”. bajo promesa de reintegro. el empréstito forzoso no es necesariamente Inconstitucional. b) pero debe existir causa razonable. f) salvo la hipótesis del anterior inciso. sin que los obligados puedan evadir el préstamo. El empréstito “forzoso” Cuando la constitución se refiere al empréstito.I. se discute si la previsión del art.256 y 23. d) si hay inflación. y “Morixe Hnos. en tanto en el impuesto no. Los subsidios “a” y “de” las provincias Con los fondos del tesoro nacional. de 1995. 4º para “contraer empréstitos” incluye la de los empréstitos forzosos. e) si el particular ha sufrido perjuicio (por ej. bajo cualquier nombre que se les asigne.
75 inc. ni confundirse.156. el congreso pueda reglamentar el inciso como lo ha hecho con la ley 24. Importantes opiniones acuden a justificar el fenómeno. Por otro lado. también se supone —sobre todo en materia de deuda externa— que la intervención del congreso en la aprobación de los acuerdos que celebra el poder ejecutivo equivale al arre-glo del pago (si es que tales acuerdos se equiparan a tratados internacionales y se someten al trámite de éstos). ni fusionarse. para que el estado federal exija a las provincias que contribuyan con aportes locales a favor del gobierno federal. Por un lado. Por serias que resulten estas opiniones. 75 enfoca y atribuye por separado dos competencias del congreso (una. se alega que la competencia congresional de arreglar el pago de la deuda la asume y cumple el congreso al tratar la ley de presupuesto (porque en ésta se incluyen los pagos. Lo mismo cabe argüir
. 7º del art. resulta suficientemente claro que ambas no pueden identificarse. amortizaciones. arreglar el pago de la deuda. El “arreglo” de la deuda Al congreso le incumbe por imperio del inc. ni subsumirse una en la otra. según sus presupuestos (art. sin perjuicio de que. pero el ejercicio de esta atribución se ha desplazado sin duda hacia el poder ejecutivo. y al aprobar o desechar la cuenta de inversión. A nuestro criterio (de modo análogo a lo que decimos en cuanto al arreglo de límites inter-nacionales). 75 “arreglar” el pago de la deuda interior y exterior del estado. no las compartimos. asimismo. en que el gobierno federal obliga a las provincias a otorgarle subsidios. 9º). y otra. No nos parece constitucional la situación inversa. porque la norma que faculta al congreso a conceder subsidios a las provincias no puede usarse a la inversa. y ha decaído en el ámbito congresional.Subsidios a las provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. si el art. porque si estuvieran identificadas sería estéril la mención doble e independiente. e intereses). dictar la ley de presupuesto y aprobar o desechar la cuenta de inversión).
67. las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Antes de la reforma. En éste se prevé el reparto en la coparticipación impositiva entre el estado federal. previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del poder ejecutivo. el congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo. Las demás alusiones al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas son otro añadido que el inc. la constitución no preveía expresamente la iniciativa del poder ejecutivo en la materia. Este desplazamiento de una facultad congresional hacia el poder ejecutivo ha operado una mutación constitucional por interpretación. 75 inc. Este inciso tiene independencia del art. 100 sobre competencias del jefe de gabinete dice en su inc. conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2º de este artículo. cuando el art. entonces. que a nuestro entender discrepa con la constitución formal. El inc. 2º en cuanto la fijación anual del presupuesto viene ahora enmarcada en una pauta que remite a su párrafo tercero.si se pretende dar por cumplido el arreglo del pago cuando. 8º incorpora respecto del que era 7º. El presupuesto En materia de presupuesto la reforma de 1994 ha introducido modificaciones en el art. 2º (porque se refiere al presupuesto y a la cuenta de inversión) pero a su modo se conecta con el citado inc. Por un lado. el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Para las inversiones públicas damos por cierto que. la citada reforma ha constitucionalizado la iniciativa o preparación por el poder ejecutivo del proyecto de ley presupuestaria. Las directrices que dicho párrafo tercero traza se convierten. 19
. en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”. 6º que le corresponde enviar al congreso el proyecto de ley de presupuesto. acaso. pero fue práctica en la constitución material. aun cuando el inciso 8º no hace alusión al inc. 8º dice: “Fijar anualmente. en un lineamiento presupuestario inexorable. y entre éstas. 75 respecto del anterior art. El derecho espontáneo —según ya dijimos— ha desfigurado mucho la competencia congresional de arreglar el pago de la deuda.
sino que a la vez se extiende a y en la parte orgánica. valores y derechos Lo que acabamos de sostener no es una simple orientación ni un consejo. la anualidad era un requisito que se consideraba relacionado con el llamado “equilibrio financiero”. que ahora no está recluido en la parte dogmática de los arts. por ende. ni suprimir tributos. 75. el art. 8º) debe imperativamente tomarse en consideración la serie de prioridades que implícitamente surgen del contexto integral de la constitución. no suelen tener plazo de vigencia determinado. más la del presidente de la república en el art. a) la ley de presupuesto es anual. c) la ley de presupuesto no es —ni debe ser— una ley fiscal. 7º. por lo cual no ha de crear. hay que tomar en consideración las pautas que en él se estipulan. Por todo lo expuesto nos convencemos actualmente que cuando se prepara el proyecto del presupuesto y cuando el congreso dicta la ley respectiva. 99 inc. Por Ej. hoy se aspira a un “equilibrio económico”. no debe incluir normas ajenas a lo que el presupuesto es en sí mismo. y se considera al presupuesto como un instrumento a través del cual el estado actúa sobre la economía. De ahí que la ley de presupuesto no sea una especie de “súper ley” que a su puro arbitrio
. 10 para supervisar el ejercicio de dicha facultad por parte del jefe de gabinete respecto de la recaudación de aquellas rentas y de su inversión con arreglo a la ley o al presupuesto de gastos nacionales. por lo general. 75 condensa —aunque no él exclusivamente— una nutrida constelación de principios. Hemos de remitir asimismo al art. b) a la época de la constitución. modificar. sobre todo en el párrafo segundo.del mismo art. bien que deba computarlos entre los ingresos. lo que la diferencia de las otras leyes que. 1º a 43. sin que deban obviarse las de los párrafos primero y tercero. 75 inc. para lo último. 100 inc. así como cuando se analiza la cuenta de inversión (art. para lo cual es imprescindible acudir a su sistema axiológico. que otorga al jefe de gabinete la competencia de “hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional”.
También decimos que el ejercicio de esta competencia no es “potestativo” sino obligatorio para el congreso. surgen de la constitución. No es aventurado afirmar que la constitución material ofrece en este punto una mutación profunda que. 75 inc. al retraer o des energizar el control del congreso sobre la cuenta de inversión. Esta competencia del congreso no es legislativa. no se ejerce con eficacia. se opone a la constitución formal. Si por ley el congreso rechaza una cuenta de inversión. La cuenta de inversión El art. desvirtúa y cancela el control parlamentario que la constitución exige.y discrecionalidad pueda prever el ordenamiento de los ingresos y los gastos. El art. también para el presupuesto. por lo que no debería ejercerse mediante la sanción de una ley. 85 prescribe que la Auditoría General de la Nación “intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos El examen y la aprobación (o el rechazo) de la cuenta de inversión es una función que. Es evidente que la constitución ha atribuido al congreso un importante papel de control del presupuesto ejecutado.
. que parte de la doctrina llama control “póstumo”. y que no ha de confundirse con el control durante la “ejecución”. en la constitución material. y las prioridades de éstos sin remisión alguna a las pautas obligatorias que. si lo hace. 8º acuerda al congreso la facultad de aprobar o desechar la cuenta de inversión. estamos ciertos de que el poder ejecutivo no puede vetarla porque.
La ley de convertibilidad 23. y apareja poder cancelatorio o liberatorio. por su lado. otros bancos “nacionales”. 19 obliga al congreso a preservar el valor de la moneda. el banco aludido en el inc. que además no puede canjearse. del año 1991. 12 incluye en la legislación general a la ley sobre falsificación de la moneda corriente. Las provincias no pueden establecer bancos con facultad de emisión sin autorización del congreso (art. por su carácter federal. El inc. —Conforme al inc. 126).20. El billete investido de curso legal y curso forzoso suele llamarse “papel moneda”.El inc. que hace al dinero irrecusable. Las provincias no pueden “acuñar” moneda (art. 75. dispuso la convertibilidad de la moneda argentina (entonces todavía el austral) en la equivalencia de diez mil australes (que ahora son un peso) por cada dólar estadounidense. 6º del art. 67 hablaba de un banco “nacional” con facultad de emitir “billetes”. El texto del que antes de la reforma era inc. Parece verdad que. 6º debe incorporar a representantes de las provincias en sus órganos de conducción y administración. 126). La moneda de curso legal es aquella moneda —metálica o papel— cuya aceptación es irrehusable y obligatoria. porque el primero no puede exigir al segundo la conversión del billete. El inc.entidad emisora”. El curso legal. atiende a la relación “acreedor-deudor”. asigna al congreso hacer sellar moneda. 6º también prevé que el congreso establezca. porque el primero no puede rehusar recibir la moneda de curso legal. además del banco federal.928. el curso forzoso apunta a la relación “tenedor del billete. 11 del art. fijar su valor y el de las extranjeras.El inc. 75 le corresponde al congreso establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. como mero recurso fiscal .
. 5º del art. Intentamos interpretar también que la emisión monetaria no puede ahora disponerse sin encaje metálico o respaldo suficiente de manera habitual y permanente. Dicha ley implicó el ejercicio de la competencia congresional de fijar el valor de la moneda. la moneda de curso forzoso es el papel moneda con curso legal.
La emisión de billetes por las provincias El art. lo que. donde se registra una marcada mutación. y también como recurso fiscal. 6º y 11 ha estado sustancialmente decaído en la constitución material. al contrario. a la amplitud de facultades acumuladas por el Banco Central. 75 incs. el billete al que se le otorga fuerza cancelatorio o inconvertibilidad. varias monedas extranjeras tuvieron curso legal en nuestro país. supone que pueden emitirlos si el congreso da autorización. según fundadas opiniones. de curso forzoso. o sea. como papel moneda. pro-viene de una delegación completa de competencias por parte del congreso. en buena parte. los billetes han llegado a desplazar a la moneda metálica. b) que con autorización del congreso pueden emitirlos con dichos efectos y características. Además. ello obedece. o la moneda metálica fiduciaria). La moneda extranjera El congreso también fija el valor de las monedas extranjeras. o sea. 126 prohíbe rotundamente a las provincias “acuñar moneda”. Hasta la ley de 1881. En la constitución material tampoco es difícil descubrir la mutación que ha sufrido la emisión de billetes de curso legal. a partir de
. en alusión indudable a la metálica (que queda reservada exclusivamente al congreso) en tanto se les prohíbe que establezcan bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del congreso. la emisión de billetes por las provincias está habilitada sin necesidad de que el congreso la autorice mientras tales billetes no circulen legal y obligatoriamente como dinero. según parte de la doctrina. cuyo origen. y no parece asimilable a ésta la moneda fraccionaria de insignificancia cuantitativa. En suma. ¿Qué son los “billetes”? Parece ser. De esto se induce que: a) las provincias pueden emitir — sin necesidad de que el congreso las autorice— “billetes de crédito” que carezcan de aquellos efectos y características. sin respaldo metálico. y ha decaído la facultad de “sellar” moneda (porque tal facultad no existe cuando no hay moneda metálica.El ejercicio de las competencias del congreso del art. el “papel moneda”.
que era y es una competencia del congreso. Ello quiere decir que el nominalismo impuesto legalmente no es inconstitucional pero. sino la cantidad de dinero que. la facultad del art. puede ser inconstitucional la solución —aun judicialmente adoptada— que niegue reajustar el valor nominal.928. pues. porque el juez que — habiendo depreciación monetaria— ordena en su sentencia que se actualice a su valor real la suma debida. la circulación legal de la moneda extranjera. pero no obsta a que el poder ejecutivo fije el cambio de nuestra moneda con relación a la de otros estados. si la depreciación monetaria altera el valor real. de 1991. Esa similitud resultaba equivocada. tiene aptitud para cancelar la obligación del deudor y preservar el derecho de propiedad del acreedor. no está “fijando” el valor (“nominal”) de la moneda en sustitución del congreso. que la facultad congresional de fijar el valor de las monedas extranjeras es exclusiva cuando se trata de admitirlas en la circulación con el carácter de moneda legal para los pagos. pero la ley 23. Entendemos. porque ello equivalía a “fijar” el valor de la moneda. Por ende. o sea. Prohibida. 617 del código civil estipulando que las obligaciones contraídas en moneda distinta de la argentina se deben considerar como obligaciones de dar sumas de dinero.entonces quedó suprimido.928— se supuso en alguna doctrina que los jueces no podían disponerla para preservar el valor real del crédito y de la deuda.
. en su valor real ya reajustado. las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera se consideraron hasta 1991 como de dar cantidades de cosas (principio del art. 11 se refiere a la admisión de circulación de moneda extranjera como de curso legal para los pagos internos. por el valor legalmente fijado en una cifra numeraria. con la jurisprudencia de la Corte. 75 inc. modificó el art. La facultad de los jueces para admitir la depreciación monetaria El principio legal del “nominalismo” significa que el dinero se da y se recibe por su valor nominal. 617 del código civil para las obligaciones de dar moneda que no sea de curso legal en la república). Cuando sobrevino la inflación y hubo de reconocerse que la depreciación monetaria hacía procedente la indexación —prohibida luego en 1991 por la ley 23.
el transporte. En cuanto al primero. Se trata plenamente de la jurisdicción federal (pero no del dominio). EL SISTEMA COMERCIAL El comercio En el inc. las provincias tienen prohibido dictar leyes sobre comercio. el inc. La cláusula comercial en nuestro régimen En nuestro derecho constitucional del poder. O sea. y dictar el código de comercio. la transmisión de mensajes. o sea. la norma juega en concordancia con el régimen aduanero de carácter federal. pensamientos. alcanzando a cosas. porque la jurisdicción es independiente del dominio. productos.III. 75. o navegación interior o exterior (art. el comercio exterior y el comercio interprovincial (o comercio interjurisdiccional). y de las provincias entre sí. así como el relativo a la navegación. Todo asunto concerniente al comercio con estados extranjeros o de las provincias entre sí. al congreso compete reglar el comercio internacional o interprovincial. también a cargo del congreso. otorgando al congreso la reglamentación de la libre navegación de los ríos interiores y la habilitación de puertos que considere convenientes. 126). el texto constitucional reconoce la competencia congresional para regular el comercio con los estados extranjeros. conectado con la cláusula comercial. Cualquiera sea el propietario de los ríos. 13 del art. etc. Comercio no es sólo tráfico o intercambio. la navegación. imágenes. 26. sino también comunicación. 75. personas. es propio del estado federal a través del congreso. en cambio. etc. con la limitación del art. Aparece acá. que declara libre
.. mercaderías. 10 del mismo art. noticias. la energía eléctrica e hidroeléctrica. La jurisdicción sobre la navegación exterior y de las provincias entre sí puede ejercerse por el congreso con toda amplitud y eficacia. comprende el tránsito de personas. los servicios telefónicos telegráficos.
” El contexto de la norma trasunta un sentido humanista. La competencia ha sido ejercida estableciendo el sistema métrico decimal. 75 que dice así: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. hemos de enfatizar que el nuevo inc. Esto devino anacrónico y desactualizado a medida que progresaron las valoraciones sociales en el contexto universal y en el nuestro propio. reconocer la personería jurídica de sus comunidades. y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. La reforma de 1994 reemplazó íntegramente aquellas competencias por las actuales. El sentido del inciso 17 Por la importancia que le asignamos al tema de los indígenas vamos a transcribir el inc. que es una expresión del derecho a la identidad personal y que se relaciona íntimamente con él. 15 en el que se atribuía al congreso la competencia de “conservar” el trato pacífico con los indios y “promover” su conversión al catolicismo. 75 inc. ninguna de ellas será enajenable. y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 17 se hace cargo del derecho a la diferencia. Ante todo.para todas las banderas la navegación de los ríos interiores. transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Lo primero a destacar es la diferencia radical con el anterior inc.
. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. La hora oficial como “medida” del tiempo cronológico no es una de las “medidas” a que se refiere la norma. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. El sistema de pesos y medidas Suele vincularse la facultad del congreso de adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas (art. 11) con el comercio interjurisdiccional y con las transacciones. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 17 del art.
negativamente. positivamente. con ese sentido. 16. a su cultura. Reconocimiento. El congreso. tiene el deber de no tornarla inocua y de conferirle desarrollo en cuanto ámbito resulta posible. quiere decir que.De inmediato. y garantías a) El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos ofrece varios aspectos. a sus diferencias. los “pueblos aborígenes argentinos” vienen a definir los sectores de población o comunidades grupales que componen al conjunto humano que es elemento de nuestro estado. Uno quizá aparezca como simbólico y reparador. es el de la integración. Acá no se otorgan privilegios ni Prerrogativas. a su idiosincrasia. es inviable desconocer o contrariar la herencia que hoy se acumula en sus comunidades y en nuestra sociedad toda. en cuanto al elemento español Anterior a nuestra independencia. b) El congreso debe garantizar a los pueblos indígenas el respeto a su identidad. hay que promoverla. a la inversa. en ejercicio de la competencia que surge de la norma comentada. y el respeto a una educación bilingüe e intercultural. más allá de no destruirla o socavarla. sino depararles un trato igualitario con el resto de la sociedad. aquí aparece otra vez el
. Uno de ello. afirmamos que en nuestra interpretación esta nueva cláusula revestida del alcance recién aludido para nada riñe ni pugna con la abolición y prohibición de las prerrogativas de sangre y de nacimiento que mantiene el viejo art. imprescindibles en un estado democrático. pero. Integrar a los pueblos indígenas es no solamente no aislarlos ni segregarlos. se los hace preceder por las comunidades aborígenes autóctonas. “Pueblo” sería aquí equivalente a población y. respeto. sino que se asume una justa expresión del pluralismo democrático y del mencionado derecho a la diferencia. no significa que para Hacerlos parte integrante de ella haya de reclamárseles la renuncia o la abdicación a su estilo. Otro como histórico. y al torrente inmigratorio posterior a la constitución originaria. Que étnica y culturalmente hayan preexistido los pueblos indígenas implica que.
sin impedimento alguno a mixturas con la propiedad individual. la cultura diferencial y la convivencia de las comunidades aborígenes. tampoco un colectivismo no democrático. de modo congruente con la Finalidad de desarrollo a la que hacíamos referencia. que esas tierras podrán ser tanto de la persona jurídica que se reconozca en cada sociedad aborigen determinada. Insertar aquí la expresión “desarrollo humano” nos resulta relevante. d) Como último punto la norma alude a asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los otros intereses que los afecten. una previsión sobre el reparto de competencias entre el estado federal y las provincias. (9) Bidart Campos tratado Ninguna de las tierras mencionadas será susceptible de enajenación. No se vea en ello una creación de feudos. por el calificativo.
. como espacio de radicación y de crecimiento para la integración. Dice así: “las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. con la peculiaridad asociativa que les imprime la índole indigenista. porque señala la Finalidad promotora que debe revestir la tierra y su uso. Posesión y propiedad “comunitarias” quiere decir. que regular la entrega de otras tierras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano. Que las comunidades indígenas obtengan reconocimiento de su personalidad jurídica como tantas otras Agrupaciones y entidades colectivas implica admitir su organización. además. 17 trae. como cierre. acorde con las características propias de tales sujetos de derecho pero. de acuerdo a lo que el estatuto asociativo y organizativo de la persona jurídica colectiva prevea. todavía mejor. De esta manera se garantiza aquel espacio geográfico de asentamiento. cuanto distribuidas y coparticipadas en la forma y con el alcance que el congreso establezca o.aspecto integrativo. o de gravámenes y embargos. El inc.(9) c) Hay en seguida un reconocimiento a la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. El congreso tiene. de transmisión. a la vez.
De igual modo —y por otro lado— la posesión y propiedad comunitarias de tierras posee un contenido esencial mínimo que.La operatividad y el desarrollo legislativo No nos es difícil radicar en el inc. y a lo mejor hasta cabría imaginar —por analogía con el reparto que para el derecho ambiental establece el art. 41— que el estado federal dictara una ley de presupuestos mínimos. o ignoren. 17 un núcleo normativo operativo. No obstante. que se hacen aplicables a todo el inciso. todo cuanto dimana directa y operativamente de la constitución no admite que el estado federal y/o las provincias lo alteren. queda margen de competencia para cuantas precisiones reglamentarias hagan falta. implica que para su efectividad no obstan las normas sobre el derecho de propiedad que resulten opuestas u omisivas. Sin embargo. No sería incongruente postular que el federalismo concertado suministra una vía para encauzar la concurrencia competencial. ahora la constitución se hace cargo de los derechos de las minorías. Estas nociones. lo que en el texto constitucional creemos
. conducen a recordar que las facultades para reglamentarlo son concurrentes entre el estado federal y las provincias. 17 permite aseverar que. aunque deja sitio para el desarrollo legislativo. Tal pluralismo normativo en nada riñe con el derecho a la igualdad ante la ley ni con la uniformidad del derecho común en todo el territorio. lo que Facilita distintas regulaciones que se hacen adaptables a la idiosincrasia especial de las comunidades indígenas según el lugar donde están asentadas. por un lado. porque es la propia constitución la que —para el caso— habilita aquel pluralismo. y que las provincias adhirieran a ella con una legislación local complementaria. o violen cuando ejercen sus respectivas competencias concurrentes. el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y de la personería jurídica de sus comunidades surge directa y automáticamente de la cláusula constitucional. tanto en el código civil cuanto en otros ámbitos legales y aun administrativos. en lo necesario. El inc. explícitamente. por lo que su Aplicabilidad no demanda ley alguna.
sin carácter taxativo. y para la enseñanza privada (no estatal). Y LAS
CUESTIONES POBLACIONALES El inciso 18 del art. sin exclusiones ni marginamientos dentro de la federación. títulos. 18 concede al congreso la facultad de dictar “planes” de instrucción general y universitaria. lo que demuestra otra vez en la reforma de 1994 la original conexión de la parte orgánica con la parte dogmática. y al Progreso de la ilustración. 67. la extensión del progreso y del bienestar a “todas las provincias” otorga a la cláusula una dimensión Territorial y social que abarca a la integralidad geográfica y poblacional de todo el estado. niveles. 18 (que fue inc. b) en un sentido “político”-pedagógico. pautas de funcionamiento. que pueden hacer lo mismo en sus respectivas jurisdicciones locales. Además. Esta terminología engloba el lineamiento y la estructura de la educación en todos los niveles y ciclos. el inc. es sinónimo de plan de estudios o listado de asignaturas.que es una novedad inusitada respecto del histórico y originario. Creemos que
. El término “planes” admite doble acepción: a) en un sentido “técnico”-pedagógico. a tono con las grandes pautas del preámbulo. equivale a los contenidos del bien común y de lo que hoy se denomina desarrollo. al adelanto y bienestar de “todas las provincias”. abarca aspectos materiales y culturales. LA CULTURA. A tenor del art. equivale a planes de acción y organización del sistema educacional (planeamiento de fines. LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO. 125 constitucional. para la enseñanza en jurisdicción federal y provincial. y se ha dado en llamar la cláusula del progreso) es de una amplitud manifiesta y engloba en su enunciado una temática que. etc. 16 del art. ciclos. Por otra parte. todo este cúmulo de competencias es concurrente con las provincias. Proveer lo conducente a la prosperidad del país. Para el “progreso de la ilustración”. hay simetrías con el plexo de derechos.). 75 El inc.
una serie de incisos acumulan parámetros densos que el congreso debe tomar en cuenta al ejercer las competencias con ellos vinculadas. la ya examinada cláusula sobre los pueblos aborígenes aglomera lineamientos para políticas múltiples en cuestiones de educación y cultura. de propiedad.la competencia del congreso en materia de “planes” debe entenderse referida al sentido “político-pedagógico” y no al “técnico-pedagógico”. Por otro lado. porque las pautas han crecido. Al desarrollo humano se refiere también el inc. La educación. 23. 19 párrafo segundo. y de derechos de las personas que los integran. 67 señalaba para determinadas políticas especiales. 18 comprime en su mención de la “ilustración”
. 19. cuando prevé las pautas para distribuir los impuestos coparticipados. También el inc. lo común era ceñirse al inc. Por un lado. y la cultura El inc. y exhiben además una relación estrecha con el sistema axiológico y con derechos de la parte dogmática. 19 en sus párrafos primero in fine. tercero y cuarto apuntala y pormenoriza lo que el inc. cuando alude a promover políticas que equilibren el Desigual desarrollo de provincias y regiones. Así. y todo lo que se infiere del 22 y el 24. la ciencia. 17 en orden a los pueblos indígenas.
La reforma de 1994 al artículo 75 Cuando antes de la reforma de 1994 se atendía a competencias del congreso que el entonces art. 18. el inc. el inc. que se mantiene hoy en el texto actual como inc. El desarrollo Ha de computarse el inc. ello es insuficiente. 2º párrafo tercero del art. 16. Después de la reforma. 75.
las migraciones. arbitra expresamente algunos medios para darles cumplimiento. y para el régimen de seguridad social en el mismo inc.Las políticas en orden a la población El inc. porque se proyecta hacia las poblaciones territoriales. ancianos y personas con discapacidad). 19 párrafo segundo asigna al congreso la competencia de proveer al poblamiento del territorio. después de armar el repertorio de competencias que hemos citado en el nº 39. 18 puede servir para extenderla a favor de los fines que prevén otros
. etc. El paisaje recién esbozado en los nos. Los privilegios y recompensas 47. no adopta una pauta Puramente geográfica sino fundamentalmente poblacional. 2º párrafo tercero señala que los criterios objetivos para repartir la coparticipación federal impositiva han de dar prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo. Otros sectores de población son objeto también de protección especial en el inc. porque tampoco el destinatario final es el ámbito territorial. 23 párrafo segundo (en favor del niño y de su madre). 23 párrafo primero in fine (niños. A la mención de “leyes protectoras” de esos fines añade las “concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”. La política demográfica atiende a los fenómenos relacionados con la población dentro del territorio. —El inc. mujeres. 14 bis (en cuanto éste alude a la protección integral de la familia). 17 sobre los pueblos indígenas. 44 y 45 lo acredita. o sea. calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio. Cuando el inc. abarcando su crecimiento vegetativo. Esta alusión del inc. 18 del art. Una manera especial y diferenciada de atender al pluralismo poblacional encontramos en el inc. para unirse con el art. Esto se corrobora cuando el inc. 75. La política demográfica No nos cabe duda de que la reforma de 1994 ha acentuado las pautas de política demográfica. la distribución poblacional. sino las personas que viven en él. 39. nuevamente las poblaciones. 19 párrafo tercero indica que el congreso ha de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
porque en otras áreas que no se enderezan directamente a ese fin hay un tejido sutil que las vincula. comprendiendo también su parte orgánica. 75. Como además la constitución habla de “recompensas de estímulo”. porque tenemos harto dicho que la centralidad y mayor valiosidad de la persona humana se explaya por toda la constitución. Estamos frente a privilegios de derecho público que tienen base en la misma constitución y que las leyes están habilitadas a establecer en beneficio del interés general o público a favor de personas. que el constituyente —antes y después de la reforma de 1994—ha utilizado varias veces. con el mismo verbo “proveer” y con el verbo “promover”.
. 18. Por supuesto que deben tener un contenido ético y ser interpretados restrictivamente. LAS POLITICAS DE DERECHOS HUMANOS El marco global Quizá no pueda recluirse en un casillero el tema de las competencias del congreso en materia de derechos humanos. no hay ámbito ni competencia dentro de la finalidad del estado democrático que pueda escabullir la conexión. la de respeto al orden democrático y a los derechos humanos. empresas. 24. Son los incs. por ej.. No obstante. 75 contiene tres incisos claramente alusivos a los derechos humanos. queda espacio para conceder otras ventajas o franquicias. que hacen de eje a otras numerosas menciones del orden democrático y del sistema democrático. el 19 y el 23. 23 y 24 En cuanto a los tratados de integración del inc. Algunas de las cuales son más propias del derecho privado que del derecho público.incisos del art. Los principales privilegios son la exclusividad. el monopolio. que aparece en el inc. Su carácter temporal está prescripto explícitamente. la constitución fija entre las condiciones para que Argentina se haga parte de una organización supraestatal. y la exención impositiva. etc. el art. Es fácil consentirlo cuando se compara el verbo “proveer lo conducente a…”. 22.
. 23 condensa políticas específicas. Su texto es uno de los más sugestivos e innovadores. y a continuación extender la acción pro-motora para el goce pleno y el ejercicio de los derechos de la persona. los ancianos y las personas con discapacidad. y al inciso 22 del artículo 75. y que en el 23 se imprime una tónica indudable de constitucionalismo social. por debajo de su nivel. una minusvalía. Y eso exige una base real igualitaria. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo. Dice así: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Promoción es movimiento hacia adelante: se “promueven” los derechos cuando se adoptan las medidas para hacerlos accesibles y disponibles a favor de todos. y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. las mujeres. el inc. Y agrega: en particular respecto de los niños. las mujeres. que elimine. Emplea dos verbos para señalar la competencia del congreso: legislar y promover. y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. El congreso queda gravado con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de acción positiva. por ejemplo) y en nuestro constitucionalismo provincial obligan al estado a remover obstáculos impeditivos de la libertad y la igualdad de oportunidades y de la participación de todos en la comunidad. en particular respecto de los niños. Hay reminiscencias de normas que en el derecho comparado (caso de Italia y España. Donde quiera haya o pueda haber una necesidad.” Es harto evidente que en esta norma hay una remisión explícita a la parte dogmática.Una norma específica: el inciso 23 del artículo 75 Finalmente. al menos respecto de la “letra” de la constitución documental. una diferencia. desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental. ¿Cuáles? Dice la norma: los reconocidos por esta constitución y por los tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos. los ancianos y las personas discapacitadas. El inciso no elude incorporar en su léxico a la igualdad real de oportunidades y de trato. cuanto óbice de toda naturaleza empecé a que muchos consigan disfrutar y ejercitar una equivalente libertad real y efectiva.
puede entenderse como una prolongación del párrafo primero recién glosado. El único órgano judicial directamente establecido por la constitución es la Corte Suprema. 20 del art. Su contenido El inc. “Dar pensiones” se refiere.allí hay que reforzar la promoción de la igualdad real y de los derechos humanos. y fijar sus atribuciones. para nosotros. El segundo párrafo del mismo inciso. b) distribuir la competencia entre los mismos. Igual protección debe cubrir a la madre durante su embarazo y el tiempo de lactancia. con sujeción al art. aun cuando alude a la seguridad social. ya que las jubilaciones y pensiones comunes. Pero la ley no puede añadir nuevos requisitos. En el breve enunciado que concede al congreso la competencia de “establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia” (correlativo del art. desde el embarazo de la madre hasta finalizar el ciclo de enseñanza elemental. si bien derivan de las respectivas leyes de la materia. ni ampliar o disminuir la competencia originaria y exclusiva que le asigna el art. Con ello se cumple la obligación estatal de proveer a los justiciables del derecho a la jurisdicción. la organización de las instancias y de los respectivos órganos queda a discreción del congreso. 75 se refiere a la organización del poder judicial.
. 108) se prevén tres aspectos implícitos: a) establecer los órganos de administración de justicia. EL INCISO 20. c) dictar las normas de procedimiento. 14 bis dedica a la Seguridad social. para ser miembro de dicho tribunal. está destinado a proteger al niño en situación de desamparo. Esta facultad no incluye la de crear entidades descentralizadas y autárquicas dentro de la administración pública dependiente del poder ejecutivo. fuera de los exigidos por el art. a los beneficios de carácter graciable. que se califica como especial e integral. El mismo inciso dice que corresponde al congreso crear y suprimir empleos. son concedidas por actos de la administración. En lo demás. 116. La cláusula específica a la que el art. 111. El régimen de seguridad social a dictar. cuya composición queda librada a la ley. 117. ya que a éste le pertenece en forma privativa.
pero no que dependa de su arbitrio autorizar o no a una persona para que a título personal y privado los reciba de otros gobiernos o entidades. por ende. la facultad de autorizar a los ciudadanos a aceptar condecoraciones otorgadas por estados extranjeros. La amnistía Conceder amnistías generales” es disponer el olvido o perdón de delitos. En materia de amnistía no aparece la referencia. y reputa inocentes a los autores del hecho. como ésta incumbe privativamente al congreso. Que el congreso puede decretar honores significa. sino en muchos genéricamente. a la prudencia. el adjetivo generales significa que la medida no recae en un reo o individuo determinado. pensamos que amnistiar es una facultad delegada al estado federal en cabeza del congreso. (Cosa diferente ocurre con el indulto. nacionales o extranjeros. Se suele aceptar que la “amnistía general” sólo puede cubrir delitos políticos. no puede amnistiarse por delitos que están tipificados en la misma constitución. otorgarla o no por delitos comunes. Cuando los delitos políticos han querido excluirse de la pena de muerte. De ahí que las amnistías provinciales sean.)
. y a la ética política del congreso. La amnistía es una competencia paralela a la de “incriminar” y “desincriminar”. que los honores “oficiales” los concede “motu proprio” a quien le parece y cuando le parece. Tiene más amplitud y distintos alcances que el indulto (privativo del poder ejecutivo). y por razones de alto interés social. por práctica. El texto de la constitución no alude a esa estricción. La discrecionalidad del congreso debe moverse con prudencia y ética. teniendo más en cuenta los hechos cometidos que las personas que los cometieron. para nosotros. inconstitucionales. ya que la amnistía extingue la acción y la pena.“Decretar honores” incluye. pudiendo asimismo disponerse antes del proceso. o después de concluido por sentencia firme. pendiente el mismo. la constitución ha Insertado una cláusula expresa en tal sentido. nos parece absurdo involucrar en esta cláusula constitucional tal permiso. por manera que queda librado al criterio. a nuestro juicio. Además.
Las personas que quedan comprendidas y beneficiadas por una ley de amnistía titularizan y consolidan automáticamente un derecho “adquirido” a gozar de esa amnistía. 29 del art. EL ESTADO DE SITIO El inc. porque la que le incumbe
. y declara el caso de proceder a una nueva elección. Solamente es posible que decaiga el beneficio si en causa judicial se declara inconstitucional —y por ende inaplicable— la ley de amnistía. Las demás relaciones están fuera del art. También aprueba o suspende a posteriori el estado de sitio declarado durante su receso por el poder ejecutivo. LAS RELACIONES CON LA IGLESIA CATOLICA Suprimidas en la reforma constitucional de 1994 las anacrónicas normas regalistas sobre el patronato. 21 el congreso admite o desecha los motivos de la dimisión del presidente o vicepresidente de la república. razón por la cual estimamos que la derogación posterior de esa ley no puede retroactivamente privar de aquel derecho y hacer desaparecer los efectos de la amnistía que se deja sin efecto. 75. 75 inc. 15 parece que debe concluir siempre a través de un tratado con el estado limítrofe. LAS RELACIONES INTERNACIONALES Los límites internacionales El “arreglo de límites” previsto en el art. o de arbitraje acordado en común. LAS RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO Por el inc. 75 pone a cargo del congreso declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la república en caso de conmoción interior. (Dejamos ahora de lado la competencia global del congreso en materia de tratados.
Sobraría el enunciado expreso de tal competencia si ella sólo fuera una atribución coincidente con la de aprobar los “tratados” de límites. Y de arribarse exitosamente al tratado. por lo que estimamos que si el texto desdobla las competencias ha de ser porque cada una es distinta de la otra y no se identifican. pautas y control del mismo congreso. Fijémonos que el art. una vez firmado. la competencia congresional sobre ese tratado no es exclusiva. Si el tratado es la vía final de arreglo de los límites. Sin embargo. De ser así. propia y distinta para el “arreglo” de los límites internacionales. la competencia del congreso que aquí examinamos (“arreglar” los límites internacionales) sólo consiste y se agota en intervenir en la etapa de aprobación de ese tratado. el que —por ej. si hemos de salvar el sentido y la intención de la norma. una vez que lo ha firmado el poder ejecutivo y antes de que éste lo ratifique (en esta competencia se subsume la correspondiente a aprobar o rechazar los tratados de límites). b) la específica de “arreglar” los límites con otros estados.— podría “imputar” a una comisión formada del seno de sus cámaras el encargo de la gestiones diplomáticas. 75 divide y distingue dos competencias: a) la general que le incumbe al congreso para cualquier clase de tratado (sea para aprobarlo o para desecharlo). el congreso ejercería (después de suscripto) la facultad aprobatoria o denegatoria. antes de llegar al “tratado” de límites que.cuando el tratado es de “límites” no difiere de la común a cualquier clase de tratados. porque al presidente de la república le pertenece la conclusión y firma del tratado. ¿qué puede hacer el congreso para “arreglar” los límites. no se comprende bien que la constitución contenga y mencione una facultad específica. con supervisión.
. tendrá que someterse a dicho órgano para que lo apruebe o lo deseche? Realmente es difícil imaginar que aquel arreglo pueda llevarse a cabo (previamente al tratado) por un cuerpo formado por dos cámaras y numerosas personas físicas. suponemos que el mentado arreglo exige que las tratativas conducentes a un tratado de límites internacionales se realicen con intervención del congreso. Si esta última queda absorbida en la primera. Cabe preguntarse si por ser el tratado la forma final y normal del arreglo de límites.
el congreso aprueba el tratado. la norma alude a un desdoblamiento de procedimiento: a) primero. o que. Nuestra interpretación es la siguiente: a) si al momento de otorgar el congreso jerarquía constitucional a un tratado. 16 obliga al congreso a proveer a la seguridad de las fronteras como medida de defensa y de precaución. 22 ha conferido jerarquía constitucional directamente a once instrumentos internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales Los tratados de derechos humanos Es sabido que el art. por referirse a las fronteras guarda conexión con la política internacional. y si bien tal facultad se ejerce en el ámbito interno. se consigna un quórum especial agravado. b) después. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. b) si el tratado que no ha sido aprobado todavía por el congreso y no se ha incorporado a nuestro derecho interno ha de recibir jerarquía constitucional. el congreso confiera simultáneamente la aprobación y la jerarquía constitucional al tratado. Literalmente. éste ya se halla incorporado a nuestro derecho interno (lo que presupone que en su ocasión el congreso ya le dio la aprobación) parece que sólo hace falta para jerarquizarlo constitucionalmente que el congreso así lo decida con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. luego de lo cual habilita al congreso para depararla a otros. le otorga jerarquía constitucional. cabe un doble supuesto: b’) que el congreso cumpla las dos etapas sucesivas a su cargo. 75 inc. Dice así: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. b”) si en una sola etapa logra el número de votos requerido por el quórum agravado para alcanzar la jerarquía constitucional.
. luego de ser aprobados por el congreso.También en relación con los límites. el inc. Para la segunda etapa.
Las represalias 70. entendemos que para conceder jerarquía constitucional a un tratado. luego. es posible que en zonas litigiosas se planteen conflictos judiciales sobre cuestiones de diferente naturaleza (por ej. En primer lugar se eliminó la competencia referida a las patentes de corso. en las cuales cuestiones judiciales sea difícil —por no saberse a qué provincia pertenece ciertamente la zona—determinar cuál es el tribunal competente (si el de una provincia o el de
. LOS LÍMITES INTERPROVINCIALES La norma que alude a los límites interprovinciales usa el verbo “fijar” en el inc. Mientras no están fijados los límites interprovinciales. damos por cierto que la jerarquía constitucional corresponde a una iniciativa del congreso. la redacción actual alude a “facultar al poder ejecutivo para ordenar represalias”. el congreso no necesita que el poder ejecutivo encargado de su firma y. sobre descubrimiento y registro de yacimientos mineros. se lo solicite. o sobre reivindicación de tierras). en tanto la formal se atendría al dato de que no todo el tratado versa sobre tal materia). En segundo lugar. que emplea al encarar los límites internacionales). Una última cuestión se suscita con tratados que no son de derechos humanos en su contenido integral. Es tema opinable si a esa norma en particular se le puede conferir jerarquía constitucional.Asimismo. y mantiene la atribución de establecer reglamentos para las presas. se trata de dar preferencia a la verdad material por sobre la formal (ya que la verdad material radica en la naturaleza de la norma que se refiere a derechos humanos. y en la duda optamos por interpretar que el congreso está en condición de hacerlo. Por ende. 15 cuando atribuye la competencia al congreso (en vez del verbo “arreglar”. —El inc. pero que contienen alguna norma específica sobre derechos humanos. 26 sufrió modificaciones con la reforma de 1994. de su ratificación internacional..
atribuyéndosela con una norma nueva. Los poderes implícitos “dentro” y “fuera” del inc.otra). De esta interpretación gramatical se podría inferir que no hay poderes implícitos del congreso cuando se pretende ejercerlos sin actividad legislativa. hay “delegación” implícita a favor del primero. 32. De este modo se despeja toda duda en torno del art. 32 consagra los denominados Poderes implícitos. 75. que globalmente sigue consignando que el “gobierno federal” interviene en el territorio de las provincias LOS PODERES IMPLICITOS Su concepto: el inciso 32 del art. la indefinición del límite interprovincial no puede impedir ni dilatar la radicación de causas judiciales ni el ejercicio del derecho a la jurisdicción como acceso a un tribunal competente. y añadiendo que aprueba o revoca la decretada durante su receso por el poder ejecutivo. Ante tales cuestiones de competencia.
. (10) LA INTERVENCION FEDERAL El nuevo inc. su inc. 6º. 31 vino a aclarar explícitamente la competencia del congreso en materia de intervención federal a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires. En último término. La fórmula no deja lugar a dudas de que la constitución concede poderes implícitos. la Corte ha de intervenir no para “fijar” el límite interprovincial. 75 Cerrando la enumeración del art. Ello no es exacto. Al congreso compete “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente constitución al gobierno de la Nación Argentina”. lo que literalmente quiere decir que los poderes implícitos aquí reconocidos son para legislar. y que se ejercen mediante actividad legislativa. sino para señalar al tribunal de qué provincia le compete conocer en la causa. lo que equivale a afirmar que en la distribución de competencias entre estado federal y provincias. La fórmula que usa el inciso comentado habla de “hacer todas las leyes y reglamentos…”.
pero fuera de esos poderes implícitos creemos que hay “otros poderes implícitos” (como sin norma escrita expresa los hay en el poder ejecutivo y en el poder judicial —tanto que la Corte Suprema los ha rescatado dentro de su competencia—). con más razón parece adecuada a nuestro derecho constitucional del poder. b) para cumplir otras actividades no legislativas.Es verdad que los poderes implícitos que “expresamente” cuentan con una norma a su favor en el inc. aunque allí no aparezca para nada su función legislativa. no hay norma expresa que los conceda. o sea. la constitución no cercena la autonomía e independencia de los demás poderes. Es indispensable advertir que al reconocerse los poderes implícitos para poner en ejercicio los poderes “antecedentes” del congreso. 32 han sido conferidos únicamente para legislar. pero existen en virtud de toda la masa de competencias asignadas al congreso. La regla de Cooley funciona perfectamente: la concesión de lo principal incluye lo que incidentalmente resulta necesario y conveniente. en el cual la norma utiliza un adjetivo — “conveniente”— en vez de dos como en Estados Unidos —leyes “necesarias” y convenientes—. 32) que se los otorga. hay una norma expresa (el inc.
. y “todos los otros concedidos” por la constitución al gobierno federal. A estos “otros” poderes implícitos el congreso puede ejercerlos por inherencia a toda su masa de competencias. no otorga al congreso una competencia que permita lesionar la división de Poderes ni intervenir en el área propia de competencia o en la zona de reserva de los otros. En consecuencia. y sin lo cual esa concesión se tornaría ineficaz. Los poderes implícitos en nuestro régimen …“Si la interpretación norteamericana ha sido favorable a la amplitud de los poderes implícitos. en forma paralela y conducente a su ejercicio. sugerimos hacer un desdoblamiento en los poderes implícitos del congreso: a) Para legislar.
32 otorga los poderes implícitos al congreso para poner en ejercicio los otros concedidos por la constitución “al gobierno de la Nación Argentina”. “Autoridades de la Nación” son también (además del gobierno federal) los gobiernos de provincia. sino —al contrario— en forma mesurada e indispensable para ayudar convenientemente a que los gobiernos de provincia puedan hacer efectivas sus competencias —tanto las reservadas como las concurrentes y las compartidas—... (8)
. corresponde extenderle la misma afirmación”. 129). según las divisiones que efectúa y menciona el texto constitucional. el congreso federal también inviste poderes implícitos. Quiere decir que para poner en ejercicio los poderes que el título segundo de la segunda parte de la constitución reconoce a los gobiernos provinciales y al de la ciudad de Buenos Aires. queda algo por añadir porque.Los poderes implícitos del congreso en relación con los gobiernos de provincia Como el inc. Lo que hay que tener muy en claro es que tales poderes implícitos de un órgano del gobierno federal como es el congreso jamás pueden invocarse y asumirse en detrimento de las autonomías provinciales. Con la peculiaridad que tiene la ciudad de Buenos Aires mientras sea capital (art.
Cabe Asimismo asignarles doctrinariamente el nombre de “especiales”. III. t. p. b). LA CLAUSULA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
(1) (Suplemento de jurisprudencia penal y procesal penal de La Ley. 199) (4) (2004. 276) (3) (t. Juez Int. 29 de julio de 2005.Remisiones c) En el inc. remitimos al Tomo II. p. Deja margen reglamentario a la legislación provincial. 12 hay una enumeración de leyes que la norma constitucional denomina “generales”. IV. y en este Tomo III al cap.)
. 803) (6) (2005. Para el juicio por jurados. 11 y sgs.) (2) (Tratado elemental de derecho constitucional argentino. I. XXIV. y Actualmente podría incluirse en la categoría de la normativa propia del derecho procesal constitucional. en cuanto se las especifica particularizadas. XXXV. La Ley 2005-F. y de carácter federal. 827) (5) (2004. 24) (8) Bidart Campos Manual de la constitución reformada tomo III pág. de 1ª Instancia Civil y Comercial de Salta al Juez de Minas y Paz Letrada de Catamarca”. 1995. cap. Son de naturaleza federal (ver el precedente inc. La Ley 2005-B. c”’) La ley sobre falsificación de moneda y documentos públicos del estado tiene naturaleza también federal y versa sobre materia penal”) La ley sobre juicio por jurados ha de verse como una ley-marco a aplicarse en jurisdicción penal de Tribunales federales y locales. 69y sigts) 10) fallo de la Corte del 6 de agosto de 1985 en el caso Competencia Nº 366. La Ley 2004-E. p. nº 97. nº 40.
obtener el 40% de los votos afirmativos (no incluyen votos en blanco) y además una diferencia con la formula que le sigue en número de votos superior al 10%. Duración. pero se introduce la posibilidad de reelección inmediata por un período más. lo cual es falso pues el jefe de gabinete debe sujetarse en todo a las instrucciones del presidente no teniendo la menor autonomía funcional. en los Artículo 97 y 98 se establecen dos excepciones a la doble vuelta: si la formula más votado lograse obtener más del 45% de los votos afirmativos validamente emitidos o bien. ⇒ En la elección directa los ciudadanos votan en un solo distrito electoral por el candidato de su preferencia al cargo de presidente sin intermediarios. llevándolo hacia un semi .
. se vota directamente una boleta con la fórmula. el gobierno y la administración general del país. La Convención de 1994 reduce el plazo del mandato presidencial de seis a cuatro años. Atribuciones El Poder Ejecutivo es el órgano que tiene a su cargo la aplicación de las leyes.PODER EJECUTIVO Elección. Es decir que nuestro sistema político sigue siendo marcadamente presidencialista. con doble vuelta electoral. define al Poder Ejecutivo como unipersonal y presidencialista al decir: “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina”. Es decir. La reforma constitucional de 1994 pretende haber atenuado el cesarismo de nuestro Poder Ejecutivo.N. El nuevo artículo 94 modifica el procedimiento por el régimen de elección directa por el cuerpo electoral. El artículo 87 de la C. Hasta la reforma constitucional de 1994 se mantenía el régimen de elección indirecta de presidente y vicepresidente. ⇒ Respecto al sistema de doble vuelta electoral. Además el nuevo texto acepta que quien haya sido vicepresidente por un período de cuatro años pueda ser elegido presidente en el siguiente período sin solución de continuidad y viceversa. mediante Juntas o Colegio Electoral.presidencialismo a través de la creación del cargo de jefe de gabinete.
Se puede afirmar que el presidente ejerce tres jefaturas a saber: jefatura de Estado. que es la que constituye circunstancia excepcional. La constitución establece la prohibición de dictar decretos de esta naturaleza que regulen materia penal. tributaria. El Poder Ejecutivo tiene facultades de colegislación que les fueron robustecida a partir de la reforma de 1994 al permitirle legislar mediante tres vías: • Dictar decretos leyes.
.El artículo 99 de la constitución nacional establece las atribuciones del Poder Ejecutivo nacional. electoral o el régimen de los partidos políticos. por acelerado que pueda ser en el caso no proporciona la solución urgente. aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la materia. El nuevo artículo 99 inciso 3 le concede al Ejecutivo la facultad de dictar leyes en forma directa los cuales tendrán la naturaleza de decretos por razones de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes”. y es la emergencia y la inmediatez de la medida la que hacen imposible que el Congreso legisle porque el tramite ordinario. debe requerir una medida inmediata. • Decretos delegados por emergencia pública. De todos estos medios con que cuenta el Ejecutivo para ejercer facultades legislativas el más usado en nuestro tiempo han sido los decretos de necesidad y urgencia. conocidos como decretos de necesidad y urgencia. El presupuesto necesario que habilita al dictado de decretos de necesidad y urgencia es la imposibilidad de seguir el trámite de sanción de las leyes porque hay una o varias circunstancias excepcionales que equivalen a una situación de emergencia. hizo pensar a muchos que su regulación dentro del ordenamiento jurídico comportaría una solución a una práctica usual. la jefatura de la administración y la comandancia de las fuerzas armadas. El uso indiscriminado de este instituto en los últimos años. • Veto y promulgación parcial de leyes. la gravedad de esta emergencia.
Si bien la intervención de la comisión es obligatoria. Esta (la moción de censura) es una típica atribución del sistema parlamentario de gobierno. ajena en principio al control constitucional de la Corte Suprema de Justicia. el despacho que ella emite no resulta vinculante para el Congreso. Este personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. algún ministro o incluso a todo el gabinete cuando han perdido la confianza de los legisladores. también puede ser removido por una moción de censura del Congreso.N.Por tanto. El nuevo artículo100 regula las funciones del Jefe de Gabinete: • Ejerce la administración general del país • Expide actos y reglamentos relativos a su área y aquella que le delegue el presidente
. Para que esto ocurra el texto del Artículo 101 exige el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. Jefe de Gabinete Como se expreso anteriormente la reforma constitucional del 94 incorpora la figura del Jefe de Gabinete de Ministros en el capítulo cuarto de la sección segunda de la C. Consiste en la facultad que tiene el Parlamento en destituir al Jefe de Gabinete o Primer ministro. Este funcionario es nombrado y removido por el Poder Ejecutivo con lo cual su dependencia real es del presidente. Determinar la existencia de emergencia y necesidad es un cuestión política de mérito. No obstante. Estos decretos son decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos. oportunidad y conveniencia. conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. hemos de entender que esta imposibilidad no habilita a elegir discrecionalmente. por puro criterio coyuntural y oportunista. por lo cual éste debe manifestarse expresamente. Respecto al trámite legislativo del decreto de necesidad y urgencia reiteramos la prohibición al Congreso de aprobación tácita o ficta del decreto. entre la sanción de una ley la emanación mas rápida de un decreto.
El Poder Judicial nacional tiene a su cargo la denominada justicia federal y la justicia ordinaria de la Capital Federal. administrativas) y la imposición de penas (de tipo penal. facultad que también tiene el presidente. prepara y convoca las reuniones de gabinete de ministros. El organismo que recauda los impuestos aun está en el área del ministerio de Economía. • Bajo la supervisión y contralor del presidente hace recaudar las rentas y ejecuta el presupuesto. corresponde al Poder Judicial el juzgamiento de las causas jurídicas que implican la resolución de conflictos (civiles. contravencional o de faltas) a infractores a la ley. El órgano máximo del Poder Judicial es la Suprema Corte de
. laborales. Recordemos que más allá del texto constitucional. Esta función se superpone al menos parcialmente con la atribuciones del presidente del inciso 2 Artículo 99 • Coordina. reglamentarios y conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia como también los decretos que promulgan parcialmente leyes. en ésta no se establece ningún tipo de pena para el caso que el jefe de gabinete no cumpla. si bien esta es una tarea de unificar la actividad política del Poder Ejecutivo con el poder legislativo que le encomienda la constitución.• Nombra los empleados del Poder Ejecutivo. • Refrenda los decretos delegados. previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Presidente. • Envía al Congreso los proyectos de ley de Ministerio y de Presupuesto. la real entidad del Jefe de gabinete es muy restringida en nuestro país ya que los presidentes han delegado hasta ahora muy pocas atribuciones en ellos. es tarea de un simple mensajero.
PODER JUDICIAL En el marco del sistema republicano y la división de poderes. • El Artículo 101 lo obliga a concurrir a las sesiones del Congreso. comerciales.
2. El Artículo 114 especifica el procedimiento que debe seguir para la selección de los candidatos a ingresar a la magistratura: seleccionar por concurso público – es de suponer que será de antecedentes y de oposición – a los postulantes a las magistraturas inferiores y proponer al Ejecutivo ternas vinculantes por cada cargo que deba cubrirse. Respecto a la composición del Consejo de Magistratura La ley que lo regula el deberá dar participación a cuatro sectores:
. Este órgano tiene asignadas básicamente dos funciones: 1. a quien corresponde también en última instancia el control de constitucionalidad de las leyes. Intervenir en el proceso de designación de los magistrados judiciales.Justicia de la Nación. Importantes modificaciones introdujo en esta materia la reforma de 1994. que debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. se incorpora a la constitución una importante institución que es el Consejo de la Magistratura. Entre ellas: Consejo de la Magistratura Con la finalidad de despolitizar y despartidizar el mecanismo de selección de los jueces y fomentar el ingreso y la promoción en el escalafón según los méritos de cada candidato. buscando articular mecanismos de selección por idoneidad. La estructura y funcionamiento de este Consejo está regulada por medio de una ley especial. Ser órgano de autogobierno del Poder Judicial. esto es. administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del poder judicial como así también dictar reglamentos internos. Otra de las funciones que tiene asignada este órgano es la de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados y decidir la apertura del jury de enjuiciamiento de los magistrados.
El artículo 99 inciso 4 establece que cuando el juez cumple los 75 años requiere un nuevo acuerdo del Senado. renovable por cinco años. Estos órganos son: Poder Ejecutivo. El nuevo Artículo115 crea el Jury de enjuiciamiento de los magistrados judiciales inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Este debe elegir a los futuros jueces de una terna vinculante presentada por el Consejo de Magistratura. Representantes de los abogados de la matrícula 4. Representantes de los jueces de todas las instancias 3. Luego. que declaró la necesidad de reforma es la referida a la inamovilidad de los jueces.1. Otra modificación que se introdujo en el texto constitucional. y que es inconstitucional puesto que no estaba incluída en el texto de la ley 24309. Jury de Enjuiciamiento Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Con respecto a los miembros de la Corte Suprema se mantiene el sistema tradicional (designación por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado) pero se exige que el Senado preste acuerdo con los dos tercios de sus miembros presentes y en sesión pública. Personas del ámbito académico y científico cualquier profesor universitario. Para ser removidos se requiere un procedimiento especial. Representantes de órganos políticos resultantes de elección popular. el Senado debe prestar su acuerdo. convocada especialmente. Las causales de remoción son las mismas que las de los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. hombre de la cultura o académico aunque no sea abogado puede integrar el Consejo La modificación parcial en el sistema de designación de los jueces inferiores a la corte suprema limitando las facultades discrecionales del presidente. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Artículo 115 se remite al Artículo53 que solo menciona: 1. Mal desempeño
Para asegurar su independencia. el Ministerio Público ha sido parte del Poder Judicial pero esta situación cambia en argentina a partir de la reforma constitucional de 1994. la constitución le da facultad de administrar sus recursos presupuestarios. Crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa. investigando a posibles infractores y accionando contra ellos a través del ejercicio de la acción penal. para que ejecute las decisiones adoptadas en virtud de su autonomía funcional. en una sección aparte. La ley 24946 reglamentó este mandato constitucional otorgándole una partida independiente dentro de la ley de presupuesto. No puede imponer otro tipo de sanciones. Por autonomía funcional se entiende que este órgano no está sujeto a cumplir las reglamentaciones de otros poderes y solo debe adecuar su actuación a la ley. El artículo 120 ubicado en la Sección Cuarta del Título Primero de la Segunda Parte de la Constitución establece “el ministerio público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Tradicionalmente. Ministerio Público El Ministerio Público es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. La ubicación del artículo dentro del texto constitucional. Delito en el ejercicio de sus funciones 3. La constitucionalización de este órgano se estableció en el Pacto de Olivos que dio origen a la ley declaratoria de la necesidad de reforma. Pero además dicho artículo establece expresamente la independencia del Ministerio Público. intenta mostrar que no forma parte de ninguno de los tres poderes clásicos.2. La finalidad del enjuiciamiento por el jury es destituir al acusado. el cálculo de los recursos será
. por ejemplo inhabilitaciones. El segundo párrafo del artículo establece que el fallo será irrecurrible.
menores. Los funcionarios del Ministerio Público tienen las inmunidades funcionales y la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros de la Justicia. Ministerio Público Fiscal: que actúa en los procesos penales interponiendo las acciones por delitos de acción pública y también en los procesos civiles (comprendido los comerciales y los laborales). Defensa de los intereses de los más débiles (defensora) Para el ejercicio de estas tres funciones el Ministerio Público se divide en dos ramas: a. Ejercicio de la acción penal (fiscalizadora) 2.
. No obstante no se le otorga a sus miembros la misma inamovilidad judicial y la remoción por el mismo procedimiento que los jueces. Está compuesto por el Procurador General de la Nación – que actúa ante la Corte – y los fiscales de todos los fueros e instancias. deduciendo pretensiones en los que se halla afectado el bien común. Ministerio Público Pupilar: tiene a su cargo la defensa de los incapaces.elaborado por la cabeza de este instituto. Tutela del principio de legalidad (controladora) 3. Las funciones del ministerio público se pueden agrupar en: 1. b. desvalidos y ausentes. Está compuesto por el Defensor General de la Nación que tiene a su cargo el área de las defensores oficiales de menores e incapaces y ausentes.
lo completan un nacionalismo y dirigismo económico del Estado contra la injerencia perjudicial de los intereses de la división internacional del trabajo y una profunda convicción en el nacionalismo popular y la participación del pueblo en las decisiones de gobierno. Y al hacerlo puede enumerar una serie de artículos que si bien se encuentran en nuestra ley suprema todavía no fueron reglamentados. Vanossi Hay que analizar cada uno de los art. que plantea la creencia en un sistema moral objetivo que oficia como un reparo de la libertad real del hombre. estamos de acuerdo con algunos pequeños cambios. y verificando diversos textos. La constitución Argentina fue reformada en 1860 para permitir la incorporación de Buenos Aires a la unidad Nacional. después de realizando una mínima comparación. 38 Ya que la reforma realizada en 1994 tuvo como principal objetivo constitucionalizar la reelección.Conclusión : Al realizar la conclusión. y además. cumple más requisitos necesarios para el bien
. se irá forjando en una corriente del teísmo metafísico religioso.N de 1949. y peor ahun se encuentran con demasiadas contradicciones. etc. llegamos a la conclusión que Estamos de acuerdo con el pensamiento de los Dres Jorge Reinaldo Vanossi y Dr. deducimos que la C. ya que. fortalecer el federalismo. Art. En 1866 para nacionalizar las aduanas en forma definitiva. Según el Dr. Este planteo lo lleva a una concepción realista del Estado. A dicho esquema. Respecto de la reforma de 1994 pero común de la Nación. Sampay. que en su acción concreta pone el bien común sobre el egoísmo del individuo. Esto es una breve reseña a la cual nos adherimos. dicho pensamiento quedará expresado en la Constitución de 1949. y para permitir que. atenuar la figura del primer mandatario mediante la creación de otros cargos públicos (Jefe de ministros). En 1898 para llevar a 8 el número de ministros del Poder Ejecutivo Nacional (exigencia suprimida en 1994).
albertomontbrun. La Constitución Argentina volvió a ser reformada en 1957 -sin intervención del Congreso. En 1949 para instalar una virtual nueva Constitución de carácter social La reforma de 1949 fue dejada sin efecto por el decreto 229 de 1956. Y en 1994 para permitir la reelección del Presidente.para incorporar los derechos sociales del trabajador a través del artículo 14 bis. al mismo tiempo. en razón de no haberse cumplido con la exigencia constitucional de que la necesidad de reforma sea declarada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso.pdf) “Las implicancias de la Reforma Constitucional de 1994” (http://faculty. durante un gobierno de facto y hallándose proscrito el Peronismo. el Congreso ajustara la representación del pueblo en la Cámara de diputados. Estos actos serán insanablemente nulos…” (Artículo 36).PDF) “Manual de la Constitución Argentina”. pero.ar/tommasi/cedi/dts/dt21. Miguel Ángel Ekmekdjian. “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.cada censo.
FUENTES “Apuntes sobre la Reforma Constitucional de 1994” (http://www.
.ar/archivos/reforma_constitucional_de_1994.edu.udesa. para fortalecer el federalismo e incrementar la participación de la sociedad en la defensa de sus derechos.com.
Manual Bidart Campos Fallo de la Corte del 6 de Agosto de 1985 en el caso Competencia N° 366. Tomo III”.“Suplemento de jurisprudencia penal y procesal penal de La Ley.
. Instancia Civil y Comercial de Salta al Juez de Minas y Paz Letrada de Catamarca. 29 de julio de 2005” “Manual de la Constitución Reformada. juez int. De 1ra.
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