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Timestamp: 2020-07-10 13:06:31
Document Index: 196842309

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 39', 'artículo 95', 'artículo 228', 'artículo 14', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 50', 'artículo 228', 'artículo 95', 'artículo 46', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 46']

Registro Oficial. 8 de ENERO del 2007 Suplemento
Lunes, 8 de enero de 2007 - R. O. No. 432
427 MEF-2006 Delégase al economista Wilson Torres, para que represente al señor Ministro en la reunión de la Comisión Nacional de Conectividad.
0642-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo propuesta por el doctor Rodrigo Serrano Bravo, procurador judicial de la señora María Olga Heras Castro.
0740-2005-RA Revócase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional solicitado por Luz Guadalupe Cárdenas Chauca.
0096-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo solicitada por Ernesto Billy Pazos Navarro, representante de Importadora Pazos S. A., IMPOR-PASA.
0113-05-RA Revócase la resolución de mayoría pronunciada por el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo No.4 y concédese parcialmente el amparo solicitado por Zuyi Elizabet Loor Cedeño y otra.
0296-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por la ciudadana Ligia Margarita Arias Peña.
0314-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia, déjase sin efecto la sanción impuesta al señor Jacinto Francisco Pincay Burgos y dispónese la devolución de la remuneración no pagada.
0342-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Edison Marcelo Cerón Pazmiño.
0393-2005-RA Confírmase la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso-Administrativo y niégase el amparo constitucional propuesto por OTECEL S. A.
0449-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Jhony Ignacio Cedeño Vargas, por improcedente.
0452-2005-RA Confírmase la decisión del Juez Undécimo de lo Civil del Cañar y concédese el amparo solicitado por María Adela Huerta Vizñay.
0489-2005-RA Confírmase la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca y concédese el amparo solicitado por Vicente Roberto Ambrossi Robles y otro.
0529-2005-RA Revócase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Byron Leonel Barragán Lozano.
0541-2005-RA Revócase la decisión del Juez de instancia e inadmítese la acción planteada por el doctor Luis Villalva Soria.
0548-2005-RA Confírmase la decisión del Juezde instancia e inadmítese el amparo solicitado por el señor Luis Antoliano Aldáz León.
0562-2005-RA Confírmase la decisión del Juez Cuarto de lo Civil de Los Ríos y concédese parcialmente el amparo solicitado por la ingeniera Petra Rosa López Tarira.
0635-2005-RA Confírmase la resolución adoptada por el Juez de instancia y deniégase el amparo solicitado por Sebastián Paucar Lema y otras.
0641-2005-RA Dispónese estar a la Resolución Nº 068-2005-RA de 19 de julio del 2006, en la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Rigoberto Tola Barros.
0678-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Grey Zitha Hidalgo Quiroz.
0686-05-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Robert Kenyon, por los derechos que representa de la Compañía NAVIPAC S. A. y otros.
0690-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional solicitado por el señor Washington Oswaldo Rosales Angulo y otros, por improcedente.
0703-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el Cbos. de la P. N. S. P. Edgar Hernán Ortiz Ortiz.
0716-2005-RA Revócase la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Cuenca y concédese el amparo solicitado por José Rogelio Curipoma Mejicano.
0751-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Oscar Eugenio Sánchez Vargas y otros.
0861-2005-RA Revócase la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 3 y niégase el amparo solicitado por el señor Jorge Raúl Ochoa Tello y otra.
0893-2005-RA Revócase la decisión del Juez Cuarto de lo Civil de Los Ríos y concédese el amparo solicitado por José Francisco Guzmán Segovia.
0945-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese parcialmente la acción de amparo constitucional propuesta por el Cabo Primero de Policía Rodrigo Alí Demera Pincay.
0948-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0949-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0951-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0953-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0012-06-RS Acéptase el recurso de apelación propuesto por el ciudadano Byron Rolando Cornejo Coba.
0013-06-RS Recházase el recurso de apelación propuesto por la ciudadana Raquel Alicia Lozano Fernández.
0014-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
014-2006-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad planteada por Raúl Giraldo León Santos.
0019-2006-HD Revócase la resolución adoptada por el Juez de instancia y concédese parcialmente el recurso de hábeas data propuesto por Juan Arturo Muñoz Aroca.
050-2006-RA Confírmase la decisión del Juez Segundo de lo Civil de Cotopaxi y niégase el amparo solicitado por Segundo Alonso Moscoso Jácome.
0076-06-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por el doctor Alfredo Calderón C.
0082-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0272-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0368-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0454-2006-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Alejandro Ponce Martínez.
0657-2006-RA Inadmítese la acción de amparo presentada por Verónica Alexandra Constante Yugcha.
0502-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor César Eduardo Gallardo.
0705-2005-RA Confírmase la resolución del Juez inferior y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Hernán Oswaldo Pantoja Ubidia y otro.
0776-2006-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Segundo Feliciano Paltán Ramírez.
No.\n 427 MEF - 2006
EL MINISTRO DE\n ECONOMIA Y FINANZAS
ARTICULO UNICO.- Delegar al economista\n Wilson Torres, funcionario de la Subsecretaría de Política\n Económica de esta Secretaría de Estado, para que\n me represente en la reunión de la Comisión Nacional\n de Conectividad, a realizarse el jueves 21 de diciembre del 2006.
Comuníquese.- Quito, Distrito\n Metropolitano, 20 de diciembre del 2006.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.-\n Certifico es fiel copia del documento original que reposa en\n el Archivo de la Secretaría General.- f.) Marco A. Guerrero\n N., Líder del Archivo General.
No.\n 0642-2005-RA
En el caso signado\n con el No. 0642-2005-RA
ANTECEDENTES: El doctor Rodrigo\n Serrano Bravo, en su calidad de procurador judicial de la señora\n María Olga Heras Castro, comparece ante el Juzgado Primero\n de lo Penal del Cañar y deduce acción de amparo\n constitucional en contra de los señores Alcalde, Procurador\n Síndico y Comisario Municipal del Municipio de Azogues,\n en la cual impugna el acto administrativo contenido en la Resolución\n de 15 de junio del 2005. Manifiesta en lo principal, lo siguiente:
Que los señores Segundo\n Roberto González y Olga Orellana acudieron ante el Comisario\n Municipal de Azogues, indicando que la señora María\n Olga Heras Castro, ha procedido a cercar el ingreso y la salida\n de las personas que habitan en el sector, la que pasa sobre el\n canal de riego de la comunidad de Bolivia Chabay de la parroquia\n Charasol, por lo que solicitaban la suspensión de esta\n obra y el derrocamiento de lo ya construido.
Que en la contestación,\n su poderdante pidió se califique de temeraria y maliciosa\n la solicitud, señalando que en el Juzgado Cuarto de lo\n Civil de Azogues, se tramita una demanda de restablecimiento\n de servidumbre, presentada por los mismos actores, por lo que\n no se podía tramitar dos procesos por iguales hechos,\n para lo cual anexó las escrituras públicas que\n demostraban que su predio no soportaba servidumbre alguna.
Que el Comisario se ha inhibido\n del conocimiento de la causa, acción que recibió\n apelación ante el Alcalde, autoridad que aceptó\n la misma y ordenó devolver el expediente al Comisario\n Municipal para que se continúe con el trámite.
Que el Comisario Municipal, el\n 15 de junio del 2005, dicta la Resolución en la que declara\n con lugar el juzgamiento contravencional instaurado en contra\n de su poderdante, por haber procedido a cercar con dos postes\n de madera y alambres de púas, sobre el canal en la parte\n posterior del predio, sin respetar el área de protección\n del permiso de línea de fábrica y el permiso de\n construcciones menores, lo que fue apelado por la señora\n Heras Castro, siendo desechado el recurso por parte del Alcalde,\n sin dar cumplimiento a lo que señala el párrafo\n segundo del artículo 73 del Código de Procedimiento\n Civil, autoridad que dispone se devuelva el proceso al Juez Aquo\n para que ejecute la sentencia y se llama la atención al\n Comisario por conceder una apelación en contra de lo establecido\n en el artículo 39 de la Codificación de las Ordenanzas\n para el control de las edificaciones en el cantón Azogues.
Que se han violentado los artículos\n 23 numerales 3 y 27; 24 numerales 1, 10, 13 y 16 de la Constitución\n Política del Estado; 117, 273, 276, 282, 828, 871, 1031,\n 1776 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 81,\n 90, 97 y más pertinentes de la Ley de Aguas en relación\n con los artículos 1, 13, 20 literal b) del Reglamento\n General para la aplicación de la Ley de Aguas.
Por lo expuesto, solicita se\n declare con lugar la presente demanda y se disponga se suspenda\n inmediatamente lo dispuesto por el Comisario Municipal en su\n Resolución de 15 de junio del 2005.
En la audiencia pública\n el actor se ratificó en los fundamentos de hecho y de\n derecho de la demanda.
El abogado defensor de los demandados\n negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de\n derecho esgrimidos por el accionante en el recurso planteado.\n Que la Comisaría Municipal mediante el proceso contravencional\n No. 12-2005, procedió a tramitar una denuncia presentada\n por el señor Segundo Roberto González en contra\n de la señora María Olga Heras Castro, dando cumplimiento\n a lo establecido en la Codificación de la Ordenanza para\n el Control de las Edificaciones en el cantón Azogues y\n en su reforma, Ordenanza que se encuentra en directa relación\n con lo que establece el Código Penal y el Código\n de Procedimiento Penal. Que la acción planteada no reúne\n los presupuestos señalados en la Constitución Política\n de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del\n Control Constitucional y la resolución de la Corte Suprema\n de Justicia. Que el acto impugnado es legítimo pues ha\n sido emitido por un órgano competente y con los requisitos\n y solemnidades de fondo y de forma. Que el actor debió\n acudir ante el Concejo Municipal, como lo prescribe la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, agotado este recurso, pudo presentar\n su reclamo ante el Consejo Provincial del Cañar y por\n último ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Que\n el recurso de apelación presentado por la señora\n Heras Castro, no cumplía con los presupuestos legales\n establecidos en la codificación de la Ordenanza para el\n Control de Edificaciones en el cantón Azogues, en razón\n a que, a esa instancia se deben interponer apelaciones a las\n sentencias que emita el Comisario Municipal sobre sanciones pecuniarias\n y sobre las resoluciones de la Comisaría Municipal referentes\n a demoliciones tiene otro efecto y otro trámite, lo que\n no ha sido observado por la parte actora. Por lo expuesto solicitó\n se deseche el amparo planteado.
El Juez Primero de lo Penal del\n Cañar resolvió negar el recurso de amparo constitucional\n propuesto, en consideración a que las autoridades han\n actuado ciñéndose a las normas legales pertinentes,
TERCERO.- Que, la acción\n de amparo constitucional de acuerdo con lo establecido en el\n artículo 95 de la Constitución y el artículo\n 46 de la Ley Orgánica del Control Constitucional, procede\n cuando coexisten los siguientes elementos: a) Acto ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que ese\n acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamental\n o los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás\n instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.
CUARTO.-: El acto proveniente\n de la autoridad pública es ilegítimo cuando se\n lo ha expedido sin tener competencia para ello, o sin observar\n el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico,\n o es contrario a dicho ordenamiento, o es sin fundamento o sin\n la suficiente motivación.
QUINTO.- En el caso, se impugna\n las resoluciones dictadas por el doctor Omar Riera Macías,\n Comisario Municipal del Cantón Azogues de fecha 15 de\n junio del 2005 y la del doctor Víctor Molina Encalada,\n Alcalde de Azogues, de 29 de julio del 2005. Examinadas las resoluciones\n indicadas se determina que entre la una y la otra existe relación,\n y así, mientras en la primera, el Comisario ordena que\n la señora María Olga Heras Castro retire los dos\n postes de madera y el alambre de púas que está\n sobre el canal; en la otra, el Alcalde de Azogues desecha el\n recurso de apelación que fue interpuesto por la señora\n Heras Castro a través de su abogado patrocinador. Son,\n en definitiva, Resoluciones que versan sobre la misma materia.
SEXTO.- Que, la Constitución\n establece a los municipios como organismos del régimen\n seccional autónomo, organismos que se caracterizan por\n su plena autonomía de conformidad con lo manifestado en\n el artículo 228 de la Constitución. Autonomía\n que implica que ninguna otra función del Estado o autoridad\n extraña a la municipalidad podrá interferir en\n los asuntos de su competencia, estando obligados los organismos\n del Estado a respetar y a hacer respetar la autonomía\n de que gozan los municipios, de conformidad con lo establecido\n en los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de\n Régimen Municipal.
Dicha autonomía se concreta\n y desarrolla en las materias y facultades otorgadas por la ley\n a los municipios, así, de conformidad con lo establecido\n en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, son funciones primordiales de los municipios: la reglamentación\n de los espacios públicos, el control de construcciones,\n planificación del desarrollo cantonal, etc.
La organización municipal\n está dotada del poder de policía (justicia administrativa\n municipal) para hacer cumplir su reglamentación en forma\n efectiva, dicha facultad esta desarrollada en el artículo\n 154 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, disposición\n que en forma explícita indica que en materia de justicia\n y policía a la administración municipal le corresponde\n hacer cumplir sus ordenanzas y reglamentos, siendo el Comisario\n Municipal el competente para aplicar las sanciones que correspondan\n por las infracciones cometidas en contra de la normativa municipal.
SÉPTIMO.- Que, en el caso\n concreto, el Comisario Municipal de Ornato del Cantón\n Azogues, al tenor del artículo 35 de la CODIFICACION DE\n LA ORDENANZA PARA EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES EN EL CANTON\n AZOGUES en concordancia con el artículo 38 Ibiden, tiene\n competencia para sustanciar y resolver los procesos que hacen\n relación a las infracciones establecidas en la Ley y la\n indicada Ordenanza, con lo cual, la resolución impugnada\n se halla dictada de conformidad con la normativa enunciada, en\n ejercicio de la facultad de los municipios de controlar las construcciones\n que se realicen en su jurisdicción; siendo que la autoridad\n municipal ha dispuesto el retiro de los postes construidos por\n el accionante en razón de que los mismos no respetaban\n el margen de protección del canal de riego que cruzan\n y no cuentan con permisos municipales, según consta en\n el informe DPU-SE-044-05, que es acogido por el Comisario Municipal,\n por lo cual, la decisión del Comisario Municipal es legítima.
OCTAVO.- Que, la accionante considera\n que existe litis pendencia que impedía que el señor\n Comisario Municipal conociese de la denuncia propuesta por Segundo\n González y Olga Orellana, pues, los mismos tienen propuesto\n ante el Juez Cuarto de lo Civil del Cañar un juicio para\n el restablecimiento de la servidumbre de paso que dicen existe\n a favor de su predio, vecino al de la accionante, y cuyo trayecto\n de paso es precisamente en el que se colocó los postes\n y el alambre de púas que les impide el paso.
Ante este argumento de la accionante,\n se considera que no existe tal litis pendencia, pues, la Resolución\n del Comisario Municipal se refiere al incumplimiento de la accionante\n en relación a la obligación que tenía de\n solicitar permisos municipales para la colocación de los\n postes y el alambre de púas, sin respetar los márgenes\n de protección sobre el canal que cruza. En tanto que,\n la acción para el restablecimiento de servidumbre se refiere\n a un asunto de naturaleza civil sin relación directa con\n el litigio sustanciado ante el comisario municipal, pues la denuncia\n ante el Comisario Municipal hace relación a si la construcción\n realizada se encuentra conforme con la normativa municipal, en\n tanto que, la acción ante la jurisdicción civil\n hace relación al derecho que podrían tener los\n señores Segundo González y Olga Orellana para transitar\n por el predio de la accionante, asunto que no tiene relación\n con la resolución del Comisario Municipal, ya que la eventual\n existencia de un derecho de servidumbre de tránsito a\n favor de los señores Segundo González y Olga Orellana,\n no cambia el hecho de que la cerca construida por la accionante\n carecía de permisos de construcción y no respetaba\n el margen de protección que debía mantener con\n respecto al canal que pasa por dicha propiedad. Por lo cual,\n la resolución impugnada es legítima y no vulnera\n ninguno de los derechos constitucionales de la accionante.
1.- Confirmar la resolución\n del Juez de instancia constitucional; y, en consecuencia, negar\n la acción de amparo propuesta por el doctor Rodrigo Serrano\n Bravo, en su calidad de procurador judicial de la señora\n María Olga Heras Castro.
2.- Devolver el expediente al\n Juzgado de Origen para los fines consiguientes.
3.- Notificar a las partes y\n publicar en el Registro Oficial.
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal\n Constitucional con seis votos a favor (unanimidad) correspondientes\n a los doctores Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Tarquino\n Orellana Serrano, Carlos Soria Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo\n y Santiago Velázquez Coello; sin contar con la presencia\n de los doctores Jorge Alvear Macías, José García\n Falconí y Manuel Viteri Olvera, en sesión del día\n martes doce de diciembre de dos mil seis.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es\n fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- Quito,\n 21 de diciembre del 2006.- f.) El Secretario General.
No. 0740-2005-RA
En el caso signado\n con el No. 0740-05-RA
ANTECEDENTES: La señora\n Luz Guadalupe Cárdenas Chauca, comparece ante el Juez\n Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha y deduce acción\n de amparo constitucional en contra de los señores Alcalde\n y Procurador Síndico del Distrito Metropolitano de Quito\n y Director Metropolitano de Comercialización del Municipio,\n en la cual solicita se deje sin efecto lo resuelto por el Comité\n de Adjudicación de Puestos de Mercados, en sesiones de\n junio 13 y 8 de julio del 2005. Manifiesta en lo principal lo\n siguiente:
Que desde hace más de\n veinte años, su familia ha sido usuaria del puesto de\n trabajo No. 242 en el Mercado Municipal de Andalucía,\n tiempo en el cual han laborado en forma ininterrumpida, dedicados\n a la reparación de electrodomésticos.
Que el 15 de junio del 2005,\n mediante oficio 0000860-UC, el Director Metropolitano de Comercialización\n le comunica que "... El Comité de Adjudicación\n de Puestos de Mercados en sesión realizada el 13 de junio\n del 2005, resolvió la terminación del convenio\n de concesión con usted como usuaria del puesto No. 242,\n del mercado de Andalucía. La razón: haber infringido\n el Art. II 294 y encontrarse en las causales establecidas en\n el Art. II 298 de la Sección II del Código Municipal\n en vigencia."
Que solicitó la reconsideración\n al Director Metropolitano de Comercialización, en la que\n pone en conocimiento de la autoridad que el local no lo puede\n abrir desde las 08h00 como lo establece el Código Municipal,\n en razón de que su esposo realiza trabajos de reparación\n de electrodomésticos a domicilio y que últimamente\n por una calamidad doméstica, el local lo abre a partir\n de las 10h00 u 11h00, todos los días.
Que mediante notificación\n del 18 de julio del 2005, constante en oficio 0001052-UC, el\n Director Metropolitano de Comercialización, le comunica\n que el Comité de Adjudicación de Puestos de Mercados,\n en sesión de 8 de julio del 2005, conoció el pedido\n de dejar sin efecto la terminación del convenio de concesión,\n resolviendo ratificar la terminación del mismo, por haber\n infringido los artículos II 294 y II 298 del Código\n Municipal y se le concede el plazo hasta el 21 de julio del 2005,\n caso contrario procederían con el desalojo del puesto\n a través de la Comisaría Metropolitana.
Que la decisión tomada\n lesiona sus derechos constitucionales, por lo que pide se tome\n en cuenta la Resolución No. 1 de la Corte Suprema de Justicia,\n referente a la interpretación del amparo constitucional.
Que desde hace once meses el\n Municipio no ha cobrado el canon de arrendamiento a ninguno de\n los socios, pero que se encuentra al día en los pagos\n a los guardias.
Que se ha violentado los artículos\n 23 numerales 3, 17 y 20 de la Constitución Política\n del Estado.
Que fundamentada en los artículos\n 95 de la Constitución y 46 de la Ley Orgánica del\n Control Constitucional, solicita se deje sin efecto lo resuelto\n por el Comité de Adjudicación de Puestos de Mercados,\n en sesiones de junio 13 y 8 de julio del 2005, comunicado mediante\n oficios Nos. 0000860-UC y 0001051-UC y se le permita seguir trabajando\n en forma regular.
En la audiencia pública\n el abogado defensor de la actora, ofreciendo poder o ratificación,\n se reafirma en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
El abogado defensor del Alcalde\n y Procurador Síndico del Distrito Metropolitano, ofreciendo\n poder o ratificación, manifestó que la vía\n de impugnación a los actos administrativos emitidos por\n el Director Metropolitano de Comercialización es el Alcalde\n y en la vía judicial el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo. Que el artículo 50 numeral 6 del Reglamento\n para trámites de expedientes en el Tribunal Constitucional,\n establece que no procede la acción de amparo y por tanto\n deberá ser inadmitida respecto de actos de naturaleza\n contractual o bilateral. Que al tratarse de un mercado municipal,\n la relación entre los usuarios permanentes de los puestos\n y el Municipio se rige por un convenio de concesión. Que\n la demanda presentada no reúne los presupuestos establecidos\n en los artículos 95 de la Constitución y 46 de\n la Ley Orgánica del Control Constitucional. Que la autoridad\n municipal ha actuado bajo el amparo de la facultad que le otorga\n el artículo 228 de la Constitución Política\n y su propia legislación estipulada en el Código\n Municipal y en la Ley Orgánica del Distrito Metropolitano\n de Quito. Que el Director Metropolitano de Comercialización\n ha ejercido las facultades que le conceden los artículos\n 15 numeral 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;\n el Libro Segundo, Título IV, artículos II.284,\n II.285, II.294; II.298 del Código Municipal, por lo que\n no se ha producido acto ilegítimo alguno por parte de\n la autoridad. Por lo expuesto solicitó no se conceda la\n improcedente acción de amparo constitucional planteada.
El abogado defensor del Director\n de Comercialización del Distrito Metropolitano de Quito,\n ofreciendo poder o ratificación, expresó que la\n recurrente en su demanda manifiesta que no atiende personalmente\n el local y que se halla además en mora del pago de más\n de once cuotas mensuales, lo cual determina incumplimiento de\n sus obligaciones como adjudicataria de un puesto en el Mercado.\n Que el local no lo ocupa para el expendio de alimentos o mercaderías,\n para lo cual está destinado el mercado, pero por excepción\n se le ha permitido trabajar en otros fines, a condición\n que lo haga personalmente y cumpla con las normas del Código\n Municipal. Que de acuerdo al informe presentado por el Administrador\n del Mercado Andalucía, el local permanece cerrado por\n más de quince días seguidos, por lo que se ha convertido\n en un basurero, pues al no haber quien realice la limpieza diaria\n de la parte frontal del local, constituye un foco de infección,\n lo cual repercute en el ornato y buena imagen del mercado. Que\n mediante memorando No. 00113 el Comité de Adjudicaciones\n le concede plazo hasta el 3 de marzo del 2005, para que regularice\n su asistencia, advirtiéndole que de no acatar esta disposición,\n el puesto será declarado vacante. Que pese a la advertencia,\n la usuaria ha hecho caso omiso de la misma, por lo cual de conformidad\n con el artículo II.298 literales a), l) y n), el Comité\n de Adjudicación de Puestos en Mercados, procedió\n conforme a derecho en la terminación del Convenio de Concesión.\n Que no se ha podido realizar la inspección del puesto,\n en razón a que la mayor parte de los días permanece\n cerrado. Que en las pocas veces que está abierto el local,\n no cumple con la obligación de mantener visibles los precios\n al público. Que la recurrente dentro del término\n legal apela, por lo que está pendiente de resolución,\n razón por la que no procede el presente recurso, el que\n solicita sea desechado por improcedente.
La abogada defensora del Procurador\n General del Estado, ofreciendo poder o ratificación, realizó\n su intervención en la audiencia pública.
El Juez Vigésimo Tercero\n de lo Civil de Pichincha resolvió negar la acción\n de amparo constitucional planteada, en consideración a\n que no se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia\n del amparo constitucional al tenor del artículo 95 de\n la Constitución Política y artículo 46 y\n siguientes de la Ley Orgánica del Control Constitucional.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad\n con lo que disponen los artículos 95 y 276, numeral 3,\n de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en\n el artículo 62 de la Ley Orgánica del Control Constitucional.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad\n sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de\n la causa, por lo que se declara su validez.
TERCERO.- La acción de\n amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art.\n 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar\n traducido en objetivos de protección destinados a cesar,\n evitar la comisión o remediar las consecuencias de un\n acto u omisión ilegítima que viole derechos constitucionales\n protegidos, por lo que es condición sustancial de esta\n acción analizar la conducta impugnada de la autoridad\n y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la\n protección de los derechos constitucionales vulnerados,\n cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la\n tutela constitucional efectiva que la acción de amparo\n garantiza. En este sentido es de valor sustantivo y condición\n de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad\n en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad\n efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía\n de los derechos constitucionales violentados.
CUARTO.- Que el acto reputado\n como ilegítimo es el constante del Oficio Nro. 0000860\n UC del Director Metropolitano de Comercialización, por\n el cual se da por terminado el convenio de concesión "por\n haber infringido el Art. II.294 y encontrase en los causales\n establecidos en el Art. II.298 de la Sección II del Código\n Municipal en vigencia", disposición que ha sido impugnada\n ante el Comité de Adjudicación de Puestos de Mercados\n que en sesión de fecha 8 de julio del 2005 resolvió\n ratificar la indicada resolución. El fundamento sustancial\n de la impugnación se constriñe a señalar\n falta e insuficiencia en la motivación de la resolución\n adoptada, sin que se cuestione la competencia de la Autoridad\n de la cual se origina el acto, el procedimiento seguido para\n adoptar la resolución y sin que tampoco se niegue la comisión\n de faltas en la prestación del servicio en el puesto concesionado.\n Por tanto es de principal importancia centrar nuestro análisis\n en esta alegación de la demandante.
QUINTO: La norma constitucional,\n Art. 24, número 13, hace de la motivación un elemento\n integrante de toda resolución administrativa por la que\n todo acto de potestad debe cumplir esta condición que\n no se limita a la sola invocación abstracta de normas\n sino a la lógica o coherente vinculación entre\n las normas y el hecho o los hechos que son pertinentes a tales\n normas. Por tanto, la motivación es no sólo elemento\n formal en tanto requisito obligatorio de toda manifestación\n administrativa, sino elemento sustancial y de contenido expreso\n que da cuenta del mérito y la oportunidad de la resolución\n que se adopta, que por lo tanto, permite el conocimiento del\n administrado no sólo de las razones jurídicas atinentes\n a las competencias de la autoridad sino también de aquellas\n que en orden al interés público, a su conveniencia\n son propias de ser adoptadas; por lo que entonces, de acuerdo\n al mandato constitucional, la administración en todas\n su manifestaciones debe objetivar, expresar de modo sustantivo\n la razón y razones concretas de la facultad legal, abstracta\n de la autoridad contenida en la Ley y los Reglamentos. Por la\n motivación se garantiza el conocimiento del administrado\n de la actuación de la administración y por ella\n se faculta la tutela y control de las actuaciones administrativas.
SEXTO: De las constancias procesales,\n se cuenta en este trámite solamente con la demanda, cuyas\n aseveraciones, efectivamente hacen referencia a reconocimientos\n por parte de la accionante de faltas e incumplimientos. La autoridad,\n de su parte, niega que la resolución carezca de motivación\n e incluso afirma, sin que se rearguya dicha afirmación,\n de que, la accionante fue advertida del cumplimiento de sus obligaciones\n las que no fueron acatadas. Sin embargo, no ha llegado a nuestro\n conocimiento el expediente administrativo que fundamenta y sustenta\n la resolución impugnada, resolución que señala\n las normas supuestamente infringidas pero que no establece la\n coherencia, la pertinencia, la vinculación que los hechos\n ocurridos, debidamente comprobados en un expediente administrativo,\n guarden relación con tal invocación, lo cual se\n traduce en una deficiencia e incumplimiento de las normas del\n debido proceso por lo que, efectivamente se demuestra que no\n se han cumplido las normas del debido proceso, por lo que, en\n consecuencia, la resolución impugnada es una resolución\n insuficiente en el orden formal y el sustantivo por carecer de\n la expresión concreta, coherente, lógica del mérito\n y oportunidad de la decisión, faltando a la obligación\n constitucional constante del Art. 24 numeral 13 de la Constitución\n de la República.
SÉPTIMO.- Por lo analizado,\n toda vez que la deficiencia analizada torna ilegítima\n la manifestación de la autoridad lo cual desde luego se\n traduce en afectaciones graves en contra del administrado que\n por esta morosa y mezquina forma de expresar la voluntad administrativa\n impide el ejercicio de su derecho a la defensa y por tanto impide\n también la tutela a la que tiene derecho el administrado,\n cuanto más que la Autoridad al ejercer su defensa no prueba\n sus aseveraciones ni pone en conocimiento del Juez Constitucional,\n como es su obligación, del expediente administrativo base\n de su resolución.
1.- Revocar lo resuelto en primer\n nivel y, consecuentemente, se concede el amparo constitucional\n solicitado por Luz Guadalupe Cárdenas Chauca, suspendiendo\n los efectos de los actos impugnados en su demanda;
2.- Dejar a salvo los derechos\n y obligaciones municipales en el marco de las disposiciones legales\n pertinentes, y el respeto al debido proceso cumpla con su función;\n y,
3.- Devolver el expediente al\n juez de origen.
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal\n Constitucional con cinco votos a favor correspondientes a los\n doctores Jacinto Loaiza Mateus, Tarquino Orellana Serrano, Carlos\n Soria Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo y Santiago Velázquez\n Coello y uno voto salvado del doctor Juan Montalvo Malo; sin\n contar con la presencia de los doctores Jorge Alvear Macías,\n José García Falconí y Manuel Viteri Olvera,\n en sesión del día martes doce de diciembre de dos\n mil seis.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR JUAN\n MONTALVO MALO, EN EL CASO SIGNADO CON EL Nro. 0740-2005-RA.
Quito D. M., diciembre 12 de\n 2006.
Con los antecedentes constantes\n en la resolución adoptada, me separo de la misma por las\n siguientes consideraciones:
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad\n con lo que disponen los artículos 95 y 276, numeral 3,\n de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en\n el artículo 62 de la Ley Orgánica del Control Constitucional.
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad\n sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de\n la causa, por lo que se declara su validez.
TERCERA.- Que, la acción\n de amparo constitucional de acuerdo con lo establecido en el\n artículo 95 de la Constitución y el artículo\n 46 de la Ley Orgánica del Control Constitucional, procede\n cuando coexisten los siguientes elementos: a) Acto ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que ese\n acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamental\n o los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás\n instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.
CUARTA.- Que, el acto que impugna\n la accionante es el que contiene el Oficio Nro. 0000860 UC suscrito\n por el Director Metropolitano de Comercialización, en\n el cual se da por terminado el convenio de concesión "por\n haber infringido el artículo II.294 y encontrarse en los\n causales establecidos en el Art. II.298 de la Sección\n II del Código Municipal en vigencia", disposición\n que ha sido impugnada ante el Comité de Adjudicación\n de Puestos de Mercados, que en sesión de fecha 8 de julio\n del 2005 resolvió ratificar la indicada Resolución.
QUINTA.- Que, la accionante incumple\n con las obligaciones del usuario establecidas en el artículo\n II. 294 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano\n de Quito, los literales c) Mantener el puesto asignado bien aseado,\n cumpliendo las disposiciones de esta Sección, las normas\n de control sanitario y las disposiciones emanadas de la unidad\n administrativa encargada del área de mercados y de la\n administración del mercado respectivo; d) Permanecer al\n frente de su puesto durante el horario establecido para el mercado.\n Así lo afirma claramente la accionante en su demanda,\n al decir que "si bien es cierto no tengo el local abierto\n desde las 8h00 de la mañana como lo establece el Código\n Municipal,.". Por lo que al no abrirlo a la hora determinada\n por la ley, el local se ha convertido en un urinario ya que no\n hay quien realice la limpieza diaria de la parte frontal. Además,\n la accionante no ha realizado los pagos respectivos para poder\n usar el local, se encuentra en mora de once cuotas, así\n que también incumple con el literal a).
SEXTA.- Que, el artículo\n II. 297 del Código Municipal del Distrito Metropolitano\n de Quito determina que "El convenio de concesión\n se entiende celebrado únicamente con el usuario. En consecuencia,\n queda terminantemente prohibido ceder, donar, vender o arrendar\n el puesto recibido a otra persona. La violación de esta\n prohibición será causal de terminación automática\n del convenio de concesión. Se considera que el usuario\n ha traspasado el puesto asignado cuando deja de atenderlo personalmente\n por un período de quince días consecutivos. En\n caso de enfermedad o cualquier otra incapacidad física,\n deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo\n II.301. La presencia ocasional del usuario en el puesto no desvirtúa\n la anterior presunción". En el caso, la accionante\n incumple también con esta norma legal, ya que no ha justificado\n su ausencia y su cónyuge ha sido quien atiende el local.
SÉPTIMA.- Que, del análisis\n realizado se desprende que la relación que une a la accionante\n con la autoridad municipal, es de carácter contractual\n o bilateral, pues mediaba entre ellas un convenio de concesión\n para ocupar el local No. 242 en el Mercado Andalucía,\n en calidad de usuaria o concesionaria. De acuerdo con el artículo\n 50 numeral 6 del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional, no procede la acción de\n amparo respecto de actos de naturaleza contractual o bilateral.
Por las consideraciones expuestas\n se debe:
1) Revocar la Resolución\n venida en grado; y, en consecuencia, inadmitir por improcedente\n la acción de amparo constitucional solicitada por la señora\n Luz Guadalupe Cárdenas Chauca.
2) Devolver el expediente al\n Juzgado de Origen para los fines pertinentes.
f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es\n fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- Quito,\n 28 de diciembre del 2006.- f.) El Secretario General.
No. 0096-2005-RA
Magistrado ponente:\n Dr. José García Falconí
LA SEGUNDA SALA\n DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado\n con el No. 0096 -2005-RA
ERNESTO BILLY PAZOS NAVARRO,\n por los derechos que representa en Importadora Pazos S.A., IMPORPASA,\n comparece ante el Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil\n de Guayaquil y fundamentado en el artículo 95 de la Constitución\n Política del Estado, en concordancia con lo dispuesto\n en el artículo 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional,\n interpone acción de amparo constitucional en contra de\n la Abogada Cecilia Zurita Toledo, Jueza de Coactiva de Filanbanco\n S.A., en liquidación.
Manifiesta el accionante que,\n por diversas operaciones de crédito que tuvieron como\n fin la importación de mil transformadores, se convirtieron\n en deudores del entonces Filanbanco S.A. Que, en épocas\n anteriores, para el mismo fin habrían obtenido préstamos,\n que eran pagados luego de la desaduanización con la venta\n de los bienes. Que en la última operación esto\n no pudo repetirse, en razón de que Filanbanco S.A., pidió\n que se los almacenara en Almacenera Guayaquil S.A., Almaquil,\n de donde desaparecieron doscientos transformadores sin que Almaquil\n o Filanbanco en liquidación respondan.
Posteriormente Filanbanco S.A.,\n entró en liquidación al producirse su quiebra,\n no pudiendo realizarse la desaduanización de los transformadores,\n así como tampoco su comercialización, por lo que\n el crédito que se obtuvo fue presa de los grandes intereses\n que generaron. Durante este tiempo de deuda, se presentaron solicitudes\n de reestructuración de la deuda, aumentando las garantías\n prendarias y reales, a las que nunca se les dio una respuesta\n en firme, fundamentalmente por el liquidador del Banco.
Que con los antecedentes expuestos,\n se inicia el Juicio Coactivo No. TA-B-4-2003-027, dentro del\n cual se ordenó el embargo de una Suite en el Estadio de\n Barcelona Sporting Club y otra Suite en el Estadio Capwell; también\n se procedió al embargo de otros bienes que detalla: solares\n del uno al tres, del cinco al doce y del catorce al diecinueve,\n inclusive de la manzana veinte y nueve de la lotización\n Inmaconsa, ubicada en el kilómetro once y med