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Timestamp: 2017-03-29 11:42:36
Document Index: 414531354

Matched Legal Cases: ['Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 177', 'Artículo 192', 'Artículo 197', 'Artículo 222', 'Artículo 223', 'Artículo 244', 'Artículo 248', 'Artículo 262', 'Artículo 263', 'Artículo 268', 'Artículo 274', 'Artículo 244', 'Artículo 184', 'Artículo 307', 'Artículo 302', 'Artículo 312', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 307', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 16', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'Artículo 67', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 69', 'Artículo 63', 'Artículo 73', 'Artículo 73', 'Artículo 62', 'Artículo 308', 'Artículo 36', 'Artículo 67', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 58', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 23', 'Artículo 30', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 1', 'Artículo 93', 'ARTÍCULO 40', 'Artículo 6', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 41', 'Artículo 2', 'Artículo 4']

Código Penal de Puerto Rico de 2012: Clasificación de los Delitos y Penas Aplicables - PDF
Código Penal de Puerto Rico de 2012: Clasificación de los Delitos y Penas Aplicables
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Inmaculada Valenzuela Casado
1 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES ACADEMIA JUDICIAL PUERTORRIQUEÑA Código Penal de Puerto Rico de 2012: Clasificación de los Delitos y Penas Aplicables Isabel Llompart Zeno Jueza Administradora Región Judicial de San Juan 1 DE SEPTIEMBRE DE 20122 3 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES ACADEMIA JUDICIAL PUERTORRIQUEÑA Código Penal de Puerto Rico de 2012: Clasificación de los Delitos y Penas Aplicables Isabel Llompart Zeno Jueza Administradora Región Judicial de San Juan 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 La Academia Judicial Puertorriqueña agradece la colaboración del Lcdo. Juan C. Guzmán Baigés, Supervisor de la Oficina de Oficiales Jurídicos del Centro Judicial de San Juan, en la preparación de este trabajo. Ninguna parte de este trabajo podrá ser reproducida en cualquier forma, o por medio de cualquier instrumento sin la autorización de la Academia Judicial Puertorriqueña y su autora.4 5 INTRODUCCIÓN El propósito de este trabajo es proveer una herramienta de búsqueda y de referencia rápida sobre las disposiciones legales que los jueces y las juezas deben examinar al momento de imponer las penas, en virtud del nuevo Código Penal de Puerto Rico de En esta introducción, resumimos algunos de los cambios principales que este código trae a nuestro ordenamiento jurídico penal y analizamos algunos de sus artículos. También, analizamos el efecto que tiene no haber atemperado la Ley de Sentencia Suspendida y, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 34 L.P.R.A sec et seq., según enmendada, en cuanto a las nuevas clasificaciones de los delitos, y su aplicación al imponer la pena. La Exposición de Motivos de la Ley , para adoptar el Código Penal de Puerto Rico que comenzó a regir el 1 de septiembre de 2012, dispone: La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad. En cumplimiento de dicha responsabilidad constitucional, corresponde tomar las medidas necesarias para prevenir, controlar y reducir la incidencia de la actividad criminal. Allí, se analiza el Código Penal de y se señala, entre otras cosas, que: se alejó de ser un instrumento de trabajo práctico para jueces ; que el sistema de grados (intervalos de penas) no promovía la uniformidad en la imposición de las penas resultando en la imposición de sentencias disímiles por iguales hechos delictivos ; se cuestionó si el Código Penal de era realmente una herramienta socialmente útil para combatir la criminalidad y que ha tenido como resultado la lenidad hacia personas acusadas y convictas. Sobre el Código Penal de 2012, la Exposición de Motivos expresa que: ha conservado aquellas instituciones de los Códigos Penales anteriores que se adaptan a nuestra vida presente; se han mejorado aquellas que resultan inadecuadas y se han incluido nuevos delitos y penalidades a tono con nuestra sociedad actual. A esos efectos, el Código ha puesto énfasis sobre la protección a las víctimas de delito abriendo paso a figuras como el síndrome de la mujer maltratada, y rechazando la exclusión de responsabilidad cuando la víctima consiente a la comisión del delito, así como el establecimiento de atenuantes que imponen algún grado de responsabilidad sobre la víctima. Por último, expresa que: Esta medida legislativa representa un esfuerzo legítimo para reformular nuestro ordenamiento jurídico penal, como un instrumento eficaz para la administración de la justicia criminal y devolver a la ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece. El Código Penal de 2012 modificó las penas de casi todos los delitos. No obstante, el Asesinato en primer grado, la Producción de armas de ingeniería genética, los Crímenes de lesa humanidad (en una de sus modalidades) y el Genocidio (en una de sus modalidades) mantienen la pena de 99 años. Casi todos los delitos sufrieron un aumento en sus penas, incluso los delitos menos graves, que 16 en el Código Penal de tenían pena máxima de 90 días de reclusión y en el Código Penal de 2012 la pena es hasta, al igual que el Código Penal de Además de la modificación de las penas, otros cambios significativos son: a) la modificación de la clasificación de los delitos, con la eliminación del sistema de grados de los delitos, ya que este nuevo código regresa al esquema del Código Penal de 1974 de delitos graves y menos graves; b) que la pena fija aplicable está incluida en cada delito, pero se excluye del correspondiente artículo la pena aplicable con atenuantes y agravantes, contrario a los Códigos Penales de 1974 y ; c) la modificación de la manera de fijar la pena cuando existen circunstancias atenuantes y agravantes, ya que, en los Códigos Penales de 1974 y, estas penas se encontraban en cada delito. En el Código Penal de 2012, la manera de fijar la pena está en un solo artículo, y la pena de cada delito puede ser aumentada hasta un 25% si hay agravantes y puede reducirse hasta en un 25% si hay atenuantes; d) la eliminación del concepto de pena agregada y multa individualizada ; e) la eliminación de la figura del cooperador ; f) la creación de una nueva pena denominada destitución del cargo o empleo público ; g) la eliminación de la pena de restricción terapéutica"; h) la modificación de las penas de servicios comunitarios y restricción domiciliaria ; i) la modificación de las penas para la reincidencia; j) la eliminación del principio de proporcionalidad, esto es, que una medida de seguridad no puede resultar ni más severa, ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor; k) la inclusión de la amnistía como una nueva causa de extinción de la acción penal y de la extinción de la pena; l) la eliminación de la conducta insignificante y de riesgo permitido como causas de exclusión de responsabilidad penal; m) la eliminación de la reparación de daños como una causa de extinción de la acción penal; n) la eliminación de la rehabilitación del sentenciado como una causa de extinción de la pena; o) el aumento a 10 años de la prescripción en los delitos de Homicidio y a 20 años en los delitos de Agresión sexual, Incesto y Actos lascivos; p) la modificación del término para solicitar ser considerado para la Junta de Libertad bajo Palabra, y q) la inclusión de disposiciones específicas sobre lo que constituye una circunstancia agravante en algunos delitos. 27 En cuanto a las penas, el Código Penal de 2012 tipifica delitos graves cuyas penas fijas de reclusión en años son: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 50 y 99. Además, aumenta a 20 años la pena de la tentativa de todo delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de 99 años. Se crearon y modificaron algunos delitos, por ejemplo: a) se modificó el delito de Asesinato; b) se eliminó el Asesinato atenuado, pero se cambió el nombre por el de Homicidio; c) se modificó el delito de Escalamiento de menos grave a grave; d) se modificó el delito de Usurpación para tipificar una modalidad grave; e) se crearon los delitos de: Negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados (el único delito con pena fija de 2 años); Seducción de menores a través de la Internet o medios electrónicos; Trata humana; Uso, posesión, o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas; Obstruir la labor de la prensa durante la celebración de actos oficiales; Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego; Manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica y f) se incluye como nuevo delito separado el Incesto, que era una modalidad del delito de Agresión sexual en el Código Penal de. Cabe señalar que el Artículo 93(b), que tipifica el delito de asesinato estatutario, incluye el delito de Robo entre los delitos base. En el libro Código Penal de Puerto Rico (edición 2012), comentado por Dora Nevares-Muñiz, la autora expresó lo siguiente: El texto enrolado del P. Del [sic] S para firma del Gobernador no incluyó el robo entre los delitos base del asesinato estatutario en el inciso (b). Aparentemente fue una omisión en el proceso legislativo, pero por razón del principio de legalidad será necesario que la misma se corrija mediante legislación. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2012, pág No obstante, el trámite legislativo refleja otra cosa. Según el Sistema de Información del Trámite Legislativo, el 30 de abril de 2012, se conformó una Comisión de Conferencia para trabajar con el texto del Código Penal de Esta comisión rindió un 1er Informe de Comisión de Conferencia el 30 de junio de 2012, en cuyo texto se incluyó el delito de Robo como delito base para el asesinato estatutario, dispuesto en el Artículo 93(b). Sin embargo, el Entirillado Electrónico del Informe de Conferencia de dicha comisión no incluyó la palabra robo en el texto del Artículo 93(b). El trámite legislativo refleja que, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, aprobaron el 30 de junio de 2012 el Informe de la Comisión de Conferencia, el cual sí incluía el delito de Robo. Finalmente, el texto enrolado enviado al Gobernador el 13 de julio de 2012 para su firma contenía el delito de Robo como uno de los delitos base en el asesinato estatutario. No tenemos explicación para la omisión del delito de Robo en el Entirillado Electrónico. No obstante, el Sistema de Información del Trámite Legislativo refleja que ambos 38 cuerpos legislativos aprobaron el texto de la ley que incluía el delito de Robo en el Artículo 93(b) y que el texto enviado al Gobernador para su firma también lo incluía. Por otro lado, algunos delitos del Código Penal de 2012 con clasificación de menos grave, incluyen modalidades con penas mayores de. Sin embargo, no especifican si esa modalidad tiene clasificación de delito grave. Esto se puede interpretar de dos formas: 1) que esa modalidad del delito, es un delito menos grave con pena de grave o, 2) que en virtud del Artículo 16, esa modalidad es un delito grave por tener una pena mayor de seis meses. El Artículo 16 del Código Penal de 2012 dispone que: es delito menos grave todo aquel que apareja pena de reclusión por un término que no exceda seis (6) meses Delito grave comprende todos los demás delitos. También apoya el argumento que son delitos graves el que algunos de estos delitos tenían modalidades clasificadas como delitos graves en el Código Penal de. En el Código Penal de 2012, corresponden a los siguientes delitos: Artículos 144, 145, 192, 223, 244, 262, 263 y 274. Por esta razón, en la columna de clasificación de los delitos de la tabla incluida en este trabajo, no se indica la clasificación en estas modalidades. Por la misma razón, en la tabla no se indica si cualifican para las penas de Restricción domiciliaria y Servicios Comunitarios o cuál será la pena en casos de reincidencia. Los delitos son: Artículo 144, Envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno; Artículo 145, Espectáculos obscenos; Artículo 149, Exhibición y venta de material nocivo a menores; Artículo 150, Propaganda de material obsceno o pornografía infantil; Artículo 151, Venta, distribución condicionada; Artículo 152, Transmisión o retransmisión de material obsceno o de pornografía infantil; Artículo 177, Amenazas; Artículo 192, Recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito; Artículo 197, Entrada en heredad ajena; Artículo 222, Insuficiencia de Fondos; Artículo 223, Cuenta cerrada, inexistente y detención indebida del pago; Artículo 244, Conspiración; Artículo 248, Uso de disfraz en la comisión de delito; Artículo 262, Omisión en el cumplimiento del deber; Artículo 263, Negligencia en el cumplimiento del deber; Artículo 268, Declaración o alegación falsa sobre delito, y el Artículo 274, Justicia por sí mismo. Solamente el Artículo 244, Conspiración, incluye una disposición específica sobre lo que constituye una circunstancia agravante. Al examinar el Análisis Editorial de todos estos delitos en el libro Código Penal de Puerto Rico, de la Prof. Nevares-Muñiz, op. cit., la autora expresa que, en los Artículos 149, 192, 222, 223, 263, 268 y 274, se incluye una modalidad grave del delito. En los demás artículos, no concluye nada sobre el particular o indica uno de los siguientes: 1) que el delito tiene una modalidad agravada, 2) que la clasificación depende de cierta conducta, o 3) que la modalidad tiene pena de delito grave. Por su parte, el Artículo 184, Ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales, tiene clasificación de menos grave. No obstante, dispone que una segunda convicción por el mismo delito será sancionada con una pena de reclusión de 3 años. Entendemos que esto no es una modalidad del delito, ya que ésta no trae 49 elementos diferentes, sino que establece una pena de 3 años en caso de que se cometa el delito luego de una convicción por este mismo delito. En esta circunstancia, sería un delito menos grave con pena de delito grave. Cuando el Código Penal de fue aprobado, se enmendaron un número de leyes para atemperarlas a éste, tales como: a) Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley 282-); b) Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 283-); c) Ley que autoriza a la Policía de PR a expedir Certificados de Antecedentes Penales (Ley 314-); d) Ley Orgánica de la Administración de Corrección (Ley 315-); e) Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra (Ley 316-); f) Reglas de Procedimiento Criminal (Ley 317-) ; g) Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 334-); h) Inhabilidad para ocupar puestos públicos (Ley 481-); i) Ley de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores (Ley 266-); j) Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado de Niños y Envejecientes de Puerto Rico (Ley 273-); k) Ley de Explosivos de Puerto Rico (Ley 281-); l) Ley de la Pirotecnia (Ley 297-); m) Ley del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia (Ley 298-); n) Ley para el Sustento de Menores (Ley 299-); o) Prohibición de contratos gubernamentales (Ley 300-); p) Ley de Juegos de Azar (Ley 318-); q) Ley de juego de loto o lotería denominado bingo (Ley 319-); r) Ley del sistema de lotería adicional (Ley 320-); s) Ley de la Lotería de Puerto Rico (Ley 321-); t) Ley para enmendar la Regla 171 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico (Ley 328-); u) Ley Sobre el Control de la Contaminación del Aire (Ley 372-); v) Ley de Municipios Autónomos del ELA (Ley 373-); w) Ley para la protección de los derechos de empleados y funcionarios públicos denunciantes, querellantes o testigos de alegados actos constitutivos de corrupción (Ley 374-); x) Ley de Mejoras al Sustento de Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico (Ley 375-); 510 y) Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (Ley 376-); z) Ley que reglamenta el licenciamiento de toda persona natural o jurídica dedicada a colocar niños en hogares (Ley 396-); aa) Ley de Maltrato de Animales (Ley 439-); bb) Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 480- ); cc) Ley Orgánica de la Administración de Corrección (Ley 518-); dd) Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico (Ley 527-); ee) Ley que crea un Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores (Ley 528-), y ff) Ley de Sentencia Suspendida y (Ley 479-). Sin embargo, con la aprobación del Código Penal de 2012, no se enmendaron ninguna de las leyes mencionadas para atemperarlas al nuevo código. Para atender esa situación, se incluyó el Artículo 307, Cláusula de transición para la fijación de penas en las leyes penales especiales. De conformidad con dicho artículo, los delitos graves que se tipifican en las leyes penales especiales bajo el sistema de clasificación de los delitos del Código Penal de, y que no tengan pena estatuida, estarán sujetos a las siguientes penas: (a) Delito grave de primer grado- conllevará una pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años. (b) Delito grave de segundo grado severo- conllevará una pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años. (c) Delito grave de segundo grado- conllevará una pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años. (d) Delito grave de tercer grado- conllevará una pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. (e) Delito grave de cuarto grado- conllevará una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. El Artículo 302, Revisión continua de este Código y de las leyes penales, establece que se creará una comisión conjunta en la Asamblea Legislativa cuyo trabajo inicial consistirá en atemperar las leyes penales especiales al Código Penal de 2012, proceso que deberá culminar antes de que las disposiciones del mismo entren en vigor. La realidad es que, a la publicación de este trabajo, esto no había ocurrido. El Artículo 312 del Código Penal de creó un ente revisor similar, pero la mayoría de las enmiendas a las leyes especiales, para atemperarlas al Código Penal de, entraron en vigor simultáneamente con éste. En particular, la vigencia de la enmienda a la Ley de Sentencia Suspendida y, supra, fue el 1 de mayo de 2005, fecha en que entró en vigor el Código Penal de, y el Artículo 1 de esta ley introdujo un nuevo lenguaje al Artículo 2 de la Ley de Sentencia 611 Suspendida, supra, ya que esta última siempre expresaba, en una lista, los delitos que no cualificaban. En esa enmienda, no se incluyó una lista de delitos que no cualificaban, sino que se estableció que no cualificarían por la clasificación del delito: todos los delitos de primer y segundo grado estaban excluidos y algunos delitos específicos de tercer grado. Ahora bien, no atemperar la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, supra, ha creado un desfase. Dicha ley, en lo pertinente, establece en su Artículo 2: El Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción que no fuere: (1) Delito grave con pena en las clasificaciones de primer grado o segundo grado según tipificado en el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [], secs et. seq. del Título 33, o en una ley especial. (2) Uno de los siguientes delitos graves con pena en la clasificación de tercer grado: actos lascivos cuando la víctima sea menor de catorce (14) años, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil, secuestro, escalamiento, robo, estrago, homicidio negligente, soborno, oferta de soborno, apropiación ilegal de propiedad o fondos públicos, enriquecimiento injustificado y malversación de fondos públicos... (Énfasis suplido.) Ante esta situación, podrían argumentarse dos cosas: a) que los delitos que no cualificaban para libertad a prueba bajo el Código Penal de cualifican bajo el nuevo código o b) que, aunque la Ley de Sentencia Suspendida y, supra, no se haya atemperado, los delitos que no cualificaban para libertad a prueba bajo el Código Penal de, tampoco cualifican bajo el Código Penal de En cuanto al primer argumento, al no existir las clasificaciones de delito grave de primer y segundo grado en el Código Penal de 2012, todos los delitos del Código Penal de que antes estaban en esas clasificaciones, y que no cualificaban para libertad a prueba, ahora están clasificados como delitos graves. Es decir, que se podría argumentar que éstos podrían cualificar para libertad a prueba, al no tener dichos delitos la clasificación de primer o segundo grado. También se podría argumentar que cualifican, ya que en el Artículo 2, supra, éstos no están nombrados como delitos que no cualifican para libertad a prueba. Sobre los delitos graves de tercer grado incluidos en el Artículo 2, supra, también podría argumentarse que, por no existir la clasificación de tercer grado y como esos delitos con esa clasificación ya no existen, podrían cualificar para libertad a prueba. El segundo argumento es que los delitos graves de primer y segundo grado del Código de Penal de, que no cualificaban para libertad a prueba, tampoco cualifican bajo el nuevo código, aunque no existan dichas clasificaciones y aunque la 712 Ley de Sentencia Suspendida y, supra, no haya sido atemperada. Para ello, debemos aplicar la cláusula de transición del Artículo 307 del Código Penal de Como indicamos, la cláusula de transición establece las penas para las leyes penales especiales que conservan el sistema de clasificación de delitos del Código Penal de. Allí, se dispone que todo delito grave de segundo grado tendrá una pena de 15 años, los delitos graves de segundo grado severo tendrán una pena de 25 años y los delitos graves de primer grado tendrán una pena de 99 años. Se podría argumentar que todo delito grave del Código Penal de 2012, cuya pena sea 15 años o más, debería ser considerado, al interpretar y aplicar la Ley de Sentencia Suspendida y, supra, como un delito de primer o segundo grado y, por lo tanto, dichos delitos no cualificarían para libertad a prueba. Por último, se podría argumentar que los delitos graves de tercer grado incluidos en el Artículo 2, supra, no cualifican, si interpretamos que la mera mención del delito específico, en el referido artículo, es suficiente para determinar que no cualifica para libertad a prueba, independientemente de su clasificación como delito grave de tercer grado. En cuanto a la cláusula de transición, sobre la fijación de penas en las leyes penales especiales, ésta no incluye los delitos tipificados en las leyes penales especiales cuyas penas están estatuidas. Por ejemplo, el Artículo 3.1 de la Ley 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 631, según enmendada, establece que: Toda persona que empleare fuerza física, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. La cláusula de transición sólo contempla las leyes penales especiales que clasifican sus delitos en un grado específico y que no tienen pena estatuida, por ejemplo cuando expresa delito grave de cuarto grado-conllevará una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Esto es distinto al Artículo 3.1 de la Ley 54, supra, que, aunque establece que es delito grave de cuarto grado, dispone específicamente la pena en la mitad superior del intervalo. Se podría argumentar que este delito tiene la pena estatuida, ya que especifica el intervalo de la pena y no le aplicaría la cláusula de transición del Código Penal de 2012 al momento de fijar la pena. En cualquiera de estas dos instancias, la pena máxima del intervalo sería 3 años y la pena fija, si le fuera de aplicación la cláusula de transición, sería también 3 años. Sin embargo, el Artículo 3.2 de la Ley 54, supra, establece que se impondrá pena correspondiente a delito grave de tercer grado en su mitad inferior. Conforme al Artículo 16 del Código Penal de, la pena aplicable al delito grave de tercer grado es de 3 años y 1 día a 8 años. La mitad inferior del intervalo de la pena para un delito grave de tercer grado es 3 años y 1 día a 5 años y. Por tanto, se podría argumentar que no le aplicaría la pena de 8 años que establece la cláusula de transición. En cuanto a la aplicación de la pena de Restricción domiciliaria, también se ha creado un desfase, al no atemperarse la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 813 Prueba, supra. El Artículo 50 del Código Penal de 2012 define la pena de Restricción domiciliaria de la siguiente forma: La pena de restricción domiciliaria consiste en la privación de la libertad por el término de la sentencia, para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra residencia determinada por el tribunal, bajo las condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: si la persona convicta está empleada o estudia, la condición de salud, la estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia e impondrá las condiciones que correspondan. El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar de residencia durante el término de la sentencia sin previa autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a su vez, notificará al tribunal. Quien incumpla las condiciones de su restricción domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la sentencia, salvo que en la vista de revocación, el juez a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos graves, con la excepción de las siguientes circunstancias, certificadas éstas por prueba médica a satisfacción del tribunal: (a) Personas convictas que sufran de una enfermedad terminal o condición incapacitante degenerativa, previa certificación médica a tales efectos. (b) Personas convictas que no puedan valerse por sí mismos. En cualquier otro caso, esta pena podrá ser aplicada a delitos graves a juicio del tribunal de conformidad con la Ley de Sentencias Suspendidas [sic], según enmendada. Este artículo claramente establece que estará disponible para personas convictas por delitos menos graves, pero incluye una excepción, que no está del todo clara en cuanto a su aplicación a delitos graves. Podría argumentarse que todos los delitos graves, por ejemplo el Asesinato, podrían cualificar para la pena de Restricción domiciliaria, si concurren las circunstancias allí dispuestas, ya que el Artículo 50 no excluye ningún delito grave. En cuanto a la segunda oración del inciso (b), podría argumentarse que la frase en cualquier otro caso condiciona la aplicación de la pena de Restricción domiciliaria a que la persona cumpla con los requisitos de la Ley de Sentencia Suspendida y, supra. Como expresáramos, en el Código Penal de 2012, solamente la pena fija aplicable está establecida en cada delito, contrario a los Códigos Penales de 1974 y. Es decir, que en el Código Penal de 2012, no se incluye en cada delito la pena aplicable con circunstancias atenuantes y agravantes. En los Códigos de 1974 y, los artículos sí incluían las penas de los delitos con circunstancias atenuantes y agravantes, salvo los delitos que tenían pena fija de 99 años. Por su parte, el Artículo 67 establece la manera de fijar la pena, y cómo imponerla, cuando existan circunstancias agravantes y atenuantes: 914 La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada artículo de este Código. El Tribunal podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en el Artículo 65 y 66 de este Código. En este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena. Este artículo le aplica a todo delito grave y no tiene excepción. Es decir, podría argumentarse que, en todos los delitos graves (y todos tienen pena fija), pudiera imponerse la pena con atenuantes o con agravantes, incluyendo, por ejemplo, el Asesinato en primer grado cuya pena fija es 99 años. Al hacer este análisis, también se debe tomar en consideración que el Artículo 63, Informe pre-sentencia [sic], dispone que: la imposición de la pena requiere un informe pre sentencia [sic], cuya preparación será obligatoria en los delitos graves, y a discreción del Tribunal en los delitos menos graves. El Artículo 69 del Código Penal de disponía que el informe presentencia era mandatorio en los delitos graves de segundo a cuarto grado y a discreción del Tribunal en los delitos menos graves. En otras palabras, en el Código Penal de, el informe presentencia no era mandatorio para los delitos graves de primer grado. No obstante, conforme al Artículo 63 del Código Penal de 2012, es mandatorio en todos los delitos graves, incluyendo, por ejemplo, el Asesinato en primer grado. Un análisis en conjunto de los Artículos 63 y 67 apoya el argumento de que, en todos los delitos graves cuyas penas fijas sean de 99 años, se pueden imponer las penas con circunstancias atenuantes o con agravantes. En cuanto a la pena aplicable cuando hay reincidencia, el Artículo 73 del Código Penal de 2012 regresa al esquema del Código Penal de 1974, salvo en la reincidencia habitual. El Artículo 73, Grado y pena de reincidencia, establece: (a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. En este tipo de reincidencia se aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido. (b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, incurre nuevamente en otro delito grave. El convicto será sentenciado a pena fija de veinte (20) años naturales o al doble de la pena fija impuesta por ley para el delito cometido, la que resulte mayor. (c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, cometa posteriormente cualquier delito grave, cuya pena fija de reclusión sea mayor de quince (15) años o cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendadas. La pena a aplicar será de noventa y nueve (99) años. 1015 En el Artículo 62 del Código Penal de 1974, la pena para la reincidencia habitual era la separación permanente de la sociedad mediante reclusión perpetua y en el Código Penal de 2012, es 99 años. Como resultado de esto y a modo de ejemplo, la pena del delito de Asesinato en primer grado con reincidencia será 148 años y, pero con reincidencia habitual será de 99 años. Es decir, menor que la pena con reincidencia. En cuanto al término para cualificar para consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra, el Artículo 308 dispone: Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia, o veinte (20) años naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto. Se creó una contradicción, al establecer en todos los delitos que un convicto tiene que cumplir el 75% del término de reclusión impuesto para cualificar para ser considerado por la Junta de Libertad bajo Palabra, salvo en el Asesinato en primer grado. Por ejemplo, un convicto que cumple una pena de reclusión de 50 años cualifica para solicitar al cumplir 75% del término de reclusión impuesto, es decir, al cumplir 37 años y de reclusión. Sin embargo, el convicto por Asesinato en primer grado que cumple una pena de reclusión de 99 años, cualifica para solicitar al cumplir 35 años del término de reclusión impuesto, por tanto, el convicto por ese asesinato cualifica en un término menor en comparación al convicto que cumple una pena menor. En cuanto a la Pena de la tentativa, el Artículo 36 establece: Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa. Toda tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. En la imposición de la pena en casos de tentativa de delitos, se pueden considerar circunstancias atenuantes y agravantes. El Artículo 67, Fijación de la pena, establece que el Tribunal podrá tomar en consideración atenuantes y agravantes al imponer la pena que será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada artículo de este Código. Si se impone una pena en una tentativa de delito grave con agravantes, nunca podrá exceder de 10 años. Pero la pena fija de 20 años que se debe imponer en la tentativa de los delitos que conlleven una pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años, no tiene una limitación. Es decir, que al no tener el lenguaje no pudiendo exceder y tener una pena fija, se podría argumentar que se puede imponer la pena de tentativa para estos delitos con agravantes. Ésta también se podría imponer con atenuantes. En dichas circunstancias, 1116 la pena para la tentativa con atenuantes sería 16 años y la pena para la tentativa con agravantes sería 24 años. Otro cambio que trae el Código Penal de 2012 es que algunos delitos tienen una disposición específica sobre lo que constituye una circunstancia agravante. Además, le serían de aplicación también aquellas incluidas en el Artículo 66, Circunstancias agravantes. Algunos de estos delitos son: Adopción a cambio de dinero, Agresión sexual, Incesto, Apropiación ilegal agravada y Conspiración. En estos casos, y en virtud del Artículo 67, la pena puede ser aumentada hasta un 25% de la pena fija establecida. Por ejemplo, en el delito de Agresión sexual, el mismo Artículo 130 dispone que: se impondrá la pena con circunstancias agravantes [entre otras] si la conducta tipificada se comete en contra de la persona de quien el autor es o ha sido cónyuge o conviviente, o ha tenido o tiene relaciones de intimidad o noviazgo, o con la que tiene un hijo en común. Como el delito de Agresión sexual posee modalidades con distintas penas, este agravante le podría aplicar a cualquiera de las modalidades y la pena fija podría ser aumentada hasta un 25%. En el caso de este delito en particular, el texto de esta circunstancia agravante es similar al texto del delito tipificado en el Art. 3.5 de la Ley 54, supra, Agresión sexual conyugal. Podría argumentarse que, bajo el principio de especialidad, la Ley 54, supra, prevalece sobre el Artículo 130(4) del Código Penal de Como expresáramos, el propósito de este trabajo es proveer una herramienta de búsqueda y de referencia rápida para los jueces y las juezas al momento de imponer las penas. El formato de la tabla incluida en este trabajo permite llevar a cabo un análisis simultáneo por delito de los siguientes aspectos: a) los elementos del delito, según tipificado en el Código Penal de 2012, y una referencia al artículo correspondiente del Código Penal de ; b) la clasificación del delito, la pena fija de reclusión, la pena con atenuantes y agravantes y otras penas aplicables; c) la aplicación de la pena de restitución, definida en el Artículo 58, la cual está contemplada dentro del artículo correspondiente; d) si el delito o su tentativa cualifican para el beneficio de libertad a prueba; e) la pena de reclusión y otras penas aplicables, en casos de tentativa, y f) las penas aplicables a los diversos supuestos de reincidencia. Invitamos al lector a examinar la Guía de Compresión que se encuentra antes de la Tabla, la cual le permitirá entender mejor su contenido. Asimismo, se incluyen al final de este trabajo los resúmenes de las opiniones y las sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionadas al Código Penal de. Confiamos sea de utilidad. Isabel Llompart Zeno 1 de septiembre de17 Tabla de Contenido Página Guía de comprensión I Delitos Artículo Página Asesinato 92 1 Grados de asesinato 93 1 Pena de los asesinatos 94 2 Homicidio 95 2 Homicidio negligente 96 3 Incitación al suicidio 97 4 Aborto 98 5 Aborto cometido por la mujer o consentido por ella 99 5 Aborto por fuerza o violencia Anuncios de medios para producir abortos ilegales Alteración del genoma humano con fines distintos al diagnóstico, tratamiento e investigación científica en genética y medicina Clonación humana Producción de armas por ingeniería genética Manipulación de gametos, cigotos y embriones humanos Mezcla de gametos humanos con otras especies Otras penas Agresión Agresión grave Lesión negligente18 Delitos Artículo Página Prácticas lesivas a la integridad corporal en los procesos de iniciación Bigamia Contrayente soltero Celebración de matrimonios ilegales Matrimonios ilegales Adulterio Incumplimiento de la obligación alimentaria Abandono de menores Exclusión Secuestro de menores Privación ilegal de custodia Adopción a cambio de dinero Corrupción de menores Seducción de menores a través de la Internet o medios electrónicos Incumplimiento de la obligación alimentaria Abandono de personas de edad avanzada e incapacitados Negligencia en el cuido de personas de edad avanzada e incapacitados Profanación de cadáver o cenizas Profanación del lugar donde yacen los muertos e interrupción del funeral Agresión sexual Incesto Circunstancias esenciales de los delitos de agresión sexual e incesto Actos lascivos Bestialismo Acoso sexual Exposiciones obscenas19 Delitos Artículo Página Proposición obscena Prostitución Casas de prostitución y comercio de sodomía Casas escandalosas Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas Proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado Definiciones Envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno Espectáculos obscenos Producción de pornografía infantil Posesión y distribución de pornografía infantil Utilización de un menor para pornografía infantil Exhibición y venta de material nocivo a menores Propaganda de material obsceno o pornografía infantil Venta, distribución condicionada Transmisión o retransmisión de material obsceno o de pornografía infantil Confiscación Destrucción de material Restricción de libertad Restricción de libertad agravada Secuestro Secuestro agravado Servidumbre involuntaria o esclavitud Trata humana Demora en examen del arrestado Incumplimiento de auto de hábeas corpus20 Delitos Artículo Página Evasión de auto de hábeas corpus Nuevo arresto o encarcelamiento de persona excarcelada Detención ilegal y Prolongación indebida de la pena Orden de arresto o de allanamiento obtenida ilegalmente Recopilación ilegal de información personal Grabación ilegal de imágenes Grabación de comunicaciones por un participante Violación de morada Violación de comunicaciones personales Alteración y uso de datos personales en archivos Revelación de comunicaciones y datos personales Protección a personas jurídicas Delito agravado Revelación de secreto profesional Amenazas Intrusión en la tranquilidad profesional Delito contra el derecho de reunión Discriminaciones ilegales Apropiación ilegal Apropiación ilegal agravada Determinación de valor de documentos de crédito Ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales Interferencia con contadores Uso o interferencia con equipo y sistema de comunicación Operación ilegal de cualquier aparato de grabación o transferencia de imágenes y sonido Reproducción y venta sin el nombre y dirección legal de fabricante Mostrar más
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