Source: https://es.scribd.com/doc/120722827/LAS-MEDIDAS-CAUTELARES-PERSONALES-EN-EL-PROCESO-PENAL-PERUANO
Timestamp: 2019-04-24 06:09:27
Document Index: 240692670

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 182', 'artículo 5', 'artículo 135', 'artículo 182', 'artículo 5', 'artículo 285', 'artículo 137', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 137', 'artículo 9', 'artículo 143', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 2', 'artículo 205', 'artículo 135', 'artículo 71', 'artículo 135', 'artículo 70', 'artículo 135', 'artículo 62', 'artículo 137', 'artículo 79', 'artículo 9', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 135', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 46', 'artículo 139', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 12', 'Artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 139', 'artículo 103', 'artículo 137', 'Artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 137', 'artículo 1', 'artículo 137', 'artículo 103', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 103', 'artículo 135', 'Artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 139', 'artículo 7', 'artículo 69', 'artículo 8', 'in fine', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 135', 'artículo 143', 'artículo 137', 'artículo 139', 'artículo 137', 'artículo 47']

Cargado por revisa1960
Las Partes Civiles en Penal
Arsenio Oré Guardia* **
SUMILLA: I. Consideración inicial. II. Lineamientos generales sobre la crisis del proceso penal y de la respuesta correctiva del Estado. III. Modelos de coerción personal 3.1. El modelo garantista, 3.2. El modelo eficientista, 3.3. El modelo preventivista radical. IV. Naturaleza y finalidad de la coerción personal. V. Principios 5.1. Principio de necesidad, 5.2. Principio de legalidad, 5.3. Principio de proporcionalidad, 5.4. Principio de prueba suficiente, 5.5. Principio de provisionalidad. VI. Opción político criminal. VII. Aspectos problemáticos de las medidas de coerción personal. 7.1. Motivación de la coerción personal, 7.2. Aplicación temporal de la ley procesal penal en materia de coerción personal, 7.3. El peligro procesal, 7.4. Plazo de la prisión provisional, 7.5. Detención domiciliaria. VIII. Reflexión final. I. CONSIDERACIÓN INICIAL Un Estado se legitima, entre otros factores, por la realización de los derechos fundamentales. Tal objetivo no sólo se logra con su reconocimiento expreso en la Constitución, sino también con que éstos sean observados al dictar las leyes que regulan las limitaciones a la libertad (las leyes penales: de corte sustantivo, procesal y de ejecución) y con su pertinente aplicación por parte de quienes detentan el poder para hacerlo: los jueces. Y es que es en el marco del proceso penal donde se puede observar con mayor claridad el grado de injerencia del Estado sobre la libertad de las personas, ya sea para asegurar la viabilidad del proceso o para garantizar la ejecución de la sentencia. En esa medida, la coerción personal constituye un instrumento, hasta el día de hoy, necesario para alcanzar los fines del proceso penal (y con ello, del Derecho penal en su conjunto)1, aunque su
* Profesor de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Asociado del Estudio Oré Guardia. ** El presente trabajo recoge, en gran medida, lo expuesto por el autor el día 18 de mayo de 2006 a propósito del evento denominado “Derecho Penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” 1 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 510 y ss. Sostiene lo siguiente: “Debe quedar claro que una de las características principales de la coerción es que, en sí, no es un fin en si misma, sino que es sólo un medio para asegurar otros fines, que en este caso son los del proceso. Por eso no tienen estas medidas carácter de sanción, ya que no son penas, sino medidas instrumentales, que se conciben como formas de restricción imprescindibles para neutralizar los peligros
determinación y aplicación se ve limitada por aquel marco básico de principios reconocidos en las normas constitucionales. La actual (diría permanente) crisis del proceso penal en nuestro país se explica fundamentalmente por el modo en que el Estado, a través de su órgano legislativo y judicial, ha tutelado la libertad. Los problemas que emergen del tratamiento estatal de la coerción personal no sólo pueden ser abordados desde una visión dogmática, sino también valorando aspectos prácticos. Por ello, con el presente trabajo pretendo, además de realizar un contraste entre los modelos y principios de la coerción personal, exponer la forma en que ésta se aplica en la realidad jurídico penal peruana (legislativa y jurisprudencial). II. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA CRISIS DEL PROCESO PENAL Y DE LA RESPUESTA CORRECTIVA DEL ESTADO Desde una perspectiva funcional, el Derecho busca resolver un problema social2. Así, en estricto, la existencia del proceso penal se funda en su capacidad de organización social a través de la (re) solución de conflictos derivados de hechos calificados o no como criminales3. En nuestro país, el proceso penal actual no constituye un medio adecuado para alcanzar tal objetivo: es un modelo colapsado que no satisface las expectativas sociales ni cumple las exigencias del artículo 44 de la Constitución; disposición que establece que es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad4.
que puede tener la libertad de la persona que lleven a que se impida el descubrimiento de la verdad, por una parte, y la actuación de la ley sustantiva, por la otra”. 2 BERGALLI, Roberto. Sistema penal y problemas sociales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, p.32 y ss. 3 Ya sea sancionando hechos criminales o absolviendo imputaciones carentes de fundamentos. O también, aunque se haya cometido un hecho criminal, la sanción puede resultar no necesaria (por ejemplo, cuando haya prescrito la acción penal o cuando resulte pertinente la aplicación del principio de oportunidad). 4 Como lo expresara el Juez de la Corte Interamericana de DDHH, Sergio García Ramírez, “en el despacho de la justicia penal --o de la injusticia penal-- existe un amplio contingente de violencias sólo comparables, acaso, con las consumadas por los delincuentes: existe un curso paralelo entre la historia del crimen y la de las reacciones ideadas para combatirlo, generalmente bajo el nombre de justicia penal” Voto Razonado. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia del 20 de junio de 2005. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha sostenido en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3771-2004-HC/TC (Caso Cornelio Sánchez), que “Frente a la endémica morosidad que caracteriza a buena parte de los jueces y superiores tribunales de justicia nacionales y el abuso de jurisdicción que ello podría suponer, no se puede seguir apelando al consabido sentido de responsabilidad de los magistrados del Poder Judicial, sino que deben ser pasibles de la responsabilidad penal que les corresponda, por sus conductas jurisdiccionales inadecuadas que propician el retardo judicial”. (F.J. N° 28)
Entre las medidas que se han venido asumiendo para corregir esta penosa situación del proceso penal, tenemos: en el plano legislativo, la publicación de un nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957 de 29 de julio de 2004); en lo judicial, la emisión de interesantes sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República (muchas de ellas con efecto vinculante), así como la realización de plenos jurisdiccionales; y, por último, en el ámbito constitucional, la emisión de elogiables resoluciones que dictó el Tribunal Constitucional. A todas ellas me referiré, de forma resumida, en las siguientes líneas. En primer lugar la reforma procesal penal. Han sido varios los intentos de reforma al proceso penal5; actualmente estamos asistiendo a la aplicación paulatina- del nuevo Código Procesal Penal iniciado en julio de este año en el Distrito Judicial de Huaura (conforme a la Ley 28671 del 30 de enero de 2006). Es importante que este nuevo orden rituario trascienda de la simple formulación legal, y así contrastar su viabilidad práctica. En el ámbito judicial las Cortes Superiores y la Corte Suprema han establecido importantes criterios para la aplicación de diversas instituciones del proceso penal a través de los Plenos Jurisdiccionales, entre ellos: En el Pleno Jurisdiccional de 1997 (Arequipa) donde se determinó, entre otros, que el mandato de detención es procedente sólo cuando se cumplan los tres requisitos exigidos por el artículo 135 del Código Procesal Penal6, y que en caso se enervan alguno de estos requisitos se sustituye por la comparecencia. Asimismo se estableció que la prolongación del plazo de la detención preventiva está condicionada al cumplimiento de a) especial dificultad o especial prolongación de la investigación; y b) ausencia de peligro de que el procesado pueda sustraerse a la acción de la justicia. En el Pleno Jurisdiccional de 1998 (Ica) se acordó, entre otros temas, la no exigencia del pago de la caución para excarcelar al imputado o levantar las órdenes de captura dictadas en su contra. Asimismo se acordó proponer la modificación del proceso sumario a fin de instaurar el juicio oral.
Al respecto, vid ORÉ GUARDIA, Arsenio. Panorama del proceso penal peruano. En: Suplemento Especial del Diario Oficial El Peruano del 14 de julio de 2004. 6 Los requisitos par dictar mandato de detención preventiva, según el artículo 135 del Código Procesal Penal modificado por Ley 28726 (Publicado el 8 de mayo de 2006), son 1) Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, 2) Que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente del delito y 3) Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. Hasta antes de la modificatoria, y al momento de acordado el Pleno Jurisdiccional, el inciso 2 del artículo 135° del Código Procesal Penal decía lo siguiente: 2) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.
En el Pleno Jurisdiccional de 1999 (Iquitos) se trataron temas relacionados a la usurpación y ministración provisional, ejecución penal, delios contra la libertad sexual, la reparación civil y el ejercicio privado de la acción penal. En el Pleno Jurisdiccional de 2000 (Chiclayo) se acordó que el principio de proporcionalidad de la pena es un límite a la potestad punitiva del Estado que consiste en el juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Así también se acordó que la revocación del mandato de detención previsto en el artículo 135 del Código Procesal Penal es distinta a la libertad provisional del artículo 182 del Código Procesal Penal, aun cuando ambas tienen el mismo efecto de excarcelar al procesado7. En el Pleno Jurisdiccional de 2004 (Trujillo) se acordó, entre los aspectos más relevantes, que el plazo razonable de la detención preventiva resulta razonable en tanto se consoliden con la actividad probatoria los supuestos que sustentan el mandato de detención, caso contrario el juez de oficio, debe variar dicha medida por ser favorable al imputado; que el arresto domiciliario sólo es una restricción en comparecencia no equiparable a la detención preventiva; y asimismo, el tiempo del arresto domiciliario no se deberá computar para reducir la pena privativa de la libertad impuesta. De otro lado, la desvinculación de la correlación entre acusación y sentencia constituye una modificación de la calificación jurídico penal. La posibilidad que tiene la Sala para plantear la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es hasta antes de la sentencia, debiendo observarse plenamente la contradicción. También se abordo el tema de la prueba prohibida y prueba ilícita, y otros más.
Asimismo la Corte Suprema ha emitido valiosas sentencias que constituyen precedentes vinculantes, como las siguientes: Recurso de Nulidad Nº 1766-2004 (21 de septiembre de 2004) respecto del artículo 5 de la Ley 281228 “Ley que regula la terminación anticipada del proceso en caso de confesión sincera”. En esta sentencia se dejó en claro que la ley en referencia regula dos instituciones distintas, la
El último párrafo del artículo 135 del Código Procesal Penal establece que “El Juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida”. Por su parte el artículo 182 del Código Procesal Penal señala: “El procesado que se encuentra cumpliendo detención podrá solicitar libertad provisional, cuando nuevos elementos de juicio permitan razonablemente prever que: 1) La pena privativa de libertad a imponérsele no será mayor de cuatro años, o que el inculpado esté sufriendo una detención mayor a las dos terceras partes de la pena solicitada por el Fiscal en su acusación escrita, 2) Se haya desvanecido la probabilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria, 3) Que el procesado cumpla con la caución fijada o, en su caso, el insolvente ofrezca fianza personal”. 8 Publicado el 16 de diciembre de 2003.
conclusión anticipada de la instrucción (artículos 1 a 4) y la conclusión anticipada del juicio oral (artículo 5). Recurso de Nulidad Nº 224-2005 (21 de abril de 2005) respecto a los límites del Tribunal de Instancia para modificar la calificación jurídica del hecho objeto del proceso penal, que necesariamente importan el respeto a los principios acusatorio y de contradicción –o más, concretamente, del derecho de conocimiento de los cargos-, y el pleno cumplimiento del artículo 285°-A del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo Número 959 (Publicado el 17 de agosto de 2004). Recurso de Nulidad Nº 948-2005 (7 de junio de 2005) donde se estableció que la confesión sincera del imputado no constituye un factor para fijar la cuantía de la reparación civil. Ésta se determina en función al daño ocasionado por el delito. Recurso de Nulidad Nº 1538-2005 (20 de junio de 2005) respecto a la no exigencia del agraviado, tras la sentencia firme de condena, de constituirse en parte civil para intervenir en el proceso o en la etapa de ejecución a los efectos de que se cumpla con satisfacer la reparación civil que se ha fijado.
En el ámbito constitucional: el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias que asumen correctivos respecto a instituciones del proceso penal. El tema no es del todo pacífico, pero nos ayuda a delimitar los márgenes por los que debe discurrir el ius puniendi estatal. Por ejemplo, a través de los procesos constitucionales (Hábeas Corpus, Amparo, Acciones de Inconstitucionalidad), el Tribunal Constitucional ha precisado con acierto que: a. La tutela constitucional no solamente comprende a la detención, sino también a otras medidas menos aflictivas como por ejemplo la comparecencia, el impedimento de salida del país, cuando éstas se dictan sin cumplir los presupuestos legales necesarios. Así: “…en la medida en que el mandato de comparecencia proviene de un proceso penal irregular por las razones antes señaladas, el acto reclamado también constituye una amenaza cierta e inminente al derecho a la libertad del beneficiario…”. (Sentencia recaída en el Expediente Nº 1011-2000-HC/TC. Caso Franciso Errázuris Talavera. F. J. N° 3. Publicada el 5 de febrero de 2002). b. El debido proceso es una institución que comprende tanto su aspecto formal como sustantivo. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido la dimensión sustantiva del debido proceso, en algunos casos sin hacer referencia expresa al tema, por ejemplo en la sentencia recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC (Caso Vicente Silva
(Sentencia recaída en el expediente N° 2521-2005-PHC/TC. N° 3.. Que la imprecisión u omisión sobre estos aspectos implica una afectación del principio acusatorio y del derecho de defensa (Sentencia recaída en el expediente N° 8125-2005-PHC/TC. cuando se ratifica la titularidad de la acción penal a cargo del Ministerio Público y expone que en caso el fiscal decida no acusar.es en esencia una medida cautelar.. N° 14. F. Ha afirmado el principio acusatorio en sus diversas expresiones.. N° 5. N° 34 y ss. Asimismo. considera que una decisión sancionatoria. literal d. y dicha resolución sea ratificada por el Fiscal Supremo (en el marco del proceso ordinario) o por el Fiscal Superior (para las situaciones ventiladas en el proceso sumario). Además. publicada el 15 de mayo de 2006. sino también sustantivos”. F. Caso Jeffrey Immlet y otros.. F.F.. esto es. Publicada el 16 de enero de 2006).Instituto de Ciencia Procesal Penal Checa. el Tribunal Constitucional ha reconocido que el debido proceso comprende a la etapa pre-judicial. publicada el 25 de enero de 2006. F. Caso Jacob Gurman. Expediente N° 8123-2005-PHC/TC.J N° 11 y ss. Caso Margarita Toledo Manrique. cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir. J. Publicada el 16 de agosto de 2002) en donde se expresó que “En la medida en que la detención judicial preventiva. así por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente N° 1223-2003AA/TC (Caso Carlos Guffanti Medina. publicada el 11 de agosto de 2005). depende de que existan motivos razonables y proporcionales que la justifiquen”. al haber el titular de la acción penal 6 . En otros casos la referencia ha sido explícita. sino también con la propia validez de la configuración del proceso. como puede ser la actividad investigatoria que desarrolla el fiscal penal en sede prejurisdiccional. entendido ya no sólo en términos formales. N° 8. como la aplicada inobjetablemente. Expediente N° 3390-2005-PHC/TC. F. Caso César Gonzales Arribasplata.la validez de su establecimiento a nivel judicial. a la investigación policial y fiscal. desnaturaliza la idea de un debido proceso. J. c. así expuso que “la exigencia de su efectivo respeto (del debido proceso) no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial. por ejemplo cuando exige la precisión de la imputación y la modalidad específica del tipo penal aplicado en el auto de apertura de instrucción.J.J.J. ya que tal merituación sólo ha de corresponder a las autoridades jurisdiccionales competentes. Publicada el 3 de diciembre de 2003) donde se expuso que “aunque no se está pronunciando respecto de la procedencia del recurso de casación interpuesto.
Según este derecho. F. Caso Enrique Umbert Sandoval. d. con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento. el proceso penal debe llegar a su fin. se encuentra directamente relacionado al derecho al debido proceso. Lo que pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal. el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto. es decir. F. si se quiere. dicho principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta. Reconoce el derecho constitucional de prueba. por un lado. uno de orden administrativo y otro de orden penal) y. la dualidad de procedimientos (por ejemplo. MODELOS DE COERCIÓN PERSONAL 7 . simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida”. F. Publicada el 17 de octubre de 2005). Se consagra el principio acusatorio cuando se exige la necesaria correlación entre la acusación y sentencia. Da contenido al principio de ne bis in idem procesal de manera clara en la sentencia recaída en el expediente N° 8123-2005-HC/TC (Caso Jacob Gurman. e. que aunque no es un derecho autónomo. J. que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o.Instituto de Ciencia Procesal Penal desistido de formular acusación. por ejemplo). Con ello se impide. estableciendo que su trasgresión implica indefensión (Sentencia recaída en el Expediente N° 1939-2004-HC/TC. tal principio significa que ‘nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos’. tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa (Sentencia recaída en el expediente N° 6712-2005-PHC/TC. J. N° 6 y ss. (Sentencia recaída en el Expediente N° 2005-2006-PHC/TC. las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento. según esta sentencia: “…En su vertiente procesal. Caso Magali Medina Vela. J. que se inicien dos procesos con el mismo objeto. N° 15 y ss. N° 17. por otro. Publicada el 20 de enero de 2006). N° 25). constituye un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. III. Publicado el 17 de marzo de 2006). J. Desde esta vertiente. Caso Ricardo Gómez Casafranca. F.
Derecho y Razón. 8 . explica Alberto Binder. Luigi.Instituto de Ciencia Procesal Penal De acuerdo a la importancia que una sociedad (o sus legisladores o jueces) concede a los valores de libertad o de seguridad. Buenos Aires. FERRAJOLI. de justicia y de legitimidad de la intervención punitiva. la jurisprudencia y las prácticas administrativas o policiales. se caracteriza por tomar decisiones de autolimitación y se basa en los principios de legalidad y certidumbre. surgen tres modelos de coerción personal: garantista. p. 3. en cualquiera de sus manifestaciones. de justicia y de legitimidad de la intervención punitiva que nació como una réplica al creciente desarrollo de la divergencia que existía en diferentes latitudes entre los principios establecidos en la Constitución y la legislación penal ordinaria. Trota. Constituye un parámetro de racionalidad. Madrid. es decir en la idea de que el ejercicio de la política criminal debe ser racional y limitado9. expone que éste constituye un parámetro de racionalidad. 1989. se basa en la idea de que el ejercicio del poder penal. El modelo garantista El modelo garantista. Alberto. 9 10 BINDER. el modelo garantista se caracteriza por a) Reconocer la supremacía del derecho a la libertad. Política criminal de la formulación a la praxis. En esa línea nos dice Ferrajoli que Garantismo designa a un modelo normativo de derecho que en el plano político supone una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico el Garantismo implica un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. Luigi Ferrajoli10 el más importante representante del Garantismo. En resumen. debe tener límites. p. en cualquiera de sus manifestaciones. En lo que a coerción personal respecta. 852. debe tener límites. Ad hoc. denominado también modelo liberal. 36. eficientista y preventivismo radical. 1997.1. En el plano normativo el referente más importante del modelo garantista lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagran una serie de garantías procesales que constituyen a su vez el marco más importante de límites al ejercicio del poder penal. Este modelo. Por lo tanto. el modelo garantista se basa en la idea de que el ejercicio del poder penal. es “garantista” todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera efectiva.
) encontramos que ésta modifica y subvierte en la práctica la política criminal principista contenida en la Constitución. c) Afirmar que ésta tiene únicamente fines procesales. En un modelo autoritario de persecución penal se sustituyen valores consagrados constitucionalmente como derechos fundamentales y se convierte su observancia y cumplimiento en prácticas excepcionales. desconociendo la idea de límites al poder penal. Así. pues resulta altamente probable que un determinado modelo penal de emergencia se dé en el marco de una Constitución con una sólida y elocuente declaración de principios. bajo la justificación de las situaciones de emergencia o políticas coyunturales los derechos fundamentales a la libertad y a la presunción de inocencia se vuelven relativos y se opta (decisionismo) por medidas que no sólo los pervierten. que sólo el peligro de fuga justifica su adopción. El modelo eficientista Este modelo. y que la peligrosidad procesal no se presume. y. sino que se convierten en reglas de procedimiento.Instituto de Ciencia Procesal Penal b) Propugnar medidas alternativas a la prisión provisional. ajena a su función suprapartes. etc. de corte autoritario. 3. ya que en este modelo los jueces abandonan su tradicional e imperativo deber de garantizar la defensa de los derechos fundamentales y asumen una función persecutoria y parcializada. d) Al hacer referencia a la legislación de segundo orden (códigos. d) Sostener que la potestad persecutoria es limitada. b) Una instrumentalización de los operadores del derecho.2. leyes especiales. pues la libertad pasa a ser la excepción. con la obligada referencia a los tratados internacionales. con la consiguiente aplicación de la detención como una práctica 9 . se caracteriza fundamentalmente por subordinar el valor libertad al principio de autoridad. Este modelo se caracteriza por lo siguiente: a) Una inversión de valores. los mismos que proclaman la libertad como regla y la excepcionalidad de la detención. y la detención preventiva se convierte en anticipo de pena. c) Una preocupante carencia de coherencia intrasistémica.
. (Véase la Sentencia recaída en el 11 Quien sostiene además que el modelo eficientista se caracteriza por: el desdibujamiento de la potestad persecutoria. y no a la víctima y a la sociedad. por la flexibilización del respeto a la libertad ante las necesidades coyunturales de la inseguridad ciudadana. pues en este modelo se faculta la coerción a órganos diferentes. h) La flexibilización del respeto a la libertad ante las necesidades coyunturales de la inseguridad ciudadana. por el fomento de los juicios paralelos representados por las versiones que ofrecen los medios de comunicación. Así también por la contemporización con los insistentes discursos mediáticos y sociales de que en el proceso penal se reconoce demasiados derechos al incriminado. Ob. pudiéndose afectar la libertad no sólo por los jueces. pues en un modelo eficientista se faculta la coerción a órganos diferentes. 35 y ss. f) El fomento de los juicios paralelos representados por las versiones que ofrecen los medios de comunicación. Además. si el poder lo decide. y no a la víctima y a la sociedad. e) El desdibujamiento de la potestad persecutoria. cit. Ahora bien.Una manifestación de este modelo puede encontrarse en algunas resoluciones judiciales y del Tribunal Constitucional que justifican la coerción que incide en las "actitudes y valores morales del procesado". porque en cualquier momento. Por último. g) La contemporización con los insistentes discursos mediáticos y sociales de que en el proceso penal se reconoce demasiados derechos al incriminado. pero como bien señala Binder11 la idea de límite cumple una función cosmética o decorativa. BINDER. Alberto. sino también las posibilidades de afectación por parte de la Policía.Instituto de Ciencia Procesal Penal regular. ¿Cómo se manifiesta este modelo? Las manifestaciones de esta posición se dan en los siguientes niveles: a) Plano de la interpretación judicial. p. sino también las posibilidades de afectación por parte de la Policía. De modo que no sólo encontramos una falta de coherencia intrasistémica en el sistema penal. y que por esta razón se avanza muy poco o fracasa cualquier esfuerzo de lucha contra una creciente criminalidad. tales límites pueden ser sobrepasados. pudiéndose afectar la libertad no sólo los jueces. Por lo general el marco legal que regula estos procedimientos establece límites. que al no ser atendido u observado por el justiciable autorice su encarcelamiento preventivo. 10 . sino además una legislación abiertamente inconstitucional. como si el derecho penal estuviera en condiciones de instituir o fijar un estándar de "moralidad" oficial. y que por esta razón se avanza muy poco o fracasa cualquier esfuerzo de lucha contra una creciente criminalidad.
las detenciones duran 9 y 18 meses. respectivamente. 13 Cfr. suponemos.3. El modelo preventivista radical Este modelo busca la seguridad a cualquier costo. como el terrorismo internacional. por interpretación jurisprudencial. públicamente ha señalado que el nombre no refleja lo que en realidad se realizó en Nueva York. 14 Algunos antecedentes de la tolerancia cero se remontan al debate típico de los setenta sobre la ley y el orden. las detenciones que no hayan sido ampliadas según el primer párrafo podrán ascender a 18 y 36 meses. b) Plano legislativo. cuanto más temprano mejor. lo que 11 . siempre que se refiere a la experiencia neoyorquina. aclara el tema: En principio. a evitar. sobre la base de argumentos que sostienen que la actuación del Estado y del sistema de justicia penal debe estar dirigido. Finalmente por ley N° 28105 (Publicada el 21 de noviembre de 2003) se facultó al Juez para que de oficio pueda prolongar el plazo de la detención. la vieja y conocida fórmula de “guerra sin cuartel a la delincuencia” se transfiguró lingüísticamente para convertirse en una frase más sutil (tolerancia cero) que trata de convencer a los ciudadanos de que es algo positivo que ayudará a recobrar las calles ahora ganadas por la delincuencia. particularmente de grupos étnicos minoritarios y grupos sociales marginados. Además se han presentado proyectos de ley que han propuesto extender el plazo hasta 108 meses (9 años)13. Él prefiere utilizar el nombre de “el enfoque de las ventanas rotas”. el primer comisionado de Giuliani se ha distanciado también del nombre. la posibilidad siquiera de preparación de un delito. con las críticas que se hicieron a la estrategia. a 72 meses. Rudolph Giuliani a quien se señala como su autor. Publicada el 21 de agosto de 2003). No importa por qué se delinque lo importante es hacer valer la ley. N° 7. Expresión de esta posición son las duras medidas que se implementan cuando se trata de criminalidad violenta. La razón de este distanciamiento del término “tolerancia cero” tiene que ver. Por el primer párrafo. y en algunos casos. La exposición de motivos del proyecto señala que ”La añadidura ‘un plazo igual a aquellos señalados en el párrafo anterior. William Braton. F. podrán duplicarse a 54 y 108 meses”. lo hace refiriéndose a las reformas policiales en las que participó omitiendo utilizar el término en sí mismo. La estrategia de tolerancia cero vino a representar una ruptura con el fatalismo de lo que solía llamarse el “nada funciona”. algunos casos pueden ascender a 27 y 54 meses. No resulta exagerado advertir el enorme riesgo de que una política de coerción caracterizada por la "tolerancia cero"14 se instrumente con 12 Así la ley N° 25824 (Publicada el 10 de noviembre de 1992) amplió el plazo de detención preventiva de 12 meses para procesos ordinarios (que establecía el texto original del artículo 137 del Código Procesal Penal) a 15 meses. con posibilidad de ser prolongado a 36 meses. Proyecto de ley N° 8038/2003 propuesto por el señor congresista Carlos Ferrero. antes que nada. según corresponda’. Las que ya hubiesen sido triplicadas. y quien la transgreda se tendrá que atener a las consecuencias o en otras palabras. J. Esta opción legislativa atenta contra los principios de proporcionalidad y de excepcionalidad de la detención pues convertiría a la misma en una medida permanente durante todo el proceso posible de extenderse inclusive hasta en 9 años. Por disposición del segundo párrafo. Luego por ley N° 27553 (Publicada el 14 de noviembre de 2001) se amplió este plazo a 18 meses. hasta 15 y posteriormente a 18. 3. por ejemplo las sucesivas leyes12 que han aumentado el plazo de detención preventiva desde 12 meses según el texto original del Código Procesal Penal de 1991. básicamente orientadas a señalar la brutalidad policíaca que acompañó su desarrollo y a las constantes demandas por violación a los derechos humanos. La tolerancia cero es una ideología sobre el delito que abreva de principios morales y despliega una serie de conocimientos criminológicos de carácter gerencial.Instituto de Ciencia Procesal Penal expediente N° 298-2003-HC/TC Caso Thayron Loza Munárriz.
16 El mayor atentado terrorista de la historia de los Estados Unidos. asimismo se autoriza a los agentes de la CIA o el FBI a exigir y obtener de los bibliotecarios norteamericanos. 17 El Acta patriótica es un documento de 119 páginas y 128 secciones que fue redactado. pueda acceder a los sitios web por los que navega en internet. Emergencia criminal y sistema penal. y tal vez también de imprevisibilidad15. de brevedad. Mayo. por ejemplo se autoriza al gobierno a vigilar y espiar organizaciones e individuos bajo cualquier sospecha. p. como no podía ser de otro modo.Instituto de Ciencia Procesal Penal facilidad en países con instituciones democráticas débiles. los valores de orden público y seguridad ciudadana en desmedro del valor libertad. Del Puerto. es el fenómeno de la emergencia penal. de excepcionalidad. a realizar cateos sin previa autorización. un listado de los libros que lee cualquier persona sospechosa.cdlib. muy presente y característico en el Perú de los últimos años. Se sabe también que la inmensa mayoría de los legisladores que lo aprobaron ni siquiera lo habían leído. Son manifestaciones de un modelo de emergencia penal. plagados de desigualdades que estimulan la intranquilidad. o leer el texto de los correos electrónicos que envía mereció a la estrategia la etiqueta de racista o policía para los pobres. 12 . 25659. la legislación antiterrorista dictada en la década del ´90. En: Derecho Penal Hoy. 427. médicos y personales de cualquier individuo.org/cgi/viewcontent. y fue finalmente aprobado por la Cámara y el Senado en menos de dos semanas. Giuliano. pasó por todos los sub comités y comités. 25708 y 25880. Una de las manifestaciones de este modelo. en Washington. gran alarma social y alto grado de inseguridad ciudadana. 1995. obtener datos financieros. 2003. conocido por las siglas en inglés de USAPA y fue puesto en vigencia desde el 26 de octubre de 2001. de otro edificio aledaño y de parte del Pentágono. que contiene una serie de normas que inciden directamente en la afectación de derechos fundamentales y que tiene relación con normas de proceso penal. Su nombre completo es “Acta del 2001: Uniendo y fortaleciendo a los Estados Unidos al dotarlo de las herramientas adecuadas para interceptar y obstruir al terrorismo”.cgi?article=1016&context=usmex 15 VASSALLI. entre ellos los Decretos Leyes 25475. Resulta ilustrativo citar las consecuencias del atentado del 11 de septiembre de 200116. En: Mario Arroyo. que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. La emergencia es un concepto ligado a la idea de crisis. El modelo de emergencia por definición constituye una respuesta inmediata a un determinado problema social que se presenta también de manera imprevista y que genera una gran afectación al interés público. Evaluando la estrategia Giuliani: La política de cero tolerancia en el Distrito Federal. Centro Internacional de Estudios sobre Seguridad (CIES) México. http://repositories. cuando no la convulsión social. En lo que al proceso penal se refiere el modelo de emergencia privilegia. Piénsese por ejemplo en la denominada Acta Patriótica 17 aprobada un mes después del atentado a las torres gemelas.
Conforme expone Asencio Mellado. el artículo 2 inciso 24 literal “e” que establece la presunción de inocencia. así como el artículo 44 que establece como deber primordial del Estado el respeto de los derechos y la seguridad y los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte. Sin embargo. para un mejor entendimiento resulta necesario tratar juntos la naturaleza y finalidad de la coerción. en tanto está acorde a los postulados que éste exige. más aún donde existen leyes que regulan algunas de sus formas (Ley Nº 27379 “Ley de procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares y la ley Nº 27934 “ Ley que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito”). lo mismo sucede en el tema de la coerción personal. sin embargo la legislación de segundo orden (por ejemplo algunas disposiciones de represión al terrorismo y corrupción de funcionarios) y la jurisprudencia emitida por algunos órganos jurisdiccionales (por ejemplo aquellos casos de prolongación excesiva de la detención preventiva o detención domicilia) hacen que el modelo constitucional pierda sentido y se convierta en uno de corte mixto. el artículo 2 inciso 24 que reconoce el derecho a la libertad y seguridad personales.Instituto de Ciencia Procesal Penal o recibe desde computadoras puestas al servicio de los usuarios en estas instituciones18. sean estos legisladores. revisados los modelos de coerción existente. un usuario que usaba una computadora de la biblioteca y participaba en una sesión de chat. hacen por ejemplo que el actual proceso penal esté regulado por 3 códigos (Código de Procedimientos Penales aprobado en 1939 y vigente desde 1940. jueces o académicos. específicamente en el artículo 1 que reconoce a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado. IV. diremos que el nuestro es un modelo garantista. “…en una biblioteca de Santa Fe. fue arrestado. el Código Procesal Penal de 1991 y el Código Procesal Penal de 2004). New México. la medida perderá su naturaleza 18 Según un artículo de la periodista Susan Hilldreth publicado en el “San Francisco Chronicle” el 29 de mayo de 2002. el artículo 43 que configura la calidad de Estado democrático. A ello hay que agregar. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA COERCIÓN PERSONAL Respecto a la naturaleza y finalidad de la coerción personal en la doctrina no existe criterio uniforme. Ahora bien. la pregunta que surge es a qué modelo se adhiere el sistema peruano. esposado e interrogado por haber enviado comentarios burlones sobre el presidente Bush…” 13 . la razón del estudio conjunto es evidente: Si los fines que se asignan a una medida cautelar exceden a los que son consustanciales a este tipo de resoluciones. Si tuviéramos que ceñirnos al aspecto constitucional. que la diversidad de criterios asumidos por los diferentes actores. respecto a la prisión provisional.
discrecionalidad y selectividad. José María. 204 El ex ministro del Interior en el gobierno fujimorista y ex comandante del Ejército.com (junio de 2006).Instituto de Ciencia Procesal Penal cautelar y pasará a convertirse en otra cosa. En el caso Walter Chacón Málaga20 la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima prolongó la prisión preventiva a un año luego de cumplir el plazo máximo legal establecido de 3 años.com (junio de 2006). no es posible utilizarla como pena. 1073. Alberto Bovino22 y Sebastián Foglia23 reconocen desde ya el límite invisible entre ambos campos (naturaleza penal y procesal de la coerción). Publicado en www. 2004. en desmedro de la presunción de inocencia. en otra figura cuyos contornos serán siempre imprecisos y. propios del derecho material. o considerar criterios tales como la alarma social. del 16 de enero de 2004). Derecho Procesal Penal. por supuestamente presentar un desbalance patrimonial 21 ODONE SANGUINÉ. en especial los vínculos sociales que ostenta (Expediente N° 04-2001. argumentando el peligro de sustracción de la acción de la justicia que implicaría la existencia de una acusación fiscal. Derecho Procesal Penal. por el profesor César San Martín Castro. 2003. la repercusión social del hecho o la necesidad de impedir que el imputado cometa nuevos delitos.derechopenalonline. Publicado en www. p. Tirant Lo Blanch. Contra la inocencia. la peligrosidad del imputado. 2003. 24 SAN MARTÍN. 19 20 14 . Crisis. Sebastián. para quien estas medidas tienen por finalidad evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado podría realizar durante el transcurso del proceso de declaración24. 23 FOGLIA. Lima. junto a varios de sus familiares. General (r) Walter Chacón Málaga procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. Segunda Edición. En cuanto a la finalidad de la coerción personal existen dos tendencias. en la mayoría de los casos. de orden cautelar. más aún cuando de por medio se encuentra un plazo excesivo y una excusa intrascendente. Son también manifestaciones de esta tendencia de desviación las detenciones con fines retributivos o preventivos (especiales o generales). p. Ejemplos de desnaturalización de la coerción los podemos encontrar en las constantes dilaciones del plazo de la detención preventiva. de difícil encaje en el sistema de valores que inspira el sistema democrático19.derechopenalonline. Tomo II. Hay quienes como Odoné Sanguiné21. ni tampoco como medida de seguridad o para aplacar sentimientos colectivos de venganza. Prisión preventiva. Tirant Lo Blanch. Alberto. La segunda postura considera que las medidas de coerción personal tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado al proceso cuando de por medio exista peligro procesal. César. De un lado las denominadas medidas de protección provisional expuesta. La naturaleza de la coerción es procesal. ASENCIO MELLADO. Valencia. en tanto sirve para asegurar la presencia del imputado al mismo. entre otros. La prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia. 22 BOVINO. las condiciones personales del agente. La incongruente apreciación y aplicación de las medidas de coerción producen confusión.
F. Alberto Binder25. 12.000 ciudadanos. Nº 3. En el mismo sentido lo expresado en la sentencia recaída en el expediente Nº 0298-2003-HC/TC (Caso Thayron Loza Munárriz. Nº 7. que. 1999. 198 y ss 25 15 . V. Publicada el 21 de agosto de 2003) en la que el Tribunal Constitucional expone que “La detención provisional tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso. es el delito de terrorismo. F. N° 25708 y N° 25880 sobre terrorismo. por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. entre otros. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la prisión preventiva es una medida cautelar. N° 25659. J.11. N° 140. Publicada el 15 de agosto de 2005). expresó que “La detención preventiva constituye una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales”. párr.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. J. pues la prisión preventiva es una medida cautelar. en realidad. una medida de seguridad. de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida. Ad Hoc. Se trata de una medida cautelar. No se trata de una medida punitiva. Esta última postura es la asumida por Florencio Mixan Mass. así como por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 2342-2005-PHC/TC (Caso Rosa María Contreras Serrano. Introducción al Derecho Procesal Penal. no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación. PRINCIPIOS Para Alberto BINDER la medida de coerción sólo tiene justificación en caso de peligro de fuga. pp. Buenos Aires.”. cuando expone. susceptible de dictarse teniendo en consideración la gravedad del delito materia de investigación. 77. inciso 3 que la prisión provisional se aplicará cuando fuera absolutamente indispensable para prevenir. la detención judicial preventiva ya no constituiría una medida cautelar que deba dictarse cuando se ponga en riesgo la actividad probatoria o el resultado mismo del proceso penal. los riesgos de fuga. en el caso de la disposición impugnada. según los casos. según ese punto de vista. Expresa al respecto: “De lo expuesto en el artículo 8. El nuevo Código Procesal Penal de 2004 dispone en su art. 253. respecto a la obligación de dictar detención al momento de abrir proceso que.” (SCIDH. En este aspecto merece ser resaltada la sentencia recaída en el expediente N° 00010-2002-AI/TC (Caso Marcelino Tineo Silva y más de 5.1997). Asunto Suárez Rosero. cuando de por medio exista riesgo de fuga o de obstrucción a la actividad probatoria.Instituto de Ciencia Procesal Penal esto es. cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional. no punitiva. J. F. así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiterancia delictiva. sino. por lo que. mediante ella. Publicado el 4 de enero de 2003) que declaró la inconstitucionalidad en parte de los decretos leyes N° 25475.
El principio de necesidad armoniza con la Constitución en cuanto éste tutela la presunción de inocencia (artículo 2. 5. Así podemos citar los siguientes ejemplos: – Prolongación de la detención preventiva hasta por 48 ó 60 meses (Caso Eduardo Calmell Del Solar27. 26 16 . el Tribunal se remite a su doctrina jurisprudencial según la cual. decide que “sin perjuicio de precisar que en la actualidad el recurrente se encuentra en calidad de no habido. como es el caso del demandante. el plazo máximo de duración es de 30 meses. En el plano legislativo: en este ámbito existe una marcada tendencia de afectar el principio de necesidad. Sentencia recaída en El artículo 137 del Código Procesal Penal que establece el plazo de duración de la detención preventiva establecía en su versión original el plazo de 12 meses para los procesos ordinarios y 9 para los sumarios. La coerción personal. cuando el Tribunal Constitucional.Instituto de Ciencia Procesal Penal La coerción personal limita un derecho fundamental reconocido como un valor superior del ordenamiento jurídico. dictada en casos de delitos complejos. esto es.24 “e”) y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 9 inciso 3 establece que la libertad es la regla y la detención es la excepción. En el plano judicial: Son frecuentes los mandatos de detención o su continuidad que obedecen a criterios ajenos a los fines procesales. en los últimos años en nuestro país se ha apartado del esquema constitucional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. posteriormente con el decreto ley N 25824 de 10 de noviembre de 1992 el plazo de la detención preventiva en los procesos ordinarios se amplió a 15 meses. debe guiarse por los principios de la coerción. b.1. Ello no sólo puede demostrarse con la maleabilidad normativa de los criterios de aplicación de las medidas de coerción personal (ampliación de los plazos de detención preventiva26 y la posibilidad de aplicarlo retroactivamente. En esta oportunidad nos ocuparemos sólo de algunos de ellos. la libertad. luego mediante Ley N˚ 27553 de 14 de noviembre de 2001 se amplió a 18 meses admitiéndose la posibilidad de duplicar el plazo en caso de delitos cometidos en agravio del Estado 27 El señor Eduardo Calmell Del Solar estaba siendo procesado por delito de peculado. Estas expresiones las podemos encontrar tanto en el plano legislativo como jurisprudencial. como vemos a continuación a. sino también en el marco del Derecho penal sustantivo. en una demanda de Hábeas Corpus. por citar dos ejemplos). tratándose de una medida cautelar de prisión preventiva. PRINCIPIO DE NECESIDAD Por el principio de necesidad entendemos que las medidas coercitivas sólo se impondrán en la medida que sean estrictamente necesarias para los fines del proceso. su regulación normativa y la actuación jurisdiccional no debe ser una tarea empírica y refleja.
la medida de comparecencia simple también implica una medida de coerción procesal en cuanto importa una limitación a la libertad individual del imputado. La restricción de la libertad consiste en la obligación de presentarse ante el magistrado en el lugar. Tourón y GARBERÍ LLOBREGAT. es un acto coercitivo de comunicación con el imputado. Así. 2000. No es susceptible de prolongarse por uno igual. de otro lado. 6) 31 Es más. Es decir. sin embargo no se les permitía salir a trabajar. (F. la libertad a la señora Bozzo. la Tercera Sala Penal Especial (Expediente Nº 31-2002) otorgó. sus vínculos familiares y todo otro factor. 29 En el caso de la señora Laura Bozzo. al vencerse el plazo de 36 meses. día y hora establecido. p. ellos eran propietarios de diario. Tomo 4. Barcelona. cuanto para posibilitar su exculpación frente a una imputación determinada.J. vigente en ese entonces como tiempo máximo de detención preventiva. En ambos casos se les impidió. esta se tenía que aparejar al máximo fijado para la detención preventiva. 30 El señor Alejandro Rodríguez Medrano fue magistrado supremo del Perú. en primera instancia salir a trabajar. con formularios y jurisprudencia. José. SENDRA. – Impedimento de salida del país o detención domiciliaria ilimitado (Caso Laura Bozzo quien estuvo 36 meses con arresto domiciliario sin que se hubiera emitido sentencia29). Publicado el 4 de junio de 2003) – Detención domiciliaria sin posibilidad de salir a trabajar o estudiar (Caso Héctor Chumpitaz y el de los hermanos Moisés y Alex Wolfenson28). procesado por la justicia penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios. el Tribunal Constitucional expuso que el peligro procesal se configura principalmente con las actitudes y valores morales del procesado. motivo por el cual debe desestimarse la pretensión en tal extremo”. Vicente.3. su ocupación. Nº 6. F. se podía duplicar y sobre ella prolongar por un tiempo igual. el cumplimiento de esa citación permite la declaración espontánea del imputado. por lo que más que un acto de 17 .Instituto de Ciencia Procesal Penal el expediente Nº 290-2002-HC/TC. En la sentencia recaída en el Expediente 1567-2002-HC/TC. Los Procesos Penales. que sobre el plazo de 15 meses. – Entender como criterio de peligro procesal los vínculos familiares o profesionales (Caso Alejandro Rodríguez Medrano30). Así: GIMENO. quien bajo el apercibimiento de ser detenido. la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema estableció que al no existir un plazo para la detención domiciliaria. esto es. en base a esta resolución. quien continuó asistiendo al juicio oral en esa calidad. se le emplaza para que acuda al Juzgado en un día determinado. lo que daba un total de 60 meses con detención preventiva. de 18 meses prolongado a 36. respecto a los hermanos Wolfenson. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sostienen que la citación "para ser oído" tiene una doble naturaleza: de un lado. so pretexto de existir peligro procesal. 28 Estas tres personas estaban siendo procesadas y se les había impuesto detención domiciliaria. En muchos casos se impone medidas de coerción sin necesidad. no tanto para la averiguación del hecho y su autoría. sin sentencia. J. El señor Héctor Chumpitaz era regidor de la Municipalidad de Lima y a su vez entrenador de fútbol en una academia deportiva. Hay que tener en consideración que incluso la menos aflictiva significa ya una invasión a la esfera personal de quien se ve seleccionado por el aparato estatal31. No. Una lectura detenida de los casos antes mencionados nos llevará a la conclusión de que algunos magistrados confunden su rol y equivocan su posición supra-partes en desmedro del imputado. CONDE-PUMPIDO. sus bienes.
nos encontramos ante un acto de defensa. A8 18 . c. sin existir peligro procesal. 32 Ver: El Comercio 15 de julio de 2005. Cuando no se permite las salidas para trabajar o estudiar a quien tiene orden de detención domiciliaria. e. Custodia policial en la detención domiciliaria. tanto más si como en algunos casos se dicta contra procesados residentes en el extranjero o cuyo trabajo implica el desplazamiento fuera del país. p. se les ordena detención domiciliaria. La detención de personas que han cumplido con prestar su declaración instructiva. que. Los impedimentos de salida del país que se imponen o se prolongan sin ninguna real necesidad de limitar el derecho de locomoción. existen casos donde las resoluciones judiciales responden a juicios mediáticos. influenciados por la prensa. b. h. lo cual implicaba el resguardo a cargo de 260 policías32. d. A julio de 2005 eran 78 procesados los que sufrían esta medida de coerción.Instituto de Ciencia Procesal Penal posible imponer una medida restrictiva de la libertad cuando no existen los mínimos elementos ni la necesidad de la misma. Otras manifestaciones de esta tendencia sobrelimitadora de la libertad personal son las siguientes: a. sin que existan más pruebas que actuar y que no haya peligro procesal. Asimismo. Las órdenes de detención basadas únicamente en la gravedad de la pena sin atender a las circunstancias concretas del caso f. puede permitir que el imputado sea desvinculado de la instrucción mediante su no procesamiento. Cuando luego de haberse cumplido el plazo máximo de detención preventiva. como por ejemplo cuando no se otorga la libertad por exceso de detención so pretexto de resguardar los intereses de la sociedad o por un supuesto deber judicial de velar por la seguridad ciudadana. que han colaborado en cuanta diligencia se les ha llamado. g. investigación. En aquellos casos de exceso de detención domiciliaria. si triunfa. que han participado en todas las diligencias que les habían programado.
como si alguien pudiera establecer con precisión cuáles son estos lugares33. como lo hizo la doctrina francesa. conforme al cual no está permitida “forma alguna de restricción de la libertad personal. Ad Hoc. En Latinoamérica existe una tendencia muy fuerte a generar entre la población una sensación de inseguridad continua. Pretender que la actuación judicial se encuentre supeditada a las exigencias o cuestionamientos de la prensa. aplicables a supuestos esenciales en la relación como ocurre con la fijación de límites respecto a los cuales los poderes públicos pueden recurrir a las medidas de coacción. transformándolas en pequeños castillos feudales. Buenos Aires. principio de legalidad de la represión o de la persecución penal. La importancia y límites del periodismo judicial. Esta norma constitucional debe interpretarse de 33 Si bien el artículo 143 del Código Procesal Penal de 1991.Instituto de Ciencia Procesal Penal i. Véase ODONÉ SANGUINÉ. de que en cualquier momento las ciudades van a ser invadidas por los delincuentes que habitan en los cinturones de la pobreza y que. como si la labor del Juez fuera automática e irreflexiva. supone no sólo una clara intromisión en sus funciones. el periodismo judicial puede convertirse en un canal de políticas más nefastas de nuestra sociedad”. Ob cit. frente a este tipo de maniobras. Lamentablemente. basada en valores positivos. vigente en esta parte. Sostiene que “el periodista debe evitar caer en maniobras que respondan a las campañas de sensación de inseguridad o las campañas de la ley y el orden. el Juez la impone recurriendo a lo previsto en el literal 3 de esta disposición cuando establece el Juez podrá imponer alguna de las alternativas siguientes: 3)…de no concurrir a determinados lugares. sino el desborde del normal desarrollo de un Estado de Derecho. reprochan la actuación de algún Magistrado por otorgar la libertad a un ciudadano o simplemente por no haber respondido a sus reclamos. Frecuentemente la prensa comete el tremendo error de prestarse a este juego. imponiendo como aspiración ciudadana las detenciones prolongadas sin reparar en la razonabilidad y necesidad de la medida. pp. 5. no dispone textualmente esta regla de conducta.351. Si no están alerta. En Latinoamérica estamos hartos de este tipo de discurso porque. 19 . Somos testigos de cómo algunos periodistas increpan y sancionan a ciudadanos como si aquéllos fueran fiscales o jueces. 350 . se trasmite el mensaje de que ‘todos estamos en peligro’. PRINCIPIO DE LEGALIDAD El principio de legalidad35 de las medidas de coerción personal tiene sustento constitucional en el artículo 2 numeral 24 literal “b”. no en criterios de venganza o de represión desmedida34. 1993. En este mismo orden. algunos jueces condicionan su actuación a las expectativas y exigencias de la prensa. 34 BINDER. Estas medidas suelen emplearse por costumbre o inercia. A lo antes mencionado debe agregarse la influencia negativa mediática que muchas veces desnaturaliza la finalidad de la coerción. parece innecesario poner como limitación el no concurrir a lugares de dudosa reputación. 35 En la actualidad empieza a ganar cuerpo la idea de que el tradicional principio de legalidad debe extenderse al ámbito procesal. 270 y 271. La prensa debe formar la conciencia social.2. pp. cada vez que viene alguien con mano dura. salvo en los casos previstos por la ley”. pudiendo denominarse. Alberto. pues. quedamos peor que como estábamos antes. En otras oportunidades. tenemos que encerrarnos en nuestras casas y poner candados y rejas por todos los lados. En: Justicia Penal y Estado de Derecho. por tanto.
elegir. Las restricciones a la libertad son tasadas. las modalidades que puedan asumir. casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto formal). resulta inconstitucional la habilitación de cualquier supuesto no contemplado bajo las dos circunstancias antes mencionadas” (Sentencia recaída en el expediente N˚ 1318-2000-HC/TC. desde tal perspectiva. Sentencia de 21 de enero de 1994. Esta norma constitucional debe ser interpretada de manera teleológica. como prescripciones garantistas con la finalidad de tutelar el derecho a la libertad individual. Por tanto. eficaz y. A su vez. la menos aflictiva para los derechos del imputado. vale decir. la detención de una persona sólo procede bajo dos circunstancias: por un lado la existencia de un mandato judicial escrito y motivado y. por otro. Serie C No. Este principio puede ser vulnerado cuando se ordena una medida de coerción personal desatendiendo los requisitos que la ley establece para su imposición. el Tribunal Constitucional ha establecido de manera categórica que “de conformidad con el artículo 2º. pero. 47. Nº 56. En este esquema ¿Cómo entender la Ley Caso Gangaram Panday. además. párr. según el caso concreto. inciso 24). literal "f" de la Constitución. que establece que la detención se produce por orden judicial o flagrancia. F. así como el plazo que debe durar y el procedimiento del cual debe estar revestido deben estar previamente determinados. especialmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este principio en el caso Cesti Hurtado cuando expuso que nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas. 36 20 . dentro del elenco que la ley estipula. Caso Cornelio Lino Flores. al Juez no le estará permitido “inventar” medidas cautelares.Instituto de Ciencia Procesal Penal acuerdo a los parámetros que fija la propia Constitución. en cuanto sea posible. deben estar debidamente establecidas en la ley. Por tanto. así por ejemplo cuando se ordena detención preventiva sin tener en consideración el cumplimiento copulativo de los 3 requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. por el contrario. Argumento citado por la Corte en el Caso Cesti Hurtado. en el supuesto de flagrancia de delito. Sentencia del 29 de septiembre de 1999 Serie C. sino. cuando en su artículo 2 numeral 24 literal “f”. la restricción más conveniente. sobre todo cuando se omite el peligro procesal. 16. con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto material)36. Publicada el 13 de abril de 2001) Es importante tener en consideración que este principio no sólo exige la positivización de la facultad de coerción sino que ésta se realice atendiendo a las garantías previstas en la ley. N˚ 2. J.
aun cuando no medie flagrancia y durante la etapa de investigación preliminar. también. ya que se convierte en una herramienta de represión de corte autoritario que exige los mismos requisitos para la imposición de detención preventiva o comparecencia. N° 2 “f”. Publicado el 29 de julio de 2004). Si ya se tienen los elementos previstos en el artículo 135 del Código Procesal Penal.Instituto de Ciencia Procesal Penal 2793437 que permite la detención sin flagrancia?. de orden cautelar. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 37 Ley que regula la intervención de la policía y el ministerio público en la investigación preliminar del delito. F. 21 . ya que estas de por sí llevan implícito una finalidad de orden penal. Finalmente. por tanto no ingresan en este criterio los supuestos que intentan justificar la detención preventiva en base a la alarma social. sería mejor proceder cuando antes a la apertura de instrucción. constituye un atentado contra la libertad individual en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° inciso 24) acápite "f" de la Constitución Política del Estado (Sentencia recaída en el expediente N° 849-2000-HC/TC. ambos de claro carácter inconstitucional. en la que existe un elevado número de personas indocumentadas. referidos a su cuestionada constitucionalidad. en el artículo 205 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957. respecto a la finalidad de las medidas de coerción personal. 38 Al respecto. Podemos citar como ejemplo de vulneración de este principio. Publicada el 3 de agosto de 2001). reincidencia o habitualidad del agente. Esta acción policial procedía sin orden del Fiscal o del Juez. Publicado el 12 de febrero de 2003. se estableció la figura denominada “control de identidad policial” (Sic). F. N° 5 y 6. en caso de que éstas no pudieran exhibir sus documentos de identidad cuando así les requiriese la policía en el marco de una operación practicada para la prevención del delito o para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. declaró que la detención por mera sospecha policial carece de legitimidad constitucional (Sentencia recaída en el expediente N° 1324-2000-HC/TC. que legitimaba la conducción de los personas a una dependencia policial. 5. Considero que esta ley resulta disfuncional con el esquema garantista de la coerción. Caso James Louis King. En igual sentido. J. Tal como lo hemos apreciado éstas tienen fines procesales. Caso Florencio Chávez Abarca. debe tenerse en consideración que el principio de legalidad cobra sentido. Al respecto el Tribunal Constitucional ha expuesto que la conducción compulsiva de cualquier persona a un local policial y su retención en esta sede sin que exista contra ella mandato escrito y motivado del juez o la circunstancia de comisión de flagrante delito. Publicada el 27 de marzo de 2001)38. Cabe precisar que se tejieron muchos argumentos en contra de esta norma.3. las denominadas retenciones o puestas a disposición policial. como a los riesgos de su aplicación en una realidad como la peruana.J.
Instituto de Ciencia Procesal Penal Por el principio de proporcionalidad debe entenderse la equivalencia entre la intensidad de la medida de coerción y la magnitud del peligro procesal. la desnaturalización de una medida excepcional de naturaleza procesal. garantizada por las necesidades ineludibles de una persecución penal eficaz. deben existir “suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo”. Cabría analizar también. 135. y tiene la función de conseguir una solución del conflicto entre el derecho a la libertad personal y derecho a la seguridad del individuo. habiendo otras medidas menos gravosas que pueden servir para el correcto desarrollo del proceso. se cuestionan las detenciones impuestas que resultan inadecuadas para un fin concreto. 1). por cuanto ello implica desconocer los efectos criminógenos de las privaciones de libertad de corta duración. Considero. En él se prescribe que.4. Al hacerlo de manera alternativa (… o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente) algunos operadores podrían interpretar que en los casos de habitualidad el Juez ya no atendería a la gravedad del delito desde el punto de vista de la pena probable. que resulta desproporcionado que ante delitos de menor gravedad o poca dañosidad social se restrinja la libertad ambulatoria de los procesados. Inc. hurto simple o el delito de daños. Como expone Odone Sanguiné39 el principio de proporcionalidad funciona como el presupuesto clave en la regulación de la prisión provisional en todo Estado de Derecho. cuanto 39 ODONE SANGUINÉ. los casos que no obstante ser de menor entidad delictiva. el legislador ha añadido la habitualidad del agente como uno de los elementos que puede tomar en cuenta el Juez para disponer un mandato de detención. cuando éstas son ilimitadas o excesivas. p. más aún si con la ley N° 28726. entonces. PRINCIPIO DE PRUEBA SUFICIENTE La primera exigencia legal para fundar un mandato de detención está contenida en el art. Efectivamente. Ob cit. por ejemplo el delito de difamación. En este orden. se impone una orden de detención. 638 22 . para dictar mandato de detención o comparecencia con restricciones se requiere principio de prueba (fumus boni iuris) tanto sobre el hecho imputado. sino a la mera condición o características del autor. 5. que modifica el artículo 135 inciso 2 del Código Procesal Penal. Ingresan en el examen de este principio el plazo de duración de las medidas de coerción. así como la entronización de la detención como verdadero anticipo de pena.
el artículo 71 exponía “si de las primeras diligencias del sumario resultare presunción fundada de 40 41 23 .Se dispuso que no constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio. En Ley que modifica el artículo 135 del Código Procesal Penal. En ese mismo sentido. en razón de sus antecedentes y otras circunstancias. publicada el 17 de Diciembre de 1999. La suficiencia probatoria no se refiere únicamente a un criterio cuantitativo. El artículo 70 del Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 1863 expresaba “en las causas en que tiene la obligación de acusar el Ministerio Fiscal. por ejemplo. . en algunos casos la justicia nacional ha denegado la libertad de una persona en base al principio de presunción de culpabilidad.Instituto de Ciencia Procesal Penal sobre la vinculación del mismo con el procesado. siempre que haya cuerpo de delito e indicios de culpabilidad. sino valorar suficientes elementos probatorios. tratase de eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. Se debe precisar que. Caso Laura Bozzo. Sobre esta materia. socio. Además de ello. sino fundamentalmente cualitativo. la captura y detención de los procesados reos. mientras que la ley modificatoria establecía que deben existir suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intente eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. Mediante la ley N° 2722640 se modificó el artículo 135 del Código Procesal Penal en dos aspectos: . Primera Sala Penal Especial de Lima). se decretará por precaución. a pesar de reconocer que no existen medios probatorios que avalen la medida de coerción (Expediente N° 31-2002.El texto original aludía solamente a que el imputado. nuestro ordenamiento procesal ha tenido variaciones positivas. primigeniamente. directivo o asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho privado. gerente. Esta modificación implica que el Juez no puede realizar un juicio subjetivo de peligro procesal. la pena prevista en la ley para el delito que se le imputa.”Z”. la ley N° 27226 introduce la posibilidad de que el Juez Penal pueda revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida En contraste con lo antes expuesto. accionista. esta presunción de culpabilidad fue establecida en el Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal de 186341. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia. que le permitan hacer ese juicio de peligro.
También. Asimismo. César. podrá decretar la libertad del detenido”.Instituto de Ciencia Procesal Penal este Código se hacía referencia al mandato de captura y detención por precaución de los presuntos reos siempre que exista cuerpo de delito e indicios de su culpabilidad. Tomo II.5. Similar disposición se repitió con el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 192042 que prescribió la detención definitiva durante la instrucción en caso se la presuma culpabilidad y en el Código de Procedimientos Penales de 1939 que. PRINCIPIO DE PROVISIONALIDAD Las medidas de coerción personal son provisionales. incompatible con su naturaleza cautelar y con los derechos antes enunciados”45. 42 El artículo 62 del Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 expresaba “Si evacuada la instructiva o en su caso las primeras diligencias pedidas por el Ministerio Fiscal. Publicada el 7 de Octubre de 2002) 24 . Editorial Grijley. Además se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus. Según el Tribunal Constitucional. 1080. “una vez investigados los hechos. se refería a la presunción de culpabilidad como elemento suficiente para dictar la detención43. p. Lima. Nº 10. Derecho Procesal Penal. El mantenimiento de la medida de coerción debe concordar con el principio de proporcionalidad. su mantenimiento tendría que considerarse como una sanción punitiva. 5. en su versión original. dictará orden de detención definitiva que durará toda la instrucción. el contenido garantizado de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia exige que se ponga fin a la medida cautelar. se cumplen por determinado plazo (artículo 137 del Código Procesal Penal). salvo el caso de libertad provisional. bajo caución o fianza”. establecía “El Juez instructor puede dictar orden de comparecencia o detención al que presume culpable”. mandará el juez que continúe la detención: en caso contrario. 43 El artículo 79 del Código de Procedimientos Penales aprobado en 1939. de modo que su permanencia o modificación – en tanto perdura el proceso declarativo – estará siempre en función de la estabilidad o el cambio de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial44. J. el Juez presume la culpabilidad del acusado. 44 SAN MARTÍN CASTRO. Ello significa que se debe mantener en la medida culpabilidad. pueden citarse como afectaciones al principio de prueba suficiente los casos de detención atendiendo a la sola declaración del coimputado o sobre la base de una colaboración eficaz sin corroboración. F. 2003. prescribió la presunción de culpabilidad como exigencia para que el Juez ordenase la continuación de la detención cuando de las primeras diligencias del sumario así lo demostrara. 45 Sentencia recaída en el expediente N° 791-2002-HC/TC (Caso Grace Mary Riggs Brousseaut. vigente desde 1940. pues de lo contrario.
en la sentencia recaída en el expediente N° 2915-2004-HC/TC (Caso Tiberio Berrocal Prudencio. la restricción de la libertad física de una persona sometida a un proceso. consecuentemente. ésta debe ser revocada. es preciso distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que el Estado Constitucional permite) de la denominada "defensa obstruccionista" (signo inequívoco de la mala fe del procesado. y antes bien. ¿No tiene acaso el Estado el deber de procesar a una persona dentro de un plazo razonable?. Publicada el 25 de noviembre de 2004). N° 26. ¿Por qué el trato con dureza al imputado cuando es objeto de exceso de detención. deducir medios de defensa técnico. J. recusar.J. y. sólo puede deberse a la necesidad de asegurar "la comparecencia del procesado al acto del juicio. recurso repudiado por el orden constitucional). el Tribunal Constitucional expuso que en lo que respecta a la valoración de la actividad procesal del detenido a efectos de determinar la razonabilidad del plazo. cabe preguntarse. En este aspecto. Al respecto. De acuerdo con el artículo 9 inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. incluso en circunstancias en las que no medie una solicitud de parte. legitimaron el dictado del mandato de detención en su contra. de manera tal que. F. F. para la ejecución del fallo"46. desde el mismo instante en que se desvanece la pertinencia de los motivos que sirvieron de fundamento para el dictado de la medida. el Tribunal Constitucional estableció que no podría generar perjuicios para el procesado la repetida presentación de recursos que tengan por objeto la reevaluación de la pertinencia y suficiencia de las razones que. entendiéndolos como manifestaciones de dilación maliciosa. sin importar que tan difíciles sean no liberan a un Sentencia recaída en el expediente N° 1091–2002-HC/TC ( Caso Vicente Silva Checa. J. En este mismo caso (F. Resulta más grave aún justificar la ampliación de la coerción cuando el imputado utiliza los recursos que su derecho de defensa le permite (impugnar.Instituto de Ciencia Procesal Penal estrictamente necesaria y proporcional con los fines que constitucionalmente se persigue con su dictado. N° 30). Y es que dicha evaluación constante constituye un deber del juez penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las condiciones de un país.). como si el desenvolvimiento del proceso dependiera exclusivamente del imputado. etc. o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y. prima facie. Nº 14. en su caso. no se analiza el cumplimento de las obligaciones del Estado para impedir esa situación?. Publicada el 16 de agosto de 2002) 46 25 .
A manera de ejemplo podemos citar las siguientes leyes: a) Decreto Ley N° 25745. la instrucción y el juicio” (Publicado el 5 de mayo de 1992): Esta disposición preveía la prohibición de la libertad para los delitos de terrorismo. como es el peligro procesal. y con serias limitaciones e impedimentos para ejercer su derecho de defensa. sin atender a las cuestiones procesales y personales del imputado. “Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación. salvo en los casos que ella misma establece47. OPCIÓN POLÍTICO CRIMINAL En las dos últimas décadas en nuestro país se han producido y procesado fenómenos delictuales muy graves. Fueron incomunicados y su investigación. como es el caso del terrorismo. La persecución de estos delitos ha tenido influencia decisiva en la actividad legiferante y en la forma en que los jueces expiden sus resoluciones. respectivamente. la Comisión consideró que algunas de las violaciones cometidas en el primer juicio subsistían en el nuevo proceso y añadió que si bien el Estado había modificado la legislación antiterrorista a partir del año 2003. como presuntos “autores del delito de terrorismo”. Los señores García y Ramírez fueron condenados a penas privativas de libertad de veinte y veinticinco años. a menudo. procesamiento y juzgamiento fue llevado a cabo por fiscales y jueces "sin rostro" conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 25475 de 5 de mayo de 1992. por la Policía sin orden judicial y sin encontrarse en una situación de flagrancia. 47 Sentencia del 25 de noviembre de 2005 recaída en el caso de Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas detenidos en 1995 y 1991. La persecución de los delitos mencionados. de clara connotación pública y sobre todo mediática. la criminalidad patrimonial violenta (asaltos y secuestros) y la criminalidad de la corrupción funcional. Asimismo. cuando la potestad punitiva del Estado se desborda es que los jueces deben delimitar a términos razonables y constitucionales el ejercicio del poder penal. respectivamente. VI. 26 . desnaturalizó. no se puede entender cómo el sustento y justificación para mantener a una persona detenida más de 36 meses sea la gravedad del delito. en el presente caso dichas modificaciones “no habían reparado las violaciones sufridas por las presuntas víctimas sino que por el contrario. los procesos en su contra fueron anulados. En razón a la sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-AI/TC. tanto en el plano normativo como aplicativo. los principios de la coerción. Peor aún cuando se desconocen factores como la suficiencia probatoria o un elemento tan esencial. Justamente. Sin embargo. Se produjo un desborde de la política criminal del Estado en la represión de estos delitos.Instituto de Ciencia Procesal Penal Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones legales establecidas en este Tratado. habían significado su subsistencia”. volviendo a ser procesados.
ningún tipo de libertad d) Decreto Legislativo N° 897 “Ley de Procedimiento Especial para la investigación y juzgamiento de los delitos agravados que tipifica el Decreto Legislativo N°. 189 (robo agravado) y 200 (extorsión) del Código Penal. y el artículo 135 del Código Procesal Penal (Publicada el 9 de junio de 2006): que incorpora la reincidencia y habitualidad en el Código Penal. el Código Procesal Penal de 1991 regula un mecanismo de coerción personal sustentado en la necesidad y racionalidad procesales. Asimismo estableció en su artículo 7 literal “c” que durante la instrucción no procede. modifica el artículo 135 del Código Procesal Penal estableciendo como mínimo de pena probable 1 año. con excepción de la Libertad Incondicional” 48 El Decreto Legislativo N° 896 “Ley contra los delitos agravados” (Publicado el 26 de mayo de 1998). modificó los artículos 108 (homicidio). con excepción de la libertad incondicional. Paradójicamente. Por un lado.Instituto de Ciencia Procesal Penal b) Decreto Ley N° 25708. se dieron en un contexto garantista. estableció restricciones para la procedencia del recurso de nulidad. 27 . c) Decreto Legislativo N° 895 “Ley de Terrorismo Agravado” (Publicado el 26 de mayo de 1998): Esta disposición tipificó el delito de terrorismo agravado y la competencia. e) Ley N° 28726 “Ley que incorpora y modifica normas contenidas en los artículos 46. los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal quien dictará el Auto Apertorio de Instrucción con orden de detención. 55. Asimismo. 89648” (Publicado el 26 de mayo de 1998): Respecto a las medidas cautelares. 48. en los últimos años se han ido acumulando normas prohibitivas de excarcelación. Asimismo. en el plazo de veinticuatro horas. 173 A (violación sexual de menor de 14 años seguida de muerte). 152 (secuestro). de corte represivo. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad. “Normas sobre los procedimientos en los juicios por delitos de traición a la patria” (Publicado el 2 de septiembre de 1992): Dispuso que en los casos de traición a la patria se aplicara el proceso sumario establecido en el Código de Justicia Militar para los juicios en el teatro de operaciones. para imponer detención preventiva. donde el Juez tenía que expedir sentencia en un término máximo de 10 días. 173 (violación sexual de menor de 14 años). configurándose una yuxtaposición de modelos. adoptándose las necesarias medidas de seguridad. sin excepción alguna. como por ejemplo el artículo 13 literal “a” de la Ley N° 25475 (Delitos de terrorismo) que establecía “Formalizada la denuncia por el Ministerio Público. estas leyes. asimismo los secuestros e incautaciones permanecían en custodia del Ministerio del Interior. no procedía la concesión de libertad alguna. 440 y 444 del Código Penal. del otro. 188 (robo).
os 895 y 897. en sus disposiciones aún vigentes (a ese momento). Serie C. además y complementariamente. sin excepción alguna (Párrafo 222)49. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. los artículos 1 y 2º del Decreto Ley N.Instituto de Ciencia Procesal Penal Al final. 7º. incisos b). Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez y ordena que se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal. en consecuencia: declaró inconstitucionales el artículo 7 (delito de apología) y el inciso h) del artículo 13. Caso Decreto Legislativo N° 895 y otras disposiciones. y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria conforme al Decreto Ley N° 25659. por el fondo.° 27235. y 4º del Decreto Ley N°. c). de los incisos a). María Concepción Pincheira Sáez. b). 51 En esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la acción de inconstitucionalidad interpuesta y. 50 En esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de inconstitucionalidad y estableció la inconstitucionalidad. Por su parte. e). a tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia N° 52. f) y g) del artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 25880. Publicada el 17 de noviembre de 2001) así como las leyes antiterroristas (Sentencia recaída en el expediente Nº 010-2002-AI/TC51. por la forma. lo cual ha venido a agravar el problema de la En tal sentido declaró la invalidez. Caso Marcelino Tineo Silva y más de 5. e inciso j) y del artículo 8º del Decreto Legislativo N. son inconstitucionales los artículos 1º. i). c). la inconsistencia de estas leyes de endurecimiento penal hizo que fueran objeto de serias críticas. de los artículos 1º. incisos a). de los Decretos Legislativos N. f). Por ello el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Actualmente se vienen realizando nuevos juicios por anulación de los efectuados bajo las leyes declaradas inconstitucionales. la inconstitucionalidad. primer y tercer párrafo. y. Asimismo. También es inconstitucional el inciso d) del artículo 12. 2º (delito de traición a la patria). por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.000 ciudadanos. literal a). 25744.° (imposibilidad de recusar a magistrados) del Decreto Ley N. son también inconstitucionales los artículos 2º.°(incomunicación absoluta del detenido) del mismo Decreto Ley 25475. 2º y 3° del Decreto Ley N. 3º. Sin embargo. los sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales. 6º. 49 28 . que habían sido procesados en el Estado peruano por un tribunal sin rostro perteneciente a la justicia militar. lo que resultó fue una expansión de la legislación de emergencia que preponderó el valor “eficacia” a través del empleo de mecanismos intimidatorios (la pena) o la flexibilización de las garantías mínimas del debido proceso.° 25475 así como la frase “con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención y luego” y “En ningún caso. Perú declaró que las normas internas que hacen aplicable a civiles la justicia militar son violatorias de los preceptos de la Convención Americana. numeral 6). el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de seguridad ciudadana (Sentencia en el expediente Nº 005-01-AI/TC50. Finalmente. c) y d). g).° 25659. 2°. También la frase “o traición a la patria” del artículo 6º del mismo Decreto Ley N.° 25475.° 25659 y los artículos 1º. 4º (competencia militar).° 895. régimen disciplinario que estará vigente hasta su excarcelación” del artículo 20º (lugar de ejecución de penas y visitas) del Decreto Ley N. del proceso en contra de los ciudadanos chilenos Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi. Publicada el 4 de enero de 2003). del artículo 2º de la Ley N.° 897. 5º y 7º del Decreto Ley N.° 25708. b). 3º (pena en delito de traición a la patria). y bajo responsabilidad del Director del establecimiento.
En la mayoría de los casos estas justificaciones sobredimensionaron los beneficios que se obtendrían con la limitación o postergación del derecho a la libertad. El juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.pe. configura la habitualidad en los siguientes términos “Si el agente comete un nuevo delito doloso. Además. En primer lugar. en los casos de hurto simple) disminuyéndose los márgenes para permitir una detención preventiva. con ellos. 29 . En estos casos se llega a ordenar detención por la simple alarma social. si toda la legislación anterior no dio resultados positivos. pero el resultado no fue la reducción de los delitos. El fenómeno es particularmente preocupante cuando de por medio existe un delito que conmociona a los medios y.inpe.gob.318 internos que representan el 68% de la población carcelaria no tienen condena52 y. del otro. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. Datos en www. el 5% de mujeres procesadas.Instituto de Ciencia Procesal Penal sobrecarga procesal que ya afectaba al Poder Judicial y sobre todo al erario público que tiene que asumir los costos de los nuevos procesamientos. siempre que se trate al menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años.” Nos preguntamos. se aumentan las penas (por ejemplo. 52 Según datos oficiales del INPE. la población penal para febrero de 2006 está compuesta por el 63% de hombres procesados. que de por sí son ajenos a las medidas cautelares. el 30% de hombres sentenciados y el 2% de mujeres sentenciadas. no es suficiente para limitar el derecho a la libertad. admitir el criterio de la habitualidad como presupuesto de la detención equivale a aceptar la presunción de culpabilidad como fundamento. justificar la detención desde una óptica de ejemplaridad y prevención especial nos conduce a los fines de la pena. Es más. cómo puede seguirse apostando por el endurecimiento del sistema penal. a la opinión pública. cómo puede existir coherencia si de un lado existe una saturación penitenciaria donde 23. La ley N° 28726 que modifica el inciso 2 del artículo 135 del Código Procesal Penal estableciendo en su nuevo texto como requisito de la detención que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente. Recordemos que nuestro Derecho penal es un derecho penal de acto. y por tanto la personalidad peligrosa no puede constituir indicio de culpabilidad. pero sí la degradación del proceso. El artículo 46 “C” del Código Penal incorporado por la referida norma. será considerado delincuente habitual. que con todo lo importante que pudiera ser.
La motivación deriva del artículo 139 inciso 5 de la Constitución y está regulada. respecto a la detención preventiva. 30 . en la Resolución Administrativa 111-20023-CE-PJ del 25 de septiembre de 2003. sino que forma parte de la estrategia adoptada por algunos gobiernos democráticos para hacer frente a las agresiones que en su opinión ponen en riesgo los principios básicos de una determinada colectividad. en la ponencia que presentó en un Congreso realizado en Berlín en 1999. ASPECTOS PROBLEMÁTICOS COERCIÓN PERSONAL DE LAS MEDIDAS DE 7. por tanto su imposición debe cumplir el requisito de motivación que debe importar un análisis minucioso del caso con observancia de los principios que rigen la coerción personal.1. pena probable y peligro procesal 53 El “Derecho penal del enemigo”. MOTIVACIÓN DE LA COERCIÓN PERSONAL Las medidas de coerción personal tienen por objetivo resguardar la eficiencia del proceso.2000”. Cuando sucede ello. reacción que suele venir justificada apelando a un cualificado y persistente estado de necesidad. se crea otro orden social: la de los individuos (o de “enemigos” en palabras de Jakobs)53 a quienes se les aplica reglas (materiales y procesales) ajenas al Derecho penal ordinario (por más que formalmente se incluyan en los cuerpos normativos tradicionales). la misma que establece que los mandatos de detención deben ser motivados respecto a cada uno de los requisitos concurrentes de: prueba suficiente. es un concepto puesto en el tapete de la discusión académica.Instituto de Ciencia Procesal Penal El recurso a las soluciones penales de carácter excepcional no es un instrumento exclusivo de las sociedades totalitarias. Cuando la respuesta del Derecho penal convencional resulta insuficiente para asegurar el ejercicio de la libertad o no sirve para evitar que se realicen conductas que amenacen bienes jurídicos de gran trascendencia social entonces se recurre a minimizar las garantías propias del Derecho penal liberal. La reafirmación de la ausencia de un claro plan político criminal acorde a los valores democráticos resulta evidente. la que llevó el título de “”Die deutsche Strafrechtswissemschaft vor der Jahrtausendendenwende and Ausblick . No niego que exista un interés social en las reformas (por lo menos así quiero creerlo). VII. pero dicho fin no puede quebrar las bases de un Estado protector de la dignidad del ser humano. por Gunther Jakobs.
en ocasiones reproducidas mecánicamente en términos tan genéricos que podrían adaptarse a cualquier situación”54. por sí misma. de conformidad con el artículo 135° del Código Procesal Penal. A ello debemos añadir que muchas veces se pretende dar cumplimiento a esta exigencia constitucional. a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Como anota Perfecto Andrés Ibáñez: “en estos casos la motivación podría ser sustancialmente eludida en la práctica mediante el empleo de motivaciones tautológicas. sin mencionar en qué consisten estos. apodícticas o aparentes. es preciso que se haga referencia a los presupuestos legales que determinan la imposición del mandato de detención. A pesar de todo. 31 . debe expresar. p. (Sentencia recaída en el expediente Nº 1084-2005-HC/TC. y a las características y la gravedad del delito imputado. pues de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria o injustificada. Nº 15 y 16. debe ser “razonada”. Del mismo modo. Cit. es decir que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar.Instituto de Ciencia Procesal Penal El Tribunal Constitucional. Odone. Considero que la jurisprudencia y la doctrina pueden ser elementos valiosos para asumir la determinación. a los dictámenes fiscales o citando párrafos de autores sobre la materia. es en la prisión preventiva en que se incurre en las mayores insuficiencias en la motivación de las resoluciones en el proceso penal. Publicada el 5 de enero de 2006). denuncias o acusaciones del Ministerio Público. No hay que perder de vista que precisamente son denuncias y acusaciones indebidas o insuficientemente motivadas las que originan procesos que muchas veces son 54 Citado por SANGUINÉ. ha confirmado que dos son las características que debe tener la motivación de la detención judicial preventiva. F. La motivación de las resoluciones alcanza a los dictámenes. En primer lugar. deberá tenerse en cuenta las circunstancias concretas del caso y personales del imputado. 547. tiene que ser “suficiente”.J. Muchas veces los jueces expiden resoluciones que dan por satisfechas la motivación de la detención invocando que en el caso concreto se cumplen los requisitos del artículo 135 del Código Procesal Penal. pues un debido ejercicio de la acción penal también debería estar adecuadamente motivado. En segundo lugar. (Caso Artemio Ramírez Cachique. las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o mantenerla. Ob. esto es. Por ello. o incluso a través de la rutinaria repetición de determinadas fórmulas reiterativas de los textos normativos. así como de la pena que se imponga. con argumentos remisivos a las sentencias del Tribunal Constitucional. pero no deben sustituir la argumentación.
Sobre este particular. en caso de que se ordene el impedimento de salida del país) requiere necesariamente de una fundamentación. Posición distinta fue la asumida por el Tribunal Constitucional en el caso Jeffrey Immelt y otros.HC/TC). por menos relevante que pareciera el mandato (por ejemplo. tal como lo establece artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando prescribe que todas las resoluciones “(…) son motivadas. Esa misma posición jurisprudencial ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 8123-2005-HC/TC. 32 . materia de hábeas corpus. se ordenó al órgano jurisdiccional emplazado que corrigiera la deficiencia y dictara una nueva resolución suficientemente razonada. Asimismo. no está motivado. a pesar de advertirse la carente o deficiente motivación. el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus y. la garantía de la motivación de las medidas de coerción. en consecuencia. No es posible aceptar que se ha 55 Artículo 122 del Código Procesal Civil: “Las resoluciones contendrán 4) La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Así por ejemplo en los casos José Dellepiani Massa (Sentencia recaída en el expediente N° 1753-2003-HC/TC. bajo sanción de nulidad. En base a la inexistencia del marco de imputación que causaba indefensión. Considero que en este supuesto se debe declarar la nulidad de la resolución cautelar.Instituto de Ciencia Procesal Penal archivados después de una onerosa carga para el Estado y de muchas aflicciones para los sujetos procesales. se dispuso la suspensión de las órdenes de captura dictados contra todos los afectados (Sentencia recaída en el Expediente N° 8125-2005-PHC/TC. Publicada el 4 de febrero de 2005) y Alex Wolfenson Woloch (Sentencia recaída en el expediente N° 27122002. lo más importante. (Publicada el lunes 15 de mayo de 2006). Publicada el 25 de enero de 2006). respecto de todos los puntos controvertidos… La resolución que no cumpla con los requisitos antes señalados será nula”. Como observamos. los pronunciamientos del Tribunal Constitucional han sido variados. con expresión de los fundamentos en que se sustentan (…)”. sin declararse nula la resolución que establecía la medida cautelar impuesta al recurrente. Resulta importante determinar también los alcances de los fallos de los jueces constitucionales cuando encuentran que el mandato de detención. bajo responsabilidad. cuando estableció que el incumplimiento de la garantía de la motivación genera como consecuencia la anulación del auto que impone la medida de coerción. donde adoptó una decisión diferente y evolutiva. declaró nulo el auto de apertura de instrucción que contenía el mandato de detención impuesto a los beneficiarios de esta demanda. el artículo 122 del Código Procesal Civil que sanciona con nulidad la infracción de la garantía de motivación de resoluciones judiciales55.
admitir una retroactividad de la ley “in peius” del sujeto pasivo (por tratarse de un nuevo proceso con menos garantías. APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY PROCESAL PENAL EN MATERIA DE COERCIÓN PERSONAL La aplicación temporal de la ley procesal penal ha sido un tema muy debatido con motivo de determinar la ley aplicable para imponer la detención preventiva o fijar el plazo de la misma. Publicada el 5 de enero de 2006). tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional tratándose de la detención judicial preventiva. F. y evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional. las posiciones son diversas. competencia y procedimiento que se modifiquen en bien de la justicia. subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva (Sentencia recaída en el expediente N° 1084-2005-HC/TC (Artemio Ramírez Cachique. Librería Bosch. Sobre la aplicación temporal de la ley procesal penal existen dos principios: la regla del Tempus comissi delicti y la regla del Tempus regit actum. acusado. Porque. Para Luis Jiménez de Asúa “Como principio general. En la doctrina. mediante ley. con anterioridad a la comisión del delito. La libertad por ser un valor supremo debe ser resguardada en sus máximas expresiones. pues sólo de esa manera será posible determinar si una decisión judicial es arbitraria. 1990.Instituto de Ciencia Procesal Penal vulnerado el derecho y a la vez permitir una corrección manteniendo la medida. Hacia una teoría y ley procesal generales. etc. Omitir esta tarea. en tanto afecta la libertad de un ciudadano. especialmente la que dispone la detención y cualquier medida de coerción personal. implica una actuación irresponsable del Juez.2. p. pueden ser En: Doctrina General del Derecho Procesal. N° 14. incluso recién condenado– lo lógico es aplicarla retroactivamente. Barcelona. Entre quienes postulan la extractividad benigna de las normas procesales se encuentran. Lo que no puede hacerse es lo contrario. la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida es un requisito indispensable. Considero que el Juez debe cumplir a cabalidad su deber de motivar las resoluciones judiciales. La primera de ellas referida a que las normas procesales aplicables son aquellas que se encuentran establecidas.)”56. las leyes de organización. 68 56 33 . 7. concede más garantías al sujeto pasivo– vinculado. o no. la segunda se refiere a que las normas aplicables son aquellas que se encuentran vigentes al momento de la realización del acto procesal. Fairén Guillén para quien “si una nueva ley procesal penal.J. menos recursos. es por ello que no se puede dejar de exponer las razones que existen para limitarla o restringirla.
la prohibición de retroactividad no rige para los preceptos procesales. pp.197 60 JESCHECK y TOMAS WEIHEND. Tampoco serán retroactivas las nuevas disposiciones sobre pruebas. si afectan a elementos del tipo o si versan sobre culpabilidad o intención. Reinhart. y por tanto. 158 58 BINDER. (…) Por lo tanto el principio garantista fundamental consiste en la irretroactividad de la ley procesal. Tomo I. Alberto Binder manifiesta lo siguiente: “Observamos que de nada serviría que el Estado dijera que nadie podrá ser encerrado en una cárcel si previamente no se ha establecido el delito por el cual se condena y si no se realiza previamente un juicio. salvo si refluye contra la defensa del reo. En la postura contraria. Tratado de Derecho Penal. pero los realizados conforme a la ley anterior conservan su validez y surten sus efectos legales en forma completa”61. Introducción al Derecho Procesal Penal. salvo en lo favorable. p. César San Martín sostiene que “La retroactividad benigna siempre ha sido entendida desde la lógica del castigo y la pena estatal. Buenos Aires. Principios de Derecho Penal. Tercera edición.Instituto de Ciencia Procesal Penal retroactivas. Y. En ese mismo orden Jescheck. Parte General. p. quien sostiene que “En el actual Derecho. es necesario. no obstante. Editorial Comares. Lima 1984. 1958. 2002. García Rada.del intento común de ponerle frenos al Estado para evitar que las personas sean encarceladas por motivos distintos de la comisión de un hecho punible. para quien “La prohibición de retroactividad sólo rige para aquellas normas que fijan las consecuencias jurídicas de un hecho cometido”59. p. una condena”. Ob cit. La retroactividad de la ley más benigna sólo esta En: La Ley y el Delito. Editorial Sudamericana. Finalmente. que observemos el caso excepcional de que se creen tribunales especiales o comisiones ad hoc. 17 57 34 . 61 Manual de Derecho Procesal Penal. España. dándose efecto inmediato a una nueva modalidad de juicio y de proceso de la cual resultara eventualmente. En particular. en cuanto a organización judicial y competencia. 186. No hay inconveniente en que el rito sea retroactivo. si luego la ley procesal penal puede ser modificada a antojo del legislador. Derecho Penal. afirma que “En el procedimiento. finalmente. y menos todavía si una prueba útil al reo se suprime. no podrán ser retroactivas aquellas leyes que supriman un recurso. tampoco es aplicable a los presupuestos del proceso”60. Por su parte. En esta misma línea. quienes admiten la retroactividad de la norma procesal tenemos a Maurach. 1994. p. para el profesor argentino “La irretroactividad de la ley procesal es una manifestación más – muy importante. Estas jamás podrán tener efectos retroactivos ni ultractividad. Buenos Aires. nunca desde el proceso. esto es. Alberto. Octava edición. Abeledo Perrot. no puede hablarse de retroactividad. 151 y ss 59 MAURACH. En orden a la acción para perseguir el delito. pero sí las que lo creen”57. Universidad de Granada. hay que atender a lo favorable al reo. Astrea. (…) La ley procesal penal es irretroactiva cuando altera el sentido político – criminal del proceso penal”58. Parte General.
José Luis. Para desarrollar el tema de la aplicación temporal de la ley procesal penal es necesario diferenciar las leyes de organización del proceso. Gaceta Jurídica (Actualidad Jurídica)..688 (Alan García-Perú) del 19 de octubre de 2000. previsto en el artículo 139º inciso 11 de la Constitución.) El principio de retroactividad de la ley penal permisiva o favorable en materia penal. En Actualidad Jurídica 123/2004. inclusive para lo que resta del proceso por un delito cometido con anterioridad y cuya sentencia no ha quedado firme.30.como garantías del individuo: "el principio de la irretroactividad" (se prohíbe aplicar de manera retroactiva la ley penal desfavorable). y "el principio de favorabilidad" (se debe de aplicar de manera retroactiva una ley penal favorable). la garantía de la no retroactividad de la ley restrictiva o desfavorable. siempre que se trate de disposiciones más favorables al imputado”. prevista en el artículo 103º de la Constitución. César. desde que se declara que la aplicación a lo que resta del proceso se supedita a que se trate de disposiciones más favorables al imputado63. ha sido el producto de la evolución del Derecho Penal y Procesal Penal”. Lo polémico del tema se centra en determinar si esta última excepción alcanza a la ley procesal penal cuando ella es una ley restrictiva de derechos fundamentales. De esta manera se consagra el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley procesal penal. Lima. Al respecto. no hay que olvidar que el artículo 137 del Código Procesal Penal. Además. abarca por igual tanto a los preceptos sustantivos como los adjetivos o de procedimiento que afecten cuestiones de derecho sustantivo. El problema de la Ley Nº 27770.Instituto de Ciencia Procesal Penal proclamada respecto de las leyes penales. 35 .. sino en concordancia con el artículo IX del Título Preliminar del código en referencia que establece lo siguiente: “La Ley procesal penal es de orden público y se aplica en el territorio nacional desde el comienzo de su vigencia. p. La aplicación favorable de la Ley en materia penal. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe Nº 83/00 que resuelve el caso 11. es decir.dentro de un Estado de Derecho . A las 62 SAN MARTÍN CASTRO. normas sancionadoras. Tomo 105. que actualmente se predica en el sistema procesal moderno. ha establecido que (considerando 46): “ (. los mismos que son reconocidos . Lima – Perú. y a contrario sensu. Esa extensión de la denominada garantía contra leyes ex post a materia procesal penal. esto es. no debe de ser interpretado de manera aislada. más no aquellas que restringen derechos individuales o fundamentales”62 Para determinar los efectos de la ley penal es necesario acudir a los principios generales. 2002 Agosto. restringen derechos fundamentales. Editorial Gaceta Jurídica. 2004. pp 15 – 36 63 Véase CASTILLO ALVA. aquellas que regulan el mero transcurso formal del proceso y las leyes que aunque se apliquen durante el proceso.
buscando alcanzar uno de corte más garantista. pues en la Disposición Transitoria Única se establecía que ella “se aplica a los procedimientos en trámite”. en cambio. A las segundas. Una de las leyes que mayor cuestionamiento originó fue la ley N° 27553. a pesar de constituir una norma más restrictiva. en materia penal cuando favorece al reo(…)”. optando por el mal menor de que un culpable salga libre. debe estar por encima del interés del Estado. otorga la libertad por exceso de detención. en ambos supuestos. en su momento. es una forma de anteponer la persona al Estado. luego a 18 y finalmente las posibilidades de hasta 36 ó 72 meses64. tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 873-2000-HC/TC (Caso Luis Alberto Heraldo Jaramillo. En tales circunstancias es obvio hacer prevalecer que el derecho de todo individuo a ser juzgado en un tiempo razonable.Instituto de Ciencia Procesal Penal primeras les rige el principio en virtud del cual las normas procesales son aquellas vigentes al momento de realización del acto procesal. 64 65 36 . Esta situación se agravó cuando el Tribunal Constitucional. El tratamiento de la aplicación temporal de la ley procesal penal se hizo debatible con la promulgación de leyes que ampliaban el plazo de la detención preventiva. restringiéndolo al campo del derecho penal sustantivo. lo que ofrece en realidad es un paliativo a la eventual injusticia ocasionada por la lentitud o ineficiencia en la administración de justicia. Constitución del Perú: “Artículo 103: (…) La ley desde su entrada en vigencia. le rige el principio de la ley vigente al momento de la comisión delictiva. a que hace referencia el artículo 103 de la Constitución65. tal cual lo proclama el art. salvo. posibilitando la aplicación retroactiva de una norma procesal más aflictiva al imputado. de 12 a 15 meses. F. 1 de la Constitución”. al extender los plazos establecidos para configurar el exceso de detención y provocar la excarcelación. N° 5. J. El valor supremo de la libertad. no asumió una posición clara con respecto a la retroactividad o ultractividad Ver pie de página 12 del presente documento. se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Las consecuencias de esta interpretación resultan demasiados peligrosas si atendemos que lo que busca nuestra Constitución es dar el marco adecuado a fin de abandonar el criterio inquisitivo que tenemos del proceso penal. Algunos operadores de la justicia penal interpretaron el concepto de "salvo en materia penal". Publicada el 19 de enero de 2001) cuando afirma que en toda interpretación normativa se debe anteponer la persona al Estado: “No puede dejar de relevarse que cuando el artículo 137 del Código Procesal Penal. frente al mal mayor de que un inocente permanezca encarcelado en espera de su tardía absolución definitiva.
Instituto de Ciencia Procesal Penal de la ley procesal penal66.º del Código Procesal Penal.. resulta de aplicación al caso de autos. Siendo ello así. "Según la sentencia se trata de un procesado por tráfico de drogas que se encuentra más de 24 meses detenido. pues tales personas ya habían adquirido previamente el derecho de excarcelación. establece que “Si bien la única disposición transitoria de la citada ley establece que ella ha de aplicarse "a los procedimientos en trámite". disposición legal que en este caso resulta aplicable en virtud del principio de ultractividad benigna en la aplicación temporal de la ley penal. existía un auto de prórroga de la detención fijándola en 15 meses más. J. F. .. en particular. En otra sentencia. J. la pretensión debe desistimarse." Sentencia recaída en el Expediente N° 365-02-HC/TC. N° 12 y 13.. J. F. Publicada el 22 de septiembre de 2002). que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse (FJ N° 12). ". J. esto es. Publicada el 3 de junio de 2005). Publicada el 13 de diciembre de 2002). la judicatura a cargo debió disponer la libertad del procesado"66.... fecha de entrada en vigencia de la Ley 27553.en consecuencia.. "No habiendo transcurrido el Plazo Máximo de detención al que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico anterior. aplicable a hipótesis penales cuando la Cabe mencionar algunas sentencias: "No puede aplicarse (Ley 27553) a los casos de personas cuya detención ya cumplió el plazo original establecido por el art. F. Al declarar fundado el hábeas corpus. Publicada el 19 de enero de 2003). modificado por el DL 25824. Nº 2.tampoco puede aplicarse la nueva ley a los casos en que al 14/11/02. Publicada el 18 de marzo de 2003). aplicable al caso de autos la norma procesal vigente en dicho momento. el TC indica que una vez constatado el transcurso del plazo de 15 meses y que no existe mandato de prórroga de detención. sólo se refiere a la de carácter sustantiva y no procesal. F. el Decreto Ley 25824. Lo contrario significaría una aplicación retroactiva de una disposición penal. Nº 4. los 36 meses. (Caso James Ben Okoli. dicha disposición debe interpretarse de conformidad con la Constitución y. así por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente N° 2496-2005-PHC/TC (Caso Valencia Gutiérrez. el artículo 1º de la Ley N.. F. que desde el 13 de noviembre de 2001 modifica el artículo 137. (Caso Robert Rosas García. En este sentido. F." Sentencia recaída en el expediente N° 2166-02 (Caso Luis Delgado Arenas.Nº 1.. 137 del CPP." Sentencia recaída en el expediente N° 321-02-HC/TC.si la acción judicial del accionante recién se ha ejecutado desde el 11 de abril del 2001. antes del 14/11/02. con el principio de irretroactividad de las normas establecido en el artículo 103 de la Norma Fundamental.J.Nº 4.º 27553.. espionaje u otro de naturaleza compleja seguido contra más de diez imputados (FJ N° 13). estableciendo que el plazo de detención en el proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses.. que se duplicará en caso de que el proceso sea por los delitos de terrorismo. cuyo texto establece que el plazo de la detención no durará más de 15 meses prorrogables a 30 meses en los procedimientos especiales. 66 37 . esto es.. donde estableció como precedente constitucional “Con relación a la aplicación de las normas penales. tráfico de drogas. (Caso Carlos Vega Ardila. cómo se entiende que el Tribunal Constitucional peruano haga suya la posición de la retroactividad de la ley procesal penal cuando perjudica al procesado bajo el argumento que la referencia a “ley penal” en la Constitución. sin haber recibido sentencia de primer grado o existir prórroga de detención. Nº 3 a 5. los 30 meses que prevé el art.. no habiendo transcurrido el plazo máximo de detención al que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico anterior. (Caso Walter Barraza Suárez. esto es.… en la aplicación de normas procesales penales rige el principio tempus regit actum. J.137 CPP en su versión derogada (15 meses) sin que fuera prorrogado judicialmente. Sentencia recaída en el expediente N° 798-02-HC-TC. y no en 18.." Sentencia recaída en el expediente N° 330-02-HC/TC. Publicada el 17 de septiembre de 2002). que perjudicaría al imputado. ".
En efecto. J. Esta posición se sustenta además en el hecho de que la Convención Americana de Derechos Humanos (en su artículo 7.. en relación con el interés general de la sociedad para reprimir conductas consideradas como reprochables jurídicamente. b) que tampoco puede aplicarse la nueva ley a los casos en que. sin auto de prórroga de detención.. fecha de entrada en vigencia de la citada ley Nº 27553. podemos señalar tres posturas. Publicada el 16 de agosto de 2002) "[. pues tales personas habían ya adquirido previamente el derecho de excarcelación.Instituto de Ciencia Procesal Penal nueva ley no favorece al imputado. N° 1. F. F. al catorce de noviembre del dos mil uno. existía un auto que prorrogaba la detención fijándola en quince meses más.] el principal elemento a considerarse en el dictado de [una] medida cautelar debe ser el peligro procesal que comporte que el procesado ejerza plenamente su libertad locomotora.3. En este contexto. numeral 5) sólo autoriza la restricción anticipada de la libertad del imputado para asegurar “su comparecencia al juicio”. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 1091-2002-HC/TC (Caso Silva Checa. (Sentencia recaída en el expediente Nº 309-2002-HC-TC (Caso Roberto Poémape Chávez. La primera de ellas. y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en su artículo 9 numeral 3) que autoriza las medidas cautelares exclusivamente para asegurar “la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro 38 . Esto implica: a) que el nuevo y más amplio plazo de detención no puede aplicarse a los casos de personas que cumplieron el plazo original de detención establecido en el art. Respecto al contenido y amplitud del peligro procesal. 137º del Código Procesal Penal en su versión derogada (quince meses). de corte restrictivo. considera que el peligro procesal solamente comprende el peligro de fuga.". N° 15.. J. EL PELIGRO PROCESAL El presupuesto más importante de la coerción personal es el peligro procesal. y no en dieciocho. antes del catorce de noviembre del dos mil uno. que perjudicaría al imputado. considero que la aplicación retroactiva de la norma procesal penal en desmedro de los derechos fundamentales del procesado y al amparo de una interpretación restrictiva del principio de retroactividad benigna de la ley penal previsto en el artículo 103 de la Constitución. supone una perniciosa afectación al modelo garantista de coerción personal.. En particular. Lo contrario significaría una aplicación retroactiva de una disposición penal. la tendencia más reciente ha cuestionado la legitimidad del peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria como presupuesto de la detención. 7. el peligro de que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la justicia". Publicada el 16 de agosto de 2002).
del 12 de diciembre de 1991. asunto Letellier. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado respecto al contenido del peligro procesal de fuga que: “se reconoce a cinco elementos valorativos: 1) gravedad del delito. del 27 de noviembre de 1991. párrafos 46/47. Al respecto. del 28 de marzo de 1990. pues señala que el contenido del peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria ha de derivar de la realización por parte del imputado de conductas determinadas que develen su intención de suprimir la prueba (STEDH. párrafo 14). del 27 de noviembre de 1991. Alberto. lazos de todo orden con el país en el que es procesado. Asuntos Tomasi. la propia justicia” 67. recursos relaciones familiares. párrafo 92/95. Introducción al derecho procesal penal. 3)circunstancias del delito vinculadas a la individualización de la pena. 2) naturaleza y caracteres del mismo. considera que el peligro procesal se compone tanto del peligro de fuga como del peligro de obstaculización de la acción de la justicia o actividad probatoria. párrafos 37/38). asunto Kemmache. Letellier. que se requiere que tal peligro sea concreto y no abstracto (Informe 2/97 Párrafo 33). 4 ) circunstancias del imputado –referidas a su personalidad. domicilio. Si se trata de pruebas personales. profesión. párrafo 15). del 27 de agosto de 1992. 199 39 . el imputado debe tener una determinada capacidad razonable de influencia respecto de los testigos. peritos o imputados (STEDH. La segunda postura que puede denominarse intermedia. párrafo 44. condiciones de vida. Ob cit. del 27 de junio de 1968. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado. Asunto Wenhoff.Instituto de Ciencia Procesal Penal momento de las diligencias procesales”. expresa Alberto Binder que “el entorpecimiento de la investigación no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona porque el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual acción del imputado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es más específico. Es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación: la policía. antecedentes-. y 5) conducta anterior y posterior del delito: moralidad. respecto del peligro de entorpecimiento. párrafo 43. p. Asuntos B. y Stögmuller del 10 noviembre de 1969. los fiscales. Finalmente. intolerancia ante la detención o contactos internacionales” (SSTEDH. Este mismo Tribunal ha indicado que si se trata de pruebas materiales el imputado ha de tenerlas en su poder o deben estar a su disposición de forma indirecta a través de terceros vinculados. Siguiendo esa línea. existe una tercera tendencia (legislativa y jurisprudencial) propia del modelo de prevención radical de incorporar nuevos supuestos de peligro 67 BINDER.
pues como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. esta situación puede dar origen a la aplicación arbitraria y desviada de la prisión preventiva. sin que el juez competente se haya pronunciado aún sobre su culpabilidad. la justificación de la detención de una persona en base a la peligrosidad o a la naturaleza del delito. se torna necesario imponérsele al encausado la medida de Impedimento de Salida del País. Consideramos que esta postura contradice el modelo constitucional y la opción política criminal asumida desde el Código Procesal Penal de 1991. el Tribunal Constitucional. Sin embargo. citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 02/97.. la gravedad de la pena. con fines distintos a los previstos en la propia ley. párrafo 32) consideró que “no debe olvidarse que cuando las autoridades judiciales evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido. "podría incluso considerarse (como) que se le impone un castigo anticipado. Informe N. deben tener en cuenta la gravedad del crimen. excepcionalmente.”. que la detención judicial preventiva se ha de ver legitimada sólo en atención a la naturaleza reprochable y las consecuencias socialmente negativas del delito de terrorismo. las que tiene que ver con el riesgo de la comisión de nuevos delitos o. en la sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-AI/TC cuando estableció que: “… además de las razones previstas en el artículo 135 del Código Procesal Penal.° 02/97. Respecto a la imposición de una medida de coerción personal atendiendo al peligro de reiteración delictiva. Al respecto el Tribunal Constitucional ha establecido con acierto que “Si ese fuera el sentido…. el peligro de reiteración debe ser 40 . con la finalidad de preservar el orden público”. criterios personales del procesado. Asimismo. J. F.Instituto de Ciencia Procesal Penal procesal. que los mismos han adquirido. el legislador puede introducir otras razones adicionales para decretar la detención judicial preventiva. considero que constituye un grave error que atenta contra los fines de las medidas cautelares. etc. para justificar la prisión preventiva. ésta sería violatoria del principio de presunción de inocencia. factores morales o cuestiones de orden público.. Este supuesto está contenido en una exhortación del Tribunal Constitucional. supone atribuirle a ésta un carácter ajeno a su naturaleza cautelar. Justificar la medida de coerción sobre la base de la gravedad de los hechos incriminados. En particular. No obstante. por las siguientes consideraciones.Anticorrupción del 03 de mayo de 2001) que impone una medida de coerción personal afirmando lo siguiente: “…Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos incriminados y las dimensiones sociales. Ejemplo de esta desnaturalización de la coerción la encontramos en la Resolución N° 29 (Sala Penal Especial. como por ejemplo: la reiterancia. esto es. párrafo 51" (Sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-AI/TC. N° 126).
“Artículo 10: son circunstancias agravantes: inciso 14. T. Aranzadi. p. en otro delito también con pena privativa de la libertad". Para tal efecto. otros en que es causa de agravación del injusto. como consecuencia de una inclinación intema. Se puede esperar que el delincuente perturbará considerablemente en el futuro el ordenamiento jurídico. otros en la actitud del sujeto que insiste en la desobediencia de las normas penales. "ningún país está en condiciones sociales de aceptar la irrelevancia de la reincidencia. Es cierto que la reincidencia constituye una agravante presente en las legislaciones de varios países (España. aún a conciencia de que el recurso agravado a la cárcel no va a ser de especial utilidad para reducir la criminalidad" Ver más: Parte General del Derecho penal. Igualmente CEREZO MIR: "Es opinión unánime en la moderna ciencia del Derecho Penal española que la peligrosidad no puede servir nunca de fundamento a una agravación de la pena sino que puede dar lugar únicamente a la aplicación de medidas de seguridad. culpabilidad y peligrosidad. 68 Ambos conceptos se entienden como expresión del llamado “delincuente habitual” al que hacía referencia Edmund Mezger. 71 Cfr. Traducido de la 2ª Ed. 1957. conforme se estipula en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 921 (el Decreto Ley N° 25475 también la regulaba). Rodríguez Muñoz. Sin embargo. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. A propósito de ello la ley N° 28726 que incorpora al Código Penal dos agravantes genéricos: la reincidencia (artículo 46 B) y la habitualidad (artículo 46 C)68. También GONZÁLEZ-CUELLAR GARCÍA. alemana por J.) y que en doctrina se han realizado varios ensayos tendientes a fundar su existencia: unos basados en la mayor culpabilidad. Comentarios a la legislación penal. pp. 23 y ss. impuesta en sentencia nacional o extranjera. 1976. etc71.A. Ver: MEZGER. II." en "Consideraciones político-criminales sobre 41 . entre otros. El delincuente habitual es "peligroso" y la repetición de hechos punibles es probable. p. Navarra. Ser culpable reincidente en delito de la misma naturaleza. Tratado de Derecho Penal Alemán. Edmund. aunque sea en otros de diversa especie”. Para él es delincuente habitual un individuo que.568. resulta especialmente importante constatar. SERRANO GOMEZ. en la mayor peligrosidad del sujeto.Instituto de Ciencia Procesal Penal real y tener en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el carácter del acusado. 72 QUINTERO OLIVARES se muestra abiertamente a favor de la eliminación de la reincidencia como circunstancia agravante. incurre. Italia. Actualidad Penal 1993 p. el rechazo a esta forma de agravación es doctrina dominante72 (en Alemania se suprimió esta agravante en 1986). 71-72. otros en la mayor capacidad criminal. Tomo II. si bien reconoce que atendiendo a razones político-criminales. o consuetudinario. 2005. Madrid. La reincidencia constituye una vieja figura incluida ya en el artículo 10 del Código Penal de 186369 y reproducida en el Código de 192470. Edersa. 1983. 69 Se establecía. tanto en naturaleza como en gravedad". el legislador lo restableció para los casos de terrorismo. En: "Culpabilidad y prevención en la moderna reforma penal española". si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares. infringe reiteradamente el derecho y tiende a infringirlo nuevamente.728. antes de pasar cinco años. El Código Penal de 1991 proscribió la reincidencia. retribución y prevención son conceptos contrapuestos e incompatibles". otros. Argentina. 70 Así lo prescribía el Código Penal de 1924: "Es reincidente el que después de haber sufrido en todo o en parte una condena de pena privativa de la libertad. existente por predisposición natural o adquirida con la práctica. Madrid. "La reincidencia en el Código Penal. entre otros elementos. sin embargo. Ya advierte GRACIA MARTÍN que "pena y medida.
73 Citando el Informe N. judiciales y policiales. También MUÑOZ CONDE. Publicada el 21 de julio de 2005). 1992. 218. Esta sentencia del Tribunal Constitucional insinúa la inclusión de orden público como presupuesto de la detención: “en todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva. esta posible extensión de los motivos de justificación de la detención judicial preventiva. hace recaer en el procesado una el Borrador de Anteproyecto de nuevo Código Penal Parte General de octubre de 1990" en "Presupuestos para la Reforma Penal". Caso Arresto Domiciliario: Ley N° 28568. se ha discutido la legitimidad de la incorporación de la alteración del orden público como presupuesto para ordenar la detención. pero no por ello menos importante. en cualquier caso. La reincorporación de la reincidencia por el legislador.Instituto de Ciencia Procesal Penal Considero inconstitucional la institución de la reincidencia [y la habitualidad] pues atentan contra el principio de resocialización de las penas consagrado en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución (se trastoca la idea de la resocialización como deber del Estado para convertirse en un deber del condenado). el Tribunal Constitucional concluye que. N° 145)73. Por lo demás. no constriñe al Juez a que las aplique en todos los casos y sin excepciones. el Tribunal Constitucional ha declarado que “ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente” (Sentencia recaída en el expediente N° 0192005-AI/TC. por expresa exigencia del artículo 7. p. N° 41. Con lo cual se está desconociendo la naturaleza de la rehabilitación y el cumplimiento íntegro de la condena. pues. Considero que la alteración del orden público no justifica plenamente un diseño constitucional de la coerción personal. Aunado a ello.° numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: "Estudios Penales y Criminológicos" VI. según se ha dicho. debemos tener en consideración la modificación del artículo 69 por la ley N° 28730 (Publicada el 9 de mayo de 2006). el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal” (F. Eso se desprende del verbo empleado por el legislador: El Juez “podrá”. Esta institución asume. y el de presunción de inocencia pues comporta una presunción de peligrosidad que agrava la pena prescindiendo de actividad probatoria alguna. Universidad de la Laguna. Francisco. Universidad de Santiago de Compostela. J. cuando al incorporar el último párrafo establece que “La reincidencia deja sin efecto la cancelación de los antecedentes penales. hasta el cumplimiento de la nueva pena”. 1983. sin embargo. J. un carácter facultativo. 1983.° 02/97 (párrafos 36 y 37) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."Monismo y dualismo en el Derecho Penal Español. a partir de la sentencia recaída en el expediente N° 010-2002AI/TC. previamente requieren ser incorporados a la legislación nacional. Finalmente. Fu. a fin de ser considerados judicialmente. 42 .
razonablemente. la pregunta que surge es quién define qué parte de la historia personalse sanciona y cual no.Instituto de Ciencia Procesal Penal situación que no depende de su conducta. proscrito por el ordenamiento jurídico nacional. citando el Informe 02/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. la no colaboración con la justicia. se afirma: “No se afecta la libertad física del recurrente. Además. Una medida de coerción basada en criterios personales. si este supuesto de peligro procesal fuera válido. J. Esta argumentación lesiona el derecho a la no autoincriminación. También en la indicada sentencia el Tribunal Constitucional. en cuanto se exponen como argumentos. El orden público es un concepto indeterminado que recurrentemente es invocado por los medios de comunicación para encubrir el endurecimiento del sistema penal. N° 11. Este intento de justificar el peligro procesal. los bienes que posee. el Tribunal Constitucional considera que existe base objetiva y razonable que justifica la decisión de la emplazada para no variar el mandato de detención en su contra. F. Podemos citar los siguientes: En la sentencia recaída en el expediente N° 1091-2002-PHC/TC (Caso Silva Checa.”. Publicada el 16 de agosto de 2002).J. De acuerdo a la opción ideológica de nuestra Constitución una medida de coerción no puede justificarse en aspectos subjetivos. consideró como criterio válido para ponderar la existencia de peligro procesal “la historia personal. las declaraciones contradictorias o atentar contra la viabilidad del sistema democrático. N° 6)). F. la evaluación de la personalidad y el carácter del acusado” (F. tanto más si se tiene en cuenta que la supuesta omisión se refería a hechos que en el caso 43 . propios de la esfera personal del imputado. Otro de los supuestos previstos por el Tribunal Constitucional para determinar el peligro procesal consiste en la apreciación de los valores morales del procesado. su ocupación. pues el actor obstaculizó la investigación judicial al ocultar hechos relevantes para culminar con éxito el proceso penal que se le sigue. implica desnaturalizar el carácter cautelar y excepcional de estas medidas. se enmarca dentro de un derecho penal de autor. la no admisión de cargos. el orden público debe ser preservado por el Estado. En ese sentido. A ello hay que agregarle el carácter resocializador que pregona la Constitución. J. Otras sentencias del Tribunal Constitucional para justificar la detención preventiva o su prolongación resultan preocupantes. vínculos familiares y otros que. le impidan ocultarse o salir del país o sustraerse de una posible sentencia prolongada (Sentencia recaída en el expediente N° 1567-2002-PHC/TC (Caso Rodríguez Medrano. N° 143).
el Tribunal Constitucional expuso que el peligro procesal se configura al existir “profundas inconsistencias en las sucesivas declaraciones …Si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación. debe ser desvirtuada por la parte acusadora dentro del proceso judicial. ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso” (F. en todo caso. J. J. N° 7). pues ésta parte de una presunción constitucional que. J.N° 10). no sólo en lo que atañe a la afectación de determinados bienes jurídico-penales. Otro tanto ocurre en la sentencia recaída en el expediente N° 1567-2002HC/TC. Asimismo.Instituto de Ciencia Procesal Penal citado no eran materia de la imputación fiscal y del auto de apertura de instrucción. subyace una valoración judicial de los hechos que son materia del proceso penal y la repercusión de los delitos por los cuales se le juzga. en el cual el Tribunal Constitucional expone lo siguiente “Si bien es cierto que no es obligación del recurrente tener que demostrar su inocencia. si bien se trataba de una detención domiciliaria. N° 8 y 9). también es cierto que ello no implica que el acusado tenga derecho a mostrar una actitud reacia al esclarecimiento de la causa. al señalar que: “La medida judicial que restringe la libertad ambulatoria del accionante. y lo que es más grave. En otro caso. por tanto no se debe considerar en ella el ejercicio de los medios de defensa regular que el imputado tiene. sino incluso. una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso. El entorpecimiento de la actividad probatoria debe ser una conducta claramente obstaculizadora. en la sentencia recaída en el expediente N° 376-2003-HC/TC (Caso Laura Bozzo). Considero que el peligro procesal comprende tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento de la investigación. en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta. Por el contrario. todo procesado está en la obligación de colaborar con la justicia cada vez que dicha colaboración sea requerida. Otro ejemplo lo constituye la sentencia recaída en el expediente N° 15672002-HC/TC (Caso Rodríguez Medrano) en la que el el Tribunal Constitucional expuso como criterio la puesta en riesgo de la viabilidad de sistema democrático. pero atendiendo a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. F. 44 . para la configuración del peligro procesal no debe comprenderse factores ajenos como son: el carácter personal del imputado. a la puesta en riesgo de la viabilidad del sistema democrático” (F. en la medida en que ello no importe una afectación del derecho constitucional a la no autoincriminación” (Caso Rodríguez Medrano.
argumentos que no corresponden a un debido proceso garantista.. Por ello. familiares y profesionales. por otra. Ello implicaría asignar a los procesos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida. supuesto que es precisamente ajeno a la grave y delicada tarea que conlleva merituar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los individuos acusados de la comisión de un ilícito.) no puede traducirse en un número fijo de días. sino que se debe hacer un análisis de qué es lo razonable a la luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso (Informe 12/97. PLAZO DE LA PRISIÓN PROVISIONAL El derecho a que la detención preventiva no exceda de un plazo razonable forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y.4. 7. o en varios períodos dependiendo de la gravedad del delito" (Caso Stogmuller. aplicadas a cada situación específica. meses o años. prontas y plenamente ejecutables. el deber del Estado de garantizar sentencias penales justas. permitan al juez constitucional determinar la afectación del derecho constitucional a no ser privado de la libertad preventivamente más allá del tiempo razonablemente necesario (Sentencia recaída en el expediente Ver: Expediente 2915-2004-HC/TC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2004. Informe 12/96. Este criterio es compartido. 74 45 .Instituto de Ciencia Procesal Penal vínculos personales. no impide el establecimiento de criterios o pautas que. la referida razonabilidad no puede derivar del solo hecho de que el plazo en juego se ajuste a lo que prescriba la ley. mientras no se declare judicialmente su culpabilidad74. Sentencia del 10 de noviembre de 1969. por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al referir que “el plazo razonable (.. Caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio. por tanto. no puede ser desconocido. semanas. La imposibilidad de establecer un plazo único e inequívoco para evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad de la duración de la prisión preventiva. etc. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional cuando establece que no es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la prisión provisional pueda reputarse como irrazonable. párrafos 19 y 22. el derecho de toda persona a la libertad personal y a que se presuma su inocencia.. y. párrafos 69 y 70). El contenido del derecho a que la detención preventiva no exceda de un plazo razonable se expresa en el adecuado equilibrio entre los dos valores que se encuentran en contrapeso al momento de aplicar la medida: por una parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el plazo razonable de la detención preventiva no puede ser establecido en abstracto. párrafo 4). por ejemplo.
Jiménez vs Argentina. N° 14 a 17. el plazo razonable para la duración del proceso previsto en el artículo 8 inciso 1 debe medirse con relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso..4 in fine de la Convención Europea y hace nacer un deber imperativo de poner en libertad al encausado". tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento"75. ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la 75 En esa misma línea el Tribunal Constitucional Español en la STC 41/96 de 12 de marzo afirma que “toda situación de prisión provisional que supera dicho plazo razonable vulnera directamente el derecho a la libertad protegido por el art. 46 . su objetivo es limitar el tiempo de detención y no que la causa sea juzgada en un lapso breve.” (artículo 8 inciso 1) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso 11.. En ese sentido. sin demora. Los convenios internacionales se abstienen de establecer los plazos máximos concretos que deben durar la prisión provisional. Publicada el 25 de noviembre de 2004). El problema que se plantea consiste en delimitar qué se entiende por "plazo razonable". 17. Sin embargo. De otro lado. F: J. Informe N° 12/96. ambas disposiciones no son idénticas en sus referencias. la Convención Americana de Derechos Humanos ubica este tema en 2 acepciones: a.Instituto de Ciencia Procesal Penal N° 2915-2004-PHC/TC (Caso Federico Berrocal Prudencio. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable... Jorge A.245. señala la Comisión. Así. Plazo razonable del proceso: “Toda persona tiene derecho a ser oída. Además. La fórmula empleada es acudir a la expresión "plazo razonable" para delimitar el tiempo que una persona puede estar sometida a prisión antes de haber sido condenada. independiente e imparcial. Plazo razonable de la detención: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada. En el plazo razonable de la detención.. sin perjuicio de que continúe el proceso”. (artículo 7 inciso 5) b. por un Juez o Tribunal competente. de 1 de marzo de 1996) ha establecido que ambos artículos persiguen el propósito que las cargas que el proceso penal conlleva para el individuo no se prolonguen continuamente en el tiempo y causen daños permanentes. el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales dispone en su artículo 5 inciso 3 que "toda persona detenida preventivamente o internada. la especificidad del artículo 7 inciso 5 radica en el hecho que un individuo acusado y detenido tiene derecho a que su caso sea resuelto con la debida prioridad. en forma expeditiva y conducido con diligencia especial.
No obstante. la excesiva duración de la prisión preventiva. N° 7. más no la de la prisión preventiva dispuesta en ese mismo proceso. por cuanto el Estado no quería dar una imagen de ineficiencia al ordenar la libertad de los detenidos. Hasta antes de la entrada en vigencia del artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991 no existía un límite para la duración de la detención preventiva. el Estado promulgó las siguientes normas: El Decreto Ley N° 25824 (Publicado el 9 de noviembre de 1992) que amplió de 12 a 15 meses el plazo de detención para los procesos ordinarios. b. el Tribunal declaró que “es necesario precisar que el derecho a la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva es distinto –tanto en su contenido como en sus presupuestos– del derecho a la razonabilidad del plazo del proceso en su totalidad”.Instituto de Ciencia Procesal Penal conducción del proceso. razón por la cual debían ser excarcelados. Pretendiendo solucionar los problemas antes mencionados. La regulación del plazo de la detención preventiva en el artículo 137 del Código Procesal Penal guarda relación con los principios de la coerción y es una legislación que corresponde a un Estado Democrático de Derecho. En ese mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2915-2004-PHC/TC (Caso Berrocal Prudencio. Los problemas que se presentaron en la aplicación del artículo 137 fueron los siguientes: a. el Estado no admitía liberar a los procesados por delito de terrorismo. lo cual ocasionaba que a menudo los procesados sufrieran detenciones sin condena por muchos años. la duración de un proceso penal podría ser considerada razonable. consagrados en la Constitución de 1993 y en los Convenios Internacionales a los cuales está vinculado el Perú. Esta forma de administrar la coerción era una clara violación a la presunción de inocencia y al plazo razonable. Publicada el 25 de noviembre de 2004). La situación de los internos que al haberse declarado nulos sus procesos y pese al tiempo extremadamente prolongado de sus detenciones. En suma. J. resultaba imposible que los procesados fueran liberados. F. responde a una opción garantista de respeto al debido proceso y a los derechos humanos. sin embargo. Por su parte la ley N° 27553 (Publicada el 13 47 .
que en los casos en que se declare la nulidad de los procesos seguidos en fueros diferentes. siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. 7. el imputado en procesos no complejos resulta perjudicado por la demora del proceso acumulado. deducir medios de defensa técnica. cuando ésta hubiera sido recurrida. En el plano jurisprudencial. con una imputación simple resulte involucrado en un mega proceso con gran cantidad de imputados. Finalmente. etc. debemos exponer que en algunos casos los procesos se acumulan sin justificación suficiente. por cuanto el procesado tiene todo el derecho a impugnar. Nº 6. sin que éstas generen menoscabo al proceso. Así lo reconoció el Tribunal Constitucional en el caso Bueno Aceña. así por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente N° 290-2002-PHC/TC (Caso Calmell Del Solar. se promulgó la Ley 28105 (Publicada el 21 de noviembre de 2003) que permitió la prolongación del plazo de detención preventiva de oficio. Publicado el 4 de junio de 2003). Este tipo de acumulaciones implica que un procesado. F. no se considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto de apertura de instrucción. En estos casos. agregando que cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad. aportar pruebas. que por lo demás es el 48 . la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta. J. Finalmente. es decir que en un caso es posible duplicar la detención y además prolongarla. asimismo se amplió la duplicidad automática de la detención en caso el Estado fuera la parte agraviada.Instituto de Ciencia Procesal Penal de noviembre de 2001) amplió la duración de la detención preventiva de 15 a 18 meses. DETENCIÓN DOMICILIARIA Dentro de las diferentes medidas coercitivas personales la detención domiciliaria es la más grave después de la prisión provisional. solicitar postergaciones de diligencias. se han expuesto las siguientes soluciones para evitar la excarcelación por exceso de detención. el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de detención y que una vez condenado en primera instancia el inculpado. El motivo de estas decisiones parte de una interpretación equivocada de las denominadas dilaciones indebidas.5. se reconoce – peligrosamente– que la duplicidad opera autónomamente a la prolongación.
03 de julio de 1997. No obstante. Lima. el tratamiento que en la práctica judicial se le ha dado a esta medida de coerción personal dista mucho de lo establecido en el artículo 143 del Código Procesal Penal. como es la detención domiciliara…la que le es aplicable al caso por tratarse de un imputado que adolece de incapacidad física.Instituto de Ciencia Procesal Penal primer caso conocido de detención domiciliaria76. También pueden citarse los casos de prohibición para salir a trabajar o estudiar. desconociéndose con ello otros derechos fundamentales. a fin de compatibilizar el derecho del encausado a la libertad y el derecho del Estado de asegurar la presencia del mismo al proceso penal. 143° del Código Procesal Penal de 1991. Los errores que en esta institución se han producido son varios. Publicada el 16 de junio de 2000). conforme a los términos del art. Así. es posible sostener su procedencia. Caso Román Bueno Aceña) en el que se dispuso el permiso de trabajo bajo la consideración de que “…la detención domiciliaria en ningún caso determina el enclaustramiento total del justiciable en su morada. lo cual ocasiona una disminución en la tarea de seguridad ciudadana. En efecto mediante resolución del 30 de marzo de 1998 la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó el mandato de detención impuesto contra dicho ciudadano español e impuso en su lugar la detención domiciliaria (Exp. Sala Penal Superior Corporativa. Con anterioridad a este caso solo conocemos el voto singular del vocal Talavera Elguera (Julio de 1997) en cuyo Considerando Quinto señalaba “que. dada la gravedad del hecho instruido. En esa misma orientación la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. J. Esta medida se prolongó desde esa fecha hasta el 12 de abril de 2000 en que el Tribunal Constitucional declara fundada la acción de habeas corpus que dispone la cesación de esa medida coercitiva y en consecuencia su libertad. 435-98-A). lo reconoció el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Expediente N° 02798. como es el derecho a trabajar libremente garantizado así por la Constitución Política…”.” (Expediente 164-97. N° 6. es menester optar por un estado intermedio de goce de la libertad. Así tenemos por ejemplo los casos de detención domiciliaria con la necesaria custodia policial. F. en el Expediente 12-2001 (Caso Pedraza Barreda) en el que se estableció que la detención domiciliaria “…no se debe contraponer a los demás derechos constitucionales que no han sido limitados. Este mismo criterio fue luego reiterado en los casos Laura Bozzo Rotondo (Sentencia recaída en el expediente N° 376-2003-HC/TC) y Héctor Chumpitaz Gonzales (Sentencia recaída en el expediente N° 1565-2002-HC/TC).) 49 . pues su apartamiento de un espacio con barrotes no es el elemento diferenciador de su reclusión efectiva…”. 76 En el caso Bueno Aceña se aplicó por primera vez la detención domiciliaria. al señalar que dicha medida “… después de la detención es una de las más aflictivas dentro de la escala coercitiva que prevé nuestro ordenamiento legal razón por la cual la necesidad de su aplicación y el plazo de su duración debe dosificarse considerando la existencia de peligro de fuga u obstrucción probatoria por parte del procesado…” (Sentencia recaída en el expediente N° 066-2000HC/TC. Si bien la norma no establece este supuesto.
desaparezcan las razones que motivaron el propio mandato…b)la inexistencia de un plazo máximo legal. Además. Publicada el 31 de mayo de 2005) Tratamiento diferente merece el supuesto de acumulación de los días de detención domiciliaria y detención preventiva para obtener la libertad por exceso de detención. según los plazos fijados en el artículo 137. ésta debe durar mientras persistan los elementos que le dieron lugar. el Tribunal Constitucional establece dos criterios “con carácter vinculante”: 1) Peligrosidad Procesal y. en especial el peligro procesal. no resulta el único criterio determinante para constatar que una detención deviene en desproporcionada y arbitraria luego de vencido el plazo. F. J. N° 13 y 14. de forma indefinida. pudiendo tornarse en tal. 2) La razonabilidad. dentro de los cuales. el plazo previsto para la detención preventiva. Publicado el 22 de mayo de 2003) que no es posible acumular el plazo de la detención domiciliaria al plazo de la detención preventiva para efectos de establecer si 50 . o hasta que surjan nuevos elementos que hagan variar su situación. se entiende que por un criterio de proporcionalidad y provisionalidad. Señala el Tribunal que “…tomando en cuenta lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 139° de la Constitución. N° 6). la existencia de un plazo máximo como referente derivado del principio de proporcionalidad sólo es uno de ellos y no el único determinante…” Finalmente. Así. inclusive antes del cumplimiento del mismo cuando por ejemplo. J. el Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia recaída en el expediente N° 2717-2002-HC/TC. arbitraria y desproporcionada. constituye un referente necesario para determinar el plazo de la detención domiciliaria. Si bien el Código Procesal Penal no establece cuánto tiempo debe estar una persona con detención domiciliaria. (F. N° 2. y. (Caso Arbulú Seminario. En el Caso Bueno Aceña el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de habeas corpus estableciendo que “…la necesidad de su aplicación [de la detención domiciliaria] y el plazo de su duración debe dosificarse considerando la existencia de peligro de fuga u obstrucción probatoria por parte del procesado…” (Sentencia recaída en el expediente N° 066-2000HC/TC. En el caso Villanueva Chirinos (Sentencia recaída en el expediente N° 731-2004HC/TC) el Tribunal Constitucional ha fijado pautas generales de índole cualitativo para la limitación temporal de la detención domiciliaria que son del caso anotar. según los elementos de juicio objetivos existentes…” Indica asimismo esta sentencia que “…el exceso de detención domiciliaria puede verificarse en cada caso concreto atendiendo a una serie de elementos. J. a fin de salvar este vacío legal. el Tribunal considera importante resaltar dos premisas: a)la existencia del plazo máximo. F.Instituto de Ciencia Procesal Penal Otro de los problemas aplicativos de la detención domiciliaria es el relacionado a su plazo. de ninguna manera puede admitirse como justificación válida para la permanencia de una medida restrictiva de derechos. debiendo más bien ser valorado en cada caso.
no es un elemento determinante la fijación de un plazo legal. el plazo máximo de detención del artículo 137º del Código Procesal Penal. pues con ello se estaría afectando el principio de igualdad. a propósito de la ley N° 28568. considero que debe existir un descuento de la pena que. Además. desvirtúa la posibilidad de que la sociedad afiance su confianza en el orden penitenciario constitucional. segundo. Esto resultará particularmente evidente en el caso de delitos de corrupción. Por último. en cuanto no es viable homologar la detención domiciliaria a la prisión preventiva. un peligro inminente para la sociedad”. sin embargo. afectación del derecho a que la libertad personal no sea restringida más allá de un plazo razonable. mutatis mutandis. preventiva y domiciliaria para el computo del descuento de la pena privativa de libertad. porque. porque dicho plazo sólo es aplicable a la detención preventiva. sino el análisis de ciertos criterios a la luz de cada caso concreto. Si bien los efectos de ambas 51 . atendiendo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. que modificaba el artículo único del artículo 47 del Código Penal referido al abono de la detención preliminar. y lo que es más grave. el Tribunal emitió una sentencia normativa de trascendental relevancia (Sentencia recaída en el expediente N° 0019-2005-PI/TC. Publicada el 21 de julio de 2005). y c) la conducta obstruccionista del imputado. en criterio que. b) la complejidad del asunto. o absolutamente leves en relación al daño social causado. para determinar si existe. pues se observará con impotencia cómo delitos de naturaleza particularmente grave son sancionados con penas nimias. En dicha sentencia. Además. o no. pues reduce irrazonablemente la posibilidad de que genere un suficiente efecto intimidatorio. La decisión del Tribunal Constitucional es adecuada. La tendencia a la reiteración de esta conducta es. J. que la homologación de un día de detención domiciliaria por un día de privación de libertad vacía de contenido la finalidad preventivogeneral de la pena privativa de libertad.Instituto de Ciencia Procesal Penal ha vencido. debilita e incluso descarta toda posibilidad de que internalice la gravedad de su conducta. tal como ha establecido este Tribunal en el Caso Berrocal Prudencio (Sentencia recaída en el expediente N° 2915-2002HC. Estos criterios son: a) la diligencia del juez en la merituación de la causa. Primero. F. o no. es aplicable a la detención domiciliaria. N° 18 a 31) en relación con la detención judicial preventiva. pues al permitir que el delincuente conciba el arresto domiciliario como una limitación de la libertad personal idéntica a la pena privativa de libertad. Caso Arresto Domiciliario. y. La norma resulta también contraria a la finalidad preventivo-especial de la pena. el Tribunal Constitucional expuso que “en modo alguno puede sostenerse que la detención preventiva y la detención domiciliaria tengan la misma incidencia sobre la libertad personal. en los que los beneficios generados por la comisión del delito aparecerán como significativamente superiores a la gravedad de la pena impuesta como consecuencia de su comisión. pues.
Lima. sin embargo. nos encontramos obligados a confrontar tales ideas con la realidad. Esta realidad denota la ausencia de una clara voluntad política de desarrollar un proceso penal acorde con un Estado Social y Democrático de Derecho. 52 . como en el nivel de intensidad aflictiva). conforme se ha observado. el mismo que impone no sólo el deber estatal de resolver problemas sociales.Instituto de Ciencia Procesal Penal medidas no son los mismos (en lo psicológico. el perjuicio a la libertad personal es el mismo. la respuesta que en los últimos años ha ofrecido el legislador y el juez peruano al problema de la criminalidad y. se ha caracterizado por alejarse de las funciones que estas medidas deben atender. Ante esto. la obligación de exponer las bases dogmáticas de las instituciones que conforman esta rama jurídica (tarea necesaria) y también. quienes nos encontramos vinculados al estudio del proceso penal tenemos. en primer lugar. ejercicio que consideramos indispensable para superar su actual crisis normativa y jurisprudencial. VIII. en el que se respeten los derechos que la propia Constitución consagra. REFLEXIÓN FINAL Un modelo democrático se caracteriza por entender que la restricción a la libertad de la persona ha de adoptarse a través de un procedimiento previamente determinado. junio de 2006. por tanto. sino también que en dicha tarea se respeten los derechos fundamentales. Sin embargo. el tratamiento que ha realizado de la prisión provisional y otras medidas restrictivas de la libertad.
Documentos similares a LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL PERUANO
Delito_tenencia Ilegal de Armas
CAS RESPONSABILIDAD CIVIL POR DENUNCAI CALUMNIOSA, Beneficencia Lima - Cristobal Ramirez.docx
Más de revisa1960
EL PROCESO DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL.pdf