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Timestamp: 2018-12-14 03:42:33
Document Index: 174584421

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 2']

Acción de ratificación para la campaña del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos - PDF
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1 Índice AI: ACT 30/14/97/s Acción de ratificación para la campaña del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos En 1948, los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos como «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse». Los derechos establecidos por la Declaración se codificaron a partir de entonces en tratados de derechos humanos. Estos tratados, una vez que los Estados los ratifican o se adhieren a ellos, son legalmente vinculantes. En virtud de la Carta Internacional de Derechos Humanos, los Estados Miembros se comprometieron a promover «el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades del hombre», sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Estos objetivos deben ser reforzados por la adhesión universal a los instrumentos internacionales que traducen los principios expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos en una forma jurídica más detallada. La ratificación de los tratados de derechos humanos es un paso básico pero esencial que todos los gobiernos pueden dar para demostrar su compromiso de proteger los derechos humanos. Cuando un gobierno se convierte en parte de los tratados internacionales de derechos humanos, afirma ante la comunidad internacional su determinación de respetar la dignidad y el valor de la persona humana. Estos tratados dan a los pueblos una norma objetiva de comportamiento redactada por los propios gobiernos con la que pueden valorar las leyes y prácticas de sus propias autoridades. Por otra parte, la ratificación de los instrumentos internacionales es una ocasión para que los Estados revisen su propia legislación y práctica y se aseguren de que cumplen plenamente estas normas internacionales. La aceptación de obligaciones internacionales por parte de los Estados ayuda a establecer compromisos más duraderos en el campo de la protección de los derechos humanos. La adhesión a estos instrumentos no sólo estimula el esfuerzo de cada país por hacer efectivo el respeto a los derechos humanos sino que también protege los logros de los gobiernos de hoy contra los retrocesos de los gobiernos de mañana. La adhesión a estos instrumentos por parte de todos los Estados sería un importante paso adelante en el futuro desarrollo y fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos para beneficio de todas las personas. Como afirmó Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas: La meta común materializada en la Declaración Universal es patrimonio de todos los pueblos. Es responsabilidad de todos nosotros convertirla en una realidad viva y universal. En una intervención en un seminario internacional celebrado en Varsovia, Polonia, en enero de 1997 y titulado «La Declaración Universal en los albores del siglo XXI», Nelson Mandela, presidente
2 de Sudáfrica, afirmó: Las verdades fundamentales establecidas en esta Declaración no han perdido ni un ápice de relevancia o vitalidad en el medio siglo transcurrido desde su adopción. Los sudafricanos nos unimos al resto de los ciudadanos del mundo en la lucha por la consecución de estos derechos para todos los ciudadanos del mundo. Es hora de que todos nos consagremos de nuevo a perseguir estos ideales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege derechos fundamentales, incluidos los que constituyen el núcleo del trabajo de Amnistía Internacional: el derecho a la vida; el derecho a las libertades de expresión, conciencia y asociación; el derecho a no ser arrestado ni detenido arbitrariamente; el derecho a no ser torturado ni maltratado; y el derecho a un juicio justo. Llamamiento al gobierno para que se convierta en Estado Parte del PIDCP y lo aplique. Esto sería una clara demostración de su voluntad de promover y respetar derechos humanos fundamentales. El Comité de Derechos Humanos es un grupo de 18 expertos creado en virtud del PIDCP para que vigile la forma en que los Estados Partes cumplen las exigencias del Pacto. Los Estados Partes deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos garantizados por el Pacto. Estos informes deben ser enviados a tiempo, y contener información completa, para que el Comité pueda decidir si el gobierno está haciendo lo que el PIDCP demanda. Durante el examen de los informes presentados por los Estados, el Comité puede formular conclusiones y recomendaciones sobre cómo el gobierno debe adecuar su legislación y su práctica a las disposiciones del PIDCP. Los expertos también hacen comentarios generales sobre cómo deben los Estados interpretar las obligaciones contraídas en virtud del PIDCP. El Protocolo Facultativo del PIDCP otorga al Comité de Derechos Humanos autoridad para recibir quejas de individuos que hayan sido víctima de la violación por parte de su gobierno de cualquiera de los derechos contenidos en el PIDCP, una vez que se hayan agotado los remedios dentro del propio país. El Protocolo Facultativo es una vía importante para que las víctimas individuales pidan compensación por la violación de sus derechos. Inste al gobierno a que se convierta en parte del Protocolo Facultativo del PIDCP, con el fin de permitir al Comité de Derechos Humanos recibir quejas individuales. El Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP tiene como objetivo la abolición mundial de la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y la más extrema de las penas crueles, inhumanas y degradantes. La pena de muerte es en sí misma injusta y arbitraria. El riesgo de error es inevitable. Además, nunca se ha demostrado que la pena de muerte tenga ningún poder especial para reducir el crimen y la violencia política.
3 Inste al gobierno a que se convierta en parte del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, con el fin de abolir la pena de muerte y unirse de ese modo a la tendencia hacia la abolición. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes obliga a los Estados Partes a prevenir la tortura de las personas que están bajo su jurisdicción y a convertir la tortura en un delito. La Convención estipula la jurisdicción universal sobre los presuntos torturadores, lo cual significa que todos los Estados Partes deben detener, procesar o extraditar para que sea juzgado en otro Estado a cualquier presunto torturador hallado en el país, independientemente de su nacionalidad, de la nacionalidad de la víctima y del lugar del mundo donde se produjera la tortura. Prohíbe la devolución de personas a países en los que pudieran correr el riesgo de ser torturadas. Insiste en el derecho de reparación y de rehabilitación que tienen las víctimas de la tortura. Según el artículo 21 de la Convención, todo Estado Parte podrá declarar que reconoce la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención. De acuerdo con el artículo 22 de la Convención, todo Estado Parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación de las disposiciones de la Convención por un Estado Parte. Pida al gobierno que se convierta en Estado Parte de la Convención y la aplique. El hecho de convertirse en Estado Parte y cumplir sus disposiciones será un indicio positivo del compromiso de su gobierno de prevenir y abolir la tortura dentro de su propia jurisdicción y contribuir a su erradicación mundial. Inste al gobierno a que haga una declaración, según lo dispuesto en el artículo 21, reconociendo la competencia del Comité para recibir quejas presentadas por su gobierno o contra su gobierno. Inste al gobierno a que haga una declaración, según lo dispuesto en el artículo 22, con el fin de permitir que las víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, u otras personas en su nombre, lleven el caso ante el Comité. El Comité contra la Tortura es un grupo de 10 expertos creado en virtud de la Convención contra la Tortura para vigilar la forma en que los Estados Partes cumplen las obligaciones que ésta les impone. Los Estados Partes deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Durante el estudio de los informes presentados por los Estados, el Comité puede formular conclusiones y recomendaciones sobre cómo debe el gobierno adecuar sus leyes y práctica a las disposiciones de la Convención contra la Tortura. Los expertos también hacen comentarios generales sobre cómo deben los Estados interpretar las obligaciones que les impone la Convención. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial tiene como objetivo eliminar la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y
4 prevenir y combatir doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y construir una comunidad internacional libre de toda forma de discriminación racial. La Convención exige que los Estados Partes declaren como delito la propaganda racista y que prohíban las organizaciones que promueven e incitan a la discriminación racial. Los Estados Partes deben garantizar el derecho de todas las personas, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, a la igualdad ante la ley. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para combatir las violaciones de derechos humanos que puedan contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos que forman parte esencial de su mandato, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades estatales, a todos los niveles, deben demostrar su total oposición al racismo y dejar claro que no se tolerará el comportamiento racista en ninguna circunstancia. En virtud del artículo 14 de la Convención, todo Estado puede declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir comunicaciones de individuos o grupos que aleguen ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente Convención. Inste al gobierno, como clara expresión de su deseo de erradicar la discriminación racial, a que se convierta en parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Inste al gobierno a que, según lo estipulado por el artículo 14 de la Convención, declare que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias individuales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es un grupo de 18 expertos creado en virtud de la Convención para vigilar la forma en que los Estados Partes cumplen las obligaciones que ésta les exige. Los Estados Partes deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Estos informes deben presentarse a tiempo y contener toda la información debida, para que el Comité pueda decidir si el gobierno está haciendo lo que la Convención estipula. El Comité puede recibir denuncias de un Estado Parte contra otro Estado Parte por violaciones de la Convención. Al examinar los informes presentados por los Estados, el Comité puede formular conclusiones y recomendaciones sobre cómo debe el gobierno adecuar sus leyes y práctica a las disposiciones de la Convención. Los expertos pueden hacer también comentarios generales sobre cómo deben interpretar los Estados las obligaciones que establece la Convención. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece las diferentes medidas que los Estados Partes deben adoptar para eliminar la discriminación basada en el sexo que impide a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. De hecho, la discriminación contra las mujeres socava el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres establecido en la Carta de la ONU, así como el respeto a los derechos humanos. Los Estados Partes de este tratado tienen la obligación de condenar la discriminación contra la mujer, concebir políticas para su eliminación y tomar medidas para garantizar el total desarrollo y avance de las mujeres.
5 Inste al gobierno, demostrando así su voluntad de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, a que se convierta en Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer es un grupo de 23 expertos, creado en virtud de la Convención, para vigilar la forma en que los Estados Partes cumplen las obligaciones establecidas por la Convención. Los Estados Partes deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos garantizados por la Convención. Estos informes deben presentarse a tiempo, y contener información completa, para que el Comité pueda decidir si el gobierno está haciendo lo que la Convención exige. Al examinar los informes presentados por los Estados, el Comité puede formular conclusiones y recomendaciones sobre cómo debe el gobierno adecuar sus leyes y práctica a las disposiciones de la Convención. Los expertos también deben hacer comentarios generales sobre cómo deben interpretar los Estados las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. La Convención sobre los Derechos del Niño establece normas para la protección y el cuidado de los niños. Prohíbe toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. La Convención prohíbe también torturar y ejecutar a niños así como imponerles la cadena perpetua sin posibilidad de disminución de la pena, y establece que todo niño privado de libertad debe ser recluido en un lugar separado de los adultos. Inste al gobierno a que, demostrando su voluntad política de respetar los derechos del niño, se convierta en Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplique. El Comité sobre los Derechos del Niño es un grupo de 10 expertos establecido en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño para vigilar la forma en que los Estados Partes cumplen las obligaciones que les impone la Convención. Los Estados Partes deben presentar informes sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos garantizados en la Convención. Estos informes deben ser proporcionados a tiempo, y contener información completa, para que el Comité pueda decidir si el gobierno está cumpliendo las exigencias de la Convención. Durante el examen de los informes enviados por los Estados, el Comité puede formular conclusiones y recomendaciones sobre cómo debe el gobierno adecuar sus leyes y su práctica a las disposiciones de la Convención. Los expertos hacen también comentarios generales sobre cómo los Estados deben interpretar las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. Amnistía Internacional cree que los Estados deben ratificar o adherirse a los tratados internacionales de derechos humanos sin reservas limitadoras ni declaraciones interpretativas. Éstas permiten a los gobiernos no aceptar algunas de las disposiciones de un tratado de derechos humanos o interpretarlas de una forma limitada. Pueden socavar gravemente las garantías contenidas en el tratado y poner en cuestión la voluntad de un Estado de cumplir plenamente las obligaciones contenidas en el tratado. La ratificación o la adhesión sin ninguna reserva limitadora es esencial para la plena aplicación de las normas internacionales.
6 Pida a los gobiernos que ratifiquen o se adhieran a los tratados de derechos humanos sin ningún tipo de reservas ni declaraciones interpretativas, para que puedan aplicar totalmente las disposiciones del tratado. Inste al gobierno a que examine, con vistas a retirarlas, cualquier reserva o declaración interpretativa efectuada en el momento de la ratificación o de la adhesión.
Adición. Comentario General Nº 24 (52) 1/
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