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Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'Artículo 127', 'artículo 117', 'artículo 203', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1']

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Julio Hernández Carrasco
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3 Decreto Pág. 3 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL EXPOSICION DE MOTIVOS La aparición de controles zoosanitarios y fitosanitarios como importante bastión para la salud animal y vegetal mundial, encontró a la Nación, a comienzos del siglo pasado, en condiciones de atraso político, económico y tecnológico, para afrontar el desafío que significaba controlar y combatir el desplazamiento de las plagas transfronterizas, al tiempo que la capacidad administrativa para regularlo resultaba a todas luces insuficiente y poco contribuía con el bienestar alimentario de la población. A inicios del referido siglo, cuando mundialmente se le confirió su real importancia a la materia, el entonces Congreso de los Estados Unidos de Venezuela promulgó el 2 de julio de 1931, la Ley sobre Defensas Sanitarias Vegetal y Animal. Posteriormente promulgaría la nueva Ley sobre Defensas Sanitarias Vegetal y Animal, el 18 de junio de 1941, esfuerzos que ayudaron a paliar la situación en el siglo XX. De esta forma, el tratamiento de los controles zoosanitarios y fitosanitarios quedó sujeto no sólo a las leyes aquí citadas, si no a un cúmulo de normativas y resoluciones dispersas que en los momentos actuales resultan anacrónicas ante la nueva realidad nacional e internacional y el marco constitucional vigente. El proyecto de integración de los pueblos latinoamericanos, reflejados en los diversos mecanismos de articulación y espacios de encuentro creados para tales fines (ALBA, CAN, MERCOSUR, entre otros) reivindican una vez más, la imperiosa necesidad de fomentar políticas en materia de salud agrícola integral que se correspondan con la realidad del trópico, entendido éste como macro contexto agro-climático y sociocultural que determina un particular patrón de consumo e interacción con el ambiente propio de esta región. En tal
4 Decreto Pág. 4 sentido, la consolidación de marcos jurídicos que agilicen los mencionados procesos de integración y reciprocidad, constituye una tarea fundamental para avanzar en la conformación de un cuadro interpretativo propio y actualizado. El proceso de cambio que actualmente enarbola Venezuela tanto interna como externamente, impulsa una transformación profunda en el ámbito internacional extrapolando la visión revolucionaria de una metamorfosis paradigmática que observe los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y sustentabilidad, como una alternativa bolivariana de integración que sobrepone lo social a lo económico, siendo necesaria la correcta y oportuna ejecución de políticas de salud agrícola con una perspectiva integral que no sólo se circunscriba al combate de las plagas y enfermedades que atacan a los animales y vegetales, sino también a la interacción de todos los seres vivos y su entorno. Por otra parte la creciente amenaza del Bioterrorismo de clara connotación genocida, y fundamentada en el empleo de microorganismos patógenos, toxinas y otras sustancias dañinas que atentan contra la vida y salud de los seres vivos y el ambiente, es necesario estructurar controles fitosanitarios y zoosanitarios capaces de responder oportunamente ante esta nueva amenaza. Este cuadro, aunado a los efectos del calentamiento global con su consecuente alteración de los patrones climáticos y sus respectivas secuelas en la disponibilidad de alimentos a escala mundial, convierte a la salud agrícola integral en una herramienta fundamental que garantiza la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación, con un claro enfoque sustentable y atendiendo a las especificidades del medio rural con sus respectivos condicionamientos ecológicos, demográficos, económicos y socioculturales. De igual forma, en atención a las premisas fundamentales que rigen la incorporación y el ejercicio directo de las organizaciones populares en la formulación, control y ejecución de las políticas públicas, es necesario auspiciar la idea de corresponsabilidad y compartimentación de funciones en materia de salud agrícola
5 Decreto Pág. 5 integral, toda vez que los diversos medios, órganos y mecanismos de participación intrínsicamente asociados a la idea del empoderamiento popular, se convierten en parte integral de un nuevo tipo de democracia que reestructura las relaciones entre el Estado y la sociedad, propiciando así una acción más directa y comprometida de la población en la definición y ejecución de los asuntos públicos, redimensionando la concepción de la política, en tanto se convierte a la colectividad en garante del bienestar social y coadministrador de las políticas redistributivas, y contribuyendo al fortalecimiento del Estado Democrático y Social de Derecho y de justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como competencia del Poder Público Nacional en su artículo 156 numeral 32, legislar en materia de salud animal y vegetal, entre otras, y que no obstante la obsolescencia y dispersa legislación vigente en la materia, aun no ha sido dictada. En lo referido al marco constitucional vigente, los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución, establecen claramente entre otros aspectos: La obligación del Estado de promover una agricultura sustentable, a fin de garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la población; la cual se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna; el deber de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un adecuado nivel de beneficio así como su incorporación al desarrollo nacional, declara el régimen latifundista contrario al interés social y que el Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Por otra parte el Artículo 127 de nuestra carta magna, declara que: «Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de si misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente
6 Decreto Pág. 6 a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.» Además también establece en su artículo 117, que todas las personas tendrán derecho, entre otros, a disponer de una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen. Del análisis e interpretación del marco constitucional señalado, queda claro que la nueva legislación sobre defensas zoosanitarias y fitosanitarias, no puede circunscribirse sólo a actualizar y fortalecer las normativas jurídicas sobre el control, autorizaciones, restricciones y prohibiciones, que por cierto deben ser rigurosas dado el alto riesgo de introducción y diseminación de enfermedades y plagas en el país, que atentarían contra la sustentabilidad y soberanía y seguridad agroalimentaria, riesgos que son producto del mayor tráfico internacional de animales y vegetales, sino que debe proyectarse para coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable, de amplia incorporación y participación de todos los sectores del campo (trabajadores, campesinos productores y productoras, medios, empresas y cooperativas de participación social, técnicos, profesionales, estudiantes y población rural en general) y del derecho al disfrute de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Sobre los principios enunciados en el párrafo anterior, a los cuales se agregan las nuevas formas de participación popular, así como retomar, impulsar, divulgar, promover y aplicar los principios de la agricultura lo más sana posible por medio de las prácticas agroecológicas, que no pueden transformarse en normas jurídicas puras, que como tales implican coerción, obligatoriedad y sanción, pero que como principios metas y objetivos deben quedar insertas en la nueva ley, a fin de impregnar esta nueva cultura agraria a las normativas, procedimientos y actos del propuesto Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). El proyecto de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que se presenta a tenor de la Ley Habilitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República
7 Decreto Pág. 7 Bolivariana de Venezuela, que estructura las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, desarrollando derechos constitucionales ya analizados y comentados en esta exposición y consta de los Títulos referidos a: Titulo I Disposiciones Fundamentales, Titulo II, se referio a la salud agrícola integral en el cual se establece la responsabilidad del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) en la regulación de la salud agrícola, correspondiéndole la organización, coordinación, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación de todas las actividades relacionadas con la prevención, protección, control zoosanitario y fitosanitario, la epidemiología y vigilancia fitosanitaria, la supervisión de los organismos vivos modificados, la cuarentena animal y vegetal, los insumos pecuarios y agrícolas de origen biológico y químico con su respectivo registro, la identificación ganadera, la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Zoosanitario y Fitosanitario y el ejercicio de las profesiones afines en materia de salud agrícola integral con una nueva y revolucionaria concepción de servicio social. El Titulo III, referido a la Agroecología, establece políticas, definiciones y objetivos, pero no normas coercitivas. El Titulo IV referido a la creación del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), con el propósito de fortalecer la construcción de una democracia participativa y protagónica, cónsona con la transición de las instituciones burocráticas hacia una efectiva participación popular, haciéndose necesario la transformación del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) cuya creación data del año 1992, en una figura más dinámica, como lo es un Instituto Autónomo, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente al de la República, y adscrito al Ministerio con competencia en materia de agricultura y tierras, hoy, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. El Titulo V, establece la Participación y Protagonismo Popular, y en lo referido a la participación y protagonismo popular, se establecen las acciones de los consejos comunales, pueblos y
8 Decreto Pág. 8 comunidades indígenas en materia la salud agrícola integral conforme a la facultad de estos órganos otorgadas en su respectiva Ley. El Título VI, establece las Tasas que se causarán con ocasión de los servicios de registro, permiseria, certificaciones y autorizaciones que otorgue el Instituto a personas naturales y jurídicas, para que puedan legalmente desarrollar las actividades de salud agrícola integral que allí se estipulan. Finalmente los Títulos VII y VIII, referidos a las sanciones y el procedimiento sancionatorio en los que se definen taxativamente aquellas conductas infractoras de la salud agrícola integral no constitutivas de delito, a las que se aplicarán las multas expresadas en unidades tributarias y otras medidas como: decomisos, revocatoria de registros, permisos, licencias y autorizaciones, entre otros, que también se definen para cada infracción tipificada.
9 Decreto Pág. 9 Decreto Nº de junio de 2008 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la República En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8º del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 4, del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que Delegan, en Consejo de Ministros. DICTA El siguiente, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto garantizar la salud agrícola integral.
10 Decreto Pág. 10 A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entiende por salud agrícola integral la salud primaria de animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, suelo, aguas, aire, personas y la estrecha relación entre cada uno de ellos, incorporando principios de la ciencia agroecológica que promuevan la seguridad y soberanía alimentaria, y la participación popular, a través de la formulación, ejecución y control de políticas, planes y programas para la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades. Finalidades Artículo 2º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley, tiene las siguientes finalidades: 1. Promover, divulgar, y garantizar la salud agrícola integral, como eje principal de la soberanía y seguridad alimentaria, y el desarrollo sustentable de la Nación, la salud de los animales y vegetales, por ende, de las personas, mediante el fomento de la ciencia agroecológica. 2. Proteger a la población de la entrada y difusión de enfermedades y plagas que afecten a los animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, así como de agentes que faciliten su propagación al territorio nacional. 3. Alcanzar un estado zoosanitario y fitosanitario adecuado a las necesidades económicas, sociales y ambientales de la Nación mediante la prevención, localización, control de enfermedades y plagas que afecten los vegetales, animales, productos y subproductos de ambos orígenes. 4. Regular la exportación, importación y traslado interno de animales y vegetales, así como productos y subproductos de ambos orígenes, para garantizar la salud agrícola integral de la Nación. 5. Regular el uso de ingredientes activos en productos agrícolas, domésticos, de salud pública e industrial, muy especialmente, cuando el Estado considere que existe amenaza inminente para la salud humana o el ambiente, a los fines de su importación y uso en la formulación y
11 Decreto Pág. 11 comercialización de los productos que los contengan, deberán tomarse medidas precautorias aún cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. 6. Regular los medicamentos y otros insumos de origen vegetal, animal, acuícola, pesquero y forestal, químico o biológico, para la salud agrícola integral. 7. Promover y desarrollar la agroecología y la participación popular en la salud agrícola integral, a través de los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria cuya actividad principal esté relacionada con el desarrollo agrario. 8. Establecer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables de salud animal y vegetal, que aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos agrícolas respetando el ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la Nación. 9. Proteger la diversidad biológica y los procesos ecológicos asegurando un ambiente agrícola sano y seguro. 10. Promover los principios y normas que regulan la actuación humana respecto de los seres vivos. 11. Desarrollar actividades dirigidas a la formación integral de los trabajadores y trabajadoras, así como de las comunidades, en materia de salud agrícola integral. 12. Promover la formación humana y técnica de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud agrícola integral. 13. Promover y velar por el aprovechamiento racional, sustentable y responsable de los recursos hidrobiológicos y la protección de los ecosistemas, favoreciendo su conservación, permanencia en el tiempo y eventualmente, su aumento por repoblación. 14. Garantizar el uso seguro de los recursos biológicos y genéticos. 15. Fortalecer la seguridad nacional contra el uso de tecnologías biológicas y agentes patógenos a ser propagados con el fin deliberado de causar daño. 16. Promover medios de participación genuina y protagónica de los consejos comunales, pueblos, comunidades
12 Decreto Pág. 12 indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria cuya actividad principal esté relacionada con el desarrollo agrario, en las decisiones que el Ejecutivo Nacional, adopte en materia de salud agrícola integral. 17. Establecer el régimen de infracciones y sanciones en materia de salud agrícola integral. Utilidad pública, interés nacional e interés social Artículo 3º. Se declaran de utilidad pública, interés nacional e interés social los bienes y servicios propios de las actividades de salud agrícola integral. El Ejecutivo Nacional, cuando medien motivos de seguridad, podrá sin mediar otra formalidad, decretar la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o de varios bienes necesarios para la ejecución de obras o el desarrollo de actividades de salud agrícola integral. Orden público Artículo 4º. Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden público, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Protección especial Artículo 5º. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, prestará especial atención a los pequeños y medianos productores y productoras vinculadas con los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria cuya actividad principal esté relacionada con el desarrollo agrario, para lograr la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afecten a los rubros animal y vegetal.
13 Decreto Pág. 13 Transferencia del poder al pueblo Artículo 6º. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes promoverá, planificará, programará y ejecutará los procesos de transferencia en los espacios y toma de decisiones, en materia de salud agrícola integral, hacia los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria cuya actividad principal esté relacionada con el desarrollo agrario. Tratamiento especial Artículo 7º. Los pequeños y medianos productores y productoras que desarrollen las actividades que se regulan en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, gozarán de los beneficios, protección y trato especial que establecen las leyes que rigen al sector de los pequeños y medianos productores y productoras vinculados con los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria, cuya actividad principal esté relacionada con el desarrollo agrario, y a tales efectos el Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes deberá: 1. Informar sobre la estructura, funciones y servicios de los órganos y entes del Ejecutivo Nacional competentes en materia de salud agrícola integral, así como entregar guías informativas sobre los procedimientos administrativos y los servicios que se ofrecen. 2. Informar oportuna y adecuadamente acerca de la situación de sus solicitudes, por medios personales, telefónicos, informáticos y telemáticos. 3. Orientar y prestar asistencia acerca de los requisitos jurídicos o técnicos requeridos para tramitar debidamente las solicitudes de permisos, guías, certificados, licencias, registros u otros de su interés.
14 Decreto Pág. 14 Criterio de precaución Artículo 8º. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes deberá aplicar ampliamente el criterio de precaución en la ordenación de la salud agrícola integral, con el fin de preservar, conservar y proteger la soberanía y seguridad agroalimentaria. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, falta de certeza científica absoluta o de información científica adecuada no será motivo para aplazar o dejar de adoptar medidas orientadas a conservar el ambiente, los organismos que son objeto de la sanidad animal y vegetal, los asociados o dependientes. Organo rector Artículo 9º. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras es el órgano rector de las políticas de salud agrícola integral, a tal efecto podrá: 1. Formular la política nacional en materia de salud agrícola integral. 2. Aprobar el componente de salud agrícola integral, presentado a su consideración por los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral, con ocasión de la formulación o ejecución de planes de desarrollo agrario. 3. Dictar las normas técnicas de salud agrícola integral, presentadas a su consideración por los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral. 4. Ordenar, direccionar, articular y asegurar el cumplimiento de las competencias de los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral. 5. Ejercer los mecanismos de tutela que se deriven de la ejecución de la administración y gestión de los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral. 6. Aprobar el reglamento interno de los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral.
15 Decreto Pág Requerir de los órganos y entes competentes en materia de salud agrícola integral, información administrativa y financiera de su gestión. 8. Declarar los estados de alerta sanitaria, emergencia sanitaria, y solicitar al Presidente de la República decretar el estado de alarma sanitaria. 9. Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y por el Ejecutivo Nacional. Las funciones de rectoría y atribuciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras deben sujetarse a los lineamientos, políticas y planes de la Comisión Central de Planificación. TITULO II DE LA SALUD AGRICOLA INTEGRAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Competencias Artículo 10. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, es responsable de la organización, coordinación, ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación de todas las actividades relacionadas con la prevención, protección, control zoosanitario y fitosanitario, la epidemiología y vigilancia fitosanitaria, la regulación de los organismos vivos modificados, la cuarentena animal y vegetal, los insumos pecuarios y agrícolas de origen biológico y químico con su respectivo registro, la identificación ganadera, la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Zoosanitario y Fitosanitario, la movilización animal y vegetal, la higiene y calidad de los alimentos de origen animal y vegetal en el sector primario, actuando en los niveles nacional, regional y local en integración con los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra forma de organización y participación comunitaria; respetando siempre los principios de la
16 Decreto Pág. 16 Agroecología, la Etnoveterinaria y la Etnobotánica cuya actividad principal esté relacionado con el desarrollo agrario. Obligación de informar Artículo 11. Los propietarios o propietarias, ocupantes, administradores o administradoras, o responsables de los predios pecuarios o agrícolas, o cualquier persona vinculada al sector productivo, que tenga conocimiento o presunción de que sus animales o cultivos están afectados por enfermedades o plagas, deben informar de inmediato, o dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, a los órganos y entes del Ejecutivo Nacional, competentes, a fin de articular la aplicación de las medidas zoosanitarias y fitosanitarias correspondientes. Dicha notificación podrá ser escrita o, por cualquier medio de comunicación. Esta notificación debe cumplir los siguientes requisitos: 1. Identificación y dirección del predio o del lugar donde se encuentren los animales o cultivos. 2. Identificación, dirección, número telefónico de quien suministra la información, indicando el carácter con el que actúa. 3. Descripción sucinta de los hechos. 4. Los demás que establezcan las normas técnicas. Otras personas obligadas a informar Artículo 12. Cualquier persona natural o jurídica, que tenga conocimiento de alguna circunstancia que le haga sospechar de la presencia de enfermedades y plagas que afecten a los animales y cultivos que puedan poner en riesgo la salud animal o vegetal y de la comunidad, están obligadas a notificar de inmediato al Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes. Responsabilidad de los productores y productoras agrícolas
17 Decreto Pág. 17 Artículo 13. Los propietarios o propietarias, ocupantes, administradores, o administradoras o responsables, de las unidades de producción animal o vegetal, están obligados a cumplir todas las medidas de prevención, control y erradicación que determine el Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, con la finalidad de impedir la penetración y diseminación de enfermedades y plagas. Facultad de inspección Artículo 14. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, está facultado para inspeccionar los predios pecuarios, agrícolas y forestales, y aplicar las medidas preventivas y de control para la protección de la salud agrícola integral. Los propietarios y propietarias u ocupantes, deberán permitir el ingreso de los funcionarios y funcionarias competentes a los fines previstos en el presente Título. Alerta sanitaria Artículo 15. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, podrá declarar el régimen o estado de Alerta Sanitaria, entendiéndose como tal el conjunto de medidas a tomar cuando aparezca una enfermedad a escala nacional o local, indicando en forma precisa su tiempo de duración, y las medidas a tomar por las diferentes autoridades estadales en el marco de su competencia, así como la actuación que deberán realizar las restantes instituciones públicas o privadas, consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y demás formas de organización y participación comunitaria que se desarrollen. Alarma sanitaria Artículo 16. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia para la agricultura y tierras solicitará al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que decrete la emergencia sanitaria, entendiéndose como tal: el conjunto de medidas preventivas y de protección epidemiológica o de vigilancia fitosanitaria que se adoptan en caso de brotes
18 Decreto Pág. 18 epidémicos transfronterizos, o en situaciones de desastres, para disminuir los riesgos en la producción pecuaria y agrícola del país. Ejercicio de las profesiones Artículo 17. Es deber de los profesionales en materias afines a la salud agrícola integral denunciar al Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, la ocurrencia o sospecha de enfermedades o plagas que afectan los animales o vegetales y a las personas. Servicio comunitario Artículo 18. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) regulará la oportunidad y formas en que los profesionales en materias afines a la salud agrícola integral deberán prestar servicio comunitario en labores inherentes a sus profesiones por un lapso de hasta seis (6) meses. Registro de títulos Artículo 19. Los profesionales cuyo ejercicio se relacione con la salud agrícola integral, tendrán la obligación de registrar su título de ejercicio ante el Registro Nacional de Salud Agrícola Integral, a los fines de cumplir con todas las normas y principios desarrollados en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. CAPITULO II DE LA EPIDEMIOLOGIA Y DE LA VIGILANCIA FITOSANITARIA Facultades Artículo 20. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes en materia de epidemiología y vigilancia fitosanitaria, desarrollará un conjunto de actividades y medidas preventivas, asistenciales y de control que garanticen la salud de los animales y vegetales y las buenas condiciones de los
19 Decreto Pág. 19 productos, subproductos y materias primas de origen químico y biológico, de uso en las especies animales y vegetales cuya producción fortalece la soberanía y seguridad agroalimentaria, la salud y el bienestar humano. A tales efectos está facultado para: 1. Analizar la información epidemiológica y de vigilancia fitosanitaria nacional y estimar el riesgo; reportar a los órganos y entes competentes nacionales e internacionales la ocurrencia de enfermedades y plagas que afectan a los animales y vegetales, aplicando medidas preventivas y vigilancia epidemiológica. 2. Emitir las notificaciones de señalización, ubicación y pronóstico de enfermedades y plagas a los efectos de la correcta aplicación de los productos de origen biológico y químico para el control zoosanitario y fitosanitario. 3. Proponer las medidas pertinentes de Control Zoosanitario y Protección Fitosanitaria ante la ocurrencia de enfermedades y plagas de riesgo epidemiológico para una zona o región determinada; estableciendo cuarentenas, con su correspondiente período de duración. En caso de presentarse una zoonosis, notificar y actuar en forma conjunta con el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia. CAPITULO III DEL CONTROL ZOOSANITARIO Y LA PROTECCION FITOSANITARIA Objetivos Artículo 21. El Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes en materia de Control Zoosanitario y Protección Fitosanitaria, tiene como objetivos la elaboración, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes, proyectos y programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas endémicas, emergentes, reemergentes y transfronterizas de ocurrencia en todas las especies animales y vegetales, de acuerdo a las exigencias
20 Decreto Pág. 20 zoosanitarias y fitosanitarias nacionales e internacionales. A tales efectos, el Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos y entes competentes, realizará entre otras, las siguientes acciones: 1. Establecer en el Plan Operativo Anual, las prioridades y necesidades de los proyectos y los programas de salud animal integral. 2. Proponer al Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras las normas técnicas de salud agrícola integral, sobre la regulación de las actividades de control zoosanitario y protección fitosanitaria. 3. Fortalecer los vínculos interinstitucionales para la vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas, que afectan a los animales; así como el diagnóstico de laboratorio, la vigilancia epidemiológica, la asistencia y cooperación técnica para la salud en el sector primario; dándole prioridad al apoyo de las pequeñas unidades de producción. 4. Fomentar la integración con otras instituciones nacionales e internacionales competentes en la materia, para el estudio de las zoonosis. 5. Organizar y ejecutar los programas preventivos en materia de salud agrícola integral. 6. Diagnosticar, determinar y certificar la existencia de enfermedades y plagas en los animales y vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, a los fines de garantizar la salud agrícola integral. 7. Realizar todas las acciones orientadas a la detección, determinación, rastreo y cuantificación de las enfermedades y plagas; y otros problemas de salud agrícola integral con el objeto de evaluar su impacto y aplicar las medidas para su vigilancia, prevención, control, erradicación y manejo, en todo el territorio nacional o dentro de zonas o áreas especificas del mismo. 8. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las normas relativas a la importación, transporte, almacenamiento, intercambio, comercialización,
Decreto 6.129 Pág. 1 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL EXPOSICION DE MOTIVOS La aparición de controles zoosanitarios y fitosanitarios como importante bastión para la salud
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