Source: https://vlexdirect.com/es/interpretacion-constitucion/cl
Timestamp: 2019-05-24 18:40:26
Document Index: 29633278

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'Artículo 19', 'in dubio', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 19', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 69', 'artículo 19', 'artículo 19', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 98', 'artículo 71', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 58', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 491', 'artículo 29']

Interpretación constitución - Chile
La teoría De la Interpretación Constitucional Mejor documento
Autor: Patricio Zapata Larraín
Cargo del Autor: Abogado, magíster en Ciencia Política y doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile
2.1. Interpretación jurídica - 2.2. Interpretación y tradición - 2.2.1. Hermenéutica y tradición - 2.2.2. La tradición de la argumentación racional - 2.2.3. La tradición del constitucionalismo - 2.2.4. La tradición republicana chilena - 2.3. El tcch y los criterios de la interpretación constitucional - 2.4. El "literalismo" - 2.5. El "originalismo" - 2.6. La interpretación sistémica y finalista - Elementos de derecho comparado - Estados Unidos - Caso "Olmstead vs. Estados Unidos" - Caso "Katz vs. Estados Unidos
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Herman Chadwick Larraín respecto de los artículos 12 transitorio de la Ley N° 20.720 y 38 de la Ley de Quiebras, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, en los autos RIT 1651-2015, RUC 1500166033-8, sustanciados ante el Juzgado de Garantía de Rancagua. Mostrar Síntesis a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 93 N° 6 CPR). b) Norma impugnada. Artículos duodécimo transitorio de la Ley N° 20.720, que Sustituye el Régimen Concursal Vigente por una Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo; y, del artículo 38 de la Ley N° 18.175, que Fija Nuevo Texto de la Ley de Quiebras, contenido en el Libro IV del antiguo Código de Comercio. c) Normas constitucionales invocadas. Artículo 19, numeral 3°, inciso octavo de la Constitución Política. d) Decisión. Se acoge por 7 votos contra 2. Ministros por rechazar: Señores Carmona (Presidente), Aróstica, Peña, García y Hernández, señora Brahm y señor Vásquez. Ministros por acoger: señores Letelier y Pozo. e) Síntesis. Como ha señalado la doctrina, la disposición duodécimo transitoria de la Ley N° 20.720 es una norma redundante, cuya única función práctica es garantizar la aplicación preteractiva de leyes derogadas ante un cambio legal desfavorable. La norma reafirma la posibilidad de aplicación de normas derogadas, a menos que la ley posterior sea favorable al imputado. Sin embargo, la determinación de si ese cambio es o no desfavorable, no es algo que pueda resolver de manera abstracta este Tribunal. Corresponderá al juez de fondo, más allá de la redacción dispuesta por el legislador, realizar dicha determinación, comparando las normas derogadas con las nuevas introducidas, pudiendo presentarse –como resultado de esa comparación- distintas posibilidades; entre ellas: la posible despenalización de conductas antes ilícitas, la aplicación más favorable al acusado de las normas contenidas en la nueva ley por observancia de la lex mitior; la aplicación del in dubio pro reo; la subsunción de hechos constitutivos de la quiebra culpable o fraudulenta en disposiciones de la nueva ley y la aplicación de la ley más favorable, o la aplicación preteractiva de las normas derogadas; aspectos todos que sólo pueden ser determinados mediante la interpretación que realice el juez ordinario llamado naturalmente a aplicarlas; En lo que respecta al artículo 38 de la antigua Ley de Quiebras, el legislador ha tenido una finalidad constitucional legítima para efectuar el cambio de legislación, su interpretación y, en concreto, la interpretación de un régimen favorable o desfavorable para el requirente, es una cuestión de legalidad. No estamos frente a dos cuerpos de normas que no dialoguen entre sí para la observancia de los derechos del requirente, y como ya se ha establecido, el artículo 12 transitorio de la Ley N° 20.270 permite al juez realizar este examen de legalidad y aplicar el principio de ley penal más favorable. Será el juez ordinario el llamado a determinar las distintas posibilidades de punibilidad o de exención de ella en que se puede encontrar el requirente. Es perfectamente posible, por lo demás, que el juez pudiera considerar que unos supuestos de hecho tipificados como ilícitos en la ley anterior puedan eventualmente también serlo bajo la nueva normativa, o bien, estimar que se aplica el precepto impugnado. Disidencia de los Ministros Letelier y Pozo. El propósito del artículo 12 de la Ley N° 20.720 es evitar la aplicación retroactiva de la ley penal, declarando a partir de su primera frase que los nuevos tipos penales de la Ley N° 20.720 no se aplicaran a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Sin embargo, los artículos 344 y 347, N° 20, de dicha ley, derogan expresamente las normas recién citadas, de forma tal que, el artículo 38 y el Título XIII, ambos del Libro IV del Código de Comercio se remiten al artículo 18 del Código Penal en su operatividad, lo cual no hace más que reafirmar la congruencia entre la garantía constitucional de aplicación práctica de la ley más benigna para el imputado en la situación concreta. No resulta pertinente invocar que no corresponde a este órgano constitucional pronunciarse por lo señalado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que no existe un régimen más favorable para el Síndico, pues dicha función desapareció con el nuevo sistema concursal, argumento que más bien favorece las pretensiones de esta disidencia, puesto que el no ejercer el resguardo de una garantía constitucional como es la consagrada en el artículo 19, N°3, inciso penúltimo de la Carta Fundamental, implica renunciar a una facultad propia de este tribunal. Así, procedería la aplicación general de la norma del artículo 18 del Código Penal, esto es, del derecho intertemporal genérico, pudiendo ser perfectamente aplicable al requirente la norma penal más favorable en toda su intensidad y magnitud, dado a que el precepto legal cuestionado tiene un carácter restrictivo, que impide la opción de aplicar en toda su extensión la regla constitucional y legal (complementarias) de la ley más favorable al imputado. Razones históricas, lógicas y sistemáticas llevan a que la garantía constitucional invocada se interprete en el sentido ya indicado, y consecuencialmente, proceda acoger el requerimiento deducido a fojas 1 y siguientes, en todas sus partes.
... previsto en el Libro IV del Código de Comercio, con una interpretación del actor que es efectuada no de forma sistemática de la totalidad de la ...
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Estacionamientos Centro S.A. respecto del inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y del inciso primero del artículo 17 del DL N° 3.500, de 1980, en los autos sobre recurso de apelación, caratulados “AFP Cuprum S.A. con Estacionamientos Centro S.A.”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 225-2016. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3404-17 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 93 N° 6 CPR). b) Norma impugnada. Inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y del inciso primero del artículo 17 del DL N° 3.500, de 1980. c) Normas constitucionales invocadas. Artículos 6°, 7° y 19° números 2, 24 y 26. d) Decisión. Se rechaza el requerimiento por unanimidad. e) Doctrina. El Tribunal rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido en autos, en primer lugar, pues aquel se estructura sobre asuntos que son de mera legalidad, sobre los cuales este Tribunal no ha de pronunciarse: cuál es la interpretación que han de tener las normas impugnadas y si aquellas son o no aplicables a la requirente (c. 21°). En cuanto a fondo, no se infringe la garantía del N° 2, pues el hecho que ameritaría a su juicio un tratamiento diferenciado en términos absolutos, no es tal, produciéndose – de seguirse su razonamiento – un resultado no razonable, desde la perspectiva de la protección que brinda la garantía del N° 18 del artículo 19 al trabajador (C. 31°). Tampoco se infringen la garantía de los N° 24 y 26, pues de verse obligada la requirente a pagar una determinada suma de dinero, lo será por un incumplimiento de una obligación previamente establecida, coherente con la garantía del N° 18 del artículo 19 de la Constitución, sumada a la inconcurrencia de una hipótesis de exención de las respectivas obligaciones, lo que no puede – como tampoco lo sería en el caso de un deudor común – juzgarse contrario a la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución (C. 36°).
... . Esta interpretación ha sido también sostenida por la Superintendencia de Pensiones; pero la ...
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Estacionamientos Centro S.A. respecto del inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y del inciso primero del artículo 17 del DL N° 3.500, de 1980, en los autos sobre recurso de casación en el fondo, caratulados “AFP Capital S.A. con Estacionamientos Centro S.A.”, de que conoce la Corte Suprema bajo el Rol N° 58.952-2016. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3265 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 93 N° 6 CPR). b) Norma impugnada. Inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y del inciso primero del artículo 17 del DL N° 3.500, de 1980. c) Normas constitucionales invocadas. Artículos 6°, 7° y 19° números 2, 24 y 26 d) Decisión. Se rechaza el requerimiento por unanimidad. e) Doctrina. El Tribunal rechaza el requerimiento de inaplicabilidad deducido en autos, en primer lugar, pues aquel se basa en un conflicto de legalidad, el que aparece de modo patente si se considera que la requirente cuestiona el alcance que a las normas impugnadas – en conjunto con el artículo 69 del Decreto Ley N° 3.500 – le ha dado la Corte Suprema, en un fallo que estima adverso a sus intereses (C. 23°). En cuanto a fondo, no se infringen los artículos 6° y 7°, pues puesto el reproche fundado en ellos en el contexto de la gestión pendiente, resulta incuestionable que el Tribunal del fondo tiene la facultad de determinar la ley aplicable y su sentido, todo ello conforme a las reglas de interpretación existentes en nuestra legislación (Cfr. Artículos 19 a 24 del Código Civil) (C. 28°). Tampoco se vulnera la garantía del N° 2, pues el hecho que ameritaría a su juicio un tratamiento diferenciado en términos absolutos, no es tal, produciéndose – de seguirse su razonamiento – un resultado no razonable, como se ha indicado previamente, desde la perspectiva de la protección que brinda la garantía del N° 18 del artículo 19 al trabajador (C. 32°). Tampoco se infringen la garantía de los N° 24 y 26, pues de verse obligada la requirente a pagar una determinada suma de dinero, lo será por un incumplimiento de una obligación previamente establecida, coherente con la garantía del N° 18 del artículo 19 de la Constitución, sumada a la inconcurrencia de una hipótesis de exención de las respectivas obligaciones, lo que no puede – como tampoco lo sería en el caso de un deudor común – juzgarse contrario a la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución (C. 37°).
...ón y la Ley (artículo 94 del DL N° 3500) fija la interpretación de la legislación de pensiones con carácter obligatorio. Luego, ...
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero, correspondiente al boletín N° 9.015-05. Mostrar Síntesis a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Control preventivo de constitucionalidad de leyes (artículo 93 N°1 de la Constitución Política). b) Normas sometidas a control preventivo de constitucionalidad. La Cámara de Diputados solicita que el Tribunal Constitucional ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1; 2; 4; 5 números 1), 5), 27), 28) y 31) párrafo segundo; 7; 8; 9; 12; 14 incisos tercero, cuarto y quinto; 18; 20; 21; 22; 26; 29; 30; 31; 35; 62; 67; 70; 71 y 78, todos contenidos en el artículo primero; el artículo cuarto y el artículo primero transitorio del proyecto de ley. c) Decisión. 1) Que los artículos que se mencionarán, contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, son conformes con la Constitución Política: a) 2°, en el entendido que se consigna en el considerando cuadragésimo séptimo de la sentencia; b) 5°, numeral 5°, párrafos primero y, tercero, en la frase “Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información sobre operaciones bancarias sometidas a secreto o reserva que formule el fiscal en virtud de lo establecido en este numeral, deberán, además, ser autorizados previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.”; c) 5°, numeral 5°, párrafo sexto, en la frase “Los afectados podrán reclamar ante el ministro de corte a que se refiere el párrafo tercero,”; d) 5°, numeral 27, párrafo primero, en el entendido que se desarrolla en el considerando cuadragésimo octavo; e) 8°, inciso primero; f) 9°, inciso primero, numerales 1° y 2°; g) 11, numeral 3°, párrafo segundo; h) 12, numerales 1° y 2°, párrafo primero; i) 13, inciso primero, en la frase “Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de presentar las declaraciones de patrimonio e intereses a que se refiere la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.”; j) 14, inciso tercero; k) 16, numeral 2°; l) 20, en el entendido explicitado en el considerando cuadragésimo noveno; m) 22; n) 26; o) 29; p) 30; q) 31; r) 35, inciso tercero; s) 58, inciso sexto; t) 70, incisos primero y segundo; u) 71, incisos primero y séptimo, en el entendido de que trata el considerando quincuagésimo; 2) Que, la disposición que se contenía en el artículo 5°, numeral 1°, párrafo segundo, del artículo primero del proyecto de ley, es inconstitucional y, en consecuencia, se ha eliminado del texto del proyecto de ley. d) Síntesis. 1) La Comisión para el Mercado Financiero es parte integrante de la Administración del Estado. El estatuto jurídico de un servicio público es el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que lo regulan y que pueden ser definidas por el legislador, remitiendo a normas comunes a los organismos de la Administración o estableciendo normativas especiales, totales o parciales. En este sentido, el artículo 2° del proyecto en examen busca establecer un estatuto jurídico especial respecto a los demás organismos de la Administración del Estado, pues lista las leyes que se le aplican y, además, señala que se le aplican supletoriamente. Este Tribunal declarará su correspondencia con el artículo 6°, inciso primero, constitucional, en el entendido de que a esa Comisión le son plenamente aplicables aquellas leyes orgánicas constitucionales que, con carácter común y preeminente, se aplican a los servicios u organismos que la componen, por sobre sus respectivas leyes especiales, como son la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a que se refiere el artículo 38, inciso primero, constitucional, y la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, a que hace mención en el artículo 98 de la Carta Fundamental. 2) Prohibición de reformatio in peius. El artículo 71, incisos primero y séptimo, contenidos en el artículo primero del proyecto de ley, al establecer el procedimiento de reclamación de ilegalidad frente a las decisiones del Consejo para el Mercado Financiero, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, susceptible de apelación a la decisión de dicho tribunal, para ante la Corte Suprema, es constitucional, en el entendido que la facultad de esta última no puede afectar el debido proceso, por lo que le está vedado agravar la sanción apelada en alzada. El derecho administrativo sancionador se encuentra sometido al principio de legalidad, ya que, aun cuando las sanciones administrativas y las penas difieran en algunos aspectos, ambas forman parte de una misma actividad sancionadora del Estado y han de estar, en consecuencia, con matices, sujetas al mismo estatuto constitucional que las limita en defensa de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. 3) Norma del proyecto declarada inconstitucional. El artículo 5°, numeral 1°, párrafo segundo, comprendido en el artículo primero del proyecto de ley, al establecer que será la Corte Suprema la encargada de dirimir las contiendas de competencia que se susciten entre la Comisión para el Mercado Financiero con otras autoridades administrativas, producto de la dictación e interpretación de la normativa correspondiente a la regulación del mercado financiero, contraviene el artículo 24 de la Carta Fundamental. El Jefe de Estado, como jefe de la Administración, decide en última instancia respecto a la ejecución de las políticas nacionales, contando con la colaboración de los organismos creados por la Carta Fundamental y las leyes. Como atribución inherente a su cargo, en caso de suscitarse contiendas de competencia entre diversas autoridades administrativas, éstas deben ser resueltas por el superior jerárquico del cual dependan o con el cual se relacionen. Por lo anterior, el precepto en examen se aleja de la regla general que ha sido establecida en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, contrariando las facultades que la Constitución Política ha otorgado al Presidente de la República como Jefe de Estado. Disidencia. Los Ministros Aróstica, Brahm, Letelier y Vásquez, estuvieron por declarar el carácter de LOC, así como la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en el artículo 5°, en sus numerales 5°, 27° y, 31°; el Párrafo 3° del Título I, denominado “Unidad de Investigación”, que comprende los artículos 22, 23, 24 y 25 y, los artículo 35 y 48, por remisión a estos últimos; el Párrafo 3° del Título IV, denominado “Procedimiento Simplificado”, integrado por los artículos 54, 55, 56 y 57; y, el artículo 58, todos los anteriores establecidos en el artículo primero del proyecto de ley. Conforme lo dispone el artículo 83 de la Constitución Política, un organismo autónomo, denominado Ministerio Público, dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, ejerciendo, en su caso, acción penal pública en la forma prevista en la ley. Teniendo presente ello, se desprende el sentido inequívoco de nuestra Constitución en torno a que se ha depositado en el Ministerio Público la exclusividad en la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Por lo anterior, el proyecto de ley, al establecer que el funcionario de la nueva Comisión para el Mercado Financiero, denominado fiscal, dirigirá la investigación de eventuales infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, desarrollando la preceptiva en análisis las facultades con que puede solicitar medidas intrusivas a las personas, junto con incidir directamente en materias que el Constituyente ha mandatado deban ser reguladas a través de legislación orgánica constitucional, atentan directamente contra el ya enunciado artículo 83, transgrediendo la potestad exclusiva que mantiene en nuestra sistemática el Ministerio Público, para la investigación de los hechos que son constitutivos de delito.
... . Agrega que interpretaciones de corte útil o finalista, lógica, sistemática y con respeto a la ...
... contrarios al espíritu del constituyente y a una interpretación armónica del texto constitucional. No podría suponerse, asimismo, que el ...
... . Una interpretación armónica del artículo 1° de la Constitución Política, junto al ...
... su requerimiento valida lo dicho, pues plantea que cierta interpretación del inciso primero del artículo 491, constituiría analogía in malam ...
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alberto Le Blanc Matthei respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el proceso sobre reclamación de multa, Rol C-20.605-2014, del 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Le Blanc Matthaei, Alberto con Superintendencia de Valores y Seguros”, de que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 2804-2017.
... requirente enuncia, planteando, más bien, un conflicto de interpretación legal y no de corte constitucional. Hace presente que el señor Le Blanc ...
«interpretacion constitucion» en el mundo
«Interpretación constitución» también en