Source: http://legislacion.derecho.com/orden-tas-1967-2005-24-junio-2005-ministerio-de-trabajo-y-asuntos-sociales-105649
Timestamp: 2017-03-30 05:21:24
Document Index: 248576509

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 38', 'Artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 78', 'Artículo 14', 'artículo 59', 'artículo 43', 'artículo 43', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 92', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18']

ORDEN TAS/1967/2005, de 24 de junio, por la que se establecen las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional
ORDEN TAS/1967/2005, de 24 de junio, por la que se establecen las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional Mis Leyes
ORDEN TAS/1967/2005, de 24 de junio, por la que se establecen las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional Estado	:
TAS/1967/2005	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	CAPÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1.	Objeto.Artículo 2.	Beneficiarios.Artículo 3.	Permanencia en el extranjero.Artículo 4.	Cuantía.Artículo 5.	Efectos económicos.Artículo 6.	Devengo y pago de la prestación económica. Las prestaciones económicas de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, se devengarán mensualmente y su pago se realizará, por la Dirección General de Emigración, con una periodicidad no superior al trimestre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 3/2005.Artículo 7.	Obligaciones de los beneficiarios.Artículo 8.	Causas de extinción del derecho a la prestación económica.Artículo 9.	Caducidad del derecho al cobro.CAPÍTULO II Procedimiento para el reconocimiento de la prestación económicaArtículo 10.	Iniciación y documentación preceptiva.Artículo 11.	Subsanación de la solicitud.Artículo 12.	Lugar de presentación de la solicitud.Artículo 13.	Instrucción.Artículo 14.	Resolución y plazo.Artículo 15.	Desistimiento y caducidad.Artículo 16.	Recursos.CAPÍTULO III Otras disposicionesArtículo 17.	Abono de las mensualidades devengadas y no percibidas.Disposición final primera.	Facultades de desarrollo.Disposición final segunda.	Entrada en vigor.
La Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, crea una nueva prestación económica con la finalidad de compensar las carencias de los españoles que fueron desplazados en su infancia al extranjero, como consecuencia de la Guerra Civil.
En este sentido, la Ley concreta el desplazamiento temporal en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939 de aquellos que no tenían la mayoría de edad, que entonces estaba establecida en los 23 años. Y además, vincula esta circunstancia al hecho de que estos españoles hayan permanecido la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional.
Igualmente, se pretende compensar, al menos en parte, las carencias de estos españoles que vieron truncadas sus perspectivas personales y profesionales y que, por ello, tienen un mayor grado de necesidad que debe ser objeto de atención, dado que sus necesidades básicas no están debidamente satisfechas.
La presente orden ministerial tiene como finalidad el desarrollo de la Ley en aspectos tan relevantes como lo relativo a los requisitos de los solicitantes, los efectos económicos del reconocimiento de la nueva prestación y el procedimiento a seguir para dicho reconocimiento.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la disposición final primera de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
1.	Para ser beneficiarios de esta prestación es preciso reunir los siguientes requisitos:
a)	Haber sido español de origen en el período temporal señalado en la letra b) de este apartado.
b)	Haber sido desplazado al extranjero en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, siendo menor de 23 años de edad, como consecuencia de la Guerra Civil española, conforme a las disposiciones del Código Civil vigentes en el período temporal considerado.
c)	Haber desarrollado la mayor parte de la vida fuera del territorio nacional.
2.	Los solicitantes deberán, además de cumplir los requisitos mencionados, encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 2 de la Ley 3/2005.
Artículo 3.	Permanencia en el extranjero.
Artículo 4.	Cuantía.
Artículo 5.	Efectos económicos.
1.	Los efectos económicos de la prestación que se reconozca serán desde el 1 de abril de 2005 para las solicitudes presentadas en los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente orden.
En los demás casos, los efectos económicos se producirán a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.
2.	Los efectos económicos de las prestaciones que se extingan por las causas que se recogen en el artículo 8 de la presente orden, se extenderán hasta el último día del mes en que se haya producido la causa determinante de la extinción del derecho.
Artículo 6.	Devengo y pago de la prestación económica. Las prestaciones económicas de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, se devengarán mensualmente y su pago se realizará, por la Dirección General de Emigración, con una periodicidad no superior al trimestre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 3/2005.
Artículo 7.	Obligaciones de los beneficiarios.
1.	Los beneficiarios de la prestación económica residentes en España deberán presentar en todo caso, cada año, en el primer trimestre del año natural, la «fe de vida». Adicionalmente, los perceptores del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y los beneficiarios que se encuentren en el supuesto del artículo 2.d) de la Ley 3/2005, deberán presentar la declaración de rentas o ingresos en el modelo que figura como anexo II de esta orden, así como la documentación justificativa.
2.	En el caso de los beneficiarios de la prestación económica residentes en el exterior que sean perceptores de la pensión asistencial por ancianidad, se entenderá acreditada la «fe de vida» con la documentación que aporten cada año para la renovación de su pensión asistencial.
3.	Los beneficiarios residentes en el exterior que se encuentren en los supuestos del artículo 2.c) y d) de la Ley 3/2005 deberán presentar cada año, la «fe de vida y la declaración de rentas o ingresos» conforme al modelo del anexo II, dentro del plazo establecido en cada país para la renovación del derecho a pensión asistencial por ancianidad.
4.	Si el beneficiario de la prestación no presenta, en el plazo que corresponda, la documentación a que se refiere este artículo, el órgano competente para la instrucción, que se establece en el artículo 13 de esta orden, procederá de forma cautelar a suspender el pago de la prestación e iniciará los trámites correspondientes para la resolución de extinción.
Artículo 8.	Causas de extinción del derecho a la prestación económica.
a)	Fallecimiento del beneficiario.
b)	Superar el límite máximo de rentas o ingresos establecido en el artículo 3 de la Ley 3/2005.
c)	No presentar la documentación anual a que se refiere el artículo 7 de esta orden en el plazo que se indica.
Artículo 9.	Caducidad del derecho al cobro.
CAPÍTULO II Procedimiento para el reconocimiento de la prestación económica
Artículo 10.	Iniciación y documentación preceptiva.
1.	El procedimiento se iniciará mediante solicitud de persona interesada conforme al modelo de solicitud establecido en el anexo I de esta orden.
2.	La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)	Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI), o pasaporte en vigor.
Cuando se haya perdido la nacionalidad española se deberá acreditar haber sido español de origen en el período a que se refiere el artículo 2.1.b).
b)	Fe de vida actualizada.
c)	Documentación acreditativa de la fecha de emigración y del período de estancia en el extranjero.
d) Aquellos solicitantes que se encuentren en los supuestos del artículo 2.c) y d) de la Ley 3/2005, deberán presentar documentación acreditativa de las rentas o ingresos del solicitante.
3.	No será necesario presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración Pública actuante, siempre que así se haga constar en la solicitud.
Artículo 11.	Subsanación de la solicitud.
Artículo 12.	Lugar de presentación de la solicitud.
Sin perjuicio del régimen general que en materia de registros establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las solicitudes podrán presentarse:
a)	En el caso de los residentes en España, en la Dirección General de Emigración o en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las respectivas Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla. b)	En el caso de los residentes en el extranjero, en las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales o en las Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales de las Oficinas Consulares o bien en los Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas del lugar de residencia del solici-
Artículo 13.	Instrucción.
1.	Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento serán las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando los solicitantes residan en el exterior, y la Dirección General de Emigración cuando residan en España.
En los supuestos de solicitantes residentes en países donde no exista Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales acreditada, la instrucción corresponderá a los servicios correspondientes de las Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España.
2.	Cuando deba requerirse al interesado para subsanar deficiencias o aportar documentación, el órgano instructor podrá acordar la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, de acuerdo con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La suspensión del procedimiento interrumpirá el cómputo del plazo máximo para resolver y notificar la resolución.
3.	El órgano instructor, a lo largo del procedimiento, podrá instar al solicitante para que aporte la documentación que se estime necesaria a fin de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la prestación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 30/1992. A efecto, se concederá al interesado un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la notificación.
Artículo 14.	Resolución y plazo.
1.	El órgano competente para la resolución de las solicitudes de prestaciones económicas previstas en la Ley 3/2005 es la Dirección General de Emigración.
2.	La resolución habrá de ser motivada y deberá ser dictada y notificada, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano competente para su tramitación.
3. Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, sin que se hubiese dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de la resolución que se dicte conforme al artículo 43.4.a) de la citada Ley.
Artículo 15.	Desistimiento y caducidad.
1.	El interesado podrá desistir de la solicitud en cualquier fase del procedimiento. En tal caso, el órgano instructor comunicará dicho desistimiento a la Dirección General de Emigración quien dictará resolución conforme a lo establecido en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2.	En el supuesto previsto en el artículo 13.3 de esta orden y de conformidad con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuando el interesado no aporte los documentos requeridos por el órgano instructor, éste le advertirá de que de no aportarlos en un plazo de tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento, siempre que tales documentos fueran indispensables y que su omisión hubiera producido la paralización del procedimiento. En otro caso, el interesado simplemente perderá el derecho al trámite correspondiente.
Una vez producida la caducidad del procedimiento, la Dirección General de Emigración, acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
Artículo 16.	Recursos.
Artículo 17.	Abono de las mensualidades devengadas y no percibidas.
Artículo 18.	Comprobación del cumplimiento de los requisitos y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
1.	La Dirección General de Emigración podrá comprobar en todo momento si los requisitos exigidos para percibir la prestación económica se mantienen o si ha tenido lugar alguna variación que justifique, en su caso, la extinción del derecho o la variación de la cuantía de la prestación reconocida. Dicha comprobación se realizará mediante requerimiento al interesado para que clarifique algún extremo y/o aporte documentación.
2.	La constatación de que se haya percibido la prestación indebidamente o en cuantía superior a la que corresponda, determinará la iniciación del oportuno procedimiento de reintegro.
Se faculta al Director General de Emigración para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas organizativas y de gestión necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente orden. Disposición final segunda.	Entrada en vigor.
CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN Sra. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración,
Sr. Director General de Emigración, Sres. Delegados y Subdelegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, y Sres. Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales de las Embajadas de España en el extranjero.Ver ANEXOS