Source: https://vlex.com.pa/vid/recurso-revision-sala-primera-civil-31814974
Timestamp: 2020-07-03 19:28:46
Document Index: 165836267

Matched Legal Cases: ['artículo 1214', 'artículo 1225', 'artículo 1189', 'artículo 1216', 'artículo 1214', 'artículo 1204', 'artículo 1189', 'artículo 722', 'artículo 743', 'artículo 1016', 'artículo 754', 'artículo 1016']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 28 de Julio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31814974
Mediante apoderado judicial presentó la señora ESMERALDA TUY BULTRÓN, recurso de revisión contra la Sentencia Nº 104, proferida el 21 de noviembre de 1997, por el Juzgado Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, en el proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio instaurado por L.A.R.C. contra la señora M.L. PUIG DE SOSA.
Admitido el recurso, ordenó la Sala la comparecencia de todas aquellas personas que hubieren figurado como partes en el proceso en el cual se presenta el recurso de revisión, de conformidad con lo que establece el artículo 1214 del Código Judicial.
Dentro del término de citación comparecieron al proceso el señor L.A.R.C. y la licenciada M.M.S., en calidad de litisconsorte. En tanto que, a la señora M.L.P.D.S., le nombró la Sala defensor de ausente para que la representara durante el proceso, por no haberse dado su comparecencia en el término de emplazamiento.
Vencido el término anterior, se procedió a fijar la fecha de audiencia, realizándose la misma el 17 de abril de 2002. En el acto de audiencia, advierte la Sala, adujeron y presentaron las partes todas las pruebas que estimaron pertinentes. Posteriormente, se pronunció la Sala en la resolución de 16 de mayo de 2002 (f. 296), sobre la pertinencia o admisión de dichos medios de convicción.
Vencido el término de presentación de pruebas, se le concedió la oportunidad a las partes para que presentaran verbalmente sus alegatos de fondo. Vale advertir que, posteriormente también presentaron por escrito las partes sus alegatos de fondo, con lo cual se concluyó con los trámites inherentes a este tipo de recurso y se colocó en estado de decidir. Procede, entonces, esta Superioridad a dictar la decisión del caso, previo a lo cual conviene dejar expuestos los antecedentes del caso, así como las posiciones en litigio.
El recurso de revisión que se examina se presenta en el proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio instaurado por el señor L.A.R.C. contra la señora M.L. PUIG DE SOSA.
En el proceso respectivo dictó el Juzgado Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en calidad de tribunal de primera instancia, la Sentencia Nº104, en la que se declara que el demandante, L.A.R., había adquirido por prescripción de dominio la Finca Nº1608, inscrita al Tomo 28, F. 236, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, de propiedad de la señora M.L.P. DE SOSA, ubicada en Avenida B, calle 5º, S.F..
La resolución comentada fue elevada a consulta, de conformidad con lo ordenado en el artículo 1225 del Código Judicial, por tratarse de una decisión adversa a quien estuvo representada por defensor de ausente, en el caso, la demandada, M.L.P. DE SOSA
La sentencia consultada fue aprobada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución proferida el 30 de diciembre de 1997.
Mediante la interposición del recurso de revisión que se examina, el cual aparece visible a foja 2-9 del expediente, pretende la señora ESMERALDA TUY BULTRON la invalidación de la Sentencia Nº 104 de 21 de noviembre de 1997, proferida por el Juzgado Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio antes referido, con fundamento en la causal de falta de notificación, consagrada en el ordinal 9º del artículo 1189 del Código Judicial.
De acuerdo al apoderado judicial de la revisionista, su mandante ha poseído de manera exclusiva la finca Nº 1608, por más de cuarenta años, en la cual, incluso, mantiene desde hace treinta y dos años un negocio de su propiedad, con las licencias legales pertinentes. Sin embargo, a su poderdante no se le notificó ni se le emplazó para que interviniera en el proceso de prescripción adquisitiva de la referida finca, instaurado por el señor L.A.R.C..
De acuerdo a la revisionista, el señor R. evitó que conociera del proceso de prescripción o que fuera legalmente notificada, lo que impidió que interviniera en el proceso como tercero ad-excludendum. Sólo, según señala, cuando fue notificada por la Corregiduría de S.F. de la orden de lanzamiento dictada en su contra, vino a tener conocimiento de la existencia del proceso de prescripción referido y su resultado. Consecuentemente, solicita la invalidación de la sentencia recurrida.
El recurso examinado quedó admitido, mediante resolución de la Sala proferida el 9 de julio de 2001, en la cual se ordena correr en traslado el recurso al demandante y demandada en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio al cual accede el recurso ensayado, los señores L.A.R.C. y M.L.P.D.S., respectivamente. Además, dispuso la Sala que podrían intervenir en calidad de litisconsorte, cualquier persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma la resolución que se dicte.
Dentro del término conferido por la Sala comparecieron al proceso los señores L.A.R.C. y V.M.M., en calidad de litisconsorte; no así, la señora M.L.P.D.S., a la cual se le emplazó por edicto sin que al vencimiento del término de emplazamiento hubiere comparecido al proceso, por lo que procedió esta Superioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1216 del Código Judicial, a designarle defensor de ausente, designación que recayó en la licenciada DAMARIS DEL C. ESPINOSA G.
Conviene examinar los escritos de oposición presentados por las referidas partes.
OPOSICIÓN DEL SEÑOR L.A.R.C.
En el escrito de oposición al recurso de revisión visible a foja 54-66, niega el señor L.R., representado por la licenciada M.M.S., que la revisionista, ESMERALDA BULTRON, resida en el inmueble en litigio, sino que su verdadera residencia, de acuerdo con la Dirección de Cedulación, es el Corregimiento de B., Barriada La Gloria, calle J, casa 18-D.
En todo caso, manifiesta la parte opositora, el recurso ha debido promoverlo el señor CARLOS TUY DE LEÓN, quien es la persona que en realidad habita en el inmueble desde el año de 1999, según la certificación expedida por la Dirección de Cedulación, en el cual permanece en calidad de intruso.
Por tanto, la señora ESMERALDA TUY BULTRON DE LAM, para el opositor al recurso de revisión que se examina, carece de legitimación. Toda vez que nunca ha residido en el domicilio que señala, no le cabe el derecho a usucapir la finca tantas veces mencionada y, por tanto, mal podía notificársele del proceso de prescripción adquisitiva en el que se recurre.
Niega, también, el señor ROMERO CHATRU que la revisionista tenga un negocio en el inmueble objeto del litigio. Según señala, en la licencia comercial aportada por la recurrente como prueba de la existencia del referido negocio únicamente aparece expresado que la Abarrotería y Refresquería Popular está ubicada en la Calle 5ª y Avenida B, pero no dice que dicho negocio esté ubicado en el inmueble usucapido.
M.L. PUIG DE SOSA
La señora M.L.P., parte demandada en el proceso de prescripción de dominio en el que se recurre, estuvo, como se dijo anteriormente, representada por la licenciada D.D.C.E.G., defensora de ausente designada por este tribunal de revisión. Mediante escrito visible a foja 120-121 la licenciada ESPINOSA contesta el recurso, negando los hechos en que se funda, el derecho y pruebas aducidas y presentadas. Además, se opone a la pretensión de la recurrente.
OPOSICIÓN DE LA LITISCONSORTE
A foja 96 concurre la licenciada VICIA MARINA MORALES S, representada por la licenciada A.I.B.V., en calidad de tercero litisconsorcial, en virtud de que manifiesta haber obtenido la mitad de la finca en litigio, por traspaso que en dación en pago le hizo el señor L.A.R.C., para lo cual aporta certificación de propiedad del Registro Público (f. 101) y Nota del traspaso de la Dirección del Registro Público (100). Tal intervención, vale indicar, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 1214 del Código Judicial.
De una parte, alega la litisconsorte en oposición a la pretensión de la revisionista que en el proceso de prescripción adquisitiva en el que se recurre se comprobó plenamente el derecho del señor L.A.R. sobre la finca objeto del litigio, lo que prueba que a la recurrente no le asiste el derecho que pretende.
En tanto que, de otra parte, cuestiona la litisconsorte las pruebas presentadas por la revisionista, algunas de las cuales, manifiesta, son inconducentes y las otras, no fueron presentadas.
En el acto de audiencia, se dijo anteriormente, se les brindó a las partes en el presente recurso de revisión la oportunidad de presentar sus pruebas, término que aprovecharon para reiterar las pruebas ya aportadas y para presentar algunas nuevas. Así mismo, pudieron las partes contradecir y objetar las pruebas aportadas por la contraparte.
Posteriormente, en atención al elevado número de pruebas aportadas, hubo la Sala de pronunciarse, mediante resolución de 16 de mayo de 2002, sobre la admisibilidad de tales medios de convicción (fs. 296-310). En dicha resolución decide la Sala no admitir, de las pruebas aportadas por la revisionista, la copia de un acta del IDAAN; recibo de fumigación; inspección judicial de las mejoras construidas en la finca en litigio y la inspección judicial a los archivos de la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral. En tanto que, de la tercerista litisconsorcial, no se admitieron las pruebas consistente en copia simple de una certificación de la Corregidora de San Felipe de 13 de enero de 1999 y la certificación aportada en copia simple de dicha Corregiduría de S.F., expedida a solicitud de la licenciada M.M.S., de 13 de agosto de 2001. El resto de las pruebas aportados por los participantes en este recurso de revisión fueron admitidos.
La audiencia finalizó con la presentación verbal de los alegatos de fondo; no obstante que después tuvieron las partes oportunidad para presentar por escrito dichos alegatos, término que aprovecharon oportunamente (foja 335 a 353). En dichos alegatos, vale advertir, se ratifican prácticamente las partes de sus posiciones
Como viene indicado, mediante el recurso examinado pretende la censura la revisión de la Sentencia Nº 104 de 21 de noviembre de 1997, sobre la base de que no se le notificó del proceso de prescripción adquisitiva de dominio en que se dicta el referido fallo, pese a tener derechos posesorios sobre la finca Nº 1608, objeto del referido proceso, a lo cual se oponen las partes adversas al recurso, que básicamente niegan que la revisionista haya residido en el inmueble tantas veces referido, razón por lo cual, aducen, mal podía notificársele del proceso referido.
La causal de revisión en la que se fundamenta el recurso examinado, se dijo también, es la contenida en el ordinal 9º, artículo 1204 del Código Judicial, que se refiere a la falta de notificación o de emplazamiento en el proceso de una parte afectada con la sentencia, siempre que no hubiere mediado ratificación expresa o tácita de dicha parte, ni el objeto o asunto hubiere sido debatido en el proceso. Sobre la manera o forma de configurarse la causal de revisión invocada, conviene adelantar algunas consideraciones, toda vez que advierte la Sala, la mayor parte de los medios de prueba aportados por los participantes en este recurso de revisión, así como las objeciones están dirigidos a desvirtuar la posesión alegada por la parte revisionista, lo cual, vale decir, no es el objeto de este recurso, sino solicitar la declaratoria del derecho que se dice vulnerado, este es, el de comparecer al proceso (véanse fallo de 21 de octubre de 1998).
Esta Sala, por tanto, como tribunal de revisión tiene, en relación con la causal ensayada, su conocimiento restringido, no pudiendo en tal calidad entrar a considerar pretensiones de fondo. En otros términos, por vía del medio de impugnación excepcional ensayado no puede la Sala pronunciarse en torno al derecho posesorio alegado por la recurrente y cuestionado por los opositores al recurso, sino exclusivamente respecto al derecho de comparecer al proceso.
En cuanto a la forma de configurarse la causal invocada, conviene dejar transcrito el fallo de la Sala de 15 de julio de 1998:
"La causal a que se refiere el numeral 9º del referido artículo 1189 para que proceda la revisión de la sentencia, se da cuando la parte afectada "no fue legalmente notificada o emplazada en el proceso".
En opinión de la Sala, lo que pretende la norma es que una de las partes no pueda ser afectada por una sentencia dictada en un proceso que se haya realizado a sus espaldas, es decir, en un proceso en el que no se le llamó a comparecer, ni personalmente, ni a través del defensor de ausente,
En apoyo a lo anterior tenemos que la falta de notificación del traslado de la demanda o del emplazamiento para comparecer al proceso, no sólo es causal de revisión de la sentencia, sino que también es causal de nulidad de acuerdo a los ordinales 4º y 5º del artículo 722 del Código Judicial, nulidad que puede ser atacada vía el incidente correspondiente o mediante el recurso de revisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 743, ibidem, pero repetimos, cuando la parte afectada no haya sido legalmente notificada o emplazada para comparecer al proceso, ello con la finalidad de evitar estado de indefensión y de que prevalezca el principio de contradicción". (Sentencia de 15 de julio de 1998)
Es evidente que la tramitación de un proceso sin que hayan estado presentes las partes o las personas que tuviesen algún derecho o interés legítimo afectado por la decisión, provoca en los mismos una situación de indefensión, que tiene, incluso, rango constitucional, toda vez que afecta la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva de acceso a la jurisdicción.
Sobre este particular, ha sostenido G.S.H., lo que quizá no resulte ocioso transcribir:
Los principios de contradicción e igualdad se garantizan mediante las citaciones, emplazamientos, notificaciones, traslado de escritos, etc.; de aquí que los actos de comunicación del órgano judicial con las partes tengan una especial trascendencia constitucional, como el Tribunal Constitucional, de manera constante y uniforme, ha reiterado.
Así los órganos judiciales deben cumplir o hacer cumplir escrupulosamente las normas reguladoras de dichos actos. Su omisión o defectuosa realización (independientemente de que se deba a un error, extravío o a otro motivo), siempre que impida la adquisición por la parte afectada del conocimiento de la pendencia del proceso que es preciso para que pueda ejercer su derecho de defensa, coloca a la misma en una situación de indefensión.
La falta de citación o emplazamiento, o de notificación de la sentencia, por cualquier causa no imputable al justiciable impide la contradicción y defensa en la segunda instancia o recurso, por lo que produce indefensión. Igualmente, no dar cuenta de cualquier alteración del señalamiento para permitir la defensa.
(SERRANO HOYO, G.. La prohibición de Indefensión y su Incidencia en el Proceso. Editorial Comares: Granada, 1997, pág.182-183)
Una situación especial se presenta, sin que sea la del presupuesto ventilado, cuando la demandante alega desconocer el paradero del demandado. En este caso, concluido el proceso, el demandado puede promover recurso de revisión para anular ese proceso por la declaración no ajustada a la verdad, por lo que, de probarse este conocimiento del paradero, debe anularse el proceso, para lo cual cuenta el afectado, según dispone el artículo 1016 del Código Judicial, lo mismo que en el actual artículo 754 del Código Judicial, con el término de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia. Se trata, evidentemente, de la protección a quien, no obstante ser parte del proceso, no se le ha permitido acudir al mismo por no haberlo hecho partícipe, en un mecanismo, por la parte demandante, de un fraude procesal que afecta un trámite, el de notificación o emplazamiento, que forma parte esencial de la tutela judicial efectiva, en su faceta de debido proceso. El mismo principio mantiene el artículo 1016 del Código Judicial.
Empero, que como se dijo, la situación que se plantea en el presente caso es la de la falta de notificación legal o emplazamiento en el proceso de una parte afectada con la sentencia cuya revisión pretende, del cual no fue legalmente notificada ni emplazada. Por tanto, deviene en esencial para la Sala determinar si, en efecto, la recurrente debía ser llamada al proceso al que accede el recurso de revisión examinado.
Las alegaciones de la revisionista, se ha dicho antes, se centran en que ha residido en el inmueble objeto del litigio por más de 40 años, en el que tiene desde hace 30 años un negocio de abarrotes denominado ABARROTERÍA Y REFRESQUERÍA POPULAR, en relación con lo cual aporta la revisionista, para acreditar dicho hecho, la licencia comercial tipo B expedida por el Ministerio de Comercio e Industria, el 20 de abril de 1977, para operar el referido establecimiento comercial ubicado en calle 5º y Avenida B, intersección (f. 28), así como la declaración de renta correspondiente al año 1979, presentada por la revisionista en relación con el negocio señalado (f. 164). Incluso, se presenta el contrato suscrito el 1 de mayo de 1977 con el IDAAN, por la revisionista, en su calidad de propietaria de la ABARROTERÍA Y REFRESQUERÍA POPULAR, ubicada en San Felipe, calle 5º y avenida B, para la prestación del servicio de recolección de basura al negocio descrito (f. 27).
De otra parte, constata la Sala, de las constancias procesales se desprende que, en efecto, en el inmueble objeto del litigio, ubicado en San Felipe, en calle 5º con A.B., compuesto de una casa de dos plantas, opera actualmente en la planta baja, un negocio de abarrotería denominado ABARROTERÍA Y REFRESQUERÍA POPULAR, lo que incluso admiten los opositores al recurso.
Sin embargo, alega la apoderada judicial del señor L.A.R.C., en el escrito de oposición al recurso examinado, que dicho negocio se estableció en el año de 1999 (f. 61), y que en el mismo vive el señor CARLOS TUY DE LEÓN y no la revisionista ESMERALDA TUY BULTRON.
En relación con la primera objeción, alude la apoderada judicial del señor ROMERO CHATRU a los informes periciales practicados en el año de 1997, dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio al cual accede el recurso examinado, en los que, manifiesta, se indica que en la planta baja del inmueble en litigio existía un depósito, es decir, para la fecha que se realizan los referidos peritajes no existía tienda alguna en la planta baja del inmueble tantas veces referido.
Sin embargo, advierte la Sala que en autos reposa la declaración jurada rendida por los testigos de la parte revisionista, J.A.M. (284-288) y E.J. LABRADOR (f.288-293) en el acto de audiencia, quienes manifiestan que la ABARROTERÍA Y REFRESQUERÍA POPULAR le pertenece a la revisionista, ESMERALDA TUY DE LEÓN, que dicho negocio está ubicado en la planta baja del inmueble objeto del proceso. Además, llama la atención de la Sala que ambos testigos son contestes en señalar que el negocio de abarrotes tantas veces referido es atendido por el señor CARLOS TUY DE LEÓN, persona esta que, por otra parte, aparece ya en la declaración de renta presentada en el año 1979 por la revisionista (f. 164), como empleado de la referida tienda (f. 166).
En el expediente aparecen también, de foja 179 a 218, una serie de recibos de electricidad, agua y teléfono aportados por la parte revisionista, de los años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000 y 2001. Dichas facturaciones, si bien aparecen a nombre de una persona (C.P.) distinta a la revisionista, lo cierto es que, de tales facturas se desprenden indicios acerca de la existencia del negocio de abarrotes que asegura la recurrente tener en el inmueble en litigio, toda vez que en los referidos recibos aparece que los servicios respectivos se prestaban a una abarrotería ubicada en la misma dirección del negocio de la revisionista, esta es, en San Felipe, intersección de calle 5º con Avenida B, planta baja.
Como es conocido mediante el proceso prescripción adquisitiva, son partes el propietario del bien y quien lo ha poseído en las circunstancias en que puede declararse que ha adquirido la propiedad poseída por usucapión. Es a la demandada (la propietaria) a quien debe notificarse la demanda de prescripción. Con posterioridad pueden ser incorporadas al proceso, como litis consortes, otros terceros.
El centro de la controversia en este proceso de revisión es si la revisionista como tercera debía ser notificada de la demanda, por cuanto debía ser parte por tener afectado un derecho subjetivo o un interés tutelado por el derecho en el proceso de prescripción adquisitiva propuesto por el usucapiente, para lo que ha de examinarse si en el proceso de prescripción debía participar como parte en litis consorte necesario o voluntario o como tercero a quien, sin necesidad de ser parte, puede verse afectada por la sentencia si una de las partes puede ser vencida (en apoyo y colaborador de la parte) o también quien pretenda en sustitución del pretensor la cosa debatida, es decir, el bien inmueble que se pretende usucapir (intervención adhesiva o intervencida Ad-excludendum). Ninguna de las hipótesis favorece a la revisionista. Veamos: la revisionista no fue parte del proceso prescriptivo, no tenía interés en colaborar con una de las partes, y sólo podrá, en grado de hipótesis, intervenir en el proceso como interventor ad excludendem. Esa intervención puede ser fundamentada en que, además del prescribiente, había ocupado una parte del bien inmueble, es decir, aquella en la que se encontraba una abarrotería. No obstante, sólo podría intervenir en el proceso para debatir en el mismo el mejor derecho a usucapir por haber ocupado parcialmente el inmueble. Esto, evidentemente, tenía el derecho a hacerlo en el proceso de prescripción adquisitiva, para debatir, con el prescribiente, quien tenía mejor derecho a invocar la posesión por el término indispensable para adquirir la totalidad de la finca, a pesar de que, en el mejor de los casos, sólo había poseído parte de ella (sin existir una situación de indivisibilidad de la propiedad) o, también, si nuestro ordenamiento jurídico, en sede de posesión, admite la denominada co-posesión, que no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico-civil y cuyo examen, en todo caso, le corresponde al juez de la causa de haber intervenido la revisionista en la sentencia recurrida en revisión como tercero ad-excludendum o como co-poseedor. Para ambas posibilidades se encontraba la posibilidad caducada, para la adhesiva en cualquiera de las instancias del proceso y para la primera (ad-excludendum) en la primera instancia (artículos 603 y 604 del Código Judicial). Alega la revisionista que no pudo enterarse del proceso prescriptivo sino desde el desalojo del señor CARLOS PUY, no obstante que este ocurrió con posterioridad a la sentencia que reconoció la usucapión en el otro poseedor, L.R.C. (que no se acreditó que fuese su heredera) y, además, que el desalojado era el señor CARLOS PUY y no la revisionista. En tales circunstancias, esta intervención de terceros (intervención ad excludendum) le estaba vedada al haber transcurrido la primera instancia el día 21 de noviembre de 1997. De allí que el tribunal de la causa en el proceso a que accede la causa en revisión no podía tener conocimiento de la situación de posesión, y resolver la preferencia de ella en uno de los dos eventuales poseedores, culminando el proceso.
De otra parte, conviene dilucidar si cabía fundar la revisión en la causal invocada, para lo que habría que determinar que hubo ratificación (expresa o tácita) de la parte que debía ser notificada o que el asunto de la falta de notificación había sido debatida en el proceso de que trae causa el recurso excepcional que ocupa a la Sala. La respuesta es negativa en ambos supuestos legales, y, por lo tanto, debe la Sala, como tribunal de revisión, declarar no fundado el recurso de revisión, por ser lo procedente con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico.
En virtud de lo que viene señalado, considera la Sala que la causal de revisión invocada por la parte recurrente no resulta acreditada, por lo que debe negarse el recurso examinado y consecuentemente, declarar no fundado el recurso excepcional.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA:
NO FUNDADO el recurso de Revisión propuesto por la señora ESMERALDA TUY BULTRÓN contra la sentencia Nº104 proferida el 21 de noviembre de 1997, por el JUZGADO SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO CIVIL, dentro del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva de dominio que L.A.R.C. le sigue a M.L.P. DE SOSA, y
DEVUÉLVASE por Secretaría, al JUZGADO SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO CIVIL, el expediente contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva al que accede el recurso de revisión decidido, agregándose al mismo copia autenticada del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL.
Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).