Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-octubre-2015/
Timestamp: 2017-11-23 00:00:30
Document Index: 361124171

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 77', 'Artículo 177', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 648']

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 16 hasta el 27 de octubre de 2015.
1.- Aprobación de formularios virtuales para la declaración y pago de retenciones y percepciones del IGV a través del Sistema de Emisión Electrónica (SEE).
Mediante Resolución de Superintendencia N° 285-2015/SUNAT (18.10.2015) se aprueban los formularios virtuales del epígrafe aplicables a la adquisición de combustible y a la venta de bienes. Ello, en armonía con los dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 274-2015/SUNAT la cual implementó la emisión de comprobantes de retención y percepción del IGV a través del SEE. Dichos formularios virtuales se emplearán a partir del 01.01.2016
Alternativamente, los Agentes (de retención o percepción) podrán seguir utilizando los PDT de retención o percepción, según corresponda, a partir del 01.01.2016. Sin perjuicio de lo anterior, para los períodos anteriores al 01.01.2016 se deben utilizar los PDT de retenciones o percepciones, según corresponda.
La norma en comentario entra en vigor el 01.01.2016.
2.- Flexibilización de requisito para otorgamiento de fraccionamiento y/o aplazamiento de deuda tributaria.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 289-2015/SUNAT (21.10.2015) se ha dispuesto como uno de los requisitos que ha de cumplir el deudor tributario para el otorgamiento del fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda tributaria que:
Al día calendario anterior a la presentación de la solicitud de fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda tributaria no cuente con:
– Saldos en las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas a SPOT;
– Ingresos como recaudación pendientes de imputación
Los supuestos arriba descritos no resultan exigibles cuando del fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda tributaria por regalía minera o gravamen especial a la minería se trate.
La norma en comentario entra en vigor el 22.10.2015.
PREGUNTAS FRECUENTES: FACTURA NEGOCIABLE
A continuación recogemos algunas interrogantes así como sus respectivas absoluciones realizadas por la SUNAT en torno al asunto del epígrafe.
¿Las empresas que adquieren bienes o son usuarias de servicios, deben verificar la fecha de impresión de las nuevas facturas o recibos?
¿Se perderá el crédito fiscal si me entregan una factura que no haya sido impresa junto a la tercera copia – factura negociable?
Las citadas interrogantes, entre otras adicionales de interés, así como sus respuestas, pueden apreciarse en el siguiente link:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?view=article&catid=251%3Atipos-de-comprobantes-de-pago-&id=2892%3Afactura-negociable-preguntas-frecuentes&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=424
I.- ¿Las Empresas de Servicios deben llevar Registro de Costos?
Ante la interrogante formulada en el epígrafe, en virtud del INFORME N° 135-2015-SUNAT/5D0000, la SUNAT ha razonado y concluido como sigue:
Teniendo en cuenta el razonamiento del Tribunal Fiscal vertido en la RTF 08246-8-2015, la cual constituye jurisprudencia de observancia obligatoria (08.09.2015), “No existe la obligación de llevar Registro de Costos tratándose de empresas de servicios, comercialización u otra actividad que no implique la producción de bienes” (bienes físicos, agregamos nosotros)
II.- ¿El plazo de amortización de “gastos preoperativos” puede realizarse, proporcionalmente, en un plazo menor al de 10 años?
Se le formuló a SUNAT la siguiente interrogante:
¿De acuerdo con lo dispuesto por el inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, una empresa que decide amortizar sus gastos preoperativos puede realizarlo proporcionalmente en un plazo menor a 10 años considerando que dicha norma hace referencia a un plazo máximo de 10 años?
SUNAT, en virtud al INFORME N° 132-2015-SUNAT/5D0000 ha razonado y concluido como sigue:
Fluye de la lectura del inciso g) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta que ésta autoriza a los contribuyentes perceptores de rentas de 3ra categoría a deducir los gastos preoperativos iniciales y los gastos preoperativos originados por la expansión de actividades de la empresa en un primer ejercicio o amortizarlos proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años, pudiendo dicho plazo de amortización ser menor (a 10 años).
En conclusión, para fines del Impuesto a la Renta, los contribuyentes perceptores de rentas de 3ra categoría podrán amortizar los gastos preoperativos iniciales y los gastos preoperativos originados por la expansión de actividades de la empresa, proporcionalmente, en un plazo menor a 10 años.
I.- ¿Qué debe contener la Resolución de Multa impuesta por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario (“No exhibir los libros, registros u otros documentos que SUNAT solicite”)?
Como consecuencia de una fiscalización tributaria, SUNAT sancionó al contribuyente con la imposición de una multa por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario[1], notificándole por cierto la respectiva Resolución de Multa.
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 01232-1-2012, declaró la nulidad de la Resolución de Multa girada, bajo el siguiente razonamiento
El artículo 77 del Código Tributario dispone que las Resoluciones de Multa contendrán necesariamente, entre otros requisitos, los fundamentos y disposiciones que la amparen.
Sin embargo, el citado valor, si bien es cierto consigna la infracción y la base legal respectiva, no deja de ser menos cierto que éste no detalla los hechos u omisiones específicas que habrían configurado la infracción que se le imputa al contribuyente (infractor), vale decir, no se indica la documentación requerida y no exhibida; ni tampoco se señalan los resultados de los requerimientos en los que se habría dejado constancia de la comisión de dicha infracción.
Por lo señalado en el apartado precedente, al no encontrarse debidamente fundamentada la Resolución de Multa y al haberse dictado prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, corresponde declarar su nulidad.
[1] “Artículo 177: CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA
Numeral 1.- No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite”
II.- ¿La deducción de gastos de ejercicios anteriores está condicionado a la fecha de su registro contable?
En la RTF 06710-3-2015 el Tribunal Fiscal ha concluido que los elementos determinantes para definir el ejercicio al que se imputara el gasto son determinar que se hayan producido los hechos sustanciales generadores del gasto originado en el momento en que se genera la obligación de pagarlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo; que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente y que este sustentado en un comprobante de pago en el caso de que exista la obligación de emitirlo; no siendo un condicionante para su devengo, ni la fecha en que se emitió o recibió dicho comprobante de pago, ni la fecha de su registro contable.
I.- ¿Las Cartas Notariales así como las “declaraciones juradas con firma legalizadas” elaboradas por los Proveedores subsanan los errores incurridos en las facturas emitidas por éstos?
En un operativo llevado a cabo en el Centro Comercial “Polvos Azules” la Administración Aduanera (SUNAT-ADUANAS) elaboró un Acta de Inmovilización-Incautación-Comiso sobre la mercancía de un comerciante. Ello, debido al hallazgo de mercancía de procedencia extranjera presumiblemente carente de documentación que amparase su ingreso legal al Perú (se trataba de 35 botellas de fino licor (Whisky) de diversas marcas)
Posteriormente, y en virtud a una Resolución de Intendencia, la Administración Aduanera decreta el comiso de la mercancía, sanciona con multa al comerciante y además ordena el cierre temporal de su establecimiento comercial[1]. El comerciante apela dicha Resolución de Intendencia y el Tribunal Fiscal, mediante RTF 04577-A-2007, al resolver el caso, confirma la Resolución de Intendencia, vale decir que, el comerciante perdió el caso a nivel administrativo tributario.
El comerciante interpone demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Las 2 instancias del Poder Judicial resuelven a favor del comerciante, y por ende declaran nula la RTF 04577-A-2007 como nula también la Resolución de Intendencia (emitida por SUNAT-ADUANAS), dejándose sin efecto la Liquidación de cobranza generada como consecuencia de la aplicación de la multa por infracción del artículo 33 de la Ley de Delitos Aduaneros así como también el Acta de Incautación y Comiso de mercancía.
Para las 2 instancias judiciales la controversia reposaba en el hecho que el comerciante debía demostrar, ante la Administración Aduanera, que las botellas de licor, que le fueron incautadas, tenían una procedencia legal y que además eran de su propiedad.
Para tal efecto, razonaron y concluyeron -las instancias judiciales- que, si bien es cierto el Reglamento de Comprobantes de Pago señala que el comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de propiedad no señala que éste sea el único documento con el cual se pueda acreditar la propiedad de un bien, toda vez que la propiedad también puede ser acreditada en virtud de documentos privados, tales como las cartas notariales y declaraciones juradas con firmas legalizadas emitidas por los Proveedores.
Según las 2 instancias judiciales, tanto las cartas notariales como las declaraciones juradas con firmas legalizadas emitidas por los proveedores de la mercancía incautada con el fin de subsanar errores incurridos en el llenado de las facturas[2] no fueron debidamente valoradas ni por la Administración Aduanera ni por el Tribunal Fiscal. Así pues, para las citadas instancias judiciales, el Tribunal Fiscal no adoptó las medidas necesarias para el esclarecimiento de la controversia, más aún si la Administración Aduanera, en apego al principio de verdad material, contaba con la facultad de llevar a cabo acciones tendientes a crear convicción suficiente que le permita expedir un fallo acorde a ley.
En la Sentencia de Casación 4073-2011 Lima (30.09.2015)[3] la Corte Suprema de Justicia, declara nula la sentencia de 2da instancia por cuanto no advierte, de su lectura, una motivación razonada al expedirse, toda vez que no se analizó de qué manera las declaraciones juradas con firmas legalizadas pudieron subsanar omisiones o errores al emitirse los comprobantes de pago, así como tampoco se apreció de qué manera las cartas notariales acreditarían la procedencia legal de la mercancía.
II.- ¿Corresponde el pago de intereses moratorios de los pagos a cuenta determinados y declarados oportunamente?
En la Sentencia de Casación N° 4392-2013 el Poder Judicial concluyó que la determinación del Impuesto a la Renta realizada en el ejercicio 1 producto de un procedimiento de fiscalización, no debería generar el pago de intereses moratorios respecto de los pagos a cuenta del ejercicio 2 toda vez que los pagos a cuenta del ejercicio 2 se determinaron y declararon de manera oportuna.
Cuando se trate de la venta de bienes realizada por emisor itinerante se deberá indicar la dirección del lugar en el que se entregan los bienes; ello, cuando no figure como punto de llegada en la Guía de Remisión-Remitente del emisor electrónico
En la cesión en uso de vehículos automotores deberá consignarse el número de placa del vehículo, en tanto se conozca dicho dato al momento de la emisión de la factura electrónica.
Cuando se presten servicios: Se deberá consignar la dirección del lugar en el que se presta el servicio siempre que dicho dato se conozca al momento de la emisión de la factura electrónica. No se consignará dicho dato si el servicio se presta en el domicilio fiscal del emisor electrónico
En la venta al público de combustible para vehículos automotores: se deberá consignar el número de placa del vehículo cuando se despache combustible directamente al tanque de dicho vehículo
En la prestación de servicios de mantenimiento, seguros, reparación y similares para vehículos automotores: se deberá consignar el número de placa del vehículo
En relación a la Factura y en lo concerniente a la “información no necesariamente impresa” deberá cumplirse con lo siguiente:
– En la cesión en uso de vehículos automotores deberá consignarse el número de placa del vehículo, en tanto se conozca dicho dato al momento de la emisión de la factura electrónica.
En relación a los Tickets o Cintas emitidas por Máquinas Registradoras deberá cumplirse con lo siguiente:
En la cesión en uso de vehículos automotores deberá consignarse el número de placa del vehículo, en tanto se conozca dicho dato al momento de la emisión del ticket o cinta emitido por máquina registradora.
[1] De acuerdo a los artículos 6 y 33 de la Ley de Delitos Aduaneros, vigente al momento del operativo, se establece que: “quien adquiere o venda o ayude a comercializar mercancías cuyo valor sea igual o menor a 2 UIT y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que dicha mercancía provenía de los delitos contemplados en la referida Ley (Ley de Delitos Aduaneros), será sancionado en forma conjunta o alternativa aplicando las sanciones señaladas en el artículo 35 de la citada Ley
[2] Las facturas presentadas por el comerciante, emitidas por sus Proveedores, no precisaban, en algunas de ellas, las unidades de medida de la mercancía, o su tamaño; en otras se consignaba un tamaño diferente al de los bienes comisados o la descripción no era coincidente con ellos (bienes comisados); por lo que no fue posible establecer con certeza una correspondencia entre la mercadería comisada y la consignada en las facturas.
[3] El recurso de casación fue presentado por la SUNAT y el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
1.- Modificación del período de descanso por maternidad y protección contra su despido en el caso de madres trabajadoras
El jueves 22 de octubre, el Congreso aprobó ampliar la licencia por maternidad. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad con un total de 92 votos a favor y, dentro de sus características, se precisa que la licencia deberá ser comunicada a sus empleadores con una antelación de dos meses, como mínimo.
La referida licencia tiene por objeto ampliar el periodo de descanso por maternidad en el régimen laboral privado en virtud del Convenio 183 de la OIT, así como fortalecer la protección contra el despido arbitrario de las madres trabajadoras. En ese sentido establece que:
– Las madres trabajadoras tienen derecho a 98 días de descanso por maternidad (49 días de descanso pre-natal y 49 de post-natal)
– Es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento del hijo, sus consecuencias o la lactancia, que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los doce meses posteriores al parto.
Se detalló además que la iniciativa todavía no tiene fecha para entrar en vigencia pero deberá ser implementada por el Ministerio de Trabajo.
I.- Posibilidad de cesión de descanso vacacional a compañeros de trabajo
Como se sabe, el art. 19 del D.Leg. 713 establece que el descanso vacacional puede reducirse de treinta a quince días con la respectiva compensación de quince días de remuneración.
En la página web del Congreso de la República se ha publicado el Proyecto de Ley Nº 4903-2015-CR que modifica el D.Leg. 713 (Legislación sobre descansos remunerados) con el objeto establecer que el periodo de quince días de libre disponibilidad del descanso vacacional a que se refiere el citado art. 19, el trabajador podrá cederlo a favor de uno o varios trabajadores.
– Cualquier trabajador a petición suya y previo acuerdo con su empleador por escrito, puede ceder de forma anónima y gratuita, hasta quince días de sus vacaciones pendientes, a otro trabajador o trabajadores de la misma empresa que tengan a su cargo familiares o personas con una enfermedad, discapacidad o hayan sufrido un accidente de especial gravedad, siendo necesaria la asistencia personal del trabajador beneficiario.
– El trabajador beneficiario de la cesión, de uno o más días de vacaciones transferidos, percibirá el íntegro de su remuneración durante los periodos de ausencia, los cuales al tener naturaleza de descansos remunerados, se considerarán como tiempo de servicios efectivamente laborados para todo efecto legal.
– El trabajador beneficiario conserva todos sus derechos y beneficios sociales por el tiempo que dure su ausencia, la misma que no podrá exceder de sesenta días calendario al año.
– La especial gravedad de la enfermedad, discapacidad o accidentes antes citados y la indispensabilidad de la asistencia personal del trabajador beneficiario será determinada por el correspondiente Certificado Médico expedido por EsSalud.
– El uso de estos días de vacaciones cedidos serán computados una vez agotados los días correspondientes al periodo vacacional del trabajador beneficiario.
I.- Igualdad de trato de las remuneraciones percibidas en una relación laboral y los honorarios percibidos en una relación de naturaleza civil
Mediante sentencia recaida en el expediente Nº STC 645-2013-AA/TC el Tribunal Constitucional (TC), vía interpretación de los artículos 1759º y 2001º del Código Civil e invocando el principio de igualdad, ha precisado que el término remuneración debe entender es un sentido amplio, de manera que no son embargables las remuneraciones de los deudores, sean estas producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicios regido por el Código Civil, salvo las limitaciones establecidas por ley.
El TC advierte que: “si bien existe un trato diferenciado a nivel tributario entre las remuneraciones de carácter laboral y los honorarios de origen civil, correspondiendo a renta de quinta categoría las primeras y a rentas de cuarta categoría las segundas, el Código Civil en sus artículos 1759º y 2001º, reconoce que las contraprestaciones recibidas en virtud de contratos de prestación de servicios tienen carácter remunerativo.”
Agrega el TC que no se puede soslayar que: “ el objeto del artículo 648º inciso 6) del Código Procesal Civil es permitir la existencia de una cantidad inembargable para asegurar que toda persona pueda tener un mínimo de ingresos para cubrir sus necesidades básicas independientemente de que sus ingresos provengan de una remuneración laboral o una contrapretación civil. Admitir una interpretación que permita el embargo total de los ingresos de quienes no se encuentran en una relación laboral implicaría consentir un trato discriminatorio respecto a quienes están en una situación más precaria en términos de estabilidad de sus ingresos, afectando el derecho de igualdad ante la ley que garantiza la Constitución, en este caso, la igualdad que merecen todos los trabajadores a no ser embargados más allá del límite legal”.
II.- Contrato de trabajo intermitente: supuesto de desnaturalización
Mediante sentencia recaida en en la STC 4682-2012-PA/TC, Moquegua con fecha 05 de setiembre del 2013 (publicada el 27 de octubre del 2015), el TC señaló que el contrato de trabajo intermitente había sido desnaturalizado por las siguientes razones:
– De la revisión de la hoja de liquidación de beneficios sociales se constató que el trabajador había realizado labores desde una fecha anterior al de la celebración del contrato.
– Las labores habían sido realizadas de manera ininterrumpida, conforme quedó acreditado con la citada hoja de liquidación.
– Si bien las partes habían acordado que la interrupción de labores iba a ser comunicada al trabajador mediante un boleta de suspensión de labores, durante todo el proceso no se presentó ningún documento de ese tipo a pesar de haberse constatado la existencia de vedas decretadas por el Estado durante la ejecución del contrato.
Declaró fundada la demanda, nulo el despido y ordeno la reposición del trabajador en el mismo puesto o en uno de similar nivel.