Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00139-de-junio-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fff939aefd0e0142e0430a0101510142&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 05:06:31
Document Index: 13770126

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 8', 'artículo 90', 'artículo 112', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 112', 'artículo 11', 'artículo 218', 'artículo 315', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 132', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 112', 'Artículo 5', 'Artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 2341', 'artículo 2356', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 181']

﻿ Sentencia 1998-00139 de junio 26 de 2014
SENTENCIA 1998-00139 DE 26 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- ACCIDENTE DE TRÁNSITO. DERECHO DE USO Y GOCE DE LAS VÍAS PÚBLICAS. LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO CAUSADOS POR LA FALLA DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DEL DEBER LEGAL DE SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA EN LA QUE SE REALIZAN OBRAS PÚBLICAS O QUE SE CONSIDERAN DE ALTO RIESGO, SE HA INDICADO QUE LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN DE ESTAS LES SON IMPUTABLES AL ESTADO, SIEMPRE QUE SE VERIFIQUE QUE LA ENTIDAD ENCARGADA DE INSTALAR LAS RESPECTIVAS SEÑALES NO LO HUBIERA HECHO. SITUACIONES EN LAS QUE EL TRÁNSITO NORMAL DE LAS PERSONAS POR LAS VÍAS PÚBLICAS SE VE ENTORPECIDO POR SITUACIONES ANORMALES, CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LAS PERSONAS DE USAR Y GOZAR DE ELLAS, CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 678 Y 1005 DEL CÓDIGO CIVIL Y EN EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 21 DE 1909.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CARRETERAS, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 1998-00139 de junio 26 de 2014
Expediente: 18112 (AC 30797 y 24500)
Radicación: 520012331000-1998-00139-01 (AC 1998-00380-01 y 1999-00402-01)
Actor: Norancy Ossa Murillo y otros
Demandados: Municipio de Tumaco-Nariño
24. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
25. Antes de realizar alguna consideración de fondo en el proceso, es necesario hacer las siguientes precisiones sobre la validez de ciertas piezas del material probatorio obrante en el expediente:
26. Se observa que en el expediente se hallan algunos documentos en copia simple traídos por la parte actora junto a la demanda que dio origen al proceso en su momento identificado con el número 24500.
27. Al respecto, la Sala aclara que de acuerdo con lo decidido por la Sección Tercera en pleno en su sesión del 28 de agosto de 2013, debe otorgarse valor probatorio a todos los documentos traídos al proceso en copia simple, siempre que su aporte se haya producido durante las oportunidades previstas por las normas procesales aplicables a los juicios de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no hayan sido tachados como falsos, en los términos de los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por la parte contra la cual se pretenden hacer valer(2).
28. También se advierte que en el cuaderno 2 del expediente 18112 obra en copia auténtica la investigación penal adelantada por la Fiscalía 29 Seccional de Tumaco por los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 1997 en los que perdiera la vida el señor Jerónimo Arroyo Ruiz y resultaran heridas las señoras Jenny Isabel Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo.
29. Al interior de esa investigación penal se rindieron varias declaraciones de quienes afirmaron no haber sido testigos presenciales del accidente, pero si haber pasado previamente por el lugar en el que este ocurrió. La Sala dará el valor que según la sana crítica corresponda a estas declaraciones, al observarse que fueron ratificadas al interior de este proceso.
30. En un sentido contrario, no tiene valor probatorio la indagatoria rendida por el señor Segundo Alirio Quiñónez Quiñónez, conductor de la camioneta con la que chocó la motocicleta de las víctimas, dado el carácter espontáneo y desprovisto de juramento de la declaración.
31. Tampoco podrá otorgarse valor probatorio a los testimonios que en ese proceso rindieron Lida Bartola Requejo, Jenny Isabel Sevillano y Cilio Arroyo Ortiz puesto que estos actúan como demandantes en el presente asunto, por lo que más que un testimonio se trata de una declaración de parte que carece de validez por no cumplir los requisitos y presupuestos de los que tratan los artículos 203 y 204 del Código de Procedimiento Civil.
32. Por la misma razón, se desestimarán las declaraciones que se decretaron en el curso de primera instancia como testimonios y que tiene como deponentes a personas que integran la parte demandante.
33. Finalmente, respecto del material fotográfico traído con el objeto de probar las circunstancias que rodearon los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 1997, especialmente sobre las condiciones de señalización que habían en el camino en el que ocurrió el accidente, la Sala debe precisar que en lo que tiene que ver con la fotografía no puede otorgársele ningún tipo de mérito probatorio y en tal sentido no podrá valorarla, puesto que únicamente da cuenta del registro de una imagen, sobre la que no es posible determinar su origen ni el lugar, ni la época en que fue tomada o documentada(3).
34. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:
34.1. El 21 de septiembre de 1997, aproximadamente a las 5:15 a.m., ocurrió un accidente de tránsito por el choque de dos vehículos en la vía que de El Morro conduce a Tumaco en el departamento de Nariño, área urbana del municipio de Tumaco, de doble sentido, con una calzada y dos carriles; recta y plana, en condición seca y sin iluminación. Los vehículos que hicieron parte del accidente son: i) vehículo tipo camioneta de servicio particular marca Mazda, modelo 92, de placas CAU-729, conducido por el señor Segundo Alirio Quiñónez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 16.726.157, que no resultó herido y no portaba licencia de conducción; ii) vehículo tipo motocicleta de servicio particular, marca Honda XL, 125 c.c. de cilindraje, modelo 94, de placas YUI-47, conducido por Jerónimo Arroyo Ortiz, quien perdió la vida en el accidente. En la motocicleta también se transportaban las señoras Jenny Isabel Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo, quienes resultaron heridas (copia auténtica del informe de accidente 94-032585, expedido por la oficina 176 del municipio de Tumaco de la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor —fl. 89, cdno. 1, exp. 18112—; copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor Jerónimo Arroyo Ortiz —fl. 1, cdno. 2, exp. 18112—; copia auténtica del registro civil de defunción del señor Jerónimo Arroyo Ortiz —fl. 40, cdno. 2, exp. 18112—).
34.2. Sobre la forma en la que se produjo el accidente, el informe que levantó la oficina 176 de Tumaco de la dirección general de transporte y tránsito automotor, indicó que en exceso de velocidad de los dos vehículos se produjo una invasión de vía de la motocicleta al esquivar un montículo de material de construcción que se encontraba en el carril que conduce de Tumaco a El Morro y pasó al carril cuya dirección iba de El Morro a Tumaco por el que se movilizaba la camioneta, causando un choque entre ambos vehículos. En el documento también se indicó que frente al montículo existían señales de tránsito sobre el riesgo de accidente y una valla protectora. Como causas del accidente se señalaron exceso de velocidad, adelantamiento invadiendo vía y exceso de velocidad de ambos vehículos (copia auténtica del informe de accidente 94-032585, expedido por la oficina 176 del municipio de Tumaco de la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor —fl. 89, cdno. 1, exp. 18112—).
35. El problema jurídico que debe resolver la Sala en la presente oportunidad es si el municipio de Tumaco debe ser declarado patrimonialmente responsable por el accidente ocurrido en la vía que de ese municipio conduce a El Morro en el departamento de Nariño, para lo cual deberá tenerse en cuenta las circunstancias específicas en las que ocurrió el accidente, especialmente las relativas al desarrollo de la obra pública que presuntamente lo causó, la existencia de medidas de advertencia a la ciudadanía sobre el peligro que esta implicaba para quienes por allí transitaban y la conducta de las personas involucradas en el accidente.
36. En aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad estatal solo es susceptible de ser declarada en los eventos en los que logre demostrarse que concurrió un daño antijurídico y la imputabilidad, por lo que es necesario que el daño a reparar pueda ser efectivamente atribuido al Estado, así como que su acción u omisión es el elemento determinante de las lesiones que puedan sufrir las personas en sus derechos, intereses o bienes.
37. Así, además del daño antijurídico, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo(4), debe probarse que este resulta imputable al Estado, de modo que en caso de que ello no se compruebe, la pretensión dirigida a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado está llamada a fracasar.
38. Cabe resaltar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio, utilizado por el demandante para sustentar su petición de resarcimiento patrimonial (ver supra párr. 1 a 1.4), está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre el mencionado daño y la falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado(5).
39. En otras palabras, en el presente caso la Sala analizará si se presentan los elementos necesarios para la declaratoria de la responsabilidad estatal de acuerdo al título de imputación de la falla en el servicio, por lo que evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.
40. En primer lugar la Sala coincide con el análisis del tribunal a quo y encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor Jerónimo Arroyo Ortiz y las lesiones físicas sufridas por las señoras Jenny Isabel Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 21 de septiembre de 1997 en la vía que de Tumaco conduce a El Morro en el departamento de Nariño (ver supra párr. 34.1 y 34.2).
41. Respecto de la falla del servicio por parte del ente territorial demandado, único integrante de la parte pasiva del litigio, la Sala lo encuentra de igual manera acreditado en el expediente, de acuerdo con las consideraciones que se desarrollan a continuación.
42. Como se puede ver en los apartes anteriores en los que se relacionaron los argumentos de las partes en el trámite de la primera y segunda instancia, así como las razones plasmadas en las decisiones que en cada uno de los procesos que ahora se resuelven de manera acumulada plasmó el Tribunal Administrativo de Nariño, la controversia principal del proceso ha pasado por la existencia o no de la falla, la cual, a su vez, ha girado alrededor de dos cuestiones: i) ¿estaba a cargo o no el municipio de Nariño de la vía y la obra que se llevaba a cabo en el lugar del accidente y que presuntamente lo causó? Y ii) ¿se encontraba o no debidamente señalizado el lugar de la obra?
43. Sobre la primera pregunta la Sala debe iniciar por indicar que tal y como lo consideró el tribunal a quo en sus sentencias denegatorias correspondientes a los procesos 18112 y 30792 (ver supra párr. 7.1 y 20.1), así como el Ministerio Público en el concepto que rindió en esta instancia (ver supra párr. 23.1), en efecto en el trámite procesal no logró demostrarse que la obra pública que se desarrollaba en el lugar del accidente perteneciera, fuera desarrollada o estuviera a cargo del municipio de Tumaco.
44. Nótese que ninguna prueba documental fue aportada en este sentido, y los testimonios con los que se pretende dar cuenta de esta circunstancia no son pertinentes para tal fin pues de ninguna manera quienes hayan podido presenciar el accidente, o transitado el lugar de los hechos, pueden dar fe con certeza a cargo de quién se hallaban los trabajos. En otras palabras, aunque en el expediente se encuentran varios testimonios en los que personas afirman que los trabajos eran del municipio(6), esas pruebas no son suficientes para dilucidar el punto, pues esa no es una circunstancia que sea susceptible de ser probada mediante una declaración.
45. Por el contrario, a folio 74 del cuaderno 1 del expediente 30797 se encuentra el oficio DA-483 del 25 de agosto de 1999 de la Alcaldía Municipal de Tumaco en el que se informa que en la vía que conduce de Tumaco a El Morro el municipio no adelantó obras en la fecha en la que ocurrió el accidente o en días anteriores, mientras que en oficio del 8 de septiembre de 1999, en atención a solicitud de información expresa que hizo el a quo, la alcaldía comunicó que los trabajos eran parte de un programa de la Red de Solidaridad Social (fl. 128, cdno. 1, exp. 30797).
46. Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de que no se logró demostrar que la obra que se adelantaba en el lugar del accidente se encontraba en cabeza del municipio demandado, lo cierto es que sí le correspondía el mantenimiento de la vía y tenía la obligación legal de señalizar un obstáculo que impedía el tránsito norma en ella, como era la obra que allí se ejecutaba.
47. En efecto, debe tomarse en consideración que de acuerdo con el informe del accidente que levantó la oficina 176 de Tumaco de la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor, la vía en la que este se produjo se encontraba ubicada en el perímetro urbano del municipio —lo cual además constituye la razón por la cual las autoridades de tránsito del municipio fueron las que atendieron el accidente— y en un sector de uso residencial y militar (fl. 89, cdno. 1, exp. 18112).
48. Esto implica que para la fecha del accidente de tránsito, esto es, el 21 de septiembre de 1997, la señalización, conservación y mantenimiento de la vía se encontraba a cargo del municipio de Tumaco por tratarse de una vía urbana comprendida dentro del perímetro y red vial municipal. Las anteriores obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993(7) y el Decreto-Ley 1344 de 1970(8), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, son plenamente aplicables al caso.
49. Respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11(9), 17(10) y 19(11) de la Ley 105 de 1993, el perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas y suburbanas; de igual forma, hacen parte de la infraestructura distrital y municipal, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean de propiedad del municipio, cuya construcción y conservación le corresponde a la respectiva entidad territorial, es decir, al distrito o municipio correspondiente.
50. Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112(12) del Decreto-Ley 1344 de 1970 establece que la señalización en vías municipales es responsabilidad de los municipios a través de las secretarías de obras públicas municipales, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 5º(13) y 113(14).
51. En el expediente se encuentra más que comprobado que el municipio de Tumaco incurrió en una conducta omisiva en cuanto desconoció unas obligaciones que le habían sido legalmente conferidas, relativas al mantenimiento de las vías pertenecientes al perímetro urbano del municipio, lo cual se infiere de la intransitabilidad de la vía causada por un obstáculo que atravesaba la totalidad del ancho de uno de sus carriles, de la que da fe el informe del accidente y la inspección judicial realizada en el lugar por el investigador judicial de la Fiscalía Seccional de Tumaco Dagoberto Klinger Estupiñán (fls. 28-30, cdno. 1, exp. 18112).
52. En este sentido, la Sala recuerda que esta Sección ha indicado que situaciones en las que el tránsito normal de las personas por las vías públicas se ve entorpecido por situaciones anormales, constituyen una violación al derecho de las personas a usar y gozar de ellas, consagrado en los artículos 678 y 1005 del Código Civil y en el artículo 8º del Decreto 21 de 1909. Así, vale reiterar que(15):
La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas (...) entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental (...).
53. Además de lo anterior, se advierte que el municipio de Tumaco desatendió la obligación legal de señalizar la anormalidad presentada en la vía en la que ocurrió el accidente, como quiera que no realizó la debida indicación preventiva de la obra y demás obstáculos derivados de su construcción, por los cuales habría ocurrido el accidente.
54. La Sala observa que en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía en la que se realizan obras públicas o que se consideran de alto riesgo, se ha indicado que los daños que se deriven de estas le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de instalar las respectivas señales no lo hubiera hecho, incumpliendo así el contenido obligacional a su cargo y teniendo en cuenta que ello debe incidir en la producción del daño correspondiente(16):
Lo anterior permite establecer, que pese a existir la obligación reglamentaria de señalar los peligros existentes en sus vías, el Distrito de Barranquilla, incumplió con su deber de instalar en ellas, los dispositivos de señalización necesarios para advertir sobre la presencia de un arroyo peligroso en la carrera 44 con calles 48 y 50 del perímetro urbano, toda vez que los testimonios ya vistos dan cuenta de la existencia de un riesgo constante (formación de arroyos por lluvia y de la ausencia de avisos que así lo advirtieran. (...) En consecuencia, concluye la Sala que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventiva en el lugar de los hechos, lo cual permite imputar el daño antijurídico de que trata el presente asunto al Distrito de Barranquilla, entidad propietaria de las vías urbanas y por tanto encargada de su mantenimiento y señalización, como quiera que la omisión en este último deber, constituye la falla sobre la cual se erige la causa determinante de los mismos, y en virtud de ello es por lo que se reclama su reparación.
55. Ahora bien, en relación con la normatividad vigente al momento de ocurrencia del accidente de tránsito, esto es, el 21 de septiembre de 1997, la señalización de las vías urbanas se encontraba a cargo de la administración municipal, distrital, departamental o nacional, dependiendo de la naturaleza de la vía, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 1344 de 1970(17), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
56. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 112 del Decreto-Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre las cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertarlos sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza.
57. La referida señalización en vías municipales —entre las cuales se debe entender aquellas ubicadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales de la respectiva jurisdicción municipal o distrital— es responsabilidad de las secretarías de obras públicas de los municipios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º(18) y 113(19) del decreto-ley aludido y de acuerdo con lo señalado por el artículo 11(20) de la Ley 105 de 1993. De igual forma, cabe precisar que le corresponde al municipio cumplir con la obligación en mención, habida cuenta de que es deber de las autoridades de policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” —artículo 218 de la Constitución Política— y que de acuerdo con el numeral 2º del artículo 315 ibídem, el alcalde es la primera autoridad de policía.
58. Así mismo, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte a través de las resoluciones 8408 del 2 de octubre de 1985 y 5246 del 2 de julio de 1985(21), definió en su capítulo I las señales preventivas como aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de éstas. Estas señales se identifican por el código general SP”. Además, en dicho capítulo establece como una de las señales preventivas la de peligro no especificado —SP-60—, la cual tiene el objeto de “advertir la proximidad de un tramo, en el cual puede presentarse un riesgo no especificado. Debe retirarse inmediatamente cesen las condiciones que obligan a instalarla”.
59. Ahora, como se adelantó en párrafos anteriores, la Sala encuentra que en este caso la obligación de la señalización del obstáculo que se hallaba en el lugar del accidente se desatendió, lo cual se pasará a explicar sucintamente.
60. Sobre el asunto de la señalización de la obra se ha discutido ampliamente a lo largo del trámite procesal, y hay pruebas que sustentan ambas posibilidades, es decir, que la obra se encontraba debidamente señalizada, como sostiene el municipio de Tumaco así como el Ministerio Público, y contrariamente que no estaba correctamente indicado el peligro que la construcción implicaba.
61. La primera hipótesis se encuentra basada en el informe del accidente levantado por la oficina 176 de Tumaco de la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor en la que se indica concretamente que el material de construcción que estaba sobre la vía en el carril que conduce de Tumaco a El Morro era precedido por señales de prevención relativas a la velocidad y a la existencia de una obra adelante, así como por una valla protectora justo al inicio del obstáculo (fl. 90, cdno. 1, exp. 18112). Incluso, el guarda de tránsito que elaboró el informe comunicaría a la Secretaría de Tránsito de Tumaco en acta adicional al informe señaló:
Las causas probables que originaron este accidente se debieron al exceso de velocidad con que se desplazaban ambos vehículos, la moto debió hacer el pare respectivo al pasar por un montón de balastro ubicado en la vía el cual se encontraba antecedido por una valla de precaución por los trabajos que en esa zona se adelantan para hacer las zonas peatonales.
62. Sin embargo, existe material probatorio que resulta contrario a esta posición y que no ofrece razones a la Sala para considerar que su contenido sea alejado de la verdad, al menos a lo que se refiere a la percepción que sobre el particular tuvieron diferentes personas.
63. Así, el testimonio rendido en el curso de la primera instancia por los señores Guido Henry Casanova Erazo, Luis Payan Santana y Mario Hernando Ortiz Casanova, el primero conductor que transitaba regularmente por el lugar y los restantes testigos materiales del hecho, coinciden en señalar que en el lugar no había señalización de ningún tipo (fls. 140-145, cdno. 1, exp. 18112).
64. Estas declaraciones son coincidentes con las que bajo la gravedad del juramento rindieron al interior del proceso penal los señores Dennys Alexander Quiñones —ocupante de la camioneta accidentada—, José Ferney Duarte Quintero —quien también había transitado recientemente por la vía— y el mismo Guido Henry Casanova Erazo (fls. 54-57, 99 y 100, cdno. 2, exp. 18112).
65. También concuerdan con lo plasmado por el investigador judicial de la Fiscalía Seccional de Tumaco Dagoberto Klinger Estupiñán en su informe sobre la inspección que realizó en el lugar del accidente (fls. 28-30, cdno. 1, exp. 18112), en el que indicó lo siguiente:
Continuando con la investigación sobre el levantamiento del cadáver, me desplacé hasta el lugar de los hechos donde se pudo establecer que el accidente fue a consecuencia de una volquetada de balastro que se encontraba cubriendo la mitad de la carretera, sin las correspondientes medidas de prevención, tales como vallas tanto de Tumaco hacia El Morro como del Morro hacia Tumaco, como también unos mecheros de punta a punta, para que fácilmente se pudiera divisar el obstáculo que se encontraba en la carretera, causa esta para que los vehículos camioneta Mazda B2000 dos puertas de placas CAU-749 de color blanco, características estacas y la motocicleta Honda de color negro XL-125 de Placas YUI-47, vehículos que se encuentran en los patios del tránsito y transporte de este puerto.
66. Partiendo de la base de que se tratan todas de pruebas válidas y que ofrecen convencimiento a la Sala sobre su contenido, no puede descartarse ninguna, por lo que se concluye que si bien el funcionario público que elaboró el informe de tránsito puede estar en lo correcto sobre la existencia material de las señales y la valla, los testimonios y otro documento elaborado por funcionario público competente indican que los mismos no eran visibles para quienes transitaban el lugar, lo que implica que en cualquier caso no se trataba de medidas que fueran efectivas en su labor de advertir a la ciudadanía del peligro que entrañaba la obra, o no, al menos, en horas de la madrugada en las que ocurrió el accidente, máxime cuando el lugar en el que se produjo el hecho no contaba con iluminación de ningún tipo, como indicó el mismo informe de tránsito (ver supra párr. 34.1).
67. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el municipio de Tumaco incumplió su deber de señalización de la vía en que ocurrió el accidente de tránsito —la cual estaba dentro del perímetro urbano—, habida cuenta de que el estado de la vía era deficiente en cuanto en ella había un obstáculo de grandes proporciones sobre el cual no existía señalización preventiva eficiente. Por consiguiente, se configuró una falla de su parte al respecto.
68. En relación con el nexo causal, la Sala lo encuentra debidamente acreditado, dado que tanto el informe de tránsito del accidente, la inspección judicial de la fiscalía al sitio del accidente y las declaraciones de los testigos presenciales son claros al identificar la obra y los montículos de material de construcción que esta produjo como las causas del accidente, dado que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz invadió el carril del sentido contrario por la presencia de un obstáculo insuperable sin la realización de esta acción, pues este impedía el paso por la totalidad del carril correspondiente al sentido en el que este se movilizaba.
69. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte la existencia de elementos constitutivos de las causales eximentes de responsabilidad del hecho de la víctima y el hecho de un tercero, las cuales concurren junto a la probada falla en el servicio como las causas del daño cuya reparación se solicita mediante en el presente litigio.
70. Debe recordarse que de acuerdo con el informe de tránsito sobre el accidente, al momento de la ocurrencia del accidente en la motocicleta Honda XL 125 de placas YUI-47 se movilizaban tanto el señor Jerónimo Arroyo Ortiz como las señoras Jenny Isabel Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo, quienes resultaron heridas, es decir, se transportaban 3 personas en una sola motocicleta.
71. Debe la Sala reconocer que, tal como lo indicó la parte demandante en la sustentación de su recurso de apelación contra la sentencia del 19 de diciembre de 2002 en el expediente 24500, el Decreto-Ley 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre de la época, no previó ninguna disposición sobre el número máximo de pasajeros permitidos en una motocicleta y solo sería hasta la reforma del código mediante la expedición de la Ley 769 de 2002 que sería advertido que solo podrían transitar en ellas el conductor y un pasajero. Sin embargo, resulta evidente que esta última norma no es aplicable al caso por ser posterior al accidente.
72. Esto quiere decir que en un sentido estricto la conducta de los señores Arroyo, Sevillano y Requejo no implicaba la infracción de una norma de tránsito específica. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que de cualquier forma no era una conducta que una persona prudente y diligente hubiera desarrollado.
73. La misma estructura de una moto, más una pequeña como la accidentada que apenas alcanzaba en su motor los 125 C.C., sugiere que se trata de un vehículo de uso personal, en el que máximo es posible que viaje una persona más como parrillero, dada la carencia de espacio para tales propósitos. Ello es más evidente si se tiene en cuenta que, como lo define el mismo artículo 2º del Decreto-Ley 1344 de 1970, es un automotor que carece de una estabilidad propia y depende del equilibrio y habilidad del conductor, la cual se ve inexorablemente mermada por la presencia de dos ocupantes adicionales.
74. Es claro que la conducta exigida a una persona prudente y diligente no se agota en el contenido normativo, como ocurre en este caso en el que es evidente que aunque la parte no incurrió en una infracción legal sí ejecutó una conducta imprudente, irreflexiva e irresponsable, que redujo su margen de maniobrabilidad y en tal sentido aumentó el riesgo que de por sí trae una actividad peligrosa como la conducción para quien la desarrolla.
75. Adicionalmente, aunque cualitativamente incluso más importante que lo anterior, se logra advertir es que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz se encontraba embriagado para el momento en que se produjo el accidente, como lo reveló el dictamen de medicina legal (fl. 39, cdno. 2, exp. 18112), que indicó que su concentración de alcohol en el flujo sanguíneo equivalía a 91 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, es decir primer grado de embriaguez de conformidad con el artículo 152 de la Ley 769 de 2002(22).
76. Ahora, aunque la norma en comento no se encontraba vigente para la época de los hechos, sí indica que el señor Hernández tenía una concentración considerable de alcohol en su torrente sanguíneo, lo que significa que no solo no se encontraba en condiciones de desarrollar una actividad eminentemente peligrosa como la conducción de automotores, sino que amenazó potencialmente la vida e integridad personal de otros, más con el sobrecupo con el que se movilizaba la motocicleta.
77. Finalmente, no se puede pasar por alto que el informe de tránsito al que se ha hecho referencia en múltiples ocasiones (fl. 90, cdno. 1, exp. 18112) indicó como una de las causas probables del accidente el exceso de velocidad a la que transitaban ambos automotores, lo cual no solo refuerza la posición expuesta sobre la ocurrencia de un hecho de la víctima, sino que pone de presente que el accidente también tuvo como una de sus causas el hecho de un tercero, pues resulta evidente que este comportamiento del conductor del otro vehículo también tuvo influencia en la falta de maniobrabilidad de las partes para evitar las fatales consecuencias del accidente(23).
78. En tal sentido, existe una concurrencia de causas para la producción del accidente, pues es evidente que uno de los factores de su ocurrencia se encuentra en la falla del servicio de la entidad demandada que no señalizó debidamente una obra evidentemente peligrosa para el tránsito de los vehículos, pero también que el estado de embriaguez de la víctima, el sobrecupo de la motocicleta, la alta velocidad a la que esta se movilizaba y la alta velocidad a la que se movilizaba la camioneta con la que chocó, aumentó no solo el riesgo que esa obra implicaba, sino el que normalmente asumía el señor Arroyo Ortiz al conducir un vehículo.
79. Las circunstancias a las que se ha hecho referencia también implican el hecho de la víctima respecto de las pasajeras de la moto, quienes sabiendo estas circunstancias, especialmente el alicoramiento del conductor y el sobrecupo que implicaba la presencia de ambas sobre el automotor, accedieron de forma voluntaria a acompañarlo, asumiendo de esta forma los riesgos que todo esto implicaba.
80. Así, aunque resulta procedente declarar la responsabilidad del municipio de Tumaco por la muerte del señor Jerónimo Arroyo Ortiz y las lesiones sufridas por las señoras Jenny Isabel Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo, la condena patrimonial consecuencial a esa declaración será reducida, en todos sus rubros, en un 75%.
Demanda de Miriam Modesta Montaño de Sevillano y otras (exp. 18112)
81. Con base en las pruebas allegadas dentro del trámite procesal, se tiene acreditado, mediante los registros civiles de nacimiento visibles en los folios 17, 18 y 19 del cuaderno 1 de este expediente, que la señora Miriam Modesta Montaño de Sevillano es la madre de la señora Jenny Isabel Sevillano Montaño —ocupante de la motocicleta accidentada—, así como que la señora Luisa Beatriz Sevillano Montaño es su hermana y Engie Soraya Castañeda Sevillano es su hija.
82. De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sección desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, la corporación ha asumido que cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, equivalente a la muerte de la víctima, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo en la aludida sentencia(24):
En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral. Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, sólo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...).
83. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de las peticionarias, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(25), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(26), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(27).
84. En ese orden de ideas, la Sala observa que aunque la señora Sevillano no perdió la vida en el accidente, sí sufrió graves lesiones como resultado del hecho, de lo cual da fe la historia clínica de la víctima, que da cuenta de una fractura de pelvis que tuvo que someterse a un tratamiento quirúrgico complicado (fls. 111-131, cdno. 1, exp. 18112). En tal sentido, la indemnización por perjuicios morales para la señora Sevillano Montaño en su calidad de víctima directa se tasa en una suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión el cual será reducido en un 75% en consideración a lo expuesto anteriormente sobre la concurrencia de causas, por lo que finalmente se concederán 12.5 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
85. En el mismo sentido, a cada una de las restantes demandantes se otorgará una indemnización equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, los cuales se verán reducidos en un 75%, por lo que finalmente se concederán 10 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia a cada una de las demandantes Modesta Montaña de Sevillano, Luisa Beatriz Sevillano Montaño y Engie Soraya Castañeda Sevillano.
87. Respecto de los perjuicios a título de daño emergente, la Sala advierte que en el expediente obran varias facturas por servicios médicos prestados por la sociedad Ambulancias Oxígeno Cali y el Hospital Universitario del Valle a la señora Sevillano. Se reconocerá el valor de estas facturas indexadas desde el momento de su expedición hasta la fecha de esta sentencia, aunque el resultado será reducido en un 75% por las razones ya indicadas. De esta forma, la liquidación será la siguiente:
— Factura 1898 del 22 de septiembre de 1997 de Ambulancias Oxígeno Cali
Va = $ 106.800
— Factura 7233257 del 24 de octubre de 1997 del Hospital Universitario del Valle
Valor: $ 25.700
Va = $ 67.848
— Factura 8000099 del 5 de enero de 1998 del Hospital Universitario del Valle
Valor: $ 52 800
Va = $ 135.168
— Factura 8000093 del 5 de enero de 1998 del Hospital Universitario del Valle
Valor: $ 30.500
Va = $ 78.080
— Factura 234691 del 17 de diciembre de 1997 del Hospital Universitario del Valle
Valor: $ 20.600
Va = $ 53.766
— Factura 7232982 del 16 de octubre de 1997 del Hospital Universitario del Valle
Valor: $ 2.959.661
Va = $ 7.813.505
Subtotal: $ 8.255.167 - 75% = $ 2.063.791
Total indemnización: $ 2.063.191
88. Se aclara que no se tendrá en cuenta el comprobante de venta visible en el folio 20 del cuaderno 1 del expediente 18112, dado que, por una parte, no está expedido a nombre de la señora Sevillano o alguno de sus familiares, sino del Hospital Universitario del Valle, y por otra, en él se describen materiales que serían usados en la osteosíntesis que se le realizó a la paciente y que ya se encontraban incluidos en el cobro contenido en la factura 7232982 del 16 de octubre de 1997.
89. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, la Sala observa que en la demanda se afirmó que este se desprendía de la pérdida de capacidad laboral que tuvo la señora Sevillano Montaño como consecuencia del accidente. Sin embargo, aunque en el expediente se encuentra probado con la historia clínica de la demandante que sufrió lesiones en el hecho, no existe material probatorio que permita establecer que estas derivaron en secuelas y consecuencias permanentes. Tampoco se puede establecer con certeza el porcentaje de capacidad laboral que esas lesiones hubieran podido causar.
90. Sin embargo es presumible que siendo de tal entidad las lesiones sufridas se hubiera producido una pérdida de capacidad laboral de carácter permanente, aun cuando no se haya acreditado en el proceso. Por tal razón, la Sala condenará en abstracto en lo que tiene que ver con el lucro cesante de la señora Jenny Sevillano Montaño, cuya indemnización deberá ser tasada en un incidente que deberá ser adelantado ante el tribunal a quo una vez ejecutoriada esta sentencia.
91. En el incidente el tribunal deberá tener en cuenta lo que la parte demandante pueda acreditar sobre la pérdida de capacidad laboral de la señora Sevillano Montaño, así como respecto de sus ingresos mensuales. En caso de no poderse probar estos últimos, deberá liquidarse con base en el salario mínimo mensual legal vigente para el momento del incidente. También deberán tomarse en consideración la existencia de dos periodos diferentes, uno consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha en que se resuelva el incidente, y otro que va desde ese momento hasta el final de la vida probable de la víctima, según lo establezca la mediante(sic) Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria.
92. Finalmente, el a quo deberá tener en cuenta que al resultado final de la liquidación deberá restarse el 75%, en consideración a la concurrencia de causas que se evidenció en la producción del daño, según se estableció en párrafos anteriores.
Perjuicios inmateriales diferentes a los morales
93. La Sala recuerda que dentro de las pretensiones de la demanda la parte demandante solicitó condenar a la entidad demandada por “setenta millones de pesos ($ 70.000.000), como indemnización especial a favor de la propia incapacitada, señora Jenny Isabel Sevillano Montaño, en razón de la merma total en su goce fisiológico, al quedar de por vida con graves secuelas y totalmente incapacitada para desarrollar las actividades normales a que tiene derecho todo ser humano”.
94. La Sala entiende que la pretensión invocada por la parte demandante se refiere al reconocimiento de perjuicios de orden inmaterial diferentes a los perjuicios morales, derivados de una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona y que, contrario a los morales, están encaminados no a compensar económicamente la aflicción espiritual que se origina con el daño, sino a resarcir la modificación de la armonía psicofísica de la persona, como presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos e intereses.
95. Este tipo de reconocimiento de perjuicios inmateriales se encuentran hoy en día, de acuerdo con lo expresado por esta Sección, agrupados en la que se ha denominado daño a la salud. Sobre la cuantificación de este tipo de perjuicio se ha pronunciado de la siguiente forma(28):
Una tipología del perjuicio que se estructure a partir de los principales bienes jurídicos, constitucionalmente protegidos, garantiza varios aspectos teóricos y prácticos, a saber: i) se repara o compensa no el daño en sí mismo sino las consecuencias que de él se desprenden, para lo cual es preciso verificar la gravedad de la afectación al respectivo interés legítimo (v.gr. la salud, la honra, la libertad, etc.), ii) se produce una constitucionalización del derecho de la responsabilidad, en donde no se indemnizan perjuicios existencia/es o derivados de la vida social o relacional del sujeto, sino vinculados a derechos constitucionales, iii) dado que la tipología del perjuicio inmaterial se concentra en algunos de los derechos reconocidos a nivel constitucional, la labor de establecer una cuantificación del daño se puede trazar a través de criterios más objetivos —no objetivables— con apoyo en el criterio del arbitrio iuris y los criterios fijados en la jurisprudencia (...).
96. Así mismo, la Sala en otras ocasiones(29) ha tenido en cuenta un elemento objetivo o común a todas las víctimas y uno subjetivo que implica una especial afectación que pueda ser acreditada respecto de una persona en particular de acuerdo a las actividades laborales y lúdicas o recreativas que desarrollaba antes de la afectación física. Por tal razón uno de los elementos para tasar este tipo de indemnización en su aspecto objetivo es la pérdida de capacidad laboral.
97. Ahora, como se dijo anteriormente, esa pérdida de capacidad laboral no se acreditó durante el trámite de las dos instancias, razón por la que, al igual que se decidió condenar en abstracto en cuanto el lucro cesante, se condenará de tal forma en lo relativo al daño a la salud. Se deberá tener en cuenta en el incidente que adelante el a quo lo que se logre probar respecto de dicha discapacidad, así como sobre las actividades personales que desarrollaba la víctima antes del accidente. En cualquier caso, la tasación deberá hacerse en términos de salarios mínimos y no podrá superar una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del incidente.
Demandas de Belarmina Ortiz Calzada y otros, así como de WiIson Cipriano Requejo y otros (exp. 24500)
98. En este expediente, a su vez, se acumularon dos demandas cuyos demandantes acuden ante la jurisdicción en calidades diferentes, dado que en la demanda de Belarmina Ortiz Calzado y otros conforman la parte demandante familiares del occiso Jerónimo Arroyo Ortiz, mientras que en la restante se encuentran los familiares de la señora Lida Bartola Requejo Quiñónez.
99. Esto impone la necesidad de que se hagan las liquidaciones por separado, comenzando por la de la demanda de Berlarmina Ortiz, en la que se incluirá a la demandante Jeffery Arroyo Ossa, única accionante en el proceso correspondiente al expediente 30797, dado que esta también es hija del señor Jerónimo Arroyo Ortiz, según se desprende de la copia auténtica del registro civil de nacimiento visible en el folio 14 del cuaderno 1 del expediente 30797.
100. Por su parte, los demandantes Belarmina Ortiz Calzada, Ítalo Arroyo Ortiz, Segundo Cilio Arroyo Ortiz, Narciso Arroyo Ortiz, Leonardo Arroyo Ortiz, Liliana Arroyo Ortiz, Pablo Arroyo Ortiz, Julio Arroyo Ortiz, Alina Muñoz Giraldo, Lina Marcela Arroyo Muñoz, Devy Malory Arroyo Muñoz y Diego Alexander Arroyo Herrera acreditaron su relación de parentesco y(sic) civil con Jerónimo Arroyo Ortiz con la copia simple de los registros civiles de nacimiento visible a folios 25 a 36 del cuaderno 1 del expediente 24500.
101. Atendiendo a los mismos parámetros enunciados en los párrafos 82 y 83 de esta sentencia, tomando en consideración que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz perdió la vida en el accidente, se otorgarán a título de perjuicios morales a cada uno de los demandantes Belarmina Ortiz Calzada (madre de la víctima), Alina Muñoz Giraldo (cónyuge de la víctima), Lina Marcela Arroyo Muñoz, Devy Malory Arroyo Muñoz, Diego Alexander Arroyo y Jeffery Arroyo Ossa (hijos de la víctima) una indemnización por una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia. Ahora, por las razones ya explicadas a esa suma se restará un 75%, por lo que finalmente la indemnización a cada uno de los demandantes enunciados será de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
102. Por otra parte, se otorgará por el mismo concepto a cada uno de los demandantes Ítalo Arroyo Ortiz, Segundo Cilio Arroyo Ortiz, Narciso Arroyo Ortiz, Leonardo Arroyo Ortiz, Liliana Arroyo Ortiz, Pablo Arroyo Ortiz y Julio Arroyo Ortiz (hermanos de la víctima) una indemnización por una suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia. Sin embargo, a esa suma se restará un 75%, por lo que finalmente la indemnización a cada uno de los demandantes enunciados será de 12,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
103. Respecto de los perjuicios a título de daño emergente, la Sala advierte que reconocerá a favor de la señora Alina Muñoz Giraldo los gastos en los que incurrió de acuerdo con la factura 093 del 21 de septiembre de 1997 de la Funeraria San Andrés por un valor de $ 850.000, los cuales serán indexados al valor actual. Del valor actualizado se descontará el 75%.
Va = $ 2.269.500
Valor total $ 2.269.000 - 75% = $ 567.375
104. Por otra parte, se reconocerá al señor Segundo Cilio Arroyo Ortiz, quien probó la propiedad de la motocicleta con la copia auténtica de la licencia de tránsito visible en el folio 106 del cuaderno 1 del expediente 17112, el valor de su reparación, la cual asciende a la suma de $ 2.182.850 según la cotización del 8 de octubre de 1998 del concesionario Andina Motors S.A. —mismo lugar en el que se adquirió la motocicleta de acuerdo con la certificación que en tal sentido obra a folio 42 del cuaderno 1 del expediente 24500— visible en el folio 43 del cuaderno 1 del expediente 24500. La suma será actualizada pero descontada en un 75% por razones ya expuestas.
Va = $ 5.762.724
Valor total $ 5.762.724 - 75% = $ 1.440.681
105. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, en el proceso, se demostró que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como era la labor de agente educativo, de lo que da fe la constancia de la Cooperativa Especializada en Salud Alcatraz Ltda. (fl. 38, cdno. 1, exp. 24500), con un ingreso mensual de $ 480.000, suma que se actualizará al valor actual de la siguiente forma:
Va = $ 1.281.600
106. A esta suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir la víctima. A la suma resultante será restado un 25%, porque se presume que dicho porcentaje es lo que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz hubiera invertido en su propio sostenimiento. La renta liquidable entonces corresponde a $ 1.201.500.
107. Se tendrá en cuenta que el señor Jerónimo Arroyo Ortiz, en el momento del accidente tenía 35 años de acuerdo con su registro civil de nacimiento (fl. 28, cdno. 1, exp. 24500) y por lo tanto una vida probable de 41,47 años (497,64 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 497 del 20 de mayo de 1997. La cónyuge del señor Hernández, menor que éste, tenía 29 años de edad en la fecha de los hechos(30), de manera que su vida probable era de 48,72 años (584,64 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable del señor Jerónimo Arroyo Ortiz, dada su menor expectativa de supervivencia.
108. La indemnización a que tiene derecho la cónyuge del señor Arroyo Ortiz comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 201 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima, para un total de 296.64 meses.
109. Para el momento de su muerte, el señor Arroyo Ortiz tenía cuatro hijos, todos los cuales contaban con menos de 25 años en ese momento. Por tal razón de la renta liquidable determinada en el párrafo 106 se tendrá en cuenta para la cónyuge —Alina Muñoz Giraldo—, el 50% ($ 600.750) como base para la liquidación.
110. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Muñoz Giraldo, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(31), de acuerdo con la cual:
111. Indemnización futura o anticipada Alina Muñoz Giraldo:
S = $ 94.195.705
112. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $ 94.195.705, menos el 75%, es decir, $ 23.548.926.
113. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Alina Muñoz Giraldo, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala(32):
114. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquél comprendido entre la fecha del accidente sufrido por el señor Arroyo Ortiz —21 de septiembre de 1997— y la época de expedición de la presente sentencia —junio de 2014— (201 meses), y se realiza la liquidación así:
S = $ 204.101.774
115. Así, la indemnización debida o consolidada o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $ 204.101.774, menos el 75%, es decir, $ 51.025.443.
116. La indemnización a que tiene derecho Devy Malory Arroyo Muñoz —hija— comprende solo el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que ésta cumplió 25 años —14 de agosto de 2013—, para un total de 191 meses. Se tendrá en cuenta un cuarto del restante 50% de la renta determinada para la liquidación ($ 150.187) como base para liquidar.
S= $ 47.144.638
117. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Devy Malory Arroyo Muñoz equivale a $ 47.144.638, menos el 75%, es decir, $ 11.786.159.
118. La indemnización a que tiene derecho Diego Alexander Arroyo Herrera —hijo— comprende solo el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que este cumplió 25 años —7 de agosto de 2011—, para un total de 167 meses. Se tendrá en cuenta un cuarto del restante 50% de la renta determinada para la liquidación ($ 150.187) como base para liquidar.
S = $ 38.564.958
119. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Diego Alexander Arroyo Herrera equivale a $ 38.564.958, menos el 75%, es decir, $ 9.641.239.
120. La indemnización a que tiene derecho Jeffery Arroyo Ossa —hija— comprende solo el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que esta cumplió 25 años —28 de julio de 2010—, para un total de 154 meses. Se tendrá en cuenta un cuarto del restante 50% de la renta determinada para la liquidación ($ 150.187) como base para liquidar.
S = $ 34.318.559
121. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Jeffery Arroyo Ossa equivale a $ 34.318.559, menos el 75%, es decir, $ 8.579.639.
122. La indemnización a que tiene derecho Lina Marcela Arroyo Muñoz —hija— comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 201 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que esta cumpla 25 años —27 de diciembre de 2015—, para un total de 18 meses. Se tendrá en cuenta un cuarto del restante 50% de la renta determinada para la liquidación ($ 150.187) como base para liquidar.
123. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de Lina Marcela Arroyo Muñoz se tendrá en cuenta la citada fórmula que ya se ha aplicado, de acuerdo con la cual:
S= $ 2.582.326
124. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a Lina Marcela Arroyo Muñoz equivale a $ 2.582.326, menos el 75%, es decir, $ 645.581.
125. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Lina Marcela Arroyo Muñoz, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.
126. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Lina Marcela Arroyo Muñoz equivale a $ 204.101.774, menos el 75%, es decir, $ 51.025.443.
127. Ahora se hará la liquidación relativa a la demanda de Wilson Cipriano Requejo y otros.
128. Con base en las pruebas allegadas dentro del trámite procesal, se tiene acreditado, mediante los registros civiles de nacimiento visibles en los folios 16 a 18 del cuaderno 1 de este expediente, que la señora Mercedes Quiñónez es la madre de la señora Lida Bartola Requejo Quiñones —ocupante de la motocicleta accidentada—, así como que el señor Wilson Requejo es su padre, y los señores Humber Dionisio Quiñones González y Julio Enrique Requejo Quiñones sin sus hermanos.
129. En aplicación de los parámetros indemnizatorios enunciados en los párrafos 82 y 83 de esta decisión, y en consideración a que aunque la señora Requejo Quiñones no perdió la vida en el accidente, sí sufrió graves lesiones como resultado del hecho, de lo cual dan fe las historias clínicas de la víctima tanto en el Hospital San Andrés de Tumaco (fls. 4-10, cdno. 1, exp. 24500) como en el hospital Universitario del Valle (fls. 54-107, cdno. 1, exp. 24500), que dan cuenta de una fractura de distal de fémur izquierdo abierta tuvo que someterse a un tratamiento quirúrgico complicado. En tal sentido, la indemnización por perjuicios morales para la señora Requejo Quiñones en su calidad de víctima directa se tasa en una suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión el cual será reducido en un 75% en consideración a lo expuesto anteriormente sobre la concurrencia de causas, por lo que finalmente se concederán 12.5 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
130. En el mismo sentido, a cada uno de los demandantes Wilson Cipriano Requejo y Mercedes Quiñones (padres de la víctima) se les otorgará una indemnización equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, los cuales se verán reducidos en un 75%, por lo que finalmente se concederán 10 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia a cada una de los demandantes Wilson Cipriano Requejo y Mercedes Quiñones.
131. Igualmente, a cada uno de los demandantes Humber Dionisio Quiñones González y Julio Enrique Requejo Quiñones (hermanos de la víctima) se les otorgará una suma equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, los cuales serán reducidos en un 75%, por lo que finalmente se concederán 7.5 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia a cada uno de los demandantes Humber Dionisio Quiñones González y Julio Enrique Requejo Quiñones.
132. Respecto de los perjuicios a título de daño emergente, la Sala advierte que en el expediente obra la factura del Hospital Universitario del Valle en el que se incluyó un valor total de servicios de $ 1.090.210, de los cuales, se especifica allí mismo, $ 990.210 fueron cancelados por la Secretaría de Salud Departamental de Nariño, quedando una suma a pagar de $ 100.000. Esta suma será reconocida en un valor actualizado hasta la fecha de esta sentencia, aunque el resultado será reducido en un 75% por las razones ya indicadas. De esta forma, la liquidación será la siguiente:
— Factura 7035305 del 15 de octubre de 1997 del Hospital Universitario del Valle
Va = $ 264.000
Valor total = $ 264.000 - 75% = 66.000
133. De igual manera, obran en el expediente dos tiquetes aéreos de la compañía Avianca del 18 de octubre de 1997 con el trayecto de Cali a Tumaco, correspondiente a la víctima, que debió ser trasportada en camilla y un acompañante. Según constancia visible en el folio 21 del cuaderno 1 de este expediente, dado que la señora Requejo Quiñones debía ser transportada en camilla, se les cobró el valor equivalente a 3 sillas, para una suma total de $ 294.800. Este valor será actualizado a la fecha de la sentencia y descontado en un 75%.
— Tiquetes aéreos del 18 de octubre de 1997 de Avianca
Valor: $ 294.800
Va = $ 778.272
Valor total = $ 778.272 - 75% = 194.568
Total indemnización: 260.568
134. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, la Sala observa que en la demanda se afirmó que este se desprendía de la pérdida de capacidad laboral que tuvo la señora Requejo Quiñones como consecuencia del accidente. Sin embargo, aunque en el expediente se encuentra probado con la historia clínica de la demandante que sufrió lesiones en el hecho, no existe material probatorio que permita establecer que estas derivaron en secuelas y consecuencias permanentes. Tampoco se puede establecer con certeza el porcentaje de capacidad laboral que esas lesiones hubieran podido causar.
135. Sin embargo es presumible que siendo de tal entidad las lesiones sufridas se hubiera producido una pérdida de capacidad laboral de carácter permanente, aun cuando no se haya acreditado en el proceso. Por tal razón, la Sala condenará en abstracto en lo que tiene que ver con el lucro cesante de la señora Lida Bartola Requejo Quiñones, cuya indemnización deberá ser tasada en un incidente que deberá ser adelantado ante el tribunal a quo una vez ejecutoriada esta sentencia.
136. En el incidente el tribunal deberá tener en cuenta lo que la parte demandante pueda acreditar sobre la pérdida de capacidad laboral de la señora Requejo Quiñones, así como respecto de sus ingresos mensuales. En caso de no poderse probar estos últimos, deberá liquidarse con base en el salario mínimo mensual legal vigente para el momento del incidente. También deberán tomarse en consideración la existencia de dos periodos diferentes, uno consolidado que va desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha en que se resuelva el incidente, y otro que va desde ese momento hasta el final de la vida probable de la víctima, según lo establezca la mediante Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria.
137. Finalmente, el a quo deberá tener en cuenta que al resultado final de la liquidación deberá restarse el 75%, en consideración a la concurrencia de causas que se evidenció en la producción del daño, según se estableció en párrafos anteriores.
138. La Sala recuerda que dentro de las pretensiones de la demanda la parte demandante solicitó condenar a la entidad demandada por “cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), como indemnización especial a favor de la lesionada Lida Bartola Requejo Quiñónez, en razón de la merma total en su goce fisiológico, al quedar con severos traumas de por vida tanto físicos como psíquicos en sus piernas, teniendo en cuenta que era una persona con todas sus capacidades y talentos para realizar una vida normal”.
139. Tal como se hizo en el párrafo 94, se entiende que la parte demandante se refiere al reconocimiento de perjuicios por daño a la salud, en el que existe un elemento objetivo o común a todas las víctimas y uno subjetivo que implica una especial afectación que pueda ser acreditada respecto de una persona en particular de acuerdo a las actividades laborales y lúdicas o recreativas que desarrollaba antes de la afectación física. Por tal razón uno de los elementos para tasar este tipo de indemnización en su aspecto objetivo es la pérdida de capacidad laboral.
140. Esa pérdida de capacidad laboral no se acreditó en el trámite procesal, razón por la que se condenará en abstracto en lo relativo al daño a la salud. Se deberá tener en cuenta en el incidente que adelante el a quo lo que se logre probar respecto de dicha discapacidad, así como sobre las actividades personales que desarrollaba la víctima antes del accidente. En cualquier caso, la tasación deberá hacerse en términos de salarios mínimos y no podrá superar una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del incidente.
141. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes o de los intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
1. CONFIRMAR la sentencia del 19 de diciembre de 2002 del Tribunal Administrativo de Nariño y REVOCAR las sentencias del 15 de febrero de 2000 y la de 25 de febrero de 2005 del mismo tribunal.
2. En consecuencia, DECLARAR la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de Tumaco por la muerte del señor Jerónimo Arroyo Ortiz y las lesiones sufridas por las señoras Jenny Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo Quiñones, resultado del accidente de tránsito ocurrido el 21 de septiembre de 1997.
3. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Jenny Sevillano Montaño como indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a 12.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
4. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a cada uno de los demandantes Modesta Montaño de Sevillano, Luisa Beatriz Sevillano Montaño y Engie Soraya Castañeda Sevillano como indemnización de perjuicios morales, una suma equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
5. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Jenny Sevillano Montaño la suma de $ 2.063.791 (dos millones sesenta y tres mil setecientos noventa y un pesos) como indemnización de perjuicios materiales a título de daño emergente.
6. CONDENAR en abstracto al municipio de Tumaco a pagar a la señora Jenny Sevillano Montaño una indemnización por perjuicios materiales a título de lucro cesante. La tasación de la indemnización deberá hacerla el a quo en incidente que deberá adelantar una vez ejecutoriada la presente decisión, de acuerdo con los parámetros determinados en la parte considerativa de la providencia.
7. CONDENAR en abstracto al municipio de Tumaco a pagar a la señora Jenny Sevillano Montaño una indemnización por daño a la salud. La tasación de la indemnización deberá hacerla el a quo en incidente que deberá adelantar una vez ejecutoriada la presente decisión, de acuerdo con los parámetros determinados en la parte considerativa de la providencia.
8. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a cada uno de los demandantes Belarmina Ortiz Calzada, Alina Muñoz Giraldo, Lina Marcela Arroyo Muñoz, Devy Malory Arroyo Muñoz, Diego Alexander Arroyo y Jeffery Arroyo Ossa, una indemnización por perjuicios morales en una suma equivalente a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
9. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a cada uno de los demandantes Ítalo Arroyo Ortiz, Segundo Cilio Arroyo Ortiz, Narciso Arroyo Ortiz, Leonardo Arroyo Ortiz, Liliana Arroyo Ortiz, Pablo Arroyo Ortiz y Julio Arroyo Ortiz, una indemnización por perjuicios morales en una suma equivalente a 12,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
10. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Alina Muñoz Giraldo una indemnización por perjuicios materiales a título de daño emergente en una suma de $ 567.375.
11. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar al señor Segundo Cilio Arroyo Ortiz una indemnización por perjuicios materiales a título de daño emergente en una suma de $ 1.440.681.
12. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Alina Muñoz Giraldo, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización futura o anticipada una suma de $ 23.548.926 y una indemnización vencida o consolidada de $ 51.025.443.
13. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a Devy Malory Arroyo Muñoz, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización vencida o consolidada de $ 11.786.159.
14. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a Lina Marcela Arroyo Muñoz, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización vencida o consolidada de $ 51.025.443.
15. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a Lina Marcela Arroyo Muñoz, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización futura o anticipada de $ 645.581.
16. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a Diego Alexander Arroyo Herrera, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización vencida o consolidada de $ 9.641.239.
17. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a Jeffery Arroyo Ossa, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización vencida o consolidada de $ 8.579.639.
18. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Alina Muñoz Giraldo, por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante, una indemnización futura o anticipada una suma de $ 645.581 y una indemnización vencida o consolidada de $ 51.025.443.
19. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Lida Bartola Requejo Quiñones una indemnización por perjuicios morales en una suma equivalente a 12,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
20. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a cada uno de los demandantes Wilson Cipriano Requejo y Mercedes Quiñones, una indemnización por perjuicios morales en una suma equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
21. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a cada uno de los demandantes Humber Dionisio Quiñones González y Julio Enrique Requejo Quiñones, una indemnización por perjuicios morales en una suma equivalente a 7,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia.
22. CONDENAR al municipio de Tumaco a pagar a la señora Lida Bartola Requejo Quiñones una indemnización por perjuicios materiales a título de daño emergente en una suma de $ 260.568.
23. CONDENAR en abstracto al municipio de Tumaco a pagar a la señora Lida Bartola Requejo Quiñones una indemnización por perjuicios materiales a título de lucro cesante. La tasación de la indemnización deberá hacerla el a quo en incidente que deberá adelantar una vez ejecutoriada la presente decisión, de acuerdo con los parámetros determinados en la parte considerativa de la providencia.
24. CONDIENAR en abstracto al municipio de Tumaco a pagar a la señora Lida Bartola Requejo Quiñones una indemnización por daño a la salud. La tasación de la indemnización deberá hacerla el a quo en incidente que deberá adelantar una vez ejecutoriada la presente decisión, de acuerdo con los parámetros determinados en la parte considerativa de la providencia.
25. Negar las demás pretensiones de la demanda.
26. Sin condena en costas.
27. Dese cumplimiento a lo estipulado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para efectos de ejecución de la presente sentencia; entendiéndose esta condena en concreto.
28. Por secretaría expídanse las copias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, una vez en firme la decisión.
(1) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión de las cuatro demandas acumuladas, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en los expedientes 18112 y 30797, en la suma de $ 200.000.000. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
(3) Sobre el particular ver, entre otras sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, expediente 28459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, expediente 14998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, expediente 18034, C.P. Enrique Gil Botero.
(4) La Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró: “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”.
En este sentido, Adriano De Cupis indica: “La consideración de la antijuricidad (oposición al derecho) presupone un exacto conocimiento del concepto de derecho. La expresión “derecho” tiene diferentes significados, indicando tanto un conjunto de normas o reglas jurídicas (derecho objetivo), como una facultad de querer conformarla al derecho objetivo (derecho subjetivo) o, finalmente, como objeto del derecho correspondiente a un sujeto, dando de lado a los significados secundarios de ciencia o arte del derecho. Cuando se habla de antijuricidad, con ello se pretende referir al derecho entendido en los dos primeros significados, o sea, al derecho objetivo y al derecho subjetivo” (El daño, Ed. Bosch, Barcelona, 1975, pág. 84).
(5) En este sentido, esta Sección en sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16576, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, indicó: “La falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche”.
(6) Así por ejemplo, los señores Guido Henry Casanova, Luis Payan Santana y Mario Hernando Ortiz (fls. 139-144, cdno. 1, exp. 18112) afirmaron que los trabajos que allí se desarrollaban eran correspondientes a obras que el municipio estaba haciendo en los sardineles.
(7) Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.
(8) Fue publicado en el Diario Oficial 33.139 del 4 de agosto de 1970.
(9) Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...)
(10) Artículo 17 de la Ley 105 de 1993: “Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”.
(11) Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: “Constitución y conservación. Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”.
(12) Artículo 112 del Decreto-Ley 1344 de 1970: “Las señales de tránsito se dividen en:
(13) Artículo 5º del Decreto-Ley 1344 de 1970: “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las secretarías de obras públicas departamentales de las vías departamentales y las secretarías de obras públicas municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.
(14) Artículo 13 del Decreto-Ley 1344 de 1970: “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 16058-21112, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2008, expediente 17163, C.P. En el mismo sentido ver: sentencia del 20 de septiembre de 2007, expediente 15740, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 13 de febrero de 2003, expediente 12509; sentencia del 4 de septiembre de 2003, expediente 11615; sentencia del 5 de diciembre de 2005, expediente 14536; sentencia del 8 de noviembre de 2001, expediente 12820.
(17) Fue publicado en el Diario Oficial 33.139 del 4 de agosto de 1970.
(18) “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las secretarías de obras públicas departamentales de las vías departamentales y las secretarías de obras públicas municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.
(19) “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.
(20) “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (...) c. El perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción”.
(21) Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y Resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.
(22) “ART. 152.—Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:
2. Primer grado de embriaguez, entre 40 y 99 mg de etanol/100 mI de sangre total, se impondrá:
2.2.1(sic). Suspensión de la licencia de conducción por tres (3) años.
2.3.4. Inmovilización del vehículo por diez (10) días hábiles”.
(23) Además de que se encuentra indicada en el informe la alta velocidad del otro vehículo, este elemento también es sugerido por el croquis elaborado por el guarda de tránsito que atendió el accidente, dado que en él se da cuenta de la existencia de una amplia huella de frenado en el lugar de los hechos atribuible a la camioneta. Téngase en cuenta también que esta terminó a una distancia considerable del lugar en el que se produjo el impacto.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232-15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(25) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sección, ... los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent., jun. 16/94, exp. 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Igualmente puede verse, entre otras: sentencia del 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, expediente 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22163, C.P. Enrique Gil Botero.
(29) En un caso reciente en el que se indemnizó a la víctima de un accidente de tránsito por daño a la salud y esta resultó con una invalidez del 91,25%, la Sección otorgó una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes (C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sent., ene. 18/2012).
(30) De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Devy Malory Arroyo Muñoz, para el 14 de agosto de 1988 la señora Alina Muñoz Giraldo contaba con 20 años de edad, por lo que se presume que para la fecha de los hechos 21 de septiembre de 1997 tenía 29 años (fl. 34, cdno. 1, exp. 24500).
(31) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.
(32) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.
De conformidad con el numeral 7º del artículo 33 del reglamento interno del Consejo de Estado —Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 35 de 2001—, procedo a consignar las razones por las cuales aclaro mi voto favorable a la decisión de fondo, aprobada por la Sección.
1. Mediante la providencia de la referencia se confirmó la sentencia condenatoria del 19 de diciembre de 2002 y se revocaron las sentencias denegatorias del 15 de febrero de 2000 y del 25 de febrero de 2005 proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño. En la sentencia aprobada se encontró a la entidad demandada responsable a título de falla en el servicio porque, en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 1997, en un accidente de tránsito falleció el señor Jerónimo Arroyo Ortiz y resultaron heridas las señoras Jenny Sevillano Montaño y Lida Bartola Requejo Quiñones, luego de colisionar con un vehículo al tratar de esquivar material de construcción que se hallaba en la vía, mientras se trasportaban los tres en una motocicleta.
Se precisó que se configuró una falla por parte del municipio de Tumaco, pues incumplió el deber de señalización de la vía que contaba con obstáculos de grandes proporciones, sin las indicaciones preventivas requeridas.
Así mismo, se estableció que en la producción del daño concurrieron además del incumplimiento del deber de señalización de la vía por parte de la demandada, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero, en tanto el señor Jerónimo Arroyo Ortiz, conductor de la motocicleta, se encontraba en estado de embriaguez.
2. Es necesario aclarar que, si bien comparto la decisión adoptada, los dos aspectos anteriores constituyen el motivo de mi pronunciamiento.
2.1. En relación con el primero, esto es el establecimiento de la falla del servicio para resolver el caso, considero que la responsabilidad estatal en este caso aflora con la sola invocación del artículo 90 constitucional. En este sentido, paso a explicar, las razones por las que me apartó de la fundamentación de la sentencia aprobada por la Sala el 26 de junio de 2014.
Como es bien sabido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado suficientemente las figuras de la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial. Con el primer concepto se trata de imputar el daño derivado de una actuación deficiente, irregular, anormal en todo caso ilegítima de la administración. Con los siguientes el daño derivado de una actividad legítima, que causa daño, excediendo la proporcionalidad en las cargas públicas.
Estos últimos supuestos, se diferencian, claro, en que mientras el ámbito de aplicación de la primera son los casos de actividades naturalmente riesgosas, como el uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores o de energía eléctrica, la segunda está llamada a ser aplicada en aquellos casos en los que la actuación estatal, en función del bien colectivo redunda, necesariamente, en un daño cierto, particular y anormal para determinada persona. Este último es el caso típico de la expropiación.
No se desconoce que la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial atendiendo a las especiales circunstancias de cada caso, han sido invocados reiteradamente como títulos de imputación en contra del Estado por actos de la subversión; aunque al hacerlo las circunstancias impongan apartarse de la concepción tradicional de uno y otro.
No obstante, se debe señalar que su aplicación como ordinariamente sucede recorre senderos ajenos a la responsabilidad en los términos previstos en el artículo 90 de la Carta, pues conduce a la evaluación de la legitimidad o ilegitimidad de la conducta, dicho en otros términos, lleva al juez de la responsabilidad a considerar aspectos no previstos en juicios de esta naturaleza, en cuanto reservados a las acciones de repetición.
2.1.1. Es que la supuesta subsunción en las categorías de riesgo excepcional y daño especial, para calificar la responsabilidad por hechos de terceros implica “forzar” sin necesidad, los hechos y las razones de imputación para hacerlas similares a los casos paradigmáticos que dieron lugar a estas teorías.
Así, para la utilización de la categoría que involucra la concreción de una “actividad naturalmente riesgosa” (conducción de la energía eléctrica, de vehículos o el uso de armas) se ha considerado, repetidamente, como en el sub lite calificar actuaciones de la policía en sí mismo riesgosas. No se dice que se asemejan a un vehículo, pero la similitud es clara. El mismo sentido común nos indica que si así se resolvió es porque se recurrió a la metáfora. Argumento muy fácilmente rebatible, basta afirmar que si la actuación faltara tendríamos que hacer notar la omisión, es decir que la presencia de la fuerza pública puede ser legítima e ilegítima, al mismo tiempo. Siendo que lo que se trata es de condenar, en todos los casos que compete al Estado salvaguardar a la población civil afectada.
Por su parte, en lo que refiere a la utilización del daño especial, se debe tener en cuenta que este título imputación nació de la interpretación analógica de las leyes de expropiación. Jueces y doctrinantes intuyeron que las mismas razones que exigen de indemnizar en los casos en que el Estado, por razones de utilidad pública e interés social, se hace a los bienes de los particulares, resultan aplicables a daños necesariamente causados en pro del bien común. Aquí el rasgo definitorio de la certidumbre —diferencial con el riesgo excepcional—. Así como se puede conducir un automóvil sin causar un daño, no se puede expropiar un bien sin hacerlo y los casos prototípicos del daño especial comparten ese rasgo: no se puede clausurar un periódico sin lesionar patrimonialmente a sus dueños y el bombardeo de una población no puede ser neutro.
De esta manera, en materia de los actos de terceros, de más está decir que calificar un enfrentamiento bélico como actuación legítima o dejar de hacerlo, amén de comportar un juicio ajeno al juez de la responsabilidad, impide marcar la frontera entre la situación de la víctima y la actuación de la autoridad.
2.1.2. Ahora bien, la idea de una forma de responsabilidad no subsumible dentro de las categorías de responsabilidad con o sin falla puede causar cierta perplejidad. Que tal alternativa parezca extraña es apenas lógico, dada la construcción conceptual de la responsabilidad estatal y de los particulares, desde la óptica de la conducta del infractor, al punto que la disyuntiva de la falta se presenta como un absoluto. Si la indagación por la responsabilidad se enfoca, como tradicionalmente se ha hecho, desde el prisma de la conducta lesiva, el principio lógico del tercero excluido(1) nos impide hallar una solución por fuera de una u otra categoría: falta o no falta, contradictorios absolutos, en términos lógicos. La contradicción se resuelve, sin embargo, desde la Constitución, pues el ordenamiento superior cambia la conducta del implicado, otrora prisma de conceptualización de la responsabilidad, por la antijuridicidad del daño. Lo que no siempre fue así.
2.1.3. Para entender la novedad de la visión que inspira nuestra Constitución Política, precisa detenerse en la historia de la responsabilidad estatal, aceptada tardíamente por la conciencia jurídica de la tradición del derecho civil, cuando, avanzado el siglo XIX, se consideró necesario dejar atrás el dogma de la irresponsabilidad del soberano; empero no habiendo sido consagrada explícitamente en la legislación civil su paso sería lento y gradual. Las conquistas doctrinaria y jurisprudencial no fueron sencillas, requirieron de altas dosis de elaboración conceptual. Se enfrentaba el gran dilema positivista de disponer que el Estado repare los daños, sin regulación explícita que lo dispusiera.
Enfrentado el paradigma dominante del positivismo, no quedó sino, inicialmente, asimilar la conducta de los agentes del Estado a la de las personas dependientes de otros(2), para luego aceptar que la administración podía fallar. Remanso que permitió aplicar sin reato el artículo 2341 del Código Civil(3), para luego avanzar, al amparo del mismo código, a la responsabilidad por falta presunta y ausencia de falta.
Así, por ejemplo, en 1947 el Consejo de Estado apeló a los principios jurídicos latentes en la institución jurídica de la expropiación por utilidad pública (C.C., art. 2018) para predicar la responsabilidad estatal por el cierre del Periódico El Siglo, alegando que, también en este caso, una acción legítima y necesaria del Estado había causado a los particulares un perjuicio que no tenían por qué soportar. Con posterioridad, la jurisprudencia halló la vía para aplicar analógicamente el artículo 2356 del Código Civil.
En este sentido, lo que comúnmente se conoce como títulos de imputación no son algo distinto al camino recorrido para encontrar un fundamento legal que permitiera predicar una responsabilidad estatal no regulada. Limitación esta de razonamiento analógico, explicable desde las coordenadas conceptuales del positivismo. Disyuntiva de falta o ausencia, a la luz del Código Civil, absoluta e insalvable.
2.1.4. Después de haber examinado el panorama jurídico propio de la Constitución de 1886, es menester señalar que la Constitución de 1991 modificó radicalmente el modo de entender la responsabilidad estatal. Entender este cambio exige de tres componentes. En primer lugar, aceptar que la Constitución se adscribe a un modo de ser del derecho, en general, incompatible con el positivismo legalista. En segundo lugar, admitir sin subterfugios que la responsabilidad estatal tiene su fuente en la Constitución y solo en ella y, en tercer lugar, no buscar fuera del daño antijurídico el centro de gravitación del régimen de responsabilidad.
Sobre lo primero es preciso aclarar que, aunque no es claro que Constitución de 1991 sea incompatible con cualquier especie de positivismo, sí lo es respecto del llamado positivismo legalista, basado en la veneración exacerbada de la voluntad del legislador, al margen de los principios y valores fundantes de la institucionalidad, así no estén mediadas y ratificadas por la ley. La Constitución, según aquel modelo desueto de pensamiento, no fue sino un documento desiderativo o directriz política general, incapaz de producir efectos jurídicos por sí misma. Fue el legislador el señor absoluto y el creador de todo derecho. El positivismo legalista, por lo demás, viene acompañado usualmente de la reverencia a la codificación, que hace pensar que el derecho se encuentra íntegramente contenido en un sistema conceptual de normas.
Más significativo aún resulta haber hecho de la obligación de reparar un principio fundante del derecho público. A diferencia de lo que ocurría en el régimen constitucional y legislativo de 1886, hoy no se arriba a la responsabilidad estatal por vía de analogía. Ya no existe un vacío que llenar. El abordaje constitucional de la responsabilidad estatal contiene, por lo demás, un giro muy novedoso: no gravita entorno de la conducta del agente.
“(...) noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño”.
En efecto, aunque tal vez se nos haya enseñado pensar en la responsabilidad aquiliana, como una consagración del deber de reparar los daños ocasionados por la conducta dolosa o negligente, lo cierto es que en su formulación original el elemento de la culpa no se exigió para configurar el deber de reparar —relevante en el campo de lo criminal—. El texto mismo de la lex Aquilia nos da a entender cuál es el verdadero centro gravedad del derecho de daños: el damnum iniuria datum, es decir, el daño injusto. Se impone, aclarar, por lo demás, que el daño injusto aludido se debe entender dentro de los parámetros de la concepción clásica de lo justo, en la cual lo iustum, no es cosa distinta a lo igual, o lo equilibrado y la justicia a la virtud del equilibrio.
La coincidencia de esta nueva visión de la responsabilidad con el espíritu original del derecho romano, está confirmada por opiniones autorizadas, en las que no me detengo(4).
Noción que va perder identidad interpretada, por el derecho común, desde la perspectiva de la filosofía moral católica y en mayor grado desde la racionalista. Empero la tendencia a considerar la responsabilidad como un tema de concordancia entre la conducta individual del agente y una norma de conducta persiste. Basta solo ver que es el sustrato de la acción de repetir contra el servidor público que dio lugar a la condena estatal. De suerte que entender la responsabilidad estatal desde la probidad de la conducta, si bien resulta posible tratándose del agente, en cuanto toca con la necesidad de expiación, nada tiene que ver con la obligación de reparar a la víctima.
2.1.5. Las anteriores consideraciones en casos como el que fue objeto de estudio de la Sala conducen a que no haya necesidad de que el Estado sea responsabilizado por su defectuoso funcionamiento en la concreción de una falla en el servicio.
En estos eventos, simplemente, con apoyo del artículo 90 constitucional se debe propender por la reparación de los daños causados a los particulares. Se trata, como puede observarse, de hacer efectiva la cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Carta Política.
Lo contrario, es decir, la utilización de los tradiciones(sic) regímenes de responsabilidad, además de restarle fuerza normativa al contenido del artículo 90 constitucional, producen en la práctica una valoración de la conducta causante del daño, lo que, como se ha visto, aparte de desbordar el papel del juez de la responsabilidad, puede comprometer los juicios que sobre la conducta personal de los agentes eventualmente deban realizarse en otros procesos, pues, previamente se ha calificado como legítima o ilegítima su actuación.
2.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la concurrencia de causas en la producción del daño, específicamente en tanto el señor Jerónimo Arroyo Ortiz, conductor de la motocicleta, se encontraba en estado de embriaguez, es importante precisar que debió considerarse el antecedente contenido en la sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente 27542, que trata de un caso similar, en el que se declaró la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías por la muerte del señor Javier Amido Rodríguez Cano, ocurrida el 27 de marzo de 1996 cuando sufrió un accidente mientras conducía, también en estado de embriaguez, un vehículo automotor por la vía que de Bogotá conduce a Siberia.
En esa oportunidad se precisó:
“(...) para la Sala resulta claro que la víctima contribuyó a la realización del daño, violar las disposiciones de tránsito relacionadas con la conducción de vehículos en estado de embriaguez, especialmente aquella contenida en el artículo 181 del Decreto 1344 de 1970, según la cual había lugar a la imposición de multas para el conductor que condujera bajo los efectos del alcohol.
Así las cosas, teniendo en cuenta que se trató de un caso similar al que fue objeto de estudio en la sentencia motivo de aclaración, resultaba importante la referencia a efectos de no desconocer el precedente.
(1) “Al igual que (...) el principio lógico de no contradicción que había sido formulado por Aristóteles en su Metafísica, otro tanto podemos decir del tercero excluido. Que aparece también en diversos párrafos de dicha obra en expresiones como “no es posible que se dé algo entre los dos extremos de una contradicción, sino que es necesario afirmar o negar una cosa de otra cualquiera dada”. Este principio de lógica en general hace referencia a dos juicios que si se oponen contradictoriamente, no pueden ser ambos falsos. Su fundamento está en el principio ontológico que dice: “todo objeto es, necesariamente, P o no P”. (Jesús Aquilino Fernández Suárez, La filosofía jurídica de Eduardo García Maynez, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1991, pág. 129).
(2) Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 20 de octubre de 1898 (XIV, 684, 56), Sentencia de 19 de julio de 1916 (XXV, 1294 y 1295, 304), sentencia de 17 de julio de 1938 (XLVI, 1937, 686), 30 de junio de 1941 (LlI, 1977, 115), sentencia de 16 de noviembre de 1941 (LlI, 1981, 758), sentencia de 25 de febrero de 1942 (LIII, 1983,87), 28 de octubre de 1942 (LlV bis, pág. 379), agosto 27 de 1943 (LlV, 2001, 509), abril 20 de 1944 (LVIII, 2006 a 2009, 148).
(3) La sentencia que establece de modo más claro el concepto de falla en el servicio como forma de culpa de la administración, generadora de responsabilidad directa es la de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 30 de julio de 1962, M.P. José J. Gómez R. Gaceta Judicial, tomo XCIX, pág. 98. En ella se citan, a su vez, como precedentes,
(4) “EI leitmotiv del régimen romano de reparación de los daños no es la culpa, sino la defensa de una justa repartición de los bienes entre las familias, de un justo equilibrio (suum cuique tribuere -aequitas). Fórmula de la que, hoy en día, muchos afirman que es vacía y tautológica. Cuando sucede una ruptura en dicho equilibrio, un perjuicio contrario al derecho y la justicia (damnum iniuria datum), entra en juego la justicia llamada “correctiva”, cuya función es la de reducir el desequilibrio Cfr. Michel Villey, Esquisse historique sur le mot responsable, en Archives de Philosophie du Droit, París, t. 22, 1977, pág. 49. Aquí se cita en la versión de la traducción de Leonardo Itzik y Pablo Peusner.