Source: https://www.palazonabogados.com/es/
Timestamp: 2020-08-03 17:43:39
Document Index: 138585791

Matched Legal Cases: ['artículo 176', 'artículo 47', 'artículo 142', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 607']

Firma de abogados en Zaragoza | Palazón Abogados
El bufete Palazón Abogados se fundó en el año 1985 por Santiago Palazón Valentín con el objetivo de convertirse en un referente en materia de Derecho Administrativo, como ha sido finalmente, asesorando a multitud de Ayuntamientos y a Comunidades de Regantes, incluyendo aquéllas situadas fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, gracias a su especialización en el Derecho de Aguas.
Sin embargo, este despacho cuenta con otras especialidades como el derecho civil, mercantil y laboral, respecto a los cuales mantienen una colaboración estrecha con sus clientes, ofreciendo una atención atenta y personalizada. En los últimos años, han destacado en los ámbitos del Derecho Concursal y De Familia.
Para esta labor, cuentan con un equipo de profesionales del derecho, así como varios pasantes y futuros Abogados, que aportan toda su dedicación y disponibilidad horaria a todos los casos que llegan al despacho y a la tramitación de los diferentes expedientes judiciales o extrajudiciales. Gracias a ellos la firma cuenta con una visión amplia y llena de matices que contribuyen a cumplir objetivos y asegurar resultados.
Esta vocación es dedicada al asesoramiento y el encauzamiento de las necesidades de los clientes, siendo éstos siempre atendidos mediante entrevistas directas y cuantas reuniones fueren precisas.
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El Derecho mercantil se encarga de la regulación de las relaciones entre personas y contratos y las acciones comerciales realizadas por ellas o por las empresas.
En nuestro despacho nos centramos en los siguientes aspectos del Derecho mercantil, destacando el ámbito del Derecho concursal:
Administración concursal por designación judicial.
Asesoramiento y preparación de concursos de acreedores de personas físicas o jurídicas.
Especialistas en el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, para personas físicas.
Asesoramiento integral a todo tipo de empresas y negocios, incluyendo PYMES, Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
Con una atenta dedicación a nuestros clientes, nos ponemos a tu disposición para cualquier consulta que desees realizar.
En Palazón Abogados hemos destacado en realizar servicios a numerosos ayuntamientos y a comunidades de regantes. Contamos con una dilatada trayectoria como abogados administrativos en Zaragoza. Nuestros servicios completos en esta área son:
Asesoramiento a Ayuntamientos.
Constitución y asesoramiento a Comunidades de Regantes.
Defensa de funcionarios y personal laboral frente a sus respectivas Administraciones.
Si quieres realizar cualquier tipo de consulta, no dudes en contactar con nosotros.
El derecho civil es una rama del derecho privado que afecta a las cuestiones de las personas, regulando sus relaciones civiles de familia, obligaciones y contratos y otros derechos reales.
Esta área, aborda una gran cantidad de temas, como la cancelación de deuda. Además se encuentran las siguientes especialidades:
Derecho de Familia (separaciones, divorcios, cuestiones relativas a menores).
Todo lo que concierne entre empresa y trabajador, lo regula el derecho laboral. Es el conjunto de normas jurídicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes.
En Palazón Abogados damos asesoramiento y gestionamos las siguientes materias:
Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) y Convenios Colectivos.
Cuestiones relativas a prestaciones de la Seguridad Social (pensiones, incapacidades, etc.).
Si necesitas asesoramiento, somos tu bufete de abogados de confianza. ¡Llámanos!
17 de Julio de 2020 a las 07:25
Es una suerte contar con un equipo profesional experto de abogados en la ley de segunda oportunidad en Zaragoza para ayudarte a entenderla y cómo puedes beneficiarte de ella.
Esta norma es un mécanismo legal que permite al deudor, ya sea una empresa o un particular, ser exonerado de sus obligaciones de pago por causas de insolvencia, a excepción de aquellas que sean de derecho público o de alimentos.
Si bien es cierto que parece un proceso complejo, con la asistencia y representación de nuestros abogados especialistas en la ley de segunda oportunidad en Zaragoza no tendrás que preocuparte de nada, te lo explicaremos de forma sencilla y aclararemos cualquier duda que pueda surgir.
Para poder beneficiarse de esta ley, el deudor y el acreedor deben llevar a cabo previamente una negociación extrajudicial tutelada por un juez. Se puede solicitar la intervención de un mediador concursal y, si cuando finalice el proceso de negociación, al cabo de unos dos meses, no se ha llegado a un acuerdo, se solicita al juez un concurso de acreedores voluntario.
Una duda bastante común es si la deuda queda saldada definitivamente o se trata de algo temporal. Lo cierto es que durante los cinco años siguientes los acreedores pueden solicitar la revocación de esta medida, si son informados de que el deudor está percibiendo ingresos.
Además, durante un periodo de cinco años, quien se acoja a esta ley aparecerá en un registro de morosos de titularidad pública.
En Palazón Abogados nos encargamos de resolver estas cuestiones y muchas otras que se presenten. Somos especialistas en derecho societario, que es la parte del derecho privado, mercantil y empresarial que se ocupa de las relaciones comerciales y los contratos.
Cómo demostrar tu insolvencia
20 de Mayo de 2020 a las 11:15
Como ya hemos hablado anteriormente, los abogados de la Ley de Segunda Oportunidad en Zaragoza están especializados en demostrar la insolvencia de sus clientes para que queden exonerados de sus deudas. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? En este artículo, te lo explicamos mejor.
Aunque la Ley de Segunda Oportunidad (25/2015) está dispuesta para particulares y profesionales, lo cierto es que la exoneración plena solo se contempla en el primer caso. Para conseguirla es fundamental seguir una serie de pasos porque el supuesto que tendrás que alegar es el de buena fe o intención clara de pagar en tiempo y forma. Esto se tiene que demostrar de dos maneras, que son condición sine qua non para asegurarnos de que el juez falle a nuestro favor.
El primer aspecto es que cedas aquellos bienes que no te resulten imprescindibles o que intentes llegar a un acuerdo extrajudicial con tu acreedor. Los abogados de la Ley de Segunda Oportunidad en Zaragoza recomiendan que cuentes con el concurso de un mediador concursal porque, de esta manera, quedará acreditada tu intención de llegar a un acuerdo de pago.
El segundo aspecto que has de tener en cuenta es que, en el concurso de acreedores, el juez tiene que considerar que no has sido culpable. Este es el segundo elemento que garantiza que puedas demostrar que ha habido buena fe.
Si, posteriormente, demuestras que no tienes patrimonio ni bienes para responder a la deuda que has contraído, el juez puede exonerarte de la misma. Es importante destacar que la exoneración no tiene por qué ser completa y que puede ser solo de una parte de la deuda.
En Palazón Abogados estamos especializados en representar a particulares y empresas que se quieren acoger a la Ley de Segunda Oportunidad. Tenemos nuestro despacho en Zaragoza.
CONCURSO NECESARIO, ESE GRAN DESCONOCIDO
14 de Julio de 2020 a las 08:53
En este artículo analizamos el concurso necesario de acreedores, un gran desconocido, en un entorno legislativo con constantes modificaciones.
¿ES LA RETRIBUCIÓN DEL A. CONCURSAL UN CRÉDITO IMPRESCINDIBLE PARA CONCLUIR LA LIQUIDACIÓN?
18 de Junio de 2020 a las 06:29
Una cuestión no menor para los profesionales del Derecho concursal que desempeñan su labor como Administradores concursales es conocer si su retribución está perdida en caso de conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa. Esta circunstancia se encuentra no exenta de polémica en el ámbito judicial, pues los criterios seguidos por los Juzgados de lo Mercantil de nuestro país son dispares, siguiendo un difuso parecer del Tribunal Supremo (dicho sea con el debido respeto).
De acuerdo con el artículo 176 bis de la todavía vigente Ley Concursal, procede la conclusión por insuficiencia de masa cuando “no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa”. Sin embargo, “no podrá dictarse Auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación […]”.
Así, tan pronto como el Administrador concursal constate que la masa activa del concurso es insuficiente para atender el pago de los créditos contra la masa, deberá comunicarlo al Juez del concurso. Y desde ese instante, el Administrador concursal deberá proceder al pago de los créditos contra la masa según el orden establecido en el apartado 2 del art. 176 bis LC, y a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.
En este punto cabe plantearse si la retribución de la Administración concursal debe entenderse como un crédito imprescindible para concluir la liquidación, en cuyo caso resulta prededucible de la masa activa con anterioridad a proceder el pago de los créditos contra la masa. Si se considera que no es un crédito imprescindible para concluir la liquidación, su naturaleza encaja en el ordinal quinto del art. 176 bis.2 LC, de manera que es el último de la lista a satisfacerse como crédito contra la masa.
Visto el contenido de la ley, es preciso conocer qué dicen los tribunales al respecto, y en concreto la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Resulta especialmente trascendente la Sentencia del Tribunal Supremo nº 390/2016, cuyo contenido ha sido reiterado con posterioridad en numerosas Sentencias del Alto Tribunal.
La precitada Sentencia señala que la administración concursal, al igual que el juez, es uno de los órganos imprescindibles del concurso, y que así se desprende de artículos como el 21 y 26 LC, y más específicamente para la fase de liquidación.
Sin embargo, reconoce que existe un matiz en el art. 176 bis.2 LC, que no da tratamiento singular a todos los actos de la administración concursal generadores del derecho de honorarios, sino únicamente a aquellos que tengan el carácter imprescindible una vez comunicada la insuficiencia de masa activa. Y más importante aún, indica que “a falta de identificación legal expresa, resulta exigible que sea la propia administración concursalquien identifique con precisión qué actuaciones son estrictamente imprescindibles para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago, y cuál es su importe, para que el juez del concurso, con audiencia del resto de acreedores contra la masa (art. 188.2 LC), valore aquellas circunstancias que justifiquen un pago prededucible”.
En consecuencia, el TS establece que será la administración concursal quien deberá argumentar con la precisión suficiente que sus honorarios resultan imprescindibles para concluir la liquidación del concurso, y que por ello son prededucibles de la masa activa antes de proceder al pago de los créditos contra la masa en el orden establecido en el art. 176 bis.2 LC.
En lo relativo a las diferentes interpretaciones de los Juzgados de lo Mercantil sobre esta cuestión, a este respecto resulta especialmente didáctico el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña del pasado 3 de marzo de 2020. En concreto, este Auto contiene un abanico de posibilidades a adoptar por los Juzgados a la hora de fijar los gastos imprescindibles para concluir la liquidación:
- Acudir a bases objetivas de cálculo, fijando cuantías discrecionales según las actuaciones concretas, que puedan oscilar entre 50 y 300 euros.
- Exigir una justificación individualizada y cumplida para cada actuación que se repute imprescindible.
- Atribuir el carácter de imprescindible a todos los honorarios que corresponda percibir a la Administración concursal en aplicación del arancel establecido en el RD 1860/2004.
- Reconocer exclusivamente el carácter de imprescindibles a los devengados en la fase de liquidación.
En definitiva, el cobro de honorarios por la Administración concursal dependerá de su capacidad a la hora de solicitar al Juzgado la fijación de los gastos imprescindibles para concluir la liquidación. El procedimiento a seguir será el previsto en el art. 188 LC, y tras la audiencia de las partes personadas, será el Juez quien de acuerdo con un margen de discrecionalidad lógico, decidirá si toda o parte de la retribución del administrador concursal resulta prededucible de la masa activa del concurso; lo que significa que en ocasiones el esfuerzo y trabajo del Administrador concursal podrá, ya no verse escasamente recompensado, sino directamente ignorado.
DERECHO DE ALIMENTOS DEL CONCURSADO PERSONA FÍSICA
4 de Junio de 2020 a las 18:11
Está resultando frecuente la declaración de concurso consecutivo de persona natural tras no alcanzarse un acuerdo con los acreedores en el procedimiento pre-concursal del Acuerdo Extrajudicial de Pagos – que el deudor persona física instará ante el Notario si no es empresario, o ante el Registro Mercantil o Cámara Oficial de Comercio en caso de que lo sea; por otra parte, las personas jurídicas podrán dirigirse a la Cámara de Comercio, si bien no será objeto de análisis en este artículo las particulares asociadas a los concursos de empresas.
Por ello es fundamental para el futuro concursado conocer las consecuencias y cambios que se producirán en su día a día tras la declaración del concurso. Así, sus facultades de disposición sobre su patrimonio resultarán suspendidas y sustituidas por el Administrador concursal ex art. 40.2 de la Ley Concursal. Una concreta manifestación de lo expuesto resulta la imposibilidad para el concursado de gestionar sus cuentas corrientes, en las que puede tener diversos ahorros o donde se ingresan la nómina, subsidio o pensión cada mes: desde la declaración del concurso solamente dispondrá de aquella cantidad que el Juzgado fije como derecho de alimentos.
El derecho de alimentos del concursado se regula en el artículo 47 de la Ley Concursal – sufrió una profunda reforma en 2011, ya que se restringió a la concurrencia de las condiciones que ahora se aplican y que con anterioridad no establecía la Ley Concursal-. El contenido de este precepto resulta prácticamente inmutado en el nuevo Texto Refundido, sólo que ahora se disgrega en dos artículos: 123 y 124. Para que el concursado pueda percibirlos han de concurrir una serie de requisitos:
· El concursado debe pedirlos en cuanto se declare el concurso consecutivo. Aunque pueda parecer una evidencia, lo cierto es que si el concursado no los solicita, ni siquiera el Administrador concursal está facultado para pedirlos ni concederlos.
· El concursado persona natural deberá encontrarse en situación de necesidad.
· Será con cargo a la masa activa, siempre y cuando existan bienes bastantes para atender las necesidades del concursado y su cónyuge o pareja de hecho inscrita. En caso de existir un deber legal de alimentos respecto a sus descendientes, estos sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos y siempre que hubieran ejercido la acción de reclamación en el plazo de un año desde el momento en que debió percibirse.
· Este derecho se prolongará durante la tramitación del concurso.
El contenido de los alimentos no se establece expresamente en la Ley Concursal, para lo cual cabe remitirse al contenido del artículo 142 del Código Civil, que señala: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. […]”.
Establecido materialmente el contenido del derecho de alimentos del concursado, resta por fijar los parámetros cuantitativos del mismo. En este punto conviene exponer brevemente las dos tesis que relacionan el derecho a alimentos previsto en el artículo 47 de la Ley Concursal con el salario inembargable establecido en el art. 607 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aunque puedan parecer excluyentes, sus diferencias resultan no tanto de fondo como de forma.
Es la defendida por la doctrina concursal de manera mayoritaria. Consiste en entender que el salario inembargable (cuantitativamente previsto en el art. 607 LEC) no forma parte de la masa activa del concurso ex art. 76 LC, y que por tanto, el concursado no necesita pronunciamiento judicial alguno para su reconocimiento, pues existe per se extra legem. El derecho a alimentos que solicitare y se concediere por el Juez sería, en todo caso, una cuantía adicional y más amplia a la propia del salario inembargable.
Es apoyada por una doctrina minoritaria. Supone entender que el derecho a alimentos del artículo 47 de la Ley Concursal de alguna manera “nace de cero”, y en la práctica su fijación por el Juez es equivalente, al menos, al salario inembargable previsto en el artículo 607 LEC, por lo que nunca debería estar por debajo.
Expuestas ambas tesis, se colige que en la práctica el concursado podrá disponer de una cantidad similar, ya sea por entender que se trata de un elemento excluido de la masa activa sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno, ya sea por comprender necesaria y conveniente la fijación del derecho de alimentos de forma expresa por el Juez.
Parece imponerse en la práctica de los Juzgados de Primera Instancia zaragozanos la segunda tesis que apuesta por una solicitud del derecho de alimentos por el concursado al Juez, que los fijará previo informe del Administrador concursal una vez que se declare el concurso consecutivo. Fijada la cuantía concreta, será el Administrador concursal quien mensualmente ordene a la entidad financiera donde se ingresa la nómina, subsidio o pensión el desbloqueo para el concursado de la cantidad que el Juez fijó.
Un buen parámetro para conocer las necesidades básicas de los concursados deriva de la documentación que los –entonces- mediados aportaron en la tramitación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, donde refirieron diversos gastos mensuales (alimentación, vestido, farmacia, etc.) que necesitan cubrir.
En conclusión, ya en la fase de mediación concursal el deudor debe ser consciente de que si el AEP no llega a buen puerto, el Mediador concursal solicitará el concurso consecutivo, que supondrá una inevitable limitación de las facultades de disposición sobre su patrimonio. Por ello, resulta indispensable describir con claridad en la mediación cuáles son los gastos mensuales del deudor, pues serán los mismos que sustentarán la solicitud de un derecho de alimentos que cubra las necesidades básicas en el concurso consecutivo.
Virginia Royo Roqueta
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA: ASPECTOS A TENER EN CUENTA
4 de Junio de 2020 a las 18:02
Durante 2019 en España, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, se produjeron un total de 502.127 compraventas de viviendas. Si bien es cierto que a partir del mes de marzo de 2020 el ritmo lógico de transmisiones inter vivos sufrirá un abrupto descenso como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es indispensable conocer los aspectos más importantes a la hora de celebrar un negocio jurídico como éste. En este artículo reseñamos algunas claves:
1. Medidas de precaución a tomar por la parte compradora.
Cuando la parte compradora está interesada en adquirir una vivienda, debe tomar una serie de precauciones incluso antes de otorgar la Escritura pública de compraventa, a fin de constatar que la información facilitada por la parte vendedora se ajusta a la realidad:
- Solicitud al Registro de la Propiedad de una Nota Simple sobre la finca objeto de interés, para confirmar que está libre de cargas y gravámenes que en caso de conocerse supondrían el desistimiento en la compraventa: hipotecas sobre el inmueble que garantizan un préstamo, usufructo a favor de una persona sobre la vivienda, entre otros ejemplos.
- Solicitud de certificado de deudas a la Comunidad de Propietarios de los vendedores, a fin de comprobar si éstos se hallan al corriente de pago con la misma.
2. Documentación necesaria a aportar al Notario para otorgar la escritura pública de compraventa.
Es abundante la documentación que se debe aportar al Notario con carácter previo al otorgamiento de la escritura de compraventa, y que se puede resumir en la siguiente lista:
- DNI de las personas físicas otorgantes.
- Escritura por la que la parte vendedora es titular o propietaria de la finca.
- Certificación de deudas de la Comunidad de Propietarios, salvo exoneración expresa de la parte compradora.
- Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles del último ejercicio.
- Justificación por parte de la compradora de la forma en la que se satisface el precio de la compraventa: transferencia bancaria, cheque, etc.
3. Régimen fiscal: ¿quién se encarga de abonar los impuestos derivados de la compraventa?
Las cuantías resultantes de los impuestos a todos los niveles – estatal, autonómico y local – pueden ser elevadas, por lo que es un elemento de especial relevancia. La primera idea que debe quedar clara es que las partes pueden acordar quién abona cada uno de los impuestos con absoluta libertad; cosa distinta es que la Administración no se vea afectada por dichos pactos, y gire los impuestos o liquide a quien deba conforme a la legislación de cada tributo. Los impuestos más relevantes son los siguientes:
- A nivel estatal:
o IRPF: en caso de que los vendedores hayan obtenido una ganancia patrimonial entre el precio por el que adquirieron la vivienda y el precio por el que ahora la han transmitido.
o IVA: solamente se devengará en caso de que el vendedor sea un promotor inmobiliario. No se devenga en caso de compraventa de vivienda entre particulares.
- A nivel autonómico:
o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): su devengo tiene lugar en las compraventas de vivienda entre particulares, y únicamente se entenderá devengado el impuesto una vez otorgada la escritura pública de compraventa de la vivienda, de conformidad con el art. 7.1.a) LITPAJD, en concordancia con el art. 1280.1 del Código Civil.
- A nivel municipal:
o Plusvalía Municipal (IIVTNU): el sujeto pasivo es el vendedor, y es quien deberá autoliquidar el impuesto, aunque su efectivo pago puede pactarse que lo realice el comprador; ello siempre que se haya producido un efectivo incremento de valor, pues en caso contrario no se abona cantidad alguna por el impuesto (se autoliquida “a cero”).
o Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI o antigua Contribución Urbana). El Consistorio girará el impuesto al titular del inmueble que figure en el Catastro.
4. La naturaleza de las Arras que se pueden establecer en el contrato privado.
Pueden ser de tres categorías distintas – penitenciales, penales y confirmatorias -, y en función de los intereses de las partes se establecerán de uno u otro tipo.
Lo más habitual es que sean penitenciales, y que cualquiera de las partes pueda desistir del contrato sin causa, aunque abonando la cantidad correspondiente (el comprador perderá la cantidad de dinero aportada, o el vendedor la devolverá por duplicado si desiste). En caso de que sean penales, tendrán que ver con la indemnización por daños y perjuicios derivadas del incumplimiento de una de las partes. Finalmente, las confirmatorias son simplemente una cantidad adelantada del pago del precio como señal por parte de los compradores.
Expuestas las anteriores circunstancias propias de la compraventa de viviendas, resulta indispensable contar con un asesoramiento jurídico adecuado, a fin de evitar conflictos innecesarios entre las partes.