Source: https://www.abc.fi.cr/acontecer-legislativo-5-de-julio-del-2019/
Timestamp: 2019-08-21 14:44:22
Document Index: 237361080

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 12', 'artículo 168', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 137', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 192']

Acontecer Legislativo, 5 de julio del 2019. – Asociación Bancaria Costarricense
Acontecer Legislativo, 5 de julio del 2019.
EUROBONOS: Ministra de Hacienda explica alcances del proyecto.
Autoridad de Competencia: Procuradores reiteran observaciones realizadas y advierten posible inconstitucionalidad.
El 01 de julio el Presidente Legislativo inició el conocimiento y discusión de 16 mociones de reiteración, rechazándose todas, posteriormente, inició la discusión por el fondo y se aprobó en primer debate. Finalmente, el Presidente señaló como fecha para la discusión y votación en segundo debate el martes 16 de julio.
El 03 de julio el Plenario Legislativo recibió a la Sra. Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, para evacuar dudas sobre el proyecto de ley. Resumen.
Moratoria sanciones IVA
El 27 de junio el Plenario Legislativo aprobó una dispensa de todo trámite al proyecto de Ley.
El 02 de julio el Plenario Legislativo inició la discusión del expediente, conociendo tres mociones de fondo, siendo aprobadas dos, posteriormente, el proyecto se aprobó en primer debate.
El 04 de julio el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate la iniciativa de Ley, pasando al Poder Ejecutivo para el trámite respectivo.
Resumen: La moratoria es por tres meses improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o cualquiera otra disposición sancionatoria establecida en la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales.
La moratoria no exime al contribuyente de realizar la declaración, liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado, ni del pago del monto principal que la Administración Tributaria determine.
El 02 de julio el Presidente Legislativo dio a conocer el primer informe de mociones vía artículo 137, emitido por la Comisión de Asuntos Económicos, posteriormente, informó que se presentaron 33 nuevas mociones, correspondiente a su trámite de segundo y último día, pasando a la Comisión dictaminadora para el trámite correspondiente.
El 01 de julio el sistema de proyectos de la Asamblea Legislativa, reporta que el siguiente proyecto se envió al archivo, porque el proponente retiro de la corriente legislativa la iniciativa de Ley:
Exp. 21.456. Fusión por absorción del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. Proponente: Walter Muñoz Céspedes (PIN).
Durante esta semana el Presidente Legislativo asignó un total de ciento sesenta y siete proyectos a Comisión. Dentro de las iniciativas asignadas a Comisión, se incluyen los siguientes proyectos de interés:
Exp. 21.167. Ley de participación ciudadana y representación comunal. Proponente: Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC). Comisión Asuntos Gobierno y Administración.
Exp. 21.250. Ley reguladora del servicio de transporte privado colaborativo. Proponente: Jonathan Prendas Rodríguez (I) y otros. Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.307. Modificación del artículo 12 de la Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas y modificación del artículo 168 de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, del 22 de agosto de 1968 y sus reformas, para la concreción del aporte del Sector Cooperativo en el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Comunal. Proponente: Ana Karine Niño Gutiérrez (PLN). Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.309. Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria. Proponente: Eduardo Cruickshank Smith (PRN) y otros. Comisión Asuntos Hacendarios.
Exp. 21.311. Reforma integral a varias leyes para resguardar los derechos y garantías de las personas con discapacidad. Proponente: Mileidy Alvarado Arias (PRN) y otros. Comisión Asuntos Discapacidad y Adulto Mayor.
Exp. 21.325. Ley del sistema de garantía de depósitos y resolución bancaria. Proponente: Dragos Dolanescu Valenciano (PRSC) y otros. Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.350. Ley de reforma al artículo 44 de la Ley No. 9036 del 11 de mayo de 2012. Proponente: Mileidy Alvarado Arias (PRN). Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.357. Ley de modificación a la Ley No. 6797, Código de Minería y formalización y fomento de la minería artesanal de pequeña escala y cooperativas mineras de pequeña escala. Proponente: Rodolfo Peña Flores (PUSC). Comisión Especial Guanacaste.
Exp. 21.393. Ley para autorizar la venta de activos subutilizados del sector público (Administración Central) para reducir la deuda pública. Proponente: Dragos Dolanescu Valenciano (PRSC). Comisión Asuntos de Gobierno y Administración.
Exp. 21.397. Ley para promover la transparencia en el suministro de información en el sector público. Proponente: Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC). Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.402. Ley para promover la corresponsabilidad social en el cuido de hijos e hijas y combatir la discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). Comisión Asuntos Mujer.
Exp. 21.409. Adición de una nueva sección IV al Capítulo II de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley No. 8956 del 17 de junio del 2011 y sus reformas. Para regular los seguros de protección crediticia por desempleo. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). Comisión Asuntos Jurídicos.
Exp. 21.436. Ley concursal de Costa Rica. Proponente: Welmer Ramos González (PAC) y otros. Comisión Asuntos Internacionales.
Exp. 21.492. Cese del monopolio de la Revisión Técnica Vehicular y creación de un fondo económico solidario para impulsar los Colegios Técnicos Profesionales. Proponente: Franggi Nicolás Solanos (PLN) y otros. Comisión Asuntos Jurídicos.
Exp. 21.183. Ley del mercado y del Comercio Electrónico. Proponente: Dragos Dolanescu Valenciano (PRSC) y otros. Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.213. Ley para la defensa del consumidor de productos y servicios financieros. Proponente: María Inés Solís Quirós (PUSC) y otros. Comisión Asuntos Económicos.
Exp. 21.264. Modificación y adición al artículo 2 de la Ley No. 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 03 de noviembre de 1995. Proponente: Víctor Morales Mora (PLN) y otros. Comisión Asuntos Gobierno y Administración.
El 03 de julio en el Diario Oficial La Gaceta No. 124, Alcance Digital No. 154 se publicó lo siguiente:
Exp. 21.292. Reforma a la Ley No. 1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Proponente: Poder Ejecutivo (Administración Alvarado Quesada). (Sucursales). (Texto dictaminado).
El 03 de julio en el Diario Oficial La Gaceta No. 124, Alcance Digital No. 156 se publicó lo siguiente:
Ley 9653. Aprobación del tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Italiana. Proponente: Poder. Exp. 20.096.
Exp. 21.325. Ley del sistema de garantía de depósitos y resolución bancaria. Proponente: Dragos Dolanescu Valenciano (PRSC) y otros. (Texto base).
Exp. 21.350. Ley de reforma al artículo 44 de la Ley No. 9036 del 11 de mayo de 2012. Proponente: Mileidy Alvarado Arias (PRN). (Texto base).
Exp. 21.357. Ley de modificación a la Ley No. 6797, Código de Minería y formalización y fomento de la minería artesanal de pequeña escala y cooperativas mineras de pequeña escala. Proponente: Rodolfo Peña Flores (PUSC). (Texto base).
Exp. 21.397. Ley para promover la transparencia en el suministro de información en el sector público. Proponente: Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC). (Texto base).
Exp. 21.404. Ley de creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (FONAPROARROZ). Proponente: Mileidy Alvarado Arias (PRN). (Texto base).
Exp. 21.409. Adición de una nueva sección IV al Capítulo II de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley No. 8956 del 17 de junio del 2011 y sus reformas. Para regular los seguros de protección crediticia por desempleo. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA). (Texto base).
El 03 de julio en el Diario Oficial La Gaceta No. 124, Alcance Digital No. 157 se publicó lo siguiente:
Exp. 21.264. Modificación y adición al artículo 2 de la Ley No. 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 03 de noviembre de 1995. Proponente: Víctor Morales Mora (PAC) y otros. (Texto base).
El 04 de julio en el Diario Oficial La Gaceta No. 125, se publicó lo siguiente:
Criterio Banco Central de Costa Rica: Rendir criterio negativo sobre el proyecto de ley Creación de contribución obligatoria temporal a los bancos comerciales del Estado, las entidades públicas o privadas autorizadas para la intermediación financiera y los grupos financieros privados autorizados y fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, para financiar la educación pública y avanzar hacia el cumplimiento del artículo 78, de la Constitución Política, Exp. 19.860.
La Asamblea Legislativa suspenderá las sesiones de todos sus órganos del 08 al 12 de julio, ambas fechas inclusive.
El 03 de julio los Diputados que integran la Comisión iniciaron el conocimiento de 34 mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de segundo y último día, conociendo 21 y aprobando 08 mociones.
El 02 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados (a) Eduardo Cruickshank Smith (PRN), quien coordina, María Vita Monge Granados (PUSC) y Wagner Jiménez Zúñiga (PLN), con un plazo para rendir el respectivo informe de 30 días naturales.
Finalmente, se envió a consultar el texto ante: Municipalidades del país, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), Asociación Costa Rica Integra, Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica, Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, Universidades Estatales, Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional.
Exp. 21.184. Ley de fortalecimiento de la norma de subcapitalización. Reforma del artículo 9 bis de la Ley del impuesto sobre la renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1998 y sus reformas. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA).
El 03 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por la (os) Diputada (os) Ana Lucía Delgado Orozco (PLN), quien coordina, Welmer Ramos González (PAC) y Carlos Avendaño Calvo (PRN), con un plazo para rendir el respectivo informe de 30 días naturales.
Finalmente, se aprobó enviar a consultar el texto del expediente ante: Bancos Públicos, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, Universidades Estatales, Defensoría de los Habitantes de la República, Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional.
Exp. 21.210. Ley de cero tolerancia a la evasión fiscal. Proponente: Gustavo Viales Villegas (PLN).
El 03 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados (a) Gustavo Viales Villegas (PLN), quien coordina, Laura Guido Pérez (PAC), Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC), Rodolfo Peña Flores (PUSC) y Harllan Hoepelman Páez (I), con un plazo para rendir el respectivo informe de 30 días naturales.
Finalmente, se aprobó enviar a consultar el texto del expediente ante: Entidades del Sistema Financiero Costarricense, Ministerio de Hacienda, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y UCCAEP.
Exp. 21.127. Ley para mujeres Jefas de Hogar para que todas sus entradas económicas sean consideradas como parte de sus ingresos para ser sujetas de crédito en el Sistema Bancario Nacional. Proponente: Shirley Días Mejía (PUSC) y otros.
El 03 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las (el) Diputadas (o) Shirley Díaz Mejía (PUSC), quien coordina, Ivonne Acuña Cabrera (I) y Víctor Morales Mora (PAC), con un plazo para rendir el respectivo informe de 30 días hábiles.
Finalmente, se aprobó enviar a consultar el texto del expediente ante: Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Exp. 20.201. Ley que otorga competencia a las Municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos en precario y gestión de proyectos de vivienda de interés social. Proponente: Ex diputado Juan Rafael Marín Quirós (PLN) y otros.
El 03 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el texto del proyecto de Ley, ante: Bancos del Estado, entre otras instituciones.
Exp. 21.187. Ley para combatir la ciberdelincuencia. Proponente: Erwen Masís Castro (PUSC).
El 04 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el texto del proyecto de Ley, ante: ICE, PANI, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Inteligencia y Seguridad, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Centro Judicial de Intervenciones de las Comunicaciones, Defensoría del Consumidor, Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación, Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología, Colegio de Abogados y Abogadas, Colegio de Periodistas, Defensoría de los Habitantes y Procuraduría General de la República.
Exp. 21.293. Reforma a la Ley No. 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores de 17 de diciembre de 1997, Ley No. 3284 Código de Comercio de 30 de abril de 1964, Ley No. 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 22 de julio del 2008, Ley No. 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993 y Ley No. 7523 de Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado del de Valores y el Código de Comercio de 7 de julio de 1995. Proponente: Poder Ejecutivo. (Superintendencias).
El 01 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el texto de la iniciativa ante: Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
El 01 de julio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a los Procuradores Julio Jurado Fernández, Guillermo Bonilla y la Sra. Silvia Patiño, todos de la Procuraduría General de la República, para que se refieran a las observaciones realizadas por las diferentes instituciones sobre el proyecto de Ley. Resumen.
Audiencia Sra. Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, quien señalo:
El Diputado Roberto Thompson Chacón (PLN) inició su intervención externando su rechazo a la solicitud que han hecho algunos sindicatos con respecto a la salida de la Sra. Ministra del Gobierno, pues considera que doña Rocío aún tiene mucho por ofrecer a Costa Rica. Con respecto al tema de EUROBONOS, comentó que ha circulado un documento sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno de la República y los rectores de las universidades públicas; así como, un decreto sobre un pacto entre los gremios y la CCSS. Indicó que ambos temas hacen referencia a la aplicación de la regla fiscal. Solicitó a la Ministra compartir la posición del Ministerio de Hacienda, en relación con este tipo de acuerdos. Por otro lado, recordó que la jerarca dijo en alguna de las Comisiones que en el primer semestre se captó más del 100% de las necesidades de financiamiento para este año, por lo que pidió esclarecer el estado, origen y la aplicación de los fondos, para determinar si se ha sobrepasado las necesidades financieras que tiene el Gobierno para el año 2019. La Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que la regla fiscal se está y se estará aplicando en los mismos términos que la ley estipuló, salvo para la CCSS en los temas de invalidez, para la factura petrolera y para el sector público financiero, ya que estas son las excepciones establecidas en la ley.
La Diputada Yorleni León Marchena (PLN) mencionó que hace cerca de un año, la señora ministra estuvo en el Plenario, y en dicha comparecencia habló mucho sobre la confianza; no obstante, considera que dado lo visto en los últimos días pareciera que el Poder Ejecutivo no comprende el significado de esa palabra. En este sentido, mencionó que el Presidente Alvarado se reunió con rectores de universidades públicas para conversar sobre sacar a las universidades de la regla fiscal, y luego, en la Comisión de Asuntos Sociales, cuando se discutió sobre licencias de paternidad, la CCSS habló de que no se oponían, pero necesitan cerca de 60 mil millones, por lo que se pregunta ¿de dónde saldrán esos recursos?. Además, se habló que la Reforma Fiscal fue para ahorrar recursos y abonar deuda, pero ahora se va a destinar esos recursos a una institución. Siendo así, consultó ¿cuáles son los indicadores más allá de la regla fiscal, que generen confianza de que los eurobonos, las negociaciones que se llevan a cabo con el BID y los canjes de deuda, no vayan a causar que el Poder Ejecutivo se vaya a distender en el tema de estabilizar las finanzas públicas?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que lo que se ha visto en el comportamiento del mercado de la deuda es el producto de la confianza, ya que se logró un primer semestre extraordinario, pues se captó en un plazo muy corto las necesidades del semestre. Asimismo, existe un compromiso del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda en ir adelante con la implementación de la reforma fiscal, incluidos cambios en remuneraciones y aplicación de la regla fiscal. Cumpliendo eso, se avanzará, y en un plazo de cuatro años, se alcanzará el equivalente en rendimientos de un 4%, de lo cual, gran parte vendrá de regla fiscal y cambios en remuneraciones. Agregó que cualquier nuevo gasto implicará reducir recursos en otro aspecto.
El Diputado Gustavo Viales Villegas (PLN) lamentó que la insistencia del Poder Ejecutivo haya ocasionado que el proyecto de EUROBONOS se retrasara, pues la fracción del PLN fue clara desde el inicio, apoyaban el proyecto, pero por un monto de 1500 millones de dólares. Además, comentó que el Gobierno está gestando préstamos, según ha informado la prensa, para sustitución de deuda cara por deuda barata. Seguidamente, preguntó a la Ministra de Hacienda ¿si la Asamblea tramitará un menor presupuesto de autorización de deuda interna para los próximos años?. Al respecto, la Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que fue ella quien insistió en un monto mayor, y aún le gustaría ver un monto mayor, pero comprende que no había voluntad en la Asamblea Legislativa para ello. Además, explicó que tanto los EUROBONOS como el crédito de la CAF que ya está en el Parlamento, y el crédito del BID que fue aprobado ayer, sustituyen deuda interna por deuda externa, teniendo un impacto significativo en la reducción de las tasas de interés y en el mejoramiento del perfil de la deuda. Seguidamente, explicó que, para el segundo semestre, el país aún tiene necesidades por 3800 millones de dólares, de los cuales 2350 millones se estarían satisfaciendo con el proyecto de EUROBONOS y multilaterales, el resto siempre iría al mercado local. Resaltó que solo la aprobación en primer debate de los EUROBONOS redujo en aproximadamente 30 a 35 puntos porcentuales el rendimiento que se le exige a Costa Rica.
La Diputada Karine Niño Gutiérrez (PLN) informó que la fracción del PLN considera que la intención del proyecto es mejorar el perfil de deuda adquiriendo endeudamiento con tasas de interés y plazos más atractivos a los que es posible obtener hoy en el mercado local. Destacó que los EUROBONOS no son más deuda, sino un canje de deuda ya existente. De igual forma, indicó que con los EUROBONOS se logrará una disminución de las tasas de interés domésticas, así como una disminución de la presión del Gobierno, lo que indirectamente ayuda a la reactivación de la economía. Comentó que la redacción original del proyecto incluía autorizaciones de línea de crédito adicionales de corto plazo por 800 millones de dólares; no obstante, la fracción del PLN consideró que se trataba de un “cheque en blanco” y no estaba dispuesta a darlo. De igual forma, la fracción planteó que la autorización fuera por 1500 millones de dólares.
En otro sentido, consultó ¿por qué Hacienda no ha tenido la capacidad de emitir a tiempo los reglamentos que debe aplicarse con el IVA, y si la autorización de 1500 millones es suficiente?, finalmente, solicitó a la Ministra aclarar el acuerdo del Poder Ejecutivo y las universidades, con respecto a la regla fiscal. La Sra. Rocío Aguilar Montoya coincidió en que los EUROBONOS no son más deuda, sino una herramienta para mejorar la tasa y el plazo. Asimismo, las líneas de crédito permitían no salir siempre de manera inmediata a los mercados, sino aprovechar las oportunidades. Destacó que la regla fiscal se aplica en los mismos términos en los que la ley lo exige. Lo que las universidades decidieron es que no van a llevar la certificación de la Secretaría. Con respecto a los reglamentos, expresó que estos no salieron antes porque durante varios meses se lanzaron a consulta borradores.
El Diputado Welmer Ramos González (PAC) inició su intervención destacando el liderazgo de la señora Ministra al llevar adelante todo el proceso de reforma a las finanzas públicas. Posteriormente, preguntó ¿qué tanto ha bajado la tasa que se paga por títulos después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y cuánto más podrían bajar con la aprobación de EUROBONOS?. De igual forma, solicitó a la Ministra referirse a los precios de títulos de deuda de Costa Rica en los mercados internacionales. La Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que cuando la Sala Constitucional dio luz verde a la reforma fiscal, los mercados modificaron totalmente su comportamiento. En los mercados internacionales los títulos de más largo plazo bajaron hasta en 200 puntos porcentuales, y en el mercado local la tendencia fue similar, tanto en colones como en dólares. Es decir, sin haber ido con EUROBONOS al mercado ya se ganaron esos 200 puntos, por lo que Hacienda puede dejar de presionar el mercado interno haciendo que las tasas continúen bajando en beneficio del costo de los recursos y en beneficio de los sectores productivos. Finalmente, informó que el día de ayer tras la aprobación en primer debate de EUROBONOS, el mercado hizo un ajuste de 30 puntos base.
El Diputado Luis Ramón Carranza Cascante (PAC) agradeció el esfuerzo y liderazgo de la señora Ministra para garantizar la estabilidad económica del país. En otro sentido, solicitó a la Ministra aclarar la importancia de los EUROBONOS y ¿por qué se insistió en que fueran 6 mil millones?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya explicó que cuando se planteó un monto mayor, no era para emitir todo el monto en una sola vez, sino que se buscaba decir a los mercados internacionales que el país tenía financiamiento para este año y los siguientes, pues con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el déficit fiscal no será cero por los primeros tres años. Destacó que, con la regla fiscal, los impuestos, la contención del gasto, y el canje de deuda, se da una estabilización de las finanzas públicas. Hay una serie de riesgos que continúan latentes, a pesar de que se logró evitar que el país cayera en impago.
El Diputado Pedro Muñoz Fonseca (PUSC) quiso saber ¿quiénes son los rebeldes que no quieren aplicar las disposiciones de empleo público y regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas?. Al respecto, la Sra. Rocío Aguilar Montoya señaló que la aplicación de la regla fiscal involucra un importante cambio para todos, pero la ley es clara al determinar que la regla fiscal es de aplicación general para el sector público no financiero, con algunas claras excepciones.
Posteriormente, el legislador consultó ¿en qué se utilizará los préstamos de apoyo presupuestario, cuáles hay hasta el momento, cuáles tienen contemplados y cuál es el monto concreto del préstamo de la CAF?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que los préstamos de apoyo presupuestario aprobados hoy, son la Corporación Andina de Fomento por 500 millones de dólares, el cual ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobado el 2 de julio, el cual ingresará pronto al Congreso. Adicionalmente, explicó que existe la posibilidad de una operación crediticia con la Agencia Francesa de Desarrollo por unos 100 millones de dólares, a la cual es posible se le agregue unos fondos sin costos de programas migratorios, pero esta probablemente no se conozca este año. Finalmente, mencionó que para el presupuesto de este año se cuenta con EUROBONOS, BID y CAF, los cuales van a sustituir la fuente interna prevista en el presupuesto de este año, por fuente externa. En esta línea, el Diputado comentó que la facilidad de la CAF permite pedir prestado hasta 1200 millones de dólares, consultó ¿si esto es correcto?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya explicó que, el préstamo de la CAF puede apalancar de manera directa un 4 a 1; es decir, con los 100 millones se podría apalancar hacia arriba en materia de apoyo presupuestario; sin embargo, para operaciones de carácter regional se podría apalancar hasta el 8 a 1.
El Diputado Walter Muñoz Céspedes (PIN) pregunto ¿si la Ministra ha estado en contacto con los Bancos interesados en los EUROBONOS y qué nivel de tasas esperan?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya informó que han recibido entre 8 y 10 bancos, pero después de aprobada la ley, esta misma estipula el proceso de selección y los términos bajo los cuales se puede contratar, por lo que ellos no ofrecen una determinada tasa.
El Diputado José María Villalta Flórez Estrada (PFA) se refirió a la aplicación del artículo 6 de la Ley No. 8999, la cual dice que las inversiones de los entes públicos en valores del Estado deben hacerse a través de compra directa, pero esto no se cumple desde el año 2002. Preguntó ¿por qué no se ha cumplido?. La Sra. Rocío Aguilar Montoya respondió que no cuenta con la información, pero toma nota de la consulta para hacerle llegar la respuesta. Ante esto, el diputado explicó que no se cumple porque, a pesar de que existe la plataforma Tesoro Directo, buena parte de la deuda que ha sido colocada y adquirida por instituciones públicas a través de la Bolsa Nacional de Valores; es decir, utilizando intermediarios en contra de lo que dice la ley. A lo cual, la Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que eso es un proceso de gestión de la deuda que se está llevando adelante, por lo que la inquietud del diputado formará parte de los temas a revisar.
El Diputado Jonathan Prendas Rodríguez (I) consultó a la Ministra ¿si considera adecuado que el Sistema de Banca para el Desarrollo haya colocado más de 300 mil millones en títulos del Estado, en lugar de invertirlos en MiPymes?. Ante la consulta, la Sra. Rocío Aguilar Montoya indicó que no tiene criterio al respecto, pero considera que existe una gran demanda de crédito en el mercado y lo ideal sería que esos recursos se invirtieran en esos sectores. Indicó que esos fondos están en Hacienda porque no ha existido la capacidad de colocarlos.
Audiencia Procuradores Señores (a) Julio Jurado Fernández, Silvia Patiño y Guillermo Bonilla, todos de la Procuraduría General de la República, quienes manifestaron:
Sr. Julio Jurado Fernández:
Explicó que dentro del proyecto de ley, existen cuatro temas básicos a los cuales hay que prestarles atención:
a) Sobre la naturaleza jurídica de COPROCOM: el proyecto propone darle la figura de órgano con grado máximo de desconcentración y personería jurídica instrumental. Manifestó que la primera es suficiente para cumplir con los requerimientos OCDE planteados en la iniciativa.
b) Financiamiento y presupuesto: esta tiene dos aspectos: las fuentes de financiamiento y la construcción del presupuesto, indicó que la figura de órgano de desconcentración máxima le otorga la posibilidad de la confección de su presupuesto para el grado de independencia funcional que se busca.
c) Empleo público: puede haber algún roce de inconstitucionalidad de cara a lo que expone el artículo 192 de la Constitución Política.
d) El procedimiento especial de las infracciones: en el proyecto de ley, hay inquietudes respecto al encargado de la etapa de inspección, además, señaló que el procedimiento puede ser bastante largo por los plazos que están establecidos.
Sra. Silvia Patiño:
Indicó que dentro del análisis de la iniciativa encontraron cuatro puntos sensibles pero el más importante es el de la naturaleza jurídica. Explicó que hay dos formas de dotar de independencia a COPROCOM, mediante la creación del órgano desconcentrado con personería jurídica instrumental o mediante la creación de una institución autónoma y que su definición está dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.
Mencionó que el órgano desconcentrado ejercerá su autonomía de acuerdo con lo estipulado en la ley, y esta figura no es ajena al ordenamiento jurídico nacional, ya hay órganos de desconcentración máxima con personería jurídica instrumental como los Tribunales Administrativos, el Tribunal Ambiental, órganos como CONASSIF, el cual es un órgano desconcentrado del Banco Central, que incluso puede emitir reglamentación técnica en su materia desconcentrada.
Sobre el presupuesto y financiamiento, acotó que COPROCOM va a realizar el trámite de aprobación externo de su presupuesto en forma exclusiva, donde señalan que existen normas de rango constitucional que obligan que la iniciativa presupuestaria sea del Poder Ejecutivo y se remita para su aprobación a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la actualidad existe regulación específica en materia de presupuestos de órganos desconcentrados que es la Ley 9524, Ley Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, que ya regula como se va a tramitar el presupuesto de todos aquellos órganos desconcentrados que existan.
Con respecto al destino específico que propone el proyecto, donde se establece con cargo al presupuesto ordinario de la República un monto fijo, donde señalan que la Sala Constitucional ha sido muy clara en cuanto a la asignación de destinos específicos que no tengan rango constitucional o rango de naturaleza social, se entenderían no son obligatorios para el Poder Ejecutivo a la hora de presupuestar.
Respecto al empleo público, indicó que debe estar sujeto a la legislación laboral.
En cuanto al procedimiento especial, indicó que se quiere crear un procedimiento que rompe el paradigma de cómo se realiza estos procesos, resaltó que el jerarca de este órgano no es quien tiene la competencia para elegir cuáles procedimientos administrativos se abren o no, la atribución se asigna a un encargado de instrucción, que en la ley no se define quién es. Respecto al procedimiento como tal, agregó que los plazos permiten que los casos se extiendan hasta 3 años y mencionó que, sobre la razonabilidad de las multas no encontraron un pronunciamiento de la Sala Constitucional, advirtió que se deben justificar desde el punto de vista técnico.
Sr. Guillermo Bonilla:
Explicó que en el tema de empleo las observaciones son respecto a la naturaleza de las funciones, ya que se puede justificar un tratamiento diferenciado y se debe tomar como referencia un caso parecido dentro de la Administración Pública. Aclaró que puede haber una razonabilidad dependiendo de la naturaleza de la función, pero eso está dentro del ámbito de la discrecionalidad legislativa. Concluyó que estos aspectos deben quedar claros en la definición de la desconcentración.
La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) mencionó que existe un texto sustitutivo sobre el cual se ha venido trabajando. Solicitó a los comparecientes que se refirieran a dicho texto donde ya se ha abordado algunas de las sugerencias hechas por la Procuraduría. Seguidamente, solicitó que se refirieran a la legitimación activa versus la legitimación pasiva, sobre el modelo que se incorporó al nuevo texto sobre el empleo público y sobre las multas. El Sr. Julio Jurado Fernández explicó que la Procuraduría General de la República no ha trabajado en el texto sustitutivo, aclaró que han colaborado en consultas muy puntuales. Agregó que no pueden hacer apreciaciones sobre textos que no se han entregado formalmente ante la Procuraduría General de la República.
La Sra. Silvia Patiño indicó que debe aclararse si la COPROCOM será la única representante del Estado en juicios o si se va a trabajar con la Procuraduría General de la República, insistió en que esto debe quedar claro en la ley. Sobre el tema de las multas, no puede decir cuáles son razonables o no, por lo que deben justificarse técnicamente.
La Diputada Ivonne Acuña Cabrera (I) solicitó que se refieran al tema de la integración del órgano superior, sobre la prohibición, y sobre los pluses salariales, si existe la posibilidad de que se solicite pluses. El Sr. Guillermo Bonilla explicó que aunque la norma no lo diga explícitamente, sí está la prohibición. El tema de la docencia, en razón con la trascendencia, es una de las excepciones a la prohibición, siempre y cuando no haya una afectación de los servicios que se presta, no ve inconvenientes. Agregó que hay que ver el tipo de salario que se está utilizando como referencia, porque si en la conformación de este hay pluses, se podrían pedir.
La Diputada Carolina Hidalgo Herrera (PAC) preguntó ¿cuál es el criterio que se ha manejado en temas sancionatorios y si consideran conveniente asegurar el resguardo de la información cuando los funcionarios violen la confidencialidad?, además, consultó ¿sobre la protección de los comisionados y hasta dónde debe llegar esa protección?, la Sra. Silvia Patiño expresó que en algunas normas está el tema de la reincidencia como una causal para las sanciones, pero al final es decisión del legislador. En cuanto a la confidencialidad, pareciera que se está otorgando una competencia reforzada a la COPROCOM, ya que el proyecto es muy explícito a la posibilidad de requerir correos electrónicos, por lo que recomienda que la iniciativa se apruebe con mayoría calificada para blindarlo. Sobre la infracción a un deber de confidencialidad, explicó que el régimen sancionatorio aplica el principio de reserva legal, por lo que es mejor hacerlo expresamente. Por último, mencionó que el tema de los comisionados es de competencia legislativa, no un tema jurídico.
El Sr. Julio Jurado Fernández agregó que la confidencialidad y el derecho a la intimidad son cosas distintas, la mayoría reforzada para la aprobación del proyecto es porque un órgano de este tipo puede solicitar información relacionada con la intimidad, mientras que la confidencialidad está relacionada con cargos públicos, y en la vía administrativa sí se puede imponer sanciones.