Source: https://www.slideshare.net/ComunaJuridica/sentencia-del-recursoleysinde
Timestamp: 2019-03-18 21:44:31
Document Index: 107197292

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1. 1REC.ORDINARIO(c/d) Num.: 185/2012Votación: 28/05/2013Ponente Excma. Sra. Dª.: María del Pilar Teso GamellaSecretaría Sr./Sra.: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver SánchezS E N T E N C I ATRIBUNAL SUPREMO.SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOSECCIÓN: CUARTAExcmos. Sres.:Presidente:D. José Manuel Sieira MíguezMagistrados:D. Ricardo Enríquez SanchoD. Segundo Menéndez PérezDª. María del Pilar Teso GamellaD. Santiago Martínez-Vares GarcíaEn la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil trece.Visto por la Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo elrecurso contencioso administrativo nº 185/2012 interpuesto por la Procuradorade los Tribunales Dña. Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación dela "Red de Empresas de Internet", contra el Real Decreto 1889/2011, de 30 dediciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de PropiedadIntelectual.
2. 2Se han personado las siguientes partes demandadas: 1.- LaAdministración General del Estado, representada y defendida por el Abogadodel Estado. 2.- La Procuradora de los Tribunales Dña Olga Martín Marquez, ennombre y representación de la Federación de Cines de España (FECE). 3.- ElProcurador de los Tribunales D. Jacobo Borja Rayon, en nombre yrepresentación de D.T.S. Distribuidora de Televisión Digital. 4.- La Procuradorade los Tribunales Dña. Blanca Berriatua Horta, en nombre y representación dela Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Audiovisuales. 5.- LaProcuradora de los Tribunales Dña Purificación Bayo Herranz, en nombre yrepresentación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo seinterpuso, el día 10 de febrero de 2012, contra el contra el Real Decreto1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de laComisión de Propiedad Intelectual, publicado en el Boletín Oficial del Estadode 31 de diciembre de 2011.SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, y con entrega delmismo a la parte recurrente, se confirió trámite para la formulación delcorrespondiente escrito de demanda.La demanda se presenta el día 18 de julio de 2012, y en la misma sesolicita que se dicte sentencia estimando el presente recurso, declarando noser conforme a derecho y se anule el Capítulo VII de la disposición impugnada,o subsidiariamente se anulen diversos apartados e incisos de los artículos 20 y22 del real decreto recurrido, y con imposición de costas a la Administracióndemandada.TERCERO.- Las partes personadas como recurridas, que hemosrelacionado en el encabezamiento, han tenido la siguiente actuación procesalal contestar a la demanda.
3. 31.- El Abogado del Estado ha contestado a la demanda, solicitando quese dicte sentencia desestimando el recurso contencioso administrativo, concondena en costas al actor.2.- La representación de la Federación de Empresarios de Cine (Fece)ha contestado la demanda, solicitando que se dicte sentencia desestimando elrecurso contencioso administrativo, con condena en costas a la parterecurrente.3.- La representación de D.T.S. Distribuidora de Televisión Digital, S.Aha contestado la demanda, solicitando que se dicte sentencia desestimando lademanda y confirme la validez tanto de los dos artículos subsidiariamenteimpugnados por la citada asociación, como del capítulo VII del Real Decreto,con condena en costas a la parte recurrente.4.- La representación de la Coalición de Creadores e Industrias deContenidos Audiovisuales ha contestado la demanda, solicitando se dictesentencia desestimando el recurso contencioso administrativo, con condenaen costas a la demandante.CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de fecha 6 de noviembre de2012, se declara caducado el trámite de contestación a la demanda a laProcuradora de los Tribunales Dña Purificación Bayo Herranz, en nombre yrepresentación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).QUINTO.- No solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordómediante providencia de 6 de noviembre de 2012, declarar concluso el recursoy pendiente de señalamiento cuando por turno le corresponda.SEXTO.- Se señaló, finalmente, para la deliberación y fallo del presenterecurso el día 28 de mayo de 2013, fecha en que tuvo lugar dicho acto.Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. MARÍA DEL PILAR TESOGAMELLA, Magistrada de la SalaFUNDAMENTOS DE DERECHO
4. 4PRIMERO.- Mediante el presente recurso contencioso-administrativo seimpugna el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regulael funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.Fundamenta la recurrente, Red de Empresas de Internet, la pretensiónde nulidad que ahora esgrime sobre el Capítulo VII de la disposiciónimpugnada, o subsidiariamente sobre diversos apartados e incisos de losartículos 20 y 22, en las siguientes razones.En los hechos del escrito de demanda, además de realizar una serie deconsideraciones sobre los motivos de orden social, comercial y político en losque se enmarca la regulación reglamentaria que impugna, se indica que elreglamento da primacía al interés general de las empresas frente al de losciudadanos. Es decir, que se defienden intereses particulares frente al interésgeneral.En los fundamentos se aduce que el artículo 20.2 del real decretorecurrido instaura un régimen contrario al artículo 158 de la Ley de PropiedadIntelectual, al restablecer un reconocimiento de la culpabilidad; que el artículo20 establece un plazo de retirada de contenidos tras la declaración decontenidos infractores; que el plazo de retirada voluntaria debería ser de 48horas y no de 24 horas; que es ilegal que la Sección Segunda tenga atribuidala competencia para declarar la exigencia de vulneración de derechos depropiedad intelectual; que se vulnera la tutela judicial efectiva; que seincumplen los principios del derecho administrativo sancionador, la libertad deexpresión y la interdicción de la arbitrariedad. Además, aunque no se solicitaen el suplico del escrito de demanda, la parte recurrente señala que deberíaplantearse cuestión de inconstitucionalidad.La Administración General del Estado, por su parte, tras hacer unasconsideraciones generales sobre los principios de proporcionalidad,trasparencia y accesibilidad, simplicidad y eficacia, sobre los objetivos de lanorma reglamentaria, analiza cada uno de los motivos de impugnación queaduce la recurrente y señala que la norma reglamentaria no incurre en ningunainfracción de la Constitución ni de la Ley de Propiedad Intelectual. Del mismomodo que analiza cada uno de los apartados de los dos artículos, 20 y 22, quela parte recurrente especifica y subsidiariamente solicita la nulidad.
5. 5Las demás partes recurridas, Administración General del Estado,Federación de Cines de España, D.T.S. Distribuidora de Televisión Digital,S.A. y Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Audiovisuales, dancumplida respuesta a cuanto se indica en el escrito de demanda y abundan enla idea de que no es preciso plantear cuestión de inconstitucionalidad, que lanorma reglamentaria que se impugna no incurre en las infraccionesconstitucionales y legales que la recurrente señala, y que la interpretación quehace la parte recurrente se opone a lo previsto en la norma reglamentaria.SEGUNDO.- El panorama general expuesto sobre los motivos deimpugnación alegados nos impone hacer una consideración preliminar sobre elorden a seguir que, forzosamente, ha de ser diferente al propuesto por larecurrente en su escrito de demanda. Iremos descendiendo del plano másgeneral al más específico. Por tanto, en primer lugar examinaremos si procedeo no plantear cuestión de inconstitucionalidad. En segundo lugar, nosreferiremos a las cuestiones generales relativas a la legalidad yconstitucionalidad de la caracterización de la Sección Segunda de la Comisiónde Propiedad Intelectual, como órgano encargado de la salvaguarda de losderechos de propiedad intelectual en la red, y sobre el respeto, o no, a losprincipios del derecho administrativo sancionador, a la libertad de expresión ya la interdicción de la arbitrariedad. Y, en tercer lugar, en fin, abordaremos laimpugnación de los incisos específicos de los artículos 20 y 22 cuya nulidad sepostula subsidiariamente.TERCERO.- El escrito de demanda, analizamos ahora el planteamientode la cuestión de inconstitucionalidad, cuando se refiere a la libertad deexpresión se advierte que muchos de los reproches que se hacen a la normareglamentaria tienen un origen en la regulación legal, por lo que sería"conveniente" plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el TribunalConstitucional.Bastaría para no acceder a tal sugerencia con señalar que elplanteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se insta de formagenérica e imprecisa, sin explicar la concurrencia de los requisitos precisosque establecen los artículos 163 de la CE y 35 de la LOTC, ni en qué forma lanorma legal que se cita (el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectualsegún redacción dada por la disposición final cuadragésimo tercera, apartadocuarto, de la Ley de Economía Sostenible) vulnera la Constitución.
6. 6Simplemente se alude a la mera conveniencia en su planteamiento. De modoque si lo que se pretendía con tal sugerencia o indicación era, como se deducedel artículo 163 de la CE, suscitar dudas al Tribunal sobre la constitucionalidadde la norma, debería haberse proporcionado un razonamiento coherente ytrabado al respecto.Pero es que, además, lo cierto es que en este caso la lesiónconstitucional que se alega efectivamente se atribuye a normas con rango deley (artículo 158 de la citada Ley de Propiedad Intelectual) (1), además eseprecepto legal resulta de aplicación al caso porque presta cobertura a ladisposición general impugnada --Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre,por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de PropiedadIntelectual-- (2), y de su validez bien pudiera depender el fallo porque si elcontenido del artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual fuera diferente, ose declarara su inconstitucionalidad en los términos que se defienden en elescrito de demanda, las funciones de la Comisión que regula el real decretoimpugnado podrían haber sido distintas (3), sin embargo no apreciamos unaduda de constitucionalidad de dicha norma legal en relación con elplanteamiento que se hace en el escrito de demanda (4). La falta deconcurrencia de la última de las citadas exigencias hace inviable, por tanto, elplanteamiento de la referida cuestión.CUARTO.- Es cierto que no puede acordarse el secuestro de un mediode comunicación por un órgano administrativo, pues el artículo 20.5 de la CEseñala que el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios deinformación sólo puede acordarse mediante resolución judicial. Ahora bien, noestá de más recordar que la función de la Sección Segunda de la Comisión dePropiedad Intelectual, según señala el artículo 158.4 de la Ley de PropiedadIntelectual (según redacción dada por la disposición final cuadragésimotercera, apartado cuarto, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de EconomíaSostenible), es la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frentea su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de lainformación. Y que su función, respecto de la adopción de las medidas deinterrupción de la prestación y de retirada de los contenidos, se limita adeterminar su necesidad y a declarar su adopción, pues su ejecución precisa,como luego veremos, de autorización judicial.
7. 7Ciertamente resulta difícil vulnerar o restringir la libertad de expresióncuando se defiende, precisamente, a los creadores de los contenidos, endefinitiva, a los titulares del derecho a la propiedad intelectual, si tenemos encuenta que este tipo de propiedad se integra por los derechos de carácterpersonal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derechoexclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidasen la ley, ex artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y recordemos que elderecho a la producción, creación artística, científica y técnica, reconocido yprotegido por el artículo 20.1.b) de la CE, no es sino una "concreción delderecho --también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo-- aexpresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones" (STC153/1985, de 26 de noviembre).En definitiva, para el cumplimiento de la finalidad encomendada a laSección Segunda de la Comisión en orden a salvaguardar la propiedadintelectual, frente a vulneraciones por los responsables de servicios de lasociedad de información, resulta esencial defender, al propio tiempo, la libertadde expresión, sin que tal defensa pueda materializarse, en el entorno digital enque nos encontramos, en un enriquecimiento y explotación comercial, almargen del titular del derecho de propiedad intelectual.En fin, no está de más recordar que según reiterada doctrina delTribunal Constitucional, no existe un derecho de las partes al planteamiento dela indicada cuestión, pues es una potestad que la Constitución atribuye enrégimen de monopolio de los órganos jurisdiccionales, cuando duden de laconstitucionalidad de la norma legal de cuya validez dependa el fallo.En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que "las partesdel proceso carecen de un derecho al planteamiento de las cuestiones deinconstitucionalidad, por tratarse de una potestad atribuida en exclusiva a losórganos judiciales (arts. 163 CE y 35 LOTC)" (STC 84/2008, de 21 de julio).Así es, "suscitar la cuestión de inconstitucionalidad es una prerrogativaexclusiva e irrevisable atribuida por el art. 163 CE a los órganos judiciales, quepueden no plantearla si estiman constitucional y, por lo tanto, aplicable la leycuestionada" (SSTC 159/1997, de 2 de octubre, 119/1998, de 4 de junio,35/2002, de 11 de febrero, 102/2002, de 6 de mayo, 173/2002, de 9 deoctubre, 15/2004, de 23 de febrero, y 149/2004, de 20 de septiembre).
8. 8QUINTO.- Despejado el anterior reparo relativo a la constitucionalidadde la norma legal de cobertura del real decreto recurrido, nos correspondeseguidamente abordar las cuestiones generales relativas a la legalidad yconstitucionalidad de la caracterización de la Sección Segunda de la Comisiónde Propiedad Intelectual en el real decreto impugnado, como órganoencargado de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en lared. Sostiene la recurrente que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva(artículo 24.1 de la CE), pues ese cometido corresponde a los órganosjurisdiccionales. Enlazando con esa cuestión también se indica que se hanlesionado los principios del derecho administrativo sancionador, el derecho a lalibertad de expresión y la interdicción de la arbitrariedad, que también seaducen como sustento de la presente impugnación.La Comisión de Propiedad Intelectual, regulada por el real decretoimpugnado, es un órgano administrativo colegiado de ámbito nacional, creadoal amparo de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual.Esta Comisión, que se compone de dos Secciones, tiene asignadas funcionesde mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos en el ámbito de lapropiedad intelectual. La Sección Primera ostenta la competencia en loprimero, es decir, en materia de mediación y arbitraje. Y la Sección Segunda,cuyas funciones son las que ahora se impugnan, se encarga de la indicadasalvaguarda de los derechos en el ámbito de la propiedad intelectual.El real decreto recurrido, por tanto, es desarrollo reglamentario delartículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, tras la reforma mediante la Ley2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que ya crea la SecciónSegunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, esboza sus funciones ydibuja el procedimiento administrativo para restablecer la legalidad. Y, señala,por lo que ahora interesa, que "reglamentariamente se determinará elfuncionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de lasfunciones que tiene atribuidas".Entre las funciones de la Sección Segunda de la Comisión seencuentran, como ya señalaba el artículo 158 de la Ley de PropiedadIntelectual y ahora desarrolla el real decreto recurrido, la adopción de lasmedidas para el restablecimiento de la legalidad, que constituyen el eje centralde las críticas formuladas ahora, y que son la interrupción de la prestación deun servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de
9. 9propiedad intelectual (1), y la retirada de los contenidos que vulneren loscitados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe conánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un dañopatrimonial (2).SEXTO.- Pues bien, las indicadas medidas de interrupción del servicioy de retidada de contenidos no invaden ni interfieren el ejercicio de la potestadjurisdiccional que se encomienda por la Constitución, en régimen demonopolio, a los jueces y tribunales, ex artículo 117.3 de la CE.Tradicionalmente, y muy sucintamente, el concepto de jurisdicción,propio de nuestra actividad jurisdiccional (artículo 117.3 de la CE), se vinculacon la función de determinar el derecho en un caso concreto, respecto dedeterminadas personas y sobre determinados actos. Y la diferenciación de laactividad administrativa y jurisdiccional radica en la nota de la irrevocabilidad, apesar de las resoluciones administrativas firmes, y de los recursosprocedentes en sede jurisdiccional.Pues bien, la caracterización legal y reglamentaria de las funciones dela Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual no es la propia dequien ejerce una función jurisdiccional, y tampoco supone una suplantación niusurpación de la función que constitucionalmente se atribuye, en régimen deexclusividad, a jueces y magistrados.En este sentido, la atribución a la Sección Segunda de la citadaComisión de las medidas de interrupción de la prestación de un servicio o deretirada de los contenidos que vulneren tales derechos, no guarda relación conel ejercicio de la función jurisdiccional. Simplemente se configura un órganoadministrativo específico que se concibe con la finalidad de salvaguardar losderechos de propiedad intelectual, frente a la vulneración por los responsablesde los servicios de los profesionales de la sociedad de la información, altiempo que se diseña, a tal fin, un procedimiento presidido, por la propianaturaleza de la actividad a que se refiere, por la celeridad.Repárese que la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 158.4)expresamente señala que lo dispuesto se entiende sin perjuicio de lasacciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, seanprocedentes. De manera que quedan a salvo, y no sustituye, las
10. 10correspondientes vías jurisdiccionales que no se ven suprimidas nirestringidas.Además, la disposición final cuadragésima tercera de la Ley 2/2011, de4 de marzo, de Economía Sostenible, además de modificar el indicado artículo158 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el apartado ocho también modificala Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,concretamente el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de dicha Ley, eintroduce una mención a la "Sección Segunda de la Comisión de PropiedadIntelectual", para atribuir el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra sus actos administrativos, a la Sala de loContencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.SÉPTIMO.- Es cierto que están en juego derechos fundamentales,como indica la recurrente al citar, esencialmente, la libertad de expresión y deinformación. Ahora bien, la relevancia de estos derechos y su naturaleza comoelementos indispensables para conformar una opinión pública libre y plural, ysu proyección en el ámbito de internet como un mecanismo extraordinario paradinamizar la sociedad en sus ámbitos culturales, de ocio, de comunicación ycomercial, no impide la intervención administrativa en este ámbito, que ya esuna tradición en materia de telecomunicaciones y en el sector audiovisual.Efectivamente estos derechos fundamentales, que no son ilimitados, noimpiden crear un órgano administrativo, diseñar un procedimientoadministrativo, y adoptar una serie de medidas para restablecer la legalidad enla red, siempre que se respeten las garantías constitucional y legalmenteestablecidas, especialmente que esa actuación administrativa pueda serrevisada por los jueces y tribunales, en cumplimento de la función que la CEles atribuye de control de la legalidad de los actos y disposicionesadministrativas, ex artículo 106.1 de la CE, para que la tutela judicial efectivano se resienta.Dicho de otro modo, en no pocos ámbitos sectoriales de la actividadadministrativa también se encuentran afectados o comprometidos, con mayoro menor intensidad, derechos fundamentales y ello no determina que hayan deser los jueces quienes deban adoptar directamente las medidas para elrestablecimiento de la legalidad, sino que puede ser un órgano administrativo,como la indicada Sección Segunda de la Comisión que actúa conforme a los
11. 11principios de objetividad y proporcionalidad (artículo 158.4 de la Ley dePropiedad Intelectual), como sucede en este caso, siempre que se respetenlas garantías constitucional y legalmente exigidas.Así es, para acordar la interrupción de la prestación de un servicio de lasociedad de la información que vulnere los derechos de propiedad intelectual opara retirar los contenidos que vulneren tales derechos, basta la decisiónadministrativa sujeta al correspondiente procedimiento que permite laaudiencia del afectado, sin perjuicio de que la ejecución de tales medidasprecise de autorización judicial, como señalan los artículos 9 y 122 bis de laLJCA, modificados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,en los términos que en seguidamente veremos. Interesa subrayar, endefinitiva, que el propio real decreto recurrido, como también hacía el artículo158 de la Ley de Propiedad Intelectual, imponen la necesidad de acudir a losJueces Centrales de lo Contencioso administrativo para ejecutar la medidaadoptada, en el caso de que se haya incumplido el requerimiento realizado porla Administración, según el procedimiento que se diseña en el artículo 122 biscitado.Téngase en cuenta que el artículo 9 de la Ley reguladora de laJurisdicción Contencioso-administrativa (modificado por esa misma disposiciónfinal cuadragésima tercera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de EconomíaSostenible) atribuye a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativola autorización para la identificación del responsable (que establece el artículo8.2 de la Ley 34/2002), así como para autorizar la ejecución de los actosadoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual"para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de lainformación o para que se retiren los contenidos que vulneran la propiedadintelectual".OCTAVO.- Los excesos en que incurre, por otro lado, el real decretoimpugnado, a juicio de la asociación recurrente, en el ejercicio de la potestadreglamentaria, que atribuye al Gobierno el artículo 97 de la CE, tampocopuede prosperar, en los términos generales en que se formula.Así es, la mayor parte de los reproches que la recurrente atribuye alreal decreto que recurre ya están expresamente establecidos en el artículo 158de la Ley de Propiedad Intelectual. Prueba de ello es que en dicho precepto
12. 12legal ya se recogen las dos medidas a adoptar por la Sección Segunda de laComisión --interrupción de la prestación del servicio y retirada de contenidos--,que constituyen el eje central de las críticas y reproches de ilegalidad queformula la asociación recurrente al real decreto que se impugna.Debemos traer a colación lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la Ley34/2002, 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y delComercio electrónico. Cuando se refieren al "órgano competente", estánseñalando a un órgano administrativo, pues aunque no se califica al nombre nicomo administrativo ni judicial, lo cierto es que del contexto del precepto seinfiere, sin duda alguna, que se trata de lo primero. Igualmente cuando serefiere a las competencias que "legalmente tenga atribuidas", se alude a lascompetencias de la Sección Segunda que ya se predeterminan legalmente porel artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y, en fin, cuando en esemismo precepto se citan las medidas de interrupción del servicio o de retiradade un contenido, que únicamente pueden acordarse respetando las "garantías,normas y procedimiento previstos por el ordenamiento jurídico" para protegerlos derechos a la intimidad personal y familiar, la protección de los datospersonales o la libertad de información, cuando pudieran resultar afectados, seestá refiriendo al citado artículo 158 y al desarrollo reglamentario, porqueambas normas integran el ordenamiento jurídico.La recurrente parte de una idea general y es que considera que elsistema que debiera haberse previsto para la salvaguarda de la propiedadintelectual debería haber sido otro, en el que los órganos jurisdiccionales seencargarán, directamente, de dicho cometido de control de la legalidad eninternet para la protección de la protección intelectual. Lo que, a su juicio,tendría más garantías. Se defiende la no intervención de la Administración eneste ámbito y frente a las eventuales vulneraciones contra la propiedadintelectual se deba acudir, directamente, ante el órgano jurisdiccional. Es unaopción, tan legítima como cualquier otra, entre muchas posibles. Ahora bien,ese debate no puede suscitarse ahora en este recurso, pues ya está resueltopor la ley, que sigue un diseño diferente al que postula la recurrente, y por elloresulta no sólo coherente sino obligado, que el mismo se desarrollereglamentariamente mediante el real decreto recurrido, como no puede ser deotra forma en virtud del principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la CE).
13. 13NOVENO.- La confluencia de los derechos a la libertad de expresión(artículo 20.1.a) de la CE) e información (artículo 20.1.d) de la CE) y,específicamente, del derecho a la producción literaria, artística, científica ytécnica (artículo 20.1.b) de la CE), junto a otros como la intimidad personal yfamiliar (artículo 18.1 de la CE), la protección de los datos personales (artículo18.4 de la CE), y también el acceso a la cultura, entre otros, y el carácterlimitado de todos ellos, determina la necesidad de adoptar medidas quedelimiten sus respectivos ámbitos y equilibren sus conexiones. Sin que laconfiguración reglamentaria resulte desproporcionada, ni suponga restricciónindebida de los derechos de los ciudadanos, ni que la regulación legal, previstaen el artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, suscite a esta Sala dudasde constitucionalidad, según venimos insistiendo.Téngase en cuenta que la Sección Segunda de la Comisión ejerce, exartículo 158.4 de tanta cita, las funciones previstas en los artículos 8 yconcordantes de la Ley 34/002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad dela información y del comercio electrónico, que ya preveía que se adoptarían las"medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar losdatos que los vulneran", relacionando a continuación los principios contra losque puede atentar un determinado servicio de la sociedad de la información.Entre estos se cita la salvaguarda del orden público, la investigación penal, laseguridad pública y la defensa nacional (apartado a); la protección de la saludpública (apartado b); el respeto a la dignidad de la persona y al principio de nodiscriminación (apartado c); la protección de la juventud y de la infancia(apartado d); y, como hace al caso, la salvaguarda de los derechos depropiedad intelectual (apartado c).En fin, resulta de obligada referencia la preocupación por la propiedadintelectual y por su protección en el entorno digital que se pone de manifiestoen las Directivas 2001/29/CE, de 2 de mayo sobre derechos de autor y afinesal de autor en la sociedad de la información, 2004/48/CE, sobre reformaciónde medios procesales de tutela en materia de bienes inmateriales,2011/77/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE, relativa al plazo deprotección del derecho de autor y de determinados derechos afines, expresanla preocupación en la materia.
14. 14DÉCIMO.- Tampoco vulnera el real decreto recurrido el principio deinterdicción de la arbitrariedad, porque su regulación se ajusta, con el caráctergeneral, a lo dispuesto por artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual detanta cita, toda vez que la regulación reglamentaria se limita a desarrollar lasfunciones de la Sección Segunda de la Comisión, al tiempo que establece elprocedimiento para el restablecimiento de la legalidad y la salvaguarda de lapropiedad intelectual que ya prefigura la ley.Se pretende establecer, en consecuencia, en los términos que indica laley, la delimitación entre los diferentes derechos en concurso --propiedadintelectual, la intimidad personal y familiar, la protección de los datospersonales, la libertad de expresión, la libertad de información, derecho a laproducción literaria, artística, científica y técnica y el acceso a la cultura, entreotros---, teniendo en cuenta que la propiedad intelectual está integrada porderechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plenadisposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin máslimitaciones que las establecidas en la ley.Debemos añadir que tal principio de proscripción de la arbitrariedad es,a tenor de nuestra jurisprudencia, un límite de la potestad reglamentaria, exartículo 9.3 CE. Ahora bien, con carácter general esta exigencia de comprobarque el contenido de la norma reglamentaria no resulte contradictorio oincoherente con la realidad que se pretende regular, ni con la "naturaleza delas cosas", como apunta la STS de 28 de junio de 2004 (recurso contenciosoadministrativo nº 74/2002), no se aprecia en este caso. Así es, el desarrolloreglamentario del artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual se ajusta,en términos generales, al sistema que dibuja el citado precepto legal, lo quesucede es que la recurrente discrepa del régimen jurídico que alumbra elartículo 158 de tanta cita. Señalamos esto sin perjuicio de que en elfundamento siguiente examinaremos si se ha producido algún exceso concretoen el ejercicio de la potestad reglamentaria.No estamos, por otro lado, ante una regulación propia del derechosancionador, sino únicamente ante el restablecimiento de la legalidad eninternet frente a los embates contra la propiedad intelectual. No se trata, portanto, del ejercicio del "ius puniendi" del Estado, sino de reponer las cosas a susituación legal, cuando dicha legalidad ha sido conculcada por losresponsables de los servicios de la sociedad de la información. De modo que
15. 15si no se trata de una regulación de carácter sancionador mal puede exigirse,en consecuencia, la observancia de los principios y garantías del Título IX dela Ley 30/1992.En fin, los informes del Consejo de Estado, del Consejo General delPoder Judicial y del Consejo Fiscal en modo alguno respaldan la tesis que sesostiene en el escrito de demanda, en orden a configurar una proteccióndirecta de los órganos jurisdiccionales, ni sobre las vulneraciones normativasque ahora se aduce. Se limitan, los citados informes, a realizar observacionessobre la precisión y claridad de las expresiones y términos utilizados.En consecuencia no procede la nulidad completa del Capítulo VII de lanorma reglamentaria recurrida, que se solicita con carácter principal.DÉCIMO PRIMERO.- Nos corresponde ahora, siguiendo el ordenpropuesto en el fundamento segundo, abordar la impugnación de los incisosespecíficos de los artículos 20 y 22 cuya ilegalidad se aduce.Se sostiene que el artículo 20 del reglamento impugnado se opone a laley cuando establece que el requerimiento al responsable del servicio ha deser anterior a la declaración de infracción, pues la ley, a juicio del recurrente,"establece que el requerimiento debe hacerse tras la declaración deinfracción".Los motivos de esta impugnación no pueden prosperar por dosrazones.En primer lugar, porque el contraste entre el artículo 158.4, párrafotercero, de la Ley de Propiedad Intelectual, y el artículo 20.1 del reglamentorevela la sintonía y acomodo entre los mismos. Así es, antes de la adopción demedidas para el restablecimiento de la legalidad (interrupción de la prestacióno retirada de contenidos), el artículo 158 de la mentada Ley dispone que elprestador de servicios "deberá ser requerido a fin de que en un plazo nosuperior a 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidosdeclarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones o proponga laspruebas que estime oportunas". Transcurrido ese plazo y, en su caso,practicada la prueba, se dará traslado a los interesados para conclusiones, yluego la "Comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución".
16. 16De modo que el diseño de la ley deja claro que la Comisión sólo sepronuncia sobre las medidas de interrupción de la prestación o de retirada decontenidos, una vez sustanciado el procedimiento. Cuando el artículo 20.1 delreglamento se refiere a la retirada voluntaria de los contenidos declaradosinfractores se refiere a los que han sido declarados así por el denunciante,pues recordemos que ese procedimiento se inicia por el titular del derecho depropiedad intelectual que considera consumada su agresión y aporta cuantosdocumentos y ficheros resulten procedentes, la Sección Segunda de laComisión iniciará, entonces, el procedimiento.En segundo lugar, carece de sentido que pueda declararse, comosucede con la interpretación que postula la parte recurrente, que ya ha sidodeclarado un contenido como infractor, según se alega, por la Comisión, y quese adopten las medidas correspondientes, cuando todavía no se ha oído,porque no se ha efectuado el correspondiente requerimiento al responsabledel servicio de la sociedad de la información. El sistema que se alumbra, legaly reglamentariamente, establece una audiencia previa, con forma derequerimiento, antes de adoptar las medidas previstas para el restablecimientode la legalidad.DÉCIMO SEGUNDO.- La confusión, por otro lado, entre los plazos de24 horas y de 48 horas, previstos en los artículos 20.1 y 22.2 del reglamento,que se aduce, no es tal pues el desorden que se denuncia no radica en laregulación legal ni reglamentaria, sino en la singular interpretación que se hacede los mismos.El artículo 20.1 del reglamento establece un plazo de 48 horas paraatender, o no, el requerimiento formulado por la Sección Segunda, una vezpuesta de manifiesto la lesión al derecho de propiedad intelectual. Es decir, endicho plazo de 48 horas el responsable del servicio puede o bien retirarvoluntariamente el contenido, o bien hacer alegaciones o proponer prueba.Estamos ante una primera fase del procedimiento cuando todavía no se hadictado resolución por la Sección Segunda de la Comisión adoptando ningunamedida.Sin embargo el plazo de 24 horas del artículo 22.2 del reglamento, serefiere a la fase final del procedimiento cuando se trata de cumplir lo acordado.
17. 17Así es, cuando la Comisión ha determinado que se han vulnerado losderechos de propiedad intelectual, "ordenará al referido responsable lareiterada de los contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual ola interrupción de la prestación del servicio (...) debiendo aquel darcumplimiento a la misma en un plazo de 24 horas desde su notificación".Ni que decir tiene que la diferencia de plazos resulta coherente, puesno es lo mismo optar entre los diversos comportamientos que se abren alresponsable del servicio tras recibir el requerimiento inicial, que cuando setrata simplemente de cumplir lo ordenado.DÉCIMO TERCERO.- Tampoco podemos compartir las objeciones quese formulan al contenido de la resolución que pone fin al procedimiento, segúnla regulación reglamentaria.Ciertamente el artículo 158.4, párrafo tercero, dispone que "la Comisiónen el plazo máximo de tres días dictará resolución", y nada más se dice sobreel contenido de tal resolución. Es el reglamento, en su artículo 22.1, el queañade que tal resolución será "motivada (...) y declarará , a los solos efectosdel artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, quepara la misma ha quedado acreditada la existencia o inexistencia de unavulneración de derechos de propiedad intelectual".Es cierto que la resolución motivada debe declarar, por mandatoreglamentario, si ha quedado acreditada la vulneración del derecho depropiedad intelectual, pero dicho pronunciamiento no supone un exceso de lanorma legal. Téngase en cuenta que tal declaración no se hace a efectossancionadores (que tendrán su propio procedimiento y la correspondienteprueba para determinar si el presunto infractor ha incurrido en unacontravención administrativa). En este sentido, el propio artículo 22.1 delreglamento advierte que tal declaración es a los solos efectos delrestablecimiento de la legalidad, lo que, por tanto, impide su exportaciónautomática a otros procedimientos administrativos, como puede ser elsancionador.La propia finalidad que se encomienda a la Sección Segunda de laComisión, ex artículo 158.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, es la"salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración
18. 18por los responsables de servicios de la sociedad de información". Se concibedicho órgano administrativo, por tanto, al servicio del restablecimiento de lalegalidad, y ello sólo puede hacerse cuando antes dicha legalidad ha sidovulnerada. Si no hay conculcación alguna de la situación legal, no habráninguna legalidad que reponer ni restablecer. Conviene recordar que puedehaber conductas ilegales, es decir, que vulneran la legalidad por su oposicióna la norma que, sin embargo, no configuren un ilícito administrativo porque nohayan sido descritos en el tipo sancionador. No resulta posible, en definitiva,restablecer la legalidad en la red y adoptar las medidas previstas el efecto(interrupción de la prestación o retirada de contenidos), si no se hadeterminado antes que dicha legalidad ha sido conculcada. La regulaciónlegal, contenida en el tan citado artículo 158, pone de manifiesto lo que resultade la lógica y es que sin previa vulneración de la legalidad no puede haberrestablecimiento de la misma.DÉCIMO CUARTO.- Finalmente nos corresponde examinar, dentro dela impugnaciones específicas que abordamos, el artículo 20.2 del reglamentocuando dispone que "en el caso de que, atendiendo al requerimiento de laSección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la informacióninterrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige elprocedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin mástrámite, notificando tal circunstancia a los interesados, y dándose, a dichainterrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimientoimplícito de la referida vulneración".Se deduce del indicado precepto que aunque se atienda elrequerimiento y se retire el contenido y se interrumpa el servicio y por tanto, searchive el procedimiento, lo que resulta lógico y acorde con el artículo 158.4 dela Ley de Propiedad Intelectual. Además dicha retirada o interrupción suponeun reconocimiento implícito de la vulneración, lo que consideramos un excesode la norma reglamentaria respecto de la indicada Ley.Es cierto, como antes declaramos, que para restablecer la legalidad (yno olvidemos, insistimos, que estamos ante un procedimiento para elrestablecimiento de la legalidad como señala expresamente el párrafo sextodel artículo 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual) se precisa que antesdicha situación legal haya sido lesionada o infringida. Por ello la ley y elreglamento hacen menciones reiteradas, que hemos juzgado conformes a
19. 19Derecho, a esa conculcación de la legalidad, pues no puede restablecerse unalegalidad que se mantiene indemne.Cuando, tras recibir el requerimiento formulado, se retiravoluntariamente un contenido que había puesto en conocimiento de la SecciónSegunda, el titular del derecho de propiedad intelectual, provocando el iniciodel expediente, carece de sentido hacer ningún pronunciamiento posteriorsobre el restablecimiento de una legalidad que ya ha dejado de estarconculcada. Dicho de otro modo, las medidas para restablecer la legalidadtienen sentido si mediante las mismas se puede alcanzar el fin para el queestán concebidas, es decir, reponer el estado de cosas a su situación legal.Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria delcontenido o la interrupción del servicio, carece de sentido y de objeto hacerreconocimiento alguno de ilegalidad, ni establecer presunciones al respecto.Salvo que lo que se pretenda es que dicho reconocimiento de la vulneraciónsurta efecto en otro procedimiento ajeno al que ahora se sustancia, que esexclusivamente el de reposición de la legalidad, lo que desde luego no estáprevisto en la Ley ni se infiere de su regulación.El artículo 158.4, párrafo tercero, de la Ley de Propiedad Intelectual noalude, como antes señalamos y ahora repetimos, al contenido de la resolución,simplemente declara que "la Comisión en el plazo máximo de tres días dictaráresolución". Y su regulación en este punto no revela el menor atisbo quepueda llevar a establecerse, reglamentariamente, presunciones sobre lavulneración del derecho de propiedad intelectual, cuando la lesión que se pusoen conocimiento de la Comisión ha cesado, sin necesidad de adoptar lasmedidas de restablecimiento de la legalidad.En el procedimiento diseñado en indicada Ley y desarrollado en elreglamento impugnado se faculta al prestador del servicio para que, tras recibirel requerimiento remitido por la Comisión pueda adoptar las siguientesposturas: a) puede retirar voluntariamente los contenidos declaradosinfractores por el titular del derecho; o, b) realizar las alegaciones y proponerlas pruebas que considere oportunas. Si opta por la retirada de los contenidosva de suyo que la conculcación de la legalidad, caso de haberse producido, hasido repuesta, por lo que no cabe hacer ningún otro pronunciamiento alrespecto.
20. 20Señala el Abogado del Estado en este punto que la retirada delcontenido por el prestador del servicio no puede determinar que "quede sin serresuelto" el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad que seregula, y que a la retirada voluntaria de un contenido se da el valor dereconocimiento implícito de una vulneración. Sin embargo, como quiera que elprocedimiento administrativo previsto no tiene por finalidad ventilarresponsabilidades administrativas, ni es un procedimiento sancionador, puessu objeto es únicamente restablecer la legalidad, cuando esta ha sidovulnerada, resulta evidente que cuando no hay ninguna vulneración, porque elcontenido se ha retirado, huelga hacer referencia a reconocimientos implícitosde vulneración.Además, el cumplimiento del requerimiento mediante la retirada delcontenido o la interrupción del servicio, puede obedecer a muy distintasrazones, que resultan incompatibles con tal reconocimiento de la vulneración.Dicho de otro modo, puede que si el prestador del servicio hubiera hechoalegaciones no hubieran prosperado las medidas de interrupción de laprestación o retirada de contenidos, o puede que el prestador del servicio hayadecidido cumplir el requerimiento simplemente para evitar procedimientos queconsidera engorrosos, aunque considere que no ha incurrido en ninguna lesióna la propiedad intelectual.Consideramos, por tanto, que el reglamento se excede de laencomienda legalmente recibida por el apartado sexto del artículo 158.4 de laLey de Propiedad Intelectual, respecto del inciso "dándose, a dichainterrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícitode la referida vulneración" del artículo 20.2.DÉCIMO QUINTO.- Al declararse haber lugar en parte al recursocontencioso administrativo no se hace imposición de costas (artículo 139.1 dela citada LRJCA).Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestadque, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
21. 21F A L L A M O SQue estimamos en parte el recurso contencioso administrativointerpuesto por la representación procesal de la "Red de Empresas deInternet", contra el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que seregula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, quedeclaramos conforme a Derecho, salvo en el siguiente inciso del artículo 20.2"y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor dereconocimiento implícito de la referida vulneración", que declaramos nulo y noconforme a Derecho. No se hace imposición de costas procesales,Así por esta nuestra sentencia, que deberá ser publicada en elBoletín Oficial del Estado e insertarse por el Consejo General del PoderJudicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamosPUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por laExcma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella, estando constituida la Sala en AudienciaPública, de lo que certifico.
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