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Timestamp: 2018-01-22 22:32:35
Document Index: 53714723

Matched Legal Cases: ['artículo 315', 'artículo 317', 'artículo 312', 'artículo 314', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 75', 'artículo 91', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 49', 'artículo 130', 'artículo 315']

Ramona Cabrera Lara
1 MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación de la UTE TRANSPORTES Y MUDANZAS GRANDE, S.L.- CABALLERO MOVING, S.R.L., contra la resolución de 7 de diciembre de 2011 del Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se acordaba la adjudicación del contrato relativo a los servicios de reparto de paquetería para los diversos centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de mocería en los servicios centrales de la entidad, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. El Instituto Nacional de la Seguridad Social convocó mediante anunció publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de octubre de 2011, la licitación para adjudicar por el procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación, el contrato de los servicios de reparto de paquetería para los diversos centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de mocería en los servicios centrales de la entidad. Segundo. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante) - vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Tercero. Reunida en acto publico, en fecha 22 de noviembre de 2011, la mesa de contratación procedió a la apertura y lectura de las ofertas económicas presentadas por las dos empresas participantes, acordándose requerir a la mercantil MDL DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA, S.A. (en lo sucesivo MDL), para que por virtud de lo dispuesto en el artículo de la LCSP (art TRLCSP), justificase su oferta, toda vez que la misma. Pº DE LA CASTELLANA, 162, 15ª PLTA MADRID TEL: /41/45 FAX:
2 2 representaba una baja del 28,73% con respecto al presupuesto base de licitación, y superaba en más de 10 puntos la media aritmética de las ofertas admitidas, siendo considerada la misma, en un primer momento, como desproporcionada o anormal. Por escrito de fecha 23 de noviembre de 2011, MDL presentó informe justificativo de su oferta. Cuarto. La mesa de contratación, en su reunión de fecha 1 de diciembre de 2011, y previo análisis del informe técnico emitido por la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales de fecha 29 de noviembre de 2011, propuso al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de la mercantil MDL, acordándose así por la resolución de 7 de diciembre de 2011 del Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Quinto. Contra la mencionada resolución de 7 de diciembre de 2011 por la que se adjudicaba a MDL el contrato de Servicios de reparto de paquetería para los diversos centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de mocería en los servicios centrales de la entidad interpuso recurso especial en materia de contratación el representante de la UTE TRANSPORTES Y MUDANZAS GRANDE, S.L.- CABALLERO MOVING, S.R.L (en lo sucesivo la UTE) por escrito con fecha de entrada en el registro de 14 de diciembre de 2011, por el que se solicita se declare la anulación de la adjudicación efectuada. De acuerdo con lo previsto en el artículo de la LCSP (art TRLCSP), de Contratos del Sector Público, se solicitó del órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe de fecha 16 de diciembre de De conformidad también con el artículo del mismo texto legal (art TRLCSP), se notificó el recurso a la otra mercantil licitadora y que resultó adjudicataria del contrato, MDL, para que en el plazo de cinco días hábiles formulara las alegaciones que a su derecho convinieran, habiendo efectuado este trámite por escrito de fecha 23 de diciembre de Sexto. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su reunión del día 27 de diciembre de 2011 acordó mantener la suspensión automática del expediente de contratación, producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 315 de la
3 3 LCSP (art. 45 del TRLCSP), de forma, que de conformidad con lo previsto en el artículo 317 del mismo texto legal (art. 47 TRLCSP), sea la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 312 de la LCSP (art. 42 TRLCSP), al tratarse de un licitador que ha concurrido al procedimiento. Segundo. La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 314 de la LCSP (art. 44 TRLCSP). Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 310 y 311 de la LCSP (arts. 40 y 41 TRLCSP), corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso, al haberse interpuesto contra la resolución de adjudicación de un contrato convocado por una entidad que ostenta la condición de poder adjudicador, siendo el contrato de servicios, comprendido en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la LCSP (vigente TRLCSP) y con un valor estimado superior a euros. Cuarto. En cuanto al fondo del asunto se refiere, la UTE recurrente funda su escrito de impugnación de la resolución de adjudicación en la no aplicación por parte de la mercantil MDL adjudicataria del contrato, del Convenio de Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid que a su juicio le corresponde aplicar, siendo este el motivo por el que su oferta ha sido la económicamente más ventajosa al haber obtenido en el criterio del precio ofertado la máxima puntuación (75 puntos). Sobre este particular, en primer lugar hemos de recordar que ya la propia mesa de contratación, al amparo del artículo 136 de la LCSP (art. 152 TRLCSP), requirió a MDL para que justificara la valoración de la oferta y las condiciones de la misma, al considerarse que ésta, por virtud de los parámetros objetivos que se habían estipulado en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, podría ser considerada como desproporcionada o anormal. La mesa de contratación, una vez recibida las alegaciones de MDL y previo informe de la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales de 28 de noviembre de 2011, estimó que la oferta sí que podía ser cumplida no obstante los valores que se habían
4 4 ofertado, acordándose la adjudicación en un momento posterior a esta empresa porque su proposición, valorados el resto de criterios de evaluación automática, era la económicamente más ventajosa. En concreto, con respecto al primer criterio, el del precio, que es el único que es objeto de discusión en el presente recurso, el mismo se compone de tres conceptos: A, reparto de paquetería; B, fijo de mocería-vehículos y C, variable de mocería-vehículos. Con respecto a estos tres conceptos que componen el precio, la mesa de contratación, con fundamento en el informe de carácter preceptivo al que se refiere el apartado 3 del artículo 136 de la LCSP (art. 152 TRLCSP), consideró como ya hemos expuesto que la oferta sí que podía ser cumplida, al haberse acreditado, de conformidad con lo previsto en este mismo precepto, y debido a las soluciones técnicas adoptadas y la condiciones excepcionalmente favorables de que dispone la adjudicataria para ejecutar la prestación, que ésta no obstante ser más baja, no impedía el cumplimiento del contrato. Así, el mencionado informe de 28 de noviembre de 2011 con respecto al primer concepto -A-, el de reparto de paquetería, se consideró como adecuada la justificación presentada, que no era otra que la relativa al importante número de delegaciones propias que MDL tiene en las principales ciudades del Estado, que permite que el transporte de paquetería se vaya a realizar con medios propios. Con respecto al concepto B, la empresa MDL parte de la consideración de que en la actualidad son los adjudicatarios del servicio, aportando un resumen de la nómina del equipo actual, del que resulta que la oferta correspondiente a este concepto cuenta, no obstante, con un importante margen de beneficios. Con respecto al concepto C, igualmente se acreditó que la oferta se calculó partiendo del coste de la hora de trabajo efectivo de los mozos en horario normal, multiplicándose por más de dos la oferta en este concepto, que oscila entre los 10,25 euros para los mozos y 25 euros para los conductores. Quinto. Tomando como base lo hasta ahora expuesto, cabe señalarse en relación con la alegación del recurrente consistente en que la mercantil MDL adjudicataria del contrato no respeta las tablas salariales del Convenio Colectivo de Transporte de la Comunidad de Madrid, que este Tribunal considera que no tienen porque ser valoradas esas tablas por el órgano de contratación, tal y como en numerosas ocasiones se ha pronunciado la
5 5 Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Así, la Junta, en su informe 53/2004, de 12 de noviembre, con referencia expresa al informe de 12 de noviembre de 1999 (expediente 34/99), expone: En el examen de la primera cuestión hay que partir de la idea de que la vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas, siguiendo, por otra parte los precedentes anteriores, para la adjudicación de contratos tiene en cuenta los dos elementos básicos de la oferta de la Administración expresada en el presupuesto base de licitación y las ofertas de los licitadores expresadas en sus respectivas proposiciones económicas resultando como único requisito exigible, en este aspecto, que las proposiciones económicas no rebasen al alza el presupuesto base de licitación, deduciéndose tal requisito, aparte de las normas generales presupuestarias, de la dicción expresa del artículo 75.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que señala que en las subastas se realizará la adjudicación al licitador que, sin exceder del tipo expresado oferte el precio más bajo, precepto igualmente aplicable al concurso, en cuanto al factor precio, por aplicación del artículo 91 de la propia Ley. Cumplido el requisito anterior la Administración contratante debe considerarse ajena a las cuestiones relativas a los componentes que los licitadores han tomado en consideración para llegar a un resultado concreto en cuanto a la cuantía de su proposición económica, en particular, en el caso consultado, si los licitadores en su proposición económica han tenido en cuenta los efectos derivados del artículo 77 del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad, puesto que ello desvirtuaría el sistema de contratación administrativa obligando a la Administración, concretamente al órgano de contratación, a realizar un examen y comprobación de elementos heterogéneos -la proposición económica, por un lado y los efectos del artículo 77 del citado Convenio Colectivo por otro- que por otra parte y por idénticas razones debería extenderse a otros elementos o componentes con influencia en la proposición económica, como pudiera serlo, por ejemplo, el pago de Impuestos, el disfrute de exenciones y bonificaciones, posibles subvenciones, otros aspectos de la legislación laboral, etc. Sexto. En último lugar, y en relación con la reiterada alegación relativa a la no aplicación del convenio colectivo, invoca el recurrente el artículo 49 de la LCSP (art. 60 TRLCSP), que entre las prohibiciones de contratar que tipifica, señala la consistente en no hallarse
6 6 al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, entendiendo que al no aplicarse el convenio colectivo la mercantil MDL estaría incursa en esta prohibición de contratar, porque la aplicación de un convenio distinto al que una actividad requiere, tiene no solo una grave trascendencia fiscal, sino que también supone una grave infracción de orden social. Abundando en lo ya expuesto, esta alegación no puede prosperar, no sólo porque en ningún caso acredita ser cierto que no se aplica el convenio colectivo correspondiente, sino porque como ya este Tribunal ha señalado en anteriores resoluciones (valga por todas la resolución 218/2011), la mercantil adjudicataria MDL ya acreditó en el momento legalmente exigido, tal y como consta en el expediente administrativo y conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP (art. 146 TRLCSP), la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin que sea competente este Tribunal, por resultar ajenas al procedimiento seguido para la adjudicación del contrato, entrar a valorar circunstancias puestas de manifiesto por el recurrente, tales como el posible incumplimiento del convenio colectivo aplicable por la empresa a sus empleados y demás normas referidas a la práctica profesional de las empresas que realizan la actividad de reparto de paquetería y servicio de mocería. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación de la UTE TRANSPORTES Y MUDANZAS GRANDE, S.L.- CABALLERO MOVING, S.R.L., contra la resolución de 7 de diciembre de 2011 del Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se acordaba la adjudicación del contrato relativo a los Servicios de reparto de paquetería para los diversos centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de mocería en los servicios centrales de la entidad, por ser ajustada a derecho. Segundo. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 315 de la LCSP (art. 45 TRLCSP).
7 7 Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo de la LCSP (art TRLCSP). Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
MDL), contra la resolución de 16 de abril de 2012 de la Subsecretaría del Ministerio de
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES Recurso nº 98/2012 Resolución nº 121/2012 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE