Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11382-2014-45507-de-agosto-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0564a35ccc0b00a4e0530a01015100a4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 19:30:26
Document Index: 402172099

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 13', 'artículo 267', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 267', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 270', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

﻿ Sentencia SL11382-2014 de agosto 26 de 2014
SENTENCIA SL11382-2014 DE 26 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:BONO PENSIONAL -AVIADORES CIVILES. LAS EMPRESAS AÉREAS EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A EMITIR BONOS PENSIONALES A SU CARGO Y EN FAVOR DE CAXDAC, POR LOS AVIADORES CIVILES QUE PRESTARON O PRESTAN A ELLAS SUS SERVICIOS, SIEMPRE QUE PERTENEZCAN AL RÉGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS Y PERMANEZCAN EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PILOTO, PENSIÓN PARA PILOTO, BONO PENSIONAL, CAXDAC, CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES, APLICACIÓN DEL PUC DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR LA CAXDAC, BENEFICIOS DEL PUC DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR LA CAXDAC, ELEMENTOS DEL PUC DE LOS FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS POR LA CAXDAC
Sentencia SL11382-2014 de agosto 26 de 2014
SL11382-2014
Rad.: 45507
En primer término y en cuanto a la glosa de la réplica es preciso señalar que no le asiste razón a esta al partir equivocadamente del hecho según el cual el impugnante atribuye la ocurrencia de los referidos yerros fácticos a la falta de apreciación de la demanda; cuando aparece claro que, a juicio de la censura, estos se presentan por la desacertada apreciación de esta pieza procesal.
De otra parte, en error alguno de los puntualizados incurre el ad quem puesto que, como el propio recurrente lo destaca, parte aquél en sus consideraciones de encontrarse los Aviadores, indicados en el hecho sexto de la demanda, como “beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias que administra Caxdac”, esto es, justo lo contrario de la imputación que se le hiciera en los dos primeros yerros, según la cual no se estableció por el tribunal “que los aviadores relacionados en el hecho sexto (…), pertenecen al régimen de pensiones especiales transitorias”; ni desconoció en parte alguna de sus valoraciones que en el escrito que abriera el proceso se reclamara la declaración de hallarse “la empresa demandada (…) obligada a emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en el hecho sexto de la demanda”.
Las valoraciones que conducen al tribunal a señalar que en realidad no persigue la demandante la emisión del bono pensional por parte de la empresa empleadora “sino el pago de un cálculo actuarial, (pues) es impropio exigir la emisión de un bono pensional por inexistencia de fuente normativa que así lo respalde.”; no es propiamente, como se ve, una conclusión de orden fáctico desprendida de la equivocada lectura de la demanda sino el resultado del análisis de estricto derecho que no le permite concebir al ad quem la emisión del bono pensional en un contexto diferente al del traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual para entender, por las aludidas razones jurídicas, que lo pretendido es ordenar a la empresa, en favor de Caxdac, el pago del cálculo actuarial.
Consideraciones que, para su ataque, requieren por supuesto de razonamientos, encaminados por la vía directa, que rebatan en el contexto jurídico, no probatorio, los soportes en los que se levanta.
IX. Cargo tercero.
Endilga a la sentencia recurrida la violación de la Ley por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 171 de 1961, en armonía con el Decreto 1572 de 1973; todo dentro de la normativa contenida en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, artículo 162.
En procura de sustentar la enunciada acusación afirma:
Para absolver (sic) confirmar la absolución a la demandada, de la condena respecto de la obligación de constituir caución bancaria o real y luego de citar el artículo 13 de la Ley 171, la Resolución 2449 de 1970 y el Decreto 1572 de 1973, esto dijo el Tribunal:
De lo anterior es claro determinar que la supervisión, requisitos y características de aquella caución fue delegada íntegramente en el Ministerio, facultad reiterada a través del Decreto 1572 de 1973 y que avala las expresiones de la Resolución 2449 de 1970, por lo cual se desvirtúa la ilegalidad o inconstitucionalidad aludida por el recurrente.
Con base en las previsiones normativas referidas, las cuales igualmente sirvieron de apoyo a la decisión recurrida, y considerando que no consta orden del hoy Ministerio de la Protección Social sobre la constitución de caución alguna y que no se acredita en cabeza de la sociedad demandada la condición de cierre definitivo o liquidación, ha de confirmarse en su integridad la decisión del a quo sobre este tema en particular" (Hasta aquí la cita del Tribunal).
El legislador con el fin de garantizar a futuro el pago de la obligación pensional consistente en la pensión de jubilación establecida en el anterior artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, o su equivalente convencional, que para la época de la expedición del artículo 13 de la Ley 171 de 1961, estaba a cargo exclusivo del empleador, creó la norma que se alega como aplicada erróneamente por el Tribunal, con el fin que el futuro éxito o no de la empresa como ente económico, no tuviera incidencia alguna en el pago de la pensión de jubilación reconocida por un empleador, circunstancia previsiva que en épocas recientes se manifestó en el reiterado incumplimiento por parte de los empleadores públicos y privados en el pago oportuno y completo de las pensiones a su cargo, como por ejemplo las pensiones del Departamento del Chocó, Flota Mercante Grancolombiana y Colcurtidos, entre otros.
Es por lo anterior, que en el artículo 13 de la Ley 171 que se interpretó en forma equivocada, se impuso para las empresas que allí se mencionan, la obligación de contratar con una compañía de seguros a satisfacción del Ministerio de Trabajo, hoy Protección Social, mecanismos que permitieran que con independencia de la capacidad económica de las empresas para atender esas especiales obligaciones pensionales, su reconocimiento y fundamentalmente su pago, se hiciera de manera oportuna y completa.
Erra el tribunal por un lado, al concluir que esa normatividad, el artículo 13 de la Ley 171 de 1961 delegó en el Ministerio de la Protección Social “la supervisión, requisitos y características de aquella caución (...)”, pues de la lectura de dicha norma, queda claro que tanto la obligación de contratar con una compañía de seguros el cumplimiento de obligaciones actuales o eventuales que afectan a las empresas en materia de pensiones, o el otorgamiento de caución real o bancaria por dicho monto, no está condicionada como tal a aspectos formales como los que señaló el Tribunal; pues no se puede confundir la existencia de la obligación de constituir la póliza o la caución real o bancaria, con las características que debe reunir una u otra para que la póliza o la caución cumplan el cometido legal de garantizar el pago de esas obligaciones, que fue lo que hizo el Tribunal.
Supeditar la contratación referida en la ley con una compañía de seguros, o el otorgamiento de la caución real o bancaria, a que previamente se señale por el Ministerio pertinente las condiciones de las garantías, su monto y plazo, es un ingrediente que permitirá perfeccionar la obligación para que cumpla su finalidad, pero no puede constituirse como requisitos exigidos por la ley para que exista y proceda el cumplimiento de dicha obligación.
Se debe recordar de una parte, que las empresas de aviación tienen la obligación de subrogarse totalmente del riesgo de la pensión de jubilación que establecía el anterior artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo y que en caso de no hacerlo conforme a la ley, serán ellas las obligadas a responder por esa prestación legal, y por otro, que las obligaciones que tienen las empresas de aviación para con Caxdac son obligaciones de tipo pensional y en este sentido, resulta aplicable a todas las empresas que tengan pasivos pensionales que impliquen el cumplimiento de obligaciones eventuales o actuales en materia de pensiones.
Adicionalmente, como ya se identificó, la Ley 171, artículo 13, guarda relación con el tema debatido, pero en especial las pretensiones perseguidas con la demanda y los textos legales que consagran los derechos reclamados, todos ellos por virtud no solo de ser una administradora de pensiones, sino por la naturaleza jurídica de las obligaciones que están a cargo de las empresas de aviación y que se han definido por la Jurisprudencia de esa H. Corte y la Constitucional, como obligaciones pensionales, tanto por su origen, como por la destinación dada por la misma ley a los recursos perseguidos.
Entonces, lo que tenemos es la invocación pertinente del artículo 13 de la Ley 171 de 1961, pues las obligaciones que por bonos pensionales y cálculos actuariales persigue Caxdac, son todas ellas de naturaleza pensional, están a cargo de las empresas, constituyen un riesgo respecto de su eventual posterior cumplimiento y por ende, afecta a las empresas al tener bajo su responsabilidad, por un lado, la integración del 100% del cálculo actuarial, y por el otro, la emisión de los bonos pensionales para reconocer los tiempos laborados antes del 1° de abril de 1994. Por manera que sí existe un caso para poder predicar la utilidad y aplicación de la Ley 171 de 1961, artículo 13, es este. Sobre el particular, la H. Corte Constitucional recordó como una muchas formas de protección de los trabajadores y pensionados, la figura contenida en el artículo 13 de la Ley 171 de 1961, Sentencia C-865 de 2004.
En consecuencia con lo expresado, si el Tribunal no hubiera interpretado erróneamente el artículo 13 de la Ley 171 de 1961, le habría impuesto la obligación a la empresa, por ser compatibles con las normas de Caxdac, pero en particular por el tipo de obligación que se quiere garantizar. Y sí tampoco hubiera desconocido que el Decreto no puede desconocer la claridad de la disposición legal contenida en el artículo 13 de la Ley 171, igualmente la hubiera condenado a otorgar esas garantías de que trata la Ley 171 ya citada.
La opositora del recurso enfatiza en que “lo que le asiste a las empresas de aviación,(…), es la obligación de cumplir con el pago de los parafiscales a su cargo y no obligaciones pensionales que están en cabeza de las entidades de seguridad social autorizadas previamente para ello por el Estado”.
Y agrega: “Pero si ello no fuera suficiente, debemos convenir con el Tribunal, que la obligación contenida en el artículo 13 de la Ley 171 está supeditada a que el hoy Ministerio de Protección Social ordenara su constitución o que los empleadores obligados a pagar pensiones de jubilación (…) constituyeran el fondo necesario para el reconocimiento de los riesgos actuales(…)”.
No logra el impugnante el cometido de demostrar el quebrantamiento hermenéutico que con relación al artículo 13 de la Ley 171 de 1961 atribuye al ad quem, como se pasa a explicar:
Reza la referida disposición:
“ART. 13.— Toda empresa privada cuyo capital no sea inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00) deberá contratar con una compañía de seguros, a satisfacción del Ministerio del Trabajo, el cumplimiento de las obligaciones actuales o eventuales que la afecta en materia de pensiones, u otorgar caución real o bancaria por el monto, en las condiciones y dentro del plazo que el Ministerio le señale, para responder de tales obligaciones.
Del reproducido texto el tribunal derivó, como lo reseñara el propio impugnante, “que la supervisión, requisitos y características de aquella caución fue delegada íntegramente en el Ministerio”.
Para luego establecer “que no consta orden del hoy Ministerio de la Protección Social sobre la constitución de caución alguna y que no se acredita en cabeza de la sociedad demandada la condición de cierre definitivo o liquidación, ha de confirmarse en su integridad la decisión del a quo sobre este tema en particular”; y concluir en la confirmación de la determinación absolutoria del a quo en este puntual aspecto.
A lo anterior el recurrente opone la afirmación conforme a la cual “(…) de la lectura de dicha norma, queda claro que tanto la obligación de contratar con una compañía de seguros el cumplimiento de obligaciones actuales o eventuales que afectan a las empresas en materia de pensiones, o el otorgamiento de caución real o bancaria por dicho monto, no está condicionada como tal a aspectos formales (…)”.
La argumentación transcrita contrasta con la propia realidad del precepto, cuyo sentido discute el recurrente, puesto que de él no se desprende, y menos con la claridad que predica, que la obligación que comporta “no está condicionada como tal a aspectos formales (…)” aludiendo con ello a la orden del Ministerio para constituir caución que como requisito a dichos efectos advirtiera el tribunal.
De manera opuesta a lo sostenido por la censura la claridad del tenor literal de la norma no permite siquiera formular razonablemente variaciones en su exégesis distintas a las que resultan de su lectura y que el ad quem estableciere, esto es, que el deber de garantizar las obligaciones de la empresa, actuales o eventuales, de carácter pensional estará sometido a “las condiciones y dentro del plazo que el Ministerio le señale, para responder de tales obligaciones”.
Por lo anterior, es decir por la claridad del texto normativo y el genuino alcance que en tal razón le asigna el superior, no resulta válido, como lo intenta el recurrente, atribuir una supuesta confusión entre “la existencia de la obligación de constituir la póliza o la caución real o bancaria, con las características que debe reunir una u otra para que la póliza o la caución cumplan el cometido legal de garantizar el pago de esas obligaciones”.
En tales circunstancias y atendiendo elementales reglas de hermenéutica que no permiten separarse de la literalidad normativa pretextando consultar su espíritu, no prospera el cargo que endilga al tribunal equivocado entendimiento del artículo 13 de la Ley 171 de 1961.
XII. Primer cargo.
Atribuye a la sentencia la violación por vía directa y en el concepto de interpretación errónea “de los artículos 115 de la Ley 100 sancionada en 1993, 1° del Decreto 1299 de 1994, en armonía con el 13 del Decreto 1283 de 1994, tercer inciso, y con el 6° de ese mismo Decreto; artículo 7° del Decreto 1269 de 2009, lo que condujo a la infracción directa del Decreto 1887 de 1994, todo dentro de la normativa contenida en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998 art. 162”.
El impugnante, en procura de demostrar la acusación, parte de las consideraciones del ad quem, conforme a las cuales este señalara: a) que los bonos pensionales han sido definidos y regulados en su emisión y clasificación por la ley y que resultaría “improcedente —como lo pretende el recurrente— forzar la habilitación de estas disposiciones a la situación particular sub examine, donde se exige el pago de un cálculo actuarial”; b) que la integración del cálculo actuarial respecto a los pilotos relacionados en la demanda en los que no se establece la intención “de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual, pues el verdadero tema conflictual no es el cambio de régimen sino el pago de un cálculo actuarial, es impropio exigir la emisión de un bono pensional por inexistencia de fuente normativa que así lo respalde.”; c) que no existe vacío normativo “en la redacción del artículo 6° del Decreto 1282 de 1994 que requiera ser cubierto por vía analógica o jurisprudencial, pues lo cierto es que la regulación legal existe en el ordenamiento jurídico, solo que no prevé la emisión de un bono pensional en la forma propuesta en la demanda.”; d) que es “al momento en que Caxdac debe emitir un bono pensional con ocasión del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las empresas responsables deberán participar dentro del bono a través deuna cuota parte, como lo expuso la Superintendencia Financiera”.
Aduce el censor que el desatino del ad quem se produce al no aplicar este las reglas del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994 “pero en particular el Decreto 1887 de ese mismo año y que fue la norma que desde la presentación de la demanda y luego en el recurso de alzada, se citó para que fuera aplicada una vez deducida la obligación general de emitir los bonos a que se refiere el inciso final del artículo 6° del Decreto 1282 de 1994, en concordancia con el tercer inciso del artículo 13 del Decreto antes citado”; puesto que no existe norma alguna, de las que conforman el régimen especial pensional de Caxdac, que regule lo relacionado con los bonos pensionales o títulos pensionales de lo que emergerían vacíos normativos; por lo que “cuando se pidió la aplicación fundamentalmente, como ya se dijo, del Decreto 1887 de 1994, lo fue en tanto que metodológicamente no se señaló en el artículo 6º y 13 del Decreto 1282 de 1994, cuál sería la metodología a utilizar para expedir lo que se llamó bono pensional, pero que correspondía por su objetivo y finalidad, esto es el reconocimiento de tiempos de servicios antes del 1º de abril de 1994 al sistema, por parte de un empleador del sector privado, a lo que se conoce legalmente como los títulos pensionales de que trata el Decreto 1887 de 1994, tal y como posteriormente lo reconoció expresamente el Decreto 1269 de 2009”.
Cuando el tribunal alude a la supuesta contradicción, dice el impugnante, de reclamar la expedición de un bono pensional pero pretendiendo el pago del cálculo actuarial, demuestra que “no entendió adecuadamente el verdadero sentido del artículo 6º y 13 del Decreto 1282 de 1994, pues en esas normas claramente se hace referencia a la obligación de emitir un bono, solo que al no especificarse en las normas especiales la metodología para su liquidación, atendiendo su finalidad (…) correspondía utilizar la metodología establecida en el Decreto 1887 de 1994, propia de los títulos pensionales, que distan mucho de ser un cálculo actuarial. Cuando en la demanda se hizo referencia, al cálculo actuarial, lo fue en razón a otras obligaciones pensionales distintas de las que se ha hecho referencia en este cargo y no porque las mismas constituyan un cálculo actuarial”.
La reflexión colegiada, dice el censor, según la cual la obligación de emitir bonos pensionales se encuentra determinada por el traslado del aviador civil al Régimen de Ahorro Individual, revela que el tribunal realiza una intelección de las disposiciones referidas en la proposición jurídica contraria “a lo que motivó su expedición y al servicio útil de las normas (…). Toda vez que antes de la promulgación de los decretos que conformaban el régimen especial de Caxdac, los aviadores civiles se pensionaban con 20 años de servicio cualquiera fuera la edad, prestaciones que se financiaban con el aporte de las empresas de aviación a través de las transferencias de cálculos actuariales.
Con la finalidad de armonizar las funciones de la indicada caja pensional de los Aviadores Civiles, señala al continuar, en el contexto del Sistema General y como responsable de los regímenes especiales creados con el decreto 1282 artículos 3º, 4º y 6º de 1994; “fue indispensable establecer dada la insuficiencia de reservas para responder por todas las obligaciones pensionales actuales y futuras, regímenes de reservas para cada uno de los regímenes pensionales que se crearon (…)”.
“En tal sentido y para corroborar lo expresado, basta con recordar que el artículo 3º del Decreto 1283 de 1994, en referencia a las reservas pensionales para el régimen anterior, dispuso que: “Las reservas de jubilación de Caxdac, están destinadas al pago de obligaciones pensionales generadas antes de la vigencia de este decreto y las nuevas pensiones de jubilación que le corresponde administrar dentro del régimen de transición”.
Y al proseguir en su argumentación expresa:
Igualmente, en los artículos 6º y 7º Ibídem, este último derogado por el artículo 3º de la Ley 860 sancionada en el 2003, se estableció por el primero de ellos quién y por quienes están los empleadores obligados a integrar el cálculo actuarial y el segundo, los plazos y la forma de transferir los recursos hasta lograr la integración total, la que solo se logra cuando se haya integrado en Caxdac el 100% del valor del cálculo actuarial. Es por eso que los artículos 8º del Decreto 1283 de 1994 y 1º del Decreto 824 de 2001, disponen que la responsabilidad de las empresas aportantes cesará con la entrega integra del valor del cálculo actuarial y que mientras no se haya logrado la referida integración total, la responsabilidad por esos pasivos pensionales estará a cargo de la respectiva empresa empleadora.
De otra parte y en tratándose del régimen de reservas para las pensiones especiales transitorias, lo primero que se debe aclarar es que en este régimen ya no se reconoce la pensión de jubilación, como en el de transición —que permitía reconocerla con el 75% del salario promedio del último año de servicios—, sino que la prestación a reconocer es la pensión de vejez, obviamente de origen legal distinto, tomando respecto del tiempo de cotización y su monto, las previsiones contenidas en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 sancionada en 1993; pues para la edad, la norma especial — Decreto 1282, regula el cumplimiento de ese requisito; esto en cuanto a la diferencia del tipo de prestación a reconocer.
Y respecto del régimen de financiación de la pensión de vejez de los aviadores del régimen de pensiones especiales transitorias, surgido a partir de la expedición del Decreto 1282 de 1994, como las reservas existentes en Caxdac hasta el 31 de marzo de 1994 fueron destinadas, como ya se vio, para la reserva de transición literal a) artículo 3º del Decreto 1283 de 1994) y las pensiones de jubilación ya reconocidas, resultaba imperioso devolver a los aviadores que no quedaron en el régimen de transición, el reconocimiento y pago de esos recursos, para poder tener en cuenta en el número de semanas cotizadas a Caxdac para reconocimiento de la pensión de vejez, los tiempos trabajados antes del 1° de abril de 1994, lo que se materializó imponiendo a las empresas empleadoras la emisión de los bonos reclamados, que con una intelección equivocada no concedió el Tribunal.
Señala además que: “Es tan desafortunado el ejercicio hermenéutico que hizo el Tribunal al exigir el traslado de régimen de Caxdac al de Ahorro Individual con Solidaridad, para que surja la obligación de emitir los bonos reclamados, que con él, se cae en el absurdo jurídico consistente en que sí el aviador civil decide no trasladarse de Caxdac, o de régimen, en ejercicio de su legítimo derecho legal a escoger, no solo régimen pensional, sino administradora de su pensión, los tiempos laborados antes del 1º de abril de 1994, no podrían ser tenidos en cuenta en Caxdac, junto con los cotizados con posterioridad a esa fecha, en tanto que la empresa no estaría obligada a emitirlos, dado que solo nace la obligación para la empresa de emitir el bono y reconocer esos tiempos, cuando el aviador se traslade de Caxdac a una AFP, lo que francamente resulta inadmisible, por violar como ya se dijo, las normas mencionadas en la proposición jurídica, e incluso normas constitucionales. Tal interpretación es a todas luces ilegal, incongruente, contradictoria e inconveniente.
Si como ya quedó acreditado y no es materia de controversia, que los aviadores civiles mencionados en el hecho sexto de la demanda, laboraron al servicio de la demandada antes del 1º de abril de 1994; fueron reportados a Caxdac por la misma demandada y al tenor de lo previsto por el referido artículo 6º del Decreto 1283 de 1994, eran beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias, resultaba pertinente jurídicamente la aplicación e interpretación ya identificada del artículo 13 del Decreto 1282 de 1994, inciso tercero y la consecuente condena por los bonos reclamados; discusión toda esta que ha sido recientemente superada y que no merece reparo alguno, todo por virtud de lo previsto en el Decreto 1269 de 2009, en particular sobre las responsabilidad de las empresas en la obligación indiscutible de emitir los bonos pensionales para reconocer los tiempos laborados antes del 1° de abril de 1994 y la no exigencia, jamás existente, de haberse trasladado de administradora.
Y en referencia a la cita jurisprudencia) (sic) de la sentencia del Tribunal de Descongestión, invocada en la sentencia que se recurre de manera extraordinaria, al leerse lo transcrito, se observa con meridiana claridad la confusión reinante en torno a los mecanismos de financiación creados por el legislador para cada uno de los regímenes especiales, pero en particular para el de pensiones especiales transitorias, al mencionar como uno de ellos el cálculo actuarial y el 5% adicional a la cotización para pensión del sistema general; cuando en realidad de verdad, en el caso de las pensiones especiales transitorias, no existe déficit actuarial que deba ser integrado a través del pago de las transferencias del cálculo actuarial, figura propia y exclusiva para los pensionados y beneficiarios del régimen de transición especial, como ya se vio, y que utilizó entonces en forma equivocada el tribunal en su argumentación, pues únicamente para el régimen de pensiones especiales se debía cotizar igual que en el Sistema General, pero con una sobre cotización a cargo del empleador del equivalente al 5%, por lo que nada tiene que ver el cálculo actuarial como mecanismo de financiación de tales pensiones.
Y para finalizar refiere:
en lo que tiene que ver con el análisis de los artículos 2º y 3º del Decreto 1269 de 2009, y en particular el 7º, nuevamente se equivocó el Tribunal en la intelección efectuada, pues en el mismo lo que se consagró fue que:
(...) Las reglas del presente Decreto se aplicarán al cálculo actuarial correspondiente la vigencia del año 2008, que será soporte para la transferencia que debe realizarse en el 2009. “ Entonces, cuando se habla de cálculo actuarial del año 2008 y de la posterior transferencia con base en él, se está refiriendo al mecanismo de financiación y constitución de las reservas del régimen anterior, esto es los pensionados y los beneficiarios del régimen de transición, y no a los beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias, que son por los cuales se ha pedido los bonos respectivos para reconocer los tiempos laborados antes del 1º de abril de 1994; tal y como se dejó suficientemente explicado renglones atrás, (…).
Sostiene el antagonista del recurso que el tribunal no pudo haber dejado de aplicar las normas citadas cuando lo alegado por el recurrente en el cargo es justamente la interpretación equivocada de las mismas lo que supone, a su juicio, un error de técnica.
XIV. Consideraciones.
La controversia propuesta a la Corte se cifra en determinar si el ad quem se equivoca al confirmar la absolución de la demandada respecto a la pretensión de ordenar a esta la emisión “de bonos pensionales por los beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias” como lo enuncia el cargo en armonía con el alcance que fijare a la impugnación de la sentencia de segunda instancia.
Sea lo primero, a los propósitos enunciados, recordar las enseñanzas de esta Sala en torno al marco jurídico que regula los aspectos pensionales de los aviadores civiles, de una parte y, de otra, lo relativo al sistema de financiación de las obligaciones que en dicha materia debe atender la entidad demandante.
La Sentencia de la CSJ SL, de 28 de agosto de 2013 Rad. 43104, en proceso de supuesto similar en el que Caxdac perseguía se declarare que la empresa aérea allí demandada se encontraba obligada a emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en los hechos de esa demanda en las condiciones montos y plazos de que trata el Decreto 1887 de 1994:
1. Marco jurídico pensional vigente para los aviadores civiles.
Ya en varias oportunidades se ha pronunciado esta Sala, en torno a la naturaleza jurídica de Caxdac así como a las obligaciones prestacionales a su cargo, no obstante lo cual resulta pertinente recordar, brevemente, la evolución normativa que ha tenido el régimen pensional de los aviadores civiles.
La primera etapa data de mediados del siglo pasado con la expedición del Código Sustantivo de Trabajo, cuyo artículo 270 consagró que los aviadores de las empresas comerciales se beneficiarían del régimen de jubilación establecido en esa codificación, esto es, a los 55 años los hombres, a los 50 años las mujeres y, en ambos casos, después de 20 años de servicios continuos o discontinuos a una misma empresa.
Luego, en la misma década de los años 50 y con la expedición del Decreto Legislativo 1015 de 1956, se creó la Caja de Auxilios y Prestaciones de Acdac - Caxdac como una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con el objeto de atender el mejoramiento económico, cultural y técnico de los aviadores civiles vinculados con empresas de transporte aéreo, las que a su vez, paulatinamente subrogarían sus obligaciones en la nueva entidad. Esto último se concretó con la expedición de la Ley 32 de 1961, cuyo artículo 3º dispuso que a partir de su promulgación, “los patronos o empresas de aviación civil que cubran los aportes fijados por el Gobierno, quedan exentas de pagar a los aviadores y navegantes civiles la pensión de jubilación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo”.
Para reglamentar la Ley 32 de 1961 se expidió el Decreto 60 de 1973, que entre otros aspectos definió quiénes son aportantes y quiénes afiliados, a más de consagrar de qué manera se financiarían los fondos de Caxdac destinados al pago y reconocimiento de las prestaciones que quedaron a su cargo.
Posteriormente, tanto el Decreto Legislativo 1015 de 1956 como la Ley 32 de 1961, quedaron insubsistentes en el ordenamiento jurídico al entrar en vigencia el nuevo Sistema General de Pensiones, pues fueron reemplazadas en su integridad por los decretos leyes 1282 y 1283 de 1994, expedidos en desarrollo de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, con el fin de armonizar las disposiciones anteriores con el nuevo orden normativo de pensiones.
Ello es así, tal y como lo aclaró la Corte Constitucional en la Sentencia C-191 de 2006, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad encausada contra algunos artículos del Decreto-Ley 1015 de 1956 y de la Ley 32 de 1961, al señalar que los decretos extraordinarios de 1994 antes citados, regularon todo lo concerniente al régimen pensional de los aviadores civiles y a la naturaleza jurídica de Caxdac, así como sus obligaciones, facultades y financiación de las reservas pensionales a su cargo.
Dijo entonces que los decretos 1283 y 1282 de 1994 conforman un ordenamiento legal integrador de los temas en mención y que por tanto, “es válido inferir que estos decretos sustituyeron las normas acusadas en la medida en que, (…), estas previsiones estaban dirigidas a definir la naturaleza jurídica de la (sic) Caxdac y fijar las obligaciones respecto de la seguridad social de sus trabajadores afiliados. Estos asuntos han sido regulados en su integridad por los Decretos mencionados y, en consecuencia, las disposiciones demandadas no hacen actualmente parte del ordenamiento jurídico vigente”(1). Con fundamento en los mismos argumentos, aclaró que el Decreto Ley 1015 de 1956 ni la Ley 32 de 1961, después de la expedición de los multicitados decretos de 1994, continuaron surtiendo efectos jurídicos. Así, se declaró inhibida para conocer de la inconstitucionalidad demandada.
Con otras palabras, tanto el Decreto-Ley 1015 de 1956 como la Ley 32 de 1961 no se encuentran vigentes. En principio, igual aserción procedería respecto del Decreto 60 de 1973 reglamentario de la última de las citadas si no fuera porque el artículo 4º del Decreto 1282 de 1994, dispuso que los aviadores civiles beneficiarios del régimen de transición, “tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación conforme al régimen que se venía aplicando, esto es, el Decreto 60 de 1973”, con lo cual, por lo menos en tal aspecto, se mantiene vigente.
En ese orden, es inadecuada la acusación que en ambos cargos se le formula al Tribunal por errónea interpretación de la Ley 32 de 1961, así como la que por igual motivo se endilga en el segundo respecto del Decreto Ley 1015 de 1956, dado que las disposiciones que regulan el régimen pensional de los aviadores civiles y su financiación, son las propias del Sistema General de Pensiones adoptado con la Ley 100 de 1993, las establecidas en los decretos leyes 1282, 1283 de 1994 y demás normas complementarias, tales como la Ley 797 de 2003 y 860 de la misma anualidad, así como sus decretos reglamentarios. Todas ellas, en lo que a regímenes de transición se refiere, deben ser aplicadas en consonancia con el Acto Legislativo 1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política.
2. Regímenes de pensión legalmente consagrados para los aviadores civiles
El Decreto 1282 de 1994, a efectos de establecer el régimen pensional de los aviadores civiles, previó tres categorías a saber:
1. La primera, según la cual, el sistema general de pensiones se aplica a los aviadores civiles que se vinculen a partir del 1º de abril de 1994, quienes por tal razón, conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993, podrán optar por el régimen de prima de media con prestación definida o por el de ahorro individual con solidaridad. (arts. 1º y 8º).
2. La segunda categoría agrupa a los aviadores civiles amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 3º del citado decreto, que al 1º de abril de 1994 hayan cumplido cualquiera de los siguientes requisitos: tener 40 o más años de edad si son hombres, o 35 o más de edad si son mujeres y haber cotizado o prestado servicios durante 10 años o más. En esas circunstancias, según lo dispuesto en el artículo 4º ibídem, los beneficios del régimen se concretan en que tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos del Decreto 60 de 1973, esto es, a cualquier edad cuando hayan cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos en empresas que estén obligadas a efectuar aportes a Caxdac, en cuyo caso el monto de la pensión será equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios.
3. La última categoría, consagrada en el artículo 6º ibídem propia del régimen pensional especial transitorio, agrupa a los aviadores civiles que por no tener acreditados 10 años de servicios al 1º de abril de 1994, no son beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les aplicará el tiempo de cotización y el monto de las pensiones de vejez que se establecen en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993. Para ellos, el beneficio especial de carácter transicional consiste en que la edad para acceder a la pensión de vejez será de 55 años, que se reducirá, a razón de un año por cada 60 semanas cotizadas o de servicios prestados adicionales a las primeras 1.000 semanas de cotización, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
En todo caso, en lo que a las dos últimas categorías corresponde —régimen de transición y régimen especial transitorio—, el Acto Legislativo 1 de 2005 necesariamente incidió en su vigencia. Así es, porque el artículo 48 de la Constitución Política adicionado con el parágrafo 4º transitorio del acto legislativo, consagra que “El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que [lo] desarrollen (…), no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
En consecuencia, las administradoras de pensiones, y particularmente en el caso en estudio, Caxdac, debe tener en cuenta la normativa superior en referencia, cuando de aplicar el régimen de transición o el especial de transición se trate.
3. Financiación de las pensiones a cargo de Caxdac
Antes se explicó que los decretos leyes 1282 y 1283 de 1994, consagraron para los aviadores civiles tres regímenes pensionales diferentes. En ese horizonte, y de manera armónica, también existen tres métodos distintos de financiación de las pensiones a cargo de Caxdac.
Uno, el propio del sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, conforme a las reglas dispuestas en esa normativa y en las demás que la complementan y reglamentan que no es del caso referir, por no incidir en la resolución del sub lite.
Otro método de financiación es el instituido en el artículo 3º del Decreto 1283 de 1994. La norma dispone la conformación de un “régimen de reservas para el régimen anterior”, destinadas al pago de las pensiones de jubilación otorgadas antes de la entrada en vigencia del decreto, así como de las nuevas pensiones de jubilación que se generen del régimen de transición.
“a) Por el actual fondo de reservas constituido en Caxdac,
d) Por la totalidad de los rendimientos que genere su inversión. (…)”.
De otra parte, el artículo 6º del citado decreto señala, que la integración del cálculo actuarial de los aviadores civiles “actualmente pensionados por Caxdac, de quienes hayan causado el derecho y de los beneficiarios del régimen de transición”, se deberá completar conforme a lo ordenando en los artículos 7º y 8º ibídem.
A su vez, el citado artículo 7º reemplazado por el 3º de la Ley 860 de 2003, establece el método de “amortización y pago del cálculo actuarial de pensionados”, que deben adoptar las empresas del sector privado para transferir el valor de su cálculo actuarial a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector privado, que administren el régimen de prima media con prestación definida, y el 8º del multicitado Decreto 1283 de 1994, estatuye que la responsabilidad de las empresas aportantes a Caxdac, cesará con la entrega íntegra del valor del cálculo actuarial de cada aviador (resalta la Sala).
En ese contexto, no surge en parte alguna para las empresas empleadoras, la obligación de emitir y pagar ‘bonos pensionales’ a favor de Caxdax por pensiones de jubilación ya reconocidas, así como tampoco por las que en aplicación del régimen de transición deba reconocer.
El tercer método, que es el que en esencia concierne a la resolución del recurso extraordinario, es el consagrado en el artículo 6º del Decreto 1282 de 1994 que para la financiación de las pensiones especiales transitorias, establece que:
1. Los afiliados cotizarán en los términos de la Ley 100 de 1993 y las empresas aportarán, además de lo previsto en la ley, 5 puntos adicionales, y
2. “(…) que las empresas emitirán el respectivo bono pensional de acuerdo con las normas especiales sobre la materia”. (resalta la Sala).
Así las cosas, es diáfano para la Corte Suprema de Justicia que las empresas empleadoras de aviadores civiles pertenecientes al régimen de pensiones especiales transitorias, tienen esa doble obligación frente a Caxdac para la financiación de sus pensiones.
Por el contrario, no les corresponde bajo el régimen pensional especial y transitorio, efectuar cálculos actuariales que, como quedó visto, es obligatorio respecto de las pensiones jubilación propias del régimen de transición.
Ahora bien, como quiera que la censura también edifica su acusación en la vulneración del artículo 13 del Decreto 1282 de 1994, ha de señalarse que esa disposición solo aplica cuando un aviador civil, que pertenece al régimen especial de transición propio del de prima media con prestación definida, decide trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuyo caso tendrá derecho al reconocimiento del bono pensional, a cargo de Caxdac o de las empresas empleadoras, conforme a las siguientes pautas:
1. Si el aviador pertenece al régimen de transición, el bono estará a cargo de Caxdac, la que a su vez tendrá la facultad de repetir el valor total o parcial contra la empresa empleadora que no haya cumplido sus obligaciones, en relación con la integración del cálculo actuarial.
2. Si el aviador pertenece al régimen especial transitorio, el bono pensional “será emitido por la empresa empleadora, para reconocer el tiempo de servicios anterior al 1º de abril de 1994”. El tiempo posterior a esa data cotizado a Caxdac, obliga a la administradora a emitir el bono pensional “en las mismas condiciones en que el ISS lo hará respecto de nuevos afiliados. (…)”.
Con otras palabras, tanto Caxdac como las empresas empleadoras, según el caso, estarán obligadas a la expedición del bono pensional con destino al fondo privado de pensiones, cuando el aviador civil decida trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, situación fáctica que no corresponde a la discutida por el recurrente, según el cual, los aviadores a cuyo nombre reclama el bono pensional pertenecen al régimen especial de transición y no a otro diferente.
Recopilando, con la hasta aquí expuesto se puede concluir que, el bono pensional a cargo de las empresas empleadoras con destino a Caxdac, solo tendrá lugar respecto de los aviadores civiles que estuvieron o están a su servicio, siempre que: (i) pertenezcan al régimen de pensiones especiales transitorias, y (ii) Se mantengan en el régimen de prima media con prestación definida, o lo que es lo mismo, que no se hayan trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad.
En conclusión las empresas aéreas empleadoras se encuentran obligadas a emitir a su cargo y en favor de Caxdac bonos pensionales respecto a aviadores civiles que prestaron o prestan a ellas sus servicios, bajo los siguientes condicionamientos: a) pertenezcan al régimen de pensiones especiales transitorias, y b) permanezcan en el régimen de prima media con prestación definida; esto es, no haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad.
En el sub lite el tribunal se equivoca al confirmar la absolución de la aerolínea respecto a la pretensión de que esta expidiera bonos pensionales por los beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias, referidos en el hecho sexto de la demanda; en concreto cuando desconoce el inciso final del artículo 6º del Decreto 1282 de 1994, conforme al cual debió concluir que Avianca S. A. se encuentra obligada a emitir “el respectivo bono pensional de acuerdo con las normas especiales sobre la materia”; en relación con cada uno de los aviadores civiles enlistados en el hecho sexto de la demanda (fls. 991 a 995; 439) cuyo ingreso, anterior a 1º de abril de 1994 y a su condición de beneficiarios de dicho régimen no existe controversia con la excepción de la señora Laura Carolina Rodríguez (fl. 439), como se verá en sede de instancia.
Sin costas en el recurso ante los resultados del primer cargo.
III. Sentencia de instancia.
En instancia y en cuanto a la decisión del juez de primer grado, recurrida en apelación por Caxdac, que absuelve a la demandada de la pretensión con respecto a la expedición de bonos pensionales; pese a encontrar sustento en el artículo 6º del Decreto 1282 de 1994, aduciendo que su exigibilidad solo surgiría “a partir del momento en que se promulguen las normas especiales a que hace referencia el artículo citado,(…)”.; baste para revocarla las consideraciones realizadas en ámbito de casación para condenar a Avianca S. A. a “emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en el hecho sexto de la demanda, (fls. 991 a 995); es decir con relación a las siguientes personas que en calidad de aviadores civiles fueron referidos por la actora como beneficiarios del régimen pensional especial transitorio.
Cédula Nombre Fecha ingreso Tiempo total
3184244 Ruiz Rojas Hernán 01/06/90 14 años, 11 meses, 11 días
7534813 Muschallik Ángel Herman Robert Martín 08/03/94 9 años, 1 mes, 2 días
10244930 Giraldo Llano Eugenio 11/09/90 14 años, 8 meses, 20 días
73097519 Bozzi Anderson Alejandro José 21/01/1985 14 años, 6 meses, 1 día
73109324 Yonusas Galofre Tomás Eduardo 16/03/1988 4 años, 6 meses, 15 días
75583000 Ospina Bernal Antonio 26/05/1980 4 años, 2 meses, 26 días
79143695 Rodríguez Ángel Juan Carlos 22/05/1979 4 años, 7 meses
79146767 GutiérrezAristizabal Jorge 29/05/1987 17 años, 10 meses, 2 días
79147026 Ávila Nieto Guillermo Alberto 21/01/1985 20 años, 3 meses, 21 Días
79148159 Londoño Morelly Federico Guillermo 19/08/1986 18 años, 8 meses, 23 días
79152139 Latiff Restrepo Armando 05/06/1987 9 años, 8 meses, 23 días
79152641 Velasco Barriga Juan Carlos 20/08/1986 18 años, 8 meses, 22 días
79154345 Rodríguez Ángel Iván Orlando Nico 01/09/1988 14 años, 1 mes, 28 días
79156490 Pardo Suárez Luis Fernando 07/09/1990 14 años, 8 meses, 5 días
79157031 Zea Riveros Javier Ricardo 03/07/1990 14 años, 10 meses, 9 días
79157055 Luna Ríos Santiago
07/05/1984 21 años, 5 días
79157554 Cortés Ruiz Jorge Ricardo
79159384 Cobo Robledo Javier Esteban 10/11/1989 15 años, 6 meses, 21 días
79231934 Iregui Escobar Francisco
09/08/1989 15 años, 1 mes
79234161 Caycedo Ballesteros Carlos Eduardo 21/01/1985 20 años, 3 meses, 21 días
79234355 Sánchez Báez Tito Yanhiro
03/06/1985 4 años, 9 meses, 1 día
79236258 Hernández Moreno Giovanni Augusto 01/10/1986 2 años, 11 meses, 16 días
79243093 Bestene Torres José Miguel 17/07/1993 11 años, 9 meses, 25 días
79244118 González Fedespiel Mario Andrés 19/11/1990 14 años, 5 meses, 23 días
79246346 Mercado Rincón Jesús Alberto 21/07/1993 11 años, 9 meses, 21 días
79246908 Giraldo Vargas Rafael Fernando 21/01/1991 14 años, 3 meses, 21 días
79266866 Huertas Achury Germán 05/09/1988 16 años, 8 meses, 7 días
79281209
Pardo Gallo Jaime Mauricio
12/09/1988 2 años, 6 meses, 1 día
79290895 Peñafort Camacho Jorge Ignacio 01/07/1987 17 años, 10 meses, 11 días
79291417 Saravia Carrizosa Pedro Roberto 15/10/1985 19 años, 6 meses, 27 días
79297443 Gómez Uribe Juan Carlos 05/09/1988 16 años, 8 meses, 7 días
79326830 Pardo Duque Jorge 07/09/1990 6 años,5 meses, 22 días
79344671 Ochoa Buitrago Martín Hernando 31/03/1994 11 años, 1 mes, 12 días
79347395 Escallón Birckhotz Santiago 10/08/1987 17 años, 9 meses, 2 días
79362569 Andrade Casas Calixto 01/02/1991 14 años, 3 meses, 11 días
79366585 Sánchez Molina William Roberto 13/08/1990 14 años, 8 meses, 29 días
79402995 Cortés Vásquez Édgar Eduardo 03/09/1990 14 años, 8 meses, 9 días
79411680 Rodríguez Zamudio Fernando David 23/05/1990 14 años, 11meses, 19 días
79421764 Leiva Tovar Mauricio 22/08/1988 16 años, 8 meses, 20 días
79454598 García Quiroga Carlos Fernando 21/07/1993 11 años, 9 meses, 21 días
79460594 Londoño Posada Juan Diego 24/07/1989 15 años, 9 meses, 18 días
79469713 Acero Laverde Álvaro Enrique 17/07/1993 11 años, 9 meses, 25 días
79469861 Simbaqueba Clavijo Roberto Alfonso 15/03/1994 11 años, 1 mes, 27 días
79470090 Mendoza Moreno Andrés 05/10/1989 15 años, 7 meses, 7 días
79481149 González Palacios Juan de Jesús 21/07/1993 11 años, 9 meses, 21 días
79491515 Cortés Camacho Carlos Javier 07/07/1989 15 años, 3 meses, 8 días
79500467 Sánchez Sarmiento Juan Carlos
21/07/1993 11 años, 9 meses, 21 días
79505467 Pimentel Irigoyen Carlos Gerónimo
21/07/1993 11 años, 3 meses, 21 días
79520695 Peña Guerrero Jorge Andrés
10/03/1994 11 años, 2 meses, 25 días
79599790 Wilches Barrero Julio Andrés
79778946 Luna Martínez Juan Pablo
80261386 Cobos González Gilberto Mauricio 27/06/1991 12 años, 10 meses, 15 días
80363444 Tessarolo Fabio
10101/1989 1703055556
80398754 Torres Eusse Hernán Gonzalo 26/07/1991 12 años, 8 meses, 21 días
80407416 Padilla Henao Michel Alberto
14/08/1989 15 años, 6 meses, 21 días
80407663 Mesa Maldonado Juan Ricardo 20/11/1989 15 años, 5 meses, 22 días
80409038 Garcés Donado Ricardo Arturo
15/05/1989 15 años, 11 meses, 27 días
80409948 Zuluaga Isaza Sergio Camilo
17/93/1994 11 años, 7 meses, 6 días
80410474 Gaviria Pereira Julián Enrique
09/09/1986 18 años, 8 meses, 3 días
80410731 García Martínez Manuel Francisco
12/07/1990 14 años, 10 meses
80411320 Gutiérrez Arévalo Mario Hernando
27/06/1991 13 años, 10 meses, 15 días
80411380 Méndez Cortés Fabián Hernando
01/09/1988 16 años, 8 meses, 11 días
80411513 Chaves Pérez Gabriel Oswaldo
10/11/1989 12 años, 3 meses, 4 días
80411858 Padilla Carrera John Fernando
19/07/1991 4 años, 8 meses, 21 días
804121 15 Serrato Esparragoza Luis Carlos
15/02/1988 1 año, 5 meses, 1 día
80412272 Rengifo Niño Juan Pablo
06/08/1990 14 años, 9 meses
80414669 Hernández Babic Ricardo
12/09/1988 16 años, 8 meses
80414921 Zea Riveros Marco Antonio
15/01/1991 14 años, 3 meses, 27 días
80415758 Alzate González Mauricio Alberto
07107/1989 7 meses, 28 días
80416877 León Plazas Humberto David
17/01/1991 15 años, 4 días
80416979 Osorio Lapuente Juan Manuel
09/07/1990 14 años, 10 meses, 3 días
80417598 Orbegozo Posada Leonardo
29/12/1993 11 años, 4 meses, 13 días
80419032 Cianci Suárez Iván Geovanni
80419186 López Silva Francisco José
21/07/1989 15 años, 9 meses, 21 días
80419233 Obando Arciniegas Juan Pablo
18/09/1989 15 años, 7 meses, 24 días
80420467 Ramírez Alvarado Armando José
25/10/1989 15 años, 6 meses, 17 días
80421386 Rudolph Krause Stephan
80421922 Posada Torres Rodrigo
19/01/1994 11 años, 3 meses, 23 días
80504052 López Silva Jorge Alberto
03/11/1993 11 años, 6 meses, 9 días
91215782 Martínez Fonseca Jorge Humberto
05/01/1988 12 años, 10 meses, 14 días
91255761 Martínez Quijano Jaime Enrique
91258751 Campillo Espinosa Ricardo Rafael
22/01/1988 17 años, 3 meses, 20 días
91266452 Prada Ramírez Álvaro Heler Maurici
01/06/1989 15 años, 11 meses, 11 días
91272079 Campillo Espinosa Alexandra
18/01/1991 14 años, 3 meses, 24 días
91478895 Arango Sarmiento José Rafael
23/03/1994 5 años, 5 meses, 10 días
98542623 Crispino Escobar Carlos Santiago 27/06/1991 13 años, 10 meses, 15 días
98543776 Escorcia Aramburo Juan Mario
15/11/1989 15 años, 16 días
98547972 Giraldo Ángel Juan Manuel 22/02/1989 16 años, 2 meses, 20 días
Los anteriores nombres en arreglo a la propia formulación de la demanda y en el entendido que, conforme a la contestación al señalado hecho (fl. 439), la señora Laura Carolina Rodríguez Martha c.c. 51973471, allí incluida, ingresó el 1º de abril de 1997, esto es, justo tres años después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; no sería beneficiaria del régimen de pensiones especiales transitorias que se le atribuyen.
Todo lo visto conforme al artículo 6º del Decreto 1282 de 1994 y las demás disposiciones que gobiernan la materia así como en arreglo a las directrices administrativas impartidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte en las circulares externas 002 de 2004, 002 de 2005 y 0010 de octubre 27 de 2009.
Se agrega a lo anterior que el régimen especial transitorio quedó comprendido por lo dispuesto en el Acto Legislativo 1 de 2005 según el cual:
Sin costas en el recurso extraordinario conforme a lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Casa Parcialmente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Descongestión de Bogotá, el 30 de noviembre 2009, en cuanto confirmara la absolución impartida en relación con la pretensión de “emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en el hecho sexto de la demanda; no se casa en lo demás; en instancia se revoca la determinación del juez que absolvió a la demandada de la obligación de emitir el bono pensional con relación a los aviadores discriminados en el hecho sexto de la demanda para condenar, en los términos expuestos, a la sociedad demandada a la emisión del bono pensional a favor de la actora respecto a las citados aviadores; en el proceso ordinario que instaurara la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Caxdac, contra la sociedad Aerovías del Continente Americano S.A., Avianca S.A.
(1) C. Const. C-191/2006.