Source: https://www.scribd.com/document/164853609/CCJ-Comentarios-al-marco-juridico-para-la-paz
Timestamp: 2017-05-24 04:28:47
Document Index: 7834852

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'Artículo 50', 'artículo 19']

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Proyecto de Acto Legislativo 014 Senado - 094 Cámara de Representantes, “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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Comité de Derechos Humanos. derechos de las víctimas y derechos humanos. se observa fácilmente que el supuesto del que parte la propuesta sobre la posibilidad de renunciar a la persecución penal de algunas violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario es errado. Esta obligación no puede ser dejada de lado por los Estados incluso si las investigaciones suponen una carga considerable para los organismos de investigación. 8. Fondo y Reparaciones. Así.6. y Naciones Unidas. 118. Arhuacos v.
Naciones Unidas. Colombia. la cual sería de iniciativa gubernamental. 13 de noviembre. La aprobación de esta propuesta supondría un incumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado Colombiano. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados”2 (negrillas fuera de texto original). Comité de Derechos Humanos.
. Bautista v. criterios con base en los cuales se elegirían ciertas violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario para ser investigadas. Respecto de aquellos casos que no sean seleccionados. no es posible reemplazar la investigación y la sanción penal por mecanismos de investigación no judicial. con el fin de que sea viable que se priorice la investigación de ciertos casos. Ambas propuestas –la de permitir la priorización y la selección de casos– merecen varios comentarios. Por ello. 8. Puede también verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia. CCPR/C/55/D/563/1993. pero de ninguna manera pueden suplirlas o reemplazarlas. basta mencionar. 213. el artículo 17 del Estatuto de Roma autoriza a la Corte Penal Internacional para ejercer competencia en relación con violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario que se adecuen a los crímenes internacionales que contempla el Estatuto. 1997. entre muchos otros. o con la intención de que se pueda renunciar a la persecución penal de otros.8. CCPR/C/60/D/612/1995. ya que el Estado tiene la obligación de investigarlas y sancionarlas penalmente. párr. y de encausar
penalmente. cuando considere que el Estado al que le corresponda juzgarlos no es capaz. Serie C No. juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. en materia de acceso a justicia. Colombia. Excepciones Preliminares.
Por su parte. los cuales pueden ser muy útiles para reforzar la labor investigativa y de documentación que llevan a cabo las autoridades penales. 1995. el Estado podría renunciar a perseguirlos penalmente. un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que así lo afirma:
“(…) el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos. en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida.en plantear la necesidad de introducir alternativas a la investigación penal. Sentencia de 26 de mayo de 2010. párr. Para ilustrar lo anterior. o no esté dispuesto a hacerlo. y un desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 19 de agosto. párr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Inviabilidad jurídica e inconveniencia de la implementación de criterios de selección y priorización de casos La selección de casos tendría como propósito habilitar al Congreso de la República para aprobar mediante ley.
una de sus justificaciones es que a los jefes de la guerrilla se les debe asegurar que no van a ir a la cárcel y de esta manera motivarlos para negociar. pues resultaría innecesario elevar a rango constitucional una práctica que ya se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento y cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. aprobar la facultad de seleccionar casos supondría el otorgamiento de beneficios penales prohibidos que ya se han intentado ofrecer mediante leyes. si bien teóricamente esta no implica una renuncia a la persecución penal –a diferencia de la selección– consideramos que el empleo de criterios para decidir qué casos se investigan primero y cuáles otros lo serán después podría dar lugar a una vulneración del deber del Estado de investigar en un plazo razonable. “a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie. lo cual es inadmisible. insignias o uniformes. llamamos la atención sobre que el proyecto encierra una contradicción profunda que pocos han advertido. como consecuencia de las limitaciones presupuestales y técnicas de los organismos de investigación. pero que no han sido aprobadas. consideramos que no habría mayor dificultad jurídica para que el Estado se abstuviera de perseguirlos en un proceso de paz.De otro lado. tales como el porte de armas. no es a éstos delitos menores a los que se refiere el proyecto de reforma constitucional cuando habla de criterios de selección. prorrogada por la ley 548 de 1999 (artículo 10). Cabe advertir que si la selección propuesta en el proyecto se refiriera a delitos menores. terrorismo. Sin embargo. por cuanto los jueces han cerrado esta alternativa. homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión” 3. derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. como actos de combate. lo cual fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. o incluso a conductas más graves. Siendo así. Evidentemente. Por una parte. Con relación a la priorización de casos. por la ley 1106 de 2006 (artículo 10) y por la ley 1421 de 2010 (artículo 11). El argumento esgrimido para tomar tal decisión fue. que han dispuesto que no se podrán conceder amnistías o indultos en Colombia. precisamente. Por otra parte. Específicamente. o incluso podría implicar en la práctica una renuncia a investigar los casos no priorizados. En esta oportunidad. secuestro. o la falsificación de documentos de identidad. que la renuncia a la investigación y sanción de los responsables de cometer estas conductas. era contraria a la Constitución y a los diferentes instrumentos sobre derechos humanos. la renuncia a la persecución penal para violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario ya se había intentado aplicar mediante la figura del principio de oportunidad para desmovilizados. Lo que pretende este proyecto es que puedan ofrecerse amnistías o indultos en Colombia a las conductas constitutivas de actos de gravedad superior. la aprobación de la facultad de renunciar a la persecución penal de violaciones de derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario sería eludir la jurisprudencia de la Corte Constitucional por vía de reforma constitucional (práctica tan usual en el anterior Gobierno y que no debería repetirse en el actual). tanto en la actual como en las anteriores leyes de orden público. esto ya está previsto en nuestra legislación. ni siquiera en procesos de paz. genocidio. el proyecto propone la facultad del Congreso para fijar criterios de selección y priorización en la investigación y el juzgamiento de las violaciones de derechos
Artículo 50 de la ley 418 de 1997.
. por la ley 782 de 2002 (artículo 19).
estaríamos en el peor de los mundos. ¿Entonces serían seleccionados y priorizados los actos menos graves? Es decir. la selección y la priorización serían un ejercicio inútil. pues la renuncia a la persecución judicial penal se aplicará en relación con todos los delitos atribuidos a los guerrilleros.humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Para ser congruentes con el punto de partida. Nefastas y previsibles consecuencias de la puesta en marcha de este proyecto En atención a los argumentos precitados. si los jefes guerrilleros no van a ser sancionados ni encarcelados. Finalmente. y no de carácter menor. pero tal parece que esa sería la consecuencia necesaria de la motivación que lo inspira. teniendo en cuenta la evolución del derecho internacional y del derecho
. tampoco se enmarca en el ámbito de aplicación de este concepto. pero ofreciera un asidero jurídico a la impunidad para los perpetradores de violaciones de derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario. y autoriza al gobierno para renunciar a la persecución judicial penal de los casos que no sean seleccionados. sino que justamente serán esos casos los que serán objeto de autorización para renunciar a su persecución judicial penal. Este tipo de transgresiones entrañan en sí mismas un nivel de gravedad tal que impide su comisión bajo el amparo de la categoría del delito político. Necesidad de no desnaturalizar el concepto de delito político Con respecto a la propuesta de introducir un nuevo artículo tercero al proyecto de acto legislativo que establece que a través de una ley estatutaria el Congreso regulará cuáles delitos serán considerados conexos a los delitos políticos. agentes de Estado y paramilitares desmovilizados responsables de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por lo tanto. policías. Además. su perpetración no puede ser justificada bajo ninguna clase de motivo político. ella resultare ineficaz para concretar un proyecto de paz. Es necesario advertir que si se seleccionan y priorizan para que sean investigados y juzgados los casos más graves. Si de aprobarse esta iniciativa. valoramos necesario hacer un llamado para que no se promueva la desnaturalización del concepto de delito político a través de esta provisión. un inconveniente adicional de este proyecto de reforma constitucional. ¿Dejarían de sancionar y de encarcelar entonces a todos los guerrilleros? El proyecto no lo dice así. creemos imperativo considerar que una paz establecida sobre la impunidad para las violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario no tendría las necesarias condiciones jurídicas ni políticas de solidez requeridas. La existencia de un delito político no exonera la responsabilidad penal por cometer otras conductas constitutivas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. porque ellos están implicados en tales casos. ¿sancionarían y encarcelarían a quienes no son jefes guerrilleros? Esta conclusión no parece razonable. no serían seleccionados ni priorizados. y por tanto. ineludiblemente los jefes guerrilleros irían a la cárcel. cuya situación jurídica se haya complicado. los actos más graves. en los que ellos resulten implicados. para que pueda haber negociaciones de paz. es que abriría la puerta para otorgar amnistías a militares.
es improbable que la sociedad colombiana. en todo caso. por lo tanto. En efecto. en razón a su contradicción con las diferentes normas internacionales que protegen los derechos a la verdad. la reforma se encuentra sujeta. el punto de partida de la solidez de un eventual proceso de paz debería ser el reconocimiento de la gravedad de los daños causados. que han sido víctimas de estas conductas. frágil. desde el punto de vista jurídico. y susceptible de ser declarado inconstitucional por resultar violatorio del bloque de constitucionalidad. obstaculizar y amenazar su implementación. a una gran controversia jurídica que puede retardar. en relación con violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. cuando menos. Desde el punto de vista político. acompañado de medidas de justicia real.nacional en la materia. como el que se derivaría de la puesta en marcha de este proyecto de reforma constitucional. En consecuencia. Comisión Colombiana de Juristas 4 de junio de 2012
. acepten un desconocimiento generalizado de sus derechos. el ofrecimiento genuino de reparación a las víctimas. y la toma de conciencia sobre la gravedad de dichas violaciones e infracciones por parte de la sociedad colombiana. o al menos importantes sectores de ella. un acuerdo de paz en tales circunstancias resultaría. y no simplemente “transicional”. la justicia y la reparación. Por el contrario. Además. creíble y aceptable para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional. la Comisión Colombiana de Juristas propone respetuosamente a la Comisión Primera del Senado de la República el archivo de este proyecto de acto legislativo y la exploración de vías que contribuyan a la construcción de un proceso de paz genuino y respetuoso de los derechos de las víctimas y.
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