Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6357-de-noviembre-8-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c4dff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 02:38:58
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﻿ SENTENCIA 6357 DE NOVIEMBRE 8 DE 2001
SENTENCIA 6357 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:RENUNCIA A LA CANDIDATURA A UN CARGO UNIPERSONAL. SÍ EXISTE TÉRMINO LEGAL PARA PRESENTARLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO POLÍTICO, CANDIDATO A LA ALCALDÍA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:362 DE FEBRERO DE 2002, PÁG.309
Sentencia 6357 de noviembre 8 de 2001
SÍ EXISTE TÉRMINO LEGAL PARA PRESENTARLA
EXTRACTOS: «Los actos acusados hicieron exigible la póliza de cumplimiento que prestó el actor Roberto de Jesús Hoyos Ruiz, para los efectos del inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, esto es, garantizar la seriedad de su candidatura a la Alcaldía Mayor de Medellín, para el período 1998-2000.
Tal exigibilidad se produjo porque no se tuvo en cuenta la renuncia por él presentada, atendiendo el término perentorio previsto en el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, lo que dio lugar a la contabilización de votos, cuyo número resultó inferior al requerido en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994.
En criterio del a quo no existe término perentorio para la presentación de la renuncia a una candidatura.
El artículo 94 del Código Electoral señala las causas que dan lugar a que se modifique una lista, dentro de las cuales está la renuncia; y ello no significa que dichas causas estén referidas únicamente a candidaturas para cargos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado, pues sabido es que las mismas son circunstancias que afectan toda inscripción, incluida, lógicamente, la de candidatos a cargos unipersonales, ya que si se le diera una interpretación restrictiva a esta norma para hacerle derivar un efecto específico únicamente en relación con las candidaturas que forman parte de una lista, se llegaría al extremo de sostener, por ejemplo, que sólo pueden renunciar los candidatos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado; o que la muerte o pérdida de los derechos políticos tampoco afecta la inscripción para cargos unipersonales.
Es preciso tener en cuenta que si la aspiración de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político constituye un derecho, es decir, una decisión libre y voluntaria, igualmente se conserva ese derecho para desistir de dicha aspiración; pero tal decisión debe tener eficacia y ésta solamente se logra en la medida en que se manifieste dentro de un término razonable que permita a las autoridades elaborar, corregir y distribuir la documentación pertinente, en orden a evitar la pérdida de tiempo en el conteo de votos no llamados a contabilizarse, y hacer menos onerosa la celebración de los comicios electorales. De ahí que el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 hubiera dispuesto un plazo de cinco días siguientes al del vencimiento del término para la inscripción, a objeto de su modificación.
Por ello, una de las manifestaciones de respeto y acatamiento a tal principio lo constituye una renuncia oportuna. Aceptar que en cualquier tiempo, incluso el mismo día de las elecciones o posteriormente se pueda renunciar sin que ello traiga consecuencia alguna, es desconocer el contenido normativo no sólo del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, sino del artículo 2º de la Ley 163 de 1994, pues, su texto involucra la inscripción de todos los candidatos.
Corolario de lo anterior estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad; era deber de las autoridades contabilizar los votos del candidato y si éste no obtuvo la votación requerida, se cumplió el supuesto fáctico contenido en el citado artículo 9º para la exigibilidad de la póliza».
(Sentencia de noviembre 8 de 2001. Expediente 6357. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
En un caso similar al planteado en el asunto sub judice, la Sala, con intervención de un conjuez, optó por una solución diferente, en el sentido de que los candidatos tenían libertad para renunciar a su aspiración de ser elegidos, sin que la Registraduría Nacional del Estado Civil pudiera hacer efectiva la correspondiente póliza. En ese momento la Sala dijo en sentencia de 30 de marzo de 2001, expediente 6433, actor Jaime Castro, de la cual fue ponente la consejera Dra. Olga Inés Navarrete, lo siguiente:
"Mediante los actos acusados se hizo exigible la póliza de cumplimiento que prestó el actor Jaime Castro Castro para los efectos del inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, esto es, garantizar la seriedad de su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el período 1998-2000.
Tal exigibilidad se produjo porque, según la parte actora, no se tuvo en cuenta la renuncia presentada, atendiendo el término perentorio previsto en el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, lo que dio lugar a la contabilización de votos, cuyo número resultó inferior al requerido en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994 (fls. 15, 29 y 46).
Ahora, modificar una inscripción significa cambiarla o variarla; y el cambio o variación puede ir desde excluir uno o varios candidatos para ser reemplazados por otros, cuando los nombres forman parte de una lista, pero no incluye el caso de desistir de la inscripción, cuando se trata de un cargo unipersonal, como los relativos a gobernaciones y alcaldías. Es decir, que la modificación a que alude la norma en comento, necesariamente está ligada a un eventual reemplazo de un candidato, que no fue que sucedió en el caso en estudio, lo que lleva a la Sala a concluir que, en el estado actual de la normatividad, y en lo que atañe con las elecciones para alcalde, es posible sostener que la renuncia de una inscripción no conlleva una modificación de la misma, pues se renuncia a una candidatura al renunciar a la inscripción. De tal manera que en tratándose de candidatos a alcaldías, el desistimiento de la inscripción, en virtud de la renuncia, necesariamente implica, no una modificación sino la total ausencia de posibilidad de aspirar al consenso popular y, en este orden de ideas, ello tendría como propósito dejarla sin efecto, sin que para el efecto se esté sujeto a que se haga dentro de determinado plazo.
El artículo 94 del Código Electoral señala las causas que dan lugar a que se modifique una lista, dentro de las cuales está la renuncia; pero, obviamente tales causas están referidas solo a candidaturas para cargos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado, pues con respecto a las candidaturas unipersonales, como es el caso de los candidatos a alcalde, una interpretación restrictiva la norma implica hacerle derivar un efecto específico únicamente en relación con las candidaturas que forman parte de una lista.
Es preciso tener en cuenta que si la aspiración de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político constituye un derecho, es decir, una decisión libre y voluntaria, igualmente se conserva ese derecho para desistir de dicha aspiración, y, en el caso de los alcaldes, aunque la norma regula conjuntamente la situación de candidatos a corporaciones públicas y candidatos a cargos unipersonales, la Sala entiende que, en la medida en que en el caso de estos últimos la renuncia a la candidatura no implica modificación de una lista, por ende, no puede tener la misma regulación que la de aquellos, y, por ende, implicando la sanción adoptada en los actos demandados. En efecto, como ya se advirtió, el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 dispuso un plazo de cinco días siguientes al del vencimiento del término para la inscripción, a objeto de su modificación, sin tener en cuenta la especial distinción que la Sala acaba de precisar.
El a quo consideró que no existía término en la ley para renunciar a la candidatura a cargos unipersonales. Sin embargo, señaló que por lógica, debe ser antes de los comicios, óptica que comparte la Sala ya que, desde otro punto de vista, en el caso en estudio no resultaría posible al juez crear un plazo judicial para complementar y precisar el sentido de la norma a fin de que tuviera clara operancia frente al caso de los candidatos al cargo de alcalde.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada".
Las razones anteriores son suficientes para salvar el voto en esta oportunidad.