Source: https://boe.vlex.es/vid/decreto-ley-10-2020-844708653
Timestamp: 2020-07-05 14:02:11
Document Index: 64986355

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 64', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 312', 'artículo 312', 'artículo 312', 'artículo 312', 'Artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 134', 'artículo 6', 'artículo 1']

Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 844708653
Marginal: BOE-A-2020-5270
CAPÍTULO I. Medidas en materia de gastos de personal - art. 1
CAPÍTULO II. Medidas en materia mortuoria - art. 2
CAPÍTULO III. Medidas relativas al funcionamiento de las entidades deportivas en Cataluña - art. 3
CAPÍTULO IV. Medidas relativas a las personas jurídicas de derecho privado, juntas de propietarios en régimen de propiedad horizontal y en las cooperativas catalanas - arts. 4 y 5
La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que justifica la necesidad extraordinaria y urgente de adoptar medidas para hacer frente a las consecuencias de todo tipo derivadas de sus efectos. La Generalidad de Cataluña ha adoptado varias medidas desde que la Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo, la situación de pandemia. En primer lugar, el Gobierno aprobó el Decreto-ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, a fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19. Este fue seguido del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, que daba continuidad a las medidas. Posteriormente, se vio necesario efectuar determinadas adaptaciones a lo que establecía este último Decreto-ley en materia de contratación, así como adoptar otras medidas complementarias en materia de subvenciones y ayudas, medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho público del ámbito del sector público de la Generalidad de Cataluña y también medidas en materia tributaria, y se dictó el Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo.
Este nuevo Decreto-ley tiene por objeto la adopción de nuevas medidas para hacer frente al impacto sanitario, económico y social derivado de la grave situación actual y se estructura en cuatro capítulos, cinco artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.
En primer lugar, el capítulo I del Decreto-ley, de medidas en materia de gastos de personal, aprueba la medida extraordinaria y urgente para recuperar el importe del complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, establecido en el II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad sobre las condiciones de trabajo de este personal.
El capítulo III, en ejercicio de las funciones de coordinación y control en el ámbito del deporte, establece medidas relativas de un lado a la suspensión de las asambleas generales de cualquier tipo de las entidades deportivas catalanas, previendo el régimen jurídico de aplicación una vez levantado el estado de alarma, suspendiendo igualmente las facultades de los órganos competentes para elegir juntas o comisiones directivas de estas entidades, finalmente se prevé la prolongación automática del mandato a aquellos órganos directivos que vean expirado su mandato durante el estado de alarma.
En cuanto a las dos disposiciones adicionales, la primera introduce una precisión a lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, en el sentido que lo previsto en este artículo podrá ser llevado a cabo también haciendo uso de medios telemáticos y, finalmente, la segunda prevé un régimen extraordinario y restrictivo de extensión de los efectos de la fuerza mayor a determinados acontecimientos, condicionando a la resolución que se dicte por el departamento competente en materia de cultura.
Dada la situación planteada y, de acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno, ante la necesidad extraordinaria y urgente que puede suscitar la grave situación de pandemia mundial decretada por la Organización mundial de la Salud, puede dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto-ley, en los términos del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
La norma del decreto-ley es un recurso extraordinario del Gobierno y, por tanto, se ha de hacer un uso prudente y limitado a las situaciones que realmente merecen la consideración de urgentes y convenientes.
CAPÍTULO I Medidas en materia de gastos de personal Artículo 1
CAPÍTULO II Medidas en materia mortuoria Artículo 2
Disposición adicional. Condiciones de prestación de servicios funerarios y facultades en materia de policía sanitaria mortuoria en situaciones de emergencia sanitaria grave.
1. La prestación de los servicios funerarios en situaciones de pandemia, catástrofes y situaciones similares debe garantizar la continuidad y universalidad del servicio, así como los derechos de las personas usuarias, en el marco de las disposiciones que, en materia de salud pública, se adopten para garantizar la salud de las personas y reducir los riesgos de enfermedad o contagio.
a) La posibilidad de asignar a cada hospital o centro residencial una empresa funeraria para la prestación del servicio, cuando existan razones justificadas o la posibilidad de derivación directa a una empresa en concreto, por lo que en este caso el derecho previsto en el artículo 3.1.h) de la presente Ley relativo a la libre elección de la empresa funeraria se podrá ejercer, si procede, una vez efectuado el traslado urgente del cadáver al domicilio mortuorio.
b) La determinación de un precio máximo que se debe ofrecer a los usuarios, en función de la modalidad de servicio, y que abarque la prestación básica impuesta legalmente. Esto no excluye el derecho de las personas usuarias a pactar un servicio superior con el precio correspondiente al servicio pactado.
c) La prestación del servicio deberá adecuarse a las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias en materia de policía sanitaria mortuoria y cualquier otra que resulte aplicable.
2. A efectos de la adopción de medidas en materia de policía sanitaria mortuoria:
a) Las facultades administrativas en materia de policía sanitaria mortuoria las ejerce la persona titular de la Secretaría de Salud Pública. El órgano mencionado también puede delegar el ejercicio de las facultades mencionadas en este apartado en otros órganos, que pueden ser también de la Administración local.
b) Se habilita a la Secretaría de Salud Pública para ejercer la coordinación de las competencias sobre servicios funerarios y para imponer obligaciones adicionales de carácter excepcional y transitorio a las entidades relacionadas con la prestación de estos servicios, sin perjuicio de las requisas o expropiaciones urgentes que convenga adoptar.
c) El ejercicio y el contenido de los derechos de las personas usuarias de los servicios funerarios quedan condicionados a los requerimientos de salud pública que establezca la Secretaría de Salud Pública, que adoptará todas las medidas posibles para hacerlos efectivos.
3. De acuerdo con las previsiones que establezca la normativa en materia de policía sanitaria mortuoria, la Secretaría de Salud Pública puede disponer:
a) La clasificación de cadáveres en grupos, según la causa de fallecimiento, incluyendo los cambios de clasificación y la adaptación de los requisitos que sean de aplicación, de acuerdo con la evolución de las circunstancias.
b) El transporte urgente de los cadáveres al cementerio de la localidad o, si procede, a otros cementerios cercanos, para su inhumación o incineración inmediatas.
c) El transporte de cadáveres mediante cualquier medio adecuado, con la adaptación, si procede, de los requerimientos establecidos reglamentariamente.
d) La prohibición los velatorios en todo tipo de instalaciones, así como las ceremonias de despedida, civiles o religiosas, que puedan conllevar la aglomeración de personas, para evitar el riesgo de contagios.
e) El establecimiento de restricciones en el acompañamiento de los cadáveres a su destino final.
f) La habilitación de espacios como domicilios mortuorios otros que los velatorios y los cementerios, estableciendo las condiciones higiénicas y sanitarias.
g) La prohibición de realizar prácticas sobre cadáveres.
h) La autorización de inhumaciones fuera de cementerios comunes estableciendo las condiciones higiénicas y sanitarias.
i) La adopción de todas aquellas medidas adicionales que sean necesarias para garantizar la salud pública y la de todas las personas, familiares o prestadores de servicios afectados.
CAPÍTULO III Medidas relativas al funcionamiento de las entidades deportivas en Cataluña Artículo 3
a) Se suspende la realización de asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, de las entidades deportivas de Cataluña, dejando sin efecto cualquier convocatoria que ya haya sido acordada y comunicada y que se tenga previsto realizar a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-ley. Una vez levantada la suspensión, por razones de seguridad jurídica y evitar situaciones de indefensión, se deberán volver a convocar y comunicar, respetando los períodos establecidos legalmente.
b) Se suspende la facultad para convocar por parte de los órganos competentes procedimientos electorales para elegir la Junta Directiva o la Comisión Directiva de las entidades deportivas en Cataluña. Los procedimientos electorales en curso quedan suspendidos hasta el levantamiento del estado de alarma. En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que se levante la suspensión, las juntas electorales de las entidades deportivas deben aprobar y publicar la reformulación del calendario que habrá de regir el procedimiento, respetando los plazos previstos para cada fase del procedimiento electoral pendiente de realizar que hubiera aprobado el órgano convocante y de acuerdo con lo que determina la normativa vigente en materia de deportes sobre esta materia.
c) El mandato de los órganos directivos de las entidades deportivas en Cataluña que expire durante el estado de alarma se prolonga automáticamente hasta que se pueda convocar y realizar el correspondiente procedimiento electoral, de acuerdo con lo que determina el apartado b de este artículo.
d) Son nulas de pleno derecho las actuaciones que vulneren lo dispuesto en los apartados anteriores.
CAPÍTULO IV Medidas relativas a las personas jurídicas de derecho privado, juntas de propietarios en régimen de propiedad horizontal y en las cooperativas catalanas Artículos 4 y 5
Artículo 4 Medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán, incluidas las sociedades cooperativas, y a las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal durante la vigencia del estado de alarma.
4.1 Durante la vigencia del estado de alarma actual, los plazos previstos legalmente para la reunión de los órganos colegiados de las personas jurídicas de derecho privado sujetos a las disposiciones del derecho catalán, incluidas las sociedades cooperativas, quedan suspendidos a partir de la fecha de declaración del estado de alarma, y ​​su cómputo se reanuda a partir de la fecha de finalización del estado de alarma o de sus prórrogas. Las reuniones convocadas antes de la declaración de este estado que deban tener lugar con posterioridad a esta declaración pueden ser objeto de aplazamiento o de modificación en cuanto al lugar, medio, día y hora de celebración por quien las ha convocado. Si se ha decidido el aplazamiento o la normativa reguladora del estado de alarma imposibilita la celebración de la reunión, esta se debe volver a convocar dentro del mes siguiente a la fecha de levantamiento de este estado.
4.2 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, durante la vigencia del estado de alarma los órganos mencionados en el apartado anterior podrán reunirse y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de otros medios de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque sus estatutos no lo prevean. Asimismo, los órganos de gobierno y sus comisiones delegadas también pueden adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña, aunque los estatutos no lo prevean, siempre que lo decida la persona que los preside o lo soliciten al menos dos miembros.
4.3 Los plazos previstos legalmente para elaborar, aprobar y presentar cuentas anuales y otros documentos exigibles se entienden suspendidos a partir de la fecha de declaración del estado de alarma, y ​​su cómputo se reanuda a partir de la fecha de finalización del estado de alarma o de sus prórrogas.
4.4 Los plazos legales o estatutarios para la convocatoria y celebración de las reuniones de las juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal quedan suspendidos a partir de la fecha de declaración del estado de alarma, y ​​su cómputo se reanuda a partir de la fecha de finalización del estado de alarma o de sus prórrogas. Las reuniones ya convocadas que deban celebrarse durante la vigencia de este estado quedan suspendidas y se tienen que volver a convocar dentro del mes siguiente a su levantamiento, a menos que sea posible llevarlas a cabo por los medios establecidos en el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. Durante la vigencia del estado de alarma, queda admitida también la posibilidad de adoptar acuerdos sin reunión, a instancia de la persona que preside la junta, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña.
4.5 Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la entrada en vigor del estado de alarma.
Artículo 5 Medidas concretas aplicables a las cooperativas catalanas.
5.1 De forma excepcional y durante el período de estado de alarma, el consejo rector puede convocar asambleas extraordinarias con la antelación mínima que considere pertinente, siempre teniendo en cuenta la urgencia del acuerdo a adoptar. En todo caso, será responsabilidad del consejo rector adoptar las medidas pertinentes, en atención a las circunstancias concretas de cada sociedad cooperativa, para que los socios puedan recibir la convocatoria y concurrir a la sesión de la asamblea que podrá hacerse por videoconferencia u otros medios de comunicación, con las garantías pertinentes. A estos efectos, la convocatoria de la reunión de la asamblea deberá hacer constar la concurrencia de las razones que han motivado hacer la convocatoria con una antelación inferior a 15 días, previsto en el artículo 44 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas.
5.2 De forma excepcional y durante el período de estado de alarma, el Consejo Rector, según las circunstancias concretas de cada cooperativa, podrá disponer otros mecanismos diferentes a los establecidos en el artículo 48.2 de la Ley de cooperativas con relación a la obligación de poner a disposición de los socios el número de votos sociales que corresponde a cada socio.
5.3 De forma excepcional con relación a lo establecido en el artículo 134 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas, durante todo el periodo de estado de alarma, el consejo rector podrá acordar la suspensión total o parcial de la actividad cooperativizada de todos los socios trabajadores, socios de trabajo, o trabajadores o de una parte de estas, cuando se den los siguientes requisitos:
a) Que la cooperativa tenga más de 100 socios trabajadores, socios de trabajo o trabajadores.
b) Que no sea posible hacer la asamblea ni de forma presencial, ni telemática, debido a las medidas sanitarias a seguir para llevar a cabo reuniones y a la falta de medios telemáticos.
5.4 El reembolso de las aportaciones de los socios de la cooperativa que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses desde que finalice el estado de alarma.
5.5 Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la entrada en vigor del estado de alarma.
Lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, podrá ser llevado a cabo también haciendo uso de medios telemáticos.
a) Que estuvieran programados y la venta de localidades iniciada antes del día 13 de marzo de 2020.
b) Que todas o parte de las actuaciones preparatorias que sean necesarias para garantizar la celebración en las fechas programadas, obligatoriamente deban llevarse a cabo dentro del periodo del estado de alarma, o que la modificación de las que se han hecho antes de que sea factible, como consecuencia del estado de alarma. A tal efecto, se consideran actuaciones preparatorias, entre otras, las contrataciones logísticas o artísticas, la obtención de licencias o derechos de ocupación.
Lo establecido en el apartado anterior quedará condicionado al hecho que el Departamento de Cultura determine, mediante resolución y a instancia de parte, los eventos culturales que cumplen estos requisitos en función de su repercusión económica, mediática y cultural, el gran número de entradas vendidas en el momento de declararse el estado de alarma y el mantenimiento de futuras ediciones.
Lo dispuesto en este Decreto-ley será vigente hasta que no se levante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, excepto que se establezca otro plazo de vigencia y salvo lo dispuesto en el artículo 1.
Barcelona, 27 de marzo de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra i Pla.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8098, de 28 de marzo de 2020. Convalidado por el Resolución 758/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)