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Timestamp: 2020-05-29 21:06:38
Document Index: 386075961

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 295', 'artículo 33', 'artículo 446', 'in fine', 'artículo 121', 'in fine', 'in fine', 'artículo 33']

Eugenia Ariano - Lecturas Seleccionadas - Demanda y Excepciones | Demanda judicial | Ley procesal
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LECTURAS SOBRE LA DEMANDA, SU CONTESTACIÓN Y LAS EXCEPCIONES
1. SOBRE EL PODER DEL JUEZ DE «SOFOCAR DESDE SU NACIMIENTO LAS PRETENSIONES FATALMENTE CONDENADAS AL FRACASO»
2. ¿JUECES «DIRECTORES» O JUECES «PENÉLOPES»?
3. ¿DIEZ AÑOS DE «EUGENESIA» PROCESAL?
4. LAS «IMPRECISIONES» DE LA DEMANDA Y EL «BONDADOSO» ART. 426 DEL
5. EL “RECHAZO” IN LIMINE DE LA DEMANDA: VIEJAS Y NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LOS ARTS. 426 Y 427 CPC
6. RECHAZO IN LIMINE DE LA DEMANDA Y CULTURA DEL PROCESO:
7. EL SILENCIO DEL DEMANDADO EN UN PROCESO CONSTRUIDO EN BASE A
8. RENUNCIA Y ALEGACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN ENTRE EL CÓDIGO CIVIL Y
PRECLUSIONES RÍGIDAS
9. CAMBIANDO TODO PARA QUE NADA CAMBIE: LA LEY N° 28544 Y LA «NUEVA» DISCIPLINA DE LA «CONTIENDA» DE COMPETENCIA
10. SOBRE EL «INAGOTABLE» PODER DEL JUEZ DE PRONUNCIARSE SOBRE LA
(LLAMADA) «VALIDEZ DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL»
11. DE LA EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN A LA EXCEPCIÓN DE «CONCLUSIÓN
DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN»
SOBRE EL PODER DEL JUEZ DE «SOFOCAR DESDE SU NACIMIENTO LAS PRETENSIONES FATALMENTE CONDENADAS AL FRACASO»
Comentario a la Casación N° 1812-2001/Lambayeque, Tercería, (Publicada en El Peruano, miércoles 2 de enero del 2002, p. 8236)
Dedicado a todas las víctimas, conocidas y desconocidas, de los art. 426 y 427 del CPC
SUMARIO: Premisa: una tercería que no se logra iniciar.— 2. El problema de fondo: la
improcedencia in limine como manifestación del proceso «publicístico».— 3. A la búsqueda de los orígenes del art. 427 del CPC: del proyecto Chiovenda a la reforma portuguesa de 1926.— 4.
art. 427 CPC.— 6. Reflexiones conclusivas.
la recepción brasileña y el Código Tipo para Iberoamérica.— 5. La «economía procesal» del
1.— La sentencia de casación que motiva estas notas constituye una más que clara, viva y real constatación de los absurdos extremos a los que puede conducir un proceso civil que suelen llamar «publicístico», y que curiosamente sería aquél en el que «el juez es el encargado de impulsar y orientar el desarrollo del proceso al cumplimiento de sus fines» y en el que «por su intermedio, la actividad procesal se orienta hacia lo indispensable, es decir, se proyecta hacia una función útil y provechosa» 1 .
En efecto, de su lectura se puede apreciar que:
la cual se interpuso el recurso de casación
era una que declaraba improcedente in limine una demanda de tercería de pago;
2°.— El recurrente, en particular, se lamentaba que se le negó su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto, las instancias de «mérito» al calificar la demanda:
1°.— La resolución en contra de
a) valoraron elementos distintos a los que expresamente exige el CPC en sus artículos 424, 427 y 534;
b) no efectuaron un examen de «procedibilidad» de la acción, «máxime que la demanda fue interpuesta oportunamente antes de efectuarse el pago a los trabajadores de la empresa Hotel Maracaibo S.A. (dispuesta en octubre del 2000), conforme lo estableció la Corte Suprema en resolución casatoria del doce de abril de dos mil»;
c) se contravino lo dispuesto en el art. 427 CPC, dado que la acción tiene las dos condiciones para su admisión (legitimación e interés para obrar) y la
1 Así, MONROY GÁLVEZ, La ideología en el Código Procesal Civil peruano, en Ius et Praxis, N°24, 1994, p. 199-200.
improcedencia se funda en la ausencia de algún requisito intrínseco o de fondo;
señalado en cuál
art. 427 CPC se ampara
3°.— El recurso, efectivamente, se declaró procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso «al no haberse dado trámite como es debido a su demanda y que fue ordenado por la Sala Suprema».
4°.— La sentencia de casación, recogiendo los argumentos del recurrente —y, por cierto, sin siquiera cuestionarse si por casualidad con ese poder conferido al juez de declarar in limine la improcedencia de la demanda se vulneraría algún derecho constitucional—, declara fundado el recurso y tras casar la resolución de vista, anula la del a quo y «manda» que el Juez expida nueva resolución (o sea que, ¡de una buena vez admita la demanda!).
Para poder entender lo que ha pasado debemos agregar algunos datos que emergen de la sentencia, rogando al lector hacer atención a las fechas. Así, que:
a) nuestro «frustrado» tercerista (que era un banco) interpuso, en su momento (no sabemos la fecha) una tercería de pago en relación a un proceso de ejecución (seguido por lo que parece por otro banco, no sabemos contra quien), pero (seguramente) cuando aún no se había procedido al remate de los bienes objeto del mismo.
b) tal demanda fue declarada in limine improcedente (probablemente porque se consideró «extemporánea») y que dicha resolución (obviamente confirmada en apelación) fue objeto de un primer recurso de casación que fue declarado fundado por sentencia de la Corte Suprema de fecha (atención) 12 de abril del 2000, la que debió disponer (más que probablemente) que se admitiera la tercería.
c) pese a la resolución de la Corte Suprema la demanda de tercería no se admitió pues con fecha nueve de octubre del 2000 el a quo declara improcedente la tercería, por cuanto en ese mismo octubre se adjudicaron los bienes objeto de la ejecución a los trabajadores del Hotel Maracaibo S.A.
Es decir, por si no se ha entendido, han habido dos intervenciones de la Corte Suprema pronunciándose (implícitamente) sobre la admisibilidad (y procedencia) de la tercería: una primera fechada 12 de abril del 2000 (o sea, al momento hace ¡casi dos años!) y la otra constituida por la sentencia objeto de estas notas que tiene fecha 5 de octubre del 2001, que «manda», en buena cuenta, que se admita la demanda.
Luego, estamos ante una absurdo «concepturo» de tercería, una tercería que pese a todos los esfuerzos del «tercerista» no se logra ¡siquiera iniciar! (y que dudo se pueda iniciar).
La pregunta que se impone hacernos es ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que un auto de improcedencia in limine de una demanda llegue dos veces a la Corte Suprema en vía de casación? ¿Cómo es posible que en un sistema que se nos dice que tenemos «derecho a la tutela jurisdiccional efectiva» no se pueda (siquiera) iniciar un concretísimo proceso?
2.— Las respuestas a estas preguntas tiene, para quien escribe, un sabor muy amargo, por cuanto implican admitir (siempre para quien escribe) los concretos daños que a los justiciables pueden producir ciertas superestructuras conceptuales que luego se transforman en normas 2 .
En efecto, como lo señalábamos al inicio la madre del problema está en que nuestro legislador procesal construyó un proceso «publicístico» (que es como decir que lo construyó «desde el punto de vista del juez» 3 ) y en tal sentido poco le importó que imponiendo al juez el poder-deber de «calificar» la admisibilidad y procedencia de toda demanda se terminara dándole al juez un instrumento que podría ser arbitrariamente utilizado como barrera para aquello que proclamó desde el artículo I del Título Preliminar del CPC: el pomposamente llamado «derecho a la tutela jurisdiccional efectiva» de las partes (sí de las partes), el que, in primis, debería implicar la más que elemental posibilidad (para el actor) de abrir el proceso.
3.— Por ello, si no fuera por más que para provocar una reflexión sobre las visiones «publicísticas» del proceso, que conducen a resultados tan desastrosos como
2 En esta sede debo reconocer que hasta hace poco no habría escrito lo que estoy escribiendo. De hecho, la sentencia que motiva estas notas tiene una referencia a un trabajo mío, publicado apenas en el año 1998 en la revista Cathedra. El Espíritu del Derecho, Año II, N° 3, p. 7 y ss., que contiene una tal serie de «slogans» y lugares comunes (en particular en las pp. 8 y 9 respecto al art. II del T.P. CPC) como para avergonzarme. Debo, igualmente, decir que es recién leyendo (y traduciendo) los ensayos del profesor CIPRIANI (en particular En el centenario del Reglamento de Klein (El proceso civil entre libertad y autoridad), en Revista Jurídica del Perú, Año LI, N° 18, enero 1999-enero 2000, p. 122), así como del profesor MONTELEONE (en particular, Sobre la exposición de motivos de Giuseppe Pisanelli al Libro I del Código de procedimiento civil italiano de 1865 (dos código en contraste), en Revista Jurídica del Perú, Año LI, N°27, octubre 2001, p. 160-161) que el hecho que la demanda deba ser «calificada» por el juez comenzó a presentárseme como una de las mayores (de las tantas) manifestaciones de autoritarismo procesal que contiene nuestro Código.
3 Según la ya clásica expresión de la Relazione al Re (Exposición de motivos) del Código italiano de 1940, en su n. 19, en la que explicando la sistemática del nuevo código, y contraponiéndola a la del que derogaba se señalaba: «el cesado Código se planteaba los problemas desde el punto de vista del litigante que pide justicia, el nuevo se lo propone desde el punto de vista del juez que debe administrarla»: cfr. en CIPRIANI, D’ELIA, IMPAGNATIELLO, Codice di procedura civile con la Relazione al Re, Cacucci, Bari, 1997, p. 224, y, en traducción de Sentís Melendo, en REDENTI, Derecho Procesal Civil, III, Ejea, Buenos Aires, 1957, p. 199.
los reseñados, tratemos de llegar a encontrar los orígenes de nuestro art. 427 CPC que permite que un juez, de plano e inaudita altera parte, pueda declarar la improcedencia de una demanda.
En rigor de verdad, nuestro viejo Código de 1912, siguiendo una línea que era propia del proceso común medieval, en razón de que la demanda escrita (como otrora el denominado libello) debía interponerse ante el juez, permitía que éste la «devolviera» al actor si es que carecía de alguna de las formalidades indicadas en el
art. 306, «debiendo el juez precisar en la providencia el requisito que se ha omitido» (así el art. 307 del viejo código). Pero, me parece dudoso que sea ésta la norma- antecedente de los art. 426 (inadmisibilidad) y 427 (improcedencia) del vigente código. Es más, creo que durante toda la vida del Código de 1912 a ningún juez se
le ocurrió aplicarla, pues de todas las demandas se daba «traslado al demandado»
(art. 309, Código de 1912).
Ahora bien, aún descartando que el precedente esté en el poder del juez de «devolver» la demanda del art. 307 del viejo código, la referencia al proceso común
no parece tan descabellada. De hecho LIEBMAN, en un clásico estudio de 1948, que debe haber sido escrito al poco tiempo de su regreso a Italia tras su (forzado) exilio brasileño, explicando los institutos del derecho común en el proceso civil brasileño, señalaba, sorprendido, que en Brasil, en virtud del art. 160 del Código procesal de 1939 el juez podía «indeferir» la petição inicial (o sea nuestra demanda), vale decir, rechazar el darle trámite y de hacer citar al demandado, cuando encontraba que una
de las partes era incapaz o que la demanda era «manifiestamente inepta». Y explicaba
esta disposición diciendo «Esto es lo que queda de la antigua exceptio inepti libelli,
que el juez hoy debe tomar en consideración ‘in limine’ y de su propia iniciativa» 4 .
O sea, una evolución —en sentido «publicístico», en cuanto apreciable de oficio, de
plano e inaudita altera parte—, de una típica excepción dilatoria (obviamente) de parte, una de aquellas que en el proceso común implicaban la promoción de una litis ingressum impediente.
¿Pero cómo así se produjo esta «evolución» en el derecho brasileño?
Teniendo presente que el Código brasileño de 1939, según lo expresa el propio LIEBMAN, tomó como «modelos» el código portugués (también de 1939) y los proyectos italianos Chiovenda, Carnelutti y Solmi 5 , por allí debemos dirigir nuestra atención. Y como de los mencionados el más «antiguo» es el proyecto de Chiovenda, pues comencemos por él.
4 LIEBMAN, Istituti di diritto comune nel processo civile brasiliano, en Ricerche sul processo. Il processo civile brasiliano, al ciudado de PICARDI y GIULIANI, Maggioli, Rimini, 1988, p. 26. El estudio fue inicialmente publicado en la Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1948, p. 154 y ss. y luego recogido en Problemi del processo civile, Morano, Napoli, s/f (pero de 1962), p. 490 y ss.
5 LIEBMAN, op. cit., p. 23.
¿Qué nos proponía Chiovenda, en su proyecto publicado en 1920? Pues conforme al art. 8 —tras haber establecido en su art. 6 que la demanda judicial debía presentarse en la secretaría de la autoridad judicial— que:
«Si la demanda presenta irregularidades u omisiones, si en particular la indicación de los hechos y de las pruebas no es suficientemente clara y precisa, la autoridad judicial puede invitar al actor a completarla o corregirla asignándole un plazo para la nueva presentación en la secretaría» 6 .
CHIOVENDA, en la exposición de motivos del proyecto, tuvo a bien precisar que para garantizar la observancia de las normas sobre los requisitos de la demanda judicial (o sea los indicados en el art. 4 del proyecto) la «exceptio inepti libelli no basta», y consideraba más eficaz «la acción preventiva del juez»: «En el nuevo proceso (y esa es una de sus notas fundamentales) la demanda judicial antes de ser notificada
es presentada a la autoridad judicial (
participar en la causa desde este momento inicial, debe examinar la demanda y, si ésta presenta irregularidades u omisiones, si en particular la indicación de los hechos y de las pruebas no es suficientemente clara y precisa, puede invitar al actor a
completarla o corregirla, asignándole un plazo para la nueva presentación (
el actor no pueda ser constreñido a mejorar la demanda y tenga la facultad de representarla tal cual, es presumible que, puesto en aviso por la invitación del magistrado, él comprenderá en el mayor número de casos la conveniencia de cumplir; que más bien, la necesidad misma de presentar la demanda al examen preventivo del juez bastará por sí sola para que las partes se atengan fielmente a las prescripciones de la ley» 7 .
) Si bien
La autoridad judicial llamada así a
Parece evidente que CHIOVENDA nunca propuso otorgarle al juez el poder de «indeferir» (por usar la expresión portuguesa) la demanda, sino sólo el mucho más «blando» (y yo diría más gentil) poder de «invitar al actor» a completar o corregir su demanda (que podía o no hacerse) 8 . Pero, el nexo exceptio inepti libelli y ese poder del juez de «invitar» al actor a completar o corregir su demanda estaba hecho.
6 CHIOVENDA, Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra. Appendice: testo del progetto (1919), en Saggi di diritto processuale civile, al cuidado de PROTO PISANI, II, Giuffrè, Milano, 1993, p. 117 (cursivo mío).
7 CHIOVENDA, Relazione sul progetto, cit., p. 52-53 (cursivos míos).
8 Señala CIPRIANI que el proyecto Chiovenda «contenía una gran innovación: estaba impregnado de una confianza extrema en el hombre. En el hombre juez, en el hombre defensor y en el hombre parte, de tal forma que el humus humano en el cual él hipotizaba el desarrollo del proceso se revela del todo nuevo no sólo respecto al código Pisanelli y a la reforma Mortara, sino también respecto a lo que antropológicamente era el hombre en 1920. El juez es presumido habilísimo y, si no infalible, por lo menos seguramente capaz de resolver rápido y bien cualquier problema. El juez italiano, en 1920, no era en verdad siquiera autónomo e independiente del ejecutivo, pero pese a ello Chiovenda tiene la certeza que aquél nunca abusaría de sus poderes. Viceversa los defensores son presumidos indulgentísimos y apacibilísimos, pero no hábiles. Por ejemplo, por el art. 8, el juez,
Ahora bien, ni el proyecto Carnelutti de 1926 9 , ni los proyectos Solmi de 1937 y 1939 10 tienen ninguna norma al respecto, por lo que debemos echar nuestra mirada a la legislación lusitana, que tanta influencia (no podía ser de otra forma) ha tenido en la legislación brasileña.
Pues bien, revisando un viejo artículo del que luego fuera el autor del Código del proceso civil portugués de 1939, el profesor de la Universidad de Coimbra, JOSÉ ALBERTO DOS REIS, me llevé una gran sorpresa. El artículo publicado en la Rivista di diritto processuale civile de 1930 (con traducción del propio «Prof.» Liebman) da cuenta a los lectores italianos de las reformas al proceso civil operadas en Portugal en 1926, y bajo la premisa que tal reforma se fundaba en las (bellas) ideas de «aumentar los poderes del juez, transformándolo de inerte espectador en persona activa», «evitar el dispendio inútil de actividades procesales», así como «obligar al juez a tomar conocimiento desde el inicio de la causa», señaló que «uno de los aspectos más interesantes de la reforma consis(tía) en las medidas tendientes a evitar que se
frente a la demanda y aún antes de la notificación, ‘puede invitar al actor a completarla o a corregirla asignándole el plazo para la nueva presentación en la secretaría’, y en la exposición de motivos se precisa que el actor tiene de todas formas el derecho de replantearla tal cual. Si no fuera porque, ni en la exposición de motivos, ni en el articulado se hipotiza que el actor, que bien podría estar defendido por un Lessona o por un Chiovenda, no tenga ninguna intención de replantear la misma demanda, ni mucho menos corregirla, sino que pretenda que el juez, que bien podría ser un recién graduado, juzgue sobre aquella que ya ha presentado»: Storia di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Giuffrè, Milano, 1991, p. 207-208.
9 De hecho, el proyecto Carnelutti, que él mismo publicara como «suplemento» de la Rivista di diritto processuale civile en 1926, no existe una norma como la del proyecto Chiovenda. En cambio, en la publicación oficial del Proyecto de la «Subcomisión C» (ante la cual Carnelutti presentó el suyo) en su art. 137, in fine, se reproduce la fórmula chiovendiana. Cfr. en
COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI. SOTTOCOMMISSIONE C, Codice di procedura
civile. Progetto, Provveditorato Generale dello Stato, Roma, 1926, p. 46. Sobre el proyecto Carnelutti y la Subcomisión C, véase CIPRIANI, Storia di processualisti e di oligarchi, cit., p. 259 y ss.
10 El Proyecto Preliminar Solmi de 1937 no preveía una demanda presentada ante el juez, sino que ésta se debía hacer por «citación» (o sea acto de parte: art. 131). ZANZUCCHI, en
Osservazioni intorno al “progetto preliminare del codice di procedura civile”, Vita e pensiero, Milano, 1937, si bien saludando el noble esfuerzo que los redactores del proyecto habían cumplido para dar «finalmente a Italia un Código procesal en tono con los nuevos tiempos, es decir fascista» (p. 4), lamentó que el que se hubiera previsto como forma de proposición de la demanda a la citación por cuanto «es bien conocido que se invoca desde hace tiempo que este sistema de proponer la demanda introductoria sea abandonado; y, de conformidad con el sistema de nuestro derecho común,
introduzca el sistema de la denominada citación mediata, en virtud de la cual la demanda es
presentada en forma de recurso al juez, y es el juez el que, vista la misma, ordena la comunicación a
y que el Proyecto en examen tan decididamente
inspirado en criterios publicísticos habría debido acoger por ser aquella que es conforme a la concepción publicística de la acción, cual derecho hecho valer frente al Estado» (p. 31, cursivos míos). Esta última frase es decididamente muy elocuente.
canónico y también actual (c. 1706 C.I.C), de las más modernas legislaciones extranjeras (
la parte adversaria, con citación para comparecer (
despliegue inútilmente la actividad judicial», y para ello, nada mejor que atribuirle al juez la facultad de rechazar «in limine» la demanda inicial: «a) cuando la reconoce inadmisible; b) cuando es manifiesta la incompetencia del tribunal por razón de materia; c) cuando no hay duda que el proceso iniciado no es idóneo a la finalidad perseguida; d) cuando la injusticia de la pretensión del actor sea tan evidente que resulte inútil cualquier instrucción de la causa. En todos estos casos el planteamiento de la una acción en juicio representa un tentativo destinado a naufragar: el éxito de la causa está irremediablemente comprometido. Y desde el momento que se trata de vicios que se denuncian de la simple lectura de la demanda inicial, el legislador ha considerado deber dar al juez el poder de sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso. De este modo se ahorran al actor inútiles gastos y molestias y al tribunal un ejercicio de una actividad destinada a quedar estéril» 11 .
Luego, mientras antes de la reforma el juez portugués era «una especie de
autómata, movido por las partes a su arbitrio» 12 , la reforma de 1926, cual hada azul
tan activa que debía
preocuparse por evitar al actor (sí, al actor, aquél que quería iniciar el proceso) ¡inútiles gastos y molestias!, pero, obviamente y sobre todo, ahorrarle al tribunal «estériles» actividades.
Así las cosas, la muy considerada (con la parte actora, pero, sobre todo, con el tribunal) disposición fue luego traslada por el propio DOS REIS al Código de 1939 13 (y de allí a su coetáneo Código brasileño) y mantenida en el Código lusitano de 1961 en sus artículos 193 y 474 y ss 14 .
4.— Con estos antecedentes y con tan conmovedora justificación, el poder del juez de «indeferimento» de la petição inicial fue reiterado en el artículo 295 del Código brasileño de 1973, norma ésta que tendría su secuela en toda reforma del proceso civil proyectada en Latinoamérica.
Hay que señalar que ya en las V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Bogotá en junio de 1970 entre las conclusiones del Tema I (relativo al «problema de la lentitud de los procesos y su solución») se propuso que «El juez debe estar dotado de amplias facultades para declarar inadmisible la demanda, siempre que ésta carezca de los requisitos formales exigidos en la ley
de Pinocho, lo transformó en una «persona activa»
11 DOS REIS, La riforma del processo civile portoghese, en Rivista di diritto processuale civile, 1930, I, p. 161-162 (cursivos míos).
12 DOS REIS, op. cit., p. 158.
13 No creo que sea indiferente recordar que en 1939 Portugal estaba gobernado por el fascistísimo régimen de Antonio de Oliveira Salazar.
14 Sobre el proceso portugués, véase, en síntesis, VARELA, La giurisdizione civile in Portogallo, en La giustizia civile nei paesi comunitari, al cuidado de FAZZALARI, Cedam, Padova, 1994, p. 359 y ss., especialmente sobre el tema, p. 370-371.
procesal, y para rechazarla cuando se ejercite una acción especial sujeta a término de caducidad y éste haya vencido» 15 . Es así que para el consilium de los procesalistas latinoamericanos la lentitud de los procesos se podía resolver dando el juez «amplias facultades» para ¡cerrar las puertas del proceso! Gran solución, hay que decir.
Vistas esas geniales propuestas congresales «aceleratorias» será con en el Proyecto de Código-Tipo para Iberoamérica preparado por encargo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (o sea por quien organiza las Jornadas Latinoamericanas) por los procesalistas uruguayos Véscovi, Gelsi Bidart y Torello, que nuestro poder «de sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso» encontrará su más convencida recepción, un proyecto trascendente pues pretendía lograr la finalidad de «concentrar en esas normas proyectadas, la unidad del pensamiento científico-técnico latino-americano» 16 .
Es así que en el inciso 1° del artículo 33 (Facultades del Tribunal) del Código-Tipo se propuso que «El Tribunal está facultado para rechazar ‘in limine’ la demanda cuando ella fuere manifiestamente improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido».
La propuesta —que los autores del Código Modelo consideraban que «representa(ba) una innovación del proyecto con respecto a casi todos los códigos iberoamericanos, no obstante encontrarse ya en el régimen brasileño» 17 —, se justificó sosteniendo que «se trata de la posibilidad de que el Tribunal no sólo analice liminarmente los aspectos formales (externos) sino el contenido de la petición inicial. Esto es, no sólo la admisibilidad sino, además, la fundabilidad, lo que constituye un paso muy importante en el aumento de sus poderes. Naturalmente que se trata de un caso extremo en el cual surge objetivamente (esto es ‘a priori’, notoriamente) dicha improponibililidad, como si se solicitara el divorcio en un país que no lo admite, o el cobro de una deuda de juego cuando la legislación dice que esta sólo produce obligaciones naturales. Se trata de un caso en que manifiestamente la pretensión no podrá ser acogida, independientemente de los hechos alegados o las pruebas que se produzcan» 18 .
15 Cfr. en V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, en Revista de estudios procesales, N°5, Rosario, Set. 1970, p. 52.
16 Así GELSI BIDART, Codigo-Tipo y reforma del proceso en América Latina: entre derecho común ó uniforme, en Un Codice-Tipo di procedura civile per l’America Latina. Congresso Internazionale. Relazioni, Roma, 1988, p. 54.
17 Cit. por BERTOLINO, Relaciones entre demanda manifiestamente improponible, poderes del Tribunal y derecho al proceso, en Un Codice-Tipo di procedura civile per l’America Latina. Congresso Internazionale. Comunicazioni, Roma, 1988, p. 53.
18 Cit. por BERTOLINO, op. cit., p. 55 (cursivos en el texto).
Muy bien, entonces en el concierto latinoamericano todos de acuerdo: el juez debe tener el poder de rechazar in limine la demanda, no importando si aquello representaba (y representa) una pequeña «antinomia» con el derecho de acción y al proceso que el propio Código-Tipo declara en su art. 11, por cuanto, quién podría dudar que el juez «al rechazar in limine» la demanda efectivamente habría ya «oído en los estrados judiciales» 19 al actor, y sólo «por un déficit en las condiciones de procedibilidad de la demanda, el tribunal no le de curso» 20 . A fin de cuentas, «los principios de autoridad y de economía procesal justifican el que el Juez no deba permanecer impasible ante la proposición de demandas cuya sustanciación sólo se traduciría en un inútil dispendio de actividad jurisdiccional» 21 .
5.— Así las cosas, estando a los magnos principios de autoridad y economía procesal, y siendo el poder del juez de declarar in limine el «rechazo» de la demanda perfectamente compatible con el derecho (abstracto y autónomo) de acción, nuestro legislador, considerando sólo «un dogma» el que toda demanda deba admitirse 22 , terminó consagrando en los artículos 426 y 427 el deber del juez de pronunciarse, de plano e inaudita altera parte, sobre la admisibilidad y procedencia de la toda demanda 23 , con la consecuencia que desde el 28 de julio de 1993, fecha de entrada en vigencia de ese «verdadero alarde de técnica procesal, susceptible de enorgullecer a
19 Así PEYRANO, El proceso atípico, Ed. Universidad, Bs. Aires, 1983, p. 55.
22 Así RAMIREZ JIMENEZ, Postulación del proceso, en Revista del Foro, Lima, Año LXXXI, N°2, 1993, p. 54.
23 En realidad nuestro legislador procesal no estaba muy seguro del cómo comportarse
frente a la admisibilidad y procedencia de la demanda. En efecto, si se observa el Proyecto del Código de Procedimientos Civiles, publicado en El Peruano en febrero de 1992, en su art. 431 se incluía entre los supuestos de «inadmisibilidad» el que la demanda contuviera «una indebida acumulación de pretensiones» (inc. 3) y la que presentara «defectos que impid(ieran) un pronunciamiento de fondo» (inc. 4); dicho Proyecto no discurría de «improcedencia» sino —como en el Código-Tipo— de
«rechazo». Es así que en el art. 432 se decía que «La demanda será rechazada
de «rechazo» se incluían el que «la vía procedimental escogida no correspond(iera) a la naturaleza del petitorio o al valor de éste» (inc. 4), el que «petitorio (fuera) incompleto o impreciso» (inc. 6) y el que contuviera «pretensiones incompatibles no propuestas en forma subordinada» (inc. 9). Promulgado el Código por Decreto Legislativo N° 768 (publicado en El Peruano el 4 de marzo de 1992), en el art. 426 se mantienen los supuestos de «inadmisibilidad» y en el art. 427 los de «rechazo» del Proyecto publicado en febrero, pero la palabra «rechazo» es sustituida por «improcedencia», la que queda sólo para los supuestos en los cuales declarada la inadmisibilidad el
actor no subsane el «defecto» en el plazo fijado por el juez. Será con el Decreto Ley 25940 de diciembre de 1992, que los actuales supuestos de «inadmisibilidad» e «improcedencia» serán «reubicados» tal como hoy aparecen en el CPC.
cualquier país moderno» 24 , cual es el Código Procesal Civil, la elemental circunstancia de ver admitida una demanda representa para los justiciables del Perú todo un triunfo 25 .
Naturalmente, el legislador en su infinita confianza en el juez, al conceder este inmenso poder no tuvo en cuenta un dato tan elemental como obvio (y realista):
cada proceso representa para un juez, simple y llanamente,
economía procesal se trata, cuando un juez tiene mucho trabajo atrasado, resulta muy comprensible (y humano) que se tome el económico (para él) camino de la inadmisibilidad (con un plazo muy corto para subsanar, en la esperanza que no se subsane) o de la fatal improcedencia. Con la consecuencia que el frustrado actor o hace lo que hizo nuestro tercerista (apelar e ir luego en casación) o hace forum shopping, o sea se lanza desesperado a la antieconómica (para él) tarea de encontrar un juez que quiera admitirle la demanda.
Y cuando, como en nuestro caso, de la «admisión» de la demanda depende la efectividad misma de la tutela que se puede lograr con el proceso, la situación se vuelve dramática. Si, en efecto, pensamos en nuestra tercería de «pago» —pero lo dicho vale también para la tercería de «propiedad» 26 —, si es que no se admite, el proceso de ejecución sigue inexorablemente su curso, y como tal el bien objeto del mismo en algún momento será enajenado, con la consecuencia que aquél que consideraba que tenía un derecho de crédito a ser satisfecho con el producto de la enajenación del bien antes que el del ejecutante, a enajenación hecha y a pago dispuesto, ya no podrá hacer valer esa prelación en su crédito, razón de ser de la existencia misma de la tercería de «pago». Entenderá el lector por qué al inicio dijimos que, pese a las buenas intenciones de la sentencia de casación, dudábamos que nuestra tercería, a estas alturas, pudiera ser admitida, si sólo nos atenemos a lo dispuesto en los arts. 534 y 537 del CPC.
Así pues, dado que, lamentablemente, los humanos podemos hacer muchas cosas pero no detener el tiempo, ni regresar hacia atrás, cuando no nos admiten una demanda —en particular cuando la caducidad o la prescripción merodean— se nos puede estar poniendo en riesgo la posibilidad misma de tutela de una situación
24 Así PEYRANO, Breve estudio crítico del Código procesal civil del Perú, en Código Procesal Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p. 5.
25 Hasta PEYRANO se percató de ello. «La praxis correspondiente a la precitadas normas [art. 426 y 427 CPC] arroja que en los momentos posteriores a la entrada en vigencia del código se registró un porcentaje altísimo de rechazos iniciales de la demanda, dato que también me hicieran conocer mis buenos amigos peruanos que me han expresado que dicho porcentaje se mantiene elevado en la actualidad»: Breve estudio crítico, cit., p. 13.
26 Sobre los problemas que presenta el que el remate de un bien se suspenda sólo una vez «admitida» la tercería de propiedad, véase, mí Sobre el dies ad quem en las tercerías de propiedad, en Diálogo con la jurisprudencia, N°35, agosto 2001, p. 39 y ss.
protegidísdima, hasta ese momento, por el derecho sustancial. Triste realidad de la que debemos tomar nota, y nuestra sentencia, como decíamos, constituye una clara, viva y real constatación. Una constatación a la que hay que agregar otra: la posibilidad del «rechazo» de la demanda in limine se suele justificar (aparte del principio de «autoridad», que en lo personal me hace sentir escalofríos) en la economía procesal. En nuestro concretísimo caso el «económico» art. 427 CPC ha producido en el lapso de por lo menos dos años seis resoluciones, dos de ellas nada menos que de casación, y todo ello en un proceso ¡«non nato»! Los comentarios, creo, sobran.
6.— Pero no podemos —ni debemos— detenernos en las constataciones indicadas. Hay un problema de fondo que es preciso abordar.
Nosotros hemos heredado del proceso común medieval —lo dice LIEBMAN que sabía mucho de estas cosas— «la necesidad de que cada acto del proceso fuera autorizado y ordenado por el juez» 27 . Y en primera línea, el que la demanda se dirija al juez y no a la contraparte 28 . Ello ha permitido que fariseísmos creados en otras latitudes, frente a otras realidades y finalidades, como que la acción es un derecho autónomo y abstracto frente al juez, tengan en ésta una lectura del todo particular.
Así, se nos dice, y a decirlo es nuestro propio CPC en su art. 2, que el derecho de acción consiste en «recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivos o a una incertidumbre jurídica». Ergo, para ejercitar mi derecho de acción me basta presentar mi demanda escrita al juez. Y así nadie puede dudar «que el derecho de acción ya se ejercitó al interponer la demanda y, por consiguiente, si ésta se declara inmediatamente inadmisible o improcedente, no se ha violado derecho constitucional alguno del pretensor» 29 .
27 LIEBMAN, Istituti di diritto comune, cit., p. 26.
28 BARBOSA MOREYRA considera que «en el derecho latinoamericano prevalece la técnica del control judicial de la demanda, previo a la convocatoria del demandado para el proceso. Es un técnica que le permite repeler in limine demandas inadmisibles y hasta, en algunos supuestos, demandas manifiestamente infundadas»: Coincidencias y diferencias del nuevo Código procesal civil peruano frente a la legislación procesal brasileña, en Ius et Praxis, N°24, 1994, p. 101. Debo disentir con el ilustre estudioso brasileño. El control preventivo de la demanda por parte del juez no es una cuestión técnica, sino ideológica. Por ello bien decía hace muchísimos años Giuseppe Pisanelli, autor del Código italiano de 1865, que «la experiencia ha demostrado la inutilidad de la intervención del juez para autorizar la citación. Él no puede y no debe tomar en examen las cuestiones que puedan surgir de la demanda del actor; no puede por consiguiente denegar el permiso de la citación porque la demanda no esté fundada de hecho o de derecho, ni una demanda puede ser desestimada sino con una sentencia proferida en las formas prescritas por la ley y previa discusión de la causa en las formas por ella establecidas» (cfr. en MONTELEONE, Sobre la exposición de motivos de Giuseppe Pisanelli, cit., p. 161).
29 Así, RAMIREZ JIMENEZ, op. cit., p. 54, quien además considera «no sólo legal sino necesario» establecer que es obligación del juez pronunciarse sobre la admisibilidad y procedencia de
Creo que sostener posiciones como estas implica tener los valores invertidos. La demanda judicial, si efectivamente es la acción concretizada, no debería ni admitirse ni no admitirse por el juez. La demanda judicial debería sólo «comunicarse», «notificarse», o utilizando la españolísima expresión «trasladarse» al demandado. Que ello se haga por intermedio del juez (lo que cada día me parece sí un inútil dispendio de actividad judicial y una inútil pérdida de tiempo para la parte actora), por intermedio del «auxiliar jurisdiccional» (secretario o como se le quiera llamar) o por obra del propio actor es una cuestión a decidir. Pero, lo cierto es que no deberían haber filtros para que alguien pueda llevar a otro ante el juez.
Tal como lo señala MONTELEONE «la demanda judicial no es una imploración dirigida por un súbdito al juez, y por él al Estado, para que se emita una decisión de fondo, sino que es una manifestación de autonomía y libertad individuales que subordina a la discrecional valoración del titular de un derecho el ejercicio concreto de la jurisdicción. La consecuencia es que el destinatario directo e inmediato de la demanda es siempre y solamente el demandado, contra el cual ella es planteada, y sólo mediatamente el juez, con la ulterior consecuencia que su finalidad fundamental, en la cual cualquier otra se absorbe, es la de constituir el contradictorio» 30 .
Hasta el momento nuestra jurisprudencia no se ha percatado de este problema de fondo, pues siempre ha dado por descontado, y ello también ocurre en nuestro caso, la legitimidad constitucional de los artículos 426 y 427 del CPC, haciendo sólo la salvedad que ese poder-deber de declarar la inadmisibilidad y, sobre todo, la improcedencia debería ser usado «con cuidado». Inútil es decir que cuando un legislador considera que sólo por intermedio del juez «la actividad procesal se orienta(rá) hacia lo indispensable, es decir, se proyecta(rá) hacia una función útil y provechosa» y se le da el poder tan grande de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso», los buenos consejos no valen. El poder ya se tiene y hay que atenerse a las consecuencias.
la demanda (p. 55). No muy lejos, TICONA POSTIGO, Los ejercicios del derecho de acción y de contradicción en el Código procesal civil peruano, en Ius et Praxis, N°24, 1994, p. 86, para quien «el ejercicio del derecho de acción no importa imprescindiblemente el derecho a una sentencia sobre el fondo, sino a un pronunciamiento —sea mediante sentencia u otra forma de resolución— sobre la pretensión y sobre la demanda en general; emitiendo juicios de admisibilidad, procedibilidad ‘in limine’ o finalmente fundabilidad. Todo ello dentro de la concepción publicista del proceso y de la acción».
30 MONTELEONE, Diritto processuale civile, 2ª ed., Cedam, Padova, 2000, p. 360.
¿Nos daremos cuenta algún día que los arts. 426 y 427 CPC constituyen un atentado al derecho de acción 31 ? Cuando ello ocurra las víctimas, conocidas y desconocidas, de los arts. 426 y 427 del CPC, estoy segura, nos lo agradecerán.
31 Quien sí parece haberse dado cuenta es el Tribunal Constitucional, al menos en su sentencia N° 265-2000-AA/TC, del 3 de enero del 2001 (publicada en El Peruano el 25 de abril del 2001 y en Diálogo con la jurisprudencia, N° 32, mayo 2001, p. 273 y ss.), el que al declarar fundado el amparo interpuesto por la señora Susana Higushi Miyagawa en contra de la resolución que declaró «in limine» improcedente su demanda contra Alberto Fujimori Fujimori por ser su petitorio «jurídicamente imposible», señala en sus considerandos que «el proceso es el camino necesario y obligado para obtener una resolución judicial, demandando para ello el derecho a ser oído, aportando los medios probatorios necesarios para su defensa, de tal forma que si el órgano judicial prescinde total o parcialmente de él [o sea del proceso], ello ya comporta una vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Más aún, si el reconocimiento o no del derecho o interés perseguido sólo puede producirse al final del proceso, por lo que es suficiente para abrirlo la mera afirmación de tenerlos» (cursivos míos).
¿JUECES «DIRECTORES» O JUECES «PENÉLOPES»? (Reflexiones sobre las vicisitudes de las excepciones procesales, el saneamiento y el contradictorio en el CPC de 1993)
«También los jueces, que son hombres, tienden a seguir en su trabajo la vía minoris resistentiae: y el abogado experto, para cultivar esta halagüeña tendencia a la inercia mental, usa sembrar sus defensas de atajos laterales, que estimulan al juez a no encaminarse sobre la vía maestra.
Las ‘excepciones procesales’, en vez de ser un maligno hallazgo de los abogados para hacer más ardua y fatigosa la obra del juez, son frecuentemente un respetuoso obsequio que ellos dedican a la salud del juez, para ayudarlo a ajetrear menos».
Comentario a Cas. N° 724-99/Lambayeque (Publicada en El Peruano, el 12 de noviembre de 1999,
p. 3902).
SUMARIO: 1. Premisa: justificación de la presente nota.— 2. Nuestro caso.— 3. Nuestra sentencia y el voto del vocal Castillo La Rosa. 4. Las absurdas consecuencias de la inconstitucional improcedencia in limine y las excepciones del art. 446 CPC.— 4. Preclusión y «pseudo» saneamiento procesal.— 5. Excepciones procesales y sentencia.— 6. ¿Esperanza para el futuro?
1. Premisa: justificación de la presente nota
La sentencia arriba transcrita (que es del año 1999) hacía bastante tiempo que estaba esperando su turno para ser anotada y cuando, a fines del año pasado consideré que había arribado «su» momento, llegó a mis manos la recientísima Casación N° 1812-2001/Lambayeque, cuyo contenido se prestaba mucho más que la nuestra para plantear la problemática general de la declaración in limine de improcedencia de la demanda, permitida por el art. 427 del CPC. De allí que, con el riesgo de que siguiera envejeciendo y/o que se produjera un cambio de tendencia en nuestra Corte Suprema, decidí, arrinconarla por el momento, y anotar la otra 1 .
Pero dado que, y por lo que me resulta, la problemática en ella contenida sigue siendo realidad cotidiana ante nuestros jueces civiles, y rogando al lector el tener presente lo dicho en mi nota anterior, pasemos a ver aquello que podemos — sin duda— considerar como otro de los efectos perversos de la existencia en nuestro ordenamiento procesal de los arts. 426 y 427 del CPC.
Nuestro casos era el siguiente:
1 Cfr. Sobre el poder del juez de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso», en Diálogo con la jurisprudencia, N° 41, febrero 2002, p. 91 y ss.
1°. Se había interpuesto, en base al art. 178 CPC, una demanda de nulidad de «cosa juzgada fraudulenta» en relación a una sentencia de usucapión, demanda en la que se habían, además, acumulado otras «pretensiones» (no se indican cuales, pero seguramente estaban planteadas como accesorias);
2°. Con fecha 31 de diciembre de 1996, la demanda fue declarada in limine improcedente por caducidad;
3°. Apelado el auto de improcedencia, la Sala Superior, considerando que no habían transcurrido aún los seis meses previstos en el art. 178 CPC, lo revoca en cuanto a la improcedencia de la nulidad «de cosa juzgada fraudulenta» y dispone que el juez se pronuncie sobre la «admisibilidad» de las acumuladas;
4°. Con fecha 23 de abril de 1997 el juez declara improcedentes las pretensiones acumuladas e inadmisible la de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, concediendo al demandante un plazo de diez días para subsanar los defectos por él indicados.
5°. Se produce una nueva apelación y, esta vez, la resolución es confirmada.
6°. Se interpone recurso de casación, el cual es concedido por la Sala Superior, pero la Corte Suprema, con fecha 17 de noviembre de 1997, declara nulo el concesorio (no sabemos el por qué).
7°. Finalmente, con fecha 9 de marzo de 1998, la demanda (en cuanto a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta) es admitida y notificada a los demandados (¡con fecha 4 de junio de 1998!).
8°. Los demandados interponen excepción de caducidad, y con fecha 5 de noviembre de 1998, la excepción es declarada fundada, y como consecuencia, se declara «nulo todo lo actuado y concluido el proceso».
9°. Apelado el auto la Sala Superior confirma el apelado por cuanto considera que sí habían transcurrido los seis meses establecidos en el art. 178 CPC.
3. Nuestra sentencia y el voto del vocal Castillo La Rosa
Así las cosas, el demandante interpone recurso de casación fundándose en el inc. 3 del art. 386 CPC, por cuanto el auto vista habría vulnerado la cosa juzgada respecto a la caducidad, y nuestra Sala Suprema lo declara infundado debido a que, conforme se lee en el considerando noveno, «aparentemente» se confunde la cosa
juzgada con la preclusión, y afirma que «la admisión de la demanda por mandato superior, no puede impedir que los demandados deduzcan una excepción, tanto más si esas actuaciones previas se siguieron sin citación de los emplazados, ya que sólo el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad de las partes de objetar la relación jurídica procesal; y aún después de ello, el Juez,
excepcionalmente (
puede pronunciarse sobre este aspecto».
Pero nuestro caso cuenta con un voto «discordante» del vocal Castillo La Rosa en el que, sin «discordar» con lo sostenido en el citado considerando noveno de
la sentencia («si bien es cierto que el juez puede anular la relación procesal y declarar
improcedente una demanda, al resolver una excepción de conformidad con el Artículo ciento veintiuno, al pronunciar sentencia») considera que ello sólo es
posible cuando «durante el proceso no ha(ya) existido un pronunciamiento especial
y expreso sobre la causal escogida para ese pronunciamiento», lo que sí había
ocurrido en el nuestro respecto de la caducidad, por lo que su voto era porque se declarara fundado el recurso.
4. Las absurdas consecuencias de la inconstitucional improcedencia in limine y las excepciones procesales del art. 446 CPC
Nuestro caso nos confirma algo que ya evidenciamos en nuestra nota anterior 2 : los arts. 426 y 427 del CPC, no sólo constituyen (cronológicamente) la primera manifestación de ese autoritarismo procesal que alimenta nuestro Código, sino que, además, es fuente primera de «dilación indebida» del proceso. De hecho para admitir nuestra demanda pasaron, entre tanto sube y baja, ni más ni menos, que ¡quince meses!
Pero, no es de las «dilaciones indebidas» que provocan los arts. 426 y 427 CPC de lo que queremos ocuparnos esta vez, sino de otra perversión que provoca la presencia de esos artículos: la posibilidad que el juez termine, dentro del mismo proceso, pronunciándose dos (o, como veremos, más) veces sobre lo mismo.
Se habrá observado que en nuestro caso una misma sala consideró, primero, en la apelación del auto de improcedencia, que no había caducidad y que, luego, en la apelación del auto que se pronunciaba sobre la excepción, cambió de idea y consideró que sí la había, y lo peor es que eso a la Sala Suprema le pareció tan normal, como para declarar infundado el recurso de casación. ¿No les parece extraño?
Pues a mí definitivamente sí. Veamos.
En nuestro caso estaba en juego un supuesto de «caducidad»: los seis meses establecidos en el art. 178 CPC 3 , pero lo que vamos a decir vale para (casi) todos los supuestos en los que se puede basar el juez para pronunciarse tanto sobre la
2 Sobre el poder del juez de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso», cit., p. 99 y s.
3 El plazo del art. 178 CPC es bastante sui generis, pues su vencimiento no determina una, llamémosla así, «caducidad-sustancial» (la del Código Civil), sino sólo una procesal, a estar a que la denominada «nulidad de cosa juzgada fraudulenta» es una impugnación procesal extraordinaria. Mi posición frente a esta impugnación puede verse en Reflexiones sobre los efectos de la sentencia ex art. 178 CPC, en Diálogo con la jurisprudencia, N° 32, mayo 2001, p. 39 y ss.
inadmisibilidad (art. 426 CPC), como por la improcedencia (art. 427 CPC) de una demanda.
Como se sabe la obvia intención del legislador al imponerle al juez esta «calificación» de la demanda fue filtrar las demandas «inútiles» y evitar procesos «estériles» 4 , realizando así un «control» —inaudita altera parte— de los denominados presupuestos procesales (y también de las denominadas «condiciones de la acción»), haciendo preceder este control (de oficio) a aquél que el demandado podía (y puede) provocar con las hoy llamadas (a secas) «excepciones» 5 , y todo ello en nombre del «publicismo» del proceso y sus «principios» de autoridad, de economía y otras bellezas más 6 .
4 Lo dicen todos en coro: v., nuevamente, mi Sobre el poder del juez de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso», cit.
5 Buena parte de las «excepciones» que hoy regulan los arts. 446 y ss. del CPC se llamaban (desde el derecho común) «excepciones dilatorias», porque con ellas el demandado levantaba cuestiones procesales impedientes (litis ingressum impedientes) que, justamente, «dilataban», hasta que no fueran definitivamente resueltas, el momento para contestar la demanda. Así las tuvimos nosotros reguladas hasta 1977 en que el D.L. 21773 las transformó sólo en «excepciones de previo pronunciamiento» (a la sentencia) cuyo planteamiento no interrumpía «la tramitación del principal» (o sea, el que el demandado tuviera que contestar la demanda). El Código de 1993, partiendo de la premisa de uno de sus principales autores («decir excepción procesal es un pleonasmo», «una excepción sustantiva es una contradicción terminológica»: MONROY GÁLVEZ, Apuntes para un estudio sobre la excepción, en Temas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987, p. 141 y 142), con extremo simplismo, «reservó» la denominación de «excepciones» a las procesales (que no es para nada un pleonasmo), tanto que hubo quien propuso que había que modificar todo nuestro ordenamiento jurídico (en particular el Código Civil) para adecuarse a esa «exacta» denominación:
así v. NELSON RAMIREZ, Saneamiento del proceso, en Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 2, 1998, p. 534.
6 MONROY GÁLVEZ en su Introducción al proceso civil, Temis, Bogotá, 1996, al tratar del «principio de defensa privada», que él considera un (mero) «principio del procedimiento» (o sea uno de «los que caracterizan e identifican la presencia de un determinado sistema procesal» (p. 81), pero que no son indispensables para la existencia misma de un proceso), señala que siendo la «excepción» un «alegato del demandado de que la relación procesal que el demandante pretende establecer con él (?) se encuentra viciada», considera «absurdo continuar creyendo que la idea de mantener la restricción al exclusivo ejercicio privado de una institución como la excepción, impide al juez pronunciarse oficiosamente sobre la validez de una relación procesal o sobre la posibilidad de expedirse un pronunciamiento válido sobre el fondo», agregando que «si la excepción está ligada a la validez de la relación procesal, entonces el interés de su declaración es más intenso y trascendente que el interés de las partes, por tanto, no hay razón para prohibirle al juez la facultad oficiosa de declarar la invalidez de la relación procesal» (op. cit., p. 90). En suma lo que quería decir nuestro Autor es que el juez puede pronunciarse de oficio (o sea sin el «acto-excepción» de parte) sobre los denominados presupuestos procesales, lo que nadie discute, pues si ellos faltan no hay posibilidad de emitir un pronunciamiento válido de fondo (por ausencia de poder para ello), por lo que el juez, de no haber posibilidad de subsanación, no puede sino emitir una decisión absolutoria de instancia (cfr. en tal sentido, FABBRINI, en Potere del giudice, en Scritti giuridici, I, Giuffrè, Milano, pp. 412- 413: «El poder del juez de decidir el fondo encuentra supuestos de hecho [fattispecie] impeditivas en
De hecho si se confrontan la mayoría de supuestos de inadmisibilidad del art. 426 y de improcedencia del art. 427 con las «excepciones» del artículo 446 CPC, vamos a advertir el paralelismo.
Así existe un claro, y obvio, paralelismo entre los siguientes supuestos:
a) el inc. 3 del art. 426 (inadmisibilidad por petitorio incompleto o impreciso) —y puede pensarse también en el inc. 5 del art. 427 (no exista conexidad lógica entre los hechos y el petitorio) —corresponde a la excepción del inc. 4 del art. 446 (oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda);
b) el inc. 1 del art. 427 (improcedencia por evidente carencia de legitimación para obrar del demandante) corresponde, en parte, a la excepción del inc. 6 del art. 446 (falta de legitimación para obrar del demandante);
c) el inc. 3 del art. 427 (caducidad) corresponde, obviamente, a la excepción del inc. 11 del art. 446;
d) el inc. 4 del art. 427 (incompetencia) —debidamente concordado con el art. 35 del CPC— corresponde al inc. 1 del art. 446.
Menos claro es, en cambio, el paralelismo entre los supuestos de inadmisibilidad de los incs. 1 (no concurrencia de los requisitos de la demanda) y 2 (no se acompañen los anexos de ley) del art. 426 con alguna de las excepciones del art. 446, pero en la práctica los jueces suelen no admitir demandas fundándose en defectos (o insuficiencia) en la representación del demandante, reconduciéndose al inc. 1 del art. 426, lo que corresponde a la excepción del inc. 2 del art. 446 (y lo propio se puede decir respecto a la «capacidad» (procesal) del demandante o de su representante, que corresponde a la excepción del inc. 2 del art. 446) 7 .
la actual carencia de los denominados presupuestos procesales; a veces el supuesto de hecho [fattispecie] impeditiva está dada de por sí por la existencia del vicio, otras veces está integrada por la necesaria excepción de parte: no se precisa nada más que la técnica del procedimiento en cuanto tal para darse cuenta que la decisión de fondo eventualmente emitida en presencia de supuestos de hecho [fattispecie] impeditivas está viciada por ausencia de poder del juez»). Lo que sí puede discutirse es el cómo y el cuándo el juez tiene que controlar si tiene ese «poder» de pronunciarse sobre el fondo, que es el verdadero problema del cual vamos a ocuparnos en el texto.
7 No encuentra una colocación entre las excepciones del art. 446 CPC el supuesto del inc. 4 del art. 426 («La vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o al valor de éste, salvo que la ley permita su adaptación»). Es del caso recordar que el Código de 1912 establecía como «excepción dilatoria» la de «naturaleza del juicio» que procedía cuando «se da(ba) a la demanda una sustanciación distinta a la que corresponde a este Código» (art. 316). Pero, pese a que el código vigente establece tres «vías procedimentales» que el propio demandante debe indicar en su demanda (art. 424, inc.9, CPC), sólo el juez, sin que el demandado tenga posibilidad de cuestionar, puede considerar que la propuesta por el actor es o no la pertinente (v. los alucinantes arts. 477, 487 y 549 CPC). ¿Cómo se explica ello? Pues, en que (nuevamente) MONROY GÁLVEZ consideró que la excepción de «naturaleza de juicio» era «absolutamente prescindible» por cuanto,
Igualmente, el genérico supuesto de improcedencia del inc. 2 del art. 427 (manifiesta falta de interés para obrar del demandante) correspondería, según difundida opinión 8 , a las excepciones de los incs. 7 (litispendencia), 8 (cosa juzgada), 9 (desistimiento de la pretensión) y 10 (conclusión del proceso por conciliación o transacción) del art. 446 9 .
Ahora bien, es obvio que la admisión de una demanda (que implicaría que ya se analizaron todos los supuestos del art. 426 y 427 CPC) no significa que el demandado no pueda plantear alguna de las excepciones (o todas) del art. 446 CPC, sino que ellas representan, en nuestro actual sistema procesal, la primera posible reacción del demandado frente a la demanda.
Y como casi todas las «excepciones» del art. 446 CPC implican que el demandado levante «cuestiones» de orden procesal 10 , la mayoría de las cuales, como lo señalamos líneas arriba, deben ser analizadas de oficio, de plano e inaudita altera parte al «calificar» la demanda, surge, inevitablemente, el «inconveniente» que se
estando en juego el «orden público» (?), «carec(ía) de sentido regular su cumplimiento a través de una institución privatista como la excepción», considerando suficiente un «pedido de nulidad» o que el juez declare de oficio tal nulidad (Apuntes para un estudio de la excepción, cit., p. 155). ¿Pero si con una excepción procesal (que reiteramos, no es ningún pleonasmo) lo que se busca es fundamentalmente la nulidad (v. nota 10), de todo o de parte, del proceso? Moraleja: con el CPC de 1993 el demandado se quedó sin excepción (y sin la correspondiente nulidad), y si el juez considera que tal «vía procedimental» es pertinente no hay nada que hacer (ver, nuevamente, los alucinantes arts. 477, 487 y 549 CPC). Igualmente, hay que señalar que los supuestos de improcedencia de los incs. 6 (el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible) y 7 (que la demanda contenga una indebida acumulación de pretensiones) no han encontrado su respectiva (y nominada) excepción. De igual forma, respecto a la «devolución de la demanda» (sic) del art. 95 CPC, en el supuesto de preterición de un litisconsorte necesario, no se ha previsto la relativa (y nominada) excepción del demandado. Y la lista podría continuar
8 Cfr. MONROY GÁLVEZ, Las excepciones en el Código Procesal Civil peruano, en Themis, N° 27/28, 1994, p. 119 y ss.
9 Nos quedan sin colocación las excepciones de prescripción y convenio arbitral. Pero, ni sobre la primera, ni sobre la segunda, el juez puede (felizmente) pronunciarse de oficio (ver art. 1992 del Código Civil y arts. 15 y 16 de la Ley General de Arbitraje). Hay que agregar que la incompetencia territorial no puede ser apreciada, por regla, de oficio por el juez (art. 35 CPC).
10 Señala FABBRINI que «las excepciones procesales parecen encontrar su matriz y su natural
terreno de encuadramiento sistemático en la esfera de la nulidad de los actos. Cuando, y citamos ejemplos del todo casuales, el demandado excepciona la incompetencia del juez que conoce del
el problema de fondo aparece
proceso, o deduce el defecto de su legitimación o del actor (
siempre uno e idéntico: los actos procesales que fueran realizados por un juez incompetente o por
una parte no legitimada (
serían nulos, y viciarían, o directamente o por repercusión, la sentencia
de fondo que estuviera por ser emitida; de aquí, la consecuente necesidad de paralizar
inmediatamente el procedimiento y de definirlo con un mero pronunciamiento procesal. (
teoría de la excepción procesal no es sino un perfil particular de la teoría de la nulidad de los actos procesales»: L’eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione, en Scritti giuridici, I, cit., p. 335, nota 4.
termine emitiendo un doble juicio sobre lo mismo: el primero al emitir el «admisorio»; el segundo, al resolver la excepción.
Y esta anómala situación se agrava aún más cuando, como nuestro caso, el a
quo declara la improcedencia in limine y el ad quem se la revoca.
Y la pregunta es ¿qué debe hacer el juez en estos casos? Es aquí donde se
encuentra la sorprendente (implícita) respuesta de la sentencia de nuestra Sala Suprema y que es cuestionada por el voto «discordante» del vocal Castillo la Rosa:
mientras que para la primera el juez sería libre (o sea no vinculado por su primigenia resolución admisoria, o la de sustitutiva de su «superior») de volver a juzgar sobre la «cuestión», para el segundo sólo podría hacerlo mientras «no exista un pronunciamiento especial sobre la causal escogida para ese pronunciamiento».
Frente a ello, resulta evidente que de las dos una: o el juez no está vinculado por la precedente resolución admisoria o sí lo está.
Si se opta por lo segundo, siempre que —obviamente— la cuestión promovida por el demandado a través de la excepción sea idéntica a la previamente resuelta por el juez de oficio, debería conducirnos a considerar que la excepción deba ser declarada improcedente (o, si se prefiere, infundada), por tratarse una cuestión ya (definitivamente) resuelta y, como consecuencia, se deba seguir con el iter procedimental.
Si en cambio, optamos por considerar no vinculante la resolución admisoria (que es lo sostenido por nuestra Sala Suprema) la situación se complica, pues resultaría que el juez podría terminar declarando fundada la excepción, vale decir, emitiendo una resolución (lo reiteramos, sobre lo mismo) totalmente opuesta a la precedente.
¿Cómo se explicaría este extraño fenómeno? Nuestra Corte Suprema nos da esta respuesta: «la admisión de la demanda por mandato superior, no puede impedir que los demandados deduzcan una excepción» (cosa que creo nadie discute), pues «esas actuaciones previas se siguieron sin citación de los emplazados».
He aquí el meollo del problema: la denominada «calificación» de la demanda se hace inaudita altera parte, o sea en abierta violación del principio del contradictorio, que es como decir en violación de la esencia del proceso 11 : «el alma
11 MONROY GÁLVEZ señala que el principio de contradicción o audiencia bilateral «es tan esencial al concepto de proceso que prácticamente lo identifica» (Introducción al proceso civil, cit., p. 83), admitiendo, sin embargo, que puedan existir «situaciones excepcionales previstas por la norma procesal» en las que se podría expedir una decisión que afecte a las partes sin antes conocer cuál es la posición de éstas al respecto. Cuáles sean estas «situaciones excepcionales» para el profesor Monroy (que se limita a pontificar) no nos son indicadas.
del proceso —decía FABBRINI— está representada por su desenvolverse en el contradictorio paritario de las partes» 12 .
Luego, el problema no estaba, ni está, en que frente a la admisión de la demanda (por el a quo o el ad quem) el demandado no pueda plantear las
excepciones que quiera (faltaría
«calificar la admisibilidad» y «procedencia» de la demanda.
Y he aquí la «anomalía» de nuestro «publicístico» (aunque sería mejor decir simplemente «inconstitucional») proceso civil: el juez tiene que emitir una decisión como la que le imponen los arts. 426 y 427 CPC en abierta violación del contradictorio.
De hecho, la ley le impone al juez el deber de «autocuestionar» al momento de «calificar» la demanda casi todo (en realidad es más) lo que luego de tanto esfuerzo, le puede ser (nuevamente) «cuestionado», esta vez, por el demandado a través de las excepciones.
Es así que la ley establece la posibilidad de todo un «subprocedimiento» que se desenvuelve entre el actor y el juez, en donde se prescinde totalmente del demandado 13 , con la perversa posibilidad de que una vez resuelta (como ocurrió en nuestro caso) una «cuestión» que se la planteó (porque, reiteramos, se lo impone la ley) «solitariamente» el juez, el demandado se la vuelva a plantear, y que, luego — como si el epílogo del «subprocedimiento» se desvaneciera como por encanto— se termine emitiendo una resolución exactamente opuesta a la precedente.
sino en el cuando y el como se «obliga» al juez a
12 FABBRINI, Potere del giudice, en Scritti giuridici, I, cit, p. 407-408. Tan anómala con la esencia del proceso es una declaración de inadmisibilidad o de improcedencia in limine de la demanda, que nuestra Corte Suprema, en los primeros recursos de casación que resolvía, llegó a
establecer que «sólo con el emplazamiento con la demanda se considera existente un proceso ( );
que en el presente caso, no existe proceso válido, pues la Sala Superior (
resolución de primera instancia, ha declarado inadmisible la demanda y ordenado el archivamiento
de los autos» (Cas. N°345-94); «no habiendo sido admitida a trámite la demanda (
declarado improcedente en virtud de lo establecido en el inciso segundo [del art. 427 CPC], no existe proceso» (Cas. N°355-94). Ambas casaciones pueden verse en CARRIÓN LUGO, El recurso de casación en el Perú, Grijley, Lima, 1997, pp. 252 y 253. Será con la Queja N° 189-95 del 30 de noviembre de 1995, que se cambia de criterio y se dice que «sí hay proceso», y como consecuencia se abre la puerta de la casación para los autos que declaran la improcedencia in limine de la demanda.
13 Según el art. 427, último párrafo, CPC, la resolución de improcedencia se debe notificar al demandado si es que es apelada y agrega que «la resolución superior que resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes». Me consta que ello no se hace en nuestros juzgados. También en nuestro caso no se hizo (ver considerando quinto de la sentencia). En realidad, apelada o no, la resolución de improcedencia, como mínimo, debería siempre notificarse al demandado. Hay que agregar que el auto que declara la inadmisibilidad de la demanda, y la ulterior de «rechazo», ni siquiera se notifica al «demandado» (lo evidencia ELIAS MANTERO, Postulación del proceso. Demanda y emplazamiento, en Vox Juris. Revista de Derecho, N°9, p. 185).
Ergo, resultaría que la «fatigosa» resolución de admisión no sirve para nada, pues el juez puede, como si nada hubiera ocurrido antes, pronunciarse sobre lo mismo al resolver las excepciones desvinculado totalmente de lo previamente resuelto.
Si esto es así, si la resolución «admisoria» es jurídicamente un nihil, lo
razonable sería, de una vez y por todas, simplemente tomar la decisión de eliminarla, máxime si, como lo hemos (también) verificado en nuestro caso esa resolución a lo que nos conduce, por lo común, es a una inútil pérdida de tiempo para el demandante que frente a la «no admisión» (ya sea por motivos de «inadmisibilidad»
o de «improcedencia») se ve precisado a utilizar todos los recursos de los que dispone nuestro sistema para ver simplemente admitida su demanda (en el caso se necesitaron, lo reiteramos, ¡quince meses!).
¿Pero la resolución admisoria es realmente un nihil? ¿Podemos concebir que en un sistema procesal que se considere coherente pueda existir la posibilidad de que primero se diga, como en nuestro caso, «no hay caducidad» (o que el juez sí es el competente, o que el demandante está bien representado o que es el legitimado, etc.)
y luego, frente a la excepción del demandado, que no agregó ningún elemento
fáctico distinto al ya analizado por el juez para determinar la existencia (o no) de la
caducidad (o de la incompetencia, del defecto en la representación o de la legitimación activa, etc.) se diga «sí hay caducidad» (o soy incompetente, sí hay defecto en la representación o el actor no es la parte legítima, etc.)? Frente a estas preguntas se siente la tentación de decir: no, no es posible y, como ya dijimos líneas arriba, de plantearse la excepción del demandado, a «cuestión» ya resuelta, parecería coherente que la excepción se declarara improcedente (o, si se quiere, infundada). Pero, ¿cómo podemos considerar vinculante una resolución tan trascendente emitida sin contradictorio?
En consecuencia, si se opta por considerar no vinculante la decisión admisoria (por haberse dictado sin contradictorio) ella se resuelve en una inútil e injustificada pérdida de tiempo; en cambio, si se opta por considerarla vinculante, estaríamos justificando la violación de la esencia del proceso, porque le estaremos dando ese carácter vinculante a una resolución dictada sin oír a uno de sus destinatarios (el demandado), que encontrará resuelta una «cuestión» antes que él mismo haya tenido la oportunidad de siquiera plantearla.
Esa es la alucinante situación en la que nos ha colocado el «publicístico» CPC de 1993 que llenando de poderes «solitarios» al juez, terminó traicionando la esencia del proceso.
Estando así las cosas, si hay que optar entre una decisión emitida sin contradictorio y otra que es su resultado, no me queda ya duda: la segunda.
4.— Preclusión y «pseudo» saneamiento procesal
Ahora bien, teniendo presente que en nuestro caso el proceso concluyó con la estimación de la excepción de caducidad (que absurdamente conlleva que se declare «nulo todo lo actuado y concluido el proceso»: art. 451, inc. 5, CPC), la ocasión se presenta propicia para tratar otro tema espinoso que emerge de nuestra sentencia: la función que cumple (sería más correcto decir «que no cumple») dentro de la economía de nuestro proceso civil el denominado «auto de saneamiento» del art. 465 CPC.
Como se recordará el recurrente fundó su recurso en la violación de la cosa juzgada, y nuestra Sala Suprema le contestó en su considerando noveno que «aparentemente se confunde la cosa juzgada con la preclusión», pero luego agrega que, «en el presente caso tampoco hay un problema de esa naturaleza» (o sea de preclusión), porque «con relación a la procedencia de la demanda y al establecimiento de una relación jurídico procesal válida, nuestra Ley Procesal ha establecido distintas oportunidades para su apreciación: así, la primera es la calificación de la demanda, en la que no se da audiencia a la parte demandada. La segunda es cuando la parte demandada deduce excepción que se debe resolver por el Juez antes de dictar el auto de saneamiento, que también es otra oportunidad, y finalmente en la sentencia» (así se lee en el considerando cuarto).
Ergo, si el juez tiene todos esos «momentos» (u «oportunidades» como las llama nuestra sentencia) para pronunciarse sobre la «procedencia» de la demanda o sobre la validez de la denominada «relación procesal» 14 , ¿cómo no iba a poder hacerlo al pronunciarse sobre la excepción, si «sólo el auto de saneamiento consentido o ejecutoriado precluye la posibilidad para las partes de objetar la
relación procesal; y aún después de ello, el juez excepcionalmente ( pronunciarse sobre ese aspecto»?
He aquí que se nos evidencia otro problema del proceso civil regulado por aquel «científico» Código que nos hizo pasar «de la educación primaria a la universidad» (y que nos lanzó «hacia el futuro»), en el que todas sus instituciones fueron «creadas y desarrolladas» para «evitar que el proceso sea moroso, aleatorio y antieconómico» 15 : las partes están sometidas a rigidísimas preclusiones, el juez parece no tener ninguna.
14 Utilizo la expresión «relación jurídica procesal» sólo porque está en la ley. En Error de hecho y ejecución de garantías (Reflexiones sobre una casación por error in iudicando que condujo al reenvío), en Dialogo con la jurisprudencia, N°39, diciembre 2001, pp. 43-44, nota 8, he dejado sentado mi parecer sobre la vacuidad de esa expresión.
15 Todas las frases entrecomilladas pertenecen a JUAN MONROY GÁLVEZ, A cinco años de vigencia del Código Procesal Civil, en Revista Peruana de Derecho Procesal, N° 3, 1999, p. 189.
Es así que, en cuanto a nuestro tema 16 , las partes (en realidad el demandado, pero si hay reconvención, vale también para el demandante) sólo pueden plantear las excepciones del art. 446 CPC en los momentos establecidos para cada «vía procedimental» (arts. 478 inc. 3, 491 inc. 3 y 533 CPC), pasados los cuales «los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepciones» (art. 454 CPC). Y no pudiendo ya las partes denunciar cualquier vicio (o impedimento) procesal, la posta pasa al juez: ahora le tocará ver a él si tales impedimentos existen o no.
A ello se le dio el nombre, siguiendo a los brasileños, de «saneamiento del proceso». En teoría esta «fase de saneamiento» estaría destinada a que el juez «vuelva» a verificar la concurrencia de los denominados presupuestos procesales (y las también denominadas «condiciones de la acción»), o sea, para hablar mejor, está finalizada a que sólo se ingrese (de ser necesario) a la actuación probatoria y, ulteriormente, a la decisoria, cuando ya no haya la posibilidad de encontrar impedimentos procesales para la emisión de una sentencia de fondo. Genial.
El momento escogido para el «saneamiento», hay que reconocerlo, es el
oportuno. No siendo ya modificable el thema decidendum, que quedó fijado en base
a esos únicos actos escritos de parte que establece nuestra ley (demanda y,
eventualmente, contestación), de no haberse planteado excepciones o, en su caso, habiéndoselas desestimado, es, definitivamente, oportuno que se haga una pausa para verificar si efectivamente no existen aquellos impedimentos procesales que podrían luego atascar el proceso o evitar que se emita una sentencia de fondo.
El problema, en consecuencia, no está en el cuándo, el problema está en el cómo, se hace esa «verificación».
Como lo dice art. 465 CPC, agotados todos los actos de la «fase» precedente,
el juez de oficio (y subrayo de oficio), debe emitir un auto (que se llama a lo largo de
Código «de saneamiento») en el que puede declarar:
a) «La existencia de una relación jurídica procesal válida»;
b) «La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación procesal, precisando sus defectos»;
c) «La concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables, según lo establecido para cada vía procedimental».
16 Sobre las preclusiones de alegación y de prueba, cfr., mi Prueba de oficio y preclusión, en Diálogo con la jurisprudencia, N° 30, marzo 2001, p. 94 y ss.; así como Prueba y preclusión (Reflexiones sobre la constitucionalidad del proceso civil peruano), en Ius et veritas, N° 23, 2001, p. 72 y ss.
¿Y cómo dicta el juez esta resolución? Como siempre «solitariamente», es decir sin previo contradictorio 17 . Se dirá: ¡pero si es obvio!, ¡para eso las partes tienen las excepciones! Y efectivamente es así: si las partes (lo repito, en sustancia, el demandado) tienen a su disposición las excepciones del art. 446 CPC, para denunciar impedimentos procesales, y con el planteamiento de aquellas y su tramitación encontrará la efectiva realización el contradictorio sobre cuestiones procesales. Resueltas éstas (o no planteadas) la posta, como ya dijimos pasa al juez.
Ahora bien, en principio, nulla quaestio en cuanto al contradictorio, si llegado este momento el juez emite su formulilla de que «existe una relación jurídica procesal válida» 18 .
El problema del contradictorio se presenta cuando, en su soledad, el juez encuentra un impedimento (subsanable o no), y de frente, sin dar la oportunidad a las partes de decir lo suyo emite su resolución que, o da un plazo para «subsanar», o simplemente declara nulo todo y concluido el proceso.
Con ello se viola abierta y palmariamente el contradictorio pues el juez habrá, al igual que cuando el demandado plantea excepciones, encontrado un impedimento procesal, pero a diferencia de cuando se plantean aquellas, no oye a nadie (o mejor, no da la oportunidad oír), sino que simplemente resuelve 19 .
17 En el proceso llamado «de conocimiento» este auto no se dicta en audiencia. Pero no es a esa soledad, que se puede llamar «física», a la que me refiero, la soledad está dada por la no existencia de un previo contradictorio. En el abreviado y en el sumarísmo siempre se dicta en audiencia (incluso cuando el demandado ha sido declarado rebelde, lo que es una auténtica pérdida de tiempo), lo que presupone la presencia «física» de al menos una de las partes. Pero el hecho que se dicte en la Audiencia (como acto) no significa que se dicte con audiencia (o sea con contradictorio previo a la emisión de la resolución), porque en nuestras Audiencias las partes no hablan, oyen (en realidad sólo expectan).
«formulilla» de estilo, hueca de contenido. Lo evidencia, lamentándose, RAMIREZ JIMENEZ,
Saneamiento del proceso, cit., p. 530.
19 El recientemente fallecido VITTORIO DENTI en un célebre estudio de 1969, sostenía que cuando el juez levanta de oficio una cuestión prejudicial «se encuentra respecto a la exigencia del contradictorio, en la misma posición de la parte», y si «no se puede prescindir del contradictorio respecto a las excepciones de parte», «por análogas razones no se puede prescindir de él respecto a las excepciones levantadas de oficio: ambas, en efecto, en cuanto dan lugar a cuestiones prejudiciales, amplían el thema decidendum sobre las cuales las partes tienen derecho de debatir»; concluyendo que «las cuestiones prejudiciales tenidas en cuenta de oficio no pueden ser decididas, si el juez no las ha previamente sometido al contradictorio de las partes. La violación de este deber da lugar a nulidad de la decisión, que debe reconducirse a la categoría de las nulidades consecuentes a la violación de la regla del art. 101 del código de procedimiento civil»: Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio, en Dall’azione al giudicato, Cedam, Padova, 1983, pp. 55, 56, 62 y 63. En contra, CHIARLONI, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie», en Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1987, p. 569 y ss.
18 En realidad a eso se ha reducido nuestro famoso «auto de saneamiento»,
Y ¿qué pasa con las partes? Pues ellas pueden apelar de inmediato (que hay que reconocer que no es poca cosa 20 ), y sólo ante el ad quem (o sea un juez distinto) podrán «efectivizar» ese «contradictorio» (es un decir 21 ) faltante en primer grado.
Pero, no se crea que la solemne declaración de la «existencia una relación jurídica procesal válida» está exenta de problemas. Como lo evidenció nuestra sentencia la ley procesal establece en su art. 466 que una vez emitida esta declaración «precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada»
Ergo, las partes desde ese momento, están impedidas de alegar cualquier clase de impedimento procesal. Pero, nótese, la «preclusión» es para las partes, ¿qué pasa con el juez? Pues al parecer nada. Él sí puede volver a pronunciarse sobre la famosa «validez de la relación procesal» en todas esas «oportunidades» que nos ha señalado nuestra Sala Suprema.
En consecuencia, si a las partes (sobre todo, lo reiteramos, al demandado) se les pasa la rígida oportunidad de plantear las excepciones del art. 446 CPC (o cualquier otra cuestión: por ejemplo, un vicio en la notificación del demandado, o la ausencia de un litisconsorte necesario, etc.) ya no pueden hacerlo. En cambio, post (es un decir) «saneamiento», el juez sí puede seguir «cuestionándose» a lo largo de todo el iter procedimental, si su proceso es «válido» o no. Y lo podría hacer ¡hasta en la sentencia!
Interesante institución esta del «saneamiento» (que seguramente es una de aquellas que evitan «que el proceso sea moroso, aleatorio y antieconómico») que nada «sana» sino que sólo impide a las partes plantear cualquier «petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación». Nada más 22 .
20 Con los vientos que corrían en los tiempos de redacción del código no sorprendería que a nuestro auto se le hubiera considerado «inimpugnable» o apelable «diferidamente», tal como en el sumarísmo (ver nota siguiente).
21 Hay que recordar que según el art. 465 in fine CPC la resolución «que declara concluido el proceso o la que concede plazo para subsanar los defectos es apelable con efecto suspensivo», pero ello sólo vale para el denominado «proceso de conocimiento»; para el abreviado sólo es apelable «con efecto suspensivo» la que «declara la invalidez de la relación procesal con carácter insubsanable» (art. 494 CPC); en cambio en el sumarísmo dado que según el art. 556 CPC sólo son apelables «con efecto suspensivo» las resoluciones que declaran improcedente la demanda in limine, la que declara fundada una excepción y la sentencia», la nuestra entraría dentro de «todas las demás» cuya apelación procede en esa forma monstruosa llamada «sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida». Ahora bien, en cualquier caso, estando a que se trata de autos, aparte de argumentar, el apelante poco podrá hacer (v. art. 376 CPC).
22 No hay que olvidar que el inciso 4 del art. 51 del CPC faculta al juez a «rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, éste pudo ser alegado al promoverse el anterior». De igual forma, el inciso 3 del art. 175 establece que el pedido de nulidad será declarado inadmisible o
En consecuencia, no es para nada «excepcional» (y es más eso pasa todos los días) que un juez admita una demanda (a la primera, o tras una largo sube y baja, como en nuestro caso), luego emita la famosa fórmulilla de la «existencia de una relación jurídica procesal válida» y, finalmente, termine emitiendo una «sentencia sorpresa» que declara improcedente la demanda. Y todo ello con el placet de nuestra jurisprudencia suprema y de nuestra doctrina 23 .
Luego, al igual que nuestro «auto admisorio», que como vimos se resuelve en un nihil, el de «saneamiento» se resuelve (o se puede resolver) en otro nihil, pero no por las «maniobras» de las partes sino del propio juez, que no tiene ninguna barrera preclusiva y que puede, tras la actuación probatoria, emitir una sentencia meramente procesal.
Ello significa que, contrariamente a las (buenas) intenciones de los autores del CPC de 1993, hemos llenado nuestro proceso civil de «instituciones» que sólo sirven para que «el proceso sea moroso, aleatorio y antieconómico», y lo que es peor violando, a cada paso, el principio del contradictorio.
5. Excepciones procesales y sentencia
Pero, qué ocurre si es que efectivamente se plantearon algunas de las excepciones del art. 446 CPC y el juez, en su momento, las desestimó, declaró «saneado» del proceso y, como tal, siguió adelante hasta la sentencia, ¿podrá en ella declarar improcedente la demanda? Para hacerlo más concreto: si el juez declaró, por ejemplo, infundada una excepción de incompetencia o de falta de legitimación activa o pasiva y al sentenciar (¡al fin!) se da cuenta que efectivamente es incompetente o que las partes no son las legítimas, ¿podrá declarar improcedente la demanda por esos motivos?
improcedente cuando «se trate de cuestión anteriormente resuelta». ¡Extrema coherencia de nuestro legislador cuando se trata de reprimir a las partes!
23 Que no se crea que este perverso sistema es producto de la práctica de aquellos jueces que «no están a la altura de las responsabilidades que les confiere [el] Código» (así MONROY GÁLVEZ, La casación está en crisis, entrevista publicada en El Peruano, sección Derecho, martes 23 de noviembre de 1999, p. 10), pues el propio MONROY GÁLVEZ, en interpretación cuasi-auténtica, frente a la pregunta de si es posible declarar la improcedencia en la sentencia contestó: «Sin duda, es excepcional pero podría ocurrir. Él tiene otros dos momentos, además de la calificación de la demanda, uno de ellos es al momento de sanear el proceso, en tanto con la contestación puede estar en condiciones de perfilar mejor su idea sobre la improcedencia y la declara allí. Otro momento es en el curso del proceso, y finalmente, si la duda se mantiene, continúa con el proceso y ya en la etapa de sentencia, el artículo 121° del C.P.C., al final del último párrafo le permite al juez sentenciar refiriéndose a la relación procesal, esto es, puede declarar improcedente la demanda. Así de simple» (cfr. en Algunas interrogantes sobre el Código Procesal Civil peruano, entrevista de Nelson Lozano Alvarado publicada en Revista Jurídica del Perú, N°13, oct.-dic. 1997, p. 30, cursivas nuestras). ¿Así de simple?
Si llevamos al extremo lo que nos ha señalado nuestra sentencia la respuesta parecería ser positiva 24 . Las partes, a excepción desestimada ya no pueden cuestionar la competencia del juez o la legitimación, pero el juez sí, porque él es el «director» (estaba por decir el «amo y señor») del proceso, el que está bajo su «autoridad». A fin de cuentas, no nos han dicho y redicho, que hoy el proceso civil pertenece al juez (o
sea al Estado, pues el juez sería el «representante» (?) de éste en el proceso 25 ), no a las
y qué importa si ya se pronunció sobre tales cuestiones, pues en el «proceso
civil contemporáneo» el juez estaría envestido de una facultad: «revisar sus decisiones, inclusive invalidarlas y pronunciarse nuevamente de manera correcta» 26 .
Si esto fuera así, ¡vaya «salto cualitativo» 27 que habríamos hecho con el Código Procesal Civil! Eso es lo que CALAMANDREI llamaría un proceso construido sobre «arena movediza» 28 , un proceso en el que las partes están a merced de un juez
24 Eso es lo que justamente sostiene RAMIREZ JIMENEZ, Saneamiento del proceso, cit., p. 531, para quien el auto de saneamiento no hace «cosa juzgada» (pues «la buena doctrina la entiende respecto de las decisiones de fondo»), sino sólo la preclusión de «reabrir el debate sobre la etapa anterior». Y se pregunta «¿qué pasa si por allí surgen las llamadas nulidades insubsanables?». Y tras contarnos un caso suyo [«Alguien deduce una cosa juzgada, no prueba con la copia certificada de la
sentencia que hacía la triple identidad, no prueba la existencia de la sentencia y por tanto se declara infundada la excepción y saneado el proceso. Pero más adelante presenta la copia certificada que evidentemente demuestra la existencia de la cosa juzgada. La pregunta es, yo juez que ya saneé el proceso, ¿cómo puedo ahora en vista de la demostración eminente de la existencia de cosa juzgada mantenerme en ese saneamiento?»], contesta «no puede coexistir una decisión de saneamiento que la
El juez incluso el que saneó el proceso y
declaró que todo está muy bien puede dictar sentencia declarando por ejemplo, improcedente la demanda. Sin lugar a dudas, si saneó y en el camino se da cuenta que no hay legitimidad para obrar ¿cómo va a declarar fundada la demanda? o ¿infundada si falta una condición de la acción?». La pregunta obligada que todos debemos hacernos es: ¿entonces para que se dicta el «auto de saneamiento»?
25 Así califica al juez MONROY GÁLVEZ, La Ideología en el Código procesal civil peruano, en la Ius et Praxis, Nº24, 1984, p.199.
26 Así, MONROY GÁLVEZ, Introducción al proceso civil, cit., p. 92, quien agrega que ese poder se podrá ejercer sólo «cuando el defecto del pronunciamiento anterior está referido a un aspecto procesal» (cursivo en el texto). A cuál juez, a cuál «proceso civil contemporáneo» o a cuál «aspecto procesal» se refiera el Autor, no sabemos (porque, como ya dijimos, sólo pontifica).
27 Así, nuevamente, MONROY GÁLVEZ, A cinco años de vigencia del Código Procesal Civil, cit., p. 188.
28 En realidad la expresión aparece en el § 22 de la Exposición de Motivos (Relazione al re) del CPC italiano de 1940, la que es obra de Calamandrei. En ese parágrafo de la Relazione al re se trataba de justificar una anómala norma contenida en el 3° párrafo del art. 187 del CPC italiano (aún vigente) que permite al juez instructor reservar las cuestiones prejudiciales (equivalentes, para entendernos, a nuestras excepciones) para que se decidan al final junto con el fondo, posibilitando así que se lleve adelante una instrucción probatoria inútil, lo que mutatis mutandis, es lo mismo que puede hacer nuestro juez, el que sin ninguna reserva «formal», puede, al final, pronunciarse sobre la denominada «validez de la relación procesal» (art. 121, in fine, CPC). Sobre las implicancias de tal
hacen casi un absurdo al interior de esa relación (
«Penélope», que teje y desteje a placer, un juez que —según nuestra Corte Suprema—, un día puede considerar, como en nuestro caso, que no hay caducidad y en otro que sí la hay, pues ello entra dentro de sus poderes.
Pues a mí no me parece que las cosas deban necesariamente ir como parecería que deban ir.
Cuando se plantean las excepciones del art. 446 CPC, ellas se resuelven previo un auténtico contradictorio: el demandado (o el demandante de haber reconvención) las plantea, el juez las «traslada» (o sea las pone en conocimiento) del demandante (o del demandado en el caso de haber reconvención), el que (si quiere) las absuelve, luego el juez resuelve. Hay un contradictorio efectivo e inobjetable. Y el juez, al resolverlas, como consecuencia, consuma su poder de pronunciarse sobre la cuestión planteada por la parte. Siendo (como debe ser) apelable la resolución, de producirse, ese poder pasa al ad quem, el que podrá confirmar o revocar esa resolución.
Luego, si el legislador ha establecido un momento (que para las partes es preclusivo) para el planteamiento de las excepciones del art. 446 CPC, si ellas se resuelven previo un contradictorio efectivo entre las partes, tal resolución es definitivamente vinculante para el juez y, como tal, ya no podrá pronunciarse sobre esa misma cuestión más adelante. Si en cambio, luego, ese mismo juez que desestimó las excepciones, al momento de la emisión de la sentencia las reexamina y termina pronunciándose en sentido opuesto a lo ya declarado previamente, está definitivamente emitiendo una sentencia nula por carencia de poder.
De allí que, aún con todas las distorsiones que se producen en nuestro proceso civil por la presencia de los poderes de declaración oficiosa en cuanto a los impedimentos procesales (o sea sobre la famosa «relación procesal válida»), debemos, por lo menos tener un punto firme: la resolución que desestima las excepciones es vinculante para el juez que la ha emitido, el que, tras ello, no puede poner como fundamento de su sentencia de absolución de la instancia la existencia de esos impedimentos que consideró que no existían al momento de resolver la excepciones.
6. ¿Esperanza para el futuro?
La presencia en nuestro ordenamiento procesal de los arts. 426 y 427 (y habría que agregar el art. 121 in fine) se nos revela cada día más amargamente perniciosa. En nuestro caso permitieron el absurdo de considerar primero que no había caducidad y que luego, los mismos jueces, dijeran que sí la había.
Pero nuestro caso ha permitido (al menos a quien escribe) constatar y meditar sobre cómo nuestro legislador procesal atropelló los «supremos principios» sobre los
norma del CPC italiano, v. CIPRIANI, Autoritarismo e garantismo nel processo civile (A proposito dell’art. 187, 3° comma, c.p.c.), en Rivista di diritto processuale, 1994, p. 24 y ss. (y en Ideologie e modelli del processo civile, ESI, Napoli, 1997, p. 121 y ss.).
que se construye todo proceso: in primis, el del contradictorio, que violó cada vez que pudo y frente a lo cual no es posible permanecer indiferentes.
Finalmente, hay que decir que si nuestro legislador en lugar de haber hecho «un voto de fe con el magistrado» 29 , hubiera sido más realista y hubiera tenido en cuenta esa «máxima de experiencia» de CALAMANDREI (que cuando simulaba bromear hablaba muy en serio 30 ) que hemos puesto en epígrafe, estoy segura, no habría sembrado «su» proceso de «oportunidades» para que el juez pudiera pronunciarse en cualquiera de ellas sobre la famosa «validez de la relación procesal».
¿Esperanza para el futuro? Hay que tenerla. Por mientras, haré yo también «un voto de fe» con los jueces, lanzando una plegaria para que no se presente la «oportunidad» de emitir otra sentencia como la que motivó esta nota.
29 Así MONROY GÁLVEZ, La casación está en crisis, cit.
30 Cfr. CIPRIANI, Como se ataca a los intocables, en Revista Jurídica del Perú, Año LI, N°2, junio 2001, p. 203 y ss., especialmente p. 210; ID, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, ESI, Napoli, 1992, pp. 59-61.
¿DIEZ AÑOS DE «EUGENESIA» PROCESAL? (Los arts. 426 y 427 CPC)
demanda, sin el artículo determinativo, es instancia, petición, plegaria, humillación de súbdito: la demanda es autonomía, libertad, derecho, algo que pertenece al sujeto y que preexiste al juez, frente a la cual el juez es súbdito, o al menos está en posición de igual.
SUMARIO: 1. Premisa: la «nueva era» de la eugenesia procesal.— 2. En los orígenes de los arts. 426 y 427 del CPC. La «eugenesia procesal» de la reforma portuguesa de 1926.— 3. El nuevo dilema judicial: ¿admitir o no admitir?.— 4. El otro dilema judicial: ¿«admitir» o «rechazar»?— 5. El dilema del frustrado actor: ¿apelar o no apelar?— 6. Las dudas existenciales de la Corte Suprema.— 7. La violación de las esencias del proceso y la precariedad del admisorio.— 8. Conclusiones y perspectivas.
1. Premisa: la «nueva era» de la eugenesia procesal
Como es (demasiado) sabido los artículos 426 y 427 del CPC de 1993 permiten al juez in limine (o sea «en el umbral» del proceso), frente a interposición misma de la demanda, e inaudita altera parte (o sea sin oír previamente al demandado), declarar ya sea la inadmisibilidad como la improcedencia de la demanda misma.
Según lo que se nos ha explicado tal posible declaración formaría parte del «paquete» publicístico tendiente a reforzar la autoridad del juez, permitiéndole desplegar en este momento embrional del proceso «un primer control de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda» 1 , y ello con la finalidad última de evitar que «tras un penoso y largo» proceso recién en la sentencia se termine emitiendo una mera resolución absolutoria de la instancia por ausencia de tales «requisitos».
Y justamente para evitar que esas resoluciones meramente «absolutorias» (o «inhibitorias», como las llaman algunos) se siguieran produciendo recién al final del proceso, el CPC de 1993, en una suerte de revolución copernicana, le dio al juez «la facultad de devolver o rechazar la demanda, cuando así lo considere» 2 , al comienzo, vale decir se le permitió hacer morir el proceso en el momento mismo en que debía nacer
1 Así MONROY GÁLVEZ, Postulación del proceso en el Código Procesal Civil, en Themis, N° 23, 1992, p. 34 (ahora en La formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos, Comunidad, Lima, 2003, p. 226, de donde en lo sucesivo se extraerán las citas del autor).
2 Así, siempre MONROY GÁLVEZ, Postulación del proceso, cit., p. 227. Nótese que el principal autor del Código cuando alude a la «devolución» hace referencia al art. 426 CPC (que no menciona
La idea, en abstracto, parece genial. En efecto, facultar al juez para evitarle a las partes (y, de paso, a él) llevar adelante un proceso cuya primer acto (la demanda) se presenta prima facie como «no idónea» para que sobre ella se emita, en su momento, una sentencia de fondo, o sea permitirle hacer una suerte de «eugenesia» procesal que elimine de arranque aquellos «especímenes» procesales «inviables» a esos fines, parece de lo más saludable para el mejoramiento de la «especie» procesal: ¡que sólo sobrevivan (rectius, vivan) los procesos viables! Parecen decirnos los arts. 426 y 427 CPC.
Si no fuera porque desde el momento de la entrada en vigencia del CPC de 1993, la realidad aplicativa de los arts. 426 y 427 CPC mostró de inmediato que sus «higiénicos» fines la más de las veces conducían (y conducen) a inútiles (y a veces fatales) pérdidas de tiempo y, lo que es peor, no impedían (ni impiden) la emisión de sentencias meramente absolutorias. Vale decir que, en buena cuenta, no resolvimos el problema de fondo y más bien terminamos creando muchos otros.
De allí que me parece oportuno analizar con algo de detalle los efectos perniciosos que, en mi concepto, han provocado en estos diez años de vigencia del CPC los arts. 426 y 427.
2. En los orígenes de los arts. 426 y 427 del CPC. La «eugenesia procesal» de la reforma portuguesa de 1926
Para ello quizá convenga comenzar por el origen de aquellas «facultades» —si así queremos llamarlas— que le dan al juez los artículos 426 y 427 CPC.
Como he tenido ya ocasión de decir en otra sede 3 el más preciso origen de la «facultad» de declarar inadmisible o improcedente una demanda se encuentra en la «revolución procesal» portuguesa del 22 de setiembre de 1926, obra legislativa del padre del procesalismo lusitano, el profesor de la Universidad de Coimbra, JOSÉ ALBERTO
DOS REIS 4 .
para nada la «devolución» y que de hecho no provoca que se «devuelva» la demanda, sino que ésta se «archive»), mientras que cuando alude al «rechazo» hace referencia al art. 427 CPC (que no discurre de «rechazo», sino de «improcedencia» de la demanda). Ver más adelante, nota 25.
3 Cfr. mi Sobre el poder del juez de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso», en Diálogo con la jurisprudencia, N° 41, febrero 2002, p. 91 y ss.
4 «La reforma del 22 de setiembre de 1926 no fue, en la evolución de nuestro derecho procesal, un episodio banal e indiferente: fue, al contrario, una auténtica revolución, que descendió hasta las raíces y el espíritu del sistema, procurando asentar sobre conceptos nuevos todo el funcionamiento de la máquina de la justicia»: DOS REIS, O novo Código de processo civil português, en Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra (suplemento VI), 1945, p. 343, cit. por LUÍS CORREIA DE MENDONÇA, Direito processual civil. As origens em José Alberto dos Reis, Quid Juris?, Lisboa, 2002, p. 156, nota 398.
Tal reforma se basó en algunos muy familiares «postulados»: a) «aumentar los poderes del juez, transformándolo de inerte espectador en persona activa»; b) «evitar el dispendio inútil de actividades procesales»; c) «obligar al juez a tomar conocimiento desde el inicio la causa» 5 .
Y justamente para «evitar que se despliegue inútilmente la actividad judicial» y «obligar al juez a tomar conocimiento desde el inicio la causa» se le dio el poder (totalmente nuevo para los jueces portugueses 6 ) de rechazar (indeferir) «in limine» la denominada petição inicial (nuestra demanda): «a) cuando la reconoce no apta; b) cuando es manifiesta la incompetencia del tribunal por razón de materia; c) cuando no hay duda que el proceso iniciado no es idóneo a la finalidad perseguida; d) cuando la injusticia de la pretensión del actor sea tan evidente que resulte inútil cualquier instrucción de la causa» 7 .
Fundamentando tal «neo-poder», Dos Reis señalaba que «En todos estos casos el planteamiento de la una acción en juicio representa un tentativo destinado a naufragar:
el éxito de la causa está irremediablemente comprometido. Y desde el momento que se trata de vicios que se denuncian de la simple lectura de la demanda inicial, el legislador ha considerado deber dar al juez el poder de sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso. De este modo se ahorran al actor inútiles gastos y molestias y al tribunal un ejercicio de una actividad destinada a quedar estéril» 8 .
Luego, mientras antes el juez portugués era «una especie de autómata, movido por las partes a su arbitrio» 9 , la reforma de 1926 lo transformó en una «persona
activa»
pero, obviamente y sobre todo, ahorrarle al tribunal «estériles» actividades.
Así las cosas, y pese a la fracasada resistencia opuesta por la clase forense a la reforma de 1926 10 , tal poder fue luego trasladado por el propio DOS REIS al Código de
tan activa que debía preocuparse por evitar al actor ¡inútiles gastos y molestias!,
5 Así el propio DOS REIS, La riforma del processo civile portoghese, en Rivista di diritto processuale civile, 1930, I, p. 161, al presentar a los lectores italianos la reforma portuguesa.
6 El propio DOS REIS en su Código de Processo Civil anotado, II, 3ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1949, p. 373, al indicar la fuente del art. 481 de su CPC de 1939, nos dirá que «El Cód. del 76 no contenía disposición correspondiente al art. 481». Sobre el art. 481 del CPC portugués de 1939 hablaremos en seguida en el texto.
7 DOS REIS, La riforma del processo civile portoghese, cit., p. 162.
8 DOS REIS, La riforma del processo civile portoghese , cit., p. 162 (cursivos míos).
9 DOS REIS, op. ult. cit., p. 158.
10 Cfr. CORREIA DE MENDONÇA, Direito processual civil. As origens em José Alberto dos Reis, cit.,
1939 (tómese nota en plena dictadura «corporativa» —o sea fascista— de Antonio de Oliveira Salazar) que en sus arts. 193 y 481 tuvo la ocasión de desarrollar y precisar los alcances y modus operandi del poder de «indeferimento liminar», el que fue así justificado:
«Fue el principio de economía procesal que inspiró las reglas consagradas en el art.
481. La intención es evitar el dispendio inútil de actividad judicial (
(«indeferimento») liminar presupone que por motivos de forma o por motivos de fondo, la pretensión del actor está irremediablemente comprometida, está enderezada a un fracaso cierto. En tales circunstancias no tiene sentido que la demanda («petição») tenga seguimiento; dejarla avanzar es desperdicio manifiesto, es practicar actos judiciales en
pura pérdida. Se impone, por esto, al juez el deber de yugular («jugular») la acción naciente» 11 .
«Economía procesal» pues. Una economía naturalmente en «protección y beneficio para el actor» y no ciertamente como «un instrumento de persecución y violencia», como algunos malévolos abogados portugueses habían osado sostener 12 .
El paternalismo contenido en este «poder» yo creo que salta a la vista: el juez le «ahorra» al actor un largo y penoso proceso (que el juez considera inútil) y se lo hace «morir, al nacer» 13 en virtud de ese auto «in limine», que una vez firme «vale lo mismo que valdría un juzgamiento idéntico proferido en el auto de saneamiento («despacho saneador») o en la sentencia final» 14 . ¡Cuánta generosidad! ¡Cuánto ahorro!
A la par en el art. 482 se consagró el poder del juez de «no recibir» la «petição» por falta de «requisitos legales o por no ir acompañada de determinados documentos, o cuando presente irregularidades o deficiencias que sean susceptibles de comprometer el éxito de la acción», en cuyo caso el juez o, de frente, podía emitir un auto de «não recebimento» (sea de «devolución»), o lugar de ello «ser contemporizador y tolerante» 15 (o sea «buena gente») «invitando al actor a completarla o corregirla, señalando el plazo para la presentación de nueva demanda» 16 .
) La no admisión
11 DOS REIS, Código de Processo Civil anotado, cit., II, p. 373.
12 Lo refiere el propio DOS REIS, op. ult. cit., p. 374.
13 Así siempre DOS REIS, op. ult. cit., p. 390.
14 Idem, p. 393.
15 Idem, p. 395.
16 Idem, p. 395 y s. Hay que decir que Chiovenda en el art. 8 de su Proyecto había previsto también una «invitación» del juez a completar o corregir la demanda («Si la demanda presenta irregularidades u omisiones, si en particular la indicación de los hechos y de las pruebas no es suficientemente clara y precisa, la autoridad judicial puede invitar al actor a completarla o corregirla
La económica idea del proceso que puede «morir al nacer» debe haber gustado mucho a los brasileños, tanto que el CPC de 1939 la terminó consagrando en su art. 160 17 y de allí pasó al arts. 295-296 del Código de 1973 18 .
Pero la sugestiva económica idea debe también haber entusiasmado a los procesalistas latinoamericanos de habla hispana, tanto es así que en las V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Bogotá en junio de 1970 entre las conclusiones del Tema I (relativo al «problema de la lentitud de los procesos y su solución») se propuso que «El juez debe estar dotado de amplias facultades para declarar inadmisible la demanda, siempre que ésta carezca de los requisitos formales exigidos en la ley procesal, y para rechazarla cuando se ejercite una acción especial sujeta a término de caducidad y éste haya vencido» 19 . Qué duda cabe, todos de acuerdo: ¡la lentitud de
asignándole un plazo para la nueva presentación en la secretaría»). Y en la exposición de motivos del proyecto, tuvo a bien precisar que para garantizar la observancia de las normas sobre los requisitos de la demanda judicial (o sea los indicados en el art. 4 del proyecto) la «exceptio inepti libelli no basta», y consideraba más eficaz «la acción preventiva del juez»: «En el nuevo proceso (y esa es una de sus notas
autoridad judicial llamada así a participar en la causa desde este momento inicial, debe examinar la demanda y, si ésta presenta irregularidades u omisiones, si en particular la indicación de los hechos y de
las pruebas no es suficientemente clara y precisa, puede invitar al actor a completarla o corregirla,
la demanda y tenga la facultad de representarla tal cual, es presumible que, puesto en aviso por la invitación del magistrado, él comprenderá en el mayor número de casos la conveniencia de cumplir; que más bien, la necesidad misma de presentar la demanda al examen preventivo del juez bastará por sí sola para que las partes se atengan fielmente a las prescripciones de la ley»: CHIOVENDA, Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra (1919), en Saggi di
diritto processuale civile, al cuidado de PROTO PISANI, II, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 52-53 (cursivos míos). Sobre esta «invitación» a completar o corregir la demanda en el proyecto chiovendiano, cfr. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d’Italia (1866-1936), Giuffrè, Milano, 1991, p. 207 y s.
17 Cfr. PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, II, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1947, p. 32 y ss. Sobre el art. 160 del CPC brasileño señalaba Liebman (no sin sorpresa):
«Lo que mayormente llama la atención es el hecho de que el juez debe de oficio «indeferir» la petición inicial, es decir negarse de darle trámite y de citar al demandado, cuando encuentre que una de las partes es incapaz o que la demanda es ‘manifiestamente inepta’», agregando que «esto es lo que queda de la antigua exceptio inepti libelli, que el juez debe hoy tomar en consideración ‘in limine’ y de su propia iniciativa»: LIEBMAN, Istituti di diritto comune nel processo civile brasiliano, en Ricerche sul processo. Il processo civile brasiliano (1948), al ciudado de PICARDI y GIULIANI, Maggioli, Rimini, 1988, p. 26.
18 Cfr., entre muchos, JOSÉ RAIMUNDO GOMES DA CRUZ, A petição inicial, en Revista Forense, Vol. 363, set. oct. 2002, p. 99 y ss.
19 Cfr. en V Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, en Revista de estudios procesales, N°5, Rosario, Set. 1970, p. 52.
Si bien el actor no pueda ser constreñido a mejorar
fundamentales) la demanda judicial antes de ser notificada es presentada a la autoridad judicial (
asignándole un plazo para la nueva presentación (
los procesos bien se puede evitar cerrando las puertas del proceso! Ciertamente nada más «rápido»
De allí que no sorprende que en el Proyecto de Código-Tipo para Iberoamérica, nuestro «poder eugenésico» (o por usar las palabras de Dos Reis de «sofocar desde su nacimiento las pretensiones fatalmente condenadas al fracaso») encontrará su oficial recepción.
Es así que en el inciso 1° del artículo 33 (Facultades del Tribunal) del Código- Tipo se propuso que «El Tribunal est(é) facultado para rechazar ‘in limine’ la demanda cuando ella fuere manifiestamente improponible, cuando care(ciera) de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercit(ara) una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido».
La propuesta —que los autores del Código Modelo consideraban que «representa(ba) una innovación del proyecto con respecto a casi todos los códigos iberoamericanos, no obstante encontrarse ya en el régimen brasileño» 20 —, se justificó sosteniendo que «se trata[ría] de la posibilidad de que el Tribunal no sólo analice liminarmente los aspectos formales (externos) sino el contenido de la petición inicial. Esto es, no sólo la admisibilidad sino, además, la fundabilidad, lo que constitu(iría) un paso muy importante en el aumento de sus poderes. Naturalmente que se trata(ría) de un caso extremo en el cual surg(iera) objetivamente (esto es ‘a priori’, notoriamente) dicha improponibililidad, como si se solicitara el divorcio en un país que no lo admite, o el cobro de una deuda de juego cuando la legislación dice que esta sólo produce obligaciones naturales. Se trata(ría) de un caso en que manifiestamente la pretensión no (pudiera) ser acogida, independientemente de los hechos alegados o las pruebas que se produ(jeran)» 21 .
Naturalmente no se consideró que ello podría colisionar de alguna forma con el derecho de acción y al proceso que el propio Código-Tipo declaraba en su art. 11, por cuanto, quién podría dudar que el juez «al rechazar in limine» la demanda efectivamente habría ya «oído en los estrados judiciales» 22 al actor, y sólo «por un déficit en las condiciones de procedibilidad de la demanda, el tribunal no le (daría) curso» 23 . A fin de cuentas, «los principios de autoridad y de economía procesal justifican el que el Juez no
20 Cit. por BERTOLINO, Relaciones entre demanda manifiestamente improponible, poderes del Tribunal y derecho al proceso, en Un Codice-Tipo di procedura civile per l’America Latina. Congresso Internazionale. Comunicazioni, Roma, 1988, p. 53.
21 Cit. por BERTOLINO, op. cit., p. 55 (cursivos en el texto).
22 Así PEYRANO, El proceso atípico, Ed. Universidad, Bs. Aires, 1983, p. 55.
deba permanecer impasible ante la proposición de demandas cuya sustanciación sólo se traduciría en un inútil dispendio de actividad jurisdiccional» 24 .
Pues bien, en 1991-92, cuando se elaboró nuestro vigente CPC, todas las
condiciones estaban dadas para que también nosotros ingresáramos a la nueva era de la
«eugenesia procesal»
Resultado: los arts. 426 y 427 25 .
3. El nuevo dilema judicial: ¿admitir o no admitir?
Si partimos de la premisa de que nuestro legislador quiso consagrar un sistema procesal «publicístico», en donde el juez «es el principal protagonista del proceso», en el que por su intermedio «la actividad procesal se orienta hacia lo indispensable, es decir se proyecta hacia una función útil y provechosa» 26 , qué nos puede sorprender que tengamos los arts. 426 y 427 que en sustancia no son sino aquellos poderes que el legislador portugués le atribuyó a su juez «activo» en los arts. 482 («não recebimento») y 481 («indeferimento liminar»).
25 En realidad nuestro «científico» legislador procesal no estaba muy seguro ni sobre la
terminología a emplear, ni sobre las específicas «causales» de «inadmisibilidad» e «improcedencia», tanto que en menos de un año cambió (públicamente) tres veces de idea. En efecto, si se observa el Proyecto del Código de Procedimientos Civiles, publicado en El Peruano en febrero de 1992, en su art. 431 se incluía entre los supuestos de «inadmisibilidad» el que la demanda contuviera «una indebida acumulación de pretensiones» (inc. 3) y la que presentara «defectos que impid(ieran) un pronunciamiento de fondo» (inc. 4); igualmente, en dicho Proyecto no se discurría de «improcedencia» sino —como en el Código-Tipo, equivalente español del portugués «indeferimento»— de «rechazo» de
Entre los supuestos de
la demanda. Es así que en el art. 432 se decía que «La demanda será rechazada
«rechazo» se incluían el que «la vía procedimental escogida no correspond(iera) a la naturaleza del petitorio o al valor de éste» (inc. 4), el que «petitorio (fuera) incompleto o impreciso» (inc. 6) y el que
contuviera «pretensiones incompatibles no propuestas en forma subordinada» (inc. 9). Promulgado el Código por Decreto Legislativo N° 768 (publicado en El Peruano el 4 de marzo de 1992), en el art. 426 se mantienen los supuestos de «inadmisibilidad» y en el art. 427 los de «rechazo» del Proyecto publicado en febrero, pero la palabra «rechazo» es sustituida por «improcedencia», la que queda sólo para los supuestos en los cuales declarada la inadmisibilidad el actor no subsane el «defecto» en el plazo fijado por el juez. Será con el Decreto Ley 25940 de diciembre de 1992, que los actuales supuestos de «inadmisibilidad» e «improcedencia» serán «reubicados» tal como hoy aparecen en el CPC. Cfr., por lo que atañe a la suerte de la «indebida acumulación de pretensiones» mi Navegando en el mare magnum de la acumulación en el CPC (¿de regreso a la sensatez?), en Diálogo con la Jurisprudencia, N°48, setiembre 2002, p. 85 y ss.
26 Así MONROY GÁLVEZ, La Ideología en el Código procesal civil peruano, en La formación del proceso civil peruano, cit., p. 418.
De allí que el primer «día útil» tras el 28 de julio de 1993, justiciables (rectius, sus abogados) y jueces debieron hacer sus cuentas con el nuevo «cerebro» 27 que presentaba el CPC: la «neo» etapa «postulatoria», con su «neo» regulación de la demanda: acto estrictamente escrito, en el que el actor debía echar sobre la mesa todas las «cartas» (ofrecimiento de pruebas incluido), pero, sobre todo, y justamente por ser escrito (art. 424), acto estrictamente formal, tanto que se llegó al colmo de establecer hasta las dimensiones de sus márgenes y de los espacios interlíneas (art. 130) 28 , lo que es todo decir.
Pero lo más importante es que esos arts. 424 y 425 (y no se olvide el art. 130), estaban allí para cumplirse, porque bien lo advertía el art. IX del Título Preliminar del
CPC: las normas y formalidades «previstas en este Código son imperativas»
art. 426 como guardián de la «imperatividad» de las «formas». Nada de cuchillos sin filo: o se cumplía (y se cumple) «a rajatabla» lo establecido en los arts. 130-424-425
CPC o la demanda sería (y será) de plano (e inaudita altera parte), declarada «inadmisible».
¿Podríamos acaso permitir lo contrario? ¿Podríamos en un proceso publicístico permitir una demanda que no cumpliera con los «requisitos legales» (inc. 1°), a la que no se le «anexara» lo que la ley exige (inc.2°), que tuviera un petitorio «incompleto» o «impreciso» (inc. 3°) o que indicara una «vía procedimental» que no correspondiera a la «naturaleza» del petitorio (inc. 4°)? ¿Podríamos haber permitido tanta licencia como para que una demanda así llegara a su destinatario, o sea al demandado? Obviamente, en la lógica «publicística» ello era inconcebible. Ya no más esos simples decretos del juez que durante la vigencia del licencioso CPC de 1912 se expresaban diciendo «por
27 «El tema de la Postulación del proceso (del art. 424 al 475), es la parte nuclear, es el cerebro del Código. Y allí el orden lógico de cómo se hace una demanda, mejor dicho de cómo se lleva un proceso no existe en ningún país del mundo»: así MONROY GÁLVEZ, Algunas interrogantes sobre el Código Procesal Civil peruano, en La formación del proceso civil peruano, cit., p. 600 (estoy tentada de asumir la aseveración: realmente ¡no existe en ningún país del mundo!).
28 Agréguese el art. 131 CPC (que llega a establecer hasta el lugar preciso en que se debe firmar). El art. 130 es digno de leerse. Tras su lectura, casi se extraña el viejo papel sellado (abolido para simplificar los «trámites» en 1988). Si uno compara los arts. 424 y 425 del CPC con el art. 306 del CPC de 1912 palidece. En efecto, el «licencioso» viejo CPC se limitaba a establecer como contenido mínimo de la demanda: la designación del juez (inc. 1°), los nombres del demandante y demandado (inc. 2°), la determinación «precisa» de la materia que se demanda (inc. 3°) y los fundamentos de hecho y de derecho que la apoyan (inc. 4°), con la expresa libertad de presentar o no documentos (art. 308). La no indicación de las pruebas y la no necesidad de presentar los documentos (que sí se exigía en el Código de 1852) fue intencional, para dar «más amplitud y facilidad al litigante» (así en la Exposición de Motivos, cit. por J.J. CALLE Código de Procedimientos Civiles, Tipografía “El Lucero”, Lima, 1912, p.
presentada, traslado al demandado» (art. 309) 29 . El art. 426 CPC le impuso al juez el deber (y no precisamente la «facultad») de controlar esa demanda.
Pero, el legislador no tuvo en cuenta dos cosas: a) que imponiéndole al juez el deber de controlar in limine el cumplimiento de los arts. 130-424-425 CPC se crearía un verdadero cuello de botella al comienzo del proceso: todas las demandas deben ser «controladas» por su juez «director», y ello requiere tiempo para que se la analice de arriba a abajo, para que no sólo se verifique que tenga todos los requisitos estrictamente «formales», sino también para «analizar» si el petitorio es acaso «incompleto» (?) o quizá «impreciso», si los anexos son los que deben ser, etc., etc.; y b) que siendo el formalismo —siguiendo la advertencia sattiana— «una componente del espíritu humano» 30 , en el dilema entre «admitir» o «no admitir» una demanda los jueces —por ser inevitablemente humanos— tendrían una cierta tendencia a buscar (por no decir inventar) la «forma» incumplida o el «anexo» no «anexado»
En suma, el legislador a fin de hacer que su (idealmente) perfecto juez «admitiera» sólo demandas perfectas, le dio la perfecta ocasión para hacer surgir el «espíritu formalistico», sustrayéndole, de paso, en esta «sana» operación de «control» un precioso tiempo. Un tiempo, a su vez, de angustia para el justiciable que en la espera del «visto bueno» del juez, ve su demanda en el limbo, sin que llegue a destino (y que surja la «litispendencia»
Consecuencia: días y a veces meses de espera, para luego encontrarse con una declaración imponente: «Su demanda es inadmisible». Pero el legislador peruano fue, al igual que su colega lusitano y brasileño 31 , «contemporizador y tolerante» frente a las
29 Hay que decir que en nuestro viejo Código de 1912, en razón de que la demanda escrita debía interponerse ante propio juez, permitía que éste la «devolviera» al actor, si es que carecía de alguna de las formalidades indicadas en el art. 306 (que por cierto como dijimos en la nota anterior eran muy pocas), «debiendo el juez precisar en la providencia el requisito que se ha omitido» (así el art. 307 del viejo código). Yo no sé cuánto uso «efectivo» se habrá hecho de esa –si así queremos llamarla— «facultad» durante la vigencia del CPC de 1912 (cfr., al respecto, GUZMÁN FERRER, Código de Procedimientos Civiles, I, 4ª ed., Editorial Científica, Lima, 1986, p. 264), pero lo cierto es que la «facultad» estaba, por lo que mal puede decirse que teníamos una «regulación procesal limitativa de sus facultades» que impedía al «juez nacional calificar inicialmente la relación procesal que se intenta(ba) establecer cuando se demanda(ba)» (así, MONROY GÁLVEZ, Postulación del proceso en el Código Procesal Civil, cit., p. 227).
30 SATTA, El formalismo en el proceso, en Soliloquios y coloquios de un jurista, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 50
31 El art. 284 del CPC brasileño de 1973 señala que «Verificando el juez que la petición inicial no presenta los requisitos exigidos por los arts. 282 y 283, o que presenta defectos o irregularidades capaces de dificultar el juzgamiento del fondo, determinará que el actor enmiende, o complete, en el plazo de diez (10) días. Parágrafo único. Si el actor no cumple la diligencia, el juez rechazará (indeferirá)
demandas «formalmente» defectuosas y permitió que el juez le «ordene» al demandante que subsane la «omisión» en un plazo «no mayor» (ergo, puede ser menor) de diez días. Si «subsana» bien, caso contrario, si el demandante no cumple «con lo ordenado», la demanda debe ser «rechazada» (segundo párrafo del art. 426), o sea hacemos que el proceso muera cuando debía nacer. Es que la eugenesia procesal no quiere demandas
«defectuosas» que no son corregidas cuando así lo «ordena» el juez (aunque se dé un día
para «corregir» unos «defectos» que defectos bien pueden no ser
no hay nada que preocuparse, pues el «rechazo» de la demanda no impide al frustrado
mientras tanto no hay litispendencia alguna y la prescripción —y la usucapión— puede
tranquilamente seguir madurando
Y esto ha provocado otro fenómeno (en particular en los distritos judiciales «grandes» en donde las demandas se distribuyen entre los diversos juzgados aleatoriamente): si cuando se «rechaza» una demanda por no «subsanación» se puede perfectamente reeplantear después, ¿por qué no «prevenir» esa eventualidad y presentar varias demandas iguales en la esperanza de que uno de los diversos jueces sea menos «estricto» que otro? Vale decir, ¿por qué no hacer forum shopping 32 , o sea ir a la búsqueda de un juez «amigable» (o mejor, no tan formalista) que tenga la gentileza de «admitirnos» la demanda?
demandante que la vuelva interponer: así de paso vamos mejorando la especie
Como confirmación del fenómeno del «forum shopping» doméstico está la Directiva de la Presidencia de la Corte Superior de Lima N° 004-99-P-CSJL/PJ, del 2
la petición inicial». Comentando esta disposición GOMES DA CRUZ, A petição inicial, cit., p. 110, señala que «No existe allí nada de ‘paternalismo’, ni de parcialidad. Se trata de un juez interesado en que la actividad procesal se desenvuelva de modo correcto, sin frustraciones» y aconseja que en lugar «de quedar constreñido, el abogado debe recibir la resolución, porque ella es irrecurrible, como colaboración que todos los sujetos del proceso deben prestar a la mayor efectividad de éste». ¿Paternalismo? ¿Pérdida de imparcialidad? Pero, ¡quién podría pensar en esas cosas! ¡Se trata sólo de colaboración (del juez) para la mayor efectividad del proceso! (que le enmienda la plana al abogado del actor para que corrija su «defectuosa» demanda). Muy significativo.
32 El denominado forum shopping no es otra cosa que la búsqueda de un juez «amigable» y en otros ordenamientos, por lo general, se verifica respecto de las demandas de medidas cautelares ante causam (o sea lo que nosotros llamamos «fuera de proceso», art. 636 CPC) y que se pueden obtener inaudita altera parte: no concedida la medida se va a otro juez igualmente competente ante causam en la esperanza de que esta vez sea concedida (cfr. al respecto, TARZIA, Rigetto e riproponibilità della domanda cautelare, en Rivista di diritto processuale, 1988, p. 933 y ss.; para una dimensión «mayor», siempre en tema de medidas cautelares MERLIN, Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo, en