Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/6886
Timestamp: 2020-06-04 02:47:20
Document Index: 326555623

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in fine', 'artículo 25', 'Artículo 585', 'Artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 44', 'Artículo 550', 'Artículo 551', 'Artículo 556']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 104/2011
SENTENCIA 104/2011, de 20 de junio
ECLI:ES:TC:2011:104
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 9 de mayo de 2007 la Procuradora de los Tribunales doña Sara García-Perrote Latorre interpuso demanda de amparo, en nombre y representación de don Francisco Figueroa Alcarazo y doña Mercedes Borrego Acosta, contra las Sentencias citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos relevantes para el examen de las pretensiones de amparo son los siguientes:
a) El fallo de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, de 30 de diciembre de 2005, condenó a don Francisco Figueroa Alcarazo como autor responsable de un delito de atentado y una falta de injurias, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado, y a diez días de multa con cuota diaria de seis euros que llevará la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago por insolvencia por la falta de injurias, así como al pago de las dos quintas partes de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular. Y a doña Mercedes Borrego Acosta, por un delito de desobediencia, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de una quinta parte de las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.
El relato de hechos probados describe que la representación del sindicato CCOO promovió huelga legal de los trabajadores de la delegación de asuntos sociales del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), desde el día 20 al 24 de mayo de 2002; que el día inicial de la convocatoria se encontraban concentrados en la puerta del edificio de la delegación un número indeterminado de personas, entre ellos la acusada, trabajadora municipal, y el acusado, secretario de acción sindical del sindicato CCOO, ambos miembros del comité de huelga, que taponaban el acceso a las dependencias; que miembros de la Policía local, informados de la situación por trabajadores no huelguistas, intentaron abrir un pasillo entre los reunidos, cosa que no consiguieron, por cuanto, en inferioridad numérica y sin querer recurrir al empleo de medios violentos, fueron empujados y zarandeados en el intento, a la vista de lo cual los empleados que pretendían comenzar su jornada laboral desistieron de su intención de acceder a la sede municipal; que sobre las 12:10 horas llegaron a la puerta de la delegación dos ciudadanos que tenían cita concertada con una funcionaria que secundaba la huelga, encontrándose con una pancarta que tapaba el acceso de entrada al edificio; que comentaron la situación a dos agentes de la Policía local que había en el lugar, quienes, conocedores de que el concejal de asuntos sociales del Ayuntamiento estaba en el interior de las dependencias municipales, solicitaron a las personas allí reunidas que permitiesen el acceso a los ciudadanos y, ante su negativa, procedieron a despejar el acceso; que una vez en el interior el matrimonio y los agentes, se introdujeron tras ellos los acusados, adelantándose el señor Figueroa que, al llegar a la altura de uno de los policías, cuando subían las escaleras que conducían hacia la planta superior donde se encontraba el concejal, le propinó un empujón, desequilibrándolo, al tiempo que le decía “quítate de en medio guardia de mierda”; que la entrevista no pudo llevarse a cabo, pues se introdujeron en el despacho del concejal los acusados, pese a la indicación de aquél y de los agentes de policía para que lo abandonasen y permitieran el encuentro con la debida privacidad, a lo que reiteradamente se negaron durante un periodo de tiempo no concretado pero que pudo prolongarse unos diez minutos, hasta que la indisposición de la señora y la actitud de los huelguistas provocaron que terminara el encuentro. Cuando uno de los agentes de la Policía local comunicó al señor Figueroa que pensaba denunciarlo por lo ocurrido, éste le respondió que cuando saliese de servicio iba a tener con él “unas palabritas y algo más”.
Asimismo, relatan los hechos probados que el día 22 de mayo de 2002 acudió a la sede de la delegación de asuntos sociales una trabajadora que no secundaba la huelga, momento en el que uno de los empleados que se había sumado a la convocatoria le entregó un documento de solidaridad con las reivindicaciones de los huelguistas, mientras el acusado, en tono imperativo, le decía: “lo lees y lo firmas”; cosa que contrarió a la trabajadora, que se opuso a lo que se le requería; que ante tal respuesta el acusado profirió contra ella una serie de expresiones que motivaron su condena por injurias (que no es objeto de las pretensiones de amparo); y que ese mismo día veintidós trabajadores de los servicios de bienestar social y cultura suscribieron un documento en el que solicitaban poder desempeñar su trabajo en sede distinta, por las constantes presiones, agresiones verbales, insultos e impedimentos para acceder y circular libremente por el centro de trabajo por parte del sindicato CCOO, Comité de huelga y los propios compañeros huelguistas.
Considera la Sentencia que el acusado es autor del delito de atentado del art. 550 y 551 del Código penal (CP) y de la falta de injurias del art.620.2 CP. Del atentado, por su actuación el día 20 de mayo de 2002 en relación con el agente de la Policía local núm. 25 de Tomares, y de la falta, por los insultos vertidos contra la trabajadora no huelguista el día 22 de mayo. Razonaba el juzgador que la primera acción constituyó un caso manifiesto de atentado a agente de la autoridad de los arts. 550 y 551 CP, en su modalidad de acometimiento, porque fue una actuación sorpresiva, inesperada para el policía, sin uso ni empleo previo de fuerza física de signo contrario, tan gratuita como innecesaria, y tan deliberada como abiertamente menospreciativa; que resultaba difícil que lo declarado por los acusados introdujera siquiera ligeras dudas sobre la prueba de cargo teniendo en cuenta que faltaron a la verdad tan palmariamente en otros extremos que igualmente se demostraron falsos en sus versiones; que para concluir la realidad de la agresión al agente no sólo contaba con la declaración del policía afectado, sino también con el testimonio del otro agente de la Policía local que se encontraba dentro del edificio cuando el incidente tuvo lugar; que aquellos hechos los relató éste, pormenorizadamente, en el Juzgado de Instrucción y en el acto del juicio, si bien con ciertos datos diferentes, a lo que no sería ajeno sin duda el transcurso de tiempo, como por ejemplo el momento en que oyó la palabra “mierda” de labios del acusado referida a su compañero (si fue en el empujón o después) o el lugar exacto del empujón (si fue traspasada la puerta que da a la escalera que sube hacia la planta del despacho del concejal o en la misma escalera); que la alegación que formulaba el señor Figueroa, que consistía en que, de ser verdad el atentado, los agentes lo habrían detenido inmediatamente, no podía hacer cambiar de parecer del juzgador, pues salir por la puerta de la delegación con el acusado detenido hubiera avivado más la tensión existente, con riesgo de problemas de orden público que difícilmente los agentes de la Policía local iban a poder solventar. En cuanto a la falta de injurias por los insultos y las frases vertidas por el acusado contra la trabajadora no huelguista, aparte del testimonio de la ofendida, el juzgador aludía a un testigo que avaló que aquellas expresiones fueron proferidas por el acusado.
b) La Sentencia de 29 de marzo de 2007 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de apelación interpuesto por los condenados. Se articulaba la impugnación sobre diversos motivos: 1) error en la valoración de las pruebas en relación con el art. 24.2 CE y el principio in dubio pro reo; 2) aplicación indebida del art. 550 en relación con el art. 551.1 in fine CP; 3) aplicación indebida del art. 556 CP con relación al art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, así como doctrina constitucional del art. 28.2 CE; 4) aplicación indebida del art. 556 CP y correlativa inaplicación del art. 634 del mismo cuerpo legal; 5) infracción del art. 21.6 con relación al art. 66.1.2 CP e inaplicación del art. 21.5 CP.
Señalaba la Sentencia que “dada la íntima relación, cuando no coincidencia, entre sus respectivas argumentaciones (de hecho, los argumentos de los motivos tercero y cuarto por obvias razones son en su mayor parte intercambiables, y los de los motivos primero y tercero están en gran medida repetidos), entiende este Tribunal que pueden analizarse conjuntamente los cuatro primeros motivos del conjunto recurso de los acusados condenados, analizando primero el alcance de las pruebas practicadas en la primera instancia”. Y en ese punto, refiriéndose al delito de atentado y a la falta de injurias por los que se condenó al señor Figueroa, y al delito de desobediencia de la señora Borrego, concluía que de lo actuado no se desprendía “dato alguno que lleve a este tribunal a apartarse del criterio de la Juzgadora de la primera instancia”.
Se detenía después en la invocación del art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, que se aducía en el recurso de apelación junto con la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental de huelga (art. 28.2 CE), para denunciar la actuación vulneradora del concejal, quien, según la parte recurrente, habría tratado de suplantar a los huelguistas atendiendo la reunión con los ciudadanos personados en las dependencias municipales. A su juicio, dicha conducta supuso “una utilización antisindical de los poderes empresariales que obstaculiza el libre ejercicio del derecho a la huelga”. El órgano judicial, sin embargo, rechazó el planteamiento reseñado:
“Pues bien, pese a lo que en el recurso se repite, no nos hallamos ciertamente ante un supuesto en que el empresario utilice las facultades de movilidad funcional y geográfica de los trabajadores (ius variandi) con objeto de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga (esquirolaje interno), todo ello con infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 123/1992, de 28 septiembre…). En efecto, con claridad argumental, en este caso la cuestión quedó jurídicamente resuelta por la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sentencia dictada el día 19 de diciembre del año 2002 al resolver el recurso de suplicación interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, sindicato promotor de la huelga de cuyo comité formaban parte los dos apelantes, contra la sentencia del Juzgado de lo Social que rechazó su demanda en tutela de libertad sindical contra el Ayuntamiento de Tomares. En su Fundamento tercero y último la sentencia del Tribunal Superior expresamente rechazaba el del recurso en cuanto 'parte de que la actuación del concejal es una especie de esquirolaje interno' recordando el argumento de la sentencia del Juzgado de lo Social según el cual 'se trata de quien ocupaba órgano de gobierno y representación del Ayuntamiento empleador, actuando en la posición jurídica de éste, lo que no supone sustitución indebida de huelguista por otro trabajador, sino actuación lícita del empresario'. Y, desde luego, lo que nunca podrá justificar el derecho de huelga es el empleo de violencia [c]omo recuerda la sentencia de la Sala 2ª del mismo Tribunal Constitucional de 21-7-1997 (nº 137/1997, rec. 4136/1994).”
3. Los demandantes estiman que las Sentencias impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho a la legalidad penal en relación con los derechos de libertad sindical y huelga (arts. 25.1 y 28.1 y 2 CE) y el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Se alega la lesión del primero de ellos (art. 24.1 CE), por no haberse resuelto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla la totalidad de los motivos impugnatorios sometidos a su consideración con relación al delito de desobediencia por el que fue condenada la señora Borrego. La Sentencia recurrida, en concreto, no dio respuesta al motivo cuarto del recurso de apelación, pues no justificó, como se le pedía, por qué la conducta de desobediencia era constitutiva de delito (art. 556 CP) y no de falta (art. 634 CP). Ese motivo de apelación se formulaba como subsidiario del tercero (aplicación indebida del art. 556 CP con relación al art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, y doctrina constitucional sobre el art. 28 CE), y se articulaba para el supuesto, como así aconteció, de que aquel fuera desestimado. Según la demanda de amparo, la Sentencia de apelación rechazó el motivo tercero o principal al apreciar la concurrencia de los elementos del tipo del delito de desobediencia aunque los hechos tuvieran lugar con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, mas esa circunstancia no constituiría una respuesta al motivo cuarto, ni siquiera tácita, pues los elementos del tipo del delito son los mismos que integran el tipo de la falta, de suerte que era necesario precisar “qué elemento entitario permite optar por un Delito y no Falta de la misma naturaleza”. Todo lo cual sería revelador de la incongruencia omisiva denunciada.
Finalmente, el recurso considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), tanto en lo que atañe al delito de atentado (art. 550 CP) como al de desobediencia (art. 556 CP). Al parecer de los recurrentes, no se desarrolló una actividad probatoria suficiente para considerar acreditados los hechos y no fueron debidamente ponderadas las pruebas de descargo. Lo denuncian en relación con la condena del señor Figueroa por el delito de atentado, porque la Sentencia de instancia, que asume y hace propia la Audiencia Provincial de Sevilla, fundó la apreciación del delito en las declaraciones de los agentes de policía, pese a las contradicciones en las que incurrieron en alguna de sus manifestaciones y aunque los ciudadanos que acudieron a la entrevista señalaran que no percibieron la acción, indicando uno de ellos que la situación tuvo lugar “en la puerta del despacho al entrar todos y para colarse en [él]”. A la vista de lo anterior, dice el recurso, con los mismos elementos se obtendría con igual o mayor grado de lógica una conclusión no incriminatoria. Y en segundo lugar, en lo relativo al delito de desobediencia por el que fue condenada la trabajadora recurrente, porque las Sentencias descansan en las declaraciones de los agentes y el concejal sobre la existencia de varios requerimientos y una negativa a aceptar la orden de abandono del despacho, en lo que se olvida que el concejal no tenía concertada visita alguna ni tenía por costumbre recibir al público, por lo que su acto revelaba la intención de sustitución del técnico que convocó a los ciudadanos y secundó la huelga. Todo ello pone en duda la juridicidad de la orden en el lugar y tiempo en el que fue expedida, más aún cuando los requeridos eran miembros del comité de huelga, que cuentan, entre otras, con la facultad de acceder y permanecer en el centro y verificar el cumplimiento por parte de la empresa de las exigencias legales durante el ejercicio del derecho.
4. Por providencia de 30 de septiembre de 2008, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda presentada y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a los órganos judiciales correspondientes el testimonio de las actuaciones que originan el presente recurso, interesando el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, excluidos los demandantes de amparo. En la misma providencia se acordaba la formación de la pieza separada de suspensión, que solicitaban en su demanda los recurrentes, y que dio lugar al ATC 371/2008, de 17 de noviembre, que la declaró extinguida por pérdida sobrevenida de su objeto.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 24 de noviembre de 2008, la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Palomares Quesada, en nombre y representación del Ayuntamiento de Tomares, solicitó que se le tuviera por personada en el recurso de amparo.
6. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 4 de diciembre de 2008, tuvo por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Carmen Palomares Quesada, en nombre y representación del Ayuntamiento de Tomares, acordando, asimismo, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo que dispone el art. 52.1 LOTC.
7. La representación procesal de la parte recurrente de amparo, en escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 21 de enero de 2009, se ratificó en las alegaciones realizadas en su escrito de demanda.
8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones el día 9 de febrero de 2009, solicitando la desestimación del recurso de amparo.
En cuanto a la queja de incongruencia omisiva, que la demanda de amparo censura a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla por falta de respuesta al motivo cuarto del recurso de apelación, opone el Ministerio público un déficit de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que no se formalizó el remedio procesal del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ) con carácter previo al amparo, lo que privó al órgano judicial del examen y, en su caso, reparación de la vulneración alegada. En su defecto, tampoco considera que concurra la lesión: el órgano judicial abordó conjuntamente los motivos tercero y cuarto del recurso, que estaban efectivamente relacionados, pues en ambos casos era decisivo lo prescrito en el art. 6.5 del Real Decreto Ley 17/1997. Y con ocasión de esa respuesta conjunta la Sentencia recurrida perfiló la conducta de desobediencia como de “una entidad suficiente -negativa repetida y persistente-”, con lo que venía a declarar que excedió el carácter leve que caracteriza la acción constitutiva de la mera falta.
9. No ha presentado alegaciones la representación del Ayuntamiento de Tomares.
10. Por providencia de 16 de junio de 2011 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha de 29 de marzo de 2007, que desestimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, en el procedimiento abreviado 77- 2004, que condenó al recurrente en amparo como autor responsable de un delito de atentado [arts. 550 y 551 del Código penal (CP)] y una falta de injurias (art. 620.2 CP), y a la recurrente, que con él formula el presente recurso, por un delito de desobediencia (art. 556 CP). Los delitos de atentado y desobediencia, únicos a los que aluden las distintas quejas formuladas en este procedimiento constitucional, tienen su origen en actos de los recurrentes que tuvieron lugar durante el desarrollo de una convocatoria de huelga promovida por CCOO en la delegación de asuntos sociales del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), en mayo de 2002. Los demandantes en amparo eran, respectivamente, el secretario de acción sindical de la organización convocante y una trabajadora municipal, y ambos miembros del comité de huelga.
2. El análisis de las cuestiones planteadas debe comenzar por la queja articulada por vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), no sólo por el alcance que poseería la apreciación de dicha lesión, sino también porque es la única que se imputa a las condenas impuestas a los dos recurrentes y porque, por lo demás, agota el recurso en cuanto afecta al primero de los demandantes de amparo.
Se denuncia en el recurso que las condenas por un delito de atentado (arts. 550 y 551 CP) y otro de desobediencia (art. 556 CP), se fallaron sin que se desarrollara una actividad probatoria suficiente para considerar acreditados los hechos, y sin que fueran debidamente ponderadas las pruebas de descargo aportadas. Así, dice la demanda de amparo, en la condena por el delito de atentado, la Sentencia de instancia, que asume y hace propia la Audiencia Provincial de Sevilla, fundó la apreciación del delito en las declaraciones de los agentes de policía, pese a las contradicciones en las que incurrió uno de ellos y aunque los ciudadanos que acudieron a la entrevista señalaran que no percibieron la acción, indicándose incluso en una de las declaraciones que la situación tuvo lugar “en la puerta del despacho al entrar todos y para colarse en [él]”. Con los mismos elementos, sostiene el recurso, podría obtenerse con igual o mayor grado de lógica una conclusión no incriminatoria. En segundo lugar, en lo relativo al delito de desobediencia de la trabajadora recurrente, se argumenta que las Sentencias descansan en las declaraciones de los agentes y el concejal que se encontraba en las dependencias municipales, infiriendo de ellas la existencia de varios requerimientos y la negativa a aceptar la orden de abandono del despacho. Pero se desatendió, en cambio, afirma el recurso, que el concejal no tenía concertada visita alguna, que no era su costumbre recibir al público, y que, en consecuencia, su acto revelaba la sustitución del técnico que concertó la entrevista y secundó la huelga, lo que pondría en duda la juridicidad de la orden, más aún cuando se dirigía a miembros del comité de huelga, que cuentan, entre otras, con la facultad de acceder y permanecer en el centro y verificar el cumplimiento por parte de la empresa de las exigencias legales durante el ejercicio del derecho fundamental consagrado en el art. 28.2 CE.
3. En el presente caso, las resoluciones impugnadas argumentaron que la conducta de los recurrentes estaba acreditada con base en diversas pruebas testificales, pues así se deducía, señaladamente, de lo declarado por los agentes de policía, el concejal y los ciudadanos que pretendían asistir a la reunión frustrada. En efecto, en lo que se refiere al delito de atentado, destacaron que el agente que sufrió el acometimiento declaró de forma contundente que el acusado “vino por detrás de mí y me empujó y me hizo caer”, circunstancia que corroboró el otro agente participante en los hechos, señalando el juzgador a quo que, tras someter a inmediación y contradicción las manifestaciones de los acusados y los testimonios, alcanzó plena convicción de que era el agente el que decía la verdad, sin que fuera atendible la explicación ofrecida por el recurrente para oponerse a la realidad de esos hechos (a saber: que de ser cierto el atentado referido, él hubiera sido detenido), ya que tal opción pudo no adoptarse, considerando el contexto en el que los hechos se produjeron, para no avivar la tensión existente en la entrada de la delegación municipal.
4. Las restantes quejas, tanto la articulada por incongruencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, como la que denuncia la vulneración del art. 25.1 en relación con el art. 28 CE, se refieren ambas al delito de desobediencia por el que fue condenada la trabajadora recurrente en amparo.
5. Hemos de ocuparnos seguidamente de lo que constituye la cuestión nuclear planteada, a saber, si los órganos judiciales, al calificar como delito de desobediencia la conducta de la trabajadora demandante de amparo, han vulnerado, como censura el recurso, el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) en relación con el art. 28.2 CE.
6. Reiteradamente hemos afirmado que “los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales” (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 299/2006, de 23 de octubre, FJ 6, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). O desde el enfoque acogido, por ejemplo, en la STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2, o más recientemente en la STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 3, que “los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito”. Desde la perspectiva constitucional, entonces, la legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada por los límites del ejercicio del derecho, sino por la delimitación de su contenido (según hemos señalado, por ejemplo, en las SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; o 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). De forma que cuando una conducta constituya, inequívocamente, un acto ajustado al ejercicio regular del derecho fundamental, respondiendo por su contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia que el derecho otorga, no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). Dicho en otras palabras, el amparo del derecho fundamental actuará como causa excluyente de la antijuridicidad (por todas, STC 232/2002, de 9 de diciembre, FJ 5).
Ahora bien, nuestra doctrina no se detiene en esta primera conclusión básica y previsible, aunque imprescindible, sino que cuestiona asimismo la aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio del derecho fundamental, éstos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello no nos referimos, como es obvio, a los supuestos en los que la invocación del derecho fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos, sino a aquellos casos en los que, a pesar de que el comportamiento no resulte plena y escrupulosamente ajustado a las condiciones y límites del derecho fundamental, se aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en su contenido y finalidad y, por tanto, en la razón de ser de su consagración constitucional. En este último escenario, sin perjuicio de otras consecuencias que el exceso en que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8). De otro modo, como afirmáramos en el ATC 377/2004, de 7 de octubre, “existirían sólo dos terrenos, el de lo constitucionalmente protegido y el de lo punible, lo que no puede admitirse”.
Así lo hemos declarado en la STC 110/2000, de 5 de mayo, respecto del ejercicio de las libertades de expresión e información [arts. 20.1 a) y d) CE], resolución en la que señalamos que el Juez al aplicar la norma penal, como el legislador al definirla, no pueden “reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal” (FJ 5). O, en el mismo sentido, en un asunto relativo a la libertad sindical (art. 28.1 CE): “La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto ... disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada” (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8 y las en ella citadas sobre el “efecto desaliento”).
En definitiva, de la doctrina expuesta en este fundamento jurídico, referida a la tutela de los derechos fundamentales frente a la intervención penal -también, por tanto, cuando esté comprometido el derecho de huelga (art. 28.2 CE)-, se sigue que no cabe incluir entre los supuestos penalmente sancionables aquellos que sean ejercicio regular del derecho fundamental de que se trate, y que tampoco puede el Juez, al aplicar la norma penal (como no puede el legislador al definirla), reaccionar desproporcionadamente frente al acto conectado con el derecho fundamental, ni siquiera en el supuesto de que no constituya un ejercicio plena y escrupulosamente ajustado a las condiciones y límites del mismo. Por tanto, la sanción penal sólo será constitucionalmente posible cuando estemos frente a un “aparente ejercicio” del derecho fundamental, y siempre que, además, la conducta enjuiciada, por su contenido, por la finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, desnaturalice o desfigure el derecho y se sitúe objetivamente al margen de su contenido esencial, quedando por ello, en su caso, en el ámbito de 1o potencialmente punible.
7. A la luz de la doctrina expuesta procede considerar el tratamiento que las resoluciones impugnadas han dado a la conducta de la recurrente a fin de establecer si puede ubicarse en el marco y contexto objetivo del derecho de huelga (art. 28.2 CE), en razón de su contenido y finalidad.
En la STC 11/1981, de 8 de abril, ya establecimos que “[l]a existencia del comité de huelga posee plena justificación y no desnaturaliza el fenómeno de la huelga. Como dice el art. 28 de la Constitución, la huelga es un instrumento de defensa de intereses. Tiene por objeto abrir una negociación, forzarla si se quiere y llegar a un compromiso o pacto. Es clara, por ello, la necesidad de decidir quiénes son las personas que tienen que llevar a cabo la negociación. Además, el pacto de finalización de la huelga alcanza el mismo valor que el convenio colectivo. Tiene por ello que existir un instrumento de la negociación y la exigencia de la formación del comité responde claramente a esta necesidad.” (FJ 16).
Además de esas determinaciones de la doctrina constitucional, la regulación del Real Decreto- ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, confirma el papel central de ese órgano en el desarrollo de la huelga. Y es que el comité de huelga tiene asignadas funciones de representación de los trabajadores en conflicto, lo que incluye atribuciones de negociación pero también otras de administración de la huelga, antes de su inicio, durante su ejercicio e incluso después de su finalización. En particular, el derecho de acceso de los integrantes del comité de huelga al centro de trabajo, si bien no se recoge expresamente en aquella norma, se viene manteniendo con carácter general por los Tribunales del orden jurisdiccional social.
Mayor atención dedicaron las Sentencias consideradas al análisis de si en el desarrollo de los acontecimientos que están en su origen se produjo la sustitución proscrita de un trabajador en huelga. En este punto, tras aludir a la doctrina constitucional sobre la sustitución de trabajadores en huelga, concluyeron que no se produjo dicha sustitución, bien porque el concejal estaba investido de autoridad (Sentencia de instancia), bien porque, de conformidad con lo resuelto en otro procedimiento por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) -en Sentencia dictada el día 19 de diciembre del año 2002 al resolver el recurso de suplicación interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía- la actuación del concejal no representó un acto “de esquirolaje interno”, pues ocupaba un órgano de gobierno y representación del Ayuntamiento empleador, actuando en la posición jurídica de éste. Rechazaban con ello la tesis de la recurrente, que ponía énfasis en que el concejal no era técnico ni empleador y, sin embargo, pretendía atender a personas que tenían cita con un trabajador en huelga, sustituyendo a éste.
8. Expuesta nuestra doctrina y el sentido de las resoluciones impugnadas, nos corresponde ahora examinar las circunstancias del presente caso, para resolver finalmente si la actuación de la recurrente se encontraba conectada con el ejercicio del derecho de huelga. Se trata de saber si tiene amparo en el art. 28.2 CE que la trabajadora miembro del comité de huelga entrase en el despacho del concejal y se resistiese, durante diez minutos aproximadamente, a lo que consideraba una indebida (ilegítima, a su juicio) sustitución de funciones, que tenía lugar en pleno desarrollo de la medida de conflicto, y que resultó sorpresiva e inesperada para quienes legítimamente presumían que la función desempeñada en el ámbito de los servicios sociales por el Ayuntamiento no tendría cobertura durante la huelga, tras haber secundado la convocatoria los titulares del servicio.
9. En atención a lo expuesto, la conexión de la conducta de la recurrente con el ejercicio del derecho fundamental de huelga determina que la imposición de una sanción penal a la misma constituya una reacción desproporcionada, vulneradora del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por su efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de aquel derecho fundamental (art. 28.2 CE).
En efecto, que de conformidad con nuestra doctrina, “no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico -una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante- o axiológico -una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional- conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios” (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4; 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3). Pues bien, en la medida en que los órganos judiciales realizaron una interpretación y aplicación del tipo penal de desobediencia que -aun siendo posible de conformidad con el tenor literal del precepto- no toma en consideración que el tipo penal no podía interpretarse y aplicarse de forma contraria al ejercicio del derecho fundamental a la huelga con el que la conducta que se sanciona estaba inequívocamente vinculada, tal interpretación resulta constitucionalmente rechazable por ser imprevisible para el destinatario.
1º Declarar vulnerado el derecho fundamental de doña Mercedes Borrego Acosta a la legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con el derecho a la huelga (art. 28.2 CE).
2º Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de 29 de marzo de 2007 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, y de la Sentencia de 30 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, dictada en el procedimiento abreviado núm. 77-2004, en lo relativo a la condena de la actora por el delito de desobediencia (art. 556 CP).
1. Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto a la Sentencia dictada, el 20 de junio de 2011, en el recurso de amparo núm. 4249-2007
Primera. Entre los hechos declarados probados en la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla, que se recogen en el antecedente 2 de la Sentencia de este Tribunal de la que discrepo, consta que la recurrente, en unión de otra persona ajena a este recurso de amparo, impidió que se pudiera llevar a cabo una entrevista entre el concejal de asuntos sociales del Ayuntamiento de Tomares y dos ciudadanos que tenían concertada cita con una funcionaria que secundaba la huelga, llegando a introducirse en el despacho del concejal, “pese a la indicación de aquél y de los agentes de policía para que lo abandonasen y permitieran el encuentro con la debida privacidad, a lo que reiteradamente se negaron durante un periodo de tiempo no concretado, pero que pudo prolongarse unos diez minutos, hasta que la indisposición de la señora … [que pretendía entrevistarse con el concejal]… y la actitud de los huelguistas provocaron que terminara el encuentro”.
Pues bien, la subsunción de esta conducta en el tipo penal de la desobediencia, que resulta patente, no puede verse enervada por la circunstancia de que la recurrente fuera miembro del comité de huelga, es decir, actuara en “el desarrollo de la medida colectiva y con la función representativa”, como se sostiene en el fundamento jurídico 8 de la Sentencia de la mayoría, llegando a decirse que “el contexto huelguístico, los hechos acaecidos y la función de la recurrente en esa concreta huelga, obligaban así a encuadrar la desobediencia en el marco objetivo del derecho fundamental”; tal doctrina supondría que la reconocida desobediencia a la autoridad no lo es si se comete por un miembro de un comité de huelga y en el desarrollo de la misma, lo que no puede encuadrarse con nuestra jurisprudencia y supone una extensión de la que se cita en los fundamentos jurídicos 6 y 7.
Segunda. Tampoco puedo asumir, como se sostiene en el fundamento jurídico 9 de la Sentencia de la mayoría que “los órganos judiciales realizaron una interpretación y aplicación del tipo penal de desobediencia que -aun siendo posible de conformidad con el tenor literal del precepto- no toma en consideración que el tipo penal no podía interpretarse y aplicarse de forma contraria al ejercicio del derecho fundamental a la huelga con el que la conducta que se sanciona estaba inequívocamente vinculada, tal interpretación resulta constitucionalmente rechazable por ser imprevisible para el destinatario”, ya que, esta tesis, a mi juicio, y reiterando el respeto que me merece la opinión contraria, viene a degradar el concepto mismo del derecho de huelga como instrumento legal de los trabajadores para la defensa de sus intereses legítimos, violentando el principio ético general de que ningún derecho puede ejercerse empleando medios que vulneran la legalidad.
Tercera. Finalmente, si las normas en general han de interpretarse de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, (según suele ahora repetirse con frecuencia) rebajar la protección del principio de autoridad, que garantiza la libertad de todos, frente al abuso de su derecho o la transgresión de la ley de algunos, es contraria a lo establecido con carácter general y cuasi-constitucional por el art. 3.1 del Código civil, en un momento particularmente sensible, cuando proliferan actuaciones de hecho y manifestaciones expresas o implícitas de incumplimiento de la legislación y palmario desacatamiento de las resoluciones judiciales.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel a la Sentencia que resuelve el recurso de amparo número 4249-2007 al que se adhiere el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago.
A mi juicio, en conclusión, reconducir comportamientos como los reseñados al ejercicio del derecho de huelga y entender que los mismos, como viene a decir la Sentencia de la que discrepo, “encuadra[n] en su contenido y finalidad y, por tanto, en la razón de ser de su consagración constitucional”, es una forma de menoscabarlo, pues también se vulneran los derechos fundamentales cuando, so pretexto de protegerlos, se desconocen sus límites.
Pues bien, a la luz de esta doctrina, no creo que quepa formular reproche alguno ex artículo 25.1 CE a la interpretación y aplicación que del art. 556 del Código penal han hecho las Sentencias recurridas en amparo. Desde la perspectiva que nos es propia, de la lectura de las Sentencias recurridas no cabe concluir que la interpretación realizada por el Juez penal fuerce el tenor literal del tipo aplicado o que en su enjuiciamiento haya recurrido a pautas interpretativas y valorativas extravagantes en relación al ordenamiento constitucional. La subsunción de la conducta de la recurrente en amparo -resistencia reiterada a obedecer la orden de la policía local de abandonar el despacho del Concejal- en el art. 556 del Código penal no sólo no resulta ajena “al significado posible de los términos de la norma aplicada” sino que encaja naturalmente en ella, razón por la cual debió desestimarse el amparo.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4249-2007
Promovido por don Francisco Figueroa Alcarazo y doña Mercedes Borrego Acosta respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de un Juzgado de lo Penal de Sevilla que les condenaron por un delito de atentado y una falta de injurias, y un delito de desobediencia, respectivamente.
Durante el desarrollo de una huelga, un concejal del Ayuntamiento de Tomares se reúne con dos ciudadanos que tenían concertada previamente una entrevista con una funcionaria que siguió la huelga. Dos trabajadores del Ayuntamiento tratan de impedir la celebración de dicha reunión. El primero empuja y amenaza a un policía, en tanto que la segunda se niega a acatar la orden de abandono del despacho del concejal.
La Sentencia, de la que discrepan tres Magistrados, concede parcialmente el amparo dado que los órganos judiciales, al calificar como delito de desobediencia el hecho de que la trabajadora (miembro del comité de huelga) impidiera la entrevista en el Ayuntamiento han vulnerado el principio de legalidad penal en relación con el derecho a la huelga. A continuación se analiza si se produjo la sustitución de un trabajador en huelga, concluyendo que no se dio porque el concejal estaba investido de autoridad y su actuación no representó un acto “de esquirolaje interno”. Se concluye que la conducta de la trabajadora no fue un acto ajeno al ejercicio del derecho, ya que está conectada con el desarrollo de la medida colectiva y su función representativa como miembro del comité de huelga. Por el contrario, se desestima la vulneración de la presunción de inocencia al no existir prueba de cargo.
El contexto huelguístico, los hechos acaecidos y la función de la recurrente, como miembro del comité de huelga, obligaban a encuadrar la desobediencia en el marco objetivo del derecho fundamental de huelga y, en atención ello, la conexión de la conducta de la recurrente con el ejercicio de dicho derecho fundamental determina que la imposición de una sanción penal a la misma constituya una reacción desproporcionada, vulneradora del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por su efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de aquel derecho fundamental (art. 28.2 CE) [FFJJ 8, 9].
En la medida en que los órganos judiciales realizaron una interpretación y aplicación del tipo penal de desobediencia que no toma en consideración que el tipo penal no podía interpretarse y aplicarse de forma contraria al ejercicio del derecho fundamental a la huelga con el que la conducta que se sanciona estaba inequívocamente vinculada, tal interpretación resulta constitucionalmente rechazable por ser imprevisible para el destinatario [FJ 9].
La legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada por los límites del ejercicio del derecho, sino por la delimitación de su contenido, actuando el amparo del derecho fundamental como causa excluyente de la antijuridicidad (SSTC 137/1997, 232/2002, 185/2003) [FJ 6].
La sanción penal sólo será constitucionalmente posible cuando estemos frente a un aparente ejercicio de un derecho fundamental, y siempre que la conducta enjuiciada, por su contenido, por la finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, desnaturalice o desfigure el derecho y se sitúe objetivamente al margen de su contenido esencial, quedando por ello, en su caso, en el ámbito de 1o potencialmente punible [FJ 6].
Las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes en amparo, dado que han hecho explícito el proceso argumental del que infieren, a partir de hechos objetivos perfectamente acreditados, la autoría de los delitos, dando respuesta a los argumentos de descargo alegados, sin que dicho proceso argumental pueda ser calificado de irrazonable (STC 12/2011) [FJ 3].
Doctrina sobre la presunción de inocencia y la valoración de la prueba (SSTC 242/2005, 91/2009, 148/2009) [FFJJ 2, 3].
El no promover el incidente de nulidad de actuaciones respecto a la denunciada incongruencia omisiva contradice el carácter subsidiario del recurso de amparo, impidiendo un pronunciamiento sobre la referida vulneración, al no haberse agotado el remedio procesal legalmente previsto para tratar de obtener ante la jurisdicción ordinaria la reparación de la lesión presuntamente sufrida (SSTC 185/2003, 140/2006) [FJ 4].
Artículo 585.4, f. 6
Artículo 25.1, ff. 1, 4, 5, 9
Artículo 28, ff. 4, 5, 7
Artículo 28.2, ff. 1, 2, 5 a 9
Artículo 44.1 a) (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 1, 4
Artículo 550, ff. 1 a 3
Artículo 551, ff. 1 a 3
Artículo 556, ff. 1 a 3, 5
Derecho a la legalidad penalDerecho a la legalidad penal, ff. 5, 6, 9, VP I, VP II
Efecto desaliento del ejercicio de los derechos fundamentalesEfecto desaliento del ejercicio de los derechos fundamentales, f. 9
Ejercicio abusivo del derecho a la huelgaEjercicio abusivo del derecho a la huelga, f. 6, VP I, VP II
Ejercicio del derecho a la huelga por representanteEjercicio del derecho a la huelga por representante, f. 8
Exclusión de pretensiones punitivasExclusión de pretensiones punitivas, f. 6
Límites penalesLímites penales, f. 6
Principio de legalidad penalPrincipio de legalidad penal, ff. 5, 6, 9, VP I, VP II
Sustitución de trabajadoresSustitución de trabajadores, f. 7
Atentado contra la autoridadAtentado contra la autoridad, ff. 2, 3
Comité de huelgaComité de huelga, f. 7, VP I, VP II
Desobediencia a la autoridadDesobediencia a la autoridad, ff. 3 a 5, VP I
PenasPenas, ff. 5, 6, 9, VP I, VP II
Prueba de cargoPrueba de cargo, ff. 2, 3