Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-531-10.htm
Timestamp: 2017-10-22 15:28:07
Document Index: 107237530

Matched Legal Cases: ['artículo 516', 'Artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 37', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 141', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 36']

T-531-10
Sentencia T-531/10
DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Caso en que se avaluó el inmueble en una suma que no corresponde a su valor real
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Tiene fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Vista la alegación de la demandante en tutela a la luz de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo hipotecario, la Sala considera que la cuestión planteada puede ser ventilada con base en el denominado defecto procedimental que tiene fundamento en los artículos 29 y 228 de la Carta. La primera de las disposiciones citadas contempla el debido proceso y la obligación de “observar las formas propias de cada juicio, mientras que la segunda establece el derecho a acceder a la administración de justicia y, en particular, la prevalencia del derecho sustancial en toda clase de actuaciones judiciales. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha señalado que la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos. Una providencia judicial incurre en el defecto procedimental cuando el juez que la profiere desconoce, de manera absoluta, las formas del juicio, pero también cuando el fallador se atiene de modo tan estricto a las formalidades previstas, al punto de generar un “exceso ritual manifiesto” que, aún cuando acoplado a las exigencias previstas en la ley procesal, tiene como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales que, en tales condiciones, resultan sacrificados en aras de otorgarle plena satisfacción a requisitos de índole formal
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
La Corte ha estimado que “un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por “un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”. Tratándose de las pruebas, la Corporación ha indicado que, si bien los jueces gozan de libertad para valorarlas dentro del marco de la sana crítica, “no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial” y “que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes”.La Corte ha enfatizado que “el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial” y se configura “en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales”. En el asunto que ahora ocupa la atención de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la argumentación que sirve de sustento a la decisión de aceptar el avalúo catastral, con el incremento legalmente previsto como base para efectuar el remate, y de no acceder a su revisión mediante la práctica de otro medio de prueba es de orden estrictamente legal y se funda en artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al ejecutante para presentar el avalúo “en el término de diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el secuestro, según el caso” y, de otro lado, señala que “tratándose de bienes, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%, salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”, caso en el cual “con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas obtenidas en el inciso segundo
FACULTADES OFICIOSAS DEL JUEZ-Actuaciones en proceso ejecutivo hipotecario
Con base en el recuento normativo que antecede, cabe concluir, como lo hizo la Corte en otra oportunidad, que “el decreto oficioso de pruebas no es una atribución o facultad potestativa del juez”, sino “un verdadero deber legal” que se ha de ejercer cuando “a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material”
EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL/EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación del Artículo 516 del C de P.C.
Con base en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil se podría argumentar que el demandante en el proceso ejecutivo aportó el avalúo catastral, porque lo consideró idóneo y así se lo autorizaba la legislación. Empero, la idoneidad tiene que ser apreciada de conformidad con las particularidades del caso y con el parámetro que el mismo artículo citado propone para medirla. Ciertamente, ante una deuda de ocho millones de pesos, a la cual se le habían hecho tres abonos sucesivos, por $250.000, $750.000 y $250.000 antes de que fuera presentada la demanda ejecutiva, -según consta en providencia del 6 de marzo de 2006 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia-, el valor del avalúo catastral incrementado en un 50%, por bajo que sea, puede ser juzgado idóneo para efectuar el remate y lograr el pago del remanente y de los intereses. Pero aunque es posible juzgar de tal modo la idoneidad, lo cierto es que no son sólo los derechos patrimoniales del acreedor los que están y juego y deben ser protegidos, ya que también merecen protección los derechos del demandado, pues el hecho de que sea deudor y deba ser ejecutado por su incumplimiento no es una patente que conduzca al desconocimiento de sus garantías o que autorice entrar a saco roto en su patrimonio, con tal de llevar a cumplido efecto la ejecución. La idoneidad del precio de un bien hipotecado, aunque la pueda apreciar el acreedor, con miras a tornar efectiva la garantía, no se fija sólo atendiendo su interés de ejecutante, ya que el propio Código de Procedimiento Civil, en el citado artículo 516, establece otro parámetro, al indicar que el valor puede ser el del avalúo catastral incrementado en un 50%, “salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Fijación del precio real del inmueble
Como consecuencia de lo anterior, cabe señalar que, sin perjuicio de los derechos e intereses del acreedor y de la obligación de adelantar el proceso y lograr el pago de la deuda, al juez también le corresponde asegurar la protección de los derechos del deudor y, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, tenía razones adicionales a las expuestas para proceder oficiosamente a garantizar los correspondientes a la demandante.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL
Así pues, se impone concluir que, aun cuando la regularidad formal del trámite de ejecución adelantado en contra de la accionante no admite reparo, los jueces se ciñeron de modo tan estricto al procedimiento que incurrieron en un exceso de ritual manifiesto contrario al debido proceso de la deudora, al derecho a que su acceso a la administración de justicia estuviera orientado por la prevalencia del derecho sustancial y a su derecho a la igualdad procesal. Cabe, entonces conceder el amparo solicitado y revocar la sentencia revisada que lo denegó.
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Caso en que los jueces tenían la carga adicional de asegurarse que el valor del avalúo catastral fuera idóneo para establecer el precio real
En cuanto hace a los jueces ya han sido suficientemente expuestas las consecuencias de su excesivo apego a las formalidades y de la consiguiente desatención del derecho sustancial y en lo tocante al demandante la Sala pone de manifiesto que, aún cuando de conformidad con el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil estaba facultado para presentar el valor del avalúo catastral del predio, incrementado en un 50%, la misma disposición le imponía una carga adicional que evidentemente no cumplió, cual es la de asegurarse de que el valor del avalúo catastral fuera idóneo para establecer el precio real. En este sentido, el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil señala que el valor será el del avalúo catastral incrementado en el porcentaje fijado por la misma disposición, “salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”, caso en el cual “con el valúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo”. Así pues, aunque la ley establece que para determinar el precio de un inmueble objeto de remate se debe tener en cuenta el avalúo catastral, el mismo precepto contempla la posibilidad de que este método no sea idóneo para establecer el precio real del bien y por ello prevé, para el caso concreto, como carga que debe cumplir el ejecutante la de aportar un dictamen para ilustrar el juicio del administrador de justicia, de donde se sigue que el acreedor también está en el deber de evaluar la idoneidad del valor surgido del avalúo catastral y que, por lo tanto, no se trata simplemente de que lo aporte al proceso. La Sala reitera que las disposiciones procesales tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y que, si bien es cierto que al acreedor le asiste el derecho a obtener la solución definitiva de su crédito, el deudor tiene derecho a que se respeten sus garantías constitucionales y a que la ejecución no se convierta en ocasión para menoscabar sus derechos. En razón de lo anterior, la ley procesal exige respetar la igualdad de las partes y obrar, con lealtad, probidad y buena fe, al punto que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 37-4, establece como deber del juez “prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”. La prolongada demora en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario tiene su principal causa en el ínfimo valor que en el avalúo catastral se le asigna al inmueble y en el hecho de que la parte demandante lo aportó al proceso sin cumplir la carga de apreciar su idoneidad y de acompañar un dictamen. En esas condiciones, la demandante no debe soportar las consecuencias desfavorables de una actuación de la cual no es responsable y el demandante, a su turno, no debe derivar ningún beneficio del hecho de haber incumplido la carga que la ley procesal le impone y de haber dado lugar, por ello, a la prolongación del proceso
Referencia: expediente T-2.404.454
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010).
1.1. En contra de la demandante se adelanta un proceso ejecutivo hipotecario y considera que el avalúo que obra dentro de ese proceso no es idóneo para establecer el precio real del inmueble, pues, a su juicio, es imposible que una casa de habitación, con las características y ubicación de la avaluada sólo tenga un valor de $7’641.000.00.
1.2. Señala la actora que en la ciudad de Montería no existe una casa, por muy deteriorada que esté, que cueste la suma irrisoria de $7’641.000.00 e indica que más grave aún resulta que se pretenda rematar por el 70% de dicho valor, es decir, por la cantidad de $5’348.700.00.
El despacho judicial consideró que la tutela en contra de providencias judiciales es excepcional y que la actora contaba “con un medio de defensa dentro del mismo proceso ejecutivo para hacer valer su derecho y atacar la decisión del juez accionado”, pues “debió formular un escrito objetando el avalúo del bien inmueble presentado por el ejecutante acompañado de uno nuevo, de conformidad con lo previsto por el artículo 516, inciso séptimo, del C. de P. C.” y como no lo hizo el amparo es improcedente.
III. PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA DE REVISION
Mediante Auto del diecinueve (19) de marzo de dos mil diez (2010), la Sala Cuarta de Revisión ordenó solicitar al Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería que, en el término de tres (3) días hábiles, enviara el expediente completo del proceso ejecutivo iniciado contra la señora Luz Marina Gómez Jiménez por el señor Camilo Vergara Vergara. Igualmente se dispuso que si el proceso no había concluido se remitiera copia auténtica del mismo “incluida la última decisión que se haya adoptado e informar acerca del estado de la actuación” y se suspendieron los términos hasta tanto la prueba fuera remitida y analizada por la Sala.
Por oficio No. 842, fachado el 8 de abril de 2010 y recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 4 de mayo, la secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería remitió “copias debidamente autenticadas del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Camilo Vergara Vergara a través de apoderado judicial doctor Fernando Salgado contra Luz Marina Gómez Jiménez”.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la señora Luz Marina Gómez Jiménez impetró acción de tutela en contra de los Juzgados Tercero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Montería, por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, ya que dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario, que en su contra instauró el señor Camilo Vergara Vergara, se avaluó un bien inmueble de su propiedad por la suma de $7’641.000.00 que, a su juicio, dista mucho del valor real que le corresponde, habida cuenta de que en la ciudad de Montería ninguna casa de habitación puede ser adquirida por ese precio, considerado irrisorio.
La Sala debe establecer si la situación que la actora pone de presente vulnera derechos fundamentales y si es posible otorgar el amparo solicitado, pero antes de proceder a efectuar este análisis, y dado el carácter excepcional que tiene la tutela cuando se instaura en contra de decisiones judiciales, resulta indispensable examinar si se cumplen los requisitos generales y específicos que tornan procedente la citada acción constitucional[1].
3. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales
Tratándose de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, la Sala debe determinar si las providencias cuestionadas son o no de tutela (i), si la actora ha identificado los hechos generadores de la vulneración alegada (ii), si en el caso concreto se han agotado los medios judiciales ordinarios y extraordinarios (iii), si hubo oportunidad de aducir la situación durante el proceso (iv), si se cumple el requisito de la inmediatez (v) y si el asunto tiene relevancia constitucional (vi)[2].
3.3. También se debe verificar si en el caso concreto se han agotado todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios y en este evento cabe destacar que, precisamente, la sentencia que resolvió sobre la acción intentada declaró improcedente la tutela, porque la demandante ha debido “formular un escrito objetando el avalúo del bien inmueble presentado por el ejecutante acompañado de uno nuevo, de conformidad con lo previsto en el artículo 516 inciso séptimo del C. de P. C.”.
3.4. Adicionalmente se exige que la situación en la cual tiene origen la tutela haya sido aducida durante el proceso y, como surge de los antecedentes y se puede verificar en el expediente del proceso ejecutivo, antes de que se efectuara la diligencia de remate el nuevo apoderado de la señora Gómez Jiménez dirigió un memorial al Juez Tercero Civil Municipal de Montería en el que le solicitaba abstenerse de llevar a cabo la diligencia, poniéndole de presente que, pese a no haberlo objetado “en la debida oportunidad”, el avalúo presentado no era idóneo, pues “no existe casa alguna en la ciudad de Montería ni en ninguna ciudad capital del país, por muy deteriorada que valga la suma irrisoria de $7.641.000 y lo que es peor, que se pretenda rematar dentro de un proceso de esta naturaleza por el 70% de dicho valor, es decir, por la suma de $5.348.700” y con idénticos argumentos elevó una solicitud de nulidad y luego sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia mediante la cual se aprobó el remate.
En efecto, aunque es cierto que se aduce la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, no lo es menos que la pérdida del que la actora considera su único bien representaría una amenaza o vulneración no sólo surgida de la actuación judicial contraria a los derechos fundamentales, sino también dotada de una persistencia en el tiempo que le conferiría el carácter inminente o actual que la normatividad superior exige del perjuicio que amerita la protección brindada mediante la tutela.
4. Los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales
Al respecto conviene anotar que los requisitos específicos se refieren a la existencia de los vicios o circunstancias que la jurisprudencia constitucional ha identificado como causantes de la violación de derechos fundamentales. La evolución que la materia ha tenido, parte de la identificación de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental[3], a los cuales, paulatinamente, la Corporación ha agregado otras circunstancias surgidas de los casos concretos y, con base en ellas, ha cambiado la tradicional denominación de vías de hecho por la más comprensiva de causales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
4.1. El alegato de la demandante en tutela y las providencias judiciales atacadas
Un somero examen del proceso ejecutivo hipotecario permite sostener que la parte demandante aportó un avalúo basado en “el Certificado expedido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, fechado el 20 de abril de 2006, “el cual está por la suma de $5.094.000.00”, que “incrementándolo en un 50% arroja la suma de $7.641.000.00”, de conformidad “con el artículo 516 reformado por la Ley 794 de 2003”.
No obstante la anterior solicitud, la diligencia se llevó a cabo el día 12 de julio de 2007 y en el acta respectiva aparece consignado que el bien había sido avaluado por la suma de $7.641.000.00. Ante la inconformidad de la parte demandada y la advertencia del apoderado en el sentido de que podría configurarse una futura nulidad, el despacho judicial estimó que “el avalúo catastral llena los requisitos de ley y se le dio traslado en aras del debido proceso” y que no había “vicios para una eventual nulidad”, por lo cual negó la solicitud y dispuso la continuación de la diligencia.
El bien fue rematado por la suma de $13.100.000.00 y el apoderado de la parte demandada promovió un incidente de nulidad y al efecto adujo la causal prevista en el artículo 141-2 del Código de Procedimiento Civil que se refiere a la falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, “siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba”, insistió, además, en la inidoneidad del avaluó y puso de presente que es deber del juez “tramitar el proceso con la Constitución en la mano, además de aplicar las norma sustantivas y adjetivas propias del juicio”.
4.2. El defecto procedimental
Vista la alegación de la demandante en tutela a la luz de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo hipotecario, la Sala considera que la cuestión planteada puede ser ventilada con base en el denominado defecto procedimental que tiene fundamento en los artículos 29 y 228 de la Carta. La primera de las disposiciones citadas contempla el debido proceso y la obligación de “observar las formas propias de cada juicio, mientras que la segunda establece el derecho a acceder a la administración de justicia y, en particular, la prevalencia del derecho sustancial en toda clase de actuaciones judiciales[4].
Una providencia judicial incurre en el defecto procedimental cuando el juez que la profiere desconoce, de manera absoluta, las formas del juicio, pero también cuando el fallador se atiene de modo tan estricto a las formalidades previstas, al punto de generar un “exceso ritual manifiesto” que, aún cuando acoplado a las exigencias previstas en la ley procesal, tiene como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales que, en tales condiciones, resultan sacrificados en aras de otorgarle plena satisfacción a requisitos de índole formal[5].
4.3. El defecto procedimental y los argumentos de la demandante
4.3.1. La lectura constitucional de la ley procesal civil
Sin embargo, la demandante invoca la Constitución y la reiterada solicitud de que la situación fuera resuelta a la luz de los dictados superiores, llama la atención acerca de la lectura constitucional de la ley que, en virtud de la fuerza normativa de la Carta, está llamado a efectuar el juez y del papel que en este marco le corresponde a éste en cuanto garante de la eficacia de los derechos constitucionales de quienes acuden a los estrados judiciales, como partes o como intervinientes en los procesos.
Ciertamente, la aplicación de la ley procesal civil respalda la solución que le fue dada al asunto planteado por la peticionaria, pero cabe preguntar si una lectura conjunta de la ley y la Constitución mantiene el resultado interpretativo conforme al cual se resolvió el asunto o si lo varía sustancialmente. La Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los efectos nocivos que una interpretación aislada de la ley puede acarrear y de la necesidad de adecuar una interpretación de esa índole a las exigencias derivadas de la Constitución. Así, en la Sentencia T-1045 de 2008[6] se expuso lo siguiente:
“…es posible que una interpretación perfectamente posible desde el punto de vista legal, no responda, sin embargo, a especiales exigencias previstas en la Constitución y, pese a su plausibilidad como interpretación de la ley, resulte contraria a la Carta, debido a que el juez durante el proceso interpretativo no establece la indispensable conexión con los contenidos superiores y obtiene como resultado una lectura de la disposición de ley que no guarda coherencia con lo constitucionalmente exigido.
“En razón de lo anterior ‘la Corte ha aceptado que en ciertos casos la acción de tutela procede contra sentencias judiciales, cuando éstas están fundadas en alguna de las interpretaciones plausibles de la norma aplicable, pero no obstante aplican razonamientos incoherentes para llegar a la decisión’[7], caso que, se repite, tiene lugar, entre otros supuestos, siempre que el intérprete se limita a efectuar una lectura aislada de la ley sin vincularla sistemáticamente a los contenidos constitucionales que, según las circunstancias del caso concreto, resulten pertinentes”.
“…cuando desde la perspectiva estrictamente legal la lectura es posible, pero ha fallado la conexión con los contenidos constitucionales, lo que se impone es adecuar el proceso interpretativo y establecer el vínculo con los contenidos superiores pertinentes para que se produzcan las consecuencias favorables a la vigencia de los derechos conculcados por la ausencia de la indispensable interpretación sistemática de la ley y de la Constitución”.
4.3.2. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
En efecto, la Corte ha estimado que “un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por “un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”[8].
Tratándose de las pruebas, la Corporación ha indicado que, si bien los jueces gozan de libertad para valorarlas dentro del marco de la sana crítica, “no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial” y “que el sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes”[9].
La Corte ha enfatizado que “el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial” y se configura “en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos constitucionales”[10].
A la literalidad de la disposición que se acaba de citar, los despachos judiciales agregan como argumento para mantener el valor catastral que la parte ejecutivamente demanda no objetó el avalúo en la oportunidad pertinente, pero, como ya ha sido puesto de presente al analizar los requisitos generales de procedencia, el argumento es insuficiente, porque en caso de que el juez tenga facultades para procurar la justicia material y para conferirle a las formalidades un sentido acorde con la prevalencia del derecho sustancial, el descuido de la parte o de su apoderado no convalida la actitud formalista del juez, ni le releva de atender sus obligaciones constitucionales o de cumplir su misión de garante de los derechos fundamentales en los distintos procesos y actuaciones judiciales.
4.3.3. La prevalencia del derecho sustancial y las facultades oficiosas del juez
Esas facultades oficiosas tienen una especial connotación en materia probatoria y, en tal caso, “se relacionan, principalmente, con (i) la posibilidad teórica o práctica- de alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y (ii) la relevancia o posibilidad de la prueba en el marco de los fines del proceso”[11].
En cuanto a lo primero, la Corporación ha destacado que, aún cuando “la verdad como entidad metafísica puede ser inalcanzable o inexistente, en el proceso sí es posible acceder a algún tipo de verdad relativa sobre los hechos”, para lo cual el juez “debe obtener la mayor cantidad de información jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a su estudio”, valiéndose de los medios probatorios que, siendo lícitos, arrojen claridad sobre un hecho determinado y también debe formular hipótesis “susceptibles de comprobación”, así como evaluarlas, ya que “la evaluación de estas hipótesis, y el análisis de conjunto de la información recogida en el proceso, son las bases para una decisión o un juicio bien fundamentado sobre los hechos y las hipótesis que sobre ellos se erigen como premisas fácticas de la decisión judicial”[12].
Según el criterio de la Corte, “la verdad así construida, como se ha expresado es de tipo relativo, contextual y limitada legal y tácticamente, pero cualquier decisión judicial debe partir de las conclusiones obtenidas en ese proceso de análisis si no se quiere que la sentencia sea absurda o inicua”[13].
Este afán por la verdad que se puede obtener dentro del marco del proceso merma el carácter dispositivo de éste que se orienta a lograr “la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna”, y acrecienta el empleo de las facultades oficiosas del juez, aún de tipo inquisitivo, con la finalidad de que el proceso sea “una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material”, mediante decisiones basadas “en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero”[14].
“...el artículo 29 de la Constitución establece como elemento del debido proceso la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, así como el principio de exclusión de la prueba ilícita. En el plano legal, el principio de necesidad de la prueba se encuentra íntimamente ligado al derecho fundamental al debido proceso, pues se dirige a evitar cualquier tipo de decisión arbitraria por parte de las autoridades (núcleo esencial de la garantía constitucional citada); y, además, porque la valoración dada a las pruebas, o el juicio sobre los hechos, debe materializarse en la sentencia para que su motivación sea adecuada.[15]
“En segundo lugar, el artículo 228 de la Constitución consagra la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero[16]. En un Estado de derecho, se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. El Estado Constitucional, además, establece límites a la ley y condiciona la justicia al respeto de los derechos constitucionales y de los demás derechos humanos que el Estado, como miembro de una comunidad internacional fundada en el respeto por la dignidad humana, se ha comprometido a garantizar y proteger. Por lo tanto, la justicia y el derecho sustancial, -legal y constitucional- coinciden en el Estado Constitucional de Derecho”[17].
Con base en el recuento normativo que antecede, cabe concluir, como lo hizo la Corte en otra oportunidad, que “el decreto oficioso de pruebas no es una atribución o facultad potestativa del juez”, sino “un verdadero deber legal” que se ha de ejercer cuando “a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material”[18].
4.4. La actuación de los jueces en el proceso ejecutivo hipotecario
Que no les resultaba viable a los falladores escudarse en el tenor literal del artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, ni en la pérdida de la oportunidad procesal para objetar que, según ese mismo precepto, tuvo la parte demandada y que, por el contrario, era su deber actuar, aún oficiosamente, con la finalidad de otorgarle la prevalencia debida al derecho sustancial, en el caso examinado surge, además, de un conjunto de datos que aparecen en el expediente.
De esos datos, la demandante en tutela puso de presente, tanto en el proceso ejecutivo, como en la solicitud de amparo, el primero que surge de la experiencia, al indicar que difícilmente podría hallarse en la ciudad de Montería una casa que pudiera ser adquirida por el valor de $7.641.000.00, a lo cual cabe agregar que, con la evidencia derivada de un hecho notorio no necesitado de prueba, se sabe que, en muchas ocasiones, los valores surgidos del avalúo catastral suelen distar mucho del valor comercial y que el proceso de actualización de los correspondientes valores normalmente lo emprenden las entidades encargadas, luego no es carga que necesariamente deba recaer en el usuario. Tanto es así que el propio artículo 516 del Código de Procedimiento Civil prevé que, para fijar el valor de un bien, el avaluó catastral ha de ser incrementado en un 50%, “salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”.
“Se trata de una casa de habitación que en su frente posee: Terraza con el piso en tablón y piedra china con una reja o verja de aluminio, con dos ventanas con vidrios planos con marco de aluminio y protector de hierro por fuera, techo en alero de eternit sobre madera, puerta de acceso en madera con su marco de color caoba; seguido sala comedor; dos habitaciones; cosina (sic) con su mesón de concreto enchapado en baldosa hasta la mitad; posee una ventana en calados con mira al patio; la puerta de salida al patio es una lámina corrugada y en el patio encontramos piso de cemento bruto, un baño con sus paredes en bloque repelladas y enchapado con su taza sanitaria y puerta en madera con su marco y una ventana en madera con persianas de vidrio, sus paredes colindantes en bloque repelladas y sin repellada; una de las habitaciones posee una puerta que da al patio en madera con su marco y una ventana en madera con persianas de vidrio; una de las habitaciones posee puerta en madera con su marco posee la casa un pequeño apartamento con su puerta de entrada en madera con su marco, con una ventana en marco de aluminio vidrios planos y protector de hierro, una alcoba, cosina (sic) con un mesón de concreto, posee toda la casa piso de cemento pulido, techo de eternit sobre madera; paredes repelladas y pintadas, posee los serv. de Agua, Luz y Gas natural. En términos generales se encuentra en regular estado de conservación”.
4.4.1. El exceso de ritual manifiesto y algunos ejemplos tomados de la jurisprudencia constitucional
Para evitar resultados inicuos amparados bajo el manto de una providencia judicial sustentada en procesos adelantados con un exceso de ritual manifiesto, contrario a los derechos fundamentales, la Corte, por ejemplo, estimó que, a pesar de la legitimidad de los requisitos formales de la casación, no era admisible que la Corte Suprema de Justicia, tras haber verificado que una persona cumplía los requisitos para acceder a una pensión, hubiera decidido, por razones formales referentes a la técnica del recurso, no casar el fallo que había desconocido ese derecho pensional[19].
En otra oportunidad, respecto de la decisión mediante la cual se decretó la perención de un proceso por responsabilidad extracontractual, a causa de la inasistencia del suplente de una de las sociedades comerciales trabadas en la litis, pese a que se intentó demostrar que el suplente había sido removido de su cargo, más de dos años antes de la fecha de la audiencia, la Corporación consideró que no era de recibo aducir, como lo hizo el juez, que la prueba no era oponible por no haber sido inscrita en el registro mercantil y recordó que la sana crítica no puede oponerse al derecho sustancial y que la libre apreciación probatoria ha de estar guiada por el principio de proporcionalidad, pues no es procedente sacrificar derechos constitucionales de mayor peso[20].
Además, en la Sentencia T-264 de 2009[21], la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ordenó decretar un periodo probatorio adicional, después de considerar que el juez de segunda instancia, pese a haber constatado que faltaba un medio probatorio imprescindible para que la decisión final se ajustara al derecho material, en lugar de adoptar oficiosamente las medidas necesarias para suplir esa necesidad, revocó el fallo de primera instancia y cerró “definitivamente las puertas de la jurisdicción civil a la demandante”.
En otra ocasión también la Sala Cuarta de Revisión consideró que, dentro de un proceso liquidatorio, se debía tener en cuenta una acreencia laboral, pese a corresponder a un crédito extemporáneamente presentado y sin necesidad de que el trámite se iniciara de nuevo, habida cuenta de que la Constitución brinda especial protección al trabajo y a la remuneración obtenida por el desempeño de una actividad laboral y de que los interesados habían logrado un acuerdo para incluir todas las acreencias laborales de primera clase que habían sido presentadas en forma extemporánea, acuerdo que no podía sacrificarse en aras de un exagerado apego a las formalidades, pues, “ante el comprobado fracaso de las alternativas radicales” constituía “una fórmula de conciliación que, sin sacrificar excesivamente la posición ya ganada por los acreedores que oportunamente presentaron sus créditos”, permitía “dar cumplimiento en la mayor medida posible” a la protección constitucional del crédito laboral del demandante en tutela[22].
No se trata, entonces, de hacer posible a cualquier costo la eficacia de los procedimientos, ni de desplazar a las partes o asumir la defensa de alguna de ellas, porque el ejercicio de las facultades oficiosas expresa un compromiso del juez con la verdad y con la prevalencia del derecho sustancial, antes que con las partes, ya que “el funcionario puede decretar pruebas que favorezcan a cualquiera de las partes siempre que le ofrezca a la otra la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción”[23].
4.5. Conclusión en relación con el caso concreto
Ciertamente, ante una deuda de ocho millones de pesos, a la cual se le habían hecho tres abonos sucesivos, por $250.000, $750.000 y $250.000 antes de que fuera presentada la demanda ejecutiva, -según consta en providencia del 6 de marzo de 2006 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia-, el valor del avalúo catastral incrementado en un 50%, por bajo que sea, puede ser juzgado idóneo para efectuar el remate y lograr el pago del remanente y de los intereses.
Pero aunque es posible juzgar de tal modo la idoneidad, lo cierto es que no son sólo los derechos patrimoniales del acreedor los que están y juego y deben ser protegidos, ya que también merecen protección los derechos del demandado, pues el hecho de que sea deudor y deba ser ejecutado por su incumplimiento no es una patente que conduzca al desconocimiento de sus garantías o que autorice entrar a saco roto en su patrimonio, con tal de llevar a cumplido efecto la ejecución.
La idoneidad del precio de un bien hipotecado, aunque la pueda apreciar el acreedor, con miras a tornar efectiva la garantía, no se fija sólo atendiendo su interés de ejecutante, ya que el propio Código de Procedimiento Civil, en el citado artículo 516, establece otro parámetro, al indicar que el valor puede ser el del avalúo catastral incrementado en un 50%, “salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”.
“Se observa que el funcionario del conocimiento ordenó la realización de un nuevo avalúo teniendo en cuenta que los inmuebles trabados en el mencionado trámite coactivo fueron avaluados hace más de diez (10) años, y que luego de que la primera diligencia de remate fuera declarada desierta ella fue ‘truncada en segunda ocasión en múltiples veces’, por lo que, según su propia expresión, ‘resulta forzoso aceptar que el avalúo está envilecido por varios factores que influyen no sólo en relación con las variables macroeconómicas, sino también por las características propias de los inmuebles a subastar (…)’; y seguidamente indicó que ‘aunque desde una óptica literalista este derecho asiste a ‘cualquier acreedor’ y ‘después de la tercera licitación’, cabe observar que la ejecución no es ajena al principio de favorabilidad porque ningún argumento justifica tornar más gravosa la situación del deudor, más aun apuntalando el principio procesal de la igualdad, resulta plausible afirmar que la proyección en el tiempo del trámite procesal apareja secuelas patrimoniales desfavorables para las partes’ o incluso, en el caso particular, ‘en relación con la solución de otro crédito con prelación (DIAN), luego contrariamente al pensamiento de autorizados doctrinantes el justiprecio no es un simple valor de referencia porque la satisfacción del acreedor tampoco debe lograrse en detrimento de la prenda general”[24].
5. Las medidas a adoptar
Una vez decretado el avalúo el proceso seguirá su curso, pero es menester aclarar que el monto de la obligación cuyo cumplimiento se persigue no puede ser el original, dado que, como consta en la actuación surtida, antes de que se presentara la demanda, la señora Luz Marina Gómez Jiménez había hecho tres abonos parciales por un valor total de $1.250.000.00 y durante el trámite procesal abonó la suma de $5.000.000.00, lo que arroja un valor de $.6.250.000.00 que deben ser deducidos del monto de la deuda que, conforme se ha expuesto, era de $8.000.000.00.
En cuanto hace a los jueces ya han sido suficientemente expuestas las consecuencias de su excesivo apego a las formalidades y de la consiguiente desatención del derecho sustancial y en lo tocante al demandante la Sala pone de manifiesto que, aún cuando de conformidad con el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil estaba facultado para presentar el valor del avalúo catastral del predio, incrementado en un 50%, la misma disposición le imponía una carga adicional que evidentemente no cumplió, cual es la de asegurarse de que el valor del avalúo catastral fuera idóneo para establecer el precio real.
En este sentido, el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil señala que el valor será el del avalúo catastral incrementado en el porcentaje fijado por la misma disposición, “salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”, caso en el cual “con el valúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo”.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que en la demanda ejecutiva se cobran intereses corrientes por $800.000.00 y que el mandamiento de pago fue librado por esta suma, razón por la cual también se deben estos intereses y todos los que se hayan causado hasta el 24 de abril de 2006, fecha a partir de la cual, como se ha expuesto, no se cobrarán intereses, por ningún concepto, y hasta el momento en que se reinicie la actuación, según lo dispuesto en esta providencia.
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en este proceso, mediante Auto del diecinueve (19) de marzo de dos mil diez (2010).
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia – Laboral, el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009), mediante la cual se denegó la acción de tutela instaurada por Luz Marina Gómez Jiménez en contra de los Juzgados Tercero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Montería y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Camilo Vergara Vergara en contra de Luz Marina Gómez Jiménez, a partir del Auto de seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006), mediante el cual, según consta en el Auto de once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) que resolvió la nulidad presentada por el apoderado de la señora Luz Marina Gómez Jiménez, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería aprobó el avalúo presentado por la parte demandante.
CUARTO. ORDENAR al Juez Tercero Civil Municipal de Montería rehacer la actuación y, especialmente, hacer uso de sus facultades inquisitivas para ordenar, de conformidad con lo legalmente previsto, la realización de un nuevo avalúo del inmueble dado en garantía, a fin de determinar su valor real como base para adelantar la ejecución solicitada en la demanda ejecutiva. Una vez decretado el avalúo el proceso seguirá su curso y para tal efecto, de acuerdo con lo consignado en la parte motiva de esta sentencia, el Juzgado observará las siguientes reglas:
- Los abonos que, por un valor total de $1.250.000.00 hizo la señora Luz Marina Gómez Jiménez antes de que fuera presentada la demanda ejecutiva y el abono por la suma de $5.000.000.00 que hizo durante el trámite del proceso, así como cualquier otro abono que hubiese hecho, serán deducidos del monto de la deuda de $8.000.000.00 y con base en el saldo resultante proseguirá la ejecución, a menos que la señora Gómez Jiménez lo cancele o las partes lleguen a algún acuerdo sobre el particular.
-Los intereses se tasarán sobre el valor que sirva de base para proseguir la ejecución y desde el mismo momento en que el despacho judicial reinicie el trámite del proceso ejecutivo en la forma como se ordena en la presente sentencia.
- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, desde el veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006), fecha en la cual la parte demandante presentó el avalúo según la certificación del Departamento Nacional de Estadística, y hasta el momento en que se rehaga el proceso y se reinicie la actuación de conformidad con lo ordenado en esta sentencia, no se cobrarán intereses a la señora Gómez Jiménez, a cuyo cargo tampoco estará ningún otro costo derivado del proceso y, en caso de que haya cancelado algunos, las respectivas sumas también se abonarán al capital.
- De acuerdo con lo que consta en el expediente del proceso ejecutivo y a menos que la situación haya variado, la señora Luz Marina Gómez Jiménez debe los $800.000.00 que por concepto de intereses corrientes le fueron cobrados en la demanda ejecutiva y también todos los intereses que se hayan causado hasta el 24 de abril de 2006, fecha a partir de la cual, como se ha ordenado, no se cobrarán intereses, por ningún concepto, y hasta el momento en que se reinicie la actuación según lo dispuesto en esta providencia.
-Las sumas consignadas por el adjudicatario del bien en el remate que, en razón de lo dispuesto, queda afectado de nulidad, deberán devolvérsele.
- A partir del momento en que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería reinicie el trámite, de conformidad con lo ordenado en esta Sentencia, quedará sin efecto la orden de no efectuar ningún registro respecto de la titularidad del bien que la señora Luz Marina Gómez Jiménez dio en garantía, impartida a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Montería por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto del 17 de junio de 2010. En cuanto se reinicie el trámite, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería comunicará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería esta decisión, adjuntándole copia de la presente sentencia.
QUINTO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M. P: Jaime Córdoba Triviño.
[2] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1274 de 2008. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994. M. P. Eduardo Cimientes Muñoz.
[4] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
[5] Cfr, Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-169 de 2005. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Cfr, Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] La relación entre la motivación y el debido proceso también ha sido recalcada por la Corte Constitucional, al punto de incluir entre las causales de procedencia de la tutela contra sentencias, la ausencia de motivación del fallo (Ver sentencia T-114 de 2002).
[16] Ver, sentencia C-029 de 1995.
[19] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001.
[20] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-973 de 2004.
[21] M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1045 de 2008. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T.264 de 2009. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de abril de 2010. Sentencia de segunda instancia en la acción de tutela instaurada por Alberto Rozo Torres en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva. M. P. Arturo Solarte Rodríguez.