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Timestamp: 2019-09-24 08:58:33
Document Index: 159221492

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 849', 'artículo 5', 'artículo 849', 'Artículo 849', 'Artículo 849', 'in dubio', 'in dubio']

STS 95/2012, 23 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 360617922
STS 95/2012, 23 de Febrero de 2012
Número de Recurso: 427/2011
ESTAFA. CONDUCTA ENGAÑOSA. Puede decirse que el tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección, pero no en el caso en que se haya relajado en la observancia de sus deberes de autotutela primaria. Por tanto, en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta ultima, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su citación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues "bastante" no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima. Por eso se ha podido decir que la constatación de la idoneidad general es un proceso normativo que valora tanto la intensidad del engaño, como las causas, a la hora de establecer la vencibilidad del engaño por parte de la víctima. Se condena a las acusadas. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 58 sentencias, un artículo doctrinal
En los recursos de casación por infracción de Ley y vulneración de precepto constitucional que ante Nos penden, interpuestos por Adelaida y por Agueda , contra sentencia de fecha 21 de julio de 2010 dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta, en la causa Rollo número 37/2010 , dimanante del Procedimiento Abreviado número 1712008 del Juzgado de Instrucción número 18 de los de Valencia, que condenó a las acusadas por un delito de estafa ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichas recurrentes representadas por la Procuradora Dña Victoria Pérez-Mulet Díez Picazo y Dña María Luz Galán Cía, y defendidas por los Letrados D. Joaquín Soler Cataluña y D. Rodolfo Merino Tello de Meneses, respectivamente.
El Juzgado de Instrucción número 18 de los de Valencia instruyó el Procedimiento Abreviado con el número 171 de 2008, contra Adelaida y Agueda por delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, cuya Sección Quinta , con fecha 21 de julio de 2010, dictó sentencia número 478/2010 , , que contiene los siguientes:
UNICO.- Entre los meses de enero y abril del año 2008 las acusadas Adelaida y Agueda , puestas de común acuerdo y guiadas por el ánimo de beneficiarse a costa de lo ajeno, decidieron simular una inexistente facultad de intermediación para el alquiler de algunos pisos que enseñaban, recibiendo de los interesados diversas cantidades a modo de señal o fianza, sin estar autorizadas para ello, cantidades de las que posteriormente se apreciaban, volviéndose ilocalizables para las personas de quienes había recibido el dinero, en algunos casos, y negándose en otros a devolver el dinero, con diferentes excusas. Con esta mecánica delictiva llevaron a cabo los siguientes actos:
1) Los días 17 y 18 de enero de 2008 recibiendo de Rafael y Coral un total de 1.450 euros en concepto de reserva y fianza para el alquiler de un piso que ambas acusadas les habían enseñado, sito en la CALLE000 nº NUM000 - NUM001 de Valencia, cantidad que hicieron suya, sin comunicarlo a la dueña de la vivienda, que nada sabía y que no les había autorizado a percibir ninguna cantidad.
2) El día 31 de enero de 2008 recibieron de Socorro la suma de 550 euros en concepto de reserva para el alquiler de un piso sito en la CALLE001 nº NUM002 , NUM003 NUM004 de Valencia, en que residía Agueda , quien lo tenía arrendando a su propietaria, que le había autorizado a subarrendarlo. El día 7 de julio de 2010 Agueda restituyó a la perjudicada a la referida cantidad.
3) El día 7 de febrero de 2008 recibieron de Secundino la cantidad de 600 euros, en concepto de reserva para el arrendamiento de ese mismo piso de la CALLE001 en el que vivía Agueda .
4) El día 20 de marzo de 2008 recibieron de Teodosio la cantidad de 200 euros en concepto de señal para el alquiler de un piso sito en la CALLE002 de la localidad de Alfafar
5) En el mes de diciembre de 2008, Adelaida recibió de Humberto la cantidad de 600 euros en concepto d señala para el alquiler de un piso sito en la CALLE003 nº NUM005 de valencia, cantidad que hizo suya, sin que el alquiler llegara a formalizarse. Posteriormente recibió en varias veces 650 euros más del mismo Humberto , para reserva de otros pisos, sin que llegara a efectuarse ningún arrendamiento.
6) En le mes de enero de 2009 Adelaida recibió del matrimonio formado por Estefanía y Mario , la cantidad de 920 euros para reservar el alquiler de un piso sito en la CALLE004 nº NUM006 de Valencia, sin que estuviera autorizada pro el propietario para dicha intermediación ni para recibir ninguna cantidad. "
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A Adelaida , como autora criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, a las penas de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de la mitad de las costas, incluyendo las causadas a la acusación particular.
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS A DÑA Agueda , como autora criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, a las penas de veintidós meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de la mitad de las costas, incluyendo las causadas a la acusación particular.
Que debemos condenar y condenamos a ambas acusadas a abonar conjunta y solidariamente las siguientes indemnizaciones con los intereses legales:
A Rafael y a Coral , la cantidad de 1.450 euros.
A Secundino , la cantidad de 600 euros
A Teodosio , la cantidad de 200 euros.
Que debemos condenar y condenamos a Adelaida a indemnizar, con los intereses legales.
A Humberto , en la cantidad de 1250 euros.
A Estefanía y a Mario , en la cantidad de 920 euros
Reclámese, en su caso, del Instructor, debidamente terminada, la pieza de responsabilidades pecuniarias".
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por vulneración de precepto constitucional e infracción de Ley por Agueda y Adelaida que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto.- Las representaciones de las recurrentes basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
I.RECURSO DE Agueda , representada por la Procuradora Dña Victoria Pérez-Mulet Diez Picazo y defendida por el Letrado D. Joaquín Soler Cataluña.
PRIMER MOTIVO DE CASACION.- Al amparo del Art. 852. Por vulneración de precepto constitucional, concretamente el art. 24 de la Constitución . Vulneración de la presunción de inocencia, del principio "in dubio pro reo".
SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 LECr ., Por incorrecta valoración y aplicación de las normas sustantivas penales. Inexistencia de engaño "bastante" o "suficiente". Error "evitable". Negocio jurídico indebidamente criminalizado. Infracción contractual de carácter civil. -sic-
II.RECURSO DE Adelaida . Representada por la Procuradora Dña María Luz Galán García. Y defendida por el Letrado D. Rodolfo Merino Tello de Meneses.
MOTIVO PRIMERO DE CASACION. Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el punto 4º del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
MOTIVO SEGUNDO DE CASACION. Por infracción de Ley, al amparo del nº 1 del artículo 849 de LECivil , por considerar que se ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo, y normas jurídicas de igual carácter.
MOTIVO TERCERO DE CASACION. Por infracción de Ley, al amparo, en lo menester, de lo dispuesto en el nº 2 del Artículo 849 LECr ., por error de hecho en la apreciación de las pruebas, en base a los documentos que obran en la causa.
MOTIVO CUARTO DE CASACION. Por infracción de Ley, al amparo, en lo menester, de lo dispuesto en el nº 2 del Artículo 849 de la LECr ., por error de hecho en la apreciación de las pruebas, en base a los documentos que obran en la causa. -sic-
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiaria impugnación de la totalidad de los motivos esgrimidos, por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió los mismos; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
RECURSO DE Adelaida Y Agueda .
) Dado que ambas articulan sus dos primeros motivos con vías casacionales y argumentos substancialmente coincidentes procede un análisis conjunto, sin perjuicio de individualizar aquellas concretas circunstancias o pruebas que afecten a cada una de ellas.
Así como motivo primero denuncian al amparo del art. 852 LECr ., y art. 5.4 LOPJ , la vulneración de precepto constitucional, art. 24-2 Ce , presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo.
Estiman en síntesis ambas recurrentes que la prueba practicada ha generado una serie de dudas respecto de los hechos declarados probados a la vista del argumento de la sentencia de que en cuanto al resto de los propietarios competía a la acusada haber procurado su testimonio si, como afirma, estaba autorizada para actuar como intermediaria y cobrar cantidades en su nombre, lo que supone objetivación de la culpa por cuanto a los acusados no les corresponde probar su inocencia sino que es a la acusación a quien compete probar su culpabilidad. Por ello si no se ha acreditado nada respecto a este extremo a fin de acreditar sin ningún género de dudas que no podían actuar como intermediarias y cobrar cantidades en su nombre, se debió aplicar el principio in dubio pro reo que junto al de presunción de inocencia, obligaban a la absolución de las acusadas.
) Aplicando las anteriores consideraciones al caso que se analiza, la sentencia de instancia, fundamento derecho segundo, analiza de forma pormenorizada las pruebas que valora para fundamentar la autoría de Adelaida en los seis hechos descritos en el relato fáctico, y de forma conjunta con la anterior, de Agueda , en los cuatro primeros.
Así respecto a Adelaida , ésta, en su declaración en el juicio oral, admitía haber recibido las cantidades que constan en el relato de hechos probados entregadas por los perjudicados en concepto de fianza, señal o gastos de contrato en relación a los pisos sitos en la CALLE000 NUM000 - NUM001 ; CALLE001 NUM002 . NUM003 NUM004 ; CALLE002 de Alfafar; CALLE003 NUM005 ; y CALLE004 nº NUM006 ; reconoció igualmente que ninguno de los contratos llegó a firmarse, que ninguno de los clientes llegó a ocupar la vivienda y que no devolvió cantidad alguna.
Asimismo la sentencia tiene en cuenta las declaraciones de todos los perjudicados en el plenario Coral y Socorro ; Secundino , Teodosio , Humberto , Estefanía y Mario , quienes explicaron los contratos con las acusadas y la intervención de cada una de ellas en las distintas aplicaciones, las cantidades que entregaron, reflejadas en los hechos aportados como prueba documental, y las excusas dadas por las acusadas para no entregar las llaves sin devolverse las cantidades entregadas (con la excepción de una de ellas, Raquel Debora).
Además la Sala contó con el testimonio de dos de las propietarias de las pisos cuyo alquiler ofrecían las acusadas, Penélope y Raquel Rocío, precisando la primera cómo Carmen se dirigió a ella diciendo que tenía una inmobiliaria para pedirle que le dejaran enseñar el piso porque tenía unos inquilinos, accediendo a ello, pero que no autorizó a Adelaida a percibir ninguna cantidad y de hecho cuando ésta le devolvió las llaves, nada le dijo de que hubiera comprometido el arrendamiento ni recibido dinero alguno, mientras que la segunda declaró que había arrendado el piso a Agueda pero que no le había autorizado para subarrendarlo.
Por último la Sala analiza la versión exculpatoria de las acusadas en el sentido de que estaban autorizadas por las propietarias para actuar como intermediarias y cobrar cantidades en su nombre. Versión que descarta el carecer de cualquier sustrato probatorio, haber sido desmentida rotundamente por dos de aquéllas, y no haber traído al juicio al resto para corroborar tal afirmación , que no se compadece, en modo alguno, con el hecho de que ninguno de los contratos llegara a firmarse, con la no devolución por las acusadas de las cantidades entregadas y con la propia mecánica de los hechos descrita en el "factum".
Y en relación a Agueda su participación en los hechos relativos a los pisos de la CALLE000 NUM000 - NUM001 , CALLE001 NUM002 . NUM003 . NUM004 y CALLE002 , está acreditada por la propia declaración de su hermana y coacusada Adelaida , en el sentido de que las dos trabajaban de común acuerdo y se repartían el dinero.
Declaración inculpatoria corroborada por el hecho de figurar en algunos de los recibos el membrete de la empresa "Gestión de Créditos Azcárraga" que había pertenecido a Agueda , por constar, en relación a los hechos primero y tercero, un teléfono en el cartel en el que anunciaban el alquiler del piso; y que las declaraciones de los testigos Coral y Teodosio en el sentido de que ambas hermanas acudieron a las citas y la entrega del dinero se realizó a las dos. Y respecto al hecho segundo, su participación se evidencia al tratarse de dos alquileres sobre el mismo piso que ella ocupaba como arrendataria y cuya propietaria negó cualquier autorización para el subarriendo, por el testimonio de las dos perjudicadas que confirmaron su presencia en las reuniones, y por la devolución, por su parte, del dinero entregado por la perjudicada Socorro .
Consecuentemente la Sala de instancia ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio, con aptitud para enervar la presunción de inocencia de ambas acusadas, sin que exista duda alguna de la concreta participación de cada una de ellas.
) El motivo segundo por infracción de ley, art. 849.1 LECr ., por inexistencia de engaño "bastante" o suficiente, encontrarnos ante un negocio jurídico criminalizado e incumplimiento de los deberes de autoprotección de las víctimas, art. 248 y 249 CP .
) En el caso presente, en el relato fáctico -cuyo respeto exige la vía casacional del art. 849.1- se recoge, cómo las acusadas en los meses de enero-abril 2008, puestas de común acuerdo y guiadas por el ánimo de beneficiarse....decidieron simular una inexistente facultad de intermediación para alquiler de pisos que enseñaban, recibiendo los interesados diversas cantidades a modo de señal o fianza, sin estar autorizadas para ello, cantidades de las que posteriormente se apropiaban, volviéndose ilocalizables para las personas de quienes habían recibido el dinero, en algunos casos,y negándose en otros a devolver el dinero, con diferentes excusas.
Del anterior relato fáctico los requisitos del delito de estafa aparecen concurrentes pues el engaño consistió en aparentar que estaban facultadas por los respectivos propietarios para alquilar las viviendas y cobrar cantidades a cuenta, colocando, para ello, anuncios donde figuraban sus respectivos teléfonos y entregando recibos de las cantidades con el membrete de una gestoría que perteneció a una de ellas, Agueda , que llevaba más de un año sin funcionar.
-En ese extremo cuestionan las recurrentes la "suficiencia" del engaño. Ciertamente como hemos recordado en STS 452/2011, de 31-5 , el concepto calificativo de " bastante " que se predica en el precepto del engaño ha sido objeto tradicionalmente de gran discusión doctrinal, y en este sentido se ha considerado, de un lado, que tal elemento ha de interpretarse en términos muy estrictos entendiéndose que el engañador ha de representar una verdadera " mise en scene " capaz de provocar error a las personas más " avispadas " , mientras que, de otro, se parte de un concepto más laxo entendiéndose que el engañado puede ser el ciudadano medio, con conocimientos normales, de inteligencia y cuidado también normal, e incluso puede entenderse bastante cuando el estafador ha elegido a sus víctimas debido precisamente a su endeble personalidad y cultura ( STS. 1243/2000 de 11.7 ).
La STS. 1508/2005 de 13.12 insisten en que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar de bastante una conducta engañosa. Suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a un baremo objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad suficiente para afirmarlo. El criterio subjetivo tiene presente las concretas circunstancias del sujeto pasivo. En otras palabras, la cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivización de la que resulta una seriedad y entidad de la conducta engañosa.
Pero además, en esta graduación del engaño, es preciso tener en cuenta la situación de peligro para el patrimonio sobre el que se desarrolla la conducta engañosa. Es decir, la valoración de la conducta engañosa difiere si ésta se desarrolla sobre un patrimonio en peligro, por su actuación en el mercado, o cuando éste no está en esa situación y la conducta engañosa, precisamente, supone su puesta en peligro, pues la misma se desarrolla contra un patrimonio que no tiene peligro alguno al tratarse de relaciones privadas entre autor y víctima del error con una proyección económica creada por la actuación del actor que utiliza la conducta engañosa ( STS. 2464/2001 de 20.12 ).
A este respecto debemos señalar ( STS. 1195/2005 de 9.10 , 945/2008 de 10.12 ) que el concepto de engaño bastante, no puede servir para desplazar en el sujeto pasivo del delito todas las circunstancias concurrentes desplegadas por el ardid del autor del delito, de manera que termine siendo responsable de la maquinación precisamente quien es su víctima, que es la persona protegida por la norma penal ante la puesta en marcha desplegada por el estafador.
La reciente sentencia 476/2009 de 7.5 , da respuesta a esta cuestión desde la construcción dogmática de la imputación objetiva, que permite afirmar que cuando se trata de delitos de resultado, el mismo es imputable al comportamiento del autor si éste crea un riesgo, jurídicamente desaprobado, y de cuyo riesgo el resultado (aquí el desplazamiento patrimonial perjudicial) es su realización concreta.
Y en este sentido la citada sentencia nos dice: "Parece claro que no puede entenderse cometido el tipo penal de estafa, como cualquiera otro tipo de los que implican desplazamiento o sustracción patrimonial, a los que es común que la víctima sufra la pérdida de una cosa, si esa pérdida puede imputarse plenamente a quien -generalmente la víctima- era tenedor o poseedor de esa cosa.
En el caso concreto se arguye por las acusadas que los interesados conocían su labor de mediación, que no eran las propietarias del inmueble en cuestión, que sabían que no tenían facultad para arrendar y aquéllas tuvieron la posibilidad de despejar un posible error.
En este punto es cierto, como señalan las SSTS. 1227/2004 de 18.10 , 898/2005 de 7.7 , 1276/2006 de 20.12 , 368/2007 de 9.5 y 581/2009 de 2.6 , en los delitos contra el patrimonio (estafa señaladamente) la protección penal debe limitarse a los casos en que la acción del autor ha vencido los mecanismos de defensa dispuestos por el titular del bien o del patrimonio.
Doctrina inaplicable al caso enjuiciado, por cuanto, como destaca el Ministerio Fiscal en su documento escrito de oposición al recurso, se ha de partir de la cuidada puesta en escena creada por las recurrentes y de la condición de extranjeros de los perjudicados, todos ellos personas humildes y por ello con escasos conocimientos sobre la actuación de las agencias inmobiliarias y en muchos casos sin documentación y sin permiso de trabajo, situación conocida y aprovechada por las acusadas para urdir la trama, que era adecuada, idónea y suficiente para provocar el error en las víctimas, que confiadas en la apariencia, integraban las cantidades solicitadas para reservar el piso.
Motivos formalizados por Adelaida .
) Los motivos tercero y cuarto por infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el número 2 art. 849 LECr ., por error de hecho en la apreciación de las pruebas, en base a los documentos que obran en la causa.
En el motivo tercero a fin de acreditar la equivocación de la Sala al valorar la prueba practicada se señalan los documentos de los folios 5, 33, 35, 37, 91 y 105, en los que se desprende que nunca ocultó su condición de mediadora en los arrendamientos de pisos y locales y prueba de ello es que siempre emitió recibo de las cantidades recibidas entregando tarjeta en la que figuraba la empresa para la que trabajaba su dirección y la naturaleza del negocio a que se dedicaba.
En el motivo cuarto deja señalado el informe emitido por los Servicios Sociales de Paterna, aportado en el acto del juicio, folios 65 y 66 Rollo Sala, que acredita el error de la Sala al no haber tenido en cuenta la situación de estado de necesidad de Adelaida .
Debemos recordar, según doctrina reiterada de esta Sala por todas SSTS. 670/2006 de 21.6 ; 918/2008 de 31.12 - que el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que sí hubieran tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial en relación al motivo tercero algunos de los documentos reseñados incorporan declaraciones o reconocimientos realizados por testigos en la fase instructora (folios...) , que como tales se encuentran desprovistos del carácter documental por tratarse de pruebas personales que únicamente se documentan en el proceso sin perder por ello aquel carácter ( STS 581/2009, de 2-6 ). Y en cuanto a los diversos recibos firmados por la recurrente en los que aparece la tarjeta de visita o membrete de la empresa "Gestión de Créditos Azcárraga", carecen de virtualidad para acreditar error alguno de la Sala de instancia, desde el momento en que son valorados por ésta destacando que su uso eran parte del engaño al aparentar ser gestoras de la propiedad inmobiliaria cuando se traba de una empresa que había pertenecido a su hermana y también acusada, Agueda y que se encontraba sin actividad desde hacía un año.
Y en cuanto al motivo cuarto, con independencia de que la parte no propone una nueva redacción del factum en que constan los presupuestos que posibilitan la apreciación del estado de necesidad, así articular otro motivo basado en error iuris art. 849.1, postulando su aplicación, lo cierto es que el informe social invocado es valorada por la Sala -fundamento derecho 5º- no estimándolo suficiente para fundamentar la eximente completa e incompleta por cuanto acredita que ella y sus hijos están incluidos en el programa de intervención en el Ayuntamiento de Paterna del que reciben la atención de su necesidades, ayuda material y personal y apoyo psicológico.
)Desestimándose los recursos, se imponen las costas, art. 901 LECr ..
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por infracción de ley y vulneración de precepto constitucional por Adelaida y Agueda , contra sentencia de 21 de julio de 2010, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Quinta , que las condenó como autoras de un delito de estafa; y condenamos a las recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
SAP Valencia 88/2013, 22 de Febrero de 2013
STSJ Castilla y León 441/2011, 6 de Septiembre de 2011
STS 834/2005, 16 de Junio de 2005