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Timestamp: 2016-10-27 16:41:56
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Matched Legal Cases: ['Artículo 553', 'artículo 440', 'artículo 304', 'artículo 440', 'artículo 304', 'artículo 292', 'artículo 440', 'artículo 304']

FORO DE ABOGADOS - Juicio verbal vecino moroso - DERECHO
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MarioddmAbogado activoMensajes: 55Desde: 04/Feb/2012 � #1 � 12/Feb/2013, 14:25
Tengo una dudilla relacionada con propiedad horizontal, a ver si alguien me orienta:
Han demandado a un cliente que debe varias cuotas para la comunidad, el cauce que ha elegido la comunidad para hacerlo no ha sido el monitorio del 21 LPH, sino un verbal. Mi duda es ¿es necesario que acompañen a su demanda de juicio verbal todos los documentos que exige el art. 21 LPH para los monitorios? O como creo, basta conque esté justificada la deuda suficientemente, aunque no figure que le hayan requerido previamente...
No se, a ver si me echais un cable, porque no se muy que alegar en la vista, porque deber debe las cuotas.
indepedentAbogado colaboradorMensajes: 275Desde: 13/Oct/2009 � #2 � 12/Feb/2013, 18:39
Yo creo que los documentos exactos del art. 21 no son imprescindibles.
Lo que sí sería necesario es la existencia de una Junta aprobando la deuda concreta y facultando para reclamar. Y que esa Junta se hubiese convocado con todos los requisitos de la ley (antelación, forma de convocatoria, etc.).
Porqué aparte de algún defecto formal, poca cosa podrás alegar si la deuda existe.
MarioddmAbogado activoMensajes: 55Desde: 04/Feb/2012 � #3 � 14/Feb/2013, 17:36
Hola, gracias indepedent por tu respuesta, llevas razón, he encontrado una sentencia en ese sentido, la cuelgo por si a alguien le sirve:
AP Girona, Sección 1ª, S de 9 de Junio de 2011
Ponente: Soler Navarro, María Isabel -Nº de Sentencia: 250/2011 - Nº de Recurso: 268/2011.
Ref. EUDER: 131458/2011
Resumen: PROPIEDAD HORIZONTAL. Reclamación de cuotas impagadas. Inaplicación del requisito de notificación de la liquidación de la deuda, al haberse formulado la reclamación en un juicio declarativo, con todos sus efectos, no siendo aplicable la rigidez exigida en el proceso monitorio para probar el crédito, por ser admisibles todos los medios de prueba. La falta de notificación del acuerdo adoptado en junta no puede impedir la condena al pago del crédito en el juicio declarativo verbal cuando se ha aportado prueba suficiente, no constando que dicho acuerdo no quedara expuesta durante tres días en el tablón de anuncios de la comunidad, quedando así satisfecha la obligación de notificación según las exigencias establecidas en la ley. Obligación de la demandada de hacer frente al pago, al constar el impago y la aprobación de la deuda en junta no impugnada, operando la presunción de veracidad que se contiene en la misma, no desvirtuada por el demandado. Falta de apreciación de pluspetición, pudiendo la comunidad reclamar no solo la deuda vencida y líquida a la fecha en que se celebró la junta, si bien no pueden reclamarse cuotas no devengadas a la fecha de interposición de la demanda. PROCESO CIVIL. Ficta confessio. Inaplicación de esta figura jurídica, al constar que la demandada en ningún momento solicitó la citación para la prueba de interrogatorio de la actora y no releva a la parte de la carga de probar los hechos objeto de la oposición.
LEC art. 304
LPH art. 21
A Favor: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
En Contra: COMUNERO.
En Girona, nueve de junio de dos mil once
Rollo nº: 268/2011
Autos: juicio verbal nº: 653/2010
Juzgado Primera Instancia 2 Sant Feliu de Guíxols
SENTENCIA Nº 250/11
VISTOel Rollo de apelación nº 268/2011, en el que ha sido parte apelante la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , representada esta por el Procurador D. PERE FERRER FERRER, y dirigida por el Letrado D. XAVIER SUREDA MASSAGUER; y como partes apeladas Dña. Rocío y D. Iván , representadas por la Procuradora Dña. ELISENDA PASCUAL SALA, y dirigidas por el Letrado D. SAMUEL GARCÍA-QUINTAS FERNÁNDEZ.
PRIMERO.-Por el Juzgado Primera Instancia 2 Sant Feliu de Guíxols, en los autos nº 653/2010, seguidos a instancias de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , representada por el Procurador D. PERE FERRER FERRER y bajo la dirección del Letrado D. XAVIER SUREDA MASSAGUER, contra Dña. Rocío y D. Iván , representados por la Procuradora Dña. SANDRA REPULLÈS GRANADO, bajo la dirección del Letrado D. SAMUEL GARCÍA-QUINTAS FERNÁNDEZ, se dictó sentencia cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así:"FALLO: Que desestimando la demanda formulada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , representada en autos por el Procurador de los Tribunales Dn. Pere Ferrer Ferrer, contra Rocío y Dn. Iván , ABSUELVO a dichos demandados de todos los pedimentos contra ellos efectuados con expresa condena en costas a la actora por imperativo legal".
SEGUNDO.-La relacionada sentencia de fecha 24/2/11 , se recurrió en apelación por la parte demandante, por cuyo motivo se elevaron los autos a esta Audiencia y se han seguido los demás trámites establecidos en la LEC.
PRIMERO.-Frente a la sentencia que desestima la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 , contra Dª Rocío y Dº Iván , en que se ejercitaba una acción de reclamación de pago de cuotas comunitarias a los demandados, en su condición de propietarios de la casa nº NUM000 de dicha Comunidad, reclamando la cuantía de 1.806,92 euros cuya liquidación fue aprobada en junta general ordinarias de propietarios de fecha 1 de agosto de 2009, se alza contra la misma la comunidad accionante invocando una error de hecho y derecho.
SEGUNDO.-En primer lugar alega la parte recurrente, que la sentencia de instancia aplica al caso presente la normativa que la LPH exige para la interposición del proceso monitorio, en concreto el art.21 Cuando este no es el procedimiento instado por la recurrente sino el juicio declarativo. En segundo lugar se invoca una errónea valoración de la prueba, alegando que a través de la prueba acompañad ha quedado acreditada tanto la existencia de la deuda reclamada como su impago no siendo de aplicación, las consecuencias de la ficta confessio que la juez "a quo" aplica al no darse los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para ello.
La sentencia de instancia concluye que al no haber sido notificada la liquidación de la deuda a los demandados en la forma estarcida en el art. 21. 2 de la LPH, al estimar que el documento acompañado como nº 3 en la demanda, solo acredita que se ha efectuado un envío a la Sra. Rocío , pero no consta acreditada la notificación al Sr. Iván y que la efectuada a la Sra. Rocío no consta que la persona que la recibió es desconocida por la demandada, desestima la demanda con imposición de las costas a la parte actora.
TERCERO.-La parte recurrente tiene razón, tal requisito es solo exigible para el proceso monitorio no para la demanda de reclamación de cuotas en un proceso declarativo, incluso de haberse instado un proceso monitorio y haber sido admitido a trámite una vez formulada oposición y tramitado el mismo por los cauces de un juicio verbal o de un juicio declarativo, es decir, un procedimiento declarativo ordinario no hubiera podido ser admitido tal motivo de oposición, salvo que la misma hubiera recurrido la admisión a trámite del proceso monitorio, ya que una vez formulada oposición en un proceso monitorio las pretensiones de la actora se formulan en el acto del juicio ( art. 443.1 de la LEC), las cuales deben ser resueltas a tenor de las pruebas propuestas y practicadas en aquel acto. Por ello, nos hallamos ante una reclamación de cantidad efectuada en un juicio declarativo, con todos sus efectos, de forma que la rigidez exigida por el art. 21 de la LPH tanto para probar el crédito como las consecuencias de la falta de notificación, que no son aplicables al presente juicio verbal, y que para probar el crédito reclamado queda mitigada, puesto que en el seno del juicio declarativo son admisibles todos los medios de prueba para acreditar la existencia del crédito que se reclama., respecto de cuya deuda ninguna oposición se formulo salvo la de pluspetición respecto de una parte de las cuotas reclamadas.
Tampoco por ello puede tener acogida la alegación que efectúo el demandado en lo concerniente a la falta de notificación del acuerdo adoptado en la junta de 1 de agosto de 2009, pues, tal y como ha quedado indicado, su defecto podía haber justificado la inadmisión de la demanda si se hubiera interpuesto un proceso monitorio a los efectos del art. 21 de la LPH , pero no puede impedir la condena al pago del crédito reclamado en el juicio declarativo verbal cuando en el mismo se ha aportado prueba suficiente de la deuda. Pero además, debe tenerse en cuenta que, no consta acreditado, ya que nada se ha opuesto al respecto, que los acuerdos de la Junta no quedaron expuestos durante tres días en el tablón de anuncios de la comunidad, con lo que quedaría satisfecha la obligación de notificación según las exigencias establecidas en el art. 553-21 , en relación con el Art. 553-27 del CCCat . En consecuencia el motivo de oposición debió de ser desestimado, pues no solo nada se opuso al respecto sino que además no prueba el hecho en que baso su defensa, tal como lo exige el art. 217 LEC , y además el mismo no tiene trascendencia respecto de la reclamación que se le formula sin perjuicio de la posibilidad que le asistía a los demandados de impugnar los acuerdos de la Junta pues la cuantía de la contribución de cada propietario o propietaria a los gastos comunes es la que resulta del acuerdo de la junta y de la liquidación de la deuda según la cuota de participación y los acuerdos obligan y vinculan a todos los propietarios, incluso a los disidentes, (Artículo 553-30) y salvo que sean impugnado judicialmente, que no consta halla ocurrido en el presente caso.
En cuanto a la aplicación que hace la Juez "a quo" de la ficta confessio para estimar acreditada la falta de notificación, al respecto debe señalar que si bien dicha cuestión no es pacífica en la doctrina es muy esclarecedora al respecto la sentencia de fecha de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, recurso nº que dispone: "Pues bien, la cuestión que plantea el recurso no está exenta de polémica doctrinal y así expone la Secc. 1ª de la A.P. de Cuenca en su sentencia de 9 de julio 2003: Algún sector de la doctrina ha calificado sin exageración el precepto que se comenta como de «críptico pasaje normativo», siendo que el mayor número de los autores que se han ocupado de la cuestión consideran que como quiera que las partes, cuando hubieran otorgado en forma su representación procesal, no están obligadas a comparecer personalmente al acto del juicio verbal, y como la prueba de interrogatorio de partes ha de proponerse y practicarse si fuera posible, como todas las demás, en el acto de la vista, el único modo en que podrá asegurarse la personal presencia de quien se proyecta interrogar es haciendo uso de las facultades que otorga el artículo 440 en su tercer párrafo, es decir, solicitando la citación de la parte contraria a los concretos efectos de protagonizar la referida prueba. Cuando esa explícita citación no se hubiera realizado por falta de propuesta de la parte que pretenda interrogar a la contraria, sin perjuicio de que la prueba de interrogatorio de partes podrá igualmente proponerse y practicarse caso de que la contraria haya comparecido, no será dable, sin embargo, en caso de ausencia, hacer uso por el órgano jurisdiccional de las facultades que genéricamente le otorga el artículo 304 de la LEC (ficta confessio), toda vez que en, tal caso, prácticamente vendría a obligarse, de facto, a que las partes comparecieran de forma personal al acto del juicio, aun cuando hubiesen otorgado su representación procesal, so pena de ser sorprendidas por la contraria con la proposición de una prueba (imposible de practicar en caso de ausencia) y que pudiera determinar tener a la parte por conforme con los hechos aducidos por la contraria. Por otro lado, un entendimiento distinto dejaría en todo huero de contenido el tercer párrafo del artículo 440.1 , por cuanto no podría entenderse entonces a qué supuestos pudiera estar aludiendo el legislador cuando se refiere a la necesidad de que las partes, en los tres días siguientes a recibir la citación para el juicio, deberán indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, habrán de ser citadas para que declaren en calidad de partes.
Es decir, si se entiende que será suficiente para que pueda, incluso, actuarse la ficta confessio con la citación inicial que a las partes debe hacerse para el acto de la vista, el párrafo tercero del precepto citado quedaría sin contenido alguno por lo que a las partes en la litis se refiere, siendo absolutamente ocioso, completamente innecesario entonces, solicitar que el Tribunal cite a persona ninguna para que declare en el juicio en calidad de parte. Obsérvese, por otro lado, que si la citación inicial a juicio resultara suficiente, ante la incomparecencia de la parte, para que se consideraran admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304 , parece que nada impediría que, conforme a ese mismo precepto, se le impusiera también a la parte ausente la multa a que se refiere el artículo 292.4 , cuando es lo cierto que en el ámbito del juicio verbal y otorgada la correspondiente representación procesal, no está la parte obligada a comparecer personalmente al acto del juicio, dependiendo, además en tal caso, la imposición de la multa de que la parte contraria solicitase o no en el acto del juicio, y sin conocimiento previo de la ausente, la prueba de interrogatorio. Desde otro punto de vista, es preciso tener también en consideración que aun cuando se entendiera que basta con el genérico apercibimiento a las partes que se contiene en el párrafo segundo del artículo 440 de la LEC para que pueda hacerse uso de la llamada ficta confessio en los términos en que la regula el artículo 304 del mismo texto legal, no puede perderse por eso de vista que, desde luego, no se trata de un efecto meramente automático, ante la incomparecencia de una cualquiera de las partes, sino de una facultad otorgada a los órganos jurisdiccionales de la que, en todo caso, deberá hacerse prudente uso en atención a su natural finalidad. Es lo cierto que con relación a los hechos en los que la parte hubiere intervenido personalmente puede la contraria no disponer, en términos de razonabilidad, de otros medios probatorios alternativos al interrogatorio de las partes para acreditar la veracidad de sus afirmaciones fácticas, siendo que resulta inconveniente permitir que la práctica de dicha prueba quede a la voluntad de quien debe protagonizarla, de tal suerte que su incomparecencia impida a la contraria acreditar los elementos esenciales de su pretensión. Precisamente, para evitar esta eventualidad surge la facultad de que, en tales casos, pueda el juzgador de instancia tener por acreditados los hechos en los que el interrogatorio hubiera consistido, de la misma manera que podría hacerlo cuando las respuestas resultaran evasivas o la parte se negara a contestar. De otro modo, quedaría situado quien propone la práctica de la prueba en una cierta situación de indefensión en la medida en que le sería imposible hacer uso a veces del único medio probatorio del que pudiera disponer y otras de uno de los medios de prueba esenciales para acreditar sus pretensiones. Por esto, si es cierto que el uso de las tantas veces aludida ficta confessio resulta una facultad discrecional del órgano enjuiciador, no significa ello que dicha facultad pueda actuarse sin razonamiento alguno o de forma mecánica, siendo obligado diferenciar, también en esta caso, entre la discrecionalidad y el puro arbitrio.
En definitiva, parece olvidar quien recurre que tratándose la "ficta confessio" contemplada en el Art. 304 LEC de una facultad discrecional que queda completamente sometida al prudente arbitrio judicial, que resolverá sobre esta cuestión de una manera libre y pertinente, SSTS 17-12-1996 , 5-5-1997 , 1-2-1999 , 15-7-2000 , 21-5-2002 ,...".
En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia Secc. 6, de fecha 07/11/2009, recurso nº 693/2009 ."
Aplicándolo al caso presente, si observamos el procedimiento vemos que la parte demandada en ningún momento solicitó la citación para la prueba de interrogatorio de la parte actora, y además partiendo que aún en el supuesto de así se hubiera solicitada la aplicación de la "ficta confessio" no es automática, sino que se deja a la libre valoración del Juez " aquo " y en consecuencia no releva a la parte de la carga de probar los hechos objeto de la oposición y es lo cierto que ninguna aporto al respecto. En consecuencia debió inadmitirse dicho motivo de oposición a la demanda.
CUARTO.-En cuanto a la prueba de la existencia de la deuda, es lo cierto que habiendo sido acordada en junta de propietarios, no constando que la misma halla sido impugnada por los demandados, y no habiendo estos acreditado el pago de las mismas debe concluirse que la actora ha acreditado tanto la existencia de la deuda como su impago y en consecuencia deberá estimarse acreditada la deuda.
Efectivamente, la presunción de veracidad de las cuotas anuales, que se contiene en el acta de la Junta celebrada el día 1 de agosto de 2009, no ha sido desvirtuada por el demandado con prueba alguna que la desvirtúe, especialmente acreditando el pago, con lo cual deberá de sufrir las consecuencias de dicha falta de prueba.
Dicho lo cual atendiendo a que a la parte demandada alego pluspetición, toda vez que se reclamaban deudas todavía no vencidas, y que en todo caso solo se le podrá reclamar la deuda aprobada en la Junta de 1 de agosto de 2009 que ascendía a 763,90 euros. Al respecto debe señalarse que tal argumentación sería válida si el proceso instado por la parte actora hubiera sido el proceso monitorio, pero no es el caso, sino que interpuso un juicio verbal, en consecuencia no existe la limitación a la que alude la parte demandada.
Asimismo consta que ya en dicha Junta se acuerda reclamar no solo la deuda vencida y líquida a dicha fecha sino que se acuerda " que se incluirá, y en caso de que no sean liquidadas a su vencimiento, las partes vencidas de la provisión de fondos aprobada por la Comunidad para el ejercicio 2009-2010 " Asimismo en dicha Junta se acordó conceder los poderes necesarios al Presidente para entablar el procedimiento necesario para el cobro de la deuda pendiente, lo cual obviamente implica la voluntada de dar aprobación a las cantidades contempladas con la certificación acompañada, y permitirle ejercitar reclamaciones judiciales. En lo que si asiste razón al recurrente es en que no pueden reclamarse cuotas no devengadas a la fecha de interposición de la demanda, pero si tenemos en cuanta que si bien es cierto que la liquidación acompañada, incluye una cuota todavía no vencida, (que lo era en mayo de 2010), a la fecha de la firmar de dicha certificación de importe 260.75 euros, se constata que a la fecha de interponer la demanda si que estaba vencida y era liquida, en consecuencia el único límite que tenía la parte actora era el de reclamar deudas generadas por cuotas y gastos devengados tras la interposición de la demanda, lo cual no acontece en el caso presente, en consecuencia, debió desestimarse la oposición a la demanda fundada en una pluspetición.
Por todo lo anterior expuesto, procede estimar el recurso, revocar la sentencia de Primera Instancia y en su lugar estimar íntegramente la demanda.
QUINTO.-La estimación del recurso conlleva a que no se haga expresa imposición de las costas en esta alzada (Art. 398.1 L.E.C .). En cuanto a las costas de Primera Instancia al estimarse íntegramente la demanda, las costas de Primera Instancia se impondrán a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 394 de la L.E.C.
VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
QUEESTIMANDOel recurso de apelación formulado por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , contra la Sentencia de fecha 24 de febrero de 2011, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 de SANT FELIU DE GUÍXOLS , en los autos de procedimiento ordinario nº 287/2009, de los que este Rollo dimana,REVOCOdicha resolución, y en su lugar se acuerda:
QUE ESTIMANDO la demanda formulada por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 , contra Dª Rocío y Dº Iván , condeno al mismo a que abone a la actora la cantidad de 1.806,92 euros, más el correspondiente interés legal desde la fecha de interposición de la demanda y desde la fecha de Primera Instancia los intereses del Art. 576 de la L.E.C ., con imposición de las costas a la parte demandada.
No se hace pronunciamiento expreso en materia de costas en esta alzada.
Contra dicha sentencia no cabe interponer recurso extraordinario alguno, al haberse interpuesto no por razón de la materia sino de la cuantía y no exceder la misma de 150.000 euros.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Dña. MARIA ISABEL SOLER NAVARRO, celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que certifico.
Referencia Cendoj: 17079370012011100239
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