Source: https://docs.com/ac-yonatan/2904/amparo-vs-gasolinazo-final
Timestamp: 2017-10-19 22:24:08
Document Index: 259323242

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 116', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 28', 'Artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 107', 'Artículo 31', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 110', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 127', 'artículo 34', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 28', 'artículo 253', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 107', 'Artículo 1', 'Artículo 29', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'Artículo 79']

AMPARO VS GASOLINAZO FINAL - Docs.com
Embed code for: AMPARO VS GASOLINAZO FINAL
AC Yonatan
AMPARO VS GASOLINAZO FINAL
https://doc.co/R4jd1L
ASUNTO: SE PRESENTA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES
EN EL ESTADO DE PONER ESTADO
PONER NOMBRE(S), por propio derecho, con el carácter de quejosa y en calidad de ciudadano mexicano, señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos en la calle Niza 66, Primer Piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600 en esta Ciudad de México, y con fundamento en el artículo 12 y 24 de la Ley de Amparo autorizando a los Licenciados en Derecho Paola Josefina Rodríguez Cruz y Miguel Ángel Bennetts Candelaria, para tal efecto, así como a los ciudadanos Marlen Monroy Rugerio, Miguel Ángel Martínez Gómez, Miriam Estrella Hernández Muñoz, Fernando Escalona Herrera a efecto de oír y recibir notificaciones y documentos, ante usted respetuosamente comparezco para manifestar lo siguiente:
Que por medio del presente ocurso, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1º fracción 1, 2, 4, 5, 17, 28 y 107 en relación con los numerales descritos, y demás relativos y aplicables de la a Ley de Amparo en vigor, conforme los artículos 103 y 107 Fracción XI de la Constitución General de la República, vengo a solicitar el AMPARO y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, así como la SUSPENSION PROVISIONAL y en su oportunidad la DEFINITIVA, en contra de los actos de autoridades que más adelante enunciaré como responsables y que considero violatorios de nuestras garantías, vulneración que coarta los principios pro-persona, de interpretación conforme, de no contradicción con la Constitución, la garantía de igualdad, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza, de legalidad tributaria, de proporcionalidad y equidad contributiva, el derecho de protección que otorga el Estado al consumidor; y demás principios fundamentales, derechos individuales y sociales que se vean transgredidos conforme al artículo 116 de la Ley de la materia, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:
Las leyes que se impugnan son autoaplicativas, toda vez de que por su simple entrada en vigor causan agravios y afectaciones a la parte quejosa, ya que su contenido vulnera derechos constitucionales y convencionales que redundan en mi perjuicio, lesión que orbita a partir de un acto de autoridad. Y, en tal circunstancia, procedo a invocar la siguiente Tesis Aislada:
Registro: 198200
Y, en este sentido, se colige que el medio idóneo para impugnar estas leyes autoaplicativas es la acción constitucional interpuesta mediante este ocurso, la cual está comprendida en el marco constitucional y es considerada efectiva en el convencional, de conformidad con el presente criterio utilizado:
Registro: 2001955
Tesis: II.8o.(I Región) 2 K (10a.)
Página: 2622
JUICIO DE AMPARO. AL SEGUIRSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A PARTIR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011, PUEDE CONSIDERARSE COMO EL RECURSO EFECTIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia por los tribunales, de manera expedita, pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o por dicha convención. De lo anterior se advierte que es obligación de las autoridades judiciales resolver los conflictos que les planteen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, si bien es cierto que la Ley de Amparo, en su actual redacción, no prevé la posibilidad de que las personas acudan a los tribunales para impedir o reparar la violación a sus derechos humanos, también lo es que a través de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, se amplió el espectro de protección del juicio de amparo, al incluir expresamente a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, se simplificó el acceso al mencionado juicio constitucional, al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Consecuentemente, el juicio de amparo, al seguirse conforme a los reformados artículos 103 y 107 constitucionales, puede considerarse como el recurso efectivo a que se refiere el citado artículo 25, pues se faculta a una autoridad judicial para que, a través de dicho juicio de acceso simple, resuelva efectivamente los conflictos planteados por las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país, contra cualquier acto u omisión de la autoridad que transgreda sus derechos humanos o los criterios establecidos en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Amparo en revisión 308/2012. Juan Carlos Aparicio. 6 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Manuel Monroy Álvarez.
De conformidad con los Artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado Mexicano se encuentra obligado a armonizar el sistema jurídico legal interno al internacional, por lo que al abstenerse de cumplir con este último se materializa la violación de los derechos humanos que me son inherentes, pero sobretodo porque dicha vulneración es intemporal de acuerdo al principio convencional erga omnes, o sea que la violación de los derechos humanos se da de forma automática al publicar una ley que no se apega a los dispositivos constitucionales e internacionales de conformidad con lo que establece el diverso primero supremo, así como por control de convencionalidad, ya que de lo contrario equivaldría a restringir o suspender las garantías constitucionales y convencionales, y para ello acudo a la siguiente Tesis:
Es menester señalar que, es de actualizarse en este tenor el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
En virtud de que el acto que se impugna contiene leyes autoaplicativas la concesión del amparo deberá declarar la inconstitucionalidad y la violación al principio de convencionalidad en las disposiciones impugnadas y por tanto quedarán sin efecto alguno para la parte quejosa, debiéndose restituir en el goce de nuestra garantía respecto de aquellos preceptos que sean declarados inconstitucionales e sin apego a los principios declarados en las convenciones pactadas aplicándolo a futuro. Al efecto es ajustable, en lo que cabe al supuesto que se refiere a las leyes autoaplicativas, la siguiente jurisprudencia:
Fecha: X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 112/99
Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez.
Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.
Nota: El énfasis es nuestro.
El 18 de noviembre de 2015 fue publicado en el DOF el «Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)», el cual modificó el modelo de precios máximos dispuesto en el artículo transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Hidrocarburos.
El 22 de marzo de 2016, la Comisión Reguladora de Energía aprobó a Pemex Logística las propuestas de Temporada Abierta aplicables a los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a través de las Resoluciones RES/225/201624 y RES/226/2016
El 20 de octubre de 2016, en la Cámara de Diputados aprobaron derogar la fracción primera del artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos para adelantar un año la liberación de los precios de la gasolina, en clara violación a lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 15 de Noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
El 1° de Diciembre de 2016 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por unanimidad otorgar un aumento constituido por el Monto Independiente de Recuperación de $ 4.00 (Cuatro Pesos 00/100 M.N.) diarios al salario general que consiste en un incremento de fijación del 3.9% para entrar en vigor el 1° de Enero de 2017 y será de $ 80.04 (Ochenta Pesos 04/100 M.N.).
El 26 de Diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/059/2016 denominado como: Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previstos en el Artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
El 27 de Diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación.
El día 1° de Enero de 2017 entraron en vigor diversas disposiciones que comprende la denominada Reforma Energética, y entre ellas, los Artículos impugnados por la parte quejosa que comúnmente se le ha dado por llamárseles en las calles como “El Gasolinazo”; a excepción de los Artículos 26 Fracción III y Transitorio Décimo Sexto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, mismos que entrarán en vigor hasta el 1° de Enero de 2019.
Desde el primero de enero del presente año el precio de la gasolina tendrá aumentos de hasta 20% en todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los precios y el esquema de aumentos que tendrá el combustible durante 2017. Los incrementos de las gasolinas serán de 14.2% en el precio de la Magna; 20.1% para la Premium y de 16.5% para el diesel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. Con estos ajustes, los precios promedio a nivel nacional del 1° de enero al 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos para la gasolina Magna; 17.79 para gasolina Premium y 17.05 para diesel. Lo mismo acontecerá con todos los hidrocarburos y sus derivados.
La Secretaría de Hacienda precisó que habrá ajustes en los precios de las gasolinas a partir de enero de 2017 y los ajustes continuarán los días 4 y 11 de febrero, y a partir del 18 de febrero aumentarán diariamente, lo cual se encuentra en los siguientes enlaces electrónicos:
http://www.gob.mx/cre/articulos/precios-maximos-de-combustibles-enero?idiom=es)_http://www.gob.mx/cre/articulos/precios-maximos-de-combustibles-enero?idiom=es)
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176963/Formato_Acuerdo_publicaci_n_de_precios_m_ximos_Final_161226.pdfhttp://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176963/Formato_Acuerdo_publicaci_n_de_precios_m_ximos_Final_161226.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176962/Formato_Acuerdo_est_mulo_frontera_Final_161226.pdfhttp://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176962/Formato_Acuerdo_est_mulo_frontera_Final_161226.pdf
Mismos que son las tablas de precios e incrementos, y enlaces de internet que se ofrecen como prueba desde este momento y se vincula con todos y cada uno de los hechos y agravios de la presente demanda.
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: El precisado en líneas anteriores. II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: No existe tercero perjudicado.
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS con domicilio ampliamente conocido en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06066 Ciudad de México.
SECRETARIO DE GOBERNACION Con domicilio en: Abraham González # 48, Col. Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO con domicilio ampliamente conocido en Avenida Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de las Flores, C.P. 01110 Ciudad de México.
SECRETARIO DE ECONOMIA con domicilio ampliamente conocido en Paseo de la Reforma 296, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México.
SECRETARIO DE ENERGIA Y MINAS con domicilio ampliamente conocido en Insurgentes Sur 890, Del Valle, C.P. 03100Ciudad de México.
CAMARA DE DIPUTADOS con domicilio ampliamente conocido en Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión #66, Col. El Parque, C.P. 15960, Edificio E, Primer Piso, Ala Norte, Ciudad de México.
CAMARA DE SENADORES con domicilio ampliamente conocido en Torre de Comisiones, Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Cuauhtémoc, Tabacalera, C.P. 06030 Ciudad de México.
DIRECTOR DE PEMEX con domicilio ampliamente conocido en Avenida Marina Nacional #329 C 3, Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México.
COMISIONADO PRESIDENTE de la COMISION REGULADORA DE ENERGIA, Con domicilio en: Horacio # 1750, Col. Los Morales-Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
El C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. Con domicilio en: Río Amazonas # 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.
IV. ACTO RECLAMADO: El aumento desmedido al costo de la gasolina y diesel, en general hidrocarburos (como el gas natural) y todos sus derivados de estos, que causa desproporcionalidad y desorden social a los mexicanos. (Alza al precio del combustible sin fundamento constitucional alguno).
V. COMPETENCIA: Respecto de la competencia manifestamos que es competente por materia para conocer de la presente demanda de amparo atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, pues la expedición delas Leyes impugnadas tienen vigencia en todo el territorio nacional, por lo que afecta mis derechos humanos y garantías individuales en el lugar donde radico. La competencia de este H. Juzgado se funda en lo previsto en los Artículos 107Fracción I Inciso b) de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, derivado de que en este mismo juicio de protección como consecuencia de las acciones de las autoridades administrativas se puede llegar a afectar intereses económicos de la Carta Magna, por lo que solicitamos suplencia de la deficiencia de la queja a efecto de no encontrarnos fuera de término y perder nuestro derecho a acudir a juicio, en consecuencia de no considerarse competente se remita el presente Juicio de Garantías al Juzgado en turno de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, o en su caso al Juez Federal que conozca de los actos que se consideran como violatorios de la Constitución y leyes federales.
VI. TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO: Al ser autoaplicativas las leyes impugnadas, cuya vigencia inició a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, en términos de las disposiciones transitorias de las mismas, deparan a la parte quejosa perjuicios inmediatos y directos con su sola entrada en vigor.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 17 Fracción I de la Ley de Amparo, procedo en tiempo y forma a reclamar su inconstitucionalidad mediante la presente demanda de amparo indirecto, misma que se promueve dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, que fue el 1° de Enero de 2017, y en virtud de que tal día fue inhábil, el término debe empezar a correr a partir del día hábil siguiente, es decir del día 2 de Enero de 2017 hasta el 13 de Febrero de 2017. Se aclara que el acto reclamado no se combate con motivo de algún acto de aplicación, toda vez que al tratarse de una norma autoaplicativa, por la naturaleza de las disposiciones que contiene, con su simple vigencia se genera una afectación a las garantías de la parte quejosa en los distintos supuestos que en los propios conceptos de violación se precisan.
En el gráfico a continuación se denota que habrá de transcurrir del 2 de Enero de 2017 al 13 de Febrero de la misma anualidad para estar en término de interponer el recurso constitucional.
Registro: 196391
Tomo VII, Mayo de 1998
Materia(s): Común, Constitucional
Tesis:2a./J. 26/98
LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Amparo en revisión 103/98. Cirpro de Delicias, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
Amparo en revisión 105/98. Delphi Sistemas de Energía, S.A. de C.V. antes Dr. de Chihuahua, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
Amparo en revisión 223/98. Servicios Ford Credit, S.A. de C.V. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina Flores Suárez.
Amparo en revisión 3693/97. Buenaventura Autopartes, S.A. de C.V. 27 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.
Amparo en revisión 310/98. Berol, S.A. de C.V. 27 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales.
Tesis de jurisprudencia 26/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Ahora bien, debe tomarse en consideración el hecho de que el acto reclamado constituye el origen de una subsecuente cadena de actos progresivos que derivan en un acto de tracto sucesivo, tal y como se expresa en las siguientes consideraciones.
ACTO DE TRACTO SUCESIVO.- Me permito hacer referencia que el acto que se impugna independiente de la fecha de su emisión constituye un acto de tracto sucesivo, en virtud de que en sentido amplio el principio de tracto sucesivo hace referencia en sustancia para lo que nos compete a la causal de afectación cuya temporalidad no suspende el agravio y por ende continúa consecutivamente afectando la esfera jurídica del agraviado.
Me permito hacer referencia a lo anterior en atención a que la materia del presente recurso representa un acto de tracto sucesivo en vista de que si tomamos en cuenta que la simple entrada en vigor del incremento en el precio de la gasolina y por ende su aplicación a los ciudadanos mexicanos envuelve en si una afectación en la esfera jurídica de los mismos pues los derechos inmersos en esta colectividad se refleja de manera inminente en la esfera del gobernado tal y como pretende comprobar en el desarrollo del presente ocurso.
Es por ello que a juicio de la ahora firmante en el asunto que aqueja se actualizan las premisas necesarias para considerar el acto que se pretende impugnar como un acto de tracto sucesivo y a fin de evitar la consecución del mismo agravio y de sus consecuencias futuras apelo a este principio para sustentar la motivación de la solicitud de toma de medidas suficientes y precautorias que salvaguarden los derechos y subsanen de manera provisional y en su momento procesal permanentemente la afectación del bien jurídico lesionado con tal resolución, así como el solicitar que se haga un estudio de fondo del asunto con la pretensión de subsanar la omisión procesal del juzgador de origen de hacer la respectiva evaluación y consideración de agravios bajo el argumento de la improcedencia del asunto.
Sírvase de apoyo el siguiente criterio:
Jurisprudencia 6/2007 PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.—Un principio lógico que se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se reputan comprendidos los que no se agotan instantáneamente, sino que producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su realización constante da lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto terminal, de manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe base para considerar que el plazo en cuestión haya concluido. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-033/99.—Actora: Noelia Hernández Berumen.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.—12 de octubre de 1999.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretaria: Adriana Margarita Favela Herrera. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-39/2000.—Actor: Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave.—Unanimidad de votos.—5 de abril de 2000.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Eduardo Arana Miraval. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridad responsable: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria
VII.-PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO:
Tomando como base el argumento emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Control de Convencionalidad que reitera en su contenido la obligación de las autoridades del país a velar dentro del ámbito de su competencia, por los derechos consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además bajo el principio pro homine o pro persona, por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, lo cual se muestra en la siguiente tesis de jurisprudencia:
Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes:
En el ámbito internacional de acuerdo a lo contenido en el documento de derecho internacional “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se resaltan los siguientes preceptos.
En cuanto al ordenamiento jurídico mexicano el Articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra señala:
Ahora bien en el asunto concreto que nos compete las violaciones en cuanto a los preceptos legales se trasgreden también el ámbito de derecho de los ciudadanos mexicanos y en cuanto al derecho de petición y administración de justicia, de acuerdo a lo consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, los siguientes artículos consagran:
1Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
De manera primordial si nos remitimos al derecho de petición consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades responsables han violado el artículo 8 de la Carta Magna que para efectos señala lo siguiente:
Artículo 8o. “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los Ciudadanos de la República.
Sirva de apoyo a este respecto la siguiente tesis jurisprudencial que señal definición y elementos de este derecho consagrado por la suprema ley del estado mexicano:
Séptima Época, Registro No. 252257, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 115-120 Sexta Parte Página: 123, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
Así mismo es procedente conforme a lo estipulado en el contenido de los artículos 1, 2, 4, 31 Fracción IV, y 133 de la Constitución General de la República Mexicana.
En dichos artículos de la Constitución, establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Ahora bien, si bien los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en se resida, dicha contribución debe ser de manera proporcional y equitativa con apego a lo que dispongan las leyes, y en total concordancia con lo establecido en nuestra Carta Magna, acto que en caso concreto no se lleva a cabo, cuando es claro que lo establecido en todas las leyes debe ser acorde a la misma Constitución Política.
Así mismo, las autoridades del país, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.
VIII. LEGITIMACION. Atendiendo lo anterior y apelando a la aplicación de las reformas del año 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo específicamente en el tema del interés legítimo como elemento de la acción de amparo.
El artículo 107 constitucional, en su fracción I establece:
En este orden de ideas, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple.
En consecuencia, deben distinguirse, conforme a esta teoría, dos clases distintas de intereses: los no protegidos y los protegidos jurídicamente por medio de de la acción judicial. Los primeros llamados intereses simples y consisten en “la utilidad, el bien, el valor, el goce o el interés, que son las diversas ideas que entran en juego en el concepto que estamos definiendo en el que se posee un derecho aunque no se tenga un interés concreto en él, es decir un derecho adquirido legítimamente por el mero hecho de pertenencia a una colectividad, el interés adquiere el carácter de jurídico cuando el objeto al cual se inclina el ánimo se encuentra tutelado por normas jurídicas.
Sirva de apoyo el siguiente criterio:
INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.
De esta tesis pueden desprenderse que quien tiene un interés jurídico, para efectos del amparo, puede probar o establecer los supuestos de la generación o surgimiento del elemento determinante del reflejo subalterno, probar que es una conducta permitida por el hecho de que no existe norma jurídica alguna que lo regule de manera expresa; o en el caso de los derechos personales y los reales la existencia de un acto jurídico o un hecho jurídico creador de una obligación determinada de un sujeto específico o erga onmes; en el caso de la autorización comprobar el supuesto consistente en la existencia de una resolución que limita una prohibición general, la licencia, la patente, la resolución administrativa, la concesión, etc.
Sin embargo la tesis habla también de “un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley” ante un interés que no necesariamente obtenga el calificativo de “jurídico”, es así que el significado de interés legítimo, acude a la esfera jurídica del gobernado desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, por hacerse referencia a la titularidad de un derecho en el que opera el interés legítimo “un interés personal – ya sea individual o colectivo –, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, mismo que podría traducirse en un beneficio al quejoso en caso de que se le concediera el amparo”; por su parte, la Segunda Sala, de dicho órgano, sostuvo que el interés jurídico “lo tutelan normas que no generan derechos subjetivos sino que establecen intereses difusos.
Es por lo anterior que de manera indubitable ante la entrada en vigor de la imposición que se impugna es que el interés legítimo consagrado en la normatividad mexicana me da la calidad para acceder a las autoridades pertinentes a manifestar el agravio cometido en mi esfera jurídica.
Ahora bien respecto del interés jurídico que avala la legitimación para impugnar el acto del incremento al precio del combustible materia del presente amparo, radica en el hecho de que la promovente pertenece al sector de la colectividad propietaria de vehículo, por lo que el acto que se impugna adolece en mi persona no solo por un interés legitimo radicado en la pertenencia que ostento como ciudadana mexicana, sino que además, repercute de manera directa en la circunstancia y caso concreto de afectación por resultar ser usuaria consuetudinaria del combustible cuyo precio ha sido incrementado.
Lo anterior repercute de manera directa a mi esfera jurídica, causando una afectación y violación a mis derechos constitucionales, derivado de la afectación a mi esfera económico causado por una deliberada alza del costo del combustible materia del presente juicio, daño que se representaría constante, continuo y permanente de pasar por alto mi derecho de petición y de acceso a protección de la justicia federal.
IX. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE CONTIENEN GARANTÍAS VIOLADAS: Lo es los Artículos 1, 14, 17, 18, 28 párrafos segundo y tercero, 31 fracción IV, 133 y demás relativos a la materia de Hidrocarburos, Competencia Económica y Soberanía Nacional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Articulo 14 Transitorio de la Ley de Hidrocarburos; Artículos 2 Fracción I Inciso D) y 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; los Artículos 26 Fracción III, Transitorios Primero, Décimo Primero Fracción II, Décimo Segundo, Décimo Sexto y el Transitorio Único Fracción I de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; Acuerdo A/059/2016 denominado como: Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el Artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación; DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Noviembre de 2016, en sus Artículo Transitorio Décimo Cuarto Fracción I de la Ley de Hidrocarburos, y Artículos 26 Fracción III, Transitorios Primero, Décimo Primero Fracción II, Décimo Segundo, Décimo Sexto y el Transitorio Único Fracción I; DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Noviembre de 2015 en sus Artículos 2 Fracción I Inciso D) y 2-A; vulneración que coarta los principios pro-persona, de interpretación conforme, de no contradicción con la Constitución, la garantía de igualdad, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza, de legalidad tributaria, de proporcionalidad y equidad contributiva, el derecho de protección que otorga el Estado al consumidor; y demás principios fundamentales, derechos individuales y sociales que se vean transgredidos como consecuencia de la entrada en vigor de los Decretos y disposiciones que se impugnan en el presente libelo.
PRIMER CONCEPTO DE VIOLACION: Se violentan los principios constitucionales de contribución que se desprenden del Artículo 31 Fracción IV que corresponden a los de legalidad tributaria, de proporcionalidad y equidad contributiva y el derecho de protección que otorga el Estado al consumidor consignado en el Artículo 28 en sus párrafos segundo y tercero; en función de que al entrar en vigor los Decretos y disposiciones que le afectan a la parte quejosa y que se enumeran en el Apartado de Ley Reclamada, se crea incertidumbre en el gobernado al quedar en el desamparo, pues, al irse al sistema de libre mercado un producto necesario para la movilidad como lo son los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) se verá afectado todo el universo de productos, incentivándose en ellos por un lado la especulación, concentración y el mercado negro, y por otro lado, un desabasto, carestía e inflación, vulnerándose fehacientemente el derecho de protección que otorga el Estado al consumidor.
Por consiguiente, se tiene que ante la entrada en vigor de los Decretos y disposiciones controvertidos por el impetrante de garantías, se vulnera el principio de legalidad tributaria al haberse derogado el Artículo Transitorio Décimo Cuarto Fracción I de la Ley de Hidrocarburos, mismo que sentaba las bases para establecer el precio de los combustibles fósiles (gasolinas y diésel), mismo que indica:
Derogación que adelanta el sistema de libre mercado basada en los costos de los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) en moneda extranjera, lo cual es contrario a lo preceptuado en la Carta Magna.
Ahora, en lo que se refiere al derecho de protección que otorga el Estado al consumidor, plasmado en los párrafos segundo y tercero del Artículo 28 constitucional, es muy claro, al establecer una regulación para evitar conductas indebidas en cuanto a la concentración y encarecimiento de los productos básicos y de consumo generalizado, y en su tercer párrafo es sumamente explícito al disponer que: “Las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular…” a continuación dejo un extracto del mencionado diverso supremo vigésimo octavo:
En atención a lo anterior y en función a la entrada en vigor de los multicitados Decretos y disposiciones impugnados que se señalan como Ley Reclamada, se tiene que se han creado 83 (ochenta y tres) regiones de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación; y en el cual se puede apreciar que se crean “verdaderas islas” en el espacio geográfico mexicano, pues a decir, hay municipios que quedan encerrados con un precio diferente y rodeados de otros municipios con un precio en común, lo que se torna para la parte quejosa como totalmente desestabilizador para la economía, creando diferencias entre los mexicanos, lo que provocará en la especie en traslados a ciertos municipios para cargar combustible.
Todo esto va a causar un caos y como producto de ello gran parte de la población quedará en estado de indefensión, pues estará cautiva ante el impuesto y la única forma de hacerse presente será ante los Tribunales mediante ésta acción constitucional.
Ahora, en las estaciones de servicio de combustibles fósiles (gasolinas y diésel) ubicadas en los fondeaderos o muelles, y en consecuencia no tendrán otra opción, más de que comprar a ese costo.
En ese supuesto, también se daría competencia desleal, pues solo bastaría con cruzar un determinado territorio para cargar combustible más barato, pero que en grandes cantidades reflejaría utilidad para el consumidor, y estaríamos hablando de grandes traslados pues el asiento urbano es mucho mayor en unas zonas geográficas que en otras.
Y, ante ésta situación se irrumpe el principio de legalidad tributaria al dejar de lado el legislador consideraciones que inciden en detrimento de los derechos humanos de los contribuyentes, pues, se subdivide al país en múltiples regiones, sin fundamento y sin un motivo por demás desagregado, explícito y sobretodo justificable, y peor aún, se basa en cotizaciones establecidas en otra nación, lo cual hace que el agravio se vuelva mayor. En ese sentido se expresa:
Registro: 174070
Tesis: P./J. 106/2006
Mientras el salario mínimo general se incrementó en un 3.9% al entrar en vigor el 1° de Enero de 2017 según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; los precios de las gasolinas y el diésel aumentaron hasta en un 20.1% de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación; lo cual desborda a todas luces lo establecido en los principios de proporcionalidad y equidad contributiva.
Así tenemos que, el salario mínimo general aumentó 3.9% mientras que el valor de los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) se exacerbó hasta un 20.1%, es esa descompensación de la que refiere el peticionario de garantías, que es ruinosa a la luz del marco constitucional y del derecho internacional, porque daña severamente la economía familiar, no solo se trata de abstenerse de adquirir los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) sino que ello conllevará a un aumento paulatino de los precios de la diversidad de productos, ya sean básicos, de consumo popular o de consumo moderado.
Y, cada vez será más difícil el sostenimiento del hogar, máxime si se tienen que cubrir los pagos de varios servicios (energía eléctrica, agua potable, gas butano, renta, telefonía celular, tenencia vehicular, gastos de educación, salud, alimentos e incluso pensiones alimenticias y demás gastos) por lo que se infringe el principio de proporcionalidad tributaria, porque no puede ser posible que los impuestos puedan incrementarse en mayor proporción que el salario, eso indigna a la persona y va contra todo tipo de principios constitucionales y derechos humanos, amén de desacreditar al gobierno.
Sirva de criterio:
Registro: 167415
Tesis: P./J. 2/2009
Página: 1129
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva.
Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera.
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 2/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.
En lo referente al principio de equidad tributaria, tenemos que los contribuyentes que están sujetos a un tipo de impuesto deben de estar en condiciones idénticas frente a la norma que les regula, siendo que para el caso, no es así, pues, ahora no es el legislador el que plasmó la imposición, sino que fue a través del Ejecutivo Federal como puede observarse en el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación, por tanto se configura una transgresión no solo al principio tributario de equidad, sino a todo el marco regulador, ahora en lo que respecta a las cargas, de acuerdo a las regiones en que se dividió al país, es totalmente incongruente pues no es satisfactorio el Apéndice metodológico que se incluye en el ya citado Acuerdo, pues, mantiene un lenguaje técnico y es concreto, siendo que debió de ser más explícito para que el gobernado pudiese entender cómo fue que se clasificó y regionalizó al país, que variables fueron utilizadas y ponderadas y sobre todo, un desarrollo menos hostil de la metodología implementada y del método técnico utilizado.
Al carecerse de una metodología lo suficientemente explícita con un lenguaje más accesible, queda encubierta la imposición y por tanto ésta es transgresora por incólume, pues, estos vicios se reflejarán en los beneficios para el Estado y en las cargas para el contribuyente. La ley es pública y por tanto es accesible al gobernado, no por ello no quiere decir el peticionario de garantías que deje de lado los tecnicismos, no, sino que el desplegado debió ampliarse para que el Anexo hubiese cumplido con el objetivo de entenderse por el contribuyente.
Ahora, el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación, prevé costos para ciertas regiones del país que como ya se dijo llegaron a aumentar hasta en un 20.1% con respecto valor de los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) de Diciembre de 2016.
Lo que golpea la economía de los mexicanos, no viene a ser el costo del producto (gasolinas o diésel) sino el aumento exacerbado y desproporcionado del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de aquí en adelante). Aun cuando el contribuyente solo funge como un vehículo para el traslado del IEPS, siente el peso de esa carga que se ve reflejado en el bolsillo, ya que es el propio contribuyente quien lo autentifica y hace real dicho impuesto al hacer su pago en efectivo. Por consiguiente, se infringe este principio de equidad tributaria al tener la disposición combatida cargas insoportables para el contribuyente. En ese sentido se viola la equidad tributaria, sírvase:
Registro: 173569
Tesis:1a./J. 97/2006
Página:231
EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad.
Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Amparo en revisión 985/2005. Ernesto Mendoza Bolaños y otros. 7 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Amparo en revisión 1914/2005. Operadora de Hoteles de Occidente, S.A. de C.V. y otras. 18 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Amparo en revisión 459/2006. Mary Adriana Quezada Curiel. 10 de mayo de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.
Amparo directo en revisión 1379/2006. Francisca Viveros Barradas. 4 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 97/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil seis.
En Enero de 2015, la H. Cámara de Diputados a través de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis publicó un estudio denominado: “Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2008-2015”en el cual se manifiesta en el tercer párrafo del punto 5 en la hoja 29:
En términos reales, tal como se muestra en la gráfica número 9, de enero del 2007 a enero del 2015, la premium se ha incrementado en términos reales en 73.04%, la magna lo ha hecho en 100.74% y el diésel en 147.82%.
Mientras que en el punto 6.1 del mismo estudio, en el último párrafo de la página 32, se describe:
6.1. Impacto de la política de deslizamiento en el ingreso monetario per cápita
La política de deslizamiento de los precios de los petrolíferos incide negativamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores de nuestro país, debido a que su encarecimiento genera que una mayor proporción del ingreso monetario se destine a la compra de estos combustibles, esto sin considerar uno de los problemas de ilegalidad más recurrentes que enfrenta la población en general, y que consiste en que prácticamente todos los expendios venden litros incompletos. Esta última práctica impacta adversamente por el lado del ingreso, teniendo el efecto final de una carga impositiva adicional o de un sobre precio por cada litro de gasolina o diésel adquirido.
Como puede observarse, del estudio de investigación parlamentario, el golpe por el aumento progresivo de los combustibles fósiles no es nuevo, sin embargo, se tiene que del periodo de Enero de 2007 a Enero de 2015, los productos en comento doblaron prácticamente sus costos al público y uno de ellos, el diésel casi se triplicó, mientras que este ritmo difiere del incremento salarial.
Ahora, según datos obtenidos del Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación, a partir de Enero de 2017 el precio de la gasolina Magna se incrementó en un 14.2%; la gasolina Premium se incrementó en un 20.1% y el diésel en un 16.5% con respecto a los precios máximos observados en Diciembre de 2016, siendo que éstos ajustes se sostendrán hasta el día 3 de Febrero de 2017, teniéndose en consideración que cada una de las regiones mantendrá sus propios niveles y sin dejar de lado que, los precios habrán de tener dos actualizaciones más y posteriormente a partir del 18 de Febrero de 2017 los ajustes a los precios serán diarios.
De lo que se desprende del párrafo anterior, se tiene que los aumentos de que se hace mención para cada uno de los combustibles fósiles, todos están por encima del aumento salarial que se otorgó por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que como se había señalado con anterioridad, fue del orden del 3.9% por lo que dichos aumentos a los combustibles fósiles constituyen una carga que a la postre llegará a niveles insoportables, aunado a que hay otras contribuciones a las que el gobernado está obligado y cautivo.
Las diferentes reacciones de la población a partir de los aumentos a los combustibles fósiles (gasolinas y diésel) son consecuencia de un actuar del legislador tributario que no corresponde a la realidad social del momento y que son violatorias a diversas disposiciones constitucionales ya señaladas en el Apartado correspondiente de esta demanda de amparo, sin embargo, debemos de tener en cuenta que existe un “mínimo vital” que debe de ponderar el legislador en su actuar tributario y que el juzgador debe considerar al hacer su determinación; y es precisamente ese punto el que se ha evadido de forma circunstancial por una parte por el legislador al no considerar esa situación crítica y trastocar de forma innovadora utilizando nuevos elementos sobre aquella población en situación marginal para que la imposición sea más sutil que al resto de los gobernados; y, con respecto al control convencional este debe de entenderse en un sentido amplio, de forma difusa, sin dejar de considerar el control constitucional y otorgar al gobernado las garantías o derechos que más ampliamente puedan serle satisfactorios.
Ahora, atendiendo a las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Apartado I Punto 3 que reza:
3. Desde 1986, en el plano legal también ha habido avances significativos que han realzado los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la jurisprudencia emergente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la aprobación de instrumentos como la Carta Social Europea Revisada de 1996, el Protocolo Facultativo de la Carta Europea Constituyendo un Régimen de Reclamaciones Colectivas y el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en la Esfera de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. Los gobiernos se han comprometido a dar una respuesta más eficaz a los derechos económicos, sociales y culturales dentro del marco de las siete Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas (1992-1996).
En relación con el criterio asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jurisprudencia internacional en la Contradicción de Tesis 293/2011 en su Considerando SEXTO:
SEXTO. Criterios obligatorios. De acuerdo con lo anterior, deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios establecidos por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.
Se tiene que ésta autoridad judicial federal en ejercicio de sus funciones deberá de oficio adentrase al estudio de la constitucionalidad y convencionalidad sobre las normas que componen la Ley Reclamada en ésta acción constitucional en referencia a la Tesis Aislada que a continuación se precisa:
Registro: 2010143
Tesis: 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.)
Página:1647
Volviendo al tema de las regiones comprendidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación, en lo que respecta a todo nuestro territorio nacional, y que se encuentran en la tabla denominada: “Precios máximos al público aplicables a las gasolinas y el diésel en las regiones que se indican, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 3 de febrero de 2017”; las mismas provocan una falta de equidad y desproporcion en el poder adquisitivo de los mexicanos.
La inequidad y desproporcionalidad al alza de los hidrocarburos, además vulnera en perjuicio de los ciudadanos mexicanos el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los Derechos Humanos al atentar en contra de la economía de los gobernados así como también atenta al bien jurídico tutelado de que los gobernados deben tener certeza de un Estado de Derecho que respete el principio de igualdad y equidad, en razón de que el gobierno federal con dicho aumento a los combustibles causa grave perjuicio a la economía de todos los mexicanos, pues el acto reclamado deriva de una mera violación a los preceptos legales como son la libertad, la propiedad, los derechos; de allí que previo a evaluar si existe una vulneración a las garantías del individuo por lo que en merito de lo anterior a fin de señalar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la constitución y los tratados internaciones de los cuales el estado mexicano es parte.
El acto que se impugna es violatorio de mis derechos en virtud de constituir causa de diversas violaciones constitucionales, derivadas del hecho de que al no establecer un precio fijo del combustible y zonificar el incremento, la autoridad presume su arbitrariedad al ejercer actos que derivan en falta de equidad e igualdad, violando lo dispuesto en el artículo 28 constitucional.
Lo anterior fundamentado en el multicitado precepto constitucional, que a continuación se transcribe a la letra:
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
I.Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
II.Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;
III.Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;
IV.Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;
V.Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;
VI.Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;
VII.Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;
VIII.Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;
IX.Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;
X.La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;
XI.Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y
XII.Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
I.Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II.Ser mayor de treinta y cinco años;
III.Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;
IV.Poseer título profesional;
V.Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;
VI.Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;
VIII.En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.
Lo resaltado es propio, ya que son los párrafos violados del artículo.
En consecuencia, al no existir un precio estable, dejan en estado de indefensión al consumidor y no dan trato de igualdad, pues los precios son desproporcionados e inequitativos, y dan paso a la especulación y la anarquía comercial.
La zonificación para el incremento paulatino (misma que se encuentra narrada en el capítulo de antecedentes marcado con el numeral 10 de esta demanda de juicio de garantías, con los respectivos enlaces electrónicos ahí plasmados) es violatoria de los artículos primero, 17, 28 párrafos segundo y tercero, 31 fracción IV y 133 de la Constitución Mexicana, pues no hay principio de equidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley, lo que da pie a un trato distinto y discriminado para algunos habitantes del país.
Dichos artículos constitucionales indican lo siguiente:
III.Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y
Así mismo, hay que hacer notar que compete a la Secretaria de Economía la aplicación y regulación de precios de los productos básicos que integran lo que denominamos canasta básica, dichas facultades le fueron conferidas a la Secretaria de Economía por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que en su artículo 34 indica:
XII.- Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; XII bis.- Autorizar el uso o modificación de denominación o razón social de sociedades mercantiles o civiles;
XXX. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales, en coordinación con las Entidades Federativas, para que se facilite su traslado con infraestructura industrial, y XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles;
Es decir, la Secretaria de Economía ha sido omisa en cumplir la facultad constitucional y legal que le ha sido encomendada, y con dicha acción ha provocado un claro perjuicio al derecho al consumo y a la defensa de consumidor, con su conducta omisiva provoca detrimento a derechos fundamentales al dejar realizar las funciones constitucional y legales que tiene obligación, incluso incurre en responsabilidad que puede ser sujeta de sanciones penales y administrativas, por su conducta omisiva dolosa y temeraria, pues no fija los precios de los combustibles diesel y gasolina, actos que desde este momento solicito a esta autoridad jurisdiccional de vista al Ministerio Publico y a la Procuraduría General de la República a efecto que en caso de haber una violación a la normativa penal de nuestro país se proceda de oficio en contra de quienes resulten responsables.
Entonces, al momento de no fijar precios en el combustible y zonificar los precios de dichas sustancias se dejan en estado de indefensión a mi persona, como consumidor ya que no se da un trato de igualdad por lo que los precios son desproporcionales e inequitativos.
Ahora bien, es dable hacer notar que de lo anterior se deriva la violación directa al Artículo 14 de la Ley de Hidrocarburos que a letra dispone.
Artículo 14.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado podrán celebrar alianzas o asociaciones para participar en los procesos de licitación de Contratos para la Exploración y Extracción, conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Petróleos Mexicanos o la que regule a la respectiva empresa productiva del Estado. Las alianzas o asociaciones a que se refiere el presente artículo se regirán por el derecho común. Las alianzas o asociaciones podrán realizarse bajo esquemas que permitan la mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades en las que podrán compartir costos, gastos, inversiones, riesgos, así como utilidades, producción y demás aspectos de la Exploración y la Extracción. Para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado no podrán celebrar con Particulares contratos de asociación público privada en términos de la ley de la materia.
Fundamentado en la normatividad señalada y motivado en los hechos que anteceden es que se pretende demostrar el agravio que representa en mi persona y en la colectividad que representa el pueblo mexicano, dado que al incrementar desmedidamente el precio de la gasolina y peor aún, liberar el precio, las autoridades responsables atentan contra la estabilidad económica de cada uno de los habitantes del territorio nacional desencadenando con ello consecuencias tales como el incremento de más productos que son parte del uso consuetudinario y de necesidad básica para cada uno de los ciudadanos mexicanos, provocando inestabilidad y un Estado que rompe con los principios básicos del derecho, la igualdad y la equidad.
SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACION: Se vulnera la garantía de igualdad prevista en los Artículos 1° y 4° constitucionales, toda vez de que al entrar en vigor los Decretos y disposiciones que se especifican en el Apartado de Ley Reclamada, son contrarios a derecho, pues, los precios de los combustibles fósiles ahora están a disposición del libre mercado y en función de la distancia o de lo complicado que pueda ser hacer llegar el producto; por lo que, en tal circunstancia, ya no será el mismo costo que se esté pagando en cualquier parte del país, sino que va a variar y estarán en función de lo que determine la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica para establecer el precio de los combustibles fósiles en condiciones de mercado, mismas que para poder establecerlos deben atenerse a ley y que en este momento no sucedió ya que al no encontrarse en apego a lo establecido en el artículo 28 constitucional y derivado de dicha omisión vulneraron los derechos del pueblo mexicano.
En esos términos, tenemos que, la igualdad jurídica es considerada el trato igual en circunstancias iguales, consistiendo en evitar las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión, profesión, posición económica, es decir, la prohibición de toda decisión o norma legal de carácter discriminatorio por parte de los órganos competentes.
Así, tenemos de que los Decretos y disposiciones que se impugnan tienen ese carácter intrínseco de discriminación al establecerse precios diferentes en ciertas regiones del país, lo que se traduce en que no necesariamente costará más en las regiones más desarrolladas o donde el ingreso es mayor o con el salario con más poder adquisitivo, lo cual sería en cierta medida proporcional y equitativo.
Sin embargo, tenemos que es contrastante pues habrá lugares en los que hay una gran desigualdad y extrema pobreza como ciertas regiones del sur de nuestro país que serán donde se consiga la gasolina más cara, mientras que en Estados con un gran auge y desarrollo económico como los del península del Caribe Mexicano el costo será de lo más bajo; este discernimiento se funda en lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como su metodología para su determinación, mismo en el que se aprecia la división del país en 83 (ochenta y tres) regiones con valores muy diferenciados, inequitativos y desproporcionados, vulnerándose las garantías individuales del quejoso y de todo la población mexicana, incluso de aquellos que a su paso por nuestro país, tuviesen que adquirir combustibles fósiles (gasolinas y diésel).
He ahí, donde se vulnera la garantía de igualdad consagrada en nuestra constitución, pues no se ajusta al entorno que ya priva y es por ello que la parte quejosa aduce a que se declare la inconstitucionalidad y sin apego al principio de convencionalidad de dichas disposiciones que comprenden las Leyes Reclamadas.
El principio de igualdad entendido por el Derecho Constitucional, hace referencia a que los individuos deban ser tratados igualmente por el Estado en los derechos fundamentales que están contemplados en nuestra Constitución establecido en los artículos 1° y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias con la finalidad de que no se haga diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas.
Luego entonces, e n materia tributaria la doctrina ha señalado que el principio de igualdad implica que todos deben contribuir a los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que en condiciones idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no priva al legislador de crear categorías especiales, a condición de que no sean arbitrarias y se apoyen en una base razonable.
Sírvase de criterio:
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el citado diario, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, modificó sustancialmente el contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de igualdad, el cual es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros. Consecuentemente, si bien es cierto que el concepto jurídico de igualdad desde un punto de vista abstracto se encontraba presente desde antes de dicha reforma constitucional, también lo es que sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han ampliado significativamente con el contenido de los tratados internacionales; un ejemplo de ello lo constituye la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece criterios específicos para verificar si existe o no discriminación, los cuales complementan materialmente a los preceptos constitucionales. De ahí que, a partir de la citada reforma, cuando se alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede desdeñar el texto de los tratados internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, sino que debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados ratificados por México, máxime cuando ese análisis ha sido solicitado por el quejoso.
PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.
En virtud de lo anterior resulta contrario a la igualdad, a la uniformidad y a la imparcialidad, el establecimiento de un incremento deliberado y descontrolado que no afecta a todas las personas dado que no se encuentran en la misma situación respecto a la capacidad económica para solventar tal incremento. El principio de igualdad constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra determinadas personas o categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas personas o bienes que fueren determinados singularmente, luego entonces, al no establecer un precio máximo se libera la posibilidad de exceder indiscriminadamente el precio de un combustible en extremo necesario en la vida cotidiana de un sector amplio de la sociedad mexicana y conlleva también el incremento de artículos de necesidad primaria poniendo en perjuicio a la mayoría de la colectividad.
TERCER CONCEPTO DE VIOLACION: Ahora bien, respecto del principio de equidad violado de manera evidente por la disposición impugnada de manera análoga remito a la doctrina que señala que… “La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión”. De lo anterior se deduce que la decisión tomada por las autoridades responsables respecto del incremento a la gasolina no prevé la capacidad de la colectividad para responder favorablemente a la carga de este incremento, tampoco tomo en consideración el impacto que resulta en la cadena de precios a la alza que repercute directamente en la economía de los ciudadanos y sobre todo en el sector vulnerable del país, en virtud de que no solo representa un descontrol económico para el sector que posee un automóvil y que es consumidor primario y directo del combustible sino que por un legítimo interés repercute en el total de la sociedad por el agravio concebido de la repercusión económica que representa este incremento, pues al elevar el precio del combustible, se eleva el precio del transporte, de otros combustibles, de peajes en vías de comunicación y lo que es peor de los productos que se transportan y representan artículos de primera necesidad y canasta básica para los individuos que son ciudadanos del territorio mexicano.
Esto vulnera el artículo 31,Constitucional fracción IV, pues se puede observar que para que lo gobernados tengan la obligación de pagar contribuciones para cubrir el gasto público, es necesario que esas contribuciones sean creadas por LEY en el sentido formal y material, es decir, que sea el poder legislativo que cree tales contribuciones mediante normas generales, abstractas impersonales, de tal suerte que los impuestos así como elementos referentes al sujeto, objeto, base y tasa o tarifa se deben establecer por medio de leyes, tanto del punto de vista material, como del formal; es decir, por medios de disposiciones de carácter general, abstracta, impersonales y emanadas del poder Legislativo.
Sirva de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia:
CONGRESO DE LA UNION, FACULTAD IMPOSITIVA DEL. LIMITACIONES. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. La facultad impositiva del Congreso de la Unión a fin de cubrir el presupuesto de egresos (artículos 65, fracción II, y 73, fracción VII, de la Carta Magna) ha de entenderse sujeta a las limitaciones que la misma Constitución Federal establezca, entre otras, las que se contienen en el artículo 31, fracción IV. Amparo en revisión 4543/68. Angel M. Bejarano. 26 de agosto de 1975. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio, Ezequiel Burguete Farrera y Abel Huitrón y A. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro "FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONGRESO DE LA UNION, LIMITACIONES DE LA.".
La Secretaria de Economía entonces cae en la omisión, pues no nada más inaplica el artículo 28 Constitucional si no que va más allá su omisión deja de aplicar el artículo 253 y 254 del código penal federal así como el artículo 8 de la ley federal de competencia económica pues existe una obligación Constitucional a fijar precios en los productos de consumo y no lo ha hecho, olímpicamente su omisión raya en la temeridad y en la protección a los monopolios, conculcando un derecho humano y vulnera los derechos fundamentales de la parte lesa y de la población en general, al realizar una conducta omisiva y no aplicar ni cumplir con sus obligaciones constitucionales, nos deja en estado de indefensión a la población en general conculcando un derecho humano y dejándonos en un estado de indefensión.
Al ser omisivo en su actuación dolosa la autoridad responsable omite un derecho humano y al tener una conducta omisiva deja de aplicar la constitución y los tratados internacionales por lo que no existe temporalidad para la presentación de la demanda, pues son actos que atentan contra los derechos fundamentales universales.
Sirven de apoyo para indicar dicha violación la siguiente normativa mexicana:
Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que:
ARTICULO 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionaran con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:
I. Los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en: a) el acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores.
b). Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.
c). La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.
d). Derogado.
e). La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. si se depone la conducta ilícita dentro de los dos días hábiles siguientes al momento en que la autoridad administrativa competente lo requiera, la sanción aplicable será de seis meses a tres años de prisión, o de cien a quinientos días multa.
f). La exportación, sin permiso de la autoridad competente cuando este sea necesario de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
g). La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general. en los casos de que el lucro indebido sea inferior al equivalente a sesenta días del salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, se sancionara con prisión de dos a seis años y de sesenta a trescientos días multa.
h). Distraer, para usos distintos mercancías que hayan sido surtidas para un fin determinado, por una entidad pública o por sus distribuidores, cuando el precio a que se hubiese entregado la mercancía sea inferior al que tenga si se destina a otros usos.
i). Impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público.
j). Interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el servicio de almacenamiento o distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo.
III. Entregar dolosa y repetidamente, cuando la medición se haga en el momento de la transacción, mercancías en cantidades menores a las convenidas.
IV. Alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener.
V. revender a un organismo público, a precios mínimos de garantía o a los autorizados por la secretaria de economía, productos agropecuarios, marítimos, fluviales y lacustres adquiridos a un precio menor. Se aplicara la misma sanción al empleado o funcionario del organismo público que los compre a sabiendas de esa situación o propicie que el productor se vea obligado a vender a precios más bajos a terceras personas.
En los casos de los incisos a), f) y h), de la fracción I y de la IV de este articulo, la autoridad que tenga conocimiento la violación al Código Penal Federal, y de oficio opere dar conocimiento a la autoridad competente
Al cometer actos omisivos la autoridad responsable causa a la parte lesa actos que son de imposible reparación.
ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 46/2013. Myriam Silva Cantú. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Ortega de la Peña. Secretario: Julián Martínez Zarzoza.
En atención a lo anterior es que solicito desde este momento, tenga bien considerarse por su Señoría un acto que siendo aplicado constituye un acto de imposible reparación, por consiguiente es procedente solicitar la suspensión de acto que se reclama en el ámbito de su aplicación, pues ya han sido vulnerados mis derechos.
CUARTO CONCEPTO DE VIOLACION: Con la entrada en vigor el pasado 1° de Enero de 2017 de los Decretos y disposiciones impugnados por la parte quejosa, se vulneran de manera flagrante e indubitable los principios pro-persona, de interpretación conforme y de no contradicción de la Constitución insertos en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el primero de ellos, es un derecho plasmado en nuestra Ley Fundamental que requiere su vinculación con la violación de un derecho humano para su efectividad; el segundo, da génesis a una mayor preponderancia de la Norma Suprema Federal que acredita ser mayormente protectora; y, el tercero, para armonizarse con el principio de supremacía constitucional, y, en ese tenor, se despliega el supremo primero en su párrafo segundo:
En este sentido, además de lo que tradicionalmente se conoce, la evolución del derecho nos exige ampliar los criterios utilizados para lograr una mejor salvaguarda de los derechos fundamentales, en virtud, de que ya no es adecuado para una interpretación actual del sistema de los derechos humanos, el planteamiento positivista, cifrado en una actitud mecánica basada en conclusiones silogísticas, sino que se hace necesaria una mayor participación del intérprete en la elaboración y desarrollo de su estatus. Así, además de tener en mente el operador jurídico al momento de aplicar las normas que contengan derechos humanos a la interpretación auténtica, doctrinal, judicial, extensiva, restrictiva, sociológica, teleológica, histórica, gramatical o filológica, sistemática, lógica, etcétera; que sirven para entender las normas de derechos fundamentales; enlazar las normas de derechos humanos entre sí; conocer el significado lingüístico contenido en las normas de garantías individuales o el significado que la tradición jurídica le da a cierto término; reconstruir la voluntad de los creadores de determinadas normas, o simplemente para atender a los términos contenidos en la Ley, el operador jurídico debe ampliar su perspectiva de análisis y adoptar las reglas interpretativas que se aplican y han ido construyendo de manera específica para los derechos fundamentales, por lo que se aprecia inobservancia de los principios constitucionales aducidos en este concepto, toda vez de que la autoridad señalada como responsable está infringiendo mis derechos fundamentales, que a la postre establecen lo siguiente en la doctrina mexicana:
Principio pro-persona: Este principio se basa en que los derechos inherentes a la persona, reconocidos por la conciencia jurídica universal, deben ser protegidos frente al accionar u omitir ilegítimos del Estado, esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos o irregulares a su servicio, así como frente a la red de interacciones institucionales, que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos humanos.
Es menester señalar que, este principio atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos, y a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Siendo que, al entrar en vigor los Decretos y disposiciones que impugno mediante este ocurso, éstos mismos me infringen mi derecho a la protección más amplia atribuida a este principio constitucional en comento.
Principio de interpretación conforme: Se fundamenta en la cuestión sobre el contenido de la norma a analizar, así como en la cuestión sobre el contenido de la Constitución a la luz de la cual esa Ley debe ser contrastada. Por lo que se requiere de interpretación legal como constitucional, en el entendido de que el contexto de la materia y función jurídica, lleva a la conservación de la norma ordinaria, la interpretación conforme debe de realizarse de acuerdo con la posibilidad de que se interprete en el sentido en el que el legislador la concretizó.
Hace referencia a que cuando se interpreten las normas constitucionales, se pueden utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa a la norma constitucional sin que ello signifique la derogación o desaplicación de una norma interna, ni su subordinación a la norma internacional. En referencia al caso que nos ocupa, la vulneración de este principio se consuma al quebrantarse el marco jurídico legal en virtud de que los Decretos y disposiciones impugnados por la parte quejosa son desproporcionados porque van más allá de lo estipulado en la Constitución, y rompe con lo establecido en el Artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 5 Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que el Estado Mexicano es parte; y, por tanto, son Ley Suprema de la Unión.
Principio de no contradicción de la Constitución: Este principio armoniza con el principio de supremacía constitucional, lo que reconoce un bloque de constitucionalidad mediante derechos integrados, fortaleciendo la vertiente trasnacional del derecho procesal constitucional, con una dimensión hermenéutica y no solamente a través de un recurso subsidiario, que abre la jurisdicción internacional.
En tendencia hacia una nueva cultura jurídica, en base a casos que se van resolviendo, se desarrolla mayor certidumbre sobre las normas de derechos humanos al establecer un firme contenido constitucional de cada derecho, por ende, la contradicción a la Constitución vulnera fehacientemente todo el proceso, puesto que lo corrompe de plano, aunque cuando por error, omisión, falta de interpretación y argumentación adecuada de los juzgadores, se matiza de ilegalidad el procedimiento y en sí, el proceso, pues irrumpe la investidura democrática que el legislador le proporciona a la norma y la desvirtúa de su objeto central. Es el caso de que al entrar en vigor los Decretos y disposiciones fiscales hoy impugnados por el impetrante de garantías en menoscabo de su economía, se violentan en demasía no solo los principios constitucionales atribuidos al Artículo 1º segundo párrafo constitucional, sino también todo un cúmulo de garantías individuales, derechos fundamentales y principios constitucionales.
En concordancia con los párrafos anteriores, el Artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solo hace un reconocimiento de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, sino también de los insertos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:
Y, en relación a ello, tenemos que el principio de progresividad como parte esencial del componente de derechos humanos establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre éstos estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso; esto es, un avance de forma gradual y progresivo y nunca regresivo en pro de los derechos humanos alcanzados; por lo que este principio debe de observarse y mantenerse a perpetuidad en la norma fundamental y en consecuencia en la generación de leyes, políticas públicas y decisiones judiciales; y en lo práctico debe de estar reflejado en el actuar del Estado siempre, porque es una promesa continua de creación de derechos humanos.
Registro: 2010361
Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.)
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.
Cuando el Estado vulnera los derechos humanos a partir de la entrada en vigor de una norma impositiva que es inequitativa y desproporcionada, lesiona al gobernado y este debe de acudir a los medios jurídicos idóneos para poderla combatir, porque de otra forma, se resquebraja el Estado de derecho y la población puede exasperarse a tal medida que haya un descontrol o rebelión, lo cual no es justificable, pero ante el lento u omiso actuar del Estado puede conllevar a este caos.
Registro: 2000129
Tipo de Tesis:Tesis Aislada
Tesis: III.4o.(III Región) 4 K (10a.)
Página:4580
PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, se puede observar que las acciones ahora impugnadas repercuten de manera directa a mi esfera jurídica, causando una afectación y violación a mis derechos constitucionales, derivado de la afectación a mi esfera económica, causado por una derivada alza del costo del combustible, materia del presente juicio, daño que se representaría como constante, continúo y permanente, de pasar por alto mi derecho de petición y acceso a la protección de la justicia federal.
Por las razones y consideraciones vertidas en ésta acción constitucional que se hacen valer en el marco del derecho mexicano e internacional en materia de derechos humanos, se solicita a ésta autoridad judicial federal se otorgue el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa.
Se solicita a su Señoría la suplencia de la deficiencia de la queja que se contempla en el Artículo 79 Fracción I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Registro: 170583
Instancia: Pleno Jurisprudencia
Tesis: P/J. 105/2007
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO).La suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada (en amparo indirecto), sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados (tanto en amparo indirecto como en directo). Esto es, para que opere en ambas vías, la suplencia de la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación, únicamente se requiere que el juicio de amparo sea procedente respecto a dicho acto, por lo tanto es viable: 1) sin que sea necesario reclamar la ley respectiva; 2) sin importar que, en caso de reclamarse la ley, ésta haya sido consentida, y en general, sin necesidad de que el amparo resulte procedente en relación con dicha norma legal; y, 3) sin importar que el quejoso haya expuesto planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. De tal suerte que tanto en el amparo indirecto como en el directo, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 105/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.
Para efectos de tener una mayor apreciación sobre los alcances contenidos en el principio de legalidad, se muestra la siguiente Tesis Aislada:
Registro: 2008970
Tesis: XI.1o.A.T.18 K (10a.)
MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN. Una cuestión de criterio o debatible no se conforma por el hecho de que un funcionario judicial plantee lo que a su parecer es un problema jurídico, ni vierta manifestaciones que en su apreciación constituyen una labor interpretativa, sino que tiene que examinarse si esa supuesta función hermenéutica se justifica en un problema jurídico verdaderamente válido, que no enmascare un franco apartamiento de la legalidad cuando el texto de la ley es suficiente para conocer su sentido; de otro modo se haría nugatorio el deber de las autoridades de apegar sus actos a la legalidad y, a la vez, de sancionarlos cuando muestren una notoria ineptitud en su encargo. En este sentido, deviene pertinente acudir a la doctrina jurídica del "margen de apreciación del juzgador", concebida para conceptualizar un espacio de discrecionalidad tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales, por lo que constituye un instrumento interpretativo que parte de la idea de que un derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos culturales y económicos que lo circundan; por el contrario, existen condicionamientos materiales y sociales cuyo desconocimiento quitaría realidad o vigencia a un régimen de derechos humanos que, en el caso, encuentran justificación en el marco cultural del país, con el objeto de promover la credibilidad en la actuación de los Jueces ordinarios, de manera que cuando éstos puedan incurrir en alguna causa de responsabilidad administrativa, sean efectivamente sancionados. Dicha doctrina debe traerse a colación para determinar el alcance de los derechos a debate jurisdiccional, lo que cobra vigencia si se toma en cuenta que el innegable principio universal de independencia que debe reconocerse a todo juzgador debe ser ponderado a la luz del principio de legalidad, que el sistema constitucional mexicano erige también como elemento fundamental para la preservación del Estado Constitucional de Derecho. Por consiguiente, sin desconocer que es imprescindible reconocer la independencia de los órganos jurisdiccionales, este principio fundamental (margen de apreciación) puede emplearse para dimensionar los derechos y contextualizarlos con la situación específica de cada región, y debe ser ponderado frente a la legalidad que, en la actualidad, se erige como una exigencia propia del contexto social, económico y jurídico, para que la independencia judicial encuentre equilibrio en la responsabilidad del juzgador al desplegar su actuación, partiendo de la base de que todo Juez es responsable de su actuar.
Amparo en revisión 126/2013. Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. 13 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 126/2013, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2546.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Motivo mi petición ofreciendo las siguientes:
Copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de quien suscribe, a efecto de acreditar la legitimación en la causa.
Recibo de gasolinera de fecha PONER FECHA DE RECIBO DE GASOLINA con lo cual se acredita el primer acto de aplicación en mi perjuicio de la disposición que se impugna. EN SU CASO HACER UNA LISTA DE RECIBOS DE GASOLINA.
Copia de tarjeta de circulación del vehículo (características). Con lo que acredito el interés y legitimo jurídico que me otorga la pertenencia a la colectividad de ciudadanos mexicanos.
A efecto de su inspección judicial, los siguientes enlaces electrónicos:
Presuncional, legal y humana, en todo lo que me beneficie.
Instrumental de actuaciones, en todo lo que me beneficie.
Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Juez pido se sirva.
PRIMERO.- Tener por promovido el juicio de garantías que hago valer, por el aumento de hidrocarburos y combustibles, pidiendo se respeten los derechos humanos de los desprotegidos y en su momento se dé la protección más amplia, eliminando dicho aumento en favor del pueblo mexicano.
SEGUNDO.- Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y tener por autorizadas a las personas que se mencionan en el proemio de este escrito para los efectos legales plasmados.
TERCERO.- En su oportunidad, conceder la suspensión del acto que se reclama y posterior al estudio de fondo se declare fundado el agravio y se me conceda el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables
CUARTO.- En términos de la legislación aplicable, opere en mi favor el principio de suplencia de la deficiencia de la Queja.
QUINTO.- Se expida copias certificadas a costa de la parte quejosa de los artículos de ley reclamados.
SEXTO.- Admitida que sea la demanda y substanciado el procedimiento de Ley, se dicte sentencia en la cual se conceda a la parte quejosa el AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, para los efectos de declarar la inconstitucionalidad y sin apego al principio de convencionalidad por los Decretos y disposiciones impugnados en este escrito por la parte quejosa.
NOMBRE(S) DE LA QUEJOSA
ASUNTO: SE PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO El aumento desmedido al costo de la gasolina y diesel, que causa desproporcionalidad y desorden social a los mexicanos sin fundamento constitucional alguno.
NOTA COMPAÑEROS:
AL PRESENTAR EL AMPARO SE DEBE ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
COPIA DE LA TARJETA DE CIRCULACION A NOMBRE DEL INTERESADO
EL ULTIMO RECIBO DE GASOLINA DEL AÑO 2017
ORIGINAL CON ACUSE MAS 10 COPIAS DE TRASLADO (TOTAL 12 JUEGOS DE DEMANDA MAS ANEXOS)
La documentación debe ser presentada por cada quejoso.
Elaborado por: Marlen Monroy Rugerio, Miguel Ángel Bennetts, Paola Josefina Rodríguez Cruz y Reynaldo Villegas Peña.Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.