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Timestamp: 2017-06-26 13:52:08
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Causales de término contractual de educadores del área municipal y particular (leyes 20.248, de 2008, y 20.501, de 2011). Precar | :: Luis Emilio Recabarren ::
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En el área jurídicosocial, la expresión “Estatuto” indica un pacto regulatorio voluntariamente aceptado por los obligados. Dudamos que esa expresión sea la adecuada para designar la ley laboral que hoy regula el trabajo dependiente de los educadores en Chile. Causales de término contractual de educadores del área municipal y particular (leyes 20.248, de 2008, y 20.501, de 2011).
En el área jurídicosocial, la expresión “Estatuto” indica un pacto regulatorio voluntariamente aceptado por los obligados. Dudamos que esa expresión sea la adecuada para designar la ley laboral que hoy regula el trabajo dependiente de los educadores en Chile.
En todo caso, la desfiguración en marcha, que ataca al Estatuto docente, tiene raíces desde su inicio, con la ley 19.070. Contribuye culturalmente a ello la expresión “profesional de la educación”, inductora del autoengaño del educador o educadora obligados: pensar que, legislativamente, se les trata con respeto y consideración, reconociéndoles básica estabilidad laboral.
En el año 2008, el artículo 38 de la ley 20.248 (sobre Subvención escolar preferencial, SEP), incrustó una nueva letra c, al artículo 72 del Estatuto docente, quedando este último con el siguiente texto:
Y en 2011, la ley 20.501, le añadió a esta nueva letra c) un inciso, cual es que “A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a), c), d), g) y j), se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma.
Tratándose de los casos establecidos en las letras b) y c) precedentes, se aplicará lo establecido en el artículo 134 de la ley N° 18.883”.
Son nuevas causas de despido; hasta ese momento (año 2008), podíamos limitar o circunscribir el campo de acción de la causal original y genérica (“incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”), insertada, entonces, en la letra b) de dicho artículo.
Y su aplicación exigía un sumario previo.
Hoy, la expresión “tales como”, lejos de implicar un límite, denota que los mencionados (no concurrencia del docente, impuntualidades, etc.), son casos consignados a mera vía de ejemplo, esto es, que caben muchos más.
Tal modificación no se aplica a los docentes de establecimientos educacionales particulares subvencionados, pero sí es aplicable a todo docente que forma parte de una dotación del área municipal.
La ley no explicita si se aplica a docentes contratados mediante la ley SEP; no obstante, importa tener presente que la normativa establecida en el citado artículo 72 regula al profesional educador que integra una dotación docente municipal.
Recordemos que la normativa legal aplicable al contrato de trabajo del docente, para prestar labores referidas al Plan de Mejoramiento de la Educación, es la prevista en el Estatuto docente y supletoriamente en el Código del trabajo y leyes complementarias y, para los asistentes de la educación, la contenida en el Código laboral, leyes complementarias y en la ley 19.464, modificada por ley 20.244.
No formando parte de una dotación municipal, se abre la puerta para terminar tales contratos por la legislación reguladora del docente del área particular, que, salvo detalles, es la que regula a todo trabajador dependiente, según más abajo abordamos. I.- CAUSALES DE TÉRMINO CONTRACTUAL, DE DOCENTE INTEGRANTE DE DOTACIÓN MUNICIPAL, VIGENTES HASTA EL AÑO 2008.
Recordemos las causales de término de contrato del docente municipalizado, vigentes a febrero de 2008, fecha de la publicación de la ley 20.248 (SEP):
b) Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.
En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación que cumpla funciones docentes, técnico pedagógicas o directivas, la designación de fiscal deberá recaer en un profesional de la educación que realice labores similares o superiores a las del afectado, en otro establecimiento dependiente de la misma Municipalidad o Corporación. En el caso que en las comunas hubiere sólo un establecimiento educacional, el fiscal será de ese establecimiento o del Departamento de Administración Educacional Municipal. El tiempo que el fiscal -docente de aula- utilice en la investigación, deberá imputarse a sus horas de actividades curriculares no lectivas;
f) Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70;
g) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883;
A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a), c), d), g) e i), se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma.
Corresponderá igual derecho a los Directores de establecimientos educacionales, que en virtud del artículo 32 de esta ley hayan terminado sus funciones como tales, cuando postulen, en posteriores concursos, a desempeñar un empleo correspondiente a alguna de las funciones señaladas en el artículo 5º” (Estatuto docente, artículo 72, texto vigente hasta febrero de 2008). Antes, según la citada letra b, el incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por su función, exigía la instrucción de un sumario, que acreditase fehacientemente los hechos. Hoy, basta con que se imputen.
CAUSALES DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE DOCENTE INTEGRANTE DE DOTACIÓN MUNICIPAL, DESPUÉS DE LAS ALTERACIONES INCRUSTADAS MEDIANTE LEYES 20.248 (SEP), DE 2008, Y 20.501, DE 2011.
Le reproducimos tal cual:
“Artículo 72: Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:
b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.
En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor.
c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas.
Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo.
g) Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70.
h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la ley 18.883.
i) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, e
j) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley.
k) Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70.
l) Por disposición del sostenedor, a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del artículo 7° bis de esta ley, tratándose de los docentes mal evaluados en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de esta ley.
Para estos efectos, los establecimientos que contaren con menos de 20 docentes podrán poner término anualmente a la relación laboral de un docente”.
CAOS ORTOGRÁFICO Y ARTIMAÑAS DESVIRTUADORAS.
El caos es evidente en la estructura ortográfica del recién reproducido artículo 72: comas en vez de conjunciones copulativas, puntos aparte en vez de puntos y coma; después de la letra i), se mantiene una “e” (propia de la estructura anterior del artículo); no aparece la conjunción copulativa “y” entre la letra k y la letra l (debiendo estar); en fin.
Son detalles formales, pero que anuncian del “criterio” con el cual se confeccionaron las reformas, tanto la de 2008 como la de 2011; dislates que se mantiene hasta hoy.
Más grave aun son las alteraciones de fondo. Entre ellas, por ejemplo, la causal “salud incompatible” hoy posee una amplísima extensión: se entiende presentarse si es que el trabajador o trabajadora (“profesionales de la educación”), hizo “uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad” (artículo 72, letra h, inciso segundo).
LA CRECIENTE DESVALORACIÓN DE LA PERSONA DEL MAESTRO.
ALTERACIONES QUE HAN REFORZADO DESAJUSTES VALORATIVOS Y LÓGICOS.
Sabemos que la ley modificatoria de 2008 (20.248, artículo 38), cambió la estructura del comentado artículo (la letra c) pasó a ser d), y así sucesivamente).
También le alteró la ley 20.501, de 2011, suministrando nuevos poderes patronales en diversos artículos estatutarios, y añadiendo, también, dos nuevas causales a este artículo 72.
Sin embargo, el actual texto de inciso segundo del dicho artículo parece no haber sido reelaborado en consonancia con las alteraciones de su inciso primero. En efecto, tengamos en cuenta que, para aquellos docentes que terminaban su relación laboral por las causales de renuncia voluntaria, término del período de contratación, jubilación, salud irrecuperable o incompatible y supresión de horas, se les consideraba su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma.
Hoy, el texto del actual inciso segundo se refiere a las causales establecidas en las letras a), c), d), g) y j), que ahora implican renuncia, incumplimiento contractual grave, término del período, aplicación del inciso séptimo del artículo 70, y supresión de horas.
Con ello, por ejemplo, aquel docente que tuvo la mala suerte de enfermarse y hacer uso de licencia médica en determinados períodos, o de poseer salud incompatible que luego recuperó, o que fue despedido a proposición del director, no tiene el derecho a dicho reconocimiento, como sí lo tiene quien fue despedido por incumplimiento contractual grave. ALGUNOS DE LOS NUEVOS PODERES DEL DIRECTOR DEL ÁREA MUNICIPAL.
Hoy, se preceptúa que, “para cumplir con las funciones complementarias” que les otorga el artículo 7 del Estatuto, y respecto de los docentes y del personal regido por la ley 19.464, los directores pueden -entre otros poderes-, proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren “resultado mal evaluados” según lo establecido en el artículo 70 de dicho Estatuto; proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como regido por la ley 19.464; designar y remover a quienes ejerzan los cargos de subdirector, inspector general y jefe técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C, estatutario, y ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese establecimiento (nuevo artículo 7 bis, letra a, del Estatuto).
II.- ¿Y EL RÉGIMEN DE TÉRMINO CONTRACTUAL DEL DOCENTE PARTICULAR?
La situación del docente particular no es sustancialmente mejor. Salvo algunas reglas especiales (tales como tipos de contratación, prórroga automática del contrato en determinadas épocas y régimen de feriado), se le aplica los preceptos de término de contrato comunes a todo trabajador dependiente, establecidos en los artículos 159, 160 y 161 del Código del trabajo. Recordémoslas:
Aquí, tengamos en cuenta lo dispuesto por el artículo 79 del Estatuto: en lo que atañe a su duración, las contrataciones del área particular pueden ser del plazo indefinido, de plazo fijo y de reemplazo.
4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato.
CAUSALES DEL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
Además de las causales ya señaladas, el empleador puede poner término al contrato de trabajo invocando las “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de tales causales se rige por lo dispuesto en el artículo 168.
Estas causales no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional. SON CAUSALES APLICABLES AL DOCENTE DEL ÁREA PARTICULAR.
El Estatuto no evidencia expresamente que tales causales son aplicables a los docentes, pero es así. En dicho texto, inserto en su Título IV, denominado “Del contrato de los profesionales de la educación en el sector particular”, se sitúa el artículo 87, que dispone: “Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un profesor por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo código, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso.
Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 75 del Código del Trabajo.
El empleador podrá poner término al contrato por la causal señalada en el inciso primero, sin incurrir en la obligación precedente, siempre que la terminación de los servicios se haga efectiva el día anterior al primero del mes en que se inician las clases en el año escolar siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de sesenta días de anticipación a esta misma fecha. De no ser así, tal desahucio no producirá efecto alguno y el contrato continuará vigente”.
Recordemos que el mencionado artículo 75 del Código laboral establece que “Cualquiera sea el sistema de contratación del personal docente de los establecimientos de educación básica y media o su equivalente, los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento”.
Texto semejante (no idéntico), es el situado en el artículo 82 del Estatuto docente: “Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo empleador”.
III.- CURIOSIDADES LEGISLATIVAS.
Conocemos el comportamiento de la inmensa mayoría de los integrantes del aparato legislativo (Senado y Cámara de Diputados); sabemos que dicen una cosa pero hacen otra. En estos 21 años, en el desmantelamiento del amparo de los derechos laborales han colaborado los dos grupos predominantes, no sólo uno.
De esa parte no esperamos respaldo para los trabajadores.
Por otra parte, observando la conducta legislativa de Gutiérrez, Teillier y Carmona, para enfrentar la médula del precedente proyecto piñerista (aumento de poder patronal, agravación de la inestabilidad en el empleo), ahora convertido en ley 20.501, divisamos que el señalado trío exhibió coherencia para rechazarle conjuntamente.
No obstante, en otros casos su visión se nubló.
El desajuste para enjuiciar debidamente fragmentos del proyecto piñerista (y rechazarle fundadamente), lo entrega la votación de su artículo 3: “Créase un fondo para el financiamiento de las asesorías externas para efectos de implementar el mecanismo de selección directiva establecidas en el artículo 31 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 1996 [1997], del Ministerio de Educación.
Un reglamento determinará los requisitos para acceder a estos recursos y su forma de distribución.
El Fondo a que se refiere este artículo tendrá una duración de 5 años contados desde la entrada en vigencia de esta ley” (Historia de la ley, págs. 28 y 29, y 921).
Sobre tal precepto, entendemos que la intervención de entidades externas, de mercadeo, para evaluar y seleccionar directivos, medida que va de la mano de la política gubernamental, exige el rechazo por parte de nuestra orientación, que entiende la educación (y así sus operadores y el modo de seleccionarles y evaluarles), como una necesidad estatal, que supera la oferta mercantilizada ínsita en entidades ajenas o extrañas, motivadas y perfiladas por intereses propios, funcionales al libre comercio: el más “adecuado”, el sugerido, será el que curricularmente rente máxima ganancia y mínima pérdida, el que exhiba mayor dominio sobre el cuerpo docente.
Frente a este intento, si bien Teillier y Gutiérrez votaron en contra, Carmona se abstuvo.
En verdad, en un tema que para la comunidad de Recabarren origina una nítida toma de posición (el rechazo), tan curiosa abstención parece indicar una concepción política diferente.
Esperábamos comunidad de parámetros para evaluar el contenido político-normativo de cada precepto, coherencia o ajuste que presumíamos existente, en razón de la estructura partidaria.
Más cuando no son diputados independientes.
Es un hecho que hubo problemas para examinar y enjuiciar -colectiva y armónicamente- parte de la que hoy es la ley 20.501.
Llamamos la atención; la votación que sobre algunos artículos del entonces proyecto practicaron estos tres diputados, evidenció que no laboran en conjunto, y que sus apreciaciones sobre un mismo tema económico-laboral-educativo, puede ser no sólo diversa sino incluso antagónica.
Queda la impresión de que al entonces proyecto no se le enfocó globalmente, como lo que era y es: un conjunto normativo que, bajo el premio de pagos especiales a algunos docentes de edad laboral avanzada (estímulo pecuniario dirigido a atenuar el rechazo corporativo-gremial), asentó tanto la municipalización como la ya grave alteración de las causales de término contractual incrustada en 2008 (mediante la modificación del Estatuto docente), acentuando la inestabilidad del empleo de los docentes jóvenes, objeto regulatorio de la nueva normativa.
Insistimos que, para enfrentar la médula del proyecto piñerista, la señalada terna legisladora exhibió congruencia para su rechazo. Pero otros preceptos –además del que injerta dinero estatal para asesorías externas- parecen haberles confundido.
Votando el artículo noveno transitorio del proyecto, Gutiérrez y Carmona aprueban ciertos beneficios pecuniarios por “retiro voluntario” (Historia de la ley, pág. 385), mientras Teillier los rechaza. Y, mientras Carmona y Teillier aprueban facultar al Ministerio de Educación para traspasar fondos a los municipios, precisamente para pagar tales “beneficios” (votando el artículo 8º del proyecto, Historia de la ley, pág. 371), Gutiérrez (que aprobó entregar dichos beneficios), se abstiene.
Votando el artículo 8º C, del proyecto, sobre establecimiento de sanciones penales por distracción municipal de estos fondos (destinación a otros objetos de estos dineros, práctica corrupta e impune, común en operadores municipales), Carmona y Teillier lo aprueban, mientras Gutiérrez se abstiene.
Hay otras conductas disímiles, tal como la votación en particular del artículo 4º del proyecto, sobre pago, por una sola vez, de asignación denominada “bono especial para docentes jubilados” (Historia de la ley, págs. 365 y 366).
Al conocer iniciativas y proyectos, deben estudiarse colectivamente, adoptando una política común para enfrentarles en su trámite legislativo.
El voto refleja una concepción político- partidaria. Los preceptos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para los trabajadores. Divisar en ellos un solo sesgo dañoso debe motivar su rechazo, ya que en la vida social tales efectos se amplificarán en razón de la desigualdad real entre dependientes y patrones.