Source: http://legislacion.derecho.com/ley-2-2006-de-derecho-civil-de-galicia
Timestamp: 2016-12-10 13:13:41
Document Index: 365960253

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 149', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 234', 'artículo 123', 'Artículo 6', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 756']

LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia	LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia Mis Leyes
LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia Estado	:
TÍTULO I. DE LA PROTECCIÓN DE MENORES.
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL. (Arts. 5 y 6)
CAPÍTULO II. DEL DESAMPARO Y LA TUTELA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN I. DISPOSICIÓN GENERAL. (Art. 7)
SECCIÓN II. DE LA DECLARACIÓN DE DESAMPARO. (Arts. 8 y 9)
SECCIÓN III. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. (Art. 10)
CAPÍTULO III. DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN I. DISPOSICIÓN GENERAL. (Art. 11)
SECCIÓN II. DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA ASUMIDA POR SOLICITUD A LA ENTIDAD PÚBLICA. (Arts. 12 y 13)
SECCIÓN III. DEL EJERCICIO DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA: EL ACOGIMIENTO. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 14 y 15)
SECCIÓN IV. DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR. (Arts. 16 al 20)
SECCIÓN V. DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. (Art. 21)
SECCIÓN VI. DE LA CONSTITUCIÓN DEL ACOGIMIENTO. (Arts. 22 al 24)
SECCIÓN VII. DEL CESE DEL ACOGIMIENTO. (Art. 25)
CAPÍTULO IV. DE LA SITUACIÓN DE RIESGO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. (Art. 26)
TÍTULO II. DE LA ADOPCIÓN.
CAPÍTULO I. DE LAS PERSONAS QUE PUEDAN ADOPTAR Y SER ADOPTADAS. (Arts. 27 al 31)
CAPÍTULO II. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN. (Arts. 32 al 37)
CAPÍTULO III. DE LA EFICACIA DE LA ADOPCIÓN. (Arts. 38 al 41)
TÍTULO III. DE LA AUTOTUTELA. (Arts. 42 al 45)
TÍTULO IV. DE LA SITUACIÓN DE AUSENCIA NO DECLARADA. (Arts. 46 al 50)
TÍTULO V. DE LA CASA Y LA VECIÑA. (Arts. 51 al 55)
TÍTULO VI. DE LOS DERECHOS REALES.
CAPÍTULO I. DE LOS MONTES VECINALES EN MANO COMÚN. (Arts. 56 al 63)
CAPÍTULO II. DE LOS MONTES ABERTALES. (Art. 64)
CAPÍTULO III. DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE AGUAS. (Arts. 65 al 67)
CAPÍTULO IV. DE LOS MUÍÑOS DE HERDEIROS. (Arts. 68 al 70)
CAPÍTULO V. DE LAS AGRAS Y LOS VILARES. (Arts. 71 al 74)
CAPÍTULO VI. DE LAS RELACIONES DE VECINDAD. (Art. 75)
CAPÍTULO VII. DE LAS SERVENTÍAS. (Arts. 76 al 81)
CAPÍTULO VIII. DE LA SERVIDUMBRE DE PASO.
SECCIÓN I. DE LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO. (Arts. 82 al 88)
SECCIÓN II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS DOMINANTE Y SIRVIENTE. (Arts. 89 al 91)
SECCIÓN III. DE LA EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO. (Arts. 92 al 94)
CAPÍTULO IX. DEL RETRACTO DE LA GRACIOSA. (Arts. 95 al 98)
TÍTULO VII. DE LOS CONTRATOS.
CAPÍTULO I. DE LOS ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 99 al 118)
SECCIÓN II. DEL ARRENDAMIENTO DEL LUGAR ACASARADO. (Arts. 119 al 126)
CAPÍTULO II. DE LAS APARCERÍAS. (Arts. 127 al 146)
CAPÍTULO III. DEL VITALICIO. (Arts. 147 al 156)
TÍTULO VIII. DE LA COMPAÑÍA FAMILIAR GALLEGA.
CAPÍTULO I. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. (Arts. 157 al 162)
CAPÍTULO II. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. (Arts. 163 y 164)
CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA. (Arts. 165 al 168)
CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN DE LA COMPAÑÍA. (Arts. 169 y 170)
TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FAMILIAR.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 171 y 172)
CAPÍTULO II. DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES. (Arts. 173 y 174)
CAPÍTULO III. DE LAS DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO. (Arts. 175 al 180)
TÍTULO X. DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 181 y 182)
CAPÍTULO II. DE LOS TESTAMENTOS.
SECCIÓN I. DEL TESTAMENTO ABIERTO ORDINARIO. (Arts. 183 al 186)
SECCIÓN II. DEL TESTAMENTO MANCOMUNADO. (Arts. 187 al 195)
SECCIÓN III. DEL TESTAMENTO POR COMISARIO. (Arts. 196 al 202)
SECCIÓN IV. DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS ESPECIALES. (Arts. 203 al 208)
CAPÍTULO III. DE LOS PACTOS SUCESORIOS.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 209 al 213)
SECCIÓN II. DE LOS PACTOS DE MEJORA. (Arts. 214 al 218)
SECCIÓN III. DE LA MEJORA DE LABRAR Y POSEER. (Arts. 219 al 223)
SECCIÓN IV. DE LA APORTACIÓN. (Arts. 224 al 227)
CAPÍTULO IV. DEL USUFRUCTO DEL CÓNYUGE VIUDO. (Arts. 228 al 237)
CAPÍTULO V. DE LAS LEGÍTIMAS.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 238 al 242)
SECCIÓN II. DE LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES. (Arts. 243 al 252)
SECCIÓN III. DE LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO. (Arts. 253 al 257)
SECCIÓN IV. DE LA PRETERICIÓN Y EL DESHEREDAMIENTO. (Arts. 258 al 266)
CAPÍTULO VI. DE LA SUCESIÓN INTESTADA. (Arts. 267 al 269)
CAPÍTULO VII. DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (Arts. 270 al 272)
SECCIÓN II. DE LA PARTICIÓN POR EL TESTADOR. (Arts. 273 al 282)
SECCIÓN III. DE LA PARTICIÓN POR EL CONTADOR-PARTIDOR. (Arts. 283 al 293)
SECCIÓN IV. DE LA PARTICIÓN POR LOS HEREDEROS. (Arts. 294 al 308)
El Estatuto de autonomía de Galicia de 1981 creó un nuevo marco, dentro del que puede conservarse, modificarse y desarrollarse el derecho civil gallego, tal como determina en el artículo 27.4, al fijar la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.8 de la Constitución española de 1978. Sin perjuicio de la competencia estatal en materia de legislación civil, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía, las comunidades autónomas podrán conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles, forales o especiales, allí en donde existan. El marco estatutario se completó además con sus previsiones específicas sobre la parroquia rural, de acuerdo con los artículos 27.2 y 40 del Estatuto, que asoma en las disposiciones de esta Ley sobre la comunidad vecinal, sobre las comunidades de aguas o sobre el régimen jurídico de los montes vecinales en mano común, incorporados al derecho autonómico por razón de lo previsto en dicho artículo 27 del propio Estatuto, entre otras competencias que inciden, naturalmente, sobre los más diversos aspectos de las relaciones jurídico-privadas.
De singular trascendencia para el derecho civil gallego es el artículo 38 del Estatuto de autonomía, expresivo de las fuentes del derecho propio de Galicia. En su párrafo tercero dice que En la determinación de las fuentes del derecho civil el Estado respetará las normas del derecho civil gallego. Esta Ley, en su título preliminar, hace uso de esta facultad y especifica nítidamente que el derecho civil de Galicia estará integrado por los usos y costumbres propios y las normas contenidas en la presente Ley, así como por las demás leyes gallegas que lo conserven, desarrollen o modifiquen. En los demás artículos del título preliminar se completa el marco de las normas del derecho civil de Galicia dentro de las más estrictas previsiones constitucionales y estatutarias.
La Sentencia del Tribunal Constitucional número 182/1992, sobre la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de prórroga en el régimen de arrendamientos rústicos para Galicia, interpretó, muy adecuadamente, las expresiones constitucionales y estatutarias sobre el ámbito material en que había de conservarse, modificarse o desarrollarse el derecho civil gallego. Dijo expresa y nítidamente que, siendo cierto que la vigente Compilación del derecho civil de Galicia no contiene ninguna regla, directa y expresa, sobre el arrendamiento rústico, no lo es menos -como consideración de principio- que la competencia autonómica para la conservación, modificación y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar, según ya había dicho en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 121/1992 (fundamento jurídico 2.), a una recepción y formalización legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio autonómico, eventualidad, esta última, que resulta aún más clara visto el enunciado del referido artículo 27.4 del Estatuto de autonomía de Galicia, pues en la idea de institución jurídica, presente en tal precepto, se integran o pueden integrarse, con naturalidad, posibles normas consuetudinarias. En similar sentido se pronunciaron los distintos congresos de derecho gallego, cuando proclaman que la Compilación de 1963 no era la expresión completa de nuestro derecho civil y, al contrario, fuera de ella pervivían muchas instituciones que esperaban su incorporación al derecho vigente. (sic)
Si vivo y expresivo de un derecho propio es lo señalado en el párrafo anterior, se completa su riqueza con aquellas instituciones constitutivas de un régimen económico familiar con fórmulas específicas de derecho sucesorio, integradoras de unas relaciones jurídico- privadas de gran alcance, pues definen las formas familiares y el papel de la casa en el desarrollo no sólo del derecho gallego, sino también de grandes elementos explicativos de la cultura gallega. Instituciones como el vitalicio, tan vivo en la realidad social gallega, alcanzan ahora un estatuto jurídico que las circunstancias de nuestro tiempo reclaman.
Congruentes con esa línea de mejora del texto legislativo vigente, se dieron pasos a favor de la modificación de algunos artículos relativos a las fuentes del Derecho Civil (artículo 1), los arrendamientos rústicos -por la incidencia de las leyes estatales 49/2003, de 26 de noviembre, y 26/2005, de 30 de noviembre-, las aparcerías y el derecho sucesorio. Se llama la atención de la nueva regulación del artículo 234.3, el cual extiende la obligación de prestar alimentos a los hijos y ascendientes que lo precisen, sin tener que reunir la condición de comunes, modificación que va a incidir en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 311/2003 con relación al artículo 123.3. de la Ley de 24 de mayo de 1995.
DE LA PROTECCIÓN DE MENORES.
Artículo 6. A los efectos de decidir la medida de protección adecuada para las personas menores de edad de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la intervención pública protectora, serán principios rectores los siguientes:
El principio de supremacía del interés de la o el menor.
El principio del mantenimiento de la o el menor en el núcleo o medio familiar o entorno de origen, salvo que no sea conveniente para su interés.
El principio de la consecución de la integración sociofamiliar de los niños, niñas y adolescentes, garantizando, siempre que sea posible, la permanencia en su ambiente familiar y entorno comunitario.
El principio de la más pronta definición de la situación de la o el menor.
DEL DESAMPARO Y LA TUTELA ADMINISTRATIVA.
SECCIÓN II. DE LA DECLARACIÓN DE DESAMPARO.
SECCIÓN III. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
La reinserción del menor en el propio núcleo familiar en que se hubiera producido el desamparo, cuando ello sea posible y el interés del menor lo aconseje.
La constitución de la tutela ordinaria, en los casos en que sea conveniente para el interés del menor.
La adopción, cuando no sea conveniente la reinserción del menor en su familia de origen.
La declaración de incapacidad del menor, en caso de que concurra alguna de las causas de incapacitación.
DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA.
Como función inherente a la tutela administrativa asumida por la entidad pública en los casos en que se declare el desamparo.
Cuando a solicitud de los titulares de los deberes de protección la entidad pública acceda a asumirla provisionalmente.
Si así lo acuerda el juez en los casos en que legalmente proceda.
SECCIÓN II. DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA ASUMIDA POR SOLICITUD A LA ENTIDAD PÚBLICA.
Demanda de los titulares de los deberes de protección.
Decisión de la propia entidad pública cuando, en atención al interés del menor, considere que no se justifica la persistencia de la situación de guarda administrativa.
SECCIÓN III. DEL EJERCICIO DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA: EL ACOGIMIENTO. DISPOSICIONES GENERALES.
SECCIÓN IV. DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR.
En los casos en que se contemple como posible la reinserción del menor en su propia familia.
Como medida provisional hasta que pueda procurarse al menor otra forma de protección más estable.
El menor se encuentre declarado en situación de desamparo.
Los acogedores sean seleccionados, reúnan los requisitos precisos para adoptar y presten ante la entidad pública su consentimiento a la adopción.
SECCIÓN V. DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.
SECCIÓN VI. DE LA CONSTITUCIÓN DEL ACOGIMIENTO.
La persona o personas que reciban al menor en acogimiento.
El propio menor si tiene cumplidos doce años.
Los titulares de la patria potestad o tutela, cuando no hayan prestado su consentimiento.
SECCIÓN VII. DEL CESE DEL ACOGIMIENTO.
Artículo 25. 1. El acogimiento cesará:
Por decisión de la entidad pública que tenga la tutela o guarda de la persona menor, por los motivos siguientes:
En caso de acogimiento familiar, por decisión de las personas que la tienen acogida, previa comunicación de estas a la entidad pública.
En caso de guarda rogada, a petición del tutor o tutora o del padre o madre que tenga la patria potestad y reclame su compañía.
En cualquier caso que se considere necesario para la salvaguarda del interés de la o el menor.
DE LA SITUACIÓN DE RIESGO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Artículo 26. 1. Se considera situación de riesgo la que se produce de hecho cuando la persona menor de edad, sin estar privada en su ámbito familiar de la necesaria asistencia moral o material, se ve afectada por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal, familiar, social o educativo y que permita razonablemente temer que en el futuro pueda estar incursa en una situación de desamparo, inadaptación o de exclusión social.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDAN ADOPTAR Y SER ADOPTADAS.
Los parientes en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
En caso de muerte del adoptante.
Cuando el juez acuerde la exclusión del adoptante de las funciones tuitivas por incurrir en causa de privación de la patria potestad.
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN.
El adoptante o adoptantes.
El adoptando mayor de doce años.
El cónyuge del adoptante, salvo que medie separación legal por sentencia firme o exista separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.
Los padres del adoptando que no se encuentre emancipado, salvo que estén privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación.
Los padres que no fueran privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no sea necesario para la adopción.
El adoptando menor de doce años, si tuviera juicio suficiente.
La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquel.
DE LA EFICACIA DE LA ADOPCIÓN.
Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge de la persona adoptante, aunque el consorte hubiera fallecido.
Cuando sólo uno de los progenitores esté legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor, siempre que el adoptante solicite tal efecto, el adoptado sea mayor de doce años y el padre o la madre tengan un vínculo que deba persistir.
2. El juez podrá acordar la extinción de la adopción a petición del padre o la madre que, por causa que no les fuera imputable, no hubieran intervinido en el expediente de adopción según lo prescrito en los preceptos que lo regulan. A estos efectos será necesario que la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes a la adopción y que la extinción solicitada no perjudique gravemente al menor.
DE LA AUTOTUTELA.
Fijar la retribución del futuro tutor y señalar las reglas generales de funcionamiento y contenido de la tutela prevista, en especial en lo que se refiere al cuidado de su persona.
Proponer medidas de vigilancia y control de la actuación tutelar, así como reglas para la administración de sus bienes.
DE LA SITUACIÓN DE AUSENCIA NO DECLARADA.
DE LA CASA Y LA VECIÑA.
DE LOS MONTES ABERTALES.
DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE AGUAS.
DE LOS MUÍÑOS DE HERDEIROS.
DE LAS AGRAS Y LOS VILARES.
DE LAS RELACIONES DE VECINDAD.
DE LAS SERVENTÍAS.
1. Si las fincas forman o formaron parte del agro, agra o vilar, y se prueba el uso continuo.
Cuando el paso o camino fue establecido en la partición de herencia o división de cosa común como servicio para todas o alguna de las fincas resultantes.
Si el camino aparece referido como colindante en los títulos de las fincas que se sirven por él.
DE LA SERVIDUMBRE DE PASO.
SECCIÓN I. DE LA ADQUISICIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO.
SECCIÓN II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS DOMINANTE Y SIRVIENTE.
SECCIÓN III. DE LA EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO.
Reunirse en una misma persona la propiedad de los predios dominante y sirviente. Cuando lo que se adquiere es una parte indivisa, la servidumbre no se considerará extinguida.
El no uso durante el plazo de veinte años, que empezará a contarse desde el día en que se deje de ejercitar la servidumbre.
La renuncia del dueño del predio dominante.
Haber llegado el día o haberse realizado la condición, si la servidumbre fuera temporal o condicional.
La redención convenida entre el dueño del predio dominante y el propietario del predio sirviente.
DEL RETRACTO DE LA GRACIOSA.
DE LOS ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS.
El transcurso del plazo, de sus prórrogas o del periodo de tácita reconducción.
La pérdida o expropiación de la finca arrendada.
La muerte o imposibilidad física del arrendatario para continuar en el uso y aprovechamiento de la finca, salvo que proceda la subrogación.
Por la falta de pago de la renta o por no haberse realizado la mejora convenida.
Por no haberse respetado el destino de la finca o el tipo de cultivo pactado.
Por haberse dejado de explotar la finca durante un periodo de, al menos, dos años consecutivos.
Por haberse causado daños graves en la finca de forma dolosa o culposa.
Por el subarrendamiento o la cesión inconsentida.
Y por cualquier otro grave incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales.
SECCIÓN II. DEL ARRENDAMIENTO DEL LUGAR ACASARADO.
DE LAS APARCERÍAS.
En la aparcería agrícola y del lugar acasarado, por el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo.
En la aparcería pecuaria, por el plazo de un año.
Entregar al aparcero las fincas, ganado y todo cuanto constituya la aportación convenida.
Garantizar al aparcero el disfrute pacífico y útil de lo que aportara.
Satisfacer la parte que le corresponda de las contribuciones, seguros, semillas, abonos y otros elementos necesarios para obtener los productos propios de los bienes cedidos, que, salvo costumbre en contrario, no será inferior a la parte alícuota que tenga atribuida en los frutos o rendimientos.
Usar las fincas de conformidad con lo previsto en el contrato, destinándolas al cultivo o explotación convenidos o a lo más acorde con su naturaleza, y obtener los rendimientos conforme a la diligencia de un buen labrador.
Devolver las fincas al concluirse la aparcería tal y como se recibieron, con sus accesiones y salvo los menoscabos que se hubieran producido por su utilización al uso del buen labrador. Ante la falta de expresión del estado de las fincas en el momento de concertarse la aparcería, se presume que se recibieron en buen estado, salvo prueba en contrario.
El transcurso del plazo estipulado, de sus prórrogas o del periodo de tácita reconducción.
La pérdida o expropiación de los bienes dados en aparcería.
El incumplimiento por el aparcero de lo pactado o, en su caso, de lo que resulte de los usos y costumbres, en lo que respecta a la explotación de los bienes cedidos.
La deslealtad o el fraude, por parte del aparcero, en la valoración o entrega al cedente de la parte de frutos que le corresponda.
El daño grave causado, dolosa o culposamente, por el aparcero en los bienes objeto de la aparcería o en sus frutos.
La extinción del derecho que el cedente tenía sobre los bienes cedidos, subsistiendo los efectos de la aparcería agrícola hasta el final del año agrícola en curso.
Cualquier otro grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de alguna de las partes.
DEL VITALICIO.
Conducta gravemente injuriosa o vejatoria de la persona obligada a prestar alimentos, de su cónyuge o pareja o de los hijos con los que conviva respecto al alimentista.
Incumplimiento total o parcial de la prestación alimenticia, o de los términos en los que fue pactada, siempre que no sea imputable a su perceptor.
Cuando, según la posición social y económica de las partes, el cesionario no cuide o no atienda en lo necesario al alimentista en todo cuanto haga posible el capital cedido, en la búsqueda del mantenimiento de su calidad de vida.
DE LA COMPAÑÍA FAMILIAR GALLEGA.
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.
Los aportados por los socios y los adquiridos a título oneroso por cuenta del capital común, en tanto dure la compañía.
Los frutos, rentas, ganancias e intereses percibidos o debidos durante el mismo tiempo, procedentes de los bienes sociales.
Las edificaciones, reconstrucciones, plantaciones y cualquier tipo de mejora hecha en los bienes sociales.
Cualesquiera otros bienes que las partes acuerden.
Los gastos de mantenimiento, vestido, instrucción, asistencia médica y enterramiento, tanto de los asociados como de las personas constituidas en su potestad.
Los gastos de administración, cultivo, contribuciones e impuestos, seguros, rentas y cargas reales de los bienes sociales.
Las deudas contraídas por los administradores o por cualquiera de los socios, si el importe de las mismas se invirtió en beneficio de la compañía, y los réditos de dichas deudas.
Las reparaciones y mejoras de cualquier especie que se hagan en los bienes sociales.
Los gastos y costas de los pleitos seguidos para defender los intereses sociales.
Los gastos que hagan los socios en beneficio común, así como las obligaciones que, de buena fe, hayan contraído para los negocios.
Cualesquiera otras cargas que las partes acuerden y consten documentalmente.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
Dirigir y representar a la sociedad.
Adquirir para ella y obligarse en su nombre.
Disponer de los semovientes y bienes muebles sociales.
DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
El fallecimiento de alguno de los socios, aun cuando sus herederos convivan y opten por permanecer en la sociedad.
La declaración de incapacidad, prodigalidad o concurso y la ausencia, por más de un año, no motivada por la gestión social.
La renuncia o cesión de derechos en favor de otro miembro de la compañía, así como la retirada del capital o el hecho de enajenarlo, sin causa justificada.
El ingreso de un socio en otra compañía o el casamiento con desvinculación de la misma.
La incorporación o separación de algún socio.
DE LA EXTINCIÓN DE LA COMPAÑÍA.
Acuerdo de todos los socios.
Fallecimiento o renuncia de los socios, cuando no queden, al menos, dos que no constituyan matrimonio.
Matrimonio entre sí de los dos únicos socios o refundición de todos los derechos sociales en los dos cónyuges.
Declaración de concurso o quiebra que afecte a todos.
Se pagarán las deudas contraídas en interés de la sociedad con los bienes sociales y, si no son suficientes, con los bienes propios de los socios en proporción a sus cuotas.
Cada socio recibirá los bienes que subsistan de los que haya aportado, el equivalente de los que hubiera transmitido en propiedad a la compañía o enajenado en beneficio de la misma y el importe de los daños que sus bienes hubieran sufrido en provecho común.
El remanente líquido del capital constituirá el haber de la compañía y se repartirá entre los socios o entre sus derechohabientes, del modo establecido en la regla primera.
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FAMILIAR.
DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES.
DE LAS DONACIONES POR RAZÓN DE MATRIMONIO.
Por incumplimiento de alguna de las cargas impuestas, siempre que el donante se reserve expresamente la facultad de revocarlas.
En las realizadas por terceros, por la nulidad, separación o divorcio de los cónyuges, si los mismos bienes donados estuvieran en poder de los cónyuges.
En las realizadas entre esposos cuando el donatario cometiera algún delito contra la persona del donante, sus ascendientes o descendientes.
DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE.
Cualquiera de los pactos sucesorios admisibles conforme al derecho.
Disposición de la Ley.
SECCIÓN I. DEL TESTAMENTO ABIERTO ORDINARIO.
Lo solicite el testador o el notario.
El testador sea ciego, demente en intervalo lúcido o no sepa o no pueda leer o escribir.
SECCIÓN II. DEL TESTAMENTO MANCOMUNADO.
SECCIÓN III. DEL TESTAMENTO POR COMISARIO.
En acto particional inter vivos, total o parcial, determinando el título por el que los bienes se atribuyen. Las adjudicaciones inter vivos, unilaterales o no, serán irrevocables, transmitiendo la propiedad y posesión de los bienes por la aceptación del hijo o descendiente.
Por actos mortis causa, sea en testamento otorgado por el cónyuge en condición de comisario del causante o sea en testamento por el que el comisario dispone además de sus propios bienes. Las adjudicaciones hechas en testamento serán revocables.
La presentación de la demanda de nulidad, separación o divorcio.
La separación de hecho de los cónyuges que conste de modo fehaciente.
Salvo dispensa del atribuyente, nuevo matrimonio del viudo o viuda celebrado antes de ejercitar la facultad testatoria.
SECCIÓN IV. DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS ESPECIALES.
Cuando el cónyuge sobreviviente o sus herederos lo acepten.
Si ambos cónyuges hubieran realizado la disposición de forma coincidente y ambas herencias estuvieran deferidas.
DE LOS PACTOS SUCESORIOS.
Los de mejora.
Los de apartación.
SECCIÓN II. DE LOS PACTOS DE MEJORA.
Si no se realizara con entrega de bienes, el adjudicante conserva plena libertad dispositiva por actos inter vivos a título oneroso. Si se realizara con entrega de bienes, el adjudicante sólo podrá disponer de los mismos en caso de haberse reservado de modo expreso dicha facultad.
La disposición realizada en ejercicio de la facultad anterior supondrá la ineficacia del pacto en cuanto a los bienes objeto de la disposición y a la prestación del mejorado, en caso de haberse estipulado. Si la prestación ya se realizó, total o parcialmente, el mejorado podrá pedir su restitución, y, si esta no fuera posible, su equivalente en metálico.
Los actos de disposición que no tuvieran su origen en la voluntad del mejorante no revocan el pacto, subrogándose las contraprestaciones en lugar del bien inicialmente previsto.
Salvo reserva expresa del adjudicante, cualquier disposición de los bienes objeto del pacto en favor de tercero por acto inter vivos a título gratuito o por acto mortis causa no producirá efecto alguno y, fallecido el causante, el mejorado podrá ejercitar las acciones correspondientes a fin de obtener la posesión de los bienes.
Si el mejorado incumpliera las obligaciones asumidas.
Por premoriencia del mejorado, salvo pacto expreso de sustitución o que la mejora se realizara con entrega de bienes.
Por incurrir el mejorado en causa de desheredamiento o indignidad, por su conducta gravemente injuriosa o vejatoria y, si hubiera entrega de bienes, por ingratitud.
SECCIÓN III. DE LA MEJORA DE LABRAR Y POSEER.
SECCIÓN IV. DE LA APORTACIÓN.
DEL USUFRUCTO DEL CÓNYUGE VIUDO.
Pagar los gastos de última enfermedad, enterramiento, funerales y sufragios del cónyuge premuerto, con cargo a la herencia.
Pagar las deudas exigibles del causante con metálico de la herencia. Si no hubiera dinero o este no fuera suficiente, el usufructuario podrá enajenar semovientes, arbolado o mobiliario ordinario en la cuantía precisa. Para la enajenación de cualquier otro bien con la finalidad de pagar las deudas del causante será necesario el consentimiento de los propietarios sin usufructo o, en otro caso, la autorización judicial.
Cobrar créditos de la herencia, aun cuando no se prestara fianza.
Enajenar el mobiliario y los semovientes que considere necesarios, de acuerdo con una buena administración, debiendo reponerlos en cuanto sea posible conforme al mismo criterio.
Realizar mejoras no suntuarias con cargo a la herencia.
Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiera el causante.
Administrar los bienes objeto del usufructo con la diligencia propia de un buen padre o madre de familia.
Prestar alimento, con cargo al usufructo, a los hijos y descendientes que lo precisen.
Renuncia en escritura pública.
Contraer la persona usufructuaria nuevas nupcias o vivir maritalmente con otra persona, salvo pacto o disposición en contrario del cónyuge premuerto.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley o el causante.
Grave y reiterado incumplimiento de los deberes familiares.
DE LAS LEGÍTIMAS.
Los hijos y descendientes de hijos premuertos, justamente desheredados o indignos.
SECCIÓN II. DE LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES.
Cualquier atribución a título de herencia o legado, aunque el legitimario renuncie a ella.
Las donaciones hechas a los legitimarios, así como las mejoras pactadas con ellos.
Las donaciones hechas a los hijos premuertos que fueran padres o ascendientes de un legitimario.
SECCIÓN III. DE LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO.
SECCIÓN IV. DE LA PRETERICIÓN Y EL DESHEREDAMIENTO.
Haberle negado alimentos a la persona testadora.
Haberla maltratado de obra o injuriado gravemente.
El incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.
Las causas de indignidad expresadas en el artículo 756 del Código civil.
DE LA SUCESIÓN INTESTADA.
Si no existieran personas que tengan derecho a heredar de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y lo dispuesto en las secciones I, II y III del capítulo IV del título III del Código civil, heredará la Comunidad Autónoma de Galicia.
DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA.
El propio testador, en testamento u otro documento anterior o posterior a él.
El contador-partidor, en cualquiera de los casos admitidos por la Ley.
SECCIÓN II. DE LA PARTICIÓN POR EL TESTADOR.
SECCIÓN III. DE LA PARTICIÓN POR EL CONTADOR-PARTIDOR.
Acredite que notificó fehacientemente a los demás su aceptación del cargo y el propósito de partir, sin que ninguno de ellos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación, justifique aceptar el cargo así como su voluntad de intervenir.
Por muerte, renuncia expresa o incapacidad de los demás quedara como partidor único.
SECCIÓN IV. DE LA PARTICIÓN POR LOS HEREDEROS.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 1. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente Ley reconoce a los cónyuges.
Salvo la posesión de una servidumbre de paso comenzada antes de la entrada en vigor de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, que no aprovechará al poseedor a efectos de su adquisición por usucapión, lo dispuesto en el capítulo VIII del título de esta Ley será de aplicación a todos los actos y servidumbres de paso cualquiera que sea la fecha de realización o constitución de los mismos.
Santiago de Compostela, 14 de junio de 2006.
Redacción según Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. Artículos 6, 25 y 26;
Redacción según Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. Disposición adicional segunda:
Derogada por Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. Cerrar
LEY 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de GaliciaLEY 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de GaliciaDecreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de GaliciaResolución de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de Justicia, por la que se aprueba el modelo de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de GaliciaEdictoLey 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de GaliciaLEY 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de GaliciaAprobación definitiva de la creación del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Laza, así como la aprobación de su reglamentoEdictoCUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5657-2010, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de GaliciaCUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 5658-2010, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de GaliciaLEY 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativasLEY 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de GaliciaLEY 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de GaliciaOrdenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de
Parejas de HechoDECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 28 de julio, por el que se
por el EstadoLEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierrasDECRETO Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el EstadoORDEN de 19 de diciembre de 2011 por la que se aprueba la
cuenta general de liquidación y se distribuye el caudal
hereditario remanente de la herencia intestada de Florencio
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