Source: https://www.opositatest.com/examen/mostrar/3160719
Timestamp: 2019-11-13 05:21:33
Document Index: 248632756

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 112', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 160', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 171', 'artículo 12', 'artículo 102', 'artículo 25', 'artículo 147', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 91', 'artículo 107', 'artículo 106', 'artículo 80', 'artículo 7', 'artículo 158', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 73', 'artículo 10', 'artículo 113', 'artículo 121', 'artículo 55', 'artículo 87', 'artículo 36', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 22', 'artículo 67', 'artículo 107', 'artículo 16', 'artículo 297', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 94', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 31', 'artículo 159', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 32', 'artículo 68', 'artículo 87', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 85', 'artículo 49', 'artículo 106', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 51']

Test 2018 Auxiliares Xunta TL
Convocatorias anteriores Examen Auxiliares Administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia Turno Libre 2019 (OEP 2017)
Test 2018 de la oposición Auxiliares Xunta TL
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Auxiliares Administrativos de la Xunta de Galicia (C2) Turno Libre del año 2018
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Auxiliares Xunta TL de 2018
1. Señala la respuesta FALSA en relación con el artículo 22 de la Constitución española de 1978:
a. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
b. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
c. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar.
d. Las asociaciones constituidas al amparo del mencionado artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
2. Según el artículo 112 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, como centro gestor de la contabilidad pública, corresponde a la Intervención General:
a. Reflejar las variaciones, la composición y la situación del patrimonio de la Comunidad y del inventario de bienes afectados a los fines de los organismos autónomos y de las sociedades públicas.
b. Proporcionar los datos necesarios para la formación y el rendimiento de la Cuenta General de la Comunidad, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas.
c. Preparar y examinar las cuentas que se deban rendir al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas, y formular las observaciones que en su caso, se estimen necesarias.
d. Registrar la ejecución de los presupuestos generales de la Comunidad en sus distintas fases.
3. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no tienen la consideración de contratos de suministro:
a. Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
b. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente
c. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
d. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
4. Según el artículo 14 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de función pública:
a. Aprobar las normas de clasificación, las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral y las relaciones de puestos directivos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, así como acordar su publicación.
b. Establecer las instrucciones a las que ha de atenerse la representación de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico en la negociación colectiva con el personal laboral.
c. Aprobar los planes de ordenación de recursos humanos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
d. Velar por el cumplimiento de las normas de general aplicación en materia de empleo público por todos los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico e impulsar, coordinar y desarrollar los planes, métodos de trabajo y medidas tendentes a la promoción del personal.
5. De conformidad con el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento restringido:
a. Se permite, en ciertos casos, la negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.
b. Es un procedimiento poco adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad.
c. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
d. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
6. Según el artículo 30.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ¿cuál de las siguientes funciones la desempeñan los titulares de las direcciones generales?
a. Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos de la consejería y tramitarlos.
b. Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la consejería.
c. Impulsar, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen en las dependencias a su cargo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en ellos.
d. Elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la consejería.
7. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo:
a. Ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados.
b. Se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente.
c. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Parlamento podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un asesor.
d. Se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
8. Según el artículo 32 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a. El personal eventual es nombrado por la persona titular de la consellería competente en materia de función pública a propuesta de la persona titular de cualquier consellería.
b. El personal eventual solo puede ser nombrado por las personas integrantes del Consello de la Xunta.
c. Las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico pueden nombrar personal eventual
d. El personal eventual solo puede ser nombrado por las personas titulares de las consellerías.
9. Según el artículo 48 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:
a. Si las plazas reservadas y que fueron cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzasen el porcentaje del tres por ciento de las plazas convocadas en la correspondiente oferta de empleo público, las plazas no cubiertas del número total de las reservadas se acumularán al porcentaje del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento.
b. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
c. En las ofertas de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al siete por ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten su discapacidad y la compatibilidad de esta con el desempeño de las tareas y funciones, de forma que progresivamente se alcance el cinco por ciento de los efectivos totales de cada Administración pública incluida en el ámbito de aplicación de la presente ley.
d. La oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
10. Según el artículo 25.2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:
a. Son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia las secretarías generales técnicas, las direcciones generales y equivalentes, las vicesecretarías generales, las subdirecciones generales, las delegaciones territoriales, las secretarías territoriales y las jefaturas territoriales.
b. Son órganos de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia las secretarías generales, las direcciones generales y equivalentes, las vicesecretarías generales, las subdirecciones generales, las delegaciones territoriales, las secretarías territoriales y las jefaturas territoriales.
c. Son órganos de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia las secretarías generales técnicas, las direcciones generales y equivalentes, las vicesecretarías generales, las subdirecciones generales, las delegaciones territoriales, las secretarías territoriales y las jefaturas territoriales.
d. A las secretarías generales técnicas, como órganos superiores, les corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad; y su desarrollo y ejecución.
Tema 6.- Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a. Los miembros del órgano colegiado deberán participar en el despacho de los asuntos y autorizar las actas de las sesiones.
b. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
c. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.
d. Los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan prohibido por una norma o por acuerdo válidamente adoptado por el órgano.
12. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia:
a. El candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple
b. El candidato deberá en primera votación obtener mayoría cualificada; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple.
c. El candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple.
d. Si transcurriera un mes a partir de la primera votación de investidura sin que ningún candidato propuesto hubiere obtenido la confianza del Parlamento, éste quedará disuelto y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.
13. El artículo 171 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, establece que, en relación con la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas:
a. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, el personal funcionario en la situación de servicio en otras administraciones públicas permanecerá en la Administración de destino.
b. En el supuesto de cese en el puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes, acordará necesariamente la adscripción del personal funcionario en la situación de servicio en otras administraciones públicas a otro puesto.
c. El tiempo de servicio prestado en la Administración pública en la que el personal funcionario esté destinado no se computa como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
d. El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas se rige por la legislación de la Administración de origen.
14. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.
b. Los titulares de los órganos administrativos no podrán, en materias de su competencia que ostenten por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan.
c. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
d. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
15. Señala la respuesta FALSA en relación con el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
a. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.
b. En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
c. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe.
d. No podrá preverse que el precio sea satisfecho en moneda distinta del euro
16. Según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos siguientes:
a. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.
b. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a publicaciones periódicas y bases de datos
c. Los contratos de obra, suscripción a revistas y suministro.
d. Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.
17. Según el artículo 147 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a. La Comisión sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas.
b. La Comisión sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
c. La Comisión sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al Presidente del Gobierno en representación de la Administración General del Estado y a los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Tema 13.- Decreto legislativo 2/2015, Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
18. Según el artículo 6 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la Comisión Interdepartamental de Igualdad:
a. Le corresponde la interlocución con la Xunta de Galicia a través de la consellería competente en materia de trabajo y del órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo y de las relaciones laborales.
b. Es el órgano colegiado e institucional de Galicia, al que corresponden, entre otras, las funciones de seguimiento de la aplicación de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género y de los correspondientes planes para la igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia de género.
c. Es el órgano colegiado e institucional de Galicia, de carácter consultivo, de participación y asesoramiento en materia de políticas de igualdad.
d. Le corresponde la elaboración de estudios, informes o consultas en el ámbito de empleo de las relaciones laborales que le sean solicitados por la Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia de trabajo o del órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad o que, por su propia iniciativa, acuerde elaborar.
Tema 9.- Ley 1/2016, de transparencia y buen gobierno., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
19. Según el artículo 40.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el ejercicio de las funciones de alto cargo será compatible con la siguiente actividad pública:
a. La percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.
b. El desarrollo de misiones temporales de representación ante organizaciones o conferencias, nacionales e internacionales.
c. El ejercicio de cualquier función o actividad pública representativa, incluido el ejercicio de cargos electivos en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas o coadyuven a estas.
d. El ejercicio de cargos, por sí mismo o por personas interpuestas, que lleven anexas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo, siempre que unos y otros no realicen fines de servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
20. En relación con el concurso específico regulado en el artículo 91 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, señala la respuesta FALSA:
a. Las jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente se proveerán por este sistema, salvo aquellos que, por sus especiales características, deban proveerse por el sistema de libre designación, con convocatoria pública.
b. La valoración global de los méritos, generales y específicos, supondrá como mínimo el sesenta por ciento de la puntuación máxima alcanzable.
c. Para participar en los concursos específicos regulados en este artículo es requisito necesario una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario de carrera.
d. El concurso específico se aplicará como sistema de provisión para aquellos puestos de trabajo para los que, por sus peculiaridades, así se determine en la relación de puestos de trabajo.
21. El artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que en las licitaciones de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, los licitadores que presenten las mejores ofertas deberán constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva de:
a. Un 5 por cien del presupuesto base de licitación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b. Un 5 por cien del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c. Un 5 por cien del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
d. Un 5 por cien del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
22. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos, cuando éste se inicia de oficio, ¿el transcurso de qué plazo desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo?
a. A los 3 meses.
b. No caduca nunca el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciados de oficio.
c. A los 12 meses.
d. A los 6 meses.
Tema 12.- Real Decreto legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
23. Según el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la libre designación con convocatoria pública:
a. Consiste en la apreciación reglada por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
b. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública serán cesados una vez que cese el titular del órgano competente para su nombramiento.
c. Los puestos de responsabilidad y confianza siempre se cubrirán por el procedimiento de libre designación.
d. Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
24. Según el artículo 7.2 del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de concurso se realizará después de convocatoria pública para cuyo efecto, entre otros aspectos, se hará constar:
a. Las centrales sindicales participantes en la negociación.
b. Vacantes que se ofertan y requisitos para su desempeño.
c. Méritos aplicables a cada convocatoria según baremo que se negociará previamente en la Comisión Paritaria.
d. Una única fase de resultas.
25. ¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se dice que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación?
a. 64.3
d. 92.1
26. El artículo 158 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, establece que, en relación con la adjudicación:
a. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
b. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos establecidos, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, pero no a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
c. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
d. Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo de adjudicación se computará desde el último acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición.
27. Según el artículo 1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ésta tiene por objeto:
a. Establecer el régimen jurídico de las obligaciones de buen gobierno que han de cumplir el sector público autonómico así como las personas que ocupen altos cargos en el mismo, incluyendo su régimen de incompatibilidades, de conflicto de intereses y de control de sus bienes patrimoniales.
b. La difusión de la información en formatos abiertos para que la ciudadanía pueda aprovechar, para sus actividades, los documentos y datos publicados.
c. La integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco jurídico y a la ciudadanía en lo relativo a la actuación de las personas que ocupen altos cargos.
d. Regular la no discriminación tecnológica ni lingüística, que supone que las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley arbitrarán los medios necesarios para poner a disposición de la ciudadanía la información pública en la lengua y a través del medio de acceso que la ciudadanía elija.
28. Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, el Presidente y los demás miembros de la Xunta
a. Corresponde en todos los casos decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
b. Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito.
c. Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito.
d. Durante su mandato, y por los actos delictivos cometidos fuera del territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito, y la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Tema 17.- Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
29. Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la siguiente función:
a. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la Ley.
b. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención.
c. Apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.
d. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
30. Según establece el artículo 52 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuándo se remitirá al Parlamento de Galicia el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma?
a. Antes de que finalice octubre.
b. Antes del 20 de octubre.
c. Antes del 15 de octubre.
d. Antes del 10 de octubre.
31. De conformidad con el artículo 39.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántos representantes le corresponden a cada Junta de Personal si el número de funcionarios de la Unidad Electoral correspondiente está entre 251 e 500?
32. Según el artículo 73 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, las fases del gasto son:
a. La autorización del gasto, la disposición, la contabilización y el ordenamiento del pago.
b. La autorización del gasto, la disposición y el ordenamiento del pago.
c. El reconocimiento de la necesidad, la autorización y disposición, el reconocimiento de la obligación y el ordenamiento del pago.
d. La autorización del gasto, la disposición, el reconocimiento de la obligación y el ordenamiento del pago.
33. Según el artículo 10.1 de Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, es una función del Parlamento de Galicia:
a. Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cinco, de la Constitución.
b. Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proposiciones de Ley.
c. Delegar la potestad legislativa en la Xunta, en los términos que establecen los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno.
d. Solicitar del Gobierno la adopción de proposiciones de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proyectos de Ley.
34. En relación con la moción de censura y conforme al artículo 113 de la Constitución española de 1978, señala la respuesta correcta:
a. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
b. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
c. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
d. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
35. El artículo 121 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, establece que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de cada año se remitirá, previo acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, al Consello de Contas y al Tribunal de Cuentas:
a. Antes del 1 de julio del año siguiente al que se refiere.
b. Antes del 1 de septiembre del año siguiente al que se refiere.
c. Antes del 30 de septiembre del año siguiente al que se refiere.
d. Antes del 31 de diciembre del año siguiente al que se refiere.
Tema 14.- Real decreto legislativo 1/2013, Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social., Auxiliares Administrativos Galicia - Tur...
36. Según el artículo 55 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el Consejo Nacional de la Discapacidad:
a. Su objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado.
b. Colaborará con las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
c. Es el órgano de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
d. Es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
37. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, un funcionario de carrera que sea designado para formar parte como personal eventual para puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento político será declarado en la siguiente situación administrativa:
38. Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en su caso, para su cuantificación, se instruirá expediente que deberá contar con el siguiente trámite:
a. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
b. Audiencia durante un plazo de quince días.
c. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de treinta días.
d. Alegaciones durante un plazo de quince días.
39. Según el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:
a. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
b. De las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.
c. De las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
d. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución del recurso especial en materia de contratación.
40. Según el artículo 29 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, tienen la condición de personal eventual:
a. Las personas que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, retribuidas con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
b. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen la realización de tareas de contabilidad y tesorería.
c. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal.
d. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen la realización de tareas de inspección, fiscalización o control. En particular, quedan reservados al personal eventual aquellos puestos con funciones que impliquen la realización de tareas de fiscalización interna y control de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
41. Según el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso:
a. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 67 de esta Ley, desde la declaración al respecto y hasta la conclusión, en su caso, de las referidas negociaciones, lo que deberá ser comunicado a los interesados por la Administración.
b. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
c. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea aunque no condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
d. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, y la notificación a la Administración instructora, que deberá serles comunicada.
42. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos:
a. Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
b. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
c. Cuatro años desde que se inició el procedimiento administrativo.
d. Un año desde que se dictó el acto administrativo.
43. En relación con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse:
a. En el registro electrónico de cualquier Corporación Pública o Privada.
b. En las oficinas de asistencia en materia de registros.
c. En las oficinas de Correos, en la forma que una norma, que necesariamente deberá tener rango de ley, establezca.
d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier país de la Unión Europea en el extranjero.
44. Según el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
a. Los reglamentos, las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, así como las decisiones que no indiquen destinatario, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
b. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el Presidente de la institución que los haya adoptado.
c. Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmados por el Presidente del Parlamento Europeo y por el Presidente del Consejo.
d. Las decisiones que indiquen un destinatario, así como los dictámenes, se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
45. De conformidad con el artículo 24.5 del V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, el excedente voluntario por incompatibilidad que cese en el otro puesto:
a. Deberá solicitar su reingreso en el plazo máximo de 30 días naturales desde dicho cese. De no hacerlo así, quedaría en la situación de excedencia forzosa.
b. Deberá solicitar su reingreso en el plazo máximo de 30 días hábiles desde dicho cese. De no hacerlo así, quedaría en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
c. Deberá solicitar su reingreso en el plazo máximo de un mes desde dicho cese. De no hacerlo así, quedaría en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
d. Deberá solicitar su reingreso en el plazo máximo de 30 días hábiles desde dicho cese. De no hacerlo así, quedaría en la situación de excedencia forzosa.
46. Según el artículo 3.2 del V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, le corresponde a la comisión paritaria:
a. Aprobar o denegar, si es requerido por el órgano competente de las consellerías o por el Comité Intercentros, las solicitudes sobre reclasificación profesional que impliquen cambio de todo el colectivo de un oficio de una categoría de un grupo a otro, tal y como figura en el anexo II.
b. Asegurar la discriminación de los discapacitados, controlando la igualdad de trato, los posibles abusos, agresiones laborales, físicas o psíquicas, tanto por parte de los compañeros de trabajo, como por parte de los superiores.
c. Ser oída con anterioridad a la publicación de las órdenes por las que se convocan los procesos selectivos para el ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d. La facultad de conciliación previa en aquellas cuestiones que le sean sometidas de común acuerdo por las partes.
47. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»:
a. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
b. Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
c. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
d. Aquel que, en ausencia de aparatos preventivos específicas, den protección a la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
48. Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
a. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
b. Todo interesado podrá en cualquier momento desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos.
c. Los interesados directos podrán renunciar a sus derechos hasta que se realice el trámite de audiencia. Una vez producido este, no podrán desistir de su solicitud.
d. Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud.
49. El artículo 15 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, establece que corresponde a la persona titular de la consellería competente en materia de administraciones públicas:
a. Elaborar la propuesta de relación de puestos directivos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
b. Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de jornada, horario, permisos y licencias del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
c. Aprobar el Plan de normalización lingüística de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico.
d. Informar los planes de ordenación de recursos humanos, así como las previsiones y medidas que se deriven de los mismos y que tengan incidencia en el gasto público.
50. Según el artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación con la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso:
a. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos e intereses de terceros, el órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días para que puedan formular alegaciones.
b. La persona solicitante está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información.
c. En el ámbito del sector público autonómico, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso corresponderá siempre a la persona titular de la secretaría general técnica de la consejería competente en materia de Administraciones Públicas, en el caso de la Administración general de la Comunidad Autónoma, y a la persona titular de los órganos de gobierno o ejecutivos de las entidades instrumentales del sector público que posean la información.
d. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hubiesen solicitado, lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
51. Según el artículo 31.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
a. Permitirá la presentación de documentos durante las veinticuatro horas exclusivamente de los días hábiles.
b. A los efectos del cómputo de plazo, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en el primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
c. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días inhábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación se entenderá realizada en la primera hora del primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
d. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
52. Según el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento abierto simplificado:
a. La oferta se presentará en tres sobres cerrados, o en dos sobres en los casos en que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
b. Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
c. Deberá constituirse garantía provisional por parte de los licitadores.
d. Las proposiciones podrán presentarse en cualquier registro público de las administraciones Públicas.
53. Según el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideraran poderes adjudicadores, a los efectos de esta ley:
a. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
b. Las corporaciones de derecho público, en todos los casos.
c. Las entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general con carácter industrial o mercantil.
d. Cualquier asociación inscrita en un registro público.
54. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, tienen la condición de personal interino:
a. Las personas que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, ocupan puestos de trabajo vacantes que se consideran de provisión urgente e inaplazable.
b. Las personas que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombradas en tal condición para el desempeño de funciones propias del personal funcionario de carrera.
c. Las personas que desarrollan funciones directivas profesionales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.
d. Las personas que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
55. Según el artículo 1.1 de la Constitución española de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho:
a. Cuya soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
b. Con una Monarquía parlamentaria como forma política del Estado.
c. Con una bandera formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
d. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
56. Según el artículo 62 de la Constitución española de 1978, ¿puede el Rey presidir los Consejos de Ministros?
a. En los casos de inhabilitación del Presidente del Gobierno.
b. Siempre que lo desee, comunicándolo a las Cortes.
c. Cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
57. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:
a. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
b. Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.
c. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en dos grados: leves y graves.
d. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario.
58. Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, no podrán incluir:
a. Referencia a la legislación aplicable al contrato.
b. Estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos.
c. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
d. Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
59. Según el artículo 6 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en el supuesto de delegación de competencias, cuando el delegante y el delegado no pertenecen a la misma consejería:
a. Se requerirá la autorización de la persona titular de la consejería a la que pertenece el órgano delegado.
b. Se requerirá la autorización de la persona titular de la consejería a la que pertenece el órgano delegante.
c. Se requerirá la autorización de la persona titular de las dos consejerías implicadas en la delegación.
d. Se requerirá la aprobación previa del órgano superior común.
60. Según el artículo 19.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:
a. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable del presidente.
b. Sólo podrá ser objeto de deliberación o acuerdo cuando sea declarada la urgencia del asunto por la secretaría del órgano.
c. Quien acredite la titularidad de un interés legítimo podrá asistir a las reuniones, con voz pero sin voto.
d. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
61. En relación con la ampliación de plazos, el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que:
a. El acuerdo sobre la ampliación de plazos podrá ser notificado a los interesados.
b. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso.
c. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de los plazos deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, salvo que una razón, debidamente motivada, así lo justifique.
d. La Administración podrá conceder una ampliación de los plazos que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
62. Según el artículo 68.6 de la Constitución española de 1978, el Congreso electo deberá ser convocado:
a. Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la elecciones.
b. Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
c. Dentro de los veinticinco días siguientes a la convocatoria de las elecciones.
d. Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
63. De conformidad con el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO procederá declarar en situación de servicios especiales a un funcionario de carrera:
a. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
b. Cuando sea designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
c. Cuando sea autorizado para realizar una misión por periodo inferior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
d. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
64. Según el artículo 40 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de esta ley se agrupa en:
a. En cuerpos y escalas.
b. En subgrupos y grupos.
c. En cuerpos, escalas y grados.
d. En categorías.
65. Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
b. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
c. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
d. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
66. De acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, queda excluida de la obligatoriedad de la negociación la materia siguiente:
a. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
c. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
d. Los criterios generales de acción social.
67. Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud se encomienda a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o competencia:
a. De una o varias entidades gestoras.
b. De un ente que pertenezca al sector público.
c. De uno o varios poderes adjudicadores.
d. De una o varias administraciones públicas.
68. Según el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, será competencia de la Consellería de Economía y Hacienda:
b. El control de eficacia y eficiencia respecto a los objetivos previstos en los presupuestos generales de la Comunidad.
c. La elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
d. El establecimiento, la modificación o la supresión de tributos de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las exenciones y bonificaciones que les afecten.
69. Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, es una institución de la Unión:
a. El Comité de las Regiones.
b. El Comité Económico y Social.
d. El Consejo de Asuntos Generales.
70. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada son:
a. Contratos de concesión de servicios
b. Contratos de servicios.
c. Contratos excluidos.
d. Contratos de suministro.
71. De conformidad con el artículo 85 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala, de entre las siguientes, la situación administrativa en la que puede hallarse un funcionario de carrera:
b. Servicios extraordinarios.
c. Servicio pasivo.
d. Servicio en otras Administraciones Públicas.
72. Según el artículo 49 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se ajustarán, en cuanto a su estructura, a las siguientes reglas:
a. Los estados de ingresos presentarán una clasificación funcional por programas, distinguiendo los correspondientes a operaciones corrientes y a operaciones de capital.
b. En los créditos para gastos de capital se establecerán los objetivos que se pretenden conseguir con los recursos que se le asignen y las variaciones de activos y pasivos financieros.
c. Los estados de gastos se confeccionarán aplicando una clasificación económica por objetivos. Asimismo, las clasificaciones orgánica y funcional informarán, respectivamente, sobre el agente que realiza el gasto y la naturaleza del mismo.
d. En los créditos para gastos corrientes se distinguirán los de funcionamiento de los servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.
73. De conformidad con el artículo 106 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE:
a. La garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, sin que pueda aplicarse el importe de la garantía provisional a la definitiva.
b. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la extinción del contrato.
c. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.
d. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe del presupuesto total del contrato.
74. Según el artículo 48 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán el siguiente permiso:
a. A solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
b. A la reducción de su jornada de trabajo por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad, desempeñe o no actividad retribuida.
c. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días naturales cuando sea en distinta localidad.
d. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días.
75. Según el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
a. El recurso especial tendrá carácter obligatorio en los contratos de suministro y servicios que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
b. El Recurso especial será potestativo en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
c. Podrá ser objeto de recurso especial la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.
d. El recurso especial tendrá carácter obligatorio para los recurrentes en los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.
76. Según el 116 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, de empleo público de Galicia, ¿a qué permiso tendrá derecho el personal funcionario para atender a su cónyuge o pareja de hecho, o a un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, en los casos de accidente o enfermedad muy grave?
a. A un permiso de 30 de días naturales.
b. A un permiso con una duración máxima de 30 días naturales
c. A un permiso con una duración máxima de 30 días hábiles.
d. A un permiso de 30 días hábiles.
77. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿Cuál de los siguientes no se considera un contrato de suministro?
a. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
b. Los contratos que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.
c. Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
d. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
78. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a. Cualquier persona con capacidad de obrar que se persone en el procedimiento.
c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en cuanto haya recaído resolución definitiva.
d. Quienes lo promuevan como titulares de intereses individuales o colectivos.
79. Según el artículo 14 del V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, el período de prueba será:
a. Para las categorías incluidas en los grupos I y II, dos meses.
b. Para las categorías incluidas en el Grupo III, tres meses.
c. Para las categorías incluidas en los grupos IV y V, tres meses.
d. Para las categorías incluidas en el Grupo III, dos meses
80. El artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece como causa de resolución de los convenios:
a. El acuerdo mayoritario de los firmantes.
b. Cualquier discrepancia de entidad suficiente entre las partes, aunque no esté prevista expresamente en el documento del convenio.
d. La resolución administrativa declaratoria de la nulidad del convenio.