Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-20-octubre-2006-ministerio-de-justicia-179067
Timestamp: 2016-10-25 08:44:12
Document Index: 193392651

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 38', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 326']

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la compañía mercantil Negola, S. L., contra la calificación del registrador de la propiedad de Bilbao n.º 8, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la compañía mercantil Negola, S. L., contra la calificación del registrador de la propiedad de Bilbao n.º 8, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la compañía mercantil Negola, S. L., contra la calificación del registrador de la propiedad de Bilbao n.º 8, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por Don Andrés Prieto Alonso de Armiño, como Administrador de la compañía mercantil Negola, S. L., contra la calificación del Registrador de la Propiedad de Bilbao número 8, don Manuel Garaizábal Fontenla, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo.
Presentada una solicitud de cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo prorrogada en el Registro de la Propiedad de Bilbao número 8, por haber transcurrido ya la prórroga de cuatro años más que se había decretado judicialmente, es calificada con la siguiente nota: «Se deniega la cancelación solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 199.2.º, 206.2.º y 207 del Reglamento Hipotecario, dado que el reformado («sic») artículo 199 del Reglamento Hipotecario se aplicará a las prórrogas de las anotaciones preventivas de embargo decretadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Contra esta calificación se puede interponer en el plazo de tres meses recurso gubernativo regulado en los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes de su Reglamento. Bilbao a 7 de marzo de 2002.­-El Registrador. Firmado Manuel Garaizábal Fontenla.»
Mediante escrito de fecha 29 de Abril de 2002, la compañía Negola S. L, a través de su administrador, interpone recurso contra la calificación registral, en base a los siguientes argumentos: 1.º El artículo 86 de la Ley Hipotecaria dice literalmente «que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatros años de la fecha de su anotación, así como de su prórroga». Además hace más de seis años que en este procedimiento judicial existe resolución o sentencia definitiva firme. Que según el auto de la Audiencia Provincial de Baleares de 18 de febrero de 2000 y diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la caducidad opera «ipso iure» agotado el plazo de cuatro años. 2.º Que el artículo 38 de la Ley Hipotecaria establece la presunción legal de existencia de los derechos y pertenencia a su titular en los términos que resultan del Registro, por lo que al ser la prórroga por cuatro años más, la anotación preventiva caducó de forma automática en el año 1999.
Interpuesto recurso el Registrador emitió el informe preceptivo, manteniéndose en la nota de calificación, y elevó el expediente a este centro directivo.
El 6 de abril de 2006 causó entrada en esta Dirección General escrito del recurrente por el que solicita resolución expresa en este expediente.
Vistos los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 del Reglamento Hipotecario; la Instrucción de esta Dirección General de 12 de diciembre de 2000; así como las Resoluciones de esta Dirección General de 6 de mayo de 2000, 24 de mayo de 2001, 11 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2002, 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, 20 de diciembre de 2004, 19 de febrero de 2005, 23 de mayo de 2005, 3 de junio de 2005, 11 de junio de 2005, 18 de junio de 2005, 21 de julio de 2005 y 30 de noviembre de 2005.
1. En el presente recurso se vuelve a debatir sobre la negativa a cancelar por caducidad una anotación preventiva de embargo, que fue prorrogada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Teniendo en cuenta el criterio aislado recogido por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de julio de 2005, contrario al sustentado con anterioridad por este centro directivo, conviene reiterar de nuevo el criterio definitivo reflejado en la Resolución de 30 de noviembre de 2005.
En efecto, el texto del artículo 86, apartado 1.º de la Ley Hipotecaria que ha estado vigente hasta el día 8 de enero de 2001 venía a establecer que las anotaciones preventivas, cualquiera que fuera su origen, caducaban a los cuatro años, salvo aquéllas que tuvieran señalado un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, se permitía una única prórroga por un plazo de cuatro años más. La existencia de esta prórroga única de cuatro años venía provocando especiales problemas en el caso de las anotaciones preventivas judiciales, por lo que en la reforma reglamentaria de 1959 se consideró que debían mantener su vigencia durante toda la vida del proceso, teniendo en cuenta que la duración de éste no es previsible, e incluso que puede tener una duración superior a los cuatro años. La introducción del párrafo segundo del artículo 199 del Reglamento Hipotecario supuso la prórroga indefinida de estas anotaciones preventivas judiciales hasta que se dictara resolución firme en el proceso en que se hubieran adoptado, de manera que no caducaban por transcurrir el plazo de cuatro años. En este sentido se expresa la exposición de motivos del Decreto de 17 de marzo de 1959, donde puede leerse: «La prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad judicial en determinadas circunstancias estaba impuesta por la experiencia procesal y era unánimemente solicitada para impedir que la caducidad de tales asientos se convirtiera en arma inadmisible de litigantes de mala fe». Esta finalidad fue asumida con claridad por este centro directivo en Resoluciones de 25 de septiembre de 1972, 24 de mayo de 1990, 25 de mayo de 1990, 11 de abril de 1991, 29 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 6 de mayo de 2000, entre otras muchas.
5. Teniendo en cuenta la disparidad de enfoques reseñada, este centro directivo ha zanjado definitivamente la cuestión, volviendo al criterio expresado de la Instrucción de 12 de diciembre de 2000, que es donde se dio solución a los problemas de Derecho Transitorio que se avecinaban en el momento de entrar en vigor la Ley 1/2000. Lo contrario supondría dejar en situación de desamparo e indefensión a los beneficiarios de este tipo de anotaciones prorrogadas que, tomando como referencia el contenido de la Instrucción han podido encontrarse ante alguna de estas tres situaciones: No pidieron en su momento una nueva prórroga en atención a que la Instrucción señalaba expresamente que se regían por la legislación anterior, de manera que no era necesario ordenar nuevas prórrogas. O bien solicitaron prórroga para acomodarse a la nueva situación en que se permiten prórrogas sucesivas periódicas, pero el tribunal no accedió a dictar el oportuno mandamiento por no considerarlo necesario, al entender aplicable la regla prevista en el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario. O bien, finalmente, aunque lo solicitaron y el tribunal dictó mandamiento de prórroga de la anotación, el Registrador de la Propiedad no accedió a la práctica de ningún asiento, pues la Instrucción determina que en estos casos no es necesario ni ordenar nuevas prórrogas, «ni procederá practicar asiento alguno en el Registro de la Propiedad caso de que a pesar de todo se libre mandamiento de prórroga».
6. En el presente recurso, el recurrente solicita la cancelación de una anotación preventiva, que a su entender se encuentra caducada al haber transcurrido más de cuatro años desde la prórroga, entendiendo que no procede aplicar el artículo 199 del Reglamento Hipotecario, sin embargo, la prórroga de la anotación data de 1995, y lo que trata es de asegurar el resultado de un procedimiento de ejecución, por lo que, de acuerdo con la postura que aquí se mantiene, ha de subsistir mientras dure dicho procedimiento. Este mismo criterio es el que recoge ahora el artículo 86 de la Ley Hipotecaria al no poner ningún límite al número de prórrogas que se pueden solicitar. En este sentido, estando vivo el procedimiento en que se ordenó la anotación y su prórroga, no procede la cancelación por caducidad pues se frustraría con ello la finalidad de este asiento registral. Esto no supone ningún perjuicio, dado que si el procedimiento ha concluido (por auto de aprobación del remate una vez consignado el precio por el adjudicatario, por sobreseimiento o por cualquier otro motivo), sí que cabría pedir la cancelación de la anotación preventiva. En este sentido y dado que, siguiendo la Instrucción de 12 de diciembre de 2000, se considera que las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se rigen por lo dispuesto en el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, como se afirma en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de mayo de 1990, dicho precepto reglamentario debe interpretarse en el sentido de que toda cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada exige que se justifique la terminación del proceso en que se decretó. Abundando en esta argumentación, debe apreciarse la necesidad de que la prórroga de la anotación preventiva judicial subsista hasta que la propia resolución judicial firme acceda al Registro, pues de no seguirse esta interpretación, se dejaría desamparado al anotante, ya si la anotación preventiva caducara automáticamente una vez firme la resolución judicial, el ejecutado, titular registral inscrito, podría burlar fácilmente la protección que al anotante brinda el Registro a través de enajenaciones a favor de terceros.
7. En conclusión, de los antecedentes fácticos expuestos resulta, tal y como indica la nota de calificación, que la anotación preventiva fue objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación.
8. El recurrente manifiesta que hace más de seis años que existe resolución judicial firme en dicho procedimiento, pero lo cierto es que el Registrador no ha tenido a la vista el documento que lo justifique; al menos no obra en el recurso interpuesto recogido en este expediente, por lo que no puede entrar este centro directivo a valorar documentos no presentados en tiempo y forma (artículo 326 Ley Hipotecaria).
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota de calificación en los términos que resultan de los precedentes fundamentos de derecho.
Madrid, 20 de octubre de 2006.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.